RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2001

Aprobación

Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
e informe económico financiero

Montevideo, 30 de junio de 2002.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo, el adjunto proyecto de ley referente a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2001.

El estado de resultados del ejercicio 2001 presenta un déficit de $ 12.963:443.000 (pesos uruguayos doce mil novecientos sesenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil), lo que representa aproximadamente el 5,2% del Producto Bruto Interno generado en dicho año. Esta cifra incluye el resultado del total de operaciones, inclusive los que tienen como fuente fondos los recursos de libre disponibilidad.

Este resultado refleja las dificultades que debió enfrentar la economía por tercer año consecutivo y en particular el marcado descenso en la recaudación y la decisión de mantener un nivel acotado de gasto a lo largo del ciclo económico, ajustándolo lo necesario para no comprometer la posición de solvencia financiera que el país ha ganado a lo largo de la última década.

En el informe económico financiero que se acompaña, se presenta una breve descripción de la situación económica de 2001 y se vincula a la misma la evolución de las cifras más relevantes de este Balance de Ejecución Presupuestal.

Con el propósito de ofrecer una presentación más complexiva de las finanzas públicas, el Poder Ejecutivo ha iniciado un estudio del costo de las exoneraciones fiscales vigentes tanto a nivel de la Dirección General Impositiva como del Banco de Previsión Social, que habrá de ser difundido en un futuro próximo.

En cuanto al articulado del proyecto de ley, se compone de un conjunto normativo con el objetivo de racionalizar los recursos humanos y materiales del Estado tendiendo a una utilización más productiva y a la vez menos onerosa de los mismos para el Erario.

Se destacan cuatro grandes temas en los que se impulsan reformas estructurales del Estado, la racionalización del gasto publico, la racionalización de los recursos humanos del Estado y un nuevo marco regulatorio para futuras necesidades en materia de recursos humanos.

El Capítulo referente a las Reformas estructurales del Estado, trata en primer lugar, de dotar al Estado de un nuevo marco normativo a los servicios del ente Administración de los Ferrocarriles del Estado (AFE) e Instituto Nacional de Colonización (INC).

En cuanto a AFE se transfiere de ésta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas los cometidos y facultades relativos a la infraestructura vial ferroviaria.

En cuanto al INC se propone la adquisición por parte de los colonos de las tierras que ocupan a título oneroso, con un plazo pago máximo de 25 años, a través del financiamiento del Banco de la República Oriental del Uruguay.

Otro tema tratado dentro de este Capítulo es el referente a PLUNA. En efecto, la sociedad de economía mixta PLUNA SA, en su funcionamiento de los últimos años, ha continuado sufriendo pérdidas importantes.

El Poder Ejecutivo estima que la alternativa más viable, a los efectos de evitar futuras capitalizaciones de la sociedad, es la enajenación de las acciones de PLUNA SA, entendiéndose necesario realizarla con autorización del Poder Legislativo.

Otra norma aprueba una modificación a la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay. Se plantea una reforma que incluya, entre otros puntos, la transformación gradual de sus fuentes de financiamiento, la securitización obligatoria de su Cartera por encima de un cierto monto a determinar y el otorgamiento exclusivo de créditos hipotecarios a personas físicas.

Otra disposición regula la exclusión de dragas de la reserva de bandera. Los servicios de dragado de puertos y canales, se insertan en un mercado restringido e imperfecto, en el cual la reserva de bandera genera una distorsión de la competencia en las licitaciones públicas. Se pretende evitar que el uso de la reserva de bandera, otorgue privilegios y posibilite eventuales aumentos de los precios a abonar por el Estado.

Otro tema es el relativo a la racionalización del gasto público. Dentro de este Capítulo se busca, por un lado reducir el gasto público y por otro utilizar en forma más eficiente los recursos con que se cuenta. En ese sentido se incluye la reducción porcentual de créditos presupuestales, con criterios diferenciales.

En el mismo sentido se plantea la reestructura del Servicio Exterior, la reducción de agregadurías militares y la readecuación de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Finanzas.

En lo que refiere a la racionalización de los recursos humanos, se proponen una serie de disposiciones que tienen por fin dotar al Estado de un sistema normativo lógico. Se plantea así, la reducción de los cuadros funcionales por medio del retiro incentivado en forma anticipada de aquellos funcionarios que hayan alcanzado una determinada edad.

En este Capítulo, se propone incorporar normas sobre funcionarios excedentarios, en disponibilidad, limitación para pases en comisión, eliminación de beneficios extrasalariales, control de horas extra, prohibición de contratar nuevos funcionarios públicos hasta el año 2015, entre otras.

Saludan al señor Presidente de la Asamblea General con la mayor consideración.

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

La situación macroeconómica durante 2001

La gestión presupuestal del año 2001 volvió a desarrollarse en un entorno macroeconómico desfavorable, situación que se repite por tercer año consecutivo. El año comenzó con perspectivas de una recuperación en el nivel de actividad, pero entrado el segundo trimestre del año, algunos impactos negativos desde el exterior como los problemas comerciales con Brasil, la agudización de los problemas internos en Argentina con una devaluación encubierta, la devaluación del euro y la consolidación del precio del petróleo en niveles muy altos, comenzó a sentirse en la economía y principalmente a operar en forma desfavorable sobre las expectativas de los agentes económicos. A todos estos problemas y para completar un cuadro de choques adversos, se debe agregar la aparición de un brote de fiebre aftosa en el mes de abril, que cerró automáticamente los mercados a las exportaciones de carne uruguaya. Cabe destacar que el dinamismo que hasta el primer trimestre de 2001 mostraron las exportaciones uruguayas fue liderado precisamente por las ventas de carne a los mercados no aftósicos.

La baja en la inversión fue muy fuerte (-6,3%), también se redujo el consumo, aunque en cuantía inferior como es normal al ser éste el componente más estable de la demanda en el ciclo económico (el consumo privado se redujo 3,2%). La caída en las exportaciones de bienes y servicios del 8,2% acentuó el impacto negativo de las bajas reseñadas, resultando en una caída del 3,1% del Producto Bruto Interno. Esta evolución del sector real afectó la base impositiva y por ende la recaudación a lo largo del año.

Un segundo aspecto importante de la situación económica en el 2001 es la evolución a la baja de los precios internos medidos en dólares. Si bien la región no determina en forma unívoca los niveles de precios internos, la cercanía y la integración determinan que los acontecimientos de Argentina y Brasil tengan fuerte incidencia en la evolución de los precios en nuestro país. Si la región se encarece o se abarata en dólares frente al resto del mundo, es muy difícil que los precios en Uruguay muestren un comportamiento disímil a partir de dicha situación. En la primer mitad de la década de los noventa se observa un proceso de encarecimiento en dólares de la región, producto de la enorme entrada de capitales, lo que trajo aparejado un rápido crecimiento de las economías, del que Uruguay fue parte. Luego de la crisis mexicana de diciembre de 1994, el aumento de los precios de las exportaciones nos condujo a un muy importante período de crecimiento sin mayores tensiones inflacionarias internas, que conjuntamente con la contención de los gastos, posibilitaron la estabilización de precios. El proceso de convergencia hacia precios más bajos en dólares se inicia entre 1997 y 1998 y fue procesándose en forma gradual. Esta situación es importante para comprender la evolución del presupuesto ya que, el sector público tiene pagos y obligaciones que debe realizar en moneda extranjera mientras que los ingresos se encuentran mayoritariamente expresados y vinculados a la moneda nacional. Es decir que el proceso de deflación en dólares nos conduce, si nada del resto se altera, a un nivel de déficit superior.

Nivel de actividad y empleo

El mantenimiento de la situación recesiva a nivel regional determinó que la actividad productiva se retrajera un 3,1% durante el año 2001, medida en función del Producto Bruto Interno. Las caídas que experimentaron el sector construcción (11,7%), industria manufacturera (5,9%), agropecuario (4,5%) y "comercio, restaurantes y hoteles" (3,4%) fueron decisivas en este resultado. El único sector que presentó un comportamiento positivo fue "electricidad, gas y agua", cuyo nivel de actividad se incrementó 1,4%.

Los precios de exportación cayeron nuevamente en el año 2001 -aunque en forma más atenuada que en el año anterior-, por reducciones principalmente en los productos agropecuarios.

Desde el punto de vista de la demanda agregada, cayeron fuertemente las exportaciones de bienes y servicios (8,2%) debido fundamentalmente a la paralización de las exportaciones de carne a raíz de la aparición de la fiebre aftosa, en tanto que el gasto interno de la economía caía un 3,4% como resultado de descensos en la inversión (6,3%), consumo privado (3,2%) y consumo del Gobierno (0,6%).

La evolución del tipo de cambio en nuestro país, a un mayor ritmo que los precios internos, contribuyó en gran medida a mejorar la capacidad de competencia del país frente al exterior. De todas formas, ello no se vio reflejado en un incremento de las exportaciones totales, las que se vieron afectadas por los factores que detuvieron las ventas de carne y derivados al exterior y la crisis económica que afectó a Argentina. Este hecho explica casi el 100% del comportamiento exportador, en tanto que la reducción del ingreso y el ajuste del gasto fiscal que se debió realizar como forma de compensar parcialmente la caída de la recaudación, son causas que explican la contracción de la absorción doméstica.

Pese a la menor actividad productiva, aumentó levemente el empleo urbano (0,3%), lo que implica en promedio 4.000 puestos de trabajo más que en el año anterior, elevándose así a 1.155.000 las personas ocupadas promedialmente en 2001. El comercio y los servicios se comportaron en forma levemente expansiva en la generación de empleo, mientras que la demanda de trabajo se redujo en la industria manufacturera, la construcción y el transporte.

El mayor incremento relativo de la oferta en el mercado laboral (2,3%), determinó un crecimiento de la tasa de desempleo de la economía, la que en promedio se ubicó en el 15,3% frente a 13,6% registrado en 2000.

Sector externo

La balanza de pagos

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en el año 2001, alcanzó a US$ 475 millones, equivalente al 2,5% del PBI. Este desequilibrio, que refleja el exceso de inversión sobre el ahorro de la economía globalmente considerada, se vincula con el déficit registrado a nivel del sector público (4% del PBI). En función de los guarismos anteriormente señalados, se puede estimar que a nivel del sector privado se habría registrado un exceso de ahorro en relación a la inversión del orden del 1,5% del PBI, el mayor que se conoce en más de una década.

Si analizamos los distintos componentes de la cuenta corriente vemos que el comercio de bienes experimenta un déficit de US$ 766 millones (considerando exportaciones e importaciones FOB). Este déficit comercial supone una mejora frente al año anterior, en la medida en que tanto las exportaciones como las importaciones, medidas en dólares, cayeron un 13%. En este resultado juega un papel fundamental la pérdida de términos del intercambio.

Por su parte la balanza de servicios registró un superávit de US$ 363 millones. En este resultado influyó fundamentalmente el superávit registrado en la cuenta "Turismo" de US$ 358 millones, el cual refleja exportaciones del rubro por US$ 611 millones e importaciones por US$ 253 millones. Estos niveles son sensiblemente inferiores a los verificados en el año anterior, y responden a un menor número de turistas argentinos.

La cuenta capital de la balanza de pagos registró un superávit de US$ 851.6 millones por efecto básicamente del incremento de la deuda bruta del sector público no financiero (US$ 514 millones) y el aumento de los depósitos de no residentes en el sistema.

La partida "Errores y Omisiones Netos" tuvo un saldo negativo de US$ 80 millones. Este resultado podría estar asociado a una sobrestimación de las colocaciones de títulos públicos en poder de no residentes a nivel de cuenta de capital que debe compensarse con una partida negativa en este renglón.

Como resultado de los movimientos reseñados, la balanza de pagos registró un superávit de US$ 297 millones (aumento de las Reservas Internacionales Netas del Banco Central).

El comercio de bienes

Las exportaciones de bienes alcanzaron US$ 2.060.4 millones, lo que refleja un descenso del 10,3%. En este resultado operaron negativamente las colocaciones a Argentina (22,9%), Brasil (17,2%) y a los países del NAFTA (4,6%).

Las menores colocaciones a Argentina se explican por la crisis económica que afecta a esa economía, las menores ventas a Brasil por la fuerte devaluación que experimentó el real y la caída de las exportaciones al NAFTA, en el cierre de los mercados cárnicos debido al brote de aftosa.

Por su parte, las destinadas a los países europeos crecieron un 2,5%, reflejando la mejora en la competitividad de los productos uruguayos.

En lo que refiere a las importaciones expresadas en valores CIF, las mismas experimentaron una caída del 10,7%. Las compras de bienes intermedios disminuyeron 13,5%, destacándose el descenso de las importaciones de petróleo y destilados (24,6%) y otros insumos intermedios (8,5%). Los bienes de consumo experimentaron una caída del 6,9% y los bienes de capital del 14,1%.

Precios y tipo de cambio

El objetivo de inflación anunciado originalmente por el Gobierno se fijó en el rango de 4% y 6%. Concomitantemente se confirmó que la banda de flotación aumentaría un 0,6% mensual, lo que representa un 7,4% acumulado anual. Sin embargo, el 19 de junio el Gobierno duplicó el ritmo de deslizamiento de la banda de flotación al 1,2% mensual, al igual que el ancho de la banda (del 3% al 6%). Motivó esta medida los cambios introducidos en el sistema cambiario argentino. Pese a los anuncios en materia cambiaria, no se modificaron los objetivos en materia inflacionaria. En efecto, la aceleración de la pauta cambiaria se realizó con el objetivo de evitar que la economía ingrese en un doloroso proceso deflacionario.

La diferencia entre estas dos tasas de variación es consistente y se explica por la coyuntura de precios internacionales, en especial el proceso de convergencia de los precios en dólares de la región a niveles más bajos.

La inflación del año fue del 3,6% y la tendencia en el año resultó descendente.

Las finanzas del sector público

El déficit del sector público en su conjunto, medido por el Banco Central del Uruguay a través de las variaciones en las fuentes de financiamiento, mostró en el año 2001 un déficit de $ 10.677 millones. Esta cifra se compone por el déficit acumulado del Gobierno Central, del Banco Central del Uruguay y de otros organismos del sector público no financiero, principalmente los Gobiernos Departamentales. Las empresas públicas tuvieron un superávit.

El aspecto más resaltable de las finanzas públicas en el 2001 es que la fase recesiva del ciclo y la evolución de los precios relativos afectó fuertemente la recaudación, en especial en el segundo semestre del año. Los ingresos brutos de la DGI medidos en términos reales se redujeron 0,6% en el primer semestre del año en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que en el segundo semestre la caída fue del 5,4%.

La ejecución presupuestal

El estado de resultados consolidado para 2001 muestra un total de recursos de $ 47.835,2 millones, mientras que las erogaciones totales alcanzaron los $ 60.798,6 millones. De esta forma, el resultado del ejercicio fue deficitario en $ 12.963,4 millones.

A valores constantes con respecto al ejercicio anterior, el déficit del Gobierno Central fue superior en un 34,6% debido a que mientras la recaudación disminuyó un 2,0%, los gastos de funcionamiento e inversiones excluído el rubro otras Erogaciones, registraron un incremento del 3,6% y 3,3% respectivamente.

En los recursos, la disminución con respecto al ejercicio anterior es mayor debido a que en este ejercicio se contabilizaron nuevos tributos aprobados con posterioridad al ejercicio 2000 por un importe de $ 1.099.6 millones.

En los gastos de funcionamiento, el desvío en más de $ 1.907,8 millones con respecto al ejercicio 2000 se explica fundamentalmente por los aumentos registrados en los siguientes rubros: Intereses de Deuda Pública $ 1.015,5 millones, Subsidios y Otras Transferencias $ 566,5 millones y Retribuciones Personales $ 489,9 y la disminución operada en el rubro Materiales y Servicios no Personales $ 125:6.

Las causas de la expansión de estas partidas fueron:

El esfuerzo de contención del gasto dispuesto por los Decretos 169/01 y 172/01 se refejó en los Incisos del Poder Ejecutivo, donde se observó una caída del gasto corriente en $ 361,7 millones (5,2%). En los Incisos correspondientes a los organismos del artículo 220 de la Constitución, se registró un aumento en $ 158,6 millones (8,7%).

La Asistencia Financiera a la Seguridad Social fue similar a la del ejercicio 2000, debido a que en este ejercicio tuvo un financiamiento adicional, proveniente del nuevo impuesto, COFIS, cuya recaudación ascendió a $ 894:1.

PROYECTO DE LEY

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2001, con un resultado deficitario de ejecución presupuestaria de $ 12.963:443.000 (pesos uruguayos doce mil novecientos sesenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil), según los estados demostrativos y auxiliares que acompañan a la presente ley y que forman parte de la misma.

Redúcense los créditos correspondientes a gastos de funcionamiento por toda financiación, de los Grupos 1 a 7 de los Incisos 02 a 19 y 25 a 27, en un 8% (ocho por ciento) anual para los ejercicios 2002 a 2004, excepto aquellos que, por su carácter, el Poder Ejecutivo declare no abatibles, con comunicación a la Asamblea General dentro de un plazo máximo de diez días.

Redúcense los créditos correspondientes a inversiones, por toda fuente de financiamiento, en un 19% (diecinueve por ciento) adicional a la reducción dispuesta por el artículo 619 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, para el ejercicio 2002 y en un 28% (veintiocho por ciento) anual para los ejercicios 2003 y 2004, en todos los Incisos del Presupuesto Nacional. Facúltase al Poder Ejecutivo a declarar proyectos prioritarios en función de su impacto social, para los cuales la reducción para los ejercicios 2003 y 2004 será menor.

Artículo 2º.- La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 2003, excepto en aquellas disposiciones en que, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

SECCIÓN II

RACIONALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA POLÍTICA DEL ESTADO

Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a fusionar, suprimir o reorganizar los Ministerios y unidades ejecutoras de la Administración Central, en el marco de la racionalización y reducción del gasto del Estado, siempre y cuando no impliquen costos presupuestales ni de caja asociados al Grupo 0 "Servicios Personales".

Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo podrá disponer, por resolución fundada en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio o Ministerios que correspondan, las modificaciones necesarias para racionalizar la estructura orgánica de los Incisos 02 al 15, de acuerdo con las siguientes normas:

Artículo 5º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a reestructurar la conformación y funcionamiento o a suprimir las diversas Comisiones, Juntas, Delegaciones, Direcciones y toda entidad que se financie total o parcialmente con recursos del Presupuesto Nacional y que funcionan en el ámbito de la Administración Central, incluidas las Comisiones Binacionales o Multinacionales, aun cuando tengan carácter de persona de derecho público no estatal, asegurando el cumplimiento de sus cometidos y de los correspondientes convenios internacionales.

Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 15.740, de 8 de abril de 1985 por el siguiente:

Artículo 7º.- El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), será dirigido por un Consejo Directivo integrado por tres miembros, los que serán designados por el Poder Ejecutivo, previa venia de la Cámara de Senadores.

Artículo 8º.- Sustitúyese al Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) por un Director General, conforme con lo dispuesto por el inciso primero del artículo 185 de la Constitución de la República.

Artículo 9º.- Aplícase a los miembros de los Directorios o Directores Generales de los entes autónomos y de los servicios descentralizados industriales y comerciales del Estado, la prohibición contenida en el inciso segundo del artículo 195 de la Constitución de la República.

Artículo 10.- En los casos que las disposiciones vigentes requieran mayorías especiales por parte de los Directorios o Consejos Directivos mencionados en los artículos 6º y 7º de la presente ley, se tendrán por cumplidas las mismas con el voto conforme de la mayoría absoluta del total de sus componentes.

Artículo 11.- La destitución de funcionarios de los organismos del artículo 221 de la Constitución de la República, en los casos de ineptitud, omisión o delito, será dispuesta por mayoría simple de los integrantes de los respectivos Directorios.

Artículo 12.- El Poder Ejecutivo, con anterioridad al 1º de marzo de 2005, solicitará a la Cámara de Senadores la venia correspondiente para designar miembros comunes en los Directorios de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) y de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).

El Poder Ejecutivo constituirá, en un plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir de la vigencia de la presente ley, una Comisión Especial que tendrá como cometido coordinar las actividades complementarias y competitivas de los organismos referidos, de manera de racionalizar y optimizar su gestión y sus recursos.

La Comisión estará integrada por los siguientes miembros:

SECCIÓN III

RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADO

CAPÍTULO I

RETIROS ANTICIPADOS E INCENTIVADOS

Artículo 13. (Cese obligatorio).- Fíjase en sesenta y cinco años la edad establecida en el inciso primero del artículo 35 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974.

Artículo 14.- Los funcionarios públicos que configuren causal jubilatoria con posterioridad al cumplimiento de la edad indicada en el artículo anterior, cesarán obligatoriamente al configurarla.

Artículo 15. (Régimen transitorio).- Los funcionarios públicos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tuvieran causal jubilatoria configurada y sesenta y cinco o más años de edad, cesarán obligatoriamente al cumplirse seis meses de la fecha de promulgación de la presente ley, salvo que antes de esa fecha cumplan setenta años de edad, en cuyo caso cesarán al cumplirlos.

Artículo 16. (Retiro incentivado de funcionarios).- Los funcionarios públicos que a la entrada en vigencia de la presente ley tuvieren entre sesenta y sesenta y cuatro años de edad y presentaren renuncia dentro de los sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, percibirán mensualmente del organismo al cual pertenecían con cargo a su presupuesto, hasta que cumplan los sesenta y cinco años de edad, una prestación calculada de acuerdo a la siguiente tabla:

El concepto "retribuciones" incluye todas las prestaciones permanentes sujetas a montepío; aquellas que son permanentes pero de monto variable, se determinarán por el promedio de lo percibido en los últimos doce meses anteriores a la aceptación de la renuncia. Esta prestación constituirá materia gravada a los efectos de las aportaciones personales de seguridad social.

La prestación se percibirá hasta que el funcionario se acoja al beneficio jubilatorio, siendo de aplicación a sus efectos las normas sobre retiro anticipado establecidas en los artículos 13 y 14 de este Capítulo.

El período durante el cual se perciba dicha prestación se computará como tiempo efectivo de trabajo a los efectos de la seguridad social.

La opción a que refiere el inciso primero, una vez realizada será irrevocable.

Artículo 17. (Funcionarios con sesenta y cinco o más años de edad).- Los funcionarios públicos, que a la fecha de vigencia de la presente ley tuviesen sesenta y cinco o más años de edad, que no hayan configurado causal jubilatoria y que no sean beneficiarios de otra pasividad o retiro con cargo a cualquier organismo de previsión social, que renuncien dentro de los plazos establecidos por el artículo anterior, percibirán una prestación del 70% (setenta por ciento) de su retribución hasta configurar causal jubilatoria o cumplir los setenta años de edad, cuando cesarán automáticamente.

Se aplicará, a los efectos de este artículo, las disposiciones de los incisos segundo a quinto del artículo anterior.

Artículo 18. (Retiro con reserva de cargo).- Facúltase a la Administración Central y Organismos comprendidos en el artículo 220 y 221 de la Constitución de la República a reservar por dos años el cargo público de aquellos funcionarios que opten por incorporarse a empresas regidas por estatutos de derecho privado. La reserva no tendrá lugar en caso de cesación de empleo en la empresa privada por notoria mala conducta debidamente comprobada o si se configura causal jubilatoria dentro del período de reserva.

Artículo 19. (Retiro con tercerización).- Facúltase a la Administración Central y a los Organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, a contratar la prestación de actividades, servicios y cometidos comprendidos en su giro con las empresas formadas por funcionarios, a condición que éstos se retiren de la función pública previa o simultáneamente a la firma del contrato.

Exceptúanse a dichos funcionarios de la prohibición establecida en el numeral 1) del artículo 487 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 en la redacción dada por el artículo 524 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, a efectos de su presentación al procedimiento de contratación respectivo.

Dicha contratación podrá efectuarse en forma directa por un plazo máximo de dos años o mediante procedimientos competitivos en los que podrá otorgarse preferencia a dichas empresas en los pliegos respectivos. El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones de aplicación y los requisitos a cumplir por las empresas formadas por funcionarios para obtener los beneficios previstos en el presente artículo.

Artículo 20. (Ámbito de aplicación).- El régimen de incentivo para el retiro de la función pública que se establece por la presente ley, alcanza a los funcionarios públicos pertenecientes a la Administración Central que, por tal calidad, estén afiliados al Banco de Previsión Social (BPS).

El régimen de incentivo para el retiro de la función pública será aplicable a los funcionarios de los Organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, siempre que se ajusten a las disposiciones del presente Capítulo.

Artículo 21. (Aceptación del retiro incentivado).- El jerarca máximo del Inciso u organismo podrá no autorizar la opción de retiro incentivado por razones fundadas de servicio.

Artículo 22. (Ajuste de valores).- Las sumas a abonar por el organismo respectivo, en concepto de retiro incentivado, se ajustarán en las mismas oportunidades y formas que las dispuestas con carácter general para sus funcionarios.

Artículo 23. (Supresión de vacantes).- Las vacantes de cargos presupuestados o funciones contratadas que se generen por aplicación de retiro anticipado o incentivado serán suprimidas.

En caso de tratarse de cargos imprescindibles dentro de la estructura organizativa o gerencia, según corresponda, se deberán suprimir en sustitución, vacantes por el costo equivalente a una vez y media del costo de la vacante generada por aplicación de este régimen, que podrán corresponder a otros grados o escalafones. De no cumplirse el extremo anterior, el funcionario no podrá ampararse al régimen previsto.

Artículo 24. (Prohibición de contratar).- El Estado no podrá celebrar o financiar contratos de cualquier naturaleza que impliquen de alguna forma la prestación de un servicio de carácter personal con personas que se hayan amparado a las presentes disposiciones, con excepción de cargos electivos, políticos, de particular confianza o docentes.

Esta prohibición rige además para los organismos no estatales que se financian total o parcialmente con fondos públicos, cuando estos representen por lo menos un 20% (veinte por ciento) de su presupuesto.

Artículo 25. (Destino de economías sobre vacantes).- Las disposiciones legales vigentes que otorgan un destino especial a las economías resultantes de la no provisión de vacantes, no regirán respecto a las que sean consecuencia de la aplicación del presente régimen. Estas economías deberán aplicarse en primera instancia a financiar el fondo que se crea por el artículo siguiente y el remanente deberá verterse a Rentas Generales o destinarse a reducción de tarifas del organismo, según disponga la reglamentación.

Artículo 26. (Fondo presupuestal para el pago de las compensaciones).- En cada Inciso u organismo deberá constituirse dentro del presupuesto, un fondo con recursos provenientes de la supresión de vacantes generadas por aplicación del régimen de retiros anticipados incentivados, para atender hasta la suma concurrente, el pago de las prestaciones previstas en este Capítulo.

Artículo 27. (Situaciones excluidas del régimen de retiro anticipado).- No estarán alcanzados por las normas de retiro anticipado:

  Artículo 28. (Situaciones excluidas del retiro incentivado).- No tendrán derecho al retiro incentivado:

CAPÍTULO II

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

Artículo 29. (Topes retributivos y readecuación salarial).- Ninguna persona física que preste servicios personales al Estado, cualquiera sea la naturaleza del vínculo y su financiación, podrá percibir ingresos mensuales permanentes, por todo concepto, por el desempeño conjunto de sus actividades, superiores al 60% (sesenta por ciento) de la retribución total del Presidente de la República.

El Poder Ejecutivo instruirá a los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República para que, a partir del presupuesto del ejercicio 2003 y en oportunidad en que se otorguen los incrementos salariales, adopten los mecanismos de ajuste selectivo necesarios para la aplicación del tope establecido precedentemente y para redefinir las escalas salariales a efectos de lograr una adecuada relación entre los diferentes niveles.

Artículo 30.- Prohíbese, a partir de la vigencia de la presente ley, el otorgamiento de nuevos beneficios extrasalariales que no contengan autorización legal expresa.

El Poder Ejecutivo instruirá a los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República para que eliminen los beneficios extrasalariales que no corresponda considerar como partidas salariales a la fecha de vigencia de la presente ley.

Los beneficios que no corresponda eliminar serán materia gravada de la seguridad social y su incorporación al grupo 0 "Servicios Personales" se realizará por el monto percibido en efectivo o por el equivalente al que se abona en especie, pudiendo incrementarse el respectivo grupo exclusivamente por los aportes patronales.

Artículo 31.- El Poder Ejecutivo instruirá a los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República para que dispongan la supresión de los servicios médicos, asistenciales y odontológicos propios destinados a brindar asistencia a sus funcionarios, ex funcionarios y/o familiares de los funcionarios.

Los beneficios referidos serán contratados con las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC). Por la asistencia médica contratada de acuerdo a lo previsto en el Decreto-Ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, modificativos y concordantes, el valor máximo a pagar por el organismo, por cada beneficiario, no podrá superar el importe que paga el Banco de Previsión Social (BPS) por la asistencia médica contratada para los beneficiarios activos.

Una vez dispuesta la instrucción del Poder Ejecutivo, los organismos dispondrán de un plazo de ciento ochenta días para contratar la asistencia y declarar la excedencia de los funcionarios médicos y no médicos aplicados directa o indirectamente a la provisión de servicios asistenciales.

Artículo 32.- Prohíbese a los Directores de entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, disponer la contratación de personal de confianza en tareas de asesoría, secretaría, etcétera, por un monto total mensual que supere el equivalente a una vez y media la remuneración de un Ministro de Estado, no pudiendo adicionar ninguna otra retribución, en efectivo o en especie, a dichos contratos, tales como horas extra, compensaciones, productividad, participación en utilidades o fondos de participación.

La modalidad de contratación será mediante el régimen de contrato a término que se crea en la presente ley.

Artículo 33.- Declárase por vía de interpretación auténtica que el artículo 7º de la Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952, fue derogado por lo dispuesto en el artículo 643 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 34.- La remuneración de los integrantes del Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), se determinará de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

CAPÍTULO III

INGRESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 35.- Extiéndese hasta el 25 de abril de 2015, el plazo previsto en el inciso primero del artículo 32 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995.

Artículo 36.- Derógase el artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 así como toda excepción dispuesta a la aplicación del artículo 1º de la citada ley.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN DE CONTRATOS A TÉRMINO

Artículo 37. (Ámbito de aplicación).- Facúltase al Poder Ejecutivo y Organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República a celebrar contratos de trabajo a término con personas físicas a efectos de atender las necesidades que la Administración no pueda cubrir con sus propios funcionarios.

Artículo 38. (Condiciones de la contratación).- Todos los organismos habilitados para la aplicación del presente régimen de contrato de trabajo a término, previo a la solicitud de contratación, deberán dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, modificativas y concordantes, que establecen la obligación de recurrir en forma imperativa al Registro de Personal a Redistribuir.

En toda propuesta de contratación se deberá adjuntar un informe que indique la cantidad total de personas que se desempeñan en la unidad ejecutora o Gerencia solicitante, revistan o no la calidad de funcionarios públicos.

Dicha información deberá comprobar que la o las nuevas contrataciones propuestas no incrementan el número de personas que cumplían actividades en dichas unidades al 30 de junio de 2002. En las propuestas de contratación que se efectúen con posterioridad al 30 de junio de 2003, las diferentes unidades ejecutoras o Gerencias proponentes deberán acreditar una disminución no inferior al 1,5% (uno con cinco por ciento) anual en relación al total del personal que se desempeñaba en la misma, revista o no la calidad de funcionario público, al 30 de junio del año anterior.

Excepcionalmente, podrán autorizarse nuevas contrataciones que no cumplan con la condición establecida en el inciso anterior, en aquellas unidades ejecutoras o Gerencias que tengan nuevas competencias otorgadas por ley o por convenios internacionales.

En el caso de organismos en los que se aplique un sistema de retiro incentivado posterior al 30 de junio de 2002, se deberá considerar el total de personal que se desempeñaba en la unidad ejecutora o Gerencia, luego de producidos dichos retiros, a los efectos de la comparación y de la reducción dispuesta en el inciso tercero de este artículo.

Artículo 39. (Provisión de los contratos).- Las contrataciones previstas en el artículo 37 se realizarán mediante llamado público abierto y la selección se efectuará a través de concurso de méritos y antecedentes y serán publicadas en medios electrónicos adecuados.

Artículo 40. (Calidad del contratado).- El contratado no adquiere la calidad de funcionario público, ni los beneficios que tal calidad conlleva. Su contrato será a término, revocable por parte del organismo contratante cuando lo estime conveniente y renovable, siempre que subsistan las necesidades del servicio que lo motivaron y el rendimiento haya sido satisfactorio a criterio de la autoridad correspondiente.

Si se produjeren sucesivas renovaciones del contrato a término, ello no implicará en ningún caso que se adquieran derechos a permanencia e inamovilidad del contratado.

Artículo 41. (Incompatibilidad).- El régimen de contrato a término es incompatible con el desempeño de cualquier cargo o función pública remunerada, salvo la docencia en la enseñanza pública. Ningún organismo podrá suscribir contratos de esta naturaleza con personas que estén contratadas por ese u otro organismo en igual régimen.

Artículo 42. (Plazo).- Los contratos de trabajo a término que se otorguen a partir de la vigencia de la presente ley, no podrán tener un plazo inicial superior a los doce meses.

Al vencimiento del plazo se extingue la relación contractual, excepto que la Administración notifique en forma fehaciente su voluntad de renovación de dicha relación con una anticipación al vencimiento del plazo contractual, no inferior a treinta días. Cada renovación individual no podrá ser por un plazo superior a los doce meses.

La extinción del plazo contractual inicial o de las sucesivas renovaciones no dará lugar a indemnización por despido ni derecho al beneficio de seguro de desempleo, salvo que el plazo total supere los veinticuatro meses. En este caso, el contratado tendrá derecho a indemnización por despido y seguro de desempleo, conforme los términos de las Leyes Nº 10.489, de 6 de junio de 1944, Nº 10.542, de 20 de octubre de 1944, Nº 10.570, de 15 de diciembre de 1944, Nº 12.597, de 30 de diciembre de 1958, modificativas y concordantes y Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981 respectivamente. La suma de los dos beneficios no podrá superar, en ninguna situación, el equivalente a seis meses de retribución total, por lo que el contratado sólo podrá recibir el beneficio del seguro de desempleo por la eventual diferencia resultante.

Artículo 43. (Provisoriato).- Durante el término de los tres primeros meses del contrato, se podrá poner fin a la relación contractual por voluntad unilateral de la Administración, no generando derecho a indemnización alguna.

Artículo 44. (Rescisión unilateral).- La Administración podrá proceder a la rescisión unilateral de los contratos por los siguientes motivos:

Artículo 45. (Derechos).- Las personas físicas contratadas bajo el régimen que se crea por los artículos precedentes, tendrán derecho a beneficios sociales, licencia anual ordinaria (Ley Nº 12.590, de 23 de diciembre de 1958, modificativas y concordantes), indemnización por despido en las situaciones expresamente previstas en el inciso final del artículo 42 y literal A) del artículo 44, así como al amparo al beneficio del seguro por desempleo previsto por el Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, con aplicación de los importes máximos establecidos en el referido artículo 42 de la presente ley. Los contratados tendrán también derecho al beneficio de los seguros sociales de enfermedad previsto por el Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, modificativas y concordantes.

Artículo 46. (Suscripción de contratos).- En los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional los contratos a celebrarse deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo actuando en acuerdo, el Presidente de la República con el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro respectivo, previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación. Los Organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República para celebrar contratos bajo este régimen deberán contar previamente con el informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación.

Los contratos que celebren los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República, deberán ser autorizados por el Poder Ejecutivo y contar con el informe previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Artículo 47. (Financiamiento).- Las erogaciones resultantes de los contratos, que se autorizan a celebrar por el régimen que se crea, podrán ser financiadas con cargo al Fondo de Contrataciones que a dichos efectos se creará en cada unidad ejecutora de los Incisos 02 al 27 del Presupuesto Nacional, con los créditos resultantes de la supresión de vacantes de cargos presupuestados o funciones contratadas, en el marco de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

Los créditos resultantes de la supresión de vacantes por reestructuras, podrán acrecentar el Fondo, el que también podrá integrarse con hasta el 50% (cincuenta por ciento) del crédito previsto actualmente para la contratación de becarios y pasantes, previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación.

En el ámbito de los organismos del artículo 221 de la Constitución de la República, el Fondo de Contrataciones se financiará con los créditos resultantes de la supresión de vacantes de cargos presupuestados o funciones contratadas así como las que se originen en reformulación de estructuras organizativas.

El crédito disponible de la supresión de vacantes será el resultante luego de la aplicación del artículo 9º de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

En todos los casos, los contratos a celebrarse por el presente régimen podrán ser financiados con cargo a convenios celebrados con otros Estados u Organismos Internacionales o con fondos provenientes de convenios interadministrativos.

También podrán utilizarse para su financiación, las partidas legales autorizadas en el Objeto del Gasto 581 "Transferencias corrientes a Organismos Internacionales" y en los Objetos del Gasto correspondientes a impuestos asociados al mismo.

Toda obligación, cualquiera sea su naturaleza, emergente de los contratos deberá ser atendida con el mismo financiamiento a cuyo cargo se encuentra en contrato celebrado y que da origen a las mismas.

Facúltase al Poder Ejecutivo a incorporar nuevos financiamientos para el presente régimen, sin que ello implique costo presupuestal ni de caja.

Artículo 48. (Responsabilidad).- El no cumplimiento de lo dispuesto en el presente régimen, dará lugar en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, a la responsabilidad patrimonial del jerarca contratante, sin perjuicio de las sanciones administrativas que puedan corresponder.

Artículo 49. (Registro).- Créase en el ámbito de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el Registro de Contratos Personales del Estado. Una vez suscritos los contratos de trabajo a término a que refieren los artículos precedentes, los mismos deberán ser inscriptos dentro de los diez días hábiles posteriores a su celebración.

Artículo 50. (Reglamentación).- Dentro de los sesenta días posteriores a la vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo reglamentará el régimen dispuesto precedentemente y establecerá las escalas retributivas correspondientes, tomando en consideración entre otros elementos la complejidad, especificidad y los conocimientos técnicos requeridos para el desempeño de las tareas a contratar.

Artículo 51. (Regularización becarios y pasantes a incorporar al nuevo régimen de contratación con el Estado).- Las personas contratadas bajo el régimen de becarios o pasantes con anterioridad al 1º de enero de 2001, que se encuentren cumpliendo funciones por renovaciones sucesivas de sus contratos a la fecha de promulgación de la presente ley, previa evaluación satisfactoria de los jerarcas, serán contratados bajo la modalidad prevista en el presente Capítulo.

CAPÍTULO V

CONTRATOS DE FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 52.- Derógase el artículo 24 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 53. (Perfeccionamiento).- Los contratos de función pública, vigentes al 1º de enero de 2003, deberán perfeccionarse mediante la suscripción de un documento tipo en un plazo de noventa días de la promulgación de la presente ley.

Los funcionarios contratados al amparo de los artículos 29 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, serán calificados de acuerdo a las disposiciones vigentes para la evaluación del desempeño de los funcionarios presupuestados, la que se tomará en cuenta para proceder a la renovación de los contratos. En caso que se cumplan los extremos de los literales A), B) y C) del artículo siguiente, no podrá procederse a la renovación.

Artículo 54. (Rescisión unilateral).- La rescisión unilateral de la relación funcional podrá decidirse en cualquier momento, por las siguientes razones:

CAPÍTULO VI

REDISTRIBUCIÓN Y ADECUACIÓN

Artículo 55. (Redistribución de funcionarios excedentarios registrados en la Oficina Nacional del Servicio Civil a la fecha de promulgación de la presente ley).- Los funcionarios que se encuentren en situación de ser redistribuidos, a la fecha de promulgación de la presente ley, hubieran sido o no ofertados con anterioridad, serán ofrecidos por la Oficina Nacional del Servicio Civil, en un plazo no superior a sesenta días.

Si el organismo que recibe la oferta no se expidiese en 30 días se entenderá aceptada la propuesta, debiendo la Oficina Nacional del Servicio Civil notificar al interesado, promover la redistribución y comunicar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y a la Contaduría General de la Nación para proceder al ajuste de los créditos correspondientes.

Una vez perfeccionado el acto de la redistribución y realizada la adecuación presupuestal definitiva, el organismo de destino deberá incorporar al funcionario, en un plazo máximo de treinta días a partir de la fecha de esta última.

Si el funcionario no se presentara en un plazo de treinta días a partir de la notificación, se entenderá que se configuró la renuncia tácita, procediendo a la supresión de los cargos o contratos de función pública y a dar de baja los créditos asociados a los mismos en el organismo donde figuren.

Artículo 56. (Redistribución funcionarios de PLUNA).- Los funcionarios de las Primeras Líneas de Navegación Aérea (PLUNA) (ente autónomo), que se encuentren percibiendo sus haberes sin contraprestación laboral, podrán ser redistribuidos dentro de la Administración Pública y no podrán negarse a la redistribución cuando el ofrecimiento cumpla con las condiciones del artículo 66.

En caso de no aceptar la redistribución dentro de un plazo de treinta días de ser notificada, se entenderá que se configuró su renuncia tácita.

Derógase el artículo 24 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Artículo 57. (Nuevo régimen general de redistribución).- Las necesidades de personal de los Incisos que integran el Presupuesto Nacional serán cubiertas con funcionarios presupuestados o contratados de los escalafones civiles declarados excedentes en la Administración Pública, a excepción de los Gobiernos Departamentales.

Artículo 58.- Todos los Incisos del Presupuesto Nacional y organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República, podrán declarar excedentes a sus funcionarios en razón de reestructura, supresión de servicios o exceso de personal, por resolución fundada del jerarca máximo del Inciso u organismo.

Artículo 59.- No podrán ser declarados excedentes los funcionarios de los escalafones docentes y del servicio exterior, los Magistrados, los funcionarios contratados al amparo de lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 y al amparo de los dispuesto por los artículos 44 y 714 a 718 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, como así tampoco aquéllos que revistan en cargos políticos o de particular confianza, o que ocupen cargos o funciones contratadas comprendidas en el beneficio de reserva de cargo o función establecida en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.622, de 24 de diciembre de 1976, modificativas y concordantes.

Artículo 60.- Prohíbese la redistribución de funcionarios provenientes de los Gobiernos Departamentales a los entes autónomos y servicios descentralizados, así como también de los entes autónomos y servicios descentralizados a los Gobiernos Departamentales.

Artículo 61.- Efectuada la notificación al funcionario de la resolución de declaración de excedencia, el organismo deberá comunicar a la Oficina Nacional del Servicio Civil, en un plazo no mayor a los cinco días hábiles, los datos personales del funcionario con información de las características de las tareas que desempeñaba, perfil educativo, sueldo, compensaciones y beneficios, y la evaluación de su comportamiento funcional.

Artículo 62.- La Oficina Nacional del Servicio Civil procederá a redistribuir al funcionario excedente teniendo en cuenta:

La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá resolver la solicitud de personal en un plazo máximo de diez días hábiles, debiendo notificar al organismo solicitante los datos del funcionario cuyos servicios se ofrecen o la inexistencia en el Registro del perfil laboral demandado.

En función de los criterios señalados y de la estructura de cargos del organismo de destino, el o los funcionarios podrán ser ofertados para desempeñarse en un escalafón distinto al de su origen.

Artículo 63.- El jerarca del organismo de destino no podrá rechazar al funcionario cuyos servicios le hubieren sido ofrecidos, salvo por resolución fundada donde se acredite fehacientemente que aquél no cumple con el perfil solicitado o que presenta antecedentes disciplinarios incompatibles con el cargo o función a desempeñar.

Durante el término de los tres primeros meses de la prestación de funciones en el nuevo destino, el jerarca del organismo evaluará el desempeño del funcionario de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia. Cuando éste obtenga una calificación inferior a satisfactoria en su evaluación podrá ser reincorporado al Registro de Funcionarios a Redistribuir.

La reincorporación por dos veces al Registro por este motivo, será causal de destitución por omisión o ineptitud.

Artículo 64.- El organismo notificará al funcionario, su destino, en forma fehaciente, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, quién una vez notificado, deberá presentarse en el organismo de destino dentro de los diez días hábiles siguientes. El incumplimiento injustificado de dicha obligación se entenderá como renuncia tácita al cargo o función.

Artículo 65.- En todos los procedimientos de redistribución, la Comisión a que refiere el artículo 22 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 efectuará la adecuación presupuestal correspondiente, determinando el escalafón, grado y la remuneración que corresponda asignar, de conformidad con la aceptación formulada. Para el cumplimiento de dicha actividad dispondrá, bajo responsabilidad funcional directa de sus integrantes –titulares o alternos-, de un plazo máximo de noventa días corridos contados a partir del día siguiente al de la recepción de las actuaciones remitidas a tales efectos por la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Artículo 66.- La redistribución del funcionario excedente podrá disponerse dentro del mismo departamento donde reside o desempeñaba su trabajo habitualmente, o fuera de éste, cuando ello no suponga un traslado superior a los sesenta kilómetros. El lugar de residencia del funcionario deberá ser acreditado según disponga la reglamentación.

En el caso de que el funcionario hubiere solicitado la redistribución fundamentada en los artículos 26 y 28 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 y el destino previsto fuera en un lugar distinto a la localidad en la que reside o trabajaba, deberá contarse con la conformidad previa del funcionario.

Artículo 67.- La Oficina Nacional del Servicio Civil publicará por medios electrónicos adecuados el listado del Registro de Funcionarios a Redistribuir indicando perfil laboral, lugar de residencia y de trabajo habitual de cada funcionario en la función pública, resguardando su anonimato.

Artículo 68.- Prohíbese toda designación o contratación de servicios personales, de cualquier naturaleza, que tenga por objeto la prestación de las tareas inherentes a los cargos o funciones contratadas para sustituir a los funcionarios declarados excedentes. Todo acto administrativo dictado en contravención a esta disposición será considerado nulo y hará incurrir en responsabilidad al jerarca que lo haya dictado.

Artículo 69.- Los funcionarios excedentarios quedarán eximidos del deber de asistencia a su lugar de trabajo, salvo en el caso de pase anticipado y en los casos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990. El tiempo transcurrido en esta situación no generará derecho a licencia.

Artículo 70.- Hasta tanto el funcionario no comience a desempeñar tareas en el organismo de destino, la remuneración se ajustará a las siguientes condiciones:

Artículo 71.- La retribución del funcionario redistribuido comprenderá el sueldo y todas las compensaciones de carácter permanente y retributivo, percibidas en el organismo de origen, con excepción de las compensaciones por prestación de funciones específicas de ese organismo o de tareas distintas a las inherentes a su cargo o función y de los beneficios sociales.

Se entiende por compensaciones de carácter permanente, aquellas cuyo derecho al cobro se genera al menos dos veces al año, con excepción del sueldo anual complementario.

Se considera que tienen carácter retributivo aquellas partidas que independientemente de su denominación o financiación se abonen a los funcionarios por prestar efectivamente servicios.

Cuando la retribución se integre con conceptos de monto variable, se tomará el promedio mensual de lo percibido en los últimos doce meses previos a la declaración de excedencia.

Las retribuciones en especie se tomarán por su equivalente monetario.

Si la retribución que le corresponde al cargo o función en el organismo de destino fuere menor, la diferencia resultante se mantendrá como compensación personal, la cual será absorbida por futuros ascensos o regularizaciones.

Artículo 72.- Facúltase a la Oficina Nacional del Servicio Civil a realizar convenios con instituciones públicas o privadas para realizar los cursos de capacitación necesarios a efectos de la reconversión, recalificación o especialización de los funcionarios declarados excedentes con el objeto de su reubicación en la función pública.

Artículo 73.- La Oficina Nacional del Servicio Civil apreciará en cada caso, las necesidades de capacitación de los funcionarios declarados excedentes, determinando los cursos de capacitación que deberán realizar obligatoriamente en forma previa a su redistribución.

El funcionario debidamente notificado, que se niegue a recibir la capacitación dispuesta o que incurra en un ausentismo no justificado superior al 20% (veinte por ciento) de las horas de clase dictadas, se considerará incurso en omisión, pasible de destitución.

Artículo 74.- Las normas contenidas en la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 serán de aplicación en todo lo que no se opongan a la presente ley.

Artículo 75.- Las economías resultantes de la supresión de cargos o funciones contratadas como consecuencia de los artículos contenidos en este Capítulo se destinarán en su totalidad a Rentas Generales o a la reducción de tarifas del organismo, según lo disponga la reglamentación.

CAPÍTULO VII

NORMAS GENERALES SOBRE FUNCIONARIOS

Artículo 76. (Pases en Comisión).- Sustitúyese el artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente:

Artículo 77. (Licencia por enfermedad).- El régimen de pago para los casos de licencia por enfermedad según lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990 será el siguiente:

Artículo 78.- Modifícase el inciso primero del artículo 12 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990 por el siguiente:

Artículo 79.- Las inasistencias motivadas por enfermedad que no determinen la imposibilidad permanente para el cumplimiento de las funciones, podrán prolongarse hasta un año. Por resolución fundada de una Junta de Médicos de Salud Pública se podrá extender el plazo por hasta un año más. Vencido dicho plazo, se procederá a la destitución según lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990.

Artículo 80. (Licencia ordinaria).- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990, por el siguiente:

Artículo 81. (Licencia por estudio).- La licencia por estudio establecida en el artículo 33 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990 y por el artículo 30 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, será de hasta quince días anuales hábiles para rendir exámenes o pruebas finales de la asignatura. Por cada examen o prueba final se otorgará hasta tres días de licencia por estudio.

Artículo 82. (Licencias especiales sin goce de sueldo).- Modifícase el artículo 37 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990 en la redacción dada por el artículo 592 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 83. (Actos de comisión de servicio).- Modifícase el artículo 39 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990 por el siguiente:

Artículo 84. (Reglamentación de causales de destitución).- Los funcionarios del Estado incurrirán en ineptitud u omisión cuando obtengan un promedio bianual de calificación inferior a satisfactorio en la evaluación correspondiente al ejercicio anterior, acumulen diez faltas injustificadas al año, o efectúen registros en los mecanismos de control de asistencia pertenecientes a otros funcionarios.

Artículo 85. (Inasistencias continuas sin aviso).- Cumplidos tres días hábiles continuos en que el funcionario faltare a sus tareas sin aviso, el organismo deberá en forma inmediata intimar fehacientemente el reintegro al trabajo, bajo apercibimiento de renuncia tácita. Si el funcionario no se reintegrara al día laborable inmediatamente posterior a la notificación, se entenderá que existe renuncia tácita a la función pública, sin perjuicio de lo que establece el artículo 66 de la Constitución de la República.

Cuando no se pudiere confirmar la notificación en el domicilio del funcionario y la ausencia del funcionario sin previo aviso se prolongara por más de diez días continuos, se entenderá que existe renuncia tácita a la función pública.

Artículo 86.- Los jefes o encargados de las reparticiones tienen el cometido de controlar el cumplimiento del deber de asistencia y de permanencia en su área de trabajo de los funcionarios bajo su dependencia. La omisión de este deber será considerada falta grave.

Artículo 87.- Los funcionarios que controlan la asistencia serán responsables de que las faltas al servicio queden debidamente documentadas y sean comunicadas a los efectos de su sanción. Su omisión al respecto se considerará falta grave.

CAPÍTULO VIII

RÉGIMEN HORARIO

Artículo 88. (Horario único).- El horario de las oficinas de la Administración Central, entes autónomos, servicios descentralizados, Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, será de 9 a 18 horas.

El horario mínimo de atención al público en los referidos organismos será de 10 a 17 horas, salvo situaciones especiales que, para una mejor atención de los usuarios o por razones de mejor servicio, establezca la reglamentación correspondiente.

Los demás Poderes del Estado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y los Gobiernos Departamentales establecerán horarios únicos de funcionamiento de sus dependencias en coincidencia a los establecidos para la Administración Pública.

Artículo 89. (Horas extra).- A partir de la vigencia de la presente ley, no se autorizará el pago de horas extra dentro del horario de 9 a 18 horas.

Fuera de ese horario, las horas extra se regirán según lo que establezca la reglamentación respectiva.

SECCIÓN IV

ORDENAMIENTO FINANCIERO

Artículo 90. (Déficit).- Derógase el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 14.550, de 10 de agosto de 1976.

Artículo 91. (Partidas pendientes de regularizar).- Modifícase el artículo 8º de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 92.- Sustitúyese el artículo 76 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en la redacción dada por el artículo 6º de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

Artículo 93. (Sentencias judiciales).- Suprímese en el último inciso del artículo 31 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, la referencia al Ministerio del Interior y agréguese el siguiente párrafo:

Artículo 94. (Vehículos).- Los créditos asociados al mantenimiento y uso de la flota de vehículos y talleres del Estado, se abatirán estrictamente de acuerdo a las reducciones operadas en los Incisos por aplicación de las respectivas normas legales o reglamentarias.

A tales efectos, se comunicará mensualmente las bajas a la Contaduría General de la Nación.

Artículo 95.- Declárase por vía de interpretación auténtica, que la extensión a la Universidad de la República, dispuesta por el artículo 429 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, del régimen de exoneraciones previsto en el artículo 395 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en la redacción dada por el artículo 578 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se entiende realizada con el alcance y la vigencia de este último, disponiéndose que son válidos e irrevocables los aportes patronales ya efectuados.

SECCIÓN V

INCISOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Artículo 96.- Cométese a la Oficina Nacional del Servicio Civil, con el asesoramiento del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE), la reglamentación y puesta en práctica de un nuevo régimen de evaluación del desempeño, el que se aplicará, en sustitución del dispuesto por los artículos 22 a 27 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, para las evaluaciones correspondientes a los ejercicios 2003 y siguientes.

Artículo 97.- Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar una reestructura organizativa de la Oficina Nacional del Servicio Civil que incorpore nuevos modelos de gestión y gerenciamiento, previo asesoramiento del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE) y del Ministerio de Economía y Finanzas. A tales efectos podrá suprimir, transformar, fusionar y redistribuir cargos y funciones contratadas, establecer un sistema de alta gerencia, alta especialización y prioridad u otro sistema igualmente idóneo, reasignando los créditos presupuestales correspondientes.

La reestructura mencionada no podrá implicar costo presupuestal ni de caja, ni lesión de derechos funcionales.

La Oficina Nacional del Servicio Civil, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la promulgación de la presente ley, proyectará y remitirá al Poder Ejecutivo la nueva estructura orgánica y escalafonaria para su aprobación, el que dará cuenta a la Asamblea General.

Artículo 98.- La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), unidad ejecutora 009, programa 005, "Regulación y Control de Servicios de Comunicaciones" del Inciso 02 "Presidencia de la República" dispondrá además de los cometidos y poderes jurídicos establecidos en los artículos 86 y 90 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, los de prevenir conductas anticompetitivas y de abuso de posición dominante en las actividades referidas en el artículo 71 de la precitada ley, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas vigentes en materia de servicios públicos y monopolios legalmente establecidos.

Artículo 99.- Declárase incluidas en las exoneraciones del artículo 1º del Capítulo I del Título 3 del Texto Ordenado 1996 a las radioemisoras AM y FM, con exclusión de las siguientes:

Cométese al Poder Ejecutivo, a través de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), la delimitación del área principal de servicio.

Derógase el artículo 617 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 100.- Dispónese la reducción del número de agregados militares en el exterior, en al menos un 30% (treinta por ciento), respecto a la situación vigente al 30 de junio de 2001, en un plazo máximo de un año a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 101.- Agrégase al artículo 27 del Decreto-Ley Nº 15.524, de 9 de enero de 1984, el siguiente numeral:

Artículo 102.- Dispónese la reducción de los egresos totales del área del Comercio Exterior de la "Dirección General de Comercio", unidad ejecutora 014, programa 014 "Coordinación del Comercio", del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", por los servicios prestados en el exterior, en al menos un 30% (treinta por ciento), respecto a la situación vigente al 30 de junio de 2001, en un plazo máximo de un año a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 103.- Cométese al Poder Ejecutivo la racionalización, reestructura y fusión si correspondiese, de las diferentes entidades vinculadas a la promoción y fomento del comercio exterior, incluidas las que tengan carácter de persona de derecho público no estatal.

Artículo 104.- Se establece un plan de reducción de los gastos de funcionamiento del Inciso 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores" para los años 2002-2004, como parte del actual proceso de reestructura del Servicio Exterior. El mencionado plan tendrá como meta cuantitativa la reducción de dichos gastos en por lo menos 15% (quince por ciento) respecto a la ejecución presupuestal del año 1999 de dicha Secretaría de Estado.

La obtención de dicha meta financiera se alcanzará garantizando el cumplimiento de los objetivos programáticos establecidos por la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, para el Ministerio de Relaciones Exteriores y con especial consideración por los objetivos y prioridades trazados en materia de comercio exterior.

Sin perjuicio del referido porcentaje del 15% (quince por ciento), el Ministerio de Relaciones Exteriores presentará al Poder Ejecutivo, dentro de los treinta días hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente ley, una proyección anual de funcionarios y retribuciones que le permita incrementar dicho ajuste.

Artículo 105.- Autorízase al Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" a asignar tareas de relevamiento y análisis de información, estadística, contralor, análisis físicos y químicos, autorización, registración, fiscalización, habilitación, certificación y supervisión, a instituciones u organizaciones que acrediten desempeñarlas con las debidas capacidades y garantías.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca deberá habilitar expresamente a las empresas o instituciones a tales fines, así como auditar el cumplimiento riguroso de las condiciones que establezca a esos efectos.

Se dará preferencia a empresas formadas por ex funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 106.- Suprímese en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" programa 006 "Fomento y Desarrollo Regional", la unidad ejecutora 007 "Comisión Honoraria Nacional del Plan Citrícola". Los cometidos, recursos, atribuciones y competencias asignados a la unidad ejecutora que se suprime, serán ejercidos por el programa 004 "Servicios Agrícolas", unidad ejecutora 004: "Dirección General de Servicios Agrícolas". Los funcionarios de la unidad ejecutora que se suprime, podrán ser redistribuidos dentro del Inciso 07, sin perjuicio de lo establecido por los artículos 16 y 17 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

La presente supresión no abarca la Comisión Honoraria Nacional del Plan Citrícola, creada por la Ley Nº 13.930, de 31 de diciembre de 1970, que seguirá funcionando dentro de la órbita de la Dirección General de Servicios Agrícolas, con todos los cometidos asignados por dicha ley.

Artículo 107.- Sustitúyese el inciso segundo del numeral 2) del artículo 277 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 288 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

Artículo 108.- El Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" podrá aplicar los créditos autorizados en el objeto del gasto 581 "Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales", a los destinos previstos por el artículo 284 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 221 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, de acuerdo con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Esta reasignación no podrá generar aumento de costo presupuestal ni de caja.

Artículo 109.- Créase en el Inciso 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas", programa 005 "Servicios para Construcción y Reparación de Edificios", unidad ejecutora 005 "Dirección Nacional de Arquitectura" una función contratada permanente (Funcionamiento) de Jefe de Sección, escalafón A grado 10, Serie Arquitecto. Dicha función será destinada -conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996- al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 524 de 13 de agosto de 2001.

Artículo 110.- Declárase que los "derechos de puertos" a que hace referencia el artículo 10 de la Ley Nº 12.091, de 5 de enero de 1954, constituyen el derecho al uso de canales de navegación, vías de acceso, aguas del puerto y sus obras de abrigo.

Artículo 111.- Las empresas concesionarias nacionales de líneas de transporte de pasajeros sólo atenderán requerimientos de nuevos servicios benévolos o gratuitos, cuando exista financiación extratarifaria predeterminada.

Artículo 112.- Los recursos destinados al financiamiento del Órgano de Control de Carga creado por el artículo 272 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, estarán integrados por las multas que se apliquen por infracciones, los precios de placas y guías de carga, con vigencia al 1º de enero de 2002.

La contratación de Agentes de Control Especial autorizada por el artículo 273 de la mencionada ley se hará en el régimen de contrato a término que se crea en la presente ley.

El Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el asesoramiento del Órgano de Control de Carga reglamentará la presente disposición.

Artículo 113.- Créase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", programa 007 "Organización de Espectáculos Artísticos y Administración de Radio y Televisión Oficiales", la unidad ejecutora "Canal 5 – Servicio de Televisión Nacional".

Sus cometidos y la estructura administrativa, serán todos los que las disposiciones vigentes le asignen a la Dirección de Televisión Nacional.

El Poder Ejecutivo podrá disponer las modificaciones necesarias y reformular la estructura organizativa y de los puestos de trabajo de la unidad ejecutora que se crea, cuya racionalización deberá contar con el informe favorable del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE), dándose cuenta a la Asamblea General.

Artículo 114.- El Poder Ejecutivo reglamentará la asignación de bienes, créditos, proyectos de inversión, recursos y obligaciones que tendrá la Dirección de Televisión Nacional, en base a la distribución efectuada con anterioridad a la presente ley por el Servicio Oficial de Difusión Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), transfiriéndolos de pleno derecho a la unidad ejecutora que se crea, previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y de la Contaduría General de la Nación.

El Poder Ejecutivo podrá disponer en la proporción que entienda adecuado, la transferencia de parte de los ingresos de la Dirección de Televisión Nacional al Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos.

Artículo 115.- El Director de Televisión Nacional será el jerarca de la referida unidad ejecutora, cargo que será de particular confianza y estará comprendido en el literal C) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 116.- Las actuales unidades ejecutoras de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) designadas como Institutos, pasarán a denominarse Servicios en las especialidades de que se trate. El Ministerio de Salud Pública quedará facultado para efectuar las adecuaciones que estimare pertinentes para adaptar la estructura orgánica a la nueva definición.

Artículo 117.- Suprímense las siguientes unidades ejecutoras del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública": programa 006 "Administración de la Red de Establecimiento de Agudos", unidad ejecutora 003 "Unidad de Atención Cardiorespiratoria" (Hospital Filtro) y unidad ejecutora 010 "Instituto Nacional de Reumatología", programa 008 "Administración de los Establecimientos de Crónicos y Especializados" unidad ejecutora 014 "Hospital Psiquiátrico" (Musto) y unidad ejecutora 011 "Instituto Hanseniano".

Artículo 118.- Suprímese en el Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", programa 004 "Situación de Salud", la unidad ejecutora 065 "Comisión Honoraria de la Lucha contra la Hidatidosis". La Comisión Nacional Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis creada por Ley Nº 13.459, de 9 de diciembre de 1965, asumirá íntegramente la administración de los recursos humanos y materiales para el cumplimiento de los cometidos asignados por dicha norma, de acuerdo con la reglamentación que al efecto dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 119.- Créanse en el Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", programa 007 "Administración de la Red de Establecimientos de Agudos del Interior" las siguientes unidades ejecutoras: Centro Auxiliar Chuy, Centro Auxiliar Rincón de la Bolsa y Centro Auxiliar Ciudad de la Costa.

Artículo 120.- Suprímese en el Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", programa 005 "Administración del Subsidio para la Atención Médica", la unidad ejecutora 067 "Escuela de Sanidad Dr. José Scosería".

Transfiérase al Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) los cargos y funciones contratadas así como los créditos presupuestales correspondientes a la Unidad Ejecutora suprimida por el inciso anterior.

Asimismo, transfiérase a dicho organismo los recursos de afectación especial y los créditos financiados con cargo a los mismos, y el inmueble ubicado en Montevideo empadronado con el Nº 3424 perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

La presente norma será reglamentada por el Poder Ejecutivo, quedando facultada la Contaduría General de la Nación a efectuar las trasposiciones de créditos necesarias al efecto.

Artículo 121.- El aporte del Estado previsto en el literal A) del artículo 3º de la Ley Nº 16.343, de 15 de diciembre de 1992, en la redacción dada por los artículos 409 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y 366 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, será regulado a opción del Poder Ejecutivo, sea por la cantidad de beneficiarios cuya asistencia médica fuera otorgada por el Ministerio de Salud Pública o por el costo de los actos médicos efectivamente realizados. La Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Sanidad Policial podrán hacer uso de esta opción.

Artículo 122.- Agrégase al artículo 3º de la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992, el siguiente inciso:

Artículo 123.- Las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) sólo podrán ceder, de los créditos que posean respecto del Banco de Previsión Social (BPS), aquéllas sumas que superen las correspondientes a los aportes que, de acuerdo con lo preceptuado por el literal C) del artículo 3º de la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992, se encuentran obligadas a efectuar al Fondo Nacional de Recursos. El Poder Ejecutivo reglamentará la aplicación del presente artículo.

Artículo 124.- Transfiérase al Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes", con destino a la Junta Nacional de Drogas, los cargos y contratos de función pública, así como los créditos presupuestales correspondientes al Programa de Hábitos Tóxicos perteneciente al Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", programa 003 "Control de Calidad de la Atención Médica", unidad ejecutora 070 "Dirección General de la Salud".

La presente norma será reglamentada por el Poder Ejecutivo, quedando facultada la Contaduría General de la Nación a efectuar las trasposiciones de créditos necesarias.

Artículo 125.- Extiéndase a las Comisiones de Apoyo y Honorarias del Ministerio de Salud Pública y al Patronato del Psicópata, lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, para las personas de derecho público no estatales.

Artículo 126.- Declárase en vía interpretativa de las normas que se referirán, que el personal del suprimido Instituto Nacional de Abastecimiento que hizo uso de la opción prevista en el literal B) del artículo 378 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, y los empleados de la ex Administración Nacional de los Servicios de Estiba (ANSE) comprendidos en el artículo 33 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, se encuentran excluidos del "Fondo de Participación" creado por el artículo 294 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, modificado por los artículos 113 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, y 430 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y del fondo de participación creado por el artículo 567 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 439 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Artículo 127.- Establécese que la competencia en la formación de recursos humanos docentes en materia de educación física, será ejercida por la Universidad de la República.

El Poder Ejecutivo y la Universidad de la República acordarán la transferencia de los recursos humanos y materiales a los efectos de desarrollar el ejercicio de dicha competencia.

Artículo 128.- Autorízase al Inciso 15 "Ministerio de Deporte y Juventud" a celebrar convenios de administración y gestión de las Plazas de Deporte, con las Intendencias Municipales de toda la República.

Artículo 129.- Establécese que las competencias en materia de actividades docentes vinculadas al desarrollo de la cultura física en los Institutos de Enseñanza Pública serán desarrolladas exclusivamente por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El Poder Ejecutivo y la Administración Nacional de Enseñanza Pública, determinarán los recursos humanos y materiales a transferir a la Administración Nacional de Educación Pública a los efectos de desarrollar el ejercicio de dichas competencias.

Derógase los artículos 60 de la Ley Nº 7.519, de 13 de octubre de 1922, y artículo 48 de la Ley Nº 7.819, de 7 de febrero de 1925.

SECCIÓN VI

EMPRESAS PÚBLICAS

Artículo 130. (AFE).- Transfiérase de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los cometidos, facultades y bienes relativos a la infraestructura ferroviaria. Estas facultades incluyen el derecho a cobro de peaje referido en el artículo 21 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000.

De los subsidios y subvenciones previstos en el artículo 431 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 se transfiere al Ministerio de Transporte y Obras Públicas US$ 5.000.000 (cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) para el ejercicio 2003 y US$ 10.000.000 (diez millones de dólares de los Estados Unidos de América) del ejercicio 2004 en adelante. Tales transferencias se destinarán a inversiones y mantenimiento de aquella parte de la red ferroviaria cuya utilización se habilite por ser económicamente sustentable.

La Administración de Ferrocarriles del Estado realizará aquellos servicios de transporte ferroviario que prevea su presupuesto en base a los ingresos directos que éstos le proporcionen y el subsidio remanente.

Artículo 131. (INC).- Las personas que al 30 de junio de 2002, en calidad de colonos del Instituto Nacional de Colonización (INC) ocupen legítimamente tierras a título oneroso, tendrán derecho a adquirir dichas tierras.

El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas necesarias para instruir al Instituto Nacional de Colonización a otorgar los compromisos de compraventa respectivos, conforme las condiciones que se establecen en el artículo siguiente.

Artículo 132.- Las compraventas se ajustarán, en lo sustancial, a las siguientes condiciones:

Artículo 133.- En el caso de los arrendamientos que persistan por voluntad de los actuales colonos, será de aplicación lo establecido en el marco regulatorio de arrendamientos rurales.

Artículo 134.- La primera enajenación al titular del inmueble rural que se realice en el marco de estas disposiciones legales, estará exonerada del Impuesto a las Trasmisiones Inmobiliarias.

Artículo 135. (PLUNA).- Autorízase a las Primeras Líneas de Navegación Aérea (PLUNA) ente autónomo a enajenar a empresas nacionales o ciudadanos uruguayos las acciones de las que es titular en PLUNA S.A. siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

El cumplimiento de estos requisitos será verificado permanentemente por el órgano estatal de control de las sociedades anónimas.

Artículo 136.- El producido de la venta autorizada en el artículo anterior se destinará íntegramente al pago del pasivo acumulado por las Primeras Líneas de Navegación Aérea (PLUNA) ente autónomo.

Artículo 137. (BHU).- Sustitúyese el artículo 19 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Ley Nº 5.343, de 22 de octubre de 1915 y sus modificativas, por el siguiente:

Artículo 138.- A partir de la vigencia de la presente ley, el Banco deberá obtener los fondos requeridos para su financiamiento mediante la venta de su Cartera hipotecaria, para su eventual posterior securitización, de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 17.202, de 24 de setiembre de 1999.

Artículo 139.- A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, el Banco sólo podrá otorgar créditos con fondos integrantes de su capital, hasta por un importe agregado que no supere el menor de los siguientes valores: US$ 50.000.000 (cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) o el equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento) de su responsabilidad patrimonial neta, valuada de acuerdo a normas bancocentralistas.

Artículo 140.- En un plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, el Banco deberá acordar con el Poder Ejecutivo y con el Banco Central del Uruguay (BCU), un proceso de disminución de la captación de pasivos constituidos por depósitos del público. A partir de la finalización de dicho proceso, el Banco sólo podrá captar depósitos del público de acuerdo con lo previsto en el numeral 7º del artículo 19 de la Carta Orgánica del Banco, en la redacción dada por el artículo 137 de la presente ley.

Artículo 141.- En un plazo máximo de quince años contados a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, el Banco deberá cancelar mediante pago, todas las obligaciones asumidas por la emisión de títulos, bonos de crédito, obligaciones o valores transferibles que emita o que haya emitido.

Artículo 142.- Facúltase al Poder Ejecutivo a constituir un Fondo de Garantía, con recursos provenientes de la recaudación del 1% (uno por ciento) del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) destinado al Fondo Nacional de Vivienda, con el objetivo de garantizar un porcentaje de la Cartera de créditos hipotecarios enajenados por el Banco, que sean declarados incobrables, de acuerdo a las normas bancocentralistas, con la finalidad de disminuir el costo del financiamiento para vivienda. El porcentaje de créditos incobrables que se asegure no podrá superar el 5% (cinco por ciento).

Artículo 143.- En un plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, el Banco deberá acordar con el Poder Ejecutivo un proceso de reducción de su plantilla de funcionarios, de forma de adecuarla a las funciones que se le asignan en esta ley y a los demás gastos operativos e inversiones de la institución. A los efectos de la reducción de la plantilla de funcionarios, se utilizará el procedimiento de redistribución previsto en la presente ley.

Artículo 144.- Exceptúanse de las restricciones dispuestas en los artículos 138 y 139, fondos por hasta un monto de UR 8.000.000 (unidades reajustables ocho millones), los que se deberán destinar al cumplimiento de los compromisos vigentes a la fecha de la promulgación de la presente ley. El Banco deberá acordar con el Poder ejecutivo, en un plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, la instrumentación de esta disposición.

Artículo 145.- Derógase el artículo 447 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, así como todas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan a lo previsto en los artículos 137 a 144 de la presente ley.

Artículo 146. (ANP).- Exclúyese a las actividades de dragado a realizarse con dragas de succión por arrastre, incluyendo extracción de suelos, traslado y vertido de los mismos, de la reserva de bandera establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 12.091, de 5 de enero de 1954. No se considerarán actividades excluidas aquellas explícitamente permitidas por la autoridad competente a efectos de la extracción de materiales del lecho fluvial o marítimo para su comercialización o industrialización.

Artículo 147. (ANCAP).- La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) no podrá financiar pérdidas de sus actividades de Cemento Portland y Alcoholes, utilizando resultados de sus otras áreas de negocios.

El Poder Ejecutivo instruirá al Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland para que presente, dentro de los sesenta días de vigencia de esta ley, un informe con el diagnóstico actual de las actividades comerciales deficitarias referidas, sus alternativas y proyecciones de funcionamiento futuro y las medidas a adoptar para asegurar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

SECCIÓN VII

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

Artículo 148.- Derógase el numeral 1º del artículo 37 de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935. Las Juntas Departamentales, a propuesta del Intendente respectivo, por mayoría absoluta de votos de sus componentes, podrán autorizar la cesión onerosa o la dación en garantía a terceros del cobro de adeudos líquidos y exigibles, por concepto de tributos municipales.

Artículo 149.- El testimonio de la resolución firme del Intendente aprobando la liquidación de los tributos adeudados, sus intereses y recargos, así como de las multas impuestas por infracción a las disposiciones departamentales, constituirá título ejecutivo, siendo aplicable al respecto lo establecido por los artículos 91 y 92 del Código Tributario.

Artículo 150.- Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas a deducir de las partidas dispuestas por el artículo 761 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 (IMESI gasoil); artículo 3º de la Ley Nº 13.453, de 2 de diciembre de 1965, artículo 169 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y artículo 182 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 (Utilidades de Casinos); artículo 448 y literales B) y C) del artículo 640 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, sin perjuicio de la deducción dispuesta por el artículo 208 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986 (IMESI naftas y tabacos), aquellos adeudos que las Intendencias mantengan con la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE), la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) y la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), cuya antigüedad de exigibilidad sea mayor a tres meses.

Artículo 151.- La transferencia a los Gobiernos Departamentales de las partidas mencionadas en el artículo anterior, estará supeditada a la presentación de la información de la ejecución financiera a que hace referencia el artículo 22 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Dicha información deberá presentarse ante el Ministerio de Economía y Finanzas, en forma trimestral, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de cada trimestre calendario.

SECCIÓN VIII

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 152.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley Nº 17.502, de 29 de mayo de 2002, por el siguiente:

Artículo 153.- Declárase por vía interpretativa, a los efectos de aplicar la excepción establecida por el artículo 13 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, que el ingreso del funcionario al régimen de reinserción laboral y empresarial creado por el artículo 6º de dicha norma, se perfecciona, de pleno derecho, en el momento de su presentación formal ante el organismo competente, o desde su participación expresa en cualquier procedimiento de contratación que aquel formule.

Artículo 154.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 491 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 525 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 155.- Los organismos comprendidos en el artículo 451 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 (artículo 2º del TOCAF), deberán dar a publicidad el acto de adjudicación de las licitaciones públicas y abreviadas, las contrataciones en régimen de excepción; las ampliaciones de las mismas y los actos de reiteración del gasto por observación del Tribunal de Cuentas.

Dichos organismos tendrán la obligación de enviar al medio electrónico que determine el Poder Ejecutivo, la mencionada información en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 156. (Salto Grande).- Modifícanse los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 7º de la Ley Nº 15.845, de 15 de diciembre de 1986, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Artículo 157.- Facúltase al Poder Ejecutivo para fijar un plazo que no podrá superar los sesenta días calendario, a efectos de que los titulares de derechos reales o personales sobre los inmuebles comprendidos en los términos de la Ley Nº 15.845, de 15 de diciembre de 1986 comparezcan a deducir sus eventuales derechos, so pena de caducidad de los mismos.

La convocatoria, conjuntamente con el listado de padrones correspondientes, deberá ser publicada en el Diario Oficial y otro diario de circulación nacional, computándose el término que se establezca, a partir del día siguiente a la publicación, sin perjuicio de su difusión en otros medios que se estime conveniente.

Quienes se presenten deberán acreditar el cumplimiento de los extremos requeridos por la ley, de acuerdo con la reglamentación que al respecto dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 158.- En ningún caso se admitirán reclamos de indemnización por concepto de daños y perjuicios a cosechas, ganado o mejoras que refieran a los inmuebles sobre los cuales ya haya sido abonada la indemnización por disminución del valor de la tierra.

Artículo 159.- Deróganse los artículos 11 y 12 de la Ley Nº 15.845, de 15 de diciembre de 1986.

Artículo 160. (BPS).- Modifícase el artículo 461 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, con el complemento dado por el artículo 252 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 161.- Incorpórase como inciso segundo del artículo 89 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995:

Artículo 162.- Modifícase el inciso primero del artículo 90 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 163.- Sólo serán beneficiarios y atributarios de las prestaciones de actividad a cargo del Banco de Previsión Social (BPS) aquellos trabajadores que estando comprendidos en las normas de inclusión sean contribuyentes de los aportes a la seguridad social recaudados por el referido organismo.

Montevideo, 30 de junio de 2002.

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.