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N.º 48 - TOMO 546 - 1.º DE DICIEMBRE DE 2015

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA

47.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

 En régimen de cuarto intermedio

PRESIDEN EL SEÑOR RAÚL SENDIC Presidente y LA SEÑORA IVONNE PASSADA Primera vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LOS PROSECRETARIOS, SILVANA CHARLONE Y LUIS CALABRIA

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias en la última convocatoria.

 5), 7) y 9) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Moreira, Otheguy y Lacalle Pou.

- Quedan convocados los señores senadores Aristimuño y Castaingdebat.

6), 8) y 10) Presupuesto nacional - Ejercicio 2015-2019

- Discusión particular del proyecto de ley.

11) Suspensión de la sesión ordinaria del 2 de diciembre

• Por moción de los señores senadores Delgado y Agazzi, el Senado resuelve suspender la sesión del día 2 de diciembre.

12) Levantamiento de la sesión

- Por moción llegada a la Mesa, se pasa a cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 09:00 horas.

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 30 de noviembre de 2015

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, mañana martes 1.º de diciembre, a las 09:00, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

- Discusión particular del proyecto de ley por el que se aprueba el Presupuesto nacional - Ejercicio 2015-2019.

Carp. nº 400/2015 – Rep. n.º 173/15 – Anexos I a XXXI.

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Agazzi, Alonso, Amorín, Aristimuño, Aviaga, Ayala, Berterreche, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Castaingdebat, Coutinho, De León, Delgado, García, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Payssé, Pintado, Pintos, Ramos, Saravia y Topolansky.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Cardoso, Mieres, Montaner, Mujica, Tourné y Xavier; el señor senador Otheguy entre las horas 12:35 y 14:30, y el señor senador Lacalle Pou a partir de la hora 16:11.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se levanta el cuarto intermedio.

(Son las 09:17).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Álvaro Delgado, relacionado con los proyectos de inversión presentados ante la Comap desde el año 2012 a la fecha.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR ÁLVARO DELGADO.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuestas a los siguientes pedidos de informes solicitados por el señor senador Javier García:

• relacionado con el saldo de la deuda del Estado uruguayo como garante en la compra de aviones para Pluna S. A;

• relacionado con los créditos otorgados por el Banco de la República Oriental del Uruguay a la empresa Fripur S. A.

–OPORTUNAMENTE FUERON ENTREGADAS AL SEÑOR SENADOR JAVIER GARCÍA.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Pablo Mieres, relacionado con los préstamos otorgados por dicha entidad a la empresa Fripur S. A.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR PABLO MIERES».

4) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de la siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión extraordinaria del 30 de noviembre no se registraron inasistencias.

5) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 1.° de diciembre de 2015

Sr. presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia desde el lunes 7 de diciembre de 2015 hasta el viernes 11 de diciembre de 2015 inclusive. Motiva dicha solicitud la invitación que recibiera del Ministerio de Cultura de Brasil, a través de la Secretaría de Ciudadanía y Diversidad Cultural y de la Universidad Federal Fluminense, para participar de Emergencias: encuentro global de cultura, activismo y política, a realizarse en la ciudad de Río de Janeiro entre el 7 y el 13 de diciembre.

Solicito dicha licencia al amparo del literal D del artículo 1.º de la Ley n.º 17827. Solicito también se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Constanza Moreira. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

6) PRESUPUESTO NACIONAL - EJERCICIO 2015-2019

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del único asunto del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Presupuesto nacional - Ejercicio 2015-2019». (Carp. n.º 400/2015 – Rep. n.º 173/2015 – Anexos I al XXXI).

(Antecedentes).

(Ver 46.ª sesión extraordinaria).

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: entre el día de ayer –en que la sesión pasó a cuarto intermedio– y el día de hoy se han conocido una serie de hechos que quizás ameritarían una reunión entre los coordinadores de bancada, es decir, un breve cuarto intermedio de cinco o diez minutos para ver si el oficialismo va a insistir con algunas cosas.

El primer hecho notorio es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia integrada, que declaró inconstitucional los artículos 2.º, 8.º y 9.º de la Ley n.º 19310. No voy a entrar en el análisis del «yo te dije», porque es algo que se advirtió hace tiempo, pero, obviamente, es un derecho que tienen los funcionarios judiciales a percibir lo que se les adeuda desde el 2010. Por lo tanto, nos gustaría saber cuál es la posición del oficialismo respecto a este tema.

Hay otras noticias que también son importantes. Por ejemplo, en el día de ayer, el Banco Central informó que aumentó el déficit fiscal anualizado. No sé si para el oficialismo es una buena o mala noticia, porque en la sesión de ayer hizo una férrea defensa de los déficits fiscales y dijo que eran buenos. Quiere decir que, de repente, están contentos con esto; nosotros creemos que es malo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor senador: solicitó la palabra para una cuestión de orden. Por lo tanto, tiene que plantear una propuesta; no es una intervención de carácter político.

SEÑOR BORDABERRY.- Solicito un cuarto intermedio de quince minutos para ver si, antes de empezar a tratar los artículos, los coordinadores pueden conocer si el oficialismo va a insistir con este articulado.

Hay tres o cuatro noticias más que si quieren no las menciono, pero como el rey se enoja cuando le decimos que está desnudo, le vamos a decir que siga desnudo por ahí, aunque se le vea lo que no se le tiene que ver.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de cuarto intermedio.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por el término de 15 minutos.

(Así se hace. Son las 09:22).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 09:34).

En la tarde de ayer se aprobó en general el proyecto de ley, por lo que corresponde pasar a la discusión particular.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra por una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: propongo la siguiente metodología de trabajo: que se suprima la lectura de los artículos; que se trate inciso por inciso desglosando aquellos artículos que los señores senadores soliciten, que se continúe trabajando en el inciso con los desglosados hasta terminarlo, y posteriormente, una vez que culmine la votación del proyecto, avanzar con los aditivos de todo el Presupuesto. Es decir que en el caso de los aditivos, no los tratamos en cada inciso sino al final.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va votar la moción formulada por el señor senador.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

En consideración la sección I, «Disposiciones Generales».

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: no deseamos hacer ningún desglose en la sección I, «Disposiciones Generales», por lo que proponemos votar en bloque los cinco artículos que la componen.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor presidente: me parece que el funcionamiento lógico y ágil sería que el señor presidente preguntara a cada una de las bancadas si tiene desgloses para hacer. Me da la impresión de que el Frente Amplio va a votar todo.

(Hilaridad).

–Por nuestra parte, no deseamos hacer ningún desglose en esta sección.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor senador Ramos, ¿desean desglosar algún artículo de esta sección?

SEÑOR RAMOS.- No tenemos desgloses para hacer.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra por una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: propongo que aquel señor senador que desee hacer un desglose, levante la mano y lo solicite, porque si en cada inciso se va a preguntar sobre esa cuestión a cada bancada, se va a enlentecer mucho el trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la sección I, «Disposiciones Generales», artículos 1.º al 5.º, inclusive.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración la sección II, «Funcionarios».

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: solicito que se desglose el artículo 9.º.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: como somos un partido organizado, le hemos hecho llegar a la Mesa por escrito –por capítulo y por inciso–, todos los desgloses solicitados.

Para esta sección, solicitamos se desglosen los artículos 7.º, 9.º, 10 y 11.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor presidente: el Partido Colorado está haciendo llegar a la Mesa los artículos que desea desglosar.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: mientras se procesan los desgloses solicitados, quisiera decir que hemos acordado entre las bancadas –ya lo anuncié en la discusión general del proyecto de ley– hacer una consideración general de los incisos. Aclaro que no tenemos para hacer ninguna consideración general sobre la sección I, «Disposiciones Generales», pero sí sobre la sección II, «Funcionarios», sin perjuicio de los artículos a los que nos referiremos oportunamente a modo de fundamento de voto.

El tema de los funcionarios de la Administración es preocupante. ¿Por qué? Porque en este Presupuesto se eliminan quince cargos de confianza, pero se crean treinta y uno, además de los doscientos setenta y seis que ya existen. O sea que se eliminan quince cargos de confianza y se crean treinta y uno, lo que lleva a un total de doscientos noventa y dos cargos de confianza. Recordemos que estamos casi en trescientos cargos de confianza, mientras que en el año 2004 eran ciento treinta y siete. Quiere decir que se han duplicado.

Asimismo, en este Presupuesto hay aumentos de sueldos a treinta y siete de esos cargos de confianza, que están asociados con los sueldos de los senadores, tal como lo establecen varias disposiciones. A su vez, en este Presupuesto para los años 2015 a 2019, el Mides incorporará a su plantilla a 1400 funcionarios que prestaban funciones en distintas ONG. En ASSE se crean cargos para 700 funcionarios; en el INAU, para 300, y en el Ministerio del Interior, para 1960. Esto hace un total de alrededor de 4000 cargos más –en este Presupuesto– de lo que hoy está vigente.

Creemos que el ingreso de funcionarios que ha habido en la Administración ha sido realmente escandaloso. En el año 2014, por destitución, jubilación, abandono y otros motivos, se retiraron 17.242 funcionarios. En vez de tomar como promedio esa cifra de alrededor de 17.000 funcionarios, que pudo haber sido excepcional, hablemos de 12.000 funcionarios que se retiran por año –cifra promedio de los años pasados–, con lo cual podemos decir que entre 2005 y 2014 hubo 120.000 nuevos funcionarios por vacantes. Esto se suma a los 63.000 que crecieron. Quiere decir, señor presidente, que en el período en que gobernó el Frente Amplio han ingresado a la Administración 180.000 funcionarios. ¡Mire qué cifra, señor presidente! Y, a su vez, en este Presupuesto se crea la posibilidad de contratar en forma permanente, a término o en la modalidad provisoriato –como se llama ahora–, a 3757 funcionarios.

Entonces, sostenemos que este Presupuesto no es austero, pues todas estas posiciones de presupuestaciones lo transforman en rígido; por supuesto que se tiene en cuenta a la gente que trabaja y cumple una misión. Ahora bien: las ONG en el Mides venían cumpliendo una buena misión; no veo la necesidad de presupuestar e incorporar a ese ministerio, como ocurre con tantos otros ingresos que la Oficina Nacional del Servicio Civil llama «vínculos laborales», porque muchos de ellos pueden tener más de un trabajo con el Estado. Aclaro: son muy pocos. En mi opinión, el tema de los vínculos laborales no hace más que generar una certeza: son ingresos, son contratos.

A nuestro juicio, señor presidente, esto ha sido parte de una actitud del gobierno del Frente Amplio en todos sus períodos, en cuanto a generar esta rigidez y esta situación que tiene el Presupuesto en términos de salarios y cargas sociales que, indudablemente, tienen que financiarse, lo que explica la mencionada característica de rigidez.

Queríamos hacer estas consideraciones porque este es un tema que venimos discutiendo con la Oficina Nacional del Servicio Civil desde la Rendición de Cuentas. Queda muy claro que cambiando el nombre y las formas, todos aquellos que tenían un vínculo de contrato hoy se están presupuestando y están ingresando en forma permanente a la Administración, lo que a nosotros, como administradores, nos parece mal.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- No quiero polemizar, pero sí aportar los datos concretos.

Si el Frente Amplio está presupuestando los vínculos que tienen 5, 10, 12 o 15 años en la Administración, lo que está haciendo, en definitiva, es reconocer los derechos que cualquier juez reconocería en cualquier momento. Pero no voy a ingresar en esa polémica, sino, reitero, a brindar los datos concretos en esta materia.

De 2005 a 2010 hubo aproximadamente 29.000 vínculos nuevos, esto es, funcionarios que ingresaron por contrato o presupuestados. De ellos, 15.000 fueron para ANEP y 6000 para ASSE –es decir, educación y salud, dos áreas que tienen sus propias reglas y cuyo personal, en general, es especializado–; otros fueron para el Mides, que comenzaba a funcionar, y también para el Ministerio del Interior. Así llegamos a 24.000 cargos, del total de 29.000 correspondientes a todos los vínculos del Estado, incluidos los de los entes autónomos y los de las intendencias. De todos modos, el grueso son los citados ministerios.

De 2010 a 2015, hubo 32.500 nuevos vínculos, porque en la educación a veces se toma a gente que está trabajando, lo que implica un nuevo vínculo, pero no un nuevo trabajador. Casi 20.000 de los 32.500 pertenecen a la educación, 5000 a ASSE, 800 al Mides y 3500 al Ministerio del Interior. Esto da 29.300, de modo que hay una diferencia de poco más de 3000 funcionarios. Obviamente, hay que sumar la UdelaR, los organismos del 220, el Poder Judicial y las intendencias.

Hemos advertido que para este período se necesitarán más profesores y más maestros debido a las escuelas de tiempo completo, a los liceos que se abren y también al hecho de que las clases pasarán a tener menor cantidad de alumnos. Asimismo, hemos advertido que ASSE no completó su plantilla total de funcionarios para el mejoramiento de los hospitales. Y –tal como dije en mi intervención inicial–, si bien el Ministerio del Interior tiene alrededor de 7000 vacantes, lo cierto es que resulta muy difícil llenarlas porque no todas las personas pueden cumplir con los requisitos necesarios. Además, por el mismo dinero que se paga allí, en el mercado privado hay otras actividades que tienen menos riesgos. De todos modos, de esas 7532 vacantes –si no recuerdo mal, ese es el número exacto– el ministerio debería cubrir entre 3000 y 4000. Repito que se trata de vacantes existentes hoy.

Era cuanto tenía para decir, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 6 y 8 de este inciso.

(Se votan).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7 de la sección II.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: habíamos solicitado el desglose de este artículo para referirnos a él, dado que lo votaremos negativamente.

Aquí se reitera una práctica que ha sido utilizada por la Administración y que, ya a esta altura, es un engaño. Se siguen autorizando reestructuras y, en función de las que no se hicieron en el pasado, se presupuesta gente. Ahora nuevamente se faculta al Poder Ejecutivo, desde el inciso 02 al 15, a establecer nuevas reestructuras que no dejan de ser, a nuestro juicio, aumentos encubiertos, ya que generan ascensos. En realidad, sería preferible que fuéramos conscientes y se pidiera el aumento que de alguna manera se solicita. Aquí se establece una delegación al Poder Ejecutivo que, por medio de una reestructura, aumenta salarios en una actitud discrecional, porque estará determinando la reestructura sobre la base del sector en el que se quiere generar el aumento.

Esto se ha reiterado en todas las rendiciones de cuentas y en todos los presupuestos.

¿Cuándo se va a terminar la reestructura? Nunca. Esto es vivir en la reestructura permanente. El Presupuesto vive en la reestructura permanente. Si se planificara una reestructura que llevara, por ejemplo, uno o dos años, sería una cosa, pero en este caso hace diez años que están hablando de reestructuras y en los hechos no se ha reestructurado nada. Cuando termina la reestructura, presupuestan, que es lo que de alguna manera viene establecido en este Presupuesto.

Por eso, vamos a votar en contra de este artículo.

Lo que se dice no es verdad. La reestructura no es tal, puesto que no hay una reestructura orgánica bien hecha por parte de la Administración, lo cual notoriamente incide en ella y en los servicios que debe brindar a la población.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa había entendido que iba a hacerse una intervención en cada uno de los incisos de las distintas secciones, no artículo por artículo. Por supuesto que los senadores están habilitados para hacer uso de la palabra respecto a cada uno de los artículos todas las veces que deseen, pero quiero saber cómo se va a proceder.

Repito: pensé que habíamos acordado que en cada inciso se haría una intervención general para referirse a los artículos que no se iban a votar o a aquellos en los que se estaba a favor.

En fin, consulto a los señores senadores en ese sentido.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: en la sección II, «Funcionarios», hay que hacer una consideración general porque no hay una disposición que hable del planillado –a lo que me referí– o de los funcionarios en términos generales. A eso se debe la consideración general del capítulo. A su vez, hay que explicar por qué votamos en contra de determinados artículos. Muchas veces sucede que hay tres o cuatro que están relacionados, y quizás con un fundamento de voto acerca de uno de ellos sea suficiente como para no repetirlo en los artículos siguientes.

En lo personal, hablé sobre el número de funcionarios en términos generales, y en este caso se hace alusión a la reestructura. De modo que en algunos casos pediremos fundamentar por qué estamos en contra del artículo, que es lo que acabo de hacer.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señor presidente: confieso que también me había surgido la misma confusión en cuanto a cómo íbamos a encarar el debate.

Retomando la consideración del artículo, voy a disentir en lo siguiente. Si hay reestructuras que son definitivas, prácticamente estaríamos congelando la realidad de un Estado que debe ser dinámico y que está en construcción. No debemos olvidar que hay áreas de las políticas públicas en las que se está en permanente innovación, y eso requiere de un ajuste. Además, existen otras particularidades a señalar.

Ante todo, en el período pasado no fueron todos los ministerios –o los incisos– los que tuvieron cometidos y prioridades para avanzar en una reestructura organizativa. Entonces, creo que es de lógica, de entendimiento y de buena administración que eso se vuelva a habilitar, dado que el proceso de reestructura de un Estado es bastante complejo y requiere de más de un período.

Otro elemento que debemos tener presente es que en el pasado período legislativo aprobamos la modificación de la ley que rige a los funcionarios públicos. Entonces, hay una nueva legislación que, sin duda, debe ser considerada y tiene que ser base de las nuevas funciones y los nuevos vínculos que serán incorporados en las reestructuras.

Por otro lado, también tengamos presente que las reestructuras no habilitan una mayor erogación; lo que se hace es la habilitación para la reorganización funcional con las asignaciones presupuestales que ya existen. Es cierto que puede haber diferentes miradas sobre cómo han evolucionado los vínculos en el Estado, pero quien tiene el deber político de liderar un período de gobierno puede darle a ese aspecto una impronta particular, y eso es lo que debe reflejar cada Presupuesto. Acabamos de votar, en la sección I, una disminución de los créditos presupuestales en el grupo 0 por $ 761 millones, que abarca los incisos 02, 05, 06, 08, 10, 12, 13 y 14. Esto muestra que lo que se busca es tener la mejor formulación o propender a tener la mejor asignación de recursos humanos para llevar adelante la política pública que el Gobierno ha estimado necesario implementar, con el aporte de los distintos incisos en lo que hace a la construcción, el liderazgo, la fiscalización y la puesta en marcha de esa política. En mi opinión, este artículo vuelve a dar al Poder Ejecutivo una prerrogativa que es necesaria porque, reitero, en el período presupuestal pasado no abarcamos todos los incisos para la realización de las reestructuras. En definitiva, esto también es consecuencia de que se están implementando nuevas políticas –sabemos que algunas de ellas no son compartidas– y se las está pautando en el Presupuesto; como ejemplo, podemos mencionar a la Secretaría Nacional del Deporte o la creación de nuevos organismos descentralizados como la Fiscalía o el Inumet. Todo esto complejiza una situación que teníamos en nuestro Estado, y ahora hay que habilitar un nuevo funcionamiento.

Es cuanto queríamos plantear para explicar por qué este artículo es necesario, aclarando que no implica patear la pelota para adelante.

Muchas gracias.

SEÑOR RAMOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAMOS.- En primer lugar, quiero pedir disculpas por las torpezas que pueda cometer porque es la primera vez que hablo en el plenario.

Quisiera referirme a las reestructuras. Como senador del Partido Independiente acabo de votar afirmativamente el artículo relativo a este tema porque considero necesario que el Poder Ejecutivo tenga esta iniciativa y el Parlamento lo autorice, ya que es preciso hacer reestructuras permanentemente. Gracias a ellas el esqueleto de la Administración Pública no se osifica y puede adaptarse a las necesidades modernas. En otras tradiciones político-administrativas ni siquiera se consulta al Parlamento para hacer reestructuras; en nuestro sistema jurídico sí, y es bueno que haya cierta flexibilidad.

Ahora bien, este mismo parlamento, en una rendición de cuentas en el período 2005 a 2010, votó la posibilidad de generar excedencias en las reestructuras. Para no tener un Estado raquítico y solamente guiarse por el afán de bajar el gasto público, sino que hubiera una racionalidad sustantiva en las reestructuras, se habilitó el instrumento de la declaración de excedencias, que irrita mucho. Es una herramienta muy compleja de usar porque se declaran excedentes algunos puestos de trabajo y, por lo tanto, las personas que los ocupan entran en una situación muy precaria. En esa rendición de cuentas justamente se había habilitado a que la persona pudiera recapacitarse para ser redistribuida a otro lugar donde se la necesitara, lo que ayudaría a que la excedencia no fuera tan traumática.

Habiendo votado afirmativamente este artículo, instaría a que los parlamentarios traten de influir sobre el Poder Ejecutivo para que cuando lleve a cabo una reestructura haga uso de ese mecanismo legal que el Parlamento habilitó. Últimamente no se han estado haciendo reestructuras con declaraciones de excedencia, lo que sería muy bueno porque justamente le permitiría al Parlamento aprobar gastos en actividades sustantivas que se necesitan e ir declarando excedencias en aquellos puestos y procesos de trabajo que, por el avance de la tecnología de la información o porque las prioridades del Estado van cambiando, ya no considera necesarios.

Recuerdo que alguien me había dicho que este es el único país donde los sindicatos piden las reestructuras porque significan aumentos de sueldo y nunca hay excedencias. Creo que hay que habilitar al Poder Ejecutivo a que siga haciendo reestructuras, pero que las haga bien, que realmente se haga un buen ejercicio de esto entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Economía y Finanzas o la Contaduría General de la Nación. Se puede armar un buen equipo y, de esa forma, las reestructuras redundarán en un fortalecimiento y también en una declaración de excedencias.

Muchas gracias.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quiero resaltar que en el segundo inciso de este artículo se establece que el Poder Ejecutivo tiene que remitir a la Asamblea General las reestructuras y, si esta no se expide en cuarenta y cinco días con una opinión en contrario, quedarán aprobadas. Quiere decir que este Parlamento lo hará o no –ese es un problema diferente y conlleva otra discusión­–, pero tiene la potestad expresa de controlar este proceso. Me parece que debía hacer esta precisión para que quede constancia en la versión taquigráfica.

Coincido con lo que se ha expresado en cuanto a que las estructuras no pueden ser absolutamente fijas porque las realidades son cambiantes, pero tenemos el control y la posibilidad de incidencia en este ámbito.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7.º.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 9.º de la sección II.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Nosotros pedimos el desglose de este artículo porque en el inciso cuarto, donde se expresa: «A partir de la vigencia de la presente ley», vamos a proponer que se establezca: «A partir de la promulgación de la presente ley». Nos pareció que podíamos hacer la corrección en sala.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Vamos a votar en contra este artículo, así como el artículo 10, donde se habla de transformaciones de cargos.

En el artículo 9.º se establece una nueva figura. En el Presupuesto del año 2010 el Poder Ejecutivo manifestó que había un gran problema con la cantidad de formas en que el Estado contrataba y se propuso ordenar eso. Por tal motivo se votó un mecanismo para ordenar el vínculo laboral entre el Estado y el funcionario, estableciendo distintos tipos de contratos. Ahora nuevamente se rompe con lo que se estableció. El Poder Ejecutivo se contradice a sí mismo y en el artículo 9.º establece una nueva figura: el contrato de provisoriato, que es la antesala de la presupuestación. Se plantea tener un contrato con un plazo de seis meses, siendo de aplicación el procedimiento de evaluación previsto en la normativa vigente; después termina presupuestándose a la persona. De alguna manera, la Oficina Nacional del Servicio Civil trata de eliminar la posibilidad de tener contratos a término que, según su director, es lo que se está procurando con esta iniciativa. Por eso se crea esta nueva figura del provisoriato. Sin embargo, vemos que en el resto del Presupuesto hay algunos artículos que nuevamente establecen la figura del contrato a término. Así que nos parece que este artículo genera un desorden y creemos que no es necesario. Lo que se votó en el año 2010, cuando se regularizó la forma de contratación de los funcionarios con el Estado, nos parece correcto. Consideramos que no es necesario inventar nuevas fórmulas que generan una situación de incertidumbre para quienes administran y para los administrados.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Se ve que todavía es muy temprano para mí porque la corrección que planteé no es en el inciso cuarto sino en el primero. En donde se dice: «a quienes a la fecha de la vigencia de la presente ley» debe expresarse lo siguiente: «a quienes a la fecha de la promulgación de la presente ley».

El inciso cuarto queda igual.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias por la aclaración, señor senador.

SEÑOR RAMOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAMOS.- Quiero hacer referencia a los contratos temporales de derecho público. Estuve presente cuando el señor director de la Oficina Nacional del Servicio Civil vino a justificar este artículo, en cuanto a pasar a provisoriato a los contratos temporales de derecho público. En realidad, vamos a votar negativamente este artículo y quiero fundamentar brevemente esta decisión.

Esta figura se creó en la Administración pasada y en el artículo 53 de la Ley n.º 18719 se establece con mucha claridad que: «Se considera contrato temporal de derecho público aquel que se celebre para la prestación de servicios de carácter personal, a efectos de atender las necesidades que la Administración no pueda cubrir con sus funcionarios presupuestados, por un término no superior a los tres años, y una prórroga por única vez hasta el mismo plazo».

Por lo tanto, las personas, los ciudadanos que se presentaban a este tipo de contratación sabían que era por única vez, durante tres años y que se podía prorrogar una sola vez. El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil argumentó que en la Administración pasada se habían hecho una serie de regularizaciones de este tipo de contratos y habían quedado –y utilizo la misma expresión que él– «colgados» unos 270 funcionarios en este régimen. Eso no es excusa para que ahora estos funcionarios pasen a régimen de provisoriato porque tenemos que fijarnos en las necesidades de la Administración y no en las de quien presta servicios en ella. Estamos pasando a provisoriato a funcionarios que no sabemos si la Administración está necesitando o no porque fueron contratados para realizar una tarea temporal.

¿Cuál es el argumento para justificar la regularización de estos funcionarios en régimen de provisoriato cuando ingresaron bajo un régimen que prevé que pueden ser contratados una sola vez por tres años con una única prórroga? En todo caso, si la Administración tiene necesidades nuevas –y las reestructuras así lo demuestran–, que entren por la conocida ventanilla única, que concursen como lo hacen todos los ciudadanos, sabiendo que van a concursar para un régimen de provisoriato y que luego van a pasar a un régimen de efectividad; pero no que concursen para un contrato temporal de derecho público y que luego, de alguna forma, inventemos regularizaciones sin explicar cuáles son las necesidades reales de la Administración pública.

Muchas gracias.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Es cierto que estamos facultando al Poder Ejecutivo para que la gente que tiene un contrato temporal de derecho público pueda ser incorporada al provisoriato, pero eso también está vinculado a los contratos regidos por el artículo 92 del Estatuto del Funcionario Público, que es el personal con contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque no todos los contratos temporales de derecho público se van a transformar en provisoriato. Justamente esa debe ser una facultad de la Administración porque es la que puede calibrar en mejor medida a cuáles va a necesitar en forma permanente y de cuáles va a prescindir en el futuro. El contrato de trabajo es a término, por lo cual regula en forma transitoria la atención de tareas excepcionales.

Quiero agregar, señor presidente, que no todos estamos pensando en que esos funcionarios se vayan a regularizar por medio del provisoriato. Como el contrato temporal de función pública no va a correr más, a algunas personas que estén desarrollando actividades excepcionales –que van más allá de las que hoy puede atender el Estado– se les va a hacer un contrato de trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 9.º del proyecto de ley con la corrección sugerida por el señor senador Michelini.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 10.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 11.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Nosotros no vamos a acompañar el primer inciso de este artículo, pero como vamos a votar afirmativamente el segundo y el tercero, solicitamos que se voten juntos para ahorrar tiempo.

En este artículo se les aumenta el sueldo a los asesores de los ministros. A nuestro juicio, si este es un proyecto austero, como se pregonaba, se tiene que empezar por casa, y los compañeros políticos de los señores ministros deben ser los primeros en dar el ejemplo. Hay muchos grupos de funcionarios que solicitaron aumento y no se les va a dar nada. La máxima dice: «Patria para todos o patria para nadie». En este caso sería «Aumento para todos o aumento para nadie»; me parece que eso sería lo lógico y lo correcto. Nosotros no les vamos a habilitar este aumento a los asesores de los ministros, pero sí vamos a votar los otros dos incisos que hablan de que cuando el proyecto de ley de rendición de cuentas venga al Parlamento, la Oficina Nacional del Servicio Civil tiene que adjuntar un informe que contenga los currículos de los adscriptos contratados por cada ministro, la descripción de las tareas que se les encomienda desempeñar y la acreditación de su idoneidad. Me temo que este último inciso prevé algo que nunca vamos a ver. Me gustaría saber si se va a cumplir con eso de que los adscriptos a los señores ministros presenten el currículo que acredite la idoneidad suficiente para la tarea porque, en realidad, me parece que es letra muerta en el Presupuesto. Ojalá no lo sea.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, de acuerdo con la sugerencia del señor senador Heber se va a votar el inciso primero del artículo 11.

–16 en 29. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los incisos segundo y tercero juntos.

(Se votan).

–27 en 29. Afirmativa.

En consideración la sección III, «Ordenamiento financiero», que comprende los artículos 12 a 33, inclusive.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- La sección III comprende los artículos 12 a 33 inclusive y ya comunicamos a la Mesa cuáles son los artículos cuyo desglose pedimos, pero queremos hacer un comentario.

Una de las disposiciones de este Presupuesto que nos parece grave es el artículo 25 que, en algunos casos referidos a contrataciones, obliga al Tribunal de Cuentas a expedirse en el término de noventa días y dice que, vencido dicho plazo sin resolución expresa, se continuará con el procedimiento de presentación al Poder Ejecutivo, entendiéndose la falta de pronunciamiento del tribunal como aprobación tácita de su parte. Esto no solo es injusto, sino que también es inconstitucional. Es injusto porque al Tribunal de Cuentas, que cada vez tiene más actividades, no se le ha dado absolutamente ningún apoyo; es un Presupuesto con aumento cero. Un ministro del Tribunal nos decía que él había ingresado al organismo en el año 1980, cuando había cuatrocientos funcionarios. Hoy sigue habiendo la misma cantidad, pero hay muchos más actos de gobierno para controlar y se exige que, para los casos de contrataciones, se expida dentro de los noventa días. Esto es notoriamente inconstitucional porque viola la autonomía funcional.

El artículo 210 de la Constitución de la república dice: «El Tribunal de Cuentas actuará con autonomía funcional, la que será reglamentada por ley». Esta podría ser una reglamentación por ley de la autonomía funcional. Y continúa diciendo: «que proyectará el mismo Tribunal». Es decir que solo puede ser reglamentada por ley que proyectará el mismo tribunal. Y este no es el caso. Entonces, se trata de una ley inconstitucional que será declarada tal y que, en lugar de agilizar los trámites –como supongo que pretenden el Poder Ejecutivo y la mayoría del Parlamento que hoy va a votar–, los va a trancar. Si hay una licitación y se tiene que expedir el Tribunal de Cuentas, pero no lo hace, el que pierda la licitación va a pedir la inconstitucionalidad, la que será declarada porque la norma es notoriamente inconstitucional. Aquí no hay dos opiniones. Los abogados decimos que, por lo general, hay dos bibliotecas, pero en este caso no las hay. Para reglamentar la autonomía funcional se requiere una ley proyectada por el Tribunal de Cuentas y esta no lo es. Es decir que es inconstitucional. La pretensión de acelerar los trámites se verá trancada porque quien pierda la licitación va a decir que no vale porque no tiene la autorización del Tribunal de Cuentas, y no la tiene porque hay una norma inconstitucional que permitió que no la tuviera.

Me parece, entonces, que sería mucho mejor desglosar este artículo, pensarlo bien y no votarlo. Muchas veces hemos anunciado que una norma era inconstitucional y la mayoría de las veces así fue declarada; ahora lo decimos nuevamente.

Tampoco vamos a votar otra cantidad de artículos que modifican el Tocaf y para los cuales no se consultó al Tribunal de Cuentas, que es el organismo del Estado que entiende en esas cosas.

Eso es lo que quería dejar claro, señor presidente.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: obviamente, quien determina si una ley es o no inconstitucional –si alguien se presenta a solicitarlo–, es la Suprema Corte de Justicia.

Hace pocos días, una ley que se había presentado como inconstitucional por el propio tribunal fue declarada constitucional. Me refiero a la que exigía que si había votos discordes también figuraran en la sentencia, tal como lo hace la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, esta entendió que era constitucional cuando, supuestamente, nos estábamos inmiscuyendo en la parte de funciones.

Queremos un Estado ágil y que el Tribunal de Cuentas dictamine, en estos aspectos, en tres meses. Fíjese, señor presidente, que mañana por una licitación el tribunal puede demorar uno o dos años en expedirse. Ahora estamos planteando que se expida en tres meses y que la falta de expresión tiene consecuencias. Notoriamente, esto va a obligar a que el Tribunal de Cuentas se expida y creo que va a agilizar el trámite. No creo que el tribunal –que es el que tiene un interés directo y legítimo– vaya a presentarse a la Suprema Corte de Justicia, sobre todo después del último caso, cuando presentó el pedido de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia –repito, para una cuestión de funcionamiento propio, como si en las sentencias van los argumentos a favor y también las posiciones en discordia; el tribunal no agregaba las posiciones en discordia, pero fue obligado por ley– dictaminó que es obligatorio si un integrante de ese Cuerpo así lo solicita.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: hay un librito de color celeste, de distribución gratuita, que se nos entregó a los senadores, que tenemos aquí en el cajón y que a veces sería bueno sacarlo y leerlo. Si los señores senadores me acompañan y lo abren en la página 78, pueden ver el artículo 210, que dice: «El Tribunal de Cuentas actuará con autonomía funcional, la que será reglamentada por ley, que proyectará el mismo Tribunal». Creo que esto no amerita dos interpretaciones. Dice: «[…] por ley, que proyectará el mismo Tribunal». Acá tenemos el artículo 25, que no fue proyectado por el mismo tribunal. Por ende, al aprobar el artículo 25 estamos violando este librito, como señaló el senador Amorín. Es tan sencillo como eso. No hay que ir a la universidad para concluir que es inconstitucional.

Parece sensata la propuesta del senador Amorín de desglosar el artículo, analizarlo en la Comisión de Constitución y Legislación y hacer una consulta a algún catedrático de derecho constitucional –a pesar de que va a concluir que es inconstitucional pero, por lo menos, hagámoslo–, en lugar de aprobar una norma inconstitucional con el argumento de que el tribunal no va a solicitar su declaración de inconstitucionalidad. ¡Esto es el colmo de los fundamentos jurídicos! Resulta que aceptamos que es inconstitucional, pero decimos que estamos tranquilos porque el tribunal no va a solicitar su inconstitucionalidad, cosa que me pone un poco nervioso porque, evidentemente, el oficialismo sabe de antemano cómo va a resolver en el futuro el Tribunal de Cuentas de la república, que es un organismo independiente.

Esto es inconstitucional. Estamos en el Senado de la república. Alcanza con leer este librito de distribución gratuita que se nos ha entregado para concluir que lo es. Por lo tanto, desglosemos este artículo, enviémoslo a la Comisión de Constitución y Legislación, analicémoslo y no sigamos agregando normas inconstitucionales al ordenamiento jurídico nacional.

Muchas gracias.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: nosotros también solicitamos el desglose de este artículo en comisión, cuando concurrieron todos los ministros del Tribunal de Cuentas, quienes fueron contestes en que en su redacción no tuvo intervención alguna el Tribunal de Cuentas, sino que se enteraron de él una vez que estuvo redactado el Presupuesto. Todos los ministros del Tribunal de Cuentas estuvieron de acuerdo en que el artículo viola su autonomía funcional, y añadieron algo que no tiene nada que ver con la constitucionalidad de la norma, pero sí con el funcionamiento del órgano. Aquí se le agrega al Tribunal de Cuentas la exigencia de cumplir con un plazo cuando cada vez tiene más funciones, intervenciones y hay más figuras financieras que controlar. Recuerdo, por ejemplo, que los ministros del Tribunal de Cuentas hicieron mención a cómo han pululado los fideicomisos y que cuando son públicos necesitan la intervención del órgano. Ellos expresaron que hoy no tienen la capacidad de hacerlo, que les lleva mucho tiempo, que cuentan con los mismos funcionarios y que ahora se les exige un plazo que, si no se cumple, implica la aprobación tácita, con el agregado, decían –y esto no tiene nada que ver con la constitucionalidad, pero sí con el funcionamiento–, de que en este Presupuesto hay cero incremento para el Tribunal de Cuentas. Repito, cero incremento. Obviamente, decían que no compartían esta norma, que no la proyectaron ni la redactaron y que viola la autonomía funcional. Además, expresaban que si se quiere seguir adelante, no tienen capacidad para poder absorber esa tarea en los plazos que se definen en el artículo del proyecto de ley de Presupuesto que estamos discutiendo hoy en la Cámara de Senadores, y reclamaban para el Tribunal de Cuentas un refuerzo presupuestal que no existe en esta iniciativa.

El señor senador Bordaberry hacía referencia a la inconstitucionalidad, obviamente, de este artículo. Naturalmente, el Tribunal de Cuentas tiene legitimación para hacerlo, como la tiene cualquiera que se sienta perjudicado en un proceso licitatorio en el que haya habido una aprobación tácita que no lo favorece, en función de lo dispuesto por este artículo del proyecto, siempre que resulte aprobado. Si la persona se siente perjudicada y tiene la legitimación, puede presentar el recurso de inconstitucionalidad respectivo.

Creo que este artículo enreda, complica y va a generar más problemas que soluciones. Me imagino que la idea es tratar de aceitar los mecanismos de definición y establecer plazos para los procesos. Supongo que ese es el objetivo, pero a mi juicio esta no es la solución ni el mecanismo para lograrlo.

Por estas razones, vamos a pedir el desglose de esa disposición porque, reitero, va a generar muchos más problemas que soluciones. Si lo que se busca es agilitar los procesos, creemos que las vías son otras y no este artículo, que es absolutamente inconstitucional e inconveniente.

Gracias.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor presidente: creo que no se pueden seguir aprobando normas por si pasan. Es como aquello de tire por si pega. Me parece totalmente lógico lo que han expresado los senadores preopinantes, y en particular el señor senador Amorín. No se trata de que sea el Tribunal de Cuentas el que mañana pueda terminar alegando la inconstitucionalidad. ¡No! Es cualquier oferente perdidoso en un proceso licitatorio, tan afín a litigar con el Estado y a intentar ser ganancioso en esos juicios. Creemos que con este instrumento se fragiliza el control del Tribunal de Cuentas y a la administración y se debilita al Gobierno en su posicionamiento frente a las empresas. Además, hay un contrasentido porque, por un lado, se acogota a los organismos de contralor en materia de recursos económicos y, por otro, se pretende imponerles plazos, cuando sabemos que si hay un organismo que es diligente es el Tribunal de Cuentas de la república. Cualquiera que haya pasado por la Administración pública –en nuestro caso, como intendentes municipales, y aquí hay varios– sabe de la prontitud con que se pronuncia.

En consecuencia, creemos que aprobar una norma con este contenido es un error. Los señores senadores Amorín, Bordaberry y Delgado tienen razón al expresar que no se puede seguir probando. Las administraciones pasadas han sido campeonas uruguayas en materia de leyes casadas por inconstitucionales. ¡Esto es real! ¡No es un invento! Me parece que se debe tener un mínimo de sentido común frente a una norma de estas características.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, de acuerdo con el listado de desglose que tiene la Mesa, se van a votar los siguientes artículos: 12, 13, 16 ,17, 19, 21, 22, 23, 30, 32 y 33.

(Se votan).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 14.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: el artículo 14 –al igual que el artículo 15–, tiene que ver con las trasposiciones de créditos presupuestales, que son mecanismos necesarios para mejorar la eficacia del gasto, dado que, sin duda, es imposible prever toda su ejecución en los distintos grupos y objetos del gasto.

En las últimas instancias presupuestales se ha ido mejorando la normativa buscando otorgar mayor flexibilidad a la distribución del crédito presupuestal dentro de cada uno de los proyectos de funcionamiento e inversiones, pero con ciertas limitaciones como para garantizar y no desvirtuar la asignación aprobada por el legislador.

En lo que respecta a gastos de funcionamiento, se han realizado modificaciones en la forma de trasposición de los créditos; la última aprobada figura en el artículo 72 de la Ley de Presupuesto nacional n.º 18719, correspondiente al período 2010-2014. No obstante, el Presupuesto nacional tiene una división entre gastos corrientes e inversiones, cuyo tratamiento ha sido diferente a lo largo de las distintas instancias presupuestales. Ha tenido diversos mecanismos de indexación para los créditos de funcionamiento y de inversiones, e incluso dentro de los créditos de funcionamiento se utilizan diferentes coeficientes de ajustes, según se trate de gastos de salarios, suministros, arrendamientos, etcétera. Las inversiones tienen su propio tratamiento diferencial en el Texto Ordenado de Inversiones que se aprobó por el Decreto n.º 123/012, de 16 de abril de 2012. Incluso, el artículo 13 del Tocaf establece expresamente que las asignaciones presupuestales constituirán créditos abiertos a los organismos públicos para realizar los gastos de funcionamiento, de inversión y de amortización de deuda pública. Por lo tanto, están bien diferenciados en cuanto a su aprobación, a la autorización parlamentaria y en lo que respecta a su ejecución.

El artículo 14 propone sustituir el literal D del numeral 1 del artículo 72 de la Ley n.º 18719 que establecía que el grupo 5 «Transferencias» podrá ser reforzante. Creemos que con la redacción propuesta se pretende que sea reforzante y reforzado y, tratándose de un grupo de transferencias, se podría llegar a utilizar como una salida de dinero fuera del Presupuesto, dirigida a instituciones que no sabemos si están o no comprendidas en la autorización legislativa; por lo tanto, queda librado a la discrecionalidad del jerarca el envío de recursos por este mecanismo.

Queremos señalar que en el Presupuesto ya está autorizado a quiénes se destinarán las transferencias y qué montos tienen aprobados. Por tal razón creemos que no es necesario agregar esta discrecionalidad adicional.

Es cuanto queríamos señalar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 14 del proyecto de ley.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 15.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: con este artículo se pretende agregar al artículo 72 de la Ley n.º 18719 el literal H, que establece: «H) Los proyectos de funcionamiento podrán ser reforzantes y reforzados, requiriéndose informe previo y favorable del Ministerio de Economía y Finanzas». Entendemos que el artículo 72 contempla las distintas necesidades de trasposición de créditos presupuestales dentro de los proyectos de funcionamiento. Tal como lo expresé previamente cuando consideramos el artículo 14, los mencionados tienen un tratamiento diferencial a los gastos de inversión y, por lo tanto, con la solución que se propone queda a la discrecionalidad del jerarca –aprobación mediante del Ministerio de Economía y Finanzas– que, ante la ineficiencia en la ejecución de inversiones, se termine ejecutando en gastos de funcionamiento o en gastos superfluos e innecesarios, con poco o nulo impacto en la mejora de una gestión. Creemos que las normas vigentes están bien y no necesitan ningún tipo de modificación. Por tal razón, no vamos a acompañar este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 15.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 18.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: adelantamos que votaremos negativamente este artículo, por cuanto refiere a la posibilidad de excepcionar las adquisiciones y ventas que realice la Presidencia de la República, para las unidades productivas y de bosques y parques del establecimiento presidencial de Anchorena.

Hemos recibido información del desastre administrativo que ha significado en todos estos años la administración de la estancia de Anchorena, por lo que no nos parece correcto que, encima de eso, le demos la posibilidad de que no tenga el control que debe tener por parte de la Administración. Digo esto porque, ¡si con control y todo se llevó a cabo una mala administración, imaginemos lo que será a partir de ahora!

Por los motivos expuestos es que votaremos en contra del artículo 18, producto de la mala administración que ha hecho la empresa del manejo de los bosques en el establecimiento presidencial de Anchorena.

Muchas gracias.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor presidente: queremos recordar que el tambo que funciona en la estancia de Anchorena, que ha ido aumentando su producción, es remitente de Conaprole y, por este hecho, en cada remisión diaria se lleva una contabilidad sobre cuántos litros se sacaron, sobre la calidad de la leche y el importe correspondiente. A su vez, por ser remitente de Conaprole, puede hacer adquisiciones a través de Prolesa, que tiene una contabilidad también absolutamente transparente.

El tambo tenía cien vacas en producción y está alcanzando las quinientas vacas, y mejoró la calidad genética. Además, ha recibido mejores precios por parte de Conaprole por la calidad de la leche.

Las pasturas que se plantan para la alimentación de las vacas están a cargo de una ingeniera agrónoma, una señora que viene del Servicio de Veterinaria y Remonta del Ejército, que realiza las rotaciones necesarias para la provisión de raciones.

Con respecto al parque del establecimiento de Anchorena, que es público y puede ser visitado, lo que ocurría era que siempre que venía una tormenta se caían árboles –producto de que el viento pampero golpeaba fuerte– y con esos troncos –algunos de maderas importantes, como robles y demás–, se hacía leña. Se estableció un pequeño aserradero que permite la utilización productiva de esas maderas. Asimismo, se ha asistido con leña –está todo debidamente contabilizado– a la cárcel de Piedra de los Indios y a algunos hogares de ancianos del departamento de Colonia.

Corresponde, también, decir que se está refaccionando la casa con el producido del tambo. Tendría mucho más para decir pero quiero dejar solo estas constancias para que si alguien lee la versión taquigráfica de una sesión de presupuesto –que debe ser lo más aburrido del mundo–, este tema no pase desapercibido.

Muchas gracias.

SEÑORA AYALA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AYALA.- Señor presidente: a lo manifestado por la señora senadora Topolansky quiero agregar que el tema de la administración de la estancia viene de mucho tiempo y lamento que algunos no reconozcamos nuestra propia historia.

Quiero recordar que en el período anterior se estableció una auditoría desde la administración del Gobierno central, a partir de cuyos resultados se empezó a rever y a reformular todo lo relativo al establecimiento presidencial de Anchorena.

Era cuanto quería expresar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 18 del proyecto de ley.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 20 que tiene un sustitutivo propuesto por el Partido Nacional.

Léase el sustitutivo.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 20.- Incorpórase al literal C del artículo 33 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF 2012) el siguiente numeral:

“La contratación de servicios artísticos, cualquiera sea su modalidad, por parte del Inciso 11 “Ministerio de Educación y Cultura”, con cooperativas de artistas y oficios conexos, hasta el doble del monto establecido para la compra directa”». (Firman varios señores senadores).

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: este artículo sustitutivo propone establecer un monto, ya que el artículo tal cual viene expresa: «[…] hasta el monto establecido para la licitación abreviada». De ahí, pues, que nuestra propuesta establezca «hasta el doble del monto establecido para la compra directa» y no con relación a la licitación. Sería como decir que si el monto que hoy tienen varios incisos, en cuanto a la licitación abreviada, no es suficiente, esto es una perforación para la compra directa. Por lo tanto, nos parece que si eso es necesario para la cooperativa de artistas y oficios conexos, entonces, que se le dé el doble y no se deje sin establecer un tope.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 20 tal cual viene de la comisión.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 24.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: este artículo, que regula la centralización de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, establece: «Los organismos comprendidos en el artículo 451 de la Ley n.º 15903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley n.º 18834, de 4 de noviembre de 2011 (artículo 2.º del TOCAF), elaborarán planes anuales de contratación de bienes y servicios con el asesoramiento de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado».

Estamos de acuerdo con que la mencionada agencia tenga una centralidad, sobre todo con la Administración central y con los ministros. No obstante, también se incluye a organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, tales como el Poder Judicial y muchos entes autónomos. Sobre todo con respecto al Poder Judicial, no nos parece correcto que esta información tenga que ir a la Presidencia de la República, concretamente, a los servicios de asesoramiento de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado; por el contrario, sí creemos que está bien que se haga con los ministerios. Por esa razón votaremos en contra de este artículo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 24 del proyecto de ley.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 25.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 26.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

En consideración los artículos 27, 28 y 29, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–23 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 31.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

En consideración la sección IV, Incisos de la Administración central.

Comenzamos con el inciso 02, «Presidencia de la República».

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Quiero hacer algunas consideraciones generales sobre este inciso antes de votar los desgloses. Como hacemos con todos los incisos, hay algunos artículos que vamos a acompañar y otros que no.

Nosotros creemos que el inciso «Presidencia de la República» no puede transformarse en un ministerio. El presidente tiene que actuar con los secretarios de Estado cuando administra; es decir, es en acuerdo con sus ministros que dicta los decretos y las resoluciones del Poder Ejecutivo. Lo que se está haciendo al trasladar la Dirección de Deportes a Presidencia de la República es crear un nuevo ministerio. Era mucho más fácil haber creado un ministerio que poner esa secretaría y a sus directores en Presidencia. A nosotros que siempre estuvimos de acuerdo con la constitución de un ministerio de deportes, no nos parece que sea lógica la creación de esta secretaría en la Presidencia y que abajo tenga toda una estructura enorme como la de un ministerio. Estando a favor del deporte nos hacen votar en contra debido a la ubicación en la que se encuentra y porque, además, constitucionalmente escapa al control parlamentario. No estoy para adjudicar intenciones porque no creo que sea el caso; me parece que es una desviación en la comprensión de qué es el inciso «Presidencia de la República», que solamente debe incluir a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, nada más.

Celebramos que esta Administración traslade muchas de las cosas que habían sido creadas con ese mismo concepto en Presidencia de la República al lugar natural donde tienen que estar. Me refiero al Plan Juntos, a Uruguay Crece Contigo que pasa al Mides; en fin, se trata de una serie de secretarías que lo que buscan es duplicar. Nosotros decíamos en el pasado que esto iba a ser una duplicación. Bueno, se convencieron de que era así y la Administración Vázquez lleva al Plan Juntos al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a Uruguay Crece Contigo al Mides. Pero no cambian el concepto. Nosotros, que estamos de acuerdo con la jerarquización del deporte, vamos a votar en contra de la creación de esa secretaría. Además, duplican funciones creando la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. Entonces, ¿para qué está la Dirección Nacional de Medio Ambiente? ¿Para qué está la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo? Va a haber una contienda de competencias entre lo que en el día de mañana pueda hacer un ministro con sus secretarios en su cartera y lo que tenga que consultar en Presidencia, cuando es el propio ministro de Estado quien tiene que consultar al presidente de la república, en acuerdo. Para mí esto implica más burocracia, más problemas, más cargos y va a generar líos.

Esta es la crítica que globalmente hacemos a lo presentado para Presidencia de la República que, a nuestro juicio, genera inconvenientes en algo fundamental como el contralor parlamentario que tiene que hacer esta casa. Por eso, señor presidente, como consideración general podemos decir que vamos a votar en contra muchos de estos artículos. Después, cuando se trate cada uno de ellos haremos la aclaración de cuáles apoyaremos y cuáles no.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra, el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Muchas gracias, señor presidente.

En el mismo sentido de lo expresado por el señor senador Heber, quiero decir que por supuesto que estamos a favor del deporte, pero acá lo que se hizo fue una concentración de actividades en la Presidencia de la República que me parece que está mal y es inconveniente.

Se crea la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático y en su momento se nos dijo que tendría una tarea de coordinación, pero cuando uno lee las funciones puede ver que es para bastante más que eso. Este tipo de secretaría que tiene que ver con el medio ambiente tendría que estar absolutamente separada de Presidencia de la República y, diría más, tendría que tener independencia del Poder Ejecutivo porque estos temas son cada vez más importantes.

El director Nacional de Medio Ambiente, el señor Rucks, ha dicho en forma pública que recibe permanentemente presiones por parte de empresas privadas y del Gobierno. Claramente esto es negativo. Quien tome las decisiones de medioambiente debe tener una autonomía total. Me parece que eso es muy importante porque le va el futuro al Uruguay Natural. Existen y van a existir proyectos importantes en que los gobiernos de cualquier partido van a tener interés, y cuando se estudie si causan daño al medio ambiente tiene que hacerse con absoluta independencia; el Gobierno no puede estar presionando porque puede serle beneficioso y tiene interés de que salga afirmativamente.

Nosotros vamos a votar en contra de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático y de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología que ya tiene su ámbito en el Ministerio de Educación y Cultura. A mí me parece muy bien que se incentive la ciencia y la tecnología y que en el Presupuesto se prometa y se cumpla que se va a destinar un porcentaje del PIB; ahora, lo que me parece que está mal es que esté en Presidencia de la República. Se me ha dicho que Presidencia de la República es como el cuartito del fondo: va todo para ahí. Bueno, no tiene que ir nada para ahí; Presidencia de la República tiene que ser Presidencia de la República, y todo esto tiene que tener el control del Poder Legislativo. En estas cosas hay daño institucional –no estoy diciendo que sea inconstitucional–, porque el Parlamento empieza a perder funciones de control que debería tener. A mí me parece que esto está mal y por eso no vamos a votar estos artículos ni todo lo que esté relacionado con ellos en este inciso.

Muchas gracias.

SEÑOR RAMOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAMOS.- Gracias, señor presidente.

En la misma línea de los argumentos realizados sobre por qué no vamos a votar estos artículos, quiero hacer un muy breve resumen sobre los pros y los contras.

Escuché al prosecretario de la Presidencia de la República, dando los argumentos por los que era necesario tener estas secretarías en esa órbita; concretamente, se decía que era a los efectos de una mejor coordinación. En realidad, ese no es un argumento de recibo, porque si así fuera, el Mides, que es un organismo coordinador de políticas sociales por excelencia, debería estar también en la órbita de la Presidencia de la República. Es decir que no hay una lógica de armado y diseño institucional en este tema de la coordinación. Además, sabemos que hay buenas innovaciones institucionales como las que ocurren en los gabinetes, donde se dan muy buenas coordinaciones.

El argumento de la duplicación, por su parte, quizás no sería el más sólido si se produjese el contraargumento de que esto es transitorio y van a desaparecer las unidades que hay en los ministerios, que se trasladarían a secretarías. Yo tenía un viejo profesor que siempre decía que es más fácil crear un organismo nuevo que reformular otro. El riesgo de esto es que cuando se procesan nuevos organismos no se reformulan otros que deberían ser reformulados. Por lo tanto, preferiría que se hubiera trabajado más en la construcción de un nuevo organismo que hacerlo en la duplicación transitoria de otro.

Por otro lado, están los argumentos que no voy a repetir, vinculados con la extracción del control parlamentario, entre los que se encuentra el tema de la unidad de la Presidencia de la República como un organismo cerrado, tal como lo establece la Constitución de la república. Sí admitiría –eso sí me preocupa– un fortalecimiento de la capacidad de análisis político de la presidencia. Cuando hace años viajé a Chile y a Brasil confirmé mi convicción de que nuestra Presidencia de la República tiene poca fortaleza de análisis político, de análisis de coyuntura, de prevención de crisis y de coordinación interministerial. Ciertamente votaría a favor de una mayor fuerza –tal vez con una pequeña burocracia–, de un fortalecimiento del seguimiento de las prioridades del presidente de la república. Eso sí necesita la Presidencia de la República, y también que se brinde un apoyo al secretario y al prosecretario a través de una unidad que ayude al presidente a seguir sus prioridades presidenciales. Esta sería, a mi juicio, una muy buena manera de obtener coordinación. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto sería la que desde el área de gestión y evaluación podría llevar a cabo la coordinación de políticas públicas, asesorando al presidente de la república. Asimismo, se podría crear una unidad de asesoramiento de prioridades presidenciales como tienen otras presidencias de la región. Creo que eso sí se podría votar con tranquilidad. Justamente, el crear en Presidencia muchas agencias y secretarías que orbitan en su entorno –recuerdo a Gonzalo Fernández diciendo que lo único que orbitan son los satélites en relación a que es de muy dudosa legalidad este conjunto de órganos en un organismo cerrado como este–, la distrae de sus tareas fundamentales: el seguimiento de prioridades presidenciales, el asesoramiento legal y todo aquello que está en su esencia. Pienso que esta serie de secretarías y agencias que se crean con la justificación de producir una mayor coordinación, no es un argumento de recibo.

Por consiguiente, vamos a votar enfáticamente en contra de este tipo de artículos, porque en realidad duplican y no contribuyen.

Finalmente, quiero referirme al tema de la independencia. En asuntos medioambientales existe la opción de crear un ministerio, como ocurre en otros países, y se le da la jerarquía que debe tener o se le otorga independencia, como ocurre en otros países, como es el caso de la agencia medioambiental de Estados Unidos o de muchas otras, donde estos temas necesitan una regulación muy estricta con una independencia fuerte del Poder Ejecutivo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Pero creo que el hecho de que este órgano funcione como una secretaría de la Presidencia de la República debilita el instrumento de regulación en un Estado que tiene que ser cada vez más inteligente y tener una mayor calidad regulatoria en estos temas.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señor presidente: hay algunos temas que no hace mucho tiempo estuvieron en debate en el Parlamento, porque la creación de la Secretaría Nacional del Deporte se debió a una ley específica, en cuya discusión se escucharon opiniones a favor y en contra. Este es un órgano político y, por ende, la gente entiende que quienes lo integran trabajan en el ámbito de la política. En consecuencia, nadie va a decir en este país que está en contra del deporte; todos sabemos que estamos a favor del deporte. La expresión general así fue planteada cuando se discutió este tema. Pero lo que queda claro es que hay una estructura que antes existía en un ministerio y que ahora se incorpora al ámbito de la Presidencia de la República, en concordancia con la ley que votó el Parlamento hace un tiempo. La generación de una determinada burocracia en cierta manera no es tal, sino que se da el contenido de estructura a algo que antes formaba parte de un ministerio. Sobre este tema, ya sabemos cuáles son las posiciones a favor y en contra.

Con relación al tema de la secretaría de medioambiente creo que lo sustantivo no es la tarea de la coordinación. Si bien es cierto que se ha planteado y se ha reafirmado que desde un ámbito como el de la Presidencia, que es jerárquico, se puede llevar adelante una coordinación más efectiva con las unidades sectoriales, también nos parece que de la propia impronta de la Presidencia de la República sería importante trabajar algunos temas que para el país son sustantivos, como es el caso del tema medioambiental. Por esa razón se ha debatido si se debe crear un ministerio específico para esa materia, y al respecto se han esgrimido argumentos a favor y en contra. El hecho de que exista o no un ministerio, no quiere decir que el tema no sea de relevancia para el Gobierno. Las miradas para los temas ambientales tampoco son específicas de una dirección de medioambiente, porque esta podrá buscar sus competencias en las normas que le asignamos y contar con el equipo técnico que le permita llevar adelante todas las acciones que le comete la ley, pero la tarea de análisis ambiental es cada día más compleja, más interdisciplinaria e intersectorial. Aquí tenemos una norma que ha generado bastante discusión en la bancada y con el Poder Ejecutivo y que está vinculada con una dirección nacional de inocuidad en el ámbito del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esta discusión se ha dado porque se trata de temas que tienen que ver con lo ambiental y con la salud. En un país como este que está fuertemente estructurado en organismos sectoriales, se hace necesario tener una mirada que esté por encima y pueda identificar de mejor manera algunos de los cuellos de botella a los que nos enfrentamos o que brinde una orientación en el momento de decidir sobre algunas cuestiones. Creo que eso es lo que se busca con algunas de estas normas. La idea no es que las políticas medioambientales estén fuera del control parlamentario; está lejos de eso. La mejor política ambiental es la que involucra a más actores y, en definitiva, a toda la sociedad. Estamos convencidos de eso y no es nuestra intención que la creación de una secretaría de medioambiente en el ámbito de la Presidencia de la República apunte a escapar de algún control. Simplemente queremos que se jerarquice una tarea que para nosotros es fundamental que nuestro país atienda en estos tiempos.

SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE LEÓN.- Señor presidente: nosotros vamos a acompañar la creación de la Secretaría Nacional de Ambiente, Cambio Climático y Agua y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, porque entendemos que lo que plantea el gobierno es la jerarquización de ambas temáticas.

En el caso del tema ambiental creo que es claro que el Estado debe jugar un papel muy importante, ya que como en tantos otros asuntos ha quedado demostrado que esto no lo resuelve solo el mercado, el sector privado o el estatal cuando desarrolla actividades.

Me parece que pensar que se están duplicando funciones es un error. Las funciones que hoy desarrolla la Dinama son más operativas. Entendemos que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la dirección de la Dinama han cumplido un rol importante –como aquí se ha señalado–, pero ha sido un rol más operativo, a diferencia de lo que se busca con la creación de esta secretaría. No vemos para nada una duplicación de funciones.

Con respecto al tema ambiental, en nuestros países ha habido un crecimiento económico muy importante con el desarrollo de mega emprendimientos, tanto agrícolas como industriales. Nuestros países –en el caso de Uruguay también ha sucedido– siempre han ido detrás de esos procesos de grandes inversiones, analizando los posibles impactos que podrían tener esos avances. Creo que un país que quiera ir a una etapa de desarrollo tiene que plantear la creación de una planificación estratégica ambiental, que implica, entre otros aspectos, una fuerte articulación y coordinación con instituciones y organizaciones públicas y privadas. Como se mencionaba recién, es un tema que compete a toda la sociedad.

Nosotros estamos convencidos –y coincidimos con el señor senador Heber– de que no se pueden buscar intencionalidades con relación al contralor o no contralor de esta secretaría. Creemos que en este caso se plantea una jerarquización. En lo personal, pienso que tiene que haber un proceso de transición para que en el futuro podamos tener quizás un ministerio de medio ambiente y otro de ciencia y tecnología.

Por estas razones, vamos a acompañar la creación de estas secretarías.

De lo que se trata aquí es de optimizar las capacidades que hoy tienen distintos organismos del Estado, porque cuando un país apuesta a dar un salto al desarrollo debe tener una planificación estratégica ambiental. Este es un tema esencial porque define el destino que tendrán los recursos colectivos como el suelo, el agua y todos los otros elementos importantes que tenemos en un país. Por eso digo que aplaudimos la jerarquización que hace el Gobierno al crear esta secretaría, por la importancia que tienen desde el punto de vista estratégico tanto los temas ambientales como el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología.

Muchas gracias.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- En el mismo sentido que hablaron los señores senadores Pardiñas y De León, voy a leer lo que dijo la Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente cuando se le preguntó específicamente sobre este tema. Al respecto, ella decía: «En cuanto a la famosa secretaría quiero decir que fue trabajada en conjunto con el presidente de la república, los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; Defensa Nacional; Industria, Energía y Minería y el nuestro». Es decir que no se puede reducir el tema a Dinama, es mucho más grande. Luego continúa diciendo: «La creación de esa secretaría es el primer paso para fortalecer todos estos temas que hoy están siendo coordinados a nivel nacional e internacional por una gestión incentivada a partir del relacionamiento de los diferentes ministerios. Actualmente tenemos una buena interacción nacional e internacional, pero la secretaría va a centralizar estas coordinaciones. El fortalecimiento de estos tres aspectos es política de Estado. Además, aclaro, que no se le quita a este ministerio –es decir, el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente– ninguna de sus funciones ni obligaciones. Eventualmente se podría estar de acuerdo con la existencia de un ministerio específico, pero hoy no están dadas las posibilidades. Hemos estudiado todas las formas que se utilizan a nivel internacional y podemos decir que son infinitas. Hay países que tienen Ministerio de Medio Ambiente; otros tienen direcciones; otros dividen estas cosas en tres o cuatro fases, etcétera. Por tanto, no es fácil tomar una determinación en un país como el nuestro. Sí creo que esta secretaría es un paso importante para fortalecer esta área y fue propiciada por todos los ministerios que acabo de mencionar. Quiero darles la tranquilidad de que aparte de que van a tener la posibilidad de controlarla a través de los ministerios –porque vamos a integrar esta secretaría a través de un gabinete de ambiente–, vamos a fortalecerla con otros sistemas que van a llegar a la sociedad civil, etcétera. Creo que todas estas cosas que se están elaborando van a clarificar mucho más la situación con respecto a la secretaría». Hasta ahí lo que nos decía la ministra Eneida de León.

Cabe aclarar que en este momento se está realizando en París una cumbre sobre el cambio climático; vamos a ver si supera la fracasada Cumbre de Tokio. Quiero decir que en la Cumbre de Tokio se tuvo toda la independencia de información técnica pero no contó con la voluntad política de los países; esta última es la que termina definiendo estos temas. Quiero que eso quede claro. Podemos tener un ministerio de medioambiente, una agencia independiente, un servicio descentralizado, una agencia en la presidencia de la república o lo que fuere, y está muy bien hacerlo y obtener toda esa información, pero después se precisa la decisión política. Sin la decisión política el mundo va a seguir en su cuenta regresiva al cambio climático. Todos sabemos que hay tres o cuatro países del mundo –los grandes– que emiten mucho más gases que otros, lo que produce determinados fenómenos. Ser un pequeño país no nos saca la responsabilidad, pero quiero subrayar que son decisiones políticas.

Nada más.

SEÑOR RAMOS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAMOS.- Muchas gracias, señor presidente.

Creí entender que el señor senador De León hizo referencia a que en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la política de medioambiente de la Dinama es solamente operativa. Quiere decir que tenemos un ministerio de medioambiente que no diseña políticas de medioambiente sino que solamente cumple un papel operativo. Entonces, deberíamos modificar el nombre de ministerio porque según yo lo entiendo, los ministerios diseñan políticas.

Nada más.

SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE LEÓN.- Nosotros mencionamos que la Dinama se ha transformado en una institución más operativa por el hecho de que el desarrollo y el aumento de la actividad productiva en el país ha llevado –como se ha mencionado en esta sala– a tener una actividad muy intensa en el seguimiento, en el control y en la evaluación de muchos de los emprendimientos que se desarrollaron y se desarrollan en el país. Con esto no queremos decir que no tenga funciones desde el punto de vista del desarrollo de políticas. Esta secretaría busca una jerarquización a través de la transversalidad, de la interacción con otros actores del Estado y del sector privado para el desarrollo e instrumentación de políticas ambientales y, fundamentalmente, para el desarrollo de una planificación ambiental estratégica que no existe aún en el país.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: quiero hacer un comentario a modo de adelanto de todo lo que va a ser el análisis del Presupuesto. Varias veces se ha dicho en esta cámara, que hay como dos visiones distintas de país y me parece que en algunas cosas es cierto. El Frente Amplio siempre afirma que la diferencia tiene que ver con quién defiende más las políticas sociales y quién no lo hace. Personalmente creo que no pasa por ahí la diferencia, sino por el concepto que se tiene de los principios republicanos y de cómo aplicarlos. Concentrar una cantidad de organismos en la Presidencia de la República y, de esa forma, sacarlos del control parlamentario va en contra de algunos principios en los que nosotros creemos, como ser que quienes llevan adelante las políticas que afectan a todos los uruguayos deben venir a rendirnos cuenta acá, al Parlamento, cuando se equivocan. Cuando se crean secretarías queda en letra muerta la posibilidad que tiene el Parlamento de llamar a responsabilidad a los ministros. Si se les quita a los ministros sus facultades, no los podemos convocar al Parlamento en régimen de interpelación o de comisión general porque, sencillamente, no están alcanzados por la norma.

Por otra parte, esta suerte de juntar actividades en la Presidencia de la República y, a la vez, quitarlas del control parlamentario, viene acompañada más adelante por otras cosas, como es el notorio debilitamiento de los poderes y las instituciones que deben controlar al propio Poder Ejecutivo. Insisto, cuando se juntan todas las actividades en presidencia, se quita la posibilidad de que el Parlamento los responsabilice y, a su vez, se debilita presupuestariamente a las entidades de contralor como, por ejemplo, el Poder Judicial, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Junta de Transparencia y Ética Pública cuyo presidente ayer u hoy salió en la prensa –y sigo dando noticias– diciendo que no tiene recursos para seguir funcionando.

Por tanto, el Uruguay que hoy quieren construir es un Uruguay personalista y falto de controles, que trata de quitar del control parlamentario y judicial, del control del Tribunal de Cuentas y de la Junta de Transparencia y Ética Pública, los controles republicanos que todos nos merecemos. Esta concentración y las explicaciones que se dieron son la prueba más viva de ello.

Quiero recordar que la Secretaría Nacional de Medio Ambiente, Cambio Climático y Agua fue propuesta cuando la Dirección Nacional de Medio Ambiente no hacía otra cosa que hacer cumplir las disposiciones legales. Como la Dirección Nacional de Medio Ambiente le ponía exigencias a unos seudoinversores, que ahora resulta que no eran tan buenos –iban a cambiar la matriz económica del país a partir del hierro y el puerto y les hicieron dos leyes a medida, la de minería de gran porte y la modificación del Código de Minería–, se enojaron con su director y le dijeron que iban a sacar esa dirección del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la iban a llevar a la presidencia para que estuviera bajo el control de esta.

Es verdad, hay dos visiones de país. Está la visión de los que valoramos los principios republicanos, tan caros y tan importantes, desde el año 1839, con la Defensa de Montevideo, y la de los que piensan que es bueno debilitar los controles y quitar actividades, en especial, del control parlamentario.

Por esa razón no vamos a acompañar la mayoría de estas normas.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Señor presidente: esta es la primera vez que participamos en la discusión del Presupuesto en el Parlamento y quizás sea la última desde este lugar, pero eso no nos preocupa. Lo que sí sentimos es una gran y genuina responsabilidad. Hay cosas que podrán tener muy buena intención y se podrán iluminar con muchas lucecitas de colores para presentarlas –también con una buena intención–, pero que no se pueden hacer. El artículo que crea la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático en la presidencia, le quita el rango ministerial que tiene el medioambiente, que se otorgó en los años noventa, cuando se creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Dicho ministerio se creó en el gobierno del Partido Nacional y a partir de esa fecha y hasta 2005, se fueron generando derechos ambientales y territoriales para los ciudadanos de este país pero, lamentablemente, desde 2005 hasta ahora, esos derechos han ido en retroceso. Acá se está vejando, por no decir violando, el principio de no regresión en derecho ambiental ya que, a través de esta secretaría, el Gobierno está eludiendo no solo el control parlamentario, sino también el control ciudadano y su participación en todo lo que tiene que ver con el ambiente, el agua y el cambio climático.

Todos sabemos la importancia que tiene el agua para los ciudadanos de nuestro territorio y para quienes viven en las grandes ciudades, como Montevideo. Sobre ese tema, en el correr de todo este año, llenamos una carpeta de pedidos de informes con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, OSE y a los distintos organismos responsables, pero no contestaron ninguno. Entonces, quiero saber ¿qué sucederá cuando el tema agua pase a un organismo en el que no podamos hacer pedidos de informes? Todo va a depender de la buena voluntad. La verdad es que es una gran regresión en el derecho ambiental lo que ha ocurrido en los sucesivos gobiernos, desde el del Partido Nacional.

Por otra parte, es bien claro que acá hay un problema sobre lo que se puede hacer o no con la Constitución. Cuando asumimos fue obligatoria la promesa de respeto a la Constitución de la república, a lo que esta representa, y yo lo hice con convicción. Creo que el que se haya hecho habitual no respetarla e interpretarla de distintas maneras según lo que convenga, no significa que eso se pueda hacer. Esto es muy claro; acá no hay dos miradas acerca de lo que puede hacer o no la presidencia. El presidente de la república tiene bien delimitadas sus potestades en este libro, que es la Constitución de la república. Entonces, tener una secretaría de deporte, de medioambiente o de lo que sea, no está dentro de sus facultades, pero sí lo está la OPP y la Oficina Nacional del Servicio Civil.

¿Por qué esto es así? Porque Presidencia de la República no se puede controlar y la democracia es control. Si no hay control, no hay democracia; es así. Si nosotros decimos que vamos a ser custodios de las leyes, de los ciudadanos y de que ellas se cumplan, no podemos estar hoy, en esta casa, haciendo lo contrario, es decir, promoviendo y aprobando leyes que van en contra de lo que la Constitución establece en cuanto a lo que se puede o no hacer. Es bien claro, los gobiernos pueden hacer solo lo que les está permitido a texto expreso y las personas, el ciudadano común, pueden hacer todo lo que no está prohibido a texto expreso. En el derecho público, en la función pública, uno puede hacer solo lo que le está permitido por la Constitución de la república. Todo lo que la presidencia haga fuera de eso, la está violando. Recién aprendí ahí afuera, que nada es inconstitucional hasta que se declare, pero sí es violatorio de la Constitución de la república.

Y reitero que si queremos una planificación estratégica ambiental, ya tenemos las herramientas: el medioambiente y el ordenamiento territorial con rango ministerial. Si quieren hacerlo específico, creemos un ministerio, pero no bajemos el rango ministerial al de una secretaría que dependerá de un presidente de turno, que no sabemos qué va a hacer ni quién lo va a controlar porque nosotros no vamos a poder.

Lo que sí tenemos que hacer es fortalecer y utilizar las herramientas que ya tenemos, que nos da la Ley n.º 18308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible para la planificación estratégica. Entonces, cuando lleguemos al artículo 503, no eliminemos la evaluación ambiental estratégica para los proyectos de carácter nacional como pretende hacer el Poder Ejecutivo en el mensaje presupuestal.

Era cuanto quería decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- En esta sección hay diversas solicitudes de desglose, por lo que se propone considerar artículo por artículo pues parece ser la forma más razonable.

En consideración los artículos 34 y 35.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–15 en 27. Afirmativa.

En consideración los artículos 36 y 37.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: solicitamos que el artículo 36 se vote de la siguiente manera.

Primero que se vote desde el comienzo que dice: «Suprímense en el Inciso 02 “Presidencia de la República”, unidad ejecutora 001 “Presidencia de la República y Unidades Dependientes”, los siguientes cargos», hasta donde expresa: «Artículo 6.º de la Ley n.º 16320, de 1.º de noviembre de 1992». Luego, pediríamos que se votara el resto, desde el inciso que comienza diciendo: «Transfórmase el cargo de Secretario General de la Secretaría Nacional» hasta el final. La primera parte, sí la vamos a votar, pero la segunda, no.

Por eso solicitamos que se divida en dos esta votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la primera parte del artículo 36, hasta la expresión «6.º de la Ley n.º 16320, de 1º de noviembre de 1992».

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la segunda parte del artículo 36, desde donde dice: «Transfórmase el cargo de Secretario General de la Secretaría Nacional» hasta el final.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 37.

(Se vota).

–26 en 28. Afirmativa.

En consideración los artículos 38 y 39.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 40.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 29. Afirmativa.

En consideración los artículos 41 y 42.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 43.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 44.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 45.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: en honor a la prédica del señor senador Heber –en este escritorio hay bastante aceite–, queremos dejar constancia que en el artículo 45 se aceptó por parte del Gobierno una propuesta del Partido Nacional que consiste en incluir en el literal D, relativo al contralor de la seguridad vial y su regulación, a los Gobiernos departamentales además del Ministerio del Interior.

En los artículos 47 y 48 –adelantamos que lo vamos a acompañar– se crea el Sistema de Información Nacional de Tránsito y un Sistema de Permiso Único Nacional de Conducir. Ambos sistemas dependerán de la Unasev, tal como lo propusimos y fue acordado con la bancada oficialista.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 45.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 46.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 47.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 48.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 49.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 29. Afirmativa.

En consideración los artículos 50 y 51, que fueron votados por unanimidad en comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 52 y 53.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 54.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Simplemente quiero decir que vamos a votar en contra porque este artículo implica la creación de más cargos de confianza.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa informa que este artículo necesita mayoría absoluta de votos para su aprobación.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 54.

(Se vota).

–16 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 55.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 56, que tiene un sustitutivo que habría que leer.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: para ahorrar tiempo al Senado, quiero decir que este artículo se discutió en comisión y si bien coincidimos con su espíritu, en su redacción hay una palabra que tira todo por tierra.

Para nosotros es vital que el tema del compromiso de gestión esté presente en todo el Presupuesto, incluso para los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la república. Lamentablemente, la modificación que se introdujo en la Cámara de Representantes cambiando el término «deberán» por «podrán» se mantuvo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

Recuerdo que quien hizo mucho hincapié en el tema en la comisión fue el señor senador Amorín. En ese ámbito afirmamos –y ahora queremos dejar la constancia– que «podrán» es el término que ya está en la actualidad, por lo que este artículo es un saludo a la bandera; no dice nada. Ahora bien, si en lugar de «podrán» pusiéramos «deberán», todo el Presupuesto cambiaría sustancialmente. Aunque parezca mentira, con una palabra se estarían cambiando muchas prácticas que son equivocadas en la Administración. Puedo poner un ejemplo de «podrán»; en ese caso se podría decir: «Miren, ¡no puedo!»; como no puedo, no tengo un compromiso de gestión.

Algunos organismos lo hacen –así fue manifestado en la comisión, creo que por el señor senador Berterreche– y las intendencias necesitan disponer de un compromiso de gestión para tener habilitadas partidas que hagan posible continuar gastando en caminería, por ejemplo. O sea que todos deben tener compromiso de gestión.

Nosotros abogamos una y otra vez por este artículo porque creemos que es bueno, pero cambiándole una palabra, de modo que diga «deberán» tener un compromiso de gestión. Si hay que darles plazo, que lo establezcan ellos mismos porque son organismos autónomos. ¡No estamos violando la autonomía por decirle: «Mire: digan ustedes, autónomamente, cuáles son sus compromisos de gestión! A nosotros nos piden plata en forma autónoma; se la damos. Damos la cara ante la población, pero no hay un compromiso de gestión». Entonces, no tenemos una forma de evaluar el dinero que le sacamos al pueblo para dárselo, por ejemplo, a la educación, entre otros.

En el artículo aditivo que proponemos, exceptuamos de la medida al Poder Judicial y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo porque creemos que su independencia ya no es una autonomía como se puede establecer mañana en el caso del INAU o la UdelaR. No es la misma clase de autonomía; es un poder independiente.

Entonces, presentamos un artículo aditivo exceptuando del compromiso de gestión al Poder Judicial –por tratarse de uno de los principales, si no el principal poder del Estado– y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero todos los demás, incluso esta propia casa, deben tener un compromiso de gestión.

Por lo tanto, creemos que se debería cambiar el término «podrán» por «deberán» y, además, exceptuar al Poder Judicial y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.Así presentamos el sustitutivo y por eso ahorro la lectura, porque me parece que es una buena economía, sobre todo para poder explicarlo con el énfasis y, espero, con el poder de convencimiento que lleve a dar un paso que no es pequeño, sino grande –«deberán», no «podrán»– porque, si no, no es nada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor senador.

No sé qué era más rápido, si la lectura del artículo sustitutivo o la explicación.

(Hilaridad).

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador, para agregar algo más a la exposición.

SEÑOR DELGADO.- Es para grabarlo.

(Hilaridad).

–Señor presidente: nosotros queremos votar el artículo tal como vino del Poder Ejecutivo –eso tiene que quedar claro– porque nos parece que es un paso más.

No estamos cambiando ni siquiera la autonomía, porque en este caso estamos hablando de compromisos de gestión anuales entre el organismo correspondiente, el ministerio con el que se vincula, el Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP para que, de común acuerdo, se fijen mecanismos de indicadores, de metas y de objetivos que permitan comparar la evolución del organismo con los planes estratégicos. ¡Nada más! No están los recursos incluidos acá. Simplemente es gestión con indicadores y metas, medibles y cuantificables.

Hay muchos organismos e instituciones que ya los tienen y por eso nos pareció importante dar un paso más y una señal política. Con la expresión «podrán», naturalmente lo hace el que quiera; obviamente, todos pueden hacerlo porque no está prohibido. El «podrán» es inocuo; como norma es absolutamente inocua; ni siquiera es una señal. La señal –en un artículo bastante light– es incluir el término «deberán» y, entonces, obligamos de común acuerdo a establecer metas. Acá ni siquiera están vinculados los recursos, sino que es gestión y exclusivamente gestión.

Por razones obvias, excluimos los organismos jurisdiccionales y también hay que agregar en nuestro sustitutivo al Tribunal de Cuentas como organismo de contralor.

Gracias, presidente.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor presidente: este artículo tuvo una larga discusión en la comisión y muchos estábamos de acuerdo con que la redacción del Poder Ejecutivo era mejor que la que vino de la Cámara de Representantes.

Lo que se establece por este artículo, que dice que los entes autónomos y servicios descentralizados «podrán contar con compromisos de gestión», ¡ya existe!, ¡ya pueden! En realidad, este artículo no agrega nada. De hecho, el Instituto Nacional de Colonización –según nos ilustró el señor senador Berterreche– ya lo hace. O sea, sin este artículo pueden hacerlo; ¡cualquiera puede hacerlo! Acá se está diciendo lo que está ocurriendo hoy: pueden; si quieren, pueden, y si no quieren, no. Si el directorio entiende que hay que hacerlo, lo hacen y si no, no, y no pasa nada. O sea, ¿qué cambia esto? ¡Nada! Esto pretende ser una señal y no es nada; es al revés, es una señal negativa para decir: «Seguimos como estamos, no cambiamos nada. Si quieren, pueden, y si no quieren, no lo hacen».

Entonces, no voy a votar este artículo porque, justamente, es una señal equivocada; parece que estamos cambiando algo, pero no cambiamos nada.

Lo que digo es: ¿Nos animamos a hacer el cambio? Ponemos «deberán». ¡Eso sí es un cambio! Ahí lo tienen que hacer todos. Eso sí es un avance. Eso sí es una cosa positiva. Si se pone «deberán», lo voto con ganas y reconozco que se da un paso interesante. Si se deja «podrán», seguimos en lo mismo; el que tiene ganas lo hace y el que no tiene ganas, no lo hace.

Así que como está, personalmente no voy a votarlo porque creo que es una señal equivocada; parecería que estamos haciendo algo pero no estamos haciendo absolutamente nada. Si se cambia por el término «deberán», ¡adelante!, lo votamos.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR RAMOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAMOS.- Señor presidente: yendo en la línea del artículo sustitutivo presentado por el Partido Nacional, creo que se podrían exceptuar los cuasipoderes, es decir, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas y, también, el Poder Judicial, que no es un cuasipoder pero está acompañado de cuasipoderes. Me refiero a aquellos organismos que no están en el Poder Ejecutivo dentro de la órbita de un ministerio para respetar sus autonomías, pero con el resto se podría hacer.

El señor senador Berterreche citó el caso del Instituto Nacional de Colonización, pero también está el de las empresas públicas deficitarias y el del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay una unidad –que se había creado– de compromisos de gestión que funcionaba en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero que también está compuesta por la Oficina Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Economía y Finanzas que podría tranquilamente, a través de instructivos inclusive, facilitar tareas de este tipo.

Lo que quiero decir es que se está en condiciones –dado que se ha avanzado en planificación estratégica con las unidades de coordinación central del Poder Ejecutivo– de poder asistir a los servicios descentralizados para brindar este tipo de información que debe ser pública y que es muy bueno para que tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo y la ciudadanía puedan ir monitoreando los resultados de la gestión de esos organismos.

Muchas gracias.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor presidente: este es un tema en proceso, que me parece muy importante. La evaluación siempre hay que hacerla con relación a cómo se cumplió lo que uno se planteó hacer. En realidad, esto es central para la evaluación.

Hoy en día hay un mecanismo para exigir compromisos de gestión, pero es medio primitivo, medio «garrotesco». A los que necesitan asignación de recursos, se les exige, por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que presenten compromisos de gestión, pero no a los que no precisan inyección presupuestal. ¡No es muy jurídico! ¡Es más bien «caribeño» el mecanismo! Con un garrote, se le dice: «Si precisa plata, presente compromisos de gestión; si no, no le damos».

Este tema lo venimos discutiendo desde el comienzo de esta legislatura cuando concedimos las venias. Lo planteó el señor senador Mieres. Me parece que es un tema en desarrollo. Incluso, esto también lleva a redefinir un poco la autonomía. ¿Autonomía de qué? ¿Autonomía técnica? ¿Autonomía administrativa? ¿Qué quiere decir?

Nosotros nos comprometemos a trabajar en el tema. Hoy no podemos resolver, exigir a todos los entes autónomos y servicios descentralizados porque tenemos esa piedra en el medio –que es una virtud en algún sentido, pero un obstáculo en otro– de la autonomía. Si redefinimos la autonomía, podemos avanzar en ese sentido para permitir que haya un plan claro y, después, una evaluación objetiva.

Así que, por este motivo, por ahora, lo votamos así como está, pero reiteramos que esto es una construcción y estamos en una cierta etapa del proceso.

Nada más, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 56.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 57.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: el artículo 57 refiere a la reasignación de restructuras, o sea, es la confesión de que hemos votado restructuras pasadas que no se hicieron y que ahora se reasignan.

Es por esa razón que estamos en contra de este artículo y queríamos fundamentar nuestro voto en ese sentido, que es coherente con lo que venimos diciendo.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 58.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 59.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración los artículos 60, 61 y 62 inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 63, que tiene un sustitutivo.

Léase el sustitutivo.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Sustitúyese el Inciso 2.º del artículo 17 de la Ley n.º 17598, de 13 de diciembre de 2002, en la redacción dada por el artículo 192 de la Ley n.º 17930, de 19 de diciembre de 2005, por el siguiente:

“Créase la Tasa de Control del Marco Regulatorio de Energía y Agua, que se devengará por la actividad de control de la participación en las actividades reguladas a que refiere esta ley. Serán sujetos pasivos quienes desarrollen dichas actividades y serán agentes de retención o percepción los que el Poder Ejecutivo defina, debiendo destinarse el monto total de lo recaudado, exclusivamente a la financiación del presupuesto de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, en el marco de las competencias asignadas para el cumplimiento eficaz y eficiente de sus cometidos.

Al comienzo de cada ejercicio y a propuesta de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la Contaduría General de la Nación ajustará los créditos presupuestales en función de la recaudación real de dicha tasa por el tributo devengado entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre del año anterior, no rigiendo a tales efectos las limitaciones establecidas en el artículo 190 de la Ley n.º 17930, de 19 de diciembre de 2005”». (Firman varios senadores del Partido Nacional).

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor presidente: no logro entender este artículo sustitutivo, porque el artículo 63 del proyecto de ley que estamos aprobando nada tiene que ver con lo que acaba de leerse.

Agradezco que alguien me lo explique.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: este artículo tiene que ver con la Ursea que, como todos sabemos, tiene el objetivo de que cada uruguayo acceda a todos los productos de los servicios vinculados a la electricidad, el combustible, el gas y el agua potable con la calidad, la continuidad, la seguridad y el precio adecuados. De esta manera, se protegen los derechos de los consumidores a través de la promoción de la competencia.

En los últimos años, señor presidente, se ha sumado a esta regulación el control de actividades que están relacionadas con el uso eficiente de la energía, la seguridad de los productos eléctricos, el uso de la energía solar térmica e, incluso, la utilización de generadores a vapor en departamentos como Colonia y San José –fundamentalmente Colonia–, pues tienen alguna preocupación manifiesta por el tema de las calderas en las agroindustrias, especialmente en la quesería artesanal.

En este tema tenemos que recordar que se transfirieron las competencias en esta materia –en todo lo que tiene que ver con los generadores de vapor–, en el período pasado, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de la Dirección Nacional de Energía –con apoyo del LATU– a la Ursea.

Por tanto, el planteamiento se vincula con lo siguiente. En el plan quinquenal de inversiones –del que ya hablamos ayer y que va a ocupar varios incisos en la jornada de hoy cuando hablemos de infraestructura–, se señala que van a invertirse USD 12.370 millones. Dentro de estos se prevén, en inversiones y en energía, USD 4230 millones y en agua y saneamiento USD 550 millones. O sea que hay un total de USD 4780 millones, el 38,6 % del total de lo que se prevé invertir, vinculado a actividades de sectores que están regulados por la Ursea, pero no se le asignan recursos a esa unidad reguladora. Le hemos aumentado las competencias, le hemos cargado la actividad para la que fue creada, le hemos generado más responsabilidades, pero no le asignamos los recursos. ¡Los recursos ya están! No es que tengamos que generar nuevos, sino que ya existen.

Ese artículo que envía el Poder Ejecutivo autoriza a eliminar vacantes, o sea, eliminar cargos. El propósito de nuestra propuesta, es que se redistribuya ese crédito presupuestal a un rubro de compensaciones que se va a destinar a otros cargos. Sabemos que la Ursea no dispone en el rubro 0 de los recursos presupuestales para ocupar toda la estructura que aprobó, pero es bueno mencionar que la norma que la creó –la Ley n.º 17598, del año 2002– estableció en su artículo 17 la Tasa de Control del Marco Regulatorio de Energía y Agua. En los hechos, se instituyó una tasa –obviamente, asociada a un servicio– pero lo recaudado no se destina totalmente a atender las necesidades de gastos y de incorporación de los recursos humanos que requiere la Ursea.

En particular, queremos resaltar, señor presidente, la necesidad de que la Ursea cuente con profesionales y funcionarios capacitados. Esto, incluso, se lo planteamos a sus autoridades en oportunidad de su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y fue expresamente reconocido, precisamente, por el aumento de responsabilidades que se le otorgó y la ausencia de recursos humanos especializados en los temas de su competencia.

En la Ley n.º 17930 –el Presupuesto nacional correspondiente al período 2006-2010–, se establecieron los niveles retributivos, así como la asignación de gastos e inversiones, modificándose algún artículo de la ley que había creado la Ursea. Precisamente, en el artículo 192 se dispuso que, si hubiera un excedente anual en la suma que se recaude por la mencionada tasa, por encima del presupuesto para la Ursea, esa diferencia se devolvería al año siguiente a los organismos regulados. La diferencia entre la tasa recaudada y el presupuesto que se aprobó para la Ursea es, aproximadamente, de USD 2 millones por año, tal vez un poco menos. Esto ni siquiera se devuelve en dinero, señor presidente, sino que se deduce del pago que realizan los organismos regulados que, básicamente, son tres: Ancap, UTE y OSE, que conforman el 90 % del ingreso de la tasa; también hay empresas privadas.

Si todo funcionara bien, los organismos regulados deberían devolver ese dinero que sobra a los contribuyentes, o sea, a los ciudadanos, ya que se trata de una tasa que se cobra en la facturación de los servicios públicos pero, en la práctica, esto no se realiza por parte de los organismos públicos regulados ni tampoco –por supuesto– por los privados. Esto es lo que pasa en la actualidad.

Con la propuesta del artículo sustitutivo se busca, precisamente, que esos excedentes anuales se destinen a consolidar la unidad reguladora, a efectos de que pueda ocupar toda la estructura de cargos y funciones. La idea es que no se vea en la necesidad de eliminar las vacantes para, con eso, compensar lo otro, pues ello sería contradictorio con la asignación de más responsabilidades y competencias.

Este es el objetivo del texto sustitutivo. Estamos hablando de dinero que hoy cobran por concepto de tasa los organismos que regula la Ursea, cuyo excedente no es devuelto a los ciudadanos. Por tanto, lo que proponemos es que ese dinero vuelva a la Ursea y que así se evite la eliminación de vacantes, porque ello significaría sacrificar su estructura.

Esta es la explicación y la justificación de la propuesta de sustitutivo que se ha presentado, señor presidente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 63, tal como vino de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

(Se vota).

–19 en 27. Afirmativa.

En consideración los artículos del 64 al 68 inclusive.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Solicito que se desglose el artículo 66.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 64 y 65.

(Se votan).

–27 en 30. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 66.

(Se vota).

–26 en 30. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 67 y 68.

(Se votan).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 69.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 29. Afirmativa.

En consideración los artículos 70 a 84 inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–28 en 29. Afirmativa.

Hemos llegado así a la consideración del diez por ciento del Presupuesto.

(Hilaridad).

–En consideración el artículo 85.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Comprenderá el señor presidente por qué a veces es necesario insistir en las metas e indicadores: porque tiene que ver también con eso.

En cuanto al artículo 85, discutimos en el seno de la comisión el tema de cómo está redactado, por cuanto dispone que se declara, vía interpretativa, la obligatoriedad de la exhibición pública de la planilla de trabajo. Esa es una norma que rige actualmente; ya es obligatorio hoy. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tal como se establece por ley, sanciona a las empresas que no exhiban esa planilla en forma pública, lo que es una garantía para el trabajador, pues allí consta la categoría, la remuneración, los horarios de trabajo y sus descansos intermedios. Sin embargo, tal como está redactado –según nuestros asesores–, este artículo podría generar alguna interpretación jurídica y terminar en el planteamiento de juicios, por cuanto se trata de una disposición interpretativa de la ley.

En consecuencia, preferiríamos cambiar la redacción de este artículo o, directamente, que no se votara y se deje a la normativa vigente tal cual está, ya que obliga –sin tener que interpretar nada– a que las empresas tengan y exhiban la planilla de trabajo en el caso de que lo solicite la inspección del trabajo o los propios trabajadores, como garantía de su vínculo laboral.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 86.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 87 y 88.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: los artículos 87, 88 y 89 están relacionados. En primer lugar, tienen que ver con la creación de la Secretaría Nacional del Deporte –tema sobre el que ya hemos hablado, por lo que no vamos a redundar en los argumentos– y, asimismo, con la creación de cargos de confianza, que es propio de un ministerio pero, en este caso, quedan a cargo de la secretaría mencionada.

Por tanto, vamos a votar en contra los tres artículos. Algunos de los siguientes, vinculados con funciones de un ministerio, los votaremos a favor porque queremos que exista asistencia y promoción del deporte, pero sin que ello signifique, señor presidente, que estemos de acuerdo con la creación de esa secretaría.

En síntesis, votaremos negativamente los artículos 87, 88 y 89, pero sobre otros, nos pronunciaremos a favor.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tomando en cuenta los comentarios hechos por el señor senador Heber, en consideración los artículos 87, 88 y 89 inclusive.

Se advierte que los artículos 88 y 89 necesitan mayoría absoluta.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 90.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 91.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 92.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 93 y 94.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–25 en 29. Afirmativa.

En consideración los artículos 95 y 96.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración los artículos 97 y 98.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–24 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 99.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración los artículos 100 y 101.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–24 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 102.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 103.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 29. Afirmativa.

En consideración los artículos 104 a 107 inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–23 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 108.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración los artículos 109 y 110.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–24 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 111.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración los artículos 112 y 113.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–24 en 29. Afirmativa.

En consideración los artículos 114 y 115.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: los artículos 114 y 115 establecen partidas a Presidencia de la República, reasignación de algunas de ellas, y uno de los artículos vinculados al rubro 0 está dirigido a los Servicios de Comunicación Audiovisual, para implementar la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, conocida como ley de medios. El Partido Nacional no acompañó dicha ley, y particularmente fue muy crítico sobre las competencias de estos Servicios de Comunicación Audiovisual.

Por ende, no vamos a acompañar estos dos artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 116.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 117.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 29. Afirmativa.

Hemos finalizado el inciso 02, «Presidencia de la República».

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: solicitamos la reconsideración del artículo 25, que pone un plazo al Tribunal de Cuentas para expedirse en los dictámenes previos sobre contratos o licitaciones, a efectos de remitirlo luego, si el Senado así lo considera, a la Comisión de Constitución y Legislación para que se expida en febrero o en marzo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se reconsidera el artículo 25.

(Se vota).

–28 en 30. Afirmativa.

En consideración nuevamente el artículo 25.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: es justo reconocer que, así como fuimos críticos sobre este artículo y sus consecuencias, nos parece que es una señal a apoyar que el Gobierno lo retire del Presupuesto y se remita a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para que lo estudie con más tranquilidad y, en todo caso, vea las eventuales consecuencias, además de lesiones a la autonomía funcional y algunas otras interpretaciones que se hicieron en sala.

Por tanto, vamos a acompañar el pase de este artículo a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- En el mismo sentido que el señor senador Delgado, valoramos la postura del Senado. Me parece importante porque es un tema para estudiar a fondo. Entiendo que lo que se ha hecho es positivo, nos deja conformes y nos entusiasma para seguir discutiendo con la altura con que se está haciendo.

Es cuanto quería decir.

Muchas gracias.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGAZZI.- Como se habló de discutir con altura, me sentí aludido y voy a dar mi opinión.

(Hilaridad).

–Quiero dejar una constancia. Este artículo va a pasar a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación porque como hay dudas nos parece mejor procesarlas en ese ámbito. Solo quiero decir que el artículo 210 de la Constitución de la república –que el señor senador Bordaberry nos sugirió que leyéramos– dice en su primer inciso: «El Tribunal de Cuentas actuará con autonomía funcional, la que será reglamentada por ley, que proyectará el mismo Tribunal». Luego, en el inciso segundo expresa: «También podrá atribuírsele por ley, funciones no especificadas en esta Sección». Como la ley tiene siete cometidos para el Tribunal de Cuentas, la discusión jurídica va a darse sobre si los procedimientos y bases de contratación cuya reglamentación requiera dictamen previo del Tribunal de Cuentas, están dentro de los siete cometidos que la Constitución de la república le adjudica.

Insisto, me parece que va a ser una discusión interesante; tengo mi posición y la daré a conocer cuando tratemos el tema.

Simplemente quería decir que la Constitución también permite por ley que al Tribunal de Cuentas se le asignen tareas que no están contenidas en los siete objetivos sustantivos establecidos allí.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- A cuenta de la discusión que vamos a dar en la Comisión de Constitución y Legislación, quiero señalar que discrepo absolutamente con la posición del señor senador Agazzi. Me parece que en ambos incisos se habla de dos cosas totalmente distintas: uno se refiere a cómo se reglamenta la autonomía funcional que se tiene, y el otro, a las funciones. Fijar un plazo para fallar es hablar de la reglamentación, de cómo cumple sus funciones, pero no es establecer nuevas funciones.

En definitiva, es un lindo debate que vamos a tener en la Comisión de Constitución y Legislación. Por si acaso, para evitar suspicacias, lo mejor es que el Tribunal de Cuentas proyecte una norma de este tipo; ahí sí no va haber discusión sobre si es o no constitucional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta del señor senador Michelini en el sentido de pasar a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación, el artículo 25 del Presupuesto nacional.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el inciso 03, «Ministerio de Defensa Nacional».

De acuerdo con la propuesta llegada a la Mesa, se solicita desglosar los artículos 118, 130 y 150.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- Vamos a referirnos al inciso 03, «Ministerio de Defensa Nacional», en términos generales y luego daremos nuestra visión acerca del articulado, sobre todo de los tres artículos cuyo desglose fue solicitado para no votarlos.

Voy a reiterar lo que vengo señalando desde hace prácticamente un quinquenio en lo que respecta al presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional.

Desde el año 2005 en adelante –durante el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez– se generó un debate nacional sobre políticas entre todos los partidos, los actores sociales, las Fuerzas Armadas y, además, referentes internacionales. En ese debate surgió –todos nos felicitamos porque en Uruguay nunca se había discutido en materia de políticas de defensa y políticas militares de defensa, y eso hace a la visión estratégica de la región– la Ley Marco de Defensa Nacional, que indica un camino. Esta ley fue promulgada en el año 2010 y a partir de ese momento mandató, justamente, la línea de discusión de los presupuestos. En forma sucesiva, desde el Presupuesto del Gobierno anterior a este, más las rendiciones de cuentas, no se ha venido cumpliendo con esa ley, y además se tiene una visión paupérrima de la defensa nacional, presupuesto tras presupuesto, a pesar de los propios esfuerzos que ha hecho el ministro y el Ministerio de Defensa Nacional, incluso en el período pasado con legisladores de todos los partidos, para tener una visión estratégica y global de lo que es la seguridad y una nueva doctrina de seguridad del Estado.

Por lo tanto, considero que en este Presupuesto se reitera la falta de visión estratégica en materia de defensa y de lo que debe ser la política militar de defensa que marca esta ley. Básicamente, me refiero a que la ley de defensa nacional compromete al Estado y a la ciudadanía en general a una política de defensa nacional, teniendo en cuenta los recursos estratégicos ya que nuestro país es la segunda reserva de agua del planeta y una de las reservas agrícolas más importantes. Por eso se discutió sobre la ley de defensa nacional y la visión estratégica en el marco del continente. A partir del impulso de los países de nuestro continente, los ministerios de defensa nacional de cada uno de ellos instrumentan políticas militares en el marco del consejo de seguridad de defensa de este continente o de la Unasur, como quiera llamársele.

La discusión de este proceso nunca se ha reflejado en los presupuestos nacionales. ¿A qué me refiero con esto? A que no se puede votar un presupuesto de defensa así. Esta es la discusión que tuvimos en el marco de la ley de defensa nacional, y hemos insistido varias veces en el Senado, sobre todo en una interpelación que hicimos al señor ministro de Defensa Nacional, quien coincidió y dijo públicamente que en nuestro país nadie quiere discutir sobre defensa. Asimismo, criticó a su propio partido porque no le daban corte en este tema.

Según la ley de defensa nacional, las políticas de defensa nacional deben tener un criterio de discusión política en el marco del Codena, que nunca se reunió desde que se aprobó la ley. Lo hizo una sola vez en el período anterior, veinte días antes de una interpelación que hicimos a los ministros, para tapar el ojo pero no para discutir sobre políticas de defensa. Sin embargo, la Ley Marco de Defensa Nacional crea el Codena, justamente, para discutir las políticas de defensa, generar una nueva doctrina de seguridad del Estado y a partir de ahí dar una nueva misión a las Fuerzas Armadas. ¡No se pueden crear presupuestos de defensa sin darle una misión a las Fuerzas Armadas! Esa ley de defensa así lo marca y todos coincidimos con eso. Después uno mira presupuesto tras presupuesto, rendición de cuentas tras rendición de cuentas, y observa un toqueteo para acá y otro para allá, se crean cargos y direcciones de confianza con gastos dobles por parte del ministerio, hay más burocracia y no se tiene en cuenta la visión estratégica de lo que debe ser una política de sanidad en materia de defensa nacional, más allá de los esfuerzos que ha hecho el ministro y el propio ministerio, que hay que reconocerlos.

El Presupuesto nacional no tiene un lineamiento como el que marca la ley de defensa nacional. El Codena –que fue convocado una sola vez en el período pasado; esperemos que el doctor Tabaré Vázquez lo convoque en las próximas rendiciones de cuentas y tengamos una discusión además de la participación de todos en materia de defensa– fue creado precisamente para elaborar una nueva política de seguridad y de defensa nacional global que abarque las amenazas emergentes, las permanentes y las nuevas que se generan en el marco del continente y a nivel planetario.

Ahora se ha dado una discusión a nivel internacional sobre el tema del terrorismo y eso tiene que ver con la discusión de políticas de defensa. Por ejemplo, en cuanto a la ampliación de la plataforma marítima, en el período pasado, a instancias del señor senador Rosadilla, firmamos un documento que enviamos al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Defensa Nacional, apoyando al ministerio para que comprara lanchas crucero y aviones supersónicos F5 para tener un control rápido de la plataforma continental y de todo el territorio nacional. Hasta el día de hoy nadie sabe nada. El señor ministro dijo que conseguiría la plata por ahí afuera, pero no sé a qué se refiere con la expresión «conseguir la plata por ahí afuera».

Para llegar a tener una política de defensa nacional, primero tiene que existir una doctrina pero no la hay, porque la doctrina habría que discutirla en el ámbito del Codena.

Por otra parte, para elaborar un presupuesto de defensa nacional primero hay que definir cuál es la misión de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la misión de las Fuerzas Armadas? ¿Desplegarlas en el territorio de frontera para controlar el contrabando? ¿Esa es la nueva misión de las Fuerzas Armadas? ¿Instalar campamentos para controlar el bagayo de garrafas de Aceguá? ¡¿Esa es la misión de las Fuerzas Armadas?! ¿Juntar la basura cuando no se recolecta en Montevideo? ¿Esa es la doctrina de seguridad del Estado? ¿Esa es la protección de ingreso al continente? ¿Somos una cuña entre medio de dos grandes países del continente y del Acuífero Guaraní? ¿Para qué fuimos designados? ¿Para dividir el continente como lo hizo lord Ponsonby cuando creó el «Estado Tapón»? ¡No señor! Las políticas de defensa nacional y de integración del continente están fijadas, todos las discutimos, pero no hemos hecho nada en este Presupuesto.

Tampoco se le puede aumentar el sueldo miserable a una tropa que está sumergida, que vive por debajo de la línea de pobreza y que no tiene casa, eliminando vacantes. Si no hay política militar de defensa, si no hay doctrina de defensa, ¿cómo sabemos qué Fuerzas Armadas debemos tener? Entonces, ¿cómo vamos a eliminar vacantes? ¿Cuántos componentes debemos tener en las Fuerzas Armadas? ¿5000? ¿10.000? ¿30.000? ¿50.000? ¡Si no hay doctrina de seguridad del Estado ni política militar de defensa! Definimos la conjuntez. ¿Qué es la conjuntez, si no hay una doctrina sobre la base del desarrollo de la conjuntez? Esto se tendría que haber discutido en el Codena.

Como decía, ¡este Presupuesto es irresponsable! Tiene razón el señor senador Heber cuando habla de irresponsabilidad y critica el Presupuesto en general, porque irresponsabilidad es no cumplir con la ley y no discutir la doctrina de seguridad del Estado. Es irresponsable recortar con una tijera el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, eliminando vacantes, para luego aumentar unos miserables pesitos a soldados que ya están sumergidos y a quienes realmente no les da para comer, para vivir ni para tener vivienda.

Entonces, ¿cuántos componentes de las Fuerzas Armadas debemos tener para recortar el Presupuesto? Aquí se inserta el fundamento de este famoso artículo para aumentar los sueldos, que consiste en recortar vacantes. En realidad, en el fondo, para eliminar o sumar vacantes tendríamos que tener definida la misión que deben cumplir las Fuerzas Armadas. Recién ahí, luego de fijar una doctrina y definir la misión de las Fuerzas Armadas, podremos tomar la decisión de si aumentar o reducir vacantes. Desde el año 1985 a la fecha todo el mundo mira a las Fuerzas Armadas como un cuco, las tira para el costado y les echa la culpa –recordemos que esta institución es la columna vertebral de la patria desde el artiguismo hasta hoy– por cuatro o cinco personas que hicieron desastres en la dictadura. Y por eso las Fuerzas Armadas siguen pagando los platos rotos. Esta es una discusión que tenemos que dar políticamente. Todos estuvimos de acuerdo –los de derecha y los de izquierda– y creamos la Ley Marco de Defensa Nacional pero aún seguimos teniendo presupuestos lamentables para las Fuerzas Armadas.

¿Cómo vamos a comprar los radares costeros para el control del espacio marítimo y la ampliación de la plataforma marítima? ¿Vamos a seguir con los viejos aviones de la base de Durazno, que no alcanzan la estratósfera y por tanto es el radar de mi pueblo –Santa Clara de Olimar– el que controla el espacio aéreo pero sin posibilidades de interceptar? Actualmente, cualquier avión del narcotráfico supera el sonido y pasa de largo, entonces cuando encendemos uno de estos aviones viejos que tenemos, no alcanzamos ni a la cola del otro avión.

¿Cuál es la nueva misión de las Fuerzas Armadas en el marco del terrorismo internacional? El propio canciller ha anunciado en París que el Uruguay está en contra del terrorismo, y hay quienes han dicho aquí que estamos preparados para enfrentarlos. ¡Por favor! ¿Cómo vamos a estar preparados si las Fuerzas Armadas no tienen combustible para mover los barcos?

Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo en el Presupuesto nacional? Este es un Presupuesto vergonzoso; esa es la realidad del inciso 03, «Ministerio de Defensa Nacional», y de sus artículos. La bancada del Partido Nacional va a votar afirmativamente algunos de ellos porque son de orden pero, en realidad, creo que tendríamos que ponernos a discutir. Por estos motivos, solicito al señor presidente de la república que convoque al Codena y que empecemos a hablar en serio sobre defensa nacional.

Muchas gracias, señor presidente.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 1.º de diciembre de 2015

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

Presente

De nuestra mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 1.º de diciembre de 2015, a partir de las 12:30 horas.

Sin otro particular, saludo al señor presidente muy atentamente.

Marcos Otheguy. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

Queda convocado el señor Saúl Aristimuño, a quien ya se le ha tomado la promesa de estilo.

8) PRESUPUESTO NACIONAL - EJERCICIO 2015 - 2019

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión particular del proyecto de ley.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor presidente: luego de haber escuchado la visión catastrofista que tiene de la defensa nacional el señor senador que me precedió en el uso de la palabra, creo necesario hacer un repaso muy rápido acerca de los logros que hemos tenido en los últimos años.

Uno de los primeros fue la aprobación de la Ley Marco de Defensa Nacional, con la que supongo que el señor senador preopinante concuerda. Esta ley fue elaborada muy concienzudamente a través del diálogo de la defensa; en ella se enmarcaron todas las acciones que se han hecho hasta ahora, y también en ese marco fue diseñado el actual Presupuesto.

También quiero recordar que en el período pasado aprobamos una ley para la educación militar y policial que vincula a la educación militar con el Sistema Nacional de Educación Pública de este país.

En el período pasado también convertimos a la entonces Dirección Nacional de Meteorología en el Instituto Uruguayo de Meteorología, que aparece en este proyecto de ley de Presupuesto.

En este período de gobierno –a diferencia de lo que decía el señor senador Saravia– estamos concentrados en algunas cosas que dan cabal cumplimiento a la Ley Marco de Defensa Nacional. Una de ellas es el pasaje de la justicia militar a la justicia civil, lo que figura en las disposiciones transitorias de la Ley Marco de Defensa Nacional, y lo estamos esperando. Es un compromiso que va de la mano del nuevo Código del Proceso Penal y a nuestra propia Constitución.

También estamos estudiando un proyecto de ley para modificar la caja de pensiones militares. Este no es solo un problema de ahorro, sino de cómo logramos mantener los recursos humanos, que las Fuerzas Armadas capacitan con gran esfuerzo y con gran demanda de rubros, durante su vida útil, que es un poco superior a veinte años de servicio. Quiere decir que la reforma de la Caja militar también le va a servir a las Fuerzas Armadas.

Ni que hablar del despliegue de las misiones de paz –a las que me voy a referir después–, que ayudan y mucho, no solo a la capacitación de las fuerzas, sino también al ingreso de rubros para el organismo.

Por lo tanto, no es poco lo que se ha hecho en estos diez años en materia de reforma y de sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil. Quizás me hubiera gustado que se avanzara a un ritmo más veloz, pero se ha avanzado sistemáticamente, y eso se ve reflejado en este proyecto de ley de Presupuesto. Entiendo que el señor senador preopinante pueda no saber que hay un documento sobre la política militar de la defensa, que el propio ministerio está discutiendo; actualmente lo hace en un marco más restringido, pero luego será un documento orgánico. Así que todas las dudas y la necesidad de perspectiva que muchos señores senadores tengan con relación a la política militar de la defensa –porque la defensa es más que su política militar–, estarán estampadas en ese documento al que he accedido y que está en marcha. Este documento tiene algunas cosas que me gustan y otras que no, pero creo que delimita o despliega en forma más exhaustiva cuáles serían las funciones de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas en nuestro país.

Ahora me voy a referir al presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional.

La primera consideración es que, en lo personal –a diferencia del señor senador Saravia–, encuentro encomiable el esfuerzo que el Ministerio de Defensa Nacional hizo por mantener su demanda presupuestal ajustada a lo que ha sido la restricción que ha operado en todo este Presupuesto y de la que dimos cuenta en el día de ayer. Este es un Presupuesto acotado y con restricciones en todos lados, y el presupuesto del Ministerio de Defensa se ajusta a estas restricciones que están, por otro lado, exigidas por esa demanda de contención del gasto público que se reclamaba ayer. Entonces, a veces hay como una esquizofrenia, porque se reclama contención del gasto público pero, después, ¿ese cierre de canilla no funciona para la defensa? Funciona para otras cosas, ¿pero para la defensa no? ¿Y qué justificaría que la defensa fuera tan estratégica, que no operara la restricción económica que sí opera para el resto de los incisos y de los organismos del 220? No entiendo esa lógica.

En segundo lugar, algo también encomiable en este Presupuesto –además de su sobriedad– es la concentración de las asignaciones presupuestales en la Armada y en la Fuerza Aérea. Es sabido, señor presidente, que vivimos con un desequilibrio presupuestal muy grande entre las Fuerzas, a favor del Ejército, siendo que el país hoy tiene tareas vinculadas a la Armada y a la Fuerza Aérea que demandan más recursos presupuestales. Entonces, creo que este intento de equilibrar las asignaciones presupuestales también es algo encomiable de este Presupuesto.

¡Qué ironía, señor presidente, que yo esté defendiendo el Ministerio de Defensa en este Presupuesto! Es claro que no lo haría si no estuviera convencida de lo que estoy diciendo.

Es cierto que sentí la ausencia de algunas reformas estructurales. Por ejemplo, me hubiera gustado que el pasaje de la justicia militar a la órbita civil estuviera aquí contenido, pero se me dice que el ministerio ya lo envió. De igual modo, me hubiera gustado que avanzáramos en el pasaje de la aviación a la órbita civil, pero bueno, vayamos de a poco, señor presidente, en forma gradualista y sistemática, como es el estilo de la cultura política uruguaya.

Días pasados el politólogo Przeworski, que estuvo aquí dando la conferencia final del seminario «A 30 años de la restauración: los desafíos de la democracia uruguaya», me preguntó: «¿Cuántos artículos tiene el Ministerio de Defensa Nacional? «Tiene alrededor de 30», le dije. «Ah, qué bien», respondió. Y agregó: «Porque el ministerio de defensa en Polonia mandó solo dos artículos: uno que pedía aumento del gasto para las armas y el otro que pedía aumento del gasto para el personal». Y bueno, se hizo fuerza política y se le dijo al Ministerio de Defensa Nacional: «Menos de 30 artículos la próxima vez no me traigas».

En fin, señor presidente, un ministerio que desagrega, que explicita –aunque quizás no todo lo que uno querría– debe ser reconocido por esta tarea, ya que las Fuerzas Armadas son opacas respecto de su gasto, de sus responsabilidades y de sus políticas en todo el planeta. Reitero, señor presidente: en todo el planeta.

La inmensa mayoría de los 30 artículos del Ministerio de Defensa Nacional corresponde, básicamente, a compensaciones, algunas para retener personal y otras que se universalizan en una categoría. Asimismo, hay autorizaciones al ministerio para cobrar servicios prestados a terceros y también algún artículo normativo, como la creación del Estado Mayor de la Defensa y la transformación de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado en Dirección de Inteligencia Estratégica.

Dichas estas cosas básicas, pasemos a los números, sobre todo para quienes reclaman hablando de la pobreza, la miseria y la radicación periférica del Ministerio de Defensa Nacional en el conjunto de los incisos de la Administración central. Nada está más lejos de la verdad que eso, señor presidente, pues el Ministerio de Defensa Nacional es el segundo más rico de la Administración central, después del Ministerio del Interior. Reitero: es el segundo más rico.

El gasto en defensa de este pequeño país sin conflictos fronterizos, sin hipótesis clásica de conflicto a la vista –de las otras no sé– es solo superado por Ecuador, Chile y Colombia. Uruguay es, pues, el cuarto país en gasto militar per cápita en América Latina.

El gasto en defensa en Chile y Colombia se explica por razones distintas.

Colombia vive una situación de guerra interna desde hace mucho tiempo. Así, el país está armado e incentivado a estar armado –también– desde afuera, por eso el proceso de paz en Colombia es tan importante para toda América Latina, de modo de no generar pretexto alguno de cooperación militar externa como la que tienen allí, y me refiero, obviamente, a las bases militares de Estados Unidos. Lo cierto es que todo está dado para que Colombia tenga un presupuesto militar propio, ajeno, incentivado, reforzado, etcétera, porque es el país armado de nuestra América Latina. Por eso, insisto: es importante, para toda la democracia en América Latina, apoyar el proyecto de paz en Colombia, país que tiene un gran gasto militar por estas razones.

¿Y qué explica el gasto en defensa en Chile? Se me dirá que lo hereda del pinochetismo, lo tienen prácticamente atado constitucionalmente a la producción de cobre. Son viejos dispositivos que vienen de tiempo atrás –que esperamos que Bachelet cambie– y que de alguna manera aseguran la fuerza económica de las Fuerzas Armadas en Chile.

Ahora bien; ¿por qué Uruguay habría de tener un gasto per cápita como el de Colombia o el de Chile? ¿Se trata de una herencia inercial del pasado?

El hecho de que un país sin conflictos sea el cuarto en América Latina en gasto militar per cápita, no es una buena señal. Y esto, señor presidente, ameritaría, ya no una reducción de vacantes para aumentar los salarios del personal subalterno sino una reducción de vacantes en sentido absoluto. Es decir, una reducción de vacantes como política en sentido estricto, no para generar ahorro propio, sino como política del Ministerio de Defensa Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque si uno mira la tasa de efectivos –y esto es lo que explica las cosas–, tenemos 23.000 efectivos. Ya en el período pasado se llevó a cabo una política de reducción de vacantes; se suprimieron 2300 –sin que ningún cuartel cerrara ni las Fuerzas Armadas murieran de inanición– y se está previendo la reducción de otras 1300.

Francamente, señor presidente, cuando miro la tasa de efectivos cada 1000 habitantes, me doy cuenta de que la de Uruguay es de las más altas, ya no de América Latina sino del mundo. Nuestro país tiene 7 efectivos cada 1000 habitantes. El promedio del Mercosur es 2; Argentina tiene 1,8; Chile, 3,6; Ecuador, 4; México, 2,5; Bolivia, 4,7; Brasil, 1,6; Colombia –donde están armados hasta los dientes– tiene más que nosotros: 9,7; Perú, 3,9; Paraguay, 1,5 y Venezuela, 4,3. El número de efectivos per cápita que tiene Uruguay es lo que explica el gasto militar per cápita. Por consiguiente, para tener unas Fuerzas Armadas modernas, bien pagas y a las que además destinemos recursos del Estado, no solo para pagar sueldos, sino para inversiones y gastos de funcionamiento, debemos reducir el número de efectivos. Es una ecuación cerrada. ¿Por qué? Porque el presupuesto es finito, señor presidente, y tenemos otras prioridades: tenemos necesidades en la educación, en el sistema de cuidados, en la salud y en infraestructura, y hay que optar.

Cuando se habla del gasto militar, señor presidente, no se computan dos cosas –que sí tienen en cuenta algunos expertos y agudos analistas del gasto militar en el mundo–: la Caja militar, que es como otra Fuerza Armada más, porque si gastan 500 millones de dólares al año, la Caja militar debe tener un déficit de trescientos y pico, a ojo de buen cubero; y la educación militar, que pasa al rubro «Educación», pero también es gasto militar. Cuando se suma todo, señor presidente, la Caja militar, la educación militar y el gasto efectivo en el Ministerio de Defensa Nacional, se llega a estos resultados espectaculares que no condicen con las necesidades del país.

Por otro lado, si hacemos un análisis a nuestra escala y sacamos el gasto de la Caja militar y el de la educación militar, vemos que el Ministerio de Defensa Nacional consume el 1 % del producto bruto interno. Sin embargo, si sumo todo aquello, consume más del 2,5 % del producto bruto interno, y esto lo saben muy bien los expertos, que miran todo. Ahora bien; ¿cuánto consume toda la universidad? Apenas un poco más: un 2,9 %. Es decir que las Fuerzas Armadas consumen –valga el paralelismo– una Universidad de la República y consumen tres poderes judiciales y tres parlamentos, pues el Parlamento y el Poder Judicial consumen el 1 % del PBI. Y esto sería sin contar las misiones de paz, por concepto de las cuales ingresan al presupuesto de las Fuerzas Armadas casi $ 2000 millones, es decir, entre USD 50 millones y USD 76 millones. Tenemos algo más de 1000 efectivos participando en dichas misiones, básicamente en El Congo, en Haití y en el Sinaí. Y por supuesto que con la participación de Uruguay en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas esto va a aumentar, algo que a mí no me gusta pero que implicará, sin duda, un refuerzo presupuestal para las Fuerzas Armadas.

Señor presidente: cuando se dice que las Fuerzas Armadas van a defender los recursos naturales, pienso y digo que a tales recursos sólo los defiende una buena política de desarrollo. Al agua la defendió la reforma del agua, a los recursos del subsuelo los defiende Ancap, a los recursos energéticos los defiende UTE. A los recursos naturales los protegen las buenas empresas públicas, los protegió la resistencia que el Uruguay tuvo contra las privatizaciones. A los recursos naturales los protege la política; no las armas.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Brevemente, señor presidente, quiero decir que considero muy interesante el análisis que hace la senadora Moreira.

Obviamente, estamos dispuestos a analizar reducciones o aumentos de vacantes en esta o en cualquier otra área del Estado, pero me parece que, al hacerlo, no debemos partir exclusivamente de un análisis numérico de lo que hoy tenemos en cantidad de efectivos, o de lo que gastamos, porque hacerlo exclusivamente desde esas dos perspectivas sería algo incompleto. Deberíamos analizar también las funciones y los servicios que se brindan. Habría que ver si esas funciones y servicios son necesarios o no, y a partir de los datos que surjan, comenzar a recortar o a aumentar.

Creo que nadie va a discutir que determinadas funciones que cumplen nuestras Fuerzas Armadas deben seguir cumpliéndolas, entre ellas, por ejemplo, el control del espacio aéreo o de los aeropuertos, el cuidado de nuestro mar territorial o el respaldo que se da, a través del servicio de emergencia, cuando se presentan desastres climáticos. Existen, además, muchas otras funciones. Entonces, habría que plantearse cuáles son esas funciones, si son necesarias y, de serlo, si deben prestarlas las Fuerzas Armadas, y si es así, si las prestan eficientemente o pueden ser prestadas de otra forma. Partiendo de esa base, indudablemente estamos dispuestos a analizar todo lo que sea reducciones, eficiencia y redefiniciones de recursos. Pero creemos que no podemos empezar exclusivamente por decir que tenemos tanta cantidad de funcionarios públicos en las Fuerzas Armadas y que, por ende, tenemos que bajar el número de ellos. Tampoco podemos comparar la cantidad de funcionarios públicos que tenemos en la educación o en la salud, con la cantidad de funcionarios públicos que en esas mismas áreas tiene Finlandia, y mucho menos los resultados que tenemos. A nadie se le ocurriría decir que tenemos demasiados maestros o profesores y que hay que sacarlos.

Reitero: deberíamos plantearnos primero el objetivo, quién lo debe cumplir y qué recursos necesitamos y, a partir de ahí, tomar las decisiones. Si de ese análisis se desprendiera que hay que reducir vacantes, sería el primero en levantar la mano y acompañar las propuestas que se realizaran.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: brevemente voy a hacer algunas aclaraciones a propósito de algunos comentarios que hizo la senadora Moreira.

En lo personal, estoy comprometido con la ley de defensa nacional –por supuesto–, ya que fui corredactor y uno de los impulsores de la idea de pasar la justicia militar a la civil. Lo cierto es que la ley marca un camino que no se ha recorrido. Justamente, los presupuestos sucesivos y las rendiciones de cuentas marcan que no se ha cumplido con la ley.

La señora senadora Moreira habló de la reforma de la Caja militar y de algunas decisiones que se han tomado en este Presupuesto y en anteriores, con una redistribución de cargos, mandos y cambios en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, cabe aclarar y destacar que no se ha cumplido con la ley porque fue el compromiso político de todos los partidos reformar la Ley Orgánica Militar, y eso no se hizo.

Creo que aquí no se trata de la cantidad de efectivos, de si son 23.000, 35.000, 50.000 o 10.000. El tema es que no se ha definido la nueva doctrina de seguridad. Conozco el documento que menciona la senadora y debo decir que estoy de acuerdo en algunos aspectos y, en otros, no, porque se está enfocando mal la política de integración continental para unas Fuerzas Armadas que deben ser efectivas.

Cuando se habla de la defensa de los recursos estratégicos naturales, las Fuerzas Armadas tienen mucho para hacer. Si logramos la ampliación de la plataforma marítima para encontrar petróleo, me pregunto: ¿con qué vamos a vigilar y qué empresa internacional nos va a poner una boya o va a hacer una perforación en la plataforma ampliada si no tenemos la mínima seguridad de defensa, es decir, si no tenemos radares costeros ni aviones que alcancen en determinado tiempo esa plataforma marítima ampliada? A eso me refiero. Recién ahí discutiremos si los componentes militares que integran la defensa, es decir, el personal militar –oficial y subalterno– deben ser 23.000, 5000 o 10.000. Creo que antes no se puede tomar una decisión de eliminar vacantes. En definitiva, ponemos la carreta delante de los bueyes permanentemente, cuando hace cinco años terminamos de discutir una ley de defensa que marcó la política nacional de defensa.

Muchas gracias.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: quisiera agregar algunas reflexiones sobre este tema.

Ante todo, pienso que no se puede discutir el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional y, fundamentalmente, el de las Fuerzas Armadas basados solamente en la cantidad de efectivos, porque es algo absolutamente irrelevante. Si todo se discutiera en función de la cantidad, sin que se analice si se está de acuerdo con las misiones que se cumplen, nada tendría sentido. Pongo un ejemplo en el que me comprenden las generales de la ley, por mi profesión de médico. Uruguay tiene más médicos por habitante –y voy a nombrar algunos países realmente importantes en el mundo– que Estados Unidos, que Alemania, que Suecia, que toda América Latina exceptuando a Cuba, que Chile, que Brasil y que España. Sin embargo, no escuché a la señora senadora Moreira plantear el examen de ingreso a la Facultad de Medicina. Quizás le sirva el argumento de la cantidad por habitante para los militares, pero no para los médicos. Aclaro que pongo el ejemplo de los médicos porque es mi profesión.

Ahora bien; en lo personal me pregunto: ¿en qué país del mundo las Fuerzas Armadas custodian el perímetro de las cárceles? Solo en Uruguay. ¿En qué país construyen casas –como ocurre aquí, en el Plan Juntos– dedicándose a ser obreros de la construcción? ¿En qué país del mundo los soldados –aclaro que todo esto es por $ 12.000– se dedican a darle una mano de pintura a una escuela de campaña o a arreglar un puente en cuestión de horas cuando hay inundaciones? ¿En qué país del mundo ayudan a niños con capacidades diferentes? En la mayoría de los cuarteles del interior se hace equinoterapia. ¿En qué país del mundo se cumplen las misiones que tienen acá las Fuerzas Armadas? ¿Imaginan a un soldado de otro país custodiando el perímetro de las cárceles? Esto parece paradójico, pero es un tema ideológico. Tengo la tentación de preguntar si la visión de la señora senadora Moreira es la de todo el Frente Amplio. Me quedo con esa duda. Uno supone que sí porque fue quien defendió la política de defensa del gobierno. Reitero, me queda esa duda porque he escuchado varios discursos diferentes con respecto a este tema en el oficialismo. Pero, realmente, parece paradójico discutir el presupuesto sobre la base de la cantidad de soldados por habitantes y, como decía, no debatir sobre la cantidad de médicos por habitantes en el Uruguay. Nunca escuché a la senadora Moreira plantear que haya un examen de ingreso.

¿Por qué digo que esto está ideologizado? Tengo una perla muy reciente. En el diario El País de hoy leí unas declaraciones del subsecretario del Ministerio del Interior, licenciado Jorge Vázquez, y fíjese, señor presidente, qué concepto se tiene de las Fuerzas Armadas. Es claro: con este concepto se entiende este presupuesto. Estas declaraciones se hicieron en las puertas de esta casa, en los festejos del retorno a la democracia.

En una mesa redonda una persona mayor le preguntó por qué las Fuerzas Armadas no participan en tareas de seguridad y el licenciado Vázquez expresó: «La manera en que las Fuerzas Armadas solucionaron un problema que estaba pasando el país» –se refiere a la dictadura– «fue basada no en trabajos serios de investigación sino en la tortura y el avasallamiento de los derechos humanos. Donde el ciudadano era sospechoso hasta que demostraba lo contrario». Después agregó: «En cambio, para la Policía el ciudadano que se aparta de la ley “tiene derechos” y se actúa “con garantías”». Es una concepción ideológica. El funcionario militar, el que usa un uniforme verde, azul o blanco es un sospechoso de torturador. Eso lo diferencia de la Policía, que actúa defendiendo los derechos y las garantías. Esto lo afirmó en la tarde de ayer el licenciado Jorge Vázquez en la puerta de esta casa.

Con respecto al gasto militar en el Uruguay, tengo otros números del mundo en porcentaje de PBI. La verdad es que el 0,86 % del PBI, que es lo que insume el Ministerio de Defensa Nacional en el Uruguay, está un poco por abajo del resto de América Latina, según los datos oficiales presentados en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del año 2014. Reitero que con ese 0,86 % se hacen las tareas básicas, que en el Uruguay son subsidiarias como, por ejemplo, arreglar el puente, pintar la escuela, trabajar en el Plan Juntos, salir corriendo cuando hay inundaciones, armar los campamentos, parar la olla, cuidar el perímetro de las cárceles. Quizás en el futuro inmediato o mediato puedan existir otras tareas que está barajando el Poder Ejecutivo. Todo esto se hace con el 0,86 % del PBI y los soldados ganan $ 12.000. ¿De qué estamos hablando? El 50 % de los soldados están por debajo de la línea de pobreza; casi la mitad o más viven en asentamientos. Se plantea que es una barbaridad la cantidad de militares, pero no se dice lo mismo del aumento de los sueldos a los secretarios de los ministros. Para los cargos políticos hay plata. Si se trata de aumentar $ 800 el sueldo de un soldado que gana $ 12.500, se plantea que haya vacantes, pero para lo otro, que la plata salga de Rentas Generales. Para las Fuerzas Armadas, que se autofinancie. Es un tema ideológico. Para los militantes del comité de base hay plata, pero para el soldado que gana $ 12.000, no la hay.

Se quiere discutir una cantidad de aspectos y creo que está bien, pero tenemos que solucionar una omisión. Claro, en esto todos podemos tener responsabilidad, pero coincidamos en que en los últimos once años la responsabilidad es de un solo partido. El Parlamento debería discutir la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas. ¿Por mandato de quién? De la Constitución de la república, que en el numeral 8.º del artículo 85 establece que hay que fijar la fuerza armada necesaria. Esa disposición nunca se cumplió; por lo menos, yo no tengo memoria de que se haya cumplido. Se usa el atajo de la ley de presupuesto. El doctor Korzeniak, en la página 467 del Primer curso de derecho público. Derecho constitucional, en cuanto a la interpretación del numeral 8.º de la Constitución, relativo al número de miembros de las Fuerzas Armadas, dice: «El Parlamento debe “designar todos los años la fuerza armada necesaria”. Esta competencia debe ejercerse por ley formal, porque el segundo párrafo de este numeral dice que los efectivos militares “solo podrán ser aumentados por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada cámara”. A contrario, puede interpretarse que para mantener el número o para disminuirlo, basta la mayoría simple; pero no puede deducirse que baste una resolución de la Asamblea General. En todos los casos (para mantener, para disminuir o para aumentar) se requiere ley formal. En la práctica parlamentaria real, esta ley no se dicta todos los años, ni mucho menos. Más bien, hace muchos años que no se dicta». Por lo menos en mi experiencia parlamentaria, nunca se dictó. A continuación, Korzeniak expresa: «Se hace de cuenta que ofician como tales, la ley de Presupuesto (que contiene un “inciso” referido al Ministerio de Defensa, dentro del cual están las Fuerzas Armadas) y las leyes anuales de Rendiciones de Cuentas que –con generosa imaginación– al aprobar la Rendición de Cuentas que presenta el Poder Ejecutivo, estará aprobando el número de miembros de las Fuerzas Armadas, que se supone viene implícito en el Presupuesto, que, a su vez, se supone que implícitamente determina el número de los efectivos militares».

Quiere decir que la discusión sobre la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas tiene que darla la Asamblea General, pero no puede darse a partir de una visión economicista: como se requiere aumentar una mísera porción de plata a los soldados, bajemos su cantidad. Eso no es lo que hay que debatir. La discusión tiene que ser política: el país es este, las Fuerzas Armadas tienen estas misiones, que son esenciales y estas otras, que son subsidiarias, colaterales, y para cumplirlas el país necesita tantos soldados, tantos marinos y tantos aviadores.

Tenemos el tremendo desafío del combate al narcotráfico, por lo que se requieren tantos recursos materiales, tantos recursos humanos y tantos de la Fuerza Aérea. Si se instalan plataformas petroleras, se precisa tanto de la Armada Nacional, tantos buques y de tales características. Esa es la discusión política que tiene que dar el Parlamento. Ya tengo experiencia aquí, de muchos años, y los últimos once años son responsabilidad de un partido político.

Con respecto a las misiones operativas de paz, me alegro de que el Frente Amplio y específicamente la señora senadora Moreira, las defienda; antes votaba en contra de todas ellas. Aquí el Frente Amplio estuvo en contra de todas las misiones operativas de paz hasta el 1.º de marzo de 2005. ¿No se acuerdan de eso? Yo era diputado, me paraba ahí atrás y me acuerdo del exsenador Lorier dejando una rosa roja arriba de su banca. Recuerdo al exdiputado Chifflet renunciando a su banca en la cámara en que yo estaba. Ahora se quiere aumentar las misiones de paz porque se está planteando que Uruguay participe en las misiones a la República Centroafricana. ¿Con qué efectivos se va a hacer esto? Con soldados. Pero, aparte de tener que cumplir la misión operativa de paz –ahora hay un compromiso mayor por nuestra participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas–, se siguen manteniendo las tareas subsidiarias que relataba.

Agrego un dato: las horas hombre en el año de soldados en apoyo a estas tareas. Acá hay varios exintendentes: la señora senadora Ayala y los señores senadores Besozzi y Carámbula, que levantaban el teléfono y llamaban al cuartel. ¿O no? Le decían: «Jefe, mándeme unos soldados a la escuela, al puente, a la ruta». ¿Y qué les decía el teniente coronel en jefe del cuartel? «Y bueno, van. Usted arregle y ponga el combustible». Era así.

El año pasado las tareas subsidiarias que cumplieron sumaron 300.000 horas hombre y les pagaron $ 12.000 por mes. ¿Saben cuánto gasta el Estado uruguayo o cuánto gastamos todos para pagar el costo logístico de un soldado? Si sacamos los $ 12.000 o $ 13.000 del sueldo, el costo de mantener a ese soldado –alimentarlo, instruirlo y vestirlo– es de $ 2950 por mes. Por $ 13.000 y $ 2950 por mes para instruirlo, alimentarlo y vestirlo se levanta el tubo y, ante una inundación, salen los soldados. Se arma el rancho, se atiende a la gente, se atiende a los gurises, se va a Sanidad militar. Si se rompe el puente, se arregla el puente. Los soldados van a las misiones de paz, a los cierres de fronteras, hacen búsqueda y rescate en el mar, controlan el narcotráfico, suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Son $ 13.000 por mes y $ 2950 de logística.

Vamos a seguir siendo sinceros, ¿cuál es la válvula que comunica el número de efectivos militares en la sociedad uruguaya? El desempleo. Si baja la tasa de desempleo y aumenta el trabajo en la construcción, hay menos reclutamiento; por el contrario, cuando aumenta el desempleo, se incrementa el reclutamiento en los cuarteles. Cualquiera de los señores senadores aquí presentes sabe que esto es así. En esto no hay más perro que el Chocolate.

¿A alguien alguna vez se le pasó por la cabeza discutir esto cuando todo el mundo sabía que aparte de todas las tareas que se cumplían también había una amortiguación social que se daba en todo el país, pero de forma notoria en el interior del país? En algunas zonas como el norte era más que notorio. Hoy, con el aumento del desempleo, en el norte del país hay uruguayos que están anotados en los cuarteles solo por el rancho. Se anotaron y están como aspirantes porque se les da de comer y cumplen tareas mientras esperan que haya una vacante. Esto ocurre en este momento, sobre todo en el norte del país. ¿Cuál es la gran solución para aumentar $ 800? Que se financien los $ 800, que se corten las vacantes.

La ley de defensa es un recorte y pegue absoluto. Lo dijimos el otro día cuando se discutió este tema. Hay un recorte y pegue de todo lo que había. Tuvo solo dos innovaciones y una de ellas mereció un veto del presidente Vázquez en su primer gobierno, que fue levantado por la Asamblea General. Reitero, tuvo dos modificaciones: el Codena y el Esmade, y una de ellas recibió un veto que levantó la Asamblea General. El oficialismo no siguió el criterio del presidente Vázquez en su primer mandato. El resto es un recorte y pegue absoluto, que aparte no tiene lo fundamental: hace ocho años que se están pidiendo las leyes orgánicas de las diferentes fuerzas. Vienen de promesa en promesa. Me acuerdo del señor senador Rosadilla –que había asumido en el 2010– cuando en el año 2011 decía que íbamos a tener las leyes y estamos en el 2015. Una ley de defensa sin las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas no tiene sentido alguno.

Con respecto a quién le corresponde la defensa de los recursos naturales, no hay que andar muy lejos en la Ley Marco de Defensa Nacional porque lo dice el artículo 1.º. Repito, está en el artículo 1.º. Allí se establece: «La Defensa Nacional comprende el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución y las leyes; contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población». No hay que andar buceando mucho en la ley de defensa para saber a quién le asignó el Parlamento la defensa de nuestros recursos naturales.

Sinceramente, toda esta discusión sobre el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional y el componente militar de la defensa está teñida, notoriamente, de un componente ideológico de todo o parte del oficialismo, pero por la voz que se escuchó, es de todo el oficialismo. Pasaron treinta años desde la dictadura, desde 1985. Es hora de tener otra cabeza y entender que muchos de los oficiales que hoy comandan las Fuerzas Armadas no eran nacidos y otros eran gurises que todavía no iban ni al jardín de infantes. Hay que terminar de una vez por todas con esa visión de sospecha de todo militar como un violador de los derechos humanos.

Cada vez recurrimos con más asiduidad a los militares en algunas áreas, sobre todo por las tragedias climáticas que existen y son uruguayos como cualquiera. Usan un uniforme verde, así como los obreros se ponen mameluco, los médicos utilizan túnica blanca, algunos se visten con corbata y otros andan de campera. Mandan a sus hijos a las mismas escuelas, tienen que parar la olla todos los meses y pasan por los mismos sufrimientos y alegrías. Algunos tienen mucho más sufrimiento que alegría porque, aparte de la pobreza en la que viven, sufren la estigmatización de la sociedad.

Me parece que llegó la hora de dar vuelta esa visión y entenderlos como uruguayos que cumplen una tarea muy honorable que les asignamos desde el Parlamento. La característica particular que tienen es que les asignamos un arma para que defiendan nuestra soberanía y, aparte de asignarles un arma para que defiendan nuestra soberanía, hay que decir que muchas veces tienen que hacerlo en las peores condiciones.

Cuando se cuenta la cantidad de militares hay que tener en consideración cuáles son los recursos técnicos y tecnológicos que tienen otros países. Acá los atamos con alambre, señor presidente. Con la Comisión de Defensa Nacional del Parlamento tuve la posibilidad de estar en Haití y en la Antártida, y en cualquiera de los dos lugares escuché a gobernantes y a Fuerzas Armadas de otras partes del mundo hablar loas de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque los atan con alambre. ¿Por qué? Porque no tienen otra cosa. Con eso y con su bandera uruguaya puesta en el brazo, entre otras cosas, cumplen con profesionalismo su tarea, y la inmensa mayoría lo hace por $ 12.000.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Por eso, señor presidente, decimos que este inciso está teñido de una visión ideológica que no se ha superado. Cuando llegue el momento de considerar los artículos relativos a los aumentos, en particular el artículo 150, el Partido Nacional va a plantear un artículo sustitutivo que propone votar los aumentos que vinieron por iniciativa del Poder Ejecutivo y una fuente de financiamiento diferente a la que está planteada actualmente para las vacantes. En definitiva, es lo mismo que se planteó en la Cámara de Representantes con una redacción distinta.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Seré breve, señor presidente. En primer lugar, la ley de Presupuesto para los años 1990 a 1995 del Partido Nacional suprimió 6465 cargos como forma de financiar a las Fuerzas Armadas, es decir, el 10 % de los cargos.

En segundo término, se están suprimiendo 1331 vacantes en 23.000 efectivos. Hoy un soldado gana $ 12.000 y va a ganar $ 13.176. Un cabo de segunda gana hoy $ 13.400 y va a ganar $ 14.239. Un cabo de primera gana $ 15.700 y va a percibir $ 16.415. Son sueldos muy dignos si tenemos en cuenta otros salarios, en especial los de los organismos del 220.

Señor presidente: hace cincuenta años que los cuarteles dejaron de ser la válvula de escape del desempleo uruguayo, hoy lo es la industria de la construcción. Las tareas subsidiarias de las Fuerzas Armadas no definen las Fuerzas Armadas y, además, el Ministerio de Defensa Nacional cobra por ellas.

Al final del artículo 150 dice: «En oportunidad de cada Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, el Ministerio de Defensa Nacional remitirá información sobre las vacantes suprimidas y la disminución de los créditos del Grupo 0 “Retribuciones Personales”», dando cumplimiento a la norma constitucional.

El narcotráfico no es potestad del Ministerio de Defensa Nacional sino del Ministerio del Interior, y si en este Presupuesto hay más plata para política que para armas, me parece muy bien.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con el orden en que están anotados, tiene la palabra el señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor presidente: queremos dejar alguna constancia vinculada a muchos ítems que se manejaron aquí con relación a este tema.

Es fundamental destacar que todos los partidos políticos y también las Fuerzas Armadas, que obviamente están sometidas al Ministerio de Defensa Nacional, desde el año 1985 a la fecha han hecho un enorme sacrificio por superar las diferencias que surgieron en los tiempos de la dictadura. Parecería que, cómodamente sentados en estos butacones, sería muy fácil decir que fue todo maravilloso. La propia historia de los partidos políticos del Uruguay lo niega.

Fíjense que el 1.º de marzo de 1959, cuando el Partido Nacional asume el gobierno por primera vez, hubo un conato militar porque había un general –que no sé a qué tendencia respondía– que no quiso entregar el poder.

Sobre ese asunto se habló mucho en determinado momento en la cámara; llevó una sesión. Recuerdo que lo manejó muy bien el señor Bayardi que era el que aportaba información respecto a ese tema, justamente coadyuvando en el posicionamiento democrático de quien en aquellos tiempos era coronel, referido al general Seregni, y su conducta en ese affaire.

Al Uruguay le costó mucho superar los eventos de lucha armada que tuvo en su historia. Es más, la oposición, hasta los años 1930 o 1940, tenía escalafón militar. ¿Por qué? Porque no se había logrado construir una confianza institucional, una confianza política que es algo capital. Entonces, es muy fácil venir acá y acusar a la senadora Moreira de que hizo un informe tendencioso e ideologizado. Eso es falso. Ella dio cifras, estuvo cuarenta y cinco días sentada en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, y fue un excelente ejercicio al que nos ha sometido con su informe.

Quiero decir, señor presidente, que lo que han hecho los partidos políticos, desde el año 1985 a la fecha, ha sido construir confianza. Y también ha ocurrido así desde el otro lado, del de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa Nacional.

Hace pocos días –me comentaba la señora senadora Ivonne Passada–, se firmó un acuerdo entre la UTEC y las Fuerzas Armadas a los efectos de que se realicen determinados cursos, de forma integrada, en la localidad de Santa Bernardina en el departamento de Durazno. Señor presidente, hay que avalar todo eso como positivo. Anoche, estaba viendo un debate de hace mucho tiempo, entre Bolentini, Pons Etcheverry y Tarigo y, sinceramente, pensé: ¡qué tremendo el esfuerzo que ha hecho el país para estar en la situación de hoy, con el pueblo en las escalinatas del Palacio Legislativo conmemorando los 30 años de democracia!

Tampoco es cuestión de venir a dar clases a esta fuerza política, el Frente Amplio, y decirle que el informe es ideologizado. Si bien en aquellos tiempos yo no actuaba en esta fuerza política, sabía que en la dictadura esta fuerza fue la que sufrió mayores crímenes y agresiones contra la vida de sus militantes. ¡Había que ser comunista en Malvín! Todas las noches iban las Fuerzas Conjuntas a revisar las casas de matrimonios y de familias, a llevarse todo, a tirar todo y a romper todo porque sí.

Es un boleto venir hoy acá a decirles eso, treinta o cuarenta años después, a familias que perdieron la vida de allegados y familiares nada más que por ser frenteamplistas. Por supuesto que quienes no éramos frenteamplistas en aquel tiempo también tuvimos nuestros pasares y pesares en la militancia política.

A mi juicio, mezclar una cosa con la otra no tiene nada que ver, porque esta fuerza política, el Frente Amplio, nunca ha dicho que quisiera disolver las Fuerzas Armadas. Esta fuerza política comprende, porque fue bajo su égida que se hizo la ley de defensa que se ha citado recientemente. Nosotros tenemos la misma vocación que tienen otros senadores por una visión geoestratégica del Uruguay. Por supuesto, hay que conocer los resortes de la Convención Preliminar de Paz para saber las obligaciones y deberes que tiene Uruguay como país insertado entre dos gigantes, como recién se dijo aquí.

Señor presidente: me parece que el Gobierno ha hecho esfuerzos. Circunstancialmente, presido la Comisión de Defensa Nacional –no es mi tema–, y este año concurrieron a la misma todas las empresas que están propensas a venderle barcos –para lo que se dijo hoy aquí– a la Armada Nacional. Solicité a la Armada Nacional, por vía epistolar, que enviara todo el material que tiene sobre los exámenes y cursos que ha hecho sobre offshore. Porque, como muy bien se sabe, a raíz de los estudios de las 350 millas marítimas sobre prospecciones petroleras y gasíferas, es evidente que eso nos va a crear determinados deberes como país. Las 350 millas marítimas que otorgó la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, a la luz de su artículo 74 o 78 –no recuerdo bien el número–, nos da derechos pero también muchos deberes. Y esos deberes se vigilan, desde el punto de vista internacional –esto atiende a la inserción internacional del Uruguay–, con barcos, porque además de la seguridad naviera hay un sinfín de tareas que no serán realizadas por los senadores, los diputados, los maestros ni los agricultores, sino por los señores de la Armada.

Por supuesto, el Frente Amplio, su bancada y el grupo de personas que estudian el tema de la defensa –en la calle Colonia– están examinando permanentemente esos asuntos como una cuestión estratégica del país. También hay que decir que en las 350 millas marítimas el que está, está, pero el que no está, no está. Y la soberanía se ejerce con presencia.

De esta forma, señor presidente, quiero dejar constancia de que estamos preocupados por el tema y, por supuesto, lo seguiremos estudiando y examinando. Es más, el señor ministro vino y habló de un fideicomiso. ¿Sabe cuánto sale cada barco, señor presidente? No hay ninguna empresa que baje de los USD 70 millones. ¿Cómo aterrizamos en esta cámara, en un presupuesto acotado y en una coyuntura internacional como la que ya se expresó ayer a través de los informes, y le decimos al país que tenemos dos barcos para comprar y el costo es de USD 140 millones? ¿Con qué cara le decimos eso a la gente? Creo que eso lo entiende el propio contraalmirante Alonso, que sabe que hay necesidades prioritarias y que la caja siempre es chica.

El otro día, en la conmemoración del aniversario de la Armada Nacional y en homenaje a sus integrantes caídos en actos de servicio, el propio presidente Tabaré Vázquez recogió el guante, porque en el discurso del contralmirante Alonso iba inserta esta expectativa que tiene la Armada que, sin lugar a dudas, es la expectativa del país. Ojalá tuviéramos una caja más amplia para poder solventar todos los aspectos materiales que necesitan nuestras Fuerzas Armadas. Esta fuerza política no está en contra de eso porque entiende –y siempre lo ha propuesto– que las Fuerzas Armadas cumplen una misión importantísima. Hemos bregado siempre por llevarlas al máximo rigor profesional. Precisamente, hemos bregado siempre para sacar la banderita al tope, para no politizar esa relación institucional tan importante y adjudicar a las Fuerzas Armadas una función fundamental que es la profesional y sin la cual –creo que es capital porque son sus integrantes los portadores de las armas– no hay institucionalidad posible. Ya lo vimos hace treinta años. Y ayer, precisamente, por el tema del Poder Judicial el señor vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional llamaba la atención al Cuerpo.

Estos temas nos preocupan y vamos a seguir pensando cómo solucionar uno tan fundamental como es el del pertrechamiento de las Fuerzas Armadas para cumplir con el designio que le otorga la ley y la Constitución de la república.

SEÑOR CARÁMBULA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Carámbula.

SEÑOR CARÁMBULA.- Hemos seguido con mucha atención las exposiciones de la señora senadora Moreira y del señor senador Martínez Huelmo y nos hemos sentido muy bien representados por ellos. No quiero robarle tiempo al Cuerpo discutiendo este tema, pero siento la obligación de aclarar un concepto que aquí se dijo. Por eso es que, en su momento, solicité al señor senador García una interrupción que, me consta, tuvo la intención de concedérmela.

Acá se señaló –y le pido al señor senador Saravia que lo aclare porque, tal vez, lo entendimos mal– que no podíamos hacer consideraciones sobre todo el rol de las Fuerzas Armadas a partir de cuatro o cinco que fueron los responsables de la dictadura militar. Creí entender eso. Pero si en este Cuerpo, a treinta años de haber reconquistado la democracia pensamos así, creo que es necesario que el señor senador Saravia lo aclare, porque hemos compartido distintos momentos con el Partido Nacional y estamos dispuestos a pensar hacia el futuro lo que fue la lucha contra la dictadura, contra el terrorismo de Estado, contra una política de seguridad nacional en la que estaba comprometida una ideología acerca del rol de las Fuerzas Armadas y de la represión al pueblo. Creemos que si se expresa en este Cuerpo que cuatro o cinco fueron los responsables de la dictadura militar, es necesaria una aclaración. Por esa razón le había pedido la interrupción al señor senador García, y agradezco ahora las expresiones del señor senador Martínez Huelmo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Las exposiciones que han realizado los senadores del Partido Nacional –tanto la del señor senador Saravia, como la del señor senador García– han sido muy claras en cuanto al rol y a la necesidad de una misión en las Fuerzas Armadas, lo que coincide con lo que ha manifestado el señor senador Martínez Huelmo. Por lo tanto, el señor senador Martínez Huelmo tiene que aclarar su posición con la señora senadora Moreira, porque dicen cosas diametralmente distintas. Acepto y respeto la visión ideologizada que tiene la señora senadora Moreira, porque es permanente y constante. La señora senadora, insisto, ha sido constante –y le hace honor a su nombre– en cuanto a su lucha e ideología, pero lo que acaba de señalar no tiene relación con las manifestaciones que acabamos de escuchar del señor senador Martínez Huelmo. Entonces, no sabemos cuál es la opinión del Poder Ejecutivo y de la bancada de gobierno, y en la misma situación están las Fuerzas Armadas y el pueblo uruguayo, pero acá sí, de este lado se sabe cuál es la opinión.

No condenamos a la institución militar, y teniendo en cuenta lo que acaba de señalar el señor senador Carámbula queremos ser muy claros: hubo terrorismo de Estado y lo combatimos con todas nuestras fuerzas, pero no trasladamos lo que hicieron las Fuerzas Armadas de entonces a la institución militar condenando a todos los militares que puedan existir en el futuro por lo que hicieron en el pasado aquellos que fueron instrumento de otros intereses y no del interés popular. Insisto: lo combatimos y también dejamos mucho en el camino. Que eso quede claro.

Lo que estamos diciendo muy claramente es que debemos aprender de todo aquello que sucedió producto de ese enfrentamiento que lamentablemente vivió el Uruguay –que fue una noche oscura, negra, llena de dolor y que ha dejado heridas aún abiertas–, pero no cometer el atropello, diría yo, de condenar a quienes no vivieron en esa época y tienen vocación militar.

A nuestro juicio, los países necesitan tener Fuerzas Armadas con un rol –es la discusión que tenemos con la señora senadora Moreira–; eso es lo que han reclamado nuestros senadores cuando han preguntado cuál es el rol de las Fuerzas Armadas para el Gobierno. Pero no hemos obtenido respuesta. Han pasado once años y no hay definiciones. Por tal razón no podemos incidir en unas Fuerzas Armadas sobre las que todavía no sabemos cuál es su misión. Creemos que primero se tiene que definir cuál es la misión y después se determinará la cantidad de gente que se necesita para llevarla a cabo. Entonces sí se podrá discutir en qué fuerza se necesita más, en cual menos. Existe una pirámide invertida muy grande en la oficialidad de las Fuerzas Armadas, sobre todo en el Ejército, pero si no tenemos una misión no podemos ingresar en la discusión del tema.

Quiero que quede claro que ni el señor senador Saravia y menos aún el Partido Nacional tratan de minimizar lo que fue una noche oscura, sino que fue una forma de decir que no queremos trasladar a una institución lo que hicieron otros en el pasado. De lo contrario, también podríamos decir que en función de la actuación que tuvieron las Fuerzas Armadas en el pasado, allá por principios del siglo XX, influenciadas por determinado partido político, ello se traslada al presente y las acusamos de que así son hoy; eso sería ridículo.

SEÑOR MICHELINI.- El mensaje lo pasa, señor senador.

SEÑOR HEBER.- No, señor senador. Estoy diciendo que no hacemos eso, que no le ponemos un color partidario a las Fuerzas Armadas, que no creemos que tengan que tener partido, sino que deben ser profesionales.

Estamos diciendo que no vamos a condenar a las Fuerzas Armadas por lo que hicieron en 1904. Y creo que nadie mejor que el señor senador Saravia –siendo un Saravia– para defender hoy la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Justamente el mensaje es positivo: defendemos la institución, no los errores, y mucho menos los desvíos y el terrorismo de Estado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR PARDIÑAS.- ¿Me permite por una alusión política, señor presidente?

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Pardiñas.

Informo que al señor senador Martínez Huelmo le restan cuatro minutos.

SEÑOR PARDIÑAS.- No quería dejar pasar que acá se ha dicho que nuestra fuerza política ha priorizado a los militantes de los comités de base en cuanto a la asignación de cargos políticos en desmedro del incremento del presupuesto de las Fuerzas Armadas para llenar vacantes. Creo que ese es un agravio que no podemos pasar por alto, porque realmente no es el criterio con el que se están planteando estos artículos ni con el que hemos estado discutiendo en distintas instancias sobre la organización del Estado y, en particular, de nuestras Fuerzas Armadas.

Nuestra fuerza política tiene la responsabilidad de gobernar. Estamos hablando de los compañeros que están en el Ministerio de Defensa Nacional llevando adelante esta responsabilidad y lo están haciendo con el compromiso que han asumido con toda la nación. Si hay algo que está ideologizado es pensar que las cuestiones que plantea el Frente Amplio van en contra del Ejército o de las Fuerzas Armadas. Eso es ideológico y nos quieren generar una barrera que no existe y no queremos construir. Al contrario, no es posible que nuestra fuerza política pueda gobernar si existe ese tipo de barrera. Eso lo sabemos muy bien, y por eso esto es parte de una propuesta que hace el Poder Ejecutivo para seguir avanzando en la conducción de la defensa nacional. Tenemos muy claro por dónde debe ir, porque por algo comenzamos a generar un debate en el Parlamento nacional: para tener un nuevo marco a través de las normas que hoy existen.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Señor presidente: en realidad, no quiero que se instale la idea de que tener ideologías es algo casi que pecaminoso o que está mal. Por supuesto que detrás de nuestra visión hay una concepción ideológica, pero no la caricatura de ideología que se hace acá. Y cuando hablo de concepción ideológica, me refiero a estructura de ideas, conceptos, cuestión estratégica, rumbo, rol, cantidad, función, misión y todo lo que entra dentro de ese concepto. Ahora bien, eso no puede llevar a la caricatura de decir que, como apoyamos los artículos presentados por el Ministerio de Defensa Nacional, tenemos una actitud contraria a las Fuerzas Armadas, porque eso es ir a la concepción del pensamiento único y este, aun en la caída del socialismo real que algunos quisieron instalar, murió de entrada y no existe.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Quiero terminar expresando que el Frente Amplio fue dirigido, liderado por un militar, un militar que estuvo, no cuatro días preso sino muchísimos años –diría, más de una década–, y que ni bien salió de la cárcel se paró ante nosotros y, sin ninguna consigna negativa, nos dijo: «Paz para los cambios y cambio para la paz. Somos constructores de una sociedad de paz». ¡Eso somos!

Por lo tanto, creemos que tener una postura sobre cómo deben funcionar las Fuerzas Armadas, no puede equivaler a estar en contra o a tener una visión revanchista –no la tenemos ni mucho menos– de mirar al pasado. ¡Ni siquiera lo hicimos ayer, pudiendo sacar volantes en los que se dijera quiénes apoyaron el SÍ de la Constitución dictatorial y quiénes el NO! No lo hicimos porque no estamos en una actitud revanchista, sino de mirada hacia el futuro.

Era cuanto quería expresar. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha expirado el tiempo de que disponía el señor senador Martínez Huelmo para hacer uso de la palabra.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: creo que no tendría ni que explicar al señor senador Carámbula la construcción ideológica republicana que tengo. He condenado todas las dictaduras de todos los tiempos porque, además, lo traigo en la sangre.

Seguramente el señor senador siguió mi alocución y habrá escuchado que dije que las Fuerzas Armadas son la columna vertebral de la nación desde el artiguismo, y que creo que los errores, los desastres o los desatinos que cometen no se les pueden adjudicar a todos por cuatro o cinco que son los que toman las decisiones y dan los golpes militares. Todos sabemos –porque ninguno tiene dos días en política– que los golpes militares –como las guerras–, en todas partes del mundo, los dan los civiles y usan a las Fuerzas Armadas para hacerlo. Aclaramos que cuando hablamos de cuatro o cinco es un decir, porque pueden ser doscientos, trescientos, etcétera. Tampoco se puede adjudicar a soldados de su tiempo, durante esos años oscuros, cosas y aberraciones que se cometieron porque, en un componente militar de más de treinta mil hombres
–no nos vamos a poner a discutir hechos de la época de la dictadura, porque no corresponde–, no todos estuvieron involucrados. ¡Ese tiempo ya pasó!

En realidad, estamos planteando que las Fuerzas Armadas de hoy no pueden pagar los platos rotos de las del pasado, de aquellas Fuerzas Armadas en las que sus componentes cometieron errores y aberraciones. Estamos hablando de la institución Fuerzas Armadas. Es más, muchos ya están muertos, y otros, presos. Quizá ocurra lo que dice el expresidente Mujica, en cuanto a que hasta que no estén todos muertos este tema no se terminará. Ahora bien, no estamos discutiendo eso sino el presupuesto de las Fuerzas Armadas, mirando con una visión estratégica para el futuro cómo debemos encarar las nuevas misiones y qué presupuesto otorgarles.

Muchas gracias.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: a modo de sugerencia, creo que es mejor hablar del futuro, porque si seguimos yendo para atrás, en cualquier momento aparecen los comunicados 4 y 7 y alguno golpeando las puertas de los cuarteles. Entonces, sería mejor no andar acusando con el dedo, con el mismo dedo que se usó para golpear los cuarteles tiempo atrás.

Recomiendo al Cuerpo dedicarnos a mirar el presente y un poco hacia adelante. Y, en ese presente y un poco hacia adelante, aquí se dijo que las Fuerzas Armadas no participan de la lucha contra el narcotráfico. ¡Eso es tener un desconocimiento absoluto! La Armada Nacional, la Prefectura Nacional Naval y la Fuerza Aérea realizan operativos muy frecuentes de combate al narcotráfico. Decir lo contrario es demostrar un desconocimiento absoluto del funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Contra el terrorismo, el Ejército tiene una unidad entera dedicada a la instrucción en esa área.

Nos parece que sostener –como se hizo hace unos minutos– que las Fuerzas Armadas no participan de eso, es desconocer la vida cotidiana y las órdenes que el Gobierno les da, a través de un concepto del que todo el mundo participa: unir defensa y seguridad. Diría que, desde el Ministerio de Defensa Nacional de este gobierno del Frente Amplio, han viajado a cuanto seminario y ateneo hay en el mundo con este concepto; lo digo por las dudas. Entonces, bajo ese concepto, el Gobierno ordena a las Fuerzas Armadas participar en la lucha contra el narcotráfico, en colaboración con el Ministerio del Interior, y también le dice, a la unidad n.º 14 del Ejército: «Ustedes prepárense». Y se entrenan y son muy eficaces, y han ganado premios internacionales, entre otras cosas, mandados por nosotros, porque todos los que estamos acá levantamos la mano para que los efectivos realicen adiestramiento en el exterior.

Así que sostener que el presupuesto no implica eso, es tener un desconocimiento absoluto sobre el tema.

Muchas gracias.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor presidente: la bancada de senadores del Frente Amplio solicita un cuarto intermedio de treinta minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

(Son las 13:47).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 14:24).

–Corresponde comenzar con la votación de los artículos del inciso 03, «Ministerio de Defensa Nacional».

En consideración el artículo 118.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–13 en 19. Afirmativa.

En consideración los artículos que van del 119 al 129, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 130.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–15 en 21. Afirmativa.

En consideración los artículos que van del 131 al 149, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 150, que tiene un artículo sustitutivo.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- El Partido Nacional va a pedir que se vote por incisos el artículo 150, advirtiendo que vamos a votar en términos conceptuales aquello que establece los montos de los aumentos pero, tal como dijimos cuando se discutió el inciso en términos generales, con una fuente de financiamiento diferente. No reiteraré los argumentos, pero como dijimos en nuestra primera intervención, no vamos a votar la eliminación de vacantes. Nos llama la atención que diferentes voceros del oficialismo dijeron públicamente, después de la votación en la Cámara de Representantes, que iba a venir un nuevo artículo donde se establecería a texto expreso que no estaba contemplado, en ninguna circunstancia, el cierre de unidades militares en el interior, pero acá no luce eso. Lo que sí queremos plantear es una fórmula de financiamiento diferente para estos aumentos, que está establecida en el sustitutivo que está en la Mesa y que en el parágrafo correspondiente dice: «Para cubrir la suma de $ 256:341.020 (doscientos cincuenta y seis millones trescientos cuarenta y un mil veinte pesos uruguayos), se reasignarán créditos del rubro 299000 “Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores”». Solo en Rentas Generales este rubro insume en el entorno de los USD 140 millones, y estamos hablando de que lo que hay que financiar son USD 8:500.000, sin entrar al financiamiento por el RAE –Recursos de Afectación Especial– que en toda la Administración representan cerca de USD 150 millones. Reitero: establecemos que a partir de la reasignación de este rubro se financian estos USD 8:500.000 que, en números redondos, significan los aumentos que están propuestos.

Señor presidente: esta va a ser nuestra posición, porque para el Partido Nacional este artículo es el mismo que fue votado en la Cámara de Diputados con una redacción diferente, pero en su cerno el concepto es exactamente el mismo: la eliminación de las vacantes.

Por todo lo expuesto, el Partido Nacional no va a votar este artículo con la forma de financiamiento que se plantea, pero sí en lo que corresponde a los aumentos.

Muchas gracias.

SEÑOR RAMOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAMOS.- Simplemente quiero decir que vamos a votar este artículo dando un voto de confianza para que pueda venir acompañado –con esta autorización renovada por el Poder Legislativo– de una mayor flexibilidad para hacer reestructuras. Esperamos que pueda hacerse una buena reestructura en el Ministerio de Defensa Nacional y la instrumentación de una nueva carrera que elimine el cuello de botella producido en los grados superiores y que también afecta a la Caja militar. Esto es un paliativo para poder mejorar la situación de muchos efectivos.

Repito: lo vamos a votar confiando en que se avance en el necesario proceso de reestructura, que haya un proyecto de ley correspondiente y este Parlamento lo analice.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los incisos primero al cuarto del artículo, tal cual viene de la comisión.

SEÑOR GARCÍA. Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra, el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- La voluntad del Partido Nacional es votar el artículo 150 desde donde dice: «Autorízase» –es decir, desde el comienzo– hasta donde expresa «[…] programas y objetos del gasto que correspondan». Lo que sigue es el sustitutivo que presentamos, que seguramente no llegue a votarse.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los primeros cuatro incisos del artículo 150.

(Se votan).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los últimos tres incisos del artículo 150.

(Se votan).

–17 en 27. Afirmativa.

Hemos concluido la votación de los artículos correspondientes al inciso 03.

Se pasa a considerar el inciso 04, «Ministerio del Interior», que comprende los artículos 151 a 205, inclusive.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: voy a tratar de ser bien sintética al hacer la presentación de los artículos correspondientes a este inciso, a los efectos de que ganemos tiempo en la aprobación de este presupuesto. En principio haré una breve descripción general del inciso, y si después es necesario detenerse en algún artículo en particular, lo haremos.

En la comisión el señor ministro del Interior hizo una defensa del articulado basada en un análisis del estado de situación actual. En esa oportunidad destacó que se trata de un presupuesto consolidado, teniendo en cuenta que la seguridad es y seguirá siendo una de las prioridades de este Gobierno.

Con referencia a la gestión de los recursos presupuestales anteriores, en el quinquenio pasado se logró una ejecución promedio del 91 % en este inciso. La acción desarrollada abarcó principalmente cuatro líneas estratégicas que tienen que ver con la gestión de recursos humanos, la implementación de cambios institucionales, la inversión en tecnología y equipamiento policial y la inversión en infraestructura policial.

Rápidamente, como prometí hacerlo, voy a desarrollar el articulado correspondiente a este inciso que vamos a considerar ahora. En este presupuesto previsto para el Ministerio del Interior el Gobierno se ha planteado cinco grandes objetivos, habida cuenta de que hubo cambios en la actuación de la delincuencia y que es necesario profundizar lo que se venía haciendo y agregar elementos nuevos. El motivo de la ampliación presupuestal en $ 567 millones para el año 2016 y $ 777 millones para el año 2017 se explica por el desarrollo de cinco líneas estratégicas que voy a delinear rápidamente.

El primer objetivo es la profundización de la reforma organizativa de la Policía nacional, orientada a una gestión basada en el conocimiento y la inteligencia aplicada. Ese gran objetivo plantea la puesta en funcionamiento de la nueva Ley Orgánica Policial, la consolidación de la transición desde el modelo de acción policial reactivo hacia un paradigma de gestión proactivo. También se propone la continuación y el desarrollo de una línea estratégica vinculada a los avances tecnológicos, como por ejemplo, la extensión de la video vigilancia, los sistemas de comunicación Tetra, el uso de tobilleras, etcétera. Asimismo, se plantea profundizar los cambios apoyando una mayor tecnificación y profesionalización de la Policía Científica. Esto es una prioridad para el ministerio y en este aspecto está incorporada la construcción de una nueva sede para la Policía Científica.

El segundo objetivo es el desarrollo de un nuevo currículo para todos los escalones de promoción y formación policiales. Esto será una reforma integral de los planes de capacitación que se va a aplicar a todos los escalones y que se articula en tres ejes: coordinar la enseñanza teórica y el entrenamiento práctico, incorporar nuevas materias en la formación policial y fortalecer el vínculo con las universidades. También se propone desarrollar un currículo en prevención del delito e investigación criminal, medir el impacto y el resultado de las intervenciones realizadas para resolver prioridades que se identificaron previamente y llevar adelante un monitoreo y control del uso de los recursos humanos y materiales disponibles.

El tercer objetivo estratégico tiene que ver con el desarrollo de una –valga la redundancia– estrategia de convivencia orientada a vencer el miedo y fortalecer el espacio público. Esto tiene como antecedente la «Estrategia por la vida y la convivencia», que nos parece que sigue teniendo absoluta vigencia, por lo que queremos destacarlo en esta instancia. Por consiguiente, se va a poner más énfasis en la ayuda a la convivencia en los centros de estudio de enseñanza secundaria, para lo cual existe un compromiso con las autoridades de la enseñanza secundaria. Asimismo, se fortalecerán, como ya se viene haciendo, las mesas locales de convivencia y seguridad ciudadana, que van a potenciar el trabajo no sólo en el área metropolitana sino también en otros lugares del territorio donde se están desplegando.

El cuarto objetivo estratégico, señor presidente, refiere al desarrollo de una estrategia de convivencia orientada a prevenir, atender y erradicar la violencia que se genera en el espacio doméstico intrafamiliar. Sobre este aspecto quiero hacer alguna puntualización, habida cuenta de que acabamos de tener una jornada de reflexión, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, pero seguimos teniendo los índices más altos de situaciones de violencia contra las mujeres. En ese sentido, también queremos destacar que el presidente de la república ha anunciado el envío al Parlamento de un proyecto tendiente a trabajar el feminicidio, que no es lo mismo que el femicidio. Pero de eso ya hablaremos más adelante.

Este objetivo, por supuesto, tiende a seguir avanzando en lo que compete al Ministerio del Interior, obviamente. En ese marco quiero destacar, porque me resulta muy importante, que el uso de las tobilleras se comenzó a instrumentar en Montevideo y se fue ampliando desde el punto de vista de la aplicación territorial. En esta materia, se va a seguir avanzando a los efectos de lograr que este mecanismo se extienda a todo el territorio nacional. También se va a capacitar a las unidades especializadas en violencia de género, continuando con la capacitación no solo del personal, sino también en coordinación con otros organismos del Estado que, de alguna manera, deberán analizar estos temas vinculándolos con los relativos a la trata, al tráfico y a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

Por último, señor presidente –dije que iba a ser breve y lo seré–, el quinto objetivo es la consolidación de un nuevo modelo de gestión penitenciaria y un abordaje de la población privada de libertad. Sabemos que fue una intención del gobierno frenteamplista la creación del INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, y el pasaje de los establecimientos carcelarios de la Policía nacional a esta institución vinculada con el Ministerio del Interior. Nosotros estamos planteando –el Poder Ejecutivo así lo hace y el ministro del Interior también lo ha dicho con énfasis en varias oportunidades– el traspaso definitivo a la órbita civil del sistema de gestión de cárceles. En ese sentido, se seguirá trabajando en el fortalecimiento de la infraestructura carcelaria y en la consolidación de un nuevo modelo de gestión que debe tender a mejoras en lo que tiene que ver con la situación laboral de los funcionarios que trabajan en el sistema carcelario. Además –y con esto termino señor presidente–, se trata de fortalecer los programas de formación, de trabajo y empleo, de educación y habilidades sociales, y de profundizar la estructura del centro de formación penitenciario a los efectos de garantizar una adecuada formación inicial, porque no es lo mismo trabajar en el sistema carcelario que en otras áreas vinculadas a este tipo de asuntos.

Entonces, señor presidente, esto va a requerir capacitación permanente, también del personal técnico, operativo y administrativo, que apunta a continuar con el desarrollo del sistema de gestión carcelaria, fortaleciendo además las estructuras de dirección y trabajando en los ámbitos de dirección de las unidades con los ejes que ya se habían delineado: de carácter operativo, seguridad, administrativo, gestión técnica, etcétera.

Del análisis de cada artículo me voy a eximir porque nuestra intervención propone dar una mirada global sobre el inciso; si hay algún planteo o alguna aclaración a realizar, lo haré oportunamente cuando avancemos en la consideración de las disposiciones.

Hasta aquí mi exposición, señor presidente, y he sido lo más escueta posible.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: expondré a modo de justificación y fundamento de voto de toda la sección, así nos ahorramos ir artículo por artículo.

Queremos destacar, en primer lugar, algunas normas que nos parecen muy buenas. El artículo 167 hace referencia al bloqueo de llamadas al servicio de emergencia 911 cuando se acredite el uso irregular de comunicaciones que nada tienen que ver con ese servicio. Creo que es bueno y recoge una iniciativa que está en la Comisión de Constitución y Legislación que presentamos oportunamente; así que vamos a tener menos trabajo en dicha comisión. El ministerio no nos contestó si estaba de acuerdo con el proyecto de ley, pero lo incluyó en esta propuesta, por lo que obviamente lo vamos a acompañar porque, repito, nos parece que es bueno.

Por otro lado, tenemos algunas dudas acerca de la constitucionalidad o, mejor dicho, sobre la legalidad de lo que se propone en el artículo 178, y por eso queremos hacer una advertencia. Como se dice al comienzo, esta disposición sustituye al artículo 16 del Decreto Ley n.º 14762, de 13 de febrero de 1978. ¿Qué sucede? Ese artículo 16 autorizaba a la Policía a solicitar la exhibición de la cédula a cualquier ciudadano que circulara. Después, el artículo 43 de la Ley n.º 18315, de procedimiento policial, estableció que solamente se podía solicitar la cédula de identidad cuando hay un requerimiento de la Justicia y para identificar al requerido. Si bien no se derogó en forma expresa el artículo 16 de la ley del año 1978, sí se dijo en el artículo 173 que se derogaban en forma genérica todas las normas que se oponían a esta ley. Entonces, la situación que se plantea legalmente –lamento no haberlo hecho antes porque recién anoche, cuando estábamos repasando las normas, lo ubiqué– es que si la Ley n.º 18315 derogó el Decreto Ley n.º 14762 al limitar la posibilidad de pedir la cédula de identidad, en realidad, por esta norma, estamos sustituyendo el artículo 16 de una ley que está derogada.

Entonces, como sugerencia, si les parece bien, podríamos desglosar este artículo, analizarlo y presentar una norma que salve este posible problema legal y que logre esto que es tan sencillo y por lo que hemos bregado tanto durante tanto tiempo, que es que cuando un policía ve a alguien en actitud sospechosa o no, pueda pedir la cédula de identidad. Durante los últimos años, además, ha habido una cierta prédica de unos sectores políticos –creo que de más de un partido– en el sentido de que pedir la cédula era una suerte de ataque a los derechos humanos y a los derechos de las personas. En realidad, siempre hemos respondido que el ciudadano honesto no tiene ningún problema en mostrar la cédula; todos sabemos quién es el que no quiere mostrarla.

Entonces, si estamos de acuerdo, porque ahora lo propone el Poder Ejecutivo, lo vamos a votar todos. Pero, como decía aquel cómico rioplatense: «Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien». Entonces, si vamos a poder pedir la cédula, vamos a dejarlo establecido bien y no en una norma que puede estar derogada por ese artículo.

Por lo tanto, proponemos desglosar este artículo y, si el oficialismo está de acuerdo, presentaríamos uno que dijera lo mismo, pero donde tiene que decirlo.

El otro artículo que a nosotros nos llamaba la atención y creemos que es bueno, es el 205, que también vamos a acompañar porque empieza a poner al día todo lo que significa la telefonía celular y la actuación de la Policía.

Por último, y como señalamiento general, digo que el Uruguay entero vuelve a hacer un gran esfuerzo en materia de recursos para la seguridad pública; se trata de un esfuerzo muy grande que viene haciendo en los últimos años toda la sociedad. No he hecho los números sobre los efectivos de policía que tenemos cada 100.000 habitantes y el comparativo con otros países, pero es muy superior a muchos. Sin embargo, este esfuerzo que se ha hecho en los últimos tiempos no se ha visto reflejado en una mejora en los indicadores de seguridad. Tenemos muchísimas más rapiñas y seguramente este año va a terminar igual que el 2012; en este período hubo una mayor cantidad de homicidios por año. Hay claramente un agravamiento de la situación de inseguridad general.

Ante la aparición de nuevas modalidades delictivas –hace un tiempo nos decían que eran ajustes de cuentas y ahora nos señalan que son luchas por territorio, al tratar de justificar los homicidios–, creo que necesitaríamos no solo compromiso de gestión sino también compromiso de resultados. Hace unos meses estuvo el actual director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior en la comisión de seguridad del Senado y nos dejó muy nerviosos, porque entre otras cosas ese director de un observatorio que depende del ministro dijo que el ministro estaba mal asesorado. Por ende, si el director nombrado por el ministro dice que este jerarca está mal asesorado y nos presenta números que son preocupantes, creo yo que en algún momento tendremos que empezar a ver los resultados de esta gran inversión en recursos que estamos volcando y que, lamentablemente, no se está viendo reflejada en un mejor resultado de la cartera del Interior.

Con esa salvedad acerca del artículo 178 y con esa propuesta –sobre la que pido disculpas porque terminé de corroborarla ahora–, es que votaremos la mayoría de los artículos que no significan creación de cargos o más gastos. Creemos que llegó el momento de no crear más cargos, sino de lograr más resultados en la política de seguridad ciudadana del país.

Muchas gracias.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: como lo ha hecho en los últimos años en materia del inciso correspondiente al Ministerio del Interior, el Partido Nacional va a acompañar las normas que se proponen con excepción, obviamente, de aquellas con las que discrepamos por razones que plantearemos.

Un dato que no es menor es que en el caso del Ministerio del Interior no estamos frente al primer presupuesto del equipo que lo dirige, sino al segundo pedido por las mismas autoridades, esto es, el ministro Bonomi y el subsecretario Vázquez. Ellos no asumieron el 1.º de marzo de 2015, sino el 1.º de marzo de 2010 y, por lo tanto, ya tuvieron la oportunidad de pedir en dos proyectos de Presupuesto, en lo que refiere a su inciso, con las rendiciones de cuentas correspondientes. Hago esta aclaración para unirlo a lo que decía en cuanto a que es irrelevante discutir, en algunas circunstancias, la cantidad de efectivos por habitante. Si en este inciso algún integrante del Senado quisiera saber cuántos policías por habitante tenemos, debería informarle con una cifra que el senador Lacalle Pou ha difundido reiteradas veces: Uruguay tiene más policías por habitante que Colombia y que México, por ejemplo, que ¡vaya si tienen problemas vinculados al narcoterrorismo y al crimen organizado! Reitero: tenemos más policías que Colombia y que México. Y si algún integrante de este Senado quisiera obtener recursos, creo que no se le pasaría por la cabeza eliminar vacantes de policías.

El análisis de este inciso lleva indefectiblemente a evaluar la gestión del ministro Bonomi –que es quien nos pide estos recursos– y del subsecretario. No es la ministra de Industria, Energía y Minería o el ministro de Salud Pública, que asumieron unos meses atrás; ¡se trata del ministro Bonomi que asumió hace seis años!

Los números son incontrastables. ¡La gestión del ministro Bonomi ha fracasado por donde se la mire! ¡Ha sido un absoluto fracaso! El ministro Bonomi asumió en el Ministerio del Interior con 12.459 rapiñas –según cifras oficiales del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior–, sumadas las efectivas más las tentativas. Fue el cierre del año 2009, es decir, 28 días antes de que él asumiera. Y el ministro Bonomi cierra el ejercicio 2014, bajo su gestión, con 20.097 rapiñas. ¡Bajo el mando del ministro Bonomi en Uruguay aumentaron un 60 % las rapiñas! Y esto es con el presupuesto que se le votó, con todas las disposiciones que se aprobaron en 2010 –recursos económicos, disposiciones administrativas y organigramas– y con todo el respaldo político que supone ser ministro de un partido político que tiene mayorías absolutas en las dos cámaras, que le dan la tranquilidad de hacer lo que quiera sin que se ponga en riesgo su continuidad en el ministerio.

En materia de homicidios, seguramente cerremos el 2015 con una cifra récord. El 2014 –para citar la cifra más reciente– cerró con 262 homicidios y, según datos oficiales, el primer semestre de este año cerró con 154 homicidios. Y en el primer semestre de este año –cifra que no di– hubo 10.534 rapiñas. Es decir que si esto progresara –como da la impresión de que va a progresar– vamos a cerrar el año con cifras trágicamente récords.

Hoy mismo, en la página oficial del Ministerio del Interior, se destaca que Uruguay es una isla en materia de homicidios y que pasó de tener 7,7 homicidios cada 100.000 habitantes a estar hoy en 8 cada 100.000, apenas 1,8 por encima de la media. El problema es que nosotros no vivimos en la media mundial; vivimos en Uruguay y aquí la cifra de homicidios es trágica.

El ministro Bonomi ha sido un gran explicador con respecto a este tema. Es el ministro de las explicaciones. Él explica la violencia; dice cuál es la causa, pero es incapaz de enfrentarla. En el caso de los homicidios pasó del rótulo de «ajustes de cuentas» a uno –que nos enseñó cuando concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda hace unas semanas– que es «disputas de delincuentes por territorio». Sean «disputas de territorio» o «ajustes de cuentas», los homicidios aumentan; esa es la realidad. Y en este caso, en la disputa de territorio, la explicación es peor que asumir el fracaso porque la explicación dice que, aun teniendo todos los recursos económicos y materiales, las disposiciones legales y las mayorías políticas, en el Uruguay hay territorios que están exentos de la mano del Estado, que están libres para las bandas mafiosas. Con todos los recursos materiales y económicos y todo el respaldo político, luego de seis años de gestión sigue habiendo –según interpretación del ministro– territorios que están liberados y en donde mandan las mafias criminales. ¡Es mucho más sano asumir el fracaso de la gestión, señor presidente!

En el caso de la seguridad, que es uno de los temas, si no el tema que más nos preocupa a todos los uruguayos –porque nadie en esta sala ni en ningún lugar creo que esté exento de haber sido víctima del delito o de tener familiares, vecinos o amigos que lo han sido–, hay un compromiso electoral del Gobierno. El doctor Tabaré Vázquez candidato –hoy es el doctor Tabaré Vázquez presidente– se comprometió a bajar un 30 % las rapiñas. Uno podrá decir: «Bueno, está bien, pero denle un plazo». Él habló de un 30 % de las rapiñas y uno, legítimamente, puede pensar que se refería a cuando entregue el mando. ¡Bueno, pero lo que pasa es que el proceso debe empezar algún día! ¡No van a bajar el 30 % las rapiñas del día previo a entregar el mando al siguiente! ¡Algún día tiene que empezar! ¡Debe haber un proceso de reducción de las rapiñas!

La mala noticia es que, al cierre de este casi primer año de gobierno, no solo no han disminuido una décima de punto porcentual, sino que han aumentado las rapiñas. Es decir, al cierre –¡según cifras oficiales, eh!– del primer año de gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que vamos a cumplir dentro de pocas semanas, no solo no hay visos de que se vaya a empezar a cumplir la promesa electoral –de las pocas que hizo, pero esta fue muy notoria y la hizo con el ministro Bonomi de aquel entonces, y el ministro Bonomi actual, que es el mismo–, sino que aumentaron las rapiñas, no solo en el área metropolitana, sino también en todo el país. ¡Y también aumentaron las rapiñas cuyos protagonistas son adolescentes!

Quiere decir, señor presidente, que a pesar de que los partidos políticos de la oposición votamos la inmensa mayoría de las disposiciones que nos pide el ministro del Interior para enfrentar el delito, ese ministerio ha sido incapaz de enfrentarlo en lo que significa la ecuación indispensable para evaluar una gestión, que son los números de esa gestión. A tanto se ha llegado que en el día de hoy el propio subsecretario del Interior pidió a la oposición que le dijera cómo hay que hacer para enfrentar la seguridad en el deporte. El subsecretario del Interior perfectamente podría recurrir a los programas de gobierno de la oposición y encontrará capítulos enteros, pero la responsabilidad de enfrentar eso la tiene él. Digo «él» concretamente porque, no sé por qué razón, cada vez que viene el Ministerio del Interior a una comisión –en este caso la Especial de Seguridad Pública y Convivencia–, el ministro Bonomi no habla del tema de la seguridad en el deporte; el que se encarga es el subsecretario Vázquez. ¡Y el señor subsecretario Vázquez hoy pide que aportemos ideas! ¡Las ideas están publicadas por todos lados! Lo que pasa es que el que debe aplicar las ideas es él, no la oposición. El que tiene que hacerse cargo del problema es el Poder Ejecutivo, no la oposición, y eso es por mandato de la voluntad popular.

Así, señor presidente, que nosotros –aun a pesar de estar llegando a lo que estamos llegando– vamos a reincidir en otorgarle la mayoría de los instrumentos que pide. Hay algunos que no le vamos a votar. Por ejemplo, no le votaremos cargos de particular confianza en el ministerio –cosa que se reitera en este inciso y en varios más–; no le votaremos la reforma de la Ley Orgánica Policial –no corresponde que en un proyecto de Presupuesto se incluyan modificaciones a la Ley Orgánica Policial– y tampoco votaremos la compensación para los pilotos de las nuevas unidades aéreas que va adquiriendo la Policía, por la sencilla razón de un criterio de buena política, por lo menos en nuestro humilde criterio. En un país chico como el nuestro, la Fuerza Aérea tiene helicópteros y aviones que prácticamente no vuelan o vuelan muy poco. Hasta la Armada Nacional –el otro día recorríamos con el señor senador Lacalle Pou la Base Aeronaval «capitán Curbelo» en Maldonado– tiene todos los helicópteros parados. Un criterio de buena administración indica decir que si tenemos recursos humanos y materiales ociosos dentro del Estado y la Policía, con buen criterio, quiere tener un patrullaje aéreo, tendría que disponer de ellos en vez de duplicar el gasto. Le va a servir mucho a la Fuerza Aérea, pero mucho más le va a servir al contribuyente y al ciudadano, que tendrá recursos que paga con sus impuestos, que serán efectivos y no descansando en un hangar, sin uso ninguno. Y no se nos podrá decir –como sé que algunos dirán–: «¡No, no, los pilotos de la Fuerza Aérea tienen otra formación que la Policía!». ¡Vamos! ¡No resiste el más mínimo análisis! En las misiones de paz nuestros pilotos de la Fuerza Aérea hacen la tarea que se les pedirá acá. Para pilotear un avión o un helicóptero no se requiere una formación muy diferente en ninguna de las dos dependencias.

Así, señor presidente, con estos criterios que señalamos recién, será la actitud política que tendrá el Partido Nacional.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para la siguiente votación, la presidencia propone agrupar los artículos que van del número 151 al 155 inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 151 a 155, inclusive.

(Se votan).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 156 y 157.

SEÑOR BORDABERRY.- Solicito que se voten por separado.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo, señor senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 156.

(Se vota).

–19 en 30. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 157.

(Se vota).

–16 en 30. Afirmativa.

En consideración los artículos 158 a 162 inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–29 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 163.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 164.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 165, que requiere mayoría absoluta.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 30. Afirmativa.

En consideración –si los señores senadores están de acuerdo– los artículos 166 a 181 inclusive.

SEÑOR MICHELINI.- Solicitamos que se desglose el 178.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo, señor senador.

En consideración, pues, los artículos 166 a 177 inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–29 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 178.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que el artículo 178 se mantenga desglosado y que se vote al final de la consideración del articulado del proyecto porque estamos dando una nueva mirada a su redacción. Se comparte el criterio, pero hay algunos aspectos de redacción que se deben mirar con más atención.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se posterga la votación del artículo 178 para el final de la consideración del Presupuesto.

En consideración los artículos 179, 180 y 181 inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–29 en 30. Afirmativa.

En consideración los artículos 182, 183 y 184 inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–16 en 30. Afirmativa.

En consideración los artículos 185 a 188, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD

En consideración el artículo 189.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 190.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 191 a 204 inclusive.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: simplemente queremos manifestar, a modo de fundamento de voto de todos estos artículos, que no los acompañaremos porque son modificaciones a la Ley Orgánica Policial y nos parece que eso debe ser motivo, no del Presupuesto, sino de una ley aparte para poder estudiarla como corresponde. Eso nos parece inconveniente y por lo tanto no votaremos el conjunto de estos artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 191 a 204, inclusive.

(Se votan).

–16 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 205.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: quiero dejar en claro que, aunque nosotros podemos responder a algunos comentarios que se hicieron en sala, nos vamos a limitar a cumplir con el análisis de los artículos del Presupuesto porque nos interesa que el debate se enfoque en este tema. Además, en este Parlamento tenemos otros ámbitos para discutir diversos temas. Por tanto, reitero que, para ahorrar tiempo, nos vamos a limitar a hablar del texto presupuestal.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el inciso 05, «Ministerio de Economía y Finanzas».

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: seré muy breve porque son muy pocos los comentarios globales sobre este ministerio. Si bien a esta cartera le cabe una misión muy importante, en materia presupuestal los aumentos, economías y la formulación de sus artículos no son relevantes.

Sin embargo, dentro del inciso del Ministerio de Economía y Finanzas está incluido un tema que está pendiente de discusión en el Parlamento, vinculado a los juegos de azar. A modo de fundamento anticipado de voto, quiero decir que el Partido Nacional está dispuesto a estudiar formas para controlar la ludopatía, que hoy se ve agravada con la promoción de juegos por Internet. Esta es una amenaza que surge como consecuencia de la globalización de la comunicación y si bien ya existe algún tipo de regulación con respecto a los juegos de azar relacionados con los resultados de ciertos deportes, creemos que el Parlamento debería hacer un estudio acabado sobre los límites que habría que establecer a estos juegos por Internet. En la actualidad y por medio de tarjetas de crédito, las personas se pueden ver tentadas a involucrarse en este tipo de juegos y lo cierto es que uno puede terminar jugando en línea en Montecarlo, en Las Vegas o en la nube o no se sabe dónde. De esta forma, el país también pierde la recaudación que sí obtendría si este tipo de juegos de azar fueran locales.

Reitero que este tema está pendiente en el Parlamento. Pensamos que por medio de las tarjetas de crédito, se pueden limitar los accesos a las IP, que son las que permiten conectarse con estos juegos de azar en línea, en los casinos. Evidentemente, este no es el momento para discutirlo, pero planteo el titular porque es un tema pendiente sobre el que habría que legislar. También sería necesario establecer que quienes presten este tipo de servicios sean personas físicas y que lo hagan en forma directa, como mecanismo para identificar a los responsables del incentivo al juego, cosa que lamentablemente sucede en nuestra sociedad.

Este es un gran tema para discutir, pero no lo voy a plantear en este momento. Simplemente, dejo los titulares porque es un asunto que tiene que ver con este ministerio –más aún, si tenemos en cuenta que esta modalidad está avanzando con relación a resultados deportivos–, pero atrás hay un gran tema que debería ser discutido en el Parlamento. Tengo entendido que dentro de poco tiempo estará ingresando una iniciativa del Poder Ejecutivo en este sentido, por lo que podremos discutir a fondo el problema de la ludopatía, que muchas veces se promociona desde el Estado.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: quisiera dejar una constancia con respecto al artículo 242. En la comisión hicimos una propuesta, que fue acompañada por unanimidad –quiero reconocer la voluntad que se puso de manifiesto–, por la que a partir de un incremento del valor agregado sobre determinados pronósticos deportivos, se consigue una cierta recaudación de dinero con destino a la Organización de Fútbol del Interior y a la AUF para entidades formativas e infraestructura. Nuestra propuesta dice: «El Poder Ejecutivo informará en cada Rendición de Cuentas sobre los proyectos incluidos en el régimen de afectación previsto en el presente artículo, indicando la entidad o institución titular de los mismos, las características de la propuesta y el monto de los fondos afectados». Recordemos que se forma un fideicomiso y también en el articulado pedimos que se indique la entidad o institución titular de los mismos, la característica de la propuesta, el monto de los fondos afectados, así como el detalle de los proyectos presentados que fueron rechazados o se encuentran pendientes de aprobación. Pienso que con esto, por lo menos, tenemos control parlamentario sobre el uso de un fideicomiso que se crea a partir del juego, con destino a las formativas de la OFI y de la AUP y para infraestructura.

Por nuestra parte, nos parecía importante que el Parlamento no estuviera ajeno al uso y destino de esos fondos.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con la planilla de artículos que se desglosan que tenemos en la Mesa, corresponde considerar los artículos 206 y 207.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 208.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 209.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración los artículos 210 y 211.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 212.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 213 y 214.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 215.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración los artículos 216, 217, 218 y 219.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–27 en 28. Afirmativa.

En consideración los artículos 220 y 221.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 222.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos que van desde el 223 al 225 inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–27 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 226.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 227 al 236 inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 237.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración los artículos 238 y 239.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–27 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 240.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

En consideración los artículo 241 al 245, inclusive.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: nosotros habíamos agregado al artículo 241 el literal E, que refiere a los permisarios que en forma personal y directa organicen y comercialicen apuestas sobre certámenes de pronóstico de resultados deportivos.

Eso era lo que estábamos comentando, pero este literal no se votó en la comisión. Simplemente, queríamos dejar constancia de que oportunamente presentamos ese texto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 246.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

En consideración los artículos 247 a 251 inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–27 en 28. Afirmativa.

Hemos votado, entonces, el inciso 05, «Ministerio de Economía y Finanzas».

Se pasa a considerar el inciso 06, «Ministerio de Relaciones Exteriores».

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: en el mismo sentido que informamos el inciso 04, y seguramente con la colaboración del señor senador Martínez Huelmo, vamos a ser muy escuetos en la descripción del inciso 06.

Estamos frente a un proyecto de ley de Presupuesto para el Ministerio de Relaciones Exteriores bastante modesto, pues representa el 0,6 % de la propuesta total del Poder Ejecutivo y el 0,2 % del producto bruto interno.

Menciono estos datos, señor presidente, para ubicar el presupuesto de este ministerio en el contexto de las asignaciones presupuestales que estamos analizando.

El Ministerio de Relaciones Exteriores elaboró un plan estratégico de política exterior para el período 2015-2020 con un análisis de los desafíos e identificación de las pautas a llevar adelante a efectos de contribuir con el logro de las prioridades definidas por el Gobierno nacional para el próximo quinquenio.

En ese marco, hay algunos artículos vinculados con la estructura. En términos generales, esta se ha mantenido prácticamente intacta desde los años setenta. Sin embargo, en virtud de las demandas de participación en los diversos foros nacionales de articulación, y coordinación, y en los foros internacionales en los que es necesario que nuestro país esté presente –son foros de negociación, vinculados al trabajo de los consulados en el otorgamiento de residencias permanentes–, se requiere también priorizar estas áreas.

En primer lugar, se ha hecho una evaluación de las necesidades y se ha elaborado una propuesta mínima de llenado de vacantes y de creación de nuevos puestos. Como lineamientos estratégicos generales señalamos nuestra participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la ampliación del comercio y voto consular –después podemos detallar lo que es necesario; ahora voy a ser bien escueta, como dije antes– y, en cuanto a la situación funcional, debemos señalar que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene 558 funcionarios, 400 de ellos reportan en Montevideo.

Además, se está instrumentando una mejora de la gestión y en algunos de los artículos que se presentan se tiende, entre otras cosas, a mejorar la cantidad y la calidad de los recursos humanos del ministerio haciendo esa estructura mínima que señalaba en un principio.

En segundo término, se pretende mejorar la calidad de los servicios que se brindan, especialmente, a los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior y que se hace a través de nuestras oficinas consulares.

En tercer lugar, el ministerio desea mejorar la atención del servicio de tramitación de residencias permanentes para ciudadanos del Mercosur y Estados asociados.

En cuarto término, se pretende mantener las condiciones de seguridad y decoro de los edificios propiedad del inciso y, por último, mejorar la infraestructura fluvial y marítima a través de obras asociadas al mantenimiento del dragado del río Uruguay.

Cabe destacar que los artículos del inciso 06 fueron analizados junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional del Servicio Civil. Estos artículos se autofinanciaban y autofinanciarán por el Ministerio de Relaciones Exteriores con economías en el rubro 0, sin costo incremental alguno, habiéndose cedido $ 60 millones anuales a Rentas Generales para volcar a otras áreas prioritarias del Estado.

En síntesis, señor presidente, en cuanto al costo incremental previsto en el articulado que presentó el ministerio, para emprender las obras de infraestructura necesarias asociadas al mantenimiento del dragado del río Uruguay, se solicitan reservar $ 50 millones anuales, una vez completado, en 2016, el dragado a las profundidades acordadas, así como la defensa del pasabarcos del puente Libertador general San Martín, Fray Bentos-Puerto Unzué, ante el pasaje de buques de mayor porte.

En el análisis del articulado veremos diferentes aterrizajes legislativos de lo que expliqué anteriormente. Entre ellos cabe destacar algunos temas vinculados, por ejemplo, a los embajadores itinerantes –que se suprimen– y algunas otras circunstancias que, si amerita la discusión, pasaremos a desarrollar. En principio nos parecía bueno seguir con el criterio de una síntesis muy breve, habida cuenta que los señores senadores y las señoras senadoras tienen las versiones taquigráficas de las sesiones de la comisión y la fundamentación de los artículos que podrán leer y, así, trabajar más ágilmente el tratamiento de este presupuesto.

Por ahora, señor presidente, es cuanto tenía para decir.

SEÑORA ALONSO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ALONSO.- Señor presidente: queremos hacer alguna consideración en general sobre este inciso.

Estamos ante los artículos de un inciso que, en líneas generales, compartimos. Tal como lo manifestamos en su oportunidad en la comisión, consideramos que algunos de los cambios que se producen en el Ministerio de Relaciones Exteriores constituyen señales positivas, más aún, ante el reclamo de mayor prudencia que venimos solicitándole al Gobierno, en particular desde el día de ayer a propósito de la discusión en general.

En primer lugar, quiero señalar que estoy de acuerdo –recién hacía mención a esto la señora senadora Payssé– con la supresión de los embajadores itinerantes; definitivamente, nunca entendimos qué funciones cumplieron. Creo que esto fue creado, simplemente, para colocar a los compañeros, a los amigos del presidente, pero en nada sirvió a la política exterior del país. Por lo tanto, nos alegramos de que las nuevas autoridades de la Cancillería hayan entendido que deben suprimirse estos cargos que no tienen ninguna justificación.

En segundo término, quiero manifestar que compartimos la medida de reducir el número de embajadores políticos, que fue argumentada por parte del señor ministro cuando estuvo en la comisión. Como recordarán los señores senadores, el número de embajadores políticos fue aumentado por decreto en el período pasado. Creemos profundamente en el profesionalismo de la carrera diplomática y, por lo tanto, pensamos que este es un paso positivo –y lo reconocemos– en el sentido de profesionalizar nuestra Cancillería. En consecuencia, cuando ingrese un proyecto de ley que plantee esta postura de la Cancillería, va a contar con nuestra aprobación.

Finalmente, señor presidente, si bien no voy a extenderme sobre un asunto que ya hemos abordado en otras ocasiones –como en la oportunidad en que estuvo el canciller Nin Novoa a propósito de la interpelación–, sí quiero dejar constancia y aprovechar la oportunidad para señalar que, así como el ministerio ha dado muestras de querer profesionalizar su escalafón y sus servicios, debería ocurrir lo mismo con relación a la política exterior. ¿A qué me refiero con esto? Creo que lo comenté en el día de ayer: Uruguay no está aprovechando todas las oportunidades que brinda la economía global; seguimos encerrados en el Mercosur, que no logra concretar acuerdos comerciales; nos fuimos del TISA, lo abandonamos cuando ni siquiera sabíamos cuáles eran los costos y los beneficios de integrar ese acuerdo; no ingresamos a tiempo al mayor tratado de las últimas épocas, y me refiero al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.

En definitiva, y para no extenderme, solo voy a dejar sentada una consideración general. Ha quedado en evidencia que no nos hemos manejado con el profesionalismo que debemos en un mundo cada vez más competitivo, en donde perder pisada de lo que está ocurriendo se paga, específicamente, con el empleo de muchos uruguayos, y ya lo empezamos a sentir.

Creo, además, señor presidente, que más allá de los cambios que hoy votamos para profesionalizar la gestión administrativa de la Cancillería, deberíamos apostar a una gestión mucho más profesional también en la política exterior. Y doy un paso más: creo que tenemos que retomar la sana tradición nacional de que la política exterior sea, definitivamente, una política de Estado y no que vaya a impulso de las afinidades ideológicas y de los amiguismos de turno. Con esto no quiero decir que tengamos que estar de acuerdo en todo, pero hay cosas que rompen los ojos, y no es con anteojeras ideológicas que vamos a avanzar. No pretendo profundizar en este aspecto, pero todos los señores senadores –o solo quienes estén escuchándome, que no creo que sean muchos– entienden a lo que me refiero.

No podía dejar de manifestar en este caso, señor presidente, mi deseo de que volvamos a tener una posición internacional como la que supimos tener. Me refiero a condenar todas las dictaduras, así como a defender todas las democracias y, por sobre todas las cosas, a ejercer una defensa férrea e inquebrantable de nuestro interés nacional como única guía fiable en estos temas tan complejos.

Muchas gracias.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor presidente: no voy a insumir mucho tiempo del que dispone la cámara, pero en el día de ayer dijimos que en el período anterior la Cancillería elevó un balance de gestión y de las principales metas cumplidas, titulado «200 Resultados de Política Exterior 2010-2014». Se trata de un trabajo que tiene, diría, varias columnas en las que se habla de la política exterior apuntándola hacia un país más justo y equitativo. Contiene una introducción referida a Uruguay, que cambió, y se mencionan cinco pilares de gestión.

(Murmullos en sala).

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa exhorta a los señores senadores a que hagan silencio para poder escuchar la exposición del señor senador.

Puede continuar el señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- El primero de esos pilares es la fidelidad a los principios de política exterior; el segundo, la vinculación con los compatriotas en el exterior y un servicio consular eficiente y comprometido; el tercero, el impulso al comercio exterior, la promoción de exportaciones y la atracción de inversiones; el cuarto, la integración regional; y el quinto, la reforma del Estado y la mejora de la gestión.

Quiero decir que en los 55 meses que van de gestión esta política no fue conducida de manera artesanal, sino por un profesional que emergió desde la propia Cancillería, el doctor Luis Almagro.

Señor presidente: queremos dejar esa constancia; no vamos a leer los 200 puntos que se mencionan en ese trabajo pero hay uno que creo que es interesante puntualizar.

Entre lo que se incluye en este libro está, por ejemplo, en cuanto a la partición de Palestina, que en el año 1948 el Estado uruguayo promovió la existencia de dos Estados. ¿Qué fue de esa política de Estado? Se necesitaron setenta años para cumplir con lo que Rodríguez Fabregat decía en 1948, es decir, que había que reconocer a los dos Estados. Tuvo que venir el gobierno del señor Mujica, nuestro compañero, para cumplir con una política de Estado que no se tenía en cuenta desde hacía setenta años.

Y como este hay muchos otros ejemplos, señor presidente, en estos «200 Resultados de Política Exterior 2010-2014», de lo que llevó adelante la Cancillería en el período anterior.

Eso es todo lo que tenía para decir.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: la señora senadora Alonso bosquejó muy bien la posición general del Partido Nacional, por lo que no tendríamos nada que agregar.

Sobre algunos comentarios que se han hecho sobre el secretario general de la OEA, queremos decir que nos parece que el doctor Almagro es un gran secretario general, pero que fue un pésimo canciller. Esta es nuestra opinión y quiero dejar constancia de ella en sala. La actitud de Almagro tiene que ver con que estaba fuera de lugar; su puesto era de secretario general de la OEA y no de canciller.

(Murmullos en sala).

SEÑOR PRESIDENTE.- Pido a los señores senadores que hagan silencio.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: simplemente queríamos decir que hay un aditivo que vamos a presentar y en el que vamos a insistir. Todas las cancillerías del mundo tienen la posibilidad de que su personal en el exterior, cuando cumple con dos años de servicio como mínimo, pueda traerse un automóvil. Esto está topeado con una cifra para que no genere abusos o negocios. Nos parece que no tener esta posibilidad no es bueno para los funcionarios de la Cancillería ni conveniente para nuestro servicio exterior, y lo digo sinceramente. En nuestras embajadas, muchas veces se utilizan los autos de los propios funcionarios para cumplir las tareas; esto lo dijo el vicecanciller en comisión. Si no tienen la posibilidad de traerse un auto no compran nada, sino que esperan cumplir su período y vienen para aquí y la embajada, a veces, no tiene la posibilidad de destinar recursos para esto. Si tuvieran la posibilidad de traerse un auto, lo usarían, incluso, para la misión. Esta situación es discriminatoria con respecto al resto de las cancillerías del mundo, que sí tienen esta posibilidad.

El Uruguay siempre ha hecho del tema del auto toda una cuestión; ha sido un tema recurrente; lo gravamos más que a una casa y hay una historia muy larga, que se remonta a otras décadas, con relación al tema del auto barato. Creo, señor presidente, que la formulación que establecía el ministerio en su primera instancia no era la correcta, porque decía que si no podía traerse un auto podía comprarlo acá sin impuestos. Eso no. Pero si lo usó en la misión y lo puso al servicio de la misión, además de usarlo en forma personal, entonces debe tener las mismas condiciones que todos los funcionarios diplomáticos de otros países. No me parece correcto que no se le vote esto que pide la Cancillería.

Vamos a insistir con este artículo para que se apruebe porque me parece un incentivo a la posibilidad de traerse el auto que se compró en el exterior, como lo tienen todos los funcionarios del servicio diplomático del mundo. Me parece que no es correcto que no lo hagamos con los nuestros.

Nada más, señor presidente.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- También a modo de fundamento general, señor presidente, para no ir artículo por artículo, quiero decir que celebramos que haya tanta coincidencia en este inciso. La verdad es que hay coincidencia a grandes rasgos con la orientación que el canciller le quiere imprimir, pero no es la que le está imprimiendo. Esperemos que en algún momento, quizás después de que se apruebe este proyecto de ley de Presupuesto, todo lo que viene diciendo el canciller –él y el presidente de la república–se largue a concretarlo. Que no nos pase como lo que ocurrió con el TISA, como señalaba la señora senadora Alonso –a quien he escuchado atentamente–, que después lo abandone. Ahora en Cancillería se está hablando del Pacífico, del Transpacífico, y también desde el Ministerio de Economía y Finanzas; pero sepan el ministro de Economía y Finanzas, el Gobierno y la Cancillería que tienen todo nuestro apoyo para avanzar en las negociaciones y en los estudios para ver si es conveniente ingresar a ese tipo de acuerdos. Quizás habría que diferenciar, señor presidente…

(Murmullos en sala).

SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe, señor senador.

La Mesa exhorta a los señores senadores a que hagan silencio para poder escuchar la exposición del señor senador.

Puede continuar el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Gracias, señor presidente.

Quizás lo que también tendríamos que apoyar es lo que se está esbozando en la Cancillería como un cambio, y ese cambio es la profesionalización nuevamente de los cuadros diplomáticos, que en los últimos cinco años sufrieron un desgaste o un retroceso. Hoy vemos con alegría que nos solicitan venias para diplomáticos que son de carrera, y no tenemos el récord de 21 embajadores de confianza, como tuvimos en el período pasado. En el año 2005 teníamos 5, y en el 2015 terminamos con 21.

Entonces, cuando uno ve que en el artículo 256 se derogan cinco cargos de embajador itinerante, obviamente se alegra. Siempre nos critican por criticar al Gobierno, pero que hoy no se enoje nadie por estar aplaudiéndolo y decir que es muy bueno que haya terminado con los embajadores itinerantes, una figura inexplicable que cumplía diferentes tareas, desde enviado especial del presidente hasta delegado en un conflicto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; llegamos a tener embajadores itinerantes resolviendo conflictos entre empresas y gremios.

Estoy seguro de que el avance hacia el profesionalismo en la Cancillería es apoyado por todos los integrantes de este Cuerpo. Creo que hablo en nombre de todos cuando expreso que todos queremos un servicio exterior más profesional, un servicio exterior que recomponga la carrera diplomática, que deje de lado esos nombramientos de embajadores itinerantes o embajadores de cargos políticos en su mayoría, y que retome, para bien del país, esa senda que no debimos abandonar en los últimos tiempos.

Por todo eso, señor presidente, estamos dispuestos a votar todos estos artículos en bloque.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR RAMOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAMOS.- En lo que respecta a la profesionalización del servicio exterior, quisiera mencionar solamente que también saludamos este intento de profesionalizar disminuyendo los cargos adjudicados directamente por lealtad política, pero ello no debería obstar para que se siga trabajando en la profesionalización de la carrera del servicio civil, porque las designaciones discrecionales no terminan con los embajadores itinerantes ni con algunos cargos de confianza política, sino que se extiende hacia los directores de división del ministerio y desde allí hacia abajo. Son designaciones discrecionales con funcionarios de carrera, y ¿por qué no empezar a pensar en designaciones meritocráticas y no en designaciones discrecionales?

Quería dejar sentado que la profesionalización del servicio exterior amerita repensar la carrera administrativa en su conjunto en el servicio exterior.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- A pesar de estas intervenciones de distinta índole, todos estamos de acuerdo con votar en bloque los artículos correspondientes al inciso Ministerio de Relaciones Exteriores.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 252 a 273, inclusive.

(Se votan).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el inciso 07, «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca».

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: la verdad es que con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tuvimos un lindo y profundo debate en comisión sobre el agro en general, porque los temas son importantes. Además, el señor ministro da respuestas largas, con lo cual trabajamos toda la mañana, volvió a las seis de la tarde y estuvimos reunidos hasta las diez y pico de la noche, discutiendo el articulado del ministerio.

Hay consideraciones generales que se compartieron en la comisión. Este quinquenio va a ser muy diferente al anterior en cuanto a la situación del sector agropecuario, sector que representa –en términos directos e indirectos– el 78 % de las exportaciones del país, que son de origen agropecuario o agroindustrial. Además, hay 245.000 personas –también en términos directos e indirectos– que están vinculadas laboralmente al sector agropecuario.

Como producto de las consideraciones generales que hacíamos en el día de ayer sobre el precio de los commodities, la desaceleración de algunos mercados, la devaluación de otros y los problemas de los vecinos, este sector ha ido perdiendo alguna competitividad. A esto se agrega que la baja de precio de los commodities afectó negativamente a grandes sectores del agro. Entre todos ellos quizás sea el ganadero el motor que lleva adelante el dinamismo del sector. Los sectores granjero y agrícola, al no aumentar sus costos, también enfrentan dificultades ante el ajuste de los precios internacionales. Y el sector lechero avanza con grandes dificultades; volvió a bajar el indicador de referencia de Fonterra a nivel internacional, con lo cual tenemos –y lo discutimos con el señor ministro– una serie de problemas y medidas a tomar. Es interés de todos nosotros trabajar sobre estos sectores.

Respecto a la ganadería podemos decir que quizás sea el sector que menos vio afectado su dinamismo en estos tiempos; aun así, el efecto de la sequía sigue sintiéndose. En ese sentido, este año habrá alrededor de 90.000 reses menos para la faena y, en cuanto a ingresos, se calculan USD 94 millones menos; la cifra estimada para el año que viene es de USD 166 millones menos, mientras que para 2017 se calculan USD 75 millones menos de ingreso.

En lo que tiene que ver con la baja de precios de los productos exportables del sector agropecuario, al Uruguay van a ingresar aproximadamente USD 1200 millones menos que el año pasado.

Objetivamente, esa es la realidad del sector, sin agregar ni una coma a la descripción que estamos haciendo.

El presupuesto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es, en algunos casos, innovador, mientras que en otros reitera la creación de algunos cargos de confianza; se generan algunas contrataciones, también en un régimen muy particular –se lo dijimos al señor ministro– y se crean cerca de ocho tasas. Más adelante, en un artículo posterior –después diremos el número– hay una buena noticia para el sector granjero, pues se incrementa en $ 70 millones el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja, alcanzando la suma de $ 350 millones anuales. Digo esto porque en comisión se trató un artículo vinculado al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre la creación del Registro Nacional Frutihortícola, y la directora general de la Granja explicó cuál era el sentido de hacer obligatoria la inscripción en dicho registro y la posibilidad de establecer algunas políticas activas.

En esa misma instancia –sabiendo que hay muchos asuntos que están en este Presupuesto y que no son materia presupuestal– insistimos en el tema de la extensión del régimen del IVA para las frutas y hortalizas, régimen que fue prorrogado hasta fines de diciembre y que, de no aprobarse una ley que lo prorrogue, simplemente caerá. Se anunció que, efectivamente, en estos días ingresará un proyecto de ley que deberá ser discutido a todo vapor para que pueda ser aprobado y promulgado antes de fines de diciembre. Este hecho me parece importante y por eso quería dejar la constancia correspondiente en mi intervención.

Cuando el señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca concurrió a comisión hablamos hasta de Venezuela. Obviamente, no voy a ingresar en una discusión sobre ese punto; simplemente diré que ese día se pagaban los primeros USD 50 millones del fideicomiso que PDVSA iba a crear en el Bandes para el pago de las exportaciones de determinados rubros –fundamentalmente lácteos, arroz, pollos y algunos granos–, de USD 300 millones, en función de la cancelación anticipada de la deuda que Ancap tenía con PDVSA, con una tasa de descuento que compartimos en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y por el que el Ministerio de Economía y Finanzas aprobaba un préstamo a Ancap para cancelar anticipadamente la deuda. Todo eso pasó y el dinero no terminó en el Bandes, sino en una cuenta en el exterior, en China, y después se demoró mucho el cobro del fideicomiso. Como recién señalé, el día que concurrió, en el ministerio se entregaban los primeros USD 50 millones para el pago de las exportaciones que Conaprole, al menos, había hecho. Ya se exportó mucho más, pero Conaprole y otras empresas todavía no han cobrado. En esa instancia le planteamos al señor ministro que esto generaba mucha incertidumbre, en un instrumento también interesante y novedoso que permitía respaldar, con el dinero de la cancelación anticipada de la deuda petrolera, la exportación de productos primarios. Recuerdo que nos respondió, con total franqueza, que no podía comprometerse con relación a un cronograma.

Esos fueron los temas sobre los que hablamos con las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Pasamos al articulado, pues nos parece importante dar un pantallazo general.

Ante todo, no vamos a acompañar todo lo que implique creación de cargos de confianza –en este Presupuesto se crean algunos cargos de confianza y se hacen algunas contrataciones– y sí vamos a apoyar la creación de algunas áreas que nos parecen innovadoras, que tienen que ver con bioseguridad e inocuidad alimentaria. Le dijimos al señor ministro que ese tema nos parecía realmente innovador, pues es una de las trabas no arancelarias que el mundo empieza a implantar cada vez con mayor fuerza. Por lo tanto, tener un estudio profesional de producción primaria en el seno del ministerio madre, nos parece absolutamente importante.

También expresamos al señor ministro nuestro apoyo a la asignación de más recursos para el sector granjero y a la mayor eficiencia en la coordinación de la información agropecuaria, aspecto en el que sabemos que ha habido un avance. Hay mucha información dispersa en varias áreas y este Presupuesto la coordina mejor, por lo que representa un mejor insumo para actores públicos y privados. En realidad, la información no es buena ni mala; hay que coordinar su contenido, analizarlo y ponerlo a disposición para la adhesión de políticas públicas o privadas. En ese sentido, nos parece que esto constituye un avance.

También acompañamos la creación de algunos cargos –quizás sea de los pocos casos en que lo hacemos–; en este caso, se trata de gerencias para la gestión de algunas áreas nuevas. Nos pareció innovador el criterio y la metodología que aplicó este ministerio –se lo dijimos al señor ministro, como también le dijimos que iba a tener problemas con COFE–, de modo que lo vamos a acompañar. Estamos hablando, concretamente, de las gerencias de Bioseguridad, Barreras Sanitarias e Inocuidad. Voy a dar lectura al artículo correspondiente –276–, pues vale la pena que quede constancia en la versión taquigráfica. Dice lo siguiente: «Facúltase al Inciso 07 “Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”, unidad ejecutora 009 “Dirección General de Control de Inocuidad Alimentaria”, a contratar un gerente en inocuidad, un gerente en bioseguridad y un gerente en barreras sanitarias, quienes deberán acreditar idoneidad suficiente de acuerdo con las tareas a desempeñar, por un plazo de un año, renovable no más allá del período de gobierno, previa suscripción de un compromiso de gestión aprobado por el jerarca y sujeto a evaluación anual». Esto es parte de aquello en lo que insistimos cuando tratamos de establecer indicadores de gestión. Me parece que por esta vía lateral el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca da un paso que significa un avance. Ahora bien; esto estaba incompleto y por eso en comisión se agregó lo que originalmente había enviado el Poder Ejecutivo –esta es una de las razones por las que lo acompañamos y seguramente allí está la respuesta también para el señor senador Michelini–, que se relaciona con el segundo párrafo de la disposición, donde se dispone: «Las personas contratadas no adquirirán la calidad de funcionarios públicos. Si la contratación recayere en funcionarios públicos, podrán optar por el régimen que se establece en el presente artículo, manteniendo la reserva del cargo».

Obviamente, como ya he señalado, no vamos a acompañar la creación de algunas tasas de habilitación y de mantenimiento. Hay un artículo por el que se crean seis tasas en lo que tiene que ver con procesos industriales para casi todos los rubros de origen agropecuario. Tampoco vamos a acompañar la creación de unas tasas que afectan la pesca, sobre todo en lo que tiene que ver con los buques de bandera extranjera, los buques nodriza, aun con la entrada a puerto y cuando no entran también.

No vamos a acompañar algunas decisiones que tienen que ver con contratación de funcionarios.

Sí acompañaremos el resto de los artículos, que refieren a trasposición de rubros, a supresión de cargos y a la creación de otros que, más o menos, se equiparan en función de la necesidad de administración del propio ministerio.

Un artículo que no quiero dejar pasar es el que tiene que ver con la vieja Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal –la famosa Conahoba–, a la que ahora se le cambia el nombre. El señor ministro tuvo una actitud muy valiente al asumir este tema en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. No es un tema fácil: los intereses son muchos, todos comprensibles y justificables, y hay miradas muy diferentes, y muchas veces coliden. La citada comisión estaba a cargo del Ministerio de Educación y Cultura, pero la verdad es que tuvo poca acción, bastante menor de lo que uno hubiera querido, motivo por el cual se pretende que pase a la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En lo personal, voy a acompañar ese pasaje, aun sabiendo que es discutible y que hay grupos que están en contra. En fin; aun cuando quizás sea más razonable que esté en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que en el de Educación y Cultura, me parece que en definitiva no importa en qué órbita se encuentre, sino cómo esté integrada, cuáles son sus competencias y la voluntad política que hay para que funcione con los recursos adecuados. Como decía, si hay un ministerio que tiene ganas de asumir este tema e ir hacia adelante, con todos los riesgos que ello implica, la comisión siempre va a estar mejor de lo que está, porque bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura ha sido absolutamente marginal: nadie se ha involucrado en el tema y nadie le da bolilla. Por lo tanto, si el ministerio pide apoyo para encarar este tema, se lo daremos. Obviamente, no coincidimos con la integración de la comisión por considerarla muy cerrada, muy pequeña, y por esa razón presentamos un sustitutivo. El señor ministro hablaba sobre la ejecutividad, y en lo personal, creo que la ejecutividad está dada por el Poder Ejecutivo, que establece que el presidente tenga doble voto, es decir, que tenga mayoría en la comisión. A mí me parece que la comisión va a quedar renga si no está integrada por profesionales veterinarios –que, sin duda, son el brazo ejecutor de cualquier política de bienestar animal–; por la Universidad de la República –que seguramente mandará a un delegado del Consejo de la Facultad de Veterinaria–; por el gremio de los egresados de la carrera de veterinaria –me estoy refiriendo a la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay–; y por un delegado de la Sociedad Protectora de Animales, con personería jurídica a decisión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esta es la propuesta que planteamos en el artículo sustitutivo.

Como dije, vamos a acompañar el pasaje de esta comisión a la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, así como también acompañaremos sus competencias que, en realidad, son muy similares a las actuales. A su vez, se crea una comisión honoraria asesora y dos comisiones más; una de ellas tiene que ver con la comisión de zoonosis. Hay que ver si no se termina cruzando con algunas de las competencias que tiene la propia Comisión Nacional de Zoonosis que funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública y no del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Además, es presidida por un médico que hoy es el director del hospital de Tacuarembó.

En definitiva, creemos que tal como la propone el Poder Ejecutivo y fue aprobada por la Cámara de Representantes, la integración queda renga y es por eso que vamos a presentar un artículo sustitutivo.

Estas son solo consideraciones generales, aunque ya he avanzado sobre algunos de los artículos a los que votaremos en contra o a favor.

Deseo destacar una vez más que el intercambio con el ministerio sobre el articulado y sobre el agro fue muy bueno. Quería dejar constancia sobre ello en el pleno del Senado, tal como lo hicimos en comisión.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR BERTERRECHE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERTERRECHE.- Señor presidente: en realidad, no íbamos a hablar en términos generales para ser más eficientes en lo que refiere a la votación del articulado. Pero a partir de las opiniones del señor senador preopinante me veo, inevitablemente, en la necesidad de hacer algunas consideraciones.

(Ocupa la presidencia la señora Ivonne Passada).

–En primer lugar, quiero decir que de los incisos cuyos representantes llegaron a la comisión, este fue el que más apoyo recibió de la oposición; ampliamente. A su vez, atendió un montón de cosas de coyuntura que se plantearon en sala. Creo que lo más interesante es el valor estratégico.

En el día de ayer –no estuve en sala pero escuché toda la sesión desde el despacho– aquí se habló de la falta de planificación. Pero no hay nada más estratégico que la nueva unidad ejecutora que se crea en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. No fue planificada por un problema de sequía o por un precio que bajó abruptamente debido a la coyuntura internacional, ni fue pensada por un mercado ocasional que puede subir o bajar; fue pensada con la mirada puesta en el futuro, con tres bases: continuar y hacer más eficiente y profesional el cuidado de nuestras barreras sanitarias –en las que nos va la vida desde el punto de vista agropecuario–, y vinculada a la inocuidad en general, por todo el tema de los transgénicos. Se consideró fundamental tener una unidad especializada en ese sentido, una base de inocuidad alimentaria porque es parte de nuestra soberanía y de nuestra seguridad alimentaria, pero también del prestigio que tienen nuestros productos agropecuarios. Incluir todo esto en un presupuesto es tener una visión estratégica de lo que se tiene que plantear.

En segundo término, hay un tema que se repite y, ¡ojo! Hay que tener cuidado. Las lógicas goebbelianas, que repiten varias veces una idea hasta que se transforma en un hecho, no me gustan y las combato. En realidad, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca crea un solo cargo de confianza, no una serie ni una cantidad ni un montón, es un cargo de confianza. Es un cargo del escalafón Q «Personal de particular confianza», nada más. Y era imprescindible que lo creara porque es el que se va a hacer cargo de la dirección que acabamos de decir que es estratégica.

El resto del articulado lo discutiremos llegado el momento de tratar cada uno de los artículos, pero mayoritariamente estamos de acuerdo. Es más, no me voy a referir a la tasa de la Dinara, a la que se le hicieron una serie de modificaciones y se presentó un sustitutivo que acerca más a las posiciones. Creo que solo por la sensibilidad que tuvo el oficialismo se debería votar, pero bueno, eso va en cada uno. En general, ha habido buena intención de llegar a acuerdos.

En cuanto a la creación de las tasas, el objetivo es cobrar por lo que se trabaja. Lo que tal vez no esté del todo bien es que los organismos públicos le hagan los servicios gratis a entidades privadas –financiados por el pueblo– que ganan por esos servicios, que lo hacen para tener ventaja.

Por último y vinculado a lo estratégico, quiero decir lo siguiente, aclarando antes que durante todo el día me he aguantado –y me han aguantado, y algunas veces no me dieron la palabra– para no ingresar en discusiones sobre la historia. Sin embargo, hay una que quiero cobrar –por decirlo así– porque no está a favor del ministerio que integré, sino del país del que soy ciudadano.

Recientemente, una empresa encuestadora hizo un estudio sobre la satisfacción de la trazabilidad ganadera. En el año 2005 la discusión era –y nos pusimos tercos– si la trazabilidad tenía que ser obligatoria; muchos decían que tenía que ser optativa. Hoy un 75 % de los productores están satisfechos –y muy satisfechos– con la trazabilidad. La trazabilidad obligatoria fue una decisión política con mirada estratégica. Con esa misma mirada estratégica está planteado el inciso 07, «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca».

Muchas gracias.

9) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 1.º de diciembre de 2015

Sr. presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido en la Ley n.° 17827 de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia para los días 1.º y 2 de diciembre de 2015, por motivos personales.

Sin más, lo saludo atentamente.

Luis Lacalle Pou. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Queda convocado el señor Armando Castaingdebat, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

10) PRESUPUESTO NACIONAL - EJERCICIO 2015-2019

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Continúa la discusión particular del proyecto de ley de Presupuesto nacional.

SEÑOR RAMOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAMOS.- El artículo 276 me parece un muy buen artículo. Justamente en los viajes que hicimos a Nueva Zelanda pude comprender la importancia de este tipo de unidad.

Solamente quiero hacer una observación –que debería haber hecho en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda– con ánimo positivo. Por lo general, cuando se contrata a gerentes de este nivel, con esta capacitación, la experiencia internacional indica que es mejor tomarlos por un período de tres años –no por un año– con la posibilidad de que, si la jefatura política no está conforme, pueda despedirlo pagando una indemnización. Al reclutar gente de este nivel, la mayoría de los países están tendiendo a contratar más a mediano plazo para poder atraer los mejores talentos, porque no vienen por un año con la posibilidad de ser despedidos y que no se los recontrate, salvo que no tengan la idoneidad que aquí se busca. No voy a pedir un desglose de este artículo porque sería absurdo, pero no quería dejar de decir que, por lo general, en la experiencia internacional, a este nivel se llama a personas con esta calidad de profesionales por un período un poco más de mediano plazo, con la posibilidad de rescindir el contrato pagando una indemnización.

SEÑOR BERTERRECHE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERTERRECHE.- No voy a generar polémica. Creo que está bueno que los que saben de estas técnicas administrativas y de gestión del Estado hagan aportes.

Acá estamos aprobando dos cosas: al gerente y a la figura que estamos creando. Tenemos que ver si funcionan tanto la persona como la forma administrativa que estamos creando. Si reafirmamos la confianza de que tanto la forma administrativa como el gerente sirven, no va a haber ningún problema para renovarlo.

Quiero hacer una aclaración sin ánimo de generar polémica. No tenemos por qué salir a buscar profesionales al exterior, ya que acá tenemos excelentes técnicos –el problema es que se nos vayan al exterior– que pueden hacerse cargo de cualquiera de estas tres gerencias.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- A modo de fundamento de todos estos artículos –creo que esto nos va a permitir avanzar más rápidamente–, quiero decir que considero que este es un muy buen inciso y me parece que hay que destacarlo. Obviamente, en los años por venir el sector agropecuario no va a tener las mismas condiciones que ha tenido en los últimos cinco o diez años. Creo que avanza en lo que tiene que avanzar y al respecto en el Uruguay hay una política de Estado y con esto quiero decir que la amplia mayoría del sistema político está de acuerdo, así como también lo están quienes día a día se levantan a trabajar y hacen a la agropecuaria nacional.

En ese sentido, hay normas muy interesantes que profundizan en el manejo de suelos, en el uso de plaguicidas, en la inocuidad alimentaria, en el control y la vigilancia epidemiológica, en el control sanitario, se regulan los operadores de alimentos para animales, hay normas para la granja, se analiza el tema de la cuenca del río Santa Lucía.

Se crea quizás un solo cargo de confianza, como se dice, pero también varios otros tipos de cargos: gerentes, coordinadores o coordinadores departamentales. Evidentemente es mejor un gerente sin ingreso permanente al Estado, pero siempre es un ingreso.

Nos parece importante señalar una sola cosa en la que no estamos de acuerdo ni con el Frente Amplio ni con el Partido Nacional. Creo que a este capítulo le falta un poco de audacia. Hace cuatro o cinco años presentamos un proyecto de ley por el que se creaba el Fondo Nacional de Fósforo. Citamos experiencias que se habían realizado con gran éxito, en especial en el este del país, en la zona de Treinta y Tres y Cerro Largo, con pequeños productores.

Concurrió el ministro en aquel entonces y nos dijo que ese era el camino, pero había que ser más ambiciosos y estaban preparando un proyecto mucho más grande porque, obviamente, había que darle de comer al pasto para después alimentar a los animales.

En esa ocasión discutimos largamente sobre problemas técnicos, con respecto a si alcanzaba con el fósforo o no era suficiente, pero coincidimos en la necesidad de tener planes para desarrollar eso. El ministro nos dijo que iba a traer una iniciativa más ambiciosa que ese. Nosotros nos quedamos «medio achicaditos» porque dijo que nuestro proyecto no era ambicioso, pero de repente era mejor tener ese aunque fuera poco ambicioso y no que pasaran cinco años sin que hayan presentado ninguno. Como nos había dicho que nuestro proyecto era poco ambicioso, tenía la esperanza de que nos trajera el ambicioso, pero acá tampoco lo vemos y seguimos esperándolo.

(Ocupa la presidencia el señor Raúl Sendic).

–Hace cinco años también propusimos la creación del Banco Nacional de Aguas, que era algo novedoso. En ese sentido, se nos dijo que era un problema importante y en la última seca salió el ministro por la televisión –«con el cucurucho», como le dice la señora senadora Tourné– a decir que era necesario crear algún sistema de riego colectivo, que era la propuesta que nosotros presentamos. Pero de eso no hay nada. Nos acordamos de los problemas del riego cuando hay seca y nos olvidamos de ellos cuando llueve. Eso es lo que falta.

Nuestra discrepancia es fundamentalmente con respecto a la famosa Conahoba. Nosotros imaginamos un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca pensando en el futuro del país, en la actividad más importante del país. Observamos lo que sucede en los mercados; seguimos siendo de los mejores parques industriales frigoríficos del mundo. Consideramos cómo peleamos contra el clima, cómo hacer que continúe el crecimiento que ha tenido la agricultura, el desarrollo que ha tenido la forestación, el desarrollo de la pesca, que es un tema que está pendiente.

Resulta que vamos a crear un organismo desconcentrado, dependiente del ministerio, que se va a encargar de mantener controlado el número de animales de compañía, organizando, controlando y supervisando las campañas de identificación. El ministerio va a entrar en competencia con el intendente de Montevideo, que anda persiguiendo a los perros por los parques. Creo que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no debería dedicarse a los animales de compañía, ni siquiera a través de un órgano dependiente de él.

Además, este es un tema mucho más importante a nivel mundial de lo que nos imaginamos. La próxima barrera paraarancelaria para el ingreso de productos de origen animal estará dada por las normas de bienestar animal. En algunos países hoy se está reclamando que los novillos o las vacas para la industria deben ir en camiones refrigerados, con aire acondicionado. Algunos empiezan a moverse al respecto, pero poner en la misma bolsa al gatito de doña María, al perrito de don Juan y a la producción ganadera del país no parece ser lo adecuado. A mi entender, estos ameritan soluciones distintas y la comisión honoraria no debería ocuparse de ambas cosas.

SEÑOR BERTERRECHE.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Berterreche.

SEÑOR BERTERRECHE.- Señor presidente: el planteo está bien desde la óptica del señor senador Bordaberry, aunque me extraña de alguien que es productor agropecuario o que tiene que ver con la producción agropecuaria. Por supuesto que voy a acercar la versión taquigráfica al Secretariado Uruguayo de la Lana porque ahí también hay algún problemita con los animales de compañía que se abandonan.

Creo que no está bien ridiculizar el trabajo que se va a hacer y lo que se va a tener en cuenta. Por un lado, se trata del inciso que más sabe de trazabilidad y, por otro, existen problemas reales en un sector que es muy importante, sobre todo para la producción final, como lo es la ovinotecnia, o sea la producción ovina en el Uruguay.

Agradezco la interrupción que me ha concedido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Estoy totalmente de acuerdo. Hemos encontrado una coincidencia con el señor senador Berterreche de la que mucho me felicito. Es cierto que hay animales de compañía y trabajo que ayudan en la producción ovina y como tales tienen que ser cuidados. Pero lo que nosotros estamos señalando es que hay una comisión que se va a ocupar de los lanares, de los vacunos, de los equinos, de los suinos, etcétera, y del gatito de doña María. Nos parece que del gatito de doña María no tiene que ocuparse el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Son concepciones que tenemos; a mi juicio, deberíamos contar con alguien que se encargara efectivamente de los animales de compañía, con políticas de protección hacia ellos. Yo he vivido toda la vida rodeado de perros –esta no es una acotación deportiva al cuadro del que soy hincha y lo señalo antes de que alguien me lo diga; el señor senador Carámbula se ríe recordando a su querido Juventud de Las Piedras, que va a definir el campeonato– y mucho los valoro y los quiero, pues creo que son una compañía tremenda. En definitiva, creo que son dos cosas distintas.

En el mundo se ha avanzado mucho en el bienestar animal. Aquellos tubos de ganado cuadrados hoy se sustituyen por otros redondos, a fin de que no se golpeen los animales; también se habla de no marcar más, pero lamentablemente esto no es por el animal, sino para no destruir el cuero y se va dejando atrás la tradición de la yerra. Pero la realidad es distinta, porque una cosa es el animal de compañía y otra diferente es ese otro animal destinado a una actividad económica, industrial y a la exportación. Creo que hay que asegurar el bienestar animal de uno y otro, pero las realidades son distintas. Cuando uno tiene un animal de compañía espera morir abrazado con él; sin embargo, cuando ve nacer un ternero está pensando en la posibilidad de embarcarlo cuando tenga tres o cuatro años, o antes, para hacer unos pesos. Como las realidades son distintas, debería trabajarse de forma diferente. Pero aclaro que esa es una visión exclusivamente personal, que quizás no sea la adecuada. Por eso no vamos a acompañar este articulado de la Conahoba.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor presidente: quiero hacer una breve intervención, porque después de que el señor senador Berterreche explicó en términos generales el inciso, creo que todos entendimos y quedamos conformes.

Hoy en la cumbre de París sobre cambio climático, Francia presentó su plataforma de balance de carbono, en la que le asigna a Uruguay la responsabilidad del monitoreo, dado que es uno de los pocos países del mundo que exigen planes de uso del suelo. La metodología –aquí hay algunos artículos que la mejoran– de los planes de uso del suelo asigna responsabilidades a los ingenieros agrónomos. El plan de uso es del suelo y no del titular –se hacen algunas modificaciones por lo que vamos aprendiendo en la práctica–, y eso ha sido tomado como un ejemplo. Como decía, se da a Uruguay una responsabilidad y esto sí que es construcción a futuro, con fundamento científico. Se trata de avanzar hacia una visión de balance de carbono. Así, cuando vendamos un queso, sabremos qué balance de carbono se tuvo para producir cada kilo, o cuando vendamos carne podremos saber cuánto dióxido de carbono o cuánto metano emitimos a la atmósfera con el sistema productivo e industrial que tenemos en el país. Quería comentar esto porque justo en el día de hoy, mientras estamos tratando estos temas, del otro lado del mundo se nos está asignando una responsabilidad importante debido a las cosas con fundamento que estamos haciendo.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: queremos reconocer en sala lo que hicimos en oportunidad de trabajar en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda en referencia a este inciso. Nos parecen destacables el tiempo que le dedicaron el ministro y su equipo a la presentación del tema y la amplitud con que lo trataron, pues no solamente incluyeron los temas inherentes al Presupuesto –que eran la razón de ser que nos convocaba–, sino que nos dieron un panorama general de todo lo relacionado con su cartera.

Queremos dejar constancia de que para nosotros es realmente un ministerio muy importante; sin duda, es uno de los más relevantes del Uruguay. Muchas veces los distintos gobiernos que ha tenido el país han tenido que fijar políticas y se han encontrado con el peso que tienen el Ministerio de Economía y Finanzas y algunos ministerios vinculados a la producción, específicamente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Todos conocemos el peso que tiene la actividad agropecuaria. Según el sistema de cuentas nacionales que maneja el Banco Central del Uruguay, el 8,7 % del PBI está definido por el sector agropecuario. Si analizamos todos los encadenamientos con todos los servicios, el comercio y la logística vinculados al sector, hablamos del 24,4 % del PBI de este país. El ministro señalaba en la comisión que 245.000 puestos de trabajo están vinculados al sector directa o indirectamente, lo que representa el 14 % de la población económicamente activa del Uruguay. Sabemos que el 78 % de las exportaciones del país son bienes agropecuarios o agroindustriales, en distintos grados de transformación, y que la tasa de multiplicación es del 3,22 %, es decir que es el indicador más alto de toda la economía, o sea que cada peso que se produce en el agro más que se triplica en toda la cadena productiva. Y el agro crece con inversión. El incremento de la productividad total de los factores en el sector agropecuario explica el 54 % del incremento del producto bruto. Ese incremento se explica por una mayor utilización de más hectáreas producidas, de más fertilizantes, de más maquinaria, de más horas hombre, lo que representa entre el 46 % y el 48 % de ese aumento. El otro cincuenta y poco restante se explica por el aumento de una productividad asociada a procesos de innovaciones de manos de la inversión. Obviamente, el mercado interno tiene poca capacidad para hacer crecer la demanda, salvo en algunos sectores como la hortifruticultura, básicamente.

Si tomamos como indicador productivo el volumen físico de soja, de arroz, de trigo, de cebada, de lácteos, de carne, producido en el año 2014 en el Uruguay y lo convertimos en valor nutricional en kilocalorías y dividimos esa cifra por el consumo de un habitante occidental, en términos energéticos el país alimenta a 28 millones de personas por año. Entonces, estamos hablando de un sector demasiado importante para el país y con gran potencialidad. Inclusive, el ministro destacó el concepto –con el cual estoy de acuerdo– del Uruguay agrointeligente como gran desafío para determinar cómo venderle al mundo alimentos, cuando han cambiado los hábitos alimenticios y tenemos barreras sanitarias importantes, ya que todos estamos viendo los drásticos cambios que se están viviendo. Por tanto, queremos reconocer que hubo por parte del ministro una ponencia seria, dedicada y con mucho tiempo en la comisión. Incluso, tuvo la deferencia de concurrir en dos oportunidades. Además, tuvo la apertura de hablar en un marco que nos permitió, por lo menos a nosotros, preguntar, opinar y disentir en algún parecer, sobre temas que iban más allá de lo estrictamente vinculado al cuerpo normativo del Presupuesto y lo que significaba el inciso. Eso nos parece bien, porque entendemos que el Presupuesto no puede ser meramente una acumulación de normas de corte administrativo o que ocupen, básicamente, cambios burocráticos –aun para mejorar– en cada inciso, sino que debe tener la visión, la determinación estratégica y señalar el rumbo que esa cartera va a seguir durante los próximos cinco años. Y más allá de señalar que vamos a acompañar la gran mayoría de los artículos que tienen que ver con las distintas líneas estratégicas mencionadas, como el desarrollo rural, la adaptación al cambio climático, la intensificación sostenible, el fortalecimiento y la articulación institucional, la promoción de la competitividad, la inserción internacional, es decir, las medidas concretas que se requieren para el sector, va a haber algunos artículos que no vamos a acompañar. Tenemos algunas dudas que, incluso, no fueron despejadas con las respuestas del ministro. Por ejemplo, en el artículo 312, que ahora pasó a ser el 319, se da la facultad al Poder Ejecutivo para designar agentes de retención y de percepción de tributos, tarifas y precios que recaude el ministerio. No quedó claramente establecido de qué tipo de tributos se hablaba, como tampoco las transacciones. A su vez, no se nos dijo en qué sujeto se estaba pensando para designar como agente de retención o de percepción. Por ejemplo, en el artículo 320, que pasó a ser el 327, se incrementa la carga fiscal a través de esta medida con destino a la Dirección General de Servicios Ganaderos. También preguntamos quién lo iba a recaudar, cómo se iba a instrumentar el pago, si es a través de los sujetos pasivos o de agentes de retención o percepción. Inclusive, preguntamos la estimación de lo que se pensaba recaudar. Esto no lo vamos a votar, más allá de que va en línea con mayores exigencias sanitarias que tenemos de los países compradores de nuestros productos y que se requiere para esa función. Pero si hubiéramos tenido esos datos, quizás podríamos haber encontrado recursos para reasignar créditos presupuestales y no aumentar la carga tributaria.

En definitiva, por su actitud ante la comisión, queremos dar crédito al planteamiento del ministro. Sí queremos marcar un tema sobre el cual pusimos más énfasis en la comisión, es decir, la situación de la lechería nacional. Se trata de un momento de crisis, que volvemos a remarcar. Además, resaltamos que el Gobierno no tiene nada que ver con ello, pero sí con determinar medidas y promover soluciones. Asimismo, por la urgencia y gravedad que tiene esta situación, solicitamos su instalación en la agenda política nacional.

En los últimos siete años el sector lechero creció un 56 % sin que hayan aumentado las vacas ni las hectáreas de campo. Básicamente se tienen dos mercados que explican las exportaciones, es decir, Brasil y Venezuela, pero ambos han tenido problemas en el año 2015; seguramente sean parte sustancial también del problema actual del sector. Más allá de estar contestes con esa situación puntual y de que los mercados lácteos son fundamentalmente aquellos países que tienen su economía basada en el petróleo –un commodity bajó de USD 120 a la tercera parte de su valor–, obviamente se nos plantea la necesidad de diversificar mercados, apuntalar de manera urgente al sector –que involucra a 3200 productores remitentes más 950 queseros artesanales– y procurar puertas de ingresos porque, de lo contrario, su situación lisa y llanamente estará en vías de una crisis que llevará casi a la desaparición de muchos de ellos. Y eso es así.

Como el Gobierno pasado tuvo la importante visión de establecer por ley una actividad como estratégica –me refiero a la del sector lechero cuando se crea la ley del Inale–, me parece que es momento de que el actual Gobierno tome decisiones que, reitero, se reclaman con urgencia –no estoy exagerando en el término– para la lechería nacional.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde comenzar a votar los artículos correspondientes al inciso 07, «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca».

De acuerdo con el desglose que han solicitado los distintos partidos políticos, se pasa a considerar el artículo 274.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 275.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 276.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 277.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 30. Afirmativa.

En consideración los artículos 278, 279 y 280.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–29 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 281, que tiene un sustitutivo propuesto.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Nosotros habíamos presentado un sustitutivo vinculado a los plazos. Si mal no recuerdo, en principio se había votado en forma negativa en comisión, pero espero que con la nueva redacción tengamos mejor suerte en el Senado.

SEÑOR BERTERRECHE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERTERRECHE.- Efectivamente, este sustitutivo fue considerado en comisión y no fue aceptado. Ahora viene reformado y creemos que introduce un aporte al artículo original. El único problema que puede presentarse es si la Dirección General de la Granja tiene las capacidades administrativas para llevarlo adelante, pero creo que en todo caso eso lo podemos ver en futuros estudios de la ley o en futuras rendiciones de cuentas. Creemos que se puede votar el sustitutivo sin problemas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 281 tal como fue aprobado en comisión.

(Se vota).

–0 en 30. Negativa.

En consideración el sustitutivo presentado por el Partido Nacional.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 282 y 283.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 284.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 285.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 286 tal como fue aprobado en Comisión, que tiene un sustitutivo presentado por el Partido Nacional.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Este artículo sustituye a otro de la Ley n.º 18471, donde se crea la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal. Con esta nueva redacción cambia el nombre y la integración de dicha comisión. En este caso se va a integrar con un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que la va a presidir, con un representante del Ministerio de Salud Pública, uno del Ministerio del Interior y otro del Congreso de Intendentes. Nosotros presentamos un sustitutivo porque creemos –además lo dice a texto expreso– que en caso de empate o doble voto el presidente tiene la posibilidad de integrar la Sociedad de Medicina Veterinaria, la Universidad de la República. A propuesta de las organizaciones honorarias no gubernamentales y de las protectoras de animales con personería jurídica, va a tener un representante por estas instituciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 286 tal como fue aprobado en comisión.

(Se vota).

–16 en 30. Afirmativa.

En consideración los artículos 287 y 288.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 289.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 30. Afirmativa.

En consideración los artículos desde el 290 al 296, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 297 y 298.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–16 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 299.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 300 tal como fue aprobado en comisión. Adelanto que se ha presentado un sustitutivo propuesto por el Frente Amplio.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Desde que este artículo entró a comisión tuvo varias redacciones y ahora en sala estamos proponiendo la última. Lo que dice en negrita es que cuando se entra al puerto y se abona la tasa dentro de los quince días por cualquier otra razón ajena a la intervención de la Dinara, esta se exonerará.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo tal como fue aprobado en comisión.

(Se vota).

–0 en 30. Negativa.

En consideración el artículo sustitutivo propuesto por el Frente Amplio.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 30. Afirmativa.

En consideración los artículos 301 al 305 inclusive.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Al final creo ser honesto al decir que este artículo 300, que era el viejo 292, tuvo modificaciones importantes. Hubo un acercamiento y nos parece correcto el concepto que cobra la Dinara por inspeccionar un barco cuando entra a puerto. Discrepamos con que se cobre la tasa por el solo hecho de tocar puerto porque no se brinda un servicio, pero sí por las certificaciones. Ya lo hemos discutido y debo reconocer que el sustitutivo mejoró sustancialmente el artículo, pero no lo suficiente como para despejar todas las aprensiones que tenemos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 301 a 305, inclusive.

(Se votan).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 306.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 30. Afirmativa.

En consideración los artículos 307 al 318, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–29 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 319.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: con respecto al artículo 319 que faculta al Poder Ejecutivo a designar agentes de percepción y retención de tributos, tarifas y precios que recaude el inciso 07 «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca», en el cumplimiento de sus cometidos legales, hicimos una pregunta concreta. Fue el director de Servicios Ganaderos del ministerio quien contestó que en ese momento no contaba con esa información, la que tampoco llegó luego a la comisión, o al menos no me enteré. Concretamente, queremos saber cuál es el monto –por lo menos, el histórico– de lo que viene recaudando por todos los conceptos que engloba este artículo, información con la que no contamos –reitero– hasta el momento en que culminó el trabajo de la comisión, razón por la cual votamos negativamente.

Muchas gracias.

SEÑOR BERTERRECHE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERTERRECHE.- Señor presidente: a modo de respuesta quiero decir que el tema de los montos es muy difícil de calcular. En realidad, se trata de todos los tributos que implican tasas, impuestos y precios.

En virtud de que no teníamos muy claro el objetivo de lo dispuesto por el artículo 319, solicitamos que se nos explicara. La persona que estuvo a cargo de la dirección forestal puso un ejemplo muy fácil de comprender. Si uno quería adquirir una planta del vivero nacional de Toledo, tenía que ir hasta allí, comprar la planta y después se la entregaban. A través de este artículo, los precios, tasas e impuestos se pueden pagar en terceros lugares, es decir en cualquier local de cobranzas. Es para facilitar la gestión de cobro de tasas, impuestos y precios que recauda el ministerio.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: obviamente, no es un tema para discutir aquí, pero hoy el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca puede percibir –quizás es una pregunta para quienes estuvieron al frente de esa cartera– determinadas tasas, sobre todo, la tasa para Dicose y la tasa para las guías de recursos naturales renovables, entre otras. Es decir que percibe una serie de tasas, por lo que no sé por qué el Poder Ejecutivo tiene que habilitarlo expresamente.

Esas son las dudas que teníamos y sobre las cuales preguntamos en su momento.

SEÑOR BERTERRECHE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERTERRECHE.- Señor presidente: es correcto. Hay algunas que sí y hay otras que no. Esto generaliza la posibilidad y le da un respaldo legal y tranquilidad al responsable del inciso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 319.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 320 al 323, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 324.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

19 en 27. Afirmativa.

En consideración los artículos 325 y 326.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 327.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

17 en 27. Afirmativa.

En consideración los artículos 328 y 329, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

27 en 28. Afirmativa.

Hemos culminado la votación del inciso 07, «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca».

Se pasa a considerar el inciso 08, «Ministerio de Industria, Energía y Minería».

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: acabamos de votar el inciso correspondiente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quizás uno de los más importantes en cuanto a la producción. Ahora, consideraremos otro que tiene que ver con la producción industrial, nada más y nada menos que con la energía y la minería asociadas, además de las telecomunicaciones.

A diferencia del anterior, este es un inciso con poca vida, no solo austero sino escueto en la cantidad de artículos, lo que denota falta de creatividad, de innovación y de audacia para buscar algunos mecanismos, sobre todo en un sector como el industrial que quizás sea uno de los que más problemas tiene y que más repercuten en el empleo.

Estuve leyendo el relevamiento de la última encuesta de la Cámara de Industrias del Uruguay. En el tercer trimestre de este año, las ventas del sector industrial descendieron un 3,5 % respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que el empleo se contrajo en un 6,8 %. Reitero que son datos que revisamos de la encuesta de la Cámara de Industrias del Uruguay.

Ayer manejamos otras cifras, entre ellas la inversión en maquinaria y equipos, el IMEQ, del sector industrial que registró una contracción con relación a igual período de 2014, y también tenemos datos del tercer trimestre de 2015. ¿Saben cuánto bajó? Bajó 30,6 %. La caída de la inversión en la industria en ese trimestre se da en un contexto de deterioro de la producción del núcleo industrial de 3,5 %, en promedio. Obviamente, esta información luego se discrimina por sectores, pero la verdad es que esto está asociado a dos variables que nos parecen muy importantes. Una tiene que ver con la caída de las exportaciones –a la que hacíamos referencia ayer–, la mayoría de ellas del sector industrial y muchas otras del sector agroindustrial y, la otra, con la disminución de los proyectos de inversión presentados a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, Comap.

Justo ayer –cuando hacía referencia a algunos números– recibí la respuesta a un pedido de informes por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que corroboró que los números que manejábamos eran correctos. En el interanual enero-setiembre de 2015 –también está discriminado por sectores de actividad– vuelve a bajar la cantidad de proyectos de inversión presentados este año a la Comap, con respecto al año anterior.

¿Por qué decimos eso? Sinceramente, hubiéramos esperado un presupuesto más audaz en materia de industria, que tuviera algunas políticas activas. La realidad es que –lo dijimos también en la comisión– esta gestión del ministerio discontinuó algunas políticas de la gestión anterior. Incluso, mesas sectoriales del sector industrial ya no están funcionando.

En este escueto articulado, el Ministerio de Industria, Energía y Minería termina retaceando las pocas políticas activas vinculadas al sector de la vestimenta, uno de los que más problemas tienen en materia de competitividad y, por supuesto, de empleo. Es más, parte de algunos de los objetivos que teníamos en el proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento, en acuerdo con el Ministerio de Industria, Energía y Minería de la gestión anterior, cambian en este articulado del ministerio. Después, se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar exoneraciones de algunos tributos, nuevamente se lo faculta a disminuir las tasas hasta un 90 % y se autoriza la creación de un fideicomiso para la venta de inmuebles. La verdad es que nos pareció extraño generar un fideicomiso y no establecer en la venta de los inmuebles los mecanismos que habitualmente se utilizan en la Administración pública como, por ejemplo, el llamado a precios o licitaciones. Son figuras de difícil explicación.

En definitiva, vamos a votar afirmativamente algunos artículos, otros lo haremos en forma negativa y seremos más enfáticos en aquellos en los que se afectan beneficios que tenían los trabajadores y empresarios del sector de la vestimenta en los objetivos que se planteaban en la ley que apoya a este sector y que en este articulado terminan siendo retaceados.

Gracias.

SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE LEÓN.- Vamos a ser muy breves.

Simplemente quiero señalar que en la comparecencia de la señora ministra de Industria, Energía y Minería y su equipo quedó claramente ratificado el plan estratégico que viene llevando adelante esta cartera, que es de larga data porque tiene una continuidad en cuanto a las políticas vinculadas a la energía, la industria y a las telecomunicaciones. Eso fue expresado, reitero, cuando concurrió la ministra y se refirió a estos planes que han sido claves. Esto ya se ha señalado ayer en alguna de las intervenciones y también en el día de hoy cuando se habló del tema energético. Obviamente que el sector de la industria no escapa –como tampoco lo hace el sector tratado en el inciso anterior– a las disminuciones en cuanto a las exportaciones y los impactos que han tenido los sectores vinculados tanto al sector agropecuario, como al industrial. Lo que sí está claro es que hay un plan, políticas y acciones concretas, y se trabaja sector por sector. Tenemos muy claro cuál es el papel de este ministerio y el de su ministra. Se apunta a trabajar activamente con sectores que han sido impactados por esta situación coyuntural. La responsable de la cartera ha desarrollado acciones concretas y políticas activas en alguno de esos sectores que se han visto afectados.

En líneas generales estamos hablando de un articulado en el que se han reducido algunos apoyos en algunas áreas en que se estaba trabajando como, por ejemplo, en el caso del polo industrial naval. También es real que en otros artículos hay una actualización de precios, no de tasas, como quedó establecido. Esa disposición a la que se hace referencia está vinculada al artículo 166 de la Ley n.º 15903, en la que se habla de precios –quedó muy claro en la comisión– y no de tasas. Es verdad que en este articulado se plantea enajenar algunos inmuebles, ya que no cumplen con las características necesarias de los fines buscados por este ministerio y se hace una corrección formal a los cometidos de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, que no es menor por la importancia que tiene esta dirección. Se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar algunas exoneraciones totales o parciales a áreas vinculadas a los servicios que presta la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Queríamos hacer esta referencia a este inciso y reafirmar los aspectos centrales que son la ratificación por parte de este ministerio de los planes estratégicos que vienen diseñados desde hace varios años por esta cartera.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Según el listado de artículos desglosados, corresponde considerar el artículo 330.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración los artículos 331 y 332.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 333.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 334.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 27. Afirmativa.

En consideración los artículos 335 y 336.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 337.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 338 y 339.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–17 en 27. Afirmativa.

En consideración los artículos 340 y 341.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 342, 343 y 344.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor presidente: no vamos a votar ninguno de los tres artículos que están vinculados a algunas modificaciones de la ley que apoya al sector de la vestimenta. En algunos casos se modifican los pagos que eran trimestrales y ahora pasan a ser semestrales. Tengamos en cuenta que estos pagos van directamente a los trabajadores y a los empresarios. Además, no compartimos la redacción –por más que se mejoró en algo– del artículo en lo que tiene que ver con la Inspección General del Trabajo, sobre todo en lo relativo a las sanciones que aplica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de dicha inspección, con la posibilidad de perder el beneficio del subsidio si no está establecido a texto expreso en qué caso lo pierden.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 342, 343 y 344.

(Se votan).

–17 en 27. Afirmativa.

En consideración los artículos 345 y 346.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración los artículos 347 y 348.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Hemos aprobado el inciso 08, «Ministerio de Industria, Energía y Minería».

Se pasa a considerar el inciso 09, «Ministerio de Turismo».

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: el articulado de este inciso es muy sencillo; consta solo de tres artículos. Adelanto que acompañaremos las dos primeras disposiciones, no así la tercera porque modifica el artículo 494 de la Ley n.º 16226, de 1991, que establece la obligación de contratar productoras, músicos, locutores y artistas uruguayos en la publicidad del Ministerio de Turismo.

Por su parte, el segundo inciso de esta norma expresa que, aun en la publicidad que se hace fuera del país, se debe contratar a nacionales. Como consecuencia de la modificación que se pretende introducir, ya no será necesario contratar a productoras, artistas y músicos uruguayos, sino que se va a poder contratar para la publicidad en el exterior a músicos, productores, artistas, etcétera, no nacionales.

Esta norma se aplicó pacíficamente hasta no hace mucho tiempo, cuando el Ministerio de Turismo contrató al señor Javier Mascherano. Esto llama un poco la atención porque si yo, dueño de un equipo de fútbol, fuera a contratar a Mascherano o a Luis Suárez, contrataría a Luis Suárez. Es más, creo que si tuviera que contratar a algún otro de esos deportistas o a Cavani, contrataba a Cavani y si tuviera que optar entre el Mago Santos y Juan Boselli, gran jugador de Juventud de Las Piedras, los contrato a ellos y no a un extranjero.

Y esta norma, que se aplicó pacíficamente para promocionar y ayudar no solamente a los artistas, sino también a las productoras, a los músicos y a los locutores, resulta que es dejada de lado, nada más y nada menos que por quienes promovieron la Ley de Medios, que obliga a las señales de cable y a los canales nacionales a emitir largas horas de programación producida nacionalmente. Algunos podrán decir que necesitamos una figura como Mascherano porque los uruguayos no tenemos figuras de su talla; quizá alguno pueda pensar así, aunque no es nuestro caso. Aun pensando así, creemos que no debiéramos dejar sin efecto el artículo porque eso afectaría no solo a los actores sino también a empresas, músicos y creativos, dado que por esta norma estaríamos autorizando a que estas piezas publicitarias sean realizadas en su totalidad por extranjeros. Si hay una necesidad puntual para contratar al señor Mascherano o a un locutor que hable en inglés mejor de lo que puedan hacerlo aquí en el Uruguay, podría pensarlo, pero de ahí a decir que tanto las empresas como las productoras puedan ser extranjeras para realizar campañas en el extranjero, no nos parece lo adecuado.

Por el motivo expuesto, adelanto que no acompañaremos el artículo 351, pero sí los otros dos.

Muchas gracias.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Señor presidente: en realidad, no le hagamos decir al artículo lo que no dice.

Levantar una limitación no quiere decir que necesaria y obligatoriamente se vayan a utilizar equipos de promoción y producción, ni artistas, extranjeros. Aquí hay dos cuestiones: por un lado, los costos, que son importantes y, por otro, el público al que va dirigido. En el tema de la publicidad no se trata de que quedemos contentos nosotros, sino de que el público al que va dirigida se sienta motivado a venir como turista al Uruguay.

Estoy seguro de que tanto Suárez como Cavani –para hablar de fútbol– son muy queridos por nosotros, como también en algunas partes del mundo. Si estuviéramos haciendo una propaganda en el Barça, quizá haya que poner no solo a Suárez, sino también a Lionel Messi y a Neymar, para que brasileños y argentinos vengan al Uruguay. Se trata de ver quiénes son los que convocan a ese público.

Aquí no se está excluyendo la posibilidad. Hay uruguayos que triunfan en otras partes del mundo y ellos mismos pueden ser, no solo una puerta de entrada de publicidad, sino también una puerta de convocatoria. Pero hay lógicas nacionales o nacionalismos muy metidos en las sociedades, que hacen que se sientan más convocados por unos, que por otros. ¡Ojalá pudiéramos tener una publicidad en la Argentina en la que Lionel Messi convocara a venir al Uruguay! A Mascherano le costó muchísimo haber invitado a venir al Uruguay. ¿Por qué? Porque hay una reacción nacional y nacionalista por parte de algunas comunidades.

Por lo tanto, creo que esto no es una invitación para que se contrate a extranjeros por doquier, sino que se abre una posibilidad que hay que usar con mesura, valorando fundamentalmente dos cosas: el público al que va dirigida y que sea más barata de lo que tenemos aquí.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PINTADO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: si leemos el artículo 494 y lo que se exceptúa, advertiremos que el señor senador Pintado hace referencia solo a actores, a referentes –por llamarlo así– o a esa figura que dice que convoca. Sin embargo, el artículo habla también de empresas, músicos, locutores y creativos. Me parece que estamos yendo mucho más allá de lo que está diciendo el señor senador Pintado.

Si se dice que se requiere una figura de esa talla para que venga gente al Uruguay, está bueno que se fundamente y se haga, pero acá se va muchísimo más allá.

Por otro lado, señor presidente, está pasando algo que realmente nos lleva a preguntarnos: ¿para qué aprobamos las leyes? Si esta norma, el artículo 494, está vigente y todos vimos en la publicidad al número 5 del seleccionado argentino, ¿cuál es la conclusión que tenemos que sacar? Que el Ministerio de Turismo violó la ley. Si hoy están proponiendo una norma que habilita a contratar a quien ya se contrató, la verdad es que no sé para qué vienen acá porque, en realidad, no les importa la ley.

Ahora bien, si el argumento es que no se va a usar abiertamente sino con cuidado –le creo al señor senador Pintado–, quizá debiéramos establecerlo en la norma, restringiéndola exclusivamente a lo que él está manifestando, es decir, la contratación de figuras de renombre que tengan repercusión en esos países. De esa forma estaríamos protegiendo el trabajo, la cultura y la producción nacional, esa de la que tanto nos hablaron cuando propusieron la Ley de Medios, cuando la aprobaron, diciendo cosas parecidas a las que estoy expresando ahora; coherencia, le llaman algunos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señor presidente: no estuve en la discusión de la Ley de Medios, así que no tengo cómo contradecirme de lo que no pude decir en aquel momento.

Puse el ejemplo de un referente, de un artista, pero no excluyo todo lo demás. Estoy convencido de que somos competitivos en materia de producción, creación, etcétera, pero hay países que ponen barreras a la entrada y hacen que el costo de una publicidad hecha acá pueda valer, en otro país, dos o tres veces más con los mismos creadores uruguayos. Y si nosotros gastamos tres veces más, estamos achicando las posibilidades de tener más salidas en otros puntos donde estamos promocionando el turismo. Los costos también valen porque, si no, van a venir a decir que se gasta en forma excesiva en publicidad, en las agencias y en todas esas cuestiones que se relatan.

Lo que digo es que abrir la posibilidad a que se pueda contratar no solo a referentes sino también a creadores y a productores –como establece el artículo–, tiene que ver con una reducción de costos. Yo creo que no está mal que, en la medida de lo posible, tratemos de gastar menos, siempre cuidando que nuestros artistas, creadores, productores y técnicos –que son competitivos– puedan hacerlo de la mejor manera, sin que sea oneroso para el Estado. Porque no creo que aquí se esté haciendo una invitación a que el Estado pague más. Todo este tiempo estuvimos discutiendo que el Estado tiene que gastar menos, que es muy caro; todo eso lo escuché en el día de ayer y tomé debida nota de ello.

Es cuanto tenía para decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 349 y 350 correspondientes al inciso 09, «Ministerio de Turismo».

(Se votan).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 351.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 26. Afirmativa.

Hemos aprobado el inciso 09, «Ministerio de Turismo».

Se pasa a considerar el inciso 10, «Ministerio de Transporte y Obras Públicas».

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Gracias, señor presidente.

El presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas no es solamente el articulado, sino también el planillado –tal como se establece en los primeros artículos–, donde se puede ver con claridad la virtualidad de esta cartera. Como dijimos, este es el ministerio más virtual de un proyecto de presupuesto virtual, en función de los números generales.

En el mensaje del Poder Ejecutivo, el ministro manda un Plan de Inversión que no sabemos cómo se financia. Él dice que en el quinquenio 2015-2019 va a gastar USD 2360 millones, de los cuales USD 1590 millones son recursos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de la Corporación Vial del Uruguay. En la comisión dije que está claro que por los distintos artículos y por el presupuesto asignado al ministerio, este cuenta con USD 917 millones. Y le pregunté al ministro: ¿usted cree que para llegar a los USD 1590 millones, la Corporación Vial le va a aportar USD 675 millones para completar los USD 1590 millones que presupuesta? Le manifesté que hoy la Corporación Vial cuenta con USD 38 millones anuales, lo que hace en el quinquenio USD 190 millones. ¿De dónde va a sacar los USD 485 millones que le están faltando para el aporte de la Corporación Vial? Y el ministro me contesta: del mercado. Y le pregunté: ¿cómo del mercado?

(Ocupa la presidencia la señora Ivonne Passada).

–Creo que el ministro Rossi puede batir el récord o sacarle la cucarda de mal manejo del ministerio al senador Pintado –exministro de Transporte y Obras Públicas– porque no sé qué va a hacer con este presupuesto virtual. Se lo digo con el mayor respeto y cariño.

La verdad, señor presidente, que no salgo de mi asombro porque el ministro dice que va a conseguir en el mercado USD 485 millones. Pero esto no termina acá porque además de los USD 1590 millones, el ministro sostiene que va a llevar adelante proyectos público-privados por USD 740 millones. Con los USD 485 millones del mercado –una gran entelequia– más los USD 740 millones de los proyectos público-privados, estamos hablando de USD 1225 millones. Con esos recursos prevé hacer el primer proyecto, que abarca las rutas 12, 54, 55, 57, incluido el baipás de Carmelo; el segundo proyecto, relativo a las rutas 6, 7 y 12; el tercer proyecto, que incluye la ruta 14 desde Mercedes hasta la ruta 6; el cuarto proyecto, que contempla la ruta 14, desde la ruta 6 a la ruta 5; el quinto proyecto, que prevé la ruta 9 desde Pan de Azúcar al Chuy; el sexto proyecto, relativo a la ruta 26 de Paysandú a Tacuarembó y el séptimo proyecto que incluye la ruta 26 desde Tacuarembó a Río Branco. Todo sale del aire, del deseo, de lo virtual. ¡Estamos hablando de USD 1225 millones!

El ministro dijo que para los proyectos público-privados podía obtener aportes de las colocaciones de las AFAP, donde se ha generado el ahorro. Nosotros advertimos que esto no es plata del Estado sino de los trabajadores, de los futuros jubilados. A mí me parece bien que las AFAP inviertan en infraestructura; en vez de comprar bonos del tesoro y letras de tesorería, creo que es mucho mejor que inviertan con una tasa de retorno garantizada. Nosotros vamos a ser muy cuidadosos sobre cómo se utiliza el dinero de las AFAP porque somos responsables de la plata de los trabajadores que están ahorrando allí miles de millones de dólares. Esto demuestra que fue un buen sistema, que generó credibilidad y que por más instancias que se les da a los trabajadores para volver al Banco de Previsión Social, muchos de nosotros optamos –y me incluyo– por seguir ahorrando allí parte de los aportes que tenemos que hacer por concepto de montepío, de acuerdo con el sistema de ahorro mixto que tenemos. Utilizar las AFAP como forma de financiación de la infraestructura –lo que, vuelvo a decir, me parece que está bien– es lo que hubiéramos hecho nosotros si hubiésemos ganado las elecciones, pero eso sí con una tasa de retorno garantizada. De esta manera, se asegura que esa inversión, en vez de hacerse en papeles, se haga en obras, lo que da trabajo. Es más, creo que con las debidas garantías tendríamos que permitir que las AFAP pudieran invertir en proyectos nacionales, no de riesgo, pero sí de inversión turística u otras, de modo de generar empleo y hacer una política contracíclica, sobre todo cuando se tiene un ahorro tan importante de los trabajadores. No es plata del Estado.

Entonces, señora presidenta, lo que no nos dice el ministro es quién va a estar interesado en los proyectos público-privados, porque una cosa es quien financia y otra son las empresas que, de alguna manera, van a ser socios de la inversión. Espero que esto no se haga solo con inversión de las AFAP, sino que haya empresas que realmente estén interesadas.

Reitero, señora presidenta, que este ministerio es virtual, ya que apuesta al mercado sin saber qué mercado es el que va a invertir en las rutas nacionales. Supongo que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas buscará inversores en la bolsa. Hace cinco años que votamos lo relativo a los proyectos público-privados y lo único que se pudo hacer en virtud de ese sistema fue una cárcel y un tramo de una ruta, por lo que podemos decir que no fue una iniciativa que haya tenido éxito.

Por eso decimos que los dos mil trescientos sesenta millones no son verdad, no es dinero que vaya a contar. Y vamos a pasar raya a partir del 2017 para saber qué es lo que, efectivamente, va a hacer el ministro. La comisión no votó un artículo –por eso no está en consideración en esta instancia– que había sido aprobado en la Cámara de Representantes. Realmente fue insólito, porque es increíble que se incluyera y más increíble aun que se eliminara, tal como hicieron los senadores en la comisión. Ese artículo era muy sencillo, solamente decía que el ministro de Transporte y Obras Públicas en las próximas rendiciones de cuentas deberá informar qué rutas va a hacer, con qué plata, con qué financiación y a qué se compromete. Lo cierto es que en este Presupuesto no hay nada concreto; solo se trata de un cúmulo de deseos en cuanto a que se van a realizar siete proyectos, en rutas que son muy necesarias y que están totalmente deshechas, desastrosas e intransitables. Precisamente, sobre esto en la comisión dije que por la ruta 30 teníamos que ir a caballo porque en auto ya no se podía transitar ni a 10 kilómetros por hora. Es más: se puede decir que está mejor la banquina que la propia ruta, en la que hay pozos que están llenos de agua. Incluso, hay un pozo que es tan profundo, que la gente se ha tomado en chiste el tema y le colocó una bandera que dice que ahí no se puede pescar. También hemos visto al alcalde de Tranqueras encadenarse a la ruta para exigir que fuese arreglada y frente a esa situación, se le prometió que ya iba a empezar la obra de construcción de la ruta 30, pero nunca comenzó. A su vez, el presidente de la república, doctor Vázquez, cuando estuvo en Artigas se comprometió a iniciar inmediatamente las obras de la ruta 30, aunque el ministro dice que no se sabe cuándo comenzará ese trabajo. Según el ministro, «ahora» no se sabe cuándo es; puede ser este año, el que viene o el otro. Lo cierto es que cuando estuvo en Artigas el presidente de la república –no recuerdo exactamente la fecha, pero fue en los primeros meses de este año– se comprometió a realizar una obra que están esperando en Artigas, en Tranqueras, en parte de Rivera y en Masoller, pero todavía no ha hecho absolutamente nada. El estado de la ruta 30 genera desesperación, porque no se puede llegar a la ciudad de Artigas por ninguna otra vía que esté en condiciones, ya que la ruta 4, que va a Sequeira y a Salto, también está en muy mal estado, aunque no tan deshecha como la ruta 30 que es un agujero al lado de otro. Realmente, es un desastre.

Por lo tanto, podemos decir que este ministerio es una verdadera incógnita. He discutido con el –por suerte– exministro Pintado sobre la ruta 30. Sinceramente, no puedo creer que un ministro de Transporte y Obras Públicas presente este Presupuesto que está en el aire, porque no plantea nada concreto. A nuestro criterio, este ministerio carece de un Plan de Obras que debería estar contenido en este Presupuesto pero, en definitiva, no existe. En realidad, quienes votan este Presupuesto no saben qué es lo que están votando porque esta iniciativa es un acto de fe, una expresión de deseo.

Por esas razones, en gran parte condenamos esta actitud del ministro que presenta este Presupuesto.

Por otro lado, lo único bueno que vemos en la formulación de este proyecto de ley de Presupuesto para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas –más allá de algunas disposiciones que no vamos a votar porque corresponden a expropiaciones, que no son materia presupuestal y, por eso, no deberían incluirse en esta iniciativa, además de que ni siquiera sabemos si están bien o mal porque no tuvimos tiempo de estudiarlas– son los artículos relativos a la liquidación del ente Pluna. Por fin, se termina una triste historia en la que los uruguayos hemos gastado mucha plata. La mayor parte de ese dinero lo gastamos en el proyecto público-privado que hizo el ministro Astori en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que terminó generando un agujero de USD 350 millones que todavía seguimos pagando. Con esa liquidación se van a atender las deudas que Pluna tiene a rolete –hacen fila para cobrarlas– y que forman parte de toda esa vergüenza, de la estafa que constituyó esa asociación progresista que se nos anunció como un ejemplo de asociación público-privada. En aquel momento se nos dijo: «Ahora van a ver lo que es la asociación público-privada, un ejemplo, porque las cosas cuando empiezan bien, terminan bien». Esa fue una frase del entonces ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, pero lo cierto es que aquel negocio empezó mal y terminó mal. Por mucho tiempo seguiremos pagando el tema de Pluna, pero nosotros, señora presidenta, votaremos afirmativamente estos artículos para terminar con el episodio de ese ente, que todavía mantiene servicios, sobre todo, en el aeropuerto de Punta del Este, los que sin duda deberán ser absorbidos por el Estado. Lo cierto es que en virtud de este Presupuesto se terminará definitivamente el ente Pluna, así como nuestros sueños de tener una línea aérea nacional. Creemos que esa ha sido una mala experiencia que hemos pagado duramente.

Por eso, señora presidenta, este inciso que refiere a la liquidación de Pluna no es algo que nos traiga buenos recuerdos, sino que, por el contrario, nos trae terribles recuerdos porque se dilapidó el dinero de los contribuyentes; se dilapidó y se está dilapidando porque tenemos que pagar las deudas de esa liquidación. Después, viene este Presupuesto que es virtual porque, en definitiva, no sabemos qué es lo que se va a hacer. Quizá tengamos algún panorama en la rendición de cuentas que tratemos en el 2017, porque este Presupuesto empieza a regir a partir del año 2016. Las soluciones mágicas por las que el mercado le va a dar este dinero al ministro Rossi, las vamos a ver recién en la rendición de cuentas de 2017, correspondiente al año 2016. Ahí retomaremos la discusión, pero me temo que muchas de estas cosas quedarán en el terreno de los buenos deseos y no de las realidades. ¡Lo lamentamos!

Quizás, se puedan instrumentar bien los proyectos público-privados con financiación de las AFAP, guardando realmente la tasa de retorno que deben tener los que ahí ahorran. Seremos celosos custodios de esos dineros por medio de nuestros compañeros de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado. Seguiremos muy de cerca estos proyectos público-privados para garantizar que el dinero y el ahorro de los trabajadores uruguayos no sean dilapidados como se han dilapidado en otras oportunidades en este ministerio.

Señora presidenta, estas son las consideraciones de carácter general sobre un ministerio que no nos presenta nada, que nos trae muy poco. Esperemos que las cosas no rueden como están planteadas, porque tal como lo están, prevemos que los próximos cinco años vamos a seguir entre pozos.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Me viene a la memoria una anécdota de mi finado padre, nacido en Melo. Él me contó que en Melo había un personaje que entró a la confitería Washington, donde estaba el «pitucaje» tomando tragos y se burlaron de él, se burlaron de ese personaje entrañablemente querido por el pueblo. Entonces, él giró, miró a quienes se burlaban y les dijo: «Con solo mirarlos, estoy vengado». Hago mías las palabras de ese personaje. Eso es todo lo que tengo que contestar a la alusión, porque no creo que otro debate civilizado sea necesario. Con solo mirarlos, estoy vengado.

Muchas gracias.

SEÑOR RAMOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RAMOS.- Señora presidenta: seré muy breve.

Tampoco vamos a acompañar el bloque de artículos referidos a los procesos expropiatorios, porque no son materia presupuestal, como bien lo marca el segundo inciso del artículo 216 de la Constitución, que establece que no se deben incluir normas que trasciendan el mandato del Gobierno.

Nada más, muchas gracias.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señora presidenta: también seré breve, pero no tanto como el señor senador Ramos.

Hay algunos temas de este inciso que nos parecen importantes. En primer lugar, no se deberían votar estos casi 20 artículos que refieren a expropiación porque no es materia presupuestal y porque no hay tiempo para estudiarlos en profundidad. Nos lo han dicho los agrimensores: este es un tema serio, no es para incluir 20 artículos y verlos en un rato. No los vamos a votar y me parece que el Senado haría bien en no votar este tipo de artículos.

Quiero hacer alguna referencia al tema de Pluna. La oposición pidió que se liquidara Pluna. ¿Cuándo lo hizo? Cuando vino la venia para designar al presidente, hace unos meses; lo hizo el señor senador Bordaberry y otros lo hicimos. Dijimos: «Es una vergüenza que Pluna siga funcionando». Y acá nos explicaron sesudamente que no se podía hacer porque jurídicamente era imposible y había una cantidad de trámites que iban en camino. Nos dijeron: «No se puede». En fin, me parece que está bien, que es positivo que se haya recapacitado, que se entienda que se puede porque era una vergüenza que Pluna siguiera funcionando.

En realidad, el final de Pluna es para olvidarlo: un remate público, filmado para engañar a 3 millones de personas; es algo que va a quedar en la historia del país. Una persona con nombre falso, una empresa que no lo respaldaba y gente que sabía que eso era así. Se filmó y se pasó por la televisión. Como dije, el final de Pluna es para olvidarlo y cuanto antes terminemos con ese tema, mejor para el país.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Es para denunciarlo.

SEÑOR AMORÍN.- Nosotros pretendíamos –nos hubiera gustado– que presentara un Plan de Obras serio. En realidad, las rutas del país están muy mal. No le voy a echar las culpas a nuestro compañero Pintado, no para que no nos mire, sino porque hace un rato nos dijo que tuvo solamente USD 1200 millones y que eran necesarios USD 2400 millones; nos dijo que tuvo la mitad del presupuesto necesario para poner las rutas en buen estado. En realidad, solo tenía USD 500 millones, consiguió USD 700 millones más, pero faltaron USD 1200 millones y las rutas están muy mal.

La ruta 30 viene siempre a discusión; desde la ruta 5, desde aquella estación de servicio que pasa Tranqueras hasta Bella Unión –lo consulté a una experta en el tema–, hay 230 kilómetros. Una parte –de Masoller hacia Artigas– está razonablemente bien, pero el resto es un desastre. Le quiero reconocer a nuestro compañero de Senado, el exministro Pintado, que el puente nuevo está bien; en realidad, son los únicos 300 metros o 400 metros que están bien en esos 230 kilómetros, porque el resto está mal. ¿Qué pretendíamos nosotros? Que viniera el ministro Rossi y nos dijera: «En realidad, tengo determinado presupuesto para hacer tales rutas y las voy a hacer de esta manera: esta primero, esta después». Pretendíamos que nos mostrara un plan, que nos dijera cómo venía el tema, que nos explicara. En realidad, de esos USD 2400 millones que eran necesarios hace cinco años, y que hoy el ministro Rossi dice que van a ser utilizados, hay una cantidad importante que son PPP. De acuerdo con los antecedentes en la materia –¡ojalá que cambie!– no va a haber nada o muy poco, no se va a llegar a esa cifra. De cualquier manera, lo que pretendíamos, y pretendemos, es que se nos diga qué se va a hacer y cuándo.

Este es mi cuarto presupuesto en esta casa: dos en la Cámara de Representantes –que compartí con algunos de ustedes– y dos acá. En algunos de ellos figuraba con claridad y en detalle qué y cómo se iba a hacer, pero hace tiempo que eso no aparece, entonces, es muy difícil votar así; es muy difícil votar lo que no conocemos. Es confiar en que se haga. ¡Ojalá salgan las PPP! ¡Ojalá salga toda esta cantidad de dinero que no sabemos dónde está, ni cuándo va a salir!

Como dije que iba a ser breve, esto es lo que tengo para decir. Hay una cantidad de artículos que no se deberían votar, que tienen que ver con las expropiaciones –de verdad no se deberían votar; está mal que se voten acá–; otros que vamos a votar, como los de Pluna, porque fue lo que pedimos hace meses y se nos dijo que no se podía hacer, pero ahora se puede –se podía antes también, pero ahora se puede y me parece bien: más vale tarde que nunca–, y todo este tema del Plan de Obras, que era el que más nos entusiasmaba, por el que fuimos a escuchar al ministro y nos dejó una gigantesca decepción.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en su sola denominación, engloba una de las temáticas, a mi juicio, de mayor urgencia que tiene que afrontar el país y darle respuesta.

El gobierno del Frente Amplio ha sido especialmente ineficaz, en nuestro concepto, en el mantenimiento y en el desarrollo de la infraestructura vial del país. Los grandes proyectos público-privados no se concretaron, no ha existido capacidad para recuperar el ferrocarril y el mantenimiento de las rutas ha sido insuficiente. También hay que decir que, fruto del creciente desarrollo agropecuario, y fundamentalmente agrícola y forestal, se ha deteriorado en forma grave la situación de la caminería rural interna en los departamentos. Si a eso sumamos que el costo del flete de una mercadería desde Salto al puerto de Montevideo prácticamente es el mismo que el del traslado de esa misma mercadería desde el puerto de Montevideo a Hong Kong, se puede concluir que el país tiene hipotecado el futuro si no corregimos rápidamente y promovemos con inventiva, imaginación y compromiso nacional, la política de inversión en infraestructura y de viabilización del transporte en todas sus expresiones en el país.

Podemos decir también que, en función de lo que felizmente es la nueva geografía agrícola del Uruguay en los últimos años, debemos asumir una nueva realidad. Tradicionalmente el país concebía la inversión vial en modo radial –como lo denominan los técnicos–, o abanico, esto es, vinculando todo el trazado a Montevideo. Hoy la lógica del transporte, de la producción y de su traslado al destino de exportación hace que tengamos que mirar al Uruguay transversalmente y, por tanto, debemos invertir en las rutas que están en peor estado.

El Uruguay tiene 8730 kilómetros de carreteras nacionales y casi 60.000 kilómetros de caminos departamentales. Si lo medimos en función de los habitantes del país y del tamaño físico del Uruguay, podemos decir que eso está bien y que hay que invertir en lo que existe.

Inclusive, podemos hablar de las vías férreas, que son 3000 kilómetros. Hoy dicen los técnicos que 1700 kilómetros se pueden usar con determinadas medidas de seguridad básicas.

También he leído que algunas consultoras privadas de expertos en la materia señalan que hay cincuenta puntos críticos de puentes y de calzadas importantes que hay que refaccionar prontamente. Ni hablemos del costo que señalan los transportistas que tienen por el estado de esa red vial que, según la versión, estiman en USD 225 millones.

Con ese diagnóstico teníamos la expectativa de que la hoja de ruta, de que el plan de vuelo en este inciso iba a ser más ambicioso –creo que todos aspirábamos a eso, el ministro a la cabeza, e incluso el propio presidente de la república–, pero sobre todo más concreto, más específico.

Estamos terminando una década que estuvo signada en esta materia por muchos anuncios de grandes inversiones, pero con muy pocas concreciones.

Al leer el mensaje del Poder Ejecutivo sobre este inciso, vemos que en su página 31 anuncia el Sistema Nacional de Inversión Pública «como herramienta fundamental a la hora de coordinar y priorizar los esfuerzos en materia de inversión pública».

Nosotros tenemos francamente el optimismo y la voluntad, créame, señora presidenta, que en este tema con mucha más razón, de ayudar a promover todas las repuestas posibles que tenga para concretar el Gobierno. ¡Pero creemos que estamos corriendo el riesgo de repetir el ciclo de grandes anuncios y de realizaciones muy pobres! Desde el Parlamento tenemos que requerir –estoy totalmente de acuerdo con el senador Heber en eso– que se indique detalladamente cada obra que se presupuestó para la inversión que se establece; que se especifiquen la finalidad, el alcance, la ubicación, el inicio, la finalización y el costo asociado. ¡Solo así podremos hacer un seguimiento desde este ánimo de reivindicar la urgencia, la necesidad de realizar la inversión, respaldarla y promoverla!

El mismo planteamiento que el Poder Ejecutivo nos envió como mensaje estriba, dentro del proyecto de ley de Presupuesto, en las mismas cifras y en la misma definición del anuncio que hiciera el presidente de la república en el Consejo de Ministros. Es decir, se expone en el proyecto de ley que estamos considerando la instrumentación del mismo plan de inversiones de $ 310.000 millones o de USD 12.370 millones que anunció, de manera rimbombante, el Gobierno. Se destinan USD 4230 millones a energía; USD 2360 millones a vialidad; USD 1870 millones a infraestructura social; USD 1320 millones a vivienda; USD 750 millones a comunicaciones; USD 550 millones a agua y saneamiento; USD 550 millones a puertos; USD 360 millones a infraestructura ferroviaria y USD 380 millones más a otro tipo de inversiones. Pero acá nos ocupa principalmente el tema vinculado al financiamiento de este plan, que será el 66 % –USD 8164 millones– con fondos públicos y el 34 % restante con fondos privados, a través de la apuesta a la inversión privada, a la suscripción de contratos de participación público-privada, a concesiones de obras, a contratos de compra de energía firme, etcétera.

Del plan que se describe no surge cómo se van a financiar los proyectos de inversión pública. Es lo que nos preocupa más. Obviamente que no puede decir cómo se va a financiar la inversión privada. ¡Es una aspiración legítima que respaldamos expectantes! ¡Vamos a destacar y a aplaudir enfáticamente cada una de las concreciones porque creemos en el instrumento! Tal vez no confiemos tanto, en un porcentaje tan grande –si tenemos tanta convicción de que va a ser posible invertir todo esto–, a la inversión privada, máxime teniendo en cuenta las condiciones en que está el país a la luz del análisis de los números que hemos realizado en estos tiempos.

Más me preocupa la descripción del plan público, de cómo se van a financiar esos proyectos de inversión pública. Hace unos meses el Poder Ejecutivo hizo especial hincapié en que no se tomaría deuda, no se aumentarían ni se crearían nuevos impuestos, lo que genera interrogantes muy obvias. El monto de inversión que se pretende asumir por parte del Estado parece excesivo si tenemos en cuenta el déficit existente en el país del 3,5 %.

Por tanto, tenemos la convicción de que estamos ante una sana, optimista, bienvenida vocación de asumir toda esta realidad pendiente de concreción que tiene el país, pero no nos surge el detalle específico, ni siquiera expresamente, de cómo se financiará el 66 %, que es lo que refiere a fondos públicos.

En materia de infraestructura vial concretamente, se plantea recuperar y mantener la red existente. Vinculamos una inversión de USD 2360 millones a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Corporación Vial del Uruguay a esos efectos: USD 1590 millones del ministerio directamente y la CVU, USD 740 millones para las PPP y también USD 30 millones –nos dijo el ministro– de concesiones privadas directas de las rutas 5 y 8.

(Ocupa la presidencia el señor Raúl Sendic).

–Tenemos la convicción de que hay que respaldar al ministro en dos conceptos importantes que señaló en la comisión –en este tema seremos seguidores–: priorizar la inversión en las rutas transversales, focalizando la inversión en las rutas 14 y 26, y mirar la ruta 31 por la transversalidad.

¡La ruta 30 es prioridad absoluta! ¡Lo dijo el ministro y lo aceptó! Acá tengo una puntualización muy especial que hacer y que quiero decir al final de esta participación en el marco de la opinión genérica de este inciso.

También creo que las rutas 12 y 54, en el suroeste, requieren una inversión pronta y rápida por el tráfico que se realiza hacia Nueva Palmira. La ruta 27 –pregunten, si no, en Rivera– está tan desastrosa como la ruta 30. ¡No hablemos de la olvidada ruta 4 desde hace décadas, y por supuesto de la 15, de la 18 o de la 19, si hablamos con ciudadanos de Treinta y Tres o de Cerro Largo! También están las rutas 7 y la 6, y podríamos continuar. Pero como se debe priorizar y ver dónde se establecen los pocos recursos que hay, creemos que las rutas 26 y 14, la 2 y la 54, en el marco de un plan estratégico de inversión, deben tener prioridad.

En la comisión preguntamos al ministro sobre la ruta 31 y nos dijo que no se podría hacer en este período. Creo que dijo que hubo una inversión de USD 13 millones o USD 14 millones –más no–, pero que a través de cualquiera de estos mecanismos –y vamos a hacer confianza en ello– las rutas 26 y 14 se iban a contemplar en toda su extensión, es decir, de Paysandú a Río Branco y de Soriano a La Coronilla.

La ruta 30 la dejo para el final, señor presidente. No tengo dudas de que todos, por igual, estamos contestes en la necesidad de reparar esa ruta. Tal vez a la única persona que le doy un grado más de deseo y de convicción a ese respecto es a la senadora Ayala, por obvios motivos. La ruta 30 es una tarea pendiente del país y no aguanta más.

Nosotros queremos decir con total franqueza que vamos a reiterar un aditivo que no tuvo buen suceso en la Cámara de Representantes, planteado por nuestro compañero, el representante Mario Ayala, quien insistió con seriedad, con mucha convicción –no de manera panfletaria–, en algunas obras estratégicas para el departamento de Artigas. ¿Y saben por qué voy a insistir con un aditivo? Porque me tomé –se me deberá reconocer–, como creo que la gran mayoría de nosotros, el tiempo, la dedicación y el respeto; escuché en estos 37 días de la comisión –y en lo que va del debate– absolutamente todas las posiciones; fui enfático al criticar diciendo que ameritaba ese camino la posición que debía plantear, y fui igualmente enfático cuando tuve que adherir a una visión o a una definición del Gobierno que me parecía buena y destacable.

Resulta que el aditivo que nosotros proponemos –el que ha planteado tenazmente y llevó a la Cámara de Representantes el diputado de Artigas, Mario Ayala– establece que en todo este marco se considere como prioridad la ruta 30, pero se nos dijo que no. La respuesta que se nos dio, creo que con mucha franqueza en la comisión, fue que se iba a hacer y que, por tanto, no era necesario establecerla en una norma presupuestal, porque estaba en la prioridad del señor ministro. Eso lo creo. ¡Cómo no, si el propio presidente Vázquez lo mencionó en ocasión de concurrir a Artigas cuando a principios de este año se celebró el congreso de la Federación Rural del Uruguay!

Ahora resulta que el último artículo de este presupuesto, el 765, establece: «A los efectos de lograr al final del Período Presupuestal la asignación de un volumen de recursos equivalentes al 6 % (seis por ciento) del producto bruto interno con destino a la educación pública, se encomienda al Poder Ejecutivo a realizar los máximos esfuerzos en la asignación de créditos presupuestales para alcanzar el mencionado porcentaje». Cuando acá se habló de este tema, no juzgué el tenor del artículo. Respeté y di por bueno que el Gobierno aspire a concretar algo porque lo cree muy importante y por eso utiliza este instrumento. Ahora pregunto: ¡¿por qué no es válido establecer en el Presupuesto la misma ambición, la misma certificación de importancia que le damos desde el consenso político a esta inversión, en el marco de un rubro que el país tiene que asumir con urgencia y que no da para todo lo que tenemos que hacer?! ¡¿Qué tiene de malo?! ¡¿Vale para una cosa y no vale para poner como prioridad que la ruta 30 sea en la que estén focalizados el interés y la prioridad de los recursos que se tengan, inclusive amparados en que posiblemente puedan venir circunstancias –ojalá que no; a ningún Gobierno se lo deseo– que impliquen tergiversar las prioridades del Gobierno?! ¿Por qué vale para eso y para esto no?

Es más; seguí tanto el debate que anoté la respuesta que dio el senador Otheguy. Fue el que respondió por este artículo 765 y dijo que no era un sueño –el señor senador Heber habló de que era un sueño–, sino una meta; son objetivos que a veces se cumplen y a veces no, pero es bueno establecer las metas, dijo. ¡Estoy de acuerdo! Por eso no me afilié a los sueños y por eso vamos a alcanzar un aditivo, para que la ruta 30 sea la prioridad, o que establezcamos –con la redacción que se quiera– que el esfuerzo, la aspiración y el compromiso son para que ese norte, siempre y desde siempre –no desde ahora y desde este Gobierno–, postergado y olvidado a la hora de la inversión, tenga la ruta 30 hecha. Es un compromiso que debemos asumir y con ese ánimo plantearemos el aditivo.

El otro aditivo que también vamos a plantear, señor presidente, tiene que ver con una injusticia y con una inequidad que debemos revertir: el subsidio al boleto estudiantil dispar que hay en el Uruguay. El diputado Nicolás Olivera, del departamento de Paysandú, ha planteado esta situación con meridiana claridad en la Cámara de Representantes y presentó un aditivo que haremos nuestro para que el Senado lo considere.

En setiembre, la Comisión de Transporte y Obras Públicas recibió a una delegación de empresarios del transporte del interior. Vinieron desde empresas muy chiquitas, hasta empresas muy grandes e importantes, íconos del transporte y del empresariado cooperativo, como por ejemplo Copay de Paysandú. Aquí prácticamente no hay argumentación posible, pero tampoco quiero estribar insistentemente en ella porque en la comisión tuve una respuesta positiva del ministro. En primer lugar, admitió que hay una cantidad de fondos de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Transporte y Obras Públicas que se destinan con ese criterio dispar: un 100 % de subsidio al boleto estudiantil en Montevideo y 50 % en el interior. En segundo término, dijo que haría lo posible para corregir eso. Pero, además, no se necesita dinero porque esto no tiene costo. No estamos resaltando esta injusticia para pedir que se saque plata de donde no hay, sino que pretendemos que el dinero que se destina a este beneficio se reparta en forma igualitaria y que, a la hora de establecer una política pública, no existan diferencias originadas por el lugar en el que se nace, se decide vivir o se elige estudiar.

Esa es la esencia conceptual de la propuesta que vamos a plantear en el otro aditivo, que en la Cámara de Representantes fue presentado por el diputado Olivera.

Es cuanto queríamos señalar a este respecto. Luego, haremos otras consideraciones a medida que se voten los artículos en sus correspondientes incisos.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señor presidente: en verdad, este es un lindo debate pero a esta hora, ya estamos bastante chairados –como se dice afuera–, pues llevamos un buen rato de sesión. No quisiéramos alargar más la discusión, pero no podemos dejar pasar algunas cuestiones que se han planteado.

En el análisis de este Presupuesto hemos tomado con cierta hilaridad algunas intervenciones, porque nos ayuda a sobrellevar el largo trabajo que estamos haciendo. Pero, llegados a este punto, quiero destacar que en esta propuesta se incluyen e informan inversiones en el sistema ferroviario. Se plantea una cifra de USD 360 millones, de los cuales USD 200 millones serán aportados por el Focem –el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur– y USD 90 millones por las PPP. Puede parecer poco o que no es suficiente para hacer todo lo que se requiere; es cierto, pero nos preguntamos por qué las vías están como están. ¿Por qué se le reclama al gobierno del Frente Amplio, que está planteando iniciativas y comenzando a atender estos temas, cuando durante más de cuarenta años no se invirtió un mango y se dejó caer el sistema ferroviario?

Pienso que no se puede pedir la urgencia de aquellos cambios que requieren tiempo de maduración, lo que implica recursos suficientes, capacidad de realización y planificación de las obras. Eso es lo que el gobierno del Frente Amplio ha tomado en cuenta al momento de proponer el Presupuesto: las posibilidades y la realidad del país.

Se ha hablado de la necesidad de intervenir y de tener un plan de acción para algunas rutas que están en estado desastroso. Circulo por la ruta 30 desde hace unos cuantos años, incluso desde antes del primer gobierno del doctor Vázquez y la verdad es que estaba igual o peor. Entonces, lo que no hicieron antes lo reclaman ahora. Me parece que se debe ser un poco más humilde y reconocer que venimos con un rezago y un retraso de inversión en infraestructura que eclosiona cuando el país se desarrolla y crece, cuando tiene producción. ¿Por qué nos preocupamos hoy? Porque ahora transitan camiones que cargan, por ejemplo, treinta toneladas de granos. Trabajé en la Facultad de Agronomía y puedo decir que en los años 1999 y 2000 analizábamos por qué la producción cerealera en el Uruguay estaba fundida. Aquí no se plantaba y los productores no pedían tierras para plantar, sino refinanciación o perdón de sus deudas. Ahora, reclamamos por que se arreglen los pozos. ¿Por qué? Porque hay camiones que circulan con trabajo de la gente uruguaya. Por eso se rompen las rutas. Pero también porque hace veinte o treinta años no previmos que podríamos tener un incremento productivo que podría hacer eclosionar todo nuestro sistema de infraestructura vial. Hacíamos las cosas sin previsión.

En nuestro país se aprobó una ley de desarrollo forestal y nunca se pensó en adosarle un proyecto estratégico para impulsar el transporte ferroviario y trasladar la madera por este medio. ¡Eso era fácil! ¿Cómo no iba a serlo si se sabía dónde se iban a plantar los árboles y cuál era la prioridad de recursos de suelos que iban a estar volcados fuertemente a la forestación? ¡No iban a cambiar de lugar! ¡Los suelos con prioridad forestal no se iban a mover de territorio! Sin embargo, no se previó –la Ley Forestal es de 1986– en el desarrollo de la infraestructura necesaria.

Ahora, claro, tenemos que aguantar que se nos reclame el arreglo de las rutas y de los pozos que son consecuencia de la circulación de los camiones que transportan palos para Fray Bentos y últimamente para Conchillas. Está bien, tenemos que asumir la responsabilidad de que se nos reclame, pues debemos ejercer el Gobierno porque la gente puso al Frente Amplio a gobernar. Pero no se puede decir que no se atienden las diferentes cuestiones.

Las rutas 6 y 7, de acuerdo con el proyecto de ley, serán objeto de ampliaciones para las cuales el Ministerio de Transporte y Obras Públicas va a convenir con la Corporación Vial del Uruguay. La ruta 6, todavía tiene tramos de balastro y eso no es culpa del gobierno del Frente Amplio, sino de que vivimos en un país en el que hace ya muchos años no se priorizaron algunas cuestiones.

Con respecto a la ruta 7, el actual senador Pintado fue un ministro al que le preocupaban mucho los puentes, en el tramo hacia Melo, se están reparando dos de ellos. Eso es real. Estos dos puentes fueron hechos hace más de ochenta años y nunca se previó su reparación. Entonces, no nos pueden tirar el fardo de que tenemos que hacer en cinco años lo que no se hizo durante más de cuatro décadas. Eso es imposible para cualquier gobierno.

La propuesta planteada por el ministerio en el sentido de incorporar una herramienta que se gestó a partir del Gobierno pasado y sobre la que el Parlamento debatió largamente, tiene que ver con proyectos de participación público-privada. Concretamente, se propone el desarrollo de siete proyectos, algunos de los cuales involucran a rutas transversales, porque en nuestro país, casi desde su fundación, nunca fueron priorizadas y porque, en realidad, siempre se tuvo una mirada de venir desde el norte al sur o, en todo caso, viceversa.

Cuando empezamos a utilizar herramientas que hemos generado en los debates parlamentarios, que sabemos que requieren la elaboración de un proyecto y una convocatoria para la inversión privada, para las que luego el Estado –mediante sus políticas públicas y los mecanismos que el propio llamado y el concurso dispongan– genera la forma del repago, no se puede decir que esto es algo virtual. No, no es virtual. Esta es una iniciativa que después será evaluada. En el artículo 692 de este proyecto de ley de Presupuesto se disponen los recursos, se empieza así a desembolsar, se hace efectiva la cuota parte pública para estos dos proyectos de participación público-privada. Si seguimos ese razonamiento, en su origen, el proyecto para el nuevo recinto carcelario en Punta de Rieles y el de las rutas 20 y 24, por ejemplo, eran virtuales. ¡Claro! ¡Estaban en proyecto, eran una factibilidad! Sin embargo, hoy se están materializando, están siendo algo más tangibles.

(Intervención del señor senador Larrañaga, que no se escucha).

–Del nuevo llamado, sí.

Estas son las cuestiones que también están pautadas acá. No se puede agarrar tan para la chacota –me parece– y decir que no hay iniciativa, que no hay generación de propuestas para lo que se pretende hacer. Tal vez sea cierto que algunos legisladores podíamos tener la expectativa de que el ministro Rossi planteara en detalle cuáles serán las rutas en las que se piensa intervenir año a año, pero no es lo que ha presentado. El ministro tiene sus potestades y puede trabajar en la elaboración de esas intervenciones.

Pero hoy, señor presidente, la Corporación Vial del Uruguay tiene en concesión 1600 kilómetros y el Poder Ejecutivo ha anunciado que esa concesión será ampliada en 1079 kilómetros más. Quiere decir que, a partir de 2016, habrá algo más de 2500 kilómetros que, vía la intervención directa de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Corporación Vial del Uruguay, se van a atender. ¿Con qué fondos? Con los que se destinan en el Presupuesto y con los que provienen de la Corporación Nacional para el Desarrollo, porque esos son los fondos que financian las infraestructuras. ¿O nos olvidamos que tenemos una línea de base en el Presupuesto? ¿O nos olvidamos que también existen fondos en la Corporación Vial del Uruguay para atender estas obras por convenio?

También se informa que para las rutas 5 y 8 habrá USD 30 millones, que se obtienen de las concesiones. Esta concesión está dada, está otorgada, está funcionando y se informa. ¿De dónde sale el dinero? Sale de la concesión, del uso de las rutas.

¡Si habremos discutido con el exministro Pintado la necesidad de arreglar la ruta 8, próxima a Melo, mi ciudad! Eso está licitado; se va a realizar la obra. ¿Sabe desde qué año no se interviene allí, señor presidente? Desde 1987. Desde 1987, la totalidad del tramo entre Melo y Treinta y Tres no fue abarcada. Atendieron veinte kilómetros desde Treinta y Tres hasta delante de la entrada de la Quebrada de los Cuervos y luego nueve kilómetros desde Melo hasta el frigorífico PUL. ¿Y después? ¡Arreglátelas como puedas!

Pero ¡claro! ¡Hoy el gobierno del Frente Amplio tiene pozos en la ruta 8! La verdad es que Pintado es alguien sin sentimiento. A la gente del interior la hace vivir en los pozos. ¡No! No es así. ¡No se puede ser tan liviano, señor presidente! Entiendo que acá, por supuesto, hay deficiencias. No tenemos la mejor forma de gestionar. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha perdido recursos humanos y no en este último tiempo, sino que venimos en una historia de largo rato. Recordemos cuando se desmanteló toda la maquinaria de la Dirección Nacional de Vialidad. ¡Se desmanteló! A los funcionarios se les dijo que se fueran, que trabajaran en el área privada que les iba a ir mejor. Varios de ellos creyeron en esa ilusión, se fueron arriba de una motoniveladora y se fundieron. No podían siquiera atender los compromisos que tenían con Vialidad para el mantenimiento de algunas rutas.

Entonces, señor presidente, asumimos nuestra responsabilidad –no la eludimos– y admitimos que se debe atender mejor a nuestro sistema de infraestructura porque estamos en un país en crecimiento, en un país en desarrollo. ¡La gente tiene que vivir mejor, por tanto, debemos disponer de una buena infraestructura! ¡Ese desafío lo asumimos! ¡Somos conscientes de que no estamos dando las respuestas a todas las demandas! Eso es real. Tenemos que asumirlo. Pero no se puede decir –no estamos dispuestos a aceptarlo calladamente– que acá no se hace nada y que presentamos propuestas virtuales para resolver las distintas cuestiones. No es así; no lo es.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: debo señalar que me siento aludido por algunas de las expresiones del señor senador Pardiñas, aunque en otras, no. Así pues, hay una de esas alusiones que, con franqueza, no puedo más que señalarla con asombro.

Uruguay ingresó al siglo XXI y seguimos con una vieja prédica política, con una lógica antigua que considero le ha hecho mal a la política nacional: dividirnos de antemano en posiciones, en bandos contrarios. Basta que se señale algo para que automáticamente la respuesta sea negativa y se haga referencia al mismo tema que se cuestiona, con la presunción de que pueda haberlo hecho mal quien estuvo a cargo en otro momento. Cuando se responde desde un partido diferente al de quien establece un cuestionamiento, un reclamo, una propuesta sobre algo que se hizo de otra manera o no se concretó –a pesar de que todos admitamos que es necesario–, la respuesta inmediata es la justificación de por qué no hay que hacer lo que propone el otro.

Lamentablemente, tengo la sensación de que a veces en el Uruguay estamos por demás divididos en partidos. También tengo la certeza de que estamos separados por concepciones en el plano de las ideas. Estamos cada vez más divididos –sin aludir, porque creo que no es cuestión de edad sino de pensamiento– entre la vieja política y la nueva política, y siempre dispuestos a retrucar yendo para atrás. Es como si quien habla hubiera señalado la propuesta –que lo hice destacando aspectos, como tiene que ser porque todos tenemos cosas buenas y malas– aludiendo a cuando se hizo el puente del kilómetro 329 o cuando se hizo la ruta 1 o la doble vía de la ruta 5 o el Aeropuerto Internacional de Carrasco o la Ley de Puertos.

¡Se hicieron cosas buenas y malas en todos los gobiernos! ¡Empecemos a decirlo! ¡Que no nos cueste tanto! ¡Comencemos a decir: el Uruguay, por suerte, es fruto del aporte de los tres partidos que han gobernado, y de los que no han gobernado también! ¡Estoy convencido de que eso es lo que esperan quienes nos votan a todos nosotros, los que pertenecen a las nuevas generaciones, los que ya no abren un diario y no se informan siquiera por la televisión, según indican los estudios psicológicos y las estadísticas modernas! ¡Ellos quieren otra cosa!

Francamente, cuando se señala algo con el mejor espíritu y la respuesta es: «¡Ah bueno, pero cuando estuvieron ustedes…!» ¡Algunos no hemos adoptado nunca esa posición porque nos ha interesado reconocer lo que está bien! ¡Pero, sobre todo, nos importa hacer lo que viene, el mañana más que el ayer! ¡Quien hizo las cosas mal, las hizo mal! ¡Las hizo mal! ¡Sea del partido que sea! Si no, ¿qué sentido tienen estas largas discusiones de tres días? ¿Cuál es el sentido de abrir este tipo de discusiones? ¿Que sean transmitidas por Vera TV? ¿Que llegue enseguida la información por los celulares? ¡Incluso hasta cuando faltamos, las horas que faltamos todos nosotros! ¡¿Cuál es el sentido, si la respuesta va a ser que está mal si lo hizo el Frente y yo no soy de él, y también que está mal si lo hizo el Partido Nacional o el Partido Colorado y no soy de ellos?!

En lo personal, no tengo empacho en decir que en este proyecto de ley de Presupuesto he visto cosas que están bien y que las quiero acompañar. Cuando ingresó la propuesta de una ley nacional de cultura que se quiere proyectar, fui a hablar con el señor senador Carámbula para decirle que contara con nosotros, porque hay cosas que se tienen que hacer entre todos.

¡Cortemos, por favor, con eso malo de la vieja política, de justificar siempre para atrás si se cree que algo está mal, no buscando un argumento que favorezca la posición contraria, sino buscando el parecido a lo que hizo o no hizo, cuando estuvo en un lugar similar –hace no sé cuántos años–, el partido al que pertenece el que señala las cosas!

Esa es la gran división: siglo XXI y siglo XX.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Lo lamento mucho, pero siento el deber hacia quienes trabajaron en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas durante el período 2000- 2005, de hacer algunas aclaraciones porque, quizás, el silencio pueda ser interpretado como que consentimos lo que dijo el señor senador Pardiñas.

La verdad es que esto es un récord, porque la herencia maldita parece que la van a seguir cobrando de por vida. ¡Llevan once años en el poder y le siguen echando la culpa al Gobierno del año 2000 al 2005! Algún día van a tener que llegar a la mayoría de edad, hacerse responsables, no decir «No es culpa mía, es culpa del de al lado», y asumir los errores.

En el gobierno del período 2000-2005, con el ingeniero Lucio Cáceres como ministro de Transporte y Obras Públicas, se concretaron los dos accesos a Montevideo: el puente de las Américas y el puente sobre el río Santa Lucía, la doble vía de la ruta 1 y el aeropuerto de Carrasco. ¡El aeropuerto de Carrasco, que está entre los tres mejores del mundo! Cuando fuimos a la concesión del aeropuerto, algunos compañeros de partido del señor senador Pardiñas me gritaban, «¡vendepatria!», «¡entregador de la soberanía!». Yo trabajaba en eso. ¡Supongo que hoy no utilizarán esa muestra del imperialismo tremendo, al que le entregamos la patria al tener ese aeropuerto!

También se terminó la concesión de la terminal del puerto de Montevideo, ley que no votaron. Se conformó la Corporación Vial del Uruguay en la mitad de la crisis, y en el año 2005 se entregaron las rutas en forma. ¡Era un placer circular por todas las rutas del Uruguay! Hoy es un desastre hacerlo, y parece que es porque resulta que en el año 2005 no se previó que hoy iban a circular más camiones y más autos en las rutas.

La verdad es que cuesta entender eso porque si vamos un poco para atrás podemos ver las grandes obras que se han hecho. En el Gobierno del Partido Nacional se construyeron la doble vía Montevideo-Punta del Este y el aeropuerto de Laguna del Sauce. ¿Y qué hicieron en el período pasado y en el anterior? ¿Qué tienen para mostrar? Del 2005 al 2010 concentraron la inversión en Montevideo y Canelones, y se olvidaron del resto del país, del Uruguay profundo. ¡Se lo olvidaron!

Nos dicen que teníamos que haber desarrollado el transporte ferroviario para la forestación. En el 2005 advertimos al Gobierno –yo participé de esa reunión– que el proyecto ferroviario que tenía era equivocado porque el país forestal se había desarrollado de forma distinta a la que ellos habían planificado y que no se debían traer productos forestales de Tacuarembó y Rivera hacia Montevideo, sino que había que llevarlos a Fray Bentos. Les dijimos que no podían insistir con esa línea y hasta hoy lo siguen haciendo. Se equivocaron.

En el período pasado dijeron que iban a hacer una gran obra a partir de la participación de empresas públicas y privadas. ¿Cuántas hicieron? ¡Una, y al final del período! ¡Una! Todo el período se llenaron la boca diciendo: «Ahora sí, las PPP, las PPP» y PPP, PPP, PPP, PPP, PPP… nos fuimos a la B. Esa es la verdad, y encima tienen el tupé de venir aquí a echarnos la culpa de los errores que cometieron, por el hecho de haber estado en el Gobierno hace once años.

¡No, por favor! Algún día asuman la mayoría de edad, respondan por los actos de gobierno equivocados que hicieron y no le echen la culpa a los otros porque, además, todas esas obras se hicieron en períodos en los que no había la bonanza económica que después hubo. Quiere decir que, además de eso, todo se hizo con viento en contra y en repecho.

Gracias, señor presidente.

SEÑORA AYALA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AYALA.- Buenas tardes.

Siempre, en lo personal, digo que no todo lo que he hecho es malo ni todo lo que haré es bueno. Creo que eso nos abarca a todos y también a la historia del país. El tema es cuando se nos achaca todo lo malo y escuchamos lo que se ha discutido aquí, que se ha dicho que en esta última década en este país se han hecho cosas espantosas y no se reconoce lo bueno.

No quiero hoy, aquí, escarbar mucho en la historia, pero creo que es la que nos ha brindado este presente y no podemos olvidarla. Claro está que en la historia se han hecho cosas no tan buenas. Aquí se ha hablado mucho de algunas rutas de este país, pero en las transversales recién ahora se está pensando. Respecto a alguna otra ruta transversal de este país, más hacia el norte, puedo decir que aproximadamente en el año 1985 se construyó la carretera, y desde esa fecha hasta el período pasado no se le había hecho ni un solo mantenimiento. O sea que luego de 25 años, recién empezamos a darle algo de mantenimiento a una ruta que ya estaba «hecha pelota».

No puedo dejar de destacar que en el período pasado y en lo que va de este se han hecho algunos buenos mantenimientos en ciertos tramos, que ahora están en buenas condiciones. Se ha construido un sueño para un departamento en cuanto a uno de los tres puentes que necesitamos en esa ruta. Se ha construido otro sueño en ese tramo de la ruta que no está en nuestro departamento, pero sí en el vecino, que es la Bajada de Pena. Así podríamos seguir nombrando algunas otras cosas más, pero esto no colma las expectativas y necesidades que aún tenemos.

Aquí se ha hablado de sueños, de falta de previsión y de falta de planificación, pero yo voy a hablar de cosas concretas y no solo de sueños.

En este país se plantaron muchos árboles y no se planificó ni se previó por dónde iba a salir esa madera y, sin embargo, se liquidó la vía más idónea para su transporte, que era el ferrocarril.

SEÑOR BERTERRECHE.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA AYALA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BERTERRECHE.- Señor presidente: creo que, en realidad, hubo una previsión. En el año 1995 el ministro de Transporte y Obras Públicas del momento llamó a una licitación para una consultoría a efectos de saber por dónde iba a salir la madera de los árboles que estaban plantados en ese momento. Esto lo digo con propiedad porque fui parte del equipo de la consultoría que ganó en ese momento. El estudio se hizo y le pegamos bastante bien a lo que iba a salir y por dónde lo iba a hacer. Con el estudio de esa consultoría, se fue a pedir plata de endeudamiento externo que pagamos todos los uruguayos –¡todos los uruguayos!– para los caminos forestales que, después, no se utilizó para eso. No me pesan las herencias en este revival, en esta «Noche de la Nostalgia» de lo que se hizo y no se hizo. No cargo con cuentas, pero que no me vendan fantasías. El sector forestal pudo haber sido planificado mucho mejor. Si se gastaron la plata en otra cosa, la responsabilidad –por lo menos eso– no es de este Gobierno.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Ayala.

SEÑORA AYALA.- Agradezco al señor senador Berterreche, pero entonces las conclusiones de las consultorías no se manejaron con responsabilidad.

Hoy nos hacemos cargo –vamos a decirlo así– de lo que nos compete en estos últimos períodos. Y para hacerme cargo quiero decir que, a partir del 2005, el gasto en inversiones en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas creció un 27,5 %, y para el 2016 se prevé un 4,1 %, lo que daría un crecimiento acumulado de casi un 33 % entre los años 2005 y 2016.

También sabemos que este presupuesto está previsto hasta el 2017, responsablemente se previó hasta el 2017. Y el monto asignado para el 2017 es el mismo que para el 2016.

Lo otro que también quiero dejar claro acá es que, hablando de todo el país en lo que se refiere a inversiones, mirando la descentralización y demás, la amplia inversión está referida al interior del país. Podemos ver que el avance en términos de descentralización va a oscilar en el 70 % de inversiones que se van a destinar a obras en el interior del país, y esto para nosotros no es menor. Es más de lo que podemos sumar, de lo que se ha venido realizando y de lo que se ha acordado también en el Congreso de Intendentes para los diferentes departamentos.

En realidad, lo que quiero dejar claro es que debemos ser todos responsables de nuestra historia y de nuestro presente.

Con relación a lo que plantea el señor senador del Partido Nacional que me precedió en el uso de la palabra, comparto con él su visión, pero no veamos tan nefasto este presupuesto porque no lo es. Es un muy buen presupuesto, con muy buena responsabilidad, con un enorme grado de compromiso con el país y, más que nada, en lo que refiere al futuro.

SEÑOR CARÁMBULA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA AYALA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CARÁMBULA.- Gracias, señor presidente.

En el mejor sentido de lo que planteaba el señor senador Camy –y me hago cargo de eso–, no calificando sino construyendo y pensando hacia el futuro –no sería honesto con nosotros mismos; y creo que esto lo podemos suscribir gente de todos los partidos–, quiero darle certeza y confianza al ministro Rossi, como se la dimos ayer al exministro Pintado. No voy a hacer una enumeración de cosas, pero sí quiero decir simplemente que quienes fuimos intendentes y trabajamos con el ministro Rossi en el período 2005-2010 hablamos con propiedad de su cercanía, de su cumplimiento, de estar en cada uno de los temas vinculados con los Gobiernos departamentales y cumplir, no solo en Montevideo y en Canelones sino en todo el país. Esto lo puedo decir con total certeza. Le estoy dando confianza, y lo hago en el mismo sentido que planteaba el señor senador Camy, porque aquí se ha querido calificar en cuanto a si es la peor gestión, si fue la peor o va a ser la peor. No es así que construimos confianza con la perspectiva del desarrollo que el Uruguay precisa.

Reitero: no voy a enumerar logros, pero sí pienso en los puentes del río Santa Lucía sobre la ruta 1, y vale el de la ruta 11, durante tanto tiempo deseados y que se concretaron, justamente, sobre la base de la planificación y de la confianza en el ministerio por parte de los dos gobiernos departamentales de distinto signo que allí estábamos, comprometiéndonos y llevando adelante las cosas. O podría hablar de la torre ejecutiva, que estuvo postergada durante cuarenta o cincuenta años, o del edificio del Sodre, obras que fueron culminadas en períodos en los que el ministro de Transporte y Obras Públicas era Rossi.

Entonces, señor presidente –y agradeciendo la interrupción–, quiero abrir un voto de confianza por la herramienta que estamos generando, que ya estaba generada y sobre la cual tenemos expectativas de poder cumplir; por los recursos propios que este presupuesto le da al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y, fundamentalmente, por un equipo que ya fue parte de un proyecto de cambio de infraestructura, que cumplió y que, sin duda, va a cumplir.

También me alegro –eso lo comentábamos con el señor senador Pintos– de que hoy, desde el norte, desde Artigas, la principal preocupación como parte de la emergencia sea la ruta 30, que compartimos porque hace unos años la situación de emergencia en ese departamento eran los niños del barrio Las Láminas y la mortalidad infantil en aquella zona, nunca vista antes. Está bueno que en el siglo XXI el país piense en este desarrollo de infraestructura y que vaya superando algunos problemas que nos golpeaban duramente.

Así que hay que abrir ese grado de confianza en la herramienta, en la decisión política de lo que vamos a invertir en obras públicas y en quienes están a su cargo y a su frente.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Ayala.

SEÑOR COUTINHO.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA AYALA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Considero que voy en la misma línea que marcaron varios señores senadores en esta sesión. Creo que todos vinimos a mirar hacia adelante y estamos dando muchas vueltas para decir lo mismo.

Definitivamente, en lo que todos tenemos que coincidir es en que, durante varios años, hubo mucho sur, mucho este y poco norte; por lo tanto, ahora el norte tiene que empezar a ser la prioridad para todos. A veces hacíamos hincapié en los sectores que tenían más carencias y, definitivamente, acá seguimos con mucho Canelones, mucha ruta Interbalnearia, y poca ruta 30, poca ruta 26, poca ruta 4 y poca ruta 31, cuando es mucho más difícil ir de Salto a Artigas y de Salto a Tacuarembó, que venir de Salto a Montevideo. En eso tenemos que coincidir todos, porque de Artigas a Rivera tenemos que ir por Brasil, y si queremos venir a Montevideo tenemos que utilizar las rutas argentinas que son –todas– autovía, como dicen los argentinos y por las que, definitivamente, tenemos mejor acceso y mejores rutas.

Por lo tanto, creo que más que mirar para atrás y buscar culpables, tenemos que concentrarnos en que vinimos a analizar el Presupuesto nacional, el futuro del Uruguay de los próximos cinco años, y todos queremos aportar. Me parece que en eso estamos coincidiendo. Vamos a ponernos de acuerdo: menos sur, menos este, menos Interbalnearia, y más norte.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Ayala.

SEÑORA AYALA.- Un país no se construye en once años; este país tiene más años de construcción. Y claro está que hoy estamos en un país diferente en lo que refiere a desarrollo.

Para terminar, solamente voy a decir esto: desde el 2004 al 2013 la carga agropecuaria de este país pasó de 7 millones de toneladas a 21 millones de toneladas y el país no estaba preparado para esa carga.

Nada más, señor presidente.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor presidente: recién estaba recordando algunas ventajas que uno tiene, quizás por la cantidad de años que han transcurrido desde que está en el Senado de la República.

Este es el cuarto presupuesto que me toca considerar, analizar, mirar, aprobar o desaprobar en toda su dimensión. Con toda franqueza, voy a reiterar algo que dije en la discusión general: creo que este presupuesto es vacío y no es bueno para el país. También debo decir con muchísima claridad y firmeza que dentro de buena parte de la historia más reciente –por lo menos, después de la restauración democrática– este es el peor presupuesto en lo que respecta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; es espantosamente malo.

Además, me genera sorpresa esa tesis fundacional, esa suerte de relato mentiroso, en donde se nos pretende decir que el Uruguay arrancó o nació el 1.º de marzo de 2005. Parece que antes no se hizo nada o que lo que se hizo estuvo relativamente mal o que existieron olvidos.

En lo personal participo de lo expresado por el señor senador Camy. Creo en la discusión entre la vieja y la nueva política, y creo en la necesidad de construir y no de destruir. Pero también debemos hacernos cargo de las cosas. El Frente Amplio, señor presidente, lleva once años en el ejercicio del gobierno y eso no es poca cosa. En los últimos cinco años ha habido un déficit acumulado de más de USD 7000 millones, y entre el año 2005 y la actualidad la deuda se incrementó en más de USD 20.195 millones, trepando al 61,4 % del producto interno bruto. Uruguay es el segundo país más endeudado –después de Brasil– en relación con el producto interno bruto.

Ahora se habla de la teoría de la imprevisión y se dice que no se previó el tema de las cargas, de los tonelajes, de todo lo que iba a salir como extracción de la producción. ¡Un poco sí, puede ser, pero no todo! ¡Nos estamos pasando! Si después de once años resulta que la culpa está en la imprevisión de los que dejaron el gobierno en el 2004, estamos mal. ¡Estamos mal! Entonces vamos a la historia remota de las responsabilidades difusas, metiéndonos en caminos insondables de ajustes y de pase de cuentas.

Recuerdo –y quizás sea la ventaja de haber permanecido dieciséis años en esta casa– que en la banca que hoy ocupa el senador Otheguy se sentaba un digno contrincante, el exsenador Reinaldo Gargano, con quien día por medio nos peleábamos. ¡Día por medio era una lucha y una pelea sostenida! ¡Pero quien habla lo escuchó decir, desde esa banca, que estaba en contra de la megaconcesión y que su fuerza política la iba a impugnar y a dejar sin efecto! Estoy hablando de los años 2002-2003; recurran a las versiones taquigráficas. Sin embargo, ahora hablan de las obras por megaconcesión, hablan de las obras con participación público-privada. ¡Fui testigo del proceso de discusión legislativa, herramienta del 2011! ¡Fui testigo –y todos lo sabemos– de lo que dijo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, escribano Gabriel Frugoni, en el último proceso electoral! ¡Dijo que él no creía en el instrumento de la PPP y, por lo tanto, no lo iba a aplicar! Y acá hay un senador del Partido Independiente cuya diferencia –entre otras– con la persona que nombré fue precisamente esa. ¡Y ahora se habla de la participación público-privada! ¡Se habla de la cárcel de Punta de Rieles en la segunda parte! La primera parte la hicimos con el impulso del señor diputado Víctor Semproni, a quien convencí y fuimos al cuartel en Punta de Rieles a decirles que había 40 hectáreas al ñudo y que esa área se podía convertir en cárcel. ¡Se lograron 800 plazas! ¡Y no fue con participación público-privada! El señor senador Pardiñas hacía referencia al segundo tiempo. Esa fue la realidad.

Se habla del tonelaje, de las rutas, de los cereales, de la madera, de la forestación, y pregunto: ¿Por la ruta 30 sale soja? ¿Sale forestación? ¿Sale de todo? ¡Por favor! No le echen la culpa a eso cuando, en definitiva, todos sabemos –¡vaya si lo sabe la señora senadora Ayala!– que cien maestros por día van a Bella Unión, a Tomás Gomensoro y a Baltasar Brum para atender a tres mil alumnos que este año ya llevan acumuladas veinte faltas en función de las crecientes. ¡¿Qué van a hablar de la ruta 30 y de un puente del que hicieron un pedazo?! ¿Y los puentes Cuaró y Tres Cruces? ¿Dónde están, en una época de crecimiento económico donde pasamos de USD 13.000 millones de producto bruto interno en el 2004 a más de USD 54.000 millones o USD 55.000 millones?

Creo que lo que se ha expresado con respecto a este paupérrimo proyecto de obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es real. No es una ficción, no venimos acá por deporte a solazarnos, a alegrarnos. Felizmente tengo el récord –quizás al ñudo, por no decir otra palabra– de ser uno de los senadores que más ha recorrido el país en toda su extensión. Conozco todos los caminos y todas las rutas y realmente debo decir que es una vergüenza el estado de las rutas nacionales, los 8700 kilómetros de rutas nacionales. Eso es real, y los caminos departamentales también están incluidos. ¿Que hay un crecimiento de la carga acumulado en esos caminos? Sí. ¡Nadie lo discute! ¡Es así! Pero en el marco de la presión tributaria, en el marco de lo que significa la distribución de los recursos para el retorno de lo que se invierte y se produce. ¡No! ¡Decir aquí que, por suerte, el gran drama de Artigas es solamente la ruta 30, es no conocer el país! ¡No es la ruta 30 el único drama del departamento de Artigas! Es también la falta de trabajo, es la pobreza acumulada, son los caminos, es el problema de la educación, es el problema de la centralización del Uruguay que sigue pesando a pesar de las sucesivas administraciones.

Con toda franqueza, no pensaba hacer uso de la palabra, pero las intervenciones de algunos señores senadores me motivaron precisamente para hacer referencia a estos temas. Además, confío en que el artículo aditivo que presentó el señor senador Camy, luego de la intervención de la señora senadora Ayala –exintendenta municipal de Artigas– seguramente será aprobado, porque no puedo creer que no se pueda establecer la priorización de una ruta que es fundamental y emblemática para Bella Unión, para toda la inversión que allí se realizó, parte de la cual se canalizó bien y otra mal. Respaldamos buena parte de esa inversión, si bien hemos tenido diferencias en cuanto a la forma como se ha gerenciado.

En definitiva, me parece que en materia de obras públicas este Presupuesto es ausente, absolutamente ausente. ¡Son pájaros en el aire! ¡Esto no se corresponde con los ingresos económicos que el Estado tiene! ¡Esto no se corresponde con la realidad nacional! ¡Esto no se corresponde con la concepción del país del desarrollo, de la producción, del crecimiento! ¿Qué crecimiento y qué producción vamos a tener en cuanto a país productivo si tenemos dificultades para extraer lo que producimos? ¡Si el norte cada vez queda más lejos!

Era cuanto quería expresar a modo de contestación de algunos de los puntos que aquí se han manifestado respecto a este inciso.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR BORDABERRY.- ¡Apoyado!

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señor presidente: ante todo, pido disculpas por utilizar un rato más del tiempo de la sesión de la cámara.

No dijimos que las herramientas que se han planteado utilizar en el Presupuesto sean una revisión de diversos planteos sobre cómo concebimos algunas herramientas. Eso no está en discusión. A nosotros también nos tocó debatir la Ley de Participación Público-Privada.

Aquí se ha hablado del exsenador Gargano, quien en su momento fue un férreo oponente a la firma del TLC con Estados Unidos. Se dijo que esa fue una posición retrógrada o, si se quiere, conservadora desde el punto de vista de la izquierda. Ahora bien; se olvida que siendo canciller de la república, el exsenador Gargano –ya fallecido– acompañó a la Asociación de Cultivadores de Arroz de este país a denunciar ante la OMC los subsidios encubiertos que Estados Unidos le otorgaba a la producción de arroz que le exportaba a Brasil y, en aquel momento, Uruguay tenía dificultades para ingresar su arroz a ese país.

El hecho de que hoy el Gobierno esté utilizando herramientas como la concesión de obras y la Ley de Participación Público-Privada, no significa que hayamos cambiado de opinión en cuanto a algunas herramientas que necesariamente habrá que seguir desarrollando, modificando y perfeccionando para construir el país que queremos. Eso sí, no nos vestimos con ropas ajenas. ¿Acaso han olvidado los señores senadores a quién fue que el compañero Tabaré Vázquez, en su calidad de presidente de la república, le entregó la tijera para cortar la cinta en la inauguración del aeropuerto de Carrasco?

Aquí sistemáticamente se nos ha dicho que cuando hablamos sobre determinadas cuestiones apelamos a la herencia maldita. No estamos haciendo referencia a ninguna herencia; simplemente estamos diciendo que las condiciones que tiene el país hoy, son fruto de lo acumulado o de lo desacumulado en el pasado. Esa es la realidad de la evolución. No es quitarnos culpas, porque también estamos discutiendo desde la perspectiva de que se le achaca al Poder Ejecutivo que no actúa con planificación, que ha enviado un presupuesto virtual y que hoy tenemos las peores condiciones de desarrollo e infraestructura.

El norte no está más lejos. Se han hecho muchas inversiones en el norte del país, ¡y quisiéramos hacer aún más! Se ha hablado del departamento de Artigas. Allí hoy hay un parque eólico. ¿Quién hubiera imaginado que en el norte del país podía haber un parque eólico? ¿Y saben en tierras de quién? Del Instituto Nacional de Colonización. En el pasado no había colonias en esas tierras, no había colonos y no había parque eólico. Entonces, no vengan a decirnos que no hemos pensado en el interior del país. En el puerto de Paysandú hay una grúa que hoy tiene capacidad para dos mil toneladas; se realizó una inversión por USD 12 millones en un puerto que estaba abandonado. Reitero: estaba abandonado. ¡Esa es la realidad! ¿Está bien que estuviera abandonado? ¿Está mal? ¿De quién es la culpa? Cada uno sabrá. Pero no se puede desconocer que se miró el litoral del país, que se analizaron los territorios y se invirtió. ¡Por supuesto que quisiéramos invertir más y hacer cosas mejores! ¡Por supuesto que quisiéramos tener un Estado más eficiente! ¡Claro que sí! Creemos que el desarrollo debe estar liderado por las políticas públicas y para eso necesitamos un Estado eficiente y que lidere. No necesitamos solo del mercado, porque solo genera injusticia y no planifica a favor de la nación, sino a favor del rédito económico de las empresas, y a veces eso es muy injusto para el conjunto de una nación.

De modo que no estamos achacando ninguna herencia maldita, sino enumerando las cosas en las que hemos acumulado y en las que hemos desacumulado en el país.

Es cuanto queríamos decir, señor presidente.

Muchas gracias.

11) SUSPENSIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 2 DE DICIEMBRE

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se suspenda la sesión ordinaria del día miércoles 2 de diciembre del 2015». (Firman los señores senadores Delgado y Agazzi).

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase otra moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que la sesión pase a cuarto intermedio hasta el día miércoles 2 a las 09:00, a fin de continuar con la consideración del Presupuesto nacional - Ejercicio 2015-2019». (Firman los señores senadores Delgado y Agazzi).

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta mañana, miércoles 2 de diciembre, a las 09:00.

(Así se hace, a las 19:06, presidiendo el señor Raúl Sendic y estando presentes los señores senadores Agazzi, Amorín, Aviaga, Ayala, Berterreche, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Castaingdebat, Coutinho, De León, Delgado, García, Heber, Larrañaga, Martínez Huelmo, Moreira, Pardiñas, Passada, Payssé, Pintos, Ramos y Saravia).

RAÚL SENDIC Presidente

Hebert Paguas Secretario

José Pedro Montero Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.