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N.º 29 - TOMO 540 - 5 DE AGOSTO DE 2015

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA

28.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR RAÚL SENDIC Presidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) y 23) Proyectos presentados

– El señor Senador Cardoso presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre de “República del Líbano” la Escuela n.º 150 del departamento de Rivera.

• Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.

– Los señores Senadores Heber, Montaner, Mieres y Xavier presentan, con exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se faculta a la Presidencia del Senado a adoptar las providencias necesarias para la adquisición de 250 copias de los tomos I, II, III, IV y V de la obra Colección Líber Seregni.

• Pasa a la Comisión de Asuntos Administrativos.

5) Pedidos de informes

 – El señor Senador Bordaberry solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con la intervención de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) en proyectos de inversión referidos a centros comerciales, shopping centers y otros servicios de naturaleza comercial en el período 2005-2010.

– La señora Senadora Montaner solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con lo dispuesto en la Ley n.º 17514, sobre Violencia Doméstica y el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica.

– La señora Senadora Alonso solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Desarrollo Social, y por su intermedio al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, relacionado con los establecimientos de reclusión dependientes del Sirpa;

• con destino al Ministerio de Desarrollo Social, y por su intermedio al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, relacionado con el cumplimiento de la Ley n.º 19092, Código de la Niñez y la Adolescencia, en materia de adopciones;

• con destino a la Oficina Nacional del Servicio Civil, relacionado con el cumplimiento de lo prescripto por el artículo 49 de la Ley n.º 18651, sobre Protección de Personas con Discapacidad.

• Oportunamente fueron tramitados.

6) Exposición escrita

– La señora Senadora Aviaga solicita se curse una exposición escrita con destino a la Presidencia de la República, a la Cámara de Representantes, al Congreso de Intendentes, a los sindicatos de trabajadores del Poder Legislativo, a los medios de prensa nacionales y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, relacionada con los trabajos que se están realizando sobre la violencia, el acoso, el hostigamiento y otros comportamientos abusivos dentro del ámbito de trabajo.

• Se procederá de conformidad.

7) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias a las últimas convocatorias.

8), 17) y 26) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

• El Senado concede las licencias solicitadas por los señores Senadores Michelini y Delgado.

• Queda convocado el señor Senador Gallicchio y Saravia.

• Se toma la promesa de estilo al señor Felipe Carballo, luego de lo cual se lo declara investido de su cargo de Senador.

9) Alberto «Toto» Gramont. Homenaje a su memoria

• Manifestaciones del señor Senador Lacalle Pou.

• Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la familia del señor Alberto «Toto» Gramont.

10) Problemática relacionada con el INAU

• Manifestaciones de la señora Senadora Alonso.

• Por moción de la señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, al INAU, a los Gobiernos departamentales, a las Jefaturas Departamentales del INAU, a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores, a la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes, y a las Comisiones de Derechos Humanos de esta casa.

11) Pedidos de informes no respondidos

• Manifestaciones del señor Senador Mieres.

• Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a todos los ministerios, a la Presidencia de la República y a todos los entes autónomos y servicios descentralizados.

12) Políticas públicas vinculadas al tratamiento del VIH

• Manifestaciones de la señora Senadora Payssé.

• Por moción de la señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud Pública, a ASSE, a la Junasa, al Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, a la Conasida, a Asepo, a Onusida, a la OMS y a la OPS.

13) Inauguración de regional de la UTEC en Durazno

• Manifestaciones de la señora Senadora Passada.

• Por moción de la señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la UdelaR, al Ministerio de Educación y Cultura, al PIT-CNT y a la UTU.

14) Destacada actuación de atletas uruguayos en las Olimpíadas Especiales de los Ángeles

• Manifestaciones de la señora Senadora Tourné.

• Por moción de la señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Secretaría Nacional del Deporte, dependiente de la Presidencia de la República; a la Confederación Atlética del Uruguay para que llegue a los ciento veinte delegados; al Comité Olímpico Uruguayo y a todas las Intendencias del interior del país en las que haya comités o comisiones de deportes.

15) Postergación del numeral primero del Orden del Día

• Se posterga nuevamente la definición de la elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo.

16) y 18) Fiscalía General de la Nación

• Proyecto de ley por el que se la crea como servicio descentralizado.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19) y 22) Fondo para el Desarrollo (Fondes)

• Proyecto de ley por el que se lo crea.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• Por moción del señor Senador Agazzi, el Senado resuelve prorrogarla hasta finalizar la consideración del orden del día.

21) Integración de la Comisión Investigadora sobre la situación económica y financiera de Ancap entre el 1.º de marzo de 2000 y el 1.º de marzo de 2015

• La Mesa informa que esta Comisión quedará integrada por los señores Senadores Bordaberry, Carámbula, Cardoso, Martínez Huelmo, Mieres, Otheguy y Tourné.

24) Ejercicio «ATLANTIS III»

• Proyecto de ley por el que se autoriza la entrada y salida del país de personal militar de la Armada Nacional y de la Marina del Brasil, con los respectivos buques, para participar de ese Ejercicio, entre el 27 de octubre y el 15 de noviembre de 2015.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

25) José Carbajal «El Sabalero»

• Proyecto de ley por el que se modifica la denominación del área del recinto portuario bajo la administración de la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ubicado en la 14.ª Sección Judicial del departamento de Colonia, el que pasará a llamarse Puerto José Carbajal “El Sabalero”.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

27) Señores Juan José Di Sevo Moreno y Gustavo Vanerio Balbela. Designación como Embajador y como Representante Permanente de la República, respectivamente

– Solicitudes del Poder Ejecutivo para designar:

• en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República Árabe de Egipto al señor Juan José Di Sevo Moreno;

• en calidad de Representante Permanente de la República ante la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, la Organización Mundial del Comercio y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, al señor Gustavo Vanerio Balbela.

• Concedidas.

28) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 4 de agosto de 2015

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 5 de agosto, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del Día

1.º) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución de la República).

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2.º) por el que se crea la Fiscalía General de la Nación, como servicio descentralizado.

Carp. n.º 260/2015 – Rep. n.º 118/2015 – Rep. n.º 118/2015 Anexo I

3.º) por el que se crea el Fondo para el Desarrollo (Fondes).

Carp. n.º 286/2015 – Rep. n.º 119/2015 - Rep. n.º 119/2015 Anexo I y Rep. n.º 119/2015 Anexo II

4.º) por el que se autoriza la entrada y salida del país de personal militar de la Armada Nacional y de la Marina del Brasil, con los respectivos buques, para participar del Ejercicio “Atlantis III”, entre el 27 de octubre y el 15 de noviembre de 2015.

Carp. n.º 298/2015 – Rep. n.º 121/2015

5.º) por el que se modifica la denominación del área del recinto portuario bajo la administración de la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ubicado en la 14.ª Sección Judicial del departamento de Colonia, el que pasará a llamarse puerto José Carbajal “El Sabalero”.

Carp. n.º 291/2015 – Rep. n.º 117/2015

6.º) Informes de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionados con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar:

– en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República Árabe de Egipto, al señor Juan José Di Sevo Moreno.

Carp. n.º 275/2015 – Rep. n.º 113/2015

– en calidad de Representante Permanente de la República ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial del Comercio y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, al señor Gustavo Vanerio Balbela.

Carp. n.º 281/2015 –Rep. n.º 114/2015

 Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Agazzi, Alonso, Amorín, Aviaga, Ayala, Besozzi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Carballo, Cardoso, Coutinho, Delgado, García, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Montaner, Moreira, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Pintado, Topolansky, Tourné y Xavier; y con posterioridad, el señor Senador Gallicchio.

SE RETIRA: con licencia el señor Senador Michelini.

FALTA: con licencia el señor Senador De León.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:32).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La señora Senadora Carol Aviaga, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino a la Presidencia de la República, a la Cámara de Representantes, al Congreso de Intendentes, a los sindicatos de trabajadores del Poder Legislativo, a los medios de prensa nacionales y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, relacionada con los trabajos que se están realizando sobre la violencia, el acoso, el hostigamiento y otros comportamientos abusivos dentro del ámbito de trabajo.

–HA SIDO REPARTIDA. SE VA A VOTAR UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS».

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador José Carlos Cardoso presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre de “República del Líbano” la Escuela n.º 150 del departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública.

–A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA».

(Texto del proyecto de ley presentado).

 

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5) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Pedro Bordaberry, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con la intervención de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) en proyectos de inversión referidos a centros comerciales, shopping centers y otros servicios de naturaleza comercial en el período 2005-2010.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«Montevideo, 4 de agosto de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

Presente

 

De mi mayor consideración:

En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito tenga a bien remitir al Ministerio de Economía y Finanzas, el siguiente pedido de informes:

Se detalle totalidad de Proyectos de Inversión en los que intervino la Comap y que resultaron promovidos en el período 2005-2010, referidos a centros comerciales, shoppings centers, así como otros servicios de naturaleza comercial, especificando:

a) proyecto promovido (características, objeto, ubicación, etc.);

b) empresa beneficiaria (razón social, socios que la integran, etc.);

c) beneficios fiscales concedidos y el monto total exonerado;

d) si existen proyectos que tengan otros objetos además del puramente comercial (ejemplo: turísticos, viviendas, etc.).

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Pedro Bordaberry. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La señora Senadora Martha Montaner, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con lo dispuesto en la Ley n.º 17514, de 2 de julio de 2002, sobre Violencia Doméstica y el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«Montevideo, 4 de agosto de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

 

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito se curse al Ministerio de Desarrollo Social, el siguiente pedido de informes:En relación con lo dispuesto por la Ley n.º 17514 violencia doméstica y al Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica solicito se me informe:

1. En el período comprendido entre el 1.º de marzo de 2005 y el 31 de julio de 2015, ¿cuántas personas han recibido el subsidio mensual y la garantía de alquiler en el país?

Se solicita se discrimine por:

a) año;

b) mujeres, hombres e hijos de las víctimas;

c) departamento;

d) plazo de garantías y de subsidios;

e) montos por garantía, y

f) montos por subsidio.

2. Se especifique a través de qué procedimiento son otorgados los subsidios y las garantías.

3. ¿Cuál ha sido el resultado de la aplicación del plan nacional contra la violencia doméstica y del otorgamiento de subsidios y garantías de alquiler en el período comprendido entre el 1.º de marzo de 2005 y el 31 de julio de 2015, por departamento y por año?, especificando:

a) reincidencias en violencia doméstica;

b) cuántas personas han logrado reorganizar su vida.

4. ¿Por cuánto tiempo percibe el subsidio y/o la garantía de alquiler la víctima de violencia doméstica?

5. ¿El subsidio y/o la garantía de alquiler son prorrogables o renovables para la misma víctima de violencia doméstica? En caso afirmativo aclarar en qué forma y por qué plazo.

6. ¿Qué apoyo por parte de los Programas del Mides recibe la persona una vez que no percibe más el subsidio y/o la garantía de alquiler y su situación continúa siendo vulnerable?

Sin otro particular, saludo atentamente.

Martha Montaner. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otros pedidos de informes.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La señora Senadora Verónica Alonso, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Desarrollo Social, y por su intermedio al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, relacionado con los establecimientos de reclusión dependientes del Sirpa;

• con destino al Ministerio de Desarrollo Social, y por su intermedio al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, relacionado con el cumplimiento de la Ley n.º 19092, de 17 de junio de 2013, Código de la Niñez y la Adolescencia, en materia de adopciones;

• con destino a la Oficina Nacional del Servicio Civil, relacionado con el cumplimiento de lo prescripto por el artículo 49 de la Ley n.º 18651, de 19 de febrero de 2010, sobre Protección de Personas con Discapacidad.

–OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS.

(Textos de los pedidos de informes).

«Montevideo, 3 de agosto de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

 

Presente:

De acuerdo al derecho que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito a usted tenga a bien cursar ante el Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (destino Sirpa) el siguiente pedido de informes.

I) Establezca el número de internos que cumplen reclusión en los establecimientos dependientes del Sirpa.

II) Manifieste cuántos de los referidos ut supra son mayores de edad.

III) Responda cuáles son las condiciones de habitabilidad de los mencionados y, en especial, del Centro Ariel de la Colonia Berro.

IV) Indique si existe en la actualidad una clasificación de internos.

V) En caso de ser negativa la respuesta del numeral anterior, manifieste si tienen previsto realizarla.

VI) Determine, por parte del Directorio, si el sistema necesita ser reformado y, de ser positiva su respuesta, qué medidas se tendrían que implementar al respecto.

VII) Indique detalladamente las obras efectuadas en el año 2013 y 2014 en los diferentes establecimientos y si las mismas revisten las indispensables condiciones de seguridad.

VIII) Detalle el número de fugas y motines acaecidos en el período comprendido entre los años 2013 hasta la fecha.

IX) Exprese si, por parte del Directorio del Sirpa, existe una estrategia, planificación o resolución en consideración al Hogar Ser y a la Colonia Berro específicamente; de ser así responda detalladamente.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Verónica Alonso. Senadora».

«Montevideo, 3 de agosto de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

 

Presente:

De acuerdo al derecho que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted tenga a bien cursar ante el Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el siguiente pedido de informes:

I) Se solicita suministre información, si se está cumpliendo con lo establecido en la Ley n.º 19092, concordantes, complementarias y modificativas en materia de adopciones.

II) Manifieste qué evaluación hace al respecto de la referida normativa.

III) Entiende usted positiva su aplicación en el ámbito jurídico nacional y fundamente su respuesta.

IV) Indique el número de niños que fueron adoptados a través del INAU en los años 2012, 2013, 2014 y en lo que va del 2015.

V) Establezca cuál es el tiempo promedio para el diligenciamiento actual de una adopción, de acuerdo con la normativa vigente.

VI) Responda, específicamente, si se cumple con los plazos tipificados en la ley de referencia.

VII) Determine cuántos niños al día de la fecha hay para adoptar, el número de parejas inscriptas en el registro respectivo y cuántas en lista de espera.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Verónica Alonso. Senadora».

«Montevideo, 3 de agosto de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

 

Presente:

De acuerdo al derecho que me confiere el artículo 17 de la Ley n.º 16134, solicito a usted tenga a bien cursar ante el señor Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil el siguiente pedido de informes.

Argumentación:

En el contexto social nacional e internacional, las personas con discapacidad son víctimas de limitaciones serias, fundamentalmente en lo que respecta a la accesibilidad al mercado laboral.

Organizaciones con fines altruistas tienen como principal objetivo la protección integral de todos los ciudadanos con discapacidades.

Consideramos esencial la inserción al mercado de trabajo de los ciudadanos de referencia, tratando de lograr la autonomía funcional y el fortalecimiento de su autoestima.

El medio fundamental para la incorporación al ámbito laboral es la capacitación, lográndolo con el apoyo de toda la sociedad en su conjunto.

Por todo lo expuesto, y teniendo en consideración la discapacidad en sentido amplio, se aprobó en la órbita del Parlamento nacional la Ley n.º 18651, Protección Integral de Personas con Discapacidad.

Motiva el presente pedido de informes precisamente, saber si se está cumpliendo con lo tipificado en la Ley n.º 18651 y en especial con su artículo 49.

Pedido de informes:

I) Manifieste si se está cumpliendo con lo tipificado por el artículo 49 de la Ley n.º 18651, en cuanto al cupo para el ingreso a la Administración Pública de ciudadanos con discapacidad, en una proporción no inferior al 4 % de sus vacantes.

II) Exprese si el Directorio estima, de acuerdo a su criterio técnico, justo y suficiente lo establecido por la ley ut supra indicada en consideración a la limitación que padecen los ciudadanos con discapacidad.

III) Suministre información de la cantidad de funcionarios con discapacidad ingresados en los organismos estatales, el cargo ocupado por los mismos y la discapacidad que presentan.

IV) Responda si se está cumpliendo por parte de los organismos y entidades obligadas –incluidas las personas de derecho público no estatal– con el deber de proporcionar información sobre la cantidad de vacantes que se hayan generado y provisto en el año.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Verónica Alonso. Senadora».

6) EXPOSICIÓN ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde poner a votación la remisión de la exposición escrita de la que se dio cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

Se va a votar si se remite a la Presidencia de la República, a la Cámara de Representantes, al Congreso de Intendentes, a los sindicatos de trabajadores del Poder Legislativo, a los medios de prensa nacionales y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la exposición escrita presentada por la señora Senadora Carol Aviaga.

(Se vota).

–14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita).

«Montevideo, 4 de agosto de 2015

Sr. Presidente del Senado

Lic. Raúl Sendic

Presente

 

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo dispuesto por el artículo 172 del Reglamento de esta Cámara, solicito a usted se curse a la Presidencia de la República, Cámara de Representantes, Congreso de Intendentes, sindicatos de trabajadores del Palacio Legislativo, medios de prensa nacional, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la siguiente exposición escrita:

Es una realidad que en los últimos años nuestra sociedad se ha vuelto más violenta, en ámbitos de seguridad pública, violencia doméstica, violencia de género y violencia laboral.

El acoso, el hostigamiento, la intimidación y otros comportamientos abusivos en el trabajo han tomado una gran importancia en nuestra sociedad, donde se presenta una violencia silenciosa y poco perceptible ante los ojos de las demás personas.

Es así que en este nuevo período legislativo hemos retomado el tema, en forma integral, amplia, inclusiva y contemplativa, abordándolo con profundidad y con el firme propósito de elaborar herramientas que sean las bases de políticas públicas en la materia.

El trabajo que se viene realizando tiene como objetivos principales:

1. Conocer a fondo la problemática existente sobre acoso psicológico laboral en nuestro país, tanto en el sector público como el sector privado.

2. Generar conciencia en nuestros legisladores y ciudadanos sobre estas prácticas, apuntando a la formación y capacitación en la materia.

3. Entablar un diálogo con los distintos participantes: gobierno, trabajadores/ sindicatos, empresarios, víctimas, profesionales y catedráticos.

4. Elaborar herramientas para formar, prevenir, mitigar y resguardar tanto a las víctimas del acoso laboral sicológico como a las personas y/o empresas que son dañadas de manera colateral.

5. Generar normativas, protocolos, manuales antimobbing y finalmente ley de amparo frente a casos de acoso psicológico laboral.

La creación de la ley no solo brinda un marco de protección hacia cada empleado y víctima de acoso laboral tanto en el ámbito público como en el privado sino que también será una herramienta de respaldo para definir y establecer qué es acoso y qué no es acoso psicológico laboral.

En este sentido hemos orientado actividades para lograr cada uno de los objetivos arriba mencionados:

A) Con el fin de conocer la situación actual, emitimos pedidos de informes a distintos ministerios y organismos vinculados a los controles laborales en nuestro país (MTSS, BPS, MEC, Mides).

B) Llevamos a cabo en junio de 2015 la primera mesa de diálogo nacional sobre acoso psicológico laboral, donde invitamos a participar a todos los compañeros legisladores de la Cámara de Senadores y Cámara de Representantes, Ministros, Directores de organismos públicos, Intendentes, PIT-CNT, COFE, empresas relacionadas y vinculadas con la promoción del trabajo y actividad laboral del país así como también a profesionales y catedráticos expertos en el tema.

Podemos destacar los logros alcanzados y decir que fue la primera vez dónde miembros de COFE expresaron su punto de vista acerca del acoso psicológico laboral frente a legisladores, empresarios y especialistas en la materia, donde brindaron sus conocimientos sobre la situación actual existente entre los trabajadores públicos, quienes no están contenidos en su mejor forma, así como también dieron a conocer las acciones que se están impulsando desde la óptica sindical del país.

Por su lado fue esclarecedor para todos los aportes por parte de los catedráticos presentes en materia de Derecho y Psicología, quienes brindaron no solo información sobre el qué sino también sobre el cómo y cuáles son las carencias y pasos a seguir desde su punto de vista.

Podemos decir que iniciamos así una nueva instancia de integración y diálogo en el país con respecto al acoso psicológico laboral.

C) Como continuidad a este trabajo hemos llevado a cabo una serie de reuniones con las cámaras empresariales y distintos sectores privados con el fin de integrarlos en este emprendimiento. Exitosamente hemos logrado su participación, involucramiento y compromiso para iniciar un camino donde la integración a nivel país es posible.

D) Hemos conformando grupos de trabajo para:

• Crear una red de contención social: Generar una red primaria de apoyo a las víctimas del APL. Diseñar medidas de apoyo a las víctimas de acoso, donde su estado de salud, físico y mental pueda ser evaluado.

• Formar y capacitar en ACOSO PSICOLÓGICO LABORAL: Formación en mobbing, talleres, campaña de información sobre acoso psicológico laboral.

• Derechos y Legislación: Se busca generar herramientas que den un marco regulatorio a las relaciones laborales en materia de APL.

• Generar protocolos y manuales antimobbing en cada empresa: La creación de manuales antimobbing y protocolos asegura un campo de certezas cuando se habla de vínculos laborales:

- Definir cuándo se está en una situación de acoso psicológico laboral y cuándo no.

- Qué se espera del empleador y del empleado.

- Normas de conducta, obligaciones y derechos.

E) Invitamos a participar en dichos grupos a miembros de COFE, sindicatos de la salud, cámaras empresariales y distintos profesionales y trabajadores que se acercaron con la intención de aportar sus conocimientos e interés en el tema.

El acoso laboral y sexual no debería ser ajeno a nadie en el país, por el daño psicológico al que conduce y porque somos muchos quienes hemos recibido algún tipo de acoso laboral a lo largo de nuestra vida profesional.

Existen principios y derechos fundamentales del ser humano: El derecho a la vida, a la libertad y a la dignidad. La igualdad y no discriminación; el derecho a vivir libres de violencia; el derecho a la integridad física y psicológica; acceso a condiciones de empleo justas y favorables, entre otros derechos. El derecho al trabajo decente.

Todos estos principios y derechos fundamentales se ven vulnerados cuando se presentan situaciones de acoso sexual y/o acoso psicológico laboral.

Es importante destacar y aclarar el por qué de este camino de grupos de trabajo, de investigación, concientización y diálogo en lugar de la creación unilateral de una ley sobre el acoso psicológico laboral en el país:

La razón es simple, al tratarse de un asunto que afecta transversalmente a la sociedad, a las personas, a las empresas, familias y aspectos psicológicos de cada víctima de acoso psicológico laboral es necesaria la participación y análisis en profundidad de todos, porque las leyes son un gran instrumento pero no son las únicas herramientas que como sociedad tenemos para generar cambios positivos en el colectivo general.

Emprenderemos un camino donde sabemos que los logros se alcanzan entre todos y que los grandes cambios empiezan por uno mismo.

Nos sentimos en el deber de accionar y reaccionar ante estos temas, por lo que no daremos vuelta la cara a los trabajadores que están sufriendo esta problemática.

Invitamos a todos los compañeros legisladores a integrarse al trabajo que estamos realizando.

Porque sabemos que estos temas abarcan a toda la sociedad y ámbitos laborales, es necesario el trabajo en conjunto de todos los actores políticos y sociales.

Y finalmente porque para lograr un cambio profundo y real hay que empezar por casa, me gustaría invitar a los Presidentes de la Cámara de Senadores y de Representantes para que junto a los compañeros legisladores, los funcionarios y sindicatos del Parlamento (Afucoa, Afucase, Afucar) elaboremos herramientas para prevenir, mitigar y tratar el acoso psicológico laboral en nuestro ámbito de trabajo.

Solicito que mis palabras sean enviadas a la Presidencia de la República, Cámara de Representantes, Congreso de Intendentes, sindicatos de trabajadores del Palacio Legislativo, prensa nacional.

Atentamente.

Carol Aviaga. Senadora».

7) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de la siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 4 de agosto no se registraron inasistencias.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica que, en virtud de la licencia concedida al señor Senador De León por los días 5 a 13 de agosto inclusive, queda convocado el señor Felipe Carballo, a quien se invita a pasar al hemiciclo a los efectos de que preste la promesa de estilo.

(Ingresa a sala el señor Felipe Carballo).

–Se invita al Senado y a la barra a ponerse de pie.

Señor Felipe Carballo: ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?

SEÑOR CARBALLO.- Sí, prometo.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR CARBALLO.- Sí, prometo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda usted investido del cargo de Senador.

Felicitaciones.

(Aplausos en la sala y en la barra).

9) ALBERTO «TOTO» GRAMONT. HOMENAJE A SU MEMORIA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: quiero aprovechar estos minutos para rendir un homenaje personal –aunque seguramente compartido por varios señores Senadores– al señor Alberto «Toto» Gramont, empresario

agrícola, productor de punta; en fin, una persona que trató de ser excelente en todo lo que hizo. Fue un transgresor que intentó siempre romper con los límites, soñar con cosas posibles, discutirlas, escuchar, aprender y ser curioso.

Fue un típico empresario nacional que no solo vivió para estar mejor y obtener capital y ganancias –porque a eso apuntan los emprendedores–, sino que al mismo tiempo irradiaba riqueza espiritual. No era de los que entendían que a algunos les tenía que ir mal para que a él le fuera bien, sino que entendía el emprendimiento como algo comunitario, que debía permear en la sociedad. Tan así es, que practicaba la filantropía en el sentido más estricto: haz el bien mirando a quien, porque se comprometía con todo aquello en lo que creía, pero sin hacer alarde de sus donaciones. No era de aquellos que plantan una bandera con su nombre o el de su empresa en el ámbito de aquél a quien le donan. Si la causa lo convencía –una vez que la conocía o escuchaba sobre ella–, allí estaba Alberto Gramont. Sobran ejemplos: el Hospital de Young y la Teletón, entre otros. Y particularmente me llamó la atención lo que hizo con algunos productores lecheros de Florida. Escuchando una radio se enteró de que tenían problemas para alimentar el rodeo y, de un día para el otro, consiguió el teléfono, los llamó y les envió forraje a su costo. Pero como era una persona preocupada por el sentido humano de las cosas –fin último también de los propios empresarios–, se relacionó con esta sociedad de productores, se interesó por su campo de recría, sintió curiosidad y trató de conocer y mejorar el sistema que ellos utilizaban. Unos meses antes de las elecciones nos invitó a conocer a estos emprendedores.

Alberto Gramont se relacionó con todo el sistema político. Somos varios los Senadores que contamos con su consejo y sobre todo con su crítica, porque no se guardaba nada. Cuando algo le gustaba llamaba para decirlo, y cuando no le gustaba, el llamado personal o la alerta pública en el acceso que tuviera a los distintos medios, no tardaba en llegar.

Como toda persona emprendedora que muere de un momento a otro, deja en el tintero muchas cosas por hacer. En algún momento, alguien seguirá con esa «idea loca» de llevar adelante un frigorífico a través de una cooperativa de productores. Aquellas advertencias que muchos hicimos sobre el apagón logístico, él y su rubro lo sufrieron en carne propia.

Era un generoso con mayúsculas, un emprendedor exitoso, de lujo, y un filántropo que no hacía alarde. Estoy seguro de que el Uruguay todo, pero sobre todo sus familiares y amigos, van a extrañarlo.

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a la familia del señor Alberto «Toto» Gramont.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON EL INAU

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la señora Senadora Alonso.

SEÑORA ALONSO.- En el día de hoy voy a referirme a un tema que, lamentablemente, ha estado en los titulares de prensa de los últimos meses y, particularmente, de los últimos días. Mientras tanto, las autoridades de la institución a la que voy a hacer alusión se levantan todos los días pensando a quién van a responsabilizar por sus errores, en lugar de asumir la gran responsabilidad que es proteger el derecho superior del niño, quizás el menos protegido de los derechos en estos últimos tiempos por parte de quien tiene a su amparo a miles de niños, niñas y adolescentes. Me estoy refiriendo particularmente al INAU.

Si bien este es un tema reiterativo, no por eso vamos a dejar de mencionarlo y de seguir insistiendo todas las veces que sean necesarias por intermedio de esta vía.

Vamos a hacer referencia en esta oportunidad a algunos puntos del informe que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo realizaba, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en julio de este año. También queremos señalar que en el informe anterior, de abril de 2014, quedan en evidencia grandes carencias que presentan las diferentes dependencias del INAU, cuestión sobre la que hemos advertido durante los últimos años sin que hubiera un rumbo diferente que permitiera avizorar un camino positivo en este sentido.

Con relación a este informe, de 56 páginas, quiero mencionar solo algunos de sus muchos puntos. Hay dos palabras que se repiten una y otra vez a lo largo de todo el texto: escasez e insuficiencia. Voy a citar textualmente algo que allí figura y que nos tiene que preocupar: «La atención siquiátrica del sistema es por ejemplo acotada y muchas veces resulta insuficiente». Se destaca, asimismo, una alta presencia de medicación siquiátrica en niños y adolescentes. Al respecto, cuando estuve en el centro Tribal, de los 28 niños, niñas y adolescentes que había allí, 12 estaban medicados.

Además de haber escasez en los diagnósticos, en la metodología y en las estrategias para la elaboración de proyectos de vida de estos niños y adolescentes, hay dificultad de acceso e insuficiencia de respuestas en lo que hace a la atención de situaciones de consumo problemático de drogas en adolescentes, y escasez de atención específica para los niños con traumas graves o complejos, que implican, en particular –sobre todo a raíz de algunos hechos lamentables ocurridos en el interior del país–, la necesidad de atender a los niños que entran al sistema con problemáticas de abuso sexual.

Por último, los espacios de recreación no son aptos para la gran cantidad de niños que alberga el INAU.

Otro aspecto sobre el que quiero poner especial atención es la gran cantidad de centros de tiempo completo del INAU en los que conviven niños de 0 a 18 años, con diferentes patologías. Esta situación, no menor, se debe a la escasez de ofertas diferenciadas en los distintos departamentos para atender la gran demanda existente.

Con respecto a los adolescentes, hay una realidad preocupante, que es la gran cantidad de salidas no acordadas por parte de los centros, que en algunas ocasiones se extienden por varios días. Esta situación genera –reitero– gran preocupación, porque muchos de estos chicos deambulan durante días por las calles sin que nadie se haga responsable: el INAU, la Justicia o la Policía; cada uno adjudica la responsabilidad al otro, sin que se determine quién es el verdadero responsable, que en este caso es el INAU, puesto que es el que tiene el amparo de estos menores de edad.

Habría muchísimo más para mencionar, señor Presidente, porque el informe es bastante largo y bastante preocupante. Pero quisiéramos que nuestras palabras no quedaran simplemente en eso y que fueran enviadas para su discusión y análisis a la Presidencia de la República, al INAU, a los Gobiernos Departamentales, a las Jefaturas Departamentales del INAU, a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores, a la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes, y a las Comisiones de Derechos Humanos de esta casa.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora Senadora.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

11) PEDIDOS DE INFORMES NO RESPONDIDOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: en el día de ayer esta cámara hizo suyos cinco pedidos de informes que en su momento había solicitado quien habla a distintos ministerios, con destino a 13 empresas públicas, buscando conocer algunos datos bastante sencillos; por ejemplo, cuántos cargos gerenciales existen hoy en cada ente, qué denominación posee cada uno de ellos, y cuál ha sido la forma de acceso: si fueron cubiertos por designación directa, por concurso abierto, o por concurso interno entre los funcionarios del ente.

Estos pedidos de informes se presentaron el 20 de mayo y, al día de ayer, ni una sola de las trece empresas públicas destinatarias había respondido a nuestras preguntas. Como resulta evidente de la mera lectura de las interrogantes, estos datos son muy obvios y muy sencillos de recabar y de responder; probablemente sea el trabajo de un día –o menos– de un funcionario.

Sorprendentemente, ninguna de las empresas públicas respondió a este planteo. Tenemos la expectativa de que ante el hecho de que el Senado haya hecho propios estos pedidos de informes, efectivamente en el plazo siguiente se reciba una respuesta.

En lo personal, estuve analizando qué es lo que ocurre con los pedidos de informes. Por nuestra parte, desde febrero a la fecha hemos presentado once; para dos de ellos todavía no ha vencido el término y de los nueve restantes sólo uno fue respondido. Quiere decir que los ocho que quedan cuyos plazos ya han vencido no han sido objeto de respuesta por parte de las autoridades correspondientes.

Dado que no tengo complejo de persecución y tampoco imagino que se haya negado la respuesta a los pedidos porque se trate de mi persona, concluyo que esto es una buena muestra, quizás representativa, de lo que puede estar ocurriendo con este tema, y sobre eso quiero llamar la atención. Reitero: de once pedidos de informes, ocho no se han respondido. Y si esa es una muestra representativa de lo que está ocurriendo, estamos ante una situación muy seria.

Quiero recordar que se votó una ley que regula lo relativo a los pedidos de informes, justamente por esta circunstancia, por la sensación de que este instrumento que tiene el Parlamento para conocer qué ocurre en la Administración no tiene el eco que debería. Me parece que esto es muy serio, porque el Parlamento tiene tres instrumentos de control sobre la Administración: el llamado a Sala, las comisiones investigadoras –que ayer reinauguramos– y los pedidos de informes. Entonces, si el 80 % de los pedidos de informes que realizan los parlamentarios no se responden y no hay una sanción para ello, estamos ante una situación muy preocupante.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a todos los ministerios, a la Presidencia de la República y a todos los entes autónomos y servicios descentralizados, con el objetivo de que quizás la recepción de esta queja sea un elemento que nos permita mejorar esta situación y que se den las respuestas que no hemos recibido.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADAS AL TRATAMIENTO DEL VIH

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la señora Senadora Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: el miércoles pasado, 29 de julio, se conmemoró el Día nacional del VIH-sida, que recuerda el primer caso que apareció en nuestro país. A partir de ese momento, el Ministerio de Salud Pública estableció lineamientos para dirigir las políticas públicas vinculadas al tratamiento del VIH, y en este día nos informó de su decisión política de dar los pasos necesarios tendientes a la eliminación de la trasmisión vertical de madre a hijo, tanto de este virus como el de la sífilis congénita.

En nuestro país, las cifras muestran que se ha producido un importante descenso en los casos de transmisión vertical de VIH, que se sitúa actualmente por debajo del 1,6 %. Quiero recordar que la Organización Mundial de la Salud considera que un país ha eliminado la trasmisión materno-infantil del VIH cuando se registran menos de dos bebés infectados por cada cien nacidos de madres portadoras del virus. En el caso de la sífilis congénita, que está asociada directamente a esto, es menos de un caso por cada dos mil nacimientos vivos.

Quiero destacar que en la actualidad se calcula que en el mundo aproximadamente 34 millones de personas viven con el VIH-sida y, por eso, estos avances que está teniendo nuestro país en este marco me resultan muy importantes. Aclaro que no es el único tema que quiero abordar en esta corta intervención.

En la línea que mencionaba anteriormente, Cuba recibió en el año 2015 esta «distinción» –entre comillas–, y es el primer país que tiene la certificación oficial de los organismos mundiales vinculados a la salud. El director Jorge Quian indicó enfáticamente la voluntad de eliminar la trasmisión vertical en Uruguay para 2016. Creo que llegar a esta meta es una posibilidad cierta, en la medida en que el Uruguay está trabajando en políticas proactivas vinculadas a esta materia. Sin embargo, también es cierto que para poder llevar adelante este impulso, debe haber socios que colaboren para que sea posible. Por esto, cuando hablamos de llegar a esta meta, analizamos las estadísticas que indican el avance pero también tenemos en cuenta los programas que están coadyuvando para que eso sea posible. En este sentido, el programa Uruguay Crece Contigo es un ejemplo más que elocuente de que el acompañamiento del proceso de embarazo desde el comienzo influye en ese descenso en los casos, lo que luego se refleja en las estadísticas y demuestra que la meta es posible.

En el Uruguay, los casos de VIH disminuyeron desde el año 2013 y las estadísticas demuestran que, con un mejor tratamiento y con prevención de contagios, la meseta de la estadística a la que hacía referencia se va achatando.

Otro aspecto que quería plantear, vinculado a esta intención de que el año que viene podamos decir que terminamos con la trasmisión vertical, tiene que ver con la contracara del tema. Hay que tener claro que la atención de las personas infectadas con el virus de VIH tiene que ser integral, de carácter universal, y que tiene que haber una voluntad política real para que estas personas, que tienen que hacer tratamientos muy complejos, puedan mantener la adherencia necesaria. Esto no tiene que ver solo con la medicación que reciben, sino con la combinación de retrovirales que deben suministrarse en horarios específicos y que tienen efectos colaterales que no ayudan a que se mantenga esa adherencia.

Lo cierto es que se da una cuestión paradójica, porque quien tiene más adherencia al tratamiento es el que más castigo recibe. Y ello es así, porque no ha habido una evolución en los tratamientos que permita mejorar la calidad de la medicación que se les suministra. En la actualidad, en el ámbito de salud pública, ese combo de tres retrovirales se sustituye por un comprimido por día, pero en las instituciones de asistencia médica colectiva esto no es así. Además, en estas últimas los tratamientos y los consiguientes exámenes tienen precios totalmente distintos, según la institución en la que se atiendan las personas con VIH. Reitero que las personas que cumplen, que deberían ser premiadas y estimuladas porque su carga viral prácticamente no existe como consecuencia de su adherencia al tratamiento, siguen recibiendo el castigo de tener que hacer un tratamiento complejo, con efectos secundarios para su salud.

En consecuencia, me afilio con total alegría a que el año que viene podamos decir que estamos libres de la transmisión vertical, pero también señalo que debemos fijar la atención en este otro aspecto que estaba planteando. A su vez, creo que no alcanza con hablar de leyes integrales, porque la integralidad tiene que ver también con cómo se controla la aplicación de las políticas públicas.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud Pública, a ASSE, a la Junasa, al Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, a la Conasida, a Asepo, a Onusida, a la OMS y a la OPS.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora Senadora.

(Se vota).

23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) INAUGURACIÓN DE REGIONAL DE LA UTEC EN DURAZNO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la señora Senadora Passada.

SEÑORA PASSADA.- Señor Presidente: días pasados se inauguró en la ciudad de Durazno la regional centro sur de la Universidad Tecnológica –conocida como UTEC–, que impartirá nuevas tecnicaturas de tecnologías de la información.

Esta regional de Durazno de la UTEC comienza a funcionar en forma provisoria en las instalaciones de la Base Aérea II, pero en pocos días va a empezar la construcción de su edificio definitivo, en el exhospital del departamento.

Es importante destacar que en esta regional que se instala asistirán alumnos de Durazno, Flores, Florida, Cerro Largo, Tacuarembó, Maldonado, Treinta y Tres, Rivera y Colonia.

Por suerte, estamos presenciando un Uruguay que va cambiando. Antes, algunos padres podían enviar a sus hijos a Montevideo a hacer sus estudios terciarios –generalmente pertenecían a la clase media o media alta y podían sustentar esa educación–, pero las cifras muestran que esos estudiantes difícilmente retornaban al departamento de origen una vez culminados sus estudios. De esta manera, evidentemente, ese departamento quedaba sin la posibilidad de contar con un joven con educación terciaria en Informática, Medicina o tecnicaturas que también se desarrollan en el país en estos momentos. Por tanto, esta nueva posibilidad nos va ubicando en un Uruguay más justo y no tan desigual, donde sí hay intereses que están siendo atendidos con una mirada inclusiva de nuestra gente.

Como decíamos, la enseñanza terciaria estaba pensada para esos pocos que podían llegar a la capital. Desde su conformación, la UTEC cuenta con cinco carreras: licenciatura en Leche y Productos Lácteos, licenciatura en Análisis Alimentario, tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera, tecnólogo en Mecatrónica y la recientemente aprobada tecnicatura en Tecnologías de la Información.

Podemos ver cómo se pueden, de alguna manera, articular las instituciones ya existentes, que tienen un valor agregado.

Culminando con mi exposición, quisiera destacar, señor Presidente, que pocos países del mundo tienen una universidad denominada «del trabajo», es decir, pensada para los trabajadores. Algún día esta casa tendrá que hacer un homenaje al doctor José F. Arias, médico rural que tuvo una mirada integradora y la capacidad de integrar la educación y el trabajo.

Por supuesto, algunos le cambiaron el nombre y le pusieron Consejo de Educación Técnico Profesional, pero no creo que ningún estudiante, funcionario o trabajador la llame CETP, sino que todos la conocemos por la UTU.

Se trata de la misma UTU que tuvo una mirada inclusiva en el gobierno anterior –con políticas llevadas adelante en el presupuesto anterior– y que, en un país que tiene que ir pensando en su desarrollo, coloca en el epicentro de las transformaciones a las modificaciones y los grandes acuerdos que se han venido realizando con la universidad. De esas cinco carreras que tiene la UTEC, dos han sido acordadas con la Universidad del Trabajo.

Por eso, señor Presidente, en estos días en que vamos a estar discutiendo el Presupuesto Nacional, creo que deberemos considerar esta deuda que hemos tenido durante años y años con el interior y estar atentos a lo que significa la UTEC para no seguir hipotecando el futuro de nuestro país.

Solicito, señor Presidente, que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la UdelaR, al Ministerio de Educación y Cultura, al PIT-CNT y a la UTU.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora Senadora.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

14) DESTACADA ACTUACIÓN DE ATLETAS URUGUAYOS EN LAS OLIMPÍADAS ESPECIALES DE LOS ÁNGELES

SEÑOR PRESIDENTE.- Para culminar con la media hora previa, tiene la palabra la señora Senadora Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor Presidente: el motivo de mi intervención en el día de hoy es la realización de un profundo y orgulloso reconocimiento a los 89 atletas –120 conformaban la delegación– que participaron en las Olimpíadas Especiales que se llevaron a cabo en Los Ángeles y tuvieron una maravillosa actuación, más allá de las medallas que obtuvieron, que fueron más de 50, y casi 30 de oro.

Lamentablemente, el reconocimiento a estos atletas no ocupó el espacio público que se dedicó a otros –que por supuesto también se lo merecían– en los Juegos Panamericanos. Es lamentable que nuestra sociedad y los medios de comunicación aún persistan en la discriminación por el hecho de la discapacidad, cuando en realidad, por encima de ella o con ella, estos deportistas lograron colocar a nuestro país –por su esfuerzo, por su potencialidad y por el ahínco con el que trabajaron– en altísima consideración para el resto del mundo. Fue la tercera delegación en número que participó en estas Olimpíadas Especiales.

Como lo mencioné, nuestros atletas obtuvieron más de 50 medallas en trece deportes: fútbol femenino y masculino, vóleibol, básquetbol, natación, bochas –algo tan nacional–, atletismo –donde además conseguimos oros; en realidad, todo el medallero: oro, plata y bronce–, aguas abiertas, handball, equitación, tenis y gimnasia artística. Vale destacar que en gimnasia artística y triatlón obtuvimos el medallero entero.

Insisto en que lamentablemente esto no tuvo la repercusión y el reconocimiento de nuestro pueblo. En realidad, creo que el reconocimiento del pueblo no se manifestó fuertemente porque simplemente no se le dio difusión a esta gran performance de nuestros 89 atletas.

Veo gestos de asentimiento de varios señores Senadores, por cuanto estoy segura de que la totalidad de los colegas aquí presentes sentimos que es necesario este reconocimiento y este agradecimiento, en nombre del pueblo, a la destacadísima actuación que nuestros 120 delegados han tenido en las Olimpíadas Especiales.

Estas olimpíadas, como saben los señores Senadores, fueron fundadas en el año 1968, y creo que el objetivo final era demostrar que los límites que a veces nos ponemos son inexistentes. Al contrario de lo que pueda suponerse, en realidad nos potencian y nos desafían, tal como han demostrado a cabalidad estos 89 atletas.

No se trata solo de conseguir medallas, sino del enorme trabajo que hicieron para llegar como delegados a estos juegos olímpicos. Ya con eso tenían ganado todo, pero además tuvieron una destacada actuación, y además nos enorgullecieron al traer, en muchísimos casos, el oro, la plata y el bronce.

Por lo expuesto, consideré menester reconocer a nuestros atletas por su extraordinario desempeño, así como llamar la atención sobre la necesidad de apoyarlos siempre, durante toda su gestión, porque realizan muchísimo sacrificio durante todo el año para lograr formar parte de nuestra delegación a las olimpíadas. No tenemos que olvidarlos en el transcurso del año; debemos apoyarlos en todo lo que nos sea posible. Creo que el gesto simbólico que tuvo la señora María Auxiliadora Delgado –esposa de nuestro Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez–, al entregar el pabellón nacional a cada uno de los ciento veinte delegados, se vio más que fortalecido porque ese símbolo nacional brilló gracias a la actuación de nuestros atletas.

Solicito que la versión taquigráfica de estas humildes palabras de reconocimiento sea enviada a la Secretaría Nacional del Deporte, que depende de la Presidencia de la República; a la Confederación Atlética del Uruguay –para que de este modo llegue a nuestros ciento veinte delegados–; al Comité Olímpico Uruguayo y a todas las Intendencias del interior de nuestro país donde haya comités o comisiones de deportes para que en cada lugar se los reconozca como ellos se merecen.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora Senadora.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) POSTERGACIÓN DEL NUMERAL PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería ingresar al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término, relativo a la elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo. Sin embargo, como todavía no tenemos propuestas al respecto, queda postergada la consideración de este tema.

16) Fiscalía General de la Nación

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se crea la Fiscalía General de la Nación, como servicio descentralizado. (Carp. n.º 260/2015 – Rep. n.º 118/2015 – Anexo I)».

(Antecedentes).

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SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DELGADO.- La bancada del Partido Nacional solicita un cuarto intermedio de treinta minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por treinta minutos.

(Así se hace. Son las 10:12).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 10:46).

SEÑOR BESOZZI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BESOZZI.- En nombre del Partido Nacional, solicito un nuevo cuarto intermedio, en esta oportunidad de veinte minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–14 en 15. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por veinte minutos.

(Así se hace. Son las 10:46).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 11:07).

–El Senado continúa con la discusión del segundo punto del orden del día que refiere al proyecto de ley por el que se crea la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución y Legislación eleva a consideración del Cuerpo este proyecto de ley que es sustitutivo del remitido por el Poder Ejecutivo y que fuera aprobado por la Cámara de Representantes con modificaciones. Vale señalar que la comisión lo votó por unanimidad, por lo que recomendamos su aprobación en mérito a los fundamentos que voy a desarrollar.

El texto persigue la finalidad de otorgar mayor autonomía al Ministerio Público y Fiscal. En esa línea se crea la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado, que viene a sustituir a la Unidad Ejecutora 019, Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación del Inciso 11, Ministerio de Educación y Cultura.

La modificación institucional propuesta es notoriamente mejor desde el punto de vista de la necesaria autonomía técnica que requiere el Ministerio Público y Fiscal. Su actual ubicación como una unidad ejecutora ministerial dentro del Poder Ejecutivo, más allá de que se respetara y reconociera su autonomía técnica, representaba una solución insatisfactoria en la medida en que dejaba siempre cierta incertidumbre acerca de un eventual peso del poder gubernamental sobre el accionar de un instituto que debe tener la máxima autonomía funcional y técnica.

La solución que se promueve al convertir la Fiscalía General de la Nación en servicio descentralizado es la que consagra la mayor autonomía posible dentro del actual marco constitucional. Como se expresó en comisión, se sigue así la tendencia de casi todos los ministerios públicos de América Latina, que en su mayoría son organismos autárquicos equivalentes a nuestro Tribunal de Cuentas, Corte Electoral o Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Nuestro ordenamiento constitucional actual no permite convertir al Ministerio Público y Fiscal en un organismo autárquico sin introducir una reforma a la Constitución. Por lo tanto, la solución propuesta es la mejor disponible.

De esta manera, este proyecto de ley que, además, está directamente vinculado a la implementación del nuevo proceso penal, viene a cumplir una antigua aspiración de autonomía sin modificar en forma sustancial las competencias y la organización del Ministerio Público y Fiscal. Asimismo, prepara a este servicio jurisdiccional para cumplir el papel relevante que le asigna el nuevo Código del Proceso Penal a partir de su entrada en vigencia en 2017.

Como surge de la exposición de motivos y reafirman los técnicos consultados, es perfectamente factible la creación de un servicio descentralizado como el que nos ocupa, habida cuenta de que la administración descentralizada no está reservada a la actividad industrial y comercial del Estado, ni la enumeración del artículo 186 de la Constitución resulta taxativa.

En función de todos estos elementos y de que se optó por no modificar el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes a efectos de hacer viable su conversión en ley cuando se vote en esta cámara, de todas maneras dejamos constancia de que en la comisión se anunció por parte de distintos legisladores la eventualidad de incorporar ciertos ajustes en la próxima discusión presupuestal.

Con respecto a los contenidos específicos de la iniciativa vamos a desarrollar los principales comentarios que nos merece el articulado y a reseñar las modificaciones más importantes realizadas por la Cámara de Representantes al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.

El Capítulo I contiene dos artículos.

El artículo 1.º crea la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado que se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.

El artículo 2.º refiere a la administración de este servicio descentralizado y opta por una conducción de carácter unipersonal al establecer que será dirigido por un director general. También señala que el cargo de director general del servicio descentralizado llamado Fiscalía General de la Nación será ocupado por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Por tanto, el jerarca del servicio será designado mediante el procedimiento establecido por el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República, esto es, que lo designará el Poder Ejecutivo previa venia del Senado otorgada por tres quintos de votos del total de componentes. En la discusión parlamentaria de ambas cámaras se dejó constancia de que independientemente de que no se establezca explícitamente que la misma mayoría se requiere para su destitución, el criterio del paralelismo de las formas es conteste en que así debería ser el espíritu de la norma que se va a aprobar. Desde nuestro punto de vista hubiera sido mejor mantener la remisión expresa al numeral 13 del artículo 168 de la Constitución que venía en el proyecto original del Poder Ejecutivo, pero la Cámara de Representantes la eliminó.

El artículo 2.º también establece que en caso de licencia o vacancia temporal o definitiva del Fiscal de Corte será subrogado por el Fiscal Adjunto de Corte en lo que tiene que ver con las funciones administrativas. Por su parte, como sucede actualmente, la subrogación por el Fiscal Letrado en lo Civil más antiguo tendrá que ver con la función jurisdiccional. De modo que mientras dure la vacancia del Fiscal de Corte habrá una conducción dual integrada por dos jerarcas: uno, para atender los asuntos administrativos y otro para conducir desde el punto de vista jurisdiccional a este servicio.

A su vez, como este artículo crea el cargo del jerarca de un servicio descentralizado, para su aprobación se requiere la mayoría especial de tres quintos de votos de este Cuerpo, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 187 de la Constitución.

El Capítulo II establece los cometidos y las competencias.

Los artículos 3.º y 4.º del proyecto original se concentraron en un único artículo. El espíritu fue el de no modificar los cometidos que tiene hoy asignados el Ministerio Público y Fiscal. Por tal razón, el artículo 3.º establece: «A la Fiscalía General de la Nación le compete ejercer las funciones del Ministerio Público y Fiscal, conforme a las disposiciones vigentes». El artículo 4.º fue introducido en la Cámara de Representantes y está relacionado con el artículo 197 de la Constitución de la República. Se trata de una interpretación auténtica de la Constitución por la que se establece que las observaciones del Poder Ejecutivo solo pueden alcanzar la gestión administrativa del director general. A lo que se apunta es a que quede claro que el Poder Ejecutivo no podrá observar los aspectos jurisdiccionales de las decisiones del Ministerio Público y Fiscal, lo que supone lisa y llanamente reafirmar el concepto de que aquel poder no puede interferir o entrometerse en los aspectos jurisdiccionales.

En el capítulo III se establecen las competencias del director general, sin perjuicio de las que la Constitución y las leyes le asignan al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. En general, las mismas coinciden con las que corresponden a un director general o directorio de un servicio descentralizado y tienen que ver con los diferentes aspectos administrativos.

Las principales modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes están relacionadas con los actuales literales F) –anterior g)– e I) –anterior j)– del artículo 5.º. En el primer caso, con relación a la Fiscalía General de la Nación, se agregó: «La destitución de funcionarios solo podrá disponerse por ineptitud, omisión o delito, previo sumario instruido con las garantías del debido proceso». Esta previsión tiene, obviamente, respaldo constitucional.

Con respecto al literal I) se agregó que compete al director general no solo la proposición de designación, sino también la de destitución de los fiscales, secretarios letrados y prosecretarios letrados de la Fiscalía General de la Nación, estableciendo además que para la destitución de estos funcionarios es necesaria la venia de la Cámara de Senadores otorgada por tres quintos de votos del total de componentes por las causas mencionadas –ineptitud, omisión o delito– «o por comisión de actos en el ejercicio del cargo que afecten su buen nombre o el prestigio de la institución».

El corrimiento de los literales obedece a que fue eliminado el literal f) del proyecto de ley original del Poder Ejecutivo en la medida en que el mismo daba potestades al director general para transformar «Fiscalías Letradas Nacionales y/o departamentales, cuando razones de especialidad o volumen de trabajo así lo requieran». Esta potestad se entendió exorbitante en la Cámara de Representantes, señalándose que de la misma forma que los juicios por comisión están prohibidos por la Constitución, también lo están los jueces por comisión y los fiscales. Por lo tanto, se acompaña la modificación establecida por la Cámara de Representantes en este sentido.

El Capítulo IV refiere al patrimonio y los recursos del servicio descentralizado que se crea. Se trata de disposiciones de estilo que regulan todo lo que hace al patrimonio, a los recursos, al presupuesto, a las exenciones tributarias, a las expropiaciones y a las transferencias de dominio.

En el Capítulo V están las normas referidas a los recursos humanos con que habrá de contar la Fiscalía General de la Nación. En el artículo 13 se establece, a texto expreso, el principio de no afectación de derechos. Esta disposición, que correspondía al original artículo 14, fue mejorada en su redacción en la Cámara de Representantes, donde se hicieron agregados que clarifican y dan mayores garantías a los funcionarios involucrados.

El Capítulo VI prevé el dictado de las disposiciones relativas al procedimiento administrativo en general, lo que figura en toda la normativa referente a los servicios descentralizados.

En el Capítulo VII se establecen disposiciones varias; en particular, el artículo 17 establece, específicamente, que el actual Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación ocupará la dirección general de la Fiscalía General de la Nación hasta la finalización de su mandato. Esto quiere decir dos cosas: la primera, que no hay que proceder a la designación de un nuevo Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, sino que la norma establece, específicamente, que quien actualmente ejerce ese cargo continuará en su ejercicio pero como jerarca del servicio descentralizado y, en segundo lugar, que el plazo de diez años establecido como mandato del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación se computa desde que fue designado por lo que, al asumir como jerarca del servicio descentralizado, continuará su mandato hasta completar los diez años para los que fue nombrado originalmente.

En definitiva, señor Presidente, este es un proyecto de ley que cuenta con el respaldo de toda la comisión y que fue votado por unanimidad en la Cámara baja. Esto es cuanto corresponde informar y, obviamente, aconsejamos vivamente su aprobación por este Cuerpo.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: concordando con el señor miembro informante, mi intervención es para dejar algunas constancias que planteamos con preocupación, tanto a la bancada de gobierno como al Poder Ejecutivo, a los efectos del proyecto de ley.

Para hacer, primero, una puesta a punto del contexto, quiero decir que todos sabemos que se cambió el Código del Proceso Penal –que entrará en vigencia próximamente– y ello implica un cambio a un sistema que está en todo el mundo –en América Latina, Haití y Uruguay son los países que todavía no instrumentaron un sistema distinto– y que se le llama acusatorio porque los fiscales son los que actúan, buscan las pruebas, etcétera, lo que les da un enorme poder, como tiene que ser.

Eso implica varias leyes –incluida esta propuesta– que generan una autonomía mayor –estamos hablando de un servicio descentralizado– para el cuerpo de fiscales y, naturalmente, un poder adicional para el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación.

A esto se agrega, señor Presidente, que a ese fiscal de Corte se le asigna toda la parte administrativa –es decir, el manejo del tema de licencias, subrogaciones, etcétera– de los fiscales. Entonces, en la medida en que la sociedad uruguaya no tiene un aprendizaje sobre el inmenso poder que se está dando a los fiscales, queríamos modificar algunos aspectos que permitieran que este tránsito normativo se pudiera hacer de la manera más feliz posible para el conjunto de los uruguayos.

Hechas las consultas con la bancada, con el propio Poder Ejecutivo y con la comisión, desde la perspectiva de no demorar el proyecto de ley porque había aspectos presupuestales que tenían que considerarse cuanto antes –y me arriesgaría a decir que estamos llegando casi tarde– y que, por lo tanto, existía la necesidad de aprobarlo tal como venía de la Cámara de Representantes, es que planteamos algunas inquietudes sobre las que vamos a insistir; por lo menos, la bancada oficialista está de acuerdo con hacerlo por otras vías y más adelante.

En primer lugar, todo lo que significan los actos del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación –el que está actualmente o esté en el futuro, es decir, al que le correspondiera–, en la medida en que esto es un servicio descentralizado, están comprendidos en el artículo 197 de la Constitución y, de tal manera, pueden ser observados y suspendidos, llegado el caso, por el Poder Ejecutivo.

Si esto no se comprendiera de esta manera, si mañana la interpretación fuera distinta y nosotros tuviéramos la investidura que tenemos, entonces promoveríamos el cambio que al principio queríamos introducir, pero que se nos dijo que era más restrictivo que la propia Constitución. Por lo tanto, señor Presidente, nos allanamos en la medida en que la Constitución nos ampara, ya que estamos creando un servicio descentralizado.

El segundo aspecto que quiero resaltar, señor Presidente, es que la sociedad uruguaya necesita, en ese conjunto de leyes, una que contenga el estatuto de los fiscales para que el poder del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación esté reglado. Para eso tiene que haber una propuesta inicial de parte del propio Fiscal de Corte, que el Poder Ejecutivo haga suya y que el Parlamento estudie. Hemos acordado que en vez de introducir un texto en la ley –lo que obligaría a que la propuesta se remitiera a la Cámara de Representantes–, el Poder Ejecutivo dicte una norma que obligue a que en 180 o 360 días se envíe un proyecto de ley al Parlamento que sea serio, ponderado, hecho por el propio Fiscal de Corte y revisado por el Poder Ejecutivo.

El tercer tema, señor Presidente, es el relativo al último inciso del artículo 2.º, que refiere a las subrogaciones. Nosotros aspiramos a que en algún momento las subrogaciones se den más hacia el Fiscal en lo Civil más antiguo, que hacia el Fiscal de Corte Adjunto. Por lo tanto, por la vía presupuestal –si es lo que corresponde para corregir esto y no frenar el proyecto de ley por un tema de licencias– vamos a hacer una propuesta que permita que sea el Fiscal de Corte Adjunto quien subrogue cuando se trata de una licencia ordinaria, y que en todos los otros casos excepcionales se haga como hasta ahora, es decir, que el Fiscal en lo Civil más antiguo sea quien subroga al Fiscal de Corte.

Hechas estas apreciaciones y en la medida en que hay voluntad para hacer algunas modificaciones futuras –vuelvo a decirlo, por la vía presupuestal o como corresponda–, nosotros pensamos que es la propia Comisión de Constitución y Legislación, aunque sea informalmente, la que debe evaluar las propuestas presentadas por algunos señores Senadores para el mejoramiento del proyecto, con lo que estaríamos de acuerdo. Estas constancias deberían permitirnos no demorar el tratamiento del proyecto de ley que estamos considerando, que entraría en el ordenamiento presupuestal, siendo conscientes de que hay algunas modificaciones futuras para hacer –que naturalmente tendremos que consensuar–, de tal manera que el mejoramiento del proyecto de ley que íbamos a hacer ahora se efectúe en sucesivas etapas.

Era todo lo que tenía para decir, señor Presidente.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: hemos tenido una intensa discusión sobre el tema de la Fiscalía de Corte y no quisiera que quedara oculta por la unanimidad que alcanzó el proyecto en la comisión y que, supongo, puede lograr aquí, en el plenario.

En primer lugar, señor Presidente, quiero reconocer el avance que significa este proyecto en cuanto al fortalecimiento del Ministerio Público por el cambio de su naturaleza jurídica. El hecho de pasar de ser un órgano centralizado a ser un servicio descentralizado le da mayor grado de autonomía, pues deja de estar sometido a la jerarquía del Poder Ejecutivo. Creo que el cambio es esencialmente bueno, teniendo en cuenta que en el período pasado votamos el Código del Proceso Penal –que está vigente–, aunque en realidad, si la reforma de la justicia no entra en el Presupuesto Nacional como un capítulo, estaremos reformando la Fiscalía de Corte pero no todo el proceso judicial.

El Uruguay, con todas sus reformas y prioridades presupuestales –es algo que no sale en la prensa ni está en el debate público–, va camino a reformar todo su sistema de justicia. En ese sentido, dotar a la Fiscalía de Corte de una mayor autonomía es una aspiración de larga data de los fiscales y me parece que se condice totalmente con la modificación de todo el proceso penal, que reitero que aprobamos aunque, en realidad, no estará operativo hasta tanto no se le destinen los recursos necesarios.

Sin embargo, creo que hay dos aspectos que opacan las bondades del proyecto y no quería dejar de señalarlo a fin de que quede constancia al respecto. Uno tiene que ver con la integración del órgano, y el otro, con las atribuciones que se asignan al Fiscal de Corte como director general de la Fiscalía nacional.

La Fiscalía de Corte, señor Presidente, va a pasar a ser uno de los pocos órganos unipersonales de este país, que se ha caracterizado por tener una herencia colegialista, con órganos pluripersonales en la mayoría de sus organismos públicos. Yo defiendo la hipótesis de un órgano colegiado para la conducción de la Fiscalía nacional, pero esa hipótesis no pudo ser plasmada en un cambio del proyecto de ley y quedó en una conducción unipersonal. Creo que las garantías respecto de esto deberían ser extremas, porque nosotros cambiamos enteramente el proceso penal, pasando de un proceso inquisitivo, escrito y reservado, a uno acusatorio, oral, público y contradictorio. Es una revolución en la historia judicial del Uruguay. Ahora, el Ministerio Público y Fiscal tendrá en sus manos la investigación, la persecución criminal, la facultad de obtener toda la prueba, decidirá cuándo solicitar a la autoridad judicial que se habilite la formalización de la investigación, y en la etapa procesal oportuna dictará la acusación. Son atribuciones de tanta trascendencia, señor Presidente, que encontramos problemático que queden en manos de una sola persona.

La lógica que ha imperado hasta el presente en el ordenamiento jurídico es la colegialización de los servicios descentralizados, lo que se llama la herencia colegializadora. Efectivamente, en el Estado uruguayo no hay ningún servicio descentralizado cuyo órgano jerarca sea unipersonal, ni siquiera la propia Presidencia de la República. Como usted lo sabe, señor Presidente, tenemos un presidencialismo moderado, dado que la propia Constitución ha previsto la actuación del Poder Ejecutivo con el Consejo de Ministros. A nuestro juicio, este es un aspecto problemático del proyecto, que opaca sus bondades.

El segundo aspecto son las atribuciones del director general, puesto que el Fiscal de Corte, además de su competencia jurisdiccional, de su competencia judicial, actúa también como un director general de la Administración. Eso genera problemas por el tema de los frenos y contrapesos necesarios para limitar la posibilidad de cometer abusos en la gestión de los recursos humanos y, en particular, de los magistrados fiscales. Específicamente el literal F) del artículo 5.º del proyecto habilita al fiscal de Corte a: «Designar, promover, trasladar y destituir a los funcionarios de su dependencia, pudiendo realizar las contrataciones de personal que considere necesarias dentro del marco legal vigente».

Sobre este proyecto se ha expedido la Institución Nacional de Derechos Humanos y ha hecho observaciones similares o análogas a las que estoy haciendo y a las que algunas otras personas han efectuado respecto del proyecto.

En primer lugar, la Institución Nacional de Derechos Humanos toma las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la importancia de que la Fiscalía de Corte sea un organismo con autonomía. El informe que nos viene de la Institución Nacional de Derechos Humanos distingue sistemas diversos, reconoce que la relación de dependencia de las fiscalías respecto de otros órganos tiene impactos en la actuación independiente, etcétera.

El informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos también señala que el grado de vinculación de las fiscalías con otros poderes varía. Nosotros, como Frente Amplio, alguna vez manejamos la idea de tener un Ministerio de Justicia –admito que no es un buen nombre, porque nos remite a épocas que poco queremos recordar– incorporado a una institución de esas características, pero naufragamos en esa idea, aunque ahora logramos una partecita de eso.

La Institución Nacional de Derechos Humanos observa particularmente, señor Presidente, el tema de la gestión de los recursos humanos dentro del ministerio. Allí la institución señala que las estructuras jerárquicas son más propensas a cometer abusos que las horizontales –y sin duda que la estructura de nuestro Ministerio Público es jerárquica–, y habla sobre el régimen disciplinario de los funcionarios de la fiscalía. En particular, en el numeral 13 del informe que presenta oportunamente la institución, se dice: «Otro factor fundamental a considerar es la titularidad e inamovilidad de los fiscales, así como que los traslados impuestos no escondan solapadamente premios o castigos. Es importante incorporar como criterios a tener en consideración la especialización y la opinión de los fiscales involucrados en un traslado, así como la necesaria y obligatoria motivación del mismo y el derecho de tales funcionarios/as a cuestionarlo».

A modo de ejemplo, menciono que a muchos, en su momento, el traslado de la Jueza Mota de la órbita de lo penal a la órbita de lo civil les pareció un castigo encubierto; sin embargo, fue un traslado de naturaleza horizontal.

No pretendo volver al caso de la Jueza Mota, sino que me remito a decir que el tema de los traslados, de las promociones y de las destituciones es importante y debe estar adecuadamente regulado. Eso se planteó en la bancada del Frente Amplio, y en la Comisión de Constitución y Legislación pedí el desglose de algunos artículos. De hecho, solicité el del artículo 2.º, que es el más importante porque determina el carácter unipersonal de la Fiscalía de Corte. Allí hicimos una propuesta de modificación –que lamentablemente no fue de recibo– estableciendo todas estas prevenciones respecto de la limitación del poder del Fiscal de Corte y planteamos la colegiación a través de la creación de un directorio que tuviera un Presidente, y en el que hubiera otros directores concurrentes con el Fiscal de Corte, como el Fiscal en lo Penal y el Fiscal en lo Civil. Hicimos esa propuesta de colegiación, reitero, y la fundamentamos en un criterio funcional: que el Fiscal de Corte se dedique a la función jurisdiccional –que es la administración de justicia– y no a los temas administrativos ni de presupuesto. Así fue que presentamos al menos dos alternativas bien distintas.

También presentamos propuestas de modificación respecto del artículo 5.º, que es el que incluye la promoción, la destitución y los traslados de los fiscales. En particular, propusimos que los traslados que se decidieran fueran bien fundados, a fin de evitar arbitrariedades. Pensemos que los fiscales pueden tener investigaciones de gran porte bajo su responsabilidad y que un solo traslado horizontal a una sede de igual jerarquía –como pasó con la Jueza Mota– puede frustrar cualquier investigación inconveniente. En definitiva, hicimos modificaciones al literal F) del artículo 5.º y también las planteamos para el artículo 2.º, pero estas no fueron de recibo. De todas formas, quiero dejar constancia de las prevenciones que tengo con respecto al proyecto de ley.

Termino diciendo que todos parecemos estar discutiendo la reforma constitucional; por lo menos la prensa así lo afirma. El otro día leí un artículo de alguien que decía que cuando se discute una reforma constitucional hay que poner en cuestión la caja de herramientas –no solamente la política y los derechos– con la que funciona el sistema de organización política de este país. La caja de herramientas incluye fuertemente la administración de justicia. No puedo creer que Uruguay esté discutiendo la reforma constitucional y no se tome un pequeño plazo para hacerlo con un poco más de profundidad, tomando en cuenta, sobre todo, a quienes presentan observaciones o aspectos controversiales –porque quienes están acuerdo, lo están– con respecto a un tema tan importante como la Fiscalía de Corte en el nuevo proceso judicial del país.

Me parece que hay que llamar la atención sobre esto, porque no es un tema que esté en la prensa y, sin embargo, es un componente central de la caja de herramientas de la política uruguaya. A veces tengo la sensación de que discutimos la reforma constitucional por acá y, mientras tanto, vamos resolviendo lo de la caja de herramientas con pasos acelerados y largos, a veces sin que tengamos una clara visión del impacto que va a causar lo que aprobamos –hoy estaremos aprobando este proyecto de ley– en el futuro de la administración de justicia en el Uruguay, que será aplicable siempre y cuando el tema entre en el presupuesto y podamos cambiarla, dando mayores garantías a las víctimas y sin tener la cantidad de presos que hay sin sentencia, que es un verdadero escándalo desde el punto de vista de la justicia.

El señor Senador Michelini ha dicho que se está a la espera de algunas iniciativas con respecto a la ley de las fiscalías, y que algunas modificaciones se podrán introducir en la rendición de cuentas, pero quiero llamar la atención sobre estas cuestiones, que tienen que ver con la caja de herramientas del proceso de justicia en el Uruguay, que con la votación de este proyecto de ley estaremos impactando y cambiando en gran medida.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Permítaseme dar la bienvenida al 5.º año del colegio Ibis, de Lagomar, que nos acompaña en el día de hoy.

Gracias por visitarnos.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: sin entrar, obviamente, en algunas soluciones particulares que prevé este proyecto de ley –no me parece que sea el momento de dar el debate cuando se ha llegado a un acuerdo y votamos por unanimidad en la comisión–, me permito destacar el paso importante que esto significa en cuanto a establecer una mayor independencia del Ministerio Público de uno de los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo. Creo que eso es positivo, más allá de si la solución es colectiva, personal o como sea. Hay que destacarlo, porque con la nueva reforma del Código del Proceso Penal, en el que vamos a poner al día la legislación procesal penal del Uruguay –que está muy atrasada con respecto a casi todos los países de América, menos uno–, se va a otorgar a los titulares del Ministerio Público poderes que hoy no tienen. Y, obviamente, si van a tener más poderes en cuanto al proceso acusatorio y la función del fiscal no será como la actual –en la que todo el proceso recae sobre la figura del juez–, será necesario que los fiscales sean total y absolutamente independientes, por lo que habrá que intentar que gocen de la mayor autonomía posible. En ese sentido, el hecho de que el Ministerio Público integre el Poder Ejecutivo puede llevar a una cierta duda acerca de su independencia. Cuanta más independencia se dé al Ministerio Público –en este caso con el grado de desconcentración que otorga la creación de un servicio descentralizado–, creemos que es mejor; ello representa un avance en calidad republicana y de derecho.

Como bien señalaba la señora Senadora Moreira, a veces estas leyes entran, no diría en colisión, pero sí en tensión con algunas disposiciones constitucionales, en especial con el artículo 197 de la Constitución, que en este proyecto de ley lo interpretamos por el artículo 4.º. Allí se establece que las observaciones que puede hacer el Poder Ejecutivo a los integrantes de los servicios descentralizados comprenden exclusivamente los aspectos administrativos y no las decisiones técnicas que tomen, respaldando de esa forma la independencia técnica de la que, en el acierto o en el error, compartiéndola o no, siempre deben gozar los magistrados, ya sea del Poder Judicial como del Ministerio Público. No debemos olvidar que los integrantes del Ministerio Público también son magistrados y que esa función se va a ver reforzada a partir de la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal, que esperemos que suceda pronto, a fin de terminar con la situación en que se encuentran nuestros sistemas penal y carcelario; me refiero a tener un 60 % o un 70 % de la población privada de libertad sin sentencia condenatoria.

Creemos que es un avance muy importante y que si bien se roza el artículo 197 de la Constitución, esta da la salvaguarda, los contrapesos suficientes, porque si el Poder Ejecutivo se extralimitara y lo observara, esa observación tendrá que terminar aquí, en el Senado de la República, que es quien en definitiva va a decidir. Por tanto, habría un contrapeso y es que la decisión del Poder Ejecutivo debería ser refrendada en el plazo de sesenta días, si no, se consideraría aceptada por el Senado de la República.

Dado que es un avance, un paso en el sentido correcto, la bancada del Partido Colorado acompañará calurosamente este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑORA PAYSSÉ.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Creo que la señora Senadora Payssé solicitó una interrupción y el señor Senador Bordaberry no se percató; por eso, de ser así, con gusto se la concedo.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido disculpas porque no vi a la señora Senadora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: me consta que el señor Senador Bordaberry no me vio, por lo que le agradezco al señor Senador Heber que me haya concedido la interrupción.

Simplemente, quiero decir que comparto la presentación del miembro informante, señor Senador Mieres, porque todos estamos de acuerdo con que este proyecto de ley dota a la Fiscalía General de la Nación de la mayor autonomía posible, dentro del marco constitucional.

Reflexionando sobre algunos de los planteos formulados por la señora Senadora Moreira y el señor Senador Michelini, creo que tendremos que prestar atención al funcionamiento del nuevo organismo, porque si bien somos contestes en que la autonomía es necesaria –lo hemos planteado–, también es cierto que conjuga alguna cosa vinculada a lo que podríamos llamar exceso de poder. Esto es dinámico y es un avance más que razonable –por eso apoyamos este proyecto de ley–, pero aclaro que estaremos alertas sobre el procedimiento, es decir, sobre la manera en que se empiezan a desarrollar algunas cuestiones que hemos planteado como alertas, para ver si estas son desdibujadas o acentuadas, a efectos de poder incorporar nuevas alternativas legislativas que mejoren lo que creo que todos quienes estamos trabajando en esto aspiramos, en el marco de la Constitución que hoy nos rige y del equilibrio que debe mantenerse en un sistema que tenemos que tratar de aggionar y que tiene que echarse a andar.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: el Partido Nacional va a acompañar con mucho gusto este proyecto de ley. Creo que es un gran avance en la dirección correcta. Que el Ministerio Público sea un servicio descentralizado es un gran paso para las garantías republicanas con relación a la independencia técnica que debe tener. Reitero que para nosotros esto es muy importante.

Aquí se aplica aquello de que lo mejor es el peor enemigo de lo bueno. Estamos hablando del Ministerio Público y entiendo que estamos dando un buen paso al llevarlo a ser un servicio descentralizado. Es un servicio descentralizado; no puede ser un servicio centralizado porque entre sus cometidos está el cuidar al pueblo también del propio Gobierno. Quien defiende y representa al pueblo en su faz acusatoria, como sociedad en su conjunto, muchas veces tiene que poner en el banquillo de los acusados –espero que no suceda– a jerarcas del Poder Ejecutivo. Entonces, para nosotros esto es muy importante.

Es verdad que hay que hacer mucho más en este sentido, pero todavía no es el momento. Se podrá discutir porque nadie pretende generar una situación de acumulación de poder. Vamos a ver si eso es así. Puede haber cierta suspicacia en cuanto a cómo se puede manejar el Fiscal de Corte, en función de la autonomía que se le está dando. Eso se puede dar o no. Lo importante es que, para su designación, el Fiscal de Corte necesita un amplio apoyo político y eso representa para nosotros una garantía, aunque no de politización y menos de partidización. El sistema que representa al pueblo uruguayo en esta casa –el sistema republicano representativo– le da la confianza a una persona por una amplia mayoría de representación. ¿De quién? Del ciudadano, no de cualquiera. Acá nosotros representamos al pueblo uruguayo y es él quien le da, por dos tercios de votos –una amplia mayoría– su confianza a una persona. Esa confianza debe ser valorada –y lo es–, creo que todos los Fiscales de Corte sienten el peso de la responsabilidad que significa que el Parlamento vote su designación por una mayoría especial, en torno a la cual se deben poner de acuerdo más de un partido político.

¿Queda camino por delante y pueden presentarse dificultades? Quizá sí; o quizás no. Lo veremos. Creo que este paso se tiene que dar de esta manera, no con otros ingredientes. Tenemos que ser claros: vamos a dar al Ministerio Público la descentralización que precisa.

Por otra parte, la señora Senadora Moreira ha puesto sobre la mesa algunos elementos que no me gustaría dejar pasar sin antes hacer un comentario. El sistema político uruguayo no está estudiando una reforma constitucional. Se ha planteado el tema a nivel público, pero no se ha formalizado ni se ha tomado una decisión. Es más, cuando la señora Ministra de Educación y Cultura, en nombre del Gobierno, habló el 18 de julio con motivo de conmemorarse la Jura de la Constitución, como Presidente del Directorio del Partido Nacional puse mucha atención para ver si el Poder Ejecutivo hacía referencia a la voluntad de iniciar una discusión sobre la reforma constitucional. Como dije, presté mucha atención, pero no se mencionó el tema. Esto quiere decir, muy claramente, que la discusión de una reforma constitucional no está en la agenda de los próximos meses –a corto o mediano plazo– del Poder Ejecutivo. Entonces, no se puede partir de la base de si se fuera a discutir la reforma constitucional para preguntar –como lo hacía la señora Senadora Moreira– por qué no está la caja de herramientas. Si la discusión no está planteada por el Poder Ejecutivo, en la figura de la señora Ministra de Educación y Cultura –que hizo uso de la palabra en un acto donde, lógicamente, quienes pertenecemos a otros partidos políticos esperábamos algún anuncio sobre si había voluntad política–, menos aún puede estar la caja de herramientas. Por tanto, el tema ha sido planteado a la opinión pública por distintos actores políticos –lo que es válido–, pero, reitero, que el sistema político no está discutiendo ninguna reforma, lo que no quiere decir que no lo haga en el futuro.

En cuanto a la caja de herramientas que mencionó la señora Senadora Moreira, vamos a discrepar porque se parte de la base de que la caja de herramientas –que asegura y afirma el sistema de garantías republicanas– no está bien, y para mí sí lo está. El Poder Judicial actúa con plena independencia. Sus fallos –favorables o no a las distintas posiciones– nunca han sido alineados para ningún lado, lo que nos da garantías de plena independencia. ¿Qué es lo que hay que mirar de esa caja de herramientas? ¿Su independencia? No; ¡es independiente! Se podrá decir que el sistema ha generado muchos presos, como mencionó la señora Senadora Moreira, y puedo coincidir con ella en cuanto a que hay mucha gente que está privada de su libertad y que no tiene sentencia. Eso es verdad y es una dificultad, pero no se necesita una reforma constitucional para ello. Creo que lo que se precisa –y esperemos que así se dé– es mayor presupuesto para implementar las reformas que hemos votado en esta casa y que el Poder Judicial está necesitando. Para nosotros no es un tema de reforma constitucional abrir una caja de herramientas –hablando en sentido figurado– que es de buena calidad. Son buenas herramientas, pero hay que adecuarlas a los nuevos tiempos para que sean más eficaces. Pero no se trata de que haya que abrir la caja de herramientas porque no está funcionando en un sistema de garantías. Para mí es una garantía nuestro sistema judicial y el Poder Judicial. Esto nos diferencia de otros países. Si alguna diferencia tenemos, lamentablemente, con algunos vecinos, es la no influencia de carácter político partidario en el sistema judicial. Este es un gran elemento, diferenciador y que garantiza nuestra democracia y nuestro sistema republicano.

SEÑOR CARDOSO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR CARDOSO.- El debate que se está dando ahora incluye aspectos recurrentes en la discusión cuando hablamos de temas judiciales o similares, como es el tema de la autonomía técnica.

Este proyecto de ley –que como bien decía el señor Senador Heber vamos a acompañar porque lo compartimos, es una aspiración legítima y correcta que se viene planteando hace mucho tiempo de parte de las Fiscalías– apunta a romper el actual lazo que tiene la Fiscalía de Corte con el Ministerio de Educación y Cultura y que la ha transformado desde siempre en una unidad ejecutora de esta cartera. En la actualidad, esto trae una cantidad de complicaciones que se modifican o se mejoran con este proyecto de ley porque, a partir de ahora, la Fiscalía de Corte va a ejercer con mucha más libertad su funcionamiento administrativo, sin tener que consultar al Ministro en forma permanente.

De mi pasaje por el Ministerio de Educación y Cultura recuerdo que el Fiscal de Corte tenía que discutir con el Ministro hasta sobre los alquileres de las fiscalías, si le íbamos a dar más o menos rubros para poder alquilar una fiscalía en un local del interior y dependía del presupuesto del Ministerio si se le daba a la fiscalía más o menos. Esa era una discusión complicada, pero con esto se interrumpe ese mecanismo, lo que representa una fortaleza.

En cuanto a la violación de la autonomía técnica, el único recuerdo que tengo fue el de un Fiscal de Corte –el Uruguay lo recuerda, porque sucedió no hace mucho tiempo– que llamó a un fiscal de un juzgado del interior para decirle lo que tenía que hacer. Reitero que esto lo hizo en Uruguay un Fiscal de Corte, no lo hizo un ministro ni un Presidente de la República, que nunca llaman a los fiscales para decirles lo que tienen que hacer. Si ha habido violaciones a la autonomía técnica estricta ha sido de la propia Fiscalía de Corte y de un propio Fiscal de Corte que terminó en un sumario y en una separación del cargo, en un gran lío nacional. Quiere decir que nunca vamos a estar ajenos a esos problemas, ya que ese Fiscal de Corte había sido nombrado por dos tercios y con todas las de la ley. Siempre vamos a tener que estar atentos para que la autonomía técnica, que no es solo la del Fiscal de Corte –porque cada fiscal del juzgado tiene autonomía técnica propia y no recibe órdenes técnicas del Fiscal de Corte, solo administrativas y de funcionamiento–, esté a cubierto. Comparto que este camino que estamos iniciando es bueno, porque da fortaleza administrativa y de funcionamiento a la Fiscalía de Corte sin entrar en otros bemoles que podrían acarrear nuevos problemas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- En realidad, quiero hacer una aclaración, porque no pretendo distraer el debate que estamos llevando adelante.

Con relación a si el tema de reforma constitucional es o no una variable de este período legislativo, corresponde que dejemos en claro que nuestra fuerza política tiene a estudio el tema. No tiene un proyecto.

En el último tiempo hemos asistido a un aceleramiento de las expectativas, seguramente, mediado por muchos órganos de prensa que ya lo daban como un hecho, como si se estuviera trabajando en algo a espaldas de la sociedad en general y ya se tuviese acabado. No; nosotros tenemos una disposición como partido político y estamos valorando los contenidos eventuales de una reforma constitucional. También se está valorando –pero expresamente se ha dejado para la resolución final– saber cuáles podrían ser las mejores formas de llevar adelante esa reforma constitucional. Obviamente, esta es una tarea que la deseamos hacer con el tiempo que requiera nuestra fuerza política para llegar a las conclusiones. Pensamos que 2016 es un año para intercambiar con los otros sectores políticos y sociales y para que la academia también acompañe un eventual proceso de reforma constitucional. Aventamos todo tipo de fantasmas e inseguridades con relación a si las libertades estarán puestas en tela de juicio o no. Como dijo la Ministra Muñoz, nosotros hemos tenido durante muchas décadas una Constitución que nos ha dado garantías a todos, pero tal vez el siglo XXI requiera para este país de otro tipo de Constitución.

Cuando lo que se plantea son las amenazas a nuestra institucionalidad –que, por suerte, es sólida, podemos decir que no tenemos el problema de otros países de América Latina que debieron refundarse con constituciones que reconocieran no solo sus realidades, sino también la necesidad de tener una institucionalidad fuerte–, nosotros no adolecemos de esa situación. Tenemos una sólida institucionalidad y una sólida democracia, pero siempre queremos más porque la democracia también hay que alimentarla de contenidos, instrumentos y herramientas todos los días.

Por lo tanto, me parecía que sin desviar el debate, valía la pena que dejáramos en claro: proyecto acabado no hay ninguno; pero sí preocupación permanente porque la mejoría de nuestra forma democrática de convivencia, a nuestro partido político le es un tema de agenda permanente. Esperemos que cuando se dé la chance de discutir estas cosas lo concibamos de esa manera como nuestros constitucionalistas, nuestros legisladores tomaron, en otras épocas, el tema con la profundidad, la seriedad y la convicción de que nuestro sistema democrático es el mejor sistema que tenemos para vivir y para expresarnos todas y todos.

Muchas gracias, señor Presidente y señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa quiere aclarar que se está llamando a sala porque este proyecto de ley necesita dos tercios de votos para su aprobación.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Espero que lleguen los legisladores porque yo estoy terminando con mi exposición.

Creo que las dos intervenciones fueron atinadas. Una la del señor Senador Cardoso, trayendo ejemplos de situaciones de desvío que tuvimos en nuestra historia, pero con correcciones. Hubo correcciones, o sea que los desvíos se corrigen. Me parece muy importante la intervención de la señora Senadora Xavier asegurando que acá no está en cuestión la institucionalidad, es decir, que la caja de herramientas está bien. Entonces, señor Presidente, me parece importante que se pueda decir que hay que mejorarla, que hay que hacer que haya más garantías y que haya más republicanismo en nuestra democracia representativa. Los integrantes de todos los partidos estamos abiertos a realizar mejoras en ese sentido, pero la caja de herramientas está bien.

Entonces, señor Presidente, pensamos que este es un buen paso en esa dirección. Seguramente, en el futuro habrá cosas para corregir y estamos dispuestos a hacerlo. En lo personal, me alegro por el resultado de la votación de esta mañana porque creo que es un buen mensaje que el sistema político se da a sí mismo. Un servicio descentralizado constituye una garantía más en nuestro sistema y, por lo tanto, vamos a acompañar este proyecto de ley.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: no llamé la atención ante la posibilidad de una eventual concentración fáctica de poder en la Fiscalía de Corte, sino sobre la necesaria concentración legal y normativa que estamos votando con este proyecto de ley. No estoy juzgando el desempeño del Fiscal de Corte, sino señalando que hoy estamos concentrando el poder en dos sentidos, ya que estamos transformando un Ministerio Público en un órgano unipersonal –eso ya es concentración de poder– y, además, estamos sumando la función jurisdiccional a la función administrativa; indudablemente, esa es una suma de funciones sobre la que nosotros –y me refiero al Frente Amplio– siempre hemos encontrado bastantes críticas respecto, por ejemplo, al Poder Judicial y su doble función jurisdiccional y administrativa. Por lo tanto, no se trata de la eventual concentración fáctica de poder, sino que lo que estamos votando a través de este proyecto de ley es la concentración legal o normativa.

Con respecto a esta reforma constitucional simplemente quiero hacer una nota de color y decir que cada vez que acaban las elecciones en este país comienza una discusión sobre cómo acortar el calendario electoral, que es casi como tener una discusión sobre la reforma constitucional. En realidad, el Uruguay siempre está en plena discusión sobre la reforma constitucional.

En cuanto a la caja de herramientas, lo cierto es que la cambiamos todos los días, señor Presidente. Si pasamos de un proceso escrito y reservado a un proceso oral y público en la administración de justicia es evidente que estamos modificando la caja de herramientas. Siempre hay que modificar la caja de herramientas, pero eso no quiere decir que no tengamos un pacto sobre fundamentos, que creo que es a lo que se refiere el señor Senador Heber en cuanto a los valores y principios de la democracia y, en ese sentido, por supuesto que estamos de acuerdo con él. Eso no es la caja de herramientas, sino que está antes. Creemos que cualquier pacto sobre valores y principios necesita ser refundado todos los días.

Era cuanto quería expresar, señor Presidente.

17) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 5 de agosto de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

Presente

 

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo con la Ley n.º 17827, de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito a usted se me conceda licencia por motivos personales, por el día de hoy, 5 de agosto.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Rafael Michelini. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Se comunica que el señor Felipe Michelini ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

18) FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuamos con la consideración del tema en discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: nos alegramos de que se haya aprobado este proyecto de ley que desde que estamos en esta casa se venía discutiendo con diferentes énfasis en las distintas legislaturas, pero que en el día de hoy va a terminar siendo ley.

Asimismo, nos alegramos por algunas cosas que se dijeron acá en cuanto a que es parte de una reforma que todo el proceso judicial está teniendo. En este país nadie duda de la lentitud de ese proceso y de las consecuencias que el sistema tiene. Con la aprobación del Código del Proceso Penal, más allá de los tiempos que haya que tomar para ponerlo en práctica –porque estas transformaciones no se hacen en cinco minutos–, estas resoluciones del día de hoy van a mejorar notablemente todo lo que hace a la administración de justicia en este país. Sabemos que las cosas no son perfectas y mucho menos las que hacemos los seres humanos. Seguramente, con el correr del tiempo se irán perfeccionando los elementos que constituyen el sistema en beneficio de la población y, sin dudas, nos felicitamos por eso.

Por otra parte, queremos dejar una constancia de carácter absolutamente personal, en el sentido de que somos luchadores por la reforma constitucional. En el año 1967 ya votábamos –somos veteranos– y tuvimos un dilema; había que elegir entre tres Constituciones y no nos gustaba ninguna. La Constitución es una carta importante que se tiene que adaptar y reflejar el momento histórico. Creemos que sería muy positivo para el país entrar en una discusión de este tipo, porque no solo hay que tener en cuenta los elementos electorales, sino también otros que se pueden mejorar. Por ejemplo, la Constitución que nos rige tiene muy pocas normas sobre medioambiente y creemos que en tiempos de cambio climático deberíamos tener en nuestra carta magna algo más que el artículo 47 que recogiera esas normas.

Queríamos dejar esta constancia a título personal, sabiendo que el proceso que el Frente Amplio está llevando adelante es el que describió la señora Senadora Xavier.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el proyecto de ley desde el artículo 1.º al artículo 18 inclusive, teniendo en cuenta que para el artículo 1.º y el artículo 2.º se requieren mayorías especiales.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

19) FONDO PARA EL DESARROLLO (FONDES)

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se crea el Fondo para el Desarrollo (Fondes). (Carpeta n.º 286/2015– Repartido n.º 119/2015 y Anexos I y II)».

(Antecedentes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la miembro informante, señora Senadora Ayala.

SEÑORA AYALA.- Señor Presidente: la Comisión de Hacienda ha aprobado por mayoría el proyecto de ley relativo a la creación del Fondo para el Desarrollo, por el cual se legisla en materia de fomento de políticas públicas dirigidas al desarrollo del país. Este proceso no comienza con este proyecto de ley sino que se inicia en el anterior período de gobierno, a través del decreto del Poder Ejecutivo n.º 341, de 27 de setiembre de 2011.

Por primera vez se logró, por esta vía, direccionar la renta de nuestro Banco País hacia el desarrollo de una nueva forma de gestionar unidades de producción. Esto fue posible, no solo por la voluntad política de realizarlo, sino porque en estos diez años se ha logrado revitalizar al Banco República convirtiéndolo en una unidad financiera rentable y sólida.

Sin dudas, el Fondes constituyó una herramienta posible y sustentable, un avance estratégico para emprendimientos productivos que, además, en sus inicios fueron en apoyo de aquellos proyectos de recuperación de establecimientos productivos por parte de sus trabajadores, muchos de ellos emblemáticos para su territorio y también para el país. Hoy se pretende avanzar en este camino que se ha trazado el país, otorgando a esta herramienta un marco legal acorde a su importancia, profundizando su eficiencia y control.

El texto se divide en cuatro capítulos y consta de veintitrés artículos bajo las siguientes denominaciones: «Disposiciones generales», «Del FONDES Inacoop», «Del FONDES ANDE» y «Disposiciones Finales».

A continuación, detallamos el articulado incorporado en el proyecto de ley. El artículo 1.º define la creación del Fondo para el Desarrollo –Fondes– «como uno o varios patrimonios de afectación independiente» cuya finalidad es dar apoyo a los proyectos productivos que justifiquen ser viables y sustentables, y que respeten las directrices estratégicas establecidas por el Poder Ejecutivo.

El artículo 2.º establece que la administración de los fondos asignados a las particiones del Fondes estará a cargo de las instituciones Inacoop –Instituto Nacional del Cooperativismo– y ANDE –Agencia Nacional de Desarrollo–, tomando el nombre de cada una de ellas. Estos serán gestionados a través de un fiduciario financiero autorizado por el Banco Central del Uruguay, con los controles correspondientes.

El artículo 3.º define los cometidos generales de ambos órganos en lo que refiere a la administración de las particiones. Entre ellos: promoción, apoyo y profesionalización de la gestión empresarial, incremento de la productividad, sustentabilidad de los emprendimientos presentados, capacitación, reinversión de utilidades, y fomento de la participación del sistema financiero con los instrumentos legales disponibles.

El artículo 4.º dispone las bases para el estudio de la factibilidad de los proyectos presentados, valorizando la sustentabilidad, innovación, creación, profesionalización del empleo y de sus trabajadores. Los proyectos presentados deberán estar en concordancia con las políticas estratégicas dispuestas en esta materia por el Poder Ejecutivo.

El artículo 5.º establece el carácter de las fuentes de financiamiento a ejecutar: préstamos, garantías y bonificación de tasa de interés, capital semilla, capital de riesgo, aportes no reembolsables para el financiamiento total o parcial, sea para asistencia técnica, estudios de viabilidad o planes de capacitación o mejoras de gestión y otros que el Poder Ejecutivo establezca.

Los artículos 6.º y 7.º establecen el compromiso de reinversión de utilidades, regulan la asunción de nuevos préstamos, garantizan la devolución de los reembolsables, disponen las condiciones para el otorgamiento de financiamiento a nuevos proyectos cuando se tratare de un mismo grupo económico.

El artículo 8.º define que cada una de las instituciones responsables de la administración del Fondes deberá elaborar y someter a consideración del Poder Ejecutivo los reglamentos operativos, sus planes y programas anuales, y su correspondiente aplicación; deberá, además, resolver sobre la solicitud de los proyectos que se presentan y realizarles su seguimiento. Impartirá instrucciones a los agentes fiduciarios, informando periódicamente al Poder Ejecutivo.

A través del artículo 9.º se faculta a las instituciones administradoras a suscribir convenios con otras instituciones con el fin de implementar planes y programas aprobados por el Poder Ejecutivo.

El artículo 10 explicita que los recursos del Fondes podrán estar integrados por: a) contribuciones que podrá realizar el Banco República de acuerdo al artículo 40 de la Ley n.º 18716, de 24 de diciembre de 2010, a requerimiento del Poder Ejecutivo, estableciéndose que el aporte de las utilidades netas anuales del Banco República, representarán un mínimo de un 15 %;

b) con el producido de la gestión del Fondes; con las herencias, legados y donaciones y con los aportes y asignaciones que se dispongan por leyes presupuestales.

Los artículos del 11 al 15 regulan específicamente la institución administradora Fondes Inacoop en cuanto a su integración, donde se define la participación de representantes sociales en la administración y la gestión, la estructura interna, la representación, actores económicos, facultades, cometidos, responsabilidades y recursos.

Los artículos 16 a 19 establecen el marco regulatorio, al igual que las normas contenidas en los artículos 11 al 15, pero en este caso para la institución administradora Fondes ANDE.

El artículo 20 dispone que las utilidades netas del Banco República correspondientes al año 2013 se destinarán al Fondes Inacoop. A su vez, se establece que las disposiciones contenidas en esta ley en lo referente a la aplicación de las utilidades netas del Banco República comenzarán a regir a partir del ejercicio 2015.

Los artículos 21 al 23 establecen que, a excepción de los aportes a la seguridad social, el Fondes queda exonerado de todo tipo de tributos nacionales. Se declara la inembargabilidad de sus bienes y el privilegio de sus créditos, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 110 de la Ley n.º 18387, de 23 de octubre de 2008. Los contratos o relaciones jurídicas celebrados al amparo de los Decretos n.º 341/011, del 27 de setiembre de 2011, y 100/015, del 23 de marzo de 2015, no se verán afectados por la aplicación de esta norma.

En definitiva, con este proyecto de ley, se continúa apostando a las políticas estratégicas para el desarrollo del país; se establecen claramente objetivos, instrumentos y requisitos para el funcionamiento del Fondes; se define la participación de los representantes sociales en su administración, gestión y responsabilidad; se incorporan aspectos referidos a la eficiencia, al control de los dineros públicos, destinando un mínimo de recursos para asegurar su funcionamiento sin que ello signifique desproteger la sustentabilidad del Banco República.

A su vez, se promueve la innovación y profesionalización del trabajo, los emprendimientos cooperativos o de autogestión como nueva experiencia en las relaciones de trabajo. Dinamiza a la pequeña y mediana empresa.

Por ello, estamos convencidos de que la creación de este instrumento con otra jerarquía legal permitirá avanzar y crear nuevas posibilidades, consolidando las transformaciones que nuestro país y su población merecen.

En virtud de lo expuesto, convencidos de la importancia de esta herramienta para el desarrollo de un sector dinamizador de la economía nacional, y de la oportunidad generada para un grupo de emprendimientos que refieren a la economía social y solidaria, que siempre habían quedado por fuera de los apoyos formales, la Comisión de Hacienda tiene a bien poner a consideración y aconsejar a la Cámara la aprobación del proyecto de ley presentado.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor Presidente: confieso que nos llevó bastante tiempo decidir si apoyábamos este proyecto de ley. Es más, nosotros no lo acompañamos en comisión y anunciamos que no lo hacíamos porque queríamos estudiarlo más a fondo y porque queríamos discutirlo en la bancada.

Sin perjuicio de ello, el proyecto de ley, tal como estaba planteado, nos resultaba aceptable o más que eso: considerábamos que era interesante apoyarlo. Pensábamos que una función que históricamente desempeñaron otros organismos, como es la de apoyar como banco de fomento a instituciones que iban a tener dificultades para conseguir créditos en bancos comerciales, era algo bien interesante. Al igual que con todas las cosas que uno pone sobre la balanza, pensamos que esta tenía un aspecto en contra, que era el hecho de cómo había funcionado el Fondes hasta el momento. Todos, o por lo menos gran parte de los legisladores, teníamos dudas acerca de su funcionamiento. Desde nuestro punto de vista, faltaba transparencia. Yo no digo que haya funcionado mal o que haya habido cosas raras, pero sin duda faltaba transparencia, faltaba control. En definitiva, faltaban posibilidades de ver cómo estaba funcionando. Para nosotros el pasado del Fondes era un episodio negativo, y esto lo hemos dicho públicamente. Todo el mundo sabe que pensábamos así, y así seguimos pensando.

Sin perjuicio de ello, creo que se han producido algunos avances. Por ejemplo, el hecho de que este tema esté regulado por ley es positivo.

Personalmente tengo algunas dudas sobre cuáles son los fondos que va a tener el Fondes, es decir, con cuánto se va a poder manejar. De hecho, esto dependerá de muchos factores, pero todos sabemos que su principal ingreso serán las utilidades del Banco República. Estuve averiguando cuánto fueron las utilidades que registró el Banco República en los últimos años y encontré que en 2010 se ubicaron en $ 863 millones; en 2011, en $ 1.385 millones y, en 2012, en $ 770 millones. Si convertimos estas cifras a dólares, tomando como referencia, para simplificar, el valor del dólar a $ 20, tenemos que en 2010 representaron USD 43 millones; en 2011, USD 69 millones y, en 2012, USD 38 millones.

Según la información de que dispongo y que contradice lo establecido en el artículo 20 –creo que este es un tema a tener en cuenta–, en 2013 y 2014 no se volcó ningún dinero, porque no se llegó a la condición prevista en el último inciso del artículo 10, que establece: «Estas contribuciones solo podrán realizarse cuando la responsabilidad patrimonial neta del BROU supere en más del 30 % (treinta por ciento) el nivel mínimo exigido por la normativa del Banco Central del Uruguay, después de considerar las contribuciones previstas en el inciso primero del artículo 11 de la Ley n.º 18716, de 24 de diciembre de 2010». Reitero que la información que tengo es que en 2013 y 2014 no se volcó dinero al Fondes porque no se cumplieron los requisitos exigidos por el Banco Central del Uruguay.

En la Comisión de Hacienda discutimos sobre la procedencia de estos fondos, es decir, de dónde salen las utilidades del Banco República, un banco que, sin lugar a dudas, en los últimos años ha dado resultados positivos. Hablamos de que seguramente buena parte de esas utilidades provenían del crédito social, es decir, no de los préstamos a las grandes empresas, sino de los préstamos personales a quienes deciden hacer algún gasto extra o no les alcanza el sueldo –conocemos a un millón de personas– y van al Banco República para ver si les puede dar algo a pagar en cuotas. Este tema es importante; no es todo, pero es importante.

De las utilidades del Banco República registradas en 2013, el 39 % correspondió a los préstamos llamados «crédito social», y en el 2014, el 58 %. Es bastante. Es decir que de lo que ganó el Banco República en 2014, el 58 % correspondió a utilidades de crédito social, que es lo que se le presta, supuestamente, a las personas que tienen menores ingresos. ¿Por qué tiene utilidades? Seguramente porque el interés es bastante alto. Es con estas utilidades del Banco República que va a funcionar el Fondes. Vuelvo a decir que en 2012 las utilidades fueron de USD 38 millones.

¿Qué más va a tener el Fondes? Va a tener las utilidades de su funcionamiento, y eso va a depender de cómo preste. Si el Fondes apoya a empresas que no tienen capacidad de repago, va a poder asistir a muchas menos que si le da dinero a aquellas que tienen buena capacidad de repago.

Vamos a hablar claro. Los emprendimientos productivos que van a pedir financiamiento al Fondes serán aquellos que no pueden recurrir a un banco porque los intereses son demasiado altos o porque directamente no les va a prestar. Por eso me parece que está bien el Fondes: porque, si no, esos emprendimientos productivos no tendrían una ventana donde pedir ayuda. Eso es lo que me entusiasma de este proyecto de ley.

Naturalmente, después de la crisis de 2002, el Banco República es un banco comercial. Y está bien; es un banco que compite con otros bancos. Si uno va al Banco República –no quiero poner la excepción, porque todo el mundo sabe que algunas cosas salen muy rápido–, en trámites normales va a tener un millón de problemas para que le presten; para empezar, debe tener un capital mucho mayor de lo que pide. El Fondes no está para eso, sino para ayudar a quienes no tienen un capital mayor al que necesitan, o a una empresa que tiene dificultades o quiere empezar un emprendimiento productivo y no puede ir al banco.

Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos transparencia; no queremos que aparezca en los diarios que le presta a –ni siquiera sé cómo las llaman los diarios porque en verdad no les presto mucha atención a esas cosas– ¿«empresas compañeras» les dicen? Algo así. Pretendemos que se preste porque tienen condiciones de acceder al crédito, no porque sean amigos. Eso es lo que nosotros queremos y creo que es lo que quieren todos quienes están aquí; espero que eso sea lo que queremos todos.

¿Hay garantías absolutas? No; no las hay. Queremos mucho más. Queremos saber qué va a pasar con el Fondes.

Estas son las dudas que se nos plantearon y por las cuales, hasta que tuvimos una discusión a nivel de bancada, no sabíamos si apoyaríamos o no el proyecto de ley. Al final, uno tiene que poner en la balanza las cosas buenas y las negativas.

Reitero que lo bueno es, a mi juicio, que el Uruguay necesita un instrumento de este tipo para apoyar a empresas y a emprendimientos productivos que, de otra forma, no podrían acceder al crédito. Además, van a tener que prestar bien, porque si no les pagan, no solo van a tener responsabilidad personal, sino que no van a poder prestar más. El funcionamiento mismo del sistema va a hacer que esto ocurra, porque si le presto USD 15 millones a alguien y no me los devuelve, no los voy a poder prestar más, y además voy a incurrir en responsabilidad personal y política. De darse esta situación, vamos a estar todos aquí para preguntar qué pasó con ese dinero que prestaron a fondo perdido. Aclaro que aquí no me estoy refiriendo a una empresa concreta, sino al hecho de que si se presta y no se devuelve, hay responsabilidad, hay mala gestión y el Fondes va a tener una pérdida grande que le va a impedir prestar a otros que se encuentren en las mismas condiciones.

Esas son las dudas que nos genera este proyecto de ley, por el que se crea el Fondes.

Quiero reiterar que, con antecedentes que no nos conforman y con controles que no van a ser todos los que desearíamos, en el balance primó lo que yo creo es necesidad de un país: que le preste y asista a emprendimientos productivos que, de otra forma, no tendrían adónde ir.

Por estas razones, señor Presidente, la bancada de Senadores del Partido Colorado va a votar afirmativamente este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: cuando en el seno de la Comisión de Hacienda se trató el proyecto de ley por el que se crea el Fondes, que se sometió a votación en la sesión pasada, con el señor Senador Heber manifestamos que la bancada de Senadores del Partido Nacional no había tomado posición al respecto. En esa oportunidad dejamos constancia de algunas posiciones personales y de que no podíamos avanzar en la votación de la iniciativa porque no existía una posición partidaria. En el día de hoy la bancada de Senadores del Partido Nacional estuvo discutiendo el tema y tomó una decisión.

Me parece importante hacer referencia a cómo se dio este proceso de creación del Fondes.

El 5 de marzo, el señor Presidente de la República convocó a los coordinadores parlamentarios a la Torre Ejecutiva e hizo entrega de una cantidad de proyectos de ley, entre los que se encontraba el de creación del Fondes.

El 10 de marzo comenzó el tratamiento de la iniciativa en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. En ese mes comparece ante la Comisión de Hacienda una representación del Ministerio de Economía y Finanzas y de la OPP, así como la señora Ministra de Industria, Energía y Minería para explicar el proyecto.

Un tiempo después, en medio del tratamiento del proyecto original, aparece un decreto del Poder Ejecutivo por el que se instrumentaba parte de lo que establecía el propio proyecto de ley.

Siguiendo con la historia de este proyecto, en el mes de mayo se recibe al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a los representantes del PIT-CNT y nuevamente a la OPP.

Queremos recordar que el proyecto original del Poder Ejecutivo tenía ocho artículos. A través de este proyecto se institucionalizaba la figura del Fondes, que hasta el momento había trabajado a través de reglamentaciones del Poder Ejecutivo, con una gran discrecionalidad.

El artículo 1.º creaba el Fondo para el Desarrollo como uno o varios patrimonios de afectación. La denominación de esos fondos sería la palabra «Fondes», seguida del nombre que identificara la institución que realizara la administración. No determinaba cuáles serían las instituciones que administrarían los fondos, ni sus cuentas. Se nutriría, obviamente, de los aportes de las ganancias del Banco República.

Recién el señor Senador Amorín hacía referencia a las utilidades del Banco República y señalaba que, según el artículo 40 de la Ley n.º 18716, hasta un 30 % –después de debitar impuestos– se podía destinar a fondos de estas características.

Cuando hablamos de utilidades del Banco República estamos refiriéndonos, fundamentalmente, a los créditos sociales. Es decir que estamos aludiendo a plata de trabajadores que, por la facilidad de acceso que tienen a este tipo de instrumento o herramienta financiera, solicitan el crédito social. Esas tasas –porque las otras están bastante deprimidas– son las que generan las utilidades del Banco República, que han sido importantes en los últimos tiempos.

El proyecto original, en su artículo 4.º, encomendaba al Poder Ejecutivo establecer límites de riesgo. Esto funcionaba como límite de apoyo a un mismo proyecto y se establecía que los préstamos no podían ser mayores al 3 % de los apoyos disponibles para el año corriente en cada partición del Fondes.

En los artículos siguientes se mencionaban los requisitos para acceder al Fondes, los principales cometidos, cómo se instrumentarían los apoyos, las competencias de las administradoras de fondos, cómo se financiaría el Fondes y, por último, los beneficios fiscales y la inembargabilidad de los bienes del fondo, así como los privilegios de los créditos.

Después surgió una discusión dentro del Frente Amplio –fue notoria, pública, manifiesta, dura–, y el 1.º de junio el Poder Ejecutivo remite un nuevo proyecto de ley, echando por tierra el anterior, que ya se había comenzado a discutir. Este nuevo proyecto, con alguna pequeña modificación, es el que termina aprobando la Cámara de Representantes y el que tenemos a consideración en el día de hoy.

Este proyecto de ley ya no cuenta con 8 artículos, sino con 23, y establece algunos cambios importantes con respecto al primero presentado.

El 10 de junio se comenzó a tratar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y ese día se volvió a recibir a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, de la OPP y del Ministerio de Industria, Energía y Minería. El 16 de junio se recibió a los miembros del Inacoop y ese mismo día se aprobó en la comisión el texto, con algunas modificaciones menores que presentó la bancada del Frente Amplio. Ese es el proyecto que tenemos a consideración en el día de hoy.

Obviamente, el texto aprobado por la Cámara de Representantes tiene como base el presentado el 1.º de junio por el Poder Ejecutivo que, como dijimos, varía sustancialmente del planteado originalmente en marzo.

El cambio más importante que tiene el proyecto tiene que ver con el ordenamiento del propio instrumento. Concretamente, en el artículo 2.º se le da estructura al Fondes sobre dos particiones: una administrada por el Inacoop –Instituto Nacional del Cooperativismo– y otra por la Agencia Nacional de Desarrollo Económico. Y ahí surgen los pilares sobre los que continuará instrumentándose el Fondes. Obviamente, con esta medida las cooperativas se aseguran –cosa que no estaba en el proyecto original, por lo menos a texto expreso; sí estaba en el espíritu, pero quedaba librado a la reglamentación y nosotros creíamos que se iba a dar por esa vía– el financiamiento de algunos proyectos cooperativos.

Cada uno de los fondos administrará, al menos, el 7,5 % de las contribuciones del Banco República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley n.º 18716, siempre que se dé el presupuesto establecido en el artículo 10, inciso final. Esto surge de la lectura del propio artículo 10 y de los artículos 15 y 19.

Otro cambio sustancial radica en que el primer proyecto –el presentado en marzo–, en su artículo 4.º encomendaba al Poder Ejecutivo establecer límites de riesgos para brindar apoyo a un proyecto y limitaba la asistencia a los proyectos a un 3 % de los fondos disponibles para el año corriente en cada partición. En cambio, en el artículo 7.º del texto aprobado por la Cámara de Representantes no se establecen riesgos. Se emplea un concepto de grupo económico y se pone como tope el 10 % de los activos administrados para el año en curso. Y en el caso de otorgar préstamos, estos podrán ser hasta dos a un mismo proyecto o empresa, por un período de cinco años y por un monto total que no podrá superar el 15 % del valor promedio anual de los activos administrados en la partición correspondiente en los últimos cinco años.

Desde el artículo 11 al 19 se establecen normas adecuando las figuras del Inacoop y de la ANDE para administrar estos fondos.

Finalmente, en los artículos 20 a 23 están las disposiciones transitorias. Allí se recoge la inembargabilidad de los bienes, el privilegio de los créditos y la sustitución del Fondo para el Desarrollo creado por el Decreto n.º 341/011 por este Fondes.

La discusión del proyecto en el plenario de la Cámara de Representantes se dio entre los días 17 y 18 de junio y el proyecto terminó siendo aprobado con 59 votos.

En ese momento el Partido Nacional –con algunas excepciones en contra– votó en general el proyecto y propuso tres aditivos, cinco sustitutivos y un artículo agregado, que hubiera sido el 24. Ninguna de estas iniciativas fue acompañada por la bancada de gobierno y, en consecuencia, no prosperaron.

Este proyecto ingresó a la Cámara de Senadores. La Comisión de Hacienda recibió al Ministerio de Economía y Finanzas, a la OPP y a la Agencia Nacional de Desarrollo Económico. A su vez, a solicitud del Partido Nacional –apoyada por los demás partidos– concurrieron los representantes del Inacoop a explicar cómo iban a instrumentar, en la medida en que el proyecto fuera aprobado, la cuota parte del Fondes que les tocara administrar. Y después se puso a votación el proyecto.

En la comisión dejamos algunas constancias que vamos a repetir en el plenario. Creemos que es importante que se genere un fondo de desarrollo. Hay emprendimientos pequeños y medianos, cooperativos e, incluso, autogestionados, pero, por diversas razones, algunos no logran pasar la primera ventanilla del banco. Muchas veces esto se debe a problemas de garantías o al no cumplimiento de las exigencias bancocentralistas para ser pasibles de crédito. Obviamente, un fondo de desarrollo con características como el que estaba propuesto originalmente generaba esas posibilidades, y eso es lo que vemos como conceptualmente positivo, más allá de lo que terminemos votando.

Obviamente, tenemos que separar lo que representó la discusión anterior del Fondes, de lo que es esta etapa. Sobre todo en el proyecto de ley anterior, había una institucionalización del fondo –un fondo que no era menor– y se establecían los procedimientos para que los diferentes proyectos pudieran ser evaluados y pasibles de crédito. Esto es un avance con respecto a lo que había anteriormente y lo es en el sentido positivo. En la bancada del Partido Nacional se planteó que hay muchos problemas instrumentales que generan dudas. Por eso, más allá de la votación que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes, se presentaron una cantidad de aditivos y sustitutivos para tratar de dar más garantías, mejor institucionalización y, sobre todo, más controles.

Tal como adelantamos en la Comisión de Hacienda, debe haber un control final. Como son fondos públicos –por su origen– proponíamos que el Tribunal de Cuentas auditara al Fondes Inacoop, al Fondes ANDE y a los fideicomisos respectivos, conforme al artículo 228 de la Constitución de la República. En el día de hoy vamos a proponer un artículo final, para que se vote cuando pasemos a la discusión particular del proyecto de ley.

Este es un tema muy importante porque, tal como señaló el señor Senador Amorín, estamos creando un fondo y le estamos dando institucionalización. Más allá de que tengamos dudas sobre su instrumentación y de que no compartimos algunos aspectos, creo que el proyecto original –y lo digo a título personal– tenía algunos elementos que son mejores.

Con mucha honestidad intelectual tengo que decir que desde el año 2007 venimos trabajando en una ley marco del sistema cooperativo, con todos los partidos políticos. Junto con varios excolegas –incluso con el hoy Presidente del Inacoop– trabajamos en este tema y se generó una especie de código cooperativo en el que se compendiaba y aggiornaba la dispersa legislación en materia cooperativa –creo que esa fue una muy buena señal– y, entre otras cosas, creaba el Inacoop, Instituto Nacional de Cooperativismo. Hasta ahora no había ningún tipo de institucionalización, simplemente había una comisión honoraria en la Presidencia de la República.

Eso fue tan bueno, que terminó siendo una política de Estado apoyada por todos los partidos. Con la anterior Administración –la del ex-Presidente Mujica– acordamos que en el Inacoop hubiera un representante de la oposición, además de los representantes del Poder Ejecutivo. Eso lo subrayamos en todos los actos vinculados a las cooperativas, porque era una muy buena señal que estuvieran representados los actores cooperativos y que, por el poder político, hubiera representantes del Gobierno y de la oposición. Esa fue una muy buena señal, y así se trabajó.

Ese instrumento hoy se perdió porque este Poder Ejecutivo decidió que en el Inacoop no hubiera delegados de la oposición. Me parece que hay un retroceso en materia de política cooperativa de Estado al no haber una amplia representación de la oposición en la dirección de este instituto.

Obviamente que el Inacoop va a ser uno de los instrumentos de aplicación de este fondo, si se aprueba este proyecto de ley. Hay una dirección –Inacoop ANDE e Inacoop Fondes–, que está integrada por representantes del Poder Ejecutivo, de las cooperativas y de los trabajadores, pero tampoco hay delegados de la oposición. Se podrá decir que el control social es importante –como sucedió en la comisión y coincido con ello–, pero cuando hay dineros públicos, además del control social es necesario que haya control político en su más amplia expresión, como el que hubo en la Administración pasada en la dirección del Instituto Nacional de Cooperativismo.

Por eso, señor Presidente, con muchas dudas y en el entendido de que es un avance con respecto a lo existente en la anterior Administración, siendo consecuentes con lo que se votó en la bancada de Diputados vamos a votar en contra de este proyecto de ley en general. De todas maneras, en una actitud responsable, vamos a proponer artículos aditivos y sustitutivos. Sobre todo, vamos a proponer un artículo adicional que tiene que ver con las garantías y con la tranquilidad que nos brinda el hecho de que el Tribunal de Cuentas pueda ser el auditor permanente de los organismos que terminan ejecutando este fondo –reitero que son muchos millones de dólares– y los fideicomisos respectivos.

SEÑOR CARDOSO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR DELGADO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO.- El Tribunal de Cuentas se creó como un órgano competente para asesorar la actividad parlamentaria, pero, por estas cuestiones de la actividad política que a veces no entendemos muy bien, hace muchísimos años derivó en un organismo independiente y terminó siendo un ente autónomo. Es un organismo que, sin tener competencias vinculantes, establece criterios firmes respecto a la administración de los recursos públicos.

Podríamos decir –en términos médicos– que este proyecto de ley nace con una enfermedad genética porque tiene un problema en su origen y es que fondos públicos que nacen de las ganancias del Banco República –y que van a ser utilizados en un mecanismo que, como dijo el señor Senador Delgado, compartimos en términos generales, más allá de la forma en que se lo ha administrado hasta ahora–, dejan de ser revisados por el organismo de contralor del Estado. Es muy difícil entender por qué sucede esto. Será mucho más difícil explicarlo. ¿Por qué el Tribunal de Cuentas no puede revisar a esta nueva estructura de financiamiento que vamos a crear? ¿Qué tendría que esconder? ¿Qué problemas le traería, cuando es un órgano no vinculante? ¡Cuántas veces nos hemos quejado de que el Tribunal de Cuentas debería tener un brazo un poco más largo para intervenir en algunos desastres que se hacen a veces con la Administración pública! No solamente debería decir que determinada cosa no se puede hacer, sino que debería tener la posibilidad de bloquear algunos procedimientos mal hechos. En los corrillos parlamentarios hemos hablado reiteradamente de esto: habría que darle alguna facultad más al Tribunal de Cuentas. No se la hemos dado; la facultad que tiene es la de revisar, mirar los números y emitir un informe. ¿Por qué no podría revisar los números de esta nueva estructura del Fondes? ¿Por qué quitarlo del paraguas del Tribunal de Cuentas al que están sometidos todos los organismos públicos de la Administración central, las Intendencias, las Juntas departamentales y los organismos descentralizados? ¿Por qué impedir al Tribunal de Cuentas tener esa mirada? Este problema va a generarnos dificultades en el futuro porque siempre vamos a tener que revisar los números, a veces de manera imperfecta, y vamos a tener informes de transferencias y de utilización de los recursos que nos pueden llevar a un debate. Si tuviéramos un informe del Tribunal de Cuentas las cosas serían más claras.

Fíjese, señor Presidente, que el Tribunal de Cuentas está presidido por una persona designada con el aval del Poder Ejecutivo. No estamos hablando de un organismo adversario que esté para complicarle la vida a esta nueva estructura del fondo. Nosotros compartimos el sentido político de este organismo.

Esta mañana debatíamos en radio con el señor Senador Agazzi y decíamos: «Sí, hay nuevas formas de financiar en el mundo, y el Uruguay tiene que encontrar esos nuevos procedimientos, que no son bancos tradicionales, gerentes, sistemas de garantías. En algo avanzamos con el Banco República y Microfinanzas. Este ha sido un buen camino. Es un avance para los chiquitos». Yo no sé si es para los chiquitos. Si uno mira cómo se utilizó el Fondes, puede ver que algunos se llevaron millones de dólares. Así que no lo veamos como un instrumento para los chiquitos. El instrumento para los chiquitos es Microfinanzas del Banco República. Este es un instrumento para un grupo más grande, que puede ser una cooperativa o un grupo de trabajadores, y puede dar determinadas soluciones. Se trata de mecanismos idóneos que hoy se utilizan con éxito en otras partes del mundo. Hagamos el esfuerzo de incluir al Tribunal de Cuentas y avancemos hacia una votación mayor de la que va a conseguir el Gobierno. El Partido Nacional podría encontrar suficientes argumentos para dar sus votos a esta iniciativa, ya que no quisiéramos dar la señal de que no queremos que sea creado. Pero, si se va a crear un organismo que va a manejar fondos públicos que provienen del Banco República –más allá del criterio político que se tenga– y lo quitamos del ojo del Tribunal de Cuentas, va a nacer con una enfermedad genética. Está mal visto que no se quiera mostrar los números al Tribunal de Cuentas. Por tanto, esto nos impide votar un instrumento de estas características.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Delgado.

SEÑOR DELGADO.- He terminado, señor Presidente.

20) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- Pido excusas por la interrupción, pero ha llegado a la Mesa una moción de orden.

Léase.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se prorrogue la finalización de la sesión hasta finalizar el orden del día». (Firma el señor Senador Agazzi).

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

21) INTEGRACIÓN de la Comisión INvestigadora sobre la situación económica y financiera de ancap entre el 1.º de marzo de 2000 y el 1.º de marzo de 2015

SEÑOR PRESIDENTE.- Comunicamos al Cuerpo que la Comisión Investigadora sobre la Situación Económica y Financiera de Ancap entre los años 2000 y 2015 quedará integrada por los señores Senadores Pedro Bordaberry, Marcos Carámbula, José Carlos Cardoso, Rubén Martínez Huelmo, Pablo Mieres, Marcos Otheguy y Daisy Tourné.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: el Partido Nacional quiere dejar una constancia que, como le consta al señor Presidente, se ajusta a la cronología de los hechos. Nuestro partido reivindica que, por criterios ajustados de representación proporcional integral, en esa comisión de siete integrantes le corresponden dos; es por eso que en el día de ayer votábamos una integración de la comisión con nueve miembros.

Siendo conscientes de que el Frente Amplio iba a reivindicar la mayoría en esa comisión investigadora –como me expresara el señor Presidente–, comunicamos a la Presidencia del Cuerpo la posición del Partido Nacional que, de los dos nombres que sugeríamos para integrar esa comisión, íbamos a presentar solamente el del señor Senador José Carlos Cardoso, para facilitar la tarea al Presidente del Cuerpo y así viabilizar la participación de todos los partidos con representación en el Senado de la República.

Simplemente, quería decir que al señor Presidente le consta esa conversación y ese traslado que le hice, antes de comenzar la sesión, en nombre y por resolución del Partido Nacional.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: también quisiera dejar una constancia en nombre del Partido Independiente, porque, como todos sabemos, las reglas de juego en lo que tiene que ver con la integración de las comisiones tienen como criterio fundamental la proporcionalidad. Esa es la razón por la que ayer se insistió tanto en si eran 7 o 9 los señores Senadores, porque eso afectaba las posibilidades de integración. Por tanto, quiero hacer, en nombre del Partido Independiente, un reconocimiento al gesto que ha tenido el Partido Nacional, que teniendo la posibilidad de integrar con dos miembros la comisión –en ese caso, nosotros no participaríamos– haya cedido un lugar de manera que el Presidente pueda conformar una comisión con la integración de todos los partidos que estamos integrando el Cuerpo.

Muchas gracias.

22) FONDO PARA EL DESARROLLO (FONDES)

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del tema en discusión.

SEÑOR CARÁMBULA.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Carámbula.

SEÑOR CARÁMBULA.- Señor Presidente: queremos intervenir en la consideración de este proyecto de ley porque entendemos que estamos votando algo muy significativo para la concepción del desarrollo de nuestro país. A nuestro entender, se construye institucionalidad al incorporar conceptos en el sistema financiero para ponerlos al servicio del desarrollo productivo. Por eso creemos que este proyecto de ley adquirirá profunda magnitud si el Senado lo vota en el día de hoy.

Quisiera señalar que lo que aparece como una contradicción es producto de un engarce muy significativo, peculiar y positivo que se produce en nuestro país, y es la relación que siempre debe existir entre el Gobierno, los partidos políticos y la sociedad organizada. Quiero destacar la lucha de los trabajadores que pelearon por este proyecto de ley y, anteriormente, por la aplicación de la modificación de la Ley Orgánica del Banco República. Cuando en el Senado se subrayan –y se subrayan para bien– las modificaciones que ha tenido el proyecto desde que fuera enviado por el Poder Ejecutivo hasta su votación en la Cámara de Diputados –es lo que hoy estamos considerando–, hay que tener presente que ellas surgen de esa interrelación que, afortunadamente, se da en nuestra sociedad. Y no solamente tenemos este ejemplo, sino que también se da en diferentes circunstancias, cuando viene un proyecto del Poder Ejecutivo, con el análisis de los diferentes partidos políticos y, fundamentalmente, de la sociedad organizada. Ese aporte de los trabajadores y de los distintos representantes de la sociedad que son parte del desarrollo del país, se logra plasmar en un proyecto de ley con estas características.

Quiero enfatizar que, en una concepción de fondo, este proyecto de ley genera un salto de calidad que plantea espacios financieros alternativos para el desarrollo del trabajo. Se trata de una estrategia de desarrollo con determinada visión en el mundo y sumamente significativo para nuestro país. Sin lugar a dudas, el mercado –concretamente, dos tercios de la economía del planeta– es dominado por las grandes trasnacionales, y en el Uruguay ocurre lo mismo. Esto genera muchos desafíos: niveles de desigualdad, de concentración del conocimiento y, fundamentalmente, el riesgo que significa para la sustentabilidad ambiental y del planeta. Desde luego que eso no lo resuelve la ley del Fondes, pero es una herramienta formidable para nuestro país porque, justamente, lo que hace es dar un salto de calidad en la estrategia y en la visión del desarrollo a partir del trabajo. Sin duda, tanto esta herramienta como el país en su conjunto deben ir por más, incorporando los conceptos de innovación, tecnología, competitividad y sustentabilidad, pero está claro que este es un paso harto importante en lo que tiene que ver con la dignidad, las condiciones de vida y las oportunidades de los trabajadores. Para nosotros la pregunta es: ¿qué mejor destino podría darse a una parte de las utilidades del Banco República –que, como se ha dicho aquí, se generan con el ahorro y el compromiso de los trabajadores del país– que volcarlas al desarrollo del trabajo por medio de oportunidades que brindará este proyecto de ley? Justamente, nos parece que esta es una ecuación harto favorable para el desarrollo humano y, por esa razón, vamos a votar esta iniciativa con enorme alegría.

Se ha hecho especial hincapié y se ha insistido en lo relativo a los controles. Por nuestra parte, no hay duda de que siempre estaremos dispuestos a colaborar para que los controles sean suficientes y se pueda avanzar sin dificultades. Hemos hablado sobre esto con algunos señores Senadores –en especial con el señor Senador Martínez Huelmo– y me gustaría leer textualmente una parte de la versión taquigráfica de la Comisión de Hacienda, en oportunidad de la comparecencia de las autoridades del Inacoop. En esa ocasión, el doctor Moreno, asesor jurídico dijo: «Por distintos factores ha sido una preocupación el tema de los controles del Fondes.» Luego agregó: « En primer lugar, tenemos lo que establece el propio artículo 41 de la Carta Orgánica del Banco de la República Oriental del Uruguay, acerca de que el Poder Ejecutivo debe remitir rendición de cuentas con respecto a la autorización de los fondos. Por otro lado –esto ya sucedía anteriormente–, el Fondes es administrado y gestionado por un fideicomiso financiero, no por uno de administración. En materia de contralor esto no es menor porque, de alguna manera, el fideicomiso financiero está regido por las normas del Banco Central. A esto hay que agregarle lo que establece el artículo 191 de la Ley n.º 18407» –justamente, una de esas grandes herramientas que se crearon, como el Inacoop en 2008 y la ANDE en 2009– «–que regula el Instituto Nacional de Cooperativismo– que, entre otras cosas, prevé expresamente –como sucede con la gran mayoría de las personas públicas no estatales– que estas instituciones son controladas por la Auditoría Interna de la Nación y el Tribunal de Cuentas. Es decir que el Inacoop ya tiene estos dos controles y hay que tener en cuenta que en este nuevo escenario será el fideicomitente de los fondos del Fondes y, por consiguiente, también se aplicarían esos controles». Nos parece que esta explicitación que hizo el asesor jurídico en la Comisión de Hacienda marca claramente la preocupación que existe en torno a los controles, y la respuesta correspondiente.

SEÑOR AGAZZI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CARÁMBULA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: creo que el punto que menciona el señor Senador Carámbula –también lo han hecho otros señores Senadores durante la discusión– es importante porque está vinculado con los controles de los fondos públicos. Más allá de lo que señala el señor Senador Carámbula, creo que este tema merece una reflexión.

Estamos de acuerdo en profundizar en esto, pero lo que no queremos es que si, por ejemplo, dos personas comienzan un emprendimiento para criar pollos, uno de ellos corra con ventaja por conseguir un financiamiento aparte y el otro quede postergado por someterse a todos los mecanismos de control del Estado y tenga que esperar el informe del Tribunal de Cuentas y la autorización correspondiente, porque cuando eso llega, el primero ya puso los huevos, los incubó, crió los pollos y los comió. Me parece bien que se recurra a los organismos de control, que normalmente tienen cometidos muy importantes en lo que respecta al resguardo de la Administración pública con procedimientos completos y realmente complejos; está bien que así sea, pero estos controles deberían ser necesarios sin llegar a transformarse en un impedimento.

Entonces, ahora no queremos hacer agregados a este proyecto de ley porque es necesario que se apruebe, ya que hay actores que están necesitando de una ley en este sentido y la discusión ya fue bastante prolongada. De todos modos, nos comprometemos políticamente a trabajar en el tema del perfeccionamiento de los controles para posteriormente poder incluir este punto en forma específica, porque creemos que es positivo, pero no queremos que sea una traba.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Carámbula.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CARÁMBULA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor Presidente: el señor Senador me ganó de mano porque la preocupación central de los integrantes de la oposición en la Comisión de Hacienda radicaba en el tema de los controles. Luego de que el asesor letrado Moreno habló, no se refutaron sus argumentos que fueron centrales y categóricos. Además, involucró los Decretos n.os 341/2011 y 100/2015, que fueron los que generaron el Fondes anterior –por llamarlo de alguna manera– y también se refirió a salvaguardas que tenían aquellos decretos en cuanto a los controles.

Obviamente, ahora estamos en proceso de creación de una ley y aquí hay una ampliación mayor de las garantías que, naturalmente, el Parlamento tiene que reclamar. Por nuestra parte, como bancada, también nos preocupó este tema; no queremos ser menos que nadie en lo relativo a la salvaguarda de fondos públicos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Carámbula.

SEÑOR CARDOSO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CARÁMBULA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO.- Señor Presidente: espero no ocupar el tiempo del señor Senador Carámbula en un debate entre nosotros, pero como agregó este asunto y el señor Senador Agazzi también se refirió al tema, debo decir que el ejemplo que dio este último no es adecuado. Nosotros no estamos proponiendo que el Tribunal de Cuentas –podríamos buscar una redacción más adecuada– sea un organismo de contralor de los proyectos individuales; lo que queremos es que ese organismo audite la transferencia de fondos globales, es decir, que haga una lectura posterior de cómo están funcionando los fondos. No pedimos que la aprobación de los fondos para el proyecto del criador de pollos pase por el Tribunal de Cuentas; eso sería algo totalmente ilógico y está claro que no puede funcionar así. Lo que pretendemos es que haya un estudio sobre la transferencia de dinero que hace el Banco de la República Oriental del Uruguay al Fondes, que luego se va derivando hacia los distintos caminos que ofrece el proyecto, como el Inacoop o la ANDE. Eso es lo que hay que ver, informar y auditar, pero no los proyectos individuales, porque eso sí sería una traba.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Carámbula.

SEÑOR MUJICA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CARÁMBULA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: para hacerla corta, el problema es que ahora no podemos modificar este proyecto de ley porque tendría que volver a la Cámara de Representantes, eso demoraría y hay gente que ya está atrasada. Ahora bien, en nombre de nuestra gente, hagamos el compromiso político de elaborar un proyecto de ley en el sentido de lo que plantea el señor Senador Cardoso –incluso, podemos redactarlo en conjunto– para no trancar y poder seguir trabajando, y al mismo tiempo dar al país las seguridades que plantean a través del Tribunal de Cuentas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Carámbula.

SEÑOR CARÁMBULA.- Señor Presidente: desde luego, hago mías las palabras de los señores Senadores Agazzi y Mujica. Creo que la discusión parlamentaria siempre tiene estas fortalezas de poder ir avanzando y comprometiéndonos en mejorar, sobre la marcha, los proyectos de ley que estamos considerando.

Con respecto a la iniciativa que estamos analizando, quiero destacar su carácter nacional de desarrollo, ya que tiene dos aspectos. Por un lado, da fortaleza y estímulo a las pequeñas y medianas empresas, y tengamos en cuenta que casi el 90 % de nuestras unidades productivas son pequeñas y medianas empresas. Precisamente hace pocos días escuchamos al economista Enrique Iglesias hablar de la importancia de seguir trabajando hacia las pequeñas y medianas empresas. La sustentabilidad, la soberanía, la permanencia y la continuidad de los proyectos nacionales de desarrollo tienen mucho que ver con el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Y nos parece que la explicitación que tiene este proyecto de ley a través de la concepción mejorada que hoy estamos votando hace especial hincapié en las pequeñas y medianas empresas.

El segundo aspecto que da carácter nacional de desarrollo a esta iniciativa refiere a la inclusión del cooperativismo y de la economía social y solidaria. Quiero poner dos ejemplos de nuestro departamento para subrayar la importancia del modelo cooperativista en el desarrollo soberano en materia de producción. Uno de ellos es la cooperativa de trabajadores del molino de Santa Rosa.

(Campana de orden).

SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe, señor Senador.

La Presidencia solicita a los señores Senadores que hagan un poco de silencio para poder escuchar al señor Senador.

Puede continuar el señor Senador Carámbula.

SEÑOR CARÁMBULA.- Agradezco al señor Presidente.

Percibo que la propuesta que hizo el señor Senador Mujica, naturalmente, ha incorporado al debate valores muy importantes.

Quiero subrayar, en este enfoque, lo que hace al cooperativismo, a la economía social y solidaria, porque nos parece que abre posibilidades y representa una herramienta para un proyecto nacional de desarrollo sumamente importante. A modo de ejemplo, el molino de Santa Rosa, en Canelones, es una empresa que dio quiebra y tuvo enormes dificultades para poder salir adelante. En aquel momento la visión que predominó, la asunción de los trabajadores en el remate y el enfoque del Banco República, así como de las autoridades, permitió que ese molino fuera gestionado por sus empleados. Hoy, tras casi quince años de exitoso proyecto de desarrollo, el molino de Santa Rosa es un ejemplo del cooperativismo trabajando para la soberanía del país y restableciendo cadenas productivas que el Uruguay había perdido, como en el caso del trigo.

Asimismo, luego de una experiencia ardua y dificultosa, pero pujante –que va manteniendo su presencia y restableciendo en el mercado una firma nacional que nos enorgullece–, la cooperativa de trabajadores cerámicos de Olmos ha rescatado una empresa de punta que el Uruguay había perdido y que con el esfuerzo de los trabajadores está saliendo adelante.

Por otra parte, también quiero subrayar el rol de las empresas autogestionadas por los trabajadores que asumen el riesgo, el desafío y las dificultades, que son noticia cuando tienen dificultades, pero no cuando están bien gestionadas, crecen, se mantienen y generan nuevos mercados.

Es notorio que estos no son procesos fáciles; no es fácil de un día para otro restablecer inversión, innovación y tecnología para competir en un mercado cada vez más difícil. Hay enormes dificultades y existen muchas probabilidades de que ese esfuerzo de los trabajadores que autogestionan empresas, de las cooperativas o de las pequeñas y medianas empresas, sea un camino arduo, difícil, prolongado y que exija enorme paciencia, tolerancia y templanza. Pero, sin duda, es un esfuerzo de gestión, innovación y sustentabilidad en manos de los trabajadores, y eso, sin duda, es genéticamente una concepción que defendemos: la gestión de los trabajadores, la participación de los trabajadores en el desarrollo del país.

¿Por qué decimos «nacional»? Porque entendemos que esta herramienta es formidable para pensar en el país entero. El Uruguay precisa –visto desde el interior del país– una proyección de desarrollo que trascienda el sur del río Negro, una proyección de desarrollo que piense en el país entero. Allí hay numerosas experiencias de trabajadores, de cooperativas, de empresas que procuran recuperarse –pienso en Artigas, en Paysandú, en Florida y en distintos puntos del país– y que están pugnando por restablecer equilibrios regionales de desarrollo productivo. Esto lo lleva adelante la propia sociedad, porque el respaldo no solo proviene de los trabajadores y de la familia, sino de la comunidad, de un pueblo, como sucede en distintos puntos del país.

Nos parece que esta herramienta tiene ese enorme alcance. Es nacional porque abarca las pequeñas y medianas empresas, porque abarca la economía social y solidaria –a las cooperativas y a los trabajadores– pero, fundamentalmente, porque le da la perspectiva de un carácter nacional, equilibrado y desarrollado regionalmente, en la medida en que junto a ello tengamos la descentralización del conocimiento, la participación de la universidad, de la UTEC, el apoyo en materia de innovación, de tecnología y de competitividad para que estas empresas que se desarrollan sean sustentables.

Por último, entendemos la urgencia de aprobar ahora este proyecto de ley, con todos los cuestionamientos planteados –algunos de ellos legítimos en cuanto a funcionamiento, a posibilidades y a perspectivas–, porque esta herramienta posibilita que ya hoy por vía de la ley del Fondes dispongamos para su desarrollo de un volumen de dinero muy importante, sumamente significativo, de alrededor de USD 100 millones, que justamente están disponibles para encarar con la perspectiva que estamos votando.

En suma, creo que el fondo de esta discusión es el rol de la participación social en el desarrollo de la sociedad. Nosotros defendemos, con aciertos, con errores y con cosas a corregir, con voluntad para seguir avanzando en los controles –como se ha dicho aquí– y, sin duda alguna, con énfasis, la participación social en la concepción de desarrollo territorialmente equilibrado, sustentable y al mismo tiempo de distribución de riqueza, equidad y combate a esa vulnerabilidad que todavía nos queda en el Uruguay.

Señor Presidente: votamos con mucha alegría este proyecto de ley. Nos alegra particularmente la decisión del Partido Colorado de acompañarlo, porque nos parece que le da esa amplitud en la significación de una herramienta de desarrollo que al Uruguay le hace bien.

SEÑORA MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CARÁMBULA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora Moreira.

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: quizá logremos arribar a un acuerdo más general para votar este proyecto de ley.

Quería hacer solamente dos o tres señalamientos. En primer lugar, hubo una gran discusión cuando creamos este fondo en el período pasado, y tengo la impresión –escuchando las distintas manifestaciones de los señores Senadores– de que la conciencia de que debemos tener una banca de desarrollo está generalizada entre nosotros, además de festejar el crecimiento patrimonial del BROU, que en realidad da lugar a que podamos tener el Fondes. Entiendo que el Uruguay productivo necesita una banca de desarrollo, así como la pequeña empresa, la economía social y el capitalismo y, si no, pensemos en el rol que cumple el BNDS en Brasil como banca de desarrollo.

En segundo término, siempre hablamos de la rentabilidad y de los riesgos, pero no hablamos de un concepto casi tan importante como la rentabilidad económica, que es la rentabilidad social, que no solo se mide en puestos de trabajo, sino que dinamiza regiones. Aquí hay una cantidad de ex-Intendentes que saben que si Cotrapay en Paysandú logra sobrevivir o no, es una gran diferencia, porque son 170 puestos de trabajo, es mucha gente y es integración de cadenas productivas.

Creo que la crítica que se puede hacer al Fondes, ni siquiera es a él en sí mismo, sino a que muchas veces falta una política integral del Estado hacia una empresa. Entonces, a veces hay crédito, pero no asistencia técnica, y pasa un poco como con los médicos, porque cada uno atiende su especialidad, pero no se juntan todos los médicos para atender un paciente entero; a veces las empresas lo que requieren es una integralidad del Estado que este no tiene.

Como última reflexión vale la pena mencionar que hay un economista llamado Piketty que habla sobre el capital del siglo XXI y que nos anuncia que la desigualdad está creciendo bárbaramente entre los países y dentro de ellos.

Los tres grandes principios reductores de la desigualdad social son: la puja capital trabajo, es decir, cuando los trabajadores logran tener negociación colectiva y valorizar más su trabajo; la economía social y –podría decir que hoy– también las empresas públicas.

Rosa Luxemburgo en 1906 o 1907 hablaba sobre esto –lógicamente, no sobre Piketty– y decía que se puede hacer un poco de socialismo con negociación entre empresarios y trabajadores y con cooperativismo –aquí hay parte de esto–, que hoy llamamos economía social. Decía que esto no va a conducir al socialismo, pero va a contribuir a amortiguar las desigualdades que hoy sabemos que, por más que haya un gran progreso técnico y científico en el mundo, se están agudizando cada vez más.

Así que nosotros, a nuestra escala, con estos pequeños instrumentos que también forman parte de la caja de herramientas, estamos haciendo nuestra contribución. Y cuanto más apoyo tenga este proyecto, va a dar mejor cuenta de aquellos aspectos fundamentales por los cuales un proyecto de país puede ser compartido por todos los partidos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Carámbula.

SEÑOR CARÁMBULA.- He terminado.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: pensamos que el Estado debe ser un motor fundamental para generar desarrollo, buscar regulaciones, orientar, promover y –si es necesario– intervenir. Creo que debe hacerlo porque en última instancia tiene que estar para corregir desigualdades. Eso me parece central. Además, debe financiar, y creo que no hay que tener miedo –lo he expresado en varias oportunidades– de otorgar subsidios. También estoy de acuerdo con eso, más allá de que en muchas oportunidades utilizar esta palabra puede generar costos políticos. No me asusta esa idea porque la base debe ser el desarrollo, el crecimiento, el trabajo y el progreso; hay que invertir todo lo que se pueda para generar esas herramientas. Esa promoción necesita de una verdadera banca de desarrollo y sobre todo –lo que compete a los parlamentarios– de un marco normativo para que esa banca pueda desarrollarse.

Aquí se nos presenta un proyecto que ha tenido idas y vueltas, así como diferencias que no me corresponde analizar y que en todos los partidos pueden existir; son legítimas y representan la esencia de la democracia. La secuencia de todo esto empezó el 5 de marzo cuando el Presidente recién electo presentó una serie de proyectos a los legisladores de la oposición, y luego vino uno nuevo. En el medio apareció un decreto que modificaba otro decreto. Esto buscaba poner algún tipo de límites –fue algo que estuvo en la discusión en este ámbito– y es que no todo quede supeditado a la discrecionalidad. El propio Ministro de Economía y Finanzas ratificó modificaciones en el funcionamiento del Fondes, durante el Consejo de Ministros que se llevó a cabo en Maldonado, cuando dijo que la línea de trabajo tenía que estar centrada en la austeridad y en la cautela fiscal. Además, anunció algunos aspectos que voy a citar. Dijo: «Debemos administrar con prudencia y mucho cuidado esta herramienta y evitar asociarla a experiencias fracasadas».

Me parece que está en el ánimo de todos que este tipo de instrumentos no fracase y sea exitoso para la sociedad en la cual vivimos. Hay una inmensa cantidad de situaciones que no pueden ser abarcadas hoy por la banca. Está claro que las pequeñas y medianas empresas, el pequeño emprendedor, el comerciante que necesita un empujón muchas veces no tienen en el sistema financiero tradicional esas oportunidades. Este es un punto a favor de este tipo de instrumentos.

También es cierto que estos fondos deben ingresar en riesgos más elevados que los sistemas tradicionales y si bien son fondos públicos, hay que darles un marco de trazabilidad para saber qué se hace con estos recursos que son de la sociedad. Es necesario un adecuado sistema de contralor porque la transparencia no es una retórica que solamente puede provenir de la oposición. Creo que todos los gobiernos –por lo menos los democráticos– quieren ser transparentes, porque eso le aporta a la buena gobernanza, al buen gobierno, a la buena calidad democrática.

Ahora bien, tenemos que ser claros con los controles que nosotros hemos planteado aquí y en la Cámara de Representantes, tema que además motivó una votación en una línea, con argumentaciones que acompañamos y que incluso merecieron algunas consideraciones del señor Representante Gandini. Se trata de argumentaciones que también han sido reiteradas en el día de hoy por nuestro compañero de bancada. Sobre este tema, además, se ha dado una discusión más profunda en la Comisión de Hacienda del Senado. Allí, el Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas –un referente técnico importante y respetado– manejó algunos criterios que no comparto. Dijo que el control político está dado a través del envío de las rendiciones de cuentas, pero también hay otro tipo de control tan o más importante, como es el control social. Me parece que está bien el control social y la representación de los organismos que vinculan al cooperativismo o a los trabajadores, pero en una democracia representativa eso no es suficiente; también tiene que haber control del sistema político, de la oposición, porque eso ayuda al gobierno. No hay nada mejor que el grito de la oposición para ayudar al gobierno: cuando está bien, para seguir, y cuando la oposición pueda quizás tener razón, rectificar, porque no hay nadie dueño de la razón, ni el gobierno ni nosotros en la oposición. Entonces, no participo de ese temperamento, no estoy de acuerdo con ese pensamiento. Creo que en la integración debe haber un control político que no puede estar dado solamente por la rendición de cuentas y el control social, que no puede –nunca– sustituir al control de la oposición en un régimen republicano, democrático, representativo de gobierno. Además, los controles buscan asegurar el manejo transparente y justo de los dineros públicos. Por eso el Senador Cardoso –creo que con buen tino– hacía referencia a lo que incluso hemos presentado como aditivo en la Cámara de Representantes y aquí en cuanto a la intervención del Tribunal de Cuentas de la República en lo que tiene que ver con la aplicación del artículo 228 de la Constitución.

A mí me parece que, en aras de estos argumentos que hemos dado, también es dable rescatar algo que debe valorarse. Tengo que ser justo en cuanto a valorar el compromiso político que acaban de asumir los Senadores Agazzi y Mujica –este último ex-Presidente de la República– pues me parece muy importante. Tomo el guante en el sentido de llevar adelante el compromiso ratificado, que quedó expresamente asentado en la versión taquigráfica de esta sesión, en cuanto a legislar en lo que suponga la intervención y el contralor de estos recursos por parte del Tribunal de Cuentas. Eso no significa controlar a priori cada proyecto, como en un tubo que implicara una tranca para la viabilidad de este tipo de iniciativas. Sería bueno que, al menos, a través de las rendiciones de cuentas y del examen de los técnicos del Tribunal de Cuentas podamos ejercer un control de la institucionalidad democrática que le sirva al Fondes y a la gente. Acá no estamos discutiendo sobre siglas; a veces las siglas pueden ser más o menos adecuadas o estar más o menos asociadas a proyectos positivos o negativos, con resultados buenos y malos. Lo importante es contar con un instrumento que le sirva a la gente y a la sociedad para llevar adelante iniciativas que redunden en beneficio del trabajo y del progreso.

Por estas consideraciones y fundamentalmente por el compromiso asumido en esta mañana por calificados voceros de la bancada de gobierno, es que en lo personal acompañaremos en términos generales este proyecto de ley.

SEÑOR OTHEGUY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Señor Presidente: muy brevemente, quiero señalar mi beneplácito por las palabras expresadas por el Senador Larrañaga. El hecho de que el Parlamento logre demostrar que puede ejercitar el diálogo respetuoso, el debate de ideas, y que sobre ese diálogo puedan tenderse puentes y entendimientos, es una señal muy positiva para este organismo, para la sociedad y para la democracia.

Este es un proyecto que está destinado a trabajadoras y trabajadores que han sido los olvidados de siempre en nuestro país, durante muchas décadas. Muchas veces teníamos empresas fundidas, empresarios ricos y trabajadores en la calle sin puertas que golpear. Creo que esta es una puerta importante, es un instrumento relevante –tal como aquí se ha fundamentado– para la vida del país, por supuesto que perfectible y mejorable como todo instrumento, pero si asumimos un compromiso colectivo entre la sociedad, los actores políticos y el Estado creo que estaremos consolidando institucionalidad democrática en el Uruguay.

Por lo tanto, celebro las palabras del señor Senador Larrañaga.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: básicamente estaba finalizando mi intervención.

Creo en los instrumentos cuando hay una ingeniería de controles que aseguren el manejo de los fondos y de los dineros públicos. Por eso, convocamos al oficialismo en este sentido y nos pareció decisoria la intervención de sus Senadores comprometiéndose a dar esos instrumentos de control que le aporten garantías al proyecto. Reconozco que en este país han existido muchas empresas fundidas, con empresarios ricos y con trabajadores en la calle, pero también hay que reconocer que a veces han existido y existen emprendimientos financiados por el Estado que también se funden, que dejan a los trabajadores en la calle y que –lamentablemente– arrojan pérdidas cuantiosas para el erario. Eso es lo que no se quiere y, justamente, es lo que no tenemos derecho a llevar adelante en el marco de la correcta administración de los dineros públicos.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: simplemente, queremos señalar que nos parece bien que exista un fondo para el desarrollo de iniciativas empresariales del tipo de las que están planteadas. Pensamos que es bueno que exista un Fondes y que se haya propuesto su institucionalización por la vía legislativa, si bien existían autorizaciones legales que permitieron al Poder Ejecutivo instalarlo sin necesidad de un marco legal que lo estableciera expresamente. Consideramos más adecuado que se camine por el trillo de votar una ley que así lo establezca. Es más, nosotros hubiéramos votado sin ninguna modificación el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en el mes de marzo, pues a nuestro entender era un texto completamente compartible y que representaba una buena solución legislativa, que va en la dirección que nosotros pensamos que debe tomar el Fondes. Sin embargo, el nuevo proyecto reelaborado a partir del diálogo entre el Poder Ejecutivo, el Parlamento y la bancada del partido de gobierno, desde nuestro punto de vista no resulta satisfactorio. Quiero decir con claridad que nosotros creemos en una sociedad en la que conviven distintas formas de propiedad del mundo empresarial; creemos en la necesidad de que existan iniciativas autogestionarias, cooperativas de propiedad social y, obviamente, también empresas del Estado y privadas. Esa diversidad, esa heterogeneidad de soluciones enriquece enormemente a la sociedad y es una garantía de desarrollo. También creemos que debe haber una banca de promoción del desarrollo, pero queremos dejar marcada una señal en el sentido de que estas modificaciones, que alteran los topes de los posibles créditos a los distintos planes y reducen la administración del Fondes a dos subfondos, el Inacoop y la ANDE, que no están preparados para esa administración y no tienen una preelaboración como alterativas de gestión de los fondos, nos deja esa sensación de insatisfacción.

Por consiguiente, acompañando la decisión de nuestro partido en la Cámara de Representantes, vamos a votar en forma negativa el proyecto de ley, sin perjuicio de reafirmar que la idea del fondo es compartible y que su instrumentación en la primera versión hubiera sido acompañada por el Partido Independiente con total convicción.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: hago los descuentos de que tengo un poco de cansancio por el largo viaje.

En el marco de esta discusión se han dicho muchas cosas. Por ejemplo, se habló de la prevención desde el punto de vista político. Yo no puedo negar que desde el primer momento en que surgió esta idea había intención política –no intención partidaria, no intención de «a quién votas»; ¡no!– de respaldar a los trabajadores en el duro oficio de algo que no saben, que es palpar la dureza de la gestión. Se habla mucho de la propiedad, pero pienso que, a la larga, la gestión es más importante que la propia propiedad y que la libertad de los trabajadores –en el sentido más profundo del término–, y tiene que ver, precisamente, con aprender el duro y peligroso oficio de la gestión y el compromiso.

Seguramente soy el más viejo en esta sala, pero cada uno tiene su manera de pensar, de sentir y de soñar. Yo no voy a verlo, pero espero que haya una sociedad mejor, en la que los trabajadores sean capaces de manejar directamente y por sí mismo el grueso del trabajo. ¡Eso no va a ser así por imposición del Estado, por efecto de los dioses o por regalo de los partidos políticos! Esa literatura ya la vimos y sabemos en qué terminó. Como en ese terreno también hay dudas, hasta cierto punto hay que razonar, empezar a aprender. Pero hay un problema de paz, de paz profunda en el seno de una sociedad. Alguien lo dijo aquí: es esencial que en las sociedades modernas aprendan a convivir empresas de propiedad distinta, porque esa es la verdadera paz. Podrán estar equivocados –esa es otra discusión–, pero existe una multitud de trabajadores que desprecian lo que consideran la explotación del hombre por el hombre, porque tienen una formación y una visión ideológica distinta de la realidad. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal; lo que estoy señalando es que ese animal existe, y el que no lo quiere ver no entiende las contradicciones de nuestra sociedad. Creo que hay que abrir un canal, una esperanza, para la gente que piensa así y tiene la voluntad y el coraje de hacerlo. A veces es mucho más fácil trabajar con un patrón: que se rompa la cabeza él, que me pague a fin de mes y no tengo nada que ver con las vicisitudes; pero al que toma esto como una cosa de principio y va a esa lucha, hay que abrirle una puerta, por la convivencia de la sociedad. ¿Qué quieren? ¿Que esté metido en el movimiento sindical puteando permanentemente al patrón? Aunque le paguen torrentes de oro, si tiene una filosofía distinta al final prefiere ganar menos pero ser libre o lo que él considera ser libre. ¡Ese animal existe! Conozco trabajadores que son así. Conocí un domador en Rivera que me decía: «A veces no tengo ni pa’ tabaco, pero amanso cuatro o cinco caballos y después me voy y no me tengo que bancar al patrón». Hay todo eso en la sociedad. ¡Todo eso existe! La sociedad no es como se le ocurre a uno que sea. El intento de abrir este camino apunta a dar un lugar a esa gente.

Por supuesto, también está la realidad de los obreros a los que les cayó una fábrica. ¡Ni soñaban con la autogestión y las cooperativas! El problema es que se quedaron sin laburo. Acá es donde se produce el enredo, porque es mucho mejor un proyecto nuevo, que nace con una barra que se prepara, que tener que agarrar una fábrica con fierros y tecnología vieja, que se derrumba. Si se derrumbó es por algo, pero hay que levantar ese muerto. Después se le pasa boleta a los trabajadores diciendo que no son eficientes. No es así; ya arrancaron con una piedra al cuello. Ese asunto también está en la realidad.

Con muy buen talento e intención, un día el país organizó la Corporación para el Desarrollo. Lo hizo para enfrentar ese problema, pero no le fue fácil porque, en definitiva, es bastante difícil revivir a los muertos. Pero se obtiene experiencia con el diario del lunes. Hay presión social de los trabajadores cuando cierra una fábrica. No hay un instituto que los atienda y van a golpear todas las puertas. Así, se pueden tomar decisiones, no por razones políticas, sino de solidaridad, que no necesariamente concuerdan con los números. Este es un error y lo asumo. Yo no lo cometí, pero asumo que pudo haber estado.

Cuando se juzga eso, hay que tener en cuenta la historia del balance de pérdidas del Banco República. Hay cifras siderales de agujeros que han dejado las empresas: el señor que se fue a Israel y dejó el buco, Migranja, Paylana, etcétera. Se trata de millones y millones de dólares que también son pérdidas sociales, porque es dinero del banco.

De todas maneras, me felicito por que se haya encontrado un punto común con el sistema político. Esto no va a cambiar el mundo ni la realidad del Uruguay, pero espero que ayude para que la gente vaya aprendiendo el duro oficio de la gestión y multiplique la capacidad de emprendimientos, que es lo que está necesitando este país. Es un voto de confianza.

Quiero señalar que la explosión del crédito social en el Banco República tiene una razón de carácter político. Antiguamente, para conseguir el crédito social había que ir al banco con una tarjeta. Hace diez años que el banco se dio cuenta de que una de las maneras de prosperar era conceder masivamente el crédito social, y lo que era USD 500 millones de crédito social se transformó en más de USD 3.000 millones, porque ahora puede ir cualquier uruguayo a pedirlo, no precisa intermediación. ¡Es la fuente principal de ingresos del banco y tiene una seguridad bárbara, entre otras cosas porque los pobres siempre pagan, sobre todo, cuando tienen atado el sueldo! ¡Eso es «de cajón»! Es un privilegio que tiene nuestro Banco República y hay que mantenerlo.

Quiero señalar que algún Senador nos reprochó que no tuvimos la apertura rápida de conceder créditos –para que se entienda– al sistema cooperativo. Nosotros somos cooperativistas de alma, ¡pero nos revienta el disfraz de cooperativismo! Es decir, si la empresa es capitalista –sea grande o chica– ¡que lo sea!, pero de frente. Ahora bien; que una empresa se encubra en una madeja cooperativa para tener ciertas ventajas del cooperativismo y después sea una empresa capitalista, me revienta. Eso es una falsedad, una estafa a la esperanza.

Me parece que el paso que se da hoy de apoyar a las pymes está bien; serán grandes, chicas o medianas, pero son empresas. Lo que no me gusta es cuando, en nombre del cooperativismo se hace capitalismo, con tono solidario, y se plantea una mala competencia con las empresas que están en la misma situación. ¡Y claro que ese es un problema de la realidad, que existe en nuestra sociedad y del que tenemos que ser conscientes en algún momento!

En otro orden de cosas, quiero decir que no es fácil, políticamente, «meter mano» en la ganancia del Banco República. Con el diario del lunes podrán hacer los comentarios que quieran, pero como yo no mando a decir las cosas y a esta altura del partido está todo jugado y terminado, reitero que no es fácil tomar esa decisión. Habremos cometido muchos errores, pero les dejamos la cancha despejada. ¡Esto está hoy vigente! Los trabajadores lo tienen que defender; las pequeñas empresas también. Ojalá que el Banco República gane mucho más, pero entiéndase que esto no es dinero que va al consumo, sino a la capitalización.

Es más, si uno se pone a afinar intelectualmente el tema, sabe que si las ganancias del Banco República pasan al Estado, es posible que vayan a la banca general y con eso se pueda hacer esto y lo otro. Pero esto va a multiplicar el capital productivo y laboral del país, y sigue cumpliendo, en el fondo, una finalidad de carácter social. Está muy bien que se preocupen de que cumpla estos objetivos, pero, en definitiva, ¡que se pague! Los primeros que tienen que aprenderlo son los propios trabajadores porque ese capital lo tienen que multiplicar. Cuando no se paga, se les está «cortando las patas» a otros que van a venir.

Lo digo porque no hay que disimular estas cosas. La manera de expresar solidaridad con el resto de los trabajadores es hacer frente a las obligaciones, porque esto no es una pila de agua bendita, sino una fuente de recursos para que los propios trabajadores se puedan manejar a sí mismos, dejando un cachito de sueños a los que pensamos que alguna vez pueda haber una humanidad que no precise jefes ni patrones.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–22 en 28. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: queremos hacer una propuesta vinculada a la votación del articulado.

Proponemos desglosar de la votación los Capítulos II y III, y anunciamos que el Partido Nacional ha presentado un sustitutivo para el inciso cuarto del artículo 2.º del proyecto de ley, que tiene que ver con procedimiento competitivo; un aditivo al inciso final de ese mismo artículo 2.º; un aditivo final al artículo 5.º en lo relativo a los requerimientos preceptivos para el otorgamiento de los fondos; un aditivo final al artículo 6.º, vinculado con los directores de las sociedades que sean garantes respecto de los fondos que utilizan; un sustituto del literal F) del artículo 8.º; un sustitutivo del último inciso del artículo 10, en lo que tiene que ver con los montos del Banco República, y un artículo nuevo, que sería el n.º 25, vinculado a la auditoría del Tribunal de Cuentas al Fondes Inacoop, al Fondes ANDE y a los fideicomisos respectivos, conforme al artículo 228 de la Constitución de la República.

Sabemos, señor Presidente –según lo anunció el señor Senador Mujica–, que no habrá cambios porque la posición de la mayoría es que esto no vuelva a la Cámara de Representantes, pero queremos ser consecuentes con lo que hemos dicho en nuestra intervención y con lo que ha hecho el Partido Nacional en ese Cuerpo. Por eso presentamos estos aditivos y sustitutivos que, a nuestro criterio, mejoran el proyecto de ley. Estamos hablando de cuatro sustitutivos, tres aditivos y un artículo nuevo vinculado al control del Tribunal de Cuentas. Esperamos, en ese caso, el compromiso de crear un nuevo proyecto de ley para poder aplicarlo respecto a este fondo.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita una explicación a este respecto.

El Partido Nacional ha presentado un sustitutivo al literal F del artículo 8.º y, en otra hoja también figura un sustitutivo al artículo 8.º que incluye un literal F.

SEÑOR DELGADO.- En realidad, hay que tener en cuenta la hoja con el texto extendido, el otro no corre.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor Senador.

SEÑORA AYALA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA AYALA.- Quiero proponer que se suprima la lectura del articulado y que se vote en bloque, menos las disposiciones para las que el Partido Nacional plantea sustitutivos y aditivos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada, es decir, la votación en bloque del proyecto de ley, a excepción de los Capítulos II y III, y que se suprima la lectura del articulado.

(Se vota).

–22 en 28. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo I, con excepción de los artículos 2.º, 8.º y 10, dado que cada uno de estos tienen sustitutivos.

(Se vota).

–19 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 2.º.

Léase el sustitutivo del inciso cuarto del artículo 2.º del Capítulo I del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «La gestión fiduciaria de estos fondos o subfondos será realizada por fiduciario financiero profesional autorizado a operar como tal por el Banco Central del Uruguay, a quien mediante el o los contratos de fideicomiso correspondientes se trasmitirá la propiedad financiera de los recursos del FONDES. El fiduciario será seleccionado a través de un procedimiento competitivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF)». (Firman: la señora Senadora Aviaga y los señores Senadores Delgado, Heber, García, Cardoso, Larrañaga, Besozzi, Camy y Lacalle Pou).

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2.º del proyecto de ley tal como fue aprobado en la comisión.

(Se vota).

–19 en 28. Afirmativa.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: quisiera hacer una sugerencia para facilitar el trabajo a usted y a la Mesa. Nosotros presentamos sustitutivos a algunos artículos, los que fueron repartidos –son siete, más un artículo nuevo–, pero dado que en esto hay que ser pragmático y existe una mayoría que va a votar el proyecto de ley tal como fue aprobado por la Comisión de Hacienda, propongo que se suprima la lectura correspondiente y directamente se voten. Lo sugiero sencillamente por una cuestión de economía de tiempo.

(Dialogados).

–Creo que se puede hacer. Es potestad de la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Delgado.

(Se vota).

–25 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 8.º –que corresponde al Capítulo I– del proyecto de ley tal como fue aprobado por la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 10. Cabe señalar que forma parte del Capítulo I y cuenta con un sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo tal como fue aprobado por la comisión.

(Se vota).

–19 en 28. Afirmativa.

Pasamos al Capítulo II del proyecto de ley.

En consideración el artículo 11.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: nosotros pedimos el desglose de los Capítulos II y III, que son las vías de instrumentación de este fondo a través del sistema cooperativo Fondes Inacoop y de la agencia de desarrollo para pequeñas y medianas empresas. Más allá de que tenemos discrepancias con algunos otros temas del proyecto vinculados a los niveles de riesgo, los topes, la reiteración de préstamos y algunas cosas más, compartimos estas dos vías, sobre todo, por lo que dijimos anteriormente en la discusión general, que es el hecho de que se le da un impulso al sistema cooperativo. Este fue un viejo intento, ya que en el período pasado quisimos ayudar a lograr una coordinación entre Inacoop y el Fondes, pero no se pudo armonizar. Ahora, esta es una vía que lo institucionaliza.

Más allá de dejar constancia de que nos hubiera gustado que en el Inacoop hubiera un representante de la oposición, como lo hubo en el Gobierno anterior, vamos a acompañar estos dos capítulos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo II del proyecto de ley, que comprende desde el artículo 11 hasta el 15 inclusive, tal como fue aprobado por la comisión.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo III del proyecto de ley, que comprende desde el artículo 16 hasta el 19 inclusive, tal como fue aprobado por la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha llegado a la Mesa una propuesta de aditivo al inciso final del artículo 2.º.

Léase.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Cada una de las particiones se denominará genéricamente como FONDES seguido del nombre de la institución que realice su administración, procurando seleccionar los mejores proyectos para centrar en ellos las diversas formas de apoyo y lograr un uso eficiente de los recursos públicos y de los esfuerzos institucionales». (Firman: la señora Senadora Aviaga y los señores Senadores Delgado, Heber, García, Cardoso, Berois, Lacalle Pou, Camy y Larrañaga).

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–12 en 28. Negativa.

Hay un aditivo final del artículo 5.º.

Léase.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «En forma previa al otorgamiento de apoyos, las instituciones, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4.º, requerirán al ministerio correspondiente, según el sector al que pertenezca el emprendimiento, si a juicio del Poder Ejecutivo el mismo es de interés, de acuerdo a lo previsto en el artículo 40 de la Ley n.º 18716 del 24 de diciembre de 2010.

Este requisito no será exigible cuando se trate de aportes no reembolsables, dirigidos a atender total o parcialmente los costos de asistencia técnica, necesaria para completar los planes o estudios de viabilidad y desarrollo de un proyecto, la evaluación técnica del mismo o la ejecución de planes específicos de capacitación necesarios o préstamos o garantías inferiores a 200.000 UI (doscientas mil unidades indexadas)». (Firman: la señora Senadora Aviaga y los señores Senadores Besozzi, Lacalle Pou, Camy, Larrañaga, García, Heber, Delgado y Cardoso).

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–9 en 28. Negativa.

Léase el aditivo propuesto para el final del artículo 6.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «En todos los casos, los directores de las sociedades serán garantes solidarios y subsidiarios de las operaciones que la empresa mantenga con el FONDES. En cada oportunidad que se renueve o cambie la dirección en las empresas, las mismas deberán renovar o sustituir las garantías de sus directores. Se podrán requerir garantías adicionales a las otorgadas por los directores, ya sean aportadas por otros fondos de garantías, el propio proyecto, o de otra naturaleza». (Firman: la señora Senadora Aviaga y los señores Senadores Delgado, Heber, Larrañaga, Cardoso, García, Besozzi, Lacalle Pou y Camy).

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–12 en 26. Negativa.

Léase una propuesta de artículo 25.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 25.- Por tratarse de fondos públicos por su origen, el Tribunal de Cuentas deberá auditar al FONDES-Inacoop y FONDES-ANDE y a los fideicomisos respectivos, conforme a lo previsto por el artículo 228 de la Constitución de la República». (Firman: la señora Senadora Aviaga y los señores Senadores Delgado, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, Besozzi, García y Cardoso).

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–12 en 26. Negativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

(Aplausos en la barra).

23) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Los señores Senadores Luis Alberto Heber, Martha Montaner, Pablo Mieres y Mónica Xavier presentan con exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se faculta a la Presidencia del Senado a adoptar las providencias necesarias para la adquisición de 250 copias de los tomos I, II, III, IV y V de la obra Colección Líber Seregni.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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 24) EJERCICIO «ATLANTIS III»

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se autoriza la entrada y salida del país de personal militar de la Armada Nacional y de la Marina del Brasil, con los respectivos buques, para participar del Ejercicio “ATLANTIS III”, entre el 27 de octubre y el 15 de noviembre de 2015. (Carp. n.º 298/2015 – Rep. n.º 121/2015)».

(Antecedentes).

 

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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor Presidente: en nombre de la Comisión de Defensa Nacional del Senado tenemos a bien dar un breve informe sobre este asunto que fue aprobado por unanimidad. Se trata de los ejercicios Atlantis III que comenzaron en el año 2011 y se hacen de manera bianual, lo que significa que el que nos ocupa sería la tercera versión.

Desde el punto de vista de la Armada, este evento es considerado de vital importancia dentro del programa de actividades para el corriente año. Así como los intereses marítimos nacionales se concentran en lo fluvial –río Negro, Río de la Plata, laguna Merín– y también hay intereses en la hidrovía –puerto Cáceres y Nueva Palmira–, en lo que respecta al tema oceánico se remiten al Atlántico sur. Recientemente hemos votado el ejercicio Acrux, referido a los intereses fluviales.

En este caso, se trata de un ejercicio de interés regional que está ceñido al océano Atlántico. Hay un tercer ejercicio, el Atlasur, que nuestro país realiza junto con las fuerzas armadas de Brasil, Argentina y Sudáfrica, que se ocupa del Atlántico sur.

Estas actividades son parte del Plan de Actividades Internacionales –PAI–, de la Armada nacional y surgen del compromiso asumido por el país, siguiendo los lineamientos de la política exterior del Estado uruguayo y de la Ley n.º 18650, Ley Marco de Defensa Nacional.

En honor al poco tiempo de que disponemos y en virtud de que esto se aprobó por unanimidad en la comisión, solicito que se apruebe el proyecto de ley de marras.

Quedo a disposición de las consultas que puedan surgir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º del proyecto de ley sustitutivo venido de Comisión.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 1.º.- Autorízase el ingreso a aguas jurisdiccionales uruguayas de la Fragata F43 “Liberal” de la República Federativa del Brasil, con una aeronave a bordo, con su plana mayor y tripulación, compuesta de 280 (doscientos ochenta) efectivos de la Marina del Brasil, para participar en la etapa del Ejercicio “ATLANTIS III” que se realizará en aguas jurisdiccionales uruguayas entre el 27 de octubre y el 8 de noviembre de 2015».

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 25. Afirmativa.

Léase el artículo 2.º

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 2.º.- Autorízase la salida del país del Buque ROU 01 “Uruguay”, con su plana mayor y tripulación, compuesta de 160 (ciento sesenta) efectivos de la Armada Nacional, para participar en la etapa del Ejercicio “ATLANTIS III” que se realizará en aguas jurisdiccionales de la República Federativa del Brasil, entre el 8 y el 15 de noviembre de 2015, con escala en el Puerto de Río Grande».

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

25) JOSÉ CARBAJAL «EL SABALERO»

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifica la denominación del área del recinto portuario bajo la administración de la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ubicado en la 14.ª Sección Judicial del departamento de Colonia, el que pasará a llamarse Puerto José Carbajal “El Sabalero”. (Carp. n.º 291/2015 – Rep. n.º 117/2015)».

(Antecedentes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado ha aprobado por unanimidad este proyecto de ley, por el que modifica la denominación del área del recinto portuario bajo la administración de la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ubicado en la 14.ª Sección Judicial del departamento de Colonia, que pasará a llamarse Puerto José Carbajal «El Sabalero», un hijo pródigo de Juan Lacaze que falleció en octubre del año 2010.

En nombre del Parlamento, de toda la población uruguaya y de su propio terruño –porque fue profeta en su tierra, además de un embajador de la cultura y de la música uruguaya por todo el mundo–, el cambio de denominación tiene como cometido hacerle un sentido homenaje. Por consiguiente, con el ánimo de acortar los plazos, atendiendo a la premura del Senado por finalizar la sesión, estamos proponiendo al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley por el que se cambia la denominación de la zona del puerto que administra la Dirección Nacional de Hidrografía.

Para finalizar, quiero decir que hemos realizado un pequeño cambio en la redacción. El propósito del sustitutivo no es alterar su contenido, sino cambiar el orden de algunas palabras. Dice así: «Artículo único.- Modifícase la denominación del área del recinto portuario del Puerto Sauce, bajo la administración de la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ubicado en la 14.ª Sección Judicial del departamento de Colonia (Juan Lacaze), cuya delimitación fue aprobada por Resolución del Poder Ejecutivo 919/000, de 30 de agosto de 2000, el que pasará a llamarse Puerto José Carbajal “El Sabalero”».

Como los señores Senadores habrán visto, el informe incluye la cartografía y la definición gráfica de la zona para la que estamos proponiendo el cambio de denominación.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–23 en 26. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley con las modificaciones propuestas por la comisión.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Modifícase la denominación del área del recinto portuario del Puerto Sauce, bajo la administración de la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ubicado en la 14.ª Sección Judicial del departamento de Colonia (Juan Lacaze), cuya delimitación fue aprobada por Resolución del Poder Ejecutivo 919/000, de 30 de agosto de 2000, el que pasará a llamarse Puerto José Carbajal “El Sabalero”».

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

26) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 5 de agosto de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

Presente

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el período comprendido entre los días 10 y 19 de agosto del corriente.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Álvaro Delgado. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

Se comunica que el señor Alejandro Draper y la señora Mercedes Antía han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

27) SEÑORES JUAN JOSÉ DI SEVO MORENO Y GUSTAVO VANERIO BALBELA. DESIGNACIÓN COMO EMBAJADOR Y COMO REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA REPÚBLICA, RESPECTIVAMENTE

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: «Informes de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionados con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar:

•­ en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República Árabe de Egipto, al señor Juan José Di Sevo Moreno. (Carp. n.º 275/2015 – Rep. n.º 113/2015);

• ­en calidad de Representante Permanente de la República ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial del Comercio y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, al señor Gustavo Vanerio Balbela. (Carp. n.º 281/2015 – Rep. n.º 114/2015)».

(Antecedentes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la Carpeta n.º 275/2015, correspondiente a la designación como Embajador del señor Juan José Di Sevo Moreno.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor Presidente: la presencia del futuro Embajador Juan José Di Sevo Moreno en el seno de la Comisión de Asuntos Internacionales ha sido muy interesante. Tuvimos una sesión extensa donde el futuro Embajador hizo una presentación sobre lo que será su actividad en la República Árabe de Egipto.

Para empezar, nos recordó que la relación bilateral entre Uruguay y Egipto data del año 1923, año en que Baltasar Brum ejercía la presidencia de nuestro país. En ese momento, Uruguay acreditó funcionarios consulares. En el año 1932 se establecieron relaciones diplomáticas bajo el reino de Faruq y en el año 1952 se formalizó el intercambio de Embajadores. Así, se ha mantenido una relación ininterrumpida a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y de los quince años transcurridos del siglo XXI.

Cabe destacar que los vínculos convencionales que tenemos con Egipto están anudados por la colaboración de Uruguay, con la presencia de un contingente del Ejército Nacional de nuestras Fuerzas Armadas en la Península de Sinaí. Todos sabemos que luego de la guerra de los Seis Días, en el año 1967, y tras varios años de negociaciones entre Israel y Egipto, por los acuerdos de Camp David se estableció la presencia de Naciones Unidas en la Península del Sinaí y Uruguay forma parte de ese grupo. Por lo tanto, Uruguay es una garantía para Egipto y para Israel en una zona de equilibrios delicados.

También hay que decir que el futuro Embajador Di Sevo ha avanzado en los temas comerciales y se ha interesado en reperfilar la posición de Uruguay frente al mercado egipcio, teniendo en cuenta que se ha celebrado un tratado de libre comercio entre Egipto y el Mercosur, que no ha sido consolidado mediante su aprobación en otros parlamentos de la región. Esto menoscaba nuestra situación, lo cual no es óbice para que Brasil y Argentina tengan excelentes balanzas comerciales en los rubros que compiten actualmente con Uruguay en ese país. Este aspecto nos ha llamado poderosamente la atención, por lo que vemos con satisfacción que el Embajador Di Sevo incida y trabaje en ese tema. Seguramente, llevaría mucho más tiempo determinar todas las actividades que a través de fichas descriptivas de su plan de gestión el futuro Embajador Di Sevo nos dio a conocer en la comisión.

Este destino es muy importante, no es un destino menor. Actualmente Egipto es la sede de la Liga Árabe, es miembro activo de la Unión Africana y del Movimiento de Países No Alineados y, como miembro de la Organización Mundial del Comercio, está sujeto a los compromisos de esa organización. Además, Egipto ejerce un papel muy importante en el Acuerdo Panárabe de Libre Comercio y es miembro de la Cumbre América del Sur-Países Árabes –ASPA–, mecanismo de cooperación y de coordinación política. Tal como se constata, Egipto integra una extensa lista de grupos que son relevantes en cuanto forman parte de la política y de la geopolítica del continente africano.

En definitiva, es mucha la tarea que el futuro Embajador Di Sevo ha planificado junto con los servicios de nuestra Cancillería. Creemos que su foja de servicios en la Cancillería le da amplio crédito para que la Comisión de Asuntos Internacionales haya aprobado la solicitud de venia. Por lo tanto, es con este espíritu que aconsejamos que se conceda el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: sé que ha sido una jornada extensa y no quisiera aburrir al Cuerpo, pero me siento en la obligación de decir algo sobre la situación de Egipto, en momentos en que estamos tratando el acuerdo para designar al futuro Embajador en ese país.

Por otra parte, también me encantaría que los integrantes de este Cuerpo escucharan lo que voy a decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa pide a los señores Senadores que, por favor, hagan silencio.

Puede continuar, señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Gracias, señor Presidente.

Nosotros estamos votando esta solicitud para designar Embajador ante la República Árabe de Egipto, pero creo que tenemos que recordar que este país está en manos de un gobierno militar; que las elecciones parlamentarias de junio de 2012 nunca se llevaron a cabo; que el actual Presidente, Al-Sisi, era el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; que luego de dar el golpe de Estado contra Mursi, que fue el primer Presidente civil electo en la historia de Egipto, se autoproclamó para ser candidato; que los Hermanos Musulmanes ganaron la elección ampliamente; que los Hermanos Musulmanes están proscritos, siendo una de las organizaciones políticas más reconocidas de Egipto; que Egipto tuvo un golpe de Estado que cercenó de raíz la Primavera Árabe, que fue una gran revolución –tal como ellos la llaman– y que luego de ella Egipto hoy está en una situación de franco retroceso institucional. En realidad, ese país no solamente tiene algo así como 40.000 presos políticos –sobre los cuales no hemos hecho ninguna manifestación aquí en este plenario, tan preocupado por los presos políticos– sino que, además, el primer Presidente cívico electo de Egipto fue condenado a muerte junto con 587 dirigentes de los Hermanos Musulmanes.

Quiero recordar esto porque está lejos, pero no hace tanto todos estábamos mirando los sucesos de la plaza Tahrir y observando con cierta esperanza la Primavera Árabe.

El 28 de noviembre de 2011 se realizan las elecciones legislativas y el 11 de enero de 2012 los Hermanos Musulmanes y otras fuerzas islamitas ganan con el 75 % y los partidos laicos se conforman con el 22 %. Pero luego de varios sucesos como la disolución del Tribunal Constitucional, del intento de Mursi –el candidato ganador de las elecciones– de reformar las Fuerzas Armadas, de llamar a un plebiscito constitucional, se produce el peor de los resultados: la alianza entre el Consejo de las Fuerzas Armadas y la oposición laica, que termina derrocando a Mursi. En los días en que se produce el golpe de Estado arden hasta 28 sedes de los Hermanos Musulmanes.

Voy a leer un artículo del Anuario de Movimientos Sociales escrito por Santiago Alba Rico sobre este tema, titulado «Egipto, el golpe de Estado y las revoluciones árabes». Dice así: «El 5 de diciembre, se producen enfrentamientos sangrientos entre partidarios y detractores del Presidente. […] El 30 de junio, una gigantesca, legítima y manipulada protesta en Tahrir –pactada entre el grupo Tamarrud (Rebelión) y el ejército y seguida en streaming desde el aire por helicópteros militares– desembocó el 3 de julio en la intervención del general Sisi, la detención y desaparición del Presidente Mursi y la toma del poder, sin mediaciones institucionales, por el CSFA».

Llamo la atención sobre esta situación, señor Presidente, porque creo que hay que recordar –como cita el autor– que se puede ser más o menos severo con los Hermanos Musulmanes –la islamofobia, es muy importante en los análisis políticos–, pero nadie puede negar sus errores. Retomo las palabras del autor Alba Rico que dice: «Se puede ser más o menos comprensivo con la oposición, pero nadie puede negar que se dejó utilizar –cuando no colaboró activamente– en una estrategia golpista de manual en la que a la criminalización mediática de los islamistas se añadieron, como técnicas bien conocidas, la violencia, el desabastecimiento de productos básicos, los cortes de luz y la intimidación de las minorías». Esta es la situación de Egipto hoy, y quiero recordarla porque, luego del enfriamiento o fracaso de la Primavera Árabe –de la cual quedó Túnez y algo de Marruecos–, vale la pena recordar que allí está instaurado nuevamente un gobierno militar sin ninguna legitimidad y existe un atraso completamente inaceptable del cronograma por el cual la institucionalidad alguna vez se recobraría.

Fuera de todo esto, quiero desearle suerte a quien vaya a ocupar el cargo en ese país, porque sabemos además que la Embajada en Egipto atiende a otra gran cantidad de consulados y países del resto de África.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución correspondiente a la Carpeta n.º 275/2015.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo Único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Árabe de Egipto al señor Juan José Di Sevo Moreno».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

En consideración la Carpeta n.º 281/2015, por la que se designa en calidad de Representante Permanente de la República ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial del Comercio y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, al señor Gustavo Vanerio Balbela.

Tiene la palabra la miembro informante, señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: la confusión que tal vez existe con respecto al miembro informante se debe a que la comisión había designado al señor Senador Pablo Mieres, quien transitoriamente debió retirarse de sala para cumplir con otra responsabilidad y, por tanto, me solicitó que informara esta venia. Nuestra comisión trae informe sobre la consideración de la venia al Embajador Gustavo Vanerio Balbela como Representante Permanente de la República ante la Organización Mundial del Comercio, ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

El Embajador Gustavo Vanerio posee un extenso currículo caracterizado por un fuerte componente de profesionalización en el área correspondiente a la actividad diplomática y, en particular, a su formación específica en el ámbito del comercio internacional.

Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales; estudió en el Instituto Artigas del Servicio Exterior y asistió a varios seminarios sobre el GATT y las negociaciones multilaterales. También realizó estudios en la Universidad Libre de Bruselas sobre temáticas vinculadas al comercio internacional.

Ha sido docente de Comercio Internacional en la Universidad Católica del Uruguay y en la Universidad ORT. Actualmente, es Ministro del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y se desempeña como representante alterno del Uruguay ante la OMC desde 2013.

Toda su trayectoria diplomática ha estado orientada hacia el área del comercio y la economía internacional. En tal sentido fue, entre otros cargos, primer Secretario de misión de Uruguay ante la Comunidad Europea; Director General de asuntos económicos de la Cancillería; Consejero en la misión de Uruguay en Ginebra ante el GATT, OMC, OIT y UNCTAD; Director de organismos económicos internacionales de Cancillería; Director del Departamento Económico-Comercial de la Embajada de Uruguay en Brasilia; Director General de integración y Mercosur; Embajador de nuestro país en Ecuador; Subdirector General Adjunto de asuntos económicos internacionales y Director de organismos económicos internacionales.

Como se puede apreciar, se trata de un funcionario diplomático de carrera con un perfil de especialización profesional directamente vinculado con los cargos para los que el Poder Ejecutivo ha solicitado el acuerdo.

Por otra parte, el Embajador Gustavo Vanerio ha presentado ante la Comisión de Asuntos Internacionales un extenso y completo plan de trabajo referido a los tres organismos ante los que se desempeñará como Representante Permanente de la República.

Obviamente, la representación ante la OMC es la que demandará mayor dedicación por parte de nuestra representación diplomática. En tal sentido, se destaca la participación de nuestro país en las instancias finales de la Ronda de Doha, el desarrollo preparado en particular, y la presencia en la Conferencia Ministerial de diciembre, que se realizó este año en Nairobi. El resultado eventual de estas negociaciones puede requerir de decisiones sobre acceso a mercados de agricultura, bienes no industriales y servicios.

Independientemente del éxito o fracaso de la Ronda de Doha, la representación de nuestro país ante la OMC deberá asegurar la participación de Uruguay en la negociación sobre agricultura, que incluirá temas tan sensibles como la competencia de las exportaciones, el apoyo interno y el acceso a mercados.

También será un objetivo fundamental de la actuación ante la OMC asegurar la participación de nuestro país en diferentes grupos que juegan un papel central en el armado de coaliciones, para fortalecer nuestras posibilidades en las negociaciones multilaterales. Estamos hablando del Grupo Cairns, del G20, del Grupo de Amigos del Sistema y del Grupo de Amigos del Desarrollo, entre otros.

Una tarea permanente de esta representación será la atención de cualquier situación que involucre productos de exportación de nuestro país y que implique la intervención de la OMC. En tal sentido, la propuesta de acción presentada por el Embajador Vanerio incluye diferentes casos específicos, como por ejemplo la aplicación de restricciones en la balanza de pagos por parte de Ecuador con respecto a las ventas de carne vacuna y ovina de nuestro país, o la salvaguarda aplicada por Costa Rica con respecto a las exportaciones de arroz de Uruguay.

Otra área de trabajo refiere a las controversias que se inicien o involucren a socios comerciales importantes para nuestro país, por ejemplo, la generada en torno a la banda de precios andina entre Guatemala y Perú, que puede afectar al arroz en la medida en que Uruguay es el principal proveedor de ese producto a Perú. Otro ejemplo es el caso de las controversias iniciadas por varios miembros de la OMC contra Argentina por las declaraciones anticipadas y otras medidas que pueden afectar, indirectamente, a nuestro país.

En tal sentido, por su impacto en nuestro país, tiene particular interés el seguimiento y la participación de nuestro país, como tercero, en la controversia sobre tabaco y la medida de empaquetado genérico iniciada en la OMC contra Australia por parte de varios miembros.

También será importante participar y acompañar los procesos de adhesión a la OMC pendientes, de países con los que Uruguay mantiene un intercambio comercial significativo, como el caso de Argelia y Bielorrusia.

A su vez, la tarea de representación ante la OMC también implica asegurar la participación permanente de Uruguay en todos los órganos del sistema OMC, así como en las instancias de capacitación que esta ofrece. Asimismo, implica participar en las revisiones periódicas de la política comercial que se llevan a cabo en este organismo.

En la propuesta de trabajo presentada por el Embajador Vanerio también se incluye la preocupación por asistir y acompañar la participación de nuestro país en las conversaciones en torno al TISA –Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios–, en la medida en que estas negociaciones se realizan en Ginebra, sede de la delegación uruguaya ante la OMC. En tal sentido, la tarea a cumplir incluye también esta temática.

Finalmente, el Embajador Vanerio refiere a la actividad frente a OMPI –Organización Mundial de la Propiedad Intelectual– en donde se señala como prioridad la participación en sus diversos órganos y, en particular, y el aprovechar al máximo la oferta de cooperación que la organización ofrece.

Del mismo modo, señala la participación de Uruguay en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Unctad.

Sin duda, se trata de una representación de carácter estratégico para la inserción comercial de nuestro país en el mundo, por lo que requiere de una estrecha coordinación con la Cancillería y los organismos competentes en materia comercial.

Por todo lo señalado, la Comisión de Asuntos Internacionales de este Cuerpo aconseja votar la venia solicitada para el señor Embajador Gustavo Vanerio.

Agradezco la atención brindada por este Cuerpo durante todo el informe.

Gracias, Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señora Senadora.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Gracias, señor Presidente.

Estoy de acuerdo con lo planteado por la señora Senadora Xavier y, además, quisiera agregar algo. Me parece que es muy importante el rol que va a desempeñar el Embajador Vanerio, tal como fue explicitado en el informe de la comisión.

A su vez, quiero tener unas palabras de reconocimiento al miembro del cuerpo diplomático que deja esta misión, que fue el que estuvo a cargo de las negociaciones en la OMC, en las que el doctor Vanerio se desempeñó como alterno de Uruguay, razón por la cual nos parece muy bueno este empalme de las responsabilidades que había antes con las que van a seguir en el futuro.

Quiero decirlo por algo que tiene que ver con nosotros: el doctor Francisco Pírez se desempeñó en la OMC, en la OMPI y fue representante uruguayo en la Unctad. Como dice la señora Senadora Xavier, también participó en las discusiones de la Ronda de Doha y en todo lo que tiene que ver con la comisión de bienes industriales, de la propiedad intelectual y en el grupo de servicios. Además, presidió comisiones dentro de la OMC; fue el informante de exámenes de políticas comerciales en distintas situaciones como la de Mongolia y Vietnam; fue elegido Presidente del Grupo Consultivo Mixto del Centro Internacional del Comercio, etcétera. En fin, hizo cosas muy importantes.

El doctor Francisco Pírez es un abogado muy joven, que a los treinta años fue designado como representante de Uruguay con estas responsabilidades. Por esa razón, en ocasión de votar su venia en el Senado, tuvimos una discusión en la que, legítimamente, alguien expresó que una persona tan joven quizás no era la mejor opción para representarnos en instancias tan importantes. Sin embargo, sí fuimos representados excelentemente.

Quiero decir que durante la Conferencia Anual del 3 de noviembre de 2011, la Asociación Internacional de Abogados condecoró al Embajador Francisco Pírez con su máxima premiación. En esa oportunidad, el doctor Rouven Bodenheimer, dijo: «Estamos encantados de honrar a Francisco Pírez Gordillo con el Premio Destacado Joven Abogado del Año 2011. Él es un joven notable que entre los numerosos logros fue invitado, a la edad de 25, para dar una conferencia en la Universidad de la República, recibió una Distinción de Uruguay Colegio Nacional de Periodistas por su contribución positiva a la comunidad y fue galardonado con una beca Fulbright de Estudios de Posgrado de la Comisión Fulbright en Uruguay». Luego agregó: «Este joven notable, que se crio en un orfanato –en realidad fue en el INAU, estudió Derecho, se recibió y nos representó en la OMC– ha trabajado su camino hasta convertirse en el representante de Uruguay ante la Organización Mundial del Comercio a la tierna edad de 30. Eso es todo un logro extraordinario».

Quiero tener unas palabras de reconocimiento, porque si en aquel momento tuvimos algunas dudas acerca de su capacidad para ocupar un cargo tan importante, hoy ya está comprobado que no tenían fundamento.

Es cuanto quería expresar, señor Presidente.

(Apoyados).

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Gracias, señor Presidente.

Quiero señalar lo acertado de la venia de designación enviada por el Poder Ejecutivo que estamos considerando.

El Embajador Gustavo Vanerio Balbela es, sin lugar a dudas, uno de los profesionales más capacitados y con más experiencia en los temas del comercio y de las relaciones comerciales y, además, tiene un profuso currículo.

En estos momentos, Uruguay se está jugando a la apertura de mercados y al trabajo de los uruguayos, por lo que tiene que designar a las personas con más capacidad para negociar y representarlo.

Se está designando al Embajador Vanerio como representante ante tres organismos muy importantes: la OMPI, que tiene a su cargo la propiedad intelectual; la OMC y la Unctad, donde tenemos al uruguayo con el cargo más alto dentro de Naciones Unidas. Además, deberá tratar el tema del TISA, del que tanto se habla.

Creo que es muy acertado designar a quien se preparó durante muchísimo tiempo, a quien estudió profundamente estos temas y a quien se destacó representando los intereses del país en el ámbito regional y multinacional. Por lo tanto, en estos momentos tan delicados, es muy positivo ponerlo al frente de estas tres representaciones.

Entiendo –y esto no va en desmedro de nadie que haya ejercido el cargo– que es un gran acierto designar al doctor Gustavo Vanerio porque, sin duda, él es uno de los mejores profesionales en la materia en nuestro país.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Representante Permanente de la República ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial del Comercio y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo al señor Gustavo Vanerio Balbela».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

28) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 14:55, presidiendo el señor Raúl Sendic y estando presentes los señores Senadores Agazzi, Amorín, Aviaga, Ayala, Besozzi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Carballo, Cardoso, Coutinho, Gallicchio, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, Martínez Huelmo, Mieres, Montaner, Moreira, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Pintado, Topolansky, Tourné y Xavier).

RAÚL SENDIC Presidente

Hebert Paguas Secretario

José Pedro Montero Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.