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N.º 27 - TOMO 538 - 22 DE JULIO DE 2015

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA

26.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RAÚL SENDIC Presidente y LA SEÑORA DANIELA PAYSSÉ Tercera Vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyectos presentados

– El señor Senador Cardoso presenta un proyecto de ley por el que se designa con el nombre «Raúl Never Orgambide» la Escuela n.º 64 del departamento de Durazno.

• Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.

– El señor Senador Mieres presenta un proyecto de ley por el que se deroga el artículo 336 de la Ley n.º 18719, por el que se crean cinco cargos de Embajador Itinerante dentro del Inciso 06, Ministerio de Relaciones Exteriores.

• Pasa a la Comisión de Presupuesto.

5) y 20) Pedidos de informes

– El señor Senador Delgado solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con la campaña de control y erradicación de la brucelosis y tuberculosis en bovinos.

– El señor Senador Mieres solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a Ancap, relacionado con la adquisición de petróleo por parte de dicha empresa estatal y con los contratos firmados con PDVSA para el suministro de petróleo crudo en el período 2005-2015.

– El señor Senador Camy solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionado con la construcción y operación de las centrales de ciclo combinado para la extracción de agua.

– La señora Senadora Montaner solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social, relacionado con las actividades laborales bonificadas en nuestro país, su registro y normativa.

– El señor Senador Bordaberry solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con la intervención de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) en proyectos de inversión referidos a centros comerciales, shopping centers y otros servicios de naturaleza comercial;

• con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con los subsidios otorgados a las empresas de transporte de pasajeros.

• Oportunamente fueron tramitados.

6) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias a las últimas convocatorias.

7) , 13) y 15) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por las señoras Senadoras Montaner, Tourné, Moreira y Topolansky, y los señores Senadores Mujica y Otheguy.

– Quedan convocados los señores Senadores Bianchi, Pardiñas, Paternain, Berterreche y Aristimuño, y la señora Senadora Lazo.

8) Régimen de trabajo

– Por moción del señor Senador Bordaberry, el Senado resuelve declarar urgentes y considerar en la presente sesión las Carpetas n.os 295/2015, 302/2015 y 303/2015.

9) Designación de Fiscales Adscriptos

– Solicitud de venia del Poder Ejecutivo.

• Concedidas.

10) Contador Rodrigo Goñi Romero. Designación como miembro en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo

– Solicitud de venia del Poder Ejecutivo.

• Concedida.

11) Doctor Fernando Luis Saralegui Medeiros. Designación como Director en el Directorio de la Administración Nacional de Correos

– Solicitud de venia del Poder Ejecutivo.

• Concedida.

12) ,14) y 16) Impuesto Anual de Enseñanza Primaria

– Proyecto de ley aprobado en nueva forma por el que se establecen ajustes a dicho impuesto.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)

• Por moción de los señores Senadores Agazzi, Heber, Mieres y Bordaberry, el Senado resuelve declarar urgente y tratar de inmediato el proyecto de ley por el que se la crea como servicio descentralizado.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) y 21) Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera

• Por moción de los señores Senadores Agazzi, Heber, Mieres y Bordaberry el Senado resuelve declarar urgente y tratar de inmediato el proyecto de ley por el que se modifican disposiciones de la Ley n.º 18100.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Reiteración de pedidos de informes

– A solicitud del señor Senador Bordaberry, el Senado resuelve hacer suyos y reiterar los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a Antel, relacionado con la construcción del proyecto Antel Arena;

• con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración de las Usinas y Transmisiones Eléctricas y a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con las obras en la planta regasificadora de Puntas de Sayago;

• con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con concesiones de servicios de transporte aéreo público;

• con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración de las Usinas y Transmisiones Eléctricas, relacionado con la construcción de una central térmica en Puntas del Tigre.

22) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 20 de julio de 2015

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo miércoles 22 de julio, a las 09:30 horas, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del Día

– Discusión única de un proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se establecen ajustes al Impuesto Anual de Enseñanza Primaria.

Carp. n.º 223/2015 – Rep. n.º 112/2015

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Agazzi, Alonso, Amorín, Aristimuño, Ayala, Berterreche, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Cardoso, Coutinho, De León, Delgado, García, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, Lazo, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Mujica, Otheguy, Pardiñas, Passada, Pintado, Topolansky y Xavier.

FALTAN: con licencia, las señoras Senadoras Montaner y Tourné y, con aviso, la señora Senadora Aviaga.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:33).

– Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se designa “Vladimir Roslik Bichkov” el ramal de la ruta nacional n.º 2 Grito de Asencio, comprendido entre el kilómetro 305.700 y el puerto de la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro.

–A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.

Asimismo, comunica que ha aprobado un proyecto de ley por el que se crea la Secretaría Nacional del Deporte.

–AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

Además, remite:

• copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Álvaro Dastugue, relacionadas con la situación del sistema de seguridad social en nuestro país.

–TÉNGASE PRESENTE.

• copia de la exposición escrita presentada por la señora Representante nacional Susana Andrade, relacionada con los delitos informáticos.

–OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS A LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

La Comisión de Hacienda eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen ajustes al Impuesto Anual de Enseñanza Primaria.

–HA SIDO REPARTIDO Y ESTÁ INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informada la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en el cargo de Fiscal Adscripto, escalafón “N”, a varios señores abogados.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informadas las siguientes solicitudes remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de designar:

• en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Árabe de Egipto, al señor José Di Sevo Moreno.

• en calidad de Representante Permanente de la República ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Organización Mundial del Comercio y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, al señor Gustavo Vanerio Balbela.

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca eleva informado un proyecto de ley por el que se modifican disposiciones de la Ley n.º 18100, de 23 de febrero de 2007, sobre el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se crea la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) como servicio descentralizado.

–REPÁRTANSE E INCLÚYANSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

El señor Senador José Carlos Cardoso remite nota por la cual comunica la constitución del sector parlamentario “Más País”.

–TÉNGASE PRESENTE.

El señor Presidente de la Cámara de Senadores presenta la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Cámara de Senadores correspondiente al Ejercicio 2014.

–A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO.

El Ministerio del Interior remite nota relacionada con las palabras pronunciadas en sala por el señor Senador Luis Lacalle Pou, en referencia a los incidentes en los partidos de fútbol y a la aplicación de las leyes vigentes para contrarrestarlos.

–TÉNGASE PRESENTE.

Las Juntas Departamentales de Florida, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Soriano y Tacuarembó comunican que han efectuado la elección de los miembros integrantes de la Mesa para el período 2015 a 2016.

–TÉNGASE PRESENTE».

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador José Carlos Cardoso presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre “Raúl Never Orgambide” la Escuela n.º 64 del departamento de Durazno, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

–A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Pablo Mieres presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se deroga el artículo 336 de la Ley n.º 18719, de 27 de diciembre de 2010, por el que se crean cinco cargos de Embajador Itinerante dentro del Inciso 06, Ministerio de Relaciones Exteriores.

–A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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5) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Álvaro Delgado, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con la campaña de control y erradicación de la brucelosis y tuberculosis en bovinos.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«Montevideo, 15 de julio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

De mi consideración:

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a fin de que se sirva dar respuesta sobre las siguientes interrogantes relacionadas principalmente con la campaña de control y erradicación de la brucelosis y tuberculosis en bovinos.

En tal sentido, enumero a continuación preguntas referidas al fondo para compensar faenas sanitarias, a los animales sacrificados, a la indemnización a los productores, a los reactivos y trabajos de campo, al fondo y su control, y a los predios interdictados.

I. Sobre el fondo para compensar faenas sanitarias:

a) Cuál era el saldo del fondo al 31/12/2014.

b) Cuál es el saldo del mismo a la fecha.

c) Cuántos vacunos se sacrificaron y de qué rubro en los últimos 12 meses (ganado lechero y carnicero).

d) Fechas de las faenas sanitarias de los últimos 24 meses, plantas de faena y cantidad de animales faenados.

II. Sobre los animales sacrificados:

a) Cuántos se decomisaron en la práctica (una vez faenados).

b) Cuántos de estos animales decomisados se confirmaron como enfermos en el laboratorio.

c) Cuánto pagaron las plantas por los animales no decomisados.

d) ¿Se mantuvo durante todo el proceso el número de identificación individual del animal hasta informar al productor?

e) De no ser así, por qué razón no se hace.

f) ¿Fueron informados los productores de los resultados de dichos análisis?

g) De ser así, cuál es el plazo estipulado para informar al productor.

h) De no ser así, por qué no se hace.

III. Sobre la indemnización a los productores:

a) Cuánto se debe por tal concepto al día de hoy.

b) Cuánto se demora entre la detección del animal enfermo y su embarque a frigorífico.

c) Cuánto demora el MGAP en pagar la indemnización una vez embarcada la tropa.

IV. Sobre los reactivos y trabajos de campo:

a) Cuántos animales se inocularon en los últimos 12 meses.

b) ¿Ha habido faltantes de reactivos?

c) De qué procedencia son los reactivos.

d) Cuál es la diferencia entre los reactivos de diferentes procedencias.

e) Cuál es la cantidad ideal de análisis anuales para erradicar la enfermedad de un establecimiento.

f) ¿Se cumple con ese número ideal de análisis?

g) En caso de no ser así, por qué no se hace.

V. Sobre el fondo y su control:

a) ¿Se integró la Comisión entre privados y MGAP?

b) Cuál sería específicamente la función de las Comisiones Departamentales de Sanidad en la operativa.

c) Por qué se recurre a las mismas para una tarea ejecutiva.

VI. Sobre los predios interdictados:

a) Cuántos animales supuestamente sanos (negativos a la prueba de campo) han sido decomisados a productores en esta situación al ser enviados a faena regular.

b) Qué porcentaje de animales se considera lógico que pueda ser decomisado en planta habiendo dado negativo la prueba de campo dentro de los 45 días anteriores.

c) ¿Se analizan las muestras de esos animales?

d) En caso de ser así, ¿se informa al productor el resultado de esos análisis y el número de identificación individual de cada animal decomisado?

e) De ser así, cuál es el plazo para informar al productor.

f) En caso de no ser así, por qué no se hace.

Sin otro particular, saludo atentamente.

Álvaro Delgado. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Pablo Mieres, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a Ancap, relacionado con la adquisición de petróleo por parte de dicha empresa estatal y con los contratos firmados con PDVSA para el suministro de petróleo crudo en el período 2005-2015.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«Montevideo, 16 de julio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

Al amparo de lo establecido por el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino al Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (Ancap), el siguiente pedido de informes.

1. ¿Cuál es el promedio mensual de precios CIF de compra de petróleo crudo pagado por Ancap durante el período marzo de 2005 a junio de 2015?

2. ¿Podrían detallar los embarques de petróleo crudo adquiridos por Ancap durante el mismo período especificando origen, procedencia, lugar de adquisición, fecha de contratación, fecha de embarque, fecha de recepción, costo FOB, costo CIF y tipo de hidrocarburo recibido?

3. Acceder a los textos de los contratos firmados por Ancap con PDVSA para el suministro del petróleo crudo durante el período marzo de 2005 a junio de 2015.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Pablo Mieres. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Carlos Camy, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionado con la construcción y operación de las centrales de ciclo combinado para la extracción de agua.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«Montevideo, 16 de julio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

Presente

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en virtud de su competencia en materia medioambiental y política de aguas (artículo 8.º de la Ley n.º 17283, artículo. 23 y siguientes de la Ley n.º 18610, y demás normas complementarias) el siguiente pedido de informes:

1) Indicar cuál es el control de impacto ambiental que se ha efectuado en la fase de construcción y de operación de la Central de Ciclo Combinado de UTE ubicada en la zona de Puntas de Tigre, a la altura del kilómetro 40 de la Ruta Nacional n.º 1, departamento de San José, adjuntando la documentación correspondiente.

2) Indicar si el funcionamiento de dicha central implica la realización de perforaciones para extracción de agua y cuál ha sido y es la cantidad de estas y el volumen de agua que se extrae, adjuntando la documentación pertinente.

3) Indicar si está en fase de construcción (o en qué fase se encuentra) una nueva Central de Ciclo Combinado en la misma zona, e indicar en todo caso si realiza o realizará extracción de agua para su construcción y/o funcionamiento.

4) Indicar si la/s central/es abarca/n en parte el área comprendida por el Sistema Acuífero Raigón y si se han realizado o proyectan realizar perforaciones para extracción de agua y –en su caso– cuál ha sido y es actualmente, la cantidad de estas y el volumen de agua que se extrae, adjuntando la documentación que lo acredite.

5) Indicar cómo se realiza la evaluación de la afectación a los suministros de agua subterránea para uso domiciliario y productivo de los predios linderos y vecinos a la Central de Ciclo Combinado de Puntas de Tigre, adjuntando documentación que acredite fehacientemente el estado de situación de dicha evaluación.

6) Indicar cuál es el destino que se le ha proyectado dar al agua extraída según lo descripto en los anteriores ítems de este pedido de informes, y cómo se viene controlando el cumplimiento de dicha previsión.

Saludo a usted muy atentamente.

Carlos Camy. Senador».

«Montevideo, 16 de julio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

Presente

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse a las Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (UTE) el siguiente pedido de informes:

1) Indicar el predio y la extensión total que ocupa actualmente la o las Central/es de Ciclo Combinado de UTE ubicada/s en la zona de Puntas de Tigre, a la altura del kilómetro 40 de la Ruta Nacional n.º 1, departamento de San José, adjuntando documentación gráfica en que conste claramente la totalidad de la zona de influencia de la planta referida, y donde se identifique especialmente el área comprendida por el sistema Acuífero Raigón.

2) Indicar cuál o cuáles son las empresas encargadas de la construcción de la o las central/es referenciadas en el anterior numeral, adjuntando la documentación en que conste su respectivo plan de obras.

3) Indicar si la construcción y/o el funcionamiento de dicha central implica la realización de perforaciones para extracción de agua y –en su caso– cuál ha sido y es actualmente la cantidad de estas y el volumen de agua que se extrae, adjuntando la documentación que lo acredite.

4) Indicar cómo se realiza la evaluación de la afectación a los suministros de agua subterránea para uso domiciliario y productivo de los predios linderos y vecinos a la Central de Ciclo Combinado de Puntas de Tigre, adjuntando documentación que acredite fehacientemente el estado de situación de dicha evaluación.

5) Indicar cuál es el destino que se le ha proyectado dar al agua extraída según lo descripto en los anteriores ítems de este pedido de informes y cómo se viene controlando el cumplimiento de dicha previsión.

Saludo a usted muy atentamente.

Carlos Camy. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La señora Senadora Martha Montaner, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social, relacionado con las actividades laborales bonificadas en nuestro país, su registro y normativa.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«Montevideo, 21 de julio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito se curse al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social, el siguiente pedido de informes.

En relación a las actividades laborales en Uruguay solicito:

1. Se me informe cuáles actividades laborales están bonificadas en Uruguay discriminadas por:

a) Actividad laboral.

b) Años otorgados.

2. Se informe cuántas personas están comprendidas en este sistema.

3. ¿Existe una comisión técnica para el estudio de nuevos casos?

4. ¿Cuáles actividades laborales bonificadas se presentaron entre 1.º de julio de 2012 y 1.º de julio de 2015? Detallarlas por actividad bonificada y por años otorgados.

5. Se me informe quién preside la Comisión de Actividades Bonificadas, especificando en caso de ser profesional la misma y de tratarse de un médico se aclare su especialidad.

6. ¿Cuál es la normativa que rige las actividades laborales bonificadas?

Sin otro particular, saludo atentamente.

Martha Montaner. Senadora».

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 15 de julio no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 1.º de julio faltó con aviso el señor Senador Larrañaga.

A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 6 de julio faltó con aviso el señor Senador Lacalle Pou. Y a la sesión del 13 de julio faltaron con aviso los señores Senadores De León y Mujica.

A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 6 de julio faltaron con aviso las señoras Senadoras Alonso y Aviaga, y el señor Senador Enciso. Y a la sesión del 13 de julio faltaron con aviso la señora Senadora Montaner y el señor Senador Cardoso.

A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 7 de julio faltaron con aviso los señores Senadores Cardoso y Falero. Y a la sesión del 14 de julio faltó con aviso el señor Senador Cardoso.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 14 de julio faltó con aviso el señor Senador Larrañaga.

A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 14 de julio faltó con aviso el señor Senador Besozzi.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 15 de julio faltaron con aviso la señora Senadora Alonso y el señor Senador Amorín.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 16 de julio faltaron con aviso la señora Senadora Tourné y los señores Senadores Camy y Delgado.

A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 16 de julio faltó con aviso la señora Senadora Tourné.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 20 de julio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por el día 22 de julio de 2015, por motivos personales.

Sin más, lo saludo atentamente.

Martha Montaner. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

Queda convocado el señor Daniel Bianchi, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 22 de julio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por el día de la fecha, por motivos de enfermedad.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Daisy Tourné. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

Queda convocado el señor Yerú Pardiñas, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 22 de julio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia desde el lunes 27 de julio hasta el viernes 31 de julio de 2015 inclusive.

Motiva tal solicitud las invitaciones que he recibido, por un lado, de la Fundación Friedrich Ebert-FES, para disertar en el Seminario Internacional “Políticas de drogas en América Latina en el proceso de debate hacia UNGASS 2016: Convergencias Posibles”, a realizarse en Quito, Ecuador, entre el 28 y el 29 de julio, y por el otro, del Club Político Argentino, para exponer en el Foro-Debate “Coaliciones de Gobierno”, a realizarse en Buenos Aires, Argentina, el día 30 de julio.

Solicito dicha licencia al amparo del literal D del artículo 1.º de la Ley n.º 17827.

Solicito también se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Constanza Moreira. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

Queda convocado el señor Rafael Paternain, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

8) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: solicito se distribuyan, se declaren urgentes y se consideren en la presente sesión las siguientes Carpetas: n.º 295/2015, relacionada con la solicitud de venia de designación de nueve Fiscales Adscriptos en el escalafón «N»; n.º 302/2015, relativa a la designación en calidad de miembro del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo; y n.º 303/2015, que refiere a la designación en calidad de Director en el Directorio de la Administración Nacional de Correos.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia parte de la base de que existe acuerdo para su tratamiento. Mientras se realiza la distribución, se va a votar la urgente consideración de estos asuntos.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) DESIGNACIÓN DE FISCALES ADSCRIPTOS

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, el Senado ingresa a la consideración del primer asunto cuya urgencia fue votada: «Solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República, para designar en el cargo de Fiscal Adscripto, escalafón “N”, a varios señores abogados. (Carpeta n.º 295/2015)».

(Antecedentes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión.

Tiene la palabra la miembro informante, señora Senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: la Fiscalía de Corte nos propone la designación de nueve fiscales para diversos destinos en los departamentos de Rivera, Soriano y Colonia.

El procedimiento que utilizó la Fiscalía de Corte fue un llamado a concurso que se llevó a cabo durante largo tiempo. Si algún integrante del Cuerpo tiene interés en conocer cómo se realizan estos concursos, puede hacerlo a través del repartido que está a disposición de todos los señores Senadores. A ese concurso se presentaron 283 postulantes, de los cuales quedaron 62, que fueron calificados en un orden de prelación a fin de ocupar los distintos destinos para los que se había realizado el llamado. Una vez designados los nueve primeros fiscales, tres de ellos desistieron de ocupar sus lugares por razones personales. Posteriormente hubo otro desistimiento, esta vez de una doctora que presentó un recurso para permanecer en el orden de prelación, pero no se hizo lugar a dicha solicitud.

Una de las fiscales propuestas por la Fiscalía de Corte es la doctora Cecilia María Irigoyen Ibarburu. Ella es procuradora, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la UdelaR, y tiene un posgrado de aspirante a magistrado. Asimismo, se capacitó en el programa de violencia doméstica de Inmujeres, hizo cursos de especialización en protección jurisdiccional de los derechos de los niños, dictados por Unicef y la Facultad de Derecho Diego Portales, de Chile, y se capacitó en Cooperación Jurídico Penal en Iberoamérica.

Ha sido defensora de oficio en materia penal y laboral en Rosario, Colonia; es defensora pública en materia penal, adolescentes infractores, en Paysandú, desde marzo de 2009.

A su vez, ha participado en tres ciclos de actuación profesional organizados por Unicef en torno a la defensa jurídica de los adolescentes en conflicto con la ley, en Tacuarembó, Colonia y Montevideo, y ha asistido a 73 eventos de capacitación, actualización, seminarios y conferencias que abarcan distintas materias: penal, laboral, violencia doméstica, derechos de adolescentes, etcétera.

También asistió a diez cursos en el exterior del país en materia de: derecho comparado en el Mercosur; emergencia y derechos sociales; emergencia económica; defensa pública oficial, e intercambio de defensores públicos, en Brasil.

Estos son algunos de una gran cantidad de méritos que constan en un extenso currículo que, como todos los que vamos a informar, fueron entregados a la comisión por la Fiscalía de Corte.

La segunda propuesta corresponde a la doctora Claudia Nair Rodríguez Subiza, que es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la UdelaR. Tiene dos posgrados en Derecho Internacional Público y en Contencioso de Derecho Público, primer módulo, realizados en el Centro de Posgrados de la UdelaR y en la Universidad de Montevideo, respectivamente.

Asimismo, ha dado veintidós concursos de capacitación en materia de derecho público, reforma del Código General del Proceso, Justicia Militar, etcétera, con distinta duración y modalidad. Ha sido funcionaria del Ministerio de Defensa Nacional, en el Comando General del Ejército.

Asimismo, ha integrado el tribunal de concursos correspondiente a la prueba de abogados del Escalafón Técnico-Profesional y ha dictado clases de legislación, derecho administrativo y Decreto n.º 500/991, en los institutos docentes del Ministerio de Defensa Nacional.

También ha sido propuesta la doctora Cecilia Legnani Ceretta. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales y procuradora egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Está cursando una maestría en Derecho –opción Derecho del Trabajo y la Seguridad Social– en la UdelaR. Realizó varios cursos en materia laboral. Se ha desempeñado como defensora pública del interior en materia penal y laboral en Young, departamento de Río Negro. Ha sido administrativa grado 5, escalafón C, en la Universidad de la República y ha realizado tareas de asistencia técnica en la Secretaría del Decanato de la Facultad de Derecho-UdelaR. Fue aspirante a profesor adscripto en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social I y II, Facultad de Derecho-UdelaR. Asimismo, realizó una instancia de intercambio académico docente en el Departamento de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Integró el Grupo de Investigación «Espacio de Trabajo» y participó en la organización de talleres y presentación de ponencias. A su vez, como asistente participó en varias jornadas y seminarios nacionales e internacionales en materia laboral, de derechos humanos, violencia doméstica, criminología, entre otros, de distinta duración y diferentes modalidades.

La Fiscalía de Corte nos presenta también el nombre de la doctora Andrea Silvana Mastroianni Casanova. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales egresada de la UdelaR. Cursó posgrado de Derecho del Ciberespacio, Derecho Sucesorio y Procesal Sucesorio. Desde el año 2010 es asesora jurídica de la Jefatura de Policía de Canelones; es oficial de policía, ejerciendo funciones como policía ejecutiva. Entre 2005 y 2010 fue la segunda al mando en el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones. Asistió a varios eventos académicos que abarcaron distintos temas como el derecho de familia, realidades y perspectivas del sistema carcelario en el país, gobierno electrónico y democracia electrónica, propiedad intelectual, secuestro y extorsión, entre otros. Recibió premios otorgados por el Comando de la Jefatura de Policía de Canelones entre los años 2006 y 2009.

A su vez, se nos propone el nombre de María Cecilia Gutiérrez Puppo, doctora en Derecho y Ciencias Sociales egresada de la UdelaR. Es experta universitaria en preparación de licitaciones internacionales de proyectos de cooperación; experta universitaria en planificación y gestión de proyectos de cooperación al desarrollo. En la Escuela de Posgrados de la UdelaR realizó los cursos de Impacto de la Reforma del Código General del Proceso, Actualización sobre Proceso Cautelar, Actualizaciones del Proceso Penal, Preparación y Proposición del Proceso, entre otros. Asimismo, participó de numerosos cursos de capacitación sobre diversas materias, con distinta duración y modalidad. En organismos internacionales, es Subdirectora de la Oficina de Representación de la Secretaría General Iberoamericana en Montevideo; se desempeñó en la Secretaría del Mercosur, Sector Normativa; actuó como consultora en el Área Justicia para el Programa Fortalecimiento de las Áreas Sociales (BID-OPP) y como asistente técnico en el Programa de Inversión Social del PNUD. Fue docente en distintos cursos y talleres de la UdelaR y miembro del Consejo de Redacción de la Revista Jurídica del Centro de Estudiantes de Derecho. Realizó varias publicaciones e investigaciones en temas jurídicos, y participó en distintos eventos académicos y de actualización profesional, tanto en calidad de ponente como de asistente.

Asimismo, se propone el nombre de la doctora María Esther Acevedo Geymonat. Es ingeniera agrónoma, procuradora y abogada egresada de la UdelaR y actualmente se dedica al ejercicio liberal de la profesión. Ha participado en distintos eventos y jornadas académicas y de actualización profesional.

Otro de los nombres propuestos es el de la señora Guillermina Arcaus Menéndez, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, que está cursando licenciatura en Relaciones Internacionales. Tiene un posgrado en materia de reglamentación del trabajo, y en el año 2009 asistió a un curso de capacitación en el Programa Extensión Universitaria. Asimismo ha ejercido cargos técnicos en el Poder Judicial y actualmente se desempeña en la Auditoría Interna de la Nación como informante jurídico. Integró la Cátedra de Derecho de Familia-Sucesiones y tiene varias publicaciones en distintos ámbitos.

También se propone a la doctora Ana Marcela Pandolfi Suanes. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales egresada de la UdelaR, y actualmente se dedica al ejercicio liberal de la profesión. Ha participado de varios cursos y seminarios.

Por último, se presenta a la doctora Yhoyse Delgado Ramos. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales egresada de la UdelaR, y en la actualidad se dedica al ejercicio liberal de la profesión. Ha participado de varios eventos académicos en carácter de asistente.

Estos son los nueve nombres para los destinos mencionados y los resúmenes de los respectivos currículos, que propone la Fiscalía de Corte. Como ya expresé, también

están a disposición de los señores Senadores las bases del concurso que calificó en su orden de prelación a estos 62 postulantes de los 283 inscriptos. La lista seguirá vigente para otros llamados.

Creemos que el procedimiento del señor Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, doctor Jorge Díaz, a la hora de presentar las postulaciones al Senado de la República, ha sido absolutamente transparente y garantista en cuanto hay un llamado, un tribunal, un concurso, una calificación y un orden de prelación que es el que va a regir las candidaturas y que forma parte de la nueva organización de la Fiscalía de Corte que ha introducido el propio Fiscal de Corte a partir de su nombramiento.

Consideramos que se trata de importantes currículos, que abarcan variados temas. Esto ha sido votado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Administrativos, por lo que recomendamos al Cuerpo su aprobación.

Finalmente queremos destacar que las nueve designaciones corresponden a mujeres capacitadas en derecho.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédense al Poder Ejecutivo las venias solicitadas para designar en los cargos de Fiscal Adscripto (Escalafón “N”), a las doctoras Cecilia María Irigoyen Ibarburu, Claudia Nair Rodríguez Subiza, Cecilia Legnani Ceretta, Andrea Silvana Mastroianni Casanova, María Cecilia Gutiérrez Puppo, María Esther Acevedo Geymonat, Guillermina Arcaus Menéndez, Ana Marcela Pandolfi Suanes y Yhoyse Delgado Ramos».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

10) CONTADOR RODRIGO GOÑI ROMERO. DESIGNACIÓN COMO MIEMBRO EN EL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar otro de los asuntos cuya urgencia fue votada: «Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente para designar en calidad de miembro en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo al contador Rodrigo Goñi Romero (Carp. n.º 302/2015 – Rep. n.º 106/2015)».

(Antecedentes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- La Comisión de Asuntos Administrativos estuvo considerando, en el marco de los entendimientos de representación política, un nombre, el de Rodrigo Goñi Romero –conocido de esta casa porque fue Representante por el departamento de Salto durante muchos años–, que presenta el Partido Nacional para integrar el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Es contador egresado de la Universidad de la República, auditor en empresas agroindustriales y asesor en empresas agropecuarias, comerciales, industriales y de servicio. Además, fue contador del Centro Comercial e Industrial de Salto, administrador de empresas, integrante de sociedades agropecuarias, de una sociedad farmacéutica y de una sociedad de servicios e inmobiliaria.

Esto demuestra que estamos presentando a una persona que tiene esa doble condición que muchas veces es difícil de encontrar, es decir, que tenga conocimientos políticos, proyección política o que entienda del sistema político y, al mismo tiempo, que cuente con formación y respaldo técnico como para estar en la Corporación Nacional para el Desarrollo, que se dedica, justamente, a apoyar, incentivar y viabilizar empresas, algunas de ellas con dificultades y otras que son nuevos emprendimientos.

En fin, creo que el Partido Nacional está presentando un gran nombre, que tiene esa doble condición de pertenecer al sistema político y de estar vinculado al mundo empresarial y económico.

Por lo tanto, la comisión recomienda la aprobación de la designación de Rodrigo Goñi para integrar el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CAMY.- Es con gran satisfacción que vamos a votar la designación del contador Rodrigo Goñi Romero, a quien conocemos de muy cerca y podemos, por tanto, dar fe de que tiene las cualidades personales y técnicas para garantizarnos que va a desarrollar una fructífera labor en el seno de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Esta institución es muy querida por todos quienes integramos el Partido Nacional, porque fue una idea de Wilson Ferreira Aldunate –a la salida del período dictatorial–, quien puso énfasis, desde su convicción, en la importancia de este instrumento que, sin duda, se ha convertido en un referente nacional para la ejecución de políticas públicas orientadas al desarrollo y para la ejecución de obras –como en la actualidad lo hace cada vez más– diseñadas por diferentes actores con quienes articula su accionar.

Merced a los avances en la legislación nacional, la Corporación Nacional para el Desarrollo ha ampliado su capacidad de acción y hoy actúa como concesionaria de proyectos de transporte, ejerce como administradora o fiduciaria en proyectos vinculados con el desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura, y también funciona como administradora de fondos de terceros de diversos organismos públicos y privados.

Esta Corporación Nacional para el Desarrollo, que es aún más potente que aquella que hace treinta años se ideó con propósitos nobles y vigentes, va a tener en Rodrigo Goñi Romero, sin lugar a dudas, una persona competente –tal como señaló el señor Senador Heber–, por su formación profesional y académica, y por su experiencia en esta área, con condiciones muy propicias para ejercer adecuadamente las tareas inherentes a ese cargo, que conocemos porque hasta hace menos de un mes nos desempeñamos como Director de esa institución.

Queríamos fundamentar nuestro voto agregando la militancia política de Rodrigo Goñi. Militó en el Partido Nacional desde muy temprana edad –desde el año 1986–, en el Movimiento Por la Patria, en el cual fue congresal. Desde 1990 a la fecha es Convencional departamental en Salto; por quince años fue Edil de ese departamento del litoral norte de nuestro país, y durante dos períodos –desde 2005 hasta el período próximo pasado– fue Representante nacional por el departamento de Salto, habiendo sido electo por Alianza Nacional.

Es un destacado profesional, egresado de la Universidad de la República, que se ha desempeñado en el ejercicio liberal de la profesión en su departamento, actuando en sociedades agropecuarias y siendo también contador del Centro Comercial e Industrial y de diversas instituciones representativas del quehacer económico y social de este gran departamento de Salto. Fue administrador de empresas propias y de terceros, tarea que ha avalado en este tiempo su ética en el desempeño de su profesión como así también en su accionar político, conduciéndose de manera intachable.

Por tanto, señor Presidente, por su vocación de servicio y por su condición ética intachable –que subrayo–, doy las garantías de que Rodrigo Goñi Romero va a tener un desempeño acorde a lo que se merece el Senado de la República, que es el que le va a dar en la jornada de hoy una alta distinción aprobando su designación como miembro en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en calidad de Miembro, al contador Rodrigo Goñi Romero».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

11) DOCTOR FERNANDO LUIS SARALEGUI MEDEIROS. DESIGNACIÓN COMO DIRECTOR EN EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE CORREOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar otro de los asuntos cuya urgencia fue votada: «Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente para designar en calidad de Director en el Directorio de la Administración Nacional de Correos al doctor Fernando Luis Saralegui Medeiros (Carp. n.º 303/2015 – Rep. n.º 107/2015)».

(Antecedentes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Administrativos señalo que en este caso se está proponiendo el nombre del doctor Fernando Saralegui para designarlo como Director de la Administración Nacional de Correos.

El doctor Saralegui tuvo un pasaje por la Cámara de Representantes –o sea que algunos señores Senadores que tuvieron oportunidad de ocupar una banca en ese tiempo lo conocen bien–, pero, esencialmente, es un hombre de confianza del Partido Nacional. Ha estado no solo en Ancap, sino también en Cementos del Plata y en Conecta, en ambos casos representando a ese ente. Fue asesor de los exlegisladores Eber Da Rosa y Wilson Ezquerra, y Director General de Secretaría en la Intendencia de Tacuarembó. Tuvo asimismo una experiencia como abogado contratado por el Banco República, además de ejercer en la actividad privada y tener una vasta participación en diversos seminarios y congresos.

Creemos que es un hombre que, por encima de todo, tiene muy arraigado el concepto de la descentralización, por vivir en Tacuarembó y por sufrir a veces el centralismo capitalino. Si la Administración Nacional de Correos se descentraliza y se consolida en lo que ha venido realizando en estos años, Fernando Saralegui podrá cumplir una gran misión en ese sentido.

El Partido Nacional recomienda y propone este nombre porque, a su juicio, será un gran aporte para que nuestra empresa de correos se vaya adecuando a los cambios que se están viviendo en estos tiempos en materia de comunicaciones, cuando la carta ha perdido su importancia y su vinculación. Por tanto, aggiornar esta empresa a lo que son los paquetes y otro tipo de comunicación es esencial para los tiempos en que vivimos.

En consecuencia, hemos presentado un gran nombre con una larga trayectoria y lo estamos poniendo a consideración del Senado.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CAMY.- Quiero referirme a la venia que se somete a consideración del Senado para designar al doctor Fernando Saralegui en el Directorio de la Administración Nacional de Correos y sumarme a lo expresado por el señor Senador Heber porque considero que es mi obligación, en virtud de la cercanía personal que tengo con aquel. Es un amigo de muchos años y creo que eso genera una doble responsabilidad al momento de prestar la conformidad para la venia que se solicita. El hecho de conocer a la persona nos hace más responsables a la hora de otorgarle el crédito.

Como ya se señaló, el doctor Saralegui es un destacado profesional egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Posee una muy rica experiencia en el ámbito público: fue abogado del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y de la sucursal del Banco de la República Oriental del Uruguay en Tacuarembó –su departamento natal, donde reside–; ha sido Edil y entre 1995 y 2000 fue Diputado por ese departamento, electo por Alianza Nacional; de 2001 a 2005 fue Director de Ancap y desde 2006 es asesor jurídico de la Intendencia de Tacuarembó y en el último período –de 2010 a 2015– ocupó la Secretaría General de la Intendencia.

En el ámbito privado, durante todo este tiempo ha ejercido la profesión en forma liberal: ha realizado labor docente en el colegio San Javier de Tacuarembó –está fuertemente vinculado a la comunidad, lo que para nosotros es importante–; integró la directiva del Tacuarembó Fútbol Club y fue su Presidente entre los años 2011 y 2014, institución deportiva que refleja el sentimiento de pertenencia al departamento de Tacuarembó, una de las características más marcadas al norte de nuestro país. Para nosotros, como hombres del interior, la fuerte vinculación del doctor Saralegui con la sociedad es un plus de calidad a la gestión que va a desempeñar en la Administración Nacional de Correos. Hablamos de una de las instituciones que más presentes están, a lo largo y ancho del territorio nacional, como referencia y método de comunicación para la gente de los pueblos, villas y parajes más alejados de las ciudades, del interior profundo.

A nuestro juicio, el hondo conocimiento del derecho público y de la administración del Estado, sumado a su condición de hombre vinculado al interior del país, sin ninguna duda enriquecerá la labor que va a desempeñar exitosamente el doctor Fernando Saralegui en la Administración Nacional de Correos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el Directorio de la Administración Nacional de Correos, en calidad de Director, al doctor Fernando Luis Saralegui Medeiros».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30.Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

(Antecedentes).

12) IMPUESTO ANUAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el único punto del Orden del Día: «Proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se establecen ajustes al Impuesto Anual de Enseñanza Primaria. Carpeta n.º 223/2015–Repartido n.º 112/2015».

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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Cuando se analizó este proyecto de ley, hace unos meses, denunciamos que nos comprendían intereses personales y el Reglamento del Senado nos obliga a denunciarlo porque, obviamente, estaremos afectados por este impuesto. Esa es la razón que me lleva a ponerlo en conocimiento del Cuerpo nuevamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Este proyecto de ley ya se discutió en toda su dimensión y lo que me encargó la comisión es que informe sobre las modificaciones planteadas por la Cámara de Representantes, a las cuales el Senado tendrá que decir sí o no, en una única instancia. No vamos a repetir la discusión que dimos hace unas semanas sobre la conveniencia o no del impuesto, si es ciego o no, si lo tenían que pagar todos o no, si lo paga alguien que tiene una casa –que a veces se mide en metros cuadrados– y no quien tiene cientos de hectáreas, o el argumento de si la tierra es un factor productivo –y, naturalmente, lo es– aun cuando también puede serlo una propiedad que se destina a un fin económico, etcétera. Toda esa discusión está dada.

En su oportunidad, la bancada oficialista asumió el compromiso, junto con el señor Senador Andrés Berterreche, de que una vez terminada esta instancia y luego de un plazo prudencial pudiéramos conversar y estudiar la posibilidad de que este impuesto sea más justo y que las exoneraciones no sean las que acá se plantean, porque a veces por menos de trescientas hectáreas hay una ganancia o plusvalía muy importante y, por ejemplo, quienes tienen seiscientas o setecientas hectáreas al norte, de basalto superficial, quizá no tienen ese nivel de productividad.

Ese es un compromiso que la bancada de gobierno ha reafirmado en la última reunión de la comisión a través del señor Senador José Mujica, que vaya si conoce de temas agropecuarios. En cierta medida, ese estudio también será acompañado –a fin de luego adoptar una postura– por los legisladores y las legisladoras de la oposición. Todo eso ya está hablado.

El tema es que en la Cámara de Representantes –independientemente de modificaciones de redacción y de alguna referida, que creo que tampoco debería ser discutida en este ámbito– se agrega un artículo 2.º y se le da una redacción distinta al artículo 687. El artículo 1.º queda tal como nosotros lo habíamos aprobado, con la frase «de acuerdo con lo establecido en los artículos 636 y siguientes». Ocurre que uno de los artículos siguientes de la Ley n.º 15809 mencionada era el artículo 687, que expresamente dejaba de lado al sector agropecuario para el pago de este impuesto.

Por lo tanto, un artículo que restablecía el impuesto incluía una disposición que lo eliminaba, lo que generó una contradicción visible. La solución que plantea la Cámara de Representantes es dar una redacción distinta a ese artículo 2.º. En consecuencia, se dice «de acuerdo con lo establecido en los artículos 636 y siguientes de la Ley n.º 15809, de 8 de abril de 1986», pero se incluye otra disposición que modifica la redacción del artículo 687 de la Ley n.º 16736, por lo que no se cae en contradicción.

¿Esta es la mejor solución? Difícil decirlo, entre otras cosas, porque el camino que tomamos, señor Presidente, independientemente de si se está de acuerdo o no con el impuesto, fue optar por una estructura jurídica muy parecida a la que teníamos. Repito, en el acierto o en el error tomamos ese camino para que todas las situaciones que, en su oportunidad, se plantearon como de inconstitucionalidad –aunque la Suprema Corte de Justicia, con pronunciamientos categóricos, determinó que esto era constitucional–, no pudieran ahora poner en tela de juicio esta iniciativa. ¿Por qué? Porque queremos que todos paguen este impuesto y que, si en algún momento se decide eliminarlo, sea para todos y que no haya un sector que no lo pague.

Reitero, quizás la solución no sea la perfecta, pero es la que se encontró dentro del marco jurídico que nos planteamos, que era innovar lo menos posible con relación a la situación jurídica actual. En ese marco jurídico, la Cámara de Representantes corrigió el error –involuntario, señor Presidente, ya que no lo marcó nadie, ni los que estábamos a favor ni quienes estaban en contra– de contradicción entre el artículo 687 y el propio artículo 1.º que restablecía el Impuesto Anual de Enseñanza Primaria a los inmuebles rurales.

Alguien dirá, señor Presidente, que tiene una mejor solución. Siempre la hay, pero el problema es que cualquier solución que implique no aceptar la modificación de la Cámara de Representantes, a mi entender –y así lo dicen las normas–, trae como consecuencia que la iniciativa vuelva a la Asamblea General –como tribunal de alzada– para que resuelva por una mayoría especial, y todos sabemos que no hay voluntad en ese sentido. O sea que la normativa vigente nos da la potestad de hacer leyes si nos ponemos de acuerdo, pero cuando las dos Cámaras no coinciden se recurre a una mayoría especial y en ese caso, señor Presidente, en mi opinión, ganarían quienes no quieren pagar este impuesto, ya sea por las razones jurídicas o políticas que han planteado –algunas veces, con mucho fundamento y que compartimos, pero para todo el impuesto, por lo que habría que eliminarlo por completo– algunos integrantes de la oposición o por la razón lisa y llana de no pagar impuestos, que también es legítima porque los impuestos son, precisamente, eso: cosas impuestas.

Por lo tanto, señor Presidente, desde la comisión, sin enamorarnos de los textos, sabiendo que había que corregir un error y que la solución planteada por la Cámara de Representantes era una de las posibles –y así lo expresó ese Cuerpo–, venimos para que se convierta en ley una de las tantas promesas de campaña que hizo el Frente Amplio. Presentamos el texto enviado por la Cámara de Representantes y esperamos que el Senado lo refrende, de tal forma que en los próximos días pueda ser ley y que, a partir del 1.º de julio, este impuesto se pueda cobrar.

Eso es todo lo que tenía para informar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Voy a corregir una omisión que cometió la Mesa. Cuando el señor Senador Bordaberry hizo una declaración de interés personal debíamos haber puesto a votación del Cuerpo la autorización para que participara de la discusión del proyecto de ley; lo haremos ahora.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: por las dudas de que en la situación del señor Senador Bordaberry puedan encontrarse otros señores Senadores –o puedan ser sujetos de igual interpretación–, voy a complementar la moción. En concreto, planteo que se autorice al señor Senador Bordaberry y a todos aquellos que pudieran estar en la misma circunstancia a participar del debate.

Gracias.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: en realidad, sería bueno saber si hay alguien más involucrado. El reglamento dice que en estos casos hay que excusarse; entonces, que lo digan. Estamos aquí y si alguien tiene algún interés particular en el tema, repito, que lo diga. No excuso a quien no lo dijo, pero si lo dijo puedo excusarlo.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- El reglamento establece que cada uno de los Senadores que se sienta afectado en su interés personal por el proyecto de ley que esté en debate tiene que declararlo a la Cámara y esta tomará la decisión en función de cada caso.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: quiero aclarar que como esto ya lo había dicho en la anterior sesión en que tratamos este impuesto, no creí necesario comunicarlo nuevamente al Cuerpo. No obstante, si hay que hacerlo, declaro que estoy comprendido dentro de las disposiciones que establece el proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Está en consideración del Cuerpo la autorización para participar del debate de este proyecto de ley tanto para el señor Senador Bordaberry como para el señor Senador Heber.

Se va a votar.

(Se vota).

–28 en 29. Afirmativa.

El Senado continúa con el debate de este proyecto de ley.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: no vamos a dar la discusión de fondo porque ya la tuvimos –y bastante– en la comisión y en esta sala, en la sesión del Senado en la que se trató originalmente el proyecto de ley. Después esta iniciativa fue modificada en la Cámara de Representantes y se volvió a considerar en la comisión correspondiente del Senado. Vale señalar que incluso reconociendo, por parte de quienes la defienden, que no es la mejor redacción, el Gobierno optó por que la discusión no pase a la Asamblea General.

Simplemente vamos a hacer un racconto de los hechos, de cómo empezó este proceso, qué pasó en el medio y cómo llegamos al día de hoy porque creo que vale la pena recordarlo y dejar algunas constancias políticas.

En marzo el Poder Ejecutivo remite al Poder Legislativo el proyecto de ley que establecía el Impuesto Anual de Enseñanza Primaria sobre los padrones rurales. No se trataba de un proyecto de ley sino que, en realidad, fueron dos: uno venía inmerso, como artículos 3.º y 4.º, en una iniciativa de modificación del cómputo del IRPF respecto al medio aguinaldo y al salario vacacional, como todos recordarán, y el otro era el artículo único de otro proyecto de ley que no era modificativo del primero, sino complementario.

Los artículos 3.º y 4.º del proyecto original establecían el Impuesto Anual de Enseñanza Primaria a los padrones rurales mediante la modificación del artículo 636 de la Ley n.º 15809 y sus leyes modificativas y, además, disponía una exoneración a los propietarios de inmuebles rurales cuyos valores reales correspondientes al 2014 fueran inferiores a $ 650.775, lo que parecía bastante en contrasentido con lo que habían anunciado el Poder Ejecutivo y el Presidente Vázquez.

Concomitantemente, se establecía el cese de la transferencia del Imeba y del IRA del Poder Ejecutivo al Consejo de Educación Primaria.

El artículo único del proyecto de ley complementario establecía una nueva exoneración; cambiaba el umbral y hacía referencia a las 300 hectáreas índice Coneat 100. Además, decía cómo realizar el procedimiento de exoneración y ante qué organismos.

En el mes de abril, luego de la discusión en la comisión, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, envió un nuevo proyecto de ley que contaba con siete artículos y venía firmado por el Director Serra. En él se unificaban los artículos de los dos proyectos de ley anteriores, con algunas modificaciones; se establecía cuándo se produce el hecho generador para el ejercicio 2015; se fijaba la remisión de un plan anual de ejecución por parte de Primaria al Ministerio de Economía y Finanzas dentro de los 120 días de iniciado el ejercicio; se autorizaba al ministerio a liberar los créditos presupuestales; se establecía la suspensión de los certificados de la DGI por atrasos en el pago; se disponía el pasaje de la recaudación de la órbita de la ANEP a la DGI a partir de enero de 2018 –recibimos a funcionarios de la ANEP que manifestaron estar en contra de esta disposición por diferentes motivos–, y por último, se obligaba a la DGI a depositar en el BROU en la cuenta denominada Tesoro de Enseñanza Primaria lo recaudado por este impuesto.

En el mes de mayo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores presentó un proyecto de ley sustitutivo. Si bien constaba de siete artículos y su estructura era similar al anterior, en él se introducían algunas modificaciones. En el artículo 1.º se hablaba de restablecer el impuesto y, como se verá más adelante, la forma no era oportuna por cuanto restablecía un impuesto derogado. Ese artículo 1.º también establecía el impuesto como adicional al impuesto de contribución inmobiliaria rural, acompasando así al artículo 297 de la Constitución.

Por último, en la discusión en sala se presentaron dos aditivos. Uno de ellos lo planteó la bancada de gobierno, modificando los artículos 1.º y 2.º de este último proyecto. En el artículo 1.º se eliminó la frase «como adicional al impuesto de contribución inmobiliaria rural», y en el inicio del artículo 2.º se introdujo una modificación, sustituyendo la palabra «propietarios» por «padrones». El otro aditivo fue propuesto por el Partido Nacional. Se solicitaba que lo recaudado se destinara a las escuelas rurales, a la caminería, a la locomoción, etcétera, pero la propuesta no fue acompañada por la bancada oficialista y, en consecuencia, no prosperó.

Este fue el proceso en la Cámara de Senadores, pero ¿qué pasó en la Cámara de Representantes? En el tratamiento del proyecto de ley en dicha Cámara surgió un problema jurídico referente a la conveniencia o no de utilizar el término «restablecer», introducido en la sesión de la Cámara de Senadores por la bancada oficialista.

Este aspecto técnico fue observado en el tratamiento del proyecto de ley y se solicitó al doctor Cajarville una opinión sobre el tema. El reconocido catedrático de dilatada trayectoria en derecho administrativo elaboró un informe y se manifestó sobre la inconveniencia de utilizar el término «restablécese». Dijo que era más acertada la redacción que había venido del Poder Ejecutivo.

En esencia, indicó que no es posible restablecer un impuesto que se había derogado, lo que es lógico por la sencilla razón de que ese impuesto ya no existía y, por lo tanto, era necesario volver a crearlo. Además, indica que la norma también remite a las que modificaron ese artículo 636 de la Ley n.º 15809 –como el artículo 687 de la Ley n.º 16736, de 5 de enero de 1996–, que siguen vigentes; ergo, el impuesto sobre los padrones rurales seguiría derogado.

Para más claridad, el informe dice textualmente: «Podría argumentarse que la exclusión de los inmuebles rurales subsiste en virtud de la expresa remisión a las leyes modificativas de la norma tal cual está redactada; y que ese tenor literal no puede desatenderse “a pretexto de consultar su espíritu”, por imperio del artículo 17 inc. 1.º», haciendo referencia al Código Civil.

Para tener claro en qué se basa Cajarville, señalo que el artículo 636 de la Ley n.º 15809, dice: «Establécese un Impuesto Anual de Enseñanza Primaria, que gravará a las propiedades inmuebles urbanas, suburbanas, y rurales», mientras que el artículo 687 de la Ley n.º 16736, posterior, le da una nueva redacción a este artículo diciendo: «Establécese un Impuesto Anual de Enseñanza Primaria que gravará a las propiedades inmuebles urbanas y suburbanas. El Poder Ejecutivo transferirá de la recaudación del Imeba e IRA, al Consejo de Educación Primaria igual importe a valores constantes al recaudado en 1994 por los inmuebles rurales». El artículo 687 de la Ley n.º 16736 modifica el artículo 636 original y deroga el Impuesto de Primaria, que recaerá únicamente sobre padrones urbanos y suburbanos. Si procedemos a restablecer directamente el impuesto sobre el artículo 636 de la Ley n.º 15809 en la redacción dada por el artículo 1.º de este proyecto de ley, nos quedará sin explicar cómo en leyes posteriores que modificaron el impuesto continúa excluido el Impuesto de Primaria sobre los padrones rurales.

Es así que el doctor Cajarville aconseja volver a la redacción original del Poder Ejecutivo, que decía: «El impuesto anual de Enseñanza Primaria establecido por los artículo 636 y siguientes de la Ley n.º 15809, de 8 de abril de 1986, y leyes modificativas y concordantes, gravará asimismo a las propiedades inmuebles rurales». Esta redacción tenía el efecto correcto.

En la Cámara de Representantes se tomó la peor decisión y se optó por la peor técnica legislativa, obviamente, sin fundamentos. Teniendo la oportunidad de hacer una simple modificación para evitarnos problemas jurídicos en un futuro, se optó por lo contrario: desmejorar lo desmejorado.

Ahora nos llega el mismo proyecto de ley con esta modificación ingeniosa sugerida por el doctor Cajarville, que no sustituye el artículo 1.º, sino que agrega un artículo 2.º. Para que quede claro, se deja el artículo 1.º –el que el doctor Cajarville había aconsejado modificar– y se agrega un artículo 2.º –aconsejado por el propio catedrático y con la redacción sugerida por él–, pero, a su vez, se modifica el artículo 687 de la Ley n.º 16736. Quiere decir que ahora tenemos un artículo 1.º que dice: «Restablécese el impuesto anual de Enseñanza Primaria a los inmuebles rurales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 636 y siguientes de la Ley n.° 15809, de 8 de abril de 1986 y leyes modificativas y concordantes», y un artículo 2.º –tal como vino de la Cámara de Representantes– que establece: «Modifíquese el inciso primero del artículo 687 de la Ley n.° 16736, de 5 de enero de 1996, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 687.- Establécese un Impuesto Anual de Enseñanza Primaria, que gravará a las propiedades inmuebles urbanas, suburbanas y rurales”».

Esto parece un trabalenguas jurídico. En realidad, no se entiende esta forma de legislar; obviamente, es de la peor técnica legislativa y yo diría que es un verdadero mamarracho. En primer lugar, se restablece un impuesto por el artículo 1.º y luego se crea el mismo impuesto en el artículo 2.º. Solamente encontramos una explicación para esto y es, notoriamente, que hay una decisión política: de alguna forma tiene que figurar la palabra «restablecer» en el texto de la ley. No se entiende por qué, teniendo la oportunidad de hacerlo, no se sustituyó el artículo 1.º por la recomendación del doctor Cajarville. Lo lógico hubiera sido retornar, ni más ni menos, a la redacción original enviada por el Poder Ejecutivo.

El peligro de votar esta redacción –según el doctor Cajarville– es que al restablecer el impuesto se restablece todo el orden y, dentro de este, las exoneraciones. El doctor Cajarville expresa: «En mi opinión, si se admitiera la interpretación de que la sanción del proyecto tal como está redactado restablece el impuesto que trata sobre los inmuebles rurales, el restablecimiento ocurriría con todo su régimen, incluyendo las exoneraciones».

Por la técnica legislativa que se ha aplicado –que en el artículo 1.º restablece un impuesto que después se vuelve a crear en el artículo 2.º– y por las consecuencias que puede ocasionar el no compartir o que no prospere ninguna de las iniciativas que el Partido Nacional propuso en la Cámara de Senadores o los seis aditivos presentados en la Cámara de Representantes, nuestro sector no acompañará la modificación del proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes.

Durante la discusión del proyecto de ley en dicha Cámara, el Partido Nacional presentó diferentes artículos aditivos que no fueron acompañados. Entre ellos, a modo de ejemplo, podemos citar un artículo sustitutivo que planteaba volver a la redacción original, tal como lo recomendó el doctor Cajarville. Se propuso un aditivo al artículo 1.º que decía: «Las exoneraciones para el sector forestal establecidas en el artículo 39 de la Ley n.° 15939, de 9 de febrero de 1988, no serán de aplicación para lo dispuesto en el inciso anterior». Por este complemento se solicitaba que las empresas forestales pagaran este impuesto, pero tampoco fue votado por la bancada de gobierno.

Recuerdo que cuando se discutió este tema en el Senado se preguntó muchas veces si el sector forestal iba a pagar –más allá del acuerdo tributario que existía con Montes del Plata, que tiene aproximadamente 200.000 hectáreas–, pero, en realidad, nunca fueron claros en ese sentido.

El Ministro de Economía y Finanzas concurrió a la Cámara de Representantes y señaló que las empresas forestales no iban a pagar el Impuesto de Primaria porque existe una política de promoción para el sector forestal. Eso nos extrañó, no solo porque son los grandes tenedores de extensiones de tierra –la mayoría de ellos multinacionales–, sino además porque, si se trata de una política de promoción, teniendo en cuenta la crisis que está atravesando el sector lechero, quizás mañana se podría decidir promover al sector a través de este instrumento. Aquí quedó claro que ninguna empresa forestal va a pagar el Impuesto de Primaria y sí lo harán los pequeños y medianos productores de más de 300 hectáreas Coneat.

Más allá de que en aquel momento dijimos que el fin era loable y quisimos destinar lo recaudado por este impuesto a la escuela rural, entendíamos que un impuesto de estas características, que era ciego y el cuarto que se le aplicaba a la tierra, debía ser progresional y no fijo, es decir, que los productores pagaran por lo que estuviera por encima del umbral de 300 hectáreas.

Tampoco se tuvo en cuenta en el Senado ni en la Cámara de Representantes el destino de la recaudación. En ambas Cámaras se insistió en que fuera directamente a atender las escuelas rurales más carenciadas, incluyendo a aquellas ubicadas en los lugares más remotos. En ese aditivo también se planteaba atender los problemas de caminería y locomoción vinculados al tema de la educación rural.

En el debate no se consideró volver a discutir el tema del Imeba, tal como lo habíamos propuesto. En varias oportunidades planteamos que muchos de los que van a pagar este impuesto, que son los que tienen más de 300 hectáreas, también van a pagar un Imeba tremendamente alto. Quizás era este el momento de discutir el tema del Imeba, sobre todo para los sectores más complicados, a fin de darles un respiro por esa vía. En su momento no nos opusimos a que debieran pagar un impuesto que tenía un fin loable, pero planteábamos rediscutir las tasas del Imeba, sobre todo en lo que tiene que ver con la carne, la lana y la leche, teniendo en cuenta que no pueden tener ninguna deducción, como por ejemplo el IVA a los combustibles.

Creemos que se está aprobando un proyecto de ley cuyo objetivo es la recaudación. Podrá decirse que no es muy elevada, pero es un impuesto más. En su oportunidad reconocimos que el fin era loable y que, en general, el talante era positivo, pero queríamos darle un destino y, además, que todos los inmuebles rurales –incluidos los forestales– lo pagaran, por un tema de justicia tributaria. Pero eso no se pudo lograr.

Recuerdo que cuando explicamos la decisión de la bancada del Partido Nacional, señalamos que íbamos a tratar de que en la Cámara de Representantes se abriera nuevamente la discusión de este proyecto de ley y se incluyera el tema de los forestales, el destino de los fondos y lo relativo al Imeba, a fin de mejorar la calidad, la justicia, la redacción y la eficiencia de este impuesto.

Por estas razones, nuestro sector, el movimiento Todos, no va a acompañar esta modificación y queremos dejar constancia de ello.

Vamos a dar lectura a una declaración que en su momento realizó la bancada de Diputados del Partido Nacional e hizo suya la bancada de Senadores, pero involucra a todo el Partido Nacional, para que quede registrada en la versión taquigráfica de esta sesión. Esta declaración quedó plasmada en la versión taquigráfica de la Cámara de Representantes y nos parece que también debe quedar registrada en el Senado al discutirse este impuesto.

Concretamente, la bancada del Partido Nacional expresa: «La Escuela Pública requiere la prioritaria atención de las políticas públicas, sus recursos humanos, sus planes, su equipamiento e infraestructura deben ser excelentes y para ello los recursos deben ser adecuados. En este propósito contribuiremos con todo nuestro esfuerzo.

Impulsar y votar el establecimiento de un impuesto, cuyo único objetivo es parte de un “ajuste fiscal”, bajo el rótulo de “Impuesto de Primaria” y cuyo destino no es la Escuela Pública, es para nosotros inaceptable. Debe quedar claro, como lo reconocieron las autoridades económicas en el Parlamento, que el producido de este gravamen no va a aumentar los recursos de Primaria, sino que sustituirá los que ya está recibiendo. Se va a recaudar más y el destino no será la Escuela Pública.

El proyecto de ley en consideración, lejos de garantizar un aumento de los recursos para la enseñanza pública, lo que persigue es –con afán fiscalista y recaudador– disminuir un déficit fiscal histórico fruto de una mala gestión de recursos públicos llevada adelante por los distintos gobiernos del Frente Amplio, en especial en el período 2010-2015.

Con este proyecto de ley, no es cierta la premisa electoral del Frente Amplio que indica que quien tiene más, vaya a pagar más, dado que el gobierno frenteamplista pretende exonerar del Impuesto de Primaria a los inmuebles rurales con explotación forestal. Por lo tanto, las grandes multinacionales –en su mayoría extranjeras– que explotan latifundios no van a pagar este impuesto, y sí lo van a hacer miles de productores nacionales».

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–«Resulta inaceptable que bajo el título de beneficiar a la Escuela Pública, se esconda un impuesto más a productores familiares, pequeños y medianos, y se exonere a multinacionales propietarias de grandes extensiones.

–Este impuesto no aumenta los recursos para la Escuela Pública, sino para Rentas Generales.

–Este impuesto grava a productores agropecuarios familiares, pequeños y medianos.

–Este impuesto no grava grandes terratenientes por decisión y elección del Gobierno.

–Este impuesto no tiene como destino la Escuela Pública Rural.

–Este impuesto es parte del “ajuste fiscal” que obliga el déficit histórico que presenta el Presupuesto del Estado».

Esta es la declaración de la bancada de Diputados del Partido Nacional que se leyó en la Cámara de Representantes, que hizo suya la bancada de Senadores y de la que queremos que quede constancia en la versión taquigráfica de esta sesión.

Muchas gracias.

13) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 22 de julio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por el día de hoy, a partir de las 12:30, por motivos personales.

Sin otro particular.

Lucía Topolansky. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Habiéndose presentado las notas de desistimiento correspondientes, queda convocada la señora Sandra Lazo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 22 de julio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por el día de hoy, a partir de las 12:30, por motivos personales.

Sin otro particular.

José Mujica. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Habiéndose presentado las notas de desistimiento correspondientes, queda convocado el señor Andrés Berterreche, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Los Senadores abajo firmantes mocionamos que el Cuerpo pase a cuarto intermedio entre las 10:45 y 12:00 horas, a fin de participar en un homenaje a la memoria del Dr. Luis Alberto de Herrera al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento». (Firman la señora Senadora Alonso y los señores Senadores Delgado, García, Mieres, Heber, Larrañaga, Cardoso, Besozzi, Agazzi, Camy, Lacalle Pou y Bordaberry).

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 29. Afirmativa.

Se pasa a cuarto intermedio hasta la hora 12.

(Así se hace. Son las 10:50).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 12:07).

14) IMPUESTO ANUAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión del tema objeto de la convocatoria.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor Presidente: este proyecto de ley, que fue aprobado con nuestro voto en contra en el Senado y viene con modificaciones de la Cámara de Representantes, va a tener nuevamente el voto negativo de nuestra bancada. Y si bien no vamos a ingresar en los fundamentos de fondo, porque ya lo hicimos extensamente en la sesión en que se trató este tema, sí haremos algunos comentarios para ratificar la posición que tuvimos cuando se consideró en el Senado como primera Cámara.

Nos parece que este es un impuesto negativo e injusto. Es negativo porque desde nuestro punto de vista así lo son todos los impuestos ciegos a la producción. Tampoco creemos que sea bueno que haya impuestos para temas concretos, aunque estos impuestos sean pequeños, como sucede en este caso, que se estima que no tendrá una gran recaudación. Muchas veces dijimos que esta es una de las pocas cosas en las que estuvimos de acuerdo cuando el Frente Amplio hizo la reforma tributaria al asumir el Gobierno. En ese entonces, el Ministro de Economía y Finanzas –que es el mismo que está ahora–, el contador Astori nos dijo que había que simplificar la cantidad de impuestos y que los que tenían un fin específico se irían terminando. Es claro que este impuesto va en contradicción con esa filosofía que tenía la reforma tributaria.

Además, como ya se dijo en esta Cámara, es un impuesto injusto porque van a pagarlo pequeños productores, que seguramente tienen dificultades para trabajar, y no lo van a pagar grandísimas extensiones, como las forestales. Por tanto, tampoco es un impuesto justo. En la comisión discutimos estos temas fuera de actas y se nos dijo que hay productores con 150 hectáreas y producción intensiva que ganan muchísimo dinero, y hay otros de 600 hectáreas que tienen enormes dificultades. Por eso es que para nosotros en el sector agropecuario es mucho más justo y sensato el impuesto a la renta que este tipo de impuesto ciego. Lo dijimos claramente cuando se trató este tema y lo repetimos ahora: nos parece un impuesto malo e injusto.

Por supuesto que el objetivo es loable. Todo aumento de recursos para la educación pública está bien y estamos de acuerdo con eso, pero esa discusión –estamos hablando de un aumento que se estima en USD 14 millones– no la vamos a dar hoy sino en el presupuesto. Allí se nos va a decir cuánto dinero se va a asignar a la educación pública y espero que también se nos diga qué se va a hacer con ese dinero, porque, tal como hemos visto con absoluta claridad en estos últimos diez años, es evidente que un aumento de recursos no implica un aumento de calidad. Así que me parece que esa discusión, que es la importante en este asunto, no la vamos a dar hoy, sino que lo haremos cuando se trate el presupuesto.

Para nosotros, las reformas introducidas en la Cámara de Representantes también son negativas. Es claro que los artículos 1.º y 2.º carecen de la más elemental técnica legislativa. El proyecto de ley tenía errores cuando salió del Senado y la modificación realizada no lo mejora, sino que lo empeora.

Tenemos claro que los Senadores del Gobierno van a votarlo porque quieren que el tema salga, pero si se le hicieran modificaciones –que es algo en lo que todos estamos de acuerdo–, pasaría a la Asamblea General y la situación se complicaría. Nosotros también fuimos gobierno y entendemos esa situación, pero es evidente que el proyecto de ley no es bueno por temas de fondo y de forma.

Otro artículo que merece comentarios y en el que deberemos trabajar en el futuro es el 7.º. Yo estoy de acuerdo con esta norma; creo que la Dirección General Impositiva es la que tiene especialidad en el tema de la recaudación y está bien que se le hayan pasado todos los impuestos. Sin embargo, hay un tema a tener en cuenta. Seguramente todos recibimos la visita de los funcionarios que están en el área de ANEP que recauda este impuesto. La mayoría de ellos hace muchos años que trabajan en este tema, tienen una especialización y cobran distinto por esa razón. Entonces, debemos estudiar qué se hace con ellos. Con total franqueza digo que todavía no tengo claro cuál es la mejor opción: si mantenerles el sueldo actual y redistribuirlos o darles la oportunidad de que pasen a trabajar en la oficina de la Dirección General Impositiva que va a realizar la recaudación de este impuesto, porque son ellos los que saben calcularlo e, insisto, hace años que están trabajando en el tema. Este aspecto tampoco va a ser modificado hoy, pero es algo en lo que deberemos trabajar cuando consideremos la Ley de Presupuesto.

En conclusión, quedan una cantidad de cosas pendientes. Lo más importante de este impuesto es su destino. Me animo a decir que todos los aquí presentes estamos de acuerdo en que debe haber más recursos para la educación pública; yo lo estoy. Ese tema vamos a discutirlo, pero de verdad, en el presupuesto, para ver cuánto y cómo se destina, porque todos sabemos que solo con un aumento de recursos la cosa no ha mejorado. Eso es evidente. En los últimos años hubo aumentos importantes de recursos para la educación pública y el resultado no ha sido bueno; más bien fue bastante malo. Esa es una de las discusiones que vamos a tener que encarar, pero en lugar de hacerlo ahora vamos a darla en ocasión de analizar el proyecto de ley de presupuesto.

En segundo lugar está el tema de los funcionarios, que también es importante. No son muchos; de acuerdo con mi información serían un poco más de 60, la enorme mayoría de ellos en Montevideo y uno por departamento del interior. Es un punto del que debemos ocuparnos para que estas leyes, que pretenden ser positivas, no causen una distorsión que perjudique la vida a una cantidad de funcionarios que trabajan para el Estado.

Básicamente, reitero: no vamos a votar este proyecto de ley. Estamos en contra del fondo por el tema impositivo; nos parece que está mal. Además, consideramos que es una señal por lo menos contradictoria. Dentro de un rato vamos a estar tratando problemas serios que tiene un sector agropecuario del Uruguay, el lechero, que seguramente no van a tener una solución sencilla. Y resulta que al mismo tiempo vamos a estar diciendo a esos productores que van a tener que pagar un impuesto más de acuerdo con la cantidad de tierra que posean: «Si usted es un fenomenal productor lechero, con más de trescientas hectáreas, va a tener que pagar un impuesto más». Personalmente, me parece que esta iniciativa está fuera de tiempo y está mal desde el punto de vista conceptual.

Señor Presidente: dentro de la brevedad a la que nos comprometimos en relación con este tema, decimos que vamos a mantener la posición que ya habíamos sustentado en esta sala; los Senadores del Partido Colorado vamos a votar en contra este impuesto, que nos parece negativo e injusto.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CAMY.- Gracias, señor Presidente.

Partimos de dos premisas. La primera de ellas es que pensamos que la Escuela Pública merece del aporte de todos y, la segunda, que este es un mal impuesto. Sin perjuicio de ello, vamos a votar este proyecto de ley tal como lo hizo el sector Alianza Nacional en esta Cámara en oportunidad de tratarse en primera instancia, y como también lo hizo nuestro sector en la Cámara de Representantes al votar en general el articulado, presentando propuestas de aditivos y planteando otras modificaciones pertinentes. Pero se trata de un mal impuesto: es un impuesto fijo, ciego, que no tiene en cuenta la rentabilidad del negocio, en un contexto, como se señalaba –y compartimos–, de enormes pérdidas, fundamentalmente para los sectores agrícola y lechero. Sin embargo, igualmente se lo tendrá que pagar. Puede parecer bajo cuando se habla de que por hectárea se va a pagar de un dólar a un dólar y medio, pero en los hechos esto es lo mismo que aumentar en más de un 25 % la contribución inmobiliaria.

También podemos señalar que es el cuarto impuesto sobre la tierra que va a pagar el sector si consideramos que el aporte patronal al BPS se calcula sobre la tierra, a lo que se agrega la contribución inmobiliaria, el impuesto al patrimonio –si bien es cierto que lo pagan quienes tienen más de dos mil hectáreas aproximadamente– y, ahora, el Impuesto Anual de Enseñanza Primaria.

El agro ya estaba volcando a Primaria, por la vía del Imeba y del IRAE, aproximadamente USD 7 millones, pero ahora eso va a ir a Rentas Generales. Además, se piensa recaudar alrededor de USD 16 millones con este impuesto. O sea que vamos a aumentar la carga impositiva del sector en USD 16 millones en un momento de crisis, no solo por los precios internacionales, sino especialmente por el clima. Y lo recaudado ni siquiera va a ir a la escuela rural.

Se ha señalado que grava al grande, pero no es así. No grava solamente al grande, sino también al mediano. El proyecto exonera a propietarios que exploten menos de trescientas hectáreas índice Coneat 100 a cualquier título. Es decir que si un propietario que tiene, por ejemplo, 110 hectáreas arrienda un campo de 200 hectáreas a un vecino para tener escala –esto se da básicamente en la lechería, con producciones intensivas que hoy tienen más de la mitad de la tierra afectada a ese rubro a través del sistema de arrendamiento–, en función de lo que reza este articulado pierde la exoneración sobre sus 110 hectáreas dado que supera las 300. ¡Y no es grande un productor de 110 hectáreas, ni en el norte, en el basalto, ni en el sur intensivo!

Consideramos que el mensaje es malísimo para el sector productivo en este momento. Creemos que no se puede comparar un impuesto de primaria sobre una casa habitación de una familia con un impuesto que grava un factor productivo como la tierra, entre otras cosas porque el campo genera trabajo, empleo, particularmente en el interior del país.

Yendo a una posición personal, pero que me interesa dejar en claro ya que aspiro a que podamos tener debates más profundos sobre este tema –no me refiero al tributario, aunque obviamente está vinculado, sino a determinadas tipologías de producción, como la lechera, sobre las que el Uruguay tiene que debatir para resolver si las quiere mantener o no–, quiero decir que no me asusta el término «subsidio». ¿O acaso cuando se promueven zonas francas o se otorgan determinados beneficios para generar trabajo no se está dando un tipo de asistencia? El campo en el interior de la república da trabajo; lo da. No es lo que se piensa muchas veces desde una concepción urbana, que pretende mostrarlo como una suerte de tenedores de grandes proporciones de tierra que se asemejan casi que a terratenientes. Por ejemplo, ¿por qué la maquinaria de equipamiento industrial está exonerada en lo que respecta al impuesto al patrimonio? En el campo la tierra es la máquina.

Personalmente me interesaba subrayar este concepto –reitero: personalmente– porque aspiro a que podamos tener debates de fondo y serios en esta casa sobre la viabilidad que tienen determinados tipos de producciones, como la lechería, que me parece no podrán tenerla si no nos animamos en serio y sin titubeos a hablar de asistencia, de políticas activas, de subsidios o del rótulo que se le quiera inventar.

Por otro lado, la reforma tributaria del año 2007, impulsada por el señor Ministro Astori, estableció un cronograma –lo señalaba el señor Senador Amorín, y lo comparto– de baja del impuesto al patrimonio de las personas físicas, porque este tipo de impuestos fijos son, reitero, malos y, de hecho, casi inexistentes en el mundo. Específicamente, en el año 2007 la tasa se rebajó del 2,75 al 1, lo que implica casi un 64 % de rebaja. La reforma estaba claramente orientada a gravar la renta, pero para el agro, desde el año 2007 a la fecha, primero con la imposición del ICIR –que gravaba la tierra y luego fue declarado inconstitucional–, después con las modificaciones al impuesto al patrimonio –del que estaban exonerados prácticamente todos los productores–, y ahora con la supresión del beneficio de exoneración del Impuesto de Primaria, se está tergiversando aquel espíritu. Y cuidado, porque antes de que el gobierno que presidió el doctor Batlle exonerara al agro del impuesto al patrimonio que existía en la década del noventa, la tierra era un activo exento.

Entonces, señor Presidente, una vez que señalamos que nos parece realmente un mal impuesto, adelantamos que vamos a votar este proyecto de ley. Y se nos podrá preguntar por qué. Bien: lamentablemente, el proyecto de ley no recoge iniciativas propuestas en esta sala por el ex-Senador Botana, hoy Intendente de Cerro Largo, ni otras planteadas en la Cámara de Representantes que, a nuestro juicio, eran aportes que mejoraban un proyecto que, como decíamos al principio, está asentado sobre la premisa de que es un mal impuesto, pero que para nosotros también viene presidido –por eso Alianza Nacional va a votarlo– por el principio de justicia que establece que todos debemos aportar a la escuela pública. Este proyecto de ley podría haber sido perfeccionado, pero no se quiso. Si es verdad que se quiere ser fiel al eslogan Que pague más el que tiene más, con este proyecto de ley eso no va a suceder; no va a pagar más quien tiene más.

Para quienes creemos en la justicia tributaria –y no dudo que nos alcanza a todos–, este proyecto de ley tiene enormes perforaciones porque queda vigente la exoneración establecida por el artículo 39 de la Ley n.º 15939, de 1988, que señala que el sector forestal estará exonerado de todo tipo de impuestos y, por tanto, no va a pagar este, que tiene el formato de un adicional a la contribución inmobiliaria rural.

El Subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, en la Cámara de Representantes señaló con total claridad que el sector forestal iba a estar exonerado pese a que la tierra sí paga. En comisión se señaló que la tierra paga con independencia de su productividad, con independencia de si le va bien o mal a quien la trabaja, y se dijo que el Gobierno quería seguir promocionando al sector forestal. Quiero advertir al Gobierno que hay otros sectores urgidos de asistencia, como el lechero y el granjero.

Hoy los verdaderos terratenientes, o los mayores tenedores de tierra, no pagan, y hay que decirlo con claridad. Se establece que los propietarios de padrones rurales que exploten a cualquier título padrones que en su conjunto no excedan las 300 hectáreas índice Coneat 100, estarán exonerados del pago del Impuesto Anual de Enseñanza Primaria. Reitero, señor Presidente –y lo explicaba recién con un ejemplo–, que van a quedar exonerados del pago de ese impuesto los propietarios rurales que exploten padrones que, en su conjunto, tengan menos de 300 hectáreas índice Coneat 100, con dos condiciones: ser propietario y explotarlo. Por tanto, un propietario de 40 hectáreas, o de 100 hectáreas, que arrienda al vecino, ahora va a tener que pagar, y esto se da –aquí hay Senadores que saben muy bien de lo que hablo– en sectores como el lechero, cuyo desarrollo y explotación no están en manos de empresarios o productores que podamos tildar de terratenientes o de grandes tenedores de importantes capitales. No es así. Sin embargo, no van a pagar las millonarias chacras turísticas que rodean Punta del Este, algunas de ellas propiedad de luminarias argentinas o internacionales. Esas chacras no van a pagar.

Entonces, para nosotros este proyecto de ley está rengo porque establece que grandes propietarios no van a pagar, mientras que pequeños productores, por el hecho de arrendar parte o toda su tierra, sí van a tener que hacerlo. Esa es la verdad de esta iniciativa.

Otra consideración que señalaba el señor Senador Amorín y a la que nos queremos plegar tiene que ver con que ahora el impuesto se pasará a recaudar por la DGI. Esa circunstancia tiene un impacto entre los funcionarios que actualmente desempeñan esas tareas en el marco de la ANEP porque van a perder compensaciones y parte de su salario. Creo que habrá que corregir esa circunstancia y como desde el oficialismo se pretende que hoy, en esta jornada, se vote el proyecto, sugiero que se establezca que estos funcionarios, afectados directamente por lo que reza este proyecto de ley, en oportunidad de considerarse el presupuesto sean reasignados a la DGI, por ejemplo, para evitar nuevas contrataciones en ese ámbito, contemplando así su situación para que no pierdan remuneración.

En definitiva, señor Presidente, vamos a acompañar este proyecto de ley porque estamos de acuerdo con la orientación de respaldar la escuela pública. Sin embargo, lo hacemos sin que nos conforme este formato definitivo porque, como ya lo señalamos, adolece de lo que para nosotros son criterios injustos y porque, sobre todo, cuestionamos la voracidad del Ministerio de Economía y Finanzas para engordar la recaudación de Rentas Generales sin fijar directamente el destino de este impuesto para la escuela pública rural.

Muchas gracias.

SEÑOR CARDOSO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CARDOSO.- Señor Presidente: por razones de carácter político, no tuve la oportunidad de participar del debate de este impuesto en la Cámara de Representantes.

En realidad, más que introducirme en el fondo de la discusión que se está dando en este ámbito, quisiera dejar una constancia que me parece importante y necesaria porque me temo que vamos a volver a tener este debate. Hace exactamente 138 años que Uruguay viene discutiendo este tema; la primera discusión se dio en el Cabildo de Montevideo, y el 24 de agosto de 1877 se aprobó una ley. Puede decirse que somos una rareza mundial.

He representado a Uruguay en el Parlatino, he ido a otros países a hablar y me han pedido que explique cómo es que los contribuyentes pagan un impuesto directo para financiar la escuela pública y el comedor escolar.

Desde 1877 a la fecha ha habido decenas de modificaciones; el comienzo fue muy tranquilo: pasaron 66 años para su primera modificación. Durante 66 años se le cobró un impuesto –redactado de manera espectacular y por ello les sugiero a los señores Senadores que lean la ley original– a todos, hasta a los inquilinos; es decir, pagaban todos: los dueños de la tierra, de los hoteles, de los bancos. A partir de 1944 el impuesto tuvo sucesivas modificaciones en forma casi permanente, hasta que la dictadura lo derogó mediante una ley de 7 de noviembre de 1979. Luego, recuperada la democracia, durante el Gobierno del doctor Sanguinetti, se volvió a crear el impuesto, casi con las mismas características que el original.

Me interesaba realizar este relato porque venimos de una suerte de discusión en la que hay un pase de facturas, donde algunos quedamos como que no les queremos cobrar el impuesto a los ricos y otros, los buenos, son los que se lo quieren cobrar, y eso suena bien. Pero si uno mira la historia del impuesto y observa cómo se ha ido modificando y ajustando, ve que lo que ha habido es un gran acuerdo nacional en esta materia. Hubo acuerdo hasta en lo que mencionaba el Senador Amorín, cuando en la reforma de 2007 –lo recuerdo porque lo debatimos mucho en la Cámara de Representantes y yo fui miembro informante en representación de la minoría– el entonces Ministro de Economía y Finanzas eliminó todos los impuestos que eran rentas afectadas, menos uno, la «vaca sagrada», o sea, el Impuesto de Primaria. Hablamos de un impuesto que no tiene antecedentes en América Latina ni en el Caribe, y no sé si algún otro país del mundo tiene un impuesto que se cobra directamente y que pagan los propietarios para financiar la escuela pública. Además, esto tiene una ligazón muy importante y vigente, pues creo que políticamente es muy difícil que algunos países de América impongan un impuesto así, pero me consta que quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque la alimentación escolar está en rezago y es uno de los grandes desafíos pendientes. Treinta millones de latinoamericanos no comen, siendo la mitad de ellos niños, y el gran instrumento para apuntar a ese problema es la escuela. Esa fue nuestra virtud; esa fue la virtud de la copa de leche de fines de siglo XIX, transformada luego en un comedor escolar y más adelante en una estructura de alimentación con nutricionistas y asistentes sociales, con partidas que llegaban a las escuelas por compra directa. Notemos que Brasil, bajo la presidencia de Lula, encontró una fórmula para dar dinero a las escuelas, porque la alimentación escolar en ese país siempre fue centralizada. El gran invento del gobierno de Lula fue que la escuela recibiera dinero para hacer las compras del comedor, algo que tiene el Uruguay desde hace cien años. Yo fui maestro y director de escuela rural y recibía una partida para alimentación, una para combustible –para hacer la comida– y otra para la limpieza del comedor. Ese es el histórico Impuesto de Primaria, que luego sufrió variantes y modificaciones.

En 1986, durante el gobierno del doctor Sanguinetti, el impuesto se puso en marcha, pero nunca se cobró; fue aprobado por el Parlamento, pero quedó dormido hasta que vino el gobierno del doctor Lacalle Herrera y comenzó a aplicarlo. Justamente yo presidí la comisión que instauró el impuesto, que se empezó a cobrar en un viejo local del Correo en la calle Bartolomé Mitre. Y ciertamente empezamos a cobrarlo con muchas complicaciones, creando para ello una unidad de recaudación. Salir a recaudar el impuesto representó una gran complicación para un organismo de educación; pero se hizo y se empezó a cobrar, con muchos problemas, pero avanzando.

En el segundo gobierno del doctor Sanguinetti comenzaron otros problemas relativos a este tema –por eso digo que hace más de 130 años que lo estamos discutiendo y lo estaremos algunos más–, que tenían que ver con cambiar el destino al impuesto. Seguramente recordarán los señores Senadores el fenomenal insuceso que representó el hecho de que el entonces Presidente de la ANEP dijera que los ricos no querían pagar el Impuesto de Primaria. Y el hecho de que se derivara el Impuesto de Primaria para pagar sueldos de maestros desencadenó un zafarrancho. Como no había dinero para aumentar los sueldos, se echó mano al Impuesto de Primaria, lo que afectó las partidas de alimentación y generó un gran quebranto.

Hoy estamos ante un escenario de vuelta a la base tributaria, es decir, en relación con quiénes son los que pagan; ese ha sido el eje de esta discusión, que es interesante, pero políticamente siempre hay riesgos. Originariamente, pagaban el impuesto absolutamente todas las personas que tenían una propiedad. Luego, por distintas modificaciones, eso dejó de ser así. Tengo la impresión –comparto esto con mis compañeros de bancada– de que el impuesto está mal redactado y que en no mucho tiempo estaremos discutiéndolo nuevamente. Sigue teniendo claroscuros, pues no puede ser que los más grandes continúen salvándose. Cuando discutimos el ICIR, los forestales no lo pagaban y nos dimos el mismo debate que tenemos ahora. Sigue habiendo áreas preservadas, de personas que no pagan determinados impuestos porque el país les da determinadas prioridades, lo cual es muy irritante y se nota en la discusión.

Seguramente los legisladores del Gobierno saben que este proyecto está muy mal redactado –es un testimonio notorio–, tanto en su artículo 1.º como en el 2.º, y ello es de muy mala técnica legislativa. Pero hay voluntad política y un compromiso electoral del Gobierno en cuanto a volver a aplicar este impuesto al sector agropecuario, con las consecuencias que eso tiene. En este sentido, creo que tanto el Senador Camy como el Senador Delgado tienen razón en lo que han expresado.

Yo creo en este impuesto: considero que estas rentas afectadas deben mantenerse y que representan uno de los paradigmas históricos del Uruguay. Entiendo que este impuesto le ha hecho bien al Uruguay, a la alimentación escolar y a un sistema que nos ha preservado de problemas que todavía están por corregirse en el resto de América Latina, y que nosotros tenemos resueltos. Como para nosotros esto es tan cotidiano, no nos damos cuenta.

Quiero finalizar mi intervención con una anécdota. Hace dos años estaba en Guatemala hablando con el Ministro de Educación de ese país sobre el problema del déficit nutricional de los niños, y le sugerí el tema de la alimentación escolar hablándole de nuestro impuesto. Él me decía que eso era inaplicable, que era algo imposible de llevar a cabo en un país como ese. Le expliqué que en Uruguay lo hacemos y lo cobramos, y que la gente lo paga. Según el último informe de que dispongo, este impuesto recauda USD 57 millones; es un tributo que la gente paga, pues se trata de uno de esos raros impuestos buenos que la ciudadanía siente como un aporte sustancial a un tema que, desde mi punto de vista, tiene una gran relevancia. Como dije al principio –creo que es bueno recordar los relatos históricos para saber de qué estamos discutiendo–, seguiremos debatiendo sobre este tema, porque si ya llevamos 138 años de discusión, sería una soberbia de mi parte pensar que en esta sesión se cierra el debate.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: en esta segunda vuelta de discusión del proyecto en el plenario creo que se agrega otra dimensión que es también relevante y que tiene que ver con la técnica legislativa. Nosotros no vamos a abundar en las razones por las cuales el Partido Independiente no ha apoyado este proyecto de ley; simplemente diré que entendemos que si uno recorre el país en campaña electoral y le dice a la gente que va a hacer determinada cosa, luego debe hacer aquello a lo que se comprometió. Así como el Frente Amplio dijo que iba a reinstalar el Impuesto de Primaria a los inmuebles rurales, y lo está haciendo –lo cual me parece correcto porque es bueno que se cumpla con la palabra–, nosotros dijimos lo contrario, por lo que mantendremos también nuestra palabra, siendo coherentes en la postura y respetando las posiciones de cada uno.

Este impuesto, así proyectado, está en contradicción con la propia lógica de la reforma tributaria que el partido de gobierno impulsó en su momento. Además, creo que no es bueno gravar los factores productivos y que no se pueden comparar otros tipos de producción. El equivalente de la tierra para el sector agropecuario son las máquinas para el sector industrial y, obviamente, nadie piensa que sea buena idea gravar las máquinas.

En fin, podríamos esgrimir muchas razones sobre lo que opinamos. Hay, además, razones de oportunidad, porque estamos en el momento menos adecuado para incrementar cargas tributarias en ese sector. Dentro de un rato votaremos el fondo de financiamiento para el sector lechero y simultáneamente estamos votando un impuesto que grava a un sector –el agropecuario– que no está ahora en su mejor momento. También hay que tener en cuenta las exenciones que señalaron varios señores Senadores sobre los grandes propietarios vinculados a ciertos sectores de la actividad agropecuaria, que no están en crisis, pero no van a pagar. Realmente, esos son aspectos contradictorios.

En realidad, yo quiero referirme a otro aspecto. Se supone que nosotros estamos acá para legislar bien, y me parece que es muy mala cosa que se vote a sabiendas un proyecto de ley mal redactado. Nosotros aquí votamos, en primera Cámara, un proyecto de ley que tenía problemas de redacción en el artículo 1.º. Creo que la exposición que hizo el Senador Delgado fue muy clara, sobre todo al trasmitir la postura y el informe del doctor Cajarville sobre el problema que tenía el artículo 1.º que se votó acá en el Senado y que hablaba de restablecer un impuesto que ya estaba derogado. Existía, por lo tanto, un problema de redacción; pero fue peor la enmienda que el soneto.

Creo que es bastante claro que la Cámara de Representantes, en lugar de corregir el error, lisa y llanamente mantuvo el artículo problemático y agregó otro, generando así posibles problemas de interpretación. Sobre todo tratándose de un impuesto, ciertamente habrá quien busque la manera de explicar que los artículos 1.º y 2.º son contradictorios y que se superponen de manera totalmente contraria.

Todos sabemos que la verdadera razón por la cual hoy se va a votar este mamarracho es porque si el proyecto de ley llega a la Asamblea General no tendrá las mayorías que esta requiere. Entonces, más vale votar mal un proyecto de ley, que no tener la posibilidad de aprobarlo después. Si me pongo en los zapatos del partido de gobierno entiendo este razonamiento porque, evidentemente, quiere aprobar el proyecto de ley y prefiere votarlo a pesar de saber que está mal redactado y que generará dificultades.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MIERES.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: para ser muy concisos, algo está mal redactado cuando una frase no termina correctamente o cuando hay un término que no corresponde.

En la Cámara de Representantes se agregó el artículo 2.º porque la redacción actual del artículo 687 era contradictoria con el artículo 1.º. En todo caso, fue un error nuestro. No es que estuviera mal redactado, el error fue no eliminar el artículo 687.

Personalmente, hubiera preferido que se hubiese derogado el artículo 687; hubiera sido lo mejor. No voy a actuar con la soberbia de decir a los integrantes de la Cámara de Representantes que esto es un mamarracho y que nosotros somos la luminaria. No corresponde hacerlo porque simplemente encontraron una solución distinta a la que podría haber encontrado cualquiera de nosotros. Pero no me parece correcto calificar al proyecto de ley de mamarracho –cada uno está en su derecho de hacerlo; estamos en libertad y yo defiendo la libertad de las personas– como si nuestra pluma fuera la perfecta y de peor categoría la de los cincuenta Representantes –no sé cuántos habría en ese momento en la Cámara o cuántos lo votaron–; hay que tener cuidado.

La solución a la que se llegó no es la que yo hubiera preferido. Pero esto es solo un acto jurídico; en ningún caso puede haber confusión, porque los impuestos no se cobran para atrás, sino que rigen de determinado momento en adelante. Entonces, no puede haber ninguna confusión porque se restablezca un impuesto que no estaba y se modifique la redacción del artículo 687 para que sea congruente con los artículos 636 y siguientes. Nadie puede pensar que a partir de ahora se puede recaudar para atrás porque el artículo 2.º establece una redacción distinta al artículo 687.

Reitero que la solución no es perfecta ni la mejor. Seguramente el señor Senador Mieres, una persona con tantas capacidades, hubiera elaborado una mejor redacción, pero de ahí a decir que el proyecto de ley es un mamarracho y que dejemos pasar un término tan fuerte en silencio –supongo que él lo dijo en su máxima acepción– no me parece correcto. Hay que ir con mucho cuidado. Respeto la posición del señor Senador y espero que respete la nuestra. Independientemente de que hubiésemos podido dar otras soluciones al proyecto de ley, no consideramos que sea un mamarracho.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: el señor Senador Michelini confunde la calificación del texto con la calificación de las personas. Supuestamente, el señor Senador extendió esa calificación a las personas que integran la Cámara de Representantes. Sin embargo, nosotros decimos que el texto resultante del tratamiento en las dos Cámaras es absolutamente incoherente y, por lo tanto, desde el punto de vista jurídico es un mamarracho. Lamentablemente, el término mamarracho ha sido usado muchas veces a nivel legislativo, tanto en esta Cámara como en la otra, lo que significa que una función que debemos cumplir bien, no la estamos desempeñando correctamente.

Aquí todos tenemos conciencia de que el proyecto de ley que se va a votar está mal redactado y tiene problemas de consistencia. El artículo 1.º debió haberse eliminado. No es que pensemos que podríamos haberlo hecho mejor; de hecho, no habríamos redactado ese artículo porque no estamos de acuerdo con el proyecto de ley. Pero sucede que el artículo original enviado por el Poder Ejecutivo estaba bien redactado y acá se corrigió por parte de la bancada de gobierno –no del conjunto del Senado– y se hizo mal. Cuando el proyecto de ley se corrige en la Cámara de Representantes, otra vez por la bancada de gobierno, se vuelve a corregir mal. Lo que hace falta es eliminar el artículo 1.º, de forma que el proyecto de ley adquiera consistencia. Si bien seguiré estando en desacuerdo, el proyecto de ley estará correcto. Entonces, mañana o pasado se podrá evitar cualquier problema de interpretación. Reitero que como en la Asamblea General no se llega a los dos tercios de votos que se requieren, el proyecto de ley no se va a modificar y se va a votar mal. La única esperanza es que el Poder Ejecutivo resuelva el problema, si es que hace ejercicio de sus facultades.

Muchas gracias.

15) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 22 de julio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted, conforme a la norma prevista en el artículo 1.° de la Ley n.° 17827, licencia basada en motivos personales, en el día de la fecha.

Sin otro particular, lo saludo con la más alta estima.

Marcos Otheguy. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

Queda convocado el señor Saúl Aristimuño, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

16) IMPUESTO ANUAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del asunto en discusión.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: resulta claro que para no llamar mamarracho a lo que estamos haciendo, podríamos citar a Ramón del Valle Inclán y decir que es un esperpento. Ya era desatinada la redacción cuando se utilizó el término «restablécese» para que ahora, encima, le agreguemos «establécese». Quien tenga que interpretar esta ley va a estar en problemas.

Si este proyecto de ley se interpreta de forma literal, podríamos concluir que es retroactivo porque restablece, es decir que vuelve a poner las cosas en el lugar en que estaban cuando se creó el impuesto y, encima, modifica el artículo que creó el impuesto para volver a ponerlo. Reitero que algún intérprete podría sostener que es retroactivo. Obviamente, todos estamos de acuerdo y somos contestes en que no es lo que estamos votando. Y lo digo de esta forma porque, como estamos creando una gran interrogante, quien mañana deba interpretarlo va a tener que recurrir, ante la posibilidad de discusión, a los medios de interpretación establecidos por el Código Civil, entre los que se encuentra la historia fidedigna de su sanción.

Entonces, al estar nosotros escribiendo hoy la historia fidedigna de la sanción, es bueno que digamos que no es intención del Parlamento aprobar esta norma en forma retroactiva, que es lo que puede suceder, en definitiva. No olvidemos –y esto surge de reiteradas sentencias de la Suprema Corte de Justicia– que la irretroactividad de la ley no tiene rango constitucional sino legal, tal como está establecido en el título preliminar De las Leyes, del Código Civil, en el sentido de que una ley posterior puede derogar una ley anterior. Sobre esta cuestión, la doctrina tributaria está enfrentada con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, al sostener que las leyes tributarias no pueden ser retroactivas por una razón de inconstitucionalidad, porque afectaría la seguridad jurídica, un bien que está contemplado en los artículos 7.º, 72 y 332 de la Constitución de la República.

Salvado este esperpento de redacción, hacemos nuestras las palabras de los señores Senadores Mieres y Delgado y queremos llamar la atención sobre algunos aspectos por los que votaremos negativamente este proyecto de ley, y lo haremos a partir de formularnos ciertas preguntas. En primer lugar: ¿debe el sector agropecuario aportar a la educación y pagar el Impuesto de Primaria? ¿El sector agropecuario debe contribuir a solventar las cargas públicas? Con mucha fuerza decimos, como ya lo hemos hecho aquí y en otros ámbitos: ¡Sí, debe hacerlo! Es más, ya estaba haciéndolo. Por eso hay que ser muy claro: todo el sector agropecuario debe pagar, especialmente el que tiene más: el que posee más tierras y el que genera más riquezas es el primero que tiene que pagar. Pero, lamentablemente, el Poder Ejecutivo no cobra el impuesto al que tiene más en el sector agropecuario, sino al productor con 300 hectáreas o al productor lechero que tiene 100 y arrienda 250 hectáreas.

Quiso el destino que en el día de hoy esté a consideración un tercer fondo lechero para atender la situación que están atravesando los productores lecheros a consecuencia de los mercados y de la sequía. Justamente, el sector que necesita atención es el que pagará este impuesto; es decir, por un lado estamos dándole dinero a través de un fondo y, por otro, le decimos que tiene que pagar. Son esas cosas difíciles de entender.

Mientras esto sucede –en este punto me permito discrepar con el señor Senador Camy–, el sector forestal deberá pagar todo, salvo el más grande tenedor de tierras que existe en el país: la empresa Montes del Plata. El Gobierno insiste en que el sector forestal no pagará este impuesto citando el artículo 39 de la Ley Forestal, pero el artículo 43 establece que la exoneración para el monte es por el año en que es sembrado y 12 años más. Quiere decir que todos aquellos montes que tengan 12 años de antigüedad deberán pagar. Aquí están comprendidos los montes de la empresa Montes del Plata. Es una mentira reiterada por el Poder Ejecutivo que la exoneración de Montes del Plata se debe a la Ley Forestal. ¡Esto no es cierto! Si uno lee el contrato de Montes del Plata podrá observar que los montes fueron adquiridos a Eufores, que se los había comprado a Shell, que a su vez los había plantado hace más de 20 años. Si alguien tiene alguna duda puedo pedir que se traiga el contrato para leerlo porque lo tengo en mi poder. O sea que la exoneración o, mejor dicho, la compensación que dará el Poder Ejecutivo a Montes del Plata no se funda en la ley, sino en un contrato secreto y confidencial que firmó el anterior gobierno del Frente Amplio con la empresa Montes del Plata. Y, mientras tanto, nosotros estamos por votar un fondo lechero para ayudar a los pequeños productores que hoy tienen problemas.

El señor Senador Cardoso hizo una larga historia –yo no quisiera ir tanto para atrás–, pero sí puedo decir que el Impuesto de Primaria se restableció en un gobierno del Partido Colorado. Por esa exención impositiva, y gracias a la decidida acción del profesor Germán Rama, la educación –especialmente la rural– recibió un gran impulso. Se compraron ómnibus que llevaban a los niños a las escuelas, se comenzaron a construir escuelas de tiempo completo, se reformó el sistema escolar rural; es decir, se realizaron un sinfín de reformas que hoy ya nadie discute, salvo los gremios que dominan corporativamente el gobierno de la educación. Cuando se empezó a aplicar el tributo, la entidad recaudatoria encontró diversos problemas: no era tan sencillo recaudar en la zona urbana como en la suburbana o rural. No es lo mismo llegar a un inmueble que tiene un número de puerta en una ciudad, que llegar a un inmueble en la Cuchilla del Perdido. Con el transcurso del tiempo, para facilitar el aporte del sector agropecuario a la educación, se estableció que a partir del IRA y del Imeba se transfería el equivalente del sector agropecuario a esa recaudación, para decirlo de una manera simple. Por lo tanto, que una y otra vez se diga que no había aporte del sector agropecuario no es correcto; lo había a través de la transferencia del IRA y del Imeba. Y si alguien quiere una prueba, puede leer el artículo 5.º del proyecto de ley que estamos considerando, que deja sin efecto esa transferencia para el sector educativo.

Nosotros estamos de acuerdo con que el sector agropecuario aporte más a la educación. ¡Estamos dispuestos a votar que se aumenten el IRA y el Imeba! Pero eso nos lleva a una segunda confusión.

¿Este proyecto de ley está aumentando los recursos para la educación? ¿A partir de este proyecto de ley, la educación recibirá más recursos? ¡No! Y es bueno que se sepa: esto es un engañapichanga porque, por un lado, se establece el impuesto al sector agropecuario y, por otro, se deja sin efecto la transferencia que el sector agropecuario hacía a la educación. O sea que la educación no recibe más dinero, el sector agropecuario paga otro impuesto, y sigue aportando a través del IRA y el Imeba. ¿Y quién se beneficia? Rentas Generales, que se queda con el dinero. «De enero a enero, la plata es del banquero»; de enero a enero, la plata es del Ministerio de Economía y Finanzas y de Rentas Generales.

Por eso, llama la atención que se repita una y otra vez que esto significa más recursos para la educación, porque al final del día no lo son. Creo que si se sacara el artículo 5.º me animaría a votar a favor del proyecto de ley. Que se siga haciendo la transferencia –aunque sé que no es posible– del IRA y del Imeba y se pague más, pero con esto lo que estamos haciendo es enriquecer a Rentas Generales.

Una tercera confusión –a la que he hecho referencia en la introducción– es decir que los que más ganan en el sector agropecuario, es decir los más grandes, las multinacionales y los que tienen más hectáreas no pagarán el impuesto. De nuevo estamos dejando fuera del pago de este impuesto a los grandes empresarios que han llegado al país desde el exterior en los últimos tiempos. Todos sabemos que empresas tales como Los Grobo Agropecuaria, que andan sembrando por ahí, no compran tierra, sino que la arriendan. Y, entonces, ¿dónde está su ganancia? En la renta. Por ende, pagarán renta, pero el destino no es la educación. A ellos no se les moverá nada porque esto no les afecta. ¡Esta es la justicia social! Estos son los nuevos empresarios del momento a los que se les perdona todo, mientras recargamos a los pequeños productores.

Va de suyo que esto que estamos haciendo va en contra de los propios fundamentos expresados por el hoy Ministro de Economía y Finanzas en oportunidad de considerarse la reforma tributaria en el año 2007. Recuerdo que en aquel entonces hablaba de menos impuestos y de gravar la renta y no el capital. Todo eso sobre lo que se habla y se habla, pero después no se concreta.

Por otra parte, quiero aludir a las normas que establecen que el cobro en el futuro –esto es, dentro de dos años– lo hará la Dirección General Impositiva, lo cual parece ser lo más sensato. Todavía no he encontrado fundamentos por los cuales cada organismo debiera tener su órgano de recaudación, cuando existen la DGI y el BPS, que son organismos especializados en recaudación.

También quiero decir –porque lo he consultado con representantes del Poder Ejecutivo así como con los colegas del Senado– que el sistema político ha asumido el compromiso de atender, en la instancia de la próxima rendición de cuentas, la situación de los funcionarios que hoy están a cargo de este tema en especial, porque la propia Dirección General Impositiva va a necesitar más funcionarios para cobrar estos impuestos y ¡¿qué mejores funcionarios que los que hoy tienen la especialización y el conocimiento para llevar a cabo esta tarea?!

En ese sentido, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que esa situación particular de los funcionarios no quede olvidada ni sea dejada de lado en los proyectos de ley de rendición de cuentas cuando lleguen al Parlamento.

Señor Presidente: votaremos en contra del proyecto de ley por los motivos expuestos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley. Como los señores Senadores saben, se trata de una única votación ya que corresponde al Senado pronunciarse acerca de si acepta o rechaza las modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes.

(Se vota).

–18 en 25. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

17) JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (JUTEP)

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se declare la urgencia y se trate de inmediato el proyecto de ley por el que se crea la Junta de Transparencia y Ética Pública como servicio descentralizado. Carpeta n.º 137/2015». (Firman los señores Senadores Agazzi, Heber, Mieres y Bordaberry).

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–19 en 23. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se crea la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) como servicio descentralizado. (Carp. n.º 137/2015 – Rep. n.º 116/2015)».

(Antecedentes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor Presidente: el proyecto de ley está fresquito porque se aprobó en la tarde de ayer.

La Comisión de Constitución y Legislación ha examinado el presente proyecto de ley, remitido oportunamente por el Poder Ejecutivo, por el que se establece la creación de la Junta de Transparencia y Ética Pública –Jutep– como servicio descentralizado, transfiriéndole las competencias de la actual Junta de Transparencia y Ética Pública, unidad ejecutora 022, del Ministerio de Educación y Cultura.

Por medio de esta iniciativa se persigue la reubicación institucional de la Junta de Transparencia y Ética Pública. A esos efectos, se la saca de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura donde, al presente, opera como una unidad ejecutora del mismo, sin perjuicio de la independencia técnica que oportunamente la ley le otorgó. En ese sentido, la nueva reubicación se establece en calidad de servicio descentralizado, quedando a esos efectos regida por el artículo 185 de la Constitución de la República.

Una vez examinado el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo con su correspondiente mensaje, estuvimos de acuerdo en que el mismo no prevé cambios sustanciales de las competencias de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Solo se proyectan aquellos cambios necesarios para adecuar su naturaleza jurídica a la categoría de servicio descentralizado, de modo de lograr un grado mayor de autonomía en concordancia con su ámbito de actuación.

Como los señores Senadores saben, la Ley n.º 17060 –que crea la originaria Junta– es aplicable a todos los funcionarios públicos, tal como lo establecen su artículo 1.º y el artículo 175 del Código Penal. Considero que este aspecto es muy importante a los efectos de determinar que este proyecto de ley no altera ese objetivo.

Señor Presidente: es menester consignar que la comisión recibió al Ministerio de Educación y Cultura en la persona del señor Subsecretario, al Asesor Letrado de la cartera y a los representantes de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Estos últimos presentaron un articulado similar al remitido por el Poder Ejecutivo, aunque con algunas modificaciones; una vez evaluado por la comisión, se acordó tomarlo como base del trabajo legislativo.

El proyecto de ley que nos ocupa se presenta en dieciocho artículos, contenidos en seis capítulos.

El capítulo I refiere a la creación y cometidos de la Junta y comprende los artículos 1.º a 4.º inclusive.

El artículo 1.º establece la creación de la Junta de Transparencia y Ética Pública como servicio descentralizado.

El artículo 2.º le asigna los cometidos principales. Corresponde señalar que en la Ley n.º 17060 –ley originaria, ley madre– tiene como cometido exclusivo el asesoramiento a los órganos judiciales con competencia penal. Sin embargo, en el presente proyecto de ley se amplían los cometidos. En el numeral 1 se habla de asesorar a nivel nacional en materia de los delitos previstos por la Ley n.º 17060 y, en el numeral 2 se confirma la línea de asesorar a los órganos judiciales con competencia penal.

Más adelante, el numeral 6 refiere a la presentación de las declaraciones juradas que tratan los artículos 10 y siguientes de la Ley n.º 17060, documentos que, a partir de este proyecto de ley, la Jutep debe recibir, gestionar y conservar.

Asimismo, quiero destacar la extensión internacional dada en los numerales 7 y 8 de este artículo 2.º, con vinculación directa con el artículo 9.º de la «Convención interamericana contra la corrupción», cuya lectura omitiré a efectos de ahorrar tiempo al Senado.

El artículo 3.º se refiere a los cometidos accesorios de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Aclaro que son accesorios, pero no menos importantes porque los numerales 1, 2, 3 y 4 implican la obligación contemplada en el literal E del numeral 5 del artículo 4.º de la Ley n.º 17060, así como la consagrada en el artículo 191 de la Constitución de la República.

En concreto, se establece que los cometidos accesorios de la Junta de Transparencia y Ética Pública serán los siguientes –es interesante leerlos–: «1) Recabar, cuando lo considere conveniente, información sobre las condiciones de regularidad e imparcialidad con las cuales se preparan, formalizan y ejecutan los contratos públicos de bienes, obras y servicios. 2) Determinar, a requerimiento del interesado, si este debe presentar la declaración jurada de bienes e ingresos a que refiere el Capítulo V de la Ley n.° 17060, de 23 de diciembre de 1998. 3) Proponer las modificaciones de normas sobre las materias de su competencia. 4) Elaborar y hacer público un informe anual que será elevado a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial». Este último aspecto, señor Presidente, fue mejorado en la comisión y hay que expresar que la Jutep hace una publicación anual que estamos recibiendo todos los Senadores.

El artículo 4.º constituye algo así como una prerrogativa o libertad que se otorga a la Jutep, en cuanto a que contará, cuando así lo requiera, con el asesoramiento jurídico del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación.

El Capítulo II, rotulado: «Dirección y Administración», contiene los artículos 5.º a 11 inclusive.

El artículo 5.º establece que la dirección y administración de la Jutep será ejercida por un Directorio integrado por tres miembros rentados: un Presidente, un Vicepresidente y un Vocal, que serán designados por el Presidente de la República, actuando con el Consejo de Ministros, con venia de la Cámara de Senadores otorgada siempre por tres quintos de votos del total de componentes, entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral. Asimismo, se determina que el Presidente de la República, en acuerdo con el Consejo de Ministros, podrá destituir por resolución fundada a los miembros de la Jutep con venia de la Cámara de Senadores otorgada por la misma mayoría exigida para su designación. Si la Cámara de Senadores no se expidiera en el término de sesenta días, el Poder Ejecutivo podrá hacer efectiva la destitución.

La comisión se detuvo a analizar la peculiar designación de los Directores de la Jutep, que se realizará, según se establece en la disposición, «con venia de la Cámara de Senadores otorgada siempre por tres quintos de votos del total de componentes, entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral».

Quiero detenerme un poco en los antecedentes de esto, señor Presidente.

En 1998 llegó al Parlamento una iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, que traía la solución a la venia mediante la mayoría absoluta. Si bien rastreamos en los debates que tuvieron lugar en ambas Cámaras, no pudimos encontrar en qué momento eso fue modificado estableciéndose lo que finalmente se aprobó en la ley, esto es, que siempre la venia debía ser concedida por tres quintos de votos. Seguramente –aclaro que esto es una deducción– tal modificación surgió en las comisiones de una u otra Cámara.

Lo cierto es que aquella fue una época peculiar. Leyendo antecedentes de la Cámara de Diputados, recuerdo que en la misma sesión se hizo un paréntesis y se votó la «Convención interamericana contra la corrupción». Quiere decir que era un tema que en aquellos tiempos preocupaba mucho al Parlamento y a todo el elenco político del país. Por lo tanto, como dije, probablemente fue en alguna de las comisiones parlamentarias que surgió esto de «siempre por tres quintos». ¿Qué significa, señor Presidente? Ante todo, diría que la naturaleza de este asunto no guarda relación alguna con administrar rieles, seguros, electricidad, agua o servicios, sino que estamos refiriéndonos al artículo 187 de la Constitución. La naturaleza de estas disposiciones se vincula a aspectos morales, al clásico principio de moral administrativa que todos los partidos aquí representados portan como emblema ante la ciudadanía y la opinión pública. De modo que cuando en el año 1998 se votó la Ley n.º 17060, el propio sistema de partidos, al aprobarla, concluyó exigirse a sí mismo lograr un acuerdo en atención a valores inmateriales fundamentales para nuestros sistema democrático y tener una garantía necesaria desde todo punto de vista en lo que implica la nominación y aprobación de los nombres sugeridos para integrar el Directorio de la Jutep. Por esto mismo se recurre a la posibilidad que se establece en el inciso tercero del artículo 187 de la Constitución de la República, quedando determinado que la venia será otorgada siempre por tres quintos de votos del total de componentes de la Cámara de Senadores –tal como lo envió el Poder Ejecutivo en su iniciativa–, lo que se tomó de la ley original. En sustancia, se trata de una garantía del sistema, y la comisión, luego de examinarla, la ratificó.

Por último, sobre el final del artículo 5.º se expresa: «Si la Cámara de Senadores no se expidiera en el término de sesenta días, el Poder Ejecutivo podrá hacer efectiva la destitución».

En el artículo 6.º se establecen las atribuciones del Directorio; en el artículo 7.º se disponen las competencias de su Presidente; en el 8.º se consigna el cuórum de funcionamiento del Directorio y el artículo 9.º determina que, en caso de vacancia temporal del Presidente, será el Vicepresidente el que se hará cargo de la presidencia.

En los artículos 10 y 11 se aborda lo relativo a la responsabilidad de los señores directores y la correspondiente remuneración.

El Capítulo III, Patrimonio y Recursos, abarca los artículos 12 a 15 inclusive.

Los tópicos de patrimonio y recursos se atienden en los artículos 12 y 13, respectivamente. Los artículos 14 y 15 se relacionan con los funcionarios y los pases en comisión. Para tranquilidad de los señores Senadores, queremos expresar claramente que se trata de una plantilla muy recatada, tanto en lo que tiene que ver con los funcionarios como en lo relativo a los pases en comisión que se autorizan, que solo son tres.

El Capítulo VI, Disposiciones Transitorias, abarca los artículos 16, 17 y 18 que refieren, respectivamente, a presupuesto, directorio y remisión. Son tres disposiciones que aseguran una prolija transición del antiguo statu quo a la nueva ubicación institucional que se persigue con el presente proyecto de ley.

Señor Presidente: este asunto llega al plenario con aprobación unánime de la Comisión de Constitución y Legislación, luego de un arduo trabajo desarrollado a lo largo de varias sesiones y con presencia de los representantes del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, en nombre de la comisión asesora recomiendo a los colegas su aprobación.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: brevemente, queremos hacer uso de la palabra porque es bueno señalar las coincidencias con el oficialismo, y no siempre las discrepancias, que a veces destacan más.

Entre las disposiciones más importantes de la Constitución de la República, se encuentran los artículos 72 y 82. El primero de ellos establece: «La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno». El segundo, por su parte, expresa: «La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana».

Este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y propuesto por el oficialismo, que hoy estamos considerando, justamente es un paso en el sentido del republicanismo, de los derechos republicanos de la patria. Por eso es bueno destacarlo, felicitar la iniciativa del Poder Ejecutivo, felicitar la iniciativa de la bancada oficialista y decirles que con mucho gusto lo acompañamos.

La Junta de Transparencia y Ética Pública, obviamente, controla a todos, de modo que también al Poder Ejecutivo, y que tuviera la dependencia que tenía de este poder no era bueno para la forma republicana de gobierno. Entonces, el hecho de que el Poder Ejecutivo hoy le esté dando esta nueva calidad de servicio descentralizado e independiente, nos parece que es muy bueno.

Además, el artículo 5.º que vamos a aprobar establece que para la designación de los integrantes del Directorio de la Jutep, siempre –reitero: siempre– se requerirá tres quintos de votos de este Senado, lo que creemos que también es muy bueno, porque el oficialismo no tiene esa mayoría y, al aprobar esta ley, se está sometiendo voluntariamente a tener que acordar con los demás partidos –por lo menos con otra mayoría de esta Cámara– en este aspecto. Esto constituye otra muestra de republicanismo, que mucho aplaudimos y que volvemos a felicitar. Así como cuando nos toca criticar lo hacemos sin ningún tipo de tapujo, cuando nos toca alentar, como en el día de hoy, lo hacemos con total convencimiento.

Nos permitimos señalar a la Secretaría, para que haga lo propio con la de la Cámara de Representantes, que el artículo 5.º que se propone necesita una mayoría especial para su aprobación. Como bien decía el miembro informante, se trata de la mayoría prevista en el inciso tercero del artículo 187 de la Constitución de la República.

En el primer inciso de la citada disposición se expresa lo siguiente: «Los miembros de los Directorios y los Directores Generales que no sean de carácter electivo, serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a tres quintos de los componentes [...]». Sin embargo, en el inciso segundo se establece que si dentro de los sesenta días no se logran esos tres quintos requeridos, alcanzará una mayoría simple para aprobar la venia. Nosotros, en aplicación del inciso tercero del artículo 187, que dispone que la ley por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara podrá establecer otro sistema de designación, estamos instaurando un sistema distinto, como nos autoriza el propio inciso. La Constitución exige tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, y esto es importante: en esos tres quintos se cuenta al Presidente de cada una de ellas porque se habla del total de componentes, mientras que en el caso de la otra designación, en los tres quintos no se cuenta al Presidente porque refiere a los componentes elegidos de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución, que no los tiene en cuenta.

Hecha esa anotación, y esperando que al momento de votar este artículo estén los 19 integrantes del Cuerpo requeridos para su aprobación, reiteramos nuestro beneplácito por este proyecto de ley, que apoyamos calurosamente.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: no voy a reiterar los conceptos enunciados por quienes me precedieron en el uso de la palabra, porque los comparto, así como también comparto la propuesta formulada por nuestro Poder Ejecutivo en el sentido de transformar la Junta de Transparencia y Ética Pública en un organismo descentralizado.

Si bien es cierto que se habla de creación porque se está creando un nuevo organismo, la junta tiene sus antecedentes –como bien decía el miembro informante– y no se hacen cambios sustanciales en sus competencias.

En lo personal, me gustaría hacer referencia a algunas cosas que no están en el texto del proyecto de ley, pero que hacen al contexto de lo que es la junta y las funciones que cumple, independientemente de lo que diga el texto. En ese sentido, quisiera destacar que a esta junta de transparencia le corresponde hacer cumplir las normas de conducta en la función pública, vigentes por el Decreto n.º 30, de 23 de enero de 2003; de alguna manera, son disposiciones marco para el funcionamiento de este organismo que, una vez aprobado este proyecto de ley, se transformará en un organismo descentralizado.

Fundamentalmente quiero detenerme en el último numeral del artículo 3.º, no para entrar en el debate particular, sino porque me parece sustancial poder dejar en claro que la Junta de Transparencia y Ética Pública cumple con el mandato de la ley en el sentido de publicar un informe anual que, como bien dijo el miembro informante, recibimos –aunque no sé si leemos– todos los integrantes de la Asamblea General. Muchas veces, cuando ingresan algunas cuestiones a la Asamblea General no prestamos mucha atención, no escuchamos, y por eso estuve repasando los informes anuales de la Jutep, sobre todo los de 2013 y 2014. Me parece bueno refrescar en este momento la importancia que tienen esos informes, que se hacen en tiempo y forma, que analizan –en un resumen muy somero– la situación institucional de la junta y describen los asesoramientos que recibe, las gestiones vinculadas a la custodia y archivo de la declaraciones juradas –allí podríamos abrir una cantidad de subtemas, pero no lo vamos a hacer en este momento–, lo relativo a las compras estatales, a la capacitación y difusión a través de los cursos y publicaciones que realiza, las actividades internacionales en materia de lucha contra la corrupción y los proyectos en curso. En este caso, la última memoria anual tiene anexos vinculados a temas que también son importantes, como la apertura de oficio de las declaraciones juradas, con un informe del doctor Cajarville o la ubicación institucional y grado de independencia técnica del órgano con un informe del doctor Rodolfo Becerra Barreiro. Aclaro que podríamos seguir mencionando una cantidad de datos interesantes, no solo para la junta sino para nosotros mismos.

Independientemente del estudio que se hizo en comisión que, como bien se dijo, fue detallado –introduciéndonos en los antecedentes y en la futura ubicación institucional de la junta–, me parece que es bueno detenerse en algo que también es muy importante, que figura en estas memorias y que tiene que ver con la puesta en marcha de proyectos vinculados a las competencias que tiene la junta.

Para finalizar, quiero resaltar tres puntos que figuran en esta memoria anual, porque seguramente en la del año próximo podremos ver si las propuestas se desarrollaron, cómo lo hicieron y seguiremos teniendo elementos para trabajar en esta materia.

Concretamente, en el punto catorce del resumen final de la memoria, se da cuenta de la puesta en marcha de tres proyectos de importancia estratégica para la junta. El primero tiene que ver con un sistema de declaraciones juradas electrónicas de los funcionarios comprendidos en las normas vigentes. Esto es importante porque hasta ahora las declaraciones juradas se han venido ensobrando. El segundo proyecto procurará determinar la evolución de indicadores de corrupción en Uruguay en el período 2000-2014. Parece interesante poder trabajar sobre futuras mediciones en el marco de la conformación de un observatorio de transparencia y ética pública. Y, el tercero, adopta la forma de un seminario taller que se denominará «Situación y perspectivas de la prevención de la corrupción en Uruguay». Esto tiene que ver con la posibilidad de realizar una evaluación de la política de prevención de la corrupción delineada por la Ley n.º 17060.

Creo que todo esto nos coloca en la necesidad, no solo de analizar el articulado del proyecto de ley que estamos considerando, sino también de ponerlo en un contexto que la propia junta nos hace conocer, en cumplimiento del numeral 4 del artículo 3.º del texto que vamos a votar, que ya existía en la Ley n.º 17060.

Luego de estos comentarios –que, en mi opinión, coadyuvan a lo que ha sido el informe que hemos recibido del señor Senador Martínez Huelmo–, digo que voy a votar con mucha convicción este proyecto de ley, en función de que va en la línea que el Poder Ejecutivo ha venido planteando con respecto a la necesidad de dar a algunos organismos que hoy son direcciones generales en distintos ministerios, la autonomía técnica que se necesita en un sistema democrático republicano.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: como se ha dicho, esta iniciativa cuenta con el apoyo unánime de todos los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación, y seguramente contará también con el de los integrantes de este Cuerpo, lo que es motivo de celebración.

Este proyecto de ley vino del Poder Ejecutivo con la redacción que, genéricamente, tiene en su versión final. Es bueno decir que casi todas las modificaciones surgieron de propuestas de la propia Junta de Transparencia y Ética Pública en su comparecencia ante la comisión, de manera tal que el proyecto de ley en su conjunto tiene la iniciativa y el contenido propuestos por el Poder Ejecutivo.

Conviene felicitar, además, que esa iniciativa sea en un sentido de fortalecimiento de la institucionalidad. El hecho de que esta junta –que tiene por objeto tareas tan importantes como el contralor de los actos de corrupción, velar por la ética y la transparencia– salga de la órbita del Poder Ejecutivo y se convierta en un servicio descentralizado, es motivo de felicitación. Me parece que es una decisión totalmente correcta.

Además, que se haya planteado el hecho de que para el nombramiento o designación de sus integrantes se requiera una mayoría especial diferente a la que corresponde a cualquier director de un servicio descentralizado, y que eso también haya sido iniciativa del Poder Ejecutivo, nos deja muy conformes y contentos.

Simplemente queríamos señalar que hemos discutido el texto en profundidad, le hemos hecho algunos ajustes, pero básicamente es la propuesta original del Gobierno que nosotros vamos a acompañar con mucho gusto.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Voy a expresar una nota discordante respecto de todos los beneplácitos que ha concitado este proyecto de ley, en propios y no propios, es decir, en todos los partidos que están representados aquí.

Voy a referirme especialmente a la modificación de la norma que viene de la Constitución que señala que estos organismos se voten por mayorías especiales primero y luego por mayorías simples.

Sin lugar a dudas, me parece que es un buen paso que la Jutep se transforme en un servicio descentralizado, lo que va en dirección de su autonomía. En este aspecto el espíritu de la ley es más que compartible. Pero creo que lo que causa este apoyo tan generalizado y verbalizado por parte de los dirigentes de los distintos partidos ha sido la forma de designación del Directorio de este servicio.

El artículo 187 de la Constitución consagra este principio. Creo que el constituyente fue sabio al impulsar, obligar e inducir al pacto partidario, pero luego reservar la mayoría simple para la decisión final en el caso de que este acuerdo multipartidario no cuaje. En ese sentido, me parece que la Constitución aprieta pero no ahorca; impulsa el acuerdo, pero no deja a los organismos rehenes de una discusión infinita, si es que el acuerdo de los tres quintos no funcionara. No los deja rehenes de una discusión infinita ni de la capacidad de veto de los actores que componen esos tres quintos. Voy a poner un ejemplo solo para abundar en este asunto. Creo que el Uruguay sigue sin poder consagrar el voto de los ciudadanos en el exterior –mecanismo que tienen todos los países de América Latina y que está encomendado por las convenciones internacionales que nosotros mismos hemos ratificado– porque no conseguimos esas mayorías. Repito, como no conseguimos esas mayorías nos vemos obligados a no atender un derecho que sí está consagrado por la Constitución y que por tanto debería ser ejercido por todos los que están aquí y también los que están afuera.

Así, pues, el tema de las mayorías especiales puede ser garantía de algunas cosas pero puede significar el bloqueo de la ampliación de derechos. Tengo una perspectiva un poco crítica de esto.

Ahora bien –y esto es muy discutible–, yo no creo que la autonomía de la Jutep ni su idoneidad técnica se aseguren por los tres quintos de votos del Senado. Considero que lo que hace buena a la Jutep es la integridad ética y profesional de sus miembros, y esto sí tiene que ver con la forma de designación.

Hace poco varias organizaciones de la sociedad civil –el PIT-CNT y organizaciones de derechos humanos–, en nombre de la República –porque República, que es algo más que acuerdos multipartidarios, también es participación del soberano en las decisiones, que son de todos, como el término lo indica–, basándose en el artículo 30 de la Constitución de la República elevaron un petitorio para que la designación de organismos colegiados como la Suprema Corte de Justicia pasara por algo más que un acuerdo partidario de designación más o menos discrecional de sus miembros y fuera sometido al escrutinio de una comisión bicameral. En este caso, no se saca la decisión del ámbito político, pero piden que se cree una comisión bicameral para que los antecedentes, los méritos y los propósitos de quienes van a ser designados en cargos tan importantes –como lo son los Ministros de la Suprema Corte de Justicia–, estén sometidos al arbitrio de un cuerpo colectivo y sean capaces, además, de dar cuenta de sus proyectos como lo hacen los postulantes para Embajadores o para miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Y yo creo que esto también es res publica, es decir, poder informar a la ciudadanía cómo vamos llenando esos cargos tan importantes para la República.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Es muy interesante el planteo que está haciendo la señora Senadora.

Es cierto que la Constitución es muy sabia cuando establece que si no se logra esa mayoría de tres quintos en determinado lapso –en el caso de algunos entes y servicios descentralizados–, la designación se realiza por mayoría simple. Pero la Carta también contiene normas que exigen mayorías especiales como en el caso que está aludiendo ahora y que tiene relación con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, y también para la designación de los integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Ministerio Público y Fiscal –nada más ni nada menos–, de la Corte Electoral o del Tribunal de Cuentas. Con la creación de la Junta de Transparencia y Ética Pública estamos mucho más cerca de esos organismos de contralor porque, justamente, para eso está, al igual que el Tribunal de Cuentas. Esos órganos deben ser independientes para garantizar la imparcialidad y la seriedad a toda la sociedad, y no solamente al partido de gobierno. Nadie tiene la exclusividad de decir «el que yo propongo es el mejor».

Lo otro que quizás me llama un poco la atención es decir que quienes tienen que proponer son las ONG, los integrantes de la sociedad civil y después, a la larga, sustituir –espero que no– en la propuesta –no escuché que lo dijeran– a la forma representativa republicana de gobierno. El artículo 4.º de la Constitución de la República dice: «La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación» y ella se manifiesta a través del cuerpo electoral. Por lo tanto, quienes estamos acá somos representantes nacionales y representamos a terceros.

Yo no niego la actividad de las ONG, pero ¿cómo se garantiza su representatividad? La única forma en la que yo creo es en la representatividad que se da con el voto. Si no, tendríamos que salir todos a constituir una ONG aquí y otra allá, juntar muchas y decir «yo tengo más ONG». En realidad, lo que debemos tener son más votos; hoy el partido de gobierno los tiene legítimamente, se lo reconocemos y lo aceptamos. Pero me parece que trasladar esa decisión, esa forma republicana de gobierno a las ONG, a esos poderes corporativos, sería emular lo que en su momento hizo en España José Antonio Primo de Rivera, o sea, los gobiernos corporativos, esos en los que yo no creo.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Moreira.

SEÑORA MOREIRA.- Ya que estamos citando la Constitución, voy a leer el artículo 1.º, que está incluido en la Sección I, De la nación y su soberanía, y que dice lo siguiente: «La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio». Este es el demos y este es el soberano; nada dice sobre los partidos políticos la primera noción de soberanía con la que se inicia e inaugura la Constitución de la República.

Aclaro que, siendo yo politóloga, soy una firme defensora de la institucionalidad política y de los partidos. Solo digo que no debe confundirse partidocracia con república, acuerdo partidario con imparcialidad o acuerdo mayoritario con la garantía de la independencia de un órgano, porque no tienen nada que ver. Es una comparación antojadiza. Que nosotros demos mayorías especiales para algunas cosas y las otorguemos, como en este caso, con el acuerdo unánime –aunque por cierto no el mío, ya que me someto a disciplina partidaria en relación con este punto–, no quiere decir que la decisión sea la más virtuosa. Solamente significa que es una decisión sobre la que nos hemos puesto todos de acuerdo.

Se habla de la independencia y la imparcialidad. ¿Quién dijo que un acuerdo multipartidario asegura imparcialidad? Lo que un acuerdo multipartidario asegura es la participación de todas las partes, no imparcialidad. Eso no tiene nada que ver con la imparcialidad, sino con que todas las partes involucradas estén representadas. Es un principio radicalmente distinto.

Tampoco la autonomía y la independencia de los organismos se aseguran porque todos los partidos involucrados estén de acuerdo. Todos los partidos involucrados podrían ponerse de acuerdo con cosas que tienen poco que ver con la imparcialidad y con la independencia.

Por eso digo que el constituyente de esta Constitución –quizá mañana tengamos otra– fue sabio al decidir que se impulsa, se instiga a, se fortalece el acuerdo multipartidario, pero finalmente hay una cláusula que permite votar por mayoría simple.

Entonces, como tengo para mí, para una parte de la ciencia política, esta discusión de que partidocracia no es república y que la república es otra cosa –que la partidocracia puede representarla o no–, digo que los acuerdos son necesarios, pero no son la garantía exclusiva del orden republicano ni aseguran el resultado más virtuoso. El orden republicano es equilibrio de poderes, es participación de la sociedad, es aquello de lo que habla el artículo 1.º: todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. ¿Y qué es res publica? Es el soberano participando en las decisiones de todos nosotros. Pero república no es un sinónimo de partidocracia ni los acuerdos políticos entre todos los partidos serán la única salvaguarda de nuestra democracia.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: la representación de la voluntad ciudadana, en principio, cuando la Constitución nació, no estaba concebida como la representación de los partidos. Incluso el liberalismo, cuando nacen las constituciones, condenaba a los partidos porque significaba resignar la libertad individual extrema a cambio del acuerdo con otros que no pensaban igual. Los partidos son la evolución de los sistemas constitucionales. Por lo tanto, creer que la realidad es inamovible, estática y no se transforma nunca, realmente es un gran error.

Del mismo modo, en la situación actual, aun sin delegar la representación ciudadana, pensar que escuchar a las organizaciones de la sociedad es resignar nuestra soberanía es también un gran error, porque nuestra condición de representantes no nos convierte en autistas. Y esto no implica ser una democracia de corporaciones. Hay países como los Estados Unidos que admiten el lobby como institución, porque es preferible siempre que estas cuestiones sean transparentes a que ocurran por detrás de la cortina. No es cierto que los intereses de la sociedad agrupados en intereses corporativos –sean de índole social, económica, de los derechos, etcétera– no se muevan y sean una especie de espectadores de lo que hacemos los partidos políticos. Por el contrario, vienen, conversan, tratan de que sus leyes salgan. Ahí están algunos procurando que no les pongan impuestos, como estábamos discutiendo recién, y otros defendiendo la idea de que una porción mayor de la distribución de los recursos de la sociedad les corresponda a los más débiles. Una sociedad está llena de tensiones en ese sentido y nosotros tenemos que optar, no administrarlas.

Ahora bien, en este caso concreto, yo también voy a apoyar la propuesta por disciplina partidaria, porque en realidad mi posición original era seguir estos pasos que la Constitución indica y no quiero repetir experiencias que tuvimos. ¿Cuántos quinquenios estuvimos con la misma Corte Electoral porque no pudimos ponernos de acuerdo? ¿Eso es bueno para el sistema de partidos o muestra una gran debilidad?

Está claro que hago este planteo desde una posición distinta a aquella en la que estaba cuando la Corte Electoral se mantuvo. Digo esto no porque tenga dudas con respecto a cómo actuó –no tiene que ver con eso–, sino porque ahora estoy en mayoría. Y si pensara en lo que me conviene, trataría de que todo siguiera como está, porque si no hay acuerdo sigue la misma, donde tengo mayoría. Sin embargo, quiero pensar en los intereses de la República y procurar que no haya trabas institucionales. Pero también soy un hombre de partido y actúo con disciplina partidaria.

En definitiva, esta es la razón que nos lleva a tener esta posición. No se trata de que dependamos de ninguna democracia de corporaciones, pero hay que escuchar a la gente, a las organizaciones de todo tipo, para que nuestra legislación y nuestras decisiones como representantes sean las mejores posibles.

Agradezco a la señora Senadora por la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Moreira.

SEÑORA MOREIRA.- Señor Presidente: creo que los partidos son muy celosos en reclamar el monopolio de la representación, pero todos sabemos que las teorías de la democracia moderna implican que, además de la representación de los partidos, hay un sistema de gobernanza en el cual los intereses afectados, en todos los ámbitos –como decía el señor Senador Pintado, también de quienes se ven afectados por el impuesto a la tierra votado recién–, sean capaces de entrar en la res publica, hacer oír su voz y reclamar la legitimidad de sus pretensiones.

Termino diciendo que lo que importa a los efectos de la Junta de Transparencia y Ética Pública es la independencia, la imparcialidad y la autonomía técnica de sus miembros, y eso no se consigue solo con un acuerdo multipartidario, sino que exige bastante más. Esperemos que nosotros, como res publica, estemos a la altura de este desafío.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Propongo que se suprima la lectura y se vote en bloque, salvo los artículos 8.º y 12, en los que se han hecho algunas correcciones de redacción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

En consideración los artículos 1.º a 18, con excepción de los artículos 8.º y 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 8.º.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Propongo que después de la palabra «votos», se agregue «de sus integrantes».

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo con la modificación propuesta por el señor Senador Michelini.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Para sesionar y para resolver el Directorio requerirá un quórum de dos miembros, salvo que el Reglamento General disponga la unanimidad de votos de sus integrantes para resolver».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el artículo 12.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- En la comisión, en el día de ayer, se resolvió suprimir del inicio de los literales del artículo 13 la palabra «con», pero no nos dimos cuenta de hacer lo mismo en el artículo 12. Por tanto, proponemos suprimir la palabra «con» del inicio de los literales del artículo 12.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 12 con la modificación propuesta por el señor Senador.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

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18) FONDO DE FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD LECHERA

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se declare la urgencia y se trate de inmediato el proyecto de ley sobre el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera Carp. n.º 304/2015». (Firman los señores Senadores Agazzi, Heber, Mieres y Bordaberry).

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se modifican disposiciones de la Ley n.º 18100, de 23 de febrero de 2007, sobre el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera. (Carp. n.º 304/2015)».

(Antecedentes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: este proyecto de ley es muy breve, pero imprescindible para poder enfrentar una coyuntura extremadamente complicada por la que atraviesan los actores de la cadena láctea.

Este sector es muy importante para el país. Su fase primaria incluye a 4400 productores, el 75 % de los cuales está integrado al sistema cooperativo, correspondiendo el 70 % básicamente a producción familiar.

La producción de leche se lleva adelante a través de un sistema pastoril que caracteriza a la producción nacional. A su vez, es un sector de alto dinamismo.

La fase secundaria o industrial incluye a cuarenta empresas, aunque las cinco mayores procesan el 85 % de la leche.

Entre el sector primario y el industrial se ha logrado una evolución sorprendente de la producción de leche nacional. En los últimos veinte años la remisión de leche a las plantas tuvo un crecimiento promedio del 8 % anual. Esto es algo impresionante. Sacando algunos años en los que hubo pequeños problemas y por períodos breves –por sequías o dificultades financieras de los productores–, la evolución de la remisión de leche tuvo un crecimiento muy importante.

Desde hace algunos años, un alto porcentaje de cada litro de leche que se produce es para exportación; casi el 70 % de la leche producida va para el mundo, mientras que nosotros nos contentamos con quedarnos con algo así como un tercio de la producción.

Además, somos uno de los países que consume más leche y sus derivados per cápita. Y como muestra del dinamismo de este sector, la productividad de los productores lecheros también ha sido impresionante. En los últimos veinte años la productividad de leche por hectárea se duplicó, lo cual no es fácil de ver en otros sectores productivos. Estamos en un nivel que ronda los 4000 litros de leche por hectárea. Los agrónomos que se han recibido en los últimos años tienen que estar revisando los números de lo que pasaba hace un tiempo, porque lo que está sucediendo ahora con la lechería es totalmente diferente.

En este rubro tenemos exportaciones muy importantes, pero los mercados a los que nosotros vendemos los productos lácteos están en problemas. Tengamos presente que los mercados de nuestros productos no son los del primer mundo. Las economías del primer mundo son muy injustas; muchas veces quieren libre mercado para sus producciones, pero vender un queso a un país europeo o un litro de yogur a los Estados Unidos es imposible, porque tienen absolutamente blindado su aparato productor y allí no podemos entrar. Por tanto, tenemos que vender a los países en desarrollo. Nuestros mercados son Brasil, Venezuela, China, Argelia, Rusia y México. Y, como dije, en este momento esos mercados están con problemas. Esta es una de las dificultades que actualmente tiene nuestro sistema productivo.

Ahora bien, los resultados económicos de la actividad productiva de la lechería, con precios de referencia como el de la leche en polvo, que ha tenido importantes descensos, están disminuyendo. No solo bajan los precios, sino que además tenemos problemas para colocar los productos en los mercados. También hay que decir que a raíz del acuerdo que se está llevando adelante entre Uruguay y Venezuela –que era uno de nuestros importantes compradores de leche de los últimos años– se va a abrir el mercado de una manera que ofrece una perspectiva muy buena.

Este sistema productivo, con una fase primaria y otra industrial, con un crecimiento determinado y con una importante generación de puestos de trabajo, necesita un permanente financiamiento, porque no hay crecimiento y desarrollo de una actividad productiva si no se tiene un financiamiento; al tener actualmente el sistema productivo dificultades económicas, al estar los productores con un importante grado de endeudamiento, hay problemas para financiar la actividad del sector. Incluso, hay dificultades para sobrellevar los costos de vida de la familia del tambero y mantener la empresa funcionando.

Ahora bien, este no es un problema nuevo. La leche y los productos lácteos tienen una gran volatilidad en los mercados mundiales, tanto por las protecciones como por los stocks de los grandes productores y su manejo, lo cual nos ha obligado, como país, a desarrollar herramientas innovadoras. El primer fondo que se creó para la actividad lechera fue en 2002. En aquel momento hubo problemas para todas las actividades productivas, incluso la lechería. Ese fondo fue destinado, sobre todo, al endeudamiento. Recuerdo que las discusiones de aquel momento se centraron en si el fondo era para los lecheros o para los bancos porque, en realidad, lo que había que hacer era sacar a los productores de la deuda ya que de esa forma no podían vivir. Ese fondo era de USD 25 millones y rápidamente fue pagado por los productores.

Con posterioridad se tomaron algunas otras medidas. En 2007, por ejemplo, se creó el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera. En aquel momento no se tenían los problemas de 2002 y por ello se trató de un fondo para el desarrollo de la actividad, que planteaba incrementar la producción, extender la actividad y diversificarla, aumentar la mano de obra y afincar familias. En realidad, este fondo de desarrollo sustentable de la actividad lechera tuvo resultados muy positivos y permitió inversiones muy importantes, ya que era de USD 42:500.000. Ahora, como ese fondo ya se cerró, se está llevando adelante su evaluación.

Ese fue el primer fondo para la actividad agropecuaria que se ofreció en la Bolsa de Valores de Montevideo que, repito, fue por USD 42:500.000, pero en realidad se presentaron USD 120 millones. Lo cierto es que hubo una oferta muy importante porque la actividad lechera y la forma que tenía este fondo suponían un riesgo muy bajo, además de que estábamos en un buen momento de la actividad productiva del país.

Por este fondo se creó, a través de la Ley n.º 18100, una organización institucional como persona jurídica de derecho público no estatal con el fin de administrar aquellos USD 42:500.000 que los productores recibieron bajo la forma de libre disponibilidad –por lo que algunos compraron máquinas, otros ordeñadoras, tractores, etcétera– y ya terminaron de pagar, porque el endeudamiento no era el problema principal que tenía la actividad, pero era difícil hacer inversiones. Se lograron los objetivos: entre julio de 2007 y el 21 de agosto de 2014 –fecha en que se cerró la prestación pecuniaria– se terminó de pagar aquel fondo de USD 42:500.000.

Por lo tanto, la alternativa de hoy frente a las dificultades que hay –que detallaré más adelante– es utilizar esta persona jurídica. Ha sido decisión del Poder Ejecutivo usar esta figura para poder atravesar la actual coyuntura.

Además de haberse creado el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera, también se creó el Instituto Nacional de la Leche –un poco después–, que es donde se da la interlocución de los distintos actores de la cadena láctea.

En este marco, con esa experiencia, y dadas las necesidades del país, en los ámbitos de la lechería –sobre todo en el Inale– se ha venido discutiendo y analizando el balance del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera. En un principio, los productores y sus gremiales no estaban muy de acuerdo con que se creara un fondo, porque este es solidario con el sector, lo que hace que los productores más chicos reciban un aporte mayor al que ellos harán, pero los productores más grandes en realidad reciben bastante menos de lo que aportan. Reitero que se trata de un fondo solidario del sector, y el balance final muestra que hubo un grado de inequidad interna –como producto de su filosofía– bastante acentuada. Por tanto, al principio los productores no lo veían muy bien; sin embargo, a medida que la cuerda empezó a apretar, que las gremiales analizaron las posibilidades de financiamiento, por ejemplo bancario –que tiene un cierto interés–, y lo que podía hacer la CND –que puede auxiliar a los productores más pequeños–, etcétera, la existencia del fondo empezó a tomar cuerpo. El Poder Ejecutivo siempre estuvo consultando a las gremiales de productores porque ya veía que había que utilizar esta forma jurídica de alguna manera.

Es en ese marco que el Poder Ejecutivo presenta esta iniciativa –en este mes de julio– que, en realidad, para llevarse adelante necesita de la modificación de algunos artículos de la Ley n.º 18100, que creó el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera. ¿En función de qué? De la experiencia adquirida por la aplicación y utilización del fondo durante estos siete años. El fondo fue un instrumento excelente para mejorar el financiamiento, para recomponer el capital de giro y para hacer inversiones en el sector lechero, tal como acabo de mencionar.

Ahora bien, ¿qué está pasando en este momento en el sector? Al referirme a la situación global, cuando hice referencia a los precios internacionales, no mencioné el factor más importante, que es la sequía; hay lugares del país donde hace siete meses que no llueve. También hay otra causa para lo que está sucediendo en el sector: las altas tasas de crecimiento y los muy buenos resultados económicos alentaron formas de inversión y de aumento de la productividad que van un poco más allá de la producción pastoril, que es la producción estratégica del Uruguay. En consecuencia, uno de los grandes problemas del sector es el alto costo de producción, ya sea por haber invertido, como por utilizar tecnología que aumenta los costos. Es cierto que se incrementa la producción, pero también lo hacen los costos de producción. En la situación actual, las pérdidas del sector lechero se evalúan oficialmente en USD 27 millones por los sobrecostos de alimentación debido a la sequía, y en USD 58 millones por efecto de la caída de los precios. Es decir que las pérdidas totales del sector ascienden a USD 85 millones.

Es por estas razones que se necesita una opción de financiamiento, pero me parece que a esta altura debe quedar claro que no es para aumentar la rentabilidad de la lechería, sino para enfrentar la crisis, para mantener el capital social –que son los tamberos y la industria– y para mantener la estructura productiva del país. Es un problema de coyuntura. ¿Cuánto duran las coyunturas? Nadie lo sabe. Pero con base en una cierta perspectiva de que la lechería es una actividad estratégica del país, que tiene un lugar seguro en nuestro sistema productivo, se envía este proyecto de ley a fin de enfrentar la coyuntura problemática que hay en este momento. Esto genera que haya un financiamiento con posibilidades de pago a largo plazo. ¿Cuál es la ventaja que ha tenido la lechería y que no han tenido la carne ni otras producciones? Que, en realidad, se paga con las remisiones de leche en un plazo largo. Al pagar con la remisión de leche, los productores reciben el dinero ahora y después van pagando con cada litro de leche que envían. Esta seguridad de pago también genera seguridad para los inversores; por eso se han presentado y están interesados en que esto salga en este momento.

Cabe destacar que esto también beneficia a los productores porque, en realidad, no hay un análisis de riesgo individual como cuando uno va a un banco. Es el sector el que recibe esto, que es un beneficio para todos los productores, independientemente de las características personales de cada uno. Es más, si no fuera por este mecanismo, algunos pequeños productores no podrían recibir financiamiento porque al banco ni siquiera pueden entrar.

En consecuencia, a través de la estructuración de un fideicomiso financiero –tal como se hizo antes– se logra una emisión de unos USD 85 millones –acorde con las necesidades para cubrir las pérdidas que relaté anteriormente–, sobre la base de un flujo objetivo para el fideicomiso, que es el volumen de leche remitida a planta. En realidad, la producción de leche va a seguir aumentando, porque aun en años con problemas de sequía o con dificultades de financiamiento también fue así. Son muy pocas las oportunidades en que ello no sucedió –los años que rodearon a 2002, lo que es muy comprensible– o se mantuvo estable –cuando se dio la seca entre los años 2008 y 2009–, porque el flujo de leche siempre fue en aumento. O sea que el flujo de producción para pagar el fideicomiso es algo muy seguro.

En realidad, para establecer este flujo se consideran los litros remitidos por cada uno de los productores durante los últimos doce meses en los que no se vieron afectados por irregularidades climáticas. Con esto, cada productor realizará una prestación pecuniaria –así lo llama el proyecto de ley–, es decir, un aporte, que tiene un tope máximo del 3,5 % del valor de la leche que el productor remite. Los cálculos se basan en un repago de seis años y medio; eso fue lo que se acordó en las reuniones que se llevaron a cabo en el Instituto Nacional de la Leche. ¿Se va a repagar en seis años y medio? ¡Ojalá que aumenten los precios y se pueda pagar antes! Los productores quieren pagarlo en el menor plazo posible porque, cuanto más largo sea ese plazo, más serán los intereses que tendrán que pagar. No olvidemos que el interés de las AFAP o de los bancos para poner dinero en el fideicomiso supone, lógicamente, una tasa de interés.

Las gremiales de productores han solicitado que se establezca un mínimo para lo que recibe cada uno, en función de lo que necesitan para el mantenimiento de la familia y de la empresa. Eso se va a tener en cuenta, pero el proyecto de ley no dice qué se le va a dar a cada uno; simplemente establece los criterios y en su momento se verá qué pasará, según cómo evolucionen los precios. Lo que sí establece el proyecto de ley son mecanismos de diálogo para acordarlo.

Para superar las carencias o los problemas que tuvo el fondo anterior, son importantes dos cosas. Por un lado, es preciso que cada beneficiario del fondo se haga responsable de la devolución del dinero. Si el productor sigue en esta actividad, será producto de la leche que remita a planta. Ha habido casos de productores que recibieron el fondo y se retiraron de la actividad productiva, por lo que después no había leche para efectuar la prestación pecuniaria. El hecho de firmar un documento con el compromiso de devolución es un título ejecutivo que obliga a devolver el dinero aunque se retire de la actividad productiva, porque este fondo es individual. Por otro lado, el sector solicitó –esto es una novedad– que se generen cuentas personales de cada uno de los productores –de cuánto recibe y cuánto envía–, porque este es un mecanismo que se puede utilizar para amortiguar algunas de las inequidades que necesariamente tiene un fondo global de todo el sector.

El proyecto de ley no lo dice, pero la idea del Poder Ejecutivo era entregar el dinero en etapas. En un momento los productores expresaron que para ellos era mejor que se les entregara en etapas –por varios motivos que no vale la pena analizar en el plenario–, pero en la medida en que la cuerda empezó a apretar, solicitaron que no se dilatara mucho la aprobación del fondo porque, en realidad, precisan el dinero para pagar la deuda que ya contrajeron con los proveedores y con organismos del Estado. Como el proyecto de ley no lo menciona y lo deja librado a los mecanismos de diálogo, el ámbito donde se discutirán y acordarán estas cosas será en el Inale, con la participación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

¿Cómo estructurar un fideicomiso financiero de estas características, que es el resultado de haber aprendido de los fideicomisos financieros del pasado? Es necesario hacerle algunas modificaciones a la ley.

El proyecto de ley tiene como objetivo ajustar la normativa vigente –Ley n.º 18100–, que estableció la personería jurídica del Fondes.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGAZZI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Como en el día de hoy la señora Senadora Montaner –que fue quien concurrió a la comisión– no pudo venir, se me plantea una duda.

En el artículo 4.º –en el que se modifica el artículo 7.º de la Ley n.º 18100– se establece una prestación pecuniaria sobre la primera enajenación a cualquier título del litro de leche fluida, que será fijada por el Poder Ejecutivo hasta un máximo equivalente al 3,5 % del precio promedio de la leche al productor determinado por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

A su vez, en el artículo 5.º –en el que se modifica el artículo 10 de la Ley n.º 18100– se establece que los productores beneficiarios serán aquellos que integren una lista que surgió de una resolución fundada elaborada por la Comisión Administradora Honoraria. Quiere decir que, por un lado, los productores que van a acceder son los que están en la lista que surge de la Comisión Administradora Honoraria y, por otro, se establece esa suerte de prestación pecuniaria compulsiva sobre la primera enajenación a cualquier título del litro de leche fluida en la remisión a planta.

Concretamente, quisiera saber si los productores que no están en la lista de la Comisión Administradora Honoraria también deberán pagar la prestación pecuniaria.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- El fondo será solidario con toda la cadena. Todos van a tener derecho a recibir los beneficios del fondo y todos estarán obligados a devolverlo, no es optativo. No va a haber ningún productor que no lo reciba y que después no haga la prestación pecuniaria.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite otra interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGAZZI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Para entender el mecanismo: la Comisión Administradora Honoraria establecerá el listado de los productores beneficiarios y los montos a los que tiene derecho cada uno de los productores, de acuerdo con su historia con el Imeba. Algunos productores recibirán, por ejemplo, USD 50, otros USD 100 y otros USD 150, según el tamaño de la producción, pero todos van a abonar el 3,5 % del precio promedio de la leche, obviamente, por un desfasaje posterior si un aumento baja su producción.

¿Es así como funcionará el fondo?

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Así es, señor Senador. Pero en la dinámica –que es lo que pasó con el fondo anterior– algunos productores que aumenten su producción –por ser más eficientes– aportarán más. Por tal motivo, el proyecto de ley tiene un artículo más adelante que se refiere a la corrección de las inequidades, con el fin de permitir regular cuánto van a aportar –o por cuánto tiempo– estos productores que produzcan más. Es estructural. En realidad, estos fondos tienen un problema: el productor más eficiente y que aumenta más su producción es el que paga más, porque se les va a descontar a todos por igual por cada litro de leche. Pero no hay otra manera de hacer esto que no sea incluyendo a todos los productores. Esto es así porque luego vienen otros problemas, como el ingreso de nuevos productores o el egreso de otros. El fondo arrocero y el primer y segundo fondo lechero tuvieron estas características. En la lechería hay una ventaja, que es que todos los productores están registrados en algún lugar: en las plantas, en las queserías, etcétera.

A continuación voy a describir el contenido del proyecto de ley. El artículo 1.º es organizativo: se modifica la conformación de la Comisión Administradora Honoraria porque antes el Inale no existía, pero ahora sí existe. Se incorpora un representante del Inale –que será el Presidente del Inale– a la Comisión Administradora Honoraria del fondo. Esto ayudará a todas las articulaciones.

En el artículo 3.º se establecen las condiciones de ejecución del fondo destinado al manejo de los efluentes. ¿Por qué? Porque en el artículo 1.º de la Ley n.º 18100 se crea un fondo para ayudar a los pequeños productores y para el manejo de efluentes y el control de la contaminación de las fuentes de agua. El manejo de los efluentes siempre fue un problema en la lechería por los efectos ambientales y las consecuencias que tiene para el tambero tener todos los efluentes alrededor de la sala de ordeñe y el tener que evacuarlos. Los tamberos pequeños lo hacen como pueden, pero si crece la lechería tendrán que andar con las vacas en el barro, a veces en un tambo construido en un lugar que no es adecuado para el tratamiento de los efluentes. Distinta es la situación cuando se instala un tambo con las nuevas normativas.

Por tal motivo, el hecho de destinar un fondo de USD 1 millón para este tema fue motivo de trabajo y de mucha discusión sobre cómo ejecutar los fondos. Actualmente hay bastante acuerdo para firmar un convenio entre las gremiales y el Inale. Las organizaciones de productores pretenden que el servicio de limpieza de las lagunas se haga por equipos, a través de un contrato de comodato. La ley establecía que se reservara USD 1 millón a esos efectos, pero no quién lo administraría. En realidad, no hubo cómo comprar los equipos, por lo que en el proyecto de ley en consideración se establece que el responsable será el Inale, quien firmará un convenio con las organizaciones de productores, sobre todo, con aquellos que presentan mayores dificultades, que son los tamberos pequeños. Algunos productores –la mayoría– tienen una pileta –otros tienen que hacerla– y luego deberán instalar unas bombas chupadoras de efluentes. Hay que convertir el problema en algo a favor, porque los efluentes que se extraen se pueden distribuir en las pasturas y aquello que comieron las vacas y no convirtieron en leche, se puede utilizar para fertilizar el campo. Existe la tecnología necesaria, se tienen equipos y se saben los precios, o sea que todo estaría arreglado, pero hasta ahora no hay quién lo haga porque jurídicamente no hay potestades para llevarlo adelante.

A tales efectos, el fondo está convenido para los productores de esta cuenca y de otras. Ya se sabe que los beneficiarios serán en total unos 205 productores –hay otros productores más grandes que ya están organizados–, se sabe que en la cuenca sur serán 135, en la cuenca este, 20 y en el litoral, 35. Está bastante discutido, pero falta la autorización para que el Inale sea el que administre estos fondos y se organicen las pautas que se han acordado.

En el artículo 4.º se establecen las características de la prestación pecuniaria, o sea, cómo va a ser la prestación que el productor va a pagar a favor del fondo. Señala que va a ser la primera enajenación a cualquier título del litro de leche fluida, efectuada por los productores a una empresa industrializadora. También van a tener que pagar las importaciones de leche y de productos lácteos en todas sus modalidades.

A su vez, hay productores que usan su leche para hacer queso y, si tributan por esa actividad industrializadora, también van a tener que pagar. La diferencia de este fondo –sobre todo con el primero– es que se va a pagar por todo litro de leche, vaya para donde vaya. Esta es la manera de incluirlos a todos en la cadena y que se page menos por litro.

Este artículo no fija cuál es el monto que tiene que pagar cada productor. Las leyes anteriores sí lo decían, pero ese fue un problema. Si se fija en la ley cuánto tienen que pagar y después cambia el valor del dólar, el precio internacional de los remates de Fonterra o lo que sea, hay que modificar eso, pero no se puede porque lo establece la ley. En realidad, esta ley establece el criterio para llegar al monto, pero no el monto en sí mismo.

El artículo 5.º establece quiénes son los beneficiarios, cuáles son las pautas para distribuir los dineros del fideicomiso y habilita al Poder Ejecutivo a fijar montos mínimos para los productores de menor escala. El productor deberá firmar un compromiso de repago que, de ser necesario, será un título ejecutivo. El fin es corregir los casos en los cuales los productores dejan el sector lácteo después de haber recibido la partida.

El artículo 6.º dispone cuándo entra en vigencia la prestación pecuniaria. Esto es importante, a los efectos prácticos, para saber cuándo se les va a descontar a los productores de la leche que mandan a planta.

¿Cuál es nuestra idea al votar este proyecto de ley? Al inicio de mi exposición omití decirlo, pero me parece importante. En la comisión recibimos a los productores, al Inale y al señor Ministro, discutimos el proyecto de ley, acordamos y vamos a votar todo. Vamos a votar con la mayor celeridad posible porque es una herramienta que el país precisa. Hemos hecho los máximos esfuerzos para alcanzar la mayor cantidad de acuerdos. En muchas cosas acordamos, en otras no, pero todos estamos de acuerdo en que es una herramienta imprescindible en esta etapa. Reitero que en esta Cámara vamos a tratarlo con la mayor celeridad y estamos haciendo los contactos pertinentes para que en la Cámara de Representantes también se considere rápidamente y esté disponible en el plazo más breve posible.

En este artículo se establece que, una vez cancelada la cesión o titularización de los ingresos del fondo, el Poder Ejecutivo podrá extender la vigencia, justamente a efectos de corregir –en la medida en que sean acordadas entre el Poder Ejecutivo y las gremiales– las inequidades internas del fondo. También se señala que, una vez que esto se haya cumplido, la Comisión Administradora Honoraria deberá liquidar las cuentas y los créditos laborales en un período de noventa días. Lo acordamos para que se haga de forma rápida y se cierre la parte financiera de esta figura jurídica que es el fondo.

El artículo 7.º es una disposición operativa que dice que los agentes de retención –que van a ser las industrias– deberán informar al fondo los aportes individuales de los productores. Hasta ahora no se había hecho así, pero es preciso hacerlo para tener bien claro cuáles son los aportes y tomar las medidas en caso de que sea necesario. En todo caso, lo que sí establece es que la solidaridad es del sistema. En realidad, cada uno no puede exigir que se le devuelva lo que aportó porque el sistema es solidario, pero tiene una válvula para discutir cómo minimizar las inequidades que puedan existir.

En síntesis, hemos discutido el proyecto de ley en detalle y estamos absolutamente convencidos de que el sector productivo va a estar muy contento si lo aprobamos lo antes posible.

Muchas gracias.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DELGADO.- Voy a contar cuál fue la génesis de este proyecto de ley. Hay algunas cosas que el señor Senador Agazzi omitió, pero, como me parecen importantes, voy a decirlas.

Hace más de un mes, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca convocó al Instituto Nacional de la Leche y a las gremiales rurales porque sabíamos que la lechería está atravesando una situación complicada. Casi hay una tormenta perfecta que tiene que ver con una serie de sobrecostos vinculados al consumo anticipado de las reservas producto de la sequía, más el efecto de la sequía propiamente dicha.

Esa situación tiene que ver con la baja del precio nacional de la leche y de sus subproductos. Es más, esta semana en Uruguay va a volver a bajar el indicador internacional de Fonterra de productos lácteos. Es la quinta baja del precio de la leche en nuestro país. Además, los productores lecheros tienen falta de liquidez para afrontar las inversiones necesarias a fin de reponer lo que se consumió y producir el año que viene. Se debe implantar el cultivo de maíz, de sorgo para silo, verdeo de verano y restablecer las praderas que se secaron.

Para nosotros es muy importante la liquidez, que es el tercer elemento que los productores lecheros tienen arriba de la mesa y al que le tienen que encontrar alguna solución. Este problema va más allá de un tema de costos porque también influyen la rentabilidad y los mercados, asociados a la baja de precios, la falta de liquidez y la sequía instalada. Estamos hablando de 800.000 hectáreas afectadas a la lechería, de 83.000 cabezas de ganado y de aproximadamente 4400 productores. El 75 % de ellos son remitentes a plantas industriales y el 25 % son queseros. La verdad es que en estos tiempos la tendencia de la producción cambió; el crecimiento de la producción de leche estaba en algo más de cuatro y pasó a ser superior a ocho. El 70 % de los productores lecheros son familiares y el 50 % del área que ocupa la lechería es arrendada. Hoy en la fase industrial hay 38 industrias. Las cinco primeras son las más importantes, captan el 85 % de la remisión. El 73 % de la leche va a empresas cooperativas –¡vaya dato!– y el 75 % de los productores que remiten son cooperativistas. La industria láctea emplea directamente a alrededor de 4500 trabajadores. El 70 % de la leche procesada se exporta y el 30 % va para el consumo interno.

Anteriormente decíamos que el sector lechero está en una tormenta perfecta. Sin duda, es el sector más dinámico de la economía agropecuaria y el que más derrama, pero hoy se encuentra en una situación muy complicada. Con estos proyectos de ley estamos tratando de avanzar en uno de los temas, el que tiene que ver con la liquidez. Esto no soluciona el problema de fondo de la lechería y tenemos que dejarlo en claro para no generar expectativas que no se van a cumplir. No sé si esto es una aspirina, un blíster de aspirinas o, quizás, un poco más, pero no soluciona los problemas de precios, de mercado, de costos y tampoco los de rentabilidad; simplemente, damos algo de oxígeno vinculado a la liquidez, que es uno de los problemas que tienen hoy los productores lecheros.

Después de escuchar a los representantes del Instituto Nacional de la Leche en una muy buena exposición en la que se caracterizó al sector y se plantearon acciones –creo que, a todas luces, crear ese instituto, la institucionalidad lechera, ha sido un gran instrumento–, proseguimos recibiendo a las tres principales gremiales: la Intergremial de Productores de Leche, la Asociación Nacional de Productores de Leche y la Cámara Uruguaya de Productores de Leche. En esa oportunidad se habló del tema, hacia el que la comisión entera mostró su sensibilidad, y todos empezamos a mantener vínculos, contactos y entrevistas con actores, cooperativistas e industrias.

A principios de julio, quien habla, luego de conversar el tema con la bancada del Partido Nacional, presentó un proyecto de ley restableciendo un instrumento financiero, que es el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera, creando el FFAL III, tercera versión de un instrumento que funcionó bien en los años 2002 y 2007, y que ahora se propone en esta nueva instancia.

En realidad, es un fondo de los tamberos para los tamberos; aquí el Estado no pone dinero, y eso también hay que decirlo porque hoy está en discusión si el Estado tiene que buscar mecanismos que permitan ayudar al sector de la lechería. Se está planteando, por ejemplo, la devolución de impuestos indirectos a la industria exportadora, la transferencia de parte de los beneficios incrementando la devolución de impuestos al sector de la lechería, como pasa en otras cadenas productivas como, por ejemplo, la del arroz. Pero repito que aquí el Estado no pone dinero, sino que se trata de algo de tamberos para tamberos. Esto no representa gasto para el Estado, más allá de lo que concierne a la instrumentación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Estamos hablando de una herramienta que fue probada en dos oportunidades y el sector lechero –y es bueno decir esto– canceló el 100 % de los fondos recibidos de parte de los inversores. Voy a decir más: los canceló en la mitad del tiempo que estaba previsto para la emisión.

Estos son los antecedentes y por eso a principios de julio presentamos un proyecto de ley que tiene que ver con la creación de un nuevo instrumento, el FFAL III. En realidad, se trata de unos pocos artículos porque solo hay que modificar disposiciones de la ley que ya está vigente, que es la n.º 18100. Presentamos esa propuesta tratando de aportar y de buscar una solución que debía ser legal y que –voy a agregar algo y lo subrayo con cuatro líneas– tenía que ser rápida porque lo perfecto, si llega tarde, termina siendo inoperante.

En ese sentido, se convocó al Ministro para opinar al respecto y, el día anterior a su comparecencia, el Poder Ejecutivo también presentó un proyecto de ley vinculado al tema y muy coincidente respecto a la creación de un fondo lechero III. Con esto ya había dos proyectos en consideración y esta es una de las cosas que me parece bueno decir.

En definitiva, hubo dos proyectos de ley, se recibió al Ministro para que opinara al respecto, se hizo una comparación y se vio que había puntos de coincidencia y de discrepancia, quizás no conceptual sino instrumental, respecto a si se debía abordar el tema mediante una ley o no.

En el día de ayer recibimos a las gremiales y, en este caso, además de las tres que mencioné anteriormente, convocamos a la Sociedad de Productores de Leche de Florida, y la verdad es que hubo coincidencia en cuanto a que este instrumento es bueno y a que es necesario implementarlo rápidamente. Quiere decir que hubo coincidencia en muchos de los aspectos de este proyecto de ley, por lo que, después de la comparecencia de las gremiales, hubo una negociación política con el Gobierno.

Esto también quiero destacarlo, más allá de que alguno tenga una opinión contraria vinculada a la necesidad de unanimidades aun cuando están las mayorías. Creo que en estos asuntos estamos dando un mensaje para el sector lechero, que está en una situación muy delicada, y sobre todo para los inversores, que son los que tienen que poner el dinero, porque en esto generalmente han invertido fondos las AFAP, que son los inversores de las emisiones correspondientes. El mensaje de la unanimidad es clave: es el blindaje político de un instrumento en un momento, además, en el que las inversiones se miran al trasluz, de frente y de canto, porque tenemos una situación económica muy diferente a la del 2007, cuando se aprobó el fondo anterior.

Por eso todos o, por lo menos, quienes participamos en nombre del Partido Nacional tratamos de generar un encuentro de coincidencias con los dos proyectos de ley. Tomamos como base, obviamente –y así lo propusimos– el texto del Poder Ejecutivo y tratamos de buscar mecanismos de encuentro. La verdad es que, respecto a la gran mayoría de los artículos, hay apoyo, unanimidad, acuerdo, consenso. En lo demás, obviamente, se discutieron algunos temas de instrumentación; algunos se llevaron adelante y otros no.

Voy a repetir la frase de un Senador: nadie debe enamorarse de sus ideas; no son buenas o malas en función de quién las propone, sino del efecto que tienen. Esto, en definitiva, es bueno para el sector y es conveniente que se apruebe rápido.

¿En qué acordamos? En el artículo 1.º, que refiere a la integración de la Comisión Administradora Honoraria, que es la que administra esto. En el proyecto de ley del Poder Ejecutivo los productores perdían un lugar, pero conseguimos que mantuvieran dos lugares, junto a uno para la industria y tres para el Poder Ejecutivo. Antes tenía doble voto el Presidente, que era el delegado del Ministerio de Ganadería, y nosotros propusimos integrar al Inale, que también sería un representante del Poder Ejecutivo, con lo cual mantenemos los equilibrios, pero los productores no pierden un lugar. En este caso, llegamos a un acuerdo respecto al artículo 1.º.

En el artículo 2.º hablamos de los saldos porque estamos todos de acuerdo en que el mecanismo es bien fácil, como decía con mucha claridad el señor Senador Agazzi. Aquí hay una historia y además se generan las cuentas individuales, que me parece que son un gran avance. Hoy tenemos la forma de hacer esto a través del Instituto Nacional de la Leche. Los productores cobran en función de la remisión anterior y van pagando a través de una retención que hace la industria según la leche que remiten; esto se hace durante un tiempo, hasta que se cancele el fondo.

Esto se llevaría a cabo con tres condicionamientos que propusimos y en los que también coincidimos. Ellos tienen que ver con las compensaciones y con solucionar algunas inequidades que se habían dado en el fondo anterior. Sin denostar el instrumento, nos pareció importante solucionar algunos temas y era posible hacerlo.

En primer lugar, estaba el caso de los productores que recibían el dinero del fondo y se iban, dejando la actividad en el medio; de esta forma, habían recibido todo y no pagaban por todo. En estos casos se genera un vale por una cuenta individual.

En el segundo tema también coincidimos y tiene que ver con los productores que aumentan su producción por encima de la media, por lo que, en definitiva, pagan más de lo que reciben. Como dije, también coincidimos en que el fondo siga recaudando por un período más, que fue acotado a 24 meses, para compensarlos y ser justos en este caso.

(Ocupa la presidencia la señora Daniela Payssé).

–Lo tercero es establecer algunos mecanismos solidarios. Las leyes anteriores establecían un monto, a texto expreso, de USD 1500 y, en este caso, había una carta firmada por las propias gremiales y dirigida al Ministro proponiendo establecer un monto mínimo por productor, de USD 8000. ¿Cuántos van a recibirlo? Habrá que ver, pero en este caso algunos de ellos van a recibir mucho más, otros una parte y habrá que pagar la diferencia. De todas maneras, por menos leche que remita, nadie va a recibir menos de USD 8000. Esta es una condición solidaria muy importante y también hubo acuerdo en esto.

Quizás la discusión se dio acerca de si imputar el costo de esos USD 8000 al remanente de los fondos anteriores –que, según tenemos entendido, asciende a algo más de un millón de dólares– o directamente restablecerlo del nuevo fondo. Se plantean estas dos alternativas porque hay un segundo objetivo de este fondo de hasta USD 1 millón previsto en leyes anteriores para los pequeños productores que no llegan al mínimo –para darle un sentido solidario–, que tenía que ver con el tratamiento de efluentes, un asunto que todos vimos que era necesario priorizar.

Con respecto a la prestación pecuniaria, en nuestro proyecto de ley coincidimos en el instrumento: establecimos un mínimo –al igual que en las otras iniciativas– de $ 0,10 por litro de leche remitida. ¿Para qué? Para determinar la garantía, porque en la exposición de motivos del Poder Ejecutivo figuraba una prestación pecuniaria del doble, y nos parecía que, teniendo en cuenta la coyuntura, iba a significar estar un poco ahogados de entrada. Entonces, consideramos que era mejor escalonar el tema y después ir haciendo reajustes, pero comenzando bien desde abajo, tal como pasó en los proyectos anteriores en los cuales el Poder Ejecutivo propuso que eso quedara para ser instrumentado en la reglamentación, en acuerdo con las gremiales. Para nosotros –insistimos– hubiera sido mejor que estuviera en la ley, pero no vamos a hacer cuestión de este tema.

El otro asunto es el plazo. El Poder Ejecutivo tiende a creer que el plazo tiene que ser más corto, aunque para nosotros debe ser más largo, y creo que las AFAP tienen la misma opinión. No obstante, ello va a quedar sujeto a la reglamentación, siempre en acuerdo con las gremiales, pero –quiero decirlo claramente– que son las que cobran y las que pagan, porque en este asunto no hay dinero del Estado.

Sí coincidimos en que en ningún caso la retención puede pasar del 3,5 % del promedio de la leche al productor, determinado por el Inale; obviamente, con eso estamos de acuerdo.

Quiere decir que hablamos de las compensaciones, de la vigencia, del monto y del monto mínimo, que –reitero– debería ser de USD 8000 y establecido por ley. El Poder Ejecutivo entendió que el monto mínimo de la retención debería establecerse en la reglamentación, pero para nosotros debería incluirse a texto expreso la cifra de $ 0,10 por litro de leche, con los reajustes correspondientes. Después agregamos algunos artículos tratando de mejorar la redacción elaborada por el Poder Ejecutivo para que no se generara ningún tipo de inconveniente. Por ejemplo, propusimos tener las previsiones para liquidar las cuentas y los créditos laborales, que la reglamentación a texto expreso se realice en poco tiempo porque, obviamente, estamos contrarreloj en este tema y, en definitiva, tratamos de dar una señal. Podíamos haber dicho «preferimos esto y no lo otro», pero dijimos «vamos a tratar de conciliar, cedemos en algunas cosas y dejamos de manifiesto nuestra posición». Por ejemplo, el Poder Ejecutivo entiende que esto es mejor hacerlo mediante la reglamentación, pero de acuerdo con las gremiales. A su vez, propusimos otros artículos que el Poder Ejecutivo acepta, por lo que nos pareció de orden que este proyecto de ley fuera aprobado por la unanimidad de miembros del Senado.

Es con ese espíritu que vamos a acompañar este proyecto de ley y aclaramos que vamos a presentar el mismo artículo aditivo que propusimos ayer en la Comisión y que no fue aprobado. Se refiere a la renovación y expresa textualmente: «En caso de existir unanimidad entre los integrantes de la Comisión Administradora, El Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera podrá emitir un nuevo título de deuda bajo las mismas condiciones establecidas en esta ley, no pudiendo superar el fondo o la suma de los fondos, en caso de existir más de uno, el 25 % del valor de la leche remitida a planta en el ejercicio anterior». Nos parecía que de esta manera dejábamos abierto el instrumento para que en situaciones complicadas se pudiera hacer una nueva emisión, que saliera por unanimidad. Además, hay que tener en cuenta que el Poder Ejecutivo tiene mayoría en la comisión administradora.

Más allá de la unanimidad –repito–, nunca hay que perder el concepto de que este es un fondo de tamberos para tamberos y que el Estado no aporta dinero.

Voy a reiterar lo que dije al principio: me parece que la señal es buena, que es un instrumento válido, ya probado, y al cual se le corrigieron algunos errores. Con amplitud política, se trató de conseguir unanimidad, lo que fue valorado por la mayoría –lo que celebro–, pero no soluciona el tema de fondo de la lechería, sino que intenta resolver uno de los temas, que tiene que ver con la liquidez. Por eso exhortamos a que este proyecto de ley sea aprobado por el Parlamento no solo en forma unánime sino también rápida, y que el Poder Ejecutivo vaya haciendo las consultas correspondientes, tanto al Banco Central, que es el que tiene que supervisar la emisión, como a los posibles inversores, para ir avanzando en el tema. Si es aprobado por la unanimidad de miembros del Cuerpo, a partir de mañana ya vamos a poder comenzar a hacer las consultas del caso para que en un plazo breve, una vez reglamentado, pueda estar operativo para los productores.

Hay un tema adicional con relación al cobro. En nuestra opinión, es importante que sea cobrado en una sola vez. Esto no fue incluido en la ley; sí se discutió con los productores y con la bancada oficialista e, incluso, hubo más de un fundamento para cobrarlo en más de una vez, pero para nosotros es importante que sea cobrado en una sola vez. Pero, bueno, todo esto será fruto de la reglamentación.

Por nuestra parte, obviamente, vamos a acompañar este proyecto de ley, que no es del Gobierno ni contiene artículos nuestros, sino que es de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Quisimos que las mayorías se subsumieran ante la necesidad de dar una señal de unanimidad para atender a un sector que está complicado y, sobre todo, atender la capacidad de inversión de algunos actores que son necesarios, porque sin ellos esto sería absolutamente inviable.

Muchas gracias, señor Presidente.

19) REITERACIÓN DE PEDIDOS DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Pedro Bordaberry solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, la reiteración de los siguientes pedidos de informes a efectos de que el cuerpo los haga suyos:

• con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y por su intermedio a Antel, relacionado con la construcción del proyecto Antel Arena;

• con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y por su intermedio a la Administración de las Usinas y Transmisiones Eléctricas y a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con las obras en la planta regasificadora de Puntas de Sayago;

• con destino al Ministerio de Defensa Nacional relacionado con concesiones de servicios de transporte aéreo público;

• con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y por su intermedio a la Administración de las Usinas y Transmisiones Eléctricas, relacionado con la construcción de una Central Térmica en Puntas del Tigre».

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Corresponde votar si el Senado hace suyos y reitera los pedidos solicitados por el señor Senador Bordaberry, de los que recién se diera cuenta.

(Se vota).

–19 en 20. Afirmativa.

20) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor Senador Pedro Bordaberry, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

· con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con la intervención de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) en proyectos de inversión referidos a centros comerciales, shopping centers y otros servicios de naturaleza comercial;

· con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con los subsidios otorgados a las empresas de transporte de pasajeros.

–OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Texto de los pedidos de informes).

«Montevideo, 22 de julio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito tenga a bien remitir al Ministerio de Economía y Finanzas el siguiente pedido de informes:

Se detalle la totalidad de Proyectos de Inversión en los que intervino la Comap y que resultaron promovidos en los últimos cinco años, referidos a centros comerciales, shopping centers, así como otros servicios de naturaleza comercial, especificando:

a) proyecto promovido (características, objeto, ubicación, etc.);

b) empresa beneficiaria (razón social, socios que la integran, etc.);

c) beneficios fiscales concedidos y el monto total exonerado;

d) si existen proyectos que tengan otros objetos además del puramente comercial (ejemplo: turísticos, viviendas, etc.).

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Pedro Bordaberry. Senador».

«Montevideo, 22 de julio de 2015

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Licenciado Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito tenga a bien remitir al Ministerio de Transporte y Obras Públicas el siguiente pedido de informes:

1. Se detallen las transferencias, subsidios y aportes económicos de similar naturaleza de los que son beneficiarias las empresas de transporte de pasajeros departamental, interdepartamental o internacional, especificando:

a) empresa beneficiaria;

b) monto del aporte recibido y su periodicidad;

c) naturaleza jurídica y finalidad del mismo;

d) si son requeridas contrapartidas;

e) normas jurídicas que lo fundamentan;

f) proceso para la selección de beneficiarios.

2. Se detallen las transferencias, subsidios y aportes económicos de similar naturaleza que se realizan a los Gobiernos departamentales, destinados a las empresas de transporte de pasajeros o al sistema de transporte de pasajeros, especificando:

a) monto del aporte recibido por cada intendencia y su periodicidad;

b) cómo se aplican los mismos;

c) las eventuales empresas beneficiarias;

d) el monto del aporte recibido por cada empresa beneficiaria y su periodicidad;

e) si son requeridas contrapartidas, ya sea a las intendencias o a las empresas beneficiarias;

f) normas jurídicas que fundamentan la transferencia;

g) proceso para la selección de los beneficiarios.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Pedro Bordaberry. Senador».

21) FONDO DE FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD LECHERA

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Continúa la consideración del asunto en discusión.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Tiene la palabra el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Vamos a ser muy breves porque quien apoyó este proyecto de ley fue la señora Senadora Montaner, que hoy no se encuentra en sala.

Queremos expresar nuestro apoyo a esta iniciativa y, al mismo tiempo, hacer una advertencia.

Como se ha dicho, la lechería uruguaya está atravesando por un momento muy difícil. Desde hace casi una década se viene incrementando la producción en el país, pero también aumentan enormemente los costos. Hoy el sector se enfrenta a una violenta caída de precios, a la que creo que no hay que hacer mucha referencia puesto que todos conocemos el sobrestock que tiene China y el aumento de la producción mundial; cuando se elevan los precios, aumenta la producción y no es solamente nuestro sector lechero el que está pasando por esta crisis, sino que también está ocurriendo en España y en una cantidad de otros países que están sufriendo esta situación al igual que nosotros.

Vamos a apoyar esta propuesta de creación de este tercer fondo lechero, pero queremos hacer una advertencia. Como bien decía el miembro informante, esto no soluciona el problema de fondo. Cuando baja la marea, se ven las rocas; hoy ha bajado la marea y están a la vista las rocas, es decir, se ve lo que está pasando en este sector a partir de lo que creemos es una crisis de competitividad, más que de financiamiento. Sin lugar a dudas, el sector lechero necesita financiamiento para pasar este mal momento, pero eso no soluciona los problemas de fondo que lo originaron y en eso creo que tenemos que ser claros. Los problemas de fondo son las transferencias que este sector –al igual que algunos otros del ámbito agropecuario– realiza al resto de la sociedad por vía de impuestos, tarifas públicas, combustibles excesivamente caros, etcétera. Al ser un sector condicionado por los precios internacionales, esto se nota mucho más cuando se mueven los mercados, como ha sucedido. No se puede competir internacionalmente con una mochila de ese tipo. Sin lugar a dudas, se soporta cuando los precios son muy altos y superan esos costos en exceso, pero ni bien caen los precios el edificio se derrumba, y a este nivel de costos la caída es mucho más violenta; eso es lo que está sucediendo.

Voy a citar el ejemplo; permítaseme una pequeña digresión. Hace unos días, un productor lechero que tiene una producción esencialmente pastoril, casi riéndose me dijo: «Y sí. Yo me quedé con la producción casi pastoril y gané menos dinero, pero hoy sigo ganando y no pierdo». Ese es un pésimo mensaje para el Uruguay que queremos todos: el que invierte, crece, no se queda en lo pastoril y arriesga. Pero una vez más en este ciclo de la economía, que siempre existe, el que arriesga hoy está en problemas y el que se quedó a la retranca, invirtiendo poco, no los tiene. Entonces, en la rueda del boliche, en la rueda del mate, hoy les está diciendo: «Te dije. Te dije que no te metas, que no escuches, que no hagas caso cuando te vienen a vender la idea de que tenés que invertir más, producir más, gastar más, porque esos costos después te los trasladan y cuando se retira la marea vos quedas desnudo». Me parece que ese es quizás el peor mensaje que estamos volviendo a dar como país: que aquel que se esforzó e invirtió, hoy está enfrentando problemas, mientras quien no lo hizo ganó menos, pero hoy no está sufriendo.

¿Cuál es la solución? Creo que a la larga pasa por la devolución de impuestos, que se maneja según la situación internacional. Si se gana mucho dinero y los precios son muy altos, no hay devolución de impuestos, pero en estos momentos para ser competitivos habría que hacerlo. Esto es algo sobre lo que no debemos tener miedo de hablar. Es más, a mi juicio tendría que establecerse una devolución de impuestos y destinar una parte a la cancelación de este fondo, para ir más allá.

Este mecanismo ya ha sido utilizado en el país. El fondo arrocero, que se establece sobre este mismo concepto, incluye adicionalmente una garantía del Estado por el sostenimiento de ese flujo de devolución, y ese mecanismo lo conocen tanto el Ministerio de Economía y Finanzas, como el de Ganadería, Agricultura y Pesca. Claro que su justificación es obvia: en un país donde los sectores productivos subsidian el boleto urbano, donde se subsidia a sectores no competitivos en el ámbito agrícola industrial, ¿cómo podemos negar a un sector pujante y competitivo la devolución de esa parte de la competitividad que le sacamos artificialmente?Voy a mencionar un par de elementos adicionales. El primer fondo lechero –creo que data del año 2002 o 2003– se basó en un financiamiento de las AFAP que se devolvía con un porcentaje de la leche-cuota. Lo recuerdo bien porque en aquel entonces era Ministro de Industria, Energía y Minería y, con mucha habilidad política, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca estableció que él entregaba el dinero del fondo y si la planta no cumplía, el Ministro de Industria la clausuraba, con lo cual él se quedaba con las rosas y me dejaba las espinas. Justamente, tuve que clausurar una planta por ese motivo, y lo hice porque parte del sistema reposa en el hecho de que la plata que retiene vierta enseguida y no deje de hacerlo porque, de lo contrario, fracasa. Esto sucedió en plena crisis financiera y no había financiamiento para nadie. La situación de endeudamiento de aquel entonces era acuciante; los fondos se destinaban a cancelar deuda en un régimen muy beneficioso: por USD 1 se cancelaban USD 2 por el mecanismo de canje de deuda por bonos. Ese fondo ayudó a la reactivación productiva y fue muy exitoso.

El segundo fondo se hizo en pleno auge, y como el primero fue muy exitoso, todo el mundo lo apoyó –nosotros también–, con excepción de algunos a quienes les pareció que quizás no tenía todas las previsiones necesarias para enfrentar una situación distinta que no fuera de crisis. Creo que en este proyecto se corrigen muchas de estas previsiones, que no eran buenas, y me parece que eso es positivo.

Reiteramos: creemos que esto es solo oxígeno, necesario, imprescindible, pero insuficiente. Quizás debamos pensar más en soluciones de fondo y ser un poco más parejos cuando analizamos los distintos subsectores agropecuarios. Vino la moda de la forestación, el bum de la agricultura, el bum de la lechería, corrieron a la producción ganadera a las tierras más duras, nos olvidamos bastante de ella, y hoy es la que, como hace 404 años en esta Banda Oriental, está bancando al sector agropecuario del país.

Me parece que es importante que analicemos soluciones de fondo. No es lo mismo hacerlo cuando estamos en crecimiento que cuando estamos en situaciones de crisis. Hace cinco años presentamos dos proyectos de ley que reiteramos el 15 de febrero pasado y esperamos que en algún momento sean tratados. Por uno de ellos se crea el Fondo Nacional de Fósforo, uno de los grandes temas que tenemos hoy en el país. La semana pasada, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca anunciaba que iba a elaborar un plan relacionado con el fósforo. Cuando hace cuatro años concurrió a la Comisión de Ganadería el Ministro Aguerre nos dijo que nuestro proyecto de ley era poco ambicioso. Pasaron cuatro años y ahora está anunciando que va a armar un plan. El otro proyecto de ley, que también presentamos hace cuatro años y reiteramos el 15 de febrero, fue el del Banco Nacional de Aguas –como complemento de la producción forrajera que necesita el país–, que si se hubiera aprobado en su momento quizás hoy podría ser una ayuda importante para la enorme sequía que estamos sufriendo. Esperemos que esas iniciativas en algún momento se traten, ya sea para aprobarlas, rechazarlas o mejorarlas como, con seguridad, pueden serlo.

Apoyaremos con esta advertencia este proyecto de ley.

Gracias.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CAMY.- Señora Presidenta: los señores Senadores que han hablado con anterioridad plantearon la totalidad de los argumentos que con beneplácito nos vincula a todos, en cuanto a aportar una solución, que no es de fondo, pero que por lo menos trata de paliar la situación crítica de la lechería nacional. Como señaló el señor Senador Delgado, esta es una propuesta que promueve la liquidez –uno de los temas que hoy afecta al sector–, pero sin duda la crisis está vinculada a un tema de competitividad, a algo mucho más profundo.

Como representante de San José –departamento lechero inmerso en el corazón de la cuenca y el mayor productor del país con un 24 %– quiero destacar el hecho de que el Senado de la República se disponga a trabajar de manera conjunta en la búsqueda de una solución. Las iniciativas presentadas por el Gobierno y por el señor Senador Delgado –que son similares–, así como el trabajo realizado por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, convergen en esta propuesta que, reitero, vamos a votar en el entendido de que no es una solución de fondo frente a una situación que –quiero decirlo expresamente, con serenidad, para que quede constancia en la versión taquigráfica– es de alerta roja.

La lechería nacional realmente está pasando por una situación muy compleja. Si analizamos este subsector agropecuario, no desde el plano económico –porque ya se ha hecho y lo suscribimos–, sino desde el punto de vista social, podemos decir que es un sector colonizador como el que más, en el que se vincula a la familia y su arraigo a la tierra. San José remite diariamente un millón de litros de leche, y si consideramos la baja de diez centavos por litro que estableció Conaprole –que fue quien menos bajó–, estamos hablando de que dejan de entrar USD 3 millones por mes al departamento; esto se siente en las villas y los pueblos que se crearon en función de la existencia de la lechería, y hoy también vemos resentidas las actividades conexas que no están directamente vinculadas a este subsector.

Escuché atentamente parte de la ponencia del señor Senador Agazzi, que sabemos que es conocedor de la materia; en más de una oportunidad, siendo quien habla Vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización, trabajamos, a veces en la discrepancia y muchas otras en la coincidencia, en el tema de la tierra como factor de producción, en el tema de la lechería y de la producción intensiva. Él hacía un racconto de los distintos programas –creo que fueron 9 o 10, por lo menos– que se instrumentaron a partir de la seca verificada a comienzos de 2009, y yo quiero destacar que la Corporación Nacional para el Desarrollo trabajó e instrumentó algunas de esas soluciones en 72 horas. Solicitamos la información de lo que fue esa actividad que se propició y observamos que en ese entonces hubo una característica que hoy no está en este fondo, y es que comprendió al quesero artesanal, que también representa un sector muy importante, pero que al no remitir, naturalmente no tiene las características que la remisión a la industria da en lo que respecta a la certeza del cobro y a la agilidad de la instrumentación del sistema.

Estos programas alcanzaron a un importantísimo porcentaje de productores, y al día de hoy la recuperación en las condiciones que se pactaron originalmente es del 97 % de las colocaciones en pesos y del 95 % de las colocaciones en dólares, correspondiendo el 3 % y el 5 % restantes a créditos que no han sido cancelados y requirieron, obviamente, gestión de cobranza –esto fue tercerizado por la corporación–, que viene siendo cumplida y vertida al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que puso el dinero. Lo digo porque fueron prácticamente 20.000 operaciones de crédito y de apoyo económico que se dieron en diez meses.

Si bien destaco este instrumento, por todo lo que se dijo coincido con lo señalado por el señor Senador Bordaberry: creo que la situación de la lechería amerita que no nos quedemos en esta medida que se tomó; aspiro a que este clima de unanimidad, de consenso, de trabajo en conjunto y de conciencia común permita establecer un ámbito en esta misma sala que nos permita analizar, en paralelo, otro tipo de medidas que tienen que venir para este sector porque, reitero –y lo digo sin exagerar–, hay una alerta roja en la lechería nacional.

Me hago responsable de señalar, también, que las propias voces con las que nos vinculamos –tanto el Gobierno como quienes no lo somos–, que son los sectores gremiales, tal vez no estén expresando con todo realismo y crueldad la situación que está atravesando la lechería.

Vamos a acompañar esta medida por todo lo expresado en sala, dejando constancia en la versión taquigráfica de que vamos a establecer los contactos pertinentes con todas las bancadas a efectos de generar un ámbito que nos permita continuar trabajando y no poner punto final a esto, que es un «mientras tanto» para la situación que estamos viviendo hoy.

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Daniela Payssé).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MIERES.- Señora Presidenta: simplemente quiero decir que desde el Partido Independiente también vamos a apoyar esta iniciativa.

Tenemos la certeza y la convicción de que el sector lechero, que es uno de los componentes estructurales y estratégicos de nuestra matriz productiva, está viviendo una situación extremadamente grave –como se ha señalado en sala–, no por errores de los propios productores, sino por variables que son independientes, que tienen que ver con asuntos que incluso trascienden la voluntad de nuestro país, con los vaivenes del mercado, con los precios internacionales de los productos, con las oportunidades que ciertamente van y vienen y que determinan en ciertos momentos coyunturas que, como se decía en sala, nunca se sabe cuánto durarán. En definitiva, hay una obligación de parte del sistema político y del Gobierno de atender y responder, para permitir capear el temporal y sostener la actividad productiva con un mecanismo de financiamiento que, además, está probado que ha sido exitoso y que ha funcionado correctamente. Me refiero al Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera, que en esta tercera versión tenemos la certeza de que va a tener un buen resultado.

(Ocupa la presidencia el señor Raúl Sendic).

–Por cierto que a esto hay que agregarle otras cosas: es fundamental el acceso a más mercados por parte del sector lechero. Es muy importante la actividad que desde el Gobierno se puede emprender para llegar a otros mercados y así ampliar las posibilidades de la producción lechera. Obviamente, existe un gran desafío que tiene que ver con la competitividad del país, con los costos de producción y con el rol que en ese sentido deben cumplir las empresas públicas para garantizar que los insumos fundamentales de la producción no tengan niveles que sean incompatibles con las posibilidades de competir con terceros mercados. Lo cierto es que este es un instrumento muy útil.

SEÑOR PARDIÑAS.- ¿Me permite una interrupción señor Senador?

SEÑOR MIERES.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Pardiñas.

SEÑOR PARDIÑAS.- Gracias, señor Senador.

Señor Presidente: simplemente quiero reafirmar que cuando el Inale concurrió a la comisión, previo a considerar el proyecto de ley, se estableció claramente la inquietud de trabajar en varias líneas para enfrentar la situación del sector lechero. Justamente, lo que hoy estamos recogiendo es una de esas pretensiones. A nadie escapa –y creo que el informe que realizaba el señor Senador Agazzi lo señalaba fuertemente–, que esto apunta a una de las posibles soluciones para enfrentar la situación.

Lo otro es parte de una política pública que tenemos que seguir construyendo –que el Inale, desde su constitución, en cierta manera ha venido desarrollando en forma más sistémica–, en todo lo que ha sido un desarrollo de crecimiento y de generación de conocimiento para el sector lechero. Creo que en esto tiene que ver lo que de aquí en más se pueda construir para el país, a través del sistema de competitividad, de la nueva ley para su regulación, y también del avance del conocimiento.

Sin lugar a dudas, un factor que hay que tener en cuenta es el incremento de los costos. La historia de nuestro país marca que el aumento de la producción en el sector agropecuario se destina a la exportación; eso está marcado así porque el consumo de productos alimenticios que generamos está topeado. A su vez, hay un gran mérito de la Academia y la investigación nacional. Que el Uruguay tenga los indicadores señalados en cuanto a incremento de productividad, remisión a planta, disminución del área y aumento de producción, en gran parte se debe al desarrollo del conocimiento y las estrategias de trabajo en el sector lechero que, sin lugar a dudas, deberán ser las que nos orienten y den fortalezas para superar la situación de precios que se vive en el mercado internacional.

Por su parte, el Gobierno también está actuando a través de la apertura y la búsqueda de mercados a los que debemos acceder para encontrar un destino a nuestra producción. En ese sentido, los acuerdos ratificados en la reciente cumbre del Mercosur y la exportación a Venezuela ayudan en este momento tan difícil, aunque debemos seguir esforzándonos en la búsqueda de mercados que potencialmente son de difícil acceso, pero que representan los nichos de mayor calidad para nuestros productos.

Estos son los conceptos que quería reafirmar.

Nuestro rol es sancionar una ley, pero nos consta que el resto de la sociedad –y, fundamentalmente, la institucionalidad pública y privada– está haciendo un esfuerzo importante para que podamos sobreponernos de esta situación y que Uruguay siga creciendo y generando oportunidades para muchos uruguayos vinculados a este sector.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Ya estaba terminando mi exposición cuando concedí la interrupción.

Simplemente agrego que vamos a acompañar con total convicción este proyecto de ley. Estamos absolutamente comprometidos con el apoyo al sector lechero y al sector productivo en su totalidad. Sabemos que este es un instrumento necesario, que ha sido exitoso, y tenemos la convicción de que va a funcionar bien. Por supuesto que debe ser acompañado de estrategias comerciales de apertura de nuevos mercados, así como de un trabajo que mejore la competitividad de nuestro país, y eso no solo incluye al sector lechero, sino al conjunto del aparato productivo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque, a excepción de los artículos que los señores Senadores quieran desglosar.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DELGADO.- No tengo inconveniente en acompañar la moción del señor Senador Agazzi. Es más, vamos a renunciar a presentar los artículos sustitutivos con las observaciones que hicimos en comisión y en este ámbito. Podemos dejar para la reglamentación la prestación pecuniaria mínima al productor de USD 8000 y la retención mínima de USD 0,10 prevista, y votar el proyecto de ley tal como salió de comisión. Algunos artículos serán votados por unanimidad y otros por mayoría, pero ese es el espíritu con el que acompañamos esta iniciativa. Asimismo, recuerdo que presentamos un artículo aditivo y solicito el desglose del artículo 4.º.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Agazzi en el sentido de suprimir la lectura y votar en bloque el proyecto de ley, con excepción del artículo 4.º.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el articulado, con excepción del artículo 4.º.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos del proyecto de ley, con excepción del artículo 4.º.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4.º.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DELGADO.- Este artículo refiere a la prestación pecuniaria y modifica el artículo 7.º de la ley n.º 18100. En uno de los párrafos, dice: «La citada prestación será fijada por el Poder Ejecutivo hasta un máximo equivalente al 3,5 % (tres con cinco por ciento) del precio promedio de la leche al productor determinado por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca)». Eso era así en el 2007, pero ahora, ¿es Opypa o Inale?

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- En realidad, hasta hace pocos años, en el Uruguay había dos precios: la leche cuota y la leche industria. Además, el precio se ajustaba semestralmente sobre la base de parámetros elaborados por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, Opypa. Entonces, se mantiene en el artículo 4.º porque es ella la que tiene todas las bases de datos para determinar técnicamente su valor, que luego se negocia en el Inale con las gremiales. Ese es el sentido del artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4.º.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase una propuesta de aditivo llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 9.º. (Renovación). En caso de existir unanimidad entre los integrantes de la Comisión Administradora, el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera podrá emitir un nuevo título de deuda bajo las mismas condiciones establecidas en esta ley, no pudiendo superar el fondo o la suma de los fondos, en caso de existir más de uno, el 25 % del valor de la leche remitida a planta en el ejercicio anterior». (Firman los Senadores Besozzi, Delgado, Camy y Larrañaga).

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Este aditivo tiene la intención de seguir ayudando al sector. Nosotros lo entendemos y estamos totalmente de acuerdo. De hecho, el artículo 1.º de la ley de creación del Inale dice que la lechería es un sector estratégico. Entonces, hasta que no se modifique la norma, la lechería va a seguir siendo estratégica y vamos a tener mucho para discutir, sobre todo en los aspectos de fondo planteados por el señor Senador Bordaberry. No alcanza con producir mucha leche. Hay que producirla de manera tal que se pueda insertar en el mundo, porque cada litro que vamos a producir de aquí en más, es para el mundo. Ahora, la herramienta que estamos considerando hoy es para esta coyuntura. Eso no desacredita su importancia, que en este caso radica en el salvataje al sector.

¿Cómo van a ser los precios dentro de cinco o seis años? ¿Cuánto va a costar el dólar dentro de cinco o seis años? ¿A qué mercados vamos a acceder? Hay nuevos mercados que se nos pueden abrir que son muy promisorios, y el Inale ya está trabajando bastante en eso. Entonces, no nos parece bien que ahora, en esta ley, se establezca que vamos a crear otro fondo o a habilitar su creación. Entendemos que lo que debemos hacer es actuar como lo hemos hecho hasta ahora. Este fondo se va a ir desarrollando; quizás, entre tanto, haya que crear alguna cosa, o quizás haya que hacerlo cuando se cierre. Cuando se cierre este fondo, si nosotros seguimos y somos exitosos en la discusión de una estrategia nacional lechera para un sector importante, tal vez lleguemos a definiciones que no van a ser solo herramientas de salvataje; capaz que llegamos a otras más profundas y serias, porque la lechería no solo tiene el problema del precio del sobreendeudamiento en un momento, o de los precios internacionales bajos, sino muchos otros. Uno de esos problemas tiene que ver con el acceso a la tierra. Si la mitad de la producción lechera se hace en tierras arrendadas, esos lecheros tienen un socio que no trabaja, pero que sí recibe el fruto de su trabajo. Ese es un problema importantísimo. También hay que tener en cuenta la calidad de los productos, cómo están evolucionando. Considero que hay que ir midiendo esas cosas.

Nosotros ahora no estamos de acuerdo con este aditivo y no vamos a votar la habilitación para crear otro fondo. Veremos si después es necesario.

Esa es la posición que estamos teniendo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Gracias, señor Senador.

Damos la bienvenida a los alumnos de 5.º año de la Escuela n.º 309 de Santa Catalina.

Gracias por visitarnos.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PINTADO.- Quisiera agregar a lo señalado por el señor Senador Agazzi que cuando compareció el Instituto Nacional de la Leche, en la presentación que nos hicieron y en los gráficos que nos mostraban se exponía una cuestión que hay que atender y que tiene que ver con la discusión de fondo y no tanto con la situación coyuntural; me refiero a los picos de alta y de baja, que generan turbulencias. En este caso se agrega la sequía, pero, por lo general, los mercados reaccionan generando esos picos, en virtud de que la demanda es elástica y la producción tiene ciertas inelasticidades que hay que prever. Creo que hay que ir a un mecanismo más de fondo, que amortigüe en forma permanente esos vaivenes que tiene el mercado y que no sea un subsidio a la baja productividad, a la baja competitividad, a la no incorporación de tecnología.

Estamos hablando de un sector dinámico, que incorpora tecnología, y que con las mismas vacas produce mucho más. El problema radica en los vaivenes del mercado y en cómo se enfrentan para no perder productores que se han mantenido estables, pero enfocados en satisfacer las demandas y en que los empujes a la baja, que a veces hay en el mercado internacional, no terminen haciendo desaparecer la industria. Esa es la discusión de fondo que tenemos que dar y me parece que no la solucionamos acá con esta situación de emergencia.

Era cuanto tenía para aportar, señor Presidente.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DELGADO.- Señor Presidente: coincidimos con lo que dijo el señor Senador preopinante. Esto no soluciona un problema global, sino que se trata de un instrumento exclusivamente financiero, para brindar liquidez. Lo que estamos haciendo no es crear nuevos fondos, sino habilitando la potestad de hacerlo, en caso de existir unanimidad –y lo subrayo–, para que pueda generarse una nueva emisión topeada. Ese es, simplemente, el objetivo de este aditivo y por eso lo presentamos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el aditivo presentado.

(Se vota).

–7 en 21. Negativa.

Queda aprobado el proyecto de ley de Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

22) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 15:29, presidiendo el señor Raúl Sendic y estando presentes los señores Senadores Agazzi, Amorín, Aristimuño, Ayala, Berterreche, Besozzi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Cardoso, Coutinho, De León, Delgado, Lazo, Martínez Huelmo, Michelini, Pardiñas, Passada, Payssé y Pintado).

RAÚL SENDIC Presidente

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.