ACTAS Y

VERSIONES TAQUIGRÁFICAS

XLVa. LEGISLATURA
Tercer Período

ACTA Nº 1

En Montevideo, siendo la hora quince y cinco minutos del día diecinueve de setiembre del año dos mil dos, se reúne la Comisión Preinvestigadora sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario.

ASISTEN: Los señores Representantes miembros Gustavo Borsari Brenna, Doreen Javier Ibarra y Gabriel PaIs.

CONCURRE: El señor Representante mocionante, Víctor Rossi.

MODERADOR: Señor Representante Gabriel Pais.

ACTÚA EN SECRETARÍA: Su titular, señora Adriana Tusinelli.

Abierto el acto, se procede por Secretaría a dar cuenta, procediéndose a su distribución, de la moción que diera lugar a la designación de esta Comisión Preinvestigadora, presentada el día diecisiete de setiembre del corriente año, por el señor Representante Víctor Rossi.

Seguidamente, el señor Representante mocionante procede a exponer sus denuncias, de acuerdo con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes.

De todo lo actuado se toma versión taquigráfica cuya transcripción pasa a formar parte integral de este documento.

La Comisión acuerda reunirse en el día de mañana, viernes 20 del corriente, a efectos de continuar con el análisis del tema y expedirse sobre el mismo.

A la hora dieciséis y cinco minutos se da por finalizada la reunión.

Para constancia se labra la presente que firman los señores Representantes miembros, conjuntamente con el señor legislador denunciante y la señora Secretaria.

GUSTAVO BORSARI BRENNA, DOREEN JAVIER IBARRA, GABRIEL PAIS, VÍCTOR ROSSI, ADRIANA TUSINELLI, Secretaria.

SEÑOR MODERADOR (don Gabriel Pais).- Estando presentes todos los miembros de la Comisión Preinvestigadora, damos la bienvenida al señor Diputado Víctor Rossi, quien nos va a entregar la articulación de las denuncias que, a su criterio, ameritan la conformación de una Comisión Investigadora. Una vez entregada, le daremos la palabra para que se explaye al respecto.

SEÑOR ROSSI.- En realidad, no lo traigo por escrito. Si me permiten, voy a expresar unos breves comentarios, casi a modo de reflexión.

Nosotros hemos meditado bastante antes de tomar esta iniciativa. Hemos meditado respecto a los objetivos y también al alcance y a la oportunidad de solicitar una investigación sobre estos hechos en esta situación que está planteada en el país.

El objetivo, claramente, es conocer los hechos, esclarecer lo actuado, establecer responsabilidades en lo que corresponda y dar trámite a las conclusiones que, según nos parece, pueden ser útiles para el fortalecimiento del sistema bancario que el país necesariamente deberá tener, funcionando bien.

Desde un principio nos preocupó la oportunidad. Más de una vez nos planteamos la posibilidad de hacer este planteo y lo aplazamos en función de la situación que vivíamos. No teníamos dudas en cuanto a la seriedad de los actos públicos o de funcionarios que sentíamos la necesidad de precisar, tampoco en cuanto a la procedencia, porque las consecuencias de estos hechos son notorias, pero sí en cuanto a la evaluación de las circunstancias. Por eso, reitero, aplazamos más de una vez el planteo. Hoy estamos convencidos de que el establecimiento de una instancia investigadora, no solo es oportuno sino que será una contribución porque aportará en la dirección de recuperar la confianza en el sistema bancario y nos permitirá, a partir de sus conclusiones, eventualmente promover las rectificaciones necesarias, inclusive, promoviendo los sistemas de contralor o la creación de algún mecanismo nuevo.

(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)

——Analizando artículos de prensa de fecha 25 de julio, que transcriben entrecomillados de declaraciones realizadas por la contadora Rosario Medero -en referencia a un documento que supuestamente entregó al Banco Central y a las autoridades de su Partido-, coincidentes en los aspectos fundamentales con otra nota que aparece en el diario "El País" el 24 de julio, que posteriormente es contestada con una serie de trascendidos de prensa, fundamentalmente, una carta del contador César Rodríguez Batlle, publicada en "Búsqueda" el 8 de agosto de 2002, que a su vez contesta la contadora Rosario Medero con fecha 15 de agosto de 2002, se me plantean determinadas interrogantes. En ese conjunto de documentos figuran afirmaciones que establecen, como primer punto, la relación irregular entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay, no ajustadas a sus respectivas competencias que se derivan del artículo 196 de la Constitución de la República y de la ley de creación del Banco Central del Uruguay, particularmente en lo que hace a su funcionamiento como ente autónomo y a su independencia técnica.

En segundo lugar, se señala que la capitalización del Banco Comercial fue inconveniente y contraria a la ley.

En tercer término, se subraya la asistencia al Banco Comercial y entre comillas se afirma que es "ilegal y violatoria de la Carta Orgánica del Banco Central".

En cuarto lugar, hay afirmaciones relacionadas con el Banco Montevideo y su proceso de compra, primero, del Banco Caja Obrera y, después, las subsiguientes consecuencias que llevan a la intervención del Banco Montevideo.

Termino rescatando un quinto elemento, cuando se dice que hay que investigar para que no se repita, y sobre el particular hay algunas otras referencias.

Estos aspectos nos llevan a profundizar en algunos de estos temas para procurar entender el alcance de estas declaraciones.

Respecto a la capitalización del Banco Comercial, examinamos la versión taquigráfica de la Comisión de Hacienda del Senado, de fecha 4 de abril de 2002, Repartido Nº 1421, y en la página 16 encontramos opiniones, junto a las explicaciones que se daban con relación a las actuaciones del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central en este tema, vinculadas con que lo que se había logrado en ese proceso de negociación que había llevado al Gobierno a suscribir ese contrato que era una obra maestra, una pieza clave para superar la crisis que se había planteado en el Banco Comercial.

En la misma sesión, el Presidente del Banco Central del Uruguay afirma que a partir del 1º de marzo la situación tendía a estabilizarse. En ese sentido, inclusive, hay un comunicado del Banco Central donde figuran las medidas que había tomado y se dice que se abría un nuevo proceso en el Banco y, por tanto, en el sistema financiero del país. Pero, entre el 26 de marzo y el 5 de julio, encontramos que se concretan nuevas transferencias al Banco Comercial que superan los US$ 200.000.000, sin contar los US$ 33.333.333.

Leyendo la versión taquigráfica de la sesión del 4 de abril de 2002, nos llamó particularmente la atención una intervención del Diputado contador González Álvarez. En la página 43, en medio de un conjunto de interrogantes, pregunta al Ministro si fuera posible acercarle una copia en español del convenio que firmó con los tres Bancos accionistas del Banco Comercial. Esa solicitud trae aparejada una serie de respuestas y aclaraciones; este documento no se conoce en esa sesión ni tampoco en los días posteriores. Personalmente, tomo contacto con el documento -hay comentarios sobre el particular en la prensa- el 20 de agosto de este año.

En esas circunstancias, accedemos a un análisis sobre este documento firmado, realizado por el doctor Carlos Abin, donde se profundiza sobre sus alcances. Me voy a permitir dejar a la Preinvestigadora una copia del informe jurídico. En este documento aparece un primer capítulo relativo a contenidos y objetivos del contrato donde se analizan sus alcances, que establece, entre otras cosas, el aporte de un capital total de US$ 33.333.333, y acuerda que el destino será eliminar cualquier patrimonio negativo del Banco, adquirir acciones ordinarias hasta US$ 250.000 cada uno y que el remanente pueda utilizarse para adquirir acciones preferidas.

Posteriormente, se analiza el capítulo de las garantías que el Gobierno uruguayo establece como respaldo a ese documento.

En ese documento aparecen como garantías: "A) que el Uruguay cuenta con todas las facultades y autorizaciones gubernamentales y de otro tipo para otorgar y celebrar el contrato, y llevar a cabo y cumplir la totalidad de sus obligaciones conforme al mismo". Veremos que es, por lo menos, muy dudoso que esta afirmación responda; hay que ver el alcance real de este contrato, si se trata de un tratado y si ha cumplido con los requerimientos del tratado, o qué tipo de documento es.

Asimismo, establece un conjunto de literales. Por ejemplo, en el literal B) se establece: "Uruguay y sus autoridades, Directores y demás representantes han adoptado, de ser aplicables, todas las acciones parlamentarias o legislativas necesarias para autorizar el otorgamiento, la celebración y el cumplimiento". Lo único que hasta este momento se ha realizado son esos comentarios en distintas Comisiones, pero sin que se haya analizado nunca el fondo del documento; inclusive, este documento ni siquiera fue integrado a ningún expediente.

En el literal C) se afirma que "no se requieren consentimientos, aprobaciones, autorizaciones, resoluciones, inscripciones, registro o habilitación en ningún Tribunal, autoridad gubernamental o persona que deban ser obtenidas por Uruguay en relación con la celebración, otorgamiento y cumplimiento del contrato".

Es decir, en pocas palabras, estas garantías establecen que prácticamente están cubiertas todas las posibilidades de que este contrato no sea aplicado hasta sus últimas consecuencias en caso de que se debieran requerir obligaciones al Gobierno uruguayo. Y el artículo 11 del contrato dispone que "se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del Estado de Nueva York".

Además, el contrato en sí tiene una serie de acuerdos complementarios. En el artículo 6º, bajo el título de "Acuerdos", entre otras cosas dispone: "A) que Uruguay deberá proveer o disponer que se provea al Banco Comercial, a través de una o más entidades estatales, todo el respaldo financiero que sea requerido con el fin de: mantener a dicho Banco en una situación financiera sólida, proveer la totalidad y cualquier parte de la liquidez que sea necesaria para el Banco Comercial. Si estas condiciones no son cumplidas o si Uruguay entiende en algún momento que no son o que dejaron de ser razonables y así lo notifica a los inversores, estos pueden solicitar a Uruguay que compre la totalidad, pero no menos de la totalidad de las acciones del Banco Comercial de que aquellos sean tenedores". En el literal C) establece: "Uruguay otorgará y dispondrá que el Banco Central otorgue exenciones", con lo que se compromete decisiones futuras del Banco Central. En el literal D) se expresa: "Uruguay debe emprender con presteza y hacer en forma diligente todos los esfuerzos comercialmente razonables para disponer la venta del Banco Comercial". En el literal E) se establece: "Los inversores pueden transferir, vender o ceder las acciones a cualquier persona sin el consentimiento de las demás partes. Uruguay no puede hacerlo sin el consentimiento de cada uno de los inversores". Asimismo, se incluyen otras condiciones.

Posteriormente, hay un capítulo de descargo y limitación de responsabilidades, uno de solución de controversias y de renuncia de inmunidad soberana.

A partir de ahí, nosotros repasamos algunas conclusiones que sugiere el doctor Abin: "A) En cualquier hipótesis, este es un contrato, a entender," -nosotros compartimos la valoración "leonino"- "absolutamente desequilibrado a favor de los inversores. Las condiciones establecidas aseguran a los inversores la devolución íntegra y preferencial de su aporte de capital y los dividendos que este genere. Es muy difícil sostener que este es un contrato de capitalización efectivamente, más se parece a un préstamo con plazo fijo y con rentabilidad asegurada. El consentimiento de las ventajas y condiciones impuestas por los inversores incluye compromisos que abarcan decisiones futuras del Banco Central del Uruguay," -vuelvo a repetir que, de acuerdo con la Constitución, es un ente autónomo- "decisiones legislativas" -que no están tomadas- "y disposiciones incluso en materia tributaria".

En el análisis que hace el doctor Abin se formulan algunas reflexiones sobre la validez del contrato, y termina señalando lo que, de alguna manera, nosotros hacemos nuestro: la necesidad de establecer claramente la responsabilidad del Poder Legislativo sobre el tema. "La palabra" -dice el doctor Abin- "está en manos del Poder Legislativo. Si estamos ante una situación no prevista por la Constitución, celebración de un contrato internacional de efectos equivalentes o más comprometedores que los de un tratado, ese Poder es el intérprete de la Constitución (artículo 85, número 20) y debe pronunciarse acerca de la legalidad de la intervención del Poder Ejecutivo en el caso, la necesidad de ratificación parlamentaria o no, y, en definitiva, como consecuencia, la validez del contrato en cuestión".

Nosotros consideramos que este es un tema de suma importancia, que el Parlamento uruguayo no ha tenido la posibilidad de conocerlo oportunamente en profundidad y que tampoco nos hemos dado la oportunidad para que se estableciera si efectivamente las cláusulas del contrato nos obligan, si tienen validez para con el Gobierno uruguayo y, por lo tanto, condiciona -según lo que surge de su propio contenido- la actuación que el Gobierno uruguayo tiene que desarrollar en esta materia.

Analizando las versiones de prensa a que hacíamos referencia al inicio, señalamos como numeral 3º la asistencia al Banco Comercial y algunas afirmaciones respecto a la legalidad y cómo encajaba esta asistencia dentro de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay. Estuvimos leyendo en este sentido las actas de la sesión a la que compareció el señor Ministro de Economía y Finanzas junto con sus asesores, el Acta Nº 70, Repartido Nº 1.589, de 25 de junio de 2002, y de su lectura surgen algunas interrogantes.

Por ejemplo, en determinado momento se dice en relación al Banco Montevideo -la reunión era el 25 de junio- que no se había recibido asistencia. Sin embargo, tratando de reconstruir las partidas de asistencia, encontramos que hay registradas partidas de asistencia con fecha 24 de junio, es decir, el día antes de la comparecencia del señor Ministro y del Presidente del Banco Central, y por tanto faltaban cuando se estaba informando a la Comisión de Hacienda del Senado.

En otra parte de la reunión se afirma que en esa fecha, 25 de junio de 2002, había solo dos Bancos asistidos. Procurando reconstituir las partidas, encontramos que a esa fecha, es decir, al 25 de junio, había tres Bancos asistidos, y no dos.

Pero estos elementos hacen a problemas más bien de detalle.

Hemos procurado reunir la información que nos permita saber cuántas habían sido las partidas, cuál era realmente su monto y su porqué, lo que ha sido muy difícil.

Los datos y la información que hemos podido recabar establecen que hubo una partida el 26 de marzo de 2002, que fue procesada y aprobada por el Tribunal de Cuentas. Se trata de la famosa partida de los US$ 33.000.000, la cifra de tantos tres. Hubo otras partidas: una el 29 de abril de 2002, otra el 3 de mayo de 2002, y otra el 9 de mayo de 2002, por US$ 15.398.000, por US$ 14.000.000 y por US$ 11.000.000. Son partidas que la Corporación Nacional para el Desarrollo transfirió al Banco Comercial, al Banco de Crédito y al Banco de Crédito, que fueron firmadas por el Presidente de la República y por el señor Ministro de Economía y Finanzas, aunque no pasaron por el contralor del Tribunal de Cuentas.

A partir de allí, hubo una sucesión de partidas -es lo que nosotros hemos ubicado; no podemos afirmar que sean todas- cuyo monto total es de US$ 522.831.333. La descripción de estas partidas es la siguiente: 14 de mayo, Banco Comercial, US$ 25.000.000; 17 de mayo, Banco Comercial, US$ 25.000.000; 31 de mayo, Banco Comercial, US$ 300.000; 24 de junio, Banco Comercial, US$ 10.000.000; 24 de junio, Banco de Crédito, US$ 5.000.000; 24 de junio, anticipo al Banco Montevideo, US$ 20.000.000; 25 de junio, anticipo al Banco Comercial, US$ 62.000.000; 25 de junio, Banco Montevideo, US$ 61.000.000; 27 de junio, Banco Montevideo, US$ 33.000.000; 5 de julio, Banco Comercial, US$ 80.000.000, y Banco Montevideo, US$ 100.000.000; 12 de julio, Banco de Crédito, US$ 6.750.000, y Banco de Montevideo, US$ 5.500.000; 16 de julio, Banco de Crédito, US$ 6.250.000, y Banco Montevideo, US$ 9.000.000.

Según los antecedentes que hemos podido reunir, estas partidas fueron resueltas por orden verbal del señor Ministro, en ese entonces el contador Bensión. Esto surge de la resolución que finalmente tomó con fecha 14 de agosto de 2002 el Tribunal de Cuentas, en su carpeta Nº 195.602, en la que no solo se describen las partidas, sino que en el Considerando 1) se establece: "De acuerdo con el artículo 211, literal E) y 228 de la Constitución de la República, corresponde a este Tribunal intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera de los órganos del Estado y la función de contralor de toda gestión relativa a la hacienda pública, por lo que las operaciones a que se refiere el Resultando 1)" -que son todas las que he leído- "debieron ser remitidas a este Tribunal". Y el Tribunal acuerda: "Requerir al Ministerio de Economía y Finanzas que se sirva disponer la remisión a este Tribunal de los recaudos relacionados con las transferencias a que se refiere el Resultando 1) de esta Resolución.- Ofíciese."

Evidentemente, se trata de montos importantes que se estaban decidiendo por parte del señor Ministro de Economía y Finanzas, utilizando un procedimiento a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Este es uno de los temas que, inclusive, son señalados por parte de ex Directores del Banco Central como operaciones que no estaban en conocimiento del Tribunal de Cuentas, y que se observaban como operaciones no regulares.

He enunciado un cuarto numeral que tiene que ver con el Banco Montevideo; diríamos que está relacionado con el conjunto, es decir, con el Banco Montevideo y con el Banco La Caja Obrera. Sobre esto no solo hay algunos comentarios de prensa, de personas autorizadas, sino también algunas versiones taquigráficas del Parlamento, en este caso, de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En el Repartido de fecha 11 de diciembre de 2001, en relación con la reciente venta del paquete accionario del Banco La Caja Obrera al Banco Montevideo, se establece que no se habían contemplado todos los aspectos establecidos por el pliego como exigencia para adoptar la resolución. En esa oportunidad, un Diputado no descartó la posibilidad de interpelar al señor Ministro de Economía y Finanzas por el alcance de esta situación.

Además, procuramos entender lo que habían expresado el señor Ministro de Economía y Finanzas y el Presidente del Banco Central, cuando comparecieron en el Parlamento el 25 de junio de 2002. En el Acta Nº 70, Distribuido 1589 del Senado de la República, figuran algunas afirmaciones. Por ejemplo, se establece que la fusión había comenzado y que han venido funcionando como una única unidad desde la adquisición por parte del Banco Montevideo, del Banco La Caja Obrera, si bien la fusión desde el punto de vista formal no ha concluido. En los hechos han venido funcionando como un único Banco, decía Rodríguez Batlle en esa fecha del 25 de junio.

Más adelante el señor Rodríguez Batlle decía que eran fechas claves el 7 de marzo -fecha de la primera resolución-, el 25 de abril, el 9 de junio y el 22 de junio, para interpretar lo que habían sido las actuaciones referidas a este proceso que pasó por la fusión o por la compra del Banco La Caja Obrera por parte del Banco Montevideo, pero que culminó meses después con la intervención del Banco Montevideo.

En esa delegación el señor Ministro de Economía y Finanzas venía acompañado del Director de la OPP, el contador Davrieux, del Presidente del Banco Central y del asesor Enrique Guerra.

En el desarrollo de su comparecencia se le pregunta si hasta ese momento el Banco de Montevideo había recibido aportes. Reitero que la fecha es el 25 de junio y la respuesta es que hasta ese momento no había recibido aportes, pero cuando examinamos las asistencias se veía que con fecha 24 de junio había sido transferida una partida de US$ 20.000.000.

Por otra parte, en el desarrollo de la comparecencia también aparecen una serie de constancias donde el propio Presidente del Banco Central admite que las recomendaciones que en estas fechas claves se habían tomado por parte del Banco Central habían sido cumplidas por parte del Banco de Montevideo parcialmente. En algunos casos no sólo habían sido cumplidas parcialmente, sino que no se habían concretado algunas cancelaciones que se habían recomendado como obligatorias sino que, inclusive, hasta se habían incrementado los montos de algunas cuentas sobre las que justamente se había indicado la necesidad de clausura.

En esta materia, tuvimos acceso a lo que es el informe de auditoría del 4 de julio de 2002, encargado por el Banco Central. Vamos a disponer algunas copias del documento para que luego la Secretaría se pueda manejar con ellas. Me refiero a las auditorías y al estudio de los rubros complementarios.

El informe de la auditoría establece conclusiones que podrán leerse con mayor extensión, pero que yo resumo de la siguiente manera. El análisis efectuado por los funcionarios del Banco Central parte de una primera constatación, que es la ausencia de control interno y su natural conclusión: en la información que se procesa, la contabilidad no es confiable. Por lo tanto, no se puede revisar la documentación global por muestreo base del trabajo de auditoría sino que se deben hacer pruebas sustantivas, es decir, revisar una a una todas las operaciones. Del trabajo global surgen dos áreas de críticas graves que se complementan. I) Conclusión básica: no hay balances ajustados según normas del Banco Central; no hay seguridad en los valores de terceros en custodia. Es por ello que la definición del faltante patrimonial de US$ 383.000.000 es relativa; puede ser mayor. II) Aspectos contables irregulares: pasivos no registrados que requieren ajustes contables, operaciones hechas por los Directores con desconocimiento de los servicios -esto se engancha con lo anterior; no se contabilizan cosas que se desconocen-, previsiones insuficientes, operaciones bancarias sin documentación de la contraparte, ajuste de salto, faltantes de bonos.

Estas afirmaciones son el resumen de un conjunto de observaciones que están descritas por parte de la auditoría con fecha 4 de julio, es decir, prácticamente ordenado inmediatamente que el Banco Central se hace cargo.

Como creemos que esto debe relacionarse con el informe que recibimos el 25 de junio, los hechos demuestran que entre las primeras medidas recomendadas por el Banco Central el 7 de marzo -y luego el 25 de abril, 9 de junio y 22 de junio- y el informe de esta auditoría, los avances no habían sido significativos en procurar regularizar la situación que se había planteado.

Ahí nos surgen interrogantes -que, por otra parte, también han estado en el dominio público- respecto a cuál era la situación del Banco de Montevideo en el momento de recibir la autorización, pocos meses antes, para hacerse cargo del Banco La Caja Obrera, cuál es la situación en esa unión, en ese funcionamiento conjunto -más allá de que formal y jurídicamente no estuviera resuelta la fusión-, cuáles fueron los resultados que trajo aparejados, y de qué manera esto repercute en la situación que posteriormente obligó al Banco Central a intervenir.

Por último, nosotros decíamos que por lo tanto entendíamos que, efectivamente, era necesario proceder a una investigación que permitiera conocer los hechos en profundidad, con precisión, y establecer a partir de ese conocimiento de los hechos eventuales responsabilidades, de la índole que ella fuera, y promover las iniciativas que sirvieran por lo pronto para las modificaciones que aseguraran un mejor funcionamiento y control.

Pero también es cierto que hay otros temas que han estado permanentemente en nuestra preocupación, en nuestro conocimiento en forma parcial y que creo es la oportunidad de esclarecer.

Nosotros tenemos la necesidad de entender cuáles son los montos que realmente ha recibido el país en materia de asistencia y cuáles son las condiciones que los acompañan.

Queremos hacer sólo una referencia sobre estos temas. Ha salido públicamente un documento que, aparentemente, fue firmado con el Banco Mundial que contiene una serie de condiciones que, supuestamente, comprometen la actuación futura del Gobierno del país y que es la contrapartida de los préstamos, la asistencia que recibimos de ese Banco. He leído este documento -que pienso que es fácil conseguir; de lo contrario, puedo suministrar una copia ya que ha salido en la prensa- y no he conseguido hacer coincidir ninguna de las cifras que allí se han dado con las que se han anunciado por parte del Ministro de Economía y Finanzas en las comparecencias mencionadas en que nos hablaba de las líneas de financiamiento que recibía el país. Tampoco coincide con la cifra del acápite que comenta el periodista.

Además, he recibido información respecto a dos resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas -la E 215 y la E 217; hay una diferencia, que fue lo que nos permitió ver que eran dos resoluciones distintas y no idénticas- que refieren a proyectos de contratos de préstamo entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por US$ 151.520.000 cada una, firmadas las dos el 7 de agosto de 2002. Aun individualmente o sumadas estas partidas no coinciden con las cifras del documento ni con las explicaciones que sobre el particular nos ha hecho llegar en su oportunidad el Ministro de Economía y Finanzas. Consideramos que sería una buena oportunidad, que sería útil al Parlamento y a la población en general, el conocimiento de cuál es el volumen del endeudamiento que el Uruguay está asumiendo para dar respuesta a las situaciones planteadas.

Estos son los elementos que creemos forman parte de un conjunto de puntos en el cual debe profundizarse, para precisar el conocimiento y para establecer el alcance de esas irregularidades, desajustes o no coincidencias que inclusive han llevado a que hubiera valoraciones por parte de autoridades, de actores importantes que se contrapusieran públicamente.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- Sería importante contar con los documentos centrales que el señor Diputado Rossi ha manejado, a los efectos de que rápidamente se pudieran repartir.

(Diálogos)

SEÑOR MODERADOR.- De la lectura de la Ley Nº 16.698 sobre Comisiones Parlamentarias surge que el legislador que haya solicitado la investigación expondrá ante la Comisión Preinvestigadora el fundamento de su petición y articulará las denuncias que le den mérito.

Por eso tengo la sensación de que tiene razón el señor Diputado Borsari Brenna, en el sentido de que para acompañar al informe precisamos una versión escrita de la denuncia, con los documentos.

SEÑOR ROSSI.- No hay inconveniente.

(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)

XLVa LEGISLATURA
Tercer Período

ACTA Nº 2

En Montevideo, siendo la hora diecisiete y diez minutos del día veinte de setiembre del año dos mil dos, se reúne la Comisión Preinvestigadora sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario.

ASISTEN: Los señores Representantes miembros Gustavo Borsari Brenna, Doreen Javier Ibarra y Gabriel Pais.

MODERADOR: Señor Representante Gabriel Pais.

ACTÚA EN SECRETARÍA: Su titular, señora Adriana Tusinelli.

La Comisión entiende que la documentación presentada por el señor Representante Víctor Rossi avala la seriedad de la denuncia, y que, asimismo, se dan las condicionantes de oportunidad y procedencia a que refiere el inciso tercero del artículo 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes. En virtud de ello, la asesora se expide con un informe y proyecto de resolución aconsejando al plenario la designación de una Comisión Investigadora.

A la hora diecisiete y cuarenta minutos se da por finalizada la reunión.

Para constancia se labra la presente que firman los señores Representantes miembros y la señora Secretaria.

GUSTAVO BORSARI BRENNA, DOREEN JAVIER IBARRA, GABRIEL PAIS, ADRIANA TUSINELLI, Secretaria

SEÑOR MODERADOR (don Gabriel Pais).- Habiendo número, está abierta la reunión.

(Es la hora 17 y 5)

SEÑOR IBARRA.- Considero que con los informes aportados por el legislador denunciante -informes de prensa, del doctor Carlos Abin, de asistencia a los Bancos, del Tribunal de Cuentas, y documento de consultoría del Banco Central y préstamos del Banco Mundial y BIRF- existen elementos suficientes como para aconsejar la constitución de una Comisión Investigadora, a fin de que examine la temática en cuestión y recoja de los organismos, autoridades competentes y ex funcionarios, las informaciones complementarias que permitan llegar a conclusiones.

La transparencia en el manejo de la cosa pública exige a este Poder del Estado investigar estos hechos, de los cuales, por distintas circunstancias, no contamos con la total información.

Es positivo destacar que nos dirigimos a una resolución unánime de esta Comisión Preinvestigadora, la que aconsejará que se habilite la constitución de la Comisión Investigadora que se solicita.

El impacto que ha originado en el país la crisis del sistema financiero bancario, ha repercutido en forma muy fuerte en los ahorristas que confiaron en su fortaleza y en miles y miles de empresas y ciudadanos que se ven afectados por el corte de créditos y la imposibilidad de acceder, en algunos casos, a sus recursos depositados en plazo fijo. Asimismo, esta crisis ha originado el corte parcial de la cadena de pagos, con el cierre, quizás pasajero, de Bancos que tienen un número importante de sucursales en el interior del país, lo que ha causado innumerables trastornos y perjuicios a la actividad comercial, agropecuaria e industrial. También se ha afectado la fuente de trabajo de cientos de trabajadores bancarios, lo que, inevitablemente, repercutirá en el sostenimiento de la Caja de Jubilaciones Bancarias. Por ello, entiendo imprescindible investigar a fondo las causas que llevaron al país a esta crisis.

La plaza financiera fue promocionada por los Gobiernos durante muchos años y hoy es causa de angustia y zozobra para miles de uruguayos.

Desde principios de la década del sesenta la República ha tenido distintas experiencias con el cierre o quiebra de distintos Bancos, donde el Estado siempre ha tenido que recurrir a los salvatajes. Muchas de esas situaciones fueron causadas por fraudes y robos de los propietarios de los Bancos y, en definitiva, ha sido la sociedad la que ha tenido que pagar los costos de deficientes administraciones de empresas privadas, que muchas veces estuvieron integradas con capitales extranjeros. Los costos de las pérdidas fueron socializados.

Nunca más el país y los uruguayos podemos pasar por esas contrariedades. Por lo tanto, es imprescindible ajustar al máximo, los controles y las normas legales.

Todos sabemos que han surgido distintas opiniones sobre el motivo de la crisis bancaria. Más allá de la incidencia psicológica que pueden tener los lamentables eventos que se suceden en la República Argentina, es notorio, según mi opinión, que hubo fallas importantes en el contralor de una banca que recidiva en su mala administración.

La asistencia financiera otorgada en los últimos meses debe ser analizada, ya que ello significó la pérdida de la cuantiosa reserva internacional que tenía el Banco Central, que a fin de año alcanzaba a más de US$ 3.000.000.000.

La venta del Banco La Caja Obrera al Banco Montevideo corresponde estudiarla, considerando el contenido de la consultoría del Banco Central que se nos hace llegar y los antecedentes recientes de ventas de Bancos que luego resultaron un verdadero fracaso.

Habrá que inquirir en las razones por las cuales se resolvió, por jerarcas del Gobierno, suscribir un contrato con los accionistas del Banco Comercial, denominado "Contrato de suscripción y derecho de los inversores". Comparto que en dicho contrato se violentan normas que existen en nuestro país e, inclusive, nuestra propia soberanía.

Recientemente, se me ha informado que a la fecha, la asistencia a los cuatro Bancos alcanza a US$ 695.000.000, de los cuales, US$ 347.000.000 fueron asignados al Banco Comercial; US$ 294.000.000 al Banco Montevideo-Caja Obrera y US$ 54.000.000 al Banco de Crédito, existiendo incertidumbre en cuanto a la posibilidad de que esos dineros vuelvan al Estado. Además, considero que sería conveniente indagar el papel que ha cumplido la Corporación Nacional para el Desarrollo en estos episodios.

Por lo tanto, señor Presidente, comparto la decisión de aconsejar a los señores Representantes que se disponga la creación de una Comisión Investigadora.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- En las pocas horas que han transcurrido desde que el señor Diputado Rossi realizara las denuncias y presentara los antecedentes, hemos llegado a la conclusión, como adelantáramos en el día de ayer, de que es necesaria la conformación de una Comisión Investigadora parlamentaria.

Sabido es que el Poder Judicial ya ha tomado cartas en el asunto. Naturalmente, nosotros respetamos las resoluciones y decisiones de dicho Poder del Estado, pero la Constitución de la República también le asigna facultades al Poder Legislativo para investigar con distintos fines. En ese sentido, creo que es necesario que el tema también se estudie en el Parlamento para dar mayor transparencia y para que los Representantes nacionales y la población conozcan acabadamente las derivaciones, consecuencias y también las causas de estos tiempos turbulentos que está atravesando la República respecto de su sistema financiero.

Bueno es decir que deberíamos proceder como propusimos en el día de ayer, es decir, que todo esto se dilucide de una forma rápida, a los efectos de no agregar incertidumbre, que es un elemento negativo para la economía y para el país todo. Por el contrario, lo que debemos aportar es el esclarecimiento de los hechos y la discusión pública de los mismos.

Sin ninguna duda, algunos de los documentos aportados adquieren relevancia como, por ejemplo, las valoraciones que ha hecho la contadora Rosario Medero en su renuncia, en cuanto refieren a una relación conflictiva con los demás Directores del Banco Central. En dicha renuncia, la contadora Medero establece que había una relación irregular entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central, que no se ajustaba a sus competencias. La ex Directora plantea desavenencias en cuanto a la capitalización del Banco Comercial, la que juzgó inconveniente y contraria a la ley. A su vez, considera que la asistencia al Banco Comercial era ilegal y violatoria de la Carta Orgánica del Banco Central. Asimismo, extiende este criterio a la asistencia recibida por los Bancos de Montevideo y de Crédito.

Con respecto a las mencionadas desavenencias es necesario saber si el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas actuaron de acuerdo a derecho y si, en función de las facultades de contralor que las normas Bancocentralistas tienen delimitadas por la legislación vigente -que bajo mi punto de vista son mucho más que suficientes-, las autoridades del Banco Central procedieron con la debida eficacia.

En un documento presentado al Directorio del Partido Nacional, que se ha hecho público, la contadora Rosario Medero expresó que el ex Ministro Bensión actuó "en reiteradas ocasiones excediendo sus competencias y afectando negativamente la autonomía y el patrimonio del Banco Central del Uruguay".

Mientras la contadora integró el Directorio del Banco Central tuvo "múltiples opiniones contrarias a las decisiones adoptadas". A su vez, dijo haber estado en contra del acuerdo de capitalización del Banco Comercial por considerarlo inconveniente y contrario a la ley dado que, a su juicio, otorgaba "beneficios excesivos a los accionistas extranjeros". Por otra parte, consideró ilegal "la asistencia del Estado a ese Banco y violatoria de artículos de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay". También discrepó con la adquisición del Banco Caja Obrera por parte del Banco de Montevideo, por no contemplar aspectos del pliego de condiciones que estableció el Gobierno. Para la contadora Medero era necesario "aumentar el control" sobre el Banco de Montevideo. También dijo que la autoridad monetaria tuvo fallas en la supervisión de las instituciones financieras y por ello plantea que se hagan las investigaciones correspondientes para establecer eventuales responsabilidades.

De las palabras que constan en la documentación aportada por el señor Diputado Rossi, surge un cúmulo de interrogantes que todos tenemos y que queremos esclarecer, por el bien de las instituciones y para que estas cosas no vuelvan a pasar en el futuro y es preciso determinar si es necesario legislar sobre estos aspectos.

Luego de un exhaustivo estudio que he hecho de un tiempo a esta parte sobre la legislación Bancocentralista, desde mi punto de vista, ese organismo tiene sobradas potestades para intervenir en las distintas acciones de las instituciones financieras.

El Diputado Rossi ha aportado profusa documentación con respecto a la capitalización del Banco Comercial y a la asistencia a los Bancos Comercial, de Montevideo, La Caja Obrera y de Crédito, con interrogantes que evidentemente todos tenemos, a pesar de que el Gobierno ha publicado distintas cifras; sin ninguna duda, será menester que la Comisión Investigadora afine esos números y esos documentos.

Por otra parte, se establece la interrogante acerca de la conveniencia y la legalidad de la venta del Banco La Caja Obrera al Banco de Montevideo. En la denuncia del señor Representante Rossi se expresa que hay Diputados que en la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara del 11 de enero de 2001 manifestaron que el Gobierno se había apartado de los pliegos y allí se polemizó fuertemente con el ex Ministro Bensión. También se plantea una duda sobre si correspondía el funcionamiento del Banco de Montevideo con el Banco La Caja Obrera en conjunto, cuando la fusión aún no había concluido, según el Ministro. A su vez, se establecen dudas acerca del control interno del Banco Central respecto de estas instituciones.

Consideramos que la entidad de la denuncia, según establece el Reglamento de la Cámara, es lo suficientemente profunda como para estimarla procedente. De manera que, también de acuerdo con el Reglamento, es menester aprobar la designación de la Comisión. Por lo tanto, vamos a dar nuestro voto afirmativo para la conformación de la Comisión Investigadora.

Finalmente, quisiera dejar una constancia desde el punto de vista político. El Partido Nacional ha acompañado a todas las Comisiones Investigadoras desde hace muchos años y hasta el momento actual, como una obligación de carácter ético y moral, aun cuando ellas recayesen sobre hombres de nuestro Partido o de otros. Es necesario, en el libre juego democrático, que funcione este mecanismo; que si hay responsabilidades se establezcan y que si no las hay, ello se diga.

En ese sentido es que nuestro Partido, por una razón de mínima coherencia, también tiene que acompañar la conformación de esta Comisión Investigadora y así lo hará en la Cámara de Representantes.

SEÑOR MODERADOR.- Voy a ser breve, pero quiero dejar una constancia en la versión taquigráfica.

Voy a votar afirmativamente en el sentido de aconsejar al Cuerpo la creación de la Comisión Investigadora por los fundamentos que paso a exponer.

A partir de la crisis económica argentina, que deriva, hacia fines del año 2001, en el abandono de la convertibilidad de $1 - US$ 1, cayendo en "default", se decreta la indisponibilidad de los depósitos existentes en el sistema bancario argentino, el denominado popularmente "corralito", por el cual se prohíbe a los argentinos retirar dinero de los Bancos. A raíz de todas estas circunstancias de la Argentina, comienza a producirse, a principios del corriente año, un retiro sistemático de dinero de los argentinos en los Bancos uruguayos, fundamentalmente, respecto de aquellos Bancos que tienen una mayor relación con ese país, en especial, el Banco Galicia y el Banco Comercial. Esto hace que el Banco Comercial se vea en una situación sumamente complicada, en virtud de la cual, si no es asistido por el Gobierno uruguayo, debía considerarse en quiebra hacia el mes de enero del corriente año.

Siguiendo una política de décadas en el Uruguay, con el convencimiento de que dejar caer el Banco con el mayor nivel de actividad en el Uruguay iba a provocar una corrida generalizada sobre los restantes Bancos, el Gobierno toma la resolución de evitar la caída del Banco Comercial en enero del corriente año. Pero con esto no alcanza; continúa un retiro generalizado de depósitos por parte de los argentinos que ya no solo se concentra en el Banco Galicia y en el Banco Comercial, sino que se extiende a toda la banca, tanto pública como privada, ante versiones que circulan permanentemente en Argentina de que en Uruguay podría aplicarse una medida similar al "corralito" decretado en la vecina orilla. Ante estos retiros importantes comienza una desconfianza en depositantes uruguayos que nunca habían descreído de la solidez del sistema financiero.

Todo esto hace que en un lapso de algo más de seis meses, el 50% de los depósitos en moneda extranjera en el sistema bancario uruguayo fueran retirados. Retiros de esta envergadura no han sido soportados por nación alguna del planeta. Con retiros de más de un 20% o de un 25%, quiebra el Banco o el sistema financiero del país que sufre una embestida de esta envergadura. Estas circunstancias excepcionales que vivió Uruguay, llevaron a que el Gobierno tuviera que tomar un conjunto importante de decisiones de apoyo al sistema financiero con el objetivo de salvaguardar los derechos de los ahorristas y los puestos de trabajo de los bancarios, en el convencimiento de que el sistema financiero es importante para la continuidad del sistema productivo. Ante las dificultades del sistema financiero, podemos apreciar cómo esto repercute en el conjunto del sistema productivo que se queda sin el crédito necesario para mantener e incrementar la producción.

Frente a esto, el Gobierno tomó un conjunto importante de decisiones que estamos convencidos de que se hizo con absoluta honradez, en el convencimiento de que era lo mejor para los intereses del país todo y siguiendo una trayectoria de décadas en esta materia, sin apartarse de ella.

Sin perjuicio de esto, la importancia que tiene el tema, el hecho de que estamos ante una solicitud de investigar lo que ha sido la crisis financiera más importante del Uruguay, que frente a esta crisis se han usado importantes dineros públicos y teniendo presente que está en la esencia de la función del Parlamento, no solamente legislar sino también controlar las actividades del Poder Ejecutivo, es que vamos a votar afirmativamente la creación de la Comisión Investigadora. ¿Qué tema más importante que este puede haber para que el Parlamento tome cartas, se informe, contando con absolutamente toda la información, todos los antecedentes y hasta los razonamientos que llevaron a tomar determinadas decisiones? Sin lugar a dudas, no lo hay ni lo habrá en este Período Legislativo. Creemos que por una razón de transparencia y para clarificar todo lo actuado, vamos a apoyar esta moción. Estamos convencidos de que es bueno que haya una Comisión Investigadora y que queden claros los fundamentos y los motivos que llevaron a todas y a cada una de las resoluciones tomadas durante un período tan difícil de la vida de la nación.

En consecuencia, con el convencimiento de que se actuó con honradez y siguiendo siempre la búsqueda de objetivos que tienen que ver con el bien de todos los uruguayos, creemos que es vital la creación de esta Comisión Investigadora para clarificar todos estos hechos. Por tanto, vamos a votar afirmativamente.

(Diálogos)

Se va a votar el proyecto de informe y de resolución con las modificaciones sugeridas por el señor Diputado Ibarra, tachando lo referido a los miembros que figura en la parte resolutiva del documento que entregamos.

(Se vota)

Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se levanta la reunión.

(Es la hora 17 y 34)

I N F O R M E Y

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

I N F O R M E

Señores Representantes:

La Comisión Preinvestigadora conformada a los efectos de analizar diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario, se constituyó el día jueves 19 de setiembre de 2002, habiendo aprobado por unanimidad el siguiente informe:

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

De la señora Representante Alejandra Rivero, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 1º y 3 de octubre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Luis Alberto Arismendi Ledesma.

De la señora Representante Silvana Charlone, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 2 y 3 de octubre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Pandolfo".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes y se les invita a pasar a Sala.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 1º de octubre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a usted se me otorgue el uso de licencia, desde la fecha y hasta el día 3 de octubre del año en curso, debido a motivos personales.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI
Representante por Cerro Largo".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Cerro Largo, Alejandra Rivero Saralegui.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 1º y 3 de octubre de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 1º y 3 de octubre de 2002, a la señora Representante por el departamento de Cerro Largo, Alejandra Rivero Saralegui.

2) Convóquese por Secretaría, por el período comprendido entre los días 2 y 3 de octubre de 2002, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 333 del Lema Partido Nacional, señor Luis Alberto Arismendi Ledesma.

Sala de la Comisión, 2 de octubre de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, HEBER DUQUE".

"Montevideo, 30 de setiembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitar al Cuerpo que usted preside licencia por motivos particulares, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo único de la Ley Nº 16.465, entre los días 2 y 3 de octubre del corriente año.

Sin más, saludo a usted muy atentamente.

SILVANA CHARLONE
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 30 de setiembre de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.

De mi mayor consideración:

El que suscribe señor Jorge Mazzarovich, cédula de identidad Nº 946.301-3, en mi calidad de primer suplente de la señora Representante Nacional Silvana Charlone, quien ha solicitado licencia del día 2 al 3 del mes de octubre de 2002.

Comunico a usted que desisto por esta vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Jorge Mazzarovich".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, señora Silvana Charlone.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 2 y 3 de octubre de 2002.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente siguiente señor Jorge Mazzarovich.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y en el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 2 y 3 de octubre de 2002, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Silvana Charlone.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente siguiente señor Jorge Mazzarovich.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Jorge Pandolfo.

Sala de la Comisión, 2 de octubre de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, HEBER DUQUE".

——Continúa la consideración del asunto en debate.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- Señor Presidente: el Partido Nacional ha votado afirmativamente en la Comisión Preinvestigadora la creación de una Comisión Investigadora porque ha creído que la denuncia articulada por el señor Diputado Rossi reunió las condiciones establecidas en el artículo 118 del Reglamento, es decir que la entidad de la denuncia es lo suficientemente profunda como para que estimemos necesario investigar este tema, y la oportunidad y procedencia de la propuesta de crear la Comisión Investigadora consideramos que también lo es. Y lo es porque creemos que el sistema financiero uruguayo, este año y parte del pasado, ha atravesado una de las peores -si no la peor- crisis de su historia.

En virtud de la preocupación, no solo del Poder Judicial, que está analizando el asunto en un Juzgado, sino del Parlamento, creemos que es menester investigar. ¿Por qué? Porque es necesario que un Poder del Estado, como el Poder Judicial, lo esté haciendo con total independencia y también que el Poder Legislativo entienda en el asunto, se preocupe y esclarezca lo que haya que esclarecer, delimite las responsabilidades, si las ha habido, o diga que no las ha habido, si así ha sucedido. Esta ha sido la conducta del Partido Nacional siempre que se ha propuesto la creación de Comisiones Investigadoras.

Sin duda, los documentos aportados por el señor Diputado denunciante adquieren relevancia -como, por ejemplo, uno que le consta a la bancada del Partido, que es el documento presentado por la contadora Rosario Medero al Directorio del Partido Nacional-, en tanto refieren a una relación conflictiva entre los Directores del Banco Central. En la renuncia de la contadora Medero se establece la existencia de una relación irregular entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay que, según la ex Directora, no se ajustaba a sus competencias.

La contadora Medero planteó desavenencias en cuanto a la capitalización del Banco Comercial, que juzgó inconveniente y contraria a la ley. También discrepó con la asistencia al Banco Comercial, estableciendo que era ilegal y violatoria de la Carta Orgánica del Banco Central. Asimismo, la ex Directora extiende este criterio a la asistencia otorgada a los Bancos de Montevideo y de Crédito.

En cuanto a todo este cúmulo de elementos, es necesario esclarecer si el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas actuaron de acuerdo a derecho y en función de las normas bancocentralistas, dentro de lo que delimita la legislación vigente, que, desde mi punto de vista, es harto suficiente como para que las autoridades del Banco Central hayan procedido con la debida eficacia.

La contadora Medero expresó al Directorio de nuestro Partido que el ex Ministro Bensión actuó en reiteradas ocasiones excediendo sus competencias y afectando negativamente la autonomía y el patrimonio del Banco Central del Uruguay.

Mientras integró el Directorio del Banco Central, la contadora Medero tuvo múltiples opiniones contrarias a las decisiones adoptadas. En lo que tiene que ver con la capitalización del Banco Comercial, dijo haber estado en contra de dicha medida por considerarla inconveniente y contraria a la ley, dado que se otorgaban, a su juicio, beneficios excesivos a los accionistas extranjeros.

Por otra parte, consideró ilegal la asistencia del Estado a ese Banco y violatoria de artículos de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay. También discrepó con la adquisición del Banco La Caja Obrera por parte del Banco de Montevideo, por no contemplarse aspectos del pliego de condiciones que estableció el Gobierno. Para la citada profesional era necesario que se aumentara el control sobre el Banco de Montevideo.

También estableció que la autoridad monetaria tuvo fallas en la supervisión de las instituciones financieras y, por ello, planteó que se hicieran las investigaciones correspondientes para establecer las eventuales responsabilidades.

Por lo tanto, de todas estas expresiones, más los datos, documentos y testimonios aportados por el señor Diputado Rossi, surge un cúmulo de interrogantes que todos nos hacemos y que queremos esclarecer por el bien de las instituciones y para que esto no se repita en el futuro y el país no vuelva a pasar por estos momentos de inestabilidad y zozobra. Además, esto nos permitirá saber si es necesario legislar en esta materia que hace al control del sistema bancario privado y público por parte del Banco Central. Desde mi punto de vista -ya lo dije en la Comisión-, la legislación vigente es harto suficiente como para controlar y establecer las acciones de control que la banca necesita.

El señor Diputado Rossi ha aportado una profusa documentación con respecto a la capitalización del Banco Comercial y a la asistencia de los Bancos Comercial, de Montevideo, La Caja Obrera y de Crédito, con interrogantes que todos tenemos, a pesar de que se hayan publicado las cifras de dichas asistencias. Sin duda, será menester que la Comisión Investigadora profundice, afine y haga públicos esos números y documentos.

El señor Diputado denunciante establece una interrogante acerca de la conveniencia y la legalidad de la venta del Banco La Caja Obrera al Banco de Montevideo e, inclusive, sobre si es legal o no que hayan actuado conjuntamente, cuando en la Comisión de Hacienda, el 11 de enero de 2001, se manifestó que eso se había apartado de los pliegos, punto sobre el que se polemizó fuertemente con el ex Ministro Bensión. También se establecen dudas acerca del control interno del Banco Central con respecto a estas instituciones.

Por lo tanto, creo y creemos que la entidad de la denuncia, según lo que establece el Reglamento de la Cámara, es lo suficientemente profunda como para estimarla procedente. De manera que, de acuerdo con el Reglamento, consideramos que es menester aprobar la creación de una Comisión Investigadora que eche luz sobre estos hechos y, eventualmente, aconseje a la Cámara legislar o no sobre las políticas bancocentralistas de control.

Finalmente, en nombre del Partido Nacional quiero dejar una constancia política. Nuestro Partido ha acompañado todas y cada una de las Comisiones Investigadoras que se ha propuesto crear desde 1985 en adelante; esto ha sido una constante, cualesquiera fueran las personas o instituciones denunciadas, ya sea en el Senado o en la Cámara de Representantes, y recayesen sobre personas de nuestro Partido o de otros. Creemos que es necesario que este mecanismo funcione en el libre juego democrático y para nosotros es un deber ético y moral dar luz verde a este tipo de investigaciones para que, si hay responsabilidades, estas se establezcan, y si no las hay, también se diga públicamente y en este ámbito. Por una razón de mínima coherencia, el Partido Nacional va a acompañar la creación de esta Comisión Investigadora en la Cámara de Representantes, estableciendo también que el término de la misma es muy importante. No podemos eternizar la discusión de estos temas y, a los efectos de preservar la estabilidad del sistema financiero, es necesario establecer un término; lo hemos propuesto así en la Comisión Preinvestigadora y está previsto que las investigaciones terminen el 10 de diciembre próximo. También solicitaremos que la Comisión esté integrada por nueve miembros.

Por todas estas razones, el Partido Nacional va a acompañar con sus votos la creación de esta Comisión Investigadora.

SEÑOR IBARRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: en nombre del Encuentro Progresista-Frente Amplio, en la Comisión Preinvestigadora sobre diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario hemos votado afirmativamente que se cree una Comisión Investigadora, de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución de la República, la Ley Nº 16.698 y los artículos 117 y 118 del Reglamento de la Cámara.

Cumplidos los requisitos de la denuncia y el pedido efectuados por el Representante Nacional Víctor Rossi, entendemos que, de acuerdo con los distintos elementos aportados en el seno de la Comisión Preinvestigadora, corresponde crear la Comisión Investigadora.

El señor Diputado Rossi ha presentado documentos que incluyen artículos de prensa donde podemos advertir que hubo distintas opiniones de los integrantes del Directorio del Banco Central en oportunidad de que se manejara la asistencia a la banca privada y, fundamentalmente, al Banco Comercial. También hay diferentes opiniones respecto a la venta del Banco La Caja Obrera al Banco de Montevideo. Ese es un elemento importante para investigar.

Hay un informe muy pormenorizado realizado por el doctor Carlos Abin en cuanto al contenido del contrato que oportunamente firmara el ex Ministro de Economía y Finanzas, contador Alberto Bensión, con los socios del Banco Comercial; en mi opinión -también es lo que expresa el doctor Carlos Abin-, en él hay una serie de normas que, de alguna forma, vulneran hasta la propia soberanía de nuestro país. Se presenta también un informe referido a la asistencia a los cuatro bancos, inclusive del propio Tribunal de Cuentas, respecto al cual sabemos que, al menos hasta hace pocos días, no se le ha remitido esa asistencia resuelta oportunamente por el contador Alberto Bensión. También hay un documento muy interesante de una consultoría que dispuso el Banco Central en su propio seno, referido al estado del Banco de Montevideo en momentos en que se dispuso el cierre de sus puertas. Asimismo, hay distintos documentos referidos a préstamos que el país ha recibido del Banco Mundial y del BID.

Por estos motivos, creemos muy conveniente constituir esta Comisión Investigadora, tal como lo propone, por unanimidad, la Comisión Preinvestigadora designada por esta Cámara de Representantes. Considero que es absolutamente necesario, en momentos en que en el país hay cierta falta de credibilidad en un sector muy importante de ciudadanos uruguayos, actuar con la mayor transparencia en el manejo de la cosa pública y, más aún, con la participación en este caso del Poder Legislativo y en especial de la Cámara de Representantes.

Todos sabemos el impacto que ha originado en el país esta crisis del sistema financiero y bancario, que aún estamos sufriendo; sabemos que ha repercutido en forma absolutamente negativa en el sector productivo, en el sector industrial, en el sector comercial, en los trabajadores, y sobre todo en los ahorristas, que confiaron en el sistema financiero y bancario uruguayo y que lamentablemente se vieron frustrados por determinadas actitudes de los administradores de algunos bancos privados y -más allá de que es una opinión estrictamente personal- también por ciertas políticas económicas llevadas a cabo por distintos Gobiernos. También estamos preocupados porque esta crisis mantiene cortada la cadena de pagos en algunos lugares del país, fundamentalmente en el interior. Esto preocupa y lesiona a los sectores productivo, comercial e industrial y a la ciudadanía en general.

Esta crisis del sistema financiero y bancario también ha golpeado muy duramente a un sector importante de trabajadores bancarios -aproximadamente a dos mil seiscientos-, que se han visto perjudicados por estas malas administraciones. Esto repercute en una institución que en el país ha sido un ejemplo de buena administración y de prevención, la Caja de Jubilaciones Bancarias, a la que también habrá que encontrar algún tipo de solución, según lo que suceda con los cuatro bancos que en este momento tienen las puertas cerradas.

Voy a permitirme una breve disquisición. Considero que nunca más en nuestro país se pueden repetir hechos como los que estamos viviendo, vinculados a malas administraciones de empresas privadas, en muchos casos con relación directa con capitales internacionales; además, por insuficiencia en los controles del propio Estado se produjeron importantes fraudes y robos. Tenemos muy presente lo que ha acontecido en el Banco Comercial y en el Banco de Montevideo. Eso realmente vulnera la confianza pública y del Estado depositada en un sistema financiero que, lamentablemente, no ha cumplido con las expectativas que todos los uruguayos tenemos.

Como se ha expresado en las intervenciones anteriores, existen distintas opiniones u ópticas sobre los motivos por los que se produjo la crisis bancaria y financiera en nuestro país. Entiendo que más allá de la problemática que vive la región -que no podemos desconocer- y de la incidencia de los problemas financieros y bancarios que vive la República Argentina -que son sumamente graves-, también es notorio que ha habido en nuestra Administración una falta de control que ha agravado la crisis que está viviendo nuestro sistema bancario.

Entonces, considero que debe crearse la Comisión Investigadora para analizar en profundidad la asistencia financiera otorgada en los últimos meses a determinados bancos privados, que afectó no únicamente a los ahorristas, sino también, en forma muy directa, a los bancos del Estado, principalmente al Banco de la República Oriental del Uruguay, que ha visto disminuido su patrimonio, ya que ha perdido aquellos US$ 500:000.000 que tenía depositados en el exterior del país, que se esfumaron. Asimismo, dicha institución ha perdido capacidad de crédito por la reprogramación que se resolvió a través de la vía legal -por una ley que fue votada en esta Cámara por la coalición de Gobierno-, lesionando en forma muy importante a los ahorristas de dicho Banco, así como a los del Banco Hipotecario del Uruguay, con relación a los depósitos a plazo fijo.

Señor Presidente: todos sabemos que, lamentablemente, las reservas internacionales que tenía Uruguay a fines de diciembre del año pasado, que aproximadamente llegaban a US$ 3.100:000.000, se perdieron casi en su totalidad, y es bueno recordar que en el mes de junio se recibió un crédito de US$ 500:000.000 que, de alguna manera, evitó que se llegara a una situación de reserva cero para nuestro país.

Entendemos que todo lo referente al Banco La Caja Obrera y al Banco de Montevideo también se debe analizar en profundidad; se debe pedir la información correspondiente, fundamentalmente al Banco Central y al Ministerio de Economía y Finanzas, con respecto a cómo se hizo esa negociación, sobre todo teniendo en cuenta que a los pocos meses se produjo un robo, un fraude importante por parte de los propietarios del Banco de Montevideo. Por lo tanto, es muy oportuno el petitorio del señor Diputado Rossi en el sentido de investigar, a través de todos los antecedentes y de la documentación que se tenga, qué es lo que ha acontecido y de qué manera se manejó la venta del Banco La Caja Obrera al Banco de Montevideo; y también hay que recordar que su recuperación tuvo un costo muy importante para el Estado. Asimismo, habrá que inquirir las razones por las cuales determinados jerarcas -como el ex Ministro de Economía y Finanzas, contador Alberto Bensión- resolvieron suscribir un contrato con los accionistas del Banco Comercial, denominado "Contrato de suscripción y derechos de los inversores", que, como dije, de alguna manera vulnera a nuestro país desde el punto de vista de la soberanía y de los compromisos que se le hacen asumir, favoreciendo notoriamente a los otros accionistas del Banco Comercial.

Para terminar, señor Presidente, reitero que apoyamos la designación de esta Comisión Investigadora. Nos preocupa en grado sumo la asistencia que el Estado uruguayo ha dado a determinados bancos privados que en este momento tienen problemas en cuanto a su funcionamiento, ya que esa asistencia llegó a US$ 695:000.000. Inclusive, me ha parecido detectar, a través de alguna información de prensa, que quizás esa cifra sea mayor, porque no solo habría habido una asistencia del Banco Central, sino del Ministerio de Economía y Finanzas. Esa asistencia llegó a US$ 347:000.000 para el Banco Comercial, a US$ 294:000.000 para el Banco de Montevideo-La Caja Obrera y a US$ 54:000.000 para el Banco de Crédito. Debo aclarar que la mayor parte de esta asistencia se realizó a través de un mecanismo puente -diría yo-, que fue la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Considero que también a la Corporación Nacional para el Desarrollo se le debe realizar algunas preguntas sobre el particular y con relación a su funcionamiento, ya que, lamentablemente, como parlamentarios no tenemos acceso a su gestión, así como tampoco lo tiene el Tribunal de Cuentas desde el punto de vista reglamentario y legal. Más allá de ello, existe la opinión clara por parte de un importante número de juristas de que la Corporación Nacional para el Desarrollo debe atenerse a los controles, a la investigación, y responder los informes que le soliciten no únicamente la Cámara de Representantes, este Poder Legislativo, sino fundamentalmente el Tribunal de Cuentas.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con el proyecto de resolución al que se ha dado lectura aquí. Como se ha expresado, se trata de un proyecto de resolución amplio, que da a las señoras legisladoras y a los señores legisladores que integren la Comisión Investigadora la posibilidad de actuar sin ningún tipo de limitaciones, más allá de las que dispone la ley.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: lamento emitir una opinión en esta Cámara y generar un pronunciamiento que -como ha ocurrido en alguna otra oportunidad- sin duda haré en total y absoluta soledad, ya que debo ser el único que no va a votar la designación de esta Comisión Investigadora.

A propósito de este tema, confieso, señor Presidente, que recuerdo un episodio bastante similar que ocurrió en este Parlamento en el año 1985. En esa oportunidad, el entonces señor Diputado Federico Bouza fue el único que no votó la creación de una Comisión Investigadora para investigar el fallecimiento de los ex legisladores Michelini y Gutiérrez Ruiz. Por supuesto que las circunstancias políticas y jurídicas han cambiado y que la temática de la cuestión es distinta.

Quiero hacer una puntualización destinada a mi amigo, el señor Diputado Borsari Brenna, porque en dos oportunidades -en la Comisión Preinvestigadora, según consta en la versión taquigráfica, y en la sesión de Cámara del día de hoy- manifestó que, para él, era una cuestión ética y moral votar las Comisiones Investigadoras. Lamentaría mucho que el señor Diputado Borsari Brenna considerara que quedo fuera de la ética y de la moral porque no voto la Comisión Investigadora, pero yo digo que lo ético y lo moral es votarlas cuando se presentan denuncias que tienen el fundamento debido, la articulación correspondiente y son instrumentadas adecuadamente.

Las Comisiones Investigadoras del Poder Legislativo surgen de una norma constitucional que, si mal no recuerdo, aparece por primera vez en la Constitución de 1917. Fíjense si habrá sido una norma difícil de interpretar que no fue reglamentada hasta la ley que se promulgó en abril de 1995, elaborada por el Gobierno del Partido Nacional. Si fueron tan prolijos e hicieron una ley con una casuística tan determinada, me pregunto por qué después votan al boleo cuanta Comisión Investigadora surge y se plantea. Me pregunto por qué lo hacen, si se tomaron esa molestia que llevó a una grave discrepancia, en su momento, entre el señor Presidente de la República, quien vetó la ley, y el señor Vicepresidente de la República, doctor Gonzalo Aguirre, que fue el artífice de tal ley, que originalmente tenía una amplitud y poderes mucho mayores que la norma que fue finalmente aprobada. Está bien; es una decisión política que respeto. El Partido Nacional votó todas las Comisiones Investigadoras, así como todos los pases a la Justicia de los resultados de las Comisiones Investigadoras, y está en su derecho de hacerlo. Así le fue. Y está en su derecho. Las consecuencias están a la vista, señor Presidente. ¿Y sabe qué, señor Presidente? Yo me aburrí de votar Comisiones Investigadoras y me aburrí de votar pases a la Justicia sin tener la convicción definitiva de que se cometieron irregularidades.

Vamos a la norma constitucional que nos rige en esta materia, porque, ¿sabe qué, señor Presidente? Creo que a la gente hay que rendirle homenaje en los cementerios, pero también hay que levantar la mano para respaldarla cuando hay que hacerlo. Y estas son instancias para respaldar a la gente, cuando uno cree que actúan moral y éticamente en forma correcta. Yo creo en el contador Bensión y creo en el contador Rodríguez Batlle y no veo acá denuncias debidamente articuladas. Y por eso hoy no voto esta Comisión Investigadora.

El artículo 120 de la Constitución dice: "Las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos". El artículo 6º de la norma que hoy nos ocupa -la Ley Nº 16.698- dice: "Las Comisiones de investigación asesoran al órgano a que pertenecen tanto en el ejercicio de sus poderes jurídicos de legislación como de control administrativo. Pero su designación solo procede cuando en las situaciones o asuntos a investigar se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes".

El segundo inciso del artículo 10 de la misma ley dice: "El o los legisladores que hayan solicitado la investigación expondrán ante la Comisión Preinvestigadora el fundamento de su petición y articularán las denuncias que le den mérito". Reitero: "y articularán las denuncias que le den mérito". Parece claro que no alcanza con traer una serie de recortes de diario y tirarlos arriba de una mesa.

Continúa: "Esta, en un plazo de cuarenta y ocho horas, informará sobre la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación".

Para mí no hubo opinión de la Comisión Preinvestigadora sobre la entidad y la seriedad del origen de la denuncia. No la hay. Revisemos el informe de la Comisión Preinvestigadora y veremos que no la hay.

Dice el artículo 12 de la mencionada norma: "Las Comisiones previstas por el artículo 120 de la Constitución tienen los siguientes cometidos: A) Investigar situaciones que se consideren ilícitas o irregulares, a los efectos de asesorar al Cuerpo respecto al ejercicio de los poderes jurídicos de control administrativo o la promoción de un juicio político". No leo el literal B) porque, evidentemente, no trata de este asunto.

Por su parte, el artículo 13 expresa: "Las investigaciones practicadas por estas Comisiones pueden alcanzar hechos delictivos[...]", etcétera.

Y, por último, el artículo 21 establece: "Las investigaciones en los Entes Autónomos y en los Servicios Descentralizados proceden para asesorar al Cuerpo designante a los efectos de: A) Hacer efectiva la responsabilidad política del Ministro del ramo, por omisión en el ejercicio de sus poderes de control administrativo sobre el organismo investigado.- B) Denunciar delitos electorales [...].- C) Resolver las discrepancias surgidas en el trámite de los presupuestos [...]".

Tampoco procede la Comisión Investigadora en este caso. ¿A qué responsabilidad política se va a llamar a un Ministro que no está en funciones y a un Presidente del Banco Central que también cesó?

Además de todas estas razones basadas en las normas que cité, reafirmo mi convicción cuando leo la versión taquigráfica de la Comisión Preinvestigadora. ¿Qué comienza diciendo el denunciante? "En realidad, no lo traigo por escrito. Si me permiten, voy a expresar unos breves comentarios, casi a modo de reflexión". No, no es una reflexión: es una acusación. Es una acusación que, de acuerdo con la ley, tiene que sustentar debidamente.

Luego, más adelante, dice: "El objetivo, claramente, es conocer los hechos, esclarecer lo actuado, [...]". Para conocer los hechos y esclarecer lo actuado hay muchos otros procedimientos parlamentarios. No es este el caso de la Comisión Investigadora. Está el llamado a Sala, el pedido de informes, la interpelación, las Comisiones Especiales, el llamado a Comisión. Acá hay que denunciar irregularidades fundadamente y la Comisión Preinvestigadora debe pronunciarse sobre la denuncia de irregularidades.

Más adelante, por si a alguien le quedan dudas, el miembro denunciante dice: "No teníamos dudas en cuanto a la seriedad de los actos públicos o de funcionarios que sentíamos la necesidad de precisar, tampoco en cuanto a la procedencia, porque las consecuencias de estos hechos son notorias, pero sí en cuanto a la evaluación de las circunstancias". No se trata de este caso; acá tenemos una norma constitucional y una ley a las cuales deberíamos respetar, siguiendo su pronunciamiento estricto.

Luego, cita una serie de artículos periodísticos o de informes que tienen estado público. Por supuesto, en esos artículos se hacen acusaciones, pero basadas fundamentalmente en opiniones. Es más: tal vez con estos mismos elementos se podría haber articulado formalmente una denuncia, como correspondía. Pero no fue ese el caso. Y a tal punto no lo fue que el señor Diputado Borsari Brenna le pide algún papel para hacer el informe, diciéndole: "Sería importante contar con los documentos centrales que el señor Diputado Rossi ha manejado, a los efectos de que rápidamente se pudieran repartir".

Entonces, el señor moderador dice lo obvio: "Por eso tengo la sensación de que tiene razón el señor Diputado Borsari Brenna, en el sentido de que para acompañar al informe precisamos una versión escrita de la denuncia, con los documentos".

Yo digo: ¿no parece un poco liviana la forma de pronunciarnos y de tratar semejante asunto en el país? Además, todos sabían que, dijera lo que dijera el señor Diputado Rossi, se iba a votar la Comisión Investigadora, porque era una decisión política a la cual se suma ahora el Partido Colorado, de la misma manera que antes lo hizo el Partido Nacional. Sin querer utilizar ninguna expresión en particular, diría que es como cobrar al grito. Acá se propone una Comisión Investigadora y todos la votamos porque todos somos buenos, puros, castos; entonces, la votamos igual. Después, alguno hasta termina preso, pero no importa.

¿Cuál es el informe final de la Comisión Preinvestigadora? De más está decir que el señor moderador dice que no tiene dudas en cuanto a la corrección de los procedimientos empleados. Entonces, si era así, ¿por qué votó una Comisión Investigadora que, según la ley, se debe expedir sobre una acusación fundada acerca de quienes tienen la responsabilidad de tomar determinadas decisiones? Yo me lo pregunto; a veces uno piensa que el equivocado es uno, cuando ve que todo el mundo piensa de otra manera. En fin: debo ser yo el equivocado, ¿no?

Entonces, ¿en qué se basa sustancialmente el informe? Dice: "Dada la trascendencia histórica de estos acontecimientos, se entiende de fundamental importancia que el Parlamento y la ciudadanía conozcan, con el mayor detalle posible, todos los datos y las decisiones políticas que se fueron adoptando en ese período, a efectos de su adecuada evaluación". Para esto se hace un trabajo en una Comisión o se crea una Comisión Especial con fines legislativos, pero no una Comisión Investigadora.

Señor Presidente: se me está yendo el tiempo. Creo que esta es una decisión equivocada.

Por último, le digo con todo respeto al señor Diputado Borsari Brenna que hoy me ha sorprendido. Porque que un Diputado del Partido Nacional, que tuvo preso dos veces a un Ministro, el contador Braga, por decisión de un Juez que se fundó en el estado de conmoción pública que despertaba el hecho, hable de la autonomía del Poder Judicial para tratar estos casos, y me venga a hablar acá de independencia del Poder Judicial para analizar y para pronunciarse sobre estos hechos, con todo respeto y afecto, realmente, me parece que no procede.

Por todas estas razones, señor Presidente, voy a votar contra la instalación de la Comisión Investigadora.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- Pido la palabra porque he sido aludido.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado para contestar una alusión.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- ¿Una sola?

Señor Presidente: lamento que se haya creado una discusión con respecto a este tema, ya que vine creyendo que iba a haber unanimidad en esta Cámara. Por supuesto que el señor Diputado Díaz, como cualquier otro, está en todo su derecho de discrepar, de decir sus razones; por supuesto que lo respeto. Pero cuando nos alude en forma múltiple -digo esto también estimando y respetando a su persona-, no podemos dejar pasar por alto las cosas que se han dicho.

El manifestó que yo dije en Comisión que para nosotros era un imperativo ético y moral votar la Comisión Investigadora, ¡y claro que lo es!, pero en virtud de lo que dice el Reglamento, es decir, de que la denuncia del señor Diputado tenga la entidad suficiente. Entonces, si la denuncia tiene la entidad suficiente, para mí y para nuestro Partido es un imperativo ético y moral votar la Comisión Investigadora. Por supuesto -delo por bueno- que nuestro Partido no va a votar cualquier Comisión Investigadora que pueda plantear cualquier legislador con razones que no estén verdaderamente fundadas. Pero creemos que estas están fundadas. Nosotros pedimos al señor legislador Rossi, especialmente, que articulara la denuncia en forma escrita y bajo su firma, porque, a veces, en la Cámara se ha adoptado la mala práctica de no firmar las denuncias que se presentan para la creación de una Comisión Investigadora. Y yo creo que para que se creen Comisiones Investigadoras las denuncias tienen que estar firmadas. Por eso pedí esto al señor Diputado Rossi y se procedió de esta manera.

Entonces, creímos que la entidad de la denuncia era suficiente y, por lo tanto, ¡claro que es un imperativo ético y moral votarla! Y si mañana se pidiera la creación de alguna Comisión Investigadora para analizar hechos que no tuvieran la entidad suficiente, no la votaríamos; no estamos en un corral diciendo: "Acá vamos a votar cualquier cosa". ¡No! Primero hemos analizado profundamente lo que el señor Diputado Rossi ha presentado. Pero, además, basta con ver la situación del sistema financiero de nuestro país para acompañar la creación de esta Comisión, que no solo es investigadora, sino que también tiene facultades para aconsejar a la Cámara si son suficientes o no las potestades bancocentralistas respecto del control del sistema financiero. Y eso es tanto o más importante que la facultad de investigar.

Por otro lado, el señor Diputado Díaz pretende dar un consejo al Partido Nacional tomando en cuenta cómo le fue o cómo no le fue votando Comisiones Investigadoras. Yo digo, señor Presidente, que no se preocupen por la suerte del Partido Nacional. Noventa y tres años estuvo el Partido Nacional fuera del Gobierno -¡noventa y tres!-, pasando momentos mucho más difíciles que votando o no votando Comisiones Investigadoras, y ha sobrevivido a cualquier avatar de la historia; ha sobrevivido a batallas, a guerras, a la muerte de sus principales dirigentes, como para que le tiemble la mano a la hora de votar o no votar una o diez Comisiones Investigadoras. No se preocupe el señor Diputado Díaz, que el Partido Nacional sabe administrar su vida y la va a seguir administrando con independencia de su criterio o del de cualquier legislador de cualquier partido político.

Entonces, antes de meterse con las actitudes del Partido Nacional, pido que se refiera solamente a las actitudes de su Partido. Y me hubiera gustado que acompañara esta Comisión Investigadora, a la que vamos a dar el ámbito de total seriedad que le hemos dado a todas.

Hemos discrepado fuertemente con algunos de los fallos del Poder Judicial, porque desde nuestro punto de vista ha condenado a alguno de los ciudadanos injustamente, como sucedió con el contador Enrique Braga. Por supuesto que discrepamos con ese fallo de un Juez del Poder Judicial. Pero eso no quiere decir que no creamos en nuestro Poder Judicial, que no creamos en ese Poder, legal y constitucionalmente constituido. Aunque haya fallado en contra de alguno de nuestros compañeros, seguimos creyendo en la independencia de ese Poder del Estado; vamos a luchar por él y vamos a darle todos los elementos para que siga juzgando como tiene que ser en una democracia.

Por eso, nuestro Partido tiene más autoridad que nadie para votar estas Comisiones Investigadoras. Por eso decía lo del imperativo ético y moral. Y por eso termino diciendo que no se metan con nuestro Partido, que atiendan primero al suyo y que cada uno adopte las actitudes políticas que correspondan. Nosotros, como siempre, vamos a proponer a legisladores de nuestro Partido para que integren esa Comisión, quienes van a actuar con total patriotismo y con total apego a la ley y a la Constitución. Y sepan que no se va a acusar en vano a ningún ciudadano, por encumbrado o humilde que sea. Pero no quepan dudas de que si hay alguna responsabilidad, nuestro Partido la va a marcar; que si hay alguna ilegalidad, nuestro Partido la va a marcar, y que si es necesario enviar a la Justicia los resultados de la labor de esta Comisión Investigadora, también lo hará. Y si no lo es, si ve que no ha habido ilegalidades ni transgresiones a nuestro ordenamiento jurídico, así lo va a decir en esta Cámara, en alta y clara voz. Porque nosotros no somos de los que tiramos la piedra y después escondemos la mano. ¡No, señor Presidente! Si no hay responsabilidades, diremos en este ámbito y en este recinto que no las ha habido, como diremos también que no ha habido transgresiones a la ley si este fuera el caso; pero de haber tenido lugar, tendrán el curso que nos indican el Reglamento y la Constitución.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- La Mesa informa que hemos ingresado en el horario de la sesión ordinaria. Si no hay observaciones del Cuerpo, vamos a continuar unos minutos más para culminar con esta sesión.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: he expuesto mis puntos de vista y el señor Diputado Borsari Brenna, en su legitimo derecho, ha expuesto los suyos.

Yo quiero decir que no pretendo decir al Partido Nacional lo que tiene que hacer, pero las actuaciones de todos los partidos son públicas y sobre ellas todos los ciudadanos tenemos derecho a tener las opiniones que nos parezcan del caso. Ese fue el espíritu. Y yo no tomé como fundamento opiniones; me basé en hechos. Y los hechos existen; están ahí.

No solo respeto la ética y la moral del señor Diputado Borsari Brenna y del Partido Nacional, sino la de todos los integrantes de este Cuerpo, pero la realidad es que, desde mi punto de vista, no podemos hablar asépticamente -y no por eso vamos contra el Poder Judicial; al contrario- como si los hechos políticos, sociales y periodísticos no tuvieran influencia en él, en el Poder Ejecutivo y en todos. De alguna manera, acá somos formadores de opinión a través de decisiones de esta naturaleza.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: quisiera hacer una consulta de orden reglamentario, que es atinente a mi persona y que tiene relación con este tema.

El literal M) del artículo 104 del Reglamento de la Cámara incluye entre las obligaciones de los Representantes la de "declarar ante la Cámara o la Comisión que integre, toda vinculación personal o de intereses que lo ligue a cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere".

En función de ello debo decir al Cuerpo que soy tenedor de obligaciones negociables del Banco Comercial. No sé si llamarme acreedor o damnificado; dependerá de cómo cada uno quiera verlo. Quiero poner este hecho en conocimiento de la Cámara y solicito que haya un pronunciamiento respecto a si esto me inhabilita para votar o, eventualmente, participar en la discusión.

(Interrupciones)

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Léase nuevamente el proyecto de resolución.

(Se vuelve a leer)

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: me parece que la Cámara debería resolver -adelanto que estamos dispuestos a votar afirmativamente- que se toma conocimiento del planteamiento que por delicadeza ha realizado el señor Diputado Bergstein, y que entiende que para nada está impedido de participar en el tratamiento del tema.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- La Mesa entiende que el tema se va a considerar después de conocer el resultado de la votación referida a la creación de la Comisión Investigadora. Por lo tanto, el señor Diputado Bergstein puede votar.

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: como hay clima para que esto salga adelante, voy a dar mi voto afirmativo, pero me parece que se mezclan cosas, y en ese sentido me gustaría que el señor Diputado Díaz Maynard me corrigiera.

Advierto que la Comisión Investigadora tiene cierta pulsión a perseguir fines legislativos y, a la vez, a la búsqueda de determinar elementos. Si esto es lo que se quiere hacer, que se haga, pero no me parece lo más sano. Una Comisión Investigadora investiga, detecta, trata de hurgar información; en cambio, una Comisión que tiene un componente prospectivo es de otra naturaleza. Pero como ya está resuelto, sigamos para adelante; yo habría hecho una separación. De todos modos, voy a votar afirmativamente el proyecto de resolución.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de resolución.

(Se vota)

——Setenta y nueve en ochenta: AFIRMATIVA.

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: por la vía de las Comisiones Investigadoras muchas veces el Parlamento se ha aproximado a la tarea de carácter jurisdiccional. Habría que ver cómo evitamos esa desnaturalización.

En el Parlamento de la República he visto deshacer, pulverizar gente que después tiene que deambular por la sociedad con una especie de estigma porque una Comisión Investigadora comenzó a hurgar cierto tipo de información, construyendo determinada idea en torno al imaginario colectivo, y esa persona quedó marcada. No quiero recordar al Parlamento faxes truchos; no tengo voluntad de entrar en ese tipo de episodios lamentables. Tampoco tengo ganas de recordar episodios desagradables desde el punto de vista institucional. Lo que sí digo es: bienvenida la Comisión Investigadora si pretende colaborar con el tránsito a la transparencia en la República. Ahora, si es solamente una movida de carácter estrictamente político, donde uno ya puede decir que el informe del Frente Amplio va a ser crítico, que el del Partido Colorado va a tener determinado tono y el del Partido Nacional otro, entonces, ¡cuidado con el desgaste del sistema político! Porque después decimos: "¡Qué mal que estamos!", cuando nosotros mismos somos los que vamos construyendo esta especie de catarata de cosas bastante desagradables.

No soy nadie; simplemente lo digo un poco por baquiano -he participado en algunas Comisiones Investigadoras-: ¡ojalá que se pueda continentar la tarea!

Una Comisión Investigadora es siempre la tentación del circo y -valga la expresión- de la selección de alguna cabeza de turco para expiar los pecados por situaciones que se han producido. Espero que el turco sea otro.

(Hilaridad)

——Gracias, señor Presidente.

SEÑORA RONDÁN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA RONDÁN.- Señor Presidente: quiero fundar mi voto con el espíritu de esperar y de creer en este Parlamento. Siguiendo la línea del señor Diputado Abdala, espero que esto sea lo que tiene que ser: un Parlamento controlador de las acciones que se realizan en otros ámbitos. Fuimos elegidos para controlar. Espero que esto no se transforme en otra cosa; que no se transforme en una cacería de brujas.

En otro orden de cosas, también he votado afirmativamente porque creo que nunca debemos negarnos a investigar; y como siento que ni a mi sector ni a mi Partido le duelen prendas, que se investigue hasta el fondo. Creo que esa debe ser la conducta de todos y cada uno de los legisladores. Aquí nos han puesto para ser representantes del pueblo; bueno, si el pueblo está interesado en saber sobre estos temas, que se sepa, pero que se sepa con el recato y el pudor necesarios como para que, mientras esa Comisión Investigadora no llegue a sus conclusiones, no se manoseen los nombres de las personas, a lo que siempre nos hemos opuesto, aun desde la Junta Departamental, cuando integrábamos la minoría.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR ROSSI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: nosotros creemos que este plenario de la Cámara de Representantes hace bien al tomar esta resolución, que, seguramente, nos va a permitir profundizar y conocer con mayor precisión un conjunto de acontecimientos que sin duda han tenido y tendrán una incidencia muy importante en la situación presente y futura del país. Eso no quiere decir que por tener un conocimiento detallado de los hechos no haya interrogantes y preguntas, pero tenemos la convicción de la existencia de irregularidades y de carencias y, por lo tanto, de que es necesario profundizar en ese proceso de investigación.

Es cierto que luego de designarse la Comisión Preinvestigadora, nosotros -que no tenemos demasiada experiencia parlamentaria- concurrimos sin las denuncias articuladas por escrito; pero también es cierto que en el plazo que corresponde al funcionamiento de una Comisión Preinvestigadora, en muy poco tiempo, transformamos lo que fue nuestra intervención oral en denuncias articuladas con el respaldo documental correspondiente, que incluye algunos aspectos que nosotros consideramos que no son menores y acerca de cuya importancia y gravedad seguramente ningún señor Diputado puede dudar.

A modo de ejemplo, en primer término, la relación cuestionada -y cuestionada públicamente- entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay, apartándose del artículo 196 de la Constitución de la República y de la Ley Nº 16.696, fue a raíz de una afirmación efectuada por un ex integrante del Directorio del Banco Central del Uruguay en polémica con otro ex integrante de dicho órgano.

En segundo lugar, con referencia a la capitalización del Banco Comercial, se hizo la afirmación de que el Poder Legislativo tiene en sus manos una situación no prevista por la Constitución: la celebración de un contrato internacional de efectos equivalentes o más comprometedores que los de un tratado. Según el numeral 20) del artículo 85 de la Constitución de la República, ese Poder debe pronunciarse acerca de la legalidad de la intervención del Poder Ejecutivo, de la necesidad o no de ratificación parlamentaria del contrato que ha sido público y, como consecuencia, de la validez del contrato en cuestión.

En tercer término, podríamos referirnos a la auditoría de fecha 4 de julio realizada por el Banco Central del Uruguay en el Banco de Montevideo y en el Banco La Caja Obrera, y a una serie de conclusiones e irregularidades que esa auditoria ha constatado.

Finalizando con este fundamento muy apretado, quiero decir ante esta Cámara que, como nos parece bien esta iniciativa, vamos a contribuir a superar todo síndrome con respecto a las investigaciones, a sus resultados, a sus frustraciones y a los insucesos que puedan haber acontecido; pero queremos reafirmar el derecho y la obligación que tienen este Parlamento y los legisladores que lo integran de cumplir con su función de contralor, de conocer los hechos y, eventualmente, de dar el trámite que corresponda a las responsabilidades políticas, administrativas, y, si es necesario y lo amerita, a las responsabilidades de otro tipo, inclusive promoviendo las soluciones legislativas que puedan surgir como necesarias después de este trabajo.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente en el entendido de lo que se ha dicho en Sala: que es bueno que el Parlamento esté al tanto de los temas. Pero quiero formular algunas puntualizaciones.

En primer lugar, quiero dejar muy claro que me parece que una Comisión Investigadora no es el ámbito para el estudio de modificaciones legislativas sobre un tema de tanta complejidad. Esta no es una investigación cualquiera: va a analizar el sistema financiero del país, inmerso en una de las crisis financieras más importantes que se han conocido, no solo aquí sino en la región. Por lo tanto, para quienes vayan a integrar esta Comisión, la responsabilidad, la discreción, la capacidad de manejo y la idoneidad son requisitos esenciales, porque está en juego la tranquilidad económica del país.

De haber dependido de mí, personalmente habría preferido una nueva redacción para el punto 5 de la resolución, referido a las modificaciones legislativas o al dictado de nuevas normas, que no alcanzo a entender qué significa, porque si no son modificaciones legislativas, ¿qué otra cosa se está proponiendo? Me parece que no es un inciso feliz y que no es lo mismo crear una Comisión para investigar que una Comisión para legislar en un tema de tanta sofisticación y complejidad.

Esto no tiene nada que ver ni con la confianza ni con la idoneidad legislativa; tiene que ver con la especialidad temática que en un asunto como este es altamente sensible. Pero sobre todo, y por lo que pudiera corresponder, quisiera recordar una vez más que estamos manejando un tema que tiene que ser abordado con un enorme sentido de prudencia.

Las plazas financieras en el mundo están en altísimo nivel de competitividad y las reglas de juego no están fijadas internacionalmente. No existe la neutralidad cuando se trata de la competencia por los mercados de capitales, y el Uruguay tiene que jugar en este terreno con una enorme capacidad y sagacidad.

Por lo tanto, exhortamos, con este voto que hemos dado, a que se ponga en funcionamiento una Comisión de este tipo y a que quienes asuman esta responsabilidad tengan en cuenta que no solo se trata de investigar -lo cual es muy importante-, sino, además, de fortalecer un sistema en el que, sin duda, va en juego un interés superior del país.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: con particular brevedad, quiero manifestar que he votado sin ninguna vacilación el nombramiento de esta Comisión creyendo que cumplimos con nuestra función de contralor. Y frente a manifestaciones de algunos legisladores en su fundamento de voto en cuanto a que se mezcla la parte investigativa con la parte de suministro de datos con fines legislativos, digo que se hace una interpretación del artículo 120 de la Constitución de la República que no comparto. Dicho artículo dice: "Las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos". En mi opinión, la "o" no es una conjunción disyuntiva, sino copulativa. Naturalmente, si la Comisión encuentra vacíos legales en esta investigación, deberá ofrecer a la Cámara la posibilidad de llenarlos.

Tengo la más absoluta convicción de que los integrantes de la Comisión conocen la delicadeza del tema que tienen entre manos y van a actuar con la prudencia que la situación aconseja. De manera que me parecen bien las recomendaciones que se han efectuado en Sala con respecto a no concurrir ya con una moción redactada, sino simplemente a cumplir con lo que establece la moción que hemos votado.

Es lo que quería decir, señor Presidente.

SEÑOR FALERO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: votamos afirmativamente este proyecto de resolución propuesto por la Comisión Preinvestigadora porque estamos convencidos de la importancia del papel de las Comisiones Investigadoras, más allá de las dificultades que tienen.

Quiero señalar mi discrepancia con lo manifestado por el señor Diputado Abdala -lástima que no esté en Sala-, porque yo participé de una Comisión Investigadora conjuntamente con otros señores legisladores -algunos de ellos están presentes aquí-, y puedo asegurar que, por lo menos en lo que respecta a este Partido y a este legislador, el trabajo que se hizo en la Comisión Investigadora sobre FOCOEX fue absolutamente objetivo. No hubo, por parte de este legislador ni de otros, ningún tipo de pretensión de manejar situaciones de carácter político-partidario.

Por lo tanto, me parece que está mal emparejar; no está bien hacerlo. Aquí debemos saber que emparejar -como se hace muchas veces en el comentario popular- le hace mucho mal al sistema democrático. Si empezamos por emparejar nosotros mismos, me parece que estamos cometiendo un error.

Tampoco me parece bien que de alguna manera se pretenda dar algún lineamiento previo a quienes eventualmente vayan a manejar esta Comisión Investigadora, porque es una falta de respeto. Pienso que los compañeros Diputados que van a participar en la Comisión Investigadora lo van a hacer de la mejor manera posible, van a poner el mayor esfuerzo y van a requerir el aporte de los técnicos que sea necesario consultar para resolver satisfactoriamente la complejidad de este asunto. No estoy de acuerdo tampoco en que se pretenda, desde el pique, sentar algún tipo de preconcepto con respecto al trabajo futuro, porque eso sí es pretender digitar desde ya los resultados futuros.

Por lo tanto, para mí no es de recibo ninguna de las manifestaciones que se hicieron en tal sentido.

Muchas gracias.

SEÑOR CHIFFLET.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: diversas actuaciones relacionadas con el sistema financiero y bancario adquirieron particular notoriedad en los últimos meses. Diría que de algunos artículos de prensa surgieron sospechas o presunciones y pienso que, sin ninguna duda, quienes están involucrados en esos hechos desearían que se despejasen y se clarificasen de una vez por todas. Para ello, tendrán en la Comisión una garantía: la de que cada sector planteará sus denuncias, si considera que las tiene en su poder, con toda honradez, dispuesto, como cualquier legislador, a reconocer si ellas no son exactas y a profundizarlas si fuese necesario.

En el Parlamento ha habido Comisiones Investigadoras que actuaron muy bien, que investigaron, que emitieron pronunciamientos -algunas veces en mayoría y otras en minoría- con toda honradez. Se han debatido y las mayorías han resuelto. También ha habido Comisiones Investigadoras en las que cada vez que concurría alguien a declarar, eso trascendía y se hacía un escándalo público en torno al asunto, sin poderse probar qué era lo que se había dicho o se había declarado en la Comisión; había un interés particular en hacer daño a las personas que venían a declarar. Esto se ha dado en distintas circunstancias en el Parlamento.

Por ello, con toda modestia, me permito hacer una sugerencia. Los nueve integrantes de la Comisión saben que deben mantener reserva hasta que haya resoluciones. Si cada hecho que se plantee trasciende, aparece en la prensa en forma fragmentada y la persona acusada no tiene la posibilidad de defenderse, naturalmente que incurriremos en injusticias. Pero ya tenemos suficiente experiencia en este Parlamento como para no reiterar algunos errores que se han cometido en algunas Comisiones, en las que lo que se buscaba o se perseguía fundamentalmente era un interés político y no un interés de investigación y, sobre todo, de clarificación de hechos que, en este caso, han conmovido a la opinión pública.

Es por ello que dimos nuestro voto afirmativo.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Queda aprobado el proyecto de resolución.

——Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Doctor Cipriano Goñi. (Designación al Hogar de Ancianos de la ciudad de Trinidad, departamento de Flores)".

(ANTECEDENTES:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase al hogar de ancianos de la ciudad de Trinidad, departamento de Flores, dependencia del Ministerio de Salud Pública, con el nombre de "Doctor Cipriano Goñi".

Montevideo, 13 de marzo de 2002.

RICARDO BEROIS QUINTEROS, Representante por Flores, LUIS GUSTAVO AGUILAR, Representante por Flores.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El hogar de ancianos de la ciudad de Trinidad, dependencia del Ministerio de Salud Pública, funciona en el departamento de Flores desde hace más de treinta y cinco años. En el mismo se albergan hoy a más de sesenta ancianos con escasos recursos, a quienes de otra forma les sería imposible subsistir, con una atención personalizada que es realmente orgullo de la comunidad.

A los suscritos legisladores se les presenta, por parte de la Asociación Civil del Hogar de Ancianos, la idea de rendir un merecido reconocimiento a la persona hoy desaparecida doctor Cipriano Goñi, dándole su nombre al hogar de ancianos de la ciudad de Trinidad.

Pero como toda obra que hoy vemos funcionar en forma ejemplar, requirió del esfuerzo permanente de muchos seres humanos que dejaron parte de su vida, bienes personales y trabajo al servicio de los demás. Como muy bien manifiestan los miembros de la Asociación, el doctor Cipriano Goñi fue ejemplo de esos seres humanos que sirvieron a la comunidad para que estas obras que hoy disfrutan muchos ancianos fueran una realidad.

El doctor Cipriano Goñi nació el 25 de diciembre de 1900, se recibió de médico el 30 de mayo de 1928 y falleció el 4 de noviembre de 1993.

Su vida fue dedicada al ejercicio de la medicina; médico ejemplar, para él no había ni día ni hora, un humanista al servicio de todo su pueblo, filántropo, médico de familia que supo ganarse el cariño de su pueblo.

El doctor Cipriano Goñi es una institución en el departamento de Flores, dotado de unas condiciones humanas excepcionales: afable, bondadoso, desinteresado, nunca dejó de cumplir con sus deberes sin importarle quién era el paciente, atendiendo a todos por igual.

Como si fuera poco, el doctor Goñi fue el artífice clave en el logro de la construcción del hogar de ancianos de la ciudad de Trinidad.

En esta nominación se recoge el sentimiento de un pueblo agradecido, rindiéndole un homenaje póstumo al abanderado de la medicina del departamento de Flores, rescatando valores fundamentales en tiempos modernos, donde la velocidad de las acciones nos hace perder esta perspectiva, que debemos recuperar en beneficio de las nuevas y futuras generaciones.

Es por esto que solicitamos se designe al hogar de ancianos de la ciudad de Trinidad con el nombre de "Doctor Cipriano Goñi".

Montevideo, 13 de marzo de 2002.

RICARDO BEROIS QUINTEROS, Representante por Flores, LUIS GUSTAVO AGUILAR, Representante por Flores".

INFORME

Señores Representantes:

El hogar de ancianos de la ciudad de Trinidad, dependencia del Ministerio de Salud Pública funciona en el departamento de Flores desde hace más de treinta y cinco años.

En el mismo viven hoy más de sesenta ancianos con escasos recursos con una atención personalizada que es realmente de orgullo de la comunidad.

Pero como toda obra que hoy vemos funcionar en forma ejemplar, requirió el esfuerzo permanente de muchos seres humanos que dejaron parte de su vida. A los legisladores autores de la iniciativa se les presentó, por parte de la Asociación Civil del hogar de ancianos, la idea de rendir un merecido reconocimiento a la persona hoy fallecida, doctor Cipriano Goñi, dándole su nombre al mencionado establecimiento de ancianidad de Trinidad.

Como muy bien manifiestan los miembros de la Asociación, el doctor Cipriano Goñi fue ejemplo de esas personas que sirvieron a la comunidad para que estas obras que hoy disfrutan muchos ancianos, fueran una realidad.

El doctor Cipriano Goñi nació el 25 de diciembre de 1900, se recibió de médico el 30 de mayo de 1928 y falleció el 11 de noviembre de 1993.

Su vida fue dedicada al ejercicio de la medicina. Fue un gran médico clínico, que transitaba en su auto modelo década del "50" color azul, para aplicar su talento y bondad en los diversos barrios de Trinidad.

Fue una institución en el departamento de Flores, que sumó a sus condiciones profesionales, la de persona afable, bondadoso, desinteresado y siempre dispuesto a asistir al vecino en las circunstancias que fueren.

Completó su obra con el logro de instalar el hogar de ancianos de Trinidad.

Con esta nominación se recoge el asentimiento de un pueblo agradecido, rindiéndole un honorable póstumo al abanderado de la medicina de Flores, rescatando valores fundamentales en tiempos modernos, donde la velocidad de las acciones nos hace perder esta perspectiva, que debemos tener siempre con nosotros para futuras generaciones.

Es por tanto que solicitamos se designe al hogar de ancianos de Trinidad, actualmente en la calle Dr. Sánchez entre Ferreira y Lavalleja con el nombre de "Dr. Cipriano Goñi".

Por lo expuesto, vuestra Comisión aconseja al plenario la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 22 de mayo de 2002.

JORGE BARRERA, Miembro informante, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, FELIPE MICHELINI, JORGE ORRICO, MARGARITA PERCOVICH".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: prometo ser muy breve porque sé que es una situación muy especial, dado que se trata de una sesión extraordinaria. No obstante ello, me parecía que un Representante por el departamento de Flores no podía estar ajeno a esta nominación, teniendo en cuenta que quien habla y el señor Diputado Aguilar -que hoy no está presente- fuimos quienes presentamos este proyecto, a instancias de la asociación civil que apoya a este Hogar de Ancianos.

Deseo aclarar a la Cámara que me costó firmar este proyecto de ley por lo que me toca en lo personal: el doctor Cipriano Goñi era tío de mi padre. Por lo tanto, los señores Diputados entenderán que pensara que no debía firmarlo por el parentesco que me une con él. Pero la verdad es que el doctor Cipriano Goñi significa mucho más de lo que puede ser un parentesco y constituye gran parte de la historia del departamento de Flores.

Fue uno de esos típicos médicos del siglo pasado, de los que lamentablemente quedan pocos en este país -no hablo mal de los de ahora-, médicos de cabecera de cada una de las familias del pago, que más que médicos eran consejeros personales de cada una de ellas. Esto fue lo que significó el doctor Cipriano Goñi para el departamento de Flores.

Es más: casi todo el departamento pensaba que esta nominación ya estaba hecha, porque el doctor Cipriano Goñi ayudó a construir el Hogar de Ancianos, fue su gestor, fue la cabeza que siempre trató de llevarlo adelante. Por lo tanto, se consideraba que ya se había dado este nombre y no se sabía que todavía no había sido designado así por ley.

Por esta razón, lo que vamos a votar hoy en este Parlamento es parte de una formalidad. Me atrevo a decir, con total convicción, que todo el pueblo de Flores está de acuerdo en que no hay otro nombre para designar este Hogar de Ancianos.

Con mucho orgullo y, más que por el parentesco, por haber sido un hijo del departamento de Flores, votamos en la Cámara la designación con el nombre del doctor Cipriano Goñi al Hogar de Ancianos de la ciudad de Trinidad.

Esta designación es justa y era una necesidad del departamento de Flores, al que hoy la Cámara tiene la posibilidad de hacerle este regalo.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Treinta y nueve en cuarenta: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al presentado)

——Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Es la hora 16 y 41)

GUILLERMO ÁLVAREZ PRESIDENTE
Dra. Margarita Reyes Galván Secretaria Relatora	Dr. Horacio D. Catalurda Secretario Redactor
Mario Tolosa Director del Cuerpo de Taquígrafos

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.