Texto de la citación

Montevideo, 2 de abril de 2004.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 13, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

2º.- Comisión Administrativa del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Quinto Período de la XLV Legislatura). (Ley Nº 16.821, de 23 de abril de 1997).

3º.- Acuerdo con el Gobierno de la República de Finlandia relativo a la Promoción y Protección de Inversiones. (Aprobación). (Carp. 3462/003). (Informado). Rep. 1480 y Anexo I

4º.- Clientes de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera cuyos ahorros hubieren sido aplicados a la adquisición de certificados de depósito en instituciones financieras con sede exterior. (Se declara, por vía interpretativa, que están comprendidos en la facultad conferida al Banco Central del Uruguay por el artículo 31 de la Ley Nº 17.613). (Carp. 3557/003). (Informado). Rep. 1506 y Anexo I

5º.- Indalecio Bengochea Rodríguez. (Designación a la Escuela Nº 36 de Marmarajá, departamento de Lavalleja). (Carp. 2559/002). (Informado). Rep. 1104 y Anexo I

6º.- Ingeniero Agrónomo Gregorio Helguera. (Designación a la Escuela Agraria de Tacuarembó). (Carp. 2729/003). (Informado). Rep. 1188 y Anexo I

7º.- Doctor Alberto Gallinal Heber. (Designación al Liceo Rural del paraje Cerro Pelado, 6ª Sección Judicial del departamento de Rivera). (Carp. 2871/003). (Informado). Rep. 1227 y Anexo I

8º.- Julio J. Casal. (Designación a la Escuela Nº 243 del departamento de Montevideo). (Carp. 2492/002). (Informado). Rep. 1086 y Anexo I

9º.- República Francesa. (Designación a la Escuela Nº 134 de la ciudad de Rivera). (Carp. 3030/003). (Informado). Rep. 1284 y Anexo I

10.- Corredores inmobiliarios. (Se regula su actividad). (Carp. 327/000). (Informado). Rep. 185 y Anexo I

HORACIO D. CATALURDA     MARGARITA REYES GALVÁN
S e c r e t a r i o s

Asisten los señores Representantes:, Ernesto Agazzi, Álvaro Alonso, Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Fernando Araújo, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Carlos Baráibar, Raquel Barreiro, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Ruben Bertín, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Nora Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Miguel Dicancro, Juan Domínguez, Silver Estévez, Ricardo Falero, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Schubert Gambetta, Daniel García Pintos, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Gustavo Guarino, Alexis Guynot de Boismenú, Tabaré Hackenbruch Legnani, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Luis M. Leglise, Ramón Legnani, Antonio López, Guido Machado, José Carlos Mahía, Diego Martínez, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, Pablo Mieres, Martha Montaner, Ruben Obispo, Andrés Oribe, Gustavo Osta, Gabriel Pais, Ronald Pais, Jorge Patrone, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, Sabino Queirós, Ambrosio Rodríguez, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Leonel Heber Sellanes, Pedro Señorale, Juan C. Siázaro, Gustavo Silveira, Julio C. Silveira, Carlos Testoni, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel, Jaime M. Trobo, Julio Varona, Fernando Vázquez, Walter Vener Carboni, Carlota Zamora y Jorge Zás Fernández.

Con licencia: Washington Abdala, Jorge Barrera, Edgar Bellomo, Daniel Bianchi, Brum Canet, Roberto Conde, Arturo Heber Füllgraff, Julio Lara, Óscar Magurno, Ricardo Molinelli, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, María Alejandra Rivero Saralegui, Glenda Rondán, Alberto Scavarelli y Raúl Sendic.

Faltan con aviso: Guzmán Acosta y Lara.

Sin aviso: Ernesto Rodríguez Altez.

Suplente convocado: Luis A. Arismendi.

"Pliego Nº 298

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Rivera remite los siguientes asuntos:

• copia del texto de las exposiciones realizadas por dos señores Ediles:

• relacionada con la situación de los funcionarios policiales y sus familias. C/326/000

-    A la Comisión de Derechos Humanos

• sobre la aspiración de que se declare a la ciudad de Rivera como ciudad de integración del MERCOSUR. C/11/000

-     A la Comisión de Asuntos Internacionales

• copia de la exposición escrita presentada por una señora Edila, referente a los ruidos molestos producidos por vehículos que circulan por la ciudad de Rivera. C/119/000

-     A la Comisión de Salud Pública y Asistencia So-cial

La Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos contesta la exposición realizada por el señor Representante Roberto Arrarte Fernández, en sesión de 9 de marzo del corriente año, referida a los criterios adoptados por esa Comisión Honoraria, para la financiación de las angioplastias. S/C

La Sociedad de Productores Forestales contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Nelson Bosch Soca, sobre medidas para prevenir incendios forestales en la localidad de Villa Carmen, en el departamento de Durazno. C/27/000

-    A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta el pedido de informes del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez, sobre la eventual relación laboral de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad con empresas adjudicatarias de la denominada "megaconcesión". C/3631/003

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente contesta el pedido de informes de la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui, relacionado con las obras a desarrollar por parte de la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre en varias localidades del departamento de Cerro Largo. C/3706/004

El Ministerio del Interior contesta las exposiciones:

• realizada por el señor ex Representante José María Mieres, en sesión de 9 de octubre de 2002, acerca de la necesidad de coordinar las actividades de prevención de los accidentes de tránsito. S/C

• realizada por el señor Representante Edgar Bellomo, en sesión de 15 de octubre de 2003, referente a la falta de reglamentación de la Ley Nº 17.515, de 4 de julio de 2002, sobre el ejercicio del trabajo sexual. S/C

El Ministerio de Defensa Nacional contesta el pedido de informes del señor Representante Felipe Michelini, sobre las gestiones realizadas ante la captura de un buque de bandera uruguaya, por parte de autoridades australianas. C/3683/004

La citada Secretaría de Estado remite nota relacionada con la declaración aprobada por la Cámara de Representantes, en sesión de 3 de marzo de 2004, sobre lesión de los fueros del señor Representante Jaime Mario Trobo. S/C

-     A sus antecedentes".

MEDIA HORA PREVIA

Tiene la palabra la señora Diputada Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: muchas veces en esta Sala homenajeamos a personalidades destacadas de la comunidad nacional e internacional, y está bien que así sea.

Pero ¿cómo se define una personalidad destacada? ¿Cuál es el metro con el cual medimos? ¿Cuál es la referencia? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, es probable que por el camino queden muchos destacados por su entrega callada a la vida y porque son silenciosos.

El 11 de diciembre de 2002 esta Cámara tuvo la sabiduría de homenajear en vida -lo subrayo: en vida- a una de esas personas destacadas por su entrega a la vida, a una silenciosa: a doña Ramona Villar, alma máter del comedor del Club Atlético Progreso.

Este homenaje se realizó a iniciativa de la Comisión Especial de Género y Equidad y en esa oportunidad se dijo -en palabras de nuestra compañera, la señora Diputada Tourné- de doña Ramona que la suya fue "Una vida de lucha, pero una vida que nunca quiso reconocimientos. Yo sé -porque me lo contaron sus compañeros y compañeras- que le costó venir acá para recibir este homenaje que la Comisión Especial de Género y Equidad le quiere brindar, porque ella lo hace por amor, por compromiso con la gente de La Teja -que es su barrio desde que llegó a Montevideo-, por apego a ese proyecto del comedor del Club Atlético Progreso, al cual ella se integra una vez jubilada, desde el primer día en que se funda, en setiembre de 1983 [...]".

Ya hace más de un mes que doña Ramona se fue de esta Tierra, aunque no de su barrio, La Teja, y menos del comedor del Club Atlético Progreso. Por eso, hoy queríamos sumar unas palabras más a las de aquel oportuno homenaje que, por suerte en vida, esta Cámara le tributó.

Como se dijo entonces, su actitud es la "de miles y miles de mujeres uruguayas cuyos nombres no conocemos y que, además de mantener a sus familias, tener sus hijos y concurrir a sus trabajos, dedican horas y horas al trabajo voluntario".

Hoy, en la otra punta del país, en el barrio Las Láminas de la ciudad de Bella Unión, otro grupo de mujeres, otras doñas Ramonas fundan un grupo. Se llama "Mujeres con Propósito, una razón para luchar". El objetivo de este año es sencillo pero importante: que catorce pibes del barrio vayan a la UTU, la olla comunitaria y un pequeño marco de asistencia en salud. Gigantesco esfuerzo para quienes conocemos Las Láminas.

¡Qué suerte que el lugar en el que vivimos nos dé siempre, a lo largo y a lo ancho, doñas Ramonas! Sabemos que ella estaría de acuerdo con que hoy asociemos su nombre, convertido en símbolo, a estas mujeres de Bella Unión y a tantas otras; y también a los de tantos y tantos vecinos y vecinas de ese emblemático barrio de La Teja, que no se cansa de dar anónimos luchadores.

A grave riesgo de dejar muchísimos en el tintero, mencionaremos algunos nombres: Elsa Garreiro, Eduardo Pinela, Carmen -operaria del Bao-, compañeros que lucharon y se fueron; otros que todavía están: el "Pistola" Marsicano, el "Loco" Rivera, los Pilo y tantos más. ¡Si habrán dado solidarios y solidarias esas calles de La Teja! No alcanzarían hojas y hojas para poner sus nombres.

Es por eso que queremos hacer a esa querida barriada, públicamente, la propuesta de que su plaza principal, su emblemática plaza principal, deje de llamarse Samuel Lafone, personaje de triste historia si las hay, y pase a llamarse "Doña Ramona Villar", simbolizando en ella la lucha y la solidaridad de todos los destacados silenciosos de este país.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Machado)

——Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la familia de Ramona Villar, al Club Atlético Progreso, al Centro Comunal Zonal Nº 14, Concejo y Junta, y a la Comisión de Nomenclátor de la Intendencia Municipal de Montevideo.

SEÑOR PRESIDENTE (Machado).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y uno en treinta y dos: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Guarino.

SEÑOR GUARINO.- Señor Presidente: el pasado 29 de marzo, la Facultad de Agronomía, a través de la Estación Experimental de Bañado de Medina, organizó una jornada técnica y de divulgación sobre un pasto que se ha transformado en una maleza. El nombre de la jornada fue "Capín Annoni 2, una maleza que desde el MERCOSUR se nos vino". El nombre científico de esta maleza es Eragrostis plana Ness. Se trata de una gramínea originaria del sudeste de África y se caracteriza por una gran capacidad de crecimiento y colonización del suelo.

En la década del cincuenta se introduce accidentalmente en Brasil, y una familia de Río Grande del Sur, de apellido Annoni, viendo la capacidad de crecimiento y colonización, se dedicó a su siembra, cosecha y comercialización. Es por eso que se la conoce en Brasil con el nombre de "Capín Annoni 2". Así se difundió en vastas regiones de Río Grande del Sur. Posteriormente se supo que tiene nula capacidad forrajera y que degrada los tapices naturales, al punto de que los campos invadidos por este pasto llegan a perder gran parte de su valor productivo y comercial.

En Brasil, a partir del año 1979 se prohibió su comercialización, transporte, importación y exportación. Una investigadora brasileña, Silvia Renateziller, dice textualmente: "En Río Grande del Sur el Capín Annoni amenaza los sistemas de producción pecuaria desarrollados en campos naturales como consecuencia de la pérdida de cobertura vegetal nativa. Se estima que de 15 millones de hectáreas de campo natural, 2 millones están invadidas, ocasionando grandes pérdidas en la producción, pues el ganado vacuno no come ese pasto; el Capín Annoni ya invadió los campos naturales de Santa Catarina y Paraná".

¿Cuál es la situación en nuestro país?

Sobre finales de la década del ochenta me desempeñaba como funcionario de la Dirección de Protección Agrícola del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en Cerro Largo. En esa ocasión, junto al ingeniero Pablo López fuimos alertados del problema y constatamos su presencia en el camino internacional de Aceguá, frontera seca con Brasil. También constatamos la planta en la Ruta Nº 8, a la altura de villa Isidoro Noblía, y se comunicó a la Dirección de Protección Agrícola la presencia de esta plaga en el país.

En setiembre de 2002, la Facultad de Agronomía realizó una primera jornada, y en la gira posterior se pudo constatar la presencia de la plaga en varios puntos del departamento de Cerro Largo. Como consecuencia de esto, en octubre de 2002 cursamos un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para saber en qué situación estaba el país y qué medidas se desarrollaban oficialmente al respecto. Pero hasta la fecha no hemos tenido respuesta del Ministerio, a pesar de que el pedido de informes fue reiterado en noviembre de 2003 a través de la Cámara.

Actualmente, en la jornada realizada en marzo de 2004, citada al inicio, los Profesores del Departamento de Producción Animal y Pasturas, ingenieros agrónomos Pablo Boggiano, Alicia Vaz y Ramiro Zanoniani, nos alertaron nuevamente de la magnitud del problema y nos presentaron los trabajos de investigación en lo que refiere a su combate, que viene desarrollando la Facultad de Agronomía en campos de la 5ª Sección de Cerro Largo, donde hoy ya existe una fuerte invasión de esta maleza. Allí se informó que en forma ocular se ha comprobado su presencia en los departamentos de Artigas, Rivera y Tacuarembó, además de Cerro Largo. Se han encontrado también plantas sobre la Ruta Nº 3, a la altura de pueblo Constancia. El Capín Annoni 2 tiene una apariencia similar a muchas plantas nativas, tipo espartillo, y eso hace que el productor no la identifique fácilmente.

Estamos realmente ante un grave problema, ya que es una planta agresiva, que coloniza los campos naturales aun sin haberse realizado ningún tipo de tarea agrícola, a diferencia de la gramilla brava -que es la maleza de pasturas más conocida-, que solo se instala cuando se rompe el tapiz natural.

Pensamos que el país debe instrumentar una verdadera estrategia de combate que apoye los trabajos que en forma solitaria hoy realiza la Facultad de Agronomía. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Instituto Nacional de Semillas y las organizaciones de productores, así como quienes tenemos responsabilidades políticas, debemos asumirlas para resolver este tema. Sería imperdonable que dejáramos que nuestros campos naturales perdieran su riqueza por la invasión de una maleza sin que actuáramos para impedirlo. En este sentido, y tal como lo recomendaban las conclusiones de la Jornada antes citada, se debe "sensibilizar a las autoridades nacionales para que declaren esta maleza una especie prohibida en todo el territorio nacional".

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea pasada al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Instituto Nacional de Semillas, a la Facultad de Agronomía, a la Asociación de Ingenieros Agrónomos, a la Comisión Nacional de Fomento Rural, a la Federación Rural y a la Asociación Rural del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE (Machado).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veintinueve en treinta: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Pérez Morad.

SEÑOR PÉREZ MORAD.- Señor Presidente: en Maldonado, el vecino de nombre Edilberto Alonso, propietario del Padrón Nº 5.865, Manzana Nº 1.118 de ese departamento, jubilado, que cobra $ 2.800 por mes, fue protagonista de los hechos que voy a relatar, referidos a la toma del consumo de agua no potable -porque no podemos decir que sea potable el agua que hoy tenemos en Maldonado- por parte del servicio brindado por la empresa concesionaria Uragua.

Este señor, Edilberto Alonso, tenía un consumo de $ 415 en setiembre-octubre del año 2003, equivalente a unos 6 metros cúbicos mensuales. Un buen día, la empresa Uragua cambió el contador sin aviso y sin la presencia del propietario, señor Alonso. Posteriormente se presentaron funcionarios diciendo que debía haber una pérdida, porque era alto el consumo de agua en su propiedad. Así es que, según la empresa Uragua, de 6 metros cúbicos pasó a consumir un promedio de 60 metros cúbicos por mes. Quiere decir que el señor Alonso, que pagaba $ 415 por mes, pasó a pagar $ 1.992 por mes. Recordamos que su jubilación es de solo $ 2.800.

Entonces, el señor Alonso solicitó la intervención de un técnico sanitario para que comprobara si existía alguna pérdida importante, pero esta no se comprobó. Lo mismo fue corroborado por un tal señor Sánchez, funcionario de la empresa Uragua. El 15 de diciembre de 2003, la empresa cambió nuevamente el contador, esta vez a la vista del propietario, con un consumo previo que marcaba 133 litros. Es decir que no era un contador lacrado ni estaba en punto cero.

Las facturas posteriores del señor Alonso fueron las siguientes. Con vencimiento al 6 de febrero de 2004 tuvo un consumo de 48 metros cúbicos, lo que representaba $ 1.415; con vencimiento al 5 de marzo de 2004, 58 metros cúbicos, que significaban un gasto de $ 2.031; con vencimiento al 7 de abril de 2004, 71 metros cúbicos, por los que corresponde pagar $ 2.944.

La indignación que tiene la gente de Maldonado con relación al servicio brindado por Uragua tiene varias puntas. En primer lugar, ¿es correcto que haya un cambio compulsivo de contadores, como ocurre con muchos vecinos, sin la presencia del propietario de la unidad para constatar que el contador esté realmente en punto cero, como evidentemente no ocurrió con este vecino? En segundo término, ¿qué pasa con el contador viejo, que es propiedad del vecino? ¿No amortiza el costo del nuevo contador? ¿Se lo lleva la empresa? ¿Lo vuelve a utilizar? Son respuestas que al día de hoy no están claras.

En este momento existe indignación entre la gente porque, de acuerdo con las características organolépticas, el agua en el departamento de Maldonado bajo el servicio de la empresa Uragua no es potable. Tiene olor a gamexane, tiene color terroso y tiene sabor. Por tanto, con esas características organolépticas, el agua no es potable, pero se vende como tal.

Se han realizado reuniones con empresarios gastronómicos y hoteleros, así como con vecinos, y todos se quejan del aumento desmedido de las tarifas. ¿No será que esto tiene relación con los nuevos contadores que se están instalando, que, como ocurrió con el señor Alonso, ya vendrán avanzados, es decir, sin estar en punto cero, o con una velocidad de conteo más allá del real consumo de agua?

Estas cosas nos parecen muy graves, más aún teniendo en cuenta que se trata de una empresa que vino con una red de agua potable a nuevo, pagada por los uruguayos, para hacer las obras de saneamiento. Hoy las obras están detenidas, pero la empresa sigue recaudando y hay serias dudas sobre la transparencia con que lo hace.

Por estos motivos, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al Directorio de OSE, a la Comisión de Contralor de la empresa Uragua, a la URSEA, a la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, a la empresa Uragua, a las diferentes bancadas de la Junta Departamental de Maldonado, a la Junta Local Autónoma de San Carlos y a la sede judicial del departamento de Maldonado para que, si lo considera oportuno por la pertinencia y la gravedad del asunto, pueda actuar de oficio.

SEÑOR PRESIDENTE (Machado).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veintiocho en veintinueve: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Arregui.

SEÑOR ARREGUI.- Señor Presidente: el domingo pasado, poco antes del mediodía, recibí en mi casa una llamada telefónica por la que se me comunicaba la dolorosa noticia del fallecimiento del doctor Héctor Rodríguez Gastelumendi, destacado compañero del Partido Socialista y del Frente Amplio y destacada personalidad del departamento de Soriano.

Quienes le conocimos tenemos la obligación ética de resaltar en esta Cámara sus profundos valores, de destacar cómo llegó a su profesión un hombre de origen humilde, que trabajó mientras estudiaba y que posteriormente, luego de recibirse de médico, se especializó como oftalmólogo. Fue el oculista no solo de la ciudad de Mercedes y del departamento, sino de toda la región, porque en aquel tiempo no había otro. Lo caracterizó una entrega generosa a la medicina, a la cual dio buena parte de su vida. Inclusive, cuando trabajaba en Salud Pública, ponía a disposición su propio instrumental para atender a los pacientes más humildes.

Fue un hombre de familia; hoy tenemos que hacer un reconocimiento también a su señora esposa, "Tota" -como nosotros le decimos cariñosamente-, a sus hijos, Héctor, Iris y Mary, y a sus nietos.

Se brindó a la actividad social. Fue impulsor del Círculo de Ajedrez, del Club de Fútbol Rovers, y dedicó una muy intensa parte de su vida a la política. Sus ideales de justicia social, de honradez, de democracia y de defensa de los más débiles lo llevaron a identificarse fuertemente con la izquierda y con el Partido Socialista durante toda su vida.

Logró con su esfuerzo la independencia económica, que lo podría haber llevado a una vida cómoda; sin embargo, optó por la lucha y por la construcción de una sociedad más justa y solidaria. A ella se entregó y por eso pagó tributo.

En nuestro Partido y en nuestro Frente Amplio se entregó con una generosidad sin límites, haciendo todas las tareas sin buscar protagonismo, repartiendo volantes, doblando listas, participando de las reuniones y corriendo riesgos en los momentos más difíciles.

A Héctor lo conocí en los años setenta, cuando me integré al Partido Socialista, que en ese tiempo había sido declarado ilegal. Su casa era uno de los lugares donde llegamos a reunirnos en los momentos de las primeras persecuciones. La dictadura no le perdonó su apego a la democracia ni a la izquierda, y lo destituyó de Salud Pública. Sin embargo, no se doblegó. Una vez lo convocó el entonces Jefe de Policía de la dictadura para preguntarle acerca de sus convicciones. Eran momentos muy difíciles, pero no se amilanó y declaró que era socialista, con todos los riesgos que ello representaba.

Hombre de una profunda ética, la practicaba, sin ostentar en palabras; era sencillo, como es la característica de las almas grandes.

Así como hicimos cuando lo fuimos a acompañar a su lugar de descanso, tenemos que decir aquí también, en esta Cámara, que su Partido Socialista y su Frente Amplio en el departamento de Soriano le agradecen su entrega, su lealtad y su sacrificio; que su Partido Socialista y su Frente Amplio se sienten profundamente orgullosos de su vida y de su militancia y que hoy nuestras banderas, que para nosotros son el símbolo de los ideales, de la justicia social, de la democracia y de la lucha de muchas generaciones que brindaron lo mejor de sí para construir una vida más justa, se han inclinado ante el doctor Héctor Rodríguez y se le ha guardado en el corazón como ejemplo, como hombre bueno y como hombre de dignidad.

Poco antes de llegar al cementerio, su señora esposa nos decía: "No pudo llegar", refiriéndose a que no pudo llegar a ver el triunfo del Frente Amplio-Encuentro Progresista. Nosotros decimos que eso le pasa a las almas nobles y él fue una de ellas. Sembró toda su vida y dejó todo pronto para la cosecha. Los frutos están prontos para ser cosechados por todos: por su Partido Socialista, por su Frente Amplio, por la izquierda y por la sociedad en su conjunto.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Partido Socialista, al Frente Amplio y a su familia.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Machado).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veintinueve en treinta y uno: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Obispo.

SEÑOR OBISPO.- Señor Presidente: queremos referirnos brevemente a una situación que se origina en Paysandú con el único cajero automático del Banco de la República Oriental del Uruguay, que precisamente está ubicado en la sucursal de dicho banco.

Todos sabemos que cada día son más los ciudadanos que reciben sus haberes a través de este mecanismo, que se ha extendido notablemente, y que además son muchos los clientes del banco que hacen uso de esta ventaja. Por lo tanto, es frecuente que en el cajero automático se formen largas filas para el retiro de los haberes que se depositan los días de cobro.

Se nos ha informado por parte de la Gerencia de la Sucursal de Paysandú del Banco de la República que estos equipos están diseñados para realizar entre 5.000 y 6.000 operaciones mensuales. Sin embargo, el equipo que está instalado en esa sucursal del Banco de la República realiza un promedio de 12.000 operaciones mensuales, o sea que duplica su capacidad.

Se nos informó, además, que estaría prevista la instalación de un cajero en otra zona de la ciudad y que el equipo se encuentra en la Aduana, de esto hace ya bastante tiempo. Por lo tanto, entendemos que es de suma necesidad que a la mayor brevedad posible se habilite el funcionamiento de otro cajero, que normalizaría el funcionamiento de estos equipos. Además, se daría más comodidad a los clientes del banco, que tendrían mayores posibilidades operativas y se evitarían las largas colas que hemos visto últimamente, casi siempre a la intemperie, al rayo del sol o bajo lluvia.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Amorín Batlle)

——Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco de la República Oriental del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y uno en treinta y tres: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

Se entra al orden del día.

En mérito a que no han llegado a la Mesa las respectivas listas de candidatos, si no hay objeciones correspondería aplazar la consideración de los asuntos que figuran en primero y segundo término del orden del día, que refieren a la elección de miembros de la Comisión Permanente y de la Comisión Administrativa de Poder Legislativo para el Quinto Período de la XLV Legislatura.

Corresponde pasar a considerar el asunto que figura en el tercer término del orden del día, relativo al Acuerdo con el Gobierno de la República de Finlandia relativo a la Promoción y Protección de Inversiones.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: solicito el aplazamiento de este asunto.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Se va a votar lo solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Clientes de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera cuyos ahorros hubieren sido aplicados a la adquisición de certificados de depósito en instituciones financieras con sede exterior. (Se declara, por vía interpretativa, que están comprendidos en la facultad conferida al Banco Central del Uruguay por el artículo 31 de la Ley Nº 17.613)".

(ANTECEDENTES:)

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: el artículo 31 de la Ley Nº 17.613, de fortalecimiento del sistema bancario, facultó al Banco Central del Uruguay a otorgar a los ahorristas de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera, cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones sin mediar su consentimiento, los mismos derechos que corresponden a los demás ahorristas de dichos bancos.

A tales efectos, el Banco Central conformó una Comisión para que se expidiera respecto de la inclusión de tales ahorristas en el carácter de ahorristas de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera. Esta es la solución que dispuso la Ley Nº 17.613. Lo que dispone esta norma es un análisis caso por caso de la situación de cada uno de estos ahorristas para comprobar su calidad de tales luego de que sus depósitos hubieran sido transferidos al exterior sin mediar su consentimiento. Al tiempo en que esta Comisión se encuentra trabajando y analizando caso a caso la situación de cada una de las personas que se presentaron reclamando ser incluidas en la calidad de ahorristas de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera, nos viene a consideración del plenario un proyecto modificativo de esta norma. Este proyecto modificativo termina con la solución caso a caso y establece, sin discriminaciones, una solución distinta y genérica.

Esta norma que estamos analizando en la tarde de hoy, que dice ser interpretativa, aunque a nuestro criterio cambia completamente las pautas y lo votado anteriormente, lo que hace es disponer una solución genérica por la cual todos los clientes de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera, titulares de cajas de ahorros o depósitos a la vista o cuentas corrientes o depósitos a plazo fijo, cuyos ahorros fueron aplicados a la adquisición de participaciones en certificados de depósito de instituciones financieras con sede en el exterior, pasan a ser considerados como ahorristas de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera. Quiere decir que la norma que estamos considerando en la tarde de hoy modifica el criterio, pasando del análisis caso por caso a un criterio genérico en el que todos estarían comprendidos.

Desde nuestro punto de vista, esta situación se transforma en una solución injusta para los ahorristas de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera que tenían sus dineros depositados en Uruguay, en la medida en que la inclusión de este conjunto de ahorristas en la masa de la liquidación de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera va a disminuir la prorrata de lo que tienen para cobrar los ahorristas cuyos dineros quedaron depositados en Uruguay.

Por tanto, considero que esta norma, que se dice interpretativa y que en realidad es modificativa -porque cambia la solución caso a caso por una genérica-, resulta inconveniente; además, es injusta porque concretamente perjudica a todos aquellos ahorristas que dejaron sus dineros depositados en Uruguay. Creo que la solución justa es la que se prevé en la ley original, en la medida en que hay un análisis caso a caso, ya que todos aquellos que vieron transferidos sus dineros al exterior sin haber expresado su consentimiento van a estar comprendidos por la disposición vigente, luego del informe de la Comisión que se encuentra trabajando y realizando los análisis correspondientes.

En virtud de lo expresado, y a los efectos de no generar un perjuicio a aquellos ahorristas que tenían depositado menos de US$ 100.000 y que hoy tienen una expectativa cierta de recuperarlo en su totalidad, vamos a votar negativamente este proyecto y sugerimos al Cuerpo su rechazo.

SEÑOR LEGLISE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR LEGLISE.- Señor Presidente: nuestro informe también es en minoría, pero es a favor de la aprobación de este proyecto. Quienes firmamos este informe estamos convencidos de que este proyecto de ley, que tiene media sanción -ya fue aprobado en el Senado-, puede contar con la aprobación de la Cámara de Representantes.

Sin duda, el artículo 31 dio al Banco Central y, en definitiva, a la Comisión integrada por tres juristas reconocidos de nuestro medio, las potestades para que, de acuerdo con la cantidad de peticionantes, definieran la posibilidad de ingresar a la masa de ahorristas de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera. Lamentablemente, más de mil cuatrocientas reclamaciones presentadas -hubo nueve o diez excepciones, según pudimos ver cuando tratamos el tema en la Comisión de Hacienda- no tuvieron andamiento. Para nosotros esto no es un cuestionamiento a la Comisión, que se atuvo a lo que establecía la Ley Nº 17.613. Pero, sin duda, nosotros no quedamos conformes con esta situación. Por eso, inmediatamente después de que el Banco Central constituyó esta Comisión y se trajo el tema al plenario, supimos que el Banco de Montevideo utilizaba publicidad, no diríamos para engañar, pero sí para inducir a clientes a que depositaran en ese banco, para luego trasladar esos depósitos al TCB de Islas Caimán.

También estaba el aspecto documental, el logo del Banco de Montevideo y el mismo número de cuenta para todos los clientes, hechos que también suponen la inducción a error de los ahorristas. Nosotros estamos convencidos de que los ahorristas fueron inducidos a error.

En el artículo 1º del proyecto de ley se interpreta que la facultad conferida al Banco Central comprende a los clientes del Banco de Montevideo y del Banco La Caja Obrera titulares de cajas de ahorros o depósitos a la vista o cuentas corrientes o depósitos a plazo fijo, cuyos ahorros fueron aplicados a la adquisición de participaciones en certificados de depósito del TCB.

En el artículo 2º se establecen situaciones que quedan excluidas del amparo de este proyecto. No podemos decir que hubo inducción a engaño de aquellos que a través de otras instituciones dieron mandato para que su dinero fuera al exterior.

Finalmente, en el artículo 3º se hace referencia a la autorización al Poder Ejecutivo establecida en el artículo 27 de la Ley Nº 17.613 para poder reforzar, con renuncia de sus créditos, la situación de los ahorristas respecto a lo que pudieran recuperar de los fondos de liquidación.

Por todo lo expuesto, quienes firmamos este informe creemos que es de estricta justicia aprobar este proyecto de ley. Consideramos que es de estricta justicia porque los clientes del Banco de Montevideo, en definitiva, fueron inducidos a error. Por eso estamos dispuestos a acompañar este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑORA CHARLONE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: la verdad es que de toda la crisis del sistema financiero ha quedado una cantidad de puntas sueltas y de damnificados, y esperamos que el Parlamento, poco a poco -y no tan así, porque el tiempo sigue pasando y hay gente que ya tiene muchas necesidades y que ha sufrido mucho por estos temas-, pueda ir subsanando estas situaciones.

Consideramos que toda la operativa que se realizó con TCB constituye una enorme irregularidad. TCB fue utilizado por el grupo Peirano -tal como resulta del expediente penal en sede judicial- para desviar los fondos en beneficio del grupo, en beneficio propio, para atender las necesidades propias y del grupo Velox. Toda esta operativa fue realizada en forma irregular.

Según lo que hemos visto en la Comisión Investigadora, las captaciones para TCB se realizaron a través de dos modalidades básicas, ambas irregulares. Una de las modalidades consistía en que en los mostradores de Banco de Montevideo se captaban, en forma directa, depósitos de clientes para TCB Caimán. Que esto fue realizado en forma irregular no lo decimos nosotros; lo reconocen los propios Peirano. En un "mail" de José Peirano dirigido a Javier Carlevaro, que fue proporcionado a la Comisión Investigadora, se dice: "Querido Javier: El otro día estuve con José viendo una serie de cosas respecto al TCB, y uno de los temas que surgió fue el tema de referencia.- Sé que por instrucción de Juan y por necesidades de BM, se avanzó en la apertura de cuentas en forma directa de clientes del BM en TCB, para bajar un poco la exposición que se tiene.- El problema que hay desde TCB, es que cuando uno aplica este criterio en forma masiva, los riesgos que se corren son enormes, ya que TCB no puede captar fondos de residentes.- Y mi preocupación pasa por que en las sucursales de BM se está vendiendo en forma directa TCB y esto es, parafraseando a nuestro presidente Batlle 'como fumar adentro de una garrafa', ya que se puede estar vendiendo tanto a residentes como a no residentes; y me animaría a decirte que la mayoría de los clientes de las sucursales son residentes". O sea que aquí José Peirano está reconociendo abiertamente que la captación directa, que era una parte de la operativa que se realizaba en forma masiva, era toda irregular. Esto también fue reconocido por el Superintendente del Banco Central, doctor Barrán, ante la Comisión Investigadora, porque de acuerdo con la recopilación de normas del Banco Central, para realizar este tipo de operaciones en forma habitual tiene que haber un contrato, en este caso entre el Banco de Montevideo y TCB. Pero ese contrato, que tenía que estar autorizado por el Banco Central, nunca existió.

En realidad, esta parte de la operativa -que constituye un tema un poco introductorio- no es lo que nos ocupa hoy; lo que trataremos es otra forma de operaciones y de colocaciones también realizadas de manera absolutamente irregular. ¿Qué se hacía? El Banco de Montevideo compraba depósitos en TCB y luego los vendía en partes a sus clientes; se los vendía en particiones, en certificados de depósito, en una operativa montada, dedicada a realizar masivamente estas operaciones, en primer lugar, porque necesitaban que se colocara en TCB porque era la forma que tenían para desviar los fondos en beneficio propio. En segundo término, la operativa se hacía en forma irregular, con personal especialmente capacitado para inducir a engaño a los clientes, con una folletería totalmente distinta a la de las otras modalidades de operaciones que se realizaban como colocaciones directas. Las colocaciones directas sí decían "TCB Caimán". Nosotros hemos visto muchísima documentación en la que se advierte que las operaciones se realizaban en formularios del Banco de Montevideo, con los clientes habituales del Banco y con un logo enorme de la institución. En las certificaciones de saldos había un enorme logo del Banco de Montevideo. En muchas de ellas ni siquiera decía "TCB Caimán"; en algunas aparecía escrito chiquitito, con birome.

Se ha dicho que es muy difícil determinar en qué casos los clientes dieron lícitamente su consentimiento. Es posible que lo sea, pero esta Comisión que se creó por el artículo 31 de la Ley Nº 17.613 consideró cada situación con elementos normales de consentimiento, estudió los elementos normales de una operación lícita, sin tener en cuenta en absoluto que esto fue una maniobra destinada a engañar a los clientes. De eso no se tomó nota. Repito: de esto no se tomó nota, y es obvio que no se hizo porque cuando interrogamos a representantes de esa Comisión asesora y del Banco Central nos dijeron que de ochocientos cincuenta casos sobre los que la Comisión se había expedido, solo había seis o siete en los que había fallado en forma afirmativa, o sea, considerando a esa gente como ahorristas normales. ¿Por qué? Porque era gente que había dado la orden expresa de que el dinero fuera a Gran Caimán y después había dado la orden expresa de que el dinero volviera a Uruguay. Pero la Comisión no se da cuenta de algo que nos consta: en muchos de estos casos la gente fue engañada. Y estimamos que esos casos son muchísimos, porque la maniobra estaba dirigida, precisamente, a tratar de que la gente desviara los recursos.

No me deja nada tranquila el tipo de control que está realizando hoy el Banco Central. Cuando vinieron los representantes de esta Comisión asesora y del Banco Central, les preguntamos qué tipo de controles tenía que ejercer el Banco sobre las particiones que se estaban colocando de esta manera. En aquella oportunidad, cité una carta que el Banco de Montevideo había dirigido al contador César Rodríguez Batlle y recordaba que allí se hacía referencia a este tipo de operaciones. Esta carta -que tengo aquí y forma parte de los anexos que hemos presentado en la Comisión que investiga la situación del sistema financiero y bancario-, fechada el 13 de marzo de 2002, dice: "16.- El Banco de Montevideo opera desde 1997 vendiendo a clientes participaciones del Trade & Commerce Bank. En esa fecha, aún no había sido dictada la circular que hoy exige la denuncia formal de los documentos que se ofrecen al público en el sistema bancario". Quiere decir que en algún momento que no podemos precisar -le preguntamos acerca de esto al Banco Central, y ni los Directores ni los asesores jurídicos pudieron contestar de cuándo eran esas disposiciones o de qué tipo de normas se trataba- apareció una circular que exigía que si se vendían particiones, como se hizo con el TCB, la documentación tenía que ser puesta en conocimiento del Banco Central. Esto no pasó, y lo desconocieron cuando vinieron a Comisión; no sabían decirnos cuál era esta norma. Sin duda, los Peirano están mucho más informados de la normativa del Banco Central que la propia institución. ¡Claro!, ¿cómo se iba a poner en conocimiento esta documentación si eran los formularios del Banco de Montevideo? ¿Cómo iban a hacerlo si parecían operaciones normales del Banco de Montevideo?

Se ha dicho mucho sobre toda la situación de TCB. La verdad es que cuando las situaciones son críticas, muchas veces se enfrentan damnificados contra damnificados, porque lo que hay para repartir es poco y, de alguna manera, todo el mundo trata de defender lo poco que pueda rescatar. Nosotros entendemos que esta gente ha sido damnificada como también han sido damnificados los ahorristas normales, los tenedores de eurobonos y euronotas -para quienes también habrá que buscar una solución-, y ni hablar de los ahorristas del Banco de Crédito.

Lo cierto es que aquí hay un doble perjuicio, pues fueron damnificados porque la falta de controles del Banco Central permitió que la planta se esfumara o que no fuera realmente al TCB, sino a otros lados. Además, fueron damnificados porque se trató de operaciones que se hicieron con violencia en el consentimiento.

No creo en lo que aquí se ha dicho muchas veces: "¡Ah!, bueno, si son montos pequeños, entonces esta gente no sabía lo que estaba haciendo -hay que poner un tope-, pero si son montos más grandes, entonces tenían conocimiento de lo que estaban haciendo". Me parece que este no es un criterio para determinar quiénes estaban enterados y quiénes no, pues esto se instrumentó en forma masiva.

Yo no puedo afirmar -lo quiero decir con mucho énfasis-, de ninguna manera, que al votarse este proyecto de ley tal como está hagamos ciento por ciento de justicia en todos los casos. No puedo decir -porque no soy tonta- que todos quienes depositaron en el TCB ignoraban que la plata iba a las Caimán; sí puedo decir que muchos no tenían conocimiento de que la plata iba a las Caimán. La verdad es que a esta altura del partido cuesta elegir, pero yo voy a optar por quienes no sabían porque con todo esto del sistema financiero vengo un poco cansada de que siempre sean los inocentes quienes paguen por pecadores.

Muchas gracias.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: solo queremos dejar constancia de que adherimos a los fundamentos de la señora Diputada Charlone.

Nosotros no compartimos la forma en que está organizado el sistema financiero en nuestro país -sería un tema muy largo de desarrollar- y estamos convencidos de que en este país hubo una gigantesca estafa a raíz de la cual hay muchísimos perjudicados. El Parlamento realizó una investigación muy seria, pero todavía falta mucha tela por cortar y muchas responsabilidades particulares y públicas por definir; recién apenas se están dilucidando algunas cosas de las muchas que ocurrieron. Pero los tiempos no son los mismos para la gente que está esperando, y esta es la razón que tenemos para apoyar lo expuesto con claridad por parte de la señora Diputada Charlone.

Asimismo, queremos señalar que hay un antecedente, que se dio para la situación del Banco Comercial con relación al Comercial Investment, situación que motivó que nuestro sector hiciera una conferencia de prensa, porque de la investigación que lleva adelante el Juzgado correspondiente -del informe de los contadores que asesoran al Juez- surge que hubo un retorno total de los depósitos de esas personas.

Esto podría suponer un tratamiento desigual, que nosotros queremos atemperar lo más posible. De este desastre económico que vivimos, y de todo lo que ha sucedido, no solo quedarán heridas sino también injusticias. Y sabemos que en el paquete se van a colar algunos granujas, pero aceptamos esto en la medida en que hay mucha más gente que de buena fe creyó en un sistema. Hubo un grupo económico, en este caso la familia Peirano, que montó un mecanismo expresamente. Nos guste o no, eso sucedió en nuestro país, y no tenemos que agarrárnosla con el mensajero, que en este caso es la gente que de buena fe eligió un banco y eligió un sistema que el país proponía. Quería hacer estas precisiones en nombre de nuestro sector.

Nosotros vamos a acompañar el proyecto, en el entendido de que es un pasito para solucionar una cantidad de cosas más que hay que solucionar; en algunas no hemos tenido suerte, pero se tiene que ir desbrozando esta maraña que ha dejado tanta pena en los uruguayos.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Amorín Batlle).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: como lo hemos hecho en la Comisión de Hacienda y también en el Senado, consideramos que este proyecto tal cual está redactado es inconveniente y, por lo tanto, votaremos negativamente.

En aquellos aciagos momentos de 2002 -entre los meses de julio y diciembre- se consideró la situación general de un sistema financiero que había colapsado; había muchas situaciones inmanejables y otras que se trató de encauzar con el esfuerzo de todos, y el 26 de diciembre de 2002 se votó la Ley Nº 17.613.

En esa ley, en una situación muy compleja, en la que la crisis aparecía por todos lados, se tuvo en cuenta esa situación. Tanto es así que el artículo 31 establece: "Facúltase al Banco Central del Uruguay a otorgar a los ahorristas de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera, cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones sin mediar su consentimiento" -este fue un elemento decisivo y largamente analizado, fundamentalmente en la Comisión de Hacienda del Senado, a la que concurrimos dado que los plazos eran muy exigentes y no se pudo realizar un examen exhaustivo en cada una de las Cámaras, por lo cual el proyecto se discutió prácticamente en una de ellas- "los mismos derechos que correspondan a los demás ahorristas de dichos Bancos.- A dichos efectos y por acto fundado, el Banco Central del Uruguay conformará una Comisión que se expedirá en un plazo máximo prorrogable de 60 (sesenta) días".

Creemos que acá estaba contemplada la situación. Entiendo que cada ahorrista que efectivamente haya podido comprobar que se hizo una transferencia "sin mediar su consentimiento" -como establece la ley-, a espaldas de su voluntad y deseo, tendrá que demostrar de la manera más adecuada que se actuó de esa manera.

Este proyecto de ley es inconveniente en virtud de procurar una solución general para los referidos ahorristas, generalizando situaciones distintas que deben ser consideradas individualmente. Abandona el requisito de la ausencia del consentimiento como pilar determinante del reconocimiento de la calidad de ahorrista de los citados bancos para aquellos que tenían sus dineros depositados en instituciones financieras del exterior. El proyecto resulta, asimismo, injusto al perjudicar a los ahorristas que conservaron sus depósitos en el Uruguay, quienes verán reducido el monto a recuperar de sus dineros, en razón de disminuir la prorrata por incorporarse por la vía de la ley un mayor número de ahorristas.

En la Comisión de Hacienda hemos escuchado informes y recibido antecedentes referidos a que muchos ahorristas que fueron sorprendidos en su buena fe no tendrían posibilidades de demostrar eso de manera concluyente. En definitiva, habría que buscar alguna fórmula que flexibilizara la norma de aquella ley de diciembre de 2002. Ya cuando recibimos a las distintas delegaciones de ahorristas en la Comisión de Hacienda, la señora Diputada Charlone y quien habla tuvimos oportunidad de ver todas las tretas y artimañas que se usaron. Y en estos días hemos recibido información en el sentido de que el famoso TCB era, prácticamente, una oficina inexistente en las Islas Caimán, inclusive mucho tiempo después de la crisis. Tal vez la mínima referencia que se hacía al banco no solo era -como aceptamos- para confundir a los ahorristas, sino también para no expresar la formalización de una transferencia a un banco inexistente.

En la tarde de hoy veíamos con el señor Diputado Rossi que bastante tiempo después, cuando el tema fue examinado en los tribunales de Nueva York, recién se tomó algún recaudo o precaución para procurar la instalación de una oficina -aunque fuera mínima, apenas con un escritorio- que funcionara en las Islas Caimán y que pudiera registrarse con la sigla TCB.

Lo cierto es que en una u otra circunstancia, en caso de que esos fondos hayan sido transferidos al exterior o hayan ido a parar a las arcas de los Peirano, es claro que en ambos casos se los quería sacar del circuito bancario nacional y ubicarlos con otros recaudos y precauciones. El dinero habrá ido a las Islas Caimán o se habrá quedado en una oficina en alguna financiera. Se desconocen cuáles habrán sido los usos; se habla de que ese dinero fue destinado a la compra de la cadena de supermercados Disco, pero todavía existe la duda de si dicha cadena fue efectivamente transferida por los Peirano o si esa transferencia todavía no tuvo las formalidades del caso.

De todos modos, durante muchos años hubo, sí, gente que depositó cifras muy importantes. Hace un momento se señalaba que la cantidad, la cifra, no hace a la cosa. ¡Desde luego que es así! Lo tenemos bien claro: no hay una línea divisoria neta entre quien colocaba mucho dinero y tenía buena información y el que colocaba poco y no tenía ninguna información. Sabemos que esa línea representa una continuidad de situaciones y reconoce variantes de distinta naturaleza. Y también tenemos bien claro -no podemos apelar a otro punto de referencia que no sea el sentido común- que si alguien coloca mucho dinero en el exterior, durante muchos años, no es razonable pensar que esa persona desconozca cuál es el destino de sus fondos; esto no es creíble.

Recordemos que en aquella época se daba una situación especial: teníamos la experiencia de lo que estaba ocurriendo en el sistema bancario argentino, donde se había instalado el corralito. Entonces, por lo menos en la expectativa de los ahorristas y en la opinión pública estaba la idea de que esa situación podía transferirse al Uruguay. También estaba el deseo de sacar los recursos del circuito financiero y bancario nacional para ponerlos a buen recaudo en el exterior. Después, felizmente, las cosas en el Uruguay transcurrieron por un camino distinto al de la Argentina. Lo cierto es que en este país hay gente que dejó sus ahorros en Uruguay y asumió el destino y la suerte de lo que ocurría en nuestra plaza financiera. También es cierto que, con mayor o menor grado de conocimiento, hay quienes se afiliaron a la tesis de que era mejor tener el dinero en el exterior.

Así es que este proyecto se asemeja a un "perdona tutti" o a un "contempla tutti" -si se me permite la expresión- para contemplar todas las situaciones. Como han dicho Diputadas y Diputados preopinantes, puede ser que un proyecto de ley como el que estamos analizando contemple a gente que, a conciencia, sabía que sus recursos se estaban colocando en el exterior y quería obtener una mejor tasa de interés, así como las "garantías" -entre comillas- que les podía ofrecer la colocación de su dinero en el exterior. Entonces, quería sacarlo para evitar los riesgos que podía correr nuestra plaza financiera. Esa gente ahora se está sumando al conjunto de personas que honestamente desconocían la situación. Mucha de esa gente hoy está aquí presente en la barra; nosotros la recibimos en la Comisión de Hacienda.

Además, vimos los documentos y somos conscientes de que existió la intencionalidad de ocultar a la gente las condiciones reales que firmaba en determinados documentos. Esta es la famosa letra chica: cuándo pedimos una tarjeta de crédito o cuando solicitamos un crédito a un banco, ¿todos somos tan precavidos, tan cautelosos y nos asesoramos de la debida forma para saber efectivamente en qué consiste el contrato que estamos firmando? Seguramente no. Pero en el caso que estamos analizando nadie duda de que cuando se estampó la firma con suficiente información, recaudos y precaución, el firmante asume las responsabilidades del caso. ¿Qué había que hacer? Asesorarse previamente en forma adecuada y no pretender después que se cambie la situación preexistente por el desconocimiento de lo que se debía saber.

De todas maneras se actuó con alto realismo, muy a la uruguaya, con esta salida desde la ley de fortalecimiento del sistema financiero, con la creación del Nuevo Banco Comercial y contemplando la situación de los distintos ahorristas. Entonces, con mayor o menor convicción, con mayor o menor compromiso con las normas que se fueron aplicando, en alguna medida todos los partidos contribuimos a que estas normas fueran permitiendo encauzar un sistema financiero que, todavía con enormes carencias, sin duda está en un camino de franca recuperación si consideramos la situación imperante en julio del año 2002.

Aceptamos que ante determinadas circunstancias debe contemplarse la situación. Por eso nosotros -como lo hicimos en el Senado y en la Comisión- establecimos parámetros más restrictivos en cuanto a la institución que ha de ser contemplada, para no favorecer a otras que no tienen nada que ver. Creo que se está hablando de presentar un proyecto sustitutivo restrictivo. Bienvenido sea; en ese aspecto estaríamos de acuerdo. Nosotros creemos que se tiene que restringir. Mantenemos un criterio amplio, como el de los US$ 100.000 -el mismo que se manejó en la ley de diciembre de 2002- y con los plazos en que se tendría que tomar en cuenta esta situación.

Reiteramos que no creemos que quien durante muchos años tuvo el dinero en el exterior desconociera que no estaba en el circuito bancario nacional. Por eso presentamos un proyecto que dice lo siguiente: "Artículo 1º.- Declárase que cuando no resulte posible la prueba acerca de la ausencia de consentimiento a que alude el artículo 31 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, la facultad conferida al Banco Central del Uruguay por dicho artículo comprende a los clientes del Banco de Montevideo y del Banco La Caja Obrera, titulares de cajas de ahorro o depósitos a la vista o cuentas corrientes o depósitos a plazo fijo, cuyos ahorros fueron aplicados por primera vez a contar desde el 31 de diciembre de 2001 [...]". He aquí el alcance que le damos a nuestro proyecto: que se establezca una fecha límite. Se podrá decir que siempre puede haber algo de arbitrariedad -¡por supuesto que sí!-, pero creemos que más arbitrario sería no fijar ninguna fecha y contemplar situaciones absolutamente distintas con un mismo criterio. Por consiguiente, creemos que es necesario determinar alguna fecha y nos parece que esa es la prudente.

Continúo con la lectura del proyecto: "[...] a la adquisición de participaciones en certificados de depósito emitidos por el Trade and Commerce Bank. El reconocimiento de este derecho operará, en el caso de cada cliente hasta por un monto máximo equivalente a US$ 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América), salvo que se demuestre que existió voluntad de realizar dicha aplicación de parte de dichos clientes.- Artículo 2º.- Declárase que no están comprendidos en lo dispuesto por el artículo precedente quienes:.- a) sin ser clientes de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera eran titulares de depósitos en el Trade and Commerce Bank; b) instruyeron a los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera para la realización de sus operaciones a través del Trade and Commerce Bank; c) hubiesen adherido a acuerdos de pago en el Trade and Commerce Bank.- Artículo 3º.- Interprétase que la autorización conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 27 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, comprende la facultad de establecer la renuncia recíproca de acciones judiciales y arbitrales con aquellos depositantes que resulten beneficiarios por lo dispuesto en dicha norma".

Este es el proyecto de ley sustitutivo que hemos presentado y que modifica las normas vigentes del artículo 31 de la ley de diciembre de 2002, que contempla situaciones de justicia que tal vez la propia ley no había permitido con un sentido muy estricto, pero al mismo tiempo acota los alcances de la autorización que otorga la ley a términos que desde nuestro punto de vista son razonables.

Es por estos fundamentos que vamos a votar negativamente este proyecto.

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Blasina.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: evidentemente, estamos ante un caso que no se puede presentar, como se dice habitualmente, en blanco y negro.

La primera interrogante que se nos plantea es la razón de fondo por la cual aparece en el Senado de la República la iniciativa que hoy está a consideración de esta Cámara, cuando estaba en vigencia lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 17.613. Esta operativa, que creó la Comisión tripartita integrada por tres abogados -en ningún momento hemos tenido conocimiento de que hayan sido objetados en sus funciones-, prácticamente quedó sin efecto con la aparición de este proyecto en el Senado.

Ese proceso tenía un contenido que para nosotros es muy importante porque no se agota en la consideración de este proyecto y se refiere no solamente a los problemas de los ahorristas, sino también a los problemas de los deudores, o los vinculados a los sucesivos refinanciamientos operados en la banca oficial, fundamentalmente en el Banco de la República. Asimismo, se refiere a una cuestión que para nosotros siempre fue fundamental en lo que tiene que ver con el estudio caso por caso. Siempre nos pareció que esa era una cuestión fundamental en cualquiera de las situaciones que hemos citado. De hecho, lo que se produce con la aparición de este proyecto en el Senado es la clausura del estudio que venía efectuando esa Comisión. Había llegado a algunas conclusiones -es cierto-, pero precisamente lo que se nos informa y lo que luego verificamos es que las conclusiones a las que había llegado esa Comisión tripartita hasta el momento en que operó, eran que efectivamente se había producido un fraude, una especie de estafa -no tengamos miedo a utilizar este término-, porque algunos ahorristas, depositantes conscientes en el TCB utilizando la vía directa, después pidieron que sus depósitos fueran transferidos a una cuenta -llamémosle normal- en el Banco de Montevideo, y nunca obtuvieron respuesta. La Comisión constituida constata esto y es por eso que determina que en esos siete casos les asiste la razón.

Obviamente, por un hecho de un peso enorme habían solicitado que sus fondos fueran transferidos a las cuentas -digamos normales- a plazo fijo del Banco de Montevideo, y este no les respondió. Esos ahorristas presentaron las pruebas ante esa Comisión tripartita que, constatando ese hecho, los incluyó dentro de lo previsto en el artículo 31 de la Ley Nº 17.613. Pero el problema, señor Presidente, es que hoy no sabemos a ciencia cierta -no descartamos el hecho de que haya habido algunos ciudadanos efectivamente engañados- cuál es el resultado del estudio caso por caso, y eso para la determinación de la posición en este tema nos resultaba y nos resulta una cuestión absolutamente imprescindible.

¿Qué es lo que sustituye lo previsto en el artículo 31 en cuanto a este estudio? Nada. Entonces, creemos que es harto razonable -insisto: sin presentar el asunto en blanco y negro- que se vuelva a lo que estaba prescrito en el artículo 31 de la Ley Nº 17.613, y que la Comisión tripartita pueda continuar con su estudio, porque en realidad si esta norma que se aprobó en el Senado no es aprobada en la Cámara de Diputados, queda vigente la anterior.

Analizando los hechos con la relatividad que ellos tienen -y siendo coherentes con cosas que sostuvimos siempre ante situaciones diferentes, pero que en definitiva apuntaban a determinar cuál era la situación concreta de un deudor, fundamentalmente del Banco de la República, cuando se planteaban los refinanciamientos u otro tipo de situaciones en el sistema financiero-, creemos que esto es más conveniente para los intereses generales.

En consecuencia, a pesar de que la situación es delicada y difícil, nos inclinamos por no acompañar esta norma que se votó en el Senado y mantener en vigencia el artículo 31 de la Ley Nº 17.613.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Guarino)

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: lamentablemente, el Senado de la República, quizá como consecuencia de los tiempos electorales que vivimos, aprobó un proyecto de ley que a todas luces pretende, en nombre de la crisis del sistema financiero, introducir en un tema que estaba resuelto por la ley aprobada en diciembre del año 2002, nuevos elementos que abren las compuertas para que, en definitiva, ahorros que estaban en los hechos en el exterior del país sean considerados como locales.

Se ha señalado, y con razón, que en algunos casos ha existido una suerte de incitación a personas, que a veces no tienen conocimiento de la situación. a trasladar esos ahorros a la famosa cuenta del TCB. Lo cierto es que el artículo 31 de la ley que votamos en diciembre de 2002 establecía claramente la facultad al Banco Central para que cuando no mediara consentimiento los derechos de estos ahorristas fueran tratados como los de los ahorristas locales. Lo que ha pasado es que, a la hora de demostrar un hecho tan relevante como la existencia o no de consentimiento, no se han podido establecer ante la Comisión tripartita del Banco Central elementos de juicio probatorios en tal sentido.

Es más: en la mayoría de los casos, de acuerdo con lo que nos informaban los abogados que integraron esta Comisión y que estuvieron presentes en la Comisión de Hacienda, lo que aparece es que estos ahorristas -algunos inducidos seguramente a lo que no era su voluntad, pero que en definitiva así lo hicieron- firmaron en un formulario del Banco de Montevideo la administración de valores.

En ese formulario de custodia de valores se establecen condiciones generales de administración de inversiones. Entre otras consideraciones, el numeral 2 determina que estas condiciones generales de administración de inversiones dan poderes amplísimos al Banco de Montevideo para que, por ejemplo, se establezcan facultades de administración sin que esta enumeración sea taxativa. Y sigue: "quedan comprendidas en las facultades de administración que se conceden, las de: a) comprar y vender en bolsa o fuera de ella títulos de crédito públicos o privados, acciones u otros valores nacionales o extranjeros, cotizados o no en bolsas de valores nacionales o extranjeras; b) realizar y retirar depósitos, sean a la vista, a plazo o en cualquier otra modalidad, en otras instituciones financieras nacionales o extranjeras; c) realizar colocaciones en fondos de inversión nacionales o extranjeros; d) realizar operaciones de arbitraje; e) contratar futuros y/o opciones sobre valores financieros o productos básicos; f) mantener los activos administrados en simple depósito en el mismo Banco, a la vista o a plazo fijo; g) cobrar intereses, dividendos, cupones, presentar títulos para su amortización, cancelación o renovación; h) asistir por mi cuenta y orden" -es decir, a cuenta y orden del ahorrista- "a las asambleas de obligacionistas, acreedores, accionistas o cualesquiera otras que fueran convocadas o se realizaren con relación a los valores administrados".

En el numeral 1 -que vale la pena leer- se establecía: "Salvo disposición especial y por escrito en contrario, el Banco de Montevideo S.A. se considerará autorizado para realizar la administración, en mi nombre" -en nombre del ahorrista- "y representación, o a nombre del Banco pero por mi cuenta, orden y riesgo, de todos los valores y sumas de dinero depositados o que deposite en el futuro en el mismo".

Vale decir que las facultades otorgadas por gran parte de estos ahorristas fueron amplísimas y, en consecuencia, más allá de que se pueda aducir la existencia de una inducción, esta no puede considerarse de ninguna manera la generalidad. En todo caso, si como nosotros entendemos, ha habido dolo por parte del administrador del entonces Banco de Montevideo S.A., a quien le corresponde juzgar y calificar la existencia de ese dolo es a la Justicia, al Poder Judicial. Entonces, uno se pregunta qué labor cumple el Poder Legislativo en este caso. Si sentamos este precedente que consagró el Senado como un proyecto de ley, muchos uruguayos también se van a sentir en el derecho de reclamar al Estado cuando en el ámbito privado son estafados o resultan con pérdidas como consecuencia de operaciones fraudulentas. Este es el precedente que se genera. En lugar de establecerse y recorrerse el camino de la Justicia, es el Estado uruguayo el que de alguna manera se hace cargo de esta situación -vamos a decirlo claramente- a expensas de otros ahorristas.

Lo que el Estado uruguayo estableció con esa ley votada en diciembre fue un seguro de depósito a posteriori para los ahorristas locales. Lamentablemente, por este proyecto de ley también ahorristas que tenían sus fondos en el exterior, inducidos o no, van a ser contemplados.

En consecuencia, creo que esta Cámara de Representantes debe prestar especial atención a lo que se está votando hoy. Creo que este proyecto de ley debe ser rechazado. Además, pienso que los mecanismos que se instrumentaron en la ley votada en diciembre de 2002 eran hábiles para que aquellos ahorristas que no hubieran prestado consentimiento fueran considerados como ahorristas locales. Allí debió haber quedado cerrada esta situación; creo que es lo que corresponde y lo que dicta todo el cuerpo normativo uruguayo.

Se podrá señalar que estos amplios poderes que se dieron al Banco de Montevideo fueron inducidos, pero, en todo caso, en nuestro país debe primar el sentido de que hay firma de contratos y, en tanto hay contratos firmados, estos deben respetarse. Si hay situaciones de dolo -como estamos convencidos de que las ha habido- por parte del Banco de Montevideo, lo que corresponde es iniciar juicio contra lo que era el Banco de Montevideo a nivel de la Justicia. Eso es lo que corresponde.

Se ha dicho que eventualmente -y en ello coincidimos- puede haber responsabilidad desde el punto de vista de omisiones de control por parte del Banco Central. Allí tendrá que probarse la eventual responsabilidad del Banco Central en estos aspectos de control, pero no es al Poder Legislativo al que corresponde adelantarse en una situación que, en todo caso, tiene que recorrer un trámite en la Justicia.

Por eso, desde nuestro punto de vista, lo que corresponde es rechazar este proyecto de ley aprobado por el Senado de la República. Lo que corresponde, a nuestro juicio -y ese va a ser el voto de la bancada del Partido Independiente-, es votar negativamente este proyecto de ley, que nunca debió haber sido planteado. En todo caso, si se quería legislar para establecer claramente elementos de juicio más concretos que facilitaran el trabajo de la Comisión que está actuando, de acuerdo con lo que establecía el artículo 31, en la órbita del Banco Central, lo que correspondía era habilitar el proyecto presentado por los señores Senadores Couriel y Astori, que fundamentalmente buscaba establecer claramente un marco normativo más acotado a lo que era la realidad, pero no abrir las compuertas para que todo pase.

En consecuencia, este es el fundamento de lo que va a ser nuestro voto.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Tiene la palabra el señor Diputado Pita.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: hace pocos días estuvimos en Cardona, invitados por un grupo de ciudadanos de esa ciudad, hablando con gente vinculada a esa región y su entorno. Esa gente estaba trabajando para buscar soluciones a sus endeudamientos: los de sus familias, los de sus pequeños comercios, los de sus pequeños establecimientos agropecuarios, los de sus pequeñas industrias, los de sus pequeñas empresas. Se trata de familias endeudadas para comprar la vivienda de uso familiar o de gente que se había endeudado para adquirir un calefón, una heladera, una cocina; básicamente, para alhajar un hogar que recién se había instalado. Esa gente está organizada en torno a una expectativa de solución: la cooperativa de deudores. En este caso, era CUSAF, pero hay otras, y tratan de buscar, frente al total desamparo en el que se encuentran -porque no han podido solucionar sus problemas, porque no encontraron manera alguna de ser amparados en la tan difundida solución administrativa que el Poder Ejecutivo anunció con bombos y platillos el año pasado-, cómo hacer para salir de su situación desesperante. Son decenas de miles de familias uruguayas que están en esa situación.

En esa reunión también estaba el señor Diputado González Álvarez; éramos solo dos legisladores y creo que habían invitado a una cantidad muy grande.

Relato esto a las colegas y a los colegas de la Cámara para expresarles un sentimiento que experimento cuando tratamos este tema, que yo ya había manifestado en nuestra propia bancada y en infinidad de reuniones al analizar la crisis de 2002 y distintas medidas legislativas, algunas de las cuales voté en contra y otras a favor, en torno a ese año tan catastrófico para la vida de la mayoría de las familias uruguayas. Planteaba: ¿cómo puede ser que el Estado se aboque a solucionar una sola de las partes del problema? ¿Cómo puede ser que se entienda que es necesario intervenir por ley en los contratos suscritos entre privados, modificarlos por ley, porque se considere que es necesario y justo, y que se diga que con respecto a una de las partes más débiles del desastre de la crisis, no se puede hacer nada, no se puede legislar, no se puede alterar el contrato comprometido? Estamos hablando de gente que se compró una heladera, una cocina, un calefón, una casita, una vivienda o un pequeño comercio en el que trabajaba con su mujer y sus hijos y tenía un empleado, o del pequeño chacrero. Es una cantidad de gente que no estuvo amparada por soluciones administrativas y que no lo está, y en muchos casos está siendo ejecutada.

Lo que quiero, en primer lugar, es que quede en la versión taquigráfica de esta sesión una palabra de compromiso renovado por buscar soluciones a ese gigantesco problema nacional: el problema nacional de la familia uruguaya endeudada para comprar su vivienda, para alhajar su hogar o para tratar de trabajar en una pequeña o mediana empresa de cualquiera de los rubros, ya sea industrial, comercial o agropecuario. Para ellos no hay soluciones y muchos están siendo rematados y ejecutados en el día de hoy. Tengo innumerable cantidad de familias amigas y conocidas que están en esa situación, que no encuentran solución, que están desesperadas, que han puesto en venta la casa por la que ya pagaron mucho más que el valor al que la pueden vender, que no logran hacerlo y que, cuando lo hacen, van a un banco, ofrecen todo lo que les pagan y les dicen que no alcanza. ¡Y chau tu tía con él! ¡Y no hay nada de ayuda de la ley del Estado para esas familias! ¡Nada! ¡Absolutamente nada! Personalmente, estoy todo el tiempo hablando con gerentes de bancos con los que me peleo -aunque a veces encuentro comprensión-, pidiendo por favor ayuda. A veces surgen actitudes positivas para solucionar casos concretos, para ver si se puede cancelar la deuda -felizmente, ahora parece que se puede encontrar soluciones- a gente que vende la casa por la que ya pagó mucho más que el valor por el que la vende ahora para poder vivir tranquila, sin el Jesús en la boca, e irse a alquilar una casa y, por lo menos, estar sin la cruz de esa locura encima. Entonces, se consigue, por suerte, por sensibilidad del Poder Ejecutivo -es justo reconocerlo-, una ampliación de una rebaja, hasta una cifra simbólica, del IMABA para las cancelaciones, ya que se había aprobado por solución administrativa para las refinanciaciones, y la cancelación es una refinanciación al contado; de alguna manera; conceptualmente, es eso.

Esta es la realidad que estamos viviendo. Entonces, no es posible analizar este problema sin tener en cuenta esta realidad y sin recordar cuántas veces intentamos por todos los medios decir que había que encontrar una solución equilibrada entre todas las partes. Siempre se decía: "Si se soluciona esto, liquidamos al otro", pero resulta que estamos intentando solucionar solo una parte a costa de los dineros de toda la sociedad, porque los problemas de las reprogramaciones y de las soluciones a los problemas bancarios, parciales, insuficientes y muchas veces injustas, salen del bolsillo de todos los uruguayos, de los pobres que pagan el IVA, ¡y no hay soluciones para los pobres endeudados que ayudan a los que no son tan pobres a buscar, aunque sea, soluciones parciales! Entonces, hay una sensación de tristeza muy grande con respecto a la situación que se ha procesado en Uruguay por la manera en que hemos administrado las soluciones a las crisis; nos ha quedado una cantidad muy grande de gente por el camino, a la que vamos a tener que buscar solución. Será a través de respaldos estatales que las cooperativas de deudores, de quienes no han sido ejecutados, podrán comprar su propia deuda, consiguiendo créditos más blandos y pagando a más largo plazo la deuda que quieren pagar pero que ahora no pueden cancelar, o a través de otros mecanismos jurídicos que encontremos, si tenemos las mayorías en el futuro más o menos inmediato.

Con respecto a este tema, comparto muchos de los razonamientos que han expresado colegas que sienten que este aspecto estaba contemplado por el artículo 31 de la Ley Nº 17.613. Estoy seguro -como dijo el señor Diputado Blasina- de que no todas las soluciones ni todos los casos están contemplados, pero también entiendo que la solución no es hacer que el Estado -con su sociedad y la comunidad entera- respalde depósitos en el extranjero. A mí me parece que esto es totalmente injusto; no está bien. Aun si tuviéramos dinero, no estaría bien hacerlo. Habría un antecedente de intervención legislativa para un contencioso que debe ser resuelto judicialmente, como decía el señor Diputado Posada. Y también se generaría un antecedente si nosotros respondiéramos en el futuro con una acción de este tipo frente a situaciones que pudieran ocurrir con gente que deposita en el extranjero. Creo que no hay razón para hacerlo. No estoy hablando de justicia, sino de un criterio elemental con el que el Estado debe actuar. El Estado se tiene que hacer responsable por las operaciones que se realizan en el Uruguay y con depósitos que están aquí; no puede hacerse responsable de los depósitos en el extranjero.

Sinceramente, creo que no es buena la solución que se propone; no la comparto y no la voy a votar. Sí acompaño una solución acotada que demuestra sensibilidad y establece un parámetro temporal -arbitrario, pero es una medida- y otro de volumen -arbitrario, pero es una medida-, que propusieron los compañeros Senadores Couriel y Astori en el Senado y que recién acaba de mencionar el compañero Diputado Baráibar. Me parece que esta solución demuestra la voluntad de encontrar algunas soluciones agregadas a este problema, pero acotadas en el tiempo y en el monto, como para tratar de hacer justicia en un concepto equilibrado del conjunto de las situaciones que vivimos en un Uruguay tan pero tan golpeado, tan pero tan lastimado, con tantas familias sufriendo por todo tipo de carencias, de las que el Estado no se hace cargo. Este no se hace cargo de los salarios miserables; no se hace cargo de la desocupación; no se hace cargo de los deudores pobres y no se hace cargo de las familias endeudadas cuyas viviendas se rematan.

Entonces, tiene que haber un equilibrio en la administración de la crisis, y con el proyecto que se presenta este equilibrio no se ha logrado.

Sé que me podrán decir: "Como tú no haces justicia con otros, no la quieres hacer con estos". Creo que hay un problema global de la justicia con la que se debe procesar una crisis de este tipo, cataclísmica, como la que se vivió en Uruguay. Esto debería haberse procesado de una manera globalmente más justa, en la que las injusticias fueran las excepciones, así como aquellas cosas que uno no puede prever o las avivadas que no se pueden evitar, pero teniendo en cuenta a todos los componentes de la sociedad que padecieron la crisis, y no solo a unos pocos a costa del dinero de todos los que también la están padeciendo. Cualquier solución que tiene un costo para el Estado sale del dinero que ponen todos los contribuyentes y la principal recaudación en este país sigue siendo la del IVA, impuesto que pagan tanto los pobres como los ricos.

Entonces, es muy duro votar esto y yo no lo voy a hacer. Yo acompañé con mi firma la propuesta que presentó el señor Diputado Baráibar, que fue la que presentaron en el Senado los señores legisladores Astori y Couriel, porque me parece que es la más equilibrada y la única que votaría si no tuvieran mayoría las otras iniciativas que no voy a acompañar.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Tiene la palabra el señor Diputado Ronald Pais.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: no íbamos a hacer uso de la palabra porque sentíamos que nuestra postura en la Comisión de Hacienda estaba representada por el informe que realizó el miembro informante en minoría, señor Diputado Leglise. En ese ámbito votamos por la afirmativa este proyecto que, como es natural, también vamos a votar afirmativamente en el plenario en la sesión de hoy.

Reconocemos que este es un tema polémico, en el que es muy difícil llegar a una posición en la que uno esté totalmente seguro de estar tomando la decisión más justa, pero para nosotros aquí también se trata de preservar un bien fundamental, que es el de tratar de amparar a aquellas personas que confiaron sus ahorros no a una colocación especulativa en el exterior, sino al manejo de la institución nacional con la cual habían operado, muchos de ellos durante toda su vida. Confiaron en esa misma institución que estaba en su barrio y que estimaban sólida, cuya solidez, además, estaba controlada por la autoridad estatal bancocentralista.

Creo que acá hay gente acostumbrada a hacer especulaciones financieras, a manejar portafolios de inversiones, gente informada de cómo juegan el riesgo y la rentabilidad de las inversiones en todo este tipo de cosas, pero no creo que sea la mayoría, señor Presidente. Creo que la mayoría es gente para la cual la presencia en una entidad bancaria es absolutamente accidental o secundaria en su vida. En todo caso, siempre vieron aquella solidez que todos contribuimos a formar en una gran ilusión. ¡Reconozcámoslo y hagamos una autocrítica! Todos creímos que nuestro sistema financiero era casi a prueba de balas y también que teníamos unos controles que funcionaban aceitadamente, que iban a impedir que determinadas personas jugaran de mala fe con el dinero de los ahorristas, y nos equivocamos.

Entonces, uno se haría dos preguntas nada más. La primera de ellas es la siguiente: ¿tenemos alguna duda de que acá hubo gente sorprendida en su buena fe, inducida a error -como bien decía el señor Diputado Leglise-, a la que se le exhibía una documentación que lucía el membrete de la institución bancaria con la cual ellos estaban operando y donde se encontraban físicamente, y de que algunas de esas personas pudieron haber firmado todas las cosas que ahora, desde el punto de vista jurídico, les impedirían demostrar su buena fe? ¿Tenemos alguna duda de que ese tipo de situación existió? Yo no tengo ninguna duda de que existió. La prueba del nueve es lo que acaba de decir algún legislador al analizar los casos que la Comisión del artículo 31 tuvo a su cargo. Se dice que hay seis o siete casos en los que se comprobó que ante una instrucción escrita para que el banco o la institución financiera hiciera determinada cosa, que era traspasar sus cuentas del TCB a una cuenta normal -como dijo algún legislador-, eso no se hizo. Si no lo hizo en esos casos, ¿qué habrá hecho con toda la gente que, en definitiva, de buena fe y confiando en esa imagen del sistema financiero que tenía el Uruguay, concurrió allí para realizar una operación que estimaba absolutamente normal y respaldada por los controles correspondientes? No tengo ninguna duda de que esos casos existieron.

La segunda pregunta que uno se haría es la siguiente: ¿uno puede decir que esto era absolutamente transparente para el consumidor, que había un cartel en la puerta del banco o en una pared en el que decía que quien colocara su dinero en estas condiciones no tendría otras garantías que su propia colocación y que debía asumir su propio riesgo? ¿Es que acaso le mostraban a la gente un papel membretado que decía "TCB", con la dirección de Islas Caimán, para que se diera cuenta realmente de que estaba llenando una documentación que correspondía a otra institución y que esta no tenía nada que ver? ¿Se le pusieron en claro estas reglas de juego a la gente? Tengo la seguridad de que no es así. Tengo la seguridad de que en esto hubo omisiones. Si estas omisiones se dieron porque existía regulación y no se aplicó, o porque no existía, da lo mismo. Lo cierto es que impunemente se pudieron hacer maniobras y se pudo inducir a la gente al error para que realmente se encontrara en esta situación.

Entonces, este no es un caso exclusivo del tema que tenemos a estudio. Ya hemos dicho aquí -como bien afirmaba la señora Diputada Charlone- que quedan coletazos, puntas sin resolver de una crisis financiera muy importante que tuvo el país. Creo que se han hecho esfuerzos enormes, no solo de parte del Gobierno, sino de todo el Uruguay, para tratar de sobrellevarla. Sin duda, vamos a salir de ella -soy optimista-, pero quedan coletazos: los del Banco de Crédito, los de los eurobonos, los de la gente que tenía más de US$ 100.000 depositados y los de la gente que depositó y que renovó cuando había una intervención con sustitución de autoridades y no cierre de la institución financiera. Toda esa gente obró de buena fe y creo que debemos solucionarle el problema. Ojalá no lo tuviera que solucionar el Parlamento. Nosotros creímos que con aquel artículo 31 estábamos dando una salida para que se hiciera el estudio caso por caso, pero tal vez nos equivocamos al ubicar todo en términos absolutamente jurídicos y al pedir a la gente la prueba diabólica: pruebe que es inocente. Quizás firmó y no pudo probar que era inocente; pero todo ese clima, toda esa "mise en scène" que tenían montada en el banco, ¿cómo los medimos desde el punto de vista de una Comisión integrada por juristas? No es medible.

Me parece que en la preservación de esa buena fe estamos votando afirmativamente esta norma. Que se nos va a colar por la puerta alguna gente que conocía el riesgo, al no distinguir los buenos casos de los malos casos, los informados de los no informados, es verdad. Pero no estamos de acuerdo con dejar desamparados y sin sus ahorros a quienes realmente obraron de buena fe y confiaron en un sistema que no daba todas las garantías que nosotros creíamos que proporcionaba.

En definitiva, apoyamos este proyecto de ley a conciencia de que quizás no sea la solución más clara, más diáfana. Además, quizás tenga en la polémica argumentos en contra que yo tomo en serio. La argumentación del señor Diputado Posada -estoy seguro de que la manifestó con la capacidad y la buena fe de siempre- es atendible. Aun así, no hace que yo cambie mi decisión. Adelanto que vamos a tener otros proyectos de ley y que si no hay soluciones que salgan del Banco Central o del Poder Ejecutivo, vamos a votar todas las leyes que amparen a todos los ahorristas y la buena fe de los uruguayos.

(Manifestaciones de la barra.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Léase el artículo 158 del Reglamento de la Cámara de Representantes.

(Se lee:)

"A los concurrentes a la barra les está prohibida toda demostración o señal de aprobación o reprobación y el Presidente hará salir de ella a quienes faltaren a esta disposición. Podrán ser desalojados por disposición del Presidente en caso de desorden, pudiendo suspenderse la sesión durante el desalojo".

——Puede continuar el señor Diputado Ronald Pais.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Termino, señor Presidente.

¿Sabe una cosa? Creo que la gente me sentó aquí para defender, en primer lugar, a los más débiles. En ese sentido, creo que estamos cumpliendo con lo que se nos encomendó, con la función que nos ha asignado la gente al distinguirnos con este sitial, con esta banca.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Guarino).- Tiene la palabra el señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: la Cámara está nuevamente analizando un proyecto que refiere a las tremendas consecuencias de la crisis financiera por la que atravesó el país. Diría que está analizando otro proyecto que refiere a una parte de los innumerables estafados que han quedado en el país como producto de todo lo que ha estado en los antecedentes de esta crisis, en la forma como se condujo y en las actuaciones de muchos personajes con alta responsabilidad dentro del sistema financiero.

Vale la pena decir que cuando uno discute sobre un amplio universo de estafados, siempre está en una situación compleja e incómoda. Es compleja porque los estafados no lo han sido todos de la misma manera. Algunos han sido engañados directa o indirectamente por las prácticas que hacen que hoy estén presos o requeridos los señores Rohm; otros han sido estafados por las prácticas que hacen que estén detenidos los señores Peirano; otros han sido estafados por creer en la buena fe de las manifestaciones de diferentes actores del sistema con alta responsabilidad. Cuando decimos con alta responsabilidad nos referimos, naturalmente, no solo a quienes tenían responsabilidades en el sistema bancario privado, sino también a quienes tenían altas responsabilidades institucionales en el país.

¿Cuánto tiene que ver con esta discusión que el país, a lo largo de diez años de atraso cambiario, haya ido desmontando sus ingresos, inflando un sistema financiero y armando una perversa calesita en la que ese dólar barato, a la vez que daba una imagen de disponibilidad de bienes y de que se batían los récords en la venta de autos baratos, desarmaba la capacidad de producción de riqueza del país, y entre tanto los bancos tenían más y más dinero disponible porque llegaban depósitos e ingresaban dólares del exterior? ¿Cuánta responsabilidad hay en una política que ha hecho que el Uruguay pasara en cincuenta años -en alguna otra oportunidad dimos estas cifras con mayor detalle- de ser el 3,2% del producto de América Latina a ser el 0,8%? Aclaro que estas cifras corresponden al período anterior a la crisis. ¿Cuánta responsabilidad hay para que se genere una crisis de un sistema financiero con la aplicación de políticas que achicaron la economía? Si la economía hubiera mantenido el promedio de los países latinoamericanos -no de los tigres asiáticos ni de Finlandia-, no creciendo más o menos, sino solo creciendo al promedio de la región, que por cierto no tuvo maravillosos gobiernos, habría alcanzado una dimensión, en cifras de 2001, de US$ 80.000:000.000 en lugar de los US$ 20.000:000.000 que tenía al valor del dólar de ese momento. Se me podrá preguntar qué tiene esto que ver con lo que estamos analizando. Tiene mucho que ver, porque esa achicada economía en la que durante años todo se apostó a lo financiero, fue haciendo caer las bases de sustentación de riqueza del país y terminó haciendo absolutamente endeble el sistema financiero.

Probablemente, el volumen de depósitos de los argentinos en Uruguay esté básicamente referido a la dinámica de la economía argentina y a lo que los argentinos colocan en el exterior, independientemente del volumen de la economía uruguaya. Lo que no resulta independiente es cuál es el efecto que puede provocar en un sistema financiero que se retiren US$ 2.000:000.000, US$ 3.000:000.000, US$ 4.000:000.000 o US$ 5.000:000.000, si la economía es de un volumen de US$ 20.000:000.000 o si es de US$ 80.000:000.000.

Se generó, por tanto, una economía con un sistema financiero hipertrofiado que fue de crisis en crisis, crisis que una y otra vez la sociedad salió a pagar, en dos sentidos: a apagar el incendio y a pagar los costos que ellas traían. Alto valor ha tenido siempre en el país que el sistema financiero fuera confiable, el hecho de que diera confianza y se estimulara el ahorro como un elemento básico en el desarrollo de la sociedad y en la vida de los ciudadanos. Pero ¿cuánto de esto termina siendo elemento causal de esos miles y miles de ciudadanos estafados que hoy existen en el Uruguay, a quienes se les aseguró, por ejemplo, que el dólar no iba a cambiar y se les estimuló a endeudarse en dólares? Los propios bancos salieron a estimular el endeudamiento en dólares y es así que tenemos esa cifra que en otras ocasiones hemos comentado, para nosotros poco suficientemente destacada: la colocación total del sistema bancario privado pasó en quince años de tener el 4% al 25% de los activos de las familias, no de las empresas. Esto tiene como contrapartida a miles y miles de familias endeudadas a las que hace un rato aludía el señor Diputado Pita. ¿Cuánto, entonces, de todo esto, tiene que ver con la solidez o no del sistema, con la solidez para todos los vinculados al sistema?

Hoy los estafados tienen por lo menos tres categorías nítidas: ahorristas estafados, deudores estafados y bancarios estafados. Los primeros han visto evaporarse en distintas proporciones pero en números impresionantes lo que en muchos casos ha sido el fruto de lo ahorrado por el trabajo de toda una vida, o bien lo que se guardaba para los últimos años, en un país en que las jubilaciones están topeadas, como todos sabemos, de la forma en que lo están; en muchos casos ese dinero ha sido producto de la venta coyuntural y se estaba transitoriamente colocando en un sistema bancario antes de reutilizarlo en algo que se necesitaba para la vida corriente.

Los bancarios han visto perder cientos y cientos de puestos de trabajo. Los deudores -que no son el tema de hoy- también son parte de los estafados, a los cuales, cuando asignemos recursos, debemos tener en cuenta.

Y ahorristas estafados hay en una enorme cantidad y en proporciones muy diferentes, porque estafados fueron quienes tenían el dinero en el Banco de la República Oriental del Uruguay y no han podido usarlo. ¡Vaya si en Comisiones parlamentarias vimos lo que significaban los casos de enfermedad! Hasta que se instrumentó un mecanismo, había verdadera desesperación al no poder disponer de esos pesos que se tenían justamente para momentos de crisis. Los ahorristas del Banco de la República están lentamente recuperando su dinero, pero no en las condiciones estipuladas en los famosos contratos de los que tantas veces se habla acá. Y no se ha cumplido con los ahorristas en tantos casos y en particular con los de ese banco.

Hablemos de los ahorristas del Banco de Crédito, banco cuyo 51% era propiedad del Estado y que en su publicidad anunciaba el pleno respaldo estatal. ¿Cuál es la sensación de estafa que hoy tienen quienes vieron evaporarse allí sus ahorros?

Quiero hacer una mención especial a los ahorristas estafados del Banco La Caja Obrera, que hasta hace muy poco tiempo estaba en poder del Estado y era, básicamente, un banco equilibrado. ¿Cuánta información existía ya en poder del Banco Central, de cuánta información disponía el Estado, cuando autorizó la venta del Banco La Caja Obrera al Banco de Montevideo, al grupo Peirano, que en definitiva lo que hizo fue quitarle los activos? Hoy se encuentran los ahorristas del Banco La Caja Obrera sumados a esa gigantesca estafa y evaporación de ahorros, cuando, en realidad, habría bastado una decisión distinta para que probablemente quedaran totalmente al margen de las instituciones en crisis.

¿Cuánto sienten como estafa los ahorristas en eurobonos, eurobonos que en definitiva eran una opción que por lo menos dos de los bancos involucrados -el Banco de Montevideo y el Banco Comercial- presentaban a quien dispusiera de dinero como colocación a largo plazo, de las pocas colocaciones a largo plazo, casi de las únicas? ¡Vaya si importará para cualquier economía tener colocaciones a largo plazo que, en consecuencia, permitan a su vez dar crédito a largo plazo a las instituciones productivas, a las empresas! Y resulta que quienes colocaron a noventa o ciento ochenta días en estos dos bancos han visto evaporarse un porcentaje enorme de sus depósitos. Han tenido un piso mínimo de respaldo del Estado que los atiende de manera parcial. Quienes en los mismos bancos, en lugar de colocar a noventa días o ciento ochenta días, colocaron a cinco o siete años, ni siquiera cuentan con ese respaldo. Y tanto uno como el otro son quienes vienen a colocar dinero al sistema financiero.

Naturalmente, también están los estafados que en dos categorías distintas tenían sus dineros colocados, en definitiva, desde el punto de vista jurídico, en el TCB, en Islas Caimán. ¿Por qué decimos "dos categorías distintas"? Porque todos sabemos que había quienes colocaban en una institución de la calle Arocena, donde directamente se colocaba en el TCB, con mucha más nitidez y claridad de la opción que se estaba haciendo. Pero entendámonos: ¿por qué decimos que también fueron estafados quienes allí fueron? En primer lugar, porque esta era una colocación absolutamente legal y válida, autorizada por las reglamentaciones y las leyes. Era una opción que los ahorristas hacían, pero fueron estafados porque los dueños de esta institución eran los mismos dueños de otras instituciones bancarias. Y en esa institución, con sede en el exterior, los mismos dueños estaban estafando a quienes allí iban a colocar. Les estaban prometiendo la seguridad del exterior y los estaban enganchando con más altas tasas de interés. En definitiva, los estaban estafando. ¿Cuánto pudo, o no, haber controlado el Banco Central? Tenemos los informes de la Comisión Investigadora y mucho más se podría escribir sobre este tema.

Pero hay otra categoría en el TCB, a la que se refiere este proyecto de ley. Es la gente que era ahorrista del Banco de Montevideo, cuya opción, consciente o inconsciente, de transferir los fondos al exterior se le presentaba dentro mismo de una institución bancaria de plaza. ¿Cómo no sentir que son otra parte de los miles de estafados que esta crisis ha dejado? Gente que juntó sus ahorros y los llevó a una institución del sistema bancario nacional, y que dentro de las opciones que les ofrecían optó por una de ellas, cuando, en definitiva, eran los mismos dueños quienes estaban llevando adelante los negocios que hoy se sabe que el Banco Central estaba controlando de manera inadecuada.

Pero hay casos más graves aún. Me voy a referir a los casos que más responsabilidad tendríamos en atender. Hay quienes llevan al banco el dinero que tienen desde hace años ahorrado, heredado, ganado de una u otra manera, y que viven de esa renta. Por lo tanto, esta les importa mucho, y siguen esas colocaciones. Hay quienes cuentan con volúmenes de dinero como para tener diversificados sus portafolios. Pero también hay una gama de clientes de los bancos donde todas esas consideraciones de tasas de interés, diversificación de portafolios, etcétera, no existen, y la opción es dejar el dinero en casa o ponerlo en el banco. En esa franja está quien, por ejemplo, vendió el auto usado y resolvió que era más seguro tener esos US$ 2.000 en el banco que en la casa, y fue a la sucursal más cercana que tenía, que resulta que era del Banco de Montevideo. Allí firmó como se firma -como bien se ha dicho- cuando a uno le entregan una tarjeta de crédito. ¿Quién de nosotros -es raro que aquí alguien no tenga una tarjeta de crédito- ha leído toda la letra chica de sus contratos? ¿Quién puede esperar o suponer que quien va con pequeñas cantidades esté especulando en cuanto a en qué lugar del planeta le conviene más colocar su dinero, cuando en realidad lo que quiere es que esté más seguro que en su casa?

Entonces, creo que el artículo 31 apuntaba a todo esto cuando se consideró en ambas Cámaras la ley con la que se buscó salir de las situaciones más agudas de la crisis financiera. Allí se dijo: "Facúltase al Banco Central del Uruguay a otorgar a los ahorristas de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera, cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones sin mediar su consentimiento, los mismos derechos que correspondan a los demás ahorristas de dichos Bancos". En el mismo artículo se establece la creación de la Comisión que todos conocemos.

¿Con qué nos encontramos? Con que si bien todavía hay muchos casos sin resolver, la forma como esta Comisión ha estado resolviendo ha sido con un criterio, en nuestra opinión -así se lo dijimos-, sumamente estricto. No es razonable suponer que la atención con la que se leen los contratos es la misma en diferentes circunstancias. Si alguien va a vender la casa donde vive o si va a comprar una empresa de cierto porte, es razonable pensar, por lo peculiar de la operación y por los montos involucrados, que o bien leyó todo lo que dicen los contratos correspondientes, o que tiene los asesores jurídicos, financieros y contables que leen lo que el titular a veces no lee. Para eso están los asesores con conocimiento de causa. Un corredor de bolsa, un escribano, un abogado, un contador que están asesorando a alguien, naturalmente tienen no solamente la capacidad sino la obligación profesional de hacerlo y así funcionan normalmente los miles y miles de contratos que se firman en el país.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Amorín Batlle)

——Pero vuelvo a lo anterior: cuando alguien va con cantidades chicas, cuando hace el depósito equivalente a lo que sería sacar una tarjeta de crédito, no va a consultar a un asesor jurídico. No lo va a hacer para llevar US$ 5.000 al banco. Allí es donde nosotros decimos que por la forma como ha trabajado esta Comisión nos parece que en este tema no se han aplicado las hipótesis razonables, es decir, que en esos casos la letra chica de los contratos no se lee.

¿Es esto lo que dice el proyecto de ley que aprobó el Senado? No. Adelantamos que nos parece que sería un grave error que la Cámara lo sancionara. Porque debemos admitir que diferencias tienen las cosas; que no es lo mismo una que otra situación del sistema financiero.

Para terminar, queremos decir que deberíamos estar discutiendo otra ley y no esta. En un país que tiene un Estado que nos representa a todos, deberíamos estar discutiendo qué respaldo estamos en condiciones de dar a los estafados en todas las categorías. Deberíamos comenzar, como en tantos otros temas, por los casos más agudos, las situaciones más agresivas, por la gente que está sufriendo las más duras consecuencias de una crisis que no buscó, de la que no tuvo responsabilidad y que no podía prever. Por lo tanto, el Estado haría bien en buscar diluir las consecuencias. Pero debemos hacerlo de una manera coherente, mirando el conjunto y atendiendo a las situaciones más exigidas, como reclamaba hace un rato un legislador; creo que era el señor Diputado Pita.

Entonces, si seguimos solucionando temas parciales, en realidad no se trata de soluciones, sino que estamos asignando recursos que cambian las proporciones en cuanto a la asignación de recursos del Estado. Está claro que el volumen total es el que ya está asignado, pero los estamos otorgando de una manera parcial y no mirando el conjunto del panorama.

En segundo lugar, no estamos de acuerdo en que se considere de igual manera a quienes transfirieron dinero al exterior en un período en que los bancos involucrados trabajaban de manera más o menos normal, que a quienes lo hicieron en otro período en el cual se estimulaba, condicionando la voluntad del cliente -existen las constancias por las comunicaciones internas de los bancos-, para transferir estos recursos. Nos parece que estas directivas constituyen un abuso de posición dominante; pero eso se refiere al último período, es decir, al inmediatamente anterior a la crisis.

Entonces, decimos que hay dos limitaciones que esta ley debería tener y es en esa dirección que, más allá de los montos, estamos dispuestos a acompañar la propuesta -que no es ideal, pero que, como sucede en estos casos, es transaccional- presentada ya en el Senado de la República y aquí, en la Cámara, por el señor Diputado Baráibar. Dicha moción establece límites de montos y de plazos a este proyecto de ley. En el resto, nos parece que tal como está este proyecto no puede respaldarse y creo que con claridad en esta intervención hemos dicho por qué firmamos con salvedades el informe.

Realmente, pensamos que si el Estado resolviera los problemas de los montos pequeños -nos referimos muy especialmente a los montos inferiores a los US$ 5.000 o a los US$ 10.000-, sin duda alguna no solo se estaría haciendo justicia, sino que prácticamente no habría posibilidad de error. Creo que en ninguno de esos casos se actuó en forma consciente.

Era lo que queríamos decir, explicando nuestra actitud con estos argumentos.

Levantamiento de la sesión.

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.