Texto de la citación

Montevideo, 1º de junio de 2004.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana miércoles 2, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

2º.- Comisión Administrativa del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Ley Nº 16.821, de 23 de abril de 1997).

3º.- Convenio Internacional del Trabajo Nº 184 sobre Seguridad y Salud en la Agricultura, 2001. (Aprobación). (Carp. 3688/004). (Informado). Rep. 1547 y Anexo I

4º.- Prescripciones. (Modificación de disposiciones del Código Civil y del Código General del Proceso). (Carp. 81/000). (Informado). Rep. 36 y Anexo I

5º.- Julio Alberto Sobrera. (Pensión graciable). (Carp. 3334/003). (Informado). Rep. 1411 y Anexo I

6º.- Constitución de la República. (Se modifican diversas normas). (Carp. 2979/003). (Informado). Rep. 1264 y Anexo I

7º.- Vigesimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 entre los Gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR y el Gobierno de Chile, y su Anexo ("Régimen de Solución de Controversias"). (Aprobación). (Carp. 2904/003). (EN DISCUSIÓN). (A) Rep.1244 y Anexo I

8º.- Extensión de los límites de crédito del Banco de la República Oriental del Uruguay. (Se modifica el plazo de la autorización oportunamente otorgada). (Carp. 3757/004). (Informado). Rep. 1571 y Anexo I

9º.- Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. (Normas para su funcionamiento y para el contralor de los mercados de su competencia). (Carp. 3375/003). (Informado). Rep. 1441 y Anexo I

10.- Edison Bordón. (Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa para el otorgamiento de una pensión graciable). (Carp. 3207/003). (Informado). Rep. 1363 y Anexo I

HORACIO D. CATALURDA     MARGARITA REYES GALVÁN
S e c r e t a r i o s

— Exposición del señor Representante Legnani

— Exposición del señor Representante Pérez Morad

— Exposición del señor Representante Julio Silveira

— Exposición del señor Representante Tirelli

— Exposición de la señora Representante Puñales Brun

— Exposición del señor Representante Carballo

— Se vota afirmativamente.

— Se aprueba una moción

Antecedentes: Rep. Nº 1547, de marzo de 2004, y Anexo I, de mayo de 2004. Carp. Nº 3688 de 2004. Comisión de Asuntos Internacionales.

— En discusión general.

— Se aprueba el pase a la discusión particular.

— Se aplaza la consideración del artículo único por no haber en Sala el quórum necesario para proceder a su votación

Antecedentes: Rep. Nº 36, de marzo de 2000, y Anexo I, de mayo de 2004. Carp. Nº 81 de 2000. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

Antecedentes: Rep. Nº 1411 , de setiembre de 2003, y Anexo I, de mayo de 2004. Carp. Nº 3334 de 2003. Comisión de Seguridad Social.

— Se vota negativamente el artículo 1º del proyecto

Antecedentes: Rep. Nº 1441, de setiembre de 2003, y Anexo I, de mayo de 2004. Carp. Nº 3375 de 2003. Comisión de Presupuestos.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

Antecedentes: Rep. Nº 1571, de abril de 2004, y Anexo I, de junio de 2004. Carp. Nº 3757 de 2004. Comisión de Hacienda.

— En discusión general.

— Se aprueba el pase a la discusión particular.

— Se aplaza la consideración del artículo único por no haber en Sala el quórum necesario para proceder a su votación

Antecedentes: Rep. Nº 1363, de julio de 2003, y Anexo I, de mayo de 2004. Carp. Nº 3207 de 2003. Comisión de Seguridad Social.

— Se aprueba el proyecto de minuta de comunicación

— Texto del proyecto aprobado

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Ernesto Agazzi, Álvaro Alonso, Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Fernando Araújo, Raúl Argenzio, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Raquel Barreiro, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, José L. Blasina, Víctor Braccini, José Caballero, Brum Canet, Felipe Carballo, Julio Cardozo Ferreira, Nora Castro, Yamandú Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Mario de Pazos, Ruben H. Díaz, Silver Estévez, Ricardo Falero, Silvia Ferreira, Luis José Gallo Imperiale, Gabriela Garrido, Orlando Gil Solares, Gustavo Guarino, Raymundo Guynot de Boismenú, Tabaré Hackenbruch Legnani, Ademar Hernández, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Luis M. Leglise, Ramón Legnani, Guido Machado, Artigas Melgarejo, Felipe Michelini, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Basilio Morales, Andrés Oribe, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Gabriel Pais, Margarita Percovich, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Martín Ponce de León, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, Ernesto Rodríguez Altez, Glenda Rondán, Víctor Rossi, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Leonel Heber Sellanes, Pedro Señorale, Julio C. Silveira, Tomás Teijeiro, Walter Tirelli, Lucía Topolansky, Jaime M. Trobo, Stella Tucuna, Fernando Vázquez y José L. Veiga.

Con licencia: Juan Justo Amaro Cedrés, Ruben Carminatti, Daniel Díaz Maynard, Juan Domínguez, Ramón Fonticiella, Arturo Heber Füllgraff, Julio Lara, José Carlos Mahía, Diego Martínez, Juan Máspoli Bianchi, Ruben Obispo, Alberto Perdomo, Carlos Pita, María Alejandra Rivero Saralegui, Raúl Sendic, Gustavo Silveira, Wilmer Trivel y Walter Vener Carboni.

Faltan con aviso: Guzmán Acosta y Lara, Guillermo Álvarez, Beatriz Argimón, Luis A. Arismendi, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, Nelson Bosch, Daniel García Pintos, Carlos González Álvarez, Óscar Magurno, José Homero Mello, Ronald Pais, Ambrosio Rodríguez, Adolfo Pedro Sande, Alberto Scavarelli y Daisy Tourné.

Sin aviso: Odel Abisab, Carlos Baráibar, Roberto Conde y Álvaro Pérez.

Actúan en el Senado: Gustavo Borsari Brenna y Gustavo Penadés.

"Pliego Nº 310

PROMULGACIÓN DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 27 de mayo de 2004, ha promulgado la Ley Nº 17.780, por la que se deroga la facultad otorgada al Poder Ejecutivo de establecer detracciones a determinadas exportaciones. C/3758/004

-    Archívese

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley, aprobado por dicho Cuerpo, por el que se autoriza la salida del país a Oficiales Superiores y Subalternos de la Armada Nacional, a efectos de participar en el Ejercicio de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Fase Anfibia)a llevarse a cabo en la República del Perú, en el marco del ejercicio combinado UNITAS XLV, durante el período comprendido entre el 24 de junio y el 10 de julio de 2004. C/3861/004

-    A la Comisión de Defensa Nacional

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Presupuestos se expide sobre el proyecto de ley por el que se autoriza a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas a contratar servicios de vehículos con chofer, en las condiciones y plazos que se determinan. C/3624/003

La Comisión de Hacienda se expide sobre el proyecto de ley por el que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2004 la autorización otorgada al Banco de la República Oriental del Uruguay por el artículo 15 de la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002, relativa a la extensión de los límites de crédito establecidos en su Carta Orgánica. C/3757/004

-    Se repartieron con fecha 1º de junio

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante José Luis Blasina solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, con destino a la Comisión Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis, relacionado con la gestión de la citada Comisión Honoraria. C/3859/004

El señor Representante Enrique Pérez Morad solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo de Educación Secundaria, acerca de la designación con el nombre "Aula Magna 2000-2005 Ingeniero Agrónomo Enrique Antía" al Salón de Actos del Liceo Nº 4 de la ciudad de Maldonado. C/3860/004

El señor Representante Artigas Barrios solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, relacionado con el atraso en el pago de haberes a funcionarios policiales que realizan el llamado "Servicio 222". C/3865/004

-    Se cursa con fecha de hoy

PROYECTOS PRESENTADOS

El señor Representante José Luis Blasina presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el literal C) del artículo 22 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, relacionado con el subsidio por incapacidad. C/3862/004

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la inclusión de los pasivos que hubieren generado su pasividad en calidad de trabajadores no dependientes, al beneficio de asistencia mutual. C/3863/004

-    A la Comisión de Seguridad Social

El señor Representante Pedro H. Señorale presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa "Doctor Óscar Guglielmone" la Escuela Nº 13 del departamento de Salto. C/3864/004

-     A la Comisión de Educación y Cultura".

A) "SUBSIDIO POR INCAPACIDAD. (Modificación del literal C) del artículo 22 de la Ley Nº 16.713).

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Modifícase el literal C) del artículo 22 de la Ley Nº 16.713, de 3 setiembre de 1995, por el siguiente:

"C) Que se haya verificado el cese del cobro de las retribuciones de actividad en la que se produjo la causal del subsidio transitorio y durante el período de percepción del mismo".

Montevideo, 1º de junio de 2004.

JOSÉ L. BLASINA, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta prestación, introducida en la Ley Nº 16.713, artículo 22, ampara a los trabajadores que prueban incapacidad absoluta para el empleo o profesión habitual (no para todo trabajo), sobrevenida en actividad o en períodos de inactividad compensada.

Se condiciona al hecho de haber acreditado no menos de dos años de servicios, de los cuales seis meses por lo menos, sean inmediatamente previos a la incapacidad.

Para quienes tengan hasta 25 años de edad solo se exige haber acreditado seis meses previos.

Las otras condicionalidades son:

A) Que se trate de la actividad principal o sea la que proporciona el ingreso necesario para el sustento.

B) Que se haya verificado el cese en la misma.

La prestación se sirve por un plazo máximo de tres años.

La modificación que se propone corresponde a la obligación del trabajador a cesar (renunciar) al trabajo para poder acceder al cobro del subsidio transitorio. Sucede que en los casos en que el trabajador se recupera de su incapacidad, al haber firmado el cese, tiene que volver a buscar trabajo, harto difícil en la actual situación.

Ello aumenta el número de desocupados sin atención alguna (cuando termina la percepción del subsidio transitorio) y tiene un efecto negativo -tanto material como moral- para quien logró una recuperación que lo habilita nuevamente a trabajar pero no consigue trabajo.

Proponemos que la condicionalidad para el cobro del subsidio transitorio y mientras dura su percepción, sea la suspensión de la relación laboral y no el cese en la actividad que es la ruptura de la relación laboral.

Que la exigencia sea el cese del cobro de la retribución de la actividad en la que se hubiera producido la causal del beneficio y solo durante el período de percepción del subsidio transitorio.

Se establece así la posibilidad de la vuelta al trabajo cuando termina la cobertura del subsidio transitorio si así lo determina la recuperación de la incapacidad, verificada por el dictamen de la junta médica.

Montevideo, 1º de junio de 2004.

JOSÉ L. BLASINA, Representante por Montevideo".

B) "BENEFICIO DE ASISTENCIA MUTUAL. (Se solicita al Poder Ejecutivo la inclusión en el mismo de los pasivos que hubieran generado su pasividad en calidad de trabajadores no dependientes).

MINUTA DE COMUNICACIÓN

Se solicita al Poder Ejecutivo incorporar al beneficio de asistencia mutual a los afiliados pasivos que integran en su pasividad servicios generados en calidad de trabajo no dependiente.

Montevideo, 25 de mayo de 2004.

RAÚL ARGENZIO, Representante por Lavalleja, ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, Representante por Rocha, JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó, BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Expresamos nuestra inquietud respecto a la cobertura mutual para los pasivos aprobada por la Ley Nº 16.713 de 3 de setiembre de 1995.

Mediante este instrumento se solicita al Poder Ejecutivo incorporar al beneficio a los patronos de Industria y Comercio y Rurales, así como a los titulares de empresas unipersonales.

Según lo establecido en el artículo 186 se contempla la cobertura mutual solamente para "... los afiliados pasivos jubilados como trabajadores dependientes en actividades amparadas en el BPS...".

Siempre y cuando los ingresos totales incluyendo las prestaciones por pasividad o retiro no superen el monto establecido por la Ley Nº 16.713.

No comprende a los patronos de Industria y Comercio y rurales, quienes a la fecha de su cese están amparados por DISSE, con el mismo aporte del 3% sobre sus ingresos, ni a los de empresas unipersonales. Estas pasividades son generalmente inferiores a las de cualquier empleado.

La norma es muy restrictiva porque ampara a los asalariados y no a los patronos.

Se pretende paliar la situación de un grupo importante de pasivos, que luego de una larga vida activa al jubilarse con pasividades topeadas, pierden la asistencia a través de DISSE deben abonar de su bolsillo la cuota mutual a una edad en la que más necesitan asistencia médica.

Montevideo, 25 de mayo de 2004.

RAÚL ARGENZIO, Representante por Lavalleja, ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, Representante por Rocha, JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó, BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo".

C) "DOCTOR ÓSCAR GUGLIELMONE. (Designación a la Escuela Nº 13 del departamento de Salto).

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnase "Doctor Óscar Guglielmone" a la Escuela Nº 13 del departamento de Salto, dependiente del Consejo de Educación Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Montevideo, 1º de junio de 2004.

PEDRO SEÑORALE, Representante por Salto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el proyecto adjunto se propone la designación de la Escuela Nº 13 del departamento de Salto, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública) con el nombre del doctor Óscar Guglielmone.

El doctor Óscar Guglielmone nació en Salto el 12 de junio de 1917, siendo hijo de una familia de inmigrantes italianos que llegaron a nuestro departamento para dedicarse al cultivo de la tierra, y se radicaron en la zona de chacras próxima al local del referido centro educativo, ubicado en la intersección de las Avenidas Apolón de Mirbeck y Concordia. Precisamente en esta escuela, entonces rural, inicia sus estudios primarios, que completaría en otra escuela de la zona urbana.

Continúa sus estudios secundarios en el Instituto Politécnico Osimani y Llerena, donde se destaca por su excelente escolaridad y como un ser humano fraterno y solidario.

En el año 1939 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y luego de una brillante carrera se graduó como médico cirujano en el año 1950.

El doctor Guglielmone, a lo largo de su destacada trayectoria profesional, académica y docente fue ganándose, por méritos propios, el reconocimiento tanto en el ámbito nacional como internacional, llegando a ser miembro de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología.

Entre otros muchos cargos, se desempeñó desde 1952 a 1955 como adjunto de la Clínica Quirúrgica en el Instituto de Clínica Quirúrgica. Posteriormente ingresó al Instituto de Traumatología donde realizó toda su carrera docente hasta culminar como profesor titular de Ortopedia y Traumatología en el año 1967, desde donde profundizó el estudio de temas como luxación congénita de cadera, enfermedad de Perthes y patología de columna vertebral, manteniendo estrecho contacto con los centros mundiales pioneros en estos temas. Visitó en varias oportunidades en Inglaterra al doctor Charnley, uno de los precursores de las prótesis de cadera. Se compenetra de la nueva técnica y decididamente impulsa su utilización en nuestro país. Es así que, a partir de entonces, miles y miles de enfermos vieron desaparecer su incapacidad y mejorar su calidad de vida, a través del implante de prótesis articulares. El creciente número de enfermos con esta dolencia y el alto costo del tratamiento, lo llevó a apoyar con mucho entusiasmo la creación del Fondo Nacional de Recursos para actos médicos de alta especialización, idea original del doctor Orestes Fiandra y que culminó en la ley hoy vigente, que plasmó una de las ideas más solidarias concebidas en nuestro país: que todos los enfermos, con independencia de su situación socioeconómica, puedan ser tratados en forma igualitaria.

Pero el espíritu creador y solidario del doctor Guglielmone no se detiene, y comienza a impulsar la idea de crear un centro donde las intervenciones de implante de prótesis se llevaran a cabo en un único lugar y con todos los requisitos necesarios para obtener un resultado exitoso de las nuevas técnicas. Durante más de quince años, con una fe inquebrantable, con pasión contagiosa, llevó adelante esa idea que culmina en el año 1997, con la concreción del Banco de Prótesis, que hoy, con estricta justicia, lleva su nombre. Su espíritu solidario lo impulsa a hacer algo más: construyó, junto al Banco de Prótesis, un edificio para albergar a los enfermos de escasos recursos económicos y a sus familiares acompañantes, que llegaban del interior del país.

Pero a pesar de su intensa actividad en la capital, salpicada por constantes viajes al exterior invitado de diversas partes del mundo a dictar clases y conferencias sobre su especialidad, siempre que podía visitaba su Salto, en búsqueda del cariño y afecto de sus familiares y amigos; seguramente buscando en sus raíces la paz y el descanso que le brindaran nuevas fuerzas para alimentar su incansable espíritu, siempre dispuesto a emprender nuevos objetivos.

Y nunca olvidó su querida Escuela Nº 13, en la que dio los primeros pasos en su formación, circunstancia ésta que siempre recordaba con cariño, como lo hizo en oportunidad de pronunciar su discurso al recibir el "Título de Maestro de la Medicina Rioplatense". Su sentimiento hacia la escuela lo llevó a colaborar en forma importante para la construcción del nuevo edificio.

Por todo lo expresado y seguros de que esta iniciativa cuenta con el entusiasta apoyo de la comunidad escolar, creemos de estricta justicia designar a la Escuela Nº 13 del departamento de Salto, con el nombre "Doctor Óscar Guglielmone", con la convicción de que los niños que concurran a la misma encontrarán, en su vida y obra, el ejemplo de un hombre que siempre puso por encima de todo el bien y la verdad, que desechó la ambición personal, el afán de poder y los intereses económicos, en el ejercicio de su noble profesión que, por sobre todo, abrazó con mucho amor.

Montevideo, 1º de junio de 2004.

PEDRO SEÑORALE, Representante por Salto".

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 24)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Gustavo Guarino solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

• al Ministerio de Salud Pública, relacionada con la situación del Centro de Salud Pública de la ciudad de Río Branco, departamento de Cerro Largo. C/27/000

• al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, acerca del funcionamiento de las piletas de decantación que opera esa Administración en los complejos de MEVIR de villa Isidoro Noblía. C/27/000

El señor Representante Jorge Chápper solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Deporte y Juventud, con destino a la Dirección Nacional de Deportes; de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas y a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de San José, con destino a la Dirección de Deportes; a la Organización de Fútbol del Interior y a la Liga Mayor de San José, referente a la necesidad de subsidiar a las instituciones deportivas del país. C/27/000

El señor Representante Darío Pérez solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

• al Ministerio del Interior, sobre diversas necesidades del servicio policial en la localidad de Capuera, departamento de Maldonado. C/27/000

• al Ministerio de Salud Pública, relacionada con las carencias de la población de la localidad de Capuera, departamento de Maldonado. C/27/000

El señor Representante Raúl Argenzio solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud Pública, acerca de la necesidad de una ambulancia que preste servicios en la localidad de Zapicán, departamento de Lavalleja. C/27/000"

——Se votarán oportunamente.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el 1º de junio de 2004:

Con aviso: Guzmán Acosta y Lara, Luis A. Arismendi, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, Nelson Bosch, Eduardo Chiesa Bordahandy, Daniel García Pintos, Carlos González Álvarez, Artigas Melgarejo, Ronald Pais, Ambrosio Rodríguez, Ernesto Rodríguez Altez, Alberto Scavarelli y Tomás Teijeiro.

Sin aviso: Raquel Barreiro, José L. Blasina, Roberto Conde, Silvana Charlone, Margarita Percovich, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Raúl Sendic y Daisy Tourné.

Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el 1º de junio de 2004:

Con aviso: Guzmán Acosta y Lara, Luis A. Arismendi, Ricardo Berois Quinteros, Nelson Bosch, Daniel García Pintos, Carlos González Álvarez, Ronald Pais, Ambrosio Rodríguez, Ernesto Rodríguez Altez y Alberto Scavarelli.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Martes 1º de junio

DERECHOS HUMANOS

Con aviso: Alberto Scavarelli, Ambrosio Rodríguez y Guillermo Chifflet.

GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Con aviso: Ricardo Berois Quinteros.

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Daisy Tourné, Guzmán Acosta y Lara y María Alejandra Rivero Saralegui.

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Con aviso: Jorge Chápper.

TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Con aviso: Óscar Magurno".

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Treinta y cuatro en treinta y seis: AFIRMATIVA.

"Montevideo, 1º de junio de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública. El 8 de agosto del año 2000, cursamos por Oficio de esta Cámara Nº 1739, una exposición escrita sobre el Centro Auxiliar de Salud Pública de la ciudad de Río Branco, del departamento de Cerro Largo, y en la misma enumeramos un conjunto de carencias y solicitamos, además, que las autoridades del Ministerio de Salud Pública tomaran medidas. El 14 de mayo de 2004, concurrimos a una reunión con los representantes de las comisiones barriales de la referida ciudad, donde se nos plantearon las mismas preocupaciones, ya que ha seguido creciendo la población que se asiste en dicho Centro, sin que el mismo haya mejorado el grado de planificación, de especialización médica y administrativa. Desde hace muchos años se espera una recategorización de dicho Centro Auxiliar sin que la misma se concrete. Consideramos que el reclamo de los vecinos es atendible, en razón de que junto con las zonas aledañas, la población potencialmente usuaria de los servicios de Salud Pública es de más de 25.000 personas y que la ciudad de Río Branco requiere contar con un hospital de primer nivel. Por lo expuesto, solicitamos a ese Ministerio que considere el reclamo de las comisiones barriales y se estudie la posibilidad de una urgente solución. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

2) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, acerca del funcionamiento de las piletas de decantación que opera esa Administración en los complejos de MEVIR de villa Isidoro Noblía.

"Montevideo, 1º de junio de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE). En reciente reunión con personas que habitan en los distintos complejos de MEVIR de villa Isidoro Noblía, en el departamento de Cerro Largo, nos plantearon su preocupación por el funcionamiento de las piletas de decantación que opera OSE en dichos complejos. Se nos informó que antes de operarlas ese organismo, periódicamente se realizaba una limpieza y no existían problemas de olores. Actualmente, hace mucho tiempo que no se limpian las referidas piletas y las emanaciones son permanentes y parece que se encuentran obstruidas. Por los motivos expuestos, solicitamos a OSE que adopte las medidas de mantenimiento que corrijan el problema y así evitar los trastornos que hoy sufren los habitantes de las viviendas más cercanas a las piletas. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

3) Exposición del señor Representante Jorge Chápper a los Ministerios de Deporte y Juventud, con destino a la Dirección Nacional de Deportes; de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas y a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de San José, con destino a la Dirección de Deportes; a la Organización de Fútbol del Interior y a la Liga Mayor de San José, referente a la necesidad de subsidiar a las instituciones deportivas del país.

"Montevideo, 2 de junio de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), y a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP); al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE); al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL); al Ministerio de Deporte y Juventud, con destino a la Dirección de Deportes; a la Junta Departamental de San José; a la Intendencia Municipal de San José, con destino a la Dirección de Deportes; a la Organización del Fútbol del Interior, y a la Liga Mayor de San José. Quienes vivimos en el interior del país vemos, en forma permanente, en nuestras comunidades la importante tarea que realizan las instituciones deportivas. La actividad principal, en ellas, evidentemente, es la práctica del deporte en todos sus aspectos y para todas las edades. Es beneficioso para nuestros niños, nuestros jóvenes y, también, para los adultos su vinculación con dichas instituciones para practicar deportes, provengan de donde provengan, lográndose una convivencia de personas de diversas edades y de extracción sociocultural diferente. Algunos cooperan con el pago de una escasa cuota social, otros no, pero disfrutan igualmente de las instalaciones existentes que, por otra parte, resultan insuficientes; muchas veces desactualizadas o muy precarias. El esfuerzo personal e ingenio de los directivos de esas instituciones, es lo que las hace útiles y actuales, debiendo enfrentar innumerables dificultades para dar satisfacción al pago de los gastos que conlleva su actividad. En estos días tan peculiares en que vivimos, donde se van perdiendo valores éticos y morales, involucrar al niño y al joven a la actividad deportiva es sumamente beneficioso. Allí se irán formando deportistas en una actividad saludable y, también, en otro espectro de valores que surgirán de la misma relación y convivencia entre ellos y quienes les guíen. Diseminadas en nuestro departamento en particular, y a modo de ejemplo, existen decenas de esas instituciones que complementan la actividad deportiva con la social, con evidente preponderancia de las vinculadas al fútbol totalmente 'amateur'. En lo que hace a la actividad competitiva, participan desde niños de cinco años hasta adultos, en un número no inferior a doscientas personas. Darles a todos las comodidades indispensables, es un desafío, que muchas veces se logra por el cariño hacia lo que se hace, por el esfuerzo propio, hasta ofreciendo su dinero o garantías personales. Nos preguntamos dónde podrían desarrollar esa actividad todas esas personas, si las mencionadas instituciones no existieran. Debemos tomar conocimiento, de una vez por todas, de la utilidad social que ellas prestan, que complementan, pero muchas veces sustituyen lo mínimo que debería dar el Estado. Esas actividades ocupan todo el día, siendo preponderante la actividad nocturna. No olvidemos que el deportista federado 'amateur' trabaja, y el único tiempo disponible para el entrenamiento es durante la noche. Practicar en la noche es más costoso que en el día, tomando en cuenta la iluminación de canchas, la calefacción y el agua caliente para la higiene. También tienen gastos de agua corriente, teléfono y combustible, insumos de importante incidencia en los presupuestos. Por lo expuesto, y como una manera posible de ayudar a esas instituciones de todo el país, solicitamos que se subsidien los gastos de las mismas por parte de los entes destinatarios de esta exposición escrita, pasando de tarifas comerciales a familiares, o incluirlos en un sistema preferencial de tarifas. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JORGE CHÁPPER, Representante por San José".

4) Exposición del señor Representante Darío Pérez al Ministerio del Interior, sobre diversas necesidades del servicio policial en la localidad de Capuera, departamento de Maldonado.

"Montevideo, 2 de junio de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio del Interior. El fraccionamiento La Capuera, aprobado en la década de los años 50, está situado entre la Laguna del Sauce y Ruta Interbalnearia, en el departamento de Maldonado. Actualmente la ocupación de los terrenos del mencionado fraccionamiento se encuentra en diferentes situaciones legales: propietarios, ocupantes y otros. Algunos de ellos han sido alentados a ocupar esas tierras desde jerarquías de la propia Intendencia Municipal de Maldonado. Los habitantes de La Capuera viven aislados de los grandes centros poblados, alejados de dependencias de salud, de centros de enseñanza, y solo cuentan con dos frecuencias de ómnibus. Esa realidad ubica a la gran mayoría de los pobladores de esa zona en una situación de vulnerabilidad, y lo mismo ocurre con los esfuerzos que hace la Seccional 3a. de Policía de la ciudad de Piriápolis, que, con escasos recursos en combustible y un funcionario policía en el lugar, intenta cumplir con su cometido. Se necesita imperiosamente una caseta o contenedor como lugar fijo para localizar al agente policial, que recorre la zona y que es muy necesario. Asimismo, solicitamos un aumento en la partida de combustible de que dispone la Seccional 3a. de Policía, en virtud de la extensa área que le compete y de lo reducido de dicha partida. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DARÍO PÉREZ, Representante por Maldonado".

5) Exposición del señor Representante Darío Pérez al Ministerio de Salud Pública, relacionada con las carencias de la población de la localidad de Capuera, departamento de Maldonado.

"Montevideo, 2 de junio de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública. El fraccionamiento La Capuera, aprobado en la década de los años 50, está situado entre la Laguna del Sauce y Ruta Interbalnearia, en el departamento de Maldonado. Por el momento, la ocupación de los terrenos del mencionado fraccionamiento, se encuentra en diferentes situaciones legales: propietarios, ocupantes y otros. Algunos de ellos han sido alentados a ocupar esas tierras desde jerarquías de la propia Intendencia Municipal de Maldonado. Los habitantes de dicha zona viven aislados de los grandes centros poblados, están alejados de las dependencias de salud, de los centros de enseñanza y cuentan con solo dos frecuencias de ómnibus. Esa realidad ubica a la gran mayoría de los pobladores de esa zona en una situación de vulnerabilidad, lo mismo ocurre con los esfuerzos que hace la Seccional 3a. de Policía, de la ciudad de Piriápolis, que con escasos recursos en combustible y un funcionario policial en el lugar, intenta cumplir con su cometido. Los vecinos de la localidad construyen con gran esfuerzo y ayuda de organizaciones no gubernamentales una policlínica que también favorecería a residentes de otros núcleos poblacionales, como Ocean Park y Sauce de Portezuelo. Por lo expuesto, sería de interés la coordinación de los Directores Departamentales y Regionales de Salud Pública con los vecinos y una fuerte intervención de esa Secretaría de Estado para solucionar la problemática que afecta a un lugar donde viven, por los menos, 2.000 personas. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DARÍO PÉREZ, Representante por Maldonado".

6) Exposición del señor Representante Raúl Argenzio al Ministerio de Salud Pública, relacionada con la necesidad de una ambulancia que preste servicios en la localidad de Zapicán, departamento de Lavalleja.

"Montevideo, 2 de junio de 2004. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor José Amorín Batlle. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública. El pueblo Zapicán, del departamento de Lavalleja, carece, en estos momentos, de un vehículo adecuado para transportar a los enfermos a los centros asistenciales más próximos. En el mes de octubre de 2003, la ambulancia con la que contaba la policlínica de esa localidad fue trasladada para su arreglo, pero una vez realizados éstos, fue asignada a otra localidad. En el mes de diciembre próximo pasado, al médico a cargo de la policlínica le fue ofrecida una ambulancia marca Nissan que se encontraba en pésimas condiciones y, más que una solución, era un problema, por lo que fue desechada. Hace pocos días, en una emergencia ocurrida en la madrugada, el mencionado facultativo debió trasladar a una paciente en su propio automóvil, acondicionado como ambulancia, hasta el Hospital del pueblo José Batlle y Ordóñez, del departamento de Lavalleja, que es la localidad más cercana, distante a unos 27 kilómetros de Zapicán. Todas las circunstancias que han requerido traslados han sido resueltas mediante coches de alquiler, vehículos particulares y el automóvil del médico de Salud Pública, con los consiguientes trastornos, desde el punto de vista de las incomodidades ocasionadas y perjuicios al no utilizar medios de transporte adecuados y por la erogación que significa para una población de escasos recursos económicos. Por lo expuesto, solicito que el Ministerio de Salud Pública asigne, a la brevedad, una ambulancia a la policlínica de pueblo Zapicán. Saludo al señor Presidente muy atentamente. RAÚL ARGENZIO, Representante por Lavalleja".

MEDIA HORA PREVIA

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Legnani.

SEÑOR LEGNANI.- Señor Presidente: voy a ocuparme de un tema al que ya he hecho referencia en otras circunstancias.

Desde el mes de marzo se viene produciendo una serie de declaraciones sobre un tema que en un principio parecía sencillo, en el sentido de que en el mes de julio de 2003 había llegado al país, procedente de Corea, una medicación que, sobre todo, contiene complementos nutricionales.

En las primeras informaciones y declaraciones a la prensa que hicieron las jerarquías del Ministerio de Salud Pública se hablaba de que se iba a tener que destruir por diferentes causas. Tengo ante mí los diarios del 22 de marzo, en los que jerarcas del Ministerio de Salud Pública hacen dichas declaraciones.

Por otra parte, el 23 de marzo otra vez se realizan declaraciones del mismo tenor en el diario "La República". El Subsecretario de Salud Pública refiere, entre otras cosas, a un tema que consideramos especialmente sensible para la población, pues afirma que no se puede experimentar con los niños que ya están en una situación difícil.

Quiero hacer hincapié en este aspecto, ya que genera un sentimiento de inseguridad en los familiares que los jerarcas responsables de la salud -reitero: en este caso el Subsecretario de Salud Pública- realicen declaraciones del tenor de que se quiere experimentar con los niños y tomarlos de conejillos de Indias, tal como en otras circunstancias declaró a la prensa el mismo jerarca.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Machado)

——Cuando el 23 de marzo el señor Ministro de Salud Pública y el señor Subsecretario concurrieron a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, volvimos a plantear el tema. En esa oportunidad le quitaron trascendencia y dijeron que había sido producto de algún error, consecuencia de "apuretes" -entre comillas-, tal como figura en la versión taquigráfica.

¿Por qué volvemos sobre este tema? Porque luego de haber afirmado ante la prensa, en primer lugar, que la medicación iba a ser destruida, pues seguramente por el tiempo que llevaba en la Aduana estaba vencida o deteriorada, se volvió a impedir su aplicación, manifestando que se iba a utilizar experimentalmente o a tomar a los niños que recibieran estos medicamentos como conejillos de Indias.

Hemos estado realizando investigaciones y buscando información al respecto. Tenemos que decir que se trata del Semo Alkoxyglicerols y del Semo Squalene, ambos con certificados registrados en el Ministerio de Salud Pública con los números 38534 y 38573, respectivamente, clasificados como "Nutrientes/Otros nutrientes", con un período de validez del registro y del certificado que va desde el 25 de abril de 2002 al 25 de abril de 2007, y con una vida útil de veinticuatro meses. Hemos visto los certificados de análisis de origen, así como ambos certificados del Ministerio de Salud Pública autorizando su introducción al país.

Son varios los estudios que hacen referencia a estos nutrientes como antioxidantes, reductores de lípidos, eliminadores de xenobióticos, auxiliares terapéuticos en el tratamiento del cáncer, etcétera. Pero según las consultas que hemos hecho en la Policlínica de contaminantes químicos ambientales del Hospital Pereira Rossell, únicamente se prescriben por su condición de suplemento alimenticio y, al mejorar el estado general de los niños, también se constatan mejorías en aquellos intoxicados con plomo.

Hago estas reflexiones porque llama la atención que a partir de diversos equívocos en las declaraciones que han realizado jerarcas responsables del Ministerio se trasmita inseguridad a la población.

En este momento se está realizando una investigación; a la prensa se le dijo -cuando en los hechos no es así- que se estaba haciendo un sumario a quienes están llevando a cabo en la Policlínica antes mencionada una labor que creemos muy importante.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Salud Pública, al señor Subsecretario, al señor Director General de la Salud, a la Sociedad Uruguaya de Pediatría y a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Machado).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y siete: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Pérez Morad.

SEÑOR PÉREZ MORAD.- Señor Presidente: en primer lugar nos vamos a referir al retraso que existe en el departamento de Maldonado en la entrega de canastas alimenticias a enfermos crónicos. Debemos tener en cuenta que en ese grupo se encuentran incluidos los pacientes renales crónicos, los pacientes con VIH-sida, los pacientes con tuberculosis y los oncológicos.

Sabido es que cualquier enfermedad empeora claramente su pronóstico cuando se asocia con la pobreza. Y uno de los factores más importantes de la pobreza es la insuficiente alimentación, que lleva a la malnutrición y, naturalmente, empeora la evolución de estos pacientes.

En los últimos días, el Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos los datos con respecto al aumento notorio de la cantidad de pobres e indigentes en nuestro país. Si a ello le sumamos estas enfermedades, el deterioro en nuestra población es mucho mayor, particularmente en este sector.

Por lo tanto, apelando a la sensibilidad del Director del INDA y a la de la Intendencia Municipal de Maldonado -cualquiera haya sido el responsable-, solicitamos que se regularice de inmediato la entrega de estas canastas alimentarias que, pese a no constituir una solución, no dejan de ser una ayuda.

Solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras se envíe al Director del INDA, a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Maldonado, a la Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos, a la Dirección de los Hospitales de Maldonado, San Carlos y Pan de Azúcar, a la Policlínica de Piriápolis dependiente del Ministerio de Salud Pública, a las asistentes sociales que trabajan en los mencionados centros de salud y al grupo de apoyo a pacientes VIH positivo del Instituto de Higiene.

En los minutos que me restan voy a considerar otro tema. En la Ruta Interbalnearia, que une Montevideo con Maldonado, entre los kilómetros 109 y 111, existen localidades como Sauce de Portezuelo, La Capuera, El Pejerrey y Ocean Park. Luego de terminada la doble vía, en dicha ubicación se realizó un corte del cantero central y eso es lo único que existe para el desplazamiento de una población que se ha visto incrementada en los últimos tiempos. Se han producido por ello accidentes fatales y otros que dejaron secuelas físicas muy graves en las víctimas. No existe señalización ni iluminación y tampoco resguardos para los peatones, vecinos de esa zona, entre quienes se cuentan ancianos y niños. Todos deben cruzar la ruta para abordar los ómnibus de línea en ambas direcciones y, al no haber resguardos, sufren las inclemencias del tiempo: el frío, la lluvia o el calor.

La Sociedad de Fomento Rural y Vecinal El Pejerrey, con Personería Jurídica Nº 6276, de fecha 30 de setiembre de 1993, que asocia y representa a los vecinos y residentes de esa zona, hizo el reclamo correspondiente ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, solicitando que se construyeran los necesarios refugios, cuyo costo no es elevado y que son de vital importancia teniendo en cuenta el acelerado incremento en la cantidad de habitantes.

Entonces, apelamos a la sensibilidad para que con la mayor urgencia se pueda instalar la señalización y la cartelería en esa zona de la ruta, se proceda a su iluminación y a la construcción de resguardos en ambos sentidos, así como también se reponga una garita policial que desapareció cuando se construyó la doble vía.

Solicitamos que la versión taquigráfica de esta segunda parte de nuestra intervención se envíe al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al señor Ministro y al señor Subsecretario del Interior, a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Maldonado, al Jefe de Policía de Maldonado y a la Sociedad de Fomento Rural y Vecinal El Pejerrey, en las personas de su Presidente, señor Julio Cabrera, y de su Secretaria, señora Marta Umpiérrez de Rodríguez.

SEÑOR PRESIDENTE (Machado).- Se van a votar los trámites solicitados.

(Se vota)

——Treinta y tres en treinta y siete: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Julio Silveira.

SEÑOR SILVEIRA (don Julio).- Señor Presidente: en estos días, mi departamento ha vuelto a ocupar los primeros planos de los informativos merced a situaciones sumamente lamentables que nos llenan de inquietud. Hemos arrastrado nuestra preocupación durante años, y varios compañeros legisladores de la región y quien habla la hemos traído al seno de este Parlamento y la hemos trasladado al Gobierno Nacional. Hoy la situación hace crisis y es motivo también de inquietud, de curiosidad o, simplemente, de atención del resto de los uruguayos.

La situación de pobreza y de desamparo trasuntada en los lamentables índices de mortalidad infantil, de desempleo y de falta de casa habitación de miles de mis coterráneos fue planteada por nuestra parte al entonces Ministro de Economía y Finanzas, contador Bensión, cuando la fiebre aftosa nos asoló y nos convirtió en una isla dentro del territorio de nuestro país. En esa oportunidad le solicitamos una asistencia especial para nuestro departamento, que se veía enfrentado a una situación muy difícil por la circunstancia en que se encontraba y debido al devenir histórico de nuestra comunidad.

En su momento, a raíz de un planteo que nosotros realizáramos al entonces Ministro Cat, el Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros, resolvió pomposamente realizar en Artigas, todas juntas, una serie de inversiones ya presupuestadas, de manera de poner en movimiento una economía que evidentemente estaba postrada y que además seguía cayendo. Sin embargo, todo esto quedó en el anuncio. Hoy, los organismos nacionales, como el Ministerio de Salud Pública, y los departamentales, como la Intendencia, no solamente vienen a descubrir una situación que, insisto, ya hemos manejado decenas de veces, sino que -lo que es más grave- están enfrascados en saber de quién es la culpa, a quién corresponde la responsabilidad. Unos dicen que es del Ministerio -aunque según escuché decir hoy al señor Ministro, como el niño nació y murió un mes después, entonces no sería su responsabilidad-, y otros que es de la Intendencia, que está ocupada y preocupada plantando palmeras que traslada desde centenares de kilómetros hacia la ciudad capital para hacer una avenida al estilo de Miami, o silenciando medios de prensa a través de una publicidad que disfraza la intervención del Estado en los medios para que los opositores no puedan hablar. A esto ha destinado los recursos que nos permitirían ubicar a esos inocentes y tomar las medidas necesarias; esos inocentes que hoy lamentablemente constituyen la bandera que estamos mostrando en nuestro departamento.

Creo que esto que hoy planteo aquí, en lo acotado de los cinco minutos de que dispongo, merecerá un planteamiento político en esta Cámara, porque el tema es lo suficientemente grave y es merecedor de que por él se llame a responsabilidades. Por lo tanto, anunciamos a la Cámara que haremos un planteamiento político, no para discutir de quiénes son las responsabilidades -aunque también debemos discutirlo-, sino para buscar entre todos los medios a fin de solucionar un problema que no se puede diluir en saber a quién le corresponde resolverlo.

Insisto en que voy a pedir la atención de la Cámara para que podamos debatir este tema como corresponde, porque es un muy grave que hoy tengamos índices que duplican la media nacional, que ya de por sí es muy elevada.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor Presidente de la República, al señor Ministro de Salud Pública, al INAME, a la Intendencia y la Junta Departamental de Artigas y a la Junta Local Autónoma de Bella Unión.

SEÑOR PRESIDENTE (Machado).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y tres en treinta y siete: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Tirelli.

SEÑOR TIRELLI.- Señor Presidente: en esta oportunidad me quiero referir a un pueblo de aproximadamente seiscientos habitantes fijos y más de doscientos que giran a su alrededor. Se trata del pueblo Merinos, en el departamento de Paysandú.

Hace mucho tiempo que esa zona, que está poblada por trabajadores rurales y por gente de campo, está reclamando un médico, porque el pueblo está a una distancia de cuarenta kilómetros de la ciudad de Guichón y los caminos para llegar a ella son muy malos. En algunos períodos, el médico municipal atiende una vez por semana, en horarios fijos, en pueblos cercanos como, por ejemplo, Tres Árboles y Tiatucura, Morató, Pueblo Alonso u otros que rodean esta zona.

Por lo tanto, esa gente tiene un serio problema. En varias oportunidades han pedido un médico a Salud Pública y lo han conseguido. La Liga de Trabajo de Merinos ofrece una casa con luz y agua para el médico que decida ir a habitar allí, y aparentemente el médico estaría. El de la ambulancia es otro tema que deja mucho que desear.

El problema radica en que, pese a que la Liga de Trabajo de Merinos y los vecinos aportarían una parte del sueldo para ese facultativo y COOMEPA pondría otra parte, por ahora el Ministerio de Salud Pública dice que no tiene medios o hace un muy pequeño aporte que no satisfaría las necesidades económicas mínimas de ningún médico que vaya a vivir a esa localidad.

Por ese motivo los vecinos nos plantearon esta inquietud y piden encarecidamente que agotemos todos los medios para llegar a una situación que les sea favorable para resolver este problema. En muchos de los casos esa gente no se puede enfermar; nadie tiene una hora ni un tiempo para enfermarse, pero eso a veces sucede y la gente de pueblo Merinos no puede contar con un médico ni encontrarlo en un lugar cercano.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Salud Pública, a la Junta Local de Guichón, a la Junta Departamental de Paysandú y a la Liga de Trabajo de Merinos.

SEÑOR PRESIDENTE (Machado).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y dos en treinta y tres: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra la señora Diputada Puñales Brun.

SEÑORA PUÑALES BRUN.- Señor Presidente: a nuestro entender, este pequeño espacio de tiempo -estos cinco minutos de la media hora previa- es una herramienta muy valiosa para todos los Diputados -no solo para los de esta Legislatura, sino para toda la vida institucional del país-, a fin de que podamos referirnos, principalmente, al interior del país. Por más que uno plantee temas que no sean de realce nacional, como lo hizo el señor Diputado que me precedió en el uso de la palabra, se trata de asuntos muy sentidos por la población del interior. Generalmente se hacen planteamientos, solicitudes y hasta denuncias, como alguno de los colegas ha hecho; inclusive, en los años en que hemos estado ocupando esta banca parlamentaria hemos presentado denuncias sobre temas de interés nacional y departamental. Sin embargo, no es habitual que luego de hacer las exposiciones llegue a la Cámara la alegría de que planteamientos ya votados en esta Legislatura se hayan hecho realidad.

Hoy traigo al seno de este Cuerpo dos planteamientos que fueron reconocidos por la Cámara y que hoy son realidad en nuestro querido departamento de Rocha. Uno de ellos tiene que ver con la instalación del cuartelillo de bomberos en el lugar que los rochenses llamamos capital del medio ambiente: la ciudad de Castillos. Toda la vida existió allí un cuartel de bomberos zafral, no solo por la importancia de la ciudad, sino porque en la zona hay aproximadamente 25.000 hectáreas plantadas con eucaliptus globulus, un parque autóctono como el de La Coronilla y una zona de influencia muy importante en los cien kilómetros de costa que tenemos los rochenses.

Muchos hemos acampado en el Parque Nacional de Santa Teresa y nadie duda de lo que fue aquel antecedente brutal del incendio que hasta causó pérdida de vidas humanas. Bastante caro nos costó a los rochenses recomponernos en aquella temporada en la que los incendios forestales asolaron la zona, lo cual, evidentemente, además de la pérdida en vidas humanas, nos dio una mala imagen.

La necesidad de que se instalara este cuartelillo de bomberos ha venido planteándose por legisladores de todos los partidos políticos, sin distinción, durante muchos años. Hace algunos meses estuvimos con el ex Ministro del Interior, escribano Stirling -esto no tiene una connotación política-, y están los documentos en los que el Rotary de Castillos, y especialmente un medio de comunicación como es Ecos, pusieron énfasis en estos temas. El 28 del mes pasado, el actual Ministro Borrelli inauguró lo que la ciudad de Castillos reclamaba desde hace tantos años.

Para finalizar, quiero referirme al turismo y al gran aporte que el CODICEN, el organismo máximo de la educación de este país, hace a los uruguayos, ya que está construyendo en la ciudad de Chuy una escuela de hotelería y turismo de primerísimo nivel. A ella asistirán los muchachos de familias humildes que no puedan concurrir a una escuela de hotelería privada y podrán insertarse en el mercado laboral; inclusive, podrán ingresar a esta escuela sin haber terminado Primaria o habiendo desertado de Secundaria. Esto es muy importante, porque esa gente de campaña que no puede ingresar al liceo, ir a Rocha ni venir a Montevideo a estudiar, generalmente queda marginada social y educativamente y nunca puede aspirar a ingresar al mercado laboral porque no tiene una especialidad concreta.

El CODICEN de todos los uruguayos ha aprobado la semana pasada, por unanimidad, la instalación de esta escuela de hotelería, que se pondrá en práctica en los próximos días y que va a permitir que muchachos que no han terminado la escuela -muchas veces con un grado de analfabetismo importante- tengan una maestra que los alfabetice para que, a la postre, puedan ingresar al mercado laboral en el sector turístico, que para nosotros ya no es incipiente, sino que constituye una máquina de desarrollo. Y este es un aporte más que el Poder Ejecutivo y el Estado hacen al departamento de Rocha.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se curse al Ministerio del Interior, a la Junta Departamental de Rocha y al CODICEN.

SEÑOR PRESIDENTE (Machado).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y cinco en treinta y seis: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Carballo.

SEÑOR CARBALLO.- Señor Presidente: en esta oportunidad quisiéramos plantear nuestra profunda preocupación con relación a los cortes en los servicios de suministro de energía eléctrica y de agua potable en el departamento de Salto.

Hay familias de trabajadores, hogares de nuestro departamento que tienen enormes dificultades para hacer frente al pago por consumos de UTE y de OSE. En nuestro departamento muchas familias tienen los servicios cortados.

También tenemos que decir que somos sabedores de los convenios existentes por refinanciaciones de deuda tanto en los servicios de agua como de luz. En estas refinanciaciones se suman los montos relativos al consumo a los intereses, a las multas y recargos, y el atraso de las cuotas estipuladas en los convenios da lugar al corte de los servicios. Pese a que se han hecho diversos planes de refinanciación, la situación de los cortes en los servicios no ha variado; por el contrario, la gente está más endeudada y con los servicios cortados igualmente.

Estos convenios no son una solución para que las familias a las que aludo puedan contar con estos servicios esenciales, pues las sumas por concepto de multa, recargos e intereses por mora son un impedimento para que se les reconecten. Por lo tanto, estos organismos pierden la posibilidad de ampliar significativamente el número de clientes.

Señor Presidente: se trata de cientos de familias, de miles de personas -hombres, mujeres, niños y ancianos- a quienes se les han cortado estos servicios. Estamos hablando de familias enteras, pertenecientes en su mayoría a los barrios de Salto, donde la situación económica de los jefes de hogar es muy difícil.

La OSE y la UTE quieren que les paguen multas, intereses, reconexión, recargos, consumos, etcétera, pero esto es imposible de afrontar. La pobreza ha crecido y también el desempleo. Los vecinos están sufriendo la angustia diaria de no tener empleo. En muchos casos no hay ni para la comida y tienen que hacer malabarismos para sobrevivir. Estamos hablando de los barrios compuestos por trabajadores desocupados, zafrales, rurales, changadores y también jubilados. ¡Esa es la verdad, aunque nos duela! Pero para colmo de males, a esta gente se le está cortando estos servicios que son esenciales.

Hay que decir que no es que no paguen sus consumos porque no quieran o porque les guste ser deudores; no pagan porque no pueden; no tienen de dónde sacar dinero para hacerlo, y si consiguen alguna changa, los salarios son miserables.

En nuestro departamento, sin duda es importante el índice de mortalidad infantil. Se han gastado millones de pesos en realizar publicidad contra el dengue, el cólera y la hepatitis, pero, por otro lado, se continúa cortando los servicios esenciales a la gente.

Es claro que se debe implementar una tarifa social, a través de cuotas fijas con costos mínimos, para que esos usuarios puedan contar con los servicios mencionados. Proponemos que las autoridades nacionales, así como las departamentales y las de OSE y UTE tomen medidas para que se adopte el sistema de cuotas fijas, que hoy tiene carácter excepcional, para todos los casos de familias con ingresos bajos. Podría tomarse como base un tope de tres salarios mínimos nacionales. Los ingresos pueden probarse por constancias expedidas por el BPS u otro organismo. Esas constancias deben obtenerse en forma rápida y gratuita, sin perjuicio de un informe de un asistente social. En el caso de OSE se puede instrumentar una cuota fija y aplicarse el nuevo régimen de asentamientos, de modo que por $ 50 se cubra los 10 primeros metros cúbicos de agua, así como el cargo fijo, la tasa de saneamiento fija y variable y los impuestos. Creemos que es esencial que se tome este tipo de medidas para que la gente pueda acceder a estos servicios que, sin duda, son esenciales.

También queremos proponer que las deudas de estos vecinos con OSE y UTE se eliminen y que se tome como criterio considerar a aquellos que tienen como única propiedad su casa, a efectos de que puedan contar con agua potable.

En el minuto que nos queda, queremos plantear que el Directorio de OSE asuma su responsabilidad con respecto a la Resolución Nº 739, aplicándola a los asentamientos de nuestro departamento, que han hecho las solicitudes pertinentes, así como las declaraciones juradas respectivas. Las autoridades de OSE han ido a esos lugares, han sacado las fotos y realizado los planes, pero hasta el momento no han cumplido lo que ellas mismas han escrito con la mano.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se curse al Directorio de OSE, a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a la Junta Departamental de Salto.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Amorín Batlle)

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta en treinta y dos: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Del señor Representante Ramón Legnani, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 8 y 9 de junio de 2004, convocándose a la suplente siguiente, señora Carlota Zamora.

Del señor Representante José Carlos Mahía, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 2 y 4 de junio de 2004, convocándose a la suplente siguiente, señora Gabriela Garrido.

Del señor Representante Juan Máspoli Bianchi, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 2 de junio de 2004, convocándose al suplente siguiente, señor José María Caballero.

Del señor Representante Ruben Carminatti, por enfermedad, literal A) del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 2 y 8 de junio de 2004, convocándose al suplente siguiente, señor Raymundo Guynot De Boismenú.

Vista la licencia por enfermedad oportunamente otorgada al señor Representante Wilmer Trivel, y ante la denegatoria de los suplentes correspondientes de aceptar la convocatoria realizada, se solicita a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta en treinta y tres: AFIRMATIVA.

En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas, y se oficiará a la Corte Electoral en el caso pertinente.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 1º de junio de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito se me autorice hacer uso de licencia los días 8 y 9 del presente mes por motivos personales.

Sin otro particular , le saluda atte.

RAMÓN LEGNANI
Representante por Canelones".

"Canelones, 1º de junio de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente.
De mi consideración:

Quien suscribe, Raquel Parry Segundo, cédula de identidad Nº 1.050.030-9, con domicilio en Ovidio Fernández Ríos, Manzana 331, Sol. 107, Progreso, en su calidad de suplente del Diputado Ramón Legnani, quien ha solicitado licencia por razones particulares, comunica a usted que se encuentra imposibilitada por esta vez de asumir el cargo para el que ha sido convocada por ese Cuerpo.

Al ser la presente decisión de carácter excepcional, me reservo el derecho de reasumir personería, si en el futuro se plantearan situaciones similares.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Raquel Parry".

"Canelones, 1º de junio de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente.
De mi mayor consideración:

El suscrito, Dante Waldemar Huber Telechea, con cédula de identidad Nº  973.956-9, domiciliado en Uruguay, Manzana 18, Solar 10 de Shangrilá, departamento de Canelones, en mi calidad de suplente del Representante Nacional por Canelones, Ramón Legnani, quien ha solicitado licencia por motivos personales, comunica a usted que se encuentra imposibilitado por esta única vez, para asumir el cargo de Representante, para el cual se le convocó por ese Cuerpo, manteniendo el derecho de reasumir personería al plantearse otra situación de las mismas características.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Dante Huber".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Ramón Legnani.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 8 y 9 de junio de 2004.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señora Raquel Parry y señor Dante Huber.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994, y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 8 y 9 de junio de 2004, al señor Representante por el departamento de Canelones, Ramón Legnani.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes siguientes, señora Raquel Parry y señor Dante Huber.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Carlota Zamora.

Sala de la Comisión, 2 de junio de 2004.

GUILLERMO ÁLVAREZ, TABARÉ HACKENBRUCH, TOMÁS TEIJEIRO".

"Montevideo, 1º de junio de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi consideración:

Por intermedio de la presente, solicito al Cuerpo que Ud. preside se me otorgue licencia desde el 2 al 4 de junio y se convoque a mi suplente correspondiente.

Dicha solicitud es por motivos particulares.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente,

JOSÉ CARLOS MAHÍA
Representante por Canelones".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 2 y 4 de junio de 2004.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 2 y 4 de junio de 2004, al señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Gabriela Garrido.

Sala de la Comisión, 1º de junio de 2004.

GUILLERMO ÁLVAREZ, TABARÉ HACKENBRUCH, TOMÁS TEIJEIRO".

"Montevideo, 1º de junio de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi mayor consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar licencia por motivos personales y al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465 , por el día 2 de junio, convocando a mi suplente respectivo.

Saluda a usted muy atentamente.

JUAN MÁSPOLI BIANCHI
Representante por Flores".

"Montevideo, 1º de junio de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle

Presente.
De mi mayor consideración.

Por la presente quien suscribe Dr. Luis Gustavo Aguilar titular de la cédula de identidad Nº 3.049.547-9, manifiesto no aceptar la convocatoria para ocupar el cargo de Representante Nacional por el departamento de Flores por el día 2 de junio de 2004.

Ruego se sirva disponer lo que reglamentariamente corresponda.

Saluda con elevada consideración.

Luis Gustavo Aguilar".

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Flores, Juan Máspoli Bianchi.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 2 de junio de 2004.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria el suplente siguiente, señor Luis Gustavo Aguilar.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945 y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 2 de junio de 2004, al señor Representante por el departamento de Flores, Juan Máspoli Bianchi.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente señor Luis Gustavo Aguilar.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 2 de junio de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22 del Lema Partido Colorado, señor José María Caballero.

Sala de la Comisión, 2 de junio de 2004.

GUILLERMO ÁLVAREZ, TABARÉ HACKENBRUCH, TOMÁS TEIJEIRO".

"Montevideo, 2 de junio de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar, al amparo del Literal A) de la Ley Nº 16.465, licencia, por motivos de salud (se adjunta certificado médico), del miércoles 2 al martes 8 inclusive, convocando a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

RUBEN CARMINATTI
Representante por Río Negro".

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Río Negro, señor Ruben Carminatti.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 2 y 8 de junio de 2004, y adjunta certificado médico.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y por el literal A) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 2 y 8 de junio de 2004, al señor Representante por el departamento de Río Negro, Ruben Carminatti.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Raymundo Guynot De Boismenú.

Sala de la Comisión, 2 de junio de 2004.

GUILLERMO ÁLVAREZ, TABARÉ HACKENBRUCH, TOMÁS TEIJEIRO".

"Corte Electoral

Montevideo, 1º de junio de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
José Amorín Batlle.

Presente.

2602/04
272/8

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo del día de hoy, visto que el Representante Nacional por el departamento de Artigas señor Wilmer Trivel electo por la hoja de votación número 141522 del lema Partido Colorado, ha solicitado licencia por el período comprendido entre los días 1º y 30 de junio de 2004 y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, resolvió proclamar Representante Nacional al segundo titular Sr. Carlos E. De Vecchi y suplentes (sistema respectivo) a los candidatos Sres. Rudi Paiva, Ruben Quiñónez y Nancy Elliot.

Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal desde el día de la fecha y por el término de la licencia concedida al Representante Nacional señor Wilmer Trivel y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, y por el literal A) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618 en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465 de 14 de enero de 1994.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

CARLOS A. URRUTY
Presidente

ANTONIO MORELL
Secretario Letrado"

"Artigas, mayo de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Diputado José Amorín

Presente.
De mi consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado Wilmer Trivel para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

Rudi Paiva".

"Artigas, mayo de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Diputado José Amorín

Presente.
De mi consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado Wilmer Trivel para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

Ruben Quiñones".

"Artigas, mayo de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Diputado José Amorín

Presente.
De mi consideración:

Habiendo sido convocada en mi calidad de suplente del Diputado Wilmer Trivel para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

Nancy Elliot".

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Artigas, Wilmer Trivel, por el período comprendido entre los días 1º y 30 de junio de 2004.

RESULTANDO: Que los suplentes correspondientes siguientes, señores Silvio Cardozo, José D. Moraes, y señora Martha Acevedo Fagúndez, no aceptaron la convocatoria de que fueran objeto.

CONSIDERANDO: I) Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó a los señores Carlos E. De Vecchi, Rudi Paiva, Ruben Quiñones y señora Nancy Elliot, como nuevos suplentes, lo que comunicó por Oficio Nº 2602/2004, de 1º de junio de 2004.

II) Que los suplentes siguientes, señor Rudi Paiva, Ruben Quiñones y señora Nancy Elliot no aceptan por esta vez la convocatoria, y el señor Carlos De Vecchi falleció en diciembre de 2003.

III) Que habiéndose agotado la nómina es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes siguientes de la Hoja de Votación Nº 141522 del Lema Partido Colorado, señores Rudi Paiva, Ruben Quiñones y señora Nancy Elliot, y la partida de defunción del señor Carlos De Vecchi.

2) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 2 de junio de 2004.

GUILLERMO ÁLVAREZ, TABARÉ HACKENBRUCH, TOMÁS TEIJEIRO".

——Se entra al orden del día.

En mérito a que no han llegado a la Mesa las respectivas listas de candidatos, correspondería aplazar, si no hay objeciones, la consideración de los asuntos que figuran en primero y segundo término del orden del día, que refieren, respectivamente, a la elección de miembros de la Comisión Permanente y de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para el Quinto Período de la XLV Legislatura.

Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Convenio Internacional del Trabajo Nº 184 sobre Seguridad y Salud en la Agricultura, 2001. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Montevideo, 21 de noviembre de 2003.

Señor Presidente de la Asamblea General
Don Luis Hierro López.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 numerales 5 y 6 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, y el artículo 168 inciso 20) de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el que propicia la ratificación del Convenio Nº 184 sobre seguridad y salud en la agricultura, 2001, adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su octogésima novena reunión, celebrada en Ginebra en junio de 2001.

La 89a. Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo ha adoptado el Convenio Internacional del Trabajo 184 sobre la Seguridad y la Salud en la Agricultura, 2001 y la Recomendación 192 sobre la Seguridad y la Salud en la Agricultura, 2001.

Aspectos generales:

El título I define el ámbito objetivo de aplicación, adoptando una acepción amplia del término "agricultura", del cual excluye solo a la agricultura de subsistencia, los procesos industriales que utilizan productos agrícolas como materia prima, y los servicios conexos, y la explotación industrial de los bosques. Adicionalmente, admite la posibilidad de excluir de ciertas explotaciones agrícolas o de categorías limitadas de trabajadores.

El título II sobre Disposiciones Generales pone de cargo del Estado Miembro ratificante la obligación de formular, ejecutar y evaluar una política en materia de seguridad e higiene en la agricultura, con su objetivo definido. A este fin comete a que una ley nacional defina la autoridad competente responsable de su aplicación y de la observancia de la ley, defina los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores, y establezca mecanismos de coordinación intersectorial. El Estado deberá garantizar la existencia de un sistema apropiado y conveniente de fiscalización inspectiva.

El título III describe las medidas de prevención y protección en cuestiones de carácter general (artículos 6 a 8), sentando el principio de que es el empleador quien debe velar por la seguridad y salud de los trabajadores, y cuestiones más específicas y detalladas que hacen a la seguridad de la maquinaria y ergonomía (artículos 9 y 10), manipulación y transporte de materiales (artículo 11), gestión racional de los productos químicos (artículos 12 y 13), manejo de animales y protección contra los riesgos biológicos (artículo 14) e instalaciones agrícolas (artículo 15).

El título IV prescribe una edad mínima de 18 años para el desempeño de tareas que puedan dañar la salud y la seguridad, sin perjuicio de su reducción en forma condicionada a 16 años, consagra la aplicabilidad de sus normas a los trabajadores temporarios y estacionales, y orientaciones sobre la adopción de medidas especiales a las trabajadoras agrícolas, servicios de bienestar y alojamiento y organización del tiempo de trabajo.

Por fin, sienta la regla de la obligatoriedad de que los trabajadores agrícolas tengan cobertura legal por un régimen de seguro o de seguridad social contra los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Aspectos especiales:

Nuestra República ha ratificado varios Convenios Internacionales del trabajo afines a esta temática, de los cuales los principales son el CIT 19 sobre igualdad de trato (accidentes de trabajo), 1925, el CIT 110 sobre las plantaciones, 1958 y su Protocolo de 1982, el CIT 121 sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 -modificado en 1980-, el CIT 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967, el CIT 129 sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969, el CIT 130 sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969, el CIT 138 sobre la edad mínima, 1973, el CIT 159 sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 y el CIT 161 sobre servicios de salud en el trabajo, 1985.

Sin perjuicio de que la policía del trabajo y principal autoridad competente en el contralor de la legislación es la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, el compromiso establecido en el artículo 4 de poner en práctica una política nacional coherente en materia de seguridad y salud llama potencialmente a otros organismos en la labor de efectuar una coordinación intersectorial y en la complementación de funciones.

No resulta un hecho novedoso que justamente el sector agropecuario es uno de los que en nuestro país registra mayores niveles de siniestralidad laboral, con las consiguientes pérdidas y daños en los ámbitos personales, familiares, sociales y económicos.

Respecto de los aspectos normativos generales, resulta de particular interés, atento a la competencia en razón de materia, nos proporcione los siguientes elementos de opinión:

a) A su entender, la conceptuación más admitida acerca de lo que constituye "agricultura de subsistencia", y una estimación acerca de la proporción de trabajadores involucrados en este segmento, respecto del total de trabajadores agrícolas.

b) También, a su entender, la conceptuación más admitida acerca de lo que constituyen los "servidos conexos" a los procesos industriales que utilizan productos agrícolas como materia prima, ambos a los efectos de tener claridad acerca de los ámbitos excluidos.

c) La procedencia o conveniencia de excluir, conforme al artículo 3, su aplicación a ciertas explotaciones agrícolas (por ejemplo, en razón de su extensión) o categorías limitadas de trabajadores. Esta individualización resulta importante por cuanto solo puede ser realizada con simultaneidad de la eventual ratificación, con fundamento expresado en la primera memoria de aplicación del Convenio.

Consultado el Grupo de Trabajo de composición tripartita creado con la finalidad de asesoramiento en relación con los organismos e instancias internacionales y regionales vinculados a esta Secretaría de Estado (Resolución de 23 de marzo de 1999), se pronunció, en sesión de fecha 8 de setiembre de 1999, en forma unánime, por la ratificación del Convenio.

Por los motivos expuestos precedentemente es que el Poder Ejecutivo cumple con someter a ese Cuerpo las normas internacionales referidas, solicitando la aprobación del Convenio Nº 184 sobre seguridad y salud en la agricultura, 2001.

Reitero al Señor Presidente las seguridades de mi más atenta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, SANTIAGO PÉREZ DEL CASTILLO, DIDIER OPERTTI BADÁN.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Convenio Internacional del Trabajo Nº 184 sobre seguridad y salud en la agricultura, 2001, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 89a. reunión celebrada en Ginebra en junio de 2001.

Montevideo, 21 de noviembre de 2003.

SANTIAGO PÉREZ DEL CASTILLO, DIDIER OPERTTI BADÁN.

TEXTO DEL ACUERDO

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 5 de junio de 2001, en su octogésima novena reunión;

Tomando nota de los principios contenidos en los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo pertinentes, en particular el Convenio y la Recomendación sobre las plantaciones, 1958; el Convenio y la Recomendación sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964; el Convenio y la Recomendación sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969; el Convenio y la Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981; el Convenio y la Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985, y el Convenio y la Recomendación sobre los productos químicos, 1990;

Subrayando la necesidad de adoptar un enfoque coherente para la agricultura y teniendo en cuenta el marco más amplio de principios incorporados en otros instrumentos de la OIT aplicables a este sector, en particular, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; el Convenio sobre la edad mínima, 1973, y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999;

Tomando nota de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social adoptada por el Consejo de Administración de la OIT, así como de los repertorios de recomendaciones prácticas pertinentes, en particular el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre registro y notificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1996, y el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en el trabajo forestal, 1998;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la seguridad y la salud en la agricultura, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional,

adopta, con fecha veintiuno de junio de dos mil uno, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001.

I. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- A los efectos del presente Convenio, el término agricultura abarca las actividades agrícolas y forestales realizadas en explotaciones agrícolas, incluidas la producción agrícola, los trabajos forestales, la cría de animales y la cría de insectos, la transformación primaria de los productos agrícolas y animales por el encargado de la explotación o por cuenta del mismo, así como la utilización y el mantenimiento de maquinaria, equipo, herramientas e instalaciones agrícolas y cualquier proceso, almacenamiento, operación o transporte que se efectúe en una explotación agrícola, que estén relacionados directamente con la producción agrícola.

Artículo 2.-

A los efectos del presente Convenio, el término agrícola no abarca:

a) la agricultura de subsistencia;

b) los procesos industriales que utilizan productos agrícolas como materia prima, y los servicios conexos, y

c) la explotación industrial de los bosques.

Artículo 3.-

1. La autoridad competente de todo Estado Miembro que ratifique el presente Convenio, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas:

a) podrá excluir ciertas explotaciones agrícolas o a categorías limitadas de trabajadores de la aplicación de este Convenio o de ciertas disposiciones del mismo, cuando se planteen problemas especiales de singular importancia, y

b) deberá elaborar, en caso de que se produzcan tales exclusiones, planes para abarcar progresivamente todas las explotaciones y a todas las categorías de trabajadores.

2. Todo Estado Miembro deberá mencionar en la primera memoria sobre la aplicación del presente Convenio, presentada en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, las categorías que hubiesen sido excluidas en virtud del párrafo 1, a) de este artículo, indicando los motivos de tal exclusión. En las memorias ulteriores, deberá exponer las medidas adoptadas para extender progresivamente las disposiciones del Convenio a los trabajadores interesados.

II. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4.-

1. A la luz de las condiciones y la práctica nacionales, y previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, los Miembros deberán formular, poner en práctica y examinar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud en la agricultura. Esta política deberá tener por objetivo prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, mediante la eliminación, reducción al mínimo o control de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo en la agricultura.

2. Con este fin, la legislación nacional deberá:

a) designar a la autoridad competente responsable de la aplicación de esa política y de la observancia de la legislación nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo en la agricultura;

b) definir los derechos y obligaciones de los empleadores y los trabajadores en relación con la seguridad y la salud en el trabajo en la agricultura, y

c) establecer mecanismos de coordinación intersectorial entre las autoridades y los órganos competentes para el sector agrícola, y definir sus funciones y responsabilidades teniendo en cuenta su carácter complementario, así como las condiciones y prácticas nacionales.

3. La autoridad competente designada deberá prever medidas correctivas y sanciones apropiadas de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, incluidas, cuando proceda, la suspensión o restricción de las actividades agrícolas que representen un riesgo inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, hasta que se hayan subsanado las condiciones que hubieran provocado dichas suspensiones o restricciones.

Artículo 5.-

1. Los Miembros deberán garantizar la existencia de un sistema apropiado y conveniente de inspección de los lugares de trabajo agrícolas, que disponga de medios adecuados.

2. De conformidad con la legislación nacional, la autoridad competente podrá encomendar, con carácter auxiliar, ciertas funciones de inspección a nivel regional o local a servicios gubernamentales o a instituciones públicas apropiados, o a instituciones privadas sometidas al control de las autoridades, o asociar esos servicios o instituciones al ejercicio de dichas funciones.

III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 6.-

1. En la medida en que sea compatible con la legislación nacional, el empleador deberá velar por la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

2. La legislación nacional o las autoridades competentes deberán disponer que cuando en un lugar de trabajo agrícola dos o más empleadores ejerzan sus actividades o cuando uno o más empleadores y uno o más trabajadores por cuenta propia ejerzan sus actividades, éstos deberán colaborar en la aplicación de las prescripciones sobre seguridad y salud. Cuando proceda, la autoridad competente deberá prescribir los procedimientos generales para esta colaboración.

Artículo 7.-

A fin de cumplir con la política nacional a que se hace referencia en el artículo 4, la legislación nacional o las autoridades competentes deberán disponer, teniendo en cuenta el tamaño de la explotación y la naturaleza de su actividad, que el empleador:

a) realice evaluaciones apropiadas de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores y, con base en sus resultados, adopte medidas de prevención y protección para garantizar que, en todas las condiciones de operación previstas, todas las actividades, lugares de trabajo, maquinaria, equipo, productos químicos, herramientas y procesos agrícolas bajo control del empleador sean seguros y respeten las normas de seguridad y salud prescritas;

b) asegure que se brinde a los trabajadores del sector agrícola una formación adecuada y apropiada, así como instrucciones comprensibles en materia de seguridad y de salud, y cualquier orientación o supervisión necesarias, en especial información sobre los peligros y riesgos relacionados con su labor y las medidas que deben adoptarse para su protección, teniendo en cuenta su nivel de instrucción y las diferencias lingüísticas, y

c) tome medidas inmediatas para suspender cualquier operación que suponga un peligro inminente y grave para la seguridad y salud, y para evacuar a los trabajadores como convenga.

Artículo 8.-

1. Los trabajadores del sector agrícola deberán tener derecho:

a) a ser informados y consultados sobre cuestiones de seguridad y salud, incluso sobre los riesgos derivados de las nuevas tecnologías;

b) a participar en la aplicación y examen de las medidas de seguridad y salud y, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, a escoger a sus representantes en la materia y a sus representantes en los comités de seguridad y salud, y

c) a apartarse de cualquier peligro derivado de su actividad laboral cuando tengan motivos razonables para creer que existe un riesgo inminente y grave para su seguridad y su salud, y señalarlo de inmediato a su supervisor. Los trabajadores no deberán verse perjudicados por estas acciones.

2. Los trabajadores del sector agrícola y sus representantes tendrán la obligación de cumplir con las medidas de seguridad y salud prescritas y de colaborar con los empleadores a fin de que éstos cumplan con sus obligaciones y responsabilidades.

3. Las modalidades para el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en los párrafos 1 y 2 deberán determinarse por la legislación nacional, la autoridad competente, los convenios colectivos u otros medios apropiados.

4. Cuando se apliquen las disposiciones del presente Convenio, de conformidad con lo estipulado en el párrafo 3, se celebrarán consultas previas con las organizaciones representativas de los trabajadores y empleadores interesadas.

SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA Y ERGONOMÍA

Artículo 9.-

1. La legislación nacional o las autoridades competentes deberán establecer que la maquinaria, el equipo, incluido el de protección personal, los utensilios y las herramientas utilizados en la agricultura cumplan con las normas nacionales o con otras normas reconocidas de seguridad y salud, y se instalen, mantengan y protejan adecuadamente.

2. La autoridad competente deberá tomar medidas para asegurar que los fabricantes, importadores y proveedores cumplan con las normas mencionadas en el párrafo 1 y brinden información adecuada y apropiada, con inclusión de señales de advertencia de peligro, en el o los idiomas oficiales del país usuario, a los usuarios y a las autoridades competentes, cuando éstas lo soliciten.

3. Los empleadores deberán asegurar que los trabajadores reciban y comprendan la información sobre seguridad y salud suministrada por los fabricantes, importadores y proveedores.

Artículo 10.-

La legislación nacional deberá establecer que la maquinaria y el equipo agrícolas:

a) se utilicen únicamente en los trabajos para los que fueron concebidos, a menos que su utilización para fines distintos de los inicialmente previstos se haya considerado segura, de acuerdo con la legislación y la práctica nacionales, y, en particular, que no se utilicen para el transporte de personas, a menos que estén concebidos o adaptados para ese fin, y

b) se manejen por personas capacitadas y competentes, de acuerdo con la legislación y la práctica nacionales.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES

Artículo 11.-

1. Las autoridades competentes, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, deberán establecer requisitos de seguridad y salud para el manejo y el transporte de materiales, en particular su manipulación. Estos requisitos se establecerán sobre la base de una evaluación de los riesgos, de normas técnicas y de un dictamen médico, teniendo en cuenta todas las condiciones pertinentes en que se realiza el trabajo, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.

2. No deberá exigirse o permitirse a ningún trabajador que manipule o transporte manualmente una carga que, debido a su peso o a su naturaleza, pueda poner en peligro su seguridad o su salud.

GESTIÓN RACIONAL DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

Artículo 12.-

Las autoridades competentes deberán adoptar medidas, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, para asegurar que:

a) exista un sistema nacional apropiado o cualquier otro sistema aprobado por la autoridad competente que prevea criterios específicos para la importación, clasificación, embalaje y etiquetado de los productos químicos utilizados en la agricultura y para su prohibición o restricción;

b) quienes produzcan, importen, suministren, vendan, transporten, almacenen o evacuen productos químicos utilizados en la agricultura cumplan con las normas nacionales o con otras normas reconocidas de seguridad y salud, y brinden información adecuada y conveniente a los usuarios, en el o los idiomas oficiales apropiados del país, así como a las autoridades competentes, cuando éstas lo soliciten, y

c) haya un sistema apropiado para la recolección, el reciclado y la eliminación en condiciones seguras de los desechos químicos, los productos químicos obsoletos y los recipientes vacíos de productos químicos, con el fin de evitar su utilización para otros fines y de eliminar o reducir al mínimo los riesgos para la seguridad, la salud y el medio ambiente.

Artículo 13.-

1. La legislación nacional o las autoridades competentes deberán asegurar la existencia de medidas de prevención y protección sobre la utilización de productos químicos y la manipulación de los desechos químicos en la explotación.

2. Estas medidas deberán, entre otras, cubrir:

a) la preparación, manipulación, aplicación, almacenamiento y transporte de productos químicos;

b) las actividades agrícolas que impliquen la dispersión de productos químicos;

c) el mantenimiento, reparación y limpieza del equipo y recipientes utilizados para los productos químicos, y

d) la eliminación de recipientes vacíos y el tratamiento y evacuación de desechos químicos y de productos químicos obsoletos.

MANEJO DE ANIMALES Y PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS BIOLÓGICOS

Artículo 14.-

La legislación nacional deberá asegurar que riesgos como los de infección, alergia o intoxicación en el marco de la manipulación de agentes biológicos se eviten o reduzcan al mínimo y que en las actividades con ganado y otros animales, así como en las actividades en criaderos o establos, se cumplan las normas nacionales u otras normas reconocidas en materia de seguridad y salud.

INSTALACIONES AGRÍCOLAS

Artículo 15.-

La construcción, mantenimiento y reparación de las instalaciones agrícolas deberán estar conformes con la legislación nacional y los requisitos de seguridad y salud.

IV. OTRAS DISPOSICIONES

TRABAJADORES JÓVENES Y TRABAJO PELIGROSO

Artículo 16.-

1. La edad mínima para desempeñar un trabajo en la agricultura que por su naturaleza o las condiciones en que se ejecuta pudiera dañar la salud y la seguridad de los jóvenes no deberá ser inferior a 18 años.

2. Los tipos de empleo o de trabajo a que se aplica el párrafo 1 de este artículo se determinarán por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas.

3. Sin perjuicio de las disposiciones que figuran en el párrafo 1, la legislación nacional o las autoridades competentes podrán, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, autorizar el desempeño de un trabajo previsto en dicho párrafo a partir de los 16 años de edad, a condición de que se imparta una formación adecuada y de que se protejan plenamente la salud y la seguridad de los trabajadores jóvenes.

TRABAJADORES TEMPORALES Y ESTACIONALES

Artículo 17.-

Deberán adoptarse medidas para garantizar que los trabajadores temporales y estacionales reciban la misma protección en materia de seguridad y salud que la concedida a los trabajadores empleados de forma permanente en la agricultura que se encuentran en una situación comparable.

TRABAJADORAS

Artículo 18.-

Deberán adoptarse medidas para que se tengan en cuenta las necesidades propias de las trabajadoras agrícolas, en particular, por lo que se refiere al embarazo, la lactancia y la salud reproductiva.

SERVICIOS DE BIENESTAR Y ALOJAMIENTO

Artículo 19.-

La legislación nacional o las autoridades competentes deberán establecer, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas:

a) que se pongan a disposición servicios de bienestar adecuados sin costo para los trabajadores, y

b) normas mínimas de alojamiento para los trabajadores que, por la índole de su trabajo, tengan que vivir temporal o permanentemente en la explotación.

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 20.-

Las horas de trabajo, el trabajo nocturno y los períodos de descanso para los trabajadores de la agricultura deberán ser conformes con lo dispuesto en la legislación nacional o en convenios colectivos.

COBERTURA CONTRA LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

Artículo 21.-

1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales, los trabajadores del sector agrícola deberán estar cubiertos por un régimen de seguro o de seguridad social contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, tanto mortales como no mortales, así como contra la invalidez y otros riesgos para la salud relacionados con el trabajo, que les brinde una cobertura por lo menos equivalente a la ofrecida a los trabajadores de otros sectores.

2. Dichos regímenes pueden ya sea integrarse en un régimen nacional o adoptar cualquier otra forma apropiada que sea conforme con la legislación y la práctica nacionales.

Artículo 22.-

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 23.-

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 24.-

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 25.-

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 26.-

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 27.-

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 28.-

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 24, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor, y

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 29.-

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

CROSS REFERENCES

CONVENIOS:C110 Convenio sobre las plantaciones, 1958

CONVENIOS:C121 Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964

CONVENIOS:C129 Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969

CONVENIOS:C155 Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981

CONVENIOS:C161 Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985

CONVENIOS:C170 Convenio sobre los productos químicos, 1990

CONVENIOS:C087 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948

CONVENIOS:C098 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949

CONVENIOS:C138 Convenio sobre la edad mínima, 1973

CONVENIOS:C182 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999

RECOMENDACIONES:R110 Recomendación sobre las plantaciones, 1958

RECOMENDACIONES:R121 Recomendación sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964

RECOMENDACIONES:R133 Recomendación sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969

RECOMENDACIONES:R164 Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981

RECOMENDACIONES:R171 Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985

RECOMENDACIONES:R177 Recomendación sobre los productos químicos, 1990

SUPLEMENTO:R192 Recomendación sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001

CONSTITUCIÓN:22:artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo".

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el proyecto de ley por medio del cual se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo Nº 184 sobre Seguridad y Salud en la Agricultura, 2001, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 89 reunión, celebrada en Ginebra, en junio de 2001.

Este Convenio tomó como antecedentes los diversos convenios y recomendaciones internacionales del trabajo en la materia, y su objetivo es el de garantizar a los trabajadores agrícolas, más allá de la calificación temporal del contrato, los mismos derechos y niveles de protección que a otras categorías de trabajadores.

Descripción

El capítulo que refiere al ámbito de aplicación está compuesto por tres artículos. En el artículo 1º se especifica el alcance del término "agricultura", estableciéndose que es abarcativo de actividades agrícolas y forestales. Incluye la cría de animales e insectos, la transformación primaria de productos agrícolas, la utilización y mantenimiento de maquinaria, equipo, herramientas e instalaciones agrícolas y cualquier proceso, almacenamiento, operación o transporte que se efectúe en una explotación agrícola que estén relacionados con la producción agrícola. En definitiva, una definición amplia que mejora la de anteriores Convenios.

En el artículo 3º si bien establece que la autoridad competente de un Estado Miembro podrá excluir ciertas explotaciones o categoría de trabajadores de la aplicación del Convenio, deberá previamente consultar a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores; a su vez, en la memoria sobre la aplicación del Convenio debe explicar los motivos de tal exclusión y posteriormente explicar las medidas adoptadas para extender progresivamente las disposiciones del Convenio a todos los trabajadores. Lo expresado garantiza la participación de las organizaciones gremiales y deja en claro la tendencia a la inclusión de todos los trabajadores.

En el capítulo de disposiciones generales, y prescribiendo en forma positiva la consulta a las organizaciones de empleadores y trabajadores, se establece la obligación de los Estados Miembro de poner en práctica y examinar periódicamente una política en materia de seguridad y salud en la agricultura. A tales efectos, se establece la necesidad de que la legislación nacional designe autoridades competentes y responsables de la aplicación de esa política, defina los derechos y obligaciones de los empleadores y trabajadores en esta materia y establezca mecanismos de coordinación intersectorial entre las autoridades y órganos competentes para el sector agrícola (artículo 4º).

La necesidad de la existencia de un sistema de inspección de lugares de trabajo con medios adecuados se establece en el artículo 5º.

En el capítulo de prevención y protección se establece que a los efectos de cumplir con la política nacional en materia de seguridad y salud, el Estado, a través de la legislación o autoridad competente, deberá disponer que el empleador realice evaluaciones de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, adopte medidas de prevención y protección. A su vez, asegure la formación de los trabajadores que incluye información sobre los peligros y riesgos relacionados con su labor, que incluye eventualmente la obligación de disponer medidas inmediatas para suspender cualquier operación que suponga un peligro inminente y grave para la seguridad y salud (artículo 7º).

En el artículo 8º se establece que los trabajadores del sector deberán tener derecho a ser informados y consultados sobre temas de seguridad y salud, lo que incluye la participación en la aplicación y examen de las medidas en dicha materia. Asimismo, se establece que la regulación del ejercicio de los derechos y obligaciones deberán determinarse por la legislación nacional, la autoridad competente, los convenios colectivos u otros medios apropiados, con consultas previas con las organizaciones de trabajadores y empleadores. Este último aspecto es por demás importante ya que se establecen los mecanismos concretos que permitirán un efectivo ejercicio de las obligaciones y derechos, en donde la legislación nacional jugará un papel preponderante conjuntamente con el ámbito insustituible de la negociación colectiva.

La seguridad de la maquinaria y ergonomía tiene su propio Capítulo, en donde se establece una vez más la necesidad de que sea la legislación nacional o autoridad competente la que regule las normas de seguridad y salud de la maquinaria y equipo utilizados en esta actividad, incluida su fabricación e importación (artículos 9º y 10).

Bajo el título de "Gestión racional de los productos químicos" se dispone la necesidad de que exista una legislación y control apropiados, a través de un sistema nacional, que incluye las etapas de importación, utilización y la recolección, el reciclado y eliminación, en condiciones seguras, de los desechos químicos, extendiéndose más allá del lugar de trabajo y con un acento en la protección del medio ambiente (artículos 12 y 13). Se establece la misma obligación en cuanto al manejo de animales y protección contra los riesgos biológicos (artículo 14) y la construcción, mantenimiento y reparación de las instalaciones agrícolas (artículo 15).

La edad mínima para desempeñarse en esta rama de actividad se establece en dieciocho años, y la legislación, previa consulta a las organizaciones ya referidas, establecerá las actividades consideradas peligrosas para la salud y seguridad de los jóvenes. Las mismas, y por el mismo mecanismo, podrán autorizar el desempeño de dichas actividades a partir de los dieciséis años (artículo 16).

La igualdad en el tratamiento entre los trabajadores temporales y estacionales respecto de los permanentes, se establece en el artículo 17. Asimismo, se establece la necesidad de adoptar medidas especiales respecto de las trabajadoras agrícolas, con especial referencia a la maternidad, lactancia y salud reproductiva (artículo 18).

La obligación de disponer de servicios de bienestar y normas mínimas de alojamiento para los trabajadores se establece en el artículo 19. En cuanto a las horas de trabajo, trabajo nocturno y descanso de los trabajadores, el artículo 20 remite a la legislación nacional o convenios colectivos.

El artículo 21 establece la necesidad de un régimen de seguro contra los accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Lo expresado existe regulado en nuestro ordenamiento interno, sin perjuicio de lo cual pueda entenderse apropiado, en el marco de la aprobación del presente Convenio, una futura revisión sobre la eficiencia de dicha normativa y organismos respecto del trabajador agrícola y sus particulares condiciones de trabajo.

Respecto a las ratificaciones, vigencia y denuncia del Convenio, así como su eventual revisión, están regulados en los artículos 22 a 28.

Conclusión

El Convenio Internacional de Trabajo que se viene de analizar constituye un avance en materia de protección de la seguridad y salud del trabajador rural y regulación de la actividad agraria en general. Algunas de sus prescripciones ya se encuentran plasmadas en nuestra legislación interna, por otro lado, varias disposiciones son simplemente programáticas. Lo expresado, no enerva la importancia de la temática y la mayoría de sus prescripciones que, sin perjuicio de que una vez ratificado el Convenio pasen a tener vigencia interna, provocarán, asimismo, la necesidad de legislar en varias áreas. En tal sentido, la referencia permanente a la necesidad de regulación legal interna previa consulta a las organizaciones de empleadores y trabajadores, así como a la negociación colectiva, constituyen un elemento de suma importancia.

Por último, por primera vez en el derecho internacional se garantiza a los/as trabajadores/as rurales, no importando si son permanentes, temporales o zafrales, los mismos derechos y niveles de protección que a otras categorías de trabajadores.

En Uruguay de 1960 a 1996, año en que se realizó el último registro publicado por el Banco de Seguros del Estado (BSE), se han presentado estadísticas de muertos en accidentes de trabajo. Durante treinta y siete años, solamente en cuatro de ellos, los trabajadores de la construcción lideraron esa lista. En los restantes años lo fueron los trabajadores asalariados rurales, el colectivo de trabajadores más sufrido, ignorado y perseguido. Las últimas cifras publicadas por el BSE (1995-1996) nos dicen que en el bienio hubo sesenta y cinco mil ciento ochenta accidentes en todo el país, de los cuales 12.579, el 19,3%, fueron en el sector agrario. De las 168 muertes ocurridas, 37, el 22,02%, son en el agro y de las 1.562 incapacidades permanentes totales, 257, el 16,45%, fueron también de ese sector.

Por todo lo expresado y en el entendido de que el presente convenio constituye un avance en la regulación de la actividad agraria y especialmente en lo que se refiere al Estatuto del Trabajador Rural, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 12 de mayo de 2004.

FELIPE CARBALLO, Miembro Informante, ENRIQUE PINTADO, DIEGO MARTÍNEZ, JULIO LUIS SANGUINETTI, ÁLVARO PÉREZ, JAIME MARIO TROBO, ANTONIO LÓPEZ".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Carballo.

SEÑOR CARBALLO.- Señor Presidente: quisiéramos fundamentar nuestra posición favorable a la ratificación de este Convenio. Nos parece importante recordar que la Conferencia Internacional del Trabajo aprobó, en junio de 2001, el Convenio Nº 184 y la Recomendación Nº 192 sobre Seguridad y Salud en la Agricultura. Estos documentos fueron aprobados por amplia mayoría.

También quisiéramos compartir algunas cifras, algunos datos que nos parecen importantes. Se estima en 450:000.000 los hombres y mujeres que trabajan en todo el mundo como asalariados en la agricultura. Vale decir que representan más del 40% de la fuerza de trabajo agrícola mundial de 1.100:000.000 personas. Entre el 20% y el 30% de los trabajadores agrícolas son mujeres y el trabajo infantil es un problema que todavía está lejos de ser solucionado en este sector.

Por lo tanto, el primer aspecto a resaltar del nuevo Convenio es que por primera vez en el derecho internacional se garantiza a los trabajadores y a las trabajadoras agrícolas, no importando si son permanentes, temporales o zafrales, los mismos derechos y niveles de protección que a otras categorías de trabajadores. Además, contrariamente a lo que pudiera pensarse, la seguridad y la salud son temas de enorme importancia para las trabajadoras y los trabajadores agrícolas.

En 1997, la OIT estimó que 170.000.000 personas murieron como consecuencia de accidentes en la agricultura y más de 160:000.000 contraen anualmente enfermedades debido a los peligros y exposiciones, especialmente a los agrotóxicos, en los lugares de trabajo.

Todos estos temas relacionados con la seguridad y la salud en la agricultura son de gran importancia para Uruguay. De acuerdo con los últimos datos oficiales, entre 170.000 y 190.000 trabajadores se desempeñan en el sector agropecuario. Por otra parte, las actuales condiciones de trabajo requieren un urgente tratamiento a fin de asegurar la calidad del trabajo. En Uruguay, el Banco de Seguros del Estado ha publicado estadísticas de muertos en accidentes de trabajo, y lo ha hecho desde 1960 a 1996 -último registro dado a conocer por esta institución-. Durante treinta y siete años, solamente en cuatro de ellos los trabajadores de la construcción lideraron esa lista. En el resto, lo hicieron los trabajadores asalariados rurales, el colectivo de trabajadores más sufrido, ignorado y perseguido. Las últimas cifras publicadas por el Banco de Seguros del Estado, que datan de 1995-1996, indican que en el bienio hubo 65.180 accidentes en todo el país, de los cuales 12.579 -el 19,3%- se produjeron en el sector agrario. De las 168 muertes ocurridas, 37 -el 22,2%- fueron en el agro. De las 1.562 incapacidades permanentes totales, 257 -el 16,45%- fueron también en ese sector.

Por eso, quisiéramos compartir nuestra opinión con relación a este Convenio y a la importancia que tiene para los trabajadores rurales del país. Quisiéramos compartir con todos los Representantes Nacionales algunas cosas que han sucedido en nuestro departamento, que están ocurriendo en nuestro país con relación a la seguridad y a la salud de los trabajadores rurales. Por ejemplo, no podemos dejar de mencionar a los trabajadores de la forestación de nuestro departamento que mueren aplastados, como sucedió en la zona del agua "Salto" no hace mucho tiempo. No podemos dejar de recordar a los trabajadores changadores zafrales que también murieron aplastados cuando un camión cargado de abono se dio vuelta en la ruta. Tampoco podemos dejar de mencionar cuántos trabajadores se accidentan en las quintas de naranjas de nuestro departamento. Muchos de ellos quedan totalmente a la miseria, sin poder continuar trabajando, porque se les quiebran las piernas, las caderas y después se encuentran con enormes dificultades para acceder a la cobertura. No podemos dejar de mencionar cómo en nuestro departamento se ha fumigado a los trabajadores con agrotóxicos, al igual que en Bella Unión. También tenemos que decir lo que sucede con los envases de productos agrotóxicos, que muchas veces se utilizan para dar de beber agua a los trabajadores. ¡En qué condiciones están los trabajadores rurales de la forestación de este país, a quienes muchas veces dejan tirados en un monte para que se arreglen como puedan!

Nos parece más que importante que esta Cámara pueda ratificar este Convenio que Uruguay votó en su debido momento. Quisiéramos destacar algunas cosas más con relación a algunas de sus disposiciones. Este Convenio tiene una definición amplia, que mejora las de otros anteriores sobre la agricultura. Establece la necesidad de una política nacional sobre seguridad y salud agrícola basada en la consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesados; la necesidad de una evaluación de los riesgos en los lugares de trabajo antes de exponer a los trabajadores a los peligros, incluyendo la exposición a los agrotóxicos, y la necesidad de una gestión racional de los productos químicos, que se extienda más allá del lugar de trabajo, protegiendo el ambiente general con respecto al descarte de los recipientes vacíos de agrotóxicos y otros desechos. Asimismo, fija criterios acerca de la seguridad en el uso de la maquinaria, ergonomía, manipulación y transporte de materiales. Establece la edad mínima de dieciocho años para trabajar en la agricultura. Fija normas para las trabajadoras, en particular en lo referente al embarazo, la lactancia y la salud reproductiva. Establece normas mínimas para el alojamiento de los trabajadores, horas de trabajo, trabajo nocturno y horario de descanso. Dispone que, de acuerdo con la legislación nacional, los trabajadores del sector agrícola deberán estar cubiertos por un régimen de seguridad social contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

También tenemos que decir que detrás de este Convenio hubo organizaciones sociales y gremiales, de los sindicatos rurales, de organizaciones de trabajadores de la alimentación a nivel internacional y de sindicatos del Uruguay que nuclean a los trabajadores rurales, gestionando, denunciando y reclamando la necesidad de que este Convenio sea ratificado por nuestro país.

Por eso creemos que ha llegado el momento de que aquellos votos emitidos en la Conferencia Internacional del Trabajo sean ratificados ahora por esta Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Treinta y cuatro en treinta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

La Mesa informa que el artículo único de este proyecto requiere cincuenta votos conformes para su aprobación. Como no hay en Sala el quórum necesario, se aplaza su consideración.

SEÑOR ROSSI.- Pido la palabra para plantear una cuestión política.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: pedimos la palabra para expresar al Cuerpo nuestra preocupación por un conjunto de hechos y experiencias que vivimos con relación a pedidos de informes que hemos tramitado.

Quisiéramos que se nos habilitara la posibilidad de plantear una cuestión política, habida cuenta de que no son situaciones que encajen estrictamente en lo que está previsto en la Ley Nº 17.673. En un caso, se trata de un largo proceso de pedidos de informes, en el que se han reiterado respuestas parciales y comparecencias que han ido postergando las respuestas definitivas sobre nuestra preocupación acerca de la situación del Nuevo Banco Comercial -instalado por ley aprobada por este Parlamento- y, en otro, de un pedido de informes cursado para procurar que se profundice en cuanto a auditorías realizadas en la Dirección Nacional de Pasos de Frontera, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.

Las respuestas no nos han llegado ni en uno ni en otro caso y reitero que, como los caminos seguidos no se ajustan a los previstos en la Ley Nº 17.673, entendemos que es necesario realizar un planteamiento político y, si fuera posible, un pronunciamiento de esta Cámara requiriendo esas respuestas.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar el carácter preferente de la cuestión política planteada por el señor Diputado Rossi.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y nueve: AFIRMATIVA.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: me parece que soy el único Diputado que no votó afirmativamente. En general, tengo tendencia a votar por la afirmativa este tipo de planteamientos, que sé que son consultados y discutidos en la coordinación y sobre los cuales hay consenso. Pero teniendo tantos instrumentos tan variados a partir de diferentes normas constitucionales, legales y reglamentarias como tiene el legislador para controlar la acción del Poder Ejecutivo, me parece que introducir un nuevo precedente a través del planteamiento de una cuestión política -además, por dos casos de naturaleza absolutamente distinta- no es oportuno. Digo esto con todos los respetos al señor legislador, que sabe que los tengo y que lo aprecio personal e intelectualmente. Con franqueza, me parece que es introducir un instrumento que no corresponde en la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado Rossi.

SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: en realidad, son dos asuntos que efectivamente refieren a situaciones diferentes, pero de algún modo la falta o la demora en las respuestas tiene que ver con un mismo Ministerio: el de Economía y Finanzas. Claro está que la Constitución y el Reglamento de la Cámara prevén distintos mecanismos para que los legisladores puedan cumplir con su función de contralor, pero este es uno de los procedimientos, habida cuenta de que nos parece que en este caso -y a la altura de los hechos que vamos a intentar compartir con el conjunto de los integrantes de la Cámara- inclusive sería un camino que economizaría el tiempo del Parlamento. El otro mecanismo puede ser el del llamado a Sala al señor Ministro, quien seguramente tiene preocupaciones importantes en cuanto a aspectos estratégicos de la política económica del país y en este caso sería requerido para dar respuestas que queremos pensar que están frenadas fundamentalmente por problemas de procedimiento, más por problemas administrativos que por decisiones políticas.

El 23 de mayo de 2003 hicimos un primer pedido de informes dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas, referido a la instalación del Nuevo Banco Comercial, a la designación de Directores y síndicos, al monto de las remuneraciones que allí estaban previstas, a las características de los contratos que sostenían estas remuneraciones y al estado de información que se daba sobre la marcha del Nuevo Banco Comercial.

El 12 de junio de 2003 recibimos una primera respuesta a este pedido de informes, con la firma del entonces Ministro Alejandro Atchugarry, y el 13 de junio de 2003, a iniciativa del señor Ministro Atchugarry, se reunió en forma extraordinaria la Comisión de Hacienda, pues las respuestas que nos habían remitido por escrito eran claramente insuficientes -claramente parciales- frente al estado público que habían tomado los hechos sobre los cuales se pedía información. En esa reunión del 13 de junio quedó expresada la buena disposición del señor Ministro Atchugarry en cuanto a la necesidad de profundizar en el conocimiento de una serie de hechos. Inclusive, en ese entonces, se anunció la voluntad del Poder Ejecutivo de actuar para rebajar algunas remuneraciones y corregir algunos contratos.

Pasó el tiempo y el 18 de setiembre de 2003 enviamos una carta, a través de la Comisión de Hacienda, pidiendo las respuestas que habían quedado pendientes. El 15 de octubre concurrió a la Comisión de Hacienda el economista Alfie, quien había sustituido al doctor Atchugarry en el Ministerio de Economía y Finanzas. En esa oportunidad, volvió a ser informado acerca de los aspectos que estaban pendientes, alegó las limitaciones que tenía -algunas de tipo jurídico y otras vinculadas con el conocimiento de los temas que estaban planteados en Comisión- y prometió una pronta respuesta en todo lo que de él dependiera.

Pocos días después y como consecuencia de un hecho que se difundió bastante ampliamente -las declaraciones del entonces Gerente General del Banco y Vicepresidente del Directorio, que contradecían las afirmaciones del señor Ministro Alfie-, el Ministro pidió comparecer a otra sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda para informar sobre la determinación que había tomado en cuanto a solicitar la renuncia del entonces Gerente General, Paul Elberse, y para seguir profundizando en cuanto al conocimiento de los temas que estaban planteados.

En esa reunión de la Comisión de Hacienda, de fecha 17 de octubre, su Presidente -casualmente, el actual Presidente de la Cámara de Representantes-, al terminar el intercambio, dijo: "De cualquier manera, es de interés de todos nosotros que lo que planteó el señor Diputado Rossi el miércoles pasado, desde el punto de vista legal y material, sea contestado lo antes posible". Después de eso, luego de muchas dilatorias y de una carta presentada por los tres Representantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que pertenecen al Encuentro Progresista-Frente Amplio, compareció el señor Ministro de Economía y Finanzas el 21 de abril. Se volvió a repetir el intercambio sobre algunos de los temas. En algunos casos el señor Ministro explicaba el porqué de lo que entonces ya se sabía: que a partir del 1º de enero de 2004 las remuneraciones de los Directores y jerarcas del Nuevo Banco Comercial habían vuelto a sus niveles iniciales. Como consecuencia, algunos funcionarios de jerarquía habían recibido hasta un 22% de aumento en sus remuneraciones.

Cuando el señor Ministro repitió que tenía que profundizar en algunos aspectos para saber si podía dar las respuestas y reunir los documentos requeridos, determinando inclusive si la ley lo autorizaba a ofrecerlos, nosotros le preguntamos cuánto tiempo necesitaba para tener definiciones sobre estos temas. Insisto: esto sucedió el 21 de abril de 2004. El señor Ministro contestó: "Supongo que en dos semanas tendré todas las respuestas y la documentación, siempre que la información se pueda documentar y se pueda brindar; en este punto entramos de vuelta en el lío".

Pasó el tiempo y, realmente, nosotros ya no sabemos qué procedimiento seguir. Nos parece desproporcionado promover en nuestra bancada un llamado a Sala al señor Ministro para que nos dé respuesta sobre algunos aspectos puntuales, pero también creemos que no puede ser que esas interrogantes que se plantearon al Ministerio y que los integrantes de la Comisión de Hacienda de alguna manera hicieron suyas, con manifestaciones que constan en la propia versión taquigráfica, indefinidamente no lleguen al Parlamento, a este parlamentario ni al conjunto del Cuerpo, para poder de ahí deducir las iniciativas correspondientes.

Sobre este aspecto quisiera repasar algunas de las preguntas pendientes.

Pregunto a la Mesa de cuánto tiempo dispongo.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Le quedan siete minutos, señor Diputado.

SEÑOR ROSSI.- Muchas gracias.

En las versiones taquigráficas de la Comisión de Hacienda constan 18 preguntas que resumen nuestras preocupaciones planteadas al señor Ministro de Economía y Finanzas, y estas 18 preguntas fueron hechas por la Comisión de Hacienda, que se las remitió el 11 de mayo de 2004 como una última gestión ante el titular de esta Cartera.

Como complemento, quiero decir que el 1º de marzo de 2004 nos enteramos de que los Directores y Gerentes de principal jerarquía del Nuevo Banco Comercial habían recibido un nuevo aumento del 2,4% -desde luego que no tenemos explicación-, que en algunos casos se suma al aumento del 22% de principios de año. Y seguimos sin conocer la documentación que sostiene este régimen tan particular de relaciones de trabajo.

Por otro lado, en la página 57 del Informe de Actuaciones de 2003 de la Auditoría Interna de la Nación, se da cuenta de las actuaciones de este organismo en la Dirección Nacional de Pasos de Frontera, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. Allí se establecen recomendaciones y observaciones respecto a "La recaudación proveniente de los Contratos de Concesión relativos a la instalación y explotación de Tiendas [...]". Asimismo, se agrega: "No se cumple con las disposiciones establecidas en el TOCAF [...]. No se ha dado cumplimiento a la Resolución Ministerial de fecha 04/07/01 que establece que la DNPPFF deberá ajustarse a las pautas establecidas en el TOCAF [...]. Evitar la utilización 'transitoria' de importantes montos de lo recaudado por los contratos de concesión, para destinos no autorizados legalmente, tales como préstamos a SSFFAA o para gastos 'confidenciales' del Sr. Ministro complementarios a los presupuestalmente asignados.- En cuanto al manejo de fondos y a los gastos efectuados", se constata: "Excesiva cantidad de efectivo" en propiedad de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera; "Los funcionarios que manejan fondos en la DNPPFF no cuentan con Seguro [...]. No existe intervención previa al pago por parte del Tribunal de Cuentas. No existen registros contables formales. Facturas que no identifican como comprador a la DNPPFF. Boletas sin fecha. Comprobantes en los que no consta la conformidad del Jefe de Servicio. Gastos de reparación de vehículos que no son identificados en el comprobante. Compras a proveedores no inscriptos en la Tabla de Beneficiarios [...]. Irregularidades en cuanto a la correlatividad y cronología de boletas de varias empresas del medio".

Por lo tanto, nosotros pedimos información, vía Ministerio de Economía y Finanzas, a la Auditoría Interna de la Nación, para saber en qué se basaban estas conclusiones. El pedido de informes fue el 4 de febrero de 2004. Demoró y demoró, tratamos de averiguar qué pasaba con esto y pudimos confirmar que el 15 de marzo de 2004, es decir, un mes y diez días después, el expediente con la respuesta de la dirección de la Auditoría había sido entrado a la Dirección General del Ministerio de Economía y Finanzas. Hablamos con la Secretaría del señor Ministro, que nos puso en contacto con el Director General, a quien llamamos el 28 de mayo, el 31 de mayo y en varias oportunidades más, tratando de confirmar estos elementos. El 1º de junio recibimos una primera respuesta del señor González, quien nos comunicó que en la noche anterior, el 31 de mayo, el señor Ministro había dispuesto que la respuesta a nuestro pedido de informes fuera remitida al Ministerio de Defensa Nacional. En lugar de responder al legislador que había pedido los antecedentes, por la vía del Ministerio, a la Auditoría Interna de la Nación, el Ministerio de Economía y Finanzas envió la respuesta al Ministerio de Defensa Nacional. Se supone que el Ministerio de Economía y Finanzas debía estar al tanto de las observaciones de la Auditoría y que si tenía alguna comunicación que hacer al Ministerio de Defensa Nacional, seguramente la hizo mucho antes. Pero no; tuvimos que insistir varias veces telefónicamente para que se informara de nuestro pedido al Ministerio de Defensa Nacional, postergando indefinidamente, por lo tanto, la respuesta, que este legislador no tiene idea cuándo podrá recibir, más allá de que los plazos que la ley establece están claramente vencidos.

Hoy, a la hora 16, antes de empezar esta sesión, el señor Director González me confirmó que este expediente pasó al Ministerio de Defensa Nacional con mi pedido de informes incluido y, en consecuencia, no está en condiciones de hacerme llegar ninguna contestación mientras no reciba la respuesta del Ministerio de Defensa Nacional.

Nosotros, por lo tanto, vamos a solicitar que el plenario de esta Cámara, si lo entiende pertinente -vamos a presentar un proyecto de resolución en ese sentido-, reclame esta información en forma inmediata, porque nos parece que por esta vía de alguna manera se está desjerarquizando el funcionamiento del Parlamento y, en particular, la labor que los parlamentarios tenemos obligación de cumplir.

Muchas gracias.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Señor Presidente: no conocíamos el planteamiento político que iba a realizar el señor Diputado Rossi, pero realmente lo consideramos muy oportuno porque también sentimos enorme preocupación por las dificultades que hay para recibir en tiempo y forma la respuesta a pedidos de informes, algunos de los cuales son de mucha importancia para nosotros.

En el día de ayer, enviamos al señor Presidente de la Cámara una solicitud de reiteración de pedidos de informes que realizamos a los Ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas con fecha 1º de diciembre de 2003. Hemos esperado ya más de seis meses una información que consideramos de importancia, pues apunta a la forma en que se han adjudicado los recursos del Programa 068 del Ministerio de Salud Pública, referente a las Comisiones de Apoyo, que maneja $ 500:000.000. En función de que queríamos saber de qué manera se habían adjudicado esos recursos, cursamos el pedido de informes al señor Ministro de Salud Pública con fecha 1º de diciembre de 2003 y, entre una larga serie de preguntas que tienen que ver con la identificación del manejo de los recursos, le preguntábamos si consideraba que era correcta la ejecución de gastos de esas Comisiones de Apoyo, en especial en lo que hace a gastos de personal que no presta tareas en establecimientos hospitalarios del Ministerio, teniendo en cuenta que, al tenor del texto precitado de la legislación vigente, esos recursos deben ser manejados solo para tareas asistenciales.

En ese sentido, también pedimos al señor Ministro de Economía y Finanzas que solicitara informes a la Auditoría Interna de la Nación con respecto a la legalidad del gasto ejecutado en las Comisiones de Apoyo en los últimos dos Ejercicios. Reitero que las Comisiones de Apoyo manejan $ 500:000.000 por año.

Considero muy oportuno el planteamiento político que el señor Diputado Rossi realizó por otro tema, y aprovecho para solicitar que, a través de la Cámara, se dé a este pedido de informes la celeridad necesaria y se sensibilice tanto al señor Ministro de Economía y Finanzas como al de Salud Pública para que lo más rápidamente posible den respuesta a la inquietud que planteamos.

SEÑOR MELGAREJO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Quiero aclarar a los señores Diputados que lo que está en discusión es el planteamiento concreto que realizó el señor Diputado Rossi; por lo tanto, solicito que nos remitamos a ello.

Tiene la palabra el señor Diputado Melgarejo.

SEÑOR MELGAREJO.- Señor Presidente: voy a intentar no apartarme de este tema aunque, evidentemente, el planteamiento realizado hace a lo que le está pasando a la mayoría de los legisladores con respecto al instituto del pedido de informes.

El instituto del pedido de informes es totalmente claro y está legislado; es un elemento fundamental para el trabajo del legislador, pero, de alguna forma, vemos que se retacea la información y se enlentece la tarea en la medida en que no se toma en cuenta lo que la Constitución y algunas normas que hemos estado ajustando establecen en cuanto a la respuesta a los pedidos de informes. Inclusive, muchas veces no se tiene en cuenta la importancia de la información que se solicita, que no tiene que ver con cuestiones que sirven para entretenerse o perder el tiempo, sino con elementos relacionados hasta con la Justicia; no obstante, los pedidos de informes no son contestados.

Queremos señalar concretamente que apoyaremos con fervor lo que ha planteado el señor Diputado Rossi porque entendemos que la falta de celeridad -y, en muchos casos, hasta de seriedad- en la respuesta a los pedidos de informes, que se aparta de lo que establece la Constitución, implica que, de alguna forma, se están trampeando las posibilidades que tenemos los legisladores de llevar adelante nuestra tarea. Este planteamiento es oportuno y creo que la Cámara hace bien en tratar este tipo de cosas; de alguna manera, el planteamiento particular del señor Diputado Rossi tendría que hacerse extensivo al resto de los Ministerios, para que contesten con prontitud las cuestiones que desde hace mucho tiempo tenemos aparcadas en esos ámbitos.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR CHIFFLET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Seguramente los señores Diputados lo tienen presente, pero de todos modos quiero recordarles que la Ley Nº 17.673 es la que establece el procedimiento para que la Cámara haga suyo un pedido de informes cursado por un legislador cuando este no es contestado, como asimismo las consecuencias previstas si no es respondido.

Tiene la palabra el señor Diputado Chifflet.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: me parece importante el planteamiento que ha hecho el señor Diputado Rossi. Creo que los puntos que plantea no solo interesan a él y a su sector, sino a todos los sectores; algunos de los temas han sido debatidos públicamente, fueron recogidos por la prensa y necesitan un esclarecimiento público. De modo que el interés es colectivo; esto interesa al país.

En cuanto a los pedidos de informes, desde luego que el procedimiento es el que acaba de señalar el señor Presidente, y aclaro que hace un par de semanas solicité que la Cámara hiciera suyo un pedido de informes que cursé al Ministerio de Relaciones Exteriores y que me consta que desde hace mucho tiempo podría haber sido contestado; sin embargo, la respuesta se ha demorado. Pero no sé si es solo la marcha de los expedientes lo que contribuye a estas demoras. A efectos de explicarlo, voy a citar un caso que enaltece a alguno de los Ministros.

Hace pocas semanas, una persona me habló de un familiar que debía ser sometido a una operación quirúrgica en una mutualista y me dijo que había dos procedimientos: uno tradicional y otro más moderno. Pero era un caso delicado de cirugía cardíaca y me pareció que si hacía la averiguación a través de un pedido de informes cursado por la Cámara y seguía la marcha tradicional del mecanismo, estaría complicando el cuidado de la salud de ese paciente que estaba en una situación delicada. Opté, entonces, por enviar un fax al señor Ministro de Salud Pública -por cierto, no es el procedimiento parlamentario clásico-, y debo dejar constancia de que a las dos horas ya me había remitido una respuesta cuidadosa, explicándome por qué era obligación de la mutualista realizar la cirugía tradicional y que, como todavía no estaban comprobados los resultados de la más moderna, Salud Pública no podía exigir a la mutualista que la llevara adelante. Me dio una explicación en detalle, sobre la cual no me voy a extender, pero quiero dejar constancia de que el señor Ministro de Salud Pública contestó de inmediato e, inclusive, me dijo con qué médicos podían hablar los familiares de esta persona que debía ser sometida a una cirugía cardíaca, para tener la mejor atención posible.

Quiero dejar constancia de ello y señalar que la solicitud que realicé de que la Cámara hiciera suyo un pedido de informes cursado al Ministerio de Relaciones Exteriores probablemente se esté acumulando con algunos otros, pero deseo que oportunamente sea considerado por el Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Dese cuenta de una moción presentada por el señor Diputado Rossi.

(Se lee:)

"Ante el planteo efectuado en Sala sobre información no aportada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas respecto de: a) Instalación y funcionamiento del Nuevo Banco Comercial.- b) Auditorías realizadas a la Dirección Nacional de Pasos de Frontera, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.- La Cámara de Representantes reclama al señor Ministro de Economía y Finanzas, Isaac Alfie, una inmediata respuesta a los requerimientos efectuados".

——En discusión.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: quiero hacer algunas consideraciones, porque me parece que el tema es importante. No me voy a quejar por ningún pedido de informes que no haya sido contestado.

Creo que el tema es importante porque hace a una especificidad que tenemos como Poder Legislativo: la actividad de contralor, que no podemos eludir, que debemos cumplir. Aquí, en Sala, discutimos el tema relativo a los pedidos de informes y se aprobó esta ley que mejora la necesaria respuesta que deben dar los jerarcas del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Pero después de que un legislador hace el pedido de informes y luego de que la Cámara lo hace suyo, la única figura que queda en la ley es convocar a Sala al Ministro.

Muchas veces hemos sido criticados por hacer demasiadas interpelaciones o por solicitar demasiado la presencia de los Ministros. Me parece que en esta tensión que existe en nuestra organización institucional entre el Poder gubernamental y el Parlamento -con toda la discusión que ha habido acerca de si nuestro régimen es un presidencialismo o un presidencialismo atenuado y cuáles son los roles del Poder Legislativo-, este tema es muy importante, porque la forma como esto se resuelve nos da garantía en materia de cristalinidad y de limpieza de decisiones.

SEÑOR DÍAZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR AGAZZI.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: quiero decir que hay mecanismos intermedios entre las dos situaciones. Uno de ellos es la invitación al Ministro a Comisión. El propio señor Diputado Rossi recuerda que ha habido oportunidades en que el Ministro ha estado dando informaciones. No pienso que ante la no respuesta a un pedido de informes reiterado por la Cámara el único mecanismo que le quede al legislador sea llamar al Ministro en régimen de Comisión General o de interpelación.

Aprovecho esta interrupción para pedir al señor Diputado Rossi, que ha tenido toda esta preocupación sobre el Nuevo Banco Comercial -si no, lo haré solo-, que incorpore a sus inquietudes una pregunta sobre el promedio nominal y líquido de ingresos de los funcionarios del Nuevo Banco Comercial. Ya que estamos analizando los gastos del Banco me parece que estos pueden ser datos significativos.

Muchas gracias, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede continuar el señor Diputado Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Lo que yo estaba planteando no tenía nada que ver con el pedido concreto del señor Diputado Rossi, sino con un asunto más conceptual, que es el equilibrio de Poderes, que es lo que quiero defender acá.

Tenemos un Poder Ejecutivo que, como consecuencia de las últimas reformas constitucionales, progresivamente ha ido teniendo más poderes. De todas maneras, creo que nosotros tenemos prerrogativas y funciones que hacen que el diseño de los Poderes del Estado dé garantías de un cierto equilibrio. Eso es lo que quiero defender acá, porque se habla mucho del Parlamento, se le hacen críticas, pero los rasgos concretos de un Parlamento dependen del régimen de gobierno que tengamos y de cómo esté organizado el sistema político.

Quiero defender al Parlamento como pieza central del proceso de gobierno. Es verdad que el Parlamento muchas veces tiene ciertas debilidades; hay temas específicos que le son vedados y sus intervenciones no siempre son respondidas en la medida necesaria. El señor Diputado Díaz decía que existe un figura intermedia, que es la presencia del Ministro en Comisión. En este caso, la presencia existió y no fue suficiente. ¿Cuál es el escalón siguiente de la escalera?

Me parece que el Parlamento no debe funcionar bajo el principio de la obediencia debida y tampoco podemos aceptar una subordinación parlamentaria a lo que el Poder Ejecutivo nos informe. Así que me parece bien esta propuesta, que es una cosa intermedia, práctica y que puede dar respuesta a este caso concreto. Después lo pensaremos más en general.

SEÑOR ROSSI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR AGAZZI.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: reiteradamente se ha convocado al Ministro de Economía y Finanzas por este tema y las respuestas siempre se han ido postergando. En nuestra intervención leímos expresamente lo manifestado en su última comparecencia, el 21 de abril, y el plazo de quince días que se pidió está largamente vencido nuevamente, después de un año de formulado el primer pedido.

También puedo decir al señor Diputado Díaz que la pregunta número 14 de las 18 pendientes se refiere a tener información sobre las retribuciones personales y cargas sociales, si fuera posible discriminada entre Directores y síndicos, personal superior y el resto del escalafón del Nuevo Banco Comercial. Si lográramos obtener estas respuestas, el señor Diputado Díaz daría satisfacción a su curiosidad.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede continuar el señor Diputado Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor Diputado Rossi.

(Se vota)

——Treinta y dos en cuarenta y dos: AFIRMATIVA.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución:

Ante la incorporación del señor Representante Gustavo Borsari Brenna a la Cámara de Senadores por el día 2 de junio de 2004, se convoca al suplente correspondiente siguiente, señor Odel Abisab".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y siete en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.

Queda convocado el suplente correspondiente y se le invita a pasar a Sala.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 2 de junio de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente
De mi mayor consideración:

Por haber sido convocado para integrar la Cámara de Senadores, solicito licencia por el día de hoy.

Sin otro particular, saluda a usted cordialmente,

GUSTAVO BORSARI BRENNA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 2 de junio de 2004.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Dr. José Amorín Batlle.

Presente
De mi mayor consideración:

Al haber sido convocado para integrar el Cuerpo que Ud. preside, no acepto la convocatoria por esta única vez.

Saludo cordialmente,

Raúl Giuria Barbot".

VISTO: Que el señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Borsari Brenna, se incorporó a la Cámara de Senadores por el día 2 de junio de 2004.

CONSIDERANDO: Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Raúl Giuria Barbot.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en los artículos tercero y cuarto de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Raúl Giuria Barbot.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Montevideo, por el día 2 de junio de 2004, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señor Odel Abisab.

Sala de la Comisión, 2 de junio de 2004.

GUILLERMO ÁLVAREZ, TABARÉ HACKENBRUCH, TOMÁS TEIJEIRO".

——Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Prescripciones. (Modificación de disposiciones del Código Civil y del Código General del Proceso)".

(ANTECEDENTES:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1204 del Código Civil, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1204.- La propiedad de los bienes inmuebles u otros derechos reales se adquiere por la posesión de ocho años entre presentes y quince entre ausentes, con buena fe y justo título. (Artículo 693)".

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 1211 del Código Civil, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1211.- La propiedad de los bienes inmuebles y los demás derechos reales se prescribe también por la posesión de veinte años, bien sea entre presentes o entre ausentes, sin necesidad por parte del poseedor, de presentar título y sin que pueda oponérsele la mala fe, salvo la excepción establecida en el artículo 633".

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 1215 del Código Civil, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1215.- Toda acción real se prescribe por veinte años, sin distinción entre presentes y ausentes salvo la excepción determinada en el número 5 del artículo 643, y lo que se dispone en los artículos 1204, 1212 y 1214.

En cuanto a la hipoteca, se estará a lo dispuesto en el Título respectivo del Libro IV".

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 1216 del Código Civil, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1216.- Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por quince años, sin perjuicio de lo que al respecto dispongan leyes especiales. El tiempo comienza a correr desde que la deuda sea exigible".

Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 1217 del Código Civil, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1217.- El derecho de ejecutar por acción personal se prescribe por cinco años contados como expresa el artículo anterior.

Transcurridos los cinco años, la acción no adquiere el carácter ejecutivo por la confesión judicial del deudor, ni por el reconocimiento que se haga por documento privado".

Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 1243 del Código Civil, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1243.- Se suspende el curso de las prescripciones de tres, ocho y quince años (artículos 1204, 1212 y 1216) a favor:

1.- De los menores, de los dementes, de los sordomudos y de todos los que están bajo patria potestad o bajo tutela o curaduría. (Artículo 405).

2.- De la herencia yacente, mientras no tenga curador".

Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 1244 del Código Civil, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1244.- Cesando la causa de suspensión, se le cuenta al poseedor o deudor el tiempo anterior a ella, si lo hubo.

Transcurridos veinte años no se tomarán en cuenta las suspensiones determinadas en el artículo anterior".

Artículo 8º.- Sustitúyese el artículo 1561 del Código Civil, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1561.- La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el Juez de Oficio, cuando aparece de manifiesto, puede alegarse por todo aquel que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que la invalidaba, puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral y de la ley, y no puede subsanarse por la ratificación de las partes, ni por el lapso de tiempo que no pase de veinte años. (Artículo 144)".

Artículo 9º.- Incorpóranse al Código General del Proceso las siguientes disposiciones:

"ARTÍCULO .- Los procesos de prescripciones adquisitivas de bienes inmuebles ubicados en los departamentos del interior de la República, cuyo valor real fijado por la Dirección General de Catastro no excediere de 300 UR (trescientas unidades reajustables), se regirá por la legislación vigente, sin perjuicio de lo que se establece en las disposiciones siguientes:

1º) (Procedimientos).- El conocimiento, prueba, alegatos, resolución y recursos se seguirá por el proceso incidental regulado en los artículos 321 y 322 del Código General del Proceso.

2º) (Sentencia).- La sentencia que lo decida será definitiva. No obstante, deberá dictarse dentro de los plazos que la ley señala para las interlocutorias y tendrá el régimen impugnativo de éstas. (Artículo 254 del Código General del Proceso).

3º) (Notificaciones).- Todas las notificaciones se harán por edicto que se publicará en una cartelera que se llevará en el Juzgado. De la demanda y de la sentencia definitiva se dará noticia en el Diario Oficial, por una sola vez, por cuya publicación se cobrará la mitad de la tarifa.

4º) La planilla de contribución inmobiliaria al día constituirá presunción simple que el actor ha poseído con ánimo de dueño por los años en que haya abonado dicho tributo respecto del inmueble objeto de esta acción".

Montevideo, 14 de marzo de 2000.

JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo, SEBASTIÁN DA SILVA, Representante por Montevideo, MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo, AMBROSIO RODRÍGUEZ, Representante por Maldonado, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, Representante por Florida, BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, CARLOS GONZÁLEZ, Representante por Colonia, CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno, FRANCISCO GALLINAL, Representante por Lavalleja, FRANCISCO ORTIZ, Representante por Treinta y Tres, GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, GUSTAVO PENADÉS, Representante por Montevideo, JORGE CHÁPPER, Representante por San José, JULIO CARDOZO, Representante por Tacuarembó, DANIEL PEÑA, Representante por Canelones, JULIO C. SILVEIRA, Representante por Artigas, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, LUIS M. LEGLISE, Representante por Salto, ALBERTO PERDOMO, Representante por Canelones, RICARDO BEROIS QUINTEROS, Representante por Flores, ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, Representante por Rocha

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre ha constatado la necesidad de construir viviendas en los terrenos baldíos existentes en las villas, pueblos y ciudades del interior, ya que muchas veces las situaciones de mayor necesidad de vivienda están dadas en ocupantes de tierras ajenas.

En oportunidad de delinear acciones para el cumplimiento del objetivo trazado, se realizaron varios relevamientos sobre los terrenos en los que se levantarían dichas viviendas. Así se pudo conocer que la titulación de los mismos adolece de muchas y muy variadas deficiencias.

Al parecer el estado actual de dicha titulación se debe a que el escaso valor de mercado de dichos terrenos no justifica a sus ocupantes invertir dinero para realizar las regularizaciones.

Atento a ello, se estudió la forma de poder solucionar el problema planteado. Luego de analizar el tema en profundidad, de consultas con especialistas, se llegó a la conclusión que el camino a seguir sería el de facilitar la manera de obtener la prescripción adquisitiva de los bienes que se necesiten.

Muy sintéticamente diremos que se observó la necesidad de modificar el Código Civil, en especial, en cuanto a los plazos necesarios para la prescripción.

También fue preciso proyectar modificaciones al Código General del Proceso como forma de que el procedimiento judicial, para el logro del objetivo, se agilitara al extremo.

En esa dirección se redactaron diversos proyectos de ley. Algunas de las soluciones que se establecen, por ejemplo, modificaciones a otros plazos de prescripción, exceden de la finalidad perseguida, pero se proponen a efectos de no distorsionar la sistemática del orden jurídico.

En mérito a todo lo expuesto anteriormente se propone una reducción en los plazos para la prescripción adquisitiva de treinta a veinte años, la de veinte a quince años, y la de diez a ocho años. Asimismo, se propone la reducción del plazo de prescripción extintiva de las acciones personales de veinte a quince años, y de diez a cinco años el plazo para ejecutar por acción personal. La modificación respecto a las acciones personales se establece para no afectar la sistemática del Código Civil, donde el plazo de prescripción extintiva de acciones personales hoy vigentes, se corresponde con el de la usurpación de bienes inmuebles con justo título y buena fe entre ausentes (artículos 1216 y 1204 del Código Civil). En la misma línea argumental encuentra su fundamento la modificación del término de prescripción de las acciones reales (artículo 1215).

No se creyó conveniente proponer modificación de términos para los casos de prescripciones con plazos más cortos.

Montevideo, 14 de marzo de 2000.

JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo, SEBASTIÁN DA SILVA, Representante por Montevideo, MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo, AMBROSIO RODRÍGUEZ, Representante por Maldonado, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, Representante por Florida, BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, CARLOS GONZÁLEZ, Representante por Colonia, CARMELO VIDALÍN, Representante por Durazno, FRANCISCO GALLINAL, Representante por Lavalleja, FRANCISCO ORTIZ, Representante por Treinta y Tres, GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, GUSTAVO PENADÉS, Representante por Montevideo, JORGE CHÁPPER, Representante por San José, JULIO CARDOZO, Representante por Tacuarembó, DANIEL PEÑA, Representante por Canelones, JULIO C. SILVEIRA, Representante por Artigas, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, LUIS M. LEGLISE, Representante por Salto, ALBERTO PERDOMO, Representante por Canelones, RICARDO BEROIS QUINTEROS, Representante por Flores, ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, Representante por Rocha".

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha aprobado por unanimidad un proyecto de ley que establece el abatimiento integral de los distintos plazos de prescripción del Código Civil, e inclusive en algunos casos, eliminando la prescripción de buena fe y con justo título entre ausentes; reduciéndola de 20 a 10 años al igual que la de entre presentes.

El proyecto incorpora, en el artículo 1º inciso primero, una sustitución al artículo 1194 del Código Civil que establece la prescripción de los bienes de propiedad privada del Estado.

El Código Civil originario preveía que desde 1875 los poseedores de campo por sí o sus causantes estarán en todos los casos al abrigo de las pretensiones del Fisco, lo que nos llevaba al siglo XIX. Fue necesario que transcurriera un siglo y medio para que recién en 1957 el legislador se ocupara del tema y redujera a 45 años el plazo de prescripción de la tierra pública. En realidad, técnicamente no eran tierras públicas porque se trataba de propiedades privadas del Estado. Esa ley de ordenamiento financiero fue sustituida tres años más tarde, el 30 de noviembre de 1960, por la Ley Nº 12.802, que estableció que el plazo de prescripción de la tierra fiscal era de 30 años, con lo cual quedó unificado el régimen. Solo subsistía el caso de los Municipios que seguían con el plazo que originariamente había tenido la tierra fiscal, o sea 45 años.

Se entiende que este es un plazo extensísimo que impide la circulación de los bienes y obliga a un estudio de títulos por el expresado plazo de 45 años.

En las zonas urbanas y suburbanas del interior esta situación es más aguda ya que las salidas del dominio público son casi todas salidas municipales. En el artículo 1º del proyecto que sustituye el 1194 del Código Civil se incluyó a los Municipios dentro del régimen de la salida fiscal, reduciéndolos al mismo plazo.

Con respecto al inciso segundo se redujo el plazo de la prescripción adquisitiva a 20 años y se conservó el texto de la parte final "cumpliendo los demás requisitos establecidos en la legislación especial", proveniente del texto del artículo 1194 inciso segundo de la Ley Nº 16.603 que establece un régimen de accesión de posesiones muy simple porque por la sola agregación de años puede llevar a la adquisición del dominio por el modo usucapión.

Asimismo, se elimina la distinción entre ausentes y presentes unificando el plazo en 10 años.

Se agrega al artículo 1206 un tercer inciso que pone fin a la disputa doctrinaria y jurisprudencial relativa a la accesión de posesiones, excluyendo la prescripción larga de 30 a 6 años establecidas en los artículos 1211 y 1214, relativa a la usucapión de bienes inmuebles y muebles, respectivamente.

Se modifica el artículo 1243 numeral 1º, sustituyéndolo por una redacción más sencilla que abarca todos los supuestos de incapacidad, ya absoluta, ya relativa.

Se elimina la referencia al plazo de 30 años, recogiendo la posición dominante en doctrina y jurisprudencia nacionales en el sentido de que la nulidad no es subsanable nunca y que dicho plazo se refería, no a la prescripción extintiva, sino a la posibilidad de adquirir por prescripción.

Se prevé la incorporación de la prescripción adquisitiva como proceso extraordinario, en el artículo 349 del Código General del Proceso.

En cuanto a las derogaciones, se establecen dos: la primera, el 1205 que establecía qué se entiende por ausente a los efectos de la prescripción. Esta norma carece de aplicación ya que se eliminó la distinción entre presentes y ausentes. La segunda, el artículo 1231 se refería al régimen transitorio de la prescripción, que es sustituido por el artículo 5º del proyecto.

Por último, el proyecto establece un plazo de dos años para las prescripciones a punto de consumarse, a fin de que el texto legal proyectado, que reduce los plazos de prescripción, no cercene la posibilidad de algún propietario de defender su derecho, considerándose que el plazo de dos años es un régimen transitorio y se considera suficientemente amplio como para cumplir la función tuitiva que se le comete.

Por lo expuesto, se aconseja al plenario la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 17 de setiembre de 2003.

FERNANDO ARAÚJO, Miembro Informante, JORGE BARRERA, GUSTAVO BORSARI BRENNA, DANIEL DÍAZ MAYNARD, JORGE ORRICO, MARGARITA PERCOVICH, MARÍA CECILIA SARAVIA OLMOS, ELIZABETH VILLALBA.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º- Sustitúyense los artículos 1150, 1194, 1204, 1206, 1211, 1215, 1216, 1217, 1243, 1244, 1561 y 1569 del Código Civil, por los siguientes:

"ARTÍCULO 1150.- La acción para pedir la partición de la herencia expira a los veinte años contra el coheredero que ha poseído el todo o parte de ella en nombre propio o como único dueño.

Si todos los coherederos poseyeren en común la herencia, o alguno de ellos en nombre y como cosa de todos, no tiene lugar la prescripción.

ARTÍCULO 1194.- El Estado y los Municipios respecto de los bienes de propiedad privada, con excepción de las tierras públicas, los establecimientos públicos y corporaciones, quedan sujetos a las mismas prescripciones que los particulares y pueden oponerla como ellos.

Con respecto a las tierras públicas que un poseedor hubiere poseído por sí o por sus causantes a título universal o singular por espacio de veinte años, estarán en todos los casos al abrigo de las pretensiones del Fisco, cumpliendo los demás requisitos establecidos en la legislación especial.

ARTÍCULO 1204.- La propiedad de los bienes inmuebles u otros derechos reales se adquiere por la posesión de diez años con buena fe y justo título. (Artículo 693).

ARTÍCULO 1206.- El poseedor actual puede completar el término necesario para la prescripción, añadiendo a su posesión la de aquél de quien hubo la cosa, bien sea por título universal o particular, oneroso o lucrativo, con tal que uno y otro hayan principiado a poseer de buena fe.

Cuando por falta de buena fe o de justo título en el autor, no pueda el sucesor aprovecharse de la posesión de aquél, podrá, sin embargo, prescribir, siempre que posea por sí, durante todo el tiempo señalado por la ley.

Este artículo no es aplicable a los supuestos de los artículos 1211 y 1214 de este Código. En los casos de estos artículos, el poseedor actual puede completar el tiempo necesario para la prescripción añadiendo la de aquél o aquéllos que le precedieron en la posesión, si la obtuviere de ellos por título universal o particular, oneroso o lucrativo.

ARTÍCULO 1211.- La propiedad de los bienes inmuebles y los demás derechos reales se prescribe también por la posesión de veinte años, sin necesidad por parte del poseedor, de presentar título y sin que pueda oponérsele la mala fe, salvo la excepción establecida en el artículo 633.

ARTÍCULO 1215.- Toda acción real se prescribe por veinte años, salvo la excepción determinada en el numeral 5) del artículo 643, y lo que se dispone en los artículos 1204, 1212 y 1214.

ARTÍCULO 1216.- Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, sin perjuicio de lo que al respecto dispongan leyes especiales.

El tiempo comenzará a correr desde que la deuda es exigible.

ARTÍCULO 1217.- El derecho de ejecutar por acción personal se prescribe por cinco años contados como expresa el inciso segundo del artículo anterior.

Transcurridos los cinco años, la acción no adquiere el carácter ejecutivo por la confesión judicial del deudor, ni por el reconocimiento que haga del documento privado.

ARTÍCULO 1243.- Se suspende el curso de las prescripciones de tres y diez años (artículos 1204, 1212 y 1216) a favor:

1. De los incapaces absolutos o relativos.

2. De la herencia yacente, mientras no tenga curador.

ARTÍCULO 1244.- Cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor o deudor el tiempo anterior a ella, si lo hubo.

Transcurridos veinte años no se tomarán en cuenta las suspensiones determinadas en el artículo anterior.

ARTÍCULO 1561.- La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el Juez de oficio, cuando aparece de manifiesto; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede, asimismo, pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral y de la ley, y no puede subsanarse.

ARTÍCULO 1569.- Los herederos mayores de edad gozarán del cuadrienio íntegro, si no hubiere principiado a correr en vida de su antecesor, y del residuo en caso contrario.

Los herederos menores empezarán a gozar del cuadrienio o su residuo desde que hubieren llegado a su mayor edad.

Sin embargo, en este caso no se podrá pedir la declaración de nulidad pasados veinte años desde la celebración del acto o contrato".

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 1018 del Código de Comercio por el siguiente:

"ARTÍCULO 1018.- Todas las acciones provenientes de obligaciones comerciales, ya sea contraídas por escritura pública o privada, quedan prescriptas, no siendo intentadas dentro de diez años".

Artículo 3º.- Incorpórase al artículo 349 del Código General del Proceso, el numeral siguiente:

"4) Los procesos de prescripción adquisitiva de cualquier clase de bienes".

Artículo 4º.- Deróganse los artículos 1205 y 1231 del Código Civil.

Artículo 5º. (Disposición transitoria).- Las prescripciones empezadas a la fecha en que esta ley sea obligatoria se determinarán conforme a las disposiciones de ésta.

Sin embargo, las prescripciones en curso que por efecto de las reducciones de plazo establecidas por esta ley, se hubieren consumado o se consumaren antes del plazo de dos años a partir de la fecha indicada en el inciso anterior, se consumarán, recién, al finalizar dicho lapso.

Sala de la Comisión, 17 de setiembre de 2003.

FERNANDO ARAÚJO, Miembro Informante, JORGE BARRERA, GUSTAVO BORSARI BRENNA, DANIEL DÍAZ MAYNARD, JORGE ORRICO, MARGARITA PERCOVICH, MARÍA CECILIA SARAVIA OLMOS, ELIZABETH VILLALBA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Araújo.

SEÑOR ARAÚJO.- Señor Presidente: brevemente vamos a informar este proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

Debemos decir que esta iniciativa tiene como antecedente parlamentario el proyecto presentado por Representantes del Partido Nacional -los señores Diputados Jaime Trobo, Sebastián Da Silva, Alejandra Rivero Saralegui, Ambrosio Rodríguez y una larga nómina de legisladores firmantes-, que atendía al planteo ya reiterado de MEVIR en cuanto a la necesidad de modificar los plazos de prescripción, fundamentalmente referidos a bienes inmuebles en el interior del país.

El proyecto apunta sobre todo a la prescripción adquisitiva, abrevia plazos y, además, está en consonancia con el derecho comparado, ya que en la mayor parte de los países del mundo los plazos de prescripción son menores a los que existen en nuestro país, cuya legislación tiene más de sesenta años de vigencia.

El proyecto incorpora en el inciso primero del artículo 1º una sustitución al artículo 1194 del Código Civil, que establece la prescripción de los bienes de propiedad privada del Estado.

El Código Civil originario preveía que desde 1875 los poseedores de campo por sí o sus causantes estarían en todos los casos al abrigo de las pretensiones del Fisco, lo que nos llevaba al siglo XIX. Fue necesario que transcurrieran muchas décadas para que, recién en el año 1957, el legislador se ocupara del tema y redujera a cuarenta y cinco años el plazo de prescripción de la tierra pública. En realidad, técnicamente -lo decimos en el informe-, no se trataba de tierras públicas, sino de propiedades privadas del Estado. Tres años más tarde, el 30 de noviembre de 1960, esa ley de ordenamiento financiero fue sustituida por la Ley Nº 12.802, que estableció que el plazo de prescripción de la tierra fiscal era de treinta años, con lo cual se unificó el régimen. Eso es lo que ha estado vigente hasta el presente. Solo los Municipios seguían con el plazo de cuarenta y cinco años establecido originariamente para la tierra fiscal.

Se entiende que este es un plazo muy extenso que impide la circulación de los bienes, que no está adecuado a las necesidades del mundo moderno, a la necesidad de la rápida transferencia de los bienes y que obliga especialmente a los escribanos a un estudio de títulos por ese término de cuarenta y cinco años, lo cual resulta excesivo. En las zonas urbanas y suburbanas del interior del país esta situación es mucho más aguda, ya que las salidas del dominio público son casi todas salidas municipales.

Entonces, en el artículo 1º del proyecto de ley a estudio, que sustituye el artículo 1194 del Código Civil, se incluyó a los Municipios en el régimen de la salida fiscal, estableciendo el mismo plazo. De alguna manera, esto estaría unificando el régimen.

Con respecto al inciso segundo, se reduce el plazo de la prescripción adquisitiva a veinte años y se conserva la expresión de la parte final: "cumpliendo los demás requisitos establecidos en la legislación especial", proveniente del texto del segundo inciso del artículo 1194 del Código Civil, reglamentado por la Ley Nº 16.603, que establece un régimen de accesión de posesiones muy simple porque, por la sola agregación de años, se puede llegar a la adquisición del dominio por el modo usucapión.

Asimismo, se elimina la distinción entre ausentes y presentes, unificándose el plazo en diez años.

Por otra parte, se agrega un tercer inciso al artículo 1206 que pone fin a la disputa doctrinaria y jurisprudencial relativa a la accesión de posesiones, excluyendo la prescripción larga de treinta a seis años establecida en los artículos 1211 y 1214, relativa a la usucapión de bienes inmuebles y muebles, respectivamente.

Además, se elimina la referencia al plazo de treinta años, recogiendo la posición dominante de la doctrina y de la jurisprudencia nacionales, en el sentido de que la nulidad nunca es subsanable y que dicho plazo se refería no a la prescripción extintiva, sino a la posibilidad de adquirir por prescripción.

También se prevé la incorporación de la prescripción adquisitiva como proceso extraordinario, incluido en el artículo 349 del Código General del Proceso. Esto significa que en el proyecto de ley que está siendo sometido al tratamiento de la Cámara se está planteando una modificación al Código Civil, al Código de Comercio y al Código General del Proceso, incluyendo el procedimiento de prescripción dentro del proceso extraordinario, a diferencia de lo que ocurre actualmente, en que es utilizado el proceso ordinario.

En cuanto a las derogaciones, se establecen dos. En primer lugar, el artículo 1205 del Código Civil, que establecía qué se entiende por ausente a los efectos de la prescripción, carece de aplicación en la medida en que se eliminó la distinción entre presentes y ausentes. En segundo término, se deroga el artículo 1231, que refería al régimen transitorio de la prescripción, que es sustituido por el artículo 5º del proyecto.

Por último, el proyecto establece un plazo de dos años para las prescripciones a punto de consumarse, a fin de que el texto legal proyectado, que reduce los plazos de prescripción, no cercene la posibilidad de algún propietario de defender su derecho. Se considera que el plazo de dos años es un régimen transitorio y es suficientemente amplio como para cumplir con la función tuitiva que se comete.

Por lo expuesto, recomendamos al plenario la aprobación de este texto que, reitero, fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

SEÑOR BARRERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: después del informe jurídico claro y contundente que ha hecho el señor Diputado Araújo, sabiendo que este proyecto fue votado por unanimidad en la Comisión y que es intención de todos aprobarlo en los próximos minutos, simplemente quiero dejar algunas constancias muy breves.

Si bien la discusión sobre este proyecto es, aparentemente, de corte jurídico, su aprobación tiene una importante proyección social, no solo porque da seguridad y certeza jurídica -¡y vaya si ese es un valor indispensable para la convivencia en una sociedad!-, sino porque también implica el reconocimiento a la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre. Como se sostiene en la exposición de motivos, "La Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre ha constatado la necesidad de construir viviendas en los terrenos baldíos existentes en las villas, pueblos y ciudades del interior, ya que muchas veces las situaciones de mayor necesidad de vivienda están dadas en ocupantes de tierras ajenas".

La iniciativa es importante, no solo por las valoraciones jurídicas que hacía el señor miembro informante, sino también por su proyección social desde dos puntos de vista: por la certeza jurídica y por la importante tarea que viene desarrollando este organismo para bien de todos los uruguayos.

Por estos motivos, vamos a dar nuestro voto afirmativo a este proyecto de ley.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Señor Presidente: tal como acaba de expresar el señor Diputado Barrera, este informe ha sido acompañado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

No voy a reiterar la excelente intervención del miembro informante, señor Diputado Araújo, que suscribo en su totalidad. Simplemente quiero decir que se trata de una ley muy necesaria, que va a solucionar una serie de problemas prácticos, reales, y que va a permitir a mucha gente regularizar su situación jurídica en cuanto a los terrenos que están ocupando. Además, la iniciativa se acompasa con los tiempos porque, evidentemente, las comunicaciones que existían antes -cuando se podía exigir un plazo de treinta años, porque eso era lógico- no son iguales a las actuales. Hoy en día los caminos son distintos; la gente se traslada con facilidad. Anteriormente, a menudo la gente tenía dificultades para llegar al lugar en el que tenía una propiedad, pero eso ya no acontece en la misma medida.

Entonces, es plenamente justificable que hoy, en la era de la informática, se disminuyan todos estos plazos y se acompase la legislación a los tiempos modernos, dando solución, además, a situaciones como las que planteaba MEVIR, que creo tiene absoluta razón.

Es cuanto quería decir.

SEÑOR SEÑORALE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SEÑORALE.- Señor Presidente: me sumo a todo lo expresado sobre las bondades de este proyecto de ley.

Es bienvenido el hecho de habernos decidido a modificar normas que se originan en nuestro primer Código Civil, de 1875. No obstante, en lo personal, pienso que deberíamos haber profundizado un poco más en el acortamiento de los plazos. Me parece que en algunos casos continúa siendo excesivo un plazo de veinte años para una prescripción adquisitiva por abandono del inmueble. En este sentido, hago hincapié en lo que se ha mencionado aquí con respecto a los medios modernos de comunicación. Me parece que sigue siendo excesivo que deban transcurrir veinte años para que alguien pierda un bien por abandono y otra persona lo adquiera por prescripción.

De todos modos, comienzo tienen las cosas y este es un paso importante para solucionar aspectos jurídicos y temas que hacen al funcionamiento de la propiedad inmueble, recuperando para el tráfico jurídico y la comercialización muchos inmuebles que por décadas permanecen abandonados, en virtud de no tener solucionado el problema de la titulación.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR BARRERA.- ¿Me permite, señor Presidente?

Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos y se voten en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y siete en cuarenta: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 1º a 5º, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota)

——Treinta y ocho en cuarenta: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

——El asunto que figura en quinto término del orden del día refiere al otorgamiento de una pensión graciable al señor Julio Alberto Sobrera.

Corresponde tomar la votación por cédulas, la cual se efectuará a partir de este momento y hasta la hora 18 y 40.

La Mesa recuerda a los señores Diputados que deben firmar las tirillas de los sobres y que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 de la Constitución, el voto es secreto.

Hemos establecido un plazo de treinta y cinco minutos porque aún resta tratar tres asuntos para culminar con la consideración del orden del día, los cuales pueden ser analizados relativamente rápido.

Correspondería considerar ahora el asunto que figura en sexto término del orden del día: "Constitución de la República. (Se modifican diversas normas).

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 del Reglamento de la Cámara, se requiere quórum máximo para la consideración de este asunto, en mérito a que la Constitución exige dos tercios de votos para su sanción.

Siguiendo el procedimiento que históricamente se ha aplicado, es imprescindible que en la discusión general y en la particular del tema haya cincuenta señores legisladores presentes, y para la aprobación del articulado son necesarios, de acuerdo con lo dispuesto por el literal D) del artículo 331 de la Constitución, los votos de los dos tercios del total de componentes de cada Cámara, es decir que se debe contar con sesenta y seis votos conformes.

No habiendo en Sala el quórum requerido, se aplaza la consideración del asunto.

A continuación, deberíamos considerar el asunto que figura en séptimo lugar del orden del día: "Vigésimo primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 entre los Gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR y el Gobierno de Chile, y su Anexo ('Régimen de Solución de Controversias'). (Aprobación)".

Se aprobó el pase a la discusión particular de este proyecto, pero para la aprobación de su artículo único se requieren cincuenta votos conformes y no hay en Sala el quórum correspondiente. Por lo tanto, queda también aplazado hasta que haya en Sala la cantidad de legisladores necesaria.

Correspondería pasar a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: "Extensión de los límites de crédito del Banco de la República Oriental del Uruguay. (Se modifica el plazo de la autorización oportunamente otorgada)", pero en este momento no están presentes en Sala los integrantes de la Comisión de Hacienda, a quienes corresponde informar para ilustrar al Cuerpo sobre este proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la mencionada Comisión.

En consecuencia, la Mesa sugiere que algún señor legislador mocione para aplazar su consideración hasta que ingrese a Sala alguno de los integrantes de la Comisión de Hacienda.

SEÑOR BAYARDI.- En consonancia con lo planteado por el señor Presidente, mociono para que se aplace la consideración de este asunto hasta que llegue algún miembro de la Comisión de Hacienda para ilustrar al Cuerpo sobre la extensión de los límites de crédito del Banco de la República.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y cuatro en treinta y siete: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Bayardi.

(Se lee:)

"Mociono para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y uno en treinta y tres: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

"PROYECTOS PRESENTADOS

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea un Fondo de Administración de Activos Financieros para administrar fideicomisos financieros. C/3866/004

-    A la Comisión de Hacienda".

"FONDO DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS. (Creación como persona pública no estatal a fin de administrar fideicomisos financieros).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase el Fondo de Administración de Activos Financieros, como persona jurídica de derecho público no estatal, que tendrá como cometido actuar como fiduciario en todos los fideicomisos constituidos y a constituirse por entidades bancarias oficiales o por el Banco Central del Uruguay (BCU), actuando en su carácter de liquidador de instituciones financieras privadas.

Artículo 2º.- El Fondo tendrá su domicilio legal en la ciudad de Montevideo.

Artículo 3º.- El Fondo será administrado por un Directorio de tres miembros: uno, que lo presidirá, designado por el Banco Central del Uruguay (BCU); otro, designado por el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), que actuará como Secretario, y el tercero, designado por el Poder Ejecutivo, de una terna de nombres propuesta por las organizaciones representativas de los ahorristas acreedores de las instituciones financieras en liquidación.

Artículo 4º.- Los miembros del Directorio durarán en sus cargos cinco años, y podrán ser removidos en cualquier momento por los organismos facultados para su designación. Transcurridos los cinco años de gestión, podrán ser reelectos en sus cargos por única vez.

Artículo 5º.- Serán competencias del Directorio:

A) Ejercer la dirección, administración y control del Fondo de Administración.

B) Proyectar el presupuesto y elevarlo al Poder Ejecutivo para su aprobación.

C) Contratar, promover, trasladar, sancionar y despedir a los empleados de su dependencia.

D) Establecer la organización administrativa del Fondo, determinar las atribuciones de sus dependencias y, en general, dictar los reglamentos, disposiciones y resoluciones necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

E) Disponer la apertura o clausura de agencias en el interior y en la capital de la República, designando los agentes y contratando los servicios necesarios.

F) Celebrar, en calidad de fiduciario, contratos de fideicomiso con el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), o con el Banco Central del Uruguay (BCU), en su condición de liquidador de instituciones privadas de intermediación financiera.

G) Establecer políticas de recuperación de carteras, de administración y de venta de activos de acuerdo al contrato de fideicomiso pertinente, y de rescate de certificados de participación.

H) Celebrar los contratos de compraventa, arrendamiento, mandato y todos aquellos necesarios para su funcionamiento.

I) En general, todas aquellas atribuciones necesarias para el cumplimiento de su cometido.

Artículo 6º.- La representación del Fondo, tanto en juicio como fuera de él, corresponderá al Presidente y Secretario del Directorio actuando conjuntamente, quienes podrán otorgar los mandatos para la representación del instituto.

Artículo 7º.- Toda resolución violatoria de la Constitución, leyes o reglamentos, importará la responsabilidad personal y solidaria de los miembros del Directorio.

Quedan exentos de esta responsabilidad:

A) Quienes hubieran hecho constar en el acta el voto negativo y su fundamento.

B) Los ausentes de la reunión en que se adoptó la resolución ilegítima, siempre que, en la primera sesión ordinaria posterior a la que asistan, formulen la constancia prevista en el literal anterior.

En el caso de voto negativo por razones de legitimidad, quedará en suspenso la resolución y dentro de los dos días hábiles siguientes a la sesión en que se aprobó el acta, el Secretario del Directorio, sin necesidad de previa resolución, elevará al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, testimonio del acta respectiva y de los antecedentes que existieren. Si dicho Poder no se expidiera dentro de los sesenta días siguientes a la recepción del acta, la resolución del Directorio quedará firme y se cumplirá sin más trámite.

Artículo 8º.- El Banco Central del Uruguay (BCU), como liquidador, deberá constituir fideicomiso de administración de los bienes, derechos y acciones de las instituciones liquidadas a que refieren los artículos 18, 25, 38 y 39 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, existentes a la fecha de promulgación de la presente ley, con el Fondo de Administración de Activos Financieros a que refiere el artículo 1º de esta ley.

Los créditos contra las instituciones liquidadas se transformarán en certificados de participación en el patrimonio objeto de fideicomiso, a prorrata de su valor en el conjunto del pasivo, a la fecha de suscripción del contrato de fideicomiso.

Artículo 9º.- El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) podrá constituir fideicomiso de administración de sus créditos, derechos y acciones con el Fondo de Administración de Activos Financieros.

Artículo 10.- Los fideicomisos a constituir por el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), así como los constituidos a la fecha de promulgación de la presente ley, pasarán a ser administrados por el Fondo de Administración de Activos Financieros que por esta ley se crea.

En el caso de los Fondos de Recuperación del Patrimonio bancario de los ex Bancos Comercial, Montevideo-Caja Obrera y de Crédito, el Banco Central del Uruguay (BCU) deberá constituir los respectivos fideicomisos a favor del Fondo. En ambos casos, deberán transferirle la totalidad del patrimonio en fideicomiso, incluso los activos líquidos disponibles.

Artículo 11.- El Fondo deberá mantener contabilidad separada de los distintos patrimonios administrados, y de su propio patrimonio; elaborar y presentar estados contables ante los organismos de control, y en general, administrar con la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios.

Sin perjuicio de la independencia de los patrimonios recibidos en los diferentes fideicomisos, el Fondo procurará el tratamiento unitario del pasivo de un mismo deudor o grupo económico, cuando se trate de empresas agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, con la finalidad de facilitar la recuperación o reconversión productiva y el mantenimiento de las fuentes de empleo.

Artículo 12.- Los manuales de recuperación de activos que se instrumenten por el Fondo de Administración de Activos Financieros, se ajustarán a las previsiones del respectivo contrato de fideicomiso, y serán aprobados por la unanimidad del Directorio con la conformidad del Comité de Sindicatura.

Artículo 13.- El contrato de fideicomiso podrá autorizar al Directorio del Fondo a reducir la tasa de interés pactada en los documentos suscritos con anterioridad al 19 de junio de 2002, por los deudores comprendidos en el mismo, fijándola inferior, en todos los casos, a la tasa de interés más baja de las tasas por operaciones bancarias activas, a la fecha de constitución del respectivo fideicomiso.

Cuando se tratara de empresas agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, se requerirá estudio previo de su viabilidad económica.

Artículo 14.- Asimismo, el contrato de fideicomiso podrá autorizar al Directorio del Fondo, por unanimidad de los integrantes, para que, previo informe preceptivo del Comité de Sindicatura, acuerde, con los deudores comprendidos en el mismo, quitas y esperas.

Cuando se tratare de las empresas mencionadas en el inciso segundo del artículo anterior, ésta potestad se habilita cuando la situación patrimonial y viabilidad económica de la empresa, asegure el cumplimiento del respectivo convenio, en atención al carácter social, o a la importancia para el país de la actividad que desarrolla.

Artículo 15.- La gestión y administración del Fondo serán controladas por un Comité de Sindicatura de cuatro miembros, designado por el Poder Ejecutivo, cuya intervención será preceptiva en caso de disponerse la enajenación o cesión de los bienes, derechos o acciones dados en fideicomiso.

Si el Comité de Sindicatura formulara observaciones, el acto de cesión o enajenación solo será válido si fuere aprobado por la unanimidad de integrantes del Directorio.

La designación deberá recaer en personas de reconocida idoneidad propuestas respectivamente por la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), las gremiales más representativas de la agropecuaria, las de la industria y el comercio, y de las pequeñas y medianas empresas.

Artículo 16.- Por cada fideicomiso habrá un Comité de Auditoría contable de tres miembros, designado por el Poder Ejecutivo, que tendrá a su cargo el control de la gestión de los fideicomisos cometidos al Fondo. Sus miembros serán designados, uno, a propuesta de la Auditoría Interna de la Nación, otro, a propuesta de los deudores de los derechos transmitidos en fideicomiso, y el tercero a propuesta de los tenedores de certificados de participación, o en su caso, del fideicomitente.

El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento de designación, que recaerá en personas de notoria idoneidad, quienes permanecerán en sus cargos por el tiempo y en las mismas condiciones que los miembros del Directorio.

El Comité de Auditoría informará anualmente al fideicomitente, a cuyos efectos el Fondo deberá facilitar amplia información sobre la contabilidad del patrimonio fideicometido, y mantener actualizados los inventarios y estados contables de los respectivos patrimonios en fideicomiso.

Artículo 17.- Las remuneraciones de los Directores serán fijadas por el Poder Ejecutivo y tendrán como referencia máxima las retribuciones de los directores de los Bancos oficiales.

Las remuneraciones de los integrantes del Comité de Sindicatura y del Comité de Auditoría serán fijadas por el Poder Ejecutivo y guardará una razonable proporcionalidad con las retribuciones de los Directores.

Artículo 18.- La relación de trabajo de los empleados del Fondo se regirá por el Derecho Laboral. En todas las reclamaciones que se originen por los conflictos individuales emergentes de la relación laboral entre el Fondo y los empleados será competente la justicia del trabajo.

Los empleados del Fondo quedarán amparados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, en relación a su afiliación, y en general, a todos los efectos de la seguridad social.

Artículo 19.- Los importes que se recuperen por la administración de los activos serán distribuidos de la siguiente forma:

A) Se aplicará hasta un máximo del 10% (diez por ciento) de lo recuperado, según lo establecido en el contrato de fideicomiso, como recursos del Fondo de Administración, a los efectos de atender sus gastos de funcionamiento y las remuneraciones de su personal.

B) El saldo será entregado semestralmente al fideicomitente o, en su caso, será distribuido entre los tenedores de títulos de participación del respectivo fideicomiso.

Artículo 20.- A los efectos impositivos los fideicomisos constituidos con activos provenientes de los Fondos de Recuperación de Patrimonio Bancario estarán exonerados de los impuestos a los activos a las empresas bancarias y el impuesto del contralor del sistema financiero, sin perjuicio de las exoneraciones previstas en el artículo 43 de la Ley Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003.

Artículo 21.- El Fondo tendrá todas las facultades de administración otorgadas al Banco Central del Uruguay (BCU) por los artículos 15 y 18 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

Artículo 22.- Contra las resoluciones del Directorio procederá el recurso de revocación, que deberá interponerse dentro de los diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación al interesado. El recurso no procederá en caso de actos de administración o disposición del patrimonio fideicometido.

Una vez interpuesto el recurso, el Directorio dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto y se configurará denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo.

Denegado el recurso de revocación el recurrente podrá interponer únicamente por razones de juridicidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que por turno corresponda.

La interposición de esta demanda deberá hacerse dentro del término de veinte días de notificada la denegatoria expresa o, en su defecto, del momento en que se configure la denegatoria ficta. La demanda de anulación solo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado. La sentencia del Tribunal no admitirá recurso alguno.

Artículo 23.- Derógase toda disposición legal que se oponga directa o indirectamente a lo establecido en esta ley.

Montevideo, 2 de junio de 2004.

JOSÉ BAYARDI, Representante por Montevideo, ENRIQUE PÉREZ MORAD, Representante por Maldonado, LUCÍA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, LEONEL HEBER SELLANES, Representante por San José, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo, RAQUEL BARREIRO, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presentación del presente proyecto de ley pretende aportar la iniciativa parlamentaria requerida por nuestro marco constitucional al anteproyecto de ley que pusiera a consideración de los señores legisladores doce organizaciones gremiales con fecha 6 de mayo del presente año.

Analizado el anteproyecto e introducidas las modificaciones que los legisladores firmantes entendimos necesarias, creemos que el proyecto y su iniciativa se constituyen en un instrumento idóneo para gestionar la administración de los fideicomisos que las entidades fideicomitentes del sistema financiero dispongan llevar adelante, con el objetivo de salvaguardar con las mayores garantías el interés tanto de los deudores como de los acreedores.

1) Objetivos:

Desarrollo del interés general

Los uruguayos hemos vivido los últimos años bajo las llamadas políticas de estabilización, que han ubicado al mercado en el centro del funcionamiento de nuestra sociedad. A través del manejo del tipo de cambio, lo que se ha denominado "atraso cambiario", se logró un abatimiento de la inflación que, junto a la rebaja indiscriminada de aranceles, favoreció el ingreso masivo de productos importados. El ingreso masivo de productos importados como la pérdida de competitividad de los sectores exportadores, nos llevó al déficit crónico de la balanza comercial, al desempleo y al endeudamiento externo astronómico del país, obligando a los sectores productivos a soportar la competencia desleal sin las necesarias responsabilidades y controles cuya consecuencia ha sido privilegiar la especulación financiera.

Esta política económica implantada desde la década anterior con largos períodos de atraso cambiario, junto con las tasas de interés locales muy superiores a las internacionales (hoy en USA es el 1%), se han constituido en los factores fundamentales para el sobreendeudamiento y han originado una transferencia permanente de recursos desde el sector productivo hacia el sistema financiero y los grandes importadores, en detrimento de los sectores de la producción y del trabajo.

Aquellos que se la "jugaron" invirtiendo para salir al exterior o enfrentar a los "productos importados", hoy conforman uno de los fenómenos más expresivos de la crisis socioeconómica, un universo heterogéneo de deudores de cuya conducta y posibilidades de rehabilitación productiva depende en gran parte el futuro desarrollo del país. Quienes se han endeudado para producir y generar riqueza, para fomentar el trabajo y la dignificación de las condiciones de vida de los uruguayos, quienes se han endeudado para satisfacer las necesidades más elementales de la condición humana, trabajadores y familias de la producción, hoy no solo exigen del sistema político soluciones, sino que ofrecen propuestas para resolver esta lamentable situación.

Por lo tanto, el tratamiento de la misma no puede quedar librado a la discrecionalidad del gobierno, sino que debe contemplar la más absoluta transparencia, el cabal conocimiento y la participación efectiva de todos los uruguayos. El no resolver esta cuestión en forma democrática y en base al interés general, estrecha en grado sumo las posibilidades de reactivación productiva y generación de empleo.

Se trata de articular una propuesta que además del interés específico del sector financiero del Uruguay integre en forma compatible el interés del país en lo que refiere a la preservación de los sectores productivos, industriales, del comercio y Servicios, sobre todo aquellos con más impacto en el empleo y la generación de riqueza, como es expresado en el artículo 50 de la Constitución de la República.

Debe quedar bien claro que encontrar soluciones globales al tema, no significa que se pretende un igual tratamiento para todos los deudores, ya que con ello se estaría profundizando una situación de injusticia que se ha venido procesando a lo largo del tiempo, como consecuencia del manejo político del tema. Existen tres franjas de deudores claramente diferenciadas, que merecen un tratamiento selectivo:

- Aquellos que se endeudaron trabajando y hoy su actividad productiva o bien ha mejorado en su valor y rentabilidad (gracias a la mejora de la competitividad en varias áreas de la producción), o bien se encuentran al borde del mercado, a los cuales hay que reconvertirlos en empresas viables y sostenibles.

- Aquellas situaciones excepcionales de familias donde el impacto económico debe resolverse con soluciones que atiendan la problemática social.

- Aquellos que obtuvieron créditos gracias a favores políticos, así como los especuladores que –pudiendo– optaron por no pagar, a los cuales hay que ejecutar por los medios más rápidos e idóneos.

Fortalecimiento del Sistema Financiero

Este anteproyecto de ley se sustenta en el interés general: se trata de articular una alternativa que, además del interés específico de salvaguarda y fortalecimiento del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), integre en forma compatible el interés del país en lo que refiere a la preservación de los sectores productivos, sobre todo aquellos con más impacto en el empleo y la generación de riqueza, que están comprendidos en la misión institucional del Banco. Con referencia a los Fondos de Recuperación del Patrimonio Bancario (FRPB) -que están en proceso de tercerización por parte del BCU en el marco de la Ley Nº 17.613- si bien no está concluida la adjudicación, el pliego prevé comisiones que están fuera de mercado y son rayanas en lo inmoral. Se suma a ello que las empresas precalificadas son mayoritariamente extranjeras, por lo tanto el incentivo central de las mismas será el cobro de las comisiones, sin asumir ningún compromiso con la sociedad uruguaya que sopese las pérdidas sociales, ni la incidencia en la capacidad de producción de riqueza nacional, que derivarían de una feroz carrera en prosecución de obtener cualquier acuerdo que justifique el derecho al cobro de la abultada comisión pactada.

Es imprescindible que la gestión de las carteras de los Bancos oficiales se procese ligada al tratamiento que se dé a los activos incluidos en los FRPB, en función de las siguientes consideraciones:

- En primer lugar debido al importante "cruzamiento" de personas y empresas deudoras entre estas instituciones, lo que significaría un tratamiento diferencial para con el deudor según sea el Banco acreedor.

- En segundo lugar porque se debe salvaguardar la mayor transparencia, idoneidad profesional y control democrático sobre los más de 2 mil millones de dólares de activos.

- Un tercer aspecto a tener en cuenta es que este tema trasciende una consideración exclusivamente técnica, dado que el impacto social es enorme. Solo en los FRPB se involucra a más de 61 mil deudores, de los cuales más de 41 mil corresponden a préstamos a familias (inmobiliario y consumo).

Es necesario abordar en forma urgente otros aspectos fundamentales para la reactivación del crédito y la confianza en el sistema financiero, que brevemente nos atrevemos a enunciar:

- Reglamentar y poner en funcionamiento el seguro a los depósitos bancarios, en el marco de la Superintendencia de Protección al Ahorro Bancario creada en la Ley Nº 17.613.

- La definición de una propuesta-marco para el otorgamiento de créditos por parte de las instituciones financieras, en concordancia con la definición de los sectores prioritarios para la economía, tomando en cuenta la incidencia de moneda y plazos, así como los ciclos de los distintos sectores, que actúe en forma anticíclica.

Por lo tanto, a la vez de abordar la coyuntura y trascenderla se trata de establecer una ley que deje planteado un camino institucional de dilucidación del endeudamiento, que contemple tanto el interés del país, de los ahorristas y de los deudores en cuanto al tratamiento justo e igualitario, y que siente las bases de una nueva cultura en cuanto al riesgo moral de cada uno de los actores.

Crear una única entidad de dominio público en la que estén representados todos los sectores involucrados, lo que permitiría concentrar y coordinar las acciones con los siguientes objetivos:

1) Apuntalar a los sectores de relevancia productiva y económica nacional, ya que no se puede seguir perdiendo puestos de trabajo ni disgregando a las familias en base a justificaciones económicas.

2) Atender la necesidad de realizar la reestructuración de los deudores de acuerdo a las condiciones sociales y económicas de la producción.

3) Propender a la mayor recuperación de los montos de los activos, en función del nivel de actividad económica del deudor en el marco de la reactivación.

4) Permitir la recuperación de depósitos de los ahorristas reprogramados y los de los Bancos en liquidación.

5) Salvaguardar y fortalecer al BROU para que vuelva a constituirse en el Banco de fomento de la actividad económica de la nación.

Se trata de alcanzar el fortalecimiento patrimonial del sector financiero y obtener una gestión más profesional y alejada de las presiones políticas, mediante una propuesta sustentable dentro de las normas existentes para el Sistema Financiero por parte del Banco Central del Uruguay (BCU). Los criterios generales para el tratamiento por parte de la nueva institución serán:

A) Administración profesional y con independencia técnica.

B) Maximización de los resultados en el proceso de recuperación, dado que en general se cumple que el valor de las garantías supera el valor contable registrado que se pasa al patrimonio de afectación.

C) Selectividad a la hora de tratar a los clientes, distinguiendo:

C.1. Aquellos que hay que ejecutar por los medios más idóneos.

C.2. Aquellos que pueden reconvertirse debido a su realidad productiva y a los cuales se los puede mantener en actividad pasando a mejorar su categorización.

C.3. Aquellos que analizado su patrimonio y actividad con todo el sistema financiero pueden ser inducidos a mejorar su nivel de cumplimiento con el sistema financiero.

D) Los criterios señalados servirán de sustento para el objetivo de recomponer la relación del cliente con el Sistema Financiero.

2) Instrumento

Un Fondo de Administración de Activos Financieros, persona jurídica de derecho público no estatal con la finalidad de administrar fideicomisos financieros

Fideicomitentes

Serán las Instituciones Financieras oficiales que constituyan patrimonios de afectación independiente, tanto el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) como el Banco Central del Uruguay (BCU), en su carácter de administrador de los Fondos de Recuperación del Patrimonio Bancario. Se exceptúa al Banco Hipotecario del Uruguay que tiene, conforme a la ley, facultades propias para constituir fideicomisos y que, por el carácter social de la vivienda, requiere soluciones distintas a las típicas soluciones financieras del resto de la actividad bancaria.

Fiduciario

El fiduciario actuará conforme a lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley Nº 17.703, de 27 de octubre de 2003 y el Decreto Reglamentario 516/003, mediante la constitución en forma unilateral de fideicomisos financieros, constituyendo patrimonios de afectación independientes con las carteras asignadas y dentro de la competencia propia que le asigna el presente proyecto. Es importante y corresponde destacar la constitución de contabilidades y administraciones separadas de los diferentes fideicomisos. Para la designación del Gerente General del órgano fiduciario deberán requerirse condiciones de alta especialización en la materia y condiciones especiales que le permitan obtener el total respaldo. La selección del mismo deberá ser clara y transparente, mediante un llamado que contemple además de los requisitos técnicos, la solvencia moral y ética del aspirante. El mismo contará con todas las atribuciones en cuanto a funcionarios, contratación de servicios y otros, etcétera.

Beneficiarios

El fideicomiso financiero exige la emisión de certificados de participación, cuyos beneficiarios serán el propio fideicomitente en el caso del Banco de la República Oriental del Uruguay, y los cuotapartistas de los fondos de recuperación en el caso de los Bancos liquidados por el Banco Central.

Objeto del Fideicomiso

Estará determinado por el contrato que, además, especificará el tratamiento a otorgar a los deudores según sus posibilidades de recuperación y reconversión, de acuerdo a instrucciones claras y precisas que encomendará el fideicomitente.

Para buscar la excelencia en el servicio se procurará atender especialmente los siguientes aspectos:

- Profesionalización de la gestión fiduciaria.

- Régimen de incentivos financiado por los resultados que se obtengan en la propia recuperación.

- Controles de auditoria (interna y externa) que aseguren el fiel cumplimiento de los fines propuestos.

Montevideo, 2 de junio de 2004.

JOSÉ BAYARDI, Representante por Montevideo, ENRIQUE PÉREZ MORAD, Representante por Maldonado, LUCÍA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, LEONEL HEBER SELLANES, Representante por San José, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo, RAQUEL BARREIRO, Representante por Montevideo".

¾ ¾ Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del orden del día: "Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. (Normas para su funcionamiento y para el contralor de los mercados de su competencia)".

(ANTECEDENTES:)

Montevideo, 10 de setiembre de 2003.

Señor Presidente de la
Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de someter a su consideración el presente proyecto de ley que contiene normas relativas a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) creada por la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, y a los mercados específicos que dicha Unidad controla, complementando el marco regulatorio oportunamente establecido para los servicios de comunicaciones. En particular, el presente proyecto extiende a la URSEC algunos aspectos que fueron aprobados en la Ley Nº 17.598, de 24 de diciembre de 2002, para la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA).

El artículo 1º implementa para la URSEC el mismo régimen de pases en comisión y redistribución de funcionarios públicos y de contratación de personal seleccionado por concurso público, que el previsto para la URSEA en el artículo 16 de la Ley Nº 17.598.

El artículo 2º crea la Tasa de Control del Marco Regulatorio de Comunicaciones (al igual que se hizo para la URSEA en el artículo 17 de la ley citada) como fuente de financiamiento de la actividad regulatoria en los sectores de competencia de la URSEC y actividades vinculadas a la misma, de la que serán sujetos pasivos los operadores y prestadores de servicios comerciales de comunicaciones.

El artículo 3º asigna a la URSEC una partida complementaria que será financiada con cargo a la tasa creada en el artículo precedente, a efectos de habilitar la concreción de la estructura organizativa de dicha Unidad Reguladora. El contenido de esta disposición es similar a lo establecido en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 19 de la Ley Nº 17.598.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, YAMANDÚ FAU, LEONARDO GUZMÁN, ISAAC ALFIE.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase el pase en comisión y la redistribución de funcionarios públicos provenientes de cualquier dependencia estatal, a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).

El pase en comisión o la redistribución será dispuesto por el Poder Ejecutivo a propuesta fundada de la Comisión que dirige la Unidad Reguladora. El organismo al cual pertenece el funcionario cuyo pase en comisión o redistribución se solicite, podrá oponerse al mismo en caso de considerar que el funcionario resulta imprescindible para el cumplimiento de sus cometidos.

En caso de redistribución, los funcionarios se incorporarán en el escalafón, grado y denominación que correspondan según la estructura de puestos de trabajo de la Unidad. Si la remuneración del cargo o función de origen fuera inferior a la de destino, percibirán esta última, y si fuera superior mantendrán la remuneración de origen con todos sus componentes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, el personal de la URSEC podrá integrarse con quienes contrate el Poder Ejecutivo en función de los resultados de los concursos públicos realizados al efecto, con bases formuladas por la URSEC y en las que podrán establecerse preferencias a favor de los funcionarios provenientes de las Administraciones cuyos cometidos son atribuidos a ella por la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 2º.- Créase la Tasa de Control del Marco Regulatorio de Comunicaciones, que se devengará por la actividad de control de la participación en las actividades reguladas a que refiere la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. Serán sujetos pasivos quienes desarrollen dichas actividades y serán agentes de retención o percepción los que el Poder Ejecutivo defina. Del total de la recaudación se transferirá un 10% (diez por ciento) al Programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno" del Inciso 02 "Presidencia de la República", el que se aplicará a gastos de funcionamiento. El Jerarca del Inciso 02 "Presidencia de la República" comunicará a la Contaduría General de la Nación la desagregación del referido porcentaje en Grupos y Objetos del Gasto. El monto restante deberá destinarse exclusivamente a la financiación del presupuesto aprobado de la URSEC.

El total de lo recaudado por dicha tasa en base a liquidaciones conforme a la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo, no podrá superar el 1% (uno por ciento) del total de ingresos brutos de la actividad sujeta a control.

Será deducido del monto a pagar por concepto de Tasa de Control del Marco Regulatorio de Comunicaciones lo abonado por concepto de Impuesto a las Telecomunicaciones (ITEL) creado por Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002.

Artículo 3º.- Asígnase una partida complementaria anual de $ 10.000.000 (pesos uruguayos diez millones) con destino a la Unidad Ejecutora 009 "Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones". Esta partida anual será financiada con cargo a la tasa creada por el artículo 2º de esta ley.

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) comunicará a la Contaduría General de la Nación la desagregación de la referida partida en Proyectos de Inversión, Retribuciones Personales, Compensaciones y Gastos de Funcionamiento, a nivel de Grupos y Objetos del Gasto.

Montevideo, 10 de setiembre de 2003.

YAMANDÚ FAU, LEONARDO GUZMÁN, ISAAC ALFIE".

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Presupuestos ha considerado el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se dictan normas para el funcionamiento de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) creada por la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, y para los mercados específicos de su competencia, complementando el marco regulatorio oportunamente establecido para los servicios de comunicaciones.

En el transcurso del estudio del tema, concurrieron a la asesora las autoridades de la URSEC y de ANDEBU, especialmente invitados para brindar su opinión con respecto a la iniciativa a estudio, aportando, cada uno de estos organismos, documentación ilustrativa, ampliatoria, y relevante para que esta Comisión, pudiera tomar posición y pronunciarse sobre una norma que financie debidamente a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones.

La iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo, fundamentalmente extiende a la URSEC algunos aspectos que fueran oportunamente aprobados por los artículos 16, 17 y 19 de la Ley Nº 17.598, de 24 de diciembre de 2002, para la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA).

El artículo 1º implementa para la URSEC el mismo régimen de pases en comisión y redistribución de funcionarios públicos y de contratación de personal seleccionado por concurso público, que el previsto para la URSEA en el artículo 16 de la Ley Nº 17.598.

En el artículo 2º del proyecto de ley original, por el que crea la Tasa de Control del Marco Regulatorio de Comunicaciones como fuente de financiamiento de la actividad regulatoria en los sectores de competencia de la URSEC y actividades vinculadas a la misma, se introdujeron modificaciones, en el sentido de que se determina que serán sujetos pasivos de la misma los operadores y prestadores de servicios comerciales de comunicaciones, exceptuando a las empresas de radiodifusión (radios de AM, FM y televisión abierta). Asimismo, se modifica el valor de la referida Tasa, fijándose en un 0,3 o/oo (cero con tres por mil) del total de ingresos brutos de la actividad sujeta a control y dispone que se deducirá del monto a pagar por concepto de Impuesto a las Comunicaciones (ITEL), lo abonado por concepto de la Tasa.

Finalmente, el artículo 3º asigna a la URSEC una partida complementaria que será financiada con cargo a la Tasa creada precedentemente, a efectos de habilitar la concreción de la estructura organizativa de dicha Unidad Reguladora.

En virtud de lo expuesto, la Comisión de Presupuestos aconseja al plenario la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 5 de mayo de 2004.

RUBEN H. DÍAZ, Miembro Informante, WASHINGTON ABDALA, FERNANDO ARAÚJO, BRUM CANET, ROBERTO CONDE, OSCAR GÓMEZ, LUCÍA TOPOLANSKY.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase el pase en comisión y la redistribución de funcionarios públicos provenientes de cualquier dependencia estatal, a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).

El pase en comisión o la redistribución será dispuesto por el Poder Ejecutivo a propuesta fundada de la comisión que dirige la Unidad Reguladora. El organismo al cual pertenece el funcionario cuyo pase en comisión o redistribución se solicite, podrá oponerse al mismo en caso de considerar que el funcionario resulta imprescindible para el cumplimiento de sus cometidos.

En caso de redistribución, los funcionarios se incorporarán en el escalafón, grado y denominación que correspondan según la estructura de puestos de trabajo de la unidad. Si la remuneración del cargo o función de origen fuera inferior a la de destino, percibirán esta última, y si fuera superior mantendrán la remuneración de origen con todos sus componentes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, el personal de la URSEC podrá integrarse con quienes contrate el Poder Ejecutivo en función de los resultados de los concursos públicos realizados al efecto, con bases formuladas por la URSEC y en las que podrán establecerse preferencias a favor de los funcionarios provenientes de las administraciones cuyos cometidos son atribuidos a ella por la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 2º.- Créase la Tasa de Control del Marco Regulatorio de Comunicaciones, que se devengará por la actividad de control de la participación en las actividades reguladas a que refiere la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. Serán sujetos pasivos quienes presten servicios comerciales de comunicaciones a excepción de las empresas de radiodifusión (radios de AM, FM y televisión abierta) y serán agentes de retención o percepción los que el Poder Ejecutivo defina. Del total de lo que por este concepto se recaude se transferirá un 10% (diez por ciento) al Programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno" del Inciso 02 "Presidencia de la República", el que se aplicará a gastos de funcionamiento. El jerarca del Inciso 02 "Presidencia de la República" comunicará a la Contaduría General de la Nación la desagregación del referido porcentaje en Grupos y Objetos del Gasto. El monto restante deberá destinarse exclusivamente a la financiación del presupuesto aprobado de la URSEC.

La Tasa de Control del Marco Regulatorio de Comunicaciones será equivalente al 0,3 o/oo (cero con tres por mil) del total de ingresos brutos de la actividad sujeta a control.

Será deducido del monto a pagar por concepto de Impuesto a las Telecomunicaciones (ITEL) creado por Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002, lo abonado por concepto de Tasa de Control del Marco Regulatorio de Comunicaciones.

Artículo 3º.- Asígnase una partida complementaria anual de $ 10.000.000 (pesos uruguayos diez millones) con destino a la Unidad Ejecutora 009 "Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones". Esta partida anual será financiada con cargo a la tasa creada por el artículo 2º de esta ley.

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) comunicará a la Contaduría General de la Nación la desagregación de la referida partida en Proyectos de Inversión, Retribuciones Personales, Compensaciones y Gastos.

Sala de la Comisión, 5 de mayo de 2004.

RUBEN H. DÍAZ, Miembro Informante, WASHINGTON ABDALA, FERNANDO ARAÚJO, BRUM CANET, ROBERTO CONDE, OSCAR GÓMEZ, LUCÍA TOPOLANSKY".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Díaz.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: mi informe al plenario va a ser muy breve.

No se trata de un proyecto de ley sobre el funcionamiento de este organismo que se creó en fecha reciente, sino sobre su financiamiento. El proyecto original del Poder Ejecutivo preveía una tasa de hasta el 1%. La Comisión, luego de realizar consultas y de diversas deliberaciones, resolvió por unanimidad votar afirmativamente el proyecto, pero reduciendo el porcentaje a una tasa fija de un 3 ‰, lo que implica menor capacidad de recaudación para el organismo. En el caso concreto de las comunicaciones, esa tasa se puede deducir de otra que se está pagando al Estado, y los fondos irán directamente a este organismo.

También se prevé la posibilidad de que se tomen medidas a los efectos de adecuar la situación de los funcionarios que han venido de otros organismos, mayoritariamente del Ministerio de Defensa Nacional y de ANTEL.

Esta iniciativa ha sido largamente estudiada por la Comisión; se hizo un buen trabajo. Se consultó a los miembros del organismo, al sector privado, etcétera. Inclusive, ANDEBU estuvo debatiendo sobre el tema. Hemos llegado a niveles que resultan aceptables.

Digo todo esto sin pronunciarme, ni en el informe ni personalmente, sobre la pertinencia o no de la vigencia futura de estos organismos en la vida del país -tema que sin duda alguna va a ser controvertido-, cuya creación voté en determinado momento, aunque no sé si volvería a hacerlo.

Esto es todo lo que tenía que decir, no obstante lo cual estoy a las órdenes para cualquier consulta que se quiera formular.

Muchas gracias.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: nosotros en Comisión votamos este proyecto y, como decía el señor miembro informante, se le introdujeron algunas modificaciones al texto original enviado por la propia URSEC.

A título personal queremos dejar un par de constancias. En oportunidad de discutirse la creación del organismo, durante el tratamiento de la ley de Presupuesto, tuvimos dudas y finalmente no la votamos. Seguimos teniendo esas dudas, sobre todo aquellas que se vinculan a las dimensiones de mercado del Uruguay, que no da cabida a una diversificación por la cantidad de población que tenemos. Por estos motivos, entendemos que estos organismos son un poco ociosos. A la tasa planteada no solo se le redujo el porcentaje, sino también el destinatario. Por tanto, esto es apenas un recurso para el funcionamiento de un organismo cuya verdadera utilidad se verá con el tiempo.

Queremos dejar una salvedad referida al artículo 3º, que asigna una partida complementaria anual de $ 10:000.000 a la Unidad Ejecutora 009 y que será financiada con cargo a la tasa creada por el artículo 2º de este proyecto de ley, al que hacíamos referencia anteriormente. No pudimos llegar a profundizar si realmente esto era para el funcionamiento actual de la Unidad o si implicaba en ella algún tipo de reestructura o cambio.

Hechas estas salvedades, quiero decir que vamos a votar afirmativamente este proyecto.

SEÑOR CANET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CANET.- Señor Presidente: consideramos muy atinadas las salvedades que acaba de hacer la señora Diputada Topolansky. Además, queremos manifestar la satisfacción de que en un año tan especial como este, de campaña electoral, donde está en definición democrática quién ejercerá el Gobierno en el próximo período, haya habido la capacidad colectiva en la Comisión de Presupuestos de generar una fórmula por mutuas concesiones, lo que permitió llegar a este proyecto, que no disipa algunas dudas. Quizás no sea plenamente satisfactorio para ninguna de las partes intervinientes en la Comisión, pero, de alguna manera, es la síntesis de lo posible, y esto en política es muy importante. Es necesario marcar las diferencias sustanciales que por ejemplo tiene el Encuentro Progresista con el Gobierno y con quienes participan o han participado en él y, aun en estas circunstancias, es muy importante tender puentes para solucionar temas concretos, en este caso el de una unidad reguladora como la URSEC.

Por otra parte, nos parece importante -por temas de interpretación de la ley- que se tenga en cuenta en el futuro no solo lo que registra la versión taquigráfica de la presente consideración en el plenario, sino también aquella en la que consta lo que los señores Directores de la URSEC manifestaron en el seno de la Comisión de Presupuestos con respecto a la protección de los derechos adquiridos por quienes integraban el organismo que precedió a la URSEC, es decir, la Dirección Nacional de Comunicaciones. Parece importante que cuando haya la menor duda, la versión taquigráfica de la Comisión en la que constan tales afirmaciones sirva como elemento de referencia fundamental.

SEÑOR DÍAZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CANET.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede interrumpir el señor miembro informante.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: si al señor Diputado Canet le parece del caso, podemos pedir que la versión taquigráfica de la Comisión se incorpore a la de esta sesión. De esa manera haríamos más explícito el planteamiento del señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede continuar el señor Diputado Canet.

SEÑOR CANET.- Señor Presidente: el señor Diputado Díaz ha tenido la misma actitud que sostuvo en la Comisión y me complace destacarlo. Hemos estado en una cooperación dificultosa por las circunstancias electorales de este año, pero me parece que su propuesta va en el sentido de nuestro planteo. Por tanto, adherimos a su sugerencia y solicitamos que las versiones taquigráficas de la Comisión correspondientes a la comparecencia de los miembros de la URSEC se incorporen a la de esta sesión.

Muchas gracias.

SEÑOR IBARRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: de alguna manera este proyecto de ley da una solución financiera y de recursos a la URSEC mediante la implementación de esta tasa, que fue la mínima que se logró a través de los distintos diálogos mantenidos en el seno de la Comisión, fundamentalmente con el Directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Por eso creo que, teniendo en cuenta lo dificultoso del tema, esta fue la mejor solución.

Como se dijo recientemente, también existe la problemática del pase en comisión y la redistribución de funcionarios públicos a la URSEC. En ese sentido, tiene que existir una incorporación al escalafón y al grado correspondiente. Tal cual se ha expresado, esperemos que se actúe con absoluta equidad y respeto a los derechos adquiridos por los funcionarios que van a cumplir el pase en comisión en dicho organismo.

Por otra parte, el artículo 1º establece que "el personal de la URSEC podrá integrarse con quienes contrate el Poder Ejecutivo en función de los resultados de los concursos públicos realizados al efecto, con bases formuladas por la URSEC y en las que podrán establecerse preferencias a favor de los funcionarios provenientes de las administraciones cuyos cometidos son atribuidos a ella".

Estoy absolutamente seguro de que el tema del concurso va a ser cumplido estrictamente por el Directorio de la URSEC. Es una norma para el ingreso a la función pública que hemos defendido y seguimos defendiendo. Por supuesto que este Directorio de la URSEC está comprometido por lo que se establece en las distintas versiones taquigráficas, como decía el señor Diputado Canet. También es importante que esto se tenga en cuenta en oportunidad de realizarse el cambio del Directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. No puede existir ningún tipo de privilegio en cuanto al ingreso a la función en este organismo y, reitero, debe actuarse con absoluta equidad a fin de defender los derechos funcionales de sus trabajadores.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Canet y Díaz.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se incorpore a la versión taquigráfica de la presente sesión las correspondientes a las sesiones de la Comisión de Presupuestos en que se trató el proyecto con participación del Directorio de la URSEC".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y dos en treinta y tres: AFIRMATIVA.

Continuando con la consideración del proyecto de ley, si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Treinta y tres en treinta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR DÍAZ.- ¡Que se suprima la lectura y se vote en bloque la totalidad de los artículos!

SEÑOR AGAZZI.- ¿Me permite, señor Presidente?

Solicito el desglose del artículo 1º, porque no lo voy a votar.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar la supresión de la lectura, el desglose solicitado por el señor Diputado Agazzi y la votación en bloque de los restantes artículos.

(Se vota)

——Treinta y tres en treinta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 1º.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: reconozco las argumentaciones que brindaron el señor miembro informante y los demás integrantes de la Comisión, y me parece que esto permite que funcione una estructura que se ha creado legalmente. Pero voy a hacer una exposición estrictamente personal relativa a la figura del pase en comisión.

Me parece que cuando en el Estado hay que formar una nueva estructura, la redistribución de funcionarios es algo lícito, legítimo y conveniente. Yo conozco bastante el funcionamiento del Estado, pues me ha tocado trabajar en organización de funcionarios, en descripciones de cargos y en manuales de calificación. Entiendo que los pases en comisión son nefastos para el funcionamiento del Estado. No me parece correcto que haya servicios del Estado que estén pagando sueldos de otros; si los sueldos son menores hay que compensarlos y, si son mayores, no sé qué pasa. El pase en comisión ha existido históricamente como una figura transitoria, pero ahora se está usando como una herramienta de construcción organizativa que nos complica las cosas.

Particularmente, voy a votar en contra de este artículo porque incluye lo del pase en comisión.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota)

——Veintinueve en treinta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 2º y 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota)

——Treinta y uno en treinta y tres: AFIRMATIVA.

SEÑOR CHIFFLET.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: simplemente quiero dejar constancia de que no he votado el artículo 1º por las consideraciones realizadas por el señor Diputado Agazzi.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

(Versiones taquigráficas de la Comisión de Presupuestos cuya incorporación al Diario de Sesiones fue resuelta por la Cámara:)

Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 15 de octubre de 2003

PRESIDE: Señor Representante Gabriel Pais.

MIEMBROS: Señores Representantes Washington Abdala, Nelson Bosch, Ruben H. Díaz, Doreen Javier Ibarra y Jorge Patrone.

INVITADOS: Doctor Fernando Pérez Tabó, Presidente de la URSEC; y economista Mario Bergara y doctor Juan José Camelo, Directores.

——

SEÑOR PRESIDENTE (Pais, don Gabriel).- Habiendo número, está abierta la reunión.

La Comisión de Presupuestos tiene el honor de recibir a las autoridades de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones.

El motivo de la convocatoria es intercambiar opiniones sobre el proyecto que remitiera el Poder Ejecutivo que contiene normas relativas a la URSEC.

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- Para nosotros es un gusto estar en esta Comisión.

Brevemente, nos vamos a permitir fundamentar este proyecto, más allá de las consideraciones que hizo el Poder Ejecutivo en su Mensaje. En el sentido estricto, el articulado que se propone equilibra los medios y mecanismos otorgados por el Parlamento a nuestra colega, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua.

En el mundo regulatorio existe, a nivel de Derecho comparado, la necesidad de la creación de tasas regulatorias, que son las que compensan a la Administración por la contraprestación el Estado en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los cometidos que a nuestra Unidad Reguladora competen.

En ese sentido, con este proyecto de ley lo que pretende el Poder Ejecutivo es dotar a nuestra Unidad Reguladora -de la misma manera que se hizo con la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua- con los mecanismos necesarios para el cumplimiento cabal de sus cometidos. Estrictamente, ese es uno de los objetivos principales de la norma, más allá de algún otro articulado referido fundamentalmente a la disponibilidad que tiene nuestra Unidad Reguladora, en lo que tiene que ver con sus funcionarios.

Como ustedes saben, la Unidad Reguladora heredó las competencias de la Dirección Nacional de Comunicaciones del Ministerio de Defensa Nacional, competencias que fueron ampliadas a las comunicaciones postales y a los servicios de telefonía, tanto los que están dentro del ámbito de exclusividad de ANTEL como los que se encuentran en un régimen de libre competencia. Esa herencia, con esos agregados en materia de competencia, incide directamente en nuestra capacidad de funcionamiento.

Por la vía de los hechos, nosotros tenemos funcionarios que vienen de la Dirección Nacional de Comunicaciones y otros que están en régimen de comisión, tanto de la Administración Nacional de Telecomunicaciones como de la Administración Nacional de Correos.

El articulado propuesto permite que la Unidad tenga una estructura organizativa y funcional propia, lo cual ya se ha diseñado conjuntamente con el CEPRE. A su vez, se trata de otorgarle recursos para que pueda hacer frente a esta estructura.

Me permito señalar a la Comisión que nosotros hemos tenido una política austera a nivel de funcionarios. Hoy aproximadamente noventa funcionarios están trabajando y no estamos pensando en una estructura que supere los cien puestos de trabajo. Es importante destacar esto en un momento en el cual la política de austeridad, que nosotros compartimos, es la imperante. La Dirección Nacional de Comunicaciones -que tenía competencias menores a las que tiene la URSEC- tenía unos ochenta y cinco funcionarios. Basta ver lo reducido de la diferencia para darse cuenta de que tendemos a optimizar el nivel de gente que trabaja en la Unidad.

En grandes líneas, esto es lo que el articulado recoge. El artículo 1º se refiere a los pases en comisión y a las condiciones en que estos se llevan a cabo. El artículo 2º crea la Tasa de Control del Marco Regulatorio de Comunicaciones y el artículo 3º asigna una partida complementaria que nos va a permitir abonar directamente los salarios al personal que en este momento tenemos en comisión. Como ustedes comprenderán, no es una buena política para el órgano regulador que el salario de parte de sus funcionarios sea abonado precisamente por el organismo regulado. Queremos evitar esa situación para no dar lugar a la mínima suspicacia. De hecho, en algún caso nos hemos enfrentado a comentarios en ese sentido que, sin descalificar el papel de la Unidad Reguladora, han cuestionado el grado de imparcialidad que nosotros defendemos a ultranza.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Cuánto es el presupuesto de la URSEC y a cuánto asciende, según lo que se haya estimado, lo que se recaudaría a través de esta tasa?

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- Me gustaría hacer una precisión. En el articulado que se propone no se pretende fijar una tasa en el sentido estricto, sino un máximo. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos los servicios de telecomunicaciones tienen el mismo nivel de importancia económica. Para poner ejemplos sensiblemente distanciados, piensen en lo que es una mensajería rural o un servicio de repetición rural con una empresa transmisora de datos, una empresa de telefonía como ANTEL o una empresa de telefonía móvil. Si miramos en el plano de las comunicaciones postales, la realidad es sensiblemente diferente a lo que es el mundo de las telecomunicaciones. Por eso el articulado refiere a una tasa máxima. Eso nos permitirá diferenciar la tasa aplicable a cada servicio concreto, distinguiendo las comunicaciones postales por un lado y las telecomunicaciones por otro. En este último caso habría que hacer las distinciones correspondientes, según el servicio de que se trate.

Concretamente, el presupuesto de nuestra Unidad Reguladora es de aproximadamente US$ 2:100.000 anuales.

SEÑOR IBARRA.- El artículo 1º autoriza el pase a comisión y la redistribución de funcionarios públicos. El doctor Pérez Tabó dice que actualmente la URSEC cuenta con noventa funcionarios y que no se piensa superar los cien. Por tanto, estamos ante un número acotado. No obstante, sería conveniente contar con una información concreta con referencia al personal que está trabajando en este momento en la URSEC, distinguiendo la cantidad de funcionarios presupuestados, contratados y en comisión.

También me interesa conocer el organigrama actual de la URSEC, con los escalafones correspondientes. No estoy pidiendo nombres pero sí el ordenamiento escalafonario al día de hoy. Supongo que los funcionarios que sean distribuidos hacia la URSEC habrán de mantener sus prerrogativas desde el punto de vista del trabajo y de la presupuestación. Si no fuera así, me gustaría recibir alguna opinión sobre el particular.

Más allá de que se fija que la Tasa de Control no podrá superar el 1% del total de ingresos brutos de las actividades sujetas a control, ha de haber una estimación aunque sea aproximada de qué significaría ese porcentaje. El 10% sería destinado a gastos de funcionamiento y el resto exclusivamente a la financiación del presupuesto aprobado por la URSEC.

En este momento, el presupuesto total asciende a US$ 2:100.000. ¿De qué manera está siendo financiado? ¿A través de Rentas Generales?

En el primer inciso del último artículo del proyecto se solicita la asignación de una partida complementaria anual de $ 10:000.000 y en el inciso segundo se hace referencia a la desagregación de la referida partida en proyectos de inversión, retribuciones personales, etcétera. ¿En qué proyecto de inversión está pensando la URSEC para mejorar sus servicios?

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- Para algunas preguntas, no tenemos una respuesta exacta en esta instancia, pero sí en otro momento. Les vamos a hacer llegar la nómina de funcionarios del organismo, pero les quiero señalar que la URSEC tiene un organigrama que si bien fue aprobado por el CEPRE, no está en ejecución porque está en trámite de aprobación y no hay un organigrama anterior porque el organismo no existía. En ese sentido, la Dirección Nacional de Comunicaciones tenía un organigrama pero no es aplicable a la URSEC, primero, porque las características del organismo son diferentes y, segundo, porque la URSEC tiene competencias que la Dirección de Comunicaciones no tenía.

¿Cómo se financia la Unidad Reguladora? No tiene presupuesto propio; se financia porque le fue trasladado el presupuesto que tenía la Dirección Nacional de Comunicaciones y en la Ley de Presupuesto, la ley de creación, se fijó una partida complementaria para su puesta en marcha. La realidad de la Unidad Reguladora es sensiblemente diferente a la que tenía la Dirección Nacional de Comunicaciones, desde su estructura edilicia hasta lo que son las competencias específicas que le fueron asignadas.

En lo que tiene que ver con los funcionarios redistribuidos, lo que se pretende con la norma es que por el hecho del pasaje del organismo de origen a la URSEC el funcionario no pierda ingresos, porque de ser así no existiría ninguna motivación para aceptar el cambio. Creo que es importante señalar también un hecho que quizás se pierda de vista: la URSEC funciona en el ámbito de la Administración Central y los funcionarios que nosotros agregamos -más allá de que el término es poco académico, es muy significativo- fundamentalmente provienen de ANTEL o de la Administración Nacional de Correos, que son servicios descentralizados.

Siempre hay cierta reticencia del funcionario que se encuentra en la situación de pertenecer a Entes Autónomos o a servicios descentralizados, de pasar a la Administración Central, porque son dos realidades diferentes. Si a esa realidad conceptual le agregamos que por el hecho del cambio hay una pérdida inmediata en el ingreso, seguramente nos vamos a ver enfrentados a una situación en la cual va a ser imposible cumplir con los cometidos que la ley nos ha asignado.

Como bien decía el señor Diputado, la partida complementaria a la que se hacía referencia, establecida en el artículo 4º, se refiere al proyecto de inversión, retribuciones personales, compensaciones y gastos. En cuanto a proyectos de inversión, hay una serie de proyectos en marcha, algunos de ellos actualmente financiados por el FOMIN, pero es una financiación a plazos para su puesta en marcha. A vía de ejemplo, podemos hablar de lo que es el plan de numeración, que era responsabilidad de ANTEL y que hoy es responsabilidad de nuestra Unidad Reguladora. Lo mismo ocurre con el plan de señalización.

Más allá de mi calidad de no técnico en la materia, puedo decir que la señalización implica todas aquellas cuestiones tanto de equipamiento como de software; en fin, una serie de elementos fundamentalmente técnicos que permiten que las redes se conecten entre sí y hablen un lenguaje común para tratar de ser claros. Es decir que lo que se trasmita por una red tenga la señalización adecuada de forma tal de que la red que reciba lea en el mismo sentido y pueda trasmitir el mensaje -ya sea voz, datos, video o audio- al destinatario final, que es el consumidor.

En lo que tiene que ver con las retribuciones personales, evidentemente el presupuesto que tenemos en esta materia está limitado a los funcionarios que dependían o que estaban vinculados a la Dirección Nacional de Comunicaciones. Por lo tanto, es imprescindible que haya una partida que tenga, entre otras, esta finalidad, de forma tal de permitirnos abonar los salarios a aquellos funcionarios que vengan en calidad de redistribuidos.

En cuanto al monto de la tasa, si bien voy a ceder el uso de la palabra al economista Bergara -quien en función de su profesión tiene un mejor manejo de estos temas- deseo afirmar en esta instancia que si nosotros aplicáramos el máximo de la tasa propuesta, es decir, el 1%, al 100% de los servicios bajo nuestra jurisdicción, tanto servicios de telecomunicaciones como de comunicaciones postales, significaría quizás un ingreso desproporcionado a las necesidades del organismo. Precisamente, para evitar eso, la tasa está planteada en términos de tasa máxima, como forma de graduar el ingreso que se habrá de percibir por la misma con los egresos y el presupuesto del organismo.

SEÑOR BERGARA.- Para complementar lo planteado por el doctor Pérez Tabó, quizás sea adecuado enfatizar cómo ha sido el proceso concreto de conformación de esta actuación, que en términos formales podríamos decir que es relativamente precaria de la URSEC. ¿Por qué? Porque formalmente la URSEC cuenta con tres funcionarios que son los que se encuentran aquí. Es decir que los tres únicos cargos formales que tiene la URSEC, hasta hoy, son los tres Directores. Hasta el momento, todo el funcionariado que provenía de la Dirección Nacional de Comunicaciones mantenía sus cargos formales en el Ministerio de Defensa; no era posible volcar esos cargos a un nuevo organigrama, a una nueva estructura de la URSEC hasta que ese organigrama estuviera aprobado.

Como decía el doctor Pérez Tabó, el organigrama está en trámite de aprobación a nivel de la Asamblea General de este cuerpo legislativo, es decir, luego de haber pasado por Consejo de Ministros y después de haber trabajado conjuntamente la URSEC con el CEPRE.

Una vez que el organigrama esté aprobado, recién vamos a poder hacer ese volcado de cargos del Ministerio de Defensa Nacional a lo que sería la nueva estructura de la URSEC, más los agregados de gente que hoy por hoy tenemos en comisión. Hemos contado con la buena voluntad tanto de la Administración Nacional de Correos como de ANTEL y a tales efectos, viendo la necesidad de que la URSEC se comenzara a involucrar en concreto en temas que le eran ajenos a la Dirección Nacional de Comunicaciones, se facilitó esta posibilidad. Cabe recalcar que los catorce, quince o dieciséis "nuevos funcionarios" -entre comillas- que tiene la URSEC son esencialmente profesionales, es decir, son todos ingenieros, economistas, abogados o expertos en comunicación y relaciones internacionales. Reitero que en ese sentido hemos contado con la buena voluntad tanto de la Administración Nacional de Correos como de ANTEL.

Una vez conformado el organigrama aprobado a nivel de la Asamblea General vamos a estar en condiciones de formalizar la estructura de la URSEC, con la intención de que sus funcionarios -inclusive los que hoy están en comisión- sean efectivamente funcionarios de la URSEC. Entre otras cosas, necesitamos la partida adicional a la cual se hace referencia en el artículo 3º.

SEÑOR DÍAZ.- Ustedes tienen noventa funcionarios, de los cuales dieciséis son contratados.

SEÑOR BERGARA.- No, en la URSEC no hay ningún contrato.

SEÑOR DÍAZ.- Entonces, los noventa funcionarios son de la Administración Central y de otras empresas públicas.

SEÑOR BERGARA.- Exactamente.

SEÑOR DÍAZ.- Cuando estos funcionarios en comisión pasen a la URSEC, los cargos que dejen en el resto de la Administración Pública no se van a cubrir sino que cesarán desde el punto de vista presupuestal.

SEÑOR BERGARA.- Se va a hacer a través de un mecanismo general de redistribución que rige actualmente.

SEÑOR DÍAZ.- Es decir que el costo del Estado no va a variar sobre esos funcionarios.

SEÑOR BERGARA.- Básicamente no. La idea es que la URSEC no tiene asignadas partidas presupuestales para rubros salariales que no sean los que ya vienen de la DNC más los tres Directores.

SEÑOR DÍAZ.- Entonces, ¿por qué vamos a aumentar a la sociedad el costo del Estado creándole una tasa cuando el Estado no tiene en su conjunto mayor costo?

SEÑOR BERGARA.- Eso se ata a la pregunta que había hecho el señor Diputado Ibarra en cuanto a cómo se financia la URSEC y a cuál es la perspectiva y las estimaciones con respecto a este tema. Para ver cómo se financia la URSEC, en términos muy gruesos, tenemos dos grandes fuentes de financiamiento: una es lo que la URSEC cobra a aquellos que utilizan espectro radioeléctrico, es decir que las tarifas de utilización del espectro radioeléctrico son una fuente fundamental del financiamiento de la URSEC; el segundo bloque fundamental de financiamiento de la URSEC refiere al canon de televisión para abonados. Aquí tenemos problemas por los dos lados. Uno consiste en que las tarifas que se están cobrando actualmente por concepto de utilización del espectro radioeléctrico -en algunos casos ni siquiera las estamos cobrando por problemas de morosidad- son muy altas en cualquier comparación internacional que se haga. Es decir que en el ámbito de la Unidad Reguladora, de la industria e inclusive de ANTEL, todos somos conscientes de que esas tarifas necesariamente van a tener que ser reducidas para ser mínimamente consistentes con lo que se cobra regional e internacionalmente por la utilización de espectro.

El segundo bloque también tiene problemas. Es una sentencia reciente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que cuestiona la legalidad del cobro del canon de televisión para abonados. Por lo tanto, lo que está previsto o planteado con la creación de la tasa, son dos cosas. Por un lado, ir a un esquema que es el predominante a nivel internacional que es que las Unidades Reguladoras necesitan fondos que emergen del aporte de todos los regulados y no solamente de aquellos que utilizan espectro radioeléctrico. Es decir que la tasa está pensada para eventualmente ser cobrada al conjunto de los regulados por la Unidad -todos generan costos para la Unidad- y no solamente para aquellos que utilizan espectro. Hoy por hoy está exceptuada la radiodifusión en la utilización de espectros y eso es algo que se podrá considerar a la hora de analizar el contenido de la tasa.

Además, la idea es que difícilmente podamos seguir cobrando el canon de televisión para abonados en las condiciones jurídicas actuales. La idea no es incrementar la recaudación de la URSEC sino racionalizar el asunto en términos de que todos los regulados aporten, que podamos disminuir las tarifas de utilización de espectro a niveles medianamente razonables con relación a lo que se cobra en la región y en el mundo, con el consiguiente impacto beneficioso en materia del aprovechamiento y de la eficiencia en el uso del espectro.

A su vez, se eliminaría el canon de televisión para abonados, que, como decíamos hoy, es una de las fuentes principales de financiamiento. O sea que la creación de la tasa, cuya magnitud podrá conversarse, está pensada para sustituir la forma de cobro y no para incrementar esencialmente los ingresos de la unidad Reguladora; permite una reducción en materia de costos de utilización del espectro y que se compense sustancialmente la pérdida que referiría el no cobro del canon de televisión para abonados.

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- Ampliando lo que decía el economista Bergara, quiero decir que con esta tasa no solo se sustituiría el canon de la televisión para abonados -más allá de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo-, sino también el Impuesto a las Telecomunicaciones. A ustedes les consta que las llamadas entre telefonía celular, de llamadas larga distancia nacional e internacional, tienen el denominado ITEL: Impuesto a las Telecomunicaciones.

De acuerdo con este proyecto, las empresas contribuyentes de ITEL podrán deducir del importe de la Tasa lo abonado por ese concepto. Esto refleja claramente cuál es el espíritu que anima este proyecto de ley, que no está planteado para gravar actividades como las que nos ocupan, ni mucho menos para engrosar los recursos de la Unidad Reguladora.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Quiénes son los sujetos pasivos de esta Tasa?

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- Lo que se propone en el proyecto es que los sujetos pasivos de esta Tasa sean todos aquellos cuya actividad esté enmarcada dentro de las competencias de la URSEC, es decir, los operadores de telecomunicaciones y de comunicaciones postales.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Qué comprende la expresión operadores de telecomunicaciones? ¿Las empresas de telefonía? ¿Los canales de televisión abierta? ¿Las radios?

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- En grandes líneas tenemos a la radiodifusión por un lado -radios AM, FM y televisión abierta, que gozan de exoneraciones tributarias y quizás sea un elemento a considerar en el tratamiento de este proyecto- y, por otro, tenemos a empresas de telecomunicaciones diferentes a la radiodifusión que, como usted bien dice, son: empresas de telefonía fija, celular y larga distancia internacional, empresas de transmisión de datos -por medios alámbricos o inalámbricos-, mensajerías rurales, radiotaxis, "beepers" y servicios que, utilizando el espectro radioeléctrico, desarrollan su actividad dentro del ámbito de las telecomunicaciones. En el ámbito postal, debemos mencionar a la Administración Nacional de Correos y a los operadores postales privados.

SEÑOR DÍAZ.- Nuestra bancada va a fijar posición después de invitar a las otras partes vinculadas a este tema, para que den su punto de vista sobre esta materia.

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- Una de las partes quizás sea la Cámara Uruguaya de Televisión para abonados, que nos hizo llegar una nota con fecha 8 de octubre de 2003. Textualmente dice: " Nos es grato dirigirnos a usted con respecto al proyecto de ley referente a la creación de la tasa regulatoria, radicado en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.- Manifestamos nuestra concordancia con el principio de que se fije una tasa porcentual en base a los ingresos brutos. Como es sabido, el sistema de canon actual no es de nuestra satisfacción, por lo que consideramos de gran importancia impulsar este tipo de sistema tributario que es más transparente y equitativo para la administración de nuestro negocio.- Por tanto a los solos efectos de impulsar este tipo de iniciativas manifestamos nuestro formal acuerdo con el mismo".

SEÑOR DÍAZ.- En la medida en que el Estado va entendiendo que tiene que cumplir nuevos roles y aumenta sus costos, cabe preguntarse: ¿es bueno que el Estado transfiera esos costos al sector privado o que los asuma? Por vía de hecho o de derecho, el Estado reguló siempre este tipo de mercado. Podrá decirse que lo hizo en forma no idónea, etcétera, pero de todos modos ahí queda planteada una pregunta esencial que requiere una respuesta.

Todo esto está fenómeno y es muy técnico. Hay un organismo que controla el mercado, un Ministerio que fija la política, empresas públicas que participan de ese mercado y, por tanto, no pueden desempeñar un doble rol. ¿Pero este costo extra se lo vamos a transferir al sector privado?

En segundo lugar, ¿esto tiene un costo realmente para el Estado? Hay que tener en cuenta que son funcionarios en comisión, cuya erogación ya está asumiendo el Estado. Entonces, ¿por qué buscar un financiamiento si el Estado no tiene nuevos gastos?

En tercer término, ¿es bueno dejar al organismo que regula el mercado fijar el monto con que el sector privado debe contribuir por la vía de esta tasa o de cualquier otra vía? ¿No es una doble función que de alguna manera interfiere en su ejercicio? Aquí me voy a permitir fijar posición al decir que no hay que dejar ninguna discrecionalidad. Me asusta sobremanera cuando los señores directivos de este organismo dicen que hay sectores diferentes y que eso les permitiría cierto manejo. Eso es abrir un campo de discrecionalidad que no creo que sea conveniente.

En cuarto lugar, me gustaría saber si aunque sea en un caso, cuando se fija un máximo al establecer tributos, tasas o impuestos, no se está cobrando el máximo posible. Me gustaría saber si aunque sea en un caso la farra no termina de esa manera.

Con esto no estoy diciendo que los señores Directores de este organismo no tengan el propósito de actuar con el mayor equilibrio, pero esa es la tendencia burocrática a través del tiempo.

En quinto término, me planteo qué está pasando internacionalmente. En algunos países no existen este tipo de tasas y esta clase de organismos no se financia de esta manera. De acuerdo con la información que poseo, en ningún caso se llega a los niveles que se proponen en esta norma.

En cuanto a la deducción del impuesto a las llamadas telefónicas de larga distancia -que alcanza a $ 3 por minuto y $ 0,40 en el caso de las llamadas a celulares-, esta fue una disposición que se tomó en un momento de severo ajuste fiscal y de demandas en ese sentido, pero sistemáticamente el Ministerio de Economía y Finanzas ha quedado en ir eliminando o bajando, más allá de que estas normas muchas veces adquieren cierta permanencia, como pasó con el IRP.

A mí me parece que evidentemente este es un tema importante y que hay que preguntar a todas las partes involucradas. Comprendo las necesidades en materia económica que tiene el Directorio de este organismo, que ha presentado un proyecto serio que merece consideración. Pero, en definitiva, cuando aprobamos una norma de este tipo no la estamos votando para los actuales administradores sino con vistas al futuro, y creo que estas normas luego resulta muy difícil modificarlas.

Quería dejar planteadas estas interrogantes, porque estamos frente a un tema de cierta magnitud. En un momento en que estamos saliendo de una situación económica compleja, hacer tributar más a determinados sectores no parece conveniente, por más que se pueda decir que ya lo están haciendo por la vía de los hechos, sin la aprobación del Tribunal de Cuentas. Actualmente, además, el Estado está recaudando más. Perfectamente podríamos aprobar el gasto y cambiar la financiación que se nos propone, dejando este gasto a cargo de Rentas Generales, y listo el pollo. Estaríamos ajustándonos en un todo a la norma constitucional, como se hace tantas veces frente a iniciativas que plantea el Poder Ejecutivo, cuando el Parlamento entiende que hay otras vías de financiamiento más idóneas o convenientes.

En consecuencia, me parece que este es un camino que podríamos explorar, especialmente tomando en cuenta que como se trata de la transferencia de funcionarios, los costos del Estado considerados globalmente no se incrementan.

En este caso en que se trata de una transferencia de funcionarios sin incrementar los gastos para el conjunto del Estado, tomados globalmente, me parece que es un camino que podríamos explorar.

SEÑOR IBARRA.- En cuanto al petitorio que realicé en mi primera exposición, espero respuesta por escrito, oportunamente. En lo que tiene que ver con la tasa de control del marco regulatorio, debo decir que realmente es muy difícil para un parlamentario ir como Comisión a la Cámara de Representantes y ante una pregunta que surja naturalmente de parte de cualquier Diputado o Diputada no poder responder cuál será su recaudación.

El doctor Pérez Tabó dice que aplicar el máximo del 1% es exagerado, pero que sí se aplicaría de acuerdo con las necesidades del servicio. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de plantear que se nos diga al menos cuál es la necesidad del servicio. El economista Bergara dice que sería para sustituir la pérdida posible del canon de televisión para abonados, del impuesto a las telecomunicaciones o del espectro radioeléctrico. Puede darse, pero nosotros no podemos ir a un pleno si no tenemos una información mínima. Esto es imprescindible, sobre todo en lo que tiene que ver con tasas, impuestos o tributos; por eso insisto en ello. De repente la respuesta no nos la brindan ahora sino que nos la remiten por escrito luego de hacer un estudio, pero es imprescindible contar con esa información. Yo no voy a Cámara si no tengo información, aunque sea aproximada, de lo que significa esa tasa.

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- Las manifestaciones de los señores Diputados son correctas. Les haremos llegar cuál es el número que el señor Diputado Ibarra reclama, partiendo del supuesto de lo que puede llegar a ser la tasa en cada uno de los servicios de que se trate.

Quiero hacer dos comentarios: uno con relación a los pases en comisión y otro con relación al concepto de tasa máxima.

En lo personal, puedo coincidir con lo que plantea el señor Diputado Díaz en cuanto a que la burocracia y la práctica hacen que las tasas máximas de alguna manera sean las tasas definitivas que luego no tendrán modificación.

Nosotros tenemos dos actitudes a seguir: una es tratar de romper con esas prácticas que de alguna manera son perniciosas y otra es partir de la base de que esas prácticas van a permanecer en el tiempo. En ese sentido podemos evitar hablar de tasa máxima y fijar una tasa y cobrarla a todo el mundo por igual. Reconozco que es una realidad, que esas cosas pasan; entonces, quizás sea más práctico no fijar tasa máxima para que el Poder Ejecutivo, y no la URSEC, tenga la discrecionalidad de fijarla y establecer un guarismo de equis para todo el mundo por igual.

En lo que tiene que ver con los pases en comisión, coincido con el señor Diputado en que no tienen costo, no tienen gasto, no tienen contenido económico, pero aunque parezca mentira sí tiene un componente funcional enorme. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para el funcionario que está en comisión saber que puede estar sujeto a las variaciones que su organismo de origen tenga, una determinada situación que de alguna manera se refleja en su situación concreta. No quiero ejemplificar -creo que no corresponde- pero hay funcionarios que están en Comisión -provenientes de organismos cuyos recursos son notoriamente escasos- que mensualmente se ven en la incertidumbre de si perciben el salario o no. Hay funcionarios que pertenecen a organismos que no son la URSEC que cuando llegan a tener una contingencia -por ejemplo, una enfermedad- no saben si van a percibir el salario o no porque no dependen de nuestra Unidad Reguladora.

Es verdad que es algo que no tiene contenido económico porque los pesos son los mismos; sin embargo, se gana no solo en tranquilidad, con un costo cero, sino además en el deber ser. Nosotros entendemos -insisto, con costo cero de los dos lados- que es tan válido el argumento "como tiene costo cero por qué no lo dejo como está" que el argumento "como tiene costo cero por qué no lo arreglo".

SEÑOR DÍAZ.- Yo no estoy proponiendo cambiar en nada la situación de los funcionarios. No digo que no los incorpore a su organismo definitivamente en la misma situación. Lo único que planteo que se cambie es la forma de financiamiento. Lo único que estoy diciendo es que en vez de cobrar una tasa, lo cobre por Rentas Generales. No me refiero al otro asunto, el que comprendo y comparto.

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- Quizás interpreté mal.

SEÑOR DÍAZ.- Comprendo absolutamente la razón técnica que usted invoca. Usted no puede ser funcionario del organismo en el cual está regulando el mercado. Me parece bien que formen su propio escalafón; yo estoy hablando del problema del costo.

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- En lo que tiene que ver con la remuneración de los funcionarios, el mecanismo por el cual la Unidad Reguladora se haga de los pesos para poder pagarles me es absolutamente ajeno. Mientras nosotros tengamos el dinero no tenemos problema.

SEÑOR DÍAZ.- ¿Le cambia la vida a Rentas Generales US$ 2:000.000 por año? Mientras que usted con US$ 2:000.000 por año de tasa a los administrados en este sector puede crear situaciones distorsionantes. Esa no es la respuesta sino la pregunta que yo me formulo. Tal vez tengamos que pensar y trabajar un poco entre todos; de repente también podemos hacer algo mixto.

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- Sí.

SEÑOR BERGARA.- De todas las maneras posibles, me gustaría trasmitir, sobre todo al señor Diputado Díaz -y después también por escrito al señor Diputado Ibarra-, toda la tranquilidad del mundo en cuanto a que lejos está, no solo de la intención sino de la propuesta concreta, incrementar la carga de funcionamiento del Estado, en particular a nivel de lo que es la regulación de comunicaciones sobre el sector privado. Este proyecto, con el planteamiento que hacemos del tema del ITEL, del canon de televisión para abonados y de una propuesta de modificación de tarifario que ya está en la órbita del Poder Ejecutivo, va a implicar un promedio de lo que está pensado como tasa máxima. Por decir algo: en el caso de que cobremos en promedio el 0,5% y no el 1%, de repente da más tranquilidad fijar el 0,5% en lugar de ponerlo como tasa máxima.

En ese marco y con los otros aditivos, estoy convencido de que el sector privado va a pagar menos de lo que paga hoy. O sea que en realidad no hay un incremento sobre los administrados en general por el hecho de que este nuevo esquema de financiamiento haga recaer sobre ellos una carga mayor para el funcionamiento del Estado.

Me parece adecuado de nuestra parte comprometernos a enviar a la brevedad las dos cosas que pide el señor Diputado Ibarra: el listado de funcionarios con las características en cuanto a quiénes provienen del Ministerio de Defensa Nacional y quiénes de otros organismos, y una estimación de lo que serían los costos y las distintas formas de ingreso que implicaría en lo operativo este nuevo esquema que estamos planteando.

La idea es, entonces, trasmitir la tranquilidad de que tanto en nuestra intención como en lo que intentamos plasmar está el hecho de que el sector privado no va a ver incrementada su carga con respecto a esto. Si da más tranquilidad determinar una tasa fija, obviamente menor al 1%, y no como una tasa máxima, desde nuestro punto de vista no generaría inconvenientes.

SEÑOR DÍAZ.- Quiero dejar una constancia porque podría parecer que estuviera dudando de alguien: tengo la mejor impresión y opinión de nuestros invitados y es notorio que es así. Pero yo desconfío del Estado y ustedes estarán allí solo algún año más -¡ojalá estén más!-, un tiempo acotado, y cuando uno legisla es para siempre. Creo que ha sido buena la reunión y hemos quedado abiertos para explorar soluciones. Todos estamos con espíritu amplio para trabajar.

(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la reunión.

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Versión taquigráfica de la reunión realizada
el día 28 de abril de 2004

MIEMBROS: Señores Representantes Ruben H. Díaz (Moderador), Washington Abdala, Brum Canet y Roberto Conde.

INVITADOS: Por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), doctor Fernando Pérez Tabó, Presidente; economista Mario Bergara y doctor Juan José Camello, Directores, ingeniero Juan Piaggio, Gerente General; y señora Elena Grauert, Secretaria General.

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SEÑOR MODERADOR (Díaz).- Habiendo número, está abierta la reunión.

La Comisión de Presupuestos tiene mucho gusto en recibir a los integrantes del Directorio de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación: a su Presidente doctor Fernando Pérez Tabó, a los Directores, economista Mario Bergara y doctor Juan José Camelo, al Gerente General ingeniero Juan Piaggio y a la Secretaria General, señora Elena Grauert.

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- Hemos hecho llegar a la Comisión una documentación que, a nuestro juicio, fundamenta el proyecto de ley actualmente a estudio. Esa iniciativa la dividimos en dos aspectos centrales: uno vinculado con la tasa de control regulatorio y otro vinculado con una partida que allí se prevé, destinada a gastos de funcionamiento y retribuciones personales.

Empezando por la última parte, debo decir que en el mes de diciembre de 2003 el Poder Ejecutivo aprobó la estructura organizativa de la URSEC que, como los señores Diputados saben, se amplía escasamente a efectos de atender las nuevas responsabilidades que esta Unidad tiene, que exceden las que en su momento tenía la Dirección Nacional de Comunicaciones.

Por la vía de los hechos, al día de hoy tenemos funcionarios en régimen de comisión, tanto de ANTEL como de la Administración Nacional de Correos. Por aspectos de política regulatoria entendemos que esto es lo adecuado más allá de la necesidad de dotar al organismo de una estructura propia, con funcionarios pertenecientes a él, terminando esta relación un tanto particular en la que los salarios de los funcionarios son hechos efectivos por los regulados, en este caso, ANTEL y la Administración Nacional de Correos.

La estructura organizativa que estamos pautando superará escasamente los 100 funcionarios. De los 150 que tenemos, prácticamente 85 pertenecían a la Dirección Nacional de Comunicaciones. Por lo tanto, es notorio que la diferencia como consecuencia de las nuevas responsabilidades, es adecuada, por no decir extremadamente restringida.

Nosotros no planteamos ni queremos generar un organismo mastodóntico y burocrático, sino poder cumplir cabalmente con las responsabilidades que se nos han asignado.

En lo que tiene que ver con la tasa regulatoria, tenemos una estructura de ingresos que está basada en distintos aspectos: ingresos derivados de la utilización de frecuencias radioeléctricas, ingresos referidos a tramitación e ingresos referidos al canon de televisión para abonados que, como los señores Diputados conocen, es una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo anulando el acto administrativo por el que se establecía el canon por entender que se trataba de un tributo sin base legal, razón por la cual ese ingreso lo eliminamos de nuestra proyección y estimación.

En la situación actual tenemos ingresos por US$ 1:950.000, más US$ 900.000 que corresponden a la televisión para abonados y US$ 70.000 a otros rubros, lo que nos da un total de US$ 2:920.000.

La situación proyectada parte de la base de una readecuación de los montos que se perciben por utilización de frecuencias radioeléctricas. Existen algunos precios que no se condicen con la realidad tecnológica. Por ejemplo, hoy el mantenimiento del servicio de "beepers" es prácticamente inviable en función de la sensible evolución a la baja que han tenido los servicios de telefonía celular.

En el proyecto se plantea eliminar el canon de televisión para abonados en función de una sentencia del Tribunal de Cuentas. Esa situación nos permitiría redondear los ingresos que la URSEC precisa para cumplir sus funciones.

Se ha estimado que los gastos serían de US$ 2:620.000, que sería un promedio de lo gastado en los tres ejercicios pasados, a lo que debe sumarse las remuneraciones adicionales implicadas en esta estructura organizativa a que hice referencia.

El proyecto tiene una particularidad que está pautada por el descuento de lo que tendría que pagarse por concepto de tasa regulatoria de lo abonado por concepto de Impuesto a las Telecomunicaciones para aquellos operadores que estén gravados con IVA. De mantenerse el descuento de lo pagado por el Impuesto a las Telecomunicaciones, la tasa no podría ser inferior al 0,5% y en caso de que esta posibilidad se eliminara descendería al 0,3%.

SEÑOR DÍAZ.- ¿La URSEC está percibiendo lo recaudado por el Impuesto a las Telecomunicaciones?

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- No.

SEÑOR DÍAZ.- Entonces ¿en qué afecta a la URSEC que se compense o no? Afectará al Estado, pero no a la URSEC.

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- En lo que tiene que ver con la recaudación, nos afecta, porque si un operador, por ejemplo, MOVICOM, tiene que pagar por concepto de tasa regulatoria $ 100, pero pagó por concepto de ITEL $ 80, nos pagará $ 20, porque deduce de lo que tiene que pagar por tasa lo que pagó por ITEL. Esto hace que el guarismo aumente.

SEÑOR DÍAZ.- Pero bastaría regular a la inversa para que URSEC percibiera el impuesto y no los afectara.

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- Si ITEL pasara a ser recaudado por la URSEC, estaríamos hablando de otra cosa.

SEÑOR DÍAZ.- No estoy hablando de eso, sino de que se descuente del ITEL lo recaudado por la tasa.

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- Sí, en ese caso estaríamos de acuerdo.

SEÑOR DÍAZ.- Esto facilitaría que las empresas tengan el beneficio, que no se vean afectadas y que el Fisco pierda US$ 1:000.000 por año.

SEÑOR CANET.- De esa manera, se evitaría la doble imposición.

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- Sí, efectivamente. Además, ese es el objetivo.

SEÑOR DÍAZ.- Es decir, si esto se hiciera de esta manera ¿qué porcentaje precisaría la URSEC?

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- Un 0,3%.

SEÑOR DÍAZ.- Entonces, no hablamos más, ya que estaríamos todos de acuerdo. Invertimos el mecanismo, establecemos un 0,3% y se acabó.

Por lo tanto, si estamos todos de acuerdo propongo votarlo ahora mismo.

SEÑOR CANET.- De todas maneras, sería interesante escuchar toda la exposición de las autoridades de la URSEC.

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- En términos generales, podríamos dejar la exposición por acá y, si se quiere, daríamos un detalle más fino sobre cómo se llegó a estos números.

SEÑOR CANET.- Quisiera hacer algunas salvedades, tanto a los visitantes que nos honran con su presencia y asesoramiento como a los miembros de la Comisión y a la Secretaría.

Dos Diputados de nuestra fuerza política están ausentes: el señor Diputado Ibarra, que se encuentra en Paraguay y como no hubo una sesión extraordinaria no pudo pedir licencia, por lo que no pudo ser sustituido, y la señora Diputada Topolansky, quien lamentablemente está internada; no conozco la dolencia, aunque afortunadamente las noticias de hoy señalan que ha mejorado. Quiero hacer esta salvedad porque acá no existe ninguna intencionalidad política.

Creo que es muy interesante la evolución de este tema. Si miramos retrospectivamente desde el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, que establecía una tasa que fijaba un máximo determinado, atribuyendo facultades discrecionales para aplicar el porcentaje en cada caso o situación, a esta actualización, advertiremos que media un trabajo que es necesario reconocer.

Hay una búsqueda de hacer algo que sea lo menos compatible posible con las necesidades del organismo. Es decir, ya no estamos hablando del 1% ni de una cantidad parecida; pasamos a hablar del 0,5% y ahora del 0,3%, buscando una vía en la que, con algún detrimento para los recursos con los que el Estado cuenta por vía de ITEL, se evita buscar la doble imposición y, a la vez, que URSEC cuente con recursos, con una tasa del tres por mil, que es bastante baja con relación a los valores que manejaron antes.

Las autoridades de URSEC entienden que podrían enfrentar la situación de anemia que tienen en materia de recursos. Es decir, la imposibilidad de seguir funcionando, unida al hecho de que un órgano regulador debería, si no vivir en la autarquía, por lo menos, no estar en una situación de dependencia que en algún momento pueda afectar su papel de regulador. Se trataría de que no haya ningún factor que distorsione su papel de regulador como identidad, de manera que lo haga de la forma más independiente y técnica posible, cualquiera sea el partido que esté en el Gobierno. Esa es la idea.

No vamos a desarrollar la actividad legislativa compartiendo la instancia con quienes nos honran con la visita. Una vez que cumplamos esta parte, analizaremos el asunto con los Diputados que estamos presentes.

SEÑOR DÍAZ.- Por mi parte creo que podemos dar el asunto por suficientemente discutido y trasmitir a nuestros contertulios la tranquilidad de que, en principio -salvo el señor Diputado Conde que recién se integra a la reunión-, concordamos con la solución propuesta ya que hay un problema de fondo y de plazos. Hace muchos meses que esta gente se está ocupando de esto.

SEÑOR CANET.- Es conveniente manifestar algo importante y es interesante que lo escuchen quienes nos visitan en la tarde de hoy. Me voy a referir a la reestructura y a decisiones, que a partir de todos los buenos recursos podrán tener efectividad por un plazo prolongado, según el caso de cada funcionario. Nosotros estamos mejorando este factor. Uno es el tema de la tasa y otro es cómo han llegado estos funcionarios voluntariamente, con buenas calificaciones técnicas, a satisfacer las necesidades de la URSEC, pero una cosa es la coyuntura y otra es el futuro.

Quiero que quede clara la diferencia entre el tema de los recursos para funcionar y el plantel gerencial y técnico del organismo, aspecto que analizaremos una vez que empecemos a considerar todo el tema en conjunto. Sin perjuicio de pensar que la tasa sea razonable, tenemos que valorar otras connotaciones que no vamos a desarrollar ahora.

SEÑOR DÍAZ.- De acuerdo, pero a los efectos de entendernos eventualmente podemos aprobar la parte de recursos que contiene la norma. En lo que hay urgencia es en el tema de los recursos. Luego, haríamos las valoraciones de orden administrativo que entendamos del caso.

SEÑOR BERGARA.- Es absolutamente legítima la preocupación sobre la situación tanto de los funcionarios actuales de la URSEC, que en su mayoría son provenientes de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, como la de diecisiete o dieciocho nuevos funcionarios que en su mayoría son de ANTEL y de la Administración Nacional de Correos. En la medida en que la URSEC tome potestades regulatorias sobre los mercados de comunicación y postales, la gente que trabajaba en oficinas referidas al contralor de los operadores del Correo -esa "oficina", entre comillas- pasó toda para la URSEC, donde sigue desarrollando las mimas tareas de control referidas al mercado postal. Los funcionarios profesionales provenientes de ANTEL básicamente constituyen la única cartera posible de profesional especializado en el área de las telecomunicaciones a la cual, en principio, la URSEC pudo apelar en la medida en que era la única empresa estatal que operaba en este rubro. Por lo tanto, experiencia y calificación específica se encontraban allí.

En una oportunidad anterior enviamos un listado en el que figuraban los cargos actuales de la URSEC, donde se aprecia que los nuevos funcionarios prácticamente son todos profesionales universitarios que hemos traído de ANTEL y del Correo puesto que apostamos a la profesionalización de la URSEC. De todas maneras, es válida la intención de tratar de trasmitir tranquilidad en el sentido de que todo el proceso de estructura recién puede empezar a desarrollarse a partir de que estén votados los recursos, porque la Contaduría General de la Nación no admite estructuras de cargos para el organismo hasta que no podamos mostrar que tenemos el crédito presupuestal correspondiente. Y esto es diferente a tener los ingresos. Podría darse el caso de cobrar mucho, pero no tenemos autorización para gastar; por más que tengamos mucha plata no podemos usarla en implementar una nueva estructura. Quiero dejar claro y trasmitir la mayor tranquilidad con respecto a que todos los funcionarios -ya sean los que provienen de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones o de otros organismos públicos- van a ver respetados los derechos de su carrera funcional, de relación jerárquica en cuanto a su calificación y a lo que se estime en prospectiva que también pueden colaborar con el organismo.

El procedimiento de generación de estructura de cargos se podría empezar a hacer una vez que los recursos estén aprobados, no los ingresos por la tasa regulatoria, sino el otro artículo de crédito presupuestal. A partir de allí lo que sí podemos trasmitir desde este Directorio es nuestra total predisposición a tener mecanismos absolutamente transparentes para la reformulación de la estructura de un organismo nuevo, que es la URSEC con las consiguientes "restricciones" -entre comillas- que implican el respeto a los derechos funcionales de todos los empleados que hoy desempeñan tareas en el organismo.

Muchas gracias.

SEÑOR CANET.- Voy a plantear una hipótesis a fin de ver qué terreno posible puede haber para encontrar facilidades que amparen las distintas visiones que puede haber sobre el tema. Supongamos que este proyecto de ley fuera aprobado por ambas Cámaras.

Simplemente quisiera hacer una pregunta para tener un elemento más.

¿Podría haber un camino del medio en el que los funcionarios pudieran permanecer en sus lugares de origen y que ser pagados por la URSEC, por ejemplo, durante un año? ¿Existe algún mecanismo que pudiera concebir alguna solución más definitiva? ¿Existen otros mecanismos complementarios a los que ya se utilizaron para atender las necesidades de la URSEC, aunque transitoriamente se haga con los profesionales y los técnicos que actualmente se están desempeñando, ya sea porque estaban en la Dirección Nacional de Correos o porque han pasado en comisión desde ANTEL? Es una pregunta totalmente exploratoria para considerar alguna forma de provisoriato que permita que la URSEC funcione y que con más elementos y conocimientos de nuestra parte, con la nueva normativa, con el actual Directorio o con las nuevas autoridades, se pueda tomar una decisión definitiva con respecto a las personas concretas, sin perjuicio de que la estructura pueda ser esta.

SEÑOR PÉREZ TABÓ.- Quiero señalar, sin demasiada profundidad jurídica, que en la medida en que una ley establezca una solución como plantea el señor Diputado, a primera vista, reitero, no resulta una norma que pueda ser cuestionada.

Me parece que un funcionario que hoy está en comisión en la URSEC va a optar en el momento en que se produzca la materialización de la estructura; es decir, va a ser el propio funcionario quien va a resolver si en función de la estructura, con la remuneración que ella supone, se incorpora a la Unidad Reguladora como un funcionario propio o no, y cesa el estado que tiene actualmente de funcionario en comisión y vuelve a su organismo de origen.

No sé si se puede suspender la toma de la versión para lo que quisiera aclarar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, naturalmente.

(Se suspende la toma de la versión taquigráfica)

SEÑOR ABDALA.- El señor Presidente de la URSEC hace sus manifestaciones con la calidez y el respeto que corresponde, pero yo las tomo con mucha preocupación.

Con toda franqueza, quiero decir que son decenas de funcionarios que están en esa circunstancia de vida y yo le traslado la pelota al Parlamento, porque este tema es de su estricta responsabilidad. Si el Parlamento entiende que en este tema hay sintonía, tiene que votar y dejarse de embromar, dicho brutalmente o, en definitiva, decir que no hay voluntad para sacar este tema para adelante. Tenemos que estar de un lado o del otro, pero no en esta letanía que nos lleva rumbo a la nada; de la nada a la nada.

Quiero que conste expresamente en la versión taquigráfica que tenemos que dialogar con los colegas del Partido Nacional y del Encuentro Progresista, porque el Partido Colorado -no hago cancha chica-, está dispuesto a sacar este tema por el camino que el señor Presidente de la Comisión planteó o por el que se propuso originalmente. Tenemos que terminar con esto, no podemos vivir más con este tema que genera este tipo de "consecuencias humanas" -entre comillas- complicadas.

SEÑOR DÍAZ.- Agradecemos la presencia de las autoridades de la URSEC.

Se levanta la reunión".

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: hasta ahora no hemos logrado que estuviera presente algún integrante de la Comisión de Hacienda, por lo que sigue postergada la consideración del proyecto que figura en octavo lugar del orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- La Mesa informa que ahora están presentes integrantes de la Comisión de Hacienda.

En consecuencia, se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: "Extensión de los límites de crédito del Banco de la República Oriental del Uruguay. (Se modifica el plazo de la autorización oportunamente otorgada)".

(ANTECEDENTES:)

Montevideo, 16 de marzo de 2004.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley referente a la extensión en hasta un 25% de los límites de crédito establecidos en la Carta Orgánica de este Banco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002.

A esos efectos, se transcribe la exposición de motivos y la redacción que se sugiere dar a la ley propuesta:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se somete a consideración del Parlamento este proyecto de ley tendiente a extender hasta el 31 de diciembre de 2005 la autorización otorgada por el artículo 15 de la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002, a exceder en hasta un 25%, los límites de créditos establecidos en su Carta Orgánica, en el caso de las empresas principalmente orientadas a la exportación.

La finalidad de dicha norma fue la de permitir, en un momento crítico para el país, donde los créditos bancarios estaban seriamente restringidos, una mejor asistencia a las empresas orientadas a la exportación, entendiéndose que de tal forma se contribuía a la reactivación económica.

Sucedía que los límites que le impone al Banco de la República Oriental del Uruguay su Carta Orgánica para la asistencia crediticia a las empresas (numeral 11) del artículo 24 de la Ley Nº 9.808, en la redacción dada por el artículo 6º de la Ley Nº 13.243, de 20 de febrero de 1964 y artículo 1º de la Ley Nº 17.416, de 13 de noviembre de 2001, están alineados al capital integrado y reservas de la institución, de forma tal de diversificar los riesgos crediticios evitando una concentración de los mismos. Tales límites, están por debajo incluso de los Estándar fijados por el Banco Central del Uruguay para el sistema financiero.

En agosto del año 2002 y en ocasión de la crisis bancaria y financiera que el país sufría principalmente desde principio de ese año, que hizo eclosión con la sanción de la Ley Nº 17.523, citada, a través de la cual se dispusieron medidas trascendentes respecto de un sector del sistema financiero, el capital y reservas integrado del Banco se situaba en niveles inferiores respecto de años anteriores, situación provocada básicamente por el deterioro de las carteras y del descenso del nivel de actividad que se insinuaba en el país desde tiempo atrás. Esta disminución del patrimonio, tenía como consecuencia indirecta e inmediata, la restricción en cuanto a la posibilidad de asistir crediticiamente a las empresas. Fue en atención a esa situación, que el Parlamento a través de la norma ya comentada, autorizó al Banco hasta el 31 de diciembre de 2003, a exceder en un 25% los límites impuestos por su Carta Orgánica para la asistencia crediticia al sector exportador, en una medida que sin lugar a dudas repercutió favorablemente y coadyuvó a la sostenida recuperación económica que se está percibiendo en estos momentos.

En el actual contexto económico, se entiende que las empresas orientadas al sector exportador siguen cumpliendo el rol de ser uno de los principales motores que impulsan la reactivación económica de nuestro país.

El incremento de esta corriente exportadora, se ve favorecida por la mejora de precios internacionales, así como por un muy buen nivel productivo actual.

A los efectos de facilitar, promover y profundizar dicho incremento es imprescindible que el sector de empresas orientadas a la exportación cuenten con un adecuado nivel de financiamiento.

Y en ese sentido, entre las competencias asignadas al Banco y en consonancia con el espíritu que animó el artículo 15 de la Ley Nº 17.523, citada, la institución ha priorizado durante todo este tiempo, la asistencia al sector productivo orientado a la exportación, participando en forma significativa en la financiación de las exportaciones del país.

Si bien la tendencia a la baja en el patrimonio del Banco que se percibía en el año 2002, se ha comenzado a revertir en el año 2003 producto de acciones estratégicas de gestión y de negocios, la misma se consolidará en los años 2004 y 2005 lográndose niveles importantes de recuperación patrimonial.

No obstante, en la actualidad y frente a esa coyuntura, al haber finalizado el plazo de la autorización otorgada por el artículo 15 de la Ley Nº 17.523, la consecuencia inmediata sería la de reducir y restringir el crédito a las principales empresas exportadoras del país, para no exceder los topes que la Carta Orgánica le marca al Banco de la República Oriental del Uruguay, lo cual se produciría en un momento en el que las alternativas financieras no se han desarrollado lo suficiente como para procesar la sustitución de las fuentes de crédito.

En el contexto expresado precedentemente, no se considera oportuno reducir los niveles de asistencia a dichas empresas por lo cual se entiende necesario extender la autorización otorgada oportunamente hasta el 31 de diciembre de 2005, reiterándose que aun con el exceso transitorio de los límites impuestos legalmente, tales límites se encuadran en la normativa bancocentralista.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, ISAAC ALFIE.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Extiéndase hasta el 31 de diciembre de 2005 la autorización otorgada al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) por el artículo 15 de la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002.

Montevideo, 16 de marzo de 2004.

ISAAC ALFIE

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Extiéndese hasta el 31 de diciembre de 2004 la autorización otorgada al Banco de la República Oriental del Uruguay por el artículo 15 de la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002.

Sala de sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 17 de marzo de 2004.

ALEJANDRO ATCHUGARRY
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario"

INFORME

Señores Representantes:

El presente proyecto de ley, que fuera aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, establece la extensión –hasta 31 de diciembre de 2004- de la autorización otorgada por el artículo 15 de la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002, para exceder en hasta un 25% los límites de créditos establecidos en la Carta Orgánica del Banco de la República Oriental del Uruguay.

La autorización precitada se ha manifestado como un instrumento indispensable para la asistencia crediticia de sectores y empresas orientadas a la exportación.

Concretamente y de acuerdo a la información recabada en el Departamento de Negocios con el Exterior del BROU, la nómina de exportadores comprendidos en la situación que procura contemplar el proyecto de ley abarca a unas veinte empresas integrantes de once Grupos Económicos, las que declararon en el año 2003 exportaciones totales por U$S 523.511.497, equivalentes al 22,6% del total nacional y que ocupan, en su conjunto, a aproximadamente 9.500 trabajadores.

Atendiendo al concepto genéricamente admitido que el dinamismo de nuestras exportaciones es fundamental para consolidar nuestra recuperación económica, la Comisión de Hacienda ha aprobado por unanimidad de presentes, el proyecto de ley que hoy se presenta ante el plenario de la Cámara de Representantes y cuya aprobación se recomienda.

Sala de la Comisión, 12 de mayo de 2004.

RONALD PAIS, Miembro Informante, CARLOS BARÁIBAR, GABRIEL BARANDIARAN, SILVANA CHARLONE, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, GABRIEL PAIS, GUSTAVO PENADÉS, MARTÍN PONCE DE LEÓN".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

En discusión general.

La Mesa entiende que se puede votar el pase a la discusión particular, pero para la aprobación del artículo único se requieren cincuenta votos conformes, pues se trata de una modificación de la Carta Orgánica del Banco de la República Oriental del Uruguay.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: este proyecto de ley ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda, y el objetivo que persigue es extender hasta el 31 de diciembre de 2004 la autorización otorgada al Banco de la República Oriental del Uruguay a través del artículo 15 de la Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002.

Dicha ley habilitó al Banco de la República a exceder hasta en 25% los límites de créditos establecidos en su Carta Orgánica, en el caso de que el crédito vaya dirigido a una empresa orientada fundamentalmente a la exportación.

Lo que busca este proyecto de ley es habilitar al Banco de la República a otorgar créditos superiores a empresas que tienen su producción orientada a la exportación, en el entendido de que estas son generadoras de empleo y la base fundamental para la reactivación del país.

Por lo tanto, entendemos que corresponde votar afirmativamente este proyecto de ley.

Es cuanto tenía para informar.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Treinta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

La Mesa reitera que para aprobar el artículo único del proyecto se requieren cincuenta votos conformes. Por lo tanto, al no haber ese quórum en Sala, se posterga la consideración de este asunto.

Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Bayardi y Blasina.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se incluya en el cuarto punto del orden del día de la sesión del próximo martes el proyecto de minuta de comunicación contenido en la Carpeta Nº 3625/003, Repartido Nº 1532, sobre ajustes de pasividades".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta en treinta y uno: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del orden del día: "Edison Bordón. (Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa para el otorgamiento de una pensión graciable)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1363

"MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo el envío al Parlamento del proyecto de ley, concediendo pensión graciable para el señor Edison Bordón, bandoneonista con reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Montevideo, 29 de julio de 2003.

JULIO LARA, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Edison Bordón nace en la ciudad de Tala, departamento de Canelones (Uruguay), en el año 1942.

Habiendo iniciado sus estudios de música y bandoneón a los doce años en su ciudad natal, bajo la dirección de su padre, Amado Bordón (violinista), se traslada desde muy joven a Montevideo, para perfeccionar sus conocimientos musicales e intentar insertarse en el medio artístico, estudiando armonía, contrapunto y musicalización con los maestros Adhemar Banchiori y Gregorio del Puerto. Sus relevantes condiciones le permiten tempranamente acompañar a destacadas figuras del espectáculo tales como José Matteo o Julio Arregui y su Candombe con la voz de Alma Luz en el conjunto Típica Show, y entre 1962 y 1965, realizar una gira por Brasil con el maestro Oldimar Cáceres.

1970. Forma su Trío Típico, acompaña musicalmente y realiza arreglos para cantantes de la talla de Alberto Castillo, Rosana Falasca, Hugo del Carril, Alberto Podestá, entre otros tantos. Estas actuaciones le abren definitivamente la puerta de la popularidad como músico, comenzando su incursión en la actividad de locales de show, tales como Tanguería del 40, La Cumparsita, Fantasía, Bonanza, Parador del Cerro, La Riviere, Victoria Plaza Hotel, etcétera.

A esta altura, comienza a ser requerido como arreglador y músico acompañante por los cantantes compatriotas y colegas argentinos.

1979. Integra la delegación de músicos y cantantes que viaja a Colombia para participar del espectáculo "Uruguay canta a Gardel".

1982. Realiza su primera incursión en un espectáculo teatral, integrándose, como músico principal, al conjunto de acompañamiento del unipersonal de la actriz argentina Cipe Lincovsky realizado en el teatro Nuevo Stella de Montevideo, "Yo siempre vuelvo".

1983. Integra el "staff" musical del programa televisivo Armenonville, emitido en Monte Carlo TV Canal 4 de Montevideo, bajo la dirección de Arturo Ochoteco.

1985. Graba un casete, acompañando al conocido cantante Enrique Dumas, titulado "Enrique Dumas en Vivo", grabado de un recital efectuado en el teatro Nuevo Stella de Montevideo.

1986. Interviene como solista en la obra teatral "Nostalgeses" junto a los cantantes Olga Delgrosi y Daniel Espósito, bajo la dirección de César Charlone Ortega, en el Teatro del Centro. Graba un casete acompañando al cantante Gustavo Nocetti, viaja a la ciudad de San Pablo (Brasil), actuando como solista durante cuatro meses en el Restaurante y Tanguería "Mi Buenos Aires Querido".

1987. Participa con su Trío Típico en la obra teatral "Nostalgeses II-Discepolín", junto a los cantantes Adriana Lapalma, Olga Delgrosi, y Daniel Espósito, nuevamente bajo la dirección de César Charlone Ortega en el Teatro del Centro.

Participa del recital "Tangos A.M. (Amsterdam-Montevideo)" en un contrapunto musical con el bandoneonista holandés Karel Kraayenhoff y el cantante uruguayo (residente en Holanda) Juan Carlos Tajes, dirigido por Carmen Toledo en el Teatro del Centro.

1988. Participa como solista en la obra teatral "Tango. Mito" junto a los cantantes Olga Delgrosi y Daniel Espósito, bajo la dirección de Carmen Toledo, en el Teatro del Centro.

Integra la programación de la Temporada de Eventos Musicales organizada por el Ministerio de Turismo del Uruguay.

Realiza con su Trío Típico y el cantante Daniel Espósito una gira por Japón, actuando en las ciudades de Okayama, Toyama, Cifu, Osaka y Tokio, entre otras, participando además en el programa televisivo "That's Music", emitido en vivo internacionalmente por la Japan Broadcasting Corporation y plasmando la grabación del Primer CD de Tangos para el Uruguay.

A su regreso asume la dirección artística de "Tanguería del 40" en el Columbia Palace Hotel, tradicional local de shows de tango. Continúa su actividad como músico y arreglador, incursionando en otros géneros musicales y realizando grabaciones para distintos artistas y compañías grabadoras (José Carbajal-El Sabalero, Fernando Cabrera, Washington Carrasco y Cristina Fernández, José Luis "Pepe" Guerra, Níquel, La Trampa) y otros.

1990. Realiza arreglos y acompaña musicalmente a la cantante uruguaya Nancy Devita, con quien graba el casete "Convencernos" y que marca, por su elaborada armonía, un cambio notorio en el estilo de la mencionada cantante.

1993. Participa del recital de "Homenaje a Piazzolla", integrándose como solista a una orquesta de cámara, junto al saxofonista Edgardo D'Andrea y bajo la dirección de Carlos Weiske, realizado en la Sala Auditorio "Vaz Ferreira" de Montevideo.

1994. Es invitado a participar en el Festival Internacional de Música Popular de "Les Escales" en la ciudad de Saint-Nazaire (Francia), al cual concurre con su Trío Típico y el cantante Daniel Espósito, continuando la gira luego como solista.

1995. Graba en los estudios "La Batuta" un jingle de promoción para la Cerveza "Palermo" de Argentina. Es convocado para acompañar como bandoneón solista en el espectáculo realizado para la Embajada de los Estados Unidos y Congreso Internacional de Punta del Este a la actriz Dahd Sfeir. Es llamado para acompañar a la cantante Virginia Luque en el acto de festejos de Gardel FM realizado en el Punta Carretas Shopping Center.

1996. Graba dos temas con el conjunto de rock La Trampa.

Graba en los Estudios Sondor con el grupo Níquel.

Graba doce temas con el cantante José Luis "Pepe" Guerra (también en Sondor).

Acompaña como bandoneón solista al actor uruguayo Osvaldo Laport en el acto de entrega de los premios "Florencio 96" del teatro uruguayo, realizado en el Teatro Solís.

Incursiona en el canto popular, también con los conocidos intérpretes Washington Carrasco y Cristina Fernández.

Viaja a Brasil junto al guitarrista Mario Núñez y el cantante Alberto Rivero, para realizar tres conciertos de tango en el Hotel Fiesta de San Salvador de Bahía.

Realiza un concierto con su Trío Típico a bordo del crucero alemán "Europa".

Es convocado por el violinista Julio Levinas para realizar arreglos y participar como solista en el Conjunto de Cámara del SODRE en recepción particular en Punta del Este del señor Presidente de la República don Julio María Sanguinetti, en muestra pictórica realizada para él y altas autoridades políticas de nuestro medio. Participa de una gira por Israel y Nueva York con el Sexteto Tango Mayor, integrado por Julio Levinas (violín), Eduardo Ruibal (violín), Francisco Schlothauer (viola), Roberto Martínez del Puerto (cello), y Carlos Weiske (contrabajo), la cual es declarada de Interés Nacional por el Ministerio de Cultura y la Presidencia de la República.

1999. Comienza la grabación del primer CD con temas propios en EL Estudio, como son entre otros, Coqueteando, Para que sepa, Dando Dique, Memuzza, Tuyo, Divagando, Divague, Evocando la noche, Nostalgeses, Tango-Mito, Nostálgica Distancia, Distancias, Consecuencias, Hechos, etcétera.

2000. Realiza arreglos y dirección artística y graba un CD en los estudios IFU "Con amor al tango" acompañando, junto al guitarrista Lucho Martínez, al cantor Armando Tovagliare en diecisiete temas. Realiza un concierto en el Teatro de Verano con el grupo de rock La Trampa.

Festeja sus cuarenta años con el tango en el Teatro Ateneo junto a todos sus músicos y cantantes en una emotiva jornada musical, siendo el maestro de ceremonias Eduardo Freda, contando entre el público con altas autoridades del gobierno. Recibe además en distintos medios un merecido homenaje a su larga trayectoria, siendo reporteado en todos ellos como representante de nuestro país durante tanto tiempo. Graba un CD con arreglos y dirección artística (Trío Tango Por Tres) junto a la cantante Rosana Flores y el cantor Walter Casella, secundado por los músicos Nelson Fernández y Aurelio Arvire. Actúa como solista de la Orquesta Sinfónica del SODRE, en un homenaje a Astor Piazzolla.

2003. Su último trabajo discográfico es junto al guitarrista Julio Cobelli, acompañando al cantor Roberto Zanolli en el CD "Nueva Aurora", grabado en los estudios Orión, siendo el director y arreglador musical.

Montevideo, 29 de julio de 2003.

JULIO LARA, Representante por Canelones.

INFORME

Señores Representantes:

La Comisión de Seguridad Social de nuestra Cámara ha apoyado por unanimidad de votos, la minuta de comunicación y su correspondiente exposición de motivos, por la que se solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien tomar la iniciativa de remitir un proyecto de ley, a efectos de concederle una pensión graciable al señor Edison Bordón.

Deseo señalar que significa para mí un motivo de orgullo ser el miembro informante de tal resolución, iniciativa que pone en marcha los mecanismos para saldar una deuda moral de la sociedad en su conjunto.

Así lo ha entendido el señor Representante por Canelones, don Julio Lara, iniciativa a la que adherimos convencidos fervientemente de la justicia que entraña.

El beneficiario, si bien canario de nacimiento, se ha convertido en ciudadano internacional en mérito a una trayectoria artística de más de cuarenta años que ha trascendido las fronteras de nuestro país.

Al día de hoy, el beneficiario atraviesa una situación económica de extrema precariedad que lo limita al grado de impedirle cubrir sus necesidades básicas.

La Comisión de Seguridad Social considera, por lo tanto, de absoluta justicia y reconocimiento, votar afirmativamente esta minuta de comunicación, en atención a los méritos expuestos y a la situación que atraviesa el señor Edison Bordón.

Sala de la Comisión, 12 de mayo de 2004.

GUSTAVO SILVEIRA, Miembro Informante, JOSÉ L. BLASINA, SCHUBERT GAMBETTA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

SEÑOR BLASINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: quiero señalar que esta fue una iniciativa presentada por el señor Diputado Lara y que fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes.

Se trata de una personalidad de nuestra cultura, de un músico de larguísima trayectoria, bandoneonista de relieve nacional e internacional, quien está atravesando una situación económica y de salud bastante precaria.

Por lo tanto, la Comisión ha entendido de estricta justicia recomendar a esta Cámara la aprobación de esta minuta de comunicación como aspiración expresada ante el Poder Ejecutivo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de minuta de comunicación.

(Se vota)

——Treinta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

¾ ¾ La Mesa recuerda a los señores Legisladores que si bien el asunto que se acaba de aprobar era el contenido en décimo término del orden del día, está pendiente de resolución el tema relativo a la pensión graciable para el señor Julio Alberto Sobrera, que figura como quinto punto del orden del día. Por lo tanto, se solicita a los señores legisladores que permanezcan en Sala.

Habiendo finalizado la recepción de votos con respecto a la pensión graciable antes mencionada, se va a dar cuenta del resultado de la votación.

(ANTECEDENTES:)

Montevideo, 29 de abril de 2003.

Señor Presidente de la Asamblea General,
don Luis Hierro López.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo, tiene el alto honor de dirigirse a ese Cuerpo, con el objeto de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se concede una pensión graciable a favor del señor Julio Alberto Sobrera, en virtud de su reconocida trayectoria en el deporte de nuestro país.

Ello resulta justificado, habida cuenta de la relevancia del señor Sobrera en el deporte uruguayo, en particular en el ciclismo, comenzando su carrera deportiva en el año 1947, llegando a representar a nuestro país en diversas instancias internacionales, tal como ser Mundiales, Panamericanos, Sudamericanos e incluso en las Olimpíadas de 1952.

Ante la relevancia de la carrera deportiva del señor Sobrera tanto a nivel nacional como internacional, y teniendo presente la precaria situación económica en que se encuentra, entendemos un acto de reconocimiento y justicia a su favor, otorgarle una pensión graciable.

El proyecto de ley, en su artículo 1º, establece el nombre del beneficiario así como el monto de la pensión. En el artículo 2º se establece que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, LEONARDO GUZMÁN, ALEJANDRO ATCHUGARRY.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Concédese una pensión graciable, al señor Julio Alberto Sobrera, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo 2º.- La erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Montevideo, 29 de abril de 2003.

LEONARDO GUZMÁN, ALEJANDRO ATCHUGARRY.

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Concédese una pensión graciable, al señor Julio Alberto Sobrera, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo 2º.- La erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 2 de setiembre de 2003.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

INFORME

Señores Representantes:

El Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley a los efectos de adjudicar una pensión graciable al señor Julio Alberto Sobrera.

Se trata de un ciclista reconocido en el ámbito nacional e internacional, como ser su participación en campeonatos mundiales y en las Olimpíadas de 1952.

Ante tal trayectoria y teniendo en cuenta su precaria situación económica, vuestra Comisión de Seguridad Social recomienda a la Cámara de Representantes la aprobación de la presente iniciativa.

Sala de la Comisión, 12 de mayo de 2004.

JOSÉ L. BLASINA, Miembro Informante, SCHUBERT GAMBETTA, GUSTAVO SILVEIRA".

¾ ¾ Dese cuenta del resultado de la votación del artículo 1º del proyecto.

(Se lee:)

"Han votado cincuenta y un señores Representantes: cuarenta y seis lo han hecho por la afirmativa y cinco por la negativa".

——El resultado es: NEGATIVA.

En consecuencia, queda desechado el proyecto de ley.

Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Es la hora 18 y 43)