REGISTRO DE AUTOMOTORES DEL ESTADO

Creación

RÉGIMEN ELECTORAL

Invitación al profesor Óscar Bottinelli

DÍA DEL PERIODISTA Y DEL TRABAJADOR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN
TODOS SUS ÁMBITOS

ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y FEMICIDIO

Modificación de los artículos 311 y 312 del Código Penal

ZELMAR MICHELINI

Designación a la Ruta Nacional Nº 109,
que une la ciudad de Aiguá con la ciudad de Rocha

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 16 de agosto de 2017

(Sin corregir)

SEÑORA PRESIDENTA (Macarena Gelman).‑ Habiendo número, está abierta la reunión.

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración tiene el gusto de recibir al señor diputado Ayala, a los efectos de que presente el proyecto "Registro de Automotores del Estado", de su autoría.

SEÑOR AYALA BARRIOS (Mario).‑ El motivo de mi presencia es tratar de explicar por qué he presentado este proyecto de ley, referente a la utilización y control de la flota de vehículos oficiales del Estado.

  Esta situación tiene un antecedente de larga data. En el año 1942, el presidente Baldomir sanciona el Decreto‑ ley Nº 10.183, del Presupuesto General de Gastos. A partir de ahí, se intenta crear un registro, y regular y controlar el uso de la flota automotriz del Estado.

  El 11 de octubre de 1994, el Consejo de Ministros sancionó el Decreto Nº 462/994, por el cual creó, en la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, el Registro Único de Automotores.

  El 27 de mayo de 2002, el Consejo de Ministros sanciona el Decreto Nº 192/002, por el cual dispone que las Unidades Ejecutoras de la Administración Central deberán realizar un inventario de los automotores de propiedad estatal, además de detallar, identificando con precisión, los talleres de automotores del Estado.

  El 15 de enero de 2003, el Poder Ejecutivo remite un proyecto de ley para crear el Registro de Vehículos Oficiales del Estado. De alguna manera, prevé sanciones para el uso indebido, que configuraría una falta administrativa grave y se obliga a que todos estos vehículos lleven chapas oficiales, proporcionadas por las intendencias correspondientes.

  Este proyecto fue archivado en el año 2005, y el 29 de junio, el Consejo de Ministros dispuso, por decreto, la supresión de la Comisión de Relevamiento de la Flota Automotriz y Talleres del Estado, entendiendo que había cumplido su cometido, y creó el Registro de Vehículos Oficiales del Estado, en el ámbito de la Contaduría General de la Nación, a la que se transfirieron las competencias permanentes de la comisión que se suprimió.

  Todos estos antecedentes nos muestran que ha habido una permanente preocupación en este sentido, pero siempre ha sido iniciativa del Poder Ejecutivo. Pensamos que es necesario legislar en este sentido. Seguramente, muchos de los señores diputados presentes han recibido denuncias informales o reclamos de algún ciudadano respecto al uso indebido de vehículos oficiales.

  Personalmente, en nuestro departamento fronterizo, hemos visto cómo se encuentra a ambulancias del Estado en algún comercio brasileño o a autos oficiales transitando por rutas brasileñas o cargando mercaderías brasileñas. Asimismo, vemos una larga cola de vehículos oficiales a la salida del Estadio Centenario cada vez que juega Uruguay.

  En definitiva, creemos que hay mérito para plantear este tema y legislar al respecto.

  A principios de mes, Radio Carve emitió un informe relativo a la situación de los vehículos oficiales, sobre todo en lo que tiene que ver con las multas que la Intendencia de Montevideo ha aplicado a través del sistema de cámaras. Cada tres días se aplicó una multa a un vehículo oficial en las calles de Montevideo. Debemos considerar que desde diciembre a junio se aplicaron sesenta y seis multas, muchas por exceso de velocidad, pero también por pasar los semáforos en rojo. Estamos hablando solo de algunos puntos de Montevideo donde están colocadas estas cámaras. Si agregamos todo lo que significa Montevideo ‑ni qué hablar, el interior del país‑, podemos multiplicar por varias veces las infracciones que se están cometiendo y, sobre todo, las que tienen que ver con el exceso de velocidad, con los riesgos que ocasiona, no solo para el vehículo y para el conductor, sino sobre todo para terceros y la responsabilidad que tiene el Estado sobre eso.

  Creemos que es imprescindible legislar en este sentido. A través de este proyecto de ley, proponemos la creación de un Registro Automotor del Estado, en el que se prevea mejorar la eficacia del artículo 31 de la Ley Nº 16.170.

  En definitiva, se propone la creación de un Registro de Automotores del Estado que será administrado por el Ministerio de Educación y Cultura, y contendrá el registro de todos los automotores de propiedad estatal, indicando expresamente los datos identificativos y el uso o destino de cada vehículo. Esta obligación comprende a todos los automotores afectados a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, entes autónomos y servicios descentralizados, así como a los de propiedad de personas públicas no estatales, en todos los casos, tengan o no matrícula oficial.

  Por su parte, el artículo 3º de este proyecto que estamos presentando establece que este registro "contará con un sitio web propio de acceso público, que deberá contar con:‑ A) Información referida a la normativa vigente para el uso de vehículos oficiales.‑ B) Un recurso por el cual, ingresando la matrícula del vehículo, se acceda de inmediato a información que contenga datos identificativos ‑marca, color, modelo‑, dependencia o jerarca al que está afectado y régimen de uso ‑días, horarios, etcétera‑ .‑ C) Un recurso que permita radicar denuncias por uso incorrecto o ilegal".

  El artículo 4º establece: "Se entenderá por uso incorrecto la contravención de las normas de tránsito; y por ilegal la utilización fuera del régimen de uso.‑ Ambas transgresiones serán consideradas como falta grave".

  Por su parte, el artículo 5°, dispone: "Radicada una denuncia en el sitio web, deberá ser comunicada de inmediato a la dependencia estatal a la cual está afectado el vehículo, a los efectos de proceder a la investigación que corresponda.‑ El Registro de Automotores del Estado (RAE) mantendrá un historial de denuncias que las contendrá durante cinco años, a contar de la fecha que fueron radicadas".

  Se trata de un proyecto de ley que ponemos a consideración de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Esperamos que, por lo menos, esté la voluntad de estudiarlo y, en lo posible, mejorarlo y aprobarlo, porque creo que es un instrumento que se adapta a las necesidades actuales, teniendo en cuenta la tecnología y el uso masivo de medios de comunicación por parte de los ciudadanos. La idea es contar con un control ciudadano que nos ayude a tener un mejor uso y más eficiente de los recursos del Estado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).‑ Quiero dejar una constancia.

  En primer lugar, felicito al señor diputado Ayala Barrios, porque creo que nos ha traído una iniciativa bien interesante y pertinente. Creo que es un buen aporte, a los efectos de establecer mecanismos, instrumentos y procedimientos para controlar el apropiado uso y la correcta utilización de los bienes del Estado, en este caso de los vehículos afectados a los distintos servicios públicos.

  Creo que quedó claro a lo largo de su intervención que realizó un trabajo de investigación y de análisis de todos los antecedentes normativos ‑los hay en esta materia, por lo que él mismo acaba de señalar‑, lo que demuestra que ha trabajado intensamente en la preparación de esta propuesta.

  Desde ya manifiesto mi disposición de analizar este proyecto. Creo que es muy bienvenido y oportuno. El Estado también tiene un mecanismo de control ‑independientemente de este Registro que se propone‑, que es el llamado Sisconve, Sistema de Control Vehicular, que es un dispositivo que se utiliza a los efectos del control del consumo de combustible y del registro de los kilómetros y las distancias que recorre cada vehículo que, como tecnología y como instrumento es muy bueno, aunque no sabemos muy bien ‑por lo menos, yo no lo sé‑ si hay un funcionamiento razonable, eficiente y parejo en toda la Administración.

  Por lo tanto, creo que el análisis de este proyecto también nos permitiría ingresar en la investigación o en el análisis de ese otro aspecto, es decir, de todo lo que concierne al control que se ejerce o que debería ejercerse sobre la utilización de los vehículos del Estado. Tal vez en algún momento debamos conversar de esto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para empezar a conversar y para presentar al Poder Ejecutivo la iniciativa del señor diputado Ayala Barrios.

SEÑORA PRESIDENTA.‑ La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración agradece la exposición del señor diputado Ayala Barrios.

(Ingresa a Sala el profesor Óscar Bottinelli)

——La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración da la bienvenida al profesor Óscar Bottinelli. Agradecemos mucho su disposición a comparecer en esta Comisión para darnos su opinión en relación a lo que fue planteado por los señores diputados Lafluf Hebeich y Abdala.

(Se autoriza el uso de la palabra al señor representante Omar Lafluf Hebeich)

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).‑ En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión por haber recibido el planteo que realicé hace algún tiempo, y al doctor Bottinelli por concurrir a esta comisión.

  Inicialmente, mi planteo se refería a la elección departamental en mi departamento, Río Negro, y posteriormente, a raíz de algunas declaraciones públicas realizadas por el doctor Bottinelli, me pareció interesante unir ese tema con las declaraciones realizadas y con las respuestas dadas por la Corte Electoral, en la medida en que es un tema no menor.

  Nosotros podemos discutir en el Parlamento muchos temas tremendamente importantes que hacen a la economía o a lo que sea, pero este hace al prestigio del país, que bien ganado lo tiene.

  En primerísimo lugar, quiero decir que jamás el doctor Bottinelli ni yo hablamos de ningún tipo de fraude ni de situación de extrema irregularidad que llevara a poner en duda los resultados. Sí denunciamos varias cosas que, a nuestro entender, no eran correctas.

  Mi planteo surge cuando el doctor Bottinelli dice, en una declaración, que "nadie puede asegurar a ciencia cierta y fuera de toda duda que el Frente Amplio ganó la Intendencia de Río Negro, cuando los votos faltantes son más que la diferencia con el Partido Nacional". Y señaló que "nadie se inmutó porque es tal la confiabilidad, que se hace un acto de fe en el sistema". Y también afirmó que "en cualquier país latinoamericano o de Europa del Este esto hubiese provocado gigantescos incendios". Asimismo, sostuvo que la Corte Electoral necesita profundas transformaciones.

  En Río Negro, mi partido tuvo una diferencia de 232 votos, por los que se pierde la elección departamental, pero se gana en los tres municipios: Nuevo Berlín, San Javier y Young.

  Nosotros hicimos una serie de planteos a la Corte Electoral en Río Negro frente a esa duda, y a varias más. En la planilla de control de votos, en el cuadro que está al costado del número de sobre que se abre, se debe ir poniendo lista que aparece en cada sobre. Pero, por ejemplo, en esta planilla que tengo aquí, en el renglón 1, donde dice sobre 1, en lugar de poner la lista que apareció en ese sobre, a lo largo de todo el renglón se ponen todas las listas. Por ejemplo, mi lista, la 58, se repite cien veces. En el caso del sobre dos, en vez de poner la lista que había, se pusieron todas las listas de la 90.

  Esta es una de las cosas que nos ha llamado la atención. En ese mismo circuito no vinieron dentro de las urnas los sobres respectivos, es decir, los sobres correspondientes a los votos. Esto se planteó, pero no se tuvo en cuenta.

  En los Circuitos Nº 112 de Algorta y Nº 67 de San Javier no estaban las actas dentro de las urnas. Aparecieron al otro día, fuera de las urnas, en el depósito de la oficina electoral.

  También nos planteó dudas la participación de la presidenta de la Junta Electoral directamente en el escrutinio, abriendo las urnas y contando.

  Frente a todo esto, nosotros hacemos algunos planteos en la Corte Electoral. El primero se hace el 12 de mayo y dice:

  "Por la presente, […] Delegado Electoral de la Agrupación 58 de Río Negro del Partido Nacional, se dirige a usted a fin de solicitar la realización del Escrutinio Departamental de las elecciones del pasado domingo 10 de mayo de forma completa, es decir, urna a urna y voto a voto.

  Motiva esta solicitud la necesidad de dar una mayor transparencia y garantías a la ciudadanía de Río Negro sobre el mencionado acto eleccionario y ante la existencia de algunas irregularidades detectadas como por ejemplo, la falta de las actas de los Circuitos Nº 67 de San Javier y Nº 112 de Algorta, entre otras".

  A esta solicitud se nos contestó negativamente.

  El 15 de mayo, con las mismas formas, nuevamente se dirige una carta a la Junta Electoral de Río Negro que dice:

  "[…] Delegado Electoral de la Agrupación […] a fin de solicitar explicación en cuanto a la diferencia de las cantidades de votos entre el escrutinio primario y el escrutinio departamental. Las mismas se dan en la cantidad de total de votos no observados (39.101 según página de la Corte). Si se efectúa la suma de los votos a los lemas, más los votos en blanco y anulados la misma resulta 37.717, en tanto el total de votos no observados escrutados en el escrutinio departamental correspondió a la cantidad de 37.677. Es decir, en el mejor de los casos faltan, según lo entiendo, 40 votos y en el peor 1.424 votos entre el escrutinio primario y el departamental".

  Por último, me voy a referir a la mayor sorpresa que tuvimos.

  El 20 de junio enviamos la siguiente nota:

  "Por la presente, el abajo firmante, Delegado Electoral de la Agrupación 58 de Río Negro del Partido Nacional, se dirige a usted a fin de solicitar copias de las planillas voto a voto de todos los circuitos correspondientes a la última elección departamental realizada el día domingo 10 de mayo de 2015".

  El 27 de junio enviamos otra nota que dice:

  "[…] se dirige a usted a fin de solicitar el escaneo o fotocopias de las planillas auxiliares de voto a voto de todos los circuitos del departamento de Río Negro: 119 circuitos de votación y 5 circuitos fictos de escrutinio de votos observados […] de la última elección departamental […]"

  La sorpresa a que me referí surge a partir de la contestación de la Corte Electoral que dice:

  "La Jefatura de la Oficina Electoral de Río Negro comunican a usted, que referente a su solicitud, nos es imposible cumplir, ya que las planillas voto a voto son documentos utilizados por las comisiones receptoras de votos que luego de finalizado el escrutinio pasan a ser inutilizadas".

  Por lo tanto, nunca pudimos controlar nada; tampoco recibimos ninguna respuesta que nos convenciera.

  Repito: no estamos cuestionando la legitimidad de nada. Simplemente decimos ‑como nos explicó el doctor Bottinelli‑ que hay cosas que pueden ser mejoradas, pero hay cosas graves; esto es grave. Nos parece raro que se nos responda que no pueden verse las planillas porque son inutilizadas luego del escrutinio.

  Esto es lo habíamos planteado. Luego decidimos ampliarlo porque, como conocemos la calidad y capacidad técnica del doctor Bottinelli, y teniendo en cuenta los planteos que hizo en cuanto a la necesidad de dotar a la Corte Electoral de mejores instrumentos que le permitan al país seguir teniendo transparencia y calidad en los procesos electorales, nos parecía importante contar con su presencia.

SEÑOR BOTTINELLI (Óscar).‑ Dado que es un tema de alta sensibilidad en este país, quiero aclarar que mi título no es de doctor; soy profesor de doctorado, pero no doctor.

  No he venido aquí a hablar específicamente del departamento de Río Negro. La convocatoria que me hicieron llegar no fue muy clara ya que me adjuntaron una versión taquigráfica en la que se hablaba de distintos temas.

  El tema electoral ha sido el centro de mi vida, y de mi vida académica.

  Nuestra Corte Electoral fue la segunda que se creó en el mundo y la única supérstite; la anterior fue en Polonia. Eso significó un avance espectacular en el mundo. Fue el primer país en todo el mundo que tenía a todos los ciudadanos debidamente registrados con nombre, apellido, domicilio, fotografía e impresión digital. Tuvimos un país que, salvo algunas elecciones discutidas ‑la primera de ellas, en 1938, no tuvo que ver con los votos, sino con la forma de adjudicación de bancas‑, generó lo más importante en materia electoral, que no es solamente la legalidad, sino la legitimidad social. Un sistema reposa en que los ciudadanos creen en los resultados electorales. Primero, creen que el voto es lo que dirime el disenso social, que no existen formas alternativas, como la fuerza. Segundo, que lo que la gente vota es lo que se refleja en lo que se recoge.

  En América Latina esto ha sido y sigue siendo una excepción. Para comprobarlo podemos ver lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, las discusiones en Ecuador o en México. Pongo estos ejemplos por mencionar países en los que no hay otro tipo de convulsiones.

  En esta preocupación estamos observando que el régimen electoral uruguayo ‑se entiende por régimen todo lo que tiene que ver con organización y procedimientos, desde la elaboración de los padrones, que es un elemento básico en cualquier elección, hasta el cómputo final de votos‑ está en un creciente proceso de pérdida de garantías; el sistema está crujiendo por muchas razones.

  Yo soy partidario de eliminar la inscripción cívica, lo que no significa eliminar las garantías. Mi tesis es que la Corte Electoral debe tener superintendencia decisiva sobre el Registro Civil ‑de nacimientos y defunciones, no sobre matrimonios; ser el último en conceder la inscripción tardía y en conceder la residencia permanente, porque es el momento en que se pone en marcha el reloj para que en forma automática, con el transcurso del tiempo, se adquiera la ciudadanía y, por lo tanto, el derecho al voto‑ y sobre el Ministerio del Interior. Es decir, que la Dirección Nacional de Identificación Civil sea controlada por la Corte Electoral, pero no duplicar la inscripción.

  Es muy difícil obtener un número exacto ‑habría que hacer una clarificación de las defunciones habidas en la generación que tenía que votar por primera vez‑, pero a nosotros nos da que en la última elección nacional entre las personas inscriptas y las censadas, hay 5.844 personas; tendríamos cerca de cinco mil personas que no tuvieron derecho al voto por no hacer el trámite o por distintas razones. Hay una falla: no hay una automaticidad; esas personas tienen cédula de identidad, pero no credencial cívica.

  Quiero aclarar que mi presentación refiere esencialmente a los votos, más allá de que vamos a hacer una mención al padrón electoral de 2014.

(A continuación, la exposición se acompaña de la proyección de una presentación)

——Hay tres elementos básicos como fuente de datos: la planilla de habilitados para votar ‑que fue suministrada por la Corte Electoral a los partidos políticos‑ y dos archivos que están en el sitio web de la Corte, pero que no son legibles para cualquiera porque están en un programa informático que no es de uso común. Más allá de que este trabajo es de la Universidad, tuve que pedir al equipo informático de Factum que los transformara, a fin de poder leerlos; dejo en la Comisión una copia traducida. A esos archivos los hemos llamado Primario json ‑refiere al escrutinio primario‑ y Definitivo json ‑refiere al escrutinio definitivo‑, por la extensión del nombre del programa. Otras fuentes de datos son la planilla del escrutinio definitivo de las elecciones departamentales y la planilla del escrutinio definitivo de las elecciones municipales ‑que suministró la Corte al Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República‑, y otra información que se obtiene en el sitio web de la Corte.

  Ahora voy a pasar a hablar sobre el proceso de datos.

  La Corte presenta por separado los datos por circuito de las elecciones departamentales y las municipales. Es un problema muy complicado que nos llevó a realizar un ensamble de los 4.929 circuitos en los que hubo elección nacional con municipal, ya que no hay planilla única. Hubo que realizar un análisis detenido; tengan en cuenta que son más de veinte tipos de datos por circuito. De los 4.929 circuitos que contienen elecciones municipales, hay 2.195 que tienen solo elecciones departamentales. La gente votó en 6.946 circuitos y la justicia electoral creó 178 para escrutar los votos observados.

  Falta el dato de cómo se distribuye a nivel de los distritos electorales ‑está por departamento‑ los 441 votos observados rechazados. Esto es de menor entidad, porque no afecta nada, pero es para tener información precisa.

  La información que presentamos sobre el padrón electoral 2014 es reservada, en la medida en que hay nombres y apellidos; la trajimos para presentar aquí, en el Parlamento.

  Hemos encontrado que hay cuarenta inscripciones ‑de a parejas‑ que tienen igual fecha de nacimiento, igual cédula de identidad, iguales nombres y apellidos, con dos credenciales cívicas diferentes. Es decir que hay veinte inscriptos dobles. Hay otras veinticuatro inscripciones que no podemos afirmar que sean dobles, porque tienen iguales nombres y apellidos, igual fecha de nacimiento, pero en una figura la cédula de identidad y en la otra no; probablemente sean inscripciones dobles. Por lo tanto, serían doce personas más. En total, tendríamos treinta y dos inscripciones dobles. Llamo la atención sobre esto. ¡Cuidado que se nos perfore el Registro Cívico! No cambia una elección por treinta y dos votos, pero sí se modificaría si mañana fueran trescientos veinte.

  Entre los problemas que tenemos está el total de habilitados de las elecciones departamentales. Confrontamos tres archivos y pudimos ver que en los dos primeros coincide el número de habilitados. Los habilitados se establecen previamente a la elección. Sobre el padrón electoral se realizan las elecciones; no se lo puede tocar. Es un acto previo a la elección sin el cual no se habilitan los siguientes. En la planilla figura que hay 2.651.976 habilitados: 31.730 más que los que figuran en los otros archivos.

  Cómo dijimos, la votación se hizo en 6.946 circuitos y se agregaron 178. Nos dio trabajo determinar dónde estaba la diferencia de los habilitados. Pudimos ver que la Corte computó como habilitado de cada circuito especial al total de votos observados aceptados por ese circuito, que escrutó en el circuito, pero no los detrajo del otro. Entonces, duplicó el número de esos habilitados: son 31.730, cifra que coincide exactamente con los votos observados aceptados.

  Esto no afecta para nada la elección, pero es necesario que la Corte corrija los datos para que haya una única información oficial y no dos, contradictorias.

  Ahora me voy a referir a cómo se obtiene el total de votantes. Como todos saben, hay un acta de instalación de las comisiones receptoras de votos y una la lista ordinal de votantes, en la que se inscribe uno por uno a todos los votantes. El instructivo dice que al terminar el acto eleccionario "[…] se cerrará la lista ordinal, inutilizando el renglón posterior al último votante registrado. Se dejará constancia, en la misma, de la cantidad de votantes que han comparecido, y se firmará. […] Los datos numéricos […] deberán escriturarse con letras".

  En el acta de clausura se distingue cuántos votantes fueron observados y cuántos no lo fueron. Todo esto se hace antes de que se abran las urnas. Por lo tanto, nada tiene que ver el escrutinio con el total de votantes; es una etapa previa. Una vez que está el total de votantes, no puede modificarse porque es previo al escrutinio.

  Observamos que el primario json da 2.304.168 votantes, y el definitivo json, 2.278.811 votantes ‑es decir, 25.357 votos menos‑, y en la planilla, 2.342.271, es decir, 63.460 votantes más que el definitivo json.

  Haré una observación general: en Uruguay se ha ido cayendo el escrutinio primario. Parecería que es un borrador que no tiene importancia porque después viene el escrutinio definitivo. En realidad, la garantía de la elección está en el escrutinio primario. Uruguay es uno de los países electoral y políticamente desarrollados. Su sistema es antiguo; diría que en el mundo es el único en el que el escrutinio primario es corregido después. En todos los demás, una vez que salen los votos del conteo inicial, cuando se revisan dan lo mismo. Acá siempre se hace en borrador. Esto no es nuevo, pero viene agravándose a lo largo de décadas. Acá hay algo muy serio a corregir porque la garantía está en el acta del escrutinio primario. En Uruguay, el principio básico de la ley del año 1925 es que se pueden robar las urnas y los resultados igual están porque figuran en las actas que quedan fuera de ellas.

  La consistencia interna del escrutinio primario era perfecta: la suma de los votos observados con los no observados coincidía con el total de votos emitidos, según decía la Corte Electoral. Por lo tanto, estaba bien. Pero en el escrutinio definitivo encontramos que los votos no observados más los observados sumaban 2.310.541 y la Corte Electoral daba como total de votos emitidos 2.278.811. Hay una diferencia de 31.730 votos. Luego descubrimos dónde estaban.

  La Corte Electoral daba los votos no observados, observados ‑queda la duda si refiere al total de los observados o solo a los aceptados‑ y rechazados. Y resulta que la suma de los votos no observados y de observados rechazados coincide con lo que pone la Corte Electoral como el total de los votos emitidos. Se comió los votos observados aceptados. Por eso existe esa diferencia de 31.730, que aparece en varios lados como faltante o sobrante. Se hizo un manejo desprolijo.

  Advertimos que los votos observados representaban el total. De esa cifra había que detraer los votos observados rechazados para contar con un dato que la Corte Electoral no registró: cuántos observados fueron aceptados; me refiero a estos célebres 31.730 votos. Controlamos lo que faltaba y coincidió, por lo cual concluimos que la Corte Electoral se salteó sumar los votos observados aceptados cuando dio el total de los votos emitidos. Esto da un total real de 2.310.541 votantes en la elección.

  Del total de votos emitidos, deducidos los 441 observados rechazados, nos da que los votos escrutados son 2.310.100.

  La diferencia entre el escrutinio primario y los diferentes definitivos muestran una inconsistencia endémica en nuestro régimen electoral, lo que en algún momento habrá que corregir. El escrutinio primario carece de la precisión que tienen los países políticamente desarrollados. Las inconsistencias al interior del definitivo es producto de haber sumado el total de votos no observados a los observados rechazados, sin tener en cuenta los observados aceptados. Ninguno de los tres datos difundidos por la justicia electoral es correctos.

  Lo que a priori luce como un número correcto del total de votantes es 2.310.541. Si no se conoce con certeza el total de votantes, no se puede verificar la certeza de la elección.

  Este no es un problema de fraude. Los datos electorales deben tener absoluta precisión. No puede haber inferencias o estimación de votos. Los votos tienen que ser exactos. Se requiere que la Corte Electoral corrija los datos para que haya una única información oficial sobre el total de votantes y el total de votos escrutados porque lo que aparece como información oficial no es correcto.

  En cuanto a la diferencia entre el total de votantes y el total de votos en mayo del año 2015 ‑esto se toca con lo que planteó el señor diputado Lafluf‑, vamos a trabajar sobre lo que creemos correcto. Reitero que tenemos varios números distintos en cuanto al total de votantes; vamos a trabajar con el que hemos llegado a la conclusión de que es correcto, es decir, 2.310.100 votos emitidos y escrutables.

  Aclaro que la Corte Electoral habla de escrutinio departamental; así lo establece la Ley Nº 7.812, del año 1925, referida al escrutinio definitivo. El término departamental refiere a que lo hace la Junta Electoral Departamental. Yo utilizo el término definitivo para no confundir con el escrutinio de la elección del gobierno departamental ‑es decir, de la intendencia y de la junta departamental‑, y municipal para la elección de municipios o concejos municipales: como se les dice popularmente, alcaldías.

  El total de votos recogidos para el gobierno departamental a los partidos ‑los lemas‑ más los votos en blanco total ‑es lo que registra la Corte‑ más los anulados, da 2.226.985. Es decir que faltan 83.115 votos, de los que hay que deducir 441 votos observados rechazados, lo que da una diferencia real de 82.674 votos. Estos votos no tienen una explicación certera.

  Nosotros hicimos dos trabajos distintos: uno relacionado con los circuitos sin municipio y, otro, con los circuitos con municipio. El trabajo de los circuitos sin municipio nos da que la diferencia es solo de 188 votos faltantes. Estimamos que esos 188 votos ‑no tenemos la discriminación acerca de qué serie son los votos observados rechazados‑ deben ser observados rechazados. Por lo tanto, la elección cierra perfectamente en las series en las que no hubo municipios. Estos votos son todos del interior, ya que Montevideo, Canelones y Maldonado son los únicos departamentos que tienen municipios en un cien por ciento.

  En el trabajo de los circuitos con municipios aparece toda la diferencia. Faltan 82.927 votos, a los cuales estimamos que se les puede detraer 253 votos observados rechazados ‑los otros ya los detrajimos de los sin municipios‑, lo que nos daría un faltante de 82.674 votos. Esto falta en los cierres exactos. Es como dinero que falta en un balance. El dinero estará en otro lado, pero en el balance no está contabilizado.

  Haremos una tentativa de explicación. Hay un instrumento que para nosotros es fundamental, al que hizo referencia el señor diputado Lafluf: la planilla auxiliar de voto a voto. Esta planilla fue creada a iniciativa del doctor Carlos Urruty para los votos observados de Montevideo en la elección de 1971, a efectos de verificar si se computaban dobles los votos de la Unión Nacional Reeleccionista o de otras opciones que votaban el régimen vigente o el régimen proyectado; se utilizó para unos ochenta mil votos. Visto el buen resultado, se institucionalizó a partir del plebiscito constitucional de 1980.

  Lamentablemente, no se le está dando la importancia que tiene. He visto planillas que han sido bastante mal llevadas; no hay una verdadera instrucción de cómo se debe llevar. Esta planilla permite ver el contenido de cada sobre, a medida que se abre ‑el sobre es anónimo; no es que se esté identificando el voto de ninguna persona‑, ya que allí se registran los números de las hojas departamentales y otra en la que se registran los números de las hojas municipales. En octubre del año 2014, se registraban los números de hojas de votación para la elección y, en otro lado, si había o no hojas del Sí.

  Las actas de escrutinio tendrían que coincidir con las planillas de voto a voto, pero no se verifican. Las diferencias que surgen del escrutinio se deben a una inadecuada ‑¡desastrosa!‑ selección de miembros de las comisiones receptoras de votos, y a una muy mala instrucción. Mejoró un poco en octubre del año 2014 con relación a las elecciones internas porque el presidente de la Corte Electoral, doctor Arocena ‑que viene del campo académico‑, introdujo algunos elementos pedagógicos que no existían. Pero el procedimiento general no mejoró.

  La no digitalización de la lista ordinal de votantes es un defecto gravísimo. La digitalización permite ver con absoluta certeza e instantáneamente cuántos fueron los votantes, quién votó, quién no votó. Ya tenemos un lío con los papelitos que hay que presentar para cobrar la jubilación o el sueldo. Yo siempre los pierdo y recibo el tercer aviso de la Contaduría General de la Nación de que no me pagan el sueldo de la Universidad si no presento el papel.

  No se cuentan las tirillas para asegurar su coincidencia con los votos no observados. ¡Para algo existe la tirilla! Para muchas más cosas, pero esta es una de ellas.

  No se digitaliza la planilla de voto a voto. Si se fuera digitalizando la planilla a medida que se abren los sobres, se podría ir acumulando información en todo el país en forma real e instantánea acerca de cómo se está produciendo la votación, y en el momento en que se abre el último sobre, hay un dato preliminar del resultado de la elección en todo el país. Este es un software relativamente sencillo; nosotros hicimos uno, y no tenemos los recursos del Estado.

  No se guardan los sobres abiertos. Como saben, se tiran los sobres debajo de la mesa. ¡El sobre es un documento! Y el número de sobres tiene que coincidir con los votantes. Los datos del escrutinio deben separarse en dos planillas diferentes: una para la elección departamental y otra para la municipal. No se trata de una sola planilla. Por lo tanto, en la planilla de escrutinio no hay forma de cerrar los números, de compatibilizar que cierra una cosa con otra.

  Faltó la identificación de los sobres con voto parcial. Esto ocurrió en 2015, no en 2010. El instructivo del año 2010, que fue eliminado para las elecciones del año 2015, establecía precisamente que se identificaba el voto en blanco parcial y que se separaba el parcial solo con listas departamentales del parcial solo con listas municipales. Eso da una certeza total, y por eso el escrutinio del año 2010 cierra perfectamente: el procedimiento estuvo bien armado. Inexplicablemente, se eliminó para el año 2015; se dijo que era confuso para la gente. En realidad, sucedió que el escrutinio de las elecciones internas del año 2014 fue bastante desastroso. Hubo entrevero con el voto blanco parcial de los que solo votaban presidente y listas a ODN versus los que solo votaban listas a ODD y no había cómo hacer coincidir el cierre. Es verdad que en esta votación el número de hojas de votación era demencial: más de tres mil en todo el país.

  Entonces, hay un faltante ‑esto es matemático; la palabra no tiene ninguna otra connotación‑ de 82.774 votos sobre 2.310.100 votantes. Es decir que falta el 3,85 % de los votos; es mucho. El lío en la provincia de Buenos Aires es casi por lo mismo: 4,4 %.

  Se requiere que la Corte Electoral provea información ‑esto es accesorio‑ en cuanto a cómo se distribuyen a nivel de distritos electorales los 441 votos observados rechazados. Con esto tendríamos la precisión absoluta de los números. Si de esa información surge, como presumimos, que 188 votos observados corresponden a distritos sin municipio, entonces queda claro que no hubo ningún voto faltante en las elecciones en las que solo se votó gobierno departamental.

  El problema solo estaría en las elecciones concurrentes. Validaría la tesis de que el problema estaría concentrado en la elección simultánea departamental y municipal.

  A nosotros nos parece plausible la hipótesis de que los votos faltantes podrían ser votos en blanco parcial ‑probablemente sea eso‑, emitidos exclusivamente para candidatos a municipio, sin emisión de voto para el gobierno departamental. Estoy hablando de la elección departamental, no de la elección municipal.

  En la elección municipal, los votos en blanco parcial son muchísimos más, sobre todo por el formidable peso que tienen en Montevideo, donde más del 70 % no votó municipio; solo votó gobierno departamental. Esto nos tendría que hacer reflexionar sobre la forma de votar, de escrutar o de emitir el voto. De hecho, el voto para municipio dejó de ser obligatorio, en la medida en que el 70 % puede no votar.

  Lo más significativo de esto es que con los datos públicos existentes no hay forma alguna de reconstruir con absoluta certeza los resultados de las series con voto faltante. Yo, como académico, puedo hacer cálculos ‑son millones de cifras que uno está manejando‑ y tener la presunción de que debe de tratarse de votos en blanco parcial, pero la certeza de una elección no se da. Por eso expresé mi preocupación cuando hice el planteamiento de los votos faltantes. Reitero que la primera vez que lo hice fue enseguida de la elección, el 22 de mayo del año 2015, y lo reiteré el 24 de mayo del año 2015; en 2017 tuvo una sonoridad más allá de la que pretendía y, además, distorsionada.

  La certeza no es producto de hipótesis académica. La certeza se da porque los números tienen que cerrar.

  La única forma de reconstruir los resultados electorales es digitalizar y procesar las planillas auxiliares de voto a voto. La elección del año 2015 está cerrada; por supuesto. Pero importa hacer un estudio para ver qué pasó, a efectos de que estas cosas no se repitan. Debemos tener la certeza absoluta de los resultados del año 2015; de lo contrario, nos quedamos con una elección con incertidumbres, donde hay hipótesis razonables, pero no probadas. La certeza está dada por la prueba. Hablo sobre todo por los 4.929 circuitos en los que se votó conjuntamente; ahí está el quid de la cuestión. Si, además, se agregan los otros circuitos, muchísimo mejor.

  Llama la atención que, sabiéndose esto desde mayo de 2015 y habiéndose difundido públicamente en febrero de 2017 no haya habido preocupación por procesar todas las planillas auxiliares de voto a voto en todo el país. Eso habría despejado definitivamente el resultado. Se podía haber llegado a la conclusión de que había un porcentaje equis de planillas auxiliares de voto a voto mal hechas, en cuyo caso habría que estudiar la aplicación de sanciones a las personas que son miembros de las comisiones receptoras de votos y hacen las cosas mal. En última instancia, esto es algo relativamente retribuido, en la medida en que los funcionarios públicos tienen cinco días adicionales de licencia al día posterior a la elección, además de que es un deber cívico hacer las cosas bien.

  Entonces, sugerimos que se solicite a la Corte Electoral el envío de, por lo menos, los 4.929 circuitos; no estarían mal sumar los otros 2.195, a efectos de contar con absolutamente toda la información. Su presidente actual, siendo un hombre totalmente ajeno a esta materia, tuvo la iniciativa de hacer algunas reformas interesantes y firmó un convenio con la Universidad, que tiene personal calificado como para poder estudiar esto en forma razonable.

  El diputado Lafluf nos hizo llegar la carta que leyó. Allí dice que las planillas pasan a ser inutilizadas al final del escrutinio, lo que va contra la reglamentación. No hay ninguna reglamentación en la Corte que indique que se autoriza su destrucción, porque eso implicaría la desaparición de un documento fundamental para reconstruir los datos de la elección y, de ser cierto, impide clarificar la certeza del resultado electoral y se pierden las garantías electorales. Esto hay que clarificarlo: ¿están o no las planillas de Río Negro y del resto del país? Se trata de un documento electoral fundamental y el único, reitero, que permite reconstruir los datos de la elección.

  Considero que rápidamente se deben hacer cambios muy fuertes, que no pasan por el aspecto económico. Escribí un artículo muy crítico para la Asociación de Funcionarios Electorales. Yo creo que en la Corte Electoral hay un exceso de funcionarios que no tienen capacidad para lo que hoy está necesitando, y que le faltan muchísimos otros: no tiene suficientes abogados especializados en derecho público y derecho electoral, no tiene contadores, no tiene sociólogos, no tiene politólogos, y no tiene gente en abundancia con manejo tecnológico e informático, que es lo que hoy se requiere. Se requiere en parte voluntad de la Corte Electoral y en otra parte de urgentes modificaciones legislativas, en primer término a la Ley del Registro Cívico Nacional de 1924, sus modificatorias y concordantes.

  Uruguay, un país que tiene una democracia asentada, con una gran legitimidad social, no puede darse el lujo de que esto progrese, porque el día en que se termine poniendo en duda una elección importante, se perderá la credibilidad electoral, y si se pierde no se recupera durante mucho tiempo.

  México viene de una historia opuesta a la nuestra y vemos cómo cuesta a los actores aceptar los resultados, no solo a nivel federal, sino en los distintos Estados. En 2006, hubo una elección en la que la diferencia entre el primero y el segundo fue exactamente la misma que la que tuvimos nosotros, y que definía si el Frente Amplio pasaba o no al balotaje. Acá no pasó nada; el que ganó festejó, y los que perdieron no lo hicieron. En México fue un escándalo. A nosotros nos tocó intervenir; tuvimos que hacer un estudio ‑allá a los circuitos les llaman casillas‑ y lo que encontramos fue un desastre. No se vio es que hubiera fraude, sino irregularidades que se compensaban entre uno y otro. Sin embargo, era imposible convencer de que no había habido fraude en un país en el que el fraude era sistémico.

  En Ecuador también hay un lío; intervine lateralmente sobre las denuncias de Novoa respecto a que faltarían algunos circuitos. En principio, no da la impresión de que haya habido alguna irregularidad significativa, pero está el fantasma.

  Y está el caso de la provincia de Buenos Aires; que se haya detenido la acumulación de datos con el 95,5 % a las tres y media de la mañana es para que todos sospechen, en un país donde hay mucha cosa para sospechar.

  Cuidemos lo que tenemos; costó prácticamente un siglo ganar esto. Hemos tenido ya algunos tropiezos, que ahora son crecientes; no se pueden cerrar las elecciones con este número faltante, sobre todo cuando hay departamentos en los que el número faltante es mayor que la diferencia entre el primero y el segundo. No quiere decir que no haya ganado el primero; razonablemente, el resultado sería el mismo, pero se trata de hipótesis académicas y no de certezas jurídicas. Ustedes vivieron el caos de los resultados de las internas; hay muchos números que no se sabe verdaderamente cómo fueron.

(Se autoriza al señor representante Constante Mendiondo a hacer uso de la palabra)

SEÑOR MENDIONDO (Constante).‑ Disculpen que llegué tarde, pero estaba en la Comisión de Hacienda.

  Uno tiene en el imaginario los pronunciamientos de fines de la dictadura y del primer gobierno electo en 1984. Recuerdo la explicación del doctor Enrique Tarigo acerca de por qué había sucedido esto en el Uruguay. Entre las cuestiones principales, destacaba la fortaleza del sistema electoral uruguayo y su equilibrio en el control.

  Hay una gran cantidad de información y propuestas que hace el profesor Bottinelli ‑lo pongo en un primer plano del asunto que tratamos‑ que podría servir mucho a nuestra Corte Electoral, porque si hay algo en lo que tenemos que estar contestes en el mundo en que vivimos hoy, es en que hay que actualizarse, agionarse y hacer diseños que tengan que ver con la realidad.

  En definitiva, estas diferencias tienen que ver con que no se han tomado en cuenta las planillas, fundamentalmente en lugares que tienen municipios. Este es un aporte trascendente y seguramente esta Comisión, junto con la Corte Electoral, podrá analizarlo.

  Hay algo que en lo personal nos preocupa, que estaba laudado hasta principios de este año, y es la elección de Río Negro, ganada por nuestra coalición política por 237 votos. Desde el inicio, el Partido Nacional ‑el doctor Lafluf‑ plantearon las dudas que estaban surgiendo del sistema electoral y la Corte Electoral puso lo mejor de sus capacidades técnicas y logísticas para hacer un transparente segundo escrutinio.

  La voz del pueblo es la voz de Dios; en Río Negro nunca vi más gente que la que estoy viendo hoy discutiendo esto. Río Negro tiene asumido que tiene un gobierno legítimo. El escrutinio primario dejaba claro que podía haber dudas con respecto a las planillas, pero nunca con respecto a la realidad de los votos. En esa semana tan tensa nunca vi un mínimo disturbio, y tengo la Junta Electoral pegada a mi puerta. Quiere decir que se acogieron las garantías del sistema, se hizo el trabajo que había que hacer, y nadie puso en duda el resultado electoral de Río Negro.

  Para la democracia ‑lo dice la nota del doctor Lafluf‑ es clave la aceptación de los resultados, porque la legitimidad de los gobiernos es la que nos permite trabajar y no estar discutiendo durante cinco años qué fue lo que sucedió.

  De las respuestas que ha dado el profesor Bottinelli ha quedado muy claro por dónde podría venir la explicación, pero yo quiero hacer una pregunta porque esto puede hacer revivir una discusión en un departamento que vive con sus diferencias pero en tranquilidad. ¿Cuál es el cuestionamiento que realiza el profesor Bottinelli al resultado electoral de Río Negro?

  Ante todos los planteos que se le han hecho, la Corte Electoral dio certezas de que el procedimiento fue adecuado y garantiza el pronunciamiento de la población. Esta pregunta va a ser la única que haga porque me parece que ya ha quedado muy claro que hay una cantidad de cosas para trabajar con la Corte Electoral en cuanto a la actualización a futuro.

  Quiero poner esto en dos planos. Me gustaría que en algún momento laudáramos este tema. Vivimos en un departamento que es una aldea, con 53.989 habitantes y 44.926 habilitados para votar. Todos nos conocemos, todos sabemos por qué se ganó por 237 votos, todos sabemos de dónde los sacamos porque vivimos todos juntos. Cuando a nivel nacional nos incorporan un cuestionamiento de esta naturaleza ‑por suerte no fue incorporado por la ciudadanía y nadie lo discute; para la ciudadanía de Río Negro el resultado es legítimo‑, nos preocupa por lo que podría haber sucedido.

  Si hubiera existido la mínima sensación de que al Partido Nacional se le estaba robando la elección en Río Negro ¿se imaginan lo que hubieran sido las calles de Fray Bentos mientras se contabilizaban los votos? Pero no hubo un solo incidente. Hubo mucho trabajo de todos los partidos políticos y el pronunciamiento de la ciudadanía se dio como era. Reitero la pregunta al profesor Bottinelli: ¿cuál es el cuestionamiento al resultado de la elección de mayo de 2015 en Río Negro?

SEÑOR LAFLUF HEBEICH (Omar).‑ Por supuesto que no vamos a discutir sobre Río Negro, y mucho menos con el colega diputado del departamento, pero al principio dije claramente que la Corte Electoral no nos respondió. El 12 de mayo pedimos un segundo escrutinio, y repetimos la petición, pero no se hizo; se nos contestó que no. El diputado Mendiondo tampoco estaba cuando leí lo que nos contestó la Corte Electoral ante el pedido de que se revisaran las actas. Se nos contestó que luego del escrutinio las actas son inutilizadas, se destruyen, como decía recién el profesor Bottinelli.

  Por otra parte, un resultado electoral no se puede basar en que somos pocos y todos nos conocemos. Nosotros no estamos poniendo nada grave y alarmante arriba de la mesa; lo único que pedimos es que los números coincidan porque, como muy bien dijeron varias personas ‑entre ellas, el profesor Bottinelli‑, un resultado electoral no se puede dar sobre la suposición de que los votos que no están y no coinciden son de los municipios. Suponemos que esos votos son de los municipios; ¡tienen que estar!

  Creo que las cosas no se pueden manejar así, pero no lo digo solo por Río Negro. Después de que hicimos todos estos reclamos nadie nos escuchó, nadie nos respondió, se terminó el tema. El diputado Mendiondo puede dar fe de la forma como estamos trabajando en Río Negro, apoyando al Gobierno del Frente Amplio en los temas que debemos hacerlo.

  No queremos traer este planteo para revivir fantasmas ni para salir a las calles a incendiar la pradera; solamente queremos que estas cosas se tomen en cuenta para que no pasen, y que la gente tenga la certeza. Estoy seguro de que si esto ‑perder por 237 votos, que aparezcan errores, que en la planilla que mostré hoy no figure que en el sobre Nº 1 está la hoja tal‑ le hubiera pasado a cualquier partido, habría reclamado; seamos honestos entre nosotros.

  Esto no es un enfrentamiento; simplemente quería clarificar lo que había dicho.

SEÑOR UMPIÉRREZ (Alejo).‑ Esto me parece muy ilustrativo e interesante. Creo que hay un consenso natural y global sobre la importancia del sistema electoral y la preservación de sus garantías y lo que significa la fiabilidad para la convivencia en sociedad.

  Los datos son preocupantes, porque no solamente hay una diferencia del 3,58 % a nivel departamental, sino de más de un 1 % a nivel nacional, lo que eventualmente incidirá, si no me equivoco ‑no recuerdo bien la definición para el balotaje‑, en que haya balotaje o no. Se trata de una diferencia en el total de votos válidos emitidos. O sea que no estamos hablando de pequeñeces.

  La situación en Río Negro se pone en el tapete por una diferencia electoral. Recordemos que una elección en Colonia, creo que en 1989 ‑cuando Curbelo, quien luego falleciera, fue electo intendente‑ se dilucidó por diecinueve votos. Entonces ¡vaya si es importante asentar esto sobre bases firmes! Creo que tenemos que proceder con un criterio global lógico.

  Aunque no soy integrante de la Comisión voy a pedir que se envíe la versión taquigráfica de esta sesión a la Corte Electoral, e invitarla para que comparezca, en un plazo prudencial que coordine la Presidencia, para darnos una respuesta, una explicación o nos informe qué ajustes institucionales existen, porque esto nos preocupa a todos. Un día el resultado es uno y otro día es otro; la paz social está en juego sobre la respetabilidad del sistema.

  Recordemos que, más allá de lo que mencionaba el profesor Bottinelli, hay problemas informáticos y de capacitación, pero también recordemos que la Corte Electoral viene con cero incremento presupuestal desde hace años, lo que obviamente también conspira contra todo esto. Aplicar tecnología, generar nuevos recursos y renovar un personal que va envejeciendo implica un problema económico que se va agregando a lo institucional.

SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).‑ Analizaremos el informe del señor Bottinelli en posteriores reuniones, porque en esta Comisión se estila no hacer los debates en presencia de los invitados.

  Sin lugar a dudas, para nosotros el resultado electoral de Río Negro ya está laudado. Entiendo que lo que está planteando el señor diputado Lafluf es el análisis del sistema hacia adelante; de lo contrario, este planteo no se haría recién dos años después.

  Me parece que sería interesante contar con la presencia del señor Bottinelli en otras oportunidades, por ejemplo, cuando analicemos el rol de las encuestas y de las encuestadoras. Nos sorprende que varias encuestadoras coincidan en un número de proyección; que no se den a conocer los resultados reales de las encuestas, sino proyecciones o análisis. Eso también incide en el sistema electoral y en el electorado uruguayo. Podríamos volver a solicitar la presencia del señor Bottinelli para analizar otros escenarios del sistema electoral, importantes y relevantes, que también hacen a esa confianza que queremos generar, no solamente en el conteo de votos, sino en ese muestreo que se da de la opinión pública, que muchas veces puede alterar o modificar el resultado electoral.

SEÑOR ABDALA (Pablo).‑ Quiero dejar alguna constancia y trasladar una consulta adicional al profesor Bottinelli. Me parece que no solo es una presencia muy bienvenida en la comisión por la consideración que le tenemos todos, sino también por la importancia y la delicadeza del tema que ha venido a plantear a este ámbito de trabajo que todos integramos en el Parlamento nacional.

  En primer lugar, creo que el problema es bastante más complejo que el resultado electoral del departamento de Río Negro. El señor diputado Lafluf Hebeich se encargó, desde el inicio, de aclarar muy nítidamente que lo que lo ha movido a generar esta instancia no es, por cierto, desconocer o cuestionar lo que ocurrió en el año 2015 en la elección departamental y en la elección municipal, ente otras cosas, porque se laudó.

  En su debido momento, con relación a un resultado electoral que fue, evidentemente, estrecho y que se terminó dirimiendo por algo más de doscientos votos, tanto el señor diputado Lafluf Hebeich como los otros representantes del Partido Nacional en el departamento hicieron las consultas, los trámites y las gestiones necesarias, a los efectos de tener la certeza de que el escrutinio y la elección se habían desarrollado sobre la base de las normas que objetivamente regulan las elecciones departamentales. Eso se procesó y el Partido Nacional terminó por reconocer el resultado electoral y la legitimidad del Gobierno.

  Eso no implica que, como un hecho superviniente, una opinión autorizada como la del profesor Bottinelli ‑que a todos nos genera la más absoluta confianza desde el punto de vista de su idoneidad técnica y al que, además, todos le reconocemos una gran honestidad intelectual‑ haya planteado ‑como lo hizo recientemente, en forma pública‑ que nuestro sistema electoral en general presenta debilidades que, además, son progresivas y crecientes, en el sentido de que, por las razones que él ha explicado ‑y que, por supuesto, no voy a reiterar, porque no estaría con condiciones de hacerlo con la consistencia con la que él lo ha hecho‑, terminan por afectar o podrían llegar a afectar las propias garantías electorales.

  Yo creo que esa circunstancia nos pone a todos frente a la necesidad de actuar, a los efectos de estar tranquilos de que en el sistema electoral ‑en el que, por supuesto, todos confiamos y en el que el país ha basado históricamente la razón de la respetabilidad de la democracia, que ha sido un elemento distintivo en la región y en el mundo‑ estamos haciendo lo correcto y lo debido para preservar esa condición de respetabilidad, que goce de buena salud y nos siga dando a todos las garantías necesarias y suficientes, justificando lo que tanto nos ha enorgullecido a todos los uruguayos. En ese sentido, tenemos una ventaja o una condición comparativa que al país mucho lo enaltece con relación a otros regímenes de la región, y aun del mundo. Me parece que eso es lo que está planteado.

  La circunstancia de que haya más de ochenta y dos mil votos en la elección departamental y municipal de los que no se sabe a ciencia cierta cuál fue la voluntad cívica del votante ‑no sabemos muy bien si fueron solo votos a lo departamental o solo a lo municipal, ya que el sistema no arroja esa certeza o no indica con claridad en base a qué ocurre esa diferencia‑ es algo que, reitero, nos obliga a todos a actuar en esa dirección.

  Creo que la convocatoria a la Corte Electoral es pertinente. Me parece que son temas que claramente tenemos que abordar con la autoridad electoral, que es la Corte Electoral. Tenemos que escuchar su versión de estas mismas afirmaciones y tenemos que ver en qué medida hay aspectos que, eventualmente, pueden o deben ser corregidos por la vía de la legislación o por la vía de la utilización de la tecnología, de la digitalización, de una forma que, reitero, nos permita superar las carencias que aquí se han señalado desde el punto de vista de la gestión humana, de la falta de capacitación y de la falta de preparación de quienes integran las mesas receptoras de votos, que fueron aspectos que el profesor Bottinelli señaló en su intervención.

  Esas eran las consideraciones generales que quería hacer.

  Quiero trasladar una consulta adicional al profesor Bottinelli con relación a un tema que no estuvo en el análisis de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración hasta este momento, pero que tomó estado público recientemente a partir de un planteo del doctor Renán Rodríguez y que también tendría que ver con las garantías electorales.

  Yo tengo una profunda consideración y respeto por el doctor Renán Rodríguez; creo que fue un gran ministro de la Corte. Recientemente, el doctor Renán Rodríguez hizo referencia ‑lo pregunto porque tal vez sea bueno tener alguna visión del profesor Bottinelli al respecto para cuando venga la Corte Electoral‑ a un convenio que habría suscrito la Corte Electoral con el Ministerio del Interior en lo que se refiere a la información respecto de aquellas personas procesadas o penadas que, por lo tanto, se encontrarían en situación de interdicción en cuanto al ejercicio de los derechos cívicos. Este convenio implica sustituir la actual gestión que realiza la Corte Electoral a través de sus funcionarios ‑que, precisamente, comprueban personalmente la situación de cada uno de estos ciudadanos con relación a su prontuario‑, por la mera recepción de información del Ministerio del Interior, sin un proceso o una instancia de verificación previa.

  Hay una carta que el doctor Renán Rodríguez hizo llegar al Semanario Búsqueda ‑todos la leímos allí‑ ; no sé si el profesor Bottinelli tiene alguna idea formada con relación a esto, si es un tema al que deberíamos o no prestar particular atención. Puede ser un aspecto colateral, pero me parece que también hace a las garantías electorales y al funcionamiento adecuado del sistema electoral.

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ Quiero que nos centremos en el motivo de la convocatoria, porque la discusión ya la dimos en esta Comisión. Por eso, tal vez el profesor no entendía mucho la versión taquigráfica que acompañó su convocatoria.

  Nosotros definimos claramente el tema. Todos participamos y dimos nuestra opinión acerca de cómo iba a ser la convocatoria del profesor, cuál iba a ser el motivo y dónde nos íbamos a centrar. Por eso no me parece pertinente ampliar las preguntas, porque esta Comisión ya dio el debate y estableció que íbamos a solicitar la concurrencia del profesor Bottinelli y luego de la Corte Electoral; hasta establecimos el orden en que los íbamos a recibir y fuimos muy cuidadosos.

  Inclusive, hace un momento la señora presidenta estableció cuál era la calidad en la que se lo iba a convocar y cuál sería el motivo de la convocatoria. Por eso, me parece que algunas de las apreciaciones que se están realizando no contemplan, en su totalidad, lo que ya se manifestó en esta comisión el día 26 de abril de 2017, tal como consta en la versión taquigráfica que todos tenemos la vista.

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Creo que, efectivamente, el profesor Bottinelli al comienzo enmarcó bien sobre qué iba a exponer en su comparecencia y estaban adecuadamente realizadas las observaciones.

  Hay temas sobre los que, efectivamente, deberíamos conversar una vez terminada esta comparecencia; el señor diputado González ha planteado la posibilidad de invitar nuevamente al profesor Bottinelli y creo que nada nos inhibe a hacerlo.

  Sin lugar a dudas, el sistema electoral y las dudas que se han planteado constituyen un tema que amerita tratarlo en esta oportunidad o en otra.

SEÑOR ABDALA (Pablo).‑ Agregué una pregunta que es muy concreta, que estoy seguro de que no demandaría demasiado tiempo responder, pero si esto distorsiona o perturba el desarrollo de la reunión, la dejo planteada y capaz que el profesor Bottinelli nos puede hacer llegar una respuesta por escrito.

  (Diálogos)

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ El tema electoral es apasionante para todos y es de enorme importancia, pero si nos metemos en esto, podemos amanecer mañana acá y seguir tratando el tema y analizando todos estos factores que la estupenda exposición del profesor Bottinelli ha puesto sobre la mesa.

  Estamos frente a un tema que no podemos soslayar. Creo que sobran los elementos como para estar, más que preocupados, alarmados.

  Algunos de los hechos que mencionó el profesor Bottinelli en su exposición, eventualmente, podrían constituir delito; tienen apariencia delictiva. La doble inscripción tiene claramente apariencia delictiva. Es muy importante y muy grave lo que aquí se ha dicho.

  Entonces, como ha sido señalado, creo que lo que corresponde hacer no es comunicar, sino dar traslado del tema a la Corte Electoral, acordar una fecha y recibirlos. Tenemos que trabajar sobre esto, porque no es aceptable que la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados tome conocimiento de estas cosas a dos años de la próxima elección y no adopte ninguna medida al respecto.

  Tenemos que escuchar a la Corte Electoral y, después, entre todos, tendremos que legislar y preguntar a la Corte Electoral cuál es su plan de trabajo y qué piensa hacer para encarar todas estas situaciones que, reitero, más que preocupar, alarman.

SEÑOR RADÍO (Daniel).‑ En línea con lo que acaba de manifestar el señor diputado Pasquet, creo que no tenemos que detenernos en aspectos formales, cuando tenemos arriba de la mesa una cuestión que es grave y sobre la que tenemos que seguir profundizando.

  La nota del señor diputado Lafluf Hebeich es correcta y me parece que, en definitiva, es la que motiva la convocatoria del profesor Bottinelli. Nadie tiene que generar suspicacias, y tampoco hay que sentir culpa por venir a plantear estas cosas. Los señores diputados tienen derecho a plantear estas cosas. Casi diría que cuando uno tiene la intuición de que hay aspectos no definitivamente aclarados, tiene el deber de venir a plantear estas cosas acá. Entonces, no hay que venir a decir las cosas poco menos que con vergüenza y pidiendo disculpas por hacer estos planteos. Me parece que está muy bien hacerlos, y la exposición del profesor Bottinelli dejó claro que hay aspectos para preocuparse.

  Aprovecho para agradecer la presentación del profesor Bottinelli; por suerte no nos perdemos su palabra en esta oportunidad. Es más: desafortunadamente el país se está perdiendo la presencia de Bottinelli en otros ámbitos en los que seguramente tendría que estar.

  Me parece que es un tema al que tenemos que seguir hincándole el diente.

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Reitero: mi planteo anterior iba en el sentido de que este es un tema que, por su complejidad, no vamos a votar en el día de hoy. Entonces, en función de tratar de ordenarnos con el tiempo, creo que hay un acuerdo general de que este tema no se agote hoy y que se pueden dar otras instancias.

  Sin lugar a dudas, todos coincidimos en la importancia que tiene el tema y en que no sería responsable pretender finalizar hoy el debate.

SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).‑ Tenemos una agenda bastante importante. Comúnmente se dice que esta comisión es el pulmón de la Cámara: hay varios temas importantes en el orden del día.

  Me parece que el sistema electoral uruguayo es totalmente garantista para todos los uruguayos y creo que hay que seguir trabajando en ese sentido. Por eso me parece apresurado que se diga que este problema puede seguir progresando como en otros países.

  En el año 1994, en mi departamento de Lavalleja, hubo una diferencia de más de cuatrocientos votos entre dos candidatos de un mismo partido. Cuando un candidato festejaba en la plaza, el otro vino con los datos del interior y se dio vuelta una elección. En esa oportunidad se generaron suspicacias y dudas en cuanto al planillado.

  Me parece que si bien es interesante la exposición que se hace, los problemas tienen que ver, principalmente, con aspectos humanos, con mejorar la prolijidad de quienes llevan adelante las mesas receptoras de votos. Me parece que la cuestión fundamental está ahí y no en otro tipo de cambios más profundos. Sin ser muy idóneo en esta materia ‑si bien me gusta el tema electoral‑, me parece que el sistema electoral uruguayo es sumamente garantista.

  Cuando se dice que el voto puede estar en lo departamental o en lo municipal, tal vez no esté registrado, pero indudablemente el voto está en un órgano o en el otro, en el departamental o en el municipal, pero el voto está. Eso es lo que da la garantía.

  Quería dejar bien claro que ya en el año 1994 se dio este mismo tipo de situación, pero ni en 1999 ni en 2004 ‑por lo menos en mi departamento‑ surgió ninguna complicación de esta naturaleza.

SEÑOR BOTTINELLI (Óscar).‑ En cuanto al planteo del señor diputado Abdala, a raíz de situaciones de tipo familiar que me han tenido muy ocupado, no he podido estudiar detenidamente el tema. El doctor Renán Rodríguez me hizo llegar el convenio con el Ministerio del Interior y tuve un intercambio con él. Tengo muchas dudas. Tengo que estudiarlo mucho todavía. Por un lado, creo que el señor presidente de la Corte Electoral tiene la intención de agilizar cosas que están muy trabadas y, por otro, es probable que haya alguna desprolijidad en materia de garantías, pero quiero estudiarlo bien. Quizás ese convenio con el Ministerio del Interior requiera de algunos ajustes. Comparto la preocupación del doctor Renán Rodríguez, pero tengo que estudiarlo mucho más.

  Antes de contestar al señor diputado Mendiondo, que me hizo preguntas muy claras y concretas, quiero aclarar lo siguiente.

  Tengo la percepción de que se pueden hacer cambios muy grandes en el sistema electoral uruguayo sin que tenga costos. El presupuesto se puede ajustar. Se puede ahorrar mucho y gastar en otra cosa. Creo que se trata sobre todo de un reordenamiento de recursos.

  Si estamos hablando hacia el futuro, ¿cómo evitar que cruja este régimen? La mitad de la responsabilidad está acá, es legislativa. Hay cambios que tienen que ver con el funcionamiento de la Corte Electoral, pero hay cambios de leyes que están muy obsoletas. No puede ser que en la Corte Electoral se haya discutido si una cabina puede o no tener puerta, porque la ley de 1924 establece que el votante cerrará la puerta; hay una tesis de que si no hay puerta, se viola la ley. Es de un casuismo impresionante.

  Hace muchos años que vengo diciendo que hay que hacer modificaciones a nuestra legislación electoral.

  Me voy a referir a lo expresado por el diputado Mendiondo. Yo hice una mención al departamento de Río Negro como un ejemplo, porque era el que había registrado la menor diferencia y el mayor ratio entre el número de votos faltantes y la diferencia. Al pasar dije que nadie lo puede asegurar a ciencia cierta. "A ciencia cierta" es una afirmación técnica que se utiliza cuando se cuenta con todas y cada una de las pruebas. A partir de eso, alguien dijo que yo había hablado de fraude. Entonces, me interrumpieron en medio del Carnaval ‑estaba descansando‑ y salí en varios medios de Río Negro a decir que no era nada de eso. Inclusive, presumo ‑pero una cosa es la certeza y otra la presunción‑ que el resultado real fue el que ocurrió. Yo no puedo afirmar académicamente que ese resultado es cierto, si no están todos y cada uno de los números. No creo que haya sido correcto el procedimiento de la justicia electoral, porque no se trataba solamente de repetir el escrutinio; tendría que haber recurrido a las planillas de voto a voto, porque eso es lo que deja afuera toda duda.

  En México y Ecuador se han dado situaciones similares cuando se decidió hacer un muestreo. ¿Por qué no se cuenta todo? En Italia, en 2006, pasó lo mismo, en la elección que terminó con 0,2 % de diferencia.

  Frente a una duda hay que ir al fondo, recurrir a todos los datos e información posible; no hay que atenerse a lo mínimo formal. Y si queda una duda es porque no fue posible evacuarla. El ejemplo que utilicé fue simplemente para ubicarnos en la situación. La legalidad de la Intendencia de Río Negro está fuera de discusión, pero creo que si se repiten estas cosas, son peligrosas.

  El señor diputado Javier Umpiérrez hizo referencia al caso de la banca de Lavalleja, pero no fue solo uno: está lleno de casos similares. Está el caso de la Intendencia de Colonia de 1989.

  También está el de la banca del Partido Nacional por Soriano en 1958, que se definió por cincuenta o cincuenta y un votos, no recuerdo exactamente. En esa oportunidad hubo cien votos anulados, del sector que perdió la banca. En Cardona se anularon hojas de votación del sector que perdió la banca, que tenían el mismo número, pero que eran del departamento de Colonia; en Cardona se reparten listas de Colonia, así como en Florencio Sánchez se reparten de Soriano. Somos un país que vive pegando en el palo.

  Para contestar al planteo del señor diputado González necesitaría realizar un larguísimo desarrollo. Es un tema que no tiene nada que ver con esto. Acá estamos hablando estrictamente del conteo de votos, lo que se llama régimen electoral. El planteo del diputado González está vinculado con el sistema electoral y está relacionado con lo que genéricamente se denominan hechos o actos que puedan incidir sobre el votante.

  Hay países que tienen muy regulada la propaganda que pueden hacer los partidos ‑a mi juicio es muy complicado‑, así como la mención que pueden hacer los partidos a los otros candidatos. Creo que noventa de las ciento cinco páginas del recurso presentado en México por el Partido de la Revolución Democrática en 2006 fue sobre aspectos de contenido y no de votos.

  También tiene que ver con el uso de la publicidad oficial. El anuncio de estadísticas oficiales sobre una elección que favorece a un gobierno, sea nacional, departamental o subnacional, como se dice ahora.

  Las encuestas están muy discutidas en el mundo. Sobre él hay distintas líneas y análisis. Tienen dos facetas: por un lado, la encuesta como tal, la emisión que hace el encuestador y, por otro, la redifusión o comentarios que hacen los medios de comunicación por cuenta propia. Es un tema muy abarcativo, en el que están todos los elementos que tienen que ver con la incidencia sobre el elector, que pueden entrar en el capítulo más genérico de estudio de campaña electoral. Hay una tesis que dice que no debe regularse y otra que sí. A su vez, dentro de eso hay varias teorías en el mundo. Es un tema muy interesante y apasionante, como algo colateral.

  También está el financiamiento político, que es algo fundamental.

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Le agradecemos el profesor por el esfuerzo que ha hecho para contestar a todos los planteamientos y también su presencia en esta Comisión.

  Seguramente lo invitaremos nuevamente para tratar este tema que necesita ser analizado en profundidad.

(Se retira de sala el profesor Óscar Bottinelli)

——En función de los planteos realizados durante la comparecencia del profesor Bottinelli, tal como señalaba la diputada Bottino, se había acordado convocar a la Corte Electoral. Trataremos de coordinar su presencia lo antes posible y, por supuesto, se le enviará la versión taquigráfica de esta sesión.

(Ingresa a sala una delegación de la Asociación de la Prensa Uruguaya)

——Damos la bienvenida a la delegación de la Asociación de la Prensa Uruguaya, integrada por la señora Victoria Alfaro, presidenta; el señor Claudio Veiga, secretario general; la señora Nancy Leite, del sector Agencias Internacionales; el señor Fabián Silveira, secretario de formación; el señor Enzo Méndez, del sector radios; y la señora Laura Bracco, de Prensa y propaganda.

  Les agradecemos que hayan venido para brindarnos su opinión con respecto al proyecto "Día del periodista y del trabajador de los medios en todos sus ámbitos", que estamos considerando.

SEÑORA ALFARO (Victoria).‑ Les agradecemos por habernos recibido. Estamos muy complacidos por poder conversar con ustedes sobre un tema que nos es muy grato.

  El 23 de octubre de 1815, salió a luz el primer periódico oriental El Prospecto Oriental, a cargo de Mateo Vidal. Artigas mandó un oficio ese día al Cabildo, donde exhortaba a los cabildantes a promover la libertad de prensa. Es así que, años después, se designa el 23 de octubre como el Día del Periodista

  Desde hace cinco años venimos pidiendo que el 23 de octubre sea el Día del Periodista y los Trabajadores de los Medios de Comunicación. Para que la voz o la palabra del periodista llegue a la ciudadanía necesita necesariamente el apoyo de otros profesionales y técnicos que actualmente no cuentan con un día especial que celebre y los reconozca como trabajadores de los medios de comunicación, aporte fundamental a la libertad de expresión y a la cultura de nuestra nación.

  Este año queremos tener la posibilidad de celebrar el día de todos quienes integramos los medios de comunicación de este país. Son centenares los trabajadores a lo largo y ancho del país que no tienen este día como tal. Consideramos que extender este día al resto de los trabajadores de los medios de comunicación no genera un impacto económico en las empresas, ya que en su gran mayoría lo que hacen es cambiarlo por un día de licencia o por un día libre. Hoy en día varias empresas del sector conceden este día a quienes no son periodistas.

  Como les decía, ya han pasado cinco años desde que comenzamos a transitar este camino. No entendemos la demora. Para beneficio de todos los trabajadores de radios, canales de televisión, diarios, semanarios y televisión por abonados, entre otros, esperamos que se pueda encontrar una solución lo antes posible.

SEÑOR VEIGA (Claudio).‑ Esta ilusión que tenemos, este proyecto que presentamos hace cinco años, estuvo a punto de ser aprobado. Por error de algún legislador, se consultó a periodistas parlamentarios y no a la Asociación de la Prensa, sobre la extensión del Día del Periodista. Como al compañero que brindó su opinión ‑afiliado a nuestra Asociación, pero no integraba la directiva‑ no le gustaba el proyecto, el Parlamento lo rechazó y quedó en la nebulosa. Nos llama poderosamente la atención porque desde APU reclamamos que se nos consultara, ya que somos quienes, junto con la gran mayoría de los afiliados, hemos impulsado esta iniciativa. Hoy el 95 % están a favor de este proyecto y hay un 5 % de abstenciones, quizá porque no lo conocen.

  Nosotros pretendemos que este beneficio se extienda a todos, desde el chofer o la limpiadora, hasta el más encumbrado periodista, porque todos tenemos derecho a contar con un día, tal como sucede en cualquier rama de actividad.

  Como dijo Victoria Alfaro, concretar esta iniciativa no generará impacto en las empresas porque podría hasta canjearse por un día libre, sin que sea necesario realizar una erogación por el día trabajado. Ya hay empresas que lo están haciendo; queremos oficializarlo.

  Reiteramos: llevamos cinco años peleando por esto. Nos gustaría ‑se lo venimos prometiendo a nuestros socios‑ que en este año 2017 ‑con la premura que conlleva‑ el 23 de octubre pudiéramos celebrarlo todos juntos, con la aprobación de ustedes.

SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).‑ Agradezco la información. Recién hice una consulta porque no me había informado bien acerca del alcance del proyecto. Se han aclarado algunos conceptos, lo que hace que avancemos en su promulgación.

SEÑOR ABDALA (Pablo).‑ Quisiera aclarar un aspecto reglamentario vinculado con los antecedentes que se señalaron. Entiendo la tesitura de APU en cuanto a la demora, a los cinco años que se han invocado. No quiero salvar nuestra responsabilidad, pero sí dejar constancia de que este proyecto llegó a esta Comisión en setiembre del año pasado; lo presentó el señor diputado Carballo. Se podrá considerar que pasó un tiempo prudencial; sin embargo, no tengo demasiado claro que el proyecto haya sido bien destinado porque este tipo de iniciativas normalmente van a la Comisión de Legislación del Trabajo, en la medida en que está vinculado a un determinado colectivo de trabajadores.

  Hechas estas salvedades, debo decir que tenemos la mejor disposición para analizar el tema. Comparto lo que dijo el señor diputado Umpiérrez en cuanto a que nos queda bien claro el verdadero alcance de la propuesta. Sobre esa base vamos a trabajar al respecto.

SEÑORA PRESIDENTA.‑ La apreciación del señor diputado es muy adecuada. Además, hay que tener en cuenta que los proyectos que quedan sin aprobar, se archivan al final de la legislatura, y si no se solicita su desarchivo no entran automáticamente a estudio de la Comisión.

  Agradecemos la presencia de la Asociación de la Prensa Uruguaya. En breve, les enviaremos información respecto a este proyecto.

(Se retira de sala la delegación de la APU)

——A efectos de tratar esta iniciativa, se buscarán sus antecedentes.

SEÑORA CORREA (Catalina).‑ Solicito que el proyecto "Padrones Nos. 18.891, 17.854, 10.329, 10.331, 12.872 y 30.045, Ubicados en la Localidad Catastral Ciudad de Salto, Departamento de Salto. Se desafectan del patrimonio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y se afectan a la Intendencia de Salto, con la finalidad de dar cumplimiento al proyecto PIAI ‑Barrio Artigas", que figura entre los proyectos presentados y fuera remitido por la Cámara de Senadores, sea considerado con urgencia.

  Se trata del realojo de un asentamiento de ciento ochenta viviendas ‑si van hacia las termas, es el último barrio hacia la derecha de la ruta‑ ; la gente está viviendo en condiciones que no son humanas. Dar vivienda a ciento ochenta familias es prioridad para ese barrio de Salto. Además, hay un riacho que pasa por detrás que desborda cuando hay inundaciones, está contaminado y que es necesario entubar.

  Allí hay que hacer dos trabajos: el entubamiento de ese riacho y la construcción de ciento ochenta viviendas.

  Esto es prioritario, debido a la problemática de vivienda que tenemos en Salto. Por eso, solicito que sea tratado con prioridad por esta Comisión.

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Si no hay inconvenientes, se pasa a considerar el proyecto.

  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

  (Se vota)

——Once por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).‑ He votado afirmativamente el proyecto debido a la premura que planteó la señora diputada Correa. Sin embargo, solicito que se repartan los antecedentes antes de que se vote el proyecto en el plenario.

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ Propongo a la señora diputada Catalina Correa como miembro informante.

  (Apoyados)

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Entiendo que debemos incorporar al orden del día el proyecto relativo al día del trabajador portuario, que ingresó hace bastante tiempo.

SEÑOR ABDALA (Pablo).‑ No sé si este proyecto fue bien destinado. Normalmente, cuando se conmemora el día de determinado colectivo de trabajadores, el proyecto se envía a la Comisión de Legislación del Trabajo. Otra cosa es cuando se conmemora el aniversario de la fundación de una localidad, que sí es materia de esta Comisión. Creo que ha habido un problema en la tramitación de este y de otros proyectos.

  (Diálogos)

——Habría que hablarlo en la coordinación.

SEÑOR ABDALA (Pablo).‑ En el tratamiento de la rendición de cuentas se desglosó un artículo del inciso Presidencia de la República, que tiene que ver con una modificación al Código General del Proceso en el capítulo referido a la constitución de títulos ejecutivos, que refiere a la firma electrónica como fuente de título ejecutivo. Nosotros abogamos para que se desglosara y se enviara a la Comisión para eventualmente consultar al Instituto de Derecho Procesal.

  Cuando compareció la Liga de Defensa Comercial, planteó una variante con relación a lo que proyectó el Poder Ejecutivo, o sea que hay dos fórmulas. En aquel momento, el Poder Ejecutivo planteó cierta premura ‑digo esto para que se hagan las consultas‑ ; nosotros no tenemos ningún problema en avanzar en este asunto, pero obviamente la Comisión tiene que analizarlo y nos tenemos que asesorar.

  Menciono esto para incluirlo en el orden del día, tal vez de la próxima sesión.

  (Diálogos)

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Reuniremos los antecedentes y los analizaremos en la próxima reunión de la Comisión.

  Se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día: "Actos de discriminación y femicidio. Modificación de los artículos 311 y 312 del Código Penal. Homicidios cometidos contra niños o niñas menores de trece años. Modificación del artículo 312 del Código Penal".

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ Oportunamente solicitamos que vinieran algunas delegaciones que ya habían concurrido al Senado. Dado el lapso transcurrido desde que hicimos esa solicitud, luego del estudio riguroso que realizamos en nuestra bancada, estamos en condiciones de aprobar este proyecto de ley tal como vino del Senado. Entendemos la importancia que tiene, y por eso proponemos que sea votado hoy, de modo que en la primera oportunidad posible sea tratado en el plenario.

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

  (Se vota)

——Diez en once: AFIRMATIVA.

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).‑ Quiero dejar constancia de que nuestro voto negativo no compromete a los diputados que integran nuestro sector político, que desde ya anticipamos que en sala van a tener diversas posturas sobre la conveniencia o no de este proyecto de ley.

  Para evitar malentendidos y una mala interpretación del voto negativo a una norma que, sin duda, implica una gran sensibilidad, nos interesa hacer algunas consideraciones a modo de constancia y clarificar, en todo lo que sea posible, nuestra posición contraria a este proyecto de ley.

  Consideramos que la violencia contra las mujeres es una triste y muy grave realidad y, como tal, implica y requiere un abordaje muy serio, profundo y responsable. Compartimos plenamente el objetivo de diseñar nuevos mecanismos para una mejor protección de los derechos fundamentales de la mujer: su integridad física, su vida, en particular en situaciones de vulnerabilidad.

  Pero luego de analizar con mucha profundidad y responsabilidad este proyecto, aunque podamos admitir que el núcleo de sus intenciones es buscar una mayor protección ‑lo que, por supuesto, compartimos plenamente‑, no creemos que sea una buena solución. No encontramos soluciones efectivas al problema que teóricamente se pretende abordar, entre otras razones, porque como admiten la inmensa mayoría de los expertos consultados por el Parlamento ‑en esta oportunidad, pero también en otras‑, el aumento de la pena no genera una reducción de las conductas delictivas. En buena medida, este proyecto concreta un aumento de penas. Entendemos que esa no es una solución efectiva y que, por el contrario, puede generar algunos inconvenientes no deseados, que es nuestro deber advertir porque pueden distraer energías que necesitamos para abordar soluciones integrales y efectivas contra la violencia hacia la mujer, básicamente a partir de mecanismos de prevención.

  Por otra parte, entendemos que puede arriesgar innecesariamente y desdibujar el problema de fondo a través de propuestas o respuestas simplistas con respecto a un fenómeno tan complejo como la violencia, generando señales que pueden confundir más que aclarar. Es responsabilidad del legislador la tarea de hacer inteligible y lo más claro posible los problemas y sus causas y, a partir de allí, plantear las soluciones.

  Asimismo, nos puede quitar incentivo para enfrentar la reforma profunda del Código Penal con las urgencias que el caso nos exige. Necesitamos todas las energías y una presión saludable para abordar una tarea tan compleja y a la vez tan necesaria, que creemos es la instancia más adecuada, más oportuna y más conveniente ‑como se ha dicho y como muchos miembros de esta Comisión lo han admitido‑ para tipificar o modificar nuevas conductas delictivas, lo que puede ayudar a prevenir y ‑¿por qué no?‑ reducir las conductas delictivas que tienen que ver con la violencia a la mujer.

  Entendemos que es de recibo el cuestionamiento que en esta Comisión ha realizado la academia en cuanto a que con este proyecto estaríamos básicamente haciendo una legislación penal meramente simbólica y, como decía un profesor, olvidando que la misión principal del derecho penal es la defensa de bienes jurídicos a través de un instructivo claro y preciso a los operadores del sistema penal para cuando se encuentran ante conductas socialmente reprochables que deben ser establecidas como delito por el legislador.

  A esto agregamos otras razones que nos llevan a concluir que aprobar una norma de estas características y en estas condiciones podría resultar, al menos en estas circunstancias, en alguna medida contraproducente, y por eso nuestro voto negativo.

  Aun admitiendo que se diseñen normas penales para emitir mensajes sociales, en este caso particular consideramos que los mensajes que puede emitir la aprobación de este proyecto, lejos de solucionar efectivamente el problema que queremos resolver, puede confundirlo y agravarlo, como muchos han planteado, culpabilizando injustificadamente a la generalidad de los hombres y dejando bajo sospecha la relación entre hombres y mujeres, con lo que ello conlleva.

  No podemos ignorar las advertencias que la academia nos ha planteado, en un cuestionamiento casi unánime, sobre la aprobación de esta norma con las soluciones que establece. Quiero destacar alguna que me parece más importante, vertida por el director del Instituto de Derecho Penal de la Udelar cuando observa y advierte que este proyecto parece incursionar en una práctica inconveniente ‑lo digo con sus palabras‑ de legislar derecho penal de amigos o de enemigos; en este caso, como él mismo decía, desde la perspectiva de género, sea de uno o de otro.

  Al decir también de uno de los magistrados que fueron referenciados aquí, este proyecto de ley puede resultar discriminatorio para los varones, lo que entendemos sería una solución innecesaria. También se ha planteado ‑y lo compartimos‑ que se hacen tipificaciones confusas, muchas de ellas de difícil entendimiento e interpretación y, por lo tanto, de difícil aplicación. En algo preciso como el derecho penal estas observaciones deberían ser de recibo y atendidas. Todos sabemos que al legislar en lo penal no puede haber ambigüedades ni vaguedades del texto porque la materia penal tiene consecuencias muy delicadas para la vida de las personas involucradas, acusadas o imputadas.

  Asimismo, vemos que hay un aumento desproporcionado de penas, lo que puede generar injusticias graves e innecesarias. Como hemos escuchado acá ‑y compartimos‑, con más penas no logramos más protección. En este caso, lo único que se lograría sería encarcelar por más tiempo a mucha gente ‑todos conocemos la situación de las cárceles de este país‑ en depósitos que son un infierno.

  Reitero, para evitar cualquier malinterpretación, que reafirmamos nuestra disposición a redoblar todos los esfuerzos para disminuir, y sobre todo para prevenir, la violencia contra las mujeres, pero esta voluntad y disposición que reafirmamos hoy no nos habilita a hacer cualquier cosa, si no entendemos que sirve realmente para solucionar los problemas que esta norma pretende solucionar.

  Estas cuestiones pueden ser abordadas en otras instancias, por ejemplo en el Senado o cuando se discuta la reforma del Código Penal, que hace muchos años ‑dos en esta legislatura‑ tenemos en carpeta. La aprobación de este tipo de normas nos saca esa presión saludable para abordarlas con todo lo que implica.

  En consecuencia, no podemos aprobar un proyecto que concluimos que nada soluciona porque, entre otros efectos, estaríamos dando razón a algo que hace mucho daño al Parlamento y a la labor legislativa: la idea de que a veces, con este tipo de normas, se hace marketing con el derecho penal. No estamos dispuestos a dar razones a esa observación, y ese es otro de los fundamentos por los que hemos votado negativamente.

  Creemos que ante situaciones delicadas y de mucha sensibilidad como estas tenemos que evitar por todos los medios caer en reduccionismos o simplismos, como podría ser el caso ‑por supuesto, no intencional‑ de explicar la violencia que sufren las mujeres como consecuencia exclusiva de una naturaleza violenta de los hombres, que los colocaría en una posición de opresores o verdugos de sus esposas, hijas o compañeras, lo que no creemos que sea de justicia ni conveniente. Estos simplismos no ayudan, sino que agravan la situación; en este caso, pueden ser un remedio que haga más daño que la enfermedad y, como ha dicho algún autor, hasta pueden resultar insultantes para la lucha noble y profunda por los derechos de la mujer.

  Está en nuestras manos la aprobación de una normativa racionalmente más adecuada en una instancia como la reforma profunda del Código Penal y otras normas que tiene a estudio el Senado y que vendrán próximamente, por lo que creo que deberíamos esperar para resolver estos temas. Debemos evitar los parches porque ‑como se ha dicho‑ la coherencia de un código desaparece cuando se deben confrontar disposiciones que casi tienen un siglo y hay que ser muy cuidadosos para que cambiar lo que, efectivamente, traducen esas normas.

  En conclusión, a mi manera de entender cometeremos un error si aprobamos este proyecto tal como está porque solo agregaremos un parche, sin asumir el reto verdadero; más bien lo estaríamos eludiendo. Sería una acción gatopardista en un tema que realmente requiere toda la energía para encontrar soluciones preventivas y de mayor protección para la mujer y su situación de vulnerabilidad.

  Nuestro voto negativo pretende, entre otras cosas, alentar el abordaje de esa tarea de una reforma profunda del Código Penal y otros mecanismos legales para mejorar la situación de la mujer.

SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).‑ Voté afirmativamente porque es decisión de mi partido político, pero quiero ser intelectualmente coherente con lo que he planteado en varios temas.

  En primer lugar, considero que el Derecho Penal no es un emisor de mensajes sociales y aborda este tema en la consecuencia y no en la causa. Por lo tanto, no creo que aporte a la solución de este flagelo que atenta contra nuestra sociedad como es la muerte de mujeres.

  Estamos ante un problema sistémico, en el que el tema de la violencia debe ser abordado en forma general.

  No comparto el término "femicidio". El Derecho Penal debe tutelar y proteger derechos, entre ellos, el derecho a la vida. Y vale tanto la vida del hombre como de la mujer. Por lo tanto, el femicidio es una definición que no comparto.

  Es verdad que por los medios se ha difundido la cantidad de mujeres que ha muerto a manos de sus parejas o exparejas, y es aberrante. También se ha difundido la cantidad de suicidios el año pasado ‑el número coincide con el de la crisis del año 2002‑ : muchos de ellos son hombres que se han quitado la vida ante situaciones que los han agobiado. Hay que considerar el tema en su globalidad.

  Estamos viviendo en una sociedad violenta, en la que ha aumentado el umbral de la violencia. Debemos tomar este tema desde la causa y no desde la consecuencia, que es lo que estamos haciendo en este caso. Es un debate abierto.

  Considero que una vez más cometemos un error al tomar el Derecho Penal como un emisor de mensajes. El Derecho Penal está para castigar las conductas desviadas y no para emitir mensajes sociales.

  Quería decir esto para ser coherente con lo que he planteado en otras oportunidades.

SEÑOR ABDALA (Pablo).‑ Quiero dejar una constancia en cuanto a cuál fue el sentido de mi voto; por supuesto, me extenderé en Sala con relación a las consideraciones de hecho y de derecho que esta propuesta me merece. Allí sí fundamentaré el voto en profundidad.

  En el caso de nuestro partido, creo que es bueno que se sepa y se diga que los señores diputados hemos quedado en la más absoluta libertad de acción para definir nuestra actitud. Tanto es así que el señor diputado Goñi Reyes acaba de expresar las razones de su voto negativo en la discusión en general, mientras que yo he votado afirmativamente con el sentido que tiene emitir un voto afirmativo en la discusión en general de los proyectos de ley: para habilitar la discusión en particular, ya que hay razones suficientes para introducir ajustes en la legislación, en este caso en particular, en el Código Penal y en las normas que tipifican y establecen las circunstancias agravantes del delito de homicidio. Sin perjuicio de ello, también me adelanto a decir ‑probablemente quede de manifiesto cuando se ingrese en el análisis de las distintas disposiciones‑ que la fórmula no me gusta mucho. Es más: si el criterio es mantener la propuesta en los términos en que viene del Senado de la República, voy a votar en contra buena parte de las disposiciones que contiene este proyecto y, muy especialmente el numeral 8º que se proyecta agregar al artículo 312 ‑el de las agravantes muy especiales‑, que regula el futuro posible agravante del delito de femicidio, por entender que hay razones de derecho y formales que me llevan a asumir esa actitud; las explicaré después.

  Me interesa precisar el sentido de nuestra actitud política, porque he votado a favor en el entendido de que todos tenemos la misma sensibilidad en cuanto a repudiar estas circunstancias cuando acontecen. Sin ninguna duda, la condena a este tipo de situaciones es unánime y la preocupación también. Después, la forma de enfrentar el problema o de pararnos frente a él ‑particularmente, en lo que refiere a la utilización de la legislación penal como un instrumento que pueda contribuir a corregir la situación‑ hará que nuestros caminos se vayan bifurcando.

  Coincido en que el Derecho Penal, por sí mismo no persuade, no intimida, pero eso no significa que no sea conveniente introducir algunos cambios o actualizar la legislación en determinados aspectos. Por eso, si el propósito es pronunciarnos específicamente sobre el proyecto que viene del Senado, votaré con gusto el numeral 7º, que es una suerte de agravante genérica que se establece con relación a las razones vinculadas con la identidad de género o la discriminación por razones sexuales; sin embargo, no votaré el numeral 8º, que me parece reiterativo, está muy mal resuelto y se aparta de los propósitos que el proyecto pretende perseguir.

SEÑOR RADÍO (Daniel).‑ Quiero dejar constancia de que el Partido Independiente tiene decidido acompañar este proyecto tal como viene del Senado y que este diputado actuará en consecuencia.

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Quiero reafirmar algunas expresiones que he vertido cuando se han tratado proyectos que implican modificaciones de penas; en general se trata de incrementos, no recuerdo reducciones. Si bien no soy abogada y la síntesis que puedo hacer concuerda con el asesoramiento que recibo, entiendo que esto no implicaría necesariamente un aumento de penas; sin embargo, creo que cualquier modificación en la pena no es la solución. Creo que se han vertido expresiones que no son excluyentes, porque en ningún señor diputado ha planteado que esta sea una solución para el problema. En todo caso, tendremos la oportunidad de conversarlo ‑ya lo hemos hecho en distintas ocasiones‑, en función de la agenda que estamos teniendo, ya que la intención es tratar de avanzar rápidamente para poder ingresar al tratamiento de las modificaciones en general del Código Penal, instancia en la que, seguramente, podremos revisarlo. No obstante, a lo largo de este período legislativo, hemos votado diversas modificaciones en reiteradas oportunidades, por lo cual creo que esta no sería una razón para posponer la aprobación de este proyecto. Efectivamente, en muy poco tiempo, tendremos a estudio una ley integral de violencia basada en género. Seguramente ahí se concentrarán los esfuerzos y la necesidad de dar respuestas integrales a una problemática que es sumamente compleja.

  Siempre he sostenido en mis intervenciones que el aumento de penas nunca es la solución; por lo menos, no lo ha sido en el 99 % de los proyectos en que me ha tocado trabajar en esta Legislatura, como fue el caso del abigeato. De todos modos, no me siento en condiciones de oponerme a este proyecto por esa razón, dado que la sensibilidad del tema es mucha, como todos reconocemos.

  Hay una coyuntura y hemos visto en la calle determinadas movilizaciones que no podemos ignorar y que tienen que ver con la violencia basada en género; sin perjuicio de ello, por supuesto, comparto que el tema de la violencia debe ser abordado en general. Inclusive, muchas veces nos deberíamos preguntar si las medidas que tomamos no generan más violencia.

  Creo que necesariamente, como en el caso de otras leyes que hemos aprobado, esto ameritaría una evaluación posterior de la aplicación y del funcionamiento. Aunque esto no es disuasorio, pero dada la sensibilidad del tema, acompaño la decisión de mi bancada. En otras oportunidades lo hice y en esta creo que hay, si se quiere, más que nada una razón de justicia.

  En discusión el artículo 1°.

SEÑOR PASQUET (Ope).‑ Tengo la necesidad de ser más breve de lo que debería, porque junto al señor diputado Radío tenemos un compromiso y debemos estar en un programa de televisión que se empieza a grabar a la hora 13 y 30, lo que nos limita muchísimo para decir todo lo que queremos sobre un tema de esta importancia.

  Voy a ceñirme estrictamente a la cuestión jurídica, lo cual parece una digresión, porque siempre se habla de lo sociológico y de lo cultural, pero cuando uno habla de lo jurídico parece que se estuviera apartando de lo que debe ser, pero como el Código Penal que tenemos viene de 1934 y quién sabe cuándo se va a modificar esto, creo que no está de más hacer alguna consideración jurídica; será mejor o peor, pero al menos uno hace el esfuerzo.

  En el proyecto que viene del Senado, veo como problema que el numeral 1° propone para el artículo 311 una ampliación del elenco de víctimas que determina la aplicación de este agravante especial, sin un plazo que límite la consideración de los vínculos que se tuvieron en el pasado: excónyuge, exconcubino, exconcubina. Esa relación puede haber tenido lugar hace veinte o treinta años y, según lo que propone la norma, basta eso sin más para determinar la configuración de este agravante especial que eleva la pena por lo menos a diez años de Penitenciaría. Me parece que, claramente, esto no corresponde.

  Tampoco se establece que deba existir ninguna relación de causalidad o de incidencia entre ese vínculo y el hecho que se comete. Dos personas se separaron hace treinta años, después se vuelven a encontrar en la vida, por una cuestión que no tiene nada que ver con lo afectivo, con el matrimonio ni con el concubinato disputan ‑quizás por una razón comercial‑, se produce una muerte y equiparamos esto a otras situaciones que tienen otro motivo y el mínimo de la pena queda en diez años. Me parece que no debe ser así, que no es la intención de los proponentes de la norma que sea así, pero el esfuerzo quedó en esto. El proyecto que vino del Senado queda con este enorme margen de imprecisión, hasta de vaguedad. Entonces, propongo un sustitutivo para este artículo 1° del proyecto, de manera de dar al numeral 1° del artículo 311 la siguiente redacción: "Cuando se cometiere en la persona del ascendiente o del descendiente legítimo o natural, del hermano legítimo o natural, del padre o del hijo adoptivo, del cónyuge, del concubino o concubina; y también cuando se cometiere en la persona del excónyuge, del exconcubino o exconcubina o de alguien con quien el agente tuviere o hubiere tenido una relación de afectividad e intimidad, si el vínculo anterior o actual fue la causa del delito y no se configurare una circunstancia agravante muy especial".

  Lo que se pretende es establecer una conexión entre la relación que existió o existe hoy y la agresión fatal.

  Luego, en este mismo artículo 311 propongo suprimir el numeral 5° que agrega el proyecto, es decir considerar como agravante especial que el homicidio se cometa en presencia de personas menores de edad.

  Creo que cuando se propuso esto se tuvo en mente un hecho que nos impresionó a todos: el caso del funcionario policial que mató a su esposa en presencia de sus hijos. Ese caso estaría comprendido ya en el artículo 311 porque mató a su cónyuge. Entonces, con hijos o sin ellos, igual se aplica el agravante especial. Lo que me preocupa es, por un lado, la generalidad de este artículo y, por otro, su circunscripción al ámbito del homicidio. Me parece que no se justifica aplicarlo al homicidio en general porque puede haber situaciones ‑nos referimos a ellas cuando hablamos‑ en las que la presencia de menores sea totalmente ajena al hecho ‑el agente no lo tuvo en cuenta, su foco de atención estaba en otra parte‑ y que eso determine el aumento de la pena un mínimo de diez años, me parece excesivo. Hoy hablaba de esas situaciones, que no son raras, de un grupo de gente que se reúne a tener una comida o lo que fuere, viene la ingesta de alcohol, las provocaciones, los insultos y eso termina en una reyerta; ahí pueden estar presentes menores de edad, pero eso no tiene nada que ver con la intención del agente, que no estaba pensando en eso. Ese agravante, con el efecto de situar el tema en el ámbito del artículo 311, me parece excesivo.

  Por otro lado, me parece que también es muy grave que se cometa, por ejemplo, una violación frente a menores de edad, y eso no está contemplado. Creo que debería incluirse la circunstancia de cometer el delito en presencia de menores de edad entre las agravantes genéricas del artículo 47, pero no acá. Me parece francamente excesivo.

  Con la anuencia de la señora presidenta y de la Comisión, también quisiera adelantar algunas consideraciones sobre el artículo 312.

  No estoy de acuerdo con el femicidio, porque creo que lo que hay que proteger es la vida humana, ya sea de un hombre o de una mujer. Coincido con lo que decía el señor diputado González: no se trata de emitir mensajes, sino de redactar el Código Penal. Me alarmó que en la exposición del Senado, algunos señores senadores hicieran caudal de la posición contraria que, obviamente, no comparto. Decían que no se trata de entrar en disquisiciones técnicas o cuestiones jurídicas, sino de emitir un mensaje bien fuerte a la sociedad. Los mensajes se emiten en los discursos, y de muchas maneras, pero a la hora de redactar el Código Penal tenemos que entrar en consideraciones jurídicas.

  Me parece que dando la amplitud necesaria al numeral 7° que se agrega al artículo 312, se cumple la finalidad que razonablemente podemos perseguir. Creo que realizando pequeños ajustes a la redacción del Senado, que establece como agravante muy especial que el delito se cometa "como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión, o discapacidad", podemos comprender todas las situaciones. Propongo que diga que el delito se cometa "como acto de odio, desprecio o discriminación por el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la raza o el origen étnico, la religión o la discapacidad de la víctima". Creo que así cubrimos una cantidad de situaciones y de móviles. No veo razón para agregar el término menosprecio; no entiendo la diferencia entre desprecio y menosprecio; nadie me la ha explicado; leí la discusión en el Senado y nadie se refiere al tema. Lo que se hace es agregar adjetivos por las dudas y me parece una pésima manera de legislar. Creo que alcanza con decir desprecio para cubrir los crímenes de odio; por ejemplo, el odio que llevó a que en Paysandú se matara a una persona por el solo hecho de ser judía, o el desprecio que siente quien considera inferiores a algunos de sus semejantes. Así se incluye cualquier clase de razones, entre ellas el sexo, que no estaba contemplado en la enunciación; solo se hablaba de orientación sexual e identidad de género, pero eso es otra cosa, que remite a lo social y a lo cultural. El sexo remite solo a lo biológico; si alguien discrimina u odia a una persona por su sexo, queda comprendida por esta circunstancia agravante.

  Retomo los "indicios" que propone el Senado con algunas modificaciones en la redacción que, a mi juicio, dan mayor grado de precisión; por lo menos, esa fue la expectativa con la que fueron redactadas. Al final del texto propongo: "La enunciación precedente no es taxativa. En todos los casos, los indicios admitirán prueba en contrario", pero quiero que conste en la versión taquigráfica una corrección; no son los indicios los que admitirán prueba en contrario, son las presunciones las que admitirán prueba en contrario. De esta manera, evitamos legislar distinto según que la víctima de un homicidio sea un hombre o una mujer, cubrimos las hipótesis posibles y atendemos razonablemente la situación planteada.

  Si yo pensara que algún cambio de este tipo disminuiría en lo más mínimo la protección penal de la mujer, no los propondría. Creo que esta redacción protege a la mujer y también al hombre si hoy o mañana resulta ser víctima de un acto de discriminación, de odio o de desprecio.

  El hecho de que la mayor cantidad de víctimas sean mujeres es un dato de sociología jurídica, pero me parece que no debe modificar la redacción del Código Penal. Si bien la mayoría de las víctimas de los homicidios son hombres, no se nos ocurre legislar la figura del homicidio únicamente para el hombre.

  Por estas consideraciones, dejo constancia de que votaré en contra el articulado tal como viene del Senado y propondré estos textos sustitutivos, si tengo la oportunidad y el tiempo para hacerlo.

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).‑ Voy a dejar una constancia

  Nosotros hemos considerado algunas de las cuestiones planteadas por el diputado Pasquet. También hemos manifestado que estábamos de acuerdo con algunas apreciaciones que se hacían e, inclusive, con redacciones alternativas que mejorarían la respuesta penal de este proyecto de ley a un flagelo que está viviendo la sociedad.

  Hicimos las consultas pertinentes, fundamentalmente a nuestra bancada en el Senado ‑donde más se ha trabajado sobre el tema‑, y nos explicaron por las que se había llegado a ese texto. Por ello vamos a aprobar el proyecto como viene del Senado, pero dejando constancia de que compartimos muchas de las cuestiones planteadas.

  Si no modificamos el texto, por una cuestión formal, de técnica legislativa, ameritaría cambiar la forma en que vino redactado, fundamentalmente, el artículo 1°.

  El artículo 1° dice: "Sustitúyase el numeral 1° del artículo 311 del Código por el siguiente:", y a continuación se plantea la sustitución. Inmediatamente dice: "Agrégase al artículo 311 del Código Penal el siguiente numeral […]". Lógicamente, por cuestiones de técnica legislativa no corresponde que en un mismo artículo se sustituya por un lado y, por otro, se haga un agregado.

  Como se agrega un artículo 2° para hacer una modificación al artículo 312, correspondería que "Agrégase al artículo 311 del Código Penal el siguiente numeral; ‘5° Si se hubiera cometido en presencia de personas menores de edad", pasara a ser el artículo 2° y, a su vez, el artículo 2° pasara a ser 3°.

  Quería hacer estas consideraciones porque implicarían que el proyecto vuelva al Senado.

SEÑOR ABDALA (Pablo).‑ Lo que acaba de señalar la diputada Bottino implicaría introducir modificaciones a la propuesta que vino del Senado y, por lo tanto, tendríamos que remitirla nuevamente a la primera Cámara. Por añadidura, la apertura del proyecto podría ser más profunda. Por lo que dijo al principio, debo inferir que no habría voluntad política o, por lo menos, la bancada de gobierno no tendría disposición para discutir lo que vino del Senado para introducir modificaciones a la redacción; sin embargo, serían muy bienvenidas. Si así no se procediera, desde ya quiero dejar mi sentada mi actitud con relación al articulado que estamos analizando; algo adelanté en ocasión del fundamento de voto de la discusión en general.

  Con relación al artículo 1° y al numeral 1° del artículo 311 que se modifica, creo que la propuesta del diputado Pasquet introduce mejoras. La he leído rápidamente y él me la ha explicado. Soy partidario de acompañarla porque me parece que perfecciona la redacción.

  Asimismo, quiero decir que no voy a votar el segundo inciso, es decir la incorporación del numeral 5° al artículo 311, entre otras cosas, por las razones que nos trasmitieron los expertos en materia de derecho penal. Aquí surgiría un problema debido a la asimetría de las normas o de la respuesta penal, en la medida en que estaríamos penalizando de manera más gravosa la presencia de menores de edad en este tipo de circunstancias que la participación de menores en delitos, que es un agravante especial que figura en el Código Penal y tendría una respuesta menor que la que surgiría de establecer como agravante especial la presencia de menores de edad en el momento de la comisión del hecho. Ese es un error de política criminal que no vamos a acompañar

  En cuanto al artículo 2°, reitero que estoy dispuesto a acompañar el numeral 7°; no me gusta el numeral 8°, por razones que aquí ya se han dicho y no voy a repetir. Es evidente que por razones vinculadas al principio de tipicidad parece peligroso establecer, tal como se hace en el segundo inciso del numeral 8° la expresión "Sin perjuicio de otras manifestaciones". Esto implica una especie de ventana o apertura para que, de acuerdo con la discrecionalidad del juez actuante, puedan entrar por esa ventana las más diversas situaciones que estén por fuera de lo que la norma penal tipifica como la circunstancia agravante muy especial del delito de femicidio.

  Establecer la salvedad que expresa "salvo prueba en contrario" también va en contra de los principios del derecho penal, en la medida en que implica una suerte de inversión de la carga de la prueba. Ya no es el Estado el que debe probar la culpabilidad de quien comete el delito, sino que el imputado o el indagado tendrá la responsabilidad de probar que no fue él quien cometió la acción. De esta forma, estaríamos violando hasta el propio principio de inocencia. Creo que esto está muy mal resuelto y, por lo tanto, no lo voy a acompañar.

  Mi tesitura es votar el numeral 7°. Creo que la redacción alternativa propuesta por el diputado Pasquet puede conducir a una mejora de lo que aprobó el Senado, sobre todo, las presunciones que aquí se establecen; hemos tenido apenas la oportunidad de sobrevolarlas.

  Reitero: en esto no podemos pelearnos con la realidad; si no hay disposición de ingresar en esa discusión, adelanto que voy a votar favorablemente el numeral 7° y en contra el 8°. Ese será el temperamento que asumiré con relación a esta cuestión.

  (Se suspende la toma de la versión taquigráfica)

SEÑOR UMPIÉRREZ (Alejo).‑ Más allá de que no integro la Comisión, participo activamente en estos temas y me gustaría dejar planteada mi opinión.

  Sin perjuicio de que uno en esto siempre marca estrategias o énfasis en la votación en general y luego en la particular de los artículos, no quería mantenerme en silencio y dejar de expresar mi opinión.

  Creo que los aportes propuestos por el diputado Pasquet son positivos; el proyecto va a volver al Senado. En este tipo de leyes lo importante es lograr el mayor consenso político porque es lo que hace a la posterior vida jurídica de la norma.

  Entiendo bien que el partido de gobierno tiene un interés político marcado en esto. Pero también tenemos la responsabilidad de intentar dar a la norma la mejor redacción jurídica posible, porque los tipos penales no pueden ser difusos, confusos ni prestarse a doble interpretación. Creo que hay algunas cosas en las que concordamos y son de fácil arreglo.

  Hablar de la relación de afectividad en el pasado, en forma abierta y sin un marco de vinculación o nexo causal de la relación con el homicidio, me impide votar el primer inciso del artículo 1°. Si lo redactamos con la modificación propuesta por el diputado Pasquet, yo acompaño ese inciso.

  Concuerdo también en agregar el artículo 47 como agravante genérica y no como agravante para un delito en particular, sin perjuicio de que la casuística puede ser infinita. Creo que cuando habla de la presencia de menores de edad se refiere a los hijos de la pareja. Imaginemos una reyerta en un partido de baby fútbol, tendremos incurso a la persona en la misma causal. Yo sería partidario de eliminarla o agregarla como agravante genérica.

  La solución que da el diputado Pasquet para el inciso 7° es buena. Creo que se trata de una omisión de los redactores de la norma; no podrían haber dejado escapar la idea de sexo y sustituirla por orientación sexual. Por lo tanto, increíblemente, lo que se intenta proteger, que es la mujer, no se encuentra protegida. Cuando se dice "orientación sexual" refiere a la forma en la cual una persona se asume en la vida, de acuerdo a sus conductas, y no a la biología. Si razonamos entre todos, podremos mejorar la redacción y apoyar algunos de los incisos.

  El inciso 8° es un tema de política criminal y de definición jurídica. Es difícil concordar cuando hay una visión política o mensajes sociales, cuando en realidad lo que se lesiona es el derecho de fondo, la equidad de los individuos ante la ley. Entonces, un día comenzaremos a hacer una suerte de derecho penal de autor, y tipificaremos la muerte de jubilados o de niños con tipos penales específicos. No creo que esa sea la lógica con la que se deba legislar penalmente, más allá de algunos errores.

  En cuanto a las expresiones "desprecio" y "menosprecio", se trata de una desprolijidad que no tiene justificación jurídica. Al menos habría que ajustar la redacción, para merecer menos tirones de orejas por parte de la Cátedra de Derecho Penal cuando lean estas cosas. Lo mismo ocurre en cuanto a las "presunciones" e "indicios", que son cosas muy diferentes en materia jurídica.

  Se ha señalado reiteradamente, también por parte de la Cátedra de Derecho Penal, que la inversión de la carga de la prueba es algo que debe probar la Fiscalía, quien acciona desde el público; no debería pesar a priori una conducta contra la cual el acusado debe dar prueba. Eso invierte totalmente la teoría de las cargas de la prueba en derecho penal y es realmente una agresión al derecho.

  Solo quería plantear la posibilidad de un espacio de diálogo. De todas maneras, el proyecto volverá al Senado. Por lo tanto, podríamos corregirlo, mejorarlo, ampliar la base. Digo esto desde mi ángulo personal, no comprometo al resto de mis compañeros. Reitero que si se realizan los cambios planteados, yo acompañaría los incisos 1° y 7°.

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Se va a votar el intermedio que se había acordado.

  (Se vota)

——Nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

  Se pasa a intermedio.

  (Es la hora 13 y 30)‑ .

——Continúa la sesión.

  (Es la hora 14 y 30)

——Ya habíamos iniciado la discusión del artículo 1º del proyecto "Actos de Discriminación y Femicidio. (Modificación de los artículos 311 y 312 del Código Penal". Hemos tomado nota de una modificación formal relativa a la redacción y a la técnica. También hay una propuesta de modificación de los artículos 1º y 2º. Dado que debemos hacer estas modificaciones, daremos tiempo para analizarlas con mayor detenimiento. En consecuencia, la discusión particular de este proyecto figurará como primer punto del orden del día de la próxima sesión de la Comisión, que será la semana que viene.

  (Apoyados)

——A continuación, corresponde ingresar al quinto punto del orden del día: "Zelmar Michelini. Designación de la Ruta Nacional Nº 109, que une la ciudad de Aiguá con la ciudad de Rocha".

  En discusión.

  Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

  (Se vota)

——Ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR GONZÁLEZ (Pablo).‑ Propongo al señor diputado Herman Alsina como miembro informante.

  (Apoyados)

SEÑORA PRESIDENTA.‑ Se levanta la reunión.

Ver documento adjunto

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.