Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana miércoles 14, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

S e c r e t a r i o s

Asisten los señores Representantes:, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Carlos Baráibar, Raquel Barreiro, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Julio Cardozo Ferreira, Nora Castro, Roberto Conde, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Mario de Pazos, Mariella Demarco, Ruben Díaz, Daniel Díaz Maynard, Miguel Dicancro, Juan Domínguez, Heber Duque, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, Omar Ferrari, Silvia Ferreira, Ramón Fonticiella, Luis Gallo Cantera, Daniel García Pintos, Gabriela Garrido, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Gustavo Guarino, Raymundo Guynot de Boismenú, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Julio Lara, Félix Laviña, Eduardo Lay Álvez, Ramón Legnani, Guido Machado, Oscar Magurno, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José M. Mieres, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Basilio Morales, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Gabriel Pais, Ronald Pais, Jorge Patrone, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Álvaro Pérez, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Pedro Pérez Stewart, Enrique Pintado, Martín Ponce de León, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, Ricardo Recuero, María Alejandra Rivero Saralegui, Ambrosio Rodríguez, Hugo Rosete, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Julio C. Silveira, Ramón Simonet, Sergio Tarallo, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel y Fernando Vázquez.

Con licencia: Washington Abdala, Edgar Bellomo, Ricardo Berois Quinteros, Brum Canet, Ruben Carminatti, Ricardo Castromán, Luis José Gallo Imperiale, Tabaré Hackenbruch Legnani, Luis Alberto Lacalle Pou, José Carlos Mahía, Pablo Mieres, Gustavo Penadés, Carlos Pita, Glenda Rondán, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Gustavo Silveira y Walter Vener Carboni.

Falta con aviso: Henry López.

"Pliego Nº 109

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores comunica que, en sesión de 13 de noviembre de 2001, sancionó el proyecto de ley por el que se modifica la Carta Orgánica del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). C/1502/001

- Téngase presente

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Asuntos Internacionales presenta, informado, un proyecto de resolución por el que se dispone la concurrencia de una delegación de la Cámara de Representantes a la Conferencia Internacional "Seguridad Nacional y Amenaza Terrorista", a llevarse a cabo en la ciudad de La Paz, República de Bolivia, desde el día 26 hasta el 30 de noviembre de 2001. C/1749/001

- Se repartió con fecha 13 de noviembre

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Maldonado remite copia del texto de las exposiciones realizadas por varios señores Ediles, sobre un homenaje tributado al señor José D'Elía. C/7/000

- A la Comisión de Legislación del Trabajo

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Economía y Finanzas contesta el pedido de informes del señor Representante Luis José Gallo Imperiale, sobre un procedimiento de incautación de mercadería ingresada en forma ilegal al país, y los controles relativos a la misma. C/1177/001

- A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Guillermo Chifflet solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la situación de dos ciudadanos españoles en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. C/1754/001

El señor Representante Ramón Fonticiella solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública con destino al Consejo de Educación Técnico Profesional, relacionado con la instrumentación de un proyecto denominado "Ciclo Básico Segunda Oportunidad". C/1750/001

El señor Representante Julio Cardozo Ferreira solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Hidrografía, sobre el personal y servicios que presta el varadero de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó. C/1751/001

El señor Representante Víctor Rossi solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, referente a los resultados de inversiones realizadas por el referido Ente Autónomo en diversas sociedades comerciales. C/1752/001

- Se cursaron con fecha 13 de noviembre

La señora Representante Alejandra Rivero Saralegui solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, acerca de los conjuntos habitacionales realizados por esa Cartera en el departamento de Cerro Largo. C/1755/001

- Se cursa con fecha de hoy

PROYECTOS PRESENTADOS

El señor Representante Arturo Heber Füllgraff presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se dictan normas para el empadronamiento o reempadronamiento de vehículos automotores. C/1753/001

- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración".

"EMPADRONAMIENTO Y REEMPADRONAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. (Normas).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Los habitantes de la República tendrán derecho a empadronar o reempadronar sus vehículos automotores en los Municipios de sus domicilios particulares o en el que corresponda, según su lugar de trabajo, actividad profesional, comercial, industrial o agropecuaria, indistintamente.

Artículo 2º.- Las personas jurídicas empadronarán o reempadronarán sus vehículos automotores en el Municipio de su domicilio contractual o en el que corresponda según la ubicación de su principal establecimiento comercial, industrial o agropecuario, indistintamente.

Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, Representante por Florida.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este proyecto de ley que recoge la misma iniciativa que oportunamente fuera presentada por el ex Representante Nacional Alem García, tiene por objeto consagrar el derecho de todo habitante de la República a empadronar o reempadronar su vehículo automotor en el Municipio de su domicilio particular o en el que corresponda según su lugar de trabajo, actividad profesional, comercial, industrial o agropecuaria, indistintamente.

Por esta iniciativa, también se establece que las personas jurídicas empadronarán o reempadronarán sus automotores en el Municipio de su domicilio contractual o en el que corresponda según la ubicación de su principal establecimiento comercial, industrial o agropecuario, indistintamente.

La consagración expresa del derecho de referencia, sin duda, asegura y da tranquilidad a los usuarios de automóviles, pues, se excluiría toda posibilidad de que se sigan reiterando las llamadas "guerras de las patentes", con las consiguientes e ilógicas molestias a quienes se sirven de un automóvil.

En efecto, resulta inaceptable que por el interés recaudador de los Municipios, en un país de escasa extensión territorial y con departamentos estrechamente interrelacionados, cada poco tiempo, se someta a los usuarios de automóviles a fiscalizaciones que se traducen en meras pérdidas de tiempo, inconvenientes y molestias.

Cuando en la mayor parte del mundo se simplifican los trámites burocrático-administrativos, incluso, en los pasos de frontera, en beneficio de la comodidad de la gente, sería absurdo que en nuestro ámbito interno se siguiera con viejas prácticas y contralores sólo para saber si se paga la patente de rodados en tal o cual Municipio.

Es conocida, además, la realidad que se da en varias zonas del país, en las que importantes volúmenes de población tienen su asiento familiar, su casa habitación, en un departamento, cumpliendo sus actividades en otro. Quienes, dentro de esa población, se sirven de automóviles, tiene siempre la difícil disyuntiva de tener que optar por cuál de las Intendencias serán fiscalizados; y, en la mayoría de los casos, se opta por empadronar o reempadronar (y por consiguiente pagar la patente) en la Intendencia más eficiente en causar molestias.

En definitiva, este proyecto de ley preserva el interés y la comodidad de la gente.

Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 5)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Gustavo Guarino solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

• a los Ministerios de Salud Pública y de Transporte y Obras Públicas, con destino a la Administración de Ferrocarriles del Estado y a la Junta Departamental e Intendencia Municipal de Treinta y Tres, sobre la posibilidad de ceder parte del edificio de la antigua estación de ferrocarriles para la instalación de una policlínica barrial en la localidad de Santa Clara de Olimar. C/27/000

• al Ministerio de Educación y Cultura:

• con destino a la Administración Nacional de Correos, relacionada con la necesidad de contar con una camioneta para realizar el servicio de correspondencia y encomiendas entre la ciudad de Treinta y Tres y las localidades de Santa Clara de Olimar y Cerro Chato. C/27/000

• y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública:

• y al Consejo de Educación Primaria, acerca de la situación de las Escuelas Nos. 47 y 19 de Santa Clara de Olimar. C/27/000

• y al Consejo de Educación Secundaria, sobre necesidades locativas y de personal auxiliar del Liceo de Santa Clara de Olimar. C/27/000

• al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Banco Hipotecario del Uruguay y a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionada con la posibilidad de incorporar nuevos hogares a la red de saneamiento en Santa Clara de Olimar. C/27/000

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, acerca de la necesidad de ampliar los servicios que presta la oficina local de la referida Administración en Santa Clara de Olimar. C/27/000

El señor Representante Roque Arregui solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social, referente a la necesidad de difundir mediante carteles en los locales del referido Banco, la normativa vigente para acogerse al régimen de asignaciones familiares. C/27/000"

——Se votarán oportunamente

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión realizada el 13 de noviembre de 2001.

Ordinaria:

Con aviso: Mario de Pazos, Henry López y Sergio Tarallo.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Martes 13 de noviembre

SEGURIDAD SOCIAL

Con aviso: Héctor Gustavo Silveira Rodríguez.

TURISMO

Con aviso: Ambrosio Rodríguez".

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Treinta en treinta y uno: AFIRMATIVA.

"Montevideo, 14 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con destino a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE); y a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Treinta y Tres. En reunión mantenida con la Comisión de Vecinos de los barrios Santa María, Mevir y Estación de villa Santa Clara de Olimar, en el departamento de Treinta y Tres, hemos recogido una importante inquietud que por este medio le damos estado parlamentario y canalizamos a las instituciones correspondientes. Durante muchos años funcionó en una vivienda del complejo Mevir (que estaba en construcción) una policlínica que atendía a una amplia zona denominada Estación de AFE. En esos barrios vive, aproximadamente, un tercio de la población de Santa Clara de Olimar, en su mayoría jornaleros, familiares de peones rurales y desocupados. En dicha policlínica se daba atención primaria, la que funcionaba en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y con la Intendencia Municipal de Treinta y Tres. Desde hace algún tiempo todos los servicios referentes a la salud pública se concentran en la Sala de Auxilios de la localidad, la que cuenta con muy buenas instalaciones y personal capacitado, pero que queda lejos -al otro extremo de la ciudad- para que los habitantes de los barrios referidos, concurran. La Comisión de Vecinos plantea la necesidad de reabrir la antigua policlínica ya que ellos mismos organizarían su funcionamiento y administración, resaltando que cuentan con todo el equipamiento necesario para su instalación. Para tal cometido se requeriría: 1) que AFE ceda la casa, o parte de la misma, de la vieja estación, hoy en desuso y deteriorándose; 2) que el Ministerio de Salud Pública o la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, permita que un médico de los contratados para la Sala de Auxilios atienda, algún día de la semana, en dicha policlínica, asistido por una enfermera. Creemos que este acercamiento de la policlínica y sus servicios a la población de estas numerosas barriadas contribuiría a una mejor asistencia preventiva, ya que redundaría en mejores condiciones de salud para la gente. Entendemos que lo expuesto no significa mayores gastos para la Administración y que, por el contrario, racionaliza una infraestructura ya existente. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

2) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino al Ministerio de Educación y Cultura con destino a la Administración Nacional de Correos, relacionada con la necesidad de contar con una camioneta para realizar el servicio de correspondencia y encomiendas entre la ciudad de Treinta y Tres y las localidades de Santa Clara de Olimar y Cerro Chato.

"Montevideo, 14 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la Administración Nacional de Correos (ANC). En villa Santa Clara de Olimar, del departamento de Treinta y Tres, hemos recogido la inquietud de numerosos vecinos sobre el funcionamiento actual y futuro del correo. El servicio que cumplía la camioneta por la Ruta Nacional Nº 7 General Aparicio Saravia fue suprimido. Según se nos informó por parte de la Administración Nacional de Correos por Oficio Nº 134/01, se proyecta contratar una camioneta que lleve la correspondencia y las encomiendas, diariamente, desde la ciudad capital del departamento de Treinta y Tres a villa Santa Clara de Olimar y a pueblo Cerro Chato. Como es de público conocimiento la ruta que une la ciudad de Treinta y Tres con Santa Clara de Olimar es de balasto y normalmente se encuentra en malas condiciones, particularmente en invierno. Incluso, en ocasiones tiene problemas de cauces crecidos, que no permiten el paso. A su vez, la frecuencia de los ómnibus de línea por la Ruta Nacional Nº 7 es mínima, lo que dificulta que el envío de la correspondencia se pueda efectuar a través de estos ómnibus, cuando la camioneta se encuentra rota. Todo indica que sería más razonable -así lo plantean los vecinos- que la camioneta a contratar partiera de la ciudad de Melo, y por la Ruta Nacional Nº 7 recorra toda la línea: Fraile Muerto, Tupambaé, Santa Clara de Olimar, Cerro Chato y Batlle y Ordóñez, retornando luego por la misma ruta hasta Melo, con la correspondencia del día. Como se sabe, en dicha ruta hay varias frecuencias de ómnibus desde y hacia la ciudad de Melo, lo que permitiría en una emergencia que sean utilizadas. El planteo expuesto se realiza con la idea de mejorar y darle mayor calidad al servicio de correos, que sin duda, es una necesidad de dichos centros poblados. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

3) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Primaria, acerca de la situación de las Escuelas Nos. 47 y 19 de Santa Clara de Olimar.

"Montevideo, 14 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y al Consejo de Educación Primaria. La pasada semana tomamos contacto con la situación de las Escuelas Nº 47 y Nº 19 de villa Santa Clara de Olimar, del departamento de Treinta y Tres, así como con los padres que integran sus respectivas comisiones de fomento. En la Escuela Nº 47 constatamos la falta de personal de servicio. En este centro funcionan además de la escuela, propiamente dicha, dos aulas de preescolares, una de ellas construida recientemente y que cuenta con muy buenas condiciones de funcionamiento. El reclamo que nos hicieron es que la Auxiliar de Servicio asignada al mantenimiento de esta área renunció, y dicho cargo no ha sido provisto. Actualmente la limpieza del aula es realizada por los padres de los niños y por el personal docente, ya que es imposible derivar el escaso personal de servicio de la escuela para esa tarea. Por otro lado, la comisión fomento ya paga una de las Auxiliares y no posee recursos para contratar otra. Lo expuesto marca la necesidad de que las autoridades del Consejo de Educación Primaria nombren una nueva Auxiliar, en sustitución de la renunciante. La Escuela Nº 19 funciona en una amplia barriada de gente con muchas carencias, y también aquí el tema es la falta de personal de servicio. Actualmente, cuenta con una cocinera, paga por la comisión fomento, y otra Auxiliar contratada temporalmente por la Intendencia Municipal de Treinta y Tres. Esta escasez de personal lleva a que las Maestras deban realizar un gran esfuerzo para poder atender todas las necesidades de ese centro educativo especialmente el comedor, ya que allí come el 70% de los alumnos de la escuela. En vista de esta situación, entendemos que sería necesario y justo el nombramiento de una Auxiliar de Servicio que permita el mejoramiento de las condiciones en que se desarrolla la actividad educativa. Esta escuela es actualmente urbana normal, cuando en realidad está enclavada en una zona de niños con grandes carencias, por lo que sería oportuno que se estudie la posibilidad de darle nuevamente la categoría de Escuela de Contexto Socio Cultural Crítico que tenía anteriormente, y de esta forma la escuela podría contar con mejores apoyos. Creemos que en estas localidades urbanas de nuestro interior profundo es donde hay que generar las mejores condiciones para mantener el arraigo de su gente, y es por eso que responder a estas y otras necesidades similares cobra una gran importancia. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

4) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración de Educación Pública y al Consejo de Educación Secundaria sobre necesidades locativas y de personal auxiliar del Liceo de Santa Clara de Olimar.

"Montevideo, 14 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para su remisión al Consejo de Educación Secundaria. Recientemente visitamos y tomamos contacto con la realidad del Liceo de villa Santa Clara de Olimar, en el departamento de Treinta y Tres, donde mantuvimos una reunión con la Asociación de Padres de Alumnos del Liceo (APAL), en la que recogimos varias inquietudes, a las que nos parece importante darle estado parlamentario y canalizar a las autoridades de la enseñanza secundaria. En primer lugar, se plantea la necesidad de que el liceo cuente con un Auxiliar de Servicio, ya que el titular fue operado y tiene licencia médica prolongada, y además han informado los médicos que a su reintegro no podrá realizar las tareas de servicio. A este centro de enseñanza concurren más de 360 alumnos, y la limpieza la realiza una persona paga por la comisión de padres. Dicha comisión tiene muchas dificultades para recaudar el dinero ya que la mayoría de los alumnos proviene de hogares de muy bajos ingresos. Por lo tanto aunque se siguiera contratando a dicha limpiadora, igualmente se requiere un Auxiliar de Servicio de tiempo completo. Otro tema que se nos planteó, es que el liceo cuenta con una importante área de informática equipada con 17 computadoras. Por el tamaño del aula y la cantidad de equipos existe un serio problema de ventilación por lo que se hace necesario mejorarla. Una de las alternativas, es poner un equipo de aire acondicionado o abrir más ventanas, lo que requiere la opinión de técnicos, pero sí resulta evidente, que se debe mejorar la ventilación. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

5) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Banco Hipotecario del Uruguay y a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionada con la posibilidad de incorporar nuevos hogares a la red de saneamiento en Santa Clara de Olimar.

"Montevideo, 14 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) y al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Según nos informaron vecinos de la villa Santa Clara de Olimar, del departamento de Treinta y Tres, las obras que realiza el BHU en dos complejos de vivienda, incluyen una obra de saneamiento con pileta de decantación. Por la ubicación donde estaría instalada dicha pileta, habría que realizar varias cuadras de tendido de cañería desde uno de los complejos. Solicitamos que se considere por parte de los técnicos del BHU la posibilidad de que los vecinos con frente al tendido de los caños puedan incorporarse al servicio de saneamiento, ya que eso permitiría la mejora de la calidad de vida de algunas decenas de familias. De ser posible contemplar esta aspiración, se requeriría un estudio por parte de los técnicos del Banco en coordinación con los de OSE; entendemos que la oportunidad es ahora ya que aún no se ha comenzado la obra de saneamiento. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

6) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, acerca de la necesidad de ampliar los servicios que presta la oficina local de la referida Administración en Santa Clara de Olimar.

"Montevideo, 14 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). Villa Santa Clara de Olimar es una localidad que actúa como centro de una amplia zona de los departamentos de Treinta y Tres y de Cerro Largo. Tiene una importante infraestructura de servicios públicos y más de 3.000 habitantes. Hasta hace algún tiempo funcionaba en dicha localidad una oficina de UTE donde se realizaban todas las tareas referidas al ente, tanto para la parte urbana como para la rural. Actualmente, se suprimieron partes fundamentales de las actividades de la oficina, que solamente quedó con un funcionario -antes tenía tres- que realiza cobranzas; todos los demás trámites deben realizarse en las oficinas de pueblo Cerro Chato, en el departamento de Treinta y Tres. El planteo de los vecinos es que UTE vuelva a prestar todos los servicios en la localidad, solicitud que nos parece importante ya que debemos proteger la calidad de vida de los pobladores de los centros urbanos nucleados en el corazón productivo de la ganadería del país. Damos curso a esta exposición escrita, porque entendemos que con pequeñas acciones que van restando servicios a la gente, se va contribuyendo a despoblar nuestro interior. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

7) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social, referente a la necesidad de difundir mediante carteles en los locales del referido Banco, la normativa vigente para acogerse al régimen de asignaciones familiares.

"Montevideo, 14 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social (BPS). La legislación vigente establece los requisitos necesarios para ser beneficiarios de asignaciones familiares, derecho al que hay que proteger, a efectos de que se dé cumplimiento a lo establecido al respecto. Para ello, es fundamental que las familias estén correctamente informadas sobre cuáles son las distintas posibilidades para poder acceder a ese beneficio. Una buena parte de quienes concurren a las oficinas del BPS, a fin de poder percibirlo no conocen plenamente su alcance, ni cuándo se configura plenamente el derecho. A su vez, se nos ha informado que en varias situaciones en que se ha concurrido a dependencias del BPS para gestionar el cobro de esa prestación se ha brindado información errónea, lo que de confirmarse, sería un menoscabo de los derechos de los ciudadanos. En otros casos, se producen situaciones enojosas entre funcionarios y público en torno a lo que establecen las normas referidas al tema. Ante ese tipo de hechos, creo necesario que se disponga -y así lo solicito- que en las distintas dependencias del Banco de Previsión Social se coloquen, en lugar visible para el público, carteles explicativos en relación a las distintas situaciones en las cuales se configura causal para poder obtener el mencionado beneficio. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

——La Mesa quiere destacar la presencia en la barra de alumnos del Colegio y Liceo Nuestra Señora del Carmen del departamento de Salto, a quienes damos la bienvenida.

Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: a esta altura es bastante conocido el desarrollo que está teniendo la industria nacional de informática o de software. Este sector de actividad nacional no se limita a una empresa ni a unos pocos productos. Estamos en uno de los procesos de innovación y producción más significativos de las últimas décadas en el Uruguay, que ha generado un sector de especial importancia.

Sin duda, la base de este proceso, además de estar en el nivel general educativo del país, radica en la fundación del centro de cómputos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, según decisiones que se tomaron en la década del sesenta. La formación allí impartida germinó en productos simples, luego en temas más complejos, y desde hace ya más de diez años es un rubro de exportación que en 2000 ha llegado a US$ 80:000.000.

Hoy en día, a las actividades académicas que le dieron origen y a la masa crítica que tiene este sector en crecimiento como motor de su propio desarrollo, se han agregado importantes iniciativas, como es la unidad de promoción que funciona en la órbita de la Presidencia de la República -que tiene que ver con tecnologías de la información- o los créditos del BID para desarrollo del sector. Finalmente, creo que la imagen país en el tema es un aspecto absolutamente fundamental para promover externamente estos productos, con todo lo que significan para el Uruguay.

Hoy ya son más de veinte las empresas uruguayas del sector con actividad exportadora. Hay filiales por toda América, incluyendo los Estados Unidos, y representantes y clientes por todo el mundo.

Al rol -sin duda importantísimo- que jugó Brasil como cliente en toda una etapa, así como toda América Latina, hoy se agregan lejanos países, no solo europeos, sino otros, como Tailandia, y en estos días se está realizando la primera instalación de singular importancia en la República Popular China.

La razón de este planteamiento radica básicamente en que esto, que está culturalmente incorporado al país, en nuestra opinión no está adecuadamente internalizado en los actores que en el sector público toman las decisiones que tienen que ver con las importantes y variadas áreas de dicho sector, que realizan compras e inversiones en software. No queremos aludir a ninguna situación en particular, pero sabemos que en muchas oportunidades se hacen licitaciones con paquetes innecesariamente complejos -que, por tanto, se tornan difíciles de ofertar a nivel local- o se exigen determinados antecedentes. En todo caso, es razonable que a las empresas se los exijan cuando van a otros países, pero muchas veces son absolutamente innecesarios y significan no solo una limitación, sino también una verdadera protección a la industria extranjera en lugar de a la industria nacional.

Ponemos el acento en la palabra "industria". No estamos hablando de comercio, sino de industria, de productos que se generan y de un sector en el que la cantidad de gente en actividad ya se mide en cifras de cuatro dígitos. Se trata, pues, de un área de singular trascendencia; hasta podríamos decir que es un área casi tradicional para el país. Entonces, no es posible que a esta altura siga pasando que cuando el sector tiene que mostrar sus principales logros, clientes y realizaciones, en un porcentaje altísimo se recurra al exterior o al sector privado nacional, y en un porcentaje mínimo se puede recurrir al sector público nacional, que todos sabemos que tiene una enorme importancia en la economía del país.

Aquí hay un tema esencialmente cultural y en este sentido las directivas tienen que estar en las respectivas áreas del sector público y en los centros de cómputos, para establecer las formas de adquisición, no para que se compre más caro al sector nacional -que no lo necesita-, sino para que no se le impida competir en condiciones adecuadas frente a los productos extranjeros.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a todos los ordenadores primarios del gasto del sector público, así como a los Directores de los centros de cómputo que de ellos dependen.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veintinueve en treinta y dos: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Ferrari.

SEÑOR FERRARI.- Señor Presidente: en nuestro carácter de Representantes por el departamento de Río Negro y por estar radicados en la ciudad de Young, nos proponemos exponer sobre la situación de la mujer rural, tema que nos preocupa, que es muy actual y que comprende a todas las poblaciones rurales del país.

Young y su zona de influencia se caracterizan por poseer variadas colonias; unas dependen del Instituto Nacional de Colonización y otras obedecen a familias de extranjeros -rusos, alemanes, etcétera-, que se han independizado bajo la forma de cooperativas.

Se agregan a las colonias, familias que integran la población de Mellizos, Paso de la Cruz, Greco y Sarandí de Navarro, ayer poblaciones productivas, hoy vegetando en su terruño.

La mayoría de las familias que integran dichas corporaciones, explotan predios de poca superficie, dedicados a la pequeña granja, a cultivos, lechería, etcétera. La crisis que hace varios años afecta a los productores de la tierra ha dado lugar al empobrecimiento paulatino de la familia rural, provocando la emigración hacia las ciudades, y los que no lo hacen, procuran por todos los medios a su alcance seguir arraigados a su terruño. Es en estas situaciones que la mujer rural, otrora dedicada solamente a las tareas de la casa y a la crianza de sus hijos, busca desesperadamente poder colaborar con su compañero en el mantenimiento de la familia y en la educación de sus hijos. Por eso han aparecido los grupos de mujeres rurales, en un trabajo colectivo que apunta a buscar rentabilidad en la actividad artesanal y productiva que, sin ser alta, tiene otras características que se valoran; así, por ejemplo, romper con su aislamiento y comunicarse con sus pares, conocer otras experiencias y colaborar en aspectos de salud, vivienda y educación, en especial de sus hijos. Apuntan a aumentar los magros ingresos de los hombres en la totalidad del predio, aferrándose a permanecer en el medio rural.

El ingreso económico de su actividad productiva es importante, pero en muchos casos es más estimulante que lo producido, el mejoramiento de su autoestima, la participación social y la conceptualización que la sociedad hace de la mujer.

Se han integrado a la fecha cuatro grupos, unos dedicados a la producción de materia prima, como repollo, maíz, melón, papa, cebolla, tomate, etcétera, diversidad de rubros de poca extensión cada uno; otros agregan valor a lo producido, en la elaboración de dulces, "pickles", licores, etcétera, y otros se encargan de la comercialización.

Si bien estas mujeres se dedican a la producción hortifrutícola, hay otras que piensan en la elaboración de quesos artesanales, en la cría de pavos, en la producción de hongos, de hierbas aromáticas; otras, artesanías en cuero, madera, lana, etcétera.

De lo antedicho podría sustraerse que está todo encaminado y van por buen camino, sabiendo además que los grupos integran la Asociación Nacional de Grupos de Mujeres Rurales Uruguayas. Sería el aspecto positivo, pero necesitan, primero, recursos financieros para honorarios de las técnicas que trabajan con el grupo, tener en propiedad o alquilar un lugar físico para la realización de reuniones y para la elaboración de productos y ser el punto de referencia para la comunicación y para la concentración de los productos para comercializar. Segundo, mecanismos de investigación de mercado. Tercero, capacitación a costos accesibles. Cuarto, elaboración de proyectos financieros que permitan obtener recursos para el desarrollo de la mujer rural y su activa participación en los procesos productivos. Quinto, promoción hacia la sociedad. Sexto, construcción de invernáculos, micro y macrotúneles con riego por goteo, etcétera.

Si bien cuentan con la colaboración de la Intendencia Municipal de Río Negro e instituciones de la zona, les preocupan los requisitos bromatológicos, ya que no están unificados a nivel del país; la no existencia de laboratorios en el departamento para la realización de análisis; lo caro de la certificación del LATU para la calidad; la negativa cerrada del Banco de la República Oriental del Uruguay al otorgamiento de créditos, sobre todo si el esposo es deudor; el desgaste que ocasiona andar detrás de los organismos públicos para conseguir autorización de trámites; la constitución de miniempresas y el aporte que hay que hacer al Banco de Previsión Social -pese a que la familia ya lo hace por ser productor rural-, y la escasa atención que la Oficina de Desarrollo de la Intendencia Municipal de Río Negro brinda a estos grupos.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Como dato ilustrativo, un pequeño grupo que se quiere dedicar a la producción de hongos por semilla, no puede conseguir US$ 3.000 y un autoclave, pese a contar con materia prima de calidad, como es la paja del trigo.

Como corolario de esta situación, nos parece oportuno dar a conocer parte de un texto de una carta de una mujer rural, aparecida en el diario "Página Abierta" de la ciudad de Paysandú -edición del jueves 18 de octubre, en su página 9-, con motivo de celebrarse el Día de la Mujer Rural...

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- La Mesa advierte al señor Diputado que su tiempo ha terminado, por lo que le solicita que redondee su pensamiento.

Puede continuar el señor Diputado Ferrari.

SEÑOR FERRARI.- Por todo lo expuesto, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Intendencia Municipal de Río Negro, a las Juntas Departamentales de todo el país, a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Industria, Energía y Minería y de Trabajo y Seguridad Social, al Banco de la República Oriental del Uruguay, a la Corporación Nacional para el Desarrollo, al Banco de Previsión Social, al Laboratorio Tecnológico del Uruguay, a COFAC y a la Asociación Nacional de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: en el día de ayer fue liberada la ciudad de Kabul y, según informes del día de hoy, habría sido igualmente liberado el reducto central de los talibanes, la ciudad de Kandahar. Estos hechos pueden analizarse en dos niveles. En el primer nivel suponen un hito en la campaña contra el régimen talibán; a partir de hoy, los afganos pueden, por ejemplo, escuchar música, mirar televisión y las mujeres afganas pueden ir al médico, a la escuela y se pueden vestir como quieran.

Resulta sorprendente, por cierto, cómo, casi sin disparar un tiro, se desmorona el régimen talibán -entre paréntesis, este entró a Kabul, hace cinco años, sin disparar tampoco un tiro-, que el pueblo afgano no quiso ni quiere. Las fuerzas de la Alianza del Norte son recibidas en todos lados como libertadores. Es bueno tener en cuenta que este hito se pudo lograr porque existe esta Alianza del Norte y porque los Estados Unidos, con la colaboración de Gran Bretaña y el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no vacilaron en emprender una acción armada, conscientes de que cualquier otro tipo de acción diplomática o apaciguadora con los talibanes conduciría a un callejón sin salida.

Eso no implica que la guerra en Afganistán haya terminado, pero demuestra que si al poder del mundo libre se une una firme voluntad, las fuerzas del fanatismo y el odio serán derrotadas. Es de esperar, en cuanto a Afganistán refiere, que se pueda establecer un régimen con representación de todas las etnias que estuvieron sojuzgadas hasta el día de hoy, el cual debería contar de alguna manera con la supervisión de las Naciones Unidas.

En ese sentido, es dable expresar nuestro reconocimiento a quienes hicieron posible la liberación del pueblo afgano, en especial los Estados Unidos y Gran Bretaña con el apoyo de la comunidad internacional. Pero hay un segundo nivel que los hechos de las últimas veinticuatro horas nos permiten evaluar. Cuando el 11 de setiembre se cometió el atentado a las torres gemelas dijimos en forma insistente que esto, que aparentemente era el logro más espectacular que había alcanzado el terrorismo, significaba el principio del fin, pero no de los Estados Unidos, sino del terrorismo. Lo mismo sucedió con el nazismo, del cual el terrorismo es hijo espiritual: cuando creía que tenía el mundo a sus pies, no imaginaba que se estaba cavando su propia fosa.

La lucha contra el terrorismo no ha terminado, ni mucho menos, pero desde el momento en que se ha desactivado la usina generadora de los talibanes, sus campos de entrenamiento y se hayan afectado en buena medida sus canales de financiación, creemos que vamos en el sentido indicado y no cabe otra cosa que alinear a toda la comunidad civilizada en esa lucha que es de todos. En tal sentido, creemos que la liberación de Kabul en el día de ayer, y la de Kandahar en el de hoy, son un hito, no solamente para el pueblo afgano, sino para la lucha que la comunidad civilizada está llevando a cabo contra el terrorismo, para extirparlo, cualquiera sea su latitud, su ubicación y los objetivos que invoque.

Esa lucha, que es de todos nosotros, está lejos de terminar. Por el contrario, no es más que el comienzo. Pero estamos seguros de que el mundo libre habrá de triunfar.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor Ministro de Relaciones Exteriores, al Embajador de Estados Unidos, al Embajador de Gran Bretaña y a la representación de las Naciones Unidas en nuestro país.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

¾ ¾ Cuarenta y dos en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Amaro Cedrés.

SEÑOR AMARO CEDRÉS.- Señor Presidente: nos queremos referir a un tema que está en la polémica pública.

A los ciudadanos del interior del país se nos plantean dificultades ocasionadas por las medidas tomadas por la Intendencia Municipal de Montevideo. En este sentido voy a mencionar un hecho insólito. A nuestro colega, el señor Diputado Carminatti, le aplicaron multas, con retiro de documentos, a pesar de haber demostrado que era legislador. Este hecho debe ser tenido en cuenta.

El 6 de setiembre del año pasado hicimos una exposición en Cámara sobre este tema. Hoy podríamos repetirla porque, en definitiva, un año sucede este tipo de hechos en un departamento y al siguiente en otro, en busca de recaudar lo que seguramente en muchos casos corresponde, pero ocasionando molestias al contribuyente.

Evidentemente, la multa es una actitud de protección ante la infracción, pero, en este caso, para pagarla hay que hacer largas colas que ocasionan demoras y molestias que no hacen bien al sistema. En definitiva, yo siento que la guerra de las patentes, que ha existido en muchos períodos de Gobierno, es un tema recurrente. Continuamente vemos cómo los departamentos salen a fiscalizar y a controlar, ocasionando molestias.

En Uruguay pueden existir diecinueve valores diferentes de patentes y eso está dentro del marco legal y de la autonomía que tiene cada Municipio. Lo que en este sentido se había logrado en el Congreso de Intendentes años atrás fue muy importante: de diecinueve departamentos, dieciocho se habían puesto de acuerdo en fijar una patente única -Flores no había adherido al sistema- en base a la misma tabla de aforos que año a año el Congreso, a través de su Comisión de Aforo, comunicaba a las Intendencias.

Como decíamos, la Intendencia Municipal de Flores se autoexcluyó del sistema y, a través de bonificaciones, de manera directa o indirecta se fueron generando distintas situaciones en todo el país. Creo que se estuvo a punto de alcanzar una solución, para nosotros justa y lógica, aunque en tal sentido escuchamos opiniones de distinta índole.

Por supuesto, no es lo mismo administrar el departamento de Maldonado que el de Artigas. Sin duda, Maldonado cuenta con la riqueza del turismo, en tanto uno de los principales ingresos de Artigas es la patente de rodados. Hay situaciones diferentes en cada departamento, y eso va marcando que el que tiene más posibilidades podrá absorber, a través de bonificaciones, patentes de otros lugares.

Desde nuestro punto de vista, la única manera de resolver este problema es a través de la instrumentación de una ley. El procedimiento está previsto en la Constitución de la República y va a posibilitar llegar a una solución legislativa, ya que mucho se ha hablado sobre el tema, pero no se ha podido avanzar en su solución, ocasionándose situaciones que no son buenas para el sistema democrático. La gente ve una inoperancia que ocasiona molestias al contribuyente de cualquier punto de la República. Vivimos en un país centralizado y la gente que viene a Montevideo tiene dificultades.

Pensamos que la solución sería fijar el procedimiento de cálculo de la patente en forma obligatoria para todas las Intendencias, de modo que todos los ciudadanos del país paguen lo mismo en cualquier departamento por idéntico vehículo. Sobre eso vamos a trabajar.

Consideramos que si logramos una solución legislativa, a pesar de que podrá haber gente que no esté de acuerdo, se dará una solución definitiva a un tema que está causando perjuicios a muchos uruguayos.

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada al Congreso de Intendentes, a cada Intendencia Municipal, a las Juntas Departamentales, a las Comisiones de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Diputados y a las homónimas del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

¾ ¾ Cuarenta y tres en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Patrone.

SEÑOR PATRONE.- Señor Presidente: en este momento, el problema de la vivienda es grave para una enorme cantidad de compatriotas. Paralelamente, estamos asistiendo a una realidad que rompe los ojos: el vaciamiento del centro de las áreas urbanas, que es donde se cuenta con todos los servicios.

El aspecto en el que quería poner énfasis en particular es el relativo al stock existente de viviendas en desuso, fenómeno que no es exclusivo de Montevideo, ya que se reproduce con características similares en las ciudades más importantes de todo el país. Por ejemplo, en Montevideo, en el área que corresponde a los Centros Comunales Zonales Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 16, que abarca Ciudad Vieja, barrios Sur, Palermo, Centro, Cordón, Pocitos, La Blanqueada, Capurro, etcétera, tenemos en este momento un stock de viviendas vacías que supera las 15.500 unidades.

Nos estamos refiriendo a la posibilidad de albergar a aproximadamente sesenta mil personas en viviendas que hoy en día están deshabitadas. Pero en el interior también se reitera este fenómeno. El grupo binacional que elaboró el Plan de Desarrollo Urbano conjunto entre Rivera y Santana do Livramento detectó en el área urbana central de Rivera aproximadamente 1.200 viviendas sin ocupación; y en cada escala tenemos fenómenos de similar gravedad.

Obviamente, esto es consecuencia de la situación general del país, pero con este vaciamiento urbano se está produciendo, a su vez, la proliferación, el incremento exponencial de los llamados asentamientos irregulares, que, en definitiva, son la contracara del modelo excluyente y exclusivista que se genera con los barrios privados. Ambos fenómenos contribuyen al proceso de fragmentación social y espacial de las ciudades, las que están perdiendo aceleradamente su expresión espacial democrática.

Las soluciones planteadas en programas como el PIAI, que ni siquiera mejora las condiciones de vida, o los núcleos básicos evolutivos que se implantan en áreas carentes de servicios, con el consiguiente costo social, no dan una respuesta adecuada.

Con esta exposición proponemos explorar caminos que apunten a que la política nacional de vivienda se asocie con las políticas urbanas que las Intendencias Municipales proponen. La existencia de un importantísimo número de viviendas en situación de desuso localizadas en las áreas con mejores servicios implica el desafío de repensar las iniciativas y propuestas a desarrollar con relación a ellas. Obviamente, las Intendencias Municipales no tienen los recursos necesarios para abordar las soluciones en ese sentido, pero sí la posibilidad de explorar el camino de la asociación con los particulares, mediante exoneraciones tributarias a cambio de períodos de usufructo de las viviendas u obras de mantenimiento. Estos son ejemplos que mencioné para citar algunas de las modalidades que, precisamente, estamos proponiendo que se deben explorar. Los escasos recursos de que se dispone en el país deben administrarse con un profundo sentido social, pero, fundamentalmente, actuando en conjunto.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al Congreso Nacional de Intendentes y a la Región Centro de la Intendencia Municipal de Montevideo.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

¾ ¾ Cuarenta y seis en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Pérez Morad.

SEÑOR PÉREZ MORAD.- Señor Presidente: el pasado 27 de setiembre, el semanario "Búsqueda" publicaba en su página 10 una entrevista al Coronel retirado Manuel Cordero, que creemos que amerita una actitud firme en defensa de la democracia, como respuesta de los diferentes ámbitos de la vida institucional del país. Ha pasado más de un mes y ello no ha ocurrido. Solo se oyeron las voces de los hombres y mujeres de buena voluntad y de paz en el Uruguay, indignados por tales declaraciones y por la omisión de las más altas esferas del Gobierno.

Las declaraciones del mencionado militar volvieron a poner sobre la mesa -oficializándola- la forma en la que los terroristas de Estado operaron en la región.

Recordemos que, en la República Argentina, el tristemente célebre Capitán Alfredo Astiz -conocido como "el ángel de la muerte"- hizo declaraciones similares y, por ello, la Justicia argentina actuó con celeridad, culminando en aquel momento con el procesamiento del referido criminal.

Las declaraciones del Coronel Cordero fueron la apología del delito y, por ello, estuvimos esperando la respuesta del Estado uruguayo, que a nuestro entender no solamente no llegó con la necesaria celeridad, sino que se ha diluido en el tiempo. Entendemos que estas acciones debieron ser implementadas inmediatamente por el señor Presidente de la República, a través del Ministerio correspondiente, utilizando una herramienta jurídica válida, como la Fiscalía de Corte.

En consecuencia, haremos una breve reseña por entenderla absolutamente necesaria. El Coronel Manuel Cordero, como tantos militares de la cruel dictadura que soportó el Uruguay, es un reconocido represor integrante del Ejército Nacional. Siendo Capitán en el 5º de Artillería en el año 1972, es reconocido por el ciudadano uruguayo Washington Pérez, quien permaneció preso y fue torturado durante ciento cinco días en ese cuartel del Ejército uruguayo.

En julio de 1976, en Buenos Aires, reaparece Manuel Cordero, ya como Mayor y esta vez como integrante del grupo que operaba contra refugiados políticos, conjuntamente con militares y paramilitares argentinos, en el denominado "Plan Cóndor".

José Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira comandaron los operativos el martes 13 de julio de 1976, cuando detuvieron y secuestraron, entre otros, a Sara Méndez, Enrique Rodríguez Larreta, Laura Anzalone y también a Simón Riquelo, niño que tenía veintidós días de nacido, quien aún hoy sigue desaparecido.

Su vinculación con el grupo que actuó en Argentina en los secuestros de Gerardo Gatti y posteriormente de León Duarte y una treintena de uruguayos, es corroborada en la Comisión Investigadora parlamentaria sobre la situación de personas desaparecidas, con los testimonios proporcionados por muchos de los sobrevivientes.

Al respecto, la imputación a Cordero por parte del Fiscal Federal Miguel Angel Osorio, que lo reclama ante el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral, nace de una resolución de las Cámaras de la ciudad de La Plata, que establece la desaparición forzada de personas como delito permanente y vincula también a otros militares como Jorge Silveira y José Gavazzo y al Comisario Inspector Hugo Campos Hermida, operadores en el "Plan Cóndor". Según dicho Fiscal, el "Plan Cóndor" resultó ser una vasta organización criminal que actuó en el Cono Sur, cuya acción estaba dirigida al secuestro de personas, su tormento, desaparición y muerte, sin importar los límites territoriales o las nacionalidades de las víctimas.

Con las declaraciones al semanario "Búsqueda", el Coronel Cordero pretende seguir justificando el delito continuado de crímenes de lesa humanidad, como la desaparición de personas, creyendo que el secuestro y la tortura a presuntos terroristas o subversivos es una acción ilimitada a seguir, incluyendo, además, de ser necesario, el robo de niños, como en el caso de Simón Riquelo, aún hoy desaparecido, y de Mariana Zaffaroni.

No sabemos si el Coronel Cordero es vocero de alguien más, pero creemos que pretende aprovechar este triste momento belicista originado por los atentados en Estados Unidos de América el 11 de setiembre para justificar las aberrantes acciones cometidas por quienes utilizaron el poder del Estado durante la dictadura, pisoteando la Constitución de la República, delito por el que aún no han sido juzgados.

A nuestro entender, el Coronel Cordero falta el respeto a la sociedad uruguaya y es un reprobable ejemplo de lo que debería ser un verdadero soldado de Artigas.

Creemos que el Estado, el sistema democrático y republicano, se ve agraviado en su conjunto y lesionado en lo más íntimo cuando se alimenta la apología del delito, como ha hecho el Coronel Cordero, y vemos con gran preocupación que el tiempo pasa y la ciudadanía no escucha una respuesta contundente de las autoridades pertinentes.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Redondeo, señor Presidente.

También hemos escuchado decir al señor Ministro de Defensa Nacional que el Coronel Cordero ya dejó de pertenecer al Arma y habla en su representación, desprendiéndose de su comentario que tales declaraciones no tienen más efectos que las que podrían tener las de cualquier ciudadano sobre un hecho rutinario cualquiera. ¿Debemos entender que el señor Ministro Brezzo no le dio importancia a estas declaraciones que hacen apología del delito? ¿O solo hay preocupación dependiendo de quién provengan las declaraciones? Como ejemplo, es bueno recordar que, no hace mucho, instituciones militares y actores políticos se horrorizaron cuando José Carbajal, "El Sabalero", efectuó aquellas declaraciones que motivaron la inmediata actuación de oficio de un Fiscal del Estado.

En la hermana República Argentina, hace pocos días, la Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires dispuso, por unanimidad, la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida.

Todo esto nos lleva a una reflexión final. ¿Sabrá el señor Presidente de la República cuál es el "estado del alma" de aquellos que piensan como el Coronel Cordero?

El Papa Juan Pablo II perdonó en su celda al turco Alí Agca, quien intentó asesinarlo, pero la Justicia italiana, el Estado italiano, lo condenó y cumple su sentencia.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado. Solicito que finalice la exposición.

SEÑOR PÉREZ MORAD.- Gracias, señor Presidente.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras, junto con la copia de la página 10 del semanario "Búsqueda" del jueves 27 de setiembre de 2001, sea enviada al señor Presidente de la República, a los señores Ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, del Interior y de Educación y Cultura, al señor Fiscal de Corte, doctor Oscar Peri Valdez, al señor Embajador de nuestro país en la República Argentina, a la Suprema Corte de Justicia, al señor Presidente de la República Argentina, a los señores Ministros de Defensa, del Interior y de Relaciones Exteriores de la hermana República Argentina, al señor Embajador de la República Argentina acreditado en nuestro país, al señor Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral y al señor Fiscal Federal Miguel Angel Osorio de la República Argentina, a la Comisión para la Paz, a SERPAJ, a Amnistía Internacional, a la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, a Familiares de Detenidos Desaparecidos en Uruguay, a Hijos de Detenidos Desaparecidos en el Uruguay, a las Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en Argentina y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos-La Plata en la República Argentina.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar el trámite solicitado, con la aclaración de que se va a enviar solamente la versión taquigráfica de las palabras vertidas en Sala.

(Se vota)

——Cuarenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Ha finalizado la media hora previa.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencias:

Del señor Representante Carlos Pita, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 14 de noviembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Álvaro Pérez.

Del señor Representante José Carlos Mahía, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 14 y 18 de noviembre de 2001, convocándose a la suplenta siguiente, señora Gabriela Garrido.

Del señor Representante Ruben Obispo, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 19 y 21 de noviembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Gonzalo Graña.

Del señor Representante Julio Lara, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 16 y 30 de noviembre de 2001, convocándose al suplente siguiente, señor Daniel Peña.

Del señor Representante Carlos Pita, por misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para participar, como integrante de la Delegación Uruguaya, en la VI Asamblea Extraordinaria del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a desarrollarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, por el período comprendido entre los días 28 de noviembre y 3 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Álvaro Pérez.

Del señor Representante Ronald Pais, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 26 y 30 de noviembre de 2001, convocándose al suplente siguiente, señor Miguel Dicancro".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta en cuarenta y dos: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 14 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a usted se me conceda licencia por el día de la fecha por motivos personales.

Sin otro particular saluda a usted muy atentamente.

CARLOS PITA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

En virtud de la solicitud de licencia cursada por el señor Representante Nacional doctor Carlos Pita, manifiesto a usted que por esta única vez no acepto la convocatoria de que he sido objeto.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Gonzalo Reboledo".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Pita.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 14 de noviembre de 2001.

II) Que por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Gonzalo Reboledo.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.648, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 14 de noviembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Pita.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente señor Gonzalo Reboledo.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el día 14 de noviembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Álvaro Pérez.

Sala de la Comisión, 14 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 14 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

Por la presente, solicito a usted licencia por motivos personales desde el día 14 del corriente hasta el día 18 inclusive.

Sin otro particular, saluda atentamente.

JOSÉ CARLOS MAHÍA
Representante por Canelones".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 14 y 18 de noviembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 14 y 18 de noviembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Gabriela Garrido.

Sala de la Comisión, 14 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 14 de noviembre de 2001.

Señor Segundo Vicepresidente de la

Cámara de Representantes,

Julio Cardozo.

Presente.

Por intermedio del presente solicito tres días de licencia por motivos personales, en la fecha correspondiente al 19 del corriente mes hasta el día 21 inclusive, por lo que se deberá convocar al suplente correspondiente.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

RUBEN OBISPO
Representante por Paysandú".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Paysandú, Ruben Obispo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 19 y 21 de noviembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 19 y 21 de noviembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Paysandú, Ruben Obispo.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Gonzalo Graña.

Sala de la Comisión, 14 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 14 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar licencia, desde el viernes 16 al viernes 30 de noviembre por motivos personales.

Sin más saluda atentamente.

JULIO LARA
Representante por Canelones"

"Montevideo, 14 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

Por la presente me dirijo a usted a efectos de comunicar que renuncio a asumir como Representante Nacional, entre los días viernes 16 al viernes 30 de noviembre, en virtud de la licencia solicitada por el Diputado Julio C. Lara.

Sin más, saluda atentamente.

Yamandú Castro".

"Montevideo, 14 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

Por la presente me dirijo a usted a efectos de comunicar que renuncio a asumir como Representante Nacional, entre los días viernes 16 al viernes 30 de noviembre, en virtud de la licencia solicitada por el Diputado Julio C. Lara.

Sin más, saluda atentamente.

Schubert Gambetta".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Julio Lara.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 16 y 30 de noviembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Yamandú Castro y Schubert Gambetta.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 16 y 30 de noviembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Canelones, Julio Lara.

2) Acéptase las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes siguientes señores Yamandú Castro y Schubert Gambetta.

3) Convóquese por Secretaría por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señor Daniel Peña.

Sala de la Comisión, 14 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito se me conceda licencia desde el 28 de noviembre hasta el 3 de diciembre inclusive, a fin de participar en Misión Oficial como integrante de la Delegación Uruguaya a la VI Asamblea Extraordinaria del Parlamento Latinoamericano a desarrollarse en San Pablo, Brasil.

Asimismo solicito se proceda a la convocatoria del suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

CARLOS PITA

Representante por Montevideo".

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

En virtud de la solicitud de licencia cursada por el señor Representante Nacional doctor Carlos Pita, manifiesto a usted que por esta única vez no acepto la convocatoria de que he sido objeto.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Gonzalo Reboledo".

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Pita, para participar, como integrante de la Delegación Uruguaya, en la VI Asamblea Extraordinaria del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 28 de noviembre y 3 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria el suplente siguiente señor Gonzalo Reboledo.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Pita, por el período comprendido entre los días 28 de noviembre y 3 de diciembre de 2001, para participar, como integrante de la Delegación Uruguaya, en la VI Asamblea Extraordinaria del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a desarrollarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil.

2) Acéptase la negativa presentada por el suplente siguiente, señor Gonzalo Reboledo.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Álvaro Pérez.

Sala de la Comisión, 14 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 13 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales, desde el 26 hasta el 30 de noviembre inclusive.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

RONALD PAIS

Representante por Montevideo".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Ronald Pais.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 26 y 30 de noviembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 26 y 30 de noviembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Ronald Pais.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000 del Lema Partido Colorado, señor Miguel Dicancro

Sala de la Comisión, 14 de noviembre de 2001.

——Se entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. (Institución)".

Continúa la discusión general.

Tiene la palabra el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: voy a apoyar en general este proyecto, que viene a cubrir una necesidad muy sentida y muy clara de la sociedad uruguaya.

Comienzo diciendo que el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución de la República establece: "En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar [...]". Hace mucho tiempo que esta disposición constitucional cayó en saco roto, si es que alguna vez se cumplió.

Mi experiencia como profesional y como integrante de esta Cámara demuestra que en las cárceles uruguayas se mortifica. ¡Vaya si se mortifica! En las cárceles uruguayas no se recupera a nadie o, por lo menos, no con el nivel que sería deseable; en ellas -y esto no lo digo solo yo, sino que lo establecen diversos informes internacionales- hay una violación casi sistemática de los derechos humanos, porque las condiciones de reclusión no son propias de aquellas que requiere la dignidad humana.

En ese sentido, que haya, no digamos una especie de defensor del pueblo, sino un Comisionado Parlamentario -como aquí le llamamos- que atienda en materia de cárceles, en el Uruguay -y lamentablemente en cualquier parte del mundo, porque este problema no es solo del Uruguay- me parece imprescindible.

Dicho esto, y estando de acuerdo con la institución, hay que hacer el merecido homenaje al señor Diputado Díaz Maynard, quien desde que lo conozco como tal -si no me equivoco, esta es su tercera Legislatura- está peleando a brazo partido para que un proyecto de esta naturaleza tenga aprobación parlamentaria. Creo que gente como él prestigia a la Cámara, y en lugar de esperar a que le pase algo, digamos las cosas ahora: realmente, este proyecto es fantástico, como iniciativa y como idea.

Pero no sería honesto conmigo mismo si no planteara algunas objeciones que esta iniciativa me merece; algunas son fácilmente subsanables y otras las considero gravísimas.

Voy a empezar yendo de lo particular a lo general, o si se quiere, de lo menos importante a lo más importante.

Me despierta demasiadas dudas el artículo 27, que establece: "La dotación del Comisionado Parlamentario será fijada por la Asamblea General [...]". Señalo que, en mi concepto, la Asamblea General no puede fijar dotaciones, porque el artículo 108 de la Constitución de la República establece que cada Cámara aprobará su propio Presupuesto por determinada mayoría, que no viene al caso mencionar. En consecuencia, este artículo me despierta muchas dudas.

Tampoco me resulta comprensible que un legislador pueda ser Comisionado Parlamentario. Si se quiere, esta es una objeción política, pero no me resulta demasiado comprensible, en la medida en que, por cómo está estructurado el instituto, uno tiene la impresión que debiera ser alguien precisamente ajeno al Parlamento y al sistema carcelario, a los efectos de cumplir a cabalidad con su función.

Ahora bien, señor Presidente: si, por ejemplo, su hija Catalina se presenta en un supermercado de Paysandú para un empleo de cajera, le van a pedir algunos requisitos; entre otras cosas, por lo menos secundaria completa, determinados estudios. Si además se presenta para desempeñar otras actividades, le pedirán algún otro estudio curricular. Y así hasta llegar a las profesiones como, por ejemplo, médico, partera, odontólogo, etcétera.

El artículo 18 del proyecto en cuestión establece que siendo ciudadano uruguayo, teniendo treinta y cinco años y siendo persona con reconocida versación en derechos humanos se puede ser Comisionado Parlamentario. Esta expresión "reconocida versación" es incluida en algunas leyes y nadie sabe lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir "reconocida versación"?

Entonces, resulta que si mañana hay una ONG que tiene por cometido auxiliar a los condenados por el delito de estupro -que debe haber uno cada diez años- y proteger sus derechos humanos, alguien puede decir: "Yo hace diez años que trabajo en una organización de derechos humanos y, por lo tanto, puedo venir acá".

¿Cuál es la única institución en el Uruguay que estudia sistemáticamente los derechos humanos, que tiene una cátedra de Derechos Humanos y que hace cursos de posgrado de Derechos Humanos? ¿Hay alguna? Sí, señor Presidente: la Facultad de Derecho.

¿Cuál es la única institución en el Uruguay que hace cursos de Derecho Penal, que hace cursos de posgrado de Derecho Penal y que da título de posgrado en Derecho Penal? ¿Existe alguna? Únicamente la Facultad de Derecho.

Resulta que tenemos un Comisionado Parlamentario que va a controlar los derechos humanos. ¡Ah! No tiene que ser abogado. Entonces, va a ir a la celda y el preso le va a decir: "Yo estoy mal procesado porque me procesaron fuera de plazo, esto y lo otro". Y este señor -que quizás tenga conocimiento de algunas cosas, pero no de todas- le va a decir: "Espere un momentito, voy a llamar a mi abogado asesor para ver qué le digo". ¡Esto no es así!

Únicamente quien haya estado en una cárcel -descarto que tal vez alguno estuvo en una situación en la que yo no quisiera haber estado-, en su carácter de abogado defensor, sabe lo que un preso pregunta, lo que pide, cuáles son sus exigencias y alrededor de qué giran todos los cuestionamientos que hace al sistema. Además, hay una práctica profesional que inevitablemente conduce a que quienes sepan manejarse dentro de una cárcel con cierta soltura sean los profesionales abogados. ¡Esto es así!

Me resulta muy claro que esto es tan absurdo como pensar que a un individuo que le faltan dos materias para ser odontólogo, pero que hace veinte años que ejerce, le podemos llegar a decir que como hace veinte años que ejerce tiene una competencia notoria en esto. ¿Y por qué no lo dejamos ejercer? Porque si empezamos con lo de las competencias notorias, cualquiera que se dedique a una cosa, con el tiempo elude las reglamentaciones, las carreras, y terminamos de algún modo equiparándolo con otros que dieron veinticuatro exámenes, más tres materias teóricas y dos años de posgrado.

Yo aplico el principio de igualdad en muchas cosas, pero creo que hay que respetar a quienes han cumplido determinadas exigencias curriculares. Eso me resulta muy claro. No quiero que cuando me vayan a operar me digan: "Lo suyo es tan sencillo que lo va a operar la enfermera, que tiene muchos años ejerciendo; y no se preocupe: si se complica, llamamos al cirujano, porque tenemos dos cirujanos asesores". ¡Yo no quiero eso!

Y quiero decir algo. Esto no es corporativo, porque no me gustaría ejercer un cargo como este. Aquí hay que respetar las especialidades. El derecho es una ciencia; si el derecho fuera exclusivamente leer normas y nada más, con el sistema de las computadoras se acababan los abogados. ¡Para qué los queremos! Pero no es así. Las normas jurídicas se integran a algo que se llama sistema, sistema que se autoabastece, y si no se sabe interpretar se dicen disparates. Y algunos he oído.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORRICO.- Permítame terminar, señor Diputado.

Reconozco que se puede dar el caso de malos abogados. Y también reconozco -como se puso el ejemplo el otro día: "¿Ah, vos no habrías votado a Pérez Aguirre?"- que no habría votado a Pérez Aguirre, y quiero decirlo con toda claridad. ¿Por qué? Porque el señor Pérez Aguirre -a quien respetaba muchísimo como ciudadano-, no era abogado, no era un profesional del derecho. Lo que yo necesito es un profesional del derecho. Y tanto es así que si el Comisionado Parlamentario es un abogado -lo dice el segundo inciso del artículo 23-, no podrá ejercer su profesión en materia penal. ¿Por qué? Porque este proyecto de ley parte de la base de que para hacer esto hay que ser experto en derechos humanos o en derecho penal. La única Facultad que dicta ambas especialidades es la Facultad de Derecho.

Ahora sí, concedo una interrupción al señor Diputado Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: estoy intentando seguir el razonamiento del señor Diputado Orrico, que siempre nos plantea argumentaciones interesantes y agudas.

Me parece que la calidad de abogado, a efectos de ser calificada para este cargo, no necesariamente es una condición fundamental. Será la propia Asamblea General la que determine en cada caso si ese requisito es necesario. Debemos tener en cuenta que es Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario.

El sistema carcelario tiene múltiples facetas; hay una clara situación en materia de salud, en la reinserción de los liberados. De esta forma, hay una multiplicidad de aspectos que estarían cerrando la posibilidad de escoger a una persona que, por ejemplo, tenga enorme experiencia en materia carcelaria pero que no necesariamente sea abogado.

Desde esa perspectiva y sin perjuicio de reconocer que hay muy buenos abogados que son personas con especialización en materia carcelaria, creo que habría que dar oportunidad a la Asamblea General para que en cada momento pueda decidir cuál es la persona más idónea, de acuerdo con el tema.

El ejemplo que puso el señor Diputado Orrico sobre la persona, la figura y la trayectoria de "Perico" Pérez Aguirre, demuestra claramente que un individuo con esas características podría ser un Comisionado Parlamentario electo a través de un proceso de selección tan riguroso como el que se instala -no estaba en el proyecto original-, y que en el caso hipotético de que se hubiera manejado su nombre habría sido uno de los candidatos con enorme probabilidad de ser electo.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: en primer lugar, puse ese ejemplo porque creo que con casos sacados de la galera siempre habrá ejemplos así.

Los señores médicos me podrán citar nombres de parteras que saben más ginecología que los ginecólogos; sin embargo, los ginecólogos son médicos, no son parteras, por más versación que estas tengan. Es un problema de estructuras; es un problema de estructuras jurídicas y es un problema de garantías generales. La ley tiene que ser general, impersonal y abstracta, y debe fijar condiciones de ese modo.

Entonces, si yo dejo este punto así como está -pregunta de examen a un estudiante universitario-, ¿puedo nombrar Comisionado Parlamentario a una persona que no haya terminado el liceo? Sí, puedo. ¿Por qué? Porque lo que no está prohibido está permitido, y aquí dice que hay que tener treinta y cinco años, ser persona con reconocida versación en derechos humanos y ciudadano uruguayo. ¡Ni siquiera me piden secundaria completa!

Por lo tanto, tengo más exigencias curriculares para ser cajero de supermercado que para ser Comisionado Parlamentario.

Entonces, aquí hay tres requisitos, entre los que falta el currículo, que es elemental, y que debe estar escrito en forma general; no puede ser para determinadas personas. ¡No es así! Acá no se exige especialidad alguna porque la reconocida versación en derechos humanos no se sabe quién la da. Y si no se sabe quién la da -lo voy a decir con todas las letras-, le tengo miedo al curro. Me consta que la Constitución para otros cargos -para ser Director de determinados servicios- pide versación. Un día me presentaron a un Director del Puerto que creo que pensaba que la diferencia entre una playa y un puerto era que en un lugar flotaba gente y en el otro flotaban barcos. Todos sabemos que esas cosas se hacen, porque si se politizan los temas se puede elegir a cualquiera. Pretendo que haya garantías legales para que quien sea elegido tenga por lo menos un currículo mínimo.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORRICO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: el señor Diputado Orrico ha sido particularmente elocuente.

En el proyecto inicial, que presenté en abril de 1990, se exigía la calidad de abogado. Luego, diversas opiniones de compañeros me hicieron variar esta posición. El señor Diputado Orrico mencionó a una figura prominente que no tenía la calidad de abogado, y hay otras personas que han dedicado la vida al sistema carcelario. Por ejemplo, pienso en Oscar Ravecca, que nunca fue abogado pero que dirige el Patronato, que dirigió el COMCAR cuando se erigió como cárcel modelo y que debe de saber mucho más sobre el sistema carcelario que la mayoría de los abogados.

Comprendo que por el absurdo se diga que alguien que no haya terminado secundaria podría llegar al cargo, pero es ridículo. Si bien entiendo que los hechos van a llevar a que casi seguramente sea un abogado quien desempeñe este cargo, me parece restrictivo excluir a todos los demás y dejar esa posibilidad solo a los abogados.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el señor Diputado Orrico, a quien le restan trece minutos de su tiempo.

SEÑOR CHIFFLET.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORRICO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE. (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: trataré de ser lo más sintético posible.

Como siempre, el señor Diputado Orrico hace planteamientos de gran interés, pero quiero referirme brevemente a cada uno de los puntos que planteó a fin de dilucidarlos en lo posible, de tal manera que los obstáculos no se nos planteen cuando ingresemos a la discusión particular.

En cuanto al artículo 27 del proyecto, que establece que la Asamblea General fijará la dotación del Comisionado Parlamentario, será cuestión de poner de acuerdo a la Cámara y al Senado, que tienen Presupuestos separados. Esto se soluciona fácilmente.

Respecto a si puede o no ser un legislador -este argumento también sirve para la siguiente observación que planteó el señor Diputado Orrico-, aparte de que deberá tener determinadas condiciones, no podrá ser electo de cualquier manera. Necesita nada menos que el voto de los tres quintos de los integrantes de la Asamblea General.

En cuanto al tercer argumento que plantea el señor Diputado, en el sentido de que debe ser un abogado, inicialmente el proyecto lo establecía de esa manera, tal como expresó el señor Diputado Díaz Maynard. Luego analizamos el tema y se nos pusieron ejemplos muy claros de gente que de pronto tiene algo que no se aprende en ninguna Facultad y que es una particular sensibilidad para algunos temas. Esa persona puede ser de extrema utilidad.

Si hoy me preguntaran si para ser Diputado es bueno tener el título de abogado, yo diría que es muy bueno. A esta altura, he llegado a esa conclusión. La primera vez que me eligieron como candidato dije que yo siempre había sostenido que el primer titular de la lista del Partido Socialista debía ser un integrante de la militancia sindical y renuncié. Pero hoy pienso que sería muy bueno que fuera un abogado, porque casi todos los temas terminan en discusiones de tipo jurídico.

Voy a contar una anécdota muy breve. Tenía un pariente, paisano, que se dedicaba a los negocios rurales y lo hacía muy bien. Él siempre me decía: "Mirá, Guillermo: tal como están las cosas en el mundo de hoy, hay que andar siempre con un abogado en los tientos". Él andaba con uno en los tientos y se desempeñaba muy bien, por cierto.

Puedo asegurar que si una persona como Pérez Aguirre, Ravecca, Pérez Esquivel o cualquier otro que pudiéramos pensar -que fuera, desde luego, un ciudadano uruguayo con todas las condiciones requeridas-, ocupara el cargo de Comisionado Parlamentario, esa condición especial de sensibilidad por los problemas humanos, siempre que tuviera una especial versación, naturalmente sería de extrema utilidad. De pronto, el señor Diputado Orrico perfectamente podría oponer la objeción que plantea, el día en que se fuera a designar un Comisionado Parlamentario; en ese momento se podrá decir que también debe tener la condición de abogado y la Asamblea General valorará. De todas maneras, es tal el acuerdo al que deberán llegar todos los Partidos en torno a las características de esta persona, que no solamente podrá ser un legislador -que deberá dejar de militar políticamente y de depender de cualquier organismo-, sino también una persona que no tenga título de abogado pero sí las condiciones que, valoradas por la Asamblea General, permitan determinar, por un consenso muy amplio, que tiene las características adecuadas para ese cargo.

Creo que el argumento relativo a si debe ser abogado o no podrá ser planteado en la Asamblea General cuando se vaya a designar a la persona encargada. Hay todo un complejo mecanismo para la designación, que no voy a desarrollar ahora, pero me parece importante tenerlo en cuenta, porque entonces superamos también esta objeción.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el señor Diputado Orrico, a quien le restan nueve minutos de su tiempo.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: creo que con los razonamientos de mis amigos, los señores Diputados Chifflet, Díaz Maynard y Michelini -desde que soy legislador, por primera vez me estoy peleando con mis amigos; supongo que alguna vez tenía que pasar-, se niegan todas las profesiones, todas las carreras y todos los currículos. En nuestra profesión de abogado existen personas que trabajan sin haberse recibido -de pronto les faltan cuatro o cinco materias-: se dedican a hacer trámites, saben muchísimo pero no pueden ejercer, porque la ley establece que hay que cumplir determinados requisitos para firmar un escrito judicial, para representar a las partes en juicios y para tantas otras cosas.

Viendo al señor Diputado Argenzio, recuerdo que di una charla, con muchísimo gusto, a odontólogos del interior, sobre "El intrusismo en odontología". ¿Por qué? Porque ocurre que los mecánicos dentales -en el interior mucho más que en Montevideo- hacen odontología, porque cobran más barato. Técnicamente, muchos de ellos son tan buenos como un odontólogo; está lleno de juicios por mala praxis contra odontólogos y también contra los otros, pero debe haber alguno que cubra el nivel técnico. Sin embargo, al odontólogo le pedimos que tenga un título habilitante, porque son las condiciones objetivas que fija la ley.

Aún más allá de que sea abogado o no, creo que este artículo 18 deja demasiados flancos, porque insisto -no es una caricatura- en que no se exige ni siquiera estudios curriculares. Por ejemplo, alguien que haya trabajado durante veinte años en una ONG relativa a los derechos humanos, sin que uno sepa demasiado bien qué hacía allí, puede decir que tiene notoria versación. ¿O no? Entonces, si esto fuera así -insisto-, ¿por qué le prohibimos ejercer el derecho penal, si resulta que no tiene nada que ver? El individuo no tiene que ser abogado para ejercer el cargo, pero, eso sí, si lo ocupa, no puede ejercer el derecho penal. No se entiende bien. Puede haber otras implicancias -lo admito-, pero la relación es muy clara.

Entonces, en definitiva, sé que se puede acordar ese requisito, que se necesitan los tres quintos, etcétera, pero todos los que estamos acá sabemos que los caminos de la política y de los acuerdos políticos son insondables; como dice el tango, "hay caminos del destino intransitables". Nos podemos llegar a poner de acuerdo en no sabemos qué. Entonces, lo menos que se puede exigir es esto, porque también puede haber excelentes vecinos que podrían cumplir a cabalidad el papel de magistrados y, sin embargo, a nadie se le ocurre que los magistrados no sean abogados egresados de la Facultad.

Voy a poner un último ejemplo que me parece clarísimo. Acá se elaboró y aprobó un proyecto de ley que facilitaba las conciliaciones en materia de conflictos entre vecinos. Aquello empezó a caminar. Un día vinieron las Juezas y los Jueces, entre ellos la doctora Selva Klett, a decirnos: "Señores: vamos a establecer que cuando haya que ir a una conciliación deba haber un abogado". Porque ¿qué pasaba? Que ellos empezaban a ver que cuando la gente iba a conciliación acompañada por los abogados se arreglaba un porcentaje enorme de casos, mientras que cuando iban solos, no se arreglaba nada. Todos sabemos que en estas cuestiones cada cual va a defender lo suyo. Había un Juez imparcial, ambos estaban sin abogado y, sin embargo, ahí no había arreglo; el arreglo se daba cuando estaban los abogados. Entonces, puesto que en una cárcel el profesional abogado se desempeña en un lugar que le es natural, ¿qué más natural que sea él quien se ocupe de esto?

Finalmente, no creo en las notorias versaciones; en estos temas yo creo en las versaciones académicas. Hay una Facultad de Derecho que tiene una cátedra de Derechos Humanos que hace cursos de posgrado y una cátedra de Derecho Penal que, a su vez, también los hace, y salvar los posgrados en la Facultad implica dar exámenes: a uno le hacen preguntas, tiene que presentarse y contestar. Entonces, si yo tengo todas estas garantías de que por lo menos el tipo sabe de qué está hablando, ¿por qué voy a poner a alguien al que ni siquiera le exijo estudios curriculares mínimos? Me parece que esto está mal y que, en definitiva, no contribuye al éxito de un profesional de esta naturaleza.

Además, si miramos el derecho comparado y vemos lo que en el mundo se hace, estos cargos son siempre ocupados por abogados, porque a nadie se le ocurre que alguien pueda ser notoriamente versado en derechos humanos si no lo demostró en algún examen específico.

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Para una aclaración, tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: ante todo quiero referirme al tema de la inserción presupuestal. Confieso que en la Comisión tuvimos la misma duda que manifiesta el señor Diputado Orrico. Se formuló la consulta a los servicios administrativos y se nos dijo que esta podía ser una fórmula viable. De todos modos, tal cual decía el señor Diputado Chifflet, si realmente ese criterio técnico se cambia, creo que entre todos podemos encontrar una fórmula. Lo importante es que quede claro que debe ser justamente la Asamblea General la que fije la dotación del Comisionado Parlamentario, y luego veremos dónde se ubica. Se pensó que la creación de una unidad ejecutora dentro del presupuesto del Poder Legislativo configuraba un modo de establecer un marco administrativo donde instalarlo presupuestalmente. Pero si hubiera un fundamento que cambiara ese criterio por otro mejor, no tengo dudas de que la Comisión lo aceptará de buen grado. Fue el que se encontró, técnicamente, y se nos asegura que desde ese punto de vista es viable.

El segundo punto que manifiesta el señor Diputado Orrico tiene que ver con la condición de legislador, mejor dicho, con la posibilidad de que un legislador sea quien resulte designado por la Asamblea General, después de este proceso alambicado, a través de esta mayoría de tres quintos establecida como condicionante.

Personalmente, nosotros creíamos que debía existir una habilitación expresa para el caso de que un legislador fuera el electo. No se trata de una condición para ejercer, sino que, eventualmente, podría ocurrir que en una Legislatura dada hubiera una persona que, integrando el Poder Legislativo, como legislador, tuviera las condiciones de aceptabilidad. Aclaro que algunas condiciones son de admisibilidad y otras de elegibilidad, que son cosas diferentes. Después pasaremos a ver las condiciones de admisibilidad que planteaba el señor Diputado Orrico. En este caso estamos hablando de las condiciones de elegibilidad, esto es, el conjunto de circunstancias personales, más allá de las académicas, que permitan a alguien ser elegible. Se verá que, además, hay todo un tamiz por el que va pasando la persona postulada para que distintas organizaciones del Estado y de fuera del Estado puedan opinar respecto a sus condiciones. Por eso, lo que establece este proyecto -yo creo que sabiamente, o al menos correctamente- es que si la persona postulada y elegida fuera un legislador, quedará integrada al mismo régimen que el vigente hoy para un Ministro de Estado, de manera que no estuviera en juego su banca si eventualmente luego vuelve a este lugar de gestión por cualquier circunstancia que diera mérito a ello.

Por lo tanto, defendemos esto en la medida en que la Comisión entendió unánimemente que era un fundamento habilitador. No es ni requisito de admisibilidad ni condición personal que precalifique o dé ningún puntaje especial, sino que cubre simplemente la posibilidad de que quien resulte postulado o designado tenga la condición de legislador.

En cuanto a la condición de versación "versus" la condición de abogado, debo decir -no hablo a título de miembro informante, sino de integrante de la Comisión- que este asunto fue objeto de un intercambio importante de ideas. Como se dijo, el proyecto original que postulara el señor Diputado Díaz Maynard por largo tiempo -y que casi por prescripción termina saliendo- establecía en el literal B) del artículo 17 la necesidad de ser doctor en Derecho y Ciencias Sociales, con diez años de antigüedad como mínimo en el ejercicio profesional. Cumplida esa condición o requisito básico, había un segundo elemento que era tener acreditada una reconocida versación en derechos humanos. Decantaba naturalmente las exigencias: después de acreditada la condición de abogado con diez años de ejercicio, debía, además, tener una versación en derechos humanos, que podía ser la especialidad o no.

El debate dentro de la Comisión hizo que, a propuesta de alguno de sus miembros, se incorporara una expresión más abierta, que sin duda cumple con un precepto que se planteó en ese órgano. Pero también tiene razón el señor Diputado Orrico, por cuanto al sustituir la expresión "ser doctor en Derecho y Ciencias Sociales" por una expresión más abierta como la que establece el proyecto en examen, se omitió cualquier otro requisito de formación que no sea la versación. Yo quiero decir con total honestidad intelectual que, más allá de mi condición de miembro informante -habrá quienes puedan defender ese punto sin necesidad de serlo-, creo que era mucho más sabio el literal B) del artículo 17 del proyecto del señor Diputado Díaz Maynard, en el sentido de que se trate de un doctor en Derecho y Ciencias Sociales con diez años de ejercicio profesional. Pero, desde ya, creo que este es un tema que puede dar motivo a un debate extenso en el que podremos ponernos de acuerdo o no.

SEÑOR CHIFFLET.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SCAVARELLI.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- El señor miembro informante no puede conceder interrupciones porque está haciendo uso de la palabra por vía de aclaración.

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido disculpas al señor Diputado. No había advertido que se me había concedido el uso de la palabra para una aclaración.

He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado Fernández Chaves.

SEÑOR CHIFFLET.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Le agradezco mucho, señor Diputado. No quería hablar después, porque no tendría sentido, ya que mis argumentos quedarían desperdigados en el debate.

Efectivamente, como decía el señor Diputado Scavarelli, tanto él como yo sosteníamos, en principio, que debía ser un abogado, con título y particular versación, etcétera. Luego, cuando se nos plantea la posibilidad de ampliar las opciones -con ejemplos concretos, como se ha hecho aquí-, llegamos a una solución de consenso. ¿Por qué? Voy a subrayar el argumento que desarrolló muy bien el señor Diputado Scavarelli: en la Asamblea General, por tres quintos de sus integrantes, y a través de todo un procedimiento que está establecido en otros artículos de este mismo proyecto, deliberaremos y analizaremos las condiciones de cada uno de los candidatos. De modo que tenemos absolutamente todas las garantías, y en ese sentido llegamos a un acuerdo en la Comisión para lograr soluciones de consenso.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el señor Diputado Fernández Chaves.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: entendemos que este proyecto es absolutamente compartible; establece normas muy importantes con respecto al control del sistema carcelario en nuestro país.

Naturalmente, nos unimos a la congratulación al señor Diputado Díaz Maynard por el mérito de la propuesta sustancial y por su persistencia -diría casi porfía- en este tema; fue realmente admirable. Lo homenajeamos, no con el criterio tan pesimista de nuestro querido colega, el señor Diputado Orrico, sino sabiendo que en este momento le debemos eso al señor Diputado Díaz Maynard.

Queremos señalar tres o cuatro aspectos del sistema carcelario del Uruguay que han sido tratados por varios señores Diputados. Creo que es cierto que en nuestro país existe hacinamiento en las cárceles; dicho sea de paso, ese es un problema a nivel mundial. Como relató el señor Diputado Díaz Maynard -especialista en esa materia por el cargo que desempeña en el PARLATINO-, esta problemática no se da solo en Uruguay y en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Ese hacinamiento tiene consecuencias sin duda nefastas desde el punto de vista del sistema carcelario.

No creemos -respetamos a quienes tienen una posición diferente, pero de ninguna manera la compartimos- que el sistema carcelario uruguayo sea corrupto y que permanentemente lleve al delito a quien está recluido en las cárceles. Entendemos que, en líneas generales, el sistema carcelario uruguayo es un buen sistema; naturalmente, tiene ese problema al que hacíamos referencia, que es muy grave, pero de ninguna manera es corrupto.

Por otra parte, creo que el Estado ha realizado esfuerzos muy importantes con respecto al sistema carcelario. El hecho de que en el Presupuesto vigente se destinen casi US$ 500:000.000 al sistema carcelario oficial es realmente importante. ¡US$ 500:000.000! Cada preso cuesta actualmente US$ 664 por mes. No quiere decir que el preso gaste esos US$ 664; significa que, dividiendo el presupuesto carcelario entre la cantidad de presos, la cifra que se obtiene es US$ 664 mensuales de costo por cada preso. Reitero: no quiere decir que el preso consuma esa cifra, sino que ese es el gasto del sistema dividido entre la cantidad de presos que existe. Es un promedio realmente muy importante. ¡Estamos hablando de US$ 664 mensuales por preso! El Estado hace esfuerzos muy importantes en todo el sistema de seguridad del país. Entendemos que la cárcel no es un centro de corrupción y que, desde hace tiempo, el Estado ha estado luchando debidamente por proteger el sistema carcelario.

Es verdad que al hacinamiento se suma el ocio; este es uno de los grandes problemas que tiene el sistema carcelario uruguayo. Solo el trabajo puede solucionar esta problemática tan grave; el preso que no hace absolutamente nada, que no es incentivado a trabajar, a estudiar o a ocupar de alguna manera su tiempo libre es el que, en definitiva, va deformándose como ser humano.

A nuestro juicio, el trabajo en las cárceles debe ser absolutamente obligatorio; en nuestro país existe la Ley Nº 14.040, que refiere a esta cuestión, pero no se ha aplicado debidamente y debe ser perfeccionada. Creemos que en las cárceles uruguayas deberían existir talleres, como los hubo tiempo atrás; sin ir más lejos, la cárcel de Punta Carretas y la de Miguelete los tuvieron. Otras cárceles podrían tener granjas; las que se encuentran en el medio rural y tengan posibilidades en ese sentido deberían contar con ellas. Hay varias cárceles que están en esa situación. En definitiva, se trata de atender la situación del preso, que está privado de la libertad y sufre un castigo trascendente por eso mismo; después de la vida, no hay bien más apreciado por el ser humano que la libertad. Entendemos que el trabajo en las cárceles es absolutamente trascendente para terminar con el ocio.

A los efectos de reducir la cantidad de presos en las cárceles uruguayas también nos parece importante el establecimiento de las penas alternativas. En el período anterior se aprobó un proyecto del señor Diputado Díaz Maynard; fue tratado primero en la Comisión, donde fue modificado, y luego fue muy discutido en el plenario, donde se le hicieron diversas modificaciones. En definitiva, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados pero, posteriormente, no recibió sanción por parte del Senado.

En esta Legislatura, hace ya casi un año que el señor Diputado Barrera presentó un proyecto muy interesante que creemos que debe ser atendido. Ese sí sería un gran reductor de la cantidad de presos que tiene el país; a la vez, permitiría que muchas personas que cometieron delitos de escasa trascendencia pudieran seguir en su medio social. Digo esto porque el hecho de estar recluido supone la pena de la reclusión en sí misma, la pérdida de la fuente laboral, la pérdida de todo el relacionamiento familiar y de todo el relacionamiento social; todo ello hace que la persona salga con su capacidad absolutamente disminuida. Por ello, el sistema de penas alternativas nos parece una solución muy importante a la que el Estado uruguayo debe acudir; es responsabilidad de las Cámaras aprobarlo.

Con respecto a los temas que planteó el señor Diputado Orrico, coincido con que entre las condiciones establecidas para ocupar el cargo debería estar la de que sea un profesional en derecho. Pero para el caso de que se entendiera que esto no es necesario, debería establecerse específicamente cuáles son las condiciones, el currículo que se necesita a efectos de ser un experto en derechos humanos; estamos ante una expresión absolutamente vaga que nos da la impresión de que puede resultar peligrosa y, además, sería fácilmente regulable por nosotros en este plenario.

Con respecto a la posibilidad de realizar el gasto y de que sea la Asamblea General quien lo disponga, el punto es fácil de solucionar estableciendo que sea la Comisión Administrativa quien se encargue del pago del sueldo, lo que sin duda puede hacer la Asamblea General. Pero tengo mis dudas en cuanto a si desde el punto de vista constitucional un legislador puede ocupar este puesto con reserva del cargo, porque cuando la Constitución admite que un legislador ocupe un cargo de Ministro o de Subsecretario lo expresa con toda claridad. En vista de ello, por lo menos planteo mi duda al respecto.

Por último, quiero señalar la situación que se plantea en nuestro país en cuanto a la recuperación de los menores. Así como en relación con los mayores las cárceles han tenido un resultado no especialmente favorable en lo que respecta a la recuperación de aquella persona que ha cometido un delito, sí creo que han tenido un éxito muy importante en lo que se refiere a los menores, contrariamente a lo que se piensa a nivel general.

Hace unos cuatro años, tuve el honor de asistir a cursos organizados por las Naciones Unidas y administrados por el Gobierno en la República Federal de Alemania. Concurrimos con los doctores Marabotto, Gonzalo Fernández y Preza a unos cursos realmente apasionantes, en los que visitamos Facultades y cárceles, asistimos a juicios y, a su vez, conocimos lo que se entiende en Alemania que es el centro de recuperación de jóvenes infractores más importante del mundo, que queda a unos cincuenta kilómetros de Múnich. Es realmente formidable, desde su infraestructura, los cursos que allí se dictan y el tratamiento que recibe el menor infractor, hasta las condiciones de disciplina. Ellos estaban absolutamente satisfechos del porcentaje de recuperación de jóvenes infractores que tenían en ese centro del estado de Baviera, que era del 51%.

Advierto que, en estos momentos, en los centros de menores infractores del INAME el índice de recuperación está en cifras muy cercanas a ese 51% que se tiene en un lugar que se consideraba el mejor del mundo en materia de menores infractores. Nuestro porcentaje de recuperación es absolutamente superior, por ejemplo, al de México, que es de la mitad. Ese país está haciendo una fuerte inversión en recuperación de menores infractores y lo mismo sucede, por ejemplo, con Brasil, Argentina y otros países. Consecuentemente, buena cosa es aprovechar este instante para señalar los índices de recuperación muy importantes que hay en nuestro país en materia de jóvenes infractores, lo que, en definitiva, nos regocija a todos.

Concluyendo, señor Presidente, entendemos que este es un proyecto muy importante y lo vamos a apoyar. Naturalmente, tenemos algunas pequeñas discrepancias con cada uno de esos artículos que hemos mencionado y a los que también hizo referencia el señor Diputado Orrico. En la discusión particular haremos ese tipo de cuestionamientos.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Bayardi, Rosete, Falero y de Pazos.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto que figura en la Carpeta Nº 1748 de 2001, Repartido Nº 811, de noviembre de 2001: 'Velero Escuela «Capitán Miranda». (Se autoriza la salida del país de su Plana Mayor y tripulantes a efectos de visitar el puerto de Buenos Aires, República Argentina, entre los días 19 y 23 de noviembre de 2001)'".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Velero Escuela 'Capitán Miranda'. (Se autoriza la salida del país de su Plana Mayor y tripulantes a efectos de visitar el puerto de Buenos Aires, República Argentina, entre los días 19 y 23 de noviembre de 2001)".

(ANTECEDENTES:)

Montevideo, 31 de octubre de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General

don Luis Hierro López.

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de remitir el adjunto proyecto de ley, a efectos que ese Cuerpo conceda la autorización establecida en el numeral 12) del artículo 85 de la Constitución de la República, a fin que se autorice la salida del país de la Plana Mayor y tripulantes del Velero Escuela "Capitán Miranda", a efectos de visitar el puerto de Buenos Aires, República Argentina, entre los días 19 y 23 de noviembre de 2001.

La mencionada visita se realizará con el objetivo de apoyar al Ministerio de Turismo de nuestro país, a realizar el lanzamiento de la próxima temporada turística, en la República Argentina.

Debe tenerse presente que la promoción de nuestro país es sin lugar a dudas, una actividad que el "Capitán Miranda" ha venido desarrollando con particular éxito durante los últimos años a través del mundo entero.

En tal sentido, ha contribuido a difundir nuestra cultura, producción y atractivos turísticos durante cada travesía, permitiendo el ingreso a nuevos mercados, consolidando nuestra presencia en otros.

Acorde a lo expuesto, puede afirmarse que el mencionado buque tiene un valor emblemático que trasciende la propia Armada Nacional, siendo considerado en el exterior un ícono de nuestra República.

Conforme a lo manifestado, se estima adecuado y una demostración tangible de las posibilidades que se pueden obtener a través de un esfuerzo coordinado entre distintas instituciones, realizar el lanzamiento de la próxima temporada turística a bordo del Velero Escuela "Capitán Miranda", en el principal mercado de nuestro país, con la presencia de autoridades del Ministerio de Turismo y con la participación de los principales operadores y empresarios de la República Argentina.

Por los fundamentos expuestos, se solicita la atención de ese Cuerpo al adjunto proyecto de ley, cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General, con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, LUIS BREZZO, GUILLERMO STIRLING, DIDIER OPERTTI.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Autorízase la salida del país de la Plana Mayor y tripulantes del Velero Escuela "Capitán Miranda", a efectos de visitar el puerto de Buenos Aires, República Argentina, con la finalidad de apoyar al Ministerio de Turismo a realizar el lanzamiento de la próxima temporada turística en la mencionada República, entre los días 19 y 23 de noviembre de 2001.

Montevideo, 31 de octubre de 2001.

LUIS BREZZO, GUILLERMO STIRLING, DIDIER OPERTTI.

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Autorízase la salida del país de la Plana Mayor y tripulantes del Velero Escuela "Capitán Miranda", a efectos de visitar el puerto de Buenos Aires, República Argentina, con la finalidad de apoyar al Ministerio de Turismo a realizar el lanzamiento de la próxima temporada turística en la mencionada República, entre los días 19 y 23 de noviembre de 2001.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 13 de noviembre de 2001.

ALEJANDRO ATCHUGARRY
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en sesenta: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y dos: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR ROSETE.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y tres: AFIRMATIVA.

——Continúa la discusión general del asunto que figura en primer término del orden del día: "Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. (Institución)".

Tiene la palabra el señor Diputado Barrera.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: vamos a acompañar este proyecto de ley. Esta iniciativa del señor Diputado Díaz Maynard, que ha tenido casi once años de espera, hoy verá cristalizada su aprobación con el apoyo mayoritario de la Cámara de Diputados.

Creemos que la institución del Comisionado Parlamentario es indispensable, en tanto va a formar parte de una de las garantías del Estado de derecho, a través de la promoción del respeto de los derechos humanos de todas las personas sometidas a un procedimiento judicial del que se derive la privación de la libertad. Deberá solicitar información a las autoridades carcelarias acerca de las condiciones de vida de los reclusos y, en particular, de las medidas adoptadas que puedan afectar sus derechos, así como del establecimiento de las garantías del debido proceso. También recibirá denuncias sobre violaciones de los derechos de los reclusos, pero asimismo deberá oír los descargos de la autoridad correspondiente antes de formular las recomendaciones que estime convenientes, con la finalidad de corregir los procedimientos y restablecer los derechos lesionados.

Entendemos que este proyecto de ley da garantías a todos, inclusive a la Administración, puesto que el Comisionado no revoca sus resoluciones, sino que, por el contrario, asesora al Poder Legislativo para que pueda cumplir con las debidas funciones que tienen que ver con el contralor de la actuación de aquella.

De todos modos, queremos hacer algunas observaciones sobre afirmaciones que se hicieron en Cámara, referentes a la situación carcelaria, a lo que vive cada preso y a lo que vive a la salida de su reclusión. Sostenemos que las palabras del señor Diputado Fernández Chaves han sido correctas, en el entendido de que el Estado está haciendo un esfuerzo considerable, no solo en cuanto al monto global de la asistencia que da, sino con respecto a lo que destina a cada preso. Si se divide el presupuesto que se destina al sistema carcelario entre la cantidad de reclusos, el resultado es que se gastan más de US$ 600 mensuales en cada recluso, lo que es una constatación muy clara de que el Estado está haciendo un esfuerzo importante y de que el Ministerio del Interior, sin lugar a dudas, está desempeñando una labor que para todos nosotros es garantía del cumplimiento de los derechos humanos.

La situación que planteaba el señor Diputado Fernández Chaves, la situación presupuestal, la del trabajo, la de la regulación legal en la cual se encuentran tantos reclusos, tiene como motivo fundamental, dentro de lo posible, la rehabilitación, pero ella se dará en la medida en que no solo tengamos una política firme en materia de recursos, sino que dotemos de otros instrumentos para que esa población carcelaria pueda ser dividida.

En este sentido, establecemos el compromiso de nuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de tratar a la brevedad posible los proyectos sobre penas alternativas a la prisión, ya que aun teniendo en cuenta las discrepancias que hay con el señor Diputado Díaz Maynard en cuanto a los proyectos existentes, entendemos que es una herramienta vital a efectos de dar solución a este tema. Creemos que las discrepancias pueden ser zanjadas en Sala, por la población, y por la votación. Entendemos que este proyecto no puede estar demorado más tiempo en la Comisión y, por lo tanto, ratifico el compromiso de la Comisión de seguir trabajando; esperemos que antes de fin de año podamos traer -aun cuando sea con informes en mayoría y en minoría- los dos proyectos que están siendo analizados.

Quisiera decir algunas palabras finales referentes a un instituto que está desarrollando una labor silenciosa y que consideramos importante. Me estoy refiriendo al Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados; sin lugar a dudas, esta es una institución que está trabajando mucho por la situación de los reclusos, por ejemplo en materia de salud, de alimentación, de vivienda, de educación y de venta económica. Además, tiene talleres de costura en los que se capacita a mujeres de más de catorce años, que tienen la posibilidad de acceder al final del curso a un certificado de la UTU. En materia de trabajo, otorga préstamos para la adquisición de herramientas de trabajo y de materiales para la venta; hace presentaciones ante empresas que solicitan personal; realiza convenios -lo cual quiero que conste en la versión taquigráfica- con organismos públicos o privados, para la obtención de fuentes de trabajo para todos aquellos asistidos; también existe el albergue "La Liberada" y cuenta con un taller de expresión para niños.

La capacitación y todas las actividades que son llevadas a cabo en los establecimientos redundan en beneficio directo de los reclusos. Por ejemplo, hay tres iniciativas de capacitación dentro del COMCAR: el taller de sanitaria y plomería, el taller de huerta y jardinería y el taller de informática. Estos tres talleres son dictados por docentes de la ANEP, se obtuvieron por la gestión directa del Director de Educación de Institutos Penales y fueron equipados en su totalidad por el Patronato Nacional, que a esos efectos entregó los elementos necesarios.

Con estas palabras no solo apoyamos el proyecto del señor Diputado Díaz Maynard y establecemos el compromiso de legislar en el menor lapso posible en materia de penas alternativas, sino que tributamos desde esta banca nuestro justo reconocimiento a la labor que el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados está desarrollando para la garantía de los derechos humanos.

Luego, en la discusión particular, vamos a dar nuestro punto de vista sobre algunos aspectos y a poner de manifiesto nuestra coincidencia con la propuesta del señor Diputado Orrico en cuanto a que se debería exigir el título de abogado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: intentaré ser lo más breve posible, porque me interesa que este proyecto se apruebe con la mayor rapidez que la Cámara disponga. Pero me parece que es importante dejar algunas constancias y dar mi impresión sobre este proyecto.

Quisiera resaltar -como lo han hecho otros colegas- la persistencia y el tesón del señor Diputado Díaz Maynard en la presentación de este proyecto, lo que ha hecho que hoy lo estemos discutiendo en Sala. En este sentido, vaya, pues, el debido reconocimiento.

También quisiera reconocer el trabajo en pleno de la Comisión de Derechos Humanos, que posibilitó que discutiéramos este proyecto, y el apoyo a este trabajo del personal de la Asesoría Técnica.

Creo que no estamos discutiendo la situación carcelaria: si es más corrupta, si es menos corrupta, si el Poder Ejecutivo está haciendo lo que tiene que hacer, si se está gastando lo que se debe. Creo que esos aspectos fortalecen el principal argumento que tenemos para aprobar este proyecto. Hoy -y hace diez años, cuando el señor Diputado Díaz Maynard presentó esta iniciativa-, el sistema carcelario es un caldo de cultivo de violaciones a la dignidad de la persona humana. Ese es el problema que tiene el sistema penal, instrumento que hace vigentes los derechos humanos y, al mismo tiempo, puede generar situaciones de violación de los derechos humanos, no solo en Uruguay, sino en el resto del mundo. Tenemos que mirar este proyecto desde esa perspectiva: queremos crear un mecanismo de control cotidiano del sistema carcelario.

Es cierto que alguien podría preguntar: "¿Es necesario este proyecto? ¿Para qué están las Comisiones parlamentarias? ¿Para qué está el Parlamento? ¿No hay una Comisión de Derechos Humanos que cumpla con ese trabajo de control?". La respuesta es sí; hay una Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes que cumple y ha intentado cumplir con creces ese control, no solo en esta Legislatura sino en la anterior, y aun en la precedente a esa, cuando esta Comisión se creó. El sistema carcelario ha sido una permanente preocupación para el conjunto del sistema político, pero lo cierto es que los valores y la gestión cotidiana que tiene el sistema carcelario es, a la luz de lo que sucede, tremendamente difícil de supervisar y controlar, porque hace a lo cotidiano.

Generalmente, lo que termina pasando es que el sistema político pierde el rumbo y no tiene mecanismos de acumulación de experiencias sobre el control, por lo que empezamos a tener el tema concreto cuando se viven situaciones gravísimas. Además, allí estamos ante una opción de hierro, porque se respalda el principio de autoridad del Poder Ejecutivo, sin haber señalado, en su oportunidad, los aspectos que pueden ser graves para la vigencia plena de los derechos humanos.

Este proyecto apunta a dar al Parlamento una herramienta eficiente y efectiva para poder cumplir con su papel de contralor del Poder Ejecutivo en una materia delicadísima, y además tiene una función fundamental en lo que tiene que ver con hacer cumplir a cabalidad el artículo 26 de la Constitución de la República, que establece cuál es el fin del sistema carcelario. Hoy, independientemente del debate de si está bien o si está mal, todos sabemos íntimamente que no lo cumple; no rehabilita a la persona que ha cometido un delito.

Creo que ese es el centro de este proyecto: dotar al Poder Legislativo de unos ojos más grandes para que pueda ver mejor, unas orejas más grandes para que pueda escuchar mejor, y no dejar supeditado a la energía o al entusiasmo de un Presidente, de una Comisión, o a la actividad de un grupo de familiares el llamado de atención sobre situaciones que con la intervención a tiempo se desarticulan, se desactivan y se superan, y que si no se atienden preventivamente generan situaciones de enorme conflictividad.

A mi juicio, esos dos objetivos figuran en el artículo 1º  y en el literal A) del artículo 2º  de este proyecto, en tanto enfocan, establecen y clarifican cuáles son los objetivos del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario.

Desde esta perspectiva es que se explican dos soluciones que en la Cámara han sido puestas en duda. Vamos a dejar de lado el aspecto presupuestal, que es una cuestión de detalle y sobre lo cual el señor miembro informante ha señalado que se ha arribado a una solución que se compadece con la tradición del Parlamento. Aquí se ha cuestionado si un Diputado o un Senador puede ser designado Comisionado Parlamentario. Más allá de la constitucionalidad de la cuestión -aunque creo que esto es constitucional y no generaría problemas, pero no quiero explayarme-, quiero sostener el mérito de la solución.

La otra observación es si el Comisionado necesariamente debe ser abogado o profesional del derecho; supongo que se incorporará a los escribanos. Dejo de lado el hecho de que -es cierto- el proyecto no establece la necesidad de tener título universitario de ninguna naturaleza. Para mí, este órgano es eminentemente político; será la oreja más grande y los ojos más grandes del Parlamento y estará bajo el control y la supervisión de la Asamblea General. Además necesita una mayoría importantísima a los efectos de su designación, con un escrutinio público mediante.

Es cierta la observación de que esta redacción es demasiado amplia y que se pueden cometer equivocaciones. Asumo que existe esa posibilidad. Pero reconozco que es una fórmula mucho más feliz en cuanto al mecanismo de selección que, por ejemplo, la que se encuentra en el artículo 187 de la Constitución referida a los integrantes del Directorio y Directores Generales de entes autónomos. Allí simplemente se piden condiciones personales, funcionales y técnicas y su aplicación no lleva al mecanismo de selección planteado en el proyecto.

Desde esta perspectiva política, creo que es claro que el Comisionado no necesariamente debe ser abogado. Y si no es abogado, en la iniciativa se prevé la posibilidad de que cuente con dos asesores en derecho, para que pueda apoyarse y avanzar hacia lo que decía el señor Diputado Chifflet con relación a ese amigo que siempre andaba con un abogado. Es por ello que el Comisionado podría ser un legislador.

Siempre y cuando sea constitucional -no ha habido opinión en contrario, mas allá de alguna duda-, ¿por qué vamos a obligar al sistema político a amputarse la posibilidad de encontrar dentro de sus cuadros una persona que vaya a dedicarse pura y exclusivamente al sistema carcelario? No veo ninguna incompatibilidad. Además, creo que el sistema carcelario es muy delicado, no por el aspecto jurídico -porque si vamos al decreto-ley que rige la cuestión, no habría inconveniente-, sino por la gestión, por la realidad cotidiana.

Las condiciones que el informe Tommasino recoge del sistema carcelario -que la ley de seguridad ciudadana claramente describió- hasta ahora nadie las ha desmentido. Es un informe oficial que demuestra claramente que el sistema es deficitario.

Esa es la argumentación por la que quiero que para ser esos ojos y oídos del Parlamento se elija a quien se considere mejor, sea hombre o mujer.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MICHELINI.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: concuerdo con todo lo que ha dicho el señor Diputado Michelini. Creo que el tema carcelario no es estrictamente jurídico, sino que es interdisciplinario. No se necesita ser abogado para comprobar el hacinamiento al que se refería el señor Diputado Fernández Chaves. No se necesita ser abogado para saber cuál es el tratamiento que se debe dar a los enfermos de sida. No se necesita ser abogado para saber que quien regresa de ser visto por el médico forense es castigado. No se necesita ser abogado para saber la forma en que se realiza una requisa, lo que se ha denunciado muchas veces: se rompen los pocos objetos que tienen los reclusos. Me refiero al Uruguay y a la región en general.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Cardozo Ferreira)

Gracias, señor Diputado Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede continuar el señor Diputado Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: decía que más allá de los aspectos técnicos y jurídicos -inclusive, la Cámara sabe que quien habla es muy puntilloso en lo que refiere a los proyectos-, este es un proyecto de muy buena calidad, de muy buena factura, no solo por tener la base del de 1990, sino -como dije en su oportunidad- porque la Comisión trabajó mucho y bien a los efectos de su presentación, que sin duda es muy delicada y con relación a la cual se hicieron consultas al Ministerio del Interior, con el fin de darle -además de la buena factura técnica-, viabilidad política.

Otro argumento que corresponde hacer en este análisis político es que este proyecto es un hito que nos permitirá avanzar. Nuestro país está en falta con relación a la institución del defensor del pueblo u "ombudsman", lo que en la literatura comparada se conoce como "defensor del individuo". América Latina está llena de instrumentos de este tenor. Se nos dirá: "Que no se nos compare, porque lo cierto" -y es verdad- "es que hay países de nuestro continente cuyas poblaciones sufren situaciones de violencia graves en materia de derechos humanos y la situación uruguaya, por supuesto, es mucho mejor". Pero la verdad es que nuestro país tiene situaciones endémicas -el sistema carcelario es una de ellas- y tenemos un instrumental de supervisión, de mejoramiento y de prevención antiguo y anticuado. Desde esa perspectiva, esta es una manera de avanzar.

Preferiría que se creara un defensor del pueblo en materia general, que abarcara a todo el país, pero si lográsemos aprobar este proyecto en la Cámara y fuera sancionado en el Senado, sería un primer hito. Y aspiremos a que las Juntas Departamentales logren la instrumentación del defensor del vecino. Los problemas endémicos o estructurales en materia de violación de derechos humanos en la sociedad uruguaya son muchos, y en ese sentido necesitamos avanzar, y durante muchos años el Parlamento no lo ha podido hacer.

El tercer argumento político que me lleva a apoyar este proyecto es que resulta de avanzada con respecto a la natural, fluida y buena relación que tiene que tener la sociedad civil organizada con los Poderes Públicos. Esta iniciativa permite al Comisionado Parlamentario y al sistema carcelario tener una relación fluida, de contacto, y apoyarse en el trabajo de organizaciones no gubernamentales y también de organizaciones confesionales o de aquellas que se dedican al tema carcelario, al que pocos se quieren dedicar; para hacerlo, hay que tener mucha vocación.

Asimismo, permite al Comisionado recibir informes e interactuar para plantear los aspectos centrales o generales y, al mismo tiempo, establece el mecanismo de la queja, que es distinto, pues es la queja individual; allí sí hay que firmar y es un procedimiento que genera los mecanismos internos que el Comisionado Parlamentario establezca. Pero también están los aspectos más generales estipulados en los numerales F) y J) del artículo 2º, destinados a la participación de la sociedad civil.

Aspiramos a que este proyecto de ley sea aprobado, porque si así sucediera sería una muestra de cómo se debe trabajar, con buenos borradores de base, con un trabajo crítico por parte de las Comisiones, con buena utilización de los servicios de la Cámara y con la voluntad política para hacerlos viables.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señoras Diputadas Saravia Olmos y Argimón y los señores Diputados Chiesa Bordahandy, Orrico y Fernández Chaves.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el asunto que figura en décimo lugar del orden del día".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cincuenta y uno: NEGATIVA.

SEÑOR MICHELINI.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR CHIFFLET.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: yo no había votado la moción de urgencia para alterar el orden del día, pero ahora me informan de qué se trata el proyecto de ley en cuestión. En primer lugar, reitero que no la había votado porque no tenía información y, en segundo término, creo que cuando se consideran estos temas importa dar una breve información de lo que se trata. Es un proyecto que no necesita discusión, que se puede aprobar rápidamente y, en consecuencia, si lo votáramos ahora adelantaríamos trabajo.

Reitero que estos temas deben informarse porque, de lo contrario, muchos Diputados votamos negativamente.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figuraba en décimo término del orden del día y que pasó a ser segundo: "Padrones que componen el asentamiento denominado 'Barrio Anglo', en la ciudad de Fray Bentos. (Se autoriza al Banco Hipotecario del Uruguay a enajenarlos a título gratuito a la Intendencia Municipal de Río Negro)".

(ANTECEDENTES:)

Montevideo, 26 de setiembre de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General

Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto por el cual se autoriza al Banco Hipotecario del Uruguay a transferir de su patrimonio al de la Intendencia Municipal de Río Negro, la propiedad de la fracción de terreno y sus construcciones que conforman el asentamiento conocido como "Barrio Anglo", situado en la 1ra. Sección Judicial del departamento de Río Negro empadronado con el Nº 2367 parte y 70 rural y que eran parte de la fracción empadronada anteriormente en su conjunto con los Nos. 2367, 2368 y 3716.

Dichos inmuebles se encuentran actualmente ocupados por una población que ocupa las dependencias que servían de alojamiento a los obreros del antiguo frigorífico Anglo así como en la incorporación de nuevas viviendas levantadas en torno de aquellas y que comprenden un número de aproximadamente ciento sesenta hogares con una población estimada de seiscientas ochenta personas.

La transferencia a título gratuito a la Intendencia Municipal de Río Negro se encuentra cabalmente justificada en cuanto con la misma se procura atender, mediante la colaboración del Programa de Regularización de Asentamientos Irregulares de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a dicha población, objetivo y beneficiaria del proyecto, la transferencia del dominio a sus ocupantes mediante múltiples acciones de regularización que sólo se puede materializar en tanto la propietaria del predio sea la Intendencia Municipal como co-ejecutora del Programa.

En concordancia con lo expresado y a efectos de concretar el proceso de integración social de los futuros beneficiarios y garantizar asimismo la sustentabilidad de las inversiones que se realicen en los asentamientos, la Intendencia Municipal transferirá a aquellos la propiedad de los lotes y parcelas a las respectivas familias ocupantes del predio, cumpliendo así con una de las estrategias definidas en el Programa de Integración para un efectivo desarrollo comunitario.

Saluda al señor Presidente con su mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, ALBERTO BENSIÓN, CARLOS CAT.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Autorízase al Banco Hipotecario del Uruguay a enajenar, a título gratuito y sin otro requisito más que el otorgamiento de la respectiva escritura pública a la Intendencia Municipal de Río Negro, la fracción de terreno y sus construcciones situado en la 1ra. Sección Judicial del departamento de Río Negro empadronado con el Nº 2367 (antes padrón suburbano Nº 2367 parte y 70 rural y que eran parte de la fracción empadronada en su conjunto con los Nos. 2367, 2368 y 3716) señaladas como las fracciones Nos. 1 al 27, con exclusión de las fracciones Nos. 5, 8, 15 y 28 por pertenecer actualmente al dominio municipal de la Intendencia de Río Negro, en el plano de mensura y fraccionamiento del ingeniero agrimensor Roberto Benelli inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el Nº 2546 el 23 de enero de 1990 y que constan en total de un área de 7 há 6543 m y deslindadas según el plano antes referido.

Montevideo, 26 de setiembre de 2001.

ALBERTO BENSIÓN, CARLOS CAT".

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre el proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Hipotecario del Uruguay a transferir de su patrimonio a la Intendencia Municipal de Río Negro la propiedad de la fracción de terreno y sus construcciones que conforman el asentamiento conocido como "Barrio Anglo", situado en la 1ra. Sección Judicial del departamento de Río Negro, empadronado con el número 2367 parte y 70 rural y que eran parte de la fracción empadronada anteriormente en su conjunto con los números 2367, 2368 y 3716.

En octubre del año 2000 se solicitó por parte de la Intendencia Municipal de Río Negro al Programa de Integración de Asentamientos Irregulares la regularización del asentamiento "Barrio Anglo".

El mencionado asentamiento está ubicado en la ciudad de Fray Bentos, ocupando las habitaciones que servían de alojamiento a los obreros del antiguo Frigorífico Anglo y en viviendas levantadas en tomo a aquéllas. Actualmente ocupa ciento sesenta y nueve lotes, de los cuales ciento cuarenta y ocho están ocupados con viviendas. Tiene ciento sesenta hogares con una población de seiscientas ochenta personas.

Funcionan allí una guardería CAIF, una escuela pública y una policlínica. En cuanto a las infraestructuras básicas, no tiene red de saneamiento, la red vial y de drenajes pluviales está en mal estado, debiéndose complementar las redes de energía eléctrica, agua potable y alumbrado público.

En el Convenio del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares se establece que: "Previamente al Contrato de Financiamiento el inmueble deberá ser propiedad del Coejecutor o éste haya suscrito un convenio con el organismo público propietario comprometiendo el traslado de dominio de la propiedad y autorizando la ejecución del proyecto".

Es necesario por lo tanto que la Intendencia Municipal de Río Negro sea propietaria de los padrones referidos a los efectos de poder procederse a su regularización.

El Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay se dirigió al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para que dicha Secretaría de Estado promoviera ante el Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley que posibilitara la transferencia de propiedad del Barrio Anglo a la Intendencia Municipal de Río Negro, para poder incluirlo en el Programa de Regularización de Asentamientos llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Intendencia referida.

Por todo lo expuesto, esta Comisión entiende que se han cumplido todos los requisitos necesarios para proceder, mediante la aprobación del presente proyecto, a autorizar al Banco Hipotecario del Uruguay a enajenar a título gratuito y sin otro requisito más que el otorgamiento de la respectiva escritura pública, a la Intendencia Municipal de Río Negro, la fracción de terreno y sus construcciones situada en la 1ra. Sección Judicial del departamento de Río Negro, empadronada actualmente con el número 2367, señaladas como las fracciones números 1 al 27, con exclusión de las fracciones números 5, 8, 15 y 28 por pertenecer éstas actualmente a la Intendencia Municipal de Río Negro.

Por unanimidad, esta Comisión aconseja al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, compartiendo totalmente la filosofía que inspira al mismo.

Sala de la Comisión, 8 de noviembre de 2001.

DIANA SARAVIA OLMOS, Miembro informante, GUSTAVO BORSARI BRENNA, DANIEL DÍAZ MAYNARD, FELIPE MICHELINI, MARGARITA PERCOVICH, JORGE ZÁS FERNÁNDEZ".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora Diputada Saravia Olmos.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Señor Presidente: voy a decir dos cosas en forma telegráfica.

En primer lugar, el informe está en poder de todos los señores Diputados, y me remito a su lectura, por lo que no voy a entrar en detalles sobre este proyecto de ley, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

En segundo término, hemos solicitado que se alterara el orden del día para que, sin falta, este proyecto de ley se votara hoy, puesto que es necesario que sea remitido al Senado para su sanción, a fin de que pueda entrar en el Programa de Regularización de Asentamientos. Como hay un plazo para ello, si esto no se hiciera así correríamos el riesgo de que aquel venza y este proyecto no ingrese en ese plan. Ese es el motivo de la urgencia.

Lo que estamos haciendo es habilitar al Banco Hipotecario a que enajene, a título gratuito, este padrón a la Intendencia Municipal de Río Negro.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

——Continúa la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día: "Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. (Institución)".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑORA PERCOVICH.- ¡Que se suprima la lectura de todos los artículos!

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 1º.

(Texto del artículo:)

"Artículo 1º.- Institúyese el Comisionado Parlamentario con el cometido principal de asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa constitucional, legal o reglamentaria vigente, de los convenios internacionales ratificados por la República, supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del recluso o liberado".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 2º.

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 3º.

(Texto del artículo:)

"Artículo 3º.- El Comisionado Parlamentario no podrá modificar ni anular los actos y resoluciones de la Administración, ni imponer sanciones ni otorgar indemnizaciones.

Podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para producción de actos y resoluciones".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 4º.

(Texto del artículo:)

"Artículo 4º.- Las recomendaciones formuladas por el Comisionado Parlamentario no tendrán carácter obligatorio, pero la autoridad administrativa deberá, dentro de los treinta días de notificada, darle cuenta por escrito de las razones que la asisten para no seguirlas. Si el Comisionado Parlamentario no se conformare con ellas o no hubiere recibido información aceptable, remitirá los antecedentes al jerarca máximo del órgano en cuestión.

Si dentro de los sesenta días no tuviere explicación adecuada, incluirá el asunto en su informe a la Asamblea General, con mención de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud, las recomendaciones formuladas y las razones de la Administración, si las hubiere".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 5º.

(Texto del artículo:)

"Artículo 5º.- Los servicios administrativos encargados de los establecimientos de reclusión están obligados a auxiliar y colaborar con el Comisionado Parlamentario en sus investigaciones, inspecciones o pedidos de informe".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 6º.

(Texto del artículo:)

"Artículo 6º.- Si en el cumplimiento de sus funciones, el Comisionado Parlamentario llegare a la conclusión de que se ha cometido un delito, deberá hacerlo saber al jerarca correspondiente a los efectos de que adopte las medidas pertinentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 7º.

(Texto del artículo:)

"Artículo 7º.- Las actuaciones que realice el Comisionado Parlamentario tendrán carácter reservado y confidencial, tanto respecto de los particulares como de los agentes, oficinas y organismos involucrados".

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 8º.

(Texto del artículo:)

"Artículo 8º.- Toda queja dirigida al Comisionado Parlamentario se presentará por escrito fundado, firmada por el interesado o su defensor, con indicación del nombre y domicilio del peticionante, dentro del plazo de seis meses contado a partir del momento en que tuvo conocimiento de los hechos objeto de la denuncia. De toda queja se acusará recibo con indicación de la fecha de su presentación.

El trámite será gratuito y no requerirá asistencia letrada".

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: en virtud de que creo que será la única vez que haga uso de la palabra en la discusión de este proyecto, quiero empezar felicitando al autor de la iniciativa y a todos los que han trabajado en ella, porque creo que, como bien se ha dicho, establece estatutos de singular importancia. Además, considero que es una norma muy bien armada y trabajada, elaborada desde el punto de vista conceptual con mucha lógica en sus distintas disposiciones.

Con relación a este artículo queremos plantear una modificación. Nos preocupa el plazo de seis meses que se establece, por una razón básica. Perdóneseme que en este punto invoque haber estado en condiciones de reclusión durante algunos años: créanme que la dimensión del tiempo subjetivo dentro de un penal es radicalmente distinta de la que se percibe afuera. No estoy innovando, sino repitiendo una reflexión que muchas veces hicimos con compañeros que vivieron similar situación. Lo que habitualmente afuera sentíamos que había ocurrido una semana atrás, dentro del establecimiento de detención lo referíamos a acontecimientos sucedidos hacía tres meses. Es decir: en el penal pasan muy pocas cosas, hay muchísima rutina, casi no hay novedades y, por tanto, el tiempo parece que pasara más lentamente que afuera de él, donde hay una cantidad de acontecimientos de la vida diaria que se suceden con rapidez. Naturalmente, el organismo se acostumbra a esa situación dentro del penal.

Acá hay otros compañeros que también tienen experiencia carcelaria y podrán ratificar o no lo que digo. Si bien los que estamos acá estuvimos presos por razones políticas, varios hemos convivido en penales que básicamente eran para delincuentes comunes.

Quiero invocar dos razones adicionales para hacer mi solicitud. El artículo establece para cualquiera un plazo de hasta seis meses a partir del momento en que toma conocimiento de los hechos. La excepción no la pido para cualquiera, sino para el preso, en primer lugar por lo que dije, ya que para el preso el tiempo pasa de una manera muy lenta y, en segundo término, porque el establecimiento de reclusión es un lugar donde, como muy bien se ha dicho, las condiciones, inclusive aquellas a las que uno puede aspirar, igualmente tienen un control muy fuerte de parte de aquellos que tienen alguna autoridad allí.

Creo que habrá gente que no se atreverá a hablar de determinadas cosas, por graves que sean, hasta que tenga la certeza de que aquel de quien está eventualmente por hablar ya no tendrá potestades disciplinarias sobre él, aun no directamente sobre ese tema, sino quizás sobre otro. Sin embargo, ¿cuántos temas se plantean cotidianamente en un penal con los cuales se le puede hacer la vida enormemente más complicada a un recluso?

Si bien comparto todo el proyecto, siento la obligación de decir esto porque creo que, para el preso, el plazo de seis meses luego del cual se le quita la posibilidad de hacer referencia a hechos, es como decir -repito el símil que hice anteriormente- que pasaron quince días en la vida normal.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Obispo)

——Ni siquiera he redactado una modificación, porque lo que me importa es el concepto y si en esto hubo un acuerdo muy especial, no quiero entorpecer la aprobación del artículo; si la Comisión estuviera de acuerdo, redactaríamos la modificación. Al preso le daría un plazo sensiblemente mayor o, en todo caso, que sea el propio Comisionado el que determine si el plazo transcurrido para la presentación de la demanda y la entidad de esta ameritan que sea considerada.

Es todo cuanto quería decir.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: la exposición del señor Diputado Ponce de León da mérito a una consideración especial. Creo que no habría inconveniente en redactar un segundo inciso que diga simplemente que si la queja proviniese de un recluso, el plazo se ampliaría a tres o dos años.

Creo que esto es relativamente sencillo de incluir y no considero que modifique en nada la arquitectura del proyecto, en la medida en que el Comisionado Parlamentario juzgará -tiene derecho, de acuerdo con el texto- si esa queja tiene entidad, oportunidad y consecuencias como para tomarla en cuenta.

De manera que pienso que esto es bastante fácil de solucionar y no creo que los integrantes de la Comisión se opongan.

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: sin duda, el tema que se pone a consideración es importante.

Quizás algunos integrantes de la Comisión -como en mi caso- tenemos una doble interpretación de este artículo 8º. El plazo de seis meses, que habitualmente el Código refiere a las lesiones y delitos denunciados por iniciativa personal, tiene la seguridad jurídica de que todo se procesa y se denuncia dentro de determinado lapso. El problema es que algo se denuncie muchos años después y se transforme en un instrumento que tergiverse el propio procedimiento de la queja, debilitando inclusive la propia figura del Comisionado, tema que inspiró la idea de acompañar un plazo que estuviera acotado.

De todos modos, quizás la solución pueda también estar por el lado -habría que pensarlo- de la expresión del defensor, porque se apreciará que quienes pueden plantear la queja, independiente y separadamente, son, por un lado, el interesado y, por otro, su defensor. Para el defensor, quizás podría comenzar a correr el plazo a partir de que tuvo conocimiento de los hechos objeto de la denuncia. Tal vez allí podríamos cambiar esa área, porque creo que también debemos pensar que el equilibrio de la seguridad carcelaria hace también a las condiciones de seguridad y garantía con que operan quienes tienen la responsabilidad de conducir el organismo carcelario.

Todos hemos considerado -así lo interpretó el propio Ministro del Interior- que este proyecto está pensado hacia el futuro, con otros protagonistas. Es una iniciativa que seguramente tiende a fortalecer el sistema carcelario y -como decía el señor Diputado Michelini- estos ojos y oídos que el Parlamento se está dando a través de este Comisionado también son el instrumento de garantía para la propia autoridad pública que tiene la responsabilidad de ejercer su función.

Entonces, pensando en el fortalecimiento de la credibilidad en la que se involucra el Comisionado Parlamentario del Sistema Carcelario cuando recibe una queja, para la viabilidad de la protección del sistema y su funcionamiento interno y la protección de los derechos humanos, me parece que podríamos estar salvando esta situación manteniendo el plazo de seis meses para el recluso y dejando también uno de seis meses para el defensor, que regirá a partir del momento en que toma conocimiento del hecho.

Esta es una fórmula presentada sobre tablas -no he visto las caras de los miembros de la Comisión, aunque sí la de alguno que me apoya- pero la dejo como propuesta para que la Cámara reflexione, particularmente el señor Diputado Ponce de León, que fue quien planteó esta inquietud.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: quiero proponer que pasemos a discutir el artículo siguiente a fin de no demorar el tratamiento del proyecto con lo que pudiera ser un tema simplemente de fórmula. Uno siempre aspira a que las cárceles sean realmente algo diferente de lo que conoció. Pero, entre otras cosas, no sé cómo es hoy la situación. En todo caso, conocí muchos reclusos cuya dificultad para poder ver a su abogado defensor transitaba por plazos frente a los cuales seis meses es muy poco. Simplemente, quiero ampliar las posibilidades a esa situación tan peculiar en la que la opresión juega de una manera muy fuerte con las personas. Reitero que se puede establecer en la redacción que sea para cosas de entidad; naturalmente, puede haber quejas menores, pero descarto que en este caso el propio Comisionado usará el sentido común, que es obligatorio en todas las funciones públicas.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: creo que las observaciones del señor Diputado Ponce de León son muy atinadas en el sentido de la dinámica de los sistemas carcelarios. No obstante, me parece que cargar demasiado el camión puede ser un elemento que haga inoperante el sistema. Entonces, ¿por qué en vez de tres años no ponemos cinco?, etcétera.

Creo que el plazo de seis meses tiene su vertiente nacional en esos delitos en base a denuncia de parte y es el plazo que otorga la Convención Interamericana de Derechos Humanos para poder denunciar; y con la solución que propone el señor Diputado Scavarelli estamos saldando el tema. Se trata de seis meses para el defensor a partir del momento en que se entere de los hechos, y de seis meses para el recluso después de que sucedan los hechos. En definitiva, tenemos una extensión mayor, que le permite al Comisionado Parlamentario actuar. Esta es la línea de mi razonamiento. Por supuesto que todo esto es opinable y para nada quiero descalificar las opiniones del señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: el tema es que estamos hablando, inclusive, de reclusos que pueden estar sometidos a penas de penitenciaría, largas penas de penitenciaría. Cualquiera sea el plazo que pongamos, puede terminar siendo insuficiente, porque si establecemos cinco años para una persona que tiene veinte años de condena, nunca vamos a llegar a tener una garantía de ese tipo.

Entonces, con esta fórmula que estamos elaborando entre todos tenemos un plazo para el recluso a fin de darle razonabilidad y certidumbre, porque también un custodia puede estar prisionero de su propio prisionero si lo tiene permanentemente amenazado con un hecho guardado en la manga. Tampoco una cárcel es un lecho de rosas. Quienes tenemos experiencia profesional en el tema sabemos que es un ámbito de manejo muy difícil.

Entonces, si redactamos un texto que aclare el punto y decimos, por ejemplo, que toda queja dirigida al Comisionado Parlamentario se presentará por escrito fundado, firmada por el interesado, con indicación del nombre y domicilio del peticionante, dentro del plazo de seis meses contado a partir del momento en que tuvo conocimiento de los hechos objeto de la denuncia, o de su defensor dentro del plazo de seis meses contado a partir del momento en que tuvo efectivo conocimiento, y mantenemos el resto del artículo, creo que siguiendo la idea de lo que estamos planteando nos podemos poner de acuerdo.

Quiero dejar dicho en la Cámara que el tema de poner un plazo para un recluso que puede tener una larga pena de penitenciaría nos va a dejar siempre en el mismo nivel de incertidumbre, porque en el caso de quien debe cumplir veinte años y tiene un hecho que le sucedió hace tres años, es lo mismo que le hubiera ocurrido hace seis meses a los efectos de nuestra preocupación.

Cuando el Código habla de los seis meses como plazo para presentar alguna denuncia por acciones personales -está claro que no es lo mismo la situación de una persona en libertad que otra recluida-, por algo lo está haciendo: para dar certidumbre jurídica y para la recolección de pruebas.

Por otro lado, con relación a lo que planteaba el señor Diputado Ponce de León sobre la dificultad de acceso que puede tener un recluso respecto a su defensor -pongamos que pueda existir una hipótesis de este tipo en algún caso-, decimos que precisamente para ello está naciendo esta figura. Para plantear un tema de este tipo, al existir un Comisionado Parlamentario con este rol, naturalmente el propio recluso -como dice el proyecto- va a tener una serie de posibilidades de comunicarse, inclusive sin censura de ningún tipo. Creo que con la aparición de esta figura estamos salvando algunos de estos defectos que planteaba el señor Diputado Ponce de León. Sin embargo, no tengo ningún inconveniente en que pasemos al siguiente artículo y ensayemos un texto para este.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: comprendo perfectamente ambas posiciones, pero si podemos concluir que en la interpretación quede claro que los seis meses rigen a partir de que tuvo conocimiento el interesado o su defensor, creo que de alguna manera salvamos la cuestión. En el texto no está claro, pero si estableciéramos que toda queja se presentará por escrito fundado, firmado por el interesado o su defensor, etcétera, dentro del plazo de seis meses contado a partir de que cualquiera de ellos tuvo conocimiento de los hechos, pienso que estaríamos clarificando que se trata del recluso o el defensor. Con agregar solo la expresión "cualquiera de ellos", creo que salvamos absolutamente todas las objeciones, a pesar de que comprendo la angustia del señor Diputado Ponce de León, que tiene una vivencia que nosotros no tenemos; pero al mismo tiempo contemplamos el tema con la racionalidad de los que de afuera vemos la necesidad de cierta certeza y prestigio de la institución.

De manera que sugiero poner a votación el artículo con este agregado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- La Mesa propone proseguir con la consideración del artículo 9º, mientras llegan las aclaraciones que han sido vertidas en Sala.

Se va a votar el aplazamiento del artículo 8º hasta tener un texto acordado por los señores legisladores.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 9º.

(Texto del artículo:)

"Artículo 9º.- Queda prohibido el registro, examen, interceptación o censura de la correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie dirigida al Comisionado Parlamentario, incluyéndose aquella remitida desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas.

Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones personales, telefónicas, radiales o de cualquier otro tipo, entre el Comisionado Parlamentario y las personas, incluyéndose aquellas detenidas, internadas o sometidas a custodia.

Su violación será considerada de acuerdo a lo previsto en el artículo 296 y siguientes del Código Penal".

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 10.

(Texto del artículo:)

"Artículo 10.- El Comisionado Parlamentario deberá llevar un registro de todas las quejas que se le formulen, las que podrá tramitar o rechazar. En este último caso deberá hacerlo en escrito fundado que se notificará al interesado, en el que podrá indicar las vías o procedimientos normales que éste tenga a su disposición.

Serán rechazadas las quejas anónimas, las que denoten mala fe, falta notoria de fundamento o ser éste fútil o trivial, debiendo fundar el rechazo.

Cuando la cuestión planteada sea la misma que se encuentre sometida a decisión Judicial o de lo Contencioso Administrativo, deberá interrumpir su actuación en el caso concreto, pero no impedirá que la investigación prosiga a los efectos de resolver los problemas generales involucrados en el procedimiento".

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 11.

(Texto del artículo:)

"Artículo 11.- La presentación de una queja ante el Comisionado Parlamentario es sin perjuicio de los derechos que pueda tener el interesado para recurrir por la vía administrativa o judicial, de acuerdo con el régimen de recursos o acciones previsto por la ley".

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 12.

(Texto del artículo:)

"Artículo 12.- Admitida la queja se procederá a realizar una investigación informal, sumaria y reservada, destinada a esclarecer los hechos.

En todos los casos se dará cuenta al organismo o dependencia administrativa involucrada, por intermedio de su autoridad máxima, solicitándole un informe por escrito en un plazo de quince días. Este plazo puede ser prorrogado si así se solicitare en escrito fundado y se considerare necesario".

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 13.

(Texto del artículo:)

"Artículo 13.- La negativa de los funcionarios o sus superiores a remitir los informes que se les soliciten o la falta de colaboración en la asistencia o auxilios solicitados en forma, podrán ser consideradas actitudes entorpecedoras en el normal funcionamiento de los cometidos del Comisionado Parlamentario.

En este caso el Comisionado Parlamentario notificará bajo apercibimiento a la autoridad máxima competente que de no accederse a lo solicitado en un plazo de quince días podrá levantar la reserva de las actuaciones".

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 14.

(Texto del artículo:)

"Artículo 14.- El funcionario que obstaculizare la investigación mediante la negativa o negligencia de contestar los informes o no facilitara el acceso a expedientes o documentación administrativa necesaria para la investigación, incurrirá en el delito previsto en el artículo 164 del Código Penal".

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: quisiera recordar lo que habíamos dicho cuando realizamos el informe. En el texto de este artículo que tenemos en nuestra mesa de trabajo dice: "negativa o negligencia". El término "negligencia" es un error dactilográfico; o sea que el artículo quedaría redactado de la siguiente manera: "El funcionario que obstaculizare la investigación mediante la negativa de contestar los informes o no facilitara el acceso a expedientes o documentación administrativa necesaria para la investigación, incurrirá en el delito previsto en el artículo 164 del Código Penal". Recordemos que dijimos que no correspondía el término "negligencia", por cuanto el artículo 164 del Código Penal refiere a la omisión contumacial de los deberes del cargo, que se imputa a título de dolo directo.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Si no hay inconvenientes por parte de los demás miembros de la Comisión, se va a votar el artículo 14 con la modificación indicada por el miembro informante, señor Diputado Scavarelli.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 15.

(Texto del artículo:)

"Artículo 15.- El Comisionado Parlamentario será designado por la Asamblea General, en reunión conjunta de ambas Cámaras, requiriéndose el voto conforme de los tres quintos de sus componentes".

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 16.

(Texto del artículo:)

"Artículo 16.- La duración del mandato del Comisionado Parlamentario será de cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez".

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 17.

(Texto del artículo:)

"Artículo 17.- Su cargo cesará si ocurrieran alguna de las siguientes circunstancias:

A) Por fallecimiento.

B) Por renuncia.

C) Por destitución por notoria negligencia, grave irregularidad en el desempeño de sus funciones o pérdida de las condiciones morales exigidas, pudiendo ser cesado anticipadamente en estos casos por la Asamblea General con las mismas mayorías requeridas para su designación y en sesión pública en la que el imputado podrá ejercer su defensa".

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 18.

(Texto del artículo:)

"Artículo 18.- Podrá ser elegido Comisionado Parlamentario toda persona que reúna las siguientes cualidades:

A) Ser ciudadano uruguayo, natural o legal. En este último caso deberá tener un mínimo de diez años de ciudadanía.

B) Tener treinta y cinco años de edad como mínimo.

C) Persona con reconocida versación en derechos humanos".

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: por las razones que ya he expresado, presenté una moción, que está en la Mesa, sobre tres artículos: el que estamos considerando, el 23 y el 27.

En lo que tiene que ver con el literal C) del artículo 18, considero que se debe exigir el título de abogado con especialización notoria en derechos humanos o en derecho penal.

En cuanto al artículo 23, la modificación que propongo está encuadrada dentro de la exclusividad que debería tener esta persona.

Solicito a la Mesa que se lea la moción.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Léase el sustitutivo del literal C) del artículo 18, presentado por el señor Diputado Orrico.

(Se lee:)

"C) Ser abogado con cinco años de ejercicio profesional y notoria versación en derechos humanos o en derecho penal".

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: solicito que se desglose el literal C) del artículo 18, ya que en el resto de la norma hay acuerdo.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Por lo tanto, si no se hace uso de la palabra, se van a votar los literales A) y B) del artículo 18.

(Se vota)

——Cincuenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Léase el literal C) del artículo 18, tal como viene de la Comisión.

(Se lee:)

"C) Persona con reconocida versación en derechos humanos".

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Treinta y dos en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 19.

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 20.

(Texto del artículo:)

"Artículo 20.- La Asamblea General dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley, integrará una Comisión Especial de nueve miembros conformada por todos los Partidos Políticos con representación en aquélla, con el cometido de formular las propuestas de candidatos, según el siguiente procedimiento:

A) Dentro de los quince días siguientes a la constitución de la Comisión, los miembros de la Asamblea General podrán proponer, en forma fundada, precandidatos que se ajusten a las cualidades descriptas en el artículo 17.

B) Dentro de los treinta días siguientes, la Comisión podrá invitar y recibir a ciudadanos particulares u organizaciones sociales para escuchar propuestas o recabar opiniones sobre los precandidatos.

Estas sesiones y las informaciones recibidas serán estrictamente reservadas.

C) En el término de los siguientes treinta días, la Comisión procederá a elevar a decisión de la Asamblea General la propuesta del candidato, resolución que en la Comisión deberá ser adoptada por 3/5 (tres quintos) de sus integrantes".

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra la señora Diputada Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: simplemente, quiero hacer una rectificación que ya hemos acordado en Comisión.

El literal A) del artículo 20 refiere a las "cualidades descriptas en el artículo 17" y debe decir "artículo 18".

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Scavarelli.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: solamente quería expresar lo que se adelantó a decir la señora Diputada Percovich.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 20, con la modificación que se acaba de exponer.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 21.

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 22.

(Texto del artículo:)

"Artículo 22.- La actividad del Comisionado Parlamentario no se verá interrumpida por el receso de las Cámaras, ni por su disolución de acuerdo al mecanismo previsto en la Sección VIII de la Constitución de la República. En tales casos, la relación del Comisionado Parlamentario con el Poder Legislativo se realizará a través de la Comisión Permanente.

Tampoco interrumpirá su actividad en los casos de suspensión de la seguridad individual (artículo 31 de la Constitución de la República) o de adopción de medidas prontas de seguridad (numeral 17) del artículo 168 de la misma".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 23.

(Texto del artículo:)

"Artículo 23.- El cargo de Comisionado Parlamentario es incompatible con toda función dependiente del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales, salvo el ejercicio de la docencia.

En caso de que el Comisionado Parlamentario posea título de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, el cargo es incompatible con el ejercicio de la actividad profesional en materia penal.

En el caso que fuera legislador, se encontrará en un régimen asimilable a lo previsto para los Ministros de Estado o Subsecretarios, quedando suspendido en el ejercicio de sus funciones legislativas, sustituyéndosele, por el suplente correspondiente (inciso segundo del artículo 122 de la Constitución de la República)".

¾ ¾ Léase un sustitutivo presentado por el señor Diputado Orrico.

(Se lee:)

"Mociono para que el artículo 23 quede redactado de la siguiente manera: 'El cargo de Comisionado Parlamentario es incompatible con toda otra actividad remunerada, pública o privada, salvo el ejercicio de la docencia'".

SEÑOR CHIFFLET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: me gustaría conocer la opinión de los demás integrantes de la Comisión y del autor de la iniciativa, pero no discrepo con el planteamiento que hace el señor Diputado Orrico, que, en todo caso, amplía en algo lo establecido en el artículo 23.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: comparto el texto del artículo sustitutivo porque me parece que, claramente, establece mejor toda la serie de incompatibilidades que existen para este cargo. Si en definitiva ese es el acuerdo existente en la Comisión, no tengo inconveniente.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: quisiera que se me aclarara si este sustitutivo es de todo el artículo 23 o tan solo de los incisos primero y segundo. Si es únicamente para esos incisos, no veo ninguna dificultad. El inciso tercero me gustaría mantenerlo.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- La Mesa entiende que es sustitutivo de todo el artículo.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: ha quedado claro que sustituye a los incisos primero y segundo; de lo contrario, sería absolutamente contradictorio con el inciso segundo, porque permite el ejercicio liberal de la profesión en materia no penal si fuera un abogado. Entonces, entiendo que hay que suprimir los incisos primero y segundo, pero no el tercero. Si es así, apoyo la propuesta del señor Diputado Orrico y después votaré el inciso tercero del artículo.

SEÑOR CHIFFLET.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: había entendido lo mismo que los señores Diputados Díaz Maynard y Michelini. Creo que sustituye los incisos primero y segundo, pero el tercero permanece.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Léase nuevamente el sustitutivo presentado por el señor Diputado Orrico.

(Se lee:)

"Mociono para que el artículo 23 quede redactado de la siguiente manera: 'El cargo de Comisionado Parlamentario es incompatible con toda otra actividad remunerada, pública o privada, salvo el ejercicio de la docencia'".

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: el señor Diputado Orrico propone la sustitución del artículo 23, pero debería decir: "Sustitúyese el inciso primero y segundo del artículo 23". El tercero no tiene nada que ver.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- La moción no lo dice. La Mesa se remite a la moción tal cual está redactada y firmada.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: lo que en definitiva importa es la voluntad mayoritaria de la Cámara. Propondría que se votara el artículo sustitutivo y luego se pusiera a votación el actual inciso tercero como aditivo del artículo votado.

La Cámara resolverá si quiere mantener o no el inciso tercero.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: empiezo por dar la razón a la Mesa; creo que está haciendo la interpretación correcta. De alguna manera, nosotros habíamos hecho una interpretación distinta a la voluntad de quien presenta la moción. Si prestamos atención a lo que dice la propuesta, habla de todo cargo público. En consecuencia, también está exceptuando a los legisladores, que fue la voluntad que, en todo caso, había planteado el señor Diputado Orrico en el curso de la discusión del tema.

Entonces, me parece que hay que mantener la estructura del artículo tal como venía, porque en el inciso primero del artículo 23 ya se habla de que es incompatible con toda función dependiente de los distintos Poderes del Estado. Si a eso le agregamos lo que establece el inciso segundo en cuanto a que si el Comisionado Parlamentario posee título de abogado -porque doctor en Derecho y Ciencias Sociales no es el título que actualmente otorga la Facultad de Derecho-, el cargo es incompatible con el ejercicio de la actividad profesional, queda aclarado el punto.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- La Mesa propone postergar la votación de este artículo para llegar a un acuerdo y proceder en forma más ordenada.

Se va a votar la postergación.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 24.

(Texto del artículo:)

"Artículo 24.- La Asamblea General podrá designar los asesores y el personal necesarios para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo que oportunamente reglamente ésta y dentro de sus límites presupuestarios.

Deberá designar, necesariamente, dos asesores que posean título de Doctor en Derecho, con diez años de antigüedad como mínimo en el ejercicio profesional, uno especialista en Derecho Público y otro en Derecho Penal".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 25.

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 26.

(Texto del artículo:)

"Artículo 26.- Los asesores cesarán automáticamente en el momento en que asuma el nuevo Comisionado Parlamentario designado por la Asamblea General".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 27.

(Texto del artículo:)

"Artículo 27.- La dotación del Comisionado Parlamentario será fijada por la Asamblea General, la que, asimismo, aprobará el presupuesto necesario para el funcionamiento de la institución, que constituirá una unidad ejecutora dentro del presupuesto del Poder Legislativo".

¾ ¾ Léase un sustitutivo presentado por el señor Diputado Orrico.

(Se lee:)

"La dotación del Comisionado Parlamentario así como el presupuesto necesario para su funcionamiento serán fijados por ley".

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: no hemos tenido tiempo de consultar a los miembros de la Comisión, pero nos parece que es una fórmula que zanjaría el problema; la ley podría resolverlo.

De todos modos, insisto en que se hizo una consulta específica a la que se nos contestó que en el presupuesto del Poder Legislativo podía estar creada una unidad ejecutora referida a este tema. Me gustaría contar con alguna opinión técnica administrativa más respecto a este punto, porque cuando la Comisión consulta lo hace formalmente. El hecho de que esté resuelto por ley es una gran solución, pero el punto estaría pendiente de una nueva ley que fijara el modo de retribuir, con una condición de ejecución de la ley que la puede tornar imposible.

Por lo tanto, nos parece que mientras no se encuentre una fórmula mejor, habría que mantener el artículo tal cual viene, en el entendido de que la Comisión lo votó por unanimidad, de acuerdo con los asesoramientos que recibió en la materia.

SEÑORA CHARLONE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: creo que este es un excelente proyecto de ley.

Si aquí se plantea que el presupuesto para el funcionamiento del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario se tire para adelante para dictar una nueva ley, habrá que fijarle recursos para financiar el gasto que se estaría generando. Este problema lo tenemos con todas las iniciativas que proponen aumento de gastos, y como sucede muchas veces, si no hay recursos genuinos o no se plantean nuevos impuestos, estaríamos cayendo en la inconstitucionalidad de planificar un gasto no financiado.

Tal como está planteado y de acuerdo con la solución a la que ha arribado la Comisión, esto se absorbe con el presupuesto del Poder Legislativo, que tiene autonomía presupuestal, con lo cual no tenemos que destinar recursos de Rentas Generales. Me parece que plantear que esto se resuelva a través de una ley sería invalidar, por la falta de asignación económica -nos ha pasado con otras iniciativas-, el enorme esfuerzo que se está haciendo para poder concretar este proyecto.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: con el ánimo de colaborar, tal vez podría quedar más especificado el tema -puedo estar equivocado- si se estableciera que la remuneración o los gastos los fija la Asamblea General y los ejecuta el Poder Legislativo a través del Presupuesto de la Comisión Administrativa. Tenemos el Presupuesto de la Cámara, el del Senado y el de la Comisión Administrativa. De pronto, de esa manera se podría precisar, obviándose todo tipo de dificultades.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: sé muy poco del tema, pero creo que la Comisión Administrativa es una unidad ejecutora. Estamos estableciendo otra unidad ejecutora que depende de ambas Cámaras y creo que no hay ningún inconveniente para hacerlo. Al agregárselo a la Comisión Administrativa no avanzamos nada.

El tema es la autonomía presupuestal parlamentaria, porque si lo hacemos a través de la ley nos encontramos con el obstáculo del artículo 68 de la Constitución. En cambio, de esta forma mantenemos la autonomía; ya tenemos una unidad ejecutora que depende de ambas Cámaras y creamos otra que también va a depender de ellas. Creo que es una muy buena solución.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DA SILVA.- Señor Presidente: en el Poder Legislativo tenemos la Dirección de Protocolo, que tiene dependencia bicameral. Sería bueno asimilar este tipo de instrumento, el del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, a lo que rige hoy para la Dirección de Protocolo. Es una especie de híbrido que está por fuera del esquema típico y tradicional.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 27 tal como viene de la Comisión.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar los artículos que habían quedado postergados.

En discusión el artículo 8º.

Dese cuenta de una moción presentada por el señor Diputado Díaz Maynard.

(Se lee:)

"Mociono para que se incluyan en el artículo 8º los términos 'cualquiera de ellos' entre 'a partir del momento en que' y 'tuvo conocimiento'".

——Léase el artículo, tal como quedaría redactado.

(Se lee:)

"Toda queja dirigida al Comisionado Parlamentario se presentará por escrito fundado, firmada por el interesado o su defensor, con indicación del nombre y domicilio del peticionante, dentro del plazo de seis meses contado a partir del momento en que cualquiera de ellos tuvo conocimiento de los hechos objeto de la denuncia. De toda queja se acusará recibo con indicación de la fecha de su presentación.- El trámite será gratuito y no requerirá asistencia letrada".

——En discusión el artículo 8º con la modificación propuesta.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 23.

Dese cuenta de una moción presentada por la señora Diputada Demarco.

(Se lee:)

"Mociono para que los incisos primero y segundo del artículo 23 sean sustituidos por el siguiente texto: 'El cargo de Comisionado Parlamentario es incompatible con toda otra actividad remunerada pública o privada salvo el ejercicio de la docencia".

SEÑORA DEMARCO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA DEMARCO.- Señor Presidente: supongo que no necesita mayor explicación, pero lo que queremos decir es que se amplían las incompatibilidades en el sentido que pretendía el señor Diputado Orrico y se mantiene la posibilidad de que un legislador pueda ser designado en este cargo. Entre tanto, no ejerce como tal, pero puede volver a la banca de acuerdo con el mismo régimen que rige para los Ministros de Estado. Es decir que se mantiene el inciso tercero tal como venía.

SEÑOR LAY ÁLVEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LAY ÁLVEZ.- Señor Presidente: con respecto al artículo 23, estamos considerando dos posiciones totalmente diferentes. La Comisión propone una incompatibilidad del cargo con otras funciones que se establecen específicamente, pero la nueva propuesta hace que el Comisionado sea "full-time".

Personalmente, entiendo que el cargo debería ser "full-time", similar a los de la Magistratura, los inspectores del Poder Judicial, los Actuarios y los Fiscales. Quisiera que los compañeros Diputados reflexionaran y se ubicaran en la hipótesis de un nuevo Comisionado que tenga una prohibición. Me parece que el cargo implica una ocupación total del tiempo; lo exige. Entiendo que eso es necesario para que este proyecto sea operativo y viable, y puede frustrarse si al Comisionado no le cerramos las puertas a la actividad privada.

Por esa razón, estoy de acuerdo con la moción sustitutiva que propone que el cargo de Comisionado sea "full-time" y que se le permita, exclusivamente, ejercer la docencia, tal como sucede con los magistrados.

Por otra parte, me parece que en el último inciso del artículo 23 se produce un rozamiento a la Constitución. Soy un simple escribano -no soy constitucionalista-, pero me da la impresión de que no lo podemos asimilar a la excepción que establece la norma constitucional.

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: creo interpretar que la Comisión está de acuerdo con la moción presentada por la señora Diputada Demarco, que parece muy lógica y clara.

Con respecto al tercer inciso, que refiere al caso de que el Comisionado Parlamentario fuera legislador, no debemos olvidar que estamos designando a una persona para que cumpla funciones en el Poder Legislativo. Es decir que no estamos en la hipótesis de que ejerza funciones en otro Poder del Estado, como es el caso de un Ministro del Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, no nos ha llegado ningún tipo de información con respecto a que pudiéramos estar rozando la Constitución de la República. Si se hace mención a los Ministros de Estado o a los Subsecretarios -obviamente, en el caso del Poder Ejecutivo- es, simplemente, bajo el régimen de asimilación. El artículo establece que "se encontrará en un régimen asimilable" a los efectos de que mantenga la retribución según el caso, de que sea convocado el suplente y de que no esté obligado a renunciar, que es de lo que se trata en este punto. De manera que no percibimos ningún tipo de inconstitucionalidad en el análisis de todo el articulado sobre este punto en particular.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: estoy completamente de acuerdo con lo expresado por el señor Diputado Scavarelli. Sin duda, no me escuchó cuando le pedí una interrupción o tal vez no me la podía dar.

La Constitución establece esa posibilidad porque el legislador pasa a ejercer funciones en otro Poder del Estado y, en consecuencia, para mantener la autonomía del Poder Legislativo se hace referencia a ese tema. Pero, como decía el señor Diputado Scavarelli, en este caso se trata de un funcionario designado y responsable ante el propio Parlamento. En consecuencia, creo que de ninguna manera se vulnera la letra o el espíritu de la Constitución.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: creo que el señor Diputado Lay Álvez tiene razón.

Si atendemos al artículo 122 de la Constitución de la República, advertiremos que establece en forma preceptiva cuándo un legislador puede ser convocado para ejercer otros cargos. Lo establece en forma preceptiva; habla de los Ministros, del Senador que ocupa la Presidencia de la República, y de los Diputados o Senadores que eventualmente sean llamados a desempeñar cargos de Ministros o Subsecretarios.

Creo que por vía legislativa no se puede crear una posibilidad que no está prevista en la Constitución.

SEÑOR PINTADO.- ¡Apoyado!

SEÑOR POSADA.- Entonces, desde ese punto de vista me parece que el señor Diputado Lay Álvez, que es escribano, ha hecho un buen aporte a la Cámara, porque ha introducido una reflexión que todos habíamos pasado por alto. Considero que debemos prestar especial atención a este artículo, en la medida en que está claramente contenido dentro de los casos que prevé la Constitución de la República.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: en el mismo sentido, debo indicar que el artículo 122 de la Constitución de la República señala claramente: "Los Senadores y los Representantes, después de incorporados a sus respectivas Cámaras, no podrán recibir empleos rentados de los Poderes del Estado," -en este caso, se trataría de un Poder del Estado, porque sería del Poder Legislativo- "de los Gobiernos Departamentales, de los Entes Autónomos, de los Servicios Descentralizados o de cualquier otro órgano público ni prestar servicios retribuidos por ellos en cualquier forma, sin consentimiento de la Cámara a que pertenezcan, quedando en todos los casos vacante su representación en el acto de recibir el empleo o de prestar el servicio".

Quiere decir que en el caso en que la Cámara autorice a esa persona a desempeñarse en un puesto, su cargo queda vacante; no lo reserva. Esta es una situación diferente a la del segundo inciso, que se refiere al caso del ejercicio del cargo de Ministro o Subsecretario de Estado, en el que se establece: "quedarán suspendidos en sus funciones legislativas". Mientras que según el primer inciso el cargo queda vacante, según este último, se reserva el cargo. Esta es una diferencia importante y considero que, por ley, el cargo no queda reservado. Entonces, de ninguna manera podemos aprobar esa situación por ley.

(Apoyados)

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en mi intervención en la discusión general señalé que esta posibilidad que el Parlamento se plantea es, desde el punto de vista del mérito, muy buena, porque apunta a la fundamentación política que hice acerca del proyecto.

Ahora bien, si no establecemos nada, resulta que podríamos dar el cargo honorariamente a ese legislador, otorgarle licencia "sine die" y nadie diría nada. De hecho, estamos haciendo encargos concretos para ir a trabajar a Comisiones del PARLATINO, etcétera.

Por lo tanto, no veo ninguna fundamentación de fondo para negar esa posibilidad; eventualmente, se podría hacer desde el punto de vista reglamentario. Me parece que clarificaría la situación aun más si lo establecemos expresamente por ley. No habría ninguna incompatibilidad de fondo porque, claramente, el segundo inciso apunta a la posibilidad de que estos funcionarios públicos, Diputados, vayan al Poder Ejecutivo y por lo tanto estén bajo la órbita de otro Poder del Estado.

Podríamos plantear, en realidad, que no fuera retribuido, sino honorario, y se mantendría la doble condición. Entonces, me parece que ahí sí estaríamos cometiendo un error.

Por supuesto, esta solución va a estar -yo no vi incompatibilidad desde el punto de vista constitucional- bajo la observación muy precisa del Senado. Cuando se hizo la consulta a la cátedra, no advertí cuestionamientos de este tipo. Creo que es bueno darnos esta posibilidad y en aras del consenso estaría dispuesto a no insistir.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MICHELINI.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: comprendo el argumento que hace el señor Diputado Michelini con respecto a la incompatibilidad de fondo, que es distinta a la establecida en el segundo inciso del artículo 122 de la Constitución, porque en ese caso el legislador pasa a ser parte del Poder Ejecutivo. Pero donde yo veo que realmente existe incompatibilidad es en el primer inciso, que determina que "no podrán recibir empleos rentados de los Poderes del Estado", y luego se establece claramente que el cargo quedará vacante. No habría ningún impedimento en que un legislador fuera designado para este cargo, pero en ese caso debería renunciar a su calidad de legislador y el cargo quedaría vacante, no suspendido como en la otra eventualidad cuando es Ministro o Subsecretario. Esta es la diferencia. Es decir, el legislador puede ser designado, pero, para el caso en que así ocurra, queda vacante el cargo. Esto es lo que surge del artículo 122, más allá de que, de acuerdo con el argumento que con mucha inteligencia hace el señor Diputado Michelini, se entienda que sustancialmente no habría incompatibilidad. Sin embargo, me parece que en razón del texto del primer inciso del artículo 122 de la Constitución esa incompatibilidad sí existe.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el señor Diputado Michelini.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: tiene toda la razón el señor Diputado Fernández Chaves; yo había pasado por encima del artículo 122 y me refería a una incompatibilidad ontológica, que en este caso no existe. Cuando abordamos el texto legal, se habla de cualquiera de los Poderes y se dice que queda vacante; cesa, ni siquiera es necesario renunciar. Es decir que el artículo me parece transparente; no hace ninguna salvedad. En cuanto a la otra salvedad, la hace por otras razones. Si el constituyente hubiera conocido esta situación la habría admitido, pero sin ninguna duda no está contemplada en el texto actual del artículo 122.

Muchas gracias.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Ha expirado el tiempo de que disponía el señor Diputado Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: esto nos lleva a que si el cargo no es retribuido, como dice el texto constitucional, con autorización de la Cámara respectiva lo puede ejercer. Es lo que se interpreta del primer inciso del artículo 122: "[...] ni prestar servicios retribuidos por ellos en cualquier forma [...]". Por ejemplo, el entonces Diputado Víctor Vaillant ocupó un cargo no retribuido en la Comisión de Reencuentro y lo ejerció durante determinado período. Varios Diputados hemos integrado delegaciones del Poder Ejecutivo en el exterior sin ser retribuidos. El señor Diputado Scavarelli, no ya en forma de visita, representó en varias oportunidades a dicho Poder Ejecutivo en organismos internacionales en forma no retribuida. Y nadie pidió que vacara el cargo, sino que se aclarara que era no retribuido. Entonces, estamos legislando a favor de la Constitución, no en contra.

Otra posibilidad es que no digamos nada y cuando políticamente debamos decidir por un legislador, ¿lo haremos en forma honoraria?

Muchas gracias.

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: ya que fui aludido funcionalmente, para que mi suplente no se vaya aprontando, recuerdo que lo hicimos con previa autorización de la Cámara.

Entiendo que lo que plantea el señor Diputado Fernández Chaves es muy claro en el caso de los empleos rentados. Por tanto, rectifico y cambio mi opinión inicial, luego de leer con detenimiento el artículo 122 de la Constitución, el cual determina, al hablar de empleos rentados, que sin duda estamos fuera de lo que se puede habilitar.

Ahora bien, también es cierto que si expresáramos que en el caso de que se tratara de un legislador, ejercerá el cargo honorariamente y se le concederá licencia especial mientras desempeñe sus funciones, estaríamos permitiendo que un legislador cumpla esa función. Esto, siempre y cuando un legislador no esté excluido a priori del elenco de posibles candidatos a aspirar a ese cargo, en el momento que fuere.

Entonces, una forma de zanjar este problema y de dejar reconocido a texto expreso en la ley que un legislador podrá ser un Comisionado Parlamentario para atender el problema carcelario, sería redactar un texto que dijera que "en caso de que fuere un legislador, dicho cargo será ejercido en forma honoraria y se le concederá licencia especial mientras cumpla sus funciones". Esta podría ser una solución.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SCAVARELLI.- Con mucho gusto, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: la solución del señor Diputado Scavarelli me parece ingeniosa, pero tiene un obstáculo: la licencia de los legisladores está regulada por ley. En consecuencia, nos crearía una situación confusa.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el señor miembro informante.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: sin ninguna duda, la licencia de los legisladores está regulada por ley, pero esta también sería una ley que trata un tema especial. Me parece que si es por eso, desde el punto de vista del rango jurídico estamos cubiertos.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SCAVARELLI.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DA SILVA.- Señor Presidente: también con ánimo de contribuir digo que estamos hablando de algo que es secundario si consideramos que en el caso de que un legislador solicite licencia, sigue teniendo representación política. Y eso es lo peligroso, más allá de que gane tanto o cuanto. Él no será objetivo porque tiene la obligación de representar a la gente del partido político que lo votó, y la objetividad que pretendemos del Comisionado Parlamentario no va a ser tal. En mi opinión, sería muy lógico que alguien que tuviera la suerte de ser legislador renunciara como lo hace cualquier administrador de una empresa del Estado. No pasa solo por un tema que, reitero, es secundario, sino por el hecho de que quien está sentado en esta Sala representa a un partido político.

Muchas gracias.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- ¡Apoyado!

SEÑORA DEMARCO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SCAVARELLI.- Sí, señora Diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir la señora Diputada.

SEÑORA DEMARCO.- Señor Presidente: retiro la moción que presenté. Me parece que más allá de que pueda haber alguna interpretación en el sentido de que si el cargo no es rentado podría no violarse la Constitución, de verdad entiendo que según el espíritu de la Constitución acá hay una incompatibilidad que es bastante clara. Con interpretaciones sutiles de ninguna manera quiero rozar la norma constitucional. Por lo tanto, reitero que retiro la moción y en lo personal anuncio que me afilio a la presentada por el señor Diputado Orrico, que es más amplia, más adecuada a las características del cargo que estamos creando, es decir, una persona que se dedique "full-time" a esta actividad.

Muchas gracias.

SEÑORA CHARLONE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: después de una larga discusión llegamos a la conclusión de que la moción que sustituía a los tres incisos estaba en el camino de lo correcto. No obstante, entiendo que esta persona podría ser un legislador -si reúne el apoyo de los tres quintos necesarios para su designación- y que estaría comprendida en lo que establece el primer inciso del artículo 122 de la Constitución. Entonces, para ejercer esta función, esa persona tendría que renunciar; así, quedaría el cargo vacante en forma definitiva.

El hecho de que fuera un legislador no sería un obstáculo, pero es una tarea que requiere dedicación "full-time", y compartiendo la observación respecto a que sería deseable que políticamente fuera neutral, más allá de bancadas partidarias -indudablemente, el Comisionado Parlamentario, sea legislador o no, actué en forma pública o no, quizás tenga filiación política-, sería bueno que no estuviera desempeñando funciones que pudieran presentar problemas de oposición de intereses. Podría renunciar a su cargo, y de esta forma estaríamos en la hipótesis que plantea el primer inciso del artículo 122.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Léase nuevamente el artículo 23 tal como viene de la Comisión.

(Se vuelve a leer)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cero en cincuenta y tres: NEGATIVA.

Léase nuevamente la moción presentada por el señor Diputado Orrico.

(Se lee:)

"Mociono para que el artículo 23 quede redactado de la siguiente manera: 'El cargo de Comisionado Parlamentario es incompatible con toda otra actividad remunerada, pública o privada, salvo el ejercicio de la docencia'".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑORA PERCOVICH.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo 1º.- Institúyese el Comisionado Parlamentario con el cometido principal de asesorar al Poder Legislativo en su función de control del cumplimiento de la normativa constitucional, legal o reglamentaria vigente, de los convenios internacionales ratificados por la República, supervisión de la actividad de los organismos encargados de la administración de los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del recluso o liberado.

Artículo 3º.- El Comisionado Parlamentario no podrá modificar ni anular los actos y resoluciones de la Administración, ni imponer sanciones ni otorgar indemnizaciones.

Podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para producción de actos y resoluciones.

Artículo 4º.- Las recomendaciones formuladas por el Comisionado Parlamentario no tendrán carácter obligatorio, pero la autoridad administrativa deberá, dentro de los treinta días de notificada, darle cuenta por escrito de las razones que la asisten para no seguirlas. Si el Comisionado Parlamentario no se conformare con ellas o no hubiere recibido información aceptable, remitirá los antecedentes al jerarca máximo del órgano en cuestión.

Si dentro de los sesenta días no tuviere explicación adecuada, incluirá el asunto en su informe a la Asamblea General, con mención de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud, las recomendaciones formuladas y las razones de la Administración, si las hubiere.

Artículo 5º.- Los servicios administrativos encargados de los establecimientos de reclusión están obligados a auxiliar y colaborar con el Comisionado Parlamentario en sus investigaciones, inspecciones o pedidos de informe.

Artículo 6º.- Si en el cumplimiento de sus funciones, el Comisionado Parlamentario llegare a la conclusión de que se ha cometido un delito, deberá hacerlo saber al jerarca correspondiente a los efectos de que adopte las medidas pertinentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º.

Artículo 7º.- Las actuaciones que realice el Comisionado Parlamentario tendrán carácter reservado y confidencial, tanto respecto de los particulares como de los agentes, oficinas y organismos involucrados.

Artículo 8º.- Toda queja dirigida al Comisionado Parlamentario se presentará por escrito fundado, firmada por el interesado o su defensor, con indicación del nombre y domicilio del peticionante, dentro del plazo de seis meses contado a partir del momento en que cualquiera de ellos tuvo conocimiento de los hechos objeto de la denuncia. De toda queja se acusará recibo con indicación de la fecha de su presentación.

El trámite será gratuito y no requerirá asistencia letrada.

Artículo 9º.- Queda prohibido el registro, examen, interceptación o censura de la correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie dirigida al Comisionado Parlamentario, incluyéndose aquella remitida desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas.

Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones personales, telefónicas, radiales o de cualquier otro tipo, entre el Comisionado Parlamentario y las personas, incluyéndose aquellas detenidas, internadas o sometidas a custodia.

Su violación será considerada de acuerdo a lo previsto en el artículo 296 y siguientes del Código Penal.

Artículo 10.- El Comisionado Parlamentario deberá llevar un registro de todas las quejas que se le formulen, las que podrá tramitar o rechazar. En este último caso deberá hacerlo en escrito fundado que se notificará al interesado, en el que podrá indicar las vías o procedimientos normales que éste tenga a su disposición.

Serán rechazadas las quejas anónimas, las que denoten mala fe, falta notoria de fundamento o ser éste fútil o trivial, debiendo fundar el rechazo.

Cuando la cuestión planteada sea la misma que se encuentre sometida a decisión Judicial o de lo Contencioso Administrativo, deberá interrumpir su actuación en el caso concreto, pero no impedirá que la investigación prosiga a los efectos de resolver los problemas generales involucrados en el procedimiento.

Artículo 11.- La presentación de una queja ante el Comisionado Parlamentario es sin perjuicio de los derechos que pueda tener el interesado para recurrir por la vía administrativa o judicial, de acuerdo con el régimen de recursos o acciones previsto por la ley.

Artículo 12.- Admitida la queja se procederá a realizar una investigación informal, sumaria y reservada, destinada a esclarecer los hechos.

En todos los casos se dará cuenta al organismo o dependencia administrativa involucrada, por intermedio de su autoridad máxima, solicitándole un informe por escrito en un plazo de quince días. Este plazo puede ser prorrogado si así se solicitare en escrito fundado y se considerare necesario.

Artículo 13.- La negativa de los funcionarios o sus superiores a remitir los informes que se les soliciten o la falta de colaboración en la asistencia o auxilios solicitados en forma, podrán ser consideradas actitudes entorpecedoras en el normal funcionamiento de los cometidos del Comisionado Parlamentario.

En este caso el Comisionado Parlamentario notificará bajo apercibimiento a la autoridad máxima competente que de no accederse a lo solicitado en un plazo de quince días podrá levantar la reserva de las actuaciones.

Artículo 14.- El funcionario que obstaculizare la investigación mediante la negativa de contestar los informes o no facilitara el acceso a expedientes o documentación administrativa necesaria para la investigación, incurrirá en el delito previsto en el artículo 164 del Código Penal.

Artículo 15.- El Comisionado Parlamentario será designado por la Asamblea General, en reunión conjunta de ambas Cámaras, requiriéndose el voto conforme de los tres quintos de sus componentes.

Artículo 16.- La duración del mandato del Comisionado Parlamentario será de cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez.

Artículo 17.- Su cargo cesará si ocurrieran alguna de las siguientes circunstancias:

A) Por fallecimiento.

B) Por renuncia.

C) Por destitución por notoria negligencia, grave irregularidad en el desempeño de sus funciones o pérdida de las condiciones morales exigidas, pudiendo ser cesado anticipadamente en estos casos por la Asamblea General con las mismas mayorías requeridas para su designación y en sesión pública en la que el imputado podrá ejercer su defensa.

A) Ser ciudadano uruguayo, natural o legal. En este último caso deberá tener un mínimo de diez años de ciudadanía.

B) Tener treinta y cinco años de edad como mínimo.

C) Persona con reconocida versación en derechos humanos.

El Comisionado Parlamentario tomará posesión de su cargo prestando juramento de desempeñar debidamente su cargo ante la Asamblea General.

Artículo 20.- La Asamblea General dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley, integrará una Comisión Especial de nueve miembros conformada por todos los Partidos Políticos con representación en aquélla, con el cometido de formular las propuestas de candidatos, según el siguiente procedimiento:

A) Dentro de los quince días siguientes a la constitución de la Comisión, los miembros de la Asamblea General podrán proponer, en forma fundada, precandidatos que se ajusten a las cualidades descriptas en el artículo 18.

B) Dentro de los treinta días siguientes, la Comisión podrá invitar y recibir a ciudadanos particulares u organizaciones sociales para escuchar propuestas o recabar opiniones sobre los precandidatos.

Estas sesiones y las informaciones recibidas serán estrictamente reservadas.

C) En el término de los siguientes treinta días, la Comisión procederá a elevar a decisión de la Asamblea General la propuesta del candidato, resolución que en la Comisión deberá ser adoptada por 3/5 (tres quintos) de sus integrantes.

Artículo 22.- La actividad del Comisionado Parlamentario no se verá interrumpida por el receso de las Cámaras, ni por su disolución de acuerdo al mecanismo previsto en la Sección VIII de la Constitución de la República. En tales casos, la relación del Comisionado Parlamentario con el Poder Legislativo se realizará a través de la Comisión Permanente.

Tampoco interrumpirá su actividad en los casos de suspensión de la seguridad individual (artículo 31 de la Constitución de la República) o de adopción de medidas prontas de seguridad (numeral 17) del artículo 168 de la misma.

Artículo 23.- El cargo de Comisionado Parlamentario es incompatible con toda otra actividad remunerada, pública o privada, salvo el ejercicio de la docencia.

Artículo 24.- La Asamblea General podrá designar los asesores y el personal necesarios para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo que oportunamente reglamente ésta y dentro de sus límites presupuestarios.

Deberá designar, necesariamente, dos asesores que posean título de Doctor en Derecho, con diez años de antigüedad como mínimo en el ejercicio profesional, uno especialista en Derecho Público y otro en Derecho Penal.

Artículo 26.- Los asesores cesarán automáticamente en el momento en que asuma el nuevo Comisionado Parlamentario designado por la Asamblea General.

Artículo 27.- La dotación del Comisionado Parlamentario será fijada por la Asamblea General, la que, asimismo, aprobará el presupuesto necesario para el funcionamiento de la institución, que constituirá una unidad ejecutora dentro del presupuesto del Poder Legislativo".

¾ ¾ Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora Diputada Argimón y los señores Diputados Amen Vaghetti, Orrico, Michelini y Chiesa Bordahandy.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara de Representantes se reúna en sesión extraordinaria el próximo martes 20 de noviembre, a la hora 17 y 30, a efectos de considerar el siguiente orden del día:

1º.- Operaciones de Mantenimiento de la Paz en la República Democrática del Congo. (Ampliación del personal que integra la Compañía Fluvial de la Armada Nacional). (Carp. 1536/001). (Informado). Rep. 727 y Anexo I.

2º.- Éxodo del Pueblo Oriental. (Designación al Grupo de Artillería 105 mm Nº 2 del Ejército Nacional). (Carp. 1672/001). (Informado). Rep. 777 y Anexo I.

3º.- Gas natural comprimido procedente de la República Argentina. (Utilización en todo el país). (Carp. 1221/001). (Informado). Rep. 596 y Anexo I.

4º.- Conferencia Internacional "Seguridad nacional y amenaza terrorista". (Concurrencia de una delegación). (Carp. 1749/001). (Informado). Rep. 810 y Anexo I.

5º.- Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones suscrito con los Estados Unidos Mexicanos. (Aprobación). (Carp. 812/000). (Informado). Rep. 442 y Anexo I.

6º.- Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional. (Aprobación). (Carp. 1048/001). (Informado). Rep. 519 y Anexo I.

7º.- Luis M. Pirieveis. (Designación a la represa sobre el arroyo Chingolo, 12ª Sección Judicial del departamento de Paysandú). (Carp. 1350/001). (Informado). Rep. 650 y Anexo I.

8º.- Brigadier General Fructuoso Rivera. (Designación a la Escuela Nº 64, Rural, de Villa Militar, departamento de Maldonado). (Carp. 1532/001). (Informado). Rep. 726 y Anexo I.

9º.- Juan José Morosoli. (Designación al Jardín de Infantes Nº 202 de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones). (Carp. 1369/001). (Informado). Rep. 672 y Anexo I.

10.- Perico. (Designación al Jardín de Infantes Nº 119 de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja). (Carp. 1643/001). (Informado). Rep. 769 y Anexo I".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho en cincuenta: AFIRMATIVA.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: quiero volver a elevar mi voz para protestar porque la Cámara no sigue abordando el tema relativo a los acuerdos contra el terrorismo en el MERCOSUR, Chile y Bolivia.

Quiero señalar enfáticamente que aquí sabemos cuál es la posición de cada uno y que hay una bancada que se opone a esos proyectos. Pero no es ella la que dilata o impide el tratamiento del tema, sino que lo que aquí falta es que quienes estamos a favor de estos proyectos vengamos a Sala, votemos y asumamos las responsabilidades políticas que corresponden en estos casos.

En ese sentido, específicamente quiero establecer mi protesta por que en esta sesión extraordinaria de la Cámara no se hayan incluido estos temas en el orden del día y sigamos dilatando su tratamiento.

Simplemente quiero señalar que un país como Cuba, por ejemplo, la semana pasada votó todos los proyectos en materia de legislación internacional sobre terrorismo que tenía para aprobar, que Chile lo acaba de hacer la semana pasada y que Uruguay no lo hace, no por responsabilidad de quienes se oponen al proyecto, sino por los legisladores de la coalición de Gobierno que no concurren al Parlamento a defender las leyes con las que dicen estar de acuerdo.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: acompañaría el aplazamiento -no la protesta, porque no me corresponde-, pero quiero dejar en claro cuál es nuestra voluntad: no es la de aprovechar situaciones coyunturales para obtener resultados que sabemos que no reflejan el sentir político.

Estoy de acuerdo con aplazar esos puntos; luego se verá.

Quiero aclarar que se trata de acuerdos sobre extradición, y no sobre terrorismo.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Corresponde pasar a considerar el siguiente punto del orden del día.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: mociono para que los puntos tercero y cuarto del orden del día de hoy pasen a figurar como primero y segundo del orden del día de la próxima sesión ordinaria.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el asunto que figuraba en cuarto término del orden del día y que pasó a ser quinto: "Osvaldo Paz. (Pensión graciable)".

(ANTECEDENTES:)

"MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien enviar iniciativa para el otorgamiento de una pensión graciable al pintor nacional Osvaldo Paz.

Montevideo, 15 de mayo de 2001.

RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo, LUIS M. LEGLISE, Representante por Salto, PEDRO SEÑORALE, Representante por Salto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es por todos reconocida la trayectoria artística del pintor Osvaldo Paz. Nacido en el departamento de Salto en el año 1945, cuenta actualmente con cincuenta y seis años de edad. Ha dedicado su vida a las artes plásticas. No sólo nos ha permitido gozar de la belleza que plasma en sus telas sino compartir el reconocimiento nacional e internacional que sus obras han tenido.

Como sus coterráneos salteños bien lo recuerdan inició sus estudios de dibujo y pintura con el pintor húngaro José Cziffery en el Taller "Pedro Figari" de la Asociación "Horacio Quiroga" de la ciudad de Salto. A partir de allí y basado en su enorme talento creador y en su dedicación y esfuerzo irrefrenables su actividad se expandió sin pausa. Destacamos acá algunas de sus actividades:

ESTUDIOS:

En 1958 inicia sus estudios de dibujo y pintura con el pintor húngaro José Cziffery en el Taller "Pedro Figari" de la Asociación "Horacio Quiroga" de Salto.

EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES DESTACADAS:

1959 - Muestra de alumnos del Taller "Pedro Figari", Salto.

1960 - Muestra colectiva del Taller. Participa en el Concurso "Manchas" organizado por la Asociación Agropecuaria e Hípica de Salto. Primer Salón Municipal de Salto organizado por el Museo Municipal de Bellas Artes.

1961 - Muestra colectiva del Taller "Pedro Figari", Salto.

1962 - Primera Muestra Individual en el Taller "Pedro Figari", Salto.

1963 - Colabora, dirigiendo la última etapa de la realización, en el Mural del artista José Echave en Termas del Arapey, Salto. Primera Muestra Individual en la Asociación "Horacio Quiroga".

1964 - Muestra Individual en "Estudio 2", Salto. Comienza a trabajar en la enseñanza artística con grupos de niños y adolescentes en la Asociación "Horacio Quiroga".

1965 - Muestra Individual en el Taller "Pedro Figari", Salto. Interviene en los Salones Nacional y del Interior de Artes Plásticas.

1966-67 - Colabora con grupos de Teatro Independientes de Salto proyectando y realizando escenografías e iluminación en distintas obras.

1968 - Obtiene el 2º Puesto en Concurso Nacional de Oposición, ingresando a la Enseñanza Secundaria en calidad de profesor efectivo de Dibujo y Expresión Plástica, cargo que desempeña hasta 1975 inclusive, en los liceos de Castillos (Rocha), Bella Unión (Artigas) y Salto.

1969 - Muestra Colectiva en la "Casa de la Cultura" de Rocha.

1970 - Muestra Colectiva en la Asociación "Horacio Quiroga", Salto.

1971 - Obra Mural en el Centro de Salud de Salto, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

1973 - Muestra Individual en la Alianza Francesa de Salto.

Muestra Homenaje a José Cziffery, conjuntamente con César Rodríguez Musmano, Galería "ICUS" Montevideo.

1974 - Muestra Individual en "Estudio W" de Montevideo y en "Taller 4" de Salto.

Participa en una muestra de Artistas Nacionales en Club Nacional de Grabado de Montevideo.

1975 - Muestra Individual en la "Alianza Francesa" de Salto. Participa en el VI Salón de Primavera de Salto.

1976 - Muestra Individual en Galería "Piso 0" en Montevideo y Punta del Este.

Participa en el "Premio Ciudad de Montevideo", organizado por Galería "Aramayo" Montevideo.

Participa en el "Tercer Concurso Nacional de Artes Gráficas" organizado por el Club de Grabado de Montevideo.

Muestra Colectiva en Galería "Aramayo" (Montevideo y Salto).

1977 - Muestra Colectiva en la Galería "Aramayo", Punta del Este.

Participa en el Concurso de "Pintura para Jóvenes", Club de Golf. Primera Bienal de Primavera de Salto.

Muestra Colectiva, "Muestra de Pequeño Formato", Club de Arte de Galería "Bruzzone", Montevideo.

1978 - Invitado a participar en el "II Premio de Pintura Joven del Este", organizado por el Museo de Arte Americano de Maldonado (MAAM).

Muestra Colectiva de Artistas Nacionales Galería "Espacio Unika" de Punta del Este.

Muestra junto a Aldo Peralta en el MAAM.

Muestra del "II Premio del Este", Galería de la Alianza Cultural Uruguay - Estados Unidos, Montevideo.

Muestra Individual, Club de Arte de Galería "Bruzzone", Montevideo.

Muestra Colectiva "Centenario del Club Uruguay", Montevideo.

1979 - Muestra Individual Salón "Knoll" de Arte, Punta del Este. Muestra Colectiva de Artistas Nacionales, Galería "Contemporánea".

Muestra Individual Galería "Casa Cuna", Salto.

Participa en el Salón del Interior de Dibujo y Pintura organizado por la Casa de Cultura de Rocha.

Muestra Individual Galería "Bruzzone", Montevideo.

Muestra Colectiva de "Pequeño Formato", Galería "Bruzzone", Montevideo.

1980 - Participa en el "III Premio de Pintura Joven del Este", Museo de Arte Americano de Maldonado (MAAM).

Muestra Colectiva "Tres Artistas Nacionales" Alianza Francesa, Montevideo.

1981 - Participa en el Premio Galería "Palmas de la Barra", Barra de Maldonado.

Muestra Individual Alianza Francesa, Montevideo.

Muestra Colectiva, Galería "Contemporánea", Montevideo.

1982 - Participa en el "IV Premio de Pintura Joven del Este".

Muestra de dibujos junto a Nelson Romero en Galería "Brecha", Montevideo.

Muestra Colectiva "Tres Plásticos Uruguayos" Galería "Del Notariado", Montevideo.

Participa en "Espacio de Primavera", actividad interdisciplinaria, Galería "Del Notariado", Montevideo.

1983 - Seleccionado en el Salón de Dibujo del Automóvil Club del Uruguay, Montevideo.

1986 - Seleccionado en el Salón Municipal de Artes Plásticas y Visuales, Montevideo.

1989 - Muestra Colectiva "Arte Erótico", Galería "Aramayo", Montevideo.

Participa en Muestra Colectiva, Cabildo de Montevideo, organizada por "Joventango", Montevideo.

1992 - Muestra Individual Galería "Van Eyck", Buenos Aires.

1996 - Realiza un mural en el marco del Proyecto "Murales de Montevideo", Galería "Latina", Montevideo Shopping y otros, Montevideo.

1997 - Realiza un mural en la fachada de la Escuela Técnica "Buceo" ANEP - CODICEN, Montevideo.

Muestra Individual en la Sala de Artes Visuales (B'nai B'rith del Uruguay)

PREMIOS OBTENIDOS:

1960 - Mención "Primer Salón Municipal de Salto".

Segundo Premio "Concurso Manchas", Asociación Agropecuaria e Hípica de Salto.

1975 - Primer Premio al artista local "VI Salón de Primavera" de Salto.

1976 - Gran Premio "Ciudad de Montevideo".

1977 - Segundo Premio en el "Concurso de Pintura para Jóvenes" del Club de Golf.

1978 - Primer Premio FORD "II Premio del Este de Pintura Joven" MAAM.

1979 - Segundo Premio de Pintura "Salón del Interior de Rocha".

1980 - Premio Mención en el "III Premio del Este de Pintura Joven", MAAM.

1981 - Primer Premio "Concurso Palmas de la Barra", Barra de Maldonado.

1983 - Premio Mención, "Concurso de Dibujo Automóvil Club del Uruguay".

Existen obras del artista en colecciones particulares de: Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay, EE.UU., España, Francia, Suecia, Israel y Japón.

Actualmente padece una afección devastadora de su capacidad creativa: Mal de Alzheimer, con un pronóstico no favorable como consta en certificado médico que adjuntamos.

Las prestigiosas galerías de arte con las cuales el pintor Osvaldo Paz estaba vinculado nos dejan conocer la dificultad económica por la que atraviesa el pintor dado que su enfermedad afecta no sólo la cantidad de su producción sino su capacidad creativa.

A su vez, la Asociación de Pintores y Escultores del Uruguay (APEU) solidarizada con la situación de su asociado ha solicitado se le otorgue una pensión graciable.

Los Diputados y Diputadas abajo firmantes entendemos que es de estricta justicia el otorgamiento de dicha pensión graciable. El pintor Osvaldo Paz ha contribuido con creces a nuestro país y es hora que los uruguayos retribuyamos su generosidad creativa cuando se encuentra en una dificilísima situación. Todos y todas sabemos de la crueldad de la enfermedad que padece nuestro estimado compatriota y como ésta cercena poco a poco su potencial creador.

Montevideo, 15 de mayo de 2001.

RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo, LUIS M. LEGLISE, Representante por Salto, PEDRO SEÑORALE, Representante por Salto".

INFORME

Señores Representantes:

La Comisión de Seguridad Social de esta Cámara, consideró y aprobó la solicitud al Poder Ejecutivo, de enviar iniciativa sobre otorgamiento de una pensión graciable al pintor nacional Osvaldo Paz.

Las condiciones de salud por las que atraviesa tan destacada personalidad de nuestra cultura, comentadas en la exposición de motivos, que lamentablemente inciden directamente en la continuación de su obra, nos eximen de mayor abundamiento.

No obstante, queremos resaltar el hecho de encontrarnos ante un hombre que ha aportado su enorme talento creador con una dedicación plena, lo que le ha valido el reconocimiento nacional e internacional.

Expresamente, la Asociación de Pintores y Escultores del Uruguay se ha plegado a la solicitud de la pensión graciable que vuestra Comisión de Seguridad Social, sumándose a los legisladores que promovieron la iniciativa, hace suyo.

Sala de la Comisión, 26 de setiembre de 2001.

JOSE L. BLASINA, Miembro Informante, JULIO LARA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Blasina.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: voy a ser breve en función de la hora.

La exposición de motivos que acompaña el proyecto de minuta de comunicación al Poder Ejecutivo presentado por estos cuatro señores Diputados es extremadamente elocuente en cuanto a la justicia del otorgamiento de una pensión graciable al pintor salteño Osvaldo Paz. A sus cincuenta y seis años, tiene una larguísima trayectoria reconocida a nivel internacional, pero lamentablemente se va tronchando por una enfermedad que lo aqueja, el mal de Alzheimer, que tiende a agravarse. Esta enfermedad lo limita tremendamente en cuanto a la continuación de su obra, que desarrolló durante tantos años.

La Asociación de Pintores y Escultores del Uruguay se ha plegado expresamente a la solicitud de esta pensión graciable, sumándose así a la iniciativa de los señores legisladores que promovieron esta minuta de comunicación.

En consecuencia, la Comisión de Seguridad Social, remitiéndose a la exposición de motivos, donde se detalla minuciosamente la trayectoria de este ilustre pintor salteño, y al pronunciamiento de la Asociación de Pintores y Escultores del Uruguay, recomienda a esta Cámara la aprobación de esta iniciativa para que sea remitida al Poder Ejecutivo.

SEÑOR FONTICIELLA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FONTICIELLA.- Señor Presidente: también vamos a ser muy breves, pero dejar pasar solamente por razones de tiempo una oportunidad para hablar de una personalidad como la de Osvaldo Paz, "El Flaco" para los salteños, no sería correcto.

La tradición cultural al norte del río Negro existe; tuvo en la Asociación Horacio Quiroga un bastión inexpugnable en todo sentido, y el taller Pedro Figari, que funcionó durante muchísimos años, fue un laboratorio de preparación de pintores de enorme jerarquía. Quienes, gracias a Dios, tuvimos la suerte de compartir momentos en que veíamos trabajar a Osvaldo Paz, a Lacy Duarte y a Peralta -por supuesto, no cometíamos el disparate de tomar un pincel-, dirigidos por la notable figura del húngaro don José Cziffery, pudimos tomar por lo menos un conocimiento directo para hoy, sin ninguna soberbia pero con propiedad, decir que esta Cámara está llevando adelante un acto de justicia al promover esta minuta de comunicación.

Creemos que es imprescindible que la sensibilidad del Poder Ejecutivo se vea rápidamente excitada para que podamos llevar adelante esto que, repito, es un acto no solamente de necesidad sino también de justicia para con un hombre que desde Salto a Montevideo, desde Montevideo a los palmares de Castillos, fue recogiendo elementos de la vida, del paisaje y de la gente que sembró en sus telas, y todavía lo hace, a pesar de su enfermedad. Sus obras han estado diseminadas en una muy buena parte del país y del Río de la Plata.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de minuta de comunicación.

(Se vota)

——Cuarenta y uno en cuarenta y dos: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto de minuta de comunicación.

¾ ¾ Dese cuenta de una moción presentada por las señoras Diputadas Saravia Olmos, Puñales Brun y Topolansky y los señores Diputados Machado, Barrios, Guarino, Arrarte Fernández, Pintado, Julio Silveira y Ortiz.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se cree una Comisión Especial para el estudio de todos los temas relacionados con las políticas de frontera, con un plazo de trabajo de ciento veinte días, que estará compuesta por dieciséis miembros".

——En discusión.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Señor Presidente: me entero en este momento de la moción para crear esta Comisión Especial.

En realidad, el tema relacionado con la creación de Comisiones Especiales siempre ha sido manejado en la coordinación y con un criterio estricto. No tengo ningún problema en votar afirmativamente si esto se resuelve en la coordinación, que es la forma normal de hacerlo y lo que ha sido tradición en cuanto a la creación de Comisiones Especiales.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Para aprobar esta moción se necesita que haya cincuenta señores Representantes en Sala, por lo que se posterga su votación.

Se pasa a considerar el asunto que figuraba en quinto término del orden del día y que pasó a ser sexto: "Aniversario de la fundación del departamento de Tacuarembó. (Declaración de feriado)".

(ANTECEDENTES:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase feriado laborable no pago para el departamento de Tacuarembó, el 16 de junio de cada año, en conmemoración de su fundación.

Artículo 2º.- Declárase feriado no laborable pago para el departamento de Tacuarembó, el 16 de junio del año 2002, en conmemoración de los 165 años de su fundación.

Artículo 3º.- Otórgase goce de licencia paga el día 16 de junio de 2002, a los trabajadores de las actividades pública o privada nacidos o radicados en el departamento de Tacuarembó.

Montevideo, 1º de junio de 2001.

MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En un mundo globalizado debemos rescatar la memoria de nuestras raíces y de nuestra identidad. En este sentido consideramos de suma importancia que los oriundos del departamento de Tacuarembó recuerden cada año el día de la creación de su departamento, como nacimiento de su identidad propia dentro de la cultura y el ser oriental.

Efectivamente, la Ley Nº 158, promulgada el 16 de junio de 1837, referida a la división territorial del país, expresa en su artículo 1º:

"El territorio que hoy comprende el departamento de Paysandú, será dividido en tres departamentos, con la denominación de los pueblos de Tacuarembó, Salto y Paysandú, que se hallan dentro de su superficie, y deslindados del modo siguiente:

... Tercero: El de Tacuarembó lo formarán el Río Negro hasta su origen en la cuchilla denominada Grande: el giro de esta hasta las vertientes del Cuareim: el de la de Haedo hasta la del Salsipuedes, y las aguas de este último, hasta su confluencia en las del primero". Lo que fundamenta que el proyecto plantee que se realice la celebración el 16 de junio, o sea el día de la promulgación de la ley de origen.

Los artículos 2º y 3º del presente proyecto refieren a la celebración particular y puntual que se realizará el 16 de junio de 2002, con motivo de los 165 años de la formación del departamento, para la cual las fuerzas vivas de Tacuarembó ya están trabajando con una gran convocatoria social y cultural.

Consideramos oportuna la aprobación del presente proyecto de ley, que permitirá a los oriundos y residentes de la zona celebrar el 16 de junio de cada año y en especial el del 2002, al cumplirse los 165 años de la formación del departamento, con esplendor, posibilitando que todos puedan participar de los actos que se realicen.

Montevideo, 1º de junio de 2001.

MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó".

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley presentado por la señora Representante Martha Montaner por el que se establecen feriados para el departamento de Tacuarembó, con motivo de conmemorarse el aniversario de su fundación.

En un mundo globalizado debemos rescatar la memoria de nuestras raíces y de nuestra identidad. En este sentido consideramos de suma importancia que los oriundos del departamento de Tacuarembó recuerden cada año el día de la creación de su departamento, como nacimiento de su identidad propia dentro de la cultura y el ser oriental.

Efectivamente, la Ley Nº 158, promulgada el 16 de junio de 1837, referida a la división territorial del país, expresa en su artículo 1º: "El territorio que hoy comprende el departamento de Paysandú, será dividido en tres departamentos, con la denominación de los pueblos de Tacuarembó, Salto y Paysandú, que se hallan dentro de su superficie, y deslindados del modo siguiente... Tercero. El de Tacuarembó lo formarán el río Negro hasta su origen en la cuchilla denominada Grande: el giro de ésta hasta las vertientes del Cuareim; el de la de Haedo hasta la del Salsipuedes, y las aguas de este último, hasta su confluencia en las del primero".

Lo que fundamenta que la iniciativa plantee que se realice la celebración el 16 de junio, o sea el día de la promulgación de la ley de origen.

Por lo expuesto, vuestra Comisión aconseja la aprobación del proyecto de ley que se adjunta.

Sala de la Comisión, 9 de agosto de 2001.

ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, Miembro Informante, ODEL ABISAB, ANA MARÍA AROCHA, JORGE BARRERA, DANIEL DÍAZ MAYNARD, FELIPE MICHELINI, MARGARITA PERCOVICH, DIANA SARAVIA OLMOS, JORGE ZÁS FERNÁNDEZ.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase el 16 de junio "Día de Tacuarembó" en conmemoración de su fundación.

Artículo 2º.- Decláranse de interés general las actividades que se realicen con motivo de la celebración del "Día de Tacuarembó".

Sala de la Comisión, 9 de agosto de 2001.

ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, Miembro Informante, ODEL ABISAB, ANA MARÍA AROCHA, JORGE BARRERA, DANIEL DÍAZ MAYNARD, FELIPE MICHELINI, MARGARITA PERCOVICH, DIANA SARAVIA OLMOS, JORGE ZÁS FERNÁNDEZ".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Fernández Chaves.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: este fue un proyecto de la autoría de la señora Diputada Montaner, que pretendía la declaración de feriado laborable no pago para el departamento de Tacuarembó el 16 de junio de cada año, en conmemoración de su fundación. Luego, declaraba feriado no laborable pago para el departamento de Tacuarembó el 16 de junio de 2002 en conmemoración de los ciento sesenta y cinco años de su fundación, con un artículo complementario respecto a la licencia de los trabajadores públicos y privados.

Desde el Período anterior, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración tiene una conducta según la cual se reserva este tipo de festividades al conmemorarse cincuenta, cien, ciento cincuenta o doscientos años. Consecuentemente, se modificó el proyecto de ley y se declaró el 16 de junio como "Día de Tacuarembó", en conmemoración del aniversario de su fundación. También se declararon de interés general las actividades que se realicen con motivo de la celebración del "Día de Tacuarembó". De forma que esta festividad tendrá vigencia permanente todos los 16 de junio, de ahora en adelante, desde el momento en que sea aprobado este proyecto.

A nosotros nos parece de importancia rescatar la memoria de nuestras raíces y de nuestra identidad y en ese sentido lo hemos recogido para el departamento de Tacarembó.

SEÑORA MONTANER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA MONTANER.- Señor Presidente: suscribo las palabras del señor Diputado Fernández Chaves y, dado lo avanzado de la hora, solicito que se proceda a votar.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y uno en cuarenta y tres: AFIRMATIVA.

Léase el artículo 2º.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cuarenta y tres: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑORA MONTANER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA MONTANER.- Señor Presidente: agradezco mucho a todos los compañeros de la Cámara por habernos apoyado en esto, que tiene como objetivo fundamental, frente a la globalización, preservar y afirmar nuestra identidad.

Más allá de nuestra identidad nacional, desde cada lugar de nuestro país tenemos que asumir la responsabilidad -estas generaciones con las venideras- de trasmitir este sentimiento a aquellos que en un mundo globalizado sienten que han quedado difusos, sin fronteras, algunos temas muy importantes tales como nuestro patrimonio, las fechas históricas, nuestros símbolos y nuestra cultura.

La globalización tiene efectos positivos y negativos. Es responsabilidad de los hombres neutralizar estos últimos con acciones como esta, que hoy todos los Representantes aquí presentes acompañan, demostrando ese espíritu de identidad uruguaya.

También creemos que el hecho de designar un día de festividad requiere un cierto grado de comprensión para que cada uno de los departamentos -en este caso Tacuarembó- lleve a cabo distintos actos y eventos con espíritu movilizador y creativo. Si bien tenemos nuestra base productiva -como es la agropecuaria- paralizada y, por ende, hay un alto índice de desempleo y la cadena de comercialización y de pagos se encuentra bastante fracturada y con una lenta composición, quizá podamos nosotros, a través de la creatividad y de la imaginación, declarando actividades de interés nacional y departamental, lograr atraer hacia nuestro departamento la atención en un día determinado.

De aquí en adelante, será responsabilidad de todos los tacuaremboenses que este día sea conmemorado como debemos y también que podamos, en torno a él, hacer girar y dar una actividad distinta al departamento por tratarse, según nos recuerda el calendario, del día de su creación. A través de la Ley Nº 158 se desprendió del departamento de Paysandú, conjuntamente con el departamento de Salto, creándose así una nueva división territorial, lo que nos permite tomar esa fecha como aniversario de la fundación del departamento de Tacuarembó.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero felicitar a la señora Diputada Montaner por la iniciativa, que creo que representa el sentir y el deseo de todos los tacuaremboenses.

El departamento de Tacuarembó siempre ha sido muy respetuoso de su pasado y siempre lo ha recordado con mucho fervor. Así ha quedado expresado en cantidad de actos culturales e inclusive en el trabajo de los ciudadanos que representan diariamente al departamento en otros lugares del país.

También queremos agradecer a la Comisión y a la Cámara, que han colaborado con su voto para que este aniversario sea un hecho palpable. De aquí en adelante, como dijo la señora Diputada, será responsabilidad de todos los tacuaremboenses recordar ese día todos los años y mejorarlo año a año.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se pasa a considerar el asunto que figuraba en sexto término del orden del día y que pasó a ser séptimo: "Acuerdo de Cooperación Científica, Tecnológica y Logística en Materia Antártica con el Gobierno de la República del Perú. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Montevideo, 19 de mayo de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el artículo 168, numeral 20), de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 15 de junio de 1998 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria del Acuerdo de Cooperación Científica, Tecnológica y Logística en Materia Antártica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República del Perú, suscrito en Lima el 5 de mayo de 1998.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI, LUIS BREZZO.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación Científica, Tecnológica y Logística en Materia Antártica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República del Perú, suscrito en Lima el 5 de mayo de 1998.

Montevideo, 19 de mayo de 2000.

DIDIER OPERTTI, LUIS BREZZO.

Montevideo, 15 de junio de 1998.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 168 numeral 20) y el artículo 85 numeral 7º) de la Constitución Nacional, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Científica, Tecnológica y Logística en Materia Antártica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República del Perú, suscrito en Lima el 5 de mayo de 1998.

El Acuerdo que se remite a consideración de ese Cuerpo resalta en su Preámbulo la importancia de la investigación científica en la Antártida, y de todas aquellas actividades que promuevan la colaboración y el intercambio de experiencias entre ambos países sobre el continente antártico.

El Artículo I del Acuerdo estipula cuáles serán los órganos de ejecución del mismo, designando al Instituto Antártico Uruguay por la República, y a la Comisión Nacional de Asuntos Antárticos del Perú.

El Artículo II estipula las modalidades a través de las cuales se establecerá la cooperación, destacándose el intercambio de científicos, técnicos y personal de apoyo y la realización de proyectos conjuntos de investigación científica.

Las áreas específicas sobre las cuales los órganos de ejecución del Acuerdo desarrollarán proyectos conjuntos, se numeran en el artículo V: ciencias del mar, ciencias de la tierra y ciencia de la vida, entre otros.

Los Artículos siguientes regulan lo relativo a las modalidades de la cooperación (Artículo VI) y la modalidad de financiamiento (Artículo VII).

Al tener en cuenta la importancia que el Sistema Antártico reviste para la República, así como aquellos Acuerdos bilaterales de cooperación que beneficien el desarrollo de la investigación antártica, es que el Poder Ejecutivo manifiesta su interés en la pronta entrada en vigor del presente Instrumento jurídico, para lo cual se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARÍA SANGUINETTI, DIDIER OPERTTI, RAÚL ITURRIA.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación Científica, Tecnológica y Logística en Materia Antártica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República del Perú, suscrito en Lima el 5 de mayo de 1998.

Montevideo, 15 de junio de 1998.

DIDIER OPERTTI, RAÚL ITURRIA.

TEXTO DEL ACUERDO

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República del Perú, en virtud de lo dispuesto por el Artículo II del Tratado Antártico suscrito y ratificado por ambas partes;

Conscientes de la importancia de la investigación científica en la Antártida y de todo aquello que contribuya a su desarrollo y preservación, así como recogiendo el espíritu del Tratado Antártico de promover y concertar la cooperación;

Considerando que ambos países suscribieron el Convenio Básico de Cooperación Técnica, el 23 de marzo de 1983;

Deseosos de fortalecer sus vínculos bilaterales; así como, intensificar tal colaboración y organizar el intercambio de experiencias sobre el Continente Antártico entre los dos países;

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO I

Los órganos de ejecución del presente Acuerdo serán el Instituto Antártico Uruguayo (IAU), por la República Oriental del Uruguay; y la Comisión Nacional de Asuntos Antárticos (CONAAN), por la República del Perú.

ARTÍCULO II

Las Partes Contratantes promoverán la cooperación y el intercambio científico, tecnológico y logístico relacionado con sus actividades antárticas, mediante las siguientes modalidades:

1. Intercambio de científicos, técnicos y personal de apoyo.

2. Realización de proyectos conjuntos de investigación científica y desarrollo tecnológico.

3. Organización y participación en conferencias, seminarios y reuniones científicas y tecnológicas.

4. Intercambio de información científica, tecnológica y logística.

5. Cualquier otra modalidad que permita consultas recíprocas previas e intercambio de experiencias, convenidas por ambas Partes, en instrumentos complementarios dentro de sus respectivas atribuciones legales.

ARTÍCULO III

1. Los proyectos conjuntos de investigación aprobados por ambas Partes tendrán una duración de un año o de una campaña antártica, renovable, si así lo decidieran el IAU y la CONAAN.

2. Las conferencias, seminarios y reuniones científicas tendrán la duración que fijen las Partes de común acuerdo. En el caso específico de los cursos de logística programados, la Parte oferente determinará la duración de los mismos.

ARTÍCULO IV

El IAU y la CONAAN se comprometen a coordinar en forma conjunta con las instituciones interesadas en el país respectivo, las acciones necesarias para el mejor desarrollo de las actividades de cada uno de los proyectos.

ARTÍCULO V

Las áreas específicas de interés en las que inicialmente el IAU y la CONAAN desarrollarán programas y proyectos conjuntos son las siguientes:

1. Ciencias del Mar: Biología Marina, Oceanografía Física, Oceanografía Química, Acústica, Contaminación Marina.

2. Ciencias de la Tierra: Geología.

3. Ciencias de la Atmósfera y del Espacio: Meteorología (Climatología y Sinóptica) y Astrofísica.

4. Ciencias de la Vida: Biología Humana.

Otras áreas podrían incluirse de común acuerdo entre las Partes.

ARTÍCULO VI

Para la ejecución de las modalidades de cooperación e intercambio científico, tecnológico y logístico previstas en el artículo II, la Parte que envía personal para participar en actividades antárticas de la otra, se compromete a comunicar a la Parte receptora, con un mínimo de tres (3) meses de antelación al inicio de la actividad, la información necesaria sobre el o los especialistas y el programa de trabajo proyectado por él, así como la fecha de inicio y la duración del mismo.

La Parte receptora conviene en responder dentro de los cuarenta y cinco (45) días subsiguientes a la recepción de la propuesta, indicando su conformidad al programa enviado o las modificaciones que proponga.

ARTÍCULO VII

La modalidad de financiamiento convenida entre el IAU y la CONAAN se regirá por las disposiciones siguientes:

1. La Parte que envía sufragará el pasaje internacional de ida y vuelta de sus especialistas y la Parte que recibe se hará cargo de los viáticos y traslados internos que fueren considerados para la realización de sus misiones.

2. Las Partes asegurarán a los especialistas visitantes, en la forma que estimen más conveniente y otorgarán asistencia médica adecuada, en caso de emergencias.

3. Los gastos que se ocasionen por motivo de muerte accidental o incapacidad de por vida, que tuvieran lugar en el curso de las actividades acordadas por ambas partes, serán por cuenta de la Parte que envía.

4. Otras modalidades podrán ser convenidas de común acuerdo por ambas Partes.

ARTÍCULO VIII

El personal enviado por las Partes, conforme al presente Acuerdo, se someterá a las disposiciones administrativas de las entidades del país receptor donde desarrolla sus actividades.

ARTÍCULO IX

El IAU y la CONAAN acordarán conjuntamente el plan de acción anual. A tal efecto, se realizarán reuniones en fecha concertada entre las Partes, alternando la sede o bien, cursando las comunicaciones respectivas.

ARTÍCULO X

Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha del canje de los respectivos Instrumentos de Ratificación, una vez cumplidos los procedimientos constitucionales y legales de cada país, permaneciendo en vigencia por un período de cinco años y será automáticamente renovado por un período similar, salvo que una de las Partes notifique por escrito, con seis meses de antelación, su intención de denunciarlo.

El término señalado en el párrafo anterior no alterará los programas y proyectos en ejecución, los cuales continuarán hasta su finalización.

Hecho en dos originales en español, igualmente auténticos, en la ciudad de Lima a los cinco días del mes de mayo de 1998.

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación Científica, Tecnológica y Logística en Materia Antártica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República del Perú, suscrito en Lima el 5 de mayo de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 16 de agosto de 2000.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha analizado el proyecto de ley por medio del cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Científica, Tecnológica y Logística en Materia Antártica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República del Perú, suscrito en Lima el 5 de mayo de 1998.

Este Acuerdo de cooperación se encuentra dentro del interés que ha manifestado nuestro país en el desarrollo de sus actividades en el continente antártico. Desde hace varias décadas el Estado uruguayo ha desplegado una fuerte presencia en dicho lugar, destacándose las numerosas investigaciones científicas, así como la base permanente que nos representa y en la cual las más diversas instituciones nacionales han visto sus puertas abiertas.

La importancia de este Acuerdo radica en que, presuponiendo la necesidad de hacer más eficiente la distribución de nuestros recursos económicos, la posibilidad de complementarnos con una nación hermana, en los objetivos que podamos tener en común, abre un abanico enorme de posibilidades.

El mismo básicamente es un instrumento que habilita a llevar adelante la cooperación bilateral, no siendo exclusivamente un acuerdo programático de contenido difuso. Establece quienes serán los órganos nacionales encargados de llevar adelante el Acuerdo. Nuestro Instituto Antártico tiene larga experiencia en este tipo de actividades y está en perfectas condiciones para hacerlo. Más allá de la planificación conjunta, se prevé el intercambio de científicos a los efectos de recibir ayuda, aun cuando el interés sea unilateral o anterior a este Convenio. Además, la complementación logística es de suma importancia por las ventajas operativas que tanto nuestro país como el Perú tienen en este sentido. Define, por otra parte, un marco económico y se resalta la obligación de hacer reuniones de planificación anuales con lo que la dificultad permanente, que significa poner estos acuerdos a funcionar, queda disipada.

Por las razones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley, el que ya fue sancionado por la Cámara de Senadores.

Sala de la Comisión, 6 de junio de 2001.

JULIO LUIS SANGUINETTI, Miembro Informante, FÉLIX LAVIÑA, ANTONIO LÓPEZ, MARÍA ELOÍSA MOREIRA, EDUARDO MUGURUZA, CARLOS PITA".

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales analizó nuevamente el proyecto de ley por medio del cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Científica, Tecnológica y Logística en Materia Antártica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República del Perú, suscrito en Lima el 5 de mayo de 1998.

Este proyecto volvió a Comisión debido a observaciones realizadas en Sala por la terminología utilizada en la redacción del Acuerdo, en virtud de que en realidad el Acuerdo es entre el Estado de la República Oriental del Uruguay y el Estado de la República del Perú, y no entre "los gobiernos" como dice el Acuerdo.

Se solicitó la opinión autorizada del señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Didier Opertti Badán, quien sobre el tema se expidió de la siguiente forma:

"No quisiera dar una respuesta al vuelo, porque no estaba en conocimiento de esta observación: la recibo en este instante. Pero me parece que va de suyo que hay que identificar bien a las partes del tratado. Efectivamente, en algunos casos se habla de los Gobiernos, porque el Poder Ejecutivo es el que tiene fuerza para negociar un tratado; por lo tanto, eso es correcto. Perfectamente se puede hablar de los Gobiernos en los tratados sin que ello signifique una impropiedad desde el punto de vista del derecho. Con respecto a la identificación de Malasia como 'Reino de Malasia', sucede lo mismo que con España: hablemos del nombre correcto de cada Estado, como cuando nos referimos a la República Oriental del Uruguay.

Reitero que no tengo objeción en que se utilice la palabra 'gobierno', porque los gobiernos son parte, son los que firman el tratado que se convierte en interetático cuando la aprobación parlamentaria le da la globalidad del Estado". (V.T. Rep. 625/01. Com. AA. II.)

Ante las valiosas y claras explicaciones jurídicas brindadas por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ratifica el Informe anterior, aconsejando al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 5 de setiembre de 2001.

CARLOS PITA, Miembro informante, RAMÓN FONTICIELLA, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, ENRIQUE PINTADO, JULIO C. SILVEIRA, SILVER ESTÉVEZ".

——El miembro informante, señor Diputado Pita, no se encuentra en Sala. No sé si alguno de los miembros de la Comisión -los señores Diputados Fonticiella, Heber Füllgraff, Pintado y Julio Silveira- quiere referirse a este tema.

Recordamos que a la hora 19 y 55 daremos la palabra al señor Diputado Rossi para su intervención en la media hora final.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: en la Comisión de Asuntos Internacionales tenemos interés en dar ágil trámite a los asuntos, salvo aquellos que requieran una consideración muy especial. Un acuerdo de cooperación científica, tecnológica y logística en materia antártica es relevante para cualquier Gobierno, pero no es algo que nos plantee un cambio en el fundamento de la legislación. Casi que es una rutina de cooperación.

Por lo tanto, lo que estoy planteando es que quede cerrada la discusión, a los efectos de votarlo cuando haya quórum.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar si se cierra la discusión general del proyecto.

(Se vota)

——Treinta y nueve en cuarenta: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Bayardi.

(Se lee:)

"Mociono para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y nueve en cuarenta: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

"DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley, aprobados por dicho Cuerpo:

• por el que se autoriza la salida del país del Buque Oceanográfico ROU "Oyarvide" y su tripulación a efectos de visitar el Puerto de Buenos Aires entre los días 1º y 10 de diciembre de 2001. C/1756/001

• por el que se amplía la participación de efectivos militares del Ejército Nacional en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. C/1757/001

• por el que se autoriza la salida del país de las Planas Mayores y Tripulantes de los Buques ROU 10 "Colonia" y ROU 11 "Río Negro" a efectos de visitar el Puerto de Zárate, República Argentina, entre los días 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2001. C/1758/001

• por el que se autoriza la salida del país de las Planas Mayores y Tripulantes de los Buques ROU 24 "Comandante Pedro Campbell", ROU 33 "Fortuna" y ROU 05 "15 de Noviembre", a efectos de participar en las Operaciones Combinadas de Búsqueda y Rescate, entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre de 2001 en Puerto Belgrano, República Argentina. C/1759/001

- A la Comisión de Defensa Nacional

• por el que se establecen nuevas deducciones para fijar la renta neta sobre la que se tributa el Impuesto a las Rentas de la Industria y el Comercio. C/1760/001

• por el que se establece un régimen gradual del pago del impuesto creado por el artículo 642 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1991, y los aportes patronales al Banco de Previsión Social por parte de aquellos contribuyentes categorizados como microempresas. C/1761/001

- A la Comisión de Hacienda".