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A los efectos del presente Convenio, la expresión gente de mar comprende todas las
personas empleadas como tripulantes a bordo de buques dedicados a la navegación
marítima, excepción hecha de los
oficiales.
1. La colocación de la gente de mar no podrá ser objeto de un comercio ejercido con fines lucrativos por una persona, sociedad o empresa. Ninguna operación de colocación en un buque podrá dar lugar a que la gente de mar pague una remuneración cualquiera, directa o indirectamente, a una persona, sociedad o empresa.
2. En cada país, la ley establecerá sanciones penales para cualquier infracción de
las disposiciones del presente artículo.
1. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 2, a toda persona, sociedad o empresa que ejerza actualmente, con fines lucrativos, el comercio de la colocación se le podrá permitir temporalmente, con autorización del gobierno, que continúe dicho comercio, a condición de que sus operaciones se sometan al control del gobierno, de suerte que queden protegidos los derechos de todas las partes interesadas.
2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a tomar todas las medidas
necesarias para abolir lo más rápidamente posible el comercio de la colocación de la
gente de mar ejercido con fines lucrativos.
1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá velar por la organización y sostenimiento de un sistema eficaz y adecuado de agencias gratuitas de colocación para la gente de mar. Dicho sistema podrá organizarse y sostenerse:
| a) | por asociaciones representativas
de los armadores y de la gente de mar, que funcionen conjuntamente bajo el control de una
autoridad central; o |
| b) | a falta de una acción combinada de esta naturaleza, por el Estado mismo. |
2. Las operaciones de estas agencias de colocación se dirigirán por personas que tengan experiencia marítima práctica.
3. Cuando coexistan agencias de colocación de tipos diversos, deberán tomarse medidas
para coordinar su acción sobre una base nacional.
Se constituirán comisiones compuestas de un número igual de representantes de los
armadores y de la gente de mar, que serán consultadas en todo lo que respecte al
funcionamiento de dichas agencias. Corresponderá al gobierno de cada país determinar las
facultades de dichas comisiones en lo que concierne especialmente a la elección de un
presidente que no sea miembro de la comisión, a su sujeción al control del Estado y a la
ayuda que dichas comisiones recibirán de personas que se interesen por el bienestar de la
gente de
mar.
Durante las operaciones de colocación, la gente de mar deberá conservar el derecho de
elegir su buque, y el armador el de escoger su tripulación.
El contrato de enrolamiento de la gente de mar deberá contener cuantas garantías sean
necesarias para proteger a todas las partes interesadas, y deberá darse a la gente de mar
toda clase de facilidades para examinar dicho contrato antes y después de firmarlo.
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio tomará medidas, recurriendo a las
oficinas públicas, si fuera necesario, para que las facilidades relativas a la
colocación de la gente de mar, previstas en el presente Convenio, se pongan a
disposición de la gente de mar de todos los países que ratifiquen el presente Convenio,
a reserva
de que las condiciones de trabajo sean aproximadamente las mismas.
Corresponderá a cada país decidir si ha de adoptar o no disposiciones análogas a las
del presente Convenio en lo que concierne a los oficiales de puente y a los oficiales de
máquinas.
1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá comunicar a la Oficina Internacional del Trabajo toda la información estadística, o de otra clase, de que pueda disponer, relacionada con el desempleo de la gente de mar y el funcionamiento de sus agencias de colocación para la gente de mar.
2. Corresponderá a la Oficina Internacional del Trabajo, de acuerdo con los gobiernos
y las organizaciones interesadas de cada país, asegurar la coordinación de los diversos
sistemas nacionales de colocación de la gente de mar.
1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicarlo en aquellas de sus colonias o posesiones, o en aquellos de sus protectorados que no se gobiernen plenamente por sí mismos, a reserva de:
| a) | que las condiciones locales
imposibiliten la aplicación de las disposiciones del Convenio; |
| b) | que puedan introducirse en el Convenio las modificaciones necesarias para su adaptación a las condiciones locales. |
2. Cada Miembro deberá notificar a la Oficina Internacional del Trabajo su decisión
en lo que concierne a cada una de sus colonias o posesiones, o a cada uno de sus
protectorados que no se gobiernen
plenamente por sí mismos.
Las ratificaciones formales del presente Convenio, de acuerdo con las condiciones
establecidas por la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, serán
comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo.
Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organización Internacional
del Trabajo hayan sido registradas en la Oficina Internacional del Trabajo, el Director
General de la Oficina notificará el hecho a todos los Miembros de la Organización
Internacional del Trabajo.
Este Convenio entrará en vigor en la fecha en que el Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo haya efectuado dicha notificación, y sólo obligará a los
Miembros
que hayan registrado su ratificación en la Oficina Internacional del Trabajo.
Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cualquier otro Miembro, en la
fecha en que haya sido registrada su ratificación en la Oficina Internacional del
Trabajo.
A reserva de las disposiciones del artículo 14, todo Miembro
que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicar sus disposiciones a más tardar el
1 de julio de 1922, y a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de dichas
disposiciones.
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de
un período de cinco años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en
vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo. La denuncia no
surtirá efecto hasta un año después de la
fecha en que se haya registrado en la Oficina Internacional del Trabajo.
Por los menos una vez cada diez años, el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo deberá presentar a la Conferencia General una memoria sobre la
aplicación de este Convenio, y deberá considerar la conveniencia de incluir en el orden
del día de la Conferencia la cuestión de la revisión o modificación del mismo.
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
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 Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |