La asistencia por esta modalidad está contemplada en el artículo 37 literal C)
de la Carta Orgánica del BCU que establece que el BCU podrá en las condiciones que en
cada caso determine el Directorio, conceder adelantos a las instituciones de
intermediación financiera, por plazos no superiores a los noventa días, siempre que
ellos sean adecuadamente garantizados por:
C) Certificados de depósitos y documentos de título emitidos con
respecto a productos básicos y otros bienes debidamente asegurados.
Las operaciones referidas...deberán contar con la garantía personal o
real, de solvencia comprobada, por parte del Banco asistido, y no podrán superar el monto
de su patrimonio neto.
Se asistió de esta forma el 21.05.02 según Acta Nº 2397 y
Resolución de Directorio 260/2002 por US$ 7:700.000.
Según se analiza en el capítulo "patrimonio negativo", al
31.5.02 el patrimonio del Banco de Crédito era negativo en US$ 38 millones, por lo
tanto, si la garantía de esta operación fueran documentos no emitidos por el Estado, no
podría haberse asistido.
Además se cita el artículo 309 de la RNRCSF, que establece que
las empresas de intermediación financiera deberán suministrar mensualmente el estado de
situación patrimonial referido al último día de cada mes, dentro de los primeros diez
días hábiles siguientes a la fecha a que está referido.
En el estado de situación patrimonial es donde se determina el
patrimonio del Banco.
El BCU adelantó al Banco de Crédito US$ 20:220.000 desde el
29.5.02 al 3.6.02 con garantía de bonos del tesoro, amparados en el artículo 37 de
la Carta Orgánica.
29.05.02 según Acta Nº 2402 y Resolución de Directorio 290/2002
por US$ 5:200.000.
30.05.02 según Acta Nº 2403 y Resolución de Directorio 299/2002
por US$ 5:500.000, ya le habían adelantado por caja US$ 1,5 millones.
03.06.02 según Acta Nº 2405 y Resolución de Directorio 302/2002
por US$ 6.300.000.
Del 18.6 al 17.7.02 el Banco de Crédito usó la ampliación de la
línea de Crédito Multisectorial BID II por US$ 5:193.532.
La Resolución de Directorio del 24.9.99 estableció plazo hasta el
31.12.99 para la vigencia de esta línea de crédito debido a problemas constatados en la
calidad de las informaciones proporcionadas y al grado de morosidad alcanzado.
En el plan de adecuación presentado el 30.3.01, el Banco de Crédito
solicitó renovar la línea de crédito por US$ 15 millones, para "ampliar
colocaciones que dado el problema de calce de operaciones, nos vemos
imposibilitados de acceder".
El 18.06.02, según Acta Nº 2414 y Resolución de Directorio
346/2002, se autorizó por US$ 3:777.777, en función de la nota del Banco de
Crédito del 29.5.02 y los informes de la División Operaciones y de la SIIF.
El 17.7.02 según Acta Nº 2427 y RD 429/2002 se amplió en
US$ 1:415.755.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Cr. Guillermo Ramírez, dijo en
la Comisión Investigadora: "Con referencia al Banco Central del Uruguay
corresponde informar que dicha Institución tiene bajo su responsabilidad la ejecución
del Programa Global de Financiamiento Multisectorial financiado mediante el préstamo
otorgado por el B.I.D. Nº1155/OCUR. El Tribunal de Cuentas emite el 18 de abril de 2001
su dictamen relativo a los Estados Financieros del Proyecto por el Ejercicio finalizado el
31/12/00 y con fecha 24/04/02 emite el dictamen correspondiente a los Estados Financieros
del Proyecto por el ejercicio finalizado al 31/12/01". Tal como lo adelantaba, el
Tribunal se pronuncia al final del Ejercicio, una vez cerrado el Ejercicio, una vez
conocidos todos los elementos que hacen a la auditoría anual del Organismo.
En el material repartido a la Comisión Investigadora por el Tribunal
de Cuentas, se refiere a esto, pero confunde el tramo II del Multisectorial que fue el que
se usó en estas dos ocasiones para el BC, con el tramo III. La pregunta de la asistencia
es por el tramo II, y contestaron por el tramo III.
Adjuntan en el numeral VI) de su informe y en el anexo XV, el detalle
de los desembolsos, por lo que concluyen que no se utilizaron los recursos de éste
último para asistir a los Bancos. Pero los desembolsos que analizó el Tribunal, son
todos del año 2001, y la asistencia analizada fue en el 2002.
Es decir, no son aplicables estos informes proporcionados al período
investigado.
8) LA CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO
De los US$ 488 millones que transfirió el Ministerio de Economía
y Finanzas a la Corporación Nacional para el Desarrollo para
asistir a los 3 Bancos en el período que va desde el 29-4-02 hasta el 16-07-02, quedaron
US$ 207 millones depositados en cuentas a la vista y el resto, US$ 281 millones
fueron pasados a la modalidad de plazo fijo, poco antes del feriado bancario, en
transferencias firmadas por el entonces presidente de la Corporación Nacional para el
Desarrollo, el Ec. De Brun.
En el caso del Banco de Crédito de los US$ 18 millones
depositados por la Corporación Nacional para el Desarrollo, US$ 13 millones quedaron
a la vista y US$ 5 millones fueron depositados a plazo fijo el 2.7.02.
En la sesión del 28 de octubre pasado, en ocasión de comparecer las
autoridades de la Corporación Nacional para el Desarrollo a la Comisión Investigadora,
se interrogó al Directorio del organismo, para intentar determinar quién fue el
responsable de tal decisión y las razones que llevaron a adoptarla.
Las variadas respuestas (búsqueda de mayor rentabilidad, mejorar la
presentación de los balances de los Bancos, no recordar exactamente la razón, que nunca
se hubieran imaginado el corralito que sobrevino, etc.), incluyeron que la Corporación
Nacional para el Desarrollo se amparó en
- los artículos 3º y 6º del Decreto 222/002, del
17-6-02.
- el artículo 3º del convenio celebrado el
5-7-02, entre el Ministerio de Economía y Finanzas (a través del Cr. Bensión) y la
Corporación Nacional para el Desarrollo (ver página 26 del repartido
"Resoluciones", enviado por la Corporación Nacional para el Desarrollo a la
Comisión): "La Corporación Nacional para el Desarrollo mantendrá depositadas
dichas sumas en cuentas...según instrucciones impartidas a través del CAFSB o del
BCU".
El Cr. Bensión fue el presidente del Comité Administrador de
Fortalecimiento del Sistema Bancario (CAFSB), según el artículo 2º del Decreto
222/002 y en su comparecencia del 23.12.02, interrogado al respecto dijo no saber nada del
tema, no recordar que hubiera pasado por el Comité.
En la segunda comparecencia de la Corporación Nacional para el
Desarrollo a la Comisión Investigadora, el 20.2.03, vuelta a preguntar sobre este asunto,
contestaron que les parecía haber enviado la información a la Comisión. Nunca llegó
nada.
9) EL FONDO DE ESTABILIDAD DEL SISTEMA BANCARIO
Según datos proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas,
el Banco de Crédito usó US$ 67:531.273 de asistencia financiera por el FESB hasta
el 22.10.02.
10) COMPRA DE BONOS DEL TESORO
El 8.7.02, según Acta Nº 2423 y RD 385/2002, el BCU compró al
Banco de Crédito Bonos del Tesoro por US$ 1:780.000, según el artículo 36 de
la Carta Orgánica.
11) LOS SOBREGIROS EN CUENTA CORRIENTE
Invocando los artículos 3º, letra d), 4º y 7º de la Carta
Orgánica, se admitió que no se cumpliera con la normativa en cuanto a los saldos en
cuenta corriente con el BCU. La Cra. Medero votó en contra en todas las ocasiones.
Al respecto, se transcribe la discusión ocurrida el 3.6.02, según
Acta Nº 2405, en ocasión de exonerar al Banco de Crédito del cumplimiento de esta
normativa, cuando la Cra. Medero votó en contra por primera vez en este caso:
"Se trata de la extralimitación de una norma reglamentaria. No
puede convertirse en una forma encubierta de prestar asistencia y violar las disposiciones
legales.
He analizado las disposiciones legales y reglamentarias y considero que
el artículo 52 no admite excepciones, más allá de la asistencia prevista en los
artículos 36 y 37 de la Carta Orgánica. En tanto no se trata de una línea de
crédito, no puede disponer sistemas más flexibles de los que marca la ley. Además,
tratándose de una norma general, no es oportuno realizar excepciones particulares.
Destaco que las facultades que los artículos 3º, 4º y 7º de la
Carta Orgánica otorgan a este BCU, no implican contradecir las restricciones fijadas al
texto expreso en los artículos 36 y 37. No hay un artículo más importante que
otro".
El Cr. Rodríguez Batlle, entre otros argumentos, manifestó que:
"ha votado la exoneración para la aplicación del
artículo 52, y lo continuará haciendo si fuere menester, porque el Poder Ejecutivo
está al tanto de la situación de estas empresas y está buscando soluciones para las
mismas. Y mientras ello no ocurra, es obligación del instituto preservar, de conformidad
con su Carta Orgánica, la estabilidad del sistema
financiero".
El 22 y 23.7.02 según Acta de Directorio Nº 2429.
El 24.7.02 según Acta de Directorio Nº 2430.
El 25.7.02 según Acta de Directorio Nº 2432.
El 26.7.02 según Acta de Directorio Nº 2433.
El 29.7.02 según Acta de Directorio Nº 2434.
El 4.8.02, según Acta Nº 2439 y Resolución de Directorio
491/2002, se resolvió suspender las actividades de Banco de Crédito por 30 días,
considerando, entre otras razones que el sobregiro en las cuentas del BCU a la fecha era
de US$ 36:971.292.
12) LOS RETIROS POR CAJA
El 25.7.02, según Acta Nº 2432, se autorizó a retirar en
billetes US$ 2 millones, a computarse en los saldos de sus cuentas corrientes con el
BCU.
El 26.7.02, según Acta Nº 2433, se autorizó retirar US$ 3
millones, a computarse en los saldos de sus cuentas corrientes con el BCU.
Estas asistencias se confirieron en el marco de las excepciones del
artículo 52, votado negativamente por el Ec. Pieroni.
LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
El 4.8.02, según Acta Nº 2439 y Resolución de Directorio
491/2002, se resolvió suspender las actividades del Banco de Crédito por 30 días,
considerando, entre otras razones:
La capitalización
requerida a efectos de cumplir con la normativa Bancocentralista era de US$ 140
millones.
El sobregiro en
las cuentas del BCU a la fecha era de US$ 36:971.292
LA LIQUIDACIÓN DEL BANCO DE CRÉDITO
Al cierre del Banco de Crédito existían US$ 308 millones en
depósitos, luego del pago a cuenta del 14 y 23.7.03, quedaron pendientes de cobro
US$ 270 millones, que son el 90% restante de los depósitos mayores de
US$ 2.000, unas 6.500 cuentas.
En estos US$ 270 millones no están incluidos los pasivos con Moon
ni con el Estado, porque ambos renunciaron a su cobro.
El liquidador del Banco de Crédito estima que solo habría US$ 7
millones en efectivo para distribuir y alrededor de 25 o 30 millones más en bonos del
Tesoro de 2010, 2015 y 2033.
Este saldo a cobrar es el costo de que al BCU le haya tomado tanto
tiempo tomar una decisión con respecto a la liquidación, si el Banco abría o no.
El 85 % de los depositantes es titular de menos del 10 % de los
depósitos.
Si el grupo Moon honra sus deudas con el (su) Banco, el 100 % de los
depositantes pequeños podrían recibir en efectivo el 100 % de sus ahorros.
Más precisamente, si el grupo pagaba (para cancelar parte de su propia
deuda) los US$ 35 millones que había dispuesto invertir para capitalizar el nuevo
Banco, entonces gran parte del drama de los pequeños depositantes sería resuelto.
Paradójicamente el único de los cuatro Bancos suspendidos que contaba
con el interés de un inversor privado y con el compromiso del Estado para su reapertura
resultó liquidado.
CONCLUSIONES
1. Desde la época en que el Banco de Crédito pertenecía 100% al
Grupo de la Unificación (hasta 1998), ya se constatan irregularidades en el exceso de
crédito a empresas vinculadas así como en las categorizaciones de los deudores y
previsión de garantías.
2. La adquisición del paquete de Royalties y Créditos S.A. y
posterior constitución de Rilomán fue una operación que generó pérdidas superiores a
los 14 millones de dólares, donde habría responsabilidad directa de los Directores de
las dos empresas: Banco de Crédito y Grupo Soler. Nunca se procesó una investigación al
respecto y el BCU ni aún interviniendo en 1998 el Banco de Crédito investigó.
3. El Banco de Crédito ha actuado desde su fusión con el Banco Pan de
Azúcar en un marco de excepcionalidad permitido por las propias autoridades del Banco
Central.
4. Habiéndose detectado incluso el incumplimiento de las propias
excepciones que habían sido autorizadas, las autoridades del Banco Central,
reiteradamente informadas por los servicios técnicos de contralor, no tomaron las medidas
que permitieran garantizar y respaldar las voluminosas deudas del accionista minoritario.
5. El Banco de Crédito fue utilizado por el
Grupo de la Unificación a modo de una caja recaudadora para financiar sus actividades
dentro y fuera del país.
6. Esta operativa hizo que el Banco de Crédito sufriera ya antes de la
crisis financiera una grave situación patrimonial y de solvencia.
7. En el período que actuaron el Cr. Boris Martínez y Sr. Carlos
Abdala, el endeudamiento de las empresas del Grupo disminuyó levemente; sin embargo
habrían permitido por momentos que los niveles de endeudamiento del socio minoritario se
incrementaran sin la constitución de garantías suficientes y conociendo el
incumplimiento del cronograma de pagos de los adeudos.
8. La responsabilidad de la Corporación Nacional para el Desarrollo,
accionista principal del Banco de Crédito. En particular se señala la responsabilidad
que habrían tenido los dos Directorios, el presidido por la Dra. Milka Barbato y luego el
que presidió el Ec. Julio de Brun. Ambos directorios fueron informados por el Síndico
Mauricio Geppert de las graves irregularidades, del caos organizativo, del nivel de
endeudamiento del Grupo de Moon sin las necesarias garantías, etc. No se tomaron las
medidas necesarias para resolver la situación.
9. El Ministerio de Economía, el Banco de la República Oriental del
Uruguay, ambos accionistas de la Corporación Nacional para el Desarrollo no habrían
cumplido con sus responsabilidades para asegurar la inversión.
10. El Ministro Alberto Bensión estaba al tanto de la situación
patrimonial del Banco y debería responsablemente conocer los niveles de endeudamiento del
accionista minoritario y de la insuficiencia de garantías sobre ese endeudamiento.
11. La responsabilidad del Estado en un Banco en que mantenía en su
poder el 51% de las acciones a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
12. El presidente del Banco Central del Uruguay Cr. César Rodríguez
Batlle y la Dra. Eva Holz autorizaron un plan de adecuación de largo plazo, que impidió
la adopción de medidas urgentes que se debieron instrumentar. La Cra. Medero objetó el
plazo que se otorgaba.
13. El Superintendente de Instituciones Financieras, Fernández
Becchino, en conocimiento de la grave situación planteada no habría adoptado las medidas
que se debían adoptar y llegó a proponer al grupo la utilización del Banco de Crédito
como "caja mundial" del Grupo de Moon.
14. Se maquillaron balances, se activaron perdidas, se permitió la
utilización de determinados inmuebles para el uso del Grupo de la Unificación.
15. Las omisiones y excepciones resultaron en perjuicio directo de los
ahorristas del Banco de Crédito que resultaron víctimas de un proceso de liquidación.
——————————
Anexos
Evolución de créditos del Grupo
de la Unificación con egreso de fondos.
Evolución, avales y garantías
– Grupo de la Unificación.
Relación riesgo total sobre
responsabilidad patrimonial.
Detalles de capitalización del
Grupo según contrato de compraventa de acciones del Banco de Crédito de fecha 16 de
diciembre de 1998.
Banco de Crédito. Cronología de
lo actuado. Asistencia. Personal.
——————————
2.6. BANCO COMERCIAL
BREVE HISTORIA DEL BANCO COMERCIAL DESDE LA DÉCADA DEL 90
La importancia del Banco Comercial en nuestro sistema financiero se
remonta al siglo XIX (1857) razón por lo cual si bien la Comisión Investigadora
Parlamentaria (CIP) se instaló para investigar los hechos acontecidos en nuestro sistema
financiero entre los años 2001 y 2002, no podemos eludir referirnos a los antecedentes
inmediatos que dichas entidades tuvieron que atravesar, dado que a criterio de los
informantes sacar del contexto de las vicisitudes por las que ha atravesado nuestro
sistema financiero a lo largo de la historia, descontextualiza las eventuales responsabilidades que puedan emanar de los distintos actores analizados.
Nos centraremos en los antecedentes de la etapa en que asumen las
autoridades del Banco Comercial (Crédit Suisse First Boston, Dresdner Bank Lateinamerika,
Chemical Overseas Holding Inc. Subsidiaria de J.P. Morgan Chase & Co. y Saint Louis
Financial) que tuvieron a los hermanos Rohm como figuras gravitantes y que figuran en la
actual coyuntura como responsables de delitos cometidos contra el Banco Comercial, y como
veremos contra los intereses de la sociedad en su conjunto.
Integramos una comisión investigadora, que como los señores y
señoras legisladores conocen carece de algunas de las potestades con las que nosotros
desearíamos contaran; además de carecer - como institución parlamentaria - del conjunto
de capacidades técnicas para profundizar en aspectos relevantes. De todos modos dentro de
los elementos tenidos en cuenta para el análisis del trabajo de la investigadora,
contamos - producto de una comparecencia a nuestra Comisión - con el peritaje realizado a
instancias del Sr. Juez Letrado de Primer Instancia en lo Penal de Cuarto Turno, Juez Dr.
José Balcaldi y que fuera realizado por los contadores Júpiter Pérez, Héctor Prieto y
Miguel Navajas.
El proceso de venta del Banco Comercial tuvo un largo trámite de
discusión parlamentaria a principios de la década del 90, a través de pedidos de
informes y llamados a Comisiones y a Sala (instancia conocida como interpelación) de los
responsables de la economía de la época.
Solo para concentrarnos en los elementos manejados en las instancias
parlamentarias –de ese período- que el informe pericial recoge, resultaría
ilustrativo reproducir algunos de ellos para compararlos con la situación a la que el
sistema financiero fue conducido, con las repercusiones sobre el conjunto de la economía
del país por largo tiempo hacia delante.
Nos resulta ilustrativo sintetizar en términos generales
consideraciones que muchos actores políticos participantes en ese momento hicieron al
respecto. Lo motiva la esperanza que el día llegue en que exista la disposición de parte
de dichos actores de asumir los errores que puedan haberse cometido en el pasado. Errores
que a esta altura hipotecan el destino de muchos compatriotas que aún no han nacido.
A los miembros firmantes del presente informe les pesa seguir
escuchando a participantes activos de dichas discusiones parlamentarias sin que hagan la
autocrítica de posiciones pasadas. Quizá para fundamentar lo anterior deberíamos
reproducir dichas opiniones en este momento, pero alcanza con que los señores y señoras
legisladoras procedan a leer las actas de la época o las citas de los peritos para
calibrar el ánimo que nos embarga. Sin perjuicio de ello y a modo de resumen ilustrativo
brevemente ejemplificaremos algunas consideraciones para que se dimensione los elementos
que ya estaban en discusión en 1990, y que fueron recogidos como antecedentes, en el
informe pericial:
En la sesión de interpelación al equipo económico de la época de
fecha 24 de julio de 1990 sobre "la operación de venta del Banco Comercial", el
Senador Astori se preguntaba: ¿qué es "San Luis Financial and Investment
Corporation"? ¿cómo está integrada? ¿cuál es su origen? ¿de dónde proviene?
¿a qué se dedica? ¿cuál es su perfil? ¿cuáles son sus actividades?
Ya la información sobre el juicio que se tenía de los hermanos Rohm
en la Argentina había trascendido y estamos hablando de 1990.
Al respecto agregaba el Senador Astori: "A ningún integrante de
este Cuerpo le ha pasado inadvertido algo que no voy a utilizar como argumento en este
momento. Han trascendido noticias muy feas sobre algunos de los compradores eventuales del
Banco Comercial; no en la prensa uruguaya -aunque también publicó cosas muy feas - pero
sí en la del exterior y en particular en la de la República Argentina".
Preguntaba más adelante: ¿En qué elementos objetivos se basa la
opinión que el equipo económico tiene sobre estos compradores, no los de primera línea,
sino - por decirlo de alguna forma - los de segunda línea?. El señor Subsecretario de
Economía llega a utilizar la expresión "la mejor de las opiniones" cuando se
refiere, por ejemplo, a los hermanos Rohm. Personalmente, respeto la afirmación del
señor Subsecretario, pero me gustaría saber en qué se basa porque, por otro lado, leo
algo totalmente contrario." . He leído cosas muy malas, perversas, y por eso me
agradaría conocer, reitero, cuáles son los elementos objetivos en los que se fundamenta
esta opinión del equipo económico. Digo "equipo económico" porque cuando el
señor Subsecretario manifiesta estas opiniones - según consta en la versión
taquigráfica - no dice "en mi opinión", sino que expresa "el equipo
económico tiene la mejor de las opiniones". Esto es textual
y, repito, la misma interrogante: ¿en qué se basa?"
Y agregaba: "Pienso que no es correcto decir - quiero que el
señor Subsecretario ponga especial atención a lo que diré a continuación - que
"la mejor de las opiniones" se basa - tal como lo ha expresado en la Cámara de
Representantes - en que nunca hubo procedimientos judiciales en su contra; no se puede
basar en eso solamente. Ello no es posible porque podría enumerarle al señor
Subsecretario una larga lista de hechos perversos que ocurrieron en el Uruguay y sobre los
que no hay un solo procedimiento judicial. De todas formas, como decía el señor Wilson
Ferreira Aldunate en aquella misma ocasión que citamos al principio, "Todo Madrid lo
sabe"; todo Madrid lo sabía y todo Madrid lo sigue sabiendo. No es éste un
argumento fuerte y desde ya lo voy diciendo.
Hay que tener elementos objetivos para apuntalar la conducta bancaria.
No basta con que se diga que sus dueños nunca han sido procesados o denunciados.
Es necesario contar con elementos positivos y quiero saber, si estos
existen, ¿cuáles son?".
Expresaba además: "cabe preguntarse quiénes van a integrar su
Directorio y, sobre todo, quiénes estarán al frente de la Gerencia." . . . "si
bien me preocupa quién será el propietario del Banco, más me preocupa saber quién lo
va a dirigir, quién va a desempeñar su Gerencia, quién va a dirigir la gestión y
quién va a tomar las decisiones fundamentales de todos los días. Estas preguntas ya han
sido planteadas y no hubo respuestas".
"En estas circunstancias deseo manifestarle al señor Ministro que
estas interrogantes se refuerzan en su fundamentos si se tienen en cuenta los malos
indicios que sobre el tema surgen hoy en nuestro país; los malos indicios sobre lo que
van a hacer estos compradores con el Banco Comercial en el futuro".
En la misma sesión el Senador Millor manifestaba: "Aclaro que
puedo compartir el argumento de la importancia internacional que tienen tres de los cuatro
Bancos que adquieren: el Chemical, el Crédit Suisse y el Deutsche. El equipo económico
insiste en la importancia que tienen estos tres Bancos. Esto es verdad; pero parece no
interesarle a nadie la importancia que puede tener el cuarto comprador, el que tiene el
paquete mayoritario, pues posee el 28%. Se refería a San Luis Financial.
Agregaba: "¿quién nos garantiza a nosotros que no van a volver a
existir problemas en el Banco Comercial? Nadie. ¿Qué están comprando estos importantes
Bancos extranjeros? Una sociedad anónima uruguaya. Responden por lo invertido y no por
los depósitos. Hay antecedentes en América Latina de importantes Bancos internacionales
que en carácter de minoritarios participan con Bancos vernáculos en importantes Bancos
internacionales que en carácter de minoritarios participan con Bancos vernáculos en una
operación financiera, y que cuando la institución quiebra pierden pura y exclusivamente
lo que invirtieron, que en sus grandes números no significa nada, pero que para nosotros
equivale a la ruina".
"Que yo sepa -y me responsabilizo por lo que voy a decir- lo
único que existe es un intento de comprar el Banco Comercial por unos señores llamados
Rohm".
Dentro de las explicaciones que se dieron -nos abstendremos de citar
los responsables de dichas explicaciones, está en las actas- y queremos concentrarnos en
las respuestas. Se manifestó por ejemplo:
"Por otra parte, se nos ha interrogado sobre quiénes son los
representantes del Saint Louis Financial & Investment Corporation. Esta es una
sociedad radicada en Panamá, constituida en el año 1970 y dedicada, especialmente, a
transacciones en títulos públicos, e inversiones en actividades financieras. Su
trayectoria en Uruguay se remonta al año 1973, oportunidad en que suscribe en forma
directa con el Banco Central del Uruguay una emisión de Bonos del Tesoro para ser
colocados en el exterior. Su patrimonio neto al 31 de diciembre de 1989 era superior a los
US$ 9:000.000. Los accionistas de dicha sociedad incluyen a la Banca Nazionale del
Lavoro, al Chemical Bank y al Deutsche Südamerikanische, que en conjunto son propietarios
del 30% del capital.
"Los restantes socios son José Rohm y Carlos Rohm, con 55%;
Alberto Dodero, con un 10%; y Luis del Corral, con un 5%. Todos ellos son accionistas y
directores del Banco General de Negocios en Argentina".
Veremos más adelante el papel Central que en toda la operativa de
vaciamiento tuvo el Banco General de Negocios de la República Argentina.
Y se agregaba fundamentando lo conveniente del camino elegido: "Lo
que importa es que el 72% de las acciones del nuevo Banco Comercial estará en manos de
los tres Bancos a que nos referimos antes. Al 28% restante -si hemos concluido que la
participación que tendrá la firma San Luis Financial Investment
Company será de un 29 ó 30%- estaríamos agregando un 9% más con lo que la
participación de estos Bancos superaría el 80% de la inversión en el Banco Comercial.
Otros actores, en la misma línea de defensa de entregar el Banco
Comercial a los accionistas que en parte estaban cuestionados, respondían: "A juicio
de este profesional, siempre resultó tarea extremadamente difícil encontrar un comprador
para el Banco Comercial. Además, hay que tener en cuenta que no cualquier comprador
resulta satisfactorio en este tipo de obligaciones; se precisa que éste ofrezca un grado
más que razonable de tranquilidad en cuanto a que el problema no se va a repetir, que los
depositantes y los funcionarios, por un lado -que, en definitiva, fueron los únicos
beneficiarios del salvataje del Banco Comercial- y la comunidad uruguaya, por otro -que
resultó ser la víctima de esa operación- puedan asegurarse un futuro sin zozobras.
Creo que, en este caso, una de las primeras cosas que habría que
reconocer es que, por mérito o por suerte, se ha encontrado algo sumamente difícil de
hallar: uno o, mejor dicho, varios compradores que, además, satisfacen las condiciones
esenciales para la venta del Banco".
Y sentenciaba: "Creo que estamos delante de una operación que es
excepcional, que sería un éxito para el país; personalmente deseo se concrete lo más
rápido posible".
Vaya este resumen de elementos que estuvieron en discusión para tener
presente que la mayoría de los elementos en consideración, las dudas y las prevenciones
que se deberían asumir ya estaban presentes en el momento mismo que se estaba concretando
la reprivatización del Banco Comercial, allá por 1990.
Lo cierto es que el proceso de privatización del Banco Comercial a
principios de la década del 90 mereció un importante número de reparos y
cuestionamientos relativos tanto al proceso en sí, como fundamentalmente a algunas de las
entidades que se encontraban detrás de la responsabilidad de pasar a conducir los
destinos y en particular la gestión del Banco Comercial, que se privatizaba. Hoy mucho
lamentamos nosotros - y sin duda el conjunto de la sociedad - que los reparos y
cuestionamientos no respondidos, negados e incluso fundamentados en contra por actores de
la época se hayan comprobando con creces y le hayan infligido a la sociedad un daño
difícil de reparar. Mucho más lamentamos que la reparación de llegar a lograrse va a
recaer - una vez más - sobre los trabajadores, sobre quienes confiaron en el sistema,
sobre la postergación de la atención de las necesidades de los más excluidos y sobre
las posibilidades de aplicar recursos a la reactivación económica productiva.
Lo central desde el inicio - lo queremos dejar planteado con meridiana
claridad - es que la situación a la que se llegó no es producto lineal de la situación
vivida por la hermana República Argentina en el correr del año 2001, sino que ésta puso
al desnudo una trama de vaciamiento sistemático llevado adelante por aquellos a los que
se le otorgó la propiedad y fundamentalmente la gestión de un Banco emblemático en el
sistema financiero nacional, el Banco Comercial.
Vaciamiento que comenzó a articularse desde poco tiempo después que
comenzaron a gestionar el Banco Comercial. Desarrollando una trama financiera que pasó
desapercibida para quienes tuvieron la obligación de controlar el sistema financiero.
Para ello debemos tener presente que el 23 de enero de 2002 Carlos Alberto Rohm,
Vicepresidente al momento del Banco Comercial S.A. fue detenido y sometido a proceso penal
en la República Argentina y se ordenó la captura internacional de José Enrique Rohm
director de dicho Banco. Carlos Rohm también ocupaba la Vicepresidencia del Banco General
de Negocios de la República Argentina y su hermano José Rohm era titular del Directorio
de dicho Banco.
Es recién en ese momento que el Banco Central del Uruguay (BCU)
dispuso una supervisión intensiva y comienza una investigación administrativa en el
Banco Comercial y en la Compañía General de Negocios (CGN.SAIFE).
El 31 de enero de 2002, el Directorio del BCU dispone que se continúe
con la investigación en el Banco Comercial, con la finalidad de aclarar los hechos y
proponer las medidas y acciones legales que eventualmente correspondieran.
A mediados de febrero de 2002 el BCU comparece ante la Justicia Penal
uruguaya a denunciar cuatro grandes grupos de irregularidades con apariencia delictiva que
habrían surgido de la investigación administrativa dispuesta.
Recién a punto de partida de los hechos acontecidos con los hermanos
Rohm en Buenos Aires, el órgano de contralor del sistema financiero y responsable por ley
orgánica de supervisar y garantizar la solidez de nuestro sistema financiero, toma debida
cuenta del estado de situación en que se encontraba el Banco Comercial, a raíz de la
gestión que se había llevado adelante desde 1990.
Las denuncias puestas en manos de la Justicia
Penal a mediados de febrero y ampliada a mediados de abril por el BCU respecto al Banco
Comercial refieren a:
1) Faltante de valores públicos y privados.
2) Créditos otorgados a personas físicas y jurídicas vinculadas y
concedidos en forma irregular.
3) Operativa entre Banco Comercial S.A., la empresa Kompira Investment
y el señor Ignacio Rospide.
4) Operativa de banca privada. Comercial Investment N.V. Curaçao.
5) Compañía General de Negocios – saife –
LOS HECHOS COMO SE SUCEDIERON A CRITERIO DE LA PERICIA JUDICIAL
Cuando comparecieron por invitación de la Comisión Investigadora los
señores peritos del Poder Judicial nos informaron sobre los elementos que fueron
considerados durante la pericia que llevaron adelante. Por su parte la Comisión
Investigadora solicitó al Sr. Juez Letrado en lo Penal de Cuarto Turno, Dr. José
Balcaldi si la Comisión podía disponer del auto de procesamiento que en su calidad de
titular de dicho Juzgado Penal hubiera dispuesto. Respondiendo nuestra solicitud el Sr.
Juez dispuso a través de la Suprema Corte de Justicia el envío del auto de procesamiento
en archivo magnético.
Por entender que se encuentran didácticamente sistematizados,
resumimos del informe pericial a los efectos que los señores y señoras legisladoras
puedan tener una dimensión de las operaciones llevadas a cabo, prácticamente desde el
inicio de la gestión llevada adelante por la sociedad integrada por el Grupo Rohm y los
Bancos accionistas.
Analizadas cada una de las denuncias los peritos le informaron al Sr.
Juez:
FALTANTE DE VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS
"18. - Se denuncia por parte del Banco Central del Uruguay un
faltante de valores públicos y privados al 31/12/2001 cuyo monto en valor nominal fue
calculado en forma primaria y a los efectos de la denuncia en la suma de
US$ 215:794.829 (doscientos quince millones setecientos noventa y cuatro mil
ochocientos veintinueve dólares americanos). Dichos valores se encontraban en custodia en
el Banco General de Negocios (Argentina) luego de recibir los fondos de parte del Banco
Comercial".
"19. - Dicho faltante surge de restar a la cifra de valores
públicos y privados, propios y de clientes, que debía poseer según registros del Banco
Comercial depositados en custodia en el Banco General de Negocios US$ 572:964.854, el
monto de documentos que el BANCO GENERAL DE NEGOCIOS (BGN) informa tener en custodia al
31/12/2001 US$ 354:657.775 y los valores privados (acciones) que la Compañía
General de Negocios Bursátiles SBSA – Argentina (compañía 100% de Banco General de
Negocios) informa tener a la misma fecha US$ 2:512.250 ".
"20. - Conforme surge de la denuncia, las decisiones de inversión
en valores públicos y privados se realizaban en el ámbito de un mini comité de
inversiones integrado por los señores Carlos Rohm (Vicepresidente Ejecutivo) y Antonio
Lago (Gerente Financiero). También surge de lo expuesto en el expediente y de
declaraciones de sus principales cuadros jerárquicos que era política del Banco
Comercial dejar depositados en custodia en los vendedores los valores adquiridos.
Cabe destacar acá como surge del resumen del informe pericial en su
punto 112 que:
"PUNTO 112.- La inversión en papeles argentinos comprados a BGN y
dejados a su custodia fue una estrategia decidida y llevada adelante por la
administración Rohm. Antes de que el BC (Banco Comercial) fuera comprado por Carlos Rohm
y sus socios Bancos extranjeros, el BC no invertía en papeles argentinos.
La inversión en títulos de deuda argentinos comenzó a realizarse a
partir de la administración de Carlos Rohm y su equipo. La especie BONEX 89, apareció en
Banco Comercial en el año 1992 y nunca fue adquirida por Banco General de Negocios a
nombre de Banco Comercial. La especie BONEX 92, aparecida en el año 1997 en BC fue una
operación ruinosa para Banco Comercial de la cual se benefició exclusivamente BGN, en el
supuesto de que hubiese sido comprada.
Quedo claro que las operaciones de vaciamiento comenzaron mucho antes
de la crisis en la República Argentina y que las aprehensiones puesta de manifiesta en la
interpelaciones llevadas adelante desde 1990 resultan absolutamente justificadas.
Respecto al monto total del faltante en valor nominal los peritos
informan:
25.- Sobre la base de la documentación e
información citada (....), determinamos que el faltante en valor nominal al 31 de
diciembre de 2001 de valores públicos y valores privados pertenecientes al Banco
Comercial S.A. y a clientes asciende a la suma de U$ 214.545.022.(dólares
estadounidenses doscientos catorce millones quinientos cuarenta y cinco mil veintidós)...
TÍTULOS |
TOTAL |
PÚBLICOS |
198.085.467 |
PRIVADOS |
16.459.555 |
TOTAL
TÍTULOS |
214.545.022 |
FALTANTE DE TÍTULOS PERTENECIENTES AL BANCO COMERCIAL
26.- El total anterior se discriminó de acuerdo a los titulares de los
valores, obteniendo el faltante de valores pertenecientes al Banco Comercial al 31
de diciembre de 2001, que suma en valor nominal U$ 199.313.467. (ciento noventa y
nueve millones trescientos trece mil cuatrocientos sesenta y siete dólares USA):
TÍTULOS |
PROPIOS
DEL BANCO |
PÚBLICOS |
183.813.467 |
PRIVADOS |
15.500.000 |
TOTAL
TÍTULOS |
199.313.467 |
Respecto a faltante de títulos pertenecientes a Clientes del Banco
Comercial
27.- Del mismo modo, determinamos el faltante cuyos titulares son
clientes del Banco, y que al 31 de diciembre de 2001 suma en valor nominal
U$ 15.231.555. (quince millones doscientos treinta y un mil quinientos cincuenta y
cinco dólares USA):
TÍTULOS |
CLIENTES |
PÚBLICOS |
14.272.000 |
PRIVADOS |
959.555 |
TOTAL
TÍTULOS |
15.231.555 |
En cuanto a la Identificación del vendedor se informa:
28.- De la documentación analizada surge que los títulos
identificados como faltantes, en especial los pertenecientes al Banco Comercial, habrían
sido comprados a Banco General de Negocios (BGN.). El condicional lo utilizaremos el
sentido de que se pudo verificar, con documentación e información del BANCO CENTRAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA y los registros del MAE (Mercado Abierto Electrónico de la
República Argentina), la acreditación de los fondos enviados por el BANCO COMERCIAL en
la cuenta de BANCO GENERAL DE NEGOCIOS y la ausencia de la compra de algunos
títulos-valores.
29.-Es decir que si bien se giraron los fondos y se dieron las
instrucciones para que se realizara la compra de títulos, éstos nunca fueron comprados y
los fondos enviados fueron transferidos, como veremos, a CGN SAIFE. Más adelante
volveremos sobre el tema. (destacado nuestro)
30.- El Sr. Antonio Lago, Gerente Financiero de Banco Comercial, cuando
fue interrogado sobre aspectos operativos en las decisiones de inversión en valores
públicos realizadas por funcionarios del BANCO COMERCIAL, expresa claramente que la
contraparte de las transacciones de compra era el BANCO GENERAL DE NEGOCIOS (...)(folio
3445)
32.- Respecto a los títulos faltantes propiedad de clientes, también
podemos concluir que la contraparte en la operación de compra fue el BANCO GENERAL DE
NEGOCIOS.
33.- Ciertamente el BANCO GENERAL DE NEGOCIOS "satisfacía"
los requisitos de los tomadores de decisiones de inversión del BANCO COMERCIAL, léase el
MINI COMITÉ DE INVERSIONES conformado por los señores Antonio Lago y Carlos Rohm. Es
importante hacer notar que en ese comité no se llevaban actas de ningún tipo o registros
de las decisiones tomadas, y las ordenes de inversión eran transmitidas en forma verbal.
Acotamos los firmantes: hecho que nunca se percibió por parte de los
organismos de contralor.
34.- Por otra parte, preguntado el Sr. Pensatori en qué casos
coincidía la entidad vendedora con la entidad que mantenía en custodia los títulos que
fuere, responde:
"En el caso de B.G.N." (Sergio Pensatori - fojas 3419).
36.- Los títulos faltantes de clientes
tendrían que estar, sobre la base de la información analizada y las declaraciones
antedichas, en custodia del BANCO GENERAL DE NEGOCIOS, por lo que podemos concluir
razonablemente que habrían sido adquiridos a dicha entidad. De todas maneras ello será
así siempre y cuando se haya producido realmente la compra de esos títulos, extremo que
como ya dijimos en algunos casos no fue así.
Respecto a la Custodias de los títulos faltantes se informó:
37.- Surge de la documentación y su análisis, que en el caso de la
totalidad de los títulos faltantes propiedad del Banco Comercial, tanto públicos y como
privados, la institución depositaria era el BANCO GENERAL DE NEGOCIOS.
40.- Respecto a los títulos faltantes de clientes, también se tuvo
evidencia documental de que la custodia era de BGN. De la investigación cumplida por el
BCU, de los trabajos realizados por la consultora KPMG, de las declaraciones citadas que
surgen de autos y de nuestra propia investigación y correspondiente análisis, se puede
concluir que el Banco General de Negocios (BGN.) era asimismo el agente custodia de los
títulos de clientes.
41.- También se puede concluir que algunos clientes que compraron los
títulos a través del BANCO COMERCIAL, los dejaron en éste en custodia, siendo
posteriormente el BANCO COMERCIAL quién los depositó en custodia en el BGN.
42.- Por último tenemos el caso de títulos pertenecientes a clientes,
valores que también custodiaba el BGN, que eran mantenidos en nombre de sociedades que
concomitantemente prendaron dichos valores en garantía de préstamos otorgados por el
BGN, créditos que como veremos más adelante fueron luego "vendidos" al BANCO
COMERCIAL. Esos títulos fueron transferidos a los libros de éste último, pero
permanecieron en custodia del BGN.
Respecto a la asignación de las fallas de contralor, los peritos en
sus puntos 83, 84 y 85 del informe pericial determinan que:
83.- Ahora bien, de acuerdo a la óptica del BCU, se concluye que,
respecto a las decisiones y procedimientos en la compra de valores públicos y en especial
los de origen argentino, coadyuvaron las debilidades e insuficiencias del Control Interno
del Banco Comercial para la materialización del fraude. Concretamente se hace referencia
a la aplicación de procedimientos inadecuados en la compra, confirmación y custodia de
los títulos.
Vale tener presente la opinión de los Sres. Peritos acerca de las
fallas en los controles que expresaron:
84.- Por nuestra parte, entendemos oportuno poner en conocimiento del
Señor Magistrado en esta instancia de que, en nuestra opinión, en este asunto
ciertamente también fallaron "los controles anteriores, concomitantes y
posteriores" a que hace referencia el artículo 15 de la Ley Nº 15322 a cargo del propio
Banco Central del Uruguay. Como seguramente también fueron extremadamente frágiles los
controles que debió ejercer el Departamento de Auditoría Interna del Banco Comercial, el
que estaba a cargo de la Sindicatura del Banco y el que debe cumplirse dentro de un marco
de razonabilidad por parte de la firma de Auditoría Externa contratada.
85.- En resumen, basamos nuestra opinión respecto a que se cometieron
demasiados errores en el control y seguimiento de las operaciones con Títulos -Valores en
los siguientes elementos básicos:
Las compras de títulos eran aprobadas en reuniones semanales en el
comité de inversiones (Antonio Lago y Carlos Rohm), reuniones en las cuales no se
levantaban actas ni se verificó registro alguno.
De acuerdo a los documentos analizados y a las declaraciones de los
testigos que surgen de autos, que no se constata que la Auditoría Interna, la Auditoría
Externa o el Banco Central del Uruguay revelaran esta insuficiencia, a pesar de que
eran la norma general de funcionamiento del Comité de Inversiones.
Las órdenes de compra no eran incluidas en las transacciones de la
mesa de cambio del Banco Comercial; por el contrario, eran realizadas directamente entre
el Sr. Lago por el BC y el Sr. Muiño por el BGN.
A pesar de que se prescindía totalmente de la mesa de operaciones
del Bco. Comercial, operativa absolutamente reñida con lo que es de práctica normal,
nunca fue advertido durante todo el largo proceso - comenzó el 1/10/1990 - de la
"Administración Rohm y asociados" del Banco Comercial.
Tampoco llamó la atención a los controladores citados, quizás
guiándose por las expresiones del Sr. Antonio Lago de que "era lo normal", que los títulos de deuda pública y privada que eran
comprados a BGN se mantuvieran en custodia por éste. Surge de la documentación examinada
que tanto el Banco Central del Uruguay (BCU), como los encargados de la auditoría
independiente (PWC), como el órgano de control interno y/o la Sindicatura del BC., nunca
repararon en esta relación o transacción a pesar de conocer de que se trataba de partes
vinculadas.
En el informe de KPMG adjunto se manifiesta lo siguiente: "Las
operaciones con partes vinculadas (...) no se encuentran reflejadas en los estados
contables de Banco Comercial o BGN. Los estados contables y la información revelada en
ellos son responsabilidad de la gerencia. La divulgación de transacciones significativas
con partes vinculadas es un requisito de información contable bajo los Principios
Contables Generalmente Aceptados de Uruguay y Argentina. Las operaciones de esta
naturaleza son generalmente reveladas por la gerencia a los auditores en sus declaraciones
a las preguntas específicas relativas a operaciones con partes vinculadas. No tenemos
conocimiento de que esta información haya o no haya sido brindada al auditor, pero la
misma no se encuentra reflejada en los estados Contables" (fojas 550).
Complementariamente anotamos que de la documentación analizada en
estos autos, no se constata la existencia de instrucciones que acompañaran a las
operaciones, el objeto de las mismas y las autorizaciones para materializar las
correspondientes compras de valores.
Tampoco se verificó la existencia de cuestionamientos a esta
omisión por parte de los organismos de control interno y/o externo.
Observamos en nuestro análisis que también se prescindía, una vez
ordenada la compra de un título, de la confirmación - vía fax u otro - de la operación
que debiera emitirse por el vendedor (BGN). El único respaldo documental de la inversión
realizada por el BC era el comprobante "swift" de transferencia de fondos. Esta
grosera anomalía en el control mínimo necesario de una operación de compra de títulos,
tampoco fue cuestionada o puesta de manifiesto por los controladores...." (subrayados
nuestros)
Vale para tener claro que la inversión en papeles públicos argentinos
fue una estrategia para el desvío de fondos reproducir íntegramente los numerales 105,
106, 107*, 108, 109, 111, 112 Y 113 del informe pericial:
105.- Sintetizando, exhibimos que a través de operaciones simuladas o
reales pero ruinosas, se hacían desaparecer sumas millonarias en dólares transferidas
originalmente desde el BC (Banco Comercial), utilizando a CGN SAIFE (Compañía General de
Negocios SAIFE) como puente y al BGN (Banco general de Negocios) como principal
beneficiado. Cabe acotar que en las operaciones de compraventa de títulos valores se
pagan comisiones a los agentes que intervienen, extremo éste que no está revelado en la
investigación, pero que es una norma del mercado. Entonces, afirmamos que el BGN y sus
agentes directos han sido los participantes en dichas transacciones, por tanto los
principales beneficiados.
106.- En nuestra opinión, en la contabilidad de CGN (Compañía
General de Negocios) se debió reflejar estos movimientos de compra venta de títulos, y
la supuesta asistencia que debió recibir a partir de operaciones financieras ruinosas que
en última instancia servían para desviar los fondos originalmente pertenecientes al
Banco Comercial. Volveremos sobre el tema en el capítulo correspondiente a la CGN SAIFE,
pero dejamos anotado que su operativa financiera y su contabilidad fueron uno de los
vehículos e instrumentos principales usados para la maniobra que en última instancia
implicó la desaparición de cientos de millones de dólares girados por el Banco
Comercial, dinero que le era propio o de sus clientes, y que una parte sustancial, como se
verá, fue aportado por el Estado Uruguayo. (subrayado nuestro)
Confrontación de registros en Caja de Valores S.A. con estados
trimestrales en poder del Banco Comercial enviados por B. G. N.
107 (a).- Antes que nada debemos precisar que la confrontación de la
documentación solo pudo realizarse a partir del trimestre cerrado al 31 de diciembre de
1999. Y esto es así porque en el Banco Comercial solo se obtuvo documentación que
permite el cotejo en forma continua y ordenada a partir de ese período. La documentación
en poder del Banco Comercial anterior a esa fecha, insólitamente, no está completa
desconociéndose su destino. Al folio 8982 y siguientes constan
los originales de los estados de cuenta trimestrales de Caja de Valores S.A. que estaban
en poder del Departamento de Títulos, y de trimestres no consecutivos.
107 (b).- La metodología de trabajo hizo que se debieran elaborar
planillas, identificando el título y los stocks o existencias de Títulos-Valores en
Valor Nominal depositados al final de cada trimestre. Estas planillas de elaboraron a
partir de la información que surge de los registros originales de Caja de Valores S.A.
(CVSA) y la de los estados trimestrales en poder del Banco Comercial, remitidos por BGN
(Ver ANEXOS XI.A a XI.H). Los registros de Caja de Valores S.A. fueron obtenidos a partir
de la investigación llevada adelante por M.A.E* ( Fo 6897 a 7247).
A continuación se expone un -Cuadro- resumen del trabajo que exhibe la
confrontación:
TÍTULOS
DEPOSITADOS EN CAJA DE VALORES S.A. (R.A.) |
| SEGÚN REGISTROS CV
(M.A.E.) |
SEGÚN REGISTROS CV
(BNG) |
AL: |
STOCK |
AL: |
STOCK |
DIFERENCIA |
31/12/1999 |
8.187.613 |
31/12/1999 |
134.362.990 |
-
126.175.377 |
31/03/2000 |
8.561.461 |
31/03/2000 |
134.399.461 |
-
125.838.000 |
30/06/2000 |
9.923.039 |
30/06/2000 |
145.791.039 |
-
135.868.000 |
30/09/2000 |
34.362.228 |
30/09/2000 |
189.388.228 |
-
155.026.000 |
31/12/2000 |
10.043.354 |
31/12/2000 |
166.542.355 |
-
156.499.000 |
31/03/2001 |
44.816.235 |
31/03/2001 |
222.660.235 |
-
177.844.000 |
30/06/2001 |
24.721.636 |
30/06/2001 |
210.071.529 |
-
185.349.893 |
30/09/2001 |
29.323.261 |
30/09/2001 |
256.707.843 |
-
227.384.582 |
108.- Entendemos que este cuadro es demostrativo de diferencias
significativas entre los Valores Nominales registrados en CVSA por títulos depositados
por BGN para la cuenta del Banco Comercial y lo registrado en los estados de cuenta
trimestrales que enviaba BGN de los títulos del Banco Comercial. En última instancia
esta diferencia estaría revelando el faltante de títulos propios del Banco Comercial y
los títulos pertenecientes a clientes del BC. (Ver ANEXO XII).
109.- Nótese en el cuadro anterior que, período tras período la
diferencia se incrementa. El mayor incremento se produce en el período enero –
setiembre de 2001, en el cual la diferencia pasa de ser US$ 156:5 millones a
US$ 227:4 millones. En ese lapso el incremento de la diferencia de lo real depositado
según MAE y lo informado como depositado por BGN es de US$ 70:9 millones. (Ver ANEXO
XIII).
El informe de los peritos en el capítulo referido al faltante de
Valores y particularmente en su literal ( d ) "inversión en papeles públicos
argentinos como estrategia para el desvío de fondos", informa conclusiones que
consideramos dejan en claro una de las formas de operar para llevar adelante el desvío de
millones de dólares del Banco Comercial hacia el Banco General de Negocios y otras
empresas vinculadas al grupo como San Luis y Compañía General de Negocios y que ésta
fue una forma de operar puesta en ejecución desde el inicio de la gestión del Banco
Comercial por parte de Rohm y asociados. Veamos el mismo.
"(d) Inversión en papeles públicos argentinos como estrategia
para el desvío de fondos"
111.- A partir del informe del Banco Central de la República Argentina
y sus conclusiones respecto a los valores faltantes del Banco Comercial, surgía que
determinadas especies nunca fueron compradas y/o nunca aparecieron en la posición de BC
según los registros de custodia de BGN. Los hechos comprobados que surgen del informe
reafirman, sin margen para la duda, la conclusión que manifestamos anteriormente: el
desvío de millones de dólares del Banco Comercial hacia BGN y hacia otras empresas
pertenecientes al grupo (San Luis Financial y Compañía General de Negocios) o
fuertemente vinculadas. Y esa operativa fue desarrollada en forma sistemática desde el
comienzo mismo de la administración y gestionamiento del Banco Comercial por parte del
Sr. Carlos Rohm y sus socios, haciendo figurar adquisiciones de valores públicos y
privados argentinos.
¿Cómo llegamos a esta afirmación? Lo exponemos seguidamente.
112.- A partir de nuestro análisis se confirmaron los siguientes
hechos que convalidan la conclusión que hemos explicitado, a saber:
La inversión en papeles argentinos fue una estrategia decidida y
llevada adelante por la administración Rohm. Los títulos eran comprados, en su gran mayoría a BGN y, como se ha verificado contundentemente, quedaban en
custodia de éste.
Antes de que el BC fuera comprado por Carlos Rohm y sus socios Bancos
extranjeros, la posición de BC en papeles argentinos, públicos y privados, era
irrelevante. Esta información nos fue suministrada por el Sr. Sergio Pensatori.
La inversión en títulos de deuda argentinos comenzó a realizarse a
partir de la administración de Carlos Rohm y su equipo.
En el año 1992 el Banco Comercial comienza a tener en su posición el
BONEX’89, especie que nunca fue adquirida por BGN a nombre de BC.
Se verificó durante todo el período un crecimiento de la posición en
títulos públicos y privados argentinos (Bonos, Letras, Obligaciones, Acciones) del Banco
Comercial.
En el año 1997 el Banco Comercial comienza a tener en su posición el
BONEX’92. Esta especie fue analizada en forma particular [( b ), ítem ii], siendo
que algunas partidas fueron compradas pero transferidos por BGN a CGN SAIFE libre de pago
y otras nunca fueron compradas.
Partiendo de los listados de saldos que revelan la existencia de
títulos pertenecientes al BC, se confeccionó, a partir del año 1992, el siguiente
Cuadro resumido con la evolución que tuvieron los saldos a fin de cada ejercicio (31 de
diciembre) de los siguientes Títulos Valores: BONEX 89 y BONEX 92,
Título |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
Bonex’89 |
20 |
N/I |
71 |
139 |
201 |
234 |
235 |
N/C |
N/C |
Bonex’92 |
0 |
N/I |
0 |
0 |
0 |
39 |
68 |
128 |
128 |
113.- "Para la comprensión del cuadro debemos establecer que las
cifras están expresadas en millones de dólares y corresponde a valores nominales. Estas
cifras fueron extraídas de los informes sobre los saldos registrados por cuenta de BC
(Banco Comercial) al 31 de diciembre de cada año, enviados por BGN (Banco General de
Negocios). Para el año 1993 no tuvimos información. El Bonex’89 vencía en 1999,
por tanto, desaparece de la posición a fin de ejercicio de 1999 y 2000".
Los miembros firmantes del presente informe consideramos que se
reafirma que las actividades ilícitas respecto a la operativa del Banco Comercial
comenzaron al poco tiempo de su reprivatización y del control del gerenciamiento por
parte de quienes asumieron la responsabilidad de su gestión.
Se desprende asimismo las insuficiencias demostradas por quienes
tuvieron responsabilidad de control del sistema financiero, no solo el contralor interno
del Banco Comercial, sino también por parte de quienes controlaban externamente la
operativa del Banco y particularmente por el Banco Central del Uruguay.
CRÉDITOS OTORGADOS A PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS VINCULADAS Y
CONCEDIDOS EN FORMA IRREGULAR
Respecto a la denuncia de créditos otorgados a personas o empresas
vinculadas los peritos concluyen:
En la denuncia llevada adelante recién a partir de febrero de 2002 se
denunció por parte del Banco Central un manejo irregular en el otorgamiento de créditos
por parte de los integrantes del Comité de Créditos del Banco Comercial.
En informes de fechas 8 y15 de febrero de 2002 que obran en el
expediente 2002/0144 los funcionarios de la Superintendencia de Instituciones de
Intermediación Financiera (SIIF) realizaron una revisión de riesgo crediticios de Banco
Comercial para detectar posibles irregularidades en dichos créditos que afectaran la
solvencia del Banco. Debemos tener presente que dicha revisión se realiza en el marco de
lo dispuesto por las resoluciones del Directorio una vez que hubo salido a luz la
detención de Carlos Rohm en la República Argentina. En la propia denuncia penal se
plantea que "la SIIF inició una investigación en el Banco Comercial en razón de
los hechos de notoriedad ocurridos en la República Argentina".
Da para pensar que si no hubieran existido los hechos de la República
Argentina el BCU y particularmente la SIIF no se hubiera enterado de los créditos
otorgados en forma irregular.
Analizaremos las conclusiones a las que arribaron los peritos y nos
preguntamos que pasó con la supervisión del Banco Comercial previo a enero de 2002 que
no hubo capacidad para detectar el cúmulo de irregularidades que van a quedar expuestas
con información que ya existía previamente dado que el trabajo de análisis –
según consta en la denuncia penal "tuvo en cuenta la posición del Banco Comercial a
diciembre de 2001, y en cada caso - en función de la disponibilidad - se analizó carpeta
de los clientes, las autorizaciones de créditos, la carpeta legal, vales, garantías y registro de firmas y adicionalmente el interrogatorio
formulado al Sr. Ignacio Llambías (Gerente de Banca Mayorista)".
En la denuncia presentada por el Banco Central del Uruguay, se
consignan las siguientes particularidades de las irregularidades u omisiones al otorgar
créditos, numeral 117 del informe pericial:
Insuficiencia de elementos justificativos del crédito.
Inexistencia de análisis previo a la concesión del crédito (faltan
informe del deudor y capacidad de repago) y no participación del Área de Análisis de
crédito.
Inconsistencia entre los datos del crédito y los borradores de minutas
del Comité de Créditos respecto al destino de los mismos.
Crédito de volumen desmedido en relación con la capacidad económica.
Préstamos a personas y empresas vinculadas a Carlos Rohm y BGN.
Préstamos destinados a actividades especulativas.
Concentración de riesgo país Argentina, con garantías constituidas
en el BGN.
Incertidumbre sobre la recuperabilidad de los créditos.
A dichas conclusiones se agrega como conclusión en la demanda iniciada
el 19 de febrero de 2002 que los créditos referidos alcanzan un valor aproximado de
U$ 70.000.000. (setenta millones de dólares).
"Destacan los funcionarios del Banco Central que estuvieron a
cargo de la investigación, que las concesiones o renovaciones de "créditos con
irregularidades" fueron otorgados principalmente a personas y empresas vinculadas al
"Grupo Rohm" y/o a funcionarios y directores del Banco General de Negocios y/o a
sociedades y personas vinculadas a funcionarios y directores del BNG." (numeral 115
del informe pericial).
120.- El conjunto de clientes cuyas carpetas fueran, primero,
reanalizadas internamente por funcionarios del Banco Comercial, fueron posteriormente
reexaminadas por la Gerencia de Área de Análisis e Inspección del Banco Central a
partir de detectado el fraude (Enero – Febrero de 2002). El informe elevado en el
expediente interno del BCU No. 2002/0144 se resume en lo presentado adjunto a la denuncia
como "Revisión de Riesgos Crediticios del Banco Comercial" de fojas 84 –
90. La clasificación de las diferentes irregularidades detectadas por los inspectores se
dividió en cinco categorías de infracciones:
Préstamos otorgados a funcionarios del BGN.
Préstamos a empresas y personas vinculados con Rohm.
Préstamos a personas vinculadas.
Compañías que tienen en garantía valores argentinos.
Otros.
Veremos ahora las conclusiones a las que arribaron los peritos respecto
a las denuncias de irregularidades por los créditos otorgados, que figuran en el informe
pericial en el numeral 136 y ss.
136.- Como ha sido detallado en el presente capítulo y de lo que se
resumirá seguidamente, hemos constatado respecto a un número importante de los créditos
otorgados a los No Residentes – empresas y personas -, una clara insuficiencia de
elementos justificativos del crédito, en especial los siguientes:
Falta de información relevante en la carpeta del deudor perteneciente
al Sector Banca Mayorista, sector a cargo del Sr. Ignacio Llambías;
Falta de un flujo de fondos o de un análisis para el repago del
crédito en la carpeta legal del deudor,
Inconsistencias de los datos brindados en la carpeta respecto a la
realidad, en especial respecto al destino del crédito.
140.- Por otra parte, como hemos detallado, surge claro que los
otorgamientos de líneas de crédito, que luego fueron utilizadas en su totalidad o
parcialmente, lo fueron a personas y empresas muy conocidas o vinculadas al Sr. Carlos
Rohm y/o a funcionarios de jerarquía en el Banco General de Negocios (....).
141.- En nuestra opinión, considerada la personalidad y el cargo de
Director Gerente que ostentaba Carlos Rohm, dichos créditos fueron concedidos pese a lo
desmedido de su cuantía y de su concentración en riesgo Argentina, elementos que a la
postre los tornaron incobrables a la mayoría de ellos y ocasionaron pérdidas netas por
montos importantes para el Banco Comercial.
146.- Se desprende de la documentación auditada, un conjunto
importante de casos que estuvieron destinados – documentados
o no - a actividades especulativas, a saber: compra de acciones de Química
Estrella, compra de acciones de BGN, compra de bonos rusos o argentinos, etc., con el
consiguiente riesgo para su recuperación en momentos de gran volatilidad (....).
147.- En otros casos, se pudo constatar, que los préstamos fueron
concedidos para la sustitución del endeudamiento argentino con el Banco General de
Negocios de sus titulares. Esta sustitución de pasivos con BGN. se transforman en deudas
uruguayas contraídas en el Banco Comercial (...).
151.- En síntesis, se ha constatado la ocurrencia de las
irregularidades que fueran denunciadas por el Banco Central del Uruguay respecto a los
créditos otorgados a No Residentes por el sector "Banca Mayorista" con gerencia
a cargo del Sr. Ignacio Llambías.
152.- A través de las informaciones detalladas "ut supra"
que especifican los pormenores de ciertos préstamos otorgados a no residentes, surgen
claras las constataciones de lo denunciado respecto a que:
Son préstamos otorgados a personas o empresas vinculadas a los
señores José y Carlos Rohm y/o al Banco General de Negocios.
Alguno de ellos son préstamos destinados a actividades especulativas.
Un grupo importante de créditos tiene concentración de riesgo país
Argentina, con garantías constituidas en el BGN.
153.- En lo que respecta a lo que sea, quizás, lo más importante que
es la recuperación del dinero volcado por el Banco Comercial a través de estos créditos
a NO-RESIDENTES, de acuerdo con las informaciones suministradas por el Banco Central del
Uruguay actualizadas a Marzo de 2003 (..), podemos establecer el muy difícil recupero
total o parcial de la mayoría de los de este tipo.
A los efectos de valorar lo planteado en el numeral 151 vale la pena
reproducir el cuadro donde se informa la deuda, la garantía que posee y como está
categorizada:
CUADRO II - Que informa del crédito adeudado y de las
garantías con que se responde a tal crédito; la diferencia establece la pérdida
factible en descubierto.
NOMBRE |
ADEUDADO |
GARANTÍAS |
CATEGORÍA |
| LOS W SOCIEDAD
ANÓNIMA |
7,200,000 |
0 |
4 |
| CASA NINE SACIF |
5,700,000 |
5,737,067 |
4 |
| COMPAÑÍA GENERAL
MANDATOS SOCIEDAD |
5,400,000 |
0 |
5 |
| ALPARGATAS S.A.
INDUST. |
4,920,387 |
0 |
5 |
| MIGUENS BEMBERG,
DIEGO FERNANDO |
3,123,000 |
0 |
4 |
| LIAG ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA |
3,000,000 |
0 |
5 |
| MOLINO ARROCERO
DEL LITORAL SOCECIDA |
3,000,000 |
0 |
5 |
| MOLINO CAÑUELAS
SOCIEDAD ANÓNIMA |
3,000,000 |
0 |
5 |
| CAMUZZI GAS DEL
SUR S.A. |
2,990,688 |
0 |
5 |
| LOS MISTOLES DEL
TOTORAL SOCIEDAD R |
2,525,000 |
1,125,000 |
5 |
| CALAFATE SOCIEDAD
ANÓNIMA |
2,500,000 |
0 |
5 |
| WALGER, EDUARDO
AQUILES |
2,300,000 |
0 |
5 |
| MATRICERIA AUSTRAL
SOCIEDAD ANÓNIMA |
1,275,368 |
0 |
5 |
| SOLELECTRIC
SOCIEDAD ANÓNIMA |
2,000,000 |
0 |
5 |
| SULLAIR ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA |
2,000,000 |
0 |
5 |
| EL TACAZO SOCIEDAD
ANÓNIMA |
1,900,000 |
0 |
5 |
| FERNÁNDEZ VIDAL,
GUILLERMO MANUEL |
1,880,000 |
0 |
5 |
| CANTÓN
ETCHEBEHERE, EDUARDO ALBERTO |
1,878,749 |
699,000 |
5 |
| GABARRO ROGERS SOCIEDAD ANÓNIMA |
1,869,220 |
616,843 |
5 |
| EMACO SOCIEDAD
ANÓNIMA |
1,614,000 |
0 |
5 |
| DODERO, ALEJANDRO
AUGUSTO |
1,505,294 |
1,511,175 |
5 |
| COMPAÑÍAS
ASOCIADAS PETROLERAS S.A. |
1,500,000 |
0 |
5 |
| INDUSTRIAS J.
MATAS SOCIEDAD EN COMA |
1,500,000 |
0 |
4 |
| ZUBERBUHLER DE
CORRAL, ADOLFO |
1,419,359 |
0 |
5 |
| POLLEDO SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL |
1,317,497 |
0 |
4 |
| EMANUEL, NORBERTO
OSVALDO |
1,174,199 |
352,500 |
5 |
| MIGUENS BEMBERG,
CARLOS JOSE |
1,077,000 |
0 |
4 |
| CAPEX SOCIEDAD
ANÓNIMA |
1,000,000 |
0 |
5 |
| SAFICO SOCIEDAD
ANÓNIMA FINANCIERA |
1,000,000 |
0 |
4 |
| PETROLERA KONISHI
SOCIEDAD ANÓNIMA |
999,648 |
0 |
5 |
| PANDO CASADO,
CARLOS |
903,183 |
0 |
5 |
| GÓMEZ ALZAGA,
JORGE |
900,000 |
0 |
5 |
| TECNOPROM SOCIEDAD
ANÓNIMA |
900,000 |
0 |
5 |
| GÓMEZ PALMES
ROSSI, ENRIQUE JOSE |
766,704 |
0 |
4 |
| ALTA PLÁSTICA
SOCIEDAD ANÓNIMA |
750,000 |
0 |
5 |
| KELLER SARMIENTO,
ANDREAS IGNACIO |
750,000 |
0 |
5 |
| BIO SIDUS SOCIEDAD
ANÓNIMA |
700,000 |
0 |
5 |
| GURMENDI, MARTA
ZULEMA |
606,927 |
350,000 |
5 |
| DE CORRAL DE
MARIA, CARLOS |
576,929 |
148,500 |
5 |
| ESKABE SOCIEDAD
ANÓNIMA |
560,000 |
0 |
5 |
| NIDERA SOCIEDAD
ANÓNIMA |
505,690 |
0 |
5 |
| TRANSPORTE DE
AUTOMOTORES DE CUYO T |
503,384 |
508,759 |
5 |
| CENTRO COSTA
SALGUERO S.A. |
500,000 |
0 |
5 |
| EMPORIO
GASTRONÓMICO ARGENTINO SOC. |
500,000 |
0 |
5 |
| LOITEUGI SOCIEDAD
ANÓNIMA CONSTRUCTORA |
500,000 |
0 |
4 |
| MERANOL SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL |
500,000 |
0 |
4 |
| VARELA ESTEBAN,
CARLOS MARIA |
500,000 |
343,080 |
5 |
| COSTA DACOSTA,
RICARDO DANIEL |
495,028 |
495,028 |
5 |
| GIUSTI, ENRIQUE
CARLOS |
457,572 |
0 |
5 |
| MARCELLARIUS
SOCIEDAD ANÓNIMA |
450,000 |
0 |
5 |
| GUITIÉRREZ
URTUBEY, ALBERTO LUIS |
420,000 |
0 |
5 |
| ESTANCIA SANTA
MARTA S.A. |
400,000 |
0 |
5 |
| LOCKWOOD Y
COMPAÑÍA S.A. |
375,000 |
0 |
5 |
| RON TROBO, ÓSCAR
JORGE |
329,704 |
302,978 |
5 |
| LISDERO ROSSI,
ARTURO EUGENIO LAURIO |
301,401 |
80,146 |
4 |
| TEVA TUTEUR SOCIEDAD ANÓNIMA |
300,000 |
0 |
4 |
| BLANCO MUÑOZ,
GABRIEL |
295,913 |
135,000 |
5 |
| EDILCENTER
SOCIEDAD ANÓNIMA |
295,746 |
0 |
5 |
| DESPÓSITO. LUIS
SANTIAGO |
284,167 |
120,000 |
5 |
| JUBECO SOCIEDAD
ANÓNIMA |
268,073 |
0 |
5 |
| N.S.U. SOCIEDAD
ANÓNIMA |
267,905 |
132,000 |
5 |
| GANDARA, HORACIO
IVAN |
266,260 |
0 |
5 |
| MAGALCUER SOCIEDAD
ANÓNIMA |
260,000 |
0 |
4 |
| TIELENS, GUSTAVO
ENRIQUE |
250,000 |
0 |
5 |
| PEIRANO BASSO,
JUAN |
247,790 |
0 |
5 |
| PIERNI, ADRIANA
PATRICIA |
231,465 |
233,721 |
5 |
| MORIXE HERMANOS
S.A. |
218,800 |
0 |
5 |
| BASICOS S.A. |
200,000 |
0 |
5 |
| PRINZ SAIFEI |
200,000 |
0 |
4 |
| MC NEILL PALOU,
FEDERICO DAVID |
185,051 |
0 |
4 |
| CONSTRUCTORA DE
EDIFICIOS TORRE S.A. |
150,000 |
0 |
4 |
| CAMBELL, COLIN
BRUCE |
137,696 |
0 |
4 |
| RODRÍGUEZ GENARI,
ROSA ELISA BEATRIZ |
105,516 |
0 |
5 |
| TIELENS, JULIO
CÉSAR |
100,084 |
0 |
5 |
| BUGACOFF, JORGE
LEOPOLDO |
100,000 |
0 |
5 |
| T O T A L |
91,085,397 |
12,890,797 |
|
PÉRDIDA POR DIFERENCIA: US$ 91.085.397 menos
US$ 12.890.797 = US$ 78.194.600.
155.- "Resumiendo, los préstamos otorgados a no residentes
mantenían un descubierto mínimo que ascendía, a Febrero de 2003, a la suma de
U$ 78.194.600 (setenta y ocho millones ciento noventa y cuatro mil seiscientos
dólares americanos), importe éste que, en nuestra opinión, será prácticamente
irrecuperable en su totalidad para el Banco Comercial".
Para los firmantes de este informe, insistimos que resulta difícil de
comprender como previo a la situación desencadenada en la República Argentina los
servicios inspectivos del BCU no pudieron percibir, ni alertar sobre este tipo de
créditos dado en oposición al marco legal y no se alertó sobre el grado de exposición
que esta cartera de créditos tenía.
Con relación a préstamos a empresas uruguayas los peritos destacan
las que presentamos de manera resumida en la que se expresa el monto del crédito, las
relaciones con el Grupo Rohm y la categoría de riesgo que presenta en la actualidad para
el BCU que es un resumen de los numerales 134 y 135 del informe pericial:
"Entre los préstamos otorgados presuntamente de manera irregular
a empresas RESIDENTES, hemos profundizado el estudio con su situación actualizada a
Febrero de 2003 para su presentación, de los siguientes casos: Ponteril S.A., Ixanten
S.A. y Taminal S.A.. Previo a la exposición de los elementos medulares que surgen del
análisis de las operativas de otorgamiento de esos préstamos, brindaremos un resumen
preliminar de algunos datos que las identifican".
PONTERIL S.A. U$ 4.800.000. (deuda con actual calificación 5 para
el BCU).
Directores: Dr. Leonardo Slinger (Guyer y Regules)
Accionistas: Carlos y José Rohm, Ignacio Llambías y
"amigos de Rohm vinculados al polo" (¿?)
Gerente: Ignacio Llambías
Administración: Cr. José Luis Olivera
Asesores contables: Estudio Guyer y Regules
Auditores independientes: Cres. Álvaro Castagneto y Nicolás
Juan, (Guyer y Regules)
IXANTEN S.A. U$ 1.999.349. ( deuda con
actual clasificación 5 para el BCU)
Director: Dr. Ricardo Da Costa (argentino)
Accionistas: Carlos Rohm , Ignacio Llambías (50%), Ricardo Da
Costa y "Otros del Grupo Rohm"
Gerente: Ignacio Llambías
Administrador: Cr. José Luis Olivera
Asesor contable: Cr. José Luis Olivera (hoy Cr. Montgomery)
Auditor independiente: Nicolás Juan (Guyer y Regules)
TAMINAL S.A. U$ 300.000.
Director: Sr. Alfonso Lessa (Guyer & Regules)
Accionistas: Grupo Rohm
Administrador: Alfonso Lessa
Asesor contable: Estudio Guyer y Regules
Auditor independiente: Nicolás Juan (Guyer y Regules)
Y los peritos concluyen relativo al punto de créditos otorgados en
forma irregular manifestando en el numeral 159:
159.- En definitiva, en opinión de los dicentes se estaría
incurriendo en infracción de la norma que regula el sistema financiero, en particular el
artículo 38.7 de la RNRCSF que establece lo siguiente:
"Artículo 38.7 (PRÉSTAMOS AL PERSONAL SUPERIOR) Las
empresas de intermediación financiera no podrán conceder créditos o avales a su
personal superior, sean directores, síndicos, fiscales, asesores o personas que
desempeñan cargos de dirección o gerencia. Tampoco podrán conceder créditos a empresas
o instituciones de cualquier naturaleza en las que las referidas personas actúen en forma
rentada u honoraria como directores, directivos, síndicos, fiscales o en cargos
superiores de dirección, gerencia o asesoría, sea esta situación directa o indirecta a
través de personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza".
3) OPERATIVA ENTRE BANCO COMERCIAL S.A., LA EMPRESA KOMPIRA
INVESTMENT Y EL SEÑOR IGNACIO ROSPIDE
La tercera denuncia analizada refiere a:
160.- Se denuncia la existencia de ciertas operaciones presuntamente
ficticias de coberturas de riesgos de valores públicos no nacionales, con contratos de
compraventa de valores a futuro y opciones americanas. En dichas operaciones
intervinieron, como contrapartes del Banco Comercial los siguientes:
1) el señor Ignacio Rospide, corredor de bolsa,
2) la sociedad panameña "Kompira Investment Inc." cuyo
único accionista y miembro del Directorio es el mismo señor Ignacio Rospide, y
3) Nacre International Corp., sociedad también panameña.
161.- Dichas operaciones de cobertura fueron cuestionadas respecto a su
contabilización y su rescisión anticipada. En la denuncia se establece que con una
posición de valores públicos no nacionales, en su mayoría argentinos, por un valor
contable de US$ 260.309.946 al 31/03/01, se realizaron una serie de operaciones de
compraventa a futuro para cubrir eventuales pérdidas. Es así que el 10/04/01 el Sr.
Rospide realiza seis (6) contratos de compraventa de valores argentinos por un total de
US$ 123.000.000 y el 29/06/01 Kompira Inv. Inc. realiza cuatro (4) contratos de
opciones americanas de compraventa de títulos de valores argentinos por V/N
US$ 120.896.320.
162.- Paralelamente se denuncia que la rescisión antes del vencimiento
de los contratos antedichos, confirmatoria de la hipótesis de que se trataba de
operaciones ficticias, privó al Banco Comercial de la obtención de una importante
ganancia, de haberse liquidado en la fecha establecida en los mismos, ya que al momento de
su cancelación anticipada ya se conocía la caída de los precios de los títulos
argentinos objeto de los contratos.
163.- Paralelamente se denuncia que la compensación económica
efectuada por el Sr. Ignacio Rospide por la rescisión anticipada de los contratos fue
realizada con fondos transferidos por Banco Comercial a las cuentas del señor Ignacio
Rospide en Connecticut Bank of Commerce N.Y. Dichos fondos fueron debitados de la cuenta
que Comercial Investment N.V. Curaçao mantenía en ING BANK en Amsterdam. Esto también
sustenta que se trataba de operaciones no reales.
164.- Respecto a las opciones de venta futuro firmadas con Kompira, el
Banco Comercial solo ejecutó una de ellas - la correspondiente a un título brasilero -
cancelando anticipadamente las restantes – las correspondientes a títulos argentinos
-. Para ello Kompira entregó a modo de compensación títulos argentinos. Con respecto al
ejercicio de la opción del título brasilero (C Bond 2014), el BC
abonó al Kompira un precio superior al que hubiera pagado si los compraba en el mercado
en la fecha de la liquidación.
165.- La denuncia del Banco Central también sostiene que en virtud de
haber rescindido en forma anticipada los contratos se obtuvo para el Banco Comercial una
ganancia significativamente inferior (US$ 8.896.623) a la que el Banco Comercial
hubiese realizado de no haber rescindido anticipadamente los contratos
(US$ 120.896.348). Al contabilizarlos a los precios establecidos en los contratos y
no al valor de mercado que tenían dichos títulos, provocaba una sobrevaluación del
patrimonio del Banco Comercial.
166.- Con Nacre International Corp. , el BC ejerció la opción al
vencimiento, generándose una diferencia a favor de éste. Los fondos para su liquidación
fueron transferidos por CGN, debitando para ello la cuenta de SAN LUIS FINANCIAL. A su vez
quedó pendiente un saldo que a la fecha de la investigación realizada por el BCU.
También en la recompra de los valores a Nacre Int. Co. se pagó un precio superior al del
mercado.
167.- Por otra parte el Sr. Ignacio Rospide y Kompira Inv. Corp.
calzaban las operaciones de cobertura celebradas con Banco Comercial con SAN LUIS
FINANCIAL, por los mismos valores nominales y vencimientos y con una diferencia, en el
caso de Rospide, en el contravalor. Dicha diferencia correspondía a la comisión que
cobraba. En el caso de Kompira no había diferencia en los contravalores.
Como resultado de la pericia, los peritos informantes concluyen:
170.- Con una posición del Banco Comercial al 31 de marzo de 2001 en
valores públicos no nacionales, en su mayoría argentinos, por un valor contable de
US$ 260.309.946, se realizaron una serie de operaciones compra venta a futuro y
opciones de venta a futuro para cubrir eventuales pérdidas.
171.- Con fecha 10/4/01 Banco Comercial celebró seis contratos de
venta a futuro de Bonos globales argentinos por un valor nominal de US$ 123.000.000.-
con vencimiento el 28/6/01. La contraparte de la operación fue el Sr. Ignacio Rospide,
uno de los más conocidos y antiguos Corredores de Bolsa de nuestra plaza.
172.- El Sr. Rospide se comprometió a comprar al vencimiento dichos
valores por un precio de US$ 108.516.432.
173.- El día 31/5/01 ambas partes contratantes se ponen de acuerdo
para que Banco Comercial presente al canje voluntario, propuesto por la República
Argentina, parte de esos valores. Por ese motivo se dejan sin efecto los contratos
anteriores y se firman cuatro (4) nuevos contratos de venta a futuro de títulos
argentinos con vencimiento el 21/12/01, por un valor nominal de US$ 130.396.574.- y
un contravalor de US$ 110.431.082.-
175.- El día 29/06/01 Banco Comercial contrató con Kompira Investment
Corp. Opciones de venta de bonos argentinos y brasileros por un valor nominal de
US$ 135.896.320.- y un contravalor de US$ 123.151.606.-, con vencimiento el
27/12/01.
176.- En suma, entre el señor Ignacio Rospide y con Kompira se
celebran contratos de cobertura de la posición en valores públicos del B.C. por un total
valor nominal de US$ 266.292.894 (130.396.574+ 135.896.320) y un contravalor de
US$ 233.582.688 (110.431.082 + 123.151.606).
177.- Como habíamos adelantado, BC exponía en sus estados contables
al 31 de marzo, una posición en valores públicos no nacionales de US$ 260 millones
aproximadamente. Observamos de lo anterior que el total de los contratos celebrados con
Rospide y Kompira es aproximadamente de la misma magnitud.
178.- Por otra parte, el 17/10/01 Banco Comercial contrató con Nacre
Int Corp. Opciones de venta de bonos argentinos por un valor nominal de
US$ 10.000.000 y un contravalor de US$ 5.648.542, con vencimiento el
31/12/01.(...)
179.- El Sr. I. Rospide y Kompira, calzaban sus posiciones a futuro
asumidas con Banco Comercial con operaciones de cobertura que celebraba con San Luis
Financial & Investment Com. Ltd.
ii. -Respecto a la Rescisión anticipada de los contratos, los peritos
plantean:
180.- Los contratos celebrados los días 28 y 29 de junio de 2001, con
vencimiento 21 y 27 de diciembre del mismo año, no fueron liquidados a su fecha de
vencimiento. Los primeros, celebrados con I. Rospide, se cancelaron anticipadamente el 11
de diciembre, verificándose un pago de I. Rospide a Banco Comercial de
US$ 5.100.000. A su vez dicho corredor debía depositar bonos por un valor nominal de
US$ 5.000.000.
181.- La cancelación con Kompira fue similar, no obstante la
compensación fue solo con títulos. En este caso, se cancelaron únicamente los contratos
que involucraban títulos argentinos. La opción de venta del título C-Bond Brasil fue
liquidada, recomprando el Banco Comercial los valores. En este
caso, según los informes del Banco Central, el BC pagó por los bonos un precio superior
al que estaba cotizando el mercado.
182.- Algo similar sucede con la liquidación del contrato con NACRE.
Al 31 de diciembre BC ejerció la opción, vendiendo los títulos y seguidamente los
recompra a Nacre con una diferencia a favor del B.C. También en este caso el precio
pagado por BC a Nacre fue superior al que se hubiera pago si BC compraba los títulos
(Bono Global 2027 R.A.) en el mercado.
(b) Contabilización de las operaciones.
183.- Con los contratos de cobertura, el Banco Comercial contabilizaba
los valores públicos al precio de ejercicio o liquidación establecidos en los mismos.
184.- Las normas contables del plan de cuentas para empresas de
intermediación financiera establecen que los valores públicos deben contabilizarse al
valor de mercado.
185.- Surge de todas las declaraciones de los responsables contables,
tanto en el sede administrativa (BCU) como ante el Magistrado de Sede Penal, que el
criterio aplicado fue siempre el mismo: contabilización de los valores públicos objeto
de contratos de cobertura al precio de liquidación (de ejercicio) que surgía de
los mismos. Esta práctica contable fue la aplicada, en forma continua, por el Banco
Comercial desde mucho tiempo atrás (desde al año 1995 o 1996: ver declaraciones del Cr.
Rovira).
(c) -Incumplimiento de la normativa del Banco Central
186.- Al registrar al valor del contrato, el Banco Comercial no
cumplía con el artículo 22 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control
del Sistema Financiero, pues no aplicaba la Norma 2.2 obligatoria del Banco Central
respecto a la contabilización de los valores públicos no nacionales.
187.- Y decimos que el Banco Comercial no cumplía pues surge de
todas las declaraciones de los responsables contables, tanto en sede administrativa (BCU)
como ante el Magistrado de Sede Penal, que el criterio aplicado fue siempre el mismo:
contabilización de los valores públicos objeto de contratos de cobertura al precio de
liquidación (de ejercicio) que surgía de los mismos. Consta en el expediente una
cantidad importante de contratos celebrados entre Banco Comercial y Kompira y el contrato
espejo de Kompira con S.L.F. Hay ejemplares firmados en el año 1993 y así sucesivamente.
188.- Esta práctica financiera y su contabilización, utilizada por el
Banco Comercial desde mucho tiempo atrás, nunca fue cuestionada y/o advertida por el BCU
(Banco Central del Uruguay) y los auditores externos. Tampoco los órganos de control
interno, léase la sindicatura, pusieron reparos a esta práctica irregular. Práctica que
violaba de normas y que entendemos totalmente ajena a la normal y sana práctica
financiera cuando se administran recursos de terceros. (destacado nuestro)
(d) -Propósitos de la suscripción de los contratos y el criterio de
registro contable
189.- Desde el punto de vista económico, la celebración de contratos
entre 1) Banco Comercial y Rospide – Kompira y 2) entre Rospide – Kompira y San
Luis Financial, eran una simple formalidad. La realidad demuestra que se trataba de una
contratación directa entre Banco Comercial S.A. y uno de sus accionistas: San Luis
Financial.
190.- Visiblemente, este artificio contractual y contable entre Banco
Comercial y uno de sus accionistas, tenía el propósito de valuar activos (Inversiones en
Valores públicos No nacionales) a precios que no afectaran negativamente la ecuación
patrimonial del Banco Comercial. Debe tenerse presente que a la fecha de la celebración
de los contratos de referencia, la situación financiera del país emisor de los títulos
(R.A.), era claramente critica, con un riesgo-país alto, en franco y sostenido descenso
económico, lo que implicaba una desvalorización de sus títulos de deuda. Estos
comenzaron a tener una caída cada vez más evidente importante en su cotización.
191.- Mediante dicha ficción, los contratos celebrados permitían
valuar y contabilizar los títulos a valores que no reflejaran las pérdidas devengadas
por la depreciación de los mismos. Reiteramos que en el período en que se celebran los
contratos, la cotización de los títulos argentinos, como era de público conocimiento
– nacional e internacional -, estaba descendiendo diariamente.
192.- En nuestra opinión, el motivo de esta operativa contractual y el
criterio aplicado por el Banco Comercial en su contabilización, fue el de mantener
registrados los títulos objeto de los contratos al valor de venta futura pactado en los
contratos, incrementando de esa forma el patrimonio de Banco Comercial. El valor
contable, que era tomado de los contratos firmados, era mayor al del mercado.
193.- Recién en el informe de revisión
limitada de los Estados Contables del Banco Comercial al 30 de junio de 2001, los
auditores externos (PW) advirtieron que existían "... títulos de deuda argentina
con contratos de cobertura, con valor contable mayor al de mercado...", indicando que
ello surgía de la nota 3 de las Notas a los Estados Contables del Banco Comercial
al 30 de Junio de 2001. Agregaban que "...El reconocimiento de una eventual pérdida
depende de la liquidación de los correspondientes contratos de cobertura a su
vencimiento." (Folio 3601).
A esta altura los peritos se preguntan:
196.- Cabe preguntarse: Y quién era la cobertura? Ignacio Rospide, el
que a su vez se cubre con San Luis Financial. El Sr. Rospide actuaba como intermediario
entre Banco Comercial y su accionista, situación totalmente irregular y que no fue
revelada por Banco Comercial.
198.- El señor Rospide, según el estado de responsabilidad
patrimonial que tenía el BC, no tenía el respaldo suficiente para hacer frente a las
diferencias a pagar en caso de liquidación. Por lo que Sr. Rospide, tanto por sí como en
representación de Kompira, no podía hacer frente a las coberturas ante una variación de
las cotizaciones de los títulos, como lo afirma la nota "... cuya cotización
conjunta ha fluctuado hasta el 30 de junio de 2001 siendo inferior en aproximadamente
$ 192 millones al valor de ejercicio y de venta futura". La diferencia al 30 de
junio era más de diez veces el patrimonio del Sr. Rospide, según el estado patrimonial
visualizado por los auditores externos.
199.- Por lo que, en caso de dificultades Rospide debería recurrir a
su contraparte, ya que ".El reconocimiento de una eventual pérdida depende de la
liquidación de los correspondientes contratos de cobertura a su vencimiento.", como
lo afirma PW en su informe. Y la contraparte final era San Luis Financial, que no era otra
cosa que una parte del Banco Comercial: era uno de sus accionistas importantes. entendemos
que este hecho o situación No resiste el más mínimo análisis.
200.- Por lo que no cabe otra conclusión que la de afirmar que dichos
contratos nunca se iba a cumplir, que eran falsos y que en su falsedad tenía un único
propósito cual era tergiversar la contabilidad del Banco Comercial, incrementar el
patrimonio del Banco Comercial , desnaturalizando de esa manera los Estados Contables.
201.- Consideramos que nuestra opinión se confirma con el hecho de las
rescisiones anticipadas de los contratos celebrados en junio de 2001. El Sr. Rospide ante
la Sede declara: "...SLF paga a través de mi cuenta en Nueva York US$ 5.1
millones en dos partidas de US$ 2, 5 millones y US$ 2,6 millones (...) yo los
transfiero a través del Chase Manhatan Bank a la cuenta del BC (...) y cuando Merril
Lynch me confirma que fueron acreditados en mi cuenta 5 millones en bonos globales 2018
inmediatamente los hago transferir a la cuenta del BC."(ver fojas 3655)
202.- Surge de la documentación y del análisis realizado, que los
fondos en dólares (US$ 5.100.000) fueron transferidos desde la cuenta de Comercial
Investment N.V. Curaçao. Los días 20 y 21 de diciembre el Sr. Antonio Lago ordenó hacer
dos transferencias por US$ 2:6 millones y US$ 2:5 millones, al Banco Connecticut
Bank of Commerce N.Y. a las cuentas de Ignacio Rospide . Es decir que fue el Banco
Comercial quien ordenó a ING Amsterdam a que realizara las transferencias. Los fondos
fueron directamente desde Comercial Investment. Al Sr. I. Rospide.
203.- Conclusión, los fondos para la cancelación anticipada de los
contratos no fueron aportados por la contraparte del Sr. Rospide (SLF), sino que salieron
de los depósitos captados a través de Com. Investment. Corolario: el pago fue ordenado
por Banco Comercial y no por San Luis Financial.
204.- En síntesis, existió un contrato falso y como contrapartida una
cancelación falsa. Los dineros salían de la misma caja, o sea, del Banco Comercial.
(subrayado nuestro)
205.- En otro orden de cosas consideramos que este hecho no pudo haber
pasado desapercibido para el Sr. Rospide: su Banco en Nueva York recibió los fondos de
Com. Inv., ordenado por Banco Comercial, no por San Luis Financial.
206.- Pero también se visualizó la existencia de una cantidad de
contratos de compra venta de títulos y opciones de compra venta de títulos valores entre
Banco Comercial y Kompira Investment Inc., y el contrato espejo entre Kompira y San Luis
Financial & Investment Com. Ltd. En su totalidad fueron liquidados al vencimiento,
tanto entre Banco Comercial y Kompira y entre Kompira y San Luis Financial. En su gran
mayoría se ejercieron a favor de Banco Comercial, es decir que Kompira pagaba la
diferencia entre los precios pactados. El contrato espejo entre Kompira y San Luis,
cobertura de Kompira, también era ejercido, pagando San Luis la diferencia de los precios
de los valores ejercidos.
207.- Si sumamos todas las liquidaciones de
estos contratos (Fojas. 4448 a 4621), las liquidaciones implicaron una cifra superior a
los US$ 10: (diez millones de dólares), en el período que va desde el año 1993 a
2000. Esa cifra fue la que Kompira pagó a Banco Comercial durante todo ese período por
las liquidaciones de los contratos a futuro u opciones de compra venta celebrados con
Banco Comercial.
208.- Pero al mismo tiempo, Kompira recibía el mismo valor, más una
diferencia que estimamos era la comisión, de parte de San Luis Financial. La ganancia del
Banco Comercial, en la ecuación económica del negocio, era obtenida directamente de San
Luis, o sea, uno de sus accionistas.
209.- Ahora bien, los suscritos consideran - existen en autos un
conjunto de evidencias - que San Luis Financial obtenía los fondos para cubrir dichas
pérdidas de C.G.N., de la que era dueña en un 100%.
A su vez CGN, como lo demostró nuestro análisis, obtenía los fondos
de BGN. Y de dónde salían esos fondos en definitiva?; eran los que Banco Comercial
giraba para la compra de títulos. (Subrayado nuestro)
Para que se entienda la forma operativa en este caso, los peritos
realizan un breve resumen.
210.- Resumimos lo anterior:
Banco Comercial giraba dinero a BGN para compra de títulos valores.
BGN no compraba los valores y el dinero se lo transfería a CGN;
CGN asistía a su dueño, San Luis (Financial), para la absorción de
las pérdidas sufridas por los contratos a futuro que celebraba con Kompira;
San Luis (Financial) pagaba a Kompira;
Kompira pagaba a Banco Comercial su contrato;
Banco Comercial obtenía utilidades.
211.- Es decir que con el dinero que Banco Comercial giraba para
comprar títulos, San Luis pagaba las diferencias, en su contra y a favor del BC, de los
contratos a futuro.
212.- Banco Comercial tenía registrado, en su Activo, títulos que no
existían, y obtenía ganancias de los contratos a futuro, que eran liquidados con su
propio dinero. Por ambos lados el patrimonio del Banco Comercial se incrementaba. La
contraparte, CGN, cubría sus pérdidas simulando compras de títulos que también
pertenecían a BC o recibiendo asistencia de BGN, que en última instancia salía del
propio Banco Comercial y, en el último período, de los fondos depositados en Amsterdam
por C.I. Curaçao.
213.- Existe firme desconfianza acerca de si San Luis registraba en su
contabilidad las operaciones. Nos inclinamos a pensar que SLF, empresa no bancaria y no
controlada por el BCU, no registraba los contratos. Según manifestaciones de Julio
Tielens a KPMG, la contabilidad y libros eran llevados en Montevideo. No se tuvo acceso a
la contabilidad de SLF.
214.- El auditor externo de SLF era el Cr. Enrique Medeiros, quién
declaró en autos que lo era desde el año 1973 (fojas 3513 y ss). A su vez dice que la
documentación contable le era enviada desde Buenos Aires, la que era devuelta junto con
los papeles de trabajo. La auditoría del ejercicio cerrado al 31 /12/2000 fue firmada por
la Cra. Gladis Lorenzo (Fo. 3246 y ss), pero realizada según su declaración por el Cr.
Mario Barcala (Fo. 3241 y ss).
215.- Los estados contables (Balances y Notas) y el dictamen de auditor
de San Luis Financial estaban redactados en idioma inglés. El Cr. Medeiros y la Cra.
Lorenzo declararon no dominar el idioma inglés. Esto nos lleva a decir que la actuación
de dichos profesionales se limitaba a firmar el dictamen, que no realizaban un trabajo de
auditoría propiamente dicho. No resiste el menor análisis y huelgan los comentarios.
Quienes participaron en la operativa
216.- La decisión de celebrar los contratos y de rescindirlos fue
tomada por Carlos Rohm según lo declarado por los funcionarios de Banco Comercial. (...)
217.- Pero también en toda la operativa financiera, en cuanto a los
fondos para liquidar los contratos, participaban: San Luis Financial, CGN SAIFE y BGN.
Reproduciremos elementos del informe de los peritos judiciales para
exponer la modalidad operativa de servicios de Banca Privada del Banco Comercial.
4) Operativa de banca privada a través de Comercial Investment Holding
Corp. Curaçao.
Entramos ahora en la denuncia relativa a una forma operativa que va a
terminar impactando en el patrimonio de Banco Comercial en el orden de U$ 84:000.000.
Del informe de los peritos surge:
226.- COMERCIAL INVESTMENT HOLDING CORP. (CIC
ó C.I.), según surge de sus estatutos, es una compañía de Responsabilidad Limitada
constituida en Curaçao, Antillas Holandesas el 21/12/99. Su capital autorizado es de
US$ 30.000.- y el Capital Integrado asciende a US$ 6.000.-
227.- De acuerdo a Certificado de titularidad de acciones, emitido el
14/8/00, su único accionista es DERIKA INVESTMENT NV (DI), sociedad también constituida
en Curaçao. y que según lo declarado por altos funcionarios de Banco Comercial, Juan J.
Curone, Antonio Lago y Carlos Pardo, el capital accionario de Derika es propiedad de San
Luis Financial (SLF). (subrayado nuestro)
229.- Esta sociedad fue creada por el Banco Comercial, a los efectos de
continuar realizando la operativa que venía realizando ING BANK (ING) de venta en plaza
de productos financieros de empresas financieras del exterior. ING ofrecía a sus clientes
depósitos o inversiones en ING Amsterdam a través de su filial ING CURAÇAO.
230.- Con fecha 5/5/00 los Cres. Miguel Di Meo y Hugo Otegui, empleados
en ese momento de ING, dirigen una nota al gerente del Departamento de Estudio y
Regulación del Sistema Financiero del BCU, en la que comunican que el BANCO COMERCIAL
(BC) les ha informado la intención de no continuar vendiendo fondos en el exterior una
vez que se produzca la fusión de ambos Bancos.
231.- A partir del 1/10/00, fecha en que se produce la fusión, BC
comenzó a operar a través de CI, comenzando por traspasar el saldo de la cuenta de ING
CURAÇAO en Amsterdam a la cuenta de aquella. A partir de ese momento se comenzó a operar
con los clientes de BC ofreciéndoles la opción de invertir en el exterior, suscribiendo
con el cliente un contrato de administración de inversiones. La operación solicitada por
el cliente se registraba en un documento denominado "Orden de registración para
departamento de inversiones", donde se establecía la característica de la
inversión y se emitía una constancia para el cliente.
232.- Las Instituciones Financieras deben presentar al Área Mercado de
Valores del BCU, información sobre Fondos de Inversión del Exterior colocados en plaza..
En cumplimiento de dicha obligación BC presenta el 16/1/01 información referida al
31/12/00 , en la que figuran los mismos fondos que operaba ING BANK, con modificaciones
producidas a partir de la fusión, agregando a partir del 4/12/00 un nuevo fondo: BARING
NEW EAST EUROP CAP. EUROP.
233.- Es decir que se continuó con la operativa de ING BANK y se
crearon nuevas opciones, sin comunicarlo a la Superintendencia de Instituciones de
Intermediación Financiera (SIIF), tal como lo dispone el artículo 183.2 de la
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero establecido por la
Circular No. 165. Debe tenerse presente que se había comunicado que no se iba a hacer.
237.- Finalmente según lo informado por la Cra. Giselle Itté del BCU,
recién el día 2 de febrero de 2002 toma conocimiento de esa situación. Concretamente
ese día, el Sr. Juan J. Curone le informa que BC ofrecía servicios de Private Banking a
sus clientes a través de Com. Inv.. Es decir que el BCU toma conocimiento cuando eran de
público conocimiento los hechos de notoriedad - Enero de 2002 - y ya se había resuelto
una supervisión intensiva del BCU en BC.
Es decir, que desde octubre de 2000 hasta febrero de 2002, Banco
Comercial realizó operaciones que debían contar con aprobación previa de la SIIF sin
haberlas puesto nunca en conocimiento del organismo de control.
Manejo irregular de Comercial Investment Curaçao
240.- En octubre de 2000, cuando se produce la fusión y comienza a
operar la nueva administración del Banco Comercial, las inversiones de ING BANK
consistían en depósitos a la vista y a plazo e inversiones en bonos uruguayos, radicados
en ING Amsterdam.
241.- Con la nueva administración el Banco Comercial cambia la
operativa. Los recursos recibidos diariamente de sus clientes para ser radicados en ING
Amsterdam los acumula en una partida única que transfiere a ING Amsterdam para la cuenta
de CI. Es decir que la cuenta de CI en Amsterdam, funciona como
una cuenta colectiva o conocida en la jerga cuenta "ómnibus".
244.- Banco Comercial actuaba pues como operador de Com. Inv.,
percibiendo incluso una comisión sobre el activo administrado, sin que existiera un
contrato que lo documentara formalmente.
245.- Ya a partir de octubre del 2000, Banco Comercial comenzó a
cambiar la composición de las inversiones en CI, vendiendo los bonos uruguayos y
comprando bonos argentinos (global 2017); efectuando un préstamo a Derika Investment o
adquiriendo U.S. Treasury Strips Zero Cupon (USTS), entre otras operaciones financieras.
247.- Al 31 de Diciembre de 2001, según balance de CI (ver fojas
1611), el Pasivo por inversiones recibidas de clientes ascendía a
US$ 104.400.000.- y el activo presentaba la siguiente estructura:
(cifras expresadas en millones de dólares)
U.S. Treasury Strips Zero Cupon US$ 58:9
Cuenta Corriente ING Amsterdam US$ 15:9
Bonos Argentinos US$ 18:5
Préstamo a DERIKA INV. US$ 7:9
Participación en BGN-Floating Rate Note US$ 2:5
Depósitos en ING Amsterdam US$ 1:0
Comisiones a cobrar US$ 0:1
Total de Activo US$ 104:8
248.- Este radical cambio en el portafolio, conforme se desprende de lo
declarado, se realizó sin ponerlo en conocimiento de los inversores, haciéndolos asumir
riesgos totalmente distintos a los que ellos habían dispuesto originalmente. Según lo
declarado por el Sr. Pedro Shearer, gerente de Banca Privada de BC en acta de fecha
14/02/02 (folio 1688), los clientes no fueron alertados de que los depósitos eran
retirados de ING Amsterdam y aplicados a otras inversiones. Con este proceder BC estaba
violando el mandato fiduciario de sus clientes, ya que cuando hacían sus inversiones
recibían un documento que decía: "Hemos realizado por su cuenta y según vuestras
instrucciones la siguiente operación a través de Comercial Investment: Constitución de
depósito- depósito en Ing Amsterdam"
(c) Inversiones realizadas por Comercial Investment Curaçao
249.- A continuación se analizan las distintas inversiones realizadas
por CI y que figuran en el balance al 31/12/01, a saber:
a) INVERSIÓN EN BONOS ARGENTINOS
250.- Se compraron Bonos argentinos Global 2017 por un valor
nominal de US$ 19.500.000.- y un valor efectivo de US$ 18.610.507.- según el
siguiente detalle:
El 26/6/2000 C.I. compra al BC US$ 5.000.000.- V/N pagando
mediante transferencia de su cuenta en ING Amsterdam al Chase Manhattan Bank N.Y. para la
cuenta de Banco Comercial por un valor de US$ 4.761.909.72.
El 28/6/2000 CI compra a B.C. US$ 5.000.000.- V/N pagando de la
misma forma por un valor de US$ 4.690.069.44
Finalmente el 10/7/2000 CI compra al B.C. US$ 9.500.000.- V/N
pagando también de la misma forma un valor de US$ 9.158.527.78.
251.- Posteriormente los Bonos Global 2017 fueron presentados al canje
en la República Argentina por BGN, obteniéndose a cambio Préstamos Garantizados Tasa
Fija Global 2017. La custodia de los Préstamos Garantizados 2017 fue confirmada por
BGN el 1/2/02 mediante el certificado de custodia No. 23394. El Banco Central de la
República Argentina (BCRA) proporcionó un detalle de los títulos de Banco Comercial
depositados en custodia en BGN en que dichos valores se encuentran incluidos (Folio
2105).
252.- Cabe señalar que si bien en este caso los valores existen, su
valor de mercado a la fecha es muy inferior al Valor Nominal, a la vez que son de muy
difícil realización.
b) PRÉSTAMO DE DERIKA INVESTMENT (DI) NV CURAÇAO
253.- Con fecha 3 de febrero de 2001 CI otorgó un préstamo a DI por
un monto de US$ 7.500.000.- con vencimiento 30/12/2008, a una tasa de interés de
10,375 % anual pagaderos semestralmente el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año.
En el informe del día 1/4/02, el BCU dice que tuvo a la vista fotocopia simple del Vale
(Loan Agreement) firmado por el Sr. K. K. Schonebaum por Derika Inv. (D.I.) y por el Sr.
Joaquín Álvarez de Toledo por Comercial Inv. (C.I.)
254.- Derika es una sociedad constituida en
Curaçao que, de acuerdo a lo manifestado por el Sr. Juan J. Curone, es a la vez
propietaria del 100% del capital accionario de Com. Inv., siendo que San Luis Financial es
el propietario de Derika (folio 1617).
255.- La decisión de que C.I. otorgara el préstamo a DI fue tomada,
según declaración del Sr. Antonio Lago en el BCU (Acta del 19/03/2002 - fojas 1958),
por el Sr. Carlos Rohm. A su vez Antonio Lago dice que la operación no fue estrictamente
la concesión de un préstamo sino que fue para adquirir una deuda subordinada de Banco
Comercial, cuyo tenedor era San Luis Financial.
256.- En realidad, opinamos que el préstamo fue un "puente"
para que la deuda subordinada de Banco Comercial pasara de San Luis Financial a Comercial
Investment. Supuestamente Com. Inv. otorgó a su accionista un préstamo para la compra de
obligaciones subordinadas emitidas por Banco Comercial, cuyo tenedor en realidad era el
propietario de DI, San Luis Financial.
257.- Por otra parte, el Sr. Juan J. Curone declara en BCU (acta del
21/3/02 - fojas 1979), que la operación fue instrumentada por él, y contó
para ello con el asesoramiento del estudio Guyer y Regules. ratifica también que la
decisión fue tomada por el Sr. Carlos Rohm.
258.- La operación de préstamo se efectuó a través de CGN SAIFE, ya
que Derika era cliente de esa institución. El día 8 de febrero de 2001, CGN SAIFE
recibió una transferencia del BC por US$ 7.586.458.33 para la cuenta de D.I.
Posteriormente, el día 12/2/01, CGN SAIFE debitó dicha cuenta por el mismo importe
transfiriendo los fondos a SLF. Esto fue confirmado por Francisco Estrada. Los fondos
transferidos por BC se debitaron de la cuenta de CI en ING Amsterdam.
259.- Como corolario de esta operación ajena a la sana práctica de
manejo de los recursos financieros del Banco y con la evidente intención de ocultar el
hecho, se concluye lo siguiente:
Con recursos provenientes de los inversores de Banca Privada de Banco
Comercial, captados a través de Com. Inv., San Luis se desprende de obligaciones
subordinadas de BC, recibiendo fondos líquidos por US$ 7.586.458.33, quedando en
situación privilegiada frente a los demás accionistas de éste.
c) COMPRA DE U.S. TREASURY STRIPS ZERO CUPON
260.- Según el balance de CI al 31/12/01, tenía en su activo Bonos
del Tesoro norteamericano por un Valor Nominal de US$ 87.152.000.- y un valor
contable de US$ 58.900.000. Dichos valores fueron comprados por CI a SLF y CGN SAIFE
con fondos provenientes de la cuenta en ING Amsterdam.
El detalle de las compras y los mensajes swift mediante los que se
realizaron los pagos constan a fojas 1759-1772. Esto fue ratificado en las
declaraciones de tanto del Sr. Antonio Lago como del Sr. Carlos Pardo.
261.- El siguiente cuadro detalla cada uno de los giros realizados para
la compra de los U.S. Treasure y las partes intervinientes en las operaciones :
FECHA |
VENDEDOR |
V/N USTS |
US$ GIRADOS |
BANCO |
BENEFICIADO |
16/08/01 |
SLF |
1.900.000 |
1.509.550 |
S.CHATERED |
BC |
21/08/01 |
SLF |
18.985.000 |
15.155.725 |
S.CHATERED |
SLF |
12/12/01 |
CGN |
3.250.000 |
1.993.127 |
M.STANLEY |
CGN |
13/12/01 |
CGN |
35.000.000 |
21.781.200 |
M.STANLEY |
CGN |
13/12/01 |
CGN |
15.000.000 |
8.965.050 |
M.STANLEY |
CGN |
21/12/01 |
SLF |
7.336.000 |
5.100.000 |
CONN. BANK |
I.
ROSPIDE |
24/12/01 |
CGN |
5.681.000 |
3.982.777 |
M.STANLEY |
CGN |
| |
|
87.152.000 |
58.397.430 |
|
|
262.- Nuevamente estamos ante el hecho de que los fondos que los
clientes le habían confiado al Banco Comercial mediante un mandato fiduciario, para ser
depositados en ING Amsterdam, fueron desviados hacia CGN y SLF.
263.- Del análisis de esta nueva operativa y documental, estimamos que
diseñada por el Sr. Carlos Rohm, y el gerente financiero de BC, Cr. Antonio Lago, se debe
sospechar que las compras fueron inventadas, con la finalidad de desviar fondos a empresas
del grupo en detrimento, en última instancia del BC, ya que los valores no han aparecido
hasta la fecha.
264.- Esta presunción tiene fundamento en los siguientes hechos:
Los valores quedaron en custodia en SLF, según lo declarado por el Cr.
Antonio Lago en las actas administrativas del 4/3/02 y 19/3/02 y
ratificadas en la Sede Penal. BC no tenía en su poder los certificados de custodia, los
que posteriormente fueron reclamados a BGN, CGN SAIFE y SLF.
Las custodias luego aparecieron (fojas 3772 y ss),
enigmáticamente enviadas al Sr. Lago, sin poder precisar quien las remitió. Por otra
parte es de hacer notar que los valores que figuran en los "certificados"
recibidos difieren de los que se comercializan habitualmente en el mercado. A su vez SLF
aparece como custodia de títulos vendidos por sí y por CGN SAIFE.
En el caso de los valores comprados a CGN, el Cr. Francisco Estrada, en
acta de administrativa de fecha 15/2/02, ratificada en Sede Penal, declaró no recordar
que se hubieran vendido U.S. Treasuries a Com. Inv. Asimismo vinculó la operación, con
la firma de un contrato que él firmó sin conocer su contenido, por instrucciones
de Carlos Rohm.
De las declaraciones del Cr. Francisco Estrada surge que él enviaba un
fax a MORGAN STANLEY y el mismo día recibía los fondos en la cuenta de CGN SAIFE en el
FIRST UNION NATIONAL BANK. Analizados los estados de cuenta de dicho corresponsal surge
que en el período que va desde el 14 de diciembre de 2001 al 18 de enero de 2002 CGN
recibió fondos por un monto de US$ 22.428.749.
Banco Comercial no solicitó a San Luis Financial certificado de
custodia de los valores adquiridos, ni que los transfiriera a otro Banco o que se los
entregara. El Cr. Lago declaró el 19/3/02 y luego ratifico en la Sede Penal, de por qué
no lo había hecho: " No ordené la transferencia de los títulos por dos motivos,
en primer lugar ya no era mi responsabilidad, y en segundo lugar ya no existía con quien
hablar de San Luis Financial en Banco General de Negocios. Antes el contacto con SLF era a
través de BGN con Rohm, como Rohm ya no estaba, intenté conseguir los títulos a través
de Tielens y Muiño".
El giro efectuado por CI el día 21/12/01 por US$ 5.100.000 para
la compra de V/N U$ 7.336.000, está claramente vinculado con las operaciones de
cobertura, mediante los contratos de venta a futuro y opciones de venta, realizados por el
Banco Comercial con el Sr. Ignacio Rospide y KOMPIRA INVESTMENT, (...) sobre lo cual ya
nos expedimos. El beneficiario de los fondos transferidos por CI fue el Sr. Rospide quien
los utilizó para pagarle al propio Banco Comercial por la cancelación anticipada de los
mencionados contratos de cobertura.
Irregularidades cometidas a través de Comercial Investment Curaçao.
265.- Como corolario de este capítulo se opina que utilizando la
figura de Comercial Investment se cometieron graves irregularidades, entre las que
enumeramos:
Violación de lo dispuesto por el artículo 183.2 de la
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, establecido por
la Circular No. 1654 de la SIIF, al realizar venta de productos financieros de otras
empresas de giro financiero sin ponerlo en conocimiento previo del de la SIIF para su
aprobación. Banco Comercial realizó esta operativa a través de Comercial Investment
desde Octubre del año 2000 sin comunicarlo ni solicitar la autorización previa.
Incumplimiento del mandato fiduciario de los clientes de Banco
Comercial, utilizando los recursos recibidos en operaciones financieras diferentes a las
mandatadas por aquellos, haciendo que asumieran riesgos mayores a los que habían
dispuesto.
Utilización de los fondos recibidos de los clientes en beneficio del
grupo y, en particular, de uno de sus accionistas, SLF, en perjuicio evidente de los
inversores del Banco Comercial.
Grave perjuicio patrimonial para Banco Comercial, al haberse hecho
éste cargo de la devolución a los inversores de los depósitos captados a través de CI.
y que no figuraban en su Pasivo.
En suma, el Banco Comercial tuvo que devolver los depósitos de
clientes de Com. Inv. (ver fojas 8650-8663) como si se trataran de Pasivos propios.
El Banco Comercial devolvió los Pasivos de CI por una cifra de
US$ 87.978.437, cronológicamente de acuerdo al siguiente detalle:
Febrero 2002 US$ 5.576.667
Marzo 2002 US$ 41.608.951
Abril 2002 US$ 26.630.099
Mayo 2002 y s.s US$ 14.162.720
Total US$ 87.978.437
274.- Opinamos, en definitiva, que Comercial Inv. fue otro instrumento
más utilizado por la dirección y la alta administración de
Banco Comercial para la desviación de millones de dólares, en perjuicio de sus
ahorristas. Los ahorristas recuperaron sus inversiones a través de Banco Comercial pero
ese resarcimiento significó una pérdida de casi 70: millones de dólares para el
Patrimonio del Banco Comercial, de acuerdo con el siguiente detalle:
concepto importe comentario
U.S. Treasury Strips US$ 58:9 (Faltante)
Préstamo a DERIKA INV. US$ 7:9 (Irrecuperable)
Participación en BGN US$ 2:5 (Incobrable)
US$ 69.3
275.- Las devoluciones a los ahorristas fueron realizadas durante los
meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2002, retiros que significaron el inicio de la
"corrida" que sufrió el Banco Comercial en esa época, y que rápidamente se
transformó en una corrida generalizada en todo el sistema financiero.
Concluyen los peritos judiciales como síntesis del papel jugado en el
vaciamiento de Banco Comercial a través de Comercial Investment Curaçao, como síntesis
final en el ítem 276 de su informe que:
"La gestión de Comercial Investment Curaçao, totalmente
irregular, se alinea con lo ya expuesto respecto a los faltantes de títulos en Banco
Comercial; con la gestión llevada adelante en CGN SAIFE y su gemela CGN SAIV, con la
celebración de contratos y opciones a futuro figurados, con la concesión de créditos a
sÍ mismo y a sus vínculos.
Entendemos que todo está alineado al propósito de ocultar la
existencia de cientos de millones de dólares, en beneficio de BGN y SLF a través de
ingenierías financieras múltiples, complicadas, confusas y engorrosas.
La operativa se llevó adelante ocultando o simulando operaciones con
sociedades panameñas y de otros paraísos fiscales, otorgando créditos a empresas
propias o fuertemente vinculadas, falsificando documentos, certificando saldos
inexistentes, otorgando custodias de títulos inexistentes, fraguando contabilidades y
balances, comprando informes de auditoría, etc.".
5) Operativa a través de Compañía General de Negocios (Uruguay)
SAIFE. (CGN SAIFE).
Resumimos ahora las consideraciones respecto a la última denuncia
analizada por los señores peritos judiciales.
Denuncia de los hechos relevantes
278.- La Institución fue intervenida el día 31/01/2002 por el Banco
Central del Uruguay por Resolución D/18/2002, con desplazamiento de las autoridades y
suspensión de actividades, designándose como interventora a la Cra. Elizabeth Fungi. La
razón de la intervención fue la iliquidez de la Institución para afrontar el retiro de
depósitos que se produjo en el mes de Enero de 2002 a raíz de los sucesos argentinos.
279.- CGN SAIFE es una empresa de intermediación financiera externa,
comúnmente conocida como IFE o SAIFE, regida por las disposiciones del artículo 4º
del Decreto-Ley Nº 15.322 de
17/9/1982 y el Decreto Reglamentario Nº 381/89 de 16/8/89, así como por los
artículos 390 y ss. de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero.
280.- El 27/6/79 se constituyó Compañía General de Negocios Casa
Bancaria S.A. la que posteriormente por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del
26/12/89 se transformó en una sociedad anónima de intermediación financiera externa, la
actual CGN SAIFE, y quedó autorizada por resolución de del Poder Ejecutivo de fecha 22
de mayo de 1991 a realizar operaciones de intermediación financiera exclusivamente con no
residentes.
281.- Junto con Banco General de Negocios de la República Argentina
(BGN), el Banco Comercial S.A. Uruguay (BC) y San Luis Financial & Investment Company
Limited Inc. (SLF), integran lo que se ha llamado y denunciado como Grupo Rohm.
282.- El único accionista de la CGN SAIFE es San Luis Financial, y sus
autoridades al momento de la intervención por parte del BCU eran las siguientes:
Presidente: Sr. Armando Braum (Apoderado)
Director: Sr. Carlos Rohm (Apoderado)
Director: Sr. Rufino Basavilbaso (Apoderado)
Gerente General: Cr. Francisco Estrada (Apoderado)
Gerente – Asesor Contable: Cr. Ricardo
Liguori (Apoderado)
Apoderado: Sr. Aldo Dichiara
283.- Dentro de los hechos presuntamente ilícitos que explicita la
denuncia en el punto está la de que oficiales de cuenta del BGN concertaban operaciones
no solo por cuenta de CGN SAIFE, sino además por cuenta de otra sociedad con
denominación prácticamente igual y autoridades y accionistas también iguales:
Compañía General de Negocios Uruguay S.A. constituida en las Islas Vírgenes Británicas
(CGN SAIV).
284.- Ha sido comprobado por la Intervención conforme a la
documentación incautada, que varios clientes registran operaciones en una u otra sociedad
(SAIV o SAIFE) aspecto que resultó presuntamente desconocido para los clientes. La
existencia de la SA resultaba supuestamente desconocida para ellos, siendo que la
contabilidad que se desarrollaba en BGN escondía ciertas pistas mediante triangulación
de débitos y créditos en una cuenta de SLF utilizada a tales fines. Según los
denunciantes, existen un conjunto de similitudes en la documentación utilizada y demás
aspectos que hacen verosímil la posición sustentada por los clientes.
286.- Por último, de fojas 316 vta. a fojas 318 de la denuncia
se destacan una serie de irregularidades puntuales entre las que se encuentran:
Transferir a una cuenta de accionista la suma de US$ 383.678
Precancelar depósitos a plazo fijo que correspondían a empleados por
US$ 129.401
Indemnización por despido a una empleada por US$ 183.000
Contrato de compra venta de valores a futuro con las empresas Acre Int.
Corp., Nacre Int. Corp. y Oldtown S.A. cuyas vinculaciones resultan evidentes.
Irregularidades en el otorgamiento de créditos a personas notoriamente
relacionadas que arrojan sospechas en cuanto a su recuperación (Compañía General de
Consignaciones Agropecuarias S.A., Sociedad Anónima Pastoril Santiagueña, Productos
Pulpa Moldeada S.A.I.C.)
(a) operativa de Compañía General de Negocios SAIFE
289.- De la documentación visualizada y analizada podemos afirmar que
CGN SAIFE no tenía actividad autónoma, resultando solamente una oficina de registración
contable de las operaciones que se concretaban en la ciudad de Buenos Aires.
i. - Captación de recursos
290.- La operativa financiera consistía en recibir depósitos, otorgar
préstamos, prendar valores, otorgar custodias, celebrar contratos de compra venta de
valores a futuro, contratos fiduciarios, etc., todo, obviamente, con no-residentes. La
casi totalidad de las operaciones descritas se realizaban en Argentina, concretamente en
las oficinas de BGN.
291.- Es más, se comprobó en autos que era personal y oficiales de
cuenta de BGN los que intervenían en todas las operaciones. Es decir que el centro
operativo de CGN SAIFE debe ubicarse en la ciudad de Buenos Aires - Argentina y mas
precisamente en las oficinas del Banco Gral. de Negocios.(...)
ii. - Sociedades que intervienen
292.- Se verificó la existencia de un conjunto de otras sociedades con
el mismo nombre pero de naturaleza jurídica distinta, que a su vez fueron utilizadas en
la captación de los recursos. En tal sentido tenemos tres (3) sociedades más con el
mismo nombre:
Compañía General de Negocios (Uruguay) SAIFE
Compañía General de Negocios SAFI
Compañía General de Negocios Uruguay S.A. (Islas Vírgenes)
293.- A partir del año 2000, se empezaron a realizar operaciones de
captación de recursos a través de la Sociedad Anónima de las Islas Vírgenes, cuyo
único accionista también lo era San Luis Financial.
295.- En concreto, funcionaban dos sociedades con nombre CGN, una
registrada en Uruguay y controlada por el BCU como institución financiera externa (IFE o
SAIFE) y la otra una sociedad anónima de la Islas Vírgenes. CGN SAIV era una sociedad
oculta o "fantasma", desconocida por los inversores, ocultada al BCU y a la
Auditoría Interna de la Nación. De lo anterior se desprende que era imposible su control
y el desconocimiento de su operativa era total.
296.- Por otra parte, el empleo de la sociedad CGN SAIV para la
captación de recursos, según las denuncias recibidas en autos de clientes de CGN SAIFE,
no fue advertido al momento de concretar las operaciones. Existen
sobradas evidencias y documentos que confirman la confusión de sociedades, confusión que
llegaba al extremo de que los formularios utilizados por CGN SAIFE (fo. 2706) y CGN
SAIV (fo. 2707) eran casi idénticos, existiendo pequeñas y casi imperceptibles
diferencias. La papelería y formularios se imprimía en Buenos Aires.
297.- A los clientes que operaban con CGN SA I.V. se les emitía un
comprobante denominado "Certificado de Participación de Valores" mientras que a
los que lo hacían en CGN SAIFE se les entregaba un comprobante de "Certificado de
Depósito a Plazo Fijo". Era en Buenos Aires donde se emitían los certificados y
documentos de CGN SAIFE y de la CGN S.A. IV, suscritos por R. Basavilbaso, apoderado de
ambas. En algunos casos eran firmados en Montevideo por el Sr. Estrada, y remitidos a BGN
para ser entregados a los clientes.
iii. - Contabilización de las operaciones
298.- El sistema contable de CGN SAIFE y CGN SA IV procesaba toda la
información en Argentina. Los movimientos generados en Montevideo – muy ,
esporádicos - se enviaban vía fax a BGN. Respecto a CGN SAIFE, la información se
trasmitía a Uruguay por líneas de datos que Ediguay S.A., empresa uruguaya que era el
centro de cómputos del BC, mantenía con BGN. Ediguay SA recepcionaba los archivos de
datos de parte de BGN, archivos que eran almacenados en medios magnéticos, los que eran
entregados a CGN SAIFE a través de cartuchos. Esta tarea se realizaba a pedido de BGN y
con frecuencia diaria. La contabilidad de CGN SAIV directamente se llevaba en Argentina,
se estima que en las oficinas de BGN.
299.- Como dijimos los recursos eran captados en Buenos Aires y
registrados en la CGN SAIFE. A partir del año 2000 se comenzaron a captar recursos
utilizando CGN SA IV, situación supuestamente ocultada a los inversores. Dichas
operaciones se concretaban como depósitos a la vista, depósitos a plazo fijo,
inversiones en valores y custodia de valores.
300.- En CGN SAIFE existía una cuenta corriente en dólares donde su
único accionista, San Luis Financial, acreditaba y debitaba por diferentes conceptos:
gastos de CGNSA IV, transferencia de fondos de clientes de CGN SAIFE a CGN SAIV, créditos
provenientes de CGN SAIV para asumir retiros de fondos de clientes de CGN SAIFE (...).
301.- Se pudo comprobar que varios de los saldos que figuran como
fondos depositados en la CGN SAIV tuvieron su origen en transferencias realizadas desde
CGN SAIFE a través de San Luis Financial.
302.- Surge de todo este análisis que existía una estrecha relación
de CGN SAIFE con su único accionistas, San Luis Financial, la que se verifica en los
siguientes hechos:
La posición de valores de CGN se encontraba depositada en SLF.
SLF mantenía cuentas de custodia de títulos públicos y privados en
CGN.
Parte del posición de clientes también era custodiada por SLF.
Existían varias cuentas a nombre de SLF: San Luis cuenta en dólares,
San Luis cuenta posición y San Luis cuenta tenencia.
San Luis Financial también era corresponsal de CGN.
303.- Simplificando: existían dos sociedades que recibían fondos y
valores (SAIFE y SAIV), captados en Buenos Aires en las oficinas del BGN, las que hacían
todos sus movimientos contables (débitos y créditos) contra la cuenta de San Luis
Financial.
iv.- colocación de los recursos captados, su aplicación por San Luis
FINANCIAL y BGN.
304.- Los recursos se tomaban de distinta forma, de acuerdo a las
instrucciones de los clientes: depósitos vista, depósitos a plazo, inversiones en
títulos, contratos fiduciarios. Una parte de ellos estaba contabilizada en CGN SAIFE y
otra parte en CGN SAIV directamente o transferida por CGN SAIFE a ella, a través de San
Luis Financial, propietario en el 100% de ambas.
305.- Surgen elementos que nos permiten manifestar, con un alto grado
de certeza, que los fondos "depositados" directamente en CGN SAIV y los
transferidos por CGN SAIFE tienen como destino las cuentas de San Luis Financial. La
sociedad anónima no era otra cosa que una entelequia contable y una forma de disfrazar la
participación de San Luis Financial. El entrecomillado puesto al concepto
‘depositados’, lo hacemos porque queremos enfatizar que los clientes creían que
sus depósitos se hacían en CGN SAIFE y no en CGN SAIV. Múltiples denuncias ratificadas
en autos y reclamos verificados por la intervención de la SAIFE, indican que los
inversores desconocían totalmente la sociedad anónima y por tanto, que sus dineros iban
a parar a CGN SAIV, en última instancia a San Luis Financial. En todos los casos se puede afirmar la inexistencia de órdenes de transferencias desde CGN
SAIFE a CGN SAIV.
306.- De la documentación aportada por los denunciantes y verificada
en autos, se pudieron comprobar las siguientes situaciones:
Algunos clientes registran operaciones tanto en CGN SAIFE como en CGN
SAIV en forma simultánea.
Algunos solo registran operaciones con origen en CGN SAIV.
Otros que originalmente tuvieron operaciones con CGN SAIFE, fueron
transferidos a CGN SAIV.
307.- Los fondos líquidos, depositados a la vista o a plazo, se
aplicaban a comprar títulos, otorgar préstamos a empresas y particulares, otorgar
préstamos a los mismos depositantes (back to back). También se recibían órdenes de
clientes para la compra de títulos y se realizaban operaciones de préstamos y alquiler
de títulos (contratos fiduciarios). Las compras y ventas de valores de posición propia
de CGN SAIFE eran comunicadas desde Buenos Aires, y también se contabilizaban con
crédito y débito a la cuenta corriente de San Luis Financial. Todo el movimiento de
compra venta se realizaba en Bs. As., operación efectuada directamente por BGN. En
Montevideo no se recibía ninguna liquidación.
308.- Cuando se producían retiros de las cuentas vistas o por
vencimientos de depósitos a plazo que habían sido registrados en la SA, los mismos se
hacían en la SAIFE, debitando para ello la cuenta corriente de San Luis. El cliente
recibía los fondos de SLF, procedencia que era totalmente desconocida por aquél.
Propósitos de toda la operativa.
Al definir el propósito los señores peritos plantean:
309.- En última instancia, nuestro análisis nos permite concluir que
los recursos obtenidos con la participación de CGN SAIFE y CGN SAIV iban directamente a
parar a San Luis Financial y, como ya establecimos en capítulos anteriores, BGN no
quedaba al margen de este "reparto". CGN SAIV, entidad totalmente desconocida
por inversores clientes, auditores externos, Banco Central de Uruguay, Auditoría Interna
de la Nación, etc., en nuestra opinión, era una "pantalla contable" detrás de
la cual se intentaba ocultar al accionista, San Luis Financial, receptor de los fondos y
de los valores.
310.- La intervención y los técnicos de BCU tuvieron a los efectos de
la verificación las operaciones de CGN SA IV, un listado del pasivo de esta sociedad
proporcionado por el Gerente de CGN SAIFE , Cr. Francisco Estrada. Todos los saldos que
figuran de dichos listados, sin excepción, corresponden a operaciones que no figuran en
la contabilidad de CGN SAIFE. Se determinó que el pasivo de CGN SAIV se sitúa en
aproximadamente en los US$ 210 millones.
311.- Resumiendo, hemos dicho que mediante la acción y control de SLF
y de BGN, la sociedad anónima CGN SA IV captó o le fue transferido desde CGN SAIFE,
valores (léase: depósitos vista, depósitos a plazo, inversiones en valores y
operaciones fiduciarias) por la cifra citada (US$ 210:). Más adelante volveremos
sobre el tema en detalle.
312.- Por otra parte también afirmamos, y surge de los elementos
considerados y analizados, que CGN SAIFE participa como intermediario de transacciones
entre SLF y BGN por una parte, y el Banco Comercial por la otra. Participaba en este
sentido como receptora y beneficiaria de las transferencias de fondos supuestamente
enviados para la compra de títulos que nunca fueron comprados, y también como entidad de
donde BGN y SLF sacaban fondos para transferir a Banco Comercial.
313.- Pero también CGN SAIFE participa de otras operaciones
financieras (préstamos, compra de títulos, contratos de compra venta futura, etc.), las
que tienen un denominador común: el Banco General de Negocios. Concretamente CGN
realizaba: préstamos a clientes de BGN, compra de títulos, pago de comisiones, etc.
También el BGN depositaba a nombre de CGN SAIFE, como expusimos en capítulos anteriores,
títulos cuyos fondos girados desde el Banco Comercial para la compra de títulos valores.
314.- También se pudo verificar el otorgamiento de créditos a
empleados de Banco Comercial por parte de CGN actuando en comisión por San Luis
Financial. En representación de San Luis Financial intervenía el Sr. J.J. Curone,
Controller de Banco Comercial. (...)
315.- A modo de síntesis de lo expuesto en el punto, concluimos lo
siguiente:
CGN SAIFE y CGN SAIV fueron herramientas desarrolladas con propósitos
de desviación y ocultamiento de cientos de millones de dólares, para lo cual
participaron activamente BGN y SAN LUIS FINANCIAL ocultando o simulando operaciones
financieras, falsificando documentos, certificando saldos
inexistentes, otorgando custodias de títulos inexistentes, fraguando contabilidades y
balances, comprando informes de auditoría, seguramente con el clásico "firmá
acá" que está todo bien (ejemplo: los dictámenes de auditoria de SLF).
Los faltantes de títulos, los créditos irregularmente otorgados que
se tornan irrecuperables, la desaparición de los depósitos captados mediante operaciones
de banca privada de Comercial Investment Curaçao, las liquidaciones de los contratos y
opciones de compra venta a futuro, la desaparición de fondos y valores depositados en un
"sociedad anónima oculta o fantasma", la utilización de sociedades de las
islas vírgenes y de sociedades panameñas que escapan al control público y privado (BCU,
AIN), en conjunto, la suma no es otra cosa que la sustracción de millones de dólares con
participacion activa y directa de muchas personas.
La liquidación de CGN saife – Análisis de sus Estados Contables
al 31/12/2001
314.- El Banco Central del Uruguay por resolución D/439/2002 resolvió
declarar la disolución la liquidación en sede administrativa de CGN SAIFE. Se consideró
el estado de insolvencia que surgía de sus Estados Contables al 30 de junio de 2002,
Estados que habían sido elaborados por la intervención oportunamente decretada. Nuestro
análisis parte de los estados contables de la sociedad financiera externa CGN al 31 de
diciembre de 2001
Estados Contables de Compañía General de Negocios (SAIFE) al 31/12/01
315.- Se expone en el siguiente cuadro, los Estados Contables resumidos
de la CGN SAIFE al 31/12/01, expresados en millones de dólares:
CONCEPTO |
ACTIVO |
PASIVO |
PATRIMONIO |
Disponible |
5:18 |
|
|
Valores
Públicos |
151:78 |
|
|
Créditos |
159:54 |
|
|
Inversiones |
0:04 |
|
|
Bienes de Uso |
0:34 |
|
|
Obligaciones |
|
284:50 |
|
Totales |
316:88 |
284:50 |
32:38 |
316.- El presente Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2001 –
resumido -, es el presentado al Banco Central del Uruguay y auditado por Ernst & Young
- Cr. R. Villamarzo y Asociados y según el dictamen, han sido confeccionados de acuerdo a
las normas contables dictadas por el Banco Central del Uruguay.
317.- El Activo total de US$ 316,88 millones, está integrado
fundamentalmente por Valores Públicos (US$ 151,78 millones) y Créditos por
Intermediación Financiera (US$ 159,45 millones) que representan respectivamente un
47.9% y un 50.3 % del Activo. Analizaremos a continuación dichos Capítulos.
Valores Públicos
318.- Al 31/12/01, el saldo estaba conformado por los siguientes
valores:
Valores Públicos No cotizables US$ 148.948.500
BONOS BRASIL 2027 V / N U$ 55.000.000 V / C 39.737.500
BONOS BRASIL 2014 V / N U$ 115.000.000 V / C 109.043.000
BONOS FRB 2003 V / N U$ 1.000.000 V / C 168.000
V / N U$ 171.000.000 V / C 148.948.500
Valores Públicos Cotizables US$ 2.660.583
Bontes 2003 V/N U$ 375.000 V/C 213.862
Bocon ProvPR02 V/N U$ 450.000 V/C 83.412
Bera 1992 V/N U$ 17.327.800 V/C 1.320.032
Bontes 2002 V/N U$ .777.000 V/C 1.043.277
V/N U$ 19.929.800 V/C 2.660.583.
Rentas Devengadas US$ 3.085.520 US$ 154.694.603
Previsión para desvalorización US$ (2.914.503)
US$ 151.780.100
319.- Los Valores Públicos reseñados, son del tipo escritural y no se
encontraban en poder de CGN SAIFE, sino que estaban depositados en custodia en SAN LUIS
FINANCIAL, excepto los Bonos Brasil 2027 que estaban en custodia en BGN.
320.- En el dictamen de auditoría sobre el balance al 31/12/01, en el
punto 3.2i - Limitaciones al alcance del trabajo -, se establece lo siguiente:
"No ha sido posible obtener confirmación de los "Valores
Públicos" incluidos como posición propia por miles de US$ 151.609, que se
encontrarían en custodia del Banco General de Negocios de Argentina y de San Luis
Financial, de Panamá. Tampoco se pudo disponer de documentación suficiente, respaldante
de su adquisición y de su custodia. No se ha llegado a obtener
evidencia de su efectiva existencia ni de su titularidad a favor de la Compañía ni de su
integridad".
323.- Surge entonces claramente de autos que CGN SAIFE no tiene en su
poder los certificados de custodia de los valores depositados en SAN LUIS FINANCIAL y en
BANCO GENERAL de negocios. Su inclusión en el activo al 31/12/01 surge exclusivamente de
la registración contable de operaciones realizadas en la ciudad de Buenos Aires y
comunicadas a la SAIFE y por las cuales, ésta acreditaba los fondos a SLF, quedando como
depositaria en custodia de los valores.
325.- Hasta que el Banco Central del Uruguay dispusiera la disolución
y liquidación de CGN SAIFE el 30/7/2002, los valores públicos no se habían recuperado
ni se había podido confirmar la tenencia por parte de los depositarios. A la fecha del
presente, habiendo transcurrido más de un año y 4 meses de la intervención de CGN SAIFE
- los suscritos realizaron consultas verbales a los funcionarios pertinentes - la
Administración de Patrimonios Bancarios del Banco Central del Uruguay no ha recibido
ninguna respuesta de San Luis Financial por lo que las posibilidades de su recuperación
es incierta, por no decir cero.
326.- Teniendo en cuenta la similitud de lo acontecido con los Valores
Públicos del Banco Comercial, es dable suponer que dichos valores no existen en la
actualidad y que si en realidad fueron adquiridos en su oportunidad, fueron luego vendidos
desviando los fondos recibidos para otros fines. En principio, nos inclinamos por la
hipótesis de que nunca fueron comprados.
Créditos por Intermediación Financiera. Sector No Financiero
327.- Según Estado de Situación Patrimonial de Compañía General de
Negocios al 31/12/01 auditado por Ernst & Young - Cr. R. Villamarzo y Asociados, los
préstamos al Sector No Financiero netos de previsiones ascendían a US$ 44.195.000.
328.- De acuerdo al inventario actualizado al 31/3/02 el saldo sin
descontar previsiones , era de US$ 52:339 millones y se discrimina de la siguiente
manera:
concepto importe porcentaje
Créditos Vigentes US$ 47:625 91.5%
Créditos Vencidos US$ 2:980 5.7%
Créditos en Gestión US$ 986 1.9%
Créditos Morosos US$ 448 0.9%
Total US$ 52:339 100%
329.- Del Inventario de Préstamos (ver folios 2531 y 2532)
surge que el total de la cartera corresponde a veinte (20) clientes, es decir que existe
una alta concentración. Su detalle es el que se expone en el siguiente cuadro:
| DEUDOR |
PAIS |
DOLARES |
OBSERVACIONES |
| INVERSIONES NARBE SA |
PANAMA |
10.000.000 |
SIN GARANTÍA |
| BERSOUTH SA |
PANAMA |
7.340.000 |
SIN GARANTÍA |
| PROD. PULPA MODEADA SA |
ARGENTINA |
6.057.482 |
HIPOTECA Y PRENDA |
| KINGMAN INV. CORP. |
PANAMA |
6.050.000 |
SIN GARANTÍA |
| EDUARDO WALGER |
ARGENTINA |
5.669.500 |
SIN GARANTÍA |
| NACRE INT. CORP. |
PANAMA |
5.400.000 |
SIN GARANTÍA |
| OLDTOWN SA |
PANAMA |
4.800.000 |
SIN GARANTÍA |
| ARINTEO SA |
PANAMA |
2.500.000 |
SIN GARANTÍA |
| FOSYTH INT. CORP. |
PANAMA |
2.000.000 |
SIN GARANTÍA |
| SA PASTORIL SANTIAGUEÑA |
ARGENTINA |
986.000 |
SIN GARANTÍA |
| COVEY S.A. |
URUGUAY |
324.000 |
SIN GARANTÍA |
| GAYOSO RUIZ Y OTROS |
ARGENTINA |
254.511 |
SIN GARANTÍA |
| INTERPAPER SA |
ARGENTINA |
209.256 |
SIN GARANTÍA |
| VENTURE SA |
ARGENTINA |
200.000 |
SIN GARANTÍA |
| PROMOVEN SA |
ARGENTINA |
150.000 |
SIN GARANTÍA |
| CARLOS PEIRANO |
ARGENTINA |
120.000 |
BACK TO BACK |
| CIA.CONSIGNACIONES AGR. |
ARGENTINA |
100.000 |
SIN GARANTÍA |
| VON VULGO WILFRIED |
ARGENTINA |
78.081 |
SIN GARANTÍA |
| C.
POLLEDO Y F. POLLEDO |
ARGENTINA |
50.000 |
SIN GARANTÍA |
| JUAN PABLO RUIZ |
ARGENTINA |
40.400 |
SIN GARANTÍA |
| T O T A L |
|
52.339.786 |
|
330.- Como puede apreciarse, las garantías que cubren los riesgos
crediticios alcanzan solo al once coma ocho por ciento (11.8 %); el resto es a sola
firma
.
331.- Se analizan a continuación los deudores principales cuyos saldos
superan el millón de dólares, a saber:
INVERSIONES NARBE S.A.
332.- Al 31/12/00 el 66 % de su activo estaba integrado por bonos
argentinos y el resto en depósitos a plazo, con un pasivo de US$ 38:6 millones.
Teniendo en cuenta la cesación de pagos ocurrida en la República Argentina y la
consiguiente caída de los Valores Públicos argentinos, el valor de su activo sería
considerablemente inferior a su pasivo, por lo que la posibilidad de
recuperación del crédito es
dudosa o nula. Es una empresa vinculada el Cr. Antonio Lago de Banco Comercial. Fue
director de la misma, tiene domicilio en Montevideo, idéntico a de BERSOUTH S.A., en la
calle Treinta y Tres 1420 escritorio 18. Durante el año 2001 este riesgo se incrementó
notoriamente, ya que al 31/12/00 debía US$ 5.173.000.-
BERSOUTH S.A.
333.- El 99% de su activo está constituido por bonos argentinos y como
ya se comentara en el riesgo anterior se trataría también de una empresa vinculada.
También en este caso el riesgo se incremento fuertemente en el año 2001, pasando de
US$ 2:940 a US$ 7:340 millones. Por las mismas razones expuestas se considera un
deudor de alto riesgo con escasas o nulas posibilidades de recuperación.
KINGMAN INVESTMENT CORP.
334.- Según Balance al 30/6/2001, el 99% de su activo está
constituido por bonos argentinos. También en este caso es una empresa vinculada al grupo,
tiene el mismo domicilio en Panamá que SLF. El Sr. Harmodio Herrera, director de KINGMAN
INV. es a su vez Director de CGN SAIV, la sociedad de Islas Vírgenes. Al igual que los
casos anteriores se considera deudor de nula posibilidad de recupero.
NACRE INTERNATIONAL CORP.
335.- Según Balance al 30/9/01 tiene un Activo total de US$ 21:
millones, de los que US$ 15: corresponden a bonos argentinos. También este caso
parece ser una empresa vinculada, con domicilio en la calle Treinta y Tres 1420 Esc. 18,
Montevideo, y con las mismas características de las anteriores. Si bien en este caso el
riesgo ha disminuido con relación al 31/12/00, sigue siendo un deudor irrecuperable.
EDUARDO WALGER DE IBARLUCEA
336.- Falta información financiera actualizada del cliente; aún así,
según informan los funcionarios del Banco Central del Uruguay, el Activo del deudor
estaría constituido por títulos públicos y acciones, de los que no se conoce el
detalle. El riesgo ha aumentado considerablemente en el año 2001, pasando de US$ 3:2
A US$ 5:7 millones al 31/12/01. Igual que los casos anteriores se califica como
deudor de alto riesgo.
OLDTOWN S.A.
337.- Empresa claramente vinculada al grupo; Itzkra M. De Trute,
directora de OLDTOWN es también directora de CGN SA IV;, tiene el mismo domicilio en
Panamá que KINGMAN INV. CORP. y que SLF. El mismo concepto que para las otras empresas
panameñas ya analizadas, deudor de alto riesgo.
ARINTERO S.A.
338.- Se trata también de una empresa vinculada al grupo con igual
domicilio que SLF. El Sr. Manuel Fernández Vidal, socio fundador de la sociedad es
también deudor de Banco Comercial. En este caso la deuda de la firma se ha incrementado
también en el año 2001, pasando de US$ 1:423, A US$ 2:5 millones.
FORSYTH INT. CORP.
339.- En este caso como en otros ya vistos, en el activo hay valores
argentinos, que si se restan, determinan que el pasivo supere al activo, por lo que se
considera deudor de irrecuperable o alto riesgo.
340.- Todos los créditos analizados precedentemente presentan
características que permiten que sean considerados en forma conjunta. Todos ellos, con
excepción de EDUARDO WALGER tienen domicilio en Panamá,
presentan el mismo giro, inversiones en
valores públicos y acciones y sus activos están constituido mayoritariamente por bonos
argentinos. Todos los préstamos han sido concedidos a sola firma, sin garantías y sin
información suficiente en la carpeta del cliente que permita verificar la capacidad de pago del cliente, como es de práctica necesaria y
obligatoria en la concesión de cualquier crédito.
341.- En Anexo No. 7 del informe de la intervención (fos. 2508 a
2520 ) puede apreciarse las vinculaciones existentes entre estas empresas y el
"Grupo Rohm": domicilios comunes, directores comunes, algunas son también
deudores de Banco Comercial.
342.- Finalmente, consideramos que el hecho más relevante es que los
créditos han sido concedidos en el segundo semestre del año 2001 y en especial, entre el
día 2 de noviembre y el día 28 de diciembre de 2001, menos de dos meses.
343.- El total de créditos otorgados a estas empresas fue de
US$ 44.069.500.- de los cuales US$ 37:130.000.fueron concedidos entre el
2/11/2001 y el 28/12/2001, período en el cual el grupo ya afrontaba graves problemas de
liquidez. A folio 2717, el Cr. Francisco Estrada declara que en el mes de
Diciembre de 2001 CGN SAIFE estaba experimentando necesidades de liquidez. Se le pregunta
si durante el mes de Diciembre de 2001 CGN SAIFE recibió fondos por orden de SLF a lo que
responde que recibió fondos para cubrir las necesidades de liquidez a través del First
Union National Bank. Según los resúmenes de cuenta analizados, surge que se recibieron
fondos entre el 10/12/01 y el 18/01/02 por US$ 31:482.148.-
344.- Es claro entonces que mal se podían estar colocando fondos en
las sociedades detalladas mediante créditos, cuando no se disponía de los mismos.
Corresponde señalar que a la fecha (....) no se ha podido cobrar
ninguno de estos créditos, pese a que todos se encuentran vencidos. Es dable suponer que
se utilizaron empresas vinculadas al grupo para sacar fondos de CGN haciéndolos
figurar como créditos, para cubrir las necesidades de liquidez ante la corrida de
depósitos que estaba sufriendo el BGN.
345.- Las cifras son más que elocuentes; en nuestra opinión se ha
producido un verdadero vaciamiento de la empresa. el 97% de los bienes y derechos
registrados al 31/12/01 no existen o tienen un valor de recuperación muy inferior a su
valor contable.
Contratos a Futuro
346.- Dentro de los Créditos por Intermediación Financiera, Sector No
Financiero, figura la cuenta "Operaciones a Liquidar" con un saldo de
US$ 113:47 millones en el Activo al 31/12/01 y la contrapartida en el Pasivo por
US$ 114:81 en Obligaciones por Intermediación Financiera Sector No Financiero.
Dichos saldos corresponden a contratos de compra y venta futuro de Valores Públicos no
Nacionales, Bonos Brasil 2014 y Cupones Bera 1992, celebrados por la SAIFE.
347.- Los contratos de compra a futuro de Bonos Externos de la
República Argentina 1992 se hicieron con la firma ACRE INTERNATIONAL CORPORATION, como
contraparte, el día 22/12/00 con vencimiento el 15/2/02 y el día 17/9/01 con vencimiento
el 15/3/02, por un Valor Nominal de US$ 27.985.025 y un precio a pagar de
US$ 1.592.720.03
348.- Los contratos de venta a futuro de Bonos Brasil 2014 se hicieron
con la firma NACRE INTERNATIONAL CORPORATION por un Valor Nominal de US$ 65.000.000.-
y un contravalor de US$ 63.633.111.75 con fecha 28/12/01 con vencimiento el 28/02/02,
y con la firma OLDTOWN S.A. por un valor nominal de US$ 50.000.000 y un contravalor
de US$ 48.893.134, el 28/11/01 y el 28/12/01 con vencimientos el 21/02/02 y el
28/02/02 respectivamente.
349.- Las empresas contrapartes en los contratos de venta a futuro de
los Bonos Brasil 2014, NACRE INTERNATIONAL y OLDTOWN S.A. son empresas vinculadas con el
grupo Rohm y con importantes deudas con la CGN SAIFE , que ya fueron comentadas en el
capítulo de créditos. Los contratos no fueron ejecutados por las contrapartes al
vencimiento, pese a que el contravalor pactado era inferior al precio del mercado en el
caso de los Bonos Brasil 2014.
350.- En el Dictamen de Auditoría se establece que no se ha
obtenido confirmación de saldos de las operaciones a liquidar, que finalmente no fueron
liquidadas a sus vencimientos producidos entre los meses de Febrero y Marzo de 2002 y que
tampoco ha habido reclamos de ninguna de las partes respecto a la exigibilidad de su
concreción.
351.- Consideramos que esta operativa es similar a la efectuada en el
Banco Comercial con IGNACIO ROSPIDE y con KOMPIRA INC., por lo que cabe suponer que al
igual que en aquel caso no se trata de operaciones reales, sino que respondieron a otros
fines, posiblemente patrimoniales.
Compañía General de Negocios S.A. Islas
Vírgenes Británicas (CGNSAIV).
352.- La intervención decretada por el Banco Central del Uruguay, ante
la solicitud de los clientes de la SAIFE que querían verificar los saldos de sus cuentas,
procedió a emitir constancia de saldos de cuenta a los depositantes, detectándose
entonces que muchos de ellos tenían discrepancias o no figuraban como acreedores. Fue
entonces que se tomó conocimiento de la existencia de una sociedad anónima con un nombre
similar al de la SAIFE, Compañía General de Negocios Uruguay S.A. a través de la cual
se habían realizado operaciones de captación de recursos que no estaban registradas en
la SAIFE (Ver lo ya expresado sobre esta sociedad).
353.- (....) se trata de una sociedad anónima constituida en las Islas
Vírgenes Británicas, cuyo directorio - según copia simple de un Poder General expedido
en Panamá el 3/1/2000 - estaba integrado por Itzkra M. De Trute y Harmodio Herrera,
siendo mandatarios, Rufino Basavilbaso, Aldo Dichiara, Francisco Estrada
y Ricardo Liguori. También de acuerdo a lo declarado por Estrada, su único
accionista es San Luis Financial.
356.- Se verificó, y lo expusimos, que a los clientes que operaban con
CGN SAIV se les emitía un comprobante denominado "Certificado de Participación de
Valores" mientras que a los que lo hacían en la SAIFE se les entregaba un
comprobante de "Certificado de Depósito a Plazo Fijo". Según Estrada la casi
totalidad ( 99.5%) de las operaciones se concertaban en Buenos Aires y se comunicaban a la
SAIFE, llevándose la contabilidad de la S.A. en Buenos Aires.
359.- Al 31 de enero de 2002, fecha de la intervención, existen cuatro
listados de operaciones de la CGN SA IV y que corresponden a los siguientes conceptos:
Depósitos Vista US$ 12.440.259.-
Depósitos a Plazo Fijo US$ 96.982.615.-
Inversiones en Valores US$ 37.421.740.-
Custodia de Valores US$ 63.943.184.-
T O T A L US$ 210.787.798.-
360.- el monto de recursos captados a través de la S.A. es de gran
significación, superando incluso los pasivos de la propia COMPAÑÍA GENERAL DE NEGOCIOS
SAIFE.
Situación patrimonial total: CGN SAIFE más CGN SAIV
361.- Como conclusión de lo sucedido en CGN SAIFE y CGN SAIV, se puede
establecer lo siguiente:
El Estado de Situación Patrimonial de CGN SAIFE al 31/12/01 muestra un
Activo de US$ 316:88 y un Pasivo de US$ 284:50 con un Patrimonio de
US$ 32:38 (cifras en millones).
Por nuestra parte se hicieron los ajustes que surgen del análisis
efectuado en relación a los activos faltantes (títulos), los créditos incobrables y los
pasivos no registrados en la SAIFE que fueron captados por la SAIV.
De este trabajo, surge lo siguiente:
(EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES)
Activo Total al 31/12/01 316:88
AJUSTES: 309.00
Valores Públicos inexistentes 151:78
Préstamos incobrables 43:75
Operaciones a liquidar (C.F) 113:47
Activo Ajustado 7:87
Pasivo Total al 31/12/01 284:50
AJUSTES: 114:81
Operaciones a liquidar (CF) 114:809
Pasivo ajustado 169:69
Pasivo no registrado CGN SAIV 210:79
Pasivo Total ajustado 380:48
RESUMEN:
ACTIVO AJUSTADO US$ 7:87
PASIVO AJUSTADO US$ 380:48
PATRIMONIO AJUSTADO US$ (372:61)
362.- Las cifras son contundentes. No queda margen para la duda: se ha
producido un verdadero vaciamiento de la empresa. La cifra ajustada del patrimonio está
reflejando la PÉRDIDA de una cifra impresionante: US$ 373.000.000 (dólares
trescientos setenta y tres millones)
363.- Entendemos que esta situación no es casual ni producto de
factores externos incontrolables y ajenos a la Institución, sino que se trata de un
vaciamiento deliberado, utilizando los recursos captados de los depositantes en beneficio
del grupo, concretamente BANCO GENERAL DE NEGOCIOS (ARG.) y SAN LUIS FINANCIAL & INV.
CORP. LTD., propietarios directos o indirectos y quienes, como
está ampliamente comprobado en autos, gestionaban la COMPAÑÍA GENERAL DE NEGOCIOS SAIFE
y la COMPAÑÍA GENERAL DE NEGOCIOS S.A. ISLAS VÍRGENES.
365.- Se ha concretado la desaparición de cientos de millones de
dólares, en beneficio de BGN y SLF a través de ingenierías financieras múltiples,
confusas y engorrosas como ya hemos dicho, que se realizaron mediante la ocultación o
simulando operaciones, otorgando créditos a empresas propias o fuertemente vinculadas,
falsificando documentos, certificando saldos inexistentes, otorgando custodias de títulos
inexistentes, "maquillando" contabilidades y balances, comprando informes de
auditoría, etc.
Los legisladores firmantes del presente informe previo a considerar los
ejes centrales del trabajo de la Comisión Investigadora hemos considerado del caso a
través de un resumen del trabajo aportado por los señores peritos judiciales exponer la
operativa desarrollada en lo que fue el vaciamiento del Banco Comercial y que - como
expusimos desde el principio - la crisis de la República Argentina puso al descubierto lo
que desde tiempo atrás se venía desarrollando.
Al ingresar a considerar, todo el proceso de asistencia financiera
respecto al Banco Comercial llevado adelante por el Banco Central del Uruguay y por el
Poder Ejecutivo, creímos que valía la pena contar con elementos de análisis que
permitieran comprender la operativa desarrollada en su vaciamiento.
ASISTENCIA FINANCIERA AL BANCO COMERCIAL
Este capítulo resulta de importancia en lo relativo al Banco Comercial
dado que a partir de la situación desencadenada en la República Argentina con los
hermanos Rohm, se desencadena un incremento del retiro de depósitos en el Banco Comercial
S.A., así como en la Compañía General de Negocios SAIFE, instituciones donde los
hermanos Rohm eran ejecutivos principales, extendiéndose al conjunto del sistema
fianciero. Comenzando así lo que se denominó "corrida bancaria". Lo que llevó
a tomar medidas por parte de las autoridades del BCU y el Poder Ejecutivo, a través de
Ministerio de Economía para respaldar la liquidez del sistema financiero. Sin entrar en
valoraciones, dichas medidas implicaban apoyar la liquidez del sistema a través de la
posibilidad de disponer del dinero que los clientes retiraban cotidianamente de los
Bancos.
No era –lamentablemente– la primera vez que el país, mejor
dicho los recursos económicos del país, se dirigían al salvataje de los Bancos. Se
trataba una vez más de salvar los ahorros de los depositantes, del salvar el acceso al
crédito, de conservar las fuentes de trabajo, historia que a los uruguayos no nos era
desconocida, dado que ya había sucedido. Las normas a las que están sujetas la
discreción de las acciones, también existían y existen y eso es lo que se trataremos de
analizar.
Dichas conductas –de asistencia al sistema financiero– en
nuestro marco institucional están regladas y el análisis de las sujeción a las normas
que rigen en la materia por parte de quienes tienen la responsabilidad de administrar
resultó un punto central del trabajo de nuestra Comisión Investigadora.
Si no se reclamaron nuevas facultades legales, por parte de quienes
tomaron decisiones de asistencia –valoramos sin violencia intelectual- que es por que
se entendió que las mismas eran suficientes.
Las consecuencias en las que se derivó no necesitamos explicitarlas;
siguen estando muy presentes, las pérdidas de reservas, el aumento del endeudamiento
externo que comprometerá por tiempo el futuro, la pérdida de credibilidad en nuestro
sistema financiero, las limitaciones para enfrentar otros desafíos que el país presenta
como la necesidad de apostar a la reactivación económica y a atender la situación
social, la situación de los ahorristas y las limitaciones que impone a nuestra economía
la situación de endeudamiento en que se encuentran quienes confiando en la política
económica, no solo creyeron en el sistema financiero, sino que creyeron y asumieron
compromisos en dólares, tanto para volcarlos a la producción como al consumo.
En suma un empobrecimiento general del país y de la casi totalidad de
los uruguayos.
No importa la intención, si la presumimos bien intencionada y en el
mejor de los casos ciega por un dogma ideológico, "el camino del infierno - también
- está empedrado de buenas intenciones".
Las acciones y manejos irregulares llevadas adelante por quienes
tenían la propiedad y la gestión del Banco Comercial - el Grupo Rohm y los Bancos
extranjeros accionistas - impactaron negativamente el patrimonio del Banco y llevaron al
BCU a mediados de febrero del 2002 a presentar una denuncia penal ante el Juez Penal de
Cuarto Turno Dr. José Balcaldi.
Los hechos de enero de 2002 pusieron al
descubierto lo que hasta ese momento –a estar por la documentación con la que contó
la Comisión y la propia sede penal– había pasado desapercibido por todos los
organismos de contralor, como no nos cansaremos de remarcar a lo largo del informe.
A partir del comienzo de los retiros de depósitos se tomaron
decisiones dirigidas a aportar liquidez frente a la corrida bancaria que se desató
inmediatamente de trascendidos algunos hechos.
Comencemos citando al ex Presidente del Banco Central del Uruguay, Cr.
Cesar Rodríguez Batlle, en comparescencia realizada el 9 de diciembre de 2002, ante
nuestra Comisión Investigadora.
"Como señalaba, desde enero de este año, el sistema financiero
en su conjunto fue impactado con retiros de depósitos que, según una medida, puede ser
del 41%, pero que puede llegar al 45% del "stock" a diciembre de 2001: unos
US$ 6.000:000.000, lo que representa el 43% del PBI actual. No se conoce en la
literatura ni en el mundo ningún país que haya resistido corridas superiores al 20% o
25% de su "stock" de depósitos. Uruguay pudo hacerlo" (Cr. Rodríguez
Batlle, Comisión Investigadora, 9.12.02)
Nos pareció del caso comenzar con esta cita, reiteradamente oída en
la Comisión por parte de actores relevantes en la toma de decisiones, fundamentalmente
para cuantificar por declaración directa de un protagonista de primera línea el nivel de
retiros al que el país se vió enfrentado.
No corresponde a la Comisión Investigadora introducirse en la
discusión de valoraciones de grado de capacidad para resistir corridas, sino evaluar si
dicha capacidad de resistir se hizo al amparo del marco normativo que la regula y que
fundamentalmente va dirigido a proteger los intereses de la sociedad. No creemos que nadie
defienda que el fin justifica los medios. Y de haber sido así nadie tuvo la suficiente
honestidad intelectual para plantearlo en esos términos en la Comisión.
El país ya conoció en el pasado salvatajes del sistema financiero
– y más precisamente de Bancos concretos, con algunos actores que se repiten y otros
sobre quienes existían aprehensiones de larga data - que dejaron a la sociedad impactada
negativamente pero que no tuvieron ninguna consecuencia negativa para los especuladores
financieros, ni para los vaciadores de Bancos, delincuentes de guantes blancos que a
diferencia de otros delitos sociales, muchas veces determinados por verdaderas situaciones
de necesidad, terminan impunes a pesar del brutal daño que ocasionan al conjunto de la
sociedad.
Veamos ahora los fondos obtenidos por diferentes mecanismos e
instrumentos por parte del Banco Comercial según información a disposición de la
Comisión.
El Banco Comercial obtuvo fondos por US$ 474:979.575. por
distintos procedimientos autorizados por el BCU, y aportados por el Poder Ejecutivo que
tuvieron como finalidad dotarlo de liquidez. Estas distintas modalidades, con sus
respectivos montos fueron:
Por certificados de depósitos U$ 99:236.884.
Por cancelación anticipada
de depòsitos U$ 6:011.095.
Por compra de tìtulos
del Gobierno. U$ 4:558.855.
Por Multisectorial II del B.I.D. U$ 26:833.931.
Préstamos BCU (art. 37) U$ 20:400.000.
Sobregiros consolidados U$ 40:540.810.
Sub-total BCU U$ 197:581.575.
Capitalización MEF U$ 35:000.000.
Anticipos MEF U$ 242:398.000.
Sub-total MEF U$ 277:398.000.
Total BCU y MEF U$ 474:979.575.
Paralelamente se realizaron transferencias al exterior.
Al respecto, con información recibida en la Comisión registramos que
entre el 15 y el 22 de febrero de 2002 se autorizó al Banco Comercial a girar al exterior
US$ 40:449.195. según detalle tomado de documentación en poder de la Comisión.
El 15.2.02, según Acta Nº 2355 y R.D. se compraron certificados
de depósito al BC por US$ 16 millones, y se autorizaron girar al exterior
US$ 9:590.000.
El 18.2.02, según Acta Nº 2356 y R.D. Nº 62/2002, el BCU
compró certificados de depósito del BC por US$ 30 millones y le autorizó a girar
al exterior US$ 4:090.000.
El 19.2.02, según Acta Nº 2357 y R.D. 66/2002 se compró al BC
valores públicos por US$ 5:081.078 y se lo autorizó a girar al exterior US$ 3:100.000 para atender operaciones con corresponsales.
El 22.2.02, según nota enviada al Cr. Bensión, se autorizó girar al
exterior US$ 23:669.195. Esta autorización no constaba en la RD 80/2002, que fue la
que autorizaba ese día la asistencia financiera , solo la encontramos en la nota remitida
al MEF que consta en la documentación de la Comisión.
Esta política de asistir a Bancos que están transfiriendo al exterior
es por lo menos discutible. En Argentina, por ejemplo, el BCRA, mediante Comunicación
"A" 3471, reguló el denominado "Mercado Unico y Libre de Cambios" a
partir del 11.2.02, estableciendo limitaciones a los pagos por servicios de capital al
exterior, por un plazo de 90 días.
Tengamos presente que a la fecha que registramos autorizaciones del
Directorio del BCU sobre transferencias al exterior, el propio BCU estaba compareciendo
ante la Justicia Penal para denunciar hechos en apariencia delictiva. O sea que ya se
estaba sobre elementos que permitían deducir que existía montada toda una trama para
vaciar el Banco Comercial.
Ya en informes del BCU de fecha 02.02.02 se tenía conocimiento que el
Banco Comercial ofrecía servicios (Banca Privada) a través de una sociedad de Antillas
Holandesas denominada Comercial Investment N.V. Curaçao, y que al 31.12.01, el Banco
Comercial había captado para esta sociedad recursos estimados en U$ 104.200.000
(ciento cuatro millones doscientos mil dólares).
Destacamos de lo recogido en la Sede Penal (numeral 237 del peritaje
judicial):
237.- Finalmente según lo informado por la Cra. Giselle Itte del BCU,
recién el día 2 de febrero de 2002 toma conocimiento de esa situación. Concretamente
ese día, el Sr. Juan J. Curone le informa que Banco Comercial ofrecía servicios de
Private Banking a sus clientes a través de Comercial. Investment. Es decir que el BCU (recién)
toma conocimiento cuando eran de público conocimiento los hechos de notoriedad - Enero de
2002 - y ya se había resuelto una supervisión intensiva del BCU en BC.
Surge por otra parte del informe pericial con relación a las
irregularidades cometidas a través de Comercial Investment Curaçao en el item 265 del
informe pericial que:
"En suma, el Banco Comercial tuvo que devolver los depósitos de
clientes de Comercial Investment (C.I.) (ver fojas 8650-8663 pieza 30 del expediente) como
si se trataran de Pasivos propios".
"El BC devolvió los Pasivos de CI por una cifra de
US$ 87.978.437, cronológicamente de acuerdo al siguiente detalle:
Febrero 2002 US$ 5.576.667
Marzo 2002 US$ 41.608.951
Abril 2002 US$ 26.630.099
Mayo 2002 y s.s US$ 14.162.720
Total US$ 87.978.437"
Los firmantes destacamos - luego de haber visto parte del expediente
judicial - que recién el 6 de mayo de 2002 el Banco Comercial informó al Superintendente
de Instituciones de Intermediación Financiera que "el Directorio había resuelto el
día de la fecha asumir los pasivos de Comercial Investment que tenía con clientes de
Banco Comercial analizando caso a caso y examinando si corresponde o no y con qué
alcance". En la misma nota solicita se autorice un plan de adecuación contable.
Surge de la misma comunicación que entre febrero y abril ya se habían
devuelto más de U$ 73:000.000. (setenta y tres millones de dólares) de pasivo total
de U$ 87.978.437.
Para que se entienda, del total de ayuda – por todo concepto -
para mantener la liquidez que hasta el 30 de abril de 2002 había recibido el Banco
Comercial y sumaba U$ 247:113.975 (doscientos cuarenta y siete millones, ciento trece
mil novecientos setenta y cinco dólares) , U$ 73:815.717, (setenta y tres millones,
ochocientos quince mil setecientos diecisiete dólares) o sea el 29,87 % - había sido
para cubrir los retiros en Comercial Investment NV Curaçao.
Repetimos los accionistas vaciaron Comercial Investment y los uruguayos
transferimos recursos al Banco Comercial para hacer frente a los depositantes de Comercial
Investment NV.
Dejamos constancia como se evidencia en el expediente judicial (pieza
30 foja 8686) que el 16 de mayo de 2002 el BCU comunica al Banco Comercial que "con
fecha 10 de mayo de 2002 se adoptó la resolución D236/2002 donde se autoriza al mismo a
un plan de adecuación contable por el saldo de la cuenta créditos diversos donde se
encuentra registrada la asunción de pasivos de Comercial Investment NV".
Y que se registren en la cuenta 351P00
"Cargos Diferidos Autorizados por el Banco Central del Uruguay" y por su
equivalente en moneda nacional las siguientes partidas:
En el mes de Febrero 2002 US$ 5.576.667
En el mes de Marzo 2002 US$ 41.608.951
En el mes de Abril 2002 US$ 26.630.099
El importe restante de U$ 14.162.720
se contabilizará en los meses en que se asuma.
Se autorizaba a amortizar las partidas en 60 cuotas mensuales, iguales
y consecutivas (...) y se planteaba que no deberían ser consideradas a los efectos de lo
dispuesto por el artículo 14 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control
del Sistema Financiero.
Eso hace un total de U$ 87.978.437. que devolvió Banco Comercial
de ahorristas de Comercial Investment. NV.
O sea, el país hizo un brutal esfuerzo para devolver depósitos que no
estaban en nuestro sistema financiero y por ende no estaban al servicio del país. Se hizo
– según el discurso más reiterado - para tratar de salvar la credibilidad de
nuestra plaza financiera, la que de todos modos sucumbió.
Se dimensionan las responsabilidades que correspondieron a quienes
tenían la responsabilidad de controlar y por negligencia, incapacidad, omisión o
tolerancia voluntaria no lo hicieron.
Vale que todos tengan presente que dentro de las finalidades expresadas
en el artículo 3º de la Carta Orgánica del BCU se dice en su inciso D)
"Promover y mantener la solidez, solvencia y funcionamiento adecuado del sistema
financiero nacional.", y el literal G, del artículo 7º relativo a las
atribuciones del BCU que dice: "Regulará normativamente y supervisará la
ejecución de aquellas reglas por parte de entidades públicas y privadas que integran el
sistema financiero. A tal efecto, podrá autorizar o prohibir, en todo o en parte,
operaciones en general o en particular, así como fijar normas de prudencia, buena
administración o método de trabajo e informará, en el caso de las entidades públicas,
al Poder Ejecutivo, a sus efectos". Los que no solo deben ser invocados, a la
hora de tratar de justificar la asistencia, sino que se transforman en piedras angulares
para que se pueda tratar de evitar llegar a la necesidad de la misma y que como creemos no
se supieron cumplir desde mucho antes que la situación en la Argentina se hubo puesto de
manifiesto. A dichos efectos nos remitimos a las referencias realizadas en el peritaje
judicial.
Las autorizaciones para transferir recursos al exterior en un Banco que
se desconocía cual era la situación patrimonial – como vamos a ver más adelante -
podía estar facilitando que los articuladores y responsables de la trama, salvaguardaran
sus propios intereses contra los intereses del conjunto de la sociedad que a la postre
resultó una vez más encargada de solventar el costo del salvataje.
En el caso se hizo vaciando Comercial Investment NV y luego teniendo el
Banco Comercial que hacer frente a la devolución de los depósitos.
Y decimos lo anterior compartiendo lo expresado en el peritaje judicial
que en sus numerales 274 y 275 expresa :
"274.- Opinamos, en definitiva, que Comercial Inv. fue otro
instrumento más utilizado por la dirección y la alta administración de BC (Banco
Comercial) para la desviación de millones de dólares, en perjuicio de sus ahorristas.
Los ahorristas recuperaron sus inversiones a través de Banco Comercial pero ese
resarcimiento significó una pérdida de casi 70: millones de dólares para el Patrimonio
del Banco Comercial, de acuerdo con el siguiente detalle: (subrayado nuestro)
CONCEPTO IMPORTE COMENTARIO
U.S. Treasury Strips US$ 58:9 (Faltante)
Préstamo a DERIKA INV US$ 7:9 (Irrecuperable)
Participación en BGN US$ 2:5 (Incobrable)
US$ 69:3
275.- Las devoluciones a los ahorristas fueron realizadas durante los
meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2002, retiros que significaron el inicio de la
"corrida" que sufrió el Banco Comercial en esa época, y que rápidamente se
transformó en una corrida generalizada en todo el sistema financiero".
ASISTENCIA AL AMPARO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES.
Al momento de considerar la asistencia del BCU a las instituciones
financieras y en la oportunidad en lo referido al Banco Comercial, vale tener presente los
artículos de la Carta Orgánica del BCU ( Ley
Nº 16.696.) y las referencias a las que se remitieron distintos comparecientes a
nuestra Comisión Investigadora.
Comencemos por nuestra Constitución Nacional que en su
artículo 196, determina que : "Habrá un Banco Central
de la República, que estará organizado como ente Autónomo y tendrá los cometidos y
atribuciones que determine la ley aprobada con el voto de la mayoría absoluta del total
de componentes de cada Cámara." (el subrayado es nuestro).
La ley a la que refiere el artículo 196 de la Constitución
es la Ley Nº 16.696 y fue
sancionada el 30 de marzo de 1995.
Los artículos de la Carta Orgánica del BCU referidos en las distintas
comparecencias con relación a la asistencia implican a los artículos 3º, 4º, 7º
y el capítulo VI referente a "Relaciones con las Instituciones de Intermediacion
Financiera", fundamentalmente los artículos 36 y 37.
Artículo 3º.- (Finalidades). Las finalidades del
Banco Central del Uruguay serán:
A) |
Velar por la
estabilidad de la moneda nacional. |
B) |
Asegurar el normal
funcionamiento de los pagos internos y externos; |
C) |
Mantener un nivel
adecuado de las reservas internacionales; |
D) |
Promover y mantener la
solidez, solvencia y funcionamiento adecuado del sistema financiero nacional. |
En el ejercicio de éstas finalidades, el Banco procurará la
coordinación con la dirección de la política económica que compete al Poder Ejecutivo.
Si el Banco considera que la decisión en cuestión afecta
sustancialmente las finalidades que le son atribuidas por éste artículo, podrá mantener
su criterio haciéndoselo así saber al Poder Ejecutivo a los efectos de la pertinencia
que pudiera corresponder conforme al procedimiento establecido por el artículo 197 de la
Constitución.
Artículo 4º.- (Poderes Jurídicos). El Banco está
facultado para realizar todos los actos jurídicos y contraer todas las obligaciones
conducentes al cumplimiento de los cometidos que le asignan la Constitución de la República y
la ley.
Consideraciones Generales respecto a las normas contenidas en la Ley
Orgánica.
Por el artículo 3º se determinan las finalidades y destacamos
entre ellas las contenidas en los literales B) "Asegurar el normal funcionamiento de
los pagos internos y externos" y D) "Promover y mantener la solidez, solvencia y
funcionamiento adecuado del istema financiero nacional".
En el cumplimiento de dichas finalidades el BCU
procurará la coordinación con la dirección de la política económica que
compete al Poder Ejecutivo, pudiendo discrepar con los criterios sustentados por éste si
el BCU entendiera que se afectan sustancialmente las finalidades que la ley le atribuyó,
comunicándole al Poder Ejecutivo su criterio, y quedando a lo que el Poder Ejecutivo
pueda valorar ante la diferencia que pudiera surgir por considerar inconveniente o ilegal
la gestión o los actos de los Directorios. El Poder Ejecutivo al amparo del artículo 197 de la Constitución
de la República puede hacerle observaciones a dichos actos así como disponer la
suspensión de los actos observados. Si el Directorio desatendiera dichas observaciones,
el Poder Ejecutivo puede disponer las rectificaciones, los correctivos o remociones que
considere del caso, comunicándolo a la Cámara de Senadores, la que en definitiva
resolverá.
Resulta claro al tenor del texto Constitucional en sus
artículos 197 y 198 que en ese caso la Cámara de Senadores tiene la potestad de
resolver ante la desavenencia que se pudiera generar entre el Directorio - en este caso
del BCU - y el Poder Ejecutivo.
Lo anterior fue expresado en términos de análisis general dado que en
esta circunstancias no se constituyó hipótesis de conflicto ni desavenencias entre el
Directorio del BCU y el Poder Ejecutivo.
Las finalidades enunciadas en el artículo 3º, a nuestro entender
tienen carácter normativo general (generalidad de la norma). La forma específica
(especificidad de la norma) para brindar la asistencia financiera y poder cumplir las
finalidades expresadas en el artículo 3º, quedan expresadas
en el capítulo VI fundamentalmente en los artículos 36 y 37.
ASISTENCIA AL AMPARO DEL ARTÍCULO 36
El artículo 36 de la Ley Orgánica del BCU plantea que éste
actuará como prestamista, en casos extremos, de las instituciones de intermediación
financiera, determinando por unanimidad de sus miembros las condiciones en que se podrá
otorgar dichos préstamos. Fija los instrumentos que se pueden utilizar, exigiendo para el
caso de instrumentos que no sean emitidos o garantizados por el Poder Ejecutivo ni valores
emitidos por el propio BCU, la necesidad de que cuenten con garantía personal o real
comprobada por el Banco que se asiste y fija que el monto de dicho préstamo no puede
superar el patrimonio neto del Banco a asistir.
Artículo 36.- (Préstamos de última instancia). El Banco
actuará como prestamista en casos extremos respecto de las instituciones de
intermediación financiera y, en tal carácter, en los términos y condiciones que el
Directorio determine por unanimidad de sus miembros podrá comprar, vender, descontar y
redescontar a las instituciones de intermediación financiera:
A) |
Letras de cambio, vales
y pagarés girados o ejecutados con fines comerciales, industriales o agrícolas, que
lleven dos o más firmas autorizadas, de las cuales, por lo menos una sea la de una
institución de intermediación financiera y que venzan dentro de los ciento ochenta días
siguientes a la fecha de su adquisición por el Banco; |
B) |
Letras de Tesorería u
otros valores emitidos o garantizados por el Poder Ejecutivo, que formen parte de una
emisión pública y que venzan dentro de los trescientos sesenta y cinco días siguientes
a la fecha de su adquisición por el Banco; |
C) |
Valores emitidos por el
Banco Central del Uruguay. |
Las operaciones referidas en el literal A) deberán contar con la
garantía personal o real, de solvencia comprobada, por parte del Banco asistido, y no
podrán superar el monto de su patrimonio neto.
Por su parte el artículo 37 refiere a los adelantos de asistencia
financiera. Fija que, en las condiciones que en cada caso determine el Directorio, puede
conceder asistencia financiera, por plazos no superiores a los 90 días, siempre que la
misma sea garantizada con algunos de los instrumentos previstos en el artículo 36, u
otro valor emitido o garantizado por el Poder Ejecutivo, certificados de depósitos, u
otros activos de los que el BCU pueda disponer. Por su inciso final, si los adelantos no
fueran con garantías estatales -al igual que en el artículo 36- exige que se cuente
con garantías personales o reales, de solvencia comprobada por el Banco asistido y que
los adelantos de asistencia no superen el patrimonio neto del Banco.
Artículo 37.- (Adelantos de asistencia financiera).
Asimismo, y en igual carácter, el Banco podrá en las condiciones que en cada caso
determine el Directorio, conceder adelantos financieros a las instituciones de
intermediación financiera, por plazos no superiores a los noventa días, siempre que
ellos sean adecuadamente garantizados por:
A) |
Alguno de los
instrumentos previstos en el artículo 36; |
B) |
Por cualquier otro
valor emitido o garantizado por el Poder Ejecutivo y que forme parte de una emisión
pública; |
C) |
Certificados de
depósito y documentos de títulos emitidos con respecto a productos básicos y otros
bienes debidamente asegurados; |
D) |
Tenencia de
los activos que el Banco puede legítimamente comprar, vender o negociar conforme al
literal D) del artículo 27 de la
presente ley. |
Será de aplicación lo dispuesto en el inciso final del artículo
anterior, en todos los casos, excluyendo los adelantos con garantía de valores estatales.
O sea que ambos artículos fijan las condiciones en que el BCU puede
disponer asistir a instituciones financieras y cuáles son los recaudos y garantías que
se deben procurar y tener presente para evitar perjuicios económicos.
Debemos tener presente al analizar las facultades de asistencia del BCU
a las instituciones financieras que la ley vigente, Ley Nº 16.696, derogó en su articulo 60 referente a
"Derogaciones" el artículo 29 de la Ley Nº 13.608. de 20 de febrero de 1964 que con
relación a las facultades de asistir determinaba en su inciso 2º que en situaciones de
emergencia, que pusieran en peligro la estabilidad del sistema bancario nacional, podía
prestar asistencia financiera extraordinaria a empresas bancarias, por resolución fundada
y mayoría especial de su Directorio, dando cuenta al Poder Ejecutivo, pudiendo
redescontar los documentos que estimara adecuados de la cartera del Banco asistido.
Así que el régimen derogado admitía más discrecionalidad por parte
del Directorio del BCU que el vigente, a la hora de dar asistencia. Y no debe escapar a
los señores legisladores que esta limitación de la discrecionalidad fue dirigida a
evitar el daño que se le infligió a la sociedad por salvatajes realizados, tanto a fines
de la década del 60 como a los que el Estado debió hacer frente a mediados de la década
del 80. Insistir que no existen limitaciones a la discrecionalidad y que el BCU pueda
asistir financieramente por encima de las exigencias estipuladas en los artículos 36
y 37 de la Carta Orgánica sancionada en la Ley
Nº 16.696. de 1995 o eventualmente invocando poderes implícitos que tendría el
BCU en situación de emergencia, como se hizo en la Comisión Investigadora, en opinión
de los firmantes no resiste el menor análisis. Previo a la vigencia de la actual ley y a
la derogación del artículo 29 de la Ley Nº 13.608, se contemplaba la posibilidad de asistir en forma
extraordinaria y con más discreción que en el marco actual. Los Legisladores de 1995 no
soslayaron dicha eventualidad, por el contrario derogaron a texto expreso el
artículo 29 que refería en su inciso 2º a que "En situaciones de emergencia,
que pongan en peligro la estabilidad del sistema bancario nacional, el Banco Central del
Uruguay podrá prestar asistencia financiera extraordinaria a las empresas privadas",
y le exigía que fuera mediante resolución fundada del Directorio y con mayoría especial
de cuatro votos en cinco miembros. Y debía dar cuenta al Poder Ejecutivo oportunamente e
incluso "podía" redescontar a esos efectos los documentos que estimara
adecuados de la cartera del Banco asistido, ni siquiera lo obligaba a que descontara esos
documentos. Para ello bastaría citar al Dr. Alejandro Atchugarry, ex Ministro de
economía, actual Senador y miembro informante en la Cámara de Diputados al momento de
sancionarse la actual ley vigente (actas de la Cámara de Representantes de fecha 9 de
julio de 1994): "con respecto a los préstamos en ultima instancia la Comisión
propone un criterio restringido a las situaciones de iliquidez, con las debidas garantías
que permitan rescatar las sumas aportadas por el Estado. Tal extremo abarca no atender
problemas de solvencia, reiterando los criterios y las modificaciones introducidas al Decreto-Ley Nº 15.322 y aspira a
impedir los graves perjuicios del Estado y a la sociedad que implica socializar las
pérdidas de los Bancos y aún de los extranjeros, como sucedió en la década
pasada.". No nos extenderemos en estas valoraciones que luego van a estar presentadas
en el nforme al analizar la situación patrimonial del Banco Comercial, en reproducción
de las declaraciones que formulara la Cra. Rosario Medero en su comparecencia de fecha 9
de diciembre de 2002, ante nuestra Comisión Investigadora.
"Solo diremos que si se fue más exigente a la hora de legislar en
materia de asistencia fue precisamente para tomar los recaudos imprescindibles para evitar
que se impactara negativamente los intereses del conjunto de la sociedad, como lo expresó
el miembro informante de la época Dr. Atchugarry.
Las normas actualmente vigentes no permiten asistir, en ninguna
circunstancia, por fuera de los requisitos que impone el artículo 36 y 37 de la
Carta Orgánica ( Ley Nº 16.696). A
los firmantes del presente proyecto no le cabe ninguna duda al respecto. Por lo cual tener
presente las garantías sobre la asistencia y la situación patrimonial en la que se
encontraba el Banco Comercial es un elemento central a los efectos de evaluar si se
cumplió el marco legal o éste se extralimitó".
Con relación a la compra de certificados de depósito y valores
públicos, artículo 36.
Se asiste desde el 7.2.02 al 24.4.02 mediante la compra de Certificados
de Depósito y Valores Públicos por US$ 99:236.884, considerados préstamos de
última instancia, regulados por el artículo 36, literal C), de la Ley Nº 16.696, Carta Orgánica
del BCU.
Las compras de certificados de depósito fueron realizadas en las
siguientes fechas:
7.2.02, según Acta Nº 2351 y R. D. Nº 52/2002 por
US$ 17:742.000
14.2.02, según Acta Nº 2354, R.D. 58 y
59/2002 por US$ 25 millones
15.2.02, según Acta Nº 2355 y R.D. 60/2002, por US$ 16
millones
18.2.02, según Acta Nº 2356 y R.D. 62/2002, por US$ 30
millones
19.2.02, según Acta Nº 2357 y R.D. 65/2002, por
US$ 3:710.464
El mismo día, 19.2.02, según R.D. 66/2002, el BCU compró valores
públicos al BC por US$ 5:081.078
Aparecen dudas desde la primera asistencia.
En la sesión de Directorio del 7.2.02 donde se decidió la primera
asistencia por US$ 17:742.000, se evaluó que los certificados de depósito que el
Banco Comercial estaba ofreciendo para obtener liquidez, "exceden notoriamente sus
necesidades para la constitución del encaje real remunerado".
Respecto a esta afirmación de los Directores, caben dos precisiones:
a) La necesidad de información sobre encajes.
También se consideró en esa misma oportunidad, que el Banco Comercial
solicitaba vender US$ 69 millones de certificados de depósito, pero en este caso el
Directorio aplazó la decisión, ya que estimó necesario contar con información sobre la
situación de depósitos y cumplimiento de normas de encaje.
De esta afirmación se desprende que a la fecha no se poseía la
información sobre encajes, por lo tanto queda la duda sobre qué elementos manejaron los
Directores para afirmar aquella fundamentación a la concesión de los US$ 23
millones de liquidez (US$ 17 comprando certificados de depósito y US$ 6
liberando el depósito en garantía del Convenio de ALADI) recordemos que se expresaba
que:"exceden notoriamente sus necesidades para la constitución del encaje real
remunerado".
b) El déficit de encaje real remunerado
De acuerdo a la información sobre encajes proporcionada por el BCU a
la Comisión Investigadora, el promedio diario de encaje real remunerado del Banco
Comercial del mes de febrero, fue negativo, tanto en moneda nacional como extranjera. Por
ejemplo, por el mes de febrero, en moneda extranjera, el Banco Comercial tuvo un promedio
diario de US$ 32 millones de déficit de encaje.
Los datos de encaje al mes de enero, si bien todavía no arrojaban
déficit, daban un cumplimiento muy ajustado de los mínimos legales, por lo que no se
puede interpretar qué elementos consideraron los Directores para hacer aquella
valoración ("exceden notoriamente") que justificó el comienzo de la asistencia
al BC.
Las recomendaciones del BCU al Banco Comercial por la asistencia.
Según Expediente Nº 2002/0182, el informe de la SIIF del 8.2.02
expresa:
"En tanto no se adopten medidas adicionales a la supervisión
intensiva, y de considerarse que este procedimiento es el más adecuado en atención a las
finalidades establecidas en el artículo 3º de la Carta Orgánica y a efectos de
evitar un uso inapropidado de los fondos obtenidos, se sugiere: (que) deberá aplicar los
fondos obtenidos por este procedimiento exclusivamente a atender el retiro anormal de
depósitos".
Las resoluciones de Directorio (Nº 58 y 59 del 2002) repiten casi
textual el proyecto elevado por el Dr. Barrán, salvo el final "...deberá tomar las
medidas necesarias a efectos de preservar la adecuada aplicación de los fondos
recibidos", redacción un tanto amplia para las situaciones irregulares que ya había
detectado la SIIF (asistencia a vinculadas, etc) y que difieren de la precisión a la que
apuntaba el Dr. Barrán.
Es decir, no hay duda que de la redacción sugerida por la SIIF a la
finalmente adoptada por el Directorio, se plantea más laxitud en el uso de los fondos
asistidos. Recordemos que el impacto que produjo al Banco los depósitos que el Banco
Comercial ya estaba pagando de Comercial Investment.
De la correspondencia entre el Ex Presidente del Banco Central, Cr.
César Rodríguez Batlle y el ex Ministro de Economía, Cr. Alberto Bensión, en poder de
la Comisión Investigadora se puede desprender que:
1) El 18 de febrero de 2002 en correspondencia confidencial, el Cr.
Rodríguez Batlle le comunica al Cr. Bensión que " En virtud de que con las
operaciones realizadas hasta el momento se han practicamente agotado las disponibilidades
de certificados de depósitos referidos , el Directorio, en sesión del día de hoy,
acordó informar de estas circunstancias".
Comenzaba el 18 de febrero a ponerse en conocimiento del Ministerio de
Economía, que ya no se podía seguir atendiendo las necesidades
de liquidez del Banco Comercial por el artículo 36 de la Carta Orgánica.
2) El 21 de febrero de 2002 en correspondencia confidencial, el Cr.
Rodríguez Batlle le trasmite al Cr. Bensión que: "De conformidad con lo expresado
por el Sr. Ministro, en cuanto a atender las necesidades de dicho Banco y anticipar para
ello, la aplicación del acuerdo Preliminar para su capitalización suscrito por la
República con sus Bancos Internacionales accionistas, ponemos en su conocimiento que el
20 del corriente se otorgó un adelanto por U$ 15:000.000. con débito a las cuentas
del Tesoro Nacional en este Banco Central.
Por ende a partir del 21 de febrero, y ante lo expresado
por el Cr. Bensión en cuanto a que el BCU atendiera las necesidades del Banco Comercial,
el Cr. Rodríguez Batlle le informa que anticipando el Acuerdo de Capitalización
(aparentemente el BCU estaba en conocimiento de un acuerdo preliminar) entre la República
y los Bancos accionistas internacionales, -acuerdo definitivo que recién se va a firmar
el 26 de febrero– se comenzaba a otorgar adelantos a cuenta del Tesoro Nacional.
3) El 22 de febrero de 2002 en correspondencia confidencial, el Cr.
Rodríguez Batlle le trasmite al Cr. Bensión que: "De conformidad con lo expresado
por el Sr. Ministro, en cuanto a atender las necesidades de dicho Banco y anticipar para
ello, la aplicación del acuerdo Preliminar para su capitalización suscrito por la
República con sus Bancos Internacionales accionistas, ponemos en su conocimiento que esta
institución, en el día de ayer adoptó la resolución(...) por la que se concedió al
Banco Comercial S.A. un nuevo adelanto por U$ 17:000.000. con débito también a las
cuentas del Tesoro Nacional".
Se hace atento a lo dispuesto en los artículos 3º y
37 de la Carta Orgánica. En la misma resolución es donde se autoriza a transferir al
exterior la suma de U$ 23:669.195.
Lo más trascendente de esta comunicación –que
continuaba dando adelantos a cuenta del Contrato de Capitalización que aún no se había
firmado en forma definitiva– es que queda registrado que la Asistencia se hacía
atento a lo dispuesto por el artículo 3º y 37. Planteamos esto desde ya por que va
a ser un eje central en la evaluación de la legalidad de la asistencia llevada adelante.
4) El 22 de febrero el Cr. Bensión le responde al Cr. Rodríguez
Batlle sus notas de fecha 21 y 22 del corriente informándole que ha tomado debida cuenta
de ellas en base al compromiso de suscripción de capital asumido por el Gobierno de la
República.
5) El 25 de febrero en comunicación similar a las anteriores el Cr.
Rodríguez Batlle citando las comunicaciones del BCU de fecha 21 y 22 de febrero respecto
al Banco Comercial, pone en conocimiento del Cr. Bensión que el Directorio del Organismo,
en sesión del día 22 del presente mes, otorgó por iguales fundamentos, un nuevo
adelanto al citado Banco Comercial por la suma de U$ 10:000.000. con débito a las
cuentas del Tesoro Nacional en este Banco Central"
6) El mismo 25 de febrero de 2002 en una nueva comunicación citando
las comunicaciones del 21, 22 y 25 de febrero el Cr. Rodríguez Batlle le comunica que
"Al respecto y por iguales fundamentos el Directorio del Organismo en su sesión del
día de hoy, resolvió adelantar al citado Banco Comercial la suma de U$ 11:000.000,
con débito a las cuentas del Tesoro Nacional en este Banco Central".
7) El 27 de febrero de 2002 en comunicación de igual tenor que la
anterior, el Cr. Rodríguez Batlle comunica al Cr. Bensión que "Al respecto y por
iguales fundamentos el Directorio del Organismo en su sesión del día de ayer, resolvió
adelantar al citado Banco Comercial la suma de U$ 11:000.000, con débito a las
cuentas del Tesoro Nacional en este Banco Central".
8) El 28 de febrero de 2002 y refiriéndose a comunicaciones anteriores
relativas a la situación por la que atraviesa el Banco Comerical le informa que :
"Al respecto y por iguales fundamentos el Directorio del Organismo en su sesión del
día de ayer, resolvió adelantar al citado Banco Comercial la suma de U$ 3:000.000,
con débito a las cuentas del Tesoro Nacional en este Banco
Central." Y agrega "Destacamos al Señor Ministro que, con el adelanto referido
que se informa en la presente se han cubierto necesidades mínimas de efectivo del Banco
Comercial, a la espera de la integración de los fondos convenidos con sus Bancos
accionistas en el acuerdo de capitalización".
9) El 1º de marzo, con igual fórmula el Cr. Rodríguez Batlle informa
al Cr. Bensión que: "Al respecto y por iguales fundamentos el Directorio del
Organismo en su sesión del día de ayer, resolvió adelantar al citado Banco Comercial la
suma de U$ 10:000.000, con débito a las cuentas del Tesoro Nacional en este Banco
Central".
O sea que luego de esta comunicación se consolida el monto de
U$ 77:000.000 (setenta y siete millones de dólares) de aporte otorgado por el BCU
-al amparo del artículo 37 de su Carta Orgánica- al Banco Comercial como asistencia
entre el 20 y el 28 de febrero de 2002. Luego el 12 de marzo, se le aportarán bajo el
mismo carácter U$ 2:000.000. que la Comisión no pudo definir bien la situación
legal de dicho aporte si bien el BCU en nota del 14 de marzo refiere a que fue resuelto al
amparo de similar norma que los U$ 77:000.000. que se aportaron entre el 20 y el 28
de febrero de 2002.
Hecho que el Ministerio de Economía solicitó rever (ver punto 11 y
punto 12 más abajo).
10) El 6 de marzo de 2002 el Cr. Rodríguez Batlle le comunica al Cr.
Bensión: "Al respecto, cúmplenos informar a esa Secretaría de Estado que, en
virtud de que los Bancos accionistas del Banco Comercial integraron los fondos convenidos
en el Acuerdo de Capitalización, se han cancelado dichos adelantos, con excepción de la
suma correspondiente al aporte de la República...".
11) El 14 de marzo de 2002, el Cr. Rodríguez Batlle comunica al Cr.
Bensión que "en función de lo establecido en el Acuerdo de Capitalización del BC
suscrito por la República y los Bancos internacionales accionistas, ponemos en su
conocimiento que, en sesión del día 11 del corriente, el Directorio del Organismo
dispuso autorizar el desembolso de una partida de U$ 2:000.000. a Banco Comercial con
débito a las cuentas del Tesoro Nacional en este Banco Central".
12) El 15 de marzo el Cr. Bensión se refiere a la nota del Cr.
Rodríguez Batlle de fecha 14 de marzo sobre el desembolso de una partida de
U$ 2:000.000. destinada al Banco Comercial con débito a las cuentas del Tesoro
Nacional solicitándole la revisión de dicha decisión, " en tanto ella excede el
monto de capitalización del Banco Comercial comprometido por la República".
Lo cierto –como veremos más abajo– al analizar los distintos
aspectos de la asistencia es que la situación de esos U$ 2:000.000. de dólares,
desde el punto de vista de cómo considerarlos quedó sin resolver entre el MEF y el BCU
de acuerdo a lo declarado por el propio Cr. Bensión en su comparecencia del 23.12.02.
ante la Comisión Investigadora.
13) Con fecha 3 de abril de 2002, el Cr. Bensión en nota dirigida al
Cr. Rodríguez Batlle se refiere a la nota del 2 de abril del Cr. Rodríguez Batlle
referente a la situación del Banco Comercial. En la misma valora de forma muy positiva
las decisiones del BCU referidas a la recompra de certificados de depósitos y la
asistencia financiera al Banco Comercial.
Y plantea: "Sin perjuicio de ello, considero que es
de vital importancia para la estabilidad del Banco Comercial y, por ende , del
sistema financiero en su conjunto, que la asistencia financiera del BCU en el futuro
inmediato pueda sobrepasar en forma razonable el límite que se desprende de vuestra
nota." "En particular me parece importante señalar la evolución reciente
de los depósitos ....". Por lo tanto, considero que aún con un criterio algo más
conservador que el que se ha aplicado hasta la fecha, la nueva cartera del Banco
Comercial, que cumple con las previsiones de la carta Orgánica del BCU ofrece una base
cierta para conceder una mayor asistencia financiera"(subrayado nuestro).
"Me apresuro a señalar que esta solicitud no
pretende sugerir una extensión del monto y el plazo del apoyo de ese Banco Central al Banco Comercial. Estamos trabajando para lograr una
capitalización adicional del Banco, al tiempo que me parece prudente esperar la pronta
presentación del programa de negocios del Banco Comercial a fin de tener una idea más
definida sobre sus requerimientos futuros de fondos".
Y termina diciendo: "En consecuencia me permito
solicitar una reconsideración de algunos de los términos de vuestra nota de referencia,
con el fin de mantener en tiempo y forma la función de ese Banco Central como prestamista
de última instancia con respecto al Banco Comercial, en tanto se terminan de procesar las
dos soluciones más de fondo sobre las que se está trabajando en la actualidad".
De los contenidos de esa nota se puede desprender que la
situación seguía sin estabilizarse y que el Banco Comercial demandaba más asistencia
para encarar problemas de liquidez. Se desprende que el Cr. Bensión consideraba de vital
importancia que la asistencia del BCU pudiera sobrepasar los niveles que le habría
comunicado el Banco Central por nota a dicho Ministerio. Solicitándole al BCU que
reconsiderara algunos términos para mantener la función del Banco como prestamista de
última instancia.
14) El 15 de abril de 2002 el Cr. Bensión escribe al Cr. Rodríguez
Batlle refiriéndose a una nota de éste del 9 de abril respecto a la situación del Banco
Comercial.
Primero refiriéndose a la capitalización de
U$ 33:000.000 le dice "en segundo lugar le he informado sobre las gestiones en
curso con los Bancos accionistas para acordar nuevas formas de apoyo a favor del Banco
Comercial" y agrega: "En el interín, entiendo que las eventuales necesidades
financieras del Banco Comercial podrían ser atendidas por ese Banco Central en
cumplimiento de su función de prestamista de última instancia, en base a las previsiones
de su carta Orgánica. A estos efectos, me parece de fundamental importancia la
definición del balance del Banco Comercial a la fecha más reciente que ello sea
posible y la presentación de un plan de negocios a futuro".
Y agrega un elemento que vamos a tener en cuenta a
posteriori:
"Es a partir de toda esta información que
corresponderá decidir sobre la "situación financiera sana y sólida"
del Banco Comercial, según la expresión del Abogado Asesor de ese Banco Central,
así como la eventual capitalización adicional del Banco Comercial por parte de la
República".
Queda claro que el 15 de abril de 2002, treinta días
después de desencadenados los hechos de mediados de febrero, hechas las denuncias penales
correspondientes ante la Justicia penal se carecía de balance del Banco Comercial,
"no se podía" saber la situación financiera del mismo.
15) Por nota del 20 de mayo de 2002 el cr. Bensión informa al Cr.
Rodríguez Batlle que está en conocimiento de la operación de compra al Crédit Suisse
First Boston de Bonos Argentinos, con la finalidad de su venta futura al Banco Comercial.
y le dice que el Poder Ejecutivo habrá de hacer efectiva y otorgar la garantía del
Estado prevista en la Carta Orgánica y que es solicitada".
16) El 21 de mayo de 2002 el Cr. Rodríguez Batlle solicita al
Ministerio de Economía que se sirva propiciar ante el Poder Ejecutivo, el otorgamiento de
la garantía conferida en la citada comunicación de ese Ministerio de fecha 20 de mayo
dado que la suscripción de los referidos contratos entre el Crédit Suisse First Boston y
el Banco Comerical quedará supeditada a que el Poder Ejecutivo disponga el otrogamiento
de la garantía referida en la comunicación del MEF.
17) El 29 de mayo el Cr. Rodríguez Batlle se dirige una vez más en
forma confidencial al Cr. Bensión respecto a la liquidez del Banco Comercial y los nuevos
requerimientos que éste ha formulado y plantea el Cr. Rodríguez Batlle: " Como ya
se hiciera conocer a esa Secretaría de Estado, no está al alcance del Banco Central
atender esas situaciones, por lo que el Directorio se ha limitado a dictar disposiciones
internas para permitir los movimientos en cuentas del Banco Comercial.
18) El 3 de junio de 2002 refiriéndose a las notas Nros. 253, 259,
260, y 262, de 28, 29, 29 y 30 de mayo, el Cr. Bensión le dice al Cr. Rodríguez
Batlle respecto al Banco Comercial que " En el caso del Banco Comercial, es nuestra
intención la de instrumentar en el futuro inmediato nuevas formas de cumplimiento del
acuerdo celebrado con los Bancos internacionales accionistas en febrero del
corriente".
Hace mención a la necesidad de ensayar una aproximación
de carácter sistémico a la instrumentación de las soluciones que pudieran ser
necesarias y plantea que "...está claro que toda decisión respecto a una
institución bancaria en particular puede tener consecuencias no deseadas sobre el resto
del sistema".
Y finaliza: "Por lo tanto, toda proyección sobre las
instituciones bancarias en cuestión (refiere al Banco Hipotecario, Montevideo y
Comercial) debe necesariamente tomarse un cierto tiempo de espera, antes de propiciar una
decisión concreta. Me consta que no es sencilla la compatibilización de ese
comentario con el marco legal y reglamentario vigente pero en la medida de lo posible,
considero que es nuestra obligación hacer los mayores esfuerzos en ese sentido." (subrayado
nuestro)
Los informantes del presente proyecto siempre
consideramos que de acuerdo a lo que figura como subrayado se tenía clara conciencia de
las dificultades –por decir lo menos– que resultaba compatibilizar el marco
legal y reglamentario vigente con las soluciones que se estaban adoptando.
19) Finalmente, el 7 de junio de 2002 el Cr. Rodríguez Batlle se
dirige al Cr. Bensión dando cuenta de una nota que el BCU le enviara al Banco Comerical
el mismo día 7 de junio. En la nota que se dirige al Presidente del Banco Comercial con
relación a los saldos negativos que se venían registrando en las cuentas corrientes que
el Banco Comercial tiene en el Banco Central, le recuerda lo manifestado respecto a las
dificultades que tiene el BCU para atender esa situación, le hace notar que el Banco
Comercial había analizado la posibilidad de realizar algunas operaciones que trasmitió
al BCU y que sin embargo todavía hasta esta fecha no se habían planteado. Y por último
le trasmite la preocupación del Banco Central respecto a la ausencia de señales de las
autoridades del Banco Comercial sobre esas iniciativas o sobre el planteamiento de nuevas
operaciones que le dieran liquidez al Banco Comercial.
Resulta por demás claro del resumen expuesto de la nota
que enviara el Cr. Rodríguez Batlle al Banco Comercial y que comunicara al Cr. Bensión
el 7 de junio que el nivel de sobregiro que mantenía el Banco Comercial con el Banco
Central resultaba imposible de seguir manteniendose en contravención del marco legal y
reglamentario a pesar de los aportes que ya el Ministerio de Economía y Finanzas había
realizado a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo desde el 14 de mayo de
2002. Veremos más adelante cómo la tolerancia en el nivel de sobregiro estaba siendo
otra forma de asistencia.
ADELANTOS DE ASISTENCIA FINANCIERA
Esta asistencia comienza el 20.02.02, luego de agotarse los
certificados de depósito y haber usado el depósito de garantía de ALADI y tener un
promedio diario de encajes negativo. A partir de esta fecha, es relevante determinar las
garantías exigidas y el monto del patrimonio neto de la institución, ya que ese sería
el tope de la asistencia legalmente permitida, lo que se analiza en capítulo aparte
"el patrimonio negativo".
El informe de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación
Financiera del 3.4.02, según expediente 2002/0460, expresa: "el plazo de los
adelantos de asistencia financiera otorgados por este BCU al Banco Comercial es
independiente del plazo de los documentos otorgados como garantía de dichos adelantos. El
plazo de los adelantos es de 90 días y el plazo de los documentos tomados como garantía
es de 180 días".
a) CON PRENDA SOBRE CARTAS DE CRÉDITO
Se asistió por esta modalidad del 20.2.02 al 13.3.02 por
US$ 23:000.000, habiéndose cancelado a la fecha. El tomo "Anticipos de
Fondos" dice que al 5.7.02 se abonó el saldo.
El detalle de las partidas asistidas fue:
20.2.02 por US$ 1,6 millones según Acta 2359 y R.D. 79/2002
21.2.02 por US$ 15 millones, según Acta Nº 2360 y R.D.
80/2002
22.2.02 por US$ 1,2 millones según Acta
Nº 2361 y R.D. 81/2002
25.2.02 por US$ 1,2 millones según Acta Nº 2362 y R.D.
82/2002
26.2.02 por US$ 1 millón según Acta Nº 2363 y R.D. 83/2002
13.3.02 por US$ 3 millones según Acta Nº 2372 y RD 116/2002
Se asistió invocando el artículo 37 y no había condiciones que
lo cumplieran...
b) LA ASISTENCIA ILEGAL DE US$ 1:600.000
El 20.2.02, según Acta Nº 2359 y R.D. 79/2002, se autorizó la
asistencia con garantía de documentos de Bancos del exterior relativos a operaciones
comerciales por US$ 20 millones, pero los funcionarios de la SIIF consideraron "necesario
efectuar previamente una revisión sistemática de la documentación ofrecida para
determinar su bondad a los efectos de que pueda ser admitida como garantía de la
operación".
A pesar de que la SIIF se pronunció sobre la necesidad de analizar la
documentación presentada por BC, según la RD. 79/2002, se exceptuaron de esta revisión
US$ 1:600.000 "que se pondrá ya a disposición del Banco Comercial S.A., a
los efectos de atender los giros ya despachados, pendientes de cumplimiento", lo
que fue votado por unanimidad del Directorio.
Esta partida de US$ 1:600.000 desembolsada el 20.2.02, recién
quedó avalada legalmente el día 26.2.02, mediante una ampliación de prenda decidida
según RD Nº 83/2002.
c) LA SEGUNDA ASISTENCIA ILEGAL DE US$ 3:336.477
Cuando el 20.2.02, el Banco Comercial presentó una lista de documentos
a descontar, una partida de US$ 3:336.477 quedó descartada en el análisis efectuado
por la SIIF, ya que eran documentos pertenecientes a Bancos "no aceptables en
función de carecerse a la fecha de información suficiente para su evaluación o que
presentan riesgos de incumplimiento elevado".
A pesar de este minucioso estudio de la SIIF, el Directorio resolvió
el 26.2.02 según consta en Acta Nº 2363, 2371, R.D. Nº 83/2002 y 116/2002,
aceptarlos como garantía del dinero ya desembolsado. Para levantar la salvedad observada
por la SIIF, el Directorio resolvió: "a fin de que el Banco Comercial pueda
retirar billetes con cargo a los referidos adelantos, será necesario remover los
obstáculos reglamentarios existentes, por lo que se hará conocer a los servicios, la
autorización correspondiente".
En el listado de los Bancos que habían sido descartados por la SIIF
figuraban por ejemplo, el Banco Alemán de Paraguay, perteneciente al Grupo Velox,
el Banco Comercial Uruguai y el
Banco ABC Brasil S.A. Cayman Islands. No consta en el expediente analizado, el importe de
cada una de las instituciones categorizadas por la SIIF como no aceptables, pero la
decisión del Directorio implicó, además de una violación a la normativa
Bancocentralista, otra pérdida para los recursos públicos, ya que se sabía a esa fecha,
que estos documentos eran incobrables.
Esta asistencia resuelta por RD 80/2002 y 83/2002, fue votada en contra
por la Cra. Medero, por el argumento reiterado sistemáticamente de que no cumple con lo
establecido en los artículos 36 y 37 de la Carta Orgánica, por carecer el Banco
Comercial de solvencia. La Dra. Holz sostuvo su criterio de que el BCU mientras tenga los
fondos, es el encargado de asistir a los Bancos y que el Convenio firmado con los
accionistas del BC era aplicable solo subsidiariamente, según su interpretación de la
normativa.
d) CON PRENDA SOBRE VALES
La asistencia por este concepto llegó a US$ 75, 5 millones,
citando artículos 3º y 37 de la Carta Orgánica, desde el 28.2.02 al 24.4.02 y no
hay datos para analizar la calidad de la documentación presentada en garantía. Se
reitera que el último adelanto garantizado con Cartas de Crédito, la modalidad de
asistencia que se utilizó previo a esta, no había cumplido con los requisitos legales,
según se desprendía del expediente y ya fue analizado en el punto anterior.
Según el tomo "Anticipos de Fondos", fue cancelado todo el
monto a la fecha.
El detalle de esta asistencia fue:
28.2.02 por US$ 10 millones, según Acta Nº 2366 y R.D.
99/2002, votada por unanimidad.
El 15.3.02, según Acta Nº 2373 y R.D. Nº 124/2002, se
asistió según el artículo 37 de la Carta Orgánica por US$ 2,5 millones ya
que no se pudo recurrir al Convenio firmado, porque según manifestó en sesión el Cr.
Rodríguez Batlle, el Cr. Bensión: "le ha transmitido su posición contraria a
continuar recurriendo al Tesoro Nacional para el otorgamiento de adelantos para atender
esos requerimientos de fondos".
La Cra. Medero votó en contra esta
resolución.
El 18.3.02, según Acta Nº 2374 y R.D. Nº 125, se asistió
en US$ 4 millones, con el voto negativo de la Cra. Medero, quien agregó además esta
vez que el Banco Comercial tenía patrimonio negativo.
La Dra. Holz refutó esto y coincidió con el Cr. Rodríguez Batlle en
que el capital a la fecha era de más de US$ 130 millones, por lo que la asistencia
se ajustaba a las exigencias legales.
Además, la Dra. Holz pretendió ampliar la asistencia con la
explicación de "que el otorgamiento de adelantos en cifras reducidas para salvar
las necesidades del momento, conducen a un estrangulamiento de esta empresa y contribuyen
a acentuar su situación crítica, por lo que considera que, en lo sucesivo, debe
analizarse la posibilidad de brindar, a través del mecanismo que se considere adecuado,
un apoyo financiero de mayor consideración que le permita un desahogo y la realización
de operaciones de carácter rentable".
El 20.3.02, según Acta Nº 2376 y R.D. Nº 141/2002, se
asistió en US$ 11 millones con el voto en contra de la Cra. Medero, quien agregó a
las razones anteriormente expuestas, que "si el Ministerio de Economía y Finanzas
no está dispuesto a proveer los fondos adicionales comprometidos en el Convenio y al
Banco Central del Uruguay no le resulta legalmente posible brindarle asistencia, deberán
tomarse otro tipo de medidas con respecto al BC".
El Cr. Fernández Becchino expresó entonces que el patrimonio del BC
era positivo y mayor a US$ 133 millones, por lo que no correspondía hablar de
ilegalidad. Dejamos constancia que de la comparecencia del Superintendente Cr. Fernández
Becchino a la Comisión Investigadora, a los firmantes del presente informe no le pudo
quedar claro, más allá de cuentas hechas en el momento y en términos generales, cuáles
eran los fundamentos técnicos que avalaran la posición del Cr. Fernández Becchino
(Superintendente del BCU en ese momento) respecto a la situación patrimonial positiva del
Banco Comercial. Ya veremos como desde tiempo antes se manejaba que la situación
patrimonial no solo no era positiva sino extremadamente comprometida.
El 22.3.02, según Acta Nº 2377 y R.D. Nº 144/2002, se
asistió en US$ 20 millones con el voto en contra de la Cra. Medero. Se dispuso que
en el momento se le entregaran US$ 13 millones y que los restantes US$ 7
millones los vaya resolviendo el Superintendente, previa verificación del cumplimiento de
las normas aplicables.
El 27.3.02 el Superintendente autorizó el desembolso de US$ 4
millones y lo notificó a la Dra. Holz . El 10.4.02 se desembolsaron los US$ 3
millones restantes y se informó al Cr. Rodríguez Batlle.
El 10.4.02, según Acta Nº 2379 se reitera la discusión entre
los directores sobre la legalidad de la asistencia, con menciones a otros temas vinculados
como las obligaciones del convenio firmado con los accionistas, la venta del Banco
Comercial de 1990, la inclusión en actas de estas consideraciones, etc.
Entre el 19.4.02 y el 28.4.02 se autorizaron US$ 28 millones,
citando todas las resoluciones anteriores, incluida la 99/2002, que refiere al expediente
que tiene el listado con la documentación a analizar. De estos últimos US$ 28
millones asistidos por esta modalidad, en dos ocasiones se solicitó al Banco Comercial
reintegrar fondos por US$ 5 millones en unos días, lo que no fue cumplido.
El 19/04/02, según Acta Nº 2381 y resoluciones Nos. 187 y
188/2002, se asistió por US$ 18 millones, con el voto en contra de la Cra. Medero.
En esta oportunidad, se adjuntó al acta un balance especial del Banco
Comercial al 31.01.01 y una nota fechada el 18.4.02, en la que se declaraba un patrimonio
negativo de US$ 23 millones.
De la cifra asistida, se solicitó la devolución en 5 días de
US$ 3 millones.
El 24.4.02, según Acta Nº 2382 y R.D. Nº 189/2002, se
asistió con el voto en contra de la Cra. Medero por US$ 10 millones (de los cuales
US$ 2 millones deberían ser devueltos en 2 días), quien manifestó que "no
hay fundamento jurídico para conceder asistencia financiera a este Banco...no hay un
balance al día que refleje la verdadera situación. Se opondrá a conceder prórrogas
para presentar el balance hasta el mes de junio próximo, tal como fuera solicitado por el
Banco".
El 25.4.02, según Acta Nº 2383, la Cra. Medero solicitó a la
SIIF un registro de los documentos que respaldaron las prendas que garantizaron las
asistencias financieras, con su correspondiente categorización a la fecha de
constitución de las mismas.
CONVENIO CON ACCIONISTAS EXTRANJEROS
El 29.1.02, según Acta Nº 2346, los accionistas extranjeros
transmitieron telefónicamente al Cr. Bensión el plan de acción que idearon para el
Banco Comercial, entre cuyos puntos estaba contar con la
asistencia financiera del BCU.
En el informe del 2.4.02, del Dr. Artecona sobre el Convenio de
Capitalización dice:
"En lo que refiere a obligaciones contraídas por la República
que involucren al BCU, debe señalarse la de otorgar ciertas dispensas en el cumplimiento
estricto de las regulaciones Bancocentralistas a los efectos de afrontar la actual
situación de dificultades del Banco Comercial". Al respecto en esta oportunidad
dejamos constancia que las consideraciones sobre las obligaciones que se asumió por parte
del Poder Ejecutivo en la firma del Convenio de Capitalización, extravasando sus
facultades legales y comprometiendo con relación al Banco Central su autonomía son
analizadas aparte.
La primera asistencia por este concepto se produjo el 20.2.02, según
Acta Nº 2359 y R.D. 79/2002, antes de firmarse el acuerdo definitivo, que se
concretó el 26.2.02.
El Banco Comercial había presentado un listado de documentos de Bancos
del exterior relativos a operaciones comerciales por US$ 31 millones, pero antes de
ser admitidos como garantía del adelanto que se autorizaba, debían revisarlos y como la
urgencia del Banco Comercial era inmediata, el Cr. Rodríguez Batlle solucionó el
problema con una llamada telefónica al Cr. Bensión.
Según consta en el Acta de ese día:
"Por tal motivo, se retira momentáneamente de Sala el señor
Presidente, quien anuncia que se pondrá en contacto con el Ministro de Economía y
Finanzas.
Vuelto a Sala el contador Rodríguez Batlle, informa que, tal como
fuera anunciado, se comunicó telefónicamente con el contador Alberto Bensión, a quien
le anunció (continuando con las informaciones que se le vienen dando permanentemente
sobre la situación de esta empresa financiera) que hay una necesidad urgente del orden de
los US$ 15 millones a fin de asistir financieramente al Banco de que se trata.
El contador Bensión, prosigue diciendo el señor Presidente,
consideró que, en razón de la emergencia de que se trata, el principio de acuerdo de
capitalización del Banco Comercial S.A., que inicialara en nombre de la República,
conjuntamente con los Bancos internacionales accionistas, permite al Banco Central acudir
a las cuentas del Tesoro Nacional para disponer de dicho monto, y brindar,
transitoriamente, la asistencia financiera solicitada por el Banco Comercial S.A".
Al día siguiente, el 21.2.02, el Cr. Rodríguez Batlle formalizó esta
asistencia mediante una nota al Cr. Bensión, en la que redactó lo acontecido en el día
anterior y así comenzó a aplicarse el acuerdo con los accionistas, antes de estar
firmado.
A partir de esta fecha, siguió asistiendo al Banco Comercial en base
al acuerdo preliminar alcanzado con los accionistas extranjeros, debitando los fondos de
las cuentas del Tesoro Nacional en el Banco Central del Uruguay. Al día siguiente de
decidir cada desembolso de fondos por este concepto, el Cr. Rodríguez Batlle cursaba nota
al Cr. Bensión, informándole de lo actuado, como quedó visto al analizar la
correspondencia entre el ex Ministro de Economía Cr. Alberto Bensión y el ex Presidente
del Banco Central Cr. Cesar Rodríguez Batlle.
Las siguientes partidas que se desembolsaron por este concepto fueron:
20.2.02 por US$ 15 millones según acta Nº y R.D. 77/2002
21.2.02 por US$ 17 millones según Acta Nº 2360 y R.D.
80/2002.
22.2.02 por US$ 10 millones según Acta Nº 2361 y R.D.
81/2002
25.2.02 por US$ 11 millones según Acta Nº 2362 y R.D.
82/2002
26.2.02 por US$ 11 millones según Acta Nº 2363 y R.D.
83/2002
27.2.02 por US$ 3 millones según Acta Nº 2365 y R.D.
98/2002
28.2.02 por US$ 10 millones según Acta Nº 2366 y R.D.
99/2002
El 27.2.02, según Acta Nº 2365, al autorizarse la asistencia de
US$ 3 millones por este concepto, se expresa que "a fin de que el Banco
Comercial pueda retirar billetes con cargo al adelanto concedido, será necesario remover
los obstáculos reglamentarios existentes, por lo que se hará conocer a los servicios, la
autorizacion correspondiente, al igual que en oportunidades anteriores".
Al 1.3.02 el BCU había adelantado al Banco Comercial, por este
concepto, US$ 77 millones. En nota del 6.3.02, el Cr. Rodríguez Batlle informa al
Cr. Bensión que "en virtud de que los Bancos accionistas del Banco Comercial
integraron los fondos convenidos en el acuerdo de capitalización, se han cancelado dichos adelantos, con excepción de la suma correspondiente al aporte
de la República según el citado convenio".
El Cr. Bensión, en la Comisión Investigadora, 23.12.02 al respecto
manifestó:
Esas partidas en total representaron US$ 77:000.000
-efectivamente, tal como usted lo dice- y fueron compensadas cuando llegó el aporte de
US$ 100:000.000 de los Bancos internacionales, de tal modo que el Banco Central se
cobró -digámoslo así- los US$ 44:000.000 restantes y, en consecuencia, los pasó a
la cuenta del Banco Comercial, y dejó vigentes US$ 33:000.000 que correspondían al
aporte del Estado para capitalizar al Banco Comercial.
La partida de US$ 2 millones
De acuerdo a lo declarado por la Sra. Directora Cra. Rosario Medero en
la Comisión Investigadora, 9.12.02:
"Después de los recursos que se aportaron entre el 28 de febrero
y el 1º de marzo, que no quiero denominarlos como capitalización porque fue simplemente
un aporte de recursos, la alegría duró unos pocos días. El 11 de marzo ya se estaba
solicitando asistencia nuevamente".
El 8.3.02, según consta en Acta Nº 2369
y R.D. Nº 111/2002, el BCU resolvió un
adelanto de US$ 15 millones al BC, estableciendo que este monto se iría
desembolsando previa autorización del Directorio, quien al momento del desembolso de cada
partida resolvería si se imputaba al Convenio con los accionistas o a ser garantizado por
títulos valores, según artículo 37 de Carta Orgánica.
En función de esta decisión, el 11.3.02 según Acta Nº 2370
y R.D. Nº 114/2002, se
autorizó el desembolso de US$ 2 millones con débito al Tesoro Nacional.
En la consideración de esta asistencia, se produjo un intercambio
entre las directoras del BCU, respecto a la imputación y otras cuestiones. La Cra. Holz,
tal cual lo expresó sistemáticamente durante todo el período de la asistencia,
pretendió ampararse en el artículo 3º y 37 de la Carta Orgánica, lo que fue
objetado por la Cra. Medero ya que "en su opinión no habría fundamento
jurídico".
Destacamos en este momento que en sus comparecencia en la Comisión
Investigadora de fecha 9.12.02. la Cra. Holz, con relación a la asistencia, más que
referirlas al artículo 37 refiere a respaldo de fundamentos jurídicos –
solicitados luego de haber cesado como Directora del BCU que refiere a facultades o
poderes implícitos que el Banco Central tendría para asistir en situaciones de
emergencia a las entidades financieras.
En nota del 14.3.02, el Cr. Rodríguez Batlle informó de este
desembolso al Cr. Bensión, como lo venía haciendo con cada una de las partidas de
asistencia al Banco Comercial, pero al día siguiente éste respondió "me permito
solicitar la revisión de dicha decisión, en tanto por el momento ella excede el monto de
la capitalización del BC comprometido por la República".
En su comparecencia a la Comisión Investigadora el 23.12.02, el Cr.
Bensión respecto a esos dos millones de dólares de asistencia, declarará: "Seguramente,
en el fárrago de acontecimientos ese tema quedó sin resolver. En definitiva, es una
cuestión formal: o son US$ 2:000.000 de asistencia del Banco Central o son
US$ 2:000.000 de anticipo financiero del Ministerio de Economía y Finanzas".
AMPLIACIÓN LÍNEA DE CRÉDITO MULTISECTORIAL BID II
LOS DESEMBOLSOS
En el expediente 2001/1933, hay una carta del Banco Comercial donde
presenta como posibles soluciones al incumplimiento de las relaciones técnicas por el
megacanje, la ampliación en US$ 20 millones en el Programa Multisectorial 2.
El expediente 2001/1934, al detallar las fuentes y usos de fondos para
cubrir los depósitos, incluye como "fuente de liquidez fuera del BCU" la
ampliación de línea del BID.
Entre el 3.4.02 al 14.5.02, se autorizó a ampliar en US$ 25
millones esta línea de crédito del BID destinada, preferentemente, a préstamos para
vivienda por la modalidad de leasing, fundamentando esta ampliación en la firma del
Convenio con los accionistas.
El Banco Comercial había llegado al tope autorizado de US$ 20
millones según el Convenio de Participación que se había firmado el 21.6.01.
El 17.12.01 solicitó al BCU ampliación por US$ 20 millones y el
24.4.02 por US$ 5 millones, argumentando que los destinaría a préstamos para
vivienda mediante leasing.
Ambas solicitudes fueron aprobadas con el voto en contra de la Cra.
Medero.
El 03.4.02, según Acta Nº 2378 y R.D.
Nº 147/2002, US$ 20 millones
El 24.4.02, según Acta Nº 2382 y R.D. Nº 191/2002,
US$ 5 millones
LA COMISIÓN INVESTIGADORA CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
SEÑORA CHARLONE.- Para concretar este punto, ¿el multisectorial está
auditado por el Tribunal de Cuentas?, ¿entra dentro de los créditos que tienen
auditoría solicitada?
SEÑOR RAMÍREZ.- No tengo la respuesta precisa; me acotan que
posiblemente sí, pero lo vamos a verificar. De todos modos, la actuación del Tribunal en
estos casos se materializa mediante el dictamen que emite al cierre del Ejercicio, no en
el transcurso del Ejercicio.
"Con referencia al Banco Central del Uruguay corresponde informar
que dicha Institución tiene bajo su responsabilidad la ejecución del Programa Global de
Financiamiento Multisectorial financiado mediante el préstamo otorgado por el B.I.D.
Nº1155/OCUR. El Tribunal de Cuentas emite el 18 de abril de 2001 su dictamen relativo a
los Estados Financieros del Proyecto por el Ejercicio finalizado el 31/12/00 y con fecha
24/04/02 emite el dictamen correspondiente a los Estados Financieros del Proyecto por el
ejercicio finalizado al 31/12/01". Tal como lo adelantaba, el Tribunal se pronuncia
al final del Ejercicio, una vez cerrado el Ejercicio, una vez conocidos todos los
elementos que hacen a la auditoría anual del Organismo.
En el material repartido a la Comisión Investigadora por el Tribunal
de Cuentas, se refiere a esta consulta efectuada, pero confunde el tramo II del
Multisectorial que fue el que se usó en estas dos ocasiones para el Banco Comercial, con
el tramo III. La pregunta de la asistencia es por el tramo II, y contestaron por el tramo
III.
Adjuntan en el numeral VI) de su informe el detalle de los desembolsos,
por lo que concluyen que no se utilizaron los recursos de éste último para asistir a los
Bancos.
Pero los desembolsos son todos del año 2001, y la asistencia analizada
fue en el 2002.
La Directora Cra. Rosario Medero en la Comisión al respecto
manifiesta: "Había prácticamente US$ 30:000.000 que eran del crédito
multisectorial del BID que no mencioné, pero yo también voté en contra de esto porque
era absurdo que cuando el Banco tenía patrimonio negativo y no se le podía dar crédito,
se le brindaran recursos del BID. Eso era lo mismo que dar créditos, porque en realidad
el Estado es el responsable de la devolución de los recursos del BID.
DEPÓSITOS DE LA CND
Desde el 29.4.02 al 5.7.02 la CND depositó US$ 242.398.000 en el
BC.
Según informe remitido por el T de Cuentas a la Comisión
Investigadora, de los US$ 488 millones que transfirió el MEF a la CND para asistir a
los 3 Bancos quedaron US$ 207 millones depositados en cuentas a la vista y el resto,
US$ 281 millones fueron pasados a la modalidad de plazo fijo, poco antes del feriado
bancario.
En la sesión del 28.10.02, en ocasión de comparecer las autoridades
de la CND, solo se tenían datos de los US$ 162 millones del Banco Comercial
transferidos a plazo fijo. En ese entonces, se interrogó al Directorio del organismo,
para intentar determinar quién fue el responsable de tal decisión y las razones que
llevaron a adoptarla.
Las variadas respuestas (búsqueda de mayor rentabilidad, mejorar la
presentación de los balances de los Bancos, no recordar exactamente la razón, que nunca
se hubieran imaginado el corralito que sobrevino, etc), incluyeron que la CND se amparó
en
- los artículos 3º y 6º del Decreto 222/002, del
17.6.02
- el artículo 3º del convenio celebrado el
5.7.02, entre el MEF y la CND:
"La CND mantendrá depositadas dichas sumas en cuentas según
instrucciones impartidas a través del CAFSB o del BCU".
El Cr. Bensión fue el presidente del Comité Administrador de
Fortalecimiento del Sistema Bancario (CAFSB), según el artículo 2º del
Decreto 222/002.
En el caso del Banco Comercial, se trata de US$ 162 millones en
cuentas de plazo fijo que estarían afectados por el convenio celebrado por el Poder
Ejecutivo con los accionistas extranjeros.
LA RESPONSABILIDAD POR LOS PLAZOS FIJOS
ACTA CON CND 28.10.02
Diputado Bayardi: Cuando uno pregunta si la Corporación Nacional
para el Desarrollo tuvo o no conocimiento de los contenidos de lo acordado con respecto al
Banco Comercial, es si o es no. Es contestar: nunca tuvimos
conocimiento o sí tuvimos conocimiento a partir de tal fecha. ¿Por qué? Porque en
conocimiento de ese contrato, pensar que podía uno resarcirse, no haría falta ser muy
profano en la materia para entender que el día del arquero se va a resarcir si se aplica
el contrato que firmó el Estado con el Banco Comercial.
Entonces, las responsabilidades surgirán para quienes hayan firmado
los contratos, para quienes tuvieran conocimiento. No estamos haciendo preguntas para
asignar responsabilidades ahora. Se supone que el poder administrador, esté donde esté,
se deberá mover con el deber de cuidar el interés que tiene administrando. Es decir,
quiero aventar cualquier fantasma en torno a la asignación de responsabilidades a priori.
Al final, terminaremos haciendo los juicios de valor que correspondan.
Escr. Gemelli: "hasta el día de hoy no tenemos ninguna
información oficial al respecto (se refiere al Contrato de Capitalización); hemos
tomado conocimiento de él a través de la prensa. Hasta el día de hoy el Directorio de
la Corporación Nacional para el Desarrollo no tiene conocimiento oficial de ese contrato;
se ha enterado de él por versiones o manifestaciones públicas".
CR. BENSION ACTA 23.12.02
SEÑOR BAYARDI.- Me voy a referir a la asistencia que se depositó a
plazo fijo.
SEÑOR BENSIÓN.- De ese tema, no sé nada.
SEÑOR BAYARDI.- De todos modos, voy a formular mi pregunta para que
quede constancia en la versión taquigráfica.
En la página 11 del informe remitido por el Tribunal de Cuentas a
esta Comisión Investigadora, de los US$ 488:000.000 que transfirió el Ministerio de
Economía y Finanzas a la Corporación Nacional para el Desarrollo para la asistencia a
los Bancos en el período del 29 de abril hasta el 16 de julio, quedaron
US$ 207:000.000 depositados en cuentas a la vista y el resto, US$ 281:000.000,
fueron pasados a plazo fijo, poco antes del feriado bancario. En sesión del 28 de octubre
pasado, en que comparecieron las autoridades de la Corporación Nacional para el
Desarrollo, solo se tenían datos acerca de US$ 162:000.000 del Banco Comercial
transferidos a plazo fijo. En ese entonces se interrogó al Directorio del organismo para
saber dónde había estado la responsabilidad de la decisión y las razones que habían
llevado a adoptarla -esto figura en las páginas 14 a 26 del acta de la fecha- y las
respuestas fueron variadas, como la búsqueda de mayor rentabilidad, mejorar la
presentación de los balances de los Bancos, no recordar la razón y que nunca se hubieran
imaginado que podía haber sobrevenido esta especie de bloqueo parcial. La Corporación se
amparó en los artículos 3º y 6º del Decreto Nº 222 de 17 de junio.
En el artículo 3º del convenio celebrado el 5 de julio
entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Corporación -esta resolución fue
enviada por la Corporación Nacional para el Desarrollo a esta Comisión- se establece que
la Corporación Nacional para el Desarrollo mantendrá depositadas dichas sumas en cuentas
según instrucciones impartidas a través del Comité Administrador del Fortalecimiento
del Sistema Bancario o del Banco Central. Dado que el contador Bensión fue Presidente del
Comité -según el artículo 2º del decreto- y en la medida en que estaba
sujeto a instrucciones impartidas, quiero saber qué grado de responsabilidad puede
haber tenido el Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a que más de la mitad de la
asistencia efectuada por la Corporación -US$ 281:000.000- fueran depositados a plazo
fijo poco antes de la suspensión de los Bancos. Como usted afirma que el Comité no tuvo
nada que ver con esa resolución, daría por contestada la pregunta.
SEÑOR BENSIÓN.- No recuerdo haber intervenido en ese tema, más allá
de la transferencia a la Corporación. Si me dice que eso sucedió poco antes de la
suspensión, puede haber ocurrido cuando yo ya no era Ministro.
SEÑOR BAYARDI.- Las cuentas a la vista fueron variables en cada uno de
los Bancos. En el Banco de Crédito la mayor parte de las cuentas eran a la vista, en el
Banco de Montevideo se pasó a plazo fijo la mitad de las cuentas y en el Banco Comercial
US$ 281:000.000.
SEÑOR BENSIÓN.- No recuerdo que ese tema haya pasado por el Comité.
ACTA CON CND 10.2.03
Diputado Bayardi: Quisiera hacer ahora una precisión con respecto al
conocimiento del convenio del Banco Comercial. El 28 de octubre del año pasado, en
intercambio con la Corporación Nacional para el Desarrollo, planteábamos que nos
gustaría conocer en qué fecha exactamente había tomado conocimiento del texto del
contrato de capitalización que había firmado el Estado uruguayo con el Banco Comercial.
Naturalmente, si quien lo determinó fue un comité creado en el marco del decreto, que
administró y dio las órdenes o las instrucciones para hacer
estos cambios de cuenta a la vista a plazo fijo, la Corporación podía no conocer este
hecho; pero quien dio las órdenes sí conocía el texto del contrato. ¿Por qué? Porque
en conocimiento de ese contrato, aunque uno fuera profano en la materia, entendería que
se va a resarcir el día de arquero si se aplica el contrato que firmó el Estado con el
Banco Comercial.
En la página 25 de la versión taquigráfica de la Comisión
Investigadora, el escribano Gemelli contesta: "En relación a lo que planteaba el
señor Diputado Bayardi sobre nuestro conocimiento del contrato que el Gobierno habría
firmado con el Banco Comercial, hasta el día de hoy no tenemos ninguna información
oficial al respecto; hemos tomado conocimiento de él a través de la prensa. Hasta el
día de hoy el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo no tiene
conocimiento oficial de ese contrato; se ha enterado de él por versiones o
manifestaciones públicas". Esto es lo que se contestaba.
Sin embargo, en las actas del Directorio de la Corporación, ya desde
el 24 de abril de 2002, antes de la primera partida de asistencia a través de la
Corporación, el organismo estaba en conocimiento del convenio y de sus condiciones,
según la página 15 del repartido "Actas del Directorio", enviado por la
Corporación. Entonces, quisiéramos saber cómo compatibilizamos la respuesta del día 28
de octubre, con el acta que surge de la Corporación el día 24 de abril.
SEÑOR GEMELLI.- Una cosa es el convenio; esta es la consecuencia del
convenio para la Corporación Nacional para el Desarrollo. Pero la manifestación original
del señor Diputado Bayardi era si habíamos leído el texto del convenio, del documento,
si habíamos participado. Lo que yo contestaba era que no habíamos tenido conocimiento
del convenio. De ahí a que ese convenio reconociera un valor de Corporación Nacional
para el Desarrollo, creo que es una cosa completamente distinta.
SEÑOR GARAT.- En ese momento nosotros (como lo dijo muy claro la vez
anterior que vino el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo) no
teníamos conocimiento del contrato que había firmado el Ministerio de Economía y
Finanzas con los socios del Banco Comercial.
SEÑOR BAYARDI.- Lo que pasa es que se había sido bastante categórico
por el escribano Gemelli en su respuesta en el sentido de que no había ninguna
información al respecto por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo de lo
que se había firmado, salvo lo que podíamos tener todos a esa fecha, que era el
conocimiento a través de la prensa. Esto fue lo que se contestó. Tomo la explicación
que se dio ahora. El problema era que ya en esa acta del 24 de abril, antes de la primera
partida de asistencia a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el
organismo estaba en conocimiento del convenio y de las condiciones del convenio. Podemos
buscar las actas del Directorio (yo no las traje) de la Corporación Nacional para el
Desarrollo, de fecha 24 de abril, en la página 15 de dicho repartido, donde
aparentemente surge este estado de conocimiento de lo firmado. A esto me refería.
SEÑOR GEMELLI.- El Presidente de la Corporación me alcanza ahora
una trascripción de esa acta del 24 de abril. En ningún caso nos estaríamos refiriendo
a ese otro convenio que se habría firmado entre el Poder Ejecutivo y los accionistas del
Banco Comercial.
Creo que estos convenios referidos aquí en el acta son todos convenios
del Ministerio de Economía y Finanzas con la Corporación Nacional para el Desarrollo.
SEÑORA CHARLONE.- Para una aclaración, voy a hacer una pregunta.
Es decir que al momento de cambiarse el destino de los depósitos, o
sea de pasarse de depósitos a la vista a depósitos a plazo fijo ¿la Corporación
Nacional para el Desarrollo (estoy hablando en el Banco Comercial) no estaba en
conocimiento del contrato de capitalización que había firmado el Estado uruguayo? Esto
no es menor, porque si los depósitos hubieran quedado a la vista, el Estado los hubiera
podido recuperar cuando se levantara el feriado bancario. Los montos que están a plazo
fijo quedan dentro del corralito, y luego, por el tema de la firma del contrato, si se
fuera a aplicar el contrato tal como se firmó, se modifican las prelaciones. Entonces, no
es menor el tema de si la Corporación Nacional para el Desarrollo, al momento de pasar de
la vista a plazo fijo tenía conocimiento de los términos del contrato de
capitalización, porque esto hace que pueda recuperarse o no.
SEÑOR GARAT.- El contrato entre el Estado uruguayo y los Bancos
socios del Banco Comercial nunca ingresó como un documento, como un asunto entrado a la
Corporación Nacional para el Desarrollo; nunca ingresó por Mesa de Entrada, como se
ingresa formalmente cualquier contrato para que quede un registro en la Corporación.
Desde el punto de vista personal nunca vi ese contrato y no tengo
conocimiento de su contenido, más allá de lo que ha trascendido
en la prensa de su existencia.
SEÑOR BONSIGNORE.- Creo que en la reunión anterior discutimos este
mismo tema. La decisión de que el tratamiento que iban a tener los plazos fijos era
distinto al de las cuentas vistas, me parece que vino con el tiempo. No veo la relación
entre ese contrato y esa decisión; para mí fueron cosas totalmente diferentes. Esa fue
una solución que surgió después. Entiendo la preocupación de la señora Diputada, pero
creo que en los hechos no hubo efecto, porque la Corporación tuvo una cantidad de cuentas
a la vista que podía retirar y no las retiró. Creo que no hubiera estado bien que el
Estado hubiera pasado frente a todos los ahorristas y decir: "yo me llevo este
dinero", que era la mayoría de lo que estaba en el Banco. Creo que la decisión
primó por otro lado; la decisión de retirar o no las cuentas vistas fue otra y me parece
que la decisión de que el tratamiento iba a ser distinto también fue otra. No sé; creo
que esto también lo habíamos comentado en la reunión anterior. Me da la sensación de
que no están relacionados.
SEÑORA CHARLONE.- Estamos hablando del retiro o no de lo que estaba
en las cuentas a la vista con posterioridad al feriado bancario, que es algo bien
distinto.
SEÑOR BONSIGNORE.- Reitero que previo al feriado bancario no estaba
muy claro qué iba a pasar con los plazos fijos y las cuentas a la vista. Tengo entendido
que esa decisión surgió después. Recuerdo que parte del equipo económico estaba en
Estados Unidos y que no se sabía si el dinero venía o no, pero no fue una decisión que
pudiera conocerse a priori; directamente creo que no se conocía y fue posterior.
SEÑOR GEMELLI.- Quisiera informar al señor Diputado Bayardi que
acabo de encontrar una copia del convenio al cual se estaría refiriendo el Acta del 24 de
abril de 2002. De todos modos, en ningún caso se estaría refiriendo a lo que acordó el
Poder Ejecutivo con los Bancos extranjeros.
SEÑOR BAYARDI.- En realidad, mi voluntad era conocer el estado
actual de la respuesta.
Sin embargo, creo que el Parlamento y quien habla se enteraron de la
existencia del convenio entre el Estado uruguayo y los accionistas mucho después del 24
de abril; muchísimo después.
El Acta 11/2002 pone sobre la mesa en el segundo inciso que hubo un
convenio celebrado entre el Gobierno uruguayo y los Bancos accionistas del Banco
Comercial. Dice así: "A su vez, De Brun agrega que el Ministro de Economía y
Finanzas, Alberto Bensión, le ha propuesto a la CND aceptar como pago de dicho crédito
la emisión a favor de este organismo de los títulos representativos de la
capitalización realizada por el gobierno uruguayo en el Banco Comercial, por un valor
nominal de US$ 33,3 millones. De acuerdo con el convenio celebrado entre el gobierno
uruguayo y los Bancos accionistas del Banco Comercial, y que se reflejará en los nuevos
estatutos de la institución, estos títulos son acciones preferidas, con derecho a un
dividendo del 10% anual, que se rescatarán en un plazo de 10 años".
Creo que es indiscutible que en el Acta se está haciendo referencia al
convenio celebrado entre el Gobierno uruguayo y los tres Bancos accionistas. Pienso que
sobre esto no hay dudas y estamos de acuerdo sin violencia.
Ya me queda claro el carácter (esto no lo digo en sentido
diminutivo) de instrumento que ha cumplido la Corporación en la mayoría de los temas que
hemos hablado. Es claro que el Directorio de la Corporación, por lo menos el 24 de abril,
estaba enterado de que había habido un convenio firmado por el Poder Ejecutivo con los
Bancos accionistas, que dicho convenio tenía un compromiso de capitalización (que está
formulado en US$ 33 millones), que la participación del Estado se iba a reflejar en
los nuevos estatutos de la institución, que esos títulos iban a ser de acciones
preferidas, de cuál iba a ser el dividendo y el nivel de rescate que se iba a tener. Debo
declarar que para mí esta Acta (ya llevo un rato leyendo actas de distintos organismos),
siendo escueta, aporta mucho más que muchísimas de las que llevo leídas. Era claro que
se conocían algunos contenidos del convenio, más allá de los que posteriormente
pudieron haber trascendido en la prensa. Lo último que quería era que se compatibilizara
las declaraciones que se habían dado con la realidad del Acta.
LAS GARANTÍAS SOBRE LA ASISTENCIA
Según el informe del TCR al 6.11.02: Por las transferencias
efectuadas por el MEF a través de la CND a favor de instituciones financieras asistidas,
se firmaron contratos de préstamos y prenda con los Bancos Montevideo y De Crédito,
estando pendiente la firma con el Banco Comercial, por las cantidades entregadas, según
instrucciones del CASFB (Comité Administrador de Fortalecimiento del Sistema
Bancario).
SEÑOR GEMELLI, 28.10.02: Como en ese momento la situación
institucional del Banco Comercial ya era muy especial, a través
de cartas le exigimos que nos entregara los vales que el Banco Central había dispuesto
para garantir esa operación; pero el Banco Comercial no lo hizo. Comprenderán los
señores Diputados que nosotros no teníamos una autoridad de policía administrativa para
exigir que nos entregaran los vales. Tenemos documentación al respecto; están las cartas
al Banco Central pidiéndole que nos fueran efectivamente endosados los vales del Banco
Comercial en garantía del depósito que habíamos hecho, que por esa vía se transfería
en préstamo.
Otra acotación que quiero hacer es que la última excusa que puso el
Banco Comercial para no entregarnos estos vales fue que en virtud del feriado bancario y
la suspensión que tenía, no podía realizar actividades. Pero a través del Banco
Central conseguimos la exoneración para que pudiera firmar esos vales en beneficio de la
Corporación Nacional para el Desarrollo.
SEÑOR BAYARDI, 10.2.03.- En realidad, con respecto a la asistencia
dada al Banco Comercial carecemos de prendas. ¿Es así?
SEÑOR BONSIGNORE.- Es exactamente así.
La respuesta dada por el Sr. Presidente de la Corporación Nacional
para el desarrollo respecto a las garantías que permitieran eventualmente recuperar los
recursos aportados, exime de todo comentario. Es claro que los recaudos que la ley exige
no se cumplieron.
LOS SOBREGIROS EN CUENTA CORRIENTE
La posibilidad de sobregiros en la cuenta corriente de las
instituciones financieras con el BCU está regulada por el artículo 52 de la
Recopilación de Normas de Operaciones (RNO) que dice:
ARTÍCULO 52. (COBERTURA DE CUENTAS CORRIENTES).
En caso de que, no obstante lo dispuesto en el artículo 40, se
registrara un saldo deudor al cierre de las operaciones diarias en una cuenta corriente en
moneda nacional o extranjera abierta por el Banco Central del Uruguay a una institución
de intermediación financiera, dicho saldo deudor deberá quedar totalmente cancelado al
cierre de las operaciones del día hábil siguiente.
De las actas del Directorio del Banco Central.
El 22.5.02, según Acta Nº 2398, se autorizó al Banco Comercial
por primera vez a incumplir esta normativa y quedar sobregirado.
El 29.5.02, según Acta Nº 2402, se autorizó a operar el día
siguiente al Banco Comercial aún no habiendo cumplido con el artículo 52 de la RNO.
Se cursó nota al MEF "reiterando que no está al alcance de este BCU atender esas
situaciones, e informándole que el Directorio se ha limitado a dictar disposiciones
internas para permitir los movimientos en cuenta del citado Banco".
El 30.5.02, según Acta Nº 2403, "teniendo en cuenta los
saldos negativos que registran las cuentas de este Banco en el BCU y a fin de posibilitar
el cumplimiento de nuevos adelantos que permitan regularizar esa situación, se acuerda
solicitarle, con la mayor urgencia, se pongan a disposición de los servicios competentes
del Instituto, nuevos títulos valores y otros instrumentos de crédito, hábiles a
efectos de constituir dicha garantía".
Se autorizó nuevamente al Banco Comercial a seguir operando.
El 31.5.02, según Acta Nº 2404 se vuelve a violar esta
normativa. La Dra. Holz, explicando la ausencia del Cr. Rodríguez Batlle en la sesión,
informó "que en la eventualidad de que alguna entidad financiera no diera
cumplimiento a lo previsto en el artículo 52 de la Recopilación de Normas de
Operaciones, también apoya, como lo ha hecho hasta el presente, la concesión de una
dispensa para que pueda seguir efectuando movimientos en cuenta en el día de
mañana".
El 3.6.02, según Acta Nº 2405, se volvió a exonerar al Banco
Comercial del cumplimiento de esta normativa, pero esta vez, la Cra. Medero votó en
contra por primera vez en este caso:
"Se trata de la extralimitación de una norma reglamentaria. No
puede convertirse en una forma encubierta de prestar asistencia y violar las disposiciones
legales.
El primer día que se utilizó este mecanismo fue el 22.5 y acepté
realizarlo como una excepción, debido a que se contaba con una carta del MEF de esa fecha
en que se informaba que el Banco Comercial tendría los fondos necesarios al día
siguiente.
Posteriormente acepté su aplicación por condiciones excepcionales
ocurridas en los días en que debía aprobarse la Ley de Estabilidad Fiscal y se estaba
negociando con el FMI. Dichas negociaciones parecían hacer
inminente una solución para la financiación del Banco Comerical y se esperaba la
próxima capitalización del Banco Montevideo (días 23, 29, 30 y 31.5).
Con fecha 03.06.02, el señor Ministro de Economía expresa que las
dificultades del sistema requieren un tiempo de espera, por lo cual no se dispondrán de
recursos inmediatos. Considero que este tiempo de espera no puede otorgarse con esta
disposición administrativa. Entiendo que se requiere una decisión urgente para Banco
Comercial que implique, en primer lugar, dejar sin efecto el acuerdo firmado con los
accionistas a fines del mes de febrero, y en segundo lugar, que se analice la forma de
capitalización de la institución que no implique beneficiar a los actuales accionistas.
He analizado las disposiciones legales y reglamentarias y considero
que el artículo 52 no admite excepciones, más allá de la asistencia prevista en
los artículos 36 y 37 de la Carta Orgánica.(subrayado nuestro). En tanto
no se trata de una línea de crédito, no puede disponer sistemas más flexibles de los
que marca la ley. Además, tratándose de una norma general, no es oportuno realizar
excepciones particulares.
En virtud de las disposiciones legales, a partir de la fecha no votaré
al Banco Comercial la autorización de nuevas prórrogas basadas en esta disposición. Destaco
que las facultades que los artículos 3º, 4º y 7º de la Carta Orgánica otorgan a
este BCU, no implican contradecir las restricciones fijadas al texto expreso en los
artículos 36 y 37. No hay un artículo más importante que otro". (subrayado
nuestro)
El Cr. Rodríguez Batlle, entre otros argumentos, manifestó que: "ha
votado la exoneración para la aplicación del artículo 52, y lo continuará
haciendo si fuere menester, porque el Poder Ejecutivo está al tanto de la situación de
estas empresas y está buscando soluciones para las mismas. Y mientras ello no ocurra, es
obligación del instituto preservar, de conformidad con su Carta Orgánica, la estabilidad
del sistema financiero".
El 3.6.02, según Acta Nº 2405, se consideró la nota del Cr.
Bensión del día de la fecha:
"es nuestra intención la de instrumentar en el futuro inmediato
nuevas formas de cumplimiento del acuerdo celebrado con los Bancos internacionales
accionistas en febrero del corriente".
"toda proyección sobre las instituciones bancarias en cuestión
debe necesariamente tomarse un tiempo de espera, antes de propiciar una decisión
concreta".
El 4.6.02, según Acta Nº 2406, se volvió a autorizar al Banco
Montevideo conjuntamente con el Banco Comercial y se aclara que en el caso del Banco
Comercial, la Cra. Medero votó en contra.
La misma situación se vuelve a repetir en los días sucesivos como
consta en las respectivas actas: 5.6.02 Acta Nº 2407; 6.6.02 Acta Nº 2408; 10
y 11.6.02 Acta Nº 2410; 13.6.02 Acta Nº 2412; 14.6.02 Acta Nº 2412; Acta
Nº 2413; 18.6.02 Acta Nº 2414; 20.6.02 Acta Nº 2415 no asistió la Cra.
Medero, 21.6.02 Acta Nº 2416 no asistió la Cra. Medero; 27 y 28.6.02 Acta
Nº 2419; 1 y 2.7.02 Acta Nº 2420; 3.7.02 Acta 2421; 4.7.02 Acta Nº 2422;
19.7.02 Acta Nº 2428; 22 y 23.7.02 Acta Nº 2429; 24.7.02 Acta Nº 2430;
25.7.02 Acta 2432; 26.7.02 Acta Nº 2433; 29.7.02 Acta Nº 2434.
LA COBERTURA DEL DESCUBIERTO BCU
En el informe de la Superintendencia de Instituciones de
Intermediación Financiera del 07.03.02, que integra el expediente 2001/1933, se expresa
que desde el 07.03.02 el Banco Comercial cubrirá su descubierto con una línea de
sobregiro otorgada por el BROU de US$ 6 millones, que se usó hasta el 25.06.02
según consta en los distintos informes del expediente 2001/1934. Después de esa fecha,
no se proporciona información sobre cómo se cubrieron los montos.
En el informe del 19.3.02, que integra el expediente 2001/1934, se
informa que se presentó una propuesta al BROU por una línea de crédito por US$ 34
millones, de cuya línea US$ 6: millones ya fueron adelantados para cubrir el
descubierto en BCU.
El 25.3.02 se informa que esta propuesta fue rechazada, pero se negocia
una línea de US$ 20 millones, ya que US$ 6 millones ya fueron adelantados.
Al 19.3.02 se informa también del uso de una colocación overnight de
Afinidad AFAP para cubrir el descubierto, por US$ 5 millones.
El 25.3.02 también se usó una colocación de República AFAP por
US$ 7 millones. Al respecto, la Sra. Directora Cra. Medero, en la Comisión
Investigadora, el 9.12.02, manifiesta: "Con respecto a la asistencia de República
AFAP, consideré que no debería prestarse el acuerdo, en la sesión 2374 del 18 de marzo.
No podría decir si, en definitiva, estos recursos llegaron, porque, obviamente, se puede
haber hecho la operación ese día, y como eran operaciones a
corto plazo, finalmente no quedar como un crédito de República AFAP en el Banco
Comercial. De todas formas, hubo asistencia de República AFAP al Banco Comercial. Pienso
que en el último tiempo se fue reduciendo, pero no conozco el número definitivo".
El 04.08.02, según Acta Nº 2439 y RD 490/2002, se resolvió la
suspensión de actividades de Banco Comercial por 30 días, considerando, entre otras
cosas, que el sobregiro en las cuentas del BCU a la fecha era de US$ 76:526.476.
EN LA COMISIÓN INVESTIGADORA
Según surge del acta del 9.12.02 frente al tema de las exoneraciones
al cumplimiento del artículo 52 de la RNO la Sra. Directora Cra. MEDERO manifiesta:
"A partir del acta 2421 no acepté más lo que se llama
exoneraciones, artículo 52. Cuando se iba avanzando ya era tanta la asistencia que
era evidente que se habían sobrepasado los límites aceptables; andábamos en
US$ 300:000.000. Cuando a fin de la tarde quedaban en descubierto US$ 20:000.000
o US$ 30:000.000 la reglamentación del Banco Central señala que al día siguiente
ese Banco no podía operar y que tendrían que cerrársele las cuentas. Durante muchos
días se exoneraba de lo dispuesto en el artículo 52. Pero en realidad esa
exoneración implicaba un crédito en descubierto, un crédito sin autorización y sin
norma legal que lo sustuviera. (subrayado nuestro) Reconozco que yo aprobé los
primeros artículos 52 hasta que estudié el tema. A partir de la acta 2421 señalé
que no lo aprobaba más porque era una extralimitación de la norma reglamentaria que en
forma encubierta no puede prestar asistencia y violar las disposiciones legales".
"Entonces, esto hay que mirarlo en perspectiva. Aquí se está
hablando de las operaciones del Banco Central como el conductor del "clearing",
de hacer la compatibilización de las cuentas deudoras y acreedoras del sistema financiero
al final del día. No se está pensando en crédito. Esta es una norma operativa,
obviamente de mucho menor nivel que las leyes y los decretos. (subrayado nuestro)
En esa norma se dice que los Bancos tienen que, al final del día, dejar totalmente a cero
sus cuentas; no pueden quedar con crédito en el Banco Central. Pero después eso se
interpretó: "Bueno, sí, pero veinticuatro horas, sí"; "tienen que
arreglarlo a las veinticuatro horas siguientes". En definitiva, no está prevista
como una norma de crédito, sino como una reglamentación de la operativa del
"clearing" y, a través de esto, se inició un proceso de crédito.
"También hay que considerar que estos sobregiros fueron
creciendo; empezaron con US$ 5:000.000, US$ 8:000.000 o US$ 10:000.000 y
terminaron, en algunos momentos...". Por ejemplo, el 21 de junio, el Banco Comercial
tenía US$ 63:000.000 de sobregiro y el Banco Montevideo US$ 62:000.000 de
sobregiro; o sea que había US$ 120:000.000 en esta situación. Se había pasado de
US$ 1:000.000, US$ 2:000.000 o US$ 3:000.000 a US$ 120:000.000.
Resulta claro que en el propio Directorio del Banco Central se
discutía qué papel estaban jugando las exoneraciones al artículo 52 de la
Recopilación de Normas de Operaciones. Y era claro que se estaba transformando dicha
exoneración en un modo de asistencia por montos que al final vinieron a ser
significativos violando las disposiciones legales contenidas en la Carta Orgánica del BCU
respecto a actuar como prestamista en última instancia y respecto a Asistencia.
LOS RETIROS POR CAJA
El 26.7.02, según Acta Nº 2433, se autorizó retirar US$ 4
millones, a computarse en los saldos de sus cuentas corrientes con el BCU.
ENCAJE
De febrero a agosto 2002 tuvo déficit de encaje. No se encontró en el
material remitido a la Comisión Investigadora una sola sanción por incumplimiento de
encaje al Banco Comercial. A esta altura se puede sostener ¿Qué sentido tenía sancionar
por incumplimiento de encaje cuando la sanción por ello es una multa?. No lo estamos
planteando para remarcar la ausencia de sanciones como están previstas en el marco
normativo, sino para agregar un elemento más de la situación caótica en la que se
encontraba desde largo tiempo atrás el Banco Comercial respecto a las condiciones en que
estaba funcionando y para dejar sentado otro aspecto de las excepcionalidades con las que
contó el Banco en este período considerado. El propio Cr. Rodríguez Batlle en su
comparecencia del 09.12.02 ratifica el no cumplimiento de las normas de encaje por parte
de algunos Bancos entre ellos el Comercial.
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO
Según el material distribuido por el Tribunal de Cuentas, el Banco
Comercial recibió US$ 155:020.880 del Fondo de Estabilización del Sistema Bancario y US$ 25:570.529 del BCU en M/N, lo que da un
total por este concepto de US$ 180:591.409
LA SITUACIÓN RESPECTO AL PATRIMONIO DEL BANCO COMERCIAL.
Este resultó un tema central en el proceso de trabajo de la Comisión
Investigadora en el que hubo declaraciones de los ex Directores del Banco Central (Cr.
Cesar Rodríguez Batlle, Dra. Eva Holz, Cra. Rosario Mederos), de funcionarios de la
Superintendencia de Intermediación Financiera del propio BCU - jerarquías y funcionarios
de los servicios inspectivos -, tema por el cual se analizaron expedientes – incluido
el ya famoso expediente 9855, con la desaparición del Folio 41. En fin, una larga serie
de instancias de la Comisión estuvieron dirigidas a conocer la situación patrimonial del
Banco Comercial en el momento en que estaba siendo asistido por los más diversos
mecanismos expuestos anteriormente.
EL PATRIMONIO MENOR QUE LA ASISTENCIA
1) El informe sobre el faltante de títulos en Banco General de
Negocios.
1.1) El informe del 2.2.02
Ante la denuncia efectuada por José Rohm, acerca de que su hermano,
preso en Buenos Aires, hurtó títulos públicos que el BC y la CGN, tenían depositados
en custodia en el BGN, la SIIF dispuso la creación de un grupo especial a efectos de
investigar.
Producto de esta investigación, el 2.2.02, los contadores Giselle
Itté, Mario Goeckler y Andrea Testa, integrantes del grupo especial designado, remitieron
un informe al Cr. Fernández Becchino en el que analizó el "faltante de valores
públicos y otros activos y eventuales necesidades de capitalización".
En el punto 2.- "Cuantificación del faltante de valores
públicos y privados", (ver página 11 del tomo, párrafo 3º), expresan:
"En la medida que el Banco deba responder frente a sus clientes por estos valores,
el impacto patrimonial total expresado a valor de libros ascendería a
US$ 189:272.682".
En el punto 3.- "Impacto del faltante en los diferentes
capítulos del Estado de Situación Patrimonial de Banco Comercial según normas del BCU
al 31/12/01", concluyen:
"el faltante supera al patrimonio de Banco Comercial en
US$ 28 millones".
Para llegar a esta cifra de déficit patrimonial, analizan en Anexos el
balance presentado por el BC al 31/12/01, reexpresándolo en función del faltante.
En el balance reexpresado que consta en Anexo Nº 6, se llega a
los US$ 28 millones de patrimonio negativo, comparando US$ 162 millones de
patrimonio que había informado el Banco Comercial y los US$ 190 del faltante.
En otro informe de la SIIF, del 16.02.02, se establecía que, habida
cuenta de que la determinación del faltante de títulos había sido efectuada mediante
confirmaciones de custodia, emitidas por empresas del Grupo Rohm, solo se podía estimar
un faltante mínimo, dada la relativa seguridad que proporcionaban dichas afirmaciones.
Asimismo, se expresaba que para la determinación del faltante efectivo de títulos, se
necesitaba corroborar la existencia de los mismos mediante confirmaciones efectuadas por
organismos independientes, como por ejemplo, el BCRA.
Los peritos judiciales llegaron a precisar la cifra del faltante en
US$ 210 millones.
1.2) El envío del informe a Estados Unidos.
En nota del 4.02.02, el Cr. Porro, Intendente de la SIIF, informa al
Superintendente, que:
"El mencionado grupo produjo su primer informe con fecha 2 de
los corrientes, una copia de la cual fue entregada al Ec. Umberto Della Mea, previo a su
partida para Estados Unidos, como forma de que el Sr. Presidente contara con una primera
aproximación del faltante de valores públicos y del análisis efectuado en otros activos
que eventualmente pudieran determinar necesidades adicionales de capitalización. Cabe
precisar que para la emisión de este primer informe se realizaron reuniones con la
Auditoria Externa del Banco Comercial, PriceWaterhouse Coopers.".
Termina la nota del Cr. Porro, diciendo:
"En razón de lo dispuesto por el Directorio del Banco Central
del Uruguay en su sesión de fecha 30 de enero de 2002, se incorporan estas actuaciones al
expediente Nº 2002/0139 que contiene un folio".
En esta sesión de Directorio se resolvió que la SIIF deberá mantener
informado al Directorio sobre el avance de la investigación, etc.
El expediente que se menciona, el 2002/0139, de un solo folio no fue
remitido a la Comisión.
1.3) El informe a todo el Directorio del BCU.
El 4.2.02, el Superintendente, elevó este informe del 2.2.02 a
conocimiento del Sr. Presidente. Es decir, además de enviárselo por Della Mea a EEUU,
internamente le hacen llegar la información también.
El Secretario General, Dr. Berro, al día siguiente, el 5.02.02,
indicaba "Repártase en forma reservada y confidencial entre los señores
Directores".
A partir de esta instrucción, es de suponer que los 3 Directores
estuvieron al tanto del informe.
Todo indica que el Cr. Rodríguez Batlle, tuvo acceso por 3 vías a
este informe:
?
La copia que le
entregó el Ec. Della Mea en EEUU.
?
La nota del Cr.
Fernández Becchino, del 4.02.02.
?
La nota del Dr.
Berro del 5.02.02.
2) El Convenio con los Bancos Accionistas
2.1) Los artículos del convenio
Artículo 2:
Las Partes reconocen que las Nueva Acciones emitidas a cada uno de los
Inversores y Uruguay en la Fecha de Emisión de las Acciones tendrán un valor par de
menos de US$ 33.333.333, en reflejo de la eliminación del Patrimonio Negativo del
Emisor. Sin embargo, si el Patrimonio Negativo del Emisor superara los
US$ 131.333.332, Uruguay hará aportes de capital iguales a dicho excedente, que
deberán ser aplicados a la eliminación del Patrimonio Negativo.
v. Inversiones Adicionales de Uruguay — En la medida en que
los importes aportados en efectivo por Uruguay al Emisor a partir del 1º de febrero de
2002 superen los US$ 33.333.333 y Uruguay presente pruebas de dicha circunstancia a
satisfacción de los Inversores, dichos importes (reducidos por cualquier excedente
aplicado a la eliminación del Patrimonio Negativo conforme al artículo 2.a.iv)
serán aplicados a la compra de Acciones Ordinarias y/o Acciones Preferidas No
Prioritarias a su valor par.
Artículo 3, literal b)
El capital integrado del Emisor a la Fecha de Emisión de las Acciones
ascenderá al Precio de Compra Total, aunque dicha cifra podrá reducirse en la medida del
Patrimonio Negativo más los importes agregados de conformidad con lo dispuesto en los
Artículos 2.a.iv y 2.a.v.
2.2) La defensa en el juicio con los Bancos accionistas
En la respuesta a la solicitud de arbitraje que recientemente presentó
el Estado Uruguayo a los demandantes socios extranjeros del Comercial se reconoce el
estado de cuentas negativo del Banco.
En la misma se expresa que "el acuerdo establece expresamente
que los 100 millones de dólares aportados por los Bancos demandantes sería aplicado, en
primer lugar, para sanear el valor patrimonial neto negativo del Comercial, y solamente el
resto sería aplicado para compra de acciones. la magnitud exacta del valor
patrimonial neto negativo del Banco Comercial en el momento del acuerdo aunque era
desconocida, era, sin embargo, considerable".
También se expresa que los Bancos demandantes contrataron a KPMG para
auditar la condición financiera del Comercial a fines de enero de 2002: "La
República Oriental del Uruguay desconoce aún cuánto había informado KPMG a los
demandantes en el momento de las negociaciones, sobre el verdadero valor patrimonial neto
negativo del Comercial", se sostiene en la contestación a la solicitud de
arbitraje.
No obstante, se asegura que el BCU investigó el fraude, pero dicha
investigación "no alcanzó una cifra definitiva del valor patrimonial neto
negativo hasta fines de abril de 2002".
Por otro lado, en un informe que solicitó el ex presidente del Banco
Comercial, Paul Elberse, al estudio jurídico Olivera y Delpiazzo, sobre la forma en que
deben registrarse las partidas recibidas por el Comercial de parte de sus socios
extranjeros, también se reconoce "el patrimonio negativo del Comercial el cual al
30 de abril de 2002 era de 73.101.106 dólares". El informe es del 4.11.02.
3) El pedido urgente del Cr. Rodríguez Batlle
El 18.2.02, según consta en Acta Nº 2356, el Cr. Rodríguez
Batlle, estando presentes en esta sesión el Secretario General, el Dr. Aureliano Berro y
el Gerente General, el Sr. De León, le solicitó al Gerente General, al Gerente de la
División de Política Económica, Dr. Della Mea y al Gerente del Area de Estudio y
Regulación del Sistema Financiero, Dr. Barrán, "con la urgencia que la
situación requiere" un estudio sobre posición global de los Bancos:
?
liquidez.
?
evolución de
depósitos.
?
nivel de
patrimonio.
?
eventuales necesidades de asistencia financiera.
"expresa que aspira contar con las informaciones solicitadas y
los análisis respectivos a la mayor brevedad para así poder actuar en consecuencia".
Este pedido fue del 18.2 y no aparece en toda la información
proporcionada a la Comisión el cumplimiento del mismo. Comprenderán los señores y
señoras legisladores que resulta difícil creer que luego el Directorio se hubiera
olvidado de reclamarlo si los servicios no lo hubieran efectuado.
4) El balance al 31.01.02
El 19.4.02, según Acta Nº 2381, se adjuntó a la misma, un
balance especial al 31.1.02 y una nota fechada el 18.4.02, enviados por el Banco Comercial
dirigida al Cr. Rodríguez Batlle, que en su numeral 5 dice:
"Adjuntamos copia del Balance Especial de Banco Comercial al 31
de enero de 2002, del cual surge un patrimonio negativo de aproximadamente US$ 23
millones al que corresponde sumarle la capitalización de US$ 133 millones, según
las notas al Balance".
En el balance adjunto, el rubro patrimonio da un importe negativo de
$ 342:155.126.
En las notas a los estados contables, el apartado B) dice que es un
balance especial al 31.1.02, confeccionado a efectos de ser presentado en Asamblea
Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 16.4.02.
En el punto 2 de este apartado B) vuelve a transcribir el total de
patrimonio al 31.1.02 que expresados en dólares a una cotización de US$ 1 por
$ 14,35, arroja un patrimonio negativo de US$ 23:843.563.
Sin embargo, la lectura que el Cr. Rodríguez Batlle hizo en sala, le
llevó a expresar en dicha sesión, refiríendose a esta documentación que "En
ella manifiestan que, luego de castigar la suma de US$ 180 millones correspondiente
al fraude sufrido, el Banco arrojaría patrimonio positivo".
El patrimonio negativo de US$ 23 millones era al 31.1.02 y la
capitalización fue con fecha 1.3.02. Además, esta información fue presentada al
Directorio el 19.04.02 y unos días después, el 30.4.02, el Directorio autorizó un
"maquillaje" por US$ 55 millones, según se analizó anteriormente en el
punto "cargos diferidos".
5) Las declaraciones de la ex Directora Cra. Rosario Medero
5.1) Actas del Directorio del BCU.
En el Acta Nº 2383, del 25.4.02, la Cr. Medero expresó:
"Me he opuesto a que el BCU otorgara asistencia en todas las
reuniones posteriores al 28 de febrero. Entiendo que no se dispone de sustento jurídico
para la asistencia otorgada por este Banco. De acuerdo a lo dispuesto en los
artículos 36 y 37 de la Carta Orgánica, los adelantos financieros "...deberán
contar con garantía personal o real de solvencia comprobada por parte del Banco asistido
y no podrán superar el monto de su patrimonio neto". Esta información no estaba
disponible en el mes de febrero. A partir de esa fecha ha sido más clara la dimensión de
la pérdida patrimonial de la institución. El BCU dispone de informes técnicos de la
SIIF que señalan claramente que a la fecha, el Banco no es una institución
solvente".
El 2.5.02, según Acta Nº 2387, la Cra. Medero expresaba en el
Directorio:
"ha tomado conocimiento, recientemente, de informes de la SIIF
en los que se señala que el Banco Comercial tiene un capital negativo aún después de la
capitalización realizada por sus accionistas mayoritarios y el Estado"
En dicha reunión la Dra. Holz contestó al respecto:
"en cuanto a la alusión a los informes de la SIIF sobre la
responsabilidad patrimonial del Banco Comercial, que ha efectuado la señora Directora,
señala que no son de su conocimiento y que, seguramente se trata de estudios preliminares
que no cuentan con el respaldo de los auditores externos ni de las jerarquías de dicho
servicio".
Los informantes dejamos constancia que comparecientes ante nuestra
Comisión – funcionarios de la SIIF manifestaron que el contenido de los informes que
habían elaborado para someterlos a consideración de las jerarquías del Banco Central,
donde se analizaba la situación patrimonial del Banco Comercial al 31.03.02 había sido
comentados con las señoras Directoras.(como veremos más adelante)
El 3.7.02, según Acta Nº 2421, la Cra. Medero expresaba:
"esta entidad (el Banco Comercial) no ha presentado el
balance actualizado acerca de su situación e indica que, según
las informaciones que se le han hecho llegar, mantiene un patrimonio negativo, no obstante
los aportes que se han efectuado, los que, aún no han sido formalizados como
integraciones de capital".
Ante ello, la Dra. Holz contestó que "el último balance
formal que se tuvo a la vista mostraba un patrimonio positivo por aproximadamente
US$ 80 millones".
5.2) Comparecencia ante la Comisión Investigadora
Creemos que resultarán ilustrativas las manifestaciones de la Cra.
Rosario Medero respecto a la situación patrimonial.
5.2.1) En la sesión de 9 de diciembre de 2002 la Sra. ex Directora,
Cra. Rosario Medero manifestó: "En el mes de marzo ya sabíamos que, de acuerdo con
los informes de una auditoría KPMG y algunos informes del Banco Central, el robo había
sido superior al monto del patrimonio; por lo tanto, era evidente que el patrimonio era
negativo. No me fue nada sencillo conseguir esta información; en realidad, se me ocultó
información. Pero era bastante fácil darse cuenta de esto
Con respecto a la información, también me voy a referir a un Acta en
la que se sigue insistiendo en que el Banco tiene patrimonio positivo, cuando era evidente
que no lo tenía. En el Acta queda claro que, por ejemplo, el Superintendente Fernández
Becchino dijo que tenía un patrimonio positivo de 130:000.000, y los demás miembros del
Directorio acordaron. Hay informes de la Superintendencia, de fecha 4 de abril, que
muestran que tiene un patrimonio negativo superior a los 150:000.000; esto está claro. Me
refiero, fundamentalmente, a las Actas Nos. 2374, 2376, 2378 y 2381.
Los artículos 36 y 37 de la Carta Orgánica y 36 y 38 de la Ley
de Intermediación Financiera son muy precisos en cuanto a que no se puede prestar
asistencia a Bancos con patrimonio negativo. Procuraba que todos se dieran cuenta de que
no se podía hacer eso. Estudié la historia de la ley e, inclusive, la discusión
parlamentaria de esa ley. La modificación del Decreto-Ley Nº 15.322 se propuso en el año 1991 y
fundamentalmente limitando las funciones de prestamista de última instancia del Banco
Central. Dice el Mensaje del Poder Ejecutivo: en 1992 la Cámara de Diputados acotó aún
más lo propuesto por el Poder Ejecutivo, estableciendo límites cuantitativos, temporales
y además requiriendo unanimidad. Esto es la reforma del Decreto-Ley Nº 15.322.
A continuación me referiré a la Carta Orgánica. El proyecto remitido
en el año 1992 por el Poder Ejecutivo trataba de limitar la asistencia. Decía así:
cuando la asistencia supere el capital y las reservas requerirá la unanimidad y deberá
darse cuenta al Poder Ejecutivo. Pero este proyecto se limitó en el Senado y también en
la Cámara de Diputados.
El doctor Atchugarry, como miembro informante de la Cámara de
Diputados, incrementó las restricciones del Banco Central como prestamista en última
instancia. Consideró que no era suficiente requerir la unanimidad del Directorio en los
casos en que se superara el monto de capital y las reservas; se requerían límites
cuantitativos. Esto está en el acta de la Comisión de Hacienda del 17 de noviembre de
1993.
El proyecto de la Cámara de Diputados modificó el texto y lo hizo
más restrictivo, eliminando la posibilidad de asistencia si no se cumplían los
requisitos de patrimonio.
La redacción propuesta en la Cámara de Diputados, que fue la que se
aprobó en la ley que se promulgó la Carta Orgánica, dice de acuerdo con el miembro
informante, doctor Atchugarry: con referencia a los préstamos de última instancia la
Comisión propone un criterio restringido a las situaciones de iliquidez, con las debidas
garantías que permitan rescatar las sumas aportadas por el Estado. Tal extremo abarca no
atender problemas de solvencia, reiterando los criterios y las modificaciones introducidas
al Decreto-Ley Nº 15.322 y aspira
a impedir los graves perjuicios del Estado y a la sociedad que implica socializar las
pérdidas de los Bancos y aun de los extranjeros, como sucedió en la década pasada. Esto
lo dice el miembro informante, en acta de la Cámara del 9 de julio de 1994.
Es decir que las dos leyes simultáneas se legislaron expresamente
limitando las facultades del Banco Central como prestamista en última instancia. La
experiencia de los años 80 había demostrado esa necesidad. La letra de la ley es clara y
también la voluntad del legislador: no se puede superar el monto de las responsabilidades
netas de las instituciones asistidas si no se quiere ser llamado a responsabilidad por
violar la ley. Se transita en un régimen riguroso y limitado.
No hay ningún artículo de la Carta Orgánica más importante que
otro. El artículo 3º exige velar por la estabilidad del sistema. Eso, que es
genérico, no implica olvidar la restricción detallada, precisa de las disposiciones de
la Ley de Intermediación Financiera y de la Carta Orgánica.
Por los costos que significaron para el Estado
las crisis anteriores, el legislador fue especialmente cuidadoso en cuanto a que no se
podía distraer dinero para esto por encima de ciertos topes. Eso es una disposición que
está en la letra y en el espíritu de la ley. Eso es lo que, desde mi punto de vista, se
contravino en algunas de las normas aprobadas por el Banco Central.
Contaba con muy poca información, porque siempre la pedía y nunca me
la daban. Hoy señalé que Fernández, el anterior Superintendente, decía que el balance
del Banco Comercial tenía US$ 130:000.000 de patrimonio positivo. Pero hete aquí
que existía esa información, ahora la tengo: en informes de la Superintendencia del 4 de
abril ya se mostraba que tenían patrimonio negativo. Y tengo la evolución de todos los
meses del patrimonio del Banco Comercial y es negativa en todos los meses. Quiere decir
que era una forma de ocultar algo que conocía todo el mundo, pero que no estaba en la
información. Y el informe de la Superintendencia es del 4 de abril, en el que ya se
mostraba la responsabilidad patrimonial negativa. Yo no lo tuve el 4 de abril, pero ahora
sí lo tengo. O sea, si yo sospechaba, los resultados me dieron la razón.
SEÑOR PRESIDENTE.- Cuando se resolvía esa asistencia, ¿había un
informe de los servicios referido a la legalidad o ilegalidad de esa asistencia o se
resolvía y no había informe previo de los servicios o de la Superintendencia?
SEÑORA MEDERO.- Expedientes, que uno viera, poquitos. Había un
expediente grande en el que todos los días se iba agregando la asistencia. ¿Pero sabe
que esos expedientes eran secretos y que yo tenía muchas dificultades en acceder a ellos?
Pero en el caso del Banco Comercial era demasiado claro. ¡Si nosotros
sabíamos que habían desaparecido títulos por valor de US$ 180:000.000 y que había
créditos de empresas relacionadas por más de US$ 100:000.000!, entonces, sabíamos
que el agujero era superior a los US$ 300:000.000. Y como el patrimonio era de
US$ 170:000.000, no había duda. No querer dar los datos es la única explicación
de que se pudiera decir que el patrimonio era positivo, porque era dos más dos; el
patrimonio tenía que ser negativo.(subrayado nuestro)
La ley es muy clara sobre el límite de la asistencia y si se revisan
las versiones taquigráficas de la Comisión que analizó el informe del doctor Atchugarry
(miembro informante de esa ley) la voluntad del legislador resulta muy clara en el sentido
de que no quería que toda la sociedad incurriera en costos otorgando asistencia por
encima de esos niveles cuantitativos, y de unanimidad que estaban solicitando los señores
Legisladores, y que era su voluntad. Entonces, con una norma como los artículos 36 y
37 que se refieren especialmente a la asistencia, que la limitan y con la voluntad del
legislador que claramente limitó esa asistencia debido a los excesos que habían ocurrido
en el pasado, no se puede argüir que el artículo 3º de la Carta Orgánica que
propone velar por la estabilidad del sistema, sea más importante que un artículo
específico, claramente limitativo con respecto a las atribuciones del Banco Central. No
hay un artículo más importante que otro; hay un artículo que es genérico y otro
específico.
Según consta en varias reuniones del Directorio, la Superintendencia,
especialmente la anterior, la de Fernández , expresó que tenía resultados positivos. Básicamente,
se trataba de demorar la información sobre los resultados y de dar prórrogas para que el
Banco no presentara su balance, porque iba a dar pérdidas. Entonces, se trató de
demorar; sobre todo, no los servicios técnicos de la Superintendencia, pero sí el
Superintendente, trató de no contar con esa información en fecha. (subrayado
nuestro)
¿Que no me daban esa información? Tiene razón; no me la
proporcionaban en tiempo o en forma adecuada; inclusive, Fernández hablaba
equivocadamente de patrimonio positivo.
Yo soy contadora; conozco el tema. Hablé con los servicios en
reiteradas ocasiones y siempre lo supe. Ahora resulta evidente y hay claros informes que
hablan de ello. O sea que de alguna manera se trataba de que esos informes no llegaran al
Directorio para poder seguir prestando asistencia, pero es evidente que el patrimonio
negativo ya era anterior. Tengo aquí informes de la Superintendencia que muestran la
magnitud de ese patrimonio negativo; habla claramente de que es negativo. Básicamente,
hay un balance de abril de este año en el que se muestra en forma clara resultados
negativos. Hay otros informes de la Superintendencia del mes de marzo que muestra los
resultados negativos. Por ejemplo, se muestra que la responsabilidad ajustada neta era de
US$ 125:000.000 negativa, al 31 de diciembre. Estos son informes de la
Superintendencia.
Por ejemplo, acá tengo el balance realizado al 30 de abril donde se
muestra un claro patrimonio negativo de $ 1.210:000.000, que equivalían a US$ 73:000.000. Si a esto se le hubiera agregado los aportes
capitalizables, que no se pueden agregar porque son pasivo, no capital, igual hubiera
quedado en US$ 47:690:000., es decir que igual hubiera sido menor el patrimonio que
la asistencia.
La otra forma de hacer crecer el patrimonio en forma artificial fue la
de poner en el activo (esto también lo entiende un no contador) como si fuera cuentas a
cobrar de las deudas de los Rohm. Esto va en contra de las normas del Banco Central
porque, por lo menos, tenían que previsionarlas por dificultad de cobro.
El Banco Comercial pagó muchos millones de dólares por la empresa
Comercial Investment, y es difícil que los recupere; está puesto en el activo. Con esos
dos maquillajes, recontra maquillajes, igual el patrimonio da negativo. Yo tengo
patrimonio negativo a diciembre, a enero, a febrero, a marzo y a abril. Nunca tuvo un
patrimonio positivo, después que se conoció que los títulos por US$ 180:000.000
eran inexistentes; el patrimonio a diciembre era de US$ 170:000.000. Eran títulos
argentinos, que no valen nada y, además, no existían.
Hemos reproducido una parte larga de la exposición de la Ex Directora
Cra. Rosario Medero, porque nos parece ilustrativa de una visión que se tenía acerca de
la situación patrimonial del Banco Comercial durante el período en que fue asistido por
el Banco Central, informaciones recogidas de otras instancias que analizaron el tema y que
expondremos más adelante, apuntan en la misma dirección, pero siendo lo anterior
preocupante, no deja de serlo menos el hecho de que se plantee que se ocultaba
información, diríamos casi en forma deliberada para no poder objetivar la verdadera
situación patrimonial del Banco Comercial mientras era asistido, soslayando las
exigencias contenidas en los artículos 36 y 37 de la Carta Orgánica. Esto solo
ameritaría a que las instancias jurisdiccionales permitieran arribar a mayor grado de
certeza al respecto que el que se pudo obtener – dadas las limitaciones expuestas al
inicio – por el trabajo de la Comisión Investigadora.
6) El balance del Banco Comercial al 31.12.01
El 30.5.02, según Acta Nº 2403, se consideró el balance del
Banco Comercial al 31.12.01 y el estado al 31.3.02, dejando constancia que:
"a fin del año 2001, su patrimonio sería negativo.
Las cifras a marzo estarían indicando un patrimonio positivo superior
a los US$ 78 millones, por efecto de la recapitalización que efectuaron".
7) Las declaraciones de los Peritos Judiciales.
SEÑOR PÉREZ.- Habría que reexpresar los patrimonios del Banco
Comercial a las fechas correspondientes. Si por ejemplo decimos que en el año 1999 el
Banco Comercial tenía doscientos millones de bonos de los cuales solo tiene diez, habría
que reexpresar el balance y restar ciento noventa millones de su patrimonio.
El faltante de esos papeles como parte integrante de toda esa maniobra
se daba desde hacía mucho tiempo; tal vez los créditos irregulares también. No sucedía
lo mismo con la operativa Comercial Investment porque esta operación se comenzó a hacer
en el año 2000, cuando se fusionó con el ING Bank.
Las operaciones para desfigurar el balance -como las de compra-venta
futura de papeles- las venían haciendo desde el año 1990; mejor dicho, desde que
compraron el Banco. No sabemos si eran reales o no, pero sabemos que el objetivo era, en
parte, trastocar el balance, porque se registraba a valor de ejercicio y no de mercado.
Cuando el riesgo era poco, no había problemas, pero cuando se aceleró el riesgo
argentino a partir de 2001 esos valores oscilaban mucho y era insostenible.
Con respecto a las pérdidas, habría que reexpresar todos los estados
contables;
Resulta evidente en consonancia con lo expresado pr el Sr. Perito
Judicial Cr. Júpiter Pérez, que una vez que se comprobó los faltantes de títulos, no
se podía invocar ningún balance pasado para tomarlo como referencia o punto de partida
para extrapolar la situación financiera del Banco Comercial en cualquier momento del año
2002. Resultaba más lógico, presuponer que la entidad del daño había sido tal que se
podía estar seriamente afectada la situación patrimonial del Banco Comercial como
efectivamente lo estaba.
8) EL FOLIO 41
El expediente 9855 lleva como carátula "Banco Comercial. –
Situación Financiera y Patrimonial al 31.03.02." y a fojas 7 informa que: "El
déficit de Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima al 31.03.02 asciende a U$ 153,3
millones, por lo que Banco Comercial S.A. deberá presentar el Plan de Regularización
Patrimonial a que refiere el artículo 335.1 de la R.N.R.C.S.F".
Lo importante del mismo es que además de la información sobre la
situación patrimonial del Banco Comercial, al momento en que estaba siendo asistido, es
que luego de recorrer todas las instancias técnicas es elevado a la Superintendencia para
que ésta lo envíe al Directorio. En la foja 40 pasa de la Gerencia de Área a la
Superintendencia para que de ahí continuara – si así lo entendía el
Superintendente - al Directorio. Es en ese momento que una foja del mismo, la ya famosa
foja 41 - en la que se supone que la Superintendencia sometería a consideración del
Directorio del BCU la conducta a seguir - fue retirada del expediente y quedó
imposibilitado de seguir los pasos del mismo a los efectos de ver si efectivamente se puso
en conocimiento de la Presidencia del Directorio del BCU y éste lo pusiera formalmente a
consideración del Directorio.
La situación de los Directores respecto al contenido de dicho
expediente es distinta de acuerdo a cada uno de ellos. Por una parte la Cra. Rosario
Medero, afirma que si bien ella nunca llegó a ver el expediente en el Directorio, estaba
en conocimiento de la información que en él se manejaba dado que se la habían
trasmitido funcionarios de la SIIF y ella manejó esos datos como información en el
propio Directorio, para negarse a la asistencia al Comercial. La Dra. Holz no recuerda que
se le haya trasmitido la información contenida en el expediente, y manifiesta que nunca
llegó a verlo, a pesar que funcionarios declaran que llegaron a comentarle las
conclusiones del mismo.
En ese sentido, en comparecencia que realizó el Directorio del Banco
Central acompañando al Sr. Superintendente del BCU, Dr. Fernando Barrán, con el Sr.
Intendente Cr. Alfredo Porro y funcionarios miembros del equipo inspectivo Nº 8 del
Banco Comercial, el día 3 de febrero, al respecto el Superintendente Dr. Barrán a foja
15 manifiestó: "En cuanto al conocimiento de los Directores, lo que la
Superintendencia sabe es lo que acaba de informar: hubo dos reuniones de carácter
informal con dos de los directores, en las cuales se hizo entrega de los informes
elaborados por la Superintendencia cuyos contenidos son prácticamente los mismos al del
informe de fecha 5 de abril".
En la misma comparecencia la Cra. Giselle Itté a fojas 12 declara:
"Con respecto a este informe, acompañada por el Cr. Porro en una oportunidad y en
otra por el Cr. Fernández Becchino, lo comentampos con las dos señoras Directoras, la
Vice Presidenta y Directora del BCU", refiere a la Dra. Holz y a la Cra. Rosario
Medero.
En sus comparecencias, el Sr. Ex Presidente reafirmó que nunca vió
dicho expediente y que nunca nadie le conversó sobre los contenidos del mismo. Lo que
resulta llamativo a los firmantes dado que el tema del estado de situación patrimonial
del Banco Comercial estaba permanentemente en discusión en el Directorio a la hora de
tomar decisiones respecto a la asistencia al Banco Comercial.
Por su parte el Sr. ex Superintendente declaró en la Comisión que él
lo puso a consideración del Directorio, enviándolo con persona de su confianza a la
Secretaría General, puerta de entrada del Directorio. Pero no existe constancia alguna de
éste trámite, y luego de la hoja sustraida el expediente vuelve aparecer en las 24 horas
siguientes en la Intendencia de Bancos y se refolia y continúa con el trámite.
Quiere decir que en un expediente que a la fecha 5 de abril de 2002
refería por parte de los servicios técnicos a la situación patrimonial del Banco
Comercial mientras éste estaba siendo asistido fue alterado por sustracción de una hoja.
En la Comisión Investigadora no se pudo concluir acerca de cuáles fueron las causas por
los que no llegó el expediente con la información a los tomadores de decisiones,
respecto a la situación patrimonial negativa de una institución financiera (el Banco
Comercial) a la que se le estaba otorgando asistencia financiera.
Creemos que esto solo por la trascendencia del tema ameritaría que las
instancias con facultades jurisdiccionales tomaran cartas en el asunto.
8.2) COMISION INVESTIGADORA 3.2.03
Dice el Superintendente en la comparecencia mencionada del 03.02.03
aclarando sobre el informe, que el patrimonio sería negativo en U$ 1,1 millones.
SEÑOR BARRÁN.- La cifra que ustedes tienen en el informe es de
US$ 152,2 millones. Entonces, US$ 152,2 millones es lo que debe tener; la
diferencia entre lo que debe tener y lo que tiene son los US$ 153,3 millones, pero no
quiere decir que sea ése el valor en negativo. El negativo era US$ 1,1 millones.
Resulta claro que respecto de determinar el patrimonio neto, elemento
que como hemos visto resulta imprescindible de acuerdo al marco legal vigente para que el
BCU pueda asistir financieramente a una institución no se cumplía y estos datos sobre el
patrimonio neto negativo lo estaban aportando como información
los servicios técnicos del BCU al Directorio
9) LA PLANILLA SEMANAL DEL BC
En el expediente 2001/1933, copias de informes 9646 y 9855, hay una
planilla elaborada por Banco Comercial en la que se detallan los saldos de patrimonio neto
semanales.
Todos los saldos son negativos, desde el saldo de la semana que va del
23.3 al 29.3 con un patrimonio negativo de US$ 6:372.715 hasta la semana del 11 al
17.5.02, con US$ 6:615.608 de saldo negativo en el patrimonio neto.
10) EL INFORME DEL 9.4.02
Luego de autorizarle la prórroga indefinida para la presentación de
los datos contables, el 9.4.02 se informa al Superintendente y se deja constancia que:
"Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta
Superintendencia no dispone a la fecha, de información contable veraz de las autoridades
de Banco Comercial sobre su situación al 31.12.01 y al 31.3.02"
Suponiendo que el 9 de abril no se tuviera información contable veraz
de las autoridades del Banco Comercial, a los tres días no puede sostenerse más que no
pudiera contar con información – por lo menos muy atendible - para poder evaluar el
grado de compromiso del patrimonio del Banco Comercial. El día 12 de abril comparece y
declara ante la Cr. Giselle Itté el Ec. Javier de Haedo, Gerente de Banca de Inversión
de Banco Comercial en la respuesta Nº 41 del interrogatorio declara. "En
particular participé de una reunión en el Ministerio de Economía y finanzas con los
Sres. Elberse y Licandro por el Banco Comercial y Bensión, Guerra y Sachslung por el
Ministerio de Economía en el cual les informamos de una estimación detallada del
perjuicio patrimonial sufrido por el Banco Comercial, tras haber mantenido conversaciones
con funcionarios de KPMG (consultora contratada con los Bancos accionistas) y
Pricewaterhouse Coopers".
De dicha estimación detallada surge, que considerando un patrimonio al
31/12/01 de U$ 175:000.000., considerando la capitalización de U$ 133:000.000.
y por ende el patrimonio con capitalización le da un patrimonio de U$ 308.000.000.
(considera el patrimonio del último balance al 31.12.01 como veraz y los
U$ 133.000.000. como capitalización, cosa dudosa). Luego pasa a considerar el
patrimonio ajustado por pérdida y construye tres escenarios: un escenario base, otro
optimista y otro pesimista.
y el patrimonio ajustado por pérdidas queda en el escenario base como
negativo en 289: millones de dólares, en el escenario optimista, patrimonio negativo en
202: millones de dólares y en el escenario pesimista, patrimonio negativo en el orden de
377: millones de dólares.
Y considerando los requirimientos mínimos de patrimonio del orden de
U$ 140: millones de dólares, plantea que tiene una capitalización pendiente que en
cada escenario sería: en el base de 429: millones de dólares, en el escenario optimista
de 342: millones de dólares y en el escenario pesimista requiere una capitalización de
517: millones de dólares. Esta información luce a fojas 3504 de la pieza XIII del
expediente del Poder Judicial.
Quiere decir que los servicios del BCU ya contaban con previsiones que
en el mejor de los casos hablaban de un patrimonio ajustado por pérdidas que en un
escenario optimista incorporada la capitalización hablaba de patrimonio negativo en el
orden de 200: millones de dólares.
Surge de la declaración que el ex Ministro de Economía Cr. Bensión
estaba enterado de antes de esta fecha de dicha situación dado que se le había
presentado en una reunión mantenida en fecha anterior a esa entre el Ex Ministro y las
autoridades del Banco Comercial. Cosa que veremos más adelante.
Los firmantes del dicho informe plantean que no se cumplió con las
exigencias que demanda el artículo 37 para poder asistir a una institución
financiera cuando por lo menos, se puede afirmar que se desconocía el estado patrimonial
del Banco Comercial. Información que se va a "desconocer" durante todo el
período de la asistencia que por distintas vías se llevó adelante respecto al Banco
Comercial.
Y cuando había autoridades como el ex – Ministro que manejaban
información directamente de autoridades del Banco Comercial sobre patrimonio negativo y
que debería haber puesto en conocimiento de las autoridades del Banco Central.
11) EL INFORME DEL 22.7.02
El informe de la SIIF del 22.7.02, que integra el expediente
Nº 2002/1240, presenta 3 escenarios posibles para ajustar al 30.4.02 los distintos
conceptos que se han ido activando en la cuenta cargos diferidos, o los que se podrían
registrar en dicha cuenta.
En cualquiera de esas 3 posibilidades
analizadas, se parte de un patrimonio contable de US$ 47:691.000 y efectuando 3
combinaciones de ajustes distintos, se llega siempre a patrimonios contables negativos que
oscilan entre US$ 191:113.000 a US$ 311:113.000.
12) LAS DECLARACIONES DE LA DRA. HOLZ
Dra. Holz, Comisión Investigadora, 9.12.02
"Los estados contables del Banco Comercial de diciembre, enero,
febrero y marzo de 2002 fueron presentados conjuntamente el 29 de mayo de este año. Del
estado de diciembre surge un patrimonio negativo de US$ 19:258.250, con resultados
acumulados positivos de US$ 141:798.315. Del estado de marzo, surge un patrimonio
positivo de aproximadamente US$ 75:000.000.
"Podría cuestionarse quizás que la información respecto al
patrimonio de la institución no era totalmente precisa en cada instante en que se
otorgaba la asistencia. Sin embargo, el mero sentido común lleva a descartar esta
interpretación que excedería, inclusive, a la información que están obligadas a
presentar ante el Banco Central todas las entidades bancarias, lo que es, a lo sumo,
mensual".
Llama la atención a los firmantes dicha declaración en la medida que
cada día aparecía nueva infomación que llevaba, utilizando el sentido común, a
concluir en forma diametralmente opuesta a la que concluyó la Sra. Directora.
13) LAS DECLARACIONES DEL CR. RODRÍGUEZ BATLLE
Como vimos el Cr. Rodríguez Batlle negó conocer el expediente sobre
la situación patrimonial del Banco Comercial durante la asistencia y la Comisón no pudo
arribar a conclusiones respecto al conocimiento del Cr.Rodríguez Batlle sobre el
expediente que informaba de una situación patrimonial comprometida para recibir
asistencia.
En la comparecencia del Sr. ex Presidente del Banco Central Cr.
Rodríguez Batlle a la Comisión Investigadora, el 09.12.02, el mismo manifiesta:
"Señalo enfáticamente que los montos de asistencia que le fueron
otorgados por el Directorio estuvieron siempre dentro de los topes señalados, según la
información proporcionada por la Superintendencia en todos los momentos. Obviamente, la
comparación entre la asistencia financiera mediante anticipos con garantía de documentos
y el patrimonio neto podría hacerse según la información disponible a la fecha del
otorgamiento de la asistencia".
"en su momento lo voté por la información que me daba la
Superintendencia del patrimonio y de la asistencia que estábamos dando".
"Siempre pedíamos a la Superintendencia que pudiéramos prestar
dentro del patrimonio".
"cada vez que la Superintendencia estaba planteando una ayuda la
Superintendencia traía información que estaba en los informes y que era la que venía
surgiendo de un desarrollo muy accidentado"
De las declaraciones en la Comisión Investigadora del Cr. Rodríguez
Batlle se desprende que a su criterio se daba asistencia dentro de los topes señalados de
acuerdo a lo que trasmitía la Superintendencia. Esto podemos contrastarlo con lo que en
la propia Investigadora declaró ante una solicitud de reiteración de la Diputada
Charlone el 6 de febrero de 2003, el ex Superintendente Fernández Becchino::
SEÑORA CHARLONE.- Quiero que lo reitere para que conste en la versión
taquigráfica porque esto es central.
O sea que de las informaciones y grandes números que usted le daba,
sin haber visto el contador Rodríguez Batlle el informe, tenía los elementos como para
deducir que el patrimonio era negativo.
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- Sí. Además, tenía a la contadora Medero
que se lo recordaba en todas las reuniones de Directorio. Le decía que el patrimonio era
de US$ 180:000.000 de pérdida de los Rohm, más US$ 100:000.000 de otros
ajustes, que daba US$ 300:000.000. También lo dijo acá. Las veces que yo fui a las
reuniones del Directorio, ella lo repetía, así que lo sabía.
Más allá de todas las consideraciones respecto al patrimonio negativo
del Banco Comercial que han sido expuestas reiteradamente al abordar la asistencia,
consideramos que sobraban elementos dentro de las discusiones que se procesaban dentro del
propio Directorio del Banco y con la Superintendencia para cuestionar y relativizar el
énfasis puesto por el Cr. Rodríguez Batlle cuando declaró: ""Señalo
enfáticamente que los montos de asistencia que le fueron otorgados por el Directorio
estuvieron siempre dentro de los topes señalados, según la información proporcionada
por la Superintendencia en todos los momentos".
LAS DECLARACIONES DEL CR. FERNANDEZ BECCHINO
Del acta de la Comisión Investigadora de fecha 6 de febrero de 2003
donde concurrió el ex Superintendente Fernández Becchino se puede desprender que se dio
asistencia por lo menos sin saber cual era la situación patrimonial del Banco Comercial.
SEÑOR BAYARDI.- ¿puedo desprender de lo que usted me ha dicho hasta
ahora que, en realidad, en el mejor de los casos, asistimos al Banco Comercial sin saber
cómo estaba su patrimonio?
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- Y..., sí. Sí, porque no teníamos los
elementos.
SEÑOR BAYARDI.- ¿Usted entiende que su responsabilidad como
Superintendente se centraba fundamentalmente en nutrir del nivel de información necesaria
para la toma de decisión en el marco de la ley y las normas?
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- Sí.
SEÑOR BAYARDI.- ¿Entiende que en el proceso de asistencia cumplió
esa función de asesoramiento acorde a lo que el marco normativo exigía para la toma de
esas decisiones?
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- No estoy muy conforme. Creo que me
faltaron elementos para poder hacerlo mejor. Personalmente, confieso que no estoy
conforme.
SEÑOR BAYARDI.- Según mi interpretación de las normas, el Directorio
podría llegar a tomar una resolución contra lo recomendado por el Superintendente. En
todo el proceso de asistencia que se llevó adelante y que estamos analizando en esta
Comisión Investigadora, ¿entiende que el Directorio siempre que tomó las resoluciones
de asistencia coincidieron con el nivel de asesoramiento que usted le dio para la toma de
decisiones?
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- Es que no siempre le di asesoramiento. Se
tomaron muchas decisiones de asistencia de las que me enteré después. No siempre actué
yo. No había un informe técnico cada vez que se tomaba la decisión de asistencia.
Había momentos en que se tomaban al golpe del balde. Como no teníamos un respaldo
técnico suficiente, porque no contábamos con los balances y otra serie de cosas, no
podíamos determinar si el capital era negativo. No estábamos en condiciones de
hacerlo. No lo pude hacer. Me rompí todo pero no lo pude hacer. Hice lo posible, me
calenté, me peleé con todo el mundo pero no lo pude hacer. (subrayado nuestro).
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- Ahí yo me preocupaba de que hubiera el
doble de los documentos normales, y buscar todos los de mejor categoría A), B), para que
tuviera una buena garantía el Banco y fueran cobrables. Ya que no tenía lo otro,
me preocupaba de que la garantía fuera buena.
SEÑOR BAYARDI.- ¿Qué era lo otro?
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- Los balances y la situación real del
Banco; me preocupaba de que la garantía fuera buena.
SEÑOR BAYARDI.- Entonces podemos decir que lo otro era la situación
del patrimonio del Banco.
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- La fehaciente situación financiera del
Banco; al no tener eso yo trataba de compensar con que lo que se diera en garantía fuera
cobrable. Creo que por lo que escuché se ha cobrado bastante y bastante bien.
Más allá de una comparecencia en que el Sr. ex Superintendente del
Banco Central del Uruguay, Cr. Fernández Becchino fue y vino en multiplicidad de sus
respuestas, se puede desprender que en el mejor de los casos – desde el punto de
vista técnico se dio asistencia en desconocimiento del estado patrimonial del Banco
Comercial, lo que reafirma una vez más que se asistió en incumplimiento de las normas
que emanan de la Carta Orgánica del Banco Central. Como creemos haber demostrado a lo
largo del presente informe sobran elementos para considerar que se dio asistencia con
patrimonio negativo, pero es claro que están en cuestión el cumplimiento de las
responsabilidades que adjudica la Carta Orgánica del B.C.U. a la propia Superintendencia
de Instituciones de Intermediación Financiera, dado que en el marco de la autonomía
técnica y operativa que le adjudica el artículo 38 de dicha Carta no pudo cumplir
con los cometidos y atribuciones que emanan del artículo 39 de dicha norma. Hecho
que pensamos el BCU no lo pudo cumplir en lo que respecta al Banco Comercial desde el
inicio de la gestión del Grupo Rohm y de los Bancos extranjeros accionistas desde
principios de la década del 90 por los motivos que se exponen en otras partes del
presente informe relativo a este Banco.
EL CONOCIMIENTO DEL EX MINISTRO DE ECONOMÍA CR. BENSIÓN ACERCA DE LA
SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL BANCO COMERCIAL.
En el expediente Judicial del Juzgado Letrado de 1ª. Instancia en lo
Penal de Cuarto Turno, a cargo del Sr. Juez José Balcaldi,
comparece el 23 de agosto de 2002, el Ec. Javier de Haedo, donde se le pregunta si
ratifica el acta administrativa recabada en el BCU el día 12 de abril de 2002, y declara
que la ratifica y aclarando que el 31 de mayo de 2002 renunció a ser funcionario del
Banco y pasando a ser consultor contratado. (Expediente Judicial, Pieza XIII, fojas 3505 a
3512).
Preguntado si podía abundar sobre la respuesta a la pregunta 41 del
acta administrativa firmada en la sede del BCU declara que la pregunta 41 hace referencia
a un informe que se le llevó al Ministro Bensión por parte del señor Paul Elberse y
Gustavo Licandro.
Como explicamos más arriba en dicha acta manifestaba que:
"participé de una reunión en el Ministerio de Economía y finanzas con los Sres.
Elberse y Licandro por el Banco Comercial y Bensión, Guerra y Sachslung por el Ministerio
en el cual les informamos de una estimación detallada del perjuicio patrimonial sufrido
por el Banco Comercial, tras haber mantenido conversaciones con funcionarios de KPMG
(consultora contratada con los Bancos accionistas) y Pricewaterhouse Coopers".
De dicha estimación detallada surge, que considerando un patrimonio al
31/12/01 de U$ 175:000.000. y considerando la capitalización de U$ 133:000.000.
el patrimonio con capitalización le da un patrimonio de U$ 308.000.000. (considera
el patrimonio del último balance al 31.12.01. y los U$ 133.000.000. como
capitalización, cosa dudosa). Luego pasa a considerar el patrimonio ajustado por perdida
y construye tres escenarios: un escenario base, otro optimista y otro pesimista.
El patrimonio ajustado por pérdidas queda: en el escenario base; como
negativo en 289: millones de dólares; en el escenario optimista, patrimonio negativo en
202: millones de dólares y en el escenario pesimista, patrimonio negativo en el orden de
377: millones de dólares.
Y considerando los requerimientos mínimos de patrimonio del orden de
U$ 140: millones de dólares, plantea que tiene una capitalización pendiente, que en
cada escenario seria: en el escenario base de 429: millones de dólares; en el escenario
optimista de 342: millones de dólares y en el escenario pesimista requiere una
capitalización de 517: millones de dólares. Esta información luce a fojas 3504 de la
pieza XIII del expediente del Poder Judicial.
En la sede penal a fojas 3510 agrega "llegamos a la cifra del
orden de U$ 600:000.000. a la cual había que restarle los U$ 133:000.000. de la
capitalización que había sido anunciada". Los firmantes nos preguntamos si
todavía no se había efectivizado la firma definitiva del contrato en ese momento, dado
que el contrato definitivo se firmó el 26 de febrero y los primeros días de marzo se
aportó la liquidez. (subrayado nuestro)
Continua el Ec. Javier de Haedo: "Verificamos la magnitud de la
cifra a la que habíamos llegado con funcionarios de las dos firmas auditoras y
aproximadamente coincidieron. Situados en día de hoy, casi 6 meses después de ese día,
me comentan en el Banco, el Cr. Rovira, que la cifra se sitúa en
U$ 550:000.000".
Y dice: " Le llevamos el informe a Bensión el que manifestó
que eso era horrible, que si el Banco Comercial caía, caía el sistema y eso no podía
ocurrir". (subrayado nuestro)
En el mismo sentido, con fecha 26 de agosto de 2002 comparece en
audiencia judicial el Cr. Alejandro Rovira que se encontraba a cargo de la Contaduría del
Banco Comercial. A fojas 3535 de la pieza XIII, ante la pregunta:
¿Si puede dar una explicación desde el punto de vista de la
contaduría del Banco y cual es la explicación para que pudiera seguir operando con una
capitalización de 100 millones.
Responde: "Por la información que nos proporcionaron en ese
momento fue que era un aporte a cuenta y que era una partida similar al valor de mercado
del faltante de Bonos del Banco Comercial. El valor contable eran de 185 millones, el
valor de mercado unos 130 millones. Suponemos que en ese momento pensaron que ese era el
problema del Banco. Lo que puedo ampliar es que a mitad de Febrero me llamó Bensión para
consultar el monto patrimonial y en ese momento le contesté que más o menos era 350 a
400".
Esta respuesta la dió en un contexto en que se expresaba respecto a
cómo se había visto impactado el patrimonio del Banco Comercial ante todos éstos
hechos.
En nuesta opinión, de acuerdo a lo que se desprende de las actas judiciales referidas,
el Sr. ex – Ministro de Economía, en el mes de febrero de 2002 estuvo enterado que
la situación patrimonial negativa del Banco Comercial requería una capitalización que
oscilaba entre: 342 millones y 515 millones de dólares.
LOS CARGOS DIF7ERIDOS.
LOS CRÉDITOS A VINCULADAS A ROHM
Comenzaremos tomando lo declarado por el Sr. Perito del Sistema
Judicial, Cr. Héctor Prieto en su comparecencia en la Comisión y refiriéndose a una
pregunta que formulara el Sr. Diputado Bayardi respecto a los créditos vinculados al
Grupo Rohm.
SEÑOR PRIETO.- La verdad es que no me atrevería a afirmarlo con
precisión. Sin duda, los créditos incluidos acá son prácticamente incobrables, mal
dados. Nosotros tenemos la presunción -creo que bastante fundada- de que ni siquiera eran
créditos reales; eran créditos concedidos para sacar dinero del Banco.
(subrayado nuestro)
Acta de la Comisión del 16.06.03, página 19.
El 17.4.02, el Presidente del Banco Comercial, envió nota al Cr.
Fernández Becchino, solicitando establecer un "plan de adecuación" contable a
5 años, para la constitución de previsiones adicionales para riesgo crediticios, de
acuerdo a la recategorización de la cartera de clientes de BC realizada por la auditora
externa PWC, al 31.12.01.
El 29.4.02, el BC precisó el importe de su nota del 17 en
US$ 55:314.307 y explicó:
"Ampliando lo ya informado, comunicamos a Ud. Que se realizan
gestiones para que el Banco sea nuevamente capitalizado por sus accionistas. En caso de
que esto ocurra, BC cancelará los rubros donde se imputen las partidas diferidas".
En las notas al balance especial al 31.1.02, punto A.2. , dice:
"De la evaluación de la cartera de créditos surgieron
requerimientos adicionales de previsiones al 31.12.01 que ascendían a US$ 56
millones. Estas previsiones se constituyeron en esa fecha de acuerdo a Resolución del BCU
con cargo a la cuenta Cargos Diferidos autorizados por BCU, amortizándose en 60
cuotas".
En el informe de la Superintendencia de Instituciones de
Intermediación Financiera del 29.4.02, que integra el expediente 2002/0631, analizaba la
insuficiencia de previsiones por incobrables al 31.12.01:
"La muestra de la Auditoría incluye riesgos argentinos por un
total de US$ 572:247.121. De este total se abstuvieron de calificar riesgos por
US$ 526.099.961, de los cuales US$ 378:825.223 corresponden a Préstamos
Garantizados del Gobierno de la República Argentina. Los riesgos calificados ascienden a
US$ 46:147.160 y corresponden a empresas vinculadas al grupo Rohm o que presentan
indicios de dudosa recuperabilidad. El déficit de previsiones sobre estos riesgos es de
US$ 30:902.969, el cual representa un 55,87% del importe total de
US$ 55:314.307".
"Entendemos que el planteo realizado por la Institución no es de
recibo, pues el incremento de previsiones corresponde al ejercicio finalizado al 31.12.01
y éste no es pasible de ser diferido, pues no se trata de un cargo que genere retornos en
ejercicios futuros".
"No existe un fundamento técnico que respalde la solicitud del
Banco, pues de acuerdo a normas contables adecuadas el reconocimiento de un activo en los
estados contables está asociado a la probable generación de beneficios económicos
futuros".
"Sin embargo, debe mencionarse que existen antecedentes en que
este Banco Central ha autorizado la activación de pérdidas, incluso con carácter
general para el sistema financiero, como es el caso de la evaluación contable de títulos
de deuda externa del Uruguay dispuesta por Comunicación Nº 90/148".
El Cr. Porro, entonces Intendente de la SIIF, elevó al Cr. Fernández:
"Visto el informe que precede, si bien no existe un fundamento
técnico-contable respaldatorio de la solicitud que Banco Comercial formula respecto del
diferimiento de las previsiones para deudores incobrables, los antecedentes existentes en
la materia, unido al compromiso que asumiría dicha institución de cancelar estas
partidas en caso de recibir un nuevo aporte de capital, no impedirían que la Superioridad
se pronunciase favorablemente sobre dicho planteo".
Este "maquillaje" solicitado por US$ 55:314.307 fue
aprobado por el BCU el 30.04.02, según Acta Nº 2386 y R.D. Nº 286/2002, que
autorizó además no incluirlos en el cálculo de la Reserva Patrimonial Neta Mínima,
apartándose de lo que establece el artículo 14 de la RNRCSF.
La Cra. Medero votó en contra, argumentando:
1) Técnicamente, el concepto de cargos diferidos debe estar
asociado a la probable generación de beneficios económicos en el futuro, situación que
a todas luces no se presenta en el diferimiento de los créditos y cómputos de las
garantías de que se trata.
2) Tal ausencia de fundamento técnico ha sido
expresamente mencionado en el informe de la Jefatura de Unidad de la SIIF.
3) Entre los riesgos calificados, más de US$ 46 millones
corresponden a empresas vinculadas al Grupo Rohm o existen fuertes indicios de dudosa
recuperabilidad.
4) Además se han incluido deudores que expresamente se han declarado
en cesación de pagos y efectuado solicitudes concordatarias.
5) No aparecen contempladas otras situaciones que afectan el
balance del Banco y, en especial, todo lo relacionado con Comercial Investment y los
títulos faltantes objeto del fraude...que indudablemente llevarían a que la
situación patrimonial del Banco sea aún más deficitaria.
Consideramos que le asistía razón a la Sra. Directora Cr. Rosario
Medero respecto a lo relacionado a esta situación de habilitar éstos créditos otorgados
a las empresas o personas vinculadas al Grupo Rohm como cargos diferidos. Una cosa es
activar pérdidas autorizando cargos diferidos, pero acá se estaban activando delitos.
Los restantes directores refutaron estas objeciones, señalando que:
1) Esta suerte de "maquillaje" no era nuevo, ya que era un
procedimiento admitido por la SIIF, y contaba con muchos antecedentes.
2) Si se concretaba la capitalización que se estaba gestionando, se
podría cancelar anticipadamente este "plan de adecuación".
Es decir, el planteo de los directores que autorizaron esta excepción
se fundamentaba en la habitualidad de esta práctica por parte del BCU y en que sería lo
que podemos llamar un "maquillaje" transitorio, hasta que se consiguieran fondos
para regularizarlo.
Tomando la práctica habitual, aparentemente no novedosa como
habilitadora para proceder a habilitar como cargos diferidos y no como pérdida, lo que
había ya sido informado por los servicios técnicos: "Los riesgos calificados
ascienden a US$ 46:147.160 y corresponden a empresas vinculadas al grupo Rohm o que
presentan indicios de dudosa recuperabilidad." Además le resulta llamativo a los
firmantes que los Directores esperaran por una capitalización de los accionistas, cuando
estaban en conocimiento de lo establecido en el convenio firmado el 26.2.02. respecto a
que lo que resultara de futuro negativo en relación con el patrimonio lo asumiría el
Estado uruguayo.
CARGOS DIFERIDOS AUTORIZADOS POR LOS CONTRATOS DE COBERTURA CON EL
CORREDOR DE BOLSA IGNACIO ROSPIDE Y POR LOS PAGOS QUE SE HIZO DE DEPOSITANTES DE COMERCIAL
INVESTMENT.
Si el cargo diferido persigue el objetivo de acreditar beneficios que
se pueden obtener a futuro y por ende se justifican, diferir cargos de pérdidas
irrecuperables es violentar el concepto de cargo diferido y a nuestro entender pretende
ocultar la situación del compromiso patrimonial del Banco Comercial.
El 2.5.02 el BC solicitó constituir cargos diferidos por la previsión
de US$ 8:896.623 que le había exigido el BCU por la ganancia por cancelar
anticipadamente los contratos con el corredor de Bolsa Ignacio Rospide.
El 6.5.02, volvió a solicitar otra registración en cargos diferidos,
pero esta vez por casi US$ 88 millones por los pasivos que restaba asumir de
Comercial Investment C.
El informe de la SIIF del 7.5.02, analizando la composición de los
US$ 8:896.623, decía que US$ 5,1 millones de esa cifra, fueron recibidos de CI,
"cuyos pasivos Banco Comercial está asumiendo y por las que solicita el
diferimiento de esta pérdida, se entiende que acceder a lo planteado sería duplicar la
partida".
El 8.5.02 la SIIF informó al respecto que además de los argumentos
manejados en la anterior oportunidad que se planteó el tema, se agrega ahora el informe
del Dr. Artecona del 2.4.02 sobre la obligación de la República que involucra al BCU en
cuanto al otorgamiento de ciertas dispensas al Banco Comercial en el cumplimiento estricto
de las regulaciones Bancocentralistas.
El 10.5.02, según Acta Nº 2391 y R.D. 236/2002, se autorizaron
estos dos "maquillajes" solicitados, por las previsiones de US$ 8:896.623
por las operaciones con Rospide y los pasivos asumidos de Comercial Investment C.
El BCU autorizó a activar las siguientes cuentas de pérdida (como ya
describimos al inicio):
?
En febrero US$ 5:576.667
?
En marzo
US$ 41:608.951
?
En abril
US$ 26:630.099
? En los restantes meses, el saldo de
US$ 14:162.720
Este importe tampoco sería considerado para el cálculo de la
responsabilidad patrimonial, en apartamiento del artículo 14 de la RNRCSF.
La Cra. Medero se opuso nuevamente, fundamentando:
1. en concordancia con lo informado por la SIIF, el concepto de cargo
diferido implica la posibilidad de recibir beneficios futuros, no siendo éste el caso.
2. en el expediente no hay un informe técnico. El único argumento que
se esgrime respecto al Convenio, siempre he considerado que este acuerdo firmado por el
MEF excede sus capacidades y competencias.
3. maquillar los balances es muy mala cosa, se debería reconocer el
patrimonio del Banco Comercial sin maquillaje.
4. ha solicitado desde hace 3 meses, informes de la SIIF con respecto
al Banco Comercial que le consta que existen y no le han sido proporcionados. Será una
tarea de futuro contar con los informes técnicos que realmente mencionen que el Banco
Comercial tiene patrimonio negativo por más maquillaje que se haga.
El Cr. Fernández Becchino contestó "que la definición que
tiene la SIIF, son las normas que se refieren a cargos diferidos y ahí termina la
definición. Estos son cargos diferidos autorizados por el BCU por una razón
especial".
El 5.6.02, según Acta Nº 2407, al aprobarse el Acta
Nº 2391, la Cra. Medero agregó al punto 3, donde habla del maquillaje contable:
"No hay duda que las pérdidas por el pago de la compraventa
futuro realizada con Kompira y el señor Ignacio Rospide, son pérdidas. No hay dudas de
que los pagos de pasivos asumidos por Comercial Investment implican una pérdida para la
institución. Hay 3 informes jurídicos que aun reconociendo que son pérdidas, coinciden
que son obligación del Banco".
LOS ANTECEDENTES DE VIOLACIÓN DE LA NORMATIVA
Según lo expresado por el Cr. César Rodríguez Batlle en Acta
Nº 2391 del 10.5.02:
"Cuidar la estabilidad del sistema no significa inventar cosas
raras, este no es un camino que se haya inventado ahora. No es la primera vez que un Banco
Central colabora estableciendo cargos diferidos, normas especiales, normas especiales de
encaje, normas especiales de capitalización, normas especiales para el tratamiento de
algunos activos dudosos. Es una forma de encarar el funcionamiento del sistema financiero
que la han seguido los distintos gobiernos de los partidos que han transitado en el poder,
al menos de la época más moderna, al menos desde el año 1985".
Lo citado y expresado por el Cr. César Rodríguez Batlle – que ya
fuera citado con anterioridad – reafirma que esa era la forma en que se encaraba el
funcionamiento del sistema desde larga data, lo que nos reafirma que lejos de tener un
sistema financiero, sano y sólido, se jugaba a "Plaza Financiera" y a través
de las conductas que se asumían se generaba la potencialidad de un problema que tarde o
temprano iba a hacer eclosión.
En la misma acta, justificando su posición de autorizar los cargos
diferidos que se solicitaban, el mismo día la Dra. Holz manifestaba: " De fojas 1
a 32, por lo menos vi 8 casos de resoluciones previas del BCU en que se concedieron cargos
diferidos. Por cierto, nunca hubo disenso de ninguno de los miembros del Directorio. Estoy
hablando de otros Directores de otros Directorios".
Consideramos conveniente en forma ilustrativa ver algunos antecedentes
de estas excepciones, autorizando cargos diferidos y veremos dicha práctica y podremos
calibrar las repercusiones que tuvieron y la imposibilidad que se tuvo de resarcirse de
las mismas.
ANTECEDENTES DE EXCEPCIONES YA CONCEDIDAS AL BANCO COMERCIAL.
El 26.11.98 el Banco Comercial solicitó al BCU mantener hasta el
30.6.00 las excepciones sobre cargos diferidos que tenía desde antes del 30.9.98, por un
monto de $ 76:289.086.
La SIIF informó el 14.12.98 que "parece oportuno autorizar una
mayor flexibilidad en el proceso de adaptación a los nuevos requerimientos patrimoniales,
otorgando el plazo solicitado por el Banco para la adecuación".
Fue autorizado por el Directorio el 30.12.98
según RD 879/98
POR REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA
La Comunicación Nº 90/132 del 23.11.90, estableció, para todos
los Bancos, la posibilidad de un asiento contable como una suerte de "maquillaje
contable" de los títulos de deuda externa, registrando en una cuenta de cargos
diferidos, la diferencia entre:
?
su valor en
libros y su valor de venta, en caso de estar sobrevaluados contablemente.
?
su valor de
mercado y su valor nominal, ya que la normativa exige registración a valor de mercado.
AL BROU
El 3.6.92, según expediente Nº 920585 y RD 178/92, en nota del
entonces presidente del BCU, Daniel Hugo Martins, al Cr. Enrique Braga, presidente del
BROU, se le contestó sobre su solicitud de maquillar las previsiones para incobrables de
los 200 principales deudores de esa Institución:
"el BCU no puede prestar su conformidad a la constitución de
previsiones para créditos incobrables mediante el débito de una partida en cargos
diferidos, por no adecuarse a las normas contables genéricas dictadas por este
Instituto".
A pesar de esta correcta fundamentación, el BCU igualmente autorizó
al BROU a registrar en el rubro "cargos diferidos" hasta el 29,32% del monto que
hubiera correspondido registrar en caso de ceñirse estrictamente a la normativa
Bancocentralista.
El 10.9.99, según la RD 682/99 se sustituyó el plan de 1992 por otro
que permitió registrar en cargos diferidos US$ 172,5 millones a amortizar en un
plazo de 6 años.
Según declaró el Cr. Rodríguez Batlle el 10.5.02 en Acta
Nº 2391:
"Al propio BROU se le autorizó incorporar previsiones a 17 años,
en la primera instancia; luego se le bajó un poco el período y se llegó a los 10 años,
y finalmente terminó en 7 años".
AL BPA
El BPA solicitó el 29.12.95 computar como cargos diferidos,
amortizables en 5 años, determinados resultados negativos del ejercicio 1995, originados
en distintas acciones que debieron asumir con el objeto de retener la parte más
importante de su clientela, ante las circunstancias de notoriedad que enfrenta la
institución.
El BCU atento a "la especial situación que enfrenta el BPA",
autorizó el 9.1.96, según RD 13/96 a "constituir cargos diferidos por concepto
de los gastos de propaganda e intereses pagados por encima del valor de mercado, por un
total de $ 17:278.000 amortizable en 36 cuotas mensuales".
El Banco Central de Uruguay impuso, para autorizar esta violación a la
normativa, una condición que, de todos modos nunca se cumplió: "Condicionar la
constitución de los cargos diferidos a que las acciones del BPA a nombre de Fiduciaria
Banknord sean depositadas en este BCU, hasta que se autorice la transferencia de las
mismas".
AL BANCO DE CRÉDITO.
El 13.3.97, el BDC solicitó al BCU autorización para contabilizar
"cargos diferidos hasta $ 43:565.000 a fin de cubrir las pérdidas por
incobrabilidad derivadas de los créditos adquiridos a Royalties S.A. que se amortizarán
en 5 años".
El BCU accedió el 21.3.97 según RD 142/97.
El 31.12.97, según RD 56/97, el BDC solicitó constituir cargos
diferidos por $ 29:624.200 por el mismo concepto anterior, más $ 2:559.600 por
el egreso de directores, producidos el mes anterior. Fue aprobado.
Al 28.2.01, según expediente 2001/0668, los cargos diferidos
autorizados por BCU eran por US$ 5:800.000.
LA NEGATIVA DE LA SIIF
Según expediente Nº 2202/1162, el Banco Comercial solicitó
registrar como un cargo diferido la pérdida de US$ 12:231.717 por la pesificación
de los títulos argentinos y un "plan de adecuación" de 5 años para ir
adecuándolo a la normativa.
Esto quiere decir que registraría como pérdida en 60 cuotas
mensuales.
El informe del analista inspector de la SIIF del 10.7.02 reitera que no
existe un fundamento técnico que respalde la solicitud, pero que existen antecedentes.
La Jefa de Unidad, aunque comparte este informe, agrega como argumentos
a favor el informe del Dr. Artecona del 2.4. referido anteriormente, por lo que elabora un
proyecto de resolución favorable a la solicitud.
El Dr. Artecona informa que si bien no tiene
observaciones jurídicas al respecto, "la parte expositiva de la Resolución no
debería referir únicamente a la existencia del convenio de 26.2.02, sino que es
aconsejable explicite las razones que justifican el tratamiento contable requerido".
Finalmente, vuelto a la SIIF, el 30.9.02, otro analista informa que:
?
no existe
fundamento para aceptar esta solicitud, no justificando ningún tipo de ingreso
futuro asociado a esta pérdida.
?
Los argumentos
que se apoyan en el convenio celebrado, esta vez no son de recibo porque el Banco
Comercial está con sus actividades suspendidas.
?
Cualquier
resolución sobre el futuro de BC, requiere total transparencia contable y por
tanto evitar estos procedimientos de activar pérdidas que desvían la información que se
desprende de los Estados Contables de real situación de solvencia de este Banco.
Por lo tanto, no se aprueba esta solicitud de "maquillaje".
EN LA COMISIÓN INVESTIGADORA
ACTA 9.12.02
En su comparecencia en la Investigadora del 9.12.02 la Sra. Directora
Cra. Medero expresó: "También me opuse a diversos maquillajes que se hicieron en
los balances del Banco Comercial, acta 2386 y 2391. Para tratar de que el Banco
Comercial tuviera patrimonio positivo y poderles prestar plata maquillaban el balance
activando pérdidas. ¿Cómo se activan pérdidas? Tomaron US$ 55:000.000 que
eran créditos incobrables vinculados con el Grupo Rohm y en vez de ponerlo como pérdidas
quedaron en el activo. Tenía un informe contrario de los servicios." (subrayado
nuestro).
"En el acta 2391 del 10 de mayo también se hizo otro maquillaje. No
se pueden activar pérdidas y especialmente no se pueden activar defraudaciones." (subrayado
nuestro).
"La otra forma de hacer crecer el patrimonio en forma artificial
fue la de poner en el activo (esto también lo entiende un no contador) como si fuera
cuentas a cobrar las deudas de los Rohm. Esto va en contra de las normas del Banco Central
porque, por lo menos, tenían que previsionarlas por dificultad de cobro".
" El Banco Comercial pagó muchos millones de dólares por la
empresa Comercial Investment, y es difícil que los recupere; está puesto en el
activo." (subrayado nuestro).
Y lo más trascendente, es lo que finalmente reafirmaba respecto a que:
"Con esos dos maquillajes, recontra maquillajes, igual el patrimonio da
negativo." (subrayado nuestro).
En la comparecencia del Cr. FERNANDEZ BECCHINO del 6.2.03
El intercambio que reproducimos a continuación entre el ex - Sr.
Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera, Cr. Fernández Becchino y
la Sra. Diputada Cra. Silvana Charlone es bien ilustrativo al respecto de los cargos
diferidos.
SEÑORA CHARLONE.- Quería preguntar al contador Fernández Becchino
cuál es el concepto que tiene de cargos diferidos.
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- ¿Qué tiene quién?
SEÑORA CHARLONE.- Usted. O sea ¿en qué situaciones corresponde,
desde el punto de vista técnico, contablemente?
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- No me diga más nada, porque ya le
entendí.
Los cargos diferidos son gastos realizados con vistas a superganancias
futuras. Esa es la definición genérica, pero lo que está aprobando acá el Banco
Central no se llaman cargos diferidos sino cargos diferidos autorizados expresamente por
el Banco Central. Es decir que ya salió de esa definición y entramos en una nueva
definición.
SEÑORA CHARLONE.- Entendí lo que usted me dijo. Está perfecto; es
así.
Entonces, desde el punto de vista técnico, evaluando la situación del
Banco Comercial, usted que es contador y es un técnico ¿entendía que el Banco Comercial
tenía capacidad en este momento de generar utilidades futuras con estos cargos futuros?
Le estoy hablando técnicamente.
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- Le diría que no le puedo responder
porque tendría que entrar a ver la política económica, los planes económicos de futuro
del país. Me supera. Tendría que hablar con el señor Ministro de Economía y Finanzas
para ver qué es lo que piensa hacer con el país. Me supera totalmente.
Como hombre de calle y fríamente, le digo que
no. (.....)
SEÑORA CHARLONE.- De hecho, entonces, si analizamos lo que pasó,
en realidad la vida le dio la razón a quienes desde el punto de vista estrictamente
técnico decían que estos cargos diferidos no correspondían (estoy hablando desde el
punto de vista técnico contable), porque no tenían capacidad de generar ingresos
futuros. De hecho, no lo generaron.
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- Esa es una definición.
SEÑORA CHARLONE.- Perfecto; vamos por parte.
Entonces, a marzo, resulta que el patrimonio da positivo en función no
de un criterio técnico sino de una resolución donde se autorizan estos cargos diferidos
especiales (que, técnicamente, no son cargos diferidos) que toma el propio Banco Central.
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- Correcto.
SEÑORA CHARLONE.- O sea que ¿el patrimonio es positivo por
resolución del Banco Central?
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- La definición que yo le di es para
cargos diferidos genéricos, pero le puedo dar una definición para cargos diferidos
autorizados por el Banco Central.
SEÑORA CHARLONE.- Démela.
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- Es una recomposición patrimonial con
el tiempo. Es un hecho que también está previsto en las normas: un plan de
recomposición patrimonial.
SEÑORA CHARLONE.- O sea que si el patrimonio neto era negativo y el
Banco Central, además, había votado asistencia, votando un plan de reconversión en
función de cargos diferidos especiales, en función de los criterios que manejara el
Directorio, ese patrimonio que había, desde el punto de vista técnico y contable y de
acuerdo con las normas Bancocentralistas, sin estos cargos diferidos especiales, el Banco
Central podía llevarlo de negativo a positivo.
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- El problema es que no es fácil de
explicar.
El Banco Central dicta normas, las modifica y las amplía; tiene la
facultad de hacerlo. Por definición constitucional es el especialista en eso (lo ha dicho
el doctor Cajarville) y dictó una norma que dice: cargos diferidos autorizados por el
Banco Central. Está en el balance en dos rubros distintos: "Cargos diferidos
autorizados por el Banco Central". Y los cargos diferidos no me acuerdo bien de la
resolución dicen que se le autoriza por tanto; si llegan a capitalizar los viejos socios
que están haciendo negocios, se cancelan contra eso, de lo contrario tienen cinco años
para amortizarlo.
SEÑORA CHARLONE.- Se lo pregunto de otra manera.
En el plan de reconversión que vota el Directorio del Banco Central
por mayoría (creo que por primera vez el 30 de abril), si no se hubieran votado estos
cargos diferidos especiales, de acuerdo con normas Bancocentralistas, en su opinión ¿el
patrimonio neto era positivo o negativo?
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- Pero es que esta norma que yo le digo
es tan norma Bancocentralista como los cargos diferidos...
SEÑORA CHARLONE.- Yo le digo sin estos cargos diferidos especiales.
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- Pero entonces sáqueme también que no
le gustan las utilidades....
SEÑORA CHARLONE.- No, porque estamos hablando de un criterio
contable...
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- Correcto. Pero yo no le digo que esta
norma no sea contable...
SEÑORA CHARLONE.- Lo que usted me dice es un criterio legal. O sea,
el Banco Central, por resolución de su Directorio puede votar cargos diferidos
especiales, sin que eso tenga un fundamento técnico contable. El fundamento que hay es la
autorización legal a que el Banco Central vote este tipo de cargos diferidos, pero
después lo veremos. No sé si hay una autorización legal a que vote estos cargos
diferidos. En realidad, quizás lo que hay son antecedentes de que lo ha hecho sin
fundamento técnico. No me pronuncio con relación a si esto es legal o no, porque ese es
otro tema. Pero, desde el punto de vista de las normas Bancocentralistas y de los
criterios técnicos, de no haberse votado o de no haberse aprobado estos cargos diferidos
especiales ¿la responsabilidad patrimonial neta era positiva o negativa?
SEÑOR FERNÁNDEZ BECCHINO.- No sé; tengo que hacer los cálculos.
Realmente, no sé.
El intercambio entre la Sra. Diputada Silvana Charlone y el Sr.
Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera en el seno de la Comisión
Investigadora, nos parece muy ilustrativo de la finalidad de esta resolución del
Directorio, que aparentemente no refiere a lo que se entiende sin violencia técnica por
"cargos diferidos", sino que se abre un capítulo distinto de los "cargos
diferidos especiales" o "cargos diferidos autorizados por el Banco
Central", en la que se autoriza a diferir cargos o activar pérdidas, que en este
caso se hizo sobre pérdidas irrecuperables y ya se estaba en conocimiento de que
cualquier recomposición patrimonial futura - de poder lograrse - se iba a hacer sobre los
recursos del conjunto de la sociedad, dado que a eso se había comprometido el Poder
Ejecutivo ante los Bancos accionistas al firmar en febrero de 2002 el llamado Contrato de
Capitalización.
O sea que ya en conocimiento de las autoridades del BCU de la
existencia de ese compromiso asumido por el Estado uruguayo, se autorizó por parte de la
mayoría del Directorio a transferir pérdidas irrecuperables como concepto de Gastos
Diferidos y se siguió asistiendo financieramente al Banco Comercial por fuera de lo
contenido en el marco legal expresado en su carta orgánica en su artículo 37.
POSICIÓN DE LA SALA DE ABOGADOS DEL BANCO CENTRAL RELATIVOS A LA
ASISTENCIA.
Con fecha 29 de mayo de 2003 se trasmitió al BCU la solicitud de
información del Diputado Víctor Rossi en la que se solicitaban los informes jurídicos
relativos a la asistencia financiera.
Con fecha 2 de julio de 2003 la Secretaría General del BCU envía
copia de los dictámenes Nros. 95/71 bis y 330 (con sus adjuntos) de la Sala de Abogados
de fechas 13 de marzo de 1995 y 10 de junio de 2003 respectivamente.
El dictamen de 1995 se realizó cuando todavía estaba pendiente de
promulgación la actual Ley vigente
Nº 16.696. (Carta Orgánica del BCU), que como hemos visto por su
artículo 60 derogó el artículo 29 de la Ley Nº 13.608. e introdujo limitaciones la discrecionalidad con
que contaba anteriormente el Directorio del BCU para dar asistencia, tema analizado
anteriormente en este informe, por lo cual refiere a potestades antes de la existencia del
marco legal vigente.
La Sala de Abogados, con la asistencia de los Dres. Hebert Bagnoli,
Daniel Artecona Gulla, Dra. Ana María Rantighieri y la Dra. Beatriz Fernández Araujo.
Informan frente al pedido del Sr. Diputado Victor Rossi respecto a que
se remitan los informes jurídicos realizados referidos a la asistencia financiera
otorgada por el BCU desde enero a agosto de 2002. En la misma agregan dos memorandum uno
del 5 y 6 de febrero de 2002, otro del 7 de febrero de 2002 y el Dictamen 02/81 de 9 de
octubre de 1998 de la Sala de Abogados integrada por los Dres. Tomás Brause Berreta,
Guillermo García Pintos, Eduardo Bustelo y Juan Pablo Cajarville quien fuera el redactor
del mismo.
Con referencia al tema objeto de la consulta (la asistencia financiera
acotamos los firmantes) los actuales integrantes de esta Sala de Abogados en forma
unánime participan de la opinión jurídica que con fecha 9 de octubre de 1998 emitiera
la Sala de Abogados de la Institución (dictamen Nº 265) con otra integración cuyo,
Abogado redactor fue el Dr. Juan Pablo Cajarville, cuya copia se acompaña.
El dictamen 02/78 en memorandum del 5 de febrero de 2002 refiere a
"Asistencia Financiera. Artículos 36 y 37 de la carta Orgánica del BCU".
En la misma se detallan alcances y exigencias de ambos artículos.
El dictamen 02/79 es ampliatorio del anterior y refiere a
"Análisis de los Articulos 36 y 37 de la Carta Orgánica del BCU y
artículos 33 y 33.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero".
En ambos se destaca que la asistencia financiera es exclusivamente por
razones de liquidez y no de solvencia, y que solo se podrá conceder en las modalidades
operativas previstas en las disposiciones citadas (artículos 36 y 37 de la Carta
orgánica y artículos 33 y 33.1 de la Recopilación de Normas de Regulación y
Control del Sistema Financiero. Y cuando expresa que la asistencia tiene por finalidad
atender razones de liquidez y no de solvencia remarca que ya fue expresado en la Comisión
de Hacienda de la Cámara de Representantes en oportunidad de tratarse el proyecto de ley
de Carta Orgánica del BCU.
El dictamen 02/81 de 7 de febrero de 2002, se refiere expresamente al
"Banco Comercial S.A. 01.02.2002. Solicita Asistencia Financiera Ordinaria".
Dice el informe: "Se les consulta acerca de si la solicitud de la
asistencia financiera formulada por el Banco Comercial S.A. es viable desde el punto de
vista jurídico a la luz de las disposiciones de la Carta Orgánica de la
Institución".
Y concluye: "La respuesta es negativa por las siguientes
razones".
Posteriormente desarrolla las siete razones en que se fundamenta dicha negativa.
Finalmente el dictamen que los firmantes consideramos la parte medular
en el tema de la asistencia y dado que la Sala de Abogados que fue consultada acerca de la
asistencia brindada durante el año 2002 nos refiere a él, es que analizaremos el
dictamen 265 de 9 de octubre de 1998 redactado por el Dr. Juan Pablo Cajarville.
En el mismo respecto al tema de la asistencia se expresa:
"Concretamente en cuanto a la asistencia financiera a prestarse
por el BCU, el amplio régimen del artículo 29 de la Ley Nº 13.608 descripto en el
dictamen de Sala antes transcripto (se refiere a un dictamen previo a la sanción de la
ley vigente), fue sustituido por un muy acotado régimen de prestamos de última instancia
y de adelantos de asistencia financiera con estrecho límites, en cuanto a su forma
jurídica, garantías, montos y plazos máximos".
Luego el informe analiza la existencia o no de poderes implícitos y
expresa:
... "La sala concluye que no es posible considerar un "poder
implícito" del Banco el otorgamiento de asistencia financiera, más allá de las
formas jurídicas, montos y plazos que resulta de las normas antes referidas".
Analizando el principio de los poderes implícitos el informe plantea
los requisitos que se deben cumplir para asignárselos a un órgano y plantea cuatro
condiciones, donde la tercera expresa:
... "c) Que el supuesto poder no contraríe directa o
indirectamente otra norma constitucional o legal".
Y plantea que en el caso este supuesto no se cumple y cita al Dr.
Hector Giorgi cuando dice: Que los poderes implícitos "no son aquellos que
sustituyen o exceden a las atribuciones, facultades, o poderes específicos que la
Constitución (o cabe agregar la ley, cuando ella es fuente de potestades, como ocurre en
el caso) expresamente regula".
Aplicando así el "principio de los poderes implícitos" es
claro que cuando la ley ha limitado expresamente la forma jurídica mediante la cual se
puede otorgar asistencia financiera no puede considerarse implícito el poder de otorgarla
en otra forma; cuando la ha limitado cuantitativamente, no puede sostenerse que sea poder
implícito otorgarla por encima de ese límite; si expresamente ha determiando sus plazos
máximos, mal puede entenderse que pueda concedérsela por plazos mayores en virud de un
poder implícito.
..." Por otra parte, si se atiende a la historia de las normas
legales y vigentes, y se compara su contenido con el de las disposiciones del mismo rango
que vinieron a derogar y sustituir, la conclusión negativa en cuanto a la existencia de
semejantes potestades resulta cuestionable".
Por lo tanto, la Sala se pronuncia afirmando que:
-el Banco Central no puede asumir obligación, a título personal, por
la existencia y legitimidad de los activos enajenados por los interventores o
liquidadores; esta conclusión se afirma con la salvedad que al respecto se formulará
más adelante.
-el Banco Central no puede asumir obligación respecto de pasivos
ocultos o no contabilizados, contingencias u otras reclamaciones, de cualquier tipo, que
pudieran sobrevenir.
-el Banco Central no puede adquirir activos o pasivos de entidades de
intermediación financiera más allá de los límites que las disposiciones legales sobre
préstamos de última instancia o adelantos de asistencia financiera establecen.
c) Distinta es la solución en cuanto a la posibilidad de que el Estado
adquiera activos o pasivos o asuma tales obligaciones".
Quiere decir que durante el proceso de asistencia al Banco Comercial
por parte del BCU durante 2002, el asesoramiento jurídico con que contaba el Directorio
de los servi cios jurídicos del Banco Central se expresaba en contra de la posibilidad de
llevarla adelante.
Destacamos que el ex Presidente del BCU Cr. César Rodríguez Batlle
siemrpe fundamentó que la asistencia la dio en el marco de la Ley Nº 16.696.
La Sra. Vice Presidenta Dra. Eva Holz en su comparecencia de fecha
09.12.02. manifestó que su voto lo fundamentaba en informes jurídicos que entendían que
el BCU tenía poderes implícitos para llevar adelante la asistencia nos dejó informes de
los Drs. Cassinelli Muñoz y Cajarville".
Más allá de la discusión jurídica que encerraría profundizar en
los informes, de lo que no existe duda es que esos informe fueron solicitados por la Dra.
Holz a ambos profesionales luego que hubiera renunciado al Directorio del BCU. En el acta
de ese día preguntada por el Sr. Diputado Bayardi: ....
¿quisiera saber cuándo fueron hechas las consultas a los doctores Cassinelli Muñoz y
Cajarville ...?
La Dra. Holz respondió: "Las consultas tienen las fechas y
corresponden a octubre. Las formulé en agosto, ambas. Quire decir que fueron realizadas
con posterioridad a nuestra salida del BCU".
Así que durante todo el período de la asistencia no pudo haber tenido
en cuenta este asesoramiento solicitado en forma personal luego que salió del Directorio
del Banco, y no figura en las actas que haya fundamentado durante dicho período su
posición en los poderes implícitos que tendría el BCU.
Resulta incontrastable en opinión de los firmantes que el
asesoramiento jurídico con que contaba el Directorio del BCU, en la oportunidad de
otorgar asistencia financiera al Banco Comercial desde febrero de 2002, iba en contra de
las facultades legales para el otorgamiento de dicha asistencia. Se contravenía el texto
legal vigente y podemos expresar que hasta se violentó el espíritu de la norma. Y no por
desconociminto del mismo que había sido puesto en conocimiento de los Directores del BCU
por parte de los asesores legales.
De ahí que sostenemos que en materia de asistencia financiera se
violó el marco legal vigente siendo responsabilidad de los Directores que aprobaron dicha
asistencia financiera otorgada por el BCU al Banco Comercial dicha violación legal.
CRÉDIT SUISSE PRESTA CON GARANTÍA ESTATAL
Finalmente con relación a la asistencia vale tener presente otro
mecanismo que se constituyó en una forma de asistencia que fue la venta de Banco
Comercial a su accionista el Crédit Suisse de bonos argentinos por un valor nominal de
226 millones de dólares a valor de mercado de 54 millones.
El Presidente Batlle, en cadena televisiva, habló a la ciudadanía,
emocionado, el domingo 12.5.02, día de la Madre, anunciando que el Crédit Suisse, estaba
a punto de otorgar un préstamo de US$ 40 millones a la CND para capitalizar al Banco
Comercial, dejando la idea a la población que los dueños del Banco se hacían cargo de
la situación.
El Dr. Batlle omitió informar sobre la participación del BCU y la
garantía estatal otorgada, dispuesta por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha
21.05.02
El 20.05.02, según Acta Nº 2396 y Resolución de Directorio
255/2002, el BCU aprobó la operación en que el Banco Comercial le vende a su accionista,
el Crédit Suisse, bonos argentinos por un valor nominal de US$ 226:338.583 a un
valor de mercado de US$ 54:064.031, operación explicada en nota del Banco Comercial
del 17.5.02.
El informe de la SIIF del 17.7.02 del expediente Nº 2002/1834,
dice que la operación se cerró finalmente el 23.5.02 a un valor de mercado de
US$ 47:600.881.
El acuerdo establece que el BCU deberá realizar una compra futura (en
mayo del 2005) a Crédit Suisse y simultáneamente se los venderá al Banco Comercial, en
los mismos términos que los compró. Según el informe del 15.5.02 del Dr. Artecona, el
precio de la adquisición a futuro quedó ya fijado en US$ 40 millones más
determinados intereses. Los intereses resultan leoninos: Libor más 10,5% trimestralmente
sobre casi 40 millones de dólares y fue ello lo que motivó que los servicios técnicos
del BCU informaran en contra de la concreción de esta operación.
La Cra. Rosario Medero condicionó su voto favorable a que el Poder
Ejecutivo respaldara la operación.
El Ministerio de Economía y Finanzas, en nota del mismo día,
comprometió al Poder Ejecutivo como garantía de la operación, expresando que el BCU
tendría una participación "instrumental y no le significará costo ni pérdida".
Bensión previamente había tenido el apoyo firmado del Presidente de la República.
El BC asumió como pasivo con la garantía del BCU:
- primer desembolso de
esta operación US$ 11,9 millones al Crédit Suisse, el 23.5
- trimestralmente
intereses a una tasa de Libor más 10,5% sobre US$ 35:700.661
- pago al vencimiento de
US$ 35:700.661
Las dudas que genera esta operación es que pasa ahora que el Banco
Comercial está en proceso de liquidación y el BCU garantizó la operación ante el
Crédit Suisse, si se podrá cumplir con aquello que expresaba la nota del Ministerio de
Economía y Finanzas de que "no le significará costo ni pérdida al BCU".
El BCU deberá quedarse con estos títulos a su
vencimiento, abonar por ellos la cifra pactada y garantizar trimestralmente el pago de los
intereses pactados.
Un informe de la SIIF del 1.8.02, que integra el expediente 2002/1834,
establece que esta contabilización implica para el Banco Comercial una pérdida por
aproximadamente US$ 117 millones más eventuales pérdidas a contabilizar para los
que no se disponían datos.
Este monto de pérdidas se originaba en la diferencia de cotización de
valores públicos y una pérdida a devengar mensualmente por unos US$ 13 millones.
En Resumen:
Lo central que queremos dejar planteado con meridiana claridad es que
la situación a la que se llegó con el Banco Comercial, no es producto lineal de la
situación vivida por la hermana República Argentina en el correr del año 2001, sino que
ésta puso al desnudo una trama de vaciamiento sistemático llevado adelante por aquellos
a los que se le otorgó la propiedad y fundamentalmente la gestión de un Banco
emblemático en el sistema financiero nacional, el Banco Comercial.
El Banco Comercial fue sometido a una política de vaciamiento
prácticamente desde su reprivatización en 1990 a la sociedad constituida por el Crédit
Suisse First Boston, el Dresdner Bank Lateinamerika, Chemical Bank y el San Luis
Financial, cuando comenzó la gestión de los hermanos Rohm. Proceso de vaciamiento
llevado adelante a través entre otras maniobras de: la falsa compra de títulos, la
compraventa fraudulenta de títulos y la "compra" de créditos irrecuperables a
Banco General de Negocios; los préstamos irrecuperables a empresas y personas vinculadas
al Grupo Rohm; los falsos contratos de cobertura con el corredor de bolsa Ignacio Rospide
y Kompira Investment; la captación de depósitos de Comercial Investment y la asunción
de la devolución de los mismos por parte de Banco Comercial y la trama urdida de CGNSAIFE
con San Luis Financial y CGN SAIV. Dicho vaciamiento se puede ubicar en el entorno de los
600: a 700: millones de dólares.
La incapacidad puesta en evidencia del BCU respecto a los controles del
sistema financiero.
Recién cuando se desata la situación de procesamiento de los hermanos
Rohm en la República Argentina es que se toma conocimiento por parte del Banco Central
del Uruguay de la situación a la que había estado siendo sometido el Banco Comercial
desde la década del 90. Lo que pone en cuestión la capacidad técnica del mismo de
cumplir con las funciones de contralor del sistema financiero. Por ejemplo: No se
constató que las compras de títulos se autorizaban en un pequeño comité, que no se
levantaban actas y que de ello no existía registro alguno. Tampoco se percibió que las
órdenes de compra no se incluían en las transacciones de la mesa de cambio. Tampoco
llamó la atención que los títulos de deuda pública y privada que eran comprados a BGN
se mantuvieran en custodia por éste, conociéndose que eran partes vinculadas. Tampoco se
percibió que se prescindía, una vez ordenada la compra de un título, de la
confirmación - vía fax u otro - de la operación que debiera emitirse por el vendedor
(BGN). Tampoco se controló la política de créditos llevada adelante, de la carencia de
garantías exigidas y de los préstamos realizados a personas y empresas vinculadas al
Grupo Rohm. Algunos a los cuadros de dirección en violación del marco normativo vigente.
La misma situación se da por parte de las auditorías externas
contratadas, lo que no solo pone en cuestión la idoneidad y capacidad técnica de las
mismas, sino que impone la obligación para el futuro de modificar las relaciones entre
las auditorias externas y los Bancos auditados por las mismas.
En el proceso de asistencia del Banco se habría incumplido, por parte
del Directorio del BCU el marco normativo que impone la Ley Nº 16.696. en sus
artículos 36 y 37. Dicha violación al marco normativo se habría expresado tanto en
lo relativo al contralor de las garantías de recaudos que se exigen, como en lo relativo
a asistir un Banco en situación de patrimonio negativo, lo que a la altura de la fecha de
concederse la asistencia debía ser de conocimiento del ex Presidente Cr. Rodríguez
Batlle y de las Señoras Directoras. Habiendo además procedido en contra de los informes
jurídicos del propio Banco Central que estaban a su disposición.
Durante dicho proceso de asistencia la Superintendencia de
Instituciones de Intermediación Financiera, en marco de la autonomía técnica y
operativa que le consagra el artículo 38, habría incumplido
las obligaciones que emanan de la Carta Orgánica relativo a sus cometidos y atribuciones
contenidas en el artículo 39.
Que se habría incumplido con los artículos 3º y 39 de la Ley Nº 16.696, en la
medida en que las normas particulares dictadas por el BCU no colaboraban, más bien,
coadyuvaban a que no se cumpliera el objetivo de mantener la estabilidad y solvencia del
sistema financiero.
Con relación a la situación patrimonial del Banco Comercial, durante
el proceso de asistencia financiera, el Ex Ministro de Economía Cr. Alberto Bensión tuvo
conocimiento de la situación patrimonial negativa de dicho Banco. Quiere decir que en
nuestra opinión, de acuerdo a lo que se desprende de las actas judiciales, el Sr. ex
– Ministro de Economía, en el mes de febrero de 2002 estuvo enterado que la
situación patrimonial negativa del Banco Comercial requería una capitalización que
oscilaba entre: 342 millones y 515 millones de dólares, aún considerándose el aporte de
los 133: millones de dólares de capitalización del contrato suscrito por el Estado. No
podemos precisar a qué altura del mes de febrero el Cr. Bensión tomo conocimiento de
éstas cifras. Si fuera antes del 26 de febrero, sería gravísimo ya que en el Contrato
de Capitalización, el Estado Uruguayo se comprometía unilateralmente a eliminar
cualquier patrimonio negativo subsistente. No menos grave es su conocimiento con fecha
posterior a la firma del contrato dado que el Ministro de Economía no solo sabía que el
BCU estaba asistiendo al Banco Comercial teniendo información acerca de la real
situación patrimonial de éste, sino que incitó a que esta asistencia continuara, cuando
el Presidente del BCU le informaba que se encontraba al límite de la capacidad legal.
Además de asistencia financiera del Banco Central, se asignaron
recursos por parte del ex - Ministro de Economía y el Presidente de la República por
242,3 millones de dólares a través de la CND en un Banco que había sido vaciado.
Vaciamiento que a esa altura, de acuerdo a lo expresado, era de conocimiento del Sr. ex -
Ministro de Economía.
En el trámite interno de por lo menos un expediente de importancia
para poder determinar la situación patrimonial del BC, se alteró el expediente 9855, sin
que la Comisión Investigadora pudiera llegar a aclarar las responsabilidades de dicha
alteración y sin que hasta el cierre del trabajo de la misma el BCU informara sobre los
resultados de la investigación administrativa al respecto.
Anexo
Banco
Comercial. Cronología de lo actuado. Personal superior. Asistencia.
2.7. LA ASISTENCIA FINANCIERA OTORGADA POR ELPRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA A TRAVÉS DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO.
Con una caracterización jurídica distinta a los 33 millones de
dólares otorgados a través del contrato de capitalización del Banco Comercial, se
dispusieron préstamos a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo al Banco
Comercial, al Banco Montevideo-Caja Obrera y al Banco de Crédito a efectos de darles
liquidez.
La asistencia se realizó entre el 14 de mayo de 2002 y el 17 de julio
del mismo año y alcanzó el importe de 488.898.000 millones de dólares, según el
siguiente detalle:
Banco Comercial US$ 242.398.000
Banco Montevideo US$ 228.500.000
Banco de Crédito US$ 18.000.000
La primera de estas partidas de 50 millones de dólares, se otorgó el
14 de mayo a la Corporación Nacional para el Desarrollo para que los concediera como un
préstamo para el Banco Comercial, en función de que se venía negociando con el BID un
préstamo sectorial para ese propósito y aludiéndose razones de urgencia.
Para la realización de estos préstamos o anticipos se utilizaron
fondos del Tesoro Nacional por US$ 90.398.000 según resoluciones del Poder Ejecutivo
de fechas 26 /4/2002, 29/4/2002, y 14/5/2002 y para los restantes anticipos se dispuso la
emisión de letras de Tesorería por US$ 398.000.000, a través de dos series de
US$ 200.000.000 cada una, de fechas 24/6 y 4/7 de 2002.
Los anticipos de Tesorería fueron cancelados utilizando el primer
desembolso efectuado con fecha 28 de junio de 2002 por el FMI, por ampliación del
préstamo "Stand By" otorgado a la República, por un importe de
US$ 506.215.710.
Los créditos del FMI tuvieron por concepto lo acordado en las Cartas
Intención con el FMI de fecha 26 de junio en las que se trata la ampliación del crédito Stand-By y del Fortalecimiento del Sistema Financiero.
En la Carta Intención firmada el 26.6.02, se establecía la creación
un Fondo de Fortalecimiento del Sistema Bancario (FFSB).
El 17.6.02, mediante el Decreto 222/002 se creó el Comité
Administrador del Sistema para el Fortalecimiento Bancario (CASFB) y el 4.7.02 se dictó
el Reglamento Interno de Funcionamiento del CASFB.
Los referidos "anticipos" fueron dispuestos por resoluciones
del Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República, transfiriendo los importes
a la Corporación Para el Desarrollo, para destinarlos al Banco Comercial S.A., al Banco
de Montevideo-Caja Obrera y el Banco de Crédito.
Según consta en la Resolución del Tribunal de Cuentas, en tres
oportunidades las operaciones fueron realizadas por "autorización verbal del
Ministro Cr. Bensión"; luego habrían sido convalidadas por las resoluciones del
Presidente de la República.
Una vez más, es el propio Presidente de la República quien asume la
responsabilidad de "prestar " a instituciones de intermediación financiera, sin
conocimiento de partidas y condiciones por parte del Parlamento Nacional y tomando para
ello un endeudamiento adicional de 506 millones de dólares.
La legalidad de la asistencia de 488 millones de dólares
De la consideración de toda la situación, la pregunta que surge y
más allá de las razones de oportunidad que luego analizaremos es la siguiente:
¿Tiene el Presidente de la República y el Ministro de Economía la
capacidad constitucional de realizar asistencia financiera, en montos que llegaron a los
488 millones de dólares sin la autorización expresa, sin ley y sin el conocimiento del
Parlamento Nacional?
Resulta aplicable en el caso de estos préstamos o anticipos
financieros, el análisis y las conclusiones formuladas por el Dr. Gonzalo Aguirre en su
informe a la Comisión Investigadora acerca del contrato de capitalización del Banco
Comercial y de las competencias del Poder Ejecutivo y del Banco Central en materia de
realizar asistencia financiera.
"Con relación a los Bancos Privados, el Poder Ejecutivo no tiene
otra atribución, a nivel constitucional, que la de " Autorizar o denegar la
creación de cualesquier Bancos que hubieren de establecerse". Sus poderes jurídicos
referentes al control que puede y debe ejercer sobre los Entes Autónomos en general y
sobre los que son Bancos estatales en particular - incluido el Banco Central -,
consagrados en el artículos 197 y 198 de la Lex Magna, son ajenos a esta
cuestión,...".
Es evidente entonces, a nuestro juicio, que el Poder Ejecutivo carece
de toda competencia para disponer el salvataje de Bancos privados en dificultades, sea por
la vía de comprarlos, de contribuir a su capitalización transformándose en accionista
de los mismos, de asistirlos financieramente o de cualquier otro arbitrio jurídico
adoptado con similar finalidad. Ningún precepto constitucional le comete atribuciones de
ese carácter. Y lo propio cabe afirmar de la Presidencia de la República, en cuanto
Jefatura del Estado.
Señala además el Dr. Gonzalo Aguirre en su informe:
"Ya expresamos,... que en antecedentes que obran en nuestro poder
se ha pretendido hacer caudal de lo dispuesto por el artículo 197 de la Constitución
para sostener la legitimidad de lo actuado al celebrar el contrato que es objeto de esta
consulta.
Ello revela una grave confusión sobre el significado de dicho
precepto, que no asigna ningún poder jurídico de administración activa al Poder
Ejecutivo sino meras atribuciones de control sobre la gestión o los actos de los Entes
Autónomos y los Servicios Descentralizados.
Trátase de un control sobre el ejercicio de todas las atribuciones de
esos organismos estatales, de singular amplitud sí, pero que no habilita al Poder
Ejecutivo a compartir dicho ejercicio ni a ejercer por sí, de oficio, tales atribuciones.
Por ejemplo, las del Banco Central respecto de los Bancos privados.
Ese control que, en caso de discrepancia con el Ente o Servicio
controlado, puede llegar a ser compartido con el Senado, que actúa en tal caso como
órgano de alzada, tiene las siguientes características, según Sayagués Laso (ob. cit.,
T. II, 1ª ed, p. 440 - 441): es administrativo y parlamentario en lo orgánico - pues
puede llegar a actuar el Senado -, se ejerce mediante actos administrativos, puede
comprender tanto la legalidad como la conveniencia de la gestión del ente, se ejerce de
oficio y a posteriori.
Esto último es lo fundamental, en la especie. El contralor a
posteriori evidencia que es insusceptible de ejercicio si el único titular de la
competencia, que es el organismo controlado, no la ejerce. No es un caso
de atribuciones compartidas, cuyo eventual establecimiento, además, es de pésima
técnica constitucional, como siempre lo enseñó Justino Aréchaga.
Que ello es así lo demuestra el artículo 3º de la Ley Orgánica del BCU
Nº 16.696, que establece, entre sus finalidades o cometidos, la siguiente:
"D) Promover y mantener la solidez, solvencia y funcionamiento
adecuado del sistema financiero nacional ". El subrayado responde a la necesidad
de evidenciar que la titularidad de este cometido corresponde legalmente al BCU y no al
Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía ni a la Presidencia de la República.
Pero la norma prosigue así:
"En el ejercicio de estas finalidades, el Banco procurará la
coordinación con la dirección de la política económica, que compete al Poder
Ejecutivo.
"Si el Banco considera que la decisión en cuestión afecta
sustancialmente las finalidades que le son atribuidas por este artículo, podrá mantener
su criterio, haciéndoselo así saber al Poder Ejecutivo a los efectos de la pertinencia
que pudiera corresponder conforme al procedimiento establecido por el artículo 197
de la constitución".
El precepto legal confirma plenamente nuestra interpretación del
artículo 197 de la Carta. Todo lo atinente al "funcionamiento adecuado del
sistema financiero nacional" es competencia exclusiva del BCU, que debe tratar de
ejercerla coordinadamente con las directivas de la política económica general, que
competen al Poder Ejecutivo. Pero, en caso de discrepancias entre uno y otro órgano,
puede el BCU mantener sus decisiones en la materia de su competencia y comunicarlo al
órgano de control. Este, en tal caso, no puede sustituir al órgano controlado sino
limitarse a ejercer sus poderes de control; con estricto arreglo al
artículo 197 de la Lex Magna (Conf., Carlos E. Delpiazzo, "El Banco Central
del Uruguay ", 2ª ed., Nº 50, pp. 73 - 74).
MARCO JURÍDICO APLICABLE. CONTINUACIÓN. COMETIDOS Y ATRIBUCIONES DEL
BCU RESPECTO DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
Ya fue expresado, en el numeral precedente, que es cometido básico del
BCU todo lo atinente a la "solidez, solvencia y funcionamiento adecuado del sistema
financiero nacional". O sea, de todos los Bancos y particularmente, de los privados.
A fines del correcto cumplimiento de dicho cometido, primero el Decreto-Ley Nº 15.322 - sobre normas
de intermediación financiera - y luego su Carta Orgánica, le cometieron al BCU un
cúmulo de poderes jurídicos normativos o regulatorios, otros de amplísimo contralor y,
por último, muy fuertes atribuciones sancionatorias (véase, "in extenso", C.
E. Delpiazzo, ob. cit. pp. 85 - 97 y 115 - 144).
Para evitar una farragosa y cansadora transcripción de normas, y
limitándonos a las de su Carta Orgánica, citamos las siguientes disposiciones de la Ley Nº 16.696:
artículos 3º D (ya transcripto), 7º E y G, 34, 36, 37, 38 y 39 literales A, E, F, G, H, I, J, K y M.
De estos preceptos legales corresponde destacar, aparte del ya
analizado artículo 3º D, el artículo 36, que faculta al BCU a actuar
"como prestamista en casos extremos respecto de las instituciones de intermediación
financiera", así como el artículo 37, que lo habilita a conceder
"adelantos financieros a las instituciones de intermediación financiera", por
hasta 90 días. En ambos casos, estas atribuciones no son de ejercicio discrecional sino
que éste se encuentra acotado por severas exigencias y condiciones limitativas. Pero
ello, con ser muy importante, no es lo más relevante en el caso "sub exámine".
Lo más trascendente es que estas competencias excepcionales tienen
como único titular al BCU y no al Estado Central ni a su Poder Ejecutivo, que sin embargo
las asumió en el contrato (y lo mismo puede aplicarse a los préstamos,
afirmamos nosotros) motivante de esta consulta,...".
Hasta acá el informe del Dr. Gonzalo Aguirre, cuyas conclusiones
compartimos.
A similares conclusiones llega el Dr. Korzeniak en informe que le
solicitásemos sobre los puntos en cuestión y quien tuviera la gentileza de asesorarnos.
(...)"
a) El Poder Ejecutivo tampoco es competente para asistir o
prestar a un Banco privado. La competencia de asistir financieramente a los Bancos
privados pertenece al Banco Central del Uruguay. Así lo dispone su Carta Orgánica y, por
otro lado ninguno de los veintiséis numerales del artículo 168 que relatan las
atribuciones del Poder Ejecutivo contiene referencia alguna que ni remotamente contenga la
capacidad de prestar, invertir, asistir o capitalizar un Banco privado. Más aún, la
única alusión de este artículo referida a Bancos está en el
numeral veintidós que dice " autorizar o denegar la creación de cualesquier
Bancos que hubiere de establecerse". Es ocioso aclarar que esta competencia nada
tiene que ver con la ayuda financiera a Bancos ya establecidos, que, repetimos, es una
competencia del Banco Central del Uruguay".
Debe señalarse además que desde otra perspectiva el informe Jurídico
que conocemos que señala que frente a una crisis sistémica el Poder Ejecutivo sería
competente para asistir, informe que obviamente no es vinculante ni puede ampliar las
competencias constitucionales del Poder Ejecutivo, es el ya citado dictamen de la Sala de
abogados del Banco Central de 1998.
En éste sin embargo, se restringe la posibilidad de intervención al
marco de lo establecido por el artículo 15 del TOCAF, aduciéndose la causal de
"hechos graves e imprevistos", en el que se limita la posibilidad de realizar un
gasto sin asignación presupuestal previa, pero restringiéndolo al 1% del presupuesto
nacional y dando cuenta inmediata a la Asamblea General.
Por tanto, aún en la posición más laxa (que no compartimos) de que
el Poder Ejecutivo pueda realizar asistencia, se la restringe a los extremos ya
mencionados, que fueron absolutamente excedidos por el Presidente de la República y su
Ministro de Economía, tanto en sus montos como por el hecho de que los mismos nunca
fueron puestos en conocimiento de la Asamblea General.
Carecemos de otros informes jurídicos de constitucionalistas o
administrativistas reconocidos en la materia y si los mismos existieron en el proceso de
toma de decisiones, no fueron presentados por el Cr. Bensión en sus comparecencias a la
Comisión Investigadora.
El Dictamen del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas tomó conocimiento de estas asistencias con
posterioridad a la fecha en que las mismas se realizaron, mediante denuncia formulada en
el seno de ese Cuerpo, por el Ministro Cr. Ariel Álvarez.
Es con fecha 16 de agosto de 2002 que el Tribunal le solicita al Poder
Ejecutivo la remisión de los antecedentes, lo que éste realiza recién el 22 de
setiembre de 2002, es decir cuatro meses más tarde de haberse realizado la primer
transferencia.
El Tribunal de Cuentas por resolución de fecha 6 de noviembre de 2002,
emite resolución en torno a las transferencias en cuestión, resolución que adjuntamos
como anexo de este informe.
Observamos sin embargo que en su resolución la competencia
constitucional del Poder Ejecutivo para prestar dinero a instituciones de intermediación
financiera nunca fue mencionadas, fundada o analizada.
Parece que el Tribunal no se hubiera problematizado el tema, que
hubiera partido del supuesto de que estas competencias existen, y que a partir de allí
hubiese entrado en el análisis de los artículos que pudieran ser de aplicación en la
Ley del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera.(TOCAF).
Ello resulta con claridad de la propia Resolución del Tribunal de
Cuentas de 6 de noviembre de 2002 y del informe base para la aprobación de dicha
Resolución, que el Tribunal nos remitiera.
En dichos textos, el tema ni siquiera es mencionado, lo que
consideramos una falencia importante del dictamen de dicho Tribunal.
Preocupados por ello, solicitamos al Tribunal de Cuentas los informes
de asesoría jurídica que hubiesen constituido la base para emitir su resolución. Los
mismos nos fueron negados, aduciendo que el Tribunal de Cuentas no entrega informa acerca
de sus papeles de trabajo.
Según resulta en virtud de múltiples indagatorias informales que
realizamos, tales informes jurídicos no existirían.
La Resolución del Tribunal de Cuentas del 6 de noviembre fue votada
por la unanimidad de sus Ministros. Sin embargo, y frente a solicitud de aclaraciones y
pedidos de información adicional que la Investigadora cursara al Tribunal y en una
posterior comparecencia de éste, el Ministro Cr. Ariel Álvarez asumió que había
cometido un error al votarla, una vez analizados todos los antecedentes del caso.
Entendemos además confuso el Texto del dictamen del Tribunal. Por el
mismo se establece "Expedirse en los términos de los considerandos de esta
Resolución".
En el considerando 4 se establece "que todas las transferencias,
incluso las referidas en el Resultando 4 (las autorizadas verbalmente por el Ministro),
contaron con autorización del Poder Ejecutivo, otorgada con anterioridad o en la misma
fecha en que se efectuaron las mismas, por lo que el procedimiento
fue ajustado a derecho. "
Se ha pretendido hacer hincapié en este Considerando para afirmar que
el Tribunal avaló la legalidad de todo lo actuado. Sin embargo, el Considerando en
cuestión, se refiere solamente al "procedimiento". Para realizar una
transferencia, el procedimiento correcto es una autorización del Poder Ejecutivo; sin
resolución habilitante, el procedimiento de transferencia no sería ajustado a derecho,
hasta allí no hay dudas. Pero decir que la transferencia se realizó con una resolución
habilitante, no implica expedirse sobre la legalidad del contenido de dicha Resolución,
lo cual excede lo meramente procedimental.
Consultados en su comparecencia a la Investigadora los integrantes del
Tribunal, hubo manifestaciones discordantes en el alcance de lo que se había querido
expresar en este Considerando.
De cualquier forma como ya señalamos, la legitimidad de las
resoluciones del Presidente de la República no fueron, de acuerdo a toda la
documentación que se nos remitiera, objeto de estudio por parte del Tribunal de Cuentas.
Y la posibilidad de que todo lo actuado fuera legalizado, en alguna
interpretación que no compartimos, al ingresar al "sistema presupuestario" y
recibir a posteriori la aprobación del Parlamento en la Rendición de Cuentas, en los
hechos no se produjo. El Parlamento Nacional, rechazando la Rendición de Cuentas del
ejercicio 2002 que le remitiera el Poder Ejecutivo, nunca legalizó ni convalidó esta
asistencia.
La asistencia ni siquiera cumplió con los requisitos fijados por el
Poder Ejecutivo en el Decreto 222 y con el acuerdo con el FMI.
Más allá de la cuestionada legalidad del Decreto 222, la asistencia
se canalizó sin cumplir siquiera los requisitos establecidos en el mismo,
1. El artículo 3º del decreto habla de asistir a la banca en
función de requisitos y condiciones técnicas que guiarán la gestión del CAFSB.
2. El Reglamento Interno del CASFB, establece en su
artículo 1º: "Las operaciones efectuadas por el CAFSB se guiarán teniendo
en consideración los siguientes principios: a) Transparencia y criterios técnicos. Las
operaciones del CAFSB se realizarán de acuerdo a criterios técnicos objetivos, conocidos
y verificables.
3. El artículo 7º del Reglamento del CASFB exige la
"...TRANSPARENCIA. Los reglamentos que guíen las decisiones del CAFSB deberán
estar a disposición del público. Del mismo modo, trimestralmente el CAFSB deberá poner
a disposición del público un extracto de aquellas actas en donde se adopten decisiones
que comprometan recursos públicos".
4. También el artículo 1º del Reglamento Interno de
Funcionamiento del CASFB, establece: "...b) Principio de minimizar la exposición
a las pérdidas. Las decisiones que adopte el CAFSB estarán regidas por el criterio de
minimizar su exposición a pérdidas...
5. El artículo 10 del Reglamento establece:... TÉRMINOS
DE LA ASISTENCIA. La asistencia de liquidez estará sujeta a los siguientes términos: No
podrá superar un monto equivalente de hasta tres veces el capital contable de la
entidad...".
6. La Carta Intención del 26.6.02, capítulo 2: "...El
apoyo en liquidez será provisto únicamente a Bancos solventes a cambio de planes de
regularización, comprometiendo programas de administración de flujos de efectivo y el
cumplimiento de las regulaciones de prevención. Las condicionalidades incluirán
garantías de Bancos internacionales de reputación o la prenda colateral de acciones del
Banco".
"...La condicionalidad para la recapitalización excluirá
cualquier subsidio o garantía a los accionistas originarios, cuya porción de los activos
cubrirá las pérdidas existentes".
Indudablemente, no se cumplieron las condiciones establecidas por el
CAFSB. No se verificaron ni las condiciones de transparencia requeridas, ni la asistencia
financiera se otorgó en base a criterios técnicos, objetivos y verificables.
Estas asistencias, que fueron otorgadas formalmente como asistencia de
liquidez y no de solvencia, no se concedieron a instituciones financieras sólidas ni
solventes. A la fecha en que las asignaron, ya se tenía la información disponible para
quien hubiese querido darse por enterado, de los patrimonios negativos de las
instituciones, de que el Banco Central ya no podía seguir asistiendo, se conocía los
préstamos a vinculadas, etc.
Dada la situación de las entidades asistidas, era evidente también
las casi nulas posibilidades de recuperación.
Los 488 millones de dólares que se prestaron a
los Bancos para ir salvando la situación, que nunca fueron aprobados por el Parlamento
Nacional, solo tuvieron por efecto postergar el desastre final.
El Banco Central le regala 1:666.667 millones de dólares a Banco
Comercial
Con fecha 11 de marzo el Banco Central le otorga a Banco Comercial dos
millones de dólares. Esta partida que no fue concedida como préstamo sino como
capitalización y excede el aporte de los 33 millones que se había comprometido por parte
del Ministro Bensión en el contrato con los Bancos internacionales. Se registró en las
planillas del Banco Central a cuenta del Ministerio de Economía.
En la nota remitida por el Presidente del Banco Central al Ministro de
Economía de fecha 14 de marzo, se le comunica al Ministro que la misma se concedió
"en virtud del acuerdo de capitalización del Banco Comercial suscrito por la
República, con débito a las cuentas del Tesoro Nacional.
El 15 de marzo el Cr. Bensión responde: "Al respecto, me
permito solicitar la revisión de dicha decisión, en tanto por el momento ella excede al
monto de capitalización del Banco Comercial comprometido por la República".
En efecto, asiste razón al Ministro de Economía los 33 millones
comprometidos por el Estado como aporte ya habían sido integrados. El Banco Central nunca
canceló esta partida, por lo que se le habría otorgado a Banco Comercial por su
resolución 1:666.667 millones de dólares, sin ningún marco contractual ni legal.
En Resumen:
Que el Presidente de la República y el Ministro de Economía,
actuando al margen de la Constitución, resolvieron por sí y ante sí el otorgamiento de
488 millones de dólares de asistencia financiera, sin tener las capacidad y la
atribución Constitucional para ello.
Que además de las corridas de depósitos en la plaza uruguaya en esas
instituciones se habían producido fraudes, Banco Montevideo estaba sufriendo un
vaciamiento, lo que era de conocimiento de las autoridades del Central.
Que podría inferirse que esta situación era conocida por el
Presidente de la República y por el Ministro de Economía.
Que en todo caso, el desconocimiento de lo que estaba sucediendo en
cada institución mostraría ligereza e irresponsabilidad, dado el monto de recursos del
Estado que se estaba comprometiendo para asistirlas.
Que lo actuado no fue oportunamente informado al Tribunal de Cuentas.
Que lo actuado no fue oportunamente informado al Parlamento Nacional
quien conoció los hechos con posterioridad.
Que lo actuado contravenciona las propias pautas que el Decreto 222
establece, aún en el marco de su inconstitucionalidad.
Que los recursos no se utilizaron siquiera cumpliendo con el destino de
los mismos, de acuerdo a lo pactado con el FMI.
Que el Directorio de Banco Central le donó 1:666.667 millones de
dólares de fondos del Tesoro Nacional a Banco Comercial, fuera de todo marco normativo y
contractual y en perjuicio del Estado, lo que fue puesto en conocimiento del Presidente
del Banco Central por el propio Ministro de Economía.
Que resultaron perjudicados por ello el Estado uruguayo y todos sus
ciudadanos por el aumento del endeudamiento externo aplicado además a financiar Bancos en
que se habían producido fraudes, estafas y apartamientos permanentes de las normativas
Bancocentralistas.
Que resultó perjudicado el Estado uruguayo y todos sus ciudadanos ya
que era evidente que estos préstamos eran en buena parte irrecuperables. Cuando al
crearse el NBC el Parlamento termina cediendo el derecho de recuperación de una parte de
lo aportado, la totalidad era ya imposible de recuperar, dada la situación patrimonial de
las entidades en cuestión.
Que los afectados más directos fueron los depositantes. Los
depositantes, aquello que no retiraron sus depósitos. Estos anticipos terminaron en
definitiva financiando a medida que el tiempo pasaba, el aumento de las transferencias a
empresas vinculadas (Banco Montevideo) y beneficiando a aquellos que retiraban sus dineros
en desmedro de aquellos que confiaron en el sistema.
Para ellos, el tiempo jugaba en contra; las situaciones patrimoniales
de los Bancos en cuestión se erosionaba cada día y consecuentemente, también
disminuían los importes a recuperar de sus depósitos en una
eventual futura prorrata.
Anexos
Tribunal de
Cuentas de la República. Resolución de 26 de junio de 2002 – Capitalización del
Banco Comercial. Resolución de 6 de noviembre de 2002 – Transferencias que, en
carácter de anticipos financieros. El Ministerio de Economía y Finanzas realizó a favor
de la Corporación Nacional para el Desarrollo, con destino a los Bancos Comercial,
Montevideo y de Crédito. Informe base para aprobación de Resolución de 6 de noviembre
de 2002.
Carta de Cr.
Alberto Bensión a Cr. César Rodríguez Batlle de 14 de marzo.
Carta de Cr.
César Rodríguez Batlle a Cr. Alberto Bensión de 15 de marzo.
Acuerdo FMI. Carta
Intención: Memorándum de Políticas Económicas y Financieras. Junio de 2002.
Decreto 222/2002
de 17 de junio de 2002.
Reglamento de
funcionamiento del Comité Administrador de Fortalecimiento del Sistema Bancario (CAFSB),
de fecha 3 de julio de 2002.
Ministerio de
Economía y Finanzas. Resolución de Presidencia de la República de fecha 14 de mayo de
2002. E/121.
Ministerio de
Economía y Finanzas. Resolución de Presidencia de la República de fecha 24 de junio de
2002. E/168.
Ministerio de
Economía y Finanzas. Resolución de Presidencia de la República de fecha 4 de julio de
2002. E/187.
Planillas de
Transferencias efectuadas por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Corporación
Nacional para el Desarrollo.
3. Las consecuencias y eventuales responsabilidades que pudieran
derivar del contrato llamado de "capitalización del Banco Comercial" suscrito
en nombre de la República Oriental del Uruguay.
Después de hacerse público en enero de 2002 el fraude producido por
los hermanos Rohm en Banco Comercial y de la incidencia primaria del mismo en la
situación patrimonial informada por los servicios técnicos del Banco Central de la que
resulta la insuficiencia patrimonial de Banco Comercial, se plantea la necesidad de
capitalización del Banco y se inicia un proceso de negociación con los Bancos
accionistas de Banco Comercial.
En estas negociaciones intervino en primera instancia el Presidente del
Banco Central pero los términos del contrato finalmente acordados son responsabilidad del
Ministro de Economía quien actuó por delegación y con el conocimiento del Presidente de
la República.
Se
adjunta en los Anexos la Resolución del Presidente de la República. (Ver anexos).
El Estado uruguayo culmina participando de la capitalización de Banco
Comercial asociándose a los Bancos Extranjeros, comprometiendo cada parte una
capitalización de 33,3 millones de dólares, hecho que fue notoriamente publicitado en el
momento, aunque sin que trascendiera que formas y que compromisos se asumían en dicha
asociación.
El contrato de capitalización del Banco Comercial fue firmado el 26 de
febrero de 2002 por el ex Ministro de Economía Cr. Alberto Bensión, como mandatario del
Presidente de la República.
La capitalización del Banco Comercial fue asumida sin duda como una
prioridad del gobierno, lo que se desprende de múltiples declaraciones en prensa que
realizara el propio Dr. Jorge Batlle y el Cr. Alberto Bensión.
Así lo manifestó el Cr. Bensión en su comparecencia a la Comisión
de Hacienda del Senado, el 4 de abril de 2002.
"Para nosotros desde que enfrentamos este problema, el acuerdo con
los Bancos internacionales para la capitalización del Banco Central era una pieza maestra
en una estrategia de superación de un acontecimiento absolutamente imprevisible y de
excepción, con consecuencias realmente muy graves si ese problema no se solucionaba. Más
aún: para nosotros buena parte del problema que vivía el sistema bancario en su
conjunto, en esos días, era consecuencia de la desestabilización
del Banco Comercial, y efectivamente el diagnóstico se confirmó después".
Y continúa...."Cuál era la opción que le quedaba al país?
Lo que voy a decir brevemente, sin entrar en detalles salvo que los Señores Legisladores
me lo soliciten, porque creo que es muy claro el contraste entre uno y otro extremo: la
intervención del Banco Comercial por parte del Banco Central. Creo que este solo
enunciado va a favor de la solución a la que llegamos con los Bancos
internacionales".
Los hechos demostrarían luego, que la estrategia elegida, que implicó
para su sostenimiento comprometer más y más recursos, no fue eficaz para evitar la
crisis, y terminó dilatando en el tiempo medidas que de haberse tomado antes hubieran
ahorrado al país cientos de millones de dólares y hubiesen evitado el agravamiento del
deterioro de la situación patrimonial de los Bancos en cuestión.
Se explicó por parte del Cr. Bensión que se actuó en nombre del
Gobierno del Uruguay y en base a la facultad que confiere el TOCAF, artículo 15
inciso 3, que permite comprometer gastos cuando acontecimientos graves e imprevistos
requieran la inmediata atención del Poder Ejecutivo.
Las acciones representativas de los derechos del Estado uruguayo
serían trasmitidas a la Corporación Nacional para el Desarrollo como compensación por
una deuda que el Estado mantenía con la CND, por el plan de reestructuración bancaria de
1990. Veremos luego que esto no se produjo, ya que las acciones a favor del Estado
Uruguayo nunca fueron emitidas.
El contrato en cuestión se celebró en la ciudad de Nueva York entre
el Estado, el Banco Comercial y los Bancos accionistas, Chemical Overseas Holdings Inc.,
el Crédit Suisse First Boston y el Dresdner Bank Lateinamerika AG y reviste el carácter
de un acuerdo confidencial a los efectos de "capitalizar "al Banco Comercial.
Por el mismo, el Estado Uruguayo y los tres Bancos extranjeros se
obligaron a invertir en Banco Comercial la suma de US$ 33.333.333 cada uno, lo que
totaliza US$ 131.333.333 y que se acuerda en destinar:
A eliminar cualquier patrimonio negativo del Banco Comercial.
A adquirir acciones ordinarias hasta US$ 250.000 cada uno.
El remanente, a adquirir acciones preferidas.
El contrato tiene una vigencia de 11 años y los aportes de capital se
pactaron con condición de reintegro. Si transcurren 10 años sin que las acciones del
Banco Comercial se hayan enajenado a terceros, en lo que la República comprometió sus
mejores esfuerzos, los tres Bancos extranjeros pueden reclamar del Banco Comercial la
compra de sus acciones por un valor equivalente al capital que invirtieron.
Las obligaciones asumidas en el contrato:
Pero Uruguay asume por medio de su Presidente y del Ministro de
Economía otros compromisos que realizar el aporte de US$ 33.333.333 en
consideración, compromisos que comprometen mayores aportes de capitalización,
flexibilización de su normativa y que otorga a los Bancos extranjeros enormes ventajas
que el país no reserva para sí, a tal extremo que el Dr. Gonzalo Aguirre ha calificado
el contrato como leonino, exponiéndose al Estado uruguayo a ser fácilmente demandado.
Vamos a referirnos a algunas de las obligaciones del contrato.
Mientras los Bancos extranjeros no asumen obligaciones de realizar
aportes más allá de los US$ 33.333.333.
Uruguay tenía que hacer al aporte antes que los Bancos, en efectivo en
fondos de disponibilidad inmediata.
Si el patrimonio negativo del Banco Comercial resultara superior a
US$ 131.333.332, superando los aporte comprometido, Uruguay se compromete
unilateralmente a realizar aportes de capital adicionales, hasta la eliminación del
patrimonio negativo.
Es importante señalar que a la fecha de firma del contrato se
desconocía cual era la situación patrimonial de Banco Comercial, por lo que el Estado se
compromete a realizar aportes eventuales por montos indeterminados.
Uruguay se compromete unilateralmente a proveer al Banco Comercial a
través de una o más entidades estatales de todo el respaldo financiero para mantenerlo
en una situación sólida, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados y las reglamentaciones del Banco Central. Es decir que se asumió el compromiso
de capitalizar al Banco Comercial de ser necesario por montos desconocidos, ilimitados e
indeterminados por el plazo de 11 años, plazo de duración del contrato.
También se asume por el mismo plazo la
obligación de proveer la totalidad o cualquier parte de la liquidez necesaria para
mantener a Banco Comercial de conformidad con las condiciones del mercado y de la
reglamentación. Estos aportes se harán conforme a los informes de una auditoría
internacional aceptada por las partes. Se está asumiendo entonces el compromiso de
realizar asistencia financiera, de ser necesario, financieramente por un plazo de 11 años
y por montos también ilimitados e indeterminados.
Si Uruguay en cualquier momento, determinara que cumplir con los
requisitos establecidos en los puntos anteriores no fuera razonable, debe comprar la
totalidad de las acciones o de los Certificados Provisorios de los Bancos internacionales,
más los dividendos devengados y no pagados. Por lo tanto, si Uruguay no mantenía a lo
largo de la duración del contrato al Banco Comercial en condiciones de liquidez y
solvencia patrimonial, el Estado debía devolver el aporte de los 100 millones de dólares
a los Bancos extranjeros, a través de la recompra de acciones o de certificados
provisorios si estás no se hubieran emitido.
Si Uruguay hiciera inversiones adicionales más allá del aporte de los
US$ 33.333.333 y de las sumas requeridas para eliminar el patrimonio negativo, estos
aportes serán aplicados a la compra de Acciones Ordinarias y/o Preferidas, quedando
inhibida de adquirir Acciones Preferidas Clase A.
Uruguay se compromete a indemnizar y mantener a salvo a cada Banco
inversor y a sus partes integrantes de "todas y cada una de las responsabilidades,
intimaciones, demandas, costos, pérdidas, acciones y causas de acción de cualquier tipo
o naturaleza, conocidos o desconocidos, previstos o imprevistos,..."que se relacionen
con el hecho de que las partes reciben en una primera instancia Certificados Provisorios
en lugar de Acciones emitidas e integradas". Esto se pacta así porque en un primer
momento los Bancos internacionales reciben certificados provisorios, debiendo realizarse
una Asamblea de Accionistas para que estos sean canjeados por acciones preferidas,
requiriéndose una modificación de los estatutos de BC.
Si por algún motivo no se recibiera por parte de los Bancos
extranjeros las acciones, todos los derechos se aplicarán a los Certificados Provisorios,
incluyendo el derecho a disponer que Uruguay compre las acciones del Inversor.
Uruguay no puede comprar más que Acciones Preferidas No Prioritarias y
Acciones Ordinarias, y no puede vender o ceder sus acciones sin el consentimiento de cada
uno de los Bancos extranjeros, en tanto que los Bancos extranjeros pueden vender por
voluntad propia las suyas sin requerir el consentimiento de las otras partes.
Se fija un dividendo anual altísimo para las Acciones Preferidas, del
10% anual, con el único límite de que no se supere más del 20 % de los Ingresos Netos
del Banco Comercial, pero que serán acumulables ejercicio a ejercicio y tendrán
prioridad sobre los dividendos de cualquier otro tipo de acción. Es decir que aquí los
Bancos extranjeros se están asegurando una altísima tasa de rentabilidad, en un aporte
en el que no asumen ningún riesgo.
Uruguay se compromete además a que todos los pagos que realice y los
que efectivice Banco Comercial se realizarán para los Bancos extranjeros sin ningún tipo
de deducciones por impuestos, tasas, tributos, deducciones cargos o retenciones presentes
o futuras, y si estos se realizaran, los Bancos extranjeros deberán ser compensados de
forma de recibir los importes como si las deducciones no se hubiesen realizado. Nos
preguntamos quién asumiría el costo de las mismas, o bien se está pensando en
exoneraciones tributarias o que sean compensados en perjuicio del Estado Uruguayo.
Pero no son solamente compromisos de orden económico los que asumió
el Estado Uruguayo en el contrato en cuestión, través del Presidente de la República
y el entonces Ministro de Economía. Se generan otras obligaciones no autorizadas
constitucionalmente y compromisos que comprometen e invaden las competencias y decisiones
de otros órganos y Poderes del Estado.
En primer lugar el contrato se firma como un contrato confidencial.
Excepto la información necesaria a efectos de las declaraciones de impuestos u otros
aspectos legales, se pacta que "no se hará ningún uso si dará a conocer a ninguna
persona ninguna información relativa al presente contrato...".
Nos preguntamos entonces, cuál es la disposición constitucional que
otorga al Presidente de la República y al Ministro de Economía
la competencia para firmar un acuerdo confidencial, donde se asumen enormes compromisos
patrimoniales futuros, sin conocimiento de la población y de espaldas al Parlamento
Nacional. Tan esto fue así que los miembros de la Comisión Investigadora no tuvimos
nunca el contrato traducido formalmente ya que eso podía generar que el Estado Uruguayo
fuera demandado por incumplimiento, de acuerdo a lo expresado por el propio Presidente de
la Comisión y por los servicios de asesoramiento jurídico del Poder Legislativo.
Se pacto que la celebración, otorgamiento y cumplimiento del presente
contrato por parte de Uruguay y la consumación de sus operaciones no contradicen y no
contradirán y no resultan ni resultarán en un incumplimiento o violación de
ningún contrato o instrumento en que Uruguay sea parte, o al que cualquiera de sus bienes
o activos esté sujeto y dichos actos no resultarán en una violación de
Ninguna ley aplicable.
Es decir que en este punto el Presidente y el Ministro de Economía
firmaron en nombre de nuestro país y de vuelta afirmamos, obligaciones que están
asumiendo no contradicen ni contradirán disposiciones de nuestro ordenamiento. Ello
estaría implicando comprometer al Parlamento por 11 (plazo de vigencia del contrato)a no
legislar en contradicción con este contrato o poner al contrato por encima de cualquier
ley a dictarse en el futuro.
Al mismo tiempo se establece que "Uruguay otorgará o dispondrá
que el Banco Central otorgue todos los consentimientos y renuncias que sean necesarios o
requeridos para consumar y llevar a cabo las operaciones contempladas en el presente
contrato.
Bajo el título de consentimientos y exenciones de las autoridades
reguladoras se establece que Uruguay otorgará y dispondrá que el Banco Central otorgue
exenciones según sea requerido para proveer el tiempo necesario para resolver los temas
vinculados a los aspectos que enfrente el Banco Comercial en base a acontecimientos,
hechos o circunstancias que ocurran en la fecha del presente o con anterioridad, sean
conocidos o desconocidos.
En relación a obligaciones asumidas que violan la independencia del
Banco Central relativas a AFINIDAD AFAP S.A. y a COMERCIAL ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.
CAFSA...Uruguay dispondrá que el Banco Central libere y exima por siempre a cada
Inversor y a sus, y a respectivos Afiliados y directivos sus agentes, empleados,
predecesor y sucesores de todas y cada una de las Pérdidas que surjan en relación con
cualquier acto u omisión de cualquier parte de inversores, anterior a la fecha del
contrato (salvo mala conducta intencional).
También se compromete a que el BCU se abstenga y disponga que
Compañía General de Negocios Casa Bancaria y sus subsidiarias se abstengan de entablar
cualquier acción legal o de disponer que indirectamente se abstenga de realizar dichas
acciones contra cualquier parte de los Inversores por sus actos u omisiones con respecto a
Banco Comercial, Afinidad o CAFSA (salvo respecto a mala conducta intencional).
De los párrafos anteriores se desprende que el Presidente de la
República y el Ministro de Economía comprometieron decisiones y renuncias futuras por
parte del Banco Central, órgano al que la Constitución de la
República le otorga autonomía funcional, en lo que entendemos sería, una clara
usurpación de competencias.
Renuncia a la inmunidad soberana: Se pactó que Uruguay y el Banco
Comercial renuncian con respecto a sí mismos y a sus bienes, en forma expresa e
irrevocable a todo derecho de inmunidad conforme a cualquier ley que se base en soberanía
o de otra forma que puede existir ahora o en el futuro.
También se pacta que Uruguay renuncia a toda reclamación que pueda
existir, presente o futura conforme a sus obligaciones en el presente contrato y acuerdan
no alegar dicho derecho o reivindicación en ninguna acción legal o procedimiento
arbitral.
Además se pactó que el contrato se regirá e interpretará por las
leyes del Estado de Nueva York salvo en lo referido a que la ley que regirá los
documentos constitutivos que será la Ley
Nº 16.060.
La primera interrogante que nos surgió, más allá de la conveniencia
o inconveniencia para el Estado Uruguayo de las obligaciones asumidas, se centró en
razones de legalidad de las que el Parlamento debe ser celoso custodio y que se resume en
las siguientes preguntas:
¿Es competente el Poder Ejecutivo para
celebrar un contrato de esta naturaleza?
¿Se transgredió por parte del Ministro de Economía y Finanzas y de
el Presidente de la República el marco Constitucional vigente?
A iniciativa de la Bancada del Encuentro Progresista Frente Amplio, la
Comisión Investigadora requirió el asesoramiento de catedráticos en materia
constitucional y administrativa, solicitando informes jurídicos al Dr. Gonzalo Aguirre
Ramírez, al Dr. Juan Pablo Cajarville y al Dr. Carlos Delpiazzo.
El Dr. Carlos Delpiazzo se excusó, manifestándose "inhibido
de emitir opinión independiente al respecto por cuanto el Estudio Jurídico al que
pertenezco ha asesorado al Banco Comercial S.A. en aspectos jurídicos vinculados a la
ejecución del contrato de referencia" lo que nos pareció éticamente
inobjetable.
La Comisión Preinvestigadora había recibido el informe del Dr. Carlos
Abin, y quienes suscribimos este informe consultamos también al Dr. José Korzeniak.
Transcribiremos párrafos de las consultas recibidas y que fundamentan
nuestra posición y conclusiones. Adjuntamos además los informes mencionados en los
anexos.
Hemos conocido también un informe del Dr. Enrique Guerra enviado con
posterioridad a la firma del contrato en cuestión al Cr. Bensión.
El Dr. Guerra es Asesor Letrado del Ministerio de Economía Finanzas
desde 1982, con funciones de Adscrito a la Dirección General de Secretaría de Estado
desde 1985, y fue quien informó el Acuerdo en su suscripción.
Aparentemente, fue el único asesoramiento de que dispusieron el
Presidente de la República y el Ministro de Economía.
El Dr. Guerra fue contratado posteriormente por el Banco Comercial como
Consultor Jurídico y Supervisor General Legal, desde el 3 de mayo de 2002 al 29 de agosto
de 2002, a propuesta de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
En nota que le remitiera al Cr. Bensión, le señala que estando
impagos el último mes y medio en la percepción de sus honorarios, había renunciado a
ellos en virtud de la situación del Banco.
Competencias del Poder Ejecutivo para celebrar el contrato.
sobre la capacidad del Poder Ejecutivo para realizar asistencia
financiera o patrimonial a los Bancos.
Citaremos en este punto el informe del prestigioso constitucionalista
Dr. Gonzalo Aguirre, que nos ilustra con su conocida erudición y cuyas conclusiones
compartimos:
El Dr. Aguirre describe los principios de Derecho Constitucional,..."
tal como los definió y enseñó Justino Jiménez de Aréchaga ("La Constitución
Nacional", T.I., ed. del Senado, p. 151). Los tres primeros, de ineludible
aplicación en el tema a examinar, son los siguientes:
"a) Solo la Nación es soberana. Los órganos públicos no ejercen
poderes propios sino delegados por la Nación". Ello resulta claramente, agregamos
nosotros, de los artículos 4º y 82 de la Carta.
"b) No hay competencia para órgano público sin texto que la
establezca y toda competencia es atribuida con una triple limitación: en razón de
materia de forma y de fines. Ningún órgano público puede hacer lo que no le ha sido
expresamente conferido, y eso que le ha sido conferido solamente puede hacerlo en cuanto
se contenga en el ámbito de materia que se le ha asignado, en cuanto proceda cumpliendo
las formalidades prescritas por la Constitución, y en vista de los fines para cuya
consecución se le ha atribuido la posibilidad de ejercer el poder".
"c) Estos poderes, porque son delegados, no pueden ser, a su vez
delegados. El principio "delegata potestas non potest delegari", defendido por
Story para la Constitución de los Estados Unidos, tiene plena realidad para la
interpretación de nuestra propia, Constitución. Una autoridad creada por la
Constitución no puede delegar el ejercicio de sus facultades a favor de otra
autoridad".
Sobre estos axiomas de nuestro Derecho Constitucional existe unánime
acuerdo doctrinario, por lo que ahorramos citas confirmatorias de los mismos".
Tanto el Poder Ejecutivo como la Presidencia de la República son
órganos de competencia constitucional "cerrada". Con ello se quiere expresar
que, a diferencia de otros órganos a los que la Carta permite asignar
más atribuciones por ley, respecto de dichos órganos - y de otros - tal posibilidad
está vedada por la Constitución. Para determinar, pues, si un acto concreto de uno u
otro órgano está o no viciado por incompetencia, es preciso atenerse estrictamente a los
textos de la Carta.
Si en ellos no está enunciado el poder jurídico ejercido, el órgano
actuó fuera de su competencia.
Este rigorismo interpretativo, sin embargo, reconoce dos excepciones.
A saber:
1ª) La teoría norteamericana de los poderes o facultades implícitas,
de pacífico recibo por nuestra doctrina, que, "bravitatis causa", omitimos
ahora explicar (véase, al respecto, Jiménez de Aréchaga J. ob. cit. T. II, ed. del
Senado, pp. 124 - 126, 306 y 377).
2ª) Tratándose de órganos de administración, es erróneo, como
enseñaba Sayagués Laso, que para " realizar tal o cual acto o celebrar determinado
contrato (dentro de la materia que le compete), se busque el texto legal que
autorice expresamente a hacerlo.
Ese criterio conduce frecuentemente al error, sobre todo cuando se
trata de los órganos jerarcas, porque éstos tienen en principio todos los poderes de
administración ("Tratado de Derecho Administrativo" T. I, 7º ed., p. 169).
Esta ampliación de la competencia de los órganos jerarcas que ejercen
función administrativa opera, pues, dentro de los límites de su competencia por razón
de materia, determinada por lo que son sus cometidos. O sea, " las actividades o
tareas que tienen a su cargo las autoridades estatales conforme al derecho vigente "
(Sayagués Laso E., ob. cit., T. I, pp. 42 - 44).
.... 5. La competencias del Poder Ejecutivo en materia de economía y
de hacienda pública no son otras que aquellas que le asigna la Lex Magna respecto de esa
categoría de actividades y políticas. Justino Aréchaga, al estudiar dicho Poder en el
T. III de su citada obra magna (ed. del Senado, pp. 203 - 211), las circunscribe a las
señaladas en los numerales 18, 19, 21 y 22 del actual
artículo 168 de la Carta.
Otro tanto hace el Prof. Korzeniak en su reciente "Primer Curso de
Derecho Público Derecho Constitucional", aunque de modo más sucinto y sin referir
al num. 22 (p. 535). Algo más amplia es nuestra enunciación de atribuciones sobre estas
materias, realizada en nuestro ya citado estudio sobre " La Competencia del Poder
Ejecutivo " (ob. cit, pp. 84 - 85), que incluye, por ejemplo, la atribución de
formular planes y programas de desarrollo económico con la asistencia de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (artículo 230, parágrafo 5º).
Cierto es que, por la vía de reglamentar y ejecutar las leyes que el
Poder Legislativo puede sancionar sobre materias tan amplias como el "fomento de la
ilustración, agricultura, industria, comercio interior y exterior" (artículo 85 num. 3º de la Carta), leyes
que, además, pueden ser de iniciativa del Ejecutivo, este Poder puede ver ampliado
legítimamente su campo de acción y decisión en materias con clara incidencia en el
funcionamiento de la economía nacional.
Y también es cierto que deben existir, seguramente, múltiples leyes,
especialmente las presupuestales, que amplían las atribuciones del Poder Ejecutivo en
materia hacendística y económica.
Tales leyes son inconstitucionales, de acuerdo a lo explicado supra
num. 4. Pero las leyes inconstitucionales, aún habiendo sido declaras tales por la
Suprema Corte de Justicia - sin efecto derogatorio -, conservan su vigencia y deben seguir
siendo aplicadas por la Administración. Esa es nuestra opinión, respecto de esta
cuestión, coincidente con la de Sayagués Laso y Cajarville, aunque sobre el punto
existen dos y hasta tres bibliotecas, expresada muy sintéticamente en nuestro libro
" Derecho Legislativo", (T. I, p. 42).
Con relación a los Bancos Privados, el Poder Ejecutivo no tiene otra
atribución, a nivel constitucional, que la de " Autorizar o denegar la creación de
cualesquier Bancos que hubieren de establecerse". Sus poderes jurídicos referentes
al control que puede y debe ejercer sobre los Entes Autónomos en general y sobre los que
son Bancos estatales en particular - incluido el Banco Central -, consagrados en el
artículos 197 y 198 de la Lex Magna, son ajenos a esta cuestión,...
Es evidente entonces, a nuestro juicio, que el Poder Ejecutivo carece
de toda competencia para disponer el salvataje de Bancos privados en dificultades, sea por
la vía de comprarlos, de contribuir a su capitalización transformándose en accionista
de los mismos, de asistirlos financieramente o de cualquier otro arbitrio jurídico adoptado con similar finalidad. Ningún precepto constitucional le comete
atribuciones de ese carácter. Y lo propio cabe afirmar de la Presidencia de la
República, en cuanto Jefatura del Estado.
2. Sobre la capacidad del Poder Ejecutivo
para establecer una asociación.
A través del contrato, el Estado Uruguayo, como persona pública
mayor, se asocia con los Bancos internacionales.
Surge entonces la preocupación de si el Poder Ejecutivo tiene la
capacidad constitucional para comprometer al Estado en una asociación de esta naturaleza.
Al respecto, señala el Dr. Gonzalo Aguirre, que del cúmulo de
obligaciones que se asumieron, el Estado aportó capital a una empresa comercial privada. "Puede
decirse que transformó al Banco Comercial en una sociedad de economía mixta,.....pero lo
hizo en forma abiertamente inconstitucional, por incumplimiento total del inciso final del
artículo 188 de la Carta".
Es decir que el Estado se asoció pero sin la autorización
parlamentaria requerida en el artículo 188:
"El Estado podrá, asimismo, participar en actividades
industriales, agropecuarias o comerciales, de empresas formadas por aportes obreros,
cooperativos o capitales privados, cuando concurra para ello el libre consentimiento de la
empresa y bajo las condiciones que se convengan previamente entre las partes ".
"La ley, por mayoría absoluta del total de componentes de cada
Cámara, autorizará en cada caso esa participación, asegurando la intervención del
Estado en la dirección de la empresa. Sus representantes se regirán por las mismas
normas que los Directores de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados".
Señala el Dr. Gonzalo Aguirre "Quiere decir, a nuestro
criterio que como la alusión al Estado es genérica cualquier tipo de persona jurídica
estatal, incluido por supuesto el Estado Central, puede formar parte de una sociedad de
economía mixta de este carácter. Pero, naturalmente, solo puede hacerlo cumpliendo con
todas las exigencias del inciso final del artículo 188, pues así lo dispone
inequívocamente dicha norma.
En la situación consultada, - a parte del cúmulo de obligaciones que
asumió y que analizaremos...., el Estado aportó capital a una empresa comercial privada.
Comercial, porque es de tal naturaleza jurídica la actividad de intermediación
financiera que desarrollan los Bancos. Puede decirse que transformó así al Banco
Comercial en una sociedad de economía mixta, aunque regida siempre por la Ley de Sociedades Comerciales, Nº 16.060.
Pero lo hizo en forma abiertamente inconstitucional, por incumplimiento total del inciso
final del artículo 188 de la Carta".
3. sobre la capacidad del Ministro de
Economía para suscribir el contrato:
Según el citado informe del Dr. Aguirre, la Presidencia de la
República es un órgano unipersonal, cuyo titular es el Presidente de la República
distinto del Poder Ejecutivo, órgano pluripersonal integrado por el Presidente y por los
Ministros, titulares de los órganos unipersonales, Ministerios.
Las atribuciones de uno y otro órgano son propias y distintas, de
forma tal que las competencias conferidas a la Presidencia de la República no pueden ser
ejercidas por el Poder ejecutivo, ni delegas por éste en un Ministro.
Es a la Jefatura del Estado a quien compete la atribución formal de la
representación del Estado, (artículo 159 de la Constitución).
El contrato fue celebrado por la "República Oriental del
Uruguay" y fue firmado en su nombre y representación por el Cr. Bensión en su
calidad de Ministro de Economía y Finanzas. Habiendo sido el contrato celebrado por el
Estado uruguayo, cuya representación en el exterior es atribución exclusiva e
indelegable del Presidente de la República.
A iguales conclusiones arriba el Dr. José Korzeniak en su informe.
4. El contrato regido e interpretado
por las leyes del Estado de Nueva York.
De acuerdo a lo expresado por el Dr. Gonzalo Aguirre, al aceptarse la
aplicación de las leyes de Nueva York, el gobierno incluyó en una violación del
artículo 2399 del Código Civil, a cuyo tenor "los actos jurídicos - y un
contrato lo es - se rigen, en cuanto a su existencia, naturaleza, validez y efectos, por
la ley del lugar de su cumplimiento, de conformidad, por otra parte, con las reglas de
interpretación contenidas en los artículos 34 a 38 inclusive del Tratado de Derecho
Civil de 1889 ".
Y también se incurre en evidente violación del artículo 2403
del mismo Código, que dispone: " Las reglas de competencia legislativa y judicial
determinadas en este Título no pueden ser modificadas por la
voluntad de las partes. Esta solo podrá actuar dentro del margen que le confiere la ley
competente ".
Considero aplicables estas disposiciones legales del Apéndice del
Código Civil porque el lugar de cumplimiento del contrato - emisión, suscripción y pago
de las nuevas acciones, aportes adicionales de Uruguay, etcétera - indudablemente es
nuestro país. Y porque, además, no existiendo un tratado que regule la ley aplicable a
los contratos extranacionales, con ninguno de los países a que pertenecen los Bancos
extranjeros cocontratantes, nuestro país debe aplicar sus propias normas de Derecho
Internacional Privado, destinadas a resolver los conflictos de leyes planteados frente a
países con los que no existen tratados que los resuelvan.
Aclaro, por último, que en la quinta Conferencia interamericana de
Derecho Internacional Privado (CIDIP V), celebrada en México en 1994, se aprobó una
Convención sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, pero ella no ha sido
aún ratificada por Uruguay, por lo que no esta vigente en nuestro país y no es posible
aplicarla".
El informe del Dr. Cajarville:
Esencial en la consulta formulada era analizar la constitucionalidad y
legalidad del contrato en cuestión, punto que solicitamos expresamente.
Según el mismo Dr. Cajarville afirma en su informe, se ha desempeñado
como asesor de la Abogado Asesor del Banco Central hasta febrero de 1999.
En relación a la competencia del Poder Ejecutivo para haber suscrito
tal contrato, el Dr. Cajarville analiza la situación planteando que en el contexto
nacional y regional difícil, se estaba ante la perspectiva que se produjera una crisis
del sistema de intermediación financiera.
El informe cita el Dictamen 265 de 9 de octubre de 1998 en que la Sala
de Abogados del Banco Central abordó cuestiones referentes a las potestades del Poder
Ejecutivo y del Banco Central en situaciones de crisis.
La Sala señalaba la insuficiencia de poderes de que estaba dotado el
Banco Central para enfrentar situaciones de crisis bancarias que puedan poner en peligro
la estabilidad del sistema financiero, en virtud del régimen acotado para realizar
asistencia financiera establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley Nº 16.696.
Queremos señalar que la Sala de Abogados del Banco Central tiene
conclusiones distintas a las formuladas por el Dr. Gonzalo Aguirre en cuanto a las
competencias constitucionales del Poder Ejecutivo.
La Sala considera que "....el Poder Ejecutivo es un órgano
cuya competencia en razón de materia es de gran amplitud. En unas con poderes de
Administración activa, en otras con poderes de control, prácticamente no existe materia
ajena a la actuación del Poder Ejecutivo. Por esta razón su óptica es necesariamente
globalizadora".
....."Entonces, si ese Poder valorara que la situación de una
institución de intermediación financiera, seguramente por afectar al "sistema
financiero nacional " como tal, constituye" un acontecimiento grave e
imprevisto", que requiere su inmediata atención y decide para encararlo comprometer
gastos sin que exista crédito disponible, lo hará teniendo en cuenta los intereses de
toda la colectividad y no solo los del sector financiero.
"Por todo ello, la Sala concluye que conforme al
artículo 15 del TOCAF 1996, el Poder Ejecutivo está facultado para comprometer
los gastos necesarios para adquirir activos o asumir pasivos de una entidad de
intermediación financiera, o de gastos eventuales resultantes de asumir obligaciones por
la existencia y legitimidad de sus activos enajenados a terceros, o por pasivos ocultos,
no contabilizados, contingencias u otras reclamaciones, si valorara que la situación de
una entidad constituye un acontecimiento grave e imprevisto y que tales
medidas son adecuadas para solucionar la situación planteada".
Es en base a este pronunciamiento de la Sala de Abogados que el Dr.
Cajarville concluye que si el Poder Ejecutivo consideraba que la crisis de Banco Comercial
por si misma o sus repercusiones podía provocar "un acontecimiento grave o
imprevisto" que requería su inmediata atención y que su capitalización era una
medida idónea para solucionarla, pudo ejercer legítimamente la potestad conferida por el
artículo 15 de TOCAF 1996.
El artículo 15 del TOCAF establece:
"No podrán comprometerse gastos de funcionamiento e inversión
sin que exista crédito disponible salvo en los siguientes casos:
3) cuando acontecimientos graves o imprevistos requieran la inmediata
atención del Poder Ejecutivo o de las Intendencias Municipales en sus respectivas jurisdicciones. El monto del crédito que anualmente se podrá
autorizar en uso de esta facultad no podrá exceder el 1 % del Presupuesto Nacional o
Departamental.
En estos casos se dará cuenta inmediata a la Asamblea General,
Comisión Permanente o Junta Departamental que corresponda, lo que se ordenará en el
mismo acto administrativo".
Es en base a este pronunciamiento de la Sala de Abogados que el Dr.
Cajarville concluye que si el Poder Ejecutivo consideraba que la crisis de Banco Comercial
por si misma o sus repercusiones podía provocar "un acontecimiento grave o
imprevisto" que requería su inmediata atención y que su capitalización era una
medida idónea para solucionarla, pudo ejercer legítimamente la potestad conferida por el
artículo 15 de TOCAF 1996.
Es decir que para el Dr. Cajarville en casos de situaciones de crisis
del sistema de intermediación financiera el Poder Ejecutivo podría asistir
financieramente, pero siempre en el marco del artículo 15 del TOCAF.
En realidad para realizar la capitalización de US$ 33.333.333 el
Poder Ejecutivo invoca este artículo, aunque debemos agregar que nunca llegó a la
Asamblea General la comunicación de éste gasto, con lo que aún cuando no compartimos
esta interpretación, tampoco se cumplió con lo que establece el artículo 15.
Pero queremos señalar que las obligaciones que asumió el Poder
Ejecutivo en el contrato exceden por lejos el aporte de US$ 33.333.333, ya que como
dijimos compromete a futuro importes indeterminados, ilimitados, sujetos a condiciones
inciertas y durante un plazo de 11 años, y decisiones que están en la órbita de otros
poderes.
En resumen, que cuando le consultamos al Dr. Cajarville sobre las
competencias del Poder Ejecutivo para otorgar el contrato, él restringió su análisis a
un aspecto particular de dicho contrato, a las facultades del Poder Ejecutivo para
realizar asistencia financiera.
Si bien el Dr. Cajarville concluye que el Poder Ejecutivo es competente
para realizarla, conclusión que no compartimos, el Dr. Cajarville acota ésta posibilidad
al marco del artículo 15 del TOCAF, el que también fue incumplido.
Por lo demás el informe del Dr. Cajarville no se pronuncia sobre el
resto de las obligaciones que el Poder Ejecutivo asumió, que exceden ampliamente los 33
millones de dólares que el Estado se comprometió en primera instancia para capitalizar
Banco Comercial.
En relación a la asociación que establece el Contrato
En su informe el Dr. Cajarville sostiene que el contrato fue suscrito
por el Ministro de Economía y Finanzas "por la República Oriental del Uruguay, y
por ende las obligaciones en el mismo contraídas deben atribuirse a su personificación,
el Estado como persona pública mayor. Para dar cumplimiento a esa obligación por la
persona Estado, debería cumplirse los requisitos del inciso tercero y cuarto del
artículo 188 de la Carta".
Sin embargo, señala el Dr. Cajarville,... "ha trascendido
públicamente que el Poder Ejecutivo ha resuelto la emisión de acciones del Banco
Comercial, que corresponderían a la inversión comprometida por "la República"
se realice a favor de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Como es notorio, esta
entidad es una persona pública no estatal, no alcanzada por ende por el
artículo 188".
No compartimos esta interpretación del Dr. Cajarville. En realidad,
poco importa quien sea el tenedor de las acciones representativas del aporte de capital
estatal. Como señalamos, quien se está comprometiendo en el contrato no es la
Corporación Nacional para el Desarrollo, sino el Estado, como persona pública mayor. Las
obligaciones que se pactan en el contrato y en la asociación, exceden en mucho el aporte
de US$ 33.333.333, y exceden en forma absoluta las competencias de dicho organismo.
Los recaudos tomados por el Ministro de Economía
Más allá que los informes de asesores no resultan vinculantes, ni
eximen de responsabilidad a los jerarcas en la toma de decisiones -en este caso el
Ministro de Economía quien siempre manifestó que tomó todas las decisiones con
conocimiento del Presidente de la República-, importa conocer si se tomaron los recaudos
del caso a efectos de informarse si se estaba actuando en el marco de la Constitución y
la ley.
La Comisión Investigadora recibió sobre el punto el Informe que le
fuera remitido al Ministro Bensión por el Dr. Guerra, asesor del Ministerio de Economía
y Finanzas quien entiende que el contrato en cuestión resulta conforme a derecho.
No vamos a analizar los argumentos vertidos por el Dr. Guerra, quien
son rebatidos por el Dr. Gonzalo Aguirre a cuyo informe nos remitimos.
Nos resulta llamativo en cambio, que el informe
del Dr. Guerra, esté fechado el 28 de junio de 2002, cuando el contrato fuera otorgado el
26 de febrero de ese año, es decir que el informe fue realizado cuatro meses después.
En el mismo se expresa: "A vuestra solicitud, paso a explicar
las razones jurídicas que fundamentaron nuestra opinión emitida oportunamente, acerca de
la legalidad del convenio de fecha 26 de febrero, otorgado por el Estado, tres Bancos
accionistas del Banco Comercial y esta última institución en calidad de Emisor".
De lo que puede desprenderse del informe del Dr. Gonzalo Aguirre a la
Comisión Investigadora, hubo un informe del Dr. Guerra presentado en los anexos del
contrato, pero esta Comisión nunca lo conoció, ya que no tuvimos acceso al contrato
original.
Por lo demás, los recaudos, dada la relación de dependencia entre
quien asesora y entre quien toma las decisiones y la manifiesta y reiterada voluntad
política de arribar a cualquier solución del entonces Ministro de Economía para
capitalizar al Banco Comercial, no parecen haber sido suficientes.
La actuación del Tribunal de Cuentas: (anexos adjuntos)
El Tribunal de Cuentas intervino el gasto de los US$ 33.333.333
con fecha 2 de julio de 2002 y los antecedentes le fueron remitidos por el Ministerio de
Economía recién el 28 de mayo de 2002. se alude a lo dispuesto en el artículo 15
del TOCAF, cuyo alcance, aplicación y cumplimiento en este caso ya hemos objetado.
No tenemos conocimiento que el Tribunal de cuentas haya realizado
estudios acerca de la constitucionalidad, en función de la competencia del Poder
Ejecutivo, para ordenar dicho gasto y mucho menos, para suscribir el contrato en
cuestión.
Consultado al respecto, si bien se nos contestó que cuando el Tribunal
se expide en materia de legalidad, su dictamen abarca la integralidad de los aspectos
normativos, de la profusa información que nos remitiera el Tribunal de Cuentas y a
través de su resolución, el tema de la constitucionalidad por competencia, no aparece ni
siquiera mencionado.
Solicitamos informes ampliatorios en este sentido al Tribunal, ya que
entendimos que este aspecto era muy relevante; que se había intervenido un gasto
originado en un contrato confidencial que el Tribunal desconocía y que se estaba dando
por supuesta la competencia del Poder Ejecutivo para asociarse y capitalizar un Banco en
el marco del artículo 15 del TOCAF. Si el Tribunal realizó estudios sobre ello, en
todo caso se negó a proporcionarlos a la Investigadora cuando se lo solicitamos. Y como
ya señalamos, en la documentación que nos remitiera el tema ni siquiera aparece
mencionado.
El desconocimiento del Parlamento
El contrato en cuestión fue suscrito como un acuerdo confidencial,
nunca fue conocido ni aprobado por el Parlamento Nacional. Sus condiciones no fueron
explicitadas y es más, el Ministro de Economía, el 4 de abril, compareciendo a la
Comisión de Hacienda del Senado e invitada la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados, para informar sobre la situación del sistema financiero nacional, en pleno
proceso de asistencia al Banco Comercial por parte del Banco Central, negó a los
legisladores el conocimiento del mismo.
El contrato en cuestión, fue objeto de consulta por los señores
legisladores:
El Senador Heber entre varias cuestiones, plantea interrogantes sobre
el tema:
"Las otras preguntas que voy a realizar me parecen de orden -por
lo menos para un Senador de la República, en momentos en que se supone que estamos
saliendo de una crisis financiera- y tienen como fin saber si hay otras instituciones con
problemas de liquidez; si el Banco Central ha dado asistencia a otras instituciones y
si de acuerdo con el convenio firmado con los accionistas del Banco Comercial, la
asistencia del Estado es o no ilimitada -si hay alguna consideración al respecto-, así
como si se trata de aportes de capital o de acciones similares a las que se vienen
dando".
Respondiendo, el Ministro omite responder acerca de los límites de
asistencia a la que se había comprometido el Estado:
"Respondiendo a la tercera interrogante, debo decir que en este
momento la única institución financiera con asistencia financiera del Banco Central es
el Banco Comercial.
Por último, el Estado ha hecho la capitalización del Banco Comercial
y le ha estado brindando asistencia financiera dentro de las normas correspondientes.
Más adelante, en la misma sesión pregunta el Diputado González
Álvarez:
"....Por otro lado, quisiera pedir al señor Ministro, si es
posible, que me acerque una copia en español del convenio que él
firmó con los tres Bancos accionistas del Banco Comercial.
Asimismo, me gustaría saber si el compromiso del Ministerio de
Economía y Finanzas es solamente por estos US$ 33:000.000 o si, en cambio, se
acordó seguir haciendo aportes de dinero al Banco Comercial.
Por otra parte, deseo hacer un comentario con respecto a que no
comparto la posibilidad de cancelar una deuda con la Corporación Nacional para el
Desarrollo con estas acciones, porque dicha Corporación no está preparada para
conducir u orientar a un Banco y, en lo personal, supongo que los Directores que han sido
nombrados por el Ministerio estarán en permanente contacto con dicha Cartera. En
definitiva, no sé si este aporte será muy feliz, pero se trata de un comentario personal
que deseaba hacer".
Por último, quisiera preguntar al señor Ministro si los Directores
fueron nombrados con algún criterio político o exclusivamente por su idoneidad y
responsabilidad.
Y afirma Bensión:
"El aporte de US$ 33:000.000 por parte del Ministerio, del
Gobierno de la República, fue realizado con posterioridad a la firma del acuerdo con los
Bancos.
En cuanto a la asistencia del Banco Central al Banco Comercial, será
el Presidente Rodríguez Batlle quien dé su respuesta. El aporte del Gobierno equivale al
25% del capital accionario del Banco Comercial, habida cuenta de que los otros cien fueron
aportados por los accionistas internacionales.
Con respecto a los Directores, los tres que han sido designados se
eligieron en base a sus méritos personales y en algún caso con previa consulta a un
líder político, como es el caso del doctor Lacalle; sin embargo, no hubo ninguna
referencia de orden político en la designación. Más aún, en alguno de esos casos ni
siquiera conozco la filiación política de la persona designada.
"En cuanto al acuerdo con los Bancos, he anunciado lo que hasta el
momento se ha ejecutado. El resto corresponde a cláusulas que, eventualmente, tendrán
principio de ejecución, según cómo se desarrollen los acontecimientos. Por el momento,
creo que la discusión pública de ese acuerdo no favorecería la posición negociadora
del Gobierno frente a los Bancos internacionales en las eventuales situaciones que se
puedan dar en el futuro".
Y se prosigue:
Diputado González Álvarez: Quiero aclarar que la copia del
convenio que he pedido no voy a darla a conocer a la prensa; simplemente, quiero estar en
conocimiento de lo que ha firmado el señor Ministro porque él integra el Gobierno de mi
país. Creo que tengo derecho a saber a qué se ha comprometido el Ministerio de Economía
y Finanzas frente a tres Bancos internacionales. Por eso le aseguro que de ningún modo
voy a dar a conocer el contenido de ese convenio a la prensa. Solamente quiero conocerlo,
si es que ello resulta posible, porque de repente el señor Ministro entiende que un
Legislador no tiene derecho a conocer dicho convenio.
Ministro Bensión:
"No he dicho eso. Lo que he expresado es que por el momento
prefiero mantener en reserva el contenido de los aspectos del convenio que aún no han
sido dados a publicidad, en el entendido de que ninguno de ellos ha tenido principio de
ejecución. Esto, en primer lugar. En segundo término, y para tranquilidad de los
señores Legisladores, les aseguro que, en la medida en que alguno de los contenidos del
convenio tenga principio de ejecución, antes de que ello ocurra voy a venir al Parlamento
a informar adecuadamente. "
Diputado González Álvarez:
" En realidad, ahora quedo más preocupado, señor Ministro,
porque usted me está diciendo que en ese convenio hay aspectos muy especiales y se verá
qué pasa al respecto. Y usted ya lo firmó. Se me dice que por el momento no se va a
dar a conocer más aspectos sobre su contenido. Ahora bien, si ese "por el
momento" significa hasta el 10 de abril, no hay problema, pero si estamos hablando de
un plazo de seis meses, me parece que es lógico que un Legislador -que como, en mi
caso, le asegura la mayor reserva, pues no va a dar a conocer esa información, sino
simplemente le interesa conocer lo que ha firmado el Ministro de Economía y Finanzas de
su país con Bancos internacionales- pueda contar con una copia de ese convenio. Pero si
el señor Ministro entiende que no debe ser así, me parece que debe decirlo acá para que
conste en la versión taquigráfica y hoy o mañana la historia juzgue si efectivamente me
asistía derecho en mi pedido.
Usted dice que hay cosas que se van a ejecutar -tal vez no o tal vez
sí-, pero están firmadas. Si bien antes tenía interés de
conocerlo, ahora, con lo que me ha dicho, tengo aún más interés.
Nos ha dicho que si va a ejecutar alguna de ellas lo comunicará o
vendrá a buscar consenso para ejecutarla, lo que significa que debe haber algún
compromiso que me hace pensar mal. Honestamente, con la frase que me ha dicho, quedé aún
más preocupado. Usted verá si me lo puede enviar o no".
El ministro Bensión, además de haber negado expresamente la
información frente al requerimiento de los legisladores, no puso el contrato en cuestión
en conocimiento del Parlamento Nacional. Jamás llegó a la Asamblea General la
comunicación sobre la partida de 33 millones de dólares que aportó el gobierno uruguayo
de acuerdo a lo requerido por el artículo 15 del TOCAF.
El conocimiento del Parlamento perjudicaría la posición negociadora
del país, afirmó el Ministro. A esa altura, poco o nada quedaba para negociar. El
Ministro y el Presidente habían comprometido al Estado Uruguayo a asistir indefinidamente
a Banco Comercial, por un plazo de 11 años si este no era vendido o de lo contrario,
tendría que devolver inmediatamente los 100 millones de dólares que los Bancos
internacionales habían "capitalizado".
Esto además, en una asociación del Estado que requería de la
aprobación del Parlamento Nacional, y que se había pactado en forma confidencial.
El conocimiento de estos hechos, hubiese generado sin dudas que desde
el Parlamento, se exigieran de inmediato las consiguientes responsabilidades políticas.
Nada se informó tampoco en esta comparecencia cuyo tema era "la
situación del sistema financiero nacional" de lo que estaba sucediendo en Banco
Montevideo, a esa fecha de pleno conocimiento el Cr. César Rodríguez Batlle presente en
la Sesión.
La opinión de la Cra. Rosario Medero:
La contadora Medero, en reiteradas manifestaciones en las reuniones de
Directorio del Banco Central, señaló sus discrepancias con el contenido del contrato en
cuestión, señalando su ilegalidad e inconveniencia.
En este sentido se expresa en la Investigadora:
Diputada Charlone:
" En diversas ocasiones, en el Directorio, cuando se habló del
contrato del Banco Comercial -tema que me interesa particularmente-, usted manifestó su
oposición u opiniones contrarias a su contenido. Y hace instantes nos decía que
consideraba que ese contrato era ilegal.
Me gustaría que profundizara en los aspectos de ilegalidad e
inconveniencia, porque ese es otro de los ejes fuertes que tenemos en la
investigación".
Cra. Medero:
Creo que es ilegal desde varios puntos de vista, pero me quiero ceñir
a un aspecto que para mí era relevante. Me refiero a que obligaba al Banco Central a
tomar decisiones, lo que desde mi punto de vista, no se puede hacer mediante un decreto.
Así que yo, nada más que como Directora del Banco Central, me resisto a que, a través
de un contrato que tiene una resolución, se me diga que tengo que dar asistencia, se me
diga que tengo que aprobar normas extraordinarias, se me obligue a hacer cosas contrarias
a la ley. Desde ese punto de vista es ilegal con respecto a la ley del Banco Central, nada
más que para empezar; pienso que también lo es desde el punto de vista de las
obligaciones que se asumieron y de la capacidad de asumir ese nivel de obligaciones.
Obviamente, tenemos un Presupuesto, que se discute arduamente en las
dos Cámaras, en donde se asignan los recursos; y hay un artículo del TOCAF que habla del
1% por encima del Presupuesto; eso daría más o menos treinta millones. Ese era un
compromiso indeterminado, con un monto indeterminado, exagerado. Yo pienso que se trata de
un muy mal contrato desde el punto de vista legal y de la conveniencia; lo dije el día
que lo leí y me dio mucho trabajo porque es largo y difícil, está en inglés,
etcétera. En definitiva, pienso que conoceremos los uruguayos y que pagaremos los
uruguayos las consecuencias de este contrato.
Además, desde mi punto de vista, el contrato tenía otras
inconveniencias, como garantizar que, en cualquier juicio que se hiciera contra los
Bancos, el Estado pagaría, excepto los que fueran en el área penal; pero el Estado
pagaría en todo lo relativo a lo civil. Realmente, ese fue un compromiso impresionante.
Creo que la Comisión ya tiene algunos informes; probablemente haya
otros y esto se dirima a nivel judicial. Yo hice un primer análisis, mirando
especialmente la responsabilidad que asumía el Banco Central, y considero que asumió una
responsabilidad que no correspondía, que era un contrato que extralimitaba los poderes y
que era inconveniente. No solo lo dije, sino que me dio mucho trabajo hacerlo, porque el
primer día que lo dije se hizo un intermedio que duró tres
meses; después no me aprobaban las actas. Después, cada vez que lo quería decir se
armaban intermedios. Es decir, me torturaron. Pero, mirando para atrás, uno piensa que
realmente fue un error estratégico muy grande haber tratado de mantener la apariencia de
que todo andaba bien y aceptar ese contrato por un monto que no alcanzaba para capitalizar
el Banco ni para hacer funcionar el sistema. Obviamente, con el diario del lunes es
fácil decirlo, pero creo que eso se tendría que haber visto antes, desde el principio,
especialmente cuando se daba asistencia, porque hay que pensar que en muchos casos en las
instituciones, como por ejemplo en el Banco Comercial, todavía estaba a cargo gente que
hoy en día está procesada. Entonces, muchas veces la asistencia iba para pagar a algunos
deudores con preferencia respecto a otros deudores; o sea que el destino de la asistencia
no fue el mejor. Fue un costo muy alto para el país y hubo recursos que se destinaron
obviamente mal".
La Emisión de Acciones y el tratamiento de las partidas aportadas:
Mucho se discutió en el seno del Directorio del Central acerca de si
estos aportes eran en realidad aportes de capital o pasivos que asumía el Banco Comercial
(NIC 22) en la medida en que se habían pactado como acciones preferidas con derecho a
rescate.
La emisión de acciones preferidas con derecho a rescate requería de
una modificación estatutaria, que solo podía determinarse por Asamblea Extraordinaria de
Accionistas.
En los hechos en la Asamblea realizada recién el 19 de junio de 2002,
con presencia de los tres Bancos internacionales, se desistió de promover la reforma
estatutaria y los Bancos aceptaron recibir acciones ordinarias, con los derechos y
obligaciones que les confiere la ley y el estatuto social, por lo que no les
correspondería el derecho a rescate de las acciones preferidas. Pero en la misma
Asamblea, no se consideró el aporte de los 33 millones de dólares por parte del Estado,
por lo que éste no podría realizar la emisión de acciones a su favor.
Las acciones a favor de la Corporación para el Desarrollo nunca
pudieron emitirse y recién en enero de 2003 se termina resolviendo el tratamiento a dar a
estas partidas: los aportes de los Bancos internacionales que se habían destinado a la
absorción de pérdidas en su totalidad como "capital integrado" y los aportes
del Estado por 33,3 millones como "Depósitos de Organismos Públicos",
constituyendo un pasivo subordinado.
El pasivo que tiene Banco Comercial con el Estado, señala el Dr.
Artecona, Abogado asesor de BCU constituye un pasivo con carácter subordinado con
respecto al resto de los acreedores de la sociedad, ya que esa fue la expresa voluntad
manifestada al momento de celebrarse el contrato el 26 de febrero de 2002 y comunicada
públicamente a través del anuncio de que el Estado participaba de la capitalización de
la Institución.
No quedaron sin embargo desprotegidos a efectos de recuperar su aporte
los Bancos internacionales.
No en balde se había pactado en el Convenio que en caso de que Uruguay
desistiera de mantener a Banco Comercial en una situación sólida o de proveerle la
liquidez necesaria, o si consideraba tales condiciones como irrazonables, Uruguay tenía
que comprar la totalidad de las acciones de los Bancos internacionales. (el contrato en
este punto habla de acciones, no distinguiendo entre acciones ordinarias o preferidas).
Al 19 de junio, fecha de la Asamblea, seguramente tenían conocimiento
los Bancos Internacionales de la situación de "vaciamiento" de Banco Comercial.
Poco importaba tener acciones preferidas o comunes. Dado los montos de la pérdida
patrimonial, y las condiciones generales de la plaza financiera uruguaya, el Estado no
podría sostener al Banco. Ellos tenían casi asegurada la recuperación del importe
aportado.
Las demandas al Estado Uruguayo: El Estado es demandado por
incumplimiento por 100 millones de dólares. (anexos adjuntos)
El Estado uruguayo ha sido demandado por los Bancos internacionales por
incumplimiento del contrato por 100 millones de dólares, dado que no se sostuvo al Banco
Comercial en condiciones de solvencia y liquidez, de acuerdo a las condiciones pactadas.
El nota de 5 de diciembre de 2002, es dirigida al Ministerio de
Economía el y el Dr. Guerra, abogado interviniente por el Ministerio en la firma del
acuerdo.
En la misma se establece:
"la referencia se remite al Acuerdo De Suscripción y Derechos de
Inversores, fechado el mismo el 28 de febrero de 2002, (el "Acuerdo"), por y
entre la República Oriental del Uruguay, Chemical Overseas Holdings,
Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Crédit Suisse First Boston, Dresdner Bank
Lateinamerika Ag y Banco Comercial.
Es para informar que la República Oriental del Uruguay ha dejado de
proporcionar ayuda o apoyo financiero al Banco Comercial como está establecido en el
artículo 6(B)(I) del Acuerdo y también no ha presentado o proporcionado con
prontitud una "Notificación Gatillo" como está establecido en el
artículo 6(b)(ii) del Acuerdo.
Por consiguiente, los abajo firmantes por este medio entregan esta
notificación de Venta conforme al artículo 6(b)(ii) del Acuerdo, solicitando que la
República Oriental del Uruguay compre o adquiera todas las acciones del Banco Comercial
poseídas por Chemical Overseas Holdings, dentro de los 30 días de recibida esta
notificación de Venta, conforme con los términos establecidos en el Acuerdo.
A continuación se solicita que se realice el giro con disponibilidad
inmediata de los US$ 33.333.333 además de los dividendos acumulados e impagos desde
la fecha de compra.
Similar reclamo formulan otras dos instituciones involucradas.
El 3 de enero de 2003, con el Banco Comercial suspendido, el Ministro
de Economía informa que "la República Oriental del Uruguay no considera adecuado
en este momento como disputable o discutible cualquier Notificación de Venta conforme con
el Acuerdo, desde que la República Oriental del Uruguay no ha dejado de cumplir con el
artículo 6(b)(i) del Acuerdo y no ha determinado que sus requerimientos sean
irrazonables...".
Y continúa "La República Oriental del Uruguay se encuentra
interesada en conocer la instrumentación del Acuerdo en las actuales circunstancias y en
vista de algunas acciones e inacciones de los Inversores, y está abierto a debatir con
los Inversores las posibles alternativas en función de encontrar una solución razonable
para la situación".
Con fecha 29 de febrero de 2003, se notifica a nuestro país El
Arbitraje por parte de los tres Bancos extranjeros, declarándose la Disputa y el
Sometimiento a Arbitraje, en función de los términos establecidos en el Acuerdo.
En la Descripción General de la Disputa, los Bancos extranjeros
establecen que Uruguay "no ha cumplido con sus obligaciones conforme al Acuerdo de
mantener al Banco Comercial en sólida condición financiera y de brindar a Banco
Comercial toda la liquidez necesaria. Uruguay tampoco ha cumplido su obligación conforme
al Acuerdo de comprar la inversión de cada uno de los Reclamantes en Banco Comercial, no
obstante la solicitud de que cada uno de los Reclamantes de que Uruguay proceda conforme a
lo dispuesto en el Acuerdo.
Al presente nuestro país está en litigio con los Bancos
internacionales, pagando costosísimos honorarios, de lo que nos consta una autorización
que solo serviría para cubrir parcialmente los avances de los costos, por 287.500
dólares con serio riesgo de tener que reembolsar los 100 millones de dólares aportados.
Los Bancos accionistas
Surgen enormes dudas acerca de la actuación y eventual responsabilidad
que pueda caberles a los Bancos en cuestión en todo este proceso. El Banco Comercial era
propiedad y estaba también bajo el control de los Bancos internacionales. El desvío de
fondos por 200 millones de dólares que se produce a un Banco argentino, es propiedad de
éstos en un 75%. A igual que en Compañía General de Negocios en donde se desviaron
varios millones de dólares.
Podríamos preguntarnos ¿nunca se enteraron?, ¿no serían acaso por
lo menos responsables por mala administración? ¿habrán resultado directa o
indirectamente beneficiados por este desvío de fondos, que se hacen a través de, o hacia
instituciones de las que son propietarios?
En su comparecencia al Senado manifiesta el Cr. Bensión en la
Comisión de Hacienda el 4 de abril en relación al tema.
Cr. Bensión: "Después del contacto que hemos tenido en estos
meses, puedo decir que tienen muy escasa afinidad entre ellos a la hora de tomar
decisiones, obviamente, por tratarse de empresas distintas que, como ocurre muy
comúnmente en la vida, funcionan razonablemente bien mientras las cosas marchan bien,
pero cuando las cosas dejan de marchar bien no siempre tienen el "affectio
societatis" que teóricamente existe en toda empresa o sociedad".
Senador Heber: "Por lo tanto, me gustaría que se me
respondiera esta pregunta, así como si hay convicción del Gobierno y del Banco Central
en cuanto a que los accionistas estaban totalmente ajenos a las maniobras fraudulentas. Es
una sensación, hay una convicción y una responsabilidad natural. Parecería muy claro o,
dicho de otra manera, tenemos algunos indicios de que no habría total ingenuidad".
Cr. Bensión: "Con respecto a la
pregunta de las acciones fraudulentas, para ser lo más cuidadoso posible, diría que
nuestra primera impresión es que en el hecho del fraude que ocasionó todo el problema
del Banco Comercial., el resto de los accionistas internacionales no estaba enterado.
Sobre otras acciones, estamos investigando, y por lo tanto, no tengo todavía una
respuesta definitiva".
En tanto y en su comparecencia a la Investigadora de fecha 5 de mayo de
2003, en relación al convenio y a la presunta responsabilidad que le cabría a los Bancos
accionistas, señala el Cr. Fernández Becchino:
"Diputado Raúl Sendic: Tengo otra pregunta pero creo que
corresponde a un momento bastante posterior; a pesar de que hablamos de un mes y pico o
dos meses, pasaron tantas cosas que parece mucho tiempo. ¿Cómo es que se ingresa la
llamada capitalización -tengo dudas de que eso sea realmente una capitalización-, cómo
ingresa ese dinero que los socios internacionales de la institución aportan al Banco
Comercial, en acuerdo con el Gobierno Nacional? Ese dinero, esos recursos, ¿vienen a
aumentar el activo o en realidad son un compromiso del Banco para el futuro? ¿Aumentan el
activo o aumentan el pasivo del Banco por la forma en que esos millones de dólares
ingresaron al Banco Comercial?
Cr. Fernández Becchino: Le voy a contestar esta última pregunta.
No lo sé. No domino el convenio, nunca tuve en mis manos el convenio original; solo tuve
copias, inclusive, sin firmar. Lo único que sé de ese convenio es lo que me dijo el
doctor Artecona. Eso es lo único que sé de ese convenio.
La plata entró. Eso es seguro, porque de esa plata nos cobramos todo
lo que había adelantado el Ministerio, que eran como US$ 77:000.000. Uno de los
Bancos se cobró US$ 10:000.000 que vencían en octubre de ese año; ya lo descontó,
y en lugar de poner US$ 33:000.000, puso US$ 23:000.000.
Ese convenio me supera; creo que a muchos los supera. Realmente, no lo
conozco. No lo conozco. No sé la profundidad que tiene el convenio. No sé a dónde vamos
a parar, porque por ahí se dice que toda la plata que ponga el Estado queda capitalizada.
No lo entiendo. Es un convenio que firmó el Ministerio. Yo vine con el Ministro a una
Comisión de Hacienda del Senado; el Ministro explicó y en determinado momento cortó la
explicación y dijo que de ahí para adelante era confidencial. Y era confidencial para
mí también; miren que yo no sé absolutamente nada.
Sinceramente, si quieren que les diga la verdad, eso se manejó
espantosamente mal, porque no era para ir a pedir favores a esta gente. Era para decirles:
"¡Ustedes tienen que poner los US$ 600:000.000 que faltan acá, y se terminó!
Y si no los ponen, ejecutamos". Había Bancos que venían muy mal; el Crédit Suisse
venía con una multa de US$ 100:000.000 que se le había aplicado por malos
procedimientos bancarios, así que estaban en inmejorables condiciones de ganar. Pero se
manejó distinto. ¡Y bueno!, ¿qué quieren que haga? Yo no fui. El primero en ir fue el
contador Rodríguez Batlle y vino con los bolsillos vacíos; los otros que fueron vinieron
con eso, que no sé si no es peor que venir con los bolsillos vacíos. Pero, ¿qué
quieren que yo les diga? No sé.
Diputado Gabriel Pais: ¿Qué mecanismos jurídicos hay para
obligar al socio de una sociedad anónima a aportar capital?
Cr. Fernández Becchino: ¿Por el "afane" de uno de los
propios socios que ellos habían nombrado como administrador? ¡Ah, yo no soy abogado,
pero creo que les corto la cabeza! Yo no soy abogado, soy contador, pero les corto la
cabeza. ¡Si al administrador lo nombraron ellos! ¿Quién nombró a los Rohm? Me
preocupé, mandé a un funcionario a que revisara las actas originales para ver si los
delegados de esos Bancos las firmaron, y están todas firmadas las actas del Banco
Comercial por los delegados, como Briany Mulford.
Dígame usted, que es abogado, ¿no se puede hacer nada con eso? ¡No
puede ser! ¡Yo no lo entiendo! ¡Era para hacerle un buco! ¡Seiscientos palos y, si
sobra, te lo devolvemos! No puede ser. Yo no habría operado así. ¿Qué quiere que le
diga? No sé; quizá no tengo razón y en Estados Unidos es distinto y me pegan una
patada...
Diputado Gabriel Pais: Jurídicamente, no hay procedimientos para
obligar a la capitalización. Eso es así.
Cr. Fernández Becchino: Perdón, pero esto es un robo. ¡Robó
vía administrador! El que yo nombré, el que estaba al tanto de todo los negocios que se
hacían, ¿no es tan ladrón como el que administró? No sé; yo no soy abogado.
Disculpen".
Posición similar parece sustentarse actualmente por el Estado
Uruguayo, contestando la solicitud de arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje
de la Cámara Internacional de Comercio.
Nos preguntamos entonces, si el 26 de febrero,
conociendo el Ministro de Economía el monto de los vaciamientos de Banco Comercial,
conociendo la responsabilidad que les cabía en la administración de Banco Comercial y
conociendo también la composición accionaria de las instituciones vinculadas, no hubiera
sido oportuno demandarlos en lugar de terminar firmando un contrato leonino?
Conclusiones jurídicas
Desde el punto de vista jurídico, nada mejor que hacer nuestras las
conclusiones del informe del Dr. Gonzalo Aguirre, ya que las compartimos in totum y que
abarcan prácticamente todos los aspectos más relevantes del contrato:
1ª) La cuestión no puede ni debe abordarse sin tener ante todo en
cuenta, para analizar este complicadísimo contrato, los principios generales de nuestro
Derecho Constitucional con relación a las autoridades públicas,
enseñados por Justino Jiménez de Aréchaga..
2ª) Las atribuciones del Presidente de la República, en cuanto
titular de la Jefatura del Estado, son indelegables. Cuéntase entre ellas la de
representar al Estado en el exterior del país (artículo 159 de la Carta), por lo que se
violó la Constitución al firmar el contrato, en Nueva York y en representación del
Estado, el ex. Ministro de Economía.
3ª) El Poder Ejecutivo es un órgano de competencia constitucional
" cerrada ", entre cuyas atribuciones en materia económica y financiera está,
sí, la de " Autorizar o denegar la creación de cualesquier Bancos ",
(artículo 168) pero no la de asistir financieramente a Bancos privados en
dificultades, ni la de capitalizarlos para restablecer su solvencia. En la medida en que
el Poder Ejecutivo así lo hizo, en cumplimiento del contrato, violó la Constitución.
4ª) Al aportar capital del Estado a una empresa comercial privada,
como lo era el Banco Comercial, aquél constituyó de hecho una sociedad de economía
mixta de las que autoriza el inciso tercero del artículo 188 de la Carta. Pero lo hizo
inconstitucionalmente, pues no
cumplió con ninguno de los requisitos establecidos por el inciso final de dicho
artículo 188.
5ª) Las amplias facultades de control sobre la gestión y los actos de
los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados que el artículo 197 de la Lex
Magna comete al Poder Ejecutivo, con eventual vía de alzada ante el Senado, no son
poderes jurídicos de administración activa. Se ejercen mediante actos administrativos de
control a posteriori y configuran atribuciones de insusceptible ejercicio si el Ente
titular de la gestión controlada no ejerce, a su vez, las competencias de que es único
titular.
Es absolutamente erróneo, por consiguiente, sostener que el artículo 197 de la Constitución
habilita al Poder Ejecutivo a suscribir o aprobar el multicitado contrato, en ejercicio,
por ejemplo, de atribuciones del BCU con relación a la Banca privada.
6ª) Dichas atribuciones del BCU son, fundamentalmente, la que le
comete el literal D del artículo 3º de su Ley Orgánica respecto a " Promover
y mantener la validez, solvencia y funcionamiento adecuado del sistema financiero nacional
". Asimismo, también es titular el BCU de atribuciones que lo facultan a asistir
financieramente a los Bancos, en situaciones excepcionales. (artículos 36 y 37 de la
Ley Nº 16.696). Tales
cometidos y poderes jurídicos no son, pues, de competencia del Poder Ejecutivo sino del
Banco Central del Uruguay.
7ª) El contrato que motiva esta consulta es de compleja
caracterización jurídica, pero, sin duda, es un contrato administrativo o " de la
Administración " - por ser el Estado una de sus partes - regido en varios aspectos
por nuestro Derecho Constitucional y Administrativo. Y, en otros aspectos, por su objeto,
por el Derecho Comercial. Es, además, un contrato administrativo internacional, en el que
participan personas jurídicas extranjeras, que no son sujetos de Derecho Internacional.
Por último desde el punto de vista del Derecho Internacional Privado, es un contrato
" extranacional" (véase supra, num.11).
8ª) El contrato está viciado por la incompetencia absoluta de quien
los suscribió en representación del Estado uruguayo, siendo Ministro de Economía y
Finanzas, la que no se sanea por la aprobación posterior del contrato por el Poder
Ejecutivo, pues éste órgano también era incompetente para celebrarlo, dado su
contenido.
9ª) El vicio de incompetencia también surge de que el Estado y el
Poder Ejecutivo carecen de facultades para constituir una sociedad de economía mixta sin
autorización legal (artículo 188 "in fine
" de la Carta).
10) El contenido del contrato es ilegal - e inconstitucional - en
varios aspectos. A saber:
A) Por colidir claramente con varios preceptos de la Carta Orgánica
del BCU (artículos 3º-D, 36 y 37), lo cual, además,
configura una usurpación de competencia.
B) Porque la cláusula 10º, de " Descargo y Limitación de
Responsabilidad, rechina con los principios generales de la responsabilidad contractual,
establecidos en el Código Civil, con disposiciones del Decreto Ley Nº 15.322 y de la Carta Orgánica
del BCU, así como de la Ley Nº 16.060.
C) Porque la asunción de obligaciones por cuenta del BCU (por ejemplo,
artículo 3º literal a) i), viola la autonomía de dicho Banco (artículo 196 de la Constitución
y 1º de su Carta Orgánica).
D) Porque al disponerse que las leyes aplicables al contrato son las
del Estado de Nueva York (cláusula 11), se transgrede lo dispuesto por los
artículos 2399 y 2403 del Código Civil, ya que la Convención Interamericana sobre
Derecho Aplicable a los Contratos no ha sido ratificada por Uruguay ni por Estados Unidos,
país con el que no tenemos un tratado que rija esta materia.
11) Que el artículo 15 del TOCAF, invocado por el Tribunal de
Cuentas y en un dictamen de la Sala de Abogados del BCU -de 1988- como atributivo de
competencia al Poder Ejecutivo en la materia regida por el contrato, de ninguna manera
tiene ese alcance, según lo expliqué supra Nº 25.
12) Que los ya señalados vicios de incompetencia y de ilegitimidad del
contenido del contrato determinan la invalidez y nulidad absoluta del mismo, según
enseñanzas de la más prestigiosa doctrina uruguaya (véase supra, núms. 28 y 29).
13) No obstante que, de acuerdo al orden jurídico uruguayo, el
contrato debe considerarse absolutamente nulo, Uruguay no cumplió con todas sus
obligaciones, especialmente lo del artículo 6bii, por cuya causa podría
demandársele su cumplimiento por la vía del Arbitraje pactado en la cláusula 11 del
contrato.
14) La nulidad no produce sus efectos de pleno derecho ni puede ser
declarada unilateralmente por la Administración. Su declaración solo puede impetrarse y
obtenerse en vía jurisdiccional.
15) La jurisdicción o foro competente para conocer en los conflictos o
litigios derivados del multicitado contrato debiera ser la uruguaya a tenor de lo
dispuesto por el artículo 2401 del Código Civil. Sin embargo, esta norma legal
resulta inaplicable en la especie, en razón de la última oración del
artículo 2403 de dicho Código, que obliga a aplicar la Convención de Nueva York
(1958) sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, ratificada
por Uruguay tras su aprobación por el Decreto Ley Nº 15.229, en cuyo mérito, es válida la cláusula 11-b del
contrato, que obliga a dirimir los conflictos, entre las partes conforme a las Normas de
Arbitraje de la CIC.
16) La nulidad del contrato en cuestión carece de consecuencias
prácticas, por incompetencia de la justicia uruguaya para conocer de litigios derivados
de este contrato y porque casi seguramente no sería declarada por el Tribunal Arbitral
competente en dichos litigios, que juzgaría la cuestión conforme a las leyes del Estado
de Nueva York.
En resumen:
1. Que el Presidente de la República y el Ministro de
Economía, excediendo sus atribuciones constitucionales, realizaron una asociación no
consentida por el Parlamento.
2. Que ello se realizó en un acuerdo confidencial.
3. Que la Asamblea General nunca recibió la comunicación del Gasto
realizado, conforme a lo que establece el artículo 15 del TOCAF.
4. Que el Presidente de la República realizó inconstitucionalmente
delegación de atribuciones para suscribir el acuerdo que el Ministro de Economía que
este aceptó.
5. Que se asumieron funciones y atribuciones en cuanto a asistencia
financiera que competen solo al Banco Central
6. Que se comprometieron a realizar aportes indefinidos para mantener
la liquidez y la situación patrimonial sólida de Banco Comercial por un plazo de 11
años excediéndose en sus competencias constitucionales, y pactándose una condición por
demás inconveniente.
7. Que invadieron explícitamente competencias propias del Banco
Central, comprometiendo sus decisiones futuras transgrediendo su autonomía funcional y
usurpando sus competencias.
8. Que el Ministro de Economía expresamente negó información en las
Comisiones Parlamentarias, cuando se le interrogó sobre las obligaciones que el Estado
asumía.
9. Que el contrato en cuestión resulta además
claramente inconveniente, fijándose obligaciones unilaterales para el Estado Uruguayo.
10. Que fijaba obligaciones patrimoniales futuras de montos indefinidos
en perjuicio del Estado Uruguayo, que es quien asume prácticamente todos los riesgos.
11. Que al pactarse la ley a aplicarse sería la del Estado de Nueva
York se violó el artículo 2399 y 2403 del Código Civil.
12. Que no se tomaron los debidos recaudos para investigar la eventual
responsabilidad de los Bancos internacionales en el vaciamiento de Banco Comercial.
13. Que el Presidente de la República y el Ministro de Economía
expusieron al Estado uruguayo a ser demandado, de no cumplirse condiciones pactadas
imposibles de prever y que resultan abusivas e inaceptables. En este momento, además de
los 33 millones referidos, y de toda la asistencia financiera aportada, se está en riesgo
de tener que realizar un nuevo desembolso de 100 millones de dólares, dado que el Estado
ha sido demandado por los Bancos internacionales.
14. Que el Presidente de la República y el Ministro de Economía
habrían violado el artículo 188 de la Constitución
al pactarse una asociación con privados sin la aprobación del Parlamento Nacional.
15. Que lo actuado resultó además de inconstitucional, ilegal e
inconveniente, en perjuicio patrimonial del Estado Uruguayo y de sus ciudadanos,
disminuyendo la posibilidad de acceso a recursos para usos legítimos y convenientes, con
un enorme costo de oportunidad en un momento de recesión de la economía uruguaya e
incrementando sustantivamente los volúmenes de endeudamiento externo del país con los
organismos internacionales.
Anexos
Contrato de suscripción y derechos de los inversores entre
República Oriental del Uruguay, Chemical Overseas Holdings, Inc., Crédit Suisse First
Boston, Dresdner Bank Lateinamerika AG y Banco Comercial S.A.; de fecha 26 de febrero de
2002. En Informe de Comisión Preinvestigadora sobre diversas actuaciones relacionadas con
el Sistema Financiero y Bancario, Repartido de Cámara de Representantes número 1070 de
setiembre de 2002, folios 35 a 78.
Informe del Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez, de 10 de febrero de 2003.
Informe del Dr. Pablo Cajarville Peluffo, de 9 de diciembre de 2002.
Informe de la Asesoría Jurídica del Poder Legislativo, de 28 de
noviembre de 2002.
Informe del Dr. Enrique Guerra, de 28 de junio de 2002.
Nota del Dr. Carlos E. Delpiazzo, de 25 de noviembre de 2002.
Ministerio de Economía y Finanzas. Resolución de Presidencia de fecha
26 de febrero de 2002. Designación del Cr. Alberto Bensión para que otorgue y firme el
contrato de capitalización.
4. El proceso de fusión de los Bancos Montevideo – Caja Obrera
ANTECEDENTES DEL GRUPO PEIRANO
Desde principios del siglo pasado, cuando llegaron a estas costas, los
Peirano se mueven cerca del poder.
?
1902 Pedro Facio
funda el Banco Popular
?
1940 Popular
tercer Banco del país
?
1969 Es
absorbido por el Banco Mercantil del Río de la Plata que había sido fundado por Facio,
Peirano y Compañía en 1915.
?
1971 fue
intervenido por el Estado debido a un excesivo endeudamiento, una cartera de colocaciones
demasiado concentrada, operativa ilícita, con testaferros al frente, usada para el
vaciamiento del Banco.
Esto sucedió durante la presidencia de Jorge Pacheco Areco, época en
que Jorge Peirano Facio ocupó el Ministerio de Industria y Comercio y luego el de
Relaciones Exteriores.
Se puede recorrer la prensa y las actas parlamentarias de la época.
?
Marcha, 16/4/71
?
Interpelación
de Wilson Ferreira Aldunate a Charlone, 23/4/71
?
Diario El Popular, 3/4/71 en adelante. Se puede ver la composición del
capital accionario del Banco Mercantil en esa época.
?
En 1991 el Grupo
ya tenía el 100% de las acciones Banco Velox (Argentina), Banco Alemán (Paraguayo),
Banco Montevideo (Uruguay), TCB (Caimán). El 50% del Supermercado Disco, 36,97% de Santa
Isabel, Financieras en Brasil, Casas de Cambio, operadoras de bolsa, múltiples empresas y
establecimientos en todo el MERCOSUR.
El Grupo Peirano y en especial Jorge Peirano Facio tenían antecedentes
en la justicia uruguaya desde los hechos del Banco Mercantil Popular.
A nivel internacional en Brasil no se les autorizó la apertura de un
Banco al estar señalado como vinculado a actividades de lavado de dinero, etc.
No ha aparecido referencia a estos hechos en los documentos enviados
por el Banco Central del Uruguay.
Sin embargo, el Banco Central tenía conocimiento y trascendió en la
prensa que Finabras fue prohibida por el Banco Central de Brasil para ser Banco, debido a
informes negativos de la DEA de Estados Unidos.
Al no otorgar patente de Bancos, el Banco Central de Brasil solo
autorizó una financiera que es la misma que off shore actuaba en la Zona Franca de
Montevideo.
En el proceso de venta del Banco La Caja Obrera al Banco de Montevideo
participaron, además de los Directores del Banco Central del Uruguay, los miembros de la
Comisión Asesora de Adjudicaciones, el Directorio del Banco de la República y la
Corporación Nacional para el Desarrollo.
Resulta sorprendente que ninguna de estas personas estuviera al tanto
de estos antecedentes.
La única mención sobre el tema la realizó el Cr. Rodríguez Batlle
en la Comisión de Hacienda del Senado, el 28 de noviembre de 2001, al explicar por qué
motivo no se contrató un broker para este proceso de venta, como se había hecho en los
tres intentos anteriores. Rodríguez Batlle dijo: "En última instancia esto no
se hizo en razón que teníamos información suficiente de los distintos interesados que
se habían presentado a nuestro llamado a ofertas...el Banco Central resolvió no utilizar
un broker y manejarse con los servicios internos para la precalificación, para el
conocimiento de los Bancos y para el estudio de las ofertas".
¿Tenía el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas la
suficiente información sobre los antecedentes del Grupo Peirano?
Sí, es cierto.
¿Por qué le vendieron el Banco La Caja Obrera al Banco Montevideo
igual?
EL BANCO LA CAJA OBRERA GESTIONADO
Referido al proceso de venta del Banco La Caja Obrera decía el 25 de
noviembre de 2002 el Dr. Rocca Couture en la Comisión Investigadora:
"Hubo un segundo intento que creo que es el que vale la pena
analizar""... El Banco Central nos instruye para abrir el Banco. Nosotros
pedimos una carta de confidencialidad...".
"Varias auditorías revisan el Banco. En esta Comisión de Venta
los Directores del Banco La Caja Obrera no tuvimos ninguna participación. No fuimos
integrantes de una Comisión Técnica que aconsejó al Directorio del Banco Central del
Uruguay, tampoco fuimos enterados de las cláusulas, condiciones o propuestas de los dos
proponentes. La posición del Banco Central llevó a una situación de manejo
estrictamente técnico del asunto, a tal punto que los Directores del BROU y de la CND no
intervinieron tampoco directamente, que nosotros sepamos en las negociaciones".
"Desde que asumimos la presidencia del Banco La Caja Obrera, los
accionistas fueron la Corporación Nacional Para el Desarrollo 80%, Banco de la República
Oriental del Uruguay un porcentaje menor y los 12 o 14 mil accionistas un 0,17% del
capital del Banco".
"El Banco La Caja Obrera fue mejorando su patrimonio y en el
último ejercicio llegó a estar en el entorno de los US$ diez u once millones".
"El viernes anterior al 4 de diciembre, supongo que sería el 1º
de diciembre, recibimos una notificación telefónica del Banco Central señalando que la
operación había culminado y que el día lunes a las 11 de la mañana se perfeccionaba la
venta en el Banco Central".
"Con respecto al tema de la liquidez, el Banco la Caja Obrera fue
un Banco que permanentemente defendió la liquidez, inclusive frente a la
rentabilidad...".
"Esa liquidez fue una especie de obsesión de nuestra parte... Es
decir en más de una oportunidad, para abrir una carta de crédito
debíamos mantener siempre una fuerte liquidez".
Preguntado: ¿Usted se refiere a que el monto del patrimonio al 31 de
octubre era positivo?
Rocca Couture responde: Sí…
Sr. Zoulamian: "Esos valores son alrededor de
US$ 75:000.000 de liquidez y el patrimonio del US$ 5:800.000 al 31 de octubre de
2001".
"Al 31 de diciembre de 2000 el balance del Banco La Caja Obrera,
con comentario del síndico y con auditoría externa es publicado en el Diario
Oficial".
"El 31 de octubre de 2001 la situación es la recién
descripta".
El 31 de diciembre de 2001, 28 días después de haberse concretado la
venta, una auditoría que termina presentándose el 18 de junio de 2002 y un síndico que
al 31 de diciembre de 2001 no estaba en funciones afirman que el Banco la Caja Obrera no
es una empresa en condiciones de seguir en marcha. El Dr. Rocca Couture ante ello
manifiesta no poder compartirlo...
Rocca Couture: "El mismo día que se hizo la venta, el Señor
Ministro de Economía y Finanzas nos convocó a su despacho a la hora 19, y nos trasmitió
un sentimiento de gratitud hacia la tares que habíamos realizado los Directores y el
Síndico y señaló que en un momento que la región estaba tan convulsionada era una
buena noticia la posibilidad de que se hubiera cumplido un compromiso internacional que
hacía mucho tiempo que no se podía cumplir...".
LAS RAZONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y DEL BANCO CENTRAL
DEL URUGUAY
28 de noviembre de 2001, Comisión de Hacienda del Senado, Cr.
Rodríguez Batlle: "No tengo la fecha precisa en que comienzan a regir las
normas de excepción, pero recuerdo que prácticamente desde el comienzo, ya había un
encaje remunerado, insuficiencia de capital y de ciertas relaciones técnicas no
cumplidas. Algunas de estas variables pueden ser cuantificables como, por ejemplo, el
encaje y la escasez de capital. Otras relaciones técnicas, como calce y descalce de
moneda o topes de riesgo, son más difíciles de cuantificar".
El Banco La Caja Obrera ha sido beneficiado mediante la concesión de
sucesivas prórrogas hasta fines del año 2001 con la posibilidad de integrar el
encaje con Letras de Tesorería, cuando la normativa exige que éste esté formado solo
por efectivo y depósitos a la vista, es decir disponible.
Para el año 2000, esta excepción a la normativa había sido estimada
por el Cr. Rodríguez Batlle (Comisión de Hacienda, 28/11/01) en US$ 1:200.000 de
ingresos adicionales a favor del Banco La Caja Obrera:"...Teniendo en cuenta la
rentabilidad de las Letras de Tesorería de ese momento, el interés se sitúa en el orden
de los US$ 1:200.000".
28 de noviembre de 2001, Comisión de Hacienda del Senado, Cr. Alberto
Bensión: "Si no vendíamos el Banco La Caja Obrera, teníamos que integrar
US$ 20:000.000 en un plazo más o menos inmediato y mantener una norma de excepción
que cuesta, a las tasas de interés de hoy, US$ 750.000 por año".
"Uno podría pensar que el Banco se transforme sustancialmente en
su manejo, pase a ser rentable y no tenga necesidad de todo esto, pero la experiencia de
estos 14 años nos dice lo contrario. Digo esto con el mayor de los respetos por la
conducción que el Banco ha tenido en estos años, que no quiero cuestionar de ninguna
manera; no está en el ánimo de ninguno de nosotros hacer una revisión en ese sentido,
pero tenemos que entender claramente que este era un Banco que tenía dificultades, que el
Estado rescató, por decirlo de alguna forma, y que ha entrado en un proceso de rezago, en
un ambiente muy competitivo y difícil. De modo que si el Banco la Caja Obrera continúa
en manos del Estado, creo que no es arriesgado insistir en que tenemos la necesidad de
realizar una capitalización del orden de los US$ 20:000.000, con una pérdida anual
para las finanzas públicas de alrededor de US$ 750.000 por año. Contra esto hemos
hecho una transacción que en el margen significó un costo adicional de US$ 700.000
por año durante dos años, es decir, el tercero y el cuarto. Ese es nuestro razonamiento.
"
11 de diciembre de 2001, Comisión de Hacienda de Diputados, Cr.
Rodríguez Batlle: "La oportunidad y las necesidades que dieron lugar en su
momento a que el Estado participara en el capital accionario del Banco la Caja Obrera.
Queda claro que no se trató de una decisión estratégica de Gobierno sino de una
situación de extrema necesidad que ocurrió en el año 1987 –hace catorce años- y
que tuvo la participación del Banco de la República Oriental del Uruguay como único
accionista del capital que se estuvo negociando, para evitar las dificultades por las que
transitaba el Banco La Caja Obrera en esa época y que se cortaron con la presencia del
Banco de la República en el capital accionario.
En el correr de los años, dicha situación excepcional significó
básicamente, dos aspectos para el Estado. Por un lado, significó
la necesidad de realizar aportes de capital para que el Banco pudiera seguir
funcionando y, por otro, implicó que el Banco Central resolviera la flexibilización o
amortización de ciertas normas, que son válidas para todos los Bancos y que no lo han
sido para el Banco La Caja Obrera. Estos son los dos grandes conceptos de sacrificio
que ha tenido que hacer la sociedad para el mantenimiento de este Banco. En particular, ha
tenido que inyectar capital a lo largo de un período que comenzó en diciembre de 1988 y
que llegó hasta junio de 1991; ha debido efectuar aportes de capital que, a valores
históricos, significan US$ 93:340.487. Estoy haciendo hincapié en que se trata de
valores históricos puesto que si se hace una actualización de ese monto que se fue
aportando como capital, primero a través del Banco de la República y luego con la
participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en el año 1990 –
partir de ese año y hasta 1991 la Corporación es la que realiza los principales
aportes-, esos más de US$ 93:000.000, considerando cuál hubiese sido un costo de
oportunidad, según un análisis realizado por nuestro Departamento de Política
Económica alcanzaría una cifra próxima a los US$ 200.000.000; eso es lo que
significaría hoy ese esfuerzo de inyección de capital realizado a lo largo de varios
años.
Con respecto a las normas especiales, al tratamiento diferencial, que
es otro de los componentes de la situación que ha tenido el Banco la Caja Obrera
–desde luego, hay una gran variedad de normas Bancocentralistas, algunas más
importantes y otras menos, pero hablaremos solo de las de mayor relevancia- ha implicado
fundamentalmente aceptar que a pesar de los aportes, en los últimos años dicho Banco
funcionara con insuficiencia de capital. Si bien a partir de 1991 no se hicieron aportes
de capital, se aceptó que no cumpliera los requisitos de capital mínimo que se exigen a
todas las demás instituciones del sistema financiero privado.
Otro aspecto digno de mención es el que se refiere a la posibilidad de
integración de los encajes en Letras de Tesorería, en la parte que corresponde al encaje
no rentado. Para tener una idea, puesto que estamos hablando de un plazo de cierta
extensión, debemos decir que en el último ejercicio esa norma de encaje rentado
excepcional le ha significado un ingreso adicional de US$ 1:200.000, cifra que, desde
ya, se agrega a las inyecciones de capital que he mencionado. Esta es la cifra del último
ejercicio; es la cifra que, a valor actual, ha recibido año a año como tratamiento
especial adicional a la insuficiencia de capital.
Estas son, en grandes líneas, las principales características del
apoyo recibido por el Banco La Caja Obrera. Si en el último ejercicio, donde se declara
una utilidad de más de US$ 200.000, elimináramos el encaje rentado, se
transformaría en una pérdida del orden de US$ 1:000.000.
Sin duda estas características de tipo estratégico y económico han
llevado a los distintos Gobiernos a intentar que el capital accionario volviera a manos
privadas. Había y hay un interrogante adicional en el sentido de hasta cuándo la
insuficiencia de capital es sostenible. Sin duda, por una razón de lógica, de continuar
el Estado con la Administración, este Banco hubiera necesitado una capitalización; y
allí o habría dos opiniones, porque esa capitalización es la que, en definitiva, los
nuevos accionistas tendrían que realizar. Entonces, desde ya, se trata de una cifra
cierta y real.
11 de diciembre de 2001, Comisión de Hacienda de Diputados, Cr.
Alberto Bensión: "La primera consecuencia de haber continuado con el Banco la
Caja Obrera es que un lapso de no más de tres años –por decir algo- el Estado
uruguayo habría tenido que aportar US$ 21:000.000. la segunda consecuencia es que
deberíamos, poco más o menos, continuar el tratamiento de excepción al encaje del Banco
La Caja Obrera. US$ 30:000.000 de encaje a una tasa de interés del orden del 2,5%
significan aproximadamente, US$ 750.000 por año.
Déjenme dramatizar de aquí a la eternidad; reitero, US$ 750.000
por año hasta que el Banco La Caja Obrera pudiera volver al sector privado.
Todas las normas técnicas, es decir, el calce de monedas, los topes de
riesgo, los niveles de encaje y las previsiones, todos los beneficios los tiene desde hace
catorce años el Banco La Caja Obrera; es decir que no se trata de un problema de ahora. A
tal punto tuvo esas normas, que puede llamar la atención cómo es que no se capitalizó
desde el año 1991. Hasta ese año, se pusieron US$ 100:000.000; a partir de allí,
los ha venido gastando. Es por ello que ahora llegamos a un patrimonio que, contablemente
y con un informe de un auditor independiente, está por debajo del millón de dólares; no
hay sorpresas. La sorpresa es que los US$ 100:000.000 los ha venido consumiendo aun
contando con normas excepcionales. No es que las normas excepcionales de den de ahora en
más.
Tal como decía el pliego, se aceptan por dos años las normas
excepcionales -las mismas que tenía el Banco La Caja Obrera- y se agregan dos años de
encaje remunerado, que es lo que no estaba. Y lógicamente, si
el Banco La Caja Obrera hubiera seguido adelante, habría que habérselo dado.
Por lo tanto, no se acepta del comprador insuficiencia de capital ni de
previsiones, que eran dos de las normas que tenía; y el resto de las excepciones son las
mismas de que gozó el Banco La Caja Obrera durante todo este período. Esto no es una
crítica a su conducción porque no quisiera el hecho de que conste que desde el año 1991
no se capitalizó y que se terminó con un capital muy bajo, signifique un juicio de
valor. No hay ningún juicio de valor, es un hecho. Es un hecho lo que se puso y es un
hecho el valor actual; no se trata de un juicio de valor en cuanto a la gestión, a la
cual en ningún momento hice referencia.
¿En qué documentación se apoyan estas afirmaciones?
¿Se reconoce que se agregan dos años de encaje remunerado que no
estaba en el pliego?
¿Se concretó en algún momento la necesaria capitalización por parte
del Banco de Montevideo?
LA OPINIÓN DEL DIRECTORIO DEL BANCO LA CAJA OBRERA
11 de diciembre de 2001, Comisión de Hacienda de Diputados, Señor
González Álvarez:" A propósito de lo que ha dicho el Señor Presidente del
Banco Central, debo decir que en reiteradas ocasiones he leído en los últimos cinco
años –lo ha manifestado el Presidente del Directorio, el Señor Rocca Couture, y
otros Directores- el Banco la Caja Obrera ha dado utilidades; siempre se ha dicho eso y
nadie nunca dijo que eso no era cierto. Podrá no haber sido cierto, pero ellos siempre
dijeron eso y consta en cantidad de versiones de prensa que hemos visto. Estos son hechos
a los que tenemos acceso los señores legisladores.
En el pedido de informes que cursé con fecha 18 de abril, yo
solicitaba los balances del Banco la Caja Obrera para comparar si era cierto lo que decía
el Presidente, el señor Rocca Couture, en cuanto a que la institución, daba utilidades
todos los años".
11 de noviembre de 2002, Comisión Investigadora, Señor Foderé:
"El entonces Presidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti, me
recibió para ofrecerme el cargo y me expresó que era interés del Gobierno tratar de
levantar el Banco que en ese momento estaba sufriendo pérdidas. Cuando nosotros
asumimos, el capital del Banco esta prácticamente en el mínimo exigible: tenía
alrededor de US$ 2:500.00 de patrimonio.
Esto fue en octubre de 1995. Nosotros asumimos el 25 de octubre de 1995.
El Dr. Sanguinetti nos dijo que era interés del Gobierno devolver el
Banco a la actividad privada. Existía un compromiso de anteriores gobiernos con el Banco
Mundial. Que había suministrado un dinero en el momento en que fue intervenido, en el
año 1987, a los efectos de regularizar la situación y era interés del Gobierno
reprivatizar el Banco, es decir, volverlo a la actividad privada. Es decir que la misión
que teníamos era tratar de recuperar el patrimonio del Banco, normalizarlo para
que, posteriormente, se siguiera un método. Luego voy a explicar qué se hizo para que el
Banco volviera a la actividad privada, como lo había sido en su historia. El Banco nació
en el año 1905 y fue intervenido en 1987, junto con el Banco Comercial.
Nuestra misión no tenía un límite de tiempo. Esto fue perfectamente
aclarado desde el primer momento por el Presidente de la República y por el Ministro
Mosca: podían ser seis meses, un año, dos años; el Banco tenía que ser reprivatizado.
En esas condiciones aceptamos y sumimos el control del Banco.
Quiero aclarar que hasta el momento el Banco estaba sufriendo pérdidas
importantes. Inclusive, no tenía los balances correspondientes; hacía tres años que no
se realizaban balances.
Creo que el Directorio trabajó muy bien y cumplió una función muy
buena, ya que rápidamente el Banco fue recuperando posición. Lo recuperamos, fundamentalmente,
en base a su gran prestigio en el interior del país.
El Banco estaba siendo auditado en forma permanente. En ese momento, se
había regularizado totalmente su situación legal y jurídica con los balances
correspondientes. Siempre fue auditado por la consultora Tea Deloitte y Touche.
Cuando tomamos posesión del Banco, éste tenía 560 funcionarios y un
costo operativo, solo de personal, de más de US$ 2.000.000.
Desde que fue intervenido, el Banco fue puesto a la venta. Cuando el
Banco Mundial le da el dinero, lo hace con la condición de que vuelva a la actividad
privada.
Cuando fue intervenido en 1987, contaba con aproximadamente 1000
funcionarios. Entonces, los Directores posteriores, empezaron a no recuperar vacantes,
control más estricto de los gastos y realización de concursos para la gente que iba a
entrar. En una palabra: se actúo de una manera austera. El Banco tenía un gran prestigio
en el interior del país, yo puedo certificar eso, y volcó su
esfuerzo en el aumento de las colocaciones en el sector agropecuario. Cuando asumimos,
estas colocaciones estaban en US$ 40.000.000 y nosotros las llevamos a
US$ 70:000.000. En ese momento los locales feria crecieron enormemente. El importante
vacío que hoy hay en el país es precisamente en función de que el Banco La Caja Obrera
no está actuando. Junto con el Banco Comercial, La Caja Obrera ha actuado mucho en
este sector.
Es decir, que de alguna manera, fue volver a los orígenes y atacar los
gastos y los costos. Miramos punto por punto todos los contratos que se habían hecho.
Diría que fue una administración austera y normal. Eso llevó a la recuperación del
Banco que en el año 2000 llegó a tener un patrimonio líquido de US$ 10:000.000.
En nuestro período el Banco Central nunca aportó absolutamente
ningún dinero, porque no fue necesario; inclusive, cuando nosotros asumimos, el capital
que el Banco Central había aportado a través de la Corporación estaba detenido y fue
liberado poco a poco; se terminó de liberar en el año 2000, tanto en moneda extranjera
como en moneda nacional.
Lo que yo puedo suministrar a la Comisión es el balance al 31 de
diciembre del año 2000 auditado por Tea, Deloitte & Touche, que certifica cuál era
el patrimonio del Banco, no lo que dice el Banco Central ni sus fundamentos.
Lógicamente, si a nosotros no se nos suministraba capital por parte
del estado, no podíamos cumplir con esos mínimos porque, directamente, no estábamos en
condiciones de hacerlo. Además, a La Caja Obrera se le permitió tener encajes en
títulos, en Letras, en lugar de tener un encaje en efectivo como cualquier otro Banco de
plaza. Eso significaba poder disponer de dinero que podía recolocar; podríamos decir que
era una ventaja. El Banco Central siempre computó eso a los efectos de bajar directamente
el patrimonio del Banco. El Banco Central puede haber considerado otras cosas; había una
serie de ventajas que tenía la Caja Obrera desde que fue intervenido a efectos de que
pudiera funcionar. Debe haber tenido en cuenta algún otro elemento; entonces, bajando
todo eso, el Banco Central puede haber llegado a ese patrimonio. Pero es muy claro
también que todo eso existía desde que fue intervenido, desde que nosotros asumimos; es
muy claro que cuando nosotros asumimos el Banco tenía un patrimonio y que cuando nos
fuimos tenía otro. Desde el 31 de diciembre de 2002, cuando se realizó el último
balance, hasta que nos fuimos, hubo un desmejoramiento del Banco la Caja Obrera. Tengo
acá un Estado de Situación al 31 de octubre del año 2002, es el último; algunas cosas
guardé, realizado por la Contaduría del Banco y luego comunicado directamente al Banco
Central, el que aprueba los elementos en forma electrónica, en el que figura el
patrimonio de la Caja Obrera en ese momento. El año 2001 fue un año malo para el Banco;
venía perdiendo...
... Pero quiero precisar que según el último balance que tengo acá,
auditado por Tea, Deloitte & Touche y aprobado por el Banco Central, el Banco tenía
más de US$ 10.000.000. pero al 31 de octubre del año 2001 el patrimonio del Banco
había bajado a US$ 5:800.000.
El problema de la aftosa surgió en abril de 2001. Precisamente, fue
debido a eso además del reperfilamiento del sector agropecuario que la gente dejó de
pagar..
... Pero no fue difícil hacerlo en el interior del país. Como dice el
Sr. Diputado Fernández Chaves, la aftosa nos afectó enormemente porque durante
tres meses no hubo ferias y, además, con ese asunto del reperfilamiento la gente
prácticamente dejó de pagar. Entonces, evidentemente, el Banco tuvo que hacer
previsiones y tuvo que hacer castigos, porque no fue exonerado; se nos comunicó que
dejáramos todo ese problema para el comprador.
Ahí se regularizó gran parte de la situación contable del Banco, lo
que no pudo hacerse por orden del Banco Central, cuando estaba el anterior Directorio.
Entonces, aclaro que no se lo que puede haber dicho el Banco Central
porque nunca se nos comunicó. Lo que sí tengo es el balance al 31 de diciembre de 2000,
auditado y aprobado por el Banco Central y de allí surgen los números de los que puedo
hablar.
Uno de los argumentos que siempre tuvo el Banco Central para vender
esta institución era que tenía un déficit patrimonial enorme. Pero este déficit
patrimonial lo tuvo históricamente; cuando nosotros asumimos el Banco tenía un déficit
patrimonial superior a éste, aunque nunca se llegó a la insuficiencia del patrimonio
legal si bien en algún momento se estuvo al borde. Es decir que el déficit patrimonial
era muy grande, pero el patrimonio neto era de $ 75:692.137, equivalente a los
US$ 5:000.000. esos son los últimos números. Esto es lo que recibimos de la
Contaduría que, a su vez, estaba avalado por el Banco Central".
LA VERSIÓN DEL SÍNDICO DEL BANCO LA CAJA OBRERA GESTIONADO
11 de noviembre de 2002, Comisión Investigadora, Síndico Señor
Odizzio: "Estuve en el Banco desde el año 1987, cuando me
llevó Slinger como interventor, con dos funcionarios más: Después fui Director un año
y, luego, se firmó el convenio con el Banco Mundial, en 1989, según el cual iba a
aportar el dinero para los tres Bancos intervenidos y condicionó un acuerdo con la
Corporación Nacional Para el Desarrollo, por el cual ésta era responsable de la
administración del Banco. Eso está en el Decreto.
En ese momento, el antiguo Directorio ya se iba y se nombró otro que
duró un año, del cual fui integrante junto con los señores D’Elia, Williman y el
Cr. Brezzo, que falleció recientemente. Después interviene la Corporación Nacional para
el Desarrollo y ahí vienen los US$ 45.000.000, que fue lo que dio el Banco Mundial
para el Banco La Caja Obrera, pero de ese dinero no se dispuso en caja, ya que fue
colocado a plazo fijo en el Banco Central hasta hace poco. O sea que el aporte que
recibió en su existencia el Banco La Caja Obrera fueron esos US$ 45.000.000 y
US$ 30:000.000 más del Banco de la República, que cubrió alguna pérdida.
Cabe aclarar que cuando nombran al nuevo Directorio con instrucciones
del Banco Mundial, el Banco de la República me designa síndico y así fue hasta que se
terminó el Banco.
Se sucedieron como Vicepresidentes Ejecutivos los señores Mario Gerpe,
Frederick -Presidente del Banco Comercial por un año- y Leonís.
En 1989 se firma el convenio con el Banco Mundial; era la época del
Gobierno de Sanguinetti.
Esos tres o cuatro balances que estaban pendientes cuando el Escribano
Foderé entró al Banco, se debió a que el Director, Sr. Leonís, a fin de año hizo un
asiento para dar ganancia al Banco que no se aprobó. No era ninguna maniobra, pero
contablemente, no se podía hacer. Esto está en actas.
Esos balances quedaron pendientes. Se eleva carta al Banco de la
República; se eleva carta al Banco Central. Hay una carta al Banco Central que dice que
va a corregir esa situación porque se está estudiando la capitalización del Banco, que
está en trámite. Esto está escrito. Nunca lo capitalizaron... Entonces, cuando
vinieron los Directores nuevos, es decir los últimos –durante los primeros años se
cambiaba de Directores anualmente, aunque parezca mentira; todo esto afectó al Banco y
además, digo con todo respeto que como con todas las cosas, a veces hay que saber-, se
encontraron con que había balances de cuatro o cinco años sin aprobar. Y ahí se produjo
la gran acción del último Directorio, que habló con el Banco Central; no era fácil
corregir todo eso y en una asamblea se aprueban cuatro o cinco balances y el Banco empieza
a caminar normalmente. Que empiece a caminar normalmente no quiere decir que siempre lo
hiciera bien; Se puede caminar regular. El Banco tuvo lesiones económicas grandes. Por
ejemplo, todo lo que se decía sobre que el Banco Central le daba menos encaje, etcétera,
era un beneficio para que pudiera funcionar el Banco.
Lo único que yo aseguro es que el Banco siempre se manejó por encima
del mínimos exigible para funcionar. En el año 1992, hacía informes trimestrales al
Banco de la República y copia –igual, lógicamente- a la Corporación Nacional para
el Desarrollo, en lo que decía si se perdía o ganaba.
Cuando asumió el último Directorio, que, en mi opinión, fue el más
eficaz y coherente en todo, el Banco empieza a hacer las cosas bien; se toman medidas
diferentes. Pero hubo leyes que nos perjudicaron.
En un momento –como se dijo-, aparece la aftosa, se cierran las
ferias y no se coloca ni se cobra. Entonces eran castigos grandes.
La Caja Obrera se defendió sin más capitalización, porque los
US$ 45:000.000 no los vimos; los teníamos a plazo fijo.
¿Qué se consiguió que tenemos que respetar del Banco Central? No
podemos tener encaje en efectivo; bueno, estamos autorizados a tener en Letras.
Uno de los argumentos que siempre tuvo el Banco Central para vender
esta institución era que tenía un déficit patrimonial enorme. Pero ese déficit
patrimonial lo tuvo históricamente, cuando nosotros asumimos el Banco tenía un
déficit patrimonial superior a éste, aunque nunca se llegó a la insuficiencia del
patrimonio legal si bien en algún momento se estuvo al borde. Es decir, que el déficit
patrimonial era muy grande, pero el patrimonio neto era de $ 75:692.137, equivalente
a los US$ 5:000.000. Esos son los últimos números. Esto es lo que recibimos de
Contaduría que, a su vez, estaba avalado por el Banco Central.
PROCESO DE VENTA DEL 99,83% DE LAS ACCIONES
29 de junio de 2000. El Directorio del Banco Central del Uruguay
reinicia los procedimientos tendientes para ofrecer en venta el 99,83% del paquete
accionario del Banco La Caja Obrera.
El llamado a precalificación dispuesto manifiesta al 31 de mayo de
2000 un activo de US$ 421.000.000 y un total de depósitos de US$ 383:000.000.
Una red física que incluye 31 dependencias.
Por la misma resolución se crea una Comisión
de Análisis y Seguimiento integrada por el Superintendente de Instituciones de
Intermediación Financiera (SIIF), Cr. Carlos Fernández Becchino, los Gerentes de la
División Operaciones Cr. Ariel Fernández y de Política Económica Dr. Humberto Della
Mea y el abogado consultor Dr. Eduardo Bustelo. Responden al llamado, Banco Surinvest,
17/7/2000; ACAC, 14/7/2000; Santander, 19/7/2000; Banco Montevideo, 19/7/2000; COFAC,
20/7/2000; Bank Boston, 19/7/2000.
19 de julio de 2000. Llega al Banco Central del Uruguay una
COMUNICACIÓN URGENTE DE LA Embajada de Uruguay en Roma adelantando el interés de la
Banca Unione de Credito de Lugano (Suiza).
26 de julio de 2000. El Banco Central del Uruguay modifica la Comisión
de Análisis y seguimiento sustituyendo al Dr. Humberto Della Mea por el gerente del área
de política Monetaria y Programación Macroeconómica economista Daniel Damioni.
28 de julio de 2000. La Comisión de Análisis y Seguimiento aconseja
precalificar a todos los interesados incluida la Banca Unione di Credito de Lugano a
acceder a la información confidencial del Banco La Caja Obrera en condiciones dispuestas
por el Banco Central del Uruguay, con excepción de COFAC que se entendió no se ajusta al
llamado efectuado, no obstante se tenga presente el interés manifestado por COFAC.
28 de julio de 2000. El Directorio del Banco Central del Uruguay
resuelve sobre la base de lo dictaminado por la Comisión de Análisis y Seguimiento y que
lucen en el expediente Nº 2000/0967.
Pero en el numeral 3) se expresa: Precalificar a COFAC, para las
instancias que pudieran corresponder en este procedimiento y conforme a los requisitos que
se determinen, de acuerdo con su propuesta para la adquisición de sucursales.
En el numeral 4) habilita el acceso a la información del Banco La Caja
Obrera a todos los precalificados.
¿Cuál es la razón por la que la resolución del Directorio cambia lo
aconsejado por la Comisión de Análisis y Seguimiento?
¿Será que con ese cambio se habilita al Banco Montevideo y COFAC a
continuar con su propuesta cumpliendo con lo definido por la Secc. III, Numeral 1)
oferentes, literal d)?
2 de agosto de 2000. Se solicita al Ministerio de Economía y Finanzas,
si lo estima conveniente, designar un representante.
18 de agosto de 2000. El Ministerio de Economía y Finanzas designa al
Dr. Enrique Guerra.
21 de agosto de 2000. Se alcanza a las instituciones precalificadas un
borrador del Pliego del llamado a realizar, para que efectúen los comentarios que deseen.
Se reparte el borrador del Pliego de Venta del 99,83% del Banco la Caja
Obrera a todas las instituciones precalificadas.
Vale transcribir de este borrador la Secc. III Condiciones de los
Oferentes y de la Oferta.
1) Oferentes. Literal d) Explicitar quiénes serán los responsables
del futuro Banco acreditando su experiencia y profesionalidad.
Podrán presentarse ofertas conjuntas (consorcios) por parte de dos o
más instituciones PRECALIFICADAS, siempre que impliquen la compra del 99,83% del paquete
accionario (el total ofrecido) del Banco La Caja Obrera.
2) Oferta. Literal a) El comprador, sea que se mantenga el Banco La
Caja Obrera como entidad independiente, o de producirse una fusión, en ambos casos
aquella entidad o la que resulte de la fusión, deberán integrar el complemento del
capital necesario para alcanzar la Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima requerida por
las normas del Banco Central del Uruguay.
La integración mínima obligatoria podrá realizarse en tramos, como
mínimo se exigirá un plan de capitalización para adecuarse a las normas del Banco
Central del Uruguay en un plazo máximo, de acuerdo con el siguiente esquema:
31/12/2000- 25%. 100% al 31/12/2002 en etapas trimestrales.
El patrimonio del Banco será determinado según normas del Banco
Central del Uruguay a la fecha de operación.
20 de noviembre de 2000. Se aprueba el Pliego de Condiciones y se
establece el 23/3/2001 a las 16 horas el plazo para entregar propuestas.
14 de marzo de 2001. El Directorio resuelve integrar a la Comisión
Asesora de Adjudicaciones, a los integrantes de la Comisión de Análisis y Seguimiento,
Dr. Enrique Guerra (Ministerio de Economía y Finanzas) y Dr. Javier Pérez (Corporación
Nacional para el Desarrollo).
17 de abril de 2001. Se reciben ofertas de parte del Banco Unione di
Credito y Banco de Montevideo.
19 de abril de 2001. La Comisión Asesora de
Adjudicaciones (Resolución D/106/2001) (Libro 2- 34,35)
A) Oferta del Banco Unione di Credito se aconsejará su rechazo, en
mérito a las siguientes consideraciones.
B) Esta oferta se encuentra habilitada para pasar a la 2ª etapa.
Resulta interesante reflexionar sobre lo que dice el numeral 2),
referida a la participación de COFAC donde inexplicablemente dice:
Que la oferta contiene una propuesta de
venta sucesiva e inmediata a COFAC, de naturaleza no consorciada.
Corresponde tener presente al respecto: a)
que COFAC resultó precalificada (ya lo comentamos) y, agrega: De todas formas, en
opinión de esta Comisión, la participación definitiva, futura, de COFAC en este
negocio, no resulta gravitante en este estado.
4 de setiembre de 2001. Luego de las respectivas comunicaciones a Banco
La Caja Obrera, Corporación Nacional para el Desarrollo y Banco República se aprueba el
borrador de contrato.
11 de setiembre de 2001. El Ministerio de Economía y Finanzas con la
firma del Cr. Alberto Bensión, requiere al Banco Central del Uruguay que garantice a la
Corporación Nacional Para el Desarrollo y al Banco República que la operación no habrá
de provocar pérdidas o compromiso patrimonial alguno.
14 de setiembre de 2001. Banco de Montevideo efectúa observaciones a
proyecto de contrato.
19 de setiembre de 2001. El Banco Central resuelve realizar la
comunicación a la Corporación Nacional para el Desarrollo y al Banco República.
18 de octubre de 2001. Carta del Banco Central a la Corporación
Nacional para el Desarrollo y Banco República donde da cuenta de haber culminado el
proceso previo a la venta del Banco La Caja Obrera y se remite la Resolución D/422/2001
de 17 de octubre de 2001, iniciando así un proceso de intercambio en la preparación del
documento final que culmina con comunicaciones de aprobación del contrato de venta por
parte del Banco Central y firmado por el Banco República y la Corporación Nacional para
el Desarrollo el 3/10/01.
28 de noviembre de 2001. Nota del Banco Central al Ministro de
Economía y Finanzas informando de resolución de fecha 27 de noviembre (se adjuntan).
6 de diciembre de 2001. Nota del Directorio del Banco La Caja Obrera al
Presidente del Banco Central informando la nueva integración del Directorio y la Gerencia
General. (se adjunta)
COMENTARIOS SOBRE EL PROCESO DE VENTA
El 11 de diciembre de 2001 en la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados el Cr. Alberto Bensión decía: El segundo motivo de satisfacción es que
considero que hemos hecho una operación totalmente transparente que puede tener algún
punto que origine un cierto margen de duda... Se ha dado forma a un proceso en el que paso
a paso estuvo actuando una Comisión de los distintos organismos públicos involucrados;
se hizo una llamado público; se dio información permanente a través de la prensa y de
Internet. En consecuencia, se trata de un proceso que, por lo menos en sus grandes
líneas, hasta ahora fue de conocimiento público, con total transparencia y cristalinidad
en cuanto al manejo de la información y en las decisiones correspondientes...
EL ANTERIOR DIRECTORIO DEL BANCO LA CAJA OBRERA
11 de noviembre de 2002, Comisión Investigadora, Vicepresidente Señor
Foderé.- El último Directorio del Banco La Caja Obrera fue nombrado en octubre del
año 1995; estaba presidido por el Sr. Eduardo Rocca Couture, yo fui en calidad de
Vicepresidente y el Dr. Carlos Abdala como Secretario. Yo fui nombrado directamente por el
entonces Ministro de Economía y Finanzas Economista Mosca, con la anuencia de la
Corporación Nacional para el Desarrollo. Nosotros asumimos el 25 de octubre de 1995.
Por el año 1998, en el período de Gobierno del Dr. Sanguinetti, se
formó una comisión a los efectos de cumplir con el mandato de venta del Banco.
Esta Comisión estaba presidida por el Banco Central e integrada por el Ministerio de
Economía y Finanzas –tenía un delegado-, los dueños del Banco –la
Corporación Nacional para el Desarrollo que tenía el 80% del capital y el Banco de la
República que tenía el 20% restante- y los miembros del Directorio del Banco La Caja
Obrera, que teníamos voz pero no voto.
En enero o febrero de 1999 se resolvió dejar suspendido el proceso de
venta porque no cumplía con las aspiraciones que pretendía el Estado.
Asumió el nuevo Gobierno y en febrero o marzo de 2000 nos citó el
Presidente del Banco Central, contador Rodríguez Batlle y nos anunció que una de las prioridades del Gobierno era la venta del Banco La Caja Obrera. Nos
pidió colaboración a esos efectos.
El proceso fue distinto porque no se formó una comisión de venta y el
Banco Central tomó para sí la responsabilidad total de la oferta y del proceso de venta.
A nosotros, como Directores, se nos pidió una colaboración a los efectos de suministrar
todos los elementos necesarios para los posibles compradores, siguiendo las instrucciones
precisas que el Banco Central iba dando en casa caso.
El Banco Central se dirigía directamente al Señor Eduardo Rocca
Couture como gerente general y él nos informaba a nosotros. Quien siguió todo el proceso
de la directiva del Banco Central –no de ofrecer el Banco ni tratar con los
compradores, porque eso fue directamente hecho por el Banco Central- fue él. El
Directorio del Banco La Caja Obrera no tuvo ninguna participación –absolutamente
ninguna- en el proceso de venta del Banco La Caja Obrera. Por ello hago una distinción
entre el primer proceso y este segundo.
Reitero, en el proceso de venta del Banco La Caja Obrera, el
Directorio no participó absolutamente en nada. Es más; ni siquiera fue consultado sobre
si estaba bien o mal. Fue una decisión que tomó directamente el Ministerio de Economía
y Finanzas con el Banco Central. No puedo informar más. Nosotros nos enterábamos de
lo que pasaba a través de la prensa o de la gente del Banco Central en forma permanente
estaba en el Banco.
11 de noviembre de 2002, Comisión Investigadora, Vicepresidente Señor
Foderé.- No tengo conocimiento de las consideraciones del Banco Central porque,
reitero, nunca hubo una comunicación, un diálogo oficial entre el Banco Central y el
Banco La Caja Obrera para analizar los fundamentos y hacernos conocer lo que pensaban las
autoridades del Banco Central. Nunca se nos comunicó nada por escrito, por
supuesto, sabíamos que estaba a punto de firmarse la venta del Banco, pero yo, en calidad
de Vicepresidente, ni siquiera recibí una llamada por teléfono para avisarme:
"Mirá que en tal fecha es muy posible que la función de ustedes tenga que
terminar". Esto no quiere decir que no conociéramos la situación del Banco, pero la
venta nos fue comunicada oficialmente el día 30 de noviembre. Ese día a las cinco y
media de la tarde se nos avisó que el lunes 3 de diciembre teníamos que ir al Banco
Central a firmar la renuncia. Así que no conozco para nada los fundamentos del Banco
Central; creo que ni yo ni ningún Director, y pienso que el Sindico tampoco, conocemos lo
que puede figurar en las actas del Banco Central; porque todo fue manejado exclusivamente
por el Banco Central y nunca hubo ni siquiera una comunicación verbal acerca del cuáles
eran los fundamentos, ni de cómo estaban las cosas.
A las tres de la tarde del 3 de diciembre de 2001, los tres Directores
nombrados por el Banco Montevideo tomaron posesión, la transferencia había sido formada
en la mañana.
EL BANCO DE LA REPÚBLICA NO INTEGRA LA COMISIÓN DE ADJUDICACIONES.
28 de noviembre de 2001, Comisión de Hacienda del Senado, al respecto
el Cr. Rodríguez Batlle informaba: "...El Banco de la República prefirió no
designar un representante y esperar el avance de las distintas etapas para expresar su
opinión".
24 de octubre de 2002, Comisión Investigadora. Comparecen los
Directores del Banco de la República y de sus declaraciones surge que el Banco no aprobó
expresamente el pliego de condiciones y no nombró representantes supeditando todo a la
respuesta a su comunicación de fecha 14 de diciembre de 2000, lo que solo aconteció,
luego de ser requerida por carta firmada el 2 de agosto por Milka Barbato en su carácter
de Vicepresidenta del Banco de la República y ya culminando el proceso de negociación.
El Director García Pintos, dice en el acta de la Comisión
Investigadora del 24 de octubre de 2002, folio 19. "Primero, que se había obviado
el consentimiento del Banco de la República para aprobar el Pliego; segundo que hasta ese
momento el Banco Central, a quien uno le había pedido que se encargara de llevar a cabo
este proceso, no adoptaba resolución sobre los pasos intermedios que se habían dado; y
tercero: lo que después es el eje sustantivo de mi discordia en ese caso, que
el Banco Central, en el pliego que había aprobado, establecía determinadas reglas de
juego, específicamente en el segundo sobre solamente debía contener el precio, y por
la serie de actas que nos mandaban, uno veía que junto con el precio el Banco Montevideo
había puesto unas 13 o 14 condiciones que iban negociándose en un período de varios
meses... Esas posiciones están "in extenso" sobre todo en el acta
Nº 19446 de 300/4/01- Banco de la República, donde hay valoraciones jurídicas con
relación a la pertinencia de la adjudicación, valoraciones de mérito sobre la necesidad
de encarar esa venta y también valoraciones de resguardo o de conveniencia respecto a
eventuales problemas que nos podía acarrear esa esta venta".
La posición del Director Dr. García Pintos quedó en minoría en el
Directorio y expresa sus fundamentos en una carta dirigida al Presidente del Banco de la
República con fecha 23 de julio de 2001 y que tiene como
referencia Asunto: venta del paquete accionario del Banco La Caja Obrera, que
adjuntamos.
El Directorio del Banco de la República decide comunicarse con Banco
Central lo que concreta en carta enviada el 2 de agosto del 2001 por el Directorio del
Banco de la República al Presidente del Banco Central pues es muy clara.
"Montevideo, 2 de agosto de 2001
Sr. Presidente del Banco Central del Uruguay
Cr. César Rodríguez Batlle
Presente
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a su nota
Nº 297/2001 de 13 de julio ppdo. Por la que, con relación al llamado a ofertas para
la venta del paquete accionario del Banco La Caja Obrera, pone en conocimiento de esta
Institución, el informe producido por la Comisión Asesora de Adjudicaciones el 6.7.2001,
así como la resolución adoptada por ese Banco el 11.7.2001.
Sobre el particular, hago saber a Ud. que el Directorio, en sesión de
hoy, acordó que, previamente a adoptar resolución, esa entidad Bancocentralista haga
saber a este Banco si la oferta mencionada en los antecedentes remitidos, se ajustó al
pliego de condiciones y si ese Directorio adoptó decisión al respecto.
Asimismo, también en forma previa, este Cuerpo estima necesario que
ese Organismo se sirva responder la nota Nº 325/00 que este Banco le cursara el
14.12.2000, cuya copia se adjunta a la presente.
Sin otro particular, me complazco en saludarle con mi más distinguida
consideración.
Cra. Milka Barbato
Vicepresidente
Dr. Carlos E. Barbé Delacroix
Secretario General".
¿Tenía obligaciones el Banco de la República? ¿De qué tipo? ¿Por
qué la respuesta del Banco Central del Uruguay a la nota Nº 325 demoró más de 7
meses?
CÓMO PARTICIPÓ LA CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO
La participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo en el
proceso de venta del Banco La Caja Obrera fue analizada en la reunión de la Comisión
Investigadora del 28 de octubre de 2002.
La transcripción de algunas de las intervenciones de los
representantes de la Corporación para el Desarrollo durante esa jornada dan clara idea
del rol que asumió cada institución
PREGUNTADO.- En principio habíamos solicitado un desarrollo inicial
por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Ahora, reiteramos el planteo:
¿en qué fecha? ¿Por qué motivo? ¿Cuál fue la participación que la Corporación tuvo
en la venta del 80% de las acciones que le pertenecían del Banco La Caja Obrera?
SEÑOR BONSIGNORE (Presidente de la CND).- Sobre el tema de la venta
del Banco La Caja Obrera, tenemos aquí la oportunidad de compartir las impresiones del
doctor Saúl Pérez, quien participó en el Comité que hizo la evaluación, junto con el
Banco Central. A través de él fue nuestra participación en ese proceso. Creo que sería
bueno que él comente en qué consistió el análisis y a qué conclusiones se llegó por
parte de la Comisión.
DR. PÉREZ (Asesor).- Creo que las líneas generales son conocidas, con
mayor razón, por los señores legisladores, de manera que haré una relación muy sucinta
de lo que aconteció.
Luego de algún intento fallido de privatizar -como se dice
comúnmente, aunque la expresión no es correcta- el Banco La Caja Obrera, se realizó una
última convocatoria en el año 2000, a la que se presentaron dos ofertas. Una de ellas
fue desestimada por apartarse sustancialmente de las bases que se habían conformado para
efectuar el llamado, y quedó únicamente la oferta presentada por el Banco Montevideo.
Se analizó la oferta del Banco Montevideo, fundamentalmente, por los
servicios del Banco Central del Uruguay, se creó una Comisión integrada por la
Corporación Nacional para el Desarrollo -a la cual quien habla representaba-, por un
representante del Ministerio de Economía y Finanzas y en la etapa final intervino el
Banco de la República analizando el proyecto de contrato que se había redactado, dando
su visto bueno al contrato.
————Se aprobó ese contrato. El Banco Central
autorizó la celebración del negocio, la enajenación de las acciones, y ese fue el final
del proceso, que fue relativamente extenso, porque demandó
unos cuantos meses.
PREGUNTADO.- ¿Cuáles son los fundamentos para vender el Banco La Caja
Obrera, sobre todo cuando el final, como ya es conocido, resultó en el fracaso que hoy
está pesando sobre el conjunto de la sociedad uruguaya? ¿Por qué decidir la venta en
esa oportunidad? ¿Qué elementos llevaron a evaluar que esa venta estaba en condiciones
de realizarse al Banco Montevideo y en función de qué valoración de la información que
dispuso la Comisión que decidió sobre la oferta?
DR. PÉREZ.- Puedo responder la pregunta parcialmente, porque solo
intervine en la Comisión en la etapa en que ya se había resuelto hacer la convocatoria.
De acuerdo con los datos que tengo, la iniciativa de proceder a la venta no emanó de la
Corporación Nacional para el Desarrollo; tengo entendido que fue una decisión del Banco
Central del Uruguay, que debía analizar las distintas opciones que se presentaban y, a
juicio del Banco Central, todas ellas eran más desfavorables para el Estado que el camino
que se eligió, que fue el de venderlo. Por esa razón se eligió esa opción.
PREGUNTADO.- Tengo que interpretar que hay una relación de dependencia
de la Corporación Nacional para el Desarrollo con el Banco Central y que, por lo tanto,
la decisión la tomó el Banco Central y la Corporación Nacional para el Desarrollo, que
es propietaria del 80% de las acciones, la puso en práctica, la instrumentó. ¿O ni
siquiera la instrumentó?
ESC. GEMELLI.- El 29 de mayo de 2000, en el Acta Nº 14 de la
Corporación Nacional para el Desarrollo se da cuenta de que fue recibida una nota del
Banco Central del Uruguay solicitando la conformidad de la Corporación Nacional para el
Desarrollo como accionista del Banco La Caja Obrera para proceder a la venta de su paquete
accionario. Allí se dio el puntapié inicial. El Banco Central del Uruguay pidió a la
Corporación y al Banco de la República, en nuestro carácter de accionistas del Banco La
Caja Obrera, la conformidad para iniciar el proceso de venta. La Corporación dio la
conformidad para iniciarlo y luego el proceso de venta se desarrolló tal como lo ha
explicado el doctor Saúl Pérez.
PREGUNTADO.- Pediría que se estableciera en qué fecha se recibió la
comunicación y cuándo se tomó la resolución. Me gustaría conocer el acta, pero
también si fue una resolución unánime.
ESC GEMELLI.- Tengo la constancia fechada el 29 de mayo de 2000: se
trata del acta 14 de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Tengo una especie de
extracto del acta y aquí no hay constancia alguna de que ningún Director se opusiera al
proceso.
PREGUNTADO.- Se entiende, entonces, que el mismo día en que llegó la
nota del Banco Central del Uruguay, el Directorio de la Corporación dio la conformidad.
SEÑOR GEMELLI.- Dio la conformidad para iniciar el proceso de venta de
las acciones del Banco. Después pasó muchísimo tiempo y hubo muchísimas actuaciones
posteriores.
SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Me permito decir que tengo una discrepancia
con el doctor Pérez. Él fundamentó la credibilidad de esta operación y dijo que estaba
bien hecha, señalando que había sido público y notorio -lo que es cierto- que hubo un
llamado; o sea que la cristalinidad no está en discusión. Lo que se cuestiona es el
procedimiento desde el punto de vista formal. La "ratio legis" de la norma en la
que se fundan los ocurrentes ante el Juzgado de lo civil -que es el Decreto Ley Nº 15.322-, es que no se
conformen grupos económicos relacionados con el sistema de intermediación financiera. De
esta manera, si una de las sociedades en un momento tiene un declive, no se produce el
"crack"; esto fue lo que sucedió en este caso.
Entonces, la ratio legis es diferente. Esto nos provoca un cierto
escozor sobre la eventual situación que se puede producir en el futuro con una
resolución judicial. Sé que tiene razón el doctor Pérez en relación a que en este
momento, lo urgente es el problema económica y financiero, y que el problema jurídico se
resolverá después; pero el "después" también tenemos que preverlo, y
estamos en una Comisión Investigadora.
En el desarrollo de la comparecencia se informa de algunas salvedades
en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo planteadas por el Director
Garat, quien posteriormente votó en contra de la resolución adoptada, la que así
resultó aprobada por mayoría.
RECHAZO A LA OFERTA DEL BANCO UNIONE DI CRÉDITO
El Cr. César Rodríguez Batlle, en oportunidad de su comparecencia
ante la Comisión de Hacienda del Senado el 28 de noviembre de 2001, explicó a los
legisladores las razones del rechazo de la oferta del Banco Unione di Credito
De sus declaraciones se destacan en negrita
cursiva los aspectos que no se ajustan a la realidad de los hechos, según análisis
efectuado de los 4 tomos "Banco La Caja Obrera, Proceso de venta...".
César Rodríguez Batlle:..." Los antecedentes económicos y la
información que poseíamos ameritaban que se presentara al llamado de interesados. En el
análisis, tanto del sobre uno como del dos –especialmente del dos- el Banco
Unione di Credito quedó descalificado porque planteaba aspectos que iban frontalmente
contra el propósito del pliego ya que, en particular, hablaba de la posibilidad de
una venta de carteras sobre la base de retener solamente una parte; inclusive, mencionaba
alguna modalidad financiera para que la cartera no estuviera necesariamente en propiedad
del comprador, sino que apareciera como una figura de fideicomiso o algo por el estilo. Se
le dio la oportunidad de que revisara esa postura, lo que finalmente no hizo; ello
dio lugar a que quedara fuera de las condiciones del pliego...".
I)"...especialmente del dos..." El segundo sobre
contenía la oferta económica, es decir, el precio ofertado. Este segundo sobre del Banco
Unione di Credito ni siquiera fue abierto, mucho menos analizado. Precisamente ese fue el
pedido que hizo este oferente al presentar sus descargos cuando se le notificó del
rechazo de su oferta.
El 9 de mayo de 2001, según consta en página 48 del tomo
"Banco La Caja Obrera proceso de Venta...Pieza 2", el Banco Unione di Credito
manifiesta al respecto: "Descartar su oferta en esta etapa, excediéndose de los
controles previstos para la misma, sin tomar ni dar oportunidad de conocer el precio
ofrecido, y de analizar la oferta en su integridad inescindible, implicaría apartarse del
procedimiento de contratación fijado, con perjuicio no solo para el oferente sino
también para los vendedores".
El último párrafo de la nota presentada por el Banco Unione di
Credito, transcripta en página 55 del mismo tomo en análisis, concluye: "
En virtud de lo expuesto, solicitamos que se tenga por evacuada la vista conferida, y que
se adopte resolución teniendo por cumplidos por parte del Banco Unione di Credito los
requisitos correspondientes a la Primera Etapa, disponiéndose la apertura del segundo
sobre del Banco Unione di Credito, para proceder al análisis sustancial y global de la
oferta".
La respuesta de la Comisión de Adjudicaciones a esta solicitud fue
negativa, no se le permitió pasar a la segunda etapa, es decir, no se abrió siquiera el
segundo sobre. El Directorio del Banco Central, aprobó este informe de la Comisión de
Adjudicaciones, estando presente su Presidente, quien hoy declara en el Parlamento, haber
analizado los dos sobres del Banco Unione di Credito, "...especialmente el dos..."
¿Por qué declaró esto el Cr. Rodríguez Batlle?
II) "...planteaba aspectos que iban frontalmente contra el
propósito del pliego..." A continuación se transcribe lo establecido por el
pliego al respecto:
De acuerdo con la Sección V del Pliego de Condiciones, en la Primera
Etapa del procedimiento se evaluaría "el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el numeral 1 de la Sección III, presentadas en sobre Nº 1 de cada
oferta y se rechazarán las ofertas que no cumplan con dichos requisitos" (ver
página 67 de la pieza 1)
El numeral 1 de la Sección III del Pliego establece que los oferentes
deben satisfacer los siguientes requisitos:
Haber sido precalificados.
Los Bancos locales deberán cumplir con
las normas de solvencia y relaciones técnicas dictadas por el Banco Central. Los Bancos
extranjeros deberán acreditar el cumplimiento de las regulaciones del país de origen y
contar con las autorizaciones para funcionar debidamente legalizadas.
Presentar un Plan de Largo Plazo, etc.
Explicitar los responsables futuros del
Banco La Caja Obrera acreditando su profesionalidad y experiencia.
Podrán presentarse ofertas conjuntas
(consorcios) por parte de 2 o más instituciones precalificadas (Ver página 65 de
pieza 1)
El Banco Unione di Credito cumplió con todos estos mencionados
requisitos del numeral 1 y el informe de la Comisión de Adjudicaciones no observa ninguno
de estos aspectos.
Los argumentos de la Comisión de Adjudicaciones para rechazar al Banco
Unione di Credito en esta primera etapa se basan en otras consideraciones no contempladas
en el pliego.
Del análisis del pliego de condiciones, de los informes de la
Comisión de Adjudicaciones, de la evacuación de vista presentada por el Banco Unione di
Credito, de los informes de la SIIF a la fecha, se concluye que no hubo aspectos que iban
frontalmente contra el pliego en el caso del Banco Unione di Credito.
III) "...Se le dio la oportunidad de que revisara esa
postura..." El trámite se limitó a cumplir con el plazo
legal de presentar sus descargos ante la notificación del rechazo de su oferta. No se le
dio ninguna segunda oportunidad, según ya se analizó en el primer punto.
28 de noviembre de 2001, Comisión de Hacienda del Senado, Señor
Rafael Michelini: Deseo saber si se manejó algún otro elemento importante para
desechar la otra oferta. Se habló de la oferta ganadora y se dijo que el estudio de la
oferta técnica de negocios de la otra no era minorista. Concretamente, quisiera que se me
dijera si hubo alguna razón importante para desecharla.
28 de noviembre de 2001, Comisión de Hacienda del Senado, Cr.
Rodríguez Batlle: La razón más importante es que parte de la cartera quedaba en
manos nuevamente del Estado, con lo cual habría una compra de carteras y el negocio
estaba absolutamente descartado en el pliego. El rechazo viene dado porque es
irreconciliable con los parámetros del pliego. Según éste, el comprador debería asumir
la totalidad de la cartera y la existencia de esa otra oferta, la descalifica aún
teniendo otra oportunidad. Como el pliego tiene cierta flexibilidad, tratamos de revisar
esa actitud pero fue descartada. En las actuaciones de la Comisión se presentaron los
documentos que demuestran que no se pudo cambiar la actitud en la compra de carteras del
Banco.
Es parcialmente cierto. El Banco Montevideo presentó numerosos
aspectos de este estilo, como se analizará en los siguientes puntos y, sin embargo,
siguió hasta el final en el proceso de venta. La propuesta del Banco Unione di Credito
podría ser y tal vez podemos coincidir en que fuera inconveniente, pero lo que no
corresponde es un trato claramente diferente y como consecuencia discriminatorio.
APARTAMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES
En el llamado a expresiones de interés, realizado el 29/6/00, se
presentaron seis posibles candidatos. Además del Banco Montevideo y del Banco Unione di
Credito de Lugano (que finalmente realizaron una oferta) se presentaron el también Banco
Santander, el Bank Boston, COFAC (que en principio no fue precalificado y que luego
participó conjuntamente con el Banco Montevideo) y Surinvest.
En esa primera etapa le cupo al Banco Central la precalificación de
los interesados, todos los cuales precalificaron; ninguno quedó fuera de la
precalificación, por lo que todos estaban en condiciones de hacer su oferta. Pero,
finalmente lo hicieron el Banco Montevideo, junto con COFAC y el Banco Unione di Credito.
El pliego establecía una serie de condiciones y fundamentalmente
obligaba a la presentación de una propuesta técnica y una propuesta económica; el
primer sobre contenía la propuesta técnica, el plan de negocios, qué era lo que se
quería hacer con el Banco y, el segundo sobre, la propuesta económica, el valor por el
que se realizaría la operación.
Primera Etapa. Sobre Nº 1. Oferta Técnica.
El 22 de marzo de 2001 se reciben los dos sobres con las ofertas de
Banco Montevideo y Banco Unione di Credito, que se abren al día siguiente. En la primera
etapa, surgen por lo menos, las siguientes tres dudas sobre el informe de la Comisión de
Adjudicaciones.
I) El requisito por el que se exige a los oferentes el cumplimiento de
las normas de solvencia debió merecer observaciones en cuanto:
a) Lo expresado en este informe cuando se analiza el Banco de
Montevideo y los informes de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación
Financiera, que ponen en evidencia el apartamiento de las normas Bancocentralistas con
anterioridad a la fecha de venta del Banco La Caja Obrera y aun al inicio del proceso de
licitación.
b) La recomendación, inadmisible, de la superioridad del Banco Central
del Uruguay que indica flexibilizar, en más de una oportunidad, el cumplimiento de la
norma. (Expediente 991499, página 32, febrero 2000)
c) Remesas del Banco de Montevideo al exterior sin cumplir el
artículo 720.10 de la recopilación de Normas de Regulación y Control Financiero
d) Remesas de valores al exterior, prendadas a favor de integrantes del
grupo, sin consentimiento de sus verdaderos propietarios y del Banco Central del Uruguay
(marzo 2001, se adjunta demanda penal).
II) El pliego establecía que "Podrán presentarse ofertas
conjuntas (consorcios) por parte d e dos o más instituciones...".
Según observa el informe de la Comisión de Adjudicaciones (ver
página 35 y 36 de pieza 2), de fecha 19/4/01, la oferta del Banco Montevideo
contiene una propuesta de venta sucesiva e inmediata "no consorciada" a COFAC.
Esta venta "no consorciada" contradice uno de los requisitos establecidos como
únicos a tener en cuenta para calificar a las ofertas en la primera etapa.
Sin embargo, la Comisión de Adjudicaciones no aconsejó el rechazo de
la oferta del Banco Montevideo por entender que la participación
futura de COFAC "no resulta gravitante en este estado".
III) En la Sección IV, punto 1 del pliego se establece: "En el
segundo sobre se expresará únicamente el precio ofrecido..." (ver
página 67, pieza 1)
El Banco Montevideo en el sobre Nº 1 anuncia que incluye en el
sobre Nº 2 un proyecto de contrato de compra de sucursales por parte de otra
institución financiera, cuando se establece en el sobre que solo se admitirá el precio.
Un informe de la SIIF de fecha 17/4/01 (ver página 31 de la pieza
2) que analiza la presentación de las dos ofertas, observa este hecho como un
apartamiento del pliego.
El informe de la Comisión de Adjudicaciones de fecha 19/4/01, no
aconsejó el rechazo de la oferta del Banco Montevideo por no cumplir con lo dispuesto en
el pliego sino que expresa que "la inclusión de un contrato de compraventa en el
sobre Nº 2 no es suficiente para configurar un impedimento para el pasaje a la etapa
siguiente de este procedimiento". (ver página 36 de pieza 2)
Concluyendo, en la primera etapa del proceso, la oferta del Banco
Montevideo contenía dos apartamientos contundentes del pliego (la venta no consorciada y
la inclusión de un contrato en el sobre Nº 2), señalados por la SIIF y la
Comisión de Adjudicaciones, pero que no motivaron que ésta aconsejara su rechazo.
El tercer apartamiento, que podría ser considerado más leve, es el
cumplimiento de las normas de solvencia por parte de Banco Montevideo. Ni más, ni
menos.
La oferta de Banco Unione di Credito que no se apartó del pliego en la
primera etapa, debió ser juzgada al menos con los mismos criterios.
Segunda Etapa. Sobre Nº 2. Oferta Económica.
Pasando a la segunda etapa (página 65/70 de la pieza 29, la
oferta contenida en el sobre Nº 2 del Banco Montevideo, no se limitó a presentar
únicamente el precio, como lo establecía el pliego, sino que incluyó una cantidad
considerable de aspectos esenciales para el proceso, que hubieran ameritado el rechazo de
la Comisión de Adjudicaciones por apartamiento del pliego. Entre esos numerosos aspectos
que incluyó el Banco Montevideo en el sobre Nº 2 que debió haber contenido
únicamente el precio de compra, se destacan:
La solicitud de un préstamo a 8 años de
US$ 18:000.000 por parte de los vendedores para el "fortalecimiento patrimonial
del Banco La Caja Obrera.
Exoneraciones impositivas para la operación
de compraventa.
La transferencia de US$ 30:000:000 de
créditos en cartera a otra institución.
El acceso irrestricto a efectos informativos
al personal superior del Banco, incluyendo Casa Central y Sucursales.
Designar un veedor que deberá contrafirmar
toda la documentación vinculada con operaciones que excedan los US$ 50.000
Ninguno de estos aspectos estaban contemplados en el pliego que se
retira que establecía, únicamente el precio.
Sobre el último ítem, el pliego de condiciones establecía (ver
página 79 de la pieza 1), que "Durante el período que transcurra entre la
adjudicación y la firma del contrato de compraventa el Banco La Caja Obrera se
administrará exclusivamente por los vendedores siguiendo su giro habitual y normal".
El 19 de junio de 2001, la Comisión de Adjudicaciones al hacer su
informe sobre esta oferta económica establece. "Conjuntamente con el precio el
oferente incluyó diversos planteamientos que no corresponde tener en cuenta dada la
exigencia contenida en la Sección IV.1 del Pliego de Condiciones". (Solo el
precio en el sobre Nº 2)
Así algunos puntos incorporados ahora por el oferente, corresponden al
Contrato de Compraventa del paquete accionario y (de aceptarse la oferta) solo podrán ser
considerados por las partes en la oportunidad en que ambas negocien el contenido de dicho
contrato.
No correspondiendo considerar los aspectos antes señalados, los que se
tendrán por no formulados, esta Comisión se ceñirá exclusivamente al análisis del
precio ofrecido..." (ver página 100, pieza 2)
Es decir, aún cuando a juicio de la Comisión de Adjudicaciones,
existían aspectos que no encuadraban en las previsiones del pliego, no aconsejó el
rechazo de la oferta por apartamiento del pliego tampoco en esta segunda etapa, sino que
se limitó a dejar librado a la negociación final del contrato los aspectos sobre los que
no había acuerdo con el comprador.
El 2 de julio de 2002, el Banco Montevideo contesta a este informe de
la Comisión de Adjudicaciones.
"...el Banco de Montevideo está de
acuerdo en que dichas condiciones sean analizadas y tratadas entre las partes con
posterioridad al eventual acto de adjudicación, fijándose a su debido tiempo por las
partes los criterios y las etapas a cumplir.
...que las condiciones mencionadas, sean objeto específico de la
negociación que corresponde a la instancia de discusión del contrato. En esta etapa, se
procesarán y ajustarán los textos que reflejen cabalmente el acuerdo de las partes
contratantes sobre el tema". (ver página 106 de la pieza 2)
El 11 de diciembre de 2001 en la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados el Cr. Rodríguez Batlle dice: "Los aspectos económicos de la oferta,
en su gran mayoría, estaban previstos en el pliego", ante lo que el Diputado
González Álvarez expresa: "Ante todo alabo la actitud del Señor Ministro de
economía y Finanzas y del Sr. Presidente del Banco Central del Uruguay, quienes han dicho
que toda la negociación que se ha hecho por esta venta del Banco ha estado bajo su
responsabilidad, por supuesto que apartándose de los pliegos. Ha quedado claro que en los
pliegos se estableció una cosa y después, por distintas circunstancias, tal vez por ese
afán de seguir adelante con la negociación -como lo ha dicho el Señor Ministro- y por
no querer que cayera, ha tomado bajo su responsabilidad toda la negociación que se ha
hecho. Por un lado, los compradores han estado exigiendo ciertas cosas y, por otro, el
Señor Ministro y el Señor Presidente del Banco Central del Uruguay –en sus
únicas personas y responsabilidades- tratando de concretar esta negociación; que quede
claro para el futuro".
LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
El pliego de condiciones establecía (ver página 79 de pieza 1),
que "Durante el período que transcurra entre la adjudicación y la firma del
contrato de compraventa el Banco La Caja Obrera se administrará exclusivamente por los
vendedores siguiendo su giro habitual y normal".
En el sobre Nº 2, el que debía contener la oferta económica, el
Banco de Montevideo solicita obtener del Banco La Caja Obrera (ver página 66, pieza
2), luego de aceptada la oferta y antes de la firma del contrato,
Toda la información y el acceso irrestricto
a efectos informativos al personal superior del Banco, incluyendo Casa Central y
Sucursales.
Designar un veedor que deberá contrafirmar
toda la documentación vinculada con operaciones que excedan US$ 50.000.
En un informe de la Comisión de Adjudicaciones de fecha 6 de julio de
2001, ésta aconseja que "A partir de la fecha en que resulte ser adjudicatario,
el oferente podrá acordar con la SIIF, la forma, alcance y condiciones para la
realización de una veeduría hasta el día de la firma de la compraventa. Esta veeduría
no podrá interferir con la gestión del Banco La Caja Obrera..." (ver
página 113 de la pieza 2)
¿Cómo se coordina esto con lo establecido por el pliego?
El Banco de Montevideo propuso que el veedor contrafirmar todas las
operaciones mayores a US$ 50.000.
¿No implica esto interferir con la gestión del Banco La Caja Obrera?
El 20 de julio de 2001, el Cr. Fernández Becchino envió nota al Banco
La Caja Obrera, cuando todavía no estaba adjudicada la oferta, requiriendo que éste
proporcionara la información que el Banco de Montevideo solicitara en virtud de que "...
es el único oferente que continúa... Considerando las instancias a que ha llegado el
citado proceso de venta, se hace necesario para el Banco de Montevideo tomar conocimiento
en forma directa de la información y operativa de Banco La Caja Obrera, por lo cual
requerimos que preste la máxima colaboración a las personas que la citada institución
designe a estos efectos".
El informe de la Comisión de Adjudicaciones, aprobado por el
Directorio, establecía que esto se permitiría desde la fecha de la adjudicación, que
fue el 17 de octubre de 2001.
El 23 de julio de 2001, el Dr. Rocca Couture avisa por escrito al Cr.
Fernández Becchino que en el día de la fecha se presentaron los jerarcas del Banco de
Montevideo y comenzaron a trabajar con sus pares del Banco La Caja Obrera, por lo que
remite la comunicación al respecto recibida del Banco de Montevideo, la que dice "...supongo
está de acuerdo con vuestras instrucciones".
Los funcionarios del Banco de Montevideo designados fueron los Señores
Balogh (hoy Nuevo Banco Comercial), Rainieri (ve denuncias del TCB), el Cr. Ruben Garat y
los Señores Marchisio y Supparo (hoy Nuevo Banco Comercial).
El 3 de agosto de 2001, el Directorio del Banco La Caja Obrera solicita
al Banco Central reunirse con los tres Directores para resolver algunas situaciones
irregulares, ya que el Banco de Montevideo estaba preparando un arqueo de toma de
posesión y pretendía enviar funcionarios de COFAC a recabar información.
Es de notar que la carta que envía el
Directorio del Banco La Caja Obrera el 3 de agosto de 2001 no está dirigida al
Superintendente, sino al Directorio del Banco Central y piden reunirse con todos los
Directores.
¿Existía ya de parte del Directorio del Banco La Caja Obrera, alguna
duda sobre la actuación del Superintendente?
¿Por qué la reunión se solicita con los tres Directores?
(Ver Expediente 2001/1331)
El 17 de octubre de 2001, según Acta Nº 2327 (ver
página 61 de "Actas Banco Central del Uruguay 20012), "...señala la
contadora Medero, que no está de acuerdo con la solicitud formulada por el Banco de
Montevideo en su nota del 12 de octubre corriente respecto a conocer con una antelación
de quince días los procesos y la operativa del Banco La Caja Obrera, para
realizar los inventarios y controles de rigor en ocasión de la suscripción del contrato
de compraventa".
LAS NORMAS DE ENCAJE
La normativa del Banco Central está recogida, entre otros, en el
artículo 47 de Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema
Financiero.
Artículo 47 (Encaje real en moneda extranjera) El encaje...
estará constituido exclusivamente por las existencias de billetes y monedas y por los
depósitos a la vista en el Banco Central del Uruguay...
Artículo 47.1 (Depósito mínimo obligatorio en moneda extranjera
en el Banco Central del Uruguay)...deberán constituir su encaje real en moneda extranjera
con depósitos a la vista en moneda extranjera en el Banco Central del Uruguay por un
monto no inferior a 50% del encaje mínimo obligatorio.
Durante el proceso de venta, la excepción a la normativa que
favorecía al Banco La Caja Obrera se mantiene y se extiende para beneficio del comprador,
pasando a integrar parte del precio de venta de la institución.
11 de diciembre de 2001, Comisión de Hacienda del Senado, Cr. Alberto
Bensión: "...Quiere decir que en lugar de dos van a ser cuatro años. ¡Cuánto
significa esto, más allá del principio que puede ser compartible o no? Significa
aproximadamente US$ 700.000 por año, o sea, US$ 1:400.000 en dos años. ¿Cómo
llegamos a esta cifra? Este es un punto particularmente importante, con fuerte contenido
técnico, pero, en definitiva, va a tener una apreciación política.
En consecuencia, cuando estoy afirmando que en el tramo final de la
negociación el acuerdo fue que esa forma o especie de compensación por un cierto grado
de deterioro muy difícil de medir de la cartera agropecuaria, significa a nuestro juicio
–y así fue el acuerdo- una extensión de la norma de excepción de encajes por dos
años más, para el conjunto del encaje del Banco de Montevideo-La Caja Obrera.
En definitiva, lo que estoy diciendo es que lo que hemos
"concedido" son dos años adicionales de normas de excepción para el
diferencial de encaje que solo corresponde al Banco de Montevideo.
¿Cuál es el costo de esta norma así planteada para el Estado? Es
el costo de oportunidad de la liquidez que el Banco Central pierde porque el Banco de
Montevideo no integra el encaje en dólares contantes y sonantes. Ese costo de oportunidad
hoy, en los términos de tasas de interés vigentes, es del orden del 2,5% anual que,
sobre estos US$ 28:000.000 significan aproximadamente US$ 700.000 anuales y que
en los dos años alcanzan a US$ 1:400.000.
Francisco Gallinal: "...podemos interpretar que, de la misma
manera que significa un costo para el Banco Central, también significa un ingreso
adicional para el Banco de Montevideo de US$ 700.000 en un plazo de dos años.
Si ese eventual deterioro no se produjera porque los 800 productores
que se acogieron al Bono Cupón Cero dentro del Banco La Caja Obrera no hacen efectivo el
pago del 20% correspondiente a la deuda para adquirir el bono en un plazo de cuatro años,
entonces la refinanciación cae.
¿Eso está previsto de alguna manera para rehacer la operación?
Puede suceder que estas eventuales pérdidas –que obviamente no estaban previstas en
el momento de la licitación y que son un hecho superviniente también cuando en plena
negociación aparece la decisión del Poder Ejecutivo de otorgar el Bono Cupón Cero- no
se produzcan en función de que, cuando llegue el año 2004, los productores que se
acogieron al sistema no paguen el 20% correspondiente para adquirir el Bono Cupón Cero y,
en definitiva, caiga la refinanciación y el Banco La Caja Obrera –en este caso, el
Banco de Montevideo- no se vea perjudicado. ¿Cómo se compensa esta situación?
Cr. Alberto Bensión: Está claro que lo que pase de aquí en
adelante, una vez que se firme el contrato, es de cargo exclusivo del Banco de Montevideo.
Si hay un deterioro mayor de la cartera, evidentemente este es un mal negocio para el
Banco Montevideo, mientras que si dicho deterioro fue inferior, quizás hemos pagado un precio excesivo. Esa es una apreciación que es
imposible determinar con certeza en el momento actual.
Francisco Gallinal: Quisiera saber si no se computan en el precio
los beneficios que recibe. ¿Con qué propósito se dan dos años más de plazo en los
beneficios en materia de encaje? ¿No se computan en el precio esos beneficios que se
reciben? Si computamos los US$ 2:400.000 que van a perder por el beneficio del
sistema agropecuario, deberíamos computar los US$ 700.000 que vana a ganar como
consecuencia del nuevo sistema de encaje. Insisto: ¿no están computados?
Luis Alberto Heber: La segunda pregunta es si cuando llegamos a la
etapa del apartamiento del pliego –porque cambiaron las condiciones- y en función de
los acuerdos a que se llegó –en cuanto a la tasa de interés en función del precio
y al riesgo del deterioro de las carteras- no era factible buscar algún otro tipo de
negociación menos costosa en virtud del patrimonio que, en definitiva, es el que tiene
que imponer el comprador o el que se fusione con el Banco La Caja Obrera.
... En el proceso de venta del Banco La Caja Obrera hay una
situación que, a juicio del Presidente del Banco Central del Uruguay, se viene ajustando
a los que estableció el pliego, pero llega un momento en que se debe apartar por los
hechos ajenos al proceso de venta y entra en una suerte de negociación en función de
decisiones políticas que generaron cambios en las reglas de juego que venían manejando a
nivel del Banco Central o de la Comisión que se había nombrado par esa instancia.
Cr. Alberto Bensión: El contrato no se aparta en nada del pliego.
Lo que ocurre es que el propio pliego establecía que todo era a una determinada fecha,
pero que los posteriores iban a afectar en algún caso económicamente y en otro, la
propia dinámica del Banco.
Quiere decir que el contrato se ajusta al pliego y los intereses que se
quiere retribuir así como los dos años son parte de un efecto posterior al pliego y a la
oferta. El propio pliego establecía que hechos relevantes que económicamente pudieran
afectar la oferta deberían ser considerados, así como también el pliego y el contrato
prevén los pasivos ocultos. Quiere decir que prevé que puede haber algo que no surja y,
también, un pasivo oculto.
La Comisión por unanimidad informa –y nosotros la apoyamos- que
no hay apartamiento del pliego pese a que éste, como dije, era relativamente flexible.
Pero en las condiciones y en los beneficios no hay nada que no se ajuste a él.
Francisco Gallinal: La duda que me surge a medida que vamos
avanzando, sobre todo en el tema de los encajes -no sé si estaba previsto en el pliego la
posibilidad de la excepción del encaje por dos años ampliada al capital del Banco
comprador- es hasta qué punto los hechos supervinientes no hacían necesario reconsiderar
la posibilidad de un nuevo llamado a interesados para la compra del Banco. Ese es el
concepto definitivo al que pretendo llegar a través de la información que nos vayan
brindando.
Luis Alberto Heber:...hacemos la pregunta –una de las opciones
la mencionó el señor Senador Gallinal y como se podrán imaginar coincido plenamente con
él- de si al haber cambiado las reglas de juego no era factible haber hecho un segundo
llamado a interesados con un pliego arreglado en función de los cambios producidos.
Esa es una de las respuestas que nos gustaría llevarnos hoy.
Cr. Alberto Bensión:...confieso que no lo habíamos pensado en esos
términos, y voy a decir por qué no lo hicimos; además voy a agregar por qué no creo
que hubiera sido conveniente hacerlo... No lo pensamos en esos términos porque para
nosotros el Banco La Caja Obrera estaba adjudicado al Banco Montevideo. Habíamos
terminado una operación cerrada con una moña y casi perfecta... apareció el tema de
la cartera agropecuaria y entonces nos pareció lo más natural del mundo negociar este
hecho superviniente con ese Banco comprador, con el que ya habíamos apurado todas las
etapas y convenido todos los aspectos sustanciales.
Cr. Alberto Bensión, 11 de diciembre de 2001: "¿Cuál es
el costo para el Banco Central de esa norma de excepción? El costo para el Banco Central,
tal como lo vemos nosotros, es que al no disponer de la liquidez no tiene la posibilidad
de colocarla y, en consecuencia, renuncia, no obtiene el rendimiento de ese encaje no
remunerado".
LA MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA XIV (CUPÓN CERO)
2 de julio de 2001- El Banco Montevideo en nota donde se notifica de su
aceptación de la segunda etapa de la oferta expresa: "... ha sucedido un hecho
extraordinario...el comprador plantea formalmente que las consecuencias económicas de
esta medida no deben ser asumidas por éste..." (ver página 109 de la pieza
2)
1º de noviembre de 2001- La Corporación Nacional para el Desarrollo
propone modificaciones a la cláusula Nº 14 del Proyecto de Contrato de Compraventa
del paquete accionario. Esta modificación consiste en el
compromiso de reembolsar US$ 2: 473.000 a los compradores del Banco La Caja Obrera
por los perjuicios que ocasione la aplicación del programa de refinanciación bono cupón
cero, que no estaba previsto al momento de formular su oferta.
Esta cifra surge del cálculo de valor actual de las pérdidas por
diferencia de intereses calculados desde el 1º de mayo de 2001 al 30 de abril de 2005
(páginas 125 a 128)
8 de noviembre de 2001- El Directorio del Banco de la República,
según RD Nº 451/2001, resuelve aprobar esta modificación, tal como sugirió la
Comisión de Adjudicaciones (páginas 133 a 138) y remitirla al Banco de la República
para recabar su consentimiento a dicha modificación (páginas 140 a 141)
Es de notar que el importe de esta modificación es de casi la mitad
del precio de venta, US$ 2:473.000 se rebajan de US$ 5:100.000. Sin embargo, en
la documentación recibida por el Banco Central, la califican como "modificación
no sustancial".
23 de noviembre de 2001. El Directorio del Banco La Caja Obrera envía
al Cr. Fernández Becchino una nota (páginas 11/12, pieza 4) en la que deja constancia:
Las demoras en la instrumentación de dicha
refinanciación se debieron a los plazos que impartió el Banco de la República al
respecto.
Durante ese tiempo se continuó el proceso de
adjudicación al promitente comprador del Banco La Caja Obrera y el Banco Central informó
verbalmente al Banco La Caja Obrera no concretar ningún convenio re refinanciación
mientras el proceso de compra culminara.
En reunión mantenida entre el Directorio del
Banco La Caja Obrera y el Cr. César Rodríguez Batlle el 22/11/01, éste informó que
este pedido del punto anterior se había hecho a pedido expreso del promitente comprador.
Es decir, fueron los compradores del Banco La Caja Obrera quienes
definieron (y así se lo ordenó el Banco Central al Banco La Caja Obrera) que no se
concretaran las refinanciaciones de bono cupón cero hasta que no avanzara el trámite de
la venta.
Esta indefinición en la firma de los contratos refinanciados fue lo
que motivó que el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo decidiera
abonarle al Grupo Peirano US$ 2:473.000 para resarcirlo de "perjuicios
inexistentes e imprevisibles al momento de formular su oferta" (página 128
pieza 3)
Es fácil imaginar la incidencia que esto tuvo sobre el deterioro que
se indicó al cierre del 31 de diciembre de 2001.
Siguiendo la secuencia lógica de los hechos, el plan de
refinanciación era conocido por ambas partes desde mayo, pero fue suspendido en su
ejecución a pedido de los compradores, quienes luego son indemnizados en
US$ 2:473.000 porque este plan no era conocido por ellos al momento de concretar la
oferta...
¿Cuál fue la razón por la que la Corporación Nacional para el
Desarrollo introdujo ese beneficio para los compradores al modificar la cláusula XIV del
proyecto de compraventa? (Ver página 45 del tomo "Resoluciones Directorio
Banco Central del Uruguay", paginas 128, 133 a 138 y 140 y 141 del tomo "Banco
La Caja Obrera Proceso de venta. Pieza 3), páginas 11 y 12 del tomo "Banco La Caja
Obrera Proceso de venta. Pieza 4")
El 28 de noviembre de 2001. En la Comisión de Hacienda del Senado el
Cr. Rodríguez Batlle dice: "... con posterioridad a la oferta y a las gestiones
de venta, el Banco La Caja Obrera incorporó un elemento que no estaba dentro del
análisis de los eventuales compradores... ese fenómeno del Bono Cupón Cero ha tenido un
impacto económico en el contrato; impacto que no estaba previsto, porque no había
ninguna noticia de él en el momento en que se planteó el pliego y se hizo la oferta por
parte de los potenciales compradores".
Cr. Bensión: "...claramente se refiere a un hecho
extraordinario y superviniente con posterioridad al cierre del negocio de la venta del
Banco La Caja Obrera, en los términos planteados durante el proceso de negociación y,
también, de acuerdo con las cláusulas del pliego correspondiente... estando en proceso
de finalización la transacción de venta del Banco La Caja Obrera en los términos que
acabo de formular, apareció un hecho nuevo, extraordinario y no previsto en el pliego ni
en el proceso inicial de negociaciones, por el que se estaba llegando a un acuerdo. Este
hecho, sin duda, tenía un impacto muy importante sobre la economía del Banco La Caja
Obrera y, obviamente, los compradores nos plantearon de inmediato su preocupación.
Luego de una larga e intensa negociación que tuvimos que afrontar al
Presidente del Banco La Caja Obrera y quien habla...tuvimos largas discusiones sobre este
tema...En definitiva, la fórmula que acordamos es la extensión de la norma de excepción
del encaje por dos años más".
Del análisis del expediente no consta que
hubiera habido una negociación en los términos que la describió el Cr. Bensión, solo
aparece de pronto la modificación de la cláusula XIV a propuesta de la Corporación
Nacional para el Desarrollo, que luego de aceptada por el Banco Central, es puesta a
consideración del Banco de la República.
11 de diciembre de 2001. Comisión de Hacienda del Senado, Cr.
Rodríguez Batlle: " A partir de allí, el proceso se convirtió en una negociación.
Mientras que hasta ese momento era un proceso objetivo, que básicamente estaba aplicando
todas las cláusulas previstas en el pliego, un hecho nuevo nos enfrentó a una
negociación comercial, en la que había dos partes y cada una defendía sus intereses.
En ese proceso tuvimos, necesariamente, una intervención definida,
definitiva y personal del Presidente del Banco Central del Uruguay y yo, en
representación del Estado. Creo que lo tenemos que separar en dos componentes
principales: uno, el que acaba de explicar el Presidente del Banco Central, perfectamente
cuantificable; el otro, en el que sin duda hubo una transacción comercial y en el que se
llegó a un precio que ambas partes entendieron mutuamente conveniente".
PERSONAL BANCO LA CAJA OBRERA
20 de noviembre de 2000.- El Directorio resuelve aprobar el Pliego de
Condiciones para la compra de 99,83% del paquete accionario del Banco La Caja Obrera.
En la Sección II, Numeral 6, Personal, dice: " El Banco
cuenta al 30/06/00 con 456 empleados. En los últimos años ha realizado esfuerzos para la
reducción de la plantilla, de acuerdo al Convenio sobre jubilaciones con incentivos
firmado entre ABU y AEBU. En lo que resta del año 2000 pasarían a retiro 14 funcionarios
más. El 95% del personal tiene como mínimo educación secundaria y el 13% cuenta con
formación superior. Asimismo, se han llevado a cabo diversos cursos de capacitación para
mejoramiento de aspectos globales y de especialización de algunos sectores."
(Proceso de venta. Pieza 1, Página 76)
En la Sección III, numeral 2, literal b, dice: "Se admitirán
ofertas que prevean una reducción de personal de hasta un mínimo de 20% de la plantilla
al 30/6/2000. El costo relacionado con esta reducción no será asumido por el
comprador" (Proceso de venta, Pieza 1, página 78)
14 de diciembre de 2000. El Banco de la República contesta al Banco
Central. "Con respecto a la previsión de reducción del personal hasta en un mínimo
del 20% de la plantilla al 30/6/200 se entiende pertinente consultar a la institución de
su presidencia, respecto del criterio a aplicarse para su efectivización, por cuanto
existen razones de oportunidad y conveniencia, como son entre otras, la reducción de
personal llevada a cabo mediante incentivos económicos a los que se agregan dificultades
jurídicas (se adjunta dictamen de la Sala de Abogados del Banco de fecha 30/11/2000) que
inhiben la posibilidad de su ingreso al Banco de la República: (Proceso de venta. Pieza
2, página 159)
No obstante:
16 de octubre de 2001. Informe de la Comisión de Adjudicaciones al
Directorio del Banco Central, dando por culminado el proceso previo a la venta del 99,83%
de las acciones del Banco La caja Obrera y proponiendo el proyecto de Contrato de
Compraventa definitivo.
La operación parte de las previsiones que comunicara en marzo de 2001
el Banco Montevideo e indica:
"La reducción del personal incluye además de la plantilla al 30
de junio de 2000 (91 empleados), los 82 que absorbe COFAC y el personal jubilable que se
preveía para los años 2000 y 2001." (Proceso de venta. Pieza 3,
página 97)
31 de octubre de 2001:- El Banco de la República envía respuesta al
presidente del Banco Central Cr. César Rodríguez Batlle comunicando que el Directorio
aprobó el 30/10/2001 la venta del 19,83% al Banco de Montevideo.
Más adelante dice: "Con respecto a la incorporación al Banco de
la República de empleados del Banco La Caja Obrera, de acuerdo con la nómina de los
mismos, esta institución está dispuesta a hacer ingresar hasta diez empleados, cuyos
nombres oportunamente serán comunicados". (Proceso de venta. Pieza 3,
página 130)
Después de innumerables idas y venidas el 3 de diciembre de 2001 el
contrato de compraventa de acciones del Banco La Caja Obrera S.A. que se firma, incluye la
cláusula decimosegunda, PERSONAL, que dice:
XII A) Las partes acuerdan que al día de la fecha según planillas de
trabajo agregadas en el Anexo 4, la dotación de empleados del Banco La Caja Obrera
asciende a 333 personas comprendiendo tanto al personal permanente como al contratado a
término.
XII B) Los vendedores declaran que no existen fuera de la Planilla de
Trabajo otras personas en relación de dependencia vinculadas al
Banco La Caja Obrera S.A.
XII C) El comprador se obliga a absorber al personal permanente
existente en la Planilla de Trabajo a la fecha de suscripción del presente contrato.
(Proceso de venta. Pieza 4, página 65)
El asunto fue considerado en la Comisión de Hacienda del Senado y ante
diversos requerimientos de los presentes el Ministro de Economía y Fianzas Cr. Alberto
Bensión expresó:
"Posteriormente, se han ido retirando algunos y es por ello que
hay quien hace otros números, pero nosotros no tenemos más remedio que atenernos a un
pliego que decía que el comprador tenía derecho a excluir un porcentaje de la planilla
de trabajadores del Banco La Caja Obrera a esa fecha...".
"...Esos 91 funcionarios tienen un costo anual de aproximadamente
US$ 2:500.000 por todo concepto, en donde se incluyen sueldos y cargas sociales...El
promedio de edad es variable, pero podemos decir que se ubican entre los 35 y 45
años".
Planteada la preocupación sobre el efecto negativo que tenía para los
Bancos oficiales el ingreso de nuevo personal, cuando se estaba en un esfuerzo para bajar
los costos operativos el Cr. Bensión manifestó: "¿Esto es una pérdida total?
Pensamos que no: puede haber cierto margen de duda, pero van a trabajar en los Bancos
públicos, que más de una vez han reiterado su necesidad de personal. Precisamente,
tenemos a estudio los presupuestos de los Bancos públicos que están previendo el año
próximo, obviamente si el Poder Ejecutivo lo autoriza. En general se trata de personal
calificado y, en muchos casos, relativamente joven, por lo que puede significar un aporte
de interés favorable en la gestión de los Bancos públicos".
En síntesis, dice el Cr. A. Bensión, "creo que esos
US$ 2:500.000 ni por asomo se pueden considerar una pérdida o un costo adicional.
Por el contrario, en nuestra opinión puede aportarle a los Bancos públicos un factor
favorable de gestión y, de hecho, esos funcionarios se ganan su sueldo en el buen sentido
de la palabra".
EL PRECIO DE VENTA
El 11 de diciembre de 2001 en la Comisión de Hacienda del Senado el
Cr. Rodríguez Batlle decía. "El precio, tal como lo establece el contrato, es de
US$ 5:100.000 al cual se le va a deducir, como expresó el Sr. Ministro, el faltante
de previsiones de diciembre, en el momento de la firma. Para tener una idea, al mes de
junio, los auditores estaban estimando ese faltante en US$ 1:200.000
aproximadamente".
Esos dos conceptos de deducción: uno establecido en el pliego, el de
las previsiones y otro no previsto, el del Cupón Cero, que surge de las explicaciones que
hemos brindado.
El último dato conocido sobre el patrimonio contable al 31 de
diciembre de 2000 era de US$ 885.000. (Páginas 551 a 554, Tomo de Resoluciones
Directorio del Banco Central del Uruguay y Página 74, Tomo de Actas Banco Central
del Uruguay 2001).
Las modificaciones de la cláusula 14º, que no estaba prevista en el
pliego implicó deducirle el precio US$ 2:473.000
Si además tomamos en cuenta:
Para el encaje de los dos Bancos el doble de
plazo establecido en el pliego, lo que implica según estimaciones US$ 700.000 por
año.
Por transferencia de personal a la banca
oficial aproximadamente por año US$ 2:500.000. (mínimo).
El 27 de noviembre de 2001, el Directorio del Banco Central, según
Acta Nº 2335, considera las medidas complementarias al compromiso de compraventa del
paquete accionario del Banco La Caja Obrera.
Las excepciones que se concedieron al cumplimiento de la normativa
Bancocentralista son:
La Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima
del Banco Montevideo podrá mantenerse por debajo de los límites legales durante 2 años.
Se le otorga al Banco de Montevideo la
posibilidad de integrar en 8 cuotas trimestrales el capital necesario para llegar al
importe requerido legalmente.
(Ver en los informes de la SIIF, etc. Si se cumplió)
Los requerimientos sobre normas de encaje del
Banco Montevideo y Banco La Caja Obrera serán flexibilizados durante 4 años mediante la
admisión de letras de Tesorería en moneda extranjera.
El pliego de condiciones sobre el cual ofertaron las distintas
instituciones al inicio del proceso de venta del Banco La Caja Obrera establecía la mitad
del plazo (2 años) para la flexibilización de normas de encaje y solo para el Banco La
Caja Obrera, no para ambas instituciones.
Por lo tanto, esta disposición aparta al
contrato de compraventa del pliego de licitaciones, lo que motivó el voto discordante de
la Cra. Medero.
El 28 de noviembre de 2002 en la Comisión de Hacienda del Senado, el
Cr. Rodríguez Batlle, manifestaba que el Banco la Caja Obrera le ha costado al Estado
US$ 93:340.487 por aportes de capital efectuados entre 1988 y 1991, a través del
Banco República primero y luego a través de la Corporación Nacional Para el Desarrollo.
En esa misma ocasión, el Cr. Bensión manifestaba:"...desde el
punto de vista del Poder Ejecutivo esta operación de venta del Banco la Caja Obrera ha
permitido lograr mucho a nivel económico y político".
Tratando de cuantificar el calor del punto 2), para el año 2000, esta
excepción a la normativa había sido estimada por el Cr. Rodríguez Batlle (según sus
dichos en Comisión de Hacienda el 28 de noviembre de 2001 y 11 de diciembre 2001) en
US$ 1:200.000 de ingresos adicionales a favor del Banco La Caja Obrera.
Esta cifra citada es solo para uno de los Bancos y por un solo años,
si consideramos los 4 años para las dos instituciones juntas, es probable que el precio
de compra de US$ 5:100.000 sea un mero formalismo...
¿Cuánto le costó al Banco Montevideo adquirir realmente el Banco La
Caja Obrera?
Si el proceso hubiera podido culminar ¿le hubiera costado algo al
Banco Montevideo?
En informe de la SIIF de fecha 16/10/00, en que se expide sobre el
proyecto de contrato y la adjudicación al Banco Montevideo manifiesta: "En el
proyecto se estimó que Banco La Caja Obrera necesariamente una capitalización del Banco
La Caja Obrera por US$ 20:000.000 en un período no mayor a los 3 años (Comisión de
Hacienda del Senado 11/12/01)
Los acontecimientos sufridos en el sistema financiero, que arrastraron
a la liquidación al Banco La Caja Obrera junto al Banco Montevideo y otros Bancos, hace
difícil comprobar el resultado que finalmente nos estaba reservado, pero por cierto que
las cifras que estamos en condiciones de manejar, dejan muchas dudas sobre su
conveniencia. Más cuando tampoco pudo ni siquiera iniciarse el proceso de
capitalización.
¿Qué hubiera pasado si el Banco La Caja Obrera hubiera quedado en la
órbita del Estado?
EL CARÁCTER DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA
INTERNACIONAL
En la oferta económica, contenida en el segundo sobre presentado, el
Banco Montevideo establece: "...el Banco Montevideo se encuentra en la etapa final
de la negociación para la obtención de un crédito subordinado del Corporación
Financiera Internacional del Banco Mundial (se agrega carta de la mencionada institución)
por valor de US$ 18:000.000 a 8 años" (Ver página 69 de pieza 2)
La carta de la Corporación Financiera Internacional, fechada el
21/0/01, dirigida al Gerente General del Banco de Montevideo, el Sr. Marcelo Guadalupe, no
a las autoridades del Banco Central, establece: " Por la presente confirmamos
nuestro interés en explorar una línea de crédito convertible o subordinada o las
modalidades que resulten adecuadas para ambas partes, para uso del Banco Montevideo, de
tal manera que pueda servir para el proceso de crecimiento y rebosamiento patrimonial del
Banco en operaciones que involucren la consolidación del sistema financiero local. La
línea de US$ 16/18 millones... La línea del financiamiento de la Corporación
Financiera Internacional está sujeta a la aprobación final de la alta gerencia de la
Corporación Financiera Internacional y su Directorio, así como a la conclusión
satisfactoria de la documentación legal".
De la carta de Corporación Financiera Internacional surge que
estarían negociando una línea de crédito con el Banco Montevideo por más o menos la
misma cifra citada, lo que este presenta al Banco Central como "...la etapa final
de la negociación...", pero que no se desprende de dicha carta.
El 17/10/01, día en que se votó la adjudicación de la oferta en el
Directorio del Banco Central, el Banco Montevideo en nota al Cr. Fernández Becchino,
expresa: "Por la presente informamos a ustedes que la Corporación Financiera
Internacional miembro del Grupo Banco Mundial participará en Banco Montevideo para la
adquisición del Banco La Caja Obrera, con US$ 9 millones como suscripción de
capital y con otros US$ 9 millones como préstamo subordinado a 8 años de plazo. El
Comité de Créditos de la Corporación Financiera Internacional ya aprobó las
condiciones generales...y estamos en la etapa de firma de los mismos". (Ver
página 103 de pieza 3).
No se ha encontrado en el material a disposición de la Comisión
Investigadora, ningún documento que respalde esta afirmación del Banco Montevideo.
La carta de la Corporación Financiera Internacional adjuntada hablaba
de existencia de una negociación de línea de crédito para el
Banco Montevideo, no mencionaba al Banco La Caja Obrera.
El 16/10/01, la SIIF eleva un informe al Presidente del Banco Central y
manifiesta: "...Banco Montevideo se encuentra en la etapa final de negociación
para obtener de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial una
suscripción de capital por US$ 9 millones y un préstamo subordinado de US$ 9
millones a 8 años. Corresponde señalar que la mencionada compra del paquete accionario
está asociada a un proceso de fusión de Banco Montevideo con Banco La Caja
Obrera...".
(ver página 96 pieza 3) hay una carta Banco Montevideo enviada al
Banco Central al día siguiente.
¿De dónde surge esta información?
¿Cómo se había entrado la SIIF un día antes?
¿Para comprobar la participación de la Corporación Financiera
Internacional le alcanzó a la SIIF con las afirmaciones Banco Montevideo?
El 17/10/01, según consta en el Acta Nº 2327 y en reuniones
posteriores, uno de los factores de peso que consideró el Directorio del Banco Central al
adjudicar el Banco La Caja Obrera al Banco Montevideo fue esta participación de la
Corporación Financiera Internacional. (Ver pagina 41 de Resoluciones del Banco Central y
Página 61 de Banco Central Actas 2001)
¿Qué información manejó el Banco Central a al respecto?
Todo parece indicar que el Banco La Caja Obrera fue comprado por el
Banco Montevideo sin tener éste disponibilidad financiera para hacerlo, mediante:
La concesión de excepciones a la normativa.
El apartamiento del pliego y la modificación
de cláusula XIV.
El préstamo otorgado por la Corporación Financiera Internacional del
Banco Mundial
LOS FUNDAMENTOS DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIONES
El 8 de agosto de 2001, la Comisión de Adjudicaciones analiza: "
El Sr. Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera solicita el
pronunciamiento de la Comisión acerca de si la oferta del Banco de Montevideo se ajusta
al pliego".
En el párrafo siguiente se pronuncia: "...puede concluirse sin
vacilaciones que la oferta del Banco de Montevideo se ajusta al Pliego".
La fundamentación de que son coincidentes el pliego y la oferta del
Banco de Montevideo, está en "...dos aspectos de importante incidencia en el
tema, abonan a favor de esta posición sustentada por la Comisión".
Las características del procedimiento
dispuesto en esta operativa, denominado "llamado a expresión de interés", al
que se apelara por una razón de transparencia dando lugar a un procedimiento competitivo,
a juicio de la Comisión no habilita a calificar al mismo como una licitación en sentido
estricto; por tanto no resultan de aplicación al mismo las normas que rigen
específicamente el procedimiento licitatorio (TOCAF), en particular su especial
rigorismo y ritualidad en cuanto a los aspectos formales.
La igualdad de tratamiento y oportunidades entre los distintos
oferentes.
Se respetó en el curso de estas actuaciones;
así, a ambos se les dio la oportunidad de evacuar una vista con las observaciones de la
Comisión y la posibilidad de desistir de aquellas condicionantes que ésta entendía que
imposibilitaban franquear el acceso a la etapa siguiente de este procedimiento; esta
oportunidad no fue utilizada por Banca Unione de Credito, quien mantuvo todas sus
pretensiones, mientras que Banco de Montevideo desistió de las mismas.
Termina el informe: "En conclusión, por los fundamentos
expuestos y las resultancias de estos antecedentes, esta Comisión, concluye que la oferta
de Banco Montevideo S.A. se ajusta al pliego".
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY, ACTA 2309, OBSERVACIONES
En sesión del Directorio del Banco Central de fecha 11/7/01, Acta
2309, el Cr. Rodríguez Batlle sugiere que el orden de aceptación del informe elevado por
la Comisión de Adjudicaciones sea primero Banco de Montevideo y una vez aceptado por
este, se ponga en conocimiento de los vendedores (BROU-CND).
La Cra. Medero manifiesta que el informe de la Comisión de
adjudicaciones debería ser aprobado previamente también por los vendedores, no solo por
el Banco de Montevideo, antes que se pronuncie el Directorio. Según resolución 281/2001,
se resolvió en función de lo propuesto por el Cr. Rodríguez Batlle (página 24/25.
Tomo Banco Central del Uruguay. Actas 2001; Página 25 Resoluciones del Directorio
del Banco Central del Uruguay)
¿Por qué el Cr. Rodríguez Batlle le concedió prioridad al comprador
en la aprobación del informe de adjudicación y a los vendedores
solo les informó posteriormente?
LAS OBSERVACIONES DE LA DOCTORA HOLZ
El 11 de julio de 2001, según Acta Nº 2309, el Cr. Rodríguez
Batlle propone aprobar el informe elevado por la Comisión de Adjudicaciones en que
aconseja aprobar la oferta del Banco de Montevideo a efectos de avanzar en el proceso de
compraventa.
La Dra. Holz advierte que de aprobarse el informe así como está,
quedarían sin resolver algunos aspectos que luego incidirían en el contrato de
compraventa:
Los ajustes al patrimonio
Las variaciones en el activo del Banco La Caja Obrera
Pasivos ocultos
Autorizaciones especiales
Exoneraciones impositivas
No obstante, los Directores votaron por unanimidad omitir la
consideración de estos y aprobar el informe de la Comisión de Adjudicaciones, aprobando
así la oferta del Banco de Montevideo.
Posteriormente, en sesión del 17 de octubre de 2001, según Acta
Nº 2327, se somete a aprobación del Directorio el proyecto de contrato de
compraventa, que según la Comisión de Adjudicaciones "...no ha sufrido
modificaciones sustanciales respecto al borrador preliminar...se han recogido
determinadas situaciones puntuales orientadas a eliminar la eventualidad de situaciones
aleatorias para las partes contratantes, relativas al ajuste del patrimonio,
reperfilamiento de deudas del sector agropecuario acogidos al sistema de bonos cupón cero
y diferencias por activos".
Estos puntos que
No se quisieron verificar a pesar del pedido del Banco de la República
Se omitieron de considerar pese a las advertencias de la Dra. Holz
Fueron expresamente demorados por el comprador
ahora vienen a formar parte de las transacciones finales en el precio
de venta.
¿Hubo intención de beneficiar más aún a los compradores con la
flexibilidad de acordar estos puntos, luego de adjudicada la venta?
(Ver páginas 24/25 del Tomo "Banco Central del Uruguay Actas
2001", página 25 "Resoluciones Directorio Banco Central del Uruguay"
y páginas 59 y 60 de "Actas Directorio Banco Central del Uruguay"
LAS OBSERVACIONES DE LA CONTADORA MEDERO
El 17 de octubre de 2001, según Acta Nº 2327, el Directorio del
Banco Central del Uruguay considera el proyecto de contrato de compraventa elevado por la
Comisión de Adjudicaciones.
Al respecto, la Cra. Medero, "...plantea su inquietud en
relación...al dictado de normas excepcionales, más allá de las previstas en el Pliego
de Condiciones del Llamado y lo acordado al respecto y en lo atinente a las deudas del
Sector Agropecuario".
No obstante estas observaciones efectuadas, el proyecto es aprobado por
unanimidad. Acta Nº 2335, página 74 a 77.
El 27 de noviembre de 2001, según acta 2335, el Directorio del Banco
Central resuelve modificar el proyecto de compraventa del paquete accionario del Banco La
Caja Obrera, lo que implica conceder al comprador, excepciones al cumplimiento de la
normativa vigente.
Esta vez la Cra. Medero fundamenta su voto negativo, manifestando que,
si bien votó afirmativamente el proyecto de contrato aprobado el 17 de octubre de 2001,
porque considera necesario vender las instituciones gestionadas y la gestión estatal del
Banco la Caja Obrera costó al Estado casi US$ 100:000.000, sus objeciones a esas
modificaciones se basan en que se otorga a los compradores beneficios adicionales a los
previstos en el pliego, en especial:
1) Discrepa con la autorización del encaje en Letras de Tesorería por
4 años
2) No admite el total del encaje autorizado a la entidad fusionada.
El pliego solamente preveía, según la Cra. Medero, esta posibilidad
en el punto 1) por 2 años y en el punto 2) por el encaje del Banco La Caja Obrera.
Para la Cra. Medero, se están incluyendo además otras excepciones a
la normativa del Banco Central que no estaban previstas en el pliego, lo que significa
apartarse de las disposiciones que rigieron el llamado.
La Resolución 481 que es la que autoriza al Banco de Montevideo a
adquirir el 99,83% del paquete accionario del Banco La Caja
Obrera, se adopta por mayoría con el voto en contra de la Cra. Medero.
Ante ese voto discordante, el Cr. Rodríguez Batlle expresa que según
informe elevado por la SIIF, se está otorgando esta excepción a la integración del
encaje en moneda extranjera en Letras de Tesorería por haberse acogido el Banco la Caja
Obrera al régimen especial de refinanciación del sector agropecuario, mediante la
modalidad Bono Cupón Cero.
Es correcta la afirmación de la Cra. Medero de que estas
modificaciones apartan el pliego del contrato de compraventa y se recuerda lo analizado
sobre la refinanciación del agro: esta estuvo decidida desde mayo de 2001, antes de la
adjudicación (julio/2001). Su concreción fue demorada a instancias del comprador, según
se lo manifestara el Cr. Rodríguez Batlle al Directorio del Banco La Caja Obrera el
22/11/01.
FUSIÓN, ESCISIÓN
BANCO DE MONTEVIDEO, BANCO LA CAJA OBRERA, COFAC
Banco de Montevideo S.A. compró las acciones el 3/12/01 preanunciando
que iba a realizar en el futuro, con los instrumentos de la Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales y otras normas de
derecho comercial vigente, un Convenio de Fusión entre las Sociedades Banco Montevideo y
Banco La Caja Obrera.
El mismo por otra parte contenía un convenio (anexo) de Escisión que
tendría como objeto que 8 sucursales de Banco La Caja Obrera "pasaran a título
universal" a COFAC.
El 7 de noviembre de 2001 Banco de Montevideo y COFAC habían acordado
que estas sucursales serían las siguientes: Rocha, Fray Bentos, Melo, Nueva Helvecia, San
José, Canelones, Las Piedras y Minas.
Como la figura de la escisión de sociedades supone el pasaje de
activos y pasivos de una sociedad a otra a título universal, los depositantes y los
tomadores de crédito (deudores) de esas sucursales de Banco La Caja Obrera pasarían a
ser tales respecto de COFAC.
Este negocio supondría que también los locales y funcionarios de esas
sucursales de Banco La Caja Obrera pasarían a COFAC.
Al día de hoy Banco La Caja Obrera y Banco de Montevideo siguen siendo
dos personas jurídicas distintas en liquidación y las 8 sucursales que pasarían a COFAC
siguen siendo Banco La Caja Obrera.
La Dra. Nuri Rodríguez, Docente Grado 5 de la Facultad de Derecho, en
representación de ahorristas de Banco La Caja Obrera, hizo llegar diversos documentos al
seno de la Comisión Investigadora, presentaciones judiciales, opiniones y sugerencias de
las que a modo de resumen transcribimos el siguiente párrafo que nos resulta
esclarecedor:
"Cuando el Banco de la República Oriental del Uruguay y la
Corporación Nacional para el Desarrollo vendieron el 99,98% de sus acciones en el Banco
La Caja Obrera al Banco Montevideo, se realizó un negocio prohibido por el Decreto-Ley Nº 15.322. Por ser un
negocio prohibido, es absolutamente nulo. La compra de acciones por un Banco se prohibe a
los efectos de impedir el abuso de control. Como se autorizó, en este caso, se produjo el
control abusivo que la ley quiso evitar.
Se ha dicho por quienes defienden la operación, que lo que se quiso
hacer fue una fusión. Yo contesto: si se quiso hacer una fusión, la Ley Nº 16.060 establece el
procedimiento para hacerlo, con las debidas garantías para todos los interesados:
accionistas y terceros. Dentro del procedimiento legal, no entra ni figura la posibilidad
o la exigencia de que previamente la sociedad absorbente compre acciones de la absorbida.
La fusión es un negocio jurídico. La compraventa de un paquete
accionario es otro negocio jurídico. Ambos tiene sus respectivas regulaciones legales.
De lo que resulta de algunas aclaraciones, que han llegado a mi
conocimiento, quienes estuvieron en la venta de las acciones del Banco La Caja Obrera,
expresan que se quiso hacer una fusión. El Banco de Montevideo compraba acciones del
Banco La Caja Obrera y luego como dueño de la mayoría de las acciones del Banco La Caja
Obrera, resolvía absorberlo y con ello disolverlo.
En todo este negociado, a los dueños del Banco de Montevideo les
interesaba ser dueños del Banco La Caja Obrera y lo plantearon al Banco Central del
Uruguay como un proyecto de fusión; pero también le habrán dicho: "como el proceso
de fusión es largo, lo sorteamos y llegamos al mismo resultado por la vía de la compra
de acciones". Por la compra de acciones el Banco de Montevideo se convertía en
dueño absoluto del Banco La Caja Obrera, entraba a dominarlo y dispondría que fuera
absorbido por el Banco de Montevideo y desapareciera de la plaza financiera.
El Banco Central del Uruguay habrá encontrado ingeniosa la fórmula y
la autorizó sin percibir que por disposición legal el Banco de Montevideo no podía
compara acciones de un Banco".
Al día de hoy resulta indubitable que este
negocio de fusión entre las sociedades Banco Montevideo y Banco La Caja Obrera y de la
simultánea escisión de 8 sucursales de Banco La Caja Obrera a COFAC NUNCA SE REALIZÓ.
Sin embargo, desde algunos días después del contrato de compraventa
de acciones del 3 de diciembre de 2001 las autoridades del Banco de Montevideo
dispusieron un sin número de acciones concretas que pueden resumirse en que realizaron
por la vía de los hechos tanto la fusión entre Banco de Montevideo y Banco La Caja
Obrera, lo que expresamente fue reconocido, el 25/6/2002 durante la reunión de las
Comisiones de Hacienda integradas, por el Cr. César Rodríguez Batlle, como la escisión
de las 8 sucursales a COFAC, sin haberse realizado nunca jurídicamente el negocio
proyectado.
Por ejemplo:
a) Se realizó una muy agresiva campaña publicitaria en todos los
medios "conformando opinión" en la clientela y en la opinión pública en
general con un slogan que decía: "dos Bancos son más" BANCO MONTEVIDEO CAJA
OBRERA.
Toda esta publicidad hizo que incluso al día de hoy sea necesario
explicar a clientes y ciudadanos comunes en general que la figura BANCO MONTEVIDEO CAJA
OBRERA es una entelequia y que son dos Bancos distintos en liquidación.
Concomitantemente, Banco de Montevideo acordó con COFAC que las 8 sucursales, que se
proyectaba iban a pasar por los instrumentos de la escisión a esta última: fueron
gerenciadas desde el mes de diciembre de 2001 y hasta la intervención 21/6/01 por COFAC
b) Utilizando el Estatuto de Banco La Caja Obrera su Directorio el día
3/12/01 mediante 4 actas (Nº 2951, 2952, 2953 y 2954) celebradas entre la hora 11 y
la hora 14:30, se sustituyó el Directorio original de Banco La Caja Obrera por los
integrantes designados por el Grupo Peirano.
El Directorio de Banco La Caja Obrera que ejercía funciones desde 1995
y estaba integrado por los directores Eduardo Rocca Couture (Presidente), Esc. Jorge
Foderé (Vicepresidente) y Esc. Antonio Zoulamián (Secretario) con el Sr. Juan Odizzio
(como Síndico) -el Sr. Eduardo Rocca Couture era, asimismo, Gerente General de Banco La
Caja Obrera-, fueron sustituidos en menos de 4 horas mediante 4 Sesiones de Directorio
que se documentaron en las 4 actas indicadas por los Sres.: Marcelo Guadalupe
(Presidente), Dante Peirano (Vicepresidente) y Dr. Luis Muxí (Secretario) Asimismo, se
designó como nuevo Gerente General al Economista Christina Rippe.
c) Mediante Acta 2955 de 20/12/01 el ahora nuevo directorio de Banco La
Caja Obrera revocó todos los poderes a los funcionarios superiores y medios de Banco La
Caja Obrera "al barrer" y otorgó poderes nuevos ingresando a todos los mandos
superiores y medios de Banco de Montevideo como mandatarios de Banco La Caja Obrera.
A partir de ese día se produce una "mezcla" de funcionarios
de ambos Bancos que ahora son todos mandatarios de Banco La Caja Obrera, con una
puntualización necesaria que para firmar cualquier tipo de documentación o negocio en
representación de Banco La Caja Obrera el mandatario funcionario de Banco La Caja Obrera
estaría subordinado jerárquicamente al ahora mandatario de Banco La Caja Obrera
funcionario de Banco de Montevideo designado.
d) El Acta de Directorio 2956 de 4/01/2002 dispone la celebración de
un "Acuerdo de Complementación Empresarial" entre ambos Bancos con la
intención de hacer "una transición ordenada hacia la fusión": ¿contrato
consigo mismo?
e) El Acta 2957 de 4/3/2002 autoriza a aceptar un planteo del Banco de
Montevideo de cesión de descuentos de cartera comercial por US$ 11:000.000
¡Este nuevo Directorio de Banco La Caja Obrera –cuyos integrantes
son el Gerente General de Banco Montevideo (Sr. Guadalupe), uno de los dueños de Banco de
Montevideo (Sr. Dante Peirano) y el Dr. Luis Muxí, discute prolijamente el planteo
recibido de Banco de Montevideo!
f) Se desmantela el Departamento jurídico de Banco La Caja Obrera. El
Acta 2958 de 8/3/02 es elocuente desde que dice que nombra abogados para sucursales de
Banco La Caja Obrera "a requerimiento de COFAC" y resuelve otorgar poder para
pleitos a 6 profesionales del Estudio Muxí. Se revocan los poderes para pleitos a todos
los abogados contratados en interior, pasando todo al Estudio Muxí.
Los integrantes del Estudio Muxí se instalaron físicamente en la casa
central del Banco La Caja Obrera.
Un sin número de abogados y escribanos del Estudio Muxí pasó a
"monopolizar sin excepciones" todos los asuntos jurídicos y notariales nuevos
de todas las sucursales de Banco La Caja Obrera del país. Los ordenes de los servicios
fueron remitidos al Estudio Muxí en casa central todo asunto jurídico y notarial (todos
los Gerentes del país son testigos de esto)
Con este nuevo sistema sin duda se perjudicaron
los intereses de Banco la Caja Obrera por varias razones. Ejemplo aplicable a todas las
sucursales: Antes una deuda de Rivera se demandaba en el Juzgado de Rivera. Esto daba
mayor celeridad al proceso de recupero y lo hacía más barato. Ahora, por orden del
Estudio Muxí el juicio de Rivera se iniciaba en Montevideo con lo cual se demora el
trámite y se encarece porque el Banco debía gastar en tramitar exhortos para notificar
desde Montevideo al deudor de Rivera.
g) En materia de los funcionarios de Banco la caja Obrera en general,
resulta claro que Banco de Montevideo los tomó como una verdadera "bolsa de
trabajo" desde que un sin número de ellos pasaron durante los meses subsiguientes a
diciembre de 2001 a desempeñar tareas en horario completo en distintas dependencias de
Banco de Montevideo. Durante todos esos meses trabajaban en Banco Montevideo y Banco La
Caja Obrera pagaba el sueldo y los aportes patronales a Caja bancaria.
h) Además se violaba de estas forma claras disposiciones en materia de
Ministerio de Trabajo: por ejemplo, figuraban en planilla de Banco La Caja Obrera pero
trabajaban en Banco de Montevideo.
Como se expresó el Banco Montevideo realizó de
hecho la fusión con Banco La Caja Obrera sin haberse formalizado nunca el negocio
jurídico. También de hecho se realizó la escisión de las 8 sucursales con COFAC y
nunca se materializó en lo jurídico, ya que ambos negocios fusión y escisión se
proyectaban realizar en un solo instrumento, cuyo borrador está disponible como anexo.
Desde diciembre de 2001 COFAC gerenció las 8 sucursales, mientras
Banco La Caja Obrera pagaba sueldos y aportes de los funcionarios, así como los gastos de
funcionamiento.
En este aspecto llegaron a darse hechos insólitos tales como que la
correspondencia que "salía" de la sucursal San José de Banco La Caja Obrera lo
hacía en su parte superior con dos logos, el de Banco La Caja Obrera y el de COFAC.
Por este sistema de gerenciamiento por COFAC de sucursales de Banco La
Caja Obrera se violó reiteradamente el Secreto bancario (Decreto-Ley Nº 15.322
artículo 25) porque varios funcionarios de COFAC instalados físicamente en la
casa Central de Banco La Caja Obrera monitorearon durante meses los números, cuentas y
negocios de Banco La Caja Obrera ante la vista y paciencia de las nuevas jerarquías de
Banco la Caja Obrera (jerarcas de Banco de Montevideo)
También COFAC realizó una fuerte campaña publicitaria (incluso por
TV) anunciando que había adquirido (cuando nunca lo hizo) las 8 sucursales al Banco La
Caja Obrera. Se adjunta copia de revista oficial de COFAC.
PATRIMONIO Y LIQUIDEZ DEL BANCO LA CAJA OBRERA
PATRIMONIO
Señor Odizzio.- "Hasta el último día en que me desempeñé
como síndico, el Banco tenía cifras positivas sobre el mínimo que marca la Ley de
Sociedades Anónimas, es decir que superaba el 25% del capital integrado... Yo elevaba un
informe trimestral al Banco de la República y a la Corporación nacional para el
Desarrollo teniendo en cuenta las cifras del Balance. Cualquiera de los informes que
elaboré, hice más de treinta, dice que el Banco estaba por encima del mínimo. El Banco
nunca estuvo por debajo del mínimo para funcionar".
Estas afirmaciones hechas ante la Comisión Investigadora son
confirmadas por el balance General e Informe del Síndico Ejercicio 2000, presentado el
16/3/2001 y los informes de los técnicos del Banco Central del Uruguay hasta el
30/9/2001.
31 de diciembre de 2001:- Balance General e informe de Síndico (en
este caso Cr. Defféminis y Presentado el 2/5/2002. Y este informe dice: "existe
incertidumbre sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha.
La aprobación por la Asamblea de Accionistas del Compromiso Escisión
– Fusión a firmarse entre Banco La Caja Obrera, Banco Montevideo y COFAC evitará la
disolución de la sociedad y pérdida de patrimonio..., aconsejo a los accionistas la
aprobación de los estados contables a la fecha".
Resumiendo, a los informes ejecutivos con participación de técnicos
del Banco Central del Uruguay, (Se anexan)
Del 31/03/2001 - Firmado por Cr. Pablo Bazerque, Cr. Manuel Hitta
Del 30/06/2001 – Firmado por Cr. Pablo Bazerque, Cr. Manuel Hitta
Del 30/09/2001 - Firmado por Cr. Pablo Bazerque, Cr. Manuel Hitta
Del 31/12/2001 - Firmado por Cr. Pablo Bazerque, Cr. Manuel Hitta
En todos los informes se señala insuficiencia patrimonial pero el
31/12/01 se señala una caída en los activos que tiene una
repercusión muy negativa en lo patrimonial: US$ 8:817.000 negativo debido a:
Ajuste a valor de mercado de inmuebles y
bienes de usos
Contabilización de previsiones
Eliminación de cargos diferidos
Gastos incurridos durante el proceso
La situación patrimonial al 30/06/2002 del Banco la Caja Obrera era
negativo en US$ 11:000.000.
LIQUIDEZ
En lo que respecta a la liquidez en todos los informes no aparecen
problemas del Banco La caja Obrera respecto a la liquidez, salvo el informe al 31/12/2001
que explica:
Banco La Caja Obrera ha presentado en el trimestre una reducción de
US$ 48:000.000 en los depósitos del sector no financiero.
Esto es acompañado de un crecimiento de los depósitos del sector
financiero de US$ 16:000.000
Por otra parte el Banco La Caja Obrera asistió a Banco de Montevideo
en trimestre, comprándole créditos al sector no financiero por un monto cercano a
US$ 11:000.000 con contrapartida de un pago de Letras de Tesorería.
Adicionalmente, a fin de marzo, Caja Obrera mantenía un crédito neto
a su favor con Banco Montevideo.
Con posterioridad al cierre del trimestre ha seguido asistiendo a Banco
Montevideo, lo que le ha provocado una baja más pronunciada de sus reservas líquidas.
Finalmente, un informe de situación al 30/06/2002, firmado por los
técnicos del Banco Central del Uruguay Cr. Fernando Fuentes y Cr. Manuel Hitta, presenta
un resumen de evolución en caída de liquidez y depósitos.
| |
31/12/2001 |
31/03/02 |
30/06/02 |
23/07/02 |
Activos
líquidos |
Not. Datos |
124.441 |
18.637 |
14.132 |
Depósitos |
382.929 |
354.313 |
276.077 |
249.283 |
El 14/11/2002, representantes de AEBU comparecen ante la Comisión
Investigadora y afirman haber recibido información que señala que en los primeros
posteriores al 31/12/01 el Banco Montevideo tomó del Banco La Caja Obrera una importante
parte de su liquidez integrada por unos US$ 7:000.000 de Caja y Bancos locales,
US$ 35:000.000 en valores públicos y afectado US$ 44:000.000 de Bonos y Letras
como garantía de operaciones del Banco Montevideo.
INTERROGANTES Y DESVÍOS - 3/12/2001 – 31/12/2002
Desde el 3/12/01 – Venta del 99.83% de las acciones del Banco La
Caja Obrera al Banco Montevideo y hasta el cierre del ejercicio 31/12/02 (incluido el
período de intervención).
Se puede constatar una disminución de US$ 22:500.000 en Valores
Públicos y de US$ 213:800.000 en créditos vigentes que solo puede resultar de la
venta de los primeros y del cobro de los segundos, lo que debe haber aumentado la
tradicionalmente fuerte liquidez que tenía al Banco La Caja Obrera.
Más allá del análisis de esta evolución, que en parte queda afuera
de los cometidos de la propia Comisión Investigadora, es un aspecto que se deberá
esclarecer con rigor, para determinar además qué responsabilidad corresponde a cada
etapa y cómo repercute en el proceso de liquidación en marcha, por eso nos interesa
presentar algunos hechos.
Problemas al cierre del Balance al 31/12/02 del Banco La Caja Obrera
que deriva en la renuncia del Cr. Brizuela del Banco La Caja Obrera como consecuencia de
su negativa a firmar ese balance.
a) Diferencias en la conciliación de cuentas entre Banco de
Montevideo, Banco La Caja Obrera y Banco Central del Uruguay.
b) Letras del Banco La Caja Obrera por US$ 9:910.000 (Valor
nominal) tomados como valores por el Banco Montevideo, a los que pone como garantía de un
préstamos que solicita a una AFAP. Culmina con el remate de los valores por incumplir el
Banco Montevideo con el pago del mismo. La pérdida originada se radica en el Banco La
Caja Obrera por orden del Interventor.
c) Hasta el 21/6/02 el Banco La Caja Obrera no tuvo libre disposición
sobre su propia liquidez, ya que la misma estaba afectada a la operativa del Banco
Montevideo. Por ese periodo no se recibe ningún tipo de interés sobre los valores
afectados. Este criterio no coincide con el usado para hacerse pagar intereses por sus
saldos en Cuenta Corriente o traspasar los costos de la Asistencia.
d) Se cancela con cargo al "Fondo de
Estabilización del Sistema Bancario" con un depósito hecho por una AFAP por
US$ 4:000.000 cuya cancelación no estaba amparada por las normas.
Posteriormente al Balance 31/12/02 del Banco La Caja Obrera. Se vende
un bien adquirido en Recuperación de Créditos por el Banco La Caja Obrera, sin que pase
por la registración contable del Banco La Caja Obrera.
En octubre de 2001 fueron recibidos en pago de deudas cuatro padrones
en el departamento de Paysandú. Dichos bienes entran en el rubro "Bienes Adquiridos
en Recuperación de Créditos" por la suma de $ 11:400.000.
En octubre de 2002 dicho importe (por normas del Banco Central del
Uruguay) pasa a radicarse en "Inversiones en bienes inmuebles" figurando así en
el balance al 31/12/02.
En enero de 2003 el liquidador Sr. Enrique Gómez comunica que los
bienes en cuestión habían sido enajenados a GERONIL S.A. según escritura del 16/10/02
en la que el Banco La Caja Obrera es representado por su interventor Cr. Jorge Xavier.
Según se desprende de dicho documento, el precio fue de
US$ 1.160.000 (US$ 160.000 en letras de Tesorería y US$ 1.000.000 en Bonos
del Tesoro) importe que a esa fecha no había llegado al Banco La Caja Obrera.
El importe habría sido pagado en el Banco Montevideo.
Se destaca que el Balance del Banco La Caja Obrera el 31/12/02 figura
un bien por US$ 11.400.000, que ya había sido prometido en venta y con precio
totalmente integrado, con fecha 16/10/02 y del que el Banco la Caja Obrera no recibió
noticia ni medio de pago alguno.
Independientemente de lo que podría decirse sobre la titularidad del
bien al 31/12/02, parecería lógico de que el Banco no tenía su libre disposición, se
entiende que tendría que haberse registrado el hecho contablemente, así como también el
pago; y para el caso de no haber hecho tales registraciones, o no haber querido hacerlas,
se imponía "una nota al balance" dando cuenta de la operación efectuada.
Este hecho se considera técnicamente fuera de toda discusión.
Lo que queda inevitablemente es la duda de cuántos bienes del Banco,
hoy derecho de los cuotapartistas perjudicados, estarán en esta situación, o habrán
sido objeto de manejo arbitrario y a la postre notoriamente perjudicial, por parte de los
representantes del Banco Central.
LA SITUACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS CALZADOS CON FONDOS DE AFAP
Al cierre del 31/7/02 se detectó un préstamo a un Banco por
US$ 4:000.000 vencido el 30/07/02 que no había sido cancelado, y por el cual el
Banco La Caja Obrera debían realizar una previsión de US$ 2.000.000 el 31/8/02 en
aplicación de las Normas del Banco Central del Uruguay, si el préstamo no era cancelado
antes de esta última fecha.
Para hacer una previsión de US$ 2:000.000 el Banco debe dar ese
mes una pérdida por esos US$ 2:000.000, luego cuando el deudor paga o se pone al
día, la previsión se deshace, se da una ganancia por ese importe. Si el deudor no paga,
se sigue aumentando la previsión hasta que llega el momento en que el deudor es
castigado; es decir, su deuda es dada como pérdida, entonces en ese momento ocurre que ya
se tiene la cifra totalmente previsionada, y el importe que se fue acumulando en
previsiones se cancela contra la baja del préstamo de los activos del Banco.
El Banco la Caja Obrera dio la pérdida de US$ 2:000.000 al
31/8/02 y la mantuvo hasta el 31/10/02 ya que el préstamos fue renovado el 24/10/02 y las
previsiones se efectúan a fin de mes.
Obvio es destacar que se analizó la operación en el sentido de que el
Banco a esa altura no tenía liquidez suficiente para efectuar ese tipo de préstamo,
(denominado generalmente "call money"), llegándose a determinar las siguientes
situaciones:
La cifra para el préstamo al Banco, lo que técnicamente se llama
"calce", había sido provista por una AFAP vinculada, hecho que podría ser
observable desde el punto de vista de lo establecido en la Ley Nº 16.713,
artículo 135 inc. H, artículo 124 inc. E, dada la relación existente entre la Empresa de
Intermediación Financiera y el Fondo de Ahorro Previsional (una es copropietaria de la
otra).
Para que la operación fuera transparente se había concretado a
través de BEVSA (Bolsa Electrónica de Valores), el encargado de la Gerencia Financiera
del Banco Montevideo, le dio la orden al operador de cambios del Banco La Caja Obrera, de
que fijara el crédito correspondiente a nivel del sistema de computación de la Bolsa
Electrónica de valores, pues el Banco La Caja Obrera no le había concedido línea de
crédito suficiente a la AFAP, y si las operaciones no se encuadran dentro de las líneas
de crédito concedidas recíprocamente, no cierran a nivel de
máquina, o lo que es lo mismo, no cierran a nivel de BEVSA, que es lo que aquí se
quería lograr. Asimismo, el encargado fija las tasas del depósito y del préstamo.
Como se puede ver en el caso el crédito con el Banco se cierra por
teléfono pero se hace necesaria la intervención de BEVSA para que la AFAP pueda hacer el
depósito en Banco La Caja Obrera que permita realizar la triangulación.
Debe quedar claro que una operación de este tipo, no es propia de
hacer por BEVSA (Bolsa Electrónica de valores) donde se pide y se da dinero sin saber a
quién; si la operación se cierra, es porque las partes (que no se conocen cuando están
operando en pantalla) previamente se habían concedido crédito y ese crédito estaba
entrado en el sistema de la Bolsa Electrónica de Valores.
En la jerga bancaria esta no es una operación de bolsa electrónica
pura, sino una triangulación, hecha necesariamente a golpe de teléfono y que se
oficializa por la bolsa electrónica.
El Banco necesitó dinero, ahora bien, como el Banco es copropietario
de la AFAP, sabe que la AFAP tiene dinero, pero no se lo puede prestar directamente porque
se lo prohibe la ley.
El Banco logra entonces que la AFAP haga un depósito en el Banco La
Caja Obrera para que ese dinero se le preste al Banco.
Paralelamente se hace que el Banco La Caja Obrera le fije a la AFAP la
línea de crédito necesaria a nivel del sistema en Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA),
para que la operación se pueda cerrar, y la historia termina de la siguiente manera:
aparece en pantalla un pedido de dinero con determinadas características (que son las que
el Banco pactó previamente por teléfono, por cuenta y orden de la AFAP, con el Banco La
Caja Obrera gerenciado por Banco de Montevideo), entonces Banco La Caja Obrera aprieta la
tecla y dice "SI", y la operación queda cerrada con la
"transparencia" de la Bolsa, a decir del Señor Interventor.
Todas las órdenes relativas a montos, plazos, tasas, etc. Fueron dadas
en forma verbal, salvo un mail de un funcionario del Banco Montevideo, que el 24/10/02
indica la forma en que debe renovarse el préstamo vencido, donde el Banco pagará
intereses al 12% por préstamo vencido, pero a su vez, lo renovará hasta el 22/11/02 a la
tasa del 9%. Se debe aclarar que luego se renovó hasta el 20/12/02 también a la tasa del
9%.
Se recalcan los porcentajes que se cobran por el préstamo, ya que lo
que se paga por el depósito –que no pudo ser retirado por la AFAP dada la normativa
vigente- está a la tasa del 12,56% efectivo anual.
Este tipo de préstamos al Banco con calce de la AFAP tuvieron en el
Banco La Caja Obrera la siguiente evolución en cuanto a cifras, no obstante hay que
señalar que siempre hubo un préstamo vigente, pues los préstamos de este tipo son a muy
pocos días, salvo a partir del 30/7/02 que fueron por un mes o más:
12/07/02 - US$ 1:998.029,34
23/07/02 - US$ 2:999.014,02
25/07/02 - US$ 3:998.685,36
24/10/02 - US$ 4.000.000,00
No es observable que existan este tipo de préstamos a fin de mes y que
se cancelen en el corto plazo, precisamente existen a fin de mes para cubrir –por
ejemplo- déficits de encaje generados durante el mes. El problema radica en quién tiene
dinero disponible a fin de mes para prestar, si uno lo tiene lo debe prestar, pues en ese
momento se pueden cobrar excelentes tasas, sobre todo si no hay liquidez en la plaza (se
supone que es más barata una tasa alta de interés del call money que una multa del Banco
Central), pero con retorno seguro en tiempo y forma (es sagrado entre los Bancos la
cancelación de estos call money).
En este caso el retorno no fue en tiempo y forma, y además el
depósito de la AFAP que sirvió de "calce" quedó entre los que no pueden ser
retirados, por ser un depósito a plazo fijo (aunque por plazos muy cortos, que los hace
denominar generalmente "overnight"). Los plazos de estos calces acompañan a los
préstamos y son generalmente a los mismos cortísimos plazos.
Se debe destacar que los calces –como tales- no son con nombre y
apellido, sino que la Mesa de Cambios recibe los pedidos de depósitos y de colocaciones y
luego ella ve si puede cerrar las operaciones con fondos propios o si necesita calces de
tipo "overnight", etc.; es decir, que normalmente, el prestatario desconoce el
origen de los fondos, esto es una "excepción" dentro de esta operativa, de
allí que se esté hablando de una triangulación.
Considerando que la intervención del Banco La Caja Obrera por el Banco
Central del Uruguay se efectuó el 21/6/02 toda la operativa del Banco / la AFAP fue
posterior a la misma, generando la duda de si ésta ya era realizada antes por el Banco
Montevideo, y desconociéndose si en el Banco Montevideo –de existir operaciones
vigentes- se dieron situaciones de atraso que ameritaron
previsiones como las que hubo que hacer en el Banco La Caja Obrera, y si fue así, si las
mismas fueron realizadas en tiempo y forma, es decir, de acuerdo a las Normas del Banco
Central del Uruguay.
Se presume con certeza, que el Banco Montevideo hacía este de
operaciones desde hace tiempo.
Se tiene casi la certeza, que el Banco Montevideo no hizo las
previsiones correspondientes al cierre de agosto/02 (violando así las normas del Banco
Central), pero que sí las hizo al cierre de setiembre /02 al ver que las había hecho el
Banco La Caja Obrera el mes anterior, y ante la situación de que el vale vencido el
30/7/02 aún permanecía impago, pues recién se renovó el 24/10/02 (se supone que lo que
estaba ocurriendo en el Banco La Caja Obrera se repetía en el Banco Montevideo, no se
sabe por qué importes).
Las tasas de los vales, que comenzaron siendo equivalentes a los
depósitos que se tomaban como "calce" (12% nominal el préstamo y 12,56%
efectivo el depósito), terminaron siendo inferiores (9% nominal el préstamo y 12,56%
efectivo el depósito).
No confundir el "calce" con la "garantía", pues
son cosas muy diferentes, el calce para esta triangulación, es plata que se recibe de una
determinada manera y que se usa para ser colocada de una determinada manera. Aquí estamos
frente a un calce con destino prefijado, se recibe de la AFAP para colocarlo en el Banco.
No obstante lo señalado, si el Banco no paga el préstamo, y no estuvieran los depósitos
a plazo fijo impedidos de retirar, la AFAP igual podría retirar el depósito si (vencido
el plazo y quedando por tanto a la vista) así lo dispusiera; si fuera una garantía ello
no ocurriría, la liberación del depósito se produciría solo si el vale fuera
cancelado. Esto debe quedar bien claro.
En resumen:
1. Se está utilizando con desvío la Ley Nº 16.713 por parte del Banco y
de la AFAP.
2. El Banco Central del Uruguay que intervenía el Banco Montevideo
y el Banco La Caja Obrera, se prestó para ambas instituciones sirvieran de base para la
triangulación, incluso asumiendo el costo de préstamos otorgados, a menores intereses
que los intereses de los depósitos que le sirvieron de calce y aumentando además las
pérdidas mensuales de los Bancos intervenidos en cifras millonarias en dólares, al
tenerse que constituir previsiones cuando los vales se atrasaron, si bien es cierto que
las mismas fueron revertidas en el momento que los préstamos se pusieron al día.
3. Se utilizó BEVSA (Bolsa Electrónica de Valores), para
oficializar solo la operación con la AFAP, ya que es una exigencia que tienen las AFAP de
cerrar las operaciones con BEVSA, y así poder validar la operación en conjunto. En
los hechos se trató de una triangulación pactada necesariamente por teléfono, hecho que
agrava aún más el procedimiento incorrecto llevado a cabo bajo la intervención del
Banco Central.
4. Más se hace necesario comprender a esta altura, las razones de
del Banco para quedarse con ocho Sucursales del Banco La Caja Obrera y es difícil no
relacionar estas instituciones
5. La AFAP podría ser perjudicada, si el depósito queda reprogramado
de una forma que pueda considerarse no ventajosa a los fines de un Fondo de Ahorro
Previsional. Se podría decir que están fallando las formas de control del Banco
Central sobre los Fondos, que teniendo fines de Seguridad Social, están siendo usados en
beneficio de las instituciones de Intermediación Financiera que son sus propietarias.
ASPECTOS QUE AFECTARON LA IMAGEN TRADICIONAL DE BANCO LA CAJA OBRERA
CON SUS CLIENTES.
Las jerarquías de Banco de Montevideo "presionaban" a los
gerentes de las distintas sucursales de Banco La Caja Obrera para priorizar al máximo la
captación de depósitos en detrimento de las colocaciones de créditos. Los objetivos
comerciales eran primordialmente captar depósitos a plazo fijo.
También los gerentes de Área de Banco de Montevideo fijaban como
objetivo comercial a los Gerentes de las sucursales de Banco La caja Obrera, colocar a
sus clientes el famoso TCB (Trade and Commerce Bank). La gran mayoría se negó a
siquiera ofrecer ese producto, pero lamentablemente al día de hoy existen colocaciones
en TCB realizadas por clientes de Banco La Caja Obrera en sucursales de Banco La Caja
Obrera.
Una de las primeras medidas tomadas por el Banco Montevideo después
del 3/12/01 fue la supeditación de los negocios financieros del Banco La Caja Obrera al
Banco Montevideo de modo de actuar de hecho como una sola institución aunque de derecho
la fusión no estuviera hecha.
A partir del 3/12/01 el Tesoro de ambos Bancos pasó a ser uno, al
punto que hasta el mobiliario antifuego, de acero macizo y alto valor, fue desmantelado y desplazado desde el Banco La Caja Obrera al Banco Montevideo.
Desde el 3/12/01 hasta la intervención el 21/6/02 el Banco Montevideo
no asiste a las 8 sucursales que estaban administradas por COFAC.
OTROS ASUNTOS
PUBLICIDAD MONTEVIDEO – CAJA OBRERA.
Llamó la atención en plena crisis los avisos publicitarios en
diversos medios: "Montevideo – Caja Obrera – Uniendo esfuerzos para
servirlo mejor".
Podemos registrar publicaciones realizadas en
abril, mayo y junio de 2002 en prensa escrita.
Recordamos en radio.
En televisión hemos podido documentar en
Canal 10 y en Canal 12, en el mes de noviembre de 2002.
Pero particularmente nos sorprendió uno difundido por lo menos en el
diario El País, del 31/10/2002:
"Montevideo – Caja Obrera" – "Este Banco está
listo para abrir, consolidarse, pagar y prosperar.".
En él, se realiza una fundamentación de por qué está apto y pronto
para sobrevivir.
Ante tal ofensiva pedimos información al Banco Central del Uruguay y
con fecha 5/12/2002 nos responde el interventor del Banco la Caja Obrera y del Banco
Montevideo, Cr. Jorge Xavier, lo siguiente.
"Sr. Presidente de la
Comisión Investigadora sobre diversas actuaciones
Relacionadas con el sistema financiero y bancario
Diputado Gabriel Pais Rivanera
Presente
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente, en relación con la
solicitud planteada en la sesión de fecha 25.11.02 vinculada con las comisiones de
ahorristas de Banco de Montevideo y Banco La Caja Obrera.
Acompaño fotocopia simple de las notas que me fueron remitidas por las
referidas comisiones con fecha 15.08.02 y 23.09.02 respectivamente, donde se detalla su
integración. Adjunto también un detalle de los medios de prensa y espacios utilizados en
la campaña llevada adelante por la Comisión de Ahorristas de Banco Montevideo / Caja
Obrera. Destaco en tal sentido que según fuera expresado en el ámbito de esa Comisión
Investigadora tanto por el suscrito como por la Dra. Ana M. Rantighieri, esos espacios
habían sido adquiridos y pagados por el Banco de Montevideo sobre fines de 2001 y por
tanto no se generaron nuevos costos para estas Instituciones, sino que en realidad se
permitió su uso ya que de los contrario se perderían al vencimiento del plazo previsto
para su utilización.
Reiterándome a la disposición de esa Comisión Investigadora a
efectos de aportar cualquier otro elemento que se considere conveniente, lo saluda muy
atentamente
Cr. Jorge Xavier
Interventor".
Sin detenernos en el detalle, no menor, de que la publicidad Montevideo
– Caja Obrera se hace pública desde abril por lo menos, y que las notas con la
conformación de la Comisión Representativa de Ahorristas del Banco Montevideo es del
15/8/02 y la Comisión de Ahorristas del Banco La Caja Obrera es del 23/09/02, es sin
embargo importante señalar que los anuncios que esas campañas hacían y sugerían,
fueron una expresión de voluntad – tal vez de buena voluntad – pero mentirosa,
irresponsable y con efectos de confusión y desorientación sobre la ciudadanía muy
peligrosos.
Las ordenadas antes de la intervención pueden explicarse como esfuerzo
dirigido a superar las dificultades, pero las posteriores al 21/6/2002 y en particular la
del 31/10/2002 o noviembre 2002, por su oportunidad y por su contenido, resultan
inexplicables.
Que se autorizara esas publicaciones, con ese contenido, por el mero
hecho de que los espacios ya estaban adquiridos desde el 2001, no generaban gastos y
además podría perderse el vencimiento previsto, no exime de responsabilidad a quienes en
forma irresponsable habilitaron la situación, permitieron el uso de logos oficiales y
aceptaron cuando menos y tal vez promovieron, alternativas que solo estaban en su deseo o
imaginación y que generaron falsas expectativas y daño.
DEPÓSITO DE CITYMAX S.A.
La empresa Citymax S.A., cuyo titular es el ciudadano paraguayo Eduardo
Nicolás Bo Peña, es titular de una cuenta corriente en dólares
Nº 1745002, en a la Casa Central del Banco de Montevideo.
En fecha 21.06.2002, solicita por escrito la transferencia de
US$ 10:000.000,00 de la citada cuenta, para el crédito de la cuenta Nº 1412876
en el ABN Amro Bank, en nuestra capital.
En esa misma fecha se produce la intervención del Banco de Montevideo
y Banco La Caja Obrera por resolución del Banco Central del Uruguay D/350/2002.
A partir del 24.06.2002 es designado interventor el Cr. Jorge Xavier el
que constata la imposibilidad de dar cumplimiento a la solicitud del Sr. Bo, por no tener
la cuenta corriente de Citymax S.A. los fondos suficientes.
Ordenada una investigación urgente se esclarecen los hechos y el
17.07.2002, el Cr. Xavier, en su condición de interventor del Banco Montevideo, responde
por carta remitida al "Sr. Representante de Citymax S.A." que "luego de
efectuada la correspondiente investigación, cúmpleme informarle que su cuenta arroja un
saldo acreedor de US$ 9:827.136,76".
Citymax S.A. insiste ante el interventor del Banco Montevideo, para dar
cumplimiento a la solicitud de transferencia de los fondos.
El Interventor Cr. Xavier, actuando en representación del Banco
Central, manifiesta que en función del elevado costo, el retiro de los fondos provocaría
una dificultad adicional al Banco Central, ya que estaba asumiendo una pesada carga
asistiendo financieramente al Banco Montevideo. A cambio, ofreció constituir dos
depósitos a plazo fijo con vencimientos a 90 y 360 días en el Banco La Caja Obrera por
US$ 3:000.000,00 y por US$ 6:627.136,76 respectivamente, y mantener abierta la
cuenta en Banco Montevideo con US$ 200 mil, asegurando al Sr. Bo que el Banco La Caja
Obrera absorbería al Banco Montevideo y que los fondos en cuestión tendrían el respaldo
del Banco Central del Uruguay.
El 30.07.2002 se decreta feriado bancario y posteriormente el Banco
Central del Uruguay resuelve la suspensión de actividades del Banco Montevideo y Banco La
Caja Obrera.
Es en el marco de esta situación que el titular de Citymax S.A., Sr.
Eduardo Bo, resuelve mantener una conversación telefónica desde Asunción del Paraguay,
con el Cr. Xavier en la Sede Central del Banco Montevideo, conversación que es grabada
por el Sr. Bo en presencia de testigos, y que posteriormente será ofrecida como prueba
ante el Juzgado Civil de 5º Turno en nuestra capital.
En dicha conversación el Sr. Xavier admite haber convencido al Sr. Bo
de desistir de la transferencia de sus fondos al ABN Amro Bank, en primera instancia, y al
Banco República luego, y dejar los fondos en el Banco La Caja Obrera reiterando que este
absorbería al Banco Montevideo y que contaba con el mismo respaldo de el Banco Central
del Uruguay.
A pedido del Sr. Bo, el 20.08.2002, se procede a la desgrabación del
casete referido, ante la Escribana Mónica Andrea Antúnez, que lo protocoliza con el
Nº 1.
El 02.09.02 comparecen en audiencia ante el Juez Letrado en lo Civil de
5º Turno – a través de sus patrocinantes – el Sr. Eduardo Nicolás Bo, por
Citymax S.A. y el Cr. Jorge Xavier, interventor de Banco Montevideo y Banco La Caja
Obrera. Se procede entonces a reproducir la cinta grabada y el Cr. Xavier reconoce su voz
y su intervención telefónica, aunque no puede precisar la fecha y la hora de la
conversación.
En esas circunstancias, el Cr. Xavier también reconoce que los fondos
de la empresa Citymax S.A. en Banco Montevideo, habían sido transferidos a una
institución Off Shore, el T.C.B. – de la que Citymax S.A. también era cliente
– "sin que existiera constancia formal de la autorización de los titulares
para efectuar dichas operaciones." Complementando la respuesta, afirma que el
Banco Central del Uruguay S.A. presentó una denuncia penal en 1er. Turno, que refiere
"a la existencia de un vale por 10 millones de dólares que bajo el nombre de Citymax
S.A., luce la firma de una persona que no figura entre los habilitados por la misma,
sino que es la persona que certificó las firmas de los representantes de Citymax S.A. el
día 19.12.00, la persona está identificada; las operaciones fueron la firma de un
vale y determinado número de transferencias ordenadas y devueltas, y así como
transferencias a T.C.B., todo lo cual conforma un panorama bastante difícil de
desentrañar".
El resultado de la investigación interna en el Banco de Montevideo y
las personas responsables de haber autorizado a nombre del Banco esta operación falsa en
perjuicio de Eduardo Bo, la identidad de quien firmó la documentación indebidamente,
nunca fue informado a la Comisión Investigadora del Sistema Financiero. Sí se comunicó
la denuncia penal presentada por el Banco Central.
EL ROBO DEL BANCO LA CAJA OBRERA EN PANDO
El 28 de mayo de 2002 en plena crisis del sistema financiero sucede en
una sucursal del Banco la Caja Obrera de Pando un hecho espectacular y con aristas muy
complejas, el robo del sector Coffres-Fort.
Los procedimientos policiales y judiciales no han logrado avances
sustantivos respecto a establecer responsabilidades, no han logrado tampoco conformar a
los damnificados y a más de dos años los procedimientos continúan. La Investigación
interna fue encargada a los funcionarios del Banco La Caja Obrera Dr. Leonardo Goicoechea,
José Arosteguy y Juan A. Viera y elevadas sus conclusiones finales el 18/9/02, que
adjuntamos.
Con fecha 14/7/2003 se expide la Auditoria Interna de la Nación, que
en su estudio incluye un Capítulo IV: Conclusiones y Consideraciones Finales y que
en la introducción manifiesta:
"Del estudio y análisis realizado por los suscritos, surgen
hechos y situaciones detallados en el cuerpo de este informe que, a nuestro juicio, no
fueron debidamente investigados y otros que no han sido ni siquiera tomados en cuenta. Los
mismos nos se circunscriben exclusivamente al hurto de los coffres-fort en particular,
sino a otros relativos a la operativa del Banco, que también revelan un cúmulo de
debilidades del sistema de control interno de la organización, omisión en las funciones
de supervisión a cargo de los mandos medios y superiores y falta de resolución respecto
a la investigación y esclarecimiento de hechos irregulares constatados previamente".
Pasa luego a destacar una serie de irregularidades e ilicitudes, entre
las cuales creemos que vale la pena, a los efectos de esta investigación transcribir
algunas:
3.- Entre otros aspectos del funcionamiento de la operativa bancaria
3.1.- Incumplimiento de normativa sobre encaje
3.7.- Vales incompletos en los que no se establecía tasa de interés y
mora.
3.8.- Falta de documentación exigida por la Circular 1444 Banco
Central del Uruguay
3.9 Insuficiencia en la constitución de garantías, etc.
3.10.- Incumplimiento de la normativa del Banco Central respecto a:
3.10.1.- renovación de créditos
3.10.2.- apertura de cuentas
3.10.3.- prevención de lavado de dinero, etc.
6.- Consideraciones sobre la investigación administrativa interna
De las declaraciones recabadas, se constata que existió una denuncia
cierta en el inicio de la investigación, sin que quedaran suficientemente justificados
los motivos de la tardanza, así como también se constata que los canales de información
fallaron ya que los funcionarios actuantes interpretaron que debían finalizar la
investigación y entregar el informe de lo actuado, mientras que su superior jerárquico
entendió que lo que estaba recibiendo era un informe de avance.
7.- Situación especial referida al Estudio del Dr. Luis Muxí
El Dr. Luis Muxí siendo el Presidente del Comité Gerencial del Banco
Montevideo – Caja Obrera, contrató a su propio estudio profesional para tomar
declaraciones de las personas que mantenían contrato vigente de alquiler de coffres-fort
en la Sucursal Pando, en ocasión del hurto de los mismos. Por dicha tarea se abonó la
suma de US$ 37.552.05 y $ 41.385 y pretendió, además, un cobro de
US$ 500.000
8.- Otras irregularidades e insuficiencias
8.1.- Carpetas de clientes morosos: existen carpetas de clientes
morosos con juicios iniciados, embargos trabados y se desconoce si el Fondo de
Recuperación del Patrimonio bancario – Banco La Caja Obrera sabe de su existencia,
por lo que al culminar nuestra tarea se hará entrega de las mismas.
Sobre este particular se advierte, asimismo, que los procesos
judiciales a que aluden los documentos precitados, estarían inconclusos y se revelaría,
además, que en relación a los mismos no se había actuado con la diligencia y eficiencia
que el caso correspondería.
Como resumen el informe concluye:
De todos los documentos analizados y de la información recabada, se
puede concluir que el punto de los coffres-fort de la Sucursal Pando del Banco La Caja
Obrera, si bien se produjo en un momento crítico del funcionamiento del Sistema Bancario,
no fue un hecho aislado y casual, sino que se produce a consecuencia de un largo y
continuo deterioro en la aplicación de los procedimientos normativos, del sistema de
control interno y de la falta de supervisión de las autoridades de la propia
institución, así como de los organismos estatales que controlan y regulan la actividad
bancaria...
CONCLUSIONES
Los presentes antecedentes nos permiten concluir respecto al
tema "VENTA" del Banco La Caja Obrera al Banco Montevideo como una operación
altamente inconveniente y de discutible legalidad, por las siguientes razones:
1.- El BCU fue omiso en su rol de contralor bancario y en la
aplicación de la ley.
En primer lugar
no tuvo en cuenta los antecedentes de larga data del Grupo Velox o Peirano a la hora
de tomar decisiones., No tuvo en cuenta la situación del Banco Montevideo desde el
momento del llamado hasta el de concretarse la operación el 3 de diciembre de 2001.
El Banco
Central del Uruguay se apartó claramente del pliego de condiciones al aceptar
que el Banco de Montevideo incluyera en su oferta el traspaso de varias sucursales a otra
entidad bancaria sin existir consorcio previo y agregar al contrato respectivo en el sobre
Nº 2.
Puede concluirse
que el BCU actuó en forma discriminatoria con relación a las ofertas que se
presentaron.
2.- El Ministro de Economía y Finanzas y el Banco Central del
Uruguay, en los hechos habrían sustituido en la toma de decisiones fundamentales, tanto
al Directorio del Banco de la República como al de la Corporación Nacional para el
Desarrollo, que eran los verdaderos accionistas del Banco Caja Obrera. Tampoco
consultaron al Directorio del propio Banco que se ofrecía, en definitiva representante de
tales accionistas.
3.- La Superintendencia del Sistema Financiero se apartó de su
rol e integró las dos Comisiones Asesoras para la adjudicación, que en muchos casos
modificaron las opiniones de los servicios especializados del mismo Banco Central. Dispuso
que el Banco de Montevideo accediera a información privilegiada antes de que
le fuera adjudicada la oferta.
4.- Desde el punto de vista económico financiero el resultado
estaba condenado a ser absolutamente negativo para los intereses del Estado, aunque no
se hubiera producido la crisis del sistema financiero. Lo que el Ministro Bensión
pregonaba "dramáticamente" de no querer asumir compromisos de asistencia y
capitalización futura del Banco La Caja Obrera, hubiera fracasado.
Solo al analizar el precio de venta menos las previsiones, menos la
flexibilización en la integración patrimonial y el encaje, menos la deducción por
Cupón Cero, menos las transferencias de personal que queda a cargo del Estado ya es
prueba de que el vendedor no recibía nada por la venta salvo sacarse de arriba la
gestión.
Producido el colapso del sistema habrá que esperar el momento de poder
cerrar las cuentas para ver cuánto costó la operación finalmente.
5.- Desde el punto de vista jurídico se utilizó un mecanismo
cuestionable respecto a la fusión aunque ésta desde el 3 de diciembre de 2001 se impuso
de hecho aunque no de derecho.
De derecho nunca se consagró y hoy ambos Bancos están, cada uno de
ellos, en liquidación.
En lo que tiene que ver con la llamada escisión de 8 sucursales del
Banco La Caja Obrera acordada por el Banco de Montevideo a favor de COFAC, esta operación
resulta peligrosamente arbitraria, no tiene sustento jurídico en la situación en que se
aplicó, hubo sustitución de autoridades y violación grosera del secreto bancario, tan
celosamente protegido por el Banco Central de Uruguay en otras instancias.
Tampoco se consagró, pues cayó con la intervención del Banco de
Montevideo y las consecuencias de los negocios efectuados durante ese lapso no conocemos
que hayan sido evaluadas aún.
6.- Producida la venta de las acciones y antes de la intervención
de ambos Bancos se produjeron movimientos que afectaron la liquidez del Banco la Caja
Obrera y también, su patrimonio, al punto que se generó un conflicto que derivó en la
renuncia del Contador General del Banco La Caja Obrera al cierre del Balance del año
2002. La significación de estos movimientos deberían poder evaluarse de modo
independiente, habida cuenta de la responsabilidad que en estos resultados tienen las
actuales autoridades del Banco Central del Uruguay y de los perjuicios que pueden derivar
hacia los ahorristas del Banco La Caja Obrera.
7.- El interventor actuó a partir del 24/6/01 en una muy compleja
situación al hacerse cargo de la intervención de dos instituciones diferentes, en un
proceso de fusión truncado y conflictivo con intereses contrapuestos a atender.
El Banco Central del Uruguay debió designar interventores distintos
para mejor proteger intereses de instituciones diferentes.
Empero debemos observar:
a) Participación no feliz del Interventor en el proceso de
publicaciones aparentemente impulsado por las Comisiones de Ahorristas con dineros de los
Bancos.
b) Manejo inadecuado y muy poco claro ante las gestiones y reclamos de
CITIMAX SA y de su dueño Eduardo Bo.
c) Las irregularidades que se ponen de manifiesto en el robo de los
coffres-fort de Pando, trascienden en el tiempo y en la responsabilidad al Interventor,
pero lo involucra en cuanto a la demora en la culminación de los procesos de
investigación administrativa interna.
8.- Las actuales autoridades del Banco Central aparecen lentas en
exceso en los esfuerzos de recuperación de activos vinculados a los Bancos defraudados:
ante ello contrastan la rápida autorización de la venta de las acciones de COT SA
otorgada por otro Organismo público, quedando un 55% de esta empresa fuera de la
propiedad de la familia Peirano.
Del mismo modo asume el 33,55% de las acciones de Gralado SA y designa
en su representación, como Director honorario, a la Dra. Rantighieri y con ello se
habilita la Emisión de Obligaciones Negociables (Serie D) por un valor Nominal de
US$ 5:000.000 a cuatro años con el objeto de reperfilar su pasivo.
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Anexos
Carta del Banco La Caja Obrera
al Presidente del Banco Central. 6/12/2001
Carta del Banco Central al
Ministro de Economía y Finanzas. 28/11/2001
Resolución D/481/2001 de
27/11/2001
Carta del Banco República al
Presidente del Banco Central. 2/8/2001
Carta del Dr. Pablo García Pintos
de 23/7/2001
Denuncia penal
Revista Uruguaya de Cooperativismo
y finanzas. Portada
Ejemplos de publicidad.
Conclusión 8.- Emisión de
Obligaciones Negociables Serie D
Transferencia acciones de COT S.A.
5. Otras derivaciones
Dado la extensión del tema objeto de su estudio y el enorme material
documental a analizar, hemos debido delimitar nuestro trabajo a la responsabilidad de los
actores e instituciones públicos que de actuación más relevante o notoria en la crisis
financiera.
Han surgido sin embargo, de la documentación que hemos recibido y de
los múltiples testimonios brindados en la Investigadora, hechos que no hemos podido
profundizar y que merecerían mayores actuaciones, de resolverse el pasaje de los
antecedentes a la Justicia Penal.
Algunos de ellos que podemos señalar, a título de ejemplo:
A más de un año y medio de iniciada, no hemos recibido pese a haberlo
solicitado en reiteradas oportunidades, la investigación interna que realizara el Banco
Central del Uruguay, relativo a sus propias actuaciones en referencia a Banco Comercial.
Probablemente del cruce de información que resulte dicha investigación y lo actuado por
la Parlamentaria puedan surgir elementos nuevos o confirmación de los extremos
denunciados.
Tanto en las comparecencias como en la documentación aportada, surgen
nombres de ciudadanos particulares que pudieran tener conocimiento o haber participado de
maniobras dolosas, o que negaran información a las autoridades competentes de contralor.
Tal es el caso del conocimiento que podrían tener funcionarios de Banco Montevideo de las
maniobras que se realizaran con TCB, así como de las condiciones engañosas a las que
fueron expuestos muchos de los depositantes.
No hemos accedido al expediente en que Banco Central investigó el robo
de Coffres-Fort de la sucursal Pando de Banco Caja Obrera pero las denuncias formuladas
por los damnificados en la Comisión, nombres y datos aportados, serían elementos
esclarecedores de las actuaciones judiciales.
6. Las modificaciones legislativas o el dictado de nuevas normas que se
estime del caso, a fin de fortalecer el sistema financiero, mejorar la efectividad de los
sistemas de contralor o la creación de nuevos controles del mismo.
Las crisis bancarias ya cíclicas le han costado al Estado Uruguayo y a
sus ciudadanos miles de millones de dólares. Los recursos aportados al sistema financiero, que terminan saliendo del bolsillo de todos los
uruguayos, ha sido un enorme peso en las espaldas de las generaciones presentes y sus
consecuencias afectará también a las generaciones futuras.
La idea fundada de "que en el Uruguay los Bancos no caen" ya
que los sostiene el Estado ha quedado por el camino. Pero el Estado se ha desangrado en el
esfuerzo. No se puede seguir pensando en un sistema financiero sólido, donde el respaldo
sea el "seguro implícito" del Estado.
La implementación de un sistema de "Seguro de Depósitos"
con reglas claras y definidas es una recomendación central en la conclusión de nuestro
trabajo.
Nada puede impedir los efectos nocivos de una corrida cuando los
ciudadanos pierden la confianza en el sistema. Pero es un imperativo que se cuenten con
los instrumentos para por lo menos atenuarla. Muy otra hubiese sido la situación y los
niveles de retiros de tener los depositantes la percepción de que sus depósitos estaban
garantizados.
Otra recomendación es el estudio y la adopción de medidas para
implementar la supervisión global consolidada. Esto facilitaría la posibilidad del
conocimiento prematuro de maniobras dolosas por parte de los organismos de control. Al
mismo tiempo, las prohibiciones para conceder préstamos a directores y personal superior
de las instituciones de intermediación financiera deberían extenderse también a los
accionistas de las mismas.
Se recomienda así mismo que las Comisiones Permanentes aborden el
estudio de las modificaciones a la normativa presentadas por el Banco Central en noviembre
de 2002 en ocasión de aprobarse por el Parlamento la constitución de Nuevo Banco
Comercial. Alguna de estas propuestas fueron minimizadas y otras dejadas de lado, ya que
la urgencia de la situación y la resolución de la situación concreta de los Bancos
suspendidos fue el marco central que pautó el trabajo parlamentario en dicha ocasión.
Otro punto a analizar lo constituye las exigencias y la responsabilidad
atribuible a las auditorías y calificadoras de riesgo. Las auditoras externas deberían
ser asignadas por el Banco Central, independientemente que su costo lo deba hacer frente
el Banco auditado. No consagrar contraposición de intereses en el proceso de auditoría
estimamos que resulta inconveniente.
Entendemos también que las normas relativas a secreto bancario deben
ser en primer lugar interpretadas en su sentido literal, en tanto a nuestro entender solo
refieren a los depósitos, y además creemos conveniente el estudio de su
flexibilización.
Interesante sería el conocimiento de los préstamos que realizaron las
instituciones bancarias suspendidas, a quienes, en que condiciones, con que garantías,
más allá de la información a la que accedió la Investigadora sobre los préstamos a
vinculadas.
Nos parece también importante que se agraven las penas por delitos
económicos, ya que según se nos ha manifestado, quienes fueron responsables directos de
los vaciamientos, robaron cientos de millones de dólares, dejaron a miles de familias sin
sus ahorros y contribuyeron a generar una situación de crisis para la sociedad toda,
podrían por buena conducta, quedar libres en un año y medio, aproximadamente.
Por último, debería dotarse al Banco Central de mayores recursos
materiales y humanos. Los recursos con que cuenta la SIIF son insuficientes para poder
atender a cabalidad sus múltiples cometidos. En definitiva los aumentos de costos que
puedan significar probablemente podrían terminar en el ahorro de millones de dólares.
7. RESUMEN Y CONCLUSIONES FINALES
Transcribimos a continuación las conclusiones finales de las que
resultan buena parte de las responsabilidades asignadas a personas y organismos,
fundamentadas en cada uno de los temas abordados:
7.1. Del estudio de lo acontecido en Banco Montevideo resulta:
1. Que Banco Montevideo actuó por lo menos desde 1999, fecha a
la que hemos recibido documentación en un marco de permisibilidad por parte del Banco
Central admitiéndosele además flexibilizaciones reiteradas en la aplicación de la
normativa.
2. Que habiéndose detectado prematuramente y mucho antes del 2002
situaciones de irregularidades en la clasificación de créditos y garantías, no se tomó
por parte del Banco Central los debidos recaudos para que las mismas fueran corregidas.
3. Que se autoriza con conocimiento del Superintendente a la
flexibilización de la normativa en el año 2000, en conversaciones informales, en virtud
del proceso recesivo de la economía.
4. Que entre que se decreta la supervisión
intensiva en febrero de 2002 y la intervención en junio de ese año, transcurren cuatro
meses en los que Banco Montevideo incumple con las instrucciones del Central, al tiempo
que en las mismas se debilitan en exigencias.
5. Que durante todo el período se constata un incremento permanente de
los montos transferidos a empresas vinculadas al Grupo Peirano, lo que es informado por
los servicios técnicos y de conocimiento del Superintendente y del Directorio del BCU
6. Que desde febrero en que se decreta la Supervisión intensiva hasta
la intervención en junio de 2002, los préstamos a las empresas vinculadas se
incrementaran de 130 a 300 millones de dólares.
7. Que en reiteradas ocasiones Banco Montevideo expresó al Central su
intención de mantener su política de transferencia de recursos.
8. Que ello provocó una profundización permanente del ya constatado
déficit patrimonial de Banco Montevideo.
9. Que Banco Montevideo recibió asistencia financiera sin cumplir con
los requerimientos del Banco Central.
10. Que la asistencia de 50 millones de dólares en la modalidad del
artículo 37 de la Carta Orgánica del Banco Central, habría sido concedida teniendo
este patrimonio negativo sin las debidas garantías y votada por unanimidad de sus
Directores.
11. Que las garantías constituidas sobre préstamos a vinculadas,
resultaron insuficientes, y se constituyeron sin los debidos recaudos.
12. Que a través de distintas modalidades, a veces encubiertas el BCU
terminó transfiriendo recursos a Banco Montevideo por 231 millones de dólares, algo más
de los importes que éste otorgó a las vinculadas.
13. Que buena parte de la asistencia que Banco Central concedió se
utilizaba para asistir a las empresas vinculadas especialmente a TCB.
14. Que más allá del retiro de depósitos de residentes se estaba
procesando un vaciamiento de Banco Montevideo, sometido a Supervisión intensiva del Banco
Central.
15. Que los servicios técnicos informaron en tiempo y forma de las
irregularidades detectadas y que esa información era de conocimiento del Superintendente,
tanto por el Cr. Fernández Becchino como por el Dr. Barrán, y en casi todos y los casos
del Directorio.
16. Que constituye obligación del Directorio el monitoreo de la
situación y que en todo caso la información debía estar disponible, de ser requerida
por los Señores Directores.
17. Que el Superintendente Cr. Fernández Becchino no habría cumplido
con las responsabilidades inherentes a su cargo lo que terminó resultando en perjuicio de
los depositantes de Banco Montevideo.
18. Que el Superintendente Cr. Fernández Becchino en particular no
habría tomado los debidos recaudos para que se efectivizara la entrega de acciones de
Disco Ahold por 83 millones de dólares, hecho que no se produjo, y fue de su
conocimiento.
19. Que la decisión de intervenir el Banco habría sido dilatada
incomprensiblemente primero por el Superintendente Cr. Fernández Becchino y luego tomada
tardíamente por el designado posteriormente Dr. Barrán.
20. Que habrían sido asignados recursos para dotar de liquidez a Banco
Montevideo del Multisectorial II, que estaban destinados a dar crédito al sector
industrial lo que constituye un desvío de los fines previstos.
21. Que de la correspondencia entre el Ministro de Economía y el
Presidente del Banco Central surge que aquel habría inducido la toma de decisiones en
competencias específicas del Banco Central, transgrediendo su autonomía funcional e
invadiendo sus competencias.
22. Que la debilidad de controles por parte del Banco Central hacia
Banco Montevideo en relación a las colocaciones en TCB, la no detección de operaciones
no permitidas que se realizaban masivamente, la falta de transparencia en la operativa,
habría configurado un marco habilitante para engañar a muchos depositantes de Banco
Montevideo que en los hechos vieron sus depósitos desviados a TCB.
23. Que los Directores habrían violado en artículo 37 de la ya
citada Ley Nº 16.696
habiendo asistido a Banco Montevideo con patrimonio negativo, lo
que resultaría con claridad del informe de los servicios técnicos de fecha 5 de marzo.
24. Que asistir financieramente es una potestad que tiene el Directorio
del BCU y no una obligación.
25. Que los Directores no habrían cumplido en tiempo y forma con las
responsabilidades inherentes a sus funciones ocasionando perjuicio a los depositantes de
Banco Montevideo. Y aquellos de TCB engañados y que no retiraron sus depósitos.
26. Que el Superintendente Cr. Fernández Becchino no habría cumplido
en tiempo y forma con los cometidos y atribuciones que le asigna el artículo 39 de
la Ley Nº 16.696.
27. Que el Superintendente Dr. Fernando Barrán no habría cumplido en
tiempo y forma con los cometidos y atribuciones que le asigna el artículo 39 de la Ley Nº 16.696.
28. Que los Directores habrían actuado más allá del marco legal
establecido.
29. Que se habría incumplido con los artículos 3º y 39 de la Ley Nº 16.696, en la
medida en que las normas particulares dictadas por el BCU no colaboraban, más bien,
coadyudaban a que no se cumpliera el objetivo de mantener la estabilidad y solvencia del
sistema financiero.
30. Que el Directorio tomó decisiones que implicaban en los hechos que
Banco Montevideo no expusiera su real situación patrimonial.
31. Que los Directores habrían actuado con omisión por lo que
habrían obstaculizado que el Banco Central pudiera cumplir con una de sus finalidades
básicas "promover y mantener la solidez, solvencia y funcionamiento adecuado del
sistema financiero nacional", de acuerdo a lo establecido en el artículo 3
literal D de la Carta Orgánica del Banco Central.
32. Que la falta de celeridad en las medias, la flexibilización de
exigencias, la falta de los debidos recaudos en la constitución de las garantías, fue en
perjuicio directo del patrimonio de Banco Montevideo, de sus depositantes nacionales, que
resultaron finalmente postergados. De haberse tomado medidas severas en otros plazos, los
montos a recuperar en la prorrata serían muy superiores a los actuales, porque se habría
detenido antes el vaciamiento del Banco.
33. Que el perjuicio económico por la ineficacia de lo actuado por el
Directorio del BCU y la Superintendencia, la flexibilización de las decisiones de
Directorio y la no exigencia en el cumplimiento del las mismas, podría estimarse en por
lo menos un daño de 296 millones de dólares: 83 por la desaparición de las acciones de
Disco Ahold, 170 por el aumento de las transferencias a las vinculadas (300-130), desde la
primera resolución de Directorio de 7 de marzo a la intervención, y en alrededor de 43
millones por la falta de constitución de las debidas prendas e hipotecas sobre los bienes
ofrecidos como garantía por el grupo Peirano.
34. Que se habrían asignado además recursos por el Ministerio de
Economía y el Presidente de la República por 228,5 millones de dólares, en una
institución que estaba siendo vaciada, y más allá de las objeciones legales que luego
analizaremos que sería obligación de ellos el conocimiento de la situación.
35. Que dado el monto de recursos asignados y las escasas posibilidades
de recuperación, ello habría sido también en perjuicio del Estado Uruguayo y de todos
sus ciudadanos.
36. Que entendemos sería conveniente el levantamiento del secreto
bancario de las cuentas de quienes tomaron las decisiones, por si surgieran otras
derivaciones, lo que excede las potestades legales de esta Investigadora.
37. Que debe tenerse presente lo establecido en el artículo 21 de
la Carta Orgánica del Banco Central que establece que los miembros del Directorio son
personal y solidariamente responsables de las resoluciones votadas en oposición a la
Constitución, las leyes o los reglamentos.
7.2. Del estudio de lo acontecido en Banco de Crédito resulta:
1. Desde la época en que el Banco de Crédito pertenecía 100%
al Grupo de la Unificación (hasta 1998), ya se constatan irregularidades en el exceso de
crédito a empresas vinculadas así como en las categorizaciones de los deudores y
previsión de garantías.
2. La adquisición del paquete de Royalties y Créditos S.A. y
posterior constitución de Rilomán fue una operación que generó pérdidas a Banco de
Crédito superiores a los 14 millones de dólares, donde habría responsabilidad directa de los Directores de las dos empresas: Banco de Crédito y Grupo
Soler. Nunca se procesó una investigación al respecto y el BCU ni aún interviniendo en
1998 el Banco de Crédito lo investigó.
3. El Banco de Crédito ha actuado desde su fusión con el Banco Pan de
Azúcar en un marco de excepcionalidad permitido por las propias autoridades del Banco
Central.
4. Habiéndose detectado incluso el incumplimiento de las propias
excepciones que habían sido autorizadas, las autoridades del Banco Central,
reiteradamente informadas por los servicios técnicos de contralor, no tomaron las medidas
que permitieran garantizar y respaldar las voluminosas deudas del accionista minoritario.
5. El Banco de Crédito fue utilizado por el Grupo de la Unificación a
modo de una caja recaudadora para financiar sus actividades dentro y fuera del país.
6. Esta operativa hizo que el Banco de Crédito sufriera ya antes de la
crisis financiera una grave situación patrimonial y de solvencia.
7. En el período que actuaron el Cr. Boris Martínez y Sr. Carlos
Abdala, el endeudamiento de las empresas del Grupo disminuyó levemente; sin embargo
habrían permitido por momentos que los niveles de endeudamiento del socio minoritario se
incrementaran sin la constitución de garantías suficientes y conociendo el
incumplimiento del cronograma de pagos de los adeudos.
8. La responsabilidad de la Corporación Nacional para el Desarrollo,
accionista principal del Banco de Crédito. En particular se señala la responsabilidad
que habrían tenido los dos Directorios, el presidido por la Dra. Milka Barbato y luego el
que presidió el Ec. Julio de Brun. Ambos directorios fueron informados por el Síndico
Mauricio Geppert de las graves irregularidades, del caos organizativo, del nivel de
endeudamiento del Grupo de Moon sin las necesarias garantías, etc. No se habrían tomado
las medidas necesarias para resolver la situación.
9. El Ministerio de Economía, el Banco de la República Oriental del
Uruguay, ambos accionistas de la Corporación Nacional para el Desarrollo no habrían
cumplido con sus responsabilidades para asegurar la inversión.
10. El Ministro Alberto Bensión estaba al tanto de la situación
patrimonial del Banco y debería responsablemente conocer los niveles de endeudamiento del
accionista minoritario y de la insuficiencia de garantías sobre ese endeudamiento.
11. Se señala la responsabilidad del Estado, al consentir estas
situaciones en un Banco en que mantenía en su poder el 51% de las acciones a través de
la Corporación Nacional para el Desarrollo.
12. Que se habría incumplido con los artículos 3º y 39 de la Ley Nº 16.696, en la
medida en que las normas particulares dictadas por el BCU no colaboraban, más bien,
coadyudaban a que no se cumpliera el objetivo de mantener la estabilidad y solvencia del
sistema financiero.
13. El Presidente del Banco Central del Uruguay Cr. César Rodríguez
Batlle y la Dra. Eva Holz autorizaron un plan de adecuación de largo plazo, que habría
impedido la adopción de medidas urgentes que se debieron instrumentar. La Cra. Medero
objetó el plazo que se otorgaba.
14. El Superintendente de Instituciones Financieras, Fernández
Becchino, en conocimiento de la grave situación planteada no habría adoptado las medidas
que se debían adoptar y llegó a proponer al grupo la utilización del Banco de Crédito
como "caja mundial" del Grupo de Moon.
15. Se maquillaron balances, se activaron pérdidas, se permitió la
utilización de determinados inmuebles para el uso del Grupo de la Unificación.
16. Las omisiones y excepciones habrían resultado en perjuicio directo
de los ahorristas del Banco de Crédito que resultaron víctimas de un proceso de
liquidación.
17. El actual Directorio del BCU, presidido por el Ec. Julio de Brun
permitió el retiro de 40 millones de dólares que estaban "a la vista", por
parte del Grupo de la Unificación, que mantenía un fuerte nivel de endeudamiento con el
Banco, lo que habría sido en perjuicio de los ahorristas en el proceso de liquidación.
7.3. Del estudio de lo acontecido en Banco Comercial:
Lo central que queremos dejar planteado con meridiana claridad es que
la situación a la que se llegó con el Banco Comercial, no es
producto lineal de la situación vivida por la hermana República Argentina en el correr
del año 2001, sino que ésta puso al desnudo una trama de vaciamiento sistemático
llevado adelante por aquellos a los que se le otorgó la propiedad y fundamentalmente la
gestión de un Banco emblemático en el sistema financiero nacional, el Banco Comercial.
El Banco Comercial fue sometido a una política de vaciamiento
prácticamente desde su reprivatización en 1990 a la sociedad constituida por el Crédit
Suisse First Boston, el Dresdner Bank Lateinamerika, Chemical Bank y el San Luis
Financial, cuando comenzó la gestión de los hermanos Rohm. Proceso de vaciamiento
llevado adelante a través entre otras maniobras de: la falsa compra de títulos, la
compraventa fraudulenta de títulos y la "compra" de créditos irrecuperables a
Banco General de Negocios; los préstamos irrecuperables a empresas y personas vinculadas
al Grupo Rohm; los falsos contratos de cobertura con el corredor de bolsa Ignacio Rospide
y Kompira Investment; la captación de depósitos de Comercial Investment y la asunción
de la devolución de los mismos por parte de Banco Comercial y la trama urdida de CGNSAIFE
con San Luis Financial y CGN SAIV. Dicho vaciamiento se puede ubicar en el entorno de los
600: a 700: millones de dólares.
La incapacidad puesta en evidencia del BCU respecto a los controles del
sistema financiero.
Recién cuando se desata la situación de procesamiento de los hermanos
Rohm en la República Argentina es que se toma conocimiento por parte del Banco Central
del Uruguay de la situación a la que había estado siendo sometido el Banco Comercial
desde la década del 90. Lo que pone en cuestión la capacidad técnica del mismo de
cumplir con las funciones de contralor del sistema financiero. Por ejemplo: No se
constató que las compras de títulos se autorizaban en un pequeño comité, que no se
levantaban actas y que de ello no existía registro alguno. Tampoco se percibió que las
órdenes de compra no se incluían en las transacciones de la mesa de cambio. Tampoco
llamó la atención que los títulos de deuda pública y privada que eran comprados a BGN
se mantuvieran en custodia por éste, conociéndose que eran partes vinculadas. Tampoco se
percibió que se prescindía, una vez ordenada la compra de un título, de la
confirmación - vía fax u otro - de la operación que debiera emitirse por el vendedor
(BGN). Tampoco se controló la política de créditos llevada adelante, de la carencia de
garantías exigidas y de los préstamos realizados a personas y empresas vinculadas al
Grupo Rohm. Algunos a los cuadros de dirección en violación del marco normativo vigente.
La misma situación se da por parte de las auditorías externas
contratadas, lo que no solo pone en cuestión la idoneidad y capacidad técnica de las
mismas, sino que impone la obligación para el futuro de modificar las relaciones entre
las auditorias externas y los Bancos auditados por las mismas.
En el proceso de asistencia del Banco se habría incumplido, por parte
del Directorio del BCU el marco normativo que impone la Ley Nº 16.696. en sus
artículos 36º y 37º. Dicha violación al marco normativo se habría expresado tanto en
lo relativo al contralor de las garantías de recaudos que se exigen, como en lo relativo
a asistir un Banco en situación de patrimonio negativo, lo que a la altura de la fecha de
concederse la asistencia debía ser de conocimiento del ex Presidente Cr. Rodríguez
Batlle y de las Señoras Directoras. Habiendo además procedido en contra de los informes
jurídicos del propio Banco Central que estaban a su disposición.
Durante dicho proceso de asistencia la Superintendencia de
Instituciones de Intermediación Financiera, en marco de la autonomía técnica y
operativa que le consagra el artículo 38, habría incumplido las obligaciones que
emanan de la Carta Orgánica relativo a sus cometidos y atribuciones contenidas en el
artículo 39.
Que se habría incumplido con los artículos 3º y 39 de la Ley Nº 16.696, en la
medida en que las normas particulares dictadas por el BCU no colaboraban, más bien,
coadyuvaban a que no se cumpliera el objetivo de mantener la estabilidad y solvencia del
sistema financiero.
Con relación a la situación patrimonial del Banco Comercial, durante
el proceso de asistencia financiera, el Ex Ministro de Economía Cr. Alberto Bensión tuvo
conocimiento de la situación patrimonial negativa de dicho Banco. Quiere decir que en
nuestra opinión, de acuerdo a lo que se desprende de las actas judiciales, el Sr. ex
– Ministro de Economía, en el mes de febrero de 2002 estuvo enterado que la
situación patrimonial negativa del Banco Comercial requería una capitalización que
oscilaba entre: 342 millones y 515 millones de dólares, aún
considerándose el aporte de los 133: millones de dólares de capitalización del contrato
suscrito por el Estado. No podemos precisar a qué altura del mes de febrero el Cr.
Bensión tomo conocimiento de éstas cifras. Si fuera antes del 26 de febrero, sería
gravísimo ya que en el Contrato de Capitalización, el Estado Uruguayo se comprometía
unilateralmente a eliminar cualquier patrimonio negativo subsistente. No menos grave es su
conocimiento con fecha posterior a la firma del contrato dado que el Ministro de Economía
no solo sabía que el BCU estaba asistiendo al Banco Comercial teniendo información
acerca de la real situación patrimonial de éste, sino que incitó a que esta asistencia
continuara, cuando el Presidente del BCU le informaba que se encontraba al límite de la
capacidad legal.
Además de asistencia financiera del Banco Central, se asignaron
recursos por parte del ex - Ministro de Economía y el Presidente de la República por
242,3 millones de dólares a través de la CND en un Banco que había sido vaciado.
Vaciamiento que a esa altura, de acuerdo a lo expresado, era de conocimiento del Sr. ex -
Ministro de Economía.
En el trámite interno de por lo menos un expediente de importancia
para poder determinar la situación patrimonial del BC, se alteró el expediente 9855, sin
que la Comisión Investigadora pudiera llegar a aclarar las responsabilidades de dicha
alteración y sin que hasta el cierre del trabajo de la misma el BCU informara sobre los
resultados de la investigación administrativa al respecto.
7.4. Del estudio de la asistencia financiera otorgada por el
Ministro Bensión y el Presidente de la República a través de la CND resulta:
1. Que el Presidente de la República y el Ministro de Economía
resolvieron por si y ante sí el otorgamiento de 488 millones de dólares de asistencia
financiera, cuando carecerían de la capacidad y de la atribución Constitucional .
2. Que además de las corridas de depósitos en la plaza uruguaya en
esas instituciones se habían producido fraudes, Banco Montevideo estaba sufriendo un
vaciamiento, lo que era de conocimiento de las autoridades del Central; igual situación
se habría producido en Banco Comercial.
3. Que podría inferirse que esta situación era conocida por el
Presidente de la República y por el Ministro de Economía.
4. Que en todo caso, el desconocimiento de lo que estaba sucediendo en
cada institución mostraría ligereza e irresponsabilidad, dado el monto de recursos del
Estado que se estaba comprometiendo para asistirlas.
5. Que lo actuado no fue oportunamente informado al Tribunal de
Cuentas.
6. Que lo actuado no fue oportunamente informado al Parlamento Nacional
quien conoció los hechos con posterioridad.
7. Que lo actuado contravenciona las propias pautas que el Decreto
222/2002 establece, aún en el marco de su inconstitucionalidad.
8. Que los recursos no se utilizaron siquiera cumpliendo con el destino
de los mismos, de acuerdo a lo pactado con el FMI.
9. Que el Directorio de Banco Central le donó 1:666.667 millones de
dólares de fondos del Tesoro Nacional a Banco Comercial, fuera de todo marco normativo y
contractual y en perjuicio del Estado, lo que fue puesto en conocimiento del Presidente
del Banco Central por el propio Ministro de Economía.
10. Que habrían resultado perjudicados de todo lo anterior el Estado
uruguayo y todos sus ciudadanos por el aumento del endeudamiento externo aplicado además
a financiar Bancos en que se habían producido fraudes, estafas y apartamientos
permanentes de las normativas Bancocentralistas.
11. Que habría resultado perjudicado el Estado uruguayo y todos sus
ciudadanos ya que era evidente que estos préstamos eran en buena parte irrecuperables.
12. Que los afectados más directos serían los depositantes. Los
depositantes, aquellos que no retiraron sus depósitos. Estos anticipos terminaron en
definitiva financiando a medida que el tiempo pasaba, el aumento de las transferencias a
empresas vinculadas (Banco Montevideo) y beneficiando a aquellos que retiraban sus dineros
en desmedro de aquellos que confiaron en el sistema. Para ellos, el tiempo jugaba en
contra; las situaciones patrimoniales de los Bancos en cuestión se
erosionaba día a día y consecuentemente, también disminuían los importes a recuperar
de sus depósitos en una eventual prorrata.
7.5. Del estudio de lo actuado en el Contrato de Capitalización de
Banco Comercial resulta:
1. Que el Presidente de la República y el Ministro de
Economía, excediendo sus atribuciones constitucionales, habrían realizado una
asociación no consentida por el Parlamento.
2. Que ello se realizó en un acuerdo confidencial.
3. Que la Asamblea General nunca recibió la comunicación del Gasto
realizado, conforme a lo que establece el artículo 15 del TOCAF.
4. Que el Presidente de la República habría realizado
inconstitucionalmente delegación de atribuciones para suscribir el acuerdo en el Ministro
de Economía que este aceptó.
5. Que se habrían asumido funciones y atribuciones en cuanto a
asistencia financiera, que no son competencia del Poder Ejecutivo.
6. Que las mismas competen solo al Banco Central.
7. Que además del compromiso de aportar 33 millones de dólares se
comprometen a aportar los importes necesarios para absorber el eventual patrimonio
negativo subsistente de Banco Comercial.
8. Que se comprometieron a realizar aportes indefinidos para mantener
la liquidez y la situación patrimonial sólida de Banco Comercial por un plazo de 11
años por lo que se habría actuado nuevamente al margen de la Constitución, y
pactándose además una condición por demás inconveniente.
9. Que se habrían invadido explícitamente competencias propias del
Banco Central, comprometiendo sus decisiones futuras transgrediendo su autonomía
funcional y usurpando sus competencias.
10. Que el Ministro de Economía expresamente negó información en las
Comisiones Parlamentarias, cuando se le interrogó sobre las obligaciones que el Estado
asumía en el contrato.
11. Que el contrato en cuestión resulta además claramente
inconveniente, fijándose obligaciones unilaterales para el Estado Uruguayo.
12. Que fijaba obligaciones patrimoniales futuras de montos indefinidos
en perjuicio del Estado Uruguayo, que es quien asume prácticamente todos los riesgos.
13. Que al pactarse que la ley a aplicarse sería la del Estado de
Nueva York se habría violado el artículo 2399 y 2403 del Código Civil.
14. Que no se habrían tomado los debidos recaudos para investigar la
eventual responsabilidad de los Bancos internacionales accionistas en el vaciamiento de
Banco Comercial.
15. Que el Presidente de la República y el Ministro de Economía
expusieron al Estado uruguayo a ser demandado, de no cumplirse condiciones pactadas
imposibles de prever y que resultan abusivas e inaceptables. En este momento, además de
los 33 millones referidos, y de toda la asistencia financiera aportada, se está en riesgo
de tener que realizar un nuevo desembolso de 100 millones de dólares, dado que el Estado
ha sido demandado por los Bancos internacionales.
16. Que el Presidente de la República y el Ministro de Economía
habrían violado el artículo 188 de la Constitución
al pactarse una asociación con privados sin la aprobación del Parlamento Nacional.
17. Que lo actuado resultaría además de inconstitucional e ilegal,
inconveniente, en perjuicio patrimonial del Estado Uruguayo y de sus ciudadanos,
disminuyendo la posibilidad de acceso a recursos para usos legítimos y con un enorme
costo de oportunidad en un momento de recesión de la economía uruguaya, incrementando
sustantivamente los volúmenes de endeudamiento externo del país con los organismos
internacionales.
7.6. Del estudio del proceso de fusión de Banco Montevideo-Banco
La Caja Obrera resulta:
Los presentes antecedentes nos permiten concluir respecto al
tema "VENTA" del Banco La Caja Obrera al Banco Montevideo como una operación
altamente inconveniente y de discutible legalidad, por las siguientes razones:
1.- El BCU habría sido omiso en su rol de contralor bancario y en la
aplicación de la ley.
En primer lugar
no tuvo en cuenta los antecedentes de larga data del Grupo Velox o Peirano a la hora
de tomar decisiones., No tuvo en cuenta la situación del Banco
Montevideo desde el momento del llamado hasta el de concretarse la operación el 3 de
diciembre de 2001.
El Banco
Central del Uruguay se apartó claramente del pliego de condiciones al aceptar
que el Banco de Montevideo incluyera en su oferta el traspaso de varias sucursales a otra
entidad bancaria sin existir consorcio previo y agregar al contrato respectivo en el sobre
Nº 2.
Puede concluirse
que el BCU habría actuado en forma discriminatoria con relación a las ofertas que se
presentaron.
2.- El Ministro de Economía y Finanzas y el Banco Central del
Uruguay, en los hechos habrían sustituido en la toma de decisiones fundamentales, tanto
al Directorio del Banco de la República como al de la Corporación Nacional para el
Desarrollo, que eran los verdaderos accionistas del Banco Caja Obrera. Tampoco
consultaron al Directorio del propio Banco que se ofrecía, en definitiva representante de
tales accionistas.
3.- La Superintendencia del Sistema Financiero se habría
apartado de su rol e integró las dos Comisiones Asesoras para la adjudicación, que en
muchos casos modificaron las opiniones de los servicios especializados del mismo Banco
Central. Dispuso que el Banco de Montevideo accediera a información privilegiada antes
de que le fuera adjudicada la oferta.
4.- Desde el punto de vista económico financiero el resultado
estaba condenado a ser absolutamente negativo para los intereses del Estado, aunque no
se hubiera producido la crisis del sistema financiero. Lo que el Ministro Bensión
pregonaba "dramáticamente" de no querer asumir compromisos de asistencia y
capitalización futura del Banco La Caja Obrera, hubiera fracasado.
Solo al analizar el precio de venta menos las previsiones, menos la
flexibilización en la integración patrimonial y el encaje, menos la deducción por
Cupón Cero, menos las transferencias de personal que queda a cargo del Estado ya es
prueba de que el vendedor no recibía nada por la venta salvo sacarse de arriba la
gestión.
Producido el colapso del sistema habrá que esperar el momento de poder
cerrar las cuentas para ver cuánto costó la operación finalmente.
5.- Desde el punto de vista jurídico se utilizó un mecanismo
cuestionable respecto a la fusión aunque ésta desde el 3 de diciembre de 2001 se impuso
de hecho aunque no de derecho.
De derecho nunca se consagró y hoy ambos Bancos están, cada uno de
ellos, en liquidación.
En lo que tiene que ver con la llamada escisión de 8 sucursales del
Banco La Caja Obrera acordada por el Banco de Montevideo a favor de COFAC, esta operación
resulta peligrosamente arbitraria, no tendría sustento jurídico en la situación en que
se aplicó, se habría producido sustitución de autoridades y violación grosera del
secreto bancario, tan celosamente protegido por el Banco Central de Uruguay en otras
instancias.
Esta escisión tampoco se consagró, pues cayó con la intervención
del Banco de Montevideo y las consecuencias de los negocios efectuados durante ese lapso
no conocemos que hayan sido evaluadas aún.
6.- Producida la venta de las acciones y antes de la intervención
de ambos Bancos se produjeron movimientos que afectaron la liquidez del Banco la Caja
Obrera y también su patrimonio, al punto que se generó un conflicto que derivó en la
renuncia del Contador General del Banco La Caja Obrera al cierre del Balance del año
2002. La significación de estos movimientos deberían poder evaluarse de modo
independiente, habida cuenta de la responsabilidad que en estos resultados tienen las
actuales autoridades del Banco Central del Uruguay y de los perjuicios que pueden derivar
hacia los ahorristas del Banco La Caja Obrera.
7.- El interventor actuó a partir del 24/6/01 en una muy compleja
situación al hacerse cargo de la intervención de dos instituciones diferentes, en un
proceso de fusión truncado y conflictivo con intereses contrapuestos a atender.
El Banco Central del Uruguay debió designar interventores distintos
para mejor proteger intereses de instituciones diferentes.
Empero debemos observar:
Participación no
feliz del Interventor en el proceso de publicaciones aparentemente impulsado por las
Comisiones de Ahorristas con dineros de los Bancos.
Manejo inadecuado
y muy poco claro ante las gestiones y reclamos de CITIMAX SA y de su dueño Eduardo Bo.
Las irregularidades que se ponen de manifiesto en el robo de los coffres-fort
de Pando, trascienden en el tiempo y en la responsabilidad al Interventor, pero lo
involucraría en cuanto a la demora en la culminación de los procesos de investigación
administrativa interna.
8.- Las actuales autoridades del Banco Central aparecerían lentas en
exceso en los esfuerzos de recuperación de activos vinculados a los Bancos defraudados:
ante ello contrastan la rápida autorización de la venta de las acciones de COT SA para
que un 55% de esta empresa escape de la propiedad de la familia Peirano.
Del mismo modo asume el 35% de las acciones de Gralado SA y designa en
su representación, como Director honorario, a la Dra. Rantighieri y con ello se habilita
la Emisión de Obligaciones Negociables (Serie D) por un valor Nominal de
US$ 5:000.000 a cuatro años con el objeto de reperfilar su pasivo.
7.7. Conclusiones Comunes a varios temas:
Debemos señalar que el Estado a través de diferentes modalidades,
trasladó a estas instituciones 1051 millones de dólares, 527 a través del BCU y 523,8
por parte del Presidente de la República y el Ministro de Economía a través de la CND.
En esta asistencia financiera se utilizaron fondos del Multisectorial
II cuyo destino era prestar al sector industrial, por 57 millones de dólares.
Esto se realizó hacia instituciones con patrimonio negativo y que
estaban o habían sido vaciadas, hecho que era de conocimiento de los principales
decisores.
Que dado el monto de recursos asignados y las escasas posibilidades de
recuperación, ello habría sido en perjuicio del Estado Uruguayo y de todos sus
ciudadanos.
Que debe tenerse presente además lo dispuesto en el artículo 21
de la Carta Orgánica del Banco Central que establece que los miembros del Directorio son
personal y solidariamente responsables de las resoluciones votadas en oposición a la
Constitución, las leyes o los reglamentos.
Que entendemos sería conveniente el levantamiento del secreto bancario
de las cuentas de quienes tomaron las decisiones, por si surgieran otras derivaciones, lo
que excede las potestades legales de esta Investigadora.
8. Consideraciones finales
Fundamental es señalar que contrariamente a lo sostenido por las
autoridades de gobierno, la crisis financiera estaba instalada en nuestro país antes del
corralito en la Argentina, del robo de los títulos en Banco Comercial por Carlos Rohm y
la corrida de depósitos posterior.
En realidad, todo ello operó sobre instituciones financieras enfermas,
a nivel privado y público que solo podían funcionar en el marco de permisividad y
flexibilidades que el Banco Central les otorgaba.
En Banco Comercial, un desvíos de fondos de alrededor de 700 millones
de dólares que se venía produciendo desde 1990 sin que fuera detectado por el organismo
de contralor, y en donde buena parte de los acontecimientos que los produjeron ya estaban
implícitos en la génesis de su venta en 1990.
En Banco Montevideo, en que se habían detectado problemas que podían
requerir capitalización ya en 1999, con traslados de recursos a sus empresas vinculadas
que se acentúa en el 2001 y con patrimonio negativo antes de comenzar el retiro masivo de
depósitos de sus clientes nacionales, hecho que el BCU conoció.
Realizando además captación de depósitos masivamente en sus
mostradores para TCB Caimán, operativa prohibida y en que resulta muy difícil entender
el desconocimiento de la autoridad controladora, dado el tamaño de nuestra plaza.
Solamente la prioridad política asignada por el gobierno a la
privatización de Banco la Caja Obrera, permite entender que en el 2001 se le haya vendido
a Banco Montevideo.
Banco de Crédito, crónicamente enfermo, solo podía funcionar por
reiteradas autorizaciones del Banco Central para operar al margen de las normas
prudenciales generales. Con patrimonio negativo desde mucho antes del 2002 y con
préstamos a vinculadas al grupo Moon del orden de los 90 millones de dólares.
En definitiva la afirmación de que nuestro país era una plaza
financiera sólida y estable no se condecía con la realidad. La corrida de depósitos de
2002 no fue el origen de la crisis, el sistema financiero uruguayo vivía ya en situación
de crisis ; los sucesos del 2002 la explicitaron y la profundizaron.
En las instituciones privadas en cuestión, el Estado a nivel de Banco
Central, del Presidente de la República y del entonces Ministro de Economía Cr. Bensión, destinaron 1051 millones de dólares a través de
diferentes modalidades, para realizar asistencia financiera.
Adicionalmente se agrega al sistema 1372 millones de dólares para
cubrir sus depósitos a la vista incluyéndose también el BROU y el BHU, de los que se
utilizaron 731 millones de dólares a octubre de 2002.
Solo en el 2002, el gobierno se ha endeudado con organismos
internacionales en más de 2000 millones de dólares para asistir al sistema financiero.
Nuestro país fue demandado por los Bancos accionistas del Banco
Comercial por 100 millones de dólares, con posibilidades de tener que hacer frente a un
nuevo desembolso.
No tenemos los importes exactos del costo para el Estado de Nuevo Banco
Comercial.
Lamentablemente estos fenómenos no son novedosos; la tan mentada
"plaza financiera" le viene costando miles de millones de dólares al país y a
su gente ; la historia económica de nuestro país está marcada a fuego por las crisis y
los escándalos bancarios.
Una definición de sistema financiero sobre otros objetivos,
eficazmente controlado y dirigido a financiar a los sectores productivos nacionales
resulta prioritaria.
Por último, si analizamos la normativa vigente, la crisis bancaria no
se genera por carencias en las normas que rigen el sistema financiero.
Más allá de las modificaciones legislativas a proponer, ya que el
marco jurídico es siempre perfectible, nada tiene sentido si las definiciones políticas
implican el desconocimiento o la relativización de la legislación vigente en función de
las prioridades estratégico-ideológicas definidas por el gobierno de turno, por sí y
ante sí.
La posición que pareció implícita en muchas decisiones acerca de que
la urgencia del caso justificaba exceder o estirar competencias o transgredir abiertamente
la legislación resulta una propuesta muy peligrosa.
¿Cuán grave debe ser una situación, para habilitar el desborde el
marco jurídico? ¿Quién puede definirlo? ¿Con qué competencia? ¿Quién establece el
límite?
El marco de la legalidad es conocido general y abstracto. Las urgencias
y prioridades estratégicas, inciertas y de definición siempre subjetiva, no pueden ni
deben transgredirlo. Son las reglas básicas que fundamentan el Estado de Derecho y que
confieren la legitimidad a las decisiones de Gobierno.
Habiéndose dado vista a:
Sr. Presidente de la República Dr. Jorge Batlle Ibáñez.
Ex Ministro de Economía, Cr. Alberto Bensión.
Ex Presidente del BCU, Cr. César Rodríguez Batlle.
Ex Vicepresidenta del BCU, Dra. Eva Holz.
Ex Directora del BCU, Cra Rosario Medero.
Ex Superintendente del BCU, Cr. Carlos Fernández Becchino.
Presidente del BCU, Ec. Julio de Brun.
Vicepresidente del BCU, Dr. Miguel Vieytes.
Director del BCU, Ec Andrés Pieroni.
Superintendente del BCU, Dr. Fernando Barrán.
Cr. Jorge Xavier
Ex Directores de la Corporación Nacional Para el Desarrollo:
Dra. Milka Barbato
Esc. Julio Gemelli
Dr. Servando Arrillaga
Dr. Carlos Rodríguez Labruna
Dr. Ángel Alegre.
Ec. Julio de Brun
Ing. Carlos Garat.
Ex Directores del Banco de Crédito
Cr. Boris Martínez
Carlos Abdala
9. De los descargos.
Presentados y analizados los descargos, el presente informe ratifica
básicamente las conclusiones presentadas en el preinforme.
Se han introducido en este informe final
algunas correcciones menores que no hacen al fondo de los temas.
Importa señalar sin embargo los siguientes puntos
De los descargos presentados por el BCU se realizaron las siguientes
modificaciones:
De acuerdo a lo expresado por el BCU el Grupo de la Unificación tenía
US$ 16:000.000 depositados en Banco de Crédito y no US$ 40.000.000; sin embargo
y según nuestra información esa es la cifra que en depósitos a la vista tenía el Grupo
al 31 de diciembre de 2001, según balance. El grupo habría retirado por tanto antes del
feriado bancario 24 millones de dólares, mientras mantenía un fuerte nivel de
endeudamiento con el Banco de Crédito. Si bien en su momento en BCU no informó a la
Comisión Investigadora acerca de los retiros de depósitos a la vista de las vinculadas,
se nos manifiesta en los descargos que los retiros pos feriado bancario fueron del orden a
US$ 477.123. No es posible chequear esta información que resulta de los registros de
Banco de Crédito, certificada pero no auditada por Tea Deloitte Touche. Debe señalarse
sin embargo, que más allá del nivel efectivo de retiros, el BCU autorizó en general el
retiro de depósitos a la vista de las empresas del grupo, según Acta de Directorio del
BCU Nº 2446 y Resolución de Directorio del BCU 539/2002 del 14 de agosto de 2002 y
Resolución de Directorio 591/2002 del 19 de agosto de 2002, lo que a la postre resultó
altamente inconveniente.
Descargos presentados por el Cr. César Rodríguez Batlle:
Tomamos nota de un error involuntariamente cometido en el preinforme,
en el que se afirmaba que el Cr. Rodríguez Batlle había negado a la Comisión
Investigadora el conocimiento de que Banco Montevideo hubiese ofrecido las acciones de
Disco Ahold en garantía. Este punto no había sido incluido sin embargo en las
conclusiones del trabajo.
También por error pusimos en duda el conocimiento de este hecho por
parte del presidente del BCU y responsabilizamos solamente por la no efectivización de
las medidas del caso al Superintendente. Nos queda claro por lo tanto, que la
responsabilidad por permitir que el ofrecimiento no se concretara, por no haber
supervisado la valuación, venta y capitalización es por tanto compartida.
En relación a lo manifestado en el punto 32 de los descargos del Cr.
Rodríguez Batlle en el sentido que dice textualmente "otro aspecto importante a
resaltar, es que habiendo revisado el acta 2391 de la sesión de 10 de mayo de 2002, en
la discusión sobre la dispensa del BCU no se ha encontrado la expresión transcripta por
los autores del informe, como utilizada por la Cra. Medero de activar
‘defraudaciones’. Queda la duda sobre la responsabilidad de los autores del
informe en tergiversar las versiones taquigráficas del Directorio del BCU con la gravedad
que eso significaría".
Se confunde el Cr. Rodríguez Batlle; mal pudo haber revisado el Acta
2391 de 10 de mayo de 2002 de la Comisión Investigadora ya que esta es un acta de BCU La
investigadora se reunió el 9 de diciembre de 2002 y en esa sesión la Cra. Medero
expresó textualmente "no se pueden activar pérdidas y especialmente no se pueden
activar defraudaciones" tal como lo señalamos en nuestro informe a
página 236. (se adjunta en los anexos la copia del acta de referencia).
Descargos del Dr. Barrán:
Se consideró en la redacción de informe final los descargos
presentados por el Sr. Superintendente Dr. Barrán, en el sentido que otorgar asistencia
financiera es responsabilidad del Directorio del BCU y no del Superintendente y que fue el
Directorio del BCU quien dictó la resolución que suspendió la recategorización de los
activos de Banco Montevideo.
Descargos Cra. Medero:
En relación a Banco Comercial:
Se afirma que en el Banco Comercial, se habría cometido otra
violación de las normas legales en virtud de que el artículo 37 de la Carta
Orgánica, tan solo permite adelantos financieros por plazos no superiores a los 90 días
y este límite temporal, afirma, también fue violado. De ello presenta información en
sus descargos pero la Comisión Investigadora no tuvo los antecedentes originales. De
confirmarse estas afirmaciones constituiría una nueva violación a la normativa por parte
del BCU
Descargos presentados por la Corporación Nacional para el Desarrollo:
La Comisión Investigadora en sus actuaciones recibió al Directorio
actual de la Corporación Nacional para el Desarrollo analizándose su gestión en
relación a Banco de Crédito. El estudio de la documentación recibida y de los hechos
nos llevaron naturalmente a incluir en nuestras conclusiones la actuación de Directorios
anteriores de la Corporación Nacional para el Desarrollo dado que sin considerar las
situaciones heredadas poco podría entenderse de la situación presente.
Relativo a los descargos presentados por los
distintos Directorios de la Corporación Nacional para el Desarrollo se mantienen las
conclusiones básicas de este informe. La actuación se limitó en general al seguimiento
de la situación y no resultó en medidas concretas, sus acciones se concretaron
básicamente en trasladar sus preocupaciones al BCU aunque la Corporación Nacional para
el Desarrollo tenía representantes en el Directorio del Banco de Crédito, más allá del
real margen de autonomía con el que estos actuaron.
Surge sin embargo que las responsabilidades del BCU resultarían
mayores a las que hemos atribuido anteriormente, ya que el BCU controló en forma
permanente "diaria" al Banco de Crédito, tomaba decisiones sobre la gestión e
instruía directamente a los Directores.
Descargos de los Cres. Boris Martínez y Sr. Carlos Abdala:
Referido a Banco de Crédito y a los niveles de endeudamiento de las
empresas del grupo hemos modificado parcialmente la redacción de nuestras conclusiones.
El nivel de endeudamiento creció en el período enero de 1999 a
diciembre de 2002, pasando de 79,6 a 86,5 millones de dólares. Se reconoce sin embargo
que en el período de actuación del Cr. Boris Martínez y Sr. Carlos Abdala en el
Directorio de Banco de Crédito, el endeudamiento no aumentó sino que disminuyó
levemente aunque con algún incremento al interior de dicho período.
Descargos del Cr. Xavier:
No se ha podido verificar los detalles de algunas operaciones en Banco
Montevideo – Caja Obrera aludidas por el Cr. Xavier en sus descargos. En relación al
tema de Citymax, más allá que existan demandas a nivel de la justicia no nos sentimos
inhibidos a dar nuestro punto de vista en el informe dado que este tema fue tratado en la
investigadora.
Hechos posteriores a la presentación del pre-informe:
La opinión del Tribunal de Cuentas sobre los estados contables del BCU
Importa subrayar que en relación a los estados contables del Ejercicio
2002 del Banco Central del Uruguay el Tribunal de Cuentas emite opinión en su Resolución
del Tribunal de Cuentas de fecha 3 de diciembre del 2003.
Por la misma, el Tribunal de Cuentas señala una limitación en el
alcance de su trabajo que no le permite emitir opinión acerca del cumplimiento del
artículo 37 de la Carta Orgánica del BCU.
La Resolución expresa "Con respecto a los adelantos de asistencia
financiera establecidos en el artículo 37 de la Carta Orgánica, el BCU no
proporcionó documentación suficiente que justifique que previo al otorgamiento de cada
asistencia financiera se haya dado cumplimiento al requisito previsto en el inciso final
del referido artículo, de no superar el monto del patrimonio neto respectivo".
Dicha Resolución es un elemento confluyente con las conclusiones de
este informe, y las opiniones de las Salas de Abogados del BCU. La necesidad de que la
asistencia, en la modalidad del artículo 37 no supere el monto del patrimonio de la
institución en cuestión.
No nos resulta llamativo que a más de un año y medio del otorgamiento
de tales asistencias el BCU no haya podido demostrar al Tribunal de Cuentas el
cumplimiento de este requisito previo. Y es que tal como señalamos en nuestras
conclusiones, el mismo habría sido sistemáticamente incumplido.
Sala de la Comisión, 11 de febrero de 2004.
SILVANA CHARLONE, Miembro informante, JOSÉ BAYARDI, RAÚL SENDIC.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Visto las actuaciones de la Comisión Investigadora sobre las presuntas
irregularidades en el sistema financiero:
Considerando:
Que en el trabajo de la misma se habrían constatado
irregularidades y actuaciones al margen de las disposiciones constitucionales y/o legales
por las autoridades intervinientes.
Que se ha verificado el faltante del folio 41 del expediente 9855 del
Banco Central, en el que se encontraba la constancia de que al Directorio del Banco
Central se le hubiese ingresado formalmente información relevante en relación a la
verdadera situación patrimonial de Banco Comercial.
Que esta Comisión carece de facultades legales para proceder al
levantamiento del secreto bancario de los funcionarios públicos y
otros particulares intervinientes elemento importante para descartar otras derivaciones.
Otras eventuales derivaciones y responsabilidades que pudieran surgir
en la profundización de la investigación.
La Cámara de Representantes:
Declara la responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Banco Central
en los sucesos vinculados a la crisis del sistema financiero analizada, sus derivaciones y
consecuencias.
Declara que tendría pertinencia en el caso la aplicación del artículo 93 de la Constitución
en relación a la conducta del Presidente de la República, ya que habría actuado en
violación grave de la Constitución.
Remitir las actuaciones de la Comisión Investigadora y todos sus
antecedentes a la Justicia Penal.
Remitir los informes elaborados en la Comisión Investigadora a las
Comisiones de Hacienda y de Constitución y Códigos a los efectos de considerar en lo
pertinente las recomendaciones en materia legislativa para el fortalecimiento del sistema
financiero.
Sala de la Comisión, 11 de febrero de 2004.
SILVANA CHARLONE, Miembro informante, JOSÉ BAYARDI, RAÚL
SENDIC".
(Los anexos al informe precedente se encuentran a disposición, para su
consulta, en la Secretaría de la Cámara de Representantes)
Anexo I al
Rep. Nº 1070
(Tomo III)
"Comisión Investigadora sobre diversas
actuaciones relacionadas con el
sistema financiero y bancario
INFORME EN MINORÍA
Señores Representantes:
Vuestra Comisión Investigadora sobre diversas actuaciones relacionadas
con el sistema financiero y bancario eleva a consideración del Cuerpo el presente
informe, resultado de su labor de investigación:
I - A MODO DE ANTECEDENTES
A) OBJETO DE INVESTIGACIÓN
El 17 de setiembre de 2002, el Diputado Víctor Rossi solicitó la
conformación de una Comisión Investigadora de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución
de la República, la Ley Nº 16.698,
de 25 de abril de 1995 y por los artículos 117 y 118 del Reglamento de la Cámara de
Representantes, con el propósito de analizar:
Las actuaciones
del Banco Central del Uruguay, del Ministerio de Economía y Finanzas y cualquier otro
organismo público o persona pública no estatal, en relación a los controles realizados,
las iniciativas tomadas y la asistencia financiera otorgada al sistema financiero desde el
1º de enero de 2001 a la fecha (17 de setiembre de 2002).
Las consecuencias
y eventuales responsabilidades, que pudieran derivar del contrato llamado de
"capitalización del Banco Comercial", suscrito en nombre de la República
Oriental del Uruguay.
El proceso de
fusión de los Bancos de Montevideo- Caja Obrera.
Otras derivaciones
que pudieran surgir durante el proceso de investigación, entre ellas las eventuales
responsabilidades administrativas, políticas y judiciales derivadas del análisis de los
puntos antes referidos.
Las modificaciones
legislativas o el dictado de nuevas normas que se estimen del caso, a fin de fortalecer el
sistema financiero, mejorar la efectividad de los sistemas de contralor o la creación de
nuevos controles del mismo.
B) PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO
Habilitada la solicitud, la Cámara de Representantes designó una
Comisión Preinvestigadora con el cometido de estudiar las denuncias presentadas por el
miembro denunciante, Diputado Víctor Rossi.
Reunida la Comisión Preinvestigadora y analizada la denuncia, se
resolvió, por unanimidad de sus miembros, aconsejar al Cuerpo la designación de una
Comisión Investigadora, a tenor de lo solicitado por el denunciante.
El Cuerpo aprobó la resolución propuesta por la Comisión
Preinvestigadora y desde el 7 de octubre de 2002, comenzó esta tarea, que –nobleza
obliga-, no nos resultó fácil por la dimensión, especialidad y
especificidad de los temas objeto de análisis.
En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 66 de la Carta
Magna, y de acuerdo al procedimiento dispuesto en el artículo 37 y ss. de la Ley Nº 16.698, los informes
preliminares generados por los miembros de esta Comisión fueron puestos a disposición de
quienes podrían resultar directa o indirectamente inculpados en las presuntas
irregularidades investigadas.
Vencido el plazo legal de evacuación de vistas y en atención a la luz
de la confrontación de las mismas con las resultancias de los antecedentes generados por
la actuación de la Investigadora, corresponde presentar a consideración del Cuerpo,
según lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley Nº 16.698, de 25 de abril de 1995, un resumen de las
actuaciones y de las conclusiones, indicando puntualmente los hechos que, a nuestro
entender, resultan determinantes, señalando hechos, actos y organismos involucrados, tal
como claramente preceptúa la normativa antes referida.
C) METODOLOGÍA
El trabajo de la Comisión Investigadora exigió más tiempo del que
nosotros hubiésemos pretendido, empero, nuestra convicción de que era necesario contar
con la mayor cantidad de información posible y con la opinión de los principales actores
de los hechos investigados; Directores, funcionarios, ahorristas, etcétera; tuvo como
consecuencia que el plazo para expedirse se prolongase.
La Comisión no puso reparos a ninguna solicitud de audiencia,
escuchando a todo aquel que tuviera interés en presentar elementos que sirvieran a la
investigación, procediendo por tanto con criterio amplio y democrático.
Sus miembros, solicitaron a los organismos correspondientes toda la
información que consideraron necesaria para cumplir con su cometido, encontrando en los
mismos la mejor disposición, lo que contribuyó así al mejor cumplimiento de su trabajo.
Asimismo, fueron cuidadosamente estudiadas las resultancias de las
vistas oportunamente concedidas, manteniendo en su análisis, una vez más, la
imprescindible objetividad y ecuanimidad de criterios, por cuanto serán expresamente
contemplados en el presente en tanto por su naturaleza y alcances pudieren contribuir a la
claridad de las conclusiones que se expresarán. Y ciertamente éstas, cabe así
anticiparlo, no difieren sustancialmente de las que inicialmente fueran puestas de
manifiesto por el suscrito en sus primeros obrados, sino que se fortalecen en las
convicciones y constataciones primigenias que las inspiraron, al confrontarse, una vez
más, con los propios dichos de los involucrados.
Como comprenderá el Cuerpo, en áreas temáticas de difícil
comprensión para los que no contamos con formación en la materia económica y
financiera, se hizo necesario contar permanentemente con el asesoramiento adecuado -lo que
mucho agradecemos-, así como recurrir a la investigación, búsqueda y recopilación de
datos, circunstancias que ocuparon más tiempo que el deseado y que debieron cumplirse sin
descuidar nuestras otras responsabilidades parlamentarias, que exigen igual dedicación y
esfuerzo.
En definitiva, trataremos de ser lo más claros posibles, dando nuestro
punto de vista desde la perspectiva de un ciudadano común, que puso lo mejor de sí para
abarcar una temática sumamente compleja, y apreciar los hechos de la forma más objetiva
posible; teniendo la enorme responsabilidad de señalar los eventuales errores que
llevaron a generar la crisis financiera que tuvimos que tolerar los uruguayos, y de la
cual, varias generaciones pagarán sus costos.
El presente informe se ha estructurado analizando, en primer lugar, las
circunstancias generales del país y de la región; para detenerse luego en la situación
particular de algunas entidades financieras que actuaron como disparadoras de incidentes
posteriores, finalizando con una conclusión general y el aporte de algunas líneas de
trabajo a tener en cuenta.
II - EL INFORME
A) URUGUAY Y LA REGIÓN
Durante el primer trimestre del año 2002, el sistema bancario del
Uruguay colapsó. Al 31 de diciembre de 2001 los depósitos en moneda extranjera eran de
14.285 millones de dólares y en siete meses, al 29 de julio, descendieron a 8.456
millones de dólares, lo que significó un retiro de depósitos cercano al 41% del total.
Por su parte, los depósitos en moneda nacional descendieron de
21.351 millones de pesos a 18.097 millones de pesos en igual período. Estas cifras
demuestran gráficamente la magnitud del problema y las consecuencias que vivimos y que
estamos viviendo por esa pérdida de confianza en el sistema financiero nacional.
También el proceso de caída de las reservas que mantenía el Banco
Central del Uruguay muestra el deterioro que se estaba produciendo en nuestro sistema
financiero, y permitía pronosticar el desenlace que nos llevaría
al feriado bancario de julio de 2002.
La siguiente gráfica demuestra claramente lo expresado:
RESERVAS
INTERNACIONALES NETAS
(EN MILLONES DE DÓLARES) |
MES |
AÑO 2000 |
AÑO 2001 |
AÑO 2002 |
AÑO 2003 |
ENERO |
2494 |
2634 |
2652 |
683 |
FEBRERO |
2501 |
2519 |
2051 |
538 |
MARZO |
2525 |
2750 |
2193 |
787 |
ABRIL |
2555 |
2636 |
2060 |
903 |
MAYO |
2548 |
2622 |
1839 |
1049 |
JUNIO |
2691 |
2736 |
1471 |
1164 |
JULIO |
2662 |
2591 |
632 |
1554 |
AGOSTO |
2615 |
2722 |
679 |
|
SEPTIEMBRE |
2688 |
2600 |
734 |
|
OCTUBRE |
2623 |
2740 |
711 |
|
NOVIEMBRE |
2696 |
2918 |
806 |
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DICIEMBRE |
2613 |
2926 |
777 |
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FUENTE : BANCO CENTRAL DEL URUGUAY |
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No hay duda que la continuación y profundización de la crisis
argentina incidió de manera muy especial en nuestro país.
A fines del año 2001, la Argentina entró en una situación sin
retorno. Se abandonó el régimen de convertibilidad y se declaró en default su deuda. A
esto se sumó la prohibición de realizar retiros de depósitos bancarios, (conocida como
"corralito bancario") y la agudización de la crisis política.
Teniendo en cuenta la estrecha relación de las economías argentina y
uruguaya, estos hechos impactaron de una forma especial en nuestro sistema financiero,
comenzando a trasmitirse el fundado temor de que en Uruguay podía pasar lo mismo que en
Argentina, especialmente en referencia a la prohibición de realizar retiros de depósitos
bancarios, generando incertidumbre en los depositantes, sobre todo en los no residentes.
No hay que olvidar que un porcentaje importante de los titulares de depósitos bancarios
eran argentinos.
El clima de creciente desconfianza e incertidumbre atizado, no está
demás señalarlo, por la influencia de los medios de comunicación de la vecina orilla,
terminó por contagiar a los residentes uruguayos. La intranquilidad que afectó a la
plaza a fines de diciembre del 2001 terminó por hacer crisis en los primeros días del
año 2002.
B) EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2002
El sistema financiero uruguayo enfrentó en dicho período un masivo
retiro de depósitos, cuyos titulares –residentes y no residentes- experimentaron una
crisis de confianza, impactados por los hechos que se estaban desarrollando en la
República Argentina, y abonada por los episodios de pública notoriedad relacionados con
los Bancos Galicia y Comercial.
La sumatoria de los elementos reseñados fue retroalimentando la
creciente sensación de incertidumbre de los ahorristas; y, por consiguiente, se
incrementó el ritmo de retiro de depósitos. A este panorama de corrida bancaria y de
enormes dificultades en el primer Banco privado del país, se agregaron las
irregularidades que se empiezan a constatar en el Banco de Montevideo (Grupo Peirano).
En este escenario de fuga masiva de depósitos bancarios, el Gobierno
responde adoptando la decisión de mantener en funcionamiento el sistema financiero
aportando asistencia y recursos que no se van a recuperar (Se adjunta cuadro Anexo 34).
Para hacerlo utiliza distintas vías, confiando en que, de alguna manera y en algún
momento, cesara la corrida.
Si bien estos hechos afectaron a las instituciones financieras en
general, fueron críticos en relación a la banca nacional pública y privada, en tanto la
Banca extranjera respondió a la emergencia con fondos que aportaron sus casas matrices.
Para mantener operativas a las instituciones en problemas, el Gobierno
recurre básicamente a los siguientes instrumentos:
Capitalización del Banco Comercial, con aportes propios del Estado y
de sus accionistas
Asistencia al amparo de los artículos 3, 36 y 37 de la Carta Orgánica
del Banco Central.
Resoluciones excepcionales del Banco Central, autorizando sobregiros de
las instituciones, y no ejecución de valores en garantía de las asistencias
anteriormente referidas.
Utilización del crédito Multisectorial II del
Banco Interamericano de Desarrollo.
Asistencia de liquidez del Estado canalizada a través de la
Corporación Nacional para el Desarrollo.
De las instituciones bancarias afectadas, de los instrumentos empleados
por el Gobierno para atender la crisis, de su legalidad, oportunidad y conveniencia es de
lo que trataremos en el desarrollo del presente informe.
C) BANCO GALICIA URUGUAY S.A.
En este proceso de crisis del sistema financiero nacional, los
episodios relacionados con esta institución bancaria cobran especial relevancia.
En el periodo diciembre 2001- enero de 2002, el Banco de Galicia, donde
casi todos sus depositantes eran no residentes, concretamente argentinos, debe hacer
frente a retiros de depósitos bancarios por aproximadamente US$ 500 millones de
dólares, esto es, el equivalente al 21% del total.
El referido Banco se ve imposibilitado, en función de la normativa
vigente en la República Argentina, de recibir ayuda para enfrentar el retiro creciente de
depósitos.
Por su parte, el Banco Central del Uruguay responde negativamente las
solicitudes de asistencia que el Banco Galicia le formulase con fechas 23 y 28 de enero de
2002, basándose en que el solicitante no contaba con valores que permitieran garantizar
la asistencia solicitada, según lo dispuesto por la normativa en la materia.
En la emergencia, el Banco Central del Uruguay dispone por resolución
P/146/2001, de 10 de diciembre de 2001 "una supervisión intensiva (.) monitoreando
especialmente la evolución de los depósitos y de los activos líquidos". Se
adjunta documento en Anexo 1.
Posteriormente, con fecha 7 de febrero de 2002, por resolución
D/53/2002, se resuelve la intervención preventiva de la institución y la suspención de
sus actividades por el término de sesenta días. Se adjunta documento en Anexo 2.
El 13 de febrero de 2002, por resolución D/57/2002, se modifica la anterior y se extiende
el plazo de suspensión por 90 días. Se adjunta documento en Anexo 3. La
intervención decretada, que lo había sido sin sustitución de las autoridades
estatutarias del Banco, es complementada por la resolución D/235/2002, que extiende el
plazo de la intervención y procede a la sustitución de las mismas. Se adjunta
documento en Anexo 4.
A la luz estos acontecimientos, no podemos dejar de expresar que
persiste en nuestro ánimo la duda en cuanto a que, si detener la corrida que afectara al
Banco Galicia Uruguay S.A., no hubiese sido beneficioso para intentar recuperar la
confianza en la plaza uruguaya y así prevenir y evitar males mayores.
Son entendibles los fundamentos de quienes opinan lo contrario, en el
sentido de que aportar cientos de millones de dólares de uruguayos para detener una
corrida de un Banco que prácticamente no tenía depositantes residentes, era un costo
difícil de justificar. Pero siempre permanecerá la interrogante acerca de la oportunidad
y conveniencia de las resoluciones adoptadas que, sin lugar a dudas, tuvieron una
repercusión fundamental en nuestra plaza, abonando más aun la desconfianza acerca de la
solidez de nuestro sistema financiero.
Sabemos que este tipo de decisiones encierran grandes riesgos, pero
parecería no haberse evaluado lo que significaba la crisis del Galicia en la plaza
financiera uruguaya, sobre todo teniendo en cuenta que los depósitos que este Banco
tenía provenían mayoritariamente de la República Argentina; resultando la confianza un
valor fundamental e imprescindible para la preservación de la fortaleza de cualquier
sistema financiero.
D) BANCO COMERCIAL
Este Banco fue el que primero mostró los efectos de la crisis
Argentina en la plaza uruguaya ya que el canje de Valores Públicos argentinos (Megacanje)
hace que el Banco Central intervenga y autoriza el mismo, disponiendo una supervisión
intensiva, según Resolución de Presidencia P/150/2001 del 28 de diciembre de 2001. Se
adjunta documento en Anexo 5.
A la semana siguiente lo instruye particularmente al Banco en
cuanto a la forma de registrar los títulos canjeados, cumplimiento de relaciones
técnicas afectadas por la operativa del canje, no distribuir utilidades por estos
valores, previsionar el 100% de los intereses devengados, incidencia patrimonial en nota a
los Estados Contables; siempre en lo referido al canje de bonos argentinos, dictando la
Resolución de Directorio D/1/2002 de fecha 2 de enero de 2002. Se adjunta documento en
Anexo 6.
El otro episodio que sucedió, concretamente a principios del mes de
enero del año 2002, fue la detención en Argentina, de Carlos Rohm, en ese entonces Vicepresidente del Banco Comercial S.A. en Uruguay y Gerente
General del Banco General de Negocios S.A. en la República Argentina, comenzando así un
periplo que incide en forma primordial en el que era, en aquel entonces, el principal
Banco privado de nuestro país.
En forma inmediata a la detención se realizó una reunión de los
accionistas del Banco Comercial en Suiza, en la cual se informó de las actuaciones, y en
la que participó José Rohm (hoy prófugo).
Todos estos hechos inciden de manera especial, generando desconfianza
en la plaza financiera nacional y especialmente en relación al Banco Comercial. Desde
aquel momento comienza un masivo retiro de depósitos; situación que se extendió
rápidamente a otras entidades financieras. En términos generales, el promedio diario de
retiros se situó en 85 millones de dólares en el mes de febrero; ·30 millones en marzo
y 12 a mediados de abril.
En la primer quincena del mes de febrero del año 2002, el Banco
Central del Uruguay asume un cambio de actitud respecto al Banco Comercial, por las
circunstancias de pública notoriedad ya mencionadas. Desde este momento se constata un
cúmulo de irregularidades en dicha entidad financiera tales como:
La falta de
títulos valores de deuda emitidos por el gobierno argentino.
La operativa de
una sociedad vinculada al Banco Comercial que se utilizó para la colocación en el
exterior de depósitos de residentes a través de una "off-shore" .
La operativa
crediticia del Banco, otorgando créditos a empresas y personas vinculadas al mismo grupo
económico.
La operativa de
compraventa de valores a futuro.
Una vez culminadas estas valoraciones, el Banco Central procede a
efectuar las denuncias correspondientes en la Justicia Penal, las que se presentan el 15
de febrero de 2002 por la Resolución de Directorio D/61/2002. Se adjunta documento en
Anexo 7.
A partir de este momento el Banco Central procede a efectuar una serie
de cambios en el Banco Comercial, asume competencia el MEF en la designación de nuevos
Directores y comienza un nuevo proceso en el Directorio del Banco Comercial, con delegados
del Estado uruguayo.
Conjuntamente con esto, se comienzan a desarrollar una serie de
negociaciones por parte del Poder Ejecutivo con los socios accionistas internacionales del
Banco Comercial, a los efectos de su capitalización.
Las negociaciones finalmente culminan en la firma del contrato de
capitalización del Banco Comercial.
Este contrato, que ha dado lugar a innumerables polémicas jurídicas y
políticas, se transformó en una de las principales objeciones respecto al proceder del
Gobierno, en cuanto a las obligaciones asumidas en nombre y representación del Estado
uruguayo.
Trataremos de ser breves y concluyentes en cuanto al mismo.
El contrato se firmó en Nueva York el 26 de febrero de 2002, entre:
1.- El Banco Comercial (sociedad anónima constituida en nuestro país) 2.- Chemical
Overseas Holdings (sociedad del Estado de New York y J.P. Morgan Chase) 3.- Credit Suisse
First Boston (Banco constituido en Suiza) 4.- Dresdner Bank (constituido en Alemania) 5.-
El Estado uruguayo.
El contrato contiene elementos muy complejos que dificultan su
análisis, por lo que nuestro estudio aludirá en forma general a sus principales
objetivos, y a las consecuencias que de él se derivan.
El objetivo del gobierno es comprometer a los socios internacionales
del Banco Comercial a capitalizar dicho Banco, junto con el Estado uruguayo; y restituir,
de esta forma, la confianza en el Banco y, como consecuencia, en el sistema financiero.
Surge de la información disponible que la firma del contrato calmó en algo a la plaza
financiera, haciéndose más lento el ritmo de retiros en forma inmediata, pero no se
logra detener la corrida, que era el objetivo perseguido.
Desde el punto de vista jurídico, en este como en muchos otros temas,
existen, por lo menos, dos opiniones claramente opuestas. La versación de los
distinguidos profesionales que estudiaron el contrato nos libera de profundizar sobre el
mismo pero no por ello dejaremos de comprometer nuestra opinión sobre dicho documento.
Los procedimientos por los cuales el Estado asumió las obligaciones
contenidas en el contrato de capitalización excedieron sus facultades normativas,
afirmación ésta formulada sin perjuicio del respeto por quienes opinan lo contrario,
teniendo en cuenta la alta consideración que nos merecen tanto
los calificados juristas como las instituciones que representan.
Entendemos que de lo dispuesto por los textos constitucionales y
legales se desprende que el Poder Ejecutivo carece de toda competencia para disponer tal
salvataje de Banco en dificultades; lo cual resulta más claro aún cuando analizamos las
obligaciones que se asumen en representación del Estado uruguayo. A saber:
Capitalizar el Banco Comercial con un aporte de US$ 33:333.333.
Mantener el Banco Comercial en estado de solvencia y liquidez, mediante
inversiones de capital en efectivo y equivalentes en efectivo; cuyos eventuales
incumplimientos daría derecho a los tres Bancos accionistas a exigirle la recompra de sus
nuevas acciones por su valor de inversión.
Liberar de responsabilidad a los tres co-contratantes y a sus
Directores y representantes en el Banco Comercial, de toda responsabilidad por pérdidas
relacionadas con cualquier acción o inacción, acto u omisión de dichos Bancos,
accionistas anteriores a la fecha del contrato.
No existe en nuestro orden jurídico, según lo expresa el Dr. Gonzalo
Aguirre, norma alguna que "habilite a liberar de pérdidas y exonerar de
responsabilidades a los accionistas y copropietarios de un Banco".
El Estado uruguayo al capitalizar el Banco Comercial se transformó en
accionista de un Banco privado, el cual de hecho pasó a ser una sociedad de economía
mixta, de las previstas en el Artículo 188 de la Constitución de la República,
por lo que no hay duda que para el caso se omitió la autorización legal que exige la
norma citada.
Bien entendemos las circunstancias en las que estaba el Uruguay en ese
momento, y que la celeridad resultaba una cuestión fundamental; empero, en todo caso,
ante la inminencia de una conmoción interna grave e imprevista, la propia Constitución
establece la vía que se debe de tomar y adoptar, bajo contralor parlamentario y
disposición legal. Comprendemos claramente el contexto en que se optó por suscribir el
instrumento en cuestión, pero éste no obsta ni exime del acatamiento del orden jurídico
existente; lo correcto, en todo caso, hubiese sido dar cumplimiento a lo establecido por
nuestra Carta Magna.
En los hechos, cuando en ocasiones de similar gravedad, como la del
feriado bancario que antecedió a la promulgación de la Ley Nº 17.523, se requirió la acción legislativa inmediata, el
Parlamento se desempeño con la mayor celeridad (48 hs.) . Por tanto, la omisión de
conducirse en forma ajustada a derecho excusándose en la urgencia no es de recibo, ni en
términos jurídicos, ni fácticos.
Examinadas las situaciones que actuaron como disparador en el Banco
Comercial y también el contrato de capitalización entre los socios internacionales y el
Estado uruguayo haremos un recuento de los principales hechos, observando la estructura
operativa del grupo económico que dirigía el Banco Comercial y otras entidades
financieras que se desempeñaban en el exterior manteniendo vínculos en nuestro país y
que pertenecían al mismo grupo económico. Se adjunta gráfico en Anexo 8.
La operativa de este grupo económico liderado por los hermanos Carlos
y José Rohm, se venía desarrollando desde hacía años, las denuncias que se presentan
el 15 de febrero de 2002 son solo la constatación de una serie de irregularidades de una
organización que operaba desde hace tiempo en la República Argentina y en el Uruguay.
Podemos afirmar con total convicción que la crisis económica del año 2002 solo pone al
descubierto una serie de actos realizados con la firme voluntad de defraudar a los
acreedores que confiaron en el prestigio de esta entidad financiera.
Todas estas maniobras fraudulentas causaron el desastre del Banco
Comercial, siendo un factor clave de la corrida bancaria, provocando un terremoto en el
sistema financiero del país, y llevando al cierre de la referida entidad financiera.
E) FALTANTE DE VALORES PÚBLICOS Y PRIVADOS
De acuerdo al inventario de valores del Banco Comercial, éste debía
tener depositado en custodia en el Banco General de Negocio (República Argentina) al 31
de diciembre de 2001, valores públicos y privados propios y de clientes por un total
estimado aproximadamente de US$ 500.000.000. Sin embargo, el Banco Central Argentino
le certifica al Banco Central uruguayo que el Banco General de Negocios posee en custodia
por cuenta y orden del Banco Comercial títulos de deuda argentinos por aproximadamente
US$ 300.000.000.
La operación realizada consistía en la
transferencia de dinero en efectivo que realizaba el Banco Comercial al Banco General de
Negocios (BGN) para la compra de bonos argentinos, quedando estos depositados en custodia
en dicho Banco (BGN).
El Banco Comercial recibía como contrapartida la certificación del
BGN de los valores que estaban en custodia e incluso certificados de la Caja Nacional de
Valores de la República Argentina, donde constaba la existencia de dichos valores,
recibiendo el Banco Comercial puntualmente el pago de los intereses correspondientes a los
bonos en custodia.
El Banco Comercial invertía en bonos argentinos, tomaba depósitos del
público al 4% y los colocaba en bonos argentinos que daban un 8% o un 10%. Tal
procedimiento tenia un alto riesgo.
Lo que no se constataba es si realmente se adquirían estos bonos,
siendo este el centro de la operativa, por medio de la cual se desviaba el dinero, que
tenía que figurar en bonos, en beneficio del Banco Comercial.
En definitiva, lo que queda claro al estudiar esta operativa, es que
algo falló. Los Bancos referidos disponían controles internos, auditorías externas y el
propio control del Banco Central, encargado de prevenir y detectar hechos de este tipo.
Nunca se desconfió de los procedimientos, aun cuando ambos Bancos (Comercial y General de
Negocios) tenían en la dirección el mismo grupo económico.
No había comunicación entre las auditorías externas de ambas
instituciones; la Consultora KPMG era la auditoría del BGN y la Consultora Price
Waterhouse del Banco Comercial. Ambas consultoras nunca cruzaron la información de la que
disponían, de modo que los riesgos no se valoraron lo suficiente por ninguna de las
instituciones que tenían la obligación de fiscalizar esta operativa.
Al respecto, manifiesta uno de los peritos contratados por el Poder
Judicial (Sr. Prieto) en la Comisión Investigadora donde afirma que "el hecho de que
en el Banco Comercial habían tres Bancos de primerísima línea, hacía que los controles
del Banco Central fueran un poco más 'light', hablando en plata".
Esto fue también objeto de análisis con los diferentes comparecientes
a la Comisión a tal punto que el ex superintendente del Banco Central, Carlos Fernández
Becchino, manifiesta el 6 de febrero del corriente año, página 60 de la versión
taquigráfica que: "...con la supervisión consolidada hubiéramos detectado
mucho", "con un memorando de entendimiento con la República Argentina yo me
atrevo a decir aquí, y son todos ustedes testigo que los Rohm y los Peirano - escuchen
bien lo que les voy a decir- no hubieran podido hacer nada".
En la Comisión se profundiza sobre estos procedimientos de
supervisión consolidada con países vecinos, lo cual puede tener elementos positivos,
evitando males mayores como los constatados.
F) CONCESIÓN IRREGULAR DE CRÉDITOS
Se constatan créditos otorgados en forma irregular (según exigencias
del BCU para carpetas de crédito para personas físicas y jurídicas) vinculadas al grupo
económico. Se verifica así la inexistencia de análisis previos a la concesión de
créditos; ausencia de información del deudor y de su capacidad de repago; inconsistencia
de los datos que surgen de las carpetas y créditos de volúmenes desmedidos en relación
a la capacidad económica del deudor y sus garantías; préstamos destinados a actividades
especulativas de alto riesgo; concentración de riesgo país (Argentina) e incertidumbre
sobre la recuperabilidad de los créditos.
El Banco Central nunca midió el riesgo que todo esto implicaba, sobre
todo teniendo en cuenta que se trata de operaciones que se venían haciendo desde hacía
mucho tiempo.
Estos créditos, incobrables para el Banco Comercial, concedidos con
apartamientos a las normas, otorgados a empresas y personas vinculadas al grupo,
alcanzaban aproximadamente la suma de 80 millones de dólares.
G) COMERCIAL INVESTMENT
Cuando el Banco Comercial se fusionó con el ING Bank, continúa con la
operativa que venía realizando el Banco ING a través de ING Curazao, de colocar dinero
de ahorristas en el exterior (Amsterdam), pero no le comunica al Banco Central cómo se
hará esta operativa desde la fusión.
De esta forma, el Banco Comercial realiza colocaciones en el Banco
ING-Amsterdam-, pero lo hace a través de otra sociedad, antes era ING Curazao y ahora
pasa a ser, Comercial Investment Curazao.
Esta sociedad y su operativa no estaba registrada en el Banco Central y
este no se percató de la operativa realizada.
El Banco Comercial se hizo cargo de los pasivos de Comercial Investment
- Curazao, proveyendo asistencias con fondos de su patrimonio, para pagar a los
depositantes de esta última institución. Esta operación se autoriza por el Banco
Central en mayo del año 2002. Para no tener una disminución
violenta en el patrimonio del Banco Comercial se le autoriza a este a contabilizar esta
pérdida como cargos diferidos y presentarla en el activo de la institución. Se calcula
que el costo de esta operativa ascendía a aproximadamente 70 millones de dólares.
H) COMPAÑÍA GENERAL DE NEGOCIOS - SAIFE (URUGUAY)- COMPAÑÍA GENERAL
DE NEGOCIOS S.A. (CURAZAO).
El Saint Louis Financial & Investment Co. Ltd. (Panamá) era
accionista de la Compañía General de Negocios SAIFE (Uruguay) y del Banco Comercial.
El Banco General de Negocios en Argentina concertaba operaciones a
cuenta de la SAIFE (Uruguay) y de la Compañía General de Negocios S.A.
Eran dos sociedades con nombres similares y un mismo accionista (Saint
Louis Financial Investment). El cliente, fundamentalmente argentino, nunca tomaba
conocimiento de la existencia de una segunda sociedad, ya que ellos confiaban en el
prestigio de las SAIFE uruguayas. De esta forma el depósito se ponía en una u otra
sociedad por parte de quienes manejaban estas financieras. Se produce así un desvío de
fondos hacia otra entidad, CGN (Curazao) S.A., (sin conocimiento del cliente y un juego
contable de créditos y débitos en la cuenta del único accionista: Saint Louis
Financial).
Finalmente, llegado el momento de suspender los depósitos en la CGN,
se constata que:
CGN (Uruguay)
SAIFE no tenía el 100% de los dineros.
CGN (Curazao) S.A.
se habían desviado los fondos "sin destino".
BGN no podía
responder como consecuencia del "corralito argentino".
Por lo tanto, el dinero para poder responderle a esos ahorristas (los
de CGN- Curazao S.A.) salió del Banco Comercial y de las asistencias prestadas por el
Banco Central y el MEF.
El proceso de acción del Banco Central del Uruguay con esta
institución se dio en los siguientes parámetros:
Supervisión intensiva por parte del BCU, se decidió por resolución
P/8/2002 de fecha 29/1/02, Se adjunta documento en Anexo 32.
Intervención con desplazamiento de autoridades y suspensión de
operaciones, se decidió por resolución D/18/2002 de fecha 31/1/02, Se adjunta
documento en Anexo 33.
I) CONTRATOS DE COMPRAVENTA A FUTURO
Al 31 de marzo de 2001 el Banco Comercial tenía valores públicos no
nacionales por un valor contable de aproximadamente US$ 250:, en su mayoría
argentinos, y necesitaba cubrir esta posición ante las bajas en el precio del mercado.
Por esto suscribe seis contratos de compraventa a futuro con el corredor de bolsa Ignacio
Rospide sobre valores públicos argentinos por un valor de US$ 123:.
El señor Rospide se comprometió a comprar al vencimiento por
US$ 108.516.432 que eran 123 millones de dólares a valor original.
Pero, estos contratos fueron rescindidos anticipadamente, a cambio de
un pago de Rospide al Comercial de US$ 5.100.000 y el depósito de bonos globales
argentinos por un valor nominal de 5 millones de dólares.
Si el Banco Comercial hubiera hecho valer los términos del contrato
hubiera obtenido un beneficio de US$ 78.501.596.
¿Por qué aceptó la rescisión el Banco Comercial? Lo que sucedió
fue que el señor Ignacio Rospide hizo el mismo contrato con Saint Louis Financial
Investment, pero en sentido inverso; financieramente se "calzó", ya
que es parte del mismo grupo
económico (los hermanos Rohm tienen el 55,49% de las acciones), lo que demuestra la
maniobra, por la cual se pagaba mucho menos de lo que se debía pagar por los referidos
valores.
También el Banco Comercial firmó otros contratos de opciones
similares con Kompira Investment cuyo único accionista era el Señor Ignacio Rospide.
Se le compra a esta sociedad opciones de venta de bonos argentinos y
brasileños por valores superiores a los 135 millones de dólares con un contravalor de
US$ 123 millones de dólares que vencía el 27 de diciembre; al igual que las
anteriores quedaron sin efecto.
También Kompira estaba financieramente "calzado" con el
Saint Louis Financial.
Las operativas reseñadas revelan que se trata de operaciones
ficticias, dado que pudiendo ejecutarse y obtener beneficios, no se hicieron, optando por
una ganancia mucho menor de la que se podría haber obtenido si se hubieran efectivizados
los contratos referidos.
El efecto de estas operaciones era exclusivamente contable ya que con
este contrato de compraventa a futuro el valor contable de los
bonos argentinos era mayor al del valor de mercado, por lo que aumentaba el patrimonio del
Banco.
Estas son algunas de las prácticas de este grupo económico que, es
justo decirlo,
son
detectadas por el cuerpo inspectivo del Banco Central que se instala a partir de la
primera quincena de febrero de 2002 y culmina con la denuncia penal el día 15 de ese mes.
Lo cierto es que todo esto se venía haciendo desde hacía mucho
tiempo. Reconocemos que no es fácil detectar estas operaciones, pero una vez que se ponen
en funcionamiento todos los contralores con la severidad debida es que se llega a estos
resultados.
No se puede determinar claramente en que se falló pero estas
irregularidades están demostradas y ni los contralores internos del Banco, ni la
sindicatura ni las auditorías externas ni el propio Banco Central detectaron a tiempo
estas operaciones.
J) ASISTENCIA FINANCIERA CON PATRIMONIO NEGATIVO
Sin duda alguna, la discusión acerca de si el Banco Central asistió
financieramente al Banco Comercial teniendo este patrimonio negativo, ha sido uno de los
aspectos mas controvertidos de la actuación del Banco Central.
En primer lugar, debemos tener presente las normas que son la clave de
todas las discusiones posteriores sobre la asistencia a Banco en dificultad.
El objetivo de la modificación del Decreto-Ley Nº 15.322, propuesta en el año 1991 es limitar las
funciones de prestamista de última instancia del Banco Central.
Así es que tal norma, en la letra de sus ulteriores modificaciones,
expresa:
Artículo 36 (Préstamos de última instancia). El Banco
actuará como prestamista en casos extremos respecto de las instituciones de
intermediación financiera y en tal carácter, en los términos y condiciones que el
Directorio determine por unanimidad de sus miembros podrá comprar, vender, descontar y
redescontar a las instituciones de intermediación financiera:
a) Letras de cambio, vales y pagarés girados o ejecutadas con fines
comerciales, industriales o agrícolas que lleven dos o más firmas autorizadas, de las
cuales, por lo menos una sea la de una institución de intermediación financiera y que
venzan dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de su adquisición por el
Banco
b) Letras de Tesorería y otros valores emitidos o garantizados por el
Poder Ejecutivo, que formen parte de una emisión pública y que venzan dentro de los
trescientos sesenta y cinco días siguientes a la fecha de su adquisición por el Banco.
c) Valores emitidos por el Banco Central del Uruguay.
Las operaciones referidas en el literal A) deberán contar con la
garantía personal o real, de solvencia comprobada por parte del Banco asistido y no
podrán superar el monto de su patrimonio neto.
Artículo 37 (Adelantos de asistencia financiera).
Asimismo, y en igual carácter, el Banco podrá en las condiciones que en cada caso
determine el Directorio, conceder adelantos financieros a las instituciones de
intermediación financiera, por plazos no superiores a los noventa días, siempre que
ellos sean adecuadamente garantizados por:
a) Alguno de los instrumentos previstos en el artículo 36.
b) Por cualquier otro valor emitido o garantizado por el Poder
Ejecutivo y que forma parte de una emisión pública.
c) Certificados de depósito y documentos de títulos emitidos con
respecto a productos básicos y otros bienes debidamente asegurados.
d) Tendencia de los activos que el Banco puede legítimamente comprar,
vender o negociar conforme al literal D) del artículo 27 de la presente ley.
Será de aplicación lo dispuesto en el inciso final del artículo
anterior, en todos los casos, excluyendo los adelantos con garantía de valores
estatales".
El Poder Legislativo, en ocasión del estudio del proyecto de Carta
Orgánica del Banco Central, limitó aún más la propuesta original del Poder Ejecutivo.
El entonces diputado Alejandro Atchugarry, como miembro informante,
tuvo una activa participación en el trámite legislativo, aumentando las restricciones
del Banco Central para actuar como prestamista de última instancia. Lo que demuestra una
vez más que las normas están y se perfeccionan permanentemente con el correr de los
años y sobre todo cuando acontecen estas crisis, las que muchas
veces son superadas por la realidad y los que fallan son los hombres que aplican dichas
normas. No es tanto un problema de falta de las mismas, sino de su correcta aplicación.
Para conocer el episodio de la asistencia financiera a los Bancos, es
necesario tener presente la normativa y es por eso que hicimos una transcripción total de
los artículos 36 y 37 de la Carta Orgánica del Banco Central, que fueron la piedra del
escándalo, a nivel de su Directorio, de sus propios servicios, como así también de
nuestra Comisión.
En primer lugar debemos tener en cuenta la inspección que realiza el
Equipo 8 del Banco Central en el mes de febrero del año 2002, del mismo surge un somero
estudio sobre la situación del Banco Comercial, su estado financiero y patrimonial,
observando con total precisión la situación del mismo y las eventuales consecuencias a
las que estaba sujeto.
Dicho expediente ha sido el hilo conductor del cuestionamiento de si
fue asistido correctamente o no el Banco Comercial. Es por eso que perfectamente podemos
titular este episodio como "La Odisea 9855" , haciendo referencia al número del
expediente de este acto inspectivo, en el cual, -permítasenos confirmar una vez más-, se
constata el cambio de actitud del organismo de contralor (BCU) sobre el Banco Comercial.
Del mismo surgen los análisis técnicos del grupo inspectivo
Nº 8 a cargo de la Cra. Giselle Itté, que describiremos, y el cual se transforma
también en algo demostrativo de lo que pasa en el Banco Central, en lo positivo y en lo
negativo; porque detrás de los folios que aparecen y desaparecen, hay una realidad que
queda aquí a flor de piel, que demuestra las carencias de nuestro sistema financiero,
frágil y expuesto; con evidentes ausencias de mecanismos para encarar la situación de
Bancos en dificultades, lo que será objeto de nuestras conclusiones.
El 17 de enero del año 2002, el Banco Comercial presentó su
información referida al 31 de diciembre del año 2001. En ese entonces no había
problemas con su responsabilidad patrimonial. Debido a los hechos de pública notoriedad
protagonizados por los hermanos Rohm, el Directorio del Banco Central nombra una Comisión
Investigadora con fecha 30 de enero de 2002. Esta Comisión realizó un primer informe el
día 2 de febrero, donde se muestran los impactos en el balance al 31 de enero de 2001, de
determinados hechos que ya describimos anteriormente.
El 6 de febrero de 2002, los Cres. Crosta y Stevenazzi, a solicitud del
Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera, elaboran un memorando
sobre el cumplimiento de la responsabilidad patrimonial neta al 31 de diciembre de 2001,
habiendo otro igual del 8 de febrero, con correcciones. Luego surge otro informe y aquí
es donde los Cres. Porro y Olivero le piden al cuerpo inspectivo que elaboren un único
informe con todos estos datos compilados.
El día 5 de abril, los contadores del Banco Central finalizan el
referido informe, el cual se aprueba y se eleva al superior inmediato, Cr. Carlos Olivero.
Después de unos días de estudio lo informa con fecha 9 de abril, llegando a manos del ex
Superintendente el día 15 de abril. Éste lo estudia y lo eleva a través de la
Secretaría al Directorio.
Hasta aquí no hay dudas. Lo que surge después es toda una novela
sobre el trámite del expediente, el faltante del folio 41 y el conocimiento extraoficial
de por lo menos dos ex Directores y el desconocimiento del ex Presidente del Banco
Central, Cr. Cesar Rodríguez Batlle.
K) LA DESAPARICIÓN DEL FOLIO 41
Consultado los diferentes actores que intervinieron en la conformación
del expediente Nº 9855 surge claramente la poca seguridad de los procedimientos
administrativos, incluso el reconocimiento por parte del actual Secretario General del
Banco Central de la existencia de cierto "desorden administrativo".
Se entrega el expediente con una foliatura determinada. Cuando en la
Secretaría es recibido por el funcionario Lacavalla, este "nota la diferencia, hace
la salvedad y deja la constancia" bajo su firma.
Se constata que falta un folio, se enmienda procediéndose de acuerdo
al artículo 50 del Decreto 500/91, testando el siguiente, y colocando la foliatura
que corresponde, dejando constancia de ello con su firma.
Pero, en este caso, lo que hubo en realidad fue un desglose
(artículo 54, Dto. 500/91). Se debería haber dejado constancia en el expediente,
colocándose una hoja en el lugar que debía ocupar la actuación desglosada, poniéndose
la misma foliatura de la actuación que se separa sin alterar el expediente.
Lo que hubo fue una alteración del expediente, por lo que corresponde
una investigación para detectar a los responsables.
De acuerdo a todo lo sucedido en el sistema financiero, la falta de un
folio es algo de menor entidad, pero demostrativo, porque por la
alteración de este documento no se podría deducir la responsabilidad del jerarca en las
actuaciones, lo que confirma en cierta forma un desorden administrativo que cobra
relevancia a la luz de los hechos a consideración.
L) INFORME UNIDAD DE ANÁLISIS INSPECTORES Nro. 8
De acuerdo a lo solicitado por la superioridad, se analiza la
situación financiera y patrimonial del Banco Comercial S.A. y se informa sobre la
necesidad de fondos para atender su crítica situación.
Se analiza la situación patrimonial del Banco al 31 de diciembre de
2001 y en el mismo se hace un fundado análisis, a saber:
Situación Patrimonial al 31/12/01
"La Responsabilidad Patrimonial Neta al 31/12/01 presentada
por Banco Comercial S.A. y convertida por esta Unidad a dólares americanos, se compone
de:
?
Patrimonio Neto
Esencial US$ 135,7 millones
?
Patrimonio Neto
Complementario US$ 51,0 millones
Obligaciones Subordinadas
US$ 30,0 millones
Previsiones Generales US$ 5,7 millones
Ganancia del Ejercicio US$ 15,3 millones
Responsabilidad
Patrimonial Neta US$ 186,7 millones
La Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima determinada en función
de los Activos ponderados por su riesgo al 31.12.01 presentada por el Banco, es de
US$ 172,9 millones.
En base a las actuaciones practicadas hasta el momento, se ha podido
estimar un conjunto de ajustes que afectan el resultado del ejercicio del período
01.01.01 – 31.12.01.
Es así que, a la ganancia del ejercicio informada por el Banco en su
balance al 31.12.01 que convertida a dólares americanos asciende a 30,5 millones de
dólares, se le deducirán los siguientes conceptos:
- el faltante de valores públicos y
privados -propios y de terceros- por un mínimo de US$ 188,3 millones, el cual es
primario y solo podrá ser considerado definitivo una vez que se obtengan determinadas
confirmaciones por parte del Banco Central de la República Argentina.
- la constitución de previsiones para
deudores incobrables por 8,9 millones de dólares que surge de neutralizar el resultado de
la rescisión anticipada de los contratos de cobertura (Resolución del Directorio
D/37/2002),
- la asunción de activos por US$ 40,6
millones y pasivos por 104,3 millones de dólares de Comercial Investment N.V.Curazao, de
la cual surge una pérdida eventual de US$ 63,7 millones. La misma responde a la
incertidumbre sobre la existencia de Treasury Strips, propiedad de esta empresa que a la
fecha Banco Comercial no ha solicitado su traslado desde Saint Louis Financial and
Investment Co. Ltd de Panamá a otro agente custodia por 58,9 millones de dólares y el
resto (4,8 millones) a la diferencia de valuación de los Bonos Global 2017 presentados al
canje.
1. Activos de Comercial Investment N:V: Curazao: Depósitos
en ING Amsterdam US$ 16,9 millones; Participación en Banco General de Negocios
– Floating Rate Note – US$ 2,5 millones; préstamo a Derika Investment N:V:
Curazao US$ 7,5 millones; Valores Públicos Argentinos presentados al canje
–valuados de acuerdo a Res. D/1/2002- US$ 13,7 millones.
2. Pasivo de Comercial Investment N:V: Curazao: Depósitos por
US$ 104,3 millones por depósitos tomados
El Sr. Ignacio
Llambías –Gerente de Banca Mayorista- gestionaba una cartera total de 210 millones
de dólares, la cual representa el 16,25% del total de riesgos con el sector no
financiero. Se realizó un estudio del tramo de esta cartera que a priori se consideró
más irregular, el cual asciende a 80 millones de dólares. De dicho estudio surge que su
recuperación es incierta y correspondería, a nuestro juicio, efectuar previsiones por
aproximadamente 66,2 millones de dólares.
La Responsabilidad Patrimonial Neta ajustada al 31.12.01 de
Banco Comercial S.A. se compone de la siguiente manera:
Patrimonio Neto
Esencial US$ 135,7 millones
Patrimonio Neto
Complementario US$ (261,0)
millones
Obligaciones Subordinadas US$ 30,0 millones
Previsiones Generales US$ 5,7 millones
Pérdida del Ejercicio US$(296,7)millones
Responsabilidad
Patrimonial Neta ajustada US$ 125,3 millones
La Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima ajustada determinada en
función de los Activos de la Institución, es de US$ 159,9 millones. Por lo tanto,
surge un déficit patrimonial al 31.12.01 de US$ 285,2 millones".
Además se estudia: a) adelantos irrevocables a cuenta de integraciones
de capital, b) situación patrimonial considerando los aportes de capital al 31 de marzo
de 2002, c) adelantos de asistencia financiera, d) seguimiento de la liquidez al 1º de
abril de 2002. En éste último capítulo se informa de que a partir del 19 de febrero de
2002 se comienzan a realizar reuniones diarias con el ex Superintendente y personal
superior del Banco Comercial, la última reunión fue el 1º de abril de 2002. Estas
reuniones se informan en expedientes, pero es importante tenerlas en cuenta porque motivan
el interés de la superioridad y son generadoras de controversias sobre la información o
no de la situación del Banco Comercial, que tienen los Directores para resoluciones
inmediatas.
Como conclusión final este grupo de trabajo establece que el déficit
de Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima al 31/3/02 asciende a US$ 153,3 millones,
por lo que el Banco Comercial S.A. deberá presentar el Plan de Regularización
Patrimonial.
Informe Cr. Carlos Olivero
Surge del informe del Cr. Carlos Olivero, que el Banco Comercial
presentó el 14 de enero de 2002 un plan de adecuación a las relaciones técnicas
afectadas por la operativa canje de valores públicos argentinos. Por nota del 24 de enero
se solicitó la presentación de determinadas informaciones antes del día 31 de enero y
por resoluciones de 25 y 28 de febrero, se le concedió una prórroga indeterminada, hasta
contar con las cifras por las que fue afectado el Banco por la situación argentina.
Concluye el Cr. Olivero en un proyecto de resolución que dice:
"1. Requerir a Banco Comercial S.A. la reformulación de sus
estados contables al 31 de diciembre de 2001 conjuntamente con la presentación de la
información a que refiere el artículo 335 de la Recopilación de Normas de
Regulación y Control del Sistema Financiero correspondientes al ejercicio en curso y el
plan de regularización patrimonial a que refiere el artículo 335.1 de la citada
Recopilación, así como los de adecuación a las relaciones técnicas requeridas por las
normas Bancocentralistas.
2. Requerir a Banco Comercial S.A. la presentación de un Plan
Estratégico que le permita hacer frente a las obligaciones asumidas y retomar la marcha
normal de sus negocios".
Cr. Fernández Becchino
Manifiesta en la Comisión estar de acuerdo con el proyecto del Cr.
Olivero ya que sin desconocer la opinión de los técnicos para conocer la situación
patrimonial del Banco Comercial, era necesario conocer el balance auditado que no estaba
entregado en ese momento. Dice textualmente el Cr. Fernández Becchino el 6 de febrero en
la Comisión, Pág. 57 versión taquigráfica: "Ese documento es excelente, los
muchachos son excelentes, pero es una pata de la cama".
Cra. Rosario Medero
La Cra. Rosario Medero manifiesta claramente en la Comisión, la que
fue su posición en el seno del Directorio del Banco Central (Acta 2376, 8) Se adjunta
documento en Anexo 9), su permanente negativa de votar la asistencia al Banco, por lo
que establecen los artículos. 36 y 37 de la Carta Orgánica del Banco Central, ya que el
Banco Comercial carecía de patrimonio positivo. (Páginas 6 y 7 versión taquigráfica de
9/12/02).
Dice textualmente la Cra. Medero: "..la asistencia que yo
aprobé fue la compra de títulos y valores -de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 27 de la Carta Orgánica-, y un crédito con garantía prendaria
–artículo26- por US$ 33: millones de dólares todo antes de la firma del
convenio. No es verdad lo que el Cr. Rodríguez declaró en la Comisión de Hacienda de la
Cámara de Senadores el 4 de abril, cuando dijo que había aprobado el 50% de la
asistencia. Tampoco es verdad lo que dijo respecto a la capitalización. En realidad, el
convenio no capitalizó al Banco Comercial, simplemente le prestaron plata y tiene que
registrarse como pasivo. También me opuse a diversos maquillajes que se hicieron en los
balances del Banco Comercial, Actas Nros. 2386 y 2391, por tratar de que
el Banco Comercial tuviera patrimonio positivo y poderles prestar plata, maquillaban el
balance activando pérdidas. ¿cómo se activan pérdidas? Tomaron US$ 55:000.000 que
eran créditos incobrables vinculados con el Grupo Rohm y en vez de ponerlo como pérdidas
quedaron en el activo. Tenía un informe contrario de los servicios".
Dra. Eva Holz
La Dra. Holz sostuvo que las soluciones adoptadas buscaron
"mejorar la situación y mitigar los impactos negativos". En cuanto a la
información que el BCU tenía sobre el Banco Comercial, ella indica que el patrimonio era
"fuertemente
positivo". En lo que respecta a los diversos expedientes, manifiesta que "existía
dificultad para obtener información completa y confiable". No obstante estas
afirmaciones, corresponde señalar lo manifestado por el Cr. Alfredo Porro, quien en el
seno de la Comisión expresa (acta 1608, de 3 de febrero de 2003): " .yo le dije
(a la Dra. Holz) que se estaba procesando un informe sobre responsabilidad patrimonial del
Banco Comercial. Entonces me pidió que le proporcionara una copia de ese informe. Se
trata de un informe preliminar; (..) Entonces, ese informe se entregó a la Dra. Eva Holz
quien lo leyó y después citó a la Cra. Itte y a quien habla para comentarlo".
En cuanto a una nota enviada por el Banco Comercial con fecha 17 de
abril, firmada por su Presidente, Henry Frederich, la Dra. Holz entiende que: "no
dice que el Banco tiene un patrimonio negativo", sino que expresa que
"tiene en ese momento situación de insuficiencia de responsabilidad patrimonial
neta, que no es igual a decir que el patrimonio es negativo".
Cr. César Rodríguez Batlle
El Cr. César Rodríguez Batlle en todo momento –surge de todas
sus comparecencias-, manifiesta que nunca vio estos informes que se compendian en el
expediente 9855. En lo que respecta al patrimonio del Banco Comercial, dice Rodríguez
Batlle: ".. que la información disponible era un informe del 8 de febrero que
establecía un patrimonio levemente positivo al 31 de diciembre. Eso lo establece en 2
millones de dólares. Después hay un informe del 4 de febrero, se refiere a US$ 28
millones de dólares, ya lo cambia con posterioridad. Después tenemos el informe del 8 de
marzo que da el Superintendente sobre los US$ 33 millones de dólares. Lo tenemos en
ese momento porque el 1º de marzo se había completado la capitalización. Y tenemos que
el 29 de abril el Banco Comercial solicita un plan de adecuación de sesenta meses y sobre
la base de esta información hay un informe de la Superintendencia que estima el
patrimonio en US$ 80 millones de dólares".
En una posterior comparecencia, el 21 de julio de 2003, el Cr.
Rodríguez Batlle expresa: "Entonces decir que se asistió con patrimonio negativo
es faltar a la verdad, perjudicar el honor, perjudicar los nombres, perjudicar la acción
del Banco, que podrá ser buena o mala, criticable o no, pero no ilegal; no hay ningún
elemento como para señalar la ilegalidad. Y yo ya he hecho referencia a otros expedientes
que aparecen más adelante, en los que se establece que el 31 de marzo había un
patrimonio positivo de US$ 80 millones de dólares. Quiere decir que en ningún
momento hay un expediente, porque aun en el mismo expediente sobre el que esta Comisión
hizo hincapié –el famoso expediente 9855, aun en la supuesta elevación del señor
Fernández Becchino-; tampoco se estaba aceptando que el patrimonio era negativo, sino que
lo único que se estaba pidiendo, que se estaba reclamando, eran los balances auditados al
Banco Comercial."
Cargos Diferidos
Antes de concluir, es relevante hacer referencia a la significación
que reviste la cuenta o rubro "cargos diferidos" en el balance de una
institución financiera; ya que el valor contable de este rubro, se torna relevante al
momento de la adopción de posición en relación a la determinación de su patrimonio
neto.
Cuando una institución financiera registra pérdidas importantes en un
ejercicio económico, el BCU puede habilitar a esa empresa a que difiera dicha pérdida en
más de un ejercicio. Contablemente se refleja esta situación en una cuenta de activo
denominada "cargos diferidos", que disminuirá anualmente (dependiendo del
período aprobado) hasta tener valor cero, esto es, cuando se haya absorbido la totalidad
de las pérdidas.
Es de recibo activar en la cuenta "cargos diferidos" en tanto
se considere que estos permitirán lograr ingresos futuros para la institución. Este es
el criterio técnico sostenido por los servicios especializados del Banco Central.
Conclusión
Todo este episodio hace a la asistencia del Banco Central al Banco
Comercial, la que duró algo más de dos meses. Desde la primera asistencia con fecha 20
de febrero de 2002 hasta el 25 de abril de 2002, fecha a partir de la cual, en función de
las condiciones por las que el Banco Comercial venía atravesando, cesó la misma.
Si bien el saldo neto de la asistencia otorgada por el Banco Central
del Uruguay al Banco Comercial fue de 20 millones de dólares, no debe perderse de vista
que, el monto máximo de asistencia (día 24 de abril de 2002), se situó en 75.9 millones
de dólares.
Asimismo, y en relación a la asistencia del
Banco Central al Banco Comercial, tampoco puede dejar de observarse que el plazo otorgado
por el Banco Central a dicha institución para el reintegro de la asistencia no se ajustó
a lo prescripto por el artículo 37 de la Carta Orgánica.
No obstante, la asistencia, por parte del Banco Central y del
Ministerio de Economía y Finanzas continuó mediante los saldos en descubierto, la
utilización de líneas de créditos del Banco Interamericano para el Desarrollo, y
aportes del Estado central. (anexo 34).
La asistencia otorgada por el Banco Central, en definitiva, fue
solamente una de las vías adoptadas por el Poder Ejecutivo, de acuerdo a su política de
mantener el sistema financiero en funcionamiento.
Lo analizado trata de dejar bien en claro todas las posiciones sobre
este episodio de la asistencia al Banco Comercial, por parte del Banco Central. Nuestra
opinión sobre estos hechos forma parte de la conclusión final, no obstante cabe
preguntarse: ¿si se hubiera cerrado el Banco Comercial a tiempo, no nos hubiéramos
evitado males mayores?
De esto es cierto que nadie en ningún momento lo dijo públicamente,
pero es una lección que tendremos que aprender: si alguna vez vuelve a suceder algo
parecido, hay que enfrentar y liquidar a los Bancos en problemas.
M) BANCOS DE MONTEVIDEO S.A.- CAJA OBRERA S.A.
1 - VENTA BANCO CAJA OBRERA S.A.
Uno de los elementos que parece interesante analizar en primer lugar,
es el referido a la venta del paquete accionario del Banco Caja Obrera S.A.
Como es por demás conocido, esta institución era desde hacía 14
años gestionada por el Estado. El Banco, cuyos accionistas mayoritarios eran, desde el
año 1989 la Corporación Nacional para el Desarrollo (80%) y el Banco de la República
Oriental del Uruguay (19,83%), gozaba de ciertos privilegios, en función de las
instrucciones particulares establecidas por el Banco Central, dirigidas fundamentalmente a
permitir el funcionamiento de la institución. Cabe señalar, a modo de ejemplo, la no
aplicación de sanciones por incumplimiento de las exigencias sobre responsabilidad
patrimonial neta mínima; integración del encaje real en moneda extranjera con Letras de
Tesorería en dólares y certificados de depósito del Banco Central; límites especiales
para las distintas relaciones técnicas; y otras consideraciones.
A junio de 2001, el Banco Caja Obrera S.A. registraba una fuerte
presencia en el interior del país, situándose el mayor porcentaje de sus colocaciones en
el sector agropecuario (37%), mientras que las destinadas al sector industrial y comercial
se situaban en el entorno del 22% y 21% respectivamente.
Por resolución de 29 de junio de 2000, el Directorio del Banco Central
del Uruguay dispuso realizar un llamado a expresiones de interés para la adquisición del
99,83% del capital accionario del Banco la Caja Obrera, el 0,17% restante era propiedad de
una multiplicidad de personas físicas y otras personas jurídicas.
De esta forma comienza el proceso dirigido a efectivizar la política
del Poder Ejecutivo de desprenderse de los Bancos gestionados, habiéndolo incluso así
expresado el señor Presidente de la República en su discurso de asunción de 1º de
marzo de 2000.
Es importante clarificar estos hechos a los efectos de entender mejor
las posiciones que se toman por parte de los actores públicos.
A los efectos de proceder a la venta del Banco Caja Obrera - proceso de
venta en el que de ninguna manera interviene el Directorio de dicha institución- se
conforma una comisión integrada con representantes del Banco Central del Uruguay, del
Ministerio de Economía y Finanzas y de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Esta
Comisión procede a realizar todas las acciones conducentes al objetivo deseado, y es así
que procede confeccionar el Pliego de Condiciones que regiría el llamado; a estudiar las
ofertas de los Bancos precalificados, y todos los otros aspectos relacionados con el
proceso de venta. El pliego definitivo de condiciones es aprobado por resolución del
Directorio del Banco Central del Uruguay de fecha 20 de noviembre de 2000 (Rs.
D/557/2000).
Para no extendernos demasiado en los detalles del procedimiento llevado
adelante, cabe señalar que, de las instituciones precalificadas, finalmente dos presentan
ofertas a los efectos de la adquisición del Banco Caja Obrera: el Banco Unione de
Crédito de Lugano y el Banco de Montevideo S.A.
De acuerdo al procedimiento adoptado a los efectos por el Banco
Central, los Bancos debían presentar dos sobres: el sobre Nº 1 donde los oferentes
debían necesariamente acreditar determinados extremos relacionados con la institución
interesada, así como otros relacionados con el plan de funcionamiento de la institución
a adquirir. El segundo sobre debía solamente contener el precio ofrecido por las acciones
en venta.
Según surge de la documentación obrante en
poder de la Comisión Investigadora, primero se analizan los sobres Nº 1 de las dos
instituciones precalificadas (Banco Unione de Credito de Lugano; y Banco de Montevideo
S.A.), los que presentan en sus ofertas elementos que no estaban previstos en el Pliego.
Habiéndose dado vista de las actuaciones a los oferentes, el Banco
Unione de Crédito de Lugano mantiene su posición original, haciéndolo constar así en
el escrito de evacuación de la vista (de fecha 9 de mayo de 2001). Esta ultima, con fecha
15 de mayo de 2001, ratifica su dictamen original de rechazo de la propuesta de Banco
Unione de Credito Lugano, y aconseja "declarar que la oferta de Banco de
Montevideo S.A., se encuentra habilitada para pasar a la segunda etapa de este
procedimiento, disponiéndose la apertura de su sobre Nº 2".
Elevado por el Superintendente de Instituciones Financieras el
dictamen de la Comisión Asesora a consideración del Directorio del Banco Central, éste
resuelve darse por enterado y proceder según lo aconsejado por aquella.
Se procede entonces a la apertura del sobre Nº 2, formalizándose
la oferta del Banco de Montevideo S.A. por la compra del 99,83% del paquete accionario del
Banco la Caja Obrera S.A., siendo el precio ofrecido de US$ 5:100.000. Acompañando
el precio, el Banco de Montevideo S.A. agrega una serie de condiciones tales como la
obtención de un préstamo de US$ 18 millones de dólares a efectuarse por los
vendedores, determinadas exoneraciones impositivas, traspaso de activos, de riesgos no
estratégicos, la transferencia a COFAC de activos- pasivos y personal, capitalizaciones,
etcétera.
Esto es lo que contiene el sobre Nº 2 de la oferta de Banco de
Montevideo S.A., que, a tenor de lo establecido por el Pliego de Condiciones , (Sección
IV, Nral. 1, inc. 3º). debía expresar únicamente el precio ofrecido por el 99,83% del
paquete accionario del Banco Caja Obrera S.A. "En el segundo sobre se expresará
únicamente el precio ofrecido por el 99,83% del paquete accionario, que deberá ser un
valor al contando expresado en dólares de los Estados Unidos de América".
Advertida la Comisión de Adjudicaciones de que conjuntamente con
el precio, el oferente había incluido diversos planteamientos que no correspondería
tener en cuenta, en su dictamen de 19 de junio de 2001, expresa que "la oferta puede
considerarse aceptable, en la medida que se prescinda de los precitados aspectos que la
condicionan".
Lo que considera es que estas condiciones deben tenerse como no
formuladas, cambiando una oferta inaceptable por otra admisible.
Resulta por lo tanto lógico suponer que debería haberse
analizado si el contenido del sobre Nº 2 presentado por el Banco de Montevideo S.A.
constituía o no un apartamiento al pliego de condiciones que reguló el llamado. Y por
ende, es razonable dudar si todo lo actuado, en definitiva, no terminó modificando la
oferta original del sobre Nº 2, en la etapa que tuvo como único participante al
Banco Montevideo.
Con respecto a la actuación de la Comisión Asesora surgen dudas en
tanto parece claro que la misma, al realizar el análisis de las ofertas, utiliza
criterios disímiles en el tratamiento de los oferentes. Por un lado propone el rechazo de
una oferta porque algunas propuestas contenidas no fueran previstas por el Pliego, (cuando
respecto a los particulares rige el principio de libertad), y en el otro caso acepta un
apartamiento claro en la oferta, sugiriendo aceptarla para la segunda etapa. La Comisión
Asesora procedió a la apertura del segundo sobre tan solo de la oferta del Banco de
Montevideo. En él encuentra una serie de apartamientos al Pliego, que soslaya afirmando
que solo considerará los aspectos que el propio pliego permite. Los otros "se
tendrán por no formulados".
Sin perjuicio de las consideraciones que nos merecen los procedimientos
cumplidos por la Comisión Asesora, como asimismo acerca de la institución que se
terminó quedando con el Banco Caja Obrera, conviene detenerse un momento para analizar el
significado que esta operación tiene en especial para el Banco de la República Oriental
del Uruguay, institución que todos queremos como instrumento sólido de fomento de
nuestro país productivo, y a la que, en definitiva, lo que se hizo fue conferirle mayores
responsabilidades y obligaciones.
El BROU percibe a cambio del 19,83% de las acciones del Banco Caja
Obrera S.A. que vende, la suma de US$ 522.499 (tomando el porcentaje en el neto del
precio de venta pactado menos lo que el BROU debe devolver al adquirente por exigencia del
contrato).
El BROU se hace cargo de la incorporación de varias decenas de
empleados del Banco la Caja Obrera. Esta exigencia parece realmente un contrasentido,
teniendo en cuenta que una de las políticas de reducción de costos que ha seguido el
BROU ha sido la de pagar mucho dinero en incentivos para obtener
el retiro de funcionarios y así adecuarse a las exigencias de la competencia.
No obstante el BROU no asume obligaciones patrimoniales ya que las
mismas son asumidas por el Banco Central del Uruguay como lo indica en la Resolución
D/390/2001. Se adjunta Documento en anexo 10.
Estas son situaciones que debemos señalar, sin perjuicio claro está
de indicar nuestro punto de vista sobre el procedimiento de venta del paquete accionario
del Banco Caja Obrera S.A.
Por resolución de Directorio del Banco Central del Uruguay, R/422/2001
se adjudica el 99,83% del paquete accionario al Banco de Montevideo. Se adjunta
documento en anexo 11. Con fecha 27 de noviembre de 2001, el Directorio del Banco
Central autoriza la adquisición, indica como registrar la operación e instruye otras
acciones. Se adjunta documento en anexo 12.
Una vez culminado el proceso, con fecha 3 de diciembre de 2001, el
Banco de Montevideo S.A. toma posesión del Banco la Caja Obrera S.A., y en ese momento se
producen los consiguientes cambios en la dirección de la institución, pasando el grupo
económico propietario del Banco de Montevideo a conducirla. Es por demás ilustrativa la
integración del nuevo Directorio: la Presidencia del Banco La Caja Obrera S.A. queda a
cargo del señor Marcelo Guadalupe; la Vicepresidencia, del Cr. Dante Peirano, y la
Secretaría del Dr. Luis Muxi.
Asumidas las nuevas autoridades, inician los procedimientos tendentes a
la fusión de ambas instituciones.
Es bueno detenernos en este concepto, porque desde el punto de vista
jurídico y en los términos de la Ley
Nº 16.060, se intenta fusionar dos sociedades y comienza el proceso que
jurídicamente nunca se termina de concretar, pero sí se constituye una única dirección
de las actividades financieras de estas dos instituciones, la que quedó naturalmente en
manos del denominado "grupo Peirano".
Esto prueba que Banco de Montevideo S.A. y Banco Caja Obrera S.A., eran
entidades jurídicas distintas, y lo siguen siendo hasta hoy, porque la fusión proyectada
finalmente no se puede concretar desde el punto de vista formal, de acuerdo al marco
jurídico existente en nuestro país.
Es oportuno volver sobre la fecha en que se produce la toma de
posesión del Banco Caja Obrera por parte del "grupo Peirano", es decir,
diciembre de 2001, porque ya entonces, la importante participación del Grupo en el
mercado argentino y en la región determinaba que se estaba confiando una institución
financiera a un grupo económico que venía experimentando un fuerte aumento en sus
riesgos causado por el descalabro que estaba viviendo la República Argentina.
2 - ACTUACIÓN CONJUNTA DE LOS BANCOS MONTEVIDEO Y CAJA OBRERA
De aquí en más no surgen dudas sobre el proceder del grupo económico
que adquiere el Banco Caja Obrera, sobre todo en los seis meses que transcurren desde la
toma de control de la institución hasta su intervención por el Banco Central.
Desde la resolución del 9 de junio de 2002 del Banco Central (Se
adjunta documento en Anexo 13 y Anexo 14), por la que se designan veedores en los
Bancos de Montevideo y Caja Obrera, se constatan una serie de irregularidades que se
venían realizando por sus propietarios, en el Banco de Montevideo y en el Banco Caja
Obrera, así lo manifestado por su interventor en la comisión el Cr. Jorge Xavier, que
motiva la presentación de la denuncia correspondiente el 28 de junio de 2002 en sede
penal, que más tarde fuera ampliada.
Dice el Cr. Jorge Xavier (páginas. 42- 43 versión taquigráfica de 18
de noviembre de 2002), "me gustaría referirme en forma genérica a lo que son los
volúmenes de disponibilidad del Banco; esto es, aquello que el Banco tiene en materia de
caja, más lo que tiene depositado en cuentas tanto sea en el Banco Central como en otras
instituciones financieras. Quiero decir que, por ejemplo, en todo el primer semestre del
año 2002, es decir, desde el 31 de diciembre de 2001 y el 30 de junio de 2002
–quizás el Cr. Briezuela puede aportar algunos datos-, las disponibilidades del
Banco La Caja Obrera cayeron en aproximadamente 7 millones de dólares. Los valores
públicos del Banco La Caja Obrera en ese período cayeron en aproximadamente 4 millones
de dólares, y en el mismo momento –creo que esto es el más fiel reflejo de la
enorme crisis que nuestro sistema financiero, en general, sufrió-, los retiros de
depósitos del sector no financiero, es decir, los depósitos que los particulares, las
empresas, hacen en el Banco La Caja Obrera, suman 130 millones de dólares. O sea que los
retiros de depósitos en el Banco La Caja Obrera en el primer semestre del año 2002 suman
130 millones de dólares. Uno puede decir que aproximadamente 20 millones de dólares
pasan a ser depósitos del sector financiero y, en consecuencia, en términos
gruesos, el Banco La Caja Obrera perdió en un semestre 110 millones de dólares".
"En el Banco Caja Obrera en concreto, en términos gruesos,
neteando lo que es el sector financiero y el no financiero, suma 110 millones de dólares,
esto es liquidez que el Banco la Caja obrera manejaba y que perdió...".
Para seguir con este análisis es conveniente detenernos en la versión
del Sr. Eduardo Villar, Operador de Cambio del Banco Caja Obrera, donde detalla una serie
de actos, que se producen con valores del Banco en garantía de operaciones del Banco de
Montevideo.
"Como forma de pago el Banco de Montevideo vende al Banco Caja
Obrera una serie de bonos. Estas operaciones se hacen a instancias de la Dirección de
Banco de Montevideo y como consecuencia se le resta liquidez al Banco Caja Obrera.
El Sr. Villar efectúa un análisis en donde se demuestra que el Banco
Caja Obrera al 21 de junio de 2002 (fecha de la intervención, Se adjunta documento en
Anexo 15) "no necesitaba asistencia, porque con los activos remanentes a esa
fecha el Banco estaba en condiciones de pagar los depósitos que tenía, cumplir con los
encajes y todavía tenía un excedente".
Para terminar es bueno confrontar las pérdidas de liquidez que tiene
el Banco Montevideo y Bco. Caja Obrera en igual período. El Banco Montevideo cierra el
ejercicio 2001 con 110 millones de dólares entre dinero disponible y valores públicos y
al cierre de junio de 2002 tiene 32 millones de dólares, el Banco Caja Obrera entre
dinero disponible y valores públicos al cierre del ejercicio llega aproximadamente a 71
millones de dólares, 6 meses después la suma es de 60 millones de dólares, la pérdida fue de
US$ 11 millones de dólares siendo menor que la pérdida del Banco Montevideo.
A nivel de depósitos, el Banco La Caja Obrera perdió 110 millones de
dólares en números netos y el Banco Montevideo perdió 190 millones de dólares, ambos
en igual período, (6 meses).
La primera asistencia financiera a estas instituciones se hace el 17 de
mayo de 2002.
Hemos aportado dos versiones y sus fundamentos, parece claro que la
compra del Banco Caja Obrera por parte del Grupo Peirano perjudicó a esta institución
desde el punto de vista de su situación de liquidez, contribuyendo también a menguar la
confianza de sus clientes y la reducción de sus depósitos.
3 - BANCO DE MONTEVIDEO S.A.
A mediados del mes de febrero de 2002, los servicios del Banco Central
comienzan a detectar incrementos importantes del riesgo en empresas vinculadas al grupo
Peirano. De esta forma, el equipo inspectivo asignado, va informando de las diferentes
actuaciones a la superioridad, detectando también ciertas irregularidades en la
formalidad de la documentación que podría llevar a dudas acerca de quienes eran los
obligados frente a la exigencias Bancocentralistas.
4 - INSPECCIÓN GRUPO 4
Todos estos riesgos que se comienzan a detectar se van incrementando
durante el año 2002. Esto se manifiesta en la Comisión y surge del cotejo de cifras en
los expedientes que eleva el Banco Central a la Comisión Investigadora.
Como resultado de estas actuaciones el 25 de febrero de 2002, el Banco
Central resuelve realizar una supervisión intensiva a esta institución. (Resolución
P16/2002, se adjunta documento en Anexo 16).
Para una mejor comprensión de la estructura y el funcionamiento del
"Grupo Peirano" adjuntamos esquema de la operativa (Se adjunta gráfica en
Anexo 17) donde se aprecia con claridad los colaterales del grupo económico y los
diferentes "brazos" que tiene en la región, vale decir en Argentina, Paraguay y
también en Panamá e Islas Caimán.
N) DETALLE DE ALGUNAS DE LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR EL GRUPO
PEIRANO
En la Comisión hay un reconocimiento, con datos muy detallados, por
parte del actual Presidente del Banco Central, Ec. Julio de Brun, ( pag 38 versión
taquigráfica del 2/12/02), donde se muestran las cifras importantes de créditos que las
empresas vinculadas a Banco de Montevideo mantienen al 31 de diciembre de 2001.
Dice de Brun: "básicamente al 31 de diciembre de 2001, el
endeudamiento con empresas vinculadas era del orden de los US$ 44:500.000 en el caso
del Banco Montevideo, las cuales estaban bastante dispersas entre las distintas empresas
vinculadas: TCB-que en ese momento correspondían solamente US$ 9:500.000, Velox-unos
US$ 11.800.000 y endeudamiento a título individual con alguna de las personas que
estaban en la dirección del Banco, como Juan Peirano y otras por el estilo que en ese
momento, andaban en el orden de los 6 millones de dólares", "para ilustración de que efectivamente, los problemas del Banco de Montevideo se
aceleran y se precipitan, en especial a partir de diciembre, enero y febrero de este año
(2002), podemos decir que el endeudamiento con empresas vinculadas al Banco de Montevideo
pasa de US$ 44:500.000 en diciembre de 2001 a US$ 81.600.000 en enero; esto se
explica básicamente por un aumento de US$ 9:500.000 a US$ 39:600.000 con TCB y
US$ 11:800.000 a US$ 20:600.000 con Velox".
Hemos cotejado estas cifras con la documentación enviada a la
Comisión, que verifican estas afirmaciones, pero nos pareció ilustrativo el
reconocimiento por parte de quien lo manifiesta, en atención a su jerarquía.
Ñ) CONCESIONES IRREGULARES DE CRÉDITOS
Se constatan créditos otorgados a personas físicas y jurídicas
vinculadas al grupo económico en forma irregular según exigencia del BCU para carpetas
de créditos. Se verifica la inexistencia de análisis previos a la concesión de
créditos; ausencia de información del deudor y de su capacidad de repago; inconsistencia
de los datos que surgen de las carpetas y créditos de volúmenes desmedidas en relación
a la capacidad económica del deudor y sus garantías; prestamos destinados a actividades
especulativas de alto riesgo; concentración de riesgo e incertidumbre sobre la
recuperabilidad de los créditos.
Para demostrar la ligereza con que se trataba un tema tan importante
como la concesión de créditos se muestra la evolución, en momentos críticos de la
crisis, del pasivo con las colaterales, se adjunta tabla en Anexo 35.
También vale la pena mostrar los documentos que servían de
respaldo para esta operativa por montos millonarios en dólares americanos; se adjunta
documento en Anexo 36.
0) ACTUACIÓN DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
Ante los hechos constatados por los servicios técnicos, el Directorio
del Banco Central, produce con fecha 7 de marzo de 2002, la resolución D/110/2002, Se
adjunta documento en Anexo 18, que establece:
que deberá "cesar de inmediato en la concesión de créditos
directos o contingentes y en incrementar por cualquier otra vía la asunción de riesgos
con respecto a personas físicas o jurídicas vinculadas" (al "grupo
Peirano") ;
la obligación de cancelar en el término de 30 días de los
créditos concedidos a Juan Peirano Basso; Trade and Commerce Bank; Velox Investment
Company; Banco Velox;
que el Banco de Montevideo deberá proceder a la "inmediata
recategorización (y consiguiente constitución de previsiones)" de determinados
deudores, "asignando las categorías de riesgo que se indican a continuación:
Sector no financiero Clasificación
Velox Investment Company 3
Juan Peirano Basso 2
Sector Financiero
Trade and Commerce Bank 2
Banco Velox 2
que deberá informar antes del 12 de marzo de 2002 a la
Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, para su previa
aprobación, cuáles serían las "medidas a adoptar para recomponer, en un plazo que
no se extienda mas allá de 90 días la situación patrimonial existente con anterioridad
a la concesión de los créditos otorgados a los deudores a que hace referencia el punto
anterior, dado el efecto negativo que sobre el patrimonio provoca la constitución de las
previsiones resultantes de la recategorización ordenada".
Esta resolución del Directorio del Banco Central es realmente dura y
exigente, determinando claramente lo que el Banco Montevideo debe hacer para recomponer su
patrimonio, imponiendo para ello un plazo nítidamente acotado en el tiempo.
A partir de esta resolución que –cabe reiterar- se puede
calificar de dura, comienza un largo periplo con el objeto de que el grupo Peirano se
ajuste a la misma.
P) TRANSFERENCIAS AL TRADE AND COMMERCE BANK (TCB)
Mientras suceden estos hechos y mientras el grupo ofrece bienes en
garantía y asume el compromiso para determinados cumplimientos, el endeudamiento del
grupo con el Banco de Montevideo pasa de 81 millones de dólares a 146 millones de
dólares.
Esto se explica por un crecimiento de 39 millones de dólares a 93
millones de dólares de posicionamiento con el TCB.
A partir de ese momento el endeudamiento del
grupo mantiene una tendencia creciente, que se acelera hacia el 30 de mayo de 2002, que se
fundamenta principalmente por un aumento de US$ 113:400.000 a 140 millones de
dólares en el TCB.
Cuando se están llevando a cabo estas negociaciones, el grupo aumenta
las transferencias hacia el TCB. Si llevamos un estudio en paralelo desde la resolución
del 7 de marzo de 2001, vemos que la asistencia al TCB, va en aumento, de 94 millones de
dólares el 8 de marzo, pasa a 100 millones de dólares el 4 de abril y se sigue
incrementando.
I) Resolución 199/2002
En este período el Directorio del Banco Central toma otra resolución,
la D/199/2002, de fecha 25 de abril de 2002, Se adjunta documento en Anexo 19) que
establece:
reiterar el requerimiento del ingreso de 45 millones de dólares
antes del 15 de mayo de 2002 destinados a cancelar totalmente las obligaciones del señor
Juan Peirano Basso y Velox Investment Company, y parcialmente las contraídas por Trade
and Commerce Bank.
que no es de recibo para el Banco Central del Uruguay la dación en
pago del 100% del paquete accionario de Banco Velox S.A. y Banco Alemán Paraguayo S.A..
que el Banco de Montevideo S.A. "constituya en el término
máximo de sesenta días a partir de la notificación de la presente resolución
garantías reales hipotecables y prendarias en cantidad suficiente que permita respaldar
la deuda mantenida por Trade and Commerce Bank ".
Que el Banco de Montevideo S.A. "no podrá a proceder a la
cancelación de ninguna de las garantías referidas (..) sin el previo consentimiento del
Banco Central del Uruguay".
Que el Banco Central del Uruguay "no se pronunciará sobre la
suspensión de la recategorización referida a Banco Velox S.A. y Trade and Commerce
Bank," hasta que no se hayan integrado los 45 millones de dólares (punto a) y
constituido las garantías requeridas en el punto c).
Que el Banco de Montevideo S.A. deberá "realizar los máximos
esfuerzos tendientes a la cancelación de las obligaciones de Banco Velox S.A.".
Que se otorga "a Trade and Commerce Bank un plazo improrrogable de
18 meses para que proceda a cancelar totalmente sus obligaciones con Banco de
Montevideo S.A. a cuyos efectos deberá presentar un cronograma de pagos...".
Que "Banco de Montevideo S.A. no podrá incrementar por ninguna
vía los créditos concedidos a las personas físicas o jurídicas mencionadas"
anteriormente; ni "proceder a la concesión de créditos directos o contingentes a
personas o entidades vinculadas"
A partir de la lectura de la transcripción de los aspectos
fundamentales de la resolución de 25 de abril, donde se concede un mayor plazo, se
percibe que es más contemplativa que la del 7 de marzo de 2002, la que ni siquiera es
ratificada.
Consultados los actores que tomaron la decisión en relación al tema,
manifiestan que el grupo Peirano mantenía voluntad de pago. Por nota de 9 de abril de
2002, Se adjunta documento en Anexo 20, el Banco de Montevideo había ofrecido en
garantía 15 propiedades y realizado una propuesta de capitalización. Aunque,
posteriormente, por nota de 23 de mayo, el Banco de Montevideo termina presentando 7
propiedades, las que son recibidas por el Esc. Castagnola con fecha 29 de mayo.
Uno de los fundamentos principales de la resolución de 25 de abril
radicaba en la lista de bienes con las que el grupo garantizaba la capitalización del
Banco de Montevideo. Esta nómina a la postre fue notablemente reducida, estimándose su
valor en 10 millones de dólares.
Es bueno recordar que la Superintendencia de aquel entonces otorga
plazo hasta el 15 de mayo de 2002 para aportar 45 millones de dólares, y que pide
suspender la recategorización de créditos.
El 3 de junio de 2002, el Banco Central exige a Banco de Montevideo la
integración de 50 millones de dólares, a lo que se responde que iba a aportar solamente
US$ 20 millones de dólares
El 9 de junio el Directorio del Banco Central del Uruguay adopta la
resolución D/322/2002, Se adjunta documento en Anexo 13, por la que se designa un
Veedor, con facultades de veto sobre operaciones del Banco de Montevideo S.A. relacionados
con Trade and Commerce Bank; Banco Velox, Velox Retail Holdings, Velox Investment Company,
Velox Real Estate, Banco Alemán Paraguayo, Financiera Guaraní,
Financiera Parapití, Indumex S.A. y cualquier "otra persona física o jurídica
vinculada en forma directa o indirecta a los propietarios o al personal superior de Banco
de Montevideo S.A. y Banco La Caja Obrera S.A.". Veedor al que debía, además,
informarse acerca de "toda operación por un equivalente o superior a
US$ 50.000.
Además, la resolución de referencia intimaba a Banco de Montevideo
S.A. a efectivizar un "aporte de capital por 25 millones de dólares"; presentar
un "plan de capitalización"; "intimar a Banco de Montevideo S.A. a que
exija al señor Ignacio Rospide la cancelación del sobregiro que mantiene en sus cuentas
a la vista", bajo pena que, de no hacerlo, el Banco debería constituir previsiones
por el 100% del citado sobregiro.
Con la misma fecha, 9 de junio de 2002, el Directorio del Banco Central
produce la resolución 323/2002, Se adjunta documento en Anexo 14,por la que
también designa una veeduría en el Banco La Caja Obrera S.A., en similares términos a
la referida anteriormente.
Analizados los informes diariamente producidos por los servicios
técnicos del Banco Central, se desprende que, las autoridades estatutarias del Banco de
Montevideo S.A. hicieron caso omiso a las instrucciones decretadas por el Banco Central. A
modo de ejemplo solamente, cabe reseñar que al 10 de junio, el sobregiro de Ignacio
Rospide era de más de seis millones de dólares; que al 13 de junio de 2002, el
incremento del sobregiro en Trade and Commerce Bank había sido de más de 2 millones de
dólares; que el 14 de junio de 2002, Banco de Montevideo S.A. pagó dos cheques por 57
mil dólares emitidos por el Cr Dante Peirano. Estos son meramente algunas de las muchas
situaciones que los funcionarios del Banco Central fueron detectando a lo largo de los
días. Estos ejemplos son demostrativos de la actitud de las autoridades del Banco de
Montevideo de hacer caso omiso a las resoluciones del Banco Central del Uruguay.
Por si esto fuera poco, es demostrativo lo que estaba sucediendo en el
Banco de Montevideo, con la presencia del veedor, designado el 9 de junio, ya que el mismo
manifiesta en la Comisión:
"El martes 11 de junio se realiza la primera de las operaciones
por parte del Contador Dante Peirano en Banco de Montevideo, quien me consultó y
formalmente le expresé mi opinión en contra de esa operación. Tengo la satisfacción de
decir que en esa circunstancia lo manifesté por escrito que esa operación no estaba
autorizada por esta veeduría. Aproximadamente a las cinco de la tarde del día 11 de
junio consulté saldos de las cuentas que se tenían que mover por esa operación y
resultó ser que ya se habían ejecutado. La explicación del Contador Dante Peirano fue:
Contador, usted sabe como son estas cosas, mas allá de que había pedido la autorización
de la veeduría, tiene vida propia, y cuando me enteré ya se había hecho".
Esto que se describe aquí era la forma de proceder del grupo
económico y ni la presencia del veedor logró modificar la manera en que se operaba.
Abonando un panorama desastroso, se recibió, con fecha 18 de junio de
2002,un lapidario informe de la auditoría externa de Banco de Montevideo, - que se
tendría que haber recibido en los primeros días de febrero de 2002, según
reglamentación vigente- donde se señala que los "estados contables examinados no
presentan razonablemente la situación patrimonial, los resultados de sus operaciones, de
conformidad a las normas contables y los criterios del evaluación y de clasificación de
riesgo dictadas por el Banco Central".
Finalmente, el 21 de junio, por resolución 350/2002, Se adjunta
documento en Anexo 15, el Banco Central dispone la intervención de los Bancos De
Montevideo S.A. y La Caja Obrera S.A., con desplazamiento de sus autoridades estatutarias.
La historia posterior es por todos conocida.
Lamentablemente, las actuaciones subsiguientes confirmaron que las
autoridades del Banco de Montevideo y del Banco La Caja Obrera habían tenido un
comportamiento que admite solamente la calificación de delictivo, y tal es así que,
instalada la Intervención, el Banco Central del Uruguay presenta denuncia penal el 28 de
junio de 2002, ante el juzgado competente.
Q) ¿EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY SE DEMORÓ EN INTERVENIR EL BANCO DE
MONTEVIDEO?
A la luz de los acontecimientos vividos en el año 2002 en el seno de
nuestro sistema financiero, y más específicamente en torno al Banco de Montevideo, cabe
razonablemente interrogarse acerca de si se demoró o no en adoptar la decisión de
intervenir la institución. Esa misma interrogante es formulada por el Semanario
"Búsqueda", al Ec. Fernando Barrán –actual Superintendente del Banco
Central-, con fecha 6 de febrero del 2003:
".. ¿Al Banco de Montevideo se le pidió
varias veces el año pasado que capitalizara y no lo hizo (.).?", el Dr Barrán,
entre otras apreciaciones. responde: ".. en el caso concreto del Banco de
Montevideo, se puede decir que quizás se esperó demasiado, porque el plan de adecuación
era impensable que se cumpliera y que la intervención debió de ser antes. Es un juego
muy difícil para el cual no hay manuales".
R) NOTAS REMITIDAS POR BANCOS DE MONTEVIDEO AL BANCO CENTRAL
Es bueno hacer mención a las notas presentadas por el grupo que
dirigía el Banco de Montevideo en respuesta a las exigencias del Banco Central:
Nota 22 de febrero de 2002, Se adjunta documento en Anexo 21,
se dirige al ex superintendente de instituciones de intermediación financiera,
contador Carlos Fernández Becchino, en donde se trata de justificar la sobre exposición
del grupo aduciendo problemas financieros debido a la salida de depósitos por la
situación del Banco Comercial, Banco Galicia y por la baja calificación en el riesgo
país. Aquí se dice: "...no afecta la estabilidad de la empresa no compromete su
liquidez ni solvencia.."; "..se espera en breve plazo precisar al Banco Central
la forma de concretar para cancelar un importe aproximado de entre 50 millones de dólares
y 80 millones de dólares, operación que esperamos se lleve a cabo en el lapso de treinta
días.." , firman la misma el contador Dante Peirano Basso y Marcelo Guadalupe.
Nota 7 de marzo 2002: Se adjunta documento en Anexo 22, el
grupo del Banco de Montevideo efectúa una serie de propuestas para completar aportes,
plan de amortización del TCB, solicitando autorización para integrar capital con las
acciones del Banco Velox de Argentina y Banco Alemán de Paraguay.
Nota de 11 de marzo 2002: Se adjunta documento en Anexo 23, se
reitera la voluntad del grupo de cumplir la capitalización del Banco de Montevideo
exigida por el Banco Central.
Nota 13 de marzo: Se adjunta documento en Anexo 24, se
presenta una extensa nota por parte del grupo, donde se plantea la intención nuevamente
de cumplir con la resolución dictada por el Directorio del Banco Central (D/110/2002) de
fecha 7 de marzo.
Nota fecha 15 de marzo: Se adjunta documento en Anexo 25, el
Banco de Montevideo propone la cancelación parcial de la deuda con TCB mediante la
entrega de acciones de su propiedad de Banco Velox y Banco Alemán del Paraguay.
Nota de 22 de marzo: Se adjunta documento en Anexo 26, se
reitera el planteamiento anterior,
Nota de 9 de abril: Se adjunta documento en Anexo 20, El
Banco de Montevideo ofrece 15 bienes en garantía, tal como se señalara anteriormente.
Notas de 18 de abril: Se adjunta documento en Anexo 27 y
Anexo 28, Banco de Montevideo informa sobre la negociación respecto a la obtención
de un crédito para cancelar la deuda de TCB.
Conviene recordar que el 25 de abril el Banco Central concede un mayor
plazo para la presentación de garantías y para la integración de 45 millones de
dólares.
Nota de 23 de mayo: Se adjunta documento en Anexo 29, El
grupo Peirano ofrece siete propiedades que el Esc Castagnola del Banco Central recibe el
29 de mayo.
Nota de 3 de junio: Se adjunta documento en Anexo 30, En
esta nota remitida al Presidente del Banco Central, Cr Cesar Rodríguez Batlle, el Banco
de Montevideo, entre otras consideraciones, agradece el apoyo del Banco Central al Banco
de Montevideo, que según la opinión del grupo Peirano, ha sido
"extraordinaria", dejando sentado el "enorme reconocimiento hacia usted (el
Presidente) y hacia todo el staff del Banco Central".
Con la misma fecha, el Banco Central exige la capitalización inmediata
de la institución.
Nota de 4 de junio: Se adjunta documento en Anexo 31, el
Banco de Montevideo responde ofreciendo un anticipo de 20 millones y un plazo de 30 días
para integrar el resto.
Consideradas todas estas actuaciones se puede deducir, sin temor a
error, que en su accionar el grupo Peirano solo compraba tiempo, intentando por todos los
medios postergar lo inexorable, y que en ningún momento pensó cumplir con las
obligaciones que el Banco Central del Uruguay le exigía.
S) TRADE AND COMMERCE BANK
No sería posible concluir esta síntesis de los episodios relacionados
con la actuación del Banco de Montevideo S.A. en la que hemos visto hasta hora los
procedimientos, el incremento de créditos a los colaterales y los prolongados tiempos en
la toma de decisiones, sin hacer referencia a la operativa que Banco de Montevideo
realizaba con el Trade and Commerce Bank; (en adelante TCB) qué era y en qué consistía.
El TCB era un Banco constituido en las Islas
Caimán, perteneciente al grupo Peirano, con autorización para operar en el modo de
licencia B), es decir, que era una institución que podía realizar solamente actividades
con no residentes.
TCB venía actuando en nuestro país desde hacía algunos años.
Autorizado por el Banco Central del Uruguay para realizar determinadas operaciones en
plaza, con el correr del tiempo las fue modificando, transformándose en un brazo
operativo muy importante del Grupo, destinada a captar depósitos y transferirlos al
exterior.
El TCB actúa desde el 10 de setiembre de 1993, pero corresponde
aclarar para qué fue autorizado. Solo se autorizó el "TCB Mandatos S.A." cuyo
cometido era "prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica, con el fin de
preparar, promover, o facilitar negocios para sus representados" , no pudiendo
realizar operaciones de intermediación financiera por cuenta propia ni de sus
representados (artículo 450 Recopilación de Normas de Regulación y Control del
Sistema Financiero), es decir que su actividad se reducía a aconsejar a los clientes
sobre las operaciones que podía hacer con la institución.
Pero, existía otra modalidad de operación también que consistía en
operar directamente con el TCB en Gran Caimán. El cliente llegaba al Banco de Montevideo
o a otra institución y pedía que le depositara en una determinada cuenta en TCB-
Caimán.
La tercera modalidad de operativa era la participación en certificados
de depósitos la que se ofrecía en las sedes del Banco Montevideo en el Uruguay, por lo
menos desde 1997.
Se les cedía a los clientes una participación en un depósito que
Banco de Montevideo realizaba en el TCB, constando la misma en un certificado que
representaba una cuota parte en la que el depósito era subdividido, siendo esto, en
definitiva, lo que el cliente adquiría.
A través de esta operativa hacía indirectamente lo que la normativa
del Banco Central prohibe directamente, esto es: captar depósitos de residentes en un
Banco en Uruguay y colocarlos en el exterior.
Esta operativa que hacía el Banco de Montevideo se detecta recién en
el 2002. No hay duda que fue montada para captar dinero, ofreciendo un mejor interés.
A través de información escrita que llegó a la Comisión se constata
al respecto un reconocimiento directo de José Peirano, quien dice: ".. que cuando
uno aplica este criterio en forma masiva, los riesgos que se corren son enormes, ya que el
TCB no puede captar fondos de residentes y mi preocupación pasa porque en las sucursales
del BM se está vendiendo en forma directa TCB y esto es, como fumar dentro de una garrafa".
T) IMPACTO DE LA OPERATIVA TCB
En definitiva, la operativa realizada por parte de Banco de Montevideo
S.A. con TCB, a través de la venta de participaciones de depósito, lo que hizo fue
aumentar los riesgos de la institución. Téngase presente que el TCB (en proceso de
liquidación) era incapaz de asumir sus obligaciones, esto es, devolver a Banco de
Montevideo S.A. el dinero que este le había depositado, y por consiguiente Banco de
Montevideo S.A. no estaba en condiciones de devolver el dinero a los particionarios. Lo
que Banco de Montevideo hizo fue utilizar su propia liquidez, el dinero de sus
depositantes y las asistencias del Estado para pagar las obligaciones que, en definitiva,
debía haber asumido el Trade and Commerce Bank, pero que, dada la situación de
insolvencia en que se encontraba era incapaz de hacer. Este riesgo es el que aumenta
exponencialmente desde enero a junio de 2001; este riesgo es el que el Banco Central no
deja de advertir que debe terminar, y ese riesgo también es el que el Banco de Montevideo
S.A. aumenta sin cesar, haciendo caso omiso de las ordenes que recibía del Supervisor.
Pero además, no podemos dejar de señalar la irresponsable actitud que
asume la directiva de Banco de Montevideo S.A. y más allá de ella, el Grupo Peirano, en
tanto, aunque ambos eran perfectamente conscientes de que el TCB era absolutamente
insolvente, continuaron captando fondos en la plaza financiera uruguaya, desviándolos a
una institución de Cayman, para en última instancia actuar como una suerte de
"tesorería" del resto de las empresas del Grupo.
U) OTRAS IRREGULARIDADES
No puede dejarse de apuntar algunos de elementos que tienen que ver con
lo que estamos reseñando. Existen suficientes pruebas además del actuar "a
piacere" del grupo Peirano, que no duda en cometer irregularidades de tal magnitud
como utilizar valores de clientes que estaban en su custodia para garantizar créditos
propios; transformar participaciones de depósitos en TCB en colocaciones directas en TCB,
etcétera; todo lo que nos habla de una suerte de sentimiento de impunidad de un
poderosísimo grupo económico que actúo con omnipotencia creyéndose estar más allá de
toda norma y más allá de la prudente actuación que debe
caracterizar al buen hombre de negocios; todo lo cual no puede menos que hacernos dudar
una vez más de la capacidad y diligencia demostrada por los órganos de contralor y
supervisión.
Conclusiones parciales
Creemos haber sido lo más gráficos posible, sobre la situación del
Banco Montevideo – Caja Obrera, sobre sus diferentes operativas colaterales y forma
de actuación, detectando un cambio de actitud en el Banco Central del Uruguay, en los
últimos tiempos sobre la forma de controlar estos Bancos.
Se puede inferir y confirmar, examinados los hechos y su cronología
desde comienzos de febrero de 2001 hasta la intervención del BCU el 21 de junio de 2001,
que el plazo concedido resultó demasiado extenso.
Pensamos que, si se hubiera actuado antes se nos hubieran evitado
muchos de los sufrimientos que hoy estamos padeciendo.
Así, el Banco Central dio crédito a las propuestas del Grupo Peirano,
que más que crédito puede llamarse credulidad, hacia la propuesta de un grupo económico
que muy lejos estaba de poder cumplir lo que proponía.
Al decir del actual Superintendente del Banco Central, Ec. Barrán
"la profesión de supervisión es un negocio de riesgo (..) cada vez que el
Supervisor frente a una determinada situación de un Banco toma una decisión y está
asumiendo un riesgo".
De hecho, se asume un riesgo cuando se toma la decisión de cerrar
una institución y también cuando se la deja seguir funcionando.
En todas estas actuaciones son varios los errores: la venta del Banco
Caja Obrera, el plazo que se le da al Banco de Montevideo, y las irregularidades en los
créditos otorgados a personas físicas y jurídicas vinculadas. Y también se comete un
error al analizar el riesgo que representaba la operativa del TCB, donde queda al
descubierto en el 2002 una operativa que se venía realizando desde 1997.
V) BANCO DE CRÉDITO
El Banco de Crédito es una institución financiera que no escapó a
las dificultades y al colapso del sistema financiero en general, pero tiene ciertas
particularidades que debemos estudiar y que son la causa fundamental del cierre de la
institución. No se puede precisar con exactitud cuánto contribuye una u otra causa a la
liquidación del Banco, pero sí podemos afirmar con total seguridad, que la institución
tenía problemas mucho antes del feriado bancario y del colapso financiero del año 2002.
En el año 1998 el Banco de Crédito se fusiona con el Banco Pan de
Azúcar, más precisamente el 16 de diciembre de 1998 se celebra el contrato "de
transferencia de cuotas de patrimonio" entre el Banco de Crédito y el Banco Pan de
Azúcar. En este momento la composición accionaria quedó en un 51% en poder de la
Corporación Nacional para el Desarrollo y en un 49% del llamado Grupo de la Unificación
(saint George Company LTD).
El 30 de diciembre de 1998 el Directorio del Banco Central resuelve un
plan especial estableciendo excepciones que detallaremos.
Del análisis de los documentos presentados a la Comisión, se
desprende que, la intervención del Banco de Crédito respondió a su insostenible estado
de iliquidez, sin perjuicio de las graves carencias de gestión interna.
Dice textualmente el informe de los síndicos del Banco de Crédito,
del año 1999: "por tanto, transcurrido más de un año a la fecha de cierre del
ejercicio 1999, desde el momento que se dispuso la intervención, con sistemas de trabajos
distintos, y fundamentalmente con enormes dificultades desde el punto de vista
tecnológico, han constituido elementos que no pueden ignorarse al realizar este
dictamen".
Debemos recordar que este Banco venía actuando con normas de
excepción del Banco Central, como son los regímenes especiales de adecuación
patrimonial de fecha 30 de diciembre de 1998, el cual afecta la responsabilidad
patrimonial mínima, el encaje mínimo obligatorio, y topes de inmovilizaciones de
gestión, tope a las posiciones en moneda nacional y extranjera y tope de riesgos.
Por lo tanto era un Banco con problemas. Es oportuno recordar que la
institución tenía como compromiso asumido la capitalización de Rilomán S.A. La empresa
Rilomán S.A. por el ejercicio terminado al 30 de setiembre de 1999, según informe del
síndico Cr. Mauricio Geppert de fecha 3 de abril de 1999, arroja una pérdida cercana a
los 30:000.000 de pesos, y también se señala que el Banco de Crédito exonera intereses
a Rilomán S.A. por una cifra aproximada a los 3 millones de dólares de dólares.
En el dictamen de auditoría externa para los accionistas y Directores
del Banco de Crédito S.A. de la consultora Price Waterhouse de fecha 22 de julio de 1999,
surge que: por resolución de fecha 19 de marzo de 1997, el Banco
Central del Uruguay comunica a la institución entre otros compromisos, la capitalización
de Rilomán S.A., se autoriza a mantener en su patrimonio las acciones de Rilomán S.A.
hasta el 30 de junio de 1997. Dice el informe que a la fecha de la emisión del mismo no
han visualizado documentación que acredite la transferencia de dichas acciones por parte
de la Institución, ni surgen de los registros contables y libros de actas de la
Institución información que permita ratificar la materialización del compromiso
asumido.
Asimismo surge del informe que la institución ha incurrido en diversos
incumplimientos de las normas del Banco Central del Uruguay que podrían resultar en la
aplicación de sanciones y multas, cuyo efecto no ha sido considerado en los estados
contables al 31 de diciembre de 1998.
El funcionamiento de la institución está ligado, entre otros factores
al mantenimiento de flexibilidad por parte del Banco Central del Uruguay, en la
aplicación de sus normas de modo de permitir una adecuación paulatina a sus
requerimientos sin comprometer la continuidad de la operativa.
En el año 2000 por imponderables, la asamblea de accionistas efectúo
un cambio en el Directorio de la institución; definiendo un nuevo plan estratégico y
nuevas metas.
Se advierte la existencia de créditos importantes concedidos al grupo
accionista minoritario de la institución, y una deuda que autorizó el Banco Central al
Ministerio del Interior de 12 millones de dólares que no devengaba intereses.
El 28 de noviembre de 2001 se modifica el plan de capitalización,
-estaba vigente uno que vencía en el año 2004 que no se había cumplido- y se lleva
hasta el 2010. Se establece un cronograma de pagos del grupo accionista minoritario del
Banco, y se le solicita una segunda hipoteca del inmueble asiento del Victoria Plaza
Hotel.
En un informe de Tea Deloitte se expresa que el proceso de
reconversión y viabilidad de la institución depende de la aprobación por parte del
Banco Central del Uruguay del plan de reestructura patrimonial presentado.
Se le pide al Banco una mejora en el cumplimiento de normas sobre
carpetas de clientes, se fijan metas de rentabilidad sobre activos y patrimonio. Se
autoriza al Banco de Crédito a registrar cargos diferidos por una serie de créditos no
previsionados y se establece un plan de amortización de sus deudas de 5 años.
Las soluciones contenidas en esta resolución, con relación a los
plazos de gracia otorgados al Grupo de la Unificación se pueden considerar excesivos.
Hubiera sido preferible la propuesta sugerida por la Superintendencia de Instituciones de
Intermediación Financiera en su informe de 11 de Mayo de 2001, exp. Nº 2001/0668.
La autorización para activar pérdidas por un período tan prolongado
no se ajusta a las normas de regulación del Banco Central, en especial si esta
autorización no tiene garantías adicionales por parte de los deudores.
También llama poderosamente la atención, más allá de si el socio
minoritario tenía firme voluntad de capitalizar el Banco, como se dijo en Comisión, el
enorme endeudamiento del Grupo de la Unificación en el Banco de Crédito, y el retiro de
depósitos que viene haciendo por lo menos desde diciembre de 2001.
La composición de la deuda del Grupo de la Unificación (Impresora
Polo, Frater S.A., Ravel, Caming Ltda., Compañía Rioplatense de Hoteles, saint George,
Micropool) con acuerdos de pago que ascendían a la suma de aproximadamente 100 millones
de dólares. Había claramente una concentración de los créditos otorgados por el Banco
de Crédito en un solo grupo económico, socio minoritario de la Institución.
A esto le tenemos que sumar el retiro de depósitos que el grupo
económico propietario del 49% de las acciones del Banco venía haciendo desde diciembre
de 2001.
En ese entonces, el Banco contaba con depósitos del Grupo de la
Unificación que ascendían aproximadamente a 120 millones de dólares, el 25 de febrero
de 2002 los depósitos descienden a aproximadamente US$ 16 millones de dólares tratándose de un retiro superior
al 80%, quitándole de esa manera liquidez al Banco.
Somos conscientes de que no hay instrumento legal para impedir el
retiro de los depósitos por parte de sus titulares, y que el Banco Central puso en
conocimiento a los accionistas de esta situación que marcaba claramente una actitud del
socio minoritario.
El Directorio del Banco de Crédito así lo expresa en la Comisión su
Presidente, el Cr. Boris Martínez había diseñado un plan de acción, en el que estaba
incluido un plan de repagos del grupo que consistía en
aproximadamente US$ 5 millones de dólares por año.
Fue afirmado en Comisión que el Grupo de la Unificación durante todo
el período, desde la asunción del último Directorio, pagó más de 11 millones de
dólares por concepto de intereses. Hubo una reducción del crédito de US$ 8.500.000
y capitalizó por US$ 9:100.000.
Así se venía procediendo hasta el 30 de junio de 2002, fecha en la
que tenía que haber hecho un pago de US$ 2:500.000 que no realizó.
La asistencia al Banco de Crédito comienza a realizarse el 30 de abril
de 2002, y el monto total a que ascendió la misma, antes del feriado bancario, superó
los 60 millones de dólares; incluyendo la asistencia por utilización del crédito
multisectorial del BID, sobregiros consolidados y los aportes del Ministerio de Economía
y Finanzas.( anexo 34)
El proceso de gestión, fusión e intervención del Banco de Crédito
demuestra, tal cual lo manifestáramos al comienzo de la exposición, que mucho antes del
de la quiebra del sistema financiero, era ya una institución con muchos problemas; con
las mismas características de toda la banca gestionada y de los procesos de fusión que
se han verificado en el país.
Se percibe claramente la existencia de duplicación de tareas con
sistemas distintos de trabajo lo que lleva a un costo operativo mayor, transformándose en
un peso enorme para el funcionamiento de la Institución. Para sostener su funcionamiento,
se otorga por parte del Banco Central un marco normativo de excepción.
Todas estas son experiencias que debemos recoger para cambiar la
cultura general que existe acerca de los Banco que atraviesan dificultades. Estos son
temas que, de una vez por todas, deben ser encarados, que se han reiterado en todas las
instituciones que estudiamos, y que aparecen meridianamente claros en esta institución
que terminó cerrando.
En el Banco de Crédito el Estado tiene mayor responsabilidad, porque
la persona pública no estatal, Corporación para el Desarrollo era titular del 51% de las
acciones del Banco, lo que hizo que el cliente se sintiera más respaldado al momento de
confiar sus ahorros a la institución.
A tal punto fue así, que esto fue utilizado por parte de la
administración del Banco de Crédito, donde en su publicidad ofrecían "la
eficiencia de la actividad privada con el respaldo del Estado".
Está claro que el Banco Central debía controlar al Banco de Crédito,
así lo indican las normas; pero, no puede menos que señalare que, en este caso, la
responsabilidad de la gestión, de la dirección, es por sobre todo responsabilidad de los
accionistas, y en especial de la mayoría accionaria que debe de controlar la empresa y
velar por su correcta gestión, cuidando su funcionamiento a través de los instrumentos
que tiene y evitar que se produzca este cúmulo de riesgos que hicieron fragmentar la
liquidez del Banco.
Es el accionista que debe de cuidar el funcionamiento de la empresa
financiera, a través de los instrumentos que tiene y evitar que se produzca este cúmulo
de riesgos que hicieron fragmentar la liquidez del Banco.
Por eso en este caso, corresponde señalar que hay responsabilidad en
la actuación de la Corporación para el Desarrollo, que data de mucho tiempo atrás,
período que excede el objeto de estudio asignado a esta Comisión.
W) COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL URUGUAY (CAYCU)
Los servicios del Banco Central constataron una serie de
irregularidades en la concesión de créditos de la institución sin las garantías
debidas generando así un alto riesgo de incobrabilidad para la Institución. Estas
omisiones, según los servicios del Banco Central, perjudicaron a la cooperativa, llevando
a que con fecha 10 de julio de 2002 se elevara un proyecto de resolución el que sugiere
intervenir la Cooperativa con desplazamiento de sus autoridades. (Ver Anexo 37)
X) TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
En lo que tiene que ver con la actuación del Tribunal de Cuentas de la
República en los episodios relacionados con la crisis financiera y con la asistencia que
el Poder Ejecutivo realizó, cabe afirmar que la misma se encuentra enmarcada en su
resolución de 6 de noviembre de 2002.
En dicha resolución, luego de analizarse en forma detallada "las
transferencias, en carácter de anticipos, realizadas por el Ministerio de Economía y
Finanzas a favor de la Corporación Nacional para el Desarrollo, con destino a los Banco
Comercial, Montevideo y de Crédito", el Tribunal de Cuentas concluye en el sentido
de considerar ajustado a derecho el procedimiento cumplido, desde que "todas las
transferencias contaron con autorización del Poder Ejecutivo, otorgada con anterioridad o
en la misma fecha en que se efectuaron las mismas" (Considerando Nº 4).
En el oficio Nº 2465/03, de 28 de julio de 2003, dirigido
remitido por el Tribunal de Cuentas de la República a esta Comisión Investigadora, se
explicita por ese Organismo sobre la competencia del Poder Ejecutivo para proceder en la
forma que lo hizo, sosteniendo lo que a continuación se transcribe: " En opinión
del Tribunal si el artículo 464 de la Ley Nº 15.903 (artículo 15 del TOCAF) faculta al Poder
Ejecutivo para comprometer gastos necesarios para adquirir activos o asumir pasivos, sin
crédito disponible en los casos que enuncia el Numeral 3) de dicha norma y tratándose de
acontecimientos graves o imprevistos cuya calificación le corresponde al Poder Ejecutivo,
no puede caber hesitación, tratándose como en la especie, de autorizar la utilización
transitoria de fondos cuando por razones circunstanciales de apremios financieros, en
definitiva cubiertos a través de un préstamo stand-by del Fondo Monetario Internacional
cabe concluir que dicho Poder actuó dentro de las competencias legales y
Constitucionales. Por ello el Tribunal dictaminó estimando que el procedimiento seguido
resultó ajustado a derecho".
En nuestra opinión, lo que resulta indudable es que el país
vivió una crisis del sistema de intermediación financiera de inusitada gravedad y sin
precedentes. Y si bien pueden no compartirse las apreciaciones que del punto de vista
político merezca la actuación del Poder Ejecutivo, lo cierto es que la crisis
constituyó un acontecimiento grave e imprevisto, y los medios a los cuales se recurrió
para enfrentarla, según lo resuelto unánimemente por el Tribunal de Cuentas, no suponen
ilegitimidad de las resoluciones adoptadas por ese Poder del Estado.
III - LAS CONCLUSIONES FINALES
En el presente informe hicimos un análisis institución por
institución, tomando en cuenta las circunstancias nacionales y regionales en el período
correspondiente al ámbito temporal de competencia de esta Comisión. No obstante, resulta
imprescindible hacer permanente referencia a hechos anteriores y posteriores a tal lapso,
ya que resulta imposible hacer un corte transversal en el conjunto de relaciones causales,
las que por su naturaleza expresan una continuidad que debemos necesariamente respetar.
Las reflexiones que siguen son parte de un estudio objetivo de los
hechos, poniendo el acento no solo en las actuaciones puntuales, sino en las
circunstancias generales que llevaron al quiebre de nuestro sistema financiero, rescatando
experiencias, que se tornan indispensables para que hagan carne en nuestro colectivo,
tomando en cuenta lo importante que es para los uruguayos tener un sistema financiero
estable y por sobre todo confiable.
El Poder Ejecutivo tomó una decisión -mantener abierto los Banco a
cualquier precio- y prácticamente la mantuvo hasta el "final de la crisis"
(entrecomillado porque no se puede hablar de final sino más bien del "principio del
fin" de la crisis) el 29 de julio de 2002.
Mirando desde esta perspectiva estamos convencidos de que, en pro de
ese objetivo definido, se hicieron muchas cosas mal, las que fueron determinantes para el
desenlace final. Hubieron entonces decisiones equivocadas y sobre todo adoptadas en
"tiempos" u oportunidades equivocados, ya que no se puede proceder con la
velocidad que marca la rutina cuando los acontecimientos se vienen produciendo en cascada
a ritmo de vértigo.
Pero es bueno, antes de seguir con las reflexiones ponerse en el lugar
y en el momento en que suceden los acontecimientos. Es una práctica que los uruguayos
tenemos que hacer más seguido, cambiando la mentalidad inquisidora que responde a una
realidad colectiva, por la reflexión serena de los acontecimientos, señalando
diferencias, marcando nuestro punto de vista, pero partiendo de una realidad, y esto es lo
que nosotros tratamos de hacer.
Lamentablemente, varias generaciones tendrán que pagar el costo de
esta crisis, por lo tanto, ésta nos debe servir para recoger experiencias que sirvan para
subir esta cuesta, superando carencias para evitar tener un sistema financiero frágil.
La situación del país es muy preocupante: pérdida de mercados,
caída de reservas, desaparición de inversiones, sumado a la devaluación, y a un
endeudamiento endémico, todo lo que hace difícil el camino que tenemos que transitar,
pero todo es posible cuando ponemos la mejor actitud para superar las circunstancias.
Entendemos que en la emergencia, no se utilizaron los mecanismos que
pudieron accionarse rápidamente para sostener y solventar una crisis de esta naturaleza.
A) PODER EJECUTIVO
El Poder Ejecutivo mantuvo una dirección, asistiendo a Bancos en
dificultad con liquidez y además firmó un contrato de capitalización con los
accionistas internacionales del mayor Banco privado del país; generando obligaciones en
nombre y representación del Estado uruguayo que exceden las
facultades otorgadas por las normas.
Analizando el contrato se advierte que se buscó por todos los medios mantener en
funcionamiento al Banco Comercial con el compromiso de capitalización de los socios
internacionales. Se asumieron, sin conocimiento parlamentario, responsabilidades que van
mucho más allá de las que las normas autorizan contraer, no evitando
con esto el desenlace final.
B) BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
En general
El Banco Central del Uruguay falló en sus roles de regulador,
controlador y supervisor durante el desenlace de la mayor crisis financiera del país en
su historia. De la investigación realizada surgen:
Procedimientos administrativos desordenados en el movimiento de los
expedientes que impiden detectar responsabilidades en el manejo de los mismos.
Muchas fiscalizaciones se hacían con una visión demasiado
"light", al decir de uno de los peritos que investigó el fraude del Banco
Comercial.
El Banco Central practica una metodología de inspección sobre las
instituciones financieras de plaza cuya sigla (PADUL) significa: Patrimonio,
Administración, Dirección, Utilidad y Liquidez. Por más que lleva tiempo prepararlo, y
aunque se afirme que no se cuenta con los recursos humanos adecuados, es una tarea que por
lo menos una vez al año se debería realizar. Desde el año 1998 no se hacía el PADUL en
el Banco Comercial.
Los riesgos asumidos por las instituciones, que terminaron siendo
liquidadas, con colaterales en la región, no fue evaluado con la rigidez necesaria.
Una operativa detectada en todas las instituciones financieras
analizadas es el otorgamiento de créditos a personas físicas o jurídicas vinculadas a
los mismos grupos económicos propietarios de acciones de tales Bancos. Parecería que el
negocio era comprar acciones en un Banco para darle crédito a las colaterales; este
riesgo no se evaluó adecuadamente.
También es importante hacer una referencia a las Consultoras externas
que auditaron las respectivas instituciones financieras, las que también fallaron. Por lo
tanto parecería que no es conveniente que quien contrata los servicios este directamente
involucrado en el Dictamen Final de Auditoría, elemento éste de importancia a los
efectos de la actividad de contralor y supervisión que compete al Banco Central.
Con los mismos recursos y las mismas normas se detectan hoy
irregularidades que se venían sucediendo desde hacía mucho tiempo.
No es posible dejar de hacer referencia a que, cuando el Banco Central
debe actuar como prestamista de última instancia, resulta compartible lo sostenido por la
Cra. Rosario Medero en cuanto a que, las asistencias no pueden ser ilimitadas, en el mismo
sentido que lo afirmara el miembro informante en ocasión del estudio del proyecto de ley
de Carta Orgánica del Banco Central, tal como fue señalado a fs 14. del presente
informe.
En particular
El crecimiento del grupo económico "Peirano" no se evaluó
debidamente. El adquirir otra institución (el Caja Obrera por el Montevideo) hacía que
pasara a la categoría "de demasiado grande para que caiga" al decir del Ec.
Barrán; actual Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera.
Sin entrar a profundizar, el objetivo fue sacarle liquidez al Banco
Caja Obrera, así como recursos y capital que analizamos en su momento, no habiendo duda
que el crecimiento del grupo dificultó la decisión de intervenir primero y liquidar
después.
Las notas remitidas por el Banco Montevideo y las respuestas del Banco
Central nos describen una forma de actuar del grupo, que desemboca en el fraude y la
correspondiente denuncia penal que recién se hace después de 6 meses de las primeras
actuaciones.
El episodio del folio 41 es demostrativo de una forma de proceder,
reconocida por las jerarquías de la institución, donde quedan en la superficie
desórdenes administrativos que impiden detectar responsabilidades en la toma de
decisiones.
Más allá de todo, nos llama la atención que una situación tan
difundida en todo el Banco Central, como lo era la situación patrimonial del principal
Banco del país, en ningún momento haya sido conocida por el Presidente de dicha
Institución. No tenemos elementos para confirmar si la conocía o no la conocía, pero
sí tenemos la fundada convicción de que no era un tema menor como para pasar
desapercibido por nadie.
C) CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO
En el tema del Banco de Crédito la responsabilidad es del accionista
mayoritario que debió tomar una resolución mucho antes del colapso financiero, tratando de hacer cumplir los planes especiales de reestructura
impuestos por el Banco Central.
Son muy ilustrativos los informes de los síndicos sobre la situación
del Banco de Crédito; y surge de ellos que ni siquiera se guardó el mínimo reparo en la
publicidad de la institución, debiendo haber mantenido un adecuado equilibrio para no
trasmitir al cliente situaciones que no se correspondían con la realidad.
La salida del feriado bancario tiene elementos positivos en el sentido
del reconocimiento de que no todas las instituciones estaban en la misma situación, y que
a partir de entonces solo iban a abrir sus puertas aquellas que mantenían niveles de
capitalización y liquidez adecuada, puesto que ya no había más asistencia del Estado.
Esta es, tal vez, la principal lección: se ha mantenido en el país
una cultura histórica del "salvataje de Bancos en dificultades", mediante la
compra por parte del Estado de paquetes accionarios y que por años funcionaron como
Bancos gestionados, con normas excepcionales, y que a la postre terminan generando costos
que asume la sociedad en su conjunto.
En ese entendido, se hace asumir al Banco República Oriental del
Uruguay más obligaciones y compromisos que en nada ayudan a mantener la debida solvencia
de la principal institución bancaria del país.
Las reglamentaciones en muchos casos existen. Pero, las normas
regulatorias en sí no son el problema esencial. Es más importante saber cómo se
aplican, qué atención se les presta, qué nivel técnico poseen los funcionarios
encargados de la supervisión, y qué liderazgo ejercen los jerarcas para que se cumplan
las tareas.
De esta experiencia se recoge que, pese a contar con disposiciones
reglamentarias que los técnicos en la materia consideraban de un nivel aceptable,
igualmente fueron superadas. Reiteramos: el problema no son tanto las normas, sino los
hombres que las aplican.
Esto fue en cierta forma lo que pasó, pero también tenemos que decir,
que con los mismos recursos humanos y la misma normativa y la eficiente actuación de los
funcionarios inspectivos se detectaron problemas, fraudes e ilegalidades que antes no se
habían descubierto.
D) PROPUESTAS
No obstante, siempre es constructivo hacer aportes tendentes a
complementar lo que ya existe.
Es así entonces que entendemos oportuno proponer cuatro propuestas, a
los efectos de su consideración por parte del Cuerpo.
1) SEGURO DE DEPÓSITO. Debemos de instrumentar los mecanismos
adecuados para solventar y mantener una red de seguridad que garantice los depósitos
generando cierta confianza en el ahorrista de que su dinero está respaldado. Esto
ayudará mucho al fortalecimiento del sistema financiero. Este fondo de garantías debe
ser administrado por un ente independiente del Banco Central, para evitar el necesario
choque de intereses entre el que supervisa y el que garantiza los depósitos.
2) MAYOR AUTONOMÍA DEL ORGANISMO REGULADOR: Es necesario que el
organismo regulador y supervisor del sistema financiero posea un grado de autonomía que
lo haga resistir a las presiones generadas por los actores políticos, sindicales y
empresariales. En las decisiones primará el criterio técnico, asegurándose así que se
hará lo más conveniente para mantener la solidez del sistema. Esta autonomía se puede
obtener si la designación de los Directores no es coincidente con los nombramientos de
los gobiernos de turno; extendiendo el plazo de actuación de los Directores a un período
más largo que el de gobierno, independizándolo de la conducción económica de turno.
3) SUPERVISIÓN CONSOLIDADA: Es muy importante tener en cuenta
algunas apreciaciones que se realizaron en la Comisión sobre la necesidad de contar con
una supervisión consolidada de los diferentes Bancos Centrales de la región. Si tomamos
en cuenta la relación que tenían los grupos económicos que actuaron fraudulentamente
con colaterales en los países vecinos, hubiéramos detectado, de contar con
procedimientos de supervisión consolidada, algunas de estas maniobras que fueron
determinantes en el colapso del sistema financiero del año 2002.
4) FONDO FINANCIAMIENTO DE AUDITORÍAS EXTERNAS. Se entiende
conveniente la creación de un fondo entre las instituciones financieras nacionales y
extranjeras para cubrir los costos de las consultoras en la tarea de auditorías externas,
con el objetivo de procurar la permanente oposición de intereses entre quien audita y
quien es auditado; como asimismo, dictar las normas necesarias para el cumplimiento de
dicho objetivo.
E) RESPONSABILIDADES
De lo expuesto en el presente informe surgen claramente las causas y
consecuencias de la crisis del sistema financiero a la luz del necesario relacionamiento
entre la actividad comercial de personas privadas (físicas y jurídicas, nacionales y
extranjeras) y el desempeño funcional y procedimental en el seno del propio Estado (tanto
en lo que refiere a la órbita de competencia de los cuadros administrativos técnicos
como también, por cierto, de las cúpulas directrices y de las jerarquías políticas).
Evidentemente, ante el comportamiento irregular del sistema financiero
durante el período que pautó la atención de la Investigadora, la actitud del Estado no
estuvo a la altura de las circunstancias, produciéndose así, finalmente, el gravoso
desenlace en perjuicio del interés general de los uruguayos. Lamentablemente, y en
definitiva, fallaron los procedimientos, fallaron las personas y finalmente, fallaron las
instituciones.
De hecho, la Administración no cumplió sus debidos cometidos, y ya
actuare así por ineptitud, ineficiencia, ineficacia, impericia, negligencia, desidia u
omisión de varios o de uno solo de sus funcionarios o jerarcas, debió disponer con
inmediatez en referencia a las situaciones observadas, siendo su responsabilidad proceder
en consecuencia. En esa órbita, lamentablemente, solo queda ahora la posibilidad de
encontrar responsables mediante los procedimientos disciplinarios y sancionatorios del
derecho administrativo, potestad exclusiva de las autoridades competentes de los
organismos y entidades comprometidas.
Empero, más allá de la maraña complejamente entrelazada de
actuaciones comerciales, técnicas, funcionales, administrativas y políticas que hemos
intentado entender y exponer con la mayor claridad que nos fuera posible, podemos
descartar que de ella puedan aún resultar responsabilidades más serias y graves que las
de la mera decisión política equívoca y del desempeño funcional irregular o aún
negligente. Así es que la verdadera determinación de responsabilidades se debe perseguir
hasta las últimas consecuencias en la órbita correspondiente.
Público y notorio ha sido el actuar imparcial y firme del Poder
Judicial en muchos de los aspectos que integran las cuestiones sobre las que esta
Comisión ha investigado, y por tanto es dable pensar que si hubo delitos, podrían aún
restar conductas ilícitas sin punir.
Por ello, por todo lo expuesto, entendemos que en la búsqueda de
atribución de responsabilidades de comportamientos dolosas, es el Poder Judicial, único
competente para ello, el que sabrá recoger las resultancias de este informe,
necesariamente acotado por la limitación de competencias de esta Comisión y del propio
Poder Legislativo.
Creemos entonces que hemos cumplido con nuestro cometido ante el
Cuerpo; entendemos que tal como éste dispuso se informó sobre cada uno de los puntos
requeridos. Nuestra investigación concluye así en la explicación de lo que entendemos
sucedió, para comprender las causas, los cómo y los porqué. Ante tal panorama solo
caben dos direcciones; la prevención, para que nada de aquello se vuelva a repetir, y por
cierto, la punición de conductas, si es que correspondiere. Lo primero, como dijimos, nos
compete por entero, y es así que tanto hemos contribuido ya a la sanción de nueva
normativa más competa y compleja en materia de contralor como también ahora proponemos
nuevas figuras formulado propuestas sobre las que estamos dispuestos a trabajar de
inmediato. Lo segundo, sin embargo, es potestad exclusiva -y así debe serlo- del Poder
Judicial, por cuanto entendemos que tanto el presente informe como el cúmulo de
actuaciones y antecedentes generados durante el desempeño de esta Comisión deben ser
puestos sin limitaciones ni reservas a la entera disposición de aquél, para que si así
corresponde, se imparta justicia.
Y por cierto, finalmente, nada se resolverá en el futuro ni se
subsanará del pasado con más o menos normas, con más o menos atribución de
responsabilidades, con ésta u otras investigaciones, acusaciones o sentencias, si es que
las hubieren. Así, la real cimentación no únicamente de un sistema de intermediación
financiera sólido, sino de un Estado eficiente, verdadero custodio del interés general,
radica en el cambio de actitud de quienes conforman tanto el primero como el segundo,
tanto en lo que refiere al desempeño ético comercial del buen hombre de negocios como al
necesario esmero requerido a los jerarcas y a los funcionarios de
las entidades públicas comprometidas en su contralor.
Sala de la Comisión, 11 de febrero de 2004.
RICARDO BEROIS QUINTEROS, Miembro informante, RAÚL ARGENZIO.
—————
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Cámara de Representantes
I) D E C L A R A:
1º. Que de la labor de la Comisión Investigadora sobre diversas
actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario surge:
Que Uruguay experimentó la mayor crisis de su sistema financiero que
recuerda la historia.
Que aquella no registra causas únicas, sino que es el fruto de la
interrelación de fenómenos originados tanto en el contexto regional como en nuestro
país.
Que en lo que a nuestro país respecta, está por demás demostrado el
papel fundamental que representaron las maniobras dolosas que tuvieron lugar en dos
instituciones bancarias de gran significación.
Que a la luz de los hechos analizados por la Comisión Investigadora,
surge con nitidez que el Banco Central del Uruguay falló en su rol de controlador y
supervisor del sistema financiero, en cuanto no fue capaz de prevenir y frenar las
prácticas dolosas que se cometieron en perjuicio del Estado uruguayo y de los acreedores
de los Bancos en cuestión.
Que la adopción del criterio de mantener en funcionamiento el sistema
financiero determinó la necesidad de transferir a los Bancos con dificultades grandes
volúmenes de dinero. Este proceder, en algunos, implicó decisiones del Directorio del
Banco Central, de dudosa legalidad. Asimismo, el Poder Ejecutivo en el marco de dicha
política capitalizó al Banco Comercial a través de una operación que se demostró
inconveniente y de cuestionable legalidad en su forma.
Que la Corporación Nacional para el Desarrollo -poseedora del 51% de
las acciones de la institución- no actuó con la diligencia necesaria para poner el
práctica las medidas aconsejadas por el Banco Central del Uruguay dirigidas a sanear la
situación por la que atravesaba el Banco de Crédito, demostrando escasa idoneidad en el
la gestión de la institución.
Que estos episodios han puesto al descubierto la existencia de
situaciones de desorden administrativo en el Banco Central, que sin perjuicio de motivar
dudas razonables en cuanto a la eficiencia y eficacia de la Institución; impiden en
particular determinar con precisión las eventuales responsabilidades de sus máximas
jerarquía.
2º Que la adjudicación de responsabilidades
funcionales-administrativas de los funcionarios quienes por su ineptitud u omisión
hubieren entorpecido, obstaculizado o enlentecido el funcionamiento deseable de los
mecanismos y procedimientos de contralor previstos por la entonces normativa vigente,
resulta deber y responsabilidad de las entidades u organismos comprometidos, no debiendo
ni pudiendo el Poder Legislativo inmiscuirse en su ámbito exclusivo de competencia.
3º Que en lo que refiere a la atribución de responsabilidades de
carácter penal, es del caso dejar sentado :
Que ante la complejidad del objeto de investigación de la Comisión,
la magnitud del perjuicio pecuniario sufrido por nuestra sociedad, así como la
multiplicidad de actores individuales e institucionales involucrados en los hechos y
circunstancias analizados, no le es posible al Cuerpo descartar la eventual existencia de
conductas delictivas, mas allá de aquellas sobre las cuales nuestra Justicia se ha
expedido oportunamente.
Que en atención a lo manifestado precedentemente y, teniendo en cuenta
la órbita constitucional y legal de competencia de la Comisión Investigadora, así como
la natural limitación de sus potestades y recursos; se hace necesario que la
dilucidación de la existencia de eventuales ilícitos y la consecuente atribución de
responsabilidades, sea substanciada en el ejercicio de las potestades jurisdiccionales que
en nuestro ordenamiento jurídico le son atribuidas al Poder Judicial.
Que por tanto, ante la eventualidad no fehacientemente constatable,
pero tampoco liminarmente descartable, de que ante las resultancias de la Comisión
Investigadora pudiere inferirse la configuración de hechos o actos dolosos
que por sus características revistieran naturaleza delictiva, se entiende pertinente y
necesario poner a disposición del Poder Judicial el conjunto de las actuaciones y
antecedentes generados por la Informante.
4º Que con el fin de prevenir el eventual acaecimiento de hechos y
circunstancias similares a las que dieron lugar a una de las mayores crisis financieras
experimentadas por nuestro país -y sin perjuicio de la normativa ya aprobada en el
transcurso del año 2002 en beneficio de la efectividad de mecanismos de contralor del
sistema de intermediación financiera-, se entiende necesaria la consideración
parlamentaria de instrumentos tales como el seguro de depósito, la supervisión
consolidada y la creación del fondo de financiamiento de auditorías externas, y
asimismo, el otorgamiento de mayor autonomía institucional y política al organismo
regulador del sistema financiero.
II) RESUELVE:
1º. Proceder a considerar y estudiar la incorporación de normativa
legal en beneficio del fortalecimiento, transparencia y estabilidad del sistema
financiero.
2º. Instar al Poder Ejecutivo y al Banco Central del Uruguay a
proceder a determinar las responsabilidades y los errores de carácter técnico
administrativo en lo que refiere a los fallidos procedimientos de contralor de entidades
financieras por parte del Banco Central del Uruguay y en general de lo actuado durante los
acontecimientos acaecidos en el transcurso de los años 2001 y 2002, en lo que les fuere
competente.
3º. Disponer el envío a la justicia penal del conjunto de los
antecedentes y actuaciones generados durante la labor de la Comisión Investigadora sobre
diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario, con el fin de
determinar si existieron hechos de carácter delictivo, y en tal caso, la
individualización y punición de los agentes responsables.
Sala de la Comisión, 11 de febrero de 2004.
RICARDO BEROIS QUINTEROS, Miembro informante, RAÚL ARGENZIO".
(Los anexos al informe precedente se encuentran a disposición, para su
consulta, en la Secretaría de la Cámara de Representantes)
Anexo I al
Rep. Nº 1070
(Tomo IV)
"Comisión Investigadora sobre diversas
actuaciones relacionadas con el
sistema financiero y bancario
INFORME EN MINORÍA
Señores Representantes:
1. Antecedentes
La crisis que ha vivido y aún vive nuestro país es una de las
más graves de su historia. Sus manifestaciones se expresaron y aún se expresan en todos
los órdenes de nuestra vida en sociedad, pero su punto culminante estuvo directamente
relacionado con la crisis financiera y bancaria que hizo eclosión en nuestro país
durante el primer semestre de 2002.
Sin embargo, los síntomas de la crisis y su expresión son ciertamente
anteriores a la debacle financiera, en efecto al iniciarse el año 2002 nuestro país ya
llevaba tres años completos de recesión continua con sus consiguientes efectos sobre los
diferentes sectores de nuestra economía.
Esta recesión posee múltiples causas cuya profundización se
encuentra fuera del objeto de este informe; simplemente vale consignar que la crisis
regional y el estallido de la aftosa fueron dos factores exógenos que impactaron
fuertemente en nuestra economía. Sin embargo, nuestra crisis no se debió solo a estos
factores, a nuestro juicio existieron serios errores estratégicos por parte de las
sucesivas conducciones gubernamentales que también aportaron su efecto a la
consolidación de nuestra crisis.
En primer lugar, la conducción económica no registró a tiempo los
cambios producidos en la economía de la región a partir de la devaluación de Brasil en
enero de 1999. Este es, a nuestro juicio, el factor de mayor envergadura en la recesión
de nuestra economía puesto que implicó una inmediata pérdida de competitividad de
nuestros productos en el mercado brasilero que se asoció a la ya existente dificultad de
colocación de nuestros productos en el resto del mundo. Es sorprendente la reticencia y
la demora de las autoridades económicas en corregir la pauta cambiaria; anclando nuestra
economía a la evolución cada vez más crítica de la economía argentina. En efecto, los
únicos ajustes a la política cambiaria ocurridos desde enero de 1999 hasta el abandono
de la política cambiaria en junio de 2002, fueron el reflejo de medidas argentinas y no
fueron el resultado de una política propia que tomara en cuenta las profundas dificultades a las que se exponía cada vez con mayor fuerza
nuestra realidad económica.
En segundo término, la ausencia de reformas profundas en el
funcionamiento del Estado que permitieran abatir el déficit fiscal. Al contrario, durante
todo el período de crecimiento de la economía en los años noventa, el gasto público
tuvo un incremento lineal en proporción a dicho crecimiento económico. En vez de
aprovechar la coyuntura de crecimiento de nuestra economía para realizar un ajuste
profundo del sector público, el gasto público se incrementó en forma constante y
continua. La comprobación fehaciente de este grave error estratégico se produjo durante
la aprobación del Presupuesto Nacional 2000-2005, cuando ya la recesión había ingresado
en su segundo año, en donde el gobierno aceptó un incremento del gasto de más de U$ 100
millones de dólares.
Pero, como ya se afirmó más arriba, no es el objeto de este informe
la realización de un diagnóstico sobre la crisis económica que vive nuestro país, sino
tan solo dejar señaladas algunas de sus principales causas. Ingresemos entonces en el
análisis de la crisis financiera y bancaria y de sus correspondientes responsabilidades.
2. La magnitud de la crisis financiera y bancaria
Al 31 de diciembre de 2001 el Uruguay contaba con U$ 14.285:
millones de dólares en depósitos entre residentes y no residentes, gozaba de
"investment grade" y ostentaba un índice bajo de "riesgo país".
Siete meses después, al 29 de julio de 2002 los depósitos se habían
reducido a U$ 8.456: millones de dólares, lo que representó la pérdida del 41% del
total. Las pérdidas de depósitos en los Bancos públicos (República e Hipotecario)
sumados a los Bancos posteriormente suspendidos (Comercial, Montevideo, Caja Obrera y de
Crédito) representaron un porcentaje muy significativo de la pérdida de todo el sistema.
Durante la corrida bancaria se vivieron diferentes momentos, a partir
de mediados de febrero el sistema financiero perdía un promedio de U$ 85: millones de
dólares diarios. Luego, durante el mes de marzo la cifra promedio se redujo a U$ 37:
millones de dólares por día y en las tres primeras semanas de abril los retiros se
situaron en un promedio de U$ 20: millones diarios.
En mayo se produce un recrudecimiento de los retiros, de manera tal que
a mediados de mayo los retiros se situaban en U$ 60: millones diarios, pero al aprobarse
el nuevo ajuste fiscal y anunciarse un nuevo entendimiento con el FMI se reducen
notoriamente a U$ 20: millones diarios. En junio, el impacto de la crisis del Banco de
Montevideo y la devaluación de nuestra moneda generan un fuerte aumento de los retiros
que ya no se detendrá hasta el feriado bancario.
Nuestro país había perdido el "investment grade", el
índice de "riesgo país" había llegado a 2.500 puntos siendo uno de los
países que mostraba junto con Argentina el nivel de riesgo más elevado en el mundo. Los
ajustes fiscales se sucedían sin lograr nunca las metas planificadas y todas las
posibilidades de hacer frente a la crisis dependieron directamente de la asistencia de los
préstamos de los organismos internacionales.
A la salida del feriado bancario decretado el 30 de julio, los cuatro
Bancos mencionados más arriba permanecieron suspendidos y los dos Bancos públicos
reabrieron sus puertas con sus depósitos reprogramados.
Las pérdidas para la sociedad y el Estado uruguayo fueron
multimillonarias.
El Estado uruguayo durante la corrida bancaria volcó al sistema
financiero U$ 877:731 millones de dólares bajo diversas modalidades de asistencia; U$
122:700 mediante asistencia financiera del Banco Central a los Bancos Comercial (U$
20:400), Banco Montevideo y Caja Obrera (U$ 84:100) y de Crédito (U$ 18:200); U$ 232:800
de asistencia financiera del Banco Central al Banco Hipotecario del Uruguay; U$ 488:898
millones de dólares de asistencia por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a
través de depósitos de la Corporación Nacional para el Desarrollo en tres de los cuatro
Bancos que luego terminan suspendidos; y U$ 33:333 millones de dólares que el Ministerio
de Economía y Finanzas aportó por concepto de capitalización del Banco Comercial.
A estos valores se les debe agregar la utilización de alrededor de U$
734: millones de dólares del Fondo de Estabilización del Sistema Bancario creado por ley
en agosto de 2002 para hacer frente a los depósitos a la vista de los Bancos públicos y
de los Bancos suspendidos a la salida del feriado bancario. Esta cantidad se distribuyó
en U$ 279: millones para atender las cuentas a la vista del Banco República, U$ 125:
millones para atender los del Banco Hipotecario y alrededor de U$ 330: millones se
utilizaron para atender las cuentas a la vista de los Bancos privados suspendidos.
En síntesis, la crisis financiera le
significó al Estado uruguayo en forma directa, entre asistencias y préstamos, alrededor
de U$ 1.600: millones de dólares.
Por su parte, miles de ahorristas pertenecientes a los Bancos
República e Hipotecario sufrieron la reprogramación de sus depósitos y recién en este
año han comenzado a recuperarlos. A su vez, los ahorristas de los Bancos Comercial, de
Montevideo y Caja Obrera están a la expectativa de los respectivos procesos de
liquidación así como de la evolución financiera que tenga en los próximos tiempos el
Nuevo Banco Comercial; mientras que los ahorristas del Banco de Crédito dependen de los
resultados del proceso de liquidación de dicho Banco. Cabe destacar que en todos los
casos el Estado uruguayo ha renunciado a sus derechos de recuperación de activos a favor
de los ahorristas, poniéndose detrás de estos en la reclamación.
El saldo final de las pérdidas sufridas por el Estado y la sociedad
uruguaya como resultado de esta crisis recién será posible de apreciar dentro de mucho
tiempo cuando los procesos de liquidación hayan culminado y aún así resta por sumar los
efectos indirectos que perjudicaron a todos los sectores de actividad. La catástrofe del
sistema financiero fue de proporciones gigantescas y afectó en forma profunda a todas las
áreas de actividad.
3. Las responsabilidades a establecer
Las actuaciones judiciales realizadas hasta la fecha han demostrado
de manera fehaciente que durante este proceso de crisis financiera se produjeron
irregularidades muy graves en, al menos, dos de las instituciones bancarias afectadas. En
efecto, el fraude llevado a cabo por los hermanos Rohm en el Banco Comercial ha sido de
enormes proporciones y su auténtica dimensión aún no ha podido ser valorada en su
totalidad. Por otra parte, las irregularidades de carácter delictivo ocurridas en el
Banco de Montevideo realizadas por el Grupo Peirano en perjuicio de su propio Banco
también han sido de dimensiones muy significativas, afectando a un número elevado de
ahorristas.
Sin embargo, estas responsabilidades de los banqueros con respecto a
sus respectivas instituciones no son el objeto de nuestra investigación. Por el
contrario, tales situaciones ya están en manos del Poder Judicial y es este el que ha
establecido y establecerá la gravedad de las responsabilidades y sus consiguientes
sanciones.
Lo que compete a esta Comisión Investigadora es la determinación de
las eventuales responsabilidades que le caben a las autoridades públicas que tuvieron a
su cargo la administración y contralor de las actividades del sistema financiero.
Por tanto, la evaluación que surge de este informe se limita al
señalamiento de las posibles responsabilidades del Poder Ejecutivo y, en particular, del
Ministerio de Economía y Finanzas en su función de conducción estratégica de las
políticas públicas en esta área, así como en su actuación directa mediante el
otorgamiento de asistencia financiera a las instituciones en dificultades y, más
específicamente, por su decisión de capitalizar el Banco Comercial a través de la firma
del consiguiente contrato.
También es objeto de análisis la actuación del Banco Central que,
como su Carta Orgánica lo señala, es como Ente Autónomo el organismo rector de la
política monetaria del país. La actuación del Banco Central es objeto de análisis en
tanto institución que tiene a su cargo el contralor del funcionamiento de las
instituciones financieras y también en su función de haber brindado asistencia
financiera a los Bancos en problemas.
Finalmente, también será objeto de análisis la actuación de la
Corporación Nacional para el Desarrollo en cuanto era la accionista mayoritaria del Banco
de Crédito y por lo tanto responsable de su gestión, así como su función de
intermediación en la asistencia financiera otorgada por el Ministerio de Economía y
Finanzas.
Las responsabilidades que se pueden establecer debido a la actuación
de las autoridades públicas mencionadas más arriba son de diversa naturaleza.
En primer lugar, se debe evaluar la existencia de responsabilidades
de índole política, estas están relacionadas con una valoración necesariamente
subjetiva acerca del acierto, eficacia y conveniencia de las líneas de acción impulsadas
por la conducción política en la toma de decisiones correspondiente al manejo de la
crisis financiera.
En segundo lugar, es necesario establecer si se ha incurrido en
responsabilidades administrativas. Estas responsabilidades refieren a si las actuaciones
han estado enmarcadas dentro de la legalidad vigente en cuanto a su juridicidad y si han
estado orientadas por criterios de buena administración y diligencia.
Finalmente, en tercer término debe analizarse
si han existido responsabilidades penales, es decir si la actuación de los jerarcas
públicos se encuadra en algún sentido en conductas de apariencia delictiva. Obviamente
está fuera de las potestades de la Comisión Investigadora parlamentaria la
determinación de tales extremos, tarea exclusiva del Poder Judicial, pero la
constatación de conductas que puedan eventualmente encuadrarse en hechos tipificados como
delitos obliga a la Comisión a señalarlos y denunciarlos ante las instancias judiciales.
4. Valoración general de la estrategia
Desde el retorno a la democracia en 1985 hasta la crisis financiera
que estamos analizando, la postura política de los sucesivos gobiernos con respecto a las
situaciones de crisis que afrontaron diferentes instituciones bancarias en nuestro país,
fue la de sostener al Banco en cuestión incluso llegando a asumir por parte del propio
Estado las pérdidas y tomar a su cargo la gestión de la institución en crisis. La
premisa máxima que orientó esta línea de acción durante las diferentes
administraciones gubernamentales estaba sustentada en la percepción de que la solidez y
estabilidad de la plaza financiera dependía de que ningún Banco cayera.
Durante este período, desde mediados de los ochenta hasta fines de
2001 nuestra plaza financiera sufrió diversos avatares debido a crisis puntuales que
afectaron a diferentes instituciones financieras, pero las respuestas dadas por los
gobiernos de la época siempre tuvieron como objetivo de primer orden evitar que
cualquiera de ellas, desde las más importantes hasta las más pequeñas, se liquidara o
ingresara en una situación que pusiera en riesgo los depósitos de los ahorristas.
La orientación estratégica general también estuvo caracterizada por
una concepción elástica de los alcances del secreto bancario que, de acuerdo a nuestra
interpretación, yendo mucho más allá de lo que la ley establece, permitía garantizar
al sistema un manejo muy amplio de la reserva que formaba parte de las garantías
existentes para atraer los depósitos a nuestra plaza local. Por otra parte, el régimen
de estabilidad laboral de hecho y el alto nivel de remuneraciones de los empleados
bancarios también eran indicadores significativos de la importancia que los sucesivos
gobiernos le asignaban a la fortaleza de nuestra plaza financiera.
A fines de 2001 nuestro país contaba con el "investment
grade" y la magnitud de los depósitos entre residentes y no residentes ascendía a
U$ 14.285: millones. Cuando comienza el año 2002 el derrumbe del sistema financiero
argentino ya había ocurrido y las posibilidades de que sus efectos impactaran en nuestro
país resultaban evidentes.
La postura estratégica de nuestra conducción económica no había
variado con respecto a sus antecedentes, el objetivo consistía en demostrar que nuestra
plaza financiera era sólida y podía responder a una situación de crisis, no tanto o no
principalmente por la fortaleza de las instituciones que la integran sino por la voluntad
del Estado uruguayo de hacerse responsable y responder frente a las diferentes situaciones
que se produjeran.
En una de sus comparecencias ante la Comisión Investigadora el ex
Ministro de Economía, Cdor. Alberto Bensión, explicaba la estrategia con particular
claridad: "Cuatro principios fundamentales guiaron nuestros esfuerzos... El primero
de ellos fue el de la más fuerte convicción de que aún en el medio de una crisis sin
precedentes en la historia del país, todas nuestras acciones debían estar gobernadas por
el marco constitucional y legal vigentes. El segundo principio fue el de que como
gobernantes era nuestra obligación actuar hasta donde nos fuese materialmente posible con
el fin de mantener la normalidad de la actividad bancaria... El tercer fundamento fue que
después del episodio del Banco de Galicia Uruguay...teníamos la certeza de que la caída
de un Banco iba a arrastrar a los otros. El último pensamiento era el de que la
suspensión y/o liquidación de un Banco...iba a crear graves consecuencias de orden
económico y social" (23.12.02, pág. 7).
Es esta postura general de carácter estratégico la que sostiene y
fundamenta la actuación de las autoridades frente a la crisis bancaria. Una y otra vez, a
pesar de la persistencia de los retiros y de la evidencia de los manejos fraudulentos
constatados en dos de los Bancos de plaza, el gobierno a través de sus diferentes
organismos resuelve destinar crecientes recursos para sostener abiertas a las
instituciones financieras que no podían hacer frente a la crisis con sus propias fuerzas.
A través del Banco Central del Uruguay y del Ministerio de Economía y
Finanzas se fueron dando las diferentes respuestas para atender las urgencias crecientes
de los Bancos en problemas.
Los instrumentos utilizados fueron variados y diversos.
En primer lugar la autorización del Banco Central para la venta de
certificados de depósitos por parte de los diferentes Bancos
permitiéndoles utilizar sus propios fondos afectando sus respectivos encajes. Como se ha
dicho persistentemente en el ámbito de la Comisión Investigadora, tal mecanismo no
suponía una asistencia financiera puesto que se trataba de fondos que eran propiedad de
las propias instituciones bancarias, sin embargo este procedimiento afectaba el
cumplimiento de una de las disposiciones bancocentralistas que obliga a las instituciones
financieras a mantener un determinado nivel de encaje sobre sus depósitos.
En segundo lugar la opción por la capitalización del Banco Comercial
por parte del Estado uruguayo mediante la firma del respectivo Convenio con los
accionistas privados de dicho Banco, firmada el pasado 26 de febrero de 2002.
En tercer lugar la asistencia financiera del Banco Central a las
instituciones en dificultades de acuerdo a lo establecido en los artículos 36 y 37 de su
Carta Orgánica. Esta asistencia se verificó con respecto a los Bancos Comercial,
Montevideo y Caja Obrera, de Crédito e Hipotecario.
En cuarto término, cuando las posibilidades jurídicas del Banco
Central de continuar asistiendo a los Bancos se habían agotado, se continúa asistiendo
por medio del Ministerio de Economía y Finanzas mediante la constitución de depósitos
en dichos Bancos a nombre de la Corporación Nacional para el Desarrollo, teniendo como
fundamento la creación posterior del Fondo de Fortalecimiento del Sistema Bancario.
La mera enumeración de las diferentes modalidades utilizadas para
mantener la asistencia a los Bancos y evitar su cierre o liquidación, es suficiente para
demostrar hasta qué punto la orientación estratégica mencionada más arriba y
reafirmada por el Cdor. Bensión fue efectivamente el criterio rector de la conducta de
los diferentes organismos de gobierno.
Si se pudiera sintetizar en una sola frase la premisa estratégica
de la conducción del gobierno durante la crisis bancaria se diría que el objetivo fue
demostrar que el Estado uruguayo estaba dispuesto a sostener a cualquier precio la
estabilidad de su plaza financiera evitando la caída de cualquiera de las entidades que
lo componen.
Cabe señalar que esta estrategia tampoco fue modificada cuando quedó
en evidencia que la naturaleza de esta crisis financiera era diferente a las anteriores,
por cuanto en este caso se trató de una crisis sistémica que afectó al conjunto del
sistema financiero y no a uno de sus componentes.
4.1. El caso del Banco de Galicia
Sin embargo, la coherencia general de esta estrategia había sido
sorprendentemente perforada desde el principio debido a la conducta asumida por las
propias autoridades de gobierno frente al caso del Banco de Galicia.
En efecto, toda la consistencia estratégica y el esfuerzo
multimillonario en dólares por mantener firme el sistema financiero uruguayo había
sufrido una primera y sustancial contradicción por la forma en que se actuó frente a la
primera crisis financiera puntual que afectó al Banco de Galicia, cuya crisis fue
exclusivamente un reflejo directo de la crisis financiera argentina.
En efecto, desde noviembre de 1999 el Banco de Galicia había dejado de
ser parte de la banca off shore para convertirse en un Banco más de la plaza financiera
uruguaya. Esta decisión de 1999 transformando al Banco de Galicia en una institución
financiera uruguaya resulta poco entendible y es, a nuestro juicio, uno de los factores
que produce luego el perjuicio correspondiente ante la emergencia de la crisis financiera.
Si el Banco de Galicia hubiera permanecido como una institución off
shore, la decisión tomada por el Banco Central de no asistirlo habría sido entendible
puesto que no integraba el elenco de Bancos uruguayos, sin embargo en la medida que se le
autorizó a funcionar como tal, se produjo una situación que, en perspectiva fue
fuertemente negativa para nuestro país. De modo que habría responsabilidad en la
decisión del Banco Central de la época, al autorizar al Banco de Galicia como Banco
uruguayo sin que se adujeran razones sustanciales en tal sentido, solo se ha informado que
esta decisión obedeció a una solicitud del Banco de Galicia relacionada con una mejora
en su tratamiento fiscal en su país de origen.
Lo cierto es que en enero de 2002 el Banco de Galicia ya no era una
institución off shore sino que formaba parte del elenco de Bancos que operaban
normalmente en nuestro sistema financiero local. Por lo tanto, sus ahorristas sabían que
su calidad de tales y por tanto su tratamiento debía ser idéntico a la de los demás
ahorristas del sistema financiero uruguayo.
Por otra parte, como elemento adicional, se trataba de un Banco con un
altísimo componente de ahorristas no residentes por lo que la respuesta que el Estado
diera a la crisis de este Banco iba a impactar, sin dudas, en la
credibilidad que los depositantes argentinos tuvieran en nuestra plaza financiera.
Pues bien, las dificultades del Banco de Galicia son un reflejo directo
del "corralito" argentino. Es más los retiros de depósitos del Banco de
Galicia Uruguay comienzan en forma simultánea a la oficialización del
"corralito" argentino y como una forma de obtener liquidez por parte de los
ahorristas argentinos que sufrían la congelación de sus depósitos en la vecina orilla.
De hecho, el Banco de Galicia Uruguay responde por los retiros de depósitos desde
diciembre de 2001 hasta mediados de enero de 2002 por un valor de U$ 500 millones de
dólares.
A partir de esa fecha el Banco no puede continuar haciendo frente a los
retiros y, por otra parte, su casa matriz en Buenos Aires estaba impedida por las normas
vigentes en Argentina para girarle liquidez.
El 22 de enero de 2002 el Banco Central del Uruguay solicitó al
accionista del Banco de Galicia en Buenos Aires que radicara fondos equivalentes al total
de créditos a la vista más los depósitos a plazo de treinta días y se le solicitó al
Banco Central de Argentina que autorizara al Banco de Galicia Buenos Aires a girar fondos
al Banco de Galicia Uruguay por U$ 400: millones de dólares. (Cdor. Rodríguez Batlle,
09.12.02, pág. 119).
El 23 de enero de 2002 el Banco de Galicia Uruguay solicitó asistencia
financiera al Banco Central y este respondió negativamente. El 6 de febrero el Banco
Central del Uruguay volvió a solicitar al Banco Central de Argentina que se autorizara al
Banco de Galicia Buenos Aires el giro de fondos para asistir a su sucursal en Uruguay con
resultado nuevamente negativo (Cdor. Rodríguez Batlle, 09.12.02, pág. 120).
Finalmente, el 7 de febrero de 2002 el Banco Central del Uruguay
resolvió la intervención del Banco de Galicia.
¿Por qué no se asistió al Banco de Galicia si la premisa general de
la orientación estratégica en materia de manejo de la crisis bancaria fue evitar la
caída de cualquiera de los Bancos que integraban el sistema? ¿Cómo se explica que no se
asistiera al Banco de Galicia si resultaba notorio que tal circunstancia iba a impactar
negativamente en la confianza de los depositantes argentinos que, por otra parte, estaban
fuertemente sensibilizados por lo ocurrido en su propio país? ¿Por qué se perforó una
estrategia que había sido el norte de actuación durante largo tiempo y que volvió a ser
la definición básica inmediatamente cuando las dificultades se concentraron en el Banco
Comercial?
Las autoridades y jerarquías técnicas del Banco Central justificaron
la negativa a la asistencia en este caso debido a ciertas peculiaridades de la situación
del Banco de Galicia. La Cdora. Rosario Medero señaló que el error fue haber cambiado el
estatuto jurídico de este Banco en 1999 cuando dejó de ser Banco off shore y señaló
que fue correcto no haber destinado recursos públicos para un Banco que no tenía encaje
suficiente (09.12.02, pág. 54).
Por su parte, el Intendente de Instituciones Financieras del Banco
Central, Cdor. Alfredo Porro, señaló que los informes técnicos "establecían que
para acceder a asistencia financiera se debería contar con activos de calidad verificable
y con posibilidad de realización a la fecha de su vencimiento, es decir en 180 días
desde la asistencia" lo que implicaba cumplir con lo establecido en el literal A) del
artículo 36 de la Carta Orgánica del Banco Central. (17.10.02, pág. 39).
Lo cierto es que a partir de mediados de febrero, coincidiendo con la
determinación de intervención del Banco de Galicia, la crisis se volvió sistémica con
una pérdida diaria de U$ 85: millones en depósitos.
Pero, además, más adelante en el proceso de crisis bancaria se
impulsó la asistencia financiera a diversos Bancos en circunstancias que, según veremos
más adelante, eran bastante complejas desde el punto de vista jurídico y, en esos casos,
la importancia de mantener la credibilidad del sistema fue una premisa indiscutible,
mientras que en el caso del Banco de Galicia tal circunstancia no fue pesada con la misma
significación.
El Ec. Julio De Brun sostiene que si el Banco de Galicia hubiera
continuado como banca off shore y se hubiera negado el pago de los depósitos quizás el
efecto habría sido el mismo (17.10.02, pág. 39). Pero lo cierto es que siendo un Banco
uruguayo la falta de respuesta por los depósitos por parte del Estado uruguayo quebró
una tradición que antes y después de este caso se había mantenido en un momento de
particular sensibilidad para el ahorrista argentino.
De modo que la estrategia global que históricamente, los diversos
gobiernos uruguayos habían adoptado con respecto a la estabilidad del sistema financiero,
más allá de que no la compartimos, fue vulnerada en este episodio que, no por
casualidad, fue el episodio inaugural de la profunda crisis financiera vivida.
4.2. Otros puntos vulnerables de la
estrategia
La solidez y estabilidad del sistema financiero uruguayo fue, sin
dudas, uno de los objetivos de todo este período que se abre con el retorno a la
democracia y tiene un punto de inflexión en el feriado bancario del 30 de julio de 2002.
Sin embargo, a la luz de una reflexión analizando lo ocurrido durante la crisis bancaria,
quedan en evidencia significativos puntos vulnerables en el diseño, arquitectura y
funcionamiento del sistema financiero uruguayo.
En primer lugar, resulta evidente que nuestro sistema financiero ha
poseído una muy alta exposición al riesgo argentino, lo que supone una fuerte
dependencia del destino de la situación financiera de este país.
Esta exposición se expresa de dos formas muy visibles; en primer lugar
debido a que varias de las instituciones financieras importantes del sistema financiero
uruguayo poseían vínculos fuertes con el sistema financiero argentino, integrando grupos
económicos con ramificaciones importantes financieras y no financieras en Argentina.
En efecto, los dos Bancos que sufren afectaciones muy fuertes y manejos
fraudulentos fueron dos Bancos pertenecientes a grupos económicos con importantes
vínculos con Argentina. Tanto el Grupo Rohm como el Grupo Peirano fueron impactados por
la crisis argentina, además de sus responsabilidades en las maniobras de fraude.
Por otra parte, el sistema financiero uruguayo es fuertemente
dependiente de los depósitos de los no residentes, y la mayor parte de estos son de
origen argentino. Como vimos en el apartado anterior, el temor a la falta de cumplimiento
de los compromisos ya verificada en Argentina con la instalación del
"corralito" y confirmada en Uruguay debido a las decisiones tomadas con respecto
al Banco de Galicia, motivaron una fuerte emigración de depósitos hacia otras plazas
financieras "no contagiadas" y más confiables, aunque ofrecieran menor
rentabilidad.
En segundo lugar, nuestro sistema financiero no desarrolló en sus
épocas más favorables ninguna normativa que instituyera un seguro de depósitos. Esta
medida podría haber permitido dotar de mejores garantías a los depósitos y, en tiempos
de crisis, aportar un elemento adicional de confianza para abatir los temores de los
ahorristas.
Es más, al comienzo de la crisis financiera el Banco Central
encomendó al Ec. Humberto Della Mea y al Dr. Fernando Barrán la realización de un
informe sobre alternativas a desarrollar frente a la crisis; el Informe propone la
creación de un seguro de depósitos cuya implementación en aquel momento hubiera
significado una disposición de recursos sensiblemente menor de lo que al finalizar la
crisis el Estado uruguayo terminó asignando a la asistencia del sector financiero.
La ausencia de una decisión favorable a la creación de un seguro de
depósitos, no tanto en el contexto de la crisis cuya aplicación era de difícil
instrumentación y dudoso resultado, sino con anterioridad a la misma es, a nuestro
juicio, uno de los errores que las autoridades de la época cometieron y que impacta en la
vulnerabilidad de nuestro sistema financiero.
En tercer término, nuestro sistema financiero también era vulnerable
por la ausencia en nuestro ordenamiento jurídico de una normativa seria y específica
para el tratamiento de los conjuntos económicos. Esta es una vieja carencia de nuestro
derecho comercial que lamentablemente nunca ha sido resuelta; no es casualidad que los
problemas más graves por los que ha atravesado nuestro sistema financiero y que han
afectado a los tres Bancos en mayor crisis han tenido que ver con el accionar de tres
grupos económicos que eran los accionistas de los respectivos Bancos.
Tampoco se desarrolló la supervisión global consolidada que, dada la
exposición de nuestro sistema financiero al riesgo argentino, hubiera permitido acceder a
información crucial sobre la situación de los principales grupos económicos que
terminaron afectando nuestro sistema.
Pero, la mayor vulnerabilidad que presentó la estrategia de
sostenimiento del sistema financiero fue la debilidad que el Banco Central poseía para el
ejercicio de sus funciones de contralor sobre las instituciones financieras. En efecto,
tal como se desarrollará en el siguiente punto del Informe, resulta evidente que el Banco
Central del Uruguay presentaba importantes carencias de diferente naturaleza para
desarrollar adecuadamente sus funciones de control y supervisión. Carencias en número de
recursos humanos, en instrumentos jurídicos, en actualización técnica y en
procedimientos de inspección y contralor.
De modo que a pesar de la centralidad estratégica que el sistema
financiero ha tenido para los sucesivos gobiernos en los últimos años, y de los
significativos recursos destinados al Banco Central por parte del Estado uruguayo, han
quedado en evidencia enormes dificultades en materia de su capacidad de contralor. Es una omisión muy relevante que las carencias existentes
en el funcionamiento del Banco Central queden en evidencia en oportunidad de esta crisis y
que no hayan sido señaladas con énfasis durante todo el tiempo anterior, en el que esta
institución fue la piedra angular del funcionamiento efectivo del sistema financiero.
A su vez, parece muy oportuno destacar la paradoja que se generó en el
desarrollo de la estrategia seguida por el gobierno en materia de preservación del
sistema financiero y que fue señalada por el actual Presidente del Banco Central, Ec.
Julio De Brun, en oportunidad de una de sus comparecencias ante la Comisión Investigadora
(02.12.02, págs. 60 y 61). De acuerdo a esta interpretación, que compartimos como otra
vulnerabilidad de la política seguida por el gobierno, los propietarios de algunos Bancos
jugaron con el hecho de que el Banco Central actuaba sobre la base de que no debía tomar
medidas drásticas con respecto a ninguna institución financiera, de modo que en su
accionar se aprovecharon de la postura estratégica de la autoridad monetaria
transfiriendo, de hecho, la responsabilidad por la continuidad del funcionamiento de su
propio Banco al Banco Central.
Tal análisis prueba hasta qué punto la opción estratégica asumida
por el gobierno generaba respuestas y conductas contraindicadas que alimentaban los
resultados negativos que finalmente ocurrieron.
Finalmente, debe señalarse que la estrategia de sostenimiento del
sistema financiero sobre la base de evitar la caída de cualquiera de los Bancos que lo
integraban también produjo en sí misma una nueva vulnerabilidad fundada en la
mantención en funcionamiento de instituciones bancarias absolutamente fuera de las normas
bancocentralistas, que solo podían funcionar sobre la base de un conjunto de tolerancias
y excepciones que se adoptaban específicamente a favor de tales instituciones.
De hecho, tanto el Banco Caja Obrera como el Banco Pan de Azúcar y
finalmente el Banco de Crédito funcionaban porque el Banco Central del Uruguay había
admitido, por decisión política, que no cumplieran con gran parte de la normativa
dispuesta y aplicable al conjunto de las instituciones financieras. Por otra parte, su
gestión a cargo de la Corporación para el Desarrollo, en ninguno de los casos significó
la superación de tales dificultades, por el contrario su evolución fue en la mayor parte
de los casos crecientemente insatisfactoria y la administración en manos del Estado a
través de la Corporación fue ruinosa.
De modo que la estrategia global llevada a cabo por los sucesivos
gobiernos desde el retorno a la democracia, con respecto a la estabilidad y solidez del
sistema financiero fue claramente inconsistente y afectada por importantes
vulnerabilidades que, en contexto de crisis se hicieron muy visibles y difíciles de
contrarrestar.
4.3. La persistencia extrema de la estrategia definida
Finalmente, cabe anotar que la continuidad de una única
orientación estratégica para enfrentar la crisis del sistema financiero parece haberse
extendido más allá de lo razonable. Dejando de lado la polémica sobre el acierto del
camino elegido, lo cierto es que el sostenimiento del sistema y de cada una de las
instituciones que lo integraban sobre la base del aporte de recursos públicos había
pasado, desde febrero hasta mediados de junio, por diferentes momentos.
La "corrida bancaria" nunca cesó, pero existieron momentos
de mayor y menor intensidad. Las etapas de reducción del ritmo de los retiros seguramente
generaron la expectativa en la conducción del gobierno de que el fenómeno pudiera ser
revertido.
Sin embargo, cuando a mediados de junio, en forma simultánea, se
modifica la política cambiaria y se interviene el Banco de Montevideo, no existe margen
de duda sobre el grave impacto que tales hechos deberían tener sobre la gravísima
situación financiera que se vivía. A pesar de ello, la conducción gubernamental mantuvo
inalterada su conducta durante un mes más. Si el conjunto de la estrategia resulta
difícil de compartir, la continuidad de esta postura con posterioridad a los hechos
reseñados es imposible de entender, particularmente porque en ese período final se
aplicaron U$ 400: millones más para intentar revertir un fenómeno que claramente ya no
tenía retorno.
Se puede afirmar, entonces, que la estrategia definida por el gobierno
se extendió mucho más allá de lo razonable, aun cuando todos los elementos de juicio
demostraban con contundencia el fracaso de la estrategia seguida.
Resumiendo, la alta exposición al riesgo argentino; la ausencia de
medidas globales de fortalecimiento del sistema financiero como el seguro de depósitos y
la supervisión global consolidada; la ausencia de una normativa exigente en materia de
regulación de los conjuntos económicos; la debilidad notoria del Banco Central para
ejercer la función de contralor de las instituciones financieras por insuficiencia de
recursos humanos así como por la falta de actualización de
instrumentos y técnicas de contralor; y la continuidad del funcionamiento de
instituciones financieras incapaces de cumplir con las normas bancocentralistas que por
otra parte estaban –en la mayoría de los casos- pésimamente administradas, son
razones suficientes para determinar que la estrategia orientada a sostener el sistema
financiero sobre la base de evitar la caída de cualquiera de sus Bancos estaba destinada
al fracaso.
A su vez, la continuidad de la estrategia mucho más allá de lo que
razonablemente los datos de la realidad indicaban fue un factor crítico adicional que
aumentó los perjuicios finalmente producidos con respecto a la situación del país y de
los ciudadanos.
Finalmente, la inconsistencia anotada entre la estrategia definida y
las decisiones tomadas con respecto al caso del Banco de Galicia, fue un elemento
disparador agregado a las vulnerabilidades anotadas para determinar un inevitable
resultado negativo en la neutralización de la crisis bancaria.
5. Capacidad general de contralor del Banco Central del Uruguay
De acuerdo a lo señalado más arriba, la capacidad de contralor
del Banco Central del Uruguay sobre las instituciones financieras puede calificarse de
débil e insuficiente para garantizar el funcionamiento adecuado y el cumplimiento
estricto de las disposiciones normativas que regulan al sistema.
En efecto, ya en su primera comparecencia ante la Comisión
Investigadora, el actual Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera,
Dr. Fernando Barrán, señalaba que solo existían 40 supervisores para supervisar 48
instituciones financieras y 116 entidades no bancarias. (17.10.02, págs. 13 y 14). Sin
embargo, con anterioridad a la crisis bancaria nunca se había indicado por parte del
Banco Central que este se encontraba incapacitado por falta de recursos humanos
calificados para cumplir con sus funciones básicas de contralor.
Por el contrario, el ordenamiento jurídico y las disposiciones
específicas que regulan la situación de sus funcionarios y su nivel de remuneraciones
han tenido en cuenta la importante función que el Banco Central del Uruguay cumple en
nuestra estructura institucional priorizando sus requerimientos, por tanto la carencia
señalada debió haber sido indicada en forma previa a las circunstancias analizadas, para
haber podido prevenir las situaciones ocurridas.
Sobre los procedimientos de contralor de los Bancos se ha indicado que
existen cuatro instancias encargadas de controlarlos. Dos de ellas son de carácter
interno: el Directorio del Banco y la Auditoría Interna; las dos restantes son de
carácter externo y consisten en: los Auditores Externos y la Superintendencia de
Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central. (Dr. Fernando Barrán,
17.10.02, pág. 15).
La función de contralor del Banco Central con respecto a una
institución financiera se vehiculiza a través de Grupos Inspectivos que tienen a su
cargo el contralor de un grupo de instituciones financieras. El contralor de tipo
ordinario se realiza a través de lo que puede denominarse el control a distancia mediante
la recepción de informes periódicos que envía la propia institución financiera y en
forma bienal mediante el análisis PADUL que permite tener una inspección global sobre la
situación de la institución en cuestión. Como se verá más adelante, en algunos casos
los informes PADUL no cumplieron con la periodicidad establecida.
Cuando en el caso de alguna institución financiera se constatan
situaciones preocupantes se da paso a la supervisión intensiva que consiste en un
monitoreo diario de la evolución de los depósitos y activos líquidos, así como la
previsión de vencimientos de depósitos de corto plazo.
El Cdor. Alfredo Porro, actual Intendente de Instituciones de
Intermediación Financiera, señaló a la Comisión Investigadora los contenidos
específicos de la supervisión intensiva: "Si bien no está específicamente
definido, hemos establecido algunos procedimientos que hacen a este mayor pedido de
información en los casos en que se está bajo este tipo de supervisión. Evidentemente,
se usa el insumo de información suministrado por la institución, pero en estos casos
particulares, como hay pedidos de información adicional –que en la mayoría de los
casos es extracontable y depende de desarrollos informáticos que sean realizados a medida
para la supervisión– el grupo inspectivo que está actuando debe cerciorarse, en
primer lugar, de la calidad de la información, es decir que sea veraz y consistente.
En cuanto a los procedimientos a señalar, nos podríamos referir a la
realización de reuniones más intensas con el personal superior de la institución
financiera, a efectos de recabar información sobre la situación y las medidas que se
están tomando. La periodicidad de esas informaciones dependerá de las características
de la institución y de la situación en que se encuentre...
También se lleva a cabo la participación en los distintos comités de la empresa de
intermediación financiera y un estudio de los libros para ver las actas correspondientes.
Es deseable la participación de los inspectores en aquellos comités que se consideran
vitales o relacionados con las áreas con problemas...Cuando se produjeron los problemas
conocidos en Argentina, la plaza financiera uruguaya sufrió una corrida de depósitos.
Por esa razón, la Superintendencia solicitó diariamente información sobre la evolución
de los depósitos, el perfil de los vencimientos y las cuentas relacionadas con la
liquidez." (02.12.02, pág. 70).
Como se verá más adelante, esta medida fue tomada en los dos Bancos
críticos, Banco Comercial y Banco Montevideo, cuando las situaciones de ambos indicaban
problemas serios de funcionamiento.
Sin embargo, las diferentes autoridades actuales y anteriores del Banco
Central señalan dificultades para el ejercicio efectivo de la función de contralor de
las instituciones financieras y concentran estas carencias en la ausencia de dos medidas
concretas, ya señaladas más arriba, la primera de ellas es la ausencia de una
regulación efectiva que permita controlar los conjuntos económicos y la segunda es la
supervisión global consolidada que tiene que ver con la posibilidad de supervisar al
grupo económico en sus actividades en otros países, lo que en el caso concreto hubiera
sido muy importante puesto que, como ya se ha dicho, los Bancos en cuestión tenían
importantes vínculos con otras instituciones financieras instaladas en otros países de
la región, en particular Argentina.
Justamente, durante el año 2001 la Superintendencia de Instituciones
de Intermediación Financiera trabajó en un proyecto de instalación de la supervisión
global consolidada, sin embargo, este proyecto no se convirtió en realidad debido a la
existencia de diferentes opiniones en el seno del Directorio del Banco Central acerca de
su pertinencia.
La supervisión global consolidada le otorga al Banco Central una
capacidad de información y contralor sobre lo que ocurre con una determinada institución
financiera más allá de fronteras permitiendo extender su información y contralor sobre
lo que una misma institución está realizando en otro país, pero como contrapartida el
Banco Central del país en cuestión adquiere similares facultades sobre lo que ocurre con
las diferentes instituciones financieras en nuestro país. Por lo tanto, tal mecanismo
obliga a modificar las normas vigentes en Uruguay sobre el alcance del secreto bancario,
puesto que las autoridades monetarias del país con el que se acuerda la supervisión
consolidada adquieren el derecho de conocer la situación de las instituciones financieras
que operan en nuestro país con la misma profundidad que el propio Banco Central.
Resulta indudable que la instrumentación de la supervisión global
consolidada en nuestro orden jurídico con anterioridad a la crisis bancaria hubiera
permitido detectar antes las situaciones que se fueron generando en el Banco Comercial y,
quizás también en el Banco de Montevideo.
A su vez, como acaba de decirse, tal mecanismo habría implicado
revisar alguno de los axiomas que durante años han regido el funcionamiento de nuestro
sistema financiero, tal como es el alcance de la regulación actual del secreto bancario.
Uno de los pilares sobre los que se construyó el sistema financiero uruguayo era la
existencia de ciertas garantías de reserva y secreto para captar los ahorros de los no
residentes y desde ese punto de vista el secreto bancario, extralimitado en la práctica,
según nuestra opinión, más allá de su expresión jurídica, cumplía con tal misión
de atracción de depósitos. Por lo tanto la supervisión global consolidada afectaba esta
garantía, pero como contrapartida otorgaba al organismo de contralor de nuestro sistema
financiero facultades mayores que probablemente le hubieran permitido prevenir parte del
impacto negativo que nuestro sistema financiero sufrió.
Por otro lado, no parece haber sido una decisión acertada que el Banco
Central haya modificado la Circular Nº 1758 del 30 de agosto de 2001 que establecía
que la calificación de riesgo de las instituciones financieras debía realizarse con
periodicidad semestral, por la Circular Nº 1773 de 28 de febrero de 2002 que aumenta
la periodicidad de dicha calificación a anual. Esta resolución, tomada ya en plena
crisis bancaria, tiende a distender los mecanismos de control disminuyendo la periodicidad
de la calificación del riesgo, cuando lo adecuado debió haber sido ajustar aún más los
mecanismos de contralor.
Finalmente, la normativa que regula los procedimientos de auditoría
externa de los Bancos establece la necesidad de que las empresas auditoras deban ser
reconocidas y autorizadas por el Banco Central pero le permite a cada institución elegir
sus auditores externos. El dirigente sindical de AEBU, Juan José Ramos, sugería la
necesidad de cambiar el régimen otorgando al Banco Central la potestad de indicar el
auditor externo para cada institución financiera y definiendo el
carácter rotativo de dichos auditores. (18.11.02, págs. 63 y 64). Parece una propuesta
acertada para aumentar las garantías del contralor externo sobre las instituciones
bancarias.
Por otra parte, el Ec. Julio De Brun al señalar las modificaciones que
en la actualidad está implementando la SIIF con respecto a su función de supervisión
sobre las instituciones financieras muestra las carencias preexistentes en el desarrollo
de dicha función:
"La realidad de esta crisis muestra, crudamente, que la
supervisión tiene que ir mucho más allá, alcanzando aspectos que hacen al propio
gobierno de la institución financiera en cuestión y a la capacidad del Banco Central de
evaluar la forma en que una institución está siendo gobernada, administrada y controlada
por sus propios dueños. También está vinculada a la consideración de otros riesgos que
no son específicamente los que en la actualidad se miran en primer lugar cuando se
analiza una supervisión financiera; es decir, los riesgos de cobrabilidad o
incobrabilidad de los créditos vigentes. Se deben atender los riesgos de monedas de quien
está tomando el crédito y los de posición regional o geográfica de las inversiones que
una institución bancaria realiza. Asimismo, se debe realizar el análisis de los riesgos
de las operaciones en general de parte de las instituciones; es decir, cómo podemos hacer
para que la institución financiera en cuestión internalice los riesgos en los cuales
incurre en su política de crédito y de inversiones, a los efectos de que en todo momento
el patrimonio sea adecuadamente medido para prevenir situaciones de crisis o
problemáticas como las que tuvo que vivir Uruguay este año... Así que en un proceso
gradual que el Banco Central irá observando en los próximos meses, mediante la adopción
de nueva normativa...iremos efectuando cambios en los procedimientos y en las actuaciones
de nuestra SIIF, cada vez en mayor coordinación con las otras áreas de regulación del
Banco Central, ya que esta crisis nos ha mostrado que lo que ocurre en el sistema
financiero no es independiente de lo que sucede en otras áreas que también están bajo
la supervisión del Banco, como la de seguros y la de mercado de valores" (02.12.02,
pág. 33).
En síntesis, el propio Banco Central en su comparecencia ante la
Comisión Investigadora reconoce las dificultades enfrentadas para cumplir con eficacia su
tarea de supervisión e inspección de las instituciones financieras. Por un lado, la
ausencia de recursos humanos en cantidad suficiente; por otro lado la falta de dos
instrumentos jurídicos valorados como relevantes para el éxito del contralor, la
supervisión global consolidada y la regulación de los conjuntos económicos; y
finalmente la necesidad de modernizar la propia concepción de lo que debe ser objeto de
contralor yendo más allá de la valoración de las carteras de créditos y los flujos de
depósitos. Tales autocríticas, aun siendo de recibo, no son justificables puesto que el
papel que el Banco Central juega en la ingeniería institucional del Estado uruguayo y los
recursos asignados al cumplimiento de sus funciones no permiten admitir que las
mencionadas carencias puedan justificar los problemas en el desempeño de las funciones
que le fueron asignadas.
Hasta aquí se puede resumir una valoración general sobre la capacidad
general del Banco Central para controlar a las instituciones financieras, de esta
valoración surgen carencias o dificultades significativas para ejercer la mencionada
función. En los siguientes apartados analizaremos la gestión concreta del Banco Central
en el ejercicio del contralor de los Bancos Comercial, de Montevideo y Caja Obrera y de
Crédito estableciendo las responsabilidades presuntamente existentes en el ejercicio
concreto de esta función para cada uno de los casos.
6. Evaluación del contralor ejercido por el Banco Central sobre el
Banco Comercial
Una vez transcurrido el tiempo desde que las irregularidades en el
Banco Comercial fueron detectadas, resulta evidente que las mismas poseen una importante
antigüedad que, incluso de acuerdo a las actuaciones judiciales en curso, se remontan a
varios años atrás. Por lo tanto, no resulta fácil valorar el contralor ejercido por el
Banco Central en relación a este tema que, por otra parte, escapa por lejos al período
que abarca la Comisión Investigadora que integramos.
Nos limitaremos a expresar las principales conclusiones que emergen de
los elementos que hemos tenido a disposición. Otra cosa diferente, como se verá más
adelante, será el análisis del contrato de capitalización celebrado por el Poder
Ejecutivo con los accionistas del Banco Comercial o la asistencia financiera que tanto el
Banco Central como el propio Poder Ejecutivo otorgó a este Banco.
Con respecto al contralor ejercido por el Banco Central sobre el Banco
Comercial, evidentemente hay indicadores claros de que existieron importantes falencias.
Sin embargo, estas son en su mayoría anteriores al momento en que el Banco Central
asignó al Grupo Inspectivo Nº 8 la función de inspección
del Banco Comercial, puesto que solo transcurrieron cinco meses desde que se le asigna la
función hasta el momento en que se produce la crisis del mencionado Banco.
En efecto, de acuerdo a lo señalado por la contadora Giselle Itté,
Jefa del grupo inspectivo correspondiente: "El equipo se hizo cargo del Banco
Comercial en junio de 2001. La primera inspección que se hizo fue respecto a determinados
riesgos crediticios al 30 de junio de 2001, sobre una muestra que proporcionó la
gerencia. Entre esos riesgos estaba Ignacio Rospide y la empresa Kompira. Otra actuación
inspectiva en el año 2001 fue el canje de los valores públicos argentinos que se operó
el 6 de noviembre en la República Argentina. Esas fueron las inspecciones que se
realizaron en 2001" (03.02.03, pág. 40).
Más adelante agrega: "Desde junio de 2001 el Banco Central estaba
monitoreando el riesgo país que estaban asumiendo las distintas instituciones
financieras. Había un formulario que nos mandaban todas las instituciones sobre sus
colocaciones en Argentina, Brasil, Uruguay y en el resto del mundo. Con respecto a estos
valores el Banco nos envía una nota el 11 de diciembre diciendo que se presentó al
canje, en ese momento se va a investigar más profundamente esos valores públicos en la
Argentina: cuáles eran, por qué montos y el monto por el que estaban valuados. En ese
mismo momento, se estaba estudiando la cartera y estaban surgiendo estas operaciones que
eran garantizadas por el Sr. Rospide. O sea que el señor Rospide garantizaba el valor de
estos valores" (03.02.03, pág. 41).
Por otra parte, ante la interrogante sobre si, a su juicio, se podría
haber detectado la maniobra con los bonos argentinos, la contadora Itté responde:
"Si se hubiera hecho especialmente una revisión de la cartera de valores, eso
hubiese surgido. Nosotros no hicimos ningún estudio PADUL de esta institución; el
último que se había hecho del Banco fue a junio de 1998. Y se pensaba hacer una
inspección PADUL de esta institución al 31 de diciembre de 2001. Como lo recibimos en
junio – esto fue algo que se habló con el Sr. Intendente – íbamos a realizar
ese estudio al cierre de ejercicio, porque previo a un PADUL hay que tomar un poco de
conocimiento de la institución." (03.02.03, pág. 41).
De la información proporcionada por la Jefa del Grupo Inspectivo no
parecen surgir responsabilidades puesto que este grupo asume en junio de 2001 y de allí
en más va a tener una actuación muy significativa en las medidas producidas durante el
propio año 2001 y, particularmente en la investigación de las diferentes formas de
fraude ocurridas dentro del Banco Comercial. Al mismo tiempo, como se verá más adelante,
este grupo emite diversos informes sobre la situación patrimonial del Banco Comercial.
De hecho, tal como lo señala el Cdor. Rodríguez Batlle, "...el
Banco Central exige el 7 de noviembre de 2001 al Banco Comercial que aumente en un 30% sus
previsiones por su exposición a la deuda argentina. El 28 de diciembre de 2001 el Banco
Central decreta la supervisión intensiva del Banco Comercial y el 2 de enero de 2002
establece nuevas disposiciones para incluir en el Balance 2001, le exige nuevas
previsiones por los bonos argentinos, obliga a no distribuir utilidades excepto por rentas
percibidas. El 31 de enero de 2002 se exigen nuevas previsiones. (09.12.02, págs. 124 y
125).
Sin embargo, como fue señalado en su momento por la Cdora. Itté, el
Banco Comercial llevaba tres años sin que se realizara un análisis PADUL sobre su
situación, lo que de acuerdo a las normas es un tiempo demasiado extenso.
Por otro lado, a partir de lo ocurrido en el Banco Comercial, el
Directorio del Banco Central ordena el 20 de febrero de 2001 una investigación
administrativa interna para establecer las responsabilidades de los servicios técnicos en
el contralor del funcionamiento del Banco Comercial.
Si bien esta investigación administrativa, a la fecha de realizar este
Informe no ha culminado, sabemos que las conclusiones establecen elementos críticos sobre
el accionar de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.
En dicho informe se señalan una gran cantidad de deficiencias que,
incluso, van más allá del caso del Banco Comercial y como se verá más adelante serán
aspectos que aparecen entre las carencias detectadas en el contralor del Banco de
Montevideo.
En efecto, las carencias señaladas en las conclusiones de la
investigación interna abarcan aspectos específicos aplicables al caso concreto del Banco
Comercial y también incluye valoraciones críticas más generales que cuestionan el
funcionamiento de la propia Superintendencia de Instituciones de Intermediación
Financiera.
Las observaciones más generales están referidas a: (a) la
detección de carencias en el seguimiento de las observaciones y recomendaciones, (b) carencia de personal en los grupos inspectivos, (c)
incumplimiento de la frecuencia estipulada para las evaluaciones globales, (d)
concentración en las decisiones en el Superintendente, (e) carencias en la coordinación
con otras áreas del Banco, (f) desactualización y subutilización de los manuales de
procedimientos existentes y (g) carencias en la normativa bancocentralista.
Por otra parte, otras conclusiones a las que arribó esta
investigación refieren específicamente a la existencia de carencias específicas en el
contralor del Banco Comercial. En particular, se señaló: (a) la insuficiencia de
actuaciones "in situ", (b) deficiencias en la gestión y adopción de medidas
oportunas, (c) demora en el traspaso de responsabilidades, (d) falta de coordinación en
el traspaso de responsabilidades, (e) carencias en la supervisión a distancia, (f)
carencia en la adopción de medidas sobre incumplimientos detectados, (g) carencias en la
evaluación de los auditores externos, (h) inexistencia de controles sobre el Commercial
Investment Holding y (i) existencia de registraciones contables al cierre de los balances.
Como se puede apreciar, la mayor parte de las observaciones
señaladas son de entidad y cuestionan la actuación de las principales jerarquías de la
Superintendencia de la época.
De modo que, si bien la valoración del contralor del Banco Comercial
por parte del Banco Central trasciende por lejos el marco temporal del objeto de nuestra
investigación, las observaciones demuestran carencias importantes en la operativa del
Banco Central que refuerzan lo ya indicado con respecto a la debilidad del Banco Central
para cumplir con su función de contralor del sistema financiero y de cada una de sus
unidades integrantes.
7. Evaluación del contralor ejercido por el Banco Central sobre el
Banco de Montevideo
Es posible afirmar que los equipos técnicos del Banco Central
constatan tempranamente la situación de incumplimiento de normas bancocentralistas por
parte del Banco de Montevideo y aconsejan resoluciones acordes con tales incumplimientos.
Sin embargo, posteriormente la actuación del Directorio del Banco Central en su potestad
de hacer cumplir sus resoluciones y en la velocidad para su implementación deja enormes
interrogantes sobre el fundamento de sus decisiones.
Veamos, en primer lugar, una apretada síntesis de los hechos ocurridos
para luego expresar una valoración de los mismos.
De acuerdo a lo establecido en el Expediente del Banco Central
2002/0267 el Grupo Inspectivo Nº 5, encargado de la inspección del Banco de
Montevideo, da cuenta el 18 de febrero de 2002 de un importante incremento de colocaciones
de dinero del Banco Montevideo dentro del propio grupo económico. En concreto se habían
verificado préstamos al Sr. Juan Peirano por U$ 6: millones, al Banco Velox por U$ 1:5
millones y transferencias al Trade and Commerce Bank (TCB) de Islas Caimán por U$ 40:
millones.
Tal como explicara el actual Presidente del Banco Central a la
Comisión Investigadora, la operativa del Banco de Montevideo con el TCB consistía en
que: "El Banco de Montevideo prestaba dinero al TCB para financiar retiros de
depósitos de clientes del TCB, ya sea de Uruguay, Argentina u otros países. El TCB
recibía esos recursos del Banco de Montevideo, triangulándolos para el financiamiento de
otras empresas del grupo. Eso estaba fuera de la capacidad de supervisión del Banco
Central, dado que este no podía hacer el seguimiento de las operaciones que a su vez
hiciera el TCB" (02.12.02, pág. 40).
A partir de esta fecha se suceden informes casi diarios del Grupo
Inspectivo Nº 5 en el que consta un proceso de incremento de operaciones por parte
del Banco de Montevideo que redundan en un aumento permanente de exposición a empresas
vinculadas.
El 22 de febrero el Grupo Inspectivo propone a la SIIF una resolución
que establezca el cese inmediato de la concesión de créditos al grupo y el 25 de febrero
de 2002 el Banco Central resuelve la Supervisión Intensiva del Banco de Montevideo. El 4
de marzo un informe jurídico del Banco Central califica las operaciones cuestionadas por
el Grupo Inspectivo como prohibidas por la ley de acuerdo al literal C) del
artículo 18 del Decreto-Ley
Nº 15.322.
El 5 de marzo el Grupo Inspectivo Nº 5 eleva nota a la SIIF
proponiendo una resolución que establezca el cese inmediato de la concesión o incremento
de créditos al grupo y la cancelación de los préstamos concedidos a Juan Peirano, TCB y
Banco Velox. Esta propuesta es aceptada por el Directorio del Banco Central que la adopta
como la resolución D110/2002 del 7 de marzo de 2002.
En su parte resolutiva establece: "SE
RESUELVE: 1) Instruir particularmente al Banco de Montevideo S.A. que, sin perjuicio
de las medidas que corresponda aplicar de conformidad con la normativa vigente, debe cesar
de inmediato en la concesión de créditos directos o contingentes y en incrementar por
cualquier otra vía la asunción de riesgos con respecto a personas físicas o jurídicas
vinculadas. Asimismo, deberá proceder a la cancelación de los concedidos a Velox
Investment Company, Juan Peirano Basso, Trade and Commerce Bank y Banco Velox en el
término de 30 días. 2) Ordenar a dicha institución que proceda a la inmediata
recategorización (y consiguiente constitución de previsiones) de los siguientes
deudores, asignando las categorías de riesgo que se indican a continuación:
Deudor |
Clasificación |
Sector no financiero
|
|
| Velox Investment Company |
3 |
| Juan Peirano Basso |
2 |
Sector financiero
|
|
| Trade Commerce Bank |
2 |
| Banco Velox |
2 |
3) Requerir a Banco de Montevideo S.A. que antes del 12 de marzo
de 2002 informe a la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, a
efectos de su aprobación previa, las medidas a adoptar para recomponer, en un plazo que
no se extienda más allá de 90 días la situación patrimonial existente con anterioridad
a la concesión de los créditos otorgados a los deudores a que hacen referencia el punto
2) de esta resolución, dado el efecto negativo que sobre el patrimonio provoca la
constitución de las previsiones resultantes de la recategorización ordenada
(2002/0267)".
La resolución D110/2002 es incumplida por las autoridades del Banco de
Montevideo, quienes entablan una negociación con el Banco Central procurando modificar su
contenido. A este respecto el Banco Montevideo envía dos notas al Banco Central, la
primera de fecha 11 de marzo y la segunda de 13 de marzo en la que ofrece fórmulas
alternativas más favorables al Banco.
El 15 de marzo el Grupo Inspectivo Nº 5 informa que el Banco de
Montevideo no ha cumplido con lo establecido en la resolución D110/2002, y el 21 de marzo
el Cdor. Rodríguez Batlle envía nota al Banco de Montevideo rechazando la propuesta
efectuada por las autoridades del Banco de Montevideo del 13 de marzo y manteniendo los
contenidos de la resolución del 7 de marzo.
El 22 de marzo el Banco de Montevideo plantea una nueva propuesta,
aunque en sus contenidos es prácticamente idéntica a las fórmulas presentadas en las
notas anteriores.
El 8 de abril, los servicios técnicos del Banco Central elevan a la
Superintendencia una nota analizando la propuesta del Banco de Montevideo del 22 de marzo
en la que se realiza una evaluación favorable de la mencionada propuesta.
A esta altura, el Banco de Montevideo no solo había incumplido la
resolución del Directorio del 7 de marzo, sino que había incrementado la exposición al
TCB en U$ 34:700 millones, aumentando su exposición de U$ 65:400 a U$ 100:100
millones de dólares. A su vez, la deuda del Banco Velox se mantenía en U$ 30: millones y
no se había cancelado el préstamo a Juan Peirano.
Es sorprendente que el Banco Central haya aceptado mantener un
intercambio de notas con las autoridades del Banco de Montevideo mientras este último no
solo incumple lo resuelto por la autoridad monetaria sino que aumenta su exposición al
TCB. Más sorprendente es el giro adoptado por los servicios técnicos y el Directorio del
Banco Central que llevan a que el 25 de abril este último tome una nueva resolución,
D199/2002, sensiblemente más permisiva con respecto a la situación de este Banco.
La resolución D199/2002, en síntesis, otorga a las autoridades del
Banco de Montevideo plazo hasta el 15 de mayo para capitalizar U$ 45: millones; sesenta
días para constituir garantías reales en respaldo de la deuda del TCB y nada menos que
18 meses para que el TCB cancele su deuda con el Banco de Montevideo. A su vez, también
se resuelve no pronunciarse sobre la suspensión de la recategorización referida a Banco
Velox S.A. y Trade and Commerce Bank, hasta tanto no transcurran los plazos dispuestos
para la capitalización y la constitución de garantías.
En esa fecha la exposición al TCB por parte del Banco de Montevideo
había llegado a U$ 107:900 millones lo que implicaba un incremento de U$ 42:500 millones
con respecto a la fecha en que se detectó la maniobra.
La resolución D199/2002 no solo es sorprendente porque supone una
medida menos exigente con el Banco de Montevideo luego de que este desacató en forma
continua la resolución anterior, sino que además prorroga hasta
el 15 de mayo la constatación del cumplimiento de las nuevas medidas. En efecto, de
acuerdo a la resolución del 25 de abril, el Banco Central ya no exige que se dejen sin
efecto los préstamos a vinculadas, ni la exposición a TCB sino que además otorga un
plazo de veinte días para que las autoridades del Banco de Montevideo demuestren si
están dispuestas a cumplir con esta nueva exigencia, ciertamente menos fuerte que la
anterior.
Por otra parte, dejar en suspenso la recategorización de los créditos
implica mantener fictamente el valor patrimonial del Banco de Montevideo, en tanto se
acepta posponer la previsión de dichos créditos.
Pues bien, cuando el 15 de mayo el Banco de Montevideo incumple con la
nueva resolución del Banco Central puesto que no capitaliza los U$ 45: millones
acordados, la exposición al TCB por parte del Banco de Montevideo había aumentado a U$
126:928 millones, es decir U$ 61:500 millones más con respecto al momento en que se
detectó la maniobra y U$ 19: millones desde el momento en que el Banco Central aprobó la
nueva resolución D199/2002. La deuda del Banco Velox se mantuvo en los U$ 30: millones.
A su vez, el Banco Central comenzó a brindar asistencia financiera el
17 de mayo, es decir cuando el Banco de Montevideo ya había incumplido nuevamente con la
nueva resolución del Banco Central.
Con respecto a las garantías ofrecidas por el Grupo Peirano es
necesario realizar ciertas precisiones.
En primer lugar, tal como surge del Expediente 2002/0267 y de las
propias declaraciones del Cdor. Rodríguez Batlle, la oferta de acciones de Disco Ahold
por parte del Grupo Peirano al Banco Central realizada el 22 de febrero consistía en el
depósito de 312 acciones que los propios banqueros valoraban en U$ 83:200 millones. Sin
embargo, tres días después y luego de que el Banco Central aceptara la oferta, el Grupo
Peirano cambia su propuesta y declara al Banco Central que ha vendido sus acciones a Royal
Ahold y ofrecen en garantía el eventual producido de dicha venta que ahora valoran en
solo U$ 30: millones, lo que luego tampoco van a cumplir. De modo que la oferta de
acciones nunca estuvo firme ni representó un monto fijo. (12.12.02, pág. 2 y notas que
componen el Expediente 2002/0267).
Con respecto a la exigencia del Banco Central sobre la constitución
efectiva de garantías reales suficientes en relación al riesgo creciente que el Banco de
Montevideo estaba asumiendo, debe señalarse que la propuesta original presentada por las
autoridades del Banco de Montevideo incluía una extensa lista de bienes que ellos
avaluaron en U$ 54: millones; sin embargo a la hora de documentar las garantías la lista
se reduce a siete bienes inmuebles que en total ascenderían a no más de U$ 10: millones.
(Expediente 2002/0267).
En este estado de situación, el Banco de Montevideo eleva su
exposición al TCB el 30 de mayo a U$ 140: millones y el 6 de junio el Grupo Inspectivo
Nº 5 informa sobre un incremento significativo de préstamos a diversas empresas y
personas vinculadas, además se produce un crédito a favor de Ignacio Rospide que al 20
de mayo se situaba en U$ 2:700 y el 6 de junio había aumentado a U$ 5:750 millones.
Recién el 9 de junio el Directorio del Banco Central resuelve
establecer una veeduría en los Bancos de Montevideo y Caja Obrera. La veeduría se
extiende desde el 10 al 21 de junio y todos los informes de los veedores indican la
continuidad absoluta de las operaciones financieras prohibidas por el Banco Central y la
ineficacia total de la veeduría. De forma tal que cuando se resuelve la intervención la
exposición al TCB había aumentado hasta U$ 172:500 millones.
Por otra parte, durante todo este período, desde febrero a junio de
2002, las autoridades del Banco de Montevideo postergan mediante la omisión en el
suministro de la información correspondiente, la realización de la auditoría de su
balance al 31 de diciembre de 2001. Dicho balance auditado debió haberse hecho público a
mediados de febrero (cuarenta días después de cerrado el ejercicio), sin embargo fue
postergado hasta el 18 de junio, fecha que coincide casualmente con la decisión de
intervenir el Banco. Esta omisión de las autoridades del Banco de Montevideo debió haber
sido registrada por las autoridades del Banco Central y, sin dudas, debió haber formado
parte de los elementos de juicio en relación a la celeridad y severidad que debería
haber regido su actuación de contralor.
El Ec. Julio De Brun señalaba con respecto a la evolución del
endeudamiento con empresas vinculadas que "...efectivamente los problemas del Banco
de Montevideo se aceleran y precipitan a partir de diciembre, enero y febrero, el
endeudamiento con empresas vinculadas pasa de U$ 44:500 millones en diciembre de 2001 a U$
81:600 en enero de 2002 y en marzo de 2002 pasa a U$ 145:600 y el 30 de mayo de 2002
llega a U$ 194: millones" (02.12.02, págs. 38 y 39).
Este nivel de endeudamiento con las empresas vinculadas equivalía a
más del triple del patrimonio del Banco de Montevideo que a fines
del año 2001 ascendía a U$ 65: millones de dólares.
A su vez, también es necesario marcar los episodios que rodearon la
decisión de intervenir los Bancos de Montevideo y Caja Obrera.
En primer lugar, el descuido en la designación del interventor. En
efecto, el 21 de junio de 2002 las autoridades del Banco Central designaron al Sr. Adolfo
Díaz Solsona como interventor de ambos Bancos sin reparar en las vinculaciones familiares
que este tenía con la familia Peirano. A nuestro juicio ha quedado demostrado que este
episodio estuvo exento de intencionalidad, pero constituye un descuido sorprendente que
abona en la percepción sobre la falta de cuidado de parte de las autoridades del Banco
Central.
Una situación de valoración más compleja es la que se desprende de
la demora entre la toma de decisión de intervenir, el 18 de junio, y la ejecución de
esta decisión el 21 de junio, debe recordarse que entre ambas fechas existen tres días,
dos de los cuales son hábiles.
La explicación brindada sobre la necesidad de contar con un fin de
semana completo para proceder a la intervención de los Bancos Montevideo y Caja Obrera en
todas sus sucursales puede ser comprensible, de todos modos la operación de venta de
bonos del Banco de Montevideo ocurrida el último día antes de la intervención por un
valor de U$ 500.000, cantidad no muy elevada en comparación con las cifras que venimos
analizando, pero sensiblemente más alta que las transacciones que en ese período se
venían produciendo, arroja otra sombra sobre la actuación de las autoridades del Banco
Central.
Al respecto, el propio Presidente actual del Banco Central ha aceptado
que esta operación dio pie a pensar que existieron filtraciones sobre la noticia de su
intervención, lo que determinó incluso la realización de investigaciones pero no
arribaron a ninguna conclusión significativa. (02.12.02, pág. 75).
La evaluación de la gestión del Banco Central en el contralor de
lo actuado por las autoridades del Banco de Montevideo es absolutamente insatisfactoria.
Los servicios técnicos del Banco detectan las operaciones ilícitas en febrero de 2002 y
el 7 de marzo el Directorio del Banco Central dicta una resolución firme y exigente con
respecto a lo actuado por el Banco de Montevideo. Sin embargo, posteriormente las
autoridades del Banco Central aceptan el desacato de las autoridades del Banco de
Montevideo sin avanzar en las medidas de control e ingresan en una negociación sin que el
Banco de Montevideo al menos cese en el incremento de las acciones ilícitas.
Hay tres meses de demora entre la resolución del 7 de marzo y la
resolución D 322/2002 por la que se instala una veeduría en dicho Banco a partir del 9
de junio. El incremento global de la exposición a empresas y personas vinculadas en ese
período aumenta de alrededor de U$ 90: millones a más de U$ 200: millones.
La falta de autoridad para obtener obediencia del administrado, la
pasividad, lentitud o negligencia de las autoridades del Banco Central en este aspecto es
realmente asombrosa y de gran magnitud en lo que tiene que ver con los perjuicios
generados para el Estado uruguayo y para los ahorristas de los Bancos Montevideo y Caja
Obrera.
A estas valoraciones deben agregarse los episodios reseñados más
arriba con respecto al proceso de decisión de la intervención. En particular, el
episodio de la venta de bonos amerita ciertamente una nueva investigación a efectos de
determinar si existieron responsabilidades.
8. Las responsabilidades de los diversos organismos públicos en la
gestión del Banco de Crédito
El Banco de Crédito ha funcionado en base a un régimen de
excepción puesto que no daba cumplimiento a la mayor parte de las normas
bancocentralistas. Esta situación es anterior e independiente de la crisis financiera y
bancaria que estamos analizando; sin embargo es un componente que incide en las
posibilidades que este Banco tenía para hacer frente a un contexto general adverso.
El Banco de Crédito que es objeto de consideración en este apartado
surgió de un proceso de fusión que tuvo lugar en 1999 entre el Banco Pan de Azúcar,
propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo y el anterior Banco de Crédito,
propiedad del Grupo de la Unificación. En la nueva entidad bancaria el Estado a través
de la CND poseía la mayoría accionaria (51%) y el Grupo de la Unificación participó
con el 49% del paquete societario.
De acuerdo a las informaciones suministradas a la Comisión
Investigadora por parte del Cdor. Rodríguez Batlle y la Dra. Eva Holz en noviembre de
2001, el Banco Central intenta regularizar la situación de este Banco. La resolución del
Directorio Nº 484 del 28 de noviembre de 2001, plantea al Banco de Crédito el manejo de ciertos indicadores de gestión y se definen metas
que esta institución deberá cumplir. Estas metas hacen referencia a la disminución de
la morosidad, el aumento de la eficiencia, la mejora en la carpeta de clientes y de
información gerencial y metas en materia de previsiones. A su vez, la misma resolución
le otorga autorización para amortizar cargos diferidos de varios créditos y se le admite
que la responsabilidad patrimonial neta siga por debajo de lo que establecen las normas de
Banco Central.
Desde el punto de vista de las exigencias, el Banco Central en la
mencionada resolución de noviembre de 2001 solicita al Banco de Crédito que constituya
una segunda hipoteca sobre el Hotel Victoria Plaza y se le impide distribuir dividendos,
rescatar acciones y cambiar las remuneraciones del personal superior mientras mantengan
los cargos diferidos.
Sin embargo, la Cdora. Rosario Medero votó negativamente esta
resolución porque esta otorgaba al Grupo de la Unificación plazos de gracia sobre su
endeudamiento que fueron considerados excesivos, por otra parte se le autorizaba para
activar pérdidas por un período demasiado prolongado y porque de acuerdo a su opinión,
la resolución debería ser posterior a que el Grupo de la Unificación constituyera la
segunda hipoteca sobre el Hotel Victoria Plaza. De hecho, la mencionada segunda hipoteca
nunca se constituyó.
Con respecto a la excepcionalidad sobre el cumplimiento de la
responsabilidad patrimonial neta, la Cdora. Medero señaló que el plazo de adecuación
era excesivamente permisivo, puesto que recién debería llegar al 50% de la
responsabilidad patrimonial neta exigida legalmente en el año 2005. El patrimonio del
Banco de Crédito a noviembre de 2001 era negativo.
Resulta evidente que el Banco de Crédito gozaba de un régimen de
excepción cuya aplicación le permitía seguir funcionando. Esta circunstancia, tal como
afirma el Cdor. Bensión en su comparecencia de 14.07.03, fue la característica común de
"todos los Bancos gestionados mientras existieron como tales,...", "...el
Pan de Azúcar en 1985, el Comercial y el Caja Obrera en 1987 y luego el de Crédito.
Todos ellos vivieron con normas de excepción...todo el ambiente financiero del país supo
siempre que los Bancos gestionados gozaron de facilidades concedidas por los sucesivos
gobiernos –esto no es un problema de este gobierno- y del consentimiento tácito de
todos los Parlamentos que actuaron desde 1985 hasta ahora..." (14.07.03).
Otro aspecto de importancia en la valoración de la actuación de las
autoridades públicas con respecto a la situación del Banco de Crédito tiene relación
con la proporción activos/pasivos del socio minoritario de dicho Banco.
En efecto, a comienzos del año 2001 las empresas integrantes del Grupo
de la Unificación tenían deudas con el Banco de Crédito por un valor global de U$ 100:
millones, pero al mismo tiempo estas empresas tenían constituidos depósitos en dicho
Banco por un valor similar. Sin embargo, en el transcurso del año 2001 los depósitos se
redujeron sustancialmente, de manera que al 28 de diciembre de 2000 los depósitos
alcanzaban los U$ 120: millones y al 25 de febrero de 2002 se habían reducido a U$ 16:
millones. Pero el nivel de endeudamiento del Grupo de la Unificación con el mencionado
Banco se había mantenido estable durante el mismo período. De modo que el accionista
minoritario durante el año previo a la crisis bancaria retiró más de U$ 100: millones
en depósitos y mantuvo un nivel de endeudamiento por una cifra similar a la de los
retiros.
Todos los jerarcas de los organismos públicos relacionados con el
sistema financiero manifestaron haber estado en conocimiento de este proceso, también
unánimemente señalaron que no existía ningún recurso jurídico disponible para evitar
que tal proceso se consumara.
Por una parte, el Ministro de Economía de la época, el Cdor. Alberto
Bensión señaló "...el Ministerio no intervenía directamente en la negociación.
Sí estaba en conocimiento de esta situación por las reuniones periódicas que tenía con
el Presidente del Banco Central y, obviamente, era un motivo de preocupación... Hicimos
todo lo que estuvo a nuestro alcance para tratar de disuadirlos de lo que estaban
haciendo. No, legalmente no la había. Lo intentamos a través de la persuasión, pero
eran depositantes que tenían derecho a retirar sus depósitos" (14.07.03).
Los tres ex Directores del Banco Central también reconocen haber
realizado "intensas gestiones" en procura de revertir el proceso de retiro de
los depósitos por parte del Grupo de la Unificación, a su vez también todos los ex
Directores señalaron la ausencia de fórmulas jurídicas que impidieran estos retiros.
(26.05.03).
Por su parte, los Directores del Banco de Crédito en representación
de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Sr. Boris Martínez y Dr. Carlos Abdala,
señalan la misma circunstancia con respecto a la imposibilidad jurídica de evitar los
retiros que se fueron produciendo a lo largo de todo el año 2001.
(20.02.03).
De modo que durante el año 2001 se produce un retiro muy pronunciado
de los depósitos por parte del Grupo de la Unificación sin que las diversas autoridades
hayan podido evitarlo. Sin embargo, como se anotó más arriba, sobre fines del mencionado
año la mayoría del Directorio del Banco Central ratifica al Banco de Crédito y, por lo
tanto, también al Grupo de la Unificación, ciertas excepcionalidades en el tratamiento
de dicho Banco que le permiten seguir funcionando al margen de la normativa
bancocentralista.
¿No era esa la oportunidad para negociar un comportamiento diferente
por parte del Grupo de la Unificación en el retiro de sus depósitos? ¿No existían
posibilidades de condicionar la continuidad de ciertas excepciones y sobre todo la
facultad de diferir pérdidas a la recuperación de los depósitos?
Por otra parte, de acuerdo a la información suministrada por el Ec.
Julio De Brun, a la salida del feriado bancario el Banco de Crédito carecía de liquidez
suficiente para afrontar sus obligaciones y tenía una situación de insuficiencia
patrimonial que se arrastraba desde tiempo atrás. (02.12.02, pág. 5).
Finalmente, de acuerdo a lo declarado por los integrantes del
Directorio de la CND, estos no asumieron responsabilidad por la gestión del Banco de
Crédito. Al respecto afirman que los Directores por la CND en dicho Banco eran designados
por el Banco Central y que este era el responsable de su gestión. (10.02.03).
Sin embargo, cuando se le consultó al Banco Central acerca de su
responsabilidad con respecto al Banco de Crédito, las autoridades del BCU respondieron
que su actuación con respecto al Banco de Crédito no iba más allá de la que está
establecida con respecto a las demás instituciones financieras, lo que por otra parte
resulta lógico puesto que es impensable que un mismo organismo sea quien tenga la
responsabilidad de gestionar y, al mismo tiempo, controlar externamente al Banco.
Con respecto al impacto de la corrida bancaria sobre el Banco de
Crédito; este no es muy afectado por los retiros de depósitos en las primeras etapas de
la crisis bancaria; posteriormente a partir de los meses de abril y mayo los retiros
aumentan significativamente y comienza a sufrir pérdidas importantes.
En la última etapa recibió asistencia del Banco Central por U$ 18:300
con garantía de títulos públicos de propiedad del Banco.
En síntesis, los tradicionales defectos propios de los Bancos
gestionados se presentan en el caso del Banco de Crédito con la misma intensidad que en
casos anteriores.
Por un lado, una regulación plagada de excepciones que hacía posible
funcionar a un Banco que estaba lejos de cumplir con los requisitos generales de
funcionamiento.
Por otro lado, una gestión que no es asumida por ninguno de los
organismos del Estado y que por tanto se traduce, por omisión, en una delegación de
gestión a favor del socio minoritario.
En efecto, más allá de la mayoría que la CND tenía en el Directorio
del Banco de Crédito, las propias declaraciones de sus Directores señalaban con énfasis
la ausencia de responsabilidad por parte de aquel organismo con respecto a la suerte del
Banco en su funcionamiento. Por su parte, las autoridades del Banco Central solo asumen
responsabilidad por la función de contralor que les compete con respecto a todos los
Bancos, pero no con respecto a su gestión. Finalmente, el Ministro de Economía tampoco
se siente involucrado en el destino de este Banco por cuanto delega tal responsabilidad en
el Banco Central.
Sin embargo, más allá de las declaraciones de sus jerarcas,
jurídicamente la gestión estaba confiada a la CND y es este el organismo responsable de
su gestión; aunque paradójicamente los acuerdos firmados entre la Corporación para el
Desarrollo y el Banco Central le otorgan a aquella una garantía de no deterioro
patrimonial para la Corporación por su participación en el Banco de Crédito.
¿Quién tiene, entonces, la responsabilidad de la gestión del Banco
de Crédito? La propia necesidad de dar respuesta a esta interrogante es una demostración
de la caótica situación en que se encontraba la administración del Banco.
Desde el punto de vista de su propiedad el Banco de Crédito
pertenecía a la Corporación para el Desarrollo en un 51% y al Grupo de la Unificación
en un 49%. A su vez, la Corporación para el Desarrollo es propiedad del Ministerio de
Economía y Finanzas, por lo que indirectamente es el propio Poder Ejecutivo el que tiene
en su dominio al mencionado Banco. Por otra parte, el Banco Central otorgó una garantía
a la CND de que su participación en el Banco de Crédito no
podía afectar su patrimonio, por lo que la gestión de la CND con respecto al Banco de
Crédito le era indiferente desde el punto de vista de su impacto patrimonial, es decir
que se consagraba una forma de irresponsabilidad de gestión. Finalmente, la Corporación
interpretaba que la gestión le correspondía en definitiva al Banco Central y este
deslindaba responsabilidades en la medida que un mismo organismo público no puede cumplir
simultáneamente la función de contralor y de gestión de una misma institución
financiera.
En definitiva, el Banco de Crédito era un Banco sin solvencia
patrimonial que funcionaba en virtud de un largo cúmulo de excepcionalidades autorizadas
por el Banco Central, cuyo accionista mayoritario no asumía responsabilidad por su
gestión ni sufriría ningún perjuicio por un eventual resultado negativo del
funcionamiento de dicho Banco, y cuyo accionista minoritario resolvió de manera
unilateral, sin que ninguna de las autoridades pudiera impedirlo, retirar más del noventa
por ciento de sus depósitos manteniendo un nivel de endeudamiento elevado.
Debe concluirse que la Corporación Nacional para el Desarrollo
habría incurrido en responsabilidad por omisión al no hacerse cargo de la gestión
efectiva de dicho Banco y por no haber exigido, como accionista mayoritario, al accionista
minoritario que cesara en su conducta lesiva para el futuro de este Banco.
Debe, también, señalarse que la mayoría del Directorio del Banco
Central habría actuado en forma no apropiada al aprobar la resolución Nº 484 de
noviembre de 2001 por la que se otorgan al Banco de Crédito ciertas ventajas y
excepcionalidades sin condicionarlas a una modificación de la conducta del accionista
minoritario de retiro masivo de sus depósitos.
Debe analizarse con particular cuidado la asistencia financiera
otorgada por el Banco Central al Banco de Crédito, por cuanto la situación patrimonial
del referido Banco habría impedido que se verificara dicha asistencia dentro del marco
legislativo vigente.
Finalmente, los episodios reseñados ratifican la inconveniencia de
mantener el régimen de Bancos gestionados sobre la base de excepcionalidades; incluso
indican la inconveniencia de las soluciones asumidas en estos años por las que el Estado
uruguayo ha ido haciéndose cargo de Bancos en dificultades poniéndolos en manos de la
Corporación para el Desarrollo que, como sus propios jerarcas reconocen, carece de
idoneidad para gestionarlos.
La premisa que motivó esta línea de acción tanto en el caso del
Banco de Crédito como en las experiencias anteriores estuvo fundada en la estrategia
global a la que hicimos referencia más arriba, es decir la obligación de evitar
la caída de cualquiera de los Bancos que integraban el sistema. Sin embargo, a la
luz de los acontecimientos vividos esta postura debe ser revisada puesto que una de las
claves de un sistema financiero sano y sólido no es disimular situaciones insostenibles
evitando a cualquier precio la caída de un Banco con independencia de su solvencia, sino
mantener niveles altos de exigencia para el funcionamiento de las instituciones
financieras promoviendo su estabilidad y fortaleza, asegurando un efectivo control de su
funcionamiento.
9. Evaluación de la venta del Banco Caja Obrera al Banco de
Montevideo y su posterior funcionamiento
El análisis de la venta del Banco Caja Obrera al Banco de
Montevideo incluye cuatro aspectos que serán estudiados en forma separada. En primer
lugar el análisis del proceso licitatorio y de adjudicación que culmina con la firma del
contrato de compraventa del Banco Caja Obrera. En segundo lugar, la valoración jurídica
del contrato firmado; en tercer término la evaluación del estado patrimonial y de
liquidez del Banco Caja Obrera y finalmente la valoración del intercambio financiero que
se generó entre el Banco de Montevideo y el Banco Caja Obrera durante el período que
comienza con la celebración de la venta y culmina con la intervención de ambos Bancos.
9.1. Análisis del proceso licitatorio y de adjudicación de la
venta del Banco Caja Obrera
La voluntad política del Poder Ejecutivo, desde el comienzo de
este período de gobierno, fue la de retomar las acciones tendientes a vender el Banco
Caja Obrera. Esta decisión había sido tomada también en el período de gobierno
anterior aunque no había podido concretarse.
En función de este objetivo se realiza un llamamiento a expresión de
intereses y el 28 de julio de 2000 se presentaron varios interesados. Sin embargo, a la
hora de formalizar las ofertas solo dos instituciones presentaron sus propuestas, la Banca
Unione de Credito y el Banco de Montevideo.
La Comisión Asesora de Adjudicación, creada
por el Banco Central a los efectos de evaluar el proceso de licitación y adjudicación,
informa que la propuesta de la Banca Unione de Credito se aparta sustancialmente de lo
establecido en el pliego de condiciones puesto que planteaba que parte de la cartera de
créditos del Banco Caja Obrera quedara en manos del Estado. Así lo refieren el Cdor.
César Rodríguez Batlle (09.12.02, pág. 114) y el Dr. Saúl Pérez (miembro de la
mencionada Comisión Asesora) (28.10.02, pág. 36) entre otros.
El proceso posterior es reseñado por el Vicepresidente de la
Corporación para el Desarrollo, Esc. Julio Gemelli (28.10.02, págs. 42 a 44) quien da
cuenta de los sucesivos pasos transcurridos hasta la firma del contrato de compraventa del
Banco: el 6 de julio de 2001 se conoce el Informe de la Comisión Asesora de
Adjudicaciones; el 23 de julio la CND comunica al Banco Central que está a lo que este
último resuelva. El 3 de setiembre la Comisión Asesora eleva al Banco Central un
borrador del contrato y el Banco Central lo envía a la Corporación. El 19 de setiembre
el Banco Central expresa la garantía a la Corporación de que no será afectada
patrimonialmente como consecuencia del resultado de la venta del Banco Caja Obrera. El 24
de octubre el propio Esc. Julio Gemelli dejó constancia sobre los ajustes posteriores al
precio de venta y finalmente el 1º de noviembre la Corporación vota por mayoría aprobar
la venta del Banco Caja Obrera.
El Directorio del Banco Central por resolución Nº 481 de 27 de
noviembre de 2001, resuelve por mayoría aprobar la venta del Banco Caja Obrera al Banco
de Montevideo, con el voto en contra de la Cdora. Rosario Medero. Se ha suscitado una
polémica sobre el alcance de la discordia de la Cdora. Medero; en todo caso, más allá
de la discusión sobre si la decisión de venta contó o no con unanimidad, lo cierto es
que la Cdora. Medero votó negativamente la resolución 481/2001 que es la que decide la
autorización de la venta y sobre las condiciones específicas que el Banco Central
autorizó e incorporó en dicha resolución.
El contrato de compraventa se firmó el 3 de diciembre de 2001 y el
precio de venta se fijó en U$ 5 millones de dólares. Sin embargo, en el propio
texto del contrato se pactó que dicho precio sería ajustado posteriormente en función
del resultado de la auditoría que establecería el monto del incremento de las
previsiones por deterioro de la cartera en el período que va desde mediados de año y
hasta el momento del traspaso del patrimonio, con un límite del 80% del precio. Por lo
tanto, el precio mínimo de venta, una vez realizado el ajuste de valuación patrimonial,
podría reducirse hasta el 20% del precio establecido en el contrato (24.10.02, pág. 24).
Justamente, el resultado del ajuste realizado sobre el valor
patrimonial del Banco Caja Obrera llevó el precio final de venta al piso acordado
contractualmente, es decir a alrededor de U$ 1 millón de dólares. Vale
señalar que tal ajuste de reducción del precio no llegó a realizarse puesto que la
crisis de ambos Bancos impidió que se ejecutara antes de su intervención.
El acuerdo incluyó, además de la cláusula de ajuste sobre el precio
de venta, un conjunto de disposiciones que permitieron mantener en vigor las excepciones
de que gozaba el Banco Caja Obrera con posterioridad a la firma del contrato, así como
ciertas ventajas específicas a favor del Banco de Montevideo.
Estas tolerancias fueron solicitadas por el Directorio del Banco de
Montevideo el 17 de octubre de 2001 y fueron aprobadas en su totalidad por la
Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera tan solo seis días
después, elevándose al Directorio del Banco Central con informe favorable. La mayoría
del Directorio del Banco Central las aprobó por resolución del 27 de noviembre de 2001 y
así lo hizo saber a los Directorios de la Corporación Nacional para el Desarrollo y del
Banco República (accionistas del Banco Caja Obrera) para otorgar la firma del contrato de
compraventa.
De acuerdo a lo declarado por los miembros del Directorio del Banco
Caja Obrera, ninguno de ellos tuvo participación ni directa ni indirecta sobre el proceso
de compraventa del mencionado Banco (11.11.02, pág.19).
Las excepciones incorporadas al texto del contrato suponen una
alteración en el trámite del proceso de adjudicación. En efecto, estas modificaciones
se incorporan con posterioridad a la apertura del segundo sobre, sin embargo de acuerdo a
lo establecido en el pliego de condiciones, el único aspecto que debía valorarse en esta
etapa era el precio. A pesar de ello, no solo se incluye una fuerte condicionalidad sobre
el precio, según ya vimos, sino que además se le otorga a los compradores ciertas
excepciones que no estaban previstas en el mencionado pliego.
En efecto, el 23 de octubre de 2001 la Superintendencia de
Instituciones de Intermediación Financiera con la firma del Superintendente de la época,
Cdor. Carlos Fernández Becchino, y de los funcionarios de esa repartición, Dra. Ana
María Rantighieri, Cdora. Rosolina Trucillo y Dr. Eduardo
Bustelo, informan a favor del régimen de excepciones fundándolo en la aplicación del
mecanismo del Bono Cupón Cero y el impacto de la aftosa en el sector agropecuario lo que
había tenido efectos no previstos en la calificación de los créditos.
Estas excepciones alcanzan, de acuerdo a lo que se recoge en la
Resolución del Directorio del Banco Central, los siguientes aspectos:
"2) Disponer que:
a) Banco de Montevideo S.A. – mientras el Banco La Caja Obrera
S.A. se mantenga como entidad independiente y una vez concretada la fusión – deberá
integrar el complemento del capital necesario para alcanzar la Responsabilidad Patrimonial
Neta Mínima requerida por normas del Banco Central del Uruguay, en ocho trimestres
contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, de acuerdo con el siguiente
cronograma:
- a la fecha de suscripción del contrato de compraventa del paquete
accionario, el 25%;
- al primer trimestre siguiente a la firma del contrato, el 30%;
- al segundo trimestre, el 40%;
- al tercer trimestre, el 50%;
- al cuarto trimestre, el 60%;
- al quinto, el 70%,
- al sexto, el 80%,
- al séptimo, el 90% y
- en el octavo trimestre, el 100%.
A partir de la concreción de la compra del 99,83% del paquete
accionario y hasta que se realice la fusión, el cumplimiento de los requisitos en materia
de responsabilidad patrimonial se determinará en forma consolidada para ambos Bancos, por
lo que, la capitalización requerida se podrá realizar en el Banco de Montevideo, S.A.
b) Banco de Montevideo S.A. podrá integrar el encaje real en moneda
extranjera, a efectos de lo dispuesto en los artículos 47 y 47.1 de la Recopilación de
Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, correspondiente a ambos Bancos
durante el proceso de fusión y a la entidad resultante de la misma, en Letras de
Tesorería en moneda extranjera, por el plazo de cuatro años, contados a partir de la
suscripción del contrato de compraventa del 99,83% del paquete accionario del Banco La
Caja Obrera S.A.
3) Otorgar al Banco La Caja Obrera S.A. y únicamente durante el
período que insuma el proceso de fusión, las siguientes excepciones a la normativa
bancocentralista:
a) mantener una posición de cambios y posición de cambios a término
equilibradas y dentro del límite no sancionable a que refiere el artículo 383.1 de
la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero;
b) determinar el tope de riesgos crediticios regulado por el
artículo 58.1 de la Recopilación citada sobre la base de la responsabilidad
patrimonial neta mínima;
c) mantener en U$S 2:350.000 la responsabilidad patrimonial contable
ajustada para la determinación del límite de posición activa a plazos residuales
mayores a tres años, a que refiere el artículo 57 de la Recopilación de Normas
referida;
d) eximir del cumplimiento del tope de inmovilizaciones de gestión
establecido en el artículo 52 de la citada norma.
El proceso de fusión deberá culminar antes del 30 de noviembre de
2002.
4) Disponer que durante el período que insuman los regímenes
previstos en los numerales 2) y 3) que anteceden, las entidades no podrán:
a) distribuir utilidades netas en efectivo, a ningún título ni bajo
ninguna denominación (dividendo, participación en las utilidades, rescate de acciones
liberadas por pago de dividendos, etc.);
b) incrementar las retribuciones u otros pagos, efectuados bajo
cualquier denominación, a directores, síndicos y fiscales, superando los aumentos
salariales otorgados con carácter general al personal de la empresa.
5) Exonerar de lo dispuesto en el literal d) del Capítulo Bienes de
Uso del Plan de Cuentas para Empresas de Intermediación Financiera (comparación
con valores de mercado) a los inmuebles asiento de la actividad del Banco La Caja Obrera
S.A., por el plazo de tres años contados a partir del inicio del ejercicio siguiente al
de la celebración de la compraventa.
6) Cometer a la Superintendencia de Instituciones de Intermediación
Financiera la notificación de la presente resolución al Banco de Montevideo S.A.
7) Poner en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, Banco
de la República Oriental del Uruguay y Corporación Nacional para el Desarrollo la
presente resolución, previamente a la firma del contrato de compraventa del 99,83% del
paquete accionario del Banco La Caja Obrera S.A.".
Estas disposiciones excepcionales que modifican lo establecido en el
pliego de condiciones fueron los fundamentos que llevaron al Ing. Garat en el Directorio
de la Corporación para el Desarrollo, al Dr. Pablo García Pintos en el Directorio del
Banco República y a la Cdora. Medero en el Directorio del Banco Central a votar
negativamente. (24.10.02, pág. 20).
El Cdor. César Rodríguez Batlle, en oportunidad de una de sus
comparecencias ante la Comisión Investigadora, explicó las razones que lo llevaron a
aceptar estas excepciones: "Llegamos al final de la operación y no hubiera tenido
ningún cambio si no hubiera ocurrido lo que ocurrió en el país en el año 2001, el tema
de la refinanciación que, en definitiva, fue consecuencia de la fiebre aftosa. Eso
derivó en que tuviéramos que darle ciertos tratamientos especiales al único que quedó
en carrera" (12.12.02, pág. 83).
Resulta evidente, sin embargo, que la resolución del Banco Central
modifica las reglas de juego del proceso de adjudicación otorgándole al comprador en la
etapa final del proceso un conjunto de ventajas que no estaban formuladas en el pliego de
condiciones y que, de haberse otorgado desde el inicio quizás podría haber generado una
evolución diferente en el proceso mismo de adjudicación. Es particularmente preocupante
que las demandas que el Banco de Montevideo planteó en su nota del 17 de octubre fueran
aceptadas por el Banco Central tan rápidamente y en su totalidad.
9.2. Valoración jurídica del contrato de venta
El propio contrato de compraventa ha sido cuestionado en su validez
por los accionistas minoritarios del Banco Caja Obrera, que representan el 0,17% de su
capital accionario. El argumento central de este cuestionamiento se funda en que el
artículo 18 del Decreto-Ley
Nº 15.322 prohibe que una institución financiera adquiera acciones de otra
institución financiera. Por lo tanto, se ha iniciado a nivel judicial una acción de
nulidad promovida por la Dra. Nuri Rodríguez en representación de este conjunto de
accionistas.
Obviamente, en la medida que el reclamo se encuentra en la órbita del
Poder Judicial, será este el que resuelva en definitiva. Sin embargo, no podemos dejar de
señalar que, a nuestro juicio, los argumentos sustentados por los miembros de la
Comisión Asesora de Adjudicación, expresados por el Dr. Saúl Pérez en el seno de la
Comisión Investigadora, son convincentes.
En efecto, el contrato de compraventa de acciones es instrumental a la
finalidad jurídica del negocio que es la fusión. La fórmula jurídica elegida fue la
compraventa como instrumento jurídico para llegar a la fusión. No se contravino el Decreto-Ley Nº 15.322 porque lo que
allí se prohibe es la adquisición de acciones a otros Bancos con el fin de participar de
otra sociedad con fines especulativos (28.10.02, págs. 45 y 46).
Por otra parte, existen varios antecedentes en nuestro sistema
financiero en los que se utilizó la figura de la compraventa de acciones para viabilizar
la posterior fusión. El caso más cercano en el tiempo, pero ciertamente no el único,
fue el de la absorción del ING Bank por el Banco Comercial. Finalmente, tal como lo
señala el Cdor. Aldo Bonsignore: "cuando el Banco Montevideo hace su planteo
interesándose por el Banco Caja Obrera, claramente manifiesta que lo que desea hacer es
una fusión por absorción" (28.10.02, pág. 49).
El problema de la venta del Banco Caja Obrera al Banco de Montevideo no
es, a nuestro juicio, de nulidad por la naturaleza del contrato firmado, sino la
inclusión en la operación de un conjunto de tolerancias y excepciones a favor de ambos
Bancos que extralimitó los contenidos establecidos en el pliego de condiciones. Es más,
no consta en el Expediente Nº 2001/1596 en el que se da cuenta del planteamiento y
posterior aceptación de las demandas del Banco de Montevideo, que estas modificaciones
hayan sido puestas en conocimiento de la Comisión Asesora de Adjudicación. Tal extremo
debería haberse verificado, a nuestro juicio, puesto que era esta Comisión
la encargada de evaluar el ajuste del negocio a los términos establecidos en la
convocatoria.
9.3. Estado de situación patrimonial y de liquidez del Banco Caja
Obrera
El Banco Caja Obrera era un Banco con dificultades patrimoniales
notorias, cuyo funcionamiento era posible debido a un conjunto de excepciones que el Banco
Central le concedía, situación que según ya vimos, ha sido común a todos los Bancos
privados que pasaron a ser gestionados por el Estado.
Las excepciones otorgadas a este Banco son muy bien resumidas por su
Contador General, Sr. Brizuela: (a) cargos diferidos, (b) poder integrar el encaje con
letras de tesorería, (c) se autorizaba a funcionar con patrimonio por debajo de la
responsabilidad patrimonial, (d) podía prestar a pesar de no tener responsabilidad
patrimonial, (e) se le permitía prestar a más de tres años aunque de acuerdo a las
normas bancocentralista no estaba en condiciones de hacerlo, (f) se lo eximía de los
topes de inmovilización (18.11.02, págs. 23 a 25).
De modo que si se le hubieran aplicado las normas bancocentralistas,
sin excepciones, este Banco debería haber dejado de funcionar.
Tomando en cuenta las excepciones autorizadas por el Banco Central, el
Banco Caja Obrera cerró su balance al 31 de diciembre de 2000 con un patrimonio de U$ 10:
millones; sin embargo su situación empeoró velozmente puesto que, diez meses después,
al 31 de octubre de 2001, aun tomando en cuenta sus excepciones, el patrimonio se había
reducido a U$ 5:800 millones. A su vez, el ajuste de su situación patrimonial, al no
considerar sus excepciones, llevó su patrimonio a U$ 885.000, de acuerdo a lo que se
establece en el Acta de Directorio del Banco Central del 7 de agosto de 2001.
(Declaraciones del ex director del Banco Caja Obrera, Sr. Foderé, 11.11.02, págs. 13 y
14).
De hecho, tal como lo señala el Cdor. Rodríguez Batlle, el balance
del Banco Caja Obrera de diciembre de 2000 es aprobado y controlado por el Banco Central
pero incluye las excepciones a las normas del Banco Central. (12.12.02, pág. 71).
De modo que, de acuerdo a la apreciación del Banco Central trasmitida
por su Presidente, el Ec. Julio De Brun, en el seno de la Comisión, el Banco Caja Obrera
era, a fines de 2001, un Banco que si no se le mantenían sus excepciones,
"presentaba un patrimonio significativamente negativo. Los estudios disponibles del
Banco Caja Obrera a esa fecha -llámense análisis PADUL y demás- muestran que,
efectivamente, era un Banco con problemas y si no se hubiera concretado la venta, para
seguir funcionando dentro de parámetros normales y razonables en comparación con el
resto del sistema financiero, se hubiera requerido algún tipo de capitalización por
parte del Estado" (02.12.02, pág. 42).
Por otro lado, a pesar de su deterioro patrimonial, era un Banco con
alta liquidez, y ello se debió a que estaba en venta, además contaba con depósitos de
corto plazo. Tal circunstancia lo podía hacer atractivo y por ello se enfatizó en
mantener su liquidez elevada. (Eduardo Rocca Couture, 25.11.02, pág. 5).
Sin embargo, más allá de la coincidencia en apreciar las dificultades
patrimoniales del Banco Caja Obrera, no existe consenso sobre la operación de ajuste
patrimonial que se realizó inmediatamente después de su venta cuyo resultado permitió
al Banco de Montevideo reducir el precio final de venta al 20% del valor original. En
particular, el Contador General del Banco Caja Obrera, Sr. Brizuela y el ex Presidente del
Directorio del Banco Caja Obrera dejaron expresa constancia durante sus comparecencias
ante la Comisión Investigadora, de que la reducción patrimonial producida era excesiva.
(18.11.02 y 25.11.02, respectivamente).
En cualquier caso, resulta contradictorio que se acepte un ajuste del
precio a la baja hasta en un 80% del precio original en virtud de adecuar la realidad
patrimonial del Banco a las normas bancocentralistas y, por otra parte, se le acepte al
comprador la mantención de las excepciones a dichas normas que producían el efecto de
mejorar su situación patrimonial.
9.4. Relaciones financieras entre Banco de Montevideo y Banco Caja
Obrera
Otro tema que debe ser objeto de análisis en la valoración de los
hechos referidos a la venta del Banco Caja Obrera al Banco de Montevideo es con respecto a
las relaciones financieras que existieron entre ambos Bancos desde la fecha en que se
produjo la venta y el momento de su intervención.
Resulta claro que el Banco Central trató a ambos Bancos como si la
fusión ya se hubiera producido. De hecho, cuando finalmente toma la decisión de
intervenir, se nombra un único interventor para ambos Bancos. A su vez, las autoridades
del Banco de Montevideo actuaron desde un primer momento como si ambas instituciones
fueran una sola.
Los ejemplos de esta forma de actuación abundan y algunos de ellos
fueron vertidos a la Comisión Investigadora por funcionarios de
jerarquía del Banco Caja Obrera. El Dr. Goicoechea informó que los funcionarios del
Banco Caja Obrera que pasaron a la banca pública fueron elegidos por las autoridades del
Banco de Montevideo y muchos de ellos pertenecían a las áreas de auditoría y control de
aquel Banco (18.11.02, pág. 34).
Por otra parte, el Contador General del Banco Caja Obrera, Sr.
Brizuela, relató la existencia de operaciones de venta de valores al Banco Central por
alrededor de U$ 50: millones sin su conocimiento y realizadas a favor del Banco de
Montevideo. (18.11.02, pág. 51).
Sin embargo, el Banco Central ha defendido esta forma de actuación en
la medida que el proceso seguido en la relación entre los dos Bancos tenía como
finalidad la absorción final del Banco Caja Obrera por el Banco de Montevideo. (Cdor.
Xavier, 25.11.02, pág. 84).
Por otra parte, si bien se debe anotar que el Banco de Montevideo
utilizó durante el período considerado parte de la liquidez que poseía el Banco Caja
Obrera, prueba de ello son las operaciones referidas más arriba, los informes de la
Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, citados por el Cdor.
Rodríguez Batlle señalan "...que las operaciones han producido una disminución de
liquidez al Banco Caja Obrera, pero no se evidencian perjuicios patrimoniales"
(12.12.02, pág. 32).
A su vez, la información disponible indica que el Banco Caja Obrera
sufrió durante la corrida bancaria la pérdida de U$ 110: millones en depósitos, que
debió afrontar en parte con sus propios recursos puesto que la asistencia financiera que
recibió dicho Banco alcanzó a U$ 42: millones. De modo que parte de la liquidez del
Banco estuvo aplicada a atender sus retiros.
En este sentido es, a nuestro juicio, concluyente la información que
brindó á la Comisión Investigadora el operador de cambios del Banco Caja Obrera, Sr.
Villar, quien afirmó que "...el Banco Caja Obrera tenía una gran liquidez, a lo
largo de los meses esa liquidez se fue perdiendo por varias razones. Una, por el lógico
nerviosismo que había en la plaza, lo que hacía que mucha gente retirara sus depósitos.
Y sin duda perdimos mucha liquidez porque se la traspasábamos al Banco de Montevideo.
Ahora, no se la llevaron en un bolsillo. Documentamos, o le vendimos letras o nos
obligaron a comprar bonos" (25.11.02, pág. 88).
Finalmente, la conciliación de información producida por las
autoridades interventoras de estos Bancos no arroja evidencia de que el Banco de
Montevideo haya vaciado patrimonialmente al Banco Caja Obrera, y el uso de su liquidez tal
como señalaba el Sr. Villar estuvo respaldado por contrapartidas, ciertamente de menor
liquidez, pero documentadas. Por otra parte, como se analizó más arriba, la situación
patrimonial del Banco Caja Obrera era ciertamente muy delicada.
En síntesis, la venta del Banco Caja Obrera al Banco de Montevideo
nos merece una fuerte observación sobre la actuación de los servicios técnicos del
Banco Central y de la mayoría de su Directorio, en la medida que las condiciones del
proceso de adjudicación fueron alteradas a favor del comprador puesto que sus demandas de
tratamientos excepcionales para el Banco Caja Obrera y para el propio Banco de Montevideo,
fueron atendidas, a nuestro juicio, en forma no pertinente con respecto a los términos
del pliego de condiciones.
En efecto, al momento de la apertura del segundo sobre, el único
aspecto que podía ser objeto de valoración era el precio, manteniéndose inalteradas
todas las demás condiciones, particularmente por el hecho de que en la primera etapa de
este proceso se había descalificado a otro oferente por plantear demandas ajenas a las
condiciones establecidas en el pliego de condiciones. Por otra parte, estos cambios se
realizan por decisión de las autoridades del Banco Central y sin intervención de la
Comisión Asesora de Adjudicaciones que había entendido en todo el proceso previo.
Esta actuación implicaría, desde nuestro punto de vista, una
responsabilidad en sus efectos porque afectó sustancialmente los términos del proceso de
adjudicación.
Con respecto a la valoración sobre el contrato de compraventa de
acciones, compartimos la tesis jurídica sostenida por la Comisión Asesora de
Adjudicaciones en el sentido de que el mismo no viola lo establecido en el
artículo 18 del Decreto-Ley
Nº 15.322 por cuanto dicha venta fue un negocio instrumental al destino de
absorción expresamente establecido en el contrato.
10. Valoración del contrato de capitalización del Banco Comercial
Otro aspecto de particular relevancia en el examen de los
acontecimientos ocurridos durante la crisis financiera y bancaria
fue la firma por parte del Poder Ejecutivo de un convenio de capitalización del Banco
Comercial con los tres Bancos extranjeros privados propietarios del mencionado Banco el 26
de febrero de 2002 en la ciudad de New York.
Corresponde, en particular, referirnos a los antecedentes que motivaron
esta decisión, así como a la valoración jurídica que dicho episodio nos merece, tanto
desde el punto de vista de la legitimación para contratar por parte del Poder Ejecutivo,
como con respecto a los contenidos específicos del contrato.
10.1. El contexto de la capitalización
El contrato de capitalización es el resultado de un arduo proceso
de negociación desarrollado por el gobierno uruguayo con los accionistas privados del
Banco Comercial (Chemical Overseas Holdings Inc., Crédit Suisse First Boston y Dresdner
Bank Lateinamerika) con el objetivo de garantizar su situación patrimonial en el marco de
una fuerte corriente de retiros de depósitos que afectaba al mencionado Banco desde que
se hizo público el fraude de los hermanos Rohm. Más arriba se analizaron las
responsabilidades correspondientes al Banco Central en su función de contralor del
funcionamiento del Banco Comercial, por lo que no volveremos sobre este punto.
La situación de retiros crecientes en los depósitos del Banco
obligaban a las autoridades gubernamentales, de acuerdo a la orientación estratégica
seguida en este tema, a encontrar una solución que evitara la caída del Banco Comercial.
El proceso de negociación con los tres Bancos accionistas extranjeros
fue, según los testimonios brindados, muy complejo entre otras cosas porque el gobierno
uruguayo se encontraba débil para negociar debido a su urgencia por evitar la caída del
Banco.
Hoy en día existen algunos testimonios que postulan en el sentido de
que los Bancos accionistas extranjeros del Banco Comercial, o al menos algunos de sus
jerarcas, estaban en conocimiento sobre algunas de las maniobras de los hermanos Rohm en
perjuicio del Banco. Estos elementos nacen de la investigación judicial llevada a cabo en
el Poder Judicial uruguayo, así como de declaraciones hechas públicas por uno de los
abogados de los ahorristas del Banco Comercial que habría recogido testimonios del propio
Carlos Rohm en ese sentido.
La interrogante que emerge a partir de esta información es con
respecto a la pertinencia de firmar un convenio con quienes podrían estar involucrados en
la maniobra de fraude. Sin embargo, desde nuestro punto de vista resultaba muy difícil
establecer, en el corto lapso que transcurrió entre el descubrimiento de las maniobras y
el momento de la firma del contrato, la vinculación que muchos meses después comienza a
ser descubierta entre los hermanos Rohm y sus socios.
En ese momento la urgencia consistía en encontrar una forma de
capitalizar al Banco Comercial antes de que llegara al extremo de no poder continuar
funcionando. De modo que, la pertinencia de contratar con los socios extranjeros hoy
aparece muy cuestionable, pero los elementos disponibles en aquella fecha ciertamente no
eran los mismos.
De modo que, dejando salvada la evaluación acerca de la pertinencia de
la estrategia asumida en general que fue analizada más arriba, la solución del contrato
de capitalización con los socios extranjeros es una consecuencia lógica de la línea
estratégica seguida por el gobierno.
10.2. La competencia para contratar
Un elemento central en la valoración del contrato de
capitalización consiste en determinar si quien contrató en representación del Estado
uruguayo tenía competencia para hacerlo.
En los primeros borradores del contrato figuraba el Banco Central como
representante del Estado uruguayo. Sin embargo, informes elaborados por los servicios
jurídicos del Banco indicaron que este no poseía competencia para actuar en tal
convenio. En tal sentido se transcriben a continuación los aspectos principales del
informe que el Dr. Daniel Artecona eleva al Presidente del Banco Central el día 14 de
febrero de 2002: "...deben formularse objeciones jurídicas a las estipulaciones
consagradas en los numerales 1 y 7 de dicho documento. Ello porque la potestad de otorgar
asistencia financiera...está estrictamente acotada a...los artículos 36 y 37 de la Ley Nº 16.696 de 30.3.95, por
lo que no resulta admisible una obligación de carácter genérico como la prevista en el
numeral 7 ni tampoco la adquisición de créditos subordinados prevista en el numeral
1.....Debe señalarse además que determinadas obligaciones que se asumirían por ese
documento no corresponden al Banco Central (vg., nums. 3 y 6) sino al Gobierno del
Uruguay, por lo que la asunción de las mismas deberá corresponder a representantes del
Poder Ejecutivo...".
Esta postura fue acompañada por el Directorio del Banco Central quien
trasmitió al Poder Ejecutivo su parecer. De hecho, los sucesivos borradores sustituyeron al Banco Central por el propio Poder Ejecutivo como
cocontratante.
El convenio finalmente es firmado por el Ministro de Economía y
Finanzas de la época, Cdor. Alberto Bensión, en representación del Poder Ejecutivo.
Esta forma de manifestación de la voluntad por parte del Estado
uruguayo a través exclusivamente de la firma del Ministro de Economía fue objeto de
discusión puesto que, a juicio del Dr. Gonzalo Aguirre en la evacuación de la consulta
jurídica que, a pedido de la Comisión Investigadora, formulara, el contrato debió haber
sido firmado por el Presidente de la República en tanto Jefe de Estado o por el Poder
Ejecutivo conjugando las firmas del Presidente y el Ministro del ramo. De modo que, a
juicio del Dr. Aguirre, la firma exclusiva del Ministro de Economía carece de validez
para obligar al Estado uruguayo.
Sin embargo, se han suministrado a la Comisión Investigadora numerosos
antecedentes en los que el Poder Ejecutivo ha firmado convenios con organismos
internacionales o personas jurídicas extranjeras a través de la delegación que el
Presidente de la República hizo en la persona de sus respectivos Ministros. Los
antecedentes presentados parecen ser de recibo, puesto que en ninguno de los casos
reseñados se produjeron cuestionamientos sobre la validez de la voluntad del Estado
uruguayo expresada mediante dicha modalidad.
El segundo aspecto en discusión acerca de la competencia del Poder
Ejecutivo para firmar válidamente el convenio es de mayor envergadura.
El Dr. Gonzalo Aguirre desarrolla una argumentación jurídica fundada
en el ordenamiento institucional vigente que, de acuerdo a su análisis, concluye en que
"El Poder Ejecutivo carece de toda competencia para disponer el salvataje de Bancos
privados en dificultades, sea por la vía de comprarlos, de contribuir a su
capitalización transformándose en accionista de los mismos, de asistirlos
financieramente o de cualquier otro arbitrio jurídico adoptado con similar finalidad.
Ningún precepto constitucional le comete atribuciones de ese carácter." El
fundamento de esta postura radica en que desde el punto de vista del Dr. Aguirre tal
posibilidad debiera estar explícitamente consagrada en la Constitución de la República
puesto que refiere a las competencias del Poder Ejecutivo que por ser tales no pueden
expandirse por vía legislativa, argumentando incluso que las leyes que le otorguen tales
facultades no previstas en la Constitución deben ser calificadas como inconstitucionales.
Sin embargo, el Dr. Juan Pablo Cajarville, en dictamen también
solicitado por la Comisión Investigadora, sostiene la posición inversa. En efecto,
fundándose en un dictamen anterior redactado en el año 1998 por el mismo Cajarville
cuando integraba la Sala de Abogados del Banco Central, sostiene que el Poder Ejecutivo
bajo ciertas circunstancias excepcionales está autorizado a actuar en el sentido que fue
objeto de la consulta.
El fundamento legislativo que apoya el accionar del Poder Ejecutivo en
oportunidad de la firma del contrato de capitalización del Banco Comercial, de acuerdo al
Dr. Cajarville, está contenido en el artículo 464 de la Ley Nº 15.903 de 10 de
noviembre de 1987, que se recoge como el artículo 15 del TOCAF 1996. Esta
disposición establece:
"ARTÍCULO 15.- No podrán comprometerse gastos de
funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible, salvo en los
siguientes casos:
3) Cuando acontecimientos graves o imprevistos requieran la inmediata
atención del Poder Ejecutivo o de las Intendencias Municipales en sus respectivas
jurisdicciones. El monto de los créditos que, anualmente se podrá autorizar para el uso
de esta facultad no podrá exceder al 1% (uno por ciento) del Presupuesto Nacional o
Departamental (artículos 214 y 222 de la Constitución de la
República respectivamente.
En estos casos se dará cuenta inmediata a la Asamblea General,
Comisión Permanente o Junta Departamental que corresponda, lo que se ordenará en el
mismo acto administrativo. En los casos previstos en los numerales 2) y 3) las
resoluciones deberán dictarse privativamente por el Poder Ejecutivo o Intendencia
Municipal según su jurisdicción".
La valoración sobre la gravedad e imprevisibilidad de los
acontecimientos que ameritan esta actuación es, a juicio del Dr. Cajarville, de exclusiva
apreciación del Poder Ejecutivo, de modo que su calificación solo corresponde a dicha
autoridad.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas dictamina el 26 de junio de 2002 por
unanimidad a favor de la legalidad del acto. Como se sabe, la actuación del Tribunal de
Cuentas no supone un juicio sobre la conveniencia o la oportunidad de lo actuado por el
Poder Ejecutivo, pero implica una valoración directa sobre su
legalidad que no mereció observaciones por dicho Tribunal.
De modo que desde el punto de vista doctrinario la valoración sobre la
competencia para la suscripción del convenio de capitalización es heterogénea;
existiendo argumentaciones que cuestionan la validez de lo actuado y otras que respaldan
la juridicidad de tal actuación. A su vez, parece un argumento contundente el hecho de
que el Tribunal de Cuentas haya fallado en forma unánime a favor de la legalidad de lo
actuado.
También es un elemento de importancia el hecho de que, fuera del
actual contexto y por tanto sin que los acontecimientos actuales hayan tenido influencia
en el dictamen, la Sala de Abogados del Banco Central haya sostenido en 1998 la tesis
favorable a la competencia del Poder Ejecutivo para actuar de la forma en que lo hizo.
Sin embargo, el fundamento jurídico que avala la competencia del Poder
Ejecutivo para suscribir este contrato es muy explícito en señalar como condición
concurrente a la excepcionalidad de la actuación de aquel, la necesidad de "dar
cuenta inmediata a la Asamblea General". Esta condición está establecida sin
admitir ningún tipo de excepción a su verificación, es más la inmediatez está
asegurada al indicar el mencionado artículo que dicha comunicación deberá realizarse
"...en el mismo acto administrativo", de forma tal de disipar toda discusión
acerca del alcance del concepto de inmediatez.
El Poder Ejecutivo debió haber dado cuenta en forma inmediata a la
Asamblea General de la firma del referido convenio y la cláusula de confidencialidad es,
a nuestro juicio, inoponible ante la norma jurídica mencionada que es de mayor jerarquía
que los contenidos de un contrato. Por otra parte, la obligación de dar cuenta a la
Asamblea General no admite en el texto legal ninguna excepcionalidad.
Por el contrario, lo que resulta excepcional es la ampliación de la
competencia del Poder Ejecutivo que ante las circunstancias de gravedad e imprevisibilidad
se le permite actuar en forma extraordinaria. Por ello, la noticia inmediata a la Asamblea
General forma parte del equilibrio y contralor que deben rodear a estas actuaciones,
activando en esta forma la facultad constitucional que el Poder Legislativo posee de
contralor sobre los actos de la Administración. Cuanto más cuando dichos actos se
realizan sobre una hipótesis de excepcionalidad en la actuación del Poder Ejecutivo.
Analizados los episodios que rodearon la suscripción del convenio
resulta evidente que el Poder Ejecutivo incumplió la obligación de dar cuenta inmediata
a la Asamblea General. Es más, no solo incumplió esta obligación, sino que en
oportunidad de la comparecencia del Ministro de Economía y Finanzas ante las Comisiones
de Hacienda de ambas Cámaras el 4 de abril de 2002, es decir más de un mes después de
la firma del contrato, y ante una solicitud expresa de conocer el texto de lo acordado
ello fue negado. El texto del contrato suscripto recién fue entregado al Parlamento en la
persona del Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado a fines de julio de 2002.
En síntesis, nos inclinamos a reconocer la competencia del Poder
Ejecutivo para suscribir el mencionado contrato en virtud del fundamento referido en el
artículo 15, numeral 3 del TOCAF, sin embargo resulta evidente que este incumplió
con la obligación que emana del mismo texto legislativo que obliga al Poder Ejecutivo a
dar cuenta inmediata a la Asamblea General en el mismo acto administrativo. Tal conducta
implicaría una responsabilidad política por omisión que debe señalarse.
10.3. Los contenidos del contrato
La valoración de los contenidos del contrato suscripto deja en
evidencia una notoria asimetría de las obligaciones establecidas a cargo de cada una de
las partes contratantes.
En efecto, los socios extranjeros del Banco Comercial se obligan
únicamente a aportar en conjunto U$ 100: millones por concepto de capitalización, con el
derecho a su rescate en el plazo de diez años y con la obligación de compra de sus
acciones por parte del Estado uruguayo si este no mantiene al Banco en estado de solidez y
liquidez.
Por su parte, el Estado uruguayo se obliga a aportar su cuota parte de
capitalización equivalente a U$ 33:333 millones así como a mantener bajo su
responsabilidad al Banco Comercial en condiciones de solidez y liquidez; por otra parte el
Estado renuncia a llevar adelante acciones judiciales con respecto a los demás
accionistas del Banco, con excepción de los hermanos Rohm y siempre que no se constaten
inconductas intencionales.
La obligación asumida por el Estado uruguayo de mantener al Banco
Comercial en situación de solidez y liquidez de conformidad con la normativa vigente es,
ciertamente de una asimetría notoria puesto que pone de cargo de un socio minoritario,
como lo es el Estado uruguayo a partir del contrato de
capitalización, una carga que ciertamente es muy exigente por cuanto implica la
disposición de recursos indeterminados en su cuantía a efectos de dar cumplimiento a su
obligación.
A su vez, la renuncia a iniciar acciones judiciales por parte del
Estado uruguayo tiene un límite que, dados los últimos acontecimientos y los elementos
de juicio aportados, puede operarse en la medida que las actuaciones de los cocontratantes
se encuadren en "inconductas intencionales". Por otra parte, de comprobarse
estos extremos, también se afectaría el derecho de estos accionistas a reclamar la
devolución de los U$ 100: millones aportados por cuanto podría cuestionarse, incluso, la
validez del propio convenio.
De todos modos, la asimetría de las obligaciones asumidas por las
partes demuestra la alta inconveniencia del contrato de capitalización para los intereses
del Estado uruguayo.
10.4. Valoración sobre la capacidad jurídica del Estado para
capitalizar en sociedades anónimas bancarias
Como se conoce, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 188 de la Constitución
establece la posibilidad de establecer sociedades de economía mixta y de acuerdo a los
incisos 3 y 4 del mencionado artículo estas deben autorizarse por ley votada por la
mayoría absoluta de componentes de cada Cámara.
Obviamente, esta condición no se cumplió mediante la firma del
convenio. Con posterioridad a dicha firma el Ministerio de Economía y Finanzas obvió tal
obligación mediante la resolución del Poder Ejecutivo por la que dispuso que las
acciones que correspondían a la capitalización efectuada fueran emitidas a favor de la
Corporación Nacional para el Desarrollo. Como se sabe, la naturaleza jurídica no estatal
de la Corporación permite que su participación en empresas comerciales privadas no
requiera de aprobación legislativa. Tal es la línea argumental desarrollada en la nota
privada que el Dr. Enrique Guerra le dirigiera al Cdor. Bensión a fines del año 2002.
Sin embargo, el Dr. Cajarville, en el dictamen que la Comisión
Investigadora le solicitara, reflexiona en torno a la obligación asumida por el Poder
Ejecutivo en el convenio de marras, en particular por el hecho de que el texto pone de
cargo del Estado uruguayo que la capitalización recaiga sobre una o varias entidades de
carácter estatal. De hecho la Corporación es de naturaleza no estatal, de forma tal que
su ingreso como accionista, por un lado evita la obligación constitucional de aprobación
legislativa pero, paradójicamente, implica un incumplimiento de la cláusula primera del
contrato que establecía el carácter estatal del accionista.
De este modo, el Poder Ejecutivo pretendió subsanar retroactivamente
una notoria ilegalidad y reitera el mecanismo utilizado desde fines de los años ochenta
en adelante, por el cual ante la crisis de cualquiera de las instituciones bancarias
privadas que derivaran en su absorción por parte del Estado, este transfería las
acciones a la Corporación, la que se convertía en accionista de aquellos. Como ya se ha
dicho más arriba, ello ocurrió con independencia de la ausencia de idoneidad confesada
por las autoridades de la Corporación para gestionar un Banco.
En definitiva, las dificultades jurídicas para adecuar lo actuado a
nuestro orden jurídico, en cuanto al cumplimiento del requisito legislativo de la
creación de una sociedad de economía mixta, indican la premura y la situación de
extrema preocupación que rodeó el accionar del Poder Ejecutivo en la oportunidad. A su
vez, el dictamen del Tribunal de Cuentas sin observaciones sobre la legalidad de lo
actuado por el Poder Ejecutivo es, otra vez, un elemento adicional favorable a la
evaluación de lo actuado por el Poder Ejecutivo en la capitalización de una sociedad
anónima.
11. Valoración de la asistencia financiera del Banco Central a los
Bancos en problemas
11.1. El marco jurídico que regula la asistencia financiera del Banco
Central
De acuerdo a la Carta Orgánica del Banco Central, Ley Nº 16.696, este solo puede
asistir a las instituciones financieras de acuerdo a lo previsto en los artículos 36 y 37
de dicha norma. Las condiciones establecidas en dichos artículos son muy estrictas y
acotan fuertemente el margen de maniobra del Banco Central para proceder a la asistencia
financiera.
El artículo 36 establece: "(Préstamos de última
instancia).- El Banco actuará como prestamista en casos extremos respecto de las
instituciones de intermediación financiera y, en tal carácter, en los términos y
condiciones que el Directorio determine por unanimidad de sus miembros podrá comprar,
vender, descontar y redescontar a las instituciones de intermediación financiera:
A) Letras de cambio, vales y pagarés girados o ejecutados con fines
comerciales, industriales o agrícolas, que lleven dos o más firmas
autorizadas, de las cuales, por lo menos una sea la de una institución de intermediación
financiera y que venzan dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de su
adquisición por el Banco;
B) Letras de Tesorería u otros valores emitidos o garantizados por el
Poder Ejecutivo, que formen parte de una emisión pública y que venzan dentro de los
trescientos sesenta y cinco días siguientes a la fecha de su adquisición por el Banco;
C) Valores emitidos por el Banco Central del Uruguay.
Las operaciones referidas en el literal A) deberán contar con la
garantía personal o real, de solvencia comprobada, por parte del Banco asistido y no
podrán superar el monto de su patrimonio neto."
Por su parte, el artículo 37 dice: "(Adelantos de asistencia
financiera).- Asimismo, y en igual carácter, el Banco podrá en las condiciones que en
cada caso determine el Directorio, conceder adelantos financieros a las instituciones de
intermediación financiera, por plazos no superiores a los noventa días, siempre que
ellos sean adecuadamente garantizados por:
A) Alguno de los instrumentos previstos en el artículo 36;
B) Por cualquier otro valor emitido o garantizado por el Poder
Ejecutivo y que forme parte de una emisión pública;
C) Certificados de depósito y documentos de títulos emitidos con
respecto a productos básicos y otros bienes debidamente asegurados;
D) Tenencia de los activos que el Banco puede legítimamente comprar,
vender o negociar conforme al literal D) del artículo 27 de la presente ley.
Será de aplicación lo dispuesto en el inciso final del artículo
anterior, en todos los casos, excluyendo los adelantos con garantía de valores
estatales".
De modo que los casos previstos en el artículo 36 requieren la
votación unánime del Directorio, mientras que los casos previstos en el
artículo 37 no requieren de votación unánime.
Las modalidades de asistencia están claramente enunciadas en el texto
de ambos artículos, pero el monto de la asistencia consistente en la adquisición de
documentos privados previstos en el literal A) del artículo 36, deben tener fecha de
vencimiento a 180 días y no puede superar en monto al patrimonio neto de la institución
asistida.
En el caso de las modalidades previstas en el artículo 37, los
adelantos no pueden ser por plazos superiores a 90 días y, con la excepción de los casos
en que exista garantía de valores estatales, el monto total de los adelantos no puede
superar el patrimonio neto de la institución asistida.
De acuerdo al Memorando de los Doctores Hebert Bagnoli y Beatriz
Fernández Araújo dirigido al Grupo de Trabajo de Asistencia Financiera del Banco
Central, de fecha 5 de febrero de 2002 se sostiene que: "La derogación expresa del
artículo 29 de la Ley Nº 13.608,
importa de forma indubitable que la asistencia que puede prestar el Banco Central de
acuerdo a la normativa vigente (artículos 36 y 37 de la Carta Orgánica, que reconocen su
origen en los artículos 36 y 37 del Decreto-Ley
Nº 15.322, de 17/09/82 incorporados a la Ley Nº 16.327, de 11/11/92), es exclusivamente por razones de
liquidez y no de solvencia; que el BCU podrá concederla solamente en las modalidades
operativas previstas en los artículos citados y conforme a los requisitos y límites
definidos en la norma". Esta posición se reafirma a lo largo del informe agregando
elementos que rodearon la discusión legislativa previa a la aprobación de la actual
Carta Orgánica del Banco Central.
Por lo tanto, toda asistencia financiera que el Banco Central haya
realizado fuera del marco de estos dos artículos y con una finalidad ajena a dotar de
liquidez a la institución asistida carece de fundamento legal.
11.2. La situación de los encajes de los Bancos asistidos
En el transcurrir de la crisis bancaria el Banco Central comenzó
adquiriendo certificados de depósitos de los Bancos con problemas y, en la medida que
estos certificados refieren a depósitos que pertenecen al propio Banco, tal actividad no
puede ser considerada asistencia financiera. De todos modos, afecta los encajes puesto que
cada operación supone la correspondiente disminución de su encaje y la norma jurídica
obliga a un nivel mínimo de encaje cuyo incumplimiento apareja sanción.
De acuerdo a la información suministrada por el propio Banco
Central, la situación de los encajes de tres de los cuatro Bancos que culminaron
suspendidos se volvió deficitaria en el transcurrir de la crisis. El Banco de Montevideo empezó a registrar déficit en su encaje a partir del mes de marzo;
el Banco Comercial ya tuvo afectado su encaje desde el mes de febrero y el Banco de
Crédito, a pesar de que estaba regulado por una normativa especial, también comenzó a
registrar déficit en su nivel de encaje a partir del mes de marzo.
No tenemos elementos que nos permitan establecer si el Banco Central
aplicó las multas correspondientes a dichos incumplimientos.
11.3. Montos y fechas de las asistencias financieras otorgadas por el
Banco Central
Una vez agotado el recurso de la compra de certificados de
depósitos, el Banco Central asistió a las instituciones financieras. Dicha asistencia
significó U$ 122:700 millones que se distribuyeron en U$ 20:400 millones destinado al
Banco Comercial, como saldo neto al final del período puesto que durante este lapso se
asistió durante ciertos momentos por cantidades sensiblemente más elevadas que luego
fueron reducidas significativamente; al Banco Montevideo por valor de U$ 84:100 millones y
al Banco de Crédito por valor de U$ 18:200 millones; mientras que la asistencia
financiera otorgada al Banco Hipotecario ascendió a U$ 232:800 millones.
Todas las asistencias financieras resueltas por el Banco Central se
determinaron al amparo del artículo 37 de la Carta Orgánica.
La asistencia financiera al Banco Comercial comenzó el 20 de febrero y
culminó el 24 de abril de 2002, mientras que la asistencia financiera al Banco de
Crédito comenzó el 21 de mayo y culminó el 12 de julio de 2002 y, finalmente, en el
caso del Banco de Montevideo, la primera asistencia se produce el 17 de mayo y se
extendió hasta el 4 de junio de 2002.
Asistencia financiera al Banco Comercial
La asistencia financiera otorgada por el Banco Central al Banco
Comercial ha motivado importantes discusiones acerca de su ajuste a derecho.
En efecto, la magnitud del fraude detectado por el propio Banco Central
sobre fines de 2001 y que se sustanció en diversos expedientes, en los que quedó de
manifiesto la existencia de diversas modalidades de defraudación al mencionado Banco,
arrojaba importantes dudas sobre la situación patrimonial real del mencionado Banco.
Ya el 7 de febrero de 2002 la Asesoría Jurídica del Banco Central
emite, a solicitud del Directorio del Banco Central el dictamen Nº 02/81 en el que
se manifiesta contraria al otorgamiento de asistencia financiera al Banco Comercial porque
a la luz de lo establecido en el expediente Nº 2002/0139 "...se encuentra
afectado, sustancialmente, el patrimonio de la solicitante".
La discusión sobre la situación patrimonial del Banco Comercial
estuvo presente a lo largo de todo el tiempo en que duró la mencionada asistencia
financiera, y esta discusión se hizo más fuerte en la medida que, con excepción de la
primera asistencia otorgada el 20 de febrero, la Cdora. Medero votó en contra de todas
las asistencias otorgadas al mencionado Banco fundando tal postura en la ausencia de
solvencia patrimonial de la institución asistida.
De hecho, los acontecimientos ocurridos en perjuicio del Banco
Comercial que se correspondían con diferentes tipos de maniobras financieras venían
siendo evaluados desde febrero de 2002 por la Comisión Investigadora que el Banco Central
formó a tales efectos. Hoy se sabe que la magnitud del perjuicio es sensiblemente mayor a
la conocida en aquel momento y que la antigüedad de los procedimientos fraudulentos
también era mucho mayor de la percibida en febrero de 2002.
Pero lo que importa a la hora de evaluar las responsabilidades de las
autoridades y de los servicios técnicos del Banco Central al brindar asistencia
financiera al Banco Comercial, son los elementos que efectivamente estaban en conocimiento
de dichas autoridades en el momento de brindar las asistencias.
Pues bien, de acuerdo al balance del Banco Comercial al 31 de diciembre
de 2001, sin tomar en cuenta los fraudes, el patrimonio era de U$ 170: millones.
Por su parte, los servicios técnicos del Banco Central produjeron
durante el mes de febrero tres informes sobre el impacto de las maniobras fraudulentas
sobre el patrimonio de dicho Banco, un cuarto informe el 3 de abril y un informe completo
y definitivo que da cuenta de todo el proceso de fecha 5 de abril de 2002.
Todos los informes técnicos mencionados, fueron elaborados por
integrantes del Grupo Inspectivo Nº 8 y refrendados por la Cdora. Giselle Itté,
Jefa del mencionado Grupo. Todos los informes fueron elevados, en las fechas
correspondientes, al Cdor. Carlos Fernández Becchino, Superintendente de Bancos.
El informe del 6 de febrero concluía que la responsabilidad
patrimonial neta del Banco Comercial al 31 de diciembre de 2001 se
había reducido a U$ 11: millones. Sin embargo, dos días después, un nuevo informe daba
cuenta de ciertos ajustes que reducían aun más la responsabilidad patrimonial neta a U$
2:200 millones.
Posteriormente se eleva un memo del Grupo Inspectivo Nº 8, de
fecha 21 de febrero de 2002, en el que se señala que de acuerdo a la información
obtenida, "...el faltante mencionado compromete totalmente el patrimonio de Banco
Comercial S.A.".
Sin embargo, al agregarse los U$ 133: millones que surgen como
resultado del convenio de capitalización firmado el 26 de febrero, la situación
patrimonial podría considerarse incierta, puesto que no existen nuevos análisis sobre la
responsabilidad patrimonial neta durante el mes de marzo.
Sin embargo, el informe del 3 de abril, elevado en esa fecha al Cdor.
Carlos Fernández Becchino, concluye que la responsabilidad patrimonial neta era negativa
al 31 de diciembre de 2001 en U$ 129: millones.
Dos días después, el informe definitivo producido por el Grupo
Inspectivo Nº 8 confirmaba la existencia, ya no solo al 31 de diciembre de 2001,
sino al 31 de marzo de 2002 de una responsabilidad patrimonial neta negativa del orden de
U$ 1:100 millones. Obviamente, la diferencia de resultado entre las cifras de
responsabilidad patrimonial neta entre el 31 de diciembre de 2001 (negativo en 125:3
millones) y el 31 de marzo de 2002 (negativo en U$ 1:1 millones) se debe al efecto de la
capitalización recibida por el Banco Comercial a partir de febrero y de ciertos
deterioros correspondientes a los fraudes constatados en el mencionado Banco.
Veamos ahora cuál fue la secuencia de las decisiones de asistencia
financiera tomadas por las autoridades del Banco Central en ese período. Tal como se
señala más arriba la primera asistencia financiera por parte del Banco Central se
produjo el 20 de febrero y luego las resoluciones se suceden con frecuencia casi diaria
hasta mediados de marzo. Posteriormente se otorgan las últimas asistencias financieras a
mediados de abril.
Cuando se inicia la asistencia financiera el 20 de febrero, el
Directorio del Banco Central contaba con dos informes de los servicios técnicos de fechas
6 y 8 de febrero que señalaban que la asistencia no podía superar los U$ 2: millones.
Sin embargo, en apoyo a la juridicidad de las decisiones del Directorio es posible afirmar
que las negociaciones por la capitalización estaban avanzadas y el propio Poder Ejecutivo
había efectuado adelantos a cuenta de la mencionada capitalización.
Luego, durante el mes de marzo el Directorio del Banco Central aprueba
asistencias financieras en sucesivas sesiones de su Directorio, en todos los casos con el
voto contrario de la Cdora. Rosario Medero. Estas resoluciones son D116/2002, D117/2002,
D141/2002 y D144/2002. Parece razonable sostener que durante ese período correspondiente
al mes de marzo de 2002 la reciente capitalización efectuada por U$ 133: millones y la
ausencia de informes técnicos de la Superintendencia que manifestaran una situación
diferente permiten evaluar que estas decisiones de suministrar asistencia financiera al
Banco Comercial no estaban contradichas por informes en sentido diferente.
En este sentido compartimos el argumento formulado por la Dra. Eva Holz
durante una de sus comparecencias ante la Comisión Investigadora, quien citando al Dr.
Juan Pablo Cajarville, argumenta que "la medición patrimonial en tiempo real es
muchas veces imposible puesto que la urgencia de la asistencia obliga a actuar con la
información que se posee en el momento y esperar a la certeza del valor patrimonial puede
implicar la paradoja de que la asistencia llegue cuando la crisis que se busca evitar ya
haya estallado" (09.12.02, pág. 82).
Sin embargo, el informe del 3 de abril y, particularmente, el informe
del 5 de abril eran concluyentes en señalar que la capitalización producida en febrero
no era suficiente para resolver la situación patrimonial negativa del Banco Comercial. A
su vez, posteriormente se conoce la carta del Presidente del Directorio del Banco
Comercial de fecha 18 de abril en la que reconoce la necesidad de lograr nuevos aportes de
capitalización a efectos de normalizar su situación patrimonial. Por lo tanto las
decisiones tomadas por las autoridades del Banco Central con posterioridad a estas fechas
en el sentido de brindar asistencia financiera al Banco Comercial no pueden justificarse
en la ausencia de información técnica disponible.
Pues bien, el 3 de abril en la sesión de Directorio referida en el
Acta 2378 se toma la resolución D147/2002 por mayoría, por la cual se autoriza al Banco
Comercial a incrementar la línea de crédito en el Programa de Crédito Multisectorial
II, Préstamo BID aumentándolo de U$ 20: millones a U$ 40: millones. Tres semanas
después, el 25 de abril en la sesión de Directorio referida en el Acta 2382 de adopta,
también por mayoría, la resolución D191/2002 por la que se autoriza
al Banco Comercial a elevar su línea de crédito del mencionado programa por U$ 5:
millones más, lo que eleva su tope a U$ 45: millones.
De acuerdo a las normas establecidas en el Programa de Crédito
Multisectorial II, la línea de crédito no puede superar el 50% de la responsabilidad
patrimonial neta del Banco. Es decir que a la fecha del 3 de abril la responsabilidad
patrimonial neta del Banco Comercial debería haber ascendido a U$ 80: millones y al 25 de
abril debería llegar a U$ 90: millones. Obviamente, los informes del 3 de abril y 5 de
abril ya mencionados indicaban la ausencia de responsabilidad patrimonial neta, por lo
tanto las resoluciones D147/2002 y D191/2002 habrían contravenido las disposiciones
referidas en el Programa de Crédito Multisectorial II.
En idéntico sentido, las resoluciones D187/2002, D188/2002 de 19 de
abril y la resolución D189/2002 de 24 de abril por las que el Directorio por mayoría
otorga asistencias financieras por valores de U$ 15: millones, U$ 3: millones y U$ 8:
millones respectivamente, se realizan en momentos en que el Banco Central tenía notorio
conocimiento de la situación de insuficiencia patrimonial del Banco asistido, por lo que
se habría incumplido con lo establecido en el artículo 37 de la Carta Orgánica del
Banco Central.
Estas presuntas responsabilidades abarcan a la mayoría del Directorio,
Cdor. César Rodríguez Batlle y Dra. Eva Holz y al Cdor. Carlos Fernández Becchino en
función de sus competencias como Superintendente de Instituciones de Intermediación
Financiera.
Resulta particularmente incomprensible que, dado el tenor de la
discusiones ocurridas en las sesiones del 19 y 24 de abril en el seno del Directorio,
reflejadas en las Actas Nos. 2381 y 2382, sobre la situación patrimonial del Banco
Comercial y en las que se tomaron las resoluciones señaladas más arriba, no haya sido ni
mencionado ni referido el informe producido por el Grupo Inspectivo Nº 8 de fecha 5
de abril que había sido elevado por el Superintendente al Directorio con fecha 15 de
abril y del que, tal como se verá más adelante, no existe constancia de su recepción
por parte de este último.
Obviamente descartamos por absolutamente falto de fundamento el
argumento que en más de una ocasión fue expresado en las sesiones de la Comisión
Investigadora por el que se pretende asignar a la obligación asumida por el Estado
uruguayo en el convenio de capitalización de mantener la liquidez y solvencia del Banco
Comercial un valor superior al ordenamiento jurídico vigente y, por lo tanto,
justificante de la asistencia financiera otorgada. Este argumento fue formulado por el
Cdor. Rodríguez Batlle (12.12.02, pág. 59) y por el Dr. Artecona (03.02.03, pág. 47 y
48). En primer lugar, porque una cláusula contractual no puede imponerse a lo establecido
en las leyes de la República; y, en segundo lugar, porque aunque dicha obligación
asumiera un valor jurídico relevante, la obligación del Banco Central consiste en
constatar que tal solvencia existiera efectivamente y no regirse por la manifestación de
voluntad del Estado uruguayo sin constatar su efectivo cumplimiento.
11.4. El caso del Expediente 9855
Lamentablemente, es necesario analizar en un apartado específico
lo ocurrido con el Expediente 9855 que contenía el Informe del Grupo Inspectivo
Nº 8 elaborado el 5 de abril y que resume en forma completa la situación
patrimonial del Banco Comercial, determinando que este Banco carecía de responsabilidad
patrimonial al 31 de diciembre de 2001 y al 31 de marzo de 2002.
Como hemos dicho más arriba, la responsabilidad que surge de brindar
asistencia financiera en contravención al marco legislativo existente, debe ser apreciada
de acuerdo a los elementos de juicio que estuvieron en conocimiento de los decisores a la
hora de resolver.
Por lo tanto, si bien resulta claro, a partir de este informe, que el
patrimonio del Banco Comercial era negativo al 31 de diciembre de 2001 y lo siguió siendo
durante todo el tiempo posterior hasta el 31 de marzo de 2002, lo cierto es que esta
evaluación recién estuvo disponible a comienzos de abril. Los elementos de información
anteriores disponibles en esta Comisión Investigadora, como se dijo en el apartado
anterior, no eran concluyentes y si bien permitían sospechar que la realidad era esa,
admitían una duda razonable.
Ahora bien, el problema adicional que debe ser objeto de análisis con
respecto a este informe es su peculiar derrotero dentro de las diversas instancias del
Banco Central y las contradicciones con respecto al conocimiento que del contenido del
mismo tuvieron o declararon tener las diversas autoridades.
El informe fue elaborado por las contadoras Daniella Crosta, Rosana
Stevenazzi y Alicia Deleotti, fue refrendado por la Jefa del Grupo Inspectivo Nº 8,
contadora Giselle Itté y elevado al contador Carlos Olivero, en ese momento Gerente de
Área de Análisis de Inspección, quien acompañó el informe con
una nota dirigida al contador Carlos Fernández Becchino, Superintendente de Instituciones
de Intermediación Financiera, el día 12 de abril. A su vez, el 15 de abril el contador
Fernández Becchino lo envía a la Presidencia del Directorio del Banco Central.
Tanto la Cdora, Itté como el Cdor. Olivero y el Cdor. Fernández
Becchino conocieron y compartieron el contenido del informe elaborado por las técnicas
del Grupo Inspectivo Nº 8 y cumplieron respectivamente con su obligación de
trasladarlo a su superior respectivo.
Sin embargo, en forma paralela al trámite administrativo descripto, en
las declaraciones ante la Comisión Investigadora varios funcionarios del Banco Central
integrantes de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera
informaron que mantuvieron reuniones sobre el contenido del informe con la Dra. Eva Holz y
con la Cdora. Medero.
Con respecto a la reunión mantenida con la Cdora. Medero, no existen
elementos que generen discrepancias sobre lo ocurrido. La reunión se realizó con el
Cdor. Alfredo Porro, Intendente de Bancos, y la Cdora. Giselle Itté, Jefa del Grupo
Inspectivo Nº 8, se llevó a cabo días después del 5 de abril y se le entregó una
copia del Informe que llevaba los nombres de las tres contadoras que lo habían elaborado.
Esta reunión ha sido referida por la Cdora. Itté, el Cdor. Porro y fue confirmada por la
Cdora. Medero en oportunidad de su segunda comparecencia ante la Comisión Investigadora.
Sin embargo, los testimonios sobre las reuniones mantenidas entre
funcionarios del Banco Central con la Dra. Eva Holz son absolutamente contradictorios,
puesto que en diversas oportunidades varios funcionarios hacen referencia a las reuniones
mantenidas con la Dra. Holz y posteriormente, en oportunidad de su segunda comparecencia,
esta desmiente que en las reuniones mantenidas con funcionarios del Banco Central se le
hubiera manifestado la existencia de un informe que demostraba que el patrimonio del Banco
Comercial era negativo.
Obviamente, en este caso se verifica una situación grave, puesto que
alguno o algunos de los comparecientes ante la Comisión Investigadora habría mentido en
sus declaraciones, puesto que son absolutamente inconciliables y refieren a hechos
concretos y no a opiniones. Por lo tanto, se transcriben a continuación las declaraciones
realizadas por las diferentes personas involucradas en este episodio.
El Cdor. Alfredo Porro señala: "En una de esas oportunidades tuve
una entrevista con la Doctora Eva Holz quien me preguntó si había alguna novedad con
respecto a otro tema que no era el que específicamente estábamos tratando en ese
momento. Yo le dije que se estaba procesando un informe sobre responsabilidad patrimonial
del Banco Comercial. Entonces me pidió que le proporcionara una copia de ese informe. Se
trata de un informe preliminar; no es el mismo que el otro informe, sí en sus
conclusiones o contenido pero quizás exista alguna variación en la redacción. Entonces,
ese informe se entregó a la doctora Eva Holz quien lo leyó y después citó a la
contadora Itté y a quien habla para comentarlo. Sobre ese informe ella hizo algunos
planteamientos desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, que no estaba de acuerdo en
cuanto al tema de las previsiones o de faltantes de valores porque podía ser algo
presuntivo pero estaba en el curso de la investigación. En definitiva, quedó como
recomendación que se continuara trabajando en el tema y revisándolo" (03.02.03,
págs. 12 y 13).
Más adelante en la misma sesión, afirma: "El hecho de que había
conversado con las dos Directoras y que lo había elevado el Superintendente, para mí era
convencimiento pleno de que estaban en conocimiento del expediente" (03.02.03, pág.
35).
Por su parte, el Dr. Fernando Barrán dijo: "En cuanto al
conocimiento de los Directores, lo que la Superintendencia sabe es lo que acaba de
informar: hubo dos reuniones de carácter informal con dos de los Directores, en las
cuales se hizo entrega de los informes elaborados por la Superintendencia cuyos contenidos
son prácticamente los mismos al del informe de fecha 5 de abril" (03.02.03, pág.
15).
A su vez, la contadora Giselle Itté afirmó: "Sí. Tuve dos
reuniones con la doctora Eva Holz para discutir este informe, en una fui acompañada por
el señor Intendente y en otra por el señor Superintendente". (03.02.03, pág. 28).
Justamente, el contador Fernández Becchino, en oportunidad de su
comparecencia ante la Comisión Investigadora, señaló: "A esta altura sabía que la
Directora conocía el informe contenido en el expediente por comentarios de mis
funcionarios y porque quien habla, junto con la Contadora Itté, habló una vez con la
señora Holz. Aclaro que aquí dijeron que la señora Holz es economista; no es
economista, es abogada. Hablamos dos veces con la abogada Holz; la
primera vez fue quien habla y la última vez lo hicieron Porro y Giselle Itté."
(06.02.03, pág. 23).
En sentido inverso, la Dra. Eva Holz sostuvo: "El expediente que
ha sido objeto de debate últimamente en esta Comisión –número interno de la
Superintendencia 9855- y que a partir de este hecho he podido examinar no aporta más que
información preliminar" (26.05.03, pág. 15).
Más adelante, durante la misma comparecencia afirma: "Sí, yo
recuerdo reuniones y recuerdo discusiones por los temas que estaban a estudio, pero para
mí los temas estaban simplemente a estudio. Pero que me dijeran que el patrimonio era
negativo, no lo recuerdo. Si así hubiera sido, lo recordaría, que alguien me hubiera
dicho que el patrimonio era negativo..." (26.05.03, pág. 32).
Un poco más adelante cuando se le consulta sobre si recibió un
ejemplar del informe contesta: "Yo no puedo confirmar haber recibido esa
copia...Inclusive, verifiqué entre mis papeles y no encuentro ningún antecedente; tengo
otros documentos con información notoriamente distinta a esa. También se trata de
papeles de trabajo y no de otra cosa...Más allá de eso –ya lo dije en mi
presentación de hoy y lo reitero-, no tengo recuerdo de ningún informe del que surgiera
que el patrimonio del Banco Comercial era negativo" (26.05.03, pág. 32).
Cuando se le consultó específicamente sobre si alguno de los
funcionarios le habían manifestado que de acuerdo con el análisis que ellos estaban
haciendo, el patrimonio del Banco Comercial era negativo, la Dra. Holz contestó
enfáticamente que no. (26.05.03, pág. 34).
Por lo tanto, queda de manifiesto que existe una absoluta
contradicción entre lo que declaran los funcionarios del Banco Central, contadores
Alfredo Porro, Giselle Itté y Carlos Fernández Becchino y lo que afirma la Dra. Eva
Holz.
Por otra parte, la determinación de lo que efectivamente ocurrió,
además de determinar quién o quienes habrían mentido ante la Comisión Investigadora,
es determinante de la eventual responsabilidad de la Dra. Eva Holz puesto que, a
diferencia de la Cdora. Rosario Medero, con posterioridad a la fecha de este informe
siguió votando afirmativamente las diferentes asistencias financieras otorgadas por el
Banco Central durante el mes de abril.
El segundo aspecto a evaluar con respecto al expediente 9855 es su
itinerario dentro de la administración del Banco Central. En efecto, el Superintendente
lo eleva a la Secretaría General con destino a la Presidencia del Directorio del Banco
Central el 15 de abril de 2002 a última hora, este procedimiento se realiza en propias
manos por intermedio del funcionario Nelson Chinetti. Sin embargo, el expediente aparece
al día siguiente, 16 de abril, en el despacho del contador Alfredo Porro, es decir
nuevamente en la Superintendencia, pero ahora en manos del Intendente.
Cuando el expediente reaparece en el escritorio del contador Porro
presenta varias irregularidades que fueron constatadas fehacientemente en las diversas
comparecencias ocurridas durante las sesiones de la Comisión Investigadora.
(a) Había desaparecido el folio 41 del mencionado expediente, en donde
debía constar la recepción del mismo por parte del destinatario del mencionado
expediente, es decir la Presidencia del Directorio del Banco Central.
(b) El expediente había sido refoliado sustituyendo la hoja de
trámite correspondiente (folio 41 original) por una nota firmada por el Presidente del
Directorio del Banco Comercial de fecha 18 de abril que fue foliada como el nuevo folio
41.
(c) En la Secretaría General del Banco Central no figura el ingreso
del Expediente 9855, trámite que inexorablemente debe realizar cualquier expediente con
destino al Directorio del Banco Central, a pesar de que el funcionario encargado de
llevarlo "de mano" desde la Superintendencia a la Secretaría General declaró
haberlo hecho.
(d) El expediente quedó en el despacho del Contador Alfredo Porro
durante meses.
(a) El folio 41 original existía y fue sustituido. Estos extremos
quedaron probados claramente en el seno de la Comisión Investigadora. En primer lugar
porque la propia Superintendencia lo ha reconocido pacíficamente y ha ordenado una
investigación administrativa interna al respecto que, según sabemos, aún no ha arribado
a conclusiones finales.
En segundo lugar porque en el folio 40 del propio expediente aparece el
número de la hoja de trámite que seguía a este folio y el número ha sido tachado
sustituyéndolo por la inscripción "Nota del Banco Comercial", correspondiente
al nuevo folio 41.
De modo que el folio 41 original fue
sustraído del expediente y no ha sido posible encontrarlo, ni acceder a ninguna copia del
mismo; por lo tanto tampoco se ha podido conocer su contenido.
Tal circunstancia es de enorme gravedad en, al menos dos sentidos. En
primer término porque en la hoja desaparecida podría estar la constancia de que el
mencionado informe habría llegado a conocimiento de los miembros del Directorio o, de
alguno de ellos; y en segundo lugar porque implica que un funcionario del Banco Central
habría alterado en forma irregular el expediente, lo que configura a nuestro juicio, una
conducta de apariencia delictiva cuyo esclarecimiento no ha podido obtenerse en el trabajo
de la Comisión Investigadora.
(b) Fue reconocido en el seno de la Comisión Investigadora por los
propios funcionarios del Banco Central que el expediente fue refoliado. Tal procedimiento
fue llevado a cabo por un funcionario subordinado que tiene a su cargo la tarea de foliar
expedientes, este funcionario declaró en la Comisión Investigadora que cuando el
expediente 9855 volvió a su despacho lo refolió al constatar que el folio 41 original no
estaba y en su lugar se le había adjuntado la mencionada nota del Banco Comercial.
El Sr. Mario Lacavalla, encargado del foliado de los expedientes
aclaró que nadie le dio la orden de refoliar sino que lo hizo de manera rutinaria tal
como había ocurrido en otras oportunidades.
El Sr. Nelson Chinetti declaró que cuando recibió la nota del Banco
Comercial consultó a la contadora Giselle Itté sobre el destino de la misma y se le
indicó que se agregara al expediente 9855.
(c) El Secretario General del Banco Central, Dr. Aureliano Berro,
manifestó en la Comisión Investigadora que el mencionado expediente no había ingresado
a dicha oficina puesto que no existía ningún comprobante administrativo que lo
estableciera. (10.03.03, pág. 9).
De hecho, no consta ningún acuse de recibo de la entrega de dicho
expediente ni tampoco el funcionario encargado de llevarlo "de mano" a la
Secretaría General posee un recibo que pruebe que fue recibido por dicha oficina. Este
procedimiento es el que se utiliza en general en la tramitación de expedientes interna
dentro del Banco Central; por lo tanto no existe prueba documental que demuestre el
ingreso del expediente a la Secretaría General.
(e) Finalmente, el contador Porro manifestó a la Comisión
Investigadora que al constatar que el expediente 9855 había regresado a su despacho
asumió que el Directorio ya habría tomado conocimiento de su contenido y se limitó a
agregarle la documentación que, a su juicio, le parecía pertinente en relación al
contenido de dicho expediente.
Resulta sorprendente que el contador Fernández Becchino no haya
confirmado con el Presidente del Directorio del Banco Central que el expediente haya
llegado a destino.
Resulta sorprendente que el contador Alfredo Porro, al haber
recibido de regreso el expediente mencionado no haya confirmado con su superior, el
contador Fernández Becchino, que el contenido del mismo haya llegado efectivamente a
conocimiento del Directorio.
Resulta sorprendente que en abril de 2002 todos los jerarcas del Banco
Central, incluido alguno de los miembros de su Directorio, hayan tenido conocimiento de
este informe y su Presidente no haya tenido ni siquiera noticia de su existencia.
Resulta sorprendente que el expediente haya salido rumbo a la
Secretaría General y que no exista ningún rastro sobre su itinerario hasta su
reaparición en el escritorio del contador Alfredo Porro.
Resulta sorprendente que la desaparición del folio 41 de un expediente
calificado como "confidencial y urgente" haya sido descubierta por el Banco
Central recién en diciembre de 2002 y que el refoliado del mencionado documento haya
quedado en manos de un funcionario administrativo que se limitó simplemente a hacerlo sin
orden superior.
Resulta sorprendente que el Intendente de Bancos, contador Alfredo
Porro, se haya limitado a mantener en su poder el mencionado expediente durante varios
meses incorporándole en forma periódica nueva documentación.
Más allá de que no es posible, con la información disponible en la
Comisión Investigadora, establecer responsabilidades personales específicas sobre las
irregularidades constatadas, lo cierto es que el informe fue "fondeado" en un
escritorio durante meses, sin que haya existido constancia formal de que haya llegado a
conocimiento del Directorio del Banco Central
La relevancia del informe no es menor, puesto
que es el único documento técnicamente contundente que demuestra la situación
patrimonial del Banco Comercial y la imposibilidad jurídica de mantener su asistencia
financiera. Por lo tanto, el hecho de que dicho informe haya sido objeto de una
tramitación tan irregular debe ser evaluado en relación a la importancia que su
contenido tenía para la toma de decisiones del Directorio del Banco Central.
11.5. Asistencia financiera al Banco de Montevideo y Caja Obrera
La primera asistencia financiera del Banco Central al Banco de
Montevideo fue otorgada el 17 de mayo y, tal como ocurrió en los demás casos, se
realizó al amparo del artículo 37 de la Carta Orgánica. De acuerdo a lo señalado
más arriba, en total la asistencia financiera brindada por el Banco Central a través del
procedimiento del artículo 37 ascendió a U$ 84:100 millones, parte de dicha
asistencia se dio contra cartera de documentos públicos (U$ 34: millones) que, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 37 en estos casos no se computa el límite de la
responsabilidad patrimonial neta, la asistencia financiera en sentido estricto se situó
en los U$ 50: millones.
Ahora bien, la cuestión de la solvencia patrimonial del Banco de
Montevideo no fue objeto de particular consideración en las actuaciones de esta Comisión
Investigadora. Sin embargo, el análisis de las resoluciones D110/2002 y D199/2002 y su
flagrante incumplimiento por parte de las autoridades del Banco de Montevideo, plantean un
fuerte cuestionamiento acerca de la responsabilidad patrimonial de dicho Banco en el
momento de ser asistido por el Banco Central.
En efecto, la resolución D110/2002 obligaba al Banco de Montevideo a
previsionar sus créditos otorgados a personas o empresas vinculadas así como a los
otorgados al Trade and Commerce Bank, a su vez le establecía la obligación de definir
antes del 12 de marzo las medidas de recomposición patrimonial que deberán ejecutarse en
un plazo de 90 días. Posteriormente, la resolución D199/2002 establece que el Banco
Central no se pronunciará sobre la suspensión de la recategorización de los créditos
mencionados y le da plazo hasta el 15 de mayo para la capitalización del Banco.
Por otra parte, de acuerdo a lo señalado más arriba, el incremento de
los créditos otorgados a favor de TCB habían llegado al 15 de mayo a la suma de U$
126:900 millones, habiéndose incrementado el crédito en más de U$ 60: millones.
De modo que, cuando el Banco Central resuelve comenzar a asistir
financieramente al Banco de Montevideo, sabía que la situación patrimonial de este
estaba absolutamente comprometida. Puesto que solo el importe de los créditos otorgados
al TCB duplicaban el valor del patrimonio del Banco de Montevideo.
En efecto, ya el 7 de marzo el Banco Central preveía un compromiso de
la situación patrimonial del Banco de Montevideo y por ello le solicita la definición de
medidas inmediatas de recomposición patrimonial. Dos meses después, con un aumento de la
exposición al riesgo TCB del doble del existente al 7 de marzo y ante el incumplimiento
de su capitalización resultaba evidente la insuficiencia patrimonial de este Banco.
El Banco de Montevideo venía desacatando las resoluciones del Banco
Central desde el 7 de marzo y, en tales circunstancias ante un nuevo incumplimiento
verificado el día 15 de mayo resulta difícil de explicar la decisión de dotar a esta
institución de asistencia financiera, la que por otra parte, en pocos días llegó a los
ya indicados U$ 84: millones.
De modo que las resoluciones que aprobaron las asistencias financieras
al Banco de Montevideo fundadas en el artículo 37 de su Carta Orgánica desde el 17
de mayo al 4 de junio de 2002 estarían cuestionadas en su legalidad puesto que existían
elementos contundentes que anunciaban la ausencia del requisito establecido en dicha norma
con respecto a la responsabilidad patrimonial neta.
Pero, además de lo señalado, el Banco Central aprobó dos modalidades
más de asistencia financiera al Banco de Montevideo.
En primer lugar, la extensión de la línea de crédito del Programa
Multisectorial II, igual que en el caso del Banco Comercial, mediante esta modalidad
indirecta se procedió a esta fórmula para dotar de apoyo financiero a este Banco. Las
resoluciones D297/2002 de 30 de mayo, D319/2002 del 5 de junio y la D320/2002 del 6 de
junio de 2002 otorgaron línea de crédito en el Programa Multisectorial II por un total
acumulado de U$ 25:100 millones.
Como se señaló más arriba, al analizar esta modalidad de apoyo
otorgada al Banco Comercial, la norma contractual establecía un tope de la línea de
crédito a otorgar a los distintos Bancos que no podía superar el
50% de la responsabilidad patrimonial neta. Pues bien, estas resoluciones también serían
contrarias a derecho puesto que incumplen lo establecido en las disposiciones
contractuales puesto que lo anotado con respecto a las asistencias financieras producidas
en virtud del artículo 37 valen para estas.
Pero, además, nuevamente debe tenerse presente que no parece un
accionar compartible el otorgar una ampliación de la línea de crédito del mencionado
Programa a una institución que llevaba a esa altura casi tres meses incumpliendo las
resoluciones del Banco Central.
Finalmente, el Banco Central admitió, como una forma a nuestro juicio,
de asistencia indirecta al Banco de Montevideo la compra de certificados de depósitos
pertenecientes al Banco Caja Obrera.
Estas operaciones llegaron a representar U$ 39:300 millones que se
integran mediante las resoluciones D200/2002 de 26 de abril, D201/2002 y D202/2002 de 29
de abril, D203/2002 de 30 de abril, D201/2002 de 29 de abril, D220/2002 de 3 de mayo,
D275/2002 de 27 de mayo, D304/2002 de 4 de junio.
Si bien, como se dijo más arriba, estos depósitos del Banco Caja
Obrera se compensan con documentos otorgados por el Banco de Montevideo, se trata de otra
modalidad de apoyo por parte del Banco Central al mencionado Banco.
En síntesis, la asistencia brindada por el Banco Central al Banco de
Montevideo se habría realizado en contravención de las normas vigentes puesto que existe
amplia evidencia de que la responsabilidad patrimonial del Banco de Montevideo a la fecha
del inicio de las mencionadas asistencias sería inexistente. La responsabilidad se
acentúa por el hecho de que dichas asistencias comienzan dos días después de que el
Banco de Montevideo incumpla su obligación de capitalización lo que aumenta la
presunción de insolvencia patrimonial de esa institución.
Por otra parte, más allá de estos aspectos legales, corresponde dejar
de manifiesto que no es compartible la respuesta del Banco Central, que comienza a asistir
al Banco de Montevideo cuando este lleva dos meses y medio de incumplimiento de una
primera resolución del Banco Central y acababa de incumplir una nueva resolución de
este.
12. La asistencia financiera otorgada por el Ministerio de Economía y
Finanzas
Por último, resta por analizar la actuación del Ministerio de
Economía y Finanzas en su función de proveer de recursos a los Bancos en crisis durante
la última etapa de la crisis bancaria y financiera.
Tal como se señalaba más arriba, una vez que se agotó el recurso de
la adquisición de certificados de depósitos, se pasó en una segunda etapa a la
asistencia financiera a cargo del Banco Central de acuerdo a lo establecido en su Carta
Orgánica.
Pero en un tercer momento, cuando la asistencia financiera del Banco
Central se agotó, la última modalidad de asistencia a la que recurrió el gobierno
uruguayo fue a través del Ministerio de Economía y Finanzas.
La modalidad elegida por el Poder Ejecutivo fue la constitución de
préstamos a favor de la Corporación Nacional para el Desarrollo que se efectivizaban
mediante depósitos en los Bancos que eran objeto de asistencia. De hecho se trataba de un
mecanismo de asistencia indirecta que dotaba de liquidez a estos Bancos para hacer frente
a sus dificultades. El monto de asistencia total por este concepto ascendió a U$ 488:898
millones que se distribuyeron en U$ 242:398 millones al Banco Comercial, U$ 228:500
millones al Banco de Montevideo y U$ 18: millones destinados al Banco de Crédito.
Los depósitos a favor del Banco Comercial comenzaron el 29 de abril y
el último de ellos se verificó el 5 de julio, tal como se recordará la última
asistencia financiera a cargo del Banco Central se había producido el 25 de abril.
En el caso del Banco de Montevideo el primer depósito se produce el 24
de junio, cuando la entidad ya había sido intervenida por el Banco Central, y se prolonga
hasta el 16 de julio. La asistencia financiera del Banco Central había cesado el 4 de
junio.
Finalmente, en el caso del Banco de Crédito la primera asistencia del
Ministerio de Economía y Finanzas también se produce el 24 de junio y la última es
también del 16 de julio.
Los tres primeros depósitos transferidos al Banco Comercial a través
de la Corporación para el Desarrollo tuvieron como fundamento establecer la garantía de
la integridad patrimonial de esta referida al Convenio de Reestructuración Bancaria
firmado entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la CND en 1990. En efecto, de
acuerdo a este Convenio, la CND reclamaba al Ministerio desde hacía varios años un crédito por el deterioro patrimonial que la gestión de los
Bancos le había representado a esta.
Pues bien, el Ministerio de Economía y Finanzas realiza tres
depósitos que, en conjunto representan U$ 40:398 millones en el Banco Comercial, en
garantía de la integridad patrimonial de la CND. Estos depósitos son de fechas 29 de
abril, 3 de mayo y 9 de mayo de 2002 y tienen como respaldo las resoluciones del Poder
Ejecutivo de fechas 26, 29 y 30 de abril de 2002.
Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas por Resolución
del Poder Ejecutivo de fecha 14 de mayo otorga un crédito a la CND por valor de U$ 50:
millones efectivizado a través de dos depósitos de U$ 25: millones cada uno en el Banco
Comercial de fechas 14 y 17 de mayo de 2002.
Una nueva resolución del Poder Ejecutivo de fecha 21 de junio otorga a
través del Ministerio de Economía y Finanzas un nuevo crédito a la CND por valor de U$
200: millones que se realiza a través de diversos depósitos en los Bancos Comercial y
Montevideo que se hacen efectivos entre el 24 y 27 de junio de 2002.
Finalmente, existe una última resolución del Poder Ejecutivo de 4 de
julio por la que se otorga, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, otro
crédito a la CND, nuevamente por un monto de U$ 200: millones que se realiza a través de
diversos depósitos en los tres Bancos asistidos que se efectivizaron entre el 5 y el 16
de julio de 2002.
Del total de la asistencia financiera proporcionada, U$ 400: millones
correspondientes a los dos préstamos finales por U$ 200: millones cada uno están
respaldados por la consiguiente emisión de Letras de Tesorería, mientras que los U$
88:898 millones son imputables a fondos del Tesoro Nacional.
Este relato ordenado de las asistencias efectivizadas es, sin duda, una
reconstrucción que el Poder Ejecutivo realizó con posterioridad a alguna de las
asistencias verificadas. Efectivamente, muchas de las asistencias fueron resultado de
órdenes verbales del Ministro de Economía y Finanzas que fueron regularizadas
posteriormente mediante el dictado de la resolución correspondiente. En ese sentido se
expresó el Cdor. Alberto Bensión en oportunidad de su comparecencia ante la Comisión
Investigadora (23.12.02, pág. 24).
Desde el punto de vista jurídico, la Corporación Nacional para el
Desarrollo de acuerdo a la ley de su creación en función del inciso I) del
artículo 12 puede tomar préstamos y como el Ministerio de Economía y Finanzas es
su accionista mayoritario, ordenó al Directorio que tomara estos préstamos.
De todos modos, tales compromisos representaban un endeudamiento con el
Poder Ejecutivo por un valor muchísimo mayor que su patrimonio. En efecto, de acuerdo a
la información disponible el patrimonio de la Corporación a la fecha de estas decisiones
apenas alcanzaba a U$ 30: millones y asume obligaciones por U$ 450: millones. Desde el
punto de vista jurídico se plantea en este caso una situación bastante irregular, en
tanto la Corporación no tiene respaldo patrimonial para responder por los préstamos
asumidos.
A su vez, el Directorio de la Corporación para el Desarrollo informó
en la Comisión Investigadora que este organismo buscó garantizar, mediante vales de los
Bancos que recibieron los depósitos, el valor de lo depositado como forma de asegurar su
derecho al cobro de los dineros depositados. Así lo explicó el actual Presidente de su
Directorio, el contador Aldo Bonsignore (28.10.02, pág. 17).
De todos modos, con posterioridad a estos acontecimientos, la ley
aprobada en diciembre de 2002 por la que se habilita la liquidación de los Bancos
suspendidos y la creación del Nuevo Banco Comercial con los activos buenos de dichos
Bancos, se deja sin efecto la deuda a cargo de la CND y queda el Ministerio de Economía y
Finanzas como titular de dichos créditos con respecto a los Bancos en liquidación. A su
vez, en la mencionada norma el Estado uruguayo cede su lugar en el orden de acreedores a
favor de los ahorristas.
Por otro lado, desde el punto de vista jurídico, las operaciones del
Poder Ejecutivo que canalizaron los U$ 488:898 millones con destino a asistir a los Bancos
en problemas, se justificaron como adelantos de préstamos de organismos internacionales.
Esta situación se consolidó cuando el Fondo Monetario Internacional
aprobó a fines de mayo un préstamo stand by con el que se repone el dinero adelantado
por el Poder Ejecutivo y se crea, por decreto, el Fondo de Fortalecimiento del Sistema
Financiero.
Posteriormente, al aprobarse la ley del 5 de agosto de 2002, se crea el
Fondo de Estabilización del Sistema Financiero que se reorienta a garantizar los
depósitos a la vista de los Bancos suspendidos y de los Bancos estatales.
El 24 de setiembre el Ministerio de Economía
y Finanzas envió al Tribunal de Cuentas la fundamentación de lo actuado y este emitió
el 6 de noviembre de 2002 su dictamen unánime por el que se aprueba lo actuado por el
Poder Ejecutivo y se señala en su Considerando IV que "el procedimiento es ajustado
a derecho".
A juicio del Poder Ejecutivo y del Tribunal de Cuentas, se utilizaron
en forma transitoria anticipos de fondos que no son gastos porque no constituyen salidas
definitivas. El fundamento legal es el artículo 74 de TOCAF, que no obliga a dar
cuenta previa al Tribunal de Cuentas en estos casos. La situación legal se perfeccionó
cuando se acordó con el FMI el préstamo stand by por el que se creó el Fondo de
Fortalecimiento del Sistema Financiero.
Es en función de estos elementos que el contador Bray, del Tribunal de
Cuentas, señala que el Poder Ejecutivo no hizo jugar el artículo 15 del TOCAF sino
el artículo 74 de este cuerpo normativo. "El Poder Ejecutivo utilizó en forma
transitoria anticipos de fondos", "...no son gastos, sino movimientos
financieros; el gasto como tal se produce cuando con los fondos provenientes de la fuente
de financiamiento endeudamiento externo –léase desembolso stand by del FMI- se
cancelan los anticipos mediante un depósito en las cuentas del Tesoro Nacional. Allí
queda firme el gasto por la figura del préstamo del exterior al Estado".
Como consecuencia de esta postura, el Poder Ejecutivo se apoya en
"el artículo 74 del TOCAF que permite la utilización transitoria de fondos y,
en este caso, los anticipos sin imputación presupuestal, no constituyen un gasto...El
anticipo financiero no es un gasto..." (09.06.03, págs. 27, 29 y 32).
Por su parte, el Presidente del Tribunal de Cuentas, Cdor. Guillermo
Ramírez, señala que la regularización de estos anticipos de fondos "se realizará
en oportunidad de la Rendición de Cuentas" porque hay que considerar la distinción
entre Presupuesto y Sistema Presupuestario, este último incluye al propio presupuesto
pero también abarca a los anticipos financieros, los documentos de regularización de la
Contaduría y las correspondientes Rendiciones de Cuentas. (09.06.03, págs. 42 y 43).
En conclusión, desde el punto de vista jurídico el respaldo legal
a lo actuado parece ser satisfactorio, por otra parte el Tribunal de Cuentas dio su
respaldo mediante el ya mencionado dictamen unánime del pasado 6 de noviembre, con lo
cual la legalidad fue preservada.
Desde el punto de vista político, esta opción de asistencia por parte
del Poder Ejecutivo es consistente con la estrategia global adoptada frente a la crisis
financiera. Pero fue claramente inconveniente e ineficaz, puesto que no logró los
objetivos propuestos, en la medida que la "corrida" de depósitos siguió
avanzando con el resultado conocido.
En particular, resulta absurda la persistencia en la asistencia
financiera con posterioridad a la caída de la política cambiaria y la simultánea
intervención del Banco de Montevideo. Los U$ 400: millones que se disponen en la fase
final responden a resoluciones del Poder Ejecutivo de fechas 21 de junio y 4 de julio. A
esa altura de las circunstancias y dados los nuevos acontecimientos ocurridos, la
utilización de esos fondos resultaba ciertamente inútil y dada la magnitud de los
mismos, habría existido responsabilidad de las autoridades en dicha decisión. Por lo
tanto, el cuestionamiento a estas decisiones no tiene que ver con la juridicidad de lo
actuado sino con la conveniencia y la eficacia de las medidas resueltas.
13. Conclusiones finales y recomendaciones
Corresponde en este punto sintetizar las conclusiones principales que
se derivan de la investigación encomendada por el Plenario de la Cámara de
Representantes sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y
bancario, y establecer las responsabilidades que le caben a las diferentes personas que
tuvieron a cargo las decisiones referidas a esta situación.
La magnitud de la situación ocurrida es por todos conocida, tal como
se señalaba al comienzo de este informe, el Estado uruguayo durante la corrida bancaria
volcó al sistema financiero U$ 877:731 millones de dólares bajo diversas modalidades de
asistencia; U$ 122:700 mediante asistencia financiera del Banco Central a los Bancos
Comercial (U$ 20:400), Banco Montevideo y Caja Obrera (U$ 84:100) y de Crédito (U$
18:200); U$ 232:800 de asistencia financiera del Banco Central al Banco Hipotecario
del Uruguay; U$ 488:898 millones de dólares de asistencia por parte del Ministerio
de Economía y Finanzas a través de depósitos de la Corporación Nacional para el
Desarrollo en tres de los cuatro Bancos que luego terminan suspendidos; y U$ 33:333
millones de dólares que el Ministerio de Economía y Finanzas aportó por concepto de
capitalización del Banco Comercial.
A estos valores se les debe agregar la
utilización de alrededor de U$ 734: millones de dólares del Fondo de Estabilización del
Sistema Bancario creado por ley en agosto de 2002 para hacer frente a los depósitos a la
vista de los Bancos públicos y de los Bancos suspendidos a la salida del feriado
bancario. Esta cantidad se distribuyó en U$ 279: millones para atender las cuentas a la
vista del Banco República, U$ 125: millones para atender los del Banco Hipotecario y
alrededor de U$ 330: millones se utilizaron para atender las cuentas a la vista de los
Bancos privados suspendidos.
En síntesis, la crisis financiera le significó al Estado uruguayo en
forma directa, entre asistencias y préstamos, alrededor de U$ 1.600: millones de
dólares, sin incluir los enormes perjuicios indirectos que impactaron sobre el resto de
la actividad estatal y, en particular, sobre los ciudadanos de nuestro país.
13.1. Responsabilidades en el diseño y ejecución de la estrategia
global frente a la crisis
Frente a estas circunstancias el gobierno llevó adelante una
estrategia que, históricamente había desarrollado desde mediados de los años ochenta
hasta la fecha. Si se pudiera sintetizar en una sola frase la premisa estratégica de la
conducción del gobierno durante la crisis bancaria se diría que el objetivo fue
demostrar que el Estado uruguayo estaba dispuesto a sostener a cualquier precio la
estabilidad de su plaza financiera evitando la caída de cualquiera de las entidades que
lo componen.
Cabe señalar que esta estrategia tampoco fue modificada cuando quedó
en evidencia que la naturaleza de esta crisis financiera era diferente a las anteriores,
por cuanto en este caso se trató de una crisis sistémica que afectó al conjunto del
sistema financiero y no a uno de sus componentes.
Sin embargo, la estrategia mencionada presentó fuertes
vulnerabilidades históricas que frente a la crisis sistémica quedaron en evidencia así
como una inconsistencia básica que, desde nuestro punto de vista, fue un factor más en
el desarrollo de la crisis.
Nuestro sistema financiero tenía una alta exposición al riesgo
argentino, debido a las vinculaciones empresariales de diferentes grupos económicos que
gestionaban diversos Bancos de nuestro sistema financiero y debido a la magnitud de los
depósitos de los ahorristas argentinos.
Por otro lado, nuestro sistema financiero carecía de medidas globales
que tendieran a darle fortaleza tales como el seguro de depósitos o la supervisión
global consolidada.
A su vez, nuestro ordenamiento jurídico carece de una normativa
exigente en materia de regulación de los conjuntos económicos, situación que fue
particularmente incidente en la capacidad para enfrentar las acciones fraudulentas
llevadas adelante por los banqueros de los Bancos Comercial y de Montevideo.
El Banco Central presentó una debilidad notoria para ejercer la
función de contralor de las instituciones financieras que no es excusable por cuanto
debió ser advertida por sus jerarquías a su debido momento y no expresarse a modo de
excusa frente a la imposibilidad de cumplir con su labor en el marco de la crisis.
Autoridades y funcionarios del propio Banco Central en su
comparecencia ante la Comisión Investigadora reconocieron las dificultades enfrentadas
para cumplir con eficacia su tarea de supervisión e inspección de las instituciones
financieras. Por un lado, la ausencia de recursos humanos en cantidad suficiente y por
otro lado, la necesidad de modernizar la propia concepción de lo que debe ser objeto de
contralor yendo más allá de la valoración de las carteras de créditos y los flujos de
depósitos.
A su vez, la investigación administrativa interna desarrollada para
evaluar el accionar de esta institución en el contralor del Banco Comercial arribó a
conclusiones que trascienden el caso concreto y reflejan carencias más generales, ellas
incluyeron: (a) la detección de carencias en el seguimiento de las observaciones y
recomendaciones, (b) carencia de personal en los grupos inspectivos, (c) incumplimiento de
la frecuencia estipulada para las evaluaciones globales, (d) concentración de las
decisiones en el Superintendente, (e) carencias en la coordinación con otras áreas del
Banco, (f) desactualización y subutilización de los manuales de procedimientos
existentes y (g) carencias en la normativa bancocentralista.
De modo que la competencia técnica e idoneidad general del Banco
Central ha quedado cuestionada a la luz de lo ocurrido en el transcurso de la crisis
financiera.
Por otra parte, el sistema financiero uruguayo
se caracterizó históricamente por mantener en funcionamiento a instituciones financieras
incapaces de cumplir con las normas bancocentralistas que eran gestionadas por el Estado y
que, en la mayoría de los casos, estaban pésimamente administradas.
Los elementos antedichos son más que suficientes para establecer que
la construcción institucional de nuestro sistema financiero, más allá de la prioridad
que políticamente se le asignó, presentaba enormes vulnerabilidades que, en contexto de
crisis, se expresaron en toda su magnitud determinando el fracaso de la estrategia
formulada.
A su vez, la continuidad de la estrategia mucho más allá de lo que
razonablemente los datos de la realidad indicaban fue un factor crítico adicional que
aumentó los perjuicios finalmente producidos con respecto a la situación del país y de
los ciudadanos.
En efecto, a fines de junio, cuando ya se había producido la
devaluación y se había resuelto la intervención del Banco de Montevideo, resultaba
absurdo persistir en la estrategia diseñada, en particular cuando ello implicó la
aplicación de nada menos que U$ 400: millones adicionales para sostener una estrategia ya
fracasada.
Finalmente, la inconsistencia anotada entre la estrategia definida y
las decisiones tomadas con respecto al caso del Banco de Galicia, fue un elemento
disparador agregado a las vulnerabilidades anotadas para determinar un inevitable
resultado negativo en la neutralización de la crisis bancaria.
Por un lado, debe destacarse que la decisión tomada por las
autoridades de la época, consistente en autorizar al Banco de Galicia a transformarse de
una institución off shore, en un Banco uruguayo en noviembre de 1999, resulta
incomprensible y es una causa remota de los perjuicios posteriormente generados.
A su vez, la forma en que las autoridades del Banco Central actuaron en
febrero de 2002, negando la asistencia a este Banco, resulta difícil de entender puesto
que supuso una contradicción en la estrategia elegida que se fundaba en sostener a cada
una de las instituciones financieras. En particular, esta decisión provocó una especial
susceptibilidad en la percepción de los ahorristas argentinos que sintieron que el Estado
uruguayo no respondería por sus depósitos y aumentó el efecto de "contagio" a
otras instituciones de la plaza local.
En síntesis, es posible señalar que las inconsistencias y
vulnerabilidades anotadas en el diseño y ejecución de la estrategia global que el
gobierno llevó adelante frente a la crisis financiera fue, además de no compartible,
profundamente equivocada y muy perjudicial para la economía de nuestro país.
13.2. Responsabilidades del Banco Central en su capacidad de contralor
La gestión de contralor de las instituciones financieras por parte
del Banco Central merece importantes observaciones en su ejecución que alcanzan a sus
autoridades y a algunos de los funcionarios técnicos encargados de esta tarea.
En efecto, la detección de las irregularidades ocurridas en el Banco
Comercial fue muy tardía y podría haberse descubierto con anterioridad si se hubiera
actuado con procedimientos más adecuados.
En particular, la maniobra con bonos argentinos podría haberse
detectado bastante tiempo antes si las inspecciones se hubieran realizado in situ y los
análisis PADUL se hubieran verificado con la periodicidad prevista que fue incumplida.
La investigación interna ya referida estableció la existencia de
carencias específicas en el contralor del Banco Comercial.
En particular, se señaló: (a) la insuficiencia de actuaciones in
situ, (b) deficiencias en la gestión y adopción de medidas oportunas, (c) demora en el
traspaso de responsabilidades, (d) falta de coordinación en el traspaso de
responsabilidades, (e) carencias en la supervisión a distancia, (f) carencia en la
adopción de medidas sobre incumplimientos detectados, (g) carencias en la evaluación de
los auditores externos, (h) inexistencia de controles sobre el Commercial Investment
Holding e (i) existencia de registraciones contables al cierre de los balances.
Como se puede apreciar, la mayor parte de las observaciones
señaladas son de entidad y cuestionan muy expresamente la actuación del Superintendente
de la época y de algunas otras jerarquías de dicha repartición.
De modo que, si bien la valoración del contralor del Banco Comercial
por parte del Banco Central trasciende por lejos el marco temporal
del objeto de nuestra investigación, las observaciones demuestran carencias importantes
en la operativa del Banco Central que refuerzan lo ya indicado con respecto a la debilidad
de este para cumplir con su función de contralor del sistema financiero y de cada una de
sus unidades integrantes.
La evaluación de la gestión del Banco Central en el contralor de lo
actuado por las autoridades del Banco de Montevideo es, también, absolutamente
insatisfactoria.
Los servicios técnicos del Banco detectaron las operaciones ilícitas
en febrero de 2002 y el 7 de marzo el Directorio del Banco Central dictó una resolución
firme y exigente con respecto a lo actuado por el Banco de Montevideo. Sin embargo,
posteriormente las autoridades del Banco Central aceptaron el desacato de las autoridades
del Banco de Montevideo sin avanzar en las medidas de control e ingresaron en una
negociación sin que el Banco de Montevideo, al menos, cesara en el incremento de las
acciones ilícitas.
Hay tres meses de demora entre la resolución D110/2002 del 7 de marzo
y la resolución D 322/2002 por la que se instala una veeduría en dicho Banco a partir
del 9 de junio. El incremento global de la exposición a empresas y personas vinculadas en
ese período aumenta de alrededor de U$ 90: millones a más de U$ 200: millones.
La falta de autoridad para obtener obediencia del administrado, la
pasividad, lentitud o negligencia de las autoridades del Banco Central en este aspecto es
realmente asombrosa y grave en lo que tiene que ver con los perjuicios generados para el
Estado uruguayo y para los ahorristas de los Bancos de Montevideo y Caja Obrera.
En esta valoración no solo se incluye al Directorio del Banco Central,
que en este tema actuó unánimemente, sino al Superintendente de Instituciones de
Intermediación Financiera que aconsejó esta línea de acción y a los funcionarios de la
Superintendencia encargados de evaluar las contrapropuestas del Banco de Montevideo.
A estas valoraciones deben agregarse los episodios relacionados con
respecto al proceso de decisión de la intervención. El error en la designación del
primer interventor y el hecho de haber demorado tres días la ejecución de la decisión
de intervenir no constituyen conductas intencionales, pero se inscriben en el conjunto de
actuaciones que podrían considerarse faltas de diligencia por parte de las autoridades
del Banco Central. En particular, el episodio de la venta de bonos, ocurrido el mismo día
de la intervención, amerita ciertamente una nueva investigación a efectos de determinar
si existieron responsabilidades.
13.3. Responsabilidades por la gestión del Banco de Crédito
El Banco de Crédito era un Banco sin solvencia patrimonial que
funcionaba en virtud de un largo cúmulo de excepcionalidades autorizadas por el Banco
Central.
Su accionista mayoritario, la Corporación Nacional para el Desarrollo,
no asumió responsabilidad por su gestión y poseía una garantía otorgada por el propio
Banco Central de que no sufriría ningún perjuicio por un eventual resultado negativo del
funcionamiento de dicho Banco.
El accionista minoritario, el Grupo de la Unificación, resolvió de
manera unilateral, sin que ninguna de las autoridades hicieran nada concreto para
impedirlo, retirar más del noventa por ciento de sus depósitos durante el año 2001
manteniendo constante el nivel de endeudamiento de sus empresas vinculadas.
Debe concluirse que la Corporación Nacional para el Desarrollo
habría incurrido en responsabilidad por omisión al no hacerse cargo de la gestión
efectiva de dicho Banco y por no haber exigido, como accionista mayoritario, al accionista
minoritario que cesara en su conducta lesiva para el futuro de este Banco.
Debe, también, señalarse que la mayoría del Directorio del Banco
Central habría actuado en forma cuestionable al aprobar la resolución Nº 484 de
noviembre de 2001 por la que se le otorgaron al Banco de Crédito ventajas y
excepcionalidades sin condicionarlas a una modificación de la conducta del accionista
minoritario en el retiro masivo de sus depósitos.
Finalmente, los episodios reseñados ratifican la inconveniencia de
mantener el régimen de Bancos gestionados. En particular, las soluciones adoptadas han
estado orientadas a poner en manos de la Corporación para el Desarrollo los Bancos
privados en dificultades; resulta evidente que, como sus propios jerarcas reconocen, esta
institución carece de idoneidad para gestionarlos.
La premisa que motivó esta línea de
acción tanto en el caso del Banco de Crédito como en las experiencias anteriores estuvo
fundada en la estrategia global a la que hicimos referencia más arriba, es decir
la obligación de evitar la caída de cualquiera de los Bancos que integraban el
sistema.
Sin embargo, a la luz de los acontecimientos vividos esta postura debe
ser revisada puesto que una de las claves de un sistema financiero sano y sólido no es
disimular situaciones insostenibles evitando a cualquier precio la caída de un Banco con
independencia de su solvencia, sino mantener niveles altos de exigencia para el
funcionamiento de las instituciones financieras promoviendo su estabilidad y fortaleza,
asegurando un efectivo control de su funcionamiento.
13.4. Responsabilidades en el proceso de venta del Banco Caja Obrera
La venta del Banco Caja Obrera al Banco de Montevideo nos merece una
fuerte observación sobre la actuación de los servicios técnicos del Banco Central y de
la mayoría de su Directorio, en la medida que las condiciones del proceso de
adjudicación fueron alteradas a favor del comprador puesto que sus demandas de
tratamientos excepcionales para el Banco Caja Obrera y para el propio Banco de Montevideo,
fueron atendidas en forma no pertinente con respecto a los términos del pliego de
condiciones.
En efecto, al momento de la apertura del segundo sobre el único
aspecto que podía ser objeto de valoración era el precio, manteniéndose inalteradas
todas las demás condiciones, particularmente por el hecho de que en la primera etapa de
este proceso se había descalificado a otro oferente por plantear demandas ajenas a las
condiciones establecidas en el mencionado pliego.
Sin embargo, un equipo técnico de la Superintendencia de Instituciones
de Intermediación Financiera, dirigido por el propio Superintendente, Cdor. Fernández
Becchino, aconsejó al Directorio del Banco Central la aceptación de tales
modificaciones.
La correspondiente resolución del Directorio del Banco Central que
autorizó estas modificaciones y que desde nuestro punto de vista sería notoriamente
irregular y violatoria de las reglas establecidas en el proceso de adjudicación, es
adoptada por mayoría con el voto contrario de la Cdora. Rosario Medero.
Por otra parte, estos cambios se realizaron por decisión de las
autoridades del Banco Central y sin intervención de la Comisión Asesora de
Adjudicaciones que había entendido en todo el proceso previo.
Esta actuación sería, desde nuestro punto de vista, grave en sus
efectos porque afectó sustancialmente los términos del proceso de adjudicación.
Con respecto a la valoración sobre la validez de este contrato de
compraventa, compartimos la tesis jurídica sostenida por la Comisión Asesora de
Adjudicaciones en el sentido de que el mismo no viola lo establecido en el
artículo 18 del Decreto-Ley
Nº 15.322 por cuanto dicha venta fue un negocio instrumental al destino de
absorción expresamente establecido en el contrato.
13.5. Responsabilidades vinculadas al contrato de capitalización del
Banco Comercial
En nuestra opinión el Poder Ejecutivo actuó dentro de su competencia
al suscribir el mencionado contrato en virtud del fundamento referido en el
artículo 15, numeral 3 del TOCAF.
Sin embargo, resulta evidente que este incumplió con la obligación
que emana del mismo texto legislativo por la que se obliga al Poder Ejecutivo a dar cuenta
inmediata a la Asamblea General en el mismo acto administrativo. Justamente, la propia
excepcionalidad de los supuestos de hecho que autorizan la actuación del Poder Ejecutivo
se equilibra en la lógica de la disposición normativa, mediante la obligación de dar
cuenta al Poder Legislativo, de forma tal de que este pueda ejercer el contralor sobre las
actuaciones de la Administración.
La mencionada norma obliga a que la noticia al Poder Legislativo sea
inmediata y, para que no existan dudas sobre el alcance de la inmediatez, se establece que
dicha noticia debe expresarse en el mismo acto. No se reconocen al respecto excepciones
sobre esta obligación y es evidente que la obligación establecida en la ley es de mayor
imperio que la obligación contractual de confidencialidad pactada por el Poder Ejecutivo
en el contrato.
Como ha quedado en evidencia, el Poder Ejecutivo incumplió su
obligación de dar cuenta a la Asamblea General y, es más, en oportunidad de su
comparecencia ante el Parlamento más de un mes después de la
firma del contrato, el Cdor. Alberto Bensión se negó a entregar el texto al Parlamento.
Tal conducta implicaría una responsabilidad política por omisión que es atribuible al
Poder Ejecutivo.
A su vez, con respecto a los contenidos del contrato debe señalarse
que la asimetría de las obligaciones asumidas por las partes demuestra que el mencionado
contrato de capitalización era inconveniente para los intereses del Estado uruguayo e
implicaba la asunción de obligaciones extralimitadas y eventualmente perjudiciales para
el Estado uruguayo, por lo que existiría responsabilidad del Ministro de Economía de la
época por haberlo firmado.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo asumió la obligación de integrar
una sociedad de economía mixta sin que existiera una ley que lo autorizara, tal como lo
prevé la Constitución de la República.
Sin embargo, subsanó retroactivamente esta notoria ilegalidad mediante
la transferencia de las acciones por dicha participación a la Corporación para el
Desarrollo, debido a que este organismo no es estatal y su participación en empresas
privadas no requiere de aprobación legislativa previa.
No obstante, como ya se ha dicho, la Corporación no es un organismo
con idoneidad para la gestión de un Banco.
13.6. Responsabilidades del Banco Central por la asistencia financiera
otorgada
De acuerdo a la información suministrada por el propio Banco Central,
la situación de los encajes de tres de los cuatro Bancos que culminaron suspendidos se
volvió deficitaria en el transcurrir de la crisis. El Banco de Montevideo empezó a
registrar déficit en su encaje a partir del mes de marzo; el Banco Comercial ya tuvo
afectado su encaje desde el mes de febrero y el Banco de Crédito, a pesar de que estaba
regulado por una normativa especial, también comenzó a registrar déficit en su nivel de
encaje a partir del mes de marzo.
No tenemos elementos que nos permitan establecer si el Banco Central
aplicó las multas correspondientes a dichos incumplimientos. Su obligación
administrativa era exigir el cumplimiento de las normas vigentes en materia de encaje y
aplicar las multas correspondientes.
Con respecto a la asistencia financiera otorgada por el Banco Central
al Banco Comercial se ha suscitado un debate en torno a la solvencia patrimonial de este
último y, por lo tanto, en torno a la legalidad de dichas asistencias.
Los informes técnicos producidos por la Superintendencia de
Instituciones de Intermediación Financiera desde el comienzo de la crisis sobre la
situación patrimonial del Banco Comercial durante el mes de febrero señalaban
dificultades patrimoniales notorias que podrían haber sido resueltas por la
capitalización acordada a fines de febrero. Sin embargo, a partir del informe elaborado
por los servicios técnicos del Banco Central el 5 de abril quedó en evidencia que el
patrimonio del Banco Comercial era negativo desde su balance del 31 de diciembre de 2001
en adelante.
Por lo tanto, las asistencias financieras votadas por el Directorio del
Banco Central desde el 20 de febrero hasta el 5 de abril podrían ser aceptables desde el
punto de vista de su legalidad porque no se contaba con información contundente en
sentido contrario a la solvencia patrimonial del Banco Comercial; pero las aprobadas con
posterioridad a esta fecha serían notoriamente ilegales.
En efecto, las resoluciones D187/2002, D188/2002 de 19 de abril y la
resolución D189/2002 de 24 de abril por las que el Directorio por mayoría otorga
asistencias financieras por valores de U$ 15: millones, U$ 3: millones y U$ 8: millones
respectivamente, se realizan en momentos en que el Banco Central tenía notorio
conocimiento de la situación de insuficiencia patrimonial del Banco asistido, por lo que
se habría incumplido con lo establecido en el artículo 37 de la Carta Orgánica del
Banco Central.
A su vez, las resoluciones D147/2002 y D191/2002 que autorizaban a
extender la línea de crédito del Banco Comercial en el Programa de Crédito
Multisectorial II, tampoco serían de acuerdo a derecho puesto que el tope de dicha línea
de crédito no puede superar el 50% de la responsabilidad patrimonial neta del Banco. Es
decir que a la fecha del 3 de abril la responsabilidad patrimonial neta del Banco
Comercial debería haber ascendido a U$ 80:millones y al 25 de abril debería llegar
a U$ 90: millones para que las mencionadas resoluciones fueran admitidas como válidas.
Obviamente, los informes del 3 de abril y 5 de abril ya mencionados indicaban la ausencia
de responsabilidad patrimonial neta, por lo tanto las resoluciones
mencionadas contravendrían las disposiciones referidas en el contrato que estableció el
Programa de Crédito Multisectorial II.
Estas eventuales responsabilidades incluyen a la mayoría del
Directorio, integrada por el Cdor. César Rodríguez Batlle y Dra. Eva Holz y al Cdor.
Carlos Fernández Becchino en función de sus competencias como Superintendente de
Instituciones de Intermediación Financiera.
Ha quedado probado el conocimiento de este informe por parte del Cdor.
Carlos Fernández Becchino y, por lo tanto, su eventual responsabilidad por las decisiones
referidas.
Se ha suscitado una polémica en torno al conocimiento que de ese
informe tenía la Dra. Eva Holz, en la medida que existen manifestaciones contradictorias
vertidas en el seno de la Comisión Investigadora.
Efectivamente, diversos funcionarios del Banco Central declararon
haber mantenido dos reuniones con la Dra. Eva Holz en las que se discutió el mencionado
informe e, incluso, se informó que se le había entregado una copia de un borrador de
dicho informe que contenía los elementos que determinaban el carácter negativo de la
responsabilidad patrimonial del Banco Comercial. Sin embargo, la Dra. Holz ha negado que
en las reuniones mantenidas con funcionarios del Banco Central se le hubiera manifestado
la existencia de un informe que demostraba que el patrimonio del Banco Comercial era
negativo.
Obviamente, en este caso se verifica una situación grave, puesto que
alguno o algunos de los comparecientes ante la Comisión Investigadora habrían mentido en
sus declaraciones, puesto que son absolutamente inconciliables y refieren a hechos
concretos y no a opiniones. La determinación de estos hechos es relevante puesto que de
ello depende determinar si la Dra. Holz conocía la situación patrimonial negativa del
Banco Comercial cuando votó favorablemente las resoluciones indicadas más arriba.
En el caso del Cdor. Rodríguez Batlle, el conocimiento de este informe
depende del trámite efectivo que el expediente que lo contenía haya seguido. La
Comisión Investigadora no pudo reconstruir el itinerario de dicho expediente dentro del
Banco Central.
Sin embargo, fue posible determinar que se produjo una alteración del
expediente mediante la sustracción del folio 41 del mismo, cuyo contenido presunto
refería al destino del expediente que había sido elevado por el Cdor. Carlos Fernández
Becchino a la Presidencia del Banco Central.
De modo que el folio 41 original fue sustraído del expediente y no ha
sido posible encontrarlo, ni acceder a ninguna copia del mismo; por lo tanto tampoco se ha
podido conocer su contenido.
Tal circunstancia es de enorme gravedad en, al menos, dos sentidos. En
primer término porque en la hoja desaparecida podría estar la constancia de que el
mencionado informe habría llegado a conocimiento de los miembros del Directorio o, de
alguno de ellos; y en segundo lugar porque implica que un funcionario del Banco Central
habría alterado en forma irregular el expediente, lo que configura a nuestro juicio, una
conducta de apariencia delictiva cuyo esclarecimiento no ha podido obtenerse en el trabajo
de la Comisión Investigadora.
Existen, además, una serie de hechos relacionados con este expediente
que nos han llamado la atención y que merecen su destaque.
Resulta sorprendente que el contador Fernández Becchino no haya
confirmado con el Presidente del Directorio del Banco Central que el expediente haya
llegado a destino; que el contador Alfredo Porro, al haber recibido de regreso el
expediente mencionado no haya confirmado con su superior, el contador Fernández Becchino,
que el contenido del mismo haya llegado efectivamente a conocimiento del Directorio.
Resulta sorprendente que en abril de 2002 todos los jerarcas del
Banco Central, incluido alguno de los miembros de su Directorio, hayan tenido conocimiento
de este informe y su Presidente no haya tenido ni siquiera noticia de su existencia.
Resulta sorprendente que el expediente haya salido rumbo a la
Secretaría General y que no exista ningún rastro sobre su itinerario hasta su
reaparición en el escritorio del contador Alfredo Porro dos días después.
Resulta sorprendente que la desaparición del folio 41 de un expediente
calificado como "confidencial y urgente" haya sido descubierta por el Banco
Central recién en diciembre de 2002 y que el refoliado del
mencionado documento haya quedado en manos de un funcionario administrativo que se limitó
simplemente a hacerlo sin orden superior.
Resulta sorprendente que el Intendente de Bancos, contador Alfredo
Porro, se haya limitado a mantener en su poder el mencionado expediente durante varios
meses incorporándole en forma periódica nueva documentación.
Más allá de que no es posible, con la información disponible en la
Comisión Investigadora, establecer responsabilidades personales específicas sobre las
irregularidades constatadas, lo cierto es que el informe fue "fondeado" en un
escritorio durante meses, sin que haya existido constancia formal de que haya llegado a
conocimiento del Directorio del Banco Central.
La relevancia del informe no es menor, puesto que es el único
documento técnicamente contundente que demuestra la situación patrimonial del Banco
Comercial y la imposibilidad jurídica de mantener su asistencia financiera. Por lo tanto,
el hecho de que dicho informe haya sido objeto de una tramitación tan irregular debe ser
evaluado en relación a la importancia que su contenido tenía para la toma de decisiones
del Directorio del Banco Central.
Estos hechos configurarían conductas de apariencia delictiva y, a su
vez, están acompañados de actuaciones que, sin duda, deberían acarrear
responsabilidades administrativas severas.
Por otra parte, debe analizarse con cuidado la asistencia financiera
otorgada por el Banco Central al Banco de Crédito, por cuanto la situación patrimonial
del referido Banco impediría que se verificara dicha asistencia dentro del marco
legislativo vigente, por lo que la mencionada asistencia se habría realizado fuera de lo
permitido por la Carta Orgánica del Banco Central.
Por su parte, con respecto a la asistencia financiera otorgada al
Banco de Montevideo, debe indicarse que las resoluciones que aprobaron estas asistencias
fundadas en el artículo 37 de la Carta Orgánica del Banco Central, desde el 17 de
mayo al 4 de junio de 2002, estarían cuestionadas en su legalidad puesto que existían
elementos contundentes que indicaban la ausencia del requisito establecido en dicha norma
con respecto a la responsabilidad patrimonial neta.
En efecto, la resolución D110/2002 del Banco Central ordenaba al Banco
Montevideo la presentación de un plan de adecuación patrimonial en la medida que
también le ordenaba recalificar los créditos otorgados a empresas vinculadas, por lo
tanto al 7 de marzo los servicios técnicos del Banco Central evaluaban que el patrimonio
del Banco de Montevideo ya se encontraba comprometido. Dos meses después, cuando se
otorga la mencionada asistencia financiera la exposición al riesgo de las empresas
vinculadas había crecido al doble, por lo que la responsabilidad patrimonial ya
comprometida en marzo sin duda no existía a mediados de mayo.
La responsabilidad se acentúa por el hecho de que dichas asistencias
comienzan dos días después de que el Banco de Montevideo incumpla su obligación de
capitalización lo que aumenta la presunción de insolvencia patrimonial de esa
institución.
Por otra parte, más allá de estos aspectos legales, corresponde dejar
de manifiesto que no es compartible la respuesta del Banco Central, que comienza a asistir
al Banco de Montevideo cuando este lleva dos meses y medio de incumplimiento de una
primera resolución del Banco Central y acababa de incumplir una nueva resolución de
este.
La responsabilidad que le cabría a la Superintendencia de
Instituciones de Intermediación Financiera se extiende, además, en este caso a todo el
Directorio, debido a que muchas de estas decisiones fueron tomadas por unanimidad.
13.7. Responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas por la
asistencia financiera
La asistencia financiera otorgada por el Ministerio de Economía y
Finanzas a través de la constitución de depósitos a favor de la Corporación para el
Desarrollo, parece haber sido realizada con arreglo a derecho.
En efecto, el Tribunal de Cuentas dio su respaldo a lo actuado por el
Ministerio de Economía y Finanzas mediante dictamen unánime del pasado 6 de noviembre.
Se trató de anticipos financieros de fondos que luego fueron regularizados mediante la
constitución de un préstamo internacional pactado con el FMI, por lo tanto no requerían
de intervención previa del Tribunal de Cuentas puesto que no se trataba de un gasto.
Sin embargo, desde el punto de vista
político, esta opción de asistencia por parte del Poder Ejecutivo asumida a partir de
fines de abril fue claramente inconveniente e ineficaz, puesto que no logró los objetivos
propuestos, en la medida que la "corrida" de depósitos siguió avanzando con el
resultado conocido.
En particular, debe calificarse como una eventual responsabilidad
política relevante la utilización de U$ 400: millones de dólares resuelta por el Poder
Ejecutivo el 21 de junio, cuando ya se había producido la caída de la política
cambiaria y la simultánea intervención del Banco de Montevideo, resulta evidente que a
esa altura de las circunstancias y dados los nuevos acontecimientos ocurridos, la
utilización de esos fondos era ciertamente inútil.
Por lo tanto, el cuestionamiento a estas decisiones no tiene que ver
con la juridicidad de lo actuado sino con la conveniencia y la eficacia de las
medidas resueltas, pero destacamos la gravedad de la decisión por cuanto el monto de la
asistencia es de una magnitud muy elevada en relación a las posibilidades de reversión
de la situación planteada.
13.8. Recomendaciones
Queda, por último, señalar que el análisis de lo ocurrido durante la
crisis financiera y bancaria que tuvo lugar durante el año 2002, además de dejar en
evidencia las responsabilidades que se acaban de indicar, permite establecer la necesidad
de introducir importantes modificaciones en las regulaciones del sistema financiero
uruguayo y en los principios estratégicos que han orientado la actuación del Estado en
esta área.
Resulta evidente que el Estado uruguayo no deberá asumir en el futuro
la gestión ni el salvataje de las instituciones financieras en dificultades, ni deberá
permitir la subsistencia de Bancos que no cumplan con las normas vigentes.
En particular, la Corporación para el Desarrollo se ha demostrado
absolutamente incompetente para gestionar una institución financiera y el Estado uruguayo
debe permanecer ajeno a la gestión de las instituciones financieras privadas. Las
tolerancias y excepciones solo han sido factores de debilitamiento de nuestro sistema y,
hasta cierto punto, han impedido un funcionamiento transparente del mismo.
Esta conclusión debe tenerse presente con respecto a la situación del
Nuevo Banco Comercial, la experiencia de los Bancos gestionados ha sido, sin excepciones,
muy negativa.
También es claro que nuestro ordenamiento jurídico tiene que arbitrar
con urgencia la introducción de normas más estrictas y precisas para la detección y el
tratamiento de los conjuntos económicos.
Es del caso, también, modificar la normativa existente en materia de
secreto bancario evitando confundir las garantías de reserva y confidencialidad con la
concreción de un ambiente opaco cuya consecuencia redunda en un deterioro sustancial de
las posibilidades de contralor por parte del Estado.
En este sentido, y dada la inexorable vinculación entre nuestro
sistema financiero y los de la región, es imprescindible avanzar hacia el establecimiento
de la supervisión global consolidada, lo que ayudará a prevenir y actuar con mayor
celeridad sobre los riesgos regionales.
Finalmente, la realidad institucional y funcional del Banco Central
expresa una preocupante debilidad que obliga a un urgente esfuerzo de transformación
institucional. En las actuales circunstancias quedó en evidencia, con las consiguientes
responsabilidades, que este organismo carecía de preparación e idoneidad para cumplir
con sus funciones básicas.
La dotación de recursos suficientes, pero sobretodo una adecuada
calificación de su personal y una permanente actualización de los instrumentos y
métodos de trabajo parecen ser elementos indispensables que deben ser incorporados en su
gestión inmediata.
______________
La gravedad de lo ocurrido y sus terribles consecuencias sobre la vida
de nuestro país obligan a que las responsabilidades que emergen de estos acontecimientos
sean firmemente exigidas y los cambios requeridos urgentemente implementados. Es por ello
que, aconsejamos a la Cámara de Representantes que, sin perjuicio de las actuaciones que
a esta le competan, se envíen los antecedentes de lo actuado por la Comisión
Investigadora así como sus conclusiones, a la Justicia para que esta determine las
responsabilidades específicas que correspondan.
Febrero 2004
El pasado mes de octubre de 2003 fueron
entregados los respectivos preinformes que surgen de lo actuado por la Comisión
Investigadora. De los mismos surgía la atribución de presuntas responsabilidades a
diferentes personas. De acuerdo a la ley que regula la actividad de las Comisiones
Investigadoras correspondía dar vista a las referidas personas a efectos de que pudieran
responder a las eventuales imputaciones que se derivan de los análisis contenidos en los
diferentes informes.
Estudiados los escritos presentados por las personas que fueron
notificadas del preinforme oportunamente presentado por el suscripto a la Comisión
Investigadora, debe señalarse que se ratifican los contenidos, valoraciones y
conclusiones desarrollados en el cuerpo del preinforme que suscribiéramos oportunamente,
con las únicas modificaciones que se derivan de las consideraciones que se transcriben a
continuación.
De modo que, el preinforme presentado se convierte ahora en Informe
Final con el agregado de las consideraciones transcriptas en este documento.
1. Con respecto a lo establecido por el Cdor. Alberto Bensión en
respuesta a nuestro preinforme, debe anotarse que la presunta responsabilidad atribuida
por la asimetría en las obligaciones emergentes del contrato de capitalización del Banco
Comercial firmado con los restantes consocios es, a nuestro juicio, de naturaleza
exclusivamente política.
2. Al mismo tiempo se ratifica nuestra afirmación de que se incumplió
con la obligación establecida en el artículo 15, numeral 3 del TOCAF de "dar
cuenta inmediata a la Asamblea General en el mismo acto administrativo"; puesto que
dicha obligación no puede, de ninguna manera, reputarse cumplida ni por la realización
de una conferencia de prensa, ni mediante la comparecencia ante una Comisión
parlamentaria en la que, además, no se proporcionó el texto del referido contrato.
3. Se debe reconocer que tanto el Cdor. César Rodríguez Batlle como
el Cdor. Carlos Fernández Becchino demostraron que hubo de parte del Banco Central del
Uruguay, un reclamo de aumento significativo de los recursos humanos de carácter técnico
para poder mejorar la capacidad de contralor del Banco Central que no fue respondido
oportunamente por el Estado uruguayo y que es preciso reconocer.
4. No son, a nuestro juicio, de recibo las respuestas presentadas por
el Cdor. César Rodríguez Batlle con respecto a nuestras afirmaciones sobre el manejo del
Banco Central con respecto a la crisis del Banco de Montevideo, las tolerancias otorgadas
al Banco de Crédito y las asistencias financieras otorgadas a los Bancos Comercial y de
Montevideo.
5. Con respecto a la evacuación de la vista realizada por la Dra. Eva
Holz, esta posee una sola referencia con respecto a nuestro preinforme, el resto de su
escrito está totalmente referido a las afirmaciones contenidas en el preinforme de los
legisladores pertenecientes al Encuentro Progresista. Esta única referencia consiste en
la ratificación de sus declaraciones anteriores acerca de las posibles reuniones
mantenidas con los Cdores. Alfredo Porro y Giselle Itté sobre el informe de la SIIF
referido a la situación patrimonial del Banco Comercial.
6. Cabe señalar, al mismo tiempo que los Cdores. Alfredo Porro y
Giselle Itté también ratifican lo declarado oportunamente ante la Comisión acerca de la
ocurrencia y contenidos de dichas reuniones mantenidas con la Dra. Eva Holz.
7. Debe reconocerse que, tal como señala en su escrito de evacuación
de vista, el Cdor. Carlos Fernández Becchino ha mantenido durante su gestión como
Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera, una postura favorable y
desarrolló acciones en procura de establecer un seguro de depósitos y el mecanismo de la
supervisión global consolidada. Ambas medidas, de acuerdo a lo manifestado por el ex
jerarca, no fueron implementadas por no contar con el apoyo del Directorio del Banco
Central del Uruguay.
8. En el escrito presentado por el Dr. Fernando Barrán y también en
el presentado por el Cdor. Carlos Fernández Becchino se señala que la responsabilidad
por la asistencia financiera es, de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica del
Banco Central del Uruguay, responsabilidad exclusiva del Directorio. Por lo tanto, debe puntualizarse que la eventual responsabilidad que se derive del
otorgamiento de dichas asistencias financieras, tanto las referidas al Banco Comercial
como las referidas al Banco de Montevideo, deben limitarse a los integrantes del
Directorio que las votaron.
9. No obstante lo precedentemente expuesto debe advertirse que la SIIF
tiene una función de asesoramiento al Directorio del Banco Central del Uruguay y, desde
esta perspectiva, debería haber advertido en los casos en que se entendiera que tal
resolución no era pertinente.
10. Con respecto al trámite seguido por el expediente 9855 y la
desaparición del folio 41, las diferentes personas involucradas en la tramitación del
mismo han ratificado lo que oportunamente declararon ante la Comisión. Solo debe anotarse
que en el escrito presentado por el Cdor. Alfredo Porro se suministran nuevos elementos
que ayudan a reconstruir con más claridad el itinerario del expediente en determinadas
fechas, aunque las incertidumbres sobre el mencionado expediente continúan presentes con
igual intensidad.
11. Debe señalarse que la notificación al Dr. Aureliano Berro solo se
debió a su carácter de jerarca de la Secretaría General del Banco Central, unidad
administrativa en donde se perdió el rastro del itinerario seguido por el expediente
9855. Por lo tanto, debe señalarse que de acuerdo a lo establecido en este informe no se
le imputa al Dr. Aureliano Berro ningún tipo de responsabilidad personal en los hechos
investigados.
12. Con respecto al informe elevado por la Dra. Ana María Rantighieri
y la Cdora. Rosolina Trucillo el 16.04.02 con respecto a la situación del Banco de
Montevideo, cabe reconocer que existen diferencias entre lo afirmado en el mismo y las
resoluciones que posteriormente toma el Directorio al respecto. En particular, se señalan
las críticas de dicho informe con respecto a la propuesta formulada por las autoridades
del Banco de Montevideo, lo que en nada modifica nuestro juicio crítico sobre la
resolución tomada por el Directorio el 25.04.02.
13. Finalmente, con respecto al informe firmado por el Cdor, Carlos
Fernández Becchino, el Dr. Eduardo Bustelo, la Dra. Ana María Rantighieri y la Cdora.
Rosolina Trucillo, nos ratificamos en la inconveniencia del mismo y en el hecho de que, a
nuestro juicio, ello implica alterar las condiciones del proceso de adjudicación. Tal
postura no significa en modo alguno cuestionar a la Comisión Asesora de Adjudicaciones
cuya actuación no ha sido objeto de observaciones en nuestro preinforme. Pero el Banco
Central, que lideró todo el proceso de adjudicación, incurre, a nuestro juicio, en una
presunta responsabilidad al permitir modificar sustancialmente la forma en que regulará
al Banco Caja Obrera luego de producida la adjudicación al Banco de Montevideo de dicha
adquisición. Debe consignarse, no obstante, a los efectos de evaluar la eventual
responsabilidad, que los autores del informe actúan como asesores y la decisión junto a
la eventual responsabilidad corresponde al Directorio del Banco Central del Uruguay.
De este modo quedan expresadas las consideraciones adicionales que
deben agregarse al preinforme oportunamente presentado y que, en conjunto con aquel,
integran el Informe Final que el abajo firmante eleva a la consideración del Plenario de
la Cámara de Representantes.
Sala de la Comisión, 11 de febrero de 2004.
PABLO MIERES, Miembro Informante.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
De acuerdo a los informes presentados por la Comisión Investigadora
sobre diversas actuaciones del sistema financiero y bancario, el plenario de la Cámara de
Representantes,
R E S U E L V E:
Disponer el pase de todos los antecedentes e informes producidos en la
investigación parlamentaria al Poder Judicial.
Sala de la Comisión, 11 de febrero de 2004.
PABLO MIERES, Miembro Informante".
——En discusión.
Tiene la palabra el miembro informante en
minoría, señor Diputado Gabriel Pais.
SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: hoy estamos trayendo
al plenario las conclusiones finales elaboradas por cada uno de los partidos con relación
a la Comisión Investigadora sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema
financiero y bancario, que he tenido el gran honor de presidir a lo largo de su año y
medio de trabajo.
Corresponde agradecer a todos los legisladores que conformaron esta
Comisión por la colaboración prestada a la Presidencia y por la seriedad y esfuerzo
puestos de manifiesto para que esta pudiera desarrollar su labor con normalidad.
También corresponde agradecer a todas aquellas personas que en calidad
de testigos o de asesores fueron compareciendo a lo largo de este año y medio a las
distintas sesiones de la Comisión Investigadora; a todos los funcionarios públicos que
remitieron la información que les solicitamos; al Secretario de la Cámara, doctor
Catalurda, que tuvo la enorme paciencia de estar presente en las 45 sesiones que se
celebraron; a las Secretarias de la Comisión, señoras Adriana Tusinelli y Matilde
Garín, quienes prestaron una invalorable colaboración a los legisladores que integramos
la Comisión; al Cuerpo de Taquígrafos y al personal de ujieres y demás que permitieron
el normal desenvolvimiento de las tareas.
Para dar cuenta de la dimensión del esfuerzo realizado durante todo
este tiempo, debemos destacar que se celebraron 45 sesiones de la Comisión Investigadora,
probablemente un número superior al total de sesiones ordinarias que comúnmente tiene el
plenario a lo largo de un año. Como les decía, hubo decenas de invitados, se trabajó en
jornadas de ocho, diez o doce horas, hasta altas horas de la madrugada en varias
ocasiones, y entre las versiones taquigráficas y los distintos informes que fuimos
recibiendo en virtud de solicitudes formuladas por los señores miembros de la Comisión
Investigadora, se procesaron más de 18.000 fojas.
Previamente a entrar al fondo del asunto, dado lo limitado del tiempo
de que disponemos y lo extenso de la labor desarrollada, voy a solicitar que los señores
legisladores me excusen porque voy a tratar de no conceder interrupciones. Reitero que el
tiempo de que dispongo es muy limitado y son muchísimos los puntos que tengo que tocar;
si concediera interrupciones me vería limitado en el tiempo y perdería el hilo de la
exposición que voy a hacer en la tarde de hoy.
Voy a seguir un orden distinto al de la presentación del informe
escrito, destacando lo que considero son los temas más trascendentes y las conclusiones a
las que arribó este informe, firmado por la unanimidad de los miembros del Partido
Colorado que integramos la Comisión Investigadora. Luego voy a ir entrando en los
detalles, es decir, a los temas más controvertidos, aunque tal vez no pueda exponerlos
todos, dado -reitero- el escaso tiempo de que disponemos; pero voy a ir avanzando en
ellos. Creo que esta forma de presentación va a asegurar que pueda exponer al comienzo
los puntos más relevantes, y si no nos diera el tiempo, quedaría dar la posición de
quienes firmamos este informe por el Partido Colorado, con referencia a algún punto
concreto y particular que figura en el informe presentado oportunamente. Por tanto, no
revestiría demasiada gravedad la circunstancia de que el tiempo no nos alcanzara como
para referirnos en profundidad a esos temas acerca de los cuales nos gustaría mucho poder
extendernos.
Los cometidos de la Comisión Investigadora fueron determinados al
tiempo de votarse. El alcance de la investigación está ahí. Pero en el fondo había un
tema que considero era el más importante de todos y que se encontraba subyacente.
En la primera comparecencia del Tribunal de Cuentas, procedimos a pedir
que nos asesorara al respecto. Como todos sabemos, hubo una transferencia muy importante
de fondos públicos del Estado a los bancos para frenar la corrida bancaria. La primera
pregunta que se hizo al Tribunal de Cuentas -recibimos un informe que así lo confirmó-
fue si la totalidad del dinero salido de los fondos públicos ingresó a los bancos. Y la
Auditoría del Tribunal de Cuentas confirmó que efectivamente había sido así. Este es
un punto de no menor trascendencia: cientos de millones de dólares salieron del Banco
Central y hay una correspondencia exacta entre las salidas de las arcas del Estado y su
ingreso a las instituciones financieras a las cuales esos dineros iban destinados.
El segundo gran tema que analizamos a lo largo de este año y medio de
trabajo de la Comisión Investigadora fue el siguiente: ¿hubo alguna acción del
Gobierno, alguna omisión del Gobierno, que provocara la corrida bancaria que Uruguay
vivió en los primeros meses del año 2002? Nuestra conclusión es
terminante: no se pudo identificar una sola acción del Gobierno, una sola decisión, un
solo decreto, una sola medida, una circular del Banco Central, una resolución del
Ministerio de Economía y Finanzas o del Directorio del Banco Central que provocara la
corrida en el sistema bancario. Esta corrida se debe a factores que luego voy a pasar a
determinar, absolutamente externos y exógenos a las autoridades económicas del país.
El tercer tema trascendente fue el siguiente: ¿hubo algún funcionario
público que se benefició económicamente con la crisis? También la respuesta es
tajante: no hubo ningún funcionario público que obtuviera un lucro o beneficio de esta
corrida bancaria. Pese al alcance, pese a la magnitud de la crisis del sistema financiero,
luego de un año y medio de investigaciones no ha habido una sola acusación de
corrupción a las autoridades públicas que estuvieron al frente de la conducción
económica en los momentos de la crisis. Me parece que eso es también otro hecho digno de
destaque.
A fin de ir reforzando algunas de las afirmaciones que hicimos al
comienzo de nuestra exposición, vayamos ahora a los puntos específicos: ¿qué fue lo
que pasó en el Uruguay? ¿Qué sucedió durante esos meses del año 2002?
A fines del año 2001 nos encontramos con que el sistema bancario del
Uruguay estaba en una situación de privilegio en comparación con los sistemas
financieros de la región. El total de depósitos en dólares del sistema financiero
ascendía a US$ 14.285:000.000, la cifra más alta de depósitos en moneda extranjera
que haya tenido el sistema bancario uruguayo en la historia. Quiere decir que ahí nos
paramos a fines del año 2001 y sacamos una fotografía de la situación. Las mismas
autoridades financieras que habían permitido que durante todo el año 2001 los depósitos
hubieran aumentado en casi un 22%, se encuentran al comienzo de 2002 con que se revierte
la tendencia de esos depósitos, que habían ido creciendo permanentemente a lo largo del
año 2001, y empiezan a disminuir; empiezan día a día -no hablo de semana a semana- a
bajar los depósitos en moneda extranjera existentes en el sistema financiero uruguayo.
Entonces, para poder aquilatar muy bien la situación, sigamos con la
fotografía de 2001. Uruguay tenía grado de inversión. Los Bancos Comercial y de
Montevideo habían sido calificados como AAA por las agencias internacionales de
calificación de riesgo, teniendo en cuenta los bonos de la deuda que emitían a los
mercados internacionales. Esa es la realidad que Uruguay tenía a fines del año 2001.
Vamos a ir viendo cómo esta realidad comienza a cambiar todos los días a lo largo de
2002. Así, entonces, de US$ 14.285:000.000 que se encontraban depositados al 31 de
diciembre de 2001, tenemos que al final de la corrida bancaria, cuando se decreta el
feriado bancario, quedaban solo US$ 8.456:000.000. El sistema financiero uruguayo
había visto descender en un 41% el total de sus depósitos en moneda extranjera. Este 41%
de disminución de los depósitos en los bancos representa la corrida bancaria más grande
que haya sufrido un país a lo largo de su historia. En los análisis, en los estudios
económicos que se han hecho, no hay antecedentes de corridas bancarias en las que haya
habido una situación peor que la nuestra; no hay antecedentes de que un país haya
sufrido una corrida que le generara el retiro del 41% de sus depósitos, y peor aún, en
una moneda distinta a la del país objeto de la corrida. Esto también es digno de
destacarse. Los dineros que se iban del sistema bancario no eran en la moneda del país
que sufría la corrida, de modo que no tenía la posibilidad de emitir moneda para
cubrirla. No tenía ese margen de maniobra que pueden tener otros países enfrentados a
una crisis bancaria de estas características.
Esta corrida bancaria afectó tanto al sector público como al privado.
A modo de ejemplo, comparando los depósitos de fines de 2001 con el día en que se
decreta el feriado bancario, tenemos que en el Banco Comercial bajaron de
US$ 1.290:000.000 a US$ 524:000.000; en los Bancos de Montevideo y La Caja
Obrera, de US$ 758:000.000 a US$ 435:000.000; en el Banco de Crédito, de
US$ 642:000.000 a US$ 510:000.000 y, en el Banco Hipotecario, de
US$ 1.258:000.000 a US$ 979:000.000. El Banco de la República, que parecía
imposible de verse afectado por una corrida de este tipo, sufrió una pérdida de
US$ 1.000:000.000. Los depósitos en el BROU cayeron de US$ 3.310:000.000 a
US$ 2.302:000.000. Destaco que se trataba de moneda extranjera, por la circunstancia
que reseñé anteriormente. Esta brutal corrida termina con el feriado bancario que se
decreta el 30 de junio de 2002.
Analicemos ahora las causas y los motivos.
Como decía, no se pudo identificar una medida de Gobierno que haya provocado la corrida,
que haya generado en los ahorristas una desconfianza que los llevara a retirar sus dineros
de los bancos del Uruguay. Lo único que encontramos es la realidad y la situación de
Argentina, que en los últimos meses del año 2001 toma una serie de medidas que afectan
la confianza en el sistema bancario uruguayo. Esas medidas son, en primer lugar, el
abandono de la convertibilidad del peso argentino. Eso genera una crisis de confianza en
los depositantes argentinos, que concurren masivamente a retirar sus dineros de los bancos
argentinos, provocando una corrida bancaria en el vecino país que alcanzó el orden del
30%. Frente a esa corrida, las autoridades políticas argentinas decretan el denominado
"corralito", que no es ni más ni menos que la prohibición de retirar el dinero
de los bancos de ese país. Luego del "corralito" viene la declaración de
"default". Argentina entra en cesación de pagos, situación de la cual aún no
ha podido salir en lo que respecta a una parte de la deuda pública, es decir, los bonos
emitidos por el Estado argentino.
Estas medidas tomadas por Argentina derivan en una situación
política, económica y social que todos conocemos, en extremo trágica y dramática, y
hacen que se genere una desconfianza de los argentinos sobre la solvencia y solidez del
sistema bancario uruguayo. Primero concurren al Uruguay por necesidad. Ante la
prohibición de retirar efectivo de los bancos de Argentina, como muchos argentinos
tenían dinero en los bancos uruguayos, por razones de necesidad -para contar con efectivo
y poder efectuar sus pagos y hacer sus gastos-, concurren a ellos. Luego, esa necesidad se
transforma en una razón de desconfianza, y durante los primeros meses del año 2002
Uruguay ve cómo los argentinos empiezan sistemáticamente a retirar sus dineros de los
bancos uruguayos. Más adelante esa desconfianza se extiende a depositantes uruguayos, que
también empiezan a hacer retiros. Eso es lo que provoca la corrida financiera vivida
desde los primeros días de enero hasta el decreto de feriado bancario.
Las medidas adoptadas por Argentina son, precisamente, la causa que
motiva la corrida financiera que el Uruguay sufre. Pero estas medidas no fueron lo único.
¿Qué sucedió? Estas medidas por sí solas no habrían explicado la pérdida de la
confianza. Lo ocurrido en Argentina tiene un efecto que se potencia sobre el Uruguay en
virtud de las maniobras delictivas realizadas por accionistas y directores de los Bancos
Comercial y de Montevideo. Si no hubieran existido estas maniobras delictivas de los
propietarios de dos de los bancos privados más importantes del Uruguay, tal vez la
corrida no habría tenido el alcance, la duración y la gravedad que en realidad tuvo.
Estas maniobras delictivas, sobre las cuales más adelante voy a
profundizar, tuvieron un efecto potenciador de las decisiones adoptadas por el Gobierno
argentino. La primera hecha pública fue la ocurrida en el Banco Comercial, donde uno de
los grupos propietarios, constituido por los hermanos Rohm, es denunciado por los otros
accionistas argumentando que habían sustraído determinado monto por un valor nominal de
US$ 200:000.000 y por un valor real de US$ 125:000.000. Eran valores en bonos
del Gobierno argentino.
Sin lugar a dudas, esta medida genera un efecto brutal sobre el
Uruguay. Un día de enero nos despertamos con la noticia de que se habían robado
US$ 200:000.000 del Banco Comercial, que en ese momento era el banco privado más
importante del Uruguay por el volumen de los depósitos, por el número de clientes y por
la cantidad de cuentas abiertas. Frente a este hecho concreto, las autoridades del Uruguay
tienen que reaccionar. Comienzan gestiones de las autoridades del Banco Central,
intentando que los otros socios del Banco Comercial capitalicen la institución. Se trata
de tres bancos privados que eran copropietarios del paquete accionario: el Chemical
Overseas Holdings Inc., el Credit Suisse First Boston y el Dresdner Bank Lateinamerika AG.
Estos eran los bancos privados propietarios de parte de las acciones del Banco Comercial.
Ante la negativa de estos bancos de capitalizar la institución -cabe aclarar que no
existe instrumento legal para obligar a un accionista de una sociedad anónima a
capitalizarla-, comienzan negociaciones por parte del Poder Ejecutivo para buscar un
acuerdo con estos propietarios a fin de lograr la capitalización. Esto deriva en el
contrato de capitalización del Banco Comercial, respecto del cual me voy a extender más
adelante y voy a profundizar en los puntos de este acuerdo que han sido controvertidos.
Esos meses fueron absolutamente dramáticos. A la hora de evaluar los
acontecimientos hay que posicionarse nuevamente en la situación que se vivía en ese
entonces. Los ahorristas retiran permanentemente sus dineros de
estos bancos y de todos los bancos de plaza. Los bancos van haciendo frente a esos retiros
con fondos propios, y luego recurren a los encajes que tenían depositados en el Banco
Central. Cuando estos se agotan, unos bancos primero y otros después comienzan a
solicitar asistencia financiera al Banco Central. Empieza a vivirse una realidad diaria en
la que las autoridades tienen que tomar determinada resolución. ¿Qué hacen? ¿Prestan
asistencia financiera al banco que la solicita por haber agotado sus fondos propios y su
liquidez, así como el encaje que tenía en el Banco Central? ¿Le prestan la asistencia,
o dejan que al otro día ese banco no abra sus ventanillas en virtud de no contar con el
dinero líquido como para responder al retiro sistemático por parte de sus depositantes?
La decisión que había que tomar a diario era si se daba o no dicha asistencia. Comienza,
entonces, a prestarse asistencia a los bancos en dificultades. Esa es la decisión que se
toma y que se mantiene a lo largo de la corrida bancaria.
Quiero destacar que esa decisión política de prestar asistencia a los
bancos en dificultades es la misma que adoptaron todos los Gobiernos de la República a lo
largo de su historia. Esa fue la resolución que se tomó ante la primera corrida bancaria
en la historia del Uruguay, que ocurrió en los primeros meses de 1868.
(Ocupa la Presidencia el señor Representante Gallo Imperiale)
——La primera corrida bancaria de la vida independiente del
Uruguay se produce en marzo de 1868 y se resuelve de igual manera. El general Lorenzo
Batlle era Presidente de la República. Los Bancos Mauá, Montevideano y Oriental se ven
obligados a cerrar sus puertas al no poder responder a la corrida y el Gobierno solicita y
obtiene autorización parlamentaria para que el Estado se responsabilice por la emisión
que en ese momento era inconvertible. En ese entonces, los billetes no eran emitidos por
un Banco Central, sino por los mismos bancos. Responder por la emisión de los billetes en
el año 1868 es el equivalente a responder por los ahorros en los siglos subsiguientes. Se
vota así la ley del 13 de julio de 1868, seguida por un decreto del 16 de julio de ese
mismo año. En ambas normas se invoca el desastre que significaría la clausura definitiva
de los bancos. Pese al arreglo legal a que se había llegado con esa ley y ese decreto, el
Banco Mauá, el Banco Italiano y el Montevideano no pudieron cumplir con las emisiones y
cerraron sus puertas. El Gobierno reitera su voluntad de rescatarlos de la quiebra y, por
ley del 7 de julio de 1869, asume el pasivo de los bancos materializado en billetes y los
transforma en deuda pública. La emisión absorbida por el Estado, en cifras actualizadas,
equivale a lo que serían hoy US$ 100:000.000, que van a gravitar sobre los bolsillos
de los contribuyentes, porque la deuda que tenían estos bancos se transforma en deuda
pública. Tengamos presente que estos US$ 100:000.000 que se cargan a deuda pública
se distribuyen en la población del Uruguay, que en 1869 era de 400.000 habitantes. Quiere
decir que la situación vivida en ese entonces y el peso que adquiere la deuda pública
para los 400.000 habitantes de los albores del Uruguay como país independiente, es
bastante parecido al que, en definitiva, termina recayendo hoy sobre los 3:300.000
uruguayos a raíz de esta crisis financiera.
Querría hacer un repaso de las principales medidas que fue adoptando
el Gobierno a lo largo de los meses en análisis, que van fundamentalmente desde enero a
julio de 2002.
El 2 de enero de 2002, al haber un incremento de la exposición al
riesgo argentino por parte del Banco Comercial, el Banco Central aprueba una resolución
mediante la cual impone al Banco Comercial la constitución de un mayor nivel de
previsión, le prohíbe distribuir beneficios y le pide un plan de adecuación para su
exposición al riesgo argentino.
El 29 de enero de 2002, el Banco Central solicita al Banco Comercial un
plan de capitalización. Como decía recién, este plan se frustra y, a través de las
negociaciones del Poder Ejecutivo, termina firmándose el contrato de capitalización.
El 14 de febrero de 2002, el Banco Central resuelve intervenir
preventivamente el Banco Galicia Uruguay S. A., sin desplazamiento de sus autoridades
estatutarias y con suspensión de sus actividades.
El 26 de febrero de 2002 se firma el acuerdo de suscripción y derechos
de inversión llamado contrato de capitalización del Banco Comercial, sobre el que
profundizaré más adelante. En virtud de esta capitalización del Banco Comercial, a
partir del 20 de febrero comienza a prestarse asistencia financiera a esa institución,
que en un momento asciende a US$ 75:000.000 y luego disminuye
en el entorno de los US$ 20:000.000.
Después tenemos todo lo ocurrido con el Banco de Montevideo. El 25 de
febrero de 2002, el Banco Central dispone la supervisión intensiva del Banco de
Montevideo. Sobre el proceso de este banco, más adelante voy a dar las fechas, señalando
los distintos pasos que fue dando todo el Gobierno a lo largo de los meses.
Entre el 29 de abril y el 21 de mayo de 2002, tres resoluciones del
Poder Ejecutivo buscaron mejorar la liquidez del Banco Comercial.
Después daremos un detalle de todas las gestiones que se hicieron para
lograr apoyo financiero en los organismos multilaterales de crédito, muchas de las cuales
concluyeron en diversos créditos que permitieron hacer frente a los distintos anticipos
financieros que se fueron dando a los bancos hoy en liquidación.
El 25 de julio de 2002 comenzó la asistencia financiera al Banco de
Crédito, y la asistencia financiera del Banco Central al Banco Hipotecario fue de
US$ 232:000.000.
Este es un detalle de varias de las medidas que se fueron tomando a lo
largo de la crisis financiera de los primeros meses del año 2002.
Antes de entrar a analizar los aspectos más cuestionados, querría
destacar cuáles fueron las principales líneas de acción seguidas por el Gobierno para
enfrentar esta crisis.
En primer lugar, tenemos la intensificación del monitoreo de carácter
general y de liquidez sobre el sistema bancario en general y, más en particular, sobre
los bancos en dificultad.
En segundo término, está la decisión más cuestionada: la provisión
de liquidez por parte del Banco Central a los bancos en dificultades, de acuerdo con las
normas legales y reglamentarias vigentes.
En tercer lugar, se exige la capitalización a los accionistas de los
bancos en dificultades. Esta exigencia de capitalización a lo largo de esos meses se
concretó en dos bancos; luego, por lo que todos sabemos, resultó insuficiente, pero se
logró la capitalización de los Bancos Comercial y de Montevideo.
En cuarto término, la otra acción emprendida por el Gobierno fue la
solicitud de apoyo crediticio a los organismos internacionales con el fin de respaldar, a
través del Poder Ejecutivo, la liquidez y solvencia del sistema bancario. Lo que buscaron
estas medidas fue mantener la actividad normal de los bancos en dificultades y recuperar
la confianza de los depositantes, en la convicción de que el clima generalizado de
incertidumbre vigente en esos meses solo podía generar problemas mayores. Se entendía
que si se suspendía la actividad de un banco, eso iba a precipitar una corrida
generalizada en el resto de la banca.
Quiere decir que la decisión política más trascendente que se tomó
en esos meses, con absoluto respeto a las normas vigentes, fue la de mantener el apoyo
financiero para que los bancos pudieran seguir devolviendo el dinero que los ahorristas,
ante la desconfianza existente en ese momento, estaban retirando del sistema bancario.
Estas políticas generaron un efecto notoriamente diferente al que se vivió en Argentina,
permitieron una salida ordenada de esta crisis bancaria y sentaron las bases de lo que fue
la salida del feriado bancario en el segundo semestre del año 2002. Mientras Uruguay
salía de una determinada forma, Argentina enfrentó una brutal crisis que terminó con
motines en las calles, con heridos, con muertos, con un Presidente escapándose en
helicóptero de la casa presidencial y con cinco Presidentes sucesivos que asumieron la
responsabilidad de la conducción del hermano país. Uruguay pudo sobrellevar la crisis
financiera sin incidentes callejeros, sin ruptura de la institucionalidad, sin tener que
lamentar la pérdida de vidas humanas, lo que en definitiva es lo más trascendente: haber
sobrepasado esta crisis financiera sin tener que lamentar hechos que son absolutamente
irremediables; total y absolutamente irremediables.
Otro aspecto que quiero destacar es que todas las medidas que se
tomaron a lo largo de estos meses para enfrentar la corrida bancaria estuvieron siempre
dentro del ordenamiento constitucional y legal vigente. Jamás hubo un apartamiento de las
normas legales que nos rigen. Todas las decisiones del Gobierno se tomaron con informes
favorables de los servicios técnicos y jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas
y del Banco Central. No hubo decisiones del Poder Ejecutivo ni del Banco Central que se
hicieran a espaldas de los servicios técnicos ni que se tomaran desconociendo los
informes jurídicos. Estos no se hicieron seleccionando abogados de una sala de abogados, sino siguiendo los procedimientos normales; fueron elaborados
por los abogados que generalmente se ocupan de estos casos y de este tipo de asesoramiento
en los organismos a los cuales pertenecen. Además, posteriormente se elaboraron informes
positivos -acerca de los cuales vamos a profundizar más adelante- relacionados con
distintos puntos, que fueron proporcionados por los profesores Juan Carlos Cajarville y
Horacio Cassinelli Muñoz; las conclusiones a las que arriban sobre los temas puntuales
que vamos a entrar a considerar más adelante, son favorables.
Más trascendente que esto es que, con referencia a todas estas
actuaciones, no hubo una sola observación del Tribunal de Cuentas. Esto quiero resaltarlo
especialmente; especial y particularmente. Muy distinta sería la situación hoy si
hubiera habido observaciones del Tribunal de Cuentas. Por el contrario, el Tribunal de
Cuentas avaló la legalidad de todo lo actuado. El órgano constitucional encargado de
analizar la legalidad de los actos de gobierno, extendió dictámenes aprobando lo actuado
y señalando que se actuó dentro de la legalidad en los casos a los cuales puntualmente
me voy a ir refiriendo.
Esta forma de sobrellevar la crisis bancaria puede ser cuestionada en
cuanto a la conveniencia de los actos de gobierno, pero no en cuanto a la legalidad por lo
que acabo de mencionar, es decir, por los informes jurídicos y por los dictámenes del
Tribunal de Cuentas. Puede ser cuestionada, entonces, por su conveniencia, por los costos
que podría haber en la sociedad uruguaya, en las familias uruguayas, en las empresas y en
la actividad económica en general. Creo y sostengo que esta forma de enfrentar la crisis,
esta forma de encarar la problemática -que por las medidas adoptadas por la Argentina
todos los uruguayos debimos padecer- hoy puede evaluarse de una manera absolutamente
distinta a si este informe se hubiera elaborado a comienzos del año 2003. Los meses que
han transcurrido desde el fin de la corrida bancaria -en julio de 2002- hasta ahora -marzo
de 2004-, nos permiten evaluar el punto con relación al cual a lo largo del trabajo de la
Comisión Investigadora no disponíamos de todos los elementos e instrumentos para poder
aquilatar, es decir, si esto fue conveniente para la sociedad uruguaya. ¿Y saben qué? La
reactivación económica que Uruguay está viviendo no habría sido posible de no haberse
dado los pasos que se dieron durante la crisis bancaria. A partir del feriado bancario,
hasta ahora ha habido un incremento permanente de los depósitos en el sistema financiero;
ha habido un incremento permanente de las reservas del Banco Central.
Yendo a los temas que más interesan a los uruguayos, debo decir que
esta reactivación económica se vive de una manera distinta. Se crearon setenta mil
puestos de trabajo; hay setenta mil nuevos aportantes al Banco de Previsión Social. Y
esto no es una encuesta; es una realidad. Hoy, al Banco de Previsión Social aportan
setenta mil trabajadores más que al cierre de 2002. Quiere decir que esto y otros datos
que voy a ir dando son la prueba absoluta y fidedigna de la conveniencia de las medidas
oportunamente adoptadas.
También podemos medir los resultados si tenemos en cuenta la baja de
la tasa de desempleo, que cayó de 19% a 14% en el último trimestre móvil y que, por la
tendencia que muestra, va a seguir bajando a lo largo del año, porque el desempleo de
enero era notoriamente inferior al de noviembre.
Quiere decir que hay un aumento del empleo, una baja del desempleo, un
crecimiento inesperado del producto bruto interno, mucho mayor de lo previsible, del
entorno del 10%. Esto es insólito en el sentido de que seguramente, de mantenerse esta
tendencia creciente de la economía uruguaya, el producto bruto interno per cápita va
tener un crecimiento superior al de la economía china, que es una de las más pujantes
del mundo en este momento.
Ha habido un incremento permanente de las exportaciones, ya que los
montos mensuales superan las cifras que corresponden a cada uno de los meses del año
pasado.
La mejora de la actividad económica se da absolutamente en todos los
sectores: comenzó en la agropecuaria, luego se extendió a la industria y comprende los
servicios; todos los rubros de la economía muestran mejoras de la actividad. Hay una
permanente mejora de la recaudación, lo cual va a dar base a nuestra principal propuesta.
Siempre sostuvimos que varios de los ajustes fiscales que se realizaron a raíz de la baja
de la recaudación durante el momento de la crisis eran provisorios, y existirían en
tanto duraran los problemas de recaudación que tenía el Estado uruguayo. Ahora vamos a
poder dar cumplimiento a lo anunciado, proponiendo que se voten y se sancionen leyes que hacen al ajuste fiscal, que consagran una rebaja del
Impuesto a las Retribuciones Personales, seguramente a partir del mes de mayo de este
año. Esa rebaja del Impuesto a las Retribuciones Personales va a permitir que la inmensa
mayoría de los uruguayos pueda percibir los efectos de la mejora económica y de la
reactivación que Uruguay esta viviendo. Actualmente, la mejora económica es vista por
las setenta mil familias que no tenían empleo y hoy lo tienen, por aquellos que
trabajando pueden hacer horas extras, por los que tienen una pequeña o mediana empresa,
que día a día tienen un incremento de sus ventas, y a partir del mes de mayo va a poder
ser percibida por el conjunto de los uruguayos a raíz de una rebaja del Impuesto a las
Retribuciones Personales.
Todas estas mejoras en la economía uruguaya son posibles porque en el
momento crítico, en el momento de la crisis bancaria más grande de la historia del
Uruguay, se tomaron las medidas económicas que debían adoptarse, se tomaron las medidas
más convenientes para la actividad económica del Uruguay.
Quiero resaltar especialmente esto y destacar lo positivo que termina
resultando que en el mes de marzo de 2004 la Cámara esté considerando este tema, porque
no solo se puede apreciar la legalidad de los actos llevados adelante por el Gobierno a lo
largo de esos meses, sino que se puede hacer una evaluación más en perspectiva de la
conveniencia o inconveniencia de las medidas tomadas y de las políticas seguidas para
frenar esa crisis bancaria importada de la hermana República Argentina. Todas las
decisiones cuestionadas responden a acciones tomadas para frenar la corrida bancaria;
ninguna acción de Gobierno la provocó.
Se discute sobre el Banco Galicia Uruguay, si debió prestársele
asistencia o no; también se discute acerca del contrato de capitalización del Banco
Comercial, y además se hace constar en los informes de los otros partidos políticos la
discusión relativa a las medidas que tomó el Banco Central con respecto al Banco de
Montevideo y al Banco La Caja Obrera y la asistencia financiera al Banco de Crédito. Se
discuten varios de estos temas, por lo cual vamos a ir ingresando gradualmente a la
consideración de los puntos controvertidos.
A continuación, vamos a considerar la temática que yo llamo, no del
bosque, sino del árbol, porque lo grande, lo importante, lo trascendente de esta
Comisión Investigadora son los puntos que resalté al comienzo.
(Suena el timbre indicador de tiempo)
SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: solicito que se prorrogue el
tiempo de que dispone el señor miembro informante.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Se va a votar.
(Se vota)
——Cuarenta y tres en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.
Puede continuar el señor miembro informante en minoría.
SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: agradezco a los
señores legisladores por la prórroga que me han concedido.
Se ha cuestionado la venta del Banco La Caja Obrera al Banco de
Montevideo. A lo largo del año 2001 trabajó una Comisión Asesora de Adjudicaciones,
integrada por altos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco
Central, que aconsejó que en el proceso licitatorio llevado adelante se enajenara el
Banco La Caja Obrera al Banco de Montevideo. Como habíamos reseñado antes, en ese
entonces el Banco de Montevideo estaba calificado por las empresas calificadoras de riesgo
como AAA y su oferta había sido la más alta desde el punto de vista económico. Por lo
tanto, siguiendo el consejo de la Comisión Asesora, el Directorio del Banco Central
procedió a la enajenación del Banco La Caja Obrera al Banco de Montevideo. Entonces, no
hubo en forma alguna un apartamiento de las normas de la licitación, sino que se siguió
al pie de la letra el trabajo de la Comisión Asesora.
El otro punto cuestionado fue el de los anticipos financieros que el
Poder Ejecutivo otorgó al Banco Comercial, al Banco de Montevideo-La Caja Obrera y al
Banco de Crédito. En tal sentido, lo que desde mi punto de vista termina con la
discusión es el dictamen del Tribunal de Cuentas del 6 de noviembre de 2002, que fue
votado por la unanimidad de sus miembros -destaco: por la unanimidad-, que expresa:
"[...] que para las transferencias efectuadas entre el 29 de abril y el 16 de julio
de 2002 se utilizaron fondos en forma transitoria, lo que es autorizado por el
artículo 74 del TOCAF, [...] con cargo al crédito
proveniente del préstamo otorgado por el FMI con destino al Fondo de Fortalecimiento del
Sistema Bancario [...]". Asimismo, "que todas las transferencias [...] contaron
con autorización del Poder Ejecutivo, otorgada con anterioridad o en la misma fecha en
que se efectuaron las mismas, por lo que el procedimiento (y lo que hizo el Poder
Ejecutivo) fue ajustado a derecho".
Desde nuestro punto de vista, este dictamen del Tribunal de Cuentas es
absolutamente claro, tajante y terminante con respecto a la legalidad de los anticipos
financieros.
Luego, tenemos todo el tema del acuerdo de capitalización del Banco
Comercial. Voy a hacer algún adelanto sobre los puntos cuestionados y la opinión que me
merecen, pero, evidentemente, no me va a dar el tiempo para ingresar al tema en
profundidad.
Hay varios aspectos cuestionados. En primer lugar, se cuestiona la
conveniencia de ese acuerdo. No había forma de obligar a los bancos socios a capitalizar
la institución; el Banco Central había fracasado en su intento de convencerlos. Las
opciones eran: uno, dejar caer al Banco Comercial, que era el banco privado número uno
del Uruguay; o, dos, capitalizarlo con fondos estatales. Evidentemente, esto último iba a
resultar mucho más caro que lo que resultó el contrato de capitalización, porque en
virtud de ese acuerdo, los bancos privados aportaron US$ 100:000.000, y los otros
US$ 33:333.000 los aportó el Gobierno uruguayo.
Se cuestionó la potestad del Estado para firmar un convenio de ese
tipo, pero tenemos informes favorables del Ministerio de Economía y Finanzas y del doctor
Cajarville que establecen que el Poder Ejecutivo tiene potestades jurídicas para firmar
un acuerdo de este tipo y que en la medida en que el accionista pasó a ser la
Corporación Nacional para el Desarrollo, no se viola el artículo 188 de la Constitución,
que exige determinadas mayorías para que el Estado se asocie con privados. La
Corporación Nacional para el Desarrollo es una persona pública no estatal que está
habilitada para asociarse con privados. Por lo tanto, no hubo ninguna violación de las
normas legales. Con respecto al aporte de los US$ 33:333.000, también hay un
dictamen del Tribunal de Cuentas que determina la legalidad del gasto.
Es decir que tanto acerca de la asistencia financiera como del aporte
para la capitalización del Banco Comercial tenemos sendos dictámenes del Tribunal de
Cuentas aprobando esos gastos y estableciendo su legalidad. Muy distinta sería la
situación en la que nos encontraríamos si el Tribunal de Cuentas no hubiera aprobado
esos gastos.
No me va a dar el tiempo para entrar a considerar los otros aspectos
cuestionados. Pienso que voy a disponer de tiempo en intervenciones posteriores y podré
explayarme más detenidamente acerca de los fundamentos legales y los asesoramientos
jurídicos relativos a la venta del Banco La Caja Obrera, a la asistencia financiera y al
contrato de capitalización. Aspiramos a poder pronunciarnos acerca de estos temas a lo
largo del debate.
Voy a realizar un breve resumen, no sin antes destacar una noticia del
día de hoy, en virtud de que los restantes partidos políticos integrantes del Parlamento
están sugiriendo el pase a la Justicia de las actuaciones. En este sentido, quiero
resaltar dos hechos. En primer lugar, la Justicia ya se expidió con relación a una
denuncia penal que formulara un grupo de ahorristas del Banco Comercial al entonces
Ministro de Economía y Finanzas, contador Alberto Bensión, acerca del contrato de
capitalización de esa institución. Intervino el Juzgado Penal de 11º Turno, que por
Resolución Nº 498, del 14 de octubre de 2003, ordenó la clausura y el archivo de
la mencionada denuncia presentada contra el ex Ministro de Economía y Finanzas, contador
Alberto Bensión, con informe fiscal favorable. Intervino el Fiscal Letrado de 4º Turno,
quien entendió que "[...] no existe evidencia penal en la conducta desarrollada por
Bensión" y que "todos los actos previos, la propia celebración del contrato y
los posteriores, están exentos de ilegalidad y sí amparados en normas legales vigentes
en nuestro Estado de Derecho (artículo 15, Numeral 3º del TOCAF) y en sendos
dictámenes de asesores legales del propio Ministerio de Economía (Dr. Enrique Guerra),
del Banco Central del Uruguay (Dr. Daniel Artecona) y del destacado jurista y ex asesor
del BCU Dr. Juan P. Cajarville. Al respecto, resulta muy ilustrativa la resolución
adoptada por el Tribunal de Cuentas de la República del 2 de julio de 2002, cuyo
contenido se transcribe". Y el Fiscal transcribe el dictamen del Tribunal de Cuentas.
Quiere decir que estos hechos que ponemos de
relieve, la existencia de informes jurídicos favorables respecto del contrato de
capitalización, el dictamen del Tribunal de Cuentas y el conjunto de probanzas, hacen que
el Fiscal pida el archivo y el Juez Penal de 11º Turno disponga la clausura y el archivo
de la denuncia penal formulada contra el contador Alberto Bensión.
A esto se agrega la noticia de prensa del día de hoy, concretamente
del diario "El País", que indica que con un Juez distinto, el doctor Eguren,
hoy se dispuso el archivo de la investigación sobre la venta del Banco La Caja Obrera.
Quiere decir que con respecto a dos de los temas más cuestionados, el
contrato de capitalización del Banco Comercial y la venta del Banco La Caja Obrera, hoy
tenemos resolución de los Jueces Penales competentes disponiendo el archivo de las
actuaciones.
Por lo tanto, en momentos en que algunos legisladores están
solicitando el pase a la Justicia Penal, es trascendente destacar que esta ya ha actuado,
que ha investigado todos y cada uno de los hechos que se plantean en los distintos
informes, y que ha habido resolución expresa respecto a dos de los más cuestionados: el
contrato de capitalización del Banco Comercial y la venta del Banco La Caja Obrera al
Banco de Montevideo.
Finalmente, quiero hacer algunas reflexiones sobre todo esto. En varias
ocasiones he escuchado a distintas personas, dirigentes políticos, referirse a los costos
en que el Gobierno ha hecho incurrir a la sociedad en virtud de la asistencia al sistema
financiero. Quiero destacar que esos costos tienen un destino claro, concreto y
específico: los ahorristas de los bancos en liquidación, a efectos de que sufran los
menores perjuicios económicos que sea posible.
Esos costos no se originan exclusivamente en la asistencia financiera
brindada por el Banco Central ni en las transferencias financieras dadas por el Poder
Ejecutivo, sino que tienen un sustento legal en la ley que aprobó este Parlamento en
diciembre de 2002, concretamente la Ley
Nº 17.613, de fortalecimiento del sistema bancario.
El artículo 27 de esta norma -votado por la inmensa mayoría de
los parlamentarios- otorga al Poder Ejecutivo la potestad de renunciar a esos créditos en
beneficio de las categorías de depositantes de montos menores. Allí se establece:
"Con la finalidad primordial de proteger el ahorro por razones de interés general,
se autoriza al Poder Ejecutivo a destinar parte de los recursos en efectivo o en valores
que correspondan al Estado, en su calidad de acreedor de las entidades [...] para
posibilitar soluciones más favorables en beneficio de categorías de depositantes o de
depositantes hasta ciertos montos, del sector privado no financiero, en esas
entidades".
Quiere decir que en el momento en que hagamos sumas y restas y
calculemos los montos que le costará la crisis financiera a la sociedad uruguaya,
tengamos presente el destino de esas cifras.
Este Gobierno no ha financiado bancos ni ha financiado a banqueros; ha
financiado a ahorristas, ha financiado a depositantes que hicieron confianza en el sistema
financiero uruguayo y que tenían sus ahorros en los bancos del Uruguay. Todo el dinero
que salió del Estado para los bancos tuvo el destino de devolver los depósitos a los
ahorristas.
Tengamos presentes varios hechos. En virtud del contrato de
capitalización del Banco Comercial, el Estado tomó la dirección y el gerenciamiento en
enero, y la asistencia financiera y las transferencias comenzaron a partir de febrero. Por
lo tanto, no es cierto que el Estado ponía el dinero en una ventanilla y que los dueños
de los bancos se lo robaban por otra. Cuando el Banco Comercial comenzó a recibir
asistencia, en ese momento ya estaba asistido y gerenciado por el Estado, y no hubo un
solo dólar que se haya desviado. Todos los faltantes de dinero se produjeron diez años
antes de que el Estado tomara la dirección del Banco Comercial, y fueron debidos a las
maniobras delictivas de los señores Rohm, que, de acuerdo con lo manifestado por los
peritos designados por el Juez actuante en la denuncia penal formulada por el Banco
Central, fueron maniobras sumamente sofisticadas que lograron evadir los controles
internos, los controles de la auditoría externa, los controles de los síndicos y los
controles del Banco Central en el transcurso de tres Gobiernos, de diez años y de varios
Directorios del BCU.
Es decir que el dinero iba a los bancos para que los ahorristas y
depositantes recuperaran los dineros que legítimamente les pertenecían.
En el Banco de Montevideo, en los meses en que estuvieron al frente sus
anteriores propietarios, la familia Peirano, sí hubo asistencia
financiera brindada por el Banco Central, pero con garantía de títulos, con garantía
prestada por los dueños del banco sobre sus bienes individuales y por el endoso de
documentos, que significa el reconocimiento de las deudas de los deudores de este banco.
La asistencia financiera comienza luego de intervenido el Banco de Montevideo. Por lo
tanto, en el Banco de Montevideo tenemos una realidad bastante similar: el grueso de la
asistencia financiera comienza cuando este es gerenciado por el Estado.
Esto también lo quiero destacar y dejar bien en claro. El dinero que
el Estado puso para frenar la corrida bancaria fue en beneficio del conjunto de ahorristas
que tenían su dinero depositado en estos bancos.
Entonces, en momentos de hacer la sumatoria de los dineros aportados
por el Estado -muchos de los cuales van a recaer en los contribuyentes del Uruguay-
debemos tener presente que si la decisión política hubiera sido no beneficiar a los
ahorristas y depositantes, el Estado uruguayo hoy estaría recuperando la inmensa mayoría
de ese dinero, porque estaba garantizado con primera prenda sobre los documentos que
materializan las deudas que se están recuperando en el transcurso de estos meses. Ahí
tendríamos que el Estado recuperaría el dinero aportado y que los ahorristas no
cobrarían absolutamente nada de los dineros depositados en esos bancos.
Acá hubo una decisión política, una decisión tajante, en el sentido
de que los ahorristas de los bancos tuvieran los menores perjuicios posibles y toda la
sociedad contribuyera a minimizar esos perjuicios. Al mismo tiempo, hubo una política
clara en el sentido de que, ante toda maniobra detectada por los funcionarios del Banco
Central, se hiciera la denuncia penal correspondiente. El procesamiento de varios
empleados del Banco Comercial ocurrió por la actuación del Juez Penal que recibió la
denuncia formulada por el Banco Central. El procesamiento de los propietarios del Banco de
Montevideo sucede por la actuación del Juez que entiende en la denuncia formulada por el
Banco Central.
El Banco Central del Uruguay fue el primer banco en la región que
denunció penalmente a los propietarios del Banco de Montevideo, quienes tenían filiales
o sociedades con otros bancos en varios países de la zona. Sin embargo, el primer banco
en ser intervenido fue el Banco de Montevideo, del Uruguay, y reitero que la primera
denuncia penal se formuló en nuestro país.
Volviendo a la forma en que se salió de la crisis financiera, quiero
destacar que se logró no interrumpir la cadena de pagos y se logró que el total de los
dineros a la vista existentes en los bancos hoy liquidados fuera devuelto a sus
depositantes. Esta medida -que pudo hacerse gracias a un crédito del Fondo Monetario
Internacional que llegó al país en el momento justo para poder levantar el feriado
bancario- redundó en un beneficio para miles de trabajadores uruguayos que tenían sus
sueldos depositados en estos bancos y los habrían perdido; no los habrían cobrado de no
haber sido por la forma en que se salió del feriado bancario. Esto redundó en beneficio,
además, de varios miles de jubilados que ya tenían acreditadas en sus cuentas las
jubilaciones y pensiones de ese mes. Inclusive, significó un beneficio para miles de
empresas -creo que solo en el Comercial eran 40.000 las que tenían dinero en efectivo- y
para sus empleados, muchos de los cuales habrían perdido su trabajo. Quiere decir que
quienes tenían dinero a la vista en estos bancos, a través del crédito que Uruguay
obtuvo con el Fondo Monetario Internacional, lograron recuperar todo lo que tenían
depositado.
Estas son las principales conclusiones a las que arribamos los
Diputados firmantes del informe del Partido Colorado. Voy a hacer un breve resumen de
ellas.
La crisis del sistema financiero tuvo su origen en las medidas
adoptadas por la República Argentina. Las maniobras delictivas de los propietarios de los
Bancos Comercial y de Montevideo potenciaron el efecto de las medidas argentinas sobre el
sistema bancario uruguayo.
No se identificaron decisiones de las autoridades del país que
hubieran provocado, por acción u omisión, la corrida bancaria.
Todas las medidas que se adoptaron para frenar la corrida estuvieron
dentro del marco del ordenamiento constitucional y legal vigente y contaron con informes
jurídicos de los servicios técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco
Central del Uruguay, y posteriormente se obtuvieron informes favorables de dos
distinguidos catedráticos: el profesor Juan Pablo Cajarville y el profesor Horacio
Cassinelli Muñoz. El órgano de control previsto en la
Constitución, el Tribunal de Cuentas, emitió dictámenes favorables sobre lo actuado,
avalando la legalidad de los gastos.
Las medidas fueron las más convenientes, y la reactivación económica
así lo indica. Todas estas medidas permitieron la salida ordenada de la crisis bancaria,
que se instrumentó en la segunda mitad de 2002, y el recupero de los depósitos a la
vista, así como la minimización de las pérdidas de los depositantes a plazo fijo de los
bancos en liquidación.
Todas las discrepancias que se plantearon en la Comisión excluyeron la
presunción de conductas deshonestas cometidas por las autoridades que tuvieron que
enfrentar la crisis financiera.
Reitero que estas son las principales conclusiones a las que arribamos
los firmantes de este informe.
Agradezco el tiempo que me han dispensado.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Tiene la palabra la miembro
informante en minoría, señora Diputada Charlone.
SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: antes que nada queremos
agradecer el trabajo en la Comisión de las señoras Secretarias, Adriana Tusinelli y
Matilde Garín; del doctor Catalurda, que nos acompañó; del Cuerpo de Taquígrafos, de
los ujieres y de la gente de electrofonía, porque realmente fue una tarea muy ardua y de
muchas horas. Como se dijo aquí, fueron 45 sesiones; realmente, creo que con esta
Comisión Investigadora se ha batido un récord.
De acuerdo con las conclusiones del informe que vamos a ir
desarrollando, caben al Presidente de la República, al entonces Ministro de Economía y
Finanzas, contador Alberto Bensión, a las autoridades del Banco Central del Uruguay y a
las de la Corporación Nacional para el Desarrollo responsabilidades importantes, en
algunos casos antes y en otros durante la crisis financiera, por omisión, por fallas en
los controles y porque en algunos casos actuaron transgrediendo los marcos legales y
constitucionales.
Aquí se ha hablado mucho de que todo lo que pasó y de que la crisis
financiera en Uruguay fue una consecuencia de los sucesos de Argentina, pero esto es
cierto solo en forma parcial. En realidad, la corrida fue una consecuencia de los sucesos
de Argentina, pero lo cierto es que el sistema financiero uruguayo ya estaba en crisis
-repito: ya estaba en crisis-; el tema es que no lo sabíamos. Nos enteramos,
precisamente, porque los sucesos de Argentina desembocaron en lo que sabemos, porque
conformamos una Comisión Investigadora y pudimos enterarnos de las condiciones en las que
estaban los bancos que luego terminaron con sus puertas cerradas y fueron reprogramados.
Decimos que el sistema financiero estaba enfermo y que en estas
instituciones bancarias ya desde antes había fraudes, irregularidades, insuficiencias
patrimoniales y solamente pudieron funcionar por las fallas de control y por la
permisividad del Banco Central, que en función de excepciones a las normas generales
mantuvo abiertas instituciones que no podrían haberlo estado en un sistema sano y
solvente. Vamos a analizarlo muy brevemente institución por institución; algunas cosas
después las van a desarrollar mis compañeros.
Un nuevo Banco de Crédito nace en 1998 por la fusión del viejo Banco
de Crédito -que ya tenía problemas- y el Banco Pan de Azúcar; el 51% de su paquete
accionario es propiedad del Estado a través de la Corporación Nacional para el
Desarrollo y el 49% corresponde a la secta Moon, que es socia minoritaria. Ya desde 1988
funcionaba en apartamiento de las normas generales y con planes de reestructura
permanentes que no se cumplían. A efectos de dar un ejemplo, puedo citar un informe
técnico de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera -tenemos
multiplicidad de expedientes-, de fecha 1º de agosto de 2001, antes de los sucesos de
Argentina, donde se decía: "La situación patrimonial del Banco es gravísima, su
caída en el semestre pronostica un desastre en el corto plazo, a menos que se tomen
medidas inmediatas para revertirla". El patrimonio es negativo en US$ 86:000.000
y el déficit patrimonial se ubica en US$ 105:000.000. Estamos hablando del año
2001.
(Ocupa la Presidencia el señor Representante Amorín Batlle)
——El Banco se utilizó, en parte, como caja de las empresas
del grupo Moon; se habían prestado US$ 90:000.000 a las empresas del grupo durante
todo el período. En 2001 el grupo retiró US$ 45:000.000 que mantenía en depósitos
a la vista, dejando el endeudamiento de estos US$ 90:000.000. En líneas generales,
esta era la situación del Banco de Crédito.
En cuanto al Banco Comercial, desde 1990,
cuando la institución se había privatizado, comenzaron a plantearse cuestionamientos
parlamentarios; hubo una interpelación por parte del Frente Amplio. El interpelante,
señor Senador Astori, preguntaba quiénes eran los propietarios del Banco Comercial,
quién era Saint Louis Financial, quién gestionaría; cuestionaba los antecedentes de los
Rohm y pronosticaba un triste final para el Banco.
De acuerdo con los informes de los peritos técnicos que actuaron con
el Juez Balcaldi, el vaciamiento del Banco empieza en 1990, inmediatamente después de su
privatización, y fueron cientos de millones de dólares los que se trasladaron al
exterior por medio de maniobras fraudulentas, prefigurando compras y ventas de títulos
ficticios y préstamos a empresas del grupo. Esto derivó en que tuviera patrimonio
negativo antes de la corrida.
Todo esto pasó inadvertido para el Banco Central; fallaron todos los
controles del Central durante diez o doce años. ¡Vaya si ha habido omisiones en los
controles del Banco Central!
¿Qué puedo decir del Banco de Montevideo? Puedo decir mucho; voy a
desarrollar la información en detalle.
Era propiedad del grupo Peirano. Desde 1999 los servicios técnicos del
Banco Central detectaron irregularidades: préstamos a empresas del grupo por
US$ 4:500.000, carpetas de deudores sin información, garantías computadas fuera de
normas bancocentralistas, riesgos mal clasificados, etcétera. Los servicios técnicos
hacen recomendaciones, pero de ellas no da cuenta el Directorio.
La última información PADUL que se hizo en 1999, expresa que el Banco
puede requerir necesidades de capitalización para hacer frente a posibles
incumplimientos. Entre tanto, y paulatinamente, el Directorio del Banco Central va
flexibilizando la aplicación de la normativa general y bajo diversas medidas, por
disposiciones particulares, concede, por procedimientos de evaluación, de registración,
la posibilidad de que el banco presente o exponga un patrimonio mayor al real. Quiere
decir, señor Presidente, que como iban aumentando los préstamos a las empresas del
grupo, efectivamente se empieza a hacer un seguimiento de la situación. El 22 de febrero
de 2002, antes de la corrida bancaria, los servicios detectan que hay US$ 93:000.000
en préstamos a empresas del grupo, lo que representa un 133% de su patrimonio, que está
fuera de toda norma bancocentralista. Se termina la supervisión intensiva y los servicios
detectan a febrero, ya con más precisión, préstamos a empresas del grupo por
US$ 136:000.000, en contravención con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto-Ley Nº 15.322. Se
establece en los expedientes del Banco Central -esto también ha sido informado por los
servicios técnicos- que al 30 de noviembre de 2001 la responsabilidad patrimonial neta
del Banco era de US$ 59:200.000. Como se pasaban estos préstamos a empresas del
grupo, de aplicarse normas técnicas generales habría que haber constituido previsiones
por US$ 61:700.000, lo que estaría dando, si estas previsiones se hubieran
registrado como correspondía en base a los criterios técnicos, un patrimonio de
US$ 1:900.000, que ya era negativo antes de iniciarse la corrida bancaria.
Estas previsiones nunca se llegaron a registrar, porque la verdad es
que el Directorio del Banco Central, a través de distintas resoluciones, fue
flexibilizando las exigencias. En una primera instancia -tenemos acá los detalles; no
vamos a abundar en ellos porque no nos va a dar el tiempo-, el Directorio resuelve que
tienen que cesar los pasajes de dinero a las empresas del grupo, que tienen que otorgarse
garantías por las deudas de esas empresas, que hay que capitalizar en US$ 45:000.000
y, además, que hay que hacer las previsiones. Todo esto se flexibiliza y el 25 de abril,
en una nueva resolución, aun cuando todavía no se había capitalizado, el Banco Central
deja sin efecto la solicitud o la exigencia de que se previsione. Esto hace, naturalmente,
que, en lugar de exponerse como negativo el patrimonio del Banco -como correspondería-,
figurara con importes positivos.
A medida que pasaba el tiempo, y en plena supervisión intensiva, los
Peirano seguían diciendo en cartas al Superintendente de Instituciones de Intermediación
Financiera y al Directorio del Banco Central que iban a seguir trasladando recursos a las
empresas del grupo; todo esto está documentado.
En cuanto a lo que se ha afirmado acá de que la plata de la asistencia
fue toda para los depositantes, voy a citar al propio contador Xavier, veedor en el Banco
de Montevideo, quien el 7 de junio dice en un informe: "En los hechos, a través de
la asistencia financiera como de sobregiros en sus cuentas con el Banco
Central, se cubren los pasivos asumidos por el grupo Peirano radicado en las Islas
Caimán". O sea que buena parte de la asistencia financiera que estaba dando el Banco
Central se estaba yendo a TCB Caimán; no estaba yendo a los depositantes nacionales; ni
siquiera a cubrir los retiros del TCB, porque a través de los pasajes de fondos a este
último fue que se realizaron las maniobras dolosas y los traslados de recursos del grupo
para fines propios.
Desde que se decreta la supervisión intensiva al Banco de Montevideo,
el 25 de junio, hasta que el Banco se interviene, se produjo un incremento incesante de
préstamos a las empresas del grupo, y vamos a dar algunas cifras. De acuerdo con lo que
comentó en sus declaraciones el doctor Barrán en sede penal el 24 de junio, se lee lo
siguiente: "Los préstamos a las vinculadas ascendían a más de
US$ 300:000.000; habían sido de US$ 134:000.000 en febrero". Quiere decir
que en plena supervisión intensiva, en la cara del Banco Central y con los servicios
técnicos informando permanentemente, los traslados de recursos a las empresas del grupo
que se sacaron del Banco de Montevideo fueron US$ 166:000.000. Díganos, señor
Presidente, si no hubo omisiones del Banco Central. En el medio de todo esto, el Banco de
Montevideo igual recibió asistencia; después vamos a desarrollar esto.
Todo esto está documentado en los expedientes. Realmente nos costó
hacernos de los expedientes enteros, porque la verdad es que todo lo relativo al Banco de
Montevideo nos vino en librillos cortados por la mitad y en innumerables oportunidades
tuvimos que pedirlos al Banco Central para tener toda la información.
Entonces, decíamos que estas tres instituciones tenían patrimonios
negativos desde antes de la corrida. ¿Por qué? Porque estos bancos utilizaban sus fondos
para pasar dinero a las empresas vinculadas, realizaban préstamos irrecuperables y no
garantizados y hacían maniobras dolosas que implicaban trasladar recursos al interior.
Con relación a esto, a nivel del Banco Central decimos que fallaron los controles. Pero
cuando no fallaron porque los servicios técnicos informaron, fallaron las decisiones
políticas; no se tomaron las decisiones adecuadas a nivel de Directorio.
Voy a hablar algo de la asistencia financiera que otorgó el Banco
Central. El marco para realizar asistencia financiera está dado por los artículos 3º,
36 y 37 de la Carta Orgánica. También se dio asistencia utilizando recursos del
multisectorial II del BID, que venía para préstamos al sector productivo. Acá también
se transgredieron los acuerdos, porque los préstamos no pueden exceder el 50% de los
patrimonios de los bancos y, como decimos, a todas vistas estos bancos tenían patrimonios
negativos.
Se asignaron recursos, en total y por todo concepto, por
US$ 527:000.000 y en cuanto a la asistencia otorgada a la luz del artículo 37,
cabe decir que es un punto muy especial porque la Carta Orgánica pide que, para asistir
por este concepto, el límite de la asistencia sea la responsabilidad patrimonial del
Banco; no se puede asistir por encima del patrimonio. Además, los documentos contra los
cuales se adelanta esta asistencia no pueden ser por un plazo mayor a noventa días y
deben presentarse garantías de solvencia comprobada. Por el artículo 37 se vota
asistencia al Banco de Montevideo por US$ 50:800.000; el tope para el Banco Comercial
llegó, en su momento, a US$ 75:900.000. Afirmamos que esta asistencia se concedió
en forma ilegal. Era absolutamente ilegal, precisamente porque estas empresas tenían
patrimonio negativo y, por lo tanto, no se las podía asistir.
Fueron distintas las actitudes de los Directores del Banco Central en
ambos casos. En el Banco de Montevideo, en todos los casos la asistencia fue votada por
unanimidad de Directores. En el Banco Comercial, la contadora Medero votó en forma
negativa esa asistencia, prácticamente desde el principio, argumentando que el patrimonio
del Banco era negativo y que, por lo tanto, no se podía asistir. Oportunamente se da el
robo del folio 41 del expediente 9855. En este expediente se encontraba el informe de 4 de
abril de los servicios técnicos del Banco, en el que se informaba precisamente eso: que
el patrimonio del Banco era negativo a diciembre y a marzo. El folio que falta debería
tener el proyecto de resolución del Superintendente de Instituciones de Intermediación
Financiera y la constancia de entrada al Directorio. Según los hechos que hemos ido
analizando en la Comisión Investigadora, nos encontramos con que el Directorio dice que
este expediente no se recibió, y el funcionario encargado de trasladarlo afirma que lo
entregó o que está casi seguro de ello. No obstante, la contadora Medero había recibido
una copia de este informe y los técnicos señalaron que en dos ocasiones habían
informado a la doctora Holz acerca de la situación patrimonial del Banco y del contenido
del informe. Consultada por la Comisión al respecto, la doctora
Holz dijo que no se acordaba.
El Presidente del Banco Central siempre negó conocer este informe, y
la verdad es que nos resulta insólito que todos en el Banco Central -los funcionarios
técnicos, el Intendente, el Superintendente y las dos Directoras-, a esta altura hubieran
tenido los elementos para conocer la situación y precisamente el Presidente nunca hubiera
estado enterado; pero, en todo caso, siempre votó la asistencia.
También era conocida la situación patrimonial del Banco, que
realmente era mucho peor de lo que los servicios técnicos habían constatado para el
Ministro de Economía y Finanzas, y este es un tema que seguramente va a desarrollar
algún compañero.
Aquí se dijo que el Tribunal de Cuentas nunca objetó nada y esto no
es así. Cuando se analiza la asistencia otorgada por el Banco Central, al emitir su
dictamen acerca de los estados contables del Ejercicio 2002 del Banco Central, con fecha 3
de diciembre, el Tribunal de Cuentas señala que tiene una limitación para cumplir con su
trabajo y para emitir opinión acerca del cumplimiento del artículo 37 de la Carta
Orgánica. La resolución expresa: "Con respecto a los adelantos de asistencia
financiera establecidos en el artículo 37 de la Carta Orgánica, el BCU no
proporcionó documentación suficiente que justifique que previo al otorgamiento de cada
asistencia financiera se haya dado cumplimiento al requisito previsto en el inciso final
del referido artículo, de no superar el monto del patrimonio neto respectivo". No
nos resulta llamativo que a más de un año y medio el Banco Central no haya podido
demostrar esta circunstancia porque en realidad este requisito no se cumplió.
Voy a hacer referencia al famoso contrato de capitalización por el
cual el Estado uruguayo se asoció con el Banco Comercial. Como se sabe, después de
hacerse público en enero de 2002 el fraude de los hermanos Rohm, se busca una
negociación para capitalizar el Banco Comercial. En una primera instancia, en estas
negociaciones intervino el Presidente del Banco Central, pero los términos del contrato
finalmente acordados son responsabilidad del Ministro de Economía y Finanzas, quien
actuó por delegación y con el conocimiento del Presidente de la República, que aprueba
en resolución lo actuado. El Estado uruguayo culmina participando en la capitalización
del Banco Comercial, asociándose a los bancos internacionales, comprometiéndose cada una
de las partes a capitalizar por US$ 33:333.000, hecho que fue sumamente publicitado,
aunque no así los términos del contrato y las obligaciones que se asumían. Este
contrato se celebró en la ciudad de New York, entre el Estado, el Banco Comercial y los
bancos accionistas: el Chemical Overseas Holding, el Credit Suisse First Boston y el
Dresdner Bank. Reviste el carácter de acuerdo confidencial; se firmó como un acuerdo
secreto. Por él, el Estado uruguayo se comprometió a aportar US$ 33:333.000, pero
además con lo que aportara cada socio se comprometían a eliminar cualquier patrimonio
negativo del Banco Comercial, a adquirir acciones ordinarias hasta US$ 250.000 y el
remanente en acciones preferidas. El contrato tiene una vigencia de once años y los
aportes de capital se pactaron con condición de reintegro. Pero son muchísimas las
obligaciones que Uruguay asumió en el contrato; son mayores a los aportes de
capitalización y lo vamos a ir analizando. Son obligaciones unilaterales que va asumiendo
el país y que hacen que el prestigioso catedrático Gonzalo Aguirre -consultado al
respecto, emitió una opinión en la Comisión a través de un profuso informe- calificara
este contrato como leonino. Uruguay tenía que hacer el aporte inmediatamente. Si el
patrimonio negativo del Banco Comercial resultaba superior a US$ 131:000.000, lo que
después efectivamente se demostró que pasó, Uruguay se comprometía unilateralmente a
realizar aportes de capital adicionales hasta eliminar ese patrimonio negativo.
En ese momento el Estado uruguayo se comprometió, por tanto, no solo a
realizar un aporte de US$ 33:000.000, sino a realizar aportes por montos indefinidos.
Se comprometió unilateralmente a proveer al Banco Comercial de todo el respaldo
financiero para tenerlo en una situación sólida, de conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados y las reglamentaciones del Banco Central. O sea que se
comprometió a mantener en condición de solvencia por once años al Banco Comercial.
Además, se comprometió a proveerle de toda la liquidez necesaria también para
mantenerlo de acuerdo con los criterios contables y las normas bancocentralistas por once
años. Si Uruguay dejaba de cumplir con estos requisitos tenía que devolver a los socios
los aportes que estos habían realizado.
No son solamente compromisos de orden económico los que se asumen; hay
otras cláusulas. Decíamos que el contrato se había firmado como
un contrato confidencial y secreto. Se establece que Uruguay otorgará y dispondrá que el
Banco Central otorgue todos los consentimientos y renuncias que sean necesarios o
requeridos para consumar y llevar a cabo las operaciones contempladas en el presente
contrato. Aquí se están transgrediendo esferas jurídicas que son de competencia del
Banco Central. También se compromete Uruguay a que el Banco Central otorgue exenciones
según sea requerido para dar el tiempo necesario para resolver temas vinculados a los
problemas que enfrente el Banco Comercial, sean conocidos o desconocidos. Se compromete
también a que el Banco Central se abstenga y disponga que Compañía General de Negocios
-que también era del grupo- y sus subsidiarias, se abstengan de entablar cualquier
acción legal contra los inversores, o sea contra los bancos, salvo casos de notoria mala
fe.
En fin, se renuncia a la inmunidad soberana, se pacta que el contrato
se va a regir por las leyes del estado de New York, y una cantidad de condiciones más.
Nuestra bancada pidió en la Comisión Investigadora informes a los
doctores Delpiazzo, Cajarville y Gonzalo Aguirre. El doctor Delpiazzo se excusó porque
precisamente estaba asesorando al Banco Comercial sobre el tema del contrato. Recibimos
los informes de los doctores Cajarville y Gonzalo Aguirre. Quiero decir que habiendo
sugerido esos nombres, con posterioridad me enteré -revisando las actas del Banco
Central- de que durante el año 2002 el doctor Cajarville había sido asesor del Banco
Comercial. De haber sabido esto y otras contrataciones que tenía el doctor Cajarville con
el Estado -en el Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2001 y en el Banco Central
en el año 2002-, realmente me habría abstenido de sugerir su nombre. No obstante ello,
después vamos a analizar buena parte de lo que él nos informó.
En el informe del doctor Gonzalo Aguirre se nos dice -está
profusamente documentado; es un informe muy largo que figura en los anexos- que el
Presidente de la República no tiene atribuciones para asociar a la República con
privados, que es lo que pasó aquí, y que ello requiere la aprobación parlamentaria, de
acuerdo con lo que establece el artículo 188 de
la Constitución. No es excusa que se pensara que las acciones se iban a entregar a la
Corporación Nacional para el Desarrollo, lo que efectivamente no pasó -nunca se las
entregaron-, porque la persona que se asociaba era el Estado, como persona pública mayor,
y las obligaciones que se estaban asumiendo en mucho superaban las capacidades que tenía
la Corporación Nacional para el Desarrollo, como por ejemplo renuncias a las atribuciones
del Banco Central.
El doctor Gonzalo Aguirre también señala en su informe que el Poder
Ejecutivo y el Presidente de la República carecen de toda atribución constitucional para
realizar asistencia financiera. También se cuestiona la capacidad del Ministro de
Economía y Finanzas para suscribir un contrato en representación del Estado uruguayo.
Se cuestiona que el contrato sea regido e interpretado por las leyes
del estado de Nueva York, con lo que el Gobierno -dice el informe- incurrió en una
violación de los artículos 2399 y 2403 del Código Civil. Nosotros pedimos un informe
adicional al doctor Korzeniak -que está también en los anexos que presentamos en la
documentación-, en el que se comparte casi en pleno las conclusiones del informe del
doctor Gonzalo Aguirre.
Quiero decir que el doctor Cajarville en su informe invoca que el Poder
Ejecutivo puede hacer, en situaciones de crisis sistémicas, asistencia financiera, pero
limita esto a lo que establece el artículo 15 del TOCAF: 1% sobre lo gastado en el
Presupuesto Nacional, por razones de urgencia y comunicando inmediatamente a la Asamblea
General. Vemos que los compromisos patrimoniales que se asumieron en el contrato fueron
muchísimo -pero muchísimo- mayores que US$ 33:000.000. Asimismo, jamás se
comunicó a la Asamblea General el referido gasto.
En cuanto a la actuación del Tribunal de Cuentas -sobre el que se dijo
que no cuestionó nada-, este simplemente intervino un gasto de US$ 33:000.000, pero
jamás tuvo en su poder el contrato, jamás se le remitió el contrato en cuestión. Decir
que el Tribunal, por haber intervenido un gasto de US$ 33:000.000, aduciéndose el
artículo 15 del TOCAF, está opinando sobre la legalidad del contrato, realmente me
parece una falta de respeto hacia el Tribunal de Cuentas; como decíamos, jamás lo vio,
jamás lo consideró, ni el Poder Ejecutivo lo remitió. El Parlamento tampoco conoció el
contrato. Nosotros hasta ahora nos hemos manejado casi con versiones extraoficiales. Nos
vino dentro de un expediente del Banco Central como colado, porque para que los miembros
de la Comisión Investigadora pudiéramos tener el contrato
oficial había que declararlo secreto, y nos negamos a ello.
Recuerdo que cuando el contador Bensión concurrió a la Comisión de
Hacienda del Senado integrada con la de la Cámara de Representantes, se le preguntó
expresamente sobre las obligaciones que se asumían en el contrato y se negó a dar
información a los señores legisladores acerca de cuáles eran las obligaciones que se
habían pactado.
Con respecto a los bancos accionistas, quiero señalar que se firmó
con ellos este contrato leonino y que en todas las maniobras de vaciamiento del Banco
Comercial que se hicieron en beneficio de Saint Louis Financial, a través de la
Compañía General de Negocios y del Banco General de Negocios, los bancos en cuestión,
los bancos internacionales con los que se firmó el contrato, también participaban y eran
accionistas de las mencionadas instituciones. Claro, se los podría responsabilizar, pero
se había establecido en los contratos que no podían ser demandados, salvo notoria mala
fe, por lo cual las cosas se complicaron. Y hoy el Estado uruguayo fue demandado
efectivamente por los bancos por US$ 100:000.000, porque no se cumplió con la
obligación pactada en el contrato de mantener abierto al Banco Comercial por once años,
asistido por el Estado y en condiciones de liquidez y solvencia.
En definitiva, señor Presidente, de este capítulo decimos: que el
Presidente de la República y el Ministro de Economía y Finanzas, excediendo sus
atribuciones constitucionales, habrían realizado una asociación con privados no
consentida por el Parlamento, violando el artículo 188 de
la Constitución de la República; que esto se hizo en un acuerdo confidencial sin que
la Asamblea General siquiera fuera enterada y expresamente se negó información de ello
al Parlamento; que se realizó asistencia financiera sin tener las atribuciones
constitucionales para ello, pues esta solo compete al Banco Central del Uruguay; que
además del compromiso de aportar US$ 33:000.000, se comprometen a aportar los
importes necesarios para absorber el eventual patrimonio negativo subsistente del Banco
Comercial, que era desconocido pero se podía presumir -se verá más adelante que era
mucho mayor el agujero que había en el Banco Comercial-; que hubo el compromiso de
realizar aportes indefinidos para mantener la liquidez y la situación patrimonial sólida
del Banco Comercial por un plazo de once años, por lo que se habría actuado nuevamente
al margen de la Constitución, y se pactaron, además, obligaciones unilaterales en
perjuicio del Estado uruguayo, que es el que asume todos los riesgos. Decimos, además,
que el Presidente de la República habría realizado inconstitucionalmente delegación de
atribuciones que no tenía en el Ministro de Economía y Finanzas -esta delegación de
competencias, si las tuviera, solamente se puede hacer en Consejo de Ministros, y esto lo
resolvió solo el Presidente de la República-; que la Asamblea General no recibió
siquiera la comunicación del gasto de US$ 33:000.000 realizado, conforme a lo que
establece el artículo 15 del TOCAF; que se habrían invadido explícitamente
competencias propias del Banco Central, comprometiendo sus futuras decisiones,
transgrediendo su autonomía funcional y usurpando sus competencias -mucho de esto ha sido
dicho también en reiteradas ocasiones por la contadora Medero en el Directorio del Banco
Central y está consignado en las actas y en los descargos que la contadora presentara a
la Comisión Investigadora-; que al pactarse que la ley a aplicar sería la del estado de
Nueva York, se habrían violado los artículos 2399 y 2403 del Código Civil; que no se
tomaron los debidos recaudos para investigar la eventual responsabilidad de los bancos
internacionales accionistas en el vaciamiento del Banco Comercial -es más: se pacta,
precisamente, que los bancos no pueden ser demandados-; que el Presidente de la República
y el Ministro de Economía y Finanzas del momento expusieron al Estado uruguayo a ser
demandado en caso de no cumplirse con las condiciones pactadas, que eran imposibles de
prever y que resultaban abusivas e inaceptables -como decíamos, además del aporte de los
US$ 33:000.000 y de toda la asistencia que se dio al Banco Comercial, la demanda de
US$ 100:000.000 está pendiente sobre el Estado-, y que lo actuado resultaría,
además de inconstitucional e ilegal, inconveniente y en perjuicio patrimonial del Estado
uruguayo y de sus ciudadanos, disminuyendo la posibilidad de acceso a recursos para usos
legítimos y con un enorme costo de oportunidad en un momento de recesión de la economía
uruguaya, incrementándose en forma sustancial los niveles del endeudamiento externo.
Hasta acá, señor Presidente, lo que queríamos manifestar sobre el
referido contrato del Banco Comercial.
Vamos a hablar ahora de la asistencia que ante
sí y por sí también resolvieron el Presidente de la República y el Ministro de
Economía y Finanzas que se realizara a través de la Corporación Nacional para el
Desarrollo. Se trata de US$ 488:000.000, redondeando, según el siguiente detalle:
US$ 242:000.000 al Banco Comercial, US$ 228:000.000 al Banco de Montevideo y
US$ 18:000.000 al Banco de Crédito.
Quiero aclarar, señor Presidente, porque importa cuando hablamos de lo
público y lo privado, que en todo este proceso de las corridas, el Banco de la República
Oriental del Uruguay no tuvo asistencia financiera y que cuando sus Directores
concurrieron a la Comisión Investigadora expresaron que tenían dudas en cuanto a si
realmente el Banco de la República, post feriado bancario, tenía que abrir reprogramado.
Varios de ellos pensaban -y así lo manifestaron- que el Banco de la República podía
aguantar y no había necesidad de reprogramar los depósitos, como después sucedió. Esa
también fue una decisión política.
Decíamos que para estos recursos de US$ 488:000.000 se
utilizaron, en primera instancia, fondos del Tesoro Nacional por US$ 90:000.000 y se
realizaron dos emisiones de Letras de Tesorería de US$ 200:000.000 cada una, con
fecha 24 de junio y 4 de julio de 2002. Estos anticipos luego se fueron cancelando contra
un préstamo del Fondo Monetario Internacional que se contrajo por un importe de
US$ 506:000.000, en función de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional en
las Cartas de Intención, y que estaba destinado al Fondo de Fortalecimiento del Sistema
Financiero. Vamos a ver que tampoco se cumplió el acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional, por la forma en que se realizó la asistencia.
El 17 de junio, mediante el Decreto Nº 222, del año 2002, se
crea el Comité Administrador de Fortalecimiento del Sistema Bancario y luego se dicta su
reglamento interno.
Decíamos que los referidos anticipos fueron dispuestos por
resoluciones del Poder Ejecutivo a través del señor Presidente de la República. No
fueron informados al Tribunal de Cuentas ni tampoco al Parlamento. En tres oportunidades,
millones y millones de dólares se transfirieron por autorización verbal del contador
Bensión, y así figura en la documentación. Esto fue convalidado después por el señor
Presidente de la República. Nuevamente nos preguntamos -resulta de los informes
jurídicos que tenemos- si el señor Presidente de la República puede otorgar asistencia
financiera. Categóricamente, el doctor Gonzalo Aguirre contesta que no tiene capacidad
constitucional para asistir. Dice: "[...] el Poder Ejecutivo carece de toda
competencia para disponer el salvataje de bancos privados en dificultades, sea por la vía
de comprarlos, de contribuir a su capitalización transformándose en accionista de los
mismos, de asistirlos financieramente o de cualquier otro arbitrio jurídico adoptado con
similar finalidad. Ningún precepto constitucional
le comete atribuciones de este carácter. Y lo propio cabe afirmar de la
Presidencia de la República, en cuanto a Jefatura del Estado".
El informe del doctor Korzeniak dice: "El Poder Ejecutivo tampoco
es competente para asistir o prestar a un banco privado. La competencia de asistir
financieramente a los bancos privados pertenece al Banco Central del Uruguay. Así lo
dispone su Carta Orgánica, y por otro lado ninguno de los veintiséis numerales del
artículo 168" -se refiere a la Constitución- "que relatan las
atribuciones del Poder Ejecutivo contiene referencia alguna que ni remotamente contenga la
capacidad de prestar, invertir, asistir o capitalizar un Banco privado". Agrega:
"Es ocioso aclarar que [...] es una competencia del Banco Central del Uruguay".
(Ocupa la Presidencia el señor Representante Gallo Imperiale)
——Debemos señalar que desde otra perspectiva, el único
informe jurídico que conocemos que señala que el Poder Ejecutivo -o que se conocía
hasta la fecha que se realizó esta asistencia- es competente para brindar asistencia
financiera es un informe de la Sala de Abogados del Banco Central de 1998, de la que
participaba el doctor Cajarville. Sin embargo, en este informe se restringe la posibilidad
de intervención -al marco de lo establecido nuevamente en el artículo 15 del
TOCAF-, aduciéndose la causal de hechos graves e imprevistos; se lo limita a la
posibilidad de realizar un gasto sin asignación presupuestal previa, pero
restringiéndolo al 1% del Presupuesto Nacional y dando cuenta inmediata a la Asamblea
General. El 1% del Presupuesto Nacional en 2002 representaba entre US$ 30:000.000 y
US$ 40:000.000, debido a algunas variaciones en el tipo de cambio del dólar.
Entonces, decimos que aun en la posición más laxa -que no
compartimos- de que el Poder Ejecutivo pueda realizar asistencia,
se la restringe a los extremos mencionados, que fueron absolutamente excedidos por el
señor Presidente de la República y por el señor Ministro de Economía y Finanzas,
contador Bensión, porque estábamos hablando de US$ 30:000.000 a
US$ 40:000.000, contra US$ 488:000.000 que se otorgaron. Además, obviamente, la
Asamblea General nunca fue puesta en conocimiento de todo esto.
En cuanto a la actuación del Tribunal de Cuentas, estas transferencias
tampoco se pusieron en su conocimiento; el organismo tomó conocimiento de ellas con
posterioridad a la fecha en que se realizaron y por una denuncia formulada en el seno de
ese Cuerpo por el contador Ariel Álvarez. Recién con fecha 16 de agosto de 2002,
después de que ya se había realizado toda la asistencia, el Tribunal de Cuentas solicita
al Poder Ejecutivo la remisión de los antecedentes y este los remite el 22 de setiembre.
El 6 de noviembre el Tribunal emite su dictamen aprobado por unanimidad. En el dictamen
del Tribunal de Cuentas y los informes que lo fundamentaron, en ningún momento se
estudió o analizó la capacidad constitucional del señor Presidente de la República
para realizar asistencia financiera.
Esto lo consideramos -y lo vamos a decir- como una falencia importante
en el trabajo del Tribunal de Cuentas. Es cierto que fue un pronunciamiento unánime, pero
cuando el Tribunal de Cuentas citado por nosotros acude a la Comisión, el señor Ministro
Ariel Álvarez manifestó que se había equivocado.
La resolución del Tribunal es muy extensa y elíptica; parece que se
pretendió hacer decir al Tribunal de Cuentas más de lo que dijo. En dicha resolución,
el Tribunal señala -en un texto, como decíamos, elíptico- que todas las transferencias,
inclusive las referidas en el Resultando IV -las que fueron hechas por autorización
verbal del contador Bensión-, contaron con autorización del Poder Ejecutivo otorgada con
anterioridad o en la misma fecha en que se efectuaron las mismas, por lo que el
procedimiento fue ajustado a derecho. Se ha pretendido hacer hincapié en este
considerando para afirmar que el Tribunal avaló la legalidad de todo lo actuado. Sin
embargo, el considerando en cuestión solamente se refiere al procedimiento. Es cierto:
para realizar una transferencia, el procedimiento correcto es una autorización del Poder
Ejecutivo; sin resolución habilitante, el procedimiento de la transferencia no sería
ajustado a derecho. Hasta acá no hay dudas: hubo resolución del Poder Ejecutivo para
realizar la transferencia y el procedimiento fue correcto. Pero decir que el procedimiento
fue correcto no implica expedirse sobre el contenido de la resolución del Poder
Ejecutivo, que excede lo meramente procedimental y que, como decíamos, el Tribunal no
analizó.
Consultados en la Comisión Investigadora los miembros del Tribunal de
Cuentas acerca de la interpretación de este considerando, hubo manifestaciones
discordantes de lo que se había querido expresar por parte de los señores Ministros.
Decíamos que de cualquier manera todo el tema de la constitucionalidad y de la capacidad
del señor Presidente de la República para asistir financieramente nunca fue analizado
-hasta donde nos consta o el Tribunal nos informó- como para emitir este dictamen. Los
informes que hemos recibido en la Comisión Investigadora por parte de los asesores, de
constitucionalistas y de administrativistas, aun, como decíamos, en la posición más
laxa, implican que todo este procedimiento excedió el marco legal.
También se dijo que todo esto podía quedar de alguna manera
legalizado cuando el Parlamento aprobara la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2002,
porque todo esto que era irregular iba a entrar en el sistema presupuestario normal. De
hecho, tampoco pasó porque, como se sabe, el Parlamento rechazó la Rendición de Cuentas
del Ejercicio 2002.
La asistencia financiera ni siquiera cumplió con los requisitos
fijados por el Poder Ejecutivo en el Decreto Nº 222 y con los acuerdos con el Fondo
Monetario Internacional. Entonces, se había fijado que solo podía ser de liquidez y que
debía otorgarse a instituciones solventes, no pudiendo superar en tres veces el capital
contable de la entidad. A la altura en que se dio la asistencia, las instituciones no eran
solventes y prácticamente no tenían capital contable. Además, se exigía transparencia
poniendo en conocimiento del público las actas en donde se destinaban los recursos. Como
vimos, esto no fue informado al público, al Tribunal de Cuentas ni al Parlamento.
Decimos que el señor Presidente de la República dispuso de
US$ 488:000.000 por sí y ante sí para asistir a instituciones que habían sido
vaciadas, y esa información además estaba disponible. Consideramos que toda esa
asistencia es ilegal e inconveniente. Una vez más, tapando el sol con el dedo en el
sistema financiero, se estaban comprometiendo preciosos recursos y
solamente se estaba postergando el desastre final. En realidad, se dice que se quiso
evitar un desastre, pero igual pasó, porque los bancos tuvieron que cerrar, los
depositantes quedaron reprogramados y permanentemente los vemos en una lucha para
recuperar parte de sus depósitos.
(Manifestaciones de la barra.- Campana de orden)
——En este capítulo de la asistencia, decíamos que el señor
Presidente de la República y el señor Ministro de Economía y Finanzas no tenían
capacidad constitucional ni legal para resolver el otorgamiento de estos
US$ 488:000.000; que estas operaciones habían sido viciadas; que ni siquiera se
respetaron los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional ni el Decreto Nº 222;
que se aumentó el endeudamiento nacional en US$ 506:000.000, todo en perjuicio del
Estado uruguayo, ya que era evidente que esos montos no se recuperarían.
Cuando el Parlamento de alguna manera cedió los derechos que tiene el
Estado para que los ahorristas pudieran cobrar, en realidad cedía derechos que estaban
sumamente disminuidos, por cuanto el daño patrimonial ya se había producido. En
definitiva, el Estado terminó asistiendo a quienes retiraron la plata, en perjuicio de
aquellos que la dejaron depositada.
Se ha dicho que en la historia de las crisis bancarias es insólito que
un país pierda el 46% de sus depósitos, y no hay antecedentes al respecto. Realmente es
insólito. Por más liberal o neoliberal que sea un Gobierno, es impensable que se haya
permitido este drenaje brutal de recursos sin haber tomado medidas excepcionales, que no
son estas. ¿Que se debía haber pedido competencias especiales al Parlamento? Se debió
haberlas pedido. Hoy se citaba la salida de la crisis del Banco Mauá; en ese caso, se
salió por ley, es decir, los recursos los votó el Parlamento. En este caso, el
Parlamento no votó nada y, además, no fue enterado.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- La Mesa informa a la señora
Diputada Charlone que le resta poco tiempo.
SEÑOR ROSSI.- Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone
la señora Diputada.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Se va a votar.
(Se vota)
——Cuarenta y cuatro en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.
Puede continuar la señora miembro informante en minoría.
SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: se podrían decir muchas
cosas más. Hubo momentos en los que la Comisión osciló entre lo trágico y lo cómico.
El Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera,
contador Fernández Becchino, manifestó respecto del contrato de capitalización del
Banco Comercial que se había tomado la peor solución y que a los bancos había que
exigirles que aportaran US$ 600:000.000 por el afane que se había producido, ya que
eran responsables de la gestión. Esto está dicho prácticamente en forma textual. Claro,
el Estado uruguayo había exonerado a los bancos de toda responsabilidad, salvo mala fe;
es decir que por mala gestión los bancos están exonerados.
En definitiva, las afirmaciones del Gobierno realizadas en múltiples
ocasiones con respecto a que nuestro país era una plaza financiera sólida y estable, no
condecían con la realidad. La corrida de depósitos de 2002 no fue el origen de la
crisis. El sistema financiero ya vivía una situación de crisis; los sucesos de 2002 la
explicitaron y la profundizaron. Por algo hubo instituciones que resistieron esta crisis
porque la corrida operó sobre todo el sistema, pero no todos los bancos tuvieron que
cerrar. El problema es que buena parte de los bancos venía arrastrando estas situaciones
irregulares y algunos, se decía, todavía con el respaldo del Estado, con patrimonio
negativo, con deudas y con préstamos a las empresas de los grupos utilizando los recursos
para financiar, no en interés de los depositantes ni de los ahorristas, sino en el
propio.
El Estado, a través del Banco Central, del Presidente de la República
y del ex Ministro de Economía y Finanzas, contador Bensión, destinó a las instituciones
en cuestión US$ 1.051:000.000 de asistencia financiera, transgrediendo así marcos
legales y constitucionales. A los recursos que se asignaron al sistema financiero, hay que
agregar US$ 1.500:000.000, cantidad que fue votada por el Parlamento para asistir los
retiros de los depósitos a la vista.
Nuestro país fue demandado por los bancos
accionistas del Banco Comercial por US$ 100:000.000, existiendo la posibilidad de
tener que hacer frente a nuevos desembolsos; todavía no sabemos exactamente cuánto está
costando al Estado el Nuevo Banco Comercial.
Lamentablemente, estos fenómenos no son novedosos. La tan mentada
plaza financiera viene costando miles de millones de dólares al país y a su gente. En
realidad, la historia económica de nuestro país está marcada por estas crisis
financieras y, lamentablemente, también por apellidos que se repiten.
En nuestro informe hacemos una serie de recomendaciones para mejorar el
funcionamiento del sistema financiero. En primer lugar, la implementación del seguro
bancario; si hubiera habido un seguro bancario, sin duda la dimensión de la corrida no
habría sido la misma. En segundo término, la implantación de la supervisión global
consolidada. En tercer lugar, la instalación de auditorías externas y calificadoras de
riesgo; entendemos que tendrían que estar financiadas por los bancos, que se tendría que
hacer un fondo y que las debería contratar el Banco Central y no el banco a ser auditado,
porque en este país realmente no funciona la oposición de intereses. En cuarto término,
tendría que flexibilizarse el secreto bancario y agravarse las penas para los delitos
económicos; un prestigioso penalista, que no mencionaré, dijo que si viniera Rohm a
Uruguay podría estar afuera en un año y medio por buena conducta, aun después de
haberse producido el vaciamiento que se produjo y de que los uruguayos hayan pasado las
penurias que pasaron y de que el Estado haya destinado los recursos que destinó.
Por más que se legisle, nada tiene sentido si las definiciones
políticas implican desconocer o relativizar la legislación vigente, en función de
prioridades estratégicas e ideológicas definidas por el Gobierno de turno por sí y ante
sí. Sin duda, "Uruguay plaza financiera" fue una definición estratégica de
Gobierno y había que mantenerla a como diera lugar. ¿Se justificaron los hechos por la
urgencia del caso? ¿Hasta qué punto la urgencia amerita exceder, estirar competencias o
transgredir abiertamente la legislación? Este camino nos resulta realmente peligroso.
De todo lo expuesto resultan responsabilidades políticas,
institucionales, patrimoniales y, eventualmente, penales; sabemos que no corresponde al
Parlamento determinar las responsabilidades penales y por eso se remitirán los
antecedentes a la Justicia. Bueno ha de ser que aunque haya habido fallos particulares,
exista un magistrado que tenga la visión de conjunto de lo que pasó y toda la
información.
Asimismo, resultan las responsabilidades que a distintos niveles tienen
el Banco Central, la Corporación Nacional para el Desarrollo -que era propietaria del
capital accionario del Banco de Crédito y que poco o nada hizo, aunque tenía
información de las irregularidades que se cometían-, el ex Ministro de Economía y
Finanzas, contador Bensión, y el Presidente de la República. Las responsabilidades
políticas de los ex Directores del Banco Central y del entonces Ministro, contador
Bensión, hoy no pueden ser exigidas porque ya no están ocupando sus cargos. Sin embargo,
decimos también que a nivel del Banco Central las disposiciones particulares que se
aplicaron, donde se concedían excepciones a las normas generales, en poco colaboraron,
sino más bien conspiraron contra una de sus finalidades básicas: mantener la estabilidad
y la solvencia del sistema financiero. Sus acciones y omisiones y la lentitud en tomar
medidas permitieron que los patrimonios de las instituciones se esfumaran, se dispusieran
recursos fuera de los marcos legales, se incumpliera con la Carta Orgánica asistiendo a
instituciones con patrimonio negativo, se establecieran excepciones y dispensas evitando
que estas situaciones quedaran expresadas; todo ello en perjuicio patrimonial del Estado y
de los depositantes, ya que a medida que el tiempo pasaba menos posibilidades tenían de
recuperar sus depósitos.
Como dijimos, en el Banco de Montevideo el vaciamiento se produjo en la
cara y con el Banco Central adentro.
Entendemos que existen elementos más que suficientes para que actúe
la Justicia Penal. Aquí se ha expresado que se puede decir que ningún funcionario
público se benefició económicamente. Error; acá no se puede decir nada sobre el punto.
La Comisión Investigadora no tiene potestades ni siquiera para levantar el secreto
bancario de quienes tomaron decisiones. No sabemos qué pasó, y con esto no estamos
acusando; simplemente, no se puede decir nada al respecto.
Entendemos que el Estado y sus intereses genéricos fueron dañados por
el enorme caudal de recursos que se destinó al sistema financiero, del que poco se puede recuperar. Al mismo tiempo, en 2002, el endeudamiento
creció en más de US$ 2.000:000.000 por este concepto. Además, existen numerosas
demandas de particulares hacia el Estado, demandas por perjuicios, demandas de los bancos
extranjeros.
Creemos que de aquí también surgen responsabilidades patrimoniales,
porque los Directores del Banco Central son solidariamente responsables por las decisiones
que hayan tomado en contravención de la ley y la Constitución. Por su parte, el Estado,
en los casos en los que haya perjuicio patrimonial, tiene derecho a repetir, a ser
resarcido.
Por otro lado -hemos consultado a varios administrativistas, pero no
vamos a dar sus nombres porque así nos lo pidieron-, en función de que se han
perjudicado intereses patrimoniales genéricos del Estado, hay teorías en doctrina que
sostienen que quienes tomaron las decisiones, perjudicando intereses generales e
indefinidos de la sociedad, pueden ser demandados patrimonialmente. Sabemos que esta
Administración no lo va a hacer y será responsabilidad del Gobierno que venga -si
comparte las conclusiones de este informe- encarar estas demandas patrimoniales contra
quienes así decidieron.
Quiero hacer algunas consideraciones generales de otras cosas que
pasaron en 2002, porque sucedieron muchas. Mientras se otorgaban US$ 1.051:000.000
para los bancos, mientras se asignaban recursos para asistirlos -dicho técnicamente-, en
marzo hubo incrementos tributarios a través de la ley de ajuste fiscal, porque se decía
que no había recursos en el Estado; se aumentó el IRP y el IRIC, se crearon nuevos
tributos, como los impuestos a las telecomunicaciones y a las tarjetas de crédito. En
mayo hubo otro nuevo ajuste con la ley de estabilidad financiera, más impuestos, otra vez
el IRP incluyendo a los jubilados, impuestos a la salud, incrementos del IRIC y del IRA.
Luego el IVA a las frutas y verduras, un aumento de la presión tributaria que pagamos los
uruguayos de nuestros bolsillos, que en cifras, como mínimo, anda en los
US$ 520:000.000. En paralelo, se rebajaron por decreto los topes de las inversiones
en un 39%. El Parlamento, en la Rendición de Cuentas de 2001 -el señor Ministro decía
que había que bajar los gastos-, redujo créditos para inversiones en un 28% y para
gastos en un 8%, incluidos los de la educación, tema, como siempre, tan controvertido en
estos días. Se abaten por decreto gastos en más de cincuenta instituciones sociales.
Mencionaré solo a algunas: a la Escuela Horizonte se le rebajó el presupuesto en
US$ 16.000, a la Asociación Uruguaya de Lucha contra el Cáncer en US$ 642 -un
importante ahorro-, al PEDECIBA en US$ 137.000. La emergencia del Hospital de
Clínicas tuvo que cerrar porque no había con qué comprar lo mínimo y el Ministro no le
pagaba los $ 100:000.000 que le debía. En fin, el Gobierno había definido con
claridad cuáles eran sus prioridades políticas.
Nosotros -nuestra fuerza política- en cada una de estas decisiones
alzamos nuestra voz de denuncia o votamos en discordia. Más allá de evaluar la
conveniencia o inconveniencia de lo actuado, surgen con claridad las responsabilidades
institucionales y políticas que caben al Presidente de la República y así lo expresamos
en nuestro proyecto de resolución. El artículo 93 de
la Constitución de la República prevé la posibilidad de realizar un juicio
político al Presidente de la República por violación grave de la Constitución.
Nosotros entendemos que esto se ha configurado y proponemos que la Cámara así lo
declare. Los hechos referidos nos parecen gravísimos y entendemos que es responsabilidad
del Parlamento reconocerlo.
Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Tiene la palabra el miembro
informante en minoría, señor Diputado Berois Quinteros.
SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: corresponde agradecer
a la Secretaría de la Comisión Investigadora con la que estuvimos trabajando este año y
medio, ejercida por las señoras Adriana Tusinelli y Matilde Garín, al Cuerpo de
Taquígrafos y al servicio en general, que realmente nos acogió de la mejor forma y nos
brindó todo el apoyo necesario. El trabajo de la Comisión, desde el 7 de octubre de
2002, durante casi un año y medio, realmente fue muy arduo.
Corresponde, aunque se trate de un asunto personal, agradecer también
-por haber representado una ayuda muy importante para mí- a los técnicos que trabajaron
a mi lado: el señor Fernando Calvete, el contador Fernando Blanco y el doctor Guzmán
Vallejo, quienes me apoyaron, al igual que mi secretaría, en este trabajo de buscar
permanentemente. Se trata de un tema que no conocíamos y que tratamos de encarar de la
mejor forma.
La metodología de la Comisión fue la de
recibir a todos; a nadie se dejó de escuchar, intentando tener todos los puntos de vista
sobre la mesa en una temática que no es fácil, especialmente para aquellos que no
tenemos experiencia bancaria ni financiera; apenas alguna entrada al banco para abrir una
cuenta corriente o una caja de ahorros. Esa es mi vinculación con el sistema financiero.
Uno está mucho más acostumbrado a otro tipo de inversiones, en las cuales deja pastar
algunos años y después recupera el dinero con el cuidado y el saneamiento adecuado.
Tuvimos que salir a la cancha y, como dice una frase de un cantautor popular, nos tocó
salir a la cancha sin querer entrar. Es claro que esta vez no fue de golero; tuvimos la
libertad de jugar en toda la cancha, de conocer y de decidir en un tema muy difícil, sin
conocimiento del mundo financiero, como un ciudadano común al que le tocó estar en este
momento.
La exposición que haremos va a estar encarada desde este punto de
vista, es decir, el de un ciudadano común a quien le tocó actuar en esta situación tan
difícil y conocer todo este andamiaje financiero, muy complicado para la mayoría de los
uruguayos. Inclusive, tuvimos que aprender algunos nombres y comprender de qué se
trataba, porque eran elementos fundamentales. Concretamente, me estoy refiriendo a los
cargos diferidos, que tienen una gran importancia en las principales decisiones. En el
balance de una institución financiera, los cargos diferidos son el valor contable y se
tornan relevantes al momento de la adopción de posiciones con relación a la
determinación de su patrimonio neto. Cuando una institución financiera registra
pérdidas importantes en un ejercicio económico, el Banco Central puede habilitarla a que
difiera las pérdidas en más de un ejercicio contable. Esta situación se refleja en una
cuenta de activos denominada cargos diferidos, que disminuirá anualmente, dependiendo del
período aprobado, hasta tener valor cero, esto es, cuando haya absorbido el total de las
pérdidas. En definitiva, se difieren las pérdidas y se toman en cuenta determinados
patrimonios y balances. Esto es muy común en la jerga contable y se torna importante -los
técnicos podrán avalar lo que estoy diciendo- en determinadas situaciones.
Vamos a ubicarnos en el lugar y en el momento en que sucedieron los
acontecimientos. Esta es una práctica que, por honestidad intelectual, necesariamente
debemos llevar a cabo, cambiando la mentalidad típicamente inquisidora por una reflexión
serena de los acontecimientos, pero diciendo nuestra verdad, lo que hemos visto y cómo lo
hemos visto.
Es cierto que la región vivió acontecimientos que incidieron en
nuestro país. No quiero reiterar todo lo que se dijo acerca de la situación de la
República Argentina, pero es verdad que tuvo una vinculación estrecha con los
acontecimientos que vivimos.
Antes de seguir, me gustaría destacar lo que han sido las asistencias,
tanto de los bancos nacionales como de los extranjeros, porque es algo a tener en cuenta.
Hay que decir que los bancos extranjeros respondieron con sus depósitos de la casa
matriz. En definitiva, todos los uruguayos tuvimos que asistir a los bancos nacionales.
Esto es bueno destacarlo.
Todas estas corridas generaron un retiro de depósitos del 41%. Los
depósitos en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2002 eran de US$ 14.285:000.000
y el 29 de julio descendieron a US$ 8.468:000.000. Lo mismo sucedió con los
depósitos en pesos uruguayos.
La primera instancia que podríamos considerar clave es la del Banco
Galicia. No me voy a extender sobre esta situación porque no me va a dar el tiempo para
todo. Pero sí deseo señalar que cabe el beneficio de la duda -como dicen los abogados-
acerca de qué habría pasado si se hubiera actuado en forma diferente cuando el Banco
Galicia pidió asistencia por US$ 500:000.000 y no se le respondió. Sé
perfectamente que acá puede haber dos bibliotecas. Cuando se dieron las vistas, nos
respondieron que si se le hubiera asistido, hoy nosotros, el Parlamento, estaríamos
señalando la falta de normativa adecuada para este tipo de asistencia. Pero sí es cierto
-esto lo tenemos que decir- que el Banco Galicia, donde el 99% de los depósitos eran
argentinos, incidía mucho en el prestigio de la banca financiera uruguaya. Si se le
hubiera asistido, queda la duda si dicha acción habría favorecido en forma importante la
imagen del país. O sea que, con esta situación, se empieza a resquebrajar la imagen de
solidez del sistema financiero uruguayo.
Después, ¿qué aconteció con el Banco Comercial? Con respecto a este
punto también vamos a tratar de ser sintéticos en algunas apreciaciones, por falta de
tiempo. Mencionemos lo sucedido en Argentina en diciembre de 2001, la detención de Rohm
en Argentina y otra actitud de parte del Banco Central con
respecto al Banco Comercial, el principal banco nacional.
Queremos remarcar este cambio de actitud, porque es parte de lo que
hemos sostenido: con los mismos recursos humanos y con la misma normativa, hubo un cambio
de actitud que determinó otras investigaciones para descubrir situaciones que antes no
habían quedado reveladas. ¿Qué fue lo que pasó? Al Banco Comercial se le detectan
situaciones que llevan a lo que finalmente fue la denuncia penal.
Voy a tratar de ser ordenado y luego expresaré mis consideraciones con
respecto al contrato de capitalización del Banco Comercial y a sus asistencias.
Pero ¿qué es lo que se empieza a detectar? La falta de valores
públicos; es decir, se estaban dando por buenos determinados certificados emitidos por el
Banco Comercial. En definitiva, nunca se cotejó si este tipo de depósitos de valores
públicos coincidían con la realidad. Este es el gran pozo negro en el que tenemos
US$ 200:000.000 y en el que tienen responsabilidad dolosa y de fraude las autoridades
del Banco Comercial y el grupo económico que lo dirigía. En definitiva, lo que quedó
claro al estudiar esta operativa es que algo falló. Los bancos referidos disponían de
contralores internos, de auditorías externas y el propio contralor del Banco Central,
encargado de prevenir y de detectar hechos de este tipo. Nunca se desconfió de los
procedimientos. Además, el mismo grupo económico tenía actuación en la Argentina y en
Uruguay: el Banco General de Negocios en la Argentina y el Banco Comercial de acá. O sea
que todas las auditorías que se hacían jamás se entrecruzaban; ni siquiera se pasaban
las respectivas informaciones, lo que es fundamental para detectar en el futuro lo que
pasó. Entonces, esto quedó al descubierto. También se descubrió la concesión
irregular de créditos, lo que se da continuamente; pasa en el Banco Comercial, en el
Banco de Montevideo, en La Caja Obrera y en el de Crédito. O sea que parecería que el
negocio era comprar un banco para dar créditos a los diferentes grupos y a sus empresas
colaterales. Evidentemente, el Banco Central del Uruguay debía haber controlado esta
situación y, sobre todo, medido los riesgos.
Otra de las cosas que quedó al descubierto fue el negocio del
Comercial Investment.
Por otra parte, en el contrato de compraventa a futuro, al 31 de marzo
de 2001, el Banco Comercial tenía valores públicos no nacionales por un valor contable
de aproximadamente US$ 250:000.000 -en su mayoría argentinos-, y necesitaba cubrir
esta posición ante las bajas en el precio de mercado. Por esto suscribe seis contratos de
compraventa a futuro con el corredor de bolsa Ignacio Rospide sobre valores públicos
argentinos por un valor de US$ 123:000.000. El señor Rospide se compromete a
comprar, al vencimiento, por aproximadamente US$ 108:000.000, que a valor original
eran US$ 123:000.000. Pero esos contratos fueron rescindidos anticipadamente a cambio
de un pago de aproximadamente US$ 5:000.000 y el depósito de bonos globales
argentinos por un valor nominal de US$ 5:000.000 del señor Rospide al Banco
Comercial. ¿Por qué el Banco Comercial aceptó la rescisión? Lo que sucedió fue que el
señor Ignacio Rospide hizo a la vez un contrato con el Saint Louis Financial &
Investment Co. Ltd., en que gran parte de las acciones correspondían al grupo de los
Rohm, al mismo grupo económico del Banco Comercial. Este agujero fue descubierto.
La dirección del Banco Comercial necesitó una capitalización de
parte del Gobierno, porque los depósitos eran cada vez mayores. Llegamos así al contrato
de capitalización. En esto hay dos posiciones, y reconocemos la importancia de los
juristas que se han mencionado. No voy a desconocer años de cátedra y de actuación en
el mundo jurídico uruguayo de estos importantes abogados, pero nos quedaron determinadas
dudas. Entendemos que está muy bien fundamentado lo expresado por el doctor Gonzalo
Aguirre cuando dice que en el ordenamiento jurídico uruguayo no hay norma alguna que
"habilite a liberar de pérdidas y exonerar de responsabilidades a los accionistas y
copropietarios de un Banco". Esto es parte del contrato de capitalización. El Estado
uruguayo, al capitalizar al Banco Comercial, se transforma en accionista de un banco
privado que, de hecho, pasa a ser una sociedad de economía mixta. El artículo 188 de la Constitución
prevé que una sociedad de este tipo requiere autorización parlamentaria. Se puede
argumentar que no se contó con los tiempos necesarios para dicha autorización, pero en
otras situaciones el Parlamento uruguayo estuvo todo un fin de semana reunido para que se
pudiera asistir y, en definitiva, cumplir con lo que establece el ordenamiento. De repente
no se tuvo la voluntad, pero con esto por lo menos se hubiera obrado de acuerdo con lo que
la normativa determinaba. Esto no se hizo.
Reitero que adherimos a la posición muy bien
fundamentada del doctor Gonzalo Aguirre. No me voy a extender más porque sería atrevido
de mi parte, pero dejamos expresado nuestro punto de vista con respecto a la asistencia de
capitalización al Banco Comercial.
Hay un capítulo que se torna muy importante con respecto a la
asistencia, al patrimonio negativo o positivo, que se ajusta a lo que establece la
normativa. Los artículos 3º, 36 y 37 establecen el apoyo reglamentario que se tiene para
asistir o no a un banco. Aquí empieza lo que muy gráficamente podemos denominar "la
odisea 9855", por el número del expediente. Esto es importante para ver si la
asistencia estaba bien dada. También podemos agregar los folios que aparecen y
desaparecen, lo que deja a flor de piel la falta de contralores fundamentales. No era un
expediente cualquiera, como el de la compra de un escritorio. Era el expediente en el que
el cuerpo inspectivo determinaba el capital y el patrimonio con que se iba a asistir o no
al principal banco privado del país. Es muy claro que el grupo inspectivo Nº 8
dejó a flor de piel la situación patrimonial del banco. Hay una serie de secuencias y de
interrogantes con respecto a qué fue lo que pasó con los Directores. También quedó
claro por qué la contadora Medero votó negativamente la asistencia al banco, basándose
en esto.
No tengo elementos concretos para decir que los otros dos Directores
del Banco conocieron o tuvieron la posibilidad de conocer la situación, pero esto es como
aquello de "todo Madrid lo sabía". Reitero que no era cualquier expediente.
Actuó un cuerpo inspectivo, y el Presidente del Banco Central nunca conoció lo que
decía el expediente. Es cierto que no tengo elementos para decir que lo conoció, pero ha
quedado demostrada la solvencia técnica del ex Presidente del Banco Central en la materia
-sobre todo si analizamos sus intervenciones-, a través de sus contestaciones. Se trata
de un hombre que realmente conoce la materia financiera. Sin embargo, no sabía que había
un cuerpo inspectivo ni conocía sus resultados. No puedo acusar, pero tengo el beneficio
de la duda para decir que no se interesó y nunca tuvo los elementos necesarios para
medir.
Aquí marco una diferencia que me parece importante. La doctora Holz
expresó que se había basado en el artículo 3º, que establece que se debe mantener
al sistema financiero funcionando y se debe velar por él. Esa es una posición. Se
estará de acuerdo o no con ella, pero es lo que establece el artículo 3º. También
se puede tomar la posición del contador Olivero, que expresó que no estaba de acuerdo
con lo que decían los técnicos -si bien consideraba que se trataba de un cuerpo
inspectivo muy importante- porque faltaban elementos para determinar. El contador Olivero
concluye con un proyecto de resolución que dice: "1. Requerir a Banco Comercial S.A.
la reformulación de sus estados contables al 31 de diciembre de 2001 conjuntamente con la
presentación de la información a que refiere el artículo 335 de la Recopilación
de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero correspondientes al ejercicio en
curso y el plan de regularización patrimonial a que refiere el artículo 335.1 de la
citada Recopilación, así como los de adecuación a las relaciones técnicas requeridas
por las normas Bancocentralistas.- 2. Requerir a Banco Comercial S.A. la presentación de
un Plan Estratégico que le permita hacer frente a las obligaciones asumidas y retomar la
marcha normal de sus negocios". Esta es otra posición. No fue la posición que tomó
el ex Presidente del Banco Central, pero es una posición.
Estos son elementos que tenía que volcar en la Cámara porque son
importantes. Estamos hablando nada más y nada menos que de la asistencia con patrimonio
para nosotros negativo del Banco Comercial.
SEÑOR FALERO.- ¿Me permite una interrupción?
SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Tengo poco tiempo, pero se la concedo con
mucho gusto, señor Diputado.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Puede interrumpir el señor
Diputado.
SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: como no participamos de la
Comisión, seguramente no estamos familiarizados con toda la información que manejan
quienes la integraron.
El tema de la solvencia o no del Banco Comercial me parece interesante.
El señor Diputado Berois Quinteros dijo que alguien -que no pude entender quién era-
mencionó no saber que el Banco no era solvente o que tenía patrimonio negativo. Como no
entendí esa parte, me gustaría que lo repitiera.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Puede continuar el miembro
informante en minoría, señor Diputado Berois Quinteros.
SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor
Presidente: lo que dije fue que el ex Presidente del Banco Central, el contador Rodríguez
Batlle, manifestó en la Comisión que nunca vio el expediente Nº 9855; nunca pudo
llegar a tener conocimiento adecuado del expediente. Esto fue lo que manifestó y a la
Comisión le consta que no hay ningún elemento probatorio del que se desprenda
exactamente que conoció o no este expediente, que se torna fundamental a la hora del
análisis del patrimonio del Banco Comercial.
Con respecto al folio, creo que, a esta altura, es un elemento
anecdótico, porque en definitiva desaparece. Pero se transforma en un elemento
fundamental, como le decía al señor Diputado Falero, porque constituye una prueba de
quién tenía ese expediente. Por eso es importante la desaparición del folio 41;
también lo es porque queda registrada la falta de la debida atención administrativa del
Banco Central. No puede desaparecer, así nomás, un folio del expediente. Quienes hemos
tenido algunos años del otro lado del mostrador siendo funcionarios públicos y nos ha
tocado realizar esta tarea de foliar -fue una de las primeras que me tocó llevar a cabo-
sabemos de la importancia que esto tiene, porque da la correlación del expediente.
Precisamente, se hace para que quede todo registrado y no venga cualquiera y saque algo
del expediente; queda la constancia del "sigue" y del "antecede".
Resulta que acá está el "sigue", el "antecede" se tacha y todo queda
bien; ¡bárbaro! Eso fue lo que pasó; y en definitiva no pudimos tener ningún elemento.
Por supuesto, esto marca la responsabilidad administrativa de quien cumple esa función,
que no tiene conciencia de la importancia que ella tiene. No me voy a extender más sobre
esto, pero es evidente su importancia.
Para concluir, no hay duda acerca del caso del Banco Comercial, de las
asistencias que se dieron y de la falta de contralores adecuados. Queda claro también que
cuando se hicieron los contralores adecuados se descubrieron elementos muy importantes.
Muchas veces nos contestaron que los recursos humanos para hacerlos eran fundamentales y
que no se contaba con ellos; lo dicen en una de las vistas en las que nos contestan.
Inclusive, uno de los peritos del Banco Comercial, el contador Prieto, reconoce que a
dicha institución, por su importancia y prestigio -el 20% de las acciones eran de los
Rohm, pero los demás socios eran todos bancos de primera línea a nivel mundial, como el
Credit Suisse y el J.P. Morgan-, a veces se le hacían contralores "light";
concretamente, dice "medio light". Esto nos marca la importancia y el prestigio
que este banco tenía.
El ex Superintendente Fernández Becchino reconoció que no tenían los
recursos humanos para realizar este tipo de contralores, pero que cuando los tuvieron
pusieron, prácticamente, la lupa en el Banco Comercial, detectándose este tipo de
situaciones que relataba anteriormente y el fraude quedó a flor de piel.
Por supuesto, no quiero justificar esto por la falta de recursos
humanos. Hay un organismo que está para esto; hay un organismo que tiene que cumplir esta
función y los uruguayos confiamos en que debe hacerlo de la mejor forma. ¡Y pasó lo que
pasó! El organismo es responsable de este tipo de situaciones, porque no cumplió con los
debidos procedimientos, y no estamos hablando de cualquier cosa.
Con respecto al Banco de Montevideo-La Caja Obrera, vamos a hablar, en
primer término, de la compra del Caja Obrera. Más allá de que hay una sentencia
judicial muy nueva en cuanto a lo que ha sucedido, me parece importante resaltar cuál fue
la posición de los integrantes del Partido Nacional -la contadora Medero y el doctor
García Pintos-; estaban en desacuerdo, y lo dijeron, con la venta de dicho banco. Creo
que esto está muy bien fundamentado en la exposición que hace el doctor García Pintos
-del Banco de la República- cuando explica por qué no acepta la venta del Banco La Caja
Obrera. En cuanto a la licitación, el procedimiento es el siguiente. "Deben
presentarse dos sobres: el sobre Nº 1 donde los oferentes debían necesariamente
acreditar determinados extremos relacionados con la institución interesada, así como
otros relacionados con el plan de funcionamiento de la institución a adquirir. El segundo
sobre," -que es el que pasa exclusivamente el grupo Peirano del Banco de Montevideo-
"debía solamente contener el precio ofrecido por las acciones en venta". Pero
aparte del precio ofrecido contiene otro elemento, y no obstante se acepta. Es por esto
que se deja constancia y no se vota por parte de nuestros representantes en el Directorio
del Banco Central y del Banco de la República, la contadora Medero y el doctor García
Pintos; ellos votan negativamente la venta por ese cambio que hubo en las condiciones del
pliego.
Entonces, cuando se aduce o se dice y queda
asentado algún otro tipo de opiniones, es bueno volver a esto. ¿Que puede haber otra
interpretación? Claro, puede haberla. Nosotros creemos que se pueden dar y, de hecho, ya
hay otro tipo de interpretaciones. Pero lo que queda claro por nuestra parte es que fue
debidamente fundamentada la negativa a la adquisición del Banco La Caja Obrera por parte
del Banco de Montevideo. Es cierto que no le quita patrimonio, porque cuando se adquiere
el Banco se cambian determinados valores por efectivo; lo que sí da el Banco La Caja
Obrera al Banco de Montevideo es liquidez, ¡y vaya si en ese momento la necesitaba! Este
es un elemento muy importante a tener en cuenta -y más en el momento en que se dio: 3 de
diciembre de 2001-, pues era fundamental dar liquidez al Banco de Montevideo.
Con esta venta también se da -nosotros lo vamos a decir en la
fundamentación, pero es bueno dejarlo arriba de la mesa hoy- otro elemento que debemos
tener en cuenta, que no lo descubrimos nosotros. El propio doctor Barrán, hoy
Superintendente, lo reconoce cuando dice -consta en la versión taquigráfica
correspondiente-: "demasiado grande para que caiga". No es lo mismo que caiga el
Banco de Montevideo que el Banco de Montevideo-La Caja Obrera cuando ya había tomado
suficiente volumen en la plaza financiera uruguaya; esa responsabilidad la tenemos que
mirar. Y no lo decimos nosotros sino alguien que sabe del tema: el actual Superintendente
del Banco Central.
Hay otro elemento que también queremos poner arriba de la mesa con
respecto a lo que pasó en esta venta. Históricamente, cuando se da este tipo de fusión
de bancos -y estos son ejemplos que tenemos que ir tomando y aprendiendo de ellos para que
no vuelvan a suceder- se toman funcionarios como parte de la negociación, y ¿a dónde
van? Al Banco de la República. Y seguimos poniendo al Banco de la República algún
plomito más. Todos lo queremos, todos queremos salvaguardarlo, pero en este tipo de
negociaciones en que los bancos se fusionan, siempre terminamos dando al Banco de la
República más obligaciones; hacemos que cargue con más funcionarios y más
infraestructura. En definitiva, y al contrario de lo que se hace a veces en el sentido de
incentivar el retiro de algunos funcionarios, tiene que tomar más por este tipo de
transacciones.
Tenemos que decir cosas como estas y ponerlas arriba de la mesa, porque
todos queremos al Banco de la República y sentimos la necesidad de mantenerlo como lo
tenemos y como está.
Con respecto al Banco de Montevideo-La Caja Obrera, pasa lo mismo, con
la diferencia de que en este caso actuó el grupo inspectivo Nº 4 y en el otro lo
hizo el Nº 8. El grupo inspectivo actuó como siempre, con los mismos recursos
humanos y las mismas normas; es así que empiezan a darse situaciones determinadas que
llevan a tener un contralor mucho más cercano de lo que está sucediendo en este banco.
Se empiezan a detectar por parte del cuerpo inspectivo determinadas situaciones que
terminan con la resolución del 25 de febrero, en la que se detalla una serie de
irregularidades con respecto a lo que está sucediendo. Es lo mismo a lo que me refería
hoy: acumulación de créditos con respecto al mismo grupo económico, etcétera; como
dice el Presidente del Banco Central, economista De Brun, "básicamente al 31 de
diciembre de 2001, el endeudamiento con empresas vinculadas era del orden de los
US$ 44:500.000 en el caso del Banco Montevideo, las cuales estaban bastante dispersas
entre las distintas empresas vinculadas: TCB -que en ese momento correspondían solamente
US$ 9:500.000-, Velox unos US$ 11:800.000 y endeudamiento a título individual
con algunas de las personas que estaban en la dirección del Banco, como Juan Peirano y
otras por el estilo que en ese momento, andaban en el orden de los 6 millones de dólares
[...]".
Este tipo de situaciones se daban en la acumulación, que es lo que
detecta el grupo inspectivo Nº 4; está la acumulación del endeudamiento y el
traslado del endeudamiento al TCB, asumiento el riesgo. Había concesiones irregulares y
transferencias al TCB. ¡Vaya si tenemos para hablar de lo que ha sido y lo que es el TCB!
Cabe señalar que hay dos resoluciones. La del 7 de marzo exige
determinadas obligaciones al Banco de Montevideo, para que se cumplan, pero hay un cambio
que me parece importante. Ya lo han dicho, pero me parece importante tomar en cuenta esta
resolución del 7 de marzo tendiente a que las autoridades del Banco de Montevideo cumplan
con ciertas obligaciones, y la resolución del 25 de abril, que sin duda es más
benevolente. Entonces, en vez de apretar, lo que hacemos es aflojar la cincha y le damos más plazo y más prórrogas. Estos son hechos muy importantes, sobre
todo por el momento en que están sucediendo. Estamos hablando de una resolución del 7 de
marzo y de otra del 25 de abril. Quiere decir que, en cierta forma, se estaba creyendo
ingenuamente -vamos a llamarlo así- que el grupo económico del Banco de Montevideo iba a
cumplir con ciertas obligaciones. Por más que se nos dice y se nos contesta en una de las
vistas que se hace que la resolución del 25 de abril mantiene muchos aspectos de la
resolución del 7 de marzo, también es cierto que en los plazos y en otros aspectos es
mucho más benevolente. Esto se advierte si cotejamos las dos resoluciones; no lo voy a
hacer para no aburrir a la Cámara, pero son elementos importantes a tener en cuenta.
El 9 de junio se designa al veedor en el Banco de Montevideo; la
designación implica poner un funcionario dentro del Banco. Con dos o tres ejemplos que
puedo poner, se advierte concretamente que no se respetaba al veedor y que las autoridades
en ejercicio de este banco seguían actuando en la misma forma. Lo que voy a leer lo
expresó el veedor, contador Xavier; lo cuento como anécdota, porque es bueno tener estos
elementos. Dice: "El martes 11 de junio se realiza la primera de las operaciones por
parte del Contador Dante Peirano en Banco de Montevideo, quien me consultó y formalmente
le expresé mi opinión en contra de esa operación." -el contador Peirano cuenta al
contador Xavier la operación que iba a hacer- "Tengo la satisfacción de decir que
en esa circunstancia le manifesté por escrito que esa operación no estaba autorizada por
esta veeduría. Aproximadamente a las cinco de la tarde del día 11 de junio consulté
saldos de las cuentas que se tenían que mover por esa operación y resultó ser que ya se
había ejecutado. La explicación del Contador Dante Peirano fue: 'Contador, usted sabe
cómo son estas cosas, más allá de que había pedido la autorización de la veeduría,
tiene vida propia, y cuando me enteré ya se había hecho'". Esto lo dice en la
Comisión el contador Xavier. Es un ejemplo demostrativo de cómo venía actuando este
grupo económico.
Podemos ir analizando cómo se fueron dando los comportamientos y las
notas -no quiero extenderme; no sé el tiempo de que aún dispongo- que se hacen llegar de
parte del grupo económico de los Peirano al Banco Central. Las notas remitidas son
bastante significativas. En 2002 envían varias notas: el 22 de febrero, el 7 de marzo, el
11 de marzo, el 13 de marzo, el 15 de marzo -se van adjuntando; todos los legisladores las
tienen-, el 22 de marzo; en la del 9 de abril el Banco de Montevideo ofrece 15 bienes en
garantía, que terminan siendo 7. Hay otra nota, enviada el 3 de junio -figura en el Anexo
30 de nuestro informe, y recuerden que el veedor se nombra el 9 de junio-, que entre otras
cosas expresa lo siguiente: "Queremos también manifestarle que somos conscientes
que, el apoyo del Banco Central del Uruguay a Banco Montevideo ha sido, en nuestra
opinión, extraordinario, y que el Banco, en muchos casos por problemas de coordinación
internos, ha incurrido en saldos deudores con vuestra institución.[...] Para terminar,
queremos manifestarle dos cosas.- Por un lado, nuestro enorme reconocimiento hacia
Ud." -esta nota estaba dirigida al Presidente del Banco Central- "y hacia todo
el staff del Banco Central del Uruguay por el profesionalismo y seriedad [...]".
¿Qué estoy mostrando con esto? Que no hay duda de que lo que estaba comprando el grupo
económico era tiempo; que en ningún momento tenía la intención de cumplir. Estas notas
se iban repitiendo constantemente.
Me parece que estos son elementos gráficos muy importantes a tener
arriba de la mesa. No queremos calificar, no queremos decir "ingenuidad"; sí
queremos señalar que todas estas notas, analizadas una por una, demuestran claramente la
intención. Se dice que existía voluntad de pago, pero entre una nota y otra de la
presentación de bienes vemos que cada vez más se estaban dando salidas e, inclusive, la
cuenta del TCB iba creciendo. Entonces, son ejemplos que bien vale la pena traer acá.
Con respecto a la operación del TCB -no me voy a extender- debo decir
que actuó desde el 10 de setiembre de 1993. Pero corresponde aclarar para qué fue
autorizado. Solo se autorizó el "TCB Mandatos S.A." cuyo cometido era
"prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica, con el fin de preparar,
promover, o facilitar negocios para sus representados", no pudiendo realizar
operaciones de intermediación financiera por cuenta propia ni de sus representados.
Pero existía otra modalidad de operación que consistía en operar
directamente con el TCB en Gran Caimán. El cliente llegaba al Banco de Montevideo o a
otra institución y pedía que le depositara en una determinada cuenta en TCB-Caimán.
Este tipo de situaciones se daba y este tipo de negocio se podía hacer.
La tercera modalidad de operativa era la
participación con certificados de depósitos, la que se ofrecía en la sede del Banco de
Montevideo en el Uruguay, por lo menos desde 1997. Esto era hacer indirectamente lo que
estaba prohibido hacer directamente: un banco uruguayo tiene participación en depósitos
de clientes; se deposita en la institución y se le manda el dinero al TCB. Esto era lo
que se estaba acumulando cada vez más y era notoriamente una operación fraudulenta para
captar fondos y mandarlos al exterior. Esto era lo que hacía este grupo económico desde
1997. ¿Quién lo debía controlar? Acá hay un organismo que tiene que hacerlo. Eso
quedó al descubierto y hay responsabilidades con respecto a este tipo de situación. El
TCB no puede captar fondos de residentes.
A través de "mails" que nos hicieron llegar a la Comisión
-que muchos de sus integrantes tienen, porque, a esta altura, el tema es bastante
público- se constata al respecto un reconocimiento directo de José Peirano, quien dice:
"[...] que cuando uno aplica este criterio en forma masiva, los riesgos que se corren
son enormes, ya que el TCB no puede captar fondos de residentes y mi preocupación pasa
porque en las sucursales del BM se está vendiendo en forma directa TCB y esto es, como
fumar dentro de una garrafa".
Hay un reconocimiento de esta situación. No hay duda de que se
constatan irregularidades, se deja actuar de determinada forma y hay la responsabilidad de
un organismo que debía controlar y no lo hizo.
El Banco de Crédito es una institución financiera que no escapó a
las dificultades y al colapso del sistema financiero en general, pero tiene ciertas
particularidades que debemos estudiar y que son la causa fundamental de su cierre. No se
puede precisar con exactitud cuánto contribuye una u otra causa a la liquidación del
Banco, pero sí podemos afirmar con total seguridad que la institución tenía problemas
mucho antes del feriado bancario y del colapso financiero del año 2002.
En el año 1998 el Banco de Crédito se fusiona con el Banco Pan de
Azúcar. Más precisamente, el 16 de diciembre de 1998 se celebra el contrato "de
transferencia de cuotas de patrimonio" entre el Banco de Crédito y el Banco Pan de
Azúcar. En este momento la composición accionaria quedó en un 51% en poder de la
Corporación Nacional para el Desarrollo y en un 49% en el del llamado grupo de la
Unificación.
El 30 de diciembre de 1998, el Directorio del Banco Central resuelve un
plan especial estableciendo excepciones que detallaremos.
Del análisis de los documentos presentados a la Comisión se desprende
que la intervención del Banco de Crédito respondió a su insostenible estado de
iliquidez, sin perjuicio de las graves carencias de gestión interna.
Debemos recordar que el propio Banco de Crédito venía actuando con
normas de excepción del Banco Central, como son los regímenes especiales de adecuación
patrimonial de fecha 30 de diciembre de 1998, el cual afecta la responsabilidad
patrimonial mínima, el encaje mínimo obligatorio y topes de inmovilizaciones de
gestión, tope a las posiciones en moneda nacional y extranjera y tope de riesgos.
Con respecto a la capitalización de Rilomán S.A., muchos de estos
casos se detectan por una auditoría externa.
(Suena el timbre indicador de tiempo)
SEÑOR ARGENZIO.- Mociono para que se prorrogue el tiempo de que
dispone el orador.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Se va a votar.
(Se vota)
——Treinta y siete en treinta y nueve: AFIRMATIVA.
Puede continuar el miembro informante en minoría, señor Diputado
Berois Quinteros.
SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: agradezco a los
compañeros por esta oportunidad.
Como decía, en los informes de las diferentes consultoras ya surgía
esta situación y el grupo de la Unificación, sobre todo el grupo minoritario del Banco
-también en este banco había un cúmulo de créditos a los grupos colaterales; se repite
lo mismo que en los otros bancos-, tenía firme voluntad de capitalizarlo, como se dijo en
la Comisión. Había un enorme endeudamiento del grupo de la Unificación en el Banco de
Crédito y venía haciendo retiros de depósitos por lo menos desde diciembre de 2001.
Hay un elemento que es importante. El Banco de Crédito contaba con un
depósito del grupo de la Unificación que ascendía a aproximadamente
US$ 120:000.000. Y los mismos depósitos, que en diciembre eran de US$ 120:000.000, el 25 de febrero de 2002 descienden a
US$ 16:000.000, tratándose de un retiro superior al 80%, lo que le quita liquidez al
banco. O sea que el socio minoritario hace esto. Es cierto: no hay ninguna norma que se lo
impida. Sin embargo, indudablemente esta operación se realiza y de esta manera queda
marcado cómo incide en la liquidez de este banco.
El proceso de gestión, fusión e intervención del Banco de Crédito
demuestra, tal cual lo manifestáramos al comienzo de la exposición, que mucho antes de
la quiebra del sistema financiero era ya una institución con muchos problemas, con las
mismas características de toda la banca gestionada y de los procesos de fusión que se
han verificado en el país.
Es claro que hay una responsabilidad de la Corporación, que, en
definitiva, era el socio mayoritario, porque se utilizaba en mala forma el hecho de que
era un banco privado con respaldo del Estado. Hay propaganda -y tenemos constancia de
ello- que decía: "Un banco privado con el respaldo del Estado". Y la gente
confiaba en esto. Hay claras responsabilidades de la Corporación en su gestión, en la
forma como fue dirigido y en el engaño a la gente, al ahorrista, que en definitiva creyó
en este banco y en el respaldo del Estado. Hoy vemos la penuria y la angustia de muchos
ahorristas que, en definitiva, son el elemento fundamental para seguir confiando y
creyendo en este Uruguay. Y acá esto falló.
Podemos decir que hay varios factores -es cierto, no hay uno solo- y
todos tienen correlación. No hay duda de que el Poder Ejecutivo tomó la decisión de
mantener los bancos abiertos a cualquier precio y, prácticamente, lo hizo hasta el
momento de la crisis. Desde nuestro punto de vista, se tomaron decisiones equivocadas.
¡Claro!, hoy es muy fácil decirlo porque estamos juzgando con el diario del lunes, pero
lo estamos fundamentando. No solamente fueron decisiones equivocadas, sino en momentos
equivocados. Importa no solamente cómo se tomaron las decisiones, sino el momento en que
se tomaron. Unos días son fundamentales, y simplemente basta con analizar los tiempos en
que se fueron elaborando las decisiones en las diferentes notas sobre el Banco de
Montevideo. Si se hubieran adoptado en los tiempos adecuados, la incidencia de esas
decisiones hubiese sido diferente.
La situación del país no era fácil y realmente ninguno de nosotros
queríamos vivirla. Pero, como siempre lo decimos, a nosotros nos tocó juzgar esta
situación. Tratamos de hacerlo, brindando nuestro punto de vista en la forma más clara
posible, de acuerdo con nuestros limitados conocimientos, intentando reflexionar
serenamente y de hacerlo en forma conjunta.
No hay dudas de que acá hubo un Banco Central, un organismo de
contralor, un organismo de supervisión, que falló en los momentos clave. También se
constataron desórdenes desde el punto de vista administrativo, en el tipo de contralores
y en la forma como se realizaban, siendo estos contralores demasiado "light".
¡Y vaya si nos costó y costará a varias generaciones de uruguayos esos contralores
"light"!
SEÑOR FALERO.- ¿Me permite una interrupción?
SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Sí, señor Diputado.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Puede interrumpir el señor
Diputado.
SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: el señor Diputado Berois
Quinteros manifiesta que un veedor fue designado para actuar en el Banco de Montevideo. En
momentos en que el señor Dante Peirano manifiesta que piensa realizar una operación, el
veedor le comunica que eso no está autorizado. Ante esto, el señor Peirano le dice:
"Bueno, mirá, igual la hice". En buen romance, eso fue lo que dijo.
¿Qué hizo el veedor con esa información? Él cumplió con su rol de
veedor, pero el otro señor hizo lo que no tenía que hacer, estafó al país e igual
concretó la operación. ¿Qué hizo el veedor? ¿Se quedó con la información o la
comunicó a alguien?
Creo que esto es importante, porque esa información a algún lado tuvo
que haber ido.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Puede continuar el miembro
informante en minoría, señor Diputado Berois Quinteros.
SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: el veedor dejó la
constancia correspondiente. Y eso fue lo que el veedor dijo: "Por suerte, hice la
constancia correspondiente", y en el expediente surge esta constancia de la falta que
se produjo. Es decir que la constancia del veedor figura en los documentos, hecho que se
torna importante a la hora de evaluar las conductas.
Por otro lado, tenemos el PADUL -nombres raros
que tuvimos que aprender-, que es un procedimiento de contralor de los bancos y que desde
el año 1998 no se realizaba en el Banco Comercial.
El ex Superintendente Fernández Becchino nos manifestó que aunque se
hubiese aplicado el PADUL, en 1998 se producían este tipo de situaciones irregulares y
tampoco detectaron las irregularidades. Lo que el Superintendente provocó en nosotros fue
que tuviéramos muchas más dudas y que nos hiciera temblar mucho más con respecto a la
situación, porque estos elementos tan importantes no se aplicaban desde 1998. Nosotros
entendemos que se deben realizar más controles.
Como un elemento más en las conclusiones, me parece importante
señalar que no se evaluaron los riesgos. Esto es muy importante porque el Banco Central
tenía la obligación de evaluar los riesgos de las colaterales, evaluar el pasaje
constante de créditos hacia las colaterales, evaluar los riesgos de las colaterales que
había en la República Argentina, las incidencias que tenían, las auditorías que no se
hicieron y las auditorías externas que no dieron. Estos riesgos no se evaluaron.
Esto también es una falla del organismo de contralor.
Tampoco se evaluó, reitero, el crecimiento del grupo económico. No es
lo mismo tener un banco con una sucursal en Montevideo y algo más, que un banco que se
extiende en toda la República con la compra del Banco La Caja Obrera y con la posibilidad
de actuar en todo el territorio nacional. Reitero una vez más que tampoco se evaluó el
riesgo de crecimiento de este grupo económico.
No se evaluó el folio número 41, y se dejó a flor de piel un
procedimiento administrativo incorrecto; no se evaluó adecuadamente la responsabilidad de
la Corporación Nacional para el Desarrollo en la publicidad y el engaño que se estaba
haciendo a los depositantes del Banco de Crédito, que confiaron en un banco privado que
contaba con el respaldo del Estado.
De este tipo de situaciones tenemos que aprender; de este tipo de
situaciones constantemente debemos extraer experiencias. Me parece que es bueno que en
esta Cámara se genere un compromiso respecto a todo esto, a los bancos que se vienen
salvando o fusionando. No podemos seguir con este tipo de situaciones, pues cuestan mucho
a todos los uruguayos. Y si un banco se cae, se cae.
Entiendo que estos son elementos importantes para poner sobre la mesa.
Estos procedimientos constantes, esta cultura del salvataje de los
bancos nos ha costado mucha plata a los uruguayos. ¡Muchísima plata! Por lo tanto,
sería bueno que hoy la Cámara se comprometiera a que de aquí en adelante no suceda este
tipo de situaciones.
Finalmente, nosotros dejamos sentado -y seguramente en la resolución
también lo hagamos- algún tipo de propuesta como el seguro de depósito -que
consideramos un elemento importantísimo para evitar este tipo de situaciones-; una mayor
autonomía para el organismo regulador, que ya había sido propuesta por un ex Director,
pues creo importante desvincular al Banco Central de la autoridad económica del momento.
Estos serían elementos importantes para brindar mayor independencia.
Sobre esto tendríamos que ponernos de acuerdo, a efectos de
reglamentar mejor y concretar un cambio de normas en este sentido.
También planteamos la supervisión consolidada. Si en la región se
hubiese realizado una supervisión consolidada con los Bancos Centrales de cada uno de los
países, tal vez no habríamos vivido los hechos que se dieron.
Aquí se tomó y trató de mantener una dirección; el Poder Ejecutivo
adoptó esa dirección y se equivocó al hacerlo. Hoy estamos ante una situación que
trataremos de ver cómo sobrellevar. De estas tristes experiencias tenemos que sacar
conclusiones positivas para evitar que situaciones de esta naturaleza se reiteren.
No hay dudas de que en esto hay responsabilidades, de que hay
organismos que tendrían que haber controlado y no lo hicieron, y de que hay
responsabilidades que quedaron a flor de piel.
Finalmente, creo que debería darse el compromiso de parte de todos los
partidos políticos para dejar sentado que el salvataje de los bancos con dificultades no
debe darse más. Reitero que quisiera arrancar un compromiso político de todos los
partidos políticos para que el salvataje de Bancos no se dé nunca más, pues nos ha costado y costará dinero a muchas generaciones de
uruguayos.
Muchas gracias.
9.-
Licencias.
Integración de la
Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).-
Dese cuenta del informe de la
Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.
(Se lee:)
"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la
siguiente resolución:
Visto la solicitud de licencia por motivos personales oportunamente
concedida al señor Representante Francisco Ortiz, y ante la denegatoria de los suplentes
siguientes de aceptar la correspondiente convocatoria, la Corte Electoral ante solicitud
de la Cámara, proclama nuevos suplentes y se convoca por el período comprendido entre
los días 18 de marzo y 2 de abril de 2004, al suplente correspondiente siguiente señor
Hugo Vergara".
——En discusión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota)
——Treinta en treinta y dos: AFIRMATIVA.
Queda convocado el correspondiente suplente y se le invita a pasar a
Sala.
(ANTECEDENTES:)
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA
DE REPRESENTANTES
JOSÉ AMORÍN BATLLE
781/04
272/2
Señor Presidente:
Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo del día de
hoy, visto que el Representante Nacional por el departamento de Treinta y Tres, Sr.
Francisco Ortiz, electo por la hoja de votación Nº 17 del lema Partido Nacional, ha
solicitado licencia por el período comprendido entre los días 18 de marzo y 2 de abril
de 2004, y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes,
resolvió proclamar Representante Nacional al quinto candidato Sr. Eustacio Saravia y
suplentes a los Sres. Hugo Vergara, Juan Casanova y Juan Picot.
Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término
de la licencia concedida al Representante Nacional señor Francisco Ortiz y en el concepto
de que se han cumplido las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución
de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del
artículo 1º de la Ley Nº 10.618,
en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465 de 14 de enero de 1994.
Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.
CARLOS A. URRUTY
Presidente
ANTONIO MORELL
Secretario Letrado"
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.
Presente.
De mi mayor consideración.
Por la presente me dirijo a Ud. para comunicarle que por esta vez, no
acepto la convocatoria que he recibido, solicitando que se convoque al siguiente suplente.
Sin más, saluda atte.
Eustacio Saravia".
"Comisión de Asuntos Internos
VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, oportunamente
concedida al señor Representante por el departamento de Treinta y Tres, Francisco Ortiz,
por el período comprendido entre los días 18 de marzo y 2 de abril de 2004.
RESULTANDO: Que los suplentes correspondientes siguientes, señores
Ruben Arismendi, Luis A. Rodríguez y Sabino Queirós no habían aceptado por esa vez la
convocatoria de que fueron objeto.
CONSIDERANDO: I) Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la
Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó a los señores Eustacio Saravia, Hugo
Vergara, Juan Casanova y Juan Picot, como suplentes, lo que comunicó por Oficio
Nº 781/04, de 18 de marzo de 2004.
II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria el suplente siguiente,
señor Eustacio Saravia.
ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución
de la República y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.
La Cámara de Representantes,
R E S U E L V E :
I) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente
siguiente señor Eustacio Saravia.
II)Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el
departamento de Treinta y Tres, por el período comprendido entre los días 18 de marzo y
2 de abril de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación
Nº 17, del Lema Partido Nacional, señor Hugo Vergara.
Sala de la Comisión, 18 de marzo de 2004.
GUILLERMO ÁLVAREZ, HEBER DUQUE, TOMÁS TEIJEIRO".
10.- Diversas actuaciones
relacionadas con el sistema financiero y bancario.
——Continúa la consideración del asunto en debate.
Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado
Mieres.
SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: no es una formalidad sino
realmente un deber de todos los que integramos esta Comisión empezar por agradecer el
trabajo realmente titánico de la Secretaría, llevada adelante por las señoras Adriana
Tusinelli y Matilde Garín; el apoyo que nos brindaron el señor Secretario de la Cámara,
doctor Horacio Catalurda, el Cuerpo de Taquígrafos y los funcionarios de grabación y de
Sala.
Como ya se ha mencionado aquí, el trabajo fue muy extenso, agotador
por momentos y muy arduo. Y, como lo cortés no quita lo valiente, vale señalar la
actitud del Presidente de la Comisión, el señor Diputado Gabriel Pais, que en una
Comisión muy complicada y muy difícil, que tenía entre manos quizás el problema más
grave ocurrido en las últimas décadas en el país, manejó el trabajo con ecuanimidad y
equilibrio. Se puede decir que contribuyó a lograr un clima de respeto y que tuvo la
actitud de facilitar los distintos planteamientos, como por otra parte debe ser.
Ciertamente, junto con la buena voluntad de todos los que integramos esta Comisión, se
logró que el clima durante toda la gestión de la Comisión Investigadora fuera un
aspecto facilitador del trabajo y no algo que de alguna forma pudiera empañar o
dificultar la tarea.
No voy a dedicar mucho tiempo a señalar que lo que tuvimos entre manos
fue una crisis fenomenal o, mejor dicho, analizar lo que pasó en este país durante la
mayor crisis que recuerda el Uruguay moderno. Creo que todos los uruguayos asistimos al
fin de una época. No tengo dudas de que la historia y la historiografía van a registrar
el 2002 como el año final de un período caracterizado por ciertas peculiaridades
-algunas de las cuales referiremos en este informe-, que termina con una catástrofe que
afecta enormemente a la sociedad uruguaya en su conjunto y, por supuesto, al Estado.
En este contexto, creo que es muy importante que quede claro cuál es
el alcance del esfuerzo de esta Comisión y cuál es el objeto que persigue, qué es lo
que se nos puede pedir y qué es lo que no se nos puede pedir. Nosotros tenemos un
objetivo, que es determinar el alcance de la responsabilidad de las autoridades públicas
que tuvieron a su cargo la toma de decisiones a lo largo de toda esta crisis financiera y
bancaria. Tenemos el objetivo de determinar las fallas, establecer si existieron o no en
el funcionamiento del sistema financiero, y también -porque no solo de mirar hacia atrás
se trata- debemos plantear recomendaciones y medidas para el futuro. Esto significa que
las responsabilidades notorias y graves que corresponden a los banqueros que cometieron
fraude contra el Estado están en manos del Poder Judicial y, ciertamente, debemos
analizarlas como parte del estudio más específico de las responsabilidades que las
autoridades tuvieron frente a las maniobras y a las conductas dolosas y fraudulentas que
determinaron la estafa a miles de ciudadanos uruguayos que todavía hoy están sufriendo
las consecuencias.
Se ha hablado aquí -y creo que es importante, por lo menos en lo que
hace a nuestro informe- de la magnitud del costo que ha tenido para el Estado la crisis
financiera. Durante la corrida bancaria, el Estado volcó casi US$ 900:000.000 para
tratar de revertirla. El Banco Central destinó US$ 122:000.000 como asistencia
financiera para los Bancos Comercial, de Montevideo, La Caja Obrera y de Crédito;
además, la asistencia financiera para el Banco Hipotecario del Uruguay fue de
US$ 233:000.000. El Ministerio de Economía y Finanzas, por la vía de depósitos a
favor de la Corporación Nacional para el Desarrollo, había colocado US$ 488:000.000
como asistencia indirecta para tres de los cuatro bancos que finalmente terminan
suspendidos; además, aportó US$ 33:333.000 para capitalizar
al Banco Comercial. Asimismo, en virtud de la ley que votamos en este Parlamento en agosto
de 2002, se volcaron otros US$ 734:000.000 para crear el Fondo de Estabilización del
Sistema Bancario, que tuvo por objetivo pagar los depósitos a la vista de los bancos
públicos y de los bancos suspendidos. Estamos hablando de que, en total, el Estado
uruguayo destinó US$ 1.600:000.000 a procurar paliar la situación, y no estoy
incluyendo los perjuicios indirectos que sobre el Estado y sobre los ciudadanos de nuestro
país tuvo la crisis.
¿Cuáles son las responsabilidades que caben a las autoridades
públicas en todo este proceso? Creo que las hay de diverso tipo, alcance y naturaleza. En
primer lugar, hay responsabilidades políticas en el diseño de la estrategia global
frente a la crisis. Desde los años ochenta hasta esta última crisis, la premisa de los
distintos Gobiernos que ha habido en el país ha sido que el Estado uruguayo tenía la
obligación de sostener a cualquier precio la estabilidad de la plaza financiera y, por lo
tanto, de evitar la caída de cualquier banco. Diría que esta idea es la matriz de la
conducta del Gobierno; obviamente, lo fue en este caso, aun cuando -como se ha dicho en
diversas ocasiones- la naturaleza de la crisis era distinta. No estábamos en presencia de
una crisis que afectara a uno de los componentes del sistema financiero, sino que -como se
ha calificado- se trataba de una crisis sistémica.
Cuando uno piensa que los Gobiernos que ha tenido Uruguay en la última
década y media han tenido como un objetivo central sostener la plaza financiera y a
cualquiera de sus bancos aun a costos muy altos, se imagina que el sistema financiero
debía tener como cualidad una significativa fortaleza. Sin embargo, la crisis que vivimos
en 2002 dejó al desnudo importantes -diría muy significativas- debilidades; y, sin duda,
una alta exposición al riesgo argentino por los vínculos empresariales de algunas de las
instituciones financieras que estaban cruzadas en la región y por la magnitud de los
depósitos de los no residentes. Pero, en todo caso, esta es una característica
ambivalente porque al mismo tiempo representaba una de las fortalezas del sistema: la
captación de importantes recursos en materia de depósitos de no residentes.
Lo que nos sorprendió fue la ausencia de medidas globales que
incentivaran y mantuvieran la confianza en el sistema. Se ha mencionado aquí -lo hizo el
señor Diputado Berois Quinteros y antes la señora Diputada Charlone- que nunca se
implementó un seguro de depósitos, a pesar de que en febrero de 2002 un informe técnico
del Banco Central señalaba que, comparado con lo que al final el Estado tuvo que destinar
para bancar la crisis, si lo hubieran implementado en el momento oportuno, el costo
habría sido menor y probablemente habría impedido que la corrida se produjera. La
supervisión global consolidada de la que se nos habló en la Comisión Investigadora
-confieso que para nosotros era un término novedoso- implicaba, ni más ni menos, la
posibilidad de que las autoridades del sistema financiero uruguayo tuvieran la capacidad
de conocer, de analizar y de inspeccionar lo que ocurría en otros sistemas financieros
vinculados, como el argentino. Si bien hubo avances preparatorios para la implementación
de esta medida, nunca se llegó a implementar, pero se daba algo que para mí es una
ausencia de larga data en nuestro país, y tiene que ver con la existencia de normativas
mucho más exigentes y claras en materia de apreciación, regulación y fiscalización de
los conjuntos económicos. Acá hay necesidades notorias de legislación y algunas de las
normas se deberían impulsar rápidamente.
Lo que más nos impactó de las debilidades del sistema financiero
uruguayo fue la sorprendente debilidad institucional del Banco Central del Uruguay, la
falta de recursos humanos en cantidad suficiente y calificada, la falta de una
modernización conceptual del contralor -de su objeto, de sus alcances- y algunas -no digo
todas ni mucho menos, señor Presidente- de las principales autoridades en materia de
fiscalización del sistema financiero nos dejaron una sensación muy grande de
preocupación, porque se demostraba notoriamente falta de idoneidad técnica para el
cumplimiento de ciertas funciones.
Por otra parte, el sistema financiero uruguayo, que de alguna manera se
había convertido en la niña bonita del país en las últimas décadas, tenía en
funcionamiento instituciones incapaces de cumplir con las normas bancocentralistas, que
eran, además, gestionadas pésimamente por el Estado, a través de instituciones como la
Corporación Nacional para el Desarrollo, que notoriamente carece de capacidad técnica y
de idoneidad para gestionar un banco. A confesión de parte, relevo de prueba, porque las
propias autoridades de la Corporación, en su comparecencia ante la Comisión
Investigadora, reconocieron que esta era una mera tenedora de acciones de los bancos.
La conclusión es que existía una flagrante
inconsistencia entre una apuesta fuerte del país o del Gobierno a la plaza financiera y,
por otro lado, las debilidades señaladas. El sistema financiero uruguayo era una especie
de ídolo con pies de barro, que cuando llegó la tormenta regional dejó al desnudo sus
graves debilidades y falencias.
Agregaría una responsabilidad genérica adicional: la persistencia
hasta el extremo de una estrategia equivocada, hasta límites y plazos absolutamente
incomprensibles. A fines de junio de 2002, en este país ya se había producido la
devaluación; al día siguiente se produjo la intervención del Banco de Montevideo. Sin
embargo, ocurridos esos dos hechos -que lo único que podían hacer era acelerar el ritmo
de la debacle financiera y del retiro de depósitos-, el Ministerio de Economía y
Finanzas pone US$ 400:000.000 más, vía depósito en la CND, en los bancos en crisis
buscando, a esa altura, yo diría que un efecto mágico, imposible de ocurrir, pero que en
todo caso tenía como único resultado una mayor pérdida de recursos del Estado y una
demora en decidir algo que un mes después, por la fuerza de los hechos se produce, que es
el feriado bancario y la situación en que nos encontramos todos. A este primer aspecto lo
llamaría responsabilidad política general del diseño de la estrategia política para
combatir la crisis financiera.
Creo que el segundo aspecto es una responsabilidad específica del
Banco Central del Uruguay en su capacidad de contralor, la función principal que el
órgano rector del sistema financiero debe cumplir en el país. Hay dos ejemplos
sustanciales. Uno de ellos es la detección muy tardía -años tarde- de las
irregularidades que venían produciéndose en el Banco Comercial, de las que nosotros nos
enteramos -como lo señalaba el señor Diputado Gabriel Pais en su informe- en enero de
2002, pero que en realidad se venían produciendo desde años atrás y que el Banco
Central no había registrado, no había detectado porque había ausencia de inspecciones
in situ. La periodicidad de los llamados análisis PADUL no era la recomendada a nivel de
las prácticas financieras; existieron descoordinaciones en el proceso de cambio de la
responsabilidad del contralor de un grupo inspectivo a otro; hubo demoras, dado que la
Superintendencia de ese momento, creo, no actuó con la diligencia y la velocidad del caso
para detectar el proceso de defraudación por parte de algunos de los accionistas -o
quizás de todos; no lo sabemos todavía- al propio banco, a sus ahorristas y al Estado
uruguayo.
La segunda demostración de esta responsabilidad del Banco Central en
cuanto a su contralor, es la incapacidad de hacerse obedecer por las autoridades del Banco
de Montevideo. Cuando el Banco Central, en febrero de 2002, detecta -el señor Diputado
Berois Quinteros hizo un "racconto" muy concreto y específico de los hechos;
solamente me voy a referir a algunos elementos puntuales- que el Banco de Montevideo
estaba generando una alta exposición de riesgo a empresas colaterales o a personas
vinculadas, el 7 de marzo de 2002 toma una decisión absolutamente compartible. El
Directorio del Banco Central le dice al Banco de Montevideo que cese inmediatamente los
préstamos a las colaterales, que deje sin efecto los existentes y no aumente el riesgo
con respecto al TCB. ¿Qué es lo que hace el Banco de Montevideo? Desacata; eso, en buen
romance, es lo que hacen las autoridades del Banco de Montevideo; y no el 8 de marzo: el
8, el 9, el 10, el 20 de marzo, el 10 de abril, el 15 de abril y, diría, hasta el 21 de
junio. Lo que dijo el señor Diputado Berois Quinteros es que, inclusive, después de que
el Banco Central establece la veeduría en el Banco de Montevideo, el 9 de junio, se
siguen desacatando las directivas del Banco Central durante dos semanas más. Recién tres
meses y medio después del 7 de marzo de 2002, el Banco Central del Uruguay toma la medida
de la intervención.
Sé que es muy difícil y no puedo dejar de tener en cuenta que hay que
ponerse en los zapatos de quienes tienen que tomar estas decisiones, pero no cabe ninguna
duda de que después que tomo una resolución de la importancia que supone la del 7 de
marzo, siendo la autoridad del sistema financiero uruguayo, debo hacerme obedecer y, si no
se me obedece, debo actuar porque, de lo contrario, la pérdida de autoridad es
irremediable. Sin embargo, lo que ocurrió es lo que en la jerga judicial se llama
chicanear, de parte de las autoridades del Banco de Montevideo que piden prórrogas,
presentan una carta de intención con nuevas posibilidades y, en definitiva, determinan
que el 25 de abril -es decir, un mes y medio después- el Banco Central tome una nueva
resolución, diría mucho más benevolente, con este banco que, sin embargo, desde el 7 de
marzo al 25 de abril no había hecho otra cosa que aumentar su exposición al TCB,
incumpliendo las resoluciones del Banco Central. En definitiva, cuando se produce la
decisión de veeduría en el Banco de Montevideo, la exposición
de este a las empresas vinculadas había aumentado de US$ 90:000.000 a
US$ 200:000.000.
Es decir que frente a la cara de las autoridades del Banco Central, el
Banco de Montevideo había persistido en sus conductas, sin que hubiera en ese sentido
ningún impedimento por parte de las autoridades. Si esto no es responsabilidad
administrativa, no sé qué otra cosa puede significar responsabilidad administrativa.
También creo que hay responsabilidades del Banco Central y diría que
de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en lo que tiene que ver con la gestión
del Banco de Crédito. Antes de comenzada la crisis, el Banco de Crédito carecía de
solvencia patrimonial y solo podía seguir funcionando gracias a excepcionalidades, a una
serie de normas especiales que el Banco Central había aprobado para él. La Corporación
Nacional para el Desarrollo era la propietaria del 51% de las acciones. Sin embargo,
siempre nos dijo que no había asumido una responsabilidad directa de gestión. Y por otra
parte el Banco Central del Uruguay le había garantizado -cuando le entregó el 51% de las
acciones del Banco de Crédito- que en ningún caso la evolución de la realidad del Banco
de Crédito iba a significar una afectación patrimonial para la Corporación Nacional
para el Desarrollo. Por lo tanto, en buen romance, lo que se le estaba diciendo era que
independientemente de que la gestionara bien o mal, no tenía costos. Yo diría que eso es
la contracara de lo que se debe exigir en una gestión. Si yo le otorgo la gestión de un
banco a una institución, obviamente tiene que haber contrapartidas; tiene que haber
premios y castigos. Porque si en cualquier caso no va a haber costos, ¿cómo puedo
esperar que haya una preocupación seria y profunda por el funcionamiento?
Al inicio de 2001, el accionista minoritario, a través de sus empresas
vinculadas, tenía una relación de equilibrio entre créditos y deudas, entre deudas con
el Banco y créditos otorgados, pero al final del año había retirado más del 90% de sus
depósitos sin abatir ninguna de sus deudas. Es decir que el accionista minoritario del
Banco de Crédito, al inicio de la crisis financiera, había pasado de mantener una
posición de equilibrio a ser un deudor por aproximadamente US$ 100:000.000, mientras
que sus empresas vinculadas solo tenían alrededor de US$ 17:000.000 o
US$ 18:000.000 en ese banco. Esto sucedía en las narices del Directorio del Banco de
Crédito, en el que la mayoría la tenía el Estado uruguayo a través de las personas que
la Corporación Nacional para el Desarrollo había designado. Entonces, me parece que por
lo menos debería haber una responsabilidad por omisión de parte de la Corporación
Nacional para el Desarrollo.
En ese contexto, en el que el accionista minoritario retiraba
depósitos y no cancelaba deudas, y el Banco de Crédito seguía incumpliendo con las
normativas bancocentralistas, el Banco Central por mayoría -con el voto discorde de la
contadora Medero- adoptaba la Resolución Nº 484, de noviembre de 2001, por la que
nuevamente se otorgaban ventajas y excepcionalidades al Banco de Crédito, cuando todo
indicaba que había que ajustar las clavijas y que por lo menos habría que haber
condicionado esas nuevas excepcionalidades a un cambio de conducta del accionista
minoritario. Sin embargo, eso no se hizo.
¿Cuál es la moraleja de esta circunstancia del Banco de Crédito, que
se podría trasladar al Banco La Caja Obrera, más atrás, o a la vieja etapa del Banco
Comercial? La moraleja es: por favor, no más bancos gestionados. La Corporación Nacional
para el Desarrollo no sirve para gestionar bancos y el Ministerio de Economía y Finanzas
tampoco, pues no está hecho para eso; no está hecho para ser el dueño de un banco. Eso
significa que hoy el país tiene por delante una situación que, espero que más a la
corta que a la larga, debería solucionar. No es bueno que el Nuevo Banco Comercial
también sea parte de este régimen de propiedad estatal sin que sea un ente autónomo ni
nada, sino simplemente una empresa privada. Lo que corresponde -ojalá se logre a la
brevedad posible- es que el Nuevo Banco Comercial sea gestionado por accionistas privados.
Eso es lo que corresponde en el sistema financiero para que los bancos funcionen a cuenta
y riesgo de sus accionistas.
Creo que la moraleja también es la de nunca más disimular situaciones
insostenibles; nunca más buscar la manera de disimular -no digo ocultar- debilidades de
las instituciones financieras. El Banco Central no puede controlar a los bancos y al mismo
tiempo ser responsable por la gestión de alguno de ellos; en algún momento la
Corporación Nacional para el Desarrollo nos dijo que, en realidad, el que se encargaba
era el Banco Central. El Banco Central no puede controlar y tener bajo su égida a un
actor que debe ser controlado, y el Ministerio de Economía y
Finanzas tampoco.
Es decir que, a pesar de todo lo sucedido, todavía tenemos asuntos
pendientes por solucionar, que ojalá se resuelvan rápidamente.
Con respecto al proceso de venta del Banco La Caja Obrera al Banco de
Montevideo, desde nuestro punto de vista creemos, a fuer de sinceros, que efectivamente la
actuación de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no merece observaciones. Lo que sí
nos merece una observación muy seria es una decisión del Directorio del Banco Central
-otra vez tomada por mayoría-, del 27 de noviembre de 2001. En esa oportunidad,
retrotrayéndonos al proceso de adjudicación de la venta del Banco La Caja Obrera, se
llama a expresiones de interés, hay más de un interesado, las condiciones que exige uno
de ellos hacen que la Comisión Asesora de Adjudicaciones lo descarte en la apertura de
los primeros sobres, y para la segunda etapa, la de apertura del segundo sobre, queda solo
en carrera el Banco de Montevideo. Esto es muy claro. En el proceso de adjudicación, lo
único que se debía considerar en el segundo sobre era el precio, y precisamente el
contenido del segundo sobre es el precio. Pero cuando ya el Banco de Montevideo había
ganado la carrera por la adjudicación de la venta del Banco La Caja Obrera, pide al Banco
Central que al Banco La Caja Obrera se le otorguen tratamientos excepcionales, lo que
estaba expresamente excluido de los pliegos de licitación originales. No es la Comisión
Asesora de Adjudicaciones, sino el Directorio del Banco Central por mayoría, el que
resuelve hacer lugar al petitorio de un competidor que ya había dado el paso y que luego
de haberlo hecho y de ganar cumpliendo con las condiciones, pide un cambio de reglas de
juego, y eso le es otorgado.
Diría que este es un ejemplo realmente preocupante de falta de
ecuanimidad en la adjudicación de un bien como un banco, a un comprador que después que
ganó pide un cambio de reglas de juego y se le otorga.
No comparto las críticas que se han hecho acerca de la eventual
nulidad del contrato de compraventa; no estoy de acuerdo. Me parece que la compraventa se
hizo con fines de fusión, que por lo tanto era instrumental, y que no hay muchas otras
formas de lograr que dos bancos privados se conjuguen en uno solo. En consecuencia, en ese
sentido no tengo observaciones. Pero sí planteo una observación muy fuerte a la
decisión tomada por el Directorio del Banco Central el 27 de noviembre de 2001.
Con respecto a las responsabilidades vinculadas con el contrato de
capitalización del Banco Comercial, hemos estudiado los informes jurídicos que se nos
han proporcionado en el seno de la Comisión y tiendo a creer que el Poder Ejecutivo
actuó dentro de sus competencias en la firma del contrato de capitalización en la medida
en que eso está autorizado por el numeral 3) del artículo 15 del TOCAF. Sin
embargo, con la misma convicción con que expreso esto, digo que se incumplió con la
obligación de dar cuenta inmediata a la Asamblea General, y esto es tan ley como lo
anterior. Lo que establece el artículo 15 es un equilibrio en esas potestades
realmente muy fuertes que se le otorgan al Poder Ejecutivo para actuar en ciertas
circunstancias especiales, pero con un contrapeso que es lógico y que permite un
equilibrio institucional, que es que en el mismo momento en que realiza ese acto, dé
cuenta al poder controlador, que es el Poder Legislativo; en el mismo acto. Ya no es
solamente una cuestión de inmediatez en el tiempo, sino que la norma establece el
requisito de que en el mismo acto en que el Poder Ejecutivo toma la decisión -en este
caso, de capitalizar al Banco Comercial y por lo tanto de asumir una cuota parte de su
patrimonio y, por ende, de su responsabilidad-, debe dar cuenta a la Asamblea General.
¿Pero qué ocurrió, en contrario? Porque acá no basta -como se ha argumentado en
defensa de lo actuado- con publicar en el diario que se hizo la capitalización; no basta
con informar a las Comisiones legislativas que se hizo la capitalización, como se
informó en abril de 2002 a la Comisión de Hacienda del Senado, que funcionaba integrada
con su homóloga de la Cámara de Representantes. En esa oportunidad, se pidió al señor
Ministro de Economía y Finanzas el texto del contrato, pero este no estuvo disponible
para el Parlamento hasta después del feriado bancario, es decir, hasta fines de julio de
2002. Notoriamente, hay un incumplimiento de la norma en lo que tiene que ver con
complementar la información. Es decir, el Poder Ejecutivo tiene una potestad -que yo se
la reconozco; no creo que se haya actuado contrario a derecho en ese punto-, pero no
completó el proceso que garantiza el equilibrio, que consiste en informar al Parlamento:
"Mire que hicimos esto y tiene tales contenidos".
Por supuesto que debo señalar que los
contenidos del contrato establecen una asimetría tal de obligaciones entre las partes
que, ciertamente, deben ser calificados como altamente inconvenientes. No considero que el
contrato de capitalización sea ilegal, pero creo que es políticamente inconveniente y
lesivo en sus contenidos para los intereses del Estado uruguayo. El Poder Ejecutivo por
esta vía asumió la obligación de participar en una sociedad de economía mixta, lo que
debe autorizarse por ley, pero esta dificultad la subsanó casi de inmediato, cuando
traspasó las acciones a la Corporación Nacional para el Desarrollo que, de acuerdo con
la normativa que la regula, como no es estatal, no requiere la aprobación legislativa
previa. La falta de noticia a la Asamblea General es una omisión importante por parte del
Poder Ejecutivo.
En cuanto a la asistencia financiera del Banco Central al Banco
Comercial, la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco
Central comenzó a señalar dificultades patrimoniales en diversos informes desde febrero
de 2002. No obstante, el informe que produce la Superintendencia encargada de la
supervisión de las instituciones financieras el 5 de abril de 2002 es clarísimo: ya no
hay dudas de que el Banco Comercial tenía patrimonio negativo, no desde abril de 2002,
sino desde diciembre de 2001.
Por lo tanto, con respecto a las asistencias financieras que votó el
Directorio del Banco Central para el Banco Comercial desde el 20 de febrero al 5 de abril,
uno podría decir: "En la medida en que el Directorio no tenía elementos y no
contaba con información suficiente ni categórica que determinara que no se cumplía con
la responsabilidad patrimonial mínima, no se lo puede responsabilizar". Yo estoy de
acuerdo con eso, por más de que en realidad el patrimonio negativo ya existía, pero si
eso no es conocido, mal se puede endilgar responsabilidad a las autoridades. No obstante,
de lo que no quedan dudas es que las asistencias posteriores al informe del 5 de abril,
que están contenidas en las Resoluciones D 187/2002, D 188/2002 y D 189/2002, son
notoriamente ilegales, porque no están dentro de lo que establece el artículo 37 de
la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay. También son ilegales las Resoluciones
D 147/2002 y D 191/2002, que autorizaban a extender las líneas de crédito del
Programa de Crédito Multisectorial II, porque allí se establece expresamente que el tope
de esta línea de crédito no puede superar el 50% de la responsabilidad patrimonial neta
y, obviamente, ese tope había sido largamente superado, al punto de que estábamos
hablando de una institución con patrimonio negativo.
Entonces, el tema se traslada a si efectivamente había habido
conocimiento de ese informe, y entramos en el famoso caso del expediente Nº 9855,
que diría que podemos calificar como un episodio kafkiano dentro de la investigación,
porque fue imposible llegar a establecer con claridad el itinerario completo del
expediente y la suerte del folio 41 desaparecido.
SEÑOR ABDALA.- ¿Me permite una interrupción?
SEÑOR MIERES.- Sí, señor Diputado.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Puede interrumpir el señor
Diputado.
SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: a la Cámara le consta mi buena
relación con el señor Diputado preopinante, pero hay un argumento que él ha esgrimido
que debilita su postura, porque dice: "El Banco Central estuvo proveyendo asistencia
durante un tiempo y puedo entender que efectivamente algunas de esas asistencias estaban
en la buena línea, iban en la buena dirección". Pero luego demarca un determinado
período de tiempo y construye la tipificación de ilegalidad.
Entonces, mi buen amigo Pablo Mieres, o está mal siempre el Banco
Central cuando impulsa acciones para asistir y está por fuera de la norma, o está
equivocado en lo que dijo inicialmente. Uno de los dos planteos no coincide.
Yo creo que el Banco Central -podré tener matices- peleó hasta el
final para la operación salvataje: claramente estaba empecinado en eso. Esa es la
sensación que a uno le queda. No creo que hubiera allí un acto de responsabilidad. Es
más: no he estado en la Comisión Investigadora -uno ha manejado este tema sobre todo por
la información que los colegas de la Comisión nos han brindado-, pero es evidente que
los Directores estaban metiendo furgón y carbón para tratar de sacar adelante el Banco.
Por eso digo que en el planteo que realizó el señor Diputado Mieres
es lo uno o lo otro, pero la virginidad no queda en el aire.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Puede continuar el miembro
informante en minoría, señor Diputado Mieres.
SEÑOR MIERES.- Señor Presidente:
entendemos que la complejidad de estos temas obliga a hacer una aclaración mayor para que
se entienda el razonamiento.
El artículo 37 de la Carta Orgánica del Banco Central establece
la posibilidad de asistir financieramente a una institución financiera solo hasta el
límite de su responsabilidad patrimonial neta. Eso significa tener una información
suficiente acerca de cuál es el estado de esa responsabilidad patrimonial para poder
asistir. Cuando la Superintendencia llega a la conclusión de que el Banco Comercial tiene
una situación patrimonial negativa -por lo tanto, no puede ser objeto de asistencia
financiera dentro de la legalidad- es el 5 de abril. Antes hay una sucesión de informes
que generan dudas acerca de la situación patrimonial. Por tanto, otorgo al Directorio del
Banco Central el beneficio de la duda en su favor. Es decir, como no estaba seguro, no lo
voy a calificar sobre esas decisiones. Pero sí lo debo hacer a partir del momento en que
el informe es categóricamente claro en cuanto a la situación patrimonial negativa. Con
esto espero haber satisfecho la duda del señor Diputado Abdala.
Además, está el famoso expediente Nº 9855, que se pierde unos
días y luego reaparece en un cajón no de manera igual a como se había perdido; aparece
con un folio menos debido a un refoliado. Tengo la impresión de que nunca vamos a
encontrar ese folio número 41. Me quedo con una sensación de frustración porque hemos
hecho un gran esfuerzo. Creo que todos los miembros de la Comisión destinamos un tiempo
desproporcionado para tratar de encontrar el folio número 41 o, por lo menos, para saber
quién lo había sacado del expediente; pero no pudimos saberlo. Lo que contenía ese
expediente -y por eso era tan importante- era el famoso informe del 5 de abril que
determinaba que el Banco Comercial ya no podía ser asistido financieramente. El problema
era que las asistencias financieras habían persistido. Entonces, si este expediente, que
fue elevado por el Superintendente de bancos al Directorio, llegó a su conocimiento y si
el Directorio -aun conociéndolo- votó las asistencias financieras, se determinaba una
situación de apartamiento de lo establecido en la Carta Orgánica del Banco Central. Por
ello era crucial saber si había llegado o no al Directorio. El famoso folio número 41
supuestamente indicaba el destino del expediente, que no era otro -según el testimonio
del Superintendente de la época, contador Fernández Becchino- que el Directorio del
Banco Central.
No quiero dedicar mucho tiempo a este punto. Me parece obvio que,
aunque el expediente no hubiese llegado al Directorio, resulta que -de acuerdo con los
testimonios que hemos recogido a lo largo y ancho de esta investigación- los únicos que
no supieron su contenido, de todo el Banco Central, de toda la Superintendencia y del
propio Directorio, han sido el señor Presidente y la señora Vicepresidenta del
organismo. Uno debe estar atento a las declaraciones, pero resulta preocupante que
precisamente las autoridades máximas del Banco hayan sido las únicas en no estar al
tanto de semejante dato, es decir, el estado patrimonial de un banco al cual se va a
resolver asistir sabiendo que hay una situación por lo menos dudosa desde antes.
Creo que en este caso se ha producido una situación grave con
apariencia delictiva. Evidentemente, arrancar un folio de un expediente público -sea
quien sea el que lo haya hecho- es algo que debemos denunciar. Se hizo en su momento y
seguramente esta Cámara no hará otra cosa que volver a hacerlo para ver si la Justicia
tiene más suerte que nosotros. ¡Ojalá la tenga! Hemos encontrado algunas
contradicciones en quienes declararon en su momento, las que no pudimos salvar porque la
Comisión Investigadora no tiene las potestades del Poder Judicial. Seguramente, este
Poder del Estado podrá aclarar la situación.
El expediente sale de la Superintendencia, durante un día y medio no
se sabe dónde anda y luego, un par de días después, aparece en el escritorio del
Intendente con una hoja arrancada, refoliado. Preguntamos al funcionario encargado de
refoliar por qué había refoliado y nos dijo que lo hizo porque había recibido el
expediente para refoliar. Nos dijo que tachó en el "sigue" el número de la
hoja que había sido arrancada y que en su lugar puso una nota que, curiosamente, era la
nota por la cual el Banco Comercial contestaba el pedido que ese informe -que
supuestamente no había llegado al Directorio- reclamaba. En definitiva, el expediente
continúa con una respuesta del Banco Comercial a preguntas que hacía el informe que
supuestamente nunca había llegado al Banco Comercial, porque el expediente no había
llegado al Directorio. Sin embargo, la respuesta estaba allí.
El funcionario encargado de refoliar no nos supo decir quién le había
mandado refoliar. La sustracción del folio recién fue conocida
en diciembre de 2002 a raíz de la aparición del informe. En el Banco Central se va a
buscar el expediente y en ese momento se advierte que había habido una desaparición de
una hoja y que se había refoliado. El refoliado ocurrió a fines del mes de abril de 2002
y hasta mediados de diciembre de ese año en el Banco Central nadie se dio cuenta de que
había ocurrido semejante circunstancia. En fin, uno se queda con una sensación de
frustración por no haber podido aclarar estos hechos. Ya llegará el momento en que se
aclaren estas cosas.
Desde nuestro punto de vista, también hay responsabilidad del Banco
Central en la asistencia financiera al Banco de Montevideo. En la resolución de 7 de
marzo de 2002 se solicitó al Banco de Montevideo un plan de adecuación patrimonial, y de
ahí en más la situación patrimonial de este banco no hizo otra cosa que empeorar.
(Suena el timbre indicador de tiempo)
SEÑOR FALERO.- Mociono para que se prorrogue el término de que
dispone el orador.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Se va a votar.
(Se vota)
——Cuarenta y ocho en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.
Puede continuar el miembro informante en minoría, señor Diputado
Mieres.
SEÑOR MIERES.- Decía que en la resolución del 7 de marzo de 2002
del Directorio del Banco Central sobre el Banco de Montevideo, se solicitaba a este
último un plan de adecuación patrimonial. Esto implicaba que había un problema
patrimonial en el Banco de Montevideo a marzo de 2002. De ahí en más los números
indican que la situación patrimonial del Banco de Montevideo no hizo otra cosa que
empeorar.
(Ocupa la Presidencia el señor Representante Amorín Batlle)
——Por lo tanto, las resoluciones que el Directorio del Banco
Central aprueba por unanimidad el 17 de mayo de 2002 y otras sucesivas hasta el 4 de junio
de ese año, sin ninguna duda se producen en un momento en que el Banco de Montevideo
carecía también de responsabilidad patrimonial. Por ende, se había producido -al igual
que en el caso del Banco Comercial- un apartamiento, en estas resoluciones, de lo
establecido en el artículo 37 de la Carta Orgánica del Banco Central. Agregaría
que la responsabilidad del Directorio del Banco Central está agravada porque esta primera
asistencia financiera ocurre el 17 de mayo, es decir, dos días después de que el Banco
de Montevideo había incurrido en un nuevo incumplimiento de lo prometido al Banco
Central. Las autoridades del Banco de Montevideo se comprometieron a poner cierto dinero a
efectos de capitalizarlo; el plazo vence el 15 de mayo y esto no ocurre. A pesar de estas
circunstancias y del desacato manifiesto del que hablamos anteriormente, el 17 de mayo el
Banco Central actúa con el Banco de Montevideo otra vez de manera benevolente,
otorgándole una nueva asistencia financiera.
Como decíamos al inicio de nuestro informe, la asistencia financiera
era responsabilidad, en una primera etapa, del Banco Central, y cuando este agosta sus
posibilidades de asistir, es sustituido por la asistencia financiera del Ministerio de
Economía y Finanzas.
Vamos a analizar cuál es, a nuestro juicio, la responsabilidad que
puede atribuirse al Ministerio de Economía y Finanzas, que consistió en
US$ 488:000.000 otorgados por la vía de depósitos creados a favor de la
Corporación Nacional para el Desarrollo en los bancos con dificultades. O sea, la
mecánica es entendible: el Ministerio de Economía y Finanzas no da directamente la plata
al Banco de Montevideo, al Banco Comercial o al Banco de Crédito, sino que deposita
dinero en una cuenta de esos bancos a nombre de la Corporación Nacional para el
Desarrollo. De ese modo, esos bancos se hacen de fondos frescos, que utilizan para tratar
de sostener la situación que, a esa altura, era ciertamente muy grave.
Al respecto, desde el punto de vista legal no encuentro -en esto
tenemos una diferencia con algunos otros informes- ilegalidad; creo que se actuó con
arreglo a derecho. El Tribunal de Cuentas, en dictamen del 6 de noviembre de 2002,
ratifica la legalidad de lo actuado. Sí digo que fue políticamente inconveniente y
rotundamente ineficaz, es decir, se usaron más de US$ 400:000.000 para sostener lo
que, a esa altura, era absolutamente irreversible y, en todo caso, se gastó un dinero que
no hizo otra cosa que ir a un barril sin fondo. No hay ningún argumento racional que
sostenga que después del 21 de junio -repito, después de la
devaluación que ocurrió el 20, luego de la señal que representaba intervenir el Banco
de Montevideo- se siguiera intentando salvar la corrida bancaria mediante la inyección de
fondos y fondos, cuando ya los hechos indicaban que el desenlace era inevitable.
Hasta aquí me he referido a la atribución de responsabilidades -o
presuntas responsabilidades, porque en esto hay que ser muy cauto- que, desde nuestro
punto de vista, corresponde señalar.
¿Cuáles son las recomendaciones que entendemos que se deben trasladar
al plenario? Por favor, nunca más salvataje de bancos en problemas. Nunca más permitir
que subsistan bancos que incumplan la normativa vigente. No más bancos a cargo de la
Corporación Nacional para el Desarrollo. No más bancos gestionados por el Estado. Por lo
tanto, la más rápida salida del Nuevo Banco Comercial de la gestión estatal.
También se debe modificar la interpretación del alcance del secreto
bancario estrictamente para los depósitos y no para las deudas. Creo que nuestro sistema
financiero requiere una dosis muy fuerte de transparencia para poder recuperar la
credibilidad y la confianza. En ese sentido, esta Cámara ya dio media sanción a un
proyecto de ley elaborado por nuestro compañero de bancada, el señor Diputado Posada,
por el que se interpreta la normativa vigente en materia de secreto bancario y se le da un
alcance que nunca debió exceder, es decir, que solo comprenda a los depósitos y no a las
deudas.
Asimismo, consideramos que debe haber normas más estrictas en materia
de regulación de conjuntos económicos. Este país tiene una normativa absolutamente
insuficiente en cuanto a la fiscalización posible de la noción de conjunto económico.
Digamos que es un lugar muy favorable para que los conjuntos económicos funcionen sin que
se puedan apreciar en su totalidad y, por lo tanto, sin que se pueda hacer caer sobre
ellos las reglamentaciones vigentes.
También es necesario que haya seguros de depósitos y una reforma y
fortalecimiento del Banco Central, como figura institucional. Sé que algo se ha hecho en
materia de regulaciones administrativas, que nosotros saludamos, pero seguramente todavía
debe avanzarse más.
Señor Presidente: durante años este país pagará las consecuencias
sociales y económicas de esta crisis. Sería una ingenuidad, una simplificación y
parecería de caricatura decir que todo lo que ocurrió es responsabilidad de las
autoridades. Ciertamente, no. Hay cosas que tuvieron que ver con el contexto, como por
ejemplo los impactos regionales; seguramente, de todos modos habríamos sufrido
situaciones adversas, porque cuando una región entra en el marasmo que vivimos, es muy
difícil salir indemne. Pero no tengo ninguna duda de que existieron responsabilidades y
de que si se hubiera actuado de otra manera, esos impactos podrían haberse amortiguado y
atenuado sustancialmente y, en consecuencia, los costos que sufrió nuestra sociedad y
nuestra gente podrían haber sido, ciertamente, menores. En este tema, no creo que sea
conducente caer en una suerte de caza de brujas y perseguir a diestra y siniestra a todo
el mundo, pero tampoco podemos hacer la vista gorda porque lo que ha pasado en este país
es muy grave, muy serio, muy profundo y muy abarcativo.
El Parlamento tenía la obligación de investigar y fue muy bueno haber
votado esta Comisión Investigadora por unanimidad. Hoy, esta Comisión aporta al plenario
sus conclusiones, denunciando las eventuales irregularidades que, de acuerdo con nuestro
parecer, se han constatado. Y en la medida en que creemos que ha habido responsabilidades
políticas -esto es, de orientación y de estrategia-, también hay que señalarlas -como
lo hemos hecho en esta intervención-, así como las administrativas. Por supuesto que
este Parlamento no es quién para atribuir las que merecen otro tipo de calificación
porque, de acuerdo con nuestro sistema institucional democrático, es al Poder Judicial
que compete su dilucidación. Lo que sí es inexcusable para nosotros es que todas estas
actuaciones sean puestas en conocimiento y en manos del Poder Judicial para que actúe de
acuerdo con su competencia. ¡Ojalá que este proceso, además de señalar las
responsabilidades de diversa naturaleza hacia atrás, sea realmente útil para marcar un
camino de lo que debemos hacer para adelante, a fin de que el sistema financiero que
construyamos los uruguayos de aquí al futuro sea mucho más sólido, mucho más estable,
mucho más transparente y mucho más proporcionado a la situación, al tamaño y a las
características de nuestra sociedad y de nuestro Estado!
Era cuanto tenía para decir.
Muchas gracias.
11.-
Urgencias.
SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Dese cuenta de una moción de
urgencia presentada por los señores Diputados Bayardi, Bianchi, Argenzio, Penadés,
Abdala y Mieres.
(Se lee:)
"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de
inmediato la Carpeta Nº 3735/004, 'Preparación y ejecución de los actos
electorales a celebrarse en el año 2004. (Se faculta a la Corte Electoral a disponer la
extensión horaria de sus oficinas y a compensar a su personal)'".
——Se va a votar.
(Se vota)
——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.
12.-
Preparación
y ejecución de los actos electorales a celebrarse en el año 2004. (Se faculta a la Corte
Electoral a disponer la extensión horaria de sus oficinas y a compensar a su personal).
De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el
asunto relativo a: "Preparación y ejecución de los actos electorales a celebrarse
en el año 2004. (Se faculta a la Corte Electoral a disponer la extensión horaria de sus
oficinas y a compensar a su personal)".
(ANTECEDENTES:)
Rep. Nº 1568
"PODER EJECUTIVO
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Montevideo, 11 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Asamblea General:
El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto
proyecto de ley, relativo a la solicitud de la Corte Electoral de dotarla de los
instrumentos jurídicos imprescindibles a fin de llevar a cabo la serie de actos y
procedimientos cívico electorales previstos en la Constitución de la
República y en la legislación vigente.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Corte Electoral estima que la única solución viable para atenuar
la carencia de recursos humanos del organismo es facultarla a extender su horario de
funcionamiento en forma considerable y retribuir a sus funcionarios por el aumento de la
carga horaria que experimenten, de forma de acompasar las retribuciones con el esfuerzo
que deben realizar.
La Corte considera que la contratación de personal temporario, como se
hacía en el pasado, no es el mejor mecanismo para enfrentar el aumento de trabajo del
cierre del período de inscripción cívica y la realización sucesiva de tres actos
electorales. En efecto, la experiencia demostró que los funcionarios que se contrataban
recién se encontraban plenamente capacitados al tiempo en que debían egresar.
Por esas razones, entre otras, se considera más adecuado remunerar al
personal, ya capacitado, por la mayor extensión horaria que imprescindiblemente deberán
cumplir. De lo contrario, la simultaneidad de la realización de las tareas relativas a la
inscripción cívica que en la actualidad se ha extendido hasta el 15 de abril próximo, y
las inherentes a la preparación de los tres actos electorales referidos, con el escaso
personal con que cuenta la Corte cumpliendo las tareas en el horario habitual de
funcionamiento, tornarán imposible el cumplimiento de las mismas en tiempo, en forma
adecuada.
En cuanto al monto de los recursos financieros necesarios para atender
las referidas remuneraciones, así como los demás gastos necesarios para afrontar los
citados actos, se acordará con el Ministerio de Economía y Finanzas tal como ha ocurrido
en las instancias anteriores de consulta a la ciudadanía.
Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.
JORGE BATLLE IBÁÑEZ, ISAAC ALFIE, SANTIAGO PÉREZ DEL CASTILLO.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Con motivo de los actos electorales y de los
actos de plebiscito y referéndum cuya organización es cometida por la Constitución o la
ley a la Corte Electoral, así como para abordar la intensificación de tareas de
inscripción cívica que provoca el cierre del período inscripcional el próximo 15 de
abril de 2004, facúltase a la Corte Electoral a disponer la extensión horaria de sus
oficinas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 334
de la Ley Nº 15.903, de 10
de noviembre de 1987 y a retribuirla con sus fondos presupuestales y recursos que por vía
administrativa se le asignen a tal efecto. Se le faculta asimismo para compensar a su
personal con los mismos fondos y recursos, por su participación en la preparación y
ejecución en los actos referidos, evaluándose dicha participación por tarea terminada y
cumplida, todo sin detrimento de la compensación prevista en el artículo 504 de la Ley Nº 16.170, de 28 de
diciembre de 1990.
Montevideo, 11 de marzo de 2004.
ISAAC ALFIE, SANTIAGO PÉREZ DEL CASTILLO.
CÁMARA DE SENADORES
La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Facúltase a la Corte Electoral a
disponer la extensión horaria de sus oficinas, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 334 de la Ley
Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987. La Corte Electoral queda facultada a
retribuir la mayor carga horaria resultante con sus fondos presupuestales y los recursos
que por vía administrativa se le asignen por el Poder Ejecutivo específicamente a tal
efecto.
La Corte Electoral podrá compensar a su personal con los mismos fondos
y recursos, en la preparación y ejecución de los actos electorales a celebrarse en el
año 2004, todo sin detrimento de la compensación prevista en el artículo 504 de la
Ley Nº 16.170, de 28 de
diciembre de 1990.
Esta ley entrará en vigencia a partir de la promulgación por el Poder
Ejecutivo.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 17 de
marzo de 2004.
ALEJANDRO ATCHUGARRY
Presidente
MARIO FARACHIO
Secretario".
——Léase el proyecto.
(Se lee)
——En discusión general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la
discusión particular.
(Se vota)
——Cincuenta y cinco en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.
En discusión particular.
Léase el artículo único.
(Se lee)
——En discusión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota)
——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.
Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.
SEÑOR BAYARDI.- ¡Que se comunique de inmediato!
SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar.
(Se vota)
——Cincuenta y seis en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.
(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al
aprobado por el Senado)
13.- Diversas actuaciones
relacionadas con el sistema financiero y bancario.
——Continúa la consideración del asunto motivo de la
convocatoria.
SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor
miembro informante en minoría.
SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: quiero hacer una aclaración
porque me parece que nobleza obliga a dejarla incorporada en el informe que hemos
presentado.
Esto que supuso el establecimiento de un conjunto de responsabilidades
de diversa índole en nada afecta, ni desde nuestro punto de vista cuestiona, la
intencionalidad con la que actuaron las personas que tuvieron a su cargo esta tarea. Creo
que es bueno dejarlo salvado. Debe ser muy difícil encarar el enfrentamiento de una
crisis de la magnitud de la que vivimos. Me parece que es bueno dejar salvado que, por lo menos en lo que tuvo que ver con la conducción que cupo al
Ministerio de Economía y Finanzas de la época -independientemente de las críticas que
nos ha merecido-, no hay otra asignación de intencionalidad que no sea la de buscar la
mejor salida posible, equivocadamente y con errores graves que hemos marcado con énfasis,
pero sin rozar en absoluto la valoración personal de quien tuvo a su cargo la tarea
ingrata de conducir la Cartera en aquel momento.
SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor
Diputado.
SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: me parece muy importante el
planteo que hace el señor Diputado Mieres en este momento; creo que esclarece un aspecto
no menor. Se podrá haber estado de acuerdo o no con la resolución del conflicto, de esta
interminable crisis, pero hay que felicitar a un legislador cuando plantea la exención de
responsabilidad en materia de intencionalidad. Porque esto es lo que está diciendo:
claramente había buena voluntad, buen talante, buena disposición y se trataba de sacar
esto adelante, aunque pudo haber habido yerros. No me parece menor esta aclaración. Y no
son mis dichos; son los dichos del señor Diputado Mieres, que sé bien que están
claramente intencionados y no me parece malo que sea así.
Algunas veces, en este ámbito parlamentario -estoy haciendo la
interpretación de la aclaración-, juzgamos intencionalidades y es lo que no se puede
hacer. Los legisladores no estamos para establecer si hay dolo. Con toda franqueza, creo
que lo que plantea el señor Diputado Mieres es muy oportuno. Lo felicito.
SEÑOR ROSSI.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Voy a ceder la palabra al
señor Diputado Rossi para hacer una aclaración y le voy a pedir que sea breve. En
adelante, no daré más la palabra para realizar aclaraciones, salvo que sea por temas
específicos.
SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Voy a ceder la palabra al
señor Diputado Rossi, a quien le pido que sea breve, y luego permitiré al señor
Diputado Mieres que en un minuto aclare el tema.
Tiene la palabra el señor Diputado Rossi.
SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: de algún modo se adelantó a
darme tranquilidad, porque mi aclaración iba en el sentido de ajustarnos al Reglamento y
de dar la palabra de acuerdo con el orden que figura en la Mesa.
SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor
Diputado Mieres.
SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: la extensión que ha hecho el
señor Diputado Abdala de la interpretación de nuestras palabras corre por cuenta de
quien la hizo, en particular con relación a que esto tenga que ver con una exención de
responsabilidad.
Simplemente, digo que es muy difícil estar al frente de una situación
como la que se vivió. Nos consta que el señor Ministro de Economía y Finanzas de aquel
entonces, a quien le tocó actuar en estas circunstancias, lo hizo con la mejor
intención, lo que no significa que no haya incurrido en hechos que nos merezcan la
calificación de responsabilidades políticas, como lo hemos señalado con toda energía.
Pero como lo cortés no quita lo valiente, debo señalar que eso no implica la atribución
de intencionalidades ulteriores.
SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor
Diputado Bayardi.
SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: en primer lugar, me sumo a los
agradecimientos, que no voy a repetir, dado que ha terminado el tiempo de que disponen los
miembros informantes y ahora está transcurriendo el tiempo más acotado de los
integrantes de la Comisión.
No he comprobado la existencia de actitudes dolosas en quienes tomaron
resoluciones durante la crisis del sistema financiero. Si hubiera tenido la convicción de
que hubo dolo, lo diría. Así que cualquier valoración que haga presupone que parto de
la base de que no he probado ni tengo la convicción de que se haya actuado en forma
dolosa. Punto segundo.
Punto tercero: voy a hacer referencia a algo que mencionó el señor
Diputado Penadés -espero que no se sienta aludido- cuando discutimos algunas cosas. Me
refiero a la película "La tormenta perfecta", interpretada por George Clooney,
quien para manejar la situación de la tormenta perfecta toma la decisión de atravesarla, aunque tenía otro camino. A todos nos emocionó el acto
heroico que reflejaba la película, aunque había otras opciones. En realidad, si hubiera
sido el único que se salvaba, ocasionando la muerte de quienes navegaban con él a
través de la tormenta perfecta, habría tenido que ir preso por negligente y por
imprudente. Por la otra opción que tenía, sí podía salvar la vida a su tripulación.
Es bueno y emocionante valorar lo heroico en una película, pero la responsabilidad de la
Comisión Investigadora estaba centrada en identificar si las acciones que se tomaron
durante el desarrollo de la crisis se ajustaron a derecho y si se actuó en el marco de
las normas legales y de las facultades que tiene cada uno de aquellos que tomaron
resoluciones de acuerdo con la Constitución y con la ley. Y, en mi opinión, existieron
responsabilidades que afectan y recaen en el Poder Ejecutivo, que recaen en el Directorio
del Banco Central del Uruguay y en funcionarios de la Superintendencia de Instituciones de
Intermediación Financiera. No me corresponde calificar esas responsabilidades desde el
punto de vista penal, ni lo voy a hacer; lo harán las instancias jurisdiccionales
correspondientes. Pero sí me corresponde analizar políticamente las decisiones asumidas
durante este proceso.
Los miembros de nuestro Partido en la Comisión Investigadora nos
dividimos las tareas y a mí me tocó el seguimiento del Banco Comercial, por lo que la
mayoría de las reflexiones que voy a hacer estarán dirigidas a aspectos relacionados con
dicho banco. Pero hubo una lógica patrón que debe llevarnos a sacar enseñanzas de esta
experiencia. La primera enseñanza es que la ideología, en tanto conjunto de ideas y
valores, sirve para guiar decisiones políticas; pero si es la ideología la que termina
mandando sobre la política, se pueden cometer errores. Y, en mi opinión, se han cometido
errores, no solo en este caso, sino siempre que se opera de esta manera.
Acá se dio un proceso de toma de decisiones que reflejó que hubo un
intento, en mi opinión más pautado por la ideología que por la política, de que se
admitieran algunas aseveraciones. La primera aseveración es que en realidad la gestión
privada termina siendo mejor que la gestión pública. Y yo digo: hay gestiones privadas
desastrosas y también hay gestiones públicas desastrosas. Pero si en algo este país
tiene historia, es en gestiones privadas desastrosas en el campo del sistema financiero.
Tengo cuarenta y ocho años y viví crisis bancarias durante las décadas del sesenta, del
setenta, del ochenta y de dos mil. Lo peor de todo es que mucho de los nombres que
estuvieron atrás de gestiones privadas en el sistema financiero, se repiten. Es como que
hay un ADN; es la genética que se trasmite y empiezan a aparecer nombres
consuetudinariamente, que han tenido que ver anteriormente con crisis del sistema
financiero. En esta Sala hay gente mayor que yo y sabe que hay apellidos que se han
repetido en situaciones que condujeron a graves crisis en el sistema financiero.
Entonces, este país es muchísimo más pobre que lo que era antes de
la crisis, enormemente más pobre, y los que aún no nacieron van a tener que seguir
pagando las consecuencias de las decisiones tomadas. Por lo tanto, debemos evaluar el
conjunto de las decisiones que se fueron tomando.
Ya quedó expresado en el informe elaborado por la compañera Diputada
Charlone nuestro convencimiento de que un sistema financiero debilitado, horadado, con
flancos a diestra y siniestra, precedió a la situación regional que se planteó a partir
de la crisis en Argentina. En realidad, hay multiplicidad de aspectos que lo determinan.
Estábamos ante un sistema financiero débil, pero, desde el punto de vista político
general, estábamos vendiendo la existencia de una plaza financiera firme en el Uruguay.
Y se hicieron ingentes esfuerzos por evitar que un banco cayera, porque
la lógica era que si caía un banco, terminaba cayendo todo el resto de los bancos. Se
hicieron enormes esfuerzos que, por decisiones políticas, en realidad los hace el
conjunto de la sociedad. Parecería que acá, cuando hablamos de hacer esfuerzos, solo los
hace el que toma la decisión. De hecho, el conjunto de esta sociedad ha pasado a estar
más endeudado, por lo cual más recursos van a salir de su bolsillo para hacer frente a
los niveles de endeudamiento a fin de enfrentar la crisis. Muchos en esta sociedad se
vieron atrapados, sin la posibilidad de disponer libremente de sus recursos económicos
depositados en el sistema financiero y unos cuantos más -no voy a dar la cifra-
probablemente nunca se vayan a resarcir de la totalidad de lo que tenían depositado en el
sistema financiero. Independientemente de esto, también se afectó a aquellos que,
creyendo en lo que se les decía desde las esferas de Gobierno, apostaron a mayores
niveles de consumo, algunos simplemente en tanto consumidores, y otros haciendo
inversiones para actividades productivas. La verdad es que hoy se
dijeron cosas que parecen corresponder a un país distinto a aquel en que yo vivo, pero
estas personas van a estar comprometidas por mucho tiempo antes de poder salir de sus
niveles de endeudamiento y volver a integrarse al sistema de consumo. ¡Y vaya si tenemos
proyectos todavía para terminar de resolver esto!
Entonces, la existencia de un sistema financiero debilitado precedió a
la crisis de 2001 y, sin duda, su situación se vio agravada por ella.
Y, en realidad, teníamos un Banco Central pintado al óleo para
controlar el sistema financiero. El Banco Central demostró que no podía controlar los
bancos de la Plaza del Entrevero; ya no era que no podía controlar el sistema financiero;
ni siquiera podía controlar los bancos de una plaza. Y acá hubo responsabilidades por
decisiones tomadas y por omisiones.
Cualquiera de los que estuvimos en la Comisión podría hablar horas de
este tema, más allá de la posición que tenga. Y voy a poner solo un ejemplo con
respecto a los créditos adeudados y las garantías con que se respondía a tales
créditos por parte del Banco Comercial. Este banco tenía créditos adeudados a no
residentes -solo este capítulo- por US$ 91:085.397 y tenía garantías para
resarcirse de los créditos otorgados por US$ 12:890.797. Y yo pregunto a los
señores legisladores o a cualquier ciudadano de este país, si va a operar pidiendo un
crédito, qué pasaría si estuviera en las condiciones de aquellos a quienes eso se les
facilitó, muchos de ellos vinculados al grupo Rohm. Acá se adjudica a una sociedad
anónima, la W S.A. -quisiera que fuera la Bayardi S.A., pero es la W S.A.- una deuda de
US$ 7:200.000, que no tiene garantía. A ver si me explico. Si va Juan de los Palotes
a pedir un crédito social, tiene que dejar el salario hipotecado, pero si va la W S.A.,
le prestan US$ 7:200.000 sin pedirle garantías.
Entonces, pregunto: ¿qué estaba haciendo el Banco Central del Uruguay
cuando auditaba las carteras de créditos del Banco Comercial? Estaba pintado al óleo, en
el mejor de los casos.
Como no puedo probar otro tipo de actitudes, digo que se actuó, sin
lugar a dudas, con negligencia, o probablemente con impericia, o probablemente con
imprudencia, al haber dejado montar de esta forma el sistema financiero de este país.
Como teníamos problemas para llevar adelante este proceso de
investigación -porque los legisladores no tenemos por qué saber todo lo que pasa en el
mundo-, en un momento determinado convocamos para el caso del Banco Comercial a los
peritos que actuaron en este proceso con el Juez Balcaldi. No tengo pinta de ratón de
biblioteca, pero la verdad es que si me interesa algo, me gusta informarme. Entonces
pedimos el expediente, que estaba en información magnetizada; son 37 piezas judiciales
-no las leí todas; no me voy a sacar patente de lector ni mucho menos- en las que
buscamos algunos elementos. En ese informe pericial, las conclusiones a las que llegan los
peritos del Poder Judicial son que hubo omisiones por parte del Banco Central. Podría
leérselo, pero créanme que está en los informes que los señores legisladores tienen en
sus bancas en el día de hoy y que tuvieron a disposición durante todo este tiempo. Pero
hay cosas peores. La señora Diputada Charlone decía que para el caso del Banco Comercial
la alerta amarilla en el tablero -expresión que usan los pilotos y que hace referencia a
cuando se marca el peligro mientras están navegando- se prendió antes de que el grupo
Rohm lo tomara e inmediatamente después de que se le asignara. Aquí se hablaba de que
existían tres bancos potentes detrás o conjuntamente con el grupo Rohm, en lo que fue en
esa década la privatización del Banco Comercial. Podría leer -los señores Diputados
las tienen- las salvedades que se hicieron y las alertas que se dieron acerca del tema de
la importancia de la gestión y en manos de quién quedaba.
En realidad, el papel del Estado es cumplir con las funciones de
contralor de cualquier tipo de actividad, y no descansarse de antemano en que puede estar
el Dresdner, el Deutsche o cualquier otro banco detrás. A la postre, el Banco Comercial
terminó siendo gestionado por los hermanos Rohm, y -lo que voy a decir es responsabilidad
personal- no creo que los tres bancos extranjeros hayan sido inocentes. Habría que ver,
como ya se dijo, si los dueños de paquetes accionarios del Saint Louis Financial &
Investment Co. Ltd., con mucha más capacidad que cualquier criollo para analizar el tema
del sistema financiero -porque en realidad son bancos de mucha potencia-, dejaron pasar lo
que estaban haciendo los Rohm delante de sus narices, si ellos cobraban los dividendos de
las operaciones que se llevaban adelante.
Estamos en un punto en el que quisiera que evaluáramos, desde el punto
de vista global, si aquí hubo responsabilidades de contralor por
parte de las autoridades del Banco Central y de los funcionarios administrativos de la
Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera. Bastaría leer algunas
declaraciones aportadas en la comparecencia a la Comisión Investigadora. No voy a nombrar
a nadie, ya que las actas van a ir al Poder Judicial. Cuando compareció y declaró ante
nosotros alguno de los jerarcas, me corrió un sudor frío pensando en manos de quién
había quedado el contralor de la Superintendencia en todo ese período.
Siempre digo -los señores legisladores me han oído muchas veces- que
soy nieto de un verdulero que hacía cuentas en papel y en el aire, y vendía en el barrio
de Punta Carretas. Con toda la afectividad y con el orgullo que me da que haya sido mi
abuelo, jamás le dejaría a alguien que respondió casi como lo hubiera hecho él, el
control de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, porque
podía vender frutas y verduras en ese barrio y seguramente se legitimaba ante quienes le
compraban, pero en este caso dejamos el sistema en esa clase de manos.
Cuando se pregunta qué vamos a hacer en el futuro, habría que
aprender. Se habla de si el banco tiene que ser público o privado. No voy a entrar en esa
discusión en esta oportunidad porque, en realidad, si algo me ha demostrado este país es
que los cracs financieros y todos los niveles en que se hace frente a las situaciones
emanadas de ellos siempre fueron públicos, porque los terminamos pagando entre todos, y
los banqueros siguieron medrando a lo largo y a lo ancho. Entonces, lo que deberíamos
hacer es dotarlo de un sistema de contralor -ya que los funcionarios del Banco Central no
son los peor pagados de los funcionarios públicos- que hiciera que, independientemente de
que el banco sea público o privado, pudiera ser auditado con cierta periodicidad, dos o
cuatro veces al año, y, al igual que hacen en Nueva Zelandia, se publicaran las
calificaciones de riesgo de cada uno de ellos; y si se equivocan, el Estado debería
responder, pero si no lo hace, las opciones las tomaría el individuo aisladamente.
Hoy estamos haciendo frente a reclamaciones legítimas de cantidad de
gente que creyó en el sistema financiero, que depositó en los bancos y terminó
perdiendo o viendo comprometidos sus depósitos. Sin duda que asiste razón a quienes
reclaman, porque actuaron de buena fe, depositaron en el sistema financiero nacional y
quedaron poco menos que frustrados -no diría engañados- o, de alguna manera, les falló
el sistema de contralor que el Estado se dio.
SEÑOR PAIS (don Gabriel).- ¿Me permite una interrupción?
SEÑOR BAYARDI.- Sí, señor Diputado.
SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede interrumpir el señor
miembro informante en minoría.
SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: me surge una duda.
El señor Diputado Bayardi mencionaba recién los perjuicios sufridos por los depositantes
de los distintos bancos, y la señora Diputada Charlone señaló que quienes triunfen en
la próxima elección teóricamente podrían iniciar juicio de responsabilidad patrimonial
contra los ex jerarcas que estuvieron al frente de la conducción económica, en virtud de
los perjuicios sufridos por el Estado al dar asistencia financiera. Lo que sucede es que
el perjuicio no queda consagrado en el momento en que se hacen las transferencias y las
asistencias, sino en virtud de la potestad legal -por la ley que votamos en diciembre- que
autoriza al Poder Ejecutivo a renunciar a los créditos. Entonces, aquí se está
generando un inconveniente. Un anuncio de la posibilidad de iniciar acciones
patrimoniales, en teoría podría hacer arrepentir al Poder Ejecutivo de una decisión de
beneficiar a los ahorristas con menos de US$ 100.000, por el riesgo de
responsabilidad patrimonial que tendrían los jerarcas.
Sé que el señor Diputado Bayardi se preocupa por el reintegro a los
ahorristas, pero al mismo tiempo el anuncio de que se podría iniciar juicio a los
jerarcas de la Administración Pública, teóricamente podría hacer que se reconsiderara
el cumplimiento de la ley y, entonces, quienes tienen depósitos de menos de
US$ 100.000 no cobrarían nada. Si el Estado, que tiene prenda y garantías
prioritarias, cobra primero, los ahorristas de menos de US$ 100.000 del Banco de
Crédito, del Banco Comercial, del Banco de Montevideo y del Banco La Caja Obrera
terminarán sin cobrar.
Quisiera que se hiciera esa aclaración, porque podría existir una
contradicción entre el deseo de que no se perjudiquen los ahorristas y el anuncio de
emprender acciones de responsabilidad patrimonial contra los jerarcas que toman la
decisión, en el entendido de que el perjuicio se va a dar ahora, porque se puede recuperar ese dinero. No se recupera en beneficio de los
ahorristas con menos de US$ 100.000.
SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede continuar el señor
Diputado Bayardi.
SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: en primer término, en la
hipótesis de que mi fuerza política estuviera en el futuro Gobierno, el señor Diputado
Gabriel Pais puede tener la seguridad de que va a cumplir con todas las disposiciones
legales vigentes que este Parlamento votó para salir de la crisis.
En segundo lugar, puede tener la más absoluta convicción de que, de
existir cualquier daño para el Estado, va a hacerlo recaer, en el marco de las potestades
constitucionales, sobre aquellos que hayan tenido responsabilidad. El señor Diputado
Gabriel Pais puede estar tranquilo de que se va a operar de esta manera y que no se
entrará en contradicción en el tema del reintegro a los depositantes con ahorros de
menos de US$ 100.000. Se va a actuar en el marco del renunciamiento que el Estado ha
hecho al respecto. Las dos cosas van a estar planteadas en el caso de que mi fuerza
política llegue al Gobierno.
En estos minutos que me quedan quiero referirme a dos o tres temas que
son centrales con relación al Banco Comercial. En primer lugar, la asistencia a este
banco violó todo el marco legal vigente en esa materia. Creo que es claro lo que estoy
diciendo. En realidad, hubo un apartamiento absoluto de las normas en materia de
asistencia.
Voy a conceder el beneficio de la duda al razonamiento de que no estaba
probada la situación de déficit patrimonial, a pesar de que para mí, después de
enterarnos de que faltaban US$ 200:000.000 el 23 de enero de 2002, en realidad es
como aquello de que tenía cola, rugía, tenía melena, andaba en la selva y los niños le
dicen león: es un león. No había duda: estaba en situación patrimonial comprometida.
¿Saben por qué se violó el marco legal? Porque, en el mejor de los casos, si se asume
que se desconocía la situación patrimonial, o sea, dando por bueno que se la
desconocía, no se puede dar asistencia en desconocimiento de la situación patrimonial.
Si alguien pretende defenderse tras el escudo de que desconocía la situación
patrimonial, le digo que no puede darle asistencia, porque para hacerlo hay que tener una
situación patrimonial que permita brindarla. Ni siquiera digo -como yo pienso- que estaba
en una situación patrimonial negativa.
Vamos a entendernos, porque acá se habló del expediente Nº 9855
y del folio 41. Es mi convicción -no lo puedo probar, aunque lo he oído y me lo han
dicho- que en el Directorio del Banco Central había Directores que no querían darse por
enterados de la situación patrimonial del Banco Comercial. La asistencia se dio, y hubo
tres fundamentos de los Directores de la época con relación a ella. Uno de los
fundamentos fue el de la contadora Rosario Medero, que dijo que había sido informada por
el expediente Nº 9855, en una información preliminar, y que ella votó en contra en
función de eso. Otro fue el fundamento del Presidente del Banco Central, que en realidad
dijo que nunca se había enterado. Bueno; así como dije que en mi opinión el
Superintendente de Instituciones de Intermediación Financiera de la época no calificaba
para serlo, el Presidente tampoco calificaba para ese cargo, porque si existe la
condición de que debe conocer la situación patrimonial, ¿cómo va a estar hasta el día
de hoy diciendo que durante todo el período de la asistencia no supo cuál era la
situación patrimonial del Banco Comercial? ¿En manos de quién dejamos la conducción
del sistema financiero? En manos de alguien que nos dice que fue como un chorro de
canilla, que se le daba dinero y que ese dinero -si me da el tiempo, voy a hablar- iba
para resarcir al Comercial Investment. Ahí empezó la corrida en marzo, y el Presidente
del Banco Central nos dice, suelto de cuerpo: "Yo nunca me enteré; a mí nunca me
llegó el expediente". ¡Es insólito! ¡Admítanme, señores legisladores, que es
insólito! Si yo soy Presidente del Banco Central, ¡del fondo de los fundillos me traen
los datos de cómo estamos desde el punto de vista patrimonial! ¡Más rápido que
volando! Porque, si no, soy un incapaz que me tengo que ir. En el mejor de los casos, soy
un incapaz que me tengo que ir.
El tercer argumento es el de la Directora doctora Eva Holz. En el caso
de la doctora Eva Holz casi que se rebasa el límite de la lógica, porque comparece ante
nosotros, después de haber dejado el Banco Central, con un grueso alegato en el que nos
decía que ella actuó a la luz de los contenidos de dos informes que decían que el Banco
Central tenía facultades implícitas para hacer lo que hizo. Uno era un informe del
doctor Cajarville y, el otro, del profesor Cassinelli Muñoz. Cuando le fue preguntado
cuándo recibió esos informes contestó, legítimamente, que fue
en agosto de 2002, o sea, cuando ya estaba fuera del Directorio del Banco, y que durante
el proceso de asistencia el único informe con que contaba, ratificado por la Sala de
Abogados y la Comisión en más de una oportunidad, decía con claridad que no había
poderes implícitos para dar asistencia más allá de lo contenido en el artículo 37
de la ley de 1996. ¿Y saben por qué no los había? ¡Más claro que el agua! Porque
acá, siendo yo Diputado, el entonces Diputado Atchugarry fundamentó que lo que se estaba
haciendo era derogar el artículo 29 de la ley preexistente, que era el que sí daba
facultades implícitas y permitía que se actuara con una discreción total por parte de
las autoridades del Banco Central; y para evitar ese daño, se impusieron normas
restrictivas.
Entonces, en ese contexto, esas autoridades lo hicieron. ¿Por qué lo
hicieron? Siempre en la lógica de que no tengo pruebas de otro tipo, en mi opinión lo
hicieron porque siguieron la premisa de tratar de evitar que un banco se desbalanceara y
arrastrara el desbalance de otros; aunque, en realidad, se terminó desbalanceando toda la
plaza financiera.
Vamos a referirnos ahora a la asignación de responsabilidades, porque,
por acciones o por omisiones, yo puedo tener responsabilidades. Para mí, hubo
responsabilidades por acciones: por autorizaciones en materia de asistencia que estaban
por encima de la situación patrimonial. Es clarísimo en el caso del Banco Comercial;
para mí también es clarísimo en el caso del Banco de Montevideo. Y creo que no había
facultades para hacerlo. ¿Se podría haber procedido de otra manera? Claro que se podía.
Se podría haber procedido de la misma manera que cuando se dio la situación del Banco
Mauá. Como ya lo decía la señora Diputada Charlone, se podría haber venido al
Parlamento a pedir una ley que autorizara esto. Y acá no sirve el fundamento de que no
había tiempo para sacar adelante un proyecto de ley: este Parlamento ha actuado en
cuarenta y ocho horas cuando hubo urgencia para sacar leyes.
Quisiera hacer una última consideración, que tiene que ver con el
contrato de capitalización y con las responsabilidades que hubo en dicho contrato.
Cuando nosotros decimos que hubo eventuales responsabilidades hasta del
propio Presidente de la República, no lo decimos porque queramos tirarle al Presidente de
la República. En realidad, bastante tiene o, mejor dicho, en mi opinión, se tiró muchas
cosas solo. Lo decimos porque el contador Bensión dijo, en la Comisión, que todas las
decisiones que tomó contaron con el respaldo de la Presidencia de la República y están
ratificadas y firmadas por el señor Presidente.
Entonces, hay algo que queremos decir: en el contrato de
capitalización del Banco Comercial tenemos una duda que no hemos podido resolver por un
problema de fechas. Créanme: yo leí el expediente judicial y también convoqué a
algunos declarantes del expediente judicial, porque no me quedo siquiera con lo que leo. Y
se me ratificó por parte de quien tuvo responsabilidades en la gestión del Banco
Comercial que durante el mes de febrero de 2002 -entiéndase bien; en esos términos fue
preguntado y también estaba presente la señora Diputada Charlone cuando conversamos con
este funcionario- se le había comunicado al contador Bensión que la asistencia necesaria
para el Banco Comercial era de entre US$ 342:000.000 y US$ 515:000.000, aun
considerándose el aporte de US$ 133:000.000 que habían hecho los bancos extranjeros
y el Estado uruguayo. El contrato se suscribió el 26; la única duda que tengo es que
hubo dos días en que no puedo decir qué pasó y la persona no se acordaba bien de la
fecha en que fue.
Ahora bien; independientemente del contrato, de las evaluaciones con
relación a él y de las condiciones leoninas, sí digo que el contador Rodríguez Batlle
podrá no haber sabido cuál era la situación patrimonial, pero a partir del 28 de
febrero, último día del mes -y si se le dijo en febrero, doy por bueno que en febrero lo
sabía-, siempre el contador Bensión supo que el Banco Comercial estaba en situación
patrimonial negativa; e, inclusive, se le siguió asistiendo mucho tiempo después.
De ahí que reafirmo lo que han sido las responsabilidades que hemos
asignado en este caso al Poder Ejecutivo, al contador Bensión, a las autoridades
políticas del Banco Central del Uruguay y a funcionarios de la Superintendencia de
Instituciones de Intermediación Financiera.
Para no abusar del Reglamento, más adelante haré alguna otra
consideración con respecto a algún punto.
Gracias, señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene
la palabra el señor Diputado Argenzio.
SEÑOR ARGENZIO.- Señor Presidente: queremos agradecer
profundamente la labor de todos los funcionarios que nos apoyaron durante los varios meses
que estuvo trabajando esta Comisión: al doctor Catalurda, a Adriana Tusinelli, a Matilde
Garín, a todos los taquígrafos, al personal de audio, al personal de Sala y a todos
aquellos que de una forma u otra colaboraron con nosotros.
El trabajo de esta Comisión fue muy intenso. Mantuvimos alrededor de
cuarenta y cinco reuniones, algunas de ellas de catorce horas. Al personal de Secretaría
le llevó diecisiete mil folios redactar todo esto.
Voy a referirme a la situación que vivían Uruguay y la región en
aquel momento. Durante el primer trimestre del año 2002, el sistema bancario del Uruguay
colapsó. Al 31 de diciembre de 2001, los depósitos en moneda extranjera -aquí ya se ha
dicho, pero lo quiero repetir porque es una cifra muy interesante y muy importante- eran
de US$ 14.285:000.000 y en solo siete meses, al 29 de julio, descendieron a
US$ 8.456:000.000, lo que representó retiros de depósitos cercanos al 41% del
total. También cayeron los depósitos en moneda nacional y el proceso de caída de las
reservas del Banco Central mostró un aceleramiento.
No hay duda de que la continuación y la profundización de la crisis
argentina incidió de manera muy especial en nuestro país. A fines del año 2001
Argentina entró en una situación sin retorno. Se abandonó el régimen de
convertibilidad y por su deuda se declaró en "default". A esto se sumó la
prohibición de realizar retiros de depósitos bancarios, conocida como
"corralito".
Estos hechos impactaron de una forma especial en nuestro sistema
financiero. El clima de creciente desconfianza terminó por contagiar a los residentes
uruguayos. La intranquilidad que afectó a la plaza a fines de diciembre de 2001 terminó
por hacer crisis en los primeros días del año 2002. El sistema financiero uruguayo
enfrentó en dicho período un masivo retiro de depósitos cuyos titulares, residentes y
no residentes, experimentaron una crisis de confianza, impactados por los hechos que se
estaban desarrollando en la República Argentina.
A este panorama de corrida bancaria y de enormes dificultades en el
primer banco privado del país -que era el Comercial- se agregaron las irregularidades que
se empezaron a constatar en el Banco de Montevideo. El Gobierno responde adoptando la
decisión de mantener en funcionamiento el sistema bancario, aportando asistencia y
recursos que no se van a recuperar.
Para mantener operativas a las instituciones en problemas, el Gobierno
recurre básicamente a los siguientes instrumentos: capitalización del Banco Comercial;
asistencia al amparo de los artículos 3º, 36 y 37 de la Carta Orgánica del Banco
Central; resoluciones excepcionales del Banco Central autorizando sobregiros de las
instituciones y no ejecución de valores en garantía de las asistencias anteriormente
referidas; utilización del crédito Multisectorial II del Banco Interamericano de
Desarrollo y asistencia de liquidez del Estado canalizada a través de la CND. Estos
instrumentos empleados por el Gobierno para atender la crisis, su legalidad, su
oportunidad y su conveniencia es lo que trataremos en el desarrollo del presente informe.
Antes de continuar, quiero hacer mención a algunas cosas que me
llamaron la atención durante todos estos meses de trabajo. Por ejemplo, el Presidente del
Banco Central dijo, una de las tantas veces que estuvo en la Comisión, que hace una
lectura de los sucesos acaecidos anteriormente a su ingreso y deduce que el Banco Central
del Uruguay no fue atendido como corresponde por el Banco de Montevideo y, por el
contrario, fue desobedecido. Esto consta en la versión taquigráfica.
Otro aspecto que me llamó la atención -que ya fue mencionado por mi
compañero, el señor Diputado Berois Quinteros- fue que los peritos contratados por el
Juez Balcaldi aseguraron en la Comisión que los controles fallaron. No especificaron
dónde, cuándo ni cómo, pero sí están seguros de que fallaron.
También me llamaron la atención los controles hechos en forma tardía
por el Banco Central del Uruguay. Muchos de ellos fueron insuficientes.
Por otra parte, ¡cómo no me iba a llamar la atención la pérdida del
folio 41 del expediente Nº 9855, de la que tanto se ha hablado!
Asimismo, me llamó la atención por qué el último informe PADUL para
el Banco Comercial era del año 1998 y para el Banco de Montevideo
de mucho más atrás en el tiempo todavía.
Las discrepancias pueden ser naturales entre los integrantes del
Directorio del Banco Central del Uruguay -institución que en ese momento vivía una
tremenda tensión en virtud de la presión que había-, pero me llamaron mucho la
atención las contradicciones que existían entre sus tres Directores.
También me llamó la atención la calificación AAA al Banco de
Montevideo por parte de algunas calificadoras en el mes de abril de 2002, cuando ya la
crisis estaba en marcha.
Me llamaron la atención los dichos del Superintendente de
Instituciones de Intermediación Financiera, doctor Fernando Barrán, a un semanario, a
mitad del año pasado, al que dijo que tal vez la intervención del Banco de Montevideo se
había hecho en forma tardía.
Para el actual Presidente del Banco Central del Uruguay, la crisis
comienza el 1º de diciembre de 2001, con el "corralito" argentino, con la
crisis argentina y con la corrida en el Banco Galicia, de donde, al 15 de enero del año
2002, se habían retirado US$ 500:000.000, por lo que pide asistencia al Banco
Central del Uruguay, que le es negada.
El Banco Comercial también tenía problemas en diciembre del año
2001, que aumentan mucho en enero y febrero de 2002.
En marzo y abril de 2002, el Banco Central del Uruguay exige al Banco
de Montevideo más capitalización de los accionistas. El 9 de junio instala un veedor. El
21 de junio interviene el Banco de Montevideo, que había aumentado mucho su exposición
en asociadas y en el TCB-Caimán.
En aquel momento, el economista De Brun dijo que lo del Comercial fue
un fraude. En el Banco de Montevideo las maniobras de sus dueños, canalizando fondos a
empresas vinculadas, también terminaron siendo un fraude.
Desde el 25 de febrero, el Banco de Montevideo tenía supervisión
intensiva impuesta por el Banco Central del Uruguay.
Quiero destacar algo que se dijo en Comisión, con relación a que un
Banco es controlado, básicamente, por dos agentes: los internos y los externos. Los
agentes internos son el propio Directorio del Banco y la auditoría interna. Los agentes
externos son el Banco Central del Uruguay, la Superintendencia de Instituciones de
Intemediación Financiera y las auditorías externas.
El 3 de diciembre de 2001, el Banco de Montevideo compra el Banco La
Caja Obrera. Cuando Argentina impone restricciones al movimiento de dinero, los dueños
intensifican las maniobras para disfrazar sus trasiegos de dinero; y empezaron los
problemas.
La auditoría del Banco de Montevideo no pudo completar sus informes
desde febrero a junio de 2002, porque la propia institución no daba sus datos por sus
tremendos líos y embrollos. El Banco Central del Uruguay hizo la denuncia penal por
presuntas maniobras dolosas en junio de 2002.
Las calificadoras de riesgo serían el quinto control sobre los bancos.
Inclusive, se podría agregar el Comité de Auditorías.
El Banco de Montevideo desobedeció porque demoró en capitalizar y
siguió prestando a las empresas vinculadas.
Según se nos aclaró, las transferencias del Ministerio de Economía y
Finanzas al sistema bancario son de dos tipos: de capitalización -que son un gasto y se
relacionan con el artículo 211 de la Constitución-
y los anticipos financieros, relacionados con los artículos 211 y 228 de la
Constitución.
Para la capitalización de febrero, por concepto de US$ 33:000.000
al Banco Comercial, se invocó el numeral 3) del artículo 15 del TOCAF.
En el mes de mayo de 2002, el Tribunal de Cuentas pide razones al Poder
Ejecutivo. Ese mismo mes, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de una nota, da
las razones de esa capitalización.
En junio de 2002, el Tribunal de Cuentas resuelve no formular
observaciones a lo actuado. Más adelante, en noviembre del mismo año, también resuelve
no efectuar observaciones a las transferencias que como anticipo financiero efectuó el
MEF a la CND. Los anticipos fueron reintegrados con un depósito de US$ 500:000.000
que vino del Fondo Monetario Internacional.
El Gobierno se la jugó a detener la corrida bancaria con dinero; esa
fue su política: pagar los retiros. En enero de 2001 los argentinos también se llevaron
sus depósitos del Banco de la República. La pérdida de
confianza aumentó y los ahorristas uruguayos acentuaron sus retiros en junio y julio. El
Banco de la República devolvió US$ 1.050:000.000 sin tocar sus encajes. Pagó con
fondos propios, según nos explicó el Directorio de la institución. Alcanzaron a tener
hasta US$ 50:000.000 de retiros en un día.
El Banco de la República tenía el 19,83% de las acciones del Banco La
Caja Obrera que se vendió al Banco de Montevideo. Fue una compraventa; en realidad, era
una fusión-venta. La Corporación Nacional para el Desarrollo fue el instrumento usado
por el Gobierno para ayudar a los bancos. Según sus Directores, todo era asistencia de
liquidez para luego recuperar. Otro cuestionamiento que se planteó -no sé si se
mencionó aquí- fue por qué unos pocos días antes del feriado bancario la Corporación
Nacional para el Desarrollo pasó casi todos sus depósitos de cajas de ahorro o a la
vista a plazos fijos.
La fusión desde el punto de vista jurídico entre el Banco La Caja
Obrera y el Banco de Montevideo nunca se terminó de hacer. Quiero hacer alguna mención
al contrato entre el Estado uruguayo y los socios del Banco Comercial, que estaba escrito
en inglés y citaba leyes de Nueva York. Hay una versión en español, aparentemente
traducida por un funcionario del Banco Central del Uruguay, que tiene como una cláusula
de confidencialidad que nos dicen que todo contrato debe tener, pero que nos llamó mucho
la atención.
El Banco de Montevideo corrigió el balance del Banco La Caja Obrera
apenas lo compró, alterando, por lo tanto, el patrimonio. La contadora Medero dijo en el
informe a la Comisión que la asistencia del Banco Central del Uruguay al Banco Comercial
fue ilegal, así como también otras actuaciones. Hizo constar su disentimiento y, peor
aún, dijo que en febrero de 2002 el Directorio del Banco Central conocía la situación
patrimonial del Banco Comercial.
El expediente Nº 9855, tan mencionado en la jornada de hoy, no es
el único documento que prevalece. Para la contadora Medero, el aporte de los bancos
socios del Banco Comercial no es capital. Se refiere al artículo 21 de la Carta
Orgánica donde habla de responsabilidad de los Directores del Banco Central. Habla del
artículo 23 acerca de los deberes y las responsabilidades y del secreto y reserva de
los Directores. Se refiere a que los US$ 87:000.000 del Comercial Investment son
depósitos y, por lo tanto, son pasivos y fueron maquillados colocándolos como activos.
Asimismo, la contadora Medero dice que hay un informe de la consultora KPMG de febrero de
2002 que, tanto en forma preliminar como luego, en el informe final, de mayo de 2002,
concluye que el faltante de títulos es de US$ 240:000.000 contables. Me estoy
refiriendo al Banco Comercial. También la contadora Medero insiste en que aun después de
la capitalización por los socios del Banco Comercial, el patrimonio era negativo.
También se quejó de que pedían informes y demoraban en dárselos. Dijo que los
accionistas del Comercial recibieron como contrapartida a la capitalización acciones
preferidas, y que el aporte de los accionistas del Banco Comercial debe contabilizarse
como pasivo financiero. También insistió en que se violó el artículo 37 de la
Carta Orgánica, porque se dio asistencia mayor a los noventa días. En el sistema
bancario propiamente dicho, dejando de lado las cooperativas, de más de veinte
instituciones la crisis alcanzó a seis privadas y a dos públicas.
El 28 de diciembre de 2001 se estableció la supervisión intensiva del
Banco Comercial. El 23 de enero de 2002, ya con Rohm preso, el Banco Central establece
medidas con renovación del Directorio y también de Gerentes y se comienza a negociar con
los accionistas internacionales. En el primer semestre le retiraron al Banco Comercial las
dos terceras partes de sus depósitos. En enero, el Banco Central detectó un aumento de
la exposición del Banco de Montevideo en Argentina, lo cual lleva a realizar supervisión
intensiva en febrero. En esa instancia se detectan préstamos a vinculadas y operaciones
al Trade & Commerce Bank, y el Banco Central exige recategorizar créditos y las
correspondientes compensaciones patrimoniales. En marzo y abril se exige aumento de
capital.
Según el actual Superintendente, doctor Fernando Barrán, las
supervisiones las hacían cuarenta funcionarios que trabajaban en grupo, y él los
consideraba insuficientes.
El Banco La Caja Obrera era el que tenía menos problemas jurídicos.
Con respecto a este banco, quiero mencionar que en noviembre de 2001 el Ministro Bensión
fue citado a concurrir a la Comisión de Hacienda del Senado, a pedido de los señores
Senadores Gallinal y Heber, quienes objetaron la venta del Banco La Caja Obrera.
Lamentablemente, sus discrepancias y desacuerdos no fueron respaldados ni sus objeciones
tenidas en cuenta. A los pocos días, el banco fue vendido.
En mayo de 2002, la sobreexposición del Banco
de Montevideo llegó a US$ 124:000.000. El patrimonio del Banco de Montevideo en
diciembre de 2001 era de US$ 65:000.000. En el correr de 2002 se fue volviendo
negativo rápidamente. En solo diez días de febrero todo el sistema financiero perdió el
10% de los depósitos. Evidentemente, la veeduría del Banco de Montevideo y del Banco La
Caja Obrera fue un intento de avanzar en los controles, pero algo pasó. En el Banco
Comercial no se separaron ni desplazaron autoridades, porque la mayoría de sus Directores
representaban al Estado, si bien este no tenía la mayoría de las acciones, como ocurre
con el Banco de Crédito.
Durante marzo y abril, el Banco de Montevideo y el Banco La Caja Obrera
atendieron los retiros con sus propios recursos. A fines de abril se requiere al Banco de
Montevideo que capitalice con US$ 45:000.000 y aumente las garantías prendarias. La
primera asistencia del Banco Central al Banco de Montevideo fue en mayo de 2002 y el
martes 18 de julio el veedor informó al Banco Central que debían aumentarse sus
facultades y proceder a la intervención. El 28 de junio presenta denuncia el Banco
Central ante la Justicia contra el grupo Peirano, y también comienza a trabar embargo
sobre sus bienes.
Para el ex Presidente del Banco Central, contador Rodríguez Batlle, lo
del Banco Comercial fue un fraude de uno de sus accionistas. Era el banco privado número
uno. Se pidió a sus accionistas aumentar su capital, no repartir dividendos, etcétera.
La doctora Holz manifestó que la corrida empezó por el Banco Galicia y por el Banco
Comercial y que a fines de febrero afectó al Banco de la República y a la banca privada.
En mayo y junio la pérdida llegó a US$ 3.000:000.000. La doctora Holz insistía en
que el 31 de marzo de 2002 el contador Rodríguez Batlle dijo que el patrimonio del Banco
Comercial era positivo en US$ 78:000.000. Sin embargo, para la contadora Medero, en
diciembre de 2000 el Banco La Caja Obrera tenía menos de US$ 1:000.000 de patrimonio
y señaló que ella no participó en ninguna de las instancias de decisión de las nuevas
autoridades.
Como el Banco de Montevideo no podía tener acciones de otro banco, se
hace -o se intenta hacer- la fusión con el Banco La Caja Obrera. El Banco de Montevideo
se puso a gerenciar el Banco La Caja Obrera, cambió los Directores y los Gerentes y, para
algunos, el Banco de Montevideo no vació al Banco La Caja Obrera. Pagó
US$ 110:000.000 de retiros en efectivo. El Banco La Caja Obrera tenía excepciones
porque era del Estado, como aquí se ha dicho.
El 27 de febrero de 2002, el Banco Central informó al Ministro
Bensión del gran deterioro del sistema financiero. El ex Ministro dijo en nuestra
Comisión que tenía la certeza de que luego de lo ocurrido con el Banco Galicia, si caía
un banco, caían los otros.
A Rohm lo ponen preso en Argentina en enero, y el banco socio, J.P.
Morgan, lo denuncia por fraude. Tenía desvío de fondos por más de US$ 200:000.000.
Entre enero y febrero, el Banco Comercial perdió US$ 400:000.000 de depósitos. Los
retiros bajaron algo en marzo y abril y aumentaron en mayo, sobre todo luego de la
intervención del Banco de Montevideo.
Es de destacar que en el acuerdo suscrito por los accionistas del Banco
Comercial con el Estado nos llamó poderosamente la atención que este renunciara a las
acciones civiles y tuviera dos obligaciones principales: la capitalización por
US$ 33:333.000 y mantener la solvencia del Banco.
El dinero para capitalizar al Banco Central del Uruguay -los
US$ 33:333.333 que puso el Estado- estuvo disponible el 1º de marzo. El contador
Bensión reconoció, inclusive, que al principio, entre la vorágine, hubo algunas
órdenes verbales para mantener el Banco Comercial, pero al cierre de la jornada bancaria
se enviaban órdenes por escrito para no dejar en rojo los números de ese banco. Tal era
la presión y la locura que se vivía.
Bensión dijo que actuó como cajero del Banco Comercial en lo que eran
anticipos financieros, no pagos. La asistencia fue la que dio el Banco Central del
Uruguay, sujeta a ciertos requisitos.
Asimismo, el contador Bensión dijo que declarar la nulidad posterior
del convenio con los socios del Banco Comercial suponía devolver los US$ 100:000.000
y quedarnos con un banco sin liquidez, ni patrimonio, ni capital en un momento de enorme
pánico.
Bueno; hoy nos preguntamos si no hubiera sido mejor. El problema era si
se dejaba caer o si se ayudaba al Banco Comercial en medio de una gran desconfianza;
nosotros tenemos la duda de si dejarlo caer no hubiera sido lo mejor.
Desde abril hasta el feriado bancario se
hicieron las transferencias vía Corporación Nacional para el Desarrollo. Para el
contador Bensión -ex Ministro de Economía y Finanzas- el fraude fue el elemento
disparador de la corrida del Banco Comercial, y mientras se hizo la asistencia de liquidez
se pidieron garantías de vales. Pero tengo entendido que los del Banco Comercial nunca
estuvieron a la orden. Para peor, desde febrero Standard & Poor's nos subió la
calificación de riesgo y solo pudimos obtener uno o dos préstamos internacionales.
También quiero destacar algunas cosas que me han parecido
interesantes; por ejemplo, que el 9 de abril de 2002 los Peirano ofrecieron un listado de
garantías que, según ellos, era de US$ 54:000.000, pero que en realidad era de
mucho menos; el total no llegaba a la mitad de eso, de acuerdo con la tasación del Banco
Central. Además, solamente se entregaron 15 títulos en garantía y, en efectivo,
US$ 24:000.000.
En realidad, los US$ 24:000.000 aparecieron el 23 de mayo, y a los
pocos días el Banco Central volvió a pedir US$ 50:000.000 más de depósitos, que
nunca llegaron porque, al poco tiempo, el Banco de Montevideo fue intervenido.
Se nos dice que no hubo pérdida del patrimonio del Banco La Caja
Obrera por retiros del Banco de Montevideo, pero sí hubo pérdida de liquidez por los
retiros de los depósitos de la gente. Inclusive, el ex Presidente del Banco Central,
contador Rodríguez Batlle, habla de irregularidades que podrían haberse corregido en el
Banco de Montevideo, y como no fue así se designó el veedor y luego se intervino.
Insiste en que la política explícita de apoyar a los bancos fue una decisión del Poder
Ejecutivo.
Por otra parte, quiero hacer mención a que, con respecto al folio del
expediente Nº 9855 que se perdió, el doctor Barrán dijo que tal vez los
procedimientos administrativos no fueron todo lo buenos que debieron ser; se refiere a los
pasos de este expediente.
Inclusive, insistieron en que este expediente nunca había llegado a la
Secretaría General, hecho que es totalmente contrario a las afirmaciones de otros
funcionarios y ex funcionarios del Banco Central, lo que demuestra que allí había un
gran desorden administrativo.
También quiero destacar lo que informaron a la Comisión los peritos
técnicos asesores del señor Juez Balcaldi con respecto al Banco Comercial.
Es de destacar que el Banco Central del Uruguay había hecho la
denuncia en febrero de 2000, principalmente por faltante de títulos de valores de deuda
emitidos por el Gobierno argentino, por los créditos otorgados a empresas y personas
vinculadas con la compraventa de papeles argentinos a futuro y negocios de la Compañía
General de Negocios SAIFE.
Los bancos accionistas del Banco Comercial contrataron a la compañía
externa KPMG. El faltante de bonos o de papeles de deuda argentina fue, aproximadamente,
de US$ 200:000.000, en un período que va desde enero de 1997 a diciembre de 2001.
Conclusión fundamental: el Banco giraba ese dinero y el Banco General
de Negocios no compraba esos valores, o si en algún momento los compró, no los ponía a
nombre del Banco Comercial sino a nombre de la Compañía General de Negocios o de Saint
Louis Financial.
Esta operación se comenzó a hacer luego que Rohm compró el Banco
Comercial.
Según los peritos, el 9 de febrero los técnicos del Banco Comercial
ya habían detectado ese faltante, cosa que aquí ya se ha dicho.
Otra irregularidad importante eran los créditos a las empresas o
personas vinculadas a los Rohm y al Banco General de Negocios. Fíjense, señores
Diputados, que cincuenta o sesenta créditos, grandes créditos, cuyos montos totales eran
de US$ 80:000.000, no cumplían con las normas bancocentralistas.
(Murmullos.- Campana de orden)
——Se falsificaban documentos oficiales; el Banco General de
Negocios mandaba informes que decían que los bonos del megacanje estaban en su poder,
pero en realidad no era así. Esto figura en la versión taquigráfica del 16 de junio de
2003 de esta Comisión Investigadora.
La respuesta del contador Pérez, perito contratado por el Poder
Judicial, fue: "[...] más de un control falló: controles internos del Banco
Comercial, la sindicatura del Banco Comercial, la auditoría del Banco Comercial y -¿por
qué no?- algún control del Banco Central. [...]". Y lo peor es que no había
comunicación entre las auditorías.
En la Comisión Investigadora también se dijo
que algo falló, que la responsabilidad no puede quitarse como una prenda de ropa; hubo
responsabilidad del Banco Central, algunas cosas pasaron desapercibidas por exceso de
confianza o por algún motivo.
El perito dijo que con el diario del lunes es fácil juzgar, es fácil
saber el resultado del partido. Sin duda, hubo fallas en los controles del organismo, de
todos los que tenían que controlar. Este señor continuó diciendo que encontraba algunas
justificaciones, en primer lugar porque detrás del Banco Comercial había bancos de
primera línea, lo que hacía que los controles del Banco Central del Uruguay -fíjense lo
que dijo- fueran un poco "light" y que, a su vez, nunca vio una organización de
estafadores que hubiera hecho una estafa tan grande sin que nadie se diera cuenta. La
organización era muy sofisticada, y hacía años que funcionaba de esa forma.
El Banco Comercial debería tener US$ 500:000.000 en bonos
argentinos, pero tenía solamente US$ 300:000.000. Las transferencias del fraude se
hacían a través del Banco General de Negocios y su "off shore", que era la
Compañía General de Negocios, en beneficio exclusivo de Saint Louis Financial, que era
todo lo mismo.
La pérdida del Banco Comercial se estima en una suma cercana a
US$ 1.000:000.000, que se produjo durante varios años. Según los peritos, el
último balance de liquidación del Banco Comercial al 31 de diciembre de 2002 mostraba
una institución totalmente deficitaria. En realidad, respecto al Banco Comercial los
peritos hablan de un daño superior a los US$ 500:000.000, y la cifra aumenta si se
engloba a la Compañía General de Negocios.
Esto da para seguir hablando mucho más, pero quiero remitirme a las
conclusiones de nuestro informe, que en parte han sido mencionadas. Pero dada la variedad
de causas, es imposible hacer un corte transversal en el conjunto de las relaciones
causales, las cuales, por su naturaleza, expresan una continuidad que necesariamente
debemos respetar.
El Poder Ejecutivo tomó una decisión: mantener abiertos los bancos a
cualquier precio y prácticamente la mantuvo hasta el final de la crisis.
En nuestro informe se establece: "Hubieron entonces decisiones
equivocadas y sobre todo adoptadas en 'tiempos' u oportunidades equivocados, ya que no se
puede proceder con la velocidad que marca la rutina cuando los acontecimientos se vienen
produciendo en cascada a ritmo de vértigo". Y más adelante se agrega:
"Entendemos que en la emergencia, no se utilizaron los mecanismos que pudieron
accionarse rápidamente para sostener y solventar una crisis de esta naturaleza".
Con respecto al Poder Ejecutivo: "El Poder Ejecutivo mantuvo una
dirección, asistiendo a bancos en dificultad con liquidez y además firmó un contrato de
capitalización con los accionistas internacionales del mayor banco privado del país;
generando obligaciones en nombre y representación del Estado uruguayo que exceden las
facultades otorgadas por las normas".
(Suena el timbre indicador de tiempo)
——Analizando el contrato se advierte que se buscó por todos
los medios mantener en funcionamiento al Banco Comercial con el compromiso de
capitalización de los socios internacionales.
Sin conocimiento del Parlamento se asumieron responsabilidades que van
mucho más allá de las que las normas autorizan a contraer, no evitando con esto el
desenlace final.
Como ya termina el tiempo de que dispongo, simplemente quiero recordar
las propuestas de mi Partido para tratar de que, de aquí en más, estas cosas no sigan
ocurriendo. Ya se han mencionado algunas de ellas; me refiero principalmente al seguro de
depósitos, a la mayor autonomía de los organismos reguladores, a la supervisión
consolidada global y al fondo de financiamiento de auditorías externas.
Es todo cuanto quería decir, señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor
Diputado Sendic.
SEÑOR SENDIC.- Señor Presidente: no puedo dejar de hacer algunas
consideraciones generales, pero previamente voy a referirme a la situación del Banco de
Crédito, según la distribución de temas que acordamos con mis compañeros del Frente
Amplio, integrantes de la Comisión Investigadora sobre diversas actuaciones relacionadas
con el sistema financiero y bancario.
La situación generada en el Banco de Crédito surge con su propia
creación, por la fusión que se realizó en diciembre de 1998, cuando el colapso del
Banco de Crédito vino a ensombrecer todavía más el panorama ya
complicado que había a raíz de la crisis del Banco Pan de Azúcar. En aquel momento, al
vaciamiento perpetrado por el grupo Benhamou -que en 1996 dejó en el Banco Pan de Azúcar
un pasivo de US$ 47:000.000 por créditos incobrables-, se sumó a finales de 1998 la
crisis del Banco de Crédito que, en manos del llamado grupo de la Unificación, liderado
por el reverendo coreano Sun Myung Moon, tenía a esa fecha un rojo de
US$ 125:000.000 adeudado por sus empresas colaterales.
El Gobierno resolvió entonces, luego de rechazar la oferta del banco
español Bilbao Vizcaya y del Banco Francés para comprar el Banco Pan de Azúcar, trazar
una compleja ingeniería financiera para la creación de un nuevo banco mixto, en el que
el capital estatal se asociara con el grupo Moon. El Banco de Crédito nació, entonces,
en diciembre de 1998, de la fusión del Banco Pan de Azúcar con el antiguo Banco de
Crédito.
Luego de la disolución y la liquidación del Banco Pan de Azúcar
transcurre una larga historia que mereció en su momento sendas investigaciones, en el
Parlamento y en la Justicia. El Estado pasó entonces a controlar el 51% del paquete
accionario de la nueva institución, pero asociado con la secta Moon, que tenía el 49%.
El Banco de Crédito absorbía los activos y pasivos del Pan de Azúcar, con lo que
incrementó en US$ 47:000.000 el saldo en rojo de US$ 125:000.000 adeudado por
las empresas de Moon. Como contrapartida, el Banco Central entregaba a la Corporación
Nacional para el Desarrollo US$ 25:000.000 para capitalizar el Banco de Crédito, a
la vez que se obtenía el compromiso de la secta de capitalizar con otros
US$ 25:000.000, que serían aportados en cuotas a lo largo de cuatro años.
De acuerdo con los documentos que recibimos en la Comisión
Investigadora, puedo afirmar que a partir de ese momento el Banco de Crédito fue
utilizado permanentemente por el grupo de la Unificación a modo de caja recaudadora para
financiar sus actividades dentro y fuera de nuestro país. Como bien decía la señora
Diputada Charlone, esta operativa hizo que el Banco de Crédito sufriera ya antes de la
crisis financiera una gravísima situación patrimonial y de solvencia.
A partir de 1998 se estableció en la Superintendencia de Instituciones
de Intermediación Financiera que se admitiría para el Banco de Crédito un período de
adecuación durante el cual se incumpliría la normativa en cuanto a encaje y a tenencia
de Letras de Tesorería en dólares, a la responsabilidad patrimonial neta, al tope de
inmovilizaciones de gestión, al tope de posesión de moneda nacional y extranjera y al
tope de riesgo. Lo cierto es que a partir de ese momento empieza una larga historia en la
que permanentemente el Banco de Crédito no solo funcionaba, con autorización del Banco
Central, sin cumplir las normas que rigen la actividad financiera en nuestro país, sino
que, además, ni siquiera cumplía con las normas excepcionales que se habían inventado
para el Banco de Crédito. Y son muchas, pero muchas, las irregularidades que hemos podido
constatar; entre ellas, el déficit patrimonial, que en un momento llegó a ser de
US$ 105:000.000 y se fue incrementando a lo largo del tiempo durante la
administración de este banco gestionado en mayoría por el Estado uruguayo, pero
-evidentemente- con un gran peso del Director representante del grupo de la Unificación
que, en definitiva, usó el banco como quiso.
Desde el punto de vista patrimonial, esta situación terminó con
informes como el presentado por Tea Deloitte & Touche. Dice la consultora que, de
acuerdo con el plan de adecuación presentado por el Banco de Crédito al Banco Central,
los informes elaborados sobre revisión de riesgos crediticios han demostrado
permanentemente una insuficiencia de previsión en las cifras significativas; en junio de
1999 se manejaba una cifra de US$ 31:000.000, en diciembre se hablaba de
US$ 35:000.000 y, en junio, de US$ 47:000.000. La consultora establecía que
también existía imprevisión para deudas incobrables en pesos, porque estas no se
habían tenido en cuenta, ni siquiera cumpliendo con las excepciones a las normativas
previstas por el Banco Central.
El 5 de febrero de 2001, el síndico de la Corporación informaba que
los estados contables del Banco de Crédito no habían reflejado en las fechas indicadas
la realidad económica y financiera de la institución, en tanto no se habían aplicado
estrictamente las normas bancocentralistas vigentes en materia de previsión del riesgo
crediticio. Agregaba que el funcionamiento del banco estaba ligado, entre otros factores,
al mantenimiento de la flexibilidad por parte del Banco Central, flexibilidad con la que
tampoco se cumplía.
Al 28 de febrero de 2001, el patrimonio negativo era de más de
US$ 86:000.000. En aquel momento, cuando se estableció un plan de adecuación
patrimonial de largo plazo, la contadora Medero dijo que, además,
nuevamente se estaba haciendo lo que se llama maquillaje, que consiste en activar
pérdidas, en poner pérdidas en el activo. Dijo que si no se hubiera hecho eso, el banco
habría tenido patrimonio negativo. Esto ocurría en el año 2001.
El contador Rodríguez Batlle analizó también la situación del Banco
de Crédito ante la Comisión Investigadora y señaló que era un banco que estaba dentro
de un plan de adecuación, tanto de previsiones como patrimonial. Informó que el grupo de
la Unificación -que era el grupo minoritario- había ido cumpliendo los compromisos de
capitalización asumidos, a pesar de que los servicios técnicos del Banco Central decían
lo contrario. Mencionó, inclusive, que algunos plazos se habían extendido, pero que
también se habían aumentado los requisitos de capitalización futura, y que se llegó al
momento de la crisis, en el que también se suspendió la actividad, pero desde el punto
de vista del Banco Central, en el transcurso de los últimos tiempos no había habido
ninguna acción peculiar o digna de destaque en el funcionamiento del Banco de Crédito.
Consultado acerca de si hubo incumplimiento del Banco de Crédito en cuanto a las
exigencias del Banco Central, el contador Rodríguez Batlle dijo: "Básicamente, de
cumplimiento del plan, y seguramente deteriorado en el último mes o mes y medio porque,
probablemente, la cartera morosa hubiera aumentado, ya que nos consta que algunos
créditos dados en los últimos tiempos se transformaron en créditos de difícil cobro.
Pero fue una relación relativamente normal entre el Banco Central y el Banco de
Crédito". Esto es lo que afirmaba el contador Rodríguez Batlle en la Comisión
refiriéndose, en realidad, a una larga historia de incumplimientos que venía de varios
años atrás.
Las deudas de las empresas vinculadas al grupo Moon con el Banco de
Crédito, sin duda, fueron un aspecto central en la crisis del banco. Un informe de la
Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, del 28 de agosto de 2001,
expresa que con referencia al endeudamiento del grupo de la Unificación, al 31 de julio
de 2001, y sin tomar en cuenta las deudas de Riloman S.A., el endeudamiento de Moon
alcanza US$ 81:000.000, lo que provoca excesos a las normas generales de tope de
riesgo y de calce de operaciones a plazos mayores a tres años. El grupo no está
cumpliendo con los cronogramas de pago acordados por el Banco de Crédito y aceptados por
el Banco Central. El caso más notorio es el de Camil Ltda. que debe US$ 37:000.000
-Camil es la empresa vinculada al Hotel Victoria Plaza-, que tiene un atraso en el
cronograma de pagos de US$ 6:500.000, con lo cual la cancelación prevista para el 31
de diciembre evidentemente no se cumplirá. Esa era la situación informada por los
servicios técnicos, a pesar de que el Presidente del Banco Central decía que no había
novedades y que la relación entre el Banco Central y el Banco de Crédito era normal; la
operativa, sin duda, era ingeniosa. Los Moon ponían algunos pesos en el Banco de
Crédito, pero siempre era más lo que retiraban que lo que depositaban en él. Así fue
como la situación se fue agravando y prácticamente obligó al Banco de Crédito a cerrar
porque, como decíamos -lo afirmamos en la Comisión-, este ya estaba fundido antes de la
corrida bancaria.
Esta historia del grupo Moon relacionada con el Banco de Crédito no es
novedad en el país. Atrás de esto, sin duda, también está la operativa de varios
grupos, como el grupo Soler, que estuvo vinculado a la crisis anterior del Banco de
Crédito y a la operativa de Royalty S.A., una de las empresas deudoras del Banco de
Crédito por más de US$ 20:000.000 y, en definitiva, hoy todavía no se sabe
quiénes son los dueños de esas acciones que quedaron -por decir así- colgadas adentro
del Banco de Crédito. Evidentemente, hay una situación que se arrastra desde hace muchos
años y que tiene que ver con algunos de los grupos económicos más importantes de
nuestro país, tal como hoy refería el señor Diputado Bayardi.
Después del feriado bancario, en el Banco de Crédito había
US$ 308:000.000 y luego del pago a cuenta de los días 14 y 23 de julio de 2003,
quedaron pendientes de cobro US$ 270:000.000, que son el 90% restante de los
depósitos mayores de US$ 2.000, unas 6.500 cuentas. Muchos de esos depositantes
todavía están golpeando las puertas de los despachos de los legisladores porque aún hoy
esto no ha tenido solución.
Quiero hacer algunas referencias generales al tema de fondo que estamos
analizando en el día de hoy porque, desde nuestro punto de vista, en realidad el gran
problema que tenemos es que el sistema financiero uruguayo está mal estructurado. No hubo
una crisis de confianza en el sistema financiero uruguayo; lo que hubo fue una crisis
estructural del sistema. Nuestro país no está en condiciones de
seguir sosteniendo un sistema financiero basado en el secreto bancario, un sistema
financiero en el que el Estado se hace cargo de los depósitos que hay en los bancos; no
está en condiciones y nunca lo estuvo. Jamás podría haberse hecho cargo de
US$ 14.000:000.000 depositados en nuestro sistema financiero -es mucho dinero para
nuestra economía- y no estábamos en condiciones de respaldarlos. No hay seguro de
depósito ni supervisión consolidada de los grupos económicos que manejan los bancos.
Además, las casas matrices no se hacen cargo de las sucursales que tienen en nuestro
país, puesto que a pesar de que estas usan los nombres de las casas matrices, funcionan
como si fueran bancos aparte. Asimismo, en el sistema financiero uruguayo a nadie se le
pregunta de dónde salió el dinero que trae a un banco ni para dónde va cuando sale;
controles mínimos que existen en los países europeos, por ejemplo, precisamente para
evitar que el sistema financiero sea asiento de capitales de dudoso origen.
Es, entonces, sobre esas bases que decimos que está funcionando un
sistema financiero que, desde nuestro punto de vista, tiene una crisis estructural. Pero
ni siquiera las normas que rigen el sistema financiero se cumplen, y cuando empezamos a
analizar la situación de estos bancos nos dimos cuenta de que, en realidad, ninguno de
ellos estaba cumpliendo con las normas que rigen el sistema financiero. Y no solamente
eso, sino que, además, alguno de estos bancos estaba en manos de bandas de verdaderos
delincuentes, algunos de los cuales hoy se encuentran prófugos y otros presos. Esas
bandas de delincuentes eran las que manejaban alguno de los bancos más importantes que
había en el Uruguay.
Como decía el señor Diputado Abdala, no estamos para juzgar
intenciones, pero hay hechos que son absolutamente incontrastables y acá hubo grupos
económicos -algunas de estas bandas a las que nos referíamos- que se enriquecieron
sobremanera -más de US$ 700:000.000 para uno; US$ 500:000.000 para el otro- y
mientras tanto quienes tenían que controlar, quienes tenían que supervisar, quienes
tenían que vigilar los intereses del conjunto de la sociedad, no lo hicieron. Los
banqueros eran fuertes frente a los anémicos Directores del Banco Central y a los
anémicos encargados de la supervisión de las instituciones financieras.
Yo pregunto: ¿qué finalidades de las que la Carta Orgánica atribuye
al Banco Central se cumplieron? ¿Se cumplió con la finalidad que la Carta Orgánica
establece de velar por la estabilidad de la moneda nacional? No se cumplió, porque el 20
de junio del año 2002 hubo que hacer una devaluación. La única condición que había
para que viniera la asistencia que el Gobierno estaba reclamando era que no se siguieran
utilizando esos recursos para sostener el valor de la moneda. Por lo tanto, la manera en
que se manejó el sistema financiero puso en riesgo la estabilidad de nuestra moneda y en
medio de esa crisis hubo una devaluación.
En la Carta Orgánica se dice que el Banco Central debe asegurar el
normal funcionamiento de los pagos internos y externos. ¿Se aseguró el funcionamiento de
los pagos internos y externos? No; no se aseguró. Hubo gente que quedó con sus
depósitos reprogramados, atrapados en esta especie de "corralito" que se
inventó en el Uruguay. Hubo mucha gente que no pudo pagar y mucha otra que no pudo
cobrar.
¿Se mantuvo un nivel adecuado de las reservas internacionales, como la
Carta Orgánica indica? Tampoco, porque, en realidad, esta crisis hizo eclosión en aquel
feriado bancario, cuando prácticamente ya no quedaban reservas internacionales en el
país; prácticamente estábamos en cero. Las reservas internacionales habían sido
utilizadas para la asistencia a estas instituciones.
¿Se promovió y mantuvo la solidez, solvencia y funcionamiento
adecuado del sistema financiero nacional? Tampoco. Porque esta parte del sistema
financiero que conocimos, en realidad esta funcionando fuera de las normas que rigen la
actividad financiera en el país.
Ninguna de estas cuatro finalidades establecidas en el
artículo 3º de la Carta Orgánica del Banco Central se cumplieron.
Hoy decía el miembro informante del Partido Colorado que no hubo
escenas callejeras, que no hubo muertos ni desestabilización política. Pero yo pregunto:
¿cuánto drama hubo tras las puertas, tras las paredes, en los hogares y viviendas de los
uruguayos? ¡Qué drama el de los deudores, el de los ahorristas de los bancos, el de
aquellos que tenían unos pesos depositados para poder operarse y, sin embargo, no
pudieron acceder a ellos!
No hubo desestabilización política, pero
qué escenas lamentables tuvimos que presenciar ante aquellos desbordes emocionales y
verbales del propio Presidente de la República en la televisión y en algunas de las
comparecencias públicas. ¿No afectan la estabilidad las mentiras que se le dijeron al
Parlamento en aquel momento? ¿No es grave que se le haya mentido al Parlamento, que se lo
haya engañado, que se haya simulado una capitalización de un banco, cuando en realidad
lo que estábamos haciendo era endeudar al país?
Esta crisis financiera tiene un altísimo costo, porque también hubo
muertos; muertos entre la gente que debía y que decidió suicidarse. Acá también hubo
muertos por la crisis financiera, gente desesperada que no pudo pagar. Y esta crisis
todavía no la terminamos de pagar porque el país pidió más de US$ 500:000.000 al
Fondo Monetario Internacional para asistir a los bancos. Después, por una ley que aprobó
este Parlamento, se pidieron US$ 1.500:000.000 más para devolver depósitos a la
vista. Estamos hablando de más de US$ 2.000:000.000 que se pidieron al Fondo
Monetario Internacional y todavía quedan por devolver depósitos reprogramados que están
en los bancos, por más de US$ 3.000:000.000. Esta crisis le va a costar al país
más de US$ 5.200:000.000, que lamentablemente este Gobierno no ha pagado, pero que
comprometen el futuro del Uruguay y que seguramente los próximos Gobiernos van a tener
que afrontar.
La devaluación tuvo costos altísimos para la ciudadanía. ¿Cómo
enfrentó el ciudadano común y corriente que nunca entró a un banco, que nunca tuvo una
tarjeta, que nunca accedió a un crédito y que nunca obtuvo una garantía, esta crisis
que también tiene que pagar? ¿Cómo enfrentó la gente la inflación que trajo la
devaluación, con los salarios y las jubilaciones congelados? Hoy y en el futuro los
banqueros no están; no están los Rohm, no están los Peirano, no está el Credit Suisse
para ayudarnos a hacer frente a lo que va a haber que pagar. El único que está es el
Estado uruguayo y detrás de él el conjunto de nuestro pueblo, de nuestra ciudadanía.
(Ocupa la Presidencia el señor Representante Gallo Imperiale)
——Hoy se pretende reconstruir un sistema financiero sobre
estas mismas bases y, señores, este sistema financiero es absolutamente inviable y
debemos cambiar las bases que rigen la actividad financiera en el país, porque esta
crisis que tuvimos en realidad puede volver a ocurrir en cualquier momento.
Por una ley que aprobó este Parlamento se creó el Nuevo Banco
Comercial e inmediatamente se contrataron Gerentes por intermedio de acuerdos secretos,
con sueldos privilegiados. ¿Cómo no exigir, entonces, las responsabilidades políticas
que corresponden? ¿Cómo no exigir la responsabilidad política que le corresponde al
Directorio del Banco Central, a la Superintendencia, al señor Ministro de Economía y
Finanzas de entonces y al propio Presidente de la República? Estamos de acuerdo en que el
deber de este Parlamento, hoy, sería promover el juicio político al señor Presidente de
la República por las graves irregularidades que se cometieron y por las violaciones a la Constitución de la República
durante este período.
Para finalizar, quiero leer una frase que el propio contador Rodríguez
Batlle mencionó en la Comisión Investigadora, porque, en realidad, esta es la
concepción del sistema financiero que todavía hoy está vigente en nuestro país. El ex
Presidente del Banco Central dijo el 10 de mayo de 2002 en el Acta Nº 2391 del
Directorio: "Cuidar la estabilidad del sistema no significa inventar cosas raras,
este no es un camino que se haya inventado ahora. No es la primera vez que un Banco
Central colabora estableciendo cargos diferidos, normas especiales, normas especiales de
encaje, normas especiales de capitalización, normas especiales para el tratamiento de
algunos activos dudosos. Es una forma de encarar el funcionamiento del sistema financiero
que la han seguido los distintos gobiernos de los partidos que han transitado el poder, al
menos de la época más moderna, al menos desde el año 1985". Esto no lo digo yo,
sino el ex Presidente del Banco Central del Uruguay. Esta fue la concepción que primó en
todos estos años en este sistema financiero. Reitero que hoy la única que queda para
pagar es nuestra gente, son nuestros ciudadanos, es nuestro pueblo, que con sucesivos
ajustes fiscales y con los aportes que tienen que hacer diariamente a la recaudación del
Estado van a tener que hacerse cargo de estos US$ 5.200:000.000 por los que
seguramente el Estado va a tener que responder, conscientes de que en realidad eso no nos
va a resarcir de los tremendos sufrimientos y del tremendo drama que esta situación que
estamos analizando trajo para el conjunto de nuestra ciudadanía.
Muchas gracias.
SEÑORA RONDÁN.- Pido la palabra para
contestar una alusión.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- La Mesa solicita a los
señores Diputados que cuiden el tono cuando se refieren a estos temas, para no entrar en
una alusión generalizada.
Tiene la palabra la señora Diputada.
SEÑORA RONDÁN.- Señor Presidente: esté tranquilo; voy a ser
extremadamente cuidadosa.
En primer lugar, he escuchado muy atentamente, pero quizás entendí
mal. Creí escuchar el pedido de un juicio político al señor Presidente de la
República. Me siento aludida porque formo parte del Gobierno. Si se pide un juicio
político al señor Presidente de la República, el juicio político sería a todos
nosotros, a todos los que integramos el Gobierno y lo hacemos con muchísimo orgullo.
En segundo término, si no entendí mal, se dijo que los Peirano no
están. Según esta ciudadana entiende, hay uno que no está, hay otro que está muerto y
hay otros que están presos, y es el sistema de este país el que los puso presos. Los que
no lo están, no es por culpa de este Gobierno; es porque nos robaron y nos robaron a
todos, no solamente a un sector político; nos robaron a todos.
A mí me encantaría -quizás no sea posible- que el señor Diputado
preopinante algún día se sentara en un escaño de la Junta Departamental y fuese tan
vehemente y exigente como lo es con el Presidente de la República.
Muchísimas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Tiene la palabra el señor
Diputado Rossi.
SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: a esta altura del debate somos
conscientes de que tenemos que procurar hacer una síntesis de un tema en el que por
cierto, dada su extensión e importancia, cuesta definir por dónde empezar y a qué
referirse.
Quiero hacer un reconocimiento al trabajo de todo el personal de la
Cámara, que hizo posible que hoy se esté en condiciones de ir avanzando en conclusiones,
particularmente a las señoras Secretarias y al propio veterano Secretario del Cuerpo,
doctor Catalurda, que prácticamente nos acompañó siempre en el desarrollo del trabajo
de la Comisión.
Debo reconocer también, como lo hizo el señor Diputado Mieres, la
hidalguía, la actitud del Presidente de la Comisión, señor Diputado Gabriel Pais, quien
más allá de su postura y de sus convicciones, fue una garantía para el funcionamiento
de la Comisión, facilitando todas las instancias que fueron requiriendo los distintos
integrantes, favoreciendo de ese modo el desarrollo de la labor.
Uruguay todavía está viviendo las consecuencias de un verdadero
cataclismo nacional, de una crisis financiera que, si la comparamos con lo que es la
experiencia a nivel internacional y tenemos en cuenta las cifras que se manejaron en una
plaza tan pequeña como la uruguaya, prácticamente la convierten en un récord, en una
figura de ejemplo. Se perdieron millones de dólares de reserva, nos endeudamos otro
tanto, creció nuestra dependencia, prácticamente se paralizó el país, desapareció el
crédito -que todavía no hemos recuperado-, se extendió la pobreza, se acentuó la falta
de trabajo y la pérdida de calidad de los trabajos, cedió la estructura del sistema
financiero, al cual se había apostado durante años y se generó una extendida pérdida
de confianza en el conjunto de la ciudadanía, que aún no se ha recuperado. Y no se ha
recuperado, entre otras cosas, porque no hemos salido de las consecuencias de esa crisis.
Más allá de que nosotros sabemos apreciar y valorar algunas señales positivas, como lo
que ha significado para la sociedad el crecimiento de la actividad turística o
agropecuaria, con sus precios internacionales, tenemos la expectativa de que esa
generación de riqueza pueda llegar a escurrir para llegar a los sectores más
necesitados, más carenciados y más postergados.
Sin embargo, nos encontramos día a día, y en este Poder Legislativo
podemos decir que hora a hora, con los efectos de la crisis en carne y hueso: los
ahorristas están en todos los corredores del Palacio o en sus inmediaciones y no han
resuelto su problema, no han recuperado sus ahorros y no tienen la perspectiva de la
recuperación, porque ni siquiera tienen confianza en los cronogramas que, por otra parte,
ya han cambiado más de una vez; los deudores están afectados por un proceso de
ejecuciones que se acentúa y que, por momentos, coloca en situación desesperante a
muchísimas empresas y familias uruguayas; los trabajadores en general fueron afectados y
perjudicados en sus condiciones de trabajo y aún no han recuperado la potencialidad de
una dinámica que es necesario reconstruir, y ni qué hablar de los sectores de empleados bancarios, que tienen un seguro de paro especial financiado
por funcionarios activos y pasivos de los establecimientos bancarios. En las últimas
horas se ha hecho público el sacudón que han sufrido a raíz de una resolución tomada
por el Banco Central del Uruguay, que ha incrementado la presión sobre ese sector.
Entonces, no solo no se superó, sino que todavía, a nuestro entender,
se sigue sin dar señales que contribuyan realmente a recuperar la confianza en un sistema
que cayó y en un desarrollo productivo que aún está lejos de comenzar a dar respuestas
adecuadas a las necesidades de los uruguayos, que tanto han perdido en el transcurso de
los últimos años.
Hoy estamos en el plenario, discutiendo los informes que son la
culminación del trabajo de esta Comisión Investigadora, lo que no quiere decir que se
esté terminando el acontecimiento, el hecho, el capítulo que tiene que ver con la crisis
del sistema financiero y con el repecho que los uruguayos tendremos que lograr subir en el
futuro. Valoramos como un hecho positivo que se haya aprobado por una inmensa mayoría,
por una amplísima mayoría -creo que con una sola excepción- la creación de esta
Comisión Investigadora. Asimismo, valoramos el trabajo realizado, que permitió
profundizar en el conocimiento de los hechos y, sobre todo, difundirlos, así como
divulgar en buena medida sus consecuencias; de lo contrario, no habría sido posible que
estuvieran al alcance del conjunto de la población.
Por lo tanto, estamos en el plenario enfrentando esta discusión, que
es la culminación de esta etapa del proceso de la Comisión Investigadora relativa al
sistema financiero, conscientes de que esta es una contribución, un aporte que en buena
medida depende de la síntesis que hagamos en la noche de hoy, aunque todavía existen
importantes desafíos en el futuro del país. Son desafíos importantes que, por otra
parte, no son nuevos, aunque tal vez sí lo sean por las características, por la
profundidad y por la extensión de la crisis que nos ha tocado vivir, pero no porque sean
nuevas las crisis financieras en Uruguay. El señor Diputado Bayardi hacía referencia a
que prácticamente en todas las décadas nos sorprendió una crisis financiera importante.
Mientras Uruguay tuvo reservas, las crisis siempre fueron absorbidas por el Estado, es
decir, por el conjunto de la sociedad, que fue transfiriendo dramáticamente su capital a
grupos económicos que, por otra parte, se han ido repitiendo en los distintos decenios,
porque da la casualidad -da la triste casualidad- de que algunos de los apellidos que se
mencionaban como vinculados a las crisis financieras que vivió el país en decenios
anteriores, también los encontramos en la crisis financiera del nuevo siglo.
Así como recordamos otras crisis financieras y otros momentos de
incertidumbre que vivió el país en esta materia, no podemos dejar de mencionar lo que
fue la crisis financiera que motivó, entre otras cosas, la quiebra del Banco Mercantil,
del Banco Popular y la caída del Ministro de Economía y Finanzas de entonces, doctor
Charlone, después de una interpelación llevada adelante por Wilson Ferreira Aldunate.
Tratando de repasar esas horas, esas páginas, encontramos un editorial
de "Marcha" del 16 de abril de 1971, que dice: "Dicho lo cual el amigo
Maggi que es un buen técnico, pero también un excelente humorista, se quedó serio y
agregó: 'Felizmente' el decreto," -se refiere a un decreto que recientemente había
aprobado el Poder Ejecutivo y que decía que iba a frenar la corrida que arrastraba en ese
entonces al Banco Mercantil y al Banco Popular y que jaqueaba al resto del sistema
financiero- "que 'cumple una función sicológica' paró el inicio de una gran
'corrida'". Y continúa diciendo el editorialista: "Ocho días después, la
corrida se había transformado en desbandada [...] El humorismo también tiene sus
inconvenientes".
De alguna manera, nosotros también vivimos circunstancias parecidas a
estas a las que este editorial de "Marcha" hace referencia, porque ¿cuántas
veces el país escuchó la afirmación de que con las medidas que se estaban
instrumentando e impulsando, con las asistencias que se estaban recibiendo y que se
estaban administrando, se paraba una y otra vez la corrida? Seguramente, todos los que
están aquí recordarán aquella cadena de televisión del 12 de mayo de 2002 -recuerdo la
fecha porque era, precisamente, el Día de la Madre-, a través de la cual se hizo un
llamado a la población, porque a partir de ese momento se iba a superar la crisis
financiera que estábamos viviendo y que, por cierto, ya nos tenía jaqueados; pero al
otro día prácticamente se inició una enorme corrida que empezó a afectar al Banco de
la República Oriental del Uruguay, lo que obligó a crear los proyectos de
reprogramación que posteriormente este Parlamento debió discutir en forma urgente.
Uruguay sufrió la quiebra de su sistema
financiero porque hizo mal las cosas, porque no controló, porque otras veces controló
pero desconoció los controles, y porque, fundamentalmente, la estrategia elegida por su
Gobierno fijó el objetivo de salvar al conjunto del sistema financiero independientemente
de la realidad objetiva que surgía inclusive de los informes que tenían las autoridades
a través de los servicios de contralor del sistema financiero. Fracasó en ese objetivo
y, lógicamente, en ese fracaso arrastró al conjunto de la economía del país.
El informe elaborado por los integrantes del Partido Colorado en la
Comisión Investigadora empieza haciendo referencia a antecedentes que el señor Diputado
Gabriel Pais reiteró en esta Sala. Dice: "Hasta fines del 2001, el sistema bancario
de Uruguay ocupaba una situación de privilegio en comparación con otros sistemas de la
región. El total de depósitos era de 14.867 millones de dólares, de los que un 42% eran
de no residentes y, en conjunto, a lo largo del año 2001, los depósitos habían
aumentado casi un 22% [...]". El informe sigue con un conjunto de valoraciones de los
aspectos positivos que tenía el sistema financiero del país a fines de 2001 y expresa
que las principales agencias internacionales de calificación de riesgo calificaban con
AAA a los Bancos Comercial y de Montevideo y al sistema financiero del país en su
conjunto para sus bonos de deuda emitidos en los mercados internacionales.
En el segundo párrafo se expresa: "A partir de esta situación,
tan solo un mes después, en febrero del 2002, sin ninguna acción ni omisión del
gobierno durante el mes de enero, ese mismo sistema bancario enfrentó la crisis más
importante de la historia económica uruguaya, que culminó con el feriado bancario
decretado a fines del mes de julio del 2002", con todos los demás efectos de cierre
de bancos, etcétera, que todos conocemos. Es imposible no advertir esta contradicción
que se establece. Un sistema floreciente, fuerte, ejemplo en el mundo, con calificaciones
AAA resulta que solo en un mes, no se sabe por qué, sin mediar ninguna acción del
Gobierno, se cayó a pedazos y en forma acelerada. Esto no pudo controlarse a pesar de los
miles de millones de dólares que gastó el Gobierno de sus reservas y de lo que tuvo que
endeudarse para tratar de impedir la quiebra y el fracaso. Es evidente que el fracaso no
surgió como por arte de magia, de ninguna situación externa al Uruguay ni de ninguna
situación mágica que no podamos llegar a comprender. La realidad es que el sistema
financiero nacional estaba duramente enfermo. Por ello prácticamente todos los que
intervinimos en la Comisión Investigadora coincidimos en algunas valoraciones relativas a
ciertos ejemplos que hacen comprender por qué el sistema financiero nacional estaba
condenado, independientemente de la crisis internacional. Lo único que hizo la crisis
regional fue poner en evidencia las rocas que estaban en el fondo y que en muchos casos no
se advertían, no porque no hubiera informes que señalaran la situación, sino porque no
se querían ver; se miraba para otro lado, se procuraba eludir las definiciones que
permitieran asumir la situación.
El Banco Galicia se cerró y hay explicaciones para ello. Puede ser
razonable porque la mayoría de sus depósitos estaban radicados fuera del país. Sus
colocaciones estaban fuera del país y sus depósitos también venían desde fuera del
Uruguay. Pero la pregunta es: ¿por qué se habilitó un banco con esas características?
Los jerarcas del Banco Central no podían responder esta pregunta. ¿Quién habilitó el
Banco Galicia?
En cuanto al Banco Comercial, debo decir que el señor Diputado Bayardi
hizo referencia a todo lo que surge de la investigación realizada a nivel del Poder
Judicial y de toda una serie de documentos que se fueron reuniendo a nivel del trabajo de
la Comisión Investigadora y que demuestran que, prácticamente desde el inicio de su
gestión, se inflaron los resultados para lograr el liderazgo de la plaza, con el fin de
atraer depósitos. Posteriormente, fue transfiriendo esos depósitos a las empresas
vinculadas y a los negocios propios de los grupos que controlaban el banco. ¡Ni hablar de
que quienes cobraron las utilidades, durante diez años no podían decir que eran ajenos a
la administración que llevaban adelante los hermanos Rohm! ¡Por favor! ¡Qué nenes para
creer que pueden estar conviviendo durante diez o doce años en la dirección de un banco,
con participación igualitaria en el porcentaje accionario, sin tener control de los
negocios que hacía la institución y cobrando las utilidades cuando las había! ¡Qué
casualidad! Solo se dieron cuenta cuando el banco entró en bancarrota y se detuvo a los
hermanos Rohm.
Pero digo más: en la discusión relativa al Banco Comercial y a la
actitud que asumieron el Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Ejecutivo, el Banco Central del Uruguay, dando asistencia para rescatar a los bancos y
evitar la quiebra del Banco Comercial, se ha dicho que no se sabía cuál era la
situación patrimonial. Entonces, como bien dijo el señor Diputado Bayardi, si no se
sabía, ¿por qué se dio asistencia? Yo digo que se sabía porque ello surge del
expediente judicial; se sabía porque surge del expediente Nº 9855; se sabía porque
resulta que en una carta del Banco Comercial -contestando una demanda del Banco Central-,
elaborada por el estudio asesor y firmada por el señor Alberto J. Foderé, se hablaba de
eliminar el patrimonio negativo del Banco Comercial, que al 30 de abril de 2002 era de
US$ 73:101.106. Quiere decir que perfectamente se sabía esto porque el Banco
Comercial, con fecha 4 de noviembre de 2002, reconoció por escrito que al 30 de abril de
ese año ya había un patrimonio negativo. Además, se sabía porque, como los señores
Diputados conocen, nosotros no demandamos a los accionistas extranjeros del Banco
Comercial, sino que ellos nos demandaron en Nueva York. En el escrito con que el Gobierno
uruguayo responde a la demanda de los accionistas extranjeros, se dice: "Dicha
investigación" -referida precisamente al patrimonio del Banco Comercial- "no
alcanzó una cifra definitiva del valor patrimonial neto negativo hasta fines de abril de
2002". Esto lo dice el Gobierno uruguayo cuando se tiene que defender de la demanda
de los accionistas extranjeros. Entonces, ¿cómo es? Para algunas cosas no se sabía el
patrimonio e igualmente se daba asistencia, pero para otras cosas se conocía que existía
un patrimonio negativo a abril, que es precisamente el mes en que se resolvieron las
asistencias que nosotros decimos que violaron la ley.
Sin embargo, el tema no queda ahí. En este Parlamento se anunció que
el Banco de Crédito, a partir de 1998, pasaba a estar integrado, en nombre del Estado,
con un 51% de participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo. El Banco
Central sabía que ya desde esa fecha esa institución tenía insuficiencia patrimonial.
Por lo tanto, toda la publicidad que se hizo desde entonces, llamando a los ciudadanos a
confiar en ese banco que tenía un 51% de respaldo estatal fue un engaño a la gente y a
los ahorristas; era un engaño conocido por el Gobierno -que realizó la fusión con el
Banco Pan de Azúcar y que decidió incorporar a la Corporación Nacional para el
Desarrollo- y por el Banco Central, tanto del período anterior como del actual, que
perfectamente sabía que ese banco no estaba en condiciones de funcionar.
También tenemos el caso del Banco de Montevideo: resulta que se dice
que tenía calificación AAA, a principios de 2002, y por eso le adjudicaron, en un
proceso licitatorio que si tenemos tiempo analizaremos, el Banco La Caja Obrera, que era
una institución 99,83% propiedad del Estado uruguayo. Se lo entregaron porque era un buen
negocio, porque harían una fortaleza financiera, una institución que podría llevar
adelante los proyectos que el Uruguay necesitaba. Pero resulta que nos enteramos de que
ese Banco de Montevideo, perteneciente al grupo Peirano, tenía observaciones desde marzo
de 1999 en adelante en los propios estudios de los equipos técnicos del Banco Central del
Uruguay, que eran desconocidos por la Superintendencia y por el Ministerio, que aplicaban
una política de flexibilización. No sé qué se quiere decir con
"flexibilización"; tal vez, que las normas se flexibilizan para no aplicarlas
tal cual son y dejar que el tiempo siga transcurriendo.
Además, el 3 de diciembre de 2001 se tomó posesión del Banco y
resulta que el 31 de diciembre ya los balances indicaban que el grupo en su conjunto iba a
la bancarrota. Antes existieron denuncias de documentos depositados en el Banco de
Montevideo durante 2001, que habían usado sus jerarcas como garantía de operaciones de
créditos personales en el exterior, en cuanto a que los dueños de los documentos habían
ido al Banco a reclamar, encontrándose con que esos documentos estaban empeñados como
garantías de operaciones de los Directores del Banco. Claro: el Banco Central siempre era
el último en enterarse.
Ahora también nos enteramos de que Juan Peirano acaba de declarar ante
la Corte de Gran Caimán, en una audiencia -que fue negociada en reserva- el 2 de mayo de
2003 y que motivó 128 conclusiones de parte de Jonathan Calver. He recibido buena parte
del informe, que es confidencial. Una de las conclusiones dice que estamos ante un fraude
sistemático al TCB y a sus clientes. ¿Por qué? Porque había cuentas que habían sido
declaradas al Banco Central de Gran Caimán y otras que no. En las que estaban declaradas
aparecían las operaciones que regularmente registraban las transferencias que el Banco de
Montevideo realizaba a esta institución financiera "off shore". Pero resulta
que sacaban de otra cuenta, la Nº 5.000 -los informes lo describen precisamente-
para cumplir con los compromisos del grupo Velox y también con las obligaciones
personales y familiares que tenía el grupo Peirano. ¿Cuánto
sacaban? Por ejemplo, el 31 de diciembre de 1999 retiraron US$ 512:000.000 de la
cuenta Nº 5.000; el 31 de diciembre de 2000, US$ 580:000.000; el 31 de
diciembre de 2001, US$ 719:000.000; el 31 de marzo de 2002, US$ 741:000.000, y
por una serie de ejercicios contables, cuando las cosas apretaban, el 30 de junio de 2002
habían reducido sus retiros sin ninguna documentación, sin ninguna garantía y sin
ninguna seguridad -como se explica muy bien en el informe; y el propio Juan Peirano
aparece aceptando, con el asesoramiento de su abogado personal, que efectivamente las
cosas son así; las actas a este respecto se pueden transcribir-, a US$ 552:000.000.
Todas estas cifras corresponden a los ahorros de quienes depositaban en TCB-Caimán,
creyendo que ahí la plata iba a estar más segura, que los depósitos estarían
defendidos. Pero era una gran trampa para que los Peirano pudieran manejar esos recursos y
cubrir las obligaciones que surgían de la actividad del grupo Velox y de sus propios
compromisos personales y familiares. ¿Y el Banco Central no advertía que había flujo de
dinero que entraba al Banco, que se transformaba en certificados de crédito, que después
se colocaba "off shore" en el exterior y que no se sabía a dónde iba a parar?
Todavía Peirano aclara que la voluntad de ellos era pagar con el producto de la venta de
las acciones de Disco, que eran de su propiedad. Pero resulta que las acciones de Disco
las vendió, según parece, aunque no se sabe dónde puso la plata: se olvidó de poner la
plata para saldar, precisamente, estas cuentas que estaban impagas acá.
(Suena el timbre indicador de tiempo)
——Veo que no me queda más tiempo.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Ha finalizado su tiempo,
señor Diputado.
Tiene la palabra el señor Diputado Varona.
SEÑOR VARONA.- Señor Presidente: quiero agradecer la posibilidad
de expresarme en este recinto como suplente del señor Diputado Bellomo.
Simplemente queremos hacer algunas reflexiones. Aquí se ha hablado
mucho sobre esta problemática y creo que a veces, reflexionando, podemos evitar incurrir
en el futuro en los mismos errores. Pienso que esa es la aspiración de muchos integrantes
de este Cuerpo e, inclusive, he escuchado hasta la expresión "nunca más".
En primer lugar, quiero decir que esta película ya la vimos desde otro
lugar; hace treinta y tantos años vimos los debates parlamentarios desde la barra de este
recinto. Hoy tenemos la suerte de estar sentados en esta banca. En aquel entonces se
alertaba sobre el problema financiero y bancario, sobre la situación de la banca e,
inclusive, se daban nombres. Desgraciadamente tuvimos que esperar tantos años, pagar un
precio tan alto y volver a escuchar nombres -algunos están en los documentos-; algunos de
los responsables están presos, otros requeridos y otros muertos. Me pareció importante
hacer esta primera reflexión ya que tengo la oportunidad de poder expresarme.
En segundo término, esta crisis es una de las cosas más dramáticas
que ha vivido nuestro país y ha afectado a la mayoría de los uruguayos. Será muy
difícil cuantificar el precio que esto ha significado. Al respecto, alguien mencionaba:
"Tantas cosas atrás de las puertas; tanto sufrimiento". En este recinto hay
muchos médicos que saben algo que se ha mencionado hasta por la prensa: cuando mucha
gente muere de estrés se debe a determinadas realidades que son fruto de estas
situaciones, pero eso no se suma como elemento de este drama que ha pasado este pueblo.
Pagamos un tremendo precio y es necesario que el espectro político de alguna manera sea
consciente de ello.
Hubo una buena acogida por parte de la población cuando se creó esta
Comisión Investigadora para que estudiara lo sucedido en el sistema financiero; aquí se
ha mencionado y elogiado, por parte de los integrantes y hasta por el Presidente de la
Comisión, a todos aquellos que ayudaron y participaron. Pero lo real es que para el
común de la gente, que dice que los políticos no se ponen de acuerdo en las cosas
trascendentes de la vida del país, que hoy estemos debatiendo y analizando cuatro
informes de la Comisión, no ha sido la mejor señal. Nosotros aspiramos a que la señal
sea diferente, a que pueda existir un mensaje de otra índole hacia afuera, con otros
apoyos, con otra decisión, que no sea la que nos llevó hasta la noche de hoy, para que
mis nietos no tengan que decir tres décadas después lo que hoy estamos expresando.
SEÑOR ROSSI.- ¿Me permite una interrupción?
SEÑOR VARONA.- Sí, señor Diputado.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Puede
interrumpir el señor Diputado.
SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: queremos hacer algunos
comentarios sobre la venta del Banco La Caja Obrera al Banco de Montevideo, lo que está
debidamente resumido en el informe de bancada que presentamos. Simplemente formularé
algunas preguntas.
¿Por qué solo un interventor, después del cierre de los bancos,
después de la intervención del grupo Banco de Montevideo-Banco La Caja Obrera? ¿Por
qué hubo problemas al cierre del balance del 31 de diciembre de 2002, que deriva en la
renuncia de quien era el contador general del Banco La Caja Obrera? ¿Por qué no figura
una venta de inmuebles en el activo del Banco La Caja Obrera, cuando el producto de esta
venta, concretada el 16 de octubre de 2002 -se había recibido el pago- significó un
perjuicio claro al cierre de ese banco? ¿Por qué se realizaban préstamos calzados con
fondos de AFAP en una operación de triangulación que no está permitida por la ley?
¿Cuántas observaciones hubo de la Auditoría General de la Nación ante el análisis de
los robos de los cofres de Pando? También me gustaría conocer lo relativo a los
depósitos de un ciudadano paraguayo que terminó demandando al Estado uruguayo, episodio
en que cumplió un papel bastante triste el interventor en nombre del Banco Central del
Uruguay, nombrado en representación de los intereses del país. Asimismo, me pregunto
acerca de la publicidad paga y autorizada por la intervención del banco, en octubre y
noviembre de 2002, anunciando la apertura del Banco de Montevideo-Banco La Caja Obrera.
Todas estas son preguntas que se agregan a las observaciones que aquí
se hicieron respecto a ese proceso de venta de un banco a otro, que se hizo para
fusionarlos, pero en realidad nunca se fusionaron. Tanto es así que hoy en la
liquidación son dos instituciones absolutamente divididas; nunca llegaron a fusionarse,
aunque sí actuaron como fusionadas para que el Banco de Montevideo pudiera disponer del
patrimonio y de la liquidez del Banco La Caja Obrera.
Ante lo que sucedió en el país, está claro que el Gobierno erró la
estrategia que llevó adelante -aquí ya se ha analizado-; hizo una operación de contrato
o convenio con accionistas extranjeros, cayendo en la inocencia de no sospechar que
estaban involucrados en la estafa, en el fraude que se había concretado en el Banco
Comercial. Se llevó adelante una política de asistencia que fue desaprensiva con el
resto de la sociedad uruguaya, porque con el objetivo de salvar a los bancos,
particularmente al Banco Comercial, puso a disposición todos los recursos que tenía el
Estado. El Poder Ejecutivo avasalló al Banco Central del Uruguay; existen cartas que así
lo demuestran, en las que el Ministro de Economía y Finanzas interfiere en la
independencia técnica que debe mantener el Banco Central del Uruguay según la ley,
haciendo recomendaciones respecto a lo que era conveniente o inconveniente. El Banco
Central del Uruguay actuó con permisividad y tuvo graves faltas administrativas. Aquí se
hizo referencia al famoso folio 41. Actuó con flexibilidad indebida en la aplicación de
las normas, con desconocimiento de los informes técnicos, decidió asistencia ilegal y
fue omiso en el tratamiento del Comercial Investment, que sería todo un capítulo para
desarrollar. Se ha hablado bastante de esto, pero todavía queda mucho más por decir para
que la opinión pública conozca lo que fue la operación del Comercial Investment,
organización clandestina que estaba al servicio del Banco Comercial.
Creo que el actual Directorio del Banco Central tiene un conjunto de
respuestas para dar sobre operaciones desgraciadas para un sistema bancario y financiero
que tiene que ganarse nuevamente la confianza y el respaldo de la población; confianza
que no se podrá recuperar si todos los días somos sorprendidos en la prensa con la
noticia del procesamiento de alguno de sus funcionarios o con algunos trascendidos
respecto a operaciones que se concretan al margen de las normas actualmente vigentes.
Estamos entrando en una nueva etapa; esta Comisión Investigadora
cierra una etapa. Todos tendremos que esforzarnos para ayudar a recuperar un sistema
financiero que es imprescindible para el funcionamiento del país en la medida en que se
reestructure y se aseguren los controles que todavía no están resueltos. Por ello nos
sumamos a muchas de las propuestas que se han hecho y que seguramente se van a promover en
las Comisiones permanentes respectivas de esta Cámara.
Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Puede continuar el señor
Diputado Varona.
SEÑOR VARONA.- He terminado, señor Presidente.
14.-
Licencias.
Integración de la Cámara.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).-
Dese cuenta del informe de la
Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.
(Se lee:)
"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar
las siguientes resoluciones:
Del señor Representante Carlos Pita, por motivos personales, inciso
tercero del artículo único de la Ley
Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 18 y 19 de marzo de 2004,
convocándose al suplente siguiente, señor Álvaro Pérez.
Del señor Representante Gustavo Amen, por motivos personales, inciso
tercero del artículo único de la Ley
Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 18 y 19 de marzo de 2004,
convocándose a la suplente siguiente, señora Rosario Bueno.
Del señor Representante Washington Abdala, por motivos personales,
inciso tercero del artículo único de la Ley
Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 1º y 2 de abril de 2004,
convocándose al suplente siguiente, señor Gustavo Osta.
Del señor Representante Óscar Magurno, por motivos personales, inciso
tercero del artículo único de la Ley
Nº 16.465, por el día 18 de marzo de 2004, convocándose al suplente siguiente,
señor Gerardo Tovagliari.
Del señor Representante Felipe Michelini, por motivos personales,
inciso tercero del artículo único de la Ley
Nº 16.465, por el día 19 de marzo de 2004, convocándose a la suplente
siguiente, señora Elizabeth Villalba.
Visto la licencia oportunamente otorgada al señor Representante Guido
Machado, ante la negativa de la suplente convocada señora María Terrón de Esteves y
habiéndose agotado la lista de suplentes, se solicita a la Corte Electoral la
proclamación de nuevos suplentes".
——En discusión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota)
——Treinta y seis en treinta y ocho: AFIRMATIVA.
Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se
incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas, y se oficiará a la Corte Electoral en
el caso pertinente.
(ANTECEDENTES:)
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle
Presente.
De mi mayor consideración:
Por intermedio de la presente solicito se me conceda licencia por
motivos personales desde el 18 al 19 de marzo inclusive, asimismo solicito se proceda a la
convocatoria del suplente respectivo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
CARLOS PITA
Representante por Montevideo".
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle
Presente.
De mi mayor consideración:
El que suscribe Gonzalo Reboledo, Cédula de Identidad
Nº 2.576.789-1, en mi calidad de suplente del Representante Nacional, comunico a
usted que me encuentro imposibilitado por esta vez de asumir el cargo de Representante
para el cual fui convocado por ese Cuerpo.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Gonzalo Reboledo".
"Comisión de Asuntos Internos
VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor
Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Pita.
CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período
comprendido entre los días 18 y 19 de marzo de 2004.
II) Que por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el
suplente correspondiente siguiente, señor Gonzalo Reboledo.
ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución
de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero
del artículo único de la Ley
Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.
La Cámara de Representantes,
R E S U E L V E :
1) Concédese licencia por motivos personales por el período
comprendido entre los días 18 y 19 de marzo de 2004, al señor Representante por el
departamento de Montevideo, Carlos Pita.
2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente
siguiente señor Gonzalo Reboledo.
3) Convóquese para integrar la referida representación por el
mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación
Nº 90 del Lema Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Álvaro Pérez.
Sala de la Comisión, 18 de marzo de 2004.
GUILLERMO ÁLVAREZ, HEBER DUQUE, TOMÁS TEIJEIRO".
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.
Presente.
De mi mayor consideración:
Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se
sirva concederme el uso de licencia por razones personales por los días 18 y 19 de marzo
del año en curso.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente.
GUSTAVO AMEN VAGHETTI
Representante por Lavalleja".
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.
Presente.
De mi mayor consideración:
Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de
acceder a la convocatoria del Cuerpo de la cual he sido objeto.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente.
Daoiz Librán".
"Comisión de Asuntos Internos
VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor
Representante por el departamento de Lavalleja, Gustavo Amen.
CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período
comprendido entre los días 18 y 19 de marzo de 2004.
II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el
suplente correspondiente siguiente, señor Daoiz Librán.
ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución
de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero
del artículo único de la Ley
Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.
La Cámara de Representantes,
R E S U E L V E :
1) Concédese licencia por motivos personales por el período
comprendido entre los días 18 y 19 de marzo de 2004, al señor Representante por el
departamento de Lavalleja, Gustavo Amen.
2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente
siguiente señor Daoiz Librán.
3) Convóquese por Secretaría por el mencionado lapso, a la suplente
correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado,
señora Rosario Bueno.
Sala de la Comisión, 18 de marzo de 2004.
GUILLERMO ÁLVAREZ, HEBER DUQUE, TOMÁS TEIJEIRO".
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.
Presente.
De mi mayor consideración:
Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se
sirva concederme el uso de licencia por razones personales por los días 1º y 2 de abril
del año en curso.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
WASHINGTON ABDALA
Representante por Montevideo".
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.
Presente.
De mi mayor consideración:
Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de
aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Miguel Dicancro".
"Comisión de Asuntos Internos
VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor
Representante por el departamento de Montevideo, Washington Abdala.
CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período
comprendido entre los días 1º y 2 de abril de 2004.
II) Que por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido
objeto, el suplente siguiente, señor Miguel Dicancro.
ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución
de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero
del artículo único de la Ley
Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.
La Cámara de Representantes,
R E S U E L V E :
1) Concédese licencia por motivos personales por el período
comprendido entre los días 1 y 2 de abril de 2004, al señor Representante por el
departamento de Montevideo, Washington Abdala.
2) Acéptase, por esta única vez, la negativa presentada por el
suplente siguiente, señor Miguel Dicancro.
3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapos, al suplente
correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000 del Lema Partido Colorado,
señor Gustavo Osta.
Sala de la Comisión, 18 de marzo de 2004.
GUILLERMO ÁLVAREZ, HEBER DUQUE, TOMÁS TEIJEIRO".
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle
Presente.
De mi mayor consideración:
Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, artículo único, solicito al Cuerpo que tan
dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el
día 18 de marzo del año en curso.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
ÓSCAR MAGURNO
Representante por Montevideo".
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle
Presente.
De mi mayor consideración:
Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de
aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente.
Hugo Granucci".
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle
Presente.
De mi mayor consideración:
El abajo firmante Dr. Raúl Germán Rodríguez, habiendo sido convocado
para asumir en calidad de suplente una banca en la Cámara de Representantes, le comunica
a usted que por razones personales y por esta única vez no he de acceder a ella.
Sin otro particular saluda muy atentamente.
Raúl Germán Rodríguez".
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle
Presente.
De mi mayor consideración:
Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de
aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente.
Luis Spósito".
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle
Presente.
De mi mayor consideración:
Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de
aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente.
Juan Ángel Vázquez".
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle
Presente.
De mi mayor consideración:
Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de
aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente.
Palmira Zuluaga".
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle
Presente.
De mi mayor consideración:
Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de
aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente.
Ruben Zambella".
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle
Presente.
De mi mayor consideración:
Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de
aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente.
Alfredo Menini".
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle
Presente.
De mi mayor consideración:
Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de
aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente.
Eduardo Scasso".
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle
Presente.
De mi mayor consideración:
Por la presente comunico a usted que por esta única vez no he de
aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente.
Augusto Montesdeoca".
"Comisión de Asuntos Internos
VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor
Representante por el departamento de Montevideo, Óscar Magurno.
CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 18
marzo de 2004.
II) Que los suplentes siguientes, señores Miguel Dicancro y Gustavo
Osta, integran la Cámara por el día de la fecha y los suplentes siguientes, señores,
Hugo Granucci, Raúl Germán Rodríguez, Luis Spósito, Juan Ángel Vázquez, señora
Palmira Zuluaga, señores Ruben Zambella, Alfredo Menini, Eduardo Scasso, y Augusto
Montesdeoca Suárez , no aceptan por esta vez la convocatoria.
ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución
de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945 y por el inciso tercero del
artículo único de la Ley Nº 16.465,
de 14 de enero de 1994.
La Cámara de Representantes,
R E S U E L V E :
1) Concédese licencia por motivos personales por el día 18 de marzo
de 2004, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Óscar Magurno.
2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, presentan los suplentes
siguientes señores, Hugo Granucci, Raúl Germán Rodríguez, Luis Spósito, Juan Ángel
Vázquez, señora Palmira Zuluaga, señores Ruben Zambella, Alfredo Menini, Eduardo
Scasso, y Augusto Montesdeoca Suárez.
3) Convóquese por Secretaría, por el día 18 de marzo de 2004, al
suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000 del Lema Partido
Colorado, señor Gerardo Tovagliari.
Sala de la Comisión, 18 marzo de 2004.
GUILLERMO ÁLVAREZ, HEBER DUQUE, TOMÁS TEIJEIRO".
"Montevideo, 17 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.
Presente.
De mi mayor consideración:
Por este intermedio, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 16.465, inciso 3º solicito a
Ud. tenga a bien disponer los trámites necesarios a efectos de concederme licencia por
motivos personales, a mi cargo como Representante Nacional, el día 19 del corriente mes.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
FELIPE MICHELINI
Representante por Montevideo".
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.
Presente.
De mi mayor consideración:
Por la presente, comunico a usted que no acepto por esta vez la
convocatoria en virtud de la licencia solicitada por el Diputado Felipe Michelini por el
día 19 de marzo, del corriente año.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Álvaro Erramuspe".
"Montevideo, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.
Presente.
De mi mayor consideración:
Por la presente, comunico a usted que no acepto por esta vez la
convocatoria en virtud de la licencia solicitada por el Diputado Felipe Michelini por el
día 19 de marzo, del corriente año.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Mabel González".
"Comisión de Asuntos Internos
VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor
Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Michelini.
CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 19 de
marzo de 2004.
II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto
los suplentes siguientes señor Álvaro Erramuspe y señora Mabel González.
ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución
de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de fecha 24 de mayo de 1945, y por el inciso
tercero del artículo único de la Ley
Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.
La Cámara de Representantes,
R E S U E L V E :
1) Concédese licencia por motivos personales por el día 19 de marzo
de 2004, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Michelini.
2) Acéptanse las negativas que presentan los suplentes siguientes,
señor Álvaro Erramuspe y señora Mabel González.
3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida
representación, por el día 19 de marzo de 2004, a la suplente correspondiente siguiente
de la Hoja de Votación Nº 99000 del Lema Partido del Nuevo Espacio, señora
Elizabeth Villalba.
Sala de la Comisión, 18 de marzo de 2004.
GUILLERMO ÁLVAREZ, HEBER DUQUE, TOMÁS TEIJEIRO,".
"Rivera, 17 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle
Presente.
Atento a la convocatoria de la que soy objeto para cumplir la
representatividad de la diputación por el departamento de Rivera, ante la licencia
solicitada por su titular, desde el 18 de marzo hasta el 17 de abril del corriente, le
manifiesto que por ésta única vez no accederé a cubrir la banca por el mencionado
período de licencia.
Saluda a Ud. atentamente,
María Terrón de Esteves".
"Rivera, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle
Presente.
Atento a la convocatoria de la que soy objeto para cumplir la
representatividad de la diputación por el departamento de Rivera, ante la licencia
solicitada por su titular, le manifiesto que por ésta única vez no accederé a cubrir la
banca.
Saluda a Ud. atentamente,
Walter Machado".
"Rivera, 18 de marzo de 2004.
Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle
Presente.
Atento a la convocatoria de la que soy objeto para cumplir la
representatividad de la diputación por el departamento de Rivera, ante la licencia
solicitada por su titular, le manifiesto que por ésta única vez
no accederé a cubrir la banca.
Saluda a Ud. atentamente,
Ariel Abarno".
"Comisión de Asuntos Internos
VISTO: I) La licencia oportunamente concedida al señor Representante
por el departamento de Rivera, Guido Machado por el período comprendido entre los días
18 de marzo y 17 de abril de 2004.
II) Que la Cámara de Representantes convocó a la señora María
Terrón de Esteves para ejercer la suplencia correspondiente.
III) Que la señora María Terrón de Esteves no acepta, por esta vez,
la convocatoria de que fuera objeto; que los suplentes siguientes señores Walter Machado
y Ariel Abarno presentan la negativa correspondiente.
RESULTANDO: Que procede solicitar a la Corte Electoral la proclamación
de nuevos suplentes.
ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución
de la República y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.
La Cámara de Representantes,
R E S U E L V E :
1) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los
suplentes correspondientes siguientes de la Hoja de Votación Nº 292000, del Lema
Partido Colorado, señora María Terrón de Esteves y señores Walter Machado y Ariel
Abarno.
2) Ofíciese a la Corte Electoral.
Sala de la Comisión, 18 de marzo de 2004.
GUILLERMO ÁLVAREZ, HEBER DUQUE, TOMÁS TEIJEIRO".
15.-
Diversas
actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario.
——Continúa la consideración del asunto en debate.
Tiene la palabra el señor Diputado Gil Solares.
SEÑOR GIL SOLARES.- Señor Presidente: hemos escuchado con mucha
atención todo lo que se ha expresado sobre el gravísimo problema financiero de nuestro
país. Pensamos que la responsabilidad profesional, inherente también a los bancarios,
corre por la imprudencia, por la impericia y por la negligencia, como muy bien lo expresó
el señor Diputado Bayardi hace algunas horas. Pero también existen otras desviaciones
más graves aún, que son mentir, robar o matar.
¿Qué es la imprudencia? Es correr riesgos innecesarios. ¿Qué es la
impericia? Es no conocer lo que se está haciendo y, por lo tanto, lo que se hace se hace
mal. ¿Y qué es la negligencia? Para ser breves, decimos que la negligencia es ser
haragán.
El capitán del barco financiero en nuestro país es el Presidente del
Banco Central, quien actúa en nombre del Presidente de la República y este en nombre del
Estado, que somos todos. Evidentemente, el Presidente del Banco Central tiene que
responder al Poder Judicial por sí y por sus pares en actividad, enredados en los hechos
que se están denunciando.
Voy a hacer una pequeña consideración como médico. ¿Qué le pasa a
un médico, a un par mío, cuando comete un error o un horror? Tiene que pagar con su
título; tiene que pagar con su patrimonio o también tiene que pagar con cárcel. ¿Por
qué, entonces, un equivocado bancario o un negligente bancario o un ladrón bancario no
va a pagar con su título, con su patrimonio o con cárcel?
Quiero expresar que me siento orgulloso como uruguayo, más que como
Representante Nacional, de todos quienes trabajaron en el análisis de este tan triste
episodio del orden financiero de nuestro país. A todos felicitaciones y muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Tiene la palabra el señor
Diputado Amorín Batlle.
SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Señor Presidente: sin duda, debemos
comenzar agradeciendo a todos los que trabajaron en este tema, en una tarea
extraordinariamente compleja. Me refiero especialmente a los funcionarios de la Cámara y
también a los colegas que supieron trabajar durante casi un año y medio, analizando
episodios que ocurrieron en el país en poco más de seis meses, con total respeto, con
total dedicación y poniendo seguramente lo mejor de sí para sacar conclusiones en un
tema tan complejo como este.
Quiero recordar a la Cámara lo que fueron los primeros seis meses del
año 2002 para todos, para quienes estaban en cargos de gobierno, para quienes estaban
manejando el tema económico, para quienes estábamos sentados aquí en esta Cámara y,
especialmente, para todo el pueblo uruguayo. Para absolutamente todos, fueron momentos de
enorme dificultad. Para aquellos que tuvieron la responsabilidad
de manejar el tema económico en esa época, seguramente, fueron los momentos más
complejos de su vida. Me consta que así fue. Había que tomar todos los días,
absolutamente todos los días, decisiones que iban a ser determinantes para el futuro del
país. Me consta, y quiero dejarlo absolutamente claro, que pusieron lo mejor de sí para
hacerlo y que lo hicieron con absoluta honestidad. No tengo la menor duda de ello.
Creo que en la Cámara y en la población en general puede haber
opiniones diversas sobre la conveniencia de las actitudes y acciones que se tomaron. Es
natural que así sea y que con respeto todos las expresen. Lo tenemos que hacer; es
nuestra tarea.
Por suerte, hoy el Uruguay ha dejado atrás esos momentos tan
complejos. Por suerte, la enorme mayoría de los problemas que aquejaban al país y con
los que se enfrentó esta Administración a partir de los primeros meses del año 2002
parecen ir quedando atrás.
Quiero ser breve, pero haré algunas reflexiones que me parece que son
necesarias y justas. Creo que a veces, en un tema tan complejo como este, tendemos a
perder la objetividad.
Desde mi punto de vista las reflexiones deben empezar por el tema del
contrato de capitalización del Banco Comercial. Todos ustedes saben que tuvimos al frente
del Banco Comercial a un grupo de personas; para ser más concreto -quiero ser muy
específico-, fueron los señores Rohm, que durante diez años, en silencio, con absoluta
precisión, estuvieron cometiendo ilícitos. Fue una precisión tan formidable que,
falsificando documentos, escaparon a los controles del Banco Central del Uruguay -sí, sin
duda- y a los de la auditoría interna del Banco Comercial -también sin duda- y a los de
las auditorías externas del Banco Comercial -absolutamente- y a los de las auditorías de
los bancos argentinos que negociaban con ellos -totalmente- y al Banco Central argentino,
también absolutamente.
Los peritos nos dijeron que esta estafa, es decir, esta acción
voluntaria para cometer ilícitos por los señores Rohm, era casi perfecta y se comenzó a
ejercer casi inmediatamente de asumir el control del Banco Comercial, hasta que en el mes
de enero toda la población se enteró del tema y el Banco Central hizo inmediatamente,
antes que nadie, las denuncias penales pertinentes.
Después de esto, el Poder Ejecutivo tuvo que adoptar algunas
decisiones. La que en ese momento se entendió más conveniente fue intentar dar confianza
a la población, obligando a los socios extranjeros del Banco Comercial a capitalizarlo.
Todos saben -hoy es público- que esas negociaciones fueron extraordinariamente complejas.
Todos saben -hoy es público- que inmediatamente después de tomada esa decisión,
inmediatamente después de conocida la situación de que los socios extranjeros del Banco
Comercial iban a capitalizarlo, la situación del banco mejoró rápidamente, por poco
tiempo, pero en forma considerable.
Quiero detenerme unos segundos para decir que la decisión de
capitalizar al banco tomada por el entonces Ministro de Economía y Finanzas, contador
Alberto Bensión, contaba con respaldo jurídico; había informes jurídicos en los que se
basó el Ministro Bensión que le indicaban que podía hacer este contrato con los socios
extranjeros del Banco Comercial. Además, ante una denuncia penal realizada por un
ahorrista al contador Bensión por este episodio, la Justicia uruguaya, que ha demostrado
en todos estos momentos ser absolutamente independiente y eficaz, dijo claramente que en
este caso no se había cometido ningún ilícito que mereciera tipificación penal. Me
parece que es importante, absolutamente importante que eso quede claro.
El segundo punto al que quiero referirme es el de la asistencia del
Estado en general a los bancos que tenían complicaciones. Ha sido muy claro el señor
Diputado Gabriel Pais cuando dijo que las asistencias al Banco Comercial y al Banco de
Montevideo fueron, en su enorme mayoría, después de que sus responsables -que hoy están
en prisión- habían dejado la conducción de esas instituciones. Para el Banco Comercial
no hubo ni un peso, ni un dólar; no hubo ninguna asistencia antes de conocido el fraude
de los hermanos Rohm. Toda la asistencia fue posterior a que el Estado tuviera a sus
representantes actuando allí. Con respecto al Banco de Montevideo, si bien hubo alguna
asistencia previa a su intervención, esta fue respaldada por entregas de dinero o por
garantías de la familia dueña del banco. La enorme mayoría de la asistencia fue
después de la intervención, cuando el Banco Central ya tenía el total control del
banco.
Se ha criticado desde siempre -y especialmente
en esta Sala- la actitud del Gobierno de asistir a estos bancos. Hemos escuchado que se
hacía para salvar a banqueros. Está claro que no fue así. Está claro que la asistencia
fue posterior a que los banqueros dejaran el banco y, en algunos casos, cuando ya estaban
presos. Fue absolutamente posterior. Además, no fue para eso. Fue para preservar un bien
que entendemos importante: para proteger el ahorro. Entendíamos que había razones
fundamentales para ello. El Estado entregó dinero a esos bancos para que pudieran cumplir
con sus obligaciones. Ese dinero no lo regaló, sino que lo entregó y tiene que ser
devuelto. Todo eso. Salvo que esta Cámara, por la absoluta mayoría de sus miembros, de
todos los partidos políticos, por setenta y nueve votos afirmativos en ochenta -creo que
no me equivoco si digo que el único que no votó este proyecto de ley, y este artículo
en concreto, fue el señor Diputado Trobo-, dijo al Poder Ejecutivo: "Señores: ese
dinero que entregaron a los bancos y que en su momento dijimos que estaba mal que se lo
entregaran, hoy decimos que no lo rescaten, que lo dejen en los bancos para pagar a todos
los ahorristas que han sido perjudicados por esta situación". Lo dijimos claramente
en el artículo 27 de la Ley
Nº 17.613 que votamos, repito, por la casi unanimidad de los miembros de esta
Cámara, con excepción del señor Diputado Trobo. Quiere decir que los representantes de
los uruguayos, todos quienes estamos aquí sentados, entendimos que era bueno que el
dinero del Estado, de todos los uruguayos, quedara en los bancos para pagar a quienes
fueron perjudicados. Ese fue un acuerdo absoluto que votamos todos. Por lo tanto, entiendo
que cuando decimos que el Estado hizo mal en asistir a los bancos no debemos olvidar que
después todos dijimos que ese dinero debía permanecer para pagar a los perjudicados por
la situación bancaria. ¿Para qué? Para proteger el ahorro, que no fue sino esa la
actitud y la intención del Gobierno cuando asistió a los bancos.
Quiero hacer alguna reflexión con respecto a la situación patrimonial
del Banco Comercial. En cuanto a lo expresado por el señor Diputado Bayardi, que ha sido
absolutamente respetuoso en su exposición, entiendo que no dejó claro cuál fue la
respuesta del Presidente del Banco Central cuando se le preguntó si conocía un documento
que se había presentado en la Comisión, que era un informe preliminar que decía que el
Banco Comercial tenía patrimonio negativo, y que en el informe siguiente, del Jefe de las
contadoras, se decía que era un informe preliminar y que no tenía valor hasta que se
cotejara con los balances del Banco Comercial. El contador Rodríguez Batlle no dijo que
no conociera la situación patrimonial del Banco Comercial. Al contrario, dijo que la
conocía y que entendía que tenía patrimonio positivo. Lo que dijo que no conocía
-porque no había llegado a sus manos y nunca se probó lo contrario en este año y medio
de trabajo de la Comisión- era el famoso expediente del que faltó la foja 41. La
discusión de si el patrimonio del Banco Comercial era negativo o positivo en marzo y
abril de 2002 -que fue cuando el Banco Central le prestó asistencia, de acuerdo con los
artículos 3º, 36 y 37 de la Carta Orgánica- es un tema técnico. Lo que sabemos los
uruguayos, y a lo que podemos acceder por Internet, es que el balance del Banco Comercial,
realizado antes y después de esa fecha, da positivo. Cuando se cotejan esos balances
auditados nos dicen que los números son positivos, por lo cual, con la información que
tenemos al alcance, esa asistencia realizada en los meses de marzo y abril estaba
absolutamente dentro de los márgenes legales. Eso lo sabemos hoy. Lo que sabía el
Directorio del Banco Central cuando votó estas asistencias era que el patrimonio del
Banco Comercial era positivo, porque así lo había hecho saber la Superintendencia en
varias reuniones.
También quiero hacer una reflexión con respecto a lo que se ha dicho
sobre el discurso del señor Presidente de la República del 12 de mayo de 2002. En ese
discurso televisado, para él de enorme dificultad, el tema central no fue el de que el
sistema bancario y financiero funcionara bien, sino que entendía que debía dar la cara y
fijar su posición ante toda la población, diciéndole que iba a poner más impuestos a
todos los uruguayos. El país estaba en una situación tan compleja -era tan compleja- que
él, que había asumido la Presidencia de la República intentando eliminar impuestos, le
iba a pedir -y lo hizo públicamente- a toda la población un sacrificio importantísimo
para salir de la situación que vivía el país. Ese fue el centro, el motivo por el cual
el señor Presidente de la República entendió que debía dirigirse a los uruguayos.
Fui el miembro informante en esta Cámara de ese proyecto de ley que
aprobamos por mayoría en los últimos días del mes de mayo de 2002. Créanme, señores
Diputados, que sé bien lo difícil que es tener que describir una situación como la que
tenía el país y pedir a todos los uruguayos ese sacrificio. Cuando lo hicimos, en aquel entonces, dijimos especialmente que era un momento
de enorme dificultad para el país, que pensábamos que ese era un sacrificio que tenía
que hacer la población y que no había otro camino para salir de la crisis. También
dijimos -y lo recordamos- que esta era una situación excepcional y que, en la medida en
que pasara, en la medida en que la situación del país mejorara, ese mismo sacrificio que
habíamos pedido a todos los uruguayos tenía que terminar y nuevamente todos juntos
debíamos eliminar los impuestos que habíamos establecido para sacar al país adelante.
Por lo tanto, creo que cuando hablamos de estos temas lo tenemos que
hacer, como lo ha hecho esta Cámara, con enorme respeto. Creo que las dificultades que
pasó el país -quiero ser bien claro: ya las pasó; ya están dejando de ser- fueron
extraordinarias y que quienes estuvieron al frente de la conducción económica, con
quienes nosotros hablábamos todos los días, todas las tardes para ver cómo había
terminado ese día y cuál era el panorama, la sufrieron con enorme responsabilidad.
Recuerdo un día en que estábamos aquí, en esta Cámara, y fue citado
el señor Ministro de Educación y Cultura junto con el señor Ministro de Economía y
Finanzas, cuando el país tambaleaba, cuando no sabíamos qué podía pasar, cuando
habíamos visto lo que había pasado en Argentina, donde la gente salió a las calles, se
mató, echaron a un Presidente, perdieron la institucionalidad y todas esas amenazas de
saqueo público sacudieron al país. Recuerdo haber estado esa tarde en estas bancas con
el señor Ministro de Economía y Finanzas, teniendo que escuchar una interpelación sobre
un tema que sería muy importante pero que seguramente ninguno de nosotros recuerda,
sufriendo la situación del país y estando seis horas en este Parlamento. Lo hizo porque
era su responsabilidad y porque lo haría cualquier Ministro de este Gobierno, pero,
señores, tenemos que tomar real dimensión de lo que pasó en el país. Hubo una crisis
brutal, se actuó con absoluta seriedad y, especialmente, se actuó en todos los casos con
el respaldo del derecho; siempre se actuó entendiendo que se actuaba ajustado a derecho.
Gracias, señor Presidente.
SEÑOR PRESIDENTE (Gallo Imperiale).- Tiene la palabra la señora
Diputada Payssé.
SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: esta intervención no pretende
para nada introducirse en temas que han sido excelentemente tratados por los compañeros
de bancada que estuvieron integrando la Comisión Investigadora. Simplemente es una
reflexión, una mirada desde nuestro sector político, una contribución a este tema que
nos ha preocupado a todos los uruguayos y que nos sigue preocupando.
(Ocupa la Presidencia el señor Representante Amorín Batlle)
——Diremos que este sistema financiero uruguayo, que estuvo en
vigencia durante los últimos años y que ya se había empezado a gestar durante la
dictadura, está agotado y se murió. Se murió por la falta de su materia prima
fundamental, el dinero, que principalmente provino de Argentina y que buscó esta plaza
financiera como refugio. Se trataba de un dinero volátil, de corto plazo, en moneda
extranjera, que edificó un sistema absolutamente vulnerable, un sistema que descansaba
sobre bases artificiales y sobre dinero a corto plazo que entraba, salía y que nunca se
sabía si se podía contar con él; nunca se pudo contar con él para financiar
inversiones productivas, precisamente por su carácter fuertemente especulativo. Eso dejó
a este sistema en la más absoluta indefensión. El día en que cayera, nada lo podría
detener en su caída, y por eso decimos que tenemos que construir un nuevo sistema y sobre
nuevas bases, no sobre las anteriores.
Si bien la explosión argentina golpeó muy fuertemente al país,
también hubo factores internos controlables, en el sentido de factores sujetos a voluntad
política, a decisiones políticas que, como se orientaron en un sentido podrían haberse
orientado en otro. Hubo y hay una política económica divorciada de la producción que
generó destrucción, generó desempleo, generó un deterioro muy grande de la inversión
productiva y originó un desequilibrio muy importante en las cuentas públicas. Llevó al
país por un camino de endeudamiento que en este momento realmente asusta. Esa política,
señor Presidente, totalmente divorciada de la producción, no permite producir, no
permite generar riqueza, no permite trabajar; sí permite especular. Esa política no fue
capaz de proteger a su criatura preferida: el sistema financiero. Lo dejó vulnerable,
indefenso. No fue capaz en todos estos años de generar bases que contrarrestaran la
volatilidad de los capitales, que contrarrestaran ese ir y venir de
capitales especulativos. No puso en práctica, como en otros países de nuestra América
Latina, limitaciones a la entrada de capitales. Durante los siete fatales meses del año
2002 hubo contradicciones de todo tipo: marchas, contramarchas, vacilaciones, lo que
afectó la confianza y la credibilidad. La verdad, señor Presidente, es que en esos siete
meses nuestro sistema financiero murió y ahora debemos construir otro nuevo.
El sistema bancario tiene que ir encaminándose a una conducta muy
distinta de la que tuvo en el transcurso de los últimos años, que condujo a la
explosión que sufrimos, como bien lo decíamos, a mediados del año 2002, con todas las
consecuencias nefastas que ello ha tenido. Ese nuevo sistema bancario que hay que
construir ya no podrá estar asentado sobre bases especulativas; mucho menos podrá ser el
objetivo más importante de la economía uruguaya, porque el más importante,
indudablemente, tiene que ser la producción. Ese sistema financiero tiene que existir
para apoyar a esa producción y no para someterla, señor Presidente, porque lo que el
país necesita es financiar la inversión productiva y no actividades especulativas. Hay
que salir del tema de las deudas en monedas extranjeras, hay que solucionar el tema de los
ahorristas, como también hay que solucionar el tema de los trabajadores del sector,
porque no podremos construir ese futuro si no permitimos que el sistema estabilice su
funcionamiento.
Una de las más profundas reformas estructurales que necesita el país
es construir un nuevo sistema bancario sobre bases totalmente distintas de las que
funcionaron en el pasado y que culminaron, como lo decíamos anteriormente y lo
reiteramos, con la explosión del sistema, afectado por su carácter fuertemente
especulativo -también lo reiteramos- y también, para desgracia del país, por la acción
de auténticos delincuentes que conspiraron gravemente contra el interés nacional.
Necesitamos, pues, un nuevo sistema financiero, un nuevo sistema
bancario, sabiendo que de ahora en adelante la producción necesitará el apoyo crediticio
imprescindible para fomentar la inversión y, al mismo tiempo, para crear fuentes de
empleo y fundamentar un crecimiento sostenido que el país necesita. Y lo necesita no solo
para apoyar su proceso de desarrollo en el futuro, sino también, antes que nada, para
superar genuinamente esta profunda crisis que nos ha venido afectando en los últimos
años. Debemos conseguir que los uruguayos confíen en su moneda nacional; debemos lograr
que los uruguayos vuelvan a depositar en pesos sin temor a que sus fondos se devalúen
rápidamente; deberemos instaurar una unidad indexada y deberemos hacer un seguro de
depósito. De esa forma podremos asegurar a los ahorristas el poder adquisitivo de sus
ahorros, porque la dolarización de todo el sistema financiero condujo, por ejemplo, a un
endeudamiento muy fuerte en moneda extranjera, que cuando se modificó el régimen
cambiario a mediados del año 2002 dejó a muchos compatriotas sin capacidad de pago de
los préstamos que habían tomado. Necesitamos un negocio bancario a tasas de interés
razonables, no con las tasas de interés insoportablemente altas que se han venido
registrando en el pasado.
Para que esto pueda funcionar, señor Presidente, el sistema bancario
uruguayo se tendrá que nutrir de fondos en moneda nacional y a plazo, porque de lo
contrario los bancos no podrán prestar en moneda nacional y tampoco podrán prestar a
plazo. La inversión requiere plazo, requiere tiempo.
Hay que poner en práctica medidas de fondo en el sistema financiero,
que pasan por su reestructura y, en particular, por la de muchos bancos, empezando por
nuestro gran Banco de la República, una herramienta formidable de este país que está
reclamando cambios que le permitan funcionar de una manera totalmente diferente a como lo
está haciendo ahora.
Deberemos también mejorar la gestión bancaria para hacerla más
eficiente y trabajar en pos de una reducción de los costos bancarios. Los bancos tuvieron
costos muy altos, cobraron altísimas tasas de interés para asegurarse sus ganancias y el
perjudicado fue Uruguay; fue la gente que necesitó créditos, tanto para invertir, para
desarrollar una empresa, como para realizar consumos personales. Para hacer más eficiente
la mejora de la gestión se debe tener como objetivo reducir costos. Si estos se reducen,
precisamente incrementando la productividad del banco, estaremos en mejores condiciones de
reducir las tasas de interés.
Necesitamos, pues, medidas de fondo que nos van a permitir ir
encaminando el comportamiento del sistema financiero hacia el objetivo de menores tasas de
interés. Este objetivo es absolutamente imprescindible, si es que queremos mejorar la
inversión y el desarrollo económico del Uruguay.
Señor Presidente: mi intervención tiene la
intención de dejar sentadas algunas cuestiones que consideramos deberemos ir analizando
para que nuestro sistema bancario logre salir realmente del pozo en el que estuvo y,
además, para dotarlo de los mecanismos a los efectos de que pueda ser útil a los
objetivos y a los fines que estuvimos enunciando anteriormente.
Muchas gracias, señor Presidente.
16.-
Intermedio.
SEÑORA RONDÁN.- Pido la palabra para una cuestión de orden.
SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra la señora
Diputada.
SEÑORA RONDÁN.- Señor Presidente: en nombre de la bancada del
Partido Colorado, solicito un intermedio de quince minutos porque un compañero de la
bancada tiene un grave problema de salud.
SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar.
(Se vota)
——Cincuenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.
La Cámara pasa a intermedio.
(Es la hora 22 y 18)
——Continúa la sesión.
(Es la hora 22 y 30)
17.- Fallecimiento del
señor Representante Ángel Fachinetti.
Levantamiento de la sesión.
SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra.
SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor
Diputado.
SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: acabamos de sufrir la peor
desgracia que le puede ocurrir a una bancada de cualquier partido: la desaparición
física de un compañero, el señor Diputado Fachinetti. Por esa razón, mocionamos para
que se levante la sesión.
SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar la moción del
señor Diputado Abdala, a la que agregamos que se guarde un minuto de silencio.
(Se vota)
——Setenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.
La Mesa invita a la Sala y a la barra a ponerse de pie y guardar un
minuto de silencio.
(Así se procede)
——Se levanta la sesión.
(Es la hora 22 y 32)
Dr.
JOSÉ AMORÍN BATLLE
PRESIDENTE
|
Dra. Margarita Reyes Galván
Secretaria Relatora |
Dr. Horacio D. Catalurda
Secretario Redactor |
| Mario Tolosa
Director del Cuerpo de Taquígrafos |
 |
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |
