Texto de la citación

Montevideo, 3 de octubre de 2002.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 8, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Ariel Maciel. (Pensión graciable). (Carp. 2133/002). (Informado). Rep. 951 y Anexo I

2º.- Derecho a la información y acción de "habeas data". (Se reconoce su ejercicio a todos los habitantes de la República). (Carp. 173/000). (Informado). Rep. 114 y Anexo I

3º.- Acuerdo para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio con el Gobierno de Polonia. (Aprobación). (Carp. 409/000). (Informado). (VOTACIÓN). Rep. 235 y Anexos I y II

4º.- Acuerdo sobre Programa de Vacaciones y Trabajo Eventual con el Gobierno de Nueva Zelandia. (Aprobación). (Carp. 2024/002). (Informado). Rep. 907 y Anexo I

5º.- Convenio de Transporte por Agua con la República Argentina. (Aprobación). (Carp. 982/001). (Informado). Rep. 494 y Anexo I

6º.- Centro Poblado Juanicó, ubicado en la 1ª Sección Judicial del departamento de Canelones. (Elevación a la categoría de villa). (Carp. 1810/001). (Informado). Rep. 834 y Anexo I

7º.- Acuerdo con el Gobierno de la República de El Salvador para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. (Aprobación). (Carp. 2168/002). (Informado). Rep. 975 y Anexo I

8º.- Automóviles adquiridos o importados para ser utilizados como remises. (Reducción del plazo en el que la primera transferencia está gravada con el Impuesto Específico Interno (IMESI). (Carp. 2132/002). (Informado). Rep.954 y Anexo I

9º.- Maestro Dardo Manuel Ramos. (Designación al Instituto de Formación Docente de Tacuarembó). (Carp. 2222/002). (Informado). Rep. 989 y Anexo I

10.- Sargento Francisco de los Santos. (Designación a la Escuela Nº 49, Rural, del departamento de Rocha). (Carp. 1564/001). (Informado). Rep. 719 y Anexo I

HORACIO D. CATALURDA     MARGARITA REYES GALVÁN

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a las siguientes sesiones realizadas el 2 de octubre de 2002.

Extraordinaria

Con aviso: Guzmán Acosta y Lara, Juan Justo Amaro Cedrés, Eduardo Chiesa Bordahandy y Tomás Teijeiro.

Ordinaria

Con aviso: Luis Arismendi y Eduardo Chiesa Bordahandy.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 2 de octubre

GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Con aviso: Francisco Ortiz, Julio Cardozo Ferreira y Ricardo Falero.

HACIENDA

Con aviso: María Alejandra Rivero Saralegui y Silvana Charlone.

PRESUPUESTOS

Con aviso: Ruben H. Díaz.

TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Con aviso: Óscar Magurno.

TURISMO

Con aviso: Ambrosio Rodríguez.

Jueves 3 de octubre

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Luis Alberto Lacalle Pou.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Con aviso: Fernando Araújo Abimorad.

HACIENDA

Con aviso: Luis Alberto Arismendi Ledesma.

ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD

Con aviso: Glenda Rondán, Pablo Mieres y Yeanneth Puñales Brun.

ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Con aviso: Daisy Tourné y Felipe Michelini.

Lunes 7 de octubre

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA integrada con la ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES LEGISLATIVAS REFERENTES A LA LIBERTAD DE COMERCIO EN EL URUGUAY

Con aviso: Adolfo Pedro Sande, José Homero Mello, Sebastián Da Silva y Tomás Teijeiro.

ESPECIAL CON EL COMETIDO DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA DEL DEPORTE Y DE LA JUVENTUD

Con aviso: Óscar Magurno y Schubert Gambetta Labandera.

ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES LEGISLATIVAS REFERENTES A LA LIBERTAD DE COMERCIO EN EL URUGUAY

Con aviso: Adolfo Pedro Sande, Sebastián Da Silva y Tomás Teijeiro.

INVESTIGADORA SOBRE DIVERSAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO

Con aviso: José Bayardi".

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Treinta y cinco en treinta y seis: AFIRMATIVA.

"Montevideo, 2 de octubre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con destino al Instituto Nacional de Colonización (INC). Debido a diferentes motivos, en la localidad de Bella Unión, en el departamento de Artigas, en el transcurso de diez años se pasó de explotar 10.000 hectáreas de caña de azúcar a explotar menos de 3.000 hectáreas en la actualidad. Hace diez años, la caña de azúcar generaba en la zona 5.800 puestos de trabajo directos en la zafra durante 6 meses, y 2.300 puestos entre las chacras y el ingenio, el resto del año. Se ha perdido el 78 % de los puestos de trabajo, debido a la disminución a 3.000 hectáreas en la explotación de la caña. A partir de la devaluación de 20 de junio de 2002, la producción de azúcar de caña vuelve a ser rentable y es posible que nuevamente genere puestos de trabajo. Los predios de Colonia España, por sus características y por su cercanía con el Ingenio Azucarero de CALNÚ, serán fundamentales a la hora de aumentar la explotación de caña de azúcar. Por lo expuesto, solicitamos a las autoridades de ese Instituto que adopten las medidas necesarias para habilitar la producción de caña en la citada Colonia. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JULIO C. SILVEIRA, Representante por Artigas; y LEONEL HEBER SELLANES, Representante por San José".

2) Exposición del señor Representante Tomás Teijeiro al Ministerio de Educación y Cultura y al señor Edgardo Ribeiro, relacionada con la posibilidad de conceder una pensión graciable al citado artista plástico.

"Montevideo, 3 de octubre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y al señor Edgardo Ribeiro. El objetivo de esta exposición es resaltar ante el Cuerpo, y ante el Ministerio de Educación y Cultura, la excelencia de un artista nacional de primera línea, como es el señor Edgardo Ribeiro, quien se ha destacado no sólo por su gran obra de proyección internacional, sino también por su humildad, por su modestia, digna del ilustre mentor que lo inició en las artes y por su excepcional calidad humana. Edgardo Ribeiro nació y vivió sus primeros años en el departamento de Artigas, manteniendo siempre vivos sus sentimientos hacia esa tierra. Muy joven sintió gran inclinación para el dibujo, lo que lo llevó a buscar, por todos los medios, desarrollar su talento. Fue así, como con grandes sacrificios, logró llegar a la ciudad de Montevideo siendo casi un niño, y comenzar a tomar clases con el maestro Joaquín Torres García. De la mano del ilustre artista, Edgardo Ribeiro dio sus primeros pasos, iniciándose en las artes del dibujo y de la pintura, pero también recibió enseñanzas de vida y de filosofía, como la sencillez espartana que sería signo de su vida. Ribeiro ha sido, sin lugar a dudas, el más fiel de los alumnos a la doctrina del maestro, pero ha sido también el que ha desarrollado al máximo su potencial artístico reconociéndosele como uno de los más originales e influyentes artistas del Uruguay y del Reino de España, que lo vio afincarse en las cálidas tierras de Mallorca. Desempeñó, a lo largo de su carrera, una importante labor como maestro de artes, trabajando tanto en la enseñanza pública, como en sus propios talleres, donde impartió enseñanzas que, además de formar artistas, formaron hombres. La marca registrada de las mismas ha sido la libertad, y la independencia artística ligada a un gran rigor respetuoso del método aprendido. Señaló, además, un camino, en cuanto a sus firmes posiciones adoptadas para con la crítica infundada de quienes marcaron, y marcan aún tendencias en la plástica nacional, condicionando la creatividad y el talento a patrones y premios que nada tienen que ver con la misma, ni con su natural pureza de concepción. Abstracta su obra, al igual que la de Velázquez, abstractos sus pensamientos, para regocijo y reflexión de quienes lo conocen. Comprometido su corazón para con todas las causas nobles y justas, Ribeiro, es hoy, uno de los grandes hombres que posee Uruguay. Por lo expresado, considero que el Cuerpo debe estar en conocimiento de la trayectoria de este ilustre oriental, dando cuenta de la presente al Ministerio de Educación y Cultura, a efectos de que esa Secretaría de Estado considere, en virtud de su trayectoria, si es oportuno conceder a Edgardo Ribeiro una pensión graciable, para lo que deberá remitir la iniciativa correspondiente. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. TOMÁS TEIJEIRO, Representante por Canelones".

3) Exposición del señor Representante Ramón Fonticiella al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino a la Dirección General Impositiva, acerca de la posibilidad de revocar una decisión administrativa de la citada Dirección, que deja sin efecto la exoneración impositiva otorgada a la Organización Nacional Pro-Laboral para Lisiados.

"Montevideo, 3 de octubre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino a la Dirección General Impositiva (DGI). Se me ha informado con respecto a un problema concreto de una institución que se dedica a atender personas con capacidades diferentes: la Organización Nacional Prolaboral para Lisiados (ONPLI). Paradojalmente, la dificultad referida nace en una decisión de quien se sirve de esa tarea: del Estado. ONPLI es una asociación sin fines de lucro, con 30 años de labor ininterrumpida, y que tiene como cometido esencial luchar por el fomento del deporte, la cultura y la enseñanza profesional de jóvenes con capacidades diferentes, preparándolos en el aprendizaje de un oficio, para lograr luego su inserción o su reinserción en el campo laboral. Para el cumplimiento de tan elevado fin, ONPLI desarrolla su actividad en el marco de los llamados Talleres Protegidos Productivos. En ellos se brinda un espacio físico adecuado dada la especial situación de los educandos, seguridad en el desarrollo de la tarea y con la finalidad de potenciar al máximo sus condiciones. Es así que existen los siguientes talleres: imprenta y encuadernación, metalúrgica ortopédica, escuela de informática y lavandería familiar e industrial. Según información proporcionada por la institución, los costos operativos de ONPLI son cubiertos en un 70% con los ingresos generados por las actividades de los talleres. El otro 30% se satisface con la suma de lo aportado por el Estado, la cuota social de sus integrantes y donaciones en general; todo lo que es destinado a la financiación de la actividad formativa que desarrolla. Actualmente, la DGI, a través de un acto administrativo, ha considerado que ONPLI, si bien es una institución de enseñanza, por las actividades que realiza en sus talleres, queda fuera del marco protector y de promoción establecido por el artículo 69 de la Constitución de la República, que concede inmunidad tributaria a ese tipo de entidades. Entiende, la DGI, que la actividad comercial que desarrolla la asociación para procurar mantener los Talleres Protegidos Productivos, es objetivamente lucrativa, más allá del destino que se le da al resultado de la misma. Como consecuencia de lo expresado, ONPLI se vería obligada a tributar como cualquier empresa, lo que -según sus dirigentes- produciría el cierre de los talleres y, por tanto, el cese de sus actividades. Las conclusiones de la DGI desconocen que, en este caso concreto, la actividad educativa tiene una relación directa con lo productivo, y que a su vez el fruto, por la comercialización de esos bienes y servicios, financia directamente la actividad educativa, y que si no fuera así, sería imposible su viabilidad. También se obvia la diferenciación, entre lo que es una actividad lucrativa con reparto de la renta producida, de lo que es una actividad onerosa, cuyo producido está destinado a financiar los costos de ONPLI para el cumplimiento de su objetivo. La institución nos ha informado que el Banco de Previsión Social (BPS), por Resolución Nº 2525, de 15 de noviembre de 1995, dispuso declararla exonerada de los aportes patronales de la seguridad social, de conformidad con lo establecido en los artículos 69 de la Constitución de la República y 134 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960. A su vez, y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 448 y siguientes de la Ley Nº 16.226, 29 de octubre de 1991, ONPLI se encuentra debidamente registrada en el Ministerio de Educación y Cultura, Área de Registro de Instituciones Culturales y de Enseñanza (Expediente Nº 981442 y Registro Nº 1002). Por su parte, la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, que pretende establecer un sistema de protección integral a las personas discapacitadas, dispone en el literal B) del artículo 48, que la protección comprenderá, entre otras cosas: 'Medidas de fomento o contribución directa para la organización de talleres protegidos'. El constituyente y el legislador, a través de toda la normativa citada, establecieron una atención diferencial a instituciones como ONPLI que contribuyen, de una manera tan preponderante, con la promoción de las personas con capacidades diferentes, proporcionándoles las herramientas básicas para subsistir y desempeñarse en un mercado de trabajo al que les es muy dificultoso ingresar. Por lo expuesto, me permito solicitar a la Dirección General Impositiva que, en atención a lo establecido por la normativa citada y a los fines que impulsaron al constituyente y al legislador respectivamente, se reconsidere la situación de ONPLI. Saludo al señor Presidente muy atentamente. RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto".

4) Exposición del señor Representante Ramón Legnani al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, referente a la situación de un funcionario de la referida Administración ante las pruebas de un concurso para acceder a un cargo superior.

"Montevideo, 7 de octubre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). Quiero reseñar una situación que ha tomado estado público y amerita una reflexión y posible cuestionamiento a procedimientos que, por su naturaleza y repercusiones, son de enorme importancia. Me refiero a la problemática que afecta a un funcionario de UTE, el señor Mario Tabó Laner, cédula de identidad Nº 2.933.436-3, quien desde hace 17 años se desempeña como cordinador de hardware, con una foja de servicios intachable; cargo de responsabilidad en el servicio de informática del mencionado ente. Se justifica reflexionar sobre el hecho de que quien ha desempeñado durante tal lapso una tarea delicada con general beneplácito, seguramente debe unir a la capacidad de relacionamiento humano, corrección de procederes y capacidad técnica suficiente para enfrentar las situaciones previstas e imprevistos propios de los cargos de responsabilidad. Los hechos que quiero destacar se producen a partir de su presentación a las pruebas para acceder al cargo de Jefe de Estudios Técnicos, del Departamento Estudios de la Explotación Regional 3. En el primer concurso de julio del año 2001, la primer prueba, escrita y eliminatoria, atinente a la suficiencia de conocimientos, la aprobó con puntaje suficiente. Sin embargo, en la segunda prueba oral realizada en el mes de noviembre de 2001, rendida en ausencia del representante de los concursantes en el tribunal, la perdió obteniendo cero punto, situación única en el historial de los concursos del ente según mis informes. El funcionario afectado, al conocer los resultados, inexplicables e injustificados en su sentir, realiza cuestionamientos ajustados a derecho en diciembre 2001, en el tono de buen relacionamiento que siempre ha tenido, ante las jerarquías, y no consideró imprescindible recurrir a apoyo legal especializado. Declarado desierto el concurso, se realizó nuevo llamado para el mismo cargo en febrero de 2002. La prueba escrita tuvo lugar en mayo de 2002, con la característica de que las preguntas presentadas en la prueba fueron de un nivel, francamente, superior al exigible de acuerdo a los requisitos del llamado. El nivel de conocimientos exigidos solo era accesible para quienes tuviesen realizados cursos superiores en materia de electricidad y de economía. A pesar de ello, el funcionario de referencia obtiene un puntaje de 13,5, apenas por debajo de 15, exigido para considerarlo suficiente. La conclusión final, es que un funcionario de foja intachable de servicios, cuando aspira a un cargo de mayor relieve y remuneración, recibe luego de superada la prueba eliminatoria, una sorprendente calificación de cero. Posteriormente a reclamar por lo sucedido, por primera vez en 17 años le recae una observación en su historial funcional; mínima es cierto, pero que empaña el historial de quien podía aspirar con fundamento a llegar a la edad del retiro con su foja incólume; y en la primera prueba del segundo concurso, por escaso margen no accede al puntaje requerido, pese a lo cuestionable del tipo de preguntas formulada. Saludo al señor Presidente muy atentamente. RAMÓN LEGNANI, Representante por Canelones".

5) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Primaria, sobre el traslado de alumnos de la Escuela Nº 22 de la localidad de Cuchilla del Perdido, departamento de Soriano.

"Montevideo, 8 de octubre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y al Consejo de Educación Primaria. Como consecuencia de la reforma educativa impulsada en la anterior Administración en el área de la educación rural, en el año 1997 se fusionó tres escuelas rurales en la zona de cuchilla del Perdido, en el departamento de Soriano. Se cerraron dos escuelas, la Nº 51 de Arroyo Grande y la Nº 91 del Perdido, derivándose los niños a la Escuela Nº 22 de cuchilla del Perdido, ubicada a unos 20 kilómetros de la ciudad de Cardona, a la que asisten, aproximadamente, unos 22 alumnos. En ese momento se les prometió a los padres que los alumnos de las escuelas que cerraban se trasladarían, gratuitamente, a la Escuela Nº 22, en un ómnibus cuyos gastos totales estarían a cargo de ese organismo. Hoy los padres y vecinos afrontan una situación muy difícil porque existen problemas de mantenimiento del vehículo, fundamentalmente, los que originan el combustible que repercuten negativamente. Padecen una situación de inseguridad, debido a que no saben si, en determinado momento, tendrán los recursos para el traslado de los alumnos. Con relación a lo expuesto, solicito que se dispongan las medidas que correspondan, para que los alumnos puedan seguir recibiendo la atención educativa necesaria. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

6) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la Administración Nacional de Correos, relacionada con la presunta supresión de la agencia de la localidad de Palmitas, en el departamento de Soriano.

"Montevideo, 8 de octubre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la Administración Nacional de Correos. La agencia de la ANC de pueblo Palmitas, del departamento de Soriano, cumple una importante función en el medio; instalada desde hace mucho tiempo, presta servicio con eficiencia. No obstante, se nos informa que se proyecta cerrarla, lo que significará un perjuicio, tanto para el servicio, como para los funcionarios del correo de dicho lugar. Ante ello, solicitamos que continúe funcionando la Agencia de Palmitas para que siga cumpliendo, como hasta ahora, y con la calidad con que se venía prestando el servicio. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

7) Exposición del señor Representante Walter Vener Carboni al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Correos y a la Junta Departamental de Soriano, acerca de la emisión de un sello conmemorativo del centenario de la fundación de la ciudad de Cardona.

"Montevideo, 8 de octubre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Correos (ANC), y a la Junta Departamental de Soriano. En el año 2003, la ciudad de Cardona, del departamento de Soriano, cumplirá 100 años. Los actos celebratorios están previstos entre el 12 y el 18 de octubre de ese año y, seguramente, el viernes 17 se realizará la actividad central del aniversario. Queremos solicitar a la Administración Nacional de Correos la emisión de un sello conmemorativo de tal fecha, como forma de adhesión a tan significativa conmemoración, lo que será debidamente valorado y tenido en cuenta por la comunidad toda de Cardona y de la ciudad vecina de Florencio Sánchez, del departamento de Colonia. La situación económica que vive la zona impide toda posibilidad de asegurar una venta previa, así como su compra para facilitar la emisión, por lo que estamos exhortando a la Administración, a implementarlo sin tal requisito. Sería ideal proceder al lanzamiento del sello en oportunidad de los actos centrales del viernes 17 de octubre de 2003, acontecimiento que contará con la grata presencia de las autoridades de la ANC, entre otras. Una de las características geográficas más sobresalientes de la ciudad de Cardona es su condición de nudo de caminos, de cruce carretero de varias vías nacionales, por lo que a ese paso, incluso en el siglo XIX, se la tenía como una importante posta de diligencias. Se trata de una zona agropecuaria, con casi 4.500 habitantes en el área urbana y un amplio radio de influencia, que tiene categoría de ciudad. Existen dos fábricas: Quesería Helvética, elaboradora de la marca Milky y Cedetex, momentáneamente inactiva. Sus fuerzas vivas son muy activas, debiendo suplir en sus actividades a la Junta Local que, por segundo período, no se ha integrado. Se ha instalado un Comité de Festejos del Centenario elegido por sufragio popular en Asamblea de Vecinos. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. WALTER VENER CARBONI, Representante por Soriano".

8) Exposición del señor Representante Omar Ferrari:al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Primaria con destino a la Dirección de la Escuela Nº 22 de Paso de la Cruz, departamento de Río Negro; y a la respectiva Comisión de Fomento, sobre la celebración del centenario del referido centro de estudios.

"Montevideo, 8 de octubre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), al Consejo de Educación Primaria y a la Escuela Nº 22, de Paso de la Cruz, del departamento de Río Negro; y a la Comisión de Fomento de dicha escuela. La Escuela Nº 22 de Paso de la Cruz, del departamento de Río Negro, celebra el próximo 12 de octubre, sus 100 años de vida, en una actividad tan noble y destacable como es, sin lugar a dudas, la enseñanza y la formación de generaciones de educandos que de una manera u otra han pasado y pasan a integrar la comunidad. Enclavada en el medio rural, donde el contacto asiduo con la naturaleza crea el clima necesario para el proceso educativo, ha sido testigo silenciosa del arduo trabajo de directores y maestros que durante tantos años han ejercido tan noble profesión con todas las dificultades que las escuelas de campaña conllevan. Por lo expuesto, hacemos llegar nuestras felicitaciones y nuestro reconocimiento a quienes hoy la colman de contenido social y educativo y también para aquellos que a ella acuden, en procura de buscar respuestas y esperanzas de sueños infantiles, en un afectuoso saludo para todos. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. OMAR FERRARI FERRARI, Representante por Río Negro".

9) Exposición del señor Representante Omar Ferrari al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, relacionada con la necesidad de contar con un teléfono social en la localidad de Sarandí de Navarro, en el citado departamento.

"Montevideo, 8 de octubre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Defensa Nacional; y a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro. Hemos recibido el Oficio Nº 3135/IX/02, de la Junta Departamental de Río Negro, en el que se consideró el planteo expuesto por el señor Edil arquitecto Eduardo Cáceres, invocando la inquietud de pobladores de la localidad de Sarandí de Navarro, ubicada al norte del departamento de Río Negro, en cuanto a la necesidad de contar con un teléfono de carácter social. Creemos que la razón expuesta es más que atendible para que el Directorio de ANTEL, estudie y acceda, dentro de sus posibilidades, a instalar el mencionado servicio, por lo que representa como vía de comunicación rápida y eficiente para los pobladores de esa zona, alejada de centros de importancia. En virtud de lo necesario y justo de lo solicitado, es que esperamos, a la brevedad, una solución favorable, que desde ya agradecemos. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. OMAR FERRARI FERRARI, Representante por Río Negro".

10) Exposición del señor Representante Omar Ferrari al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, acerca de la situación de deudores con garantías hipotecarias y prendarias en bancos suspendidos.

"Montevideo, 8 de octubre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas; y a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro. Hemos recibido el Oficio Nº 3158/IX/02, de la Junta Departamental de Río Negro, en el que se consideró un planteamiento presentado por los señores Ediles Marcos Gérez, Luis Massey y José Hermes, referente a la preocupación existente por la situación de los deudores con garantías hipotecarias y prendarias en los bancos suspendidos. Creemos que la razón invocada, es de estricta justicia. Se solicita que se autorice a esos Bancos suspendidos a realizar alguna operativa, mediante la cual, se puedan reperfilar las deudas, lo que permitiría a dichos Bancos comenzar a recuperar dineros que hoy no están cobrando. Por lo tanto, esperamos un pronunciamiento favorable, en atención a la problemática planteada. Saludamos atentamente al señor Presidente. OMAR FERRARI FERRARI, Representante por Río Negro".

11) Exposición del señor Representante Omar Ferrari al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y además por su intermedio a la Administración de Ferrocarriles del Estado; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, referente al futuro de esa empresa estatal.

"Montevideo, 8 de octubre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con destino a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE); y a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro. Hemos recibido el Oficio Nº 3135/IX/02, de la Junta Departamental de Río Negro, en el que se considera el planteo expuesto por los señores Ediles Guillermo Borges, Luis Massey y Marcos Gérez, referido a la problemática que plantea AFE, en el articulado de la actual rendición de cuentas, que compromete el futuro de la empresa estatal. En nuestro carácter de integrante de la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de esta Cámara, hemos tenido oportunidad de tratar el tema con el Directorio de AFE, y con la misma perspectiva de los señores Ediles exponentes, adoptamos una posición de defensa, de mantener y de mejorar la viabilidad del ferrocarril, tanto de transporte de carga como de pasajeros. Creemos que las razones invocadas son más que suficientes para que se adopten las medidas y se realicen los esfuerzos necesarios para que el ferrocarril, como en todas partes del mundo, sea el medio de transporte que socializa la producción, mejora la calidad de vida y crea nuevas fuentes de trabajo, para que se aumente el patrimonio estatal y se reduzcan las privatizaciones. Por ello, esperamos que se procuren las mejores soluciones a la problemática planteada por la Junta Departamental de Río Negro. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. OMAR FERRARI FERRARI, Representante por Río Negro".

12) Exposición del señor Representante Omar Ferrari al Ministerio del Interior; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, sobre delitos cometidos contra pequeños y medianos productores rurales de la ciudad de Young, en el citado departamento.

"Montevideo, 8 de octubre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio del Interior; y a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro. La ciudad de Young, del departamento de Río Negro, y su zona de influencia, están afectadas por una profunda crisis económica, que no escapa a la que sufre el país en su conjunto. Como consecuencia de ello, el índice de desocupación ha aumentado considerablemente y, como dato ilustrativo, una de las mayores empresas de la zona, ha determinado el envío al seguro de paro del 60% de su personal. Lo preocupante de esa situación, es que ha afectado, en el orden alimentario, a las clases sociales menos pudientes, y ha creado una problemática social, como es el abigeato, cuyas causas comprendemos y respetamos, pero que está incidiendo económicamente en pequeños y medianos productores rurales. La carneada de lanares, vacunos y porcinos, alcanza a cifras elocuentes, a tales extremos, que hay establecimientos donde en dos días, han sido despojados de 25 borregos de plantel, criadores de cerdos que velan con sus armas en la noche, para que no resulte más reducido el número de sus animales. Lo mismo ocurre con terneros en tambos y estancias; se une a ello la muerte y daños físicos a los procreos, por perros dañinos, espontáneos o incitados. Estamos en conocimiento de que se han realizado reuniones entre policías y productores rurales para evitar esos atropellos, pero los resultados no han sido muy positivos. Por lo expuesto, solicitamos a las autoridades correspondientes que se analice el tema en procura de soluciones definitivas a la problemática abordada. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. OMAR FERRARI FERRARI, Representante por Río Negro".

13) Exposición de la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui al Ministerio de Deporte y Juventud, relacionada con la necesidad de obtener apoyo de dicha Cartera para contribuir con el fondo de selecciones de baby fútbol

"Montevideo, 8 de octubre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Deporte y Juventud. En la oportunidad, queremos trasladar un planteamiento que nos fuera realizado por la Liga Melense de Baby Fútbol de Cerro Largo. El mismo está referido a la posibilidad de lograr algún tipo de apoyo de ese Ministerio, consistente en la donación de combustible o dinero en efectivo, con la finalidad de contribuir con el fondo de selecciones, destinado a afrontar los compromisos deportivos que estas han contraído. Esta liga agrupa a más de mil niños que compiten a escala local en dos campeonatos anuales cuyo costo es solventado exclusivamente por los clubes. Compite, además, en la zona este de nuestro país con seis selecciones de categorías que van desde los 8 a los 13 años y a escala nacional en tres categorías. Los gastos que se generan en estos campeonatos zonales y nacionales que incluyen alimentación, viáticos y arbitrajes son solventados por las diferentes ligas de Baby Fútbol. En el caso de la Liga Melense de Baby Fútbol, en el presente año, ya ha concurrido a competir a las ciudades de Treinta y Tres y de Pando; restándole concurrir a Minas, a Varela, a Rocha y a Canelones. Por otro lado, los días 24 y 25 de noviembre del presente año, la ciudad de Melo será sede de un campeonato que le genera la posibilidad de recaudar, aunque, paralelamente, le insumirá diferentes gastos de organización. Corresponde destacar que la única colaboración, que se ha logrado en este año, consiste en una mínima contribución de gasoil, otorgada por la Junta Departamental de Cerro Largo. Por lo expresado, nos permitimos solicitar que se contemple el presente planteamiento, para que, según manifestaciones de sus propios padres, estos niños sigan alimentado esa esperanza tan hermosa que, para ellos, es jugar. Sus padres no quieren que la pierdan porque ella constituye uno de los motivos que les da ánimo para seguir luchando en estas horas tan críticas que vive el país. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo".

14) Exposición de la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, acerca de la necesidad de instalar un teléfono de uso público en la localidad de Fraile Muerto, departamento de Cerro Largo.

"Montevideo, 8 de octubre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). En la oportunidad queremos trasladar a ANTEL un planteamiento que se nos ha realizado, en reiteradas oportunidades, por vecinos de la localidad de Fraile Muerto, ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 7 General Aparicio Saravia, en el departamento de Cerro Largo. El mismo, está referido a la instalación de un teléfono de uso público en el parador que funciona en la playita, sobre el arroyo que lleva el mismo nombre, en esa localidad. Poder contar con este medio de comunicación de uso público sería de suma utilidad ante una multiplicidad de situaciones, que se pueden suscitar; máxime en períodos estivales donde se produce una gran afluencia de bañistas. Por lo expuesto, nos permitimos solicitar que se implemente la instalación de un teléfono público en la mencionada playita de Fraile Muerto. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo".

15) Exposición de la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, referente a la posibilidad de instalar un servicio telefónico para los familiares de reclusos alojados en el establecimiento de reclusión de Conventos, en el citado departamento.

"Montevideo, 8 de octubre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). En la oportunidad, queremos referirnos a un planteamiento que se nos ha realizado, en reiteradas oportunidades, por parte de familiares de reclusos alojados en el Establecimiento de Reclusión de Conventos, ubicado en las proximidades de la ciudad capital del departamento de Cerro Largo, en la 11a. Sección Policial. Está referido a la necesidad de instalar un teléfono de uso público en el mencionado Establecimiento de Reclusión. Poder contar con ese medio de comunicación sería de suma utilidad para los familiares, ante diferentes situaciones. Por lo expuesto, nos permitimos solicitar que se implemente la instalación de un teléfono público en dicho establecimiento. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo".

16) Exposición de la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui al Ministerio de Educación y Cultura, referente a la situación de un refugio para animales que se encuentra abandonado, próximo a la ciudad de Melo.

"Montevideo, 8 de octubre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura. Queremos trasladar un planteamiento que nos efectuaran vecinos de la ciudad de Melo, en el departamento de Cerro Largo, preocupados y sensiblemente afectados por el deplorable estado en que se encuentran, aproximadamente, 130 perros, que están alojados en un predio lindero a la Tablada Municipal, sobre la Ruta Nacional Nº 8, Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, en los accesos de esa capital departamental. En el año 1990 la Intendencia Municipal de Cerro Largo, otorgó a un grupo de personas, por un período de 25 años, el predio de referencia, con el fin de crear un refugio para perros errantes, que luego de recuperados se insertaban en hogares donde recibían los cuidados necesarios, de acuerdo a su especie. El mencionado refugio se mantenía con la colaboración de muchas personas que abonaban una módica suma mensual en calidad de socios; con dicha recaudación se pagaba el sueldo del cuidador y la alimentación de los animales. Con el paso de los años fallecieron varios de los fundadores de dicha institución protectora, y esta ingresó en un estado de total deterioro y abandono; quedando solo un señor indigente, de apellido Ortíz, quien por amor a esos animales, prácticamente, vivía junto a ellos, en el predio. En el mes de noviembre del año pasado, el señor Ortíz, quien percibía mensualmente entre $300 y $400, enfermó de congestión y anemia ya que carecía de recursos económicos para su propia alimentación y la de los animales. Lamentablemente, esa persona falleció hace, aproximadamente, cuatro meses y en su lugar se encuentra otro cuidador, en iguales condiciones que su antecesor. Los vecinos nos han manifestado que al pasar frente al predio, se han percatado de las tremendas peleas que se generan entre los perros; como tampoco se inyecta a las hembras para interrumpir el ciclo de fertilidad, situación que se ve agravada por el hecho de encontrarse machos y hembras en el mismo predio, sin separación alguna. Los animales, además de reproducirse en forma indiscriminada, carecen de control y de tratamiento sanitario de tipo alguno. Se han dado casos de muertes en las múltiples peleas que se generan. Según nos informaron estos preocupados vecinos, ese refugio pertenecería a la Fundación Derecho a la Vida, asociación civil sin fines de lucro, persona jurídica según estatutos de fecha 10 de setiembre de 1990, aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura e inscriptos con el Nº 363/90. Ante la gravedad de la situación, nos permitimos solicitar que se tomen, en forma urgente, las medidas que se requieren. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo".

17) Exposición de la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui al Ministerio de Educación y Cultura con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Primaria, sobre el deterioro edilicio de la Escuela Rural Nº 43 del departamento de Cerro Largo.

"Montevideo, 8 de octubre de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para su remisión al Consejo de Educación Primaria. Días pasados visitamos la Escuela Rural Nº 43, ubicada en el paraje Cuchilla de Cambota, en la 13ª Sección del departamento de Cerro Largo. A la misma concurren, actualmente, 12 alumnos pertenecientes a familias de esa zona. El local escolar se encuentra deteriorado dado el paso del tiempo, y necesita en la actualidad de pintura. Pudimos constatar también que, gracias al trabajo en conjunto de la Comisión de Fomento y la docente, se ha construido un parque de juegos que contribuye al sano esparcimiento de los niños. Dichos juegos se encuentran aún sin pintura, ya que los padres y los integrantes de la Comisión de Fomento, por tratarse de familias del medio rural de menguados ingresos económicos, no han podido adquirir lo necesario para preservarlos. Por lo expuesto, solicitamos se tomen los recaudos necesarios a fin de dar respuesta a esa necesidad edilicia y también nos permitimos solicitar que se contemple la posibilidad de proporcionar la pintura necesaria para el parque de juegos. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo".

MEDIA HORA PREVIA

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Doreen Javier Ibarra, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 8 de octubre de 2002, convocándose al suplente siguiente, señor Óscar Gómez.

Del señor Representante Hugo Rosete, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 8 y 19 de octubre de 2002, convocándose al suplente siguiente, señor Walter Texeira.

Del señor Representante Ramón Fonticiella, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 8 y 11 de octubre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Eduardo Muguruza.

Del señor Representante Roque Arregui, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 9 y 10 de octubre de 2002, convocándose al suplente siguiente, señor Hugo Cuadrado.

Visto la licencia oportunamente concedida al señor Representante Julio Luis Sanguinetti, y ante la denegatoria de los suplentes correspondientes de aceptar la convocatoria realizada, la Corte Electoral, ante solicitud de la Cámara, proclama nuevos suplentes y se convoca por el período comprendido entre los días 8 y 16 de octubre de 2002, a la suplente siguiente, señora Margot Acosta.

Del señor Representante Orlando Gil Solares, por enfermedad, literal A) del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 8 y 13 de octubre de 2002, convocándose por el día 8 al suplente siguiente, señor Juan Pablo Roselli Mailhe y por el período comprendido entre los días 9 y 13 de octubre de 2002, al suplente correspondiente siguiente Homero Jaurés Viera".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y siete en treinta y nueve: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 8 de octubre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.
De mi mayor consideración:

        Por intermedio de la presente solicito licencia al amparo del inciso 3º del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 8 de octubre, convocándose a mi suplente el Sr. Óscar Gómez.
       Sin otro particular saluda atte.,

DOREEN JAVIER IBARRA
Representante por Montevideo".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Doreen Javier Ibarra.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 8 de octubre de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 8 de octubre de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Doreen Javier Ibarra.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 8 de octubre de 2002, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1001 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Óscar Gómez.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, HEBER DUQUE".

"Montevideo, 7 de octubre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.
De mi mayor consideración:

    De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia en el período comprendido entre el día 8 y 19 de octubre de 2002 inclusive, por motivos particulares.
    Sin más saluda atentamente,

HUGO ROSETE
Representante por Salto".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Salto, Hugo Rosete.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 8 y 19 de octubre de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 8 y 19 de octubre de 2002, al señor Representante por el departamento de Salto, Hugo Rosete.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señor Walter Texeira.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, HEBER DUQUE".

"Salto, 8 de octubre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.

        De acuerdo con el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465 de 14 de enero de 1994, solicito licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 8 y 11 de octubre de 2002 inclusive.
        Atentamente.

RAMÓN FONTICIELLA
Representante por Salto".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Salto, Ramón Fonticiella.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 8 y 11 de octubre de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 8 y 11 de octubre de 2002, al señor Representante por el departamento de Salto, Ramón Fonticiella.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 303 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Eduardo Muguruza.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, HEBER DUQUE".

"Montevideo, 7 de octubre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.
De mi mayor consideración:

        Solicito se me conceda licencia por motivos personales por los días 9 y 10 del presente mes.
        Sin otro particular saluda a usted muy atentamente.

ROQUE ARREGUI
Representante por Soriano".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Soriano, Roque Arregui.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 9 y 10 de octubre de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 9 y 10 de octubre de 2002, al señor Representante por el departamento de Soriano, Roque Arregui.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Hugo Cuadrado.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2002.

Montevideo, 3 de octubre de 2002.

SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
DON GUILLERMO ÁLVAREZ
1954/2002
272/21-1
Señor Presidente:
        Visto que el Representante Nacional por el departamento de Canelones Sr. Julio Luis Sanguinetti, electo por el sublema Foro Batllista del Partido Colorado, ha solicitado licencia entre los días 7 y 16 del corriente, y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, la Corte Electoral en acuerdo del día de ayer, proclamó Representante Nacional al tercer titular de la lista de candidatos inserta en la hoja de votación Nº 2005 Sr. Gustavo Espinosa y suplentes a los Sres. Nelson Vila, Susana Virgili y Julio Musetti.
        Atento a que los señores mencionados precedentemente, han declinado por esta vez la convocatoria, la Corporación en sesión del día de hoy, resolvió proclamar Representante Nacional a la cuarta titular de la lista Sra. Margot Acosta y suplentes a los señores Onofrio Tulumello, Daniel Remuñan y Diego Porcile.
        Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida al Representante Sr. Julio Luis Sanguinetti y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el artículo 116 de la Constitución de la República.
        Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

CARLOS A. URRUTY
Presidente

ALFONSO MARIO CATALDI
Secretario Letrado

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Canelones, Julio Luis Sanguinetti, por el período comprendido entre los días 7 y 16 de octubre de 2002.

RESULTANDO: Que los suplentes correspondientes siguientes, señores Antonio Delgado, Omar Bentancurt y Heber Duque, no aceptaron por esta vez la convocatoria realizada.

CONSIDERANDO: I) Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó a los señores Gustavo Espinosa, Nelson Vila, señora Susana Virgili y señor Julio Musetti como nuevos suplentes, lo que comunicó por Oficio Nº 1941 de 2 de octubre de 2002 quienes no aceptan, por esta vez, la convocatoria.

II) Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral, a solicitud de la Cámara, proclamó a la señora Margot Acosta, y señores Onofrio Tulumello, Daniel Remuñán y Diego Porcile como nuevos suplentes, lo que comunicó por Oficio Nº 1954 de 3 de octubre de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Canelones, por el período comprendido entre los días 8 y 16 de octubre de 2002, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2005, del Lema Partido Colorado, señora Margot Acosta.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2002

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, HEBER DUQUE".

"Montevideo, 8 de octubre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.
De mi mayor consideración y respeto:

        Por la presente solicito a usted curse al Honorable Cuerpo que dignamente preside, el siguiente pedido de licencia por motivos de salud, entre el día de la fecha y el 13 de octubre, y que en consecuencia se convoque al respectivo suplente.
        Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

ORLANDOGILSOLARES
Representante por Colonia".

"Rosario, 8 de octubre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.
De mi mayor consideración:

        Por la presente comunico a Ud. que por motivos personales en esta oportunidad no me es posible aceptar la convocatoria a ocupar el cargo de Representante por el día de la fecha, por lo que solicito que sea convocado el siguiente suplente.
        Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

Homero J. Viera."

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Colonia, Orlando Gil Solares.

CONSIDERANDO: 1) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 8 y 13 de octubre de 2002, y adjunta certificado médico.

2) Que el suplente correspondiente siguiente, señor Homero Jaurés Viera, no acepta la convocatoria de que fue objeto por el día 8 de octubre de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el literal A) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 8 y 13 de octubre de 2002, al señor Representante por el departamento de Colonia, Orlando Gil Solares.

2) Acéptase la negativa que por esta vez ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Homero Jaurés Viera, por el día 8 de octubre de 2002.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 8 de octubre de 2002, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 78609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Juan Pablo Rosselli Mailhe y por el período comprendido entre los días 9 y 13 de octubre de 2002, al señor Homero Jaurés Viera.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, HEBER DUQUE".

——Dese cuenta de la integración de Comisiones.

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Todos los habitantes de la República tienen derecho a ser informados, y los medios de comunicación tienen la obligación de informarles de todo aquello que concierna gravemente a la Nación o pueda considerarse de importancia principal e interés general.

Artículo 2º.- Cualquier persona podrá solicitar a los organismos estatales o paraestatales, que se le permita consultar o se le expida copia auténtica de los actos administrativos que hayan dictado y de los fundamentos que de ellos emanen, hayan sido éstos publicados o no.

Artículo 3º.- Si la solicitud de consulta de documentos o de expedición de copias referida en el artículo 2º de la presente ley, fuera hecha por un periodista con acreditación como representante de un medio de comunicación, se tramitará preferencialmente.

Artículo 4º.- Toda persona podrá requerir de los organismos estatales o paraestatales, sin necesidad de mandato judicial, el acceso a la consulta o la expedición de copia de los documentos de cualquier naturaleza que obraren en poder de aquéllos, conteniendo información relativa al solicitante o relacionados de cualquier forma con su persona.

Artículo 5º.- En los casos en que la información archivada en poder de organismos estatales o paraestatales, comprometa intereses generales o intereses difusos, cualquier persona estará legitimada para formular la petición referida en el artículo 4º de la presente ley, aplicándose a este caso lo dispuesto en el artículo 3º de la presente ley.

Artículo 6º.- Las personas privadas que por la índole de su tarea reciban y archiven información sobre particulares, estarán sometidas a las obligaciones establecidas en la presente ley, en caso que aquéllos formulen las peticiones previstas en los artículos 4º y 5º de la presente ley.

A estas situaciones serán aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones de la presente ley.

Artículo 7º.- La reserva legal sobre cualquier documento público, cesará a los veinte años de su expedición.

Cumplidos éstos, el documento adquiere carácter histórico, podrá ser consultado por cualquier persona y la autoridad que esté en su posesión adquiere la obligación de expedir a quien lo demande, copia auténtica del mismo.

Artículo 8º.- Fuera de los casos comprendidos en el artículo 7º de la presente ley, el organismo requerido, ante la petición que recibiere, y aunque la misma no individualice un expediente o actuación concreta, deberá expedirse en un plazo máximo de quince días hábiles de recibida la misma.

El acto que resuelva sobre la petición deberá emanar del jerarca máximo del servicio o en quien éste haya delegado atribuciones y deberá franquear o negar el acceso a la información que obrare en su poder relativa al solicitante, salvo que indicara carecer de la información requerida.

Si la petición no se hubiera dirigido a la autoridad competente, pero ésta conociera el destinatario adecuado, deberá indicar al gestionante el organismo o dependencia pública idónea para dar respuesta a la misma.

Las peticiones a los organismos estatales o paraestatales que se formulen al amparo de la presente ley, deberán respetar las formalidades estipuladas por el Decreto 500/91, de 27 de setiembre de 1991.

Artículo 9º.- En caso de que las personas privadas o los organismos requeridos resuelvan favorablemente las peticiones formuladas, autorizarán la consulta de los documentos pertinentes en las oficinas que determinen, o en su caso, expedirán copia auténtica de los antecedentes que posean relativos al caso planteado.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las peticiones que se formulen, correrán por cuenta de los interesados en todos los casos.

Artículo 10.- El organismo requerido sólo podrá negar la expedición de la información solicitada mediante resolución motivada del jerarca del servicio que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones legales en que se funde.

Artículo 11.- Constituye falta grave, que se sancionará con destitución del cargo, previa sustanciación del procedimiento disciplinario que corresponda, el incumplimiento de cualesquiera de las disposiciones aquí consignadas.

Artículo 12.- Si el organismo estatal o paraestatal o las personas privadas requeridas, se negaren a expedir la información solicitada o no se expidieran en plazo, el titular de la petición denegada dispondrá de un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a su notificación de la resolución para interponer la acción de "habeas data" contra dicho acto, en caso de que a su juicio, la resolución negativa lesione, restrinja, altere o amenace sus derechos reconocidos en la Constitución de la República y en particular, los derechos a la información y a la intimidad contemplados en la presente ley.

Artículo 13.- Una vez conocida por los interesados la información relacionada con su persona y archivada por organismos estatales o paraestatales o por personas privadas, ya sea por resolución de las mismas o por orden judicial, aquéllos, si consideraren que la información es errónea o su recolección y archivo fuera ilegal, o la posesión o uso de la misma pueda causar perjuicio, lo harán saber a los organismos o personas antes indicadas en plazo que no podrá exceder los quince días hábiles a contar desde el siguiente al de su conocimiento.

Vencido el plazo sin contestación, o si ésta fuere negativa, los interesados podrán promover la acción de "habeas data", con el fin de modificar o eliminar la información errónea o ilegal, la que se interpondrá dentro de los plazos y se sustanciará según las formalidades previstas en la presente ley.

Artículo 14.- Serán competentes para el conocimiento de la acción de "habeas data" los Juzgados Letrados de Primera Instancia de la materia contencioso-administrativa del lugar de radicación del organismo contra el que la misma se dirija.

Artículo 15.- En los casos en que el sujeto pasivo de las obligaciones previstas en la presente ley sea una persona privada, serán competentes para conocer la demanda aludida en los artículos 12 y 13 de la presente ley, los Juzgados Letrados de Primera Instancia de la materia civil, del lugar de radicación de la persona requerida.

Artículo 16.- La demanda se presentará con las formalidades prescriptas por la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso) y modificativas.

Artículo 17.- Serán aplicables al proceso de "habeas data", lo dispuesto por los artículos 6º, 7º, 10 y 12 de la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988. Las normas procesales contenidas en la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso) tendrán el carácter de supletorias en los casos de oscuridad o insuficiencia de las precedentes.

Artículo 18.- La sentencia que recaiga en dicho proceso decidirá si acepta o no la petición formulada o si ésta se debe atender parcialmente. Si hace lugar a la acción, total o parcialmente, deberá contener:

A) La identificación exacta de la autoridad a quien se dirija y contra cuyo acto se falle acogiendo la acción.

B) La determinación concreta de la documentación cuya consulta o, en su caso copia auténtica, deberá franquearse al accionante, a su costa.

C) En su caso, la indicación precisa de la información a rectificar o a cancelar del registro correspondiente.

D) El plazo para el cumplimiento de lo dispuesto, que no podrá exceder de veinticuatro horas continuas a partir de la notificación.

Sin perjuicio de lo establecido, la sentencia podrá disponer las sanciones pecuniarias dispuestas por el Decreto-Ley Nº 14.978, de 14 de diciembre de 1978.

Montevideo, 12 de abril de 2000.

DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, SILVANA CHARLONE, Representante por Montevideo, GUILLERMO ÁLVAREZ, Representante por Montevideo, ENRIQUE PINTADO, Representante por Montevideo, ENRIQUE PÉREZ MORAD, Representante por Maldonado, RAÚL SENDIC, Representante por Montevideo, ERNESTO AGAZZI, Representante por Canelones, EDGAR BELLOMO, Representante por Canelones, EDUARDO MUGURUZA, Representante por Salto, CARLOS PITA, Representante por Montevideo, GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El régimen democrático resulta hoy inconcebible sin la posibilidad real del acceso a la información imprescindible para que cada integrante de la ciudadanía pueda elaborar una opinión propia sobre los hechos que afectan sus intereses, sean estos individuales o colectivos.

Como ha dicho el profesor Barbagelata "Si el hombre no conoce los hechos acaecidos en un lugar determinado ni las ideas u opiniones lanzadas a la consideración pública en un momento determinado, o si los conoce deformados, tergiversados, su facultad de pensar libremente y de expresar ese pensamiento queda anulada o, en el mejor de los casos, disminuida y condicionada y esto es así porque los elementos en que debe apoyarse para construir su juicio han sido desvirtuados, falseados, llevándolo a extraer conclusiones inexactas. De esta manera la información mentirosa atenta la libertad, contra el régimen democrático, que se nutre de la discusión y análisis de hechos e ideas que deben llegar libremente al conocimiento de todos".

Estas reflexiones que parecen obvias -no existe régimen democrático sin opinión pública adecuadamente informada- no resultan en la práctica cotidiana de fácil concreción.

Si la información imprescindible queda reservada a un ámbito reducido a un círculo burocrático que ha ido consolidando una verdadera cultura del secreto, no resulta posible concretar este requisito indispensable.

Al amparo de mantener la reserva de determinadas actividades por razones de interés general, se ha ido consolidando -muchas veces en clara violación de la norma legal- una verdadera muralla que impide el conocimiento de lo resuelto y de los fundamentos de la correspondiente resolución. No puede caber duda que esta amplificación del secreto -admisible sólo como excepción- constituye el refugio preferido de la arbitrariedad y de la corrupción. No existe mejor control que el que puede ejercer una opinión pública adecuadamente informada.

El derecho establecido a los legisladores por el artículo 118 de la Constitución de la República resulta claramente insuficiente y, en la mayoría de los casos, es ejercido para satisfacer reales necesidades de ciudadanos que se sienten impotentes frente a la reserva impenetrable de actuaciones que ignoran en su contenido y en sus fundamentos.

Si se pretende consolidar una institucionalidad auténticamente democrática, resulta imprescindible adecuar nuestra legislación a las normas internacionales que lenta y progresivamente han ido independizando el derecho a la información de la indiscutida libertad de expresión.

Ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se expresaba que la libertad de opinión y expresión "incluye en no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

Este derecho a recibir información es reproducido en la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966 y en el Pacto de San José de Costa Rica, ley vigente en nuestro país.

A su vez la Constitución española de 1978 establece: "Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones...;

b) A comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión...".

Como ya expresáramos este derecho a la información debe comprender los temas de interés general y aquellos que afecten exclusivamente al individuo, no reconociendo otros límites que los que se establezcan con claridad en la ley y los que resulten de la protección del derecho a la intimidad de los demás. El avance vertiginoso de la tecnología ha permitido que el Estado y, también organizaciones de carácter privado, recolecten, ordenen y almacenen un conjunto de datos que configuran un verdadero perfil personal a través de cuya manipulación -y eventual difusión, en general restringida- desarrollen su actividad en el ámbito de la seguridad o en la esfera comercial, crediticia o laboral. Para el ciudadano común -y paradójicamente, habitualmente hasta para el propio legislador- resulta imposible acceder a los mismos, y mucho menos controlar la veracidad de los datos incluidos en estos "bancos".

Este bagaje de información acentúa la asimetría de la sociedad contemporánea donde cada vez con mayor énfasis puede afirmarse que el conocimiento atribuye poder, impulsada por la tendencia a la extensión del secreto como recurso vicioso, como una especie de reserva tácita, implícita o no escrita que acompaña la actividad estatal o privada en muchas de sus esferas y se levanta como un cerco infranqueable tras el cual aquélla se cobija frente al que el ciudadano común se siente un extraño cualquiera sea su esfuerzo por traspasarlo. Es el aparato de la negativa, de la lentitud y de la dilatoria gratuita e irracional que constantemente gana espacios, conduciendo la administración a actuar bajo un impenetrable manto de silencio, cercenando el conocimiento, obstruyendo la información y ocultando la actividad, lo que genera en el ciudadano una sensación de absoluto desamparo al enfrentarse a Entes estatales y aun privados que aparecen como totalmente anónimos y extraños, a los que se hace imposible abordar por la vía institucional, creando el clima favorable para la corrupción y la arbitrariedad.

Lo que en una primera lectura puede verse como un acto reflejo del aparato burocrático o, en su caso de grupos económicos que adquiriendo vida propia ejercen mecanismos de defensa ante quienes intentan invadir su pretendido coto privado, hoy el tema ha adquirido otra dimensión, asumiendo el cariz de una verdadera cultura del secreto que se ha instalado en nuestra vida institucional cotidiana.

Esta tendencia a la amplificación del secreto es, sin duda alguna, una de las herencias legadas por la dictadura que ha calado hondo y afecta a la transparencia e impide el imprescindible contralor ciudadano.

Es evidente que la relación Estado-sociedad civil debe reformularse, en las democracias actuales sobre nuevas bases, y una de ellas ha de estar en la búsqueda de nuevos canales de comunicación entre ambos que habiliten una información amplia, cierta y veraz.

Para ello, el orden jurídico debe garantizar el irrestricto ejercicio del derecho y la libertad de información por parte de los ciudadanos.

Coincidiendo con este punto de vista, en entrevista con los ciudadanos que patrióticamente han constituido la organización civil "Uruguay Transparente", se nos informaba que la mayor parte de las denuncias que recibían por presunta corrupción estaban basadas en la desinformación sobre las motivaciones de decisiones adoptadas.

Por otra parte, parece hoy indiscutible el valor que le corresponde a la prensa en esta tarea de investigación y difusión. Creemos que no exista ningún periodista que no sienta cercenada su capacidad de informar a través de las vallas que se oponen, expresa o tácitamente al libre ejercicio de sus funciones.

Creemos que ha llegado el momento de realizar un esfuerzo legislativo -cuando la sociedad se ha visto conmocionada por hechos que sólo se conciben al amparo del secreto- para intentar otorgar mayor cristalinidad y transparencia a la función pública.

Este esfuerzo debe abarcar la consagración explícita del derecho, las acciones necesarias para su conocimiento, y por supuesto, los límites que debe reconocer.

Un primer límite está constituido como en todos los derechos por el agravio al derecho de los demás. En los casos en que el conocimiento de un dato afecte el derecho a la intimidad de un tercero, quien en defensa de su legítima privacidad tenga el derecho a la natural reserva y su difusión sólo cause perjuicios a él o a su núcleo familiar, sería incomprensible otorgar amparo a quien pretenda obtener semejante dato. Por supuesto, en estos casos, los límites no son nítidos -mucho más cuando se trate de individuos que desempeñen una función pública- y allí, cuando se plantee un conflicto entre los derechos a la información y a la intimidad, deberá intervenir como en toda confrontación de intereses el Poder Judicial.

En el otro extremo, existen casos en que la reserva de la información constituye una garantía del interés común en cuyo caso, en nuestra opinión, resulta imprescindible que sea la propia ley la que establezca los criterios con total precisión, sin perjuicio de la intervención que pueda caberle, también en este caso, al Poder Judicial. Este caso nos parece más claro y entendemos que ya existen normas legales que protegen los secretos que, aunque no siempre justificados, tienen ya consagración legal.

Mucho más complejo es el tema con respecto a la afectación de derechos individuales ya que aquí estos pueden enfrentarse, como ocurre habitualmente y, fundamentalmente, a partir de los avances tecnológicos con las grandes organizaciones estatales o privadas dedicadas a la confección de Bancos de Datos.

La práctica ha demostrado la existencia de abusos derivada de la imposibilidad de las personas investigadas de conocer qué datos se recaban, mediante qué métodos y con qué finalidad se recopilan, almacenan y, eventualmente, se difunde la información. Resulta también imposible conocer si los datos archivados son veraces o erróneos ya que se ha prescindido del consentimiento -y aun del conocimiento- de los involucrados, con serio riesgo de una posible afectación de su reputación, fama, honor, y, en su caso imagen pública. Es incuestionable que estas prácticas desbordan el marco del derecho y los límites razonables de la privacidad, valor no menos importante que el derecho a la información de que puede disfrutar un Estado u organización.

El derecho a la privacidad ha aparecido últimamente en los Derechos Positivos existiendo como tal en países como Alemania, Portugal o Francia. En documentada exposición realizada en Cámara por el Senador Manuel Laguarda, se citó La Privacy Act dictada en Estados Unidos en 1974 en la que se expresa: "El objeto de la presente Ley es proporcionar a los individuos instrumentos de protección frente a la invasión de su vida privada. La Privacy Act reconoce el derecho de todo individuo a conocer las informaciones que se refieran a su persona, así como la facultad de cancelación de las que resulten erróneas o versen sobre materias no autorizadas".

Asimismo, en el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, ratificado por Ley Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985, existen referencias concretas no sólo al derecho a la privacidad sino también al derecho de todo individuo a conocer las informaciones que se refieran a su persona, mediante los recursos legales pertinentes. En sus artículos 11 y 12 sienta el principio de la prohibición de injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia, así como la defensa contra los ataques a la honra o a la reputación. A su vez, en el inciso segundo del artículo 25, el Pacto refiere a los instrumentos de protección de ese derecho mediante la creación de un recurso judicial y consagra el compromiso de los Estados Partes: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial; c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

En un estudio publicado recientemente, el profesor Sánchez Carnelli señala que nuestro orden jurídico es el único del MERCOSUR que no contiene referencias expresas a este recurso judicial, instituto denominado "habeas data", garantía de los derechos individuales antes mencionados, también conocido como Derecho de Amparo Informativo.

Creemos que a pesar de la amplitud del artículo 72 de la Carta resulta imprescindible adecuar nuestra legislación a las últimas corrientes doctrinarias que reconocen tanto el derecho a la información como el derecho a la intimidad, sin necesidad de deducirlos de los pactos internacionales ratificados por nuestro país y otorgándoles, además, las acciones que hagan efectivo su ejercicio.

Ingresando a la consideración particular del articulado, en el artículo 1º se establece el derecho de todos los habitantes de la República a ser informados y la obligación de los medios de comunicación de informarles de todo aquello que concierna gravemente a la Nación o pueda considerarse de importancia principal e interés general.

El texto está tomado del trabajo del doctor Raúl Blengio Britos "Observaciones al Proyecto de Ley de Prensa a Estudio del Senado", publicado en la revista "Paz y Justicia" de mayo-agosto de 1989, Nº 18 página 16. A nuestro juicio, contiene el principio general en base al cual se desarrolla el resto del articulado.

Como se fundamentó en el comentario general del proyecto, en el artículo 2º se habilita a cualquier persona para solicitar a los organismos correspondientes, se le permita la consulta o se le expida copia de los actos administrativos dictados y sus fundamentos, hayan o no sido publicados.

Contemplando una especial calificación profesional, el artículo 3º dispone que si la solicitud de consulta o expedición de copia de documento fuera hecha por periodista debidamente acreditado, la misma se tramitará preferencialmente.

Los artículos 4º y 6º establecen la legitimación de toda persona para requerir de los organismos estatales o paraestatales y de las personas privadas que reciban y archiven información sobre particulares, el acceso a la consulta o expedición de copia de los documentos de cualquier naturaleza que obraren en su poder, conteniendo información relativa al solicitante o relacionados de cualquier forma con su persona. Asimismo, se establece en el artículo 6º, la sujeción de las personas privadas que allí se indican a todas las obligaciones establecidas en la ley.

En atención a la índole particularmente sensible de la información requerida, el artículo 5º previene que si ésta comprometiera intereses generales o difusos, dejando de pertenecer al ámbito privado de los particulares, cualquier persona y no sólo las directamente involucradas, podrá formular la petición referida en el artículo 4º, sin perjuicio de la tramitación preferencial para el caso de periodistas prevista en el artículo 3º.

El artículo 7º establece un límite de veinte años para la reserva sobre cualquier documento público, vencidos los cuales podrá ser consultado por cualquier persona y la autoridad que los posea adquiere la obligación de expedir copia auténtica del mismo a quien lo demande.

En este caso, nos ha parecido fundamental que al cabo de un extenso lapso, el principio del secreto o reserva contemplado por razones de interés general, en definitiva ceda el espacio al derecho a la información, cuya protección integral se procura expresamente reglamentar en este proyecto.

El artículo 8º dispone que el organismo requerido debe expedirse en un breve lapso que se sitúa en quince días y que el acto debe emanar del jerarca máximo del servicio, el que debe franquear o negar la información, salvo que carezca de la misma.

En el tercer inciso se establece la obligación del organismo requerido de señalar al peticionante la dependencia idónea para responder a su pedido, en caso de que éste se hubiera presentado a destinatario erróneo, procurando generar un relacionamiento diferente entre los organismos y los particulares, como se indicó en el comentario general. El inciso final prescribe que las peticiones que se formulen a los organismos estatales o paraestatales respeten las formalidades estipuladas por el Decreto 500/91, ya impuestas como garantía en el procedimiento administrativo.

Los artículos 9º y 10 estatuyen el principio general de que las personas privadas o los organismos requeridos autorizarán la consulta peticionada o expedirán copia de los antecedentes y la excepción, según la cual, sólo se podrá negar información, mediante resolución motivada del jerarca del servicio que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones legales en que se funde obviamente, con las modificaciones del caso, la negativa de las personas privadas deberá estar fundada en las disposiciones legales vigentes.

Como corolario de lo anterior, el artículo 11 establece que el incumplimiento de estas disposiciones, constituirá falta grave que se sancionará con destitución.

Los artículos 12 y 13 conforman el nudo central del proyecto, por cuanto articulan dos hipótesis en que se acuerda la legitimación para interponer la acción de "habeas data", con finalidades diversas.

Por el primero de los nombrados se contempla el caso de negativa a brindar la información solicitada por el requerido. Se acuerda la acción de "habeas data" al titular de la petición para interponer contra dicho acto denegatoria la misma, en caso de que a su juicio dicha negativa lesione, restrinja, altere o amenace sus derechos a la información y a la intimidad reconocidos en la Constitución y contemplados en el presente proyecto. O sea que, en este caso concreto, la acción acordada apunta a obtener un pronunciamiento jurisdiccional que disponga la expedición de la información que se desea conocer.

En el caso del artículo 13 se contempla otra hipótesis. Aquí el interesado conoce la información, ya sea por voluntad del requerido o por disposición judicial, pero ésta puede ser errónea o su recolección o archivo puede ser ilegal. En este caso, se pretende proteger su derecho a la rectificación o cancelación de la información, consagrando una primera instancia de solicitud ante el organismo o persona requerida. Sólo para el caso de negativa, se le confiere la acción de "habeas data" y se le otorga un plazo para interponerla con el fin de modificar la información errónea o eliminar la archivada en forma legal.

Los artículos 14 y 15 establecen la competencia para el conocimiento de la acción que se crea según se trate de organismos estatales o paraestatales o personas privadas.

Finalmente, los artículos 16, 17 y 18 reglamentan sobre la demanda, normas procesales y la sentencia, con remisión a las Leyes Nº 15.982 y Nº 16.011.

Debemos destacar que en la elaboración de este proyecto ha resultado fundamental la participación de nuestro colaborador el doctor Nils Helander.

Montevideo, 12 de abril de 2000.

DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, SILVANA CHARLONE, Representante por Montevideo, GUILLERMO ÁLVAREZ, Representante por Montevideo, ENRIQUE PINTADO, Representante por Montevideo, ENRIQUE PÉREZ MORAD, Representante por Maldonado, RAÚL SENDIC, Representante por Montevideo, ERNESTO AGAZZI, Representante por Canelones, EDGAR BELLOMO, Representante por Canelones, EDUARDO MUGURUZA, Representante por Salto, CARLOS PITA, Representante por Montevideo, GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

INFORME

Señores Representantes:

Este proyecto de ley, votado por unanimidad en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, es -como ocurre habitualmente- el fruto de una tarea colectiva que ha introducido modificaciones y aditivos al proyecto original presentado en 1996 y desarchivado en la presente Legislatura. Como es lógico, no representa el punto de vista estricto de ninguno de sus integrantes, sino que es el resultado del consenso logrado intentando unificar opiniones que aparecían como divergentes.

- I -

Su propósito central es la consagración explícita del derecho a la información, que si bien puede extraerse del artículo 72 de la Constitución y de los Pactos Internacionales incorporados por la República a su legislación, carece de una norma explícita que lo consagre y, fundamentalmente, carece del procedimiento adecuado que lo garantice, a pesar de algún excelente fallo jurisprudencial de reciente data.

Es sabido, que la información ha constituido siempre fuente de poder, pero en los últimos años el avance tecnológico ha permitido posibilidades que parecían imposibles y que nos aproximan a la intuición de George Orwell en su 1984. (Existe, sin embargo, un remoto antecedente en la Real Ordenanza sobre la Libertad de Prensa dictada en Suecia en 1766 que proclamaba expresamente el derecho de los ciudadanos, aunque con ciertos límites, al conocimiento de la documentación oficial).

Olga Estadella Yuste confirma esta opinión al afirmar que "no fue hasta que los ordenadores demostraron el incremento de riesgos adicionales resultantes del tratamiento automatizado, datos personales, que la sociedad en general, empezó a demostrar su preocupación sobre el tema y que los Gobiernos nacionales sintieron la necesidad de elaborar normas reguladoras que protegieran a los individuos". (La protección de la intimidad frente a la transmisión internacional de datos personales).

Un autor citado -de nombre Frosini- por Óscar Raúl Puccinelli, en su trabajo sobre el "habeas data", incorporado al libro "El Amparo Constitucional" indica "que la posibilidad de acumular informaciones en cantidad ilimitada, de confrontarlas y agregarlas entre sí, de hacerle un seguimiento en una memoria indefectible, de objetivizarlas y trasmitirlas como mercancía en forma de cinta, rollos o discos magnéticos, por ejemplo, permite referirse a este nuevo poder de dominio social sobre el individuo". El mismo autor expresa que "...resulta sumamente fácil lesionar los derechos de las personas, y la situación se agrava particularmente porque incluso a partir de datos que a priori parecieran inocentes o carentes de importancia, es ciertamente factible -con determinados software o por medio de determinados entrecruzamientos de datos provenientes de una o más bases de datos- desnudar casi cualquier aspecto de la vida privada de las personas, haciendo prácticamente ilusorias las garantías constitucionales".

Como es lógico, quienes poseen información tienden a monopolizarla -intentando impedir su conocimiento y difusión- ya que ello les permite conservar su cuota de dominio.

Esta posibilidad de concentrar y cruzar información permite que organismos públicos y empresas privadas consoliden bancos de datos nominativos obtenidos sin consentimiento, ni conocimiento de las personas afectadas -a través de medios no siempre lícitos- y que pueden afectar gravemente la privacidad, el honor, y la imagen de los integrantes del registro.

En una sociedad democrática resulta evidente que la actividad pública debe tender a la transparencia siendo asequible a todos los ciudadanos. Sin embargo, es habitual que se constituyan núcleos burocráticos contrarios a este principio, que tiendan a convertir su actividad en un secreto. Es una experiencia que entendemos común a los ciudadanos, que afecta aún a los propios legisladores que han podido comprobar cómo algunos secretos legalmente establecidos se han expandido, impidiendo el acceso a la información a que tienen derecho de conformidad con el artículo 118 de la Constitución.

En una nota de jurisprudencia relativa a una sentencia de un Tribunal de Apelaciones, el profesor José Aníbal Cagnoni escribe que "cuando el Tribunal menta expresamente al derecho de la información como atributo del control del Poder Político está mentando a la democracia como régimen de convivencia; el control del poder es esencial al régimen democrático, como el secreto es la garantía de la supervivencia del régimen autocrático". Y luego, cita al doctor Dardo Regules quien manifestara -luego de establecer- que es una de las condiciones mínimas de la democracia -un sistema de responsabilidad y de publicidad- "lo que implica mandatos a término y contralor libre de la opinión pública sobre la gestión del Estado. Responsabilidad de todo gestor y publicidad de toda gestión".

- II -

Tenemos plena conciencia de que no es un tema exclusivamente nacional y, a título de ejemplo, señalamos que el Consejo de Estado Francés, refiriéndose a la costumbre del secreto de las fuentes, indica que es una "inevitable supervivencia de un mundo que ni es inocente, ni está en consecuencia hecho para la transparencia, o al menos donde no todo es confesable y donde no todas las relaciones sociales puedan manejarse a plena luz". Esta supervivencia hace decir a un articulista de esta nacionalidad que "es lamentable comprobar que en Francia el alcance de los poderes de secreto abiertos al Poder Ejecutivo y Administrativo es particularmente amplio, lo que explica el sentimiento difuso de los franceses en el sentido de que el Estado es un monstruo que los supera y los excluye".

No cabe duda que estas expresiones podrían ser aplicadas a muchos otros países, en los que prima la cultura del secreto, ámbito particularmente fértil para el predominio de la arbitrariedad y la corrupción.

La mayor parte de los países europeos han establecido legislación protectora de este derecho, adecuándola a la evolución de los Pactos Internacionales, comenzando por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en las Naciones Unidas en 1948 que expresa que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". En el mismo sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas aprobado en 1966 dice que "toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole...".

En el mismo sentido el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Ley Nº 15.737, establece derechos similares en sus artículos 11 y 12 y en su artículo 25 consagra el compromiso de los Estados Parte de crear un sistema legal que garantice adecuadamente estos derechos.

Estas normas indican claramente como el derecho a la información aparece como un desprendimiento de la libertad de expresión, que motivado por el desarrollo tecnológico ha ido adquiriendo autonomía.

Creemos que es un claro ejemplo de esta afirmación la Constitución española de 1978 en cuanto establece: "se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones"...; (aquí está protegido el derecho a la libertad de expresión); "d) a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión..." (en este literal se consagra nítidamente el derecho a la información).

En coincidencia con ello, hace años la Delegación Francesa ante las Naciones Unidas expresó que "la libre información del ciudadano implica necesariamente la ausencia de toda limitación y de toda servidumbre impuesta a la expresión de ideas o a la difusión de noticias tanto si esta servidumbre es directa e impuesta por los poderes públicos como si es el resultado indirecto del acaparamiento económico de los medios materiales".

Constituye, por lo tanto, una profundización democrática, garantizar la libertad de obtener información.

Con este objetivo, el proyecto presenta diversas hipótesis.

En primer lugar establece la publicidad de todos los actos administrativos y de sus fundamentos.

En segundo lugar -impone a los organismos estatales o a las personas privadas que reciban y archiven información nominativa la obligación de proporcionar los datos que obren en su poder conteniendo información relativa al solicitante.

En tercer término si la información archivada compromete intereses generales o difusos, cualquier persona podrá acceder a ella.

Por último, establece que todo documento público -aún de carácter reservado- adquiera a los treinta años el carácter de documento histórico y puede, en consecuencia, ser consultado por cualquier persona. En atención a la particular situación vivida por el país crea temporalmente una excepción a esta regla.

Estos derechos están garantizados por la acción de "habeas data", que entendemos es una garantía y no un derecho, como se le califica -en nuestra opinión equivocadamente- en la legislación colombiana.

- III -

Ingresando al análisis del articulado, señalamos que el artículo 1º responde a una redacción propuesta por la Asociación de Periodistas que sustituyó a la contenida en el proyecto original y que se asemeja a lo establecido por el Pacto de San José de Costa Rica.

El artículo 2º se refiere a la obligatoria publicidad de toda actividad administrativa y de sus correspondientes fundamentos.

El artículo 3º refiere al derecho de toda persona a solicitar a los organismos estatales o paraestatales el conocimiento de toda información relativa al solicitante.

El artículo 4º -como ya hemos señalado- otorga legitimación activa a cualquier persona para conocer información archivada que comprometa intereses generales y difusos.

El artículo 5º incluye a las personas privadas que reciban y archiven información sobre particulares como destinatarios de la misma obligación que tienen los organismos estatales o paraestatales.

El artículo 6º establece el carácter histórico que adquieren todos los documentos a los treinta años de su expedición, con la excepción prevista en el artículo 7º, de los documentos, actos e informaciones en poder de la Comisión para la Paz creada por Resolución del Presidente de la República el 9 de agosto de 2000. En este caso -con el claro propósito de no interferir con la labor que está realizando dicha Comisión- el proyecto permite que el conocimiento dependa de lo que ella resuelva, excepción que caducará a los 10 años de la disolución de la Comisión.

En el artículo 8º se señala el plazo que el jerarca máximo del servicio dispone para expedirse sobre la solicitud que haya recibido. Indica por otra parte que si se ha formulado una petición a una autoridad equivocada, pero el requerido conociese el destinatario adecuado, deberá informárselo al solicitante.

En el artículo 9º se hace extensiva la obligación a las personas privadas.

El artículo 10 resulta particularmente importante al indicar que sólo puede negarse la información solicitada cuando el jerarca indique la disposición constitucional o legal expresa en que se basa su negativa, complementado por el artículo siguiente que establece como falta administrativa el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones referidas en la ley.

Los artículos siguientes se refieren a la acción de "habeas data", estableciendo cuando corresponde (artículo 12), y las posibilidades que otorga de modificar o eliminar la información errónea o ilegal (artículo 13).

Corresponde detenerse brevemente en este artículo en la medida en que consagra -aunque en forma indirecta- el derecho a la intimidad, ya que se refiere a datos ilícitos que aunque no los define, deben remitirse -de conformidad con el artículo 72 de la Constitución y el artículo 332 de la Carta que remite a los fundamentos de leyes análogas-, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente recibidas. En tal sentido resulta importante lo resuelto por el Consejo de Europa en 1981 (Convenio Nº 108) que enuncia los "datos sensibles", indicando como tales el origen de la persona, las opiniones políticas que ella tenga -por supuesto también su militancia y sus opiniones gremiales- las convicciones religiosas o las no convicciones religiosas, los datos referidos a la salud, los datos referidos a la vida sexual, las condenas judiciales y también las condenas penales que pudiera haber padecido.

Los artículos 14, 15, 16 y 17 fijan las competencias y el procedimiento del "habeas data".

Por último el artículo 18 establece el contenido de la sentencia, el plazo para cumplirla y las sanciones pecuniarias que podrán imponerse por el retardo en su cumplimiento.

En la medida que consideramos que este proyecto es un claro avance legislativo, que nos coloca en igualdad de condiciones con gran parte de los países del continente que lo han incluido en la propia Constitución (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú), y que, fundamentalmente, significa una garantía de funcionamiento democrático, la Comisión aconseja al plenario la aprobación del siguiente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 13 de junio de 2002.

DANIEL DÍAZ MAYNARD, Miembro informante, JORGE BARRERA, GUSTAVO BORSARI BRENNA, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, LUIS ALBERTO LACALLE POU, FELIPE MICHELINI, JORGE ORRICO, MARGARITA PERCOVICH, DIANA SARAVIA OLMOS.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Todos los habitantes de la República tienen derecho a solicitar y recibir información. Este derecho comprende la libertad de búsqueda y de investigación, de opinión, de expresión y de difusión del pensamiento.

Artículo 2º.- Cualquier persona podrá solicitar a los organismos estatales o personas públicas de derecho privado, nacionales o departamentales, que se le permita consultar o se le expida copia auténtica de los actos administrativos que hayan dictado y de los fundamentos que de ellos emanen, hayan sido éstos publicados o no.

Artículo 3º.- Toda persona podrá solicitar a los organismos estatales o personas públicas de derecho privado, nacionales o departamentales, sin necesidad de mandato judicial, que se le permita consultar o se le expida copia auténtica de los documentos de cualquier naturaleza que obraren en poder de aquéllos, conteniendo información relativa al solicitante.

Artículo 4º.- En los casos en que la información archivada en poder de organismos estatales o personas públicas de derecho privado, nacionales o departamentales, comprometa intereses generales o intereses difusos, cualquier persona estará legitimada para formular la petición referida en el artículo 2º.

Artículo 5º.- Toda persona podrá requerir a las personas privadas, que por la índole de sus tareas reciban y archiven información sobre particulares, datos referidos exclusivamente a sí mismo.

Artículo 6º.- La reserva legal sobre cualquier documento público caducará a los treinta años de su expedición.

Cumplidos éstos, el documento adquiere carácter histórico, podrá ser consultado por cualquier persona y la autoridad que esté en su posesión adquiere la obligación de expedir a quien lo demande, copia auténtica del mismo.

Artículo 7º.- Los documentos, actas e informaciones en poder de la Comisión para la Paz creada por la Resolución del Presidente de la República Nº 858/2000, de 9 de agosto de 2000, estarán a lo que ésta resuelva.

No obstante, dicha documentación seguirá el régimen general una vez transcurridos diez años de la disolución de la Comisión.

Artículo 8º.- Fuera de los casos comprendidos en los artículos 6º y 7º de esta ley, el organismo requerido, ante la petición que recibiere deberá expedirse en un plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles de recibida la misma.

El acto que resuelva sobre la petición deberá emanar del jerarca máximo del servicio o de quien éste haya delegado atribuciones y deberá franquear o negar el acceso a la información que obrare en su poder relativa al solicitante, salvo que indicara carecer de la información requerida.

Si la petición no se hubiera dirigido a la autoridad competente, pero ésta conociera el destinatario adecuado, deberá indicar al gestionante el organismo o dependencia pública idónea para dar respuesta a la misma.

Artículo 9º.- En caso de que las personas privadas o los organismos requeridos resuelvan favorablemente las peticiones formuladas, autorizarán la consulta de los documentos pertinentes en las oficinas que determinen, o en su caso, expedirán copia auténtica de los antecedentes que posean relativos al caso planteado.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las peticiones que se formulen, correrán por cuenta de los interesados en todos los casos.

Artículo 10.- El organismo requerido sólo podrá negar la expedición de la información solicitada mediante resolución fundada del jerarca del servicio que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones constitucionales y legales expresas en que se base.

Artículo 11.- Constituye falta administrativa el incumplimiento de cualesquiera de las disposiciones aquí consignadas.

Artículo 12.- El peticionante podrá ejercer la acción de "habeas data" en los siguientes casos:

1) Cuando hayan transcurrido quince días corridos a contar desde la resolución denegatoria de la información solicitada.

2) Cuando se haya agotado el plazo a que refiere el artículo 8º sin pronunciamiento de la autoridad referida.

En ambos casos, la acción caduca a los quince días hábiles a contar desde que se tiene derecho a ejercerla.

La posibilidad de entablar un recurso administrativo no inhibe la interposición del recurso de "habeas data".

Artículo 13.- Una vez conocida por los interesados la información relacionada con su persona y archivada por organismos estatales o personas públicas de derecho privado, nacionales o departamentales, ya sea por resolución de los mismos o por orden judicial, aquéllos, si consideraren que la información es errónea o su recolección y archivo fuera ilegal, o la posesión o uso de la misma pueda causar perjuicio, lo harán saber a los organismos o personas antes indicados en plazo que no podrá exceder los quince días hábiles a contar desde el siguiente al de su conocimiento.

Vencido el plazo sin contestación, o si ésta fuere negativa, los interesados podrán promover la acción de "habeas data" con el fin de modificar o eliminar la información errónea o ilegal, la que se interpondrá dentro de los plazos y se sustanciará según las formalidades previstas en esta ley.

Artículo 14.- Serán competentes para el conocimiento de la acción de "habeas data", los Juzgados Letrados de Primera Instancia de la materia contencioso-administrativa del lugar de radicación del organismo contra el que la misma se dirija.

Artículo 15.- En los casos en que el sujeto pasivo de las obligaciones previstas en esta ley sea una persona privada, serán competentes para conocer la demanda aludida en los artículos 12 y 13, los Juzgados Letrados de Primera Instancia de la materia civil del lugar de radicación de la persona requerida.

Artículo 16.- La demanda se presentará con las formalidades prescriptas por la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso) y modificativas.

Artículo 17.- Serán aplicables al proceso de "habeas data" lo dispuesto por los artículos 6º,7º , 10y 12 de la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988. Las normas procesales contenidas en la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso) tendrán el carácter de supletorias en los casos de oscuridad o insuficiencia de las precedentes.

Artículo 18.- La sentencia que recaiga en dicho proceso, decidirá si acepta o no la petición formulada o si ésta se debe atender parcialmente. Si hace lugar a la acción, total o parcialmente, deberá contener:

A) La identificación exacta de la autoridad a quien se dirija y contra cuyo acto se falle acogiendo la acción.

B) La determinación concreta de la documentación cuya consulta, o en su caso copia auténtica, deberá franquearse al accionante.

  Cuando la entrega de la documentación o sus copias autenticadas generen gastos, el Juez resolverá quién se hará cargo de éstos.

C) En su caso, la indicación precisa de la información a rectificar o a cancelar del registro correspondiente.

D) El plazo para el cumplimiento de lo dispuesto, que no podrá exceder de veinticuatro horas continuas a partir de la notificación.

Sin perjuicio de lo establecido, la sentencia podrá disponer las sanciones pecuniarias dispuestas por el Decreto-Ley Nº 14.978, de 14 de diciembre de 1979.

Sala de la Comisión, 13 de junio de 2002.

DANIEL DÍAZ MAYNARD, Miembro informante, JORGE BARRERA, GUSTAVO BORSARI BRENNA, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, LUIS ALBERTO LACALLE POU, FELIPE MICHELINI, JORGE ORRICO, MARGARITA PERCOVICH, DIANA SARAVIA OLMOS".

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Arturo Heber Füllgraff, por la que solicita autorización para integrar la Comitiva Presidencial que acompañará al señor Presidente de la República, doctor Jorge Batlle Ibáñez, a la visita oficial que realizará a la República Popular de China, literal Ñ del artículo 104 del Reglamento, y licencia en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, la cual no insume gasto alguno para el Cuerpo, por el período comprendido entre los días 9 y 20 de octubre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Antonio López.

Del señor Representante Enrique Pintado, por la que solicita autorización para integrar la Comitiva Presidencial que acompañará al señor Presidente de la República, doctor Jorge Batlle Ibáñez, a la visita oficial que realizará a la República Popular de China, literal Ñ del artículo 104 del Reglamento, y licencia en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, la cual no insume gasto alguno para el Cuerpo, por el período comprendido entre los días 9 y 20 de octubre de 2002, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora María Eloísa Moreira.

Del señor Representante José Amorín Batlle, por la que solicita autorización para integrar la Comitiva Presidencial que acompañará al señor Presidente de la República, doctor Jorge Batlle Ibáñez, a la visita oficial que realizará a la República Popular de China, literal Ñ del artículo 104 del Reglamento, y licencia en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, la cual no insume gasto alguno para el Cuerpo, por el período comprendido entre los días 9 y 20 de octubre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Pedro Pérez Stewart".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

ENRIQUE PINTADO
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 4 de octubre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.
De mi mayor consideración:

        Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Enrique Pintado, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.
        Sin otro particular, saluda al Sr. Presidente muy atentamente.

Jorge Iribarnegaray".

VISTO: I) La solicitud de autorización del señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado, para integrar la Comitiva Presidencial que acompañará al señor Presidente de la República, doctor Jorge Batlle Ibáñez, a la visita oficial que realizará a la República Popular de China.

II) El pedido de licencia para viajar al exterior en misión oficial por el período comprendido entre los días 9 y 20 de octubre de 2002 con el cometido referido.

RESULTANDO: I) Que corresponde conceder la autorización reglamentaria para que el señor Representante Enrique Pintado, integre la delegación del Poder Ejecutivo que concurrirá a la República Popular de China.

II) Que procede conceder la licencia solicitada.

III) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Iribarnegaray.

ATENTO: A lo dispuesto por el literal Ñ) del artículo 104 del Reglamento, por el artículo 116 de la Constitución de la República, en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Autorízase al señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado, a integrar la Comitiva Presidencial que acompañará al Presidente de la República, doctor Jorge Batlle Ibáñez, en su visita oficial a la República Popular de China.

2) Concédese licencia para viajar al exterior, en misión oficial, por el período comprendido entre los días 9 y 20 de octubre de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado, integrando la señalada delegación.

3) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente, señor Jorge Iribarnegaray.

4) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Número 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora María Eloísa Moreira.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2002

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, HEBER DUQUE".

"Montevideo, 3 de octubre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.
De mi consideración:

        Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia al amparo de lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 16.465, desde el 9 de octubre y hasta el día 20 del corriente.
        La presente solicitud se fundamenta en la invitación cursada por el Señor Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle a integrar la comitiva presidencial que realizará la Visita Oficial a la República Popular China entre los días 9 y 20 de octubre del año en curso.
        Dejo constancia que el presente viaje no devengará costo alguno al Poder Legislativo.
        Saluda a usted muy atentamente.

JOSÉ AMORÍN BATLLE
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 3 de octubre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.
De mi consideración:

        Comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria formulada por este Cuerpo por la licencia solicitada por el Diputado José Amorín.
        Saluda a usted muy atentamente.

Luis Eduardo Alpuín".

VISTO: I) La solicitud de autorización del señor Representante por el departamento de Montevideo, José Amorín Batlle, para integrar la Comitiva Presidencial que acompañará al señor Presidente de la República, doctor Jorge Batlle Ibáñez, a la visita oficial que realizará a la República Popular de China.

II) El pedido de licencia para viajar al exterior en misión oficial por el período comprendido entre los días 9 y 20 de octubre de 2002 con el cometido referido.

RESULTANDO: I) Que corresponde conceder la autorización reglamentaria para que el señor Representante José Amorín Batlle, integre la delegación del Poder Ejecutivo que concurrirá a la República Popular de China.

II) Que procede conceder la licencia solicitada.

III) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Luis Alpuín.

ATENTO: A lo dispuesto por el literal Ñ) del artículo 104 del Reglamento, por el artículo 116 de la Constitución de la República, en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Autorízase al señor Representante por el departamento de Montevideo, José Amorín Batlle, a integrar la Comitiva Presidencial que acompañará al Presidente de la República, doctor Jorge Batlle Ibáñez, en su visita oficial a la República Popular de China.

2) Concédese licencia para viajar al exterior, en misión oficial, por el período comprendido entre los días 9 y 20 de octubre de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, José Amorín Batlle, integrando la señalada delegación.

3) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente, señor Luis Alpuín.

4) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Número 15 del Lema Partido Colorado, señor Pedro Pérez Stewart.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2002

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, HEBER DUQUE".

Montevideo, 12 de marzo de 2002.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168, numeral 20) y 85, numeral 7º) de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo sobre Programa de Vacaciones y Trabajo Eventual entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Nueva Zelandia, suscrito en Montevideo, el 16 de noviembre de 2001.

El objetivo del Acuerdo -que contempla un número inicial de cien participantes por año-, es la promoción del intercambio y del conocimiento recíproco entre jóvenes uruguayos y neozelandeses, mediante el usufructo de vacaciones en los respectivos países.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI, GUILLERMO STIRLING, ÁLVARO ALONSO, ALFONSO VARELA, JAIME MARIO TROBO.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Acuerdo sobre Programa de Vacaciones y Trabajo Eventual entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Nueva Zelandia, suscrito en Montevideo, el 16 de noviembre de 2001.

Montevideo, 12 de marzo de 2002.

DIDIER OPERTTI, GUILLERMO STIRLING, ÁLVARO ALONSO, ALFONSO VARELA, JAIME MARIO TROBO.

TEXTO DEL ACUERDO

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Nueva Zelandia (en adelante "las Partes"), han alcanzado el siguiente Acuerdo sobre un Programa de Vacaciones y Trabajo Eventual (en adelante "el Programa") entre los dos países.

Objetivo

Artículo 1

El objetivo del Programa es promover el intercambio y el conocimiento recíproco entre jóvenes uruguayos y neozelandeses, mediante vacaciones en el país de la contraparte. Los participantes en este Programa de vacaciones podrán realizar trabajos no permanentes, los cuales pueden ser remunerados. Dichos trabajos no podrán constituir la razón primordial de la visita. Este Programa estará sujeto a los requerimientos que se indican a continuación, de conformidad con las legislaciones de los respectivos países.

Responsabilidades del Gobierno de Nueva Zelandia

Artículo 2

Las autoridades competentes de Nueva Zelandia, a través de su oficina de tramitación de visas, con arreglo al artículo 3, a solicitud de un ciudadano de la República Oriental del Uruguay, otorgarán una visa de trabajo, válida para ser presentada durante un período de doce (12) meses desde la fecha de su otorgamiento, a toda persona que satisfaga cada uno de los siguientes requerimientos:

a) Sea ciudadano uruguayo con residencia habitual en la República Oriental del Uruguay a la fecha de la solicitud;

b) Demuestre al funcionario encargado de otorgar visas que su intención principal es tomar vacaciones en Nueva Zelandia, siendo el trabajo algo accesorio y no la razón primordial de la visita;

c) Tenga entre dieciocho (18) y treinta (30) años de edad inclusive, a la fecha de la solicitud;

d) No irá acompañado por niños;

e) Sea titular de un pasaporte uruguayo válido;

f) Posea un pasaje de retorno o recursos suficientes para adquirirlo;

g) Posea recursos suficientes, a criterio de las autoridades competentes, para su manutención durante el período de estadía en Nueva Zelandia;

h) Pague los derechos correspondientes a la solicitud de visa de trabajo;

i) Acceda a contratar un seguro médico y de hospitalización integral que permanezca vigente durante toda su estadía en Nueva Zelandia.

Artículo 3

Las autoridades competentes de Nueva Zelandia podrán otorgar cada año, a ciudadanos de la República Oriental del Uruguay, determinado número de las visas de trabajo mencionadas en el artículo 2. El número de visas será el fijado en el artículo 13 o el que se establezca de común acuerdo entre las Partes, de conformidad con lo previsto en dicho artículo.

Artículo 4

Con arreglo al artículo 3, las autoridades competentes de Nueva Zelandia otorgarán un permiso de trabajo al ciudadano de la República Oriental del Uruguay, a condición que el mismo posea la visa de trabajo expedida de conformidad con el artículo 2 y satisfaga cada uno de los requerimientos establecidos en dicho artículo. El permiso de trabajo se otorgará a dicha persona a su arribo a Nueva Zelandia y será válido por un período no superior a los doce (12) meses desde la fecha de entrada a Nueva Zelandia.

Artículo 5

Las autoridades competentes de Nueva Zelandia requerirán a cualquier ciudadano de la República Oriental del Uruguay que haya ingresado a Nueva Zelandia a través del Programa que funciona bajo este Acuerdo, el cumplimiento con las leyes y reglamentos de Nueva Zelandia y al no comprometerse en trabajos que sean contrarios al propósito del Programa. A los participantes del Programa no les está permitido comprometerse en empleos permanentes durante su visita y no podrán trabajar con el mismo empleador por más de tres meses durante su visita. Podrán matricularse en un curso de capacitación o estudio por un plazo de hasta tres meses durante su visita a Nueva Zelandia.

Responsabilidades del Gobierno de la República Oriental del Uruguay

Artículo 6

Las autoridades competentes de la República Oriental del Uruguay, a través de su oficina de tramitación de visas, con arreglo al artículo 7, a solicitud de un ciudadano de Nueva Zelandia, otorgarán una visa especial, válida para ser presentada durante un período de doce (12) meses desde la fecha de su otorgamiento, a toda persona que satisfaga cada uno de los siguientes requerimientos:

a) Sea ciudadano neozelandés con residencia habitual en Nueva Zelandia a la fecha de la solicitud;

b) Demuestre al funcionario encargado de otorgar visas que su intención principal es tomar vacaciones en la República Oriental del Uruguay, siendo el trabajo algo accesorio y no la razón primordial de la visita;

c) Tenga entre dieciocho (18) y treinta (30) años de edad inclusive, a la fecha de la solicitud;

d) No irá acompañado por niños;

e) Sea titular de un pasaporte neozelandés válido;

f) Posea un pasaje de retorno o recursos suficientes para adquirirlo;

g) Posea recursos suficientes, a criterio de las autoridades competentes, para su manutención durante el período de estadía en la República Oriental del Uruguay;

h) pague los derechos correspondientes a la solicitud de visa especial;

i) Acceda a contratar un seguro médico y de hospitalización integral que permanezca vigente durante toda su estadía en la República Oriental del Uruguay.

Artículo 7

Las autoridades competentes de la República Oriental del Uruguay podrán otorgar cada año, a ciudadanos de Nueva Zelandia, determinado número de las visas especiales mencionadas en el artículo 6. El número de visas será el fijado en el artículo 13 o el que se establezca de común acuerdo entre las Partes, de conformidad con lo previsto en dicho artículo.

Artículo 8

Con arreglo al artículo 7, las autoridades competentes de la República Oriental del Uruguay otorgarán un permiso de trabajo al ciudadano de Nueva Zelandia, a condición que el mismo posea la visa especial expedida de conformidad con el artículo 6 y satisfaga cada uno de los requerimientos establecidos en dicho artículo. El permiso de trabajo se otorgará a dicha persona a su arribo a la República Oriental del Uruguay y será válido por un período no superior a los doce (12) meses desde la fecha de entrada a la República Oriental del Uruguay.

Artículo 9

Las autoridades competentes de la República Oriental del Uruguay requerirán a cualquier ciudadano de Nueva Zelandia que haya ingresado a la República Oriental del Uruguay a través del Programa que funciona bajo este Acuerdo, el cumplimiento con las leyes y reglamentos de la República Oriental del Uruguay y a no comprometerse en trabajos que sean contrarios al propósito del Programa. A los participantes del Programa no les está permitido comprometerse en empleos permanentes durante su visita y no podrán trabajar con el mismo empleador por más de tres meses durante su visita. Podrán matricularse en un curso de capacitación o estudio por un plazo de hasta tres meses durante su visita a la República Oriental del Uruguay.

Disposiciones Generales

Artículo 10

Cualquiera de las Partes puede rechazar cualquier solicitud en particular que reciba.

Artículo 11

Cualquiera de las Partes puede, de conformidad con su propia legislación, impedir el ingreso a su territorio de cualquier persona participante en el Programa, que considere indeseable o expulsar del país a cualquier persona de esas características que haya obtenido el ingreso en virtud de este Acuerdo.

Artículo 12

1. Cualquiera de las Partes puede, en cualquier momento, solicitar consultas por la vía diplomática, sobre las disposiciones de este Acuerdo, incluyendo cualquier propuesta para la enmienda del mismo. La otra Parte responderá a la solicitud dentro de los 60 días. El Acuerdo estará sujeto a revisión después de un período de dos (2) años desde la fecha de su entrada en vigor y, posteriormente, a solicitud de alguna de las Partes.

2. Todas las enmiendas realizadas de común acuerdo luego de las consultas establecidas en el inciso 1 de este artículo, se harán efectivas por medio de un intercambio de notas por vía diplomática, las cuales incluirán referencia a la fecha en la cual las enmiendas entrarán en vigor.

Artículo 13

El número de participantes en este Programa, por cada Parte, será inicialmente cien (100) personas por año. Sin embargo, este número puede ser modificado de común acuerdo entre las Partes, mediante un intercambio de notas por vía diplomática, que no será considerado una enmienda formal del Acuerdo.

Suspensión del Acuerdo

Artículo 14

Cualquiera de las Partes puede suspender temporalmente el Acuerdo, en su totalidad o en parte, por motivos de seguridad pública, orden público, salud pública o riesgo de inmigración. Toda suspensión de ese tipo y la fecha en que se hará efectiva, será notificada a la otra Parte por la vía diplomática.

Terminación

Artículo 15

Cualquiera de las Partes puede poner término a este Acuerdo notificando a la otra Parte por la vía diplomática, con tres (3) meses de anticipación.

Entrada en Vigor

Artículo 16

Este Acuerdo entrará en vigor desde la fecha de la última notificación en que las Partes se comuniquen por la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos internos.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, en nombre de sus respectivos Gobiernos, han suscrito este Acuerdo, en Montevideo, el 16 de noviembre de dos mil uno, en dos ejemplares originales, en idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

(SIGUEN FIRMAS)".

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el proyecto de ley mediante el cual se aprueba el Acuerdo sobre Programa de Vacaciones y Trabajo Eventual con el Gobierno de Nueva Zelandia, suscrito en Montevideo, el 16 de noviembre de 2001.

I - Introducción.

Este Acuerdo es beneficioso para nuestro país por dos razones: la primera es que promueve y fomenta un intercambio de jóvenes, y brinda la posibilidad a jóvenes de nuestro país de conocer realidades diferentes, y de trabajar en otro país con cultura diferente, lo que dará, ciertamente, a quienes participen de este programa, una experiencia de vida muy importante que podrá eventualmente volcarla en aras de un mejor desempeño y desarrollo de su potencial productivo laboral, sea manual o intelectual. En segundo lugar, es un paso muy importante para un acercamiento entre ambos países, que brindará enormes posibilidades para un desarrollo del comercio e intercambio de bienes, productos y recursos humanos entre ambas naciones. Es un verdadero desafío para Uruguay abrirse al mundo y posicionarse en él, y esta es una buena oportunidad.

II - Texto del tratado.

El mismo prevé la posibilidad que hasta cien jóvenes por año, en sus previsiones iniciales (artículo 13), en un acuerdo que se revisará a los dos años de su entrada en vigor (artículo 12), con la participación de ciudadanos de ambos países (artículo 1, y literal c) del artículo 2), de entre dieciocho y treinta años, para que puedan tener vacaciones, con posibilidades de efectuar trabajos no permanentes, otorgando a éstos visas de trabajo por un período de hasta doce meses (artículo 2), con un máximo de tres meses con un mismo empleador (artículo 5).

Como el mismo se prevé como intercambio y, por lo tanto, con visa de trabajo por períodos limitados de tiempo, se establece entre otras condiciones, de no ir acompañado por niños (literal d) del artículo 2 y literal d) del artículo 6).

Los requerimientos para el otorgamiento de la visa se adecuan a los objetivos descritos en el artículo 1: ciudadanía uruguaya, o neocelandesa, titular de un pasaporte uruguayo válido, entre dieciocho y treinta años de edad, no ir acompañado por niños, pasaje de retorno, demostrar que la intención primordial es tomar vacaciones, poseer recursos para su manutención (aunque esto tiene una adecuación, o interpretación laxa, porque se permite trabajar), contratar seguro médico y de hospitalización integral, etcétera (artículos 2 y 69).

Asimismo, se prevé la posibilidad de expulsión de personas que se consideren indeseables (artículo 11) y la posibilidad de consultas vía diplomática (artículo 12).

No hay objeciones al articulado propuesto, ya que a su juicio no contradice normas de orden público interno de nuestro país, y está concebido en términos de igualdad. Tampoco impone obligaciones excesivas a nuestro país, ni a su Estado, y puede resultar como se dijo en la introducción, muy beneficioso.

III - Aplicaciones prácticas de este convenio.

Por las características de este acuerdo, y sus requisitos, es previsible que abarque a estudiantes universitarios y de escuelas técnicas, que cuentan con medianos recursos, y se paguen parte de su sustento trabajando en Nueva Zelandia, o en Uruguay, según sea el caso. Para quienes participen del mismo, será una experiencia enriquecedora y única, y podrán emplear en sus respectivos países las vivencias adquiridas, contribuyendo así al enriquecimiento de nuestro país.

El presente acuerdo, de ser exitoso, podría ser un primer paso para otro eventual acuerdo posterior con plazos más prolongados, con intercambio de estudiantes de universidades y técnicos; eventualmente, para un futuro podría plantearse un sistema de becas cuando las finanzas del Estado así lo permitan, y ampliar nuestros horizontes a ambiciosos acuerdos comerciales y/o de acentuación conjunta de ambas naciones contra el proteccionismo comercial.

Por las razones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 12 de agosto de 2002.

JOSE MARÍA MIERES VISILLAC, Miembro informante, RAMÓN FONTICIELLA, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, FÉLIX LAVIÑA, ENRIQUE PINTADO, CARLOS PITA, JULIO LUIS SANGUINETTI".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado José María Mieres.

SEÑOR MIERES (don José María).- Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Internacionales aconseja a la Cámara aprobar este Acuerdo, suscrito en Montevideo el 16 de noviembre de 2001.

Dadas las características de un país como Nueva Zelandia, con muchas similitudes con Uruguay, creemos que será beneficiosa la aprobación de este proyecto; y vamos a detallar algunas otras razones.

La población de Nueva Zelandia es relativamente similar a la de Uruguay: son 3:800.000 habitantes, distribuidos en una superficie de 268.000 kilómetros cuadrados.

La economía de Nueva Zelandia depende en forma importante del sector agrícola, y alrededor del 85% de la población se concentra en las ciudades.

La enseñanza es obligatoria entre los seis y los dieciséis años, aunque se puede entrar a la escuela a los cinco años y continuar hasta los diecinueve.

Nueva Zelandia tiene siete universidades, veinticinco escuelas politécnicas y cinco escuelas de formación de maestros.

El producto nacional bruto (PNB), según estimaciones para 1995, era de US$ 51:200.000. La agricultura y las exportaciones de lana, carne y productos lácteos suponen la base del desarrollo de la economía moderna de Nueva Zelandia.

La agricultura hoy representa menos del 10% del PBI, en comparación al 33% de la industria y al 57%, aproximadamente, del sector servicios. Tiene también un turismo muy importante, que supone una gran fuente de capital; mueve más de un millón de turistas al año, generando algo más de US$ 1.000:000.000 en divisas.

Las explotaciones agrarias de Nueva Zelandia se encuentran entre las más productivas del mundo, gracias al uso extensivo de métodos y maquinarias de alta tecnología y al carácter húmedo y templado de su clima.

Las precipitaciones se reparten en todo el año, lo que proporciona constantes y abundantes pastos para la cría de ganado lanar y vacuno de carne y lácteo, que es, por otro lado, la principal fuente de riqueza del país.

A principios de la década del noventa había más de 3:500.000 cabezas de ganado lechero, 4:700.000 de ganado vacuno de carne y casi 53:000.000 de ovinos, lo que significa una relación cuantitativa de 18 animales por persona.

El cultivo se centra en la producción de trigo, maíz y cebada. Otros cultivos importantes son hortalizas, cítricos, patatas y avena. A partir de 1970, los granjeros han dirigido sus objetivos hacia otros productos.

Nueva Zelandia cuenta con una importante industria maderera. A principios de 1990 era de unos 2:300.000 metros cúbicos anuales, de los que alrededor del 40% se utilizaron para pasta de papel.

El sector de la pesca se ha expandido rápidamente. Las exportaciones han aumentado en un tercio de su valor desde los últimos años de la década del ochenta; los ingresos por este concepto, a principios de 1990, alcanzaban los US$ 720:000.000. Durante el mismo período, el volumen de pesca, incluyendo crustáceos, aumentó en torno al 15%, hasta alcanzar un total de 608.000 toneladas.

Los productos agrícolas y de pesca representan algo más del 60% de los ingresos totales de exportación; el 25% constituyen productos como el kiwi y el pescado, ambos de reciente incorporación. Las importaciones más importantes son las de maquinarias, componentes eléctricos, automóviles, petróleo, plásticos, productos farmacéuticos, químicos y metales.

En sus previsiones iniciales, el tratado contempla la posibilidad de que hasta cien jóvenes por año -según un acuerdo que se revisará a los dos años de su entrada en vigor-, ciudadanos de ambos países de entre dieciocho y treinta años, puedan tener vacaciones, con posibilidades de efectuar trabajos no permanentes, otorgándoles visas de trabajo por un período de hasta doce meses, con un máximo de tres meses con un mismo empleador.

Como este convenio se prevé como un intercambio, la visa de trabajo es por períodos limitados de tiempo y se establece entre otras condiciones, la necesidad de no ir acompañado por niños (literal d) del artículo 2 y literal d) del artículo 6).

Los requerimientos para el otorgamiento de la visa se adecuan a los objetivos descritos en el artículo 2: tener ciudadanía uruguaya o neozelandesa, ser titular de un pasaporte uruguayo válido, tener entre dieciocho y treinta años de edad, no ir acompañado por niños, disponer de pasaje de retorno, demostrar que la intención primordial es tomar vacaciones, poseer recursos para su manutención -aunque esto tiene una adecuación o interpretación laxa, porque se permite trabajar-, contratar seguro médico y de hospitalización integral, etcétera.

Asimismo, se prevé la posibilidad de expulsar a las personas que se consideren indeseables y la posibilidad de consultas vía diplomática.

No hay objeciones al artículo propuesto, ya que no contradice normas de orden público interno de nuestro país y está concebido en términos de igualdad. Tampoco impone obligaciones excesivas a nuestro país ni a su Estado y puede resultar, como se dijo en la introducción, muy beneficioso.

Por las características de este acuerdo y sus requisitos, es previsible que abarque a estudiantes universitarios y de escuelas técnicas que cuenten con medianos recursos y se paguen parte de su sustento trabajando en Nueva Zelandia o en Uruguay, según sea el caso. Para quienes participen del intercambio, será una experiencia enriquecedora y única, y podrán emplear en sus respectivos países las vivencias adquiridas, contribuyendo así al enriquecimiento de nuestro país.

El presente acuerdo, de ser exitoso, podría ser un primer paso para otro eventual acuerdo posterior con plazos más prolongados, con intercambio de estudiantes de universidades y técnicos; eventualmente, para un futuro podría plantearse un sistema de becas cuando las finanzas del Estado así lo permitan, y ampliar nuestros horizontes a ambiciosos acuerdos comerciales o de acentuación conjunta de ambas naciones contra el proteccionismo comercial.

Por las razones anteriormente expuestas, la Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR LAVIÑA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: hemos acompañado este proyecto de ley en la Comisión respectiva por tratarse de un tema que puede interesar a los estudiantes y a los trabajadores de este país, para que puedan hacer una experiencia de vacaciones y de trabajo en Nueva Zelandia. Este derecho se establece en forma recíproca entre los dos países.

El tema es tan importante que ameritaría una concurrencia más importante en esta Cámara. En un momento en que el país tiene dificultades para que los jóvenes consigan trabajo -tanto los estudiantes de las escuelas industriales como los de las universidades-, un acuerdo internacional da la oportunidad al país de que esos estudiantes puedan conseguir trabajo en el exterior -aunque sea por un año- y adquirir experiencia laboral en un país tan importante como Nueva Zelandia, por lo que llama la atención la omisión de tantos legisladores en esta Cámara, como tantas veces se viene repitiendo, ya que ofrece una mala imagen de la Cámara de Representantes ante la opinión pública.

Esto se está repitiendo permanentemente. No es posible alcanzar el quórum en la Cámara por un tratado internacional como este, que procura proporcionar experiencia laboral a estudiantes universitarios y de escuelas industriales para practicar sus conocimientos y disfrutar vacaciones en un país que es de los más adelantados del mundo, especialmente en el área agropecuaria. Tiene características muy parecidas a las nuestras, con un gran desarrollo en la producción agrícola y una altísima aplicación de conocimientos tecnológicos y científicos en esa área.

De manera que quería dejar sentada esa constancia. El proyecto, en lo sustancial, establece que se otorgarán visas de trabajo por un período determinado a ciudadanos que sean estudiantes liceales o universitarios -desde los dieciocho hasta los treinta años de edad- para que practiquen en ambos países los conocimientos adquiridos.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En este momento no hay quórum en Sala para someter a votación el artículo único del proyecto.

SEÑOR LAVIÑA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: solicito que se llame a Sala a los legisladores de las respectivas bancadas.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se está llamando a Sala.

(Ingresan a Sala varios señores Representantes)

——En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta: NEGATIVA.

SEÑOR BAYARDI.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

Montevideo, 1º de marzo de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de remitir para su aprobación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 numeral 20 y 85 numeral 7 de laConstitución de la República el Convenio de Transporte por Agua entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 14 de octubre de 1994; el que regula el transporte fluvial transversal de pasajeros y vehículos a efectuarse entre puertos de ambos países.

En cuanto a su contenido, para conocimiento de ese Cuerpo, en el mismo se estipulan las condiciones en que se prestarán los servicios permisados, así como las de habilitación de nuevos servicios, de que, los buques afectados deberán pertenecer a las banderas de las Partes, uruguaya o argentina; los beneficios a dichos buques, medidas para facilitar sus operaciones, normas sancionatorias, así como lo que refiere a igualdad de tratamiento y reciprocidad para ambas banderas en el acceso a los servicios, lugares de atraque, frecuencias y horarios, y normas de competencia.

Se excluyen expresamente los servicios de cruceros de turismo y excursiones y los de Cabotaje Nacional.

Asimismo corresponde poner en conocimiento de ese Cuerpo, que las Delegaciones, integradas por las autoridades con responsabilidad en la aplicación de este Convenio en Uruguay y Argentina, están elaborando en forma consensuada el reglamento correspondiente que complete el Cuerpo normativo de los servicios de transporte por agua entre ambos países.

Finalmente cabe destacar la importancia que el presente Acuerdo tiene al establecer el marco jurídico que regula el tráfico fluvial bilateral regular de pasajeros y vehículos entre ambos países, por lo cual el Poder Ejecutivo solicita al Poder Legislativo la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI, LUIS BREZZO, LUCIO CÁCERES.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Convenio de Transporte por Agua entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día catorce de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.

Montevideo, 1º de marzo de 2001.

DIDIER OPERTTI, LUIS BREZZO, LUCIO CÁCERES.

TEXTO DEL ACUERDO

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el Convenio de Transporte por Agua entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 14 de octubre de 1994.

Este Convenio tiene como objetivo fundamental establecer un marco legal al transporte fluvial de pasajeros y vehículos entre ambas márgenes de los ríos que limitan las Partes signatarias. De hecho, este transporte se desarrolla desde tiempos históricos, fundamentalmente uniendo a las ciudades uruguayas y argentinas que se han desarrollado frente a frente.

Específicamente, el Convenio deja fuera de su alcance al cabotaje nacional y a los servicios de cruceros de turismo y excursiones.

El Convenio consta de veintiún artículos orientados a marcar las normas generales de prestación de los servicios y a habilitar la determinación de reglamentaciones específicas.

El Artículo 1 determina el concepto de "regularidad" en los servicios y especifica que deben ser cumplidos por buques de bandera uruguaya y argentina. Además, excluye del Convenio a los cruceros de turismo y excursiones.

De los Artículos 2 al 7 se pautan normas que aseguran la igualdad de oportunidades, sin discriminaciones, en cuanto a tarifas, acuerdos funcionales, distribución de nuevos permisos y fijación de tributos. Se deja especialmente sentado que el Convenio no podrá dar lugar a medidas de competencia desleal. Se asegura la adopción de medidas para evitar recargos por habilitaciones o demoras innecesarias.

A partir del Artículo 8 y hasta el Artículo 11, se establecen líneas para el cumplimiento de normas de seguridad, uniformización de documentación de despacho y de sistemas estadísticos, y contrato de seguros.

Mediante el Artículo 12 se excluye del Convenio al cabotaje nacional, que se declara reservado a las embarcaciones de cada Parte.

Los Artículos 13, 14 y 15 están referidos fundamentalmente a los posibles incumplimientos del Convenio, a las competencias de las autoridades de cada Parte, a las sanciones y a la reglamentación del Acuerdo para la determinación de procedimientos en caso de infracciones.

Por el Artículo 16 las Partes se comprometen a facilitar la liquidación y transferencia de importes por servicios realizados.

El Artículo 17 estipula sujeción al Artículo 45 del Tratado de Montevideo de 1980, con referencia a ventajas, favores, franquicias, inmunidades y privilegios concedidos o a concederse.

Por medio del Artículo 18 se reconoce el derecho de igualdad de tratamiento a ambas banderas en el funcionamiento de los servicios.

Conforme al Artículo 19, se estipula que serán autoridades competentes, a los efectos del Convenio, la Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay y su homónima de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de Argentina.

Cada Parte tendrá, conforme al Artículo 20, el derecho de solicitar reuniones de consulta de las autoridades competentes.

Finalmente, el Artículo 21 determina que el instrumento entrará en vigor treinta días después del intercambio de ratificaciones y que tendrá un plazo de duración de cinco años, renovables automáticamente.

Por las razones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley, en virtud de que legisla en una actividad de dinámica existencia, y lo hace con respeto de la soberanía y las leyes de la República.

Sala de la Comisión, 7 de agosto de 2002.

RAMÓN FONTICIELLA, Miembro informante, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, JOSÉ MARÍA MIERES VISILLAC, CARLOS PITA, JULIO LUIS SANGUINETTI, MARÍA ELOÍSA MOREIRA".

——Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: "Centro poblado Juanicó, ubicado en la 1ª Sección Judicial del departamento de Canelones. (Elevación a la categoría de villa)".

(ANTECEDENTES:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Declárase villa al centro poblado denominado "Juanicó", ubicado en la 1ª Sección Judicial del departamento de Canelones.

Montevideo, 29 de noviembre de 2001.

EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Juanicó es un centro poblado que está situado a la altura del kilómetro 37 de la Ruta Nacional Nº 5. Surgió a ambos márgenes de la estación de AFE del mismo nombre, en el año 1872. Forma parte de la 1ª Sección Judicial del departamento de Canelones y no tiene hasta el momento categorización legal.

Es una zona dedicada especialmente a la fruticultura y a la viticultura, ahí nacen los mejores vinos del Uruguay.

La cantidad de pobladores ha aumentado significativamente respecto de lo que nos señala el último censo, ya que hubo un gran crecimiento poblacional llegando a 2.760 personas; una de las principales causas fue la instalación de un complejo MEVIR en la zona, con 180 viviendas que se suman a las 400 que existían. Como prueba de este crecimiento la escuela dejó de ser rural para transformarse en urbana, y cuenta con 265 niños. Además de esta hay un centro CAIF inserto en el corazón del complejo antes mencionado. Las otras dependencias públicas que tiene son: Comisaría, OSE y ANTEL.

Como instituciones privadas de importancia: en materia educativa, desarrolla sus funciones la Escuela Agraria Femenina "Las Carmelitas", y en materia deportiva cuenta con el gimnasio Juanicó, con un intenso programa de actividades; una cancha de fútbol reglamentaria en la que realiza sus prácticas el equipo oficial del lugar; el Club Ciclista y el velódromo; en materia religiosa, tiene la capilla Santa Teresita, que cumple una importante función en la zona.

Por tales fundamentos, me permito presentar el proyecto adjunto, que seguramente tendrá acogida favorable en la Cámara.

Montevideo, 29 de noviembre de 2001.

EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, Representante por Canelones".

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión ha analizado la iniciativa presentada por el señor Representante Nacional Eduardo Chiesa Bordahandy, por el que se eleva a la categoría de villa al actual centro poblado Juanicó, ubicado en la 1a. Sección Judicial del departamento de Canelones.

Dado que en nuestro país no existe normativa alguna que regule las condiciones que deben reunir las localidades para ser elevadas de categoría, dicho estudio se realizó teniendo en cuenta la elevación de centros poblados de similares características y analizando los aspectos contenidos en el proyecto de ley marco a estudio de esta Comisión.

Juanicó está situado a la altura del kilómetro 37 de la Ruta Nacional Nº 5, surgiendo a ambos márgenes de la estación de AFE del mismo nombre en el año 1872. Se encuentra enclavada aproximadamente a 8 km de la ciudad de Canelones, lo que hace que a esa distancia se cuente con todo tipo de servicios.

De acuerdo con el último Censo Nacional de Población y Viviendas, Juanicó posee seiscientos sesenta y dos habitantes, pero dicha cifra no tiene en cuenta el incremento poblacional consecuencia de la construcción de ciento cuarenta viviendas de MEVIR en la zona.

La localidad cuenta con Enseñanza Primaria (Escuelas Nº 9, 206 y 134) y a efectos de los servicios de Enseñanza Secundaria y UTU los estudiantes concurren a la ciudad de Canelones. A la enseñanza pública se agrega la Escuela Agraria Femenina "Las Carmelitas".

En Juanicó existe una policlínica y cuando se requiere atención más compleja la población recurre a la capital departamental. Además se cuenta con una mutualista médica.

Los servicios bancarios más próximos, se encuentran en la ciudad de Canelones.

Respecto a aspectos recreativos, Juanicó posee centro social, cancha de fútbol, centro deportivo, cancha de basketbal, pista de atletismo, velódromo y TV cable.

El área está dedicada especialmente a la fruticultura y a la viticultura, produciéndose en la zona vinos de muy buena calidad.

La ciudad de Canelones, que como ya se señaló dista aproximadamente ocho kilómetros de Juanicó, cubre los servicios que carece la localidad en sí misma, con lo cual se estaría accediendo a servicios inclusive superiores a los esperables para la categoría de villa. En consecuencia, la Comisión entiende pertinente la aprobación de esta iniciativa, dejando constancia del esfuerzo que ha emprendido tendiente a racionalizar la elevación de categoría de los distintos centros poblados, encontrándose a estudio de esta asesora un proyecto de ley general que regula las condiciones que en adelante deberán cumplir las localidades para que se produzca tal circunstancia.

Sala de la Comisión, 17 de abril de 2002.

ARTIGAS MELGAREJO, Miembro informante, BEATRIZ ARGIMÓN, RAYMUNDO GUYNOT DE BOISMENÚ, DARÍO PÉREZ, ELENA PONTE, RAÚL SENDIC".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Melgarejo.

SEÑOR MELGAREJO.- Señor Presidente: la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente ha analizado la iniciativa presentada por el señor Representante Nacional Chiesa Bordahandy, por la cual se eleva a la categoría de villa al actual centro poblado Juanicó, ubicado en la 1ª Sección Judicial del departamento de Canelones.

Dado que en nuestro país no existe normativa alguna que regule las condiciones que deben reunir las localidades para ser elevadas de categoría -aclaro que aún está a estudio de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente un proyecto que sirva de marco regulatorio-, dicho estudio se realizó teniendo en cuenta la elevación de categoría de centros poblados de similares características y analizando los aspectos contenidos en el proyecto de ley marco a estudio de esta Comisión.

Juanicó está situado a la altura del kilómetro 37 de la Ruta Nacional Nº 5 y surgió a ambos lados de la estación de AFE del mismo nombre en el año 1872. Se encuentra enclavado aproximadamente a 8 kilómetros de la ciudad de Canelones, distancia que hace que cuente con todo tipo de servicios.

De acuerdo con el último Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado en 1996, Juanicó posee 662 habitantes, pero dicha cifra no tiene en cuenta el incremento poblacional consecuencia de la construcción en la zona de 140 viviendas de MEVIR.

La localidad cuenta con enseñanza primaria -las Escuelas Nos. 9, 206 y 134- y, a los efectos de los servicios de Educación Secundaria y de UTU, los estudiantes concurren a la ciudad de Canelones. A la enseñanza pública se agrega la Escuela Agraria Femenina "Las Carmelitas".

En Juanicó existe una policlínica, y cuando se requiere atención más compleja la población recurre a la capital departamental. Además, se cuenta con una mutualista médica. Los servicios bancarios más próximos se encuentran en la ciudad de Canelones.

Respecto a aspectos recreativos, Juanicó posee centro social, cancha de fútbol, centro deportivo, cancha de básquetbol, pista de atletismo, velódromo y TV cable.

El área está dedicada especialmente a la fruticultura y a la vitivinicultura, produciéndose en la zona vinos de muy buena calidad.

La ciudad de Canelones, que -como ya se señaló- dista aproximadamente 8 kilómetros de Juanicó, cubre los servicios de los que carece la localidad en sí misma, con lo cual se estaría accediendo a servicios inclusive superiores a los esperables para la categoría de villa.

En consecuencia, la Comisión entiende pertinente la aprobación de esta iniciativa y deja constancia del esfuerzo que ha emprendido, tendiente a racionalizar la elevación de categoría de los distintos centros poblados, encontrándose a su estudio un proyecto de ley general que regula las condiciones que en adelante deberán cumplir las localidades para que se produzca tal circunstancia.

Es cuanto quería decir.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: celebramos la iniciativa del señor Diputado Chiesa Bordahandy.

Sabemos que hay una cantidad importante de ciudadanos de Juanicó que están detrás de esta iniciativa. En estos momentos tan difíciles que atraviesa la producción, esta zona quizás sea la que tiene una actividad más intensiva, pues se desarrolla en gran forma la granja y la vitivinicultura. En efecto, el 10 de marzo sufrió quizás uno de los desastres más grandes de su historia, pero ese mismo domingo o el lunes vimos a la gente de la zona trabajando arduamente para reconstruir las bodegas, sus plantíos o todo tipo de maquinaria que había quedado dañada.

Conocemos la profunda vocación de trabajo de la gente de Juanicó, zona pujante del departamento de Canelones. En este momento nos tomaremos el atrevimiento, sin perjuicio de las muchas personalidades que ha dado esta zona, de mencionar a Dorval Silvera, compañero del Partido Nacional, gran impulsor de su zona.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Señor Presidente: también acompañaremos esta iniciativa del señor Diputado Chiesa Bordahandy.

Creemos que dar la categoría de villa a un centro poblado como Juanicó, con las características que tiene, es realmente justo.

Juanicó es una pequeña villa -no son muchos sus habitantes-, pero es la zona que hemos denominado desde hace mucho tiempo el corazón granjero de Canelones. Me parece que esa es la realidad y por lo que habría que definirla: por la calidad de productores frutícolas y hortícolas que hay en la zona. En su momento, hubo un centro agroindustrial muy importante.

Como dice el señor Diputado Lacalle Pou, Juanicó se vio afectado el 10 de marzo por un tornado que fue realmente devastador para la zona y para el departamento.

Creemos que Juanicó tiene la significación y las características necesarias para que hoy esta Cámara lo eleve a la categoría de villa. Además, por una serie de circunstancias personales, en este momento consideramos muy feliz que esto se concrete.

SEÑOR DUQUE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DUQUE.- Señor Presidente: vamos a acompañar esta iniciativa que, indudablemente, a todos aquellos que queremos de corazón al departamento de Canelones nos enorgullece.

Nos enorgullece por el esfuerzo que esa gente, aun en circunstancias difíciles como las que les ha tocado sufrir, ha hecho por mejorar esta zona, un lugar de quintas, de viñedos, de pequeñas granjas y de importantes bodegas, que nos han dado muchas satisfacciones.

Indudablemente, el crecimiento de este lugar amerita que se tome esta iniciativa.

Por lo tanto, acompañaremos con muchísimo gusto este proyecto en honor a toda la gente que habita el poblado de Juanicó.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

SEÑOR BELLOMO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BELLOMO.- Señor Presidente: queremos referirnos a esta iniciativa con el mismo gusto y agrado con que otros señores Diputados lo han hecho.

Más allá de las categorías y de lo que corresponda, creo que lo más importante de esta iniciativa es el reconocimiento a la identidad de una población de nuestro departamento de Canelones y, fundamentalmente, a la laboriosidad de su gente.

Por lo tanto, en reconocimiento a esto y especialmente a su gente, a sus pobladores, también nos sumamos con alegría a esta instancia.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota)

——Cuarenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: apoyé esta iniciativa y desearía que el hecho de que Juanicó pase a ser villa le represente algo más que la posibilidad de acceder a algunos servicios de los que hoy carece.

Se trata de una zona donde los productores están sufriendo muchos problemas, por lo cual, además de elevar a Juanicó a la categoría de villa, me gustaría que se otorgaran algunos créditos para que los productores puedan curar las viñas y los montes frutales.

Sé que a pesar de los problemas cotidianos, esta gente disfrutará del hecho de que se le llame villa porque lo siente como un premio a su trabajo y laboriosidad.

Es una zona extraña, porque es una de las que tienen mayor densidad de población rural en el país. El hecho de que MEVIR se haya instalado en el centro poblado se debe, precisamente, a que es una zona de población dispersa, porque este instituto no debería instalarse en ciudades ni en centros poblados. Estas particularidades, de una ruralidad muy generalizada, le ha aumentado los problemas a esta gente. En realidad, no se trata de una zona de inmigración, sino de movimiento de población, de vaciamiento de la chacra y de concentración en el pueblo.

De todas maneras, adherimos a la alegría que deben tener estos ciudadanos y seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de vida de su gente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

——Habiendo finalizado el plazo para la recepción de votos, se va a dar cuenta del resultado de la votación acerca de la pensión graciable para el señor Ariel Maciel.

(ANTECEDENTES:)

"PODER EJECUTIVO
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 20 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General,
don Luis Hierro López.
Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo, tiene el alto honor de dirigirse a ese Cuerpo, con el objeto de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se concede una pensión graciable a favor del señor Ariel Maciel.

El motivo de este proyecto, es conceder una pensión graciable a quien ha recorrido una exitosa trayectoria en el deporte del box, entre los años 1968 y 1980, alcanzando repetidos y variados títulos desde el inicio mismo de su carrera, cuando competía como aficionado.

Luego de haber logrado varios títulos "amateurs" y ya habiendo representado a nuestro país a nivel sudamericano, comienza su carrera profesional en 1974 y en 1975 obtiene el Cinturón Campeón Uruguayo, título al cual siguieron otros hasta que en 1977 se consagra Campeón Sudamericano, a lo que sigue la defensa del título en varias oportunidades, llegando así al fin de su carrera en los años ochenta.

Así, deja detrás una brillante carrera con acontecimientos de suma importancia, como haber luchado con ex campeones mundiales y haber dejado muy en alto los prestigios del deporte nacional.

Esta solicitud, cumple perfectamente con los requerimientos del artículo 1º y el literal B) del artículo 2º de la Ley Nº 16.301 y constituye además una respuesta a la difícil situación particular que vive el peticionante, por lo que consideramos de estricta justicia, el otorgamiento de la pensión graciable solicitada.

El proyecto de ley, en su artículo 1º, establece el nombre del beneficiario, así como el monto de la pensión. En el artículo 2º, se establece que la erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

El Poder Ejecutivo, saluda al señor Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, ANTONIO MERCADER, ALBERTO BENSIÓN.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Concédese una pensión graciable, al señor Ariel Maciel, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo 2º.- La erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Montevideo, 20 de diciembre de 2001.

ANTONIO MERCADER, ALBERTO BENSIÓN.

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Concédese una pensión graciable al señor Ariel Maciel, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo 2º.- La erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 7 de mayo de 2002.

ALEJANDRO ATCHUGARRY, Presidente, MARIO FARACHIO, Secretario".

"CÁMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Seguridad Social estima absolutamente pertinente la concesión de una pensión graciable para el ex deportista Ariel Maciel.

En efecto, se trata de atender la muy difícil situación particular de un hombre que, en su momento, tuvo una destacada trayectoria como boxeador, entre los años 1968 y 1980.

Destacamos que, ya como boxeador profesional, obtuvo el cinturón de campeón uruguayo en 1975, coronando su exitosa carrera con la obtención del título sudamericano en 1977.

Por estas razones, esta Comisión de Seguridad Social recomienda a la Cámara de Representantes, la aprobación de la pensión graciable que ponemos a consideración del Cuerpo.

Sala de la Comisión, 4 de setiembre de 2002.

JOSÉ L. BLASINA Miembro informante, JULIO LARA, LUIS BASILIO MORALES".

——Dese cuenta del resultado de la votación del artículo 1º del proyecto.

(Se lee:)

"Han sufragado ochenta y ocho señores Representantes: ochenta lo han hecho por la afirmativa, cuatro por la negativa, tres en blanco y ha habido un voto anulado".

——El resultado es: AFIRMATIVA.

Léase el artículo 2º.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

——Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: "Acuerdo con el Gobierno de la República de El Salvador para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Montevideo, 9 de mayo de 2002.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 numeral 7º) y 168 numeral 20) de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de El Salvador para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, suscrito en Montevideo, el 24 de agosto del año 2000.

El Acuerdo expresa el deseo de intensificar la cooperación económica en beneficio recíproco de ambos países, proponiendo crear y mantener condiciones favorables para la radicación de capital de los inversionistas de cada una de las Partes en el territorio de la otra, reconociendo que la promoción y la protección de las inversiones estimulan la iniciativa económica privada, propiciando el aumento de los niveles de ocupación, el fortalecimiento de los distintos ámbitos de la cooperación bilateral y el bienestar de las Partes Contratantes.

A esos efectos, se proporciona a los inversionistas de cada una de las Partes, el marco jurídico e institucional adecuado, con reglas claras que otorguen seguridad y protección a las inversiones, facilitando la libre transferencia de los pagos vinculados con las mismas, brindándoles un tratamiento justo, equitativo y no discriminatorio dentro de su territorio, sobre una base no menos favorable que la acordada a sus propios inversionistas o a los de terceros países.

El tratamiento no se hace extensivo a los privilegios que una de las Partes conceda a los inversionistas de terceros Estados, por integrar una unión aduanera o económica, un mercado común o una zona de libre comercio.

El Acuerdo establece que ninguna de las Partes nacionalizará o expropiará las inversiones de los inversionistas de la otra Parte, salvo que dicha medida se adopte por razones de utilidad pública o interés social, bajo el debido proceso legal, esté acompañada del pago de una compensación adecuada y efectiva correspondiente al valor de mercado de la inversión expropiada, indemnización que será efectivamente realizable y libremente transferible.

Además, instaura mecanismos de solución de controversias, para dilucidar las diferencias que pudieran suscitarse entre las Partes o entre una Parte y un inversor de la otra Parte, contemplando el arbitraje internacional con el objeto de dar celeridad y seguridad a los procedimientos.

En consecuencia, considerando la importancia que la República Oriental del Uruguay otorga al fomento de las inversiones, el presente Acuerdo constituirá un instrumento útil para estrechar vínculos con la República de El Salvador y estimular el intercambio recíproco, lo que proporcionará beneficios a la economía nacional, justificando el interés del Poder Ejecutivo en la entrada en vigor del mismo, para lo cual solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI, ALBERTO BENSIÓN.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de El Salvador para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito en Montevideo, el 24 de agosto del año 2000.

Montevideo, 9 de mayo de 2002.

DIDIER OPERTTI, ALBERTO BENSIÓN.

TEXTO DEL ACUERDO

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de El Salvador, en adelante "las Partes",

Con el deseo de intensificar la cooperación económica en beneficio mutuo de ambas Partes,

Con la intención de crear y de mantener condiciones favorables para las inversiones de capital de inversionistas de una Parte en el territorio de la otra Parte,

Reconociendo la conveniencia de promover y de proteger tales inversiones con miras a estimular la iniciativa económica privada e incrementar el bienestar de ambas Partes,

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Definiciones

A los efectos del presente Acuerdo:

1. El término "inversión" designa toda clase de bienes y derechos invertidos de conformidad con las leyes y reglamentos de la Parte en cuyo territorio se realiza la inversión, incluyendo, aunque no exclusivamente:

a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como todos los demás derechos reales, tales como servidumbres, hipotecas, usufructos y prendas;

b) derechos de participación en sociedades y otros tipos de participaciones en sociedades constituidas u organizadas de conformidad con la legislación de la otra Parte;

c) derechos crediticios destinados a crear un valor económico o prestaciones que tengan un valor económico;

d) derechos de propiedad intelectual, en especial derechos de autor, patentes, modelos de utilidad, procesos técnicos, marcas de fábrica y marcas comerciales, diseños y modelos industriales y comerciales, "know-how", razón social y derecho de llave;

e) concesiones otorgadas por la ley o en virtud de un contrato de derecho público, incluidas concesiones para explorar, cultivar, extraer o explotar recursos naturales.

Las modificaciones en la forma de inversión de los bienes, no afectan su carácter de inversión.

2. El término "rentas" designa el monto producido por una inversión, incluyendo: dividendos, utilidades, sumas provenientes del pago total o parcial de la liquidación de una inversión, intereses, ganancias de capital, regalías u honorarios.

3. El término "inversionista" designa para cada Parte, cualquier persona natural o jurídica que invierta en el territorio de una Parte:

i) Todas las personas naturales que, de conformidad con su legislación, sean consideradas nacionales y que no sean a su vez nacionales de la otra Parte;

ii) Las personas jurídicas, incluyendo sociedades, corporaciones, asociaciones comerciales o cualquier otra entidad con personería jurídica, constituida o debidamente organizada de cualquier otra forma, de conformidad con la legislación de una Parte.

4. El término "territorio" comprende, el espacio terrestre, marítimo y aéreo que se encuentre bajo la soberanía y jurisdicción de cada una de las Partes, conforme a sus respectivas legislaciones y al Derecho Internacional.

ARTÍCULO 2

Promoción y protección de las inversiones

1. Cada Parte, conforme con su legislación, permitirá en su territorio inversiones provenientes de inversionistas de la otra Parte, promoviéndolas en lo posible.

2. Cada Parte protegerá dentro de su territorio las inversiones efectuadas por los inversionistas de la otra Parte, de conformidad con su ordenamiento legal y no obstaculizará la administración, uso, usufructo, extensión, venta y liquidación de dichas inversiones mediante medidas injustificadas o discriminatorias. Las rentas obtenidas de una inversión, así como las rentas que se obtengan de la reinversión de éstas, gozarán de igual protección que la inversión misma.

3. En todo caso, cada Parte tratará las inversiones justa y equitativamente.

ARTÍCULO 3

Tratamiento de las inversiones

1. Ninguna de las Partes someterá en su territorio a las inversiones que sean propiedad o estén bajo el control de inversionistas de la otra Parte, a un trato menos favorable que el que se conceda a las inversiones de sus propios inversionistas o a las inversiones de inversionistas de Terceros Estados.

2. Ninguna de las Partes someterá en su territorio a los inversionistas de la otra Parte, en cuanto se refiere a sus actividades relacionadas con sus inversiones, a un trato menos favorable que a sus propios inversionistas o a los inversionistas de Terceros Estados.

3. Dicho trato no se refiere a los privilegios que una de las Partes conceda a los inversionistas de Terceros Estados por formar parte de una Unión Aduanera o Económica, un Mercado Común o una Zona de Libre Comercio, o a causa de su asociación con tales agrupaciones.

4. El trato acordado por el presente artículo no se refiere a las ventajas que una de las Partes conceda a los inversionistas de Terceros Estados como consecuencia de un acuerdo para evitar la doble imposición o de otros acuerdos sobre asuntos tributarios.

5. Si de las disposiciones legales de una Parte o de obligaciones emanadas del Derecho Internacional al margen del presente Acuerdo, actuales o futuras, entre las Partes, resultare una reglamentación general o especial, en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte un trato más favorable que el previsto en el presente Acuerdo, dicha reglamentación prevalecerá sobre el presente Acuerdo.

6. Nada de lo dispuesto en este Artículo se interpretará como impedimento para que una Parte adopte, mantenga o ponga en ejecución cualquier medida que considere apropiada para asegurar que las inversiones en su territorio observen la legislación en materia de Medio Ambiente de esa Parte.

ARTÍCULO 4

Situación migratoria de los inversionistas

Cada Parte permitirá la entrada y permanencia en su territorio de inversionistas de la otra Parte y de las personas por ellos contratadas, con el propósito de establecer, desarrollar, administrar o asesorar en el funcionamiento de la inversión, en la cual tales inversionistas hayan comprometido o estén a punto de comprometer capital u otros recursos, sujetos a la legislación de cada una de las Partes, relativa a la entrada y permanencia de extranjeros en sus respectivos territorios.

ARTÍCULO 5

Protección a la propiedad

1. Las inversiones de inversionistas de una de las Partes gozarán de plena protección y seguridad en el territorio de la otra Parte.

2. Las inversiones de inversionistas de cualquiera de las Partes no serán nacionalizadas, expropiadas ni sujetas a medidas que tengan efecto equivalente al de nacionalización o expropiación (en adelante "expropiación") en el territorio de la otra Parte, salvo por razones de utilidad pública o interés social, de conformidad con las leyes y reglamentos de esa Parte, sobre una base no discriminatoria y contra compensación adecuada y efectiva.

3. La indemnización deberá corresponder al valor de mercado de la inversión expropiada antes de la fecha de hacerse pública la expropiación efectiva o inminente. La indemnización deberá satisfacerse sin demora y devengará intereses a partir de la fecha de la expropiación hasta la fecha de su pago, al tipo usual de interés bancario; deberá ser efectivamente realizable y libremente transferible. A más tardar en el momento de la expropiación deberán haberse tomado debidamente disposiciones para fijar y satisfacer la indemnización.

4. Cada Parte otorgará a los inversionistas de la otra Parte, en relación con las inversiones que sufran pérdidas en su territorio debido a una guerra o cualquier otro conflicto armado, un estado de emergencia nacional, disturbios civiles y otros acontecimientos similares, un trato no discriminatorio y deberán recibir, en lo que respecta a reparación, indemnización, compensación u otro arreglo, un tratamiento no menos favorable que el acordado a sus propios inversionistas o a los inversionistas de un Tercer Estado. Estas cantidades deberán ser libremente transferibles.

ARTÍCULO 6

Transferencias

1. La Parte en cuyo territorio se hayan efectuado inversiones, garantizará a los inversionistas de la otra Parte, la libre transferencia de los pagos relacionados con esas inversiones. Dichas transferencias comprenden, en particular, aunque no exclusivamente:

a) el capital y las sumas adicionales para el mantenimiento o ampliación de la inversión,

b) las rentas,

c) productos derivados de la venta o liquidación total o parcial de la inversión,

d) amortizaciones conforme a un contrato de préstamo, y

e) las indemnizaciones previstas en el artículo 5.

2. Las transferencias conforme al artículo 5, párrafos 3 y 4, y a los artículos 6 y 7, se realizarán sin demora en divisa de libre convertibilidad al tipo de cambio de mercado vigente a la fecha de la transferencia. Una transferencia se considerará realizada sin demora, cuando se ha efectuado dentro del plazo normalmente necesario para el cumplimiento de las formalidades de transferencia. El plazo, en ningún caso podrá exceder de dos meses y comenzará a correr a partir del momento de la entrega de la correspondiente solicitud.

3. No obstante lo dispuesto en este artículo, una Parte podrá impedir la realización de transferencias mediante la aplicación equitativa y no discriminatoria de su legislación en los siguientes casos:

a) Quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores;

b) Infracciones penales o administrativas;

c) Garantía del cumplimiento de los fallos en un procedimiento contencioso;

d) Incumplimiento de obligaciones tributarias; o

e) Incumplimiento de obligaciones laborales.

ARTÍCULO 7

Subrogación

1. Si una Parte efectúa, con respecto a una inversión realizada por un inversionista en el territorio de la otra Parte, pagos en virtud de una garantía contra riesgos no comerciales, la otra Parte reconocerá el traspaso de todos los derechos de este inversionista a la primera Parte. Además, la otra Parte reconocerá que la primera Parte estará autorizada para ejercer en la misma medida que el titular anterior todos los derechos transferidos, sin perjuicio de los derechos de la primera Parte, establecidos en el artículo 9 del presente Acuerdo.

2. Para la transferencia de estos pagos regirá mutatis mutandis el artículo 5, párrafos 3 y 4; así como el artículo 6.

ARTÍCULO 8

Ámbito de aplicación del Acuerdo

Este Acuerdo se aplicará también a las inversiones efectuadas por los inversionistas de una Parte en el territorio de la otra Parte, de conformidad con sus disposiciones legales, antes de la entrada en vigencia del presente Acuerdo. No obstante, este Acuerdo no se aplicará a controversias surgidas antes de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 9

Solución de divergencias entre el Gobierno de una Parte y un inversionista de la otra Parte

1. Las divergencias que surgieren entre el Gobierno de una de las Partes y un inversionista de la otra Parte en relación con las inversiones deberán, en lo posible, ser amigablemente dirimidas entre las partes en litigio.

2. Si una divergencia entre un inversionista de una Parte y el Gobierno de la otra Parte no pudiera ser resuelta de esta manera en el término de seis (6) meses, el inversionista tendrá derecho a someter el caso, por su propia decisión, para ser resuelto:

a) en un tribunal competente o tribunal administrativo de la Parte en cuyo territorio se realizó la inversión; o

b) en el Centro Internacional de Arreglo de Controversias de Inversiones (CIADI), establecido por la "Convención sobre Arreglo de Controversias Relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", abierta a firma en Washington D.C. el 18 de marzo de 1965, en el caso de que ambas Partes fueren parte de este Convenio; o

c) por un árbitro o un tribunal arbitral internacional ad hoc establecido bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Las partes en controversia podrán acordar por escrito las modificaciones de estas Reglas.

3. Una vez que el inversionista haya sometido la controversia a un tribunal competente o administrativo de la parte en discordia o a arbitraje internacional, la elección de uno u otro de esos procedimientos será definitiva.

4. Con respecto a los literales b) y c) del numeral 2 del presente Artículo, cada Parte consiente por el presente el sometimiento de cualquier controversia sobre inversiones, para su solución, al arbitraje obligatorio, conforme a la elección ejercida por el inversionista de acuerdo a lo dispuesto por este Artículo.

5. El laudo arbitral será definitivo y obligatorio para ambas partes en la controversia.

ARTÍCULO 10

Solución de divergencias entre las Partes

1. Las divergencias que surgieren entre los Gobiernos de las Partes relativas a la interpretación y aplicación del presente Acuerdo deberán ser resueltas, en la medida de lo posible, por medio de consultas o negociaciones amistosas.

2. Si no se llegara a un entendimiento en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la notificación de la divergencia, cualquiera de los Gobiernos de las Partes podrá someter la divergencia a un Tribunal Arbitral ad hoc, conforme a las disposiciones de este artículo.

3. El Tribunal Arbitral estará compuesto por tres miembros y será conformado de la siguiente manera: dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de notificación de la solicitud de arbitraje, cada Parte designará un árbitro. Estos dos árbitros elegirán dentro del plazo de treinta días, contados desde la designación del último de ellos, a otro miembro como Presidente del Tribunal Arbitral, quien deberá ser nacional de un tercer Estado.

4. Si dentro de los plazos establecidos en el párrafo anterior de este artículo no se ha efectuado la designación, cualquiera de las Partes podrá solicitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que haga la designación. Si el Presidente de la Corte Internacional de Justicia fuere nacional de una de las Partes o si estuviese impedido de desempeñar dicha función, la designación deberá ser hecha por el Vicepresidente, si este último fuere nacional de una de las Partes o se encontrare impedido de hacerlo, la designación deberá ser realizada por el Juez de la Corte que le siguiere inmediatamente en jerarquía y que no fuere nacional de una de las Partes.

5. El Presidente del Tribunal Arbitral deberá ser nacional de un Estado con el cual ambas Partes mantengan relaciones diplomáticas.

6. El Tribunal decidirá por mayoría de votos y sus laudos tendrán carácter definitivo y serán obligatorios para ambas Partes.

7. Cada una de las Partes sufragará los gastos del árbitro respectivo, así como los relativos a su representación en el proceso arbitral. Los gastos del Presidente del Tribunal Arbitral y las demás costas procesales serán solventados en partes iguales. El Tribunal Arbitral podrá adoptar un reglamento diferente en lo que concierne a los gastos.

ARTÍCULO 11

Vigencia, duración y terminación

1. Cada Parte deberá notificar a la otra Parte la terminación de los procedimientos requeridos por sus leyes para la entrada en vigencia de este Acuerdo. Este Acuerdo deberá entrar en vigencia treinta días después de la fecha de su segunda notificación.

2. El presente Acuerdo se mantendrá en vigencia por un período de diez años. Posteriormente, se prolongará por tiempo indefinido, a menos que fuera denunciado por escrito por una de las Partes doce meses antes de su intención de dar por terminado este Acuerdo.

3. Con respecto a las inversiones hechas con anterioridad a la terminación de este Acuerdo, las disposiciones de este Acuerdo continuarán siendo efectivas por un período de diez años desde la fecha de su terminación.

4. El presente Acuerdo regirá independientemente de que existan o no relaciones diplomáticas entre las Partes.

Hecho en Montevideo, República Oriental del Uruguay, a los 24 días del mes de agosto del año 2000, en dos ejemplares originales en idioma castellano, siendo todos los textos igualmente auténticos.

SIGUEN FIRMAS".

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el proyecto de ley mediante el cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de El Salvador para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, suscrito en Montevideo, el 24 de agosto del año 2000.

Del Preámbulo del Acuerdo se desprende que los objetivos del mismo apuntan a intensificar la cooperación económica en beneficio mutuo de ambas Partes, al mismo tiempo que procura crear y mantener condiciones favorables para las inversiones de capital de inversionistas de una Parte en el territorio de la otra Parte. Asimismo, se reconoce la conveniencia de promover y de proteger tales inversiones con miras a estimular la iniciativa económica privada e incrementar el bienestar de ambas Partes.

El ámbito de aplicación del Acuerdo se extiende a aquellas inversiones efectuadas por los inversionistas de una Parte en el territorio de la otra Parte, antes de la entrada en vigencia del Acuerdo. No se aplicará, sin embargo, a controversias surgidas antes de su entrada en vigencia (Artículo 8).

Como se ha hecho en múltiples documentos firmados por la República en esta materia, el Artículo 1 contiene una concisa y clara serie de definiciones, que incluye los términos "inversión", "rentas", "inversionista", y "territorio". Es conveniente destacar que con dichas definiciones, se evitan confusiones en cuanto a la interpretación de los asuntos relativos a la materia de inversiones, que surjan entre los Estados Contratantes.

A través del Acuerdo se pretende proporcionar, a los inversionistas de cada una de las Partes, del marco jurídico e institucional adecuado, con reglas claras que otorguen seguridad y protección a las inversiones. El Acuerdo prevé, que cada Parte permitirá, en su territorio, inversiones provenientes de inversionistas de la otra Parte. Además, las Partes Contratantes se comprometen a proteger dichas inversiones, a no obstaculizarlas, y en lo posible a promoverlas (Artículo 2).

Las Partes se comprometen, a su vez, a facilitar la libre transferencia de los pagos vinculados con las inversiones de la otra Parte o aquellas que sean propiedad o estén bajo el control de inversionistas de la otra Parte, brindándoles un tratamiento justo, equitativo y no discriminatorio dentro de su territorio, sobre una base no menos favorable que la acordada a sus propios inversionistas o a los de terceros países.

Sin embargo, este tratamiento no discriminatorio no se hace extensivo a los privilegios que una de las Partes conceda a los inversionistas de terceros Estados, por integrar una unión aduanera o económica, un mercado común o una zona de libre comercio. Tampoco se extenderán las ventajas emanadas de Acuerdos que tenga una de las Partes con terceros Estados, en materia de doble imposición o de otros acuerdos sobre asuntos tributarios. Por otra parte, se establece que se podrá mejorar el tratamiento concedido a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte, ya sea mediante disposiciones legales de una Parte o de obligaciones emanadas del Derecho Internacional, prevaleciendo dichas disposiciones frente al Acuerdo en estudio. Por último, se establece que ninguna de las disposiciones del Artículo se interpretará como impedimento para que una Parte "adopte, mantenga o ponga en ejecución cualquier medida destinada a asegurar que las inversiones en su territorio observen la legislación en materia de Medio Ambiente de esa Parte". (Artículo 3).

De acuerdo al Artículo 4, las Partes se comprometen a permitir la entrada y permanencia de los inversionistas de la otra Parte, y de personas por ellos contratadas.

Por otra parte, el Artículo 5 establece que ninguna de las Partes nacionalizará o expropiará las inversiones de los inversionistas de la otra Parte, salvo que dicha medida se adopte por razones de utilidad pública o interés social, bajo el debido proceso legal, esté acompañada del pago de una compensación adecuada y efectiva correspondiente al valor de mercado de la inversión expropiada, indemnización que será efectivamente realizable y libremente transferible.

Mediante el Artículo 6 se garantiza la libre transferencia de los pagos relacionados con las inversiones realizadas en el territorio de una Parte por inversionistas de la otra. Sin embargo, se prevén excepciones a dicha norma, en los casos de: "a) Quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores. b) Infracciones penales o administrativas. c) Garantía del cumplimiento de los fallos en un procedimiento contencioso. d) Incumplimiento de obligaciones tributarias, o e) Incumplimiento de obligaciones laborales".

El Acuerdo instaura mecanismos de solución de controversias, tanto para dilucidar las diferencias que pudieran suscitarse entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación y aplicación del Acuerdo (Artículo 10), como aquellas que surjan entre una Parte y un inversor de la otra Parte en relación con las inversiones (Artículo 9). Se prevé que en uno u otro caso se procurará encontrar una solución amigable a la divergencia, pero si en seis meses no se encuentra una solución mutuamente satisfactoria, el Acuerdo contempla otros mecanismos de solución.

En el caso de una controversia surgida entre una Parte y un inversionista de la otra Parte que no se haya podido solucionar en seis meses, el Acuerdo prevé varios mecanismos para solucionarla. En efecto, el inversionista podrá recurrir tanto a un tribunal de la Parte en la que realizó la inversión, al Centro Internacional de Arreglo de Controversias de Inversiones (CIADI), como a un tribunal arbitral ad hoc. La elección de cualquiera de estos mecanismos es definitiva.

Con respecto a las divergencias que se susciten entre las Partes Contratantes que no se puedan resolver en el plazo de seis meses, el Acuerdo establece la obligación de recurrir a un Tribunal Arbitral. Dicho Tribunal estará constituido por árbitros de ambas Partes, así como de un Tercer Estado. El mecanismo de elección de los árbitros, así como el procedimiento mismo del arbitraje, está condicionado por plazos fijados en el artículo, lo que asegura la rapidez en la solución de la controversia. Los laudos emanados de dicho tribunal tendrán carácter definitivo y serán obligatorios para ambas Partes.

Según el Artículo 11, el Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha en que ambos países hayan cumplido con los procedimientos internos para la entrada en vigor del mismo, lo cual la República de El Salvador ya ha hecho, por lo que sólo resta la aprobación parlamentaria por parte de Uruguay. Asimismo, establece que el Acuerdo "se mantendrá en vigencia por un período de diez años", luego de los cuales "se prolongará por tiempo indefinido, a menos que fuera denunciado por escrito por una de las Partes doce meses antes de su intención de dar por terminado este Acuerdo".

El presente Acuerdo constituirá un instrumento útil para estrechar vínculos con la República de El Salvador y estimular el intercambio recíproco, lo que proporcionará beneficios a la economía nacional. En consecuencia, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley por el que se aprueba dicho Acuerdo.

Montevideo, 18 de setiembre de 2002.

FÉLIX LAVIÑA, Miembro informante, ANTONIO LÓPEZ, ENRIQUE PINTADO, RAMÓN FONTICIELLA, JOSÉ MARÍA MIERES VISILLAC, CARLOS PITA, JULIO LUIS SANGUINETTI".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Laviña.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: por unanimidad, la Comisión de Asuntos Internacionales aprobó este Acuerdo entre Uruguay y la República de El Salvador para la promoción y protección recíproca de las inversiones, suscrito en Montevideo el 24 de agosto de 2000.

Del preámbulo del Acuerdo se desprende que sus objetivos apuntan a intensificar la cooperación económica en beneficio de ambas Partes, y crear y mantener condiciones favorables para las inversiones de capital de inversionistas de una Parte en el territorio de la otra Parte. Asimismo, se reconoce la conveniencia de promover y proteger tales inversiones con miras a estimular la iniciativa económica privada y a incrementar el bienestar de ambas Partes.

A través del Acuerdo se pretende proporcionar a los inversionistas de cada una de las Partes el marco jurídico e institucional adecuado, con reglas claras que otorguen seguridad y protección a las inversiones. El Acuerdo prevé que cada Parte permitirá en su territorio inversiones provenientes de inversionistas de la otra Parte. Además, las Partes se comprometen a proteger dichas inversiones, a no obstaculizarlas y, en lo posible, a promoverlas.

Ambos Estados se comprometen a facilitar la libre transferencia de los pagos vinculados con las inversiones de la otra Parte o de aquellas que sean propiedad o estén bajo el control de inversionistas de la otra Parte, brindándoles un tratamiento justo, equitativo y no discriminatorio dentro de su territorio, sobre una base no menos favorable que la acordada a sus propios inversionistas o a los de terceros países.

El Acuerdo instaura mecanismos de solución de controversias, tanto para dilucidar las diferencias que pudieran suscitarse entre las Partes contratantes relativas a la interpretación y aplicación del Acuerdo, como para aquellas que surjan entre ambas Partes.

Por último, el presente Acuerdo constituirá un instrumento útil para estrechar vínculos con la República de El Salvador y para estimular el intercambio recíproco, lo cual proporcionará beneficios a la economía nacional.

En consecuencia, la Comisión de Asuntos Internacionales, por unanimidad, aconseja al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley, por el que se aprueba dicho Acuerdo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

No hay quórum suficiente para poner a votación el artículo único.

SEÑOR LAVIÑA.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: sugiero que se llame a los legisladores a Sala a efectos de obtener los cincuenta votos necesarios para aprobar un Acuerdo que fue votado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Internacionales.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- La Mesa informa que ya se está llamando a Sala.

(Ingresan a Sala varios señores Representantes)

——Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

——Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: "Automóviles adquiridos o importados para ser utilizados como remises. (Reducción del plazo en el que la primera transferencia está gravada con el Impuesto Específico Interno -IMESI-)".

(ANTECEDENTES:)

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase con el nombre de "Maestro Dardo Manuel Ramos" al Instituto de Formación Docente de Tacuarembó, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 5 de junio de 2002.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

INFORME

Señores Representantes:

La Comisión de Educación y Cultura aconseja a este Cuerpo, la iniciativa procedente de la Cámara de Senadores, para nominar al Instituto de Formación Docente de Tacuarembó como "Maestro Dardo Manuel Ramos", quien nació en dicha ciudad el 17 de junio de 1914.

Culminó sus estudios secundarios a los diecisiete años, y se trasladó a Montevideo para cursar abogacía, estudios que no pudo culminar por distintas razones.

Es así que vuelve a su ciudad natal, donde abraza de lleno la docencia, actividad que le signó durante su vida.

Desarrolló una intensa labor al servicio de la comunidad. Fue visitador social, miembro y Presidente del entonces Consejo del Niño local, Presidente del Rotary Club, integró la Fundación Procardias, y participó en la creación de la Casa Cuna y del local para el Hogar de Varones.

Fue impulsor de la Unión Magisterial y participó en la creación de la Escuela Nº 117 del barrio Pereira Fontes.

Su gran obra, estuvo indisolublemente ligada al Instituto Normal. Un 2 de mayo de 1946, un conjunto de personas consustanciadas con la causa de la educación, y bajo el liderazgo del maestro Dardo Ramos fundó el Instituto, que permitiría a lo largo de las décadas, la formación de maestros. Al principio, las dificultades para el funcionamiento fueron muy grandes, pero la voluntad del maestro Ramos, y la de maestros y profesores que trabajaban honorariamente fueron mayores.

Dicho Instituto pasó a funcionar en un viejo edificio de Primaria, el que fue refaccionado para cumplir con su nueva función, para lo cual también estuvo en esto el maestro Ramos, trabajando en la obtención de fondos, en el proyecto de la obra y como peón de albañil.

Posteriormente el Instituto se oficializa, con lo cual las exigencias reglamentarias indicaban que el Director debía ser maestro de segundo grado. Ramos era maestro de primer grado. Entonces encara el desafío rindiendo exámenes y logrando el título que le permitiría ser Director, de lo que era parte de su vida.

Llega entonces la etapa de la construcción de un nuevo edificio, etapa que encara con la misma fuerza de siempre, lo que permitió contar con un local amplio y funcional.

El mencionado Instituto Normal, que originariamente formaba maestros, hoy es el Instituto de Formación Docente, donde además se forman profesores, y no puede haber acto de justicia tan importante, como designarle con el nombre de quien fue neurálgico en la creación, el desarrollo y su potenciación. Ello asimismo será ejemplo para quienes allí se formen, y para la comunidad toda.

Sala de la Comisión, 10 de julio de 2002.

ROQUE E. ARREGUI, Miembro informante, NAHUM BERGSTEIN, GABRIELA GARRIDO, PABLO MIERES.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.– Desígnase "Maestro Dardo Manuel Ramos" el Instituto de Formación Docente de Tacuarembó, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Sala de la Comisión, 10 de julio de 2002.

ROQUE E. ARREGUI, Miembro informante, NAHUM BERGSTEIN, GABRIELA GARRIDO, PABLO MIERES".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Arregui.

SEÑOR ARREGUI.- Señor Presidente: la Comisión de Educación y Cultura, por unanimidad, aconseja a este Cuerpo aprobar la iniciativa procedente de la Cámara de Senadores para nominar al Instituto de Formación Docente de Tacuarembó como "Maestro Dardo Manuel Ramos".

El maestro Ramos nació en dicha ciudad el 17 de junio de 1914. Culminó sus estudios secundarios a los diecisiete años y se trasladó a Montevideo para cursar abogacía, estudios que no pudo terminar por distintas razones. Es así que vuelve a su ciudad natal, donde abraza de lleno la docencia, actividad que lo signó durante su vida.

Desarrolló una intensa labor al servicio de la comunidad. Fue visitador social, miembro y Presidente del entonces Consejo del Niño local y Presidente del Rotary Club; integró la Fundación Procardias y participó en la creación de la Casa Cuna y del local para el Hogar de Varones. Fue impulsor de la Unión Magisterial y participó en la creación de la Escuela Nº 117 del barrio Pereira Fontes.

Su gran obra estuvo indisolublemente ligada al Instituto Normal.

El 2 de mayo de 1946 un conjunto de personas consustanciadas con la causa de la educación y bajo el liderazgo del maestro Dardo Ramos fundó el Instituto que permitiría, a lo largo de las décadas, la formación de maestros. Al principio, las dificultades para el funcionamiento fueron muy grandes, pero la voluntad del maestro Ramos y la de maestros y profesores que trabajaban honorariamente, fue mayor. Dicho Instituto pasó a funcionar en un viejo edificio de Primaria que fue refaccionado para cumplir con su nueva función. En esto también estuvo el maestro Ramos, trabajando en la obtención de fondos, en el proyecto de la obra y también como peón de albañil.

Posteriormente, el Instituto se oficializa, con lo cual las exigencias reglamentarias indicaban que el Director debía ser maestro de segundo grado. Ramos era maestro de primer grado. Entonces, encara el desafío, rindiendo exámenes y logrando el título que le permitiría ser Director de lo que era parte de su vida.

Llega entonces la etapa de la construcción de un nuevo edificio, que encara con la misma fuerza de siempre, lo que permitió contar con un local amplio y funcional.

El mencionado Instituto Normal, que originariamente formaba maestros, hoy es el Instituto de Formación Docente, donde además se forman profesores, y no puede haber acto de justicia más importante que designarlo con el nombre de quien fue neurálgico en su creación, desarrollo y potenciación. Ello, asimismo, será ejemplo para quienes allí se formen y para la comunidad toda.

Este es el fundamento por el cual la Comisión de Educación y Cultura aconseja designar al Instituto de Formación Docente de Tacuarembó con el nombre de "Maestro Dardo Manuel Ramos". Sin embargo, quiero aclarar que se plantea un problema de carácter formal. El proyecto, tal como vino de la Cámara de Senadores, en su artículo único dice que se designa con este nombre "[...] al Instituto de Formación Docente de Tacuarembó, dependiente del Consejo de Educación Primaria [...]". Sin embargo, esto no es así porque los Institutos de Formación Docente no dependen de Educación Primaria, sino de la Administración Nacional de Educación Pública; en todo caso se podría haber hablado del CODICEN, que formalmente estaría habilitado.

Por lo tanto, proponemos una modificación de este artículo único, estableciendo que el Instituto de Formación Docente de Tacuarembó depende de ANEP, lo cual lamentablemente significa que la sanción de este proyecto de ley sea aplazada, ya que deberá pasar nuevamente por el Senado a fin de que sea correctamente considerado desde el punto de vista formal.

Eso es lo que queríamos plantear, además de aconsejar la aprobación del proyecto tal como viene de la Comisión.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- La Mesa advierte al señor Diputado que a la hora 19 y 50 tendremos que pasar a la media hora final.

Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Señor Presidente: seré lo más breve posible; quien me precedió en el uso de la palabra ya fue muy claro sobre lo que fue el maestro Dardo Ramos en su vida.

Para nosotros y para la sociedad de Tacuarembó, el maestro Dardo Ramos es una figura emblemática, que nació en los bordes de la ciudad de Tacuarembó en 1914 y que fue aprendiz de sastre con su padre.

Aun cuando el maestro Dardo Ramos vino a estudiar a Montevideo, abandonó rápidamente su carrera de abogacía porque se interesó por la docencia. Es así que volvió a Tacuarembó y se puso a trabajar en la docencia, logrando su formación como maestro.

Distintas instituciones del departamento fueron testigos del impulso de su trabajo, que fue siempre humilde y constante, y en 1946, como Presidente de la Unión Magisterial, presentó un proyecto de creación del Instituto Normal, que fue inaugurado en 1957. Eso fue insuficiente y fue así que, trabajando con ahínco, dedicación y humildad -como le era característico-, haciendo gestiones personales ante el Juez Letrado y ante el Jefe de Policía, logró que con los presos y funcionarios...

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Lamentablemente, tengo que interrumpirlo, señor Diputado Cardozo Ferreira.