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N.º 31 - TOMO 540 - 12 DE AGOSTO DE 2015

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA

30.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RAÚL SENDIC Presidente

y

LA SEÑORA IVONNE PASSADA Primera Vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA SILVANA CHARLONE

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

 – El señor Senador Lacalle Pou solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio del Interior, relacionado con la política actual de vivienda para policías o familias de policías;

• con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay, relacionado con la información de operaciones activas;

• con destino al Ministerio del Interior, relacionado con el homicidio de un miembro de la policía.

– La señora Senadora Aviaga solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de Seguros del Estado, relacionado con la situación de los trabajadores que manipulan agroquímicos.

• Oportunamente fueron tramitados.

5) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a la sesión anterior.

6) y 12) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores Senadores Amorín, Mujica y Cardoso.

– Quedan convocados los señores Senadores Iglesias y Berterreche, así como la señora Fanny Trylesinski, quien deberá prestar la promesa de estilo.

7) Colección Líber Seregni

• Por moción del señor Senador Bordaberry, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de resolución por el que se autoriza a la Presidencia del Senado a adquirir 250 ejemplares de los tomos I, II, III, IV y V de la colección.

• Aprobado.

8) Sistema Nacional Integrado de Cuidados

– Continúa la discusión del proyecto de ley por el que se lo crea.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

9) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• Por moción del señor Senador Agazzi, el Senado resuelve prorrogarla hasta agotar el orden del día.

10) Acuerdo sobre Cooperación en el Área de Turismo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Armenia

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

11) «República Libanesa»

– Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre la Escuela n.º 150 del departamento de Rivera.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13) «José D’Elía»

– Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre la Escuela Taller n.º 380 - Discapacitado Intelectual, del departamento de Montevideo.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14) Doctor Gerardo Gastón Peduzzi Duhau. Designación como Ministro de Tribunal de Apelaciones

– Solicitud de venia de la Suprema Corte de Justicia.

• Concedida.

15) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 11 de agosto de 2015

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en régimen de cuarto intermedio, mañana miércoles 12 de agosto a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1.º) Continuar con la discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC).

Carp. n.º 138/2015 – Rep. n.º 126/2015 – Rep. n.º 126/2015 Anexo I

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2.º) por el que se aprueba el Acuerdo sobre Cooperación en el Área de Turismo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Armenia, suscrito en la ciudad de Ereván, República de Armenia, el 12 de noviembre de 2013.

Carp. n.º 280/2015 – Rep. n.º 125/2015

3.º) por el que se designa con el nombre “República Libanesa” la Escuela n.º 150 del departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. n.º 320/2015 – Rep. n.º 123/2015

4.º) por el que se designa con el nombre “José D’Elía” la Escuela Taller n.º 380 - Discapacitado Intelectual, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. n.º 299/2015 – Rep. n.º 124/2015

5.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud remitida por la Suprema Corte de Justicia, a fin de designar en el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones, al doctor Gerardo Gastón Peduzzi Duhau.

Carp. n.º 84/2015 – Rep. n.º 122/2015

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Agazzi, Alonso, Aviaga, Ayala, Besozzi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Carballo, Cardoso José Carlos, Cardozo Virginia, Coutinho, García, Gomori, Heber, Iglesias, Lacalle Pou, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Montaner, Mujica, Otheguy, Pintado, Saravia, Topolansky, Tourné y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Amorín, De León y Delgado, y las señoras Senadoras Moreira y Payssé.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se levanta el cuarto intermedio.

(Son las 09:35).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Presidencia de la Asamblea General destina mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Comercio y Cooperación Económica entre el Mercosur y la República Tunecina, suscrito en la ciudad de Paraná, República Argentina, el 16 de diciembre de 2014;

• por el que se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Gran Ducado de Luxemburgo para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, suscrito en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 10 de marzo de 2015.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

La Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con lo establecido por el artículo 239, numeral 4.º de la Constitución de la República, solicita la venia correspondiente a fin de designar para el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones a la doctora Teresita Macció Ambrosoni.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informado un proyecto de resolución por el que se faculta a la Presidencia del Senado a adoptar las providencias necesarias para la adquisición de 250 copias de los tomos I, II, III, IV y V de la obra Colección Líber Seregni.

–REPÁRTASE E INCLÚYASE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

El Tribunal de Cuentas remite un Informe sobre la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al Ejercicio 2014.

–A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA».

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de varios pedidos de informes.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Luis Lacalle Pou, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio del Interior, relacionado con la política actual de vivienda para policías o familias de policías;

• con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay, relacionado con la información de operaciones activas;

• con destino al Ministerio del Interior, relacionado con el homicidio de un miembro de la policía.

–OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

«Montevideo, 11 de agosto de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

 

Presente:

Al amparo de las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio del Interior:

1) Indicar cuál es y en qué consiste la política actual de vivienda para policías o familias de policías llevada adelante por el Ministerio del Interior.

2) Indicar cuáles son los criterios utilizados por el Ministerio del Interior para otorgar viviendas para policías o familias de policías.

3) Indicar si existen convenios para la construcción o compra de viviendas nuevas o usadas para policías o familias de policías con otros organismos del Estado, como el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Banco Hipotecario del Uruguay, Banco de la República Oriental del Uruguay, Agencia Nacional de Vivienda. En caso afirmativo, indicar cuántos policías o familias de policías se encuentran hoy alcanzados por el o los convenios existentes.

4) Indicar si existe un censo sobre la situación habitacional de los policías o familias de policías. En caso afirmativo, se solicita adjuntar el mismo al presente pedido de informes.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Luis Lacalle Pou. Senador».

«Montevideo, 11 de agosto de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

 

Presente:

Al amparo de las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas con destino al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU):

De acuerdo con el texto del artículo 25 del Decreto Ley n.º 15322, la obligación de guardar el secreto bancario por parte de las personas e instituciones establecidas en los artículos 1.º y 2.º del mencionado decreto ley alcanza a los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto y a las informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes.

Así, la doctrina nacional ha sostenido que la obligación de guardar el secreto solo es aplicable a las denominadas “operaciones pasivas” de las entidades de intermediación financiera, es decir, a aquellas en las que la entidad de intermediación financiera asume la posición de deudor frente a su cliente, pero no así respecto de las “operaciones activas”, que son aquellas en donde el banco asume la posición de acreedor, como por ejemplo el préstamo.

Si alguna duda quedaba con respecto a lo sostenido por la doctrina nacional, la Ley n.º 17948, de 8 de enero de 2006, en su artículo 1.º, viene a dar luz sobre el asunto al disponer: “El secreto profesional instituido por el artículo 25 del Decreto Ley n.º 15322, de 17 de setiembre de 1982, ampara exclusivamente las operaciones bancarias pasivas que realizan las instituciones de intermediación financiera y toda otra operación en la que estas asumen la condición de deudores, depositarios, mandatarios o custodios de dinero o de especie respecto de sus clientes, sin perjuicio del amparo de toda la información confidencial recibida del cliente –tanto en relación a operaciones pasivas como activas– comprendida también en la citada norma”.

Por lo expuesto, las “operaciones activas”, como por ejemplo el préstamo, no están comprendidas dentro del secreto bancario.

Por esta razón tanto el BROU como el Banco Central del Uruguay (BCU) han publicado en el pasado listados de los deudores.

En efecto, el actual Presidente del BCU, economista Mario Bergara, en oportunidad en que el BCU publicara en el año 2010 un listado con 540.000 deudores en su web, dijo que esta medida no violaba el secreto bancario ya que “solo alcanza los depósitos” y agregó que tal publicación “tiene un amparo legal muy claro y no violenta la privacidad de las personas, más allá de lo que es justamente de interés general por la transparencia de la información (…). Promueve una cultura de transparencia informativa a la cual los uruguayos de a poco nos vamos acostumbrando” (véase nota http://www.180.com.uy/articulo/11657, Banco Central publicó lista de deudores y la web colapsó).

En similar sentido se expresó el ex-Presidente del BROU, contador Fernando Calloia, cuando en el año 2005 se revelaron datos de deudores categoría 5, dijo: “Estas deudas tienen todas juicios iniciados y el juicio da publicidad a esta situación (…). Normalmente se informaban una sociedad anónima y un monto, nosotros queremos avanzar un poco más y por eso lo vamos a hacer en orden decreciente, vamos a trabajar deudor por deudor y vamos a dar una información importante para que se perciba efectivamente quiénes son aquellos que no tienen ninguna voluntad de pago y por tanto no es conveniente que reciban nuevos créditos por parte de los sistemas formales” (véase entrevista: http://www.espectador.com/economia/48028/brou-divulgara-lista-de-deudores-contumaces).

En virtud de lo expuesto solicito:

1) Remitir un listado actualizado de los deudores grado 4 y grado 5 del BROU. La información deberá indicar: deudor, monto de la deuda, antigüedad y tipo de garantías que existen para cada uno de los casos.

2) Informar en qué casos de los mencionados en el punto anterior existe un proceso judicial en curso. Indicar en qué etapa procesal se encuentran y, de existir informes técnicos-jurídicos sobre la viabilidad de recupero, se solicita adjuntar los mismos discriminados por caso.

3) Suministrar la misma información solicitada en los numerales 1 y 2 para el caso de aquellos deudores cuya deuda se encuentra en poder de República AFISA.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Luis Lacalle Pou. Senador».

«Montevideo, 11 de agosto de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

 

Presente:

Al amparo de las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio del Interior:

El pasado día viernes 7 de agosto la prensa nacional informó sobre el homicidio del Sargento 1.º Marcos Luis Melo Pérez, quien se desempeñaba en la Unidad n.º 4 Santiago Vázquez (ex-Comcar). El oficial circulaba uniformado tras cumplir un servicio por artículo 222 cuando, rumbo a su domicilio, fue abordado por desconocidos que le dispararon en cuatro ocasiones. Primero le dispararon dos tiros por la espalda. Luego, le quitaron su arma de reglamento y lo balearon dos veces más en el pecho. El efectivo llegó a ser trasladado al Centro Coordinado del Cerro, donde falleció a pocos minutos de ingresar.

Acaecido el triste episodio, la policía logró detener a cuatro sospechosos. Entre los detenidos había dos vecinos del fallecido, que según la familia de la víctima ya habían mantenido varios altercados con el policía.

El Juez de Adolescentes, Allen Denby, que intervino en el asunto, dispuso la internación de dos menores en dependencias del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Uno de ellos ya habría confesado ser el autor del crimen.

Lo que nos llama poderosamente la atención es que según la dirigente del Sindicato Único de Policía del Uruguay, Patricia Rodríguez, el oficial había radicado 12 denuncias en contra de estos menores por distintas “molestias” que había recibido en los últimos meses, y por otro lado la viuda del oficial le informó al sindicato que nunca hubo una “respuesta acorde”.

En virtud de lo expuesto solicito:

1) Indicar cuántas denuncias realizadas por el oficial Marcos Luis Melo Pérez o algún miembro de su familia existen en referencia a los dos menores detenidos, detallando las dependencias policiales en las que se realizaron, el número de identificación de cada una, la fecha de realización y el asunto que las motivó.

2) Indicar cuál fue el curso que se le dio a las denuncias realizadas y en qué estado se encuentran al día de hoy.

3) Indicar si al momento de efectuadas las denuncias, la policía citó a declarar a los denunciados.

4) Indicar si se dispuso la remisión a la órbita judicial de alguna de las denuncias realizadas.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Luis Lacalle Pou. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La señora Senadora Carol Aviaga, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de Seguros del Estado, relacionado con la situación de los trabajadores que manipulan agroquímicos.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«Montevideo, 11 de agosto de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

 

De mi consideración:

De acuerdo con el artículo 118 de la Constitución solicito a usted tenga a bien tramitar el presente pedido al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de Seguros del Estado, a fin de informar:

1) Cuántos trabajadores que manipulan agroquímicos han sido atendidos por intoxicación.

2) Qué cantidad de ellos maneja mosquito y cuántos manejan avioneta.

3) Qué síntomas presentaban al realizar la consulta.

4) Qué análisis les efectuaron y dónde se realizaron (fuera o dentro del país).

5) Con qué medicamentos fueron tratados.

6) Especificar en qué zona del país trabajan y con qué tipo de cultivos.

7) Nombres de los productos que causaron intoxicación (ej: organoclorados, organofosforados, piretroides o glifosato, etcétera).

Sin otro particular, saludo atentamente.

Carol Aviaga. Senadora».

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del día de ayer no se registraron inasistencias.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 12 de agosto de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día de la fecha.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

José Amorín. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–15 en 17. Afirmativa.

Se comunica que el señor Tabaré Viera y la señora Walkiria Olano han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Alberto Iglesias, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 12 de agosto de 2015

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Lic. Raúl Sendic

Presente:

Por medio de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia desde el 17 al 20 de agosto y desde el 27 al 29 de agosto, al amparo de la Ley n.º 17827, art. 1.º literal D, de 14 de setiembre de 2004.

Saludo a usted atentamente.

José Mujica. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–16 en 17. Afirmativa.

Queda convocado el señor Andrés Berterreche, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

7) Colección Líber Seregni

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado ingrese a la consideración del orden del día.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: solicito que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de resolución presentado por las señoras Senadoras Montaner y Xavier y los señores Senadores Heber y Mieres, por el que se autoriza a la Presidencia del Senado a adquirir 250 ejemplares de los tomos I, II, III, IV y V de la Colección Líber Seregni.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–15 en 17. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de resolución por el que se autoriza a la Presidencia del Senado a adquirir 250 ejemplares de los tomos I, II, III, IV y V de la Colección Líber Seregni. Carpeta n.º 321/2015 – Repartido n.º 127/2015».

(Antecedentes).

CÁMARA DE SENADORES

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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: el año que viene se cumplen 100 años del nacimiento del General Seregni, y es por esa razón que se presenta este proyecto de resolución para la edición de los tomos antes mencionados. Como todos sabemos, se trata de la figura de un líder político que ha trascendido las filas partidarias, por lo que este proyecto viene firmado –y lo agradezco– por todos los partidos con representación en esta Cámara.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: antes que nada, agradezco a los dirigentes de las otras colectividades políticas que rápidamente firmaron la moción.

Desde ahora hasta el 13 de diciembre de 2016 habrá una serie de actividades con relación a lo que ha sido la historia, el aporte y la trayectoria del General Líber Seregni, líder fundador de nuestra fuerza política. El Senado tuvo a bien publicar los tres primeros tomos de esta colección, pero después, por diferentes causas que no viene al caso recordar, esa publicación se interrumpió. Nos parece que la ocasión del centenario del nacimiento del General es una oportunidad que, justamente, hace posible y deseable que se culmine con la edición de esta colección. Originalmente estaba previsto que estuviera formada por siete tomos, que correspondían a cada una de las letras del apellido de Seregni. Hemos propuesto abreviarla para que efectivamente sea posible la tarea, y lo que desearíamos es que con la decisión que seguramente se tomará en el día de hoy, luego podamos darle, como Parlamento, la mayor difusión posible, como hemos procedido con otras colecciones de líderes históricos de diferentes colectividades políticas de nuestro país.

Agradeciendo desde ya el voto conforme del resto de los integrantes de este Cuerpo, deseamos que esto pueda instrumentarse lo más rápidamente posible.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 1.º del proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Facúltase a la Presidencia del Senado a adoptar las providencias necesarias para la adquisición de 250 copias de los tomos I, II, III, IV y V de la obra Colección Líber Seregni».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «El costo de la adquisición se financiará con los recursos permanentes del presupuesto del Senado».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución.

Se harán las comunicaciones pertinentes.

8) SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CUIDADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC). Carp. n.º 138/2015 – Rep. n.º 126/2015 – Anexo I».

(Antecedentes).

(Ver 29.ª sesión).

–Continúa la discusión general del proyecto.

Tiene la palabra el señor Senador García.

SEÑOR GARCÍA.- Señor Presidente: la temática del proyecto de ley que nos ocupa estuvo presente y fue abordada, de una u otra forma, durante la campaña electoral por todos los partidos políticos. Creemos que, en buena medida, la realidad demográfica de nuestro país, que silenciosamente está teniendo un cambio de dinámica muy importante, hizo que este tema se incluyera en los programas de gobierno. En el nuestro, incluso, dedicamos un capítulo entero –de los cuatro que tenía–, denominado «Un país que cuide a su gente», porque el tema del cuidado, sobre todo de los uruguayos que tienen algún tipo de discapacidad, y también de nuestros viejos, nos preocupaba.

En Uruguay, la esperanza de vida se extendió y ronda entre los 72 y 75 años –es un poco más para las mujeres que para los hombres–, lo cual indica que vivimos más. Eso nos llena de orgullo como país, pero como vivimos más, ahora requerimos más atención. Y a ello se agrega otra circunstancia: la cadena social familiar tiene características diferentes de las que tenía hace veinte, treinta o cuarenta años. Nuestras familias son chicas, de dos hijos por hogar, promedio, y cuando se da la circunstancia de que la mujer se integra al mercado laboral –como por suerte está pasando desde hace varios años–, tiene menos posibilidades de estar en la casa y, por lo tanto, aquello que se daba naturalmente –en otra dinámica de la sociedad– hoy no existe. Cada vez tenemos más hogares monoparentales, lo que implica más trabajo, más sacrificio para la mujer que para el hombre, porque es la que generalmente carga sobre sus espaldas con la realidad de atender a sus hijos y a sus padres y, todavía, cumplir con su trabajo.

Hoy nos encontramos con una sociedad que es más vieja –porque vive más– y que está más sola. Y el hecho de que quiera –en una decisión muy uruguaya, muy oriental– cuidar a sus mayores –hoy, quizás, los viejos sean otros, pero mañana seremos nosotros– hace que tengamos que crear este tipo de institucionalidad que estamos tratando hoy, que se ocupe del cuidado de los más viejos en una punta de la sociedad y de los más chiquitos en la otra, que por las mismas razones que mencionamos anteriormente también están más tiempo solos. Obviamente que a todo esto sumamos la realidad de los uruguayos que tienen algún tipo de capacidad diferente.

Por todas estas razones, el tema de los cuidados de los uruguayos estuvo presente en la campaña electoral en los programas de gobierno de todos los partidos políticos. El tema de la atención de los uruguayos con discapacidades estuvo en la agenda política del período pasado. La señora Senadora Alonso habló ayer sobre la falta de reglamentación y sé que eso generó algún chispazo en la sesión, pero en realidad…

SEÑORA MONTANER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARCÍA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora Montaner.

SEÑORA MONTANER.- Señor Presidente: aprovechando la gentileza del señor Senador García, quiero hacer referencia a algo que ayer quedó confuso, cuando señalé que la Ley n.º 18651 carecía de la reglamentación y la señora Senadora Xavier, aunque no le entendí bien, expresó que existía. Quiero decir que esta norma de febrero de 2010, que constituye una nueva ley de discapacidad en Uruguay, de protección integral de personas con discapacidad, tiene solamente cuatro artículos reglamentados, de los 93 que la componen. Esto quiere decir que estamos ante una carencia importante, tanto en cantidad, como en calidad.

En el año 2013 se reglamentó lo referente a la accesibilidad, a través del Decreto n.º 455/2013, relativo al uso del bastón blanco y del bastón verde. Por el mismo decreto se reconoce y garantiza en todo el país que cualquier persona con discapacidad pueda ir acompañada de un perro. En 2013, el Poder Ejecutivo define la reglamentación de los artículos 49 y 50 de la Ley n.º 18651, que hacen referencia al ingreso a la función pública, y que establecen un cupo del 4 % para personas con discapacidad; y entre 2013 y 2014, el Ministerio de Desarrollo Social y el Banco de Previsión Social implementan la reglamentación del artículo 25 y siguientes del Capítulo IV de la Ley n.º 18651, relativos a la asistencia personal para personas con discapacidades severas.

Creo que hubo un malentendido cuando me referí a que la ley no estaba reglamentada en tiempo y forma. Hoy traje la documentación, porque no entendí lo expresado por la Senadora Xavier cuando señaló que era suficiente esta reglamentación. Tenemos que advertir que se trata de una población vulnerable, como la que hoy estamos incluyendo en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Por eso me muñí de toda la documentación, con detalle de fechas. Lo demás son actos administrativos del Ministerio de Salud Pública, pero eso no es reglamentación.

Reitero que de los 93 artículos, hay solo cuatro reglamentados.

Agradezco al señor Senador la interrupción concedida.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador García.

SEÑOR GARCÍA.- Señor Presidente: creo que cuando hablamos de este tema es bueno hacer un homenaje al ex-Senador Long, que fue el autor de la iniciativa que, como bien se decía recién, es muy integral, muy compleja y todavía tiene áreas que no han sido puestas en funcionamiento.

Como decía anteriormente, el tema de los cuidados ha sido importante y ha estado en la agenda de la campaña electoral porque a todos nos preocupa. Por eso, no es sorpresa para nadie que hoy todos los partidos políticos acompañen la creación de este sistema.

Seguramente, si nos hubiera tocado a nosotros ganar la elección, no hubiera sido este proyecto de ley sino otro el que presentáramos, quizás con el mismo objetivo e intención pero con otras características; en definitiva, la ciudadanía otorgó la presidencia y el gobierno al Frente Amplio, que es el que envía este proyecto de ley. Para nosotros, lo importante es el concepto; después vamos a hablar de algunas cosas que nos parece que habría que modificar, pero, bueno, tomamos la decisión política de volcarnos a respaldar algo que, seguramente por vías diferentes, conduce a una intención que todos teníamos.

(Ocupa la presidencia la señora Ivonne Passada).

–Este proyecto de ley tiene una característica que a nosotros nos parece particularmente oportuno destacar, sobre todo en momentos en que en la sociedad, más que nada a nivel político, se cuestiona en otras áreas esta vinculación: su arquitectura es muy particular, porque se basa en la vinculación y la coparticipación público-privada para atender el problema de los cuidados de la población que se quiere contemplar: niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Me parece que es un cambio muy importante desde el punto de vista ideológico.

Desde el Gobierno se dice: «Acá hay una actividad que tiene antecedentes». No estamos hablando de algo que no suceda en el Uruguay, sino de algo que ocurre todos los días; en este mismo minuto hay personas que están cuidando a otros por todo el país, y eso sucede desde hace muchísimos años, desde que existimos, con distintas formas. El sistema que se crea empieza por reconocer esta realidad: que hay actores privados, personas físicas individuales –mamás, papás, abuelas, abuelos y tíos– que cuidan a un integrante del hogar, así como personas físicas privadas –instituciones o empresas– que se especializan en cuidar a gente sola o a personas impedidas de autonomía –esto ha sucedido en los últimos tiempos, sobre todo por el cambio demográfico de la dinámica laboral de nuestro país–, pero también hay organizaciones del Estado que lo hacen. ¿Qué busca el sistema? Juntar todo y darle una lógica, pero partiendo de una definición política que nosotros compartimos, y es que hay políticas públicas que admiten la gestión social. Aclaro que uso específicamente la expresión «gestión social» porque sé que si hablara de gestión privada varias pieles se erizarían, ¡pero, en definitiva, estamos hablando de gestión privada! Igualmente, es gestión social porque los privados integran una sociedad y los que gestionan esta política pública, en este caso el cuidado, son personas no estatales de la sociedad que se encargan de esa tarea.

Hace pocas semanas se cuestionó –se lo viene haciendo hace mucho tiempo– la gestión social de la educación que se imparte en algunos liceos como Jubilar, Providencia, Impulso, etcétera. Son liceos públicos que están gestionados socialmente. ¿Cuál es la política pública? La educación. ¿Quién lo gestiona? La sociedad. ¿Qué servicio dan? Un servicio público. Bueno, en el tema que estamos discutiendo es exactamente igual. ¿Qué política pública estamos discutiendo? El cuidado de aquellos uruguayos que tienen las características que mencionábamos hace un momento. ¿Cuál es la política pública? Asumir el cuidado de esos uruguayos como una cuestión que, entre todos, creemos que es una prioridad. ¿Quién lo va a hacer? En algunas circunstancias lo harán actores públicos y, en otras, actores privados; es decir que se va a gestionar socialmente. Por eso digo: no hay que tener esa reacción primaria en contra, porque acá vamos a votar por unanimidad la gestión privada social de algunas políticas públicas, lo que seguramente habrá que razonar en otras áreas.

El domingo pasado leía una entrevista –la tengo aquí sobre mi banca– que se le realizó al padre Mateo Méndez, a quien todos conocemos muy bien y queremos mucho, y a quien le reconocemos un trabajo muy específico en un área muy compleja: tratar con chiquilines –gurises y jóvenes– en situación de pobreza y, en algunas circunstancias, como en períodos anteriores, con la responsabilidad asignada por el Gobierno de dirigir un área muy difícil –de la que en estas horas se está hablando mucho– como es la vinculada a los menores infractores. Al pasar, el padre Mateo Méndez dijo algo que estoy seguro de que si lo hubiera dicho un representante de la oposición política hubiera sido un escándalo, pero la entrevista pasó así, silenciosamente.

Le preguntan al padre Mateo Méndez: «¿El INAU tiene interés en hacer lo que tiene que hacer?» –lo pongo como ejemplo de otra área en la que ya hay gente pensando en este tipo de gestión–, y él responde: «Hoy el monopolio de los menores infractores lo tiene el INAU. Para cambiar esta realidad hay que aprobar una ley que habilite a los privados a atender a esos menores». ¡Si esto mismo lo hubiera dicho cualquiera de los que estamos sentados en este sector del hemiciclo, se habría hecho un escándalo público! ¡Privatizar la rehabilitación de menores, tarea esencial del Estado!

La verdad es que, personalmente, no lo tenía en la cabeza, pero leo lo que dijo el padre Mateo Méndez, una persona con experiencia tanto en el ámbito de su acción apostólica y de misión, como en lo que fue su área de gestor público, y pienso que por algo debe ser.

Entonces, vuelvo al tema que estamos analizando, el del sistema de cuidados. Creo que en el proyecto de ley hay un reconocimiento, que por primera vez se da, de que es posible, es viable y es buena la gestión social de políticas públicas. Cuando hablo de «gestión social», estoy diciendo que en algunas circunstancias la realicen actores públicos y, en otras, actores privados, personas que en la sociedad tienen vocación y voluntad de dedicarse a esas políticas públicas, en este caso, el cuidado de una cantidad importante de uruguayos.

Por lo tanto, desde el punto de vista general, ese será el rumbo que va a marcar nuestra decisión política de acompañar este proyecto de ley en general.

Decimos, sí, que es un proyecto que confunde algunas cosas, desde nuestra respetuosa forma de verlo. Primero, porque cae en eso que en muchas veces se incurre: que para atender una política pública hay que generar una fabulosa arquitectura institucional, mucha burocracia y muchos cargos. Entonces, para hacer algo que ya se hace, que lo que requiere es reunir a los actores que ya están, hay que decir: «A ver, ¿qué está haciendo usted? Venga para acá. ¿Qué está haciendo usted? Venga para acá. Si usted hace esto, yo no lo hago; yo me encargo de esto otro y usted no». ¡Articular! ¡Utilizar los recursos! Pero no, ¡si va a existir un sistema tiene que haber muchos caciques! ¡Muchos caciques! Entonces, se crea una Junta, un Secretariado y un Consejo Consultivo. Cuando uno mira los componentes de esta estructura, dice: ¡Esto es un ministerio! Miren lo que es la estructura de la Secretaría Nacional de Cuidados: áreas de infancia, de personas mayores y de personas con discapacidad, que constituirán comisiones interinstitucionales; áreas de planificación y de seguimiento. Es decir, son cinco áreas, más el Secretario, la Junta y el Consejo Consultivo. El Sistema Nacional Integrado de Salud –¡vaya que es una pelota grande!– tiene una junta y se dedica a organizar la atención de salud de más de un millón de uruguayos. En este otro caso se va a atender los cuidados de alrededor de 200.000 personas y se está creando una estructura con juntas, secretariados y consejos consultivos.

Aquí quisiera hacer una anotación al pasar respecto a una confusión sobre la cual en algún momento deberemos hablar a fondo, que es lo que tiene que ver con las ONG, que ahora son las organizaciones de la sociedad civil. ¡Todos sabemos que hay de todo, como en botica! Hay de las serias y de las otras, las que no califican en ninguno de los casilleros. Además, se da una contradicción: son organizaciones no gubernamentales y, por lo tanto, transfieren la voz de la sociedad civil fuera del gobierno, o son organizaciones que participan de él. Ahora bien, si son organizaciones no gubernamentales, es una contradicción que participen en un órgano de gobierno, justamente porque su característica es que están fuera de la institucionalidad, organizan una voz que no llega o que no está en la mirada de un gobierno, que es la de la sociedad civil. Ahora, si ponemos las ONG a gobernar, dejan de ser ONG y pasan a ser OG, organizaciones de gobierno. Pero, además, no alcanza con pasar por el Ministerio de Educación y Cultura y pedir una personería jurídica para que el Estado se la reconozca a una ONG equis, para que tenga una opinión que deba ser escuchada. Por ejemplo, se llega a decir que el Comité Consultivo estará integrado también por organizaciones de la sociedad civil que tengan algún tipo de participación en el ámbito de que trata este proyecto de ley. Basta con levantar la mano y decir: «Mire, a mí me interesa el tema. ¿A usted le interesa? ¡Venga para adentro!» Eso no es serio porque desprestigia al organismo. Todos sabemos –no es una novedad– que hay muchas ONG que son un sello total; hay otras muy serias. Entonces, me parece que cuando hacemos una ley, tenemos que pasar una línea y decir: si se va a pedir una opinión, pidámosla a aquellos que tienen reconocido prestigio, que han trabajado y que tienen para aportar, y no a quienes son un sello sin valor alguno.

Me parece que este proyecto de ley confunde un sistema cuya función es articular, con una estructura que se va en burocracia. Como todos sabemos, no hay cosa que le guste más a la burocracia que crecer. La burocracia tiene un objetivo que, reitero, es crecer. Si hay dos burócratas, dentro de un tiempo tiene que haber cuatro, ese es el objetivo, y si había cuatro, tiene que haber ocho.

Lo otro que me parece que nos va a causar problemas a todos –porque esto nos interesa a todos–, es ver cómo vamos a hacer para que un sistema de cuidados que está fundado en gente que cuida a otra –y que, por lo tanto, está en intimidad con otra persona porque está en su casa y administra sus bienes, muchas veces pocos bienes: una jubilacioncita, una pensión– esté capacitada. ¡Esto no es para cualquiera! Es decir, atender a una persona enferma no es para cualquiera. No se hace por un sueldo, hay que tener vocación, mucha vocación.

Y nosotros estamos abriendo las puertas de casas, de circunstancias, y no alcanza con una ley que establezca la posibilidad de que haya gente que cuide. ¡Hay que tener gente preparada para cuidar! Cuando uno piensa en estas cosas, se pregunta quiénes son estas personas que están durante todo el día cuidando a la gente. Es claro, es un ámbito muy especial, el de la salud. Son los enfermeros, los auxiliares de enfermería, que tienen una parte del cuidado: el de la salud. En el día de ayer consulté el Censo Nacional de Enfermería y constaté que los auxiliares de enfermería no llegan a ser 19.000 en todo el país y que se dividen prácticamente en partes iguales –50 y 50– en Montevideo y en el interior. Obviamente, la mayoría de estas personas están trabajando; no es que dispongamos de 19.000 personas y que, al aprobarse el proyecto de ley, contaremos con esas 19.000 personas que están cercanas a la tarea de cuidar gente. Reitero: la inmensa mayoría de esas personas ya está trabajando.

Quiero advertir que tenemos un universo que va a ser de aproximadamente 250.000 personas a cuidar, pero no tenemos claro quiénes van a cuidarlas. Hoy no lo sabemos porque no hay gente formada para cuidar. El Estado está habilitando y financiando un sistema, pero no cuenta con las personas que serán los efectores primarios, los «operadores primarios» –entre comillas– del sistema. Cuando pasan estas cosas el peligro está en que después acceda a la intimidad de la persona gente que no está preparada y que lo hace simplemente por la eventual contrapartida. Y a nosotros lo que nos interesa es el cuidado de la gente. ¡Hay que tener gente que sepa cuidar!

Lo otro que quería señalar es que resulta una incógnita el tema del financiamiento. Ayer lo manifestaron compañeros del Partido Nacional, las Senadoras Alonso y Aviaga, que hicieron uso de la palabra; creo que también lo planteó en sala la señora Senadora Montaner. Admitamos que esto es un agujero de difícil lectura. La única mención que se hace en el proyecto de ley sobre el financiamiento –además de que se asignarán presupuestales; por lo menos en la página tres del repartido que tengo en mi poder– es en el literal H del artículo 4.º, que dice: «[…] la solidaridad en el financiamiento, asegurando la sustentabilidad en la asignación de los recursos para la prestación de cuidados integrales». La solidaridad del financiamiento obviamente, como todos entendemos, será del Estado y de la sociedad civil. En ningún lugar se dice cuál es la forma en que la sociedad civil –es decir, los trabajadores uruguayos– va a financiar este sistema. Creo que estaría bueno que el miembro informante o cualquier integrante de la comisión que lo considere oportuno explicara cuál es la vertiente del financiamiento solidario –es decir, privado: del contribuyente, del uruguayo y del trabajador– que se va a requerir para financiar el sistema. Creo que estaría bueno salir de esta sesión sabiendo eso.

Ingresando al análisis de algunos aspectos del proyecto de ley, quiero hacer referencia a algunos artículos cuya sola lectura impone el cambio. Hay artículos que, en lo personal, me han sorprendido. Estoy seguro de que si se leen, se comprenderá que están mal redactados y que hay que cambiarlos porque, entre otras cosas, no son posibles de ejecutar. Por ejemplo: en el artículo 16, en la estructura de la Secretaría Nacional de Cuidados, donde se habla de las áreas que la componen, se las describe con precisión, se dice quiénes las integrarán, y con quién van a coordinar. A texto expreso dice todo y luego agrega un párrafo que expresa: «El Poder Ejecutivo podrá modificar la estructura y funcionamiento de la Secretaría Nacional de Cuidados de acuerdo a las necesidades del servicio». ¡Eso no es posible! El Poder Ejecutivo no puede por sí y ante sí modificar una ley. El Poder Ejecutivo no puede cambiar por sí y ante sí, vía administrativa, la estructura y el funcionamiento de una secretaría a la que en el día de hoy seguramente le demos aprobación por el artículo 16 de este proyecto de ley. Puede tener la iniciativa, mandar un proyecto de ley y pedir que se cambie, pero no puede, por vía administrativa, cambiar la ley.

En otros artículos realmente hay galimatías inentendibles. Por ejemplo: el artículo 14, Directrices presupuestales e informe previo favorable de la Junta Nacional de Cuidados, que refiere a la forma como se elabora el plan presupuestal, es absolutamente inentendible. Realmente, no me fue posible entenderlo.

Quería dejar estos señalamientos que parten de la convicción –como decía al principio– de que esto es necesario. Nadie puede pedir –lo digo sin cortapisa alguna– que cuando se inicia un proceso, se defina hasta la última letra. Si alguno de nosotros lo solicitara, no sería racional. Estamos inaugurando un proceso nuevo en el Uruguay y es entendible que queden algunas áreas a contemplar, que seguramente en el transcurso de los próximos meses y años se tendrán que modificar. No sería honesto intelectualmente pedir una respuesta de la A a la Z de todo. Pero así como digo esto sin tener ningún problema, también digo que sería bueno que desde la bancada oficialista, cuando se hace alguna observación que busca, a partir de que vamos a votar este proyecto, modificar cosas que creemos que están mal y que razonablemente se entiende que están mal, se tenga la misma apertura para poder construir entre todos el mejor proyecto de ley posible. Como dije al principio, seguramente este no sería el proyecto de ley que hubiera presentado el Partido Nacional para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pero la decisión de la soberanía fue que este proyecto de ley lo presentara el partido de gobierno, que no es nuestro partido. Y bajo esa circunstancia política de la realidad es que nos movemos.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señora Presidenta: las leyes son resultado de consensos sociales, y es bueno que así sea. Cuando pretendemos que una ley determine un momento importante –como creo que es el de aprobación de una ley marco sobre el Sistema Nacional Integrado de Cuidados–, también es bueno repasar los antecedentes de cómo hemos ido, democráticamente, construyendo una idea sobre los cuidados para los uruguayos.

Nuestro país se ha caracterizado por su tradición en materia de políticas públicas de protección social, y esto lo digo sin perjuicio de los terribles momentos que desde el punto de vista social hemos vivido en el pasado reciente. Pero sin duda, Uruguay se destaca en América Latina por su mayor equidad y por la mayor homogeneidad de su sociedad, aunque todo esto no quita la terrible fractura social que se generó hace algo más de diez años.

Mediante el marco de esta ley se pretende poner en funcionamiento un sistema que se constituya, gradualmente, en otro de los pilares de la matriz de protección social de la población uruguaya en este siglo XXI, que se suma a los pilares de la educación, de la salud y de la seguridad social. Quiero decir, además, que los debates sobre este tema se remontan a veinte años atrás. Seguramente hoy no hayamos traído a consideración el mejor de los proyectos de ley porque siempre son perfectibles, pero lo que sí es cierto es que todos coincidimos en su necesidad. Creo que veinte años de debate son suficientes, y ojalá el inicio y la puesta en marcha de este sistema genere mejores y mayores aportes de todas y todos porque, justamente, esa es la virtud de una ley marco. Esta es la primera vez que tenemos que debatir sobre proyectos de ley referidos al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pero no será la última.

Organizaciones de la sociedad civil, como la Red Género y Familia, liderada por la doctora Clara Fassler –quien ayer siguió el debate desde las barras–, comenzaron a reflexionar sobre este tema ya en 1994. Sin duda que esta red, conformada por personas calificadas e instituciones preocupadas por los cambios en las familias, la no aceptación de los nuevos arreglos familiares, el mantenimiento y la reproducción de las inequidades de género y generaciones, así como la insuficiencia de las acciones públicas tendientes a superar estos temas –que ya eran el contexto del debate desde 1994–, se aproximaba a una solución como un sistema de cuidados.

Entre los años 2007 y 2009, desde esta organización se impulsaron acciones de sensibilización e intercambio académico y político. Se presentaron diversos estudios y diagnósticos sobre la situación de las familias uruguayas, los nuevos arreglos familiares y la identificación de las necesidades de servicios de cuidados para personas dependientes, así como la discusión acerca de la importancia de posicionar este asunto en la agenda política y pública, porque con un sistema de cuidados todos estos temas están en debate. Mesas de diálogo articularon un conjunto de visiones y perspectivas sobre la necesidad de avanzar hacia la construcción de este sistema. Solo para mencionar algunas de las personas que me vienen a la memoria, recuerdo a las sociólogas Rosario Aguirre y Karina Batthyány, a Juliana Martínez, a Fernando Filgueiras, a Jorge Papadópulos, a Andrés Scagliola y al propio Julio Bango, quien ha sido propuesto para asumir como Director de Secretaría de este sistema. Asimismo revisaron, desde una perspectiva de género, algunos de los principales servicios y prestaciones que nuestro país brinda en materia de cuidados, que han sido políticas públicas, como el Plan CAIF y el Programa Infamilia, y que han tenido importantes desarrollos en el área social y fueron fundamentales para trabajar la inclusión social.

En el 2009 se plantea la necesidad de incorporar el tema cuidados a la agenda legislativa, e integrantes de la Bancada Bicameral Femenina y algunas organizaciones sociales –entre otras, la Comisión Nacional de Seguimiento de los Compromisos de Beijing– trabajamos y hemos hecho diversos intercambios a nivel parlamentario sobre estos asuntos. En el caso de nuestra fuerza política, tenemos el área denominada Unidad Temática –un espacio que vincula políticas que tienen impacto en las diferenciaciones de género– y hemos incorporado en el programa del año 2009 el tema de los cuidados, concebido desde la protección para las personas, a través de un sistema nacional público y privado que garantice el cuidado y la protección. Allí se definen como poblaciones objetivo la primera infancia, los adultos mayores, las personas con discapacidad y también los enfermos.

Todos tenemos que darnos cuenta de que este sistema no es exclusivamente para personas con discapacidad; eso nos cuesta. Esto está dirigido a personas que son dependientes, y eso puede ser por una discapacidad, porque no se han adquirido las habilidades o porque se las ha perdido por excesiva prolongación del tiempo de vida.

Tampoco se trata de un sistema de salud, y aquí hay fronteras que a veces son difíciles de determinar. «El cuidado» en este caso no implica el cuidado sanitario, eso corresponde al sistema de salud; queda clara la voluntad, a lo largo del proyecto de ley, de interactuar e interrelacionar los diferentes ámbitos de acción, pero teniendo presente que ese cuidado no es sanitario, pues para este existen las estructuras correspondientes. Esto no trata de crear una ficción, sino de reconocer el derecho consagrado en muchísimas normas desde hace bastante tiempo, de la necesidad que tenemos las personas de ser cuidadas. Somos, dentro de la escala animal, muy dependientes; debemos reconocerlo.

Cuando se discutían las principales propuestas sobre políticas sociales y de cuidados, se insistía en el proceso de transformación del sistema de bienestar social. Es de eso, en definitiva, de lo que estamos debatiendo, con conceptos como los de equidad y con la necesidad de corregir acciones socialmente impuestas que marcan que las mujeres tenemos asignado el cuidado y la reproducción –por suerte, la reproducción la tenemos, además, asignada biológicamente–, y los varones, la producción. Exige suma atención, también aquí, no caer en un refuerzo de esos roles socialmente asignados. Algunas cosas se hacen –como planteaba la señora Senadora Montaner– en función de reconocer la tarea que las mujeres han venido haciendo de manera no reconocida y no remunerada. Esto no se plantea necesariamente ahora, solo dentro del sistema de cuidados, sino que se ha hecho también cuando se ha reconocido, para el retiro jubilatorio de las mujeres, hasta 5 años de aporte por cada hijo nacido vivo o adoptado. Esto que permitió que miles de madres que tenían edad para jubilarse, pero no alcanzaban el número exigido de años de trabajo, lo pudieran hacer. Este es un reconocimiento a esa tarea invisible, no reconocida y no remunerada, de las mujeres.

Sin perjuicio de ello, tenemos que tratar de superar estos roles sociales asignados desde hace tanto tiempo; tenemos que posibilitar que hombres y mujeres, sobre todo las mujeres –por suerte, con nuestra intransferible posibilidad de reproducción–, tengan oportunidades laborales, educativas y de desarrollo personal en el área que sea. Todos sabemos muy bien que eso no ocurre, y no va a ser el Sistema Nacional Integrado de Cuidados el único que resuelva todos estos temas, pero va a contribuir decididamente.

También tenemos que reconocer que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados no es una política pública que esté dirigida, exclusivamente, a determinados quintiles de la sociedad. Se trata de una política pública que no es compensatoria de los déficits de las políticas económicas, sino que es transversal, e intenta, por ejemplo, que mujeres de cualquier origen puedan tener la posibilidad a determinada edad, sin necesidad de retrasarla, de tener hijos y de formar una familia. Sabemos bien que en nuestro Uruguay y en el mundo ese momento se retrasa por otras opciones que hoy tienen los jóvenes, pero también se lo hace por las dificultades y por la necesidad de elegir si se va a estudiar, a trabajar o a formar una familia. ¡Habrá, sí, que ser equitativos para que quien más lo necesite tenga el beneficio de acceder al sistema!, pero no hay que concebirlo exclusivamente como lo hacemos con un plan como el Panes o con algunas de las políticas sociales claramente compensatorias de los déficits de las políticas económicas previas.

Entonces, debemos tratar de que no se refuercen los roles estereotipados de género ni se obstaculice la vida activa y el desarrollo personal de las mujeres. En este sentido, hay que garantizar un Sistema Nacional Integrado de Cuidados que cubra las necesidades de atención de aquellas mujeres que han sido las cuidadoras del sistema familiar, así como promover y fomentar la responsabilidad masculina en las tareas domésticas del cuidado. No hay sistema de cuidados, por más perfecto que sea su diseño, que tenga éxito si no cambiamos estas cuestiones ancestrales para dar lugar a lo que queremos, que es una mayor corresponsabilidad en el hogar. Y esto, ¡si lo habrá reclamado mi amiga y compañera Daisy!, que está sentada a mi derecha. No solo tenemos derecho al estudio y al trabajo que hayamos proyectado tener, también los varones tienen derecho a disfrutar de los afectos en el cuidado de los hijos y en el involucramiento con todas las tareas que corresponden a un núcleo familiar. Creo que seríamos sociedades mucho más felices si concibiéramos de manera más equitativa el reparto de nuestras responsabilidades en todas las áreas.

En esta línea, se propuso el desarrollo de marcos normativos que atiendan, articulen y promuevan la corresponsabilidad y la distribución equitativa del cuidado entre hombres, mujeres y familias. Este es otro ejemplo de que no va a ser solo el diseño del Sistema Nacional Integrado de Cuidados el que promueva esa corresponsabilidad. Cuando modificamos las leyes de licencia laboral desde el punto de vista parental, dando también al varón, en forma progresiva, mayores posibilidades de estar en su hogar cuando nace un hijo, fue con la intención de promover eso. Ojalá lleguemos a consolidar un sistema de licencias como el de algunos países muy desarrollados, en que la licencia se otorga en función de que ambos padres se comprometan en el cuidado. Eso, sin duda, no solo permite estas cosas que hemos mencionado, sino que también mitiga la estigmatización de la mujer, porque nosotros legislamos para que a ellas no se les exija presentar un test que compruebe que no están embarazadas. ¡Para eso tuvimos que legislar!, y eso fue hace muy pocos años. ¡Mirá vos! ¡Una sociedad tan igualitaria y tan democrática tuvo que legislar para que un patrón no le exigiera a una empleada, ya sea para ingresar o para ascender, un test de embarazo negativo! Habría que ver si esto se aplica en todos lados, pero hay cosas que son difíciles de determinar. Lo que sí es cierto es que si alguna mujer no es aceptada o es echada por esa razón, tiene derecho a reclamar porque la ley está de su parte.

A veces las leyes no alcanzan a ser reconocidas por todas las personas a quienes los derechos les son consagrados, pero por eso es que creo mucho en esta ley, como también creo mucho en el debate, aunque me parece que hay un tono excesivo que pregona «no te mandes un error porque te corto la cabeza». Esto es una creación colectiva. Además, hay una comisión que se ha comprometido con estos temas. La comisión que hoy está elevando este proyecto de ley se ha comprometido con un tema que la agenda política uruguaya no tenía, y que es el tema demográfico, el tema poblacional. Teníamos miles de prejuicios para tratarlo, y me parece que los temores, ciertos y naturales, los tenemos que tener presentes, pero también hay que poner toda nuestra energía para lograr el mejor proyecto posible.

En esta recapitulación de algunas cosas, los temas que plantea la Red Género y Familia –aunque no logré repasarlos a todos; Pablo Mieres, que está sentado a mi izquierda, desde ámbitos de debate político e ideológico también nos convocó reiteradamente para discutir sobre temas poblacionales–, sin duda, iban en el sentido de que al Uruguay le está faltando algo para esa protección social. Entonces, esa red presentó en la sede del Unfpa un documento que apuntaba a un sistema nacional integrado de cuidados. Allí había una visión internacional, la de España, referida a la ley de dependencia. Participó Lucila Corral, una de las legisladoras más involucradas en esa ley, que fue aprobada en el año 2007. El panel estuvo integrado por Pablo Abdala, por el Partido Nacional; Mariela de Marco, por el Partido Independiente; Gastón Inda, por el Partido Colorado; y quien habla, por el Frente Amplio. Todos coincidimos –hace muchos años– en que este tenía que ser un camino a seguir. Todos diseñamos y tenemos que ser, también acá, corresponsables de que le vaya bien al Uruguay, de que le vaya bien a la sociedad, de que encontremos en este tema el camino que le dé satisfacción en los proyectos de vida a nuestra gente, en particular a aquellos que comienzan una vida, como es el caso de los jóvenes. En ese momento decíamos que el tema ocupaba la agenda de debate de nuestra fuerza política –el Frente Amplio–, tratando de lograr una visión integral de los cuidados y de las políticas sociales.

Desde la óptica del derecho, sin duda, en este país está justificado lograr la armonización de estas prestaciones en un sistema. Creo que a veces se traslada a la burocracia la necesidad imperiosa que tiene el Estado uruguayo de articular sus fuerzas. Acá se está creando un cargo, el de la secretaría; no se está creando un ministerio, no se está creando un ministerio encubierto en otro, sino que se está generando, en ámbitos honorarios de gente que ya tiene responsabilidades –las máximas, en las diferentes áreas en que el tema de los cuidados tiene frontera–, una estructura que tal vez dentro de diez o veinte años no sea la misma y tenga otro engarce dentro de la organización del Estado. Pero principio quieren las cosas y acá estamos estableciendo principios de este tipo y no políticas sociales, que han sido buenas, pero que hoy merecen dar un salto –aún más grande– en calidad para armonizar de mejor manera las necesidades de los ciudadanos.

Hemos comenzado a descompartimentar un Estado que necesita, para que las políticas sean integrales, tener canales fluidos y transversales, que se impregnen de determinados principios para la implementación de las políticas públicas. Por tanto, el cuidado es un derecho que no puede estar ausente.

En el año 2009, el Mides convocó a instituciones públicas y privadas, como también a la sociedad civil, para la confección del marco teórico del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Y entre los años 2010 y 2011 se realizaron más de tres mil reuniones en todo el país, obviamente, consultando a la sociedad civil. Nuestra visión de las políticas públicas incluye a los actores que están en el tejido social, sin lugar a dudas, con la articulación y un papel rector del Estado. Hubo tres mil reuniones en todo el país para consultar a la sociedad civil acerca de la necesidad de contar con un sistema de cuidados; tal vez varios integrantes de este Cuerpo hayan participado en esa tarea –ya que dichas reuniones se llevaron a cabo a lo largo y ancho de todo el territorio–, que fue muy interesante.

Durante ese período, el BPS y el Mides realizaron cursos de formadores –tema sobre el que se habló con mucha fuerza en este ámbito en el día de ayer– que son imprescindibles. No se trata de decir «tengo ganas de ser cuidador», ni de seguir con lo que hemos hecho hasta ahora: «Cuido, aunque no sé si lo estoy haciendo bien». El amor es insustituible y nadie pretende relativizarlo con un sistema de cuidados. Lo digo porque hemos hablado con alguna gente a la que se le agitaron fantasmas en períodos electorales y que se preguntaba: «¿El Estado va a cuidar a nuestros hijos?». No. El Estado te va a apoyar para que cuando vayas a trabajar o a estudiar tengas un lugar garantizado para dejar a tus hijos a buen resguardo –con los estímulos, con la inclusión y con todo lo que sea necesario de acuerdo con la edad que tengan–, o para que tu abuelo cuente con hogar diurno. Eso es lo que pretendemos: que el Estado articule, pero que la prestación la brinde, por ejemplo, el Piñeyro del Campo en su hospital de día, o una ONG.

En resumen, este es un sistema que habrá que seguir profundizando. Con un sistema de cuidados que funcione realmente, podremos tener doscientos mil empleos; habrá que formarse como cuidador y para ello responder a un currículo. Tal vez la gran mayoría sean mujeres, como lo son hoy en las empresas privadas de cuidados, muchos de ellos sanitarios, aunque no son cuidados en el sentido estricto de este derecho.

Al día de hoy sería casi inabarcable intentar enumerar la enorme contribución de diferentes ámbitos de la sociedad. Entre otros, la de la Fundación Astur.

En este sentido, han sido notables las intervenciones que sobre este tema ha hecho el contador Enrique Iglesias, donde él se pone, con sus jóvenes 82 años –si no recuerdo mal–, como un eventual actor de ese proceso demográfico que se da en Uruguay: el envejecimiento del envejecimiento. Ya no alcanza con decir que después de los 65 años somos adultos mayores; Uruguay ya está viviendo el proceso de envejecimiento del envejecimiento. Esto no sucede por primera vez y solo en nuestro país, sino que ya ha ocurrido en otros países, como España, que por eso hizo la ley de dependencia. Ahora bien, analizando la ley de dependencia de ese país, la de Colombia y otras leyes que en materia de legislación comparada se han estudiado, tendremos que encontrar un diseño a la uruguaya –a nuestra talla–, que sea sostenible, pero que no nos tranque desde el mismo inicio.

Hay otro aspecto que hace imperiosa la existencia del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y el inicio de ese diseño. Para tomar como ejemplo una actividad, muchas veces se dice, por parte de algunos actores de la academia, que no hay organizaciones que reclamen el sistema de cuidados, pero a nosotros, los políticos, en campaña o fuera de ella, ¿qué nos dice la gente?: «Puedo venir solo un ratito al acto o a la charla, porque tengo que ir a cuidar a mis hijos que ya salen de estudiar» o «tengo que ir a cuidar a la abuela por tal o cual razón». Está claro que no vamos a solucionarlo todo; nadie piensa que de la aprobación de este proyecto de ley van a surgir todas las soluciones para el cuidado de nuestro entorno familiar, pero habrá que ir pautándolo progresivamente.

Hay algo que realmente me impresionó cuando se llevó a cabo, y fue una encuesta sobre género y generaciones que hicieron –no recuerdo exactamente cuándo, pero hará unos ocho o diez años– la UdelaR, MYSU y Unfpa, más algunas otras organizaciones. Allí se mostraba –era una realidad que rompía los ojos– que las mujeres uruguayas tenían una doble insatisfacción: las de bajos recursos económicos tenían más hijos de los que pretendían tener y las de medianos recursos económicos tenían menos hijos de los que pretendían tener. Se excluía de ese estudio a aquellas que podían tenerlo todo solucionado mediante la accesibilidad económica. Seguramente, las mujeres de los sectores socioeconómicos bajos ya no tengan tal grado de insatisfacción, porque la prestación de métodos de anticoncepción por parte del Ministerio de Salud Pública, de ASSE, ha sido realmente muy impactante. Lo vimos, con gratificación, en la encuesta de jóvenes publicada en los últimos días, donde nueve de cada diez de ellos conocía los métodos de anticoncepción, lo que dista mucho de otras preocupantes cifras que teníamos antes.

Sin duda existe la necesidad de pensar en un diseño social de esta naturaleza, porque el hecho de que haya tan solo 46.000 o 47.000 nacimientos al año es un problema para este país, más cuando muchos de esos niños nacen en los hogares con mayores dificultades económicas, y es a ellos a quienes más debemos atender. Lamentablemente, cuando se dio la fractura social que tuvimos, quienes sufrieron fueron los más jóvenes, y sigue siendo una situación a atender, aunque hemos mitigado muchísimo el indicador de pobreza en la infancia.

En resumen, tenemos que lograr que las mujeres de los quintiles más bajos puedan contar con los cuidados necesarios en materia de prevención, pero también en cuanto a la atención de sus hijos, diseñando un sistema que tenga accesibilidad, para permitir que las mujeres de clase media salgan a trabajar y cuenten con una red de apoyo para el cuidado de sus hijos.

Llegamos al año 2013 y, en el capítulo de igualdad y derechos, nuestra fuerza política define que hay que asegurar el pleno ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad –en especial de aquellos que se encuentran o pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad social–, garantizar igualdad de oportunidades y promover la integración social. Para ello se propone, entre otras cosas, desarrollar nuevos componentes universales y, en particular, el sistema de cuidados para las personas dependientes.

En el año 2014 las mujeres del Frente Amplio, estructuradas en el ámbito al que hacía referencia, plantean al doctor Tabaré Vázquez la necesidad de impulsar nuevamente este sistema, y no es cierto que no haya tenido avances en el período anterior, sino que algunos de ellos no son los más visibles. Capacitar formadores no es lo que más se visualiza, como tampoco hacer tareas de diseño o dotarnos de datos específicos para saber cómo podemos fragmentar las diversas poblaciones a fin de ir satisfaciendo las diferentes demandas. Es así que el doctor Vázquez se compromete a impulsar este sistema como una acción central del tercer período de gobierno.

SEÑORA TOURNÉ.- ¿Me permite, señora Presidenta?

Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone la Senadora Xavier.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–20 en 22. Afirmativa.

Puede continuar la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Gracias, señora Presidenta.

La declaración de interés general planteada en este proyecto de ley habilita al Estado, a la comunidad y al mercado a realizar acciones afirmativas con la finalidad de remover los obstáculos sociales –a los que hicimos referencia– y culturales que limitan la igualdad sustancial de las personas destinatarias de la ley, y también de las mujeres, quienes han asumido de manera histórica y «natural» –entre comillas– los roles vinculados a las tareas de cuidado.

Decíamos que hace visible el trabajo no remunerado. Quiero recordar que el estudio presentado recientemente, denominado Las bases invisibles del bienestar social, le puso nuevamente número al trabajo no remunerado. La primera medición se hizo hace algunos años. Si le pusiéramos valor al trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, en aquella oportunidad era equivalente al 25 % de nuestro producto bruto interno. Esta última medición dio como resultado un 23,9 % del producto bruto interno. ¡Si será importante estudiar y poner número a las cosas para visualizar este aporte que las mujeres uruguayas hacemos a nuestra sociedad a través del cuidado!

El diseño de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados en el país se inserta en el marco de un proceso más amplio de reformas sociales que, en nuestro caso, concebimos desde 2005, entre las que se destacan: la reforma de la salud, la reforma de la seguridad social y la reforma tributaria.

La construcción proyectada de un sistema de cuidados concebido como un conjunto de acciones y medidas orientadas al diseño e implementación de políticas públicas –que constituyan un modelo solidario y corresponsable entre familia, Estado, comunidad y mercado–, además de promover el desarrollo de la autonomía de las personas en situación de dependencia, su atención y asistencia, impacta directamente en otros aspectos: en la equidad de la distribución del ingreso; en la equidad de género; en la promoción de procesos de cambios poblacionales; en la familia y en el mercado de trabajo. Esto es lo que hemos intentado ilustrar con alguno de los ejemplos anteriores.

La conceptualización y el alcance de los cuidados debemos indicarlos como aquellas acciones destinadas a ayudar a un niño o niña, o a personas dependientes, en el desarrollo y el bienestar de su vida cotidiana. Más precisamente, son definidos como aquellas acciones que las personas dependientes deben recibir para garantizar su derecho a la atención de las actividades y necesidades básicas de la vida diaria por carecer de autonomía para realizarlas. En este sentido, es considerado tanto un derecho como una función social que implica la promoción del desarrollo de la autonomía personal, la atención y la asistencia a las personas dependientes.

El sistema de cuidados implica el conjunto de acciones públicas y privadas que brindan atención directa a las actividades y necesidades básicas de la vida diaria de las personas que se encuentran en situación de dependencia. Quedan comprendidos en las mismas nuevas prestaciones, coordinación, consolidación y expansión de servicios existentes, así como la regulación de las personas que cumplen los servicios de cuidados.

La consagración del derecho a los cuidados debe ser considerada desde una doble perspectiva: la de las personas que necesitan cuidados y la de quienes cuidan; es decir, desde el derecho a dar cuidados y desde el derecho a recibir cuidados.

El concepto de dependencia es concebido como el estado en el que se encuentran aquellos que requieren de la atención o ayuda importante de otra u otras personas para realizar actividades básicas y satisfacer necesidades básicas de la vida diaria.

Imaginemos la diversidad de situaciones que se pueden plantear. La ley marco las señala cuando aclara que no es lo mismo el caso de una persona que tiene una red social, familiar –a la que se le puede brindar los cuidados en determinado margen horario del día para cumplir con las necesidades básicas–, que el de aquella que no cuenta con esa red. Los riesgos son los que uno pretende evitar en la mayor cantidad de casos, y me refiero a la institucionalización. Pero para que el sistema pueda funcionar tenemos que ser conscientes de algunas cosas.

En la comisión, por ejemplo, nos preguntábamos: ¿qué hace el cuidador? ¿Le compra la comida? ¿Le cocina? ¿Le limpia? ¿Lo ayuda a alimentarse o a bañarse? Para que este sistema funcione tenemos que ser conscientes de que hay tareas que sí corresponden al cuidado y hay otras que son difíciles de sostener en una persona que no tenga red social, para las que habrá que pensar qué tipo de institucionalidad es la más conveniente, porque todos sabemos que muchas veces allí se desarrollan patologías que no son convenientes.

En cuanto al ámbito subjetivo de aplicación de la ley o, dicho de otra forma, quiénes son titulares de los derechos establecidos en la misma, se señala a aquellas personas que se encuentran en situación de dependencia, como los niños y niñas de hasta 12 años, tema sobre el que se ha discutido. No tengo la menor duda –debido a mi condición de médica– de la ventana de oportunidades que significa la etapa de 0 a 3 años en un niño o niña. Lo cierto es que tenemos otro marco de legislación al que también debemos remitirnos. Debemos recordar que la niñez es hasta los 12 años –luego se es adolescente– y la Convención sobre los Derechos del Niño –aprobada por la Ley n.º 16137– plantea en su preámbulo el tema de los cuidados y proclama que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. El artículo 1 dice que se respetarán los derechos enunciados en esa convención y se asegurará su aplicación a cada niño sujeto a la jurisdicción respectiva, sin distinción alguna.

Quisiera dejar sentado –después veremos si se hace o no un agregado a esta disposición– que de ninguna manera pretendemos violentar el derecho de igualdad consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay una propuesta realizada en la comisión, que se reitera en el plenario, y debemos hacer esa advertencia. Descuento que cuando se reglamenten los cuidados en la infancia, cada uno de estos aspectos será debidamente desarrollado.

También están comprendidas en la norma que estamos considerando las personas mayores de 65 años que carecen de autonomía para desarrollar actividades y necesidades básicas de la vida diaria y personas con discapacidad que carecen de autonomía para desarrollar las actividades y necesidades básicas de la vida diaria.

A título enunciativo se mencionan los principios y directrices fundamentales rectores del sistema que se está creando, conforme a la normativa aplicable: la universalidad y la progresividad. Debemos tener en cuenta que esto puede llevar muchos años. En ningún país se hace con mucha rapidez porque implica, además de la complejidad institucional, el cambio cultural que una ley de esta naturaleza conlleva. Sobre la base de todo lo expresado, considero que demandará algunas décadas consolidar el sistema de cuidados.

En cuanto a la articulación y coordinación, la equidad, la continuidad, la oportunidad, la calidad, la sostenibilidad y la accesibilidad, es importante que tengamos la integralidad de estos principios en la concepción de un sistema como este.

En el plan que la ley mandata a construir y a enviar a la Asamblea General, se determinará cuál es el diseño de financiamiento y si amerita o no una norma legal correspondiente y complementaria al sistema.

Con relación a lo presupuestal –que ha sido fuertemente planteado–, debo decir que es un tema en el que no se ingresa. Se va a aprobar este marco legal, por lo menos en una Cámara, lo que es bueno, y se están tomando las previsiones del caso. Sin embargo, no creo que deba estar en esta ley marco inicial, aunque el hecho de que no esté, tampoco significa un cheque en blanco, ya que vendrá en los incisos correspondientes de los ministerios que constituyen parte activa del sistema de cuidados.

Creo que promover la optimización de los recursos públicos y privados de cuidados racionalizando el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, financieros y la capacidad instalada y a crearse, es fundamental. Nadie puede pensar en que todo sea creado por primera vez. Tenemos recursos preexistentes y debemos lograr la articulación y la armonización de los temas comunes en cuanto a cómo manejar este sistema en cada ámbito. Me parece imprescindible el involucramiento de las intendencias, porque si no hay aterrizaje en el territorio es muy difícil la implementación del sistema de cuidados, ya que no alcanza solo con una ley, por más perfecta que ella sea. Creo que la comunidad y el territorio pasan a ser el engarce necesario para que sean menos los tiempos y más eficiente la implementación de un sistema de cuidados.

Tenía pensado hacer referencia a algunas cuestiones institucionales, pero me parece que están desarrolladas en el proyecto de ley. Lo que quiero decir enfáticamente es que acá no hay más burocracia, y el compromiso que adquirió el doctor Vázquez se cumple a cabalidad. Ahora bien, si pensamos que una tarea de coordinación, honoraria, de otras estructuras –en función de armonizar el sistema de cuidados– es crear burocracia, no estamos utilizando la denominación que corresponde.

Pongo muchas expectativas en el Plan Nacional de Cuidados, y creo que es muy bueno que realicen aportes los diferentes ámbitos parlamentarios, nuestras colectividades políticas, nuestras organizaciones sociales y nuestros espacios de definición académica en distintas áreas profesionales o de la intelectualidad. Así como nombramos tantas instituciones que se han involucrado en este tema y lo seguirán haciendo, ojalá haya un nuevo impulso de aportes para avanzar en el diseño del sistema de cuidados.

Si bien he abreviado mucho lo que tenía para comentar, me importa dejar constancia de algunas cifras.

Hay una medición con la que cuentan los organismos que están diseñando este sistema, que muestra la incidencia de la dependencia en las personas mayores. Es sabido por todos la incidencia de las personas mayores en nuestra pirámide poblacional. Si tomamos el rango de 65 a 69 años con relación al de 70 a 74 años, vemos que se incrementa en un 1 % la dependencia de estas personas. Si comparamos rangos de quinquenios entre 85 y 89 años con relación a 90 y más, el aumento porcentual es de 20 puntos. Realmente, la progresividad de la dependencia en los adultos mayores y el impacto que ellos tienen en nuestra pirámide poblacional, hace que todos hagamos el mayor esfuerzo para tratar de tener el mejor diseño. Se dice que las sociedades se pueden evaluar por cómo cuidan a sus niños y a sus mayores. Con relación a los niños, se ha sido negligente por largos períodos y, a pesar de lo que se ha avanzado, aún resta mucho esfuerzo por realizar. Con relación a los mayores, que cada vez son más y con más edad, también los esfuerzos deben ser profundizados.

Finalmente, compartimos que la evidencia científica es indispensable para la elaboración del mejor arranque de sistema posible, y también debemos asumir que en la búsqueda de esos mejores diseños no se debe obstaculizar el inicio de un proyecto de esta trascendencia.

Muchas gracias.

SEÑOR CARÁMBULA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARÁMBULA.- En primer lugar, celebramos que este proyecto de ley, a nuestro entender tan importante, significativo y que representa un salto en cualidad y en calidad hacia el futuro, con una concepción integral del sistema de cuidados de las distintas áreas de dependencia, sea acompañado por todos los partidos. Nos parece que es una señal política bien significativa y lo subrayamos.

En segundo término, sin duda que el concepto fundamental inicial de este proyecto de ley es lo que se establece en el primer artículo, es decir, la explicitación de la universalidad del derecho. En ese sentido, nuestro miembro informante, el señor Senador Otheguy, ha sido claro en cuanto a lo que esto significa en materia de avanzar en un concepto de sociedad de derechos, así como en la extensión del concepto de derechos humanos a estos derechos que son, a nuestro entender, fundamentales para el desarrollo de la persona. No nos vamos a extender en este aspecto, pero lo señalamos como un avance significativo en una concepción de sociedad de derechos, un cambio notorio de paradigma: desde lo tutelar a la garantía y al ejercicio de los derechos.

En tercer lugar –no me voy a extender porque la señora Senadora Xavier ha hecho un extraordinario racconto de lo que ha sido el proceso de este proyecto de ley–, quiero decir que, como en todo proceso en nuestra sociedad, no es mágica la aparición de la norma, sino que reconoce mucho camino andado y, sin duda, en la dialéctica de las circunstancias de la vida, tiene mucho por recorrer. En ese sentido, quiero subrayar el rol de la sociedad civil en sus múltiples aspectos, así como el de las instituciones y organizaciones tanto públicas como privadas que han hecho de este un tema central y que hoy recoge la norma que nos aprontamos a votar. Quiere decir que ese pilar del rol de la sociedad organizada una vez más tiene un factor preponderante en la consideración que hoy estamos haciendo.

En cuarto término, quiero señalar que este proyecto de ley tiene básicamente diez puntos, que no los voy a desarrollar porque eso ya se ha hecho a lo largo del debate. En el día de ayer escuchamos con mucha atención al señor Senador Mieres, que entiendo definía con precisión este proyecto de ley junto con la Senadora Payssé y el miembro informante. Quiero subrayar, primero, la coordinación, la articulación, la optimización de los recursos existentes, el reconocimiento de lo que hay y la ampliación de los servicios existentes, así como la sociedad público-privada, una vez más, de la mano de la participación social –y a ello haremos referencia al final–, algo fundamental en la concepción del derecho y en el ganar los derechos, en conquistarlos.

Por otra parte, quiero referirme a la corresponsabilidad; está el sujeto de derecho, pero también es sujeto de derecho quien ejerce la tarea de cuidar, y este proyecto de ley tiene la gran virtud de explicitar y reconocer los derechos de quien va a cuidar.

Por último, quiero dejar constancia de dos conceptos a nuestro entender fundamentales. El concepto de dependencia que define la ley y el de progresividad. Sin duda –es a lo que vamos a referirnos ahora–, esta ley no se va a aplicar de un día para el otro en la dimensión de lo que el marco jurídico genera, porque es un proceso progresivo y debemos estar atentos para no crear expectativas en demasía, sobre todo en los primeros tiempos de implementación. Al mismo tiempo, admitimos que esa progresividad hacia el futuro debe reconocerse en lo que el país ha avanzado durante los últimos años en los temas que hoy este proyecto de ley abarca. Asimismo, pretende dar un salto cualitativo, como decíamos, en materia de articulación, de coordinación, de optimización de los recursos y de expansión de los servicios existentes. En ese sentido, quiero referirme particularmente a algo en lo que se hizo mucho hincapié en el día de ayer y en lo que todos coincidimos que es un tema fundamental, pero quiero hacerlo desde la etapa en la que estamos. Indudablemente, desde la etapa en la que nos encontramos podemos marcar lo que falta. Pero en la etapa en la que estamos también debe reconocerse lo que se ha hecho en estos años, porque si lo que proyectamos hacia el futuro no tiene un reconocimiento en la progresividad de lo que se ha hecho, seguramente fallará en el diagnóstico y en la prosecución de las tareas.

Sin duda –y lo dice la fundamentación de la exposición de motivos del Poder Ejecutivo–, todos conocemos la influencia decisiva de los cuidados en el desarrollo de las nuevas generaciones, para que como fruto de dichos cuidados en los primeros años de vida puedan recorrer luego el camino de la educación de manera exitosa y así integrarse en pleno a la sociedad. «Primera infancia» es la consigna del proyecto Uruguay Crece Contigo y la primera infancia es para siempre, lo que define cómo marca la primera infancia en la evolución de cada ser humano. Es más, nosotros sentimos que en el Uruguay, tras este marco de la ley de cuidados –que define prioridades: primera infancia, adultos mayores, personas con discapacidad– y a partir de lo que ya hay, sin crear otras estructuras, sino simplemente optimizando lo que este proyecto de ley genera más todo lo que se está haciendo, debemos apuntar a un programa de mil días de equidad, porque allí se juega la equidad y la solidaridad de nuestra sociedad. Evidentemente, el lugar privilegiado y el derecho a un buen comienzo de la vida forman parte de un conjunto de obligaciones de los Estados –como bien decía la señora Senadora Xavier–, y a ello estamos obligados al haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahí se juegan las capacidades cognitivas, creativas, comunicativas y emocionales.

La neurociencia reconoce que el 80 % de nuestra capacidad intelectual se desarrolla desde las primeras etapas de la gestación y hasta los 3 años de vida, pero, fundamentalmente, en esos mil días que abarcan la gestación y los dos primeros años de vida; esa es la base determinante del aprendizaje posterior. Invertir en estos años, analizado desde todo punto de vista, es una oportunidad con un amplio margen de ganancia hacia el futuro.

Sin duda, el resultado de las políticas sociales dirigidas a la primera infancia condiciona, en gran medida, el éxito o el fracaso de las otras políticas sociales. Y notorios beneficios, en la medida en que abordemos esos mil días de equidad, tienen que ver con la educación, la salud, la convivencia y la capacidad creativa. Por ende, coincidimos totalmente con el informe del premio Nobel en Economía, James Heckman, quien dice que cuando los servicios son de buena calidad la sociedad puede llegar a obtener un retorno diecisiete veces por encima de lo que se invierte en primera infancia.

En el año 2007, por iniciativa del BID, un grupo de nueve distinguidos economistas analizaron de manera exhaustiva los principales retos de la región: democracia, educación, empleo, seguridad social, problemas fiscales y violencia. Presentaron cuarenta medidas, y la más importante en esa recomendación de los expertos fue la inversión en primera infancia lo que, según ellos –y lo subrayamos nosotros–, propicia los mejores resultados sociales y económicos en el corto y largo plazo. Sin embargo, este estudio también nos dice que en el mundo todavía hay más de doscientos millones de niños y niñas que no reciben la atención adecuada.

Nosotros entendemos que garantizar los recursos financieros no es suficiente. Hay que articular con todos los sectores –es justamente lo que prevé y da marco este proyecto de ley– lo que tiene que ver con salud, educación y protección. Fundamentalmente, debe existir la voluntad política para que el sistema político respalde esta prioridad.

No hay duda de que son muchas las lecciones aprendidas con respecto a este tema ni de que existe la necesidad de contar con instancias de coordinación suprasectoriales. No hay recetas únicas, pero cuando las políticas están bien definidas, cuentan con los recursos asignados, son integrales y multisectoriales, aseguran la coordinación de los distintos ministerios que trabajan en el tema y, fundamentalmente, se interrelacionan con la familia, la comunidad y apuntan a la universalidad; entonces, ahí se está dando el paso adelante.

A fin de analizar el proceso en el que hoy estamos y hacia el que vamos, quiero referirme a algunas cifras. La señora Senadora Xavier hacía mención a algo que, desde la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, que integramos, debería ser una de las principales preocupaciones. En 1996 en nuestro país se producían 59.000 nacimientos; hoy la cifra ha descendido a 47.000. Hasta 2011 este hecho se atribuyó a los resultados migratorios de nuestra población. Y si bien hay distintas interpretaciones, lo cierto es que en quince años tuvimos 13.000 nacimientos menos, y esa cifra se estabiliza. Para tener una idea, podemos decir que entre 1996 y 2011 hay menos niños y adolescentes; de 949.000 niños y adolescentes de entre 0 y 17 años, hoy estamos en ese rango de población en 75.000 menos. Este hecho, fundamentalmente, resume lo siguiente: la tasa de reemplazo del Uruguay hace años que viene siendo menor a lo que corresponde a una población, por lo menos, en sustentabilidad. En un primer marco de conceptualización, podemos decir que existe la necesidad de una política de cuidados que apunte, sin duda, en primer lugar, a la vulnerabilidad extrema, pero también a la articulación del desarrollo de la fecundidad-natalidad y a las posibilidades de igualdad en materia de género, derecho y oportunidades de trabajo e inclusión en la vida social.

Nosotros queremos hacer un repaso, porque ayer se dieron algunos números, y entendemos que está bien contar con números. Por suerte, hay una encuesta nacional de nutrición, salud y desarrollo infantil llevada adelante en el año 2013 y evaluada en 2014. Una de las condiciones de la encuesta es que sea pública, es decir que se pueda conocer y estudiar. Pero tras esa encuesta, que nos hace un corte de la realidad, debemos mirar para atrás y comprometernos hacia el futuro. Sin duda la primera infancia es prioridad absoluta, y fundamentalmente la primera infancia en los primeros años de vida. El gasto público social, principalmente concentrado en la primera infancia, fue creciendo entre 2013 y 2015 en 8,1 % anual y en ello intervienen varios factores e instituciones y hay que hacer unos cuantos aportes sobre la consideración global del gasto público.

En cuanto a las consecuencias de estas políticas debo decir lo siguiente. Me gusta mencionarlas –como aquí se dijo– pero no solo con porcentajes. Podríamos decir que la pobreza infantil pasó del 59 % al 22 % en la población que va de 0 a 3 años, lo que significa que 68.000 menores de 4 años salieron de la pobreza en los últimos diez años. Esto significa que 15.000 menores de 4 años salieron de la indigencia absoluta en estos diez años, pasando de 9,2 % a 1,1 %. Es una cobertura objetiva, que nos revela el seguimiento de la pobreza en la infancia. Al mismo tiempo, llegamos a este Sistema Nacional Integrado de Cuidados, cuya fortaleza fundamental será articular lo que hoy destinamos a estos temas. Debemos concentrar, priorizar y expandir lo que ya hacemos, fundamentalmente, apuntando a que en el futuro haya un plan nacional que integre lo que realizamos.

Quiero subrayar todo aquello que forma parte de la cobertura de políticas sociales que hoy tenemos para los menores de cuatro años.

Ayer se hablaba de los CAIF, que han crecido significativamente aunque, sin duda, aún de manera insuficiente. Hay 63.500 niños matriculados en los CAIF y en los centros de ANEP para menores de 3 años. Solo para dar un ejemplo digo que en Canelones, en los últimos diez años, se multiplicaron por tres los CAIF destinados a la primera infancia. Hay 127.500 niños cubiertos por el Fonasa y 92.000 en hogares que cobran asignación familiar. Hoy lo más importante en ese desafío que ayer se planteaba con relación a la primera infancia es que 10.500 niños ya son atendidos y seguidos de cerca a través del programa Uruguay Crece Contigo, del que luego vamos a dar algunas cifras.

Así pues, no partimos de cero. Somos conscientes de la etapa en que nos encontramos y también de lo que falta. Quiero dar otros ejemplos. La asistencia de los niños a los centros educativos es un tema fundamental en lo que es la concepción global e integral del cuidado. En 2006 el porcentaje de niños atendidos, de 0 a 3 años, era de 21 %, hoy es de 35 %; a su vez, en el caso de los niños de 4 y 5 años, el porcentaje pasó de 85 % a 95 %.

Y voy a mencionar otras cifras que también tienen que ver con lo que se planteaba ayer y que hacen a esa primera infancia que tanto nos desvela: la captación temprana delembarazo, la reducción de las muertes maternas y el acceso de los niños al Fonasa.

En 2006 el porcentaje de embarazos captados durante el primer trimestre era de 47 %; hoy ya alcanza al 63 %. Sin duda, ahí se está jugando el destino de ese niño que nace. En cuanto a la mortalidad materna, en el año 2000 el porcentaje era de 17,1 % cada 100.000 personas; en 2012 fue de 10 % y hoy sigue bajando. Aun así, sabemos que estos resultados son insuficientes porque no podemos concebir ni una sola muerte materna que podamos evitar, debiendo hacer todo para lograrlo. Y en lo que respecta a la cantidad de niños cubiertos por el Fonasa, podemos decir que en 2010 fue de 149.000, mientras que en 2014 la cifra ascendió a 185.000.

Días pasados se celebró la Semana de la Lactancia Materna. Estamos hablando de algo fundamental donde se juega –podríamos decir– la primera infancia en todos los sentidos, desde el punto de vista de la nutrición, del afecto, de la cercanía y de lo que es –podríamos decir– el rescate de ese niño desde el primer día. En 1996, solo el 54 % de los niños recibía lactancia materna en el primer mes de vida; en 2011 el porcentaje fue de 89 %, y seguramente el correspondiente al año 2014 será aún superior. En cuanto a la lactancia en el sexto mes –lo que más importa–, pasamos de un 8 % a un 35 %. Reitero: ahí se está jugando la primera infancia, y todo esto habla del esfuerzo sostenido que han venido realizando distintas instituciones orientadas, fundamentalmente, a la educación, a la cercanía y al cuidado de los niños, así como también de la legislación que este país se ha ido dando en materia de protección de la madre –extendiendo las jornadas de descanso– y de fomento de la participación del hombre, para que sea corresponsable en este sentido.

Sin duda, nos duele en el alma el hecho de que todavía el porcentaje de niños en hogares que experimentan inseguridad alimentaria severa sea del 4,3 %. Es ahí donde se juega el partido. Tenemos entre 46.000 y 47.000 nacimientos anuales; 7700 se producen en el hospital Pereira Rossell; nuestro conocimiento territorial nos permite saber dónde está, fundamentalmente, el desafío de esta inseguridad alimentaria severa y ahí hemos enfocado el objetivo de nuestro trabajo en este tiempo. A propósito, quiero dar algunas cifras que importan mucho, pensando sobre todo en el corte que se produjo. La encuesta que registra este 4,3 % de inseguridad alimentaria severa se remonta a fines de 2013 y 2014.

El programa genérico muestra que el retraso de crecimiento entre 1999 y 2011 bajó ya cuatro puntos. Lo más importante es que hay resultados que ya podemos claramente objetivar, en un trabajo que, como es natural, llevará su tiempo. El programa Uruguay Crece Contigo, por ejemplo, está trabajando con 10.000 niños en situación crítica; al comienzo, la inseguridad alimentaria severa –con hambre– de los niños atendidos era del 17 %; sin embargo, al finalizar el primer ciclo había bajado a 7 %. ¡Diez puntos menos! ¡Vaya si será importante el seguimiento de cercanía! ¡Vaya si será importante el Sistema Integral de Cuidados para abordar estos temas!

A continuación, me voy a referir a los niños y niñas con anemia y a hablar de los resultados obtenidos a partir de los programas Uruguay Crece Contigo y Canelones Crece Contigo. Este último fue pionero en este proyecto en el que, sin duda, lo que más se busca es la optimización de los recursos coordinando el sistema institucional, los distintos ministerios, y apuntando al objetivo concreto que es la primera infancia. Hacemos esto con total convencimiento, así como estamos convencidos de que si hoy votamos este proyecto de ley sobre cuidados estaremos recorriendo el camino correcto.

Al comenzar el trabajo de seguimiento en el marco del programa Uruguay Crece Contigo –que se puso en marcha en este reciente período de gobierno–, el porcentaje de niños con anemia era de 31 %; sin embargo, al finalizar era de 10 %. Con el programa Canelones Crece Contigo, de un total de 1200 niños, 500 salieron de la anemia. Teníamos un 13 % de niños con dificultades en el desarrollo; ahora el porcentaje es algo menor a 8 %. Sin duda, ese es el camino que debemos transitar.

Es necesario reconocer que este proyecto de ley aborda la compleja vulnerabilidad en todos sus planos, y, por ende, los resultados nunca se van a medir a corto plazo; ahora bien, como es natural, se hace imprescindible hacerlo desde una visión multidisciplinaria y multicausal.

Cuando pensamos en los desafíos universales para los niños y las niñas, ante todo debemos pensar en la vivienda y en el medioambiente. Todavía tenemos un 44 % de hacinamiento, y en lo que respecta a dificultades con el saneamiento, el porcentaje es muy superior. Hay que pensar también en la influencia que tiene la educación del padre y de la madre en la primera infancia. La enorme mayoría de los hogares no tiene referencia paterna. Hay que tener en cuenta la vulnerabilidad del sistema en torno a la vivienda, al barrio, al lugar donde vive el niño y las pautas de crianza. Todo esto nos obliga a realizar este enorme esfuerzo de coordinación y articulación.

Este tema de la primera infancia requiere un proceso continuo, y quiero ratificar la absoluta prioridad de los primeros mil días de equidad. Comparto lo que decía la señora Senadora Xavier en el sentido de que cuando Uruguay adhiere al Convenio Internacional de los Derechos del Niño, reconoce la universalidad de estos derechos y, por ende, esta prioridad está comprendida. A su vez, en estos diez años, a través de estos programas que se han desarrollado, nuestro país le ha dado absoluta prioridad a la primera infancia y hoy empezamos a ver los resultados. Sabemos que son insuficientes, pero también sabemos que este es el camino.

Queremos abordar también el tema de la discapacidad, aunque sin extendernos demasiado porque ya los Senadores que nos precedieron en el uso de la palabra se han referido a él de manera muy clara.

En primer lugar hacemos notar, fundamentalmente, el avance que ha tenido nuestra sociedad en materia de visibilización y reconocimiento del tema.

En segundo término, queremos subrayar el extraordinario rol de las organizaciones sociales, a veces dispersas, sin coordinación y, otras, con planes propios que no articulan con lo que es una política de carácter nacional. De todos modos, es indudable que hemos avanzado en materia de coordinación y de recursos. La ley relativa a la discapacidad, aprobada en 2010, constituye un extraordinario logro para el Uruguay. Mucho de lo que aquí se plantea está definido por esa ley; en este sentido, ayer se hablaba de lo que significa la discapacidad y, precisamente, en uno de sus artículos –el 2.º– se define con precisión el concepto.

El Uruguay ha avanzado en esta materia. Sin duda, la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tema fundamental.

Lo que hemos avanzado como sociedad tiene que ver con la concepción de la discapacidad, no como un problema físico o médico que hace que la persona deba adaptarse al resto de la sociedad, sino como parte de la diversidad humana a la que la sociedad está obligada a adaptarse, garantizando la sensibilidad y la inclusión mediante la adopción de políticas públicas que favorezcan el pleno acceso a la salud, la detección precoz de la discapacidad y su tratamiento, la promoción de la inclusión temprana y el reconocernos a partir de la sensibilidad en la diversidad, para el aprovechamiento común de los espacios públicos y culturales, más la necesaria protección social. Pasamos del paradigma de pensar en el «minusválido» –entre comillas– o en el paciente con una discapacidad, al modelo de los derechos humanos, que se centra en la dignidad intrínseca o propia del ser humano, es decir, en la dignidad que se tiene por el hecho de ser humano, independientemente de las características o condiciones que se tengan. Es allí que debemos reconocernos en la diversidad.

Sobre este tema quiero hacer otras dos consideraciones.

De acuerdo con la información recogida en el censo respectivo, actualmente más de 500.000 uruguayos padecen algún tipo de discapacidad, ya sea leve, moderada o severa. Gracias al registro avanzado que existe en función de la ley vigente, podemos conocer la certificación de discapacidad, por lo que estamos en condiciones de afirmar que 23.433 certificaciones corresponden a discapacidades severas.

Aquí hay dos círculos que debemos abordar. Por un lado, de las 500.000 personas con discapacidad, 50.000 son niños o adolescentes. Y al igual que en la concepción general de la primera infancia, es allí donde se juega el partido. La detección precoz, la definición de la discapacidad, el diagnóstico y, sobre todo, el emprendimiento de un camino son fundamentales para que ese niño pueda recorrer una senda de inclusión, educación y participación, a través de una oportuna detección, visualización, reconocimiento y protección social a la familia.

El otro aspecto a tener en cuenta en este tema es el del círculo de pobreza. Lamentablemente, la mitad de las personas con discapacidad pertenecen a los hogares de menores recursos. Es precisamente en la aplicación de la ley de discapacidad y, ahora, en este Sistema Nacional Integrado de Cuidados, donde encontramos el gran desafío.

Recién hablábamos con el señor Senador Mujica y decíamos que no es lo mismo abordar la discapacidad en un barrio de vulnerabilidad extrema a hacerlo en otras circunstancias.

Si la discapacidad que padecen –en mayor o menor grado– esos 50.000 niños es detectada precozmente, puede abordarse para ser superada, y la que se presenta en el círculo de pobreza no debemos transformarla en algo que sume marginalidad, estigma y desinserción, sino todo lo contrario. A nuestro entender, allí está el gran objetivo.

Se ha hecho mucho y también queda mucho por hacer. La ley que se creó en nuestro país y que reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es, sin duda, el camino, y su aplicación deberá entroncarse con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR OTHEGUY.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–22 en 24. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Carámbula.

SEÑOR CARÁMBULA.- Gracias, señora Presidenta.

Procuraremos ir terminando nuestra exposición.

Sin duda, en materia de discapacidad tenemos que seguir avanzando en la certificación única que nos dé las herramientas adecuadas. Ya se ha realizado mucho en este tema. Actualmente el Ministerio de Desarrollo Social, a través de su Programa Nacional de Discapacidad, tiene estos elementos. Todo lo que hace al Plan Nacional de Equiparación de Oportunidades y Derechos de las Personas con Discapacidad, que implemente la ley votada –y que lamentablemente todavía no se está cumpliendo a nivel público ni privado–, es parte del avance, junto con este salto que hoy damos en materia de cuidados.

No voy a referirme al tema de los adultos mayores, pues ya lo ha hecho –y muy bien– la señora Senadora Xavier. Solo quiero manejar una cifra: en 1963 o 1964, los adultos mayores de 65 años representaban el 7 % de la población. Actualmente, somos el 15 %: 463.700 personas, cantidad que va camino a incrementarse en función de las expectativas de vida. Allí vuelve a generarse ese círculo adulto mayor como lo marcaba muy bien la progresión que señalaba la señora Senadora Xavier, más las posibilidades de acceso en los diferentes niveles y quintiles de situación social.

Quiero referirme a algo que también se planteó aquí –y lo decía muy bien la señora Senadora Xavier–: el articulado que estamos presentando, lejos de representar un incremento de la burocracia, confiere a este proyecto de ley la jerarquía que merece y debe tener. De acuerdo con el texto, la Junta Nacional de Cuidados está integrada por los Ministros –lo que está marcando la voluntad del Poder Ejecutivo– de Desarrollo Social, de Educación y Cultura, de Trabajo y Seguridad Social, de Salud Pública, y también por la OPP y por los Presidentes de ANEP, BPS e INAU.

Aquí se incorpora lo que consideramos un tema fundamental: la perspectiva de género, es decir, que desde el principio transversaliza la perspectiva de género con el concepto sustantivo de corresponsabilidad.

Por otro lado, se establece una Secretaría. El artículo que refiere a las diferentes áreas dice expresamente que esa Secretaría articulará y coordinará con las áreas que ya están funcionando en los distintos programas que Uruguay tiene.

Finalmente –y de esto quiero hacer una especial defensa–, se crea un Comité Consultivo. Este proyecto de ley tiene una fortaleza: la descentralización. En la comisión se planteó –y se aprobó por unanimidad– la integración del Congreso de Intendentes en el Comité Consultivo. Y esto no es casual; no es, simplemente, que los intendentes estén representados políticamente en este Comité Consultivo. Esta normativa será exitosa en la medida en que tenga un fuerte enclave territorial, un fuerte enclave de relación del Gobierno municipal, del Gobierno departamental, con la localidad. Ese porcentaje –que nos duele– de niños que todavía están en una situación de vulnerabilidad extrema, no es únicamente una cifra: estamos hablando de personas que tienen nombre propio, tienen apellidos, son de barrios conocidos. A diferencia de otros países donde tal vez Juan y José no tengan el rostro conocido de la pobreza, en nuestros departamentos –podría afirmarlo con certeza en nombre de quienes hemos tenido responsabilidades territoriales– sabemos quiénes son, dónde están y cómo son. Entonces, el rol del Gobierno departamental y del Gobierno local en estos temas es fundamental. Hablaba con los compañeros y compañeras que tienen a su cargo los programas nacionales de discapacidad y uno de los grandes problemas que todavía tenemos en el interior es la visibilización de las personas con discapacidad, es decir, hacerlas visibles y reconocibles, pensar en sus derechos y luego conquistarlos.

Cuando en el proyecto de ley señalamos que la optimización de recursos va a generar un gran esfuerzo –y, sin duda, en el Presupuesto nacional se le destinará una primera partida–, queremos decir que habrá que dar saltos en calidad, optimizando los recursos a nivel local y territorial, y allí juegan un gran papel los Gobiernos locales y departamentales. Entonces, ¡vaya si está justificado que estén en el Comité Consultivo de Cuidados! Es más, nos hubiera gustado que estuvieran en la Junta Nacional de Cuidados, pero, insisto, ya es un gran paso el hecho de que los Gobiernos departamentales estén en el Comité Consultivo de Cuidados.

Lo mismo sentimos con respecto a los trabajadores. Según expresa el articulado, en el Comité Consultivo se incorpora la representación de la Central de Trabajadores, cuyos integrantes han trabajado en estos temas con enorme convicción y participación, aportando proyectos de ley que mejoran la inclusión de los discapacitados y las posibilidades que una persona con discapacidad tiene en el sistema laboral, tanto público como privado.

Por otro lado, ¡vaya si en el Comité Consultivo tendrá que estar representada la Academia a efectos de opinar en los cambios continuos que se dan en estos temas en la concepción de la discapacidad y su detección precoz, así como en la realización de nuevos tratamientos que favorezcan el desarrollo de nuevas tecnologías que colaboren para sacar de la dependencia a las personas con discapacidad! Por lo tanto, entendemos que está plenamente justificada la creación de un Comité Consultivo con participación de la Academia.

Finalmente, pensamos que es absolutamente necesario, imprescindible, que en este Comité Consultivo estén representadas las organizaciones sociales, las instituciones públicas y privadas, sobre todo aquellas que tienen una larga tradición en el país en materia de apoyo a los programas de discapacidad, con una gran experiencia y fogueadas en la materia. Ahí no nos confundimos porque sabemos quiénes son los que trabajan desde hace tanto tiempo.

Tengo en mis manos un documento de la red de cuidados, de las distintas organizaciones que han trabajado en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y que, justamente, son coparticipantes en la elaboración de este proyecto de ley. Entonces, ¿cómo no van a estar en el Comité Consultivo dando su opinión y trabajando en el territorio, en la cercanía? El aporte de estas entidades, que tienen una larga y probada experiencia, será fundamental.

Señora Presidenta: sentimos que este aspecto institucional de este proyecto de ley es fundamental y por eso lo apoyamos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la señora Senadora Cardozo.

SEÑORA CARDOZO.- Muchas gracias. Brevemente voy a hacer uso de la palabra para reforzar algunos de los aspectos que señalaron la señora Senadora Xavier y el señor Senador Carámbula. Voy a centrarme en el momento histórico en que nos encontramos en la Cámara de Senadores. Esta instancia es muy importante. Para nosotros es un orgullo ser parte de la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados porque se da un paso más en el camino hacia un Uruguay más justo e igualitario y eso responde a una ardua tarea que hemos emprendido en este país desde hace diez años.

También constituye un mojón más para construir un Uruguay garante de derechos, de personas libres, y estamos nada más ni nada menos que avanzando en el cumplimiento de nuestro programa de gobierno.

Con la sanción de este proyecto de ley estamos aprobando el esqueleto inicial sobre el cual después vamos a seguir construyendo este Sistema Nacional Integrado de Cuidados; estamos sentando las bases sobre las que vamos a levantar este sistema.

En este proyecto de ley no está todo definido –ni se pretende que lo esté– y creo que, en muchos aspectos, esto es un acierto. En diversas oportunidades me ha tocado estar más recorriendo el territorio que en este ámbito y, cuando las leyes precisan demasiado, muchas veces encorsetan, atan de manos a las políticas públicas y hacen que sea muy difícil adaptarlas a la realidad y a las necesidades de cada territorio. Por eso, con este proyecto de ley se pretende dar el marco necesario para empezar a trabajar.

Caminamos hacia un Uruguay más justo y para eso debemos superar las desigualdades que se dan por muchos motivos como: ingresos económicos, étnicos, de género y de generaciones.

Este proyecto de ley tiene que ver con todo lo que he señalado y quiero detenerme en el género. Afortunadamente, esta iniciativa se elabora desde una perspectiva de género y eso se señala explícitamente en el artículo 4.º. La creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados es de gran relevancia y va a tener un impacto muy importante en la calidad de vida de las mujeres. A pesar de todos los avances, vivimos en una sociedad con un orden jerárquico y asimétrico, basado en relaciones de género desiguales. En este orden, lo que hace una mujer que ocupa un lugar subalterno es invisibilizado y desvalorizado. Por ejemplo, si pensamos en que el promedio de los ingresos económicos de las mujeres –muchas veces por las mismas tareas– es inferior al de los hombres, podemos ver claramente cómo esa desvalorización se plasma en nuestra sociedad. Las imposiciones sociales de género sobre el rol que debemos cumplir las mujeres es un envoltorio que llevamos en nuestra vida, que nos ata. Es un envoltorio rígido y constrictivo que limita nuestra libertad de decidir quién queremos ser, qué queremos estudiar, de qué queremos trabajar, algo tan básico como a qué queremos dedicar nuestro tiempo libre o si queremos o no ser cuidadoras y en qué medida resolvemos hacerlo.

En nuestra sociedad se otorga a las mujeres el rol de dar, muchas veces dejando de lado nuestras necesidades personales y, si no lo hacemos, parece que fracasamos en nuestro lugar de mujer, que somos egoístas. Esta situación no es igual para los hombres.

Obviamente, la división sexual del trabajo se ve transversalizada por todos estos mandatos de género y, cuando leemos que las tasas de participación femenina en los cuidados de las personas dependientes son significativamente mayores que para los hombres, no nos sorprende para nada. Las mujeres dedicamos muchas más horas a cuidar a otros que los hombres y muchas menos horas a nuestro desarrollo personal.

Las mujeres hemos aumentado nuestro ingreso al mercado laboral, pero esto no fue de la mano con una redistribución del trabajo no remunerado, del cuidado de las personas dependientes y del cuidado del hogar, que sigue recayendo principalmente sobre nosotras.

Por eso, estos aspectos muchas veces se añaden al ámbito privado, al ámbito de la mujer y, por lo tanto, son invisibilizados. Quiero destacar que un aspecto fundamental de este proyecto de ley es hacer visible este problema y poner como centro de la agenda pública el tema de los cuidados de los niños, de los adultos mayores con dependencia y de las personas con discapacidades que generan dependencia.

Por otra parte, con la aprobación de esta iniciativa se da un paso importante en garantizar los derechos de los uruguayos y las uruguayas. Me refiero al derecho de ser cuidado y de recibir un cuidado de calidad. Por lo tanto, me alegra muchísimo que en este proyecto de ley se pueda leer la palabra «universalidad», porque es adonde gradualmente vamos a llegar.

Este Sistema Nacional Integrado de Cuidados deja sentado que no debe haber un cuidado para pobres y otro para ricos; apuesta a la generación de una red de cuidados que transversaliza a toda la sociedad y es un derecho de todos y de todas.

Otro paso fundamental que damos las mujeres es avanzar en garantizar la libertad de las personas que viven en el Uruguay. Para las mujeres esa libertad se plasma en algo tan básico como poder elegir si queremos ser cuidadoras o no y a qué queremos dedicar nuestro tiempo libre. Esa es una herramienta para el desarrollo individual y el respeto de las decisiones personales.

En este aspecto quiero resaltar un componente muy importante: este proyecto de ley cambia radicalmente el foco; esto es, que el tema de los cuidados ya no pasa por tener que ayudar a las mujeres. Si lo estableciéramos de esa forma estaríamos reproduciendo la mirada de la mujer como débil, como la principal responsable de los cuidados y a la que hay que ayudar. Afortunadamente, este proyecto de ley introduce un cambio radical en este sentido: el tema de los cuidados, que hoy está exclusivamente en los hombros de las mujeres, lo coloca en un lugar de corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Esto es muy importante para nuestra sociedad y ojalá podamos profundizar más al respecto, porque con el ingreso de las mujeres al mercado laboral, el hombre, al no ser más el breadwinner, el único que provee el ingreso para el hogar, y al no haber tomado parte en los cuidados y en el hogar, muchas veces queda sin un lugar claro en esta sociedad; no se sabe muy bien cuál es su rol. Aquí le estamos diciendo: «Tenés un rol a la par de la mujer y un lugar muy importante como hombre en esta sociedad». Esto es algo que me parece muy importante.

Cuando hablamos de corresponsabilidad entre el Estado, el mercado y la sociedad toda, también queremos significar que el cuidado es responsabilidad de todos y de todas. Dado que la corresponsabilidad es dentro del Estado, la junta será un factor muy importante. El Estado todo debe preguntarse de qué manera participará en el sistema de cuidados y cómo aportará y colaborará para que se lleve adelante, ya que no será una tarea exclusiva de un ministerio.

Las desigualdades de clase y de ingresos económicos también van a tener un impacto importante en este sentido, porque sabemos que las mujeres de menores ingresos tienen una participación mayor en los cuidados que las de mayores ingresos, o sea que las más pobres son las que más se dedican a cuidar a otros y las que menos pueden dedicarse a otras tareas. A su vez, los trabajadores, y principalmente las trabajadoras –porque en su mayoría son mujeres– que se dedican a los cuidados de forma remunerada son las que muchas veces están en condiciones laborales y salariales preocupantes. Creemos que tenemos que seguir avanzando en ese camino. Además, las personas con menores ingresos son las que tienen menos acceso a un cuidado de calidad.

Tal como se dijo, «cuidar» no es cualquier cosa y requiere aptitudes, porque la forma en que se cuida impacta en la calidad de vida de la persona que es cuidada. De ahí que sea muy importante que el proyecto de ley incluya el concepto de capacitación como un elemento fundamental para garantizar la calidad de los cuidados.

Otro aspecto a tener en cuenta es el de corte generacional. Como ya se señaló, se ha mejorado muchísimo la situación de la pobreza infantil, pero todavía hoy las familias con menores ingresos son las que tienen más niños y adolescentes. Por lo tanto, el acceso al cuidado de los niños y las niñas aún es un problema importante. Muchas veces, los niños y las niñas quedan a cargo de otros niños y niñas de mayor edad, lo que provoca que las adolescentes se vean particularmente afectadas por esta situación y posterguen su derecho al estudio, al ocio y a tener responsabilidades acordes a su edad.

El último componente de desigualdad al que quiero referirme y que se verá beneficiado a través de esta iniciativa es el étnico. Todos sabemos que en nuestro país las personas afrodescendientes tienen mayores tasas de desempleo y menores ingresos que la población en general; por lo tanto, también tienen un menor acceso a cuidados de calidad. Consideramos que la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados va a impactar positivamente en el derecho de esta población a ser cuidada.

Quiero destacar la importancia que tiene en este proyecto de ley la creación del Comité Consultivo. Reconocer que en la sociedad hay un saber sobre los cuidados que no lo tiene el Estado es realmente una fortaleza de la iniciativa, como lo es el poder tener en cuenta la voz de esa sociedad, de los trabajadores y de las trabajadoras organizados en el PIT-CNT, habida cuenta de que son lugares honorarios, que asesoran. ¡Ojalá podamos ser lo más amplios posibles en incorporar todas las voces que tengan algo que aportar en esta materia, para no caer en la soberbia política de pensar que desde el Estado se tiene todo el saber! Como decía, quiero destacar la creación del Comité Consultivo porque avanza en un aspecto fundamental, que es la corresponsabilidad. El Comité Consultivo deja de fondo el mensaje de que es responsabilidad de toda la sociedad el cuidado de las personas dependientes. Este es un mensaje muy importante.

Señora Presidenta: celebramos la aprobación de este proyecto de ley, porque nos permitirá avanzar hacia un Uruguay más justo, de libertades y derechos. Desde hace un buen tiempo estoy profundamente convencida de que en este mundo posmoderno, en donde todo parece estar descuidado, el cuidado en sí mismo es la única alternativa revolucionaria.

Muchas gracias.

SEÑOR CARDOSO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARDOSO.- Señora Presidenta: el debate que estamos sosteniendo hoy es muy interesante –en lo personal, no creo que sea fundacional de una política nueva– porque nos permitirá analizar la sociedad en la que vivimos y las respuestas que vamos dando.

Históricamente, la familia ha sido uno de los pilares que sustenta el Estado del bienestar; hoy en día, en la sociedad moderna y liberal esto ha dejado de ser un punto de referencia, y las políticas que se construyen consideran todas las formas en las que cada una de las personas puede vivir, atendiendo al concepto del individuo. En realidad, este proyecto de ley tiene una base liberal muy fuerte porque apunta a resolver temas del individuo, de las personas en su condición individual, como lo son los niños, los ancianos, las mujeres y los padres de familia. Actualmente, las sociedades están organizadas de una manera diferente y cada vez nos alejamos más del concepto de la planificación social. Ya no planificamos a la sociedad sobre la base de la familia, sino que consideramos que hay una nueva sociedad, que reclama cosas nuevas y demanda nuevas necesidades porque se ha estructurado de forma diferente. Por ello, debemos atenderla con políticas específicas.

En las sociedades más evolucionadas del mundo hay datos realmente sorprendentes a nivel de su estructura social. Por ejemplo, en Suecia, el 56 % de los niños nacen fuera de la familia, no provienen de una relación de familia ni de pareja estable; sin embargo, se la considera una sociedad evolucionada. La tasa de casamientos se ubica en el 0,5 % y la edad de casamiento de la mujer está por encima de los cuarenta años. Las sociedades cambian y se van ajustando.

Hemos tenido una política social de largo plazo; incluso, a mediados del siglo pasado éramos ejemplares en materia de protección social. Si miramos la protección que el Estado ha dado a los niños desde siempre, encontramos la asignación familiar como un concepto de dinero otorgado por niño. También está el sistema de pensiones separado del de jubilaciones, y según esta nueva terminología podría decirse que es un sistema de cuidados, a través del cual se otorga dinero a una persona para su sostenimiento cuando no tiene otros recursos. Asimismo, desde larga data se otorgan pensiones por discapacidad. Podríamos seguir enumerando diversas políticas de protección que se aplican en el Estado.

El Estado tiene una larga historia –en el día de ayer la señora Senadora Montaner hizo un recorrido desde comienzos del siglo XX– en materia de ir generando distintos sistemas de protección.

Fíjense, señores Senadores, que solamente por pensiones Uruguay gasta USD 1.400 millones por año –no jubilaciones, ¡pensiones!–, es decir, por compensaciones económicas, entendiendo que ese individuo necesita una asistencia. Y la asistencia es económica, ya sea por una discapacidad temporal o permanente, o por pensión a la vejez. Y ahora las hemos adelantado, porque las entrega el Mides. Y por concepto de asignaciones familiares gastamos USD 200 millones. Si uno lleva esto a términos de PBI –ya que en algún momento se ha hablado de números–, el gasto anual es del orden de 3 puntos. En materia de protección, concibiendo solamente estos dos rubros que notoriamente pueden estar bajo el paraguas de la protección social y de lo que se ha concebido en este debate como de cuidados, gastamos el 3 % del PBI. ¡Los suecos gastan el 33 % del PBI! ¡Esa se supone que es una sociedad evolucionada! Es decir que estamos abriendo una caja, un debate que no termina, que es infinito: cómo se reorganiza la sociedad, deja de ser una sociedad planificada a partir de la familia, redistribuye recursos en función de los problemas individuales de las personas y crea un sistema como el que estamos analizando hoy.

Se dice que en el Presupuesto se van a agregar USD 250 millones o USD 300 millones; si lo comparamos con lo que venimos gastando en pensiones y jubilaciones –que ya mencioné–, vemos que es una escasa cifra. Se trata de un sistema que puede ser corregido, mejorado y hasta criticado, ¡pero existe!

No quiero cometer la picardía de decir que esta no es una reforma de izquierdas; pero en el mundo, quienes han creado sistemas como el que estamos tratando hoy acá no han sido las izquierdas, porque este es un sistema privado de atención. Lean el texto y van a ver cómo se cruza el sistema privado con el público, y cómo se van a incorporar todas las instituciones que dan asistencia privada. Es un modelo que en la década de los noventa impulsaron las derechas en Europa, en contraposición con lo que era estricta y únicamente público. Antes era público y centralizado; luego se advirtió que las sociedades tenían una cantidad de fortalezas que había que hacer funcionar. ¡Es lo que hace este sistema!

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CARDOSO.- Enseguida, señor Senador.

Hace un momento el señor Senador Carámbula mostraba las fortalezas de la cantidad de participaciones. Voy a poner un ejemplo concreto: la Escuela Horizonte, que todos los años viene al Parlamento a pedir que se le incluya una partida en el Presupuesto y se la votamos, ya no tendrá que venir más porque va a quedar dentro del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ya que es una de las instituciones que presta un cuidado. Es una prestadora, pero se trata de una institución no estatal que hasta ahora ha recibido ayuda por la vía presupuestal directa, porque le votamos una partida.

Desde el comienzo me pareció interesante el tema. Como se ha dicho, creo que en todos los partidos está la idea de que este es un camino inexorable: vamos hacia allí porque es parte de esta sociedad moderna, liberal, que se conforma diferente, que deja de ser una sociedad planificada. El Estado abandona la idea de que todo lo tiene que hacer solo y comienza a ver las fortalezas que tiene la sociedad, y las utiliza todas, no importa de qué características sean; abandona la idea de que el exclusivismo y el centralismo es la forma de resolver los problemas; no es de una unidad central que se van a resolver los cuidados.

Personalmente, iría un poco más lejos que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Pregunto: ¿los Gobiernos departamentales no tienen ningún rol que cumplir? ¿Solo tienen que asesorar? ¿Los dejamos solos en el asesoramiento? ¿Y los Municipios? ¿No llegará un momento en que los Municipios deban tener un rol en el sistema de cuidados local, por ser los primeros en identificar los problemas pequeños de la localidad? Quizás el siguiente paso –ya sea en este gobierno o en el siguiente– sea descentralizar de verdad, y que no se aborde solamente la idea de participación o de opinión, sino también la de gestión con instituciones privadas en su más amplia red, es decir, ONG o cooperativas de diferente naturaleza.

Cuando hablábamos en la comisión sobre el tema, preguntábamos: «¡¿Ustedes quieren una institución que apunte más al Sistema Nacional Integrado de Cuidados que Teletón?!». Se ocupa de juntar recursos y de resolver un asunto que el Estado no puede solucionar. Nosotros lo vemos como una fortaleza; ¡todos lo vemos así! No es una institución estatal ni nada que se le parezca; son las fuerzas de la sociedad tratando de resolver un problema bajo una concepción distinta de una sociedad que ha cambiado y se ha modificado.

Concedo con gusto la interrupción que me había solicitado el señor Senador Pintado.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Puede interrumpir el señor Senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señora Presidenta: no quería intervenir en la discusión porque me parece que hay integrantes de la comisión que han trabajado en el tema y son más expertos que quien habla, pero el señor Senador Cardoso hizo un interesante planteo sobre las derechas, las izquierdas y las políticas sociales desde una óptica equivocada. ¿Desde qué punto de vista? Lo que define si una política se guía por una lógica de mercado o una lógica ciudadana –que es lo que acá hay que analizar para determinar cuán de derecha o de izquierda puede ser– es la lógica con la que se actúa, independientemente de que quienes otorguen los servicios puedan ser agentes públicos o privados. El problema es que la lógica con que se otorgan los beneficios, si es de mercado, considera clientes a los ciudadanos o a los usuarios y, por lo tanto, esos clientes tienen derecho a recibir lo que pueden pagar. Cuando se considera al ciudadano como sujeto de derecho universal –o lo más universal que se puede– y se le brinda la prestación porque tiene derecho y no por lo que pueda pagar, entonces se está actuando con una lógica ciudadana y con lo que nosotros entendemos como una lógica de izquierda, independientemente de quién es el actor que proporciona el servicio. Puede ocurrir –como sucede en Chile, donde este es un debate casi diario– que instituciones públicas estén actuando con una lógica de mercado, independientemente de que la propiedad sea estatal.

Quería hacer la precisión en este debate tan interesante que se ha planteado. Lo importante es entender si lo que impera es la lógica ciudadana o la de mercado.

Muchas gracias, señora Presidenta y señor Senador.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Puede continuar el señor Senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO.- Señor Presidente: en el campo teórico ese debate podría ser interesante, pero en el campo práctico no tiene validez porque «por sus frutos los conoceréis». ¿Cómo funcionas? Hay que ver si funcionas a partir de reconocer una realidad y de qué manera la organizas. Creo que este sistema lo organiza bien, que el proyecto de ley por el que se crea el Sistema Nacional de Cuidados que estamos tratando apunta a establecer una red que utilice las fuerzas sociales y económicas, el aparato del Estado y todo lo que la sociedad ha construido, para resolver un problema individual de las personas. Y es ahí donde digo que eso no es un concepto de izquierda. Es un concepto de individuo. ¡Es la concepción del individuo como tal, por sí y ante sí! Vive en esta sociedad y está cada vez más solo enfrentándose a la vida. Esta es la nueva sociedad que tenemos: la sociedad de los divorciados, la sociedad de los hijos nacidos fuera del matrimonio, la sociedad de los viejos abandonados; es una sociedad en la que el individuo se encuentra más solo y en la que el Estado tiene que responder a esa soledad dándole cobertura, protección y atención.

SEÑOR MUJICA.- También es la sociedad de los compañeros.

(Hilaridad).

SEÑOR CARDOSO.- La entrega de los mayores a las instituciones que se ocupan de ellos, que hoy en día es una realidad social de la que hablamos todos en voz baja, puede ser revertida por este camino, pues no es de descartar que ahora haya un interés por proteger al más desvalido porque hay una compensación económica. Si no la hubiera, quizás habría un desprendimiento.

Hoy las mujeres se hacen cargo de los hijos y, como está cada vez más claro, también empezaron a ser proveedoras. Los proveedores en el núcleo familiar o en la pareja son el hombre y la mujer, casi en igualdad de condiciones. Entonces, hay una batalla por el resto de los roles, a ver quién se hace cargo del hijo. Volviendo al ejemplo anterior: los suecos dan a los padres una especie de seguro de enfermedad para que se ocupen de los hijos, porque de lo contrario no lo hacen. ¡Les pagan un seguro para que se ocupen! Es igual al seguro de enfermedad. ¡Les pagan plata para que los atiendan porque, de lo contrario, no lo hacen! Esa es la sociedad liberal hacia la que vamos caminando. Y nuestra sociedad no es ajena a esta nueva conformación.

En cuanto a lo instrumental, se le han hecho críticas al proyecto, y comparto algunas de ellas. Me parece que es mejorable.

Creo que está bien la participación de diversos actores en la estructura de funcionamiento. Lo veo como una fortaleza porque el Estado, trabajando solo, psicológicamente se va de mambo y comienza a construir políticas en el aire. En cambio, cuando tiene socios que están en la vida real y en la participación activa de la sociedad, tiene un mejor control de lo que hace. Por lo tanto, me parece bien, pues funciona más como una atadura a la realidad que como una burocracia; el Estado, actuando solo, se aliena y empieza a funcionar alejado de la realidad local.

Creo que a este proyecto de ley le falta una pata de descentralización. No alcanza con decir «integrarán la junta distintos actores». Me parece que efectivamente tiene que llegar más lejos el proceso de descentralización. Se deberían habilitar instrumentos para que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados baje en la estructura territorial y también tenga herramientas a nivel de los Gobiernos departamentales y de los Municipios. Es probable que eso llegue en algún momento, porque casi todos los sistemas de cuidados que funcionan en el mundo lo hacen con una realidad de base muy importante, y no permiten que el sistema quede absolutamente centralizado y sea dirigido desde una gran oficina, por un funcionario con un gran cargo. No es un funcionario con un gran cargo el que va a definir y a llevar adelante un proyecto de este volumen, y no por lo que le agregamos, sino porque en algún momento el Sistema Nacional Integrado de Cuidados va a tener en cuenta todo lo otro que se está haciendo en materia de política de cuidados, a lo que hice referencia anteriormente: las asignaciones familiares, las pensiones de distinta naturaleza y otros instrumentos que existen en una sociedad moderna como la actual para atender a la gente que va quedando desvalida.

Comparto la idea del proyecto de ley. El señor Senador García señalaba que en la campaña electoral hablábamos de un país que cuida a su gente; creo que todos estábamos pensando en instrumentar el cuidado para proteger a la gente. Hay muchas formas de protegerla. Estas son económicas: compensación. Se va a pagar a quien atienda, se va a dar empleo a la gente. Se dijo acá que un proyecto de estas características puede llegar a generar 200.000 empleos. Vamos a pagar a la gente para que cuide a otro, para que vaya en el horario que la madre no está o para que esta pueda salir, para que se haga cargo de un discapacitado, para que atienda a un viejo que queda solo. Es decir, vamos a repartir dinero y a poner a la sociedad a proteger activamente a la gente. Es una concepción muy fuerte desde el punto de vista económico y la estructura va a tener que incluir todo lo que ya existe, que es mucho y está disperso.

Otra cosa –y con esto termino–: me entusiasma mucho la idea de los sistemas, porque he visto en otras políticas estatales que su falta lleva a la duplicación de servicios, a gastar mal, a cruzarse en materia de políticas y, a veces, a dejar conos de sombra que nadie atiende. Voy a poner solamente un ejemplo: el sistema de alimentación en el Uruguay, que también es una estructura de protección. En nuestro país no tenemos una autoridad alimentaria; hay muchas políticas de alimentación –en la ANEP, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en las intendencias, en el Mides–, pero cuando uno las cruza a todas, ve que quedan pozos de personas que no son atendidos. En el informe del licenciado Anzalone se señala que hay 8000 niños que no están bien alimentados. ¡Porque no fueron cruzados por nadie! No los cruzaron en un CAIF o en una escuela porque no los encontraron, dado que no hay una política general que unifique un sistema. En lo personal, participo de la idea de los sistemas, porque coordinan y dan más eficacia al funcionamiento del Estado.

Los CAIF son uno de los instrumentos más formidables que hemos puesto en marcha en Uruguay para atender la primera infancia, para atender a los niños en la edad en la que hay que hacerlo, porque lo que no funciona en los primeros tres años de vida, no funciona más. Por suerte, esa ha sido una política estable en nuestro país. La escuela pública, los CAIF, los hogares de ancianos –tanto los que patrocinan los Gobiernos departamentales como los privados–, el régimen de asignaciones familiares, el de pensiones, todas son formas de cuidar a distintos tipos de personas, a distintos uruguayos.

Si este sistema se ocupa de viabilizar que esto funcione efectivamente como una red y se vaya construyendo una política a largo plazo donde la atención del individuo –que cada vez va a vivir más solo y va a estar más solo para enfrentar todos los problemas– tenga eficacia, será bueno. Lo de la plata, es otro cantar. Si gastáramos lo mismo que los suecos, daríamos USD 14.000 millones a este sistema. ¡No hay con qué pagar un sistema así! ¡Es imposible pensar que podríamos gastar esa cifra! Eso es lo que gastan los suecos en términos porcentuales: 33 % del PIB, que en nuestro caso serían USD 14.000 millones. ¡Tenemos un presupuesto del Estado de USD 18.000 millones! Es decir que es imposible en cuanto a su concepción, pero organizándolo y estableciendo, dentro de nuestras posibilidades, un sistema inteligente que vaya coordinando todas esas políticas, creo que vamos por el buen camino.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Gracias, señor Senador.

Finalizando la lista de oradores, tiene la palabra la señora Senadora Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora Presidenta: me parece que la discusión que ha mantenido la Cámara de Senadores en el transcurso del día de ayer y de hoy es sustantiva a la política, porque creo que se dan cambios significativos en el modo de pensar su ejercicio. Eso es lo que me interesa destacar. Se han hecho brillantes alocuciones tocando aspectos específicos referentes al proyecto, pero me interesa destacar que como Cuerpo, como sistema político, estar todos de acuerdo –por la firma del proyecto entiendo que así es, aunque ¡en las alocuciones hay que marcar el perfil; si no, para qué te pagan el sueldo y para qué te votó la gente!–, es un salto en calidad, señora Presidenta. ¡Hay hitos políticos que cambian sustancialmente con la aprobación de este proyecto de ley!

Coincido mucho con ciertas apreciaciones que hacía el doctor Gonzalo Fernández al decir que nosotros, los uruguayos y las uruguayas, tenemos una excesiva vocación legiferante. Coincido totalmente. Nosotros creemos que votamos una ley y cambia el mundo; que votamos una ley y solucionamos los problemas. ¡No es así! A mi entender, tendríamos que bajar un poquito la autoestima y la omnipotencia y darnos cuenta de que lo que hace esta ley es iniciar un camino de desafíos. Siempre tuve la tentación de proponer que se formara una comisión que estudiara qué leyes se aplican en la República, porque creo que avanzaríamos mucho y limpiaríamos una cantidad de leyes. Sin embargo, tenemos esa concepción –nosotros incluidos porque estamos muy implicados– de que se aprueba una ley y se acabó el problema; no es así, ese es solo un camino de inicio y un desafío. Al menos esa es la forma como yo lo interpreto.

Entiendo que no es poca cosa que se pase de lo latente y privado a lo explícito y público, porque la tarea de cuidar le corresponde a toda la sociedad. Considero que es un salto enorme en calidad porque hasta ahora, y durante siglos, fue una tarea depositada en las mujeres, y era invisible, desvalorizada, no remunerada y naturalizada. ¿Quién cuida a los enfermos en casa? La mamá, la abuela. Esta ley implica un quiebre. Pero ¿va a cambiar la situación? Mañana, con este proyecto de ley aprobado, ¿todos seremos responsables socialmente de esta tarea? Seguramente no, y tendremos que seguir batallando, como lo hicimos con las leyes relativas a la violencia doméstica, que aún hoy requieren de controles y cambios en determinados aspectos porque el fenómeno sigue presente en nuestra sociedad.

Reitero: creo que este inicio no es poca cosa, porque se trata de cambiar algo que durante siglos ha estado concebido como un rol de las mujeres y que a los varones les ha restado una cantidad de oportunidades. A mi juicio, se trata de un salto muy importante, porque hay que asumir todo esto y definirlo en una ley como un modelo solidario en el que intervienen no solo las personas, sino varios actores, como el Estado, el mercado y la comunidad en todos sus niveles. Es un cambio en las ideas, en la concepción de una institución como el Parlamento, en el país y en el Gobierno, que en este caso es de izquierda. Digo esto porque, a pesar de que hubo gente que luchó durante mucho tiempo para que las ideologías murieran, parece que hoy hemos resucitado aquello de que hay derecha y hay izquierda, cosa que comparto porque es así. En lo personal, entiendo que este paso es sustantivo y muy importante.

Otro paso que se da y que creo que es muy relevante, reconocido aquí por varios señores Senadores –recuerdo claramente que uno de ellos fue el señor Senador Mieres–, tiene que ver con que esta es una forma de concebir cómo se instala un sistema distinto en la sociedad, que escapa de la vieja visión –la visión exclusivamente estatista–, que sirvió mucho en una época pero que ya no, porque ahora la sociedad nos exige y nos demanda otro nivel de articulación. Entonces, estamos ante un gran esfuerzo de articulación y este proyecto de ley nos plantea ese otro desafío.

Hay cosas que ya se venían haciendo y que algunos reclaman; otros dicen que han pasado muchos años y que deben hacerse mejor, y en eso también estamos de acuerdo. Sin embargo, además de caer en la vocación legiferante de la que hablé, caemos en el pecado de creer que la historia empieza cuando nosotros llegamos, que empieza con nuestra inclusión. Debemos reconocer que alguien estuvo detrás, que hizo cosas que estuvieron bien y otras mal, pero que eso posibilitó que nosotros llegáramos a la conclusión a la que arribamos hoy.

(Ocupa la presidencia el señor Raúl Sendic).

–Entonces, me parece que ese gran esfuerzo de coordinación entre los distintos estamentos del Estado, lo privado, la familia, la comunidad y el mercado, nos va a imponer un modelo distinto a la hora de actuar. Es difícil coordinar y trabajar en integralidad, pero creo que es un desafío que deberíamos enfrentar más frecuentemente.

No estamos de acuerdo con lo que han expresado algunos señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra en cuanto a que aquí se está creando una institucionalidad nueva; es apenas un cargo. Como decía muy bien la señora Senadora Xavier, no estamos ante un ministerio oculto sino que se está planteando el desafío de una nueva modalidad de trabajo en el Estado y de una forma distinta de coordinar. Esto me parece muy bien, y también el hecho de que se integren a esta concepción algunas ideas centrales que se describen en el proyecto de ley, como, por ejemplo, la universalidad. Creo que la señora Senadora Cardozo decía, con acierto, que este no es un modelo pensado exclusivamente para pobres; tendrá su progresividad, pero entiendo que va a ayudar a una joven que quiere terminar su carrera y que tal vez no puede hacerlo porque tiene que hacerse cargo de sus hijos. Con este sistema podrá terminar sus estudios e ingresar en mejores condiciones al mundo del trabajo. ¿Qué les ha pasado a las mujeres que crecieron en este sistema que todavía está vigente? Algunas tuvieron que renunciar a tener hijos a temprana edad –prueba de ello son las cifras que ponía sobre la mesa el señor Senador Cardoso– y otras debieron sacrificar su formación profesional y su desempeño porque tuvieron que terminar en los puestos de trabajo más precarios, con horarios más cortos y, por lo tanto, peor remunerados. Esta situación puede cambiar gracias a esta iniciativa, y por eso apunto a la universalidad como gran aporte.

Otro aspecto que destaco es la progresividad. Insisto en que poco a poco tenemos que ir desterrando de nuestras cabezas y de las de la sociedad esa idea de que una vez que se aprueba una ley, el problema se terminó. ¡No señor! Este proceso tendrá que ser progresivo y, como se dijo muy bien, habrá que articularlo con el debate que tenemos que dar en el Presupuesto para saber cuántos recursos se van a asignar al Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Quizás, varios parlamentos tendrán que pasar para mejorar este sistema en el futuro, para poder cumplir con el objetivo final, como lo hemos hecho en otras instancias. La ley sobre asignaciones familiares es muy importante, pero reconozcamos que con el transcurso del tiempo hemos tenido que modificarla para hacerla cada vez mejor. Eso es prueba de un parlamento que está vivo, que está en conexión con la sociedad y que, por lo tanto, busca responder a los problemas que se van planteando.

Por otro lado, ha habido algunas críticas en cuanto a que es un marco legal demasiado amplio y que deja muchos elementos sujetos a la reglamentación. Escuché con mucha atención la exposición del señor Senador García, quien dijo que no podemos pretender que una ley esté totalmente cerrada, entre otras cosas porque le daría estrechez a un problema complejísimo, en el que habrá que articular no solo el derecho de ser cuidado, sino el de cuidar en equidad y con calidad.

Además, esto pretende que haya una formación, porque estamos hablando de cuidar, y creo que a veces en la idea del cuidado se mezclan aspectos que tienen que ver con la atención de la salud o con la educación. Esto implica instalar un nuevo sentido y una nueva concepción respecto a una tarea que, como decía, permaneció durante mucho tiempo oculta, desvalorizada y naturalizada, y por eso todavía nos cuesta entender que cuidar es un derecho que debemos reclamar.

Señor Presidente: este proyecto de ley da legitimidad a algo que ya existe en la sociedad, y eso es lo importante. ¿Que es perfectible? Por supuesto. ¿Que hay cosas que se pueden mejorar? Por supuesto. Pero ese es un desafío, porque no tengo dudas de que tal vez en un par de años estaremos discutiendo nuevamente el tema para consolidarlo y ajustarlo. Como la sociedad es algo vivo y está en continuo cambio, quizás tendremos que adecuar las cosas que hoy estamos proponiendo. Por eso entiendo que no es necesario que exista un marco tan pormenorizado, tan detallado en el proyecto de ley. Tendremos que ir trabajando al respecto. Pero, además, ¿saben por qué eso no me preocupa? Porque he sido, soy y seré una fuerte defensora del Parlamento y de sus funciones; y no renuncio al rol de control, que es una de sus funciones más importantes. No renuncio; nunca lo he hecho, porque siempre que hemos votado una ley hemos intentado que su implementación fuera la correcta. Y respecto de algunas leyes, seguimos demandando mejoras a la hora de ponerlas en práctica. Por lo tanto, del mismo modo actuaremos en este caso. La historia de este proyecto de ley no empezó con nuestra llegada, sino hace mucho tiempo –como muy bien expresó la señora Senadora Xavier–; tal vez sus inicios fueron por los años 1994 o 1995, y tuvimos que llegar al 2015 para transformarlo en ley. Insisto: lo más importante es que la totalidad de los integrantes de esta Cámara reconozcan que es un tema a ser relevado al Cuerpo como ley, dándole legitimidad a una tarea que estuvo desvalorizada durante siglos, a pesar de su enorme importancia. Tal como expresara en el día de ayer en su Facebook Clara Fassler –una de las voceras en este tema–, creo que lo que más ganaremos con la aprobación de este proyecto de ley es plasmar el derecho a cuidar y a ser cuidado con equidad y con calidad, y creo que con esta iniciativa lo lograremos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Finalizada la lista de oradores, tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Señor Presidente: a lo largo del debate se han ido clarificando varios de los aspectos que habían sido planteados, por lo que no me extenderé en ese sentido pues creo que fueron mencionados por distintos señores Senadores que hicieron uso de la palabra en el correr de la mañana de hoy.

Voy a solicitar la supresión de la lectura del proyecto de ley. No obstante, deseo señalar que en varios artículos se van a proponer modificaciones, fundamentalmente de sintaxis, aunque también hay un cambio conceptual –planteado por el señor Senador García, que agrega una palabra– y un artículo aditivo propuesto por la señora Senadora Montaner, con el que estamos de acuerdo.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR OTHEGUY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- En aras de la economía procesal, no me anoté para hacer uso de la palabra en este tema pues me siento representado por los compañeros preopinantes.

Me parece que sería conveniente –y lo dejo a criterio de la bancada oficialista– que en la integración de la Junta Nacional de Cuidados pueda haber un representante del Congreso de Intendentes. Creo que en función de lo expresado por el señor Senador Cardoso y en mérito a la multiplicidad de actores intervinientes en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la participación local es fundamental. Esa representación sería irrenunciable porque siempre se precisa de los Gobiernos departamentales y municipales para poder complementar, ayudar e impulsar a este sistema, para que tenga el éxito que todos deseamos. De modo que un representante del Congreso de Intendentes en la Junta Nacional de Cuidados puede colaborar con el propósito al que se apunta.

Lo dejo planteado simplemente para que se reflexione en el momento de la votación en general e inmediatamente después, cuando vayamos a la votación en particular, se considere si en el artículo 12 es posible impulsar esta inquietud trasladada al Senado.

Muchas gracias, señor Senador, por la interrupción concedida.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- No tenemos ningún inconveniente en incorporar la propuesta planteada por el señor Senador Larrañaga. Lo que sí me parece que tendríamos que establecer es la mecánica de votación. Creo que convendría diferenciar los artículos que se van a votar en bloque, de aquellos que serán desglosados porque se han propuesto sustitutivos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Se va a votar si se suprime la lectura de los artículos y se vota artículo por artículo, considerando en cada uno de ellos las modificaciones, los aditivos y los sustitutivos propuestos, tal como fue propuesto por el miembro informante.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 29. Afirmativa.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PINTADO.- Propongo votar en bloque aquellos artículos sobre los que no se presentan modificaciones o aditivos, para centrarnos exclusivamente en aquellos que van a ser modificados, tal como tradicionalmente se ha hecho; solo habría que indicar cuáles son los artículos a desglosar.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Comprendo el espíritu de la solicitud del señor Senador Pintado y estoy conteste en ella. Creo que eso se puede aplicar para proyectos de ley que contienen una enorme cantidad de artículos, pero este es corto. Por tal motivo, para simplificar el tratamiento propongo, ya suprimida la lectura, ir votando artículo por artículo, y en aquellos casos en los que haya un aditivo, una modificación o una inclusión, ir considerándola.

SEÑOR PRESIDENTE.- Esa forma de proceder ya ha sido votada por la Cámara.

En consideración el artículo 1.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2.º

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3.º.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Para el artículo 3.º la comisión propone algunos cambios de redacción y un aditivo.

Los cambios de redacción son los siguientes: en el literal A, donde dice «cuidados: a las acciones», se elimina la preposición «a»; en el literal B, donde dice «sistema de cuidados: al conjunto», se sustituye la contracción «al» por el artículo «el»; en el literal C, donde dice «autonomía: a la capacidad de controlar», se elimina la preposición «a»; y en el literal D, donde dice «dependencia: al estado», se sustituye la contracción «al» por el artículo «el».

Asimismo, proponemos agregar un literal E, que exprese: «La valoración del nivel de dependencia de las personas para realizar actividades básicas y satisfacer necesidades de la vida diaria, se determinará mediante la aplicación del baremo que dicte la reglamentación a tales efectos».

SEÑOR PRESIDENTE.- No ha llegado la propuesta a la Mesa.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- El literal E a que se refiere el señor Senador Otheguy es un artículo 20 que se proponía agregar y ahora se incluye en este artículo, por lo que ya está en poder de la Mesa. Es un aditivo que no se va a votar porque, en este caso, se agregaría como literal E del artículo 3.º.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el texto propuesto como literal E del artículo 3.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «La valoración del nivel de dependencia de las personas para realizar actividades básicas y satisfacer necesidades de la vida diaria, se determinarán mediante la aplicación del baremo que dicte la reglamentación a tales efectos».

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: fíjense los señores Senadores que aquí los literales definen cosas y se está pretendiendo agregar una especificación del literal D para determinar la dependencia. En realidad, me parece que en lugar de un nuevo literal E, ese aditivo debería ser la continuidad del literal D.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE.- Procederemos de la siguiente manera: votamos el artículo 3.º con las modificaciones de sintaxis propuestas por el señor Senador Otheguy y, después, el aditivo propuesto como segundo párrafo del literal D.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: sé que ayer se habló del baremo y de homogeneizar los conceptos que tienen el Banco de Previsión Social y otros organismos, pero aquí se habla de un «baremo que dicte la reglamentación a tales efectos». ¿Cómo se pretende hacer esto y cuáles son los parámetros? Lo pregunto, simplemente, para tener claro esto que estamos votando.

SEÑOR OTHEGUY.- ¿Me permite, señor Presidente, para una aclaración?

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR OTHEGUY.- No se quiso explicitar, en su momento, el tema de los baremos porque son diversos y, a su vez, se van actualizando. Sin embargo, se entendió razonable establecer que hay que tomar algunos marcos de referencia en base a los baremos existentes. Por eso se entiende que el texto puede expresar que en la reglamentación el Poder Ejecutivo y en este caso el órgano competente, que es la Secretaría, tendrán que establecer un baremo específico, en base a los existentes, a efectos de concretar el tema en la reglamentación.

Esa es la aspiración que se está manifestando con este agregado que propuso la señora Senadora Montaner.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3.º con las modificaciones propuestas por el señor Senador Otheguy.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

A continuación, si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de aditivo al literal D del artículo 3.º.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4.º.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señor Presidente: cuando hice mi intervención dejé una pregunta pendiente a la comisión con respecto al literal H de este artículo 4.º, en lo referido a la solidaridad en el financiamiento como principio directriz del sistema.

Concretamente, la pregunta era en qué está pensando la comisión con respecto a esa forma de financiamiento privado, no ya a la estatal que se establecerá en la ley de Presupuesto, en cuanto a cómo podríamos las personas sostener solidariamente –este es el único literal en el que se habla de este tema en todo el proyecto de ley–, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Gracias.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR OTHEGUY.- Según conversaciones que se mantuvieron con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, no está previsto, en lo inmediato, ningún tipo de financiamiento del sistema por parte de privados. Eso fue lo que acordamos en la discusión en comisión con ese ministerio, pero no inhabilita a que en un estadio posterior al desarrollo de este sistema –que tal como se planteó, es muy ambicioso y tiende hacia su universalización y, por eso mismo, se establece en el proyecto de ley que es progresivo– lo pueda llegar a tener. En esta etapa de concreción del Sistema Nacional Integrado de Cuidados no está previsto ningún tipo de cuota parte que tengan que pagar los privados para financiarlo y, por lo tanto, todo el financiamiento va a ser público.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCÍA.- ¿Se puede asumir un compromiso por parte de la bancada oficialista de que en este período de gobierno no va a haber ningún tipo de financiamiento privado? Según entiendo, el financiamiento del sistema que estamos votando proviene solo de fuente presupuestal, de lo contrario, la pregunta sería: ¿por qué no eliminamos este literal?

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR OTHEGUY.- No integro el Poder Ejecutivo ni soy ministro, soy legislador. Lo que trasmito, como Presidente de la comisión, es la respuesta que dio allí el Ministerio de Desarrollo Social. Es razonable que en algún momento pueda haber una cuota parte del sistema que asuman los privados –conceptualmente, se puede razonar de esa forma–, pero la respuesta del ministerio es que en esta etapa no habrá otra financiación.

SEÑOR GARCÍA.- ¿Cuánto durará esta etapa?

SEÑOR OTHEGUY.- Cinco años.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Me parece que estamos en la votación particular del artículo; ya hemos discutido lo suficiente y si lo que se quiere es un titular que diga: «Vamos a tener un impuesto para financiar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados», creo que todos nos dimos cuenta. Lo que estamos votando aquí, en este artículo, son los principios rectores, no estamos entrando en el diseño del sistema de financiación del proyecto de ley.

La duda se planteó, se ha dicho que en la Rendición de Cuentas se establecerá cómo se hará la financiación y los diseños ulteriores ameritarán las leyes correspondientes; eso lo dije en mi intervención.

Entonces no voy a comprometer plazos de una etapa diferente. Hoy estamos en la creación de este sistema– y lamento si la intención es esa–, pero estamos votando el artículo.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCÍA.- Tengo algún año en el Parlamento como para que la señora Senadora Mónica Xavier me enseñe cuándo se discuten las cosas, así que le sugeriría que ahorre tiempo. Tengo tanto conocimiento como ella de lo que significa la discusión en general y en particular, y salvo que la Mesa me diga que estoy fuera de lo que me corresponde por el Reglamento que es debatir, en la discusión particular, sobre el literal de un artículo, pregunto a la Mesa: ¿estoy en lo cierto o estoy fuera de lo que indica el Reglamento si hago preguntas en la discusión del literal de un artículo? ¿Estoy en mi derecho?

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señor Senador. Estamos discutiendo el artículo 4.º del proyecto de ley.

SEÑOR GARCÍA.- Exactamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador ha pedido una intervención a este respecto y puede hablar, pero debe dirigirse a la Mesa.

SEÑOR GARCÍA.- Perfecto. Lo voy a hacer y agradezco al señor Presidente por confirmar lo que todos ya sabíamos, salvo la señora Senadora Xavier.

Por otro lado, creo que no es buena cosa adjudicar intenciones.

Este es un punto fundamental y es donde el proyecto de ley deja más dudas. Creo que es nuestro deber preguntar, como partido de la oposición que está votando este proyecto de ley, para que queden claras este tipo de generalidades.

Me voy de la consideración de este artículo, señor Presidente, con el compromiso y la afirmación del señor Senador Otheguy, como miembro informante y además integrante de la bancada oficialista, de que en esta etapa –esto lo dijo, aunque no sé si pudo ser registrado en la versión taquigráfica, por lo que voy a repetirlo ya que fue en voz alta: esta etapa significa este período de gobierno–, no va a haber financiamiento privado, salvo el presupuestal. Con ese criterio voy a votar este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4.º.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5.º.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: no tengo ningún problema con este artículo, simplemente me queda la sensación de que el literal A sobra, en la medida en que reafirma cuestiones que están consagradas en toda la legislación nacional. No hay por qué señalar que, de alguna manera, se reconoce a las personas en situación de dependencia «el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, con pleno respeto de su personalidad, dignidad humana e intimidad». Esto es redundante, es decir, no agrega nada. Reitero, no tengo inconveniente en votarlo tal como está redactado, pero me da la impresión de que se puede eliminar y entrar directamente a lo que específicamente tiene que ver con los derechos de las personas en situación de dependencia. Consulto al miembro informante al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Entiendo lo que dice el señor Senador Mieres, pero nos parece que es importante explicitar estos aspectos en el proyecto ya que son parte de sus contenidos y de las cuestiones esenciales. Puede ser redundante, pero no pensamos que dañe ni afecte al proyecto de ley.

Sí quiero plantear una modificación en el título del capítulo II. Donde dice «DE QUIENES PRESTEN CUIDADOS», la comisión propone «DE QUIENES PRESTAN CUIDADOS».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la modificación propuesta por el miembro informante al título del capítulo II y el artículo 5.º del proyecto.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6.º del proyecto de ley.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Con respecto al artículo 6.º, proponemos que al inicio de los literales B, C, D y E se elimine la letra «a».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 6.º con la modificación propuesta por el miembro informante.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7.º del proyecto de ley, respecto al cual se ha presentado un aditivo.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Aquí tenemos que realizar la misma modificación que en el título anterior, es decir, sustituir la palabra «presten» por «prestan».

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Creo que tenía razón el señor Senador Bordaberry cuando en voz alta dijo que hay que modificar el artículo en dos partes, es decir, en el título del artículo 7.º e, inmediatamente, en su contenido, porque también allí se utiliza la palabra «presten».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 7.º sustituyendo la palabra «presten» por «prestan», en las dos oportunidades que aparecen en su redacción.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el aditivo propuesto para el artículo 7.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Sin perjuicio, son obligaciones de quienes presten cuidados:

A) Guardar secreto o reserva de la información y datos de las personas que cuidan o vinculadas a ellas y su entorno social y familiar a los que acceda o conozca por cualquier motivo o circunstancia.

B) Cumplir las tareas a su cargo de modo eficiente.

C) Capacitarse de acuerdo a los requerimientos de las tareas a su cargo».

(Firman las señoras Senadoras Montaner, Alonso y Aviaga y los señores Senadores Bordaberry y Cardoso).

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Entendemos que este aditivo no corresponde. Es más, lo discutimos y nos parece que originariamente en un mismo artículo estaban los usuarios y quienes brindan cuidados. El establecimiento de obligaciones consideramos que corresponde a la reglamentación, pero, además, si bien es muy importante guardar el secreto o la reserva de la información, no estamos colocando aquí todas aquellas obligaciones que tienen quienes prestan servicios de cuidados. Entonces, en lugar de ser parciales, por más importante que sea esta obligación para quienes cumplan estas tareas, preferimos establecerlas en su totalidad en la reglamentación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el aditivo propuesto para el artículo 7.º.

La Presidencia se anima a realizar una corrección. Donde dice «presten» debe decir «prestan».

(Se vota).

–13 en 28. Negativa.

En consideración el artículo 8.º.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- En el literal B del artículo 8.º también debemos sustituir la palabra «presten» por «prestan».

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MIERES.- Quiero plantear solamente un problema de redacción, pero me parece que hace a la cuestión.

En los numerales 2 y 3 del literal A se expresa: «[…] carecen de autonomía para desarrollar actividades y necesidades básicas de la vida diaria». Creo que esto no está bien redactado. Me parece que lo que correspondería sería lo siguiente: «[…] y atender por sí mismos sus necesidades básicas». Considero que así sería mucho más correcto.

Por tal motivo, propongo esta modificación al plenario en los numerales 2 y 3.

SEÑORA ALONSO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ALONSO.- Hemos puesto a consideración un artículo sustitutivo de este artículo 8.º, que se encuentra en las bancas de todos los señores Senadores.

En el punto número 1 del literal A, donde se establece «niñas y niños de hasta doce años», proponemos agregar «con prioridad en la población de 0 a 3 años». De esta manera se contemplaría lo que vino en el proyecto original del Poder Ejecutivo y creemos además que se mejora este artículo en particular porque se toma en consideración la prioridad que debe tener la primera infancia. Sabemos que varios señores Senadores que integran la comisión consideran oportuna esta propuesta.

Por tanto, ponemos este aditivo a consideración del Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo sustitutivo.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 8. (Ámbito subjetivo de aplicación).- Son titulares de los derechos establecidos en la presente ley:

A) Quienes se encuentren en situación de dependencia, considerando como tales las personas que requieran apoyos específicos para el desarrollo de sus actividades y necesidades básicas de la vida diaria. Por ello, se consideran personas en situación de dependencia:

1) niñas y niños de hasta doce años, con prioridad en la población de 0 a 3 años;

2) personas con discapacidad que carecen de autonomía para desarrollar actividades y necesidades básicas de la vida diaria;

3) personas mayores de sesenta y cinco años que carecen de autonomía para desarrollar las actividades y necesidades básicas de la vida diaria». (Firman: las señoras Senadoras Aviaga, Alonso, Montaner y los señores Senadores Besozzi, Cardoso, Heber, Bordaberry, Saravia y García).

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: quisiera solicitar, si es posible, que este artículo se vote por literales porque, en realidad, la modificación refiere solamente al literal A.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señor Senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el acápite y el literal A del artículo 8.º –sin los numerales–, tal como viene de comisión.

(Se vota:).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar el numeral 1, tal como vino de comisión.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCÍA.- En realidad, el aditivo que acaban de presentar varios señores Senadores de la oposición no se contrapone con el numeral 1. Creo que se podría votar perfectamente, porque ambos tienen un conjunto común –de 0 a 12 años– y uno de ellos integra parte del conjunto –de 0 a 3 años– con una mirada más prioritaria. Me parece que no son contradictorios y deberían ponerse a votación los dos numerales 1, el que vino de comisión y la propuesta que se acaba de presentar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se ha propuesto como un artículo sustitutivo, señor Senador García.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MIERES. Solamente quisiera recordar que sobre los numerales 2 y 3 se propuso una modificación de redacción.

SEÑOR PRESIDENTE. Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los numerales 2 y 3 del artículo 8.º, con la propuesta sugerida por el señor Senador Mieres.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

A continuación, corresponde votar el literal B y el inciso final del artículo 8.º.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: dado que es necesario suplir el término «presten» por la palabra «prestan», voy a sugerir que la Secretaría realice esa corrección para todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la sugerencia de la señora Senadora Topolansky, en el sentido de dejar en manos de la Secretaría la sustitución de la palabra «presten», cada vez que se entienda necesario, por el término «prestan».

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 9.º con el texto que vino de comisión.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 10.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 12.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: de acuerdo con lo que ya he sugerido, creo que se puede incorporar al primer párrafo del artículo 12 la integración de un representante del Congreso de Intendentes.

De esta manera, el texto diría «el Presidente del Directorio del Banco de Previsión Social, el Presidente del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y un representante del Congreso Nacional de Intendentes».

SEÑOR CARÁMBULA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARÁMBULA.- Simplemente quiero decir que voy a acompañar la propuesta del señor Senador Larrañaga. Ya lo dijimos en nuestra intervención: entendemos que el rol de los Gobiernos departamentales y locales en este proyecto de ley es fundamental, y nos extendimos en ese sentido. Nos parece muy buena la propuesta de que ese representante pase del Comité Consultivo a la Junta de Gobierno del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Me parece un excelente aporte que va a fortalecer el desarrollo de esta ley.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Además de expresar nuestro apoyo a la propuesta del señor Senador Larrañaga, queremos plantear una duda. Nos gustaría saber si ese representante también va a permanecer en el organismo que se propone en el artículo 18, porque habría que preverlo.

SEÑOR CARÁMBULA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARÁMBULA.- Me parece razonable la inquietud que plantea el señor Senador Bordaberry. Entiendo que en la medida en que le damos jerarquía al Congreso de Intendentes para estar en la junta ejecutiva, debería salir del consejo asesor, donde hay representaciones que también son muy importantes.

(Apoyados).

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 12 con la modificación propuesta por el señor Senador Larrañaga.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: solicito que se reconsidere el literal A del artículo 8.º, a fin de hacerlo congruente con las referencias a las necesidades básicas. Creo que el literal debería comenzar diciendo: «A quienes se encuentren en situación de dependencia, considerando como tales las personas que requieran apoyos específicos para el desarrollo de sus actividades y la satisfacción de sus necesidades básicas».

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera sugerir que sigamos avanzando en la votación de los artículos del proyecto de ley y los cambios en los artículos ya votados se reconsideren al final.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa adoptará esa sugerencia.

En consideración el artículo 14.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Señor Presidente: debe modificarse el texto en los párrafos tercero y cuarto. En el párrafo tercero, donde dice «traspuestas», debe decir «transpuestas» y, en el cuarto, donde dice «trasposiciones», debe decir «transposiciones».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 14 con la corrección sugerida por el señor Senador Otheguy.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 15.

SEÑORA MONTANER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MONTANER.- Señor Presidente: el Partido Colorado, manteniendo la misma línea de coherencia seguida en la comisión, va a votar negativamente este artículo. Si bien el Sistema Nacional Integrado de Cuidados tiene una estructura institucional muy rica y debe existir la función porque es un programa nuevo, consideramos que se podría reasignar a una persona para no incurrir en la generación de más gastos. Con total honestidad, reiteramos lo que dijimos en comisión y, por ello, votaremos negativamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 29. Afirmativa.

SEÑORA ALONSO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ALONSO.- Señor Presidente: el Partido Nacional quiere dejar constancia de su voto negativo por entender que no es necesaria la creación de un cargo de particular confianza, que es lo que contempla este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa entiende que corresponde rectificar la votación, dado que casi todos los señores Senadores del Partido Nacional votaron el artículo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 15.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 16.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Señor Presidente: para hacer lugar al planteo realizado por el señor Senador García, proponemos que en vez de decir: «El Poder Ejecutivo podrá modificar», el artículo diga: «El Poder Ejecutivo podrá proponer modificar».

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señor Presidente: es bueno que la bancada oficialista haya compartido esta inquietud, pero considero que si sacamos el párrafo obtenemos el mismo resultado, porque es sabido que el Poder Ejecutivo siempre puede proponer modificar una ley, al igual que cualquier legislador. Por tanto, sería absolutamente redundante y si elimináramos el párrafo no cambiaría nada.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Compartimos la propuesta realizada por el señor Senador García en el sentido de eliminar este párrafo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 16 venido de la comisión, con la eliminación del cuarto párrafo.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 17.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: hablé con el miembro informante y tenemos una propuesta para modificar el literal B. En dicho literal se expresa «podrán convocar a los Gobiernos Departamentales y Municipales» y la propuesta es que diga «convocarán». Me parece necesario en estos casos, en que tanto se habla de articulación con los Gobiernos locales, que haya un mandato legislativo de convocatoria a los Gobiernos departamentales y municipales.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Estoy de acuerdo con la modificación propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 17 con la propuesta realizada por el señor Senador Mieres.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 18.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Señor Presidente: hemos presentado un aditivo a este artículo 18, en consonancia con lo manifestado en el día de ayer y también en la comisión, porque creemos que en el Comité Consultivo de Cuidados debe estar bien definida la representación del mundo de la discapacidad mediante un representante electo por las organizaciones que lo integran. Desde el punto de vista de la inclusión, esta es una manera de incluir de verdad, sobre todo a la hora de tomar decisiones sobre políticas para los discapacitados. Creo que ya no tenemos que ser nosotros los que diseñemos esas políticas sin que ellos estén integrados a la hora de tomar las decisiones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo aditivo.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 18. (Integración y cometidos del Comité Consultivo de Cuidados).- El Comité Consultivo de Cuidados estará integrado por delegados del Congreso de Intendentes, del PIT-CNT, representante del Mundo de la Discapacidad electo por las organizaciones respectivas y demás organizaciones de la Sociedad Civil Organizada representativas en el ámbito del contenido de la ley, del sector académico especializado y de las entidades privadas que presten servicios de cuidados.

Tendrá carácter honorario y por cometido asesorar a la Secretaría Nacional de cuidados, sobre las mejores prácticas conducentes al cumplimiento de los objetivos, políticas y estrategias correspondientes al SNIC.

El Poder Ejecutivo reglamentará su integración y funcionamiento». (Firman: las señoras Senadoras Aviaga, Alonso y Montaner y los señores Senadores Heber, Saravia, Lacalle Pou, Cardoso, García y Larrañaga).

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CAMY.- Señor Presidente: habría que retirar la representación que se atribuye al Congreso de Intendentes según lo establecido en el artículo 12.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Señor Presidente: quiero especificar lo planteado por el señor Senador Camy y decir que no vamos a acompañar este aditivo por considerar que está contemplado en el proyecto cuando refiere a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Considero que es redundante especificar el vasto universo de organizaciones de la sociedad civil que pueden estar representadas en el Consejo Consultivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tal como viene de la comisión, el artículo 18 menciona el Congreso de Intendentes, pero se propone eliminar dicha mención.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 18 venido de la comisión con la propuesta de eliminar la mención al Congreso de Intendentes.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo al que se ha dado lectura.

(Se vota).

–11 en 27. Negativa.

En consideración el artículo 19.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 20.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar la reconsideración del artículo 8.º que había sido solicitada por el señor Senador Mieres.

(Se vota).

–25 en 27. Afirmativa.

Está en consideración nuevamente el artículo 8.º.

Solicito al señor Senador Mieres que recuerde al Cuerpo la modificación que había propuesto.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: propuse que en el literal A, a continuación de «para el desarrollo de sus actividades», se agregue «y la satisfacción de las necesidades básicas», eliminándose la expresión «de la vida diaria», porque es redundante.

SEÑORA CARDOZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA CARDOZO.- Señor Presidente: no estoy de acuerdo con retirar la frase «de la vida diaria» porque, precisamente, la expresión «actividades de la vida diaria» es lo que define la dependencia. El concepto no está dado solo por el término «actividades» ni por «actividades y necesidades básicas», sino por «actividades de la vida diaria».

SEÑOR MIERES.- En ese caso, señor Presidente, retiro mi propuesta de eliminar la mencionada expresión y mantengo lo referente al agregado de la frase «y la satisfacción de».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal A del artículo 8.º con la modificación propuesta por el señor Senador Mieres.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

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9) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: hoy estamos sesionando en régimen de cuarto intermedio porque así fue votado por el Cuerpo en la sesión del día de ayer. Dado que en el orden del día quedan muy pocos asuntos, formulo moción para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta agotar el orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–24 en 27. Afirmativa.

10) ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁREA DE TURISMO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el «Acuerdo sobre Cooperación en el Área de Turismo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Armenia», suscrito en la ciudad de Ereván, República de Armenia, el 12 de noviembre de 2013. (Carp. n.º 280/2015 – Rep. n.º 125/2015)».

(Antecedentes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor Presidente: tanto nuestro país como la República de Armenia son parte de la Organización Mundial del Turismo, organismo de Naciones Unidas que se encarga de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. La organización está conformada por 156 países miembros, además de contar con 6 miembros asociados y más de 450 miembros afiliados que representan al sector privado, instituciones de enseñanza, asociaciones de turismo y autoridades turísticas locales.

Hablamos de una actividad que está comprendida entre aquellas que la comunidad internacional ha dispuesto que sean instrumentos para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, enfocados a reducir la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible. Quiere decir, señor Presidente, que el punto que estamos tratando –al igual que otros de idéntica materia que el Parlamento ha aprobado en el pasado– está conectado a una moderna visión universal sobre los alcances del turismo como actividad humana que, con el curso de los lustros, ha ido adquiriendo también para el Uruguay una gran importancia social, económica y cultural.

El presente proyecto de ley nace en noviembre del año 2013, en oportunidad de la visita de una delegación de nuestro país a la República de Armenia. La delegación estaba integrada por el Vicecanciller Luis Porto, la Ministra de Turismo y Deporte, Liliam Kechichián, el Director de Turismo de la Intendencia de Montevideo, Raffi Unanian y el Embajador Concurrente en Armenia, Aníbal Cabral. Entre otros acuerdos de interés bilateral, se signó este sobre cooperación en el área de turismo entre el Gobierno de la República y la República de Armenia.

Señor Presidente: este acuerdo se presenta ante el Parlamento en reiteración, puesto que ya había sido enviado por la administración Mujica. Entonces no fue aprobado porque estábamos en año electoral y teníamos mucha actividad. Ahora, la administración Vázquez lo reitera, con lo cual queda de manifiesto el interés del Estado uruguayo sobre este instrumento, que profundiza nuestra relación con el lejano país del Cáucaso.

En un breve preámbulo queda perfilado el objetivo específico que acuerdan las partes: incrementar la cooperación en el área turística. En esta parte del acuerdo se introduce un argumento central cuando se asevera que «el turismo constituye un instrumento efectivo para conocer la historia, el patrimonio cultural y el estilo de vida de las naciones».

Progresivamente, lustro tras lustro, Uruguay ha venido acentuando el fomento y la promoción de la industria turística, generadora de servicios y plazas de trabajo, así como ámbito permanente de inversiones desde el sector empresarial y estatal.

Señor Presidente: el acuerdo se desarrolla por medio de doce artículos que sintetizan el marco de cooperación en el área de turismo.

El artículo 1.º propone un núcleo de acciones por medio de las cuales se busca realizar la cooperación en la materia sujeto del acuerdo. Estas acciones focalizan en la cooperación entre empresarios, en las relaciones entre los organismos públicos y demás organizaciones sin fines de lucro en el área del turismo en ambos países, en la participación de la juventud en el desarrollo del turismo, en la promoción de políticas de inversión, etcétera.

El artículo 2.º establece que los organismos oficiales obrarán en favor de enmarcar la cooperación entre los inversores, empresarios, organismos públicos y organizaciones sin fines de lucro en el área del turismo.

El artículo 3.º dispone en torno a la explotación y evaluación de los recursos turísticos, la hotelería, el comercio turístico y demás, conforme a la legislación nacional de cada parte.

El artículo 4.º encomienda la simplificación de los procedimientos de intercambio turístico, lo que resulta fundamental al momento en que el turista decide un destino.

El artículo 5.º persigue el intercambio de grupos especializados en eventos vinculados con el turismo recíproco.

El artículo 6.º dispone que las partes deben cooperar entre sí en la preparación y capacitación de los recursos humanos, fomentando el intercambio de especialistas y agentes vinculados al turismo.

Los artículos 7.º y 8.º encargan a las partes la cooperación dentro de las organizaciones internacionales de turismo de las que sean miembros, así como la implementación del presente acuerdo a los respectivos organismos oficiales responsables del área del turismo.

Como es habitual en los documentos marco –como lo es este–, por medio del artículo 9.º se crea una comisión mixta que deberá resolver las cuestiones vinculadas a la implementación del presente acuerdo.

La citada comisión estará integrada por igual número de representantes autorizados de cada país y sus reuniones serán opcionales, teniendo como sede, indistintamente, el territorio de las partes.

La comisión mixta tendrá la capacidad de darse su propio estatuto de funcionamiento.

Los artículos 10, 11 y 12 refieren a detalles consuetudinarios en los instrumentos internacionales de relacionamiento diplomático.

El mencionado núcleo de artículos trata sobre solución de controversias que, de existir, se canalizarán por la vía diplomática; también por la citada vía se podrán introducir cambios y enmiendas, lo que será habilitado por protocolos adicionales que entrarán en vigor de conformidad con el artículo 12 del presente acuerdo.

La entrada en vigor de este Acuerdo Sobre Cooperación en el Área del Turismo se materializará en la fecha de la última notificación intercambiada por las partes, poseyendo una vigencia durante un período indeterminado.

Señor Presidente: el informe que los señores Senadores tienen sobre su mesa de trabajo finaliza con una serie de comentarios, sobre los que quiero señalar lo siguiente.

Además del hecho de que con la República de Armenia nos une una vieja relación, este acuerdo tiene sus conveniencias, porque la comunidad armenia instalada en el Uruguay desde hace más de un siglo está yendo de nuevo a la madre patria, como lo han hecho las comunidades española e italiana; regresan a reinstalarse o, muchas veces, por cursos, por temas idiomáticos, por turismo o por visitas familiares. Según la información que tengo –y que puedo dar a la Cámara–, el flujo de turistas –organizado por los múltiples clubes y organizaciones sociales– es casi permanente, y no solamente de origen armenio, sino también de otros orígenes, entre ellos uruguayos, que parten para visitar aquella lejana nación.

Quiero decir, además, que institucionalmente este proyecto de ley también está unido al Ministerio de la Diáspora, institución con una gran proyección que tiene la República de Armenia y que, evidentemente, nos vincula con millones de armenios en todo el mundo. Sin ir más lejos, en Rusia, por ejemplo, viven dos millones y medio de armenios. Es proverbial la importancia y el número de integrantes de esta comunidad en Estados Unidos, Francia, Argentina y Brasil. Obviamente, con el trabajo futuro que pueda haber sobre este convenio también podrá notarse y mejorarse el flujo turístico entre las partes.

Este acuerdo viene al plenario con la aprobación unánime de la Comisión de Asuntos Internacionales y, por lo tanto, en nombre de esa comisión me cabe recomendar al Cuerpo y a los señores Senadores su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo Único.- Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación en el Área de Turismo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Armenia, suscrito en la ciudad de Ereván, República de Armenia, el 12 de noviembre de 2013».

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

11) «REPÚBLICA LIBANESA»

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa con el nombre “República Libanesa” la Escuela n.º 150 del departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. n.º 320/2015 – Rep. n.º 123/2015)».

(Antecedentes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el señor Senador Carámbula.

SEÑOR CARÁMBULA.- Señor Presidente: en ausencia del Presidente de la comisión respectiva, señor Senador Cardoso, y de la miembro informante, señora Senadora Moreira, brevemente informaremos al Senado sobre este proyecto de ley.

En la Legislatura pasada fue sometida a consideración del Parlamento una iniciativa remitida por el Poder Legislativo, por la que se proponía designar la Escuela n.º 150 del departamento de Rivera con el nombre «República del Líbano». Dicha iniciativa, de acuerdo con el mensaje, recogía la voluntad expresada por la Asociación Libanesa de Rivera, así como por la dirección y la comisión de fomento del propio centro educativo. El proyecto tuvo media sanción; fue aprobado por la Cámara de Representantes en el período anterior, y hoy lo traemos para que vuelva a tomar cuerpo legislativo.

El informe de la comisión en aquel momento da cuenta de la pertinencia de esta designación, fundada en los lazos que unen al pueblo libanés con nuestro pueblo. Entre esas manifestaciones de acercamiento cabe señalar la existencia en Beirut, desde la década de los sesenta, de una escuela primaria llamada «República Oriental del Uruguay», que cuenta con el apoyo permanente de uruguayos residentes en esa ciudad. También, en la capital del Líbano una importante avenida lleva el nombre de nuestro país. Y en octubre de 2012, se inauguró el monumento a la fraternidad Uruguay-Líbano en la autopista más transitada de la República Libanesa. Todas estas instancias dan cuenta de los vínculos culturales y de fraternidad que existen entre nuestros pueblos, cuyos orígenes en nuestro país pueden rastrearse en la corriente de inmigrantes que llegaron a Uruguay entre fines del siglo XIX y principios del XX.

Actualmente viven en nuestro país más de 70.000 descendientes de libaneses y en la República Libanesa viven cerca de 2000 uruguayos. A partir de las corrientes migratorias, nuestro país fue configurándose como una sociedad multicultural e integradora, y en ese marco se inscribe el aporte que a través de sus costumbres, cultura y trabajo realizaron las familias libanesas diseminadas por todo el territorio del Uruguay. La presencia de sociedades libanesas en casi todos los departamentos de nuestro país, afiliadas y auspiciadas por la Unión Libanesa Cultural Mundial, fortalece, mantiene y afianza los lazos culturales. Importantes hombres de la política uruguaya –legisladores, profesionales, comerciantes– han sido o son libaneses, o descendientes de los mismos.

Por lo tanto, desde la comisión recomendamos la aprobación de este proyecto de ley.

Y agregamos lo que la propia comisión de la escuela, que propone este nombre, dice en su solicitud: «Consideramos interesante la propuesta, pues la zona rural de nuestro país fue testigo del implacable espíritu de lucha y trabajo de este pueblo de emigrantes que, con su valija repleta de objetos de utilidad para nuestros hombres y mujeres del campo, recorrieron los caminos de nuestra querida patria».

Señor Presidente: es por estos motivos que proponemos que esta escuela lleve el nombre «República Libanesa».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo Único.- Desígnase con el nombre de “República Libanesa” a la Escuela n.º 150, del departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública».

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

12) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 11 de agosto de 2015

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

Presente

 

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo se sirva concederme el uso de licencia en el período comprendido entre el 24 de agosto y el 11 de setiembre de 2015, por motivos personales.

Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.

José Carlos Cardoso. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Jorge Saravia ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Fanny Trylesinski, que deberá prestar la promesa de estilo.

13) «JOSÉ D’ELÍA»

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa con el nombre “José D’Elía” la Escuela Taller n.º 380 - Discapacitado Intelectual, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. n.º 299/2015 – Rep. n.º 124/2015)».

(Antecedentes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora Senadora Passada.

SEÑORA PASSADA.- Señor Presidente: con fecha 6 de julio de 2015 el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley para designar la Escuela Taller n.º 380 - Discapacitado Intelectual, del departamento de Montevideo, con el nombre «José D’Elía».

Esta propuesta contó con el beneplácito de la Inspección Nacional de Educación Especial del Consejo de Educación Inicial y Primaria, de la dirección del centro escolar, de organizaciones sociales, de la propia comisión de fomento y barrial y también de la Comisión Nacional de Homenaje a José Pepe D’Elía. Esta última es una comisión multipartidaria –de la que son miembros algunos de los aquí presentes–, que nuclea a varios actores políticos, sociales, académicos y pensadores que reconocen en José D’Elía a una figura de relieve para nuestro país por su dedicación y su defensa de los derechos de los más necesitados, bregando siempre por el principio de igualdad.

La Escuela Taller n.º 380 fue creada en el año 2013 a partir de la división de la Escuela n.º 205 conocida como «Obra Morquio» y en este momento cuenta con 88 alumnos. Su objetivo principal es ser una escuela modelo y concientizar a la ciudadanía en cuanto a que una persona con capacidades diferentes es un ciudadano más con todos los derechos; debe ser atendida y recibir apoyo desde el ámbito familiar y educativo para realizar todas las tareas de la vida y las actividades de ocio, y fundamentalmente debe ser preparada para su inserción laboral.

Consideramos muy acertado designar ese centro escolar con el nombre de un referente histórico que ha defendido el valor del trabajo y de los derechos, y que con su ejemplo de vida dio una enseñanza. Estos jóvenes sufren una vulnerabilidad social y deben ser atendidos por una sociedad que no los excluya, sino que les permita insertarse en ella a través de la educación y del trabajo. Con el nombre que le vamos a dar a la Escuela Taller n.º 380 también estamos promoviendo un pensamiento vivo y valores.

A pedido de algunos miembros que integran esa comisión especial solicitamos que, una vez que este proyecto de ley cuente con media sanción, la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a la escuela que junto con la comisión fomento tuvo esta iniciativa, al PIT-CNT, a la comisión especial de homenaje a José D’Elía y a sus familiares.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Desígnase con el nombre de “José D’Elía” a la Escuela Taller n.º 380 - Discapacitado Intelectual, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

14) DOCTOR GERARDO GASTÓN PEDUZZI DUHAU. DESIGNACIÓN COMO MINISTRO DE TRIBUNAL DE APELACIONES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden el día: «Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud remitida por la Suprema Corte de Justicia, a fin de designar en el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones, al doctor Gerardo Gastón Peduzzi Duhau. (Carpeta n.º 84/2015 – Repartido n.º 122/2015)».

(Antecedentes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- El 12 de febrero de 2015 la Suprema Corte de Justicia, según lo que establece el numeral 4.º del artículo 239 de la Constitución de la República, solicitó a la Comisión Permanente la venia para designar al doctor Gerardo Peduzzi como Ministro de Tribunal de Apelaciones. Esto fue hace seis meses, pero con fecha 20 de julio recibimos una notificación que dice que hay una desintegración del tribunal que resiente el servicio porque están a la espera de que el Senado otorgue la venia.

(Ocupa la presidencia la señora Ivonne Passada).

–La demora en el tratamiento en comisión se debió a que nosotros aceptamos recibir al doctor Chediak, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, acompañado del doctor Pérez Manrique, a efectos de que nos dieran más información sobre esta venia. Eso no pudo ser porque comenzó la feria judicial, pero no fue nuestra intención que esto se prorrogara.

El nombre del doctor Peduzzi surge, de las listas de jueces mejor calificados para el ascenso confeccionadas por el Poder Judicial, como el magistrado con mejor calificación para obtener el cargo vacante existente. En realidad, la Suprema Corte de Justicia nos visitó y explicó cuáles son los criterios para los ascensos al cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones y esto consta en la versión taquigráfica de la Comisión de Asuntos Administrativos del día 22 de abril. Se establece claramente que, en estos casos, la Suprema Corte de Justicia ejerce lo que ellos llaman la autolimitación de la Corte para designar a los jueces, es decir que deposita la confianza en una comisión asesora, designada por ella y que está integrada por un Ministro de la Suprema Corte de Justicia, dos Ministros de Tribunal de Apelaciones –uno de ellos de la Asociación de Magistrados–, un abogado que representa al Colegio de Abogados del Uruguay y un grado 5 de la Facultad de Derecho. Se siguen una serie de criterios que intentan ser pautas objetivas –no subjetivas–, considerando la antigüedad en el cargo –que es objetivo– y las calificaciones que le dieron los superiores. En este punto, esta comisión sigue el criterio de reserva de lo actuado y la información no sale de allí. A su vez, la comisión exceptúa a aquellos señores jueces que manifiestan su voluntad de no ser trasladados.

Todo esto nos lo explicó en la comisión la Suprema Corte de Justicia. Tenemos el currículo que se agregó al expediente, del cual emerge que el doctor Peduzzi inició su carrera en el Poder Judicial en el año 1965 como funcionario administrativo, es decir que tiene una larga experiencia. Como magistrado se inició en el escalafón más bajo. Fue Juez de Paz rural en el año 1981.

Para continuar con su carrera, el Juez Peduzzi transitó por diversos juzgados, de distintas categorías y en diferentes lugares del país. En el año 1988 ejerció en el Juzgado de Paz de la 9.ª sección de Tacuarembó. En diciembre de 1988 pasó al Juzgado de Paz Departamental de Fray Bentos. En noviembre de 1989 trabajó en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Fray Bentos. En 1990 se desempeñó en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rocha; ese año también estuvo en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Canelones. Posteriormente, fue trasladado al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Las Piedras. En 1993 fue Juez Letrado suplente en Montevideo; en setiembre fue designado Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 15.º turno. A continuación, nos llamó la atención que en el año 2004 hubo un cambio y pasó a ser Juez Letrado de Primera Instancia de Familia. No es común que un Juez en lo Penal pase a ser Juez de Familia. No es que no se pueda hacer; desde luego que los traslados horizontales o verticales los resuelve la Suprema Corte de Justicia. En 2010 fue Juez Letrado de Adolescentes de 4.º turno.

En muchas oportunidades participó integrando comisiones especiales que se crearon en el Poder Judicial y tenemos la lista detallada de cuáles fueron. Fue designado representante para participar, junto a otras autoridades nacionales, en seminarios y cursos fuera del país, relacionados con la problemática de los adolescentes infractores.

(Ocupa la presidencia el señor Raúl Sendic).

–La conclusión que se saca de este largo expediente es que los méritos funcionales y extrafuncionales, así como la calificación, hacen que este magistrado cumpla las condiciones necesarias para desempeñar el cargo para el cual se lo postula. Consideramos que tiene la aptitud funcional y la versación jurídica suficiente para cumplir los objetivos y cometidos inherentes al cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones. Además, la propuesta se ajusta cabalmente a la normativa vigente y a las formalidades de estilo, así como a la oportunidad y mérito, a fin de enviar la solicitud para su aprobación por este Cuerpo legislativo. La comisión asesora aprobó esta solicitud de venia por mayoría y no por unanimidad; por eso he señalado detalladamente los méritos y la carrera funcional del doctor Peduzzi.

Era cuanto quería manifestar para fundamentar la conveniencia de votar la venia y designar al doctor Gerardo Gastón Peduzzi Duhau Ministro de Tribunal de Apelaciones.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Trataré de ser breve, dado lo avanzado de la hora.

Rara vez en la Comisión de Asuntos Administrativos no se resuelven por unanimidad estas solicitudes de venia. Creo que es bueno hacer un alto en esta responsabilidad que tenemos como legisladores y que nos es dada por la Constitución de la República. Esta, a veces, da al Senado una suerte de jurisdicción compartida con el Poder Judicial a través de los artículos 93 y 114, en los que se establece que, previo al ingreso de un proceso judicial, es necesario que este Cuerpo determine si hay lugar a formación de causa, es decir, nos transforma en una suerte de intérpretes de los hechos si es que nos encontramos frente a un delito. Otra competencia compartida es la que le da al Senado de la República a través del numeral 4.º del artículo 239. Si bien la Suprema Corte de Justicia propone los ascensos de los jueces a ministros, debe ser hecho con la aprobación del Senado.

En este período ya hemos aprobado algunas designaciones. Creo que sería bueno repasar los criterios que aplicamos en la comisión porque si como legisladores tenemos la potestad que nos la otorga la Constitución de decir «sí» o «no», obviamente no podemos decirle «sí» a todo, sino que tenemos que analizar los criterios.

En la comisión citamos –creo que con buen criterio– a la Suprema Corte de Justicia para que nos explicara cómo elige, entre los quinientos jueces que hay en el Uruguay, quién va a ascender a Ministro de Tribunal de Apelaciones. Era lo mínimo que teníamos que hacer; de la misma forma actuamos con el señor Fiscal de Corte, que también vino y brindó explicaciones.

La Suprema Corte de Justicia tiene un sistema establecido en las Acordadas 7772 y 7542 por el cual se califica a los magistrados. Es un sistema al que no está obligada a recurrir, pero que se autoimpuso allá por los años 1988 o 1989 a solicitud de la Asociación de Magistrados del Uruguay.

Esta asociación propuso a la Suprema Corte de Justicia –costó mucho porque en esa época la Corte se negaba a ello– establecer un mecanismo transparente por el cual los jueces ascendieran a Ministro de Tribunal.

En aquel entonces el doctor Marabotto fue quien, con entusiasmo, tomó esa propuesta. Jueces de aquella época que después fueron Ministros de la Suprema Corte de Justicia, como Brito del Pino, Van Rompaey, Gutiérrez, Tobías y varios más hicieron la propuesta.

¿Cómo es el sistema? Considero que si estamos aprobando el ascenso de un Juez a Ministro de Tribunal de Apelaciones, es bueno que como legisladores sepamos cómo es el sistema. Parece complejo, pero no lo es. Todos los jueces son calificados por su superior procesal. El Juez de Paz Departamental –cuyas sentencias son recurridas ante el Juez Letrado correspondiente– es puntuado por el Juez Letrado correspondiente, que es su superior procesal. ¿Por qué? Porque es el que recibe los expedientes que van en sentencia y ve cómo trabajó su inferior procesal. Así podemos seguir: a los Jueces Letrados los califican los Ministros de los Tribunales de Apelaciones y hacia abajo sucede lo mismo, es decir, los Jueces Departamentales califican a los Jueces de Paz seccionales.

Para no ser injustos con el criterio, como hay muchos más tribunales de apelaciones en lo civil que en lo penal o en lo laboral, se hace una ponderación de los distintos puntajes. Se crea una comisión integrada por cinco miembros. Uno de ellos es un Ministro de la Suprema Corte de Justicia, dos son designados entre los Ministros de Tribunal de Apelaciones, uno es propuesto por la Asociación de Magistrados del Uruguay y otro, por el Colegio de Abogados del Uruguay. Esa comisión dura dos años, va recibiendo todas las calificaciones y elabora listas.

La Suprema Corte de Justicia tiene las listas anuales y, en base a ellas, hace una propuesta. Lo que sucede es que la lista está confeccionada alfabéticamente y no por el orden de puntuación. ¿Por qué se hace así? Porque es secreto y así está dispuesto por la propia Acordada. Yo creo que no debería ser así –lo adelanto– y considero que deberíamos conocer el orden.

La Suprema Corte de Justicia propone el ascenso a Ministro o a Juez en base a quienes están en esas listas. Disculpen lo complicado de la explicación, pero me parece bueno darla.

En el caso del doctor Peduzzi, está en la última lista, con lo cual parecería que califica para ascender. Sin embargo, no es el único que está en ella; hay una cantidad de magistrados en esa lista.

El señor miembro informante, con muy buen criterio, argumentó que el doctor Peduzzi tiene muchos méritos. Sí, con seguridad debe tenerlos. Pero no debemos considerar solamente los méritos de quien se está proponiendo, sino también los de los otros que figuran en la lista. No se trata solo de tener méritos, sino de ver quién tiene más méritos para ascender.

No podemos tomar solamente los méritos personales de uno de ellos y no considerar los de los demás.

Los otros dos integrantes de la comisión –con esto creo interpretar también la opinión del señor Senador Heber, quien fue conteste en eso– analizamos los méritos de los otros y nos encontramos con que hay magistrados que están en la última lista, pero también estuvieron en una lista anterior y en otra anterior y en otra anterior. Quiere decir que vienen estando en las listas para ascender desde hace más años que el doctor Peduzzi, que solamente ha estado esta vez.

¿Por qué digo esto? Porque creo que hay que mirar el derecho a ascender de este magistrado, pero también el de los otros. Eso parecería ser, a nuestro juicio, un elemento determinante.

Cuando vino el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia le preguntamos expresamente por este caso. Le dijimos que hay otros magistrados, aunque yo no los conozco. Vemos que la doctora Miriam Muzi o el doctor Homero Da Costa están en esas listas desde hace más tiempo, pero ellos no han sido propuestos. Lo que nos respondió fue que Peduzzi era el Juez Letrado más antiguo, que se va a jubilar el año próximo y que habían tomado en cuenta la antigüedad. Pero acto seguido, le dijimos que hacía un mes y medio o dos que nos había propuesto el ascenso de la doctora Martha Alves de Simas, quien estaba en la lista y a la que le votamos el ascenso porque era la que estaba en más listas.

La doctora Martha Alves de Simas había sido incluida en las listas de los años 2015, 2011, 2009, 2001, 1999, 1998, 1997, 1996 y 1995. Como ella estaba en la lista desde hacía más tiempo, nos pidieron la aprobación para su ascenso. Sin embargo, la doctora Martha Alves de Simas tiene mucha menos antigüedad que el doctor Peduzzi.

Aquí se aplica un criterio medio raro. ¿Por qué se propuso a la doctora Martha Alves de Simas, que tiene menos antigüedad que el doctor Peduzzi, y ahora no se propone a otros jueces que tienen más antigüedad que él?

Hasta hace ocho o nueve años ejercí la abogacía y nunca me tocaron juicios con alguno de estos magistrados, y aclaro que no los conozco. Hago esta precisión porque a veces los abogados nos agarramos con los jueces que nos dicen que no y alentamos a los que nos dicen que sí. Tratamos de ser objetivos y de cumplir con nuestro deber como legisladores porque creo que no se trata solamente de una potestad del Senado aprobar esta venia; nosotros tenemos el deber de analizarla y de ser lo más objetivos y justos posibles. Incluso, cuando el Presidente de la Suprema Corte de Justicia concurrió a la comisión, le preguntamos por qué la doctora Martha Alves de Simas, que no era tan antigua como el doctor Peduzzi, le pasó por encima y ascendió, y ahora, en lugar de que le pasaran por encima otros jueces que también tenían más tiempo en las listas, se esgrimía el argumento de que, por tener más antigüedad, el ascenso le correspondía al doctor Peduzzi.

A mi juicio, siendo este el único requisito con el cual realmente contamos –me refiero a la cantidad de listas en que figuró cada candidato–, habría que tomar en cuenta a los otros y ascender a otro juez. Reitero que esto no va en desmedro de la capacidad y de los méritos del doctor Peduzzi, porque estamos hablando de profesionales que han hecho carrera en el Poder Judicial, pero sí creo que hay otros que tienen más méritos que él.

Por ese motivo –y voy a terminar con un último argumento–, pensamos que no debemos aprobar esta venia. Además, tampoco puede esgrimirse como argumento el hecho de que el Tribunal de Apelaciones esté desintegrado si no se aprueba la venia. Lo cierto es que ese argumento de que si no se vota la venia hay un tribunal que no queda integrado no debería llevarnos a no elegir al mejor magistrado.

Un poco rememorando lo que hace la Suprema Corte de Justicia: esta venia fue aprobada en comisión por tres votos en cinco y, por lo tanto, tenemos un informe en mayoría y otro en minoría.

Espero que mis argumentos hayan logrado conmover a la bancada oficialista porque tenemos que ver que no solamente estamos aprobando la designación de una persona, sino que hay otras, que tenían más derecho, pero que no van a acceder al lugar que les corresponde.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Muchas gracias.

Nos parece que el señor Senador Bordaberry ha sido muy claro al relatar el proceso de discusión que tuvimos en la Comisión de Asuntos Administrativos y la forma diferente de ver los hechos –tal como se desprende del informe en mayoría– en esta propuesta de ascenso. Además, me parece que la Suprema Corte de Justicia ha venido trabajando con un criterio al que contribuyó mucho, no solo la Asociación de Magistrados del Uruguay, sino también el Colegio de Abogados del Uruguay; se trata de un sistema en el que hay una discrecionalidad, pero en base a una selección que realiza el propio Poder Judicial. Y apartarse de él no es buena cosa. Esperemos que si la mayoría vota esta propuesta, que sea el único caso. En lo personal no la votaría por el solo hecho de no apartarnos de un criterio que se viene aplicando y que debería mantenerse –e incluso mejorarse– en el tiempo. En comisión también hemos hablado de que deberían articularse sistemas que nos ofrezcan mayores garantías en temas tan importantes como los ascensos.

Además de este, que de por sí es un argumento, tenemos información y la certeza de que se trata de una persona que no ha actuado bien en la judicatura; que es un mal juez. Esto lo quiero decir francamente porque lo planteé en la comisión, y si lo dije allí, también lo menciono aquí. Tengo la confirmación de que no es la persona indicada para este ascenso. Los argumentos esgrimidos al final por miembros de la Suprema Corte de Justicia consisten en que el doctor Peduzzi tiene una larga trayectoria y que está próximo a jubilarse. No me parece que estos argumentos puedan llevar a la Suprema Corte de Justicia a apartarse de los criterios con los que viene actuando, que entiendo son válidos y garantistas en el sistema.

Por lo tanto, señor Presidente, por los argumentos expuestos por el señor Senador Bordaberry y por este otro que he planteado claramente, no vamos a acompañar la venia.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: en realidad, en todas las solicitudes de ascensos que hemos votado no podemos abrir juicio sobre si se trata de un mal o un buen juez; nos limitamos a seguir el criterio de la Suprema Corte de Justicia, adoptado en función de un sistema que, aunque nadie lo ha planteado, a mi juicio deja lugar a la discrecionalidad. Si se lo compara con el sistema de concursos de la Fiscalía, hay un abismo. En lo personal, me da mucha más certeza –no en este caso, sino en todos– un sistema de concursos como el que estableció la Fiscalía, que elimina toda posibilidad de entrar en este tipo de debates sobre la base de si conocimos o no al candidato en el ejercicio profesional, o de formarnos un juicio a partir de la documentación que nos proporcionan que, como se señalaba, ni siquiera es completa en lo que tiene que ver con el orden de prelación. O sea que, en estos casos, hay espacio para la discrecionalidad.

Está bien que la evaluación la realice el superior inmediato; en todos lados esa es una parte, pero tiene que haber un sistema de concursos de oposición y méritos, como ocurre en la Fiscalía de Corte. A pesar de que durante mucho tiempo se dijo que eso era imposible, fue posible y no hubo ningún drama. Entonces, cuando nos llegan las propuestas para ascensos de fiscales, e incluso cuando hay apelaciones, como estas tienen sus propios mecanismos internos, tenemos la garantía de que quien asciende es la que salvó el concurso, porque hubo un concurso de oposición y méritos con listas de vigencias, cosa que en este caso no hay.

Entonces, voy a acompañar la designación de esta persona para el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones en las mismas condiciones en que voto las otras propuestas; lo hago porque la Suprema Corte de Justicia nos hace la propuesta y porque no tengo argumentos de peso para inhabilitar al candidato como tal. Reitero que yo no los tengo.

Creo –y esta es la constancia que quería dejar– que deberíamos procurar –y me parece que en esto hay unanimidad– que de una vez por todas se instale un mecanismo de concursos de oposición y méritos que nos permita salir de estas situaciones o, mejor dicho, no tener que considerar estas propuestas de este modo, más allá de que reconozco que no se trata de una designación totalmente discrecional. Eso es claro. De todos modos, me parece que haría bien un mecanismo de esa naturaleza cuando estamos hablando, nada más y nada menos, que de impartir justicia.

A mi juicio, el concurso debería combinar la evaluación de la tarea realizada, como uno de sus componentes, con la demostración de los conocimientos adecuados para el cargo al que se aspira. Eso es lo que se hace en la Fiscalía.

Reitero que voy a acompañar la designación del doctor Gerardo Gastón Peduzzi para el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- En primer lugar, quiero reconocer la actuación del Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos porque de entrada, sin que tuviéramos nada que resolver, llamó al Fiscal de Corte y al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia para conocer, antes de empezar el nuevo período legislativo, los criterios para los ascensos. Eso me pareció muy bien. Tenemos las versiones taquigráficas, que todos podemos manejar. Dado lo delicado de estas cosas, es importante que no se manejen con secretismo porque se trata del ascenso de la gente. En realidad, legalmente pueden designar ellos, pero nos han manifestado su voluntad de abdicar de la decisión personal para proceder al ascenso, no a dedo ni por antigüedad solamente, sino teniendo en cuenta también criterios de mérito. Me parece que eso está bien. Creo que son criterios en construcción; habrá que construirlos cada vez mejor para que estas cosas sean más objetivas.

También quiero decir –nadie lo ha afirmado aquí– que en el Senado no somos un tribunal calificador; simplemente concedemos una venia. Y como muy bien dijo el doctor Chediak, podemos otorgarla o no sin explicación alguna. En realidad, el tribunal calificador es el que opera dentro de la Suprema Corte de Justicia y sugiere a sus autoridades un orden de prelación. Eso es lo que el organismo recibe y nos envía. Es cierto que aquí pueda haber cuestiones vinculadas a la calidad jurídica de los jueces; se trata de temas muy delicados e importantes.

Presté especial atención a los antecedentes laborales porque recuerdo que en la comisión el señor Senador Heber preguntó al doctor Chediak si el doctor Peduzzi había actuado como Juez Letrado del Interior, a lo que respondió que no. En realidad, cuando uno mira la foja de servicio, advierte que el doctor Peduzzi se desempeñó como Juez Letrado en Rocha, Canelones, Las Piedras y Fray Bentos. O sea que la información que se nos dio sobre sus antecedentes laborales no fue buena. Esto no quiere decir que uno esté de acuerdo con la calidad jurídica de sus decisiones, tema que fue planteado honestamente por el señor Senador Heber en la comisión y reiteró en el día de hoy. Eso es algo legítimo y personal de cada uno.

Ante este panorama complejo, a lo que se suma el hecho de que no tengo mucho conocimiento porque, por suerte, no soy abogado –integro la Comisión de Asuntos Administrativos, pero no estoy casado con nadie y a veces tengo que remitirme a la Constitución para saber qué es lo que tiene que hacer el Tribunal de Apelaciones–, comencé a averiguar. Fue así que, por las autoridades del INAU y por familiares que están en contacto con él, nos enteramos de que desde hace mucho tiempo trabaja con jóvenes infractores. Nos quedó, sí, la información de que es un juez trabajador, responsable, que atiende a la gente y que ejerce su tarea como buen funcionario público. Ahora bien: no me expido –y tampoco lo hace la comisión– sobre la calidad de las decisiones del señor juez. Esto es algo delicado porque muchas veces un juez puede mantener una decisión en base a fundamentos de fondo que tiene, aun en contra del sistema jurídico. Es más: ha sucedido que una persona que en solitario defiende un criterio y decide en función de él, a la larga termina teniendo razón.

Entonces, ¿quién tiene la verdad oficial para medir cuán cerca de lo justo está un juez? Además, el tribunal no mide este aspecto, sino cómo fue calificado por su superior.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: por la vía de la aclaración quiero poner sobre la mesa un tema que debiéramos plantearnos como Senadores porque, cada vez que recibimos estas solicitudes de venia en la comisión, me surge la misma inquietud.

El numeral 4.º del artículo 239 de la Constitución no dice que debemos aprobar o rechazar estas solicitudes. Entonces, ¿qué criterio seguimos nosotros para aprobarlas o rechazarlas? En el caso de la Fiscalía de Corte, cuando en el período pasado se llegó a un acuerdo para designar al nuevo fiscal, recuerdo que uno de los temas que le planteamos era nuestra preocupación por los concursos, los ascensos, etcétera. Y cuando él se entrevistó con todas las bancadas y con la comisión dijo que se comprometía a que los ascensos no se produjeran de manera discrecional, sino por concurso, y cumplió. La verdad que es una maravilla porque, cuando uno revisa los expedientes, observa que en las listas figuran quienes ganaron el concurso de oposición y méritos.

Ahora bien: en lo que respecta a la Suprema Corte de Justicia, ¿de qué nos podemos agarrar? De la Acordada 7742, que establece listas, pero ocurre que en ellas hay gente que aparece más veces que el doctor Peduzzi.

Insisto: ¿de qué nos agarramos para conceder la venia? ¿Nos basamos en que lo propuso la Suprema Corte de Justicia? ¿Decimos que no tenemos elementos? Sí, tenemos elementos. Reitero que esto no es contra el doctor Peduzzi –que no sé si es bueno o mal juez–, sino que lo planteo porque nos estamos apartando de un criterio fijo. Es más, recuerdo que cuando recibimos al Presidente de la Suprema Corte de Justicia le preguntamos expresamente sobre este tema y finalmente nos dijo: «¡Y, sí! Sube por antigüedad». Ante nuestra consulta de por qué no se había seleccionado a la siguiente candidata, nos expresó que a esa jueza le habían dicho que la Suprema Corte de Justicia había optado por el doctor Gerardo Peduzzi como reconocimiento a su antigüedad, a su edad, y por el poco tiempo que le queda hasta cumplir los setenta años. Es decir que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia nos confesó –¡vaya si fue una confesión importante, nada más y nada menos!; además tengo la mala suerte de ser abogado– que era así, que se había tomado tal decisión porque ese juez se jubilaba el año siguiente.

Señor Presidente: uno trata de ser justo a la hora de tomar una decisión sobre la carrera de otras personas, pero creo que no lo estamos siendo.

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: como nosotros no integramos la Comisión de Asuntos Administrativos y nadie nos alertó sobre las circunstancias en que venía informada esta solicitud de venia, simplemente quiero decir lo siguiente.

En primer lugar, comparto la idea de que sería mucho mejor que el Poder Judicial estableciera criterios de objetividad y, en particular, el concurso como mecanismo para determinar el orden de los ascensos, pero a la vez reconozco que está dentro de la independencia del Poder Judicial el definirlo o no; no somos nosotros quienes debamos fijarle las reglas de juego.

En segundo término, no me parece razonable que votemos en función de un criterio determinado que, en definitiva, no se ha cumplido en todas las ocasiones porque unas veces la Suprema Corte de Justicia ha seguido uno y, otras, uno diferente. El Senado mal puede decir que va a optar por uno, ya sea el de la antigüedad o el de estar en las listas; es muy difícil establecer algo así.

En lo personal, me pesa mucho la declaración del señor Senador Heber con respecto a la mala opinión que tiene del juez, pero lo cierto es que no hemos tenido tiempo suficiente para evaluarlo. De modo que uno finalmente se inclina por seguir el criterio propuesto por la Suprema Corte de Justicia, máxime cuando no existen argumentos de fondo. De haber tenido tiempo para conversar previamente quizá me hubieran convencido de lo contrario, pero a nivel de bancada analizamos el nombre y no hubo cuestionamientos. Por lo tanto, en esta ocasión acompañaremos la solicitud de venia.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase la solicitud formulada por la Suprema Corte de Justicia para designar en el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones, al doctor Gerardo Gastón Peduzzi Duhau».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 23. Afirmativa.

Se comunicará a la Suprema Corte de Justicia.

15) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 14:13, presidiendo el señor Raúl Sendic y estando presentes los señores Senadores Agazzi, Ayala, Besozzi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Carballo, Cardozo José Carlos, García, Gomori, Heber, Iglesias, Larrañaga, Martínez Huelmo, Mieres, Mujica, Otheguy, Passada, Pintado, Topolansky, Tourné y Xavier).

RAÚL SENDIC Presidente

Hebert Paguas Secretario

José Pedro Montero Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.