n.º 62 - TOMO 94 - 2 DE SETIEMBRE DE 2014

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

ASAMBLEA GENERAL

QUINTO PERÍODO DE LA XLVII LEGISLATURA

3.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR DANILO ASTORI Presidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Y JOSÉ PEDRO MONTERO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Inasistencias anteriores

5) Mensaje del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el que comunica el cese como Miembro de dicha Corporación, del doctor Dardo Hamlet Preza Restuccia (Artículo 308 de la Constitución de la República)

- Se designa al doctor José Echeveste Costa para desempeñar dicho cargo.

6) Informe de la Comisión Especial con Fines de Asesoramiento Legislativo sobre Inteligencia de Estado

- Se remiten el informe y los antecedentes a la Cámara de Representantes

7) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 29 de agosto de 2014

La ASAMBLEA GENERAL se reunirá en sesión extraordinaria el próximo martes 2 de setiembre, a la hora 15:00, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.º) Mensaje del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el que se comunica el cese como Miembro de dicha Corporación, del doctor Dardo Hamlet Preza Restuccia (Artículo 308 de la Constitución de la República).

Carp. n.º 179/2014 – Rep. n.º 22/2014

2.º) Informe de la Comisión Especial con Fines de Asesoramiento Legislativo sobre Inteligencia de Estado.

Carp. n.º 86/2011 – Rep. n.º 23/2014

José Pedro Montero Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Sergio Abreu, Ernesto Agazzi, José Amorín, Milton Antognazza, Carlos Baráibar, Hebert Clavijo, Roberto Conde, Alberto Couriel, Juan Chiruchi, Eber Da Rosa, Eduardo Fernández, Antonio Gallicchio, Francisco Gallinal, Jorge Gandini, Luis Alberto Heber, Oscar López Goldaracena, Carlos Moreira, Rodolfo Nin Novoa, Ruben Obispo, Ope Pasquet, Gustavo Penadés, Aníbal Rondeau, Jorge Saravia, Alfredo Solari, Héctor Tajam, Lucía Topolansky y Tabaré Viera; y los señores Representantes Pablo D. Abdala, Verónica Alonso, Fernando Amado, Gerardo Amarilla, José Amy, José Andrés Arocena, Roque Arregui, Alfredo Asti, Julio Bango, Julio Battistoni, Gustavo Bernini, Ricardo Berois Quinteros, Marcelo Bistolfi Zunini, Graciela Cáceres, Daniel Gaggiani, Fitzgerald Cantero, Rodolfo Caram, Felipe Carballo, Alberto Casas, Gustavo Cersósimo, Antonio Chiesa, Hugo Dávila, Walter De León, Álvaro Delgado, Dante Dini, Álvaro Fernández, Carlos Gamou, Javier García, Mario García, Juan Manuel Garino Gruss, Aníbal Gloodtdofsky, Oscar Groba, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, María Elena Laurnaga, Orlando Lereté, Andrés Lima, José Carlos Mahía, Rubén Martínez Huelmo, Graciela Matiauda, Felipe Michelini, Sergio Mier, Orquídea Minetti, Gonzalo Mujica, Amín Niffouri, Gonzalo Novales, Ruben Núñez, Julio Olivar, Raúl Olivera, Jorge Orrico, Gustavo Osta, Yerú Pardiñas, Ivonne Passada, Daniela Payssé, Guzmán Pedreira, Nicolás Pereira, Aníbal Pereyra, Susana Pereyra, Darío Pérez Brito, Pablo Pérez González, Ricardo Planchón, Iván Posada, Jorge Pozzi, Luis Puig, Daniel Radío, Carlos Rodríguez Galvez, Nelson Rodríguez Servetto, Gustavo Rombys, Sebastián Sabini, Alejandro Sánchez, Berta Sanseverino, Pedro Saravia Fratti, Víctor Semproni, Rubenson Silva, Mario Silvera, Martín Tierno, Daisy Tourné, Jaime Mario Trobo, Javier Umpiérrez, Daoiz Uriarte, Carlos Varela Nestier, Juan Ángel Vázquez, Carmelo Vidalín y Dionisio Vivían.

FALTAN: con licencia: los señores Senadores Pedro Bordaberry, Luis Gallo Imperiale, Jorge Larrañaga, Eduardo Lorier, Daniel Martínez, Rafael Michelini, Constanza Moreira y Luis Rosadilla; y los señores Representantes Gustavo A. Espinosa, Guillermo Facello, Alma Mallo, Martha Montaner y Richard Sander; con aviso: el señor Senador Enrique Rubio, y los señores Representantes Daniel Bianchi, Gustavo Borsari Brenna, Germán Cardoso, José Carlos Cardoso, Rodrigo Goñi Romero, Daniel Mañana, Miguel Otegui, Daniel Peña Fernández, Alberto Perdomo Gamarra, Mario Perrachón, Ana Lía Piñeyrúa, Edgardo Rodríguez, Walter Verri y Horacio Yanes; y sin aviso: los señores Senadores Luis Alberto Lacalle Herrera y Ruben Rodríguez.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 10).

­–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

«El Ministerio de Defensa Nacional remite:

• copia de una resolución relacionada con la enajenación de un inmueble propiedad del Comando General de la Fuerza Aérea, sito en la Comuna de Providencia, Región Metropolitana, Santiago de Chile, República de Chile.

• copia de una resolución por la que se dispone la trasposición de crédito entre Programas para el Ejercicio 2014 en la Unidad Ejecutora 018 “Comando General de la Armada” con afectación especial al Proyecto 758 “Adquisición, reparación y equipamiento de Unidades Navales”.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite copia de varias resoluciones:

• por la que se efectúan varias trasposiciones de créditos.

• por la que se confiere las autorizaciones correspondientes a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, referidas a la cancelación, renovación y suscripción de distintos contratos de préstamo con los bancos Santander y Banistmo.

• por la que se habilita en el Inciso 24 “Diversos Créditos”, el proyecto de funcionamiento “Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera”.

• por la que se aprueba el contrato de préstamo a celebrarse entre el Banco Público de la República Federal de Alemania y la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, por un monto de 60 millones de euros, destinado al financiamiento del Proyecto de la Central Eólica a instalarse en la Colonia Juan Pablo Terra, departamento de Artigas.

• por la que se habilita en el Inciso 03 “Ministerio de Defensa Nacional”, el proyecto de funcionamiento “Ahorro Energético”.

Y asimismo remite copia de un decreto por el que se modifica la Nomenclatura Común del Mercosur y su correspondiente Arancel Externo Común.

–TÉNGANSE PRESENTES.

El Ministerio de Educación y Cultura remite copias de las siguientes resoluciones:

• por la que se aprueban los Balances de Ejecución Presupuestal y Financiero de varios Organismos de la Administración Nacional de Educación Pública, correspondiente al Ejercicio 2013.

• por las que se disponen varias trasposiciones de créditos entre diversos programas del Organismo, para el Ejercicio 2014.

• por la que se solicita a la Contaduría General de la Nación la habilitación para la asignación de capital, por concepto de “Legados” y “Donaciones”.

• por la que se rectifica la Resolución n.º 9, de 29 de abril de 2014, actuaciones relacionadas con los Balances de Ejecución Presupuestal y Financiero de la Administración Nacional de Educación Pública.

• por la que se dispone la habilitación del Proyecto de Inversión, “Mejora en la Gestión Administrativa en la ANEP”.

• por la que se solicita a la Contaduría General de la Nación la habilitación de créditos, correspondientes a la Cooperación Técnica para el Ejercicio 2014, Proyecto “Mejora de la Gestión Administrativa en la ANEP”.

• por la que se disponen los montos máximos relacionados con el procedimiento de tramitación de haberes, con cargo a ejercicios vencidos.

• por las que se solicita a la Contaduría General de la Nación la habilitación de capital, por concepto de “Herencias Yacentes”.

• por la que se solicita al Ministerio de Economía y Finanzas, un refuerzo de créditos, en el Grupo 1 “Bienes de Consumo”, en el Grupo 2 “Servicios no Personales” y en el Grupo 5 “Transferencia”.

–TÉNGANSE PRESENTES.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite copia de un decreto por el que se aprueba la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Correos, correspondiente al Ejercicio 2012.

El Ministerio del Interior remite copia de una resolución por la que se autoriza la trasposición de crédito presupuestal desde el Programa 460 “Prevención y Represión del Delito” de la Unidad Ejecutora 001 “Secretaría”, al Programa 343 “Formación y Capacitación”, Unidad Ejecutora 029 “Escuela Nacional de Policía”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite copia de las siguientes resoluciones:

• en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley n.º 19149, de 24 de octubre de 2013, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2012, por la que se adjudicó la venta de derechos de propiedad del Estado uruguayo sobre un inmueble, exsede de la Representación Permanente de la República ante la Organización de los Estados Americanos, en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América.

• por la que se adjudica a la “Fundación Héctor Alejandro Barceló para el Desarrollo de la Ciencia Biomédica Argentina”, la venta del edificio sede de la Embajada del Uruguay, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Asimismo, remite copia de un decreto por el que se fijan los coeficientes a aplicar en la liquidación de haberes y partidas a los funcionarios del Servicio Exterior y las partidas de gastos de etiqueta correspondientes a las Misiones Diplomáticas, con vigencia a partir del 1.° de julio de 2014.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite copia de un decreto por el que se aprueba la Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos, correspondiente al Ejercicio 2012.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite copia de las siguientes resoluciones:

• por la que se aplica a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, una multa con motivo de efectuar una instalación de turbinas, sin contar con la autorización correspondiente.

• por la que se le aplica a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, una multa por haber iniciado las actividades correspondientes al Proyecto “Parque Eólico Juan Pablo Terra”, sin contar con la autorización correspondiente.

Asimismo, remite copia del Contrato de Préstamo BID, suscrito el 14 de febrero de 2014, entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, para cooperar en la ejecución de un programa de mejoramiento de barrios.

–TÉNGANSE PRESENTES.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay remite copias de resoluciones por las que se disponen varias trasposiciones de créditos.

El Consejo de Educación Técnico-Profesional remite copia de varias resoluciones por las que se disponen trasposiciones de créditos.

La Junta de Transparencia y Ética Pública remite copia de resoluciones relacionadas con la contratación de varias personas, al amparo del artículo 37 de la Ley n.º 17296, de 21 de febrero de 2001.

La Suprema Corte de Justicia remite copia de la Sentencia n.º 682, relacionada con una Acción de Inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 5.º inciso 1.º de la Ley n.º 18.756, de 26 de mayo de 2011, por la que se aprueban normas que modifican la Ley n.º 18187, de 2 de noviembre de 2007 referida a la Colonización de Tierras.

–A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

Asimismo, remite:

• copia de la Sentencia n.º 724, relacionada con una Excepción de Inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 2.º y 3.º de la Ley n.º 18831, de 27 de octubre de 2011, Pretensión Punitiva del Estado.

• copia de la Sentencia n.º 734, relacionada con una Acción de Inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 14, 15 y 16 de la Ley n.º 18996, de 7 de noviembre de 2012, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Ejercicio 2011.

• copia de las Sentencias n.os 489 y 601, relacionadas con Acciones de Inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley n.º 18738, de 8 de abril de 2011, sobre Interpretación del artículo 64 y derogación del artículo 68 del Presupuesto Nacional 2010-2014.

• copia de una Acordada, referente a la creación del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Libertad de 2.º Turno.

• copia de una Acordada por la cual se declaran constituidos los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal de Ejecución de 1.º y 2.º Turno.

• copia de una resolución referente a la transformación de un cargo de Juez Letrado Suplente de la Capital y dos cargos de Juez de Paz de 1.ª Categoría, en dos cargos de Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Ejecución.

• copia de una resolución referida a la transformación de un cargo de Juez de Paz de 1.ª Categoría en un cargo de Juez de Paz de 1.ª Categoría Suplente.

• copia de una Acordada, relacionada con la elevación de categoría a Juzgado de Paz de Ciudad, del Juzgado de Paz de la 2.ª Sección Judicial del departamento de San José.

–TÉNGANSE PRESENTES.

La Presidencia de la Comisión Administrativa remite:

• un recurso de revocación y jerárquico presentado por la funcionaria Gabriela Otegui, interpuesto contra el acto administrativo que autoriza el pago de los haberes por concepto de prima por antigüedad.

• un recurso de revocación y jerárquico presentado por la exfuncionaria María Amelia Tarragó, contra el acto administrativo que autoriza el pago de la reliquidación por concepto de antigüedad.

• un recurso de revocación y jerárquico presentado por el funcionario Javier Fernández Barboza contra el acto administrativo que autoriza el pago de la reliquidación por concepto de prima por antigüedad.

–A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo remite:

• copia de la Resolución n.º 208/2014, referida a una denuncia realizada por una ciudadana, con relación al fallecimiento de su hijo en un procedimiento policial en el barrio Marconi, el día 14 de octubre de 2012.

• una Recomendación relacionada con el proyecto de ley sobre Reforma del Código del Proceso Penal.

–OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS A LA CÁMARA DE SENADORES Y A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.

La Comisión Especial con Fines de Asesoramiento Legislativo sobre Inteligencia de Estado eleva informe del Proyecto de Ley Marco sobre Inteligencia de Estado.

–HA SIDO REPARTIDO Y ESTÁ INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

El señor Presidente de la Corte Electoral doctor Ronald Herbert, remite nota por la cual comunica la renuncia al cargo.

El señor Vicepresidente de la Corte Electoral, doctor Wilfredo Penco, remite nota por la cual comunica que ha asumido al cargo de Presidente de la Corte Electoral, el doctor José Arocena.

–TÉNGANSE PRESENTES.

Las Intendencias de Paysandú, Rivera, Salto y San José, conforme a lo establecido en el Art. 214, literal C) de la Constitución de la República, remiten las Rendiciones de Cuentas de los recursos correspondientes al Ejercicio 2013.

El Tribunal de Cuentas remite:

• copia de una resolución por la que se aprueba el Informe de Auditoría respecto de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2013.

• copia de los dictámenes correspondientes a los estados financieros relativos a la ejecución del Proyecto de “Fortalecimiento Institucional para Promover el Acceso Equitativo de la Sociedad al Sistema Legal”, financiado con recursos del Acuerdo de Donación del Fondo para el Desarrollo Institucional del Banco Mundial, ejecutada por la Cámara de Senadores.

–TÉNGANSE PRESENTES.

• copia de oficios transcribiendo varias resoluciones relacionadas con los siguientes Organismos: Administración de los Servicios de Salud del Estado, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, Administración Nacional de Correos, Administración Nacional de Educación Pública (Consejo Directivo Central, Consejo de Educación Inicial y Primaria y Consejo de Educación Técnico- Profesional), Administración de Ferrocarriles del Estado, Administración de las Obras Sanitarias del Estado, Administración Nacional de Telecomunicaciones, Administración Nacional de Puertos, Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, Agencia Nacional de Vivienda, Banco Central del Uruguay, Banco Hipotecario del Uruguay, Banco de Seguros del Estado, Cámara de Representantes, Comisión Administrativa del Poder Legislativo, Corporación de Protección del Ahorro Bancario, Corporación Nacional para el Desarrollo, Dirección General de Casinos, Dirección Nacional de Aduanas, Facultades de Agronomía, Ciencias, Ciencias Sociales, Derecho, Humanidades y Ciencias de la Educación, y Psicología de la Universidad de la República, Hospitales Pasteur, de Clínicas, de Durazno y de Rivera, Instituto Nacional de Ciegos General Artigas, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional de Colonización, Juntas Departamentales de Artigas, Colonia, Durazno, Florida, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rivera y Treinta y Tres, Ministerios de Defensa Nacional, de Desarrollo Social, de Economía y Finanzas, de Educación y Cultura, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Industria, Energía y Minería, de Relaciones Exteriores, de Salud Pública, del Interior, de Trabajo y Seguridad Social, de Transporte y Obras Públicas, de Turismo y Deporte, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Pluna Ente Autónomo, Poder Judicial, Presidencia de la República, Universidad de la República y Universidad Tecnológica del Uruguay.

–TÉNGANSE PRESENTES. LOS OFICIOS SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DEL PARLAMENTO. LA INFORMACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES LEGISLADORES EN LA SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL».

4) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo establecido en el ar­tículo 29 del Reglamento de la Asamblea General, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias, en el caso de que existieran.

(Se lee).

«A la sesión extraordinaria del 11 de junio faltaron con aviso los señores legisladores Verónica Alonso, José Andrés Arocena, Ricardo Berois Quinteros, Álvaro Delgado, Carlos Gamou, Luis Alberto Heber, Pablo Iturralde, Felipe Michelini, Gustavo Penadés, Alberto Perdomo, Carlos Rodríguez Galvez, Jorge Rodríguez, Jorge Saravia y Silvia Silveira.

A la Comisión Especial con Fines de Asesoramiento Legislativo sobre Inteligencia de Estado del 16 de junio, faltó con aviso el señor legislador Eduardo Malaquina.

A la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria del 26 de junio, faltaron con aviso los señores legisladores Aníbal Gloodtdofsky y Daniel Radío. A la sesión del 23 de julio faltaron los señores legisladores Martín Elgue, Orquídea Minetti y Carlos Moreira».

5) MENSAJE DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR EL QUE COMUNICA EL CESE COMO MIEMBRO DE DICHA CORPORACIÓN, DEL DOCTOR DARDO HAMLET PREZA RESTUCCIA (ARTÍCULO 308 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Asamblea General ingresa a la consideración del primer punto del Orden del Día: «Mensaje del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el que comunica el cese como Miembro de dicha Corporación, del doctor Dardo Hamlet Preza Restuccia (Artículo 308 de la Constitución de la República) (Carp. n.º 179/2014 – Rep. n.º 22/2014)».

(Antecedentes).

(Se lee).

«Señor Presidente de la Asamblea General: los legisladores abajo firmantes mocionamos para que se designe al doctor José Echeveste Costa para desempeñar el cargo de Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en virtud del cese del doctor Dardo Hamlet Preza Restuccia con motivo de su fallecimiento».

–De acuerdo con lo indicado por las disposiciones reglamentarias vigentes, han sido repartidas las cédulas correspondientes para que los señores legisladores efectúen la votación.

Dese cuenta del resultado de la votación.

(Se lee).

«Han votado 105 señores legisladores; todos lo han hecho por el doctor José Echeveste Costa».

(Aplausos en la Sala y en la barra).

–Por lo tanto, vamos a invitar a pasar a Sala al doctor Echeveste Costa a los efectos de la prestación de su juramento.

La Asamblea General y la barra se ponen de pie.

SEÑOR ECHEVESTE COSTA.- Señor Presidente: yo, José Echeveste Costa, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y a defender la Constitución de la República.

SEÑOR PRESIDENTE.- Prestado el juramento, ha quedado designado el doctor José Echeveste Costa como nuevo miembro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

(Aplausos en la Sala y en la barra).

6) INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL CON FINES DE ASESORAMIENTO LEGISLATIVO SOBRE INTELIGENCIA DE ESTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- La Asamblea General ingresa a la consideración del segundo punto del Orden del Día: «Informe de la Comisión Especial con Fines de Asesoramiento Legislativo sobre Inteligencia de Estado (Carp. n.º 86/2011 – Rep. n.º 23/2014)».

Comisión Especial con Fines de Asesoramiento Legislativo sobre Inteligencia de Estado

ACTA n.° 20

En Montevideo, el día dieciséis de junio del año dos mil catorce, a la hora trece y cuarenta minutos, se reúne la Comisión Especial con Fines de Asesoramiento Legislativo sobre Inteligencia de Estado de la Asamblea General.

Preside: la señora legisladora Ivonne Passada, Presidenta de la Comisión.

Asisten: los miembros señores legisladores José Amy, Milton Antognazza, Felipe Michelini, Daniel Peña, Pablo Pérez, Gustavo Rombys, Luis Rosadilla, Jaime Trobo y Daoiz Uriarte.

Faltan con aviso: los señores legisladores Roberto Conde, Javier García, Gustavo Penadés e Iván Posada.

Actúan en Secretaría las señoras Beatriz Méndez, Secretaria de Comisión y la señora Prosecretaria Gillian Callorda.

Orden del Día:

Los legisladores integrantes de la Comisión Especial se refieren a la presentación del informe ante la Asamblea General, en el cual se dará cuenta de lo actuado.

Los representantes del Partido Nacional entregan un informe con consideraciones de carácter general sobre el proyecto y la señora Presidenta sugiere que también lo hagan los representantes de los demás partidos políticos.

A propuesta del señor Senador Luis Rosadilla, se fija el 25 de los corrientes como plazo para presentar dichos informes.

Acto seguido, se pone a consideración el informe del proyecto de Ley Marco.

Se vota: 10 en 10. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La señora Presidenta deja constancia que para el informe que se enviará a la Asamblea General quedan habilitados a firmar todos los miembros de la Comisión.

A la hora trece y cincuenta y cinco minutos de levanta la sesión.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido n.° 260/2014 que forma parte de este documento.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman la señora Presidenta y la señora Secretaria de la Comisión.

Ivonne Passada, Presidenta; Beatriz Méndez, Secretaria»

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con las solicitudes recibidas, en primer lugar vamos a dar la palabra a la señora legisladora Passada recordando que, de acuerdo con la reglamentación de la Asamblea General, cada legislador dispone de quince minutos por una sola vez.

SEÑORA PASSADA.- Señor Presidente: para nosotros es de gran importancia el tratamiento del informe que hoy estamos entregando a la Asamblea General. Dicho informe fue abordado por el sistema político, ya que la Comisión fue integrada por todos los sectores, y llegamos a algunas conclusiones. Si bien los colegas que integran la Comisión podrán realizar algunas salvedades, lo que nos importa es el abordaje que todo el sistema público hizo para el análisis de este anteproyecto de ley del Sistema Nacional de Inteligencia, cuyo informe estamos presentando hoy en la Asamblea General.

Fueron tres años de trabajo que comenzaron con el estudio de iniciativas que algunos sectores acercaron a la Comisión y, también, con iniciativas, directas e indirectas, del Poder Ejecutivo.

Antes que nada queremos agradecer –en calidad de haber estado hasta el día de hoy presidiendo esta Comisión en el lugar del compañero, hoy Ministro, Bayardi– a las Secretarias Beatriz Méndez y Ana Veríssimo, y a la Prosecretaria Gillian Callorda, que estuvieron en forma permanente trabajando con todos nosotros. También queremos agradecer especialmente el esfuerzo que hizo esta Asamblea al traer al doctor Philipp Fluri, Director del Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas, a fin de realizar los estudios comparativos con Argentina, Alemania, Australia y Canadá. En ese sentido, estamos invitando a que aquellos interesados en la discusión y el abordaje de este tema, puedan acceder a las versiones taquigráficas de la Comisión.

Asimismo, recibimos los aportes de los doctores Carlos Delpiazzo, Juan Pablo Cajarville, Rubén Correa Freitas y Martín Risso Ferrand.

¿Cuál fue el primer objetivo en el abordaje de este tema? El estudio, y la premisa principal que tuvimos fue la regulación de las distintas formas de cumplir con esta actividad, fundamentalmente sin violentar los derechos humanos, respetando las libertades individuales y las garantías fundamentales. Estas tareas de inteligencia se van a desarrollar bajo los principios de protección de defensa de estos intereses estratégicos nacionales e irán determinando puntualmente que ningún organismo de inteligencia tendrá facultades compulsivas, y le estará especialmente prohibido realizar tareas represivas, intervenir en la actividad política, influir en la opinión pública y revelar o divulgar cualquier tipo de información. ¿Qué estamos haciendo con esto, señor Presidente? Como institución del Estado, los servicios de inteligencia deberán cumplir, fundamentalmente y más que nada, con las obligaciones legales internacionales que tiene y que asume nuestro Gobierno. Por eso este informe, esta propuesta de ley es un avance que coloca al país en una situación de ventaja, mirando hacia el futuro como país moderno, inserto en las nuevas acciones internacionales en materia de inteligencia del Estado: las obligaciones de todo Estado, bajo el derecho internacional sobre los derechos humanos y, en particular, de los derechos civiles perfilados, nada más y nada menos, que en la Carta de las Naciones Unidas y en convenios internacionales.

Debemos destacar que en los años 2009 y 2010 la ONU revisó los estándares y las instituciones de controles internacionales que se aplican en el tema de inteligencia. Por eso para nosotros es importante saber que nuestro país va a empezar a tener las buenas prácticas en materia de inteligencia del Estado y colocarse en ese contexto internacional.

Para finalizar, voy a resaltar algunos puntos. El proyecto va a indicar cuál es el objetivo central de cómo se va a regular la inteligencia y la contrainteligencia en nuestro país. Tendrá definiciones de la ley, de las actividades reguladas por ella, en un conjunto de todos los organismos del Estado. Ya no se va a ver como una situación estanca, sino que la inteligencia y la contrainteligencia se va a ejecutar con dependencia orgánica de los Ministerios y dependencia funcional del organismo del nivel estratégico dependiente de la Presidencia de la República.

Este proyecto va a tener cometidos. Esto sigue avanzando en esa propuesta general que habíamos tenido de nuestra ley nacional de defensa, en asesorar la estrategia del Poder Ejecutivo al Consejo de Defensa Nacional y al Gabinete de Seguridad. En ese sentido, nos coloca temas tan importantes como los que hemos abordado en lo que tiene que ver con la protección de la soberanía nacional. Por eso también vamos a tener procesos de obtención de información, de la búsqueda de esos datos, dando la mayor privacidad.

También va a haber sistemas de controles y se tendrá responsabilidades de las actuaciones, de las investigaciones y de un organismo de contralor. Quizás las próximas exposiciones marquen algunas de las diferencias que tenemos quienes integramos esta Comisión que, insistimos, trabajó con mucha altura, buscando alcanzar el máximo de los acuerdos. Por eso no hay un miembro informante. En una ley tan importante para el país, el abordaje fue alcanzar el mayor acuerdo.

Con esta propuesta, que fue abordada con las características antes mencionadas, Uruguay queda colocado en el contexto internacional. Inclusive –así lo expresó el experto que vino a Uruguay–, la certeza de la norma está dada por la participación de todos los partidos políticos en su elaboración.

Señor Presidente: este es el informe somero del proyecto de ley. En la Comisión redactamos una moción para ser presentada en la Asamblea General, la que será leída cuando corresponda.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor legislador

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: lamentablemente, los tiempos políticos que están transcurriendo inmersos en una campaña electoral hacen que no todos... Quizás sí –tomémoslo por la positiva–, todos podamos regocijarnos de que una Comisión bicameral, integrada por todos los partidos políticos, luego de un trabajo muy serio llevado adelante durante tres años, proponga a la Asamblea General un proyecto de ley sobre un tema de tanta trascendencia –tal vez esto escape a la atención de la opinión pública, ya que los tiempos electorales la derivan hacia otros asuntos– como la creación, nada más y nada menos, de un Sistema Nacional de Inteligencia.

Me voy a permitir poner énfasis en el acuerdo político alcanzado, lo que no es un tema menor. El concepto “inteligencia” tampoco es un tema menor, ni la labor que la inteligencia debe cumplir al servicio del Estado, pero despierta tantas suspicacias, que muchas veces hasta es preferible que no se analice para que, como dicen los ingleses, de eso no se hable, de eso no se pregunte. Sin embargo, el sistema político uruguayo entendió que este era el momento de comenzar a analizar la imperiosa necesidad del Estado de crear un Sistema Nacional de Inteligencia.

Como legislador de la oposición vengo aquí, con absoluta honestidad intelectual, a rescatar la apertura que se tuvo desde la bancada de Gobierno y desde la bancada de la oposición, al entender que esto no debía tener color partidario sino ser un proyecto de ley en el que todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria nos pudiéramos encontrar.

Ese es el proyecto de ley que en la tarde de hoy, como bien informaba la señora legisladora Passada, la Comisión está presentando sobre el Sistema Nacional de Inteligencia y proponiendo su estudio al Poder Legislativo, a través de la Asamblea General. Ojalá sea aprobado tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado antes de que finalice esta Legislatura –este es un desafío que tendremos que imponernos todos–, para convertirse en ley.

Cuando durante la Administración anterior se inició un proceso de debate sobre la defensa nacional coincidimos en que Uruguay está tremendamente atrasado en una serie de normativas que regulan un concepto, que con el paso de los años ha dejado de ser estrictamente militar para pasar a ser un concepto central en la vida de un país. La defensa ya no puede ser concebida como un asunto relacionado solo a posibles hipótesis de conflicto ni a la misión que desde el Estado o desde el poder democrático se otorga a la herramienta Fuerzas Armadas. Por el contrario, el concepto de defensa nacional es mucho más amplio y abarcativo. Por eso, en aquel momento, ameritó, como primer paso, la sanción de la ley de defensa nacional. Lamentablemente, y esto sí va como una crítica, no se ha tenido la misma celeridad en aquel Período de Gobierno ni en este quinquenio, para aprobar las consecuentes leyes que a partir de aquella se debían considerar: la primera, una nueva ley orgánica del Ministerio de Defensa Nacional; la segunda, una nueva modificación a las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas; la tercera, el proyecto de ley que estamos ingresando a la consideración del Parlamento nacional.

¿Qué se concibe aquí como Sistema Nacional de Inteligencia? En otros países del mundo existe bajo diferentes nombres, por ejemplo, Oficina de Asuntos Estratégicos en Brasil y Argentina, o Servicio de Inteligencia en Chile, España y Alemania. Se trata de reunir y procesar información útil para la toma de decisiones en cuanto a los organismos que realizan dicha actividad y al producto final del referido proceso. Se contempla la necesidad de que los tomadores de decisión puedan contar con la mayor cantidad de información para llevar adelante los procesos de gobierno y, además, la posibilidad de pronosticar, mirar más allá y elaborar escenarios de futuro que, en este caso, el Uruguay deberá transitar.

Hablamos de un sistema –y no fue un debate menor–, producto de que lo que pretendemos es que converjan una serie de servicios que hoy están diseminados por todo el Estado. El Gobierno anterior, presidido por el doctor Tabaré Vázquez, quiso hacer algo sobre esto y en el Presupuesto del año 2005 se creó el cargo de Coordinador de Inteligencia. En una primera instancia creímos que ese objetivo podría ser un paso incipiente hacia la creación del sistema –que lo fue–, pero también debemos reconocer que no pudo cumplir con el rol que se le adjudicó, entre otras cosas porque no se le asignó presupuesto, funcionarios ni la jerarquía como para poder enfrentar el desafío que tiene la elaboración de estos escenarios y la generación de información. ¿Por qué? Porque cuando existe ausencia de gobierno en esa dirección o se carece de la posibilidad de establecer misiones claras a cumplirse, es una característica que los servicios de inteligencia sean absolutamente estancos entre sí y que ninguno de ellos coparticipe ni intercambie información con otros.

Por lo tanto, es necesario crear un sistema y poner al frente a alguien que se encargue no solo de la coordinación. En este aspecto hay pequeñas diferencias. El último Anexo que se ha repartido contiene consideraciones de legisladores del Partido Nacional sobre el informe, en el que comienza a desgranarse una serie de aspectos que pretendemos que, cuando llegue el momento de la discusión parlamentaria, se puedan incluir; no renunciamos a ello. El primero es la necesidad de contemplar la creación de este sistema al más alto nivel. Hay una serie de debates de todo tipo y hasta de rango constitucional, producto de que nosotros entendemos que la ubicación estratégica debería ser lo más cercana posible al Presidente de la República. La contra que tiene estar en una organización tan cercana al Presidente de la República son los controles parlamentarios, a los que me voy a referir dentro de unos minutos. El segundo es el mando, y se da porque actualmente existen servicios de inteligencia en los Ministerios del Interior, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, en la Dirección General Impositiva y en la Dirección Nacional de Aduanas. Es decir que hay una serie de organismos que poseen sistemas de información e inteligencia, que llevan adelante su tarea en las áreas específicas.

En ese sentido, no estamos pensando solamente en la necesidad de generar información para que los tomadores de decisiones posean mayor cantidad y, por ende, no se equivoquen en la decisión que se adopta, sino también en la generación de escenarios de futuro. Por eso entendemos que la ubicación estratégica debe ser cerca del Presidente de la República, para tener un contacto directo con el Consejo de Defensa Nacional –Codena–, porque quien piense que estos temas tienen algún tipo de relación con asuntos militares o de espionaje de cualquier índole se equivoca de cabo a cabo. Estamos hablando de la posibilidad de generar información para poder tomar decisiones correctas en nuestro país por parte de los tomadores de decisiones ubicados, sin lugar a dudas, en el Poder Ejecutivo.

El proyecto de ley tiene una serie de consideraciones –que para no aburrir a la Asamblea General vamos a omitir–, relacionadas con la necesidad de darle la jerarquía que el organismo necesita y la dotación de conceptos modernos para no crear más burocracia sino utilizar los recursos ya existentes sin que dejen de prestar sus servicios en las oficinas o entidades en las que lo hacen. Es necesario que todo esto se lleve adelante bajo el estricto cumplimiento de la ley y la Constitución, entre otras cosas –está de más decirlo– con relación a los derechos, deberes y garantías de las personas, consagrados en la Carta Magna.

Otro de los debates en los que el Partido Nacional puso especial énfasis fue el control parlamentario, que entendemos debe estar establecido en la ley. Creemos que esta debe fijar la obligación del Poder Legislativo de establecer una Comisión de Inteligencia en el ámbito de la Asamblea General, integrada por Senadores y por Diputados, con un estatus distinto, con compromisos de reserva diferentes y con la capacidad de sancionar a quien los transgreda. Para que quede claro, pongo como ejemplo que en varios Parlamentos del mundo dicha Comisión está ubicada en el ámbito del Senado. En ese sentido, en pos del respeto por ambas Cámaras propusimos que la Comisión funcionara en el ámbito de la Asamblea General, teniendo presente lo relativo que es el funcionamiento de las Comisiones de la Asamblea General. Por ejemplo, en el Senado de Estados Unidos de América solamente tres Senadores integran la Comisión de Inteligencia y son los más antiguos, sin importar a qué partido político pertenecen. En Brasil está integrada por Senadores y Diputados y se rige por un estatuto que establece que las sesiones son totalmente secretas y no puede filtrase ningún tipo de información. O sea que, si existiera ese régimen en el acontecer parlamentario uruguayo, en cuanto a la presencia de “las fuentes”, quien las revelara debería ser severamente sancionado.

Otra herramienta innovadora que posibilitaría cerrar el marco jurídico para funcionar con las mayores garantías es la creación de la figura del ombudsman de defensa, que es el defensor de la defensa. Se trata de una herramienta absolutamente innovadora que existe en algunas legislaciones en cuanto al funcionamiento de estos servicios en el mundo, e insistiremos en la necesidad de que sean incorporadas en nuestra normativa.

Por último, quiero decir que este proyecto de ley ha sido un gran aporte de todos los partidos políticos con representación parlamentaria y creo que haríamos muy bien si le diéramos sanción antes de que finalizara esta Legislatura.

Muchas gracias.

SEÑOR AMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR AMY.- Señor Presidente: vemos con beneplácito que por estas horas estemos arribando a esta instancia. Hemos sido bastante persistentes e insistentes en este tema y me parece que es una muy buena señal del sistema político en su conjunto que hoy se esté dando cumplimiento a la tarea que nos encomendó la Asamblea General.

Fue un buen tiempo de trabajo compartido en el que todos los partidos hicieron sus aportes, pero quiero hacer algunos destaques.

Me parece muy importante la tarea que desempeñó oportunamente el entonces legislador Bayardi, quien con total ecuanimidad y haciendo gala de una actitud muy proactiva llevó a buen puerto, sobre todo en la Comisión redactora, las acciones pertinentes que derivaron en este proyecto. Asimismo, debo destacar la labor de la señora legisladora Passada, quien sustituyó al exlegislador Bayardi en el último tramo del trabajo de la Comisión.

Por otra parte, quiero destacar muy especialmente el trabajo de Secretaría, porque la cantidad de insumos que en su momento manejó esta Comisión Especial fue realmente voluminosa y bastante compleja de compendiar, sobre todo porque nuestros requerimientos de cuadros con legislaciones comparadas fueron permanentes para lograr un cuerpo normativo que reuniera todas las posiciones presentadas por todos los partidos.

Esta Comisión bicameral votada por la Asamblea General creó una Subcomisión de Redacción, que integraron los señores legisladores Trobo, Posada, creo que el señor legislador Penadés y quien habla.

Por otra parte, considero que fue muy buena la comparecencia de Philipp Fluri, quien aportó la mayoría de las experiencias que se han recogido, sobre todo en sistemas de inteligencia mucho más avanzados que, además, tienen la particularidad de ser debidamente controlados por los Estados y los Parlamentos.

Con respecto a lo que dijo el señor legislador Penadés, entiendo que deberemos pensar en un aprendizaje muy especial. Oportunamente planteamos la necesidad de generar un marco normativo que controlara las actividades del Coordinador de Inteligencia –cargo creado en el Presupuesto de la Administración Vázquez, pero que no fue ocupado hasta la Administración posterior del Presidente Mujica, ocasión en la que se dio a un funcionario las riendas del Sistema Nacional de Inteligencia–, porque nos preocupaba mucho que este funcionario no tuviera el control necesario. En este sentido, debo reconocer que en las dos oportunidades que mantuvimos contacto con el propio Gregori, nos dejó bien claro que era intención del Presidente de la República avanzar en la creación de un marco normativo de control a nivel parlamentario. Por eso, nobleza obliga, pese a que en los comienzos existieron algunas dificultades, hubo una voluntad manifiesta para que en el Parlamento prosperara un proyecto que estableciera los controles necesarios en la materia.

Cuando vimos que por ese lado no iba la cosa, planteamos la posibilidad de analizar un sistema completo de inteligencia, que fue el segundo proyecto que presentamos en octubre de 2011, cuya consecuencia fue la creación de esta Comisión bicameral.

A veces la gente tiene un preconcepto sobre la inteligencia, pero toda la bibliografía actual establece que las tareas de inteligencia son aquellas acciones que permiten al Estado antedatarse a determinadas situaciones.

(Murmullos).

–Pido que se me ampare en el uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa ruega a los legisladores hacer silencio para escuchar al orador.

SEÑOR AMY.- Ha sido muy amable, señor Presidente. Muchas gracias.

Uno de los mayores aprendizajes que deberemos lograr cuando se establezcan los controles parlamentarios será el de mantener la debida reserva. El Parlamento no tiene experiencia en ese sentido y, además, la inteligencia despierta un gran prejuicio. Los Estados pequeños, aquellos que no pueden plantearse escenarios de guerras convencionales, necesariamente deben hacerse de estas herramientas como garantías para antedatarse a determinadas situaciones.

Sin duda, contar con un sistema de inteligencia eficiente demandará una cantidad de recursos del Estado, que necesariamente habrá que controlar. Sabemos que muchas actividades en materia de inteligencia, en cualquier parte del mundo, no tienen control financiero. Por eso, en ese sentido también habrá que aprender. Insisto: este Parlamento no tiene experiencia en mantener la debida reserva, y las que existen, que son a nivel de Comisiones parlamentarias, sin ninguna garantía. Por lo tanto, habrá que ser muy claros en las sanciones para quienes violenten el compromiso de reserva.

Uno de los aspectos en el que se ha hecho mucho hincapié fue la superposición de las actividades de las agencias de inteligencia. El Uruguay ha sido muy proficuo en ese sentido, y hace un momento el señor legislador Penadés decía algo que comparto: es una deformación de quienes trabajan en inteligencia no compartir información, olvidando cuáles son los verdaderos intereses de la estrategia de inteligencia para el Estado. Lo que se debe priorizar no son los intereses de la agencia ni de quienes la forman, sino los intereses del Estado, que tampoco son los del partido que esté gobernando.

Según la bibliografía que analizamos, todos los sistemas de inteligencia –inclusive el último que se modificó, que fue el de Colombia– tuvieron problemas cuando se implementaron los controles parlamentarios, sobre todo por las filtraciones en ocasión de la comparecencia de quien está a cargo de la inteligencia de Estado.

El otro aspecto sustantivo a destacar es que todos los partidos tuvimos la oportunidad, a través de la hoja de ruta que nos fijamos en el Grupo de Redacción, de presentar nuestras iniciativas; algunos las presentamos con anterioridad y otros lo hicieron a posteriori.

Asimismo, quiero destacar la importancia de las cuatro comparecencias a la Comisión de los especialistas en la materia: el 1.º de julio de 2013 nos visitó el doctor Carlos Delpiazzo, el 15 de julio de 2013, el doctor Juan Pablo Cajarville, el 14 de agosto de 2013, el doctor Rubén Correa Freitas, y el 2 de setiembre, el doctor Martín Risso Ferrand. Sus aportes nos llevaron a corregir el texto y son parte del proyecto que hoy presentamos a consideración de la Asamblea General.

Finalmente, también debo reconocer que el trabajo que hicimos entre todos los partidos no llega en el mejor momento; todos estamos acuciados por otros tiempos y situaciones que no se relacionan con la materia legislativa sino con la política partidaria, pero tendremos que hacernos del tiempo suficiente como para dar trámite a este trabajo que, por supuesto, es perfectible y abierto a otros aportes, pero ha sido el resumen de las iniciativas presentadas por todos los partidos con representación parlamentaria y es la génesis de un control que no existe actualmente y sería muy beneficioso para la salud y bienestar del sistema democrático y, por ende, de todos los uruguayos.

Muchas gracias.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor legislador.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: después de un largo tiempo de arduo trabajo, la Comisión designada por la Asamblea General presenta este informe que refleja los acuerdos y los consensos a los que hemos arribado.

Quiero destacar especialmente la tarea que cumplió, desde el punto de vista de la coordinación, el Presidente de la Comisión, el entonces legislador Bayardi, actualmente Ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien en todo este período demostró una gran voluntad para convocarnos y, en definitiva, para desarrollar un trabajo muy importante sobre la base de los proyectos presentados por el Partido Colorado y el Partido Nacional y de un memorándum presentado por el Frente Amplio.

El proyecto informado por esta Comisión Especial de la Asamblea General representa en un todo al Partido Independiente. Nuestra preocupación radicaba no solo con el hecho de dar solución al sistema de inteligencia sino, básicamente, de que la solución legal planteada estuviera dentro del marco de la Constitución de la República. Este proyecto se ajusta a la Constitución en la medida en que toma en cuenta –como bien decía hace un momento el señor Diputado Amy– los distintos aportes que hicieron los especialistas en derecho administrativo y derecho constitucional que concurrieron a la Comisión Especial. Esto es bien importante porque consideramos que si se va a crear un Sistema Nacional de Inteligencia dentro de lo que es hoy el ordenamiento jurídico constitucional uruguayo, este debe ser dependiente del Poder Ejecutivo, o sea, del Presidente de la República actuando con los Ministerios de Defensa Nacional, del Interior, de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores; es decir, los que de alguna manera aparecen directamente involucrados en un sistema de inteligencia. Para que efectivamente pueda haber control parlamentario, este Sistema deberá estar ubicado en alguno de los Ministerios a los efectos, inclusive, de aprobar y de votar su presupuesto. No nos cabe duda de que esa debe ser la solución adecuada para respetar la Constitución de la República.

El segundo tema a consideración en la Comisión Especial que, por cierto, dio lugar a largos debates, fue el control parlamentario. La solución que se adopta en el proyecto también responde, claramente, a lo que se establece en la Constitución de la República, es decir, el Poder Legislativo es el que debe determinar a través de la Asamblea General cuáles son sus Comisiones. El establecimiento de una Comisión en una ley supone la posibilidad, por ejemplo, de someter esa ley a veto del Poder Ejecutivo, lo que significaría no solo un inconveniente sino una clara renuncia a las facultades de esta Asamblea General. Por lo tanto, la solución adoptada en el proyecto informado también responde a esa valoración que hicieron en la Comisión Especial los especialistas en derecho administrativo y derecho constitucional que fueron consultados.

Hacíamos referencia a lo arduo de este trabajo, al asesoramiento, incluso, internacional que tuvo la Comisión para desarrollar esta propuesta; pero, en los hechos, el trabajo recién empieza. Por otra parte –como bien se decía–, la discusión de este asunto en cada una de las Cámaras va a dar comienzo durante un período de lucha electoral, en el que ya estamos inmersos, de cara a la elección del próximo mes de octubre. Eso, de por sí, ya supone un entorpecimiento para el trabajo que se pueda hacer en las Comisiones, hecho del que habrá que ser verdaderamente conscientes, sobre todo, por la importancia del tema. Quienes trabajamos en esto, obviamente, tenemos una ventaja importante. En todo caso, si en realidad hay una posibilidad de avanzar, deberíamos tratar de crear una Comisión Especial porque, de lo contrario, quienes ingresen al análisis de este tema –en alguna Comisión permanente– deberán contar con esa especialización que hasta ahora no tenían y eso, tal vez, constituya una traba frente al objetivo primario de aprobar este proyecto de ley en el actual período.

Hechas estas salvedades, quiero reiterar, señor Presidente, que en lo que respecta a nuestro partido nos sentimos perfectamente representados con el proyecto de ley resultante que se aconseja a la Asamblea General aprobar.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor legislador Viera.

SEÑOR VIERA.- Sin duda, la inteligencia y la contrainteligencia son actividades que se ejercen en los Estados del mundo entero; deben ser asuntos de Estado y deben estar regulados a través de una ley, de la reglamentación que todos los actores de la vida nacional debemos darnos. La importancia de reglamentar los servicios que existen en nuestro país y en el mundo entero es singular, y en eso nos pusimos de acuerdo rápidamente todos los partidos políticos. La inteligencia es una actividad necesaria y no solamente refiere a la defensa militar, que es el ámbito más conocido por la ciudadanía; existe inteligencia que se dedica a la recolección de toda la información que refiere a determinada actividad. Por lo tanto, es evidente que en un país como el nuestro existen varios servicios de inteligencia que deben ser regulados y coordinados por el Estado, por el Gobierno; es una necesidad que notamos en el mundo entero. Lamentablemente, en más de una ocasión y en más de un país, los servicios de inteligencia exceden sus facultades, sus tareas, a tal punto que más de una vez hemos escuchado la famosa frase de que los servicios, como eufemísticamente muchas veces se les dice, van tomando vida propia y excediéndose hasta violar leyes y constituciones. Por lo tanto, la necesidad de reglamentarlos y coordinarlos es algo que surge automáticamente, apenas se analiza la vida institucional del país.

Tal vez, el primer intento de coordinar estos sistemas, fue en el Presupuesto de 2005, durante el Gobierno del doctor Tabaré Vázquez, cuando creó la coordinación de los servicios estatales, dependientes de Presidencia de la República. Evidentemente, eso no basta. Alcanza con ver cómo se ha desempeñado esa coordinación, para darse cuenta de que todavía siguen existiendo servicios que lejos están de coordinarse, y mucho menos de controlarse, sobre todo, por la falta de una legislación adecuada.

En ese sentido, hoy es un muy buen día en el que se reúne la Asamblea General para recibir un proyecto que tiene consenso; podría decirse que está, en términos generales, recogiendo el pensamiento y varias iniciativas y que, por lo tanto, va a comenzar un trámite parlamentario que puede ser bastante rápido. Es de justicia que quienes integramos la Comisión digamos con satisfacción ante la Asamblea General que, gracias a la primera iniciativa presentada por el señor Diputado José Amy en junio de 2010, a otro nuevo proyecto dado a conocer en octubre de 2011 y, por supuesto, a los aportes muy importantes de otros partidos y del Poder Ejecutivo, se creó esta Comisión en 2012, que trabajó prácticamente durante dos años, con una gran labor del Grupo de Redacción. Fue un arduo trabajo en el que se analizó la legislación comparada. Como se informó a esta Asamblea General, se recibió a destacados juristas y constitucionalistas de nuestro país para encontrar un consenso básico, que es el proyecto que hoy presentamos.

Realmente, lo más destacable en esta sesión es decir al país que el sistema político uruguayo se puso de acuerdo en un proyecto de ley, de los pocos que nacen del propio Parlamento; no es una iniciativa puntual, concreta, del Poder Ejecutivo o de algún legislador, sino que nace del Parlamento en su conjunto, de la Asamblea General. Yo creo que esto es muy destacable.

Quedarán por mejorar, por debatir, seguramente, dos aspectos fundamentales en la reglamentación de una ley de este tipo, que regula los servicios de inteligencia. Uno tiene que ver con los controles, por lo que decía al principio. Los controles de un sistema nacional de inteligencia son fundamentales, y deben estar en el primer plano de jerarquía de la organización institucional de una nación. El otro aspecto está vinculado con su dependencia jerárquica, que también será objeto de debate, de discusión, de intercambio de ideas en ambas Cámaras en las que se trate este proyecto de ley.

A pesar del momento político que vive nuestra República, en el medio de un proceso electoral, esperamos que este proyecto, por lo menos, pueda iniciarse en el trabajo parlamentario de ambas Cámaras, para que a la brevedad el Uruguay tenga sancionada una ley que regule y controle los sistemas de inteligencia y contrainteligencia a fin de favorecer el desarrollo de nuestro país.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR URIARTE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor legislador Uriarte.

SEÑOR URIARTE.- Señor Presidente: seré breve, porque creo que todos los legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra han sido claros, y han expresado su aprobación a este proyecto.

A mí me tocó integrar la Comisión muy al final. Por tanto, nada de esto es parte de mi trabajo, sino del exlegislador José Bayardi, hoy Ministro, con quien conversé varias veces al respecto. Y deseo hacer referencia a algo que no quiero que pase inadvertido. Me refiero a la importancia del Título I de este anteproyecto. Cuando cualquier ciudadano escucha hablar de actividades de inteligencia le corre un miedo cerval, porque la imagen que muchas veces se tiene –justificadamente– de los servicios de inteligencia es que son mecanismos que actúan en la oscuridad para el control interno, para la represión, para realizar actividades ilícitas y, a menudo, violatorias de los derechos humanos. Pero también es cierto que todo Estado precisa actividades de inteligencia. Creo que en este sentido el proyecto ha logrado un nivel de equilibrio y, fundamentalmente, de garantías que, por supuesto, no nos van a poner a salvo de los desvíos que pueda haber en esta materia, pero queda claro que la propia norma no hace salvedades y exige que quien actúe en nivel de inteligencia se atenga no solo a la Constitución y a la ley sino al respeto integral de los derechos humanos. Por algo en el artículo 2.º se señala el cumplimiento de los principios del régimen democrático, republicano y de Gobierno en pleno respeto a los derechos humanos. Además, se remite al artículo 6.º, donde se establece que «El funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia y las actividades de sus integrantes deberán ajustarse estrictamente a las previsiones contenidas en la Sección II de la Constitución de la República, leyes y convenios internacionales adoptados por el Estado en materia de protección a los derechos humanos [...]».

También es importante señalar cuáles son los principios que rigen las tareas de inteligencia, según lo establecido en el artículo 5.º. Estos son: jerarquía, eficacia, especificidad, juridicidad y ponderación. Quiero hablar, fundamentalmente, de estos dos últimos. Juridicidad refiere a la observancia de la Constitución, a los Tratados internacionales y a las demás fuentes del ordenamiento jurídico, especialmente, en los casos de actividades invasivas de la privacidad de las personas. Y ponderación implica que la información que se requerirá será la necesaria y solo se diseminará la tendiente al cumplimiento de sus cometidos. Yo creo que estas son garantías muy importantes para todos los ciudadanos.

Es importante que se conozca y que se difunda que vamos a tener una ley con estas garantías que, como dije, no nos ponen a salvo de los desvíos, pero sí nos permite que el Poder Judicial –está establecido que las intervenciones tienen que realizarse con el Poder Judicial– pueda controlar, sancionar y evitar esas imágenes de impunidad que habitualmente se nos trasmiten a nivel de inteligencia. En ese sentido, el proyecto es bien balanceado, aparte de coincidir con todo lo que se ha expresado en esta Sala.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una moción llegada a la Mesa, presentada por la legisladora Passada y por los legisladores Penadés, Posada y Amy.

(Se lee).

«Mocionamos para que el Presidente de la Asamblea General remita el informe de la Comisión

Especial con Fines de Asesoramiento Legislativo sobre Inteligencia de Estado, junto con sus antecedentes, a la Cámara de Representantes, con destino a la Comisión de Defensa Nacional».

–Se va a votar.

(Se vota).

–Setenta y seis en setenta y ocho. Afirmativa.

7) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Es la hora 16 y 34).

DANILO ASTORI Presidente

Hugo Rodríguez Filippini Secretario

José Pedro Montero Secretario

Julio Míguez Director del Cuerpo de Taquígrafos de la Cámara de Representantes

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.