Texto de la citación

Montevideo, 13 de abril de 2004.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana miércoles 14, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

2º.- Comisión Administrativa del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Ley Nº 16.821, de 23 de abril de 1997).

3º.- Clientes de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera cuyos ahorros hubieren sido aplicados a la adquisición de certificados de depósito en instituciones financieras con sede exterior. (Se declara, por vía interpretativa, que están comprendidos en la facultad conferida al Banco Central del Uruguay por el artículo 31 de la Ley Nº 17.613). (Carp. 3557/003). (Informado). (EN DISCUSIÓN). Rep. 1506 y Anexo I

4º.- Acuerdo con el Gobierno de la República de Finlandia relativo a la Promoción y Protección de Inversiones. (Aprobación). (Carp. 3462/003). (Informado). Rep. 1480 y Anexo I

5º.- Indalecio Bengochea Rodríguez. (Designación a la Escuela Nº 36 de Marmarajá, departamento de Lavalleja). (Carp. 2559/002). (Informado). Rep. 1104 y Anexo I

6º.- Ingeniero Agrónomo Gregorio Helguera. (Designación a la Escuela Agraria de Tacuarembó). (Carp. 2729/003). (Informado). Rep. 1188 y Anexo I

7º.- Doctor Alberto Gallinal Heber. (Designación al Liceo Rural del paraje Cerro Pelado, 6ª Sección Judicial del departamento de Rivera). (Carp. 2871/003). (Informado). Rep. 1227 y Anexo I

8º.- Julio J. Casal. (Designación a la Escuela Nº 243 del departamento de Montevideo). (Carp. 2492/002). (Informado). Rep. 1086 y Anexo I

9º.- República Francesa. (Designación a la Escuela Nº 134 de la ciudad de Rivera). (Carp. 3030/003). (Informado). Rep. 1284 y Anexo I

10.- Corredores inmobiliarios. (Se regula su actividad). (Carp. 327/000). (Informado). Rep. 185 y Anexo I

HORACIO D. CATALURDA      MARGARITA REYES GALVÁN
S e c r e t a r i o s

-     A la Comisión de Defensa Nacional

-    A sus antecedentes

-     Se cursa con fecha de hoy".

"El señor Representante Guillermo Chifflet solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud Pública, acerca de la situación sanitaria de una señora como consecuencia de un error médico. C/27/000

El señor Representante Jaime Mario Trobo solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas, y por su intermedio a la Dirección General Impositiva; a la Cámara de Industrias del Uruguay y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, sobre la modificación de la tributación de IVA por parte de los chacinados, especialmente de los chorizos. C/27/000

El señor Representante Ramón Fonticiella solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionada con la facturación de agua con tarifa comercial a las capillas de la Iglesia Católica en el departamento de Salto. C/27/000

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se curse una exposición escrita a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro; al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, para su remisión a la respectiva Dirección Departamental y a la Dirección del Centro Auxiliar de Young, acerca de la necesidad de contar con medicación psiquiátrica en el referido centro de salud. C/27/000"

——Se votarán oportunamente.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Guillermo Chifflet al Ministerio de Salud Pública, acerca de la situación sanitaria de una señora como consecuencia de un error médico.

Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Castromán Rodríguez.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: ¡las cosas que tiene la vida! En el paraje Tres Quintas, de mi departamento de Río Negro, hay un grupo de viviendas de MEVIR, 32 en total, donde habitan alrededor de 150 personas, 26 de las cuales tienen edad escolar. De esas 26 personas, 12 concurren a la escuela de San Javier y a escuelas de la ciudad de Paysandú; los otros 14 niños no van a ninguna, pues la situación de sus padres es muy preocupante al no tener trabajo y, por ende, dinero para el traslado de los niños a alguna de las escuelas de la zona.

Estos vecinos apenas hacen alguna changa en la zona, que les permite ir sobreviviendo y -como se nos decía- hacer la calesita, muchas veces con el pago del consumo del agua o el de energía eléctrica, para llegar a fin de mes.

En el mencionado conjunto de viviendas hay un salón comunal de excelentes condiciones, que sería ideal para dictar clases a los niños hasta tanto se pueda construir la escuela prevista en el lugar.

Ante esta situación, realizamos una serie de contactos con las autoridades de MEVIR y de la enseñanza, quienes están instrumentando entre ambas instituciones los aspectos jurídicos para que lo más pronto posible se pueda comenzar a dictar los cursos.

Este es el Uruguay real, injusto, y muy especialmente con los niños.

Pero hay otro Uruguay, el de los privilegiados, el de personas mayores que se sirven del Estado y de los beneficios que de él pueden sacar. Los señores integrantes del Directorio de ANTEL, el Gerente General, el Secretario General, Subgerentes Generales, Gerentes de Áreas y otros ejecutivos de la empresa, totalizando la cantidad de 355 alumnos, tomaron clases de idioma inglés, francés, portugués y alemán en las siguientes empresas: GRB Language Services; Zanoniani Ibarburn; Lider, Raquel (Alianza Cultural Paysandú); Vázquez Falchi, Ruben (Apeva Producciones); Pereira Robaina, Silvana (Class Language Services); Pisciolano Cladera, Paula (Professional English Service); Instituto Serrano de Inglés; Frenkel Caracho, Eliane; Eichtersheimer, Rolando; Instituto Cultural Anglo Uruguayo; Berlitz Uruguay; Intermark Ltda. y Universidad de Montevideo, abonando, a costa del organismo de las telecomunicaciones, la suma de US$ 141.577 y $ 1:723.488. Como se puede observar, son cifras nada despreciables para estos calificados alumnos que fueron a aprender otros idiomas.

No compartimos para nada esta actitud, contrapuesta a la realidad antes citada, ni los criterios del ente de las comunicaciones con relación al gasto, que no tienen en cuenta las recomendaciones que se hacen una y otra vez por parte del Poder Ejecutivo y del señor Ministro de Economía y Finanzas, que cuida con tanto celo los dineros públicos. Los Directores, los Gerentes y funcionarios de alto rango, que de acuerdo con sus ingresos bien podrían haber pagado el aprendizaje de idiomas, no tuvieron mejor idea que aprovechar los recursos del Estado y del ente de las comunicaciones para instruirse y, quizás, en alguna oportunidad hacer uso de todo lo que aprendieron.

No reniego de que los funcionarios se capaciten, pero cuando muchas veces se reclaman partidas para la enseñanza, la vivienda o la salud, no existe la misma disposición por parte de las autoridades de Gobierno; se retacea, se demora, y los excluidos, lamentablemente, siempre son los mismos en este país de las inequidades.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía y Finanzas y a las Juntas Departamentales de todo el país.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y uno en treinta y dos: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: hace cien años, en 1904, el país estaba en plena guerra civil: oficialismo por un lado, revolucionarios por otro, o como quiera llamárseles. Finalmente, los rifles de repetición, el tren y el telégrafo derrotan al caballo, al poncho y a la generosa sangre colorada, pero derramada como blanca, que el 10 de setiembre termina vertiendo Aparicio Saravia en los campos de Masoller.

A partir de ese mes de setiembre, el país entero debe restañar las heridas y conseguir la paz, para lo cual generalmente se precisa de la generosidad del vencedor. Pero también se necesita de la acción de aquellos que en los pequeños pueblos sufren en carne propia las divisiones que dejan las guerras y las revoluciones entre los conciudadanos.

Así es, entonces, que en un pequeño pueblo de Canelones, Santa Rosa, para integrar formalmente a su comunidad, el cura párroco funda el tercer club de fútbol en la historia del país y el primero del interior: el Ideal de Santa Rosa. Por supuesto, tenía los colores amarillo y blanco, igual que la bandera papal. Precisamente, el ideal de este club era que todo el rencor, el odio y la sed de revancha que generalmente subsisten luego de este tipo de contiendas fueran superados a través de un deporte como el fútbol, que es integrador de la sociedad.

Por eso, señor Presidente, cuando el país tiene viejas heridas que restañar y la necesidad de dejar de lado revanchismos y rencores, es bueno destacar que hace cien años, en un pueblo pequeño, alguien intentó -y logró- hacer que los vecinos se unieran en torno a un deporte popular como el fútbol -quizás no fuera tan popular en aquel entonces- y dejaran de lado sus rencores para encontrar los caminos de integración necesarios a fin de que las sociedades progresaran.

Entonces, expreso mi reconocimiento al Club Ideal, una institución que aún está vigente -su sede se encuentra junto a la plaza de Santa Rosa-, que por cierto ha sabido de muchos lauros deportivos y que sigue rescatando para la localidad y para la comunidad en la que vive los ideales que hicieron posible su fundación.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a la Comisión Directiva del Club Ideal de Santa Rosa, a la Organización de Fútbol del Interior, a la Asociación Uruguaya de Fútbol y al Obispado del departamento de Canelones.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Tiene la palabra el señor Diputado Sellanes.

SEÑOR SELLANES.- Señor Presidente: quiero referirme a la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, sobre personas discapacitadas, en la que se establece un sistema de protección integral. Dicha ley expresa en su artículo 42: "El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas impedidas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al cuatro por ciento de sus vacantes. Tales impedidos gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario.- La Oficina Nacional del Servicio Civil controlará el cumplimiento de esta disposición".

Cabe destacar la importancia de esta ley, que fue el logro de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, por su lucha, y que fuera aprobada tras la discusión del tema en distintos congresos en los que intervinieron varias organizaciones de personas discapacitadas, así como también organizaciones departamentales y estatales.

La Comisión Honoraria del Discapacitado lleva un registro laboral, a nivel nacional, de las personas discapacitadas, y actualmente difunde un llamado cuyo plazo de inscripción vence el 30 de este mes. Sin duda, esto genera expectativas, pero ellas no siempre se cumplen. Además, no pasa de ser un llamado a inscripción con pocas posibilidades reales de inserción laboral para estas personas.

Los organismos del Estado no cumplen con esta ley, salvo en casos excepcionales. Solamente algunas Intendencias la están poniendo en práctica. Existe un gran número de personas discapacitadas, muchas de ellas jóvenes, que no logran ampararse a lo que establece esta norma.

A la falta de cumplimiento de esta ley se agrega la situación que viven muchos discapacitados que recibían una pensión a término por incapacidad y, al momento de renovarla, se encontraron sin ninguna posibilidad de volver a percibirla, ya que el Banco de Previsión Social aumentó las exigencias a un 75% de discapacidad.

En el departamento de San José conocemos muchos casos de personas discapacitadas que no perciben pensión alguna, que tienen familia a su cargo, que prácticamente han quedado en estado de indigencia y que no vislumbran la posibilidad de que la ley permita su incorporación al mercado laboral. Muchas de ellas han realizado diferentes cursos de capacitación -o sea que se han formado para poder trabajar-, pero sus esperanzas se ven frustradas porque los organismos no cumplen con la mencionada ley.

Es por eso que estamos ocupando estos cinco minutos de la media hora previa para solicitar a los organismos pertinentes que cumplan con lo dispuesto en la Ley Nº 16.095 en lo que refiere a la provisión de cargos con personas discapacitadas.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se curse a los organismos que nombré anteriormente, que figuran en el artículo 42 de la ley mencionada y que están involucrados en este tema, es decir, a los Gobiernos Departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados y personas de derecho público no estatal.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y cinco en treinta y seis: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Legnani.

SEÑOR LEGNANI.- Señor Presidente: voy a referirme a un tema que ya tratamos en una exposición escrita el 31 de marzo próximo pasado.

A raíz de denuncias aparecidas en la prensa y luego confirmadas en entrevistas personales con pacientes del SEI -Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas-, que funciona en el Instituto de Higiene, nos enteramos de internaciones prolongadas, en uno de los casos, de una paciente de Rivera, portadora de VIH-sida, que luego de haber sido dada de alta permaneció doce días más internada por demora en su traslado a su lugar de origen.

La percepción que teníamos y que nos trasmitieron los pacientes es que había una suerte de discriminación; tal vez no sea tanto, pero el hecho real y concreto es que, después del alta, muchas veces los pacientes esperan varios días antes de que se los traslade a su lugar de origen. Esa demora en el traslado adecuado y eficaz constituye una agresión, por la falta de respeto y de consideración hacia las personas que atraviesan situaciones particularmente adversas, debido a la infección que padecen. Además, es una agresión a los familiares acompañantes y a los que esperan en el domicilio el retorno de uno de los integrantes de la familia, que ya debería estar en su casa, con los suyos, por el alta médica que le fuera concedida. Entonces, se da una sobrecarga de angustia que resulta absolutamente inexplicable.

Por otra parte, la prolongación de las internaciones por motivos ajenos a los requerimientos médicos asistenciales constituye un gasto evitable que grava injustificadamente el presupuesto hospitalario y genera desánimo en el entorno, por la inoperancia en resolver un problema en apariencia tan simple como el traslado de pacientes a quienes ya se dio el alta.

Si insisto en este tema, señor Presidente, es porque si bien han ocurrido otros retrasos leves, según me informan ha habido uno de cinco días con un paciente de Colonia. Luego de recibir el alta médica, se demoró cinco días en efectuar el traslado de este paciente.

Es por eso que, a través de estas palabras, estamos solicitando al Ministerio de Salud Pública y al Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas que nos informen cuál es el promedio de internación de los pacientes portadores de VIH-sida luego de que les ha sido dada el alta médica para que retornen a su lugar de origen.

Por otra parte, desearía saber qué medidas ha instrumentado el Ministerio a efectos de que estas situaciones no se reiteren.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se curse al Ministerio de Salud Pública, al Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas y a la Comisión de Salud de cada una de las Juntas Departamentales para que se monitoree esta situación con el fin de saber, si se reitera, en qué porcentajes se da en otras localidades del interior.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Bosch.

SEÑOR BOSCH.- Señor Presidente: aprovechando estos minutos de la media hora previa, nos vamos a referir a un tema que ha sido tremendamente comentado en la ciudad de Sarandí del Yi, en nuestro departamento de Durazno.

A la Escuela Especial Nº 86 habitualmente concurrían 64 niños, que se quedaron sin poder hacerlo debido a que las autoridades de la ANEP comunicaron a la Directora, maestra Mabel Melgar, que ese local iba a ser clausurado por reformas edilicias y mejora de la instalación eléctrica. ¡Bienvenidas sean las obras y las mejoras en los centros educativos, y más aún cuando se trata de una escuela como la Nº 86, que lleva a cabo una labor ejemplarizante en lo que tiene que ver con la formación de niños con dificultades! Además de los cursos curriculares de enseñanza primaria, allí se realizan talleres y actividades prácticas que contribuyen al crecimiento integral de los niños.

La Escuela Especial Nº 86 de Sarandí del Yi no abrió sus puertas y los niños y maestras no comenzaron las clases. Después de algunos días se realizaron varias gestiones y fue otra escuela vecina, la Nº 5, la que en dos de sus aulas albergó a estos niños, pero en una situación totalmente irregular, tanto para los alumnos como para los docentes.

La necesidad edilicia de la Escuela Especial Nº 86 no era ninguna novedad. Ya en noviembre del año 2000, luego de visitar el local escolar en compañía de la Directora, de maestros y de integrantes de la Comisión de Fomento, presentamos en esta Cámara una exposición escrita en la cual no solo advertíamos sobre la insuficiencia del edificio, sino que, además, solicitábamos la construcción de una nueva aula para ubicar los talleres de informática y comunicación. En aquella oportunidad pedimos que la exposición escrita se elevara a la ANEP, al CODICEN, a la Inspección Departamental de Primaria de Durazno y a la Escuela Nº 86. Posteriormente, y hasta el día de hoy, hemos estado insistiendo en la urgencia de satisfacer las necesidades edilicias de la mencionada escuela ante todas las autoridades de la enseñanza, pero sin éxito hasta el momento. Hubo un informe técnico que aconsejaba la construcción de una nueva aula y la realización de mejoras edilicias por una cifra desmedida, inclusive cuestionada ante las propias autoridades por la Dirección de la escuela, ya que se fijó en US$ 35.000 el monto para la construcción de esa aula, lo que considerábamos totalmente exagerado.

A pesar del esfuerzo que han hecho las autoridades competentes, en particular la Comisión de Fomento -nosotros también hicimos gestiones-, hoy estamos en peor situación aún, porque la escuela ha cerrado para abocarse a la mejora en su construcción. Es un tema que nos preocupa y que deberá ser resuelto a la mayor brevedad por parte de las autoridades de la enseñanza, por ejemplo alquilando alguna finca adecuada para desarrollar estos cursos hasta que se pueda mejorar el edificio e, inclusive, aumentar su capacidad locativa.

Por lo tanto, solicitamos que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la ANEP, al CODICEN, al Consejo de Educación Primaria, a la Inspección Departamental de Primaria de Durazno, a la Escuela Especial Nº 86 y a la Comisión de Fomento de dicha escuela.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y siete: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Arrarte Fernández.

SEÑOR ARRARTE FERNÁNDEZ.- Señor Presidente: ¿quién puede pensar que un país puede progresar y superarse cuando se rematan escuelas rurales? Sin embargo, eso es lo que ocurre en el departamento de Rocha. A través de la Resolución Nº 16, del Acta Nº 14, de fecha 25 de marzo de 2004, el CODICEN ha tomado la decisión de rematar siete escuelas rurales de nuestro departamento. ¿Quién puede explicar una decisión de esta naturaleza?

Además, esto es totalmente contradictorio con las plataformas de casi todos los partidos políticos que aparecen en los medios de comunicación, en las que el argumento fundamental para el progreso, el crecimiento y el desarrollo es el reasentamiento de la población uruguaya en el medio rural.

Esta política contradictoria se puede ver claramente cuando los propios pobladores que viven cerca de dos de estas siete escuelas están reclamando que se abran, porque hay niños que quieren ir a la escuela. ¡Qué contradictorio!, porque para dos o tres escuelas de estas cuyo remate ha sido determinado, existen proyectos de electrificación de UTE en que el 50% del costo está subsidiado por toda la población uruguaya. Estas contradicciones son difíciles de explicar.

Pero lo más contradictorio de todo es el mensaje implícito que el máximo organismo de la enseñanza uruguaya da a la población, diciendo que va a rematar escuelas emblemáticas del departamento de Rocha, como las escuelas del Oratorio, de Sarandí, de India Muerta, de Potrero Grande, de Coronilla y de Arbolito. ¿Quién se podría imaginar que el remate de estas siete escuelas tiene como base US$ 40.000? ¿Quién se puede imaginar que hay una convocatoria del CODICEN a relatadores públicos para que participen en esta actividad?

Reprochamos esta actitud y, al mismo tiempo, solicitamos al CODICEN, con mucha firmeza y humildad, que revea esta decisión que consideramos que va en contra de la política de un país y de su propia población.

Por la entidad que tiene este tema -y por lo exiguo de la recaudación, pues rematando estas siete escuelas Primaria obtendrá US$ 30.000 o US$ 40.000-, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Consejo Directivo Central de la ANEP, al Consejo de Educación Primaria, a la Inspección Departamental de Rocha, al señor Intendente Municipal y a la Junta Departamental de Rocha.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y ocho en treinta y nueve: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

——Se entra al orden del día.

En mérito a que no han llegado a la Mesa las respectivas listas de candidatos, si no hay objeciones correspondería aplazar la consideración de los asuntos que figuran en primero y segundo término del orden del día y que refieren a la elección de miembros de la Comisión Permanente y de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para el Quinto Período de la XLV Legislatura.

Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Clientes de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera cuyos ahorros hubieren sido aplicados a la adquisición de certificados de depósito en instituciones financieras con sede exterior. (Se declara, por vía interpretativa, que están comprendidos en la facultad conferida al Banco Central del Uruguay por el artículo 31 de la Ley Nº 17.613)".

Continúa la discusión general.

Tiene la palabra el señor Diputado Rossi.

SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: concurrimos ayer y lo hacemos hoy a la sesión de la Cámara de Diputados con la voluntad de votar afirmativamente el proyecto modificativo del artículo 31 de la Ley Nº 17.613, porque estamos convencidos de que es un paso más, un paso positivo, en el camino de ayudar a cicatrizar las heridas derivadas de un cataclismo que vivió la República, de un verdadero cataclismo que conmovió profundamente, como pocas veces en la historia, toda la estructura económica del país y por cierto también al sistema financiero, que paralizó la economía, que hizo retroceder desde el punto de vista de su poder adquisitivo al conjunto de la población del país y que dejó a amplios sectores de la población profundamente afectados en sus condiciones materiales y de vida.

Antes de venir a esta sesión y buscando antecedentes, revisábamos y repasábamos una pieza que consideramos debe ser de referencia, de cabecera, no solo para entender el funcionamiento del sistema financiero y para poder comprender el contenido de las distintas y sucesivas crisis de este sistema vividas en el país, sino inclusive para de ahí rescatar la actitud que a nuestro entender un Representante debe tener, debe asumir, como representante de la ciudadanía -elegido con los votos de ciudadanos que quieren estar representados- para cumplir con las tareas legislativas que hacen a la función principal de este Cuerpo, pero también para llevar adelante las funciones de contralor, de pedir explicaciones, de procurar profundizar en la comprensión de los temas y no darlos por resueltos antes de conocer realmente cómo están compuestos.

Me refiero a la muy merecidamente conocida interpelación del entonces Diputado Wilson Ferreira Aldunate al Ministro Charlone en oportunidad, precisamente, de la crisis del Banco Mercantil y de las consecuencias que de ella derivaron para el conjunto de la economía.

Cuando hoy estamos considerando la crisis del Banco de Montevideo, por cierto que encontramos muchos elementos comunes. Pero valdría la pena tener tiempo para leer la primera parte de la interpelación de Wilson -donde explica el porqué de esa instancia y cuáles son los elementos que él considera que no se pueden admitir y que el Parlamento tiene que profundizar en su conocimiento, porque es la obligación que como parlamentario él siente- para darse cuenta de la similitud que tienen esos fundamentos con la realidad que hoy estamos considerando. Muchos de esos requerimientos hoy, más de treinta años después, se repiten y están absolutamente vigentes. En esa oportunidad, Wilson hablaba de una vocación acromegálica que tenían determinados grupos económicos que actuaban en el país. Como ustedes saben, el término significa un crecimiento extraordinario de las carretillas; y supongo que Wilson entonces, tratando de comprender a ese grupo económico insaciable, estaba diciendo que este tenía vocación de masticar y masticar, de incorporar, de crecer y de ganar.

Efectivamente, eso es lo que está presente también en el centro de esta crisis. Está presente la vocación de determinados grupos económicos que curiosamente se repiten. Algunos representantes de esos grupos económicos, que desgraciadamente son los mismos treinta años después, tienen que masticar y masticar la economía del país y a la sociedad toda en función de sus propios proyectos e intereses.

Es cierto que la crisis comúnmente se intenta resumir diciendo que es responsabilidad de los Rohm, que ahora todo el mundo dice que son unos ladrones, pero que de alguna manera llegaron a este país. Por cierto, muchos golpearon las puertas de los Rohm y los aplaudieron y les pasaron la mano por la espalda. Es cierto también que están nuevamente en escena los Peirano y lo seguirán estando. Lo que estamos percibiendo es que el grupo económico que tiene esa vocación de masticar, de masticar y de masticar a la sociedad está intacto, sigue en pie y sigue la amenaza de que nuestros hijos y nuestros nietos dentro de treinta y pico de años estén volviendo a discutir sobre crisis financieras en las que estén presentes los mismos sujetos, los mismos intereses y los mismos métodos.

Pero no son solo ellos los responsables de la situación. La investigación del sistema financiero y las conclusiones a las que este Parlamento llegó mostraron claramente responsabilidades políticas de otro tipo; mostraron claramente la omisión y negligencia que permitió que se llegara a la situación a que se llegó.

En nuestra intervención anunciábamos que siendo positiva la valoración del trabajo de la Comisión Investigadora, no había sido suficiente porque esta había llegado hasta el 21 de julio de 2002, momento en que prácticamente se concreta el feriado bancario y la quiebra de las instituciones bancarias de referencia. Pero desde el 21 de julio de 2002 a la fecha hay bastante historia para contar, hay bastante tela para cortar y bastantes hechos para explicar.

Seguramente, hubo una política equivocada; por algo, increíblemente, se había habilitado a que funcionara el Banco Galicia cuando todos sabían que los depósitos de dicha institución venían del exterior y las colocaciones efectivamente se hacían en el exterior. Por algo el Banco de Crédito se fue como se fue, a pesar de que en 1998 se daba por salvado con el 51% de la participación del Estado a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Por algo el Banco La Caja Obrera fue vendido en diciembre de 2001, después de un proceso de un año, cuando ya se conocían los informes técnicos de los asesores del Banco Central, que señalaban la responsabilidad e irregularidad del grupo propietario del Banco de Montevideo. Por algo las dificultades que le ha tocado vivir al Banco de la República, y por algo la situación que tiene el Banco Hipotecario del Uruguay, que sin haber ningún Peirano y sin haber ningún Rohm, ha sufrido una crisis que, por cierto, no le queda a la zaga en cuanto a un proceso inexplicable de vaciamiento y de deterioro de su patrimonio.

Hubo además una estrategia equivocada, complaciente con los banqueros ladrones y con sus socios y jerarcas; sobre esto también hay elementos suficientes para poder afirmar eso. Hubo una estrategia que apostó a salvar a cualquier precio a esos banqueros y a sus socios y el costo fue fundir las reservas del país, endeudarlo, distribuir la pobreza en toda la población y establecer la paralización económica que sufrimos durante el año 2002, de la cual todavía no hemos salido. Pero hubo además falta de control, de seguimiento y en algunos casos insuficiencia de instrumentos y mal uso de ellos, negligencia y permisividad. Y, si se profundiza, no será difícil encontrar que hubo hasta vínculos y relaciones inconvenientes, desde quienes tenían que aplicar la función de contralor hasta los que estaban vinculados a la gestión de estas instituciones bancarias defraudadoras.

La verdad es que la crisis regional puso de manifiesto que el paraíso financiero y sus buques insignia, los Bancos Comercial y de Montevideo, eran un gran fraude. Esto de "gran fraude" no es simplemente para llamarlo de algún modo; es la expresión exacta: un gran fraude, un gran instrumento de defraudación. Ese instrumento de defraudación surge nítidamente, en este caso que nos ocupa, de los autos de procesamiento dictados por el doctor Pablo Eguren cuando analiza la situación del Banco de Montevideo y por el doctor Balcaldi cuando analiza la situación del Banco Comercial.

Surge claramente; lo lamentable es que, por lo que hemos escuchado acá, se tiene la impresión de que muy pocos legisladores se enteraron de los autos de procesamiento, de cuáles son los fundamentos y documentos que llevaron al doctor Eguren a procesar y a dejar abierto un proceso que todavía está en desarrollo. Llama la atención que no se sepa que llegó a la conclusión de que había un grupo económico que incluía al TCB y que lo ataba al Banco de Montevideo y a la familia Peirano; llama la atención que no se sepa que el TCB no existió en las Islas Caimán hasta setiembre de 2001, pues hasta esa fecha era un cajón en un escritorio de alguna oficina de Montevideo -se sabe hasta el lugar de la oficina en Montevideo-; llama la atención que no se sepa que el dinero respecto al cual se dice que era colocado por los ahorristas en el exterior, no salió del país.

Según surge de los propios documentos que analiza el doctor Eguren -no solo el doctor Eguren; después vamos a decir dónde más están-, resulta que se utilizaron esos dineros para respaldar la acción del grupo económico, para respaldar la acción de las financieras en el exterior y de la empresa Velox S.A., y para hacer inversiones en supermercados, pero desde Montevideo; estaban en manos de los Peirano, en manos de quienes eran los dueños del grupo económico, porque el TCB no estaba integrado sino por los Peirano, los mismos que eran dueños del Banco de Montevideo, los mismos que eran dueños de la empresa Velox S.A.

Yo digo que no solo surge del informe del doctor Eguren, sino también de las actas que se han distribuido -hay que tomarse el trabajo de leerlas, hay que buscar en algunas publicaciones y ver cuál es el origen- relativas a la comparecencia solicitada por el propio Juan Peirano ante la Corte de Gran Caimán, comparecencia que no ha realizado ante la Justicia uruguaya y que no tiene interés en hacer, pero que sí efectuó el 8 de agosto de 2003 en Nueva York. Esto es algo inexplicable porque se supone que toda Interpol lo estaba buscando.

A través de eso se confirma, en primer lugar, que era un grupo económico y, en segundo término, que el dinero del TCB lo manejaba la familia para sus negocios, para respaldo del grupo Velox y para poder sostener sus altos niveles de vida. También hubo declaraciones de Iraola, que era el responsable vinculado a LATINUR en Montevideo, y luego explicaremos qué es LATINUR. Después de setiembre de 2001, cuando desde Gran Caimán llamaron a los Peirano y les dijeron: "Escuchen, amigos: ustedes dicen que tienen el TCB en Gran Caimán; bueno, vengan e instalen algo acá", abrieron una piecita y mandaron a Iraola como representante a ese local, que recién empezó a operar en 2002. Resulta que recién en el año 2002 se empezó a operar en Gran Caimán para tratar de tapar el agujero.

De las declaraciones de Iraola también surge cómo operaba realmente el TCB y cuáles eran los distintos planos en los que operaba este instrumento que habían inventado los Peirano para defraudar a los ahorristas que confiaron en ellos y para defraudar a todo el país.

En las conclusiones del informe de esta Corte surge lo siguiente. Por ejemplo, en el numeral 27 se menciona la cuenta Nº 5.000, que Juan Peirano admite que se utilizaba para sacar los recursos que llegaban de los ahorristas a Gran Caimán. Estamos hablando de fines de 2001 y principios de 2002.

Sucede que los dineros que se depositaban en el TCB se distribuían en dos cuentas. En una cuenta iba la de TCB Mandatos y la de Zona Franca de Montevideo; esa cuenta se mantenía. A la otra cuenta, la Nº 5.000 -es fácil recordar el número-, se destinaban los supuestos depósitos "off shore", y de ahí ellos disponían para el giro y la actividad de su familia.

Esto surge de las declaraciones, que están documentadas. En el numeral 41 se afirma que la posición que ahora tiene es que creen firmemente que la familia Peirano y las partes conectadas se mal apropiaron más de US$ 800:000.000 del TCB y que usaron esos fondos para financiar sus estilos de vida personales y operaciones comerciales.

Esto es lo que parece haber admitido Juan Peirano en su entrevista de 8 de abril, mientras se lo interrogaba sobre la cuenta Nº 5.000, manteniendo el siguiente intercambio. Luego se transcriben las actas con las preguntas y las respuestas de Peirano, que están acá, para que todos los señores Diputados que tengan interés puedan leer lo que surgió de la propia boca de Peirano, a quien aún no tuvimos la oportunidad de interrogar en este ámbito.

Entonces, ¿cómo operaba el TCB? Una parte se publicitó ampliamente y es la de TCB Mandatos, que tenía una oficina en la calle Arocena, que estaba registrado en el Banco Central, pero que no estaba autorizado para realizar ningún tipo de operación más que de asesoramiento; no podía hacer movimientos financieros, solo podía asesorar, pero actuaba desde hacía mucho tiempo.

El Banco Central, el 4 de julio de 2002 -observen la fecha, ya estaba todo en caída libre-, eliminó a esta empresa del registro. No había dicho nada, no sabía que estaba registrada y la eliminó el 4 de julio de 2002. Sin embargo, TCB Mandatos captaba depósitos desde 1995. Hay documentación que demuestra que desde 1995 captaba depósitos.

La otra parte de TCB Mandatos funcionaba en LATINUR S.A., ubicada en Zona Franca de Montevideo, desde donde, casualmente, se realizaban todas las operaciones sobre la base de las franquicias que dan las zonas francas, que no están concebidas para el funcionamiento de la actividad financiera. Pero, claro, como la ley no lo impide ni hay vigilancia sobre esto, cómodamente se desarrollaban operaciones de intermediación financiera. Cuando la Justicia quiso recuperar la documentación, se encontró con que habían desaparecido los discos duros de las computadoras de LATINUR. ¿Y saben qué? Iraola dice quién se llevó los discos duros de esas computadoras. Se los llevó un señor llamado Nicolás Batlle, funcionario encargado de LATINUR S.A. en Zona Franca de Montevideo. ¡Nicolás Batlle!

Cuando en la Comisión del Senado se preguntó a los representantes del Banco Central cómo operaba TCB Mandatos, si captaba ahorros, hacía negocios y transferencias, y cómo se vinculaba con LATINUR, al Superintendente de Bancos, doctor Barrán, no se le ocurrió otro ejemplo mejor que decir que era como un panadero que no estaba autorizado a vender pan, y que él no se explicaba por qué la ley no lo autorizaba.

En las Actas Nos. 2332 y 2354 de la Comisión de Hacienda del Senado hay varias declaraciones de funcionarios del Banco Central, que los señores Diputados pueden encontrar, diciendo que no se explican cómo se realizaban estas operaciones en el país. Y cuando a algunos Directores del Banco Central les preguntaron si conocían las actividades del TCB, decían que no sabían, que no había, que no se habían dado cuenta, que no estaban seguros, que no estaban informados. Pero operaba desde 1995.

La otra parte que cierra la operación es TCB certificados de depósito: no captaba dinero "off shore"; simplemente captaba depósitos, ofrecía un producto. ¿Dónde lo ofrecía? En los mostradores del Banco de Montevideo. ¿Quiénes lo ofrecían? Los funcionarios del Banco de Montevideo. Como bien decía el señor Diputado Ronald Pais -quien hizo una intervención muy sensata y muy seria-, no estaba en los formularios ni en la letra chica -¡famosa letra chica!-; tampoco había ningún cartel que esclareciera y orientara en el sentido de que allí se estaba haciendo algún negocio "off shore", de colocación de dinero fuera del país, o que se estaban captando depósitos ofreciendo un producto determinado que estaba dentro de la cartera del banco que, supuestamente, era supervisado por el Banco Central del Uruguay. Resulta que estos depósitos eran los que, en primer lugar, no fueron a ningún lado; desde un cajón de algún escritorio del mismo edificio se manejaron para hacer negocios diversos, financieros algunos y de compra de supermercados otros. Pero por otro lado, después de setiembre de 2001 se hicieron las transferencias a la Cuenta Nº 5.000 que, sin ninguna garantía ni depósito de documentación como contrapartida, eran retiradas directamente por los Peirano para seguir actuando con esos dineros en función de los objetivos del grupo.

Acá se planteó: "¡Oh! ¡Cómo estos depositantes uruguayos van a dar la espalda al país y depositar los dineros fuera del Uruguay!". ¡No es verdad! ¡No es verdad! Señor Presidente: ¡no es verdad! Pero no es verdad, no porque lo diga Rossi; no es verdad porque lo manifiestan las propias autoridades del Banco Central. Como figura tanto en el Acta Nº 2354 de 2003 del Senado de la República como en las versiones taquigráficas de la Comisión Investigadora, la doctora Rantighieri explica la operativa que se utilizaba en TCB; no en TCB Mandatos, sino en ese producto que se vendía en los mostradores del Banco de Montevideo. Y tanto en la Comisión del Senado como en la Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes -están los documentos que respaldan esto- la doctora Rantighieri afirma que ese dinero no se captaba como depósito "off shore", no se captaba para colocar en el exterior. Eran depósitos que se captaban y que fueron utilizados, precisamente -como surge del auto de procesamiento del Juez Eguren-, como la pieza principal, como la palanca principal del fraude que sufrió el Uruguay y que sufrieron todos los ahorristas de estas instituciones financieras, incluyendo los ahorristas del TCB.

(Manifestaciones de la barra.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Léase el artículo 158 del Reglamento.

(Se lee:)

"A los concurrentes a la barra les está prohibida toda demostración o señal de aprobación o reprobación y el Presidente hará salir de ella a quienes faltaren a esta disposición. Podrán ser desalojados por disposición del Presidente en caso de desorden, pudiendo suspenderse la sesión durante el desalojo".

——La Mesa no tolerará otra manifestación de este tipo por parte de la barra.

Puede continuar el señor Diputado Rossi.

SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: cuando explicábamos que el dinero se utilizaba como respaldo del grupo económico Peirano para los gastos familiares, para mantener el estilo de vida de la familia -como surge de sus propias declaraciones-, decíamos que, además, se usó para una operación de compra de cadenas de supermercados en varios países. Inclusive, el dinero se utilizó en parte de las acciones del ya famoso Disco Ahold -disculpen si lo pronuncio mal-, sobre lo cual ya se ha discutido tanto. Cuando de las declaraciones de Iraola en Nueva York surge este tema, se pregunta a Peirano cómo iba a respaldar esos dineros que hasta US$ 800:000.000 -según surge del acta, oscilaron entre US$ 500:000.000 y US$ 800:000.000- retiraban sin dejar un depósito documental, garantía o algún bien prendado. ¿Cómo iba a respaldar eso? Su respuesta fue: "Con las acciones de Disco Ahold". Ya ha pasado bastante tiempo y se ha hablado mucho del tema. No sé qué ha pasado, no sé cómo compraron Disco Ahold -sé con qué plata lo compraron-, pero menos sé si lo vendieron. ¿Lo vendieron? Y si lo vendieron, ¿cuándo? ¿A quién lo vendieron? ¿En cuánto lo vendieron? ¿Dónde está el dinero? De las declaraciones hechas el 8 de agosto de 2003 surge la duda de si no habrán dejado el buco en las cuentas de todos los damnificados por esta situación. A lo mejor vendieron las acciones, ubicando el dinero en otro lugar, y siguen manejándolo. Pero en el Uruguay no se ha investigado esto.

El Juez Eguren encontró que hay un grupo económico en el país, pero, desde el punto de vista de otras iniciativas, para el Banco Central no hay ningún grupo económico. ¡Se han estado autorizando transferencias de acciones de distintas empresas, se ha estado autorizando la venta de distintas actividades comerciales, se ha estado autorizando la venta de distintos inmuebles como si no hubiera un grupo económico! Por lo tanto, ¿dónde está este dinero? ¡Y yo qué sé! No sé dónde está. ¿Cuáles son las iniciativas que se tomaron de parte del Gobierno para tratar de ubicar estos recursos? ¿Qué iniciativas tomó localmente el Banco Central? Sabemos, porque lo hemos leído -hasta hay libros publicados que lo ponen de manifiesto-, de las insuficiencias de las medidas locales. En lo exterior, ¿qué medidas se han tomado? ¿Cuáles son? ¿Qué pasa con las empresas propietarias del grupo?

Cuando recién decía que dentro de treinta años nuestros hijos y nuestros nietos estarán hablando de una nueva crisis del sistema financiero, entre cuyos responsables van a estar los hijos y los nietos de los Peirano, manifestaba algo que tiene enormes posibilidades de que suceda.

Desde luego que no somos jueces; tampoco somos guías espirituales. Nuestra función es controlar y legislar. Algunos señores Diputados tenían dudas acerca de si debíamos legislar. ¿Por qué hay ley de fortalecimiento? Porque frente al cataclismo que vivió el país, todos entendimos que debían votarse leyes, y por eso votamos más de una; algunas no eran perfectas ni mucho menos, pero las votamos para tratar de contribuir en la salida de la situación. También las votamos conscientes de que si había que modificarlas, estábamos dispuestos a hacerlo. Creo que no hay que ser pitonisa para concluir que aquí hay deudores que están en un proceso de ejecución muy comprometido, ahorristas de los distintos bancos que están preocupados. Hay una situación muy difícil en el Banco de Crédito; hay una situación en el Nuevo Banco Comercial que aún no está consolidada.

Por tanto, no creo que esta sea la última ley que tengamos que votar; considero que es una ley más en un proceso en el que tenemos que contribuir porque esa es nuestra función. Debemos tratar de encontrar caminos que nos permitan salir de una situación muy comprometida que por suerte el país está apuntando a superar, fruto de la coyuntura de los precios internacionales, fruto de una buena temporada turística y fruto del buen ánimo de los uruguayos. De todos modos, solo se podrá superar si somos capaces de reunir los elementos que devuelvan la confianza para que la ciudadanía pueda volver a creer en un sistema bancario, en un sistema financiero que esté nuevamente al servicio de la producción.

En este sentido, creo que este tema está signado por una injusta calificación que, en forma general y sin elementos suficientes, se dijo en su momento. El Presidente de la República, en determinado momento, habló de los antipatriotas en general, ¡y acá por cierto que hubo antipatriotas que son responsables de lo que está sufriendo y sufrió el pueblo uruguayo! Pero no necesariamente en la bolsa de los antipatriotas tienen que meter a todos los uruguayos por el delito de tener depósitos en los bancos que funcionaban en el país y que utilizaban productos que ofrecían los bancos del país. Entonces, en ese sentido creemos que los hechos indican que estas personas -más allá de que haya situaciones particulares y de que, como siempre, pueda haber alguno injustamente beneficiado-, en general, fueron estafadas y que no podemos castigar a los que son víctimas de una situación. Hay razones jurídicas que el tiempo no nos permite desarrollar que dicen, además, que si no hubiera sido como afirmamos, no estaban documentadas las operaciones de tal modo que se pudieran hacer colocaciones en el exterior.

Asimismo, hay razones de responsabilidad, y de responsabilidad humana. Cuando se dice: "Recurran a la Justicia y hagan juicio", se está haciendo referencia a un proceso complicado de siete u ocho años, y ese tiempo en la vida del país tal vez no sea demasiado -pagaremos con recargos e intereses-, pero en la vida de las personas y de las familias, esperar siete u ocho años puede arruinarles la vida. Por eso tenemos que votar hoy esta modificación que se propone en el artículo 31 o alguna otra que brinde un camino que mantenga la esperanza de que se podrá, finalmente, instrumentar justicia para estos ciudadanos y para el resto de los uruguayos afectados por esta crisis.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado Varona.

SEÑOR VARONA.- Señor Presidente: como en la oportunidad anterior, queríamos hacer algunas reflexiones, pero luego de escuchar la exposición del señor Diputado Rossi, nos sumamos a ella y la hacemos nuestra -salvo que él nos solicitara alguna interrupción- porque nos parece que ha sido por demás elocuente.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado Mieres.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: si afirmamos que el principio general relacionado con lo que ha ocurrido en esta crisis financiera es que el Estado debe asumir responsabilidad -de hecho la ha asumido- por quienes depositaron sus ahorros en el país, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Lo que ocurre es que lo que estamos analizando acá, más allá del juicio que nos merezca el comportamiento de los banqueros que tuvieron a su cargo la conducción de los bancos durante la crisis, que defraudaron al Estado y a sus ahorristas -eso está fuera de discusión y es una cuestión muy clara-, es si este Parlamento va a votar o no una ley que reconoce a un conjunto de ahorristas -cuyos ahorros, en términos jurídicos, salieron de nuestra plaza financiera- el derecho a que en este caso el Estado asuma esa misma responsabilidad.

Y yo no quiero calificar -ni creo que deba hacerlo- la decisión de aquellos ahorristas que resolvieron depositar sus ahorros en el TCB. No me parece que sea bueno calificar esa conducta; tienen todo el derecho, como cualquier ciudadano, de colocar sus ahorros donde mejor les parezca. Diría más: tengo la convicción de que algunos, dentro de ese conjunto de ahorristas, sufrieron una situación de la que no son responsables. Tengo la convicción de que algunos de los depositantes del TCB no tuvieron la conciencia ni la certeza de lo que estaba ocurriendo con sus ahorros. ¿Cuántos? ¿Cuáles? Ese es el tema que determina la posición al votar. Nosotros no somos jueces, sino legisladores; lo que estamos analizando son situaciones generales y no existe ningún criterio general -no lo he encontrado- que me permita distinguir entre aquellos que depositaron sus ahorros en el TCB con conocimiento de causa y los que fueron eventualmente engañados. Por lo tanto, por responsabilidad legislativa, no puedo votar una ley que determina una solución general que iguala, en perjuicio del Estado, a aquellos que sabían donde estaban depositando sus ahorros y a quienes eventualmente podrían haber sido engañados. Y no hay criterio alguno.

SEÑOR ROSSI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MIERES.- El señor Diputado Rossi habló largamente; yo voy a ser muy breve, y si él me permite, continuaré con mi exposición.

Por lo tanto, señor Presidente, acá no se trata de un problema ético ni moral de calificar a los depositantes de tal o cual manera. Si hubo calificativos en algún momento, yo no los comparto, pero sí tengo la obligación, como legislador, de no resolver en términos generales situaciones frente a las cuales no existe ningún criterio, salvo quizás uno, que es que se tenga en cuenta el momento a partir del cual el Banco Central toleró el desacato de las autoridades del Banco de Montevideo. Pero eso es muy tarde: es en marzo de 2002. A partir de allí, se podría decir que, en la medida en que el Banco Central del Uruguay no tuvo la capacidad de controlar ni de hacerse obedecer en sus resoluciones con respecto a lo que hacían los dueños del Banco de Montevideo, el Estado debería asumir responsabilidad.

Sé que hay una iniciativa de los señores Senadores Astori y Couriel que habla de una fecha a partir de la cual deberíamos asumir responsabilidad. Eso sí estoy dispuesto a acompañarlo porque allí hay un criterio: el Estado deja de controlar; entonces, debe resarcir. Pero sabemos, porque hemos hablado con estos ahorristas, que eso en realidad soluciona muy pocas situaciones.

En definitiva, lo cierto es que no hay otro criterio general que me permita votar una norma sin sentir que cometo una gran injusticia, porque es claro que el Estado -vuelvo al principio de mi intervención- puede hacerse responsable por los ahorros de aquellos que tenían sus depósitos dentro del país, pero no se puede pretender una responsabilidad extraterritorial en perjuicio del Estado uruguayo por ahorros que fueron derivados al exterior, más allá de que, repito, en algunos casos habrá sido sin consentimiento de sus titulares. Ese es un tema que, lamentablemente, más allá de que la Justicia sea lenta, debe resolverse en los estrados judiciales -no hay otra alternativa-, pero en función de esos casos particulares no podemos determinar la votación de una ley que, por definición, es una norma de carácter general.

Ahora sí le concedo al señor Diputado Rossi la interrupción que me solicitara.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede interrumpir el señor Diputado Rossi.

SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: si el señor Diputado lo estima conveniente, quiero agregar una reflexión que ayude, de alguna manera, a completar su razonamiento.

El artículo 31 de la llamada ley de fortalecimiento del sistema bancario creó una Comisión que funcionó. Hasta ahora conocemos siete casos resueltos de un total de más de mil cien. De los siete casos, curiosamente, uno es un ahorrista de TCB Mandatos; esa sí, una colocación fuera del país. ¡Qué casualidad! De los siete casos, uno está en esas condiciones. Y si no, que se pidan los antecedentes que surgen de la propia información que tenemos.

En segundo lugar, es muy difícil entrar en el terreno de la conciencia y juzgar la conciencia de cada ciudadano. ¿Quiénes tenían la voluntad de sacar el dinero del país y quiénes no la tenían? El hecho es que el dinero no salió del país porque los Peirano hicieron una gran estafa y fueron estafados todos: los que querían sacarlo y quienes no querían sacarlo.

En tercer término, ¿quién paga esto? La plata está. Hay más de un antecedente, pero encontré uno. En el acta Nº 2332/2003, página 10, de la Comisión de Hacienda del Senado, el Vicepresidente del Banco Central del Uruguay, doctor Vieytes, declara: "Como es natural, no es el mejor de los mundos, pero si pretendemos dar una solución de carácter económico -en definitiva, es a lo que se apunta- en el artículo 27 hay recursos suficientes como para permitir a estos ahorristas" -se refiere a aquellos de los que estamos hablando hoy- "ampararse en la prorrata legal en su carácter de depositantes con iguales derechos que los acreedores genuinos del Banco de Montevideo. Eso sería una solución en la que no estaríamos afectando a los acreedores del Banco de Montevideo". Reitero: esto lo dice el Vicepresidente del Banco Central en el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Puede continuar el señor Diputado Mieres.

SEÑOR MIERES.- Señor Presidente: decía bien el señor Diputado Rossi: ¿quién puede establecer cuál fue la voluntad real de esos ahorristas?

Vuelvo a la línea de razonamiento que veníamos desarrollando. Las leyes son normas generales y lo que estamos discutiendo acá es la eventualidad de aplicar una norma general suponiendo que, entonces, todos aquellos que figuran como ahorristas del TCB en realidad fueron engañados. Y yo creo que, por el contrario, la lógica indica -en esto, uno tiene que analizar los intereses diversos y en particular debe asumir la defensa del interés general, es decir, el interés del Estado uruguayo- que probablemente habrá casos en que hubo situaciones de engaño, pero la regla general no puede ser, desde nuestro punto de vista, que el engaño sea el criterio sin prueba, el criterio general, para extender entonces el reconocimiento del derecho a todos aquellos que figuran hoy como ahorristas de TCB.

Yo respeto a todos los ahorristas, porque aquí todo el país sufrió mucho. Y, sin duda, quienes depositaron en el TCB, con o sin conocimiento, también se encuentran entre los perjudicados por esta crisis, pero hay situaciones y situaciones, y en nuestra convicción, con la mayor lealtad a todos quienes han sufrido en este país -en esto hay intereses cruzados que, por cierto, hay que atender-, creo que una norma general que laude una situación en la que no se prueba si hubo o no ausencia de consentimiento sería una mala decisión y por eso nosotros no podemos acompañar este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Léase una moción presentada por los señores Diputados Gabriel Pais, Ronald Pais, Bayardi, Cardozo Ferreira, Trobo y Falero.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley por el que se aprueba el Memorándum de Entendimiento con la República Italiana referido al otorgamiento de una ayuda financiera a nuestro país".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y tres en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Memorándum de Entendimiento con la República Italiana referido al otorgamiento de una ayuda financiera a nuestro país. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Como consecuencia de estas negociaciones, se acordó con las autoridades italianas la concesión de un financiamiento por ? 20:000.000 (euros veinte millones), destinado a proyectos de alto impacto social.

Los importes máximos y mínimos de financiamiento para cada empresa serán de ? 500.000 (euros quinientos mil), y ? 15.000 (euros quince mil), respectivamente, con la tasa de interés que se acordará entre los Gobiernos, más un spread máximo del 3% y una comisión de gestión de un máximo del 2%, para el Banco administrador.

Artículo 1º.- Apruébase el Memorándum de Entendimiento entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana, referido al otorgamiento a nuestra República de una ayuda financiera de ? 20:000.000 (euros veinte millones), suscrito en la ciudad de Milán (República Italiana), el 16 de octubre de 2003.

Artículo 2º.- El Ministerio de Economía y Finanzas definirá con el Banco italiano "Medio Credito Centrale S.p.A." los aspectos financieros de ejecución del programa, en el marco de los términos y condiciones estipulados en el memorándum de entendimiento.

Montevideo, 16 de diciembre de 2003.

ISAAC ALFIE, DIDIER OPERTTI BADÁN.

TEXTO DEL ACUERDO

El Gobierno de la República Italiana, representado por el Ministerio de Asuntos Exteriores -Dirección General para la Cooperación al Desarrollo- y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay representado por el Ministerio de Economía y Finanzas y por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República.

TENIENDO EN CUENTA la situación social, económica y financiera que se registra en la República Oriental del Uruguay y que ha causado una grave crisis de empleo.

CONSIDERADA la intención del Gobierno de la República Italiana de acordar al Gobierno de la República Oriental del Uruguay un financiamiento de euros 20 (veinte) millones bajo la forma de crédito de ayuda al sector privado, a modo de sostén de los niveles ocupacionales, dada la crisis actual en Uruguay.

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE

ARTÍCULO 1

A los fines del presente Memorándum de Entendimiento las premisas siglas indicadas a continuación en el texto tienen el siguiente significado:

a) Memorándum: el presente Memorándum de Entendimiento.

b) Anexo I: anexo al Memorándum, que forma parte integrante del mismo, en relación a la evaluación de la prioridad de las iniciativas presentadas para el financiamiento.

c) Anexo II: anexo al Memorándum, que forma parte integrante del mismo, en relación a los criterios de "scoring".

d) Partes: Gobierno de la República Italiana (GRI) y Gobierno de la República Oriental del Uruguay (GROU).

e) MAE-DGCS: Ministerio de Asuntos Exteriores - Dirección General para la Cooperación al Desarrollo.

f) Línea de Crédito: crédito de ayuda objeto del Memorándum.

g) Programa: importación y adquisición en Uruguay de bienes y servicios indicados en el memorándum.

h) MCC S.p.A.: Medio Credito Centrale S.p.A. es el Banco italiano que administra el Fondo Rotativo-Créditos de Ayuda.

i) Convención: Convención Financiera establecida entre el MCC S.p.A. y el Ministerio de Economía y Finanzas de la República Oriental del Uruguay.

j) Banco: Instituto de crédito Público o Privado local designado por el GROU para la administración del financiamiento.

k) Banco Agente italiano: Instituto de crédito italiano, designado por la contraparte competente uruguaya.

l) Comité: Comité Técnico conformado por representantes de los Ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores, Industria, Energía y Minería, Ganadería, Agricultura y Pesca, Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la República Oriental del Uruguay.

m) PyMEs: término indicando las Pequeñas y Medianas Empresas:

n) O/IFI: Organismo o Institución Financiera Internacional.

ARTÍCULO 2

2.1. Las Partes acuerdan que la Línea de crédito será utilizada para sostener las PyMEs locales, en relación con proyectos de elevado impacto social, en particular, para favorecer el empleo a fin de hacer frente a las exigencias de recuperación y o de creación de puestos de trabajo.

El GRI, al respecto, pone a disposición del GROU una Línea de crédito de un importe equivalente a euros 20 (veinte) millones destinados a las PyMEs de derecho uruguayo, de capital uruguayo-italiano y uruguayo.

2.2 Para las definiciones de los aspectos financieros de aplicación del Memorándum será establecida una Convención entre el MCC S.p.A. y el Ministerio de Economía y Finanzas de la República Oriental del Uruguay.

ARTÍCULO 3

La Línea de crédito a la que se refiere el artículo 2 se acuerda a condiciones tales de asegurar un elemento de concesión por lo menos de 80%.

El reembolso será efectuado en cuotas semestrales iguales y posteriores, según los términos y las modalidades establecidas en la Convención.

ARTÍCULO 4

4.1 La Línea de crédito será utilizada para la compra de bienes, materias primas e insumos, transferencia de tecnología, capacitación, asistencia técnica y comercial, licencias y patentes industriales.

4.2 Los criterios vinculantes para poder acceder a la Línea de crédito serán los siguientes:

a) empresas solicitantes -incluidas las sociedades cooperativas- con actividad no menor a 3 (tres) años inmediatamente precedente a la solicitud de financiamiento o empresa mixta constituida por empresas madres en actividad no menor a 3 (tres) años inmediatamente precedente a la solicitud de financiamiento, en Italia y en Uruguay, respectivamente (la participación societaria de minoría, italiana o uruguaya, no podrá ser inferior al 15%).

En caso de empresas mixtas italo-uruguayas, el "partner" italiano podrá incluso valerse de las facilidades previstas por el artículo 7 de la Ley 49/87;

b) creación y/o restablecimiento de puesto de trabajo, citados en el artículo 2.

4.3 La iniciativa por la cual se solicita el financiamiento relacionado con la Línea de crédito, será considerada prioritaria sobre la base de los siguientes criterios, que serán evaluados conforme al sistema de puntaje acordado entre las Partes, indicado en el Anexo I:

a) dimensión porcentual del incremento ocupacional;

b) localización de la actividad productiva en áreas del Uruguay con alta desocupación y/o migración interna;

c) incremento de valor agregado a través de la utilización de materias primas locales;

d) empresas con fuerte participación ocupacional de jóvenes y/o mujeres;

e) introducción de tecnologías ambientalmente compatibles.

4.4 Los bienes y servicios financiables a través de la Línea de crédito, indicados en el precedente inciso 4.1, deberán ser de origen italiano; un porcentaje hasta el 50% del total de la misma podrá ser utilizado para financiar la adquisición de bienes y servicios locales (de origen uruguayo o de países de América Latina).

4.5 Los contratos a imputarse sobre la Línea de crédito serán expresados en euros.

4.6 La Línea de crédito no puede ser utilizada para la compra de bienes suntuarios, ni para financiar:

a) capital social y deudas de la empresa;

b) empresas mixtas temporarias, empresas puramente comerciales o financieras;

c) inversiones en obras civiles, en el sector turismo y en el sector producción de armamento, sus industrias y actividades vinculadas;

d) impuesto sobre los réditos y derechos aduaneros de importación.

En el ámbito del Memorándum, serán consideradas PyMEs aquellas empresas que al momento de la solicitud de financiamiento respondan a los criterios establecidos en la Ley uruguaya Nº 16.201</a>, de 13 de agosto de 1991, reglamentada por el Decreto 54/92, <de 7 de febrero de 1992, y Decreto 266/95, de 19 de julio de 1995.

ARTÍCULO 5

5.1 Los préstamos acordados en el ámbito del Programa serán administrados, por cuenta del GROU, a través del Banco.

5.2 Los importes máximos y mínimos financiables -para cada empresa adquirente- incluso si repartido en más contratos, no deberán ser superiores a euros 500.000 (euros quinientos mil), o equivalente en moneda local, ni inferior a euros 15.000 (euros quince mil), o equivalente en moneda local.

5.3 Las tasas de interés aplicadas a los préstamos acordados a las empresas corresponderán a la suma de la tasa de interés aplicada por el GRI al GROU, incrementadas en una comisión de gestión de hasta un máximo del 2% reconocido al Banco por la sola administración, y de una comisión de riesgo comercial de la operación de hasta un máximo del 3%.

5.4 El reembolso de cada préstamo se realizará hasta un máximo de 14 (catorce) cuotas semestrales, la primera de las cuales tendrá vencimiento hasta los 36 (treinta y seis) meses de la fecha de la erogación.

ARTÍCULO 6

6.1 Las solicitudes de financiamiento serán presentadas al Comité, quien efectuará la necesaria evaluación técnico-económica de los proyectos y quien controlará la adecuación a los parámetros fijados en el artículo 4 del Memorándum. Los proyectos aprobados serán luego presentados al Banco para su evaluación financiera.

6.2 El Comité, cuyas reuniones serán presenciadas por expertos del MAE-DGCS, asistidos periódicamente por representantes del MCC S.p.A., tendrá las siguientes competencias:

a) verificar la conformidad de las iniciativas propuestas para el financiamiento a los criterios obligatorios y de prioridad previstos en el artículo 4 y en el Anexo I del Memorándum y ordenando además las iniciativas, sobre la base de los criterios de prioridad. Las iniciativas a ser consideradas, deben surgir de un llamado público que otorgue un plazo de presentación de al menos 60 (sesenta) días.

b) efectuar un análisis técnico-económico de los proyectos presentados por las empresas.

6.3 El Banco deberá evaluar la factibilidad de las iniciativas de acuerdo a los siguientes perfiles:

a) confiabilidad económico-financiera de la empresa solicitante y/o de las empresas madres;

b) plan financiero del proyecto;

c) garantías.

Las evaluaciones del Banco deberán ser expresadas sobre la base de los criterios de "scoring" indicados en el Anexo II.

6.4 Cada iniciativa de importe equivalente o superior a euros 250.000 (euros doscientos cincuenta mil), evaluada positivamente por el Comité y el Banco, será verificada a la luz de su viabilidad económico-financiera por la O/IFI por cuenta del MAE-DGCS, la evaluación favorable de la O/IFI constituye un elemento indispensable para el envío de los relativos "expedientes" a MAE-DGCS.

Todas las iniciativas presentadas por las empresas, que tengan particular relevancia sobre el plano ocupacional, podrán ser de todos modos sometidas a la evaluación de la O/IFI.

La O/IFI, a pedido del MAE-DGCS, podrá proceder a efectuar un análisis de la viabilidad económico-financiera también de las iniciativas de un importe inferior a euros 250.000 (euros doscientos cincuenta mil).

Para las funciones precedentemente descriptas, será establecido un Acuerdo específico entre la O/IFI y el MAE-DGCS, quien se hará cargo de los gastos necesarios.

Los "expedientes" relativos a las iniciativas evaluadas positivamente por las diferentes Instituciones anteriormente indicadas, serán transmitidos al MAE-DGCS por el trámite de la Embajada Italiana en Montevideo. Una copia de los mismos "expedientes" deberá ser contemporáneamente transmitida al MCC S.p.A..

6.5 El MAE-DGCS notificará al MCC S.p.A. la aprobación de cada iniciativa. El MCC S.p.A., una vez efectuadas las verificaciones necesarias, comunicará la incorporación de las iniciativas en la Línea de crédito al GROU, a los proveedores y al Banco Agente italiano. Seguidamente, el MCC S.p.A., a pedido del Banco Agente italiano y previo control de la documentación administrativa, procederá a pagar la suma directamente a favor de los proveedores.

6.6 Las Partes pondrán en práctica los mecanismos más apropiados para dar adecuada publicidad al Programa.

ARTÍCULO 7

7.1 El MAE-DGCS se reserva la facultad de efectuar, utilizando los instrumentos que considere más oportunos, verificaciones y controles sobre la gestión del Programa, y en particular sobre el respeto a las condiciones previstas en el Memorándum, incluido el respeto por parte del Banco de los criterios de "scoring" indicados en el Anexo II; se reserva el derecho, asimismo, de adoptar las decisiones consideradas oportunas en caso de manifiestos incumplimientos.

El GROU y el Banco deberán facilitar, en la medida de lo posible, estas actividades de monitoreo.

7.2 Las Partes colaborarán en verificar, de manera apropiada, el respeto de las condiciones para la ejecución de las iniciativas de parte de las empresas, que deberán ofrecer la colaboración necesaria para tal fin.

7.3 El GROU transmitirá al MAE-DGCS, por vía diplomática, a través de la Embajada de Italia en Montevideo, un informe semestral sobre el funcionamiento del Programa y, una vez concluido el programa, un informe global sobre la ejecución realizada del mismo, sobre los beneficios que se hayan derivado y sobre los resultados obtenidos con relación a los objetivos perseguidos.

ARTÍCULO 8

8.1 Las Partes cooperarán con el objeto de realizar los objetivos del Memorándum y, en cuanto sea solicitado por una de las Partes, se comprometen a:

a) proceder al intercambio de opiniones a través de los respectivos representantes diplomáticos con relación al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Memorándum;

b) suministrar a la contraparte todas las informaciones requeridas sobre la ejecución del Memorándum.

8.2 Las Partes intercambiarán inmediata información acerca de cualquier circunstancia que pueda contraponerse a los objetivos para los cuales la Línea de crédito ha sido acordada o en relación al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Memorándum y adoptarán las medidas necesarias para la mejor utilización de la Línea de crédito.

8.3 El Memorándum y los Anexos I y II pueden ser modificados de común acuerdo a través del intercambio de Notas. Las modificaciones que así se concordaran entrarán en vigor con los mismos procedimientos previstos al artículo 10.1 del presente Memorándum.

ARTÍCULO 9

Las controversias derivadas de la interpretación y/o de la aplicación del Memorándum serán resueltas a través de los canales diplomáticos.

ARTÍCULO 10

10.1 El Memorándum entrará en vigor en el momento de la recepción de la segunda de las notificaciones declarando que las Partes han finalizado los respectivos procedimientos internos previstos.

10.2 El Memorándum estará en vigor hasta la utilización completa de la Línea de crédito y su reembolso.

10.3 En el caso que, por cualquier motivo, la utilización de la Línea de crédito no pueda ser llevada a término conforme a las disposiciones contenidas en el Memorándum, la Parte italiana suspenderá unilateralmente las disposiciones del Memorándum y las Partes se consultarán al respecto.

10.4 El eventual residual de la Línea de crédito podrá ser utilizado solo previo entendimiento de las Partes.

En fe de lo cual, los Representantes que suscriben, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el Memorándum.

Hecho en Milán al 16 de octubre de 2003, en 2 (dos) originales, en idioma español e italiano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

(SIGUEN FIRMAS)

A. METODOLOGÍA DE CÁLCULO

A cada iniciativa para la cual se solicite el financiamiento que presente los requisitos considerados obligatorios, previstos en el inciso 4.2 del Memorándum, será sucesivamente atribuido un puntaje de mérito, igual a la suma de los puntos relativos a cada uno de los 5 criterios de prioridad, previstos en el inciso 4.3 del Memorándum.

La valorización de cada uno de los criterios previstos será efectuada de la siguiente manera:

El mayor puntaje asignado a una iniciativa, según el análisis de los criterios de prioridad antedichos, será igual a 10.

1. Dimensión del incremento ocupacional - Se establecerá como relación entre la dotación existente y la creación/restablecimiento de puestos de trabajo generados por la ejecución del proyecto. Esta relación deberá estar sustentada en la formulación del proyecto presentado por la empresa y contar con la evaluación positiva del Comité. En el caso de empresas mixtas de nueva formación, deberán calcularse los valores sobre el ponderado de las cifras de las empresas madres.

2. Localización de la actividad productiva en áreas del país con alta desocupación - Se determina a través de los relativos marcos de referencia que serán suministrados por el Ministerio de Trabajo y/o el Instituto Nacional de Estadística uruguayos.

3. Incremento del valor agregado a través de la utilización de materias primas locales - Se interpreta como estímulo a la sustitución de materias primas e insumos importados por locales y, simultáneamente, la mayor agregación de valor mediante uso de recursos internos. En consecuencia, en el caso de ampliación de actividades existentes, se asigna el puntaje en base al cálculo indicado en el correspondiente cuadro del arriba indicado prospecto que demuestre un efectivo incremento de la relación actual entre valor de producción/materias primas locales. En el caso de empresas mixtas de nueva formación, deberán calcularse los valores sobre el ponderado de las cifras de las empresas madres.

4. Ocupación de mujeres y jóvenes - Se refiere a una verificación de la consistencia de la composición del incremento propuesto con aquella (por edad y género) de la actual dotación de la empresa. Cuando se trate de una empresa mixta de nueva formación, deberán calcularse los valores sobre el ponderado de las cifras de las empresas madres.

5. Tecnología ambientalmente compatible - El puntaje será atribuido a los proyectos que disminuyan el impacto ambiental negativo de la actividad actual. Por lo tanto, se requerirá una declaración de parte del proveedor que certifique el impacto ambiental positivo, el que deberá ser aprobado por el Comité.

(A continuación, se incorpora imagen del texto original, debido a la dificultad que presentaba para su transcripción):

A) ÍNDICES DE BALANCE DE LA EMPRESA

 

TALES ÍNDICES SERÁN PROMEDIADOS EN EL ÁMBITO DE LOS 
ÚLTIMOS 2 EJERCICIOS Y AL MENOS 2 DE LOS 3 ÍNDICES
DEBERÁN SER POSITIVOS

B) ÍNDICES DE BALANCE DE LA EMPRESA

Inversión total / Facturación de la Empresa

x > 1

0.6 < x < 1

x < 0.6

 

CUANDO UN ÍNDICE ENTRE LA CATEGORÍA CASO POR CASO, SOBRE LA BASE
DE LOS MÉRITOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE UNA MAYOR INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA,
DEBERÁ SER TRANSFERIDO A LA CATEGORÍA POSITIVA O NEGATIVA

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el proyecto de ley por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre la República Oriental del Uruguay, representada por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la República Italiana, representada por el Ministro de Asuntos Exteriores, Dirección para la Cooperación al Desarrollo, referido al otorgamiento de una ayuda financiera a nuestro país, suscrito en Milán, el 16 de octubre de 2003.

En este documento, las Partes Contratantes acuerdan los términos y condiciones de un préstamo de veinte millones de euros que el Gobierno italiano brindará al Gobierno uruguayo, bajo la forma de crédito de ayuda a las pequeñas y medianas empresas, tanto de capital uruguayo como mixto uruguayo-italiano, en relación con proyectos de elevado impacto social, en particular, para favorecer la creación o recuperación de puestos de trabajo. De esta forma se pretende contribuir a la mejora de nuestra situación social, económica y financiera.

Conforme con lo establecido en el artículo 2, se deberá realizar una Convención entre el Banco italiano "Medio Crédito Centrale S.p.A.", administrador del Fondo Rotativo–Créditos de Ayuda y el Ministerio de Economía y Finanzas de nuestro país, a los efectos de definir los aspectos financieros de la aplicación del memorándum. Entre las cuestiones que deberán precisarse en el acuerdo está la de definir los términos y modalidades en que se realizará el reembolso (artículo 3).

El artículo 4 establece las actividades a las que se deberá destinar el crédito, así como el tipo de empresas y de proyectos de inversión que se tomarán en cuenta a los efectos de ser beneficiados por el mismo. Se establece que la línea de crédito "será utilizada para la compra de bienes, materias primas e insumos, transferencia de tecnología, capacitación, asistencia técnica y comercial, licencias y patentes industriales". Estos bienes y servicios podrán ser en un cincuenta por ciento de origen local o de países latinoamericanos y en un cincuenta por ciento de origen italiano.

Se procurará que los proyectos a los que se destine el crédito originen un considerable incremento ocupacional, en particular de jóvenes y mujeres; que se localice en áreas de alta desocupación o migración interna; que utilicen básicamente materias primas locales y que introduzcan tecnologías compatibles con la protección del medio ambiente. Con el objetivo de evaluar estos aspectos, las Partes Contratantes elaboraron un sistema de puntaje que se adjunta como Anexo I del memorándum.

El artículo 5 estipula importes máximos y mínimos a ser financiados para cada empresa adquirente, así como las tasas de interés a ser aplicadas y la modalidad del reembolso. En cuanto a las tasas de interés aplicadas a las empresas, se les cobrará la que le asigne el Gobierno italiano al uruguayo, incrementada en una comisión de gestión de hasta un máximo del dos por ciento reconocido al Banco uruguayo, y de una comisión de riesgo comercial de la operación de hasta un máximo de tres por ciento.

Las solicitudes de financiamiento serán presentadas ante un Comité conformado por representantes de los Ministerios de Economía y Finanzas; Relaciones Exteriores; Industria, Energía y Minería; Ganadería, Agricultura y Pesca, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Además, el Comité contará con la presencia de expertos de la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, y será asistido periódicamente por el Banco administrador italiano. Este Comité será el encargado de realizar una evaluación técnico–económica de los proyectos, y verificar que los mismos cumplan los criterios establecidos en el Acuerdo (artículos 6.1 y 6.2).

Por otra parte, el Gobierno uruguayo deberá designar un instituto de crédito público o privado local, el que administrará el financiamiento (artículo 5), y evaluará la viabilidad financiera de los proyectos presentados (artículo 6.3). A tales efectos, estudiará la confiabilidad económico–financiera de la empresa solicitante, el plan financiero del proyecto y las garantías, tomando en cuenta para tal evaluación, los criterios de "scoring" indicados en el Anexo II del memorándum.

A su vez, las iniciativas aprobadas por el Comité y el Banco uruguayo, por un monto mayor o igual a doscientos cincuenta mil euros, serán sometidas por la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, a un organismo o institución financiera internacional para su evaluación. Asimismo, podrán someterse a dicha evaluación todas las iniciativas presentadas por las empresas que tengan particular relevancia sobre el plano ocupacional, o aquellas que considere oportuno la Dirección mencionada (artículo 6.4).

Es importante destacar que, a los efectos de recibir las iniciativas de las empresas, se deberá realizar un llamado público que otorgue un plazo de presentación de al menos sesenta días (numeral a) del artículo 6.1). Asimismo, las Partes se comprometen a poner en marcha los mecanismos más apropiados para dar publicidad al Programa (artículo 6.6).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 7, la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia podrá efectuar verificaciones y controles sobre la gestión del Programa, mientras que el Gobierno y el Banco local, colaborarán en la medida de lo posible con dicha gestión. El Gobierno uruguayo se compromete, además, a enviar a la mencionada Dirección un informe semestral sobre el funcionamiento del Programa, y una vez concluido el mismo, un informe global sobre su ejecución.

El artículo 8 prevé mecanismos de cooperación entre las Partes, a los efectos de alcanzar los objetivos del memorándum, entre los que se destaca el intercambio de opiniones y el suministro de información, en especial referida a circunstancias que puedan contraponerse a los objetivos para los cuales se acordó el préstamo.

En lo que se refiere a la solución de controversias derivadas de la interpretación y/o de la aplicación del memorándum, el artículo 9 establece que las mismas serán resueltas a través de la vía diplomática.

El memorándum entrará en vigor una vez que las Partes se hayan comunicado la finalización de los procedimientos internos de aprobación del mismo, y continuará vigente hasta la utilización completa de la línea de crédito y su reembolso (artículo 10). Tanto el memorándum como sus dos Anexos, podrán ser modificados de común acuerdo entre las Partes, y dichas modificaciones entrarán en vigencia una vez comunicado el cumplimiento de los requisitos internos de aprobación (artículo 8).

Por las razones expuestas, y por la importancia que tiene este préstamo para la reactivación de la economía del país, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la sanción del proyecto de ley por medio del cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana, referido al otorgamiento de una ayuda financiera a nuestro país.

Sala de la Comisión, 10 de marzo de 2004.

DIEGO MARTÍNEZ, Miembro Informante, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, JULIO LUIS SANGUINETTI, JAIME MARIO TROBO, RAMÓN FONTICIELLA, con salvedades que expondrá en Sala, ENRIQUE PINTADO, con salvedades que expondrá en Sala, ÁLVARO PÉREZ, con salvedades que expondrá en Sala.

- reembolso: en 42 cuotas semestrales iguales y consecutivas, la primera de las cuales vence a los 17 años y medio con posterioridad a la fecha del convenio de crédito;

- tasa de interés: 0,10% nominal anual a pagar en semestres sucesivos a contar desde cada utilización;

- destino: financiación de un programa de apoyo a PYMES uruguayas dentro del ámbito de proyectos de elevado impacto social.

En suma se entiende que el Memorándum de Entendimiento es un préstamo concesional otorgado por el Gobierno italiano en condiciones muy convenientes que permitiría ofrecer a las PYMES una línea de financiamiento que el mercado no puede ofrecer por sí solo.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al remitido por el Poder Ejecutivo)

——Continuando con la consideración del asunto que figura en tercer término del orden del día, tiene la palabra el señor Diputado Zás Fernández.

SEÑOR ZÁS FERNÁNDEZ.- Señor Presidente: brevemente -porque todo este tema se ha fundamentado en forma muy amplia-, quiero decir que el artículo 31 de la Ley Nº 17.613 es claro al establecer la posibilidad de dar una solución a todos aquellos ahorristas que hayan visto transferidos sus depósitos sin mediar su consentimiento.

Se ha creado la Comisión de la que se habló aquí y se han visto sus resultados y lo difícil que ha sido probar que el consentimiento no medió. Entonces, entendemos que es justo buscar una solución también a esto por la vía de establecer legalmente una presunción. El tema es que al ser una situación de excepción, las presunciones no pueden ser de carácter irrestricto, general, sino que, al contrario, deben tener límites. En ese sentido, queremos decir que respaldamos la propuesta formulada en el Senado por los señores Senadores Astori y Couriel -presentada en el día de ayer en esta Cámara- por cuanto, precisamente, se da la posibilidad de que todos aquellos que no hayan podido probar que su consentimiento no existió, tengan una solución a través de un mecanismo de presunción. Pero este mecanismo no es ilimitado, pues tiene fundamentalmente tres límites. Uno es temporal, porque se aplica a partir del 31 de diciembre de 2001. Creo que nadie puede sentirse afectado porque todas las operaciones del Trade and Commerce Bank fueron realizadas en el año 2002.

Otro límite tiene que ver con qué instituciones hicieron las operaciones, porque el proyecto que viene del Senado se refiere a los certificados de depósito de instituciones financieras con sede en el exterior, en tanto en esta iniciativa se hace referencia a que estaría comprendida la adquisición de participaciones en certificados de depósitos emitidos por el Trade and Commerce Bank.

El último límite es de carácter económico, porque se establece un techo de US$ 100.000 para cada cliente.

Entendemos que esta posibilidad es la más justa y por eso le hemos dado nuestro apoyo.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- No hay más oradores anotados para referirse al tema.

Se han presentado tres mociones a la Mesa.

SEÑORA CHARLONE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: creo que antes de considerar las tres mociones, debemos votar el pase a la discusión particular.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene razón la señora Diputada.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Señor Presidente: quiero solicitar que la votación del pase a la discusión particular se tome en forma nominal.

SEÑOR VENER CARBONI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR VENER CARBONI.- Señor Presidente: de cualquier manera, quisiera estar informado de las mociones.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Vamos a proceder a votar si se pasa a la discusión particular del proyecto que se está tratando en este momento, que es el que vino del Senado.

En primer término, se va a votar la moción del señor Diputado González Álvarez en el sentido de que la votación se tome en forma nominal.

(Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

Inmediatamente después de terminar de tomar la votación nominal, daremos cuenta y someteremos a votación las mociones que tenemos en la Mesa.

Tómese la votación nominal.

(Se toma en el siguiente orden:)

SEÑOR AGAZZI.- Afirmativa.

SEÑOR ÁLVAREZ.- Negativa, y voy a fundar el voto.

A los efectos de no seguir alargando esta cuestión, voy a limitar la fudamentación de mi voto negativo a los fundamentos de voto que hizo ayer el señor Diputado Blasina en nombre de la bancada del Partido Socialista. De todos modos, quisiera agregar un elemento a tener en cuenta. Nosotros consideramos que el proyecto que está siendo analizado por esta Cámara no es bueno porque, si bien trata de regularizar situaciones que fueron fruto de una crisis brutal en la que la gente no tuvo nada que ver, también es cierto que por la vía de la votación del artículo 31 de la ley de fortalecimiento del sistema bancario se había buscado dar una solución a esta temática, solución que iba por la vía del estudio caso por caso, lo cual nos parecía correcto, porque no era justo que los ahorristas que mantuvieron sus ahorros en el Banco de Montevideo en definitiva viesen disminuidos sus prorrateos porque gente que había depositado en el exterior fuese incluida. No descartamos que haya habido casos de estafa -porque todo el tema fue una estafa en su momento- y que habría que buscarle una solución que nosotros entendíamos que estaba dada por el artículo 31 en el estudio caso a caso de cada uno de los deudores.

De todos modos, no nos oponemos a que la propuesta que hizo ayer el señor Diputado Baráibar sea tratada en la Comisión de Hacienda. Me parecería una irresponsabilidad que la tratásemos hoy en el plenario cuando, en definitiva, no hemos tenido la capacidad de estudiarla, y sí estaríamos dispuestos al pase de esa propuesta a la Comisión de Hacienda, a los efectos de que se pueda reestudiar esta temática.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR AMARO CEDRÉS.- Negativa.

SEÑOR ARGENZIO.- Afirmativa, y voy a fundar el voto.

Hemos votado afirmativamente, con los mismos argumentos, las mismas razones y los mismos motivos con que nuestro sector, la Correntada Wilsonista, acompañó este proyecto de ley en el Senado. Por eso, porque somos coherentes y confirmamos -reitero- los argumentos, que los reconocemos y valoramos, estamos votando afirmativamente este proyecto.

Gracias, señor Presidente.

SEÑORA ARGIMÓN.- Afirmativa.

SEÑOR ARRARTE FERNÁNDEZ.- Afirmativa.

SEÑOR BAYARDI.- Negativa.

SEÑOR BENTANCOR.- Negativa.

SEÑOR BLASINA.- Negativa.

SEÑOR BOSCH.- Afirmativa.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Afirmativa.

SEÑOR CARMINATTI.- Negativa.

SEÑORA CASTRO.- Afirmativa.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Negativa.

SEÑOR CHÁPPER.- Afirmativa.

SEÑORA CHARLONE.- Afirmativa, y voy a fundar el voto.

Señor Presidente: si bien nos referimos a este tema ayer, en función de muchos argumentos que se han volcado en Cámara y que hemos escuchado con atención, quiero decir que, efectivamente, por el artículo 31 se creó una Comisión para el estudio caso a caso. Pero el tema que me parece relevante es que el estudio caso a caso no ha dado ninguna satisfacción, ninguna respuesta a la estafa generalizada que se produjo en el TCB, porque de los ochocientos cincuenta casos que estudió la Comisión, solamente falló a favor de seis, y no se trataba de compradores de certificados de depósitos. Entonces, ¿dónde está planteado que aquí se está dando cuenta de una estafa? ¿En qué aspecto del trabajo de esta Comisión estamos considerando la estafa generalizada que se produjo?

También he escuchado decir aquí que algunos depositantes del Banco de Montevideo firmaron contratos o mandatos generales. Ahora bien, no soy abogada, pero recuerdo haber estudiado Obligaciones en la Facultad, en los libros de Jorge Peirano Facio, y los contratos, ya sean verbales o escritos, tienen que tener objeto lícito y causa lícita, y el consentimiento tiene que darse por ambas partes de buena fe. ¿Y dónde está la buena fe cuando se trata de depósitos que se tomaban pero no para ir a las cuentas nacionales o a las de Caimán, sino a los bolsillos de la familia Peirano? ¡Esos contratos, aun en el caso de que hayan existido, son todos inválidos, señor Presidente, se haya dado o no el consentimiento!

Además, en virtud de toda la documentación que hemos analizado, tenemos la convicción de que la gran mayoría de estas personas fueron realmente engañadas, no porque les dijeran que se llevaban sus depósitos a Caimán y no era así, ¡sino porque no sabían que la plata iba a Caimán! Entonces, como eso no se resolvió a través del artículo 31, como estaba planteado, es que buscamos una solución general, pues la estafa fue general. No fue solo para un grupito; se le planteó así a los depositantes en general.

Habiendo votado en otras ocasiones soluciones generales -en el tema de los deudores no voté el caso a caso; voté que se suspendieran las ejecuciones en forma general-, siento que en este caso, a pesar de que hay una cantidad de defraudados por todo lo que pasó, sistemáticamente se les demora la respuesta o no se les da ninguna. Si hubo un fraude general, entiendo que la respuesta tiene que ser general.

Muchas gracias.

SEÑOR CHIFFLET.- Afirmativa.

SEÑOR DÍAZ.- Negativa.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Afirmativa.

SEÑOR DOMÍNGUEZ.- Afirmativa.

SEÑOR ECHEVARRÍA.- Afirmativa.

SEÑOR ESTÉVEZ.- Negativa.

SEÑOR FALERO.- Negativa.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Negativa.

SEÑOR FONTICIELLA.- Afirmativa.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Negativa.

SEÑOR GAMBETTA.- Afirmativa.

SEÑOR GIL SOLARES.- Afirmativa.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Afirmativa.

SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Afirmativa.

SEÑOR LACALLE POU.- Afirmativa.

SEÑOR LEGLISE.- Afirmativa.

SEÑOR LEGNANI.- Negativa.

SEÑOR LÓPEZ.- Negativa.

SEÑOR MAHÍA.- Negativa.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Negativa.

SEÑOR MELLO.- Negativa.

SEÑOR MICHELINI.- Afirmativa, y voy a fundar el voto.

Señor Presidente: la justificación de mi voto va en el mismo sentido que la de mi apoyo a la ley de fortalecimiento del sistema financiero. En el marco de una crisis social, económica y financiera generalizada como la que vivió el país, la máxima de que la legislación no debe interponerse a la autonomía de la voluntad de los contratos no es funcional y no debe aplicarse; tanto es así que este Parlamento votó una ley que modificó todos los contratos en materia de sistema financiero.

En segundo término, la sanción de este proyecto de ley no representaría para las arcas del Estado un gasto más; simplemente, apunta al reordenamiento de los acreedores de estos activos que, en definitiva, tienen cierta expectativa porque hubo una ley de fortalecimiento del sistema financiero. Si se hubieran regido por el sistema previo, de ley de quiebras y concordatos, probablemente no rescatarían nada.

Hay una clara responsabilidad por parte del Estado en la situación tal como está; ha existido irresponsabilidad funcional, incompetencia, incapacidad y una clara responsabilidad jurisdiccional de parte de las autoridades del Banco Central del Uruguay. Además, la vía judicial que se esgrime como solución alternativa es claramente inconducente; yo creo que todo aquel que realmente analice el sistema judicial uruguayo advertirá que es claro que eso resulta absolutamente irrisorio.

Por último -y creo que para mí es el argumento que definió en forma más inequívoca este tema-, el legislador ya legisló respecto a este asunto a través del artículo 31; si no fuera así, sería inexplicable la propia existencia de ese artículo. Entonces, se está pidiendo una prueba diabólica, no solo en el texto de la ley, sino en la gestión de esta Comisión que, claramente, asumió criterios civilistas, formalistas y solemnes de consentimientos dados o de búsqueda de pruebas absurdas. Entonces, la propia aplicación de este artículo 31 lleva a la conclusión, desde mi punto de vista inequívoca, de la necesidad de legislar para solucionar la legítima expectativa que se dio a este grupo de ahorristas. Es decir, no estamos en el momento previo a la ley de fortalecimiento del sistema financiero, cuando nada se podría haber dicho al respecto; estamos un paso más adelante. Se les dio una legítima expectativa de recuperación de un derecho, pero en la práctica claramente no se ha llegado a ello. Por lo tanto, se necesita legislar.

Por supuesto, aspiramos a que este proyecto se apruebe. Si así no fuera, estaremos abiertos a la búsqueda de otras soluciones para retomar una vía de búsqueda de equidad, que es lo que tenemos que hacer los legisladores. Y no nos basta con sostener que con esta ley no solucionamos otros problemas. Si así fuera, nunca se podría legislar nada, porque siempre que se está legislando sobre un tema, de alguna manera se está priorizando o enfatizando respecto a otros.

Para nosotros, el tema de los deudores en moneda extranjera, el de los deudores familiares y el de las pequeñas empresas claramente endeudadas, sin duda es un problema que este Parlamento debería abordar.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR MIERES.- Negativa.

SEÑORA MONTANER.- Afirmativa.

SEÑORA MOREIRA.- Negativa.

SEÑOR OBISPO.- Negativa.

SEÑOR ORIBE.- Negativa, y voy a fundar el voto.

Votamos negativamente este proyecto de ley en virtud de que tenemos amigos ahorristas que tenían sus depósitos en el exterior y lo sabían; todas las personas que nosotros conocemos sabían que tenían esos depósitos en el exterior. Con la convicción de que todas estas personas tenían ese conocimiento, votamos negativamente este proyecto de ley.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Negativa.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Afirmativa.

SEÑORA PAYSSÉ.- Negativa.

SEÑORA PERCOVICH.- Negativa.

SEÑOR PERDOMO.- Afirmativa.

SEÑOR PÉREZ MORAD.- Afirmativa, y voy a fundar el voto.

Votamos afirmativamente en este asunto sumamente difícil. Sin embargo, entendemos que este es un capítulo de un mismo tema: la gran estafa económica y a la confianza que ha sufrido toda la gente.

Sabemos de las diferencias de conocimientos técnicos que hay entre quienes gerencian un banco y quienes son clientes para tomar decisiones, interpretar las letras chicas y demás argumentos que se manejaron aquí, pero queremos dejar una constancia importante. Entre estos capítulos que se van saldando de esta gran estafa, queda pendiente el relativo a los deudores en dólares. De la misma forma en que se resuelve este tema, vamos a seguir insistiendo para encontrar una solución equitativa para ese caso, conscientes de que seguramente va a verse beneficiada alguna gente que se ha manejado en forma especulativa. A pesar de ello, entendemos que hay una inmensa mayoría que ha sido afectada en su buena fe y que merece el amparo de la ley.

Insistimos en la necesidad de resolver el tema de los deudores en dólares, porque el volumen es mucho mayor y hay situaciones muy diversas y mucha gente está jugándose, a punto de perder lo único que ha heredado o lo único que tiene.

Asimismo, queremos dejar constancia de que hay claras señales en cuanto a la intención de tercerizar el cobro de las carteras cobrables, lo que nos parece un aprovechamiento en medio de esta crisis.

Por último, queremos decir que esta enorme crisis que todos hemos padecido nos debe hacer tomar conciencia, porque mientras que las ganancias son privadas, muchas veces se colectivizan las pérdidas, y es importante ser solidario con todos los que han sido afectados por este huracán, sean ahorristas, deudores o lo que sean.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PITA.- Negativa.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Negativa.

SEÑORA PONTE.- Negativa.

SEÑOR POSADA.- Negativa, por los fundamentos que expusimos en el día de hoy.

SEÑOR QUEIRÓS.- Afirmativa.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Afirmativa.

SEÑORA RONDÁN.- Negativa.

SEÑOR ROSSI.- Afirmativa, y voy a fundar el voto.

Si revisamos las páginas del "Gallito Luis" los domingos, nos vamos a encontrar con que desde 2002 a la fecha se está desarrollando todo un sistema financiero; inclusive, hay algunas ofertas de captación de depósitos que son absolutamente extra sistema financiero regular. Hay más datos sobre esto, pero no tengo noticias de que las instituciones encargadas del contralor se estén preocupando por el desarrollo de esto, por los destinos, por los objetivos, por los personajes que actúan en esta nueva actividad que se está dando en el país.

Desde 1995 el TCB captaba depósitos en el país, pero resulta que el Banco Central recién el 4 de julio de 2002 se encontró con que debía darlo de baja de los registros. Desde el año 1995 hasta el 4 de julio de 2002 el Banco Central no se enteró de que el TCB estaba captando depósitos, a pesar de no estar autorizado para ello. Estaba el TCB Mandatos de la calle Arocena y el TCB que funcionaba como LATINUR S.A. en la zona franca. Pero este es otro TCB: el que se vendía en los mostradores del Banco de Montevideo por los Gerentes del Banco de Montevideo, con formularios del Banco de Montevideo y con certificaciones de saldo del Banco de Montevideo. Eso debería haber estado controlado en su contenido por el Banco Central del Uruguay, que para eso está.

¿Preocupación por el daño que se produjo al Estado? Sí; por cierto, todos tenemos preocupaciones al respecto. Pero mi preocupación va más allá: me preocupa el daño que le vamos a hacer al país, porque los recursos necesarios para esto, que recién explicamos que están previstos, serán requeridos cuando haya que atender demandas que seguramente surgirán al final del camino.

Además, coincido con algunos señores Diputados en cuanto a que muy pronto tendremos que atender en esta Cámara los muchos problemas que el sistema financiero ha generado y que el país todavía no ha podido resolver.

Por eso, votamos afirmativamente este proyecto de ley, sabiendo que no es perfecto ni lo resuelve todo. Sin embargo, consideramos que es un paso para seguir recorriendo un camino que nos trae de una situación muy difícil y que, por lo tanto, es complejo y difícil.

SEÑOR SANDE.- Negativa.

SEÑOR SANGUINETTI.- Afirmativa.

SEÑOR SELLANES.- Negativa.

SEÑOR SEÑORALE.- Negativa.

SEÑOR SIÁZARO.- Afirmativa.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Afirmativa.

SEÑOR TRIVEL.- Negativa.

SEÑOR VARONA.- Afirmativa.

SEÑOR VÁZQUEZ.- Negativa.

SEÑOR VENER CARBONI.- Negativa.

SEÑORA ZAMORA.- Negativa.

SEÑOR ZÁS FERNÁNDEZ.- Negativa.

SEÑOR AMEN VAGHETTI.- Negativa.

SEÑOR CHIESA BORDAHANDY.- Negativa.

SEÑOR PATRONE.- Negativa.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Negativa.

Dese cuenta del resultado de la votación.

(Se lee:)

"Han votado setenta y tres señores Representantes: cuarenta y uno lo han hecho por la negativa y treinta y dos por la afirmativa".

——El resultado es: NEGATIVA.

Queda desechado el proyecto de ley.

(Manifestaciones de la barra.- Campana de orden)

——Procédase a desalojar la barra.

(Así se procede)

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: tal como lo planteó el señor Diputado Álvarez, quisiera mocionar para que pase a la Comisión de Hacienda el proyecto sustitutivo presentado en el día de ayer, a los efectos de su consideración.

Quiero decir que es un proyecto de ley sustitutivo, que fue presentado en el día de ayer con la firma de los señores Diputados Baráibar, Zás Fernández y Pita, y recoge el proyecto original que presentaron en el Senado los señores Senadores Astori y Couriel. Planteo que este proyecto se remita a ese ámbito a los efectos de su consideración, ya que tiene elementos que pueden ser utilizados para buscar una solución al tema que se acaba de considerar.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- La Mesa entiende que como este era un proyecto sustitutivo, al ser rechazado el proyecto original no puede ser presentado de esa forma. Nada obsta a que este mismo proyecto, con su correspondiente exposición de motivos y firmado por los señores Diputados que adhieran a él, sea presentado en la Cámara, la que lo derivará a la Comisión de Hacienda.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Gabriel Pais, Argenzio, Bayardi, Trobo, Falero y Michelini.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión extraordinaria el próximo martes 4 de mayo, a la hora 15, para realizar un homenaje al ex legislador Ángel Fachinetti con motivo de su fallecimiento".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En la Mesa se encuentran otras dos mociones que no pueden ponerse a consideración ya que no hay cincuenta legisladores en Sala, y para ambas se necesita ese quórum mínimo.

Corresponde pasar a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Acuerdo con el Gobierno de la República de Finlandia relativo a la Promoción y Protección de Inversiones. (Aprobación)".

SEÑOR MARTÍNEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MARTÍNEZ.- Señor Presidente: solicito el aplazamiento del tema.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y uno en cuarenta y dos: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Indalecio Bengochea Rodríguez. (Designación a la Escuela Nº 36 de Marmarajá, departamento de Lavalleja)".

(ANTECEDENTES:)

—— En discusión.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

—— Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: "Ingeniero Agrónomo Gregorio Helguera (Designación a la Escuela Agraria de Tacuarembó)".

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

——Dese cuenta de la integración de Comisiones.

(Se lee:)

"El señor Representante Jaime Mario Trobo sustituirá al señor Representante Eduardo Chiesa como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano para la reunión 'Unidad Continental y Soberanía en América Latina', que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago de Chile entre los días 14 y 16 de abril de 2004".

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: usted me había comunicado que este tema se iba a tratar en la sesión de hoy. Representa un cambio de un acuerdo al que este Cuerpo había llegado en el año 2000 y que presuponía la forma de distribución de la representación del Parlamento uruguayo -tanto de la Cámara como del Senado- en las distintas Comisiones del Parlamento Latinoamericano.

En primer lugar, el acuerdo establecía una representación de carácter plural, marcando una continuidad de la política que este Parlamento había mantenido. Se trataba de tener un amplio perfil de representación en dichas Comisiones. El acuerdo se realizó cuando no había agendas de discusión prácticamente en ninguna de las Comisiones, o si existían, habían sido definidas con anterioridad.

Posteriormente, en una reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano se había planteado, por decisión unilateral del Presidente de la época, la eventualidad de habilitar la presencia de legisladores que no integraran las Comisiones. Este Cuerpo no se enteró hasta después de que se votó una licencia, en cuyo contenido muchos de nosotros -lo digo sin ningún tipo de violencia- no reparamos.

A nadie escapa que en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano ha estado planteado un tema en particular: la situación de los derechos humanos en la República de Cuba. En este momento, dicha Comisión está atendiendo el conjunto de denuncias que se presentan sobre el tema de violaciones a los derechos humanos en los distintos países del continente.

No voy a discutir el tema de fondo porque creo que no corresponde y porque, además, creo que esta Cámara ya sobreabundó en ese sentido. El acuerdo de 2000 estuvo basado en la buena fe. Muchos de nosotros participamos de él; yo me precio de haberlo hecho, y creo que dio estabilidad a las representaciones. En aquel entonces, la representación presuponía que habría un integrante de la oposición y otro del Gobierno en la mayoría de las Comisiones.

En determinado momento se planteó la posibilidad de que el Diputado que había sido designado por el Partido Colorado y el Partido Nacional para realizar el cambio fuera de carácter supernumerario, inclusive, por encima de la representación que el Parlamento uruguayo enviaba a una reunión que se iba a realizar en la ciudad de La Habana y que finalmente no se realizó o que cambió de sede. Nosotros no habríamos admitido esta decisión porque presuponía cambiar el conjunto de lo acordado en el año 2000.

Ahora se plantea la sustitución de un legislador del Partido Colorado por uno del Partido Nacional. En este caso, declina su designación el señor Diputado Chiesa Bordahandy y asume el señor Diputado Trobo. Más allá de la legitimidad de los acuerdos interpartidarios y del acuerdo que pudo haber existido entre el Partido Colorado y el Partido Nacional para hacerlo -no puedo juzgar lo que se acuerda al interior de los partidos-, esto implica una sustitución en la designación por un objetivo político expreso que es -lo voy a calificar de la manera más objetiva posible- defender un posicionamiento político que ha manifestado el señor Diputado Trobo frente a la situación de los derechos humanos en la República de Cuba.

Creo que esta forma de asignar la representación en el Parlamento Latinoamericano no es buena, y voy a decir por qué. El acuerdo procuraba que dentro de las Comisiones del Parlamento Latinoamericano estuviera representado un espectro político lo más amplio posible, pero nunca se realizó una designación que tuviera como finalidad dar cierto grado de satisfacción a un objetivo político, que no cuestiono que puede ser mayoritario en el Cuerpo, pero que en este caso se identifica claramente con la posición política del señor Diputado Trobo, que sustituiría al señor Diputado Chiesa Bordahandy.

Creo que si instrumentamos esta designación corremos el peligro de desvirtuar el carácter con el que hemos propiciado el buen entendimiento entre los distintos sectores políticos que integran el Cuerpo.

Además, hay otro problema, y es que el mundo gira. Voy a utilizar una vieja enseñanza de uno de mis abuelos, analfabeto, que ya he contado otras veces a este Cuerpo. Cuando él se enojaba con alguien y se le preguntaba si iba a tomar alguna represalia contra quien lo había ofendido, siendo un descendiente de italianos, analfabeto y, por lo que me cuentan, un tanto bruto de más -con el respeto que me merece mi abuelo-, él respondía con el dicho: "Acá abajo no llueve". Me costó entender esto, pero con el tiempo lo entendí: era una forma de decir que la vida siempre da revanchas y que en algún momento se iba a buscar el cobijo de una mano, inclusive la de aquellos a los que se hubiera llegado a ofender, y que en esa oportunidad se podría asumir algún tipo de actitud.

Con el transcurso del tiempo he visto variar la composición de este Cuerpo y creo que independientemente de esa variación siempre ha habido una línea conductual que no quisiera que se rompiera en el futuro por aquella aseveración de aquel descendiente de italianos, semianalfabeto, en cuanto a que acá abajo no llueve y algún día la mano de quien está acá abajo, de alguna manera, puede ser la mía.

Por tanto, manifiesto mi discrepancia, reconociendo el derecho que tienen los sectores mayoritarios a innovar, en mi opinión de manera negativa, en la integración de la representación del Parlamento uruguayo en el Parlamento Latinoamericano.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Si se me permite, quisiera hacer una aclaración porque, en definitiva, se trata de una resolución de la Presidencia.

Como este es un tema que a todos nos consta que ha sido bastante complejo, como desde el primer momento dijimos que no íbamos a alterar el número de quienes concurrieran al PARLATINO en representación del Parlamento uruguayo, y como también desde el primer momento nos comprometimos a que todas las resoluciones de Presidencia iban a ser absolutamente claras -en definitiva, siempre van a pasar por el conocimiento del Cuerpo-, quiero decir que he tomado esta decisión en la medida en que en el día de ayer el señor Diputado Chiesa Bordahandy me comunicó que no podía concurrir a la reunión de Santiago de Chile. Como ustedes recordarán, el señor Diputado Trobo, conjuntamente con los señores Diputados Chiesa Bordahandy y Orrico, fue el año pasado -si mal no recuerdo- a Panamá, a exponer una posición del Parlamento uruguayo sobre un tema específico. En la medida en que la representación uruguaya ha sido, en este caso, pluripartidaria -como lo es generalmente cada vez que se concurre al exterior en distintas misiones-, me pareció sensato que esta delegación estuviera integrada por quienes tienen una posición y por quienes tienen la contraria. En virtud de que el señor Diputado Chiesa Bordahandy no podía concurrir, como me lo hizo saber, me pareció sensato y razonable que asistiera el señor Diputado Trobo, que ya había estado en esta Comisión en Panamá, a expresar la posición de una parte del Parlamento.

No obstante, comparto una porción importante de los dichos del señor Diputado Bayardi y quiero decir a esta Cámara que todas las decisiones que tome este Presidente, en el acierto o en el error, serán conocidas inmediatamente por el Cuerpo para que puedan ser discutidas, criticadas y también aceptadas.

Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: "Doctor Alberto Gallinal Heber. (Designación al Liceo Rural del paraje Cerro Pelado, 6ª Sección Judicial del departamento de Rivera)".

(ANTECEDENTES:)

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

—— Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: "Julio J. Casal. (Designación a la Escuela Nº 243 del departamento de Montevideo)".

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

—— Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del orden del día: "República Francesa. (Designación a la Escuela Nº 134 de la ciudad de Rivera)".

Artículo Único.- Desígnase con el nombre de "República Francesa", a la Escuela Nº 134 de la ciudad de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

El informe del Cuerpo Inspectivo Departamental como fundamento de su opinión favorable a esta designación expresa "... los estrechos vínculos culturales que nos unen a dicho país hace considerar muy justo un homenaje al pueblo francés, en reconocimiento a la gran influencia y riquísimas aportaciones que ha hecho a nuestra cultura en el plano de las ideas sociales, del derecho, de las artes y, particularmente, del pensamiento pedagógico a lo largo de toda nuestra historia".

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

Preferencias.

——Corresponde pasar a considerar el asunto que figura en décimo término del orden del día, relativo a la regulación de la actividad de los corredores inmobiliarios.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MAHÍA.- Señor Presidente: teniendo en cuenta el número de señores Diputados presentes en este momento y que este es un tema que se ha intentado considerar en varias oportunidades, solicito nuevamente que sea aplazado e incluido en el orden del día de la próxima sesión. Por otra parte, hay compañeros que han trabajado mucho en él y sé que quieren estar presentes cuando se trate en Sala, lo que no ocurre en el día de hoy, en que están asistiendo sus suplentes.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar la moción del señor Diputado Mahía.

(Se vota)

——Veintiséis en veintisiete: AFIRMATIVA.

Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.