SISTEMA TRIBUTARIO

Se establece su modificación integral

Montevideo, 16 de marzo de 2006.

Señor Presidente de la
Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a efectos de someter a su consideración el presente proyecto de ley por el que se establece una modificación integral del sistema tributario.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- Antecedentes

Dentro de los cambios estructurales comprometidos en el Plan de Gobierno, la reforma del sistema tributario tiene una importancia singular, ya que de su éxito depende, en buena medida, la posibilidad de desarrollar aquellas políticas que permitan mejorar la calidad de vida de los uruguayos.

Para llevar adelante esta iniciativa, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas conformó una Comisión de Trabajo con expertos de dilatada trayectoria en distintas disciplinas vinculadas a la tributación, con el objetivo de elaborar una propuesta que habría de ser sometida a un proceso de consulta pública. El citado documento, puesto a consideración de la opinión pública en noviembre de 2005, generó una amplia participación de la ciudadanía, actuando individualmente y a través de las más diversas organizaciones. Las opiniones recibidas fueron rigurosamente analizadas, a la luz de la defensa del interés colectivo que debe guiar la acción gubernamental, así como del estado del actual proceso de mejora de gestión en la Administración Tributaria.

Más allá del alcance de las medidas que se proponen -las que naturalmente podrán ser objeto de controversia, dada la natural sensibilidad que genera el tema tributario- es esencial que las mismas puedan aplicarse efectivamente, ya que el peor de los fracasos es el que deriva de la brecha entre las normas aprobadas por el Parlamento y su efectiva aplicación, brecha que se manifiesta en las múltiples conductas de evasión y elusión.

En cualquier caso, el proceso de elaboración de la reforma constituye una experiencia inédita, que se inscribe en las mejores tradiciones democráticas de nuestro país.

2.- La situación actual y los objetivos de la reforma

Durante varias décadas, nuestro país ha carecido de una visión estratégica en materia tributaria. Las modificaciones introducidas al sistema se han vinculado en general a situaciones de desequilibrio fiscal, así como a presiones sectoriales que derivaron en exoneraciones asociadas a cuestiones coyunturales, no siempre motivadas por propósitos de interés general. De este proceso devino una estructura caracterizada por una excesiva participación de la imposición al consumo con tasas nominales muy elevadas, un sistema de imposición a la renta parcial, y la proliferación de impuestos pequeños, de baja recaudación. Se trata en síntesis de un sistema inequitativo y complejo.

El cuadro siguiente es ilustrativo a ese respecto, en la medida en que muestra estimaciones de la estructura impositiva de referencia:

Estructura impositiva de referencia - Cifras en mill. US$ 2005

En lo atinente a los aportes patronales jubilatorios a la seguridad social, se verifica la existencia de fuertes asimetrías sectoriales, ya que en tanto determinados sectores tributan a una alícuota del 12,5%, existe una extendida nómina de entidades y actividades exoneradas de dicha contribución especial y otros casos de alícuotas diferenciales, lo que constituye una clara situación de inequidad.

La reversión de la situación antedicha requiere un cambio sustancial en el modelo de tributación, basado en objetivos claramente definidos.

En tal sentido, los objetivos de la reforma que se propone consisten en:

- Promover una mayor equidad, tanto horizontal como vertical, relacionando la carga tributaria con la capacidad de contribución de los distintos sectores sociales y económicos.

- Incrementar la eficiencia del sistema, tanto en lo que respecta a una mejor asignación de recursos en la economía, como en su inevitable retroalimentación con la capacidad de gestión de la administración tributaria y en la mejora de la equidad.

- Estimular la inversión productiva y el empleo, de modo de generar las condiciones que faciliten el crecimiento económico.

Estos objetivos habrán de procurarse en un marco de consistencia con las necesidades financieras del Estado, particularmente en el área social y productiva, por lo que deberán ser compatibles con el atributo de suficiencia, imprescindible en cualquier sistema tributario.

Para lograr estos objetivos, el presente proyecto de ley establece un vasto conjunto de modificaciones normativas que se analizarán más adelante. Tales modificaciones se apoyan en un conjunto de pilares básicos, a saber:

- Simplificación de la estructura impositiva, eliminando diversos impuestos surgidos de visiones coyunturales y carentes de integralidad.

- Racionalización, buscando una mayor consistencia entre las características de los diversos tributos, a partir de la revisión de sus bases imponibles, y de las exoneraciones que las afectan, causa frecuente de numerosas inequidades.

- Introducción del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, como instrumento capaz de mejorar la equidad del sistema.

- Enfoque dinámico de la responsabilidad fiscal, que visualice de manera estratégica la necesidad de asegurar la provisión de bienes públicos por parte del Estado, y que, a la vez, permita consolidar el círculo virtuoso consistente en reducir la carga impositiva a medida que la recaudación lo permita.

3.- Principales medidas incluidas en el proyecto de ley

3.1. Eliminación de impuestos

El proyecto dispone una amplia derogación de tributos, algunas de pleno derecho, y otras a partir de la fecha que establezca el Poder Ejecutivo, en atención al enfoque dinámico de la responsabilidad fiscal a que se hacía referencia anteriormente. Así, se derogan a partir de la entrada en vigencia de la ley los siguientes tributos:

- Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP).

- Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS).

- Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias (IMABA).

- Impuesto de Control del Sistema Financiero (ICOSIFI).

- Impuesto Específico a los Servicios de Salud (IMESSA).

- Impuesto a las Pequeñas Empresas (IPEQUE).

- Impuesto a las Comisiones (ICOM).

- Impuesto a las Telecomunicaciones (ITEL).

- Impuesto a las Tarjetas de Crédito.

- Impuesto a las Ventas Forzadas.

- Impuesto a las Rentas Agropecuarias.

- Impuesto a las Cesiones de Derechos sobre Deportistas.

- Impuesto a la Compraventa de Bienes Muebles en Remate Público.

- Impuesto a los Concursos, Sorteos y Competencias.

Se faculta asimismo al Poder Ejecutivo a disminuir las alícuotas y a establecer la fecha a partir de la cual quedarán derogados los impuestos a la Compra de Moneda Extranjera, a los Ingresos de las Entidades Aseguradoras y para el Fondo de Inspección Sanitaria.

3.2. Imposición a la Renta

El proyecto prevé un sistema de imposición a la renta estructurado sobre tres impuestos: el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas y el Impuesto a las Rentas de los No Residentes. En todos los casos se preserva el principio de fuente territorial, por el cual se gravan exclusivamente las rentas provenientes de actividades desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados económicamente en la República.

Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas

El Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), que grava las rentas de fuente uruguaya de las empresas y de las sociedades comerciales, sustituye los actuales Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC), Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA), Impuesto a las Comisiones e Impuesto a las Pequeñas Empresas (IMPEQUE).

Las modificaciones que habrá de introducir el nuevo sistema contienen varios aspectos claves para el logro de los objetivos de mejora de las condiciones de inversión, de mayor equidad, y de simplificación. En primer lugar, debe destacarse la reducción de la tasa general del 30% al 25% de la renta neta fiscal. Asimismo, se extiende el ámbito objetivo de aplicación del impuesto, alcanzando rentas que actualmente no están gravadas, básicamente las rentas puras de capital y las rentas puras de trabajo que obtengan las sociedades comerciales personales. En materia de estímulo a la inversión productiva, se proyecta perfeccionar el sistema de beneficios de reinversiones, ampliando el período de constitución de la reserva, y abarcando a un conjunto más amplio de bienes de activo fijo, con lo cual se extiende el universo de sectores beneficiarios. Asimismo, se propone la extensión a cinco años de la deducción de pérdidas de ejercicios anteriores, a efectos de favorecer a los emprendimientos de lenta maduración.

Desde el punto de vista estructural, el hecho generador del IRAE grava las rentas de fuente uruguaya, cualquiera sea el factor que las origine, cuando dichas rentas sean obtenidas por sociedades comerciales constituidas en el país, y por establecimientos permanentes en el país de sujetos residentes en el exterior. El proyecto regula los conceptos de "establecimiento permanente" y de "residente", hoy ausentes, salvo casos puntuales, en nuestra legislación, lo que contribuirá a generar condiciones de mayor certeza para las inversiones internacionales, particularmente en materia de obras públicas. El hecho generador del IRAE también alcanza a las rentas de fuente uruguaya de naturaleza empresarial obtenidas por cualquier otro sujeto distinto de los mencionados precedentemente, y a las rentas del trabajo, en este último caso cuando el contribuyente opte por este tributo en lugar del IRPF, o por superar el límite de ingresos que establezca el Poder Ejecutivo.

La base imponible estará determinada por la renta neta. Ciertos tipos societarios y los establecimientos permanentes de sujetos del exterior, deberán determinar la renta fiscal a partir de la renta neta contable, con los ajustes fiscales que correspondan, y sin perjuicio de los regímenes de determinación objetiva opcionales, vinculados básicamente a las rentas de fuente internacional. En el caso de los restantes sujetos, particularmente de las pequeñas y medianas empresas y de los contribuyentes agropecuarios, está previsto establecer regímenes simplificados, adecuados a sus características particulares. Para las rentas societarias y empresariales, no agropecuarias, se mantendrá el sistema de pago mínimo mensual.

Cuando se trate de las rentas agropecuarias, será obligatorio tributar el IRAE toda vez que se supere determinado nivel de ingresos, manteniéndose la opción de tributar IMEBA para las explotaciones más pequeñas. Para los sujetos pasivos del IRAE, el IMEBA se tomará como pago a cuenta de ese impuesto.

Se propone eliminar el Impuesto a las Pequeñas Empresas. Estas empresas estarán exoneradas del IRAE y el pago mínimo que se les exija se imputará al Impuesto al Valor Agregado, ya sea en régimen de liquidación real o ficto, sin derecho a devolución si existiera un excedente.

En materia de tributación internacional a la renta, se proyecta la inclusión de normas que regulan la problemática de los precios de transferencia. El régimen de precios de transferencia comprende a las metodologías internacionales de mayor recibo, basadas en criterios de comparabilidad y libre competencia. Sin perjuicio de ello, a efectos de dar garantía a los contribuyentes y facilitar la adecuación de la Administración Tributaria a la aplicación de estos instrumentos, se establece la posibilidad de incluir por vía reglamentaria criterios de determinación objetiva (safe harbors) en los que los contribuyentes podrán ampararse mediante el ejercicio de una opción.

Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas

La introducción del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) asegura un fuerte cambio en la estructura tributaria, en tanto abarca a todas las rentas de fuente uruguaya, cualquiera sea el factor que las origina, alcanzando un importante conjunto de ingresos que actualmente no tributan.

Obviamente, en el proceso de incorporación de un impuesto de estas características, el objetivo de lograr una mayor justicia tributaria debe orientarse hacia una equidad efectiva: de nada sirve formular una estructura teóricamente perfecta, si la misma prescinde de los límites que la realidad impone, situación que se ha dado frecuentemente en América Latina en materia de imposición a la renta personal. La incorporación del IRPF debe ser concebida como un proceso gradual, que requerirá cambios profundos en la Administración Tributaria y también en la propia sociedad, la que habrá de asumir una nueva cultura tributaria basada en la solidaridad vinculada a la capacidad contributiva.

Actualmente, existe un sistema desordenado y parcial de renta personal, que comprende al Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) y, en algunos casos, el Impuesto a las Comisiones. Como se señaló, un aspecto sustancial de la propuesta es gravar aquellas rentas que actualmente no tributan: tal es el caso de las rentas puras de capital y las rentas del trabajo fuera de la relación de dependencia. Tales rentas, así como las que actualmente tributan los impuestos antes mencionados, se incluirán en el ámbito de aplicación del nuevo IRPF.

Desde el punto de vista estructural, el IRPF establece un tratamiento diferencial para las rentas de capital y las rentas del trabajo. Este tratamiento, que a nivel internacional se conoce como sistema dual, contempla las restricciones a las que se hacía referencia, equilibrando el objetivo fundamental de equidad, con la necesidad de disponer de condiciones que favorezcan la inversión y de compatibilizar la estructura del tributo con las actuales posibilidades de gestión.

Rentas del Capital

El hecho generador del IRPF aplicable a las rentas del capital incluye a todas las rentas que se originen en ese factor, tanto las que corresponden a rendimientos, tales como intereses, arrendamientos, regalías, y similares, como las que se vinculan con los incrementos patrimoniales. En este último caso, el hecho generador se configurará en el momento de la realización. Un aspecto a destacar es que no se gravan las utilidades y dividendos, de manera de evitar situaciones de doble imposición económica.

Los contribuyentes del tributo son las personas físicas residentes en el país, no comprendidas en el IRAE, ni en el Impuesto a las Rentas de los No Residentes. La base imponible está constituida por el monto bruto de los ingresos. En el caso de los arrendamientos, dicha base es objeto de reducciones: se establece la posibilidad de deducir la contribución inmobiliaria y el Impuesto de Enseñanza Primaria. En lo atinente a los incrementos patrimoniales correspondientes a las enajenaciones de inmuebles, se establece un régimen de determinación de renta de naturaleza objetiva para aquellos inmuebles que se hubieran adquirido con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Para los adquiridos posteriormente, se dispone asimismo un mecanismo de indexación que contemple la inflación.

La tasa aplicable a las rentas de capital es del 10% y se aplicará en forma proporcional sobre toda la base imponible. Se prevé además una tasa abatida del 3% para los intereses correspondientes a depósitos a más de un año en moneda nacional y en Unidades Indexadas (U.I.), y para los intereses de obligaciones y títulos similares a más de tres años que coticen en Bolsa, y una tasa del 5% para los intereses de depósitos a un año o menos en moneda nacional sin cláusula de reajuste. El proyecto prevé exonerar entre otros a los intereses de los títulos de deuda pública, los resultados de los fondos de ahorro previsional, los incrementos patrimoniales derivados de rescates de capital, las rentas originadas en la enajenación de acciones al portador, y los incrementos patrimoniales que no superen las 30.000 U.I. consideradas individualmente, y siempre que la suma de tales operaciones no exceda las 90.000 U.I.

Rentas del Trabajo

En el caso de las rentas del trabajo, a diferencia del IRPF sobre las rentas del capital, se estructura un sistema de imposición con tasas progresivas aplicables a cada tramo de ingresos. Para este tipo de rentas existe un mínimo no imponible, lo que de acuerdo a estimaciones realizadas por la Comisión de Trabajo, determinará en el caso de los asalariados y jubilados, que más del 60% de la población quedará excluida del tributo. Si bien es deseable establecer la opción para que los contribuyentes puedan elegir entre declarar en forma individual o como núcleo familiar, tal posibilidad se podrá otorgar una vez que el sistema esté suficientemente consolidado, por lo que en esta instancia la liquidación deberá formularse preceptivamente en forma individual.

El mínimo individual no imponible se sitúa en sesenta Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) anuales. A partir de ese mínimo, las tasas aplicables a cada tramo serán las siguientes:

Renta anual computable

Para determinar el monto imponible, el proyecto prevé que se sume la totalidad de las rentas de esta categoría. En el caso de las rentas correspondientes a los servicios personales fuera de la relación de dependencia, dichas rentas se abaten en un 30% por concepto de gastos.

El proyecto prevé que se puedan efectuar de la citada base las siguientes deducciones:

Impuesto a las Rentas de No Residentes

En el caso de los sujetos del exterior no residentes en el país que no actúen por establecimiento permanente, las rentas se gravarán con una tasa del 10% sobre el ingreso bruto, cualquiera sea su origen. En materia de exoneraciones se siguen los mismos criterios que en el IRPF.

Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios

El proyecto establece la opción de tributar este impuesto para los contribuyentes de reducida dimensión económica. A efectos de que queden incluidas todas las rentas, ya sea en el IRAE o en el IMEBA, se amplía el ámbito de aplicación de este último tributo, alcanzando ingresos de actividades que actualmente no tributan, aunque pertenecen claramente al sector.

3.3.- Imposición General al Consumo

Actualmente, el sistema de imposición al valor agregado comprende dos tributos: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS). La acumulación de estos dos tributos determina que en el caso de los bienes gravados a la tasa básica del IVA, la alícuota efectiva se sitúe en el entorno del 26%, mientras que en los bienes gravados a la tasa mínima, la tasa sea del orden del 17%. La reforma plantea la eliminación del COFIS, cuya tasa es del 3%, y la disminución en esta etapa del 23% a 22% en el caso de la tasa básica del IVA (con el propósito de bajarla al 20% en el más corto plazo posible) y de 14% al 10% en el caso de los bienes y servicios gravados a la tasa mínima. Así, la presión efectiva de los bienes gravados a la tasa básica disminuye de manera inmediata 4 puntos porcentuales, pasando del 26% al 22%, mientras que los bienes gravados a la tasa mínima son objeto de una disminución de 7 puntos porcentuales, bajando del 17% al 10%.

La eliminación del COFIS y la disminución de las alícuotas del IVA obedece al propósito de disminuir la participación relativa de la imposición indirecta en el sistema tributario, a contribuir a la simplificación del sistema y a mejorar las condiciones de lucha contra el informalismo. En el contexto de tal disminución, debe destacarse el mayor abatimiento de la tasa mínima, la que grava bienes y servicios de consumo popular. De este modo se contribuye al logro de una mayor progresividad del sistema tributario en su conjunto, consistente con el objetivo de privilegiar la equidad.

Conjuntamente con estas medidas, se modifica la tributación de algunos bienes y servicios gravados. Así, se grava a la tasa mínima la primera enajenación de inmuebles, los servicios de salud a los seres humanos y al transporte de pasajeros, en este último caso dentro del régimen general de tributación. En el caso de la primera enajenación de inmuebles y de los servicios de salud, los cambios no traerán aparejado un incremento significativo de la recaudación, dada la incidencia del Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones de bienes y servicios que integran el costo de tales operaciones. Sin embargo, la modificación se justifica plenamente por la necesidad de establecer condiciones que favorezcan la formalización en la adquisición de dichos insumos, así como por razones de eficiencia y simplicidad del sistema.

Asimismo se grava a la tasa básica y dentro del régimen general la enajenación de frutas y verduras, el suministro de agua, la leche saborizada y larga vida, y la prestación de servicios financieros a quienes no desarrollen actividades comprendidas en el IRAE, con excepción de los intereses de los préstamos otorgados por el Banco Hipotecario del Uruguay y los intereses de los préstamos con destino a la vivienda que ya hubieran sido otorgados y gozaran de exoneración. En lo que respecta a las enajenaciones de agua, el proyecto propone mantener la exoneración hasta un determinado nivel de consumo familiar, dada la correlación que existe entre la salubridad y el suministro de dicho elemento. En el caso de los préstamos a la vivienda ya otorgados, por tratarse de contratos de largo plazo se entiende inconveniente modificar el monto de las cuotas por la vía de un incremento en la tributación, situación que se daría por ser los intereses prestaciones de tracto cuyo IVA se devenga periódicamente. En lo referente a los intereses de préstamos del Banco Hipotecario del Uruguay, se considera pertinente mantener la exoneración, habida cuenta del impacto social de dichas operaciones.

Un aspecto novedoso introducido por el proyecto se vincula a la ampliación del hecho generador del IVA, incluyendo el incremento de valor derivado de la actividad de construcción bajo la modalidad de administración, que realizan quienes no son contribuyentes del IVA o del IRAE, con el propósito de generar una oposición de intereses que favorezca la lucha contra la evasión.

3.4. Impuesto Específico Interno

Con relación al Impuesto Específico Interno, se propone realizar una adecuación en su estructura, de modo que en la mayoría de los bienes gravados la base imponible esté constituida por el precio de venta del fabricante o importador, complementada si es necesario con una base imponible específica por unidad enajenada. Este cambio, que se planea introducir gradualmente para no generar distorsiones en la producción nacional, requerirá además una modificación de las tasas máximas del tributo para obtener un nivel de recaudación similar al actual, así como normas antielusivas, que penalicen la desagregación artificial del proceso de comercialización de los bienes gravados.

No están comprendidos en este cambio, los tabacos, cigarros y cigarrillos, y los combustibles, bienes que justifican el tratamiento especial del que han sido objeto. Se incluye además en el ámbito de aplicación del impuesto a las bebidas alcohólicas que hoy no tributan, de modo de establecer criterios de equidad con las restantes bebidas fermentadas. Se plantea asimismo la posibilidad de establecer una alícuota incrementada para el caso de aquellas bebidas que se comercialicen en envases descartables de material plástico, dada la incidencia medioambiental de tales envases.

3.5.- Impuesto al Patrimonio

En el caso de las personas físicas, dada la incorporación del IRPF, se propone mantener el tributo como instrumento de contralor de las variaciones patrimoniales de los sujetos pasivos. En tal sentido, se proyecta mantener su estructura, disminuyendo la tasa hasta el 0,1%. En lo que respecta al Impuesto al Patrimonio de las Personas Jurídicas, se propone extender al IRAE el sistema de imputación del IRIC, que permite abatir hasta el 50% del monto del primero de los tributos mencionados. En el caso de las entidades con acciones al portador, y ya que no se grava por el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas el resultado derivado de la enajenación de dichos títulos, se propone que tales entidades no puedan aplicar el sistema de abatimiento anteriormente referido. El proyecto establece asimismo que no regirá para dichas entidades la exoneración del patrimonio afectado a la actividad agropecuaria.

3.6.- Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI) y Secreto Bancario

Las Sociedades Financieras de Inversión han sido objeto de críticas a nivel internacional, en particular en el contexto del proceso de lucha contra las prácticas fiscales nocivas. Si bien en muchos casos tales críticas son infundadas, es indudable que estas sociedades caracterizadas por un régimen tributario especial, constituyen un instrumento anacrónico, inadecuado a los estándares que impone la legislación comparada y las recomendaciones de los organismos multilaterales especializados en esta problemática. Es por ello que se propone la prohibición de la constitución de dichas sociedades especiales a partir de la entrada en vigencia de la reforma, así como la adecuación de las existentes al régimen de tributación de las sociedades en general no más allá del 31 de diciembre de 2010.

En lo atinente al secreto bancario, se entiende conveniente mantener los actuales criterios establecidos a nivel legal para su levantamiento preceptivo a efectos fiscales, criterios que se basan en la aplicación de un mecanismo vinculado a una decisión jurisdiccional. Sin perjuicio de este criterio general, se proyectan normas que promueven el levantamiento voluntario de dicho secreto, a cambio de una disminución sustancial del período de prescripción de los tributos.

3.7.- Monotributo

Se propone mejorar este instrumento de modo que se constituya en una verdadera herramienta de inclusión social y formalización del trabajo. A tal fin se amplía el alcance de las actividades comprendidas, hasta ahora restringidas a las desarrolladas en la vía pública. Dado que se trata de un régimen que contiene importantes exoneraciones y un sistema benévolo de aportación a la seguridad social, se precisa el concepto de las microempresas amparadas, estableciendo criterios objetivos vinculados a la capacidad económica de los contribuyentes.

3.8.- Unificación de aportes jubilatorios

Se propone eliminar las asimetrías sectoriales existentes en materia de aportes jubilatorios a la seguridad social del sector privado, así como las referidas a las empresas públicas. A tal fin, sobre la base de no aumentar ni disminuir la tributación de ese origen, se plantea una tasa única del 7,5% para los sectores industrial, comercial y de servicios, que desarrollan sus actividades en la órbita privada, así como para las empresas públicas no financieras. En el caso del aporte unificado de la construcción, y el del sector rural, se comete al Poder Ejecutivo la adecuación de sus alícuotas, a efectos de contemplar los criterios de equidad antedichos. Además, se eliminan las exoneraciones genéricas de las referidas contribuciones especiales, con exclusión de las establecidas en virtud de normas constitucionales.

3.9.- Tasa de Control del Sistema Financiero

El proyecto prevé la creación de una Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero. Esta tasa, vinculada a la supervisión que realiza el Banco Central del Uruguay, se inscribe en las actuales tendencias internacionales en materia del financiamiento de la actividad regulatoria, así como en las tasas de contralor establecidas para la regulación de servicios públicos en el país. Son contribuyentes de la misma, las instituciones que integran el sistema de intermediación financiera, las casas de cambio, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, las Bolsas de Valores, corredores y agentes, los Emisores de títulos de oferta pública, y los demás sujetos regulados.

4.- Consistencia del Contenido de la Reforma con los Objetivos Planteados

La evaluación de la reforma tributaria que se propone, requiere verificar si su diseño contribuye al logro de los objetivos que la misma persigue.

En materia de equidad, deben destacarse los siguientes aspectos:

- Se propone un Impuesto a la Renta de las Personas Físicas que incorpora la obligación de tributar sobre todas las de rentas de fuente uruguaya y no sólo sobre algunas de ellas, tal como sucede actualmente con los salarios y algunas rentas empresariales.

- El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas prevé tasas progresivas para las rentas provenientes del trabajo, en función de los niveles respectivos de ingresos.

- Se establece la posibilidad de deducir de la base imponible los costos de salud de los hijos menores, con lo que se introduce una importante mejora a la equidad.

- Se disminuye de manera sustancial la tasa mínima del Impuesto al Valor Agregado, que grava bienes y servicios de consumo popular.

- Se promueve la equidad en forma general, distribuyendo la carga tributaria de un modo más homogéneo entre un mayor número de contribuyentes, a través de una revisión del sistema de exoneraciones cuyas perforaciones en muchos casos carecen de un nexo causal claro con políticas vinculadas al bienestar común.

- Se promueve la equidad entre los distintos sectores de la producción, a partir de una distribución más igualitaria de los tributos que los gravan, incluidos los aportes patronales a la seguridad social en el sector privado y en las empresas públicas.

En lo que respecta al objetivo de eficiencia:

- Se elimina un número importante de tributos de baja recaudación y distorsivos, que dificultan la gestión de los organismos de fiscalización y encarecen el costo de cumplimiento de los buenos contribuyentes.

- El nuevo esquema tributario se diseña en concordancia con la capacidad de la administración tributaria.

- El Impuesto a la Renta de las Personas Físicas es simple, particularmente en lo que respecta a las rentas derivadas del trabajo, en el sentido en que opera con tasas relativamente bajas sobre la renta bruta. Las deducciones que se establecen no alteran sustancialmente dicha simplicidad.

- El sistema dual de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas establece la posibilidad de fijar tasas liberatorias en materia de rentas del capital, lo que coadyuva a la labor de fiscalización y control.

- La generalización de la carga tributaria a las diversas fuentes de rentas derivadas del trabajo también evita zonas de difícil tratamiento tributario.

- La ampliación de la base para los impuestos indirectos promueve la eficiencia tributaria, al apuntar a corregir el "desorden" derivado de las "perforaciones" no sistemáticas del sistema impositivo.

- La reforma propuesta permite una mejor coordinación entre los organismos fiscalizadores, particularmente entre la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social. La sencillez de la mayor parte de los instrumentos facilita actividades de contralor conjunto y la capacitación cruzada entre funcionarios de los diversos organismos.

En lo atinente al estímulo a la inversión y al empleo:

- Se promueve la ampliación del tratamiento favorable a las reinversiones a sectores que hasta el momento no gozaban del mismo y se extiende el período de generación de utilidades destinadas a la formación de la reserva.

- La reforma tiene un diseño que la hace consistente y complementaria de los diversos mecanismos de promoción de inversiones con que cuenta el país.

- Se disminuye sensiblemente el Impuesto a la Renta Empresarial, particularmente en sectores que aplican innovación tecnológica y generan empleo.

- La equidad sectorial y la ampliación de la base tributaria mitigan los aspectos de competencia desleal que puedan existir en diversos sectores de la economía, facilitando las decisiones de inversión en los mismos.

- La equidad sectorial en materia de aportes patronales a la seguridad social en el sector privado permite la disminución de cargas tributarias sobre sectores que son sustanciales generadores de empleo, como los servicios y el comercio.

- La reducción de aportes patronales en las empresas públicas no financieras redunda en mejores condiciones de provisión de servicios públicos y mayor competitividad de la producción nacional.

- La imposición diferencial sobre los intereses según los plazos y la moneda, promueve el ahorro de largo plazo, y contribuye a disminuir la dolarización de la economía, lo que permite reducir incertidumbres y vulnerabilidades.

- La eliminación de impuestos distorsivos, tales como el IMABA, el ICOSIFI y el ITEL constituyen señales claras hacia los mercados sobre la orientación del sistema y por lo tanto, facilitan las decisiones de inversión y avance tecnológico.

- Se avanza en un proceso de adecuación de las Sociedades Financieras de Inversión (SAFI), al régimen general de tributación, de modo de promover el uso de instrumentos societarios compatibles con los estándares internacionales, lo que contribuye a consolidar un clima de inserción internacional más sano y transparente.

- El conjunto de la reforma establece reglas más claras y permite avizorar una mayor estabilidad de las mismas, favoreciendo las decisiones de ahorro e inversión de largo plazo.

5.- Impacto de los Cambios Propuestos en la Recaudación

El conjunto de cambios propuestos en la presente ley no aumenta la presión tributaria global de la economía: el objetivo de la reforma no es recaudar más sino recaudar mejor. En el cuadro que sigue se presenta una estimación del impacto en la recaudación que tendría cada uno de los cambios propuestos en la presente ley. Puede observarse que los ingresos estimados resultantes de la reforma son levemente inferiores a los actuales, diferencia que se entiende compensable por el efecto del propio crecimiento de la economía y por los resultados de la mejora en la eficiencia de la Administración Tributaria.

Impacto en la recaudación de los cambios propuestos

6.- Impacto de la Reforma en la Equidad

Uno de los aspectos relevantes de la reforma es el que tiene relación con los efectos distributivos que se generarán por su aplicación. A tal fin, es útil realizar un análisis de aquellos cambios que afectan en forma directa el ingreso de los hogares: la introducción del IRPF y los cambios en la imposición general al consumo (modificaciones en el IVA y eliminación del COFIS).

Una forma de evaluar la equidad presente en la distribución de la carga tributaria de un determinado impuesto consiste en analizar cómo evoluciona la tasa efectiva del mismo al aumentar el ingreso de los contribuyentes. Se entiende por tasa efectiva al cociente entre la carga tributaria soportada por el contribuyente y su respectivo ingreso. Una distribución de la carga tributaria es considerada equitativa cuando la tasa efectiva crece con el nivel de ingreso del contribuyente. El cuadro que sigue muestra la tasa promedio efectiva correspondiente al IRPF de los hogares según el decil de ingreso a que pertenecen. En el mismo se observa claramente que a medida que aumenta el nivel de ingresos de los hogares, aumenta concomitantemente la tasa efectiva del IRPF.

Los cambios previstos en la presente ley reducen el peso relativo de la tributación indirecta, en particular la del IVA y la del COFIS. Esta reducción, se traducirá en un aumento del ingreso disponible de los hogares. En la medida en que se procura una mayor equidad en la distribución de la carga tributaria, se buscó que este aumento del ingreso disponible recayera en mayor medida a los hogares de menores ingresos. Es por esta razón, que la tasa mínima de IVA es la que se reduce más, ya que grava bienes que son consumidos en mayor medida por hogares de los deciles más bajos de ingresos.

El cuadro que se presenta a continuación muestra el impacto consolidado de los cambios propuestos en materia de imposición a las rentas y al consumo sobre el ingreso disponible, según el nivel de ingreso de los hogares, confirmando la noción que aquellos que se verán más beneficiados por la reforma son los hogares de los deciles inferiores.

7.- Descripción General del Articulado

Los artículos 1º y 2º regulan las derogaciones de tributos, y la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para disminuir alícuotas y establecer la vigencia de nuevas derogaciones.

El artículo 3º crea el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, sustituye íntegramente las normas legales que están comprendidas en el Título 4 del Texto Ordenado 1996.

Los artículos 4º a 7º establecen las modificaciones al régimen de tributación de las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión.

El artículo 8º crea el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas, sustituyendo el actual Título 7 del Texto Ordenado 1996.

Por su parte, el artículo 9º crea el Impuesto a las Rentas de los No Residentes, sustituyendo el actual Título 8 del Texto Ordenado 1996.

Los artículos 10 a 13, introducen cambios al Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, a los efectos de adecuarlo al nuevo régimen.

Los artículos 14 a 31, disponen modificaciones sustanciales en las alícuotas y el ámbito de aplicación del Impuesto al Valor Agregado.

Los artículos 32 a 37 establecen los criterios que habrán de aplicarse para la determinación de la base imponible del Impuesto Específico Interno.

Los artículos 38 a 49 se ocupan del Impuesto al Patrimonio, vinculándolo al resto de los cambios de la estructura de imposición a la renta.

Los artículos 50 a 61 abarcan un conjunto variado de disposiciones, entre las que se destacan la creación de la figura del responsable sustituto, las normas sobre levantamiento voluntario del secreto bancario y la regulación del tratamiento tributario de los fideicomisos de garantía. Asimismo se incluyen normas relativas a la administración de los tributos.

Los artículos 62 a 76, regulan el alcance del monotributo.

Los artículos 77 a 79, establecen la unificación de aportes jubilatorios patronales, y derogan exoneraciones genéricas vinculadas a los mismos.

Los artículos 80 a 84 crean la tasa de control del sistema financiero.

Los artículos 85 al final, son los correspondientes a las derogaciones y vigencias.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Deróganse los siguientes tributos:

Artículo 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer la fecha a partir de la cual quedarán derogados los impuestos a la Compra de Moneda Extranjera, a los Ingresos de las Entidades Aseguradoras y para el Fondo de Inspección Sanitaria.

Facúltase asimismo al Poder Ejecutivo a disminuir las alícuotas de los citados tributos a efectos de favorecer el tránsito gradual hacia su derogación.

Ambas facultades se ejercerán tomando en consideración las metas fiscales establecidas.

IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 3º.- Sustitúyese el Título 4 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

IMPUESTO A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE INVERSIÓN

Artículo 4º.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley no podrán iniciarse trámites de aprobación de estatutos ni constituirse sociedades anónimas con el objeto previsto en la Ley Nº 11.073, de 24 de junio de 1948, concordantes y modificativas.

Artículo 5º.- El régimen de tributación especial aplicable a las sociedades anónimas financieras de inversión a que alude el artículo anterior no podrá aplicarse a aquellos ejercicios cuyo cierre sea posterior al 31 de diciembre de 2010, salvo que hubieran realizado la consolidación a que refiere el artículo 7º de la Ley Nº 11.073 de 24 de junio de 1948 con anterioridad al 1º de abril de 2006.

A partir del 1º de enero de 2011, las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, se adecuarán preceptivamente al régimen general de tributación, en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo, el que podrá disponer la aplicación de las normas sobre documentación y contabilidad establecidas para las sociedades en general, por la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

Artículo 6º.- Al entrar en vigencia la presente ley, las sociedades anónimas referidas en el artículo 1º, no podrán realizar la consolidación de aportes fiscales al Estado prevista por el artículo 7º de la Ley Nº 11.073, de 24 de junio de 1948.

Artículo 7º.- Las sociedades anónimas financieras de inversión, cuyos estatutos sociales se encontraran en trámite de aprobación por parte del órgano estatal de control a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, tendrán un plazo de ciento ochenta días corridos para finalizarlo. En caso de no hacerlo, deberán adecuarse al régimen previsto por la presente ley.

IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Artículo 8º.- Sustitúyese el Título 7 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

IMPUESTO A LAS RENTAS DE LOS NO RESIDENTES

Artículo 9º.- Sustitúyese el Título 8 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

IMPUESTO A LA ENAJENACIÓN DE BIENES AGROPECUARIOS

Artículo 10.- Agrégase al inciso primero del artículo 1º del Título 9 del Texto Ordenado 1996, los siguientes literales:

Artículo 11.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 1º del Título 9 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 12.- Sustitúyese el numeral 3) del artículo 7º del Título 9 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 13.- Las referencias hechas en el Título 9 del Texto Ordenado 1996 al Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio y al Impuesto a las Rentas Agropecuarias, deben considerarse realizadas al Impuesto a las Actividades Económicas.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Artículo 14. Reducción de tasas.- Sustitúyese el artículo 16 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 15. Sustitúyese el artículo 1º del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 16.- Agrégase al artículo 2º del Título 10 del Texto Ordenado 1996, el siguiente literal:

Artículo 17.- Sustitúyese el artículo 6º del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 18.- Sustitúyese el inciso octavo del artículo 9º del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por los siguientes:

Artículo 19.- Sustitúyese el inciso noveno del artículo 9º del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 20.- Agrégase al artículo 9º del Título 10 del Texto Ordenado 1996, el siguiente inciso:

Artículo 21.- Sustitúyese el artículo 11 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 22.- Sustitúyese el inciso cuarto del artículo 12 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 23.- Sustitúyese el artículo 13 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 24.- A partir de la vigencia de las modificaciones dispuestas en la presente ley al régimen de Impuesto al Valor Agregado de frutas, flores y hortalizas, el financiamiento del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja, creado por la Ley Nº 17.503, de 30 de mayo de 2002, se realizará mediante transferencias que el Poder Ejecutivo realizará de importes iguales a valores constantes a lo recaudado por tal concepto en el año 2006.

Artículo 25.- Sustitúyese el artículo 18 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 26.- Sustitúyese el artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 27.- Sustitúyese el artículo 20 del Título 10 del Texto Ordenado 1996 por el siguiente:

Artículo 28.- Sustitúyese el artículo 70 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 29.- Sustitúyense los dos primeros incisos del artículo 5º del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 30. Pagos mensuales.- Los contribuyentes comprendidos en el literal E) del artículo 52 del Título 4, realizarán un pago mínimo mensual de $ 1.380 (mil trescientos ochenta pesos) por concepto de Impuesto al Valor Agregado. De surgir un excedente en la liquidación de este último impuesto, el mismo no dará derecho a crédito.

El citado monto será actualizado de igual manera a la dispuesta en el artículo 93 del Título referido.

Artículo 31. Derogaciones.- Deróganse las siguientes normas:

IMPUESTO ESPECÍFICO INTERNO

Artículo 32. Valores imponibles.- A partir del 1º de enero de 2008, la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para establecer la base imponible del Impuesto Específico Interno quedará restringida a los siguientes conceptos:

La referida facultad será aplicable a las enajenaciones de los bienes comprendidos en los numerales 1) a 8), y 11) a 13) y 16) del Título 11 del Texto Ordenado 1996, pudiendo ejercerse para cada uno de dichos numerales en forma independiente.

Lo dispuesto precedentemente podrá ser de aplicación en relación al hecho imponible a que refiere el artículo 22 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002, cuando el importador sea un organismo estatal. En tal caso, la referida base más el correspondiente Impuesto Específico Interno, constituirán el monto imponible para la liquidación del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 33. Precio del fabricante o importador.- El precio de venta del fabricante o importador, será el precio de venta al distribuidor mayorista excluidos los Impuestos Específico Interno y al Valor Agregado e incluida cualquier otra prestación que incida en el mismo, tal como envases y financiaciones.

Cuando el importador o fabricante enajene directamente a minoristas o a consumidores finales, el Poder Ejecutivo establecerá los coeficientes aplicables a efectos de determinar el monto a que refiere el inciso anterior.

Artículo 34. Entidades vinculadas.- Cuando el fabricante o importador enajene a un distribuidor más del 25% (veinticinco por ciento) de las ventas totales mensuales de los bienes de un mismo numeral, o cuando sin alcanzar dicho porcentaje el fabricante o importador y el distribuidor, sean calificados entidades vinculadas, el monto imponible a que refiere el artículo anterior será el del distribuidor, sin perjuicio de la aplicación de los porcentajes a que refiere el inciso segundo de dicho artículo, si correspondiere.

Se entenderá que dos entidades están vinculadas cuando están sujetas de manera directa o indirecta a la dirección o control de las mismas personas físicas o jurídicas o éstas, sea por su participación en el capital, el nivel de sus derechos de crédito, sus influencias funcionales o de cualquier otra índole, contractuales o no, tienen poder de decisión para orientar o definir las actividades de los mencionados sujetos.

Artículo 35. Adecuación de tasas.- Cuando se modifique la base imponible con arreglo a lo dispuesto en los artículos precedentes, en relación a bienes que al momento de tal modificación estuvieran gravados en base a precios fictos, el Poder Ejecutivo adecuará las tasas máximas del tributo de modo que el impuesto resultante de aplicar la tasa máxima vigente al citado precio ficto, sea equivalente al que resulte de aplicar la nueva tasa máxima a la base imponible modificada. Lo dispuesto precedentemente no alterará el régimen de afectaciones establecido en el Título 11 del Texto Ordenado 1996.

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, facúltase al Poder Ejecutivo a aumentar en hasta un 30% (treinta por ciento), las alícuotas máximas aplicables a las enajenaciones de aquellos bienes que se comercialicen en envases descartables de material plástico.

Artículo 36. Bienes importados.-. Para los bienes producidos en el exterior, cuyo monto imponible se determine sobre la base del precio de venta del fabricante o importador, el precio declarado por el importador no podrá ser inferior al precio de venta sin impuestos del fabricante a sus distribuidores mayoristas en el país de origen, más el seguro, el flete y los gastos de introducción al país, más un margen estimado en función de bienes comparables.

Cuando la marca o bien importado no se comercialice en su país de origen, se tomará a efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el precio normal de mercado correspondiente a operaciones realizadas en territorio nacional, relativas a sujetos y bienes similares.

Artículo 37. Inclusión de bienes gravados.- Sustitúyese el numeral 1 del Título 11 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

IMPUESTO AL PATRIMONIO

Artículo 38.- Sustitúyese el artículo 1º del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Cuando alguno de los sujetos pasivos mencionados en el presente artículo se encuentre comprendido en más de un literal, deberá realizar una liquidación por cada uno de los correspondientes patrimonios.

Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar la fecha a partir de la cual quedarán gravados los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que integran el dominio industrial y comercial del Estado.

Serán agentes de retención:

Artículo 39.- Exonérase del Impuesto al Patrimonio a los costos incurridos en la búsqueda, prospección y explotación de minerales metálicos y piedras preciosas que integren el activo.

Artículo 40.- Sustitúyese el literal G) del artículo 9º del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 41.- Sustitúyese el artículo 13 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 42.- Sustitúyese el artículo 15 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 43.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 16 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 44.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 35 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 45.- Sustitúyese el artículo 42 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 46.- Sustitúyese el artículo 45 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 47.- Sustitúyese el artículo 47 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 48. (Entidades con capital al portador y entidades no residentes).- La exoneración dispuesta por el artículo 16 de la Ley Nº 17.345, de 31 de mayo de 2001, y el abatimiento establecido en el artículo 47 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, no regirán para aquellas entidades que cumplan con alguna de las siguientes hipótesis:

Si el capital al portador no constituyera la totalidad del patrimonio, los beneficios a que refiere el inciso anterior se aplicarán en la misma proporción que la que exista entre el capital nominativo y el total del capital integrado, considerados al cierre del ejercicio económico.

Cuando las participaciones patrimoniales sean nominativas, pero los titulares de las mismas no sean personas físicas, la referida participación nominativa se considerará al portador a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar a las participaciones patrimoniales al portador que coticen en Bolsa, el mismo tratamiento, a los efectos de lo dispuesto en este artículo, que a las participaciones patrimoniales nominativas propiedad de personas físicas.

Artículo 49.- Derógase los artículos 4º, 38 y 44 del Título 14 del Texto Ordenado 1996 y las leyes Nº 16.870, de 25 de setiembre de 1997 y 16.978, de 2 de julio de 1998.

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 50. Levantamiento voluntario del secreto bancario.- La Dirección General Impositiva podrá celebrar acuerdos con los contribuyentes en los que éstos autoricen, para un período determinado, la revelación de operaciones e informaciones amparadas en el secreto profesional a que refiere el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Para quienes otorguen la autorización referida en el inciso anterior, dicho organismo podrá reducir el término de prescripción de sus obligaciones tributarias. En tal caso, los términos de cinco y diez años establecidos por el artículo 38 del Código Tributario, podrán reducirse a dos y cuatro años respectivamente.

Artículo 51. Alcance del secreto bancario.- No estará incluida en el secreto profesional a que refiere el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 la información que la Administración Tributaria solicite a las instituciones de intermediación financiera comprendidas en dicha norma, en relación a las obligaciones tributarias originadas en su condición de contribuyentes. Dicha información no podrá ser utilizada por la Administración en relación a terceros.

Si la Justicia decretara un embargo a solicitud de la Dirección General Impositiva, las empresas comprendidas en los artículos 1º y 2º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, estarán obligadas a comunicar, cuando mediare solicitud del Juzgado competente, la existencia y cuantía de los fondos y valores, en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, de los cuales el titular es el embargado. Dichos datos sólo podrán ser tenidos en cuenta a los efectos de adoptarse los embargos específicos que sobre los citados bienes disponga la sede judicial interviniente, no constituyendo medio de prueba hábil para la determinación de tributos del embargado o de terceros, salvo en el caso del contribuyente por sus impuestos propios, cuando el mismo lo hubiera autorizado expresamente.

Artículo 52. Responsables sustitutos.- Son responsables sustitutos aquellos sujetos que deben liquidar y pagar la totalidad de la obligación tributaria en sustitución del contribuyente.

Una vez designado el responsable, el contribuyente queda liberado de toda responsabilidad frente al sujeto activo por la referida obligación. Tal liberación no inhabilita al contribuyente a ejercer todos los derechos que le correspondan en su condición de tal, tanto en sede administrativa como jurisdiccional.

Los responsables sustitutos tendrán en todos los casos derecho a repetición, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Código Tributario.

Artículo 53. Fideicomiso de garantía.- Cuando se constituya un fideicomiso de garantía, la transferencia del patrimonio al fideicomiso carecerá de efectos fiscales. El fideicomitente continuará computando el patrimonio fideicomitido a todos los efectos fiscales como si fuera propio.

Facúltase al Poder Ejecutivo a designar a los fiduciarios, como agentes de retención, agentes de percepción, responsables por obligaciones tributarias de terceros, y responsables sustitutos, en relación a los tributos que se originen respecto a los patrimonios que hubieran sido transferidos a un fideicomiso de garantía.

Si se ejecutara la garantía y el patrimonio dado en garantía fuera transferido al beneficiario, el fideicomitente será contribuyente de todos los tributos vinculados a la referida trasmisión patrimonial.

Lo dispuesto en los incisos anteriores regirá para los fideicomisos de garantía constituidos a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 54. Facultad de la Administración.- Sin perjuicio de las disposiciones especiales de reserva establecidas legalmente, la Dirección General Impositiva queda facultada para requerir a los organismos de previsión social, estatales y paraestatales, a las Administradoras de Fondos de Previsión Social, así como a otras entidades que cuenten con información relevante a efectos tributarios, los datos identificatorios y domicilios registrados ante los mismos, por personas físicas y jurídicas.

Artículo 55. Domicilio constituido.- Cuando el contribuyente o responsable no haya fijado su domicilio constituido de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 del Código Tributario, la Dirección General Impositiva podrá considerar a los efectos dispuestos en dicho artículo, el domicilio obtenido en ejercicio de la facultad dispuesta por el artículo anterior.

El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición, estableciendo los procedimientos de notificación, así como el orden de prelación en caso que se verificase la existencia de más de un domicilio registrado.

Artículo 56. Código Tributario.- Sustitúyense los literales A) y C) del artículo 68 del Código Tributario, por los siguientes:

Artículo 57. Espectáculos públicos.- Facúltase al Poder Ejecutivo a designar responsables sustitutos del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Rentas de los No Residentes a los titulares de salas teatrales, canales de televisión, ondas de radiodifusión y organizadores de espectáculos públicos, en relación a los servicios prestados por artistas y deportistas no residentes.

El Poder Ejecutivo podrá establecer la realización de pagos anticipados de los referidos tributos. En caso de incumplimiento la Dirección General Impositiva podrá solicitar ante la sede judicial competente la suspensión del espectáculo, por el procedimiento aplicable a la clausura, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 del Título 1 del Texto Ordenado 1996 y modificativos.

Artículo 58. Campaña masiva y personalizada.- Destínase a la Dirección General Impositiva con el objeto de realizar una campaña masiva y personalizada de difusión e información de la nueva estructura tributaria, la suma de $ 40:000.000.- (cuarenta millones de pesos uruguayos).

Artículo 59.- Facúltase a la Dirección General Impositiva a publicar el estado del certificado único a que hace referencia el artículo 80 del Título 1 del Texto Ordenado 1996, y alguno o todos los datos que constan en el mismo.

Artículo 60.- Facúltase a la Dirección General Impositiva a publicar la nómina de las personas físicas, personas jurídicas u otras entidades inscriptas en el Registro Único de Contribuyentes. En dicha nómina podrán incluirse el número de inscripción y demás datos para la identificación del contribuyente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 80 del Título 1 del Texto Ordenado 1996.

MONOTRIBUTO

Artículo 61. Alcance subjetivo.- Quienes realicen actividades empresariales de reducida dimensión económica, y cumplan con las condiciones establecidas en los artículos siguientes, podrán optar por pagar en sustitución de las contribuciones especiales de seguridad social generadas por su propia actividad, y de todos los impuestos nacionales vigentes, excluidos los que gravan la importación, una prestación tributaria unificada, que se denominará Monotributo.

Estarán comprendidos en la definición a que refiere el inciso anterior exclusivamente los siguientes sujetos:

Artículo 62. Alcance objetivo.- Podrán optar por el régimen a que refiere el artículo anterior los sujetos a que refiere dicho artículo que cumplan simultáneamente con las siguientes condiciones:

El Poder Ejecutivo determinará el alcance de los conceptos "reducida dimensión económica" y "pequeño local", pudiendo establecer limitaciones a la inclusión, vinculadas a elementos objetivos propios de cada actividad tales como la superficie ocupada, la capacidad instalada, el consumo de energía eléctrica, de agua, de telecomunicaciones, etc.

Artículo 63. Exclusiones.- Sin perjuicio de la limitación general establecida en el literal C) del artículo anterior, no podrán estar incluidos en el régimen del Monotributo:

Artículo 64. Régimen de adecuación.- Los contribuyentes que a la fecha de la vigencia de la presente ley, se encuentren comprendidos en las hipótesis a que refieren los artículos precedentes, y estén tributando por un régimen distinto, podrán solicitar la inclusión en el régimen de Tributo Único dentro del plazo que establezca el Poder Ejecutivo.

El Banco de Previsión Social autorizará la inclusión, luego de que el solicitante acredite fehacientemente a juicio de este organismo y de la Dirección General Impositiva, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley.

Los contribuyentes comprendidos en el régimen de tributación establecido en los artículos 590 a 601 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, dispondrán de un plazo de noventa días para adecuar su estructura y su operativa a los requisitos establecidos precedentemente, para quedar incluidos de pleno derecho en el presente régimen. Vencido ese plazo, sin que se produjera tal adecuación, se regirán por el régimen general de tributación.

Artículo 65. Compatibilidad.- Declárase compatible la actividad desarrollada por los titulares de empresas unipersonales, sus cónyuges colaboradores, o los socios de sociedades personales, bajo las condiciones establecidas en los artículos 63 y 64 de la presente ley, con la percepción de jubilación servida al amparo del régimen de Industria y Comercio, cuando los referidos sujetos cumplan simultáneamente con las siguientes condiciones:

Artículo 66. Determinación del Monotributo.- El monto mensual del Monotributo resultará de aplicar la suma de las alícuotas correspondientes a los tributos recaudados por el Banco de Previsión Social (BPS) vigentes, con exclusión del denominado complemento de cuota mutual, sobre un sueldo ficto equivalente a 5 BFC (cinco Bases Fictas de Contribución).

La existencia de cónyuge colaborador, en el caso de las empresas unipersonales, o de socios, determinará una aportación patronal adicional idéntica por la actividad de cada uno de tales integrantes.

El Monotributo no sustituye a los tributos aplicables sobre las remuneraciones de los dependientes, los cuales se regularán por las normas existentes a la vigencia de la presente ley.

El Poder Ejecutivo podrá aumentar el sueldo ficto en una escala de 6 a 10 Bases Fictas de Contribución, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas, la dimensión del local y otros índices similares.

Artículo 67. Recaudación y afectación del tributo.- El tributo será recaudado por el Banco de Previsión Social (BPS), quien dispondrá los aspectos referidos a la forma de liquidación, declaración y percepción del mismo en un plazo de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley.

Sin perjuicio de ello, la Dirección General Impositiva tendrá las más amplias facultades de contralor sobre lo contribuyentes del Monotributo, a efectos de determinar si los mismos cumplen con las condiciones de exclusión de los tributos administrados por este organismo.

La totalidad del producido respectivo estará destinada al pago de contribuciones de seguridad social recaudadas por el BPS, y referidos a la actividad del o los empresarios titulares.

Artículo 68. Asignación Computable.- Para los afiliados optantes por el presente régimen, la respectiva asignación computable será equivalente al sueldo ficto establecido en el artículo 69.

Artículo 69. Prestaciones.- Los afiliados optantes conservarán la totalidad de derechos emergentes de su inclusión y afiliación al sistema de seguridad social.

De cumplirse con las condiciones para el acceso al Seguro Social por Enfermedad (Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, modificativas y concordantes) deberán abonar el complemento por cuota mutual respectivo.

A estos efectos, la existencia de cónyuge colaborador no altera el carácter unipersonal de la empresa.

Sin perjuicio de lo preceptuado en los incisos precedentes, los afiliados podrán optar por no ingresar al Seguro Social por Enfermedad, opción que ejercerán al momento de efectuar su registro ante el Organismo.

Artículo 70. Régimen de Contralor.- Los contribuyentes incluidos en el presente régimen, deberán exhibir en el lugar donde desarrollen su actividad, y a solicitud de los organismos fiscalizadores competentes, la siguiente documentación:

Documentación respaldante de las existencias y procedencia de las mercaderías.

Artículo 71. Sanciones.- Ante el incumplimiento de alguno de los extremos establecidos en el artículo anterior, y sin perjuicio de las sanciones por infracciones tributarias que correspondan, se establece que la Dirección General Impositiva (DGI) o el Banco de Previsión Social (BPS), podrán disponer la incautación de las mercaderías en existencia, quedando en tales casos dicha mercadería en depósito y bajo la responsabilidad del servicio que dispuso la medida.

De procederse a lo expuesto, los funcionarios actuantes deberán labrar un acta dando cuenta a la autoridad administrativa.

Si en un plazo de quince días, el contribuyente acreditase que al momento de la incautación se encontraba al día con sus obligaciones y poseía la documentación requerida, podrá disponerse la respectiva devolución, siendo en tal caso de cargo del contribuyente los gastos causados por el procedimiento. No cumpliéndose en plazo con lo referido precedentemente, la Administración respectiva podrá disponer la venta en remate público de la mercadería incautada y el depósito de la suma resultante, deducidos los gastos causados, en la cuenta Tesoro Nacional, a la orden del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (I.N.A.U).

Artículo 72. Otorgamiento y renovación de permisos.- Las Intendencias Municipales deberán exigir la documentación a que refieren los literales A) y B) del artículo 69 al momento de otorgar y renovar todo tipo de permisos referidos al ejercicio de las actividades incluidas en la presente ley, debiendo remitir anualmente al Banco de Previsión Social (BPS) los datos de los permisarios.

Artículo 73. Contralor.- Facúltase al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva a requerir de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, la información que considere relevante para la determinación de controles en cuanto a la capacidad contributiva de los contribuyentes que se amparen en el Régimen previsto en el artículo 64 de la presente ley.

Los emisores de tarjetas de créditos deberán informar mensualmente al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva las operaciones realizadas por los contribuyentes de este impuesto.

Facúltase al Poder Ejecutivo a reglamentar la remisión de información similar, en de que se utilicen otros medios de pago.

Artículo 74. Obstaculización al ejercicio de las funciones fiscalizadoras.- Cuando en el curso de las actuaciones de contralor a que refiere la presente ley, se verificasen actos colectivos tendientes a obstaculizar el ejercicio de las funciones fiscalizadoras, se configurará respecto a los responsables de los mismos, el ilícito previsto en el artículo 111 del Código Tributario.

Artículo 75. Derogación.- Derógase los artículos 590 al 601 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, sobre "La Actividad Comercial en la Vía Pública".

UNIFICACIÓN DE APORTES PATRONALES

Artículo 76. Contribuciones Especiales de Seguridad Social.- Aporte patronal jubilatorio -Tasa genérica- Fíjase en el 7,5% (siete y medio por ciento) la alícuota del aporte patronal jubilatorio al Banco de Previsión Social, que se aplicará sobre todas las remuneraciones que constituyan materia gravada a efectos de las contribuciones especiales de seguridad social.

No estarán comprendidos en la referida unificación de tasas los contribuyentes de la aportación civil, que continuarán tributando por las alícuotas de aportación vigentes, con excepción de los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, quienes aportarán conforme lo dispuesto en el inciso precedente.

La alícuota fijada no modifica la contribución especial por servicios bonificados.

Artículo 77.- El Poder Ejecutivo adecuará las tasas correspondientes al Aporte Unificado de la Construcción por las actividades comprendidas por el Decreto-Ley Nº 14.411, de 7 de agosto de 1975, de conformidad con lo dispuesto por el artículo anterior.

Asimismo realizará la correspondiente adecuación de la Contribución Patronal Rural por las actividades de empresas rurales comprendidas por la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986.

Artículo 78. Exoneraciones.- Derógase a partir de la vigencia de la presente ley todas las exoneraciones y reducciones de alícuotas de aportes patronales de contribuciones especiales de seguridad social al Banco de Previsión Social, con excepción de:

TASA DE CONTROL DEL SISTEMA FINANCIERO

Artículo 79. Estructura.- Creáse la Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero, que se devengará por las actividades reguladas por el Banco Central del Uruguay.

Artículo 80. Sujetos Pasivos.- Son sujetos pasivos de la referida tasa todas las entidades supervisadas por el Banco Central del Uruguay:

Artículo 81. Destino de lo Recaudado.- El total de lo recaudado por la Tasa que se crea conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, se destinará a la financiación del costo de regulación financiera del Banco Central del Uruguay.

Artículo 82. Determinación de la Tasa.- La Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero se determinará por el Poder Ejecutivo previa propuesta fundada por el Banco Central del Uruguay según el siguiente detalle:

Artículo 83. Liquidación y pago.- La tasa se liquidará y pagará mensualmente.

OTRAS DEROGACIONES Y VIGENCIA

Artículo 84. Exoneraciones genéricas.- Sustitúyese el artículo 110 del Título 3 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Deróganse los artículos 111 a 113 del Título 3 del Texto Ordenado 1996.

Artículo 85. Derogaciones.- Derógase el artículo 90 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, el artículo 8º de la Ley Nº 17.689, de 30 de julio de 2003 y la Ley Nº 17.558, de 25 de setiembre de 2002.

Artículo 86. Texto Ordenado.- Las modificaciones y derogaciones de disposiciones del Texto Ordenado 1996 realizadas en la presente ley, se consideran realizadas a las normas legales respectivas.

Artículo 87. Vigencia.- Las disposiciones de esta ley para las que no se haya establecido una vigencia específica, regirán desde el 1º de enero de 2007.

Montevideo, 16 de marzo de 2006.

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.