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N.º 29 - TOMO 602 - 11 DE SETIEMBRE DE 2019

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA

29.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDE LA SEÑORA PATRICIA AYALA Presidenta en ejercicio

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA, SILVANA CHARLONE

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

– El señor senador Saravia solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con el derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias.

Oportunamente fue tramitado.

5) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

6) y 24) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Besozzi y Aviaga.

– Quedan convocados los señores senadores López Villalba y Asiaín.

7) Tasa de control que grava la faena de reses bovinas

– Manifestaciones del señor senador Cardoso.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Instituto Nacional de Carnes, a la Asociación Rural del Uruguay para su remisión a sus asociados y a la Federación Rural del Uruguay con igual propósito.

8) Tenencia de armas

– Manifestaciones del señor senador Camy.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los ministerios de Defensa Nacional y del Interior y a la Secretaría de la Presidencia de la República.

9) Inversión en infraestructura

– Manifestaciones del señor senador Pardiñas.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Sistema Nacional de Emergencias, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad.

10) Acuerdo sobre la orden Mercosur de detención y procedimientos de entrega entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

11) Defensa de la libre competencia en el comercio

– Proyecto de ley por el que se modifican disposiciones de la Ley n.º 18159.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) Debates entre candidatos a la presidencia de la república

– Proyecto de ley por el que se declaran de carácter obligatorio.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13) Emprendedurismo

– Proyecto de ley por el que se establecen normas.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14) Besiney S. A. y Anikto S. A

– Por moción de los señores senadores Saravia, Bordaberry y Castillo, el Senado resuelve declarar urgente el proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, por un plazo de hasta ciento ochenta días, el subsidio por desempleo para sus trabajadores.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Convención multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios

– Por moción de los señores senadores Saravia y Bordaberry, el Senado resuelve declarar urgente el proyecto de ley por el que se la aprueba.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16) Walter Santoro

– Por moción de los señores senadores Castillo, Saravia y Bordaberry, el Senado resuelve declarar urgente el proyecto de ley por el que se designa con su nombre la sala n.º 10 del edificio General José Artigas del Poder Legislativo.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Martha Montaner

– Por moción de los señores senadores Castillo, Saravia y Bordaberry, el Senado resuelve declarar urgente el proyecto de ley por el que se designa con su nombre la sala n.º 9 del Edificio General José Artigas del Poder Legislativo.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) Uruguay Brum Canet

– Por moción de los señores senadores Castillo, Saravia y Bordaberry, el Senado resuelve declarar urgente el proyecto de ley por el que se designa con su nombre la sala n.º 8 del Edificio General José Artigas del Poder Legislativo.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19) Convenio constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite y Protocolo de privilegios e inmunidades de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite, y su enmienda

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas, su reglamento y la resolución de la Conferencia Diplomática Suplementaria al Tratado de Singapur sobre el derecho de marcas y a su reglamento

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

21) Doctora Andrea Silvana Mastroianni Casanova. Designación como fiscala letrada departamental

– Solicitud de venia del Poder Ejecutivo.

• Concedida.

22) Cooperativas de vivienda

– Por moción de los señores senadores Castillo, Saravia y Bordaberry, el Senado resuelve declarar urgente el proyecto de ley por el que se sustituyen artículos de la Ley n.º 18407.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

23) Organización Nacional del Fútbol Infantil (ONFI)

– Proyecto de ley por el que se la establece como órgano rector del fútbol infantil.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

25) Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria (INAEET)

– Proyecto de ley por el que se lo crea.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

26) Sistema deportivo

– Por moción de los señores senadores Castillo, Saravia y Bordaberry, el Senado resuelve declarar urgente la consideración de las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto de ley por el que se establecen principios rectores y regulación general.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

27) Clemente Estable

– Proyecto de ley por el que se designa con su nombre la Escuela n.º 96 del departamento de Paysandú.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

28) Empresas lácteas exportadoras

– Por moción de los señores senadores Castillo, Saravia y Bordaberry, el Senado resuelve declarar urgente el proyecto de ley por el que se extiende el período de gracia establecido en el inciso primero del artículo 1.º de la Ley n.º 19397, sobre el acceso a financiamiento.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

29) Servicios de comunicación audiovisual

– Por moción de los señores senadores Castillo, Saravia y Bordaberry, el Senado resuelve declarar urgente el proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 198 de la Ley n.º 19307.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

30) Plan Nacional de Silos

– Por moción de los señores senadores Castillo, Saravia y Bordaberry, el Senado resuelve declarar urgente la consideración del proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a adecuar las condiciones del endeudamiento, modificar convenios de capitalización suscritos y ampliar plazos estipulados, a efectos de regularizar el adeudo de las organizaciones de productores con dicho plan.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

31) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a una funcionaria

• Concedida.

32) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 10 de setiembre de 2019

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 11 de setiembre, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1.º) por el que se aprueba el Acuerdo sobre la orden Mercosur de detención y procedimientos de entrega entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados, suscrito en la ciudad de Foz de Iguazú, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2010;

Carp. n.º 1245/2018 - rep. n.º 941/19

2.º) por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 18159, de 20 de julio de 2007, referida a la defensa de la libre competencia en el comercio;

Carp. n.º 1263/2018 - rep. n.º 948/19 y anexo I

3.º) por el que se declaran de carácter obligatorio los debates entre candidatos a la presidencia de la república;

Carp. n.º 1384/2019 - rep. n.º 929/19

4.º) por el que se establecen normas para el fomento del emprendedurismo;

Carp. n.º 1313/2019 - rep. n.º 949/19

5.º) por el que se aprueban el Convenio constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélites enmendado tal como se convino en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea de la IMSO, el Anexo (Procedimientos para solucionar las controversias a que hace referencia el artículo 17 del convenio), el Protocolo de privilegios e inmunidades de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélites, y su enmienda;

Carp. n.º 1393/2019 - rep. n.º 942/19

6.º) por el que se aprueba el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, su reglamento y la Resolución de la Confederación Diplomática Suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y su reglamento, firmado en Singapur, el 27 de marzo de 2006 y a la reserva contemplada en el artículo 19 n.º 2.

Carp. n.º 1300/2019 - rep. n.º 940/19

7.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en el cargo de fiscal letrado departamental, escalafón N, a la doctora Andrea Silvana Mastroianni Casanova;

Carp. n.º 1397/2019 - rep. n.º 947/19

8.º) por el que se establece a la Organización Nacional del Fútbol Infantil (ONFI) como órgano rector del fútbol infantil;

Carp. n.º 1391/2019 - rep. n.º 954/19

9.º) por el que se crea el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación Terciaria (INAEET) como persona jurídica de derecho público no estatal;

Carp. n.º 1372/2019 - rep. n.º 953/19

10) por el que se designa Clemente Estable la Escuela n.º 96 del departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. n.º 1400/2019 - rep. n.º 952/19

11) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente a los efectos de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura, Fiscalía General de la Nación. (Se incluye en el orden del día por vencimiento del plazo reglamentario). (Plazo constitucional vence el 1.º de octubre de 2019).

Carp. n.º 1361/2019 - rep. n.º 931/19

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario». 

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Amorín, Aristimuño, Aviaga, Besozzi, Bordaberry, Camy, Cardoso, Carrera, Castillo, Draper, Gallicchio, García (Graciela), García (Javier), Garín, Heber, Iturralde, Lazo, López Villalba, Meléndez, Michelini, Otheguy, Pardiñas, Passada, Paternain, Pesce, Posada, Saravia, Vassallo y Xavier, e ingresan posteriormente, por licencia de los respectivos titulares, las señoras senadoras Asiaín y Vellozas.

FALTAN: con licencia la presidenta del Cuerpo, señora Lucía Topolansky, y los señores senadores Alonso, Baráibar, Coutinho, De León, Delgado, Larrañaga, Martínez Huelmo, Mieres, Moreira y Tourné; y, con aviso, el señor senador Bianchi. Se retiran con licencia los señores senadores Aviaga y Castillo.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:34).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitidos al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, por un plazo de hasta ciento ochenta días, el subsidio por desempleo a los trabajadores de las empresas Besiney S. A. y Anikto S. A.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que se establece una modificación en la exposición de motivos del proyecto de ley, oportunamente enviado, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a adecuar las condiciones del endeudamiento, modificar convenios de capitalización suscritos y ampliar plazos estipulados, a los efectos de regularizar el adeudo de las organizaciones de productores con el Plan Nacional de Silos.

OPORTUNAMENTE SE REMITIÓ A LA COMISIÓN DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se designa Uruguay Brum Canet la sala n.º 8 del edificio General José Artigas del Poder Legislativo;

• por el que se designa Walter Santoro la sala n.º 10 del edificio General José Artigas del Poder Legislativo;

• por el que se designa Martha Montaner la sala n.º 9 del edificio General José Artigas del Poder Legislativo.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

• Por el que se aprueba la Convención multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los Tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, concluida el 24 de noviembre de 2016, suscrita por la República Oriental del Uruguay en la ciudad de París, República Francesa, el 7 de julio de 2017, así como las reservas y notificaciones realizadas por el Estado uruguayo en el día de la firma.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se designa Clemente Estable la Escuela n.º 96 del departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;

• por el que se crea el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria (INAEET).

La Comisión Especial de Deporte eleva informado un proyecto de ley por el que se establece como órgano rector del fútbol infantil la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI).

HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY».

(Asuntos entrados fuera de hora remitidos al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueba el Acuerdo por intercambio de Notas donde se procede al cambio de nombre de la Oficina del Centro de Información de la Secretaría General Iberoamericana - SEGIB, por “Oficina Subregional para el Cono Sur de la SEGIB”;

• por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Angola sobre cooperación y asistencia mutua en asuntos aduaneros, suscrito en la ciudad de Luanda, República de Angola, el 18 de febrero de 2019.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

Asimismo, remite aprobado en nueva forma un proyecto de ley por el que se aprueban principios rectores y regulación general al sistema deportivo.

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEPORTE».

4) PEDIDO DE INFORMES

(Pedido de informes consignado en la nómina de asuntos entrados).

«El señor senador Jorge Saravia, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con el derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias.

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de la siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión ordinaria del 10 de setiembre faltó con aviso el señor senador Bianchi.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 10 de setiembre de 2019

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Patricia Ayala

De mi mayor consideración:

Por la presente, de acuerdo con lo establecido por la Ley n.º 17827, solicito ante la Cámara de Senadores licencia, por motivos personales, para el día 12 de setiembre de 2019.

Sin más, la saludo atentamente.

Guillermo Besozzi. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 20. Afirmativa.

Se comunica que los señores Omar Lafluf, Adriana Peña, Eber da Rosa, Jorge Gandini, Ana Lía Piñeyrúa y Daniel Peña han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Daniel López Villalba, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

7) TASA DE CONTROL QUE GRAVA LA FAENA DE RESES BOVINAS

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO.- Señora presidenta: el INAC tiene una reserva de fondos que está en el orden de los USD 50:000.000. A su vez, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto n.º 364/003, se fija una tasa de control de USD 1 –un dólar americano– que grava la faena de cada res bovina. Anualmente, el INAC recauda por ese concepto alrededor de USD 2:400.000.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, normalmente, un productor de mediano porte embarca treinta y cinco reses por camión, lo que significa una erogación de USD 35 por cada embarque. No es una cifra astronómica, pero viene a sumarse a todos los costos que debe enfrentar el productor.

Se podrá decir que esa tasa fue creada con el objetivo de garantizar la trazabilidad de cada res que llega a las plantas de faena y también una calidad y una seguridad sanitaria que benefician al sistema productivo. No dudamos de eso, pero en momentos en que los productores –sobre todos los pequeños y medianos– están solicitando apoyo al Estado para salvar la coyuntura, que el INAC financie esos USD 2:400.000 al año de la recaudación con cargo a sus reservas nos parece que sería una señal muy necesaria y positiva que el Gobierno debiera dar a ese sector de la producción nacional.

En función de ello proponemos que, por el plazo de al menos dos años a partir del 1.º de enero del 2020, se exonere el cobro de esa tasa a los productores y que ese dinero sea obtenido de los fondos de reserva del propio INAC, porque este instituto tiene reservas como para financiarse. Téngase presente que el INAC se financia con dinero proveniente de los productores y, por lo tanto, en lugar de seguir acumulando fondos que luego deben ser reinvertidos por razones obvias, bueno sería que parte de esos recursos se destinara a esta medida que proponemos y se utilizara de esta manera.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a los ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Instituto Nacional de Carnes, a la Asociación Rural del Uruguay para su remisión a sus asociados, y a la Federación Rural del Uruguay para igual propósito.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

8) TENENCIA DE ARMAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: el 27 de diciembre del 2018 se sancionó la Ley n.º 19734, vinculada con la tenencia de armas, en la que propusimos –y fue aprobada por unanimidad en el Cuerpo– la prórroga del plazo establecido en el artículo 6.º de la Ley n.º 19247. El propósito principal de esta iniciativa era, precisamente, comunicar a la población la finalidad de esta ley, que es regular la tenencia, el porte, la comercialización y el tráfico de armas y municiones.

El decreto correspondiente establece los aspectos pertinentes, y surge que entre los años 2015 y 2017 se entregaron de forma voluntaria al Servicio de Material y Armamento del Ejército un total de 1362 armas para su destrucción. Argumentamos en ese momento que, en el mismo período, el Poder Judicial había solicitado al Servicio de Material y Armamento que informara sobre el origen de 14.102 armas sujetas a algún tipo de proceso judicial, dando cuenta de que solo el 2,48 % se encontraba con denuncia de extravío y que 5682 carecían de registro.

A la fecha de la confección del informe y desde el año 1943 se encontraban registradas 604.041 armas y no era posible estimar, obviamente, las que estaban sin registrar. Según el informe, en la actualidad la tenencia o el porte de un arma sin registro constituye un delito que se encuentra tipificado en el artículo 152 del Código Penal. Era sencillo concluir, en ese entonces, que si se habían entregado 1362 armas entre enero de 2015 y diciembre de 2017, y en el mismo período se habían detectado 5682 armas sin registrar, el número de armas sin registrar que continuaba en manos de la población civil era muy importante.

Por esa razón impulsamos aquel proyecto –que se convirtió en ley– y hoy queremos plantear la preocupación que tenemos respecto a cuáles son los requisitos para registrar un arma sin guía.

El ciudadano se presenta al SMA con el arma y firma una declaración jurada en la que consta cómo la obtuvo. En el momento se le emite un certificado para que pueda agendarse en la Policía técnica para realizar la prueba balística, trámite que demora varios meses. Recién después de superada esta evaluación puede iniciar el trámite de su Título de Habilitación para Adquisición y Tenencia de Armas –THATA– en el departamento en que reside. Ese documento habilita a la persona a tener un máximo de tres armas, y si es coleccionista es posible una extensión.

El otro requisito que necesita para obtener el título de habilitación está vinculado a la realización de un test psicológico, presentación de certificado médico, curso correspondiente de tiro, certificados de ingreso, de domicilio y de antecedentes penales, prueba balística de sus armas, examen de tiro, etcétera. Una vez que se expide el THATA, el ciudadano regresa al Servicio de Material y Armamento del Ejército nacional para que terminen de emitirle las guías.

Todos estos trámites pueden llevar muchísimos meses. Conozco personas que están desde 2017 con este proceso y todavía no lo han terminado. Toda esta situación ha hecho que poca gente registre las armas que tiene en su poder. De hecho, desde enero de 2019 a la fecha –según la información que tenemos– el registro de armas efectivamente realizado –y que está establecido por la ley– es muy escaso.

Por otra parte, en el Servicio de Material y Armamento del Ejército nacional –en este mismo período de enero a la fecha– se han entregado en forma voluntaria aproximadamente unas quinientas armas. Existe preocupación, ya que las armas registradas y sus títulos de habilitación vigentes que se van venciendo están profundizando esta situación.

El artículo 2.º de la ley a la que ya hice referencia y que sancionamos en este Cuerpo establece: «Encomiéndase al Poder Ejecutivo a realizar campañas de bien público a través de medios radiales, televisivos, internet u otros análogos, a los efectos de darle la mayor difusión a los aspectos que hacen a la regularización y a la tenencia responsable de las armas, de acuerdo a lo establecido por la Ley n.º 19247, de 15 de agosto de 2014». Esto no se ha cumplido. Organizaciones como la Asociación Uruguaya de Tenedores Responsables de Armas de Fuego, Autraf, informa a nivel de redes sociales, o el propio SMA, cuando concurre a alguna localidad del interior con el Registro Nacional de Armas móvil, pone allí alguna publicidad radial. No se está cumpliendo con el propósito de una ley que es muy trascendente. Se incumple de parte del Poder Ejecutivo, literalmente, porque no hay una sola publicidad en ninguno de los ámbitos que se establece en la ley para dar conocimiento a la población, incluso de la prórroga. Con esto estamos permitiendo que prolifere el mercado negro de armas y la irregularidad con todas las dificultades que conlleva.

Por esta razón exhortamos al Poder Ejecutivo a que dé cumplimiento a lo que establece el artículo 2.º de la Ley n.º 19734.

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a los ministerios de Defensa Nacional y del Interior y a la Secretaría de la Presidencia de la República para que se actúe en consecuencia, alertando de este estado de situación.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Pardiñas.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: queremos rescatar y felicitar las intervenciones que desde la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se están llevando a cabo en lo que hace a la inversión en infraestructura. En la jornada de ayer, particularmente, se inauguró el tramo de la ruta n.º 8 entre Melo y Aceguá. Se trata de una obra de enorme significación, que surge como ampliación de la etapa inicial que se realizó entre Melo y Treinta y Tres, que fue financiada parcialmente con recursos provenientes del Focem del Mercosur y del propio ministerio. Esta celebración, que se realizó en el departamento de Cerro Largo, en cierta manera se vio afectada porque en la jornada previa, en el entorno de su capital, en Melo, se sufrieron los efectos de una intensa turbonada que trajo aparejada la destrucción de algunos hogares de personas humildes y también de un molino arrocero perteneciente a un productor local, así como de instalaciones del hipódromo local en el que el sábado, con la presencia del director de la Dirección General de Casinos, se inauguraron algunas obras. Aprovecho para decir que el Hipódromo de Melo integra el Sistema Integrado Nacional del Turf y recibe el apoyo de la mencionada dirección mediante un convenio para la emisión de los premios de las carreras. Asimismo integra, por supuesto, el circuito de Hípica Rioplatense. Por lo tanto, los daños en las instalaciones del hipódromo –que venía de una reciente inauguración de mejora de instalaciones– son en cierto modo una afectación a una actividad deportiva de enorme trascendencia para el barrio circundante, que se llama, como no podía ser de otra manera, Hipódromo.

Trasladamos nuestra solidaridad a todos los afectados y, si bien desde los primeros momentos comenzó a actuar el Sistema Nacional de Emergencias, queremos reafirmar ante ese sistema nuestra solicitud de apoyo para el restablecimiento de las condiciones de vida de los vecinos que se vieron afectados. El sistema atiende fundamentalmente a los hogares, pero sería importante que se pudiera ayudar también a pequeños productores de chacras de Melo que sufrieron daños en sus galpones y otras instalaciones de producción.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Sistema Nacional de Emergencias, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

10) ACUERDO SOBRE LA ORDEN MERCOSUR DE DETENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo sobre la orden Mercosur de detención y procedimientos de entrega entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados, suscrito en la ciudad de Foz de Iguazú, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2010. (Carp. n.º 1245/2018 - rep. n.º 941/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: mediante este proyecto de ley se aprueba el Acuerdo sobre la orden Mercosur de detención y procedimientos de entrega entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados.

Este acuerdo permite activar los procedimientos de detención y entrega de personas reclamadas para ser juzgadas por las autoridades competentes, al tiempo que contribuye a fortalecer el entramado jurídico existente, así como la provisión de soluciones jurídicas comunes entre los Estados partes del Mercosur y entre el Mercosur y asociados, teniendo en cuenta sus respectivos acuerdos de extradición. Además, propone garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de la persona requerida, en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica.

El acuerdo se integra de veintidós artículos y tres anexos, uno relativo al ámbito de aplicación, otro a la orden Mercosur de detención y el tercero a los campos a completar para la utilización del Sisme.

En el artículo 1.º se define la orden Mercosur de detención como una resolución judicial dictada por un Estado parte de este acuerdo, con vistas a la detención y entrega por otro Estado parte de una persona buscada o requerida para ser procesada por la presunta comisión de algún delito, para que responda a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad.

El artículo 2 establece las definiciones para el acuerdo y hace referencia a la parte emisora, a la parte ejecutora, a la autoridad judicial competente, a la autoridad central y al Sisme, que es el Sistema Integrado de Informaciones de Seguridad del Mercosur.

El artículo 3 refiere al ámbito de aplicación y establece que se da por cumplido el requisito de la doble incriminación al establecer que darán lugar a la entrega, en razón de una orden Mercosur de detención, aquellas conductas delictivas que la parte emisora y la parte ejecutora tengan tipificadas en virtud de diecinueve instrumentos internacionales ratificados por ellas. Dichos instrumentos están mencionados en el anexo I del presente acuerdo.

Para los delitos referidos en el párrafo anterior, procederá la entrega de la persona requerida cuando los delitos sean castigados con pena privativa de libertad cuya duración máxima sea igual o superior a dos años. Se exigirá, además, que parte de la pena que aún queda por cumplir sea de al menos seis meses. Al final del mencionado artículo se establece que para todos aquellos delitos no abarcados en el presente acuerdo serán de aplicación los acuerdos de extradición vigentes entre ambas partes.

En el artículo 4 se establece que la autoridad judicial de la parte ejecutora podrá denegar la ejecución de la orden Mercosur de detención conforme a los siguientes casos.

En primer lugar, la nacionalidad de la persona requerida no podrá ser invocada para denegar la entrega, salvo que una disposición constitucional establezca lo contrario. Las partes que no contemplen una disposición de igual naturaleza podrán denegar la entrega de sus nacionales en caso de que la otra parte invoque la excepción de nacionalidad. La segunda situación es que se trate de delitos cometidos, total o parcialmente, dentro del territorio de la parte ejecutora; y la tercera es el caso de que la persona requerida esté sometida a un procedimiento o proceso penal de la parte ejecutora por el mismo hecho o hechos punibles que fundan la orden Mercosur de detención.

Sin perjuicio de la decisión de la autoridad judicial, de conformidad con su legislación interna el Estado parte de ejecución podrá denegar el cumplimiento de la orden cuando existan razones especiales de soberanía nacional, seguridad u orden público, u otros intereses esenciales que impidan la ejecución de la orden Mercosur de detención.

El artículo 5 está referido a la denegación del cumplimiento de la orden Mercosur de detención. Determina los casos en que esto procede, entre los que señalamos: inexistencia de doble incriminación; que haya prescripto el delito o la pena conforme a la legislación de las partes emisora y ejecutora de la orden de detención, y que exista cosa juzgada en el territorio de la parte ejecutora sobre los mismos hechos delictivos que dieron lugar a la orden de detención.

A continuación, el artículo señala los delitos que no serán considerados delitos políticos baja ninguna circunstancia. Estos son: el atentado contra la vida de un jefe de Estado u otras autoridades nacionales o locales, o de sus familias; el genocidio; los actos de naturaleza terrorista; el atentado contra la vida de personas que tengan derecho a protección internacional; la toma de rehenes o el secuestro de personas; el atentado contra personas o bienes mediante el uso de bombas u otros; los actos de captura ilícita de embarcaciones o aeronaves, y otros que se detallan.

El artículo 6 prevé la autoridad central como vía para la transmisión y recepción de las órdenes Mercosur de detención.

El artículo 7 establece que la orden Mercosur de detención contendrá la información que se detalla: datos de la persona requerida; información sobre su paradero; información relativa a la autoridad judicial emisora; descripción de los hechos; indicación de la existencia de una sentencia firme; copia o transcripción autenticada de la sentencia, de la orden de captura y de los textos legales que tipifican y sancionan el delito; y cualquier otra información que se considere necesaria.

El artículo 8 dispone todo lo relativo a la tramitación de la orden Mercosur de detención. Se establece, además, que a fin de posibilitar el almacenamiento y la consulta de las órdenes Mercosur de detención, la autoridad judicial competente de la parte emisora podrá decidir el ingreso de estas en las bases de datos a las que accede el Sisme y la Organización Internacional de Policía Criminal –Interpol–, conforme lo previsto en el anexo II del presente acuerdo.

El artículo 9 refiere a la entrega voluntaria. Si la persona requerida diere su consentimiento, con la debida asistencia jurídica, ante la autoridad judicial competente de la parte ejecutora, esta decidirá sobre la entrega, sin más trámite, de conformidad con la legislación interna.

En el artículo 10 se reconoce el derecho y las garantías de la persona requerida, quien tendrá derecho a contar de manera inmediata con la asistencia de un abogado y de un intérprete, en su caso, a efectos de asegurar su defensa. Se toman en cuenta, además, las siguientes condiciones: la parte emisora no aplicará a la persona requerida, en ningún caso, la pena de muerte, la pena privativa de libertad a perpetuidad y de trabajo forzado; cuando el delito en que se basa la orden Mercosur de detención estuviese sancionado en la parte emisora con la pena de muerte o con una pena privativa de libertad a perpetuidad, la ejecución de la orden Mercosur de detención solo será admitida si la parte emisora aplicare pena máxima admitida en la legislación de la parte ejecutora.

El artículo 11 se refiere a la decisión de entrega, que se deberá efectuar en un plazo máximo de quince días a contar de la decisión definitiva de la parte ejecutora.

El artículo 12 establece la concurrencia de solicitudes. Se fijan los criterios a aplicar en cada caso en función de la gravedad de los delitos y las fechas de las órdenes para determinar la preeminencia de los delitos.

En el artículo 13 se fijan los procedimientos, determinando que la detención se tramitará con la máxima celeridad.

El artículo 14 refiere a la entrega suspendida o condicional.

El artículo 15, por su parte, hace referencia al cómputo de la pena, estableciendo que el período entre la detención y la entrega de la persona buscada o requerida, con arreglo a la orden Mercosur de detención, será computado como parte del total de su condena.

El artículo 16 preceptúa el libre tránsito por el territorio de los Estados, salvo en caso de nacionales del Estado en tránsito, si lo dispone su legislación interna.

El artículo 17 establece la extradición o entrega a un tercer Estado.

En el artículo 18 se fijan criterios a efectos de la entrega de los objetos que pudieran servir como prueba del delito.

El artículo 19 refiere a los gastos y se establece que le corresponden a la parte ejecutora cuando ocurran en su territorio como consecuencia de la detención.

El artículo 20 establece que el acuerdo no afectará los derechos y obligaciones de las partes establecidos en otros instrumentos internacionales de los que sean parte.

En el artículo 21 se establece la solución de controversias ante la interpretación, la aplicación o el incumplimiento de las disposiciones del presente acuerdo.

El artículo 22 establece la vigencia del acuerdo y sitúa la entrada en vigor treinta días después del depósito del instrumento de ratificación por el cuarto Estado parte del Mercosur.

Tomando en cuenta las consideraciones antes mencionadas, la Comisión de Asuntos Internacionales recomienda al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase el Acuerdo sobre la Orden MERCOSUR de Detención y Procedimientos de Entrega entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, suscrito en la ciudad de Foz de lguazú, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2010».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

11) DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN EL COMERCIO

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 18159, de 20 de julio de 2007, referida a la defensa de la libre competencia en el comercio. (Carp. n.º 1263/2018 - rep. n.º 948/19 y anexo I)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: la Comisión de Constitución y Legislación me ha dado el honor de informar este proyecto de ley.

Como tenemos poco tiempo, voy a ser breve. En la Cámara de Representantes el proyecto fue votado en general por unanimidad –si la información que recibí es correcta–, pero con salvedades algunos artículos por parte de varios de sus integrantes.

El proyecto de ley cuenta con cinco artículos. Los tres últimos refieren a la concentración de lo que podrían ser empresas o partes de mercado. Allí se determina cuándo, cómo, en qué condiciones y circunstancias puede realizarse, para que las reglas sean claras para quienes interactúan en el comercio.

Los dos primeros artículos dividen el artículo 4.º de la Ley n.º 18159, Defensa de la Libre Competencia en el Comercio, de 20 de julio de 2007. En ellos se detallan, por un lado, las prácticas prohibidas que necesitan un análisis para determinarlas, y después se incorpora un artículo 4.º BIS, «Prácticas expresamente prohibidas», donde están las prácticas prohibidas per se, es decir, las que están prohibidas de cualquier manera y, por tanto, quien trate de violarlas, tendrá las sanciones correspondientes.

Todos los visitantes que concurrieron a la comisión y los integrantes de los diferentes partidos aspirábamos a que el proyecto de ley pudiera atender otros aspectos de la Ley n.º 18159, pero el Poder Ejecutivo y la bancada de gobierno entendimos que se necesitaría más tiempo para estudiar con más atención esas inquietudes. Por lo tanto, preferimos que el proyecto de ley se votara tal cual vino de la Cámara de Representantes y así convertirlo en ley.

Algunos de los visitantes manifestaron objeciones con respecto a la constitucionalidad del proyecto de ley, y expresaron que era malo modificar esto –aunque implicara poner reglas claras– y que después tuviéramos que discutirlo en los tribunales. En consecuencia, se hizo una revisación exhaustiva y se entendió que no habría ningún problema. Por tanto, lo estamos trayendo hoy al plenario para su aprobación.

Esperemos que este informe haya contado con la brevedad requerida.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra por una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Quiero dejar en claro que la prohibición que se enuncia en el primer inciso del nuevo artículo 9.º –contenido en el artículo 4.º de este proyecto– no es general para todas las concentraciones que superan el umbral del nuevo artículo 7.º, sino una prohibición calificada que solo aplicará a «… las concentraciones económicas que tengan por efecto u objeto, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante». Justamente, eso es lo que deberá analizar y determinar la autoridad, y tendrá que ser fundamentado por el órgano de aplicación en cada caso particular y según criterios de valoración que, como dice el tercer inciso del mismo artículo, deberán ser identificados en detalle en un reglamento. En cualquier caso, la publicación de este reglamento es fundamental para establecer el nuevo sistema de control de concentraciones antes de que el órgano de aplicación pueda intervenir.

También cabe recordar que se hicieron varias sugerencias de mejoras al proyecto de ley –tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes–, que están registradas en las versiones taquigráficas correspondientes. Lamentamos que la gran mayoría de dichas sugerencias no hayan sido incorporadas al proyecto de ley, como por ejemplo la opción de un doble umbral o una regla de minimis, de acuerdo con las mejores prácticas a nivel internacional, lo que hubiera podido evitar un desgaste de los escasos recursos del órgano de aplicación.

Es cuanto quería manifestar.

Muchas gracias.

12) DEBATES ENTRE CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se declaran de carácter obligatorio los debates entre candidatos a la presidencia de la república. (Carp. n.º 1384/2019 - rep. n.º 929/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Paternain.

SEÑOR PATERNAIN.- Señora presidenta: debo informar un proyecto de ley que tuvo una votación ampliamente mayoritaria en la Cámara de Representantes, y que también logró una aprobación mayoritaria a nivel de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

Se trata de un tema que reconoce como primera iniciativa el proyecto presentado por el señor diputado Amado en noviembre de 2015, lo que ya da cuenta de la larga discusión en torno a la posibilidad de los debates electorales, que también ha implicado un intenso proceso de negociaciones políticas en la Cámara de Representantes, sin mencionar la importante polémica que lo precedió a nivel de la opinión pública. Me estoy refiriendo al proyecto de ley relativo a los debates de carácter obligatorio entre candidatos a la presidencia de la república.

Se trata de un proyecto sencillo, que consta de cinco artículos. El primero de ellos establece el carácter obligatorio de los debates entre los candidatos a la presidencia de la república para la instancia de la segunda elección nacional o segunda vuelta.

En el artículo 2.º se expresa que ese debate será transmitido en vivo y en directo, en horario central, por cadena nacional de radio y televisión. A su vez, se establece como criterio que no podrá durar más de dos horas.

A través del artículo 3.º se encomienda a la Corte Electoral todo lo relativo a la organización del debate. El órgano encargado de esa organización, que debe disponer las reglas y llegar a los acuerdos entre los participantes y los eventuales moderadores, será la Corte Electoral, en consulta con la organización más representativa de periodistas de medios de comunicación del país y el sistema de medios públicos.

El artículo 4.º establece los principios que rigen el debate, como el trato equitativo e imparcial para los distintos participantes, de manera tal que en su cumplimiento puedan garantizarse los objetivos fundamentales, que son el intercambio y la exposición de ideas, perspectivas y propuestas, de cara a esa segunda vuelta de la elección nacional. Reitero que aquí se trata, básicamente, de establecer garantías de trato equitativo e imparcial.

Por último, el artículo 5.º establece la sanción que sobrevendrá a aquel candidato –o aquellos candidatos– que eventualmente no accediera a participar del debate: la no percepción de la contribución que hace el Estado para los gastos de la segunda elección nacional.

Señora presidenta: esos son los artículos. Estamos hablando de la obligación de debate para la segunda vuelta electoral, el que se llevará adelante en horario central, en cadena nacional de radio y televisión y de no más de dos horas de duración. La organización del debate correrá por cuenta de la Corte Electoral, bajo la garantía de principios equitativos y de imparcialidad. En caso de que el candidato o los candidatos no accedan al debate, no percibirán la contribución que hace el Estado para la segunda vuelta.

Este es el contenido de este proyecto de ley.

A continuación, realizaré algunas consideraciones.

Uno podría pensar o discutir sobre cómo se forma la opinión pública ciudadana y cómo son los procesos de socialización democrática en un país; incluso, se podría discutir sobre cómo se forma la voluntad del voto, qué es lo que impulsa a una persona para que decida votar a un partido político o a un candidato. Son debates que tienen larga data en la discusión politológica. También se podría discutir sobre cómo hacemos para fortalecer las reglas de la deliberación democrática; ese es un debate importante que podemos dar ahora y que debemos seguir dando.

Uno podría decir que esta idea o esta modalidad de debates televisivos entre candidatos a la presidencia de la república reconoce un origen en los debates políticos norteamericanos de la década de los sesenta; así, tenemos los famosos debates entre Kennedy y Nixon, que marcaron tanto la literatura en ese sentido. Y uno podría pensar que, desde ese entonces hasta ahora, los debates televisivos entre candidatos a la presidencia de la república formarían parte de la política como cultura-espectáculo; se podría dar ese debate.

Uno podría pensar, también en ese sentido, que hoy en día, en función de los cambios tecnológicos, la política ha multiplicado sus canales de penetración, sus canales de difusión; o sea, hoy existen maneras muy distintas a las que había cuarenta años atrás, de aproximarse a los candidatos, a las ideas y a la circulación de las ideas en una sociedad democrática, aunque no siempre eso garantiza reglas o formas importantes de deliberación democrática.

Podríamos discutir mucho, es verdad, sobre la cuestión de la obligatoriedad, de imponer algunas reglas de ejecución de la discusión política en una instancia electoral. Tal vez más que la obligatoriedad o la imposición, uno podría pensar que lo que hace este proyecto es establecer algunas normas que imponen ciertas reglas para evitar, básicamente, que se tomen algunas decisiones, más que nada de corte táctico, como por ejemplo, la posibilidad de eludir un debate, que podría tener un sentido superior en términos de la deliberación democrática, simplemente por razones instrumentales o de conveniencia, porque en ese momento el actor político considera que le es perjudicial o porque eventualmente lo puede favorecer en una puja electoral.

Por lo tanto, esta regla, que muchos razonablemente podrían interpretar como de imposición, podría interpretarse, en realidad, como una obligación para un objetivo superior. Entiendo que ahí también se puede abrir una línea de debate. Lo que está claro es que este proyecto de ley de ninguna manera va a solucionar los desafíos de las democracias contemporáneas ni todos los desafíos de la legitimidad o ilegitimidad de la política en contextos contemporáneos. Esto está claro.

Sin embargo, a pesar de todas estas consideraciones, a pesar de todos los flancos o debates que este proyecto de ley pueda tener, desde nuestro punto de vista contribuye, por lo menos, a la formalización de un intercambio más o menos reglado; introduce al menos una posibilidad más de exponer ideas en clave de dialéctica, en clave de confrontación, no tanto para determinar la calidad o las cualidades de un candidato en sí mismo –no hay duda de que en todo debate televisivo se ponen en consideración las virtudes, los talentos de los candidatos–, sino fundamentalmente para brindar la posibilidad, la garantía, por lo menos una vez en el ciclo electoral, de que los proyectos de país que esos candidatos sintetizan puedan estar en tensión, puedan discutirse en un escenario que cuente con la más amplia difusión. Creo que ese es el objetivo fundamental del debate; tal vez no sea tanto que las ideas circulen en sí mismas –hoy en día los canales de circulación son muy amplios–, sino que estén obligadas al intercambio, a la exposición, sometiéndose a una opinión distinta en el marco de las reglas del debate. Desde ese punto de vista consideramos que el debate, o por lo menos el contenido de este proyecto de ley, hace una contribución.

Tenemos claro que la posibilidad de regular o de reglar la lógica de los debates para una primera vuelta electoral es mucho más difícil que para una segunda. De hecho, por lo menos en esta instancia no se pudo, lo que no quiere decir que no se deba lograr para instancias futuras, es decir, cómo garantizamos y organizamos, con una lógica de criterio equitativo, los debates electorales de cara a una primera vuelta. Lo que se pudo alcanzar con este proyecto, sobre la base también de un convencimiento de que los debates políticos presidenciales son buenos, necesarios y fortalecen la democracia, en materia de acuerdos políticos, es la posibilidad de tener un debate electoral para la segunda vuelta.

Por todas estas razones consideramos que este proyecto de ley es bueno y constituye un avance, aunque naturalmente va a tener consecuencias –no dramáticas, ni mucho menos– en el corto plazo.

En función de estos argumentos recomendamos la aprobación de este proyecto de ley.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Gracias, señora presidenta.

Estos son los proyectos de ley que, a primera vista, tienen una buena inspiración y pueden convocar la adhesión primaria de todos los partidos. Tan así es que en la Cámara de Representantes contó con la adhesión de todos los partidos; creo que hubo un solo voto negativo. Como decíamos en épocas de la FEUU: «Unanimidad menos uno».

Nosotros preferimos analizarlo en este último tramo desde otros ángulos que se fueron agregando a partir de la primera expresión de la Cámara de Representantes y, al mismo tiempo, con la autoridad de compartir el debate en toda circunstancia.

La historia política reciente del Uruguay demuestra claramente que el Partido Nacional ha participado en todos los debates, que uno recuerde, desde el año 1984, cuando tuvo lugar la primera elección democrática luego del período de la Dictadura. Por lo tanto, podemos decir con tranquilidad que el Partido Nacional tiene una coherencia muy firme con respecto a la necesidad de que haya debate político en las campañas electorales y de que los candidatos expresen y confronten sus ideas ante la opinión pública. Tenemos voluntad política y coherencia. Por eso decíamos que en la posición que tenemos aquí, en la Cámara de Senadores, no nos comprenden las generales de la ley. Compartimos el debate y hemos participado en todos los que ha habido, y desde ya adelanto, en nombre del Partido Nacional, que nuestro candidato a la presidencia, el doctor y exsenador Luis Lacalle Pou, en pocos días va a estar en un debate con el ingeniero Daniel Martínez, el candidato del partido de gobierno. Y si nos toca estar en la segunda vuelta, también digo desde ahora que vamos a participar en el debate, seguramente con el candidato del Gobierno, ingeniero Daniel Martínez.

Entonces, este proyecto de ley para nosotros no cambia en absoluto las circunstancias que vamos a atravesar de aquí a cuarenta y siete días, y desde ese momento hasta casi un mes después, cuando tenga lugar la segunda vuelta. El candidato del Partido Nacional, sin necesidad de ley alguna, va a participar del debate ahora, y si le toca estar en la segunda vuelta, también lo hará. Esto lo hacemos con total libertad.

Los debates son, reitero, fruto de una expresión de la voluntad política y de la coherencia. Nosotros creemos que el debate no debe ser fruto de la obligación, porque cuando algo que debe ser producto de la voluntad, de la coherencia y de la transparencia políticas se impone por ley, cambia su contenido y pasa a ser una limitación a la libertad de expresión. Aun estando en desacuerdo, no compartimos que se limite la libertad que tiene una colectividad para no participar por las consideraciones que crea oportunas. Aun estando en desacuerdo digo esto, porque la libertad tiene la característica de que no es para los que piensan igual que yo, sino para todos y, antes que nada, para los que piensan diferente. De no ser así, la lucha por la libertad no valdría. En ese sentido, la obligatoriedad legal, el hecho de que el Estado le imponga a alguien hacer algo que no quiere –aunque yo discrepe con su negativa–, es una limitación que estoy dispuesto a enfrentar, insisto, aun estando en desacuerdo con que alguien se niegue. Es un tema de fondo; es un tema de respetar al otro; es un tema de respetar los derechos que tiene el otro.

Señora presidenta: cuando hay voluntad, coherencia y convicción, no hace falta establecer la obligación por ley. Por eso el Partido Nacional debate: ha debatido desde el año 1984 en adelante y va a debatir en todas las circunstancias que van a venir en el futuro más que inmediato.

Agrego otro elemento. Estos son los proyectos de ley que tenemos que analizar desprendidos de las circunstancias inmediatas. Estamos a cuarenta y siete días de las elecciones nacionales. Notoriamente, todos los partidos políticos –y no estoy diciendo ninguna novedad– se han lanzado a la campaña electoral. Creo que no es buena cosa que a un mes y medio de la primera vuelta electoral se agreguen o se modifiquen las reglas de juego del proceso electoral, tanto en el acuerdo como en el desacuerdo. ¿Por qué? Porque todos los partidos políticos han fijado una dinámica, una estrategia y una forma sin estas reglas de juego. Y hay que respetar a todos los partidos políticos, porque a nadie se le advirtió –más que lo que significa el proceso de la discusión legal– que iban a modificarse las reglas. Insisto: no está bueno que se modifiquen.

Quiero agregar otro elemento: creemos que el debate es imprescindible, fruto de la voluntad, la coherencia y la transparencia políticas, pero no de la obligación legal. De todos modos, aceptemos que hay una contradicción: el proyecto de ley establece una obligación y dice que el debate es imprescindible, tan imprescindible que establecemos su obligatoriedad por ley, pero solo para la segunda vuelta. Creo en la bondad del debate, pero en todo el proceso electoral. Si uno toma las últimas tres elecciones que ganó el Frente Amplio, ve que en la primera la victoria se dio en la primera vuelta, lo que quiere decir que allí el debate no hubiera sido posible. ¡Y miren que el Partido Nacional lo reclamó! En el 2004 el señor senador Larrañaga era el candidato del Partido Nacional, ¡y reclamó y reclamó el debate!, pero el candidato del Frente Amplio –el doctor Tabaré Vázquez, actual presidente de la república– se negó. Esta es otra muestra de coherencia: planteamos el debate y se nos negó. ¡Se nos negó en el 2004, se nos negó en el 2009 y se nos negó en el 2014!

Vuelvo a lo que decía antes, señora presidenta: tan importante es el debate –nosotros creemos que es imprescindible– que hay legisladores que creen que debe ser obligatorio por ley; pero si es obligatorio por ley, que sea sin beneficio de inventario. ¡Tiene que ser para todo el proceso electoral! No puede ser obligatorio solo para la segunda vuelta, porque si uno tiene la posibilidad de ganar en primera vuelta, ¡santas pascuas!: se evitó el debate. La opinión pública uruguaya que vota en la primera vuelta es la misma que vota en la segunda vuelta, y tanto derecho tiene a participar de un intercambio de ideas en la primera vuelta como en la segunda. ¿O es que hay una calificación diferente para el proceso electoral en la primera vuelta y otra para la segunda? La única diferencia es que en la primera vuelta hay más partidos. Si el debate es importante habrá que buscar la forma de solucionar esto, porque el tema de fondo es este y no la cantidad de comensales que se sientan a la mesa.

Señora presidenta: sabiendo, como dije al principio, que este es un tema de buena inspiración –nadie duda de la buena inspiración; recién el señor senador Paternain lo informaba con justeza–, la verdad es que lo que está en juego son elementos de fondo. Tenemos la coherencia y la voluntad políticas, expresadas desde 1984 a la fecha –que es cuando empezaron a surgir con mayor fuerza en el Uruguay–, de haber participado en todos los debates electorales. Una vez más decimos: «Nosotros queremos debatir». Hemos debatido antes; intentamos debatir después, aunque no quisieron hacerlo. Vamos a debatir ahora, y para ello no necesitamos ley. No vamos a proceder a limitar la libertad de expresión de ninguna persona, candidato o colectividad; no estaremos de acuerdo con lo que hacen, pero no vamos a limitar el derecho a que hagan lo que quieran hacer.

En la discusión particular voy a solicitar que se agregue algo con respecto al artículo 4.º. Creo que vale la pena leerlo para ver su redacción y comprender lo imposible que es cumplir lo que establece. En definitiva, quienes están obligados son las personas o las instituciones, pero nunca puede estar obligada a nada –porque no hay forma de reclamarle nada– una entelequia, que es el debate. Se puede obligar a una persona, se puede condicionar a una institución, pero no sé en qué ventanilla se golpea para pedirle al debate que se porte bien y que cumpla con lo que, si no lo hace, nadie puede reclamarle. Esto lo vamos a ver en la discusión particular.

Por todos estos elementos que mencioné, señora presidenta, anunciamos que no vamos a votar este proyecto de ley.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: nosotros entendemos que este proyecto de ley puede llegar a ser inconstitucional. No estamos solos en esta interpretación, porque la Constitución de la república dice que para ser presidente hay que ser ciudadano natural y tener más de treinta y cinco años, y ahora por ley le estamos agregando que, además, tiene que debatir. Entonces, parecería que agregar, por ley, más requisitos que los que exige la Constitución, no sería constitucional. Esto es lo primero.

En segundo lugar, este proyecto de ley es discriminador. La señora presidenta sabe –lo ha padecido en estos años que hemos compartido aquí– que a veces me cuesta escuchar, porque tengo una sordera que avanza. Si dentro de cinco o seis años esta sordera avanza mucho y quiero postularme a la presidencia de la república, no voy a poder debatir. Estamos dejando a los sordos y a los mudos fuera de la posibilidad de ser candidatos a la presidencia, porque ¿cómo hace un sordo o un mudo para debatir en la televisión? Estamos en desventaja, aun hoy. Si me tocara ser candidato y fuera a un debate, con seguridad tres, cuatro o cinco veces tendría que decir lo que digo a cada rato: «¿Qué fue lo que dijo?». ¿Cuántas veces he preguntado «qué fue lo que dijo»?, y me lo aclaran, porque no escucho bien. Entonces, con esa obligación de debatir me están poniendo en una situación de desventaja frente al otro. Me discriminan. Hay una película muy buena, señora presidenta, que quizá la haya visto: El discurso del rey. El secretario me dice que la vio. El rey era tartamudo. ¡Era flor de rey!, rey de Inglaterra; enfrentó al nazismo, al Eje, etcétera. Pero ¿cuál era el problema? Tenía que dar el discurso y no podía porque era tartamudo.

Entonces, esto de forzar y hacer obligatorio que un candidato vaya a la televisión a debatir no parece ser acorde con los principios de libertad, que creo tienen que regirnos siempre y que están en nuestra Constitución. Me animaría a decir que hasta es autoritario. ¿Están mal los debates? ¡No! ¡Ni loco! He invitado a debatir, cada vez que fui candidato, a todos los otros candidatos, y he debatido. Ahora no está acá presente el senador Mieres, pero en el año 2009 debatimos en Canal 4, un día de mañana, con él y con el señor Rodríguez, de Unidad Popular. De repente habría que pensar si se podría nombrar un representante. ¿Y por qué decir que hay que ir a la televisión? ¿No se puede debatir por redes? ¿No se puede debatir en la radio? ¿No se puede debatir por otros medios? ¿No se puede debatir por medio de los discursos en las tribunas? ¿Por qué fijar al candidato su estrategia de comunicación? Creo que es subestimar al ciudadano, además, y se afecta el principio de libertad.

En definitiva, el participar o no en un debate depende de la estrategia del candidato. Esto de hoy, además, es como un parche. Ya estamos en campaña; faltan unos cuarenta días para la elección y estamos diciendo que para la segunda instancia va a ser obligatorio, pero no para la primera. Esto se hace en la mitad de la campaña electoral y se va a aplicar solamente en la segunda vuelta. O sea que si es bueno para la segunda vuelta, ¿por qué no es bueno para la primera? ¿Por qué no es bueno para los Gobiernos departamentales? Considero que la regla debería ser que cada candidato tomara sus decisiones. Creo que en Estados Unidos no es obligatorio debatir, lo que sucede es que, al que no participa, la ciudadanía lo juzga. Aunque es bueno que se estén tomando los ejemplos de los Estados Unidos, que son los padres del debate televisivo. El más famoso, apenas empezó la televisión, fue entre Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy. Además, si profundizamos un poco, lo bueno sería que en esos debates se intercambiasen opiniones, ideas, que no se hicieran falsas promesas y que se dijera cómo se va a cumplir. Se hicieron unas compulsas luego de ese debate en Estados Unidos. ¿Saben lo que dijeron la mayoría de los expertos? Que había triunfado Kennedy. ¿Sabe por qué, señora presidenta? Porque había tenido más capacidad para elegir la ropa que se había puesto. ¡Fíjese el gran valor que tienen los debates! ¡Hay que elegir bien la vestimenta, para bien de Pierre Cardin, Dior o –voy a permitirme hacer publicidad de un diseñador local– Muto! Parece que Kennedy eligió un traje oscuro porque había estudiado que el fondo iba a ser clarito; como Nixon eligió un traje clarito, la imagen se perdía, quedaba difusa, y al ser televisión en blanco y negro, eso influyó en la forma en que llegaban los mensajes.

Había un sociólogo de la Universidad de Leeds, Zygmunt Bauman, quien escribió un libro que le recomiendo, señora presidenta: Modernidad líquida. Fue escrito hace unos diez o quince años; él murió hace un año y medio o dos. Bauman dice que estamos en la época de la retirada de la política en profundidad, de la política en serio. Él dice que llegan los que dominan el infoentretenimiento, llegan los payasos al poder. Y entonces, hoy, en vez de ir a la profundidad de las propuestas, a la roca de los principios, se va a la cosa líquida del infoentretenimiento, porque el político ya no solamente compite con otro político, sino que también compite con Netflix, con el partido del domingo, con una cantidad de otras cosas que llaman la atención del ciudadano que vota. Bauman llama la atención sobre esto que está pasando de la retirada de la política, y esta cuestión de los debates obligatorios, de sumarnos al show televisivo del infoentretenimiento va en ese sentido. Y para peor lo hacemos en horario central y obligatorio; como no tenemos la capacidad de captar la atención del ciudadano, metemos en horario central, obligatorio, al candidato, que tiene que ir a debatir y prepararse.

Alguno dirá –y esta es la parte que a uno lo hace dudar– que los ciudadanos van a tener más oportunidades de formar su opinión. Puede ser; sin duda. ¿Pero será esta la mejor forma en que les hace llegar sus propuestas? Creo que no. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una sentencia que dice que la libertad de expresión de todos los ciudadanos –incluidos los candidatos a presidente– también implica, además del derecho a hablar, el derecho a permanecer callado. Hay que ver si no estamos yendo también contra ese principio. En definitiva, creo que se está subestimando al pueblo uruguayo en su capacidad de decidir y en su capacidad de definir con pleno conocimiento de sus candidatos de todos los partidos para los actos electorales. Esto no implica, en modo alguno, que consideremos que los debates no son buenos. Yo creo que son buenos. Pero esa bondad no puede pasar por arriba de un principio que nos rige siempre, que es el de la libertad. No sé si ha estado en Castilla-La Mancha, señora presidenta. Cuando uno sale de Castilla rumbo a Toledo, Córdoba y Sevilla, hay un cartel enorme que dice: «Viajero, estás cruzando la Mancha». Eso nos lleva automáticamente, ¿adónde? A las andanzas del ingenioso hidalgo y su inseparable escudero, a ese que decía: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida». Creo que este proyecto de debate, justamente, va en contra de este principio de libertad que siempre debemos proteger. Es por ese motivo que no vamos a acompañar este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR VASSALLO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VASSALLO.- Señora presidenta: obviamente que el debate que tenemos en este momento nos lleva a reflexionar sobre cosas profundas en las que tenemos miradas diferentes.

En lo que respecta a una cuestión instrumental, reflexionamos sobre temas de enorme profundidad: cómo el país mejora las condiciones y desarrolla la institucionalidad democrática. Por supuesto que una medida tan concreta y específica como la del debate previsto en el proyecto de ley no resuelve toda esta cuestión, pero nos hace pensar sobre estos temas.

Me gustaría mencionar dos o tres conceptos que se han explicitado en la mañana de hoy. En primer lugar tenemos el tema de las libertades. Creo que acá estamos todos de acuerdo en que lo importante es defender al máximo las libertades de las personas, pero siempre a la luz de los intereses generales de la sociedad vista en forma colectiva. El interés de la libertad individual está restringido y limitado por innumerables leyes de este país. Las personas –todos nosotros–, en su máxima expresión de libertad, no pueden hacer todo lo que se les ocurre y todo lo que quieren porque hay intereses generales de la nación que están por encima del interés y de los derechos individuales. El único derecho que no puede estar en cuestión es el derecho a la vida; el resto de los derechos y las libertades –que, por supuesto, defendemos– tienen que ser considerados a la luz de los intereses más profundos de la república y de la nación.

Cuando algunas personas sienten que tienen las capacidades, y los partidos entienden que tienen esas capacidades para representarlos y aspirar a las mayores designaciones y responsabilidades de este país, naturalmente asumen que sus pensamientos y sus conductas son necesariamente parte de la evaluación que debe hacer la ciudadanía en su totalidad. Esas personas tienen que estar dispuestas a ser evaluadas, en el conjunto de su persona y de su accionar, por la ciudadanía, para saber si tienen las capacidades y la integridad moral para representar a este país en las máximas jerarquías. Por lo tanto, no creo que nadie pueda ni deba sentirse restringido en su libertad si tiene que participar en un debate para confrontar ideas con quien será su adversario en la fase final de un largo proceso electoral.

Por supuesto que se podría pensar, discutir y decir por qué no se estableció en las etapas anteriores; eso es cierto, pero todos saben que es muy complejo hacerlo. En la Cámara de Representantes se debatieron estas alternativas y no hubo acuerdos políticos; no los hubo porque es muy complejo, dado que en la fase preliminar hay una cantidad muy grande de candidatos y de aspirantes.

Este proyecto de ley pretende mejorar, en cierto modo, las capacidades de elección en forma más transparente. Se dice que esto estimula el show. Señores senadores: por cierto que cuando los candidatos aspiran a ser electos siempre hay una cuota de presentación en que el discurso tiene más que ver con lo que se quiere escuchar que con lo que se piensa; eso es frecuente en todas las visiones políticas, pero prefiero tener la posibilidad de escuchar y evaluar a uno entre dos candidatos que están en la etapa final antes que ser una marioneta de la Cambridge Analytica. ¡Eso es mucho peor! ¿O es que acá no están funcionando las fake news? ¿No es que funcionan todos los mecanismos paralelos para transferir noticias falsas, desdibujar y mentir sobre los candidatos? ¿No lo han tenido algunos de nuestros partidos aquí presentes en esta sala? ¿No lo han sufrido este año? Estoy hablando por lo que escuché que ellos mismos han dicho. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos, que sigue debatiendo si los rusos le pusieron o no un candidato? Eso no fue por el debate; eso se dio porque funcionan otros mecanismos. ¿Y qué es lo que pasa en Inglaterra? Estoy mencionando dos países que dicen que son ejemplo de la democracia.

Lo que acá estamos pretendiendo es que no nos pasen esas cosas. Hay un acuerdo político –y lo suscribo– para evitar las fake news y todos estos mecanismos. Lo que estamos poniendo sobre la mesa es, al menos, una posibilidad para que dos contendientes que aspiran a la presidencia de la república tengan que exponer frente a la ciudadanía su pensamiento y sus propuestas. Creo que eso es válido; no va a resolver todo el problema de la democracia, no es la solución ideal, pero, como tantas cosas, son pasos que pretenden mejorar y desarrollar la democracia. Yo prefiero tener esta opción en noviembre de este año –si es que ocurre–, poder ver a los dos candidatos que estén en la rueda final y tomar mis decisiones como ciudadano. Eso es bueno para que toda la ciudadanía nacional pueda evaluarlos con sus cualidades y sus defectos, porque todos los humanos tenemos cualidades y tenemos defectos. Algunos tienen cualidades para hablar y otros no, o tienen cualidades para expresarse mejor frente a ciertos sectores sociales, y otros frente a otros sectores sociales; algunos tienen cualidades físicas y otros tienen cualidades de otra naturaleza. Cada uno va a presentarse con sus cualidades y sus debilidades, y eso es lo que hay que evaluar, porque después tendremos un presidente por cinco años. Yo prefiero tener esa opción y la posibilidad de evaluar. Por lo tanto, señora presidenta, voy a acompañar este proyecto de ley.

No creo que con esto se resuelva toda la democracia, pero pienso que es un paso que nos ayuda a superar –y a evitarlos en parte– los mecanismos con subterfugios que hoy se usan para estimular a la ciudadanía a buscar ciertas opciones con base en informaciones negativas y falsas. Así que yo lo acompaño.

Gracias.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADA.- Señora presidenta: las intervenciones y reflexiones que me precedieron contribuyen y apuntan a poner esta discusión –en torno a la obligatoriedad del debate entre los candidatos a la presidencia en segunda vuelta– en términos claramente vinculados al tema de la libertad y al interés general, es decir, al fortalecimiento de la democracia.

Comparto con el señor senador Bordaberry, en esa cita y referencia que hizo de Bauman, que hay una suerte de delicuescencia en la actividad política que afecta la propia democracia.

En estos tiempos las cosas que se dicen muchas veces carecen de rigor intelectual. En ese debate que se da en las redes, a veces se dice cualquier cosa, sin que haya detrás la mínima capacidad de razonamiento y de esa forma se descalifica, se juzgan personas, y todo queda en una absoluta nebulosa.

Lamentablemente los tiempos han cambiado y la imagen parece ser uno de los aspectos fundamentales cuando se da la controversia en materia política.

Hemos reflexionado sobre este punto y particularmente en cuanto a este proyecto de ley, y creemos que al aprobarlo tratamos de fortalecer el sistema democrático. Quienes se postulan a la presidencia y llegan a una instancia definitoria como la del balotaje, tienen que ofrecer claramente a la república, en el ámbito de un debate, por lo menos cuáles son sus compromisos, sus ideas, y debe ser la ciudadanía la que defina.

¿Es perfecto? No; es absolutamente imperfecto. Esta ley es imperfecta porque lamentablemente, en instancias anteriores, no tendremos posibilidad de controvertir ideas –fundamentalmente de opinar sobre los distintos temas nacionales–, y ni siquiera de controvertir conductas. Sin embargo nos parece que está bien que a quienes llegan a una instancia definitoria para asumir la presidencia de la república se les exija la condición de que se conozcan –en contraposición a su adversario– sus ideas, sus compromisos y sus programas en un debate.

Por tanto, el Partido Independiente va a acompañar este proyecto de ley. Creemos que esto es un paso positivo y lo que acá debe sopesarse –lo cual para nosotros es muy importante– es el interés de la ciudadanía a la hora de elegir su presidente de la república. Es un elemento más que estará en la consideración de los ciudadanos de este país a la hora de la elección. Lamentablemente los antecedentes anteriores nos muestran que hubo diferentes elecciones donde no existieron estas instancias de debate y me parece que habrían sido necesarias.

En consecuencia, vamos a acompañar este proyecto de ley, conscientes de que es imperfecto, pero en el entendido de que es un paso necesario y positivo para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país.

Muchas gracias.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Voy a acompañar este proyecto de ley, como parte de un acuerdo que ha suscrito nuestra bancada. Con honestidad quiero decir que en lo personal me ofrece dudas, pero reitero que voy a acompañarlo.

Acá se han planteado temas que es pertinente debatir siempre en el Senado de la república, y así lo hemos hecho en más de una oportunidad. Precisamente, en varias instancias he señalado que me preocupa que la política se convierta en un espectáculo y que se vacíe de contenido. La política es algo muy serio y tiene que ver con la construcción de ciudadanía, con la calidad de la democracia, con los partidos políticos, con proyectos de sociedad que terminan impactando en la vida de los ciudadanos de un país. Por lo tanto, la política es algo muy importante. No creo que la locuacidad, la pinta, la ropa, deba ser lo que prima en una campaña electoral, y lo digo con mucha claridad. Creo que la seriedad, la rigurosidad, la formación, los valores y el compromiso con el trabajo deberían ser los temas a poner arriba de la mesa, en la consideración de los ciudadanos, a la hora de tomar la decisión de elegir un presidente de la república. Creo profundamente en eso y que esta ruta, que va en otra dirección, empobrece la política, empobrece los partidos políticos y, por tanto, empobrece la calidad de la democracia.

Ahora, eso no se genera con la aprobación de esta ley, sino con un conjunto de actitudes y prácticas que desplegamos los propios políticos. Y creo que en este debate lo que falta es un componente de autocrítica, porque si estamos debatiendo este proyecto de ley, que coloca los debates electorales en la centralidad y lo refleja en los propios ciudadanos, es porque los propios políticos colocamos ese tema como central durante los últimos quince años, al acusar, señalar con el dedo y plantear que quien no quería debatir, no estaba en condiciones de ser presidente de la república y que, por lo tanto, los ciudadanos no debían acompañarlo.

Eso se repitió sistemáticamente en todas las campañas electorales: se le dio centralidad al tema de los debates políticos. Tanto es así, que hoy el Parlamento nacional tiene que votar un proyecto de ley que lo haga obligatorio. Nosotros, los partidos políticos, los dirigentes políticos, aquellos que han sido candidatos a presidente en las últimas instancias electorales, contribuimos a instalar, en la sociedad, que el debate tiene una importancia trascendente a la hora de tomar la decisión de a qué candidato votar. Y creo que ese componente de autocrítica no estuvo en el debate realizado en esta cámara.

Me quiero referir al tema de las libertades. Cuando uno se propone ser presidente de la república –me imagino, yo no me lo propuse nunca ni creo, con honestidad, que me lo propondría; incluso admiro mucho a los ciudadanos integrantes de cualquier partido político que asumen esa responsabilidad–, se renuncia a muchas libertades. Insisto: se renuncia a un montón de libertades cuando uno asume la responsabilidad de decir «yo juego esa carrera». Y renuncia a cosas que son esenciales: renuncia a su tiempo; ya no es dueño de su tiempo y no hay nada más valioso que eso en la vida de cualquier ser humano; renuncia a su privacidad, porque estamos en una sociedad que tiene el concepto de una malentendida transparencia, porque no es una transparencia, sino una especie de desnudamiento público, de exposición permanente, hasta de la vida personal de los ciudadanos que se dedican a esta actividad, sobre todo de aquellos que están dispuestos a pelear por asumir la máxima responsabilidad. Incluso, se les investiga todo y se dice de todo. Reitero, ya no se es dueño de su tiempo. Probablemente los candidatos y posteriormente los presidentes asisten a un montón de eventos a los que no tienen ganas, en lo absoluto, de concurrir. Pero al momento que asumieron esa responsabilidad, lo tienen que hacer. Se renuncia a muchas libertades cuando un ciudadano define competir por representar a todo un país. Probablemente esta sea una renuncia más que tendrán que asumir aquellos que pretenden ser presidentes, al tener que participar de debates obligatorios, porque nosotros mismos contribuimos con la idea de que en buena medida una elección pasa por ahí, cosa de la que no estoy convencido y estoy seguro de que no es lo más importante.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- No hay más senadores anotados para hacer uso de la palabra, por lo que tiene la palabra el miembro informante, señor senador Paternain.

SEÑOR PATERNAIN.- Señora presidenta: solamente voy a redondear algunas ideas.

Por un lado, es cierto que este es un proyecto de ley imperfecto o, tal vez, incompleto. No hay dudas de que no se lograron todos los objetivos y de que habrá que seguir avanzando para poder establecer algún criterio de reglamentación, sobre todo para los debates en primera vuelta; eso es atendible.

Por otro lado, se ha señalado que estamos legislando a pocos días de las elecciones nacionales y que eso puede tener un impacto en las reglas de juego. Es evidente y obvio que estamos legislando con proximidad al escenario electoral, pero en función de muchos de los argumentos que se han dado aquí y de las manifestaciones expresas y explícitas de la voluntad política de que haya debates, uno tendería a pensar que los efectos sobre las estrategias o sobre las voluntades serán más o menos neutros. Finalmente no va a cambiar la ecuación de lo que ya era una voluntad predefinida, por cuanto hay que desdramatizar las consecuencias de este proyecto de ley.

Quiero señalar también que se vertieron algunos argumentos interesantes en la discusión, algunos relacionados con las posibilidades y los márgenes de libertad –siempre atendibles–, que tenemos que escuchar, comprender y asumir en plenitud; y otros más vinculados con diagnósticos de época. Esta posibilidad de debate se pone en el contexto de un proceso de deterioro de la calidad político-democrática o de diagnósticos más generales en torno a los procesos de transformación de la modernidad y de esta en clave de modernidad líquida, como se ha dicho aquí. Si la política está deteriorada o queremos buscar indicadores de deterioro de las cualidades tradicionales de la política, no los podemos buscar en los debates. En todo caso busquemos –como decía el senador Otheguy– en otros escenarios. Si uno quiere signos de deterioro de esa política líquida, revisemos –entonces– cómo hacemos política a través de las pautas publicitarias –ahí sí uno perfectamente podría decir que la publicidad política es, en última instancia, antipolítica–, en las redes sociales, en los tuits o en las noticias falsas, como bien decía el senador Vassallo.

Diría –y utilizo aquí el argumento de diagnóstico de época– que el debate, la posibilidad de establecer reglas y formas lógicas de deliberación política –sobre la base de argumentos, de contraposición, de dialéctica, de rendición de cuentas y de exponer proyectos de país–, refuerza, por el contrario, algunos de los valores más tradicionales de la modernidad o recupera de manera importante un formato clásico de modernidad deliberativa, que en todo caso iría contra algunas de las tendencias de época.

Cuando pienso esta posibilidad de debate o imagino cómo podría ser un debate presidencial de dos horas de duración, considero que marcaría la posibilidad de una contratendencia a esas líneas de deterioro de la política. No tiene sentido decir que se está de acuerdo en esto, que los debates están bien, que son lógicos, que son razonables y por otro lado señalar que estos debates o sus resultados son parte de la espectacularización de la política. Me parece que al promover debates políticos reglados –como decía–, que fortalezcan la capacidad deliberativa, minimizamos en parte –quizás poco– algunas de las consecuencias que seguramente nos preocupan a todos.

Como este objetivo es importante y está en juego la calidad de la política y la calidad de la democracia, no me parece mal que sea una obligación más de las tantas que puede haber para los candidatos a presidentes, y que por lo menos se imponga, más que como una restricción de voluntad o como una limitación de la libertad, como una obligación que evite justamente el debate por razones puramente tácticas en el que, finalmente, quien supuestamente cree que va primero en las encuestas tendrá estímulos mayores a renunciar a un debate y quien va segundo o tercero tendrá estímulos y promociones mayores a poder querer un debate, lo cual –dicho sea de paso– también es una ficción. Esa idea de que el segundo siempre quiere el debate o de que el primero siempre lo niega porque no le conviene, en todo caso podrá ser tema de discusión y de validación en función de lo que empiece a pasar de aquí en más, pero creo que hay mucho de ficción.

Esto, por lo menos, cambia algunas reglas; y la obligación, más que estar orientada a limitar la libertad, simplemente evita la posibilidad de que por razones de racionalidad táctica se eluda una instancia que creemos es importante para el fortalecimiento de la democracia y para la capacidad de deliberación en un contexto, como se dijo, difícil.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–19 en 29. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑOR GARCÍA.- Solicito el desglose del artículo 4.º.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada por la señora senadora Xavier.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el articulado, con excepción del artículo 4.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el articulado.

(Se vota).

–19 en 29. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: la Mesa proclamó afirmativa la votación de los artículos, con excepción del 4.º, que fue desglosado. A nuestro juicio este proyecto de ley precisa una mayoría especial, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, porque tiene una incidencia clara en la elección. No voy a dar esa discusión ahora, pero quiero dejar en claro que nosotros creemos que precisa veintiún votos conformes y, por lo tanto, la votación es negativa.

Simplemente quiero dejar constancia de nuestra discrepancia, sin entrar en un debate de interpretación constitucional.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: por mi parte quiero dejar constancia de que no es materia electoral regular un debate en segunda vuelta así que, desde nuestro punto de vista, no requiere ninguna mayoría especial.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: quiero hacer referencia a que el temperamento que propone el senador Heber a mi juicio es el correcto: este proyecto de ley requiere mayoría especial para su aprobación. Obviamente, eso no lo vamos a decidir nosotros, sino la Suprema Corte de Justicia, pero el numeral 7.º del artículo 77 de la Constitución dice: «Toda nueva ley de Registro Cívico o de Elecciones,» –y esta es una ley de elecciones– «así como toda modificación o interpretación de las vigentes, requerirá dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara». Después sigue: «Esta mayoría especial regirá sólo para las garantías del sufragio y elección,» y acá hemos estado hablando, justamente, de la necesidad del debate respecto del sufragio y la elección, por lo que me parece que es necesaria esa mayoría.

Esto no lo resolveremos nosotros. Simplemente dejo la constancia.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración, ahora sí, el artículo 4.º desglosado.

Aclaro que tomamos en consideración lo que han manifestado los señores senadores, pero después lo resolverá quien corresponda.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Como decía en la discusión general, a poco que uno lee detenidamente este artículo 4.º, nota que es de difícil cumplimiento. Fíjese señora presidenta que el sujeto del artículo es «el debate». Dice así: «El debate deberá observar los principios de trato equitativo e imparcial para con los participantes…». ¿Quién es el que lo garantiza? Debería decir: «La Corte Electoral…», que es quien organiza el debate y frente a la que se puede reclamar, porque el debate es un ser inanimado, una entelequia.

El artículo expresa: «El debate deberá observar los principios de trato equitativo e imparcial para con los participantes, así como garantizar la efectiva exposición e intercambio de posiciones entre estos» –los participantes– «y los periodistas que puedan intervenir…». ¿Cómo hace una entelequia para garantizar la relación entre personas? ¡Es imposible! Y si fuera un debate inequitativo, ¿contra quién reclamarían los periodistas y los participantes? ¿Dónde está –como dije en la discusión general– la ventanilla que dice «señor Debate»?

En definitiva, si bien este proyecto de ley se va a aprobar igual, es obvio que su mala redacción justamente es lo que hará que el artículo no sea garantista sobre el debate. Este es el corazón del asunto y lo digo para aquellos senadores que lo han respaldado y que creen –legítimamente, y está bien que así sea– en las garantías de equidad, de imparcialidad y de buena administración que debe tener un debate. Esta redacción no lo garantiza porque no hay un sujeto que se haga cargo de ello. En todo caso, el sujeto debería ser la «Corte Electoral» y no «el debate» –dicho entre comillas–, porque no existe.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4.º.

(Se vota).

–18 en 28. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: para que quede constancia y el Cuerpo se pronuncie, me voy a adelantar a pedir un cuarto intermedio desde las 12:00 hasta que termine la Asamblea General. Luego podremos retomar la importante agenda que tenemos en el día de hoy.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada por el señor senador.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) EMPRENDEDURISMO

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado pasa considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen normas para el fomento del emprendedurismo. (Carp. n.º 1313/2019 - rep. n.º 949/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Lazo.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: el proyecto en consideración contó con el voto unánime de los integrantes de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, que nos ha conferido el honor de informarlo.

Todos y todas los que estamos en esta sala aspiramos al desarrollo productivo de nuestro país, a generar herramientas que faciliten y potencien los emprendimientos nacionales tan necesarios, por otra parte, para la generación de empleo. También me animo a decir que todos queremos generar una cultura emprendedora que contribuya a la capacitación de personas proactivas con capacidades de liderazgo, solidarias, con disposición al trabajo colaborativo, personas que mediante su trabajo tengan ilusión por generar un impacto social positivo en su entorno. Este proyecto que tenemos en consideración, apunta a eso.

Esta iniciativa es un hito significativo en el desarrollo de una política de Estado que tiene que ver con la promoción de emprendimientos, pero es, además, el producto de un proceso legislativo que fue generando consensos.

Como antecedente, diremos que el 1.º de abril la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes votó por unanimidad el proyecto sobre promoción de emprendimientos. Allí se recibieron los aportes de destacados académicos como, por ejemplo, Ricardo Olivera, catedrático de Derecho Comercial de la Universidad de la República; Alejandro Miller, profesor de Derecho Comercial de la Universidad de la República y de la Universidad de Montevideo; Andrés Cerisola, excatedrático de Derecho Comercial de la ORT, y Pedro Bellocq, profesor de Sociedades y Finanzas Sociales de la Escuela de Postgrados de la ORT.

Desde el ámbito de la academia también se recibió un informe de la profesora Beatriz Bugallo, catedrática de Derecho Comercial de la UdelaR y del Claeh. Asimismo, pasaron por la comisión entidades y agencias estatales que tienen relación con el objeto de la ley como el Ministerio de Economía y Finanzas, quien a su vez, contó con los aportes de la DGI, de la Auditoría Interna de la Nación, de la OPP, de la Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad, de ANDE, de Uruguay XXI, de la ANII, de Dinapyme, del Banco Central del Uruguay, del Codicén y del BPS.

La comisión también escuchó de primera mano a los principales actores del ecosistema emprendedor: Centro de Innovación y Emprendimientos, de la ORT; Fundación Da Vinci, Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay; Incubadora de Empresas de Base Tecnológica KHEM, del Instituto Polo Tecnológico de Pando; Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, etcétera.

El 10 de abril, la Cámara de Representantes votó por unanimidad el proyecto de ley sobre promoción de emprendimientos. La iniciativa en cuestión, que –como ya vimos– es el resultado de más de un año de trabajo en la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes, recibió además aportes académicos y de los principales actores públicos y privados del ecosistema emprendedor. También corresponde destacar la participación del Ministerio de Economía y Finanzas que nucleó las contribuciones de diversas entidades estatales.

En octubre de 2017, el señor representante Goñi presentó un proyecto de ley de promoción de emprendimientos en la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología, que también fue suscrito por los señores representantes De León, Radío, Facello y Adrián Peña.

En noviembre de 2017, el señor representante De León también presentó en la misma comisión un proyecto de ley sobre promoción de emprendimientos que suscribimos desde su gestación. ¿Por qué lo decimos? Porque estas iniciativas contaron con un gran respaldo interpartidario. Durante el estudio de los dos textos originalmente presentados, la comisión entendió que, dadas sus coincidencias, había que unificarlos en uno solo.

El proyecto de ley consta de tres pilares fundamentales; el primero es de carácter programático e institucional; el segundo regula las sociedades por acciones simplificadas como una nueva forma jurídica para realizar emprendimientos; y el tercero sienta las bases de la regulación de un sistema de financiamiento colectivo.

Como dije, el primer pilar de la iniciativa lo conforman un conjunto de normas de carácter programático e institucional. El proyecto de ley le dedica a este primer bloque los títulos I y IV. En cuanto a las normas de carácter programático, declara de interés nacional el fomento de emprendimientos. Luego, establece de forma detallada los objetivos que se propone –que ya comentamos– y también se declara el tercer jueves de noviembre de cada año como el Día Nacional de la Cultura Emprendedora.

En cuanto a las normas de carácter institucional, el proyecto de ley regula las entidades que se utilizarán para la coordinación y articulación de iniciativas en materia del fomento de emprendimientos. En este sentido, se siguió la orientación del Poder Ejecutivo que propuso canalizar la coordinación y articulación de las acciones en esta materia a través del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad.

El segundo pilar es la regulación de las sociedades por acciones simplificadas como una nueva forma jurídica para desarrollar emprendimientos. La Sociedad por Acciones Simplificadas –abreviada con la sigla SAS– está regulada en el título II del proyecto de ley. Todo el que se propone llevar adelante un emprendimiento necesariamente tiene que resolver qué forma jurídica utilizará. La decisión es trascendental porque la forma jurídica determina las reglas de juego a las que va a estar sometido este emprendimiento.

Hasta ahora Uruguay cuenta con las formas clásicas o tradicionales, como la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, etcétera. Sin embargo, a partir de la década de los setenta comenzó una tendencia a nivel mundial que desarrolló lo que se conoce como formas híbridas de sociedad. Se las llama híbridas porque combinan la ventaja de las distintas formas tradicionales. En este contexto, países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Argentina y México, entre otros, fueron incorporando formas híbridas en sus respectivas legislaciones. La SAS es una forma híbrida de sociedad, es una respuesta a la necesidad de adaptar las formas jurídicas tradicionales a la realidad actual de los negocios. Si bien la SAS es particularmente propicia para las mipymes, también resulta un instrumento idóneo para acometer emprendimientos de gran dimensión internacional, al tiempo que ha resultado ser un vehículo útil para realizar emprendimientos en todas sus escalas.

El proyecto de ley toma como base fundamental la ley modelo sobre SAS de la OEA, de la cual extrae textualmente muchos de sus artículos. A su vez, la ley modelo de la SAS de la OEA es prácticamente una transcripción de la ley colombiana sobre SAS, de 2008, que en estos diez años ha tenido un notable éxito y se ha convertido en referencia ineludible para otros países.

Los profesores Ricardo Olivera y Alejandro Miller hicieron el trabajo de adaptar la ley modelo sobre SAS de la OEA al sistema jurídico local, introduciendo algunos cambios. Al mismo tiempo, la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología, de la Cámara de Representantes, incorporó una serie de ajustes propuestos por el profesor Pedro Bellocq y el proyecto de ley también tiene en cuenta varios planteos realizados por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

Con respecto a las principales características de esta figura, cabe destacar que la SAS prevé una simplificación de los trámites de constitución. En efecto, el proceso de constitución de las formas tradicionales es engorroso y costoso. Hoy en Uruguay adquirir una sociedad anónima cuesta casi USD 4000; un monto inalcanzable para muchos emprendedores que piden a gritos simplificar y abaratar los trámites de constitución. No se trata solo de reducir los costos a la hora de iniciar un emprendimiento, sino de bajar la barrera para la formalidad. Hay múltiples estudios que muestran el vínculo entre la informalidad y las trabas burocráticas a la hora de crear una empresa. La gran novedad radica en permitir a los propios emprendedores que hagan una sociedad a medida. Las formas tradicionales están acostumbradas a someter a los operadores a sus reglas de juego por medio de normas imperativas, que muchas veces no permiten ser modificadas. En cambio, la SAS fue ideada bajo la premisa de que los emprendedores son quienes están mejor posicionados para autorregularse. Así es que la enorme mayoría de las normas que regulan la SAS son supletorias de la voluntad de las partes y se aplican solo si los socios no previeron algo diferente. En esta línea, el proyecto de ley permite que los socios fijen libremente la estructura orgánica de la sociedad y las demás normas de funcionamiento.

Por otro lado, la SAS también moderniza las normas que refieren al funcionamiento de los órganos sociales en sintonía con la dinámica actual de los emprendimientos. Por ejemplo: el proyecto de ley permite que se celebren asambleas o reuniones de directorio de forma no presencial, participando a través de cualquier medio de comunicación simultánea, como Skype, conferencia telefónica, etcétera. En la práctica, esto ya se da por la vía de los hechos en muchos emprendimientos, especialmente cuando los socios o los administradores no se encuentran en el mismo lugar, lo que es cada vez más frecuente. Lo que hace esta normativa es sincerar y regular lo que ya sucede en la realidad.

Por otro lado, la SAS prevé múltiples opciones de capitalización. El proyecto de ley permite asignar a los accionistas de una SAS distintos derechos en función del perfil de inversión de cada uno. En materia de responsabilidad de los accionistas, la iniciativa le asigna el mismo tratamiento que tienen las sociedades anónimas.

En lo que refiere a la responsabilidad de los administradores y del representante de la SAS, el texto es incluso más severo, comparado con el régimen de las sociedades anónimas.

En cuanto al régimen tributario, la SAS tiene básicamente el mismo tratamiento que las SRL; y la transferencia de acciones tendrá el mismo tratamiento que la enajenación de las acciones de una sociedad anónima. La idea es que esta figura se gane un lugar por sus bondades intrínsecas y no por beneficios tributarios que impliquen renuncias fiscales.

La RAFE, una organización de carácter nacional que depende de ANDE y que nuclea a los principales actores del ecosistema emprendedor, solicitó expresamente que el proyecto de ley incluyera la regulación de la SAS. En definitiva, con la creación de la SAS, Uruguay se pone a tiro con países de vanguardia y con la dinámica actual de los emprendimientos.

El tercer pilar del proyecto de ley es la regulación del financiamiento colectivo, cuya inclusión también fue solicitada expresamente, y se ubica en el título III. Hasta hace poco tiempo, si uno quería sacar adelante un emprendimiento básicamente tenía las siguientes opciones de financiamiento: pedir un préstamo, utilizar ahorros o vender algún bien personal. Hoy en día existe a nivel mundial otra opción que es el financiamiento colectivo. Se trata de la cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan una red con el objetivo de tener dinero para financiar emprendimientos, aportando individualmente pequeñas sumas de dinero. Está basado en la idea de que hay personas con pequeñas sumas de dinero que quieren apoyar a otras personas con ideas. No es lo mismo pedir a mil personas que apoyen una idea aportando USD 10 cada una, que solicitar a una sola que aporte USD 10.000. A los emprendedores, sobre todo a los que están comenzando, muchas veces se les hace difícil conseguir una persona o entidad que esté dispuesta a financiar su emprendimiento. A través del uso de Internet, de las redes sociales, se puede acceder a una enorme cantidad de personas ubicadas en cualquier parte del mundo que estén dispuestas a financiar proyectos con pequeñas sumas de dinero. Al regular el financiamiento colectivo el proyecto de ley tomó íntegramente la propuesta recibida del Banco Central del Uruguay, es decir que se delega la reglamentación en esta materia en el propio banco.

Señora presidenta: por lo antes expresado, la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios recomienda a este Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

14) BESINEY S. A. Y ANIKTO S. A.

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de una moción llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la carpeta n.º 1410/2019: Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, por un plazo de hasta ciento ochenta días, el subsidio por desempleo a los trabajadores de las empresas Besiney S. A. y Anikto S. A.». (Firman los señores senadores Saravia y Bordaberry).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, por un plazo de hasta ciento ochenta días, el subsidio por desempleo a los trabajadores de las empresas Besiney S. A. y Anikto S. A. (Carp. n.º 1410/2019 - rep. n.º 958/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, por un plazo de hasta 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de las empresas Besiney S. A. y Anikto S. A., en los términos y condiciones que establezcan la o las consiguientes resoluciones de extensión».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- Gracias, señora presidenta.

Es solo por una aclaración y no para cuestionar a la Mesa.

Quiero dejar constancia de que reglamentariamente el señor senador Castillo, como coordinador de bancada, firmó la moción; por lo tanto, su nombre debe ser mencionado. Si bien hoy no está en sala, él también firmó la solicitud de urgencia del proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa toma nota de esa constancia.

Léase el artículo 2.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorgue en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 6º y 10 del Decreto-Ley Nº 15.180 de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por la Ley Nº 18.399 de 24 de octubre de 2008).

La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio, en todos los casos».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

15) CONVENCIÓN MULTILATERAL PARA APLICAR LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS TRATADOS FISCALES PARA PREVENIR LA EROSIÓN DE LAS BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de otra moción llegada a la Mesa.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley por el que se aprueba la Convención multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los Tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, concluida el 24 de noviembre de 2016, suscrita por la República Oriental del Uruguay en la ciudad de París, República Francesa, el 7 de junio de 2017, así como las reservas y notificaciones realizadas por el Estado uruguayo en el día de la firma. (Carpeta n.º 1411/2019)». (Firman los señores senadores Saravia, Bordaberry y Castillo).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los Tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, concluida el 24 de noviembre de 2016, suscrita por la República Oriental del Uruguay en la ciudad de París, República Francesa, el 7 de junio de 2017, así como las reservas y notificaciones realizadas por el Estado Uruguayo en el día de la firma. (Carp. n.º 1411/2019 - rep. n.º 961/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, concluida el 24 de noviembre de 2016 y suscrita por la República Oriental del Uruguay en la ciudad de París, República Francesa, el 7 de junio de 2017; así como las Reservas y Notificaciones realizadas por el Estado Uruguayo en el día de la firma».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

16) WALTER SANTORO

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de otra moción llegada a la Mesa.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la carpeta n.º 1414/2019: Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se designa Walter Santoro la sala n.º 10 del edificio General José Artigas del Poder Legislativo». (Firman los señores senadores Castillo, Saravia y Bordaberry).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se designa Walter Santoro la sala n.º 10 del edificio General José Artigas del Poder Legislativo. (Carp. n.º 1414/2019 - rep. n.º 962/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Siento mucha alegría –y para mí representa un honor– de que este proyecto de ley se haya aprobado en la Cámara de Representantes. Es una larga aspiración, no solo de los legisladores del Partido Nacional, sino también de un grupo de amigos y compañeros de Walter Santoro –entre los que me incluyo, más allá de la diferencia de edad–, el reconocer a una figura emblemática del Partido Nacional y de la democracia uruguaya.

Walter Santoro fue legislador por varias décadas y edil del departamento de Canelones. Fue una de las figuras jóvenes y prominentes del doctor Herrera como diputado, en la década de los cincuenta. Fue ministro, presidente y vicepresidente de la república, y uno de los primeros senadores de aquella fórmula de Wilson y Carlos Julio, en las elecciones de 1971. Fue un abogado de fuste, un político de tradición blanca, pero profundamente herrerista, que hizo una carrera política brillante en el Parlamento nacional, con más de cuarenta años como legislador, período solo interrumpido por la dictadura. Fue un demócrata, de esos políticos que suben y bajan pobres del poder.

Falleció a los noventa años. Fue un amigo. Tuvimos el honor, a pedido de la familia, de hablar en el cementerio el día que lo despedimos. Se despidió con honores de ministro de Estado; así lo dispuso el presidente de la república de aquel momento.

Cabe destacar que este proyecto de ley cuenta con la firma de muchísimos legisladores de todos los partidos y de todos los expresidentes de la república. Quiero hacer referencia, también, a una figura amiga, el doctor Carlos Sarthou, que fue en parte la alma máter de que esta sala lleve el nombre de Walter Santoro.

Para mí, esta designación no solo es un honor, sino que representa un hecho fundamental que don Walter tenga una sala con su nombre en el Palacio Legislativo, por su trayectoria como parlamentario, como político y como hombre de democracia.

Santoro fue mi maestro político cuando apenas nos movíamos en política, independientemente de nuestro origen familiar. Fue siempre una guía y un consejero durante todo el tiempo; en las diferentes posiciones en las que estuvimos, siempre lo consultamos. Reitero que para mí es muy grato y un honor informar este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Muchas gracias, señora presidenta. En pocos días se ha rendido homenaje a varios ciudadanos de mi querida Santa Lucía.

El senador Walter Santoro –o Walter, como comúnmente lo llamábamos– perteneció a una familia tradicional que sigue viviendo en Santa Lucía. Somos parte de la amistad de toda su familia, con quienes hace poco tiempo hablamos en un homenaje en el cementerio de la ciudad.

Walter Santoro fue de esos hombres muy especiales, quizás de los hombres más estudiosos que ha tenido el Parlamento uruguayo. Insólitamente, Santa Lucía –a veces lo cuento– llegó a tener cuatro senadores en un mismo período legislativo con una población de 16.000 habitantes. Son cuestiones que la historia algún día juzgará y analizará.

Walter tuvo la gran característica de ser un estudioso y un abogado que estuvo siempre al servicio de la población y de los más humildes.

Hijo de una familia de granjeros de ascendencia italiana, que trabajaron intensamente, que marcaron –y siguen haciéndolo– en Santa Lucía una tradición herrerista, blanca. Tenía una personalidad muy especial; no era un hombre al que se lo convenciera fácilmente pues siempre mantuvo una independencia de ideas frente a todos los temas, y esto hay que resaltarlo.

Quiero recordarlo como hace unos días se recordó a la profesora Nilda Irazoqui y como se va a recordar también, en otro proyecto de ley, a Clemente Estable, hombre sabio, también de nuestra ciudad.

Con relación a este caso vuelvo a repetir lo que dije hace unos días: hoy Santa Lucía está alegre porque se está cumpliendo al rendir homenaje a uno de sus hijos más pródigos, que siempre vivió en Santa Lucía y nunca se alejó de esa ciudad. Siempre estuvo a la orden, sobre todo de los más pobres. Tenía una característica muy especial: un perfil muy bajo, aunque desde el punto de vista legislativo tuvo una jerarquía muy importante.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Desígnase “Walter Santoro” la Sala Nº 10 del Edificio “General José Artigas” del Poder Legislativo».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

17) MARTHA MONTANER

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de otra moción llegada a la Mesa.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la carpeta n.º 1412/2019: Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se designa Martha Montaner la sala n.º 9 del edificio General José Artigas del Poder Legislativo». (Firman los señores senadores Castillo, Saravia y Bordaberry).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se designa Martha Montaner la sala n.º 9 del edificio General José Artigas del Poder Legislativo (Carp. n.º 1412/2019 - rep. n.º 963/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: sobre Martha Montaner creo que quienes estamos hoy aquí no tenemos que decir mucho porque la conocimos bien, nos acompañó al principio de la legislatura, sentada al lado de nuestra banca. Gran polemista, política espectacular del departamento de Tacuarembó, diputada, senadora, pero sobre todo una trabajadora incansable en la política, por su departamento y por todo el país. Fue autora de muchos proyectos de ley relacionados con la mujer e integró todas las comisiones y todos los equipos que existieron sobre el tema. Fue la primera secretaria general de un partido político en el Uruguay, la primera mujer en ser número uno en un partido político, madre y profesional.

Nos pasaríamos todo el día hablando de las obras que hizo, pero quizás la más cara para ella fue el liceo en Curtina, porque peleó durante años hasta que lo logró. Reconocida por todos, propios y extraños. Fue una gran persona.

Creo que este homenaje es de estricta justicia y agradecemos a todos los partidos, a todas las bancadas, el acompañamiento en este proyecto de ley, tal como se hizo en la Cámara de Representantes.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Desígnase “Martha Montaner” la Sala Nº 9 del Edificio “General José Artigas”, del Poder Legislativo».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

18) URUGUAY BRUM CANET

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de otra moción llegada a la Mesa.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la carpeta n.º 1413/2019: Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se designa Uruguay Brum Canet la sala n.º 8 del edificio General José Artigas del Poder Legislativo». (Firman los señores senadores Castillo, Saravia y Bordaberry).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se designa Uruguay Brum Canet la sala n.º 8 del edificio General José Artigas del Poder Legislativo. (Carp. n.º 1413/2019 - rep. n.º 964/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR VASSALLO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VASSALLO.- Señora presidenta: quiero agradecer esta propuesta y recordar brevemente al compañero Uruguay Brum Canet.

Su nombre ya indica lo que iba a ser su trayectoria de vida: Uruguay, por el país y Brum, en recuerdo del gran dirigente batllista que se inmoló en la lucha contra la dictadura de Terra. Uruguay Brum Canet hizo honor a esos dos nombres.

Fue oficial de las Fuerzas Armadas y, como tal, tuvo una excelente y brillante trayectoria. Durante la última dictadura, en aplicación del inciso G del ordenamiento militar, fue degradado como oficial en razón de una supuesta actitud de espionaje. En realidad, Uruguay Brum Canet fue un oficial leal a la Constitución y seregnista. Su investidura militar le fue restablecida, por decreto, recién en diciembre de 1997. No solamente fue degradado, sino que sufrió la prisión en condiciones realmente duras, sobre las que este militar nunca habló en forma pública. Nunca se quejó de ese tránsito de vida que, seguramente, debe hacer sido extremadamente duro.

En 1994 fue una de las personas que adhirió a la creación de nuestro sector político, Asamblea Uruguay. Fue electo diputado en el período 1995-1999 y también en las elecciones de 2004. Pocos días antes de asumir, el 3 de febrero de 2005, falleció a los setenta años de edad. Como dije, fue un seregnista cabal, generoso, solidario y un hombre que siempre buscó el diálogo y el encuentro entre las distintas visiones y tesituras políticas.

Por lo tanto, agradezco mucho que se lo recuerde y se designe una sala parlamentaria con el nombre de este destacado dirigente y militante político, pero, además, civilista y oficial de alto relieve para el país.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Hacemos un paréntesis para dar la bienvenida a los alumnos de 5.º año de la Escuela n.º 107 de tiempo completo, de Cerro Pelado, departamento de Maldonado. Les deseamos una buena recorrida.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Desígnase “Uruguay Brum Canet” la Sala Nº 8 del Edificio “General José Artigas” del Poder Legislativo».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

19) CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES POR SATÉLITE Y PROTOCOLO DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES POR SATÉLITE, Y SU ENMIENDA

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término: «Proyecto de ley por el que se aprueban el Convenio constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite enmendado tal como se convino en el vigésimo período de sesiones de la Asamblea de la IMSO, el Anexo (Procedimientos para solucionar las controversias a que hace referencia el artículo 17 del convenio), el Protocolo de privilegios e inmunidades de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite, y su enmienda. (Carp. n.º 1393/2019 - rep. n.º 942/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

El miembro informante ha entregado el informe por escrito.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébanse el Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite enmendado tal como se convino en el Vigésimo Período de Sesiones de la Asamblea de la IMSO, el Anexo (Procedimientos para solucionar las controversias a que hace referencia el artículo 17 del Convenio), el Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélites y su Enmienda».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

20) TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, SU REGLAMENTO Y LA RESOLUCIÓN DE LA CONFERENCIA DIPLOMÁTICA SUPLEMENTARIA AL TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y A SU REGLAMENTO

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueban el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, su reglamento y la Resolución de la Conferencia Diplomática Suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y a su reglamento, firmado en Singapur, el 27 de marzo de 2006, y la reserva contemplada en el artículo 19 n.º 2. (Carp. n.º 1300/2019 - rep. n.º 940/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

El miembro informante ha entregado el informe por escrito.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, su Reglamento y la Resolución de la Conferencia Diplomática Suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y a su Reglamento, firmado en Singapur, el 27 de marzo de 2006, y la Reserva contemplada en el Artículo 19 Nº 2».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 24. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

21) DOCTORA ANDREA SILVANA MASTROIANNI CASANOVA. DESIGNACIÓN COMO FISCALA LETRADA DEPARTAMENTAL

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: «Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en el cargo de fiscala letrada departamental, escalafón N, a la doctora Andrea Silvana Mastroianni Casanova. (Carp. n.º 1397/2019 - rep. n.º 947/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Garín.

SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: este es un informe regular de la Comisión de Asuntos Administrativos, que corresponde a una solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar el cargo de fiscal letrado departamental, en el marco del numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la república. El expediente –que está incluido en la carpeta correspondiente– demuestra que la sugerencia es resultado de un concurso de oposición y méritos llevado adelante por la Fiscalía General de la Nación, que fue dado por bueno el 27 de mayo de 2019.

En dicho concurso, la doctora Mastroianni ocupó el tercer lugar de prelación. Cabe aclarar que la solicitud de venia para la promoción de quienes ocuparon el primer y el segundo lugar está en trámite.

La revisión de los antecedentes contenidos en la carpeta que nos ocupa nos lleva a concluir que lo actuado se ajusta cabalmente a la normativa vigente y al marco jurídico imperante.

Asimismo, ha quedado confirmado que la doctora Andrea Silvana Mastroianni reúne las aptitudes suficientes y necesarias a los efectos de cumplir con los objetivos y cometidos funcionales inherentes al cargo al que se la destina.

Por lo tanto, luego de haber revisado el expediente, la Comisión de Asuntos Administrativos sugiere al Cuerpo que proceda a la votación de la venia para designar en el cargo de fiscala letrada departamental a la doctora Andrea Silvana Mastroianni Casanova.

Es cuanto tenía para informar, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de Fiscal Letrado Departamental (Escalafón “N”) a la doctora Andrea Silvana Mastroianni Casanova».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

22) COOPERATIVAS DE VIVIENDA

SEÑORA PRESIDENTA.-Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la carpeta n.º 1281/2019: proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 18407, de 24 de octubre de 2008, que regula las cooperativas de vivienda». (Firman los señores senadores Castillo, Saravia y Bordaberry).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 18407, de 24 de octubre de 2008, que regula las cooperativas de vivienda. (Carp. n.º 1281/2019 - rep. n.º 960/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión.

Corresponde aclarar que se trata de considerar, como tercera cámara, un proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes con una sola modificación.

SEÑOR BORDABERRY.- Si me permite, señora presidenta, entiendo que se debería proceder a la lectura de dicha modificación.

SEÑORA PRESIDENTA.- En realidad, la modificación, que consta en el artículo 1.º, es sobre el artículo 119, en el párrafo que expresa: «En el caso de uniones concubinarias, sin declaración judicial de reconocimiento, su reconocimiento estará sujeto a la reglamentación correspondiente». Luego, se elimina un párrafo y, lo demás, se mantiene tal como estaba.

De todos modos, dado lo avanzado de la hora y, de acuerdo con lo votado oportunamente, el Senado pasa a cuarto intermedio hasta que culmine la Asamblea General.

(Así se hace. Son las 12:00).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Son las 15:08).

–El Senado continúa con la consideración del proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a la ley que regula las cooperativas de vivienda. Como en este caso somos tercera cámara, la discusión es única.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se acepta la modificación introducida por la Cámara de Representantes.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

23) Organización Nacional del Fútbol Infantil (ONFI)

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo lugar del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establece a la Organización Nacional del Fútbol Infantil (ONFI) como órgano rector del fútbol infantil. (Carp. n.º 1391/2019 - rep. n.º 954/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Castillo.

SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: esta iniciativa se trató en la sesión de ayer de la Comisión Especial de Deporte y cuenta con la aprobación de la Cámara de Representantes. En dicha comisión se aprobó por unanimidad este proyecto de ley, que hace justicia con el trabajo, la tarea y la dedicación de muchas personas a una importante cantidad de niños y niñas que practican este deporte en nuestro país.

Cabe señalar que se había generado un problema con la ley anterior –que se pretende corregir ahora– en relación con hasta dónde tiene injerencia en la actividad de los niños una organización de fútbol infantil, que los comprende hasta los trece años de edad, y otra, como la Asociación Uruguaya de Fútbol, que los puede registrar, fichar, como se denomina en la jerga futbolística, a partir de los catorce años. En efecto, la discusión se centraba en torno a la zona de transición entre los trece y los catorce años de edad, o sea, hasta cuándo efectivamente los ampara esta ley. Este punto ya quedó aclarado con la participación activa de los actores directamente involucrados: la Organización Nacional del Fútbol Infantil, la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Organización del Fútbol del Interior; las tres organizaciones han acordado, ciertamente, llevar adelante y avalar esta iniciativa del Poder Ejecutivo que, como dije, ya tiene media sanción de la Cámara de Representantes.

Por lo tanto, con total convencimiento y hasta con el agrado de todos sus integrantes, la Comisión Especial de Deporte aconseja al plenario que respalde esta iniciativa.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- lncorpóranse a la Ley Nº 18.571, de 13 de setiembre de 2009, los siguientes artículos:

“ARTÍCULO 3º.- A los efectos establecidos en esta ley, la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) actuará como órgano rector del fútbol infantil desde los O hasta los 13 años inclusive en forma exclusiva en todo el territorio nacional.

ARTÍCULO 4°.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y los clubes afiliados a esta, podrán inscribir en su ámbito a niños, niñas y adolescentes a partir de que cumplan los 13 años de edad.

ARTÍCULO 5°.- La presente ley será reglamentada en el término de ciento ochenta días contados a partir de su promulgación”».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

24) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 11 de setiembre de 2019

Presidente de la Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi consideración:

De acuerdo con la Ley n.º 17827, solicito a usted me conceda licencia en el día de la fecha.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Carol Aviaga. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor José Luis Falero ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria al Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Carmen Asiaín, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

25) INSTITUTO NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN TERCIARIA (INAEET)

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se crea el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación Terciaria (INAEET) como persona jurídica de derecho público no estatal. (Carp. n.º 1372/2019 - rep. n.º 953/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señora senadora Passada.

SEÑORA PASSADA.- Señora presidenta: la Comisión de Educación y Cultura consideró un proyecto de ley que vino del Poder Ejecutivo, mediante el cual se crea el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria, que se llamará Inaeet.

Esta iniciativa tiene algunos antecedentes, como el de no haber logrado los acuerdos necesarios para la creación de un instituto que comprendiera todo el sistema público y también el privado. Sin embargo, en esta oportunidad sí se lograron todos los acuerdos que se precisaban a nivel universitario, tanto público como privado, así como en el nivel terciario, con aquellas entidades también públicas y privadas.

La intención es crear un ámbito para mejorar en forma continua las instituciones de educación terciaria y universitaria que tiene el país; establecer un sistema ordenado, basado en estándares y criterios establecidos por las propias instituciones, a los efectos de analizar y evaluar las carreras, los programas y las propias instituciones de nivel terciario, así como otorgar acreditaciones también. Un elemento importante e innovador es que se harán evaluaciones; el hecho de que estas entidades públicas que ofrecen estas carreras puedan contar con evaluaciones internas y externas, mejora notablemente el sistema educativo y, a la vez, ofrece mayores garantías.

Podemos decir que, en una primera fase, esta institución tendrá una jerarquía de nivel nacional e internacional, lo que es sumamente importante, porque la sola habilitación de este instituto y el otorgamiento de acreditaciones nos van a permitir cumplir con ciertos acuerdos que tenemos dentro del Mercosur.

Tanto el sistema público como el privado ya han realizado experiencias conjuntas de acreditación, operando mediante una comisión ad hoc que sigue funcionando hasta el día de hoy. La propia ley prevé un período de transición en el que la comisión podrá seguir funcionando hasta que se pueda ejecutar esta normativa.

En primer lugar, hoy tenemos dos universidades públicas: la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica del Uruguay, además de las cinco universidades privadas y las instituciones de la ANEP, es decir el Consejo de Formación en Educación y el Consejo de Educación Técnico Profesional de la UTU que brindan enseñanza terciaria. Esto va a permitir que las acreditaciones se puedan obtener a nivel nacional e internacional, porque muchas veces se dictan cursos en zonas limítrofes con Brasil o con Argentina. Pensamos que en el futuro va a inscribirse en estos cursos un importante porcentaje de alumnos. De acuerdo con las últimas cifras sabemos que la matrícula de los estudiantes a nivel universitario ha mejorado notablemente. Entonces, contar con este instituto va a mejorar la calidad de la enseñanza y va a acompañar el desarrollo del país que sigue esa lógica.

También quiero destacar que este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la comisión del Senado, donde recibimos a todos los actores que lo elaboraron junto con el Ministerio de Educación y Cultura.

El proyecto consta de veinticinco artículos, pero los miembros de la comisión acordamos agregar un artículo más que establece que la ley entrará en vigencia a partir del 1.º de enero de 2021. De esta manera, queremos resguardar el consejo del instituto que se está creando. Por otro lado, eso vendrá bien porque como se va a necesitar su incorporación en parte del próximo presupuesto nacional, no va a haber inconvenientes de interpretación constitucional respecto de su vigencia.

El artículo 1.º refiere a la creación del instituto.

El artículo 2.º establece los principios generales, muchos de los cuales ya hemos mencionado.

El artículo 3.º enumera sus competencias. Como decíamos, lo más importante no es la acreditación sino el desarrollo de los procesos de evaluación de las instituciones.

El artículo 4.º crea el Consejo Directivo y explica cómo será designado; el 5.º refiere a los cometidos, dentro de los cuales está la administración de los fondos presupuestales; el 6.º establece las competencias del presidente; el artículo 7.º habla de los poderes jurídicos y el 8.º de la potestad delegatoria. Es bueno recordar que la figura que se crea con este instituto es una persona jurídica de derecho público no estatal.

Más adelante el proyecto refiere a las propuestas que incluyen conceptos como la promoción de la calidad, el concepto de evaluación y el concepto de acreditación al que hacíamos referencia. Se mencionan los procedimientos y el objetivo central que explica por qué se precisa avanzar y crear este instituto de la acreditación.

En definitiva, creemos que con la aprobación de este proyecto de ley se subsana el hecho de que no pudo crearse antes el instituto de acreditación. La comisión tuvo esa preocupación y por eso tomó la precaución de que se le diera media sanción. Además, ahora agregamos el artículo 25 que establece que este proyecto de ley va a entrar en vigencia a partir del 1.º de enero de 2021. Esperamos que esta iniciativa también tenga media sanción en la Cámara de Representantes y que el país cuente con el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación Educativa Terciaria.

Era cuanto tenía para informar, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

SEÑORA PASSADA.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PASSADA.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se voten en bloque los artículos del 1.º al 23, contenidos en los capítulos I y II.

Además, pedimos que se incorpore como artículo 25 el siguiente aditivo: «Artículo 25 (Vigencia).- La presente Ley entrará en vigencia a partir del 1.º de enero de 2021». Por lo tanto, el artículo 25 actual pasará a ser 26.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los capítulos I y II.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el capítulo III.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 24.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo, al que ya se le dio lectura, que pasará a ser 25.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 25 que pasará a ser 26.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

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26) SISTEMA DEPORTIVO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se declare urgente y se trate de inmediato la carpeta n.º 1280/2019: Proyecto de ley aprobado en nueva forma por el que se regulan los principios rectores del sistema deportivo». (Firman los señores senadores Castillo, Saravia y Bordaberry).

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: «Proyecto de ley aprobado en nueva forma por el que se establecen principios rectores y regulación general del sistema deportivo. (Carp. n.º 1280/2019 - rep. n.º 959/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Este proyecto de ley fue aprobado oportunamente por el Senado y luego remitido a la Cámara de Diputados donde se le hicieron unas pequeñas modificaciones. Quizás la más importante es la que se refiere al deporte federado y a lo que se consideran federaciones deportivas, lo que figura en el literal B) del artículo 11.

En el proyecto de ley aprobado por el Senado se consideraban federaciones deportivas las asociaciones civiles de segundo grado formadas por clubes afiliados que practicaban una disciplina deportiva. Eso significaba que algunas federaciones que tienen clubes que practican más de una disciplina deportiva no podrían ser federaciones. Advertido el problema, los señores senadores podrán ver que el literal B) queda redactado de manera que se consideran «federaciones deportivas» las «asociaciones civiles de segundo grado» formadas por clubes afiliados que practican una o varias disciplinas deportivas. En mi opinión, esta es la modificación más importante que se ha introducido.

Tengo entendido que hubo cierta discusión sobre quién es el que controla las federaciones deportivas porque ese control se le pasa a la Secretaría Nacional del Deporte, sustrayendo al Ministerio de Educación y Cultura sus competencias. En realidad, esas competencias no se sustraen sino que se comparten, y eso se aclaró, con lo cual entendemos que no hay ningún problema.

Por otra parte, se analizó una norma que nos parece que es muy sana y que seguramente van a compartir. Se trata de que los presidentes de las asociaciones y de las federaciones no permanezcan en el cargo durante más de dos períodos, con la finalidad de que no se eternicen los mismos dirigentes. Esta fue una sugerencia de la Secretaría Nacional del Deporte que se mantuvo.

Por lo tanto, señora presidenta, como no podemos introducir cambios y debemos aceptar, o no, lo aprobado por la Cámara de Representantes, en consulta con los miembros de la Comisión Especial de Deporte, recomendamos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADA.- Para complementar la información brindada por el señor senador Bordaberry, quiero señalar que también, a propuesta de representantes del Partido Nacional, se hizo otra modificación adicional en el artículo 4.º, literal B), en el sentido de generar políticas, acuerdos de gestión y condiciones de asistencia económica con los Gobiernos departamentales. Esto se introdujo en el día de ayer y se modificó el literal B) que había sido aprobado por el Senado.

Además, en el artículo 4.º se agregó el literal N) que fomenta y promueve los deportes adaptados, ya que en la redacción anterior no se hizo ninguna referencia a los deportes practicados por personas con discapacidad y, en este sentido, nos pareció importante incorporar esta nueva competencia de la Secretaría Nacional del Deporte.

Con relación a lo que señalaba el señor senador Bordaberry respecto a las facultades compartidas entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Secretaría Nacional del Deporte, se modificó el inciso 1.º del artículo 15, que comienza diciendo: «Sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Educación y Cultura…». Además, el artículo 15 original decía que la Secretaría Nacional del Deporte contará con competencias exclusivas; se suprimió la palabra «exclusivas», y tendrá competencia compartida. La referencia a la vigencia de este artículo se mantuvo en los términos planteados por el Senado y se estableció como último inciso del artículo 15 que dice que este artículo entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta días de la entrada en vigencia de la presente ley. La otra modificación ya fue comentada por el señor senador Bordaberry.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aceptan las modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

27) CLEMENTE ESTABLE

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa Clemente Estable la Escuela n.º 96 del departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. n.º 1400/2019 - rep. n.º 952/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Muchas gracias.

Tuvimos el privilegio de conocer al profesor Clemente Estable porque, como santalucense, concurría asiduamente a visitar a su familia en las viejas casas quintas que había en aquella época y que hoy quedan muy poquitas. También tuvimos el privilegio de escuchar sus conferencias como estudiantes de secundaria en el viejo liceo de Santa Lucía.

Era un hombre con un perfil y una humildad muy grandes. Cuando iba a darnos las conferencias a un liceo de un pueblo del interior, recuerdo la forma como nos hablaba y se integraba dejando de ser ese sabio considerado a nivel mundial, para ser uno más entre nosotros.

Por eso quiero resaltar que la primera escuela en llevar su nombre fue la n.º 156, de la ciudad de Santa Lucía, iniciativa que surge a propuesta nuestra en una comisión de fomento, y hoy nos alegra que una escuela de Paysandú sea designada con el nombre del profesor Clemente Estable.

Entonces, como dije días atrás y también esta mañana, Santa Lucía está contenta de que nuevamente se hizo justicia con uno de sus hijos predilectos, designando a otra escuela con el nombre de tan sabio y distinguido profesional, como fue el profesor Clemente Estable.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Desígnase con el nombre “Clemente Estable” la Escuela Nº 96 del Departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

28) EMPRESAS LÁCTEAS EXPORTADORAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se declare urgente y se trate de inmediato el proyecto de ley por el que se extiende hasta un máximo de cuatro años el período de gracia previsto en el inciso primero del artículo 1.º de la Ley n.º 19397, de 27 de mayo de 2016, sobre acceso a financiamiento para empresas lácteas exportadoras. (Carpeta n.º 1407/2019)». (Firman los senadores Castillo, Saravia y Bordaberry).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se extiende hasta un máximo de cuatro años el período de gracia previsto en el inciso primero del artículo 1.º de la Ley n.º 19397, de 27 de mayo de 2016, sobre acceso a financiamiento para empresas lácteas exportadoras. (Carpeta n.º 1407/2019 - rep. n.º 957/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: todos sabemos que el sector lácteo pasa por un momento de dificultad. Todos sabemos que no es un sector agropecuario más porque depende mucho de su genética; que no es un cultivo que se realiza este año y el año que viene se puede sacar; que la producción láctea es algo que hay que cuidar permanentemente.

La Ley n.º 19397, de 27 de mayo de 2016, permitió hacerse cargo, a través de rentas generales, de los intereses generados por créditos otorgados por instituciones de intermediación financiera locales a este núcleo de actividad, a las empresas del sector lácteo. Esos créditos eran por tres años. Lo que estamos haciendo con este proyecto de ley, sin cambiar el subsidio con respecto a los intereses que otorga esa ley, es extender el tiempo hasta por cuatro años, contando desde el momento en que se accede a ese crédito. En definitiva, estamos agregando un año, dando una facilidad más.

Era todo lo que tenía para informar. Espero que el Senado apruebe esta iniciativa.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: con mucho gusto vamos a acompañar esta ampliación de un año más para un sector que en los últimos años ha sido castigado fuertemente. Primero sufrió una caída importante de los precios internacionales –como todo sector agropecuario que es tomador de precios– y, luego, determinadas situaciones económicas. Al derrumbe del precio internacional y las deudas se sumó la caída del mercado venezolano. Uno de los grandes problemas que han hecho caer algunas industrias es el desplome del mercado venezolano, que pagaba muy bien, y las deudas que mantiene o mantenía ese país con el sector lácteo.

Todos sabemos que el sector agropecuario en general se compone de cadenas agroindustriales que comienzan en el campo, en la tierra, con la producción, y que culminan en la industria. Por lo tanto, es fundamental que los eslabones de esas cadenas se mantengan porque, en definitiva, si caen las industrias alimentarias y exportadoras del sector –cualquiera sea, el de la carne o el de los lácteos–, se complica la estrategia general de mercados del país y también la propia cadena.

El sector lácteo, además, tiene la complejidad de que el productor recibe el precio de la leche en pesos y muchas veces paga los costos en dólares, tanto a nivel nacional como internacional. Por este aspecto también existe una complicación en toda la cadena.

En resumen, es bienvenida esta ampliación; creo que es positiva. Algunas de las industrias nacionales están cerrando acuerdos internacionales con mercados importantes y esperamos que esto permita dar un impulso a la cadena y mejorar los precios internos e internacionales de los productos de Uruguay. Esto le va a venir muy bien al sector que, además, depende de muchos productores chicos. Casi la mitad de los productores de la cadena son pequeños o medianos, y muchas veces arrendatarios, lo que también complica la situación del sector lácteo y, sobre todo, los precios. Ayudar a la transmisión de la cadena va a permitir que muchos productores permanezcan y que algunas industrias no terminen cerrando, como ha pasado.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: según tengo entendido, somos primera cámara para este proyecto de ley. Creo que lo correcto no es «extiéndase», sino «extiéndese». Si fuéramos segunda cámara, no lo diría.

SEÑOR MICHELINI.- Tiene razón.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único con la modificación propuesta.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO 1º.- Extiéndese el período de gracia previsto en el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 19.397 de fecha 27 de mayo de 2016 hasta un máximo de cuatro años a contar de la fecha de otorgamiento del crédito o préstamo original».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

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29) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos que se declare urgente y se trate de inmediato el proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 198 de la Ley n.º 19307, de 29 de diciembre de 2014, sobre servicios de comunicación audiovisual. (Carpeta n.º 1401/2019)». (Firman: los señores senadores Castillo, Saravia y Bordaberry).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–23 en 25. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: «Proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 198 de la Ley n.º 19307, de 29 de diciembre de 2014, sobre servicios de comunicación audiovisual. (Carp. n.º 1401/2019 - rep. n.º 955/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: este proyecto tiene que ver con la ley sobre servicios de comunicación audiovisual, que asignó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo la competencia de defender y promover los derechos de las personas allí reconocidos. A su vez, el artículo 198 de esa ley previó que hasta tanto se crearan los cargos y fueran designados los integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual, las competencias de este –que fueron creadas en la ley– deberían ser ejercidas por la misma institución.

En función de que esta legislatura no ha concluido con la designación de los integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual, es que estamos planteando que las competencias que se le transfieren a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo pasen a la Ursec. Esto se debe a que los artículos 60 y 61 previeron la promoción de la producción nacional en televisión y radio e incorporaron el control de emisiones mínimas, aspectos que recaen en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y que se instrumentan en acuerdo con la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones.

En ese marco, entendemos que corresponde que la Ursec amplíe sus atribuciones porque no es competencia específica de una institución de derechos humanos ejercer la aplicación de sanciones pecuniarias. Preferimos hacer esta sugerencia en este momento dado que la alternativa sería que no existiera aplicación de esas sanciones en función de que, por las disposiciones que rigen a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, no corresponde que plantee sanciones, mucho menos pecuniarias.

Muchas gracias.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR POSADA.- Señora presidenta: el Partido Independiente va a votar negativamente este proyecto de ley.

Como es público y notorio, tenemos una posición contraria a la Ley n.º 19307 –llamada ley de comunicaciones– porque es inconstitucional e inconveniente. Varios especialistas en derecho constitucional consultados por la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes cuando se analizó esta ley señalaron que desde su primer artículo es una ley inconstitucional y, por tanto, nosotros hemos manifestado en el ámbito de la Asamblea General la necesidad de que sea derogada.

En consecuencia, vamos a votar negativamente esta modificación que se propone. Para nosotros, lo que debe hacerse es derogar esa ley inconstitucional.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: nosotros también vamos a votar negativamente, pese a que una parte de sus fundamentos nos parece correcta. Aquí se está diciendo –en esto queremos ser coherentes con alguna votación que hicimos la semana pasada– que se retiran estas facultades a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo porque no tiene una competencia de administración activa. En eso estamos de acuerdo, a tal punto que la semana pasada, cuando le dieron competencia activa con respecto a otro tema, votamos en contra, porque no la tiene. Como bien dice esta exposición de motivos de la bancada oficialista, la competencia de administración activa y sancionatoria en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo colide con los Principios de París y con la esencia de una defensoría del pueblo. Por ende, como las resoluciones de esta institución son recomendaciones, no puede tener actividad administrativa activa. Entonces, si somos coherentes –y lo somos–, tenemos que aceptar esto porque fue lo que dijimos la semana pasada. Ahora bien, concluido que no es la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo la que debe tener estas potestades sancionatorias y administrativas sobre medios de comunicación –para mí no deberían ni existir–, el tema es dónde se ubican. ¿Quién va, en estos momentos, a tener esa potestad sancionatoria sobre los medios de comunicación? La Ursec que, como todos sabemos, está integrada por ciudadanos nombrados con representación política. Y en estos momentos, cuando estamos a cuarenta días de la primera elección nacional y a setenta de la segunda vuelta, le damos a un organismo de la Presidencia de la República la función regulatoria, administrativa y sancionatoria sobre los medios de comunicación. ¡Y se hace de apuro, el último día de sesiones ordinarias de la legislatura, antes de las elecciones! No parece ser el mejor mensaje.

Quiero ser claro: no voy a acusar al Poder Ejecutivo o a la Ursec de que vaya a presionar a los medios; no lo pienso y no lo creo, pero me parece que es malo darle esa posibilidad hoy y de apuro. ¿Por qué no se la damos el 1.º de diciembre?

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: simplemente quiero precisar que este proyecto de ley no es iniciativa del Poder Ejecutivo, sino un artículo planteado por la bancada oficialista en función de una nota que llegó a la presidenta de la Asamblea General en la que se dice que los integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo se dirigen a ella para poner en conocimiento la situación que aquí estamos considerando. Entonces, es la propia institución la que entiende que en función de que culmina la legislatura y no hemos levantado el cuarto intermedio de la Asamblea General para hacer la designación, no puede continuar con esto hasta que se instale una próxima legislatura. Quería hacer esta aclaración porque me parece que no corresponde que se siga insistiendo en que puede haber un trasfondo por el que el Poder Ejecutivo está mandando al Poder Legislativo a resolver algún tema; no es así.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: cuando uno tiene información equivocada, agradece mucho que le aclaren cómo es la cosa.

De todas formas, desde la oposición nos permitimos señalar que no es bueno que en épocas electorales se otorgue a la Ursec la potestad sancionatoria y administrativa sobre los medios de comunicación. Estoy mirando quiénes lo firmaron y, seguro, no hay nadie de mi partido; creo que las firmas son de la bancada oficialista y también del señor senador Saravia. Entonces, vamos a tener que esperar la nota de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en el mismo sentido, respecto a las facultades que le dimos con la otra ley la semana pasada. Supongo que también la va a elevar.

Reitero –porque me parece importante– que en medio de la campaña electoral, cuando los medios de comunicación tienen tanto peso e importancia, no es bueno dar a la Ursec, que está en el ámbito de la Presidencia de la República, todas estas facultades. Al menos se las tendríamos que dar el 1.º de diciembre, pero no ahora, en la última sesión y de apuro. Me parece que eso no es lo mejor, hasta como mensaje saludable. Si hemos estado así casi cinco años, ¿por qué hacerlo ahora, de apuro, en mitad de la campaña? Dejémoslo así y no se las demos al Poder Ejecutivo porque allí hay un representante, legítimamente, de un partido, y en la Ursec hay mayoría de ese partido. Entonces, ¿vamos a darle potestades sobre los medios de comunicación? Es un tema muy sensible. Repito que si las cosas han funcionado así por casi cinco años, ¿por qué vamos a cambiar ahora? ¿Por qué justamente ahora vamos a acceder a la propuesta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, donde también el oficialismo tiene amplia mayoría? Esta es una realidad legítima que no cuestiono; es legítima porque ganaron en las urnas y lo hemos sufrido en reiteradas ocasiones en las votaciones que se han hecho aquí.

Vuelvo a decir que me parece que no es el momento de dar potestades con relación a esta ley de medios de la que tanto se ha hablado y que tiene algunas similitudes con leyes de medios de otros países que más vale nunca tomar de ejemplo, ¿no? En lo personal esperaría y no lo aprobaría en este momento; lo haría en diciembre o pondría una cláusula que dijera que esta ley empezará a regir el 1.º de diciembre de 2019, evitando así cualquier suspicacia sobre el porqué de la aprobación de este proyecto de ley ahora.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la miembro informante.

SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: es claro que hay una resistencia, producto de una contradicción con la ley de origen, pero efectivamente es ley. No solo ha sido una de las normas más recurridas ante la Suprema Corte de Justicia –algunos de sus artículos cayeron, pero la mayoría no–, sino que también dos partidos adelantaron –no he escuchado nada de parte del tercero– su voluntad de derogarla. Pero hoy es ley y corresponde que tomemos las providencias que se están planteando.

Nosotros no tendríamos inconveniente en incluir un artículo respecto a que la vigencia será a partir del 1.º de diciembre, aunque queda claro que no existen posibilidades sancionatorias en este período, cuando hay una intensa utilización de los medios por parte de todos nosotros. No era esa la intención; lo único que digo es que es uno de los efectos: por la vía de los hechos no hay competencia sancionatoria hasta el 1.º de diciembre.

De todos modos, reitero que no tendríamos inconveniente en incorporar un segundo artículo o una frase a continuación del artículo único, en el que se establezca que entrará en vigencia a partir del 1.º de diciembre.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- Señora presidenta: es de honestidad intelectual aclarar un poco este tema, que no viene de ahora sino que de una coordinación que se hizo en la Presidencia del Senado. En el día de hoy la presidenta de la Asamblea General no está presente porque se encuentra de licencia, pero los partidos coordinamos determinados temas en su despacho y este fue planteado. Por honestidad intelectual también quiero decir que no fue propuesto por el partido de gobierno sino que fue una solicitud de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. En ese sentido, accedimos a votar la urgencia; como recordarán, la semana pasada no la votamos porque el Partido Independiente se opuso. Entonces, decidimos que el tema pasara a comisión para su tratamiento y pedimos a los compañeros de nuestro partido que allí se solicitara, por lo menos, información a la institución. De todas formas, hablamos personalmente con la presidenta de la institución de derechos humanos, quien claramente sostiene que esto no les corresponde y no es potestad de la institución sancionar ni adjudicar emisoras de radio, entre otras cosas.

Entonces, figura, sí, mi firma allí porque accedí a ese pedido de la institución en el entendido de que la ley está vigente, aunque fue recurrida y algunos de sus artículos cayeron. Aclaro que estamos en contra de esa ley y veremos qué pasa en la próxima legislatura porque ahora ese no es el tema en debate.

A su vez, es bueno recordar que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones es constitucional y que le corresponde la regulación de estos temas. Comparto que se establezca que esto comenzará a regir a partir de diciembre porque de esta manera da tranquilidad a todos los partidos y dirigentes políticos, pero no hay que olvidar que el Poder Ejecutivo puede actuar por vía del decreto porque tiene potestades constitucionales para hacerlo. Por lo tanto, tampoco está fuera de norma lo que hace a la regulación.

De todos modos, es bueno aclarar el tema porque fue así como se dio. Repito que me parece que, si nos ponemos de acuerdo, sería bueno dejar la entrada en vigencia para diciembre –comparto la posición del señor senador Bordaberry– porque quedaríamos todos tranquilos de que esto no va a incidir en la campaña electoral.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Quisiera expresar algo brevemente porque cuando me anoté todavía no había escuchado la propuesta de la señora senadora Xavier, que es tranquilizante porque, más allá de los cuestionamientos que nuestra bancada le ha hecho a la ley de medios, sinceramente me generaba suspicacias el apuro para transferir estas potestades sancionatorias a cuarenta y pocos días de la elección.

Quiero decir, por si no quedó claro –porque la señora senadora Xavier dejó algo en el aire, pero no sé a quién se refería–, que estamos frontalmente en contra de la ley de medios, y si la ciudadanía nos confiere la responsabilidad de la conducción del país, la vamos a derogar, no con un sentido de dividir aguas –ya lo dije hace unos días–, sino para que sea una ley que tenga un amplio apoyo. No es bueno que en estos temas haya una mitad –por un senador o por uno o dos diputados– que imponga una ley que no nos ofrece garantías en cuanto a la libertad de expresión; no las tenemos. La cuestionamos, pero como no queremos reeditar la discusión que ya hemos tenido sobre la ley de medios, simplemente a modo de constancia una vez más decimos en esta sala que si tenemos la responsabilidad de conducir el próximo Gobierno, vamos a derogar la ley y a convocar a todos los partidos políticos para hacer una ley de medios con un amplio apoyo. No podemos tener leyes que cambien según cuál sea la mayoría del Parlamento; no es serio para nuestro país.

Esto nace por una imposición –lo sentimos así– y, por lo tanto, no nos sentimos representados ni garantizados por una ley que, a nuestro juicio, no cuenta con un amplio apoyo de la representación popular, como debería tenerla una norma que garantiza nuestras libertades a través de los medios.

Quería dejar esa constancia. Espero que se redacte esta disposición que establece que la vigencia de las potestades sancionatorias será a partir del 1.º de diciembre. Eso sería tranquilizante en el proceso electoral que estamos viviendo, evitando que esto sea utilizado como una suerte de arma gatillada, una potestad que el Poder Ejecutivo puede usar en cualquier momento. Para nosotros eso es muy importante.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo Único.- Sustitúyese el artículo 198 de la Ley Nº 19.307 de 29 de diciembre de 2014, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 198. (Régimen Transitorio del Consejo de Comunicación Audiovisual).- A partir de la vigencia de la presente ley, y hasta tanto se constituya el Consejo de Comunicación Audiovisual, las competencias del órgano desconcentrado estarán a cargo de los órganos que actualmente las ostentan, con excepción de las que se crean por la presente ley, las que serán ejercidas por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones”.

Este artículo entrará en vigencia a partir del 1.º de diciembre de 2019».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Quisiera solicitar que se vote por incisos el artículo único.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el inciso primero.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 24. Afirmativa.

En consideración el inciso segundo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Pardiñas.

SEÑOR PARDIÑAS.- Simplemente, queremos fundamentar el voto remarcando que la ley que acabamos de modificar está vigente desde el año 2014 y no ha sido coartada la libertad de expresión de ningún medio. Quiero dejar en claro esto porque si bien se hizo hincapié en que no se iba a entrar a discutir el fondo de la ley de medios, se hicieron varias puntualizaciones e intervenciones referidas a que es una ley que no genera garantías sobre la libertad de comunicación. Creo que tiene que quedar establecido en forma clara que esta ley ha estado vigente hasta el presente y la libertad de expresión y de prensa en este país ha reinado, a tal punto que los propios medios de comunicación muchas veces han difundido noticias falsas y eso para nada ha sido motivo de censura, multa o aplicación de norma restrictiva alguna. Por eso votamos con la total tranquilidad de conciencia en este país; el Gobierno frenteamplista, la bancada frenteamplista garantiza, en el conjunto del movimiento popular, la libertad de expresión, que es una de las condiciones básicas de la democracia.

Muchas gracias.

30) PLAN NACIONAL DE SILOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se declare urgente y se trate de inmediato la carpeta n.º 1405/2019: proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a adecuar las condiciones del endeudamiento, modificar convenios de capitalización suscritos y ampliar plazos estipulados, a efectos de regularizar el adeudo de las organizaciones de productores con el Plan Nacional de Silos». (Firman los señores senadores Castillo, Saravia y Bordaberry).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–22 en 24. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a adecuar las condiciones del endeudamiento, modificar convenios de capitalización suscritos y ampliar plazos estipulados, a efectos de regularizar el adeudo de las organizaciones de productores con el Plan Nacional de Silos». (Carp. n.º 1405/2019 - rep. n.º 956/19)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR GARÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.-Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: en realidad, este es un proyecto de ley que complementa lo que ha sido una política de Estado en la que se ha estado transfiriendo la infraestructura del Plan Nacional de Silos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a las organizaciones de los productores agropecuarios, ya sea que fueran grupos, sociedades de fomento rural o cooperativas agrarias.

El proyecto de ley original nace en la Ley n.º 16170, del año 1990, donde se establecía la posibilidad de transferir, como decía, la infraestructura del Plan Nacional de Silos a los productores, bajo la condición de establecer un monto de utilización equivalente a un servicio que brindaban esas instalaciones a sus principales usuarios, que eran los que iban a ser tenedores de los silos. La capitalización de ese servicio iba a ser destinada a cancelar deudas que tuvieran los productores y el Plan Nacional de Silos ante el Banco República y otros acreedores.

La verdad es que en el transcurso de los años ese proyecto ha dado muy buenos resultados porque, en última instancia, ha permitido una mejor utilización de la infraestructura del Plan Nacional de Silos; ha mejorado la gestión debido a que son los mismos productores que los utilizaban quienes ahora los administran, y ha permitido cancelar deudas que tenía el Plan Nacional de Silos. Ni que hablar que muchas organizaciones de productores que terminaron los procesos de cancelación de las deudas que estaban convenidas hoy ya tienen transferidos los silos y las infraestructuras asociadas en los inmuebles donde están localizados esos silos, lo cual ha significado –para las organizaciones de productores que han terminado la amortización– una señal muy importante de capitalización que después redunda, entre otras cosas, en poder tener mejores condiciones para acceder a crédito operativo.

Esta solución que inicialmente se dio en la Ley n.º 16170, estableció plazos perentorios dentro de la propia ley para implementar estos convenios y, en el transcurso del tiempo, ha sido necesario aprobar otras leyes –en los años 2002 y 2014– en virtud de que algunas organizaciones que estaban llevando adelante estos procesos no habían podido finalizarlos. Nuevos períodos de tiempo han significado actualización de los convenios y eventualmente adecuaciones de algunos, lo que ha traído como resultado que en el Uruguay una importante cantidad de las infraestructuras del Plan Nacional de Silos hoy ya sean propiedad de las organizaciones de los productores. No obstante –siempre pasa en este tipo de situaciones– ha habido algunas organizaciones que todavía no han culminado este proceso, y muchos de los convenios que tienen actualmente vigentes van a caer entre octubre y noviembre del año en curso. El Poder Ejecutivo requiere de iniciativa legal para eventualmente adecuar esos convenios que, como dije, van a caducar o a vencer en los próximos días. Por esa razón fue necesario tomar la iniciativa de presentar este proyecto de ley donde, en última instancia, se establece un nuevo período para que el Poder Ejecutivo habilite que las organizaciones de los productores que están en la fase final de la amortización de estos procesos –o finalizándolos– puedan ser beneficiarias, y no correr el riesgo de que caigan los convenios, se pierda lo avanzado o que algunos de esos silos vuelvan a la administración del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, aspecto que en ningún momento se ha planteado como una opción.

En virtud de eso, señora presidenta, el proyecto de ley plantea claramente la posibilidad de tener un nuevo marco legal y un período para adecuar esos convenios, lo que implicará ajustes en los tiempos de cancelación y, eventualmente, en las condiciones de endeudamiento, lo que es habitual en estas situaciones.

Quiero decir, antes de terminar, señora presidenta, que en el día de hoy entró un complemento de la exposición de motivos en virtud de que cuando vino la carpeta n.º 1405, en la exposición de motivos había una redacción –que el propio Poder Ejecutivo corrigió– en la que se podía interpretar que habían cambiado las condiciones iniciales que se establecen en la Ley n.º 16170, aspecto que en ningún momento se pretendía que sucediera. Por eso el Poder Ejecutivo hoy presentó un complemento donde enmienda parte de la redacción de la exposición de motivos, volviendo a establecer los términos en que siempre se han llevado adelante estos procesos de transferencia.

Por lo tanto, señora presidenta, se ratifica lo que ha sido una política de Estado que precisa de una iniciativa complementaria que habilitará este proyecto de ley –en la medida en que se vuelva ley–, y que en última instancia significará la finalización de un proceso que se inició en el año 1990 y que esperamos culmine con esta adecuación que se plantea.

Era cuanto queríamos informar, señora presidenta.

SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Señora presidenta: solamente quiero pedir una aclaración.

Al final de la exposición de motivos se dice: «Asimismo es de relevo destacar, que con la aprobación del presente proyecto se lograrán los siguientes fines:

1. Cumplir con el espíritu del PNS, transfiriendo la titularidad a sus tenedores legítimos y novando las hipotecas actuales a nombre de las cooperativas, asociaciones de productores, Sociedades de Fomento Rural, etc.».

¿Qué significa ese etcétera? Hay una cuestión que hace mucho tiempo se da. La base de la economía estuvo y sigue estando a nivel mutual. Lo más puro es la mutualidad, después viene el cooperativismo y luego están los demás tipos de organizaciones económicas. En general, se ha dejado de utilizar el término «mutual» y no sé lo que significa «etcétera», qué alcance puede tener.

Esa es mi pregunta, señora presidenta.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- En lo personal, no tengo objeciones; me parece que ha sido muy precisa la reseña que ha hecho el señor senador Garín. Esto empieza ya en el año 1943 con la ley de cooperativas agropecuarias y sigue con varias leyes más, una de las cuales, claramente, es la del 2002, que creo que fue algo que apoyaron todos los partidos y representó una muy buena solución.

No obstante, tengo una consulta para hacer. Se me repartieron dos notas, una del 10 de setiembre y otra del 21 de agosto. Esta es una de las dudas, y quizás la más grande tenga que ver con el alcance de las expresiones del artículo único que se propone. En él se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de los ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca a adecuar las condiciones del endeudamiento. ¿Qué significa adecuar las condiciones del endeudamiento? No parece ser muy precisa la expresión «adecuar las condiciones del endeudamiento» ¿Adecuar a qué? Después el texto dice: «… en la medida que se vayan efectivizando los pagos correspondientes, modificar los convenios de capitalización suscritos y ampliar los plazos estipulados, a los efectos de regularizar el adeudo que mantienen las organizaciones de productores con el Plan Nacional de Silos».

Cuando leemos la exposición de motivos –pido disculpas por la pregunta, pero nos estamos enterando ahora de esto y tenemos que discutirlo acá como si estuviéramos en la comisión– parecería que lo que se busca con este proyecto de ley es cancelar las obligaciones y, si quedan créditos, que se transfieran a aquellos a los que se le otorgue la propiedad que serán los que asuman el pago con garantías de lo adeudado; de esa forma se los saca de encima el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es decir el Estado. Esto es lógico porque lo que en 2002 motivó el pasaje de los silos a las cooperativas fue, entre otras cosas –además de cancelar deudas y ayudar a las cooperativas–, que el Estado terminara con la regulación y con el trabajo de los funcionarios que controlaban esto. Por otra parte, era bastante complicado ese funcionamiento estatal y privado a la vez. Ese fue el motivo del cambio. Ahora creo que se quiere dar el paso final y es imposible ir para atrás porque habría que recomponer toda la organización estatal y no se puede hacer de un día para el otro.

No me queda claro qué se quiere decir cuando se habla de adecuar las condiciones del endeudamiento.

SEÑOR GARÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARÍN.- Señora presidenta: intentaremos aclarar las dudas hasta donde podamos.

Los señores senadores tienen en su poder dos documentos: uno con fecha 21 de agosto y el otro del 10 de setiembre. El del 21 de agosto es el ingreso original, pero en su exposición de motivos se han apreciado defectos que han sido enmendados en el documento del 10 de setiembre. Por esta razón es que hay dos documentos.

El segundo aspecto me parece que es el más sustantivo. Se habla de adecuar las condiciones del endeudamiento en la medida en que se vayan efectivizando los pagos correspondientes. Debo recordar que hay varias organizaciones de productores que en estos momentos tienen convenios vigentes y están cancelando los créditos establecidos en ellos. Entonces, como se vence el plazo, lo que plantea el proyecto de ley es que en última instancia para firmar un nuevo convenio se deben adecuar las condiciones de endeudamiento, las que seguramente estarán asociadas a montos que quedarán pendientes y con tasas de interés que están planteadas en la exposición de motivos. Incluso, se podrían dar oportunidades de adecuaciones. Muchas de las organizaciones de productores que hoy estarían suscribiendo nuevos convenios están en condiciones de hacerlo porque han mejorado su perfil crediticio, pudiendo conseguir nuevos plazos y mejores condiciones de endeudamiento con tasas más bajas. Por eso es que el proyecto de ley plantea el concepto de adecuar las condiciones de endeudamiento, en la medida en que se vayan haciendo efectivos los pagos porque, en última instancia, se trata de algunas organizaciones de productores que vienen avanzando en la cancelación de los créditos de los convenios, pero no les va a dar el tiempo que les queda remanente de los convenios vigentes. Sin embargo, a través de este proyecto de ley podrán actualizarlos.

No sé si di respuesta a las inquietudes planteadas, pero es lo que tenemos para informar al Cuerpo.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: para complementar lo que informaba el señor senador Garín quiero decir que con él hemos conversado con las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre esa adecuación y se nos ha manifestado el interés que hay de mejorar las condiciones de financiamiento a partir de la reducción de las tasas de interés. Algunos de estos convenios están fijados con una tasa de interés en dólares del 9 %; sin lugar a dudas, es una tasa alta si tenemos en cuenta las condiciones de producción. Por eso, la propuesta es abierta y no se fija la tasa porque se trata de acordar, con quienes tienen convenios, la mejor financiación con bajo costo para que estos convenios finalicen con un repago de esas plantas y se potencie el funcionamiento de instituciones cooperativas, en momentos en que el manejo de las plantas de silos tiene un peso enorme.

Cuando se inició este proceso todavía había una subutilización de las plantas de silos pero actualmente, sin lugar a dudas, con la expansión agrícola que existe están siendo un elemento sustancial de participación en los procesos de logística y comercialización de granos. Por lo tanto, la adecuación que se plantea en este proyecto de ley es para seguir consolidando el sistema cooperativo que funciona en el ámbito agrícola y que es relevante.

Por lo dicho, es muy importante la aprobación de este proyecto e insisto en que la idea es readecuar las tasas de interés para que sean más accesibles, sin que ello implique una pérdida de valor en la financiación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «ARTÍCULO ÚNICO: Autorízase al Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca, a adecuar las condiciones del endeudamiento en la medida que se vayan efectivizando los pagos correspondientes, modificar los convenios de capitalización suscritos y ampliar los plazos estipulados, a los efectos de regularizar el adeudo que mantienen las organizaciones de productores con el Plan Nacional de Silos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 277 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y sus modificativas.

Esta autorización comprende a los tenedores legítimos con título habilitante, o a las personas jurídicas integradas por los mismos tenedores que continúen con la explotación de silos, plantas de almacenaje, graneros y ex graneros oficiales, elevadores zonales, depósitos y equipos, así como los inmuebles en que se asientan los mismos de propiedad del Estado».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

31) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SU CARGO A UNA FUNCIONARIA

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en undécimo término del orden del día.

(Así se hace. Son las 16:24).

(En sesión pública).

–Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Son las 16:28).

–Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

32) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 16:29, presidiendo la señora Patricia Ayala y estando presentes los señores senadores Aristimuño, Asiaín, Bordaberry, Camy, Carrera, Castillo, Draper, Gallicchio, García (Graciela), Garín, Heber, Lazo, López Villalba, Meléndez, Michelini, Otheguy, Pardiñas, Passada, Paternain, Pesce, Posada, Saravia, Vassallo y Xavier).

PATRICIA AYALA Presidenta en ejercicio

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.