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N.º 35 - TOMO 629 - 8 DE NOVIEMBRE DE 2022

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

35.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

JORGE GANDINI Primer vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

– El señor senador Carrera solicita se cursen pedidos de informes a diferentes ministerios y a la OPP, relacionados con las vacantes de funcionarios.

– El señor senador Camy solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la Fiscalía General de la Nación, relacionado con las fiscalías con competencia penal y en violencia de género de varias localidades;

- a la Suprema Corte de Justicia relacionado con juzgados letrados con competencia penal y en violencia de género de varias localidades.

• Oportunamente fueron tramitados.

5) y 18) Proyectos presentados

– El señor senador Sartori presenta un proyecto de ley por el que se establecen medidas tendientes a la eliminación de la violencia en escenarios deportivos.

• Pasa a la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia.

– La señora presidenta del Senado presenta un proyecto de resolución por el que se sustituye el artículo 4.° de la Resolución de la Cámara de Senadores de fecha 9 de junio de 1992, referente a la celebración anual del Día del Funcionario del Senado.

• Pasa a la Comisión de Asuntos Administrativos.

– La bancada de senadores del Frente Amplio presenta un proyecto de ley por el que se crea el Instituto Nacional de Rehabilitación como servicio descentralizado.

• Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

6) Exposición escrita

– El señor senador Silva solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Salud Pública y a la Administración de Servicios de Salud del Estado, relacionada con la posibilidad de contar con un médico oncólogo en el Hospital de Canelones.

• Se procederá de conformidad.

7) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

8) , 17 y 24) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Olesker, Sabini, Carrera, Botana, Caggiani y Coutinho.

– Quedan convocados los señores senadores Barrera, García, Iturralde, Meléndez y Pintado.

– Presta la promesa de estilo el señor José Nunes, luego de lo cual se lo declara investido del cargo de senador.

9) Reiteración de pedidos de informes

• A solicitud de la señora senadora Nane, el Senado resuelve hacer suyos y reiterar los siguientes pedidos de informes:

- con destino a los ministerios de Educación y Cultura y de Desarrollo Social y, por intermedio de este, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay;

- con destino al Mides y, por su intermedio, al Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia;

- con destino al Ministerio del Interior y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Identificación Civil.

10) Quo vadis, Uruguay

– Manifestaciones del señor senador Domenech.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Economía y Finanzas, de Educación y Cultura, y de Industria, Energía y Minería, así como al INAC.

11) Problemas ocasionados por la eliminación del tope para la importación de pollos

– Manifestaciones del señor senador Sabini.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura; al señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca; a la Dirección General de la Granja; a la Dirección General de Desarrollo Rural; a la Dirección General de Servicios Ganaderos; a las autoridades del INAC; a la Junta Departamental de Canelones; a la Asociación de Façoneros de Pollos Unidos; a la Cooperativa Nacional de la Asociación de Façoneros de Pollos Unidos; a la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas; a la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines; a la Asociación de Productores Avícolas Sur; a la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura, y a la Facultad de Veterinaria de la Udelar.

12) Consecuencias de la ideología de género en los niños

– Manifestaciones del señor senador Manini Ríos.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y Cultura, al Codicén de la ANEP y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

13) Jornadas rioplatenses de Derecho Constitucional

– Manifestaciones de la señora senadora Bianchi.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los decanatos de las facultades de Derecho y a los servicios jurídicos de la casa.

14) Día del Funcionario del Senado

– Por moción de los señores senadores Sanguinetti, Lozano, Camy y Kechichian, el Senado resuelve declarar urgente y pasar a considerar el proyecto de resolución por el que se sustituye el artículo 4.° de la Resolución de la Cámara de Senadores de fecha 9 de junio de 1992, referente a su celebración anual.

• Aprobado.

15) Día Nacional del Campo Natural Uruguayo

– Proyecto de ley por el que así se declara el 11 de noviembre de cada año.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16) , 19) y 21) Reestructuración de deudas de personas físicas

– Proyecto de ley por el que se crea el procedimiento.

• Por moción del señor senador Mahía, el proyecto vuelve a comisión.

• Por moción del señor senador Penadés, el Cuerpo resuelve que el tema sea tratado en forma conjunta por las comisiones de Constitución y Legislación y de Hacienda.

20) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• A solicitud del señor senador Camy, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta culminar el tratamiento del punto cuarto del orden del día.

22) y 25) Postergación de numerales del orden del día

• Por mociones del señor senador Camy, el Senado resuelve postergar hasta el martes próximo la consideración del numeral tercero, así como la de los numerales quinto al final.

23) Donación de alimentos

– Proyecto de ley por el que se establecen normas.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

26) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 7 de noviembre de 2022

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana martes 8 de noviembre, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1) por el que se declara Día Nacional del Campo Natural Uruguayo el 11 de noviembre de cada año.

Carp. n.° 811/2022 - rep. n.° 555/2022

2) por el que se aprueba el procedimiento de reestructura de deudas de personas físicas.

Carp. n.° 319/2020 - rep. n.° 552/2022 y anexo I

3) por el que se introducen nuevas disposiciones en sede del impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE).

Carp. n.° 795/2022 - rep. n.° 553/2022 y anexo I

4) por el que se establecen normas referentes a la donación de alimentos para consumo humano.

Carp. n.° 772/2022 - rep. n.° 551/2022 y anexo I

5) referente a la descentralización y democratización del acceso a la administración de justicia.

Carp. n.° 612/2021 - rep. n.° 554/2022 y anexo I

6) Discusión única de un proyecto de minuta de comunicación por el cual se solicita al Poder Ejecutivo extender el plazo de vigencia establecido en el Decreto 346/009, por el que se exonera del impuesto a las rentas de las actividades económicas a la fabricación de maquinaria agrícola y considerar asimismo la excepción de renta al 90 %.

Carp. n.° 832/2022 - rep. n.° 559/2022

7) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence el 30 de noviembre de 2022).

Carp. n.° 771/2022 - rep. n.° 556/2022

8) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de destituir de su cargo a una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación. (Plazo constitucional vence el 22 de noviembre de 2022).

Carp. n.° 769/2022 - rep. n.° 557/2022

9) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de destituir de su cargo a una funcionaria del Servicio Exterior. (Plazo constitucional vence el 3 de enero de 2023).

Carp. n.° 791/2022 - rep. n.° 558/2022

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Andrade, Asiaín, Bergara, Bianchi, Blás, Camy, Cardoso, Carrera, Coutinho, Da Silva, De Mattos, Della Ventura, Domenech, Kechichian, Lanz, Lazo, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Meléndez, Niffouri, Nunes, Penadés, Rubio, Russi, Sabini, Sánchez, Sanguinetti y Sartori.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Astori, Batlle, Botana, Caggiani, Nane, Olesker y Rodríguez.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:49).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se designa Miguel Emir Pica Cánepa el Liceo n.º 3 de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria de la Administración Nacional de Educación Pública. (Carpeta n.° 831/2022).

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que comunica la promulgación de un proyecto de ley por el que se establece cómo se realizarán los pagos por concepto de flete en el transporte de carga internacional terrestre con la República Argentina. (Carpeta n.° 796/2022).

AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

La Cámara de Representantes comunica que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:

• por el que se crea la fase tres del Programa Oportunidad Laboral, con el objeto y las condiciones previstas en la Ley n.° 19952, de 20 de mayo de 2021, y sus modificativas. (Carpeta n.° 822/2022);

• por el que se aprueban las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional contenidas en la Resolución ICC-ASO/14/Res. 2, de 26 de noviembre de 2015; la Resolución ICC-ASP/18/Res. 5, de 6 de diciembre de 2019. (Carpeta n.° 635/2021);

• por el que se aprueba el Acuerdo sobre privilegios e inmunidades del Organismo Internacional de Energía Atómica, aprobado por la Junta de Gobernadores el día 1.º de julio de 1959. (Carpeta n.° 288/2020);

• por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la Unesco sobre la creación del Centro Experimental Regional de Tecnologías de Saneamiento como centro categoría 2, bajo el auspicio de la Unesco, firmado en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 2 de diciembre de 2021. (Carpeta n.° 609/2021);

• por el que se aprueba el Acuerdo sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera entre la República Oriental del Uruguay y la República de Turquía, suscrito en la ciudad de Ankara el 23 de agosto de 2021. (Carpeta n.° 677/2022);

• por el que se aprueba el Primer Protocolo adicional sobre comercio de servicios del Acuerdo de complementación económica n.º 72, celebrado en la ciudad de Puerto Vallarta, Estados Unidos Mexicanos, el 23 de julio de 2018. (Carpeta n.° 632/2021).

AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

Asimismo, remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueba el Convenio de UNIDROIT (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado) sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, celebrado en la ciudad de Roma, República Italiana, el 24 de junio de 1995. (Carpeta n.º 827/2022);

• por el que se aprueba la Declaración relativa a la conclusión de las negociaciones sobre la reglamentación nacional en el ámbito de los servicios y sus Anexos, de la Organización Mundial del Comercio, suscrita en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, el 2 de diciembre de 2021. (Carpeta n.º 828/2022);

• por el que se aprueba el Protocolo de enmienda de la Convención de Viena sobre responsabilidad civil por daños nucleares, suscrito en la ciudad de Viena, República de Austria, el 12 de setiembre de 1997. (Carpeta n.º 830/2022).

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

• Por el que se establece el derecho de toda trabajadora, tanto en la actividad privada como en la pública, a ausentarse de su lugar de trabajo, hasta cuatro horas al mes, para asistir a los controles de embarazo u otras consultas relacionadas. (Carpeta n.º 829/2022).

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca remite aprobados los siguientes proyectos:

• de ley, por el que se declara Día Nacional del Campo Natural Uruguayo el 11 de noviembre de cada año. (Carpeta n.° 811/2022);

• de minuta de comunicación, por la que solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien considerar la posibilidad de extender, por tiempo indeterminado, el plazo de vigencia establecido en el Decreto n.º 346/009, por el que se exonera del impuesto a las rentas de las actividades económicas la fabricación de maquinaria agrícola y considerar asimismo la excepción de renta al 90 % (noventa por ciento).

La Comisión de Hacienda remite aprobado un proyecto de ley por el que se introducen nuevas disposiciones en sede del impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE) a efectos de dar cumplimiento al compromiso asumido con la Unión Europea el pasado 26 de julio de 2021, y así dar solución a ciertos aspectos del referido impuesto que podrían ser considerados potencialmente perjudiciales y fomentar la competencia fiscal desleal. (Carpeta n.° 795/2022).

La Comisión de Salud Pública remite aprobado un proyecto de ley referente a la donación de alimentos para consumo humano para ser aprovechados por sectores vulnerables de la población, en el que se establecen normas tendientes a evitar el desecho de aquellos alimentos que no hayan sido vendidos. (Carpeta n.° 772/2022).

La Comisión de Constitución y Legislación remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

• referente a la descentralización y democratización del acceso a la administración de justicia. (Carpeta n.° 612/2021);

• por el que se aprueba el procedimiento de reestructura de deudas de personas físicas. (Carpeta n.° 319/2020).

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las siguientes solicitudes de venia del Poder Ejecutivo a fin de destituir:

• a una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación. (Carpeta n.° 769/2022);

• a un funcionario del Ministerio de Salud Pública. (Carpeta n.° 771/2022);

• a una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Carpeta n.° 791/2022).

HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

El señor senador Jorge Gandini presenta una nota, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 de la Constitución de la república, la Ley n.° 16698, de 25 de abril de 1995, y los artículos 143 y siguientes del Reglamento del Senado, solicitando la creación de una comisión investigadora a fin de investigar posibles irregularidades ocurridas durante la gestión del hoy senador de la república, doctor Charles Carrera, en la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017. (Carpeta n.° 834/2022).

POR RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL SENADO N.° 129/022, DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE CREÓ UNA COMISIÓN PREINVESTIGADORA, INTEGRADA POR LOS SEÑORES SENADORES SEBASTIÁN DA SILVA, PABLO LANZ Y ENRIQUE RUBIO.

El Ministerio de Salud Pública remite nota por la que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación del pedido de informes de la señora senadora Silvia Nane relacionado con la implementación de la Campaña Nacional de Concientización y Prevención del Suicidio Adolescente, creada por la Ley n.° 19979, de 20 de agosto de 2021. (Asunto 156072).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA SEÑORA SENADORA NANE.

La señora senadora Silvia Nane solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, la reiteración de los siguientes pedidos de informes:

• con destino a los ministerios de Educación y Cultura y de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y al Instituto Nacional de la Juventud, relacionados con la implementación de la Campaña Nacional de Concientización y Prevención del Suicidio Adolescente, creada por la Ley n.° 19979, de 20 de agosto de 2021. (Asuntos 156074 y 156073);

• con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, relacionado con la Campaña de Concientización y Prevención de la Violencia Intrafamiliar hacia Niños, Niñas y Adolescentes, creada por la Ley n.° 19979, de 20 de agosto de 2021. (Asunto 156070);

• con destino al Ministerio del Interior y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Identificación Civil, relacionado con un incidente informático en sus servidores, detectado el 8 de diciembre de 2020. (Asunto 156069).

SE VAN A VOTAR OPORTUNAMENTE.

El señor senador Adrián Silva solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento del Senado, se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Salud Pública y a la Administración de Servicios de Salud del Estado, relacionada con la posibilidad de contar con un médico oncólogo en el Hospital de Canelones. (Asunto 156900).

SE VA A VOTAR OPORTUNAMENTE».

4) PEDIDOS DE INFORMES

(Pedidos de informes consignados en la nómina de asuntos entrados).

«El señor senador Charles Carrera solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes a los siguientes ministerios, relacionado con las vacantes de funcionarios:

• Ministerio de Desarrollo Social. (Asunto 156978);

• Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. (Asunto 156979);

• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (Asunto 156980);

• Ministerio de Salud Pública. (Asunto 156982);

• Ministerio de Educación y Cultura. (Asunto 156983);

• Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (Asunto 156989);

• Ministerio de Turismo. (Asunto 156990);

• Ministerio de Industria, Energía y Minería. (Asunto 156992);

• Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Asunto 156994);

• Ministerio de Relaciones Exteriores. (Asunto 156995);

• Ministerio de Economía y Finanzas. (Asunto 156996);

• Ministerio del Interior. (Asunto 156997);

• Ministerio de Defensa Nacional. (Asunto 156999);

• Oficina de Planeamiento y Presupuesto. (Asunto 157000).

OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

«El señor senador Carlos Camy solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes:

• al Ministerio de Educación y Cultura con destino a la Fiscalía General de la Nación relacionado con las fiscalías con competencia penal y violencia de género de varias localidades. (Asunto 157001);

• a la Suprema Corte de Justicia relacionado con juzgados letrados con competencia penal y violencia de género de varias localidades. (Asunto 157002).

OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

5) PROYECTOS PRESENTADOS

(Proyectos consignados en la nómina de asuntos entrados).

«El señor senador Juan Sartori presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen medidas tendientes a la eliminación de la violencia en escenarios deportivos. (Carpeta n.° 826/2022).

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVIVENCIA».

(Texto del proyecto de ley presentado).

«La señora presidenta del Senado presenta, con exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se sustituye el artículo 4.° de la Resolución de la Cámara de Senadores de fecha 9 de junio de 1992, referente a la celebración anual del Día del Funcionario del Senado. (Carpeta n.° 833/2022).

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS».

(Texto del proyecto de resolución presentado).

6) EXPOSICIÓN ESCRITA

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde poner a votación la remisión de la exposición escrita presentada por el señor senador Silva relacionada con la posibilidad de contar con un médico oncólogo en el Hospital de Canelones, de la que se dio cuenta en los asuntos entrados.

Se va a votar si se envía al Ministerio de Salud Pública y a la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado.

(Se vota).

–13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita).

7) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- En la sesión ordinaria del 1.º de noviembre no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 3 de noviembre faltó con aviso la señora senadora Bianchi.

A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 7 de noviembre faltó con aviso la señora senadora Lazo.

A la sesión de la Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley por el que se crea el Sistema Previsional Común del 3 de noviembre faltaron con aviso los señores senadores Bergara y Olesker.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del 3 de noviembre faltaron con aviso los señores senadores Bergara, Mahía y Nane.

A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 1.º de noviembre faltó con aviso el señor senador Carrera.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 7 de noviembre de 2022

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi consideración:

A través de la presente solicito al cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, los días:

- martes 8 de noviembre hasta las 14:00;

- jueves 10 de noviembre, jueves 17 de noviembre, jueves 24 de noviembre y jueves 1.º de diciembre, todos ellos a partir de las 13:00;

- viernes 11 de noviembre, viernes 18 de noviembre, viernes 25 de noviembre y viernes 2 de diciembre, todos ellos hasta las 13:00.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Daniel Olesker. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que, con motivo de la licencia concedida al señor senador Olesker, queda convocado el señor José Nunes, a quien se invita a pasar al hemiciclo a los efectos de que preste la promesa de estilo.

(Ingresa a sala el señor José Nunes).

–Se invita al Senado y a la barra a ponerse de pie.

Señor José Nunes: ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la república?

SEÑOR NUNES.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR NUNES.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda usted investido del cargo de senador.

(Aplausos en la sala y en la barra).

–Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 7 de noviembre de 2022

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Presente

 

De mi mayor consideración:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.° de la Ley n.º 17827, solicito al Cuerpo me conceda licencia por el día 9 de noviembre, por motivos particulares.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Sebastián Sabini. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–14 en 16. Afirmativa.

Se comunica que los señores Marcos Otheguy, Lucía Etcheverry, Eneida de León y Yamandú Orsi han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela Barrera, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 7 de noviembre de 2022

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, desde el 8 de noviembre a partir de las 13:30 hasta el 9 de noviembre inclusive.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Charles Carrera. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–14 en 16. Afirmativa.

Se comunica que el señor Daniel Garín ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela García, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 3 de noviembre de 2022

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, desde el 8 al 11 de noviembre, por motivos personales.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Sergio Botana. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–15 en 16. Afirmativa.

Se comunica que los señores Enrique Antía, Rodrigo Blás, Elena Lancaster, Magdalena Zumarán y María de Lima han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Pablo Iturralde, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 7 de noviembre de 2022

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia, por motivos personales, por el día 8 de noviembre del corriente.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Daniel Caggiani. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–14 en 15. Afirmativa.

Se comunica que los señores Graciela Barrera, Aníbal Pereyra, Eneida de León, Yamandú Orsi, Marcos Otheguy, Lucía Etcheverry, Manuela Mutti y Gabriel Frugoni han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Lauro Meléndez, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

9) REITERACIÓN DE PEDIDOS DE INFORMES

(Solicitudes consignadas en la nómina de asuntos entrados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera un pedido de informes de la señora senadora Nane con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con la implementación de la Campaña Nacional de Concientización y Prevención del Suicidio Adolescente.

(Se vota).

–15 en 16. Afirmativa.

Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera un pedido de informes de la señora senadora Nane con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y al Instituto Nacional de la Juventud, relacionado con la implementación de la Campaña Nacional de Concientización y Prevención del Suicidio Adolescente.

(Se vota).

–15 en 16. Afirmativa.

Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera un pedido de informes de la señora senadora Nane con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, relacionado con la Campaña de Concientización y Prevención de la Violencia Intrafamiliar hacia Niños, Niñas y Adolescentes.

(Se vota).

–14 en 16. Afirmativa.

Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera un pedido de informes de la señora senadora Nane con destino al Ministerio del Interior y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Identificación Civil, relacionado con un incidente informático en sus servidores detectado el 8 de diciembre de 2020.

(Se vota).

–15 en 17. Afirmativa.

10) QUO VADIS, URUGUAY

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: en el año 64 después de Cristo, Nerón es responsabilizado de quemar Roma, de asesinar a su madre y a su esposa y de desatar una cruel persecución contra los cristianos. En esa circunstancia, el apóstol Pedro decide huir y narra la historia de que en el camino se le apareció Jesucristo y le preguntó: Quo vadis domine, es decir, ¿A dónde vas, señor? A ello, el apóstol le habría contestado: Romam vado iterum crucifigi, o sea que Pedro, consciente de su error y de la responsabilidad que debía asumir, le habría respondido «Voy a Roma para ser crucificado». Efectivamente, Pedro regresa a Roma y es posteriormente crucificado. La pregunta Quo vadis hace siglos se la hace el mundo, y en este momento podemos preguntarnos también Quo vadis, Uruguay.

En el mundo –y, por cierto, también en nuestro país– reina un globalismo que, desde centrales de pensamiento y poder económico, pretende imponer modelos ideológicos, políticos y económicos ajenos a nuestras tradiciones culturales y, muchas veces, a nuestra conveniencia material. Así se bajan lineazos ideológicos, como la ideología de género, que no es más que la manifestación extrema del racionalismo cartesiano cogito ergo sum, soy lo que pienso, a despecho de la realidad, que se ve como una mera proyección de la caprichosa voluntad individual, aunque esta se dé de bruces con el mundo externo. También nace con igual impulso cuasirreligioso el animalismo, que no pretende ya la defensa de la vida animal, sino dar a estos una dignidad igual o superior a la del ser humano. ¿Quién no ha escuchado aquello de «Prefiero a un perro a un ser humano»? De hecho, se apoya más la adopción de animales que la de niños. Sin embargo, llama a la reflexión ver a un integrante del INAU, como el señor Aldo Velázquez, levantar en brazos a un niño y que este le pregunte cuándo regresa, lo que nos pone ante la imperiosa necesidad de atender primero a nuestros niños.

Podríamos hablar de otras imposiciones que nos vienen del mundo con la misma fuerza con que antes venían las modas del vestir, pero que ahora pretenden moldear los cerebros como vasijas de barro: abortismo vestido de salud reproductiva, eutanasia vestida de libertad de elección sobre la vida, obligatoriedad financiera y bancaria vestida de lucha contra el lavado de activos. Son muchos los lineazos que se bajan vestidos siempre de alguna dosis de razón, porque el ser humano rechazaría de plano el error absoluto sin un mínimo de aderezo de verdad.

También es cierto que cualquier causa, por más noble que sea, puede ser bastardeada con propósitos espurios. Así se pretende imponer una forma de ambientalismo que constituye, una vez más, una clase de injerencia en nuestros asuntos internos y una novísima barrera no arancelaria a nuestro comercio y a nuestra producción. Quienes más han contribuido con la polución en el mundo hoy nos responsabilizan de la emisión de gases de efecto invernadero, ya sea monóxido de carbono o metano. Nos exportan sus tecnologías presuntamente limpias –molinos eólicos, paneles solares, hidrógenos verdes– y nos hacen pagarlas a buen precio, bajo el condicionamiento de sancionar nuestras presuntas emisiones. Paradójicamente, el mismo mundo desarrollado regresa al carbón y a la energía nuclear que antes rechazaba, bajo la presión de la guerra entre Rusia y Ucrania, e incluso regresa a la leña de sus bosques cuando antes denunciaba la desforestación de la Amazonia americana. El principio ambientalista, que en muchos casos tiene propósitos económicos, ha denunciado la emisión de gas metano de nuestra ganadería, presumimos que con una intención nada ajena a intereses mercantiles y muy alejada de un sano ambientalismo.

El INAC, con buen criterio, ha invitado al país a un científico alemán, el doctor Frank Mitloehner –profesor de la Universidad de Davis, en California– quien categóricamente ha señalado que el gas metano producto de la rumia de nuestro ganado se destruye rápidamente en la atmósfera. Su disertación ha pasado casi desapercibida, pero nos parece del caso recordar sus palabras cuando nuestro principal rubro exportable es atacado por argumentaciones pseudoambientalistas que, evidentemente, responden a intereses de naturaleza económica. Esta es una prueba acabada de la forma espuria con que hasta la lucha por el mantenimiento del medioambiente puede ser utilizada. Como ha señalado este científico, el metano tiene un ciclo mucho más corto en la atmósfera que el CO2 –es decir, el anhídrido carbono–, destruyéndose a una velocidad mucho mayor, ya que si bien es potente para atrapar el calor, también lo es para destruirse. El citado científico ha manifestado que, a nivel mundial, se destruye en la atmósfera casi la misma cantidad de metano que se produce, y esto no se tiene en cuenta. Solo se tiene en cuenta la emisión y no la destrucción.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Digamos entonces que, como en otros temas, debemos distinguir entre el sano ambientalismo y la utilización de esta temática para generar barreras no arancelarias a nuestro comercio e imponernos condiciones comerciales perjudiciales al interés nacional, favoreciendo espuriamente intereses ajenos.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Industria, Energía y Minería y al INAC.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) PROBLEMAS OCASIONADOS POR LA ELIMINACIÓN DEL TOPE PARA LA IMPORTACIÓN DE POLLOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Sabini.

SEÑOR SABINI.- En el día de hoy me voy a referir a la situación que está viviendo el sector avícola. Como se sabe, en el Uruguay la producción avícola está concentrada fundamentalmente en Canelones. Hay más de 4000 personas que viven de la producción de pollos y gallinas: fasoneros, trabajadores de la industria y pequeños productores, que en su mayoría son mujeres. El 60 % de los trabajadores del sector avícola son mujeres.

Desde hace unos años se viene dando una situación que, con el tiempo, ha ido empeorando, que tiene que ver con la introducción de pollo –y partes del pollo– congelados desde el exterior, fundamentalmente desde Chile, Estados Unidos, pero principalmente desde Brasil.

Si bien la producción en nuestro país viene creciendo –se ha llegado a un récord de casi 16:000.000 de pollos faenados–, esto se da paralelamente con la introducción de pollo brasileño, que tenía un tope de ciento veinte toneladas y que en el mes de marzo fue levantado. Si uno mira cómo ha evolucionado esta producción, nos encontraremos con la consolidación y el aumento permanente de esa importación, aunque eso no trajo consigo la reducción de los precios al consumidor, que sería el argumento para que ingresara esa carne. Paralelamente puso en riesgo lo que es la cadena productiva, los puestos de trabajo que allí se generan, sin que esa importación represente un beneficio directo para el consumidor. Esto fue consecuencia directa de una decisión que tomó el Poder Ejecutivo en marzo de este año. Creemos que el levantamiento del tope debería ser revisado, pues se trata de una cadena que, como decía, permite que pueblos enteros, particularmente del departamento de Canelones, vivan de esta producción: San Bautista, San Antonio, Santa Rosa, San Ramón.

Por lo tanto, creo que debemos tomar medidas para proteger esa producción nacional, para proteger esos puestos de trabajo, para proteger una industria que viene creciendo, desarrollándose, y que genera mecanismos para mejorar la calidad del producto para, en definitiva, poder exportar a diferentes mercados. El ingreso de carne avícola, fundamentalmente del principal productor del mundo, que es Brasil, pone en riesgo eventual toda esa cadena.

Por estos motivos, señora presidenta, solicitamos que se revise el levantamiento del tope de importación desde Brasil a los efectos de cuidar la producción nacional.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura, creada por la Ley n.° 18615; al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, señor Fernando Mattos; a la Digegra –Dirección General de la Granja–; a la Dirección General de Desarrollo Rural; a la Dirección General de Servicios Ganaderos; a las autoridades del INAC; a la Junta Departamental de Canelones; a la Asociación de Façoneros de Pollos Unidos; a la Cupra –Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas–; a la Cooperativa Nacional de la Asociación de Façoneros de Pollos Unidos; a la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines; a la Asociación de Productores Avícolas Sur; a la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura, y a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Damos la bienvenida a alumnos del Movimiento Tacurú que nos visitan. Esperamos que disfruten de la recorrida por el Palacio Legislativo. Gracias por venir a visitarnos.

12) CONSECUENCIAS DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO EN LOS NIÑOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Manini Ríos.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Son cada vez más frecuentes los testimonios que recibimos de padres que se sienten consternados e impotentes ante la acción de ciertos docentes y directores que en las escuelas, tanto públicas como privadas, quieren inculcar determinados hábitos a sus hijos –niños de cinco, seis, siete años–, induciéndolos a adoptar conductas propias del sexo opuesto, a la vez que les enseñan que la sexualidad es una construcción social, por lo que están en entera libertad de elegir el sexo que quieran sin atarse al que indica su biología. En ocasiones se pide a los niños que asuman actitudes o gestos del otro sexo, que vistan con ropas o participen de juegos propios del sexo opuesto. Eso está ocurriendo hoy en centros de enseñanza de nuestro país.

De esta forma, estos docentes militantes de la ideología de género provocan en los niños una confusión identitaria que, de no haber una fuerte presencia familiar que la neutralice –lamentablemente, sabemos que en muchos casos la presencia familiar brilla por su ausencia–, terminará afectando su psiquis, generando trastornos que muchas veces terminan destruyendo a la persona como tal.

No estamos hablando de opciones sexuales, que aceptamos y respetamos como parte de la libertad inherente al ser humano; tampoco hablamos de la educación en la no discriminación a los diversos colectivos que componen nuestra sociedad; no se trata de eso. Acá hay una clara violación a la laicidad al inducir a los niños a desarrollar conductas que con el tiempo afectarán su vida de relación, llevándolos por carriles que, de no haber existido ese tipo de estímulos a temprana edad, habrían sido diferentes.

Existe una presión para que el niño asuma una opción sexual diferente, en una etapa de la vida en la que el niño no puede discernir lo que realmente le conviene o prefiere y, lo que es peor, se lo hace a espaldas de su familia, que generalmente es ajena a lo que ocurre puertas adentro de una institución de enseñanza. De esta forma, se viola lo establecido en la Constitución de la república en cuanto a la responsabilidad familiar en la educación de los hijos. Todo esto sucede en aras de la aplicación de una ideología que forma parte de una agenda cultural y política que, como toda ideología, constituye un conjunto de ideas utilizadas con la finalidad de lograr la movilización política. Es una ideología que se vale de las minorías más frágiles para avanzar en la deconstrucción de la cultura en que vivimos y tirar abajo los cimientos sobre los que se ha construido nuestra civilización, ya no desde el enfrentamiento de clases basado en el materialismo dialéctico, sino buscando nuevos sujetos de la revolución que no se definen por su posición respecto a los medios de producción. Por otra parte, la ideología de género nos plantea una concepción de la realidad completamente reñida con la evidencia de las ciencias médicas y biológicas. Es, sin lugar a dudas, una posición teórica no basada en la ciencia.

Estamos convencidos de que su aplicación es tremendamente perjudicial para nuestra sociedad: genera estigmas, atribuye culpas, alienta enfrentamientos intrafamiliares e intersexos, contribuyendo así a una mayor fragmentación social y alienando al individuo. Es funcional a la agenda establecida hace ya más de medio siglo, en otras latitudes, por quienes, imbuidos en un neomalthusianismo radical, decidieron quiénes tienen derecho a vivir en este planeta, quiénes pueden nacer y quiénes no y, ahora, quiénes sobran y es mejor que adelanten su partida.

Aplicar esas políticas, que evidentemente llevan a la reducción de la población en nuestro país –donde el demográfico es uno de los mayores problemas que condicionan su futuro–, es sencillamente suicida, además de marcar una obsecuencia ante quienes se arrogan el derecho a decidir por nosotros.

Por estas y otras muchas razones, creemos que quienes tienen bajo su responsabilidad la educación en nuestro país deben evitar esta flagrante violación a la laicidad y a los derechos de la familia e impedir que los más inocentes, los más frágiles, sean utilizados y se vean afectados en la aplicación enfermiza de una ideología que solo puede hacernos más y más débiles y dependientes de quienes pretenden manejar el mundo como un gigantesco laboratorio social para asegurar sus cada vez más ilimitadas posiciones de poder.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y Cultura, al Codicén de la ANEP y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

13) JORNADAS RIOPLATENSES DE DERECHO CONSTITUCIONAL

SEÑORA PRESIDENTA.- Culminando con la media hora previa, tiene la palabra la señora senadora Bianchi.

SEÑORA BIANCHI.- Los días 27 y 28 de octubre se realizaron en esta casa las Jornadas Rioplatenses de Derecho Constitucional. Fueron las primeras; no conocíamos exactamente cuál era el origen, pero nos fuimos enterando y la verdad es que tuvimos una grata sorpresa porque hay un comité ejecutivo, integrado por algunos de los mejores constitucionalistas uruguayos y argentinos. Tuvimos dos jornadas en las que los paneles fueron realmente muy interesantes, porque se analizaron las constituciones y la evolución de las del Río de la Plata y, además, de toda Latinoamérica, lo que es muy importante para entender muchas de las instituciones jurídicas que hacen firmes a las democracias republicanas que tanto queremos defender en este continente –y, por supuesto, en todos lados–, que es al que pertenecemos. Se publicó el libro ¿El cuidado de la persona humana ante los desbordes del poder? Una mirada desde los derechos humanos y el control de convencionalidad, tema que, además, fue el central en estas jornadas.

Como señalé, participaron algunos de los más destacados constitucionalistas uruguayos y argentinos. Contamos con la presencia de los decanos de las facultades de Derecho de Uruguay –obviamente, de la Udelar, así como de las demás universidades– y de la Universidad Austral de la República Argentina.

La verdad es que aprendimos mucho; sin duda, hay personas que se destacan especialmente. La coordinadora general fue María Sofía Sagüés y, como mencioné, tuvimos constitucionalistas de primera línea. Una de las cosas que yo quería destacar es que quienes escuchamos las intervenciones, obviamente de los constitucionalistas uruguayos, pero sobre todo de los argentinos, que siempre han tenido un problema mucho mayor que nosotros en el mantenimiento de la estabilidad democrática, como otros países de Latinoamérica, pudimos apreciar uno de los procesos que se fueron dando a lo largo del siglo XIX, aunque especialmente en el siglo XX y, por supuesto, en el XXI, que es el juego permanente entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Se hizo alusión a los regímenes que son exactamente parlamentarios, a los que son presidencialistas, a los híbridos y a la manera en que esto fue mutando y transformándose en América Latina.

Una de las cosas que quiero destacar de todo esto es que Uruguay fue destacado por constitucionalistas argentinos –sin duda alguna sin querer discriminar–, como Néstor Pedro Sagüés –que leímos y estudiamos mucho hace tiempo–, por el aporte que hizo al control del Poder Ejecutivo a través del artículo 118 de la Constitución de la república; obviamente, todo ello sin nombrarlo porque quería dar una visión más general. Nosotros siempre le dimos el valor que merecía, a pesar de que hemos escuchado en los últimos tiempos relativismos que nos preocuparon mucho. Uruguay tiene esta institución desde la Constitución que entró en vigencia en 1919 que, como saben, es producto de la constituyente de 1916. Tuvo una enorme ventaja porque fue la primera institución que se eligió por voto secreto en nuestro país. Desde la Constitución que entró en vigencia en 1919 existe este control parlamentario, que se sucede a lo largo de todas las constituciones que sabemos que entraron en vigencia –es decir, las de 1934, 1952 y 1967–, y todos los procesos van a fortalecer el artículo 118 de la Constitución, que es uno de los controles parlamentarios al Poder Ejecutivo; además, se agregaron más órganos que pueden ser consultados y a los que se puede exigir información.

En consecuencia, queríamos dejar claro cuál es el valor, porque no se lo damos nosotros, sino constitucionalistas brillantes del Río de la Plata y, por supuesto, también los nuestros, que siempre lo tuvieron claro.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras, que son muy humildes, sea enviada a los decanatos de las facultades de Derecho y a los servicios jurídicos de la casa, porque es muy importante tener en cuenta el papel tan relevante que han tenido a lo largo de la consolidación de nuestra democracia.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) DÍA DEL FUNCIONARIO DEL SENADO

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde ingresar al orden del día.

Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la carpeta n.º 833/2022: proyecto de resolución por el que se sustituye el artículo 4.º de la resolución de la Cámara de Senadores de fecha 9 de junio de 1992 referente a la celebración anual del Día del Funcionario del Senado». (Firman los señores senadores Sanguinetti, Lozano, Camy y Kechichian).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar, pues, el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de resolución por el que se sustituye el artículo 4.º de la resolución de la Cámara de Senadores de fecha 9 de junio de 1992 referente a la celebración anual del Día del Funcionario del Senado. (Carp. n.º 833/2022 - rep. n.º 560/2022)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: recuerdo al Cuerpo que se trata de la Resolución de Presidencia n.º 60/020, del mes de diciembre, por la que se procedió a la suspensión de la tradicional entrega de medallas –dispuesta por Resolución del Senado del 9 de junio de 1992– como consecuencia de la emergencia sanitaria y económica que atravesaba el país. Esta referencia tiene que ver con una distinción a la trayectoria de los funcionarios de esta casa.

En este proyecto de resolución la Presidencia propone proseguir con el reconocimiento a los funcionarios que cumplan, o hayan cumplido, treinta años de labor ininterrumpida en esta cámara, precisamente en ocasión de celebrarse el Día del Funcionario del Senado, que es como tradicionalmente se ha hecho.

En la coordinación con los partidos integrantes de la cámara hemos coincidido en la importancia que tiene este tema y, por lo tanto, consideramos oportuno que se apruebe esta propuesta de resolución.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo único.- Sustitúyese el artículo 4º de la Resolución de la Cámara de Senadores de fecha 9 de junio de 1992, referente a la celebración anual del “Día del Funcionario del Senado”, por el siguiente:

Artículo 4º: En ese acto se entregará una medalla de oro de 10 k (diez kilates) a los funcionarios que cumplan o hayan cumplido treinta años de labor ininterrumpidos en el Senado.

La Presidencia dispondrá la confección de la mencionada medalla, en cuyo anverso lucirá el Escudo Nacional, y en el reverso la inscripción: ‘La Cámara de Senadores a (nombre y apellido)’, agregándose la fecha de ingreso y año en que se otorga.

Para el otorgamiento de esta distinción se tendrá en cuenta la trayectoria del funcionario, el que no podrá registrar faltas graves en su legajo.

El funcionario que se sienta lesionado en sus derechos por el no otorgamiento de dicha medalla podrá recurrir ante la Comisión estándose a lo que esta resuelva”».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de resolución y se procederá a su ejecución.

15) DÍA NACIONAL DEL CAMPO NATURAL URUGUAYO

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se declara Día Nacional del Campo Natural Uruguayo el 11 de noviembre de cada año. (Carp. n.º 811/2022 - rep. n.º 555/2022)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado trató con mucha celeridad este proyecto de ley, que viene de la Cámara de Representantes, que tiene su origen en la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural y que nuevamente instala en el Parlamento nacional temas relativos al quehacer agropecuario.

Aquí ya hemos discutido sobre las economías regionales y hemos distinguido a localidades con nombres asociados a la producción; en este caso estamos hablando de distinguir el mayor patrimonio nutricional del Uruguay. Voy a repetirlo, señora presidenta, así queda bien claro: el campo natural es el mayor patrimonio nutricional del Uruguay, que otorga a este país un sacramento ganadero que hoy nos distingue en todo el mundo. Es gracias a ese patrimonio nutricional que el Uruguay, año tras año, va consiguiendo nuevos mercados y logros a nivel genético, ha incrementado las exportaciones y se ha transformado –gracias a Dios– en el país más agropecuario del planeta Tierra. El 70 % del territorio nacional es campo natural; hay 500 especies nativas: 400 gramíneas y 100 leguminosas, en esa conformación de lo que se llama bioma Pampa, hoy tan de moda y en boga en el mundo.

¡Hernandarias fue un visionario! En aquellas épocas se preguntaba: ¿qué hacemos en esta penillanura suavemente ondulada? ¡Vamos a introducir ganado! Y así ha sido la historia del Uruguay hasta el día de hoy.

En el día de ayer, en Egipto, en la cumbre de las Naciones Unidas se habló de la biodiversidad y se mencionó que prontamente vamos a vivir un infierno si no se mantiene el equilibrio y se reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en este retoño que se llama Uruguay, eso sucede desde hace muchísimos años.

Entonces, señora presidenta, con este tipo de declaraciones –Día Nacional del Campo Natural Uruguayo– el próximo viernes homenajeamos al campo natural, encendemos una luz y, a su vez, resaltamos el tema de los pastizales naturales a nivel internacional. ¿Por qué? Porque es una carta de presentación que al Uruguay sí y solo sí le va a dar buenas noticias. Uruguay es el país del planeta Tierra que tiene más cantidad de ganado por habitante –reitero: es el país del planeta Tierra que tiene más cantidad de ganado por habitante– gracias a este patrimonio nutricional llamado campo natural. Este campo natural es resiliente, explota después de la sequía y en él conviven especies invernales y estivales. Podemos distinguir los viejos espartillares que había en las zonas del oeste del país, hoy sustituidos probablemente por agricultura. También tenemos el paspalum, un pasto importado que se produce en forma comercial, e incluso la mejor leguminosa del mundo, la babosita, que se encuentra en suelos específicos; es un pastito rasante que tiene una capacidad nutricional única.

Uruguay es un macramé de suelos donde conviven las arcillas, las areniscas, los basaltos, los cristalinos, y en cada uno de esos suelos aparecen distintas especies de campo natural. Cuando era chico, la gente distinguía los campos por el tapiz del suelo: pastura fina, campo de invernada; otro tipo de pastura, campo de cría. Uruguay y los uruguayos somos especialistas en la administración del forraje de pasto. Es común mirar un campo y darle la carga ganadera. ¿Por qué? ¡Por el pasto natural! Cuanto más fina es la pastura, mejor será para la invernada; las pasturas un poquito más gruesas pueden tener algún problema. Así vamos generando esa cultura uruguaya de ver un campo y saber su carga ganadera.

Los desafíos del campo natural son muchos, señora presidenta, pero el mayor es el sobrepastoreo. Hay que inculcar al productor ganadero que es mucho mejor mantener la caja a través del pasto que de la cabeza de ganado. El sobrepastoreo es el que mantiene la capacidad y la productividad del establecimiento. Ese trabajo es impostergable porque muchas veces la gente piensa que a mayor cantidad de cabezas se está más protegido y se recurre al sobrepastoreo. Sin embargo, cuando llega el momento de la sequía –como la que está atravesando el campo uruguayo, en una sequía de invierno– no hace lo que debe hacer.

(Murmullos).

–Este murmullo, señora presidenta…

SEÑORA PRESIDENTA.- Silencio, por favor, señores senadores.

SEÑOR DA SILVA.- Este murmullo habla mucho de esos dos países. Cuando estamos hablando del mayor patrimonio nutricional del Uruguay, el Senado entra en un murmullo porque muchas veces no se siente identificado en cosas esenciales; repito, en cosas esenciales. Sin el campo natural no nos pagarían los sueldos, señora presidenta, y nosotros no tendríamos cómo poder desarrollar políticas públicas. Esto se tiene que poner de relieve.

Termino, señora presidenta, reclamando algo que venimos diciendo desde setiembre de 2020, que es solicitar al Ministerio de Educación y Cultura que en el Día del Patrimonio –en el que siempre se homenajea a personas célebres, a uruguayos célebres–, el mayor patrimonio nutricional del Uruguay integre ese homenaje. Pido que antes de que termine este Gobierno, el Día del Patrimonio sea el del campo natural. Así llegaremos a esa conciencia agropecuaria, a esa conciencia ecológica, a esa conciencia de biodiversidad y a esa conciencia de sentirnos orgullosos de tener en nuestra superficie la mayor reserva de pastizales de clima templado que hay en el planeta Tierra. Esto lo tenemos que resaltar, tanto por temas ambientales como comerciales.

Cuando acá vino la moda de atacar a la producción ganadera, este Senado se puso en contra y todos apoyaron la cruzada contra el discurso de que es el ganado el que genera el calentamiento global. El Senado uruguayo se puso en contra y tuvieron que venir de afuera a comprobar que el ganadero uruguayo lejos está de ser el problema, sino que es la solución. Si en el mundo hubiera más ganaderos como los uruguayos no habría ese estigma de los países ricos, que lo único que hacen es contaminar sin ver la forma que tienen de producir o comer.

Así que, señora presidenta, con este Día Nacional del Campo Natural Uruguayo estamos homenajeando a los cientos de miles de paisanos que, año tras año, con su trabajo, con su esfuerzo y con su planificación generan en primavera nacimientos de terneros y corderos, los que a la larga terminan siendo lo mejor del Uruguay.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo único.- Declárase el 11 de noviembre de cada año como “Día Nacional del Campo Natural Uruguayo”».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

16) REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS DE PERSONAS FÍSICAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el procedimiento de reestructura de deudas de personas físicas. (Carp. n.º 319/2020 - rep. n.º 552/2022 y anexo I)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: tengo el gusto de informar a este plenario sobre el proyecto de ley que trata la reestructuración de deudas de las personas físicas, aprobado por la Comisión de Constitución y Legislación de esta cámara.

En primer término debo agradecer a quienes generosamente aportaron elogios, críticas y sugerencias relativas a este proyecto de ley. En este sentido, tengo que señalar la comparecencia de la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor, de las autoridades del Banco Central del Uruguay y muy especialmente de la doctora Dora Szafir, el doctor Juan Raúl Williman y el escribano Juan Blengio, quienes aportaron sugerencias de modificación de carácter sustantivo a la iniciativa. Debo señalar que también se intentó contemplar las observaciones vertidas al proyecto de ley en comisión por senadores de los partidos de la coalición y de la oposición –cuyas opiniones lo enriquecieron–, como así también por la secretaría de esta comisión, que trabajó aportando sugerencias importantes.

Digamos que el tema de los préstamos o mutuos y de sus intereses ha generado desde antiguo gran preocupación en el campo social y en el del derecho. Tan así es que importante literatura de la más variada gama ha reflejado dicha problemática y, en tal sentido, recordemos que un viejo docente universitario de la Facultad de Derecho recomendaba a los futuros abogados leer El mercader de Venecia, de William Shakespeare, escrita en el Renacimiento, a fines del siglo XVI y comienzos del XVII. La obra relata el drama humano y jurídico que puede desatar un préstamo a interés y el dramaturgo, en su desenlace, expone una solución que no solo es jurídicamente correcta, sino que también hace efectivo un ideal de justicia. Este drama renacentista tiene perfecta actualidad, al extremo que ha sido adaptado a la cinematografía moderna con una película que respeta el nombre original de la obra y da lugar a una actuación brillante de actores contemporáneos como Al Pacino y Jeremy Irons.

En la obra, cuyo ser es la problemática desatada por un préstamo con un interés desmesurado, el prestamista Shylock acepta como garantía del préstamo a Antonio y se lo concede a Bassanio para que corteje a su amada Porcia. La garantía pactada con el prestamista es la de un kilo de carne del cuerpo del fiador a elección del acreedor. Este justifica su exigencia en la molestia que le ocasionaba el fiador «por el necio alarde de prestar dinero sin interés con el cual se está arruinando la usura en Venecia», así como por haber calificado de «vil» a la usura.

Como es posible apreciar, la usura ha sido practicada desde antaño y también ha merecido la descalificación social. En la misma obra, Bassanio señala: «Muchas veces engañan las apariencias. […] ¿Hay vicio que no pueda disfrazarse con la máscara de la virtud? […] Los adornos son como la playa de un mar proceloso; […] como la verdad, cuya máscara toma el fraude para engañar a los más prudentes…». En efecto, contemporáneamente el cobro de altas tasas de interés se atiene a una ley injusta que autoriza semejante práctica y el negocio enmascarado de legalidad oculta una profunda injusticia.

Digamos que el drama tiene un desenlace feliz porque si bien el tribunal de Venecia reconoce la legalidad del pacto, la habilidad de la amada Porcia, quien se disfraza de abogado de Antonio, hace notar que el pacto no se cumpliría debidamente si se vierte una sola gota de sangre, ya que ello no es lo estipulado. A su vez, el tribunal hace notar que quien ocasione la muerte de un ciudadano veneciano perderá su fortuna a favor del Estado. Como en esas circunstancias el prestamista renuncia a su pretensión, se le condena por su actitud temeraria a perder parte de su fortuna a favor del fiador y la otra parte a favor de la ciudad. En definitiva, el fiador, o sea, Antonio, en actitud magnánima, renuncia a la condena y lo mismo hace el Dux de Venecia.

Puede que todo esto parezca ajeno a un proyecto de ley, pero si tenemos en cuenta que el endeudamiento afecta a miles y miles de compatriotas de nuestro país y que el Banco Central ha reconocido en febrero del corriente año que había 632.992 clientes en categoría 5, de los cuales 235.582 tenían deuda en más de una institución, nos da la pauta del grave problema social que el endeudamiento ha generado en miles y miles de hogares del país, aunque a veces, De eso no se habla, como dice el título de la película Argentina.

El Estado no puede estar ajeno a esta problemática y la solución que intenta proporcionar este proyecto de ley no es ajena a la inquietud que reina en la sociedad respecto al problema. Digamos en el mismo orden de cosas que, en primera instancia, lo que pretende el proyecto de ley es resolver el problema de endeudamiento de los deudores de modesta condición económica, en cumplimiento de la consigna artiguista de que «Los más infelices sean los más privilegiados». Además, esta solución puede devolver al mercado a miles de consumidores del que hoy se encuentran radiados por no poder acceder al crédito. No solo se pretende contribuir a un ideal de justicia, sino también a dinamizar el comercio y, por lo tanto, la actividad económica en beneficio del país todo.

El proyecto de ley prevé, a semejanza de lo que sucede en el ámbito estrictamente comercial, una forma de concurso al que pueden acceder personas que no tengan un patrimonio inmobiliario superior a UI 600.000 o sean titulares de bienes muebles con valor inferior a UI 50.000 y perciban ingresos anuales menores o iguales a la suma de UI 120.000. El procedimiento tendrá una instancia inicial de carácter administrativo en la que se buscará la conciliación de las partes, promoviendo quitas o esperas, donde los acuerdos deberán reservar un ingreso mínimo al deudor del 60 % o 70 % de sus ingresos mensuales según estos superen o no cuatro salarios mínimos.

La aprobación del plan de pagos en esta etapa requeriría mayoría absoluta de acreedores que representen las dos terceras partes del pasivo denunciado. Si fracasara la instancia extrajudicial se podrá acceder a una etapa judicial en la que se designará un contador que ilustrará sobre la viabilidad de la propuesta de pago. Como es de estilo en la instancia judicial, también se tentará la conciliación, donde la propuesta no podrá ser inferior al 40 % de la deuda original. Las cuotas no podrán superar el 30 % o 40 % de los ingresos mensuales del deudor de conformidad con el criterio ya expresado.

Si no se llega a un acuerdo en la instancia judicial el juez impondrá por sentencia una reestructuración judicial forzosa que resulte factible de cumplir por el deudor. Este podrá solicitar la remisión de las deudas insatisfechas dando lugar a lo que se conoce en la doctrina y en el derecho comparado como fresh start –segunda oportunidad– y no podrá entablar un nuevo procedimiento hasta que pasen dos años de la extinción de las deudas que fueron objeto de reestructuración.

Por último, señalamos en esta iniciativa que no se aplicará a las obligaciones de carácter alimentario, tributario y laboral. En definitiva el proyecto de ley establece una solución que se basa fundamentalmente en la legislación comparada, en este caso en las normas vigentes en Nueva Zelanda.

Por lo tanto, nos es grato presentar a consideración del plenario este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Señora presidenta: nuestra bancada decidió acompañar este proyecto de ley y en lo personal me gustaría hacer algunos comentarios generales porque soy un poco crítica de lo que hoy vamos a votar en el Senado. Creo que el proyecto parte de un diagnóstico que, en términos generales, no es correcto.

En la exposición de motivos se afirma que se registró un fuerte crecimiento en los créditos al consumo y que hubo elevados niveles de endeudamiento en miles de personas con escaso patrimonio, sin aportar una información cuantitativa que permita demostrar tales afirmaciones. Por el contrario, en Uruguay la evolución del crédito al consumo y el nivel de endeudamiento de las familias, de acuerdo con la información proporcionada por el Banco Central, no muestra el comportamiento que se señala en la exposición de motivos. Con esto no digo que no exista un problema de sobreendeudamiento de un conjunto de personas en particular –es cierto, son personas de bajos ingresos–, pero no se trata de una problemática general ni de una tendencia que se haya incrementado fuertemente en los últimos años. Desde nuestro punto de vista debe tenerse en cuenta que las medidas que se están proponiendo pueden terminar generando un problema para muchas personas, para muchas familias, en la medida en que, al limitarse los mecanismos de recuperación de los créditos a los que pueden recurrir los acreedores y permitir que el magistrado pueda declarar la extinción de los intereses y la reducción del capital que se adeuda, la consecuencia puede ser que se contraiga la oferta de financiamiento generando para nosotros dificultades o imposibilidades de acceder al crédito incluso para personas que no presenten niveles elevados de sobreendeudamiento.

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que una institución otorga un crédito y analiza la situación de endeudamiento de la persona, pero no controla la decisión que esta pueda tomar. Si luego de obtener el crédito en esa institución asume nuevas deudas que lo puedan llevar a una situación que lo ampare en esta ley, el primer acreedor verá limitada la capacidad de recuperar su crédito. En un mercado como el financiero, caracterizado por lo que en economía se denomina «problemas de información asimétrica», nosotros pensamos que la aplicación de este tipo de medidas puede llevar a situaciones de racionamiento del crédito. La solución al problema real que enfrentan muchos compatriotas pasa por mejorar la Ley de Tasas de Interés y Usura –para nosotros ese sería el camino correcto– y por generar mayores herramientas de protección de los consumidores de servicios financieros, en línea con lo propuesto en el proyecto de ley de deudores de créditos que presentó el Frente Amplio en el que se dictan normas para su protección.

Se establece, además, que el procedimiento estaría reservado al deudor de buena fe, pero en el proyecto se prevé que se debe presumir la buena fe –artículos 3.º y 10– sin especificar en qué casos se considera que alguien puede haber actuado de mala fe.

Asimismo se establece una serie de responsabilidades y de competencias para la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, pero no se prevé reforzarla. De hecho, la ministra de Economía y Finanzas envió a la comisión un informe diciendo que hoy no están en condiciones de asumir lo que este proyecto de ley les está pidiendo. La misma postura, un tanto crítica, la tuvimos de parte del Directorio del Banco Central que estuvo en la comisión.

Se establecen topes para los ingresos que se deben preservar al deudor, que son totalmente inconsistentes con lo que prevé la ley que regula las retenciones a los sueldos. Se dice que se debería reservar un ingreso mínimo al deudor para su sustento, que no podrá ser inferior al 70 % de sus ingresos mensuales nominales cuando estos no superen el equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales, y si los superan la reserva sería del 60 %, mientras que el intangible previsto en la ley de retenciones es del 35 %, porcentaje que el proyecto presentado por el Frente Amplio proponía elevar. A nosotros eso sí nos parecería una solución y un alivio importante para todos los trabajadores y jubilados que tienen sus ingresos comprometidos como consecuencia de lo previsto en esta ley.

El artículo 8.º, por otra parte, establece que cuando el deudor solicite la reestructura judicial deberá presentar un plan de pagos y se designará a un contador a efectos de ilustrar al magistrado cuyos honorarios estarán a cargo del acreedor.

El artículo 14 indica que la propuesta no podrá ser inferior al pago del 40 % de la deuda, sin especificar qué se entiende como tal. ¿Incluye el capital? ¿Incluye los intereses? Creo que ahí hay un área que la hace confusa. Tampoco queda claro de dónde puede surgir ese 40 %.

Por todas estas consideraciones acompaño lo que decidió nuestra bancada, pero de verdad siendo muy crítica, no en la intención –que la entendemos, la compartimos– pero sí en lo que queda plasmado en un proyecto de ley que las propias autoridades también han visto problemas en su instrumentación.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR LANZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LANZ.- Señora presidenta: en primer lugar queremos destacar el tratamiento de este proyecto de ley que ingresó a la Comisión de Constitución y Legislación, respecto al que se llegó a un acuerdo político –tenemos que definirlo así–, dadas las circunstancias de endeudamiento, las informaciones que recogimos en la comisión y el conocimiento que sus integrantes tenemos de una situación país.

Desafortunadamente, en las últimas décadas, en Uruguay se ha venido generando un sobreendeudamiento en materia de créditos al consumo en determinados sectores de la población donde hay personas hipervulnerables que carecen de medios para poder sanear su situación financiera. Quiere decir que hay personas que, de antemano, ya se sabe que no tienen ingresos ni bienes suficientes en su patrimonio para poder afrontar deudas. Esta fue una de las cuestiones fundamentales que llevó a que, por unanimidad, se votara este proyecto de ley en comisión.

En la actualidad, como bien decía el miembro informante, señor senador Domenech, hay 2:800.000 uruguayos que están ingresando a la base de datos del Clearing de Informes. De esa cantidad, 970.000 figuran con algún tipo de incumplimiento.

¿Cómo llegamos a estos 2:800.000? ¿Cómo llegamos a esta situación? Las causas raíz son variadas pero, sin duda, la sociedad de consumo y la publicidad, fundamentalmente, han tenido una clara incidencia en el sobreendeudamiento de las personas físicas. La publicidad ha tenido un efecto negativo al alterar el comportamiento en esta parte de la población que contrae deudas que luego no van a poder pagar. Si bien las relaciones de consumo ya están reguladas por ley –y también por otras normas–, su efecto, control efectivo y aplicación no han sido claramente suficientes.

En materia de incumplimientos también es relevante mencionar que el Banco Central del Uruguay tiene una norma por la que fija los criterios para que las instituciones crediticias clasifiquen a sus deudores de categoría 5 –también llamados deudores irrecuperables–, es decir, aquellos que tienen la peor capacidad de pago.

A principios de este año 632.992 personas físicas estaban informadas como categoría 5 en la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central del Uruguay. Es de hacer notar que para ser un deudor categoría 5 en los créditos al consumo debe verificarse un atraso superior a los 120 días. A su vez, de estos clientes clasificados como categoría 5 hay 235.582 uruguayos que tienen créditos en más de una institución y, por ende, de acuerdo con la normativa bancocentralista, una vez que son clasificados como categoría 5 por una institución, las otras deben clasificarlos como categoría 3. Quiere decir que, en nuestro sistema actual, a pesar de que una institución lo califica como irrecuperable en términos de su capacidad de pago, hay otra entidad que igual le presta.

Cuando hablamos de créditos al consumo tenemos que distinguir, por un lado, entre las condiciones en las que se otorga el crédito –y aquí entran en juego las tasas de interés donde el Banco Central del Uruguay recoge la información de tasas que informan los bancos y, a partir de las cuales, se fija el tope para la usura, el grado de formalidad del mercado, los plazos estipulados, la accesibilidad al crédito, etcétera– y, por otro, la protección al consumidor –y aquí es donde debemos considerar el tipo de publicidad utilizada–, la existencia de contratos con cláusulas abusivas, la forma en la que se generan las cobranzas, la violación de la intimidad de muchos uruguayos a través de llamadas que reciben a cualquier hora, etcétera.

En este tipo de contratos de créditos al consumo –que, claramente, es un contrato entre privados–, indudablemente, el mayor poder de negociación lo tiene el proveedor. Es una relación en desequilibrio en la que entendemos que el Estado debe realizar su máximo esfuerzo para velar por la protección, justamente, de los más débiles. La legislación debe apuntar fuertemente hacia un fin supremo para resolver los problemas de la gente, pero se debe tener cuidado con la forma en la que se incorpora la normativa para que no incremente el riesgo de lograr el efecto contrario al que buscamos, al que perseguimos en primera instancia. Debemos ser muy cuidadosos y evitar generar incentivos que empeoren la situación actual de vulnerabilidad en la que se encuentran algunos segmentos de la población y, al final del día, las personas recurran al mercado negro aún más de lo que hacen hoy y, por ende, se incremente la exclusión social con un efecto negativo para estas personas.

Además –y para terminar–, debemos señalar que al día de hoy en nuestro país ya se ha legislado en materia de protección a los consumidores; distintas leyes así lo han hecho y reiterado.

A nuestro entender, debemos buscar la mejor forma de crear mecanismos para que se apliquen exitosamente las normativas ya vigentes. De hecho, tanto en el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Unidad Defensa del Consumidor, como en el propio Banco Central, con la atención al usuario del sistema financiero, se viene trabajando intensamente en estos temas desde hace mucho tiempo.

La cuestión es que nosotros entendemos –y aquí vuelvo al principio, con una mirada y visión política– que debemos profundizar en este tipo de soluciones y esta es una herramienta más para hacerlo. Incluso señalo que a nivel de la región, en el Comité Técnico n.º 7-Defensa del Consumidor, del Mercosur, se aprobó una resolución en 2021 por la que hay que cumplir una serie de requisitos en materia de protección al consumidor hipervulnerable, que apunta a la prevención, el saneamiento y el tratamiento de la situación del sobreendeudado.

Respecto a la prevención, el énfasis está puesto en la información y en quienes la otorgan responsablemente; de lo contrario, lo único que se hace es agravar la situación del deudor, que no va a poder cumplir con sus obligaciones.

En esa resolución también se hace referencia a controlar que no haya prácticas abusivas de los acreedores, por ejemplo, a la hora de gestionar la cobranza o cuando se incluyen en los contratos cláusulas que claramente no son legibles, tienen una tipografía difícil de seguir o realmente son engañosas.

El Banco Central ha hecho, también, una recopilación de normas de regulación y control del sistema financiero y están las disposiciones en materia de publicidad de la Ley n.º 17250 del 2000, que prohíben la publicidad engañosa por parte de las entidades reguladas y supervisadas.

Creemos que para la población sobreendeudada, la falta de información, la que induce a error o es incompleta al momento de contraer el crédito, contribuye a perpetuar este círculo vicioso de endeudamiento en el que las personas quedan lamentablemente atrapadas.

Por último, quiero decir algo que no es menor: sentimos que hay un deber para con la población toda en cuanto al desarrollo de capacidades en términos de educación financiera y que el rol activo del Estado en esta materia va a generar resultados positivos que permitan que las personas puedan tomar mejores decisiones que les van a afectar no solo en lo financiero, porque hay que ver la integralidad de la persona. La afectación abarca en todas las dimensiones a estas personas y realmente influye directamente en su entorno: la familia, el trabajo, los amigos y, en fin, en los vínculos con la sociedad en general.

Por tanto, consideramos que este proyecto de ley impacta de forma positiva, sin perjuicio de reconocer que debemos avanzar en otros temas –como la ley de usura y las tasas de intereses que se cobran– o encontrar otro tipo de herramientas que reincorporen efectivamente a estos ciudadanos al sistema.

Así que, señora presidenta, dado el informe en cuanto a lo que compone el articulado del proyecto de ley realizado por parte del señor miembro informante y estos comentarios, quiero decir que la bancada del Partido Colorado va a votar a favor de esta iniciativa.

Muchas gracias.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: nosotros compartimos enteramente la sensibilidad que nos generan determinadas situaciones, sobre todo en los sectores de la población que tienen más dificultades y que, obviamente, se profundizaron durante la pandemia –tenemos un montón de cifras que seguramente empeoraron de manera sensible durante la situación de pandemia–, que tienen que ver con circunstancias de sobreendeudamiento. Evidentemente, eso es algo que desde el sistema político tenemos que abordar y debemos hacerlo con esa sensibilidad y también con la responsabilidad de mantener la lógica de los cuerpos normativos, los equilibrios que tenemos que considerar a la hora de tomar estas circunstancias como foco de legislación. Entonces, compartimos esa sensibilidad –ni que hablar– y el hecho de acompañar este proyecto, desde mi perspectiva ‒que lo hacemos, debemos decir, a regañadientes‒, es para dar la señal de que nos sensibilizamos con ese tipo de situaciones, pero lamentablemente estamos convencidos de que no es un buen proyecto y de que mucho menos es una solución; definitivamente, no es una solución. Desvirtúa el cuerpo normativo, desvirtúa los equilibrios que este debe tener en cuanto a la relación entre acreedores financieros y deudores y desvirtúa la importancia de los contratos financieros, que podrá sonar feo, pero son contratos.

Creo que hay un problema, y es que este proyecto ‒basta leer la exposición de motivos‒ parte de un preconcepto muy negativo de lo que es la actividad financiera. Se parte de la base de que los agentes financieros son culpables de los sobreendeudamientos y operan en contra del bienestar de la gente, preconceptos que no compartimos. Es un proyecto que no está acompañado por el Poder Ejecutivo ‒y ha habido señales claras de una visión negativa sobre esto de parte del Ministerio de Economía y Finanzas‒ y tampoco por el Banco Central del Uruguay, que tiene evidentes responsabilidades en muchos aspectos vinculados a esta circunstancia: es el órgano de aplicación de la Ley n.° 17250, Ley de Relaciones de Consumo-Defensa del Consumidor, en el área financiera; es quien tiene que informar las tasas de usura mensualmente, y es quien tiene el portal de información para el usuario financiero que, justamente, contribuye con claridad en materia de tasas, cuotas, tasas efectivas, intereses. También se ha manifestado preocupación por los impactos no deseados que puede tener esto, que tiene buena intención, pero que si no está bien resuelto puede surtir efectos contrarios a los deseados, como decía el señor senador preopinante.

No es nueva en el Uruguay la situación de que por acuerdos o por decisiones políticas se violenten contratos financieros, con la mejor intención, como es la de favorecer a consumidores o productores, lo que después tiene como efecto lo que en la jerga financiera se llama «racionamiento del crédito». Los bancos o los agentes financieros durante mucho tiempo dejaron de prestar. Cuando en 1986 se votó la ley de refinanciamiento del endeudamiento público –atendiendo, obviamente, los efectos desastrosos que tuvo la crisis de 1982, en particular en el sector agropecuario–, claramente lo que sucedió en la siguiente década de los noventa, fue que prácticamente el único que prestó al sector agropecuario fue el Banco República, por consideraciones que iban mucho más allá de las técnico-financieras. Solamente aquellos que mostraban una enorme solvencia podían acceder al crédito de la banca privada, pero esencialmente esta se había casi que retirado del mercado del crédito agropecuario como consecuencia de lo que en la jerga se llama «ablandamiento de la restricción financiera» o de la restricción presupuestal de los deudores, es decir, los deudores tuvieron la capacidad de imponer, por la vía del sistema político, un cambio unilateral de las condiciones financieras en esos casos.

Por lo tanto, una cosa es atender con sensibilidad las situaciones de sobreendeudamiento y otra es generar mecanismos que pueden llegar a tener el efecto contrario, y cuando se trata de los consumidores, de las familias, eso también es grave. Todos sabemos que cuando la familia necesita financiarse por necesidades básicas, hay alternativas a que quien financie sea un banco o una administradora de crédito, que es que quien financie sea el usurero de la esquina. En ese caso, toda la preocupación por propaganda engañosa, cláusulas abusivas y violación de la intimidad queda en el olvido.

(Ocupa la presidencia el señor Jorge Gandini).

–Existe un marco normativo que pone como una irregularidad y un delito aplicar este tipo de cosas. La Ley de Relaciones de Consumo-Defensa del Consumidor, reitero, en el caso de los contratos financieros la autoridad de aplicación es el Banco Central del Uruguay, ya pena y marca los límites de contratos cuando existen cláusulas abusivas –eso se puede denunciar– o cuando existe publicidad engañosa –eso se puede denunciar–; por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en mantener equilibrios en este terreno. De lo que se trata es de defender los derechos de los acreedores y de los deudores, porque también es derecho del deudor seguir siendo lo que en la jerga se llama «sujeto de crédito», porque si no termina en el usurero de la esquina.

Nosotros planteamos a nivel de la comisión, como elemento paliativo, otro proyecto que reconozco que tampoco es una solución integral al problema, pero no deja de ser un paliativo para contribuir a la posibilidad de que las partes, en circunstancias de sobreendeudamiento, dialoguen, busquen conciliación, dándole también un rol al área de defensa de derechos del consumidor y a la unidad del Banco Central. Reitero: no lo vemos tampoco como una solución integral, pero nos parece un elemento paliativo de mejor calidad para el proyecto de ley que estamos tratando.

Para abordar de manera integral el tema hay que ir a la formulación de las normas concursales. Acá tenemos que decir que así como en 2008 se hizo una actualización imprescindible de las normas concursales en el Uruguay vinculada a las empresas –me refiero al cambio en la ley de quiebras, que se dio ese año con una legislación cuyo esqueleto venía del siglo XIX y que había tenido muy pocas actualizaciones durante todo el siglo XX–, quedó pendiente –y hay que decirlo con claridad– la quiebra individual, el concurso cuando de lo que se trata no es de un deudor empresarial sino de un deudor individual. Justamente, en aquel momento, en 2008, habíamos trabajado con abogados referentes en la materia de derecho comercial. Fue un proceso largo donde hicimos muchos talleres y trabajamos con todos los colectivos antes de enviar el proyecto al Parlamento: el Colegio de Abogados del Uruguay, la Asociación de Escribanos del Uruguay, la Liga de Defensa Comercial, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, etcétera. Trabajaron honorariamente –porque tenían un proyecto de base– los doctores Olivera García, Creimer y Rippe, y desde el ministerio sumamos al doctor Gomensoro y a los economistas Milnitsky y Zipitría. Con eso se conformó –con todo ese trabajo de talleres previos y la búsqueda de equilibrios en derechos y obligaciones– la nueva ley de quiebra que hoy está vigente y que ha dado mejores resultados, pero en aquel momento ya teníamos claro que quedaba pendiente la «quiebra individual» –entre comillas–, el proceso concursal cuando el deudor era una persona y no una empresa.

A partir de la discusión de estas situaciones hemos consultado a los miembros del Instituto de Derecho Comercial y ellos tienen un borrador de proyecto de ley que apunta a un marco normativo que complemente la ley de concursos con normas referidas a los concursos individuales. Me parece que por ahí tenemos que trabajar; debemos tomar el borrador y el asesoramiento que nos pueda brindar el Instituto de Derecho Comercial y obviamente la opinión de todas las asociaciones, colegios y ligas que tengan cosas para decir al respecto, incluidas las asociaciones de consumidores y el sistema financiero, para ir a una solución más integral con normas concursales para la quiebra de las personas, para la bancarrota de las personas, que mantengan consistencia con el cuerpo normativo general de las normas concursales.

Nosotros nos comprometemos a trabajar en esa dirección. Creemos que es una muy buena base que arranca desde la academia con la visión de los equilibrios de derechos y obligaciones en la materia, y consideramos que ahí sí contaríamos con una solución que no va a tener como efecto lo contrario al objetivo deseado. De esta forma creemos que se evitarían las circunstancias de sobreendeudamiento de las personas, se las desestimularía y tendríamos mecanismos razonables para resolver de manera concursal esas situaciones. Se trata de que mantengan derechos y obligaciones pero, sobre todo, de poner el foco –y sé que ese es el principal objeto de lo que plantea el proyecto de los integrantes del Instituto de Derecho Comercial– en lo que aquí se mencionó como fresh start, es decir, dar a un deudor, que tuvo dificultades y debió ir a concurso, la posibilidad de volver a ser sujeto de crédito en forma rápida y en un plazo razonable.

Por lo tanto y para sintetizar, quiero decir que nosotros vamos a acompañar a regañadientes este proyecto de ley porque entendemos la sensibilidad que generan estas situaciones, pero sentimos que es una iniciativa que no va a dar solución a lo que se plantea, que desvirtúa y no es consistente con el cuerpo normativo que tenemos en materia concursal. Claramente puede tener efectos nocivos y contrarios a lo que estamos buscando –con las mejores intenciones–, que es generar las mejores condiciones para empujar a los sectores más vulnerables, endeudados y con mayores necesidades con relación al endeudamiento no regulado, al endeudamiento de un mercado de prestamistas en el que todas las salvaguardas que pueda dar la ley de derechos de relaciones de consumo, la ley de defensa de la competencia y la regulación financiera, se pierden por completo, y ahí sí que potenciamos todo lo negativo que estamos criticando sobre algunas de estas situaciones.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señor presidente: nosotros tampoco sabemos si esta es la solución. En la comisión hemos recibido informes de todos los involucrados y de los representantes de las asociaciones de consumidores, a la doctora Dora Szafir –quien además de ser especialista en el tema también fue jueza– a las autoridades del Banco Central y, además, el Ministerio de Economía y Finanzas envió un informe.

Ahora bien, digo esto con todo respeto hacia los colegas y para mejorar el trabajo del Parlamento. Hace meses que estamos trabajando en la Comisión de Constitución y Legislación y a nadie escapa que es la que tiene más proyectos de ley y que cada uno de ellos, por su envergadura –eso sucede también en otras comisiones pero en esta son más–, exige un estudio muy detallado, así como el aporte de la academia y de todos los que puedan ayudar a los legisladores para que del trabajo surja el mejor producto posible.

Por otro lado, no voy a entrar –porque sé que esa no fue de ninguna manera la voluntad– en lo que dijo el senador Bergara –que además lo reconoció– sobre el tema que quedó pendiente. Sí, quedó pendiente y lo cierto es que hemos llegado a una situación muy complicada para muchos miles de uruguayos y, en definitiva, esa es la sensibilidad que nos mueve a todos.

El propio economista Labat no solamente fue a la comisión, junto con los representantes del Banco Central, y expuso sus dudas, sino que también mantuvimos conversaciones personales –que siempre son oficiales, por más que no se realicen en la comisión– y entendemos lo que pueden y deben pensar él y su equipo. Igual sucede con los recaudos que nos hizo llegar el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un informe, haciendo hincapié sobre todo en las dificultades de implementación. Sin ser especialista en derecho financiero, debo reconocer las dificultades de instrumentación que es en lo que más hace hincapié esta cartera pero, en lo personal, en Uruguay soy partidaria de los hechos consumados. Quiere decir que tenemos este proyecto de ley que luego tendrá que ser analizado en la Cámara de Representantes, en donde se podrán hacer aportes, y creo que todos tenemos la cabeza muy abierta. En definitiva, considero que lo mejor es que empecemos a hacerlo andar.

En la comisión recordaba que cuando se discutió el Código General del Proceso –su implementación llevó años–, todo el mundo decía que no se podría implementar, que iba a salir todo mal, pero se aprobó en 1989 y fuimos resolviendo las situaciones. ¿Es lo ideal? No. ¿Estamos en Uruguay? Sí. ¿Es positivo que Uruguay tenga esta manera de actuar? Y bueno, como país no nos ha ido tan mal porque somos respetuosos de las normas primero que nada, pero por supuesto que debemos tener en cuenta la situación de las personas que al día de hoy son deudores y que prácticamente no podemos sacarlas de la situación de absoluta muerte civil en la que se encuentran. Si eso significa que esto va a poner en un tembladeral al sistema financiero –personalmente, reitero que no soy especialista en derecho financiero y muchísimo menos voy a hacer cuestión en ese sentido–, me parece que el Estado –quien habla claramente es parte del Gobierno– obviamente va a obligar a resolverlo, y nosotros iniciamos el proceso; este es un proyecto de ley. Para mí los proyectos de ley no son señales, son determinadas normas que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado votó por unanimidad, con reservas, y que elevó al plenario, así que ni nosotros vamos a dar clases ni tampoco vamos a aceptar que las den. No voy a decir por qué no lo hicieron, pero tengo ganas; ejercí la abogacía hasta 2015, y podría haber seguido ejerciendo, pero considero que no es ético desarrollar una actividad profesional cuando uno es legislador, y el endeudamiento por el consumo de estas personas es muy anterior a la pandemia. Entonces, no nos pongamos esquemáticos, porque eso no es así.

El propio economista Labat decía en la comisión –no puedo entender cómo se sigue repitiendo lo mismo cuando todos podemos acceder a la versión taquigráfica de la sesión– que hay más de 800.000 uruguayos que están en esta situación. Lo dijo el presidente del Banco Central; no es que nosotros o quienes presentaron los proyectos inventaron las cifras. En el medio tenemos a un operador privado que es el Clearing de Informes. Todos dijimos hace muchos años que le íbamos a meter mano a esa empresa privada, que es dueña de la vida civil de la gente en lo que refiere al crédito, y es privado. Hoy en día, el Clearing es una relación entre privados. El que es socio del Clearing decide hasta las condiciones con las que se levanta, si es con antecedentes o sin antecedentes. El deudor figura en el Clearing de Informes.

Que el deudor figure en el Clearing, señor presidente, le impide incluso recibir préstamos de bancos del Estado. Además, hacen y deshacen al arbitrio de la relación privada entre la empresa y sus socios, que son los acreedores. El deudor no puede obtener un préstamo en el Banco Hipotecario para comprar una vivienda si está en el Clearing de Informes. Entonces, ¿podemos seguir esperando? No.

La gente, a la que llaman de madrugada o cuatro o cinco veces por día –como refería el señor senador Lanz–, es víctima del delito de violencia privada y de justicia por mano propia.

Ahora bien, yo hice una intervención acá hace un año y pico sobre esta situación porque, reitero, como ejercí la abogacía hasta 2015 tienen mi teléfono «algunas cuevas financieras y algunas cuevas de estudios jurídicos» –dicho entre comillas–, pero de estudio jurídico no tienen nada, porque las personas que llaman dan el nombre de pila y tienen prohibido dar el apellido; y vayan a ver qué pasa con los números de teléfono, a los que les dan de baja porque son celulares. Como abogada recibo hasta ahora ese tipo de llamadas de personas que no sé ni quiénes son. Después que hice esa intervención acá, la envié al Banco Central y a la Fiscalía. ¿Tuve alguna respuesta? Pensé que Fiscalía iba a actuar de oficio, porque esa gente además no puede defenderse penalmente. ¡Claro, para nosotros es facilísimo, porque cuando tenemos un problema en Fiscalía, contamos con la posibilidad de elegir a los abogados! Y me quedo por ahí.

Entonces, lo que nosotros queremos es que los deudores más pobres puedan resolver su muerte civil.

Yo no soy populista, señor presidente; he militado en contra del populismo sistemáticamente y he hecho otras opciones políticas por no estar de acuerdo con el populismo.

El presidente del Banco Central del Uruguay reconoció en comisión que 800.000 personas están en esa situación, en una población de 3:500.000 de habitantes; es mucho, así fueran 50.000. Nuestra situación es privilegiada. Nosotros podemos acceder a mecanismos de justicia, a profesionales y negociar con las casas financieras, porque no todos los que dan préstamos son bancos. Los problemas más grandes de este tipo de deudores no son con los bancos; ni pueden pasar por la puerta de los bancos, ya que estos no le dan plata a todo el mundo. Estamos aburridos de ver en televisión publicidad engañosa. ¿Y? Esa gente está desprotegida. Cualquiera que entiende algo o puede contar con un ábaco se da cuenta de que, evidentemente, le están cobrando mucho más de lo que correspondería de intereses, porque lo que hacen es venderle la cuota a la persona.

Es verdad que el crédito social aumentó a lo largo de todos estos años. Probablemente haya aumentado más en la pandemia, sin ninguna duda, pero yo recuerdo haber escuchado durante el estudio de las leyes de presupuesto y de rendición de cuentas, cuando venían las autoridades que corresponden, lo que significaba para la economía de los bancos –en especial, del Banco República Oriental del Uruguay– los préstamos sociales. ¿Eso no es préstamo al consumo? Lo que pasa es que ahí la garantía es el sueldo o la jubilación.

Quienes somos funcionarios públicos también somos privilegiados porque con nuestro sueldo o nuestra jubilación el banco da el préstamo y lo renueva permanentemente. Ahora que se acercan las fiestas tradicionales van a empezar a ver las colas de gente que va a solicitar préstamos. ¿Eso no lo contamos como préstamo social? Sí, lo que pasa es que son funcionarios públicos. ¿Y el resto de la gente, los que no son funcionarios públicos?

El proyecto de ley de usura está muy avanzado en la Cámara de Representantes y va a venir para acá. Este proyecto de ley, de ser aprobado hoy, va a la Cámara de Representantes. Si tenemos algo para aportar, este es un sistema bicameral. Ahora bien –porque cuando les conviene soy incondicional del Gobierno y en especial del presidente; cuando no les conviene, el Poder Ejecutivo no está de acuerdo–, yo no estaría hablando si el Poder Ejecutivo no nos hubiera dado su opinión con respecto a la oportunidad de presentación de este proyecto.

¿Tenemos reservas y tenemos informes? Sí. ¿Entendemos que hay que iniciar el camino? Reitero: para nosotros esto no es una señal; este es un camino.

Quiero hacer dos consideraciones de derecho y ahí sí me animo a opinar. ¡Claro que el juez puede decidir! Menos mal que damos esa responsabilidad a la Justicia, al Poder Judicial de verdad. Siempre escucho el error de incluir a la Fiscalía; la Fiscalía integra el sistema judicial, pero el Poder Judicial es autónomo. Una de las tres patas que tiene un sistema republicano democrático de gobierno absolutamente independiente es el Poder Judicial; ahí son los jueces los que deciden.

Como nosotros no tenemos el Código del Proceso Penal, tenemos el Código Civil y el Código de Comercio, podemos dar la responsabilidad a los jueces, que deciden sobre cosas mucho más importantes. ¿Por qué les llama la atención que decidan sobre la viabilidad, o la aceptación o no de los créditos? ¡Por favor! Los jueces son los que tienen el respaldo de la Constitución para tomar esas decisiones.

El principio de buena fe está definido en el Código Civil; es uno de los principios fundantes que está en sus primeros artículos. No es que a uno se le ocurrió poner el principio de buena fe porque tiene alguna idea pseudorreligiosa. ¡No! El principio de buena fe es uno de los pilares del derecho público y privado en los sistemas democráticos. En este caso, la buena fe –que se presume siempre–, si no se prueba lo contrario, regula los contratos; no se trata de ver cómo hago para probar que hay mala fe. Se castiga la patología; el que invoque mala fe tendrá que probarla.

Voy a decir una sola cosa. Es cierto lo que dijo el senador Bergara –no quiero que lo tome como una alusión porque efectivamente es así–, en el sentido de que los que ejercimos la abogacía fuimos asesores de empresas que fueron beneficiadas con la ley de concursos, sobre todo pequeñas y medianas empresas. Voy a dar el ejemplo de dos clientes míos que no pudieron llegar a un acuerdo por los honorarios de los profesionales del banco, ¡del Banco República! Nunca voy a entender –y me tiraré en contra a todos mis colegas abogados, cosa que especialmente no me interesa; cuando quiero decir algo lo digo y asumo las consecuencias– cómo le pagamos un sueldo muy bueno, porque es categoría A de profesionales y, además, tienen derecho a cobrar los honorarios de acuerdo con el arancel del Colegio de Abogados, que debe ser de los más duros, mucho más duro que el de los escribanos. Tuve dos casos que perdieron la instalación de dos pequeñas fábricas por no poder pagar los honorarios, porque los tiene que pagar el deudor y encima en el Banco República. Reitero: no los podían pagar. Debían, primero, arreglar los honorarios. Esto también tendremos que cambiarlo. Soy de las que piensa que todos los Gobiernos vienen con la mejor intención y que se encuentran con cosas que están bien hechas y entonces se dejan, y con otras que están mal hechas y, por tanto, se tendrán que corregir. No puede ser que un deudor, titular de una pequeña o mediana empresa que estaba amparada en la ley de concursos de 2008 haya perdido y se haya transformado en una persona mantenida por sus hijos –el otro caso, por su edad, se pudo jubilar– por los honorarios de los profesionales del Banco República, porque si primero no arregla los honorarios no puede entrar al proceso concursal.

Entonces, pongamos todo sobre la mesa y corrijamos todo. Este es un buen proyecto de ley. ¿Tenemos dudas? Sí. ¿Somos conscientes de que el Poder Ejecutivo tiene sus dudas? Sí, pero no digan que no están de acuerdo porque, si no –reitero–, quien habla no estaría acá defendiendo este proyecto.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA BIANCHI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señor presidente: en este tipo de cosas, describo la realidad. En la realidad está, por un lado, el sistema financiero tradicional y, por otro, el sistema financiero no tradicional que nos invade a diario con situaciones escandalosas que vemos en la televisión, induciendo a los ciudadanos a enterrarse de cabeza en créditos que nunca van a poder pagar. Además, los induce estando en el Clearing. En algunos casos, los induce a pseudocooperativas –en otros, a cooperativas muy serias– que de cooperativas no tienen nada y son usureros disfrazados de colores raros.

Por lo tanto, el proyecto sí es polémico. Nosotros tenemos un sacramento de no tocar los contratos –tenemos que respetar las reglas de juego–; toda la Ciudad Vieja está en contra de este proyecto de ley, todos los abogados habidos y por haber aplican esencialmente la lógica de respeto de los contratos y de respeto del principio de buena fe, pero la realidad de esto va por otro lado. Votemos este proyecto de ley y veamos la reacción. En 2001, cuando yo era diputado, en las barras estaba mi padre pidiendo la paralización de las medidas judiciales en el sector agropecuario y yo voté a favor del mantenimiento de los contratos, o sea que para mí este tipo de cosas no son novedosas. Entonces, veamos qué pasa; la realidad es una sola. Todos los días, en un mundo de publicidad –en el que cada día hay menos anunciantes–, curiosamente hay una invasión de propuestas financieras de todo tipo, tamaño y color, otorgando créditos impagables. No puede ser que haya que pagar $ 17.000 al sacar $ 10.000 de préstamo; es algo que no tiene el más mínimo sentido.

Como se me acaba el tiempo del que dispongo, quisiera hablar de los muertos civiles que dejó la crisis del 2002, que son decenas o centenas de empresas uruguayas que, habiendo pagado todas sus obligaciones en República Afisa…

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite otra interrupción, señora senadora?

SEÑORA BIANCHI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Hablaba de los muertos civiles de empresas uruguayas que habiendo pagado sus obligaciones en República Afisa –que era el fideicomiso que se hizo para reestructurar la deuda de la crisis del 2002–, al día de hoy, veinte años después, no son sujetos de crédito del Banco República. Estamos hablando de empresas uruguayas, señor presidente. Hay decenas de cooperativas de productores agropecuarios, como por ejemplo Copagran –formada por las cooperativas agrarias que se unieron–, que no pueden ser sujetos de crédito del Banco República porque en aquel momento se les reestructuró la deuda con República Afisa. ¡Si habrá cosas para arreglar! Las señales son señales. Sinceramente debo decir que la viabilidad de este proyecto de ley la pongo con un signo de interrogación, va a seguir su tratamiento en la Cámara de Representantes y veremos qué sale, pero que el tema existe, existe, y no es igual en este contrato el que ofrece el crédito que quien lo toma. Hay un principio de buena fe, pero también una diferencia sustantiva en los tamaños, las presiones y las condiciones. Creo en un sistema financiero sólido que dé crédito y que, a través de él, se genere empleo, trabajo y prosperidad, pero no creo en los sistemas alternativos que de repente, con una cara bonita, simpaticona y ocurrente, puedan estar induciendo a gente desprevenida a enterrarse de cabeza de por vida, pagando tasas africanas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Puede continuar la señora senadora Bianchi.

SEÑORA BIANCHI.- Agradezco al senador Da Silva que haya recordado lo de las cooperativas de crédito, algo que yo mencioné en la comisión, porque son agentes financieros o casas de crédito –no sé cómo llamarlas– que adoptan la forma de cooperativas porque, por ley, son las únicas que pueden retener parte del salario o de la jubilación. Muchas veces la gente lo ignora.

Como decía, agradezco al senador Da Silva que lo recuerde, porque es también un engaño a la gente que tiene menos formación.

Ya que hizo referencia a República Afisa, yo debo reconocer la importante reacción que tuvo el Estado en el Gobierno anterior creando ese fideicomiso y normalizando la situación que se aplicaba, para recuperación de créditos, con una empresa que, si no recuerdo mal, se llamaba Thesis y era de origen mexicano. ¡Otra que alteración de los contratos! En lo personal, también me tocó asesorar a gente que arregló deudas de USD 100.000 por USD 18.000 y puedo buscar las carpetas que tengo guardadas en mi casa porque no tiro nada. Ese fue uno de los tantos casos que recuerdo, porque como escribana tenía que cancelar las hipotecas. Así que nada es absoluto, cuando hay situaciones excepcionales. ¿Ahí se alteraron los contratos? ¡Por favor! Sí en el Gobierno anterior se dieron cuenta enseguida de que la cosa no iba por ese lado, a pesar de que esa empresa había sido producto de una licitación y operaba en la vieja casa central del Banco La Caja Obrera. Entonces, se creó República Afisa y se normalizaron las cosas, pero los grandes créditos prácticamente se habían arreglado; fueron quitas de las que, incluso, yo misma me sorprendía cuando tenía que hacer las cancelaciones de hipoteca porque no podía creer. Me alegro por los deudores de ese momento, pero fueron quitas impresionantes y como las escrituras se archivan y no se destruyen –como se sabe– podemos recurrir a varios casos, por lo menos seis o siete. Reitero: se solucionó el problema, pero cuando la situación fue excepcional, se aplicaron criterios excepcionales.

Gracias.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Gracias, presidente.

Debo reconocer que me aproximo a este proyecto con grandes dudas que surgen de los antecedentes y del resultado que se pretende buscar a través de su sanción. Por supuesto, descarto la buena voluntad de los autores y el trabajo que se ha llevado adelante en la Comisión de Constitución y Legislación con relación a este tema. Por ende, en primer lugar no me corresponde y, en segundo término, no debo hacer ningún tipo de aseveración criticando el proyecto en su contenido. Sí debo decir con absoluta honestidad intelectual que no lo comparto y por ese motivo no lo voy a votar porque entiendo que el objetivo que persigue, que en realidad todos compartimos –no es nueva la situación vinculada al sobreendeudamiento de las personas físicas en nuestro país y a la delicada situación que se arrastra desde hace muchísimos años–, no se puede circunscribir a la pandemia y hacerlo es no decir toda la verdad porque este es un problema que se arrastra desde hace muchísimos años en nuestro país.

Está el problema del sobreendeudamiento de las personas físicas y del consumo a veces exacerbado y, quizás, en el fondo hasta podamos llegar a condenar o a no compartir, pero eso está vinculado a cuestiones de carácter filosófico que uno tiene. Por eso, respeto a quienes piensen igual y a quienes no lo hagan.

Ahora bien, dado que este proyecto me genera dudas, entiendo que el mejor camino es seguir estudiándolo en el Senado. Creo que no es bueno enviarlo a la Cámara de Representantes. Considero que el Senado debe seguir trabajando, más aún, señor presidente, cuando todos somos conscientes de que en la Cámara de Representantes también hay proyectos que buscan encontrar una solución a este tema. Incluso, en su comparecencia, el Poder Ejecutivo también compartió la preocupación.

Entiendo que hay que buscarle una solución a este problema. Ahora bien, francamente, señor presidente, estamos ante un tema muy delicado en el que existen derechos, contratos y obligaciones, se buscan –como bien se dijo aquí– equilibrios, a veces difíciles de alcanzar, pero no creo que el proyecto que está a consideración aquí encuentre una solución a esto. Entonces, reitero que comparto el fondo de la cuestión, pero no la solución que se ha encontrado en el proyecto que está a consideración del Senado. No comparto su concepción intervencionista ni las prohibiciones que se generan sobre las personas físicas. No estoy de acuerdo con el exceso de poder que se le otorga a la Justicia, especialmente a los jueces, porque no comparto el intervencionismo en los contratos entre privados ni las inhabilitaciones que el proyecto trae en su redacción. Creo, a contrario sensu de muchos, que las entidades financieras y bancarias de nuestro país están sobrerreguladas y eso trae estos problemas. Además, señor presidente, nadie me convence de que el buen objetivo que busca un proyecto de ley, como el que se pretende votar en la mañana de hoy aquí en el Senado, tenga la consecuencia deseada. No sea cosa que terminemos exacerbando un mercado paralelo por el cual la enmienda sea muchísimo peor que el soneto, porque de alguna manera estas cosas terminan siempre en la necesidad de contraer un préstamo, tanto de personas jurídicas como físicas, y hay un mercado que está dispuesto a concederlo. Si a ese mercado lo regulamos y establecemos intervenciones tan severas o una concepción como la que este proyecto trae, no estamos desestimulando, no estamos logrando el objetivo que buscamos. Por el contrario, lo que estaremos logrando es que se encuentre un atajo, un camino paralelo, o se halle una solución que no esté regulada y por la que quienes caigan en ella terminen siendo víctimas de situaciones mucho peores que las que aquí se relatan. Todos tenemos ejemplos y conocemos situaciones indebidas.

Entiendo y respeto muchísimo la actitud que van a adoptar los señores senadores que van a votar favorablemente el proyecto de ley. No tengo nada que decir contra ellos. Muy por el contrario, respeto mucho la concepción que orienta a varios de ellos –no a todos– a promover este proyecto de ley, porque este es un problema que se tiene desde hace muchísimo tiempo y no se puede encontrar la solución ahora cuando este problema no lo generó la pandemia de covid y esta no es la solución.

En definitiva, están en todo su legítimo derecho de acompañar el proyecto, pero a mi juicio, señor presidente, no podemos anunciar las debilidades y los peligros que este puede generar y terminar votándolo a favor. Como comparto muchos de esos anuncios y pronósticos, he decidido votar en contra.

En ese sentido, señor presidente, sin perjuicio de que pase a la Cámara de Representantes y demás –aquí es muy entendible lo que se justificaba por parte de los señores senadores que han hecho uso de la palabra–, quiero decir que las dudas que me genera este proyecto de ley son más que las convicciones y, por tanto, lo voy a votar negativamente.

Nada más, señor presidente.

Muchas gracias.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Señor presidente: por supuesto que voy a hacer la fundamentación en general que tenía pensado manifestar sobre esta iniciativa, pero la exposición que ha hecho el señor senador Penadés, que ratifica su honestidad intelectual y política, a la hora de decirlo acá en el Cuerpo, me va a llevar a proponer que el proyecto de ley vuelva a comisión para seguir estudiándolo.

Evidentemente, si uno suma las dudas que han planteado algunos señores senadores, tanto del Gobierno como algunos de la oposición –entre los cuales me encuentro a partir de lo que voy a decir ahora– que han intervenido y al mismo tiempo se sabe que se espera algún tipo de cambio en la segunda cámara, me parece que eso es lo más práctico que puede suceder.

Lo digo porque cuando el proyecto fue planteado en la Comisión de Constitución y Legislación, se manejó la información de que era una iniciativa de la coalición de gobierno, aunque había ciertas dudas de votarlo, pero el Frente Amplio tuvo que tomar posición. Incluso tuvimos que pedir una semana más –a través de la compañera coordinadora, senadora Kechichian– para poder expedirnos y cuando venció ese plazo efectivamente lo hicimos con las reservas que expresaron nuestros compañeros en sala ahora y que yo voy a reafirmar en algún caso. Esto consta en la versión taquigráfica de la Comisión de Constitución y Legislación, o sea que nadie puede llamarse a sorpresa de la posición que hemos formulado acá porque ya la tuvimos en ese ámbito.

Dicho esto, cabe destacar que en comisión manifestamos lo que se ha señalado acá, que es la preocupación por la situación general. Cuando se expresa en esos términos, es decir, en general, puede ser un problema de todos, pero cuando le toca a uno vivirlo personalmente, es el cien por ciento del problema.

Quiero hacer referencia a las intervenciones realizadas en el pasado, particularmente en la comisión, por la doctora Dora Szafir, que ha sido citada y a quien conocemos desde hace muchos años por su trabajo profesional, no solo en este tema –en lo personal, la conozco desde 1995, cuando se trató en esta cámara la Ley de Relaciones de Consumo-Defensa del Consumidor; en esa época, como ahora, quien habla estaba en la oposición y se estilaba aprobar ese tipo de proyectos por unanimidad, para tener los votos de todos–, sino también en la elaboración de la denominada Ley de Relaciones de Consumo –nadie la conoce así, sino como la ley de derechos del consumidor–, a la que aportó mucho.

Existen casos como los que ella describe, de personas que por cuestiones mínimas terminan absolutamente complicadas en su vida diaria porque el mercado induce; la sociedad de consumo induce. A veces me llama la atención que, habiendo mayoría parlamentaria e integrando el Poder Ejecutivo los mismos partidos que componen el Senado y que son mayoría, se haga referencia a esta situación –por supuesto, puede venir de antes, pero reitero que tienen las mayorías para resolverla o las herramientas e instrumentos administrativos para corregirla– con la ajenidad de describirla como un problema que existe. «¡Miren qué horrible! ¡Hay cooperativas que generan problemas en el consumo y estimulan, pasando la letra chica bien rápido, a que la gente se sienta engañada y termine pagando niveles de usura gigantes por préstamos pequeños!».

¡Muy bien! Podemos decir que el endeudamiento privado, en los términos en que fue planteado, es un pendiente. Hoy lo es para todos, pero siempre lo es más para quienes tienen las mayorías parlamentarias –son legítimas, porque componen la mayoría que en este período de gobierno el pueblo uruguayo determinó– para aprobar las leyes.

En esos términos, cuando señalamos que el objetivo es –¡ojalá lo fuera!– otorgar una herramienta, un instrumento eficiente para mejorar la calidad de vida de la gente que está en este tipo de situaciones, decimos que al mismo tiempo que se declara, que se manifiesta esa intención, se puede generar un problema en cuanto a las seguridades jurídicas y al efecto que esto tendría sobre el mercado –porque así es– de oferta y demanda de préstamos.

Voy a ir al texto –es bueno leer los textos– y haré referencia a un solo artículo de todo este proyecto de ley: «Artículo 15. (Reestructuración judicial forzosa).- Si el deudor y los acreedores no logran llegar a un acuerdo, el juez impondrá por sentencia una “Reestructuración Judicial Forzosa” que será obligatoria para las partes comparecientes o no, si hubiesen sido denunciadas y citadas a la audiencia que se convocará a tales efectos. Tal reestructuración contendrá lo que, a criterio del juez, resulte de factible cumplimiento por el deudor. Dicha sentencia será apelable por el procedimiento previsto para las sentencias interlocutorias y sin efecto suspensivo».

¿Se puede legislar en la materia? Sí, se puede, ¡por supuesto! Las potestades que tiene el Senado para hacerlo le son propias. Sin embargo, ello trae consecuencias y ese es un dato absolutamente objetivo.

Agrego que cuando hablamos de cuestiones vinculadas al fondo del asunto, estas obviamente se mezclan con proyectos de ley que en este período están a estudio de la Cámara de Representantes –lo han estado en distintos períodos; lo puedo decir porque he estado en el Gobierno y en la oposición– y tienen que ver con la usura. ¡Ahí está el punto!

Si estamos todos con dudas –incluso, quienes tienen mayoría para impulsar las leyes que este Gobierno determina son las que tienen que regir y desarrollarse– y si sabemos que la herramienta pasa por este lado, la pregunta es –teniendo una causa tan justa, como la que se menciona, que involucra a personas que están en situación de absoluta fragilidad– por qué se seguiría por un camino que todos sabemos puede tener tantas contraindicaciones como los efectos que dice buscar solucionar. Aclaro que digo esto en condicional, porque hay elementos subjetivos que actúan, pero no a partir de señales. Hace un rato escuché a dos bancas del partido de gobierno, una diciendo que no votaba señales, e inmediatamente se habló de señales. Bueno, son actos legislativos que capaz que en el camino generan esas famosas señales, pero cuando votamos una ley en concreto así, se termina, efectivamente, generando consecuencias desde el punto de vista jurídico, administrativo y general. Las señales después terminan siendo decisiones concretas y estas luego repercuten, tanto sobre la sociedad en su conjunto –la gente–, como en los actores de mercado. Por eso nosotros fuimos –lo reconocía el señor senador Bergara– con una solución parcial como alternativa, porque somos contestes de la dimensión del problema y asumimos esto desde nuestro punto de vista como una señal y una decisión que se nos comunicaba en la comisión. Por algo se elevó al Cuerpo esta iniciativa.

Visto el debate y la situación que se ha generado, creemos que puede ser una buena decisión que este proyecto de ley se remita a la comisión de la que provino para su mejor estudio. Además, esta iniciativa tiene aspectos relacionados a derecho, pero también a hacienda porque presenta características de los dos contenidos. Si me preguntaban a mí, era mucho más para la Comisión de Hacienda que para la de Constitución y Legislación –aquí no se trata de estar en una o en otra, pues integro las dos comisiones–, pero se fue por ese lado.

No vamos a hacer moción concreta ahora, pero la dejamos planteada, porque puede haber algún señor senador que quiera hacer uso de la palabra y la moción estaría interrumpiendo el debate. Por eso, simplemente, la anunciamos y cerramos por aquí nuestra intervención.

Muchas gracias.

SEÑOR BLÁS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Jorge Gandini).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BLÁS.- Señor presidente: en primer lugar tengo que dejar bien claro que uno sabe que acá viene de invitado, de vez en cuando y, si bien no quiere ser irrespetuoso de la tarea de los compañeros, estar sentado acá nos obliga a hacer un análisis de lo que tenemos que votar con independencia de que estemos o no mañana, porque la votación es hoy. En ese sentido, sin duda, hay cosas que no nos cierran, en principio, conceptualmente.

Que la Cámara de Senadores de la república vote un proyecto de ley como una señal a algo, realmente, rechina por la función que tiene este ámbito. Esto no es una resolución, un mensaje o un saludo a la bandera, sino un proyecto de ley que, una vez que siga su procedimiento, va a producir efectos jurídicos. Habida cuenta de que hay senadores que no están de acuerdo con muchos aspectos de este proyecto de ley e igualmente se remita a la Cámara de Representantes, me parece que no es correcto, porque después qué hará ese Cuerpo. ¿También dará un mensaje, una señal y lo transformará en ley? ¿Qué hará el Poder Ejecutivo? ¿Transforma en ley una señal? Entonces, si la señal es atender la situación de los deudores irrecuperables o abusados, termina siendo una ley que arrasa todo el modelo crediticio de nuestro sistema uruguayo porque lo destroza. La señal podrá ser muy buena, pero la ley es espantosa. ¡Es espantosa! Tiene elementos que no pueden ser votados de ninguna manera. Creo que lo que señaló el señor senador Mahía con respecto a que esta iniciativa vuelva a comisión, es el único camino respetuoso de esta casa para consigo misma.

¿De qué deudas hablamos? Acá estamos modificando, sin decirlo, la forma del crédito privilegiado de la hipoteca y la prenda. Se señala que se quiere evitar el abuso de las financieras. Estoy de acuerdo y entonces legíslese en la materia, pero que ello no se haga a través de una ley que corte transversalmente todo el sistema financiero del país. La persona que tenga una hipoteca va a caer en el mismo juzgado en esa quiebra personal –sistema que Uruguay debe tener, pero no se establece acá y está mal constituido–, pasando la hipoteca a ser un crédito ficticio que puede ser rebajado voluntariamente en un 40 %, y estaría bien, o en forma obligatoria por un juez en un 40 %. No es una financiera, sino un agente privado o público el que dio un préstamo contra un bien inmueble como garantía privilegiada. Esta es la forma más justa de llegar a determinados acuerdos.

Acá le estamos diciendo al Banco Hipotecario del Uruguay y a la Agencia Nacional de Vivienda que sus créditos van a quedar sujetos a la quiebra del deudor; esto también se lo estamos diciendo a la prenda. No será un problema para el campo, pero sí para otras actividades industriales o comerciales donde la prenda es lo que permite acceder a determinada maquinaria. ¡No vale! También le estamos diciendo al comprador compulsivo que tiene una forma de comprar el lavarropa, el televisor LED, el somier y todo lo que se le ocurra, hasta los championes, con la posibilidad de que mañana se los rebajen a un 40 % porque no tiene cómo pagarlo. Por lo tanto, ¡claro que se va a terminar la usura! Lo que se va a terminar es el préstamo, no la usura que, dicho sea de paso, está establecida por ley y, si el problema que hay es con los préstamos usurarios, cámbiense los términos de donde se establece la usura y no eliminen los efectos de ese préstamo.

Conceptualmente, la necesidad de dar una solución a los que deben está perfecta; controlar los abusos, está perfecto. Ahora bien, porque me llaman a las cuatro de la mañana por no pagar al crédito del color que sea, ¿elimino la posibilidad de cobro del acreedor que no es precisamente el que me llama? ¿Qué valor tiene a partir de esta ley el vale o el conforme que lleva adelante las relaciones humanas entre las personas? Si le doy plata a una persona y me firma un vale sin intereses, porque somos amigos, ¿después va a venir a pagarme el 40 % porque se compró el lavarropas, el auto y sacó un crédito sin darse cuenta de que no lo podía pagar? ¿Cómo hacemos con una ley transversal? Cambiamos el régimen de prescripción de las deudas. Ya no vale más. El pobre abombado que le gusta pagar y quiere hacerlo va a seguir con prescripciones de diez o veinte años. Ahora, a esta otra persona que no puede pagar, por más que diga que es de buena fe, puede tener mala fe y no puede comprobarse, se le va a prescribir su deuda antes y será remitida. La extinción de la deuda a un sistema que está previsto en el Código Civil se cambia por una ley transversal que quiere ser una señal.

La señal que hay que dar es modificar las posibilidades de las agencias financieras, que es el problema, y no del que presta de a uno, el vecino o el almacenero. Eso se puede modificar en una ley aparte, como está a estudio en la Cámara de Representantes en los efectos del Clearing. Este no es un problema en sí mismo, pero sí en cuanto al lugar que le dan las instituciones que toman su información. El problema no es el Clearing de Informes, sino que la Agencia Nacional de Vivienda o el Banco Hipotecario del Uruguay para dar un préstamo ponen como requisito no estar en él. Eso se arregla fácil –para eso está esta casa–: con un solo artículo que diga que los organismos del Estado, ¡todos!, no pueden dejar de dar créditos o sus servicios en función de que quien lo pida esté en el Clearing de Informes. ¡Es mucho más fácil que veintiocho artículos que rompen el Código Civil, que rompen el sistema financiero uruguayo, que no es a favor ni en contra de los pobres ni de los ricos sino de que fluya el crédito! Cuando este no fluye, los que más se perjudican son los pobres que son quienes lo requieren.

Entonces, más allá de la necesidad, del trabajo respetuoso de los compañeros, de poner esto como una señal, me resisto a que el Senado de la república de mi país genere señales con leyes que no están debidamente fundamentadas desde el punto de vista legal y constitucional. ¡Me resisto! No es una señal que quiero. Si eso puede costar que hoy se salga a decir en televisión que «acá están los que querían ayudar a los que deben y acá los que no» –que de casualidad somos los herreristas–, pónganos ahí, pero no vamos a dar un paso en este quiebre de un sistema legal financiero por el cual se rigen las relaciones comerciales de nuestro país y mucho menos lo vamos a dar a regañadientes. Uno puede votar con dudas, uno puede votar más o menos algo que no está completo, pero eso de votar a regañadientes, en mi escuela, se llamaba simplemente un acto demagógico. Aquello de «No estoy de acuerdo; está malo, pero para no quedar pegado voto igual», no es lo que vamos a hacer nosotros. En ese sentido, en su momento vamos a solicitar que el tema vuelva a comisión para un estudio más profundo de los puntos legales y, en especial, para coordinar con otras iniciativas que están en este Cuerpo y en la Cámara de Representantes.

Muchas gracias.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- No pensaba hacer uso de la palabra en el día de hoy, pero las intervenciones de los distintos senadores me han motivado.

En primer lugar, con todo respeto a los colegas que han trabajado en la Comisión de Constitución y Legislación, siento que este es más un proyecto de ley de la Comisión de Hacienda porque está regulando, nada más ni nada menos, que las cuestiones que hacen a los créditos y a las relaciones contractuales. Por supuesto que no quiere decir que los compañeros de la Comisión de Constitución y Legislación no puedan analizar el tema porque esto tiene que ver con aspectos concursales y con la actuación de la Justicia. Además, en las comisiones no residen solo los que saben de un tema ni nada por el estilo. Sin embargo, creo que es así porque alguna de las regulaciones que están aquí coliden con otras legislaciones que han sido trabajadas con mucho esfuerzo. Por ejemplo, la famosa idea del intangible e incluso de la prelación a la hora de ingresar los cobros de distintos acreedores. De hecho, Uruguay tiene una buena ley con respecto a la prelación que existe entre las distintas entidades. ¿Quién cobra primero frente a un crédito, una deuda, una cuota mutual, que haya asumido una persona y que tenga su salario como garantía? Eso incluye, por ejemplo, las retenciones judiciales. Se establece un orden de prelación que genera, incluso, la posibilidad de que algunos actores puedan quedar fuera, aun cuando hayan dado un crédito con garantía de retención. Es decir, se toma el crédito, pero si la entidad financiera no hace lo que debe y la persona garantiza ese crédito con retención de su salario y ya no queda más intangible, en realidad esa entidad financiera no puede cobrar. Entonces, tengo que ir a pagar a la caja porque no pueden descontar y rebotan. Eso genera un montón de dificultades para las personas.

Además, hay un debate instalado con respecto a cuánto debe ascender el intangible, es decir cuánto del salario de una persona se puede embargar. En el Uruguay hasta el momento el 35 % es inembargable. O sea, cualquier trabajador cobra el 35 % de su salario, independientemente de los créditos que tenga. Hay quienes creen –esta es una vieja discusión– que hay que aumentar ese intangible al 50 % como forma de proteger el ingreso de las personas. Creo que esa idea, si bien con una muy buena intención, tiene efectos negativos porque cuando uno aumenta, justamente, el intangible, lo que no está modificando es la necesidad de crédito de las personas. Entonces, si no puedo garantizar el crédito con mi salario, voy a ir a buscarlo a una administradora de crédito, que solamente pide la cédula para otorgarlo.

En el Uruguay de hoy creo que el proyecto de ley tiene dificultades, pero no creo que sea el infierno. El infierno es lo que tenemos hoy y sobre lo que es urgente legislar, más allá de algunas acciones o reproches que nos podemos hacer. A mi juicio se han hecho muchas cosas debido a que este problema es complejo y refiere a las conductas de las personas, a los contratos y a su cumplimiento, y también a la información de los mercados, porque estos no son perfectos y menos el financiero, que es de los más imperfectos que existen.

De alguna manera, creo que el infierno es el que padece hoy mucha gente que obtiene créditos en la caja del supermercado. ¡Acá en el Uruguay se puede acceder a un crédito en la caja del supermercado cuando se está comprando! Ahí no hay asesoramiento financiero, ahí no hay información de nada. Ahí lo que hay es necesidad de ingreso de las personas. Frente a ello, sea por lo que sea –porque son consumidores compulsivos o porque no llegan a fin de mes–, terminan tomando un crédito o acceden a muchas de las propagandas que dicen, por ejemplo: «Empiezan las clases. Te doy $ 24.000 en veinticuatro cuotas de $ 2400». Y uno piensa: «Tengo que comprar la túnica, la mochila, los útiles, etcétera, me la juego por las veinticuatro cuotas de $ 2400». Sin embargo, cuando termine el crédito se da cuenta de que por los $ 24.000 pagó $ 57.000 en la medida en que no se haya atrasado. Si se atrasa, los intereses moratorios son brutales en esos créditos que no tienen garantía, porque son a sola firma. ¡Lo que no tiene garantía paga un interés carísimo! Entonces los más pobres, que son los que no tienen garantía, son los que pagan más caro. ¡Ese es el infierno que hay que tratar de resolver porque es lo que termina sucediendo!

Los bancos no otorgan crédito porque nunca quisieron dárselo a los pobres, salvo el Banco República. Si hay algo que quieren los bancos es que no entren los pobres; se quieren quedar con la crema del negocio, que son los que tienen garantía, los recursos y los que hacen préstamos que son de más fácil administración, porque si prestan USD 1:000.000 a una persona, la administración de ese crédito es más barata que si prestan USD 1:000.000 pero a diez mil personas. ¡Por eso crecieron las administradoras de crédito, que hoy son propiedad de todos los bancos! Los bancos no quieren gente dentro de los bancos, pero después compran las financieras y otorgan créditos en los supermercados.

Este es el problema que estamos teniendo y que se ha agudizado producto de que el sistema financiero ha ido encontrando los intersticios legales para, en algunas áreas, ir a aquellos espacios no tan regulados. Cuando se da un crédito sin garantía no tiene mucha regulación. Entonces, creo que el problema no se debe a que hay un exceso de regulación, como quizá planteaba algún colega, sino que en algunos lados la hay en exceso y en otros, falta absoluta. Entonces, ¡la quedamos! La gente con poca formación entra en una deuda. La Ley de Inclusión Financiera podrá ser muy criticada, pero una de las cosas que establece es que hay que impartir educación financiera en las escuelas, y no lo hemos hecho o muy poco. Esta es una tarea del Banco Central que dos por tres da una charla en alguna escuela y con eso cumple con la ley. Estamos frente a un problema porque no estamos haciendo las cosas como se debe.

Creo que hoy enfrentamos un problema que se agudiza porque tenemos necesidades de ingreso y frente a necesidades de ingreso insatisfechas la gente busca crédito, ya sea porque le pide a un amigo, a un conocido, a un pariente o al prestamista de la esquina. ¡Ojo!, porque hay un problema que ha sucedido en toda América Latina, y espero que en el Uruguay no ocurra –si bien hay indicios de que existe; tenemos que atender y prestar mucha atención a esto–, y es que el narcotráfico se ponga de prestamista en los barrios. En el Uruguay hay indicios de que eso pasa. ¿Por qué? Porque el de la boca del barrio es el que tiene plata. Hay que tener mucho cuidado con todo esto porque ya no es solo la idea del prestamista de la esquina, sino que es el crimen organizado que después estructura mecanismos no solo de atención y protección en el barrio –determinadas cosas que genera el crimen organizado–, sino que después se vuelve prestamista y se le debe todo: el préstamo, el crédito, hay que coordinar con él y gana en el territorio. Este ha sido uno de los caminos con el que el crimen organizado ha tenido una enorme penetración, particularmente en Centroamérica, y hoy los Estados tienen un problema gigantesco en ese sentido.

Entonces, creo que este es un tema gravísimo que no da tratarlo como lo estamos haciendo ahora en el Senado, con dudas de todos lados. Si bien no considero que el proyecto de ley sea el infierno, creo que tiene algunas cuestiones negativas porque comprende todos los créditos. Como bien se decía aquí, este proyecto de ley abarca todos los créditos, incluso los hipotecarios y, quizás, el problema lo tenemos, básicamente, en los créditos al consumo. Esto no quiere decir que no haya problemas en otros lugares; quizás, sí haya dificultades pero, reitero, básicamente el problema se presenta en los créditos al consumo, que son los que se tratan de garantizar con el salario y cuando ello no se puede hacer, la persona lo saca a sola firma, exponiéndose a tasas enormes, con moras y recargos terribles en caso de atrasarse. Estas tasas no son usurarias porque la ley dice que no lo son, pero en realidad sí lo son. La ley de usura establece elevadísimas tasas de interés, incluso en los intereses moratorios, que superan el 90 %. La persona que opta por pagar el mínimo de la tarjeta, sin saber ‒nadie se lo explica‒ que eso trae aparejado multas brutales, piensa que más o menos cumplió, pero cuando quiere acordar tiene una deuda que ya es impagable. Lo mismo sucede con quienes se atrasan y no pagan: a los cuatro, cinco o seis meses las deudas se les transforman en impagables porque acumulan un monto gigantesco con relación a la deuda original. Considero que estas son las cosas que hay que tratar de regular, achicando el tiempo en el que se aplican los intereses moratorios. Hay que buscar el camino de que exista, de alguna manera, la posibilidad de un cierto acuerdo entre acreedores y deudores. Creo que es algo bueno, que está bien.

Entonces, en lo que respecta a este proyecto de ley considero que hay que discutir otras cuestiones que tienen que ver con el acceso al crédito, la educación financiera y la situación que acabo de relatar. En nuestro país no deberíamos permitir que, así como te venden un kilo de pan, te lleves un préstamo en el bolsillo. Ahora, además, están las aplicaciones. De todas maneras, este es un enorme problema que después se transforma en un calvario. También es cierto que una cosa es cuando la persona puede garantizar el crédito con retenciones de su salario y otra cuando no puede hacerlo. Entonces, la persona tiene que entender también que los intereses son diferentes cuando existe una garantía para cobrarse que cuando no la hay y así funciona el sistema financiero.

Si nosotros generamos un mecanismo que es general para todos los créditos y para cualquier circunstancia, en el que se puede llegar a pagar hasta el 40 %, lo que va a suceder es que el sistema financiero cargue con intereses en otro lado aquello que pierde. Eso es lo que generalmente hace. Cuando se intentó, de alguna manera, bajar las tasas y los cobros que hacían las tarjetas de crédito, inventaron lo del seguro de vida compulsivo; a nadie que tenía una tarjeta de crédito le preguntaron si quería pagar el seguro, se lo pusieron y listo porque es parte de este problema.

Entonces, si bien respeto al sistema financiero, también considero que generalmente se caracteriza por tener excesos y el mundo lo demuestra. Los sistemas financieros no controlados generan un exceso enorme, que después ponen en riesgo toda la economía. Hoy, uno de los grandes problemas que estamos teniendo es que una parte importante del sistema financiero, incluido nuestro Banco República, se financia de los créditos al consumo. Acá está el problema, porque ha habido un enorme crecimiento y propensión, producto de la propaganda, del mundo del consumo en el que vivimos y de las necesidades que tiene la gente de consumir.

Voy a contar una historia muy vieja del barrio en el que vivía, en Gruta de Lourdes. En aquel momento tenía quince o dieciséis años y había unos amigos de diecisiete años que habían comenzado a trabajar. Un día, andaban caminando unas promotoras por el barrio ofreciendo la posibilidad de tener tarjetas de crédito. La verdad es que vendieron –y muchas– no solo porque ofrecían tarjetas de crédito, sino por otras razones. La idea de muchos amigos del barrio era que no tenían problema, sacaban la tarjeta, iban a hacer un par de compras a Piedras Blancas y no la iban a pagar nunca más. Esa era la idea de la supuesta viveza criolla: «Total, no pago». Después quedan en el Clearing, prendidos. Es decir que condenan a un montón de personas que no tenían idea de lo que estaban haciendo, por hacerse los vivos.

Entonces, muchas veces termina pasando esto, porque si bien nuestro Banco República es una institución muy seria y responsable, es cierto que una parte importante de sus recursos es la conocida caja que refiere a los créditos que otorgaba a los funcionarios públicos y jubilados, aunque ahora lo puede hacer con todo aquel que tenga una cuenta, como los créditos de nómina que se pueden otorgar a cualquiera que cobre su salario por una cuenta bancaria.

Después, en términos de interés, vienen las cooperativas de ahorro y crédito que ponen un poco por arriba –se tienen que apalancar– porque quien fija la tasa de interés es el Banco República, Nuestro Banco País. En función de eso se ordena el resto de las tasas de interés: las cooperativas de ahorro y crédito un poco más –tienen derecho a la retención–, los bancos privados, las administradoras de ahorro y crédito más arriba y así sucesivamente, salvo los créditos de nómina que se usan poco en el Uruguay porque el sistema financiero no los promueve y son los que estableció la Ley de Inclusión Financiera con intereses más bajos y con montos más acotados, buscando –de alguna manera– arreglar el acceso al crédito de la gente.

Creo que es un tema complejo y por lo tanto no voy a restar más tiempo al Senado. Me parece que es un asunto en el que se debe legislar con urgencia porque hay dificultades serias y ha habido abuso de mercado por parte de muchas empresas. Es el calvario de muchos ciudadanos uruguayos que están en esa situación. El problema es que no podemos resolver todos los temas de una, porque todos sabemos de la situación de los deudores hipotecarios, por aquel viejo dicho: «Más vale contratar con el Banco Hipotecario que, en todo caso, en algún momento arreglarás porque te hará una quita», pero luego vinieron los colgamentos porque se pagaba la mitad de la cuota y después a eso le agregaron otras cosas. En fin, hay un conjunto de problemas. Ni que hablar de la situación de endeudamiento del sector agropecuario, que también generó muchos problemas y soluciones legales.

En consecuencia, creo que hay que buscar una salida. Me parece que la intención de este proyecto de ley es encontrar alguna alternativa frente a este problema de los abusos, pero entiendo que tiene algunos desperfectos que sería bueno que se trabajaran en profundidad en esta cámara o en la otra. Si acá se plantea que la iniciativa vuelva a comisión, puede ser una opción, pero quiero decir con sinceridad que no creo que un proyecto tenga que volver a comisión para dormir el sueño de los justos. Entiendo que es otro asunto que hay que asumir o, por lo menos, yo quiero hacerlo políticamente: si este proyecto va a comisión alguno tiene que salir para resolver este problema, porque es una situación real. Lo que no podemos hacer es mirar para el costado porque el problema sigue creciendo y es lo que está pasando en Uruguay. Es verdad, casi un millón de personas está en el Clearing de Informes. Entonces, no podemos mirar para el costado porque la solución es difícil. Tenemos que comprometernos a encontrar una solución –que no será la mejor del mundo y nunca lo será, pues siempre tendrá problemas–, pero que se base en proteger a los ciudadanos que, frente a las necesidades que vivieron –e incluso por tomar decisiones equivocadas producto de falta de información–, terminaron siendo captados por determinadas estrategias empresariales que los metieron en una maraña financiera, lo que generó una deuda terrible y pusieron en juego un montón de cosas.

Creo que eso debe ser regulado con urgencia. Entonces, la propuesta de que el tema vuelva a comisión es para tener un proyecto mejor, pero no para que duerma el sueño de los justos. Estaba dispuesto a acompañar el proyecto de ley con las críticas que tengo porque entiendo que, por lo menos, busca hacer algo frente a una situación que es terrible.

Es verdad –y termino con esto– que si la política es constreñir demasiado, obviamente aquello que no está regulado, que está por fuera de la ley empieza a caminar, que es la idea de los prestamistas. Ahora bien, siento que lo que no debo hacer, señora presidenta, es resignarme a que no puedo hacer nada porque, si no, el peor de los mundos estará en los irregulares que están del otro lado. ¡No! Hay caminos a seguir para que los que están regulados de este lado dejen de abusar. Creo que tenemos la responsabilidad de frenar esa situación, que claro que se vio complicada por la pandemia, porque cuando hay crisis económica ocurren estos problemas.

Entonces, creo que si la señal es que esto vuelva a comisión es para trabajar. Nosotros presentamos un proyecto de ley en su momento –también perfectible– que buscaba algunas cosas y estaba inspirado en esta iniciativa. Creo que debe haber un acuerdo en ese sentido. Así como hemos trabajado en varias cosas con mucha celeridad, este es un tema en el que hay que trabajar y sacarlo con celeridad si la voluntad de las bancadas es que vuelva a comisión. Yo acompañaría ese pase a comisión, pero con el compromiso de que tengamos prontamente, con responsabilidad, un proyecto que atienda este problema real, que existe, que está ahí y que quizá, por sus complejidades, muchas veces se eligió mirar para otro lado, pero lo que pasa es que, cuando eso sucede, el problema no termina sino que crece.

Esas son mis consideraciones, señora presidenta.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: nuestra bancada no va a apoyar que este proyecto vuelva a comisión. Entendemos que aquí el tema de fondo –y así lo dice el título del proyecto de ley– es la reestructura de deudas. Se parte de la base de que hay un problema serio en el estado de endeudamiento actual de miles y miles de uruguayos que son víctimas, en cierta forma, de leyes que han propiciado que financieras y otro tipo de prestamistas prestaran a intereses realmente increíbles, inaceptables, verdaderamente de usura. La Ley n.º 18212, del 2007, habilita intereses que llegan al ciento y pico largo por ciento según las circunstancias del crédito y las conductas del pagador. Reitero: ciento y pico largo por ciento, cerca del 200 %, en un país donde la inflación, en todos estos años, no llegó nunca al 10 %. ¡Usura pura y dura!

Muchos de los que en aquel momento asesoraron, defendieron esa ley de usura –incluso dejaron fuera al propio Banco República en la regulación de los intereses–, hoy, con aires de doctores, nos explican las maldades de este proyecto de ley. Yo no quiero atribuir malas intenciones a nadie, pero acá hay una realidad que nos golpea los ojos, y en la política manda la realidad, no la teoría. La realidad nos dice –lo señaló la empresa Equifax, que maneja el Clearing– que más de 900.000 uruguayos están hoy en el Clearing con dificultades de pago, y el economista Labat, presidente del Banco Central, agregó que 633.000 uruguayos son deudores categoría 5, considerados irrecuperables. ¿Cómo pudimos llegar a esos números? Antes de haber más de 600.000 uruguayos irrecuperables, un día hubo 100.000, otro día 200.000, y nadie hizo nada, pero parece que ahora la idea es seguir mirando para el costado, más allá de expresiones de deseo muy loables de que esto no duerma el sueño de los justos, de que esto se apruebe rápidamente. Todos sabemos cuál es el destino del regreso a comisión de un proyecto de esta naturaleza: va a seguir corriendo el tiempo y mientras tanto miles y miles de uruguayos siguen muertos civilmente porque no pueden acceder al mercado.

Se habla de que esto genera el riesgo de que se pierda el crédito en blanco –por llamarlo de alguna manera–, pero justo esto es exactamente lo contrario. Hoy hay 633.000 uruguayos –muchísima gente para un país como este– que no tienen acceso a ese crédito, que deben recurrir a todas esas situaciones que se han mencionado ahora: al que presta a sola firma o, eventualmente, al narcotraficante prestamista, porque están fuera del circuito. La idea de esta reestructura es volverlos al circuito, darle la posibilidad, mediante una renegociación de la deuda, de ir a una deuda lógica. Aquí hay préstamos de treintaipico de mil pesos –lo tenemos documentado– que se transformaron en deudas de $ 1:300.000. Eso lo hemos permitido todos. Todos somos cómplices de esas situaciones o responsables al menos.

Entonces, lo que busca este proyecto de ley es dar el oxígeno necesario, la posibilidad, la segunda oportunidad, a aquellos que hoy están muertos sin remedio porque no tienen forma de pagar, no van a pagar y van a seguir así hasta el día en que se mueran. No pueden tener una bicicleta a su nombre porque se la embargan, más allá de que deben soportar –como decía el señor senador Lanz– las impertinencias y poco menos que las amenazas de esos llamados «escritorios de recupero» que recurren a cualquier método para hacerse de, aunque sea, una parte de una deuda.

Si este proyecto de ley prospera, una parte de la deuda podrán recuperar –es mucho más que cero–, pero, aparte, el deudor podrá volver al circuito financiero. Esa es la idea de este proyecto. Por supuesto que es perfectible, pero yo digo: este proyecto de ley estuvo un año y pico en comisión. Las mejoras que ahora todos tenemos en vista, ¿por qué no se aportaron cuando se trató en comisión? ¿Ahora están todos los defectos en el momento de la discusión? ¿No estaban en la comisión cuando se trató este tema? ¿Por qué no se le hicieron ahí las mejoras cuando se votó?

Hace unos días pensamos que había una señal de sentido común en todo el espectro político cuando, por unanimidad, se votó el proyecto de ley en comisión. Lo pensamos, pero ahora entendemos que claramente no estaba madurado todavía. ¿El sistema político va a seguir permitiendo este proceso que se está viviendo desde hace muchos años, agravado por una ley del 2007, en la que no se pensó en la situación del ciudadano de a pie, en aquel que recurre a este tipo de créditos porque no tiene garantías que le permitan un mejor crédito en los bancos? Por eso asignamos importancia a este proyecto de ley. Tal vez haya alguna parte que pueda mejorarse, pero este proyecto en sí muestra claramente la disposición del sistema político para encontrar la solución a un problema del que todos somos responsables.

Los usureros han carneado al pueblo uruguayo una y otra vez, lo siguen haciendo a la vista de todos nosotros y parece que nosotros jugáramos para ellos. Esa es la realidad que vemos. Es por ese motivo que decidimos ir para adelante con este proyecto de ley que fue discutido durante un año en comisión.

Si la mayoría del Senado lo resuelve, por supuesto que respetaremos la voluntad y volverá a comisión, y esperemos que se cumpla lo que dijo el senador preopinante con respecto a que rápidamente se apruebe.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra por una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Gracias, señora presidente.

Elegí este procedimiento porque en el fundamento de voto uno siempre está en el límite de las alusiones políticas a propios y ajenos porque, en lo que refiere a alusiones políticas, el Reglamento no discrimina.

No voy a votar la vuelta del proyecto de ley a comisión porque, además, comprometí mi credibilidad y la de algunos más que están por encima de mí. Lo dije en la comisión el día que se votó: tengo aquí, en el WhatsApp, las consultas al presidente del Banco Central del Uruguay y a otras personas más a quienes no voy a incluir ahora –al economista Diego Labat sí porque todos lo escucharon en comisión– y se llegó a un acuerdo. En consecuencia, defiendo mi credibilidad y la de parte de quienes integran el Partido Nacional que, como todos saben, obviamente, ya hace mucho tiempo es una coalición de partidos, pero más en los últimos años en los que se formaron o consolidaron otros grupos. Por tanto, lo que dije en la comisión es cierto y lo ratifico acá.

Ojalá me equivoque, señora presidente, pero conozco la realidad al igual que todos los que integramos la Comisión de Constitución y Legislación. Es muy difícil que este asunto se pueda tratar con apuro porque, además, hay una serie de prioridades que los demás integrantes del Cuerpo pueden no conocer, pero que nos han llevado incluso a formar una subcomisión para que se definan las prioridades debido a la enorme cantidad de proyectos de ley que tenemos a estudio.

La otra cosa que voy a decir –con todo respeto a mis colegas, pero lo tengo que decir– es que lo que ha señalado el señor senador Manini Ríos es exacto: hace más de un año que el proyecto de ley está en comisión.

Es cierto que el Frente Amplio presentó una iniciativa. En la medida de lo posible se trató de conciliar ambos proyectos de ley, pero no todo el mundo queda conforme cuando se negocia porque, obviamente, no se obtiene el cien por ciento; eso está en la tapa del libro de cualquier negociación.

Quiero que quede claro que ratifico todas y cada una de las cosas que dije y en quienes me respaldé. Ratifico, además, que no voy a votar la vuelta a comisión porque, para mí –y me hago cargo de lo que digo–, eso es un entierro de lujo.

Gracias, señora presidente.

SEÑOR LOZANO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LOZANO.- Simplemente quiero hacer una aclaración con respecto a los tiempos. Parece que los tiempos parlamentarios –y creo que es cierto– no obedecen a los problemas y a las necesidades de la gente. Este proyecto de ley –para el que al parecer ahora surgen ideas mucho mejores, ¡bienvenidas sean!– fue presentado el 7 de octubre de 2020, hace dos años, por parte de los senadores de Cabildo Abierto, respondiendo a una situación que se viene manteniendo desde hace muchos años en el país y que, como ya se ha dicho acá, es fruto o consecuencia de la denominada ley de usura, de 2007, lo que a su vez –como también se dijo por aquí– se agravó por la pandemia. No vamos a decir que no sea así, pero evidentemente, cuando nosotros lo presentamos, en octubre de 2020, ya había cientos de miles de uruguayos que se encontraban en esta situación –en el Clearing de Informes– y ya había cientos de miles de uruguayos que eran deudores irrecuperables. Así lo manifestó el presidente del Banco Central del Uruguay en esta misma casa.

Parecería que quienes integramos el sistema político miramos para un costado cuando vemos un problema. Hace unos días se habló aquí de realismo mágico, y yo creo que se vivió en una fantasía en la que no había ningún problema durante muchos años, y ahora, a último momento, apareció este casi millón de personas en el Clearing de Informes. ¡No, señora presidenta! Esta es una situación que se viene arrastrando desde hace muchos años y respecto de la que, evidentemente, por intereses que no voy a adjudicar, muchos quisieron hacerse los distraídos y mirar hacia un costado.

Pues nosotros no miramos para el costado, sino que presentamos un proyecto de ley, que nuestros técnicos elaboraron basado en la realidad, con pragmatismo. De pronto, la teoría es una cosa, pero otra la realidad de la gente, que por pobreza y necesidad pide un préstamo y luego es sometida a la usura –¡a la usura!– de las distintas casas financieras. Eso es lo que nosotros pretendemos solucionar con esta iniciativa. Esa es la situación: solucionar este problema, esta necesidad de la gente.

Si hay mejoras, si hay otras propuestas, ¡bienvenidas sean! Ahora bien, hace dos años que está este proyecto de ley y no aparecieron las tales mejoras. O sea, es fantástico ese realismo mágico en el que algunos parecen vivir, pero nos parece que bien podrían haber sido un poquito proactivos –un poquito, no mucho– y haber propuesto algo para mejorar el proyecto de ley al que ahora todos parecen encontrarle muchas y muchas fallas.

No discuto que tenga algún problema o algo para mejorar; por supuesto –siempre lo digo– que no estamos enamorados de los proyectos de ley que presentamos, pero este obedece a una problemática que vive casi un millón de uruguayos. ¿Vamos a mirar para el costado y decir que vuelva a comisión? No, señora presidenta, nosotros no vamos a votar ese entierro de lujo –como se ha manifestado acá– porque hay gente que está sufriendo esto todos los días, que está en el Clearing de Informes y –como también se dijo acá– que ni siquiera puede comprar una bicicleta porque nadie le da un crédito.

Nosotros, señora presidenta, queremos votar este proyecto de ley. Si hay que mejorarlo, que se mejore, pero de verdad y no como se hizo aquí, que estuvo dos años en comisión y nadie aportó nada, salvo pequeños cambios.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Señora presidenta: mocionamos para que el proyecto de ley vuelva a comisión, que era, como señalé en mi intervención, lo que tenía previsto hacer inicialmente.

Los argumentos que mencioné en sala ‒y también los que dijeron varios señores senadores‒ son exactamente los mismos que figuran en la versión taquigráfica de la Comisión de Constitución y Legislación. A su vez, esos argumentos hoy se vieron abonados por una circunstancia política distinta: los votos de la coalición de gobierno estuvieron al firme en la comisión, pero hoy hay una situación política distinta. La manera ‒entendemos nosotros‒ de poder abordar esta situación, de poder darle solución, efectivamente pasa por un trabajo más profundo en comisión.

Ojalá que esto ‒como ha sido señalado por algún señor senador‒ no sea un entierro de lujo para el proyecto, porque compartimos al cien por ciento que se trata de una problemática grave que afecta a varios compatriotas, que están pasando por situaciones en muchos casos desesperantes. Compartimos el sentido general del proyecto de ley y por esa razón hablábamos de las «señales» ‒entre comillas‒, pero acá todos hemos escuchado, todos hemos asistido a argumentos contundentes, hasta de senadores de distintos partidos, que votarían en puntas de pie esta iniciativa.

Por tal motivo, con el compromiso de un abordaje que tenga en cuenta el punto de vista de nuestra bancada –que se expresó a través de un proyecto de ley–, mocionamos para que este proyecto vuelva a comisión.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perdóneme, señor senador, pero la solicitud del pasaje a comisión del proyecto de ley es una cuestión de orden y, por lo tanto, no podemos abrir el debate, salvo que desee expresarse sobre la moción.

SEÑOR DOMENECH.- Sí, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: entiendo que enviar este proyecto de ley nuevamente a la comisión es una falta de respeto a la propia comisión, en la que trabajamos largamente sobre este tema y en la que incluso se votó por unanimidad ‒según tengo entendido‒ elevarlo al plenario.

Esto me hace recordar aquel pasaje histórico de 1453, cuando en el Senado de Bizancio se discutía sobre el sexo de los ángeles mientras los turcos asediaban la ciudad y la tomaban. En este país seguramente tenemos más de un millón de personas comprometidas financieramente, y ya no pueden esperar más. Creo que es una responsabilidad, ya no del Gobierno, sino de todo el sistema político, dar una respuesta a la gente.

Acá se ha hablado del mercado. Resucitó el dios mercado, el dios que supuestamente arregla las cosas sin la intervención de la voluntad de los humanos; el sistema de mercado al que acudía Adam Smith como solución mágica. Sin embargo, todos sabemos que el mercado no es perfecto y que la legislación tiene que intervenir para devolver los equilibrios que se pierden en él, salvo que estemos de acuerdo con Bakunin, que dijo que el capitalista te vende hasta la soga con la que lo vas a ahorcar. Me da la impresión de que a veces vamos por ese camino, privilegiando las finanzas con relación al pueblo y es a este al que tenemos que darle soluciones y no a determinados intereses financieros que parece que quieren gobernar el mundo y el país.

Se ha hablado de que los pactos deben ser cumplidos, el famoso principio pacta sunt servanda, pero se ha olvidado que también existe el principio rebus sic stantibus, los pactos deben ser cumplidos cuando se mantengan las condiciones.

Me estaba fijando en las tablas de tasas de interés que aprueba el Banco Central del Uruguay y veo que son de hasta un 130 % para algunas operaciones. ¿Cómo puede admitirse? ¿Cómo puede admitirse frente a la gente, frente a los trabajadores, frente a los menos favorecidos de nuestra sociedad, frente a la clase media, a la que hay que defender a ultranza, que haya algunos grupitos económicos que en su beneficio puedan cobrar hasta el 130 % de interés? ¿En función de qué? ¿En función de qué principios morales, en función de qué principios éticos, en función de qué principios jurídicos es admisible semejante cosa? La verdad es que vuelvo a leer a Shakespeare cuando dice, en boca de Bassanio, aquello de que muchas veces engañan las apariencias, pero hay vicios que no pueden disfrazarse con la máscara de la virtud. ¡Que no me vengan con aquello de que no pueden afectarse los contratos cuando estamos en situaciones prácticamente imprevistas!

En 2007 se aprobó esta ley vergonzosa, diría, que ha puesto en manos de los intereses financieros la determinación de la tasa de interés, al margen del mercado y de lo que se le ocurra. ¿Vamos a estar impasibles frente a ese fenómeno? Creo que esto requiere una operación urgente, que todo el sistema político reaccione rápidamente y ponga las cosas en su lugar para proteger a los grandes intereses nacionales, que son los de la gente y, particularmente, los de la gente menos privilegiada, menos informada y con menos posibilidad de acceder a los mecanismos jurídicos para garantizar sus derechos. Nuevamente podemos citar a Artigas con aquello de que la causa de los pueblos no admite la menor demora.

Tengo que decir con absoluta sinceridad que siento que pasar esto a comisión es darle un entierro de lujo, pero no al proyecto sino a la gente que anda y arde en la calle esperando una solución, porque basta ver las colas que hay frente a esas casas de crédito que ofrecen la panacea de un préstamo que es nada más que un nuevo entierro del prestatario.

Muchas gracias.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Pasar a comisión este proyecto de ley no es un entierro de lujo sino dejarlo agonizante en un CTI para terminar en un entierro de lujo. Con sinceridad, ¿alguien en este Senado puede creer que estando a 8 de noviembre vamos a aprobar este proyecto de ley en 2022, con todo lo que tenemos para trabajar? Mientras tanto, ¿vamos a permitir que algunos vivos curren con la ingenuidad de muchos uruguayos a quienes les cobran 100 % o 130 % de interés; que contratan a influencers sonrientes que aparecen en la televisión para hacer que se metan en un corral de ramas del que nunca van a salir? Estamos hablando de gente de trabajo que se levanta todas las mañana para tratar de llegar a fin de mes, pero se ve cautivada por ese tipo de pésimos empresarios. Yo soy empresario, señora presidenta, y la plata no se hace así. La plata se hace trabajando, con esfuerzo, produciendo, no arrancando la cabeza a cautivos uruguayos. De ese lado me voy a poner: del lado de los uruguayos que han sido cautivados por malos uruguayos y malos empresarios. ¡¿Qué me van a hablar de la validez de los contratos cuando se cobra un 130 % de tasa de interés a una maestra o a una empleada doméstica?! ¡130 % de interés! Es una bofetada al sentido común, a la sensibilidad, a lo que hemos tenido que soportar durante todas estas horas, el lobby de Ciudad Vieja que nos quiere venir a decir a nosotros, que trabajamos con ellos, que no respetamos los contratos.

Esto es estar del lado de la gente. Acá, cuando se habla de sensibilidad y de empatía, yo digo que estoy del lado del ama de casa que tiene que pagar 120 % o 130 % de interés, una tasa usurera. Eso es algo de pésimos empresarios. Nadie me va a decir a mí lo que es promover la cultura del trabajo: dar trabajo, pagar sueldos, aguinaldos y premios por productividad. He vivido toda mi vida esforzándome y, en el mundo real, en un plan de negocios nunca se concibe un retorno del 130 %. Eso no existe, y si existe hay que arreglarlo porque para eso me deslomé trabajando y juntando votos durante tres años, para que ese paisano que hoy está enterrado en Pirarajá y no puede comprar una moto porque fue cautivado en Treinta y Tres, pueda recuperar su vida civil.

Por todas estas razones voy a apoyar el proyecto de ley de Cabildo Abierto. ¿Es perfectible? Sí, pero da una clara señal de que van a empezar a cambiar las cosas para esta gente a la que le gusta hacer la plata fácil.

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, centrémonos en el pasaje o no a comisión porque, de lo contrario, volvemos a un debate que ya terminó.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: me anoté para hacer uso de la palabra porque entiendo que lo más sabio en el día de hoy es que el proyecto de ley vuelva a comisión. Ha quedado explícito que hay muchas dudas con respecto a esta iniciativa, y no solo de algunos senadores sino de varios. Si hay tantas dudas, entiendo que lo mejor es no aprobarlo y tratar de mejorarlo. Esto no tiene que ver con que algunos estemos más o menos cerca de quienes menos tienen, porque nadie puede sentir que es quien tiene más cercanía con estas personas. Aquí el tema está en nuestra función como legisladores en el sentido de que las leyes que se aprueben sean realmente las mejores, con la mejor redacción y contenido. Por esto, proponemos el retorno de este proyecto de ley a la comisión.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Señora presidenta: formulo moción para que se realice un cuarto intermedio de quince minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.

(Así se hace. Son las 12:52).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 13:21).

17) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 8 de noviembre de 2022

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el 9 de noviembre.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Germán Coutinho. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Luis Pintado, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

18) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Desde cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Los señores senadores Oscar Andrade, Mario Bergara, Charles Carrera, Amanda Della Ventura, Liliam Kechichian, Sandra Lazo, José Carlos Mahía, Lauro Meléndez, José Nunes, Uruguay Russi, Sebastián Sabini y Alejandro Sánchez presentan, con exposición de motivos, un proyecto del ley por el que se crea el Instituto Nacional de Rehabilitación como servicio descentralizado».

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

(Texto del proyecto de ley presentado).

19) REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS DE PERSONAS FÍSICAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa el tratamiento del tema en consideración.

Se va a votar la moción formulada por el señor senador Mahía en el sentido de que este asunto vuelva a comisión.

(Se vota).

–5 en 16. Negativa.

En consecuencia, si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–9 en 16. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra, el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 1.º al 28.

(Se vota).

–11 en 16. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

20) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Formulo moción para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta culminar la consideración del cuarto punto del orden del día.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–21 en 23. Afirmativa.

21) REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS DE PERSONAS FÍSICAS

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Solicito la reconsideración del segundo punto del orden del día, pues se me informa que el proyecto fue aprobado cuando nuestra bancada no estaba en sala por el cuarto intermedio que se había votado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasaron los quince minutos solicitados y, habiendo número, se levantó el cuarto intermedio.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Como ha pasado muchas veces en esta sala, los cuartos intermedios no son puntuales o ingleses. Como en este caso se dio la circunstancia de que se aprobó un proyecto de ley, yo estoy haciendo uso de mis facultades reglamentarias para solicitar a la señora presidenta que se reconsidere.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra para hacer una consulta.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra, en primer lugar, el señor senador Mahía.

SEÑOR MAHÍA.- Primero, voy a hacer una mínima valoración.

Habitualmente, se dice «agua va» en el barrio. Todos sabíamos que estábamos considerando un tema bastante importante y se tiene que avisar. Como no sucedió, se registra.

En segundo lugar, quiero saber qué fue lo que se votó efectivamente. ¿Qué pasó con la moción concreta que presentamos para que el asunto volviera a comisión y qué es lo que se votó después? Esa es la información que solicito.

SEÑORA PRESIDENTA.- Le voy a informar: se levantó el cuarto intermedio y, habiendo número, se procedió a votar el pasaje a comisión, tal cual el señor senador Mahía lo había solicitado. La votación tuvo resultado negativo, por lo que se procedió a votar el proyecto de ley en general, y luego en particular, en bloque y sin lectura, el articulado.

Tiene la palabra la señora senadora Kechichian.

SEÑORA KECHICHIAN.- Era para decir lo mismo que acaba de preguntar el señor senador Mahía, porque nos vimos un poco sorprendidos por el procedimiento.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Quiero dejar constancia de que este nos parece un antecedente bastante malo para el Senado, porque también nosotros podemos pedir continuar si hay número, más allá de que la bancada de la coalición esté debatiendo o reflexionando fuera del recinto. Creo que hasta ahora nunca se había hecho esto y me parece que no es bueno.

También quiero preguntar cómo fue la votación en cada caso, es decir, con cuántos votos se negó el pase en comisión y con cuántos votos fue aprobado el proyecto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la reconsideración del proyecto de ley.

(Dialogados).

–El señor senador Sánchez solicitó la reconsideración del proyecto.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración nuevamente el proyecto de ley por el que se crea el procedimiento de reestructuración de deudas de personas físicas.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Reiteramos la moción que formuláramos antes del cuarto intermedio en el sentido de que el proyecto de ley vuelva a comisión.

Gracias.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señora senadora: el señor senador Mahía formuló moción en el sentido de que el proyecto de ley pase a comisión. Es una cuestión de orden.

SEÑORA KECHICHIAN.- Quiero aclarar en qué condiciones solicitamos esa vuelta a comisión.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Cómo en qué condiciones? No hay condiciones; se pasa o no a comisión.

SEÑORA KECHICHIAN.- Se han dicho muchas cosas y queremos aclarar que no es mala intención. Queremos que vuelva a comisión, pero poner un plazo para aprobarlo, porque el tema nos interesa de verdad.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si los señores senadores lo permiten, la Mesa intenta poner en consideración la propuesta del señor senador Mahía. Después de haber votado la reconsideración, se solicitó la vuelta a comisión. Luego, si efectivamente hay un pasaje a comisión ustedes podrán hacer las aclaraciones que deseen.

(Dialogados).

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: simplemente para evacuar dudas, consulto si una moción de pasaje a comisión admite o no discusión. Si la admite, creo que correspondería ceder el uso de la palabra a la señora senadora Kechichian, que se está refiriendo al tema.

SEÑORA PRESIDENTA.- Precisamente, para aclarar las dudas, daremos lectura al artículo que lo habilita.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo 68.- Son cuestiones de orden que admiten discusión:

1. La integración del Senado.

2. Las licencias.

3. La aplicación u observancia del Reglamento.

4. La suspensión o aplazamiento del debate o el pase a Comisión del asunto que se considere.

5. El pase a sesión secreta o a Comisión General.

6. La de declarar libre la discusión.

7. Las referentes al Orden del Día.

8. La asistencia de los Ministros de Estado.

En la discusión de estas cuestiones de orden, ningún orador podrá intervenir más de una vez ni por más de cinco minutos, ni realizar alusiones personales o políticas».

SEÑORA PRESIDENTA.- Sin alusiones, si es posible, señores senadores, así avanzamos.

Tiene la palabra la señora senadora Kechichian.

SEÑORA KECHICHIAN.- Señora presidenta: para nosotros este es un tema importante, serio, lo sentimos y lo vivimos como seguramente lo están viviendo muchas personas. Por eso también nos comprometemos a realizar un aporte y un trabajo serio, porque nos interesa que los resultados sean efectivamente los que queremos.

Acá se ha dicho que se ha mirado para el costado, que con el pasaje a comisión se quiere dar un entierro de lujo o que nadie ha aportado nada, cuando esa no es la realidad, ya que el Frente Amplio aportó un proyecto integral en la comisión. Por lo tanto, nosotros queremos decir que estamos dispuestos a votar el pasaje a comisión porque es harto evidente que nos merecemos un poquito más de tiempo para analizar este tema, pero con un plazo y con el compromiso de esta bancada de aportar cuatro, cinco o diez ideas vinculadas a algunos aspectos más duros del articulado, que a nosotros nos preocupan. Nos comprometemos a que antes de fin de año el tema esté resuelto. Para nosotros no es secundario decir esto hoy aquí, a partir de muchas consideraciones que se han realizado.

Repito que el tema nos preocupa, queremos aportar, precisamos un poquito más de tiempo y me parece que sería muy bueno y sano que nos lo diéramos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción del señor senador Mahía, en el sentido de que el proyecto de ley vuelva a comisión.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

El proyecto de ley vuelve, pues, a comisión.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: como aquí se ha hecho referencia en reiteradas oportunidades a la eventualidad de que el destino de esta iniciativa a la Comisión de Constitución y Legislación no sea el correcto, sugeriría que en el momento de tratar este proyecto invite a los miembros de la Comisión de Hacienda y sesionen en conjunto, debido a que refiere esencialmente a temas vinculados a hacienda.

Por lo tanto, solicito que el tema vuelva a la Comisión de Constitución y Legislación, con instrucciones de que su presidencia coordine con la Comisión de Hacienda y sesionen en forma conjunta para el análisis del proyecto de ley.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 28. Afirmativa.

22) POSTERGACIÓN DE NUMERALES DEL ORDEN DEL DÍA

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde pasar a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: luego de conversaciones con los coordinadores de los distintos partidos, nos pusimos de acuerdo en dejar este punto para considerarlo en la sesión del próximo martes, a efectos de evacuar algunas dudas y realizar algunas consideraciones que se nos han solicitado, con lo que estamos de acuerdo.

Por lo tanto, solicitamos que este asunto quede para la sesión del próximo martes, como primer punto del orden del día.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar lo solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Este asunto pasa para la sesión del próximo día martes.

23) DONACIÓN DE ALIMENTOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen normas referentes a la donación de alimentos para consumo humano. (Carp. n.° 772/2022 - rep. n.° 551/2022 y anexo I)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Asiaín.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: seré breve, ya que debemos asistir a la Asamblea General.

Se trata de un proyecto que en la Comisión de Salud Pública ha recibido un respaldo unánime. Cabe resaltar que hubiera correspondido compartir la presentación de este informe con la señora senadora Sanguinetti, que es con quien más hemos trabajado, aunque también lo han hecho todos los miembros de la comisión.

Básicamente, el proyecto apunta a facilitar la donación de alimentos con destino humano, ya que estimula a las empresas fabricantes de estos productos con beneficios fiscales. La idea es que cuando existan alimentos que no van a ser comercializados porque están próximos a su vencimiento, porque cambió el empaquetado o porque hay una sobreproducción que no se va a poder comercializar, en vez de destruirlos se donen para las poblaciones más vulnerables.

(Murmullos).

–En medio de todo esto surgen las figuras de los intermediarios –como la Fundación Banco de Alimentos de Uruguay, presidido por Dolores Battro; y destacamos que están presentes los representantes de esta organización, que tanto han luchado por esta iniciativa–, que reciben los alimentos donados por las distintas empresas y llevan a cabo un control de las fechas de vencimiento que permita…

(Murmullos).

–Señora presidenta: solicito se me ampare en el uso de la palabra para poder desarrollar este tema.

SEÑORA PRESIDENTA.- Solicitamos silencio a los señores senadores.

Puede continuar la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Gracias.

Estos intermediarios, que son la Fundación Banco de Alimentos Uruguay, Redalco y CanastasUY, hacen el control debido. Los alimentos que se donan y que ellos reciben primero son ofrecidos por vía electrónica o alguna otra y se hace el control en cuanto a su fecha de vencimiento. La mercadería se puede recibir en un depósito y luego coordinar su destino a distintas instituciones –no personas– para asegurar la trazabilidad. Esto permite suscribir convenios con los destinatarios finales, que son instituciones como comedores y población vulnerable en general, que también asumen el compromiso de no comercializar los productos y consumirlos antes de su fecha de vencimiento. Cabe acotar que, luego de recibidos los productos, no pasan más de una semana en los depósitos de los bancos de alimentos antes de que se distribuyan. A veces es la propia institución beneficiaria la que toma a su cargo recoger estos alimentos, ya sea de los depósitos de estas instituciones o, en ocasiones, de los depósitos particulares del donante.

Por otro lado, la ley recoge algo que venía siendo reclamado por los bancos de alimentos y que es una práctica de otras legislaciones comparadas, como la de Argentina o la de Estados Unidos, pero hay varios países que tienen leyes de este tipo. Me refiero a una exención de responsabilidad para el donante. Se quería evitar que este se inhibiera de donar por miedo a que el destinatario final dejara vencer el producto y no le hiciera bien. El proyecto de ley consagra una cláusula de exoneración de responsabilidad para el donante y para los intermediarios; le otorga la responsabilidad al destinario, pero siempre dejando a salvo la actuación ante determinados delitos. En ese caso sí habrá de asumirse una responsabilidad.

Nosotros estuvimos trabajando en iniciativas que procuraban un tratamiento integral para definir las figuras del donante, del intermediario, de los bancos de alimentos y de los destinarios finales. En marzo de 2020, el entonces senador Adrián Peña presentó un proyecto de ley que penalizaba o prohibía la destrucción de alimentos. Fue así como, junto con la señora Sanguinetti, pero también con el consenso de la Comisión de Salud Pública, y en coordinación con los bancos de alimentos y con otros intermediarios, reformulamos la iniciativa y fuimos por el propósito inverso: en lugar de penalizar fuimos por el estímulo; por eso se consagran estas exenciones impositivas. Ocurre que a la fecha, en nuestro derecho, las empresas productoras de alimentos que los destruyen pueden imputarlo como pérdida a los efectos de poder descontar IRAE, es decir, el impuesto a las rentas de las actividades económicas. En cambio, si los donaban, no gozaban de ese beneficio. Entonces, se logró una equiparación –para ello se necesitó la iniciativa del Poder Ejecutivo–, porque también se extiende este beneficio fiscal a las empresas que donen los alimentos.

Cuando el Poder Ejecutivo remite la iniciativa, agrega dos beneficios fiscales más: por un lado, la posibilidad de deducir integralmente el IVA de los componentes de los alimentos que se donen y por otro, el otorgamiento al Poder Ejecutivo de la facultad de fijar en tasas cero el Imesi –impuesto específico interno– aplicable a estas donaciones.

¿Qué es lo que no entra dentro de estos beneficios? Las bebidas alcohólicas.

En la comisión se discutió si debían ampararse los alimentos con etiquetados frontal en los beneficios de esta iniciativa porque, como todos saben, es política de Estado no incentivar el consumo de productos que tengan exceso de grasas, azúcares, etcétera. Sin embargo, parece que el 80 % de los alimentos que son donados tienen el etiquetado frontal. Por lo tanto, dada nuestra realidad, no parecía aconsejable inhibir la donación de esos alimentos porque, evidentemente, para un comedor infantil es muy bueno recibir postrecitos o leches chocolatadas, que son alimentos con etiquetado frontal. El proyecto de ley prevé que esto sea reglamentado por el Poder Ejecutivo. Ahora bien, por ser la reglamentación sublegal, el Poder ejecutivo deberá respetar que estos alimentos queden al amparo de la iniciativa. Lo mismo será de aplicación para lactantes y para alimentos con fines especiales, como es el caso de la canasta para celíacos, que era parte de lo que donaba el Mides.

El proyecto de ley trae definiciones útiles. Su finalidad es la de contribuir a la satisfacción de las necesidades alimentarias de sectores vulnerables de la población. Además, tiene en cuenta el cuidado del medioambiente. De todas maneras, el foco –así lo creo a nivel personal– está en contribuir a las necesidades alimentarias; como efecto colateral beneficioso, también protege el medioambiente porque se evitan residuos, aunque en lo personal no puedo considerar como tales estos alimentos, que son aprovechables. ¡No! Se trata de comida que la gente puede aprovechar.

Quizás estoy siendo muy rápida en la explicación –más de lo que preveía–, pero el tiempo nos apremia.

Un reporte del sitio web del Banco de Alimentos dice que el total de kilogramos distribuidos en 2020 fue de casi 500.000, y una cifra similar de enero a setiembre de 2022, aparte de los kilogramos recuperados, que llegó a un peso análogo. Por su parte, el total de personas alcanzadas fue de casi 50.000.

La trazabilidad se garantiza mediante la suscripción de estos convenios, en los que consta de dónde viene el producto donado, el control de su fecha de vencimiento y hacia dónde va. De esta manera, las instituciones estatales a las que el proyecto de ley les confiere la competencia de hacer la supervisión pueden llegar a controlar todo esto. Aclaro que esto va a implicar la potestad de controlar y no una vigilancia ni una burocracia que entorpezca este mecanismo. Esas instituciones son: el Ministerio de Salud Pública, las intendencias, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Ambiente y la DGI, cada uno en el ámbito de sus competencias. Además, se establece –otorgando todas las garantías– una gradación de sanciones para quien incumpla esto.

Otro aspecto que también se discutió en la Comisión de Salud Pública fue si se debía amparar en los beneficios de esta norma a aquellos alimentos que fueran donados con alguna publicidad, porque evidentemente la idea no era que esto sirviera de canal para ello. Sin embargo, nuevamente los datos de la sociedad civil nos indicaron que la mayoría de los alimentos que se donan vienen con publicidad, y no queremos entorpecer esta donación, sino todo lo contrario: incentivarla.

La Redalco –Red de Alimentos Compartidos–, en su comparecencia en 2020 nos explicaba su operativa. Esta red recoge frutas y verduras, ya sea de chacras como del Mercado Modelo. Hablo del 2020 porque no ha vuelto a comparecer, y la realidad en aquel momento era que habían triplicado el impacto, tanto de la recogida como del reparto, debido a la contingencia de la covid-19.

Desde CanastasUY, que también compareció, se nos dijo que para una familia con cinco hijos la canasta alcanzaba para unos tres días.

Todos estos son los intermediarios que quedan definidos y regulados por esta iniciativa.

Entiendo que se trata de un proyecto en el que se logran dar la mano varios actores y todos salen beneficiados. Me refiero a los productores de alimentos que necesitan desprenderse de algunos productos, y a quienes se desprenden de ellos pero con un ánimo altruista, no para sacarse una carga sino porque quieren realmente contribuir. Por eso estos intermediarios reciben hasta donaciones en dinero.

Esta iniciativa aúna las energías, las cabezas, las manos, los brazos, el tiempo valioso de los voluntarios que, además, ofrecen su motivación en esa ayuda.

Además, están las personas destinatarias, que no solamente llenan sus estómagos, sino que reciben todo esto con una fuerte dosis de amor que las dignifica; también está el Estado porque, de no existir toda esta red de voluntarios, tendría que procurar sustituir y cumplir estas tareas que los voluntarios hacen. Se beneficia también el medioambiente, pues se reduce la cantidad de alimentos que sería destinada a residuos.

En definitiva, creo que toda la sociedad se maravilla y aprende de este emprendimiento que une todas estas manos en beneficios mutuos y, sobre todo, en la motivación que conduce a estas personas a realizar este servicio.

Debemos mencionar, asimismo, a los generosos benefactores. Decíamos que se beneficiaban todos, pero los voluntarios quizás no; creo que los voluntarios también se benefician por la satisfacción de esa ayuda cumplida, la recompensa es la satisfacción que implica haber ayudado al otro.

Esperemos que prontamente la Cámara de Representantes pueda aprobar este proyecto de ley.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.°.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

SEÑORA SANGUINETTI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA SANGUINETTI.- Gracias, señora presidenta.

Estamos extremadamente apremiados por el tiempo, por lo que seré muy breve. Simplemente, quiero decir que desde la bancada del Partido Colorado acompañamos con mucho gusto este proyecto de ley, cuyo texto original fue presentado por el exdiputado, exsenador y actual ministro de Ambiente, Adrián Peña.

Como bien dijo la miembro informante, senadora Asiaín, en este proyecto de ley se trabajó muchos meses y se escuchó a todas las voces: el Estado, la sociedad civil, la academia. Entendemos y estamos convencidos de que hoy estamos votando un proyecto de ley que tiene un componente bien importante en cuanto a que se pasó de la prohibición a generar un incentivo.

Por otra parte, quiero agregar un dato numérico, que da idea de la magnitud de la situación frente a la que estamos hoy. En Uruguay se genera 1:000.000 de toneladas de desperdicio a nivel nacional, lo que implica un 10 % de la producción. Eso ha llevado a la creación del Comité Nacional para la Prevención y Reducción de las Pérdidas y los Desperdicios de Alimentos. Entendemos que hoy, desde el Senado de la república, estamos haciendo una contribución bien significativa en un tema que nos preocupa y nos ocupa, y sobre el que todavía quedan algunas aristas para seguir trabajando.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Gracias, señora presidenta.

Brevemente, quiero destacar el trabajo que llevó adelante la comisión, con un buen nivel de diálogo y de consenso, y donde se escuchó a todas las delegaciones, que realizaron aportes.

Esta bancada, por supuesto, apoyó con su voto el proyecto de ley porque con él se atiende el fortalecimiento del marco jurídico y normativo de la donación de alimentos, porque contribuye a la reducción de desperdicios de alimentos y por tanto a un ambiente sustentable, pero fundamentalmente porque contribuye en el tema de la inseguridad alimentaria y de la vulnerabilidad de quienes la padecen.

Por estos motivos, esta bancada apoyó este proyecto de ley.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- En razón de la hora, seré breve.

Considero que este es un tema central. Según se nos dice, el 30 % de los alimentos que se producen en el mundo terminan siendo desechados. Son 1.300:000.000 de toneladas de alimentos, que serían suficientes para sustentar a todas las personas subalimentadas del mundo. ¡Si estaremos hablando de algo muy importante!

En 2022, la Universidad de la República, el Parque Científico y Tecnológico de Pando y el Mides hicieron un informe sobre la estimación de desperdicios de los alimentos en nuestro país y estimaron que, per cápita, se pierden 36,3 kilos de alimento por año en los hogares uruguayos. Da la sensación de que los uruguayos todavía no problematizaron este asunto. Creo que habría que incorporar alguna campaña al respecto, porque indudablemente esto también hace a las prácticas de los hogares y a la sustentabilidad.

Es un tema importante, sobre el que se puede seguir trabajando y profundizando, ya que creo que tiene una importancia superlativa. En lo personal, me interesa muchísimo el tema y pienso seguir contribuyendo en él.

24) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 8 de noviembre de 2022

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, desde el 8 de noviembre, a partir de las 14:00, hasta el 9 de noviembre inclusive.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Charles Carrera. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Daniel Garín ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela García, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

25) POSTERGACIÓN DE NUMERALES DEL ORDEN DEL DÍA

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Mociono para que se dé por finalizada la sesión del día de hoy y que los puntos que quedaron sin votar, es decir, el tercero, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno, sean considerados en la sesión del próximo martes.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

26) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- De acuerdo con lo resuelto, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 13:55, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores Andrade, Asiaín, Bergara, Bianchi, Cardoso, Da Silva, De Mattos, Della Ventura, Domenech, Kechichian, Lazo, Lozano, Manini Ríos, Meléndez, Niffouri, Nunes, Penadés, Rubio, Russi, Sabini y Sanguinetti).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

José Pedro Montero Secretario

María Alcalde Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Diseño e Impresión del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.