S e c r e t a r i o s

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

7 y 11.- Integración de la Cámara

13.- Intermedio

7 y 11.- Licencias

9.- Sesión extraordinaria

8, 10, 12 y 14.- Fortalecimiento del Banco Hipotecario del Uruguay. (Normas).

(Ver 68ª sesión)

— Continúa la discusión general

"El señor Representante Fernando Araújo solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

• al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos, y por su intermedio a la Dirección de Canal 5 TVEO, sobre los inconvenientes en la recepción de la señal televisiva oficial en la ciudad de Rivera. C/27/000

• al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionada con la posibilidad de trasladar el vencimiento de las facturas de OSE para una fecha posterior al pago de pasividades. C/27/000

El señor Representante Tabaré Hackenbruch solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a todos los Centros Departamentales de Salud Pública del país, acerca de la escasez de medicamentos para pacientes del sector público. C/27/000

El señor Representante Walter Vener Carboni solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas; de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Junta Departamental de Soriano, referente a la posibilidad de descontar directamente el importe de las facturas por consumos de energía eléctrica y agua potable de las pasividades servidas por el Ente previsional. C/27/000

El señor Representante Jorge Orrico solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Deporte y Juventud; a la Asociación Uruguaya de Fútbol; a la Comisión Directiva del Club Nacional de Football, y por su intermedio a los señores Gustavo y Roberto Munúa, sobre la trayectoria del citado deportista. C/27/000

El señor Representante Guzmán Acosta y Lara solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental de Durazno y a la Comisión de Vecinos de la localidad de Paso Ramírez, relacionada con el estado de deterioro que presenta un tramo de la Ruta Nacional Nº 6, desde Sarandí del Yi hasta el kilómetro 329, en el citado departamento. C/27/000"

——Se votarán oportunamente.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Fernando Araújo al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos, y por su intermedio a la Dirección de Canal 5 TVEO, sobre los inconvenientes en la recepción de la señal televisiva oficial en la ciudad de Rivera.

——Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: "Fortalecimiento del Banco Hipotecario del Uruguay. (Normas)".

Continúa la discusión general.

Estaba en uso de la palabra el señor Representante Señorale, a quien le restan veintitrés minutos de su tiempo.

Puede continuar el señor Diputado.

SEÑOR SEÑORALE.- Señor Presidente: retomo lo que venía diciendo en la sesión del pasado miércoles, cuando trataba de demostrar los motivos por los cuales, en lo personal, entiendo que el Banco Hipotecario del Uruguay se enfrenta hoy a una muy difícil situación.

Decía que a ello coadyuvaron dos factores: la situación del propio Banco y la crisis que el sector financiero ha soportado en estos últimos tiempos. Señalaba también que el Banco desarrolló durante toda su historia una fuerte política social, destinada principalmente a favorecer y facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de menores recursos, concediendo préstamos -tanto en forma individual como al sector cooperativo- a largo plazo y con bajas tasas de interés, que están subsidiadas. En muchos casos, esas tasas son inferiores al 3,5% anual, en unidades reajustables, y, como se comprende, apenas cubren una ínfima parte del costo real financiero y operativo de la institución.

El Banco también fue muy amplio y muy generoso al momento de contemplar las dificultades de pago de sus deudores y, en ese sentido, en diversas oportunidades concedió planes de refinanciación de deudas, difiriendo sus reajustes, condonando intereses y otorgando facilidades y quitas a aquellos que querían hacer cancelaciones anticipadas de sus deudas. Hoy mismo, a pesar de la situación que vive el Banco, con todo esfuerzo está tratando de instrumentar fórmulas para contemplar la situación de los deudores en dólares.

En fin, el Banco siempre ha sido sensible a la situación de los deudores y ha agotado todos los esfuerzos para encontrar una solución inspirada en una filosofía profundamente solidaria, buscando favorecer fundamentalmente a las familias de menores recursos. Pero, como fácil es comprender y como no escapa a nadie, esto tiene un alto costo financiero para la institución, lo cual se ha reflejado en sus balances.

Durante mucho tiempo, para cumplir con esa función social, el Banco recibió asistencia del Gobierno Central, ya sea a través de aportes de impuestos específicos o de Rentas Generales. Diría que la situación del Banco comenzó a complicarse cuando se creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, no por ese hecho en sí, sino porque a esta Cartera se le transfirió la instrumentación y la acción de llevar adelante una política para aquellos sectores de menores recursos, fundamentalmente los de ingresos comprendidos entre 0 y 60 unidades reajustables. A fin de llevar adelante esa política social del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se le transfirió la administración y la disposición del Fondo Nacional de Vivienda, que hasta entonces administraba el propio Banco. A partir de ese momento, el Banco debió seguir cumpliendo con la política social, porque es fácil comprender que los préstamos que concedió con ese espíritu social son a largo plazo y, por lo tanto, se prolonga en el tiempo su ejecución hasta el presente, y diría que se va a seguir prolongando en el futuro; sin embargo, dejó de recibir la asistencia del Gobierno Central. Eso ha hecho que la institución esté sufriendo esta situación. El Banco ha informado que el costo de esta política social ha significado para la institución US$ 900:000.000 al año 2000. Es decir que US$ 900:000.000 del patrimonio del Banco fueron destinados a políticas sociales, sin que para ello haya recibido la asistencia del Gobierno Central.

Si a esta situación, de por sí complicada, del Banco le agregamos la crisis que en estos últimos tiempos vive el sector financiero, podemos deducir que nos enfrentamos a un Banco Hipotecario en una grave situación, por lo que si no adoptamos rápidamente una solución, tendrá seriamente comprometido en el futuro su funcionamiento normal.

Hoy, el Banco sufre un doble descalce financiero: en moneda y en plazo. El descalce en moneda es en virtud de que estuvo recibiendo depósitos en dólares cuando sus colocaciones, sus préstamos, fueron fundamentalmente en moneda nacional, reajustados por el sistema de la unidad reajustable. Y el descalce en plazo es porque captó depósitos a treinta, sesenta y noventa días, y sus préstamos -como todos sabemos- son a veinticinco y treinta años.

De acuerdo con la información del propio Ministerio de Economía y Finanzas, con los actuales ingresos del Banco no se cubren las obligaciones mensuales por concepto de intereses. En este sentido, basta recordar que tiene que afrontar los intereses de los US$ 776:000.000 que transfirió al Banco de la República por aplicación del artículo 8º de la ley de fortalecimiento del sistema financiero. Además, debe pagar los intereses del anticipo que le hizo el Banco Central del Uruguay, de US$ 258:000.000, a una tasa del 14% anual. Asimismo, tiene que hacer frente a los intereses de los US$ 125:000.000 que le prestó el Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario. Y además tiene otros pasivos por US$ 200:000.000 derivados de activos no correspondientes a ahorristas. A todo esto hay que agregarle los costos operativos y de inversión que normalmente venía teniendo el Banco.

Esta situación que hoy vive el Banco es un hecho objetivo, real e incontrastable; creo que ningún Diputado presente podrá sostener lo contrario. Realmente, el Banco vive una situación patrimonial y financiera sumamente complicada. Inclusive, así lo reconocieron todas las instituciones que concurrieron a dar sus puntos de vista sobre este proyecto de ley a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, más allá de que compartieran en todo o en parte lo que se está planteando hoy como solución.

Es decir que lo que hoy esta Cámara tiene planteado es resolver cómo enfrentar esta situación que vive el Banco Hipotecario. Para ello, diría que tenemos planteadas dos opciones. Una de ellas es no hacer nada, dejar todo como está, no votar este proyecto de ley y dejar que las circunstancias desarrollen naturalmente las consecuencias, lo cual, como todos sabemos -así se ha anticipado-, significaría que en el corto plazo el Banco tuviera que dejar de funcionar. La otra opción, la otra conducta que podemos seguir, es aprobar este proyecto de ley que, con una solución realista y viable en medio de una situación fuertemente condicionada por la realidad que vive el país, busca esencialmente preservar y salvar este valioso y emblemático instrumento que tenemos los uruguayos para facilitar el acceso a la vivienda a las familias de menores recursos.

Con esta misma intención de salvar el instrumento Banco Hipotecario del Uruguay, el Gobierno ya ha dado otros pasos; ya ha hecho un gran esfuerzo al brindarle una capitalización de US$ 500:000.000 en el momento más crítico de la crisis financiera. También se han adoptado medidas buscando darle mayor operatividad, como las que surgen del contexto de la ley de fortalecimiento del sistema financiero.

En ese sentido, aquel proyecto y también este buscan que el Banco Hipotecario no opere más en moneda extranjera. Con esto se busca que el Banco sea un instrumento capaz de articular en forma armónica el ahorro nacional con el destino de los préstamos, que es la obtención de vivienda. Esto parece lógico y sano: que opere en una moneda compatible. Si los beneficiarios del Banco, es decir, los que adquieren los préstamos, los que se convierten en sus deudores, reciben sus ingresos en moneda nacional, parece lógico y correcto que los depósitos también se hagan en la misma moneda. Se tendrá que instrumentar un mecanismo de reajuste, como la unidad reajustable, la unidad indexada o cualquier otro, pero siempre buscando que sean compatibles, en la misma moneda, el ahorro y el préstamo. De esta forma se va a subsanar uno de los problemas que tenía el Banco, que es el descalce por operar en diferente moneda.

El otro objetivo que persigue el proyecto de ley que estamos considerando en el día de hoy es que el Banco se fondee a mediano y a largo plazo. Como decía, el Banco captaba depósitos a corto plazo, a treinta, sesenta y noventa días, y sus colocaciones eran a largo plazo, a veinticinco y treinta años.

¿Cómo se logra esto? Se logra, en primer lugar, teniendo un Banco sano, un Banco patrimonialmente fuerte, un Banco que sea confiable, capaz de captar el ahorro nacional y destinarlo, con instrumentos y mecanismos seguros, al acceso a la vivienda. Si no tenemos un Banco capaz de captar ahorros, difícil será que pueda cumplir con el objetivo que establece la Carta Orgánica en su artículo 18, que es facilitar el acceso a la vivienda.

Aunque parezca obvio, estamos convencidos de que si no hay ahorro, no tendremos Banco. Eso es esencial y elemental. Por tanto, es imprescindible lograr que el ahorrista que va a confiar en el Banco perciba que colocará el dinero en una institución del Estado y que, además, tendrá la garantía de una hipoteca sobre un bien inmueble. De esta forma el Banco va a ser más confiable y podrá colocar mejor sus papeles, porque así respaldado, por un lado como institución del Estado, pero también con una hipoteca, serán más seguros sus documentos, y al existir menos riesgo, también serán más bajas las tasas de interés que tendrá que pagar por la captación del ahorro.

En definitiva, tenemos que tener un Banco Hipotecario capaz de convencer a los uruguayos -¡ojalá también a los no residentes!- de que ahorren en él, de que confíen en sus papeles, haciéndoles sentir que van a poder recuperar el dinero que depositan allí. Para ello es necesario, en primer lugar, tener un Banco patrimonialmente sano; y eso es lo que busca sobre todo este proyecto de ley, al capitalizarlo en US$ 258:000.000. Esta capitalización tiene una doble finalidad: la del fortalecimiento patrimonial y la de la disminución de sus egresos mensuales por concepto de pago de intereses. Esta capitalización está prevista en el artículo 18 del proyecto de ley que tenemos a consideración. Además, si esta capitalización de US$ 258:000.000 no fuera suficiente, el artículo 19 prevé que el Poder Ejecutivo podrá capitalizarlo en US$ 125:000.000 más para que el Banco opere normalmente, como corresponde.

Más allá de que consideramos que hay artículos importantes en este proyecto de ley, lo esencial, lo medular, lo básico es la capitalización, es el fortalecimiento del Banco, porque solo salvando el instrumento Banco Hipotecario es que vamos a poder seguir cumpliendo con el rol que históricamente se le asignó a esta institución, que es el de facilitar el acceso a la vivienda a la familia uruguaya.

Otra medida que se establece en el proyecto para lograr esta confianza en el Banco, este fortalecimiento del Banco, es que detrás del depósito que el ahorrista le haya confiado exista la garantía de una hipoteca. En ese sentido, se entiende que una hipoteca individual es mucho mejor que otro tipo de garantías. Y así se establece en uno de los artículos del proyecto, porque se entiende que el préstamo a una persona física da más seguridad no solo al Banco, sino al propio ahorrista. Es mucho más confiable una garantía atomizada en diversos deudores, en distintos agentes, que una concentrada en un solo ámbito. Se entiende que esto es más atractivo y más seguro para el ahorrista dispuesto a fondear al Banco, que es, en definitiva, lo que necesitamos: fondearlo a mediano y a largo plazo. Y es más atractivo para el ahorrista porque sabe que detrás de ese depósito está la garantía de una persona física que está pagando una cuota, y que hay una hipoteca individual que respalda esa obligación.

Me anticipo a responder a la objeción que sé que se va a formular, en el sentido de que este proyecto de ley no permite conceder préstamos a personas jurídicas. Y a ese respecto diré que este proyecto en ningún artículo impide que se organicen nucleamientos de personas en las distintas formas que permite nuestro ordenamiento jurídico, ya sean cooperativas, sociedades civiles u otro mecanismo que permita el derecho positivo uruguayo, y tampoco que ese grupo de personas nucleadas de la forma que elijan pueda llevar adelante un emprendimiento y lograr la asistencia crediticia del Banco Hipotecario del Uruguay, aunque lógicamente tendrá que contratar una empresa constructora y dar todos los pasos necesarios para llevarlo adelante. Lo único que va a exigir el Banco Hipotecario es que cada uno de los integrantes de ese nucleamiento -ya sea sociedad civil o cooperativa-, individualmente, asuma responsabilidad frente al Banco, firmando una hipoteca individual, para garantizar el préstamo que se le está concediendo.

Por otra parte, esto ya está previsto en el ordenamiento uruguayo. En el artículo 34 del Capítulo III del Decreto-Ley Nº 14.261, se prevé el nacimiento de la propiedad horizontal antes de la construcción del edificio, para lo cual se exigen tres requisitos: el permiso municipal de construcción, un plano o proyecto de fraccionamiento horizontal -que se debe inscribir en la Dirección Nacional de Catastro- y que se otorgue el reglamento de copropiedad. Contemplando estos tres elementos, sin que se haya puesto un solo ladrillo en el terreno, la legislación uruguaya, muy sabiamente y hace ya bastante tiempo, previó este mecanismo. Por lo tanto, este es un instrumento que se puede usar perfectamente; iniciándose todo el procedimiento y firmando antes la hipoteca, se puede desarrollar la construcción de un edificio.

En definitiva, esto no es más que un problema de procedimiento. En el sistema de promotores privados, por ejemplo, después de realizarse todo el proceso y finalizarse el edificio, se terminaba en lo mismo: se hacía una hipoteca individual -en realidad, una novación parcial- con la garantía de la unidad que le correspondía a cada adjudicatario. Lo único que se está planteando en este proyecto de ley es que esa garantía -que, tal como se venía funcionando hasta hoy, se celebraba al final del procedimiento; la garantía individual se daba al final del proceso de ejecución- se celebre al principio, en primera instancia.

Confieso que, en lo personal y hasta en lo profesional, creo que esto es mucho más transparente y mucho más claro para todo el mundo. Es mucho más claro para cada uno de los integrantes de ese nucleamiento, porque sabe que va a ser el único responsable de la cuota parte de esa obligación. Y va a ser mucho más transparente también para el Banco, que va a saber desde el principio que tiene un responsable individual por el dinero que está prestando.

Todos conocemos -quienes ejercemos la profesión también- los problemas que se han generado por estos mecanismos con los cuales se estuvo operando en el Banco, y todas las situaciones jurídicas, muchas de ellas aún no resueltas, que permanecen en el Banco Hipotecario. Creo que el mecanismo que se instrumenta, en el sentido de que la responsabilidad se genere desde el comienzo del proceso de ejecución de las obras, es mucho mejor y mucho más transparente.

Por otra parte, se han manifestado algunas cosas con respecto a las cuales queremos hacer aclaraciones.

Este proyecto de ley nada tiene que ver con el Fondo Nacional de Vivienda, que es administrado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Por lo tanto, esta iniciativa en nada afecta al sistema del SIAV, al sistema de cooperativas por ayuda mutua ni a MEVIR. Decimos esto porque en algún momento se entendió o se manifestó que este proyecto afectaba al sistema cooperativo. No es así. Todo lo que es política de vivienda social va a seguir funcionando como hasta ahora y va a seguir siendo atendido, como hasta ahora, por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Me refiero a aquellas familias cuyos ingresos no superen las 60 unidades reajustables. Insisto: este proyecto nada tiene que ver con el Plan Nacional de Vivienda, que se aprueba en este Parlamento una vez cada cinco años y que puede ser modificado anualmente a través de la Rendición de Cuentas.

Finalmente, quiero formular algunas precisiones personales sobre algunas cosas que se han expresado en la Cámara con relación a este proyecto y con las cuales, con todo respeto, me permito discrepar.

Por ejemplo, se ha dicho que con este proyecto se liquida al Banco Hipotecario. Con todo respeto digo que esta apreciación es profundamente equivocada. Esta iniciativa tiene como finalidad capitalizar al Banco en US$ 258:000.000 y, si es necesario, en US$ 125:000.000 más, para que pueda seguir operando, porque, como ya dijimos, si no se le da una inyección de capital, a muy corto plazo dejará de funcionar. Decimos esto porque el flujo de caja es netamente negativo; es deficitario. El Banco tiene una erogación mensual de más de US$ 12:000.000 y un ingreso mensual de flujo de caja de US$ 4:000.000 o de US$ 5:000.000, tal como se manifestó en la sesión anterior.

Yo digo que si la intención del Gobierno fuera la que manifestó algún señor Diputado, haría algo más sencillo. ¿Para qué complicarse tanto y gastar US$ 258:000.000? Bastaría con no hacer nada; bastaría con dejar las cosas como están, con no darle la inyección de capital que necesita, porque naturalmente la situación financiera del Banco lo llevaría a su liquidación. ¿Para qué el Gobierno haría todo esto e invertiría US$ 258:000.000, que seguramente está necesitando para atender otras necesidades que tiene el país? Haría algo mucho más sencillo: dejaría las cosas como están y, por efecto de su situación financiera y patrimonial, el Banco se iría liquidando naturalmente.

Por lo tanto, reitero, no compartimos esta adjudicación de intenciones, estos pronósticos alarmistas, que me parece que no hacen bien. Además, no es la primera vez que los escuchamos en este Parlamento.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Ya termino, señor Presidente.

Todos recordarán que cuando analizamos el proyecto de ley de fortalecimiento del sistema financiero se afirmó y se aseguró que ello representaba la liquidación del Banco de la República Oriental del Uruguay y, sin embargo, por suerte hoy tenemos un Banco vivito y luchando, recuperando la confianza de la gente y aumentando la captación de ahorros.

Entonces, me parece que ese tipo de afirmaciones alarmistas, en el sentido de que esto va a liquidar al Banco Hipotecario del Uruguay, tampoco le hacen nada bien y crean desconfianza en la gente. Por el contrario, solamente aprobando este proyecto, a través del cual lo fortalecemos, lo vamos a salvar. Si no lo votamos, estamos apostando al cierre del Banco Hipotecario.

También se ha afirmado por quienes se oponen a este proyecto que, de aprobarse,...

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Ha finalizado su tiempo, señor Diputado. Le pido que redondee.

SEÑOR SEÑORALE.- Señor Presidente: es muy poco lo que me resta por decir.

Se ha afirmado que con este proyecto habrá menos trabajo para las empresas. Respetuosamente decimos que no, que si no salvamos el instrumento Banco Hipotecario del Uruguay las empresas, van a tener cero trabajo. Como muy bien dijo la señora Diputada Argimón en la sesión anterior, no es que con este proyecto se pierdan puestos de trabajo, sino todo lo contrario: es sin él que la construcción se queda sin puestos de trabajo.

También se ha dicho que este proyecto deja de fomentar la construcción; pero basta leer el artículo 1º para constatar que parte de la operativa del Banco consistirá en conceder préstamos para la construcción. En realidad, quienes hacen esta apreciación están confundiendo el objeto, la finalidad del Banco, con el instrumento. El objeto del Banco es que la gente acceda a la vivienda; para eso, utiliza como instrumento los préstamos para construcción. Eso es lo que va a seguir haciendo, porque se prevé que pueda seguir otorgando préstamos para la construcción; y esa es la forma como se generan los puestos de trabajo que dicha actividad necesita.

En resumen, la esencia de este proyecto de ley es capitalizar al Banco Hipotecario para convertirlo en un banco patrimonialmente sano y dotarlo de instrumentos necesarios para que pueda ser el articulador armónico del ahorro nacional y para que conceda préstamos con destino a vivienda a aquellas franjas que no están comprendidas en el Plan Nacional de Vivienda.

Por estos motivos, y sin perjuicio de que haremos uso de la palabra en la discusión particular, decimos que apoyamos este proyecto de ley.

SEÑOR SENDIC.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SENDIC.- Señor Presidente: el señor Diputado hacía referencia a quien dijo que este proyecto liquidaba al Banco Hipotecario, y como fui yo, me siento aludido.

El proyecto establece la obligatoriedad del Banco de vender su cartera. Cuando los Directores del Banco concurrieron a la Comisión, informaron sobre el proceso de negociación para la venta de carteras, en el marco de la ley de securitización, y afirmaron que el valor de la cartera en dicho marco era de los dos tercios de su valor real. Es decir que por una cartera que podía valer US$ 60.000, el Banco estaba en condiciones de recuperar US$ 40.000, es decir, dos tercios del valor. Esto se daba en un marco de negociación normal. Pero cuando el Banco está obligado a vender la cartera, su valor cae. Por lo tanto, lo único que tienen que hacer los privados es esperar a que el Banco se vea obligado a salir a vender. Entonces, no se trata de una negociación normal; el valor de la cartera cae solamente por la obligatoriedad que establece este proyecto.

Por consiguiente, el patrimonio del Banco Hipotecario, el activo, que son sus carteras, rápidamente va a perder valor en ese proceso de venta, no en un tercio sino prácticamente en la mitad, y, dependiendo de la calidad de la cartera, hasta dos tercios. Entonces, el patrimonio del Banco se va a ir depreciando rápidamente. Es por eso que afirmamos en esta Sala que este es un proceso de liquidación del organismo.

La otra aclaración que quiero hacer es que hay una diferencia muy importante entre capitalización y liquidez, conceptos que en la intervención del señor Diputado parecen confundirse. Este proyecto capitaliza el Banco, pero esa plata ya la gastó; no le está dando liquidez. No es que el Banco ahora podrá operar con esos US$ 258:000.000 más los US$ 125:000.000 con los cuales se capitaliza; el Banco ya gastó esa plata. En realidad, se le está perdonando una deuda; no se le está dando liquidez.

La liquidez que se le da es para cumplir con la mitad de las obras que tiene comprometidas, como bien dijeron en la Comisión los agentes de la construcción, los representantes de la Cámara de la Construcción del Uruguay y el propio Directorio del Banco. La totalidad de estas obras daría trabajo a ocho mil trabajadores de la construcción; por ser la mitad, posiblemente cuatro mil queden sin trabajo.

SEÑOR SEÑORALE.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- No correspondería, dado que no se pueden responder alusiones formuladas al contestar una alusión, pero dada la temática y a efectos aclaratorios, tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SEÑORALE.- Señor Presidente: cuando consideremos el artículo 2º, que refiere a securitización, quizás podamos profundizar en el tema.

El señor Diputado Sendic parte de la base de que el Banco vende o securitiza la cartera por menos del capital prestado. Quiero aclarar que cuando se hace una securitización se toma todo el crédito, inclusive las expectativas de los servicios que va a recibir en el futuro. Y, lógicamente, se toma en cuenta el riesgo; ese es el elemento que entra en juego en el momento de la securitización. Entonces, si el Banco hace un buen negocio -todos deseamos que sí-, comenzará a prestar mejor para dar mayor valor a su cartera. Si la cartera es de riesgo, el precio que se puede obtener por esa venta, lógicamente, es de riesgo. Pero si se mantiene esa cartera, tampoco se tiene la posibilidad de obtener el 100% de ese capital y de esos servicios que se tiene previsto recaudar. De manera que se va a vender por el precio justo.

Quizás después podamos volver sobre el tema de la securitización, que es apasionante.

Con respecto a lo que se decía en cuanto a que el Banco ya tiene esto, sí, el Banco ya tiene el anticipo, y tiene la obligación de devolverlo; tendría que devolver al Banco Central los US$ 258:000.000 que le anticipó, más los US$ 125:000.000 del Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario. Pero lo que este proyecto prevé le permite bajar el flujo mensual de intereses que, de lo contrario, tendría que estar pagando por esos US$ 258:000.000. El señor Diputado sabe muy bien que el Banco Central le prestó esos US$ 258:000.000 a una tasa de penalización del 14%, y mensualmente eso genera -no hice la cuenta- muchos millones de dólares. Entonces, también se busca equilibrar los flujos mensuales de caja del Banco.

En la oportunidad en que tratemos el articulado profundizaremos en este tema.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Melgarejo.

SEÑOR MELGAREJO.- Señor Presidente: iba a comenzar mi intervención hablando de otro aspecto, pero me llamó la atención la exposición del señor Diputado preopinante. Pensé que había leído mal el artículo 18 y volví a leerlo -el señor Diputado Sendic lo ha aclarado bastante bien; creo que ha dejado claro el tema-, y de capitalización no se dice absolutamente nada en ninguno de los dos artículos que mencionó el señor Diputado.

No sé si los señores Diputados ya han leído el artículo 18, que dice: "Autorízase al Poder Ejecutivo a capitalizar hasta en US$ 258.000.000 (doscientos cincuenta y ocho millones de dólares de los Estados Unidos de América) al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), por la vía de la subrogación de su deuda con el Banco Central del Uruguay (BCU), por concepto de adelantos de asistencia financiera. El Banco Hipotecario del Uruguay: A) Cancelará todos los créditos contra el Poder Ejecutivo, que se encuentren cubiertos por previsiones de incobrabilidad en por lo menos el 95% (noventa y cinco por ciento).- B) Cederá al Poder Ejecutivo créditos contra el sector privado cubiertos por previsiones de incobrabilidad en por lo menos el 95% (noventa y cinco por ciento).- La suma de lo establecido en los literales A) y B) precedentes, no podrá superar el importe referido en el inciso primero.- La deuda a que refiere el primer inciso del presente artículo no será computada a los efectos de la determinación de los límites de endeudamiento del Poder Ejecutivo".

Aquí no hay ni un solo dólar para construir absolutamente nada. Esto es para pagar deudas y nada más. Y lo mismo pasa con lo establecido en el artículo 19.

Si el señor Diputado Díaz, que está a mi lado, se puede callar, podré seguir con mi intervención; si no, será muy difícil hacerlo.

Quiero señalar que me parecieron de muy buen nivel los informes de los miembros informantes. Creo que tanto el señor Diputado Máspoli Bianchi como el señor Diputado Sendic han hecho excelentes intervenciones, con una nitidez total y absoluta en cuanto al enfrentamiento de dos concepciones políticas distintas, que, en definitiva, es lo que hay que tratar de evaluar. Si no, vamos a pensar que los que no votamos somos malos y los que votan son buenos. En este país, por lo menos en esta Legislatura, de buenos y malos venimos bastante cargados, porque hemos apoyado o no determinadas soluciones, y la verdad es que todavía no advertimos absolutamente ningún atisbo de salida por ningún lado con respecto a nada. Nos hemos quedado treinta y seis y hasta cuarenta horas discutiendo de todo un poco, de la noche a la mañana, y es evidente que las soluciones no aparecen. Aparentemente, este proyecto de ley podría contener una solución salvadora, pero nosotros entendemos que no. Acá se enfrentan dos concepciones -lo digo con todo el respeto del mundo-: una que languidece, que poco a poco va quedando con menos fuerza, y otra que se robustece día a día, que se afirma y que de alguna manera va marcando una pauta diferente a lo que es el diario vivir de los uruguayos. Una sigue ajustadamente los dictámenes del Poder Ejecutivo y otra marca caminos de cambio que las mayorías parlamentarias circunstanciales no aceptan; están en todo su derecho de hacerlo porque estamos en un juego democrático. Nosotros también aceptamos esto, señalando concretamente qué es lo que nos parece.

Esto ha sido claro. ¡Si habrá dos concepciones políticas enfrentadas que la discusión de este proyecto fue instrumentada por medio de una Comisión Especial designada por el Poder Ejecutivo, en la que participaron legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado, trabajadores del Banco Hipotecario del Uruguay y técnicos nombrados por el Poder Ejecutivo! Al Encuentro Progresista no se le avisó ni se le invitó para discutir o aportar algo a este tema. Y nosotros no planteamos la oposición a este proyecto de ley relativo al Banco Hipotecario del Uruguay previamente a que se nombrara esa Comisión, sino que nos estamos oponiendo a este proyecto puntual. Tampoco podemos sentirnos como los únicos honrados en esta segregación, ya que tuvo cierta similitud con la famosa marcha del mes de enero hacia Punta del Este, cuando el señor Presidente de la República la prohibió y, sin embargo, treinta mil uruguayos salieron como locos, en vehículos, hacia allí. En este caso, la segregación mencionada en torno a cómo estaba integrada la Comisión permitió que se juntaran la Cámara de la Construcción, la Liga de la Construcción del Uruguay, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay y la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este con el SUNCA, que es el sindicato de la construcción, nada más y nada menos que coincidiendo absolutamente en todas las críticas que se hacían a este proyecto de ley. Y no fueron únicamente ellos: ¡no hubo una sola delegación que concurriera a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente que no planteara sus objeciones claras al proyecto de ley! Es más: hoy por hoy, muchas de ellas siguen sosteniendo los mismos problemas y las mismas situaciones que marcaban sus discrepancias en aquel momento.

El proyecto de ley, tal cual se ha señalado aquí, es un remedo de lo que venía en la Rendición de Cuentas. Se ha mejorado en algo, porque ha habido iniciativas y algunos aportes de las delegaciones, pero que se haya mejorado no quiere decir que sea aceptable. Aquí no se está discutiendo una iniciativa que se haya elaborado en conjunto como para decir que en la discusión podemos tener diferencias mínimas sobre determinadas puntos, pues en definitiva se hizo entre cuatro paredes, entre un grupo de gente designada por el Poder Ejecutivo -cuando, en un caso como este, la posibilidad de discutir en una comisión debería haber sido más amplia-, y se segregó al 40% de la población, de acuerdo con lo que fue la última votación en el Uruguay; y también se segregó nada más y nada menos que a aquellos agentes que han venido trabajando durante toda la vida con el Banco Hipotecario del Uruguay. Si se me dijera que quienes quedaron afuera fueron los gremios vinculados a los productos lácteos o de la bebida, diría que poco tienen que ver con el Banco Hipotecario, pero en este caso quedaron afuera nada más y nada menos que aquellos agentes que han venido trabajando constantemente con el Banco.

Hasta el momento no conozco un proyecto de ley que haya concitado tanta unanimidad. Consiguió tanta unanimidad que el propio Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente mostró claramente cuáles eran sus diferencias con el proyecto. Más allá de que el ex Ministro Cat lo haya firmado, señaló que estaba de acuerdo con el proyecto en general, pero que debían hacerse algunas correcciones, que no se pudieron lograr. Otras delegaciones que concurrieron a la Comisión -por ejemplo, la de AEBU- también mostraron las diferencias que tenían con el proyecto. No solo fue el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente el que mostró diferencias con el proyecto, sino también el Banco Hipotecario del Uruguay, ya que su Directorio no estuvo en absoluto de acuerdo con él. Se vieron claramente cuáles eran las diferencias planteadas, y se puede recurrir a las versiones taquigráficas correspondientes para verificarlo. Por lo tanto, este proyecto que estamos considerando unió muchas voluntades en su contra.

Esta situación es muy llamativa y, cuando analizamos por qué se logran tantas unanimidades en torno a este proyecto, encontramos las razones, que son casi un calco, en las versiones taquigráficas.

Además, quiero señalar que esto no se puede interpretar, de ninguna manera, como que nosotros no defendemos al Banco Hipotecario del Uruguay como institución; muestras de más hemos dado a lo largo de nuestra historia, en que hemos defendido al Banco Hipotecario como la herramienta importante que es. Claro: no hemos defendido casi nunca la conducción que ha tenido, esta que ha sido cuestionada por tirios y troyanos; pero, en definitiva, este no es el tema que estamos considerando hoy. Para nosotros, defender la institución y sus cometidos no significa que no entendamos que el Banco Hipotecario del Uruguay debe reestructurarse y modernizarse. ¡Claro que debe hacerlo!, pero nunca debilitándolo, achicándolo o quitándole atribuciones.

Quiero señalar algo que, por más que se vuelva tedioso, al menos es importante que quede claro en la versión taquigráfica. Al aprobarse el artículo 1º -que sustituye el artículo 18 de la Carta Orgánica-, explícitamente se suprimen actividades vitales para la supervivencia del Banco Hipotecario del Uruguay, como por ejemplo la emisión de títulos y bonos de crédito, transferibles, de capital fijo o reajustable, sobre hipotecas constituidas a su favor; la emisión, dentro y fuera del país, de obligaciones o valores transferibles de capital fijo o reajustable; el otorgamiento de préstamos a personas jurídicas -podremos desarrollar este concepto después, cuando hablemos de cooperativas, empresas y asociaciones; es decir, esto se liquida-; la posibilidad de hacer anticipos con caución prendaria de títulos de deuda pública y de los valores que emite el propio Banco; la compra y venta por cuenta ajena de títulos, obligaciones y bonos hipotecarios y demás valores emitidos por el propio Banco y por el Estado, así como la facultad de comprar y vender esos mismos valores por cuenta propia; la admisión de capitales en depósito, a plazo, en cuenta corriente o a la vista, con o sin reajuste, con o sin interés, o para ser invertidos por cuenta del depositante en la compra de valores emitidos por el Banco; la facultad de recibir en depósito los valores emitidos por el propio Banco, por el Estado o por organismos internacionales; la posibilidad de efectuar arreglos financieros para facilitar en el extranjero la colocación y el servicio de interés y amortización de los valores que emite; la posibilidad de administrar y vender propiedades por cuenta de terceros, y una larga lista que no citaremos porque aburriríamos demasiado con nuestro planteamiento.

Creo que uno de los elementos fundamentales que hemos escuchado por parte de quienes defienden este proyecto es que hay que tratar de defender, modernizar y adaptar el Banco a la realidad del país. ¿Qué es adaptar el Banco Hipotecario a la realidad del país? Uno siente que el reclamo de cientos de miles de uruguayos -deudores, gente que ha solucionado su problema a través del Banco Hipotecario- queda para la historia. O sea que se obligará a esa gente a seguir pagando, pero, por ejemplo, los vicios de construcción quedarán para ser solucionados en las calendas griegas, es decir, no se solucionarán nunca. Si esos vicios no se solucionaron a través del Banco en las condiciones en que lo teníamos, no se podrán resolver si es aprobado este proyecto, que en definitiva es un parche para atender una situación, y en poco tiempo tendremos que ver la realidad que deberemos enfrentar.

Creo que este no debe ser el Banco que los uruguayos queremos; el Banco que crea este proyecto tendrá sobrantes de infraestructura, sobrantes de tecnología y creo que también va a tener sobrantes de funcionariado. El sistema sigue haciendo funcionar la maquinita y cumpliendo sumisamente con los dictados de los órganos prestamistas extranjeros. Con la realidad actual y con la angustia de tanta cantidad de trabajadores bancarios -fundamentalmente de los bancos suspendidos, con una situación muy difícil en cuanto a su reapertura-, me pregunto cuántos podrán conservar sus puestos de trabajo. Bueno, creo que este proyecto apunta a reducir las actividades del Banco y su tamaño, comprometiendo seriamente los puestos de trabajo de muchos funcionarios. Me parece que no se puede decir que es un proyecto para adaptar al Banco Hipotecario a la realidad: el país se adapta a los designios de la banca internacional y punto; este Banco no se adapta a otra cosa.

Este proyecto no se puede discutir sin considerar la realidad del país, porque este tema la roza absolutamente, y si no la tomáramos en cuenta estaríamos haciendo oídos sordos o dándole la espalda. Hace pocos días tomábamos nuevamente contacto con los datos oficiales: tenemos un 19% de desocupación, contada inclusive a partir de que un habitante de esta República que haya trabajado una hora la semana anterior, está ocupado. Este 19% es el récord histórico, y todavía se achica una fuente de trabajo como la que representa la actuación del Banco Hipotecario. Es decir que seguimos aumentando los elementos conducentes a que cada vez haya más desocupación.

Por otra parte, tenemos más de 550 asentamientos en todo el país y hace pocos días la misión del BID ha recortado nada más y nada menos que en US$ 20:000.000 los dineros que había para solucionar el problema de los asentamientos irregulares. Parece que nosotros no viviéramos en este país, que nuestra responsabilidad no pasara por acá.

Además, lo que ahora ha propuesto la OPP con respecto a los US$ 64:000.000 que quedan para regularizar los asentamientos irregulares es, nada más y nada menos, que una parte se use en el plan de emergencia alimentario nacional y que la otra parte, en vez de ser destinada en un 70% para el área metropolitana de Montevideo y el 30% para el interior del país, se distribuya 50% y 50%. Estas son las soluciones maravillosas que se dan, que salen de cabezas que piensan muchísimo en toda la realidad. No sé adónde se apunta, en definitiva, con estas propuestas.

En esa realidad del país nos encontramos, nada más y nada menos, con que el Plan Fénix ya fue; no se cumplió en fecha y no quedó ni un peso para llevarlo adelante tal como estaba previsto. ¿De esta forma se van a crear fuentes de trabajo y se va a fomentar la construcción? Parece mentira que se intente decir que de este modo se van a crear fuentes de trabajo, cuando se están tomando medidas para achicar las instituciones. Además, no se están cumpliendo las metas con los organismos internacionales, que en definitiva retiran el dinero y se lo llevan nuevamente a sus bolsillos.

Esta realidad es la que trae aparejado, indudablemente, que hoy por hoy jóvenes parejas con niños estén comiendo de las latas de basura. Yo no estoy exagerando ni dramatizando absolutamente en nada. Basta con que cualquiera de nosotros camine por las principales arterias de esta ciudad para ver claramente cómo en la actualidad la gente, hasta con carros de bebitos, está juntando basura para ver cómo dar de comer a sus familias.

Jóvenes y no tan jóvenes son maltratados y manoseados en los aeropuertos del mundo -como todos los días tenemos noticias- cuando intentan lograr la oportunidad que este país no les da. También vemos aquí a jóvenes lavando parabrisas o haciendo malabarismo a cambio de unas tristes monedas.

El otro día leí un eslogan de la Cámara de la Industria del Calzado del Uruguay: "Con calzado uruguayo el país camina mejor". Lo único que está pidiendo esa Cámara es que de los nueve millones de pares de zapatos de procedencia china o brasileña que entran al país, se deje un cupo a Uruguay para defender nuestra industria nacional y permitirnos trabajar. Señala la Cámara uruguaya del calzado que por cada millón de pares que pueda fabricar -está dispuesta a hacerlos, compitiendo con los precios chinos y brasileños- se crean entre 800 y 900 fuentes de trabajo. Esto no lo ve absolutamente nadie. Teniendo la tecnología -aunque no sea de avanzada, pero está a disposición de todos-, podríamos trabajar de una forma diferente y dar soluciones a los problemas que tenemos los uruguayos, creando fuentes de trabajo. Acá no se crea absolutamente ninguna, más allá de que, previamente a la aprobación de una cantidad de medidas que hemos tomado -leyes de revitalización, Presupuesto, Rendiciones de Cuentas-, se ha anunciado que significaban el despegue y empezar a vivir de una forma diferente, con la creación de fuentes de trabajo que permitirían a los uruguayos vivir mejor. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros estamos todos los días votando leyes que reactivan la producción y la industria, pero la gente se va y, según los índices oficiales, aumenta la desocupación. Acá algo está fallando y, evidentemente, no pasa por dejar un banquito hipotecario, sino por soluciones mucho más de fondo.

Lo que está pasando con el gremio de la bebida es la contradicción más grande de todas las cuestiones que venimos discutiendo y conversando desde hace mucho tiempo. Mientras la coalición de Gobierno intenta llevar adelante las medidas posibles para ver cómo desmonopoliza las actividades que desarrolla el Estado, viene una empresa multinacional y compra Salus, Norteña y Pilsen, por lo cual en Uruguay la cerveza se transformó en un monopolio. Además, se deja a trabajadores por el camino y se amenaza con dejar a más en esa situación. Quiere decir que ya no somos ni dueños de nuestro subsuelo, pues no solo se quedan con todas nuestras empresas, sino que siguen explotando la fuente Salus en favor de intereses multinacionales.

Creo que esas son las cosas que hay que empezar a ver. Este es el país en que vivimos. ¿Este es el país para el cual se quiere crear este Banco Hipotecario o debería hacerse un trabajo mucho más profundo y consciente, con el aporte de todos, para saber cuál es el Banco Hipotecario que conviene al Uruguay?

La realidad del país son los miles de comedores y merenderos que se extienden a lo largo y a lo ancho de su territorio. Si algo demuestran, fundamentalmente, es que todavía hay un espíritu solidario tremendo que permite a algunos dar una mano hermana, con su esfuerzo y aporte, a quienes la necesitan, a quienes tienen hambre. También son los deudores, que siguen golpeando las puertas en forma infructuosa y que junto a los pequeños y medianos productores exigen la suspensión de las ejecuciones, sin encontrar la voluntad política que los saque de la angustia en que viven. Esto también es parte de la realidad del Uruguay y de la realidad del Banco Hipotecario.

En esa realidad también están los ahorristas; algunos vieron reprogramar sus ahorros sin que se les consultara absolutamente en nada, mientras que los ahorristas de los bancos suspendidos no saben qué pasará con su dinero.

También forman parte de esa realidad los trabajadores de la salud, que no cuentan con el mínimo indispensable para atender a los pacientes, que en muchos casos no cobran y que ven, por ejemplo, cómo el Gobierno, en tanto asiste al Banco Comercial, no le paga a Casa de Galicia los $ 9:000.000 que le adeudan el Ministerio de Salud Pública y el Hospital Militar. Casa de Galicia es deudora del Banco Comercial; el Gobierno no paga a Casa de Galicia, pero asiste al Banco Comercial.

Estas son las cosas que parecen de Ripley, o de mentira. El Gobierno asiste a un banco cuyos dueños se llevan el dinero para afuera -concretamente, lo roban- y deja sin asistencia a una mutualista, lo que se trasunta ni más ni menos que en ocupaciones y en atrasos en el cobro de los salarios por parte de los trabajadores. Si pagara a esta mutualista, esta podría estar abonando no solo al Banco Comercial, sino también, en parte, a sus trabajadores, sacándolos de la angustia en que viven.

La realidad es, también, la morosidad que sufren las Intendencias; los atrasos que sufren UTE, OSE, y ANTEL; la cantidad de boletos menos que se venden día a día a nivel departamental y nacional. Y la realidad es, además, querer disfrazar un aumento en las tarifas de taxis ajustando los aparatos para que las fichas caigan cada menos metros -ojalá que esto sirva para que los taximetristas puedan vivir un poco mejor-, y son los tamberos de este país que, buscando un precio más justo para su trabajo, estuvieron repartiendo 119.000 litros de leche, de los cuales 57.000 se distribuyeron en Montevideo y 62.000 en el resto del país, en comedores y merenderos. También es la crisis que vive el campo, que de alguna manera se ve reflejada en esas actitudes que se están asumiendo.

Podríamos seguir abundando en el señalamiento de cuál es la realidad de este país. Podríamos decir que no es únicamente con este parche que se pone al Banco Hipotecario que se van a solucionar los problemas. Cuando decimos que es el primer paso para intentar liquidar al Banco Hipotecario es porque lo entendemos así. Creemos que toda la política hacia la banca que se intenta llevar adelante por parte del actual Gobierno apunta, fundamentalmente, a fortalecer a la banca privada, a la banca internacional, lo que, de alguna forma, también debilita a la banca nacional.

Creo que no escapa a nadie que lo realizado ha significado un esfuerzo muy grande de parte de esta Cámara, y que aquellos que han votado determinados proyectos de ley lo hicieron convencidos de que la realidad cambiaría, de que viviríamos en un Uruguay mejor. Pero ninguna de las medidas adoptadas nos ha llevado a eso. Y esta tampoco lo hará; nos va a llevar cada vez más a solucionar los grandes problemas con pequeños parches, a lo que nos oponemos terminantemente.

Creo que no debemos echar en saco roto el rol histórico que ha cumplido el Banco Hipotecario. Es una gran equivocación señalar que es mucho mejor y más saludable otorgar préstamos individuales que préstamos colectivos. Es cierto que acá se señala que los préstamos van a ser para personas físicas y no se establece nada en ningún lado con respecto a las personas jurídicas. Pero que se pueda otorgar préstamos sobre la base de la hipoteca personal de cada individuo es una cosa, y que se puedan otorgar préstamos colectivos es otra totalmente diferente. Por este proyecto no se comprometen las cooperativas de vivienda por ayuda mutua ni las cooperativas de vivienda de usuarios, pero sí se comprometen las cooperativas de propietarios, las de FECOVI, las asociaciones civiles y todos aquellos préstamos con que durante muchísimos años, desde la sanción de la ley de vivienda -que hoy, poco a poco, comenzamos a matar-, el pueblo fue solucionando sus problemas de vivienda en forma colectiva, solidaria.

Estos son los elementos que habrá que tener en cuenta cuando se vote esta iniciativa, porque cuando se habla de que no se toca absolutamente para nada el Fondo Nacional de Vivienda, me pregunto cuándo este Fondo va a ir a parar al lugar donde tiene que estar.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——¿Cuándo el Fondo Nacional de Vivienda va a ir al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en lugar de que lo tenga el Ministerio de Economía y Finanzas? Creo que aquellos que tenemos unos cuantos años, desde el momento en que se creó el Fondo Nacional de Vivienda, hemos venido preguntando constantemente a los distintos Gobiernos dónde está el dinero de este Fondo y cuánto es. Queremos saber también cuánto es, porque es dinero de todos los uruguayos, destinado a solucionar la vivienda de todos los uruguayos, y nunca hemos sabido dónde está.

Nadie nos ha rendido cuentas al respecto.

He terminado, señor Presidente. Agradezco su benevolencia.

SEÑOR MÁSPOLI BIANCHI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MÁSPOLI BIANCHI.- Señor Presidente: en general, se contestan las alusiones que contienen juicios críticos, pero como hubo una que destacó nuestro trabajo, agradezco al señor Diputado Melgarejo que me permita realizar una apreciación.

El señor Diputado preopinante destacaba que, últimamente, esta Cámara ha trabajado en torno al concepto de los buenos y los malos y que él no se afiliaba a esa discusión; y yo tampoco. Creo que es muy bueno que tratemos de dejar de lado esas opciones que transforman a unos y a otros según de qué lado estén.

En principio, vuelvo a agradecer las opiniones del señor Diputado Melgarejo. Creo que ha sido un trabajo profundo, intenso, pero también anoto que en la lógica del razonamiento de su exposición, frente al mal que pensaba exorcizar, incurre en usar la misma lógica de dos ideologías: una que se robustece y otra que cae; cuando algo se robustece y mejora es porque es bueno, y lo otro es malo. Es decir que el razonamiento que se pretendía no utilizar en la arquitectura del planteamiento, vuelve a caer en la misma concepción.

También se habla de otros que no pudieron intervenir en la formación de esta ley. Las leyes tienen sus caminos. Hubo uno que surgió de los Ministerios de Economía y Finanzas, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, etcétera, con participación de distintos actores políticos, pero luego, en el seno de la Comisión hubo espacio y tiempo para aportar y sumar, y de hecho muchos de los aportes de las organizaciones que hicieron su intervención fueron recibidos como algo que enriquecía y mejoraba el proyecto. No existe el acuerdo de tener que aceptar todo lo que se plantee, porque eventualmente puede no ser compartido o no ir con el espíritu de la ley.

En este sentido fue que trabajó la Comisión que generó el proyecto, que como tal es la que tiene la responsabilidad, y es a partir de ella que se da cabida a esta iniciativa en la Cámara.

Quería hacer estas breves apreciaciones. No deseo extenderme más.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Perdomo.

SEÑOR PERDOMO.- Señor Presidente: nuestro sector, Alianza Nacional, ubica este proyecto de ley en el contexto político que vivimos en estos días. Se trata de la primera ley de trascendencia luego de la retirada de los Ministros blancos del Gabinete y es el comienzo de un nuevo estilo de relacionamiento.

Nuestro Partido, el Partido Nacional, ha vuelto a entender que el término gobernabilidad, acuñado por Wilson Ferreira en el primer Gobierno luego de la dictadura, era lo indicado para actuar en este marco. Esto claramente nos dice qué es lo que no nos puede volver a pasar. Entendemos que este proyecto de ley tiene su génesis y un proceso anterior a esta nueva situación política, pero no nos puede volver a suceder que sigamos perdiendo oportunidades.

Este proyecto, que lleva el título de "Fortalecimiento del Banco Hipotecario del Uruguay", no es otra cosa que un instrumento del cumplimiento de pautas a los efectos de su capitalización. El término "fortalecimiento" es mucho más que algo genérico; es algo que logre introducir cambios de fondo en cada uno de los aspectos relacionados nada menos que con el Banco Hipotecario, instrumento de casi un siglo, instrumento de desarrollo y de generación de políticas sociales.

Entendíamos que en la medida en que este proyecto tocaba la Carta Orgánica era posible plantearnos otros temas de fondo: la racionalización del presupuesto del Banco o la racionalización de su aparato administrativo, dando mensajes de austeridad -mensajes políticos, en definitiva- que la gente está esperando, como puede ser, por ejemplo, la reducción de la cantidad de integrantes de su Directorio de cinco a tres para el próximo período. Estos son ejemplos que podrían dejar mensajes claros en el sentido de que la voluntad es racionalizar esa administración.

También aspiramos a dejar claro cuál es el nuevo rol del Banco Hipotecario, cuál es su plan estratégico y en qué plan de vivienda está enmarcado. Ya que se establecían cambios a la Carta Orgánica, queremos plantear temas que son de fondo, como por ejemplo el del endeudamiento, que este proyecto casi no toca o no soluciona. También en el tratamiento de ese nuevo rol del Banco Hipotecario debemos pensar en los futuros clientes del Banco y en seguir teniendo un instrumento de esa naturaleza, es decir, un banco que además de haber prestado el servicio para la construcción de acuerdo con la demanda, también fue capaz de generar oferta; un banco que tuvo sus problemas, pero estos fueron contundentemente resueltos a través de la ley de vivienda de 1968, que, más allá de las opiniones, trataba la totalidad del tema.

Entendemos que hoy se da una visión apenas financiera -por decirlo de algún modo- y no se aprovecha esta oportunidad, esta expectativa creada, para lograr generar una ley que posibilite al Banco continuar siendo viable y, además, conformar los compromisos contraídos.

Como sector, hemos optado por tratar de mejorar esta ley. De ninguna manera se agota aquí la temática del Banco Hipotecario; hay varias zonas grises, varios aspectos no contemplados. Además, queda el tema del endeudamiento, acerca del cual nosotros, como sector, tenemos la opinión de que debe tener un tratamiento legislativo. Sin embargo, pudimos hacer algunos aportes, como por ejemplo la eliminación de la cesión del beneficio de la ejecución extrajudicial en el caso de la securitización, lo que nos parecía un exceso. De todas maneras, entendemos que esta ley es realmente pobre y que no contempla todos los aspectos.

Como dijimos al inicio, ubicamos esta ley en ese contexto y buscamos hacer algunos aportes que vamos a describir a medida que se discuta cada artículo. De todos modos, consideramos que el Gobierno perdió una oportunidad única de generar cambios de fondo en este tema; el Gobierno perdió la posibilidad de remover viejas y obsoletas estructuras, marcando un nuevo rumbo en esta área, y los uruguayos todos perdimos otra oportunidad. Esta es la gobernabilidad que no queremos; la queremos llena de contenidos. Obviamente, también queremos que se consulte la agenda parlamentaria a la totalidad del Partido Nacional y que, además, haya una discusión de fondo, de contenidos en cuanto a cada tema, que nos permita aprovechar las oportunidades que tanta falta le hacen al país.

Vamos a acompañar la votación en general de esta iniciativa y a plantear reformas a algunos artículos centrales, como el literal E) del artículo 1º, y a otra gran cantidad de artículos e incisos para los que vamos a proponer sustitutivos o aditivos. Pedimos disculpas a la Cámara por plantearlos en el plenario, pero es la forma que entendemos más conveniente a los efectos de incorporar estos aportes.

Desde ya anunciamos, como sector, que los Diputados de Alianza Nacional no vamos a acompañar los incisos A) y B) del artículo 2º, referidos a la securitización y a la venta de carteras. Este puede ser un instrumento interesante a la hora de generar recursos, pero pretendemos una securitización hacia el futuro y no hacia el pasado, clasificando a los deudores en A y B, por decirlo de alguna manera. Más allá de que, como analizaremos más tarde, a través de lo establecido en el artículo 2º la securitización no modifica los contratos, también es verdad que hay muchísima gente que llegó a pagar el metro cuadrado construido infinitamente más caro porque confiaba en el Banco, porque más allá de su contrato y de las eventualidades, sabía que, a la hora de perder su trabajo o de no alcanzar a pagar la cuota, el Banco tenía una larga historia de confiabilidad, de flexibilidad y de atención de cada uno de los problemas de todos los deudores.

Por tanto, entendemos que, al fin y al cabo, este esquema de securitización hacia atrás, hacia el pasado, es de alguna forma un cambio en las reglas de juego. Lo consideraríamos como un recurso viable si esto fuera hacia el futuro. Si alguien toma un crédito sabiendo las condiciones en que está su cartera -si es del Banco o de un tercero, si está securitizada o no- y lo acepta, nos parece que es una herramienta válida de generación de recursos, pero no hacia el pasado; y esto abarca la totalidad de la cartera del Banco.

Como dijimos, el país entero está perdiendo la posibilidad y la ocasión de discutir a fondo un tema que realmente implica un instrumento que tiene una enorme trayectoria y que está incorporado a la cultura de los uruguayos, como es el Banco Hipotecario. Queremos que, de aquí en adelante, esta gobernabilidad se entienda como aquella que sea capaz de generar contenidos y no perder oportunidades.

A medida que se vayan tratando los artículos iremos incorporando nuestras mociones y aditivos. A nivel general, es cuanto teníamos para decir.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por las señoras Diputadas Villalba y Topolansky y los señores Diputados Máspoli Bianchi, Berois Quinteros, Ronald Pais y Posada.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión extraordinaria mañana, miércoles 13 de noviembre, a la hora 15, a efectos de que el señor Representante Nacional Félix Laviña realice una exposición acerca de 'El acervo histórico y cultural del interior del país como atracción turística'".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra la señora Diputada Barreiro.

SEÑORA BARREIRO.- Señor Presidente: realmente, constituye una increíble paradoja que este proyecto de ley se llame "Fortalecimiento del Banco Hipotecario del Uruguay", ya que no solamente la bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio considera que se lo debilita en su accionar futuro, sino que también coincidieron en este enfoque todas las delegaciones que concurrieron a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente a dar su opinión: Cámara de la Construcción, Liga de la Construcción, Asociación de Promotores Privados, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines, Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Asociación de Escribanos del Uruguay, Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Federación de Cooperativas de Vivienda de Ahorro Previo, CUDECOOP, COVIPRO, Coordinación de Fondos Sociales de Vivienda, deudores en dólares del Banco Hipotecario del Uruguay y AEBU, sector Banca Oficial.

Precisamente, si tiene algún mérito este proyecto es haber provocado la comunicación y la coordinación entre estos tan diferentes actores de nuestra sociedad, que solo tienen en común tener, desde diferentes ángulos, alguna relación con la construcción de viviendas en nuestro país. Es significativo que casi todos coincidan en las mismas objeciones y presenten las mismas propuestas. Así comprobamos que todos estos actores sociales coincidieron en que no es conveniente para el futuro del Banco ni para la necesidad de viviendas y fuentes de trabajo que hoy tiene el país, que en este proyecto de ley se elimine la posibilidad de otorgar préstamos a personas jurídicas, ya sean cooperativas, sociedades civiles, fondos sociales o promotores privados; que no es conveniente que se quite al Banco su carácter de banco de fomento de la construcción de viviendas, cuando los puestos de trabajo en ese sector han disminuido de 43.560 en 1998 a 20.895 en 2002, y a pesar de ello los que genera el Banco Hipotecario del Uruguay representan el 25% del total.

Tampoco es conveniente que se le quite la posibilidad de captar depósitos, cuando es la segunda institución en esa materia luego del Banco de la República, teniendo más éxito que cualquier institución privada en este sentido. Esto lleva a que, prácticamente, deje de ser un banco para pasar a ser una empresa en liquidación.

Tampoco es conveniente que se prevea una cifra para el cumplimiento de los compromisos existentes, que no alcanzará para cubrir todo lo prometido. En esto no solamente coincidieron los promotores privados y AEBU, sino también el arquitecto García Percovich, técnico del Banco Hipotecario del Uruguay.

Tampoco es conveniente que se ordene vender sus carteras para obtener fondos, trasmitiendo a quienes las adquieran todos los privilegios que tiene como Banco Hipotecario: el derecho real, la prioridad en caso de ejecución, la posibilidad de la retención de la cuota en sueldos y pasividades.

Tampoco es conveniente que se utilice parte del FONAVI para formar un fondo de garantía de los créditos hipotecarios que el Banco enajene a fondos cerrados de inversión, lo que constituye un despropósito. Queriendo ser una ley de fortalecimiento del Banco Hipotecario, se garantiza a terceros privados el cobro de carteras, lo que hasta el día de hoy no se le garantizó al propio Banco que se dice se pretende fortalecer.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante González Álvarez)

——No resulta conveniente dar un plazo máximo de quince años para cancelar todas sus obligaciones, lo que, en buen romance, significa la liquidación del Banco en ese lapso.

Tampoco es conveniente poner un tope al volumen de los créditos pendientes, puesto que cada vez que el Banco se pase de dicho tope tendrá que salir a vender su cartera, por la cual, si no actúa con inteligencia y astucia, obtendrá un precio vil. ¿Qué garantía tenemos de que en adelante el Directorio actúe en forma diferente que hasta ahora? La mala administración de los sucesivos Directorios, integrados por cuotificación política, ha dado al Banco una pésima imagen. No han sabido aprovechar los treinta años en los que la evolución de la unidad reajustable era favorable a los intereses del Banco y no supieron salvaguardar su patrimonio cuando ello era posible. ¿Acaso quieren que pensemos que ahora lo harán?

De todas estas terribles consecuencias para este Banco Hipotecario, voy a referirme a las que considero más perjudiciales para una verdadera política de vivienda, que tanto necesitamos en estos momentos de crisis que vive el país. Realmente, no encontramos justificación para la eliminación de los préstamos hipotecarios para personas jurídicas, ya sean cooperativas, sociedades civiles, fondos sociales o promotores privados. Esto significará eliminar la principal vía de acceso a la vivienda para los sectores de bajos recursos, los que gracias a la organización de una cooperativa logran una vivienda de mejor calidad y a menor costo. Se elimina la financiación por el Banco Hipotecario del Uruguay de los programas cooperativos, que constituyen nuestro mayor logro y nuestra mejor experiencia en cuanto a los resultados en materia de políticas de vivienda. Esta es una vieja aspiración de determinado sector de nuestra sociedad, que no ve con buenos ojos la organización de la gente por el sistema cooperativo. Este cambio sustancial atenta contra una modalidad exitosa y arraigada en nuestra sociedad, que además ha sido cumplidora de sus compromisos. En ese sentido, es bien claro el ejemplo de FECOVI, con cero mora en el Banco Hipotecario del Uruguay.

La Sociedad de Arquitectos del Uruguay considera que esto es un grueso error, ya que los logros de nuestra internacionalmente reconocida ley de vivienda en los aspectos económicos, sociales y arquitectónicos fueron producidos, precisamente, por la rica gama de aperturas societarias que previó dicha norma. Además, opina que puede producirse un vacío legal al conculcarse los derechos de los fondos sociales de vivienda que, por ley, deben tener sus dineros depositados en el Banco y solo operar con él.

Por otra parte, los mayores índices de morosidad no están aquí, sino en las unidades en las que el Banco asume su colocación y cobranza. También allí se dan los mayores índices de viviendas desocupadas, lo que aumenta enormemente los costos operativos de gestión, debiéndose pagar el servicio 222 para su cuidado.

Las cooperativas y los fondos sociales de vivienda controlan el destino de los fondos que invierten; ejercen la actividad de cobranza de sus socios o beneficiarios; custodian las unidades desocupadas y las mantienen, todo lo cual abarata los costos operativos del Banco, ya que cada cuenta representa un gran número de beneficiarios.

Si bien la Sociedad de Arquitectos del Uruguay considera que el Banco debe reestructurarse y tiene críticas a su gestión, hay aspectos que han sido fundamentales en el devenir histórico de nuestro país, por lo que representa esta institución para el conjunto de la sociedad uruguaya y por lo que ha significado para miles de uruguayos en cuanto a la posibilidad de acceso real a su vivienda.

Aquí estamos reformando el Banco Hipotecario sin tener en cuenta para nada al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que debería ser un elemento central desde el punto de vista de la planificación, que oriente y enmarque el funcionamiento del Banco y de los demás ejecutores en materia de vivienda, teniendo en cuenta los aspectos territoriales y de política integral. Esto significa perder instrumentos, desde el punto de vista de la gestión territorial, que permitan orientar qué construir, dónde y con qué densidades. Al no haber una acción orientadora, se demandará nuevos gastos del Estado, sobre todo a través de los Municipios, que deberán llevar los servicios a los lugares donde los individuos decidan construir. El costo para la sociedad será mucho mayor en cuanto al alumbrado, la salubridad, el saneamiento, el transporte, la caminería y otros servicios. De esta manera, se contribuirá a seguir desestructurando la ciudad, fomentándose aún más el surgimiento de asentamientos irregulares en la periferia y renunciando a contar con una de las mejores herramientas para planificar políticas de urbanización.

Estamos ante un nuevo diseño de políticas de financiación para la vivienda, que significa el retiro del Estado de la financiación y de la recuperación de las inversiones en materia de vivienda, a favor de la banca privada. En poco tiempo estaremos ante una emergencia nacional aún mayor a la actual en materia de vivienda y con un Banco más quebrado que el que tenemos hoy. La emergencia estará dada, por un lado, por la falta de oferta y, por otro, por la exclusión de aquellos sectores que han accedido a la vivienda pero que hoy no pueden mantenerse en ella, debido a la pérdida de su capacidad de ahorro. Los arquitectos dicen que estaremos ante un Banco que tendrá capacidad para financiar, con suerte, 2.500 viviendas por año. Entonces, es necesaria una reestructuración total del sistema de vivienda, en el que el Banco y el Ministerio jueguen un papel articulado y estén dotados de los recursos imprescindibles a fin de llevar a cabo políticas sociales.

Por su parte, la Asociación de Escribanos del Uruguay opinaba que es grave que no se dé préstamos a las personas jurídicas, ya sean cooperativas, fondos sociales, sociedades civiles o promoción privada. Esto significará un duro ataque a la industria de la construcción, vital para el país en este momento de crisis. Tenemos una industria de la construcción cercenada, un Banco Hipotecario acotado, reducido en sus funciones, pero que no reduce sus costos operativos, en virtud de que solo prevé préstamos a personas físicas. Opinan que con este proyecto se está incentivando el informalismo y la evasión tributaria. Así, sostienen que uno de los peligros de excluir a las personas jurídicas como destinatarias de los préstamos es la formación de gestores o promotores que funcionen en la órbita del informalismo, con total impunidad y ausencia de responsabilidad personal y patrimonial. Hemos visto -decían los escribanos- que cuando no existe un promotor privado, se crea a alguien que empieza a hacer de promotor, que junta gente pero que, precisamente, no se obliga solidariamente en la escritura de promoción privada, ni se hace responsable de lo que pueda ocurrir; es decir que vamos a tener un promotor encubierto, que no tendrá responsabilidad alguna.

Esta conclusión no sorprendió en absoluto a los integrantes de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de esta Cámara, quienes, en lo que va de esta Legislatura y en la anterior, nos cansamos de ver desfilar ante nosotros gente estafada por diferentes gestores, sobre todo por Julián Pereyra, personaje nefasto, todavía de gran poderío a pesar de tener varios juicios penales y civiles en su contra por las estafas a las que sometió a la gente que confió en el Instituto de Asistencia Técnica ADACS Limitada, propiedad de Julián Darío Pereyra Negreira, Juan Villalba Gordillo, contador Eloy Perciante Pittamiglio, arquitecto Carlos Daniel Acheriteguy Sieglich, asistente social María Julia Amor y escribana María del Socorro López Martini. Todos ellos constituyeron, el 4 de octubre de 1994, la sociedad de responsabilidad limitada ADACS, inscripta en el Registro de Comercio con el número 2127.

El sistema de cooperativas por ayuda mutua requiere poner el hombro para levantar las viviendas; se necesita la formación de grupos solidarios cuya unión se prolongue tras la terminación de las obras, manifestándose en emprendimientos conjuntos de tipo social, cultural o deportivo. Muchos trabajadores carecen de horas disponibles para ayudar en la construcción de sus viviendas. Tal vez fue esta circunstancia la que dio a este gestor, Julián Pereyra, la brillante idea de crear una nueva industria: inventó cooperativas de ayuda mutua sin ayuda mutua. La diferencia con otros IAT, que cumplen con sus deberes de asesoramiento, es que ADACS no asesoraba, no informaba sobre los principios del cooperativismo, sobre sus valores; su asistente social no contribuía a consolidar los grupos humanos; no contaba con un abogado que defendiera a sus clientes si era necesario y no promovía a los cooperativistas para que se dieran autoridades que aprendieran a gestionar su cooperativa.

El negocio de Julián Pereyra era resucitar cooperativas cuyos integrantes originales habían abandonado el proyecto. Luego vendía a otras personas el derecho a integrarlas mediante avisos en la prensa, actuando como una inmobiliaria. Para hacer sus gestiones solicitaba a los necesitados de techo la firma de poderes, entregas de dinero, formación de comisiones de cooperativistas que avalaran su actuación y finalmente, al entregar las llaves de las viviendas a las víctimas, les hacía firmar un pagaré en dólares.

En varios departamentos del país centenares de viviendas fueron entregadas por parte de este personaje, sin piso, sin pintura, sin puertas interiores, sin jardines, sin caminería, sin muros exteriores y sin otras terminaciones.

Además, emitía recibos de pago sin membrete -como los que se pueden adquirir en cualquier papelería- y mediante esta viveza -según consta en varias denuncias penales- se pudo ejecutar como si no hubieran pagado nada a modestos aspirantes a propietarios que habían cubierto sus vales sin que les fueran devueltos.

Cuando Pereyra desapareció, muchas de las cooperativas que asesoraba se encontraron con que se debía miles de dólares al BPS por aportes impagos de las empresas constructoras contratadas por este ingenioso promotor de la ayuda mutua.

Otras irregularidades consistieron, por ejemplo, en la construcción en Pan de Azúcar de una cooperativa, originariamente autorizada en Santa Lucía, con el levantamiento de dos complejos de viviendas, en lugar de uno, en Maldonado.

Todo esto, y más, fue manifestado en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente durante la pasada Legislatura por damnificados de Maldonado y Florida, así como por FUCVAM, todo lo cual fue trasladado al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a las autoridades del Banco Hipotecario del Uruguay de ese entonces. En ambas instituciones comenzaron a investigar este Instituto de Asistencia Técnica y fue así que, el 16 de marzo de 1999, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, por Resolución Nº 208/99 comunicada al Banco el 22 de marzo de 1999, suspendió la personería jurídica a ADACS Limitada, argumentando que por las múltiples denuncias efectuadas sobre su actuación y de acuerdo con los informes preliminares realizados por técnicos del Ministerio y del Banco, se habían detectado graves irregularidades, en principio, en especial en el área arquitectónica y en el cumplimiento de las funciones legales y reglamentarias que le correspondían como Instituto de Asistencia Técnica. Lo curioso es que por Resolución Nº 295 de 1990, ocho años antes, el Ministerio de Educación y Cultura había cancelado la personería jurídica de ADACS. Entonces, una sociedad anónima se recicló sin problemas, pasando a ser una sociedad de responsabilidad limitada, continuando sus operaciones como si tal cosa y sin que ninguna de las autoridades en materia de vivienda se diera cuenta.

También resulta curioso cómo el ex Presidente del Banco, Salomón Noachas, en su comparecencia ante la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de esta Cámara, intentó trasladar todas las responsabilidades de la situación al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, alegando que se trataba de una acción privada entre una cooperativa y un instituto y que el avance de obra era constatado por el Ministerio que otorgaba el subsidio para la financiación. Lo que olvidó comunicar Noachas en aquella oportunidad fue que como el Ministerio carece de equipos de contralor suficientes, contrata con el Banco el seguimiento de las obras. No voy a abundar en las múltiples cosas que olvidó decir Noachas ante nuestras preguntas, como, por ejemplo, conocer al matrimonio argentino Cichero Nusbaum -propietarios del chalet "3 sin triunfos", junto al que él adquirió, el famoso "King Salomón", construido casualmente por Julián Pereyra-, matrimonio que conozco y que firmó una declaración jurada, certificada por escribano el 13 de octubre de 1999, que contradice todo lo declarado por Noachas ante la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente. No voy a abundar más en esto porque, afortunadamente, este otrora intocable Presidente del Banco Hipotecario del Uruguay fue obligado a renunciar a su cargo en el verano del año 2001 por circunstancias por todos conocidas, pero cuyas consecuencias todavía están vigentes.

Sí voy a profundizar en algo que siento desde 1997, año a partir del cual integro esta Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente. Cada vez siento más impotencia al no poder solucionar los problemas de toda índole que continua y reiteradamente, a través de los años, nos acercan diferentes grupos de personas estafadas en sus esperanzas de acceder al techo digno que manda la Constitución de la República; estafadas por Julián Pereyra la gran mayoría de las veces, pero también por otros personajes análogos. Así, representantes de COVIMA 90, COVIMA 91 y COVINSALU de Maldonado y COVIDIM de Florida concurrieron a nuestra Comisión en la pasada Legislatura y lo volvieron a hacer en el año 2001, cuando los legisladores del Encuentro Progresista-Frente Amplio decidimos entregar todos los antecedentes que teníamos en nuestro poder al Juzgado en donde se había radicado la denuncia penal de estafa, apropiación indebida y falsificación de documentos.

La pregunta que surge es cómo accedía Julián Pereyra a esas carpetas dormidas en el Banco Hipotecario del Uruguay. Desde su oficina, instalada en la calle Jackson 1407 de Montevideo, o por las actuaciones de Ángela Sensión en Maldonado, estos gestores obtuvieron créditos para la realización de un 20% de las cooperativas de ayuda mutua que se han construido en los últimos años, con el agravante de que los damnificados quedaron con deudas de miles de dólares frente al BPS y con juicios laborales de obreros que no recibieron la paga de Julián Pereyra, que actuaba en nombre de los cooperativistas.

También se manifestó que hay muchos damnificados que no se animan a denunciar porque han sido amenazados si hacen alguna reclamación. Increíblemente, se informa que en el Edificio del Campanario, a media cuadra de la plaza principal de Maldonado, sigue operando Julián Pereyra, quien publicita la venta de soluciones habitacionales invocando el programa SIAV del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. También, en "El Gallito Luis" de mayo de 1999 se leía lo siguiente: "Funcionarios policiales en actividad. Tengan casa propia. Ladrillo y tejas, azulejos color, cerramientos de madera. Plan x BHU, cuotas muy accesibles. Ahorristas y no ahorristas. Consulte. Hay varias zonas. ADACS. Jackson 1407".

Todas estas denuncias tuvieron amplia cobertura de prensa en la época, hasta que Julián Pereyra rompió el silencio en una carta dirigida al Director del diario "La República" el 28 de mayo de 1999. Allí afirmaba que desde su fundación, el 1º de mayo de 1981, ADACS participó en 72 programas de cooperativas de vivienda, con un total de 187.548 metros cuadrados de construcción tradicional, teniendo en trámite en ese momento 28 programas más, con un total de 3.532 unidades de vivienda de interés social. En esa carta dice que esto representa el esfuerzo de 40 profesionales y de más de 1.000 obreros que favorecieron los ingresos del BPS y al cooperativismo. Sostiene que ADACS asesoró cooperativas que deseaban incorporarse al régimen de propietarios en sus dos variantes -de ayuda mutua o de ahorro y préstamo-, siendo este el único método capaz de evitar que unos pocos decidan el rumbo de otros. Lo hacía no solo porque este era el mejor método a utilizar, sino porque el Banco, para escriturar los préstamos hipotecarios, solicitaba como condición sine qua non que fueran cooperativas de propietarios.

En otra publicación de prensa, el arquitecto Rodríguez desafió públicamente al empresario Julián Pereyra a que aceptara una auditoría de la documentación de las cooperativas Neyra y Bauzá, afirmando que el edificio de diez pisos fue comenzado cinco meses antes de la escritura de préstamo con el Banco Hipotecario del Uruguay y que los cooperativistas no se conocían entre ellos. Cuenta que Julián Pereyra se hizo cargo del paquete de ambas cooperativas, armadas previamente por otro promotor, y dentro de ese paquete lo había adquirido a él también y, al no coincidir con los manejos de este señor, presentó el caso al Tribunal de Ética de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay.

También en Colonia, en mayo de 1999, se denunció en la Junta Departamental que el gestor Julián Pereyra, titular de ADACS SRL, empresa dedicada a la construcción de viviendas de ayuda mutua, había incurrido en irregularidades en el manejo de los fondos. La unanimidad de la Junta recibió a cooperativistas de Colonia del Sacramento, de Tarariras y de Colonia Suiza perjudicados por ADACS SRL. Por ejemplo, en Colonia del Sacramento se aprobó la construcción de 40 viviendas, pero se construyeron 42, siendo comercializadas las dos sobrantes en beneficio de Julián Pereyra. Por su parte, COVITAR, de Tarariras, en 1987 comienza la tramitación de la personería jurídica de una sociedad integrada por funcionarios de Establecimientos Colonia S.A., quienes solicitaron información a la sucursal Colonia del Banco, siendo atendidos por la funcionaria Ernestina Ríos, que días después se presentó en el gremio acompañada de Julián Pereyra, quien traía los planos del predio y la cantidad de viviendas que se podían construir. En reuniones posteriores se decide dar la asesoría a ADACS hasta la firma del préstamo con el Banco. En ese tiempo, Julián Pereyra hizo contactos con el entonces Diputado por Colonia Ariel Lausarot, con quien realizó varias reuniones. En otra oportunidad, Julián Pereyra trajo al Presidente del Banco, contador Julio Kneit, luego de lo cual, en pocos meses consiguieron firmar el préstamo en el Banco Hipotecario del Uruguay.

Nunca se mostró ningún balance a esos funcionarios, y ni siquiera tenían el más mínimo conocimiento del dinero retirado del Banco Hipotecario del Uruguay ni de su destino. Ellos aseguran que en el libro de Actas de Asamblea hay firmas falsificadas.

Luego ADACS desaparece, dejando obras sin terminar, y cuando ellos van al Banco a pagar sus cuotas encuentran que la asesora había retirado un sobrepréstamo a sus espaldas.

Tampoco escapa el departamento de Canelones de las andanzas de este personaje, ya que en "El Gallito Luis" de mayo de 1999 salió publicado: "ADACS. Próximo Centro y Ruta 8. Casas duplex con fondo, jardín, coop. de vivienda. Préstamos otorgados x BHU. T: 4030568. Jackson 1407".

Lamentablemente, todas estas irregularidades, que afectaron a tanta gente ilusionada con poseer su vivienda, no son nuevas. Las mismas personas que vinieron durante la Legislatura pasada denunciando haber sido estafadas por ADACS, así como las que lo fueron por la empresa Framyl en Maldonado, volvieron en 2001 a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, ya que todavía sufren los perjuicios denunciados. Con respecto a este último caso, en la época posdictatorial, el ex Diputado frenteamplista por el departamento de Maldonado señor Ramón Guadalupe promovió, con sus denuncias, la creación de una Comisión Investigadora que sesionó durante tres años, investigando las irregularidades cometidas durante el régimen de facto por el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay. Tenemos en nuestro poder toda la documentación manejada por dicha Comisión Investigadora, donde se denunciaron irregularidades en casi todos los complejos habitacionales originados en aquella época, como, por ejemplo, el complejo América, Verdysol, Euskal Erría, Malvín Alto y otros.

En lo que respecta a Framyl y a su estafa a los vecinos del barrio San Antonio, de Maldonado, los integrantes de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente pertenecientes al Encuentro Progresista-Frente Amplio, en 2001 hicimos entrega al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno de toda la documentación reunida y, afortunadamente, se están solucionando los problemas que sufre esta gente desde hace veinticinco años.

Revisando nuevamente el material que produjo la Comisión Investigadora, que sesionó desde 1986 hasta 1989, encontré que en esa oportunidad, entre las múltiples irregularidades, aparecía denunciada la existencia de gestores de sociedades civiles y de cooperativas de ayuda mutua, como un comisionista llamado Julián Darío Pereyra. Entre las conclusiones de dicha Comisión Investigadora se afirma que cuantiosos recursos captados al pueblo uruguayo por concepto de impuestos, ahorro previo y endeudamiento externo fueron absorbidos por grupos lucrativos organizados y que es menester establecer si existió relación entre estos y el Directorio de la época y si el grado del vínculo fue delictivo. Dicho informe fue firmado el 9 de octubre de 1989 por los señores Diputados Numa Aguirre Corte, Juan Pedro Ciganda, Enrique Rey, Elías Porras Larralde y Antonio Zeballos Bastreri, y se resolvió pasar la totalidad de los antecedentes a la Suprema Corte de Justicia, a los efectos a que hubiere lugar.

Lamentablemente, ello no ocurrió porque el informe de Comisión no llegó a tratarse en el pleno de la Cámara, al acabarse la Legislatura. Sin embargo, en julio de 1985, en el Banco Hipotecario del Uruguay se creó una Comisión Investigadora a instancias de su Presidente, contador Julio Kneit, quien aconsejó el 31 de marzo de 1986 la presentación de una serie de denuncias a la Justicia Penal de 2º Turno. El Fiscal fue el doctor José Luis Barbagelata, y el Juez, el doctor Alfredo Gómez Tedeschi.

El 3 de abril de 1989, el Fiscal solicitó ocho procesamientos: cinco ex Directores del Banco Hipotecario del Uruguay, dos altos funcionarios y el principal de una empresa constructora. Entre los ex Directores estaban los Brigadieres Pace y San Pedro, quienes consiguieron que el señor Presidente de la República de ese entonces, doctor Julio María Sanguinetti, y el señor Ministro de Defensa Nacional, Hugo Medina, remitieran al Juzgado un informe a través de la Suprema Corte de Justicia diciendo que los hechos estaban incluidos en la ley de caducidad.

Luego de haber asumido el nuevo Presidente, doctor Luis Alberto Lacalle, y de haber sido designado el Brigadier Pace Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, el Juez dispone la clausura de las actuaciones en lo relativo al Brigadier Pace y al Brigadier San Pedro. Más tarde, el Fiscal, para no hacer diferencias, ordenó que se archivara todo el expediente.

También encontré en la versión taquigráfica de dicha Comisión Investigadora la solicitud que en 1987 hicieron integrantes de la cooperativa por ayuda mutua COVISA, que recientemente se presentaron ante la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente. Asimismo, encontré el testimonio del acta de la Asamblea General extraordinaria de COVIUN del 13 de marzo de 1984, donde el asesor Julián Pereyra informa a los cooperativistas que solo las cooperativas que hicieran cambio de régimen de usuarios por ayuda mutua a propietarios podían obtener la escritura del préstamo hipotecario.

Traigo a la memoria todo esto, que parece perimido, porque lamentablemente hemos comprobado que a lo largo de los años se han seguido haciendo las mismas denuncias ante la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente y poco hemos podido solucionar sus problemas a la gente estafada que llega aquí pensando que sus Representantes los van a ayudar. Más lamentable aún es que se trata de las mismas personas que vuelven a lo largo de los años a solicitar nuestro apoyo, lo que nos hace sentir impotencia total ante este estado de cosas.

Entonces, cabe preguntarse: ¿cómo el Poder Ejecutivo y los integrantes de este Parlamento que apoyan este proyecto y que, de una u otra forma están en conocimiento de muchas de estas cosas, deciden promover préstamos solamente a personas físicas, sosteniendo que si quieren agruparse lo pueden hacer, refiriéndose a los préstamos estructurados, cosa que casualmente ofrece en las puertas del Banco un ex Presidente del mismo, según lo manifestara FUCVAM en la Comisión? ¿Quién o quiénes se encargarán de agrupar a las personas físicas que vengan a solicitar sus préstamos? ¿No será probable que florezcan personas inescrupulosas, como Julián Pereyra, que, teniendo en cuenta la desesperación de la gente, sigan aprovechándose de esta circunstancia? ¿No será hora de empezar a cambiar las cosas y de legislar para proteger a las personas honestas que solamente buscan tener su techo?

En este momento, el control de las cooperativas, de los fondos sociales o de cualquier institución afín parece ser tierra de nadie. Por sucesivas disposiciones legales y reglamentarias se ha pasado este control de una institución a otra, y resulta totalmente ineficaz lo poco que se hace.

Es reconocido por todos los integrantes de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente y también por las autoridades de la Dirección Nacional de Vivienda que el sistema cooperativo, en sus diversas formas, así como MEVIR, han dado a la gente las mejores soluciones en cuanto a calidad y a precio y en lo que refiere a calidad de vida comunitaria. ¿No será hora de aprovechar los pocos recursos que tenemos en promocionar y en tomar ejemplo de estas excelentes experiencias por todos reconocidas? ¿No sería bueno que este proyecto de ley encarara uno de los más grandes problemas que tiene el Banco -que consiste en sus sucesivas malas administraciones-, designando para integrar su Directorio a personas idóneas e inobjetables desde el punto de vista ético? ¿O es que no sabemos que cayó Noachas, pero todo sigue igual?

AEBU Banca Oficial denunció en Comisión que el actual Directorio sigue despilfarrando fondos, sin estar a la altura de la grave situación por la que atraviesan el Banco y el país. Por ejemplo, recientemente contrataron una entrevista a Lausarot en "The New York Times" a un costo de US$ 43.000; promovieron cuatro contratos con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a razón de US$ 35.000 por mes, y contrataron 23 autos.

Recién asumido su cargo, el Presidente Lausarot dijo en nuestra Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente que de allí en adelante todo cambiaría y habría una gestión transparente. Sin embargo, al poco tiempo comprobamos que el Directorio siguió adjudicando viviendas sin previo llamado público, distribuyéndolas entre sus correligionarios. Se trataba de viviendas desocupadas, en buenas ubicaciones, que cada Director adjudica a su criterio desde su despacho, sin rendir cuentas. Por este motivo, se han elevado varios pedidos de informes que no fueron contestados.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——En la prensa aparecen constantemente denuncias que no son desmentidas. Por ejemplo, en el diario "El Vigía", de Maldonado, se denuncia que un periodista y abogado, Miguel Muto, estafó con una falsa cooperativa, porque obtuvo del Banco un crédito de US$ 3:000.000 para construir 90 viviendas en el barrio Los Ciruelos, que, sin embargo, tenían vicios constructivos y en las que había diferencias en la memoria descriptiva, lo que terminó en una instancia judicial. De todos modos, sigue operando con el Banco.

Lo mismo puede decirse de Fernando Barboni, ex socio del ex Intendente de Maldonado, Domingo Burgueño, quien con la empresa Amiga S.A. construyó el edificio "Beverly Tower", la misma que en el departamento de Treinta y Tres construyó el famoso complejo DC 18 -que fue una estafa que ameritó juicio penal-, y ahora terminó un edificio con un préstamo del Banco en un terreno de su propiedad, frente a la Intendencia de Maldonado.

¿Cómo el Banco no se informa de quiénes solicitan créditos y para qué? En los últimos días, la frutilla que corona la torta es el colosal fraude de la constructora Cobena S.A., creada en 1980 y que, entre otros organismos públicos, estafó al Banco Hipotecario del Uruguay. A pesar de que el Banco Central suspendió sus cuentas bancarias en agosto, curiosamente logró mantener chequeras del Banco Hipotecario del Uruguay con las que había estafado a sus proveedores. Además, en el marco del Plan Fénix, Cobena S.A. accedió a la construcción del edificio "Scenarium", en la calle La Paz esquina Paraguay. Dicha construcción está en el pozo, pero el Banco ya entregó US$ 260.000 para pagar el proyecto arquitectónico. No se entiende cómo, siendo requisito para participar en licitaciones no tener juicios pendientes, esta empresa logra operar con el Banco.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Señora Diputada: ya ha excedido largamente su tiempo. Quizás pueda pedir una interrupción al señor Diputado Ibarra, el orador que le sigue, o culminar por la vía del fundamento de voto. La Mesa le concede un minuto más para redondear su pensamiento.

Puede continuar la señora Diputada Barreiro.

SEÑORA BARREIRO.- Señor Presidente: es evidente que a las razones macroeconómicas que hacen que el Banco Hipotecario del Uruguay no pueda seguir como está, se suma su pésima administración, que influye sobremanera en su viabilidad. Al no existir una política de vivienda definida en objetivos y en planificación a corto, mediano y largo plazo, y al tener una historia tan fuerte, como único protagonista de la política de vivienda hasta la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Banco Hipotecario del Uruguay se ha movido con bastante autonomía, lo que lo ha llevado a un accionar errático, vinculado a los intereses particulares de cada Director.

Por otra parte, su deficiente gestión, con total falta de profesionalismo y regida por un fuerte clientelismo político, lo llevó a la permisividad con algunos deudores, a ampliaciones de contratos de licitación a empresas amigas, a la construcción sin estudio de mercado y sin cumplir con los porcentajes de preventa establecidos para los PPT, lo que determinó que quedaran cientos de viviendas desocupadas, así como a efectuar adjudicaciones a personas vinculadas a los Directores, contratos de obra injustificados y publicidad oficial discrecional, sobre todo en épocas preelectorales.

Me queda para más adelante referirme a qué Banco queremos, sobre lo que también tengo aportes para hacer.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: estamos tratando el proyecto sobre fortalecimiento del Banco Hipotecario del Uruguay. Hemos escuchado detenidamente los distintos informes. Sin duda, los aportes de los compañeros legisladores y las compañeras legisladoras del Encuentro Progresista-Frente Amplio son muy importantes, y quiero destacar la narrativa, el análisis y las conclusiones que brindara el señor Diputado Sendic, así como las otras intervenciones.

Me da la sensación de que en este momento se está culminando una etapa referida al Banco Hipotecario del Uruguay y diría, inclusive, con referencia a la banca oficial. No es nueva la intención de distintos equipos económicos que han acompañado a los Poderes Ejecutivos de nuestro país; no es nueva la intención de lo establecido en varias cartas de intención firmadas con el Fondo Monetario Internacional en el sentido de disminuir sensiblemente la gestión y la capacidad de competencia de la banca oficial, llámese Banco de la República Oriental del Uruguay, Banco Hipotecario del Uruguay e, inclusive, Banco de Seguros del Estado. Esa ha sido una constante sistemática de distintos equipos económicos y de distintos Gobiernos, avalados o impulsados por la banca privada, fundamentalmente internacional, y avalados o impulsados sobre todo por organismos internacionales que así como han planteado una y otra vez la privatización de las empresas públicas, también han planteado la necesidad de disminuir la gestión y la capacidad de competencia de los bancos oficiales, para favorecer directamente a la banca privada nacional e internacional.

Así es como hemos advertido que se ha impuesto un porcentaje muy alto de encajes, por ejemplo, para el Banco de la República Oriental del Uruguay; así es que se habilitó, fundamentalmente por la ineficiencia de los distintos Directorios del Banco Hipotecario del Uruguay, una extensión de los créditos para vivienda a nivel de la banca privada, que evidentemente ha competido en forma desleal con el Banco Hipotecario. Lo hemos visto también en la extensión de los créditos sociales, en competencia con el Banco de la República Oriental del Uruguay, y en las permanentes limitaciones de recursos para la banca oficial por parte de los distintos Poderes Ejecutivos y del Banco Central, que ha sido más rígido con la banca oficial que con la privada.

Recordemos lo que sucedió cuando fuera Presidente del Banco Central el doctor Ramón Díaz, oportunidad en que también se limitó en forma considerable la gestión y los créditos que podía otorgar el Banco Hipotecario del Uruguay. Recordemos que el objetivo de los distintos equipos económicos, de los Gobiernos anteriores y del presente Gobierno, a través de reestructuras en la banca oficial, era el de reducir la incidencia de la banca oficial para posibilitar el crecimiento y el desarrollo de la banca privada nacional e internacional. Esta fue una opción absolutamente negativa, y no es cierto lo que se expresó -respeto mucho las opiniones, pero no concuerdo con esas manifestaciones- en el sentido de que tenemos un Banco de la República fuerte. No es así. El Banco de la República Oriental del Uruguay está debilitado por una serie de hechos, fundamentalmente por la pérdida de capacidad de competencia que se ha acumulado durante mucho tiempo y, además, por las distintas medidas económicas que la coalición de Gobierno ha adoptado con referencia a la reprogramación y al crac que el sistema financiero sufriera a fines de julio del presente año, acerca de lo cual se legislara con los votos del Partido Colorado y del Partido Nacional.

Por lo tanto, quiero expresar con absoluta claridad que mi pensamiento es que esto constituye la culminación de determinadas actitudes dirigidas a debilitar a la banca oficial y, en este caso particular, al Banco Hipotecario del Uruguay.

Considero absolutamente negativa esta modificación de la estructura del Banco Hipotecario del Uruguay, sobre todo con relación al artículo 1º , referido al artículo 18 de la Carta Orgánica del Banco. Hemos visto cómo en forma permanente los distintos equipos económicos -sobre todo el que encabezara el contador Alberto Bensión- intentaron que los recursos, los ahorros o los depósitos de los organismos públicos pasaran también a la banca privada, lo que de alguna manera se concreta -y me voy a ocupar del tema- a través del literal G) en la nueva redacción dada por el artículo 1º de este proyecto de ley que va a votar la coalición de Gobierno. Porque, al menos para mí, la coalición de Gobierno todavía no ha terminado; lo estamos viendo en este momento, cuando se vota en forma conjunta un proyecto de ley que en definitiva significa cumplir con aquello a lo que se comprometieron el actual Gobierno y la coalición de Gobierno en oportunidad de la firma de las cartas de intención.

Por supuesto, no acordamos con este proyecto, y tampoco lo hicimos con la disposición que hace muy pocos meses se incluyera en los artículos 137 y siguientes de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2001, que, además de ser inconstitucional, también violentaba -como esta iniciativa- el funcionamiento del Banco Hipotecario del Uruguay, más allá de las necesidades de reestructura que tiene, pero por la positiva y no para desguazarlo o disminuir sensiblemente su función, convirtiéndolo en un banquito.

Allí está el tema de la securitización; allí está el tema de los créditos individuales, por lo que las cooperativas tendrán dificultades para acceder a los créditos. Allí tenemos, a través del artículo 8º, la creación de un Fondo de Garantía que beneficiará directamente a las empresas que, en definitiva, compren la cartera que securitice el Banco Hipotecario del Uruguay; esta circunstancia no se dio en otros momentos, cuando era necesario, imprescindible, que el Banco Hipotecario y, sobre todo, sus deudores tuvieran la posibilidad de que se contemplaran esas situaciones especiales a través de un Fondo de ese tipo.

Comencé mi intervención diciendo que esto es la consecuencia de hechos acontecidos con anterioridad en nuestro país. Voy a leer un breve resumen de los distintos compromisos asumidos por este Gobierno y por los anteriores -especialmente por este Gobierno de coalición-, referido a las últimas cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, firmadas en marzo y agosto de este año, y con el Banco Mundial, en un compromiso asumido el 8 de agosto de 2002, también por parte del ex Ministro de Economía y Finanzas, contador Alberto Bensión. No debe extrañarnos el contenido de este proyecto porque, como pudimos analizar -lo hemos hecho-, está íntimamente relacionado con lo establecido en el compromiso con el Banco Mundial.

Algunas frases de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial dicen así: "[...] el Gobierno promoverá el desarrollo de un mercado de valores hipotecarios que permitiría la expansión de los préstamos hipotecarios a través de la securitización y su colocación entre inversores". Aquí vemos con claridad que este compromiso asumido por el actual Poder Ejecutivo, por la coalición de Gobierno y por el equipo económico está destinado a ser cumplido a través del contenido de algunos artículos del proyecto que estamos considerando.

Otra frase establece: "Este Plan es parte del Programa de Ajuste Estructural apoyado por el Banco Mundial, y ha sido discutido con el FMI. Asimismo: "[...] la misión del BHU será irrevocablemente reducida" -escúchese bien: reducida- "y alineada con los objetivos de un banco hipotecario, es decir: otorgamiento de préstamos para viviendas a individuos" -también condiciona- "para la compra o la construcción de su propia casa"; y se agrega: "Por lo tanto el BHU ya no tendrá la responsabilidad de promover la industria de la construcción y dejará de construir directa o indirectamente bienes inmuebles para la venta".

Bueno, ¡más claro que esto, imposible! En definitiva, se está cumpliendo con determinados compromisos asumidos con estos organismos internacionales: el BHU no puede promover la industria de la construcción y dejará de construir directa o indirectamente bienes inmuebles para la venta, que es lo que establece este proyecto de ley que el Partido Nacional y el Partido Colorado van a votar en forma afirmativa.

Se dice además: "Al mismo tiempo, en el futuro el BHU financiará sus operaciones mediante la emisión de bonos a mediano plazo y no a través de la aceptación de depósitos del público". Esto ya fue solucionado en la ley concerniente al sistema bancario, votada entre un sábado y un domingo por el Partido Colorado y el Partido Nacional.

Más adelante se indica que la nueva ley establecerá que el volumen de nuevos créditos pendientes tendrá un tope en millones de dólares, y que "Para conceder hipotecas más allá de este límite, el Banco Hipotecario tendrá que reducir su posición crediticia mediante la securitización o la venta de préstamos hipotecarios, exclusivamente al sector privado (o al sector financiero público dentro del tope)".

Como se puede advertir, aquí se está imponiendo la securitización, se está imponiendo la venta de carteras, que por supuesto no serán compradas por un grupo de uruguayos trabajadores, ni pequeños comerciantes, ni industriales ni del sector agropecuario, sino que evidentemente las comprará la banca privada internacional, que también es gran responsable de la desastrosa situación que en este momento vive el sistema financiero en nuestro país y que provoca tantos problemas no solo a los deudores, sino a los ciudadanos que quedaron acorralados con sus depósitos a plazo fijo y también a aquellos que de alguna manera están comprometidos con la gestión de la banca privada.

Entonces, intentaba dejar establecido con absoluta claridad que esto no es una casualidad, que este proyecto de ley fue pergeñado hace mucho tiempo por distintos Gobiernos de nuestro país y por los equipos económicos. Y en esta instancia, ante la situación de desesperación por la que atravesaron el país y el Gobierno de coalición, no se tuvo más remedio que aceptar las condicionantes del Banco Mundial del 8 de agosto de 2002 -hace muy poquito tiempo-, que además están determinadas en la carta de intención firmada por el contador Alberto Bensión -y posiblemente también por el contador Ariel Davrieux-, el 4 de agosto de este año, con el Fondo Monetario Internacional.

Estamos ante un proyecto que limita y reduce gravemente la operativa del Banco Hipotecario del Uruguay y, en consecuencia, esta fuerza política no lo va a votar. En primer lugar, se eliminan todas las actividades que no fueran estrictamente hipotecarias que se habían ido incorporando y que habían permitido obtener nuevos clientes e importantes ganancias, en algunos casos para el Estado; asimismo, se habilitaba la diversificación del riesgo, cosa que en este momento se elimina. Además, se limita la operativa propia del giro del Banco.

El artículo 1º de este proyecto de ley, que sustituye el artículo 18 de la Carta Orgánica, establece: "El Banco Hipotecario del Uruguay actuará como institución financiera especializada en el crédito hipotecario, para facilitar el acceso a la vivienda", pero se eliminan conceptos importantes que hasta el momento contiene la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay, que, por ejemplo, decía: "El Banco Hipotecario del Uruguay podrá realizar todas las actividades propias de un banco especializado en el crédito hipotecario y las que correspondan a un banco de fomento de la industria de la construcción y de la vivienda". Esto es precisamente lo que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial mandatan que se elimine: la posibilidad de que el Banco Hipotecario sea un banco de la industria de la construcción y de la vivienda.

Tenemos la total seguridad de que esto es absolutamente negativo. Entendemos que el Banco debe ser reestructurado, pero no quitándole funciones específicas que, como banco de fomento de la industria de la construcción y de la vivienda, debería mantener. Entonces, se elimina explícitamente el concepto de banco de fomento y existen muy pocas posibilidades de que haya en el futuro un organismo que pueda absorber el déficit habitacional, que en este momento alcanza a 120.000 viviendas nuevas; son las que se precisan, según la CEPAL y estudios realizados por FUCVAM en nuestro país.

Además, en el literal A) del texto sustitutivo del artículo 18 de la Carta Orgánica del Banco que figura en el artículo 1º del proyecto se establece que únicamente se podrán otorgar préstamos a personas físicas. Es decir que a partir de ahora se elimina la posibilidad de prestar a personas jurídicas, como FUCVAM -sus cooperativas-, FECOVI o empresas de cualquier tipo. Y si el problema pasaba por determinadas faltas de pago de empresas privadas que perjudicaron notoriamente al Banco Hipotecario del Uruguay, se tendría que revisar en forma detenida cuáles son las resoluciones que desde hace años ha adoptado el Directorio del Banco al otorgar determinados préstamos a empresas privadas insolventes o que defraudaron al Banco y también a los uruguayos, y que sin duda no estaban en condiciones de recibir dichos préstamos. Tendría que analizarse con absoluta profundidad y amplitud cuáles fueron esas resoluciones.

Me han dicho por allí que habría algún artículo sustitutivo o aditivo -bienvenido sea- que elimina el literal G) del nuevo texto del artículo 18. Ojalá sea así, porque este es un tema que nos ha preocupado bastante en determinados momentos. Hemos mantenido discusiones con distintos Ministros de Economía y Finanzas, inclusive con el último renunciante -o renunciado-, el contador Alberto Bensión -así lo hicimos cuando se estudiara el Presupuesto Nacional e, inclusive, en la última Rendición de Cuentas-, debido a que los depósitos de los organismos públicos podrían ser realizados en bancos públicos y privados, tal como establece el literal G) del artículo mencionado, que habilita a que los fondos disponibles del Banco Hipotecario en depósitos en el Banco Central sean destinados a bancos públicos y privados, en títulos del Gobierno Central y en títulos emitidos por el Banco Central del Uruguay, de acuerdo con las disposiciones previstas en la normativa bancocentralista.

Realmente, espero que los Partidos de Gobierno, el Partido Colorado y el Partido Nacional, presenten una modificación a este inciso G) del artículo 1º, porque verdaderamente violenta en concreto distintas disposiciones legales que existen en nuestro país.

Cuando el contador Alberto Bensión todavía era Ministro y se estudió la última Rendición de Cuentas, nosotros expusimos la necesidad de que del artículo 137, relativo al Banco Hipotecario, se eliminara esa norma a fin de que los depósitos de las instituciones públicas, incluidos los Bancos -por supuesto, también el Banco Hipotecario-, se realizaran solamente en el seno de las instituciones financieras estatales.

Quiero destacar que el señor Ministro de Economía y Finanzas de la época, contador Alberto Bensión, dijo textualmente: "La precisión puntual es que el señor Diputado Ibarra tiene razón". Esto lo decía con referencia a que lo que venía establecido en el proyecto de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo violentaba determinadas leyes que existían en nuestro país. Y continuó: "Quizás la expresión de este inciso H) no sea la más adecuada, aunque creo que está claro que se refiere a instituciones estatales. Debería decir 'bancos e instituciones financieras o instituciones financieras estatales'. Que no quede ninguna duda; aquí no hay ninguna intención de desviar fondos desde el Banco Hipotecario hacia los bancos privados".

Esto decía, entonces, el ex Ministro de Economía y Finanzas, reconociendo el error, que no era nuevo porque también se había cometido en el Presupuesto Nacional. Por supuesto que el ex Ministro contador Alberto Bensión en este momento no manda, pues hay otro equipo económico y otro Ministro de Economía y Finanzas, pero este punto fue explicitado con claridad en el seno de las Comisiones correspondientes, sobre todo en la de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, y, por lo tanto, nos llama la atención que en este proyecto de ley se insista nuevamente sobre él.

En el Presupuesto Nacional este asunto también estuvo planteado, ya que se habilitaban los depósitos de los organismos públicos en los bancos privados, en el sistema financiero privado, y también en aquel momento argumentamos en base a varias disposiciones legales, como por ejemplo los artículos 9º y 10 de la Ley Nº 14.867, el artículo 19 de la Ley Nº 15.322, el artículo 453 de la Ley Nº 15.903 y el artículo 63 de la Ley Nº 16.736, donde con diáfana claridad se expresa que los depósitos de los organismos públicos -e incluye al Banco Hipotecario del Uruguay- deben realizarse en la banca estatal. Y en este caso también hubo un reconocimiento del ex Ministro de Economía y Finanzas, contador Alberto Bensión, y se eliminó del artículo 36 original del Presupuesto Nacional esa propuesta que era absolutamente lesiva para la banca oficial porque de nuevo se le quitaban recursos.

Señor Presidente: las fuentes de financiamiento del Banco Hipotecario también se reducen drásticamente, lo cual implica que se reduzcan asimismo las posibilidades de contar con recursos para prestar, es decir, para viviendas.

Como dije, en el literal A) del artículo 2º se establece la securitización de la cartera de créditos. Así, por un módico precio, que sin duda será muy menor, la banca privada -internacional, agrego yo- se llevará los clientes del Banco Hipotecario del Uruguay. Además, sin ninguna duda las condicionantes que va a establecer la banca privada internacional para sus deudores serán absolutamente distintas a las que hasta el momento establece el Banco Hipotecario del Uruguay.

También en el artículo 8º se establece: "Facúltase al Poder Ejecutivo a constituir un Fondo de Garantía, con el 1% (uno por ciento) de los recursos provenientes de la recaudación del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) destinado al Fondo Nacional de Viviendas, con el objetivo de garantizar un porcentaje de los créditos para vivienda enajenados por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU)".

Ya dije que esto es negativo, no corresponde y nunca se tendió una mano al propio Banco Hipotecario del Uruguay. Por lo tanto, de alguna manera se está privilegiando a quien compre la cartera del Banco Hipotecario del Uruguay.

No estamos de acuerdo con todo lo que signifique retenciones a funcionarios públicos o jubilados, priorizando fundamentalmente la deuda que se tenga con el Banco Hipotecario del Uruguay y de alguna forma no teniendo en cuenta las necesidades familiares o personales del deudor del Banco. Esto está siendo cuestionado con mucha energía por distintos organismos, como por ejemplo CUDECOOP. Asimismo, cuestiona que los préstamos sean a personas físicas -ya me referí al tema- y que no se habilite la posibilidad de que se otorguen a cooperativas de vivienda.

Termino expresando que acompañamos lo que han manifestado el miembro informante en minoría, señor Diputado Sendic, y demás legisladores de nuestra fuerza política. Vamos a votar el artículo 20 porque consideramos que se da una solución parcial -pero, en definitiva, una solución- a aquellos ciudadanos que tienen depósitos acorralados en el Banco Hipotecario del Uruguay. Con esta norma se les permite obtener certificados de depósito para hacerse cargo de determinadas deudas que tengan con el Banco.

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Legnani.

SEÑOR LEGNANI.- Señor Presidente: voy a ser breve porque me siento totalmente representado por las exposiciones realizadas por mis compañeros, inclusive con trabajos de investigación y de rememoración histórica sobre la forma en que ha sido conducida esta institución tan impregnada del modo de vida de los uruguayos, con tantas repercusiones en la defensa de su calidad de vida, y de qué manera su gestión no ha sido la más feliz y ha estado salpicada por una serie de elementos negativos.

También se ha señalado el aspecto social y laboral del país. Simplemente, queremos hacer una breve puntualización respecto a que esto ocurre en el marco de la globalización. En cierto modo, quiero tejer un recuerdo para el fundador del Banco Mundial, John Maynard Keynes, y las ideas que lo inspiraron y en las cuales fundamentó la creación del Fondo Monetario Internacional. Él fue un adalid en esta materia y defendía la posibilidad del pleno empleo a punto de partida de la intervención del Estado en el mercado laboral, atendiendo a las necesidades de la sociedad en su conjunto.

El Banco Mundial, sobre el que tengo algunas auditorías internas realizadas al promediar la década del noventa, ha tenido sus altibajos desde su fundación. Desde esa primera inspiración, en cierto sentido humanista, ha pasado a una inspiración ideológica totalmente contraria, basada fundamentalmente en las ideas preconizadas desde la Sociedad de Mont-Pèlerin y por los gobiernos de Thatcher y Reagan en la década del ochenta. De manera que gradualmente se fue dejando ese objetivo de pleno empleo por parte de los Estados, y el Banco Mundial pasó de unos modestos US$ 2.000:000.000 de préstamos a comienzos de la década del setenta a más de US$ 22.000:000.000 de préstamos para proyectos al promediar la década del noventa, veinte años después. Entonces, pasa en forma gradual de ser un simple financiador de obras y proyectos estructurales concretos -represas, puentes, ferrocarriles- a ser un planificador de la economía de los países, primero a través de los préstamos atados y luego interviniendo directamente en los proyectos y propuestas de gobierno.

Desde luego que esta visión global del Banco tiene distintos colores locales, según los gobiernos y sus características. El Banco propone y los gobiernos realizan o dejan de realizar.

Todo este proceso está muy bien estudiado en un reciente libro de Noreena Hertz, denominado "El poder en la sombra", editado por Planeta hace unos dos meses. Ella es Directora del Centro Internacional para Comercio y Marketing de la Universidad de Cambridge y tiene como antecedentes en su currículum que fue asesora en materia del pasaje de una economía planificada a otra de libre mercado en Rusia. Es a esta experiencia a la que se refiere en ese libro, pero se llama "El poder en la sombra" porque se refiere a la usurpación silenciosa que se ha ido produciendo gradualmente en los últimos veinte años. Comienza señalando que la mano del mercado es imperfecta e injusta. Hay una usurpación silenciosa del poder y a eso está dedicado este libro, a demostrarlo. En esa usurpación silenciosa del poder, se ha ido produciendo una sustitución gradual en la que la empresa es el rey, el Estado es el súbdito y el ciudadano es el consumidor, perdiendo sus derechos de ciudadano. ¿Alguien cree que los ciudadanos se sienten representados o escuchados por el sector político, no a escala nacional, sino planetaria? ¿A qué sectores defienden los proyectos que han desfilado por este Parlamento en los últimos meses? ¿A los trabajadores? ¿A los ciudadanos uruguayos? ¿Se sienten escuchados los ciudadanos uruguayos por el sector político? Ahora, los gobiernos luchan por una cuota del mercado; antes luchaban por un espacio de territorio. Nunca había sido tan profundo el abismo entre tener y no tener.

En alguno de los países que se toman como paradigma, como es el caso de Estados Unidos, hay 45:000.000 de trabajadores sin seguridad social, y entre 1988 y 1998 la renta de Manhattan en Nueva York creció un 1% para el 20% más pobre y un 15% para el 20% más rico.

Entonces, los gobiernos introducen medidas que cada vez los tornan más débiles e incapaces de enfrentarse a las consecuencias de su sistema, que se está descomponiendo al compás de los escándalos políticos, que no son solo nacionales, sino mundiales y globales. Todos los controles se han ido eliminando al compás del neoliberalismo. De esta manera se cumple aquello que se decía humorísticamente: que algún político busca la manera de que no se solucione un problema para que dependan de él los que quieran encontrar la solución.

Entonces, los ciudadanos perciben que no son defendidos por el sistema político; por lo tanto, lo abandonan. Así dice esta inglesa que hace un análisis profundo de hacia dónde nos ha llevado este sistema. A su vez, menciona citas como la del Partido Laborista inglés, que llegó a decir que, actualmente, el problema más importante al que tiene que abocarse la sociedad es la creación de riqueza y no la redistribución de la riqueza creada.

Es lógico que las mismas organizaciones no gubernamentales que lograron parar la comercialización y producción de transgénicos en Inglaterra hayan criticado decididamente al gobierno de Tony Blair, a quien algunos lo definen como Margaret Thatcher vestida de pantalones.

La participación en el mercado sustituye gradualmente la participación política, de acuerdo con estos análisis de Noreena Hertz. Y se pregunta qué se hizo del contrato social, cómo pueden creer los ciudadanos que realmente, cuando ellos están votando por alguien, lo están haciendo para que defienda sus derechos.

Tenemos aquí cartas de habitantes, de usuarios de las viviendas del Banco Hipotecario. No quiero enumerar todas las organizaciones sociales que los agrupan porque ha sido muy sesudo y muy profundo el análisis realizado por los compañeros de bancada, y no quiero cansar a la Cámara con esto. Quería simplemente decir que en este momento, pese al silencio de las cámaras de televisión, existe un hecho muy importante en Montevideo. Existe un foro social que sostiene que hay otro mundo posible, y dentro de ese otro mundo posible hay otro Uruguay, otra Argentina, otro Brasil posibles.

De manera que dejo por aquí, con una frase de Noreena Hertz: "La revolución que se aviene no la van a televisar las cámaras de nuestros medios masivos de comunicación".

SEÑOR PRESIDENTE (González Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: ¡qué lástima que la Cámara esté tan vacía cuando estamos discutiendo un tema tan importante para muchísimos uruguayos y para la realidad no solo económica, sino de vivienda de este país! Realmente, hubiera sido bueno que en apoyo o no al proyecto se hubiera dado un debate profundo, de esos que marcan el devenir de esta Cámara. Pero la realidad quiso que no fuera así, desgraciadamente.

Nosotros miramos al Banco Hipotecario vinculado al tema de la vivienda y, por tanto, relacionado con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, porque creemos que eso forma un todo. No podemos tener solamente una mirada financiera sobre el Banco, una mirada parcial. Fue eso lo que nos llevó a dar una lucha para que este proyecto se discutiera en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente. Fue esa Comisión la que durante muchos años, aun antes de esta Legislatura, se introdujo en los temas del Banco, hizo un seguimiento de sus problemas, recibió las denuncias y trató de corregir una cantidad de inconvenientes que presentaba. Entonces, era lógico que fuera esa Comisión la que profundizara el tema. Y tan lógico es, que cuando se discutió la ley de vivienda en este Parlamento fue vinculada justamente al Banco Hipotecario. Cuando se discutió la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, también fue vinculado al Banco Hipotecario. Para corroborar mis palabras voy a leer lo que expresó el hoy Ministro de Economía y Finanzas, entonces Diputado Atchugarry, quien en esa oportunidad sostenía: "En lo que tiene que ver con la relación de este Ministerio" -se refiere al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente- "con los diferentes organismos vinculados con el tema de la vivienda -Banco Hipotecario del Uruguay, Intendencias Municipales, MEVIR, etcétera-, es muy claro que, además de encargarse de la planificación, también ejercerá el control, dispondrá y administrará las partidas que el Poder Ejecutivo y el Parlamento resuelva otorgarle en el Presupuesto a aprobarse en el corriente año".

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, porque la ley no se terminó de aplicar en todas sus consecuencias, jamás controló, y así es que hoy tenemos una situación en que las dos patas de la vivienda, que son el Banco y el Ministerio, cada una marcha por su lado, y ahora ese cuerpo que es la vivienda va a quedar cojo porque le están eliminando una de las patas, que es el Banco Hipotecario. Este Banco surge por la Ley Nº 2.175 sobre las cenizas del Banco Nacional, fundado y fundido por el inversionista y especulador inmobiliario español Emilio Reus. En 1912, hace exactamente noventa años, es estatizado por José Batlle y Ordóñez a través de la Ley Nº 4.005. Esos noventa años de vida del Banco tienen que ver directamente con lo que define su Carta Orgánica en el artículo 18: fomento de la industria de la construcción y la vivienda, que hoy por este proyecto se quiere cambiar.

¿Qué importancia tiene este cambio? Se argumenta el estado financiero catastrófico del Banco, lo que ya sabemos desde hace mucho tiempo, pero no hay un solo renglón acerca de por qué se produjo esa catástrofe, cómo se llegó a que el Banco estuviera fundido, según las palabras del Ministro de Economía y Finanzas. Nadie explica ese fenómeno que se desarrolló a lo largo de estos noventa años de historia y que hoy va a culminar con el cierre del Banco; de hecho, lo que propone este proyecto es el cierre del Banco. No hay un gesto de autocrítica. Parecería que las distintas direcciones del Banco se sucedieron sin visualizar enormes problemas de gestión y administración que allí se produjeron y que han conducido a que hoy el Banco esté fundido.

Por eso sostenemos -lo dijeron varios compañeros, y no vamos a abundar porque ya está dicho por nuestra bancada- que con medidas administrativas podríamos mejorar notablemente la función del Banco, reflotarlo y hacerlo cumplir a cabalidad su función de banco promotor de la industria de la construcción y la vivienda. Quiero subrayar que la industria de la construcción es mucho más que la vivienda. La industria de la construcción abarca obras de todo tipo que tienen que ver con el equipamiento de una ciudad, con el equipamiento de un país, en lo que hace a los elementos constructivos. La vivienda es uno de los elementos. La Carta Orgánica lo subraya, porque hace referencia a la industria de la construcción y la vivienda. Tal vez sea el equipamiento más importante que tiene cualquier ciudad, desde que viene a ser algo así como el nido del ser humano, eso que por derecho la Carta Constitucional consagra en su artículo 45. Ese derecho se va a ver enormemente afectado a partir de la aprobación de este proyecto y de constatar que al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente le van quedando con suerte US$ 35:000.000 para hacer alguna obra que ya tiene encargada y nada más.

Compadezco al novel Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente -a quien conozco desde hace muchos años, desde la época de Facultad- por tener que asumir una Cartera también fundida, en un momento en que además el BID recorta en US$ 20:000.000 el programa PIAI y luego de que, con fecha 1º de noviembre, es decir hace unos días, sale un decreto del Poder Ejecutivo sobre la creación de un sistema operativo Casa SIAV, que en su esencia -no lo voy a leer todo porque es largo- adopta nuevamente esa manía que se ha instaurado en el Uruguay de clasificar a la gente por UR. Están los de menos de 30 UR, los de más de 30 UR, los de hasta 60 UR, los de 75 UR, como si la condición humana se clasificara por UR. Esa otra clasificación por viviendas del Banco de Previsión Social, de discapacitados, viviendas para aquí y para allá, que va "guetizando" la sociedad en distintos complejos, es una aberración absolutamente inconcebible desde el punto de vista de la vivienda; sería mucho más adecuado crear complejos integradores, tanto de la condición económica como de la condición social y etaria de la población.

Este decreto crea, para la franja de entre 30 UR y 75 UR, un mecanismo por el cual la banca privada se hará cargo de la financiación, con un subsidio que proviene del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y del ya flaco FONAVI, que se ha ido recortando por aquí y por allá y que se nutre de un impuesto creado para financiar la vivienda. Este impuesto tiene una historia, porque inicialmente fue administrado por el Banco Hipotecario y se cobraba a través de un timbre. Después, cuando se creó el Ministerio, se retiró el fondo del Banco Hipotecario, lo que ayudó a su descalce, y se trasladó al Ministerio de Economía y Finanzas, que jamás permitió que ese fondo se ejecutara en su totalidad con el fin para el cual fue recaudado.

Yo no soy jurista, pero tengo sentido común -o pretendo tenerlo- y pienso que si a la población activa y pasiva le descontamos dinero para crear un fondo con la finalidad de construir viviendas, deberíamos emplearlo en viviendas y no enviarlo a la caja general del Estado. Digo esto porque, frente a una pregunta que formuláramos al señor Ministro de Economía y Finanzas, contestó que allí estaba el fondo y se libraría algo, si se podía.

Me da un poco de pena el nuevo Ministro que vaya a asumir la Cartera y le quede nada más que algún peso -como ya lo dije en esta Sala- para comprar unos metros de tela y construir algunas carpas. Estamos frente a un operativo contra-PIAI, algo así como la promoción de asentamientos irregulares. Además, en este proyecto de ley no hay ni una sola solución para todo ese mundo vinculado al Banco Hipotecario. Hay miles y miles de complejos en situaciones irregulares, sin finales de obra y con diversas patologías. Es más: voy a poner un solo ejemplo. Pensemos en el complejo habitacional CH 67, de la zona de La Teja, que merecería estar en el Libro Guinness de los Récords, porque fue vendido dos veces por el Banco. Ese complejo se construyó sobre un terreno de relleno y tuvo defectos en su fundación; se quebró y el Banco sufrió una demanda por parte de los promitentes compradores. La institución optó por darles otro complejo y, en lugar de restaurar el CH 67, lo pintó y lo volvió a vender. Hoy, el Banco tiene otra demanda. Es decir que tiene el récord Guinness en lo que tiene que ver con la mala construcción y la mala venta de ese complejo. Así podríamos aburrir a la Cámara con miles y miles de ejemplos que tienen que ver con la pésima gestión del Banco.

Aun así, con esa pésima gestión, pensamos que con medidas administrativas serias, desterrando el clientelismo político, podríamos mejorar el Banco y mantenerlo en su función. Si en este momento no hay condiciones económicas para que invierta, podemos conservar lo que resta de su Carta Orgánica, manteniéndolo no operativo, pero pronto para que lo sea en cuanto aparezca algún dinero.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Álvarez)

——A tal punto existe la responsabilidad de haber gestionado mal el Banco que en un artículo del 11 de agosto de 2001, publicado en "El Observador", el doctor Ramón Díaz -que no es un santo de mi devoción- concluye diciendo: "Mientras que los Partidos de la coalición, de alguna manera responsables del desaguisado," -está hablando del Banco Hipotecario- "probablemente también prefieran el silencio. Con lo que somos los ciudadanos independientes quienes estamos llamados a asumir la responsabilidad por lograr que la catástrofe que aguarda a la institución sea lo menor posible".

Nosotros desearíamos que la catástrofe fuera lo menor posible y que se pudiera hacer un inventario. Hemos pedido uno de la situación de los complejos; nos hemos aburrido de solicitar los números y el balance del Banco Hipotecario. Es imposible; derrotaron a la consultora KPMG, que tampoco pudo trabajar por no tener los números reales. Necesitaríamos un inventario para hacer una gigantesca retasación de todos los complejos del Banco; una retasación real, incluyendo todas las patologías, que permitiera decir que estamos seguros de que se ha estafado a mucha gente que ha estado pagando por años y años mucho más de lo que vale la propiedad que va a adquirir. Desearíamos una buena retasación y un ajuste de la cuota a la situación real de este Uruguay de hoy, que no es el mismo que cuando se hicieron los contratos de los promitentes compradores, que tuvieron que ver con un porcentaje del ingreso del núcleo familiar. Así el Banco empezaría a recaudar de una manera firme y se podría empezar a escriturar los complejos y a ordenar ese caos que hoy tenemos. Pero quedaría con su función de banco de fomento de la vivienda y de la industria de la construcción, tan útil para cuando el país salga de este pozo económico en el que estamos y pueda planificar sus obras con perspectiva.

También sabemos que las viviendas nuevas y usadas cerradas, sin uso, llegan más o menos a cien mil. Tenemos una enorme demanda y por razones económicas no podemos juntarla con la oferta. Este país se torna en una especie de trancazo ridículo en el que la gente precisa vivienda, y la vivienda está, pero no se le puede otorgar. De todo esto, de algún modo, son cómplices las distintas administraciones que ha tenido el Banco. Sin embargo, como ya señalamos, no aparecen ni dos renglones de autocrítica. Por el título de este proyecto, "Fortalecimiento del Banco Hipotecario" -como siempre, los títulos de los proyectos son muy lindos y dan esperanzas-, aguardábamos otra cosa, pero después, adentro, encontramos algo que no tiene nada que ver y que es bastante lamentable.

Como mis compañeros ya se explayaron en todo lo que significa la securitización, la venta de carteras, el poner en primer plano el derecho del Banco al descuento sobre los salarios y las pasividades sobre otras obligaciones, el traslado de los subsidios, etcétera, no lo vamos a repetir porque compartimos plenamente lo que han manifestado.

Simplemente, vamos a resumir diciendo que esta transformación que se hace del Banco, sacándole todas sus funciones, lo va a fundir. Todo tiene plazo a quince años, y una institución financiera que no puede tomar depósitos del público bajo las modalidades de cuenta corriente, depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo pierde en el mercado local la capacidad de competir como banco, de financiarse, y muere, porque los bancos fueron creados con esas funciones. Con eso muere el banco emblemático. En un programa periodístico dije que podría formar parte de nuestro escudo por lo emblemática que es la vivienda para el uruguayo.

Hace dos años y medio que estamos en este Parlamento, pero tenemos muchos años de militancia y siempre nos ha interesado el tema de la vivienda. Quizá -y debo confesarlo- hasta último momento creímos en los Reyes Magos y pensamos que muchos Diputados de esta Cámara nos iban a acompañar en la defensa del Banco, que es la defensa del Ministerio, de la vivienda y del futuro de una cantidad de gente que trabaja en ese encadenamiento brutal a que da lugar la industria de la construcción. Sin embargo, nos dejaron solos. Lo lamento por esos Diputados que no tuvieron el valor de desafiar una cláusula firmada en la carta de intención, que tanto daño va a causar a nuestro país y que, en definitiva, es la única razón por la cual se elaboró este proyecto de ley.

Muchas gracias.

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Castromán Rodríguez.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: creo que los compañeros que han hecho uso de la palabra han sido muy elocuentes y sumamente precisos en sus afirmaciones, que obviamente compartimos. Sin embargo, no hemos podido sustraernos de hacer algunas consideraciones muy rápidas sobre el proyecto de ley a consideración del Cuerpo.

A la situación en la que ha venido cayendo el Banco Hipotecario del Uruguay en las últimas décadas se ha agregado, entre tantas cosas, el agravamiento de la situación financiera, fundamentalmente a partir de los sucesos del 20 de junio, cuando -como todos sabemos- se soltó el dólar o quedó libre su flotación, como suelen decir quienes más saben del tema.

Si analizamos rápidamente la situación del Banco Hipotecario del Uruguay, debemos hacerlo, por lo menos -como surge de lo antes expuesto por los compañeros-, a la luz de dos aspectos que, a nuestro juicio, incidieron directamente en la situación en que hoy se encuentra. Nos parece que esto tiene un componente de mala gestión que los diferentes Directorios han realizado -de los recursos mal manejados por la institución- y, en especial, de los abusos cometidos por parte de los Directores en la adjudicación de los créditos y en la distribución de las viviendas. No voy a abundar en esto porque los compañeros lo dijeron con mucha claridad y contundencia.

El Banco estuvo dirigido por personas cuyos conocimientos en la materia prácticamente eran inexistentes, y la vida y el tiempo -que se encarga de poner las cosas en su lugar- así lo han demostrado.

La particular crisis económica que vive el país a raíz del fracaso del modelo que se ha aplicado desde hace mucho tiempo y que últimamente ha hecho tabla rasa con todo el mundo, hace que hoy se pretenda a través de este proyecto de ley dar una "solución", a nuestro juicio entre comillas. Frente a estos factores el Poder Ejecutivo, en lugar de buscar los consensos sociales y políticos tendientes al fortalecimiento de la institución, tomó el camino de acordar con los organismos internacionales prestatarios de créditos mediante la carta de intención suscrita por el entonces Ministro de Economía y Finanzas, contador Bensión, el día 17 de julio de 2002. En dicha carta -me voy a permitir recordarlo a la Cámara; no está de más- se dice a texto expreso: "[...] la misión del BHU será irrevocablemente reducida y alineada con los objetivos de un banco hipotecario, es decir: otorgamiento de préstamos para viviendas a individuos para la compra o la construcción de su propia casa. Por lo tanto el BHU ya no tendrá la responsabilidad de promover la industria de la construcción y dejará de construir directa o indirectamente bienes inmuebles para la venta". De esa manera se elimina algo fundamental: el rol de fomento de la industria de la construcción y de la vivienda en el país como sistema principalmente de reactivación y de creación de puestos de trabajo, tan necesarios y reclamados por la sociedad en su conjunto.

Además, a través de este proyecto de ley se habilita a la institución a dar préstamos exclusivos a personas físicas; se prevé una capitalización exclusivamente con la intención de cumplir con los adeudos que se han contraído con el Banco Central; se plantean elementos de reestructura interna eliminando, entre otras cosas, toda la cobertura social existente, y se habilita la venta de las carteras de deudores que posee la institución.

Quiero traer a colación lo que sucedió cuando se trató el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, ya que la coalición de Gobierno votó en esta Cámara el inciso que tenía que ver con los Gobiernos Departamentales, dando luz verde para que los Intendentes puedan, con el apoyo de tres quintos de los componentes de las Juntas Departamentales, concretar la venta a terceros de los adeudos por tributos que pueden tener los vecinos.

En ese sentido, se ha expresado con claridad por parte de muchos actores sociales -cooperativas de viviendas por ayuda mutua, etcétera- que sin duda el proyecto tiende al individualismo y ataca el concepto, a nuestro juicio inatacable, de solidaridad y de actitud de justicia para los cooperativistas de un sistema ejemplar y único, que desde hace más de cuarenta años ha demostrado qué resultados tan buenos da para que miles de ciudadanos tengan su vivienda propia.

Tenemos la opinión de otros actores sociales, como la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que ha manifestado, por intermedio de su Presidente, que es imprescindible que el Banco Hipotecario del Uruguay mantenga su rol de fomento de la construcción y que el presente proyecto aumentaría la desocupación de los profesionales universitarios, que tienen que utilizar su inteligencia y capacidad de trabajo en otros países, siendo prácticamente expulsados por este Uruguay del siglo XXI. Sectores impensados -y lo digo como lo siento-, como la Cámara de la Construcción, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, la Liga de la Construcción del Uruguay, la Coordinadora de la Construcción del Este y el Sindicato Único de la Construcción y Afines (SUNCA) han manifestado a este Parlamento y a sus Comisiones en forma conjunta y pública los aspectos negativos que, entre otros, tiene este proyecto. Aquí se ha hablado del cierre de ochenta pequeñas y medianas empresas, y como mínimo, en lo inmediato, del desplazamiento y la afectación de seis mil puestos de trabajo que se sumarían a lo que ya mencionaron con mucha solvencia los compañeros.

Como no podía ser de otra manera, los deudores del Banco Hipotecario se han manifestado en oposición a este proyecto en la medida de los perjuicios que la securitización les generará.

Entendemos -como aquí se ha dicho- que los vicios, los defectos de construcción, la no finalización de obra, el no seguimiento y la no realización de inspecciones por parte del Banco Hipotecario del Uruguay cuando construía en distintos departamentos del país, son, en definitiva, males que se han acarreado a centenares de miles de uruguayos que verán mucho más comprometida -en la medida en que este proyecto se apruebe- su calidad de vida. Seguramente esto no va a tener ningún tipo de correspondencia por parte de empresas que trabajaron con el Banco y no tuvieron seriedad y responsabilidad -algunas de ellas con problemas en la Justicia, como es público y notorio; aparecieron hace días en la prensa-, pero que igualmente prestaron sus servicios al Banco y en definitiva perjudicaron a miles de uruguayos. Me refiero a miles de uruguayos que tampoco pudieron pagar lo que quisieron porque no se daba la finalización de obra dentro de los convenios celebrados entre los Gobiernos Departamentales y el Banco; estos uruguayos hoy figuran como morosos y tendrán serios problemas en la medida en que se aplique el mismo criterio que en la Rendición de Cuentas a la que hacíamos referencia.

Este asunto no se agota en el tema puntual de la vivienda porque, a nuestro juicio, para la elaboración de este proyecto de ley no se ha escuchado a organismos y actores sociales de nuestro país. Más allá de las denuncias y aportes que trataron de enriquecer lo que debiera ser una discusión más amplia y a fondo para ver qué Banco Hipotecario queremos para el país y la situación en que quedarán miles de deudores, aún no hemos tenido un debate de ese tipo.

Lamentablemente, hoy tenemos a consideración este proyecto del cual ya han hablado con mucha solvencia, firmeza y convicción -además de haberlo estudiado en profundidad- nuestros compañeros expertos en el tema. De todas formas, queríamos hacer estas consideraciones que creímos de recibo porque pensamos que el Banco debe ser la herramienta del Plan Nacional de Vivienda, así como el promotor de la construcción y generador de fuentes de trabajo -como lo fue en alguna otra época- y estimulador, por sobre todas las cosas, del sistema cooperativo, que enseña, precisamente, sobre solidaridad, actos de justicia y fraternidad, y que es la antítesis del individualismo que con este proyecto se pretende implantar en la sociedad uruguaya.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Lev.

SEÑOR LEV.- Señor Presidente: es evidente que a esta hora y, diríamos, próximos a la votación del proyecto, se tendrían las mayorías para aprobarlo. A pesar de ello, nos parece importante introducir en el debate algunos aspectos acerca de cómo funciona el Estado, para que queden no solo para la historia parlamentaria, sino para la historia política. Me refiero al Estado del tres y dos, al Estado del clientelismo político.

Lo doloroso es que estamos discutiendo el destino de un Banco cuyo objetivo era contribuir a resolver el tema de la vivienda. La verdad es que la pésima gestión política y administrativa, la calesita de años captando en dólares a corto plazo y prestando en pesos a largo plazo, los subsidios encubiertos y entrecruzados entre la actividad financiera y la social, y una muy mala acción en la recuperación de los créditos y en el abatimiento de la morosidad, son los principales problemas que nos llevaron a la situación actual. Esto representó en los últimos meses la necesidad de hacer una capitalización que con este proyecto alcanzará los US$ 800:000.000 y que, según las apreciaciones del señor Ministro, deberá incrementarse en los próximos meses.

Estamos ante una historia que desemboca en un proyecto que, si tiene un mérito, es impedir la muerte súbita, como hubiera ocurrido con las condiciones del convenio para el establecimiento del Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario, que en la práctica liquidaba al Banco Hipotecario. Esto permite que se prenda una lucecita, como de CTI, para que en un período de transición, quizás con un próximo Gobierno progresista, podamos encontrar los mecanismos que realmente fortalezcan al Banco Hipotecario y contribuyan a solucionar la problemática de la vivienda, que es uno de los grandes problemas de la sociedad. A partir de la experiencia de la Ley Nº 13.278, pronto será tiempo de reformular, ajustándonos a la realidad, el sistema de producción de viviendas del país, cuyas políticas económicas en los últimos años han llevado a generalizar el asentamiento precario como vivienda permanente.

De las promesas de solución para la vivienda y de que para el año 2000 todos los uruguayos tendrían vivienda propia, de las campañas electorales financiadas con los fondos del Banco Hipotecario, llegamos a este proyecto ortopédico, para tratar de mantenerlo rengueante, cojo, y ver si dentro de dos o tres años la ciudadanía, con su inteligencia y su sabiduría, crea las condiciones para que se restablezcan las posibilidades del Banco firme y potente que necesita la sociedad uruguaya.

Me quiero referir en particular al cambio de cultura en la institución. No se puede venir a decir que este Banco Hipotecario tiene una alta morosidad sin comentar cómo se concedieron los créditos; no se puede decir que este Banco Hipotecario está desfinanciado sin hablar de los gastos que se realizan innecesariamente. Por eso, esperamos hasta último momento la modestia republicana, la autocrítica, el que se nos dijera a todos los parlamentarios y a la ciudadanía: "Hemos administrado mal; reconocemos que esto está mal, aspiramos a mejorar; vamos a terminar con los contratos de arrendamiento de obra que tenemos en el Directorio por la cuota del tres y dos; vamos a terminar con los gastos innecesarios de publicar artículos en los Estados Unidos con un costo de US$ 43.000; vamos a terminar con el uso innecesario de la locomoción oficial, con gastos que no corresponden".

Entonces, es evidente que en este período de transición aspiramos a un cambio de cultura en la institución, a la recapacitación de los funcionarios, a la complementación con el Banco de la República y, sobre todo, a que haya jerarcas especializados, a que haya Directorios idóneos, que realmente estén compenetrados con la función, al servicio de la vivienda pública.

Voy a tomar como ejemplo algunas perlas del collar referentes a los gastos de este Banco Hipotecario, para ver si este Directorio y los parlamentarios que lo defienden nos pueden dar alguna explicación. Hace cuatro años, el Gerente General cobró por adelantado US$ 53.000 por licencia no gozada. Hoy, aparentemente, además de esto, quizás se acoja a los beneficios jubilatorios. Pero me entero de que el Directorio habría aprobado un plan de incentivos, que incluye 15 a 20 sueldos para funcionarios con causal jubilatoria, que parece estar hecho a la medida de algunos que tienen poder y que sin duda son demasiados, mientras los recursos son casi inexistentes y tenemos cientos de miles de dólares de depósitos reprogramados, acerca de los cuales no tenemos las garantías de que se podrán pagar. Entonces, queremos saber con que causal se establece este beneficio para quienes ya están en condiciones de jubilarse, dándoles de 15 a 20 mensualidades. ¡No es poca cosa, señor Presidente!

Terminemos con este método de administrar en favor de los amigos del poder; administremos en favor de la ciudadanía, de la gente que necesita vivienda, de los depositantes cuyos depósitos están reprogramados y de los deudores en dólares que viven agobiados, porque no saben si podrán pagar la vivienda o si se tendrán que quedar en la calle. Esta es una perla del collar, pero tengo otra.

Hay contratos de arrendamiento de obra, tema que tuvo una gran publicidad, por cierto negativa. Sería muy bueno que se terminaran los contratos de arrendamiento de obra. Aquí, yo tengo seis. De acuerdo con el sistema del Directorio, calculo que se cumple el tres y dos, y alguna jerarquía tendrá dos, por sus mayores responsabilidades. A mí lo que me duele es que no se sabe lo que harán con los funcionarios y se suscriben, por tres años, contratos de arrendamiento de obra. Se dice en estos seis contratos de arrendamiento de obra: "El Banco Hipotecario no se encuentra en condiciones materiales de realizar las actividades objeto de este contrato con sus funcionarios". Yo digo, señor Presidente: esto es mentira. Se contrata por necesidades políticas, de asesoramiento personal de los Directores. Que no se diga que no hay en el Banco Hipotecario funcionarios idóneos para realizar las actividades objeto de este contrato. Y aquí se describen cuáles son: "Asesorar a las cooperativas". ¿Qué va a pasar ahora, que no habrá préstamos para las cooperativas y los fondos sociales? ¿Qué va a pasar con esto? ¿No sería conveniente dar una señal y decir: "No va más con estos contratos de arrendamiento de obras; en la medida en que el Banco se tiene que reducir, tampoco vamos a malgastar los dineros públicos, de los ciudadanos y de los depositantes"?

Yo me podría hacer un festín con relación a las condiciones de quienes son los contratantes, pero no quiero herir a las personas, que son víctimas de un sistema, usufructuarios de un sistema, desde una Edila titular del departamento de Artigas, hasta un militar jubilado. Quizá la Edila ya haya renunciado, pero, cuando se inició el trámite, lo que consta en autos es que estaba en esa condición. Entonces, uno se pregunta: ¿para qué necesitamos contratos de arrendamiento de obra de esta naturaleza? Tenemos ex Intendentes de Montevideo, ex Vicepresidentes de Bancos. Si analizamos los contratos y la historia, advertiremos cómo van saltando de función en función.

Esas son las cosas que duelen a la ciudadanía: esos contratos que no son objetivos, específicos, idóneos, técnicos para la función. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque lo que estamos decidiendo es el destino del Banco Hipotecario, que era una de las joyas de la sociedad uruguaya para construir viviendas y ahora se ha ido desfondando y desfinanciando. No es solo la crisis que vino ahora, con la fuga de depósitos y de capitales; no es cierto. Todas las asesorías del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional ya anunciaban la liquidación del Banco Hipotecario. Esta última crisis bancaria fue una estocada, pero también incidió todo lo anterior. A mí me gustaría que quienes dicen que esto va a fortalecer al Banco Hipotecario explicaran al país cómo lo administraron durante estos años. Ya no hablo de la dictadura. Me refiero a los diecisiete años de democracia. ¿Cómo se administró este Banco Hipotecario? ¿Cómo se utilizaron los bienes públicos? Advierta, señor Presidente: todavía se ponen a la venta en el Departamento Inmobiliario las viviendas del Banco Hipotecario y cuando llega el ciudadano que tiene ahorro previo y hace la colita, se encuentra con que las mejores viviendas ya fueron asignadas, aunque en algún caso no hayan sido publicadas. Esta es la política de la administración de un banco del Estado que tendría que ser de todos y no de los partidos que están administrando.

Digo con toda tranquilidad que a nosotros no nos duelen prendas en cuanto a la mala administración del Banco Hipotecario. No formamos parte ni tenemos posibilidades de contralor, y por eso la ciudadanía sigue confiando en nosotros. Nosotros no somos parte de este sistema que administra para beneficios personales. Queremos la estabilidad institucional. Lo dijimos y lo reiteramos: somos leales institucionalmente. No medramos con la debilidad de la sociedad ni del Estado. Queremos un Estado que funcione con todas las garantías democrático-republicanas, pero no queremos un Estado prebendario, un Estado que beneficia a los correligionarios.

Aquí quiero hacer una aclaración: el contrato de arrendamiento de obra no era de una Edila de Rivera, sino de una Edila de Artigas. Pido a los taquígrafos que tengan la bondad de rectificar: era una Edila de Artigas. Estaba en la frontera, eso lo sabía, pero no recordaba bien a cuántos kilómetros se tenía que trasladar heroicamente esa Edila para cumplir sus funciones en la Junta Departamental, venir aquí, asesorar al Director y volver a la Junta Departamental. Yo comprendo el sacrificio que ello significa.

Agrego otra perla, señor Presidente. En momentos en que estábamos en las mayores dificultades, decretado el feriado bancario, me encuentro con un dictamen del Tribunal de Cuentas del que me gustaría que la Cámara tuviera conocimiento: "Exp. Nº 755.770.- Summit Communication.- Ref.: Reportaje Especial sobre Uruguay a ser distribuido por The New York Times" -si pronuncio mal, pido a alguno de mis colegas que conocen mejor que yo el inglés que me ayuden- "Observación del contador delegado del Tribunal de Cuentas".

Aquí veo un acta del Directorio del Banco Hipotecario, de fecha 14 de agosto de 2002, que dice así: "Visto: que por resolución de Directorio de fecha 7 de agosto de 2002" -en ese momento estábamos con el feriado bancario, con la peor crisis- "(Acta Nº 13.799) se autorizó el pago de US$ 43.000" -multiplíquenlo por la conversión a dólares de ese momento- "a Summit Communications, por concepto del Reportaje Especial sobre Uruguay a ser distribuido en The New York Times.- Considerando: que el referido pago fue observado por el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas, por no contar con disponibilidad en el renglón correspondiente.- Resuelve:" -el Directorio del Banco Hipotecario- "ratificar el gasto de que se trata".

Se pagaron US$ 43.000 por un reportaje al señor Presidente para ser distribuido en "The New York Times", cuando teníamos que hacer restricciones y actuar con austeridad -como aquí se ha planteado- y hacer una buena administración o, como escuché decir a un Diputado del Partido Nacional, proceder con decencia. ¿Y esto que tiene que ver con eso? Tengo en mi poder las condiciones de cómo contrataron con Summit Communications los pagos que eran anteriores a esto. Me gustaría que se informara a la Cámara, porque nosotros aquí no nos podemos quedar simplemente como los hijos de la pavota. ¿Así se administra? ¿Es que se iba a buscar los fondos en Estados Unidos por vía privada con un reportaje por US$ 43.000 al señor Presidente de la institución? Me parece mal, señor Presidente. Así se va por mal camino.

No quiero -lo digo con sinceridad- meterme con el señor Presidente del Banco Hipotecario, que bastantes problemas y líos ha tenido desde que asumió: desde la cuenta corriente cerrada por el Banco Central hasta los otros problemas que tuvo. En todos esos problemas no me voy a meter; están en la órbita de la Justicia. Que dirima la Justicia; no saquemos astillas de un árbol que todavía está ahí. No sabemos por cuánto estará, pero está ahí. Pero no es lo mejor. Lo digo con total sinceridad: que esta crisis del Banco Hipotecario encuentre a este Directorio funcionando de esta manera, administrando los bienes públicos de esta forma, no es bueno, señor Presidente. Por lo menos queremos dejarlo establecido, porque el proyecto se podrá votar, pero no se podrá obviar la verdad, la realidad, la falta de transparencia en lo que tiene que ver con estos hechos.

Entonces, creemos que esta ley nos genera desafíos múltiples: crear las condiciones a la interna del Banco que permitan reestructurarlo en otras circunstancias y no en estas que he mencionado; actuar con el conjunto de los actores involucrados para discutir cuál debe ser la política de vivienda en el país y definir los roles del Banco Hipotecario y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, puntos que, como es evidente, son una asignatura pendiente. Uno ve a los funcionarios del Banco Hipotecario y siente angustia, porque ¿qué va a pasar con nuestra institución?

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LEV.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: creo -y lo quiero expresar con claridad a la Cámara- que el señor Diputado Lev está planteando uno de los aspectos centrales de este tema. Tenemos una situación a la que el Banco llegó después de muchos años y de muchas administraciones, pero la pregunta central es si las razones por las que llegó a esto derivan de la ley. Nosotros decimos que el Banco hoy está como está no en virtud de la ley, sino por razones de estrategia y de administración. Reitero: no en virtud de la ley. Nada en la ley obligaba al Banco a hacer una cantidad de cosas, desde el tremendo descalce -como se dice ahora- en moneda extranjera, hasta esa enorme serie de acciones que nada tienen que ver con la buena administración de un banco, a las que aludía el señor Diputado Lev con mucha prudencia, con mucha expresividad y con mucha documentación.

El señor Diputado Lev manifestaba cómo nos sentimos, como Parlamento, frente a algunas actitudes que de alguna manera la situación hace que estemos aceptando. Y yo quiero incorporar a esta reflexión del señor Diputado Lev un par de hechos más, tratando de no reiterar temas que están en las versiones taquigráficas parlamentarias y que todos los legisladores conocen desde que nuestra bancada en pleno pidiera el retiro del Presidente del Banco Hipotecario. El 26 de junio concurrió a la Comisión de Hacienda el Presidente del Directorio del Banco Hipotecario y se comprometió a enviar un conjunto de información que fue solicitada, ya no en forma personal, sino en forma colectiva por la Comisión. Se comprometió a hacer llegar esa información a la brevedad. Esa información no llegó. Volvimos a encontrarnos con el Presidente del Directorio del Banco Hipotecario en la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, cuando se discutía la Rendición de Cuentas. Allí preguntamos por la misma información y volvió a comprometerse a enviarla. En estos días llegó a mi despacho la respuesta a algunas de esas preguntas.

Quiero decir a la Cámara que el mismo día -el 26 de junio pasado- preguntamos, al Banco Central en primer lugar y al Banco Hipotecario luego, qué respuesta recibió el Banco Central a un pedido de informes que este le formulara al Banco Hipotecario acerca de créditos concedidos por el Directorio en un determinado plazo a sus integrantes, a sus familiares o a personas con las que tenía directa vinculación. Le preguntamos al Banco Central cuál fue la respuesta. El Banco Central nos dijo que el Banco Hipotecario contestó que no tenía por qué informarle, que las normas legales lo amparaban para no dar la información que el Banco Central solicitaba. Alguna información había, porque nadie niega una información que no existe.

El mismo día, muy pocos minutos después, preguntamos al Presidente del Banco Hipotecario por esa información y él argumentó que los servicios jurídicos de la institución le manifestaban que el Banco no debía informar al Banco Central. No quisimos entrar en la discusión jurídica, pero le preguntamos: "¿Y al Parlamento esa información tampoco se la dan?". Él contestó: "Por supuesto que sí". Tenemos en nuestro poder la documentación en la que el Banco Hipotecario contesta al Parlamento, que vuelve a transcribir los informes jurídicos por los cuales no tiene obligación de informar al Banco Central. Esta es la forma en que se administra el Banco al que le estamos cambiando la ley que lo rige. No solo no se le reconoce al Banco Central el derecho a obtener información, sino que tampoco se reconoce ese derecho al Parlamento. Esto está en la base de cómo se administra un ente que maneja ingentes recursos y está en la base de algo que no debiera requerir ley, porque esencialmente -como muy bien manifestaba el señor Diputado Lev, a quien le pido excusas por la extensión de esta interrupción, aunque estoy respaldando lo que dijo- estamos recogiendo un problema de mala estrategia y de pésima administración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Lev, a quien le restan cinco minutos de su tiempo.

SEÑOR LEV.- Señor Presidente: sin duda, esta ley tiene un mal título. Yo no voy a decir cuál debería ser el correcto, pero esto no fortalece al Banco Hipotecario. Esto le pondrá una muleta, pero ¿que nos digan que fortalece? Se está utilizando una semiótica por la que todo se fortalece. Se fortalece al sistema bancario, se fortalece al Banco Hipotecario, y la gente tiene la sensación de que es exactamente al revés. Esa es la peor señal que se está dando. Seamos transparentes con la sociedad y digamos la verdad: se fundió al Banco con una mala administración.

SEÑOR SEÑORALE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LEV.- Lamentablemente, solo me restan cinco minutos.

Se generaron estas condiciones y se siguen generando; se dan beneficios que no corresponden a la austeridad republicana. Entonces, uno se pregunta: ¿para eso eliminamos de los cometidos del Banco Hipotecario el rol de fomento de la industria de la construcción y de la vivienda, en un país donde cada vez más familias se amontonan en asentamientos y carecen de las mínimas condiciones de habitabilidad? ¿Verdad, señor Presidente, que así no vamos bien?

Nosotros queremos estabilidad institucional, queremos fortalecimiento de la democracia, queremos que se cumpla con los contralores del Tribunal de Cuentas y que no se reiteren gastos cuando no hay renglones en el Presupuesto. Queremos que la oposición tenga derecho a controlar las cuentas de las empresas del Estado, de las que estamos ausentes. Y no pedimos cargos en el Gabinete ni en los Directorios de las empresas. Queremos tener acceso a la información para contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas y al otorgamiento de garantías a los ciudadanos en el sentido de que vale la pena quedarse a vivir en este país. Y este Parlamento cumplirá su función de contralor con las mejores intenciones, no para golpear, pero sí para que no se ponga un velo a los efectos de tapar las cosas; para que haya transparencia y para que todos sintamos -desde el interior de la República, donde pasan las cosas que pasan y la gente a veces no tiene ni para comer- que estas cosas duelen. Duelen. Habríamos querido decir: "Los acompañamos"; habríamos querido decir: "Esto mejora de verdad y cambia la cultura de administración"; habríamos querido decir: "Gracias por eliminar los contratos de obra, gracias por no dar beneficios a los amigos del Directorio". Pero no lo podemos hacer, y por eso nos vemos obligados a votar en contra. No lo hacemos con alegría. Inclusive, vamos a votar un artículo porque lo consideramos viable. Habríamos querido votar más cosas.

Esa es la disposición del Encuentro Progresista-Frente Amplio, una fuerza política al servicio de la democracia y de la gente, porque no hay República si los republicanos que viven en ella no tienen todas las garantías y condiciones de vida que son esenciales: trabajo, vivienda y salud. Eso es lo que queremos decir, señor Presidente.

Esta es una mala ley que abre un período de transición durante el cual seguiremos aportando nuestra palabra de sensatez para lograr que los funcionarios del Banco Hipotecario puedan contribuir a la mejora de la institución, que las decenas de miles de trabajadores de la construcción que están desocupados puedan trabajar y que los empresarios de la construcción que se han quejado del proyecto sientan que, entre todos, vamos a hacer una mejor ley para superar los errores y las insuficiencias de la actual.

SEÑOR SEÑORALE.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SEÑORALE.- Señor Presidente: no me voy a referir a los contratos de obra porque, de pronto, ADEOM de Montevideo nos podría explicar mucho mejor cómo hace la Intendencia Municipal para firmar esos contratos como favores políticos a sus correligionarios. Por lo tanto, no voy a entrar en ese tema.

(Interrupción del señor Representante Orrico)

——Sin embargo, voy a explicar por qué está dada la actual situación del Banco: por la política social que llevó adelante el Banco Hipotecario y que aparentemente el Frente Amplio no comparte. Parece que no comparte que el Banco haya facilitado el acceso a la vivienda a los más humildes, a los más necesitados, con políticas subsidiadas.

Me voy a permitir dar algunas cifras que indican en qué el Banco vio irse su patrimonio y por qué tiene la situación patrimonial que hoy debe enfrentar. Por ejemplo, el subsidio, a tasas de interés no compensadas con recursos nacionales, fue de US$ 196:000.000. Eso corresponde al año 2000, pero va a seguir en el tiempo porque esos préstamos son a largo plazo; el Banco Hipotecario ha sido muy generoso, ha dado préstamos a treinta años y a veces los ha prorrogado a treinta y cinco años, a través de planes de refinanciación. Parece que el Frente Amplio tampoco está de acuerdo con que el Banco tenga políticas para facilitar a sus deudores el cumplimiento de sus obligaciones. Esas políticas, por ejemplo, en 1985-1986 le costaron al Banco US$ 24:000.000. Los intereses no percibidos por reajustes diferidos costaron al Banco US$ 90:000.000, puesto que en su momento la institución difirió el reajuste porque la gente no podía pagar ¿Eso está mal? ¿Eso no es política social? ¿Se está en contra de eso?

(Interrupción de la señora Representante Topolansky)

——Las medidas con relación a deudores del año 1995 y siguientes -no hace mucho- para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones, le costaron US$ 265:000.000 y van a costar en el futuro US$ 123:000.000 más, porque los préstamos siguen, ya que son a veinte, a veinticinco y a treinta años. Aquí votamos la ley del RAVE; el responsable es este Parlamento, más allá de que no hayamos sido nosotros, personalmente, quienes votamos. Se aprobó la ley del RAVE, pero no le dimos al Banco los recursos para afrontarla. Eso le cuesta al Banco US$ 40:000.000.

A eso se debe la situación patrimonial del Banco: a las políticas sociales que, aparentemente, aquí no se comparten.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- La Mesa va a revisar la versión taquigráfica de las palabras vertidas por el señor Diputado Señorale.

SEÑOR LEV.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- No existe la posibilidad de responder alusiones formuladas al contestar una alusión.

SEÑOR LEV.- ¿Me permite, señor Presidente, para una aclaración?

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tampoco cabe la aclaración en este caso.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: en nombre del Partido Nacional, solicito un intermedio hasta la hora 15 y 55, por razones políticas.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en sesenta: AFIRMATIVA.

La Cámara pasa a intermedio.

(Es la hora 14 y 25)

——Continúa la sesión.