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N.º 30 - TOMO 540 - 11 DE AGOSTO DE 2015

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA

29.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RAÚL SENDIC Presidente y LA SEÑORA IVONNE PASSADA Primera Vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyectos presentados

– El señor Senador Carámbula presenta un proyecto de ley por el que se designa con el nombre “Maestra Teresa Antonia Barissoni Bergero” la Escuela n.º 66 de Víboras y Vacas, departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

• Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.

– El señor Senador Delgado presenta un proyecto de ley por el que se establece la reactivación de empresas disueltas por la Ley n.º 19288, de 26 de setiembre de 2014, Sociedades Anónimas y en Comandita por Acciones.

• Pasa a la Comisión de Hacienda.

5) Pedidos de informes

– El señor Senador Camy solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la situación actual de los transportistas profesionales de carga.

– El señor Senador Delgado solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con laboratorios importadores de medicamentos.

– El señor Senador Lacalle Pou solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay, y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con la eventual instalación en Uruguay de la empresa Ovoprot.

– El señor Senador Saravia solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio al Instituto Nacional de Vitivinicultura, relacionado con diversas temáticas vinculadas a la vitivinicultura nacional.

• Oportunamente fueron tramitados.

6) Reiteración de pedidos de informes

• A solicitud de la señora Senadora Montaner, el Senado resuelve hacer suyos y reiterar los siguientes pedidos de informes:

• con destino a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Seguridad Social, relacionado con la ratificación del Convenio n.º 183 de la Organización Internacional del Trabajo y la Recomendación n.º 191;

• con destino al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con la situación en las Colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi;

• con destino al Ministerio de Desarrollo Social, y por su intermedio al INAU, relacionado con la situación de la Colonia Berro y las medidas adoptadas a partir del informe de la Relatora Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las recomendaciones de la Institución Nacional de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y de la Organización Mundial contra la Tortura;

• con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con la realización de inspecciones en la Colonia Berro;

• con destino al Ministerio del Interior y por su intermedio a la Dirección Nacional de Bomberos, relacionado con la habilitación de los Bomberos en la Colonia Berro y en el resto de los centros del INAU.

• A solicitud del señor Senador Mieres, el Senado resuelve hacer suyo y reiterar un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con los procedimientos de designación de los cargos de dirección en las instituciones prestadoras de salud de dicha administración.

7) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias a las últimas convocatorias.

8) y 19) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por las señoras Senadoras Moreira y Payssé, y por el señor Senador Lacalle Pou.

– Queda convocada la señora Senadora Gomori y el señor Senador Saravia.

– Se toma la promesa de estilo a la señora Virginia Cardozo, luego de lo cual se la declara investida de su cargo de Senadora.

9) Gestión de la salud mental

– Manifestaciones del señor Senador Carballo.

• Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Salud Pública, al responsable de Salud Mental en esa Cartera, a ASSE, al Banco de Previsión Social, a los familiares organizados de pacientes con enfermedades psiquiátricas, a la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, al Sindicato Médico del Uruguay y a los medios de comunicación.

10) Museo Nacional de Historia Natural

– Manifestaciones del señor Senador Bordaberry.

• Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Educación y Cultura y a la Presidencia de la República.

11) Liceo de La Coronilla

– Manifestaciones del señor Senador Cardoso.

• Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Educación y Cultura, a la ANEP, al Consejo de Educación Secundaria, al liceo de La Coronilla y a la Junta Departamental de Rocha.

12) «A 30 años, más democracia»

– Manifestaciones del señor Senador Carámbula.

• Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la familia de Álvaro Balbi y a la de Aldo Perrini, y a la Institución Nacional de Derechos Humanos.

13) Radicación en el medio rural y acceso a la vivienda

– Manifestaciones del señor Senador Camy.

• Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Comisión Directiva de Mevir.

14) Embajador Carlos Martín Silva Aparicio. Su fallecimiento

– Manifestaciones de la señora Senadora Topolansky.

• Por moción de la señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Relaciones Exteriores, por su intermedio a la Embajada de Uruguay en Nicaragua y a la familia del Embajador Silva, también al Ministerio de Defensa Nacional, al Frente Amplio y al Movimiento de Participación Popular.

15) Postergación del numeral primero del orden del día

• Se posterga nuevamente la definición de la elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo.

16) y 18) Sistema Nacional Integrado de Cuidados

– Proyecto de ley por el que se lo crea.

• Por moción del señor Senador Agazzi, el Senado resuelve continuar la consideración del tema en el día de mañana.

17) Bicentenario del nacimiento de Don Bosco

– Solicitud del señor Senador García para realizar una exposición de 20 minutos en la sesión del 8 de setiembre.

• Concedida.

20) Suspensión de la sesión ordinaria del 12 de agosto

• Por moción de los señores Senadores Agazzi, Saravia y Bordaberry, se deja sin efecto.

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 7 de agosto de 2015

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 11 de agosto, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1.º) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución de la República).

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2.º) por el que se crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC).

Carp. n.º 138/2015 – Rep. n.º 126/2015 – Rep. n.º 126/2015 Anexo I

3.º) por el que se aprueba el «Acuerdo sobre cooperación en el área del turismo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Armenia», suscrito en la ciudad de Ereván, República de Armenia, el 12 de noviembre de 2013.

Carp. n.º 280/2015 – Rep. n.º 125/2015

4.º) por el que se designa con el nombre “República Libanesa” la Escuela n.º 150 del departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. n.º 320/2015 – Rep. n.º 123/2015

5.º) por el que se designa con el nombre “José D’Elía” la Escuela Taller n.º 380 -Discapacitado Intelectual, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. n.º 299/2015 – Rep. n.º 124/2015

6.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud remitida por la Suprema Corte de Justicia, a fin de designar en el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones, al doctor Gerardo Gastón Peduzzi Duhau.

Carp. n.º 84/2015 – Rep. n.º 122/2015

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Agazzi, Alonso, Amorín, Aviaga, Ayala, Besozzi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Carballo, Cardoso José Carlos, Cardozo Virginia, Coutinho, García, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Montaner, Mujica, Otheguy, Payssé, Pintado, Saravia, Topolansky, Tourné y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores De León y Delgado, y la señora Senadora Moreira.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:34).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crea el Instituto Nacional de Construcción de Ciudadanía Adolescente como servicio descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social, con personería jurídica y domicilio legal en Montevideo.

–A LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO E INCLUSIÓN.

El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que solicita la venia correspondiente a fin de acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, ante la República de Chile, al señor Octavio Brugnini García Lagos.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor Senador Pablo Mieres, referido a la forma de designación de cargos gerenciales en la Agencia Nacional de Vivienda y en el Banco Hipotecario del Uruguay.

El Ministerio de Educación y Cultura remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor Senador Pablo Mieres, referido a la actividad “Boliches en agosto”.

–OPORTUNAMENTE FUERON ENTREGADAS AL SEÑOR SENADOR MIERES.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2014.

–A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA.

• por el que se amplía el monto anual de recursos vertidos desde Rentas Generales al Fondo de Garantía IAMC.

–A LA COMISIÓN DE HACIENDA.

Asimismo, comunica:

la aprobación de los siguientes proyectos de ley:

• por el que se designa con el nombre “República de Surinam” la Escuela n.º 367 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;

• por el que se modifican disposiciones de la Ley n.º 18100, de 23 de febrero de 2007, que crea el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

• la integración de la Mesa del Cuerpo para el primer período de la XLVIII Legislatura: los señores Representantes Alejandro Sánchez, Presidente; Pablo Abdala, Primer Vicepresidente; Constante Mendiondo, Segundo Vicepresidente; Graciela Matiauda, Tercera Vicepresidenta; Víctor Semproni, Cuarto Vicepresidente; y los señores Virginia Ortiz, Secretaria Redactora; Juan Spinoglio, Secretario Relator y Fernando Ripoll y Felipe Pérez, Prosecretarios.

–TÉNGASE PRESENTE.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informada la solicitud de venia remitida por la Suprema Corte de Justicia a fin de designar en el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones al doctor Gerardo Gastón Peduzzi Duhau.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado un proyecto de ley por el cual se aprueba el «Acuerdo sobre cooperación en el área de turismo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Armenia», suscrito en la ciudad de Ereván el 12 de noviembre de 2013.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se designa con el nombre “República Libanesa” la Escuela n.º 150 del departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;

• por el que se designa con el nombre “José D’Elía” la Escuela Taller n.º 380 - Discapacitado Intelectual, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión eleva informado un proyecto de ley por el que se crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La señora Senadora Martha Montaner, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, solicita que el Cuerpo haga suyos los siguientes pedidos de informes:

• con destino a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Seguridad Social, relacionado con la ratificación del Convenio n.º 183 de la Organización Internacional del Trabajo y la Recomendación n.º 191;

• con destino al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con la situación en las Colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi;

• con destino al Ministerio de Desarrollo Social, y por su intermedio al INAU, relacionado con la situación de la Colonia Berro y las medidas adoptadas a partir del informe de la Relatora Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las recomendaciones de la Institución Nacional de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y de la Organización Mundial contra la Tortura;

• con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con la realización de inspecciones en la Colonia Berro;

• con destino al Ministerio del Interior y por su intermedio a la Dirección Nacional de Bomberos, relacionado con la habilitación de los Bomberos en la Colonia Berro y en el resto de los centros del INAU.

El señor Senador Pablo Mieres, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, solicita que el Cuerpo haga suyo un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con los procedimientos de designación de los cargos de dirección en las instituciones prestadoras de salud de dicha administración.

–SE VAN A VOTAR LUEGO DE LEÍDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

El señor Presidente del Senado comunica que la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión pasará a ser integrada por la señora Senadora Daisy Tourné en lugar de la señora Senadora Lucía Topolansky, y la Comisión de Transporte y Obras Públicas pasará a ser integrada por la señora Senadora Lucía Topolansky en lugar de la señora Senadora Daisy Tourné.

–TÉNGASE PRESENTE».

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Marcos Carámbula presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre “Maestra Teresa Antonia Barissoni Bergero” la Escuela n.º 66 de Víboras y Vacas, departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

–A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA».

(Texto del proyecto de ley presentado). 

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SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Álvaro Delgado presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establece la reactivación de empresas disueltas por la Ley n.º 19288, de 26 de setiembre de 2014, Sociedades Anónimas y en Comandita por Acciones.

–A LA COMISIÓN DE HACIENDA».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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5) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Carlos Camy, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la situación actual de los transportistas profesionales de carga.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«Montevideo, 10 de agosto de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

Presente:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República, realizo la siguiente exposición de motivos sobre el pedido de informes relativo a la situación actual de los transportistas profesionales de carga, que amerita el estudio de soluciones a efectos de sobrellevar la difícil coyuntura por la que atraviesa el sector.

La bonanza de la economía nacional y regional permitió el desarrollo creciente del sector, donde solamente entre los años 2010-2014 se produjo un incremento de flota de 16.251 unidades (datos oficiales de la Intergremial del Transporte), con una inversión de más de USD 550 millones (dólares quinientos cincuenta millones) sin considerar la compra de acoplados ni remolques.

Es un sector de actividad muy importante para la economía nacional, que se encuentra regulado en diversas leyes, decretos y resoluciones en aspectos diversos, pero que producto de la desaceleración económica y de cambios climáticos, determinaron la baja de los precios y también de la demanda del servicio de transporte ante malos rendimientos en las cosechas de productos primarios agrícolas tales como soja y trigo, sumado a una muy buena cosecha de arroz, pero que permanece en stock ante la dificultad de su colocación en los mercados.

Esto representó miles de toneladas menos transportadas, por lo cual la ecuación económica de las empresas se deterioró, provocando inactividad y desempleo.

En los últimos años el sector ha sufrido el incremento exponencial de los principales rubros de costos, como son el combustible y la mano de obra, agravado por una importante cuantía de las multas aplicadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la Dirección Nacional de Transporte.

No somos contrarios a la aplicación de multas si efectivamente se constatan incumplimientos a la normativa establecida en el Decreto n.º 391/001, de 4 de setiembre de 2001, donde en su artículo 44 se fijaron las mismas en unidades reajustables, con una variación en pesos de más de 290 % (doscientos noventa por ciento) a la fecha, sin haberse analizado un cambio, máxime considerando el fomento por parte del actual Gobierno nacional de la unidad indexada, que en el mismo período considerado evolucionó, medida en pesos, en el entorno del 230 % (doscientos treinta por ciento).

La competencia desleal de la flota de transporte extranjera, en particular argentina y paraguaya, ha determinado una baja sustancial en los servicios de transporte de carga nacional, ya que las tarifas y el costo del combustible extranjeros son sustancialmente menores, siendo necesario tomar medidas urgentes por parte del Gobierno para controlar que esto no ocurra y reactivar la flota ociosa nacional.

Es de destacar los beneficios fiscales que ha tenido el sector, pero creemos que ha llegado el momento de analizarlos y tomar alguna otra medida adicional, como por ejemplo la suspensión de aportes patronales a la Seguridad Social hasta la reactivación del sector, pero también creemos que se deberá analizar si se ha sido eficaz en los controles que la Dirección Nacional de Transporte ha realizado, desde el registro de nuevos transportistas hasta la aplicación de multas, a veces en forma infundada y con un simple criterio fiscalista.

A nuestro juicio el sector del transporte profesional de carga necesita la revisión e implantación de medidas administrativas por parte del Poder Ejecutivo, pero también requerirá la intervención del Poder Legislativo, en particular la modificación del artículo 272 de la Ley n.º 17296, de 21 de febrero de 2001, en lo que respecta a la integración del Órgano de Control, reconociendo como un cuarto integrante a la Asociación de Transportistas de Carga del Uruguay, para de esta forma contemplar los intereses del universo de transportistas profesionales de carga del país.

Petitorio:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted elevar el presente pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas –en adelante MTOP– a efectos de obtener la información en cada punto solicitada, realizando en algún caso sugerencias de medidas a adoptar, aportando dicho organismo en todos los casos la documentación y/o respaldo informático respectivo:

1. Indicar a la fecha la cantidad de empresas de transporte de carga profesional inscriptas en el Registro de la Dirección Nacional de Transporte, explicitando altas y bajas durante los períodos de gobierno 2005-2010 y 2010-2015, en lo que respecta a número de camiones, acoplados, etcétera.

2. Informar sin perjuicio de lo establecido en los literales a) y b) de la Resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de fecha 28 de abril de 2009, si en algún momento de los períodos de gobierno indicados en el numeral anterior, se suspendió la inscripción de nuevos transportistas profesionales de carga, especificando período.

3. Informar si el Plan Nacional de Renovación de Flota establecido en el literal d) de la Resolución ministerial mencionada en el numeral 2, fue instrumentado en acuerdo con todas las gremiales del transporte, entendiendo por tales a la Intergremial del Transporte Profesional de Carga y a la Asociación de Transportistas de Carga del Uruguay, indicando su impacto en la renovación de flota, el plazo de dicho plan y si el mismo tenía aparejado un financiamiento específico para el sector.

4. De acuerdo con lo establecido en los Considerandos I y II del Decreto n.º 349/001, de 4 de setiembre de 2001, en el entendido de que el transporte profesional de carga es la actividad que desarrolla habitualmente una empresa formalmente constituida, en forma habitual y profesional, trasladando bienes por cuenta de terceros a cambio de un precio, consultamos si la Dirección Nacional de Transporte instrumentó algún tipo de medidas y/o controles para impedir el registro de camiones propiedad de empresas con fines meramente especulativos, aprovechando la bonanza de la economía en la demanda de servicios de transporte profesional de carga.

5. Indicar los motivos por los cuales al momento de la creación del Órgano de Control creado por el artículo 272 de la Ley n.º 17296, de 21 de febrero de 2001, y reglamentado por los artículos 27 a 36 del Decreto n.º 349/001, de 4 de setiembre de 2001, se excluyó a la Asociación de Transportistas de Carga del Uruguay.

6. En aplicación del derecho de defensa del transportista pasible de una multa impuesta por eventuales incumplimientos a la normativa vigente (artículo 43 del Decreto n.º 349/001), indicar el tiempo de respuesta promedio de las oficinas técnicas de la Dirección Nacional de Transporte, desde el ingreso del descargo por parte del damnificado, hasta la notificación del mismo. La consulta se fundamenta en declaraciones de los transportistas que declaran demoras mayores a un año en la notificación de la multa, máxime que estamos hablando de montos importantes en unidades reajustables.

7. Con respecto a los sistemas de pesaje establecidos en el artículo 226 de la Ley n.º 17930, de 23 de diciembre de 2005, y especificados en el artículo 271 de la Ley n.º 18362, de 6 de octubre de 2008, en su inciso 3.º, se estableció un plazo de un año para que las empresas privadas generadoras o receptoras de carga dispongan de los sistemas de pesaje mencionados, informar si la Dirección Nacional de Transporte instrumentó algún mecanismo de control del cumplimiento a lo establecido y si se instrumentó algún tipo de sanción ante el incumplimiento.

8. Indicar qué medidas instrumentó la Dirección Nacional de Transporte para fuera de los casos mencionados en los incisos 1.º y 2.º del artículo 271 de la Ley n.º 18362, de 6 de octubre de 2008, para el pesaje de camiones que egresan de los establecimientos generadores de carga, ya que existen multas por exceso de peso de los transportistas debido a no contar con sistemas de pesaje en el lugar de carga. Ante estos casos de incumplimiento del generador de la carga, y ante una eventual multa al transportista, ¿existen antecedentes del traslado de la multa al generador de la carga? De no ser así, ¿existen normas previstas para salvaguardar a los transportistas ante estos incumplimientos de los generadores de la carga?

9. Ante las diferencias de kilos existentes en las distintas instancias de pesaje del mismo camión durante su recorrido hacia destino, informar si existe por parte del MTOP la planificación para instrumentar controles periódicos en la calibración de las distintas balanzas (privadas y públicas) de forma que no existan diferencias que posteriormente terminan siendo una multa a pagar por el transportista profesional de carga. De lo contrario, ante estos casos, ¿no debería instrumentarse alguna medida administrativa que exima de responsabilidad al transportista y por tanto del pago de la multa, por ejemplo incluyendo una medida similar –para estos casos concretos de diferencias de pesajes entre balanzas– a lo establecido en el artículo 219 de la Ley n.º 17930, de 23 de diciembre de 2005?

10. Visto los anuncios realizados para la próxima instancia presupuestal, de una fuerte inversión en obras de infraestructura, y considerando la flota nacional de transporte profesional ociosa, informar si está planificada la reactivación del sector nacional con algún tipo de medida administrativa que determine la obligación de los adjudicatarios de obras públicas de la contratación de parte de esta flota. En caso contrario, y considerando la actual coyuntura del sector, con el objetivo de la defensa de los puestos laborales, ¿no sería conveniente incluir en los Pliegos de Condiciones Particulares, la contratación de un porcentaje mínimo de flota profesional nacional?

Sin otro particular, lo saludo cordialmente.

Carlos Camy. Senador»

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Álvaro Delgado, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con laboratorios importadores de medicamentos.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«Montevideo, 6 de agosto de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente y de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted remita al Ministerio de Salud Pública el siguiente pedido de informes:

Según ha surgido en trascendidos de prensa y de la propia página del MSP, se ha detectado que al menos un laboratorio importador de medicamentos que comercializa en plaza ha incurrido en graves irregularidades a la normativa sanitaria vigente. Así se establece en la resolución 341, del 1.º de junio de 2015, a texto expreso.

Este tipo de empresas comercializa sus productos mediante cotizaciones en el Estado (UCA), aprovechando de esta manera los negocios puntuales que implican las compras públicas para hacer las importaciones.

Llama la atención que este tipo de empresas no sean aceptadas por el resto del sistema de salud, donde sus productos no gozarían de la confianza del cuerpo médico y sus pacientes.

De acuerdo con lo anteriormente escrito, solicitamos se nos indique:

1) ¿Se han detectado otras empresas importadoras en infracción a la normativa sanitaria vigente? ¿Cuántas?

2) ¿Alguna de estas empresas ha cotizado en las licitaciones públicas dirigidas por la UCA? ¿En cuáles? De ser así: ¿han resultado ganadoras en algunos productos? ¿En qué productos?

3) ¿Qué políticas maneja el MSP en materia de control de calidad en los medicamentos importados?

4) ¿Cómo ha resultado la aplicación del Decreto 21/2007 en materia de productos importados?

5) ¿Considera usted que el MSP ha sido eficiente en el control, dadas las irregularidades detectadas?

6) ¿Qué medidas plantea para evitar en el futuro situaciones como la ocurrida?

7) En virtud de que estas empresas solamente importan cuando ganan una licitación, sobre todo en el Estado, ¿esta situación no constituye una discriminación para los pacientes más carenciados que se atienden en el sistema público, respecto a los afiliados a instituciones mutuales y seguros privados?

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Álvaro Delgado. Senador»

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Luis Lacalle Pou, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay, y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con la eventual instalación en Uruguay de la empresa Ovoprot.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«Montevideo, 6 de agosto de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

Presente:

Al amparo de las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con destino al Banco República Oriental del Uruguay (BROU):

Se nos han acercado varios productores avícolas de nuestro país preocupados por la eventual instalación en Uruguay de la empresa Ovoprot –compañía líder de Latinoamérica en procesamiento y exportación de huevo líquido y en polvo– con aproximadamente 600.000 gallinas ponedoras de huevos.

Según hemos sido informados la empresa estaría tramitando ante el BROU un préstamo para financiar el proyecto de inversión que pretende llevar a cabo en Uruguay.

En virtud de lo expuesto solicitamos:

1) Informe si el BROU está en conocimiento de la intención de la empresa Ovoprot de instalarse en Uruguay y si desde el BROU han tenido conversaciones o mantenido reuniones con directivos de la empresa y cuál ha sido el alcance y contenido de las mismas. Se solicita que de haber actas sobre dichas conversaciones o reuniones sean adjuntadas al presente pedido de informes.

2) Informe si la empresa Ovoprot ha solicitado financiación para llevar a cabo un proyecto de inversión en Uruguay. En caso afirmativo se solicita saber cuál es el alcance de la financiación y del proyecto presentado. Detallar monto del préstamo solicitado, plazo de financiación. Se solicita adjuntar todos los documentos relativos al presente pedido de informes.

3) Informe en caso de haberse solicitado financiación para llevar a cabo un proyecto de inversión en Uruguay, si el BROU ha realizado un informe de evaluación y recomendación sobre la viabilidad del mismo. Se solicita adjuntar los informes al presente pedido.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Luis Lacalle Pou. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Jorge Saravia, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio al Instituto Nacional de Vitivinicultura, relacionado con diversas temáticas vinculadas a la vitivinicultura nacional.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«Montevideo, 11 de agosto de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

Amparado por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con destino al Instituto Nacional de Vitivinicultura, respecto de poder conocer:

1- Informe de venta anual de vinos nacionales e importados en los últimos cinco períodos, incluyendo 2015.

2- Lista de funcionarios por nombre y apellido, y monto de su sueldo. Sueldo del Presidente y Directores.

3- Balance de los últimos cinco ejercicios, 2014 inclusive, con la posición o aprobación de cada directivo en caso de diferencias.

4- Informe y situación de la deuda actual de operativos, MGAP, CVU e INAVI.

5- Informe del negocio “jugo de uva en escuelas” (MGAP, ANEP, CVU e INAVI); ingresos, egresos y reembolsos; detallar costos operativos como fletes, servicios, insumos, distribución.

6- Informe de gastos de viajes al exterior, en los últimos cuatro años, del Presidente y Directores; cantidad de viajes, objetivos y resultados de los mismos.

7- Informes y gastos de representación en Uruguay, gastos de hoteles y restaurantes, motivo y copia de las facturas en los últimos tres años.

8- Informe de bajas de bodegas en los últimos cinco años, 2015 inclusive (detallar número de inscripción o razón social).

9- Informe de nuevas inscripciones de bodegas en los últimos cinco años (ídem 8).

10- Informe de bajas de viñedos en los últimos tres años, 2015 inclusive (ídem 8).

11- Montos de inversiones de campaña publicitaria por los últimos seis períodos (análisis comparativo).

12- Si existiese un proyecto estratégico para el sector vitivinícola, presentarlo.

13- ¿Cuál fue el resultado de la empresa CPA Ferrer, para los resultados del análisis del sector?

14- ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales INAVI hace un llamado por medio de la empresa CPA Ferrer, a un cargo de gerencia de exportación? Exponer las opiniones de las gremiales que participaron.

15- ¿Quiénes integran la comisión de adicciones para el tratamiento de la ley de alcoholes y cómo fueron designados?

16- ¿Cuál es la postura de dicha integración para la futura ley de alcoholes siendo representantes del sector?

17- ¿Cómo y quiénes formaron las siguientes comisiones y en base a qué criterios? Expedientes y comunicación.

18- Detallar, en los últimos cinco años, cuáles han sido las gremiales y los representantes públicos que se han abstenido o votado en contra de informes de expedientes; detallar períodos, gremiales y directivos públicos.

19- Presentar cuáles son las bases y criterios actuales para las multas de vinos y sidras.

20-¿Cuáles son las intenciones de las dos nuevas gremiales que quieren integrar el Directorio y en qué etapa se encuentra dicha negociación?

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Jorge Saravia. Senador».

6) REITERACIÓN DE PEDIDOS DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Corresponde votar si el Senado hace suyos y reitera los pedidos de informes solicitados por la señora Senadora Montaner y el señor Senador Mieres, de los que se diera cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

(Se vota).

–18 en 19. Afirmativa.

7) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del día 5 de agosto no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 3 de agosto faltó con aviso la señora Senadora Aviaga.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 5 de agosto faltó con aviso la señora Senadora Alonso.

A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 5 de agosto faltó con aviso el señor Senador Larrañaga.

A la sesión de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del 5 de agosto faltó con aviso el señor Senador Pintado.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 6 de agosto faltaron con aviso la señora Senadora Alonso y los señores Senadores Lacalle Pou y Larrañaga.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 6 de agosto faltaron con aviso los señores Senadores Camy, Carámbula y Mieres.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 11 de agosto de 2015

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Lic. Raúl Sendic

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia por los días martes 11 y miércoles 12 de agosto de 2015, por motivos de salud.

Solicito también se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Constanza Moreira. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Rafael Paternain ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Virginia Cardozo, a quien se invita a pasar al hemiciclo a efectos de que preste la promesa de estilo.

(Ingresa a sala la señora Virginia Cardozo).

–Se invita al Senado y a la barra a ponerse de pie.

Señora Virginia Cardozo: ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de Senadora y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?

SEÑORA CARDOZO.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?

SEÑORA CARDOZO.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Queda usted investida del cargo de Senadora.

Felicitaciones.

(Aplausos en la sala y en la barra).

9) GESTIÓN DE LA SALUD MENTAL

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Carballo.

SEÑOR CARBALLO.- Señora Presidenta: en el día de hoy queremos opinar sobre la salud mental, sobre la decadencia histórica de los enfermos crónicos.

Históricamente, la salud mental en el Uruguay se ha caracterizado por ser un foco de múltiples inequidades, como consecuencia de diversos prejuicios que obstaculizan el acercamiento a una mayor comprensión de esta problemática. En lenguaje popular, se puede decir que hemos sido perseguidos por el miedo a la locura. La salud mental es considerada un derecho fundamental, lo que implica intervenciones individuales y sociales de forma de preservarla y mejorarla, asegurando la accesibilidad a todos los ciudadanos de nuestro país.

Desde su creación y frente a la crisis, los centros de internación en nuestro país –hoy cuestionados desde el punto de vista social– han venido siendo reemplazados con la intención de mejorarlos. Sin embargo, ya en el año 1966, el propio consultor de la Organización Mundial de la Salud, Pierre Chanoit, invitado por el Ministerio de Salud Pública, decía que algunos pabellones se encontraban en un estado de deterioro alarmante. El mismo Chanoit hacía referencia a la salud mental en nuestro país, afirmando que el paciente mental es un estorbo para la sociedad y su atención se resuelve apelando a la fundación de asilos, lugares de reclusión del enfermo, sustraído de la vista de la población, donde termina su infeliz existencia.

Claramente, este no es un tema de este Gobierno ni de los anteriores, sino de los últimos cien años, prácticamente desde la instalación de los manicomios en nuestro país. Pensamos que la gestión de la salud mental debe realizarse desde la asistencia médica, desde la comunidad terapéutica, incluyendo los centros diurnos y facilitando la participación de los ya existentes grupos de familiares de pacientes con trastornos mentales severos. Es el momento de la actuación de forma preventiva y no desde el caos. Lo preventivo conlleva al ahorro de recursos; no solo debemos pensar en responder a las contingencias.

Desde los primeros gobiernos frenteamplistas se viene trabajando en un plan de salud mental, hoy vigente, que contempla múltiples prestaciones grupales, gratuitas y preventivas, dirigidas a las personas de riesgo. Sin duda que los centros de medio camino, las comunidades terapéuticas, los centros específicos para el tratamiento y la rehabilitación de adicciones, con un modelo de acuerdo con el cual los pacientes realizan actividades para su reinserción precoz, son el ámbito al que pertenecen; son la senda a seguir. Además, pensamos que para los pacientes usuarios del sistema mutual sería bueno ampliar de treinta a noventa días anuales la extensión de la internación en sanatorios de salud mental cubiertos por la prestadora de salud, y no como hasta ahora a cargo de la propia familia, que termina endeudándose para evitar que su ser querido con trastornos psiquiátricos pase a ser atendido en otra institución y por otro profesional que no será su médico tratante habitual.

Asimismo, consideramos importante trabajar en la flexibilización de las prestaciones de pensiones para las personas que, por su trastorno mental crónico, no podrán insertarse en el mercado laboral. Una buena forma sería, por ejemplo, implementar un sistema de franjas y la unificación de los criterios de los diferentes responsables del diagnóstico.

Para finalizar, quiero decir que los responsables de las políticas públicas en este campo deben comprometerse, no solo con las propuestas, sino también con su implementación y seguimiento. Ello implica, también, vincularse y ofrecer un espacio de participación e incidencia para los familiares de las poblaciones vulnerables.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Salud Pública, al responsable de Salud Mental en esa Cartera, a ASSE, al Banco de Previsión Social, a los familiares organizados de pacientes con enfermedades psiquiátricas, a la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, al Sindicato Médico del Uruguay y a los medios de comunicación.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

10) MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora Presidenta: los museos son esenciales para preservar el conocimiento del ser humano a todos los niveles. Sin ellos, muchas veces sería imposible entender el desarrollo tecnológico, artístico y cultural, así como la propia evolución del ser humano desde el punto de vista físico. Por lo general, cuando uno viaja, lo primero que hace es averiguar dónde están los museos, visitarlos, empaparse de la historia, del conocimiento y de la cultura del país que visita.

Y cuando un país se ocupa y preocupa de tener y mantener esos espacios, hablamos de una nación a la que le importa el conocimiento y la cultura y, sobre todo, le interesa conocer su pasado y su presente, así como todo ese bagaje cultural que influye en el futuro.

Uruguay tiene una de las colecciones de Historia Natural más importantes de América Latina en el Museo Nacional de Historia Natural. Es un museo donde está representado todo lo que está o estuvo vivo: más de ochenta mil plantas, más de cinco mil quinientas aves y escarabajos, más de seis mil peces, miles y miles de fósiles, huevos de dinosaurios, restos de megafauna y tigres dientes de sable. En el año 2008 fuimos noticia en el mundo porque acá se encontró el cráneo de un roedor gigante, más concretamente, un carpincho gigante.

Durante 130 años –ininterrumpidamente hasta el año 2000– este museo estuvo abierto en el Teatro Solís. Cuando se reforma el Teatro Solís, el museo cierra –lleva 16 años cerrado– y enseguida se lo muda a la exlibrería Barreiro y Ramos, por lo que tuvo que dividir la colección de libros y la colección de piezas. Tiene, nada más ni nada menos, medio millón de piezas.

Cuando surgió la noticia que el museo cerraba y se depositaba todo en cajones, la comunidad museística del mundo –desde Escocia, Japón, Estados Unidos y Francia– expresó la importancia que este tenía. Hoy el museo sigue cerrado, con cuatro funcionarios, con las piezas en cajas, con los libros amontonados.

¡El Estado gasta tanto dinero en una cantidad de cosas y no lo hace en esto! Esperemos que en la próxima ley de presupuesto se pueda destinar un poco de dinero al Museo Nacional de Historia Natural para conservar eso que también es parte de nuestra historia.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura y a la Presidencia de la República.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

11) LICEO DE LA CORONILLA

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO.- Señora Presidenta: en múltiples oportunidades nos ocupamos en nuestras intervenciones, desde hace mucho tiempo ya en la Cámara de Representantes, de los asuntos vinculados a la educación.

Hoy quiero citar en mi intervención un dato positivo, un dato alentador: el pasado domingo, en la tapa del diario El País, aparece una información relativa a la evolución de los liceos, a su índice de repetición, un asunto recurrente en el análisis del tema en el Uruguay. En esa noticia aparece, entre los cuatro liceos con mejor nivel de promoción, uno del departamento de Rocha: el liceo de La Coronilla. Esto viene a cuento porque me parece que los procesos virtuosos –que no son casuales y tienen una historia– deben ser reproducidos y que debe contarse la historia fidedigna.

El liceo de La Coronilla es pequeño. No tiene muchos alumnos, 300 en total –166 en el ciclo básico–, y el edificio no tiene más de veinte años. A lo largo de su funcionamiento ha vivido diversos procesos; hace no mucho tiempo fue incluido en el Plan Promejora. Seguramente, cuando nombramos este plan, todos recordaremos lo que significó el debate que se dio en el Uruguay sobre esa experiencia piloto, sobre la posibilidad de poner a trabajar a los liceos con un cambio de modalidad y de funcionamiento. Fue el único liceo del departamento que aceptó, con muchas resistencias del profesorado, incorporarse al Plan Promejora, con un equipo docente y de dirección con mucho coraje, porque hacerlo en aquel momento –cuando había un enfrentamiento público porque se consideraba que era un proyecto casi totalizador de la educación– era todo un desafío.

El liceo de La Coronilla cuenta, además, con un grupo importante de vecinos, de amigos del liceo, de gente muy comprometida con su comunidad y con la dirección de este centro de estudios, que trabajan en forma conjunta. Ha hecho cosas, incluso tan sorprendentes como colocar la piedra fundamental de un gimnasio sin saber si lo podían hacer, llamar al Intendente y decir al Ministerio de Defensa Nacional que en un predio contiguo –que pertenece a esa Secretaría de Estado– había que hacer un gimnasio. ¡Iniciativa de los chicos! Y colocaron la piedra fundamental. La Intendencia les dijo que no tenía recursos y el Ministerio de Defensa Nacional les comunicó que no podía transferirles el predio. ¿Pero saben lo que está ocurriendo ahora? Se está construyendo el gimnasio; está en marcha y seguramente van a inaugurarlo.

Quiere decir que estas cuestiones positivas felizmente existen en el país y dan resultados maravillosos como este del liceo, que en cuatro años logró pasar del 67 % al 97 % de promoción. Y la Directora del liceo, en la nota del diario El País del domingo, puntualiza: ¡Es que los chicos no faltan! Hasta hicimos una colecta para comprar uniformes a alguno de ellos y cuando necesitan merienda, lo hacemos de común acuerdo.

Con esta intervención, quiero saludar un éxito educativo, que se inició en medio de una fuerte reyerta acerca de si los planes nuevos tienen lugar en la educación. El que he mencionado tuvo lugar, dio resultado y el paso del tiempo tampoco nos hará olvidar que en ese entorno hay un grupo de vecinos, de amigos del liceo, que tienen un gran compromiso con el sistema educativo. Se da, entonces, el círculo virtuoso que se necesita.

Estos ejemplos de educación pública nos muestran que en el Uruguay hay espacio para una educación pública de calidad. Desde el ambiente público existe la posibilidad de desarrollar estrategias educativas exitosas, que tengan a chicos comprometidos, que logren que los muchachos no falten y haya promociones; espacios donde se aproveche lo que se aprende y donde los profesores tampoco falten. Porque otra característica del liceo de La Coronilla es el compromiso de su comunidad educativa, y no importa que a veces nazca en medio de una controversia, puesto que en este caso hubo un equipo de dirección con coraje para poner en marcha un nuevo proyecto, un nuevo desafío.

Años después están cosechando aplausos. Será temporal, pero hoy los aplaudimos por el éxito, aunque el aplauso más importante es el que se llevan esos muchachos que salen del liceo después de haber tenido un proceso exitoso en materia de aprendizaje.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura, a la ANEP, al Consejo de Educación Secundaria, al liceo de La Coronilla y a la Junta Departamental de Rocha.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) «A 30 AÑOS, MÁS DEMOCRACIA»

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Carámbula.

SEÑOR CARÁMBULA.- Señora Presidenta: la semana pasada asistimos aquí, en el Palacio Legislativo, invitados por el Presidente de la Asamblea General y el Presidente de la Cámara de Representantes, a la jornada de celebración «A 30 años, más democracia». Fue convocada bajo el sentido, como su nombre lo indica, de más democracia, más derechos, y en ella se destacó, precisamente, la importancia de la memoria, del recuerdo del pasado, de la sensibilidad y del futuro. No pareció que fue una jornada extraordinaria, en la que estuvieron representados todos los partidos, las organizaciones sociales y los que luchan por los derechos humanos.

Al mismo tiempo, la semana pasada –son los dos hechos que queremos subrayar– se recordaron los cuarenta años de la muerte del militante Álvaro Balbi, que murió, por tortura, a la edad de 31 años. Tenía cuatro hijos, era trabajador y músico. Fue detenido en aquel entonces, un 29 de julio, y entre 48 y 72 horas después les entregaban a sus familiares un certificado de defunción que no reflejaba en absoluto lo que había ocurrido. Su padre, Selmar Balbi, maestro, docente, extraordinario referente de la educación uruguaya, escribió en aquel momento a las autoridades: «Escribo a usted la carta más difícil de mi vida […]». ¿Hay pena de muerte en el Uruguay?, se preguntaba.

En una placa que la Junta Departamental colocó en la plaza que lleva su nombre en Villa Colón, en Lezica, se pide que su nombre, Álvaro Balbi, jamás se asocie a la tristeza. Queremos resaltar el valor inconmensurable de Lil, su compañera, que ha criado a sus cuatro hijos al tiempo que ha luchado por saber la verdad; afortunadamente, se reabre la posibilidad de investigarla.

Asimismo, la semana pasada celebramos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de habilitar la investigación de la muerte por tortura de Aldo Perrini –de Carmelo– en Colonia, quien fue detenido, junto con un grupo, en marzo de 1974. También fue entregado a sus familiares con un certificado de defunción que no reflejaba lo que había ocurrido.

Aldo Perrini era un joven uruguayo, de profesión heladero, de 34 años y con dos pequeños hijos. Murió en la tortura, reivindicando su profesión. Su delito era ese y no más que pensar en una sociedad justa e igualitaria.

La lucha incansable de su familia –particularmente de su hijo Piero– ha logrado abrir esta posibilidad de que se investigue lo que pasó con Aldo Perrini.

Queríamos hacer referencia a estos dos acontecimientos porque sentimos –para nada con los ojos en la nuca– que cuando celebramos treinta años de democracia, esta se reconquistó sobre los hombros de miles y miles de uruguayos y uruguayas, trabajadores, trabajadoras, obreros y estudiantes. Sobre esas espaldas –lo que nos costó tanto dolor– se reconstruyó la democracia. Y sobre la base de pensar en el futuro, es imprescindible pensar y reconocernos en la verdad, en la justicia y en la paz.

Vale ver la serenidad y la alegría que el hijo de Aldo Perrini manifestaba al saber que es posible conocer la verdad. No hay futuro si no hay un reconocimiento entre los uruguayos y uruguayas en verdad, en justicia y en paz.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la familia de Álvaro Balbi y a la de Aldo Perrini, así como a la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

13) RADICACIÓN EN EL MEDIO RURAL Y ACCESO A LA VIVIENDA

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Señora Presidenta: queremos referirnos en la jornada de hoy al tema relativo a la radicación en el medio rural, específicamente en el departamento de San José, y al acceso a la vivienda, concretamente al rol que cumple Mevir.

Antes de comenzar con esta exposición, brevemente queremos dejar constancia de que hemos mantenido reuniones con la Presidenta de Mevir, doctora Cecilia Bianco, y con técnicos del organismo, quienes –nos consta– están trabajando con ahínco en la conformación de las mejores posibilidades presupuestales y de recursos para que en el próximo presupuesto tengamos la posibilidad de dotarlo de los instrumentos que le permitan dar respuesta a los cientos de pedidos y requerimientos que tienen en el país entero. Es una tarea para la que vamos a estar dispuestos, en el entendido de que es una obra de décadas en Uruguay, eficiente, dinámica y que ha permitido, en todo el país, la radicación de familias en los lugares más alejados de los centros poblados, inclusive en parajes de campaña que estaban absolutamente alejados de la posibilidad de convivencia urbana.

En el departamento de San José existen siete emprendimientos, algunos de ellos requeridos desde hace veinte años, con particularidades que a nuestro juicio hacen que puedan ser planteados con un sentido de prioridad en el marco de las definiciones que asuma Mevir para el próximo quinquenio.

El primer planteamiento específico que vamos a realizar es el que tiene que ver con pueblo Rivero, un pequeño caserío ubicado sobre la cuchilla de Mangrullo, a unos 8 kilómetros del kilómetro 72 de la Ruta 1, en las inmediaciones del pueblo Rafael Perazza, hacia el Río de la Plata. La particularidad que tiene, al contrario de lo que actualmente define al medio rural, es que allí hay una demanda importante de trabajo, porque en el entorno existen unas cuarenta empresas rurales vinculadas a la producción de papa y a la citrícola, que requieren mano de obra de cientos de trabajadores que, desde la capital del departamento, se desplazan diariamente en ómnibus. Esto hace que exista un petitorio –concretamente del 19 de setiembre de 2000–, radicado en Mevir, solicitando la posibilidad de que se implemente allí un plan de viviendas. Existe el predio disponible; en el caserío hay agua potable de la OSE; está la Escuela pública rural n.º 6; hay líneas de ómnibus que circulan diariamente y, desde hace algunos años, se cuenta con camino bituminizado por obra del Gobierno departamental.

El segundo proyecto concreto es el vinculado a la zona de Chamizo, en la Ruta 3, al norte de la capital del departamento, en el kilómetro 107, donde desde el 23 de mayo de 1995 se cuenta con un predio de nueve hectáreas que fue cedido por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, específicamente para la construcción de un complejo de Mevir; incluso está dotado de un pozo semisurgente, con la toma de agua incluida.

El tercer proyecto puntual está en San Gregorio, en el kilómetro 140 de la Ruta 3, en el límite mismo entre San José y Flores, a 50 kilómetros de cada una de las capitales departamentales. Es una distancia que podemos definir como importante en la geografía del sur del río Negro, que hace que este predio de veinte viviendas de Mevir, más un centro comunal y la Escuela pública rural n.º 43, demande más viviendas, fundamentalmente para hijos de productores y colonos del entorno. Allí hay un terreno, donado por la familia Coullet, que podrá ser utilizado para realizar esta ampliación.

Lo mismo sucede en Cañada Grande, en el kilómetro 76,5 de la Ruta 3, en el pueblo Mal Abrigo, en Villa Rodríguez, donde Mevir está actuando en este momento –a este respecto, la Presidenta de Mevir nos hizo saber que hay una demanda que superó lo que preveían–, y también hay una propuesta de construcción de viviendas aisladas en la zona de Buschental y Costa del Tigre, en el entorno del kilómetro 47 de la Ruta 1.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Comisión Directiva de Mevir.

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

14) EMBAJADOR CARLOS MARTÍN SILVA APARICIO. SU FALLECIMIENTO

SEÑORA PRESIDENTA (Ivonne Passada).- Culminando con la media hora previa, tiene la palabra la señora Senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señora Presidenta: el 1.º de agosto del corriente año falleció Carlos Martín Silva Aparicio, Embajador de nuestro país en Nicaragua, luego de una larga peripecia de lucha y compromiso.

En el año 2006 el Embajador Carlos Silva participó del Debate Nacional de Defensa, representando al Cadesyc en todas las instancias de este fermental proceso que sustentó las bases para la Ley marco de defensa nacional, n.º 18650, aprobada en febrero de 2010.

El 1.º de marzo de 2010 fue designado Subdirector General de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional, y el 7 de abril de 2011 comenzó a desempeñarse como Director General de Políticas de Defensa, siendo el primero en la historia en ocupar ese cargo, creado por la ley antes mencionada.

(Ocupa la presidencia el señor Raúl Sendic).

–También en el año 2011 fue designado como delegado del Ministerio de Defensa Nacional ante la Secretaría Permanente del Consejo de Defensa Nacional (Codena). Allí contribuyó a la elaboración de la política de defensa nacional que fuera elevada por el Codena y aprobada por el Poder Ejecutivo en el mes de abril de 2014.

Por otra parte, representó al Ministerio de Defensa Nacional en misiones oficiales en el Consejo de Defensa Suramericano de la Unasur y en el seminario «El pensamiento Estratégico en la Unasur», realizado en mayo del año 2012 en Quito. En setiembre de ese mismo año, participó en la «III Reunión de alto nivel de la nueva agenda de cooperación y desarrollo fronterizo Uruguay-Brasil». A su vez, integró la delegación del Ministerio de Defensa Nacional para la «X Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas», realizada en Punta del Este entre el 8 y el 10 de octubre de 2012.

En julio de 2013 renunció al cargo de Director General de Políticas de Defensa para asumir la responsabilidad de ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay ante la República de Nicaragua. En solo dos años de su misión, realizó un fuerte intercambio en lo que tiene que ver con asesoramientos en trazabilidad ganadera y desarrollo lechero, en logística y en manejo y tratamiento de aguas. Se interesó por aportes nicaragüenses en seguridad pública y lucha contra el narcotráfico y promovió la primera reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica Uruguay-Nicaragua, entre otras actividades. Una cruel enfermedad se atravesó en su camino, pero lo recordaremos siempre por su larga vida militante, desde el compromiso, la fraternidad y la mirada estratégica.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores, por su intermedio a la Embajada de Uruguay en Nicaragua y a la familia del Embajador Silva, así como también al Ministerio de Defensa Nacional, al Frente Amplio y al Movimiento de Participación Popular.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora Senadora.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Culminada la media hora previa, correspondería ingresar a la consideración del orden del día.

SEÑORA ALONSO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ALONSO.- En nombre de mi bancada, solicito un cuarto intermedio de quince minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–25 en 27. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.

(Así se hace. Son las 10:15).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 10:39).

15) POSTERGACIÓN DEL NUMERAL PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería ingresar al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término, relativo a la elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo. Sin embargo, como todavía no tenemos propuestas al respecto, queda nuevamente postergada la consideración de este tema.

16) Sistema Nacional Integrado de Cuidados

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC). (Carp. n.º 138/2015Rep. n.º 126/2015Anexo I)».

(Antecedentes).

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Disposiciones Citadas:

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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Señor Presidente: nos presentamos hoy ante el Senado para informar sobre el proyecto de ley mediante el cual se propone crear el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, discutido y acordado en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.

Este proyecto de ley sustituye al remitido por el Poder Ejecutivo con fecha 11 de mayo del corriente año. Queremos dejar constancia de que en la comisión fue votado por unanimidad, menos el artículo 15, que fue aprobado por mayoría, y los fundamentos serán planteados hoy en sala.

Tal como ha señalado el Poder Ejecutivo en su mensaje, hasta el presente la protección social de los ciudadanos de nuestro país se ha erigido sobre la base de tres pilares fundamentales: la educación, la salud y la seguridad social. En consecuencia, la aprobación del presente proyecto de ley permitirá el funcionamiento de un sistema nacional integrado de cuidados que, progresiva y gradualmente, se constituirá en el cuarto pilar fundamental de la nueva matriz de protección social que la sociedad uruguaya viene construyendo en el siglo XXI.

A partir del año 2005, y a consecuencia de la crisis económico-social, el Gobierno nacional orientó sus esfuerzos hacia la promoción y restitución de los derechos de grupos de población que históricamente se han encontrado en una situación de inequidad en el acceso al bienestar y a la protección social. La creación del Ministerio de Desarrollo Social, los diferentes planes ejecutados –entre ellos, el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, el Plan de Equidad, el Plan Juntos y Uruguay Crece Contigo– y el Fonasa fueron respuestas exitosas que iniciaron el proceso de transformación social.

Las políticas anteriormente mencionadas permiten visualizar la concreción de un sistema nacional integrado de cuidados continuando con el reconocimiento de derechos sociales. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la realización efectiva de las personas. Una política de cuidados contribuye a esa realización personal y, a su vez, permite construir sociedades más justas y cohesionadas. En nuestro país la función de cuidados a personas dependientes se encuentra altamente familiarizada y feminizada. El proyecto de ley a consideración tiene como objetivo no solo facilitar el acceso a los servicios de cuidados a todos quienes lo necesiten, sino generar servicios que habiliten la compatibilización entre la familia, el trabajo y el estudio. Estamos construyendo las bases para un nuevo pacto social transitando de un modelo familista a uno de corresponsabilidad social.

El gasto público destinado al propuesto Sistema Nacional Integrado de Cuidados es una inversión social que se debe traducir en un aumento de la dedicación horaria en el mercado laboral de las mujeres, disminución de la pobreza y la desigualdad, contribución del ingreso femenino al total de los ingresos del hogar, beneficios para las empresas en la mejora de la productividad, reducción del ausentismo, atracción de nuevos trabajadores, retención del personal, mejora en la racionalidad y eficiencia en el sistema sanitario, y ahorros fiscales debido al aumento en recaudación o disminución de transferencia de rentas. En definitiva, la inversión en cuidados implica retornos positivos, tanto económicos como sociales, para la sociedad en su conjunto. En este sentido, cabe destacar que es más oneroso no tener un sistema nacional integrado de cuidados que tenerlo.

El presente proyecto de ley está estructurado en 20 artículos divididos en tres capítulos que establecen la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, su integración, los sujetos de la política, los principios rectores y los objetivos del sistema.

En el capítulo I se declara de interés general la universalización de los cuidados a las personas en situación de dependencia, con lo cual se logra dar visibilidad social y jurídica a un derecho social.

El objetivo de la iniciativa es la promoción del desarrollo de la autonomía de las personas en situación de dependencia mediante un modelo solidario y corresponsable entre familia, Estado, comunidad y mercado.

En este capítulo también se incluyen las definiciones de cuidados, sistema de cuidados, autonomía y dependencia, así como los principios y directrices del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. El sistema está orientado a sustituir la actual división sexual del trabajo. El diseño de la política pública incorporará las perspectivas de género, generacional y étnico-racial en el sentido de igualdad en el acceso de todas las personas al cuidado en su condición de titulares de derechos, sin exclusión o discriminación. Las mujeres asumen la responsabilidad principal de los cuidados, una tarea que se desarrolla, en gran parte, en el seno familiar sin recibir remuneración económica. En general, esta situación determina desigualdad, no solo a nivel de los cuidados en el hogar sino también de posibilidades de acceso al mundo laboral y social.

El capítulo II del proyecto de ley especifica los derechos y obligaciones de las personas usuarias del SNIC, así como también de quienes presten servicios de cuidados.

El artículo 8.º del proyecto de ley dispone cuál es su ámbito subjetivo, esto es, a quiénes está destinada la iniciativa, involucrando tres núcleos o poblaciones diversas: los niños y niñas hasta los 12 años, las personas con discapacidad que carecen de autonomía –o, lo que es lo mismo, que son dependientes en los términos de esta propuesta– y los mayores de 65 años que carecen de autonomía.

Muchas personas, en algún momento de su ciclo vital, necesitan contar con cuidados para realizar las actividades de la vida diaria con la mayor autonomía posible. Existe profusa evidencia empírica que demuestra la importancia del desarrollo en los primeros años de vida para la formación posterior del individuo; del mismo modo, en el presente se sostiene que el gasto destinado a la niñez y, particularmente, a la primera infancia, es una inversión que, si se quiere ver en forma de ecuación económica, es por demás rentable.

Asimismo, asistimos a una creciente demanda de cuidados por el proceso de envejecimiento de la población, caracterizada, entre otras variables, por un aumento de la expectativa de vida y por los cambios en las condiciones de salud.

Con relación a la dependencia por discapacidad debo decir que, en nuestro país, al igual que a nivel mundial, la prevalencia se ve aumentada en las familias del quintil más pobre, en el que, por lo general, las cuidadoras de personas en esa situación –madres, hermanas o abuelas– conviven en el mismo domicilio con aquellos a quienes cuidan por más de diez horas, implicando una sobrecarga emocional y física.

Importa señalar que el Poder Ejecutivo, conforme a su competencia constitucional, reglamentará las condiciones de acceso a los servicios y a las prestaciones que formen parte del SNIC y, en consecuencia, delimitará los contenidos y alcances de los derechos que la ley reconoce y consagra positivamente.

El capítulo III del proyecto de ley instituye la parte orgánica o institucional de la propuesta por la que se crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y en él se establecen sus objetivos. Entre ellos se destaca la mejora de la calidad de vida de las personas dependientes mediante prestaciones de cuidados y políticas articuladas que apuntan a la recuperación de la autonomía, así como la promoción de la participación articulada de prestadores de servicios, optimizando los recursos públicos y privados. A su vez, se impulsa la descentralización territorial, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada comunidad y territorio.

Es de destacar que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados que estamos creando promueve profesionalizar las tareas de cuidado. Es así que la formación específica en estos temas será una meta a cumplir a lo largo de todo el proceso de ejecución.

Los artículos 10 y 11 mencionan a los integrantes del SNIC –públicos y privados, estatales y no estatales– y disponen la estructura institucional del sistema.

Los artículos 12 y 13 prevén la integración de la Junta Nacional de Cuidados y la competencia que se le atribuye.

Por su parte, el artículo 14 consagra las directrices presupuestales a ser implementadas en la Ley de Presupuesto nacional para el caso de los correspondientes incisos, o en los presupuestos anuales del ente autónomo Banco de Previsión Social.

Los artículos 15, 16 y 17 refieren a la Secretaría Nacional de Cuidados, la forma de designación de su responsable, su remuneración, su ubicación organizacional, la estructura funcional de esa repartición y las competencias que le confiere el legislador. Se destaca que la Secretaría Nacional de Cuidados es el articulador y coordinador de todo el sistema.

Finalmente, el artículo 18 prevé la constitución de un Comité Consultivo de Cuidados, de integración plural, a ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, y en el artículo 19 se dispone una adecuación en razón de materia de competencias atribuidas al Ministerio de Desarrollo Social.

Por todo lo expuesto, señor Presidente, los integrantes de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión solicitamos al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que estamos considerando.

Gracias.

SEÑORA MONTANER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MONTANER.- Señor Presidente: desde ya decimos, desde la bancada del Partido Colorado, que vamos a apoyar y a votar en general el proyecto de ley que hoy está a consideración del Senado, a través del que se crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Debo destacar el trabajo realizado en el ámbito de la comisión, en donde todos los partidos hicimos aportes y tratamos, de alguna manera, de que esta iniciativa saliera adelante, aunque tuviéramos diferencias y salvedades que vamos a exponer a lo largo de nuestra disertación. Realmente, primó un clima en el que se buscó que este proyecto de ley pudiera seguir adelante, porque se trata de políticas sociales, tema que es muy sensible a todos los partidos, por lo que hicimos un muy buen trabajo.

En primer lugar, tal como fue dicho por el señor miembro informante, recibimos del Poder Ejecutivo un proyecto de ley al que luego se le hicieron modificaciones sobre la base de los aportes recibidos, y hoy estamos prestos a votarlo, aunque aclaro que no acompañaremos alguna de sus disposiciones y que haremos ciertas salvedades respecto a otras, sobre las que tenemos una mirada o un enfoque diferente.

Votaremos convencidos este proyecto de ley porque su espíritu apunta a poner el acento en políticas sociales, que sin duda son el eje de toda nuestra doctrina y de los principios batllistas. Iríamos muy a contramano si no votáramos este proyecto de ley, poniéndole el acento. Sabemos que las políticas sociales atienden a las poblaciones más vulnerables, donde hay rezago, precariedad y, realmente, inequidad; eso, para nosotros, no es nuevo, sino que es, reitero, el eje y la esencia del batllismo.

Recordemos que es a partir de 1903, con la primera presidencia de José Batlle y Ordóñez, cuando se moderniza el país y se producen los grandes cambios, que no son solamente políticos y económicos, sino también sociales.

Me voy a remitir un poco a la historia porque creo que en el ADN de los uruguayos está impreso el tema de las políticas sociales. A nosotros, como batllistas, este proyecto de ley nos llega mucho por su sensibilidad, y en el momento de hablar, de trabajar y de aportar, lo hicimos con la misma voluntad; algunas cosas fueron tenidas en cuenta en la comisión, otras no, pero creo que todos queríamos que esto saliera adelante para atender a este tipo de población, que es la más vulnerable.

Como dije, señor Presidente, quiero recorrer un poco la historia de las políticas sociales en nuestro país, porque estas no nacen en el año 2005, sino que tienen una historia que viene del siglo pasado, e incluso de más atrás. Quiero poner como ejemplo que en 1896, durante el gobierno de Juan Idiarte Borda, se creó la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones. ¡Vaya si es una política social, justamente, todo lo que hace en lo referente al amparo de los niños!

Luego, durante el gobierno de José Batlle y Ordoñez se crea la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles, y en 1911, bajo la misma presidencia, la Caja de Pensiones Militares. En 1919, bajo el gobierno de Baltasar Brum, se crea la Caja de Empleados y Obreros de Servicios Públicos y se aprueba la ley de pensiones a la vejez.

Con esto quiero decir que estamos realmente convencidos de que un país debe tener, como uno de sus pilares fundamentales, políticas sociales.

Creamos las asignaciones familiares por la Ley n.º 10449, de 12 de noviembre de 1943, durante el gobierno de Juan José de Amézaga; y la licencia maternal, a través de la Ley n.º 12572, de 23 de octubre de 1958, en el gobierno presidido por Carlos Fischer.

Por lo tanto, creo que a todos nos conduce el espíritu de votar este proyecto de ley aggiornado en los tiempos, evolucionado y modificado, ya que las políticas sociales siempre han sido preocupación de todos. Por ello, creo que vamos a votarlo por unanimidad, tal como lo señaló el miembro informante, aunque con algunas salvedades.

Realmente, encontramos en este proyecto de ley muchos elementos que impulsáramos desde el Partido Colorado, como los CAIF, que cobran una vigencia tremenda en este Sistema Nacional Integrado de Cuidados y son uno de los elementos a ser articulados dentro de las políticas públicas y privadas volcadas a la protección de la primera infancia. Esos CAIF –que se crean en el año 1989, durante la presidencia del doctor Julio María Sanguinetti–, realmente son centros de atención integrados de la infancia y la familia y forman parte de una política intersectorial en la que el Estado –como hoy lo establece el Sistema Nacional Integrado de Cuidados– articula con los privados. Dichos centros han tenido un éxito tan grande que todos pretendemos que se aumente su número. Hoy los CAIF atienden a 50.000 niños –a esta comunidad civil organizada se le pasa $ 3500 por niño a través del INAU–, tratan a la población más vulnerable y atienden a la infancia, al niño y a su familia, es decir que hablamos de una integración familiar que es importantísima, por lo que han tenido un éxito tremendo. ¡Qué bueno que en este proyecto de ley se los tenga en cuenta sin importar de dónde vienen, sino el destino y el objetivo que pueden tener!

Todas estas políticas deben apuntar al bienestar y al fortalecimiento de esa población vulnerable para superar las desigualdades e inequidades, a fin de que ese rezago sea atendido por la sociedad en su conjunto y también por el Estado, a través de acciones coordinadas que usen todos los recursos existentes de manera correcta, sin superponerlos y sin que colidan, porque podrían darse –como hoy lo estamos viendo–, conflictos a nivel laboral por la superposición de algunos actores que llevan adelante estas acciones tanto en ámbitos públicos como privados.

Vemos con mucha alegría cómo se identifica el programa de gobierno del Partido Colorado del período 2015-2020 con algunos aspectos que se presentan en este proyecto de ley del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Nosotros ponemos el foco en las personas con capacidades diferentes, así como en la promoción de un envejecimiento saludable y digno, y proponemos el desarrollo de una política nacional en materia de salud mental. Quiere decir que nada es nuevo bajo el sol: estamos articulando, evolucionando y aggiornando el sistema, para que las políticas sociales den respuestas a la sociedad en el momento actual que está atravesando.

Quería dejar esta constancia como integrante del Partido Colorado y señalar que vamos a votar este proyecto de ley, aunque desde mi punto de vista presenta vulnerabilidades que quiero destacar.

Este proyecto de ley establece un marco normativo tan grande –lo dije en la comisión y es de honestidad volver a señalarlo– que genera vaguedad, porque deja un gran porcentaje librado a la reglamentación.

Entiendo, señor Presidente, que es un proyecto marco y que no nos puede pasar lo que ocurrió con la ley española, de la que se han sacado muchas cosas porque fue tan precisa y ambiciosa que puso todo adentro, pero no se pudo financiar y hoy está en retroceso. Creo que no podemos ir a ese extremo, como tampoco al de la ley de Luxemburgo. Sin embargo, desde mi punto de vista no podíamos quedarnos en un proyecto marco tan grande porque lo hace vago y deja muchos aspectos librados a la reglamentación del Poder Ejecutivo, que –y perdonen que lo diga– va a legislar más en este proyecto de ley que los propios legisladores; y como yo no conozco de antemano la reglamentación del Poder Ejecutivo, estoy legislando sobre un tema que desconozco, y en el que tengo muchas dudas y muchas incertidumbres. Quiero que conste en la versión taquigráfica esta visión, esta crítica constructiva o mirada diferente que acabo de señalar –y voy a argumentarla– porque como legisladora me quedó sabor a poco.

Por supuesto que este proyecto de ley se va a reglamentar en tiempo y forma; no tengo dudas al respecto, porque es un buque insignia para el gobierno del Presidente Tabaré Vázquez y me consta que va a ser muy importante. Pero recordemos que hay reglamentaciones que están durmiendo el sueño de los justos en el Poder Ejecutivo, como la Ley n.º 18651, de discapacidad, de 19 de febrero de 2010. Hablamos de una ley muy sensible, que atiende a discapacitados, en la que se establece la asignación de cuidados a personas con discapacidades severas. Esa ley no se pudo aplicar porque no se reglamentó y no sabemos por qué. Como en este proyecto del Sistema Nacional Integrado de Cuidados una de las poblaciones importantes a las que se apunta son las personas con discapacidad que pierden la autonomía para las actividades de la vida diaria, nos preguntamos cómo la ley madre de discapacidad aún no se ha reglamentado. Las organizaciones y las familias están pidiendo esta reglamentación, pero nosotros no sabemos por qué no se hace.

Entiendo –y se lo digo a los compañeros del gobierno, a los legisladores oficialistas– que el que se va a implementar es un programa nuevo, que se hará camino al andar, que se trata de un programa que va a ser progresivo y va a tender a la universalidad y que no todo lo podemos incluir, pero hay algunas cosas que el espíritu del legislador tenía que haber dejado planteadas, porque la ley es irrebatible, debe cumplirse, es genérica, universal y no vamos a esperar que todo pase por la reglamentación.

Sinceramente quiero recomendar a todos los Senadores –integren o no la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión– que lean este libro, este manual sumamente interesante que viene del Poder Ejecutivo, a través de las autoridades del Mides. Creo que de este trabajo, que es un insumo extraordinario que nos llegó a los Senadores, nos perdimos la oportunidad de sacar elementos fundamentales y esenciales. Con total honestidad intelectual reconozco la profundidad y la seriedad de este libro del Poder Ejecutivo, pero reitero que nos perdimos la oportunidad de tomar insumos para volcarlos en el proyecto de ley.

Fíjense los señores Senadores que el capítulo I de este libro –quiero dejar claro, para que no haya confusión, que todavía no voy a analizar el proyecto de ley– nos hace pensar en los cuidados y en su definición; en la población a atender; en los mecanismos y en las acciones que se deben llevar a cabo, y en los principios orientadores del sistema nacional de cuidados.

En el capítulo II se hace un racconto espectacular –por decirlo así–, un diagnóstico de las necesidades de la población infantil y la cobertura que los centros que existen en todo el país brindan en la primera infancia, en educación inicial…

(Murmullos en sala).

–Solicito al señor Presidente que se me ampare en el uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa ruega a los señores Senadores hacer silencio para escuchar a la señora Senadora.

Antes de que continúe en el uso de la palabra, pediríamos que nos diga a qué libro se está refiriendo.

Puede continuar la señora Senadora.

SEÑORA MONTANER.- Me estoy refiriendo a un manual que el Ministerio de Desarrollo Social hizo llegar a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, denominado Cuidados como sistema. Propuesta para un modelo solidario y corresponsable de cuidados en Uruguay.

Digo que es un libro serio y profundo, que nos da insumos que quizá no hemos sabido utilizar para volcar en el proyecto de ley.

¿Está aclarado, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, muchas gracias.

Puede continuar la señora Senadora.

SEÑORA MONTANER.- Como decía, en el capítulo II se hace un diagnóstico de todos aquellos elementos de cobertura de atención que demanda la primera infancia, la educación inicial, la atención de niñas y niños de 4 a 12 años de edad, y se hace una síntesis de la oferta para el cuidado de la población infantil.

Realmente es una guía con datos oficiales, con una extensa recorrida, un estudio y una planificación.

También contiene un diagnóstico relativo a las personas mayores. En ese capítulo encontramos un análisis del censo de población y vivienda de 2011, en el que se detalla toda la oferta de servicios de cuidados para personas mayores en situación de dependencia, como por ejemplo residencias de larga estadía, red de hogares de ASSE en el interior, servicios de compañía en sanatorios y domicilio, teleasistencia, BPS y Antel.

En este libro también hay un capítulo muy importante y sensible sobre un tema del que, desde mi punto de vista, en el proyecto de ley se hace un mero enunciado. Me refiero al capítulo relativo a cuidadores y cuidadoras, desde los remunerados hasta los no remunerados. El proyecto de ley no establece prácticamente nada para este tipo de trabajadores que, creemos, van a estar regidos por el derecho laboral.

Algunos elementos que nos pueden llevar a confundir tienen que ver con la situación de los asistentes, cuya tarea, según se dice, se va a articular. Tenemos un listado de asistentes personales, previsto en la Ley n.º 18651, de marzo de 2010, que involucra al BPS y al Mides. La norma establece un programa de asistencias personales para personas con discapacidades severas. También tenemos la situación de las mujeres de hogares sustitutos del INAU, que están en juicio con el Estado, así como un sinfín de casos en los que, a veces, se han generado colisiones o choques en el ámbito de cuidadores y cuidadoras. Realmente, quedamos con sabor a poco sobre lo que se establece a este respecto en el proyecto de ley.

El capítulo III de este libro –que, reitero, es excelente– habla sobre los cuidados en el territorio. Aquí se detalla dónde habita la población relativamente más joven: los más jóvenes están en el norte y en el litoral del país, mientras que la población envejecida se encuentra en el centro y sur del país. Obviamente, el impacto o la concentración demográfica está en las capitales y en las principales ciudades, salvo en los departamentos de Colonia, Maldonado y Canelones.

Estos insumos también nos dicen que aproximadamente el 90 % de las personas que atienden en los centros de cuidados relevados son mujeres. Es decir que este material nos aporta datos muy importantes. Las cuidadoras del hogar siempre fueron mujeres. La realidad nos dice que quien cuida a los niños, a los ancianos, a las personas de tercera edad y a los que padecen discapacidad es la mujer. Entonces, pensé que esta era una oportunidad para poder saldar esa deuda social. Estas mujeres fueron cuidadoras no remuneradas por mucho tiempo, lo cual tiene un gran impacto en el futuro de estas personas muy humildes que, por no tener el suficiente ingreso, no pudieron realizar un aporte contributivo y a los sesenta años se retiran sin siquiera una jubilación. Pienso que podríamos tenerlas integradas o ingresadas, por lo menos en un porcentaje, dado que en la historia han sido ellas las que han llevado adelante la tarea no remunerada del hogar. Esta sería una oportunidad para saldar ese rezago o esa deuda.

Consideramos que en el proyecto de ley debería hablarse del sistema nacional de formación de cuidadores. No es poca cosa. Tengamos en cuenta que las cuidadoras o los cuidadores, remunerados o no remunerados, atienden una población tan vulnerable como la que contempla el proyecto de ley, esto es, niños de 0 a 12 años, personas con discapacidades que no tienen autonomía para llevar adelante las actividades de la vida diaria y adultos mayores de 65 años que perdieron también su autonomía para realizar dichas tareas. Creemos que debería existir, por ley y no por discrecionalidad, el sistema nacional de formación de cuidadores, porque estas personas se van a manejar con una población muy sensible. No existen currículos de formación estandarizada que unifiquen las capacitaciones para los diferentes servicios de cuidados. Además, la capacitación que se requiere para la población a la que estamos dirigiéndonos es diferente si es básica o es de avanzada.

Pensamos que aquí también debería contemplarse el tema de la fiscalización de los centros de formación. Si son empresas o centros de formación, debe observarse si realmente cumplen con los requisitos necesarios. Tampoco se describe en el proyecto de ley el perfil que debe tener el cuidador o la cuidadora.

Se podrá decir que estos aspectos están fuera del proyecto de ley, pero son cosas que no podía callar. Reitero que lo vamos a votar porque atiende a políticas sociales, pero dado que existen los insumos en los que se establecen aspectos tan importantes, pensamos que deberían tenerse en cuenta. Pienso que se podría, no ya haberlos detallado como en el caso de la ley española, pero sí haber dejado constancia de ellos en el proyecto de ley.

Señor Presidente: ingresando, ahora sí, en el análisis del proyecto de ley, quiero hacer referencia al artículo 7.º que expresa: «Artículo 7.º. (Obligaciones de quienes presten cuidados).- Las personas que presten servicios de cuidados, sean físicas o jurídicas, públicas o privadas, deberán cumplir con todas las obligaciones que respecto a dicha actividad establezca la normativa aplicable». Como nos quedó sabor a poco, vamos a proponer un artículo aditivo que establece: «Sin perjuicio, son obligaciones de quienes presten cuidados:

A) Guardar secreto o reserva de la información y datos de las personas que cuida o vinculadas a ellas y su entorno social y familiar a los que acceda o conozca por cualquier motivo o circunstancia».

Aquí es fundamental la confidencialidad, porque muchas veces esta actividad se desarrolla dentro de la casa de la persona.

El aditivo que proponemos continúa diciendo:

«B) Cumplir las tareas a su cargo de modo eficiente.

C) Capacitarse de acuerdo a los requerimientos de las tareas a su cargo».

En el artículo 8.º del proyecto de ley original se preveía que la población a atender sería de niños y niñas de 0 a 3 años, pero luego en la comisión se modificó y se lo extendió hasta 12 años. Eso está muy bien, pero como el sistema es progresivo y tiende a la universalidad, creo que tendríamos que haber puesto el acento en la parte primordial, que está constituida por los niños de 0 a 3 años. Aclaro que no es por un capricho, sino porque hay un sustento médico que refiere a la importancia de esa etapa. Sabemos que cuando el niño se está gestando en el vientre de la madre, es fundamental la nutrición y el control del embarazo; del mismo modo, es en esa primera etapa, hasta los tres años, cuando son fundamentales las prácticas de crianza. Todos sabemos que muchas veces los trastornos de desarrollo no se deben a enfermedades congénitas, sino a causas ambientales, porque quienes están a cargo de los niños no tienen en cuenta el hacinamiento, la parasitosis, la malnutrición y la contaminación con mercurio y plomo. Los rezagos del desarrollo en los primeros años van a condicionar el aprendizaje, el comportamiento y todos los vínculos que ese niño forme el resto de su vida. La importancia de la etapa que va de los 0 a 3 años está científicamente comprobada. Nosotros estamos de acuerdo con que se extienda hasta los 12 años, pero como se trata de un proceso progresivo, entendemos que habría que haber dado prioridad a ese sector de la población.

El numeral 2 del literal A del artículo 8.º habla de las personas con discapacidad que carecen de autonomía para desarrollar actividades y necesidades básicas de la vida diaria. El Partido Colorado planteó en comisión que sería bueno incluir un índice objetivo para medir la discapacidad. No voy a proponer que, como en muchas partes del mundo, se utilice el índice de Maryland o de Barthel, pero hay que tener algo objetivo que nos permita medir la discapacidad cuando es reversible, es decir, no permanente. De esta manera, con una visión objetiva –no discrecional–, vamos a poder comprobar si se va recuperando y si puede salir del Sistema Nacional Integrado de Cuidados para dejar su lugar a otra persona. Por lo tanto, no voy a proponer que haya un índice, pero sí que en la reglamentación el Poder Ejecutivo establezca una medición objetiva, porque de lo contrario es imposible saber cómo va el tratamiento de personas con discapacidad carentes de autonomía.

En ese sentido, entonces, proponemos un aditivo que dice lo siguiente: «La valoración del nivel de dependencia de las personas para realizar actividades básicas y satisfacer necesidades de la vida diaria, se determinarán mediante la aplicación del baremo que dicte la reglamentación a tales efectos». Recordemos que el Banco de Previsión Social se mueve en base a baremos para dar las pensiones por discapacidad. Entonces ¿por qué nosotros no?

Para terminar, señor Presidente –porque seguramente hay muchos compañeros que quieren hacer uso de la palabra–, quiero señalar que, tal como dijimos en la comisión, no vamos a votar el artículo 15, por el cual se crea la Secretaría Nacional de Cuidados. Creemos que la figura debe existir, pero, por filosofía, no estamos dispuestos a crear un cargo remunerado porque no queremos más gastos, más peso estatal. Además pensamos que, en todo caso, la oportunidad para hacerlo sería en el momento en que se trate la ley de presupuesto.

Creo que estamos hablando de una estructura institucional muy fuerte y diría que hasta un poco pesada. Basta leer la integración del Comité Consultivo de Cuidados y de la Junta Nacional de Cuidados para comprobarlo. Quizás podríamos reasignar a una persona para esa tarea y no con una erogación tan alta. Hay que tener en cuenta que el Comité Consultivo de Cuidados va a estar integrado por delegados del Congreso de Intendentes, del PIT-CNT, de la sociedad civil organizada, del sector académico especializado y de las entidades privadas que prestan servicios de cuidados. Y a esto hay que sumar la Junta Nacional de Cuidados, que tiene una integración transversal impresionante. Por cierto, debe ser así, pero ¿no se podría reasignar a alguien para el cargo de Secretario del Sistema Nacional Integrado de Cuidados? En concreto, la Junta Nacional de Cuidados va a estar integrada por el Ministro de Desarrollo Social –quien la presidirá–, los Ministros de Educación y Cultura, de Trabajo y Seguridad Social, de Salud Pública y de Economía y Finanzas, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, el Presidente del Directorio del Banco de Previsión Social y el Presidente del Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Nosotros creemos, sinceramente, que es algo pesada la estructura institucional y burocrática del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Pese a esas salvedades, el Partido Colorado va a acompañar este proyecto de ley, porque entiende que pone acento en las políticas sociales, de las que nos sentimos abanderados a lo largo de la historia.

Muchas gracias.

SEÑORA ALONSO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ALONSO.- Gracias, señor Presidente.

En el mismo sentido que la señora Senadora Montaner, el Partido Nacional va a acompañar este proyecto de ley, pero por la trascendencia y la importancia que tiene queremos hacer algunas consideraciones y reflexiones.

Nuestro país vive procesos demográficos y sociales persistentes: la consolidación de una estructura etaria envejecida; la disminución del peso de las familias como proveedoras de cuidados debido a la inserción de las mujeres, tradicionales cuidadoras, en el mercado de trabajo; la infantilización de la pobreza; las barreras físicas y culturales que impiden una sociedad mucho más inclusiva de las personas con discapacidad y, en particular, de aquellas que además son dependientes. A todo esto hay que agregar la situación de las adolescentes que abandonan sus estudios al quedar embarazadas; las mujeres que postergan su profesión por el cuidado de sus hijos; los jóvenes que faltan al liceo cuando se enferman sus hermanos menores; los adultos mayores abandonados a su soledad –que son muchos en nuestro país–; los discapacitados que no reciben los estímulos que son derechos de cualquier ciudadano. ¿Quién no conoce un caso similar en su entorno cercano o incluso en su propia familia? En una sociedad como la nuestra, donde somos apenas un poco más de tres millones, deberíamos poder lograr que el cuidado de un ser querido no implique dejar de desarrollarse como persona y que el cuidado de las personas que lo necesitan no dependa solamente de su situación socioeconómica. No debería pasar que un trabajador no pueda dejar al cuidado a sus hijos, o que un adulto mayor dependiente y solo no tenga un lugar de calidad para culminar su vida con dignidad.

Hace unos días un periodista me preguntaba cuál era la definición de «sistema de cuidados» –en comisión tuvimos nuestras diferencias respecto a cómo lo conceptualizábamos– y le respondí tomando un concepto de Filgueira: «Que los hombres y mujeres vayan tranquilos a trabajar porque sus hijos están cuidados durante ocho horas, o cuatro, en sistemas tipo CAIF». Significa, según sus palabras, que tener un hijo no sea una condena en los sectores bajos, y en los sectores medios no sea tirarse a una pileta sin agua por miedo a perder el trabajo. Esto también implica asistencia a las personas mayores, así como a las personas con discapacidad, de tal manera que puedan tener cuidadores y que esa tarea no recaiga en la madre, que es la que siempre termina realizando ese trabajo.

Por lo tanto, señor Presidente, este es un tema que nos une en el espíritu y en el objetivo –queríamos remarcarlo– y por eso vamos a acompañar este proyecto de ley, no sin antes realizar las consideraciones a las que hacíamos referencia.

Durante el tratamiento del proyecto de ley en la comisión hemos trasmitido varias reflexiones, con el mejor ánimo. También queremos decir que la consideración de esta iniciativa tuvo un paso muy apresurado, lo que hizo que muchas de las interrogantes planteadas quedaran sin respuesta.

El proyecto que hoy vamos a acompañar en general es tremendamente ambicioso en sus objetivos, pero muy pobre en los contenidos. Por tratarse de la principal promesa electoral del Gobierno, esperábamos una respuesta mucho más sustanciosa y con contenidos concretos. Tratándose de un tema de derechos, esperábamos –y así lo planteamos en la comisión– que los mismos hubieran quedado contenidos en el texto de la ley.

De las nueve iniciativas que el Poder Ejecutivo envió en lo que va de este período, la creación del sistema de cuidados quizás sea la de mayor relevancia. En primer lugar, porque fue anunciada por el Presidente Tabaré Vázquez y por los principales referentes del Gobierno como el instrumento que estaría en el centro de las acciones sociales de la futura Administración. Seguramente, todos recordamos que este tema fue el caballito de batalla de la campaña electoral de Vázquez, lo nombró y lo explicó en cada uno de sus actos. Por lo tanto, la expectativa que el Partido Nacional tenía con relación a este proyecto de ley era realmente muy grande, y teníamos una mirada seria, responsable, constructiva y objetiva al respecto. En realidad, veníamos prestando atención a este tema desde hacía tiempo y, si hacemos historia, podemos recordar antecedentes mucho más lejanos.

El sistema de cuidados había sido prometido por el partido de gobierno antes de las elecciones de 2009. Sin embargo, se hizo muy poco durante el período pasado, salvo anuncios –acá tenemos prensa que constata lo que decimos– que prometían, pero con muy pocas concreciones, especialmente para mucha gente que esperaba acciones y respuestas concretas, que no llegaron. Respecto a lo que se prometió pero no se cumplió del sistema de cuidados, recuerdo que la coordinadora de la Red Género y Familia Cooperativa y una de las responsables de la nueva Red Pro Cuidados, Clara Fassler, expresó: «Las acciones que se vienen realizando en los ministerios y reparticiones públicas constituyen iniciativas aisladas, con poca o ninguna coordinación entre sí, lo que atenta contra la eficiencia en el uso de los recursos de la población y la necesaria integralidad de las acciones para responder eficazmente a la problemática de cuidados. No se advierte la existencia de una planificación estratégica con etapas y plazos que contemplen los aspectos de diagnóstico, monitoreo y regulación de los servicios existentes». Asimismo, señaló: «No es que estemos en desacuerdo con que se hagan cosas, estamos en desacuerdo con que se hagan cosas que no sabemos qué destino y sustentabilidad tienen o a cuánta población van a llegar».

Mientras tanto, en aquel entonces –y haciendo historia, aunque en realidad no hace tanto tiempo–, desde el Ministerio de Desarrollo Social el Ministro Daniel Olesker aseguraba que en el 2012 y 2013 se cubriría el cuidado de niños de hasta dos años de edad en el primer quintil de ingresos de la población, ya fuera bajo la modalidad de CAIF o con un programa domiciliario. En ese tiempo el Mides prometía abrir cien nuevos CAIF durante ese lapso; sin embargo, eso no ocurrió y en aquel momento el entonces Director Nacional de Política Social, Andrés Scagliola, admitió que tuvieron grandes dificultades para cumplir con ese objetivo. Lo que sí se anunció, a través de todos los medios de prensa fue un programa piloto que le costó al Estado USD 2:500.000, pero que no sabemos a quiénes contempló, cuáles fueron los criterios ni cuáles sus resultados, ya que los pedidos de informes que se hicieron desde esta casa nunca fueron respondidos. Por eso, podemos aseverar que la promesa del sistema de cuidados permaneció en modo pausa durante el gobierno del Presidente Mujica.

Se podría hablar, entonces, de un sistema de cuidados 1 y un sistema de cuidados 2, que es el que hoy se vuelve a prometer. Permítame, señor Presidente, traer esto a colación porque es importante conocer los antecedentes, en especial, por algo que voy a remarcar durante toda la exposición y que tiene que ver con las expectativas que se han ido generando en la gente, a la que desde hace años se le hace promesas y todavía espera.

Tal como mencionaba el señor miembro informante, este proyecto de ley ingresó al Parlamento el 5 de marzo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo al mes y medio lo cambió por otro que creímos que iba a ser mucho más sustancioso, pero prácticamente fue el mismo, sin grandes cambios. No obstante, la bancada oficialista sustituyó gran parte del articulado –que es el que hoy aprobaremos– y la propuesta realmente se limita al establecimiento de algunas definiciones y principios básicos, que por supuesto compartimos, tal como expresaba la señora Senadora Montaner. Lo que no compartimos es que se consagre esa nueva institucionalidad integrada por la junta, la secretaría y el comité, pues conforma una nueva burocracia que, además, trae aparejada la creación de más cargos. El cargo de particular confianza que se crea en este proyecto de ley lo entendemos innecesario; por eso es que el Partido Nacional no ha votado en la comisión el artículo por el que se procede a su creación, así como tampoco lo hará en el día de hoy.

Ahora bien, todo aquello que preconiza la exposición de motivos es, sin duda, más que compartible. El problema radica en que el mensaje se queda en eso, porque el proyecto no dice, por ejemplo, cómo se van a obtener los resultados y apenas menciona que habrá un Plan Nacional de Cuidados, sin dedicar un solo renglón a decir en qué consiste. En otras palabras, está claro que el Estado reconoce el derecho de determinados ciudadanos a ser cuidados, pero no dice cómo lo va a hacer. Cabe preguntarse, por ejemplo: ¿cuáles son las prestaciones o los beneficios que se van a proporcionar? ¿Cómo se van a instrumentar? Sin llegar al extremo al que hacía referencia la señora Senadora Montaner con respecto a la ley española, que es hiperreglamentarista –coincido en eso–, parece claro y razonable que las soluciones deberían estar incorporadas en el proyecto de ley, justamente, buscando una mayor precisión, que es lo que no se encuentra en este texto.

Sin embargo, tan general es esta iniciativa, que algo que consideramos central –también hacía referencia a ello la señora Senadora Montaner– y que fue contemplado en el proyecto original del Poder Ejecutivo, fue eliminado por la bancada de gobierno. Me refiero a la población más vulnerable, de la que han hablado todos: la primera infancia, en especial los niños de 0 a 3 años. El artículo 8.º hace referencia a dicha población de forma general, pues habla de niños de hasta 12 años, pero sin poner el acento en los tres primeros años, que son los más importantes de la vida de un ser humano, pues sabemos que condicionan su desarrollo y su futuro. La bancada de gobierno optó por una redacción corta y ambigua y creo suponer que no mencionar la primera infancia esconde una realidad y desnuda el temor de hacer evidente que la ingeniería que requiere el sistema de cuidados en la primera infancia, que se basa en la extensión del Plan CAIF y en educación preescolar pública, se va a computar como gasto social en educación. Ello va a recortar el 6 % del PBI que reclaman los sindicatos de la educación pública, ya que de ahí –aunque lo han negado– va a salir el presupuesto para que ese componente del sistema de cuidados contemple la primera infancia. Creo que por ahí viene el haber licuado un tema que me parece central porque se relaciona con varios aspectos importantes: prematurez, bajo peso al nacer y desnutrición crónica. Sobre estos temas hablamos con la Ministra Arismendi porque aún hoy se presentan cifras altas que afectan a la primera infancia. El desarrollo neuronal, la capacidad de aprendizaje y la salud de los niños, indudablemente, sufren ese impacto. Sin embargo, en el proyecto de ley esto quedó licuado –lo hablamos en comisión– y nadie sabe por qué se quitó. Frente a la dolorosa situación que vive nuestro país, donde cerca de 8000 niños pasan hambre, no entendemos por qué se elimina de este proyecto de ley algo tan importante como poner la prioridad en los primeros años de vida.

Hace poco convocamos a la señora Ministra Arismendi por este asunto, quien primero lo negó, después lo aceptó y se comprometió a trabajar en él. También hacía referencias al respecto Julio Bango al igual que Andrés Scagliola –quien unos meses antes parecía que iba a ocupar el cargo de Secretario Nacional de Cuidados–, que también hizo alusión a esta prioridad de los tres primeros años. No entendemos por qué una de las principales poblaciones, si no la más importante, no queda contenida en el proyecto de ley. No tenemos respuesta.

Por otro lado, hay un dato no menor –que seguramente la bancada no contempló, aunque sí se consideró en la comisión– y es que en nuestro país el 80 % del cuidado de los niños de 0 a 2 años está concentrado en la familia. Hay un vacío de protección que necesariamente se debe cubrir porque, reiteramos, ahí es donde se juega el partido para cortar la reproducción de la pobreza; un mal cuidado es una condena a la repetición, al rezago escolar y a la desvinculación definitiva del sistema educativo. En ese sentido, señor Presidente, nosotros vamos a proponer un artículo sustitutivo que reincorpore como prioridad a la primera infancia, como lo propuso el Poder Ejecutivo.

También queremos dejar constancia de algunas interrogantes que no fueron respondidas por el futuro titular de la Secretaría Nacional de Cuidados, un hombre a quien conocemos y que merece toda nuestra confianza. Seguramente tengamos oportunidad de discutirlo en el ámbito presupuestal, pero, de todas formas, queremos dejar constancia de que este hubiera sido un buen momento para debatir este tema antes de aprobar el proyecto de ley.

Como se decía, todo parece quedar librado a la reglamentación y eso genera grandes incertidumbres. Hoy existen múltiples programas de asistencia que atienden a las mismas personas por distintas vías. Por ejemplo, el Banco de Previsión Social.

SEÑOR OTHEGUY.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA ALONSO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Quiero responder la interrogante que formulaba la señora Senadora Alonso aunque, en realidad, en comisión hubo una respuesta, que se podrá o no compartir.

Somos conscientes de la importancia que tiene la primera infancia. El gobierno del Frente Amplio recibió un país donde el 60 % de los niños estaba en estado de pobreza. A lo largo de estos diez años se han desarrollado un conjunto de estrategias para ir resolviendo progresivamente un grave problema que tiene el país. Hoy la pobreza infantil es sustancialmente menor. En el quinquenio pasado se desarrolló el Programa Uruguay Crece Contigo, y me corresponden las generales de la ley porque estaba en un área que yo dirigía. Ese programa estaba focalizado en la primera infancia porque somos conscientes de los problemas que tiene esta población particularmente vulnerable: los niños y niñas menores de tres años. Este programa ha tenido resultados muy importantes y, además, ha brindado información –que la propia señora Senadora ha tomado– que permite seguir discutiendo y colocando en agenda estos temas que son relevantes.

El proyecto de ley intenta instituir derechos universales respecto de tres poblaciones objetivo de este Sistema Nacional Integrado de Cuidados: los mayores de 65 años en situación de dependencia, los discapacitados en la misma situación y los niños y niñas de hasta 12 años. Se entendió que la ley no podía focalizar. Es perfectamente compartible que una política, un Plan Nacional de Cuidados o una estrategia de los organismos competentes focalicen en la población más vulnerable las políticas específicas que van a dar respuesta a estos temas, pero, en la medida en que la ley establece un derecho universal, no se puede focalizar y, por lo tanto, se tiene que referir a todas las niñas y niños, más allá de que dentro de esa población haya un foco principal en las posibles estrategias que se desplieguen para atender a los niños y niñas que tienen hasta tres años. Por un criterio de legislación, se entendió que la ley no podía focalizar y que tenía que dar cuenta de la población objetivo de la creación de este sistema, y esto fue lo que se discutió en la comisión.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Permítaseme dar la bienvenida a los alumnos de 3.º, 5.º y 6.º año del Pocitos Day School. Gracias por visitarnos.

Puede continuar la señora Senadora Alonso.

SEÑORA ALONSO.- Me queda claro que la bancada oficialista no quiso focalizar y priorizar la primera infancia cuando aún hoy, a pesar del crecimiento económico y del desarrollo que ha tenido el país, seguimos teniendo 8000 niños que se van a dormir con la panza vacía. Eso es una realidad que no se puede negar bajo ningún concepto, señor Presidente.

Decíamos que este proyecto de ley parece dejar todo librado a la reglamentación y eso nos genera grandes incertidumbres. Hoy existen múltiples programas de asistencia que atienden a la misma persona por distintas vías. Poníamos el ejemplo del Banco de Previsión Social, con las ayudas extraordinarias que representan USD 20 millones por año; otro tanto tiene el Mides, a través del Pronadis, entre otros. Hoy existen partidas destinadas a los cuidados por un monto de USD 160 millones. De ellos, USD 92 millones se dirigen a la primera infancia; USD 53 millones, a las personas con discapacidad y USD 13 millones, a los adultos mayores. Entonces, ¿para qué generamos una nueva superestructura, lo que nos habla de articulación y de interinstitucionalidad? ¿Qué es lo que va a articular? Eso ya existe. Voy a dar un ejemplo. El Programa de Asistentes Personales para Personas con Discapacidad Severa, al que se hacía mención hace un rato, cuando se habló de la Ley n.º 18651, representa USD 11 millones anuales para el Estado a partir del decreto reglamentario del año 2014. ¿Cómo se piensa articular con el Sistema Nacional de Cuidados? No tenemos respuesta. En el caso de las personas con discapacidad, hemos recibido múltiples preguntas que nos han hecho las madres con hijos con discapacidad severa. Se plantea que estos casos se van a valorar con el baremo de la dependencia. ¿Cuán dependiente debe ser la persona? ¿Cuáles serán las condiciones de carencia? ¿Cuál será el baremo de dependencia? ¿Será el mismo que aplica el Banco de Previsión Social? En el mismo sentido, vamos a acompañar el artículo aditivo al que hacía mención la señora Senadora Montaner para que se establezca un criterio. No hay criterios definidos en este proyecto de ley.

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA ALONSO.- Disculpe, pero por la interrupción que concedí al señor Senador Otheguy me quedan muy pocos minutos.

Hay un tema, quizás de los más importantes, que intentamos abordar con las autoridades del Mides, pero sobre el que aún no recibimos respuestas claras. Una vez que conozcamos el presupuesto vamos a saber si es que tenemos un cúmulo de buenas intenciones y otra promesa trunca. ¿Cómo se financia el Sistema Nacional Integrado de Cuidados? ¿Cuál es su presupuesto? En el proyecto de ley no hay nada que precise cómo se va a sostener y, en especial, cuánto deberán aportar en términos de porción, de porcentaje de recursos, el Gobierno nacional, los Gobiernos departamentales o los usuarios. Algo se ha dicho en la prensa, mencionándose un fondo de copagos, aunque no hemos alcanzado a saber mucho más que eso.

Sabemos que los servicios de cuidados requieren mucho personal y, por lo tanto, son caros. En ese sentido, el Estado tiene un papel que jugar: garantizar el acceso universal –como es intención de este proyecto de ley– a servicios de cuidados de calidad, en particular en el caso de los niños. No se trata simplemente de tener más niños con cobertura, sino de tenerlos bien cuidados y recibiendo los estímulos adecuados en esa etapa tan relevante de la vida.

En principio, no se nos respondió cuánto vale el Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Sin embargo, hace unos meses el ex-Ministro Olesker advirtió que llegar al 6 % del PBI para la educación, implementar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ampliar los beneficios de la Tarjeta Uruguay Social del Mides y llevar el Plan Siete Zonas a treinta –estas son promesas de campaña– implica que solo en gastos sociales se ronde los USD 3.000 millones. Olesker aseveraba que, ante esa realidad, sería necesario aumentar impuestos. Esto no lo dijimos nosotros, señor Presidente, sino referentes del propio Frente Amplio.

Por eso, en el día de hoy queremos dejar planteado este punto, tomando en cuenta que el Gobierno ha reconocido que la situación económica que encontró es mucho peor que la que esperaba, con un déficit fiscal de un 3,5 % –que representa más de USD 2.000 millones– y con una economía en desaceleración, que limita en gran parte la capacidad fiscal para aumentar el gasto en el nuevo presupuesto.

Estos son datos de la realidad. No tenemos claro cuál será el criterio y esperamos evacuar estas interrogantes en el ámbito del presupuesto para saber si se destinarán efectivamente, como estaba previsto –según comunicó Andrés Scagliola, ex-Director, de quien conocemos las cifras, porque no hemos escuchado nuevos datos–, USD 220 millones anuales. Sin ninguna duda, los votaremos si el objetivo es el que pretendemos, pero hoy no sabemos las cosas con claridad. Esta es una gran bolsa y no tenemos muy claro –siendo generosos– a qué se destinarán esos recursos. También desconocemos si va a haber cambios en el cronograma o si se van a manejar los mismos tiempos que estaba previsto.

Por otra parte, tampoco sabemos si esto se hará por etapas ni si abarcará a 237.000 personas, que era el objetivo en este primer quinquenio. Insisto: no obtuvimos respuestas.

Es claro que tenemos incertidumbres y muchos nos preguntamos, por ejemplo, hasta qué punto existe la capacidad de alcanzar el objetivo. Solo en el caso de la primera infancia, para ponerlo en hechos concretos, en números –valen las buenas intenciones, pero necesitamos tener datos concretos; medir, evaluar, conocer resultados–, nos gustaría saber si se sigue manteniendo para este quinquenio la idea de que los centros educativos incorporen 44.700 niños de 0 a 3 años. Lo planteado por el Gobierno supone la creación de 325 nuevos CAIF en este período. Si tomamos en cuenta el período anterior, en que no se alcanzaron –aun con recursos disponibles– los 100 centros prometidos, no me queda muy claro sobre qué base se plantea esta nueva promesa.

Para finalizar, señor Presidente, no olvidamos lo que dijimos al principio. Está de más decir que compartimos plenamente la inspiración del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Estamos de acuerdo con el cuidado de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad –conformados por aquellos que pierdan o carezcan de autonomía personal– y con que, por supuesto, haya una corresponsabilidad entre sociedad, estado, familias y mercado. No queremos vivir otra vez la frustración de muchísimas familias, en particular de madres, son muchas las mujeres que volvieron a creer en una nueva oportunidad. Desde el Partido Nacional, sin ninguna duda, ayudaremos a que nada de eso ocurra, votando y aportando todo lo que sea necesario para el desarrollo humano, solidario y colectivo de nuestra sociedad.

También quiero agregar, señor Presidente, que seremos fieles controladores del cumplimiento de esta ley, que quedará en manos de la reglamentación del Poder Ejecutivo, seguramente, vía decreto.

Hay que ser muy cuidadosos, en particular cuando aprobamos estos proyectos de ley.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone la señora Senadora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar la señora Senadora Alonso.

SEÑORA ALONSO.- Gracias, señor Presidente.

Hay que ser muy cuidadosos en este tema para no generar falsas expectativas porque –como lo confesaba la Ministra Arismendi y me consta porque me sucede– ya hay madres, desde ayer, llamando a quienes trabajamos y estamos vinculados de alguna manera al tema de la discapacidad, por ejemplo, para saber cuándo van a tener cuidadores para sus hijos, para poder salir a trabajar.

Que todo lo positivo que pueda generar esta nueva promesa –hasta hoy promesa electoral– no se transforme en algo negativo. Por eso, insistimos en la necesidad de conocer la gradualidad de este sistema, los plazos y el alcance, aspectos que –como recién mencioné– no han sido claros.

Margarita Percovich –una mujer que ha trabajado profundamente en estos temas– sostenía que el sistema de cuidados quedó trunco en el gobierno de Mujica y decía que no hubo una propuesta clara que abarcara la complejidad de un sistema como este. Eso y una buena planificación fueron cosas que no se hicieron.

Esperamos que esa falta de claridad, que frustró el camino de los cuidados en el período anterior, no vuelva a repetirse.

Lo importante es tener claro el horizonte, y desde ese lugar y con ese sentido trabajará el Partido Nacional. El riesgo es que el camino se haga muy lento, más de lo que nuestros niños, nuestros abuelos, nuestras personas con discapacidad y nuestras mujeres se merecen esperar.

Gracias, señor Presidente.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA PAYSSÉ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Gracias señora Senadora Payssé. Esta interrupción se la solicité a la señora Senadora Alonso, pero seguramente lo olvidó cuando le prorrogaron el tiempo de que disponía para hacer uso de la palabra.

En la jornada de hoy se ha mencionado que la Ley n.º 18651 sobre discapacidad no se ha reglamentado y se ha hablado sobre los excesos y los costos que tendrían algunos de los capítulos fundamentales. Aclaro que la ley tiene reglamentados sus capítulos fundamentales y que no estamos frente a la situación de diecisiete años sin reglamentar una sola línea de la anterior ley de discapacidad.

Estamos haciendo de todo algo tan amenazante, que uno se va con la idea –estoy anotada para intervenir luego– de que nada de esto puede hacerse porque será una frustración, un fracaso. Me parece que es una visión apocalíptica que no condice con la coincidencia –que se ha expresado– en cuanto a que todos creemos que es un tema que debemos abordar. Entonces, pongamos las cosas en sus justos términos.

Para referirme exclusivamente a quienes prestan funciones de asistente personal, el dato que tengo es que existen 1000 personas que necesitan de los cuidados porque son discapacitados severos, totales, y tienen asistentes personales. Asimismo, hay coincidencia en la demanda de ambos lados, porque hay 2000 personas que esperan para ser asistentes personales y otras 2000 que necesitan de asistentes personales. Sin duda, de los segmentos poblacionales objetivo de una ley de cuidados, este es el más oneroso. Queda claro que si estamos dando estos datos es porque son parte de esa ley, que está reglamentada, que está funcionando y que va a ser incorporada al sistema de cuidados porque –como dice el proyecto de ley a consideración– se articulan las políticas y se incorporan al sistema de cuidados que hoy están dispersos en el conjunto de las políticas sociales.

Entonces, no hay ninguna duda en cuanto a que no vamos a tener, por un lado, una institucionalidad exclusivamente para quienes tienen una discapacidad y, por otro, una institucionalidad para quienes, por ser demasiado nuevitos en la vida o excesivamente entrados en edad, no están en condiciones de valerse por sí mismos. En esto ya hay un camino andado y, como lo que hoy estamos discutiendo es un sistema, puede haber muchas cosas que no estén definidas acá. No se trata de una única ley fundacional para todo lo que tenemos por delante en la creación de este sistema. Es una iniciativa con un objetivo concreto: la creación del plan. Pero el plan no está a consideración dentro de la norma. Es un camino de diseño legislativo y de diseño de la política pública. Se podrá criticar, pero no es que no exista, que deliberadamente se oculte o que, por insuficiencias, en el proyecto no se incluya su desarrollo. El proyecto de ley habilita la creación de una institucionalidad y en ella hay un elemento clave que mandata hacer: el Plan Nacional de Cuidados.

Muchas gracias, señora Senadora.

SEÑORA PAYSEÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: quiero enmarcar mi intervención diciendo que estamos ante un proyecto de ley que tiene que ver con la ampliación de derechos, lo que para mí es más que importante.

El señor miembro informante calificó a este proyecto de ley como «la base de un nuevo pacto social», que pasa de un modelo familista a uno de corresponsabilidad. Si bien comparto lo manifestado por el señor Senador Otheguy, debo decir que este es un hito más en las bases de un nuevo pacto social. Teniendo en cuenta y haciéndome cargo de lo que ha manifestado la señora Senadora Montaner en cuanto a que las políticas sociales no empiezan en 2005, en 2009 ni en 2014, sino antes, advierto que el rezago en que quedamos en el marco de las políticas sociales hace que un nuevo empuje y una nueva orientación hayan comenzado en el año 2005. Entonces, al planteo del señor Senador Otheguy quiero agregar que es un hito o un avance más en la definición del programa del partido de gobierno, al que pertenezco. Hubiera sido imposible, ilógico y totalmente irresponsable hablar de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados en 2005, cuando la emergencia social hacía que se tomaran otras medidas.

Haciendo un poco de historia, vale recordar que el Gobierno que en 2005 asumió la responsabilidad de nuestro país tuvo que armar una agenda social, que no fue una promesa de campaña porque nosotros no hacemos promesas, señor Presidente, sino que generamos compromisos. Y esta es una diferencia que quiero señalar. Como estaba diciendo, el programa de ese Gobierno puso como primer punto en la agenda social una matriz de protección que en ese momento era indispensable –el Plan Nacional de Emergencia Social (Panes) y la creación del Ministerio de Desarrollo Social– para que esos números, tan patéticos, vinculados a la pobreza, sobre todo en la primera infancia, empezaran a revertirse. Y esto no lo hubiéramos negociado ni lo negociamos por nada. Lo planteamos, lo cumplimos y dijimos que habríamos fracasado enormemente si hubiéramos tenido que prorrogar el Plan Nacional de Emergencia Social. Pasamos a otras etapas de agenda social y de compromisos vinculados a temas sociales.

El Presidente Tabaré Vázquez decía en 2005 –y lo repetía en 2007–: «La equidad como valor de convivencia, como factor de desarrollo y como construcción ciudadana y democrática de la nación es una seña de identidad programática de este Gobierno. Es también un compromiso inexcusable en el ejercicio de las responsabilidades que la ciudadanía nos ha confiado».

Es en ese marco que vamos a seguir avanzando hacia la equidad. Por esta razón, estuvimos presentando, estuvimos trabajando, estuvimos concluyendo un plan nacional de igualdad de oportunidades y derechos que tuvo como antecedente una ley. Esto es similar a lo que está sucediendo ahora, en que vamos a tener la Ley del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y va a haber un plan que, como lo establecen algunos de sus artículos, tendrá su pasaje por esta casa.

En ese marco de avanzar en derechos, en solidaridad y en equidad, en marzo de 2010, cuando estaba el Frente Amplio en el Gobierno, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género, del Ministerio de Desarrollo Social, del Director del área de Políticas Sociales, y de la inquietud y el planteo de varias organizaciones de mujeres, algunas con representación política, logramos instalar un espacio para el diseño de un sistema de cuidados. Por resolución presidencial 863/010 se crea en el marco del Consejo Nacional de Políticas Sociales el grupo de trabajo para la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Y voy a hacer referencia a algo que se dijo: acá no hay un plan piloto 1 o un Sistema Nacional de Cuidados que fracasó en el gobierno del Presidente Mujica –así se dijo–, sino que hubo un embrión de trabajo que hizo posible que en nuestro programa tengamos este compromiso que hoy estamos poniendo a consideración.

Como estaba diciendo, por resolución presidencial se instaló ese grupo de trabajo, que no cejó en reunirse, en intercambiar, en buscar un diseño para poder establecer la planificación de este sistema.

Un sistema es complejo, no es un organismo único, es un ámbito al que coadyuvan una cantidad de actores vinculados a lo público, a lo privado y a lo institucional como dice en el articulado el proyecto de ley. Y fue en diciembre del año 2010 que, en una primera etapa, se acordaron esos lineamientos conceptuales y los principios orientadores del sistema en un documento llamado Documento de lineamientos, aportes conceptuales y plan de trabajo para el diseño de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

En julio de 2011 –durante el gobierno del Presidente Mujica– el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género aportó un documento titulado Contribuciones para el diseño del sistema nacional de cuidados con perspectiva de género y derechos, con recomendaciones elaboradas en el marco de un proceso de reflexión y de intercambio interinstitucional. La tarea fundamental de este grupo de trabajo fue la realización y el desarrollo de varias actividades de intercambio con instituciones públicas y privadas, con actores de la sociedad civil, con actores institucionales. La idea era poner en marcha algo nuevo, novedoso, que finalmente se tradujo en lo que planteó el miembro informante: una parte de un nuevo pacto social. Fue así que se elaboraron sucesivos documentos a fin de poder seguir diseñando y trabajando sobre este tema que, ciertamente, puede ser abordado desde varias áreas.

En octubre de 2011 el gabinete social aprobó el documento La reforma social: hacia una matriz de protección social del Uruguay.

En el año 2012 se trabajó en el diseño de la propuesta del Sistema Nacional Integrado de Cuidados: Hacia un modelo solidario de cuidados. Propuesta para la construcción del sistema nacional de cuidados, que fue aprobada por el gabinete social.

Cabe agregar que durante el lapso en que se trabajó sobre estos temas, también hubo avances en materia de cuidados. Y acá quiero hacer un paréntesis para marcar una diferencia, dado que en estos aspectos a veces hay una gran confusión entre los términos «dependencia» y «discapacidad». No todas las personas en estado de dependencia tienen discapacidades y, a la vez, muchas personas que tienen discapacidades no están en estado de dependencia. Ambos conceptos a veces se confunden, lo que hace complejo el análisis, la observación, el debate y hasta lo que se sintetiza, si es que resulta posible sintetizar porque –también quiero decirlo, señor Presidente– para poder sintetizar, ante todo hay que estar. Y desde ya quiero resaltar el aporte que la señora Senadora Montaner hizo –el día 13 de julio– a la comisión, ayudando a corregir y mejorar algunas cosas del proyecto de ley, en una interacción dialéctica altamente positiva.

Continuando con el desarrollo de mi exposición, quiero decir que se progresó con el propósito general del sistema, formalizando algunas políticas a través de una serie de experiencias que podríamos llamar piloto.

Me gustaría destacar tan solo tres o cuatro elementos que hacen al Sistema Nacional Integrado de Cuidados como embriones o como pasos previos que, de repente, no los visualizamos como ya inmersos: la aprobación de la ley de ampliación de las licencias maternales y paternales; el traslado de la regulación de los hogares de larga estadía del Ministerio de Salud Pública al Mides; la implementación de la figura de los asistentes personales para discapacitados con dependencia severa –como se citó acá– y el reconocimiento de años a la mujer en función de la cantidad de hijos, para una eventual jubilación. Todo esto habla de que había empezado a gestarse ese embrión del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Lo menciono, señor Presidente, porque dada la manera como se ha venido desarrollando el debate, me parece que no termina de entenderse que un sistema es algo que debe estar en combinación e interacción con una cantidad de elementos. El sociólogo Bango lo manifestaba con lenguaje gestual, haciendo con las manos un cierre apretado de enroque. Un sistema es, precisamente, eso: la combinación de una cantidad de elementos vinculados a la institucionalidad, a las políticas, a los proyectos, al desarrollo de los mismos y a la interacción permanente de los actores involucrados.

Yendo a este trabajo que algunos y algunas hicimos con mucha dedicación en la comisión, señalamos que debimos estudiar y analizar, no solo la legislación comparada –obviamente, porque eso siempre es bueno– sino también algunas definiciones de organismos internacionales vinculados a lo que es el cuidado, porque, reitero, sigue habiendo confusión o falta de claridad en cuanto al significado de los cuidados y de la dependencia, que puede estar vinculada, o no, a la discapacidad.

Señor Presidente: en el año 2009 la Cepal decía que los cuidados son acciones que la sociedad lleva a cabo para garantizar la supervivencia social y orgánica de quienes han perdido o carecen de autonomía personal y necesitan la ayuda de otros para realizar los actos esenciales de la vida diaria. Otra definición, también muy citada en los trabajos de la Cepal, establece que el cuidado es una actividad específica que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de manera que podamos vivir en él tan bien como sea posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestro ser y nuestro ambiente, todo lo que buscamos para entretejer una compleja red de sostenimiento de la vida.

ONU Mujeres, por su parte, definía al cuidado diciendo que comprende el conjunto de actividades necesarias para poder satisfacer las necesidades básicas, tanto materiales como simbólicas, relacionadas con el desarrollo y existencia de las personas, y detallaba una cantidad de elementos que incorporamos oportunamente en el proyecto que hoy está a consideración.

Por otro lado, el documento base para la Conferencia sobre la mujer, organizada por la Cepal en Quito, lo define como un proceso material y simbólico caracterizado por el mantenimiento de los espacios y bienes domésticos, el cuidado de los cuerpos, la socialización, la educación y la formación de menores, el mantenimiento de relaciones sociales y el apoyo psicológico a los miembros de la familia.

En el año 2012 el gabinete social definía a los cuidados como una función social que implica tanto la promoción de la autonomía personal como la atención y asistencia a las personas dependientes.

Y el Ministerio de Salud Pública –que de alguna forma está involucrado en este asunto a través de su presencia en la Junta– decía, en un documento del año 2014, que son cuidados en salud –y fijaba bien la diferencia al hablar de «en salud»– los vinculados al proceso de curación, rehabilitación o paliación de la enfermedad, y que son cuidados provistos a personas en situación de dependencia los vinculados al ciclo de vida y los que son consecuencia de alteraciones patológicas. Los primeros son una responsabilidad esencial del sistema de salud y los segundos deberán ser garantizados por el sistema nacional de cuidados.

Desde el punto de vista de lo que pueden ser referencias internacionales, Laura Pautassi planteaba que el cuidado se construye como un nuevo derecho social en el que se conjugan el derecho a recibir cuidados, a dar y a no dar en ciertas circunstancias, lo cual exige armonizar distintas perspectivas y redefinir responsabilidades. Reitero y destaco esto último: redefinir responsabilidades. Asimismo, planteaba que no se trata de reconocer solo la existencia de ciertos sectores sociales que tienen necesidades no cubiertas, sino también la de personas que tienen derechos que pueden exigir o demandar, esto es, atribuciones que dan origen a obligaciones jurídicas de parte de otros y por consiguiente, el establecimiento de mecanismos de tutela, garantía y responsabilidad. Y agregaba que para garantizar ese derecho se requiere generar políticas públicas que tengan en cuenta la interacción de las familias, el mercado y el Estado, tomando en consideración el reparto del cuidado en el tiempo y los costos entre las distintas esferas proveedoras y entre mujeres y varones.

Creo que en el proyecto de ley a consideración hay una redefinición más que importante de la división sexual del trabajo. La transversalización de género en la construcción de estas políticas de cuidados es más que importante y consiste en mostrar las implicancias de las acciones que se proponen, sobre la desigualdad de género, en los procesos y en los resultados, aspecto al que hizo referencia no solo el miembro informante, sino también la señora Senadora Montaner en su intervención.

Voy a citar también a Clara Fassler porque hay que citarla, pero teniendo en cuenta el momento en que hace algunas afirmaciones. Clara Fassler –una vehemente, y diría que también ansiosa, propulsora y defensora de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados por cuya existencia trabajó muchísimo–, entre otras cosas, dice que en la actualidad los cuidados son asignados como una responsabilidad que deben solucionar las familias por sí solas y que, fundamentalmente, son brindados por las mujeres del núcleo familiar; que la responsabilidad de los hombres en estas tareas es insuficiente y que solo hay un bajo porcentaje de personas en situación de dependencia que son atendidas a nivel institucional, tanto público como privado. Agrega que, generalmente, las experiencias internacionales de políticas de cuidados se focalizan en poblaciones en situación de dependencia, es decir, aquellas que tienen necesidad de asistencia y ayuda de otra persona para realizar actos de la vida cotidiana. Ella entiende que el sistema nacional de cuidados debería garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos a recibir cuidados de calidad de acuerdo a sus requerimientos y en condiciones de igualdad, y que quienes brindan cuidados no vean limitados sus derechos por el desempeño de esa tarea. Asimismo, como buena feminista señala que, como principal cuidadora, este trabajo sigue siendo asignado a la mujer y que, a pesar de que en las últimas décadas han ingresado masivamente al mercado laboral, se les sigue asignando principalmente a ellas el rol de estas tareas.

Siguiendo la lógica de Clara Fassler –quien hizo las mencionadas apreciaciones cuando aún no contábamos con el proyecto de ley que ahora está a consideración, sino en la etapa previa, en la que trabajó insistentemente para poder concretarlo–, quiero decir lo siguiente.

Es cierto que el envejecimiento de la población, la prevalencia de enfermedades crónicas y el aumento de las discapacidades ocasionadas por accidentes de tránsito provocan un crecimiento en la proporción del número de personas que requieren cuidados con relación al total de la población, y esto transversaliza lo que puede ser la situación de las poblaciones más vulnerables. Clara también decía que en estos años las organizaciones de mujeres y feministas han colocado en la agenda pública este déficit de cuidado y pedido al Estado que asuma la responsabilidad de corregirlo a través de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados con una perspectiva de género que promueva el reconocimiento del valor del trabajo doméstico y del cuidado para el desarrollo del país. Luego, hablaba de los tres universos en los que hoy se basa nuestro proyecto de Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Señor Presidente: no me parece necesario describir la iniciativa a consideración porque ya lo ha hecho, de manera clara y contundente, el compañero Marcos Otheguy, pero sí quiero referirme a algunos comentarios realizados en sala que, a mi entender, ameritan una explicación.

Ante todo, vuelvo a decir que agradezco y comparto varios de los aportes de la señora Senadora Montaner que, reitero, fueron planteados en la comisión y analizados por los integrantes de la bancada oficialista, no solo en la comisión sino en nuestros ámbitos de trabajo, luego de lo cual los tomamos para introducir unas cuantas modificaciones al proyecto de ley. Justamente, la señora Senadora Montaner –que en este preciso instante no se encuentra en sala, pero que, según me consta, está totalmente compenetrada del tema– iba a proponer un aditivo al artículo 7.º, que es el que refiere a las obligaciones de quienes presten cuidados. La disposición dice lo siguiente: «Las personas que presten servicios de cuidados, sean físicas o jurídicas, públicas o privadas, deberán cumplir con todas las obligaciones que respecto a dicha actividad establezca la normativa aplicable». Según tenemos entendido, el aditivo que va a proponer la Senadora Montaner procura proteger a texto expreso los datos confidenciales de las personas cuidadas, como responsabilidad de las personas que brindan cuidados.

Por otro lado, en el marco del análisis de este proyecto de ley tuvimos en nuestra bancada la tentación de incluir todas las convenciones internacionales vinculadas a derecho, las leyes aprobadas, pero la iniciativa habría quedado con un preámbulo de dos o tres páginas, solo con menciones de leyes. Entonces consideramos que todo eso se podía sintetizar estableciendo «deberán cumplir con todas las obligaciones que respecto a dicha actividad establezca la normativa aplicable», lo que comprende a la Ley n.º 18331 y a todas las demás vinculadas con la protección de datos. Creemos que de la forma establecida generamos un paraguas importante por cuanto toda la legislación vigente, lo está siempre; y si en cada proyecto de ley citamos cuanta ley existe, podemos caer en alguna redundancia innecesaria en materia de técnica legislativa. Ya en otras comisiones nos ha invadido la tentación de mencionar algunas leyes; a veces es necesario hacerlo, sobre todo cuando se sustituyen o modifican disposiciones, pero creemos que es suficiente con establecerlo expresamente en un artículo que compendie toda la legislación vigente en la materia.

La señora Senadora Montaner planteó en comisión y volvió a hacerlo en sala en el día de hoy, sus inquietudes sobre los baremos para establecer los grados de dependencia. Sobre estas cuestiones estuvimos conversando con el sociólogo Bango, quien nos dijo que en este momento se está trabajando con 64 baremos provenientes de ámbitos distintos y que, por ser este un sistema, seguramente los baremos irán cambiando al ir integrándose otros elementos.

SEÑOR BESOZZI.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone la oradora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–22 en 24. Afirmativa.

Puede continuar la señora Senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Gracias, señor Senador y demás colegas del Senado.

Voy a utilizar poco tiempo del que dispongo luego de la prórroga que se me ha concedido.

Retomando lo que veníamos diciendo, consideramos inconveniente o no acertado que los parámetros se establezcan en la ley porque, de alguna manera, una ley se modifica por otra ley; en cambio, la reglamentación –que será dada a conocer porque las reglamentaciones son públicas y muchas veces son citadas como complemento del texto legal– seguramente nos va a traer conocimiento y datos sobre esta gran cantidad de índices que se usan a nivel internacional para determinar los grados de dependencia.

La señora Senadora Montaner nos planteaba –también en un aporte constructivo–, en un documento ingresado a la comisión, sus dudas acerca de si la Junta Nacional de Cuidados –que figura en el artículo 12 del proyecto de ley en consideración– no sería un ámbito que, por su propia integración, no se pudiera reunir. Entonces, además de considerar la integración que está descrita en dicho artículo, planteaba la posibilidad de que al lado de la referencia de cada uno de los titulares de los incisos o ministerios que integrarían dicha junta, se incluyera a texto expreso la expresión «o a quienes estos designen». Este planteo parte de la base de que la señora Senadora consideraba difícil –así lo planteó– que pudiera reunirse un ámbito de estas características cuando quienes lo integran son los titulares de dichos ministerios e incisos.

Nosotros decimos enfáticamente que mantenemos nuestra postura porque queremos que sean los titulares de los ministerios los que se hagan cargo de que funcione esa Junta Nacional de Cuidados, ya que queremos jerarquizarla. Es algo similar a la Junta Nacional de Drogas, que está integrada por los Subsecretarios y no por quienes estos deleguen. Esto jerarquiza el ámbito, jerarquiza el órgano Junta Nacional de Cuidados. Es por eso que, habiendo recibido la sugerencia de la señora Senadora Montaner, mantenemos la convicción de que el compromiso y la responsabilidad están en los titulares de dichos ministerios.

Antes de que empezara a tratarse este proyecto de ley en este recinto, en las redes sociales ya había alguna legisladora que planteaba que esta iniciativa era pobre en contenidos. Quiero decir que este proyecto de ley es un marco grande, un paraguas que ayuda a avanzar –como lo hicieron otros sistemas– en una lógica de progresividad y de gradualidad en la confección del sistema. Su objetivo es la universalidad, y va a ir aplicándose –reitero– de manera progresiva y gradual. Por lo tanto, el marco grande es el que va a permitirnos –cuando sea necesario– recurrir a los marcos legislativos chicos. No queremos abroquelarnos en algo que después, en lugar de ser un escenario para plantear avances –dentro de ese concepto de progresividad, que va atado a otras cuestiones vinculadas a los marcos presupuestales y demás–, sea un ámbito restrictivo de aplicación.

Por último, quiero señalar que es cierto que todavía no conocemos el Plan Nacional de Cuidados. Según indica el literal F) del artículo 13 del proyecto de ley a consideración, el Plan Nacional de Cuidados va a ser conocido no solo por el Poder Legislativo sino también por el Poder Ejecutivo. En su texto señala, entre las competencias de la Junta Nacional de Cuidados –esa junta a la que hice referencia y con las características de jerarquía que ya mencioné–: «Asesorar y someter a consideración del Poder Ejecutivo para su presentación ante la Asamblea General del Poder Legislativo, el informe anual del Plan Nacional de Cuidados que formule la Secretaría Nacional de Cuidados».

Creo que el Plan Nacional de Cuidados es competencia de los organismos que hoy tenemos a consideración y que constituyen el Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Para finalizar mi exposición, quiero hacer referencia a las palabras con las que comenzó el señor Senador Otheguy. Este gran paso, este hito que damos en ese nuevo pacto social, es un avance sustantivo para tener un sistema en el que interactúen la institucionalidad, la sociedad civil, el mercado, las personas físicas y las personas jurídicas. Está enmarcado en una nueva agenda de derechos que no es fundacional, pero que es nueva, porque el mundo cambia y nosotros tenemos que adecuarnos a las circunstancias. Y para poder hacerlo tenemos que generar los contextos necesarios.

Quiero señalar que hoy, por suerte, podemos hablar de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados porque generamos un contexto social que hizo posible que estemos tratando estos temas ahora, en el momento adecuado y con la cadencia que las políticas sociales –no fundacionales–, que empezaron con un plan de emergencia en el año 2005, requieren; estas políticas van a seguir avanzando en la lógica de un programa que lleva adelante el gobierno del Frente Amplio y que nosotros, legisladores de esa fuerza política, estamos dispuestos a proyectar y a cumplir.

Gracias, señor Presidente.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Queremos hacer nuestras las palabras pronunciadas por la señora Senadora Alonso. Estamos totalmente compenetradas con el trabajo que hemos hecho en conjunto en la comisión y nos sentimos representadas por lo que ella manifestó en este recinto.

No obstante, queremos hacer algunas puntualizaciones con respecto a planteos que realizamos en la comisión, donde se hizo un trabajo muy intenso y muy bueno. Hay detalles sumamente importantes sobre los que presentamos inquietudes, acerca de las cuales no se nos ha respondido.

Uno de ellos tiene que ver específicamente con el tema de los adultos mayores en situación de dependencia. Con respecto a los adultos mayores de 65 años en situación de dependencia y sin familia, preguntamos cuál era la forma de integrarlos al Sistema Nacional Integrado de Cuidados. En esos casos, ¿el cuidador va a limpiar la casa? ¿Cómo va a instrumentarse eso? Si están solos y en relación de dependencia, ¿se los puede mantener en su domicilio o hay que generar un ámbito especial donde se los integre bajo el Sistema Nacional Integrado de Cuidados? Pedimos que se nos informara sobre esto, si estaba previsto. Planteamos la posibilidad de contemplar en la ley este tipo de situaciones, pero lamentablemente nos dijeron que quizás no era el ámbito.

También hicimos hincapié en las familias y en su fortalecimiento a la hora de cuidar a las personas más dependientes del núcleo familiar. Nos preguntamos si en algún momento se pensó en el tipo de políticas o planes que se instrumentarían dentro del Sistema Nacional Integrado de Cuidados para que los adultos mayores no terminen en geriátricos, pues eso representa un problema social importante en este país y un debe que tiene nuestra sociedad para con ellos.

Nos preocupamos acerca de si se iba a contemplar específicamente el universo de los cuidadores familiares. Muchas veces, por distintas causas, las personas se ven imposibilitadas de salir a trabajar y tienen que quedarse en la casa cuidando a un familiar, lo que genera un problema social importante.

Con respecto a la infancia, nos preguntamos cómo se planeaba llevar adelante el cuidado; si se haría en la casa o cómo se iba a instrumentar. El instrumentar el mecanismo de cuidadores en los domicilios es bien delicado. En el ámbito privado las empresas que hacen prestaciones de cuidados no sé si están en condiciones de cumplir con el desafío de ir por ese camino, dado que la responsabilidad es enorme y se necesita una capacitación especial para cuidar a los niños.

También hemos expresado en la comisión nuestra preocupación por la modificación que se realizó al proyecto de ley original en cuanto a fortalecer la atención de niños de 0 a 3 años. Como es de público conocimiento, hay un porcentaje importante de esos niños que están en la franja de los que padecen déficit alimentario. Preguntamos cuál es la idea que se tiene sobre el tema y cómo se va a efectivizar, y se nos contestó: «Mediante la reglamentación». Nos hubiera gustado ser más específicos en el proyecto de ley en cuanto a priorizar la atención de esa franja etaria.

Con respecto a la discapacidad, hay que recordar la Ley n.º 18651, a la que aquí se ha hecho referencia. En oportunidad de la comparecencia de la señora Ministra a la comisión le preguntamos si, de aprobarse este sistema, no habría una superposición con lo que establece la ley mencionada en su artículo 25. Se nos explicó –como se dijo acá en sala– que se irán adecuando las normativas para que ello no suceda. A nosotros nos preocupa específicamente, por ejemplo, el tratamiento del tema de la discapacidad y la dependencia –solicitamos un capítulo aparte en esta ley a esos efectos–, atendiendo a aquellas personas con discapacidad severa que están en condiciones de deterioro y desvalidas socialmente. En comisión preguntaba si los chicos con parálisis cerebral que tienen el asilo de la Escuela Horizonte, estarían contemplados en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y, de estarlo, cómo se efectivizaría. Me parece que ese tipo de pacientes debe tener una prioridad especial y que eso debe estar contemplado en el proyecto de ley.

El mundo de la discapacidad tiene problemas sociales muy profundos y amerita que lo señalemos específicamente a la hora de definir los sujetos de derecho en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. En ese sentido, solicitamos que también se tuviera en cuenta el mundo de la discapacidad a la hora de integrar organizaciones sociales que atiendan a personas en esas condiciones, de modo que estuvieran representadas en el comité consultivo. No solo hay que incluirlas cuando se las contemple en las buenas intenciones de las políticas sociales, sino también en el hacer. Nadie mejor que la persona que sufre discapacidad para saber lo que padece todos los días de su vida. Es necesario y justo que empiecen a integrar ámbitos de decisión y de consulta en políticas sociales que los atañen.

Otro tema que nos preocupó en comisión –aprovechando la comparecencia de la señora Ministra– fue el de las personas en situación de dependencia que están en el Sistema Nacional Integrado de Salud, no enfermas, sino en régimen de asilo. Trabajamos más de veinte años en el área de la salud pública y hemos visto diversas situaciones que hoy se siguen dando; cientos de pacientes o de usuarios viven en los hospitales de salud mental porque no tienen un lugar adonde ir. ¿Qué van a hacer? Lo vimos en la Colonia Etchepare. Sabemos que existe y que eso pasa. Le preguntamos específicamente a la señora Ministra si había un plan de acción con respecto a ese tipo de personas que están con sus derechos humanos totalmente vulnerados, que no tienen familia, que no tienen capacidad de sobrevivir por sí solos, que son totalmente dependientes, pero que no tienen patologías psiquiátricas como para estar en la Colonia Etchepare, en el Hospital Vilardebó o en cualquier centro de salud del interior del país. Seguramente, si algún compañero de la salud me está escuchando, sabe de lo que estoy hablando. La señora Ministra nos contestó en la comisión que en estos momentos el Gobierno estaba creando una comisión de trabajo para aprobar un nuevo marco legal sobre la temática de la salud mental y que, a partir de allí, se analizará el vínculo con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Creo que este es un tema especial a contemplar en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y nos hubiera gustado realmente que tuviera un capítulo específico en este proyecto de ley.

A modo de resumen, quiero decir que nos sentimos completamente consustanciados con este Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Creemos que es sumamente necesario, pero si se hace como se debe. ¿Por qué? Porque tiende a generar solidaridad intergeneracional, amor y respeto por nuestros niños, mayores y personas más desvalidas, y porque es una gran herramienta para enfrentar los nuevos desafíos demográficos de nuestra sociedad, pero nos queda un sabor a poco. Tal vez por ser nuevos en estos ámbitos parlamentarios teníamos la idea de que realmente, cuando estuviéramos trabajando en esta temática tan importante para nuestra sociedad, iríamos más a fondo, a darle sustancia. Quizá las formas sean las adecuadas, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Como vieja trabajadora social en los estratos más humildes he visto leyes espectaculares en sus formas, escritas con lindas palabras, pero cuando queremos hacerlas realidad para mejorar la calidad de vida de la gente, se complica, no se siente. Con esto quiero decir que me cuesta visualizar –tal vez por alguna falencia mía– cómo se va a implementar el sistema. Por ejemplo, me cuesta visualizar cómo hará Cecilia, allá en mi pueblo, cuyo hijo de dieciocho años tiene una parálisis cerebral severa. Hay que destacar que ese niño ha llegado a los dieciocho años gracias a que ella lo ha amado profundamente, lo ha cuidado tanto y le ha dado su vida; con certeza, si no hubiera tenido esos cuidados y ese amor, ese chiquito no habría pasado la primera infancia. Insisto en que me cuesta visualizar cómo vamos a integrar a Cecilia al Sistema Nacional Integrado de Cuidados. ¡La tenemos que integrar, porque ese niño –que ya es un joven– con una discapacidad tan severa no puede quedar a cargo de un cuidador, por mejor formado y mejor pagado que esté! ¡Lo tiene que cuidar la madre, especialmente la madre! Hay cosas que no las da ninguna facultad ni los estudios; hay cosas que se tienen o no se tienen, y en este caso es necesario que quien cuide a este angelito sea su madre, pero ella no puede trabajar. Ella es jefa de familia y actualmente vive como puede, y aun así ha logrado sacar adelante a su hijo.

Estoy totalmente de acuerdo con que las agendas de derecho se amplíen, pero creo que esta ley es demasiado general –para nuestro gusto– y todo lo sustancial queda librado a la reglamentación, a la buena voluntad y a las visiones del Poder Ejecutivo. Nos hubiera gustado ser parte de esa construcción –¡de verdad!– y que todos, la sociedad en su conjunto, en forma integral, pudiera aportar a esa reglamentación, a esa instrumentación. No estamos hablando de restringir el poder del Poder Ejecutivo con respecto a esta materia, pero no nos gusta dejarlo con las riendas en el piso para que después se nos dispare para cualquier lado y lo sustancial no esté contemplado.

Nada más, señor Presidente.

17) BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DON BOSCO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 11 de agosto de 2015

De acuerdo con el art. 171 del Reglamento de la Cámara de Senadores, solicito autorización del Cuerpo para hacer uso de la palabra en el primer punto del orden del día de la sesión del 8 de setiembre, por el término de 20 minutos, sobre el bicentenario del nacimiento de Don Bosco, fundador de la Obra Salesiana». (Firma el señor Senador García).

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud formulada.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

18) SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CUIDADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del asunto en discusión.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: sin duda, estamos considerando un proyecto de ley muy importante. En lo sustancial, tanto desde el punto de vista político como filosófico, compartimos la propuesta formulada en esta iniciativa.

El año pasado, en oportunidad de las elecciones, planteamos la idea de impulsar un sistema nacional integrado de cuidados como una de las prioridades del actual período de gobierno, por lo cual nos alegra que se esté concretando. Además, expresamos nuestra profunda sintonía con la propuesta que se ha planteado. Entendemos que se trata de un componente básico de la matriz de protección social de nuestro país, que aporta un desarrollo tendiente a definir una dinámica de políticas sociales mucho más estructurada, abarcativa y en sintonía con la necesidad de cubrir diversas vulnerabilidades y riesgos que afectan a los más débiles en nuestra sociedad.

En términos generales, creemos que el proyecto de ley está bien concebido y bien construido; tiene como fundamento una serie de principios que son compartibles. La idea de la universalidad y la detección de los riesgos me parecen elementos sustanciales. Se determina con claridad cuál debe ser el objeto de la protección social que se pretende expandir, tomando en consideración la primera infancia, las condiciones de discapacidad que implican dependencia –porque no siempre la suponen– y las situaciones de edad avanzada en aquellos casos en que no se posee autovalidez.

Me parece que están bien identificados los principios generales que animan el proyecto de ley, entre ellos, la universalidad y la progresividad. No es posible pensar en alcanzar la universalidad en un solo movimiento –¡ojalá pudiéramos!–, pero queda claro la idea de progresividad consagrada en la ley y es totalmente compartible. También lo es la calidad integral de las prestaciones que se pretende a efectos del ejercicio del cuidado, así como la permanencia de los beneficiarios en su entorno, dentro de lo posible. Creo que es muy fuerte la idea de apelar a la institucionalización como último recurso y, por lo tanto, también lo es la necesidad de tomar en consideración que aquellas personas que necesitan cuidados puedan mantenerse en su entorno, en la medida de lo posible, reitero. Asimismo, es importante la necesidad de incorporar perspectivas de género y de generación, así como de solidaridad en el sistema de financiamiento a fin de obtener su sustentabilidad.

A su vez, creo que hay algo muy interesante en el proyecto de ley, que es el aprovechamiento de la capacidad instalada, porque se reconoce la existencia de una red de instituciones que –en mayor o menor medida y con mayor o menor éxito– han asumido el reto. En definitiva, hay elementos que ya existían; no estamos fundando un sistema que parte de cero. Desde ese punto de vista, hay una mirada de articulación entre los esfuerzos públicos y los privados que es muy importante: no se está fundando un Sistema Nacional Integrado de Cuidados de carácter estatal, sino uno en el que conviven diversos aportes que provienen del sector público, por cierto, pero también del sector privado, y hay un reconocimiento de ese aporte. Un aspecto que quizás lleva a que haya una valoración, no diría crítica, pero sí de insatisfacción con respecto a la propuesta, es que no se concibe que lo que hay acá es, en realidad, un esfuerzo de coordinación: no es una nueva estructura pública que se construye, no es un nuevo ministerio o instituto que tiene que desarrollar su propia estructura de funcionamiento; por el contrario, la idea parte de la necesidad de coordinar transversalmente instituciones, organizaciones y programas que, tanto en el sector público como en el privado, existen o van a existir.

Entonces, este Sistema Nacional Integrado de Cuidados se lee como un esfuerzo, una red de coordinación transversal que, desde nuestro punto de vista, es la modalidad correcta de concepción del sistema. No pidamos a esto una estructura que, además, se convierta en algo pesado y hasta con riesgo de superposición; lo que hay es que desde un ministerio se constituye el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que va a coordinar actividades, acciones y programas que preexisten o que van a existir en otros ministerios e instituciones y también en el mundo de la iniciativa privada.

Por lo tanto, creemos que hay una buena definición de la estructura de funcionamiento y nos parece que la concepción es la adecuada y la compartimos. Por supuesto que hay que esperar a la presentación del sistema y también del presupuesto. Es claro que cuando tengamos delante el Plan Nacional de Cuidados y el mensaje presupuestal tendremos una idea más cabal de cuánto se va a abarcar en este período. Pero lo importante es que este proyecto de ley permite tener una base fundacional, que luego se va a ir completando con el transcurso del tiempo. Creo que la preocupación que hay que tener es por no generar expectativas excesivas en la ciudadanía con respecto a lo que se puede lograr en esta primera etapa, es decir, en este período de gobierno.

De acuerdo con lo que ha surgido con respecto a los recursos que se podrían aplicar al Sistema Nacional Integrado de Cuidados durante este período de gobierno, tenemos muy claro que la universalidad va a estar muy lejos de alcanzarse. Es decir que se extenderá a un determinado número de niños en su primera infancia, de personas de mayor edad en situación de dependencia y a gente con discapacidad, pero va a estar muy lejos de la universalización. Eso es bueno decirlo con claridad, para no engañarnos y no generar en la gente la idea de que después de que se apruebe este proyecto de ley van a tener el derecho ejecutado, es decir, en condiciones de ejercerlo. En realidad, es un derecho a determinado plazo. Estamos otorgando ciertos derechos a un conjunto de ciudadanos –un número muy importante de personas– a quienes ya se les está brindando beneficios. Por ejemplo, el Plan Caif implica, de alguna manera, aplicar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados a un número importante de niños de 0 a 3 años, y eso está muy bien. En lo personal, soy un defensor histórico del Plan Caif, estoy convencido de sus bondades, y la idea de ampliación de este plan para los próximos años me parece que va en la dirección correcta. También hay circunstancias o situaciones que están ocurriendo con relación a los otros dos grupos de vulnerabilidad, pero se está lejísimo de lograr el objetivo. Entonces, me parece muy importante que se mande una clara señal en el sentido de que al momento de aprobar este proyecto de ley –una matriz que se va a desarrollar–, este no va a tener la abarcabilidad que todo el sistema político querría en el corto plazo. Es como una suerte de aplicación de un plan piloto que con el transcurso de estos años va a tener un resultado que será necesario evaluar. Evidentemente, hay muchos desafíos, como por ejemplo, la formación y capacitación de cuidadores, su acreditación como tales, la línea difusa y difícil de determinar entre el cuidado familiar a cargo de los propios familiares y de terceros. Por tanto, tendremos que ver cómo resolvemos ese tipo de problemas. Hay mil problemáticas. Creo que quienes asuman la función de ejecutar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados deberán incluir en esa preocupación la gravísima situación que se da con la institucionalización de las personas que tienen discapacidad mental, porque es un drama terrible. O sea que quienes asuman la ejecución del sistema deberán dedicar esfuerzos para resolver estos problemas, pero en forma coordinada porque, ciertamente, los hospitales psiquiátricos están bajo la égida del Ministerio de Salud Pública. Entonces, tendrán que estar en sintonía y en una articulación transversal con quienes van a tener, a partir de la aprobación de este proyecto de ley, la responsabilidad de extender el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Es decir que acá no estamos aprobando meramente un sistema que abarca el cuidado a domicilio de las personas con discapacidad o de los adultos mayores dependientes, sino que esto también implica discutir cómo están funcionando los casos de institucionalización. Esa es parte de la competencia de quienes van a tener que encarar este asunto. Ni que hablar de las residencias para personas de tercera edad, que también es un tema muy importante, donde todos sabemos que se dan situaciones muy graves, y este tema tenemos que encararlo de una vez por todas.

Me parece que en la ejecución del Sistema Nacional Integrado de Cuidados se va a tener que desarrollar el cuidado individual, pero también habrá que prestar atención y resolver la grave problemática de las instituciones que cuidan, muchas veces mal, a personas de la tercera edad que están institucionalizadas, ya sea a nivel público como privado, sobre todo en este último caso. Este es un asunto que todos conocemos, por lo que debemos analizar cómo funcionan las residencias, que las hay buenas, pero también malas, pésimas, y no es aceptable que el país tolere la persistencia de ese tipo de instituciones.

Me parece que es mucha la tarea que va a tener el Sistema Nacional Integrado de Cuidados que estamos instaurando con este proyecto de ley, pero no tengo ninguna duda de que va en la línea correcta de lo que es el desarrollo de las políticas sociales del siglo XXI, que es algo muy valioso y compartible.

Obviamente, en la discusión particular del proyecto de ley sugeriremos algunos puntos muy secundarios de ajuste de redacción que, nos parece, vale la pena corregir, pero básicamente acompañamos, con total convicción por parte del Partido Independiente, la creación de un sistema nacional de cuidados, que es un gran avance en la construcción de una matriz de protección social de nuestro país.

Muchas gracias.

19) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 11 de agosto de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rául Sendic

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, a la Cámara de Senadores el día 12 del corriente.

Daniela Payssé. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Se comunica que el señor Miguel Vasallo ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Eva Gomori, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 11 de agosto de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Rául Sendic

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo se sirva concederme el uso de licencia por los días 24 de agosto y 1.º, 2 y 3 de setiembre por motivos personales.

Saludo a usted muy atentamente.

Luis Lacalle Pou. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

Queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

20) SUSPENSIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 12 DE AGOSTO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se deje sin efecto la sesión ordinaria del día miércoles 12 de agosto». (Firman los señores Senadores Agazzi, Saravia y Bordaberry).

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: en función de la lista de oradores pendiente y de la importancia del tema, solicito un cuarto intermedio hasta mañana a las 09:30.

SEÑOR PRESIDENTE.- La moción presentada por el señor Senador Agazzi es de orden y, por tanto, no admite discusión.

Se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 09:30.

(Así se hace, a las 13:04, presidiendo el señor Raúl Sendic y estando presentes los señores Senadores Agazzi, Alonso, Aviaga, Ayala, Besozzi, Bordaberry, Carámbula, Carballo, Cardoso José Carlos, Cardozo Virginia, García, Lacalle Pou, Larrañaga, Martínez Huelmo, Mieres, Montaner, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Pintado, Topolansky, Tourné y Xavier).

RAÚL SENDIC Presidente

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.