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N.º 39 - TOMO 622 - 15 DE DICIEMBRE DE 2021

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

39.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta GRACIELA BIANCHI Presidente en ejercicio

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO, Y EL PROSECRETARIO ADRIÁN JURI

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) y 24) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

– Los señores senadores Brenta, Della Ventura y Olesker solicitan se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Junta de Transparencia y Ética Pública, relacionado con la declaración jurada del señor senador Juan Sartori.

– Varios señores senadores solicitan se curse un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, relacionado con una carta de homenaje escrita por el director de la cárcel de Domingo Arena.

– Varios señores senadores solicitan se curse un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, relacionado con el procedimiento llevado a cabo por la Guardia Republicana en una manifestación realizada por la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte en la Terminal de Ómnibus Tres Cruces.

• Oportunamente fueron tramitados.

5) y 20) Proyectos presentados

– El señor senador Sergio Botana presenta los siguientes proyectos de ley, relacionados con:

- la distribución secundaria y minorista de combustibles;

- la modificación de la denominación, y objetivo principal, del fideicomiso del boleto, por fideicomiso de utilización de unidades eléctricas o híbridas;

- la prohibición de gravar el combustible con nuevos tributos;

- la creación de un fondo de amortiguación del precio de la nafta;

- la sustitución de impuesto al gasoil;

- la liberalización de envasado y distribución del gas licuado de petróleo;

- la participación de Ancap en el mercado del cemento Pórtland;

- los componentes del combustible, precio base equivalente al costo puesto en depósito de La Tablada;

- los aranceles de los medios de pago electrónicos.

• Pasan a la Comisión de Hacienda.

– Las señoras senadoras Rodríguez y Lazo presentan un proyecto de ley por el que se regula el acceso de artistas mujeres y disidencias, estableciendo un cupo a los eventos de música en vivo y en plataformas virtuales, en soportes conocidos o por conocer, que hacen al desarrollo de la industria musical.

• Pasa a la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género.

6) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a la anterior convocatoria.

7), 9), 14) y 26) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por la señora presidenta del Cuerpo, Beatriz Argimón, y por los señores senadores Sanguinetti, Sartori y Nane.

– Quedan convocados los señores senadores Hunter, Straneo, Saravia y Russi.

8) Reiteración de pedidos de informes

• A solicitud de la señora senadora Della Ventura, el Senado resuelve hacer suyos y reiterar los siguientes pedidos de informes:

- con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con la prevención en el ingreso de enfermedades animales y vegetales;

- con destino al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Educación Pública:

. relacionado con el reconocimiento de estudios, títulos y certificados de educación primaria y secundaria no técnica;

. relacionado con el Programa de Alimentación Escolar;

- con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay:

. relacionado con un caso de femicidio en la localidad de Piñera, departamento de Paysandú;

. relacionado con la disminución presupuestal en la Formación Básica de Educadores en Primera Infancia que brinda el Centro de Formación y Estudios;

- con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto Nacional de Inclusión Adolescente, relacionado con un curso sobre mediación realizado por la Guardia Republicana a funcionarios de dicho instituto;

- con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con datos aportados en la Comisión Investigadora sobre Posibles Actos de Inteligencia del Estado, Violatorios de la Normativa Legal y Constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 a la fecha;

- con destino al Ministerio de Ambiente, relacionado con las cooperativas sociales que trabajan con las Obras Sanitarias del Estado;

- con destino al Ministerio del Interior:

. relacionado con un incidente ocurrido en el balneario Neptunia del departamento de Canelones;

. relacionado con un incidente sucedido en instalaciones de la Guardia Republicana durante una práctica de tiro;

. relacionado con la seguridad de los sistemas informáticos.

• A solicitud de la señora senadora Nane, el Senado resuelve hacer suyos y reiterar los siguientes pedidos de informes:

- con destino al Ministerio de Ambiente, relacionado con intervenciones sobre el bosque ribereño en los arroyos San Carlos y Maldonado;

- con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Educación Pública, relacionado con los objetivos estratégicos para la Educación Media Superior;

- con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, relacionado con la investigación realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, con el apoyo de Unicef, referente a la situación de encierro y salud mental de niñas, niños y adolescentes en Uruguay.

10) Asesinato de Pascasio Báez

– Manifestaciones del señor senador Manini Ríos.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y a los ministerios de Educación y Cultura, de Defensa Nacional y del Interior.

11) Permanecer a pesar del alta

– Manifestaciones de la señora senadora Nane.

• Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al INAU, al Inisa, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y a ASSE.

12) 73 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

– Manifestaciones de la señora senadora Rodríguez.

• Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a Presidencia de la República, a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, a todas las intendencias y juntas departamentales y a los medios de prensa.

13) Expoactiva Durazno 2022

– Manifestaciones del señor senador Straneo.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a Presidencia de la República, a los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Turismo, y a todos los Gobiernos departamentales del país.

15) Solicitud de autorización del señor presidente de la república para ausentarse del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas

– Nota del señor presidente de la república, doctor Luis Lacalle Pou.

• Concedida.

– La señora presidenta comunica que pasará a ocupar la presidencia de la república del 23 al 26 de diciembre y que, durante ese período, la señora senadora Bianchi ocupará la vicepresidencia de la república.

16) Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay sobre residencia permanente con el objetivo de alcanzar la libre circulación de personas

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y Australia sobre la promoción y protección de inversiones y sus anexos A, B y C

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19), 21), 23), 25) y 27) Suelos de prioridad forestal

– Proyecto de ley por el que se los regula.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

22) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• A solicitud del señor senador Andrade, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la sesión.

28) Fallecimiento del doctor Jorge Bartesaghi

• Por moción del señor senador Camy, el Senado resuelve ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en homenaje a su memoria.

29) Numeral sexto del orden del día. Vuelta a comisión

• Por moción del señor senador Niffouri, el Senado resuelve que este asunto retorne a la Comisión de Salud Pública.

30) Medidas económicas para mitigar el impacto de la pandemia de covid-19

– Proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo prorrogar hasta el 30 de abril de 2022 las medidas dispuestas en la Ley n.º 19942.

• Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

31) Doctor Alejandro Atchugarry

– Por moción de los señores senadores Coutinho, Lozano, Niffouri y Andrade, el Senado resuelve declarar urgente y considerar el proyecto de ley por el que se designa con su nombre la ruta nacional n.º 104, departamento de Maldonado.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

32) Capital Nacional del Cooperativismo

– Por moción de los señores senadores Coutinho, Lozano, Niffouri y Andrade, el Senado resuelve declarar urgente y considerar el proyecto de ley por el que así se declara la ciudad de Tacuarembó en el 2022.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

33) Régimen de trabajo de las comisiones permanentes y especiales del Cuerpo durante el receso

• Por moción de varios señores senadores, el Senado resuelve autorizar a todas las comisiones del Senado a reunirse durante el receso parlamentario.

34) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 14 de diciembre de 2021

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 15 de diciembre, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1) Solicitud de autorización presentada por el señor presidente de la república, doctor Luis Lacalle Pou, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 170 de la Constitución de la república, a efectos de ausentarse del país por más de cuarenta y ocho horas, a partir del 23 y hasta el 26 de diciembre, con motivo de visitar al contingente uruguayo que participa en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en el Congo (Monusco), en la República Democrática del Congo.

Carp. n.º 619/2021 - rep. n.º 416/2021

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2) por el que se aprueba el Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales, suscrito en la ciudad de Medellín, República de Colombia los días 24 y 25 de julio de 2019.

Carp. n.º 565/2021 - rep. n.º 410/2021

3) por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay sobre residencia permanente con el objetivo de alcanzar la libre circulación de personas, suscrito en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 10 el julio de 2019.

Carp. n.º 554/2021 - rep. n.º 408/2021

4) por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y Australia sobre la promoción y protección de inversiones y sus anexos A, B y C, suscrito en la ciudad de Canberra, Australia, el 5 de abril de 2019.

Carp. n.º 586/2021 - rep. n.º 409/2021

5) por el que se regulan los suelos de prioridad forestal.

Carp. n.º 378/2020 - rep. n.º 413/2021

6) por el que se modifica el artículo 2.º de la Ley n.º 19167, de 22 noviembre de 2013, sobre técnicas de reproducción humana asistida.

Carp. n.º 596/2021 - rep. n.º 415/2021

7) Discusión única del proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la iniciativa para prorrogar las medidas dispuestas en la Ley n.º 19942, de 23 de marzo de 2021, hasta el 30 de abril de 2022.

Carp. n.° 552/2021 - rep. n.º 411/2021

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Andrade, Asiaín, Batlle, Bergara, Bonomi, Botana, Camy, Carrera, Cianciarullo, Coutinho, Da Silva, Della Ventura, Domenech, Gandini, Hunter, Kechichian, Lazo, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Rodríguez, Rubio, Sánchez, Straneo y Topolansky, y posteriormente, por licencia de la presidenta Argimón, entre las 11:00 y las 16:00, ejerce la presidencia la senadora Bianchi e ingresa el senador Saravia.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Astori, Lanz, Sanguinetti y Sartori.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:40).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«El señor presidente de la república solicita la autorización prescripta por el artículo 170 de la Constitución de la república para ausentarse del país por más de cuarenta y ocho horas a partir del 23 y hasta el 26 de diciembre, con motivo de la visita oficial que realizará al contingente uruguayo que participa en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en el Congo (Monusco), en la República Democrática del Congo. (Carp. n.° 619/2021).

HA SIDO REPARTIDO Y ESTÁ INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Comisión de Salud Pública eleva informado el proyecto de ley por el que se modifica el artículo 2.º de la Ley n.º 19167, de 22 de noviembre de 2013, sobre técnicas de reproducción humana asistida. (Carp. n.° 596/2021).

HA SIDO REPARTIDO Y ESTÁ INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Junta Departamental de Cerro Largo remite una nota comunicando la integración de su nueva Mesa para el período noviembre 2021-noviembre 2022.

La Junta Departamental de Tacuarembó remite nota adjuntando las palabras de la edila Laura Rodríguez sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

TÉNGANSE PRESENTES.

La señora senadora Amanda Della Ventura solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, la reiteración de los siguientes pedidos de informes, a los efectos de que el Cuerpo los haga suyos:

• con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con la prevención en el ingreso de enfermedades animales y vegetales. (Asunto 152377);

• con destino al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Educación Pública:

- relacionado con el reconocimiento de estudios, títulos y certificados de educación primaria y secundaria no técnica. (Asunto 152366);

- relacionado con el Programa de Alimentación Escolar. (Asunto 151375);

• con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay:

- relacionado con un caso de femicidio en la localidad de Piñera, departamento de Paysandú. (Asunto 152072);

- relacionado con la disminución presupuestal en la Formación Básica de Educadores en Primera Infancia que brinda el Centro de Formación y Estudios. (Asunto 151572);

• con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto Nacional de Inclusión Adolescente, relacionado con un curso sobre mediación realizado por la Guardia Republicana a funcionarios de dicho instituto. (Asunto 151891);

• con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con datos aportados en la Comisión Investigadora sobre Posibles Actos de Inteligencia del Estado, Violatorios de la Normativa Legal y Constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 a la fecha. (Asunto 151890);

• con destino al Ministerio de Ambiente, relacionado con las cooperativas sociales que trabajan con las Obras Sanitarias del Estado. (Asunto 151892);

• con destino al Ministerio del Interior:

- relacionado con un incidente ocurrido en el balneario Neptunia del departamento de Canelones. (Asunto 151374);

- relacionado con un incidente sucedido en instalaciones de la Guardia Republicana durante una práctica de tiro. (Asunto 151376);

- relacionado con la seguridad de los sistemas informáticos. (Asunto 151162).

La señora senadora Silvia Nane solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, la reiteración de los siguientes pedidos de informes, a los efectos de que el Cuerpo los haga suyos:

• con destino al Ministerio de Ambiente, relacionado con intervenciones sobre el bosque ribereño en los arroyos San Carlos y Maldonado. (Asunto 151503);

• con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Educación Pública, relacionado con los objetivos estratégicos para la Educación Media Superior. (Asunto 152295);

• con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, relacionado con la investigación realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo con el apoyo de Unicef, referente a la situación de encierro y salud mental de niñas, niños y adolescentes en Uruguay. (Asunto 151664).

SE VAN A VOTAR OPORTUNAMENTE».

4) PEDIDOS DE INFORMES

(Pedidos de informes consignados en la nómina de asuntos entrados).

«Los señores senadores Eduardo Brenta, Amanda Della Ventura y Daniel Olesker solicitan, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Junta de Transparencia y Ética Pública, relacionado con la declaración jurada del señor senador Juan Sartori. (Asunto 153446).

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«Los señores senadores Mario Bergara, Eduardo Brenta, José Carlos Mahía, Silvia Nane, Daniel Olesker, Alejandro Sánchez y Amanda Della Ventura solicitan, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, relacionado con una carta de homenaje escrita por el director de la cárcel de Domingo Arena. (Asunto 153450).

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«Los señores senadores Oscar Andrade, Eduardo Brenta, Charles Carrera, Amanda Della Ventura, Liliam Kechichian, José Carlos Mahía, Silvia Nane, Daniel Olesker y Alejandro Sánchez solicitan, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, relacionado con el procedimiento llevado a cabo por la Guardia Republicana en una manifestación realizada por la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte en la Terminal de Ómnibus Tres Cruces. (Asunto 153452).

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

5) PROYECTOS PRESENTADOS

(Proyectos consignados en la nómina de asuntos entrados).

«El señor senador Sergio Botana presenta con exposición de motivos los siguientes proyectos de ley:

relacionado con la distribución secundaria y minorista de combustibles. (Carp. n.º 616/2021);

relacionado con la modificación de la denominación, y objetivo principal, del fideicomiso del boleto, por fideicomiso de utilización de unidades eléctricas o híbridas. (Carp. n.º 617/2021);

relacionado con la prohibición de gravar el combustible con nuevos tributos. (Carp. n.º 620/2021);

relacionado con la creación de un fondo de amortiguación del precio de la nafta. (Carp. n.º 622/2021);

relacionado con la sustitución de impuesto al gasoil. (Carp. n.º 615/2021);

relacionado con la liberalización de envasado y distribución del gas licuado de petróleo. (Carp. n.º 614/2021);

relacionado con la participación de Ancap en el mercado del cemento pórtland. (Carp. n.º 621/2021);

relacionado con los componentes del combustible, precio base equivalente al costo puesto en depósito de La Tablada. (Carp. n.º 613/2021);

relacionado con los aranceles de los medios de pago electrónicos. (Carp. n.° 618/2021).

A LA COMISIÓN DE HACIENDA».

(Textos de los proyectos de ley presentados).

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de lo siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- En la sesión ordinaria del 14 de diciembre no se registraron inasistencias.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 14 de diciembre de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 15 del presente mes.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Carmen Sanguinetti. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–12 en 13. Afirmativa.

Se comunica que los señores Max Sapolinski y Carolina Ache han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Ana Hunter, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

8) REITERACIÓN DE PEDIDOS DE INFORMES

(Solicitudes consignadas en la nómina de asuntos entrados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera un pedido de informes de la señora senadora Della Ventura con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con la prevención en el ingreso de enfermedades animales y vegetales.

(Se vota).

–12 en 13. Afirmativa.

Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera un pedido de informes de la señora senadora Della Ventura con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Educación Pública, relacionado con el reconocimiento de estudios, títulos y certificados de educación primaria y secundaria no técnica.

(Se vota).

–12 en 15. Afirmativa.

Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera un pedido de informes de la señora senadora Della Ventura con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, relacionado con el Programa de Alimentación Escolar.

(Se vota).

–16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera un pedido de informes de la señora senadora Della Ventura con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, relacionado con un caso de femicidio en la localidad de Piñera, departamento de Paysandú.

(Se vota).

–15 en 16. Afirmativa.

Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera un pedido de informes de la señora senadora Della Ventura con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto Nacional de Inclusión Adolescente, relacionado con un curso sobre mediación realizado por la Guardia Republicana a funcionarios de dicho instituto.

(Se vota).

–13 en 17. Afirmativa.

Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera un pedido de informes de la señora senadora Della Ventura con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, relacionado con la disminución presupuestal en la Formación Básica de Educadores en Primera Infancia que brinda el Centro de Formación y Estudios.

(Se vota).

–13 en 18. Afirmativa.

Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera un pedido de informes de la señora senadora Della Ventura con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con datos aportados en la Comisión Investigadora sobre Posibles Actos de Inteligencia del Estado, Violatorios de la Normativa Legal y Constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 a la fecha.

(Se vota).

–16 en 18. Afirmativa.

Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera un pedido de informes de la señora senadora Della Ventura con destino al Ministerio de Ambiente, relacionado con las cooperativas sociales que trabajan con las Obras Sanitarias del Estado.

(Se vota).

–16 en 18. Afirmativa.

Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera un pedido de informes de la señora senadora Della Ventura con destino al Ministerio del Interior, relacionado con un incidente ocurrido en el balneario Neptunia del departamento de Canelones.

(Se vota).

–16 en 18. Afirmativa.

Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera un pedido de informes de la señora senadora Della Ventura con destino al Ministerio del Interior, relacionado con un incidente sucedido en instalaciones de la Guardia Republicana durante una práctica de tiro.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera un pedido de informes de la señora senadora Della Ventura con destino al Ministerio del Interior, relacionado con la seguridad de los sistemas informáticos.

(Se vota).

–17 en 19. Afirmativa.

Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera un pedido de informes de la señora senadora Nane con destino al Ministerio de Ambiente, relacionado con intervenciones sobre el bosque ribereño en los arroyos San Carlos y Maldonado.

(Se vota).

–18 en 20. Afirmativa.

Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera un pedido de informes de la señora senadora Nane con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Educación Pública, relacionado con los objetivos estratégicos para la Educación Media Superior.

(Se vota).

–20 en 22. Afirmativa.

Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera un pedido de informes de la señora senadora Nane con destino al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, relacionado con la investigación realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, con el apoyo de Unicef, referente a la situación de encierro y salud mental de niñas, niños y adolescentes en Uruguay.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 14 de diciembre de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia sin goce de sueldo por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2021, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Juan Sartori. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Alem García y la señora Rosina Piñeyro han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Juan Straneo, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

10) ASESINATO DE PASCASIO BÁEZ

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Manini Ríos.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: hace cincuenta años, el 21 de diciembre de 1971 era asesinado el peón rural Ramón Pascasio Báez Mena.

Hacía pocas semanas el país había celebrado elecciones libres y el Gobierno electo se aprestaba a asumir el siguiente 1.° de marzo, lo mismo que el Parlamento electo, que haría lo propio el 15 de febrero.

Pascasio Báez fue uno de los cien asesinados o secuestrados por aquellos que, al influjo de la Revolución cubana, se alzaron contra las instituciones democráticas desde 1962, época en la que Uruguay gozaba de una democracia que era modelo en el continente. A pesar de que una ley pretenda –para justificar a aquellos grupos armados– que ya desde 1968 no existía en este país una democracia plena, quienes vivimos aquella época y a quienes no nos dibujan la historia sabemos perfectamente que el país vivió respetando la Constitución hasta 1973; y también sabemos perfectamente que el 15 de abril de 1972, un Parlamento libremente elegido fue el que, dado el baño de sangre en que se sumió al país el día anterior, declaró el estado de guerra interno.

Pascasio Báez fue un desaparecido. Su cuerpo fue hallado y desenterrado varios meses después. Su muerte, como la de tantos, signó una época a la que no queremos regresar; una época que debemos superar si es que queremos, como país, afrontar los desafíos que el mundo actual nos impone. Así lo entendió la ciudadanía que por dos veces ratificó una ley que buscaba la reconciliación nacional; la única de nuestras veinte mil leyes que fue ratificada dos veces por consulta popular, pero eso no fue obstáculo para que, con una exigua mayoría, este Parlamento la dejara sin efecto. Claramente, la reconciliación nacional no está en el horizonte de los eternos mercaderes del odio que lucran, política pero sobre todo económicamente, con la fractura y el enfrentamiento entre los uruguayos.

Nosotros creemos que el hecho que hoy recordamos nos debe llamar a todos a una profunda reflexión. Es hora de que en este país la mano tendida le gane al puño crispado. No es con una visión sesgada y parcial de la historia reciente que se van a superar los desencuentros de hace medio siglo. Creemos que se deben reconocer los errores y, sobre todo, se debe actuar con una grandeza de espíritu como la que tuvieron nuestros antepasados, que una y otra vez fueron capaces de superar hechos atroces de nuestra historia.

Nos viene a la memoria lo ocurrido en la batalla del Sauce, donde el ministro de Guerra, es decir el Estado, al frente de las fuerzas triunfadoras, ordena degollar a cuatrocientos prisioneros entre los que había muchos heridos.

Un año y poco después, en la llamada Paz de Abril, los orientales fueron capaces de unirse y mirar juntos hacia el futuro. ¿Por qué eso fue posible hace un siglo y medio y no lo es hoy? Tal vez porque en aquel entonces no existía el generoso financiamiento de las ONG extranjeras que alimentaban la fractura entre los orientales; tal vez porque aquellos orientales no estaban envenenados con el adoctrinamiento de décadas en ideas que atendían a la destrucción del tejido social y de la persona misma; tal vez porque para aquellos orientales lo primero era la patria.

Lamentablemente, la sumisión a ideas pergeñadas en otras latitudes para dividir nos lleva a que muchas veces, atrapados por el relato impuesto, nos olvidemos de los hechos tal como ocurrieron.

Por eso hoy queremos recordar a aquel humilde peón rural asesinado hace medio siglo, para que esa parte de la historia no se borre de la memoria colectiva. Hacemos votos para que hechos como ese no se repitan nunca más en nuestro país.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y a los ministerios de Educación y Cultura, de Defensa Nacional y del Interior.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–22 en 25. Afirmativa.

11) PERMANECER A PESAR DEL ALTA

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la señora senadora Nane.

SEÑORA NANE.- Muchas gracias, señora presidenta.

Hoy traigo a conocimiento del Cuerpo un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo respecto al encierro en niños, niñas y adolescentes que fue publicado hace un par de días y se llama Permanecer a pesar del alta. Niñas, niños y adolescentes en clínicas psiquiátricas de episodios agudos con el alta médica.

Este es un tema que traigo al Cuerpo por segunda vez; la primera fue en ocasión de la presentación del informe La infancia que no queremos ver, relativo a la misma temática y que la institución, en su seguimiento a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ha actualizado en esta situación.

Este documento se enfoca en la situación de los niños, niñas y adolescentes que permanecen internados en centros de atención por episodios agudos de salud mental con posterioridad al alta médica.

Sabemos que es un tema que nos convoca en términos del cumplimiento de la Ley de Salud Mental y también porque quien se tiene que hacer cargo de estas situaciones es ASSE y, hoy por hoy, es el INAU el que las está afrontando. Por eso me parece que es un tema importante para tratar en este Cuerpo.

La internación que se prolonga con posterioridad al alta médica en clínicas diseñadas para la atención de episodios agudos vulnera múltiples derechos que están reconocidos por la normativa nacional e internacional. Las hospitalizaciones provocan alteraciones físicas, psicológicas y sociales en los niños, niñas y adolescentes y, por esta razón, se consideran el último recurso y no el primero ante un caso agudo.

La señora presidenta sabe –porque hace muy poquito estuvimos en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, en Madrid– que, justamente, ante el Comité Permanente de Derechos Humanos presentamos una moción de declaración respecto al encierro como única solución o como la preferida a los problemas de salud mental, y quedamos en una muy buena posición para discutirla. Es un tema que viene a raíz de esto, fundamentalmente, y lo quiero enfocar en este Cuerpo en los niños, niñas y adolescentes, porque como sociedad tenemos que poder buscar alternativas que no sean el encierro, sino alternativas comunitarias. Me parece que es nuestro deber pensar este tema y actuar luego de la reflexión que hagamos.

Cuando se da la extensión de la internación más allá del alta médica –recordemos que los residentes ingresan por haber transitado, justamente, un episodio agudo, o porque se están recuperando del mismo–, están en estrictas condiciones de encierro. ¿Qué quiere decir esto cuando lo miramos en gurises y gurisas? Que no participan en el sistema educativo ni a nivel comunitario. Esto tiene consecuencias que difícilmente se pueden medir en su impacto posterior de desarrollo integral y es particularmente grave –por eso lo traigo de nuevo– cuando ocurre en etapas vitales del crecimiento, como son la niñez y la adolescencia.

Hoy en día, a la fecha de publicación de este informe, el 31,6 % del total de los 76 niños, niñas y adolescentes que están internados en clínicas de agudos posee el alta médica; uno de cada tres. A esto se suma que el tiempo transcurrido una vez otorgada el alta, en la mayoría de los casos, duplica el tiempo que requirió el tratamiento. En promedio se requiere 51 días para estabilizar una situación de crisis y lo que tenemos registrado hoy son 103 días; tres meses y medio de internación con posterioridad al alta médica.

Insisto en que mantener internado a un niño, niña o adolescente más allá del alta médica es nocivo para su desarrollo integral. El Estado no puede alegar condiciones de vulnerabilidad de los derechos como pobreza, ausencia de la familia o falta de lugares adecuados, entre otros. La Ley de Salud Mental establece que en ningún caso la hospitalización será indicada o prolongada para resolver problemas sociales o de vivienda.

Esto le preocupa al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura porque, desde 2016, está haciendo un monitoreo continuo de esta situación. ¡Quiero ser clara en lo que digo! Este no es un problema del Gobierno, sino un problema de Estado, por lo que me parece que, como tal, tenemos que asumir esas responsabilidades. De hecho hay una acción de amparo interpuesta por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que, en 2019, obtuvo sentencia judicial pero que no se está cumpliendo.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Creo que la gravedad del tema es manifiesta.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al INAU, al Inisa, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y a ASSE.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) 73 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la señora senadora Rodríguez.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Gracias, señora presidenta.

Habiendo transcurrido ya setenta y tres años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye un hito en la historia de la humanidad y un eje central para el proceso de consolidación de la protección de los derechos y las libertades en los diferentes ordenamientos jurídicos en todos los continentes; a la vez, es una herramienta sustancial para la promoción de los derechos humanos.

El documento, que consagra los cimientos de la construcción jurídica de los derechos humanos, comprende un catálogo de derechos y libertades con pretensión de universalidad, que promueve la existencia de principios morales y de justicia que funda en los derechos positivos inherentes a todos los individuos de la especie humana.

Este documento fue adoptado el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La declaración dio contenido y sustancia al compromiso asumido por los Estados miembros de la ONU en su carta fundacional de 1945, en San Francisco. A partir de la condena de actos de barbarie y ultrajes para la conciencia de la humanidad, proclama como máxima aspiración de los seres humanos, la liberación del temor y la miseria, así como el disfrute de la libertad de palabra y creencia.

Durante estos setenta y tres años, múltiples y gravísimas problemáticas –además de conflictos de diferente envergadura y crisis humanitarias en la más amplia diversidad de regiones– han interpelado el contenido mismo de la declaración universal, lo que no ha vedado su vigencia ni proyección como documento clave para la reivindicación del derecho de la persona a que se respeten los derechos inherentes a su condición humana. En el recorrido se ha verificado la aprobación paulatina de fuentes internacionales de diversa naturaleza jurídica. Se transita un camino normativo orientado a la especificación que promueve la protección a través de la identificación de situaciones flagrantes y generalizadas que vulneran derechos y libertades, así como también el amparo específico de grupos con características comunes de especial vulnerabilidad y singularidad que han de ser especialmente protegidos.

Señora presidenta: la declaración de 1948 no distingue edades ni sexo; simplemente se proyecta como un documento que potencia al ser humano en una dimensión que trasciende el tiempo y el espacio, flameando como única bandera la de la humanidad.

En este texto tan simple y profundo que hoy recordamos también dicen presente los más pequeños, de quienes en el correr del siglo XX la comunidad internacional, en la línea trazada por la declaración de 1948, ha dado viva voz al afirmar que en el desarrollo de esas niñas y esos niños está el futuro de la humanidad. Es hoy, entonces, a setenta y tres años de la declaración, que debemos levantar la bandera de la niñez y la infancia para revivir en ellos la esperanza de un mundo que los necesita sanos, felices, alegres, proyectándose como personas libres.

Es hora de escuchar a la niñez; es hora de oír a la infancia, porque su susurro –aunque a veces los mayores lo silencien– y sus voces –aunque muchas de ellas no se comprendan– nos dan la guía de un tiempo que vendrá y que hoy nos está interpelando a nosotros, como legisladores, en la construcción de una agenda que promueva la niñez y la proyecte desde la belleza de sus mensajes, iluminados de sabiduría.

Señora presidenta: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a Presidencia de la República, a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, a todas las intendencias y juntas departamentales, y a los medios de prensa.

Muchísimas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

13) EXPOACTIVA DURAZNO 2022

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Straneo.

SEÑOR STRANEO.- Señora presidenta: por este medio queremos hacer extensiva una invitación al Cuerpo, a la sociedad en general y a los distintos actores involucrados.

En febrero del 2022 tendrá lugar en Durazno la Expoactiva, muestra que anualmente se desarrollará por ese mes y que convocará a la ruralidad –como suele decir el querido señor senador Da Silva–, a los medios ganaderos. Será una exposición de la más pura genética, destaque para nuestro país, que tiene como preludio la Expo Prado, siendo esta su primera exposición anual.

Es importante destacar que la Expoactiva convoca y nuclea a los emprendedores. Es una fiesta en la que, además de la exposición ganadera, ovina y equina tan ejemplar, en la que se muestra lo mejor de nuestros cabañeros, de nuestros cuidadores y de nuestros productores, también se convoca a los emprendedores. Ellos exponen, muestran su trabajo y convocan, así, a que haya un intercambio fluido entre aquellos que desarrollan una tarea tan noble como lo es realizar un oficio propio sobre la base del pensamiento de una idea original.

Es una organización que desarrolla la Sociedad Rural de Durazno con el impulso de algunos productores locales, como Zebra Producciones.

En definitiva, queremos dejar planteada esta invitación a los señores senadores y hacerla extensiva a Presidencia de la República, a los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Turismo, y a todos los Gobiernos departamentales del país, por lo cual solicitamos que se les envíe la versión taquigráfica de estas palabras.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

14) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 15 de diciembre de 2021

Señor secretario del Senado

Gustavo Sánchez

Por la presente me dirijo a Ud. a efectos de solicitar que ponga a consideración de la cámara mi solicitud de licencia para el día de la fecha a partir de las 11:00 y hasta las 16:00, por motivos personales.

Sin otro particular, atentos saludos.

Beatriz Argimón.
Presidenta de la Cámara de Senadores».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Comunico que, en virtud de que estaré en uso de licencia desde las 11:00 hasta las 16:00, pasará a ocupar mi lugar la señora senadora Bianchi. Por tal motivo, y habiendo presentado nota de desistimiento la señora Fernanda Maldonado y los señores Pablo Caram, Ricardo Planchón y Alejandro Draper informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, queda convocado el señor Jorge Saravia, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

15) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL POR MÁS DE CUARENTA Y OCHO HORAS

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Solicitud de autorización presentada por el señor presidente de la república, doctor Luis Lacalle Pou, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 170 de la Constitución de la república, a efectos de ausentarse del país por más de cuarenta y ocho horas a partir del 23 y hasta día 26 de diciembre, con motivo de visitar al contingente uruguayo que participa en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en el Congo (Monusco), en la República Democrática del Congo. (Carp. n.º 619/2021 - rep. n.º 416/2021)».

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la nota enviada por el señor presidente de la república.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 14 de diciembre de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi consideración:

Tengo el honor de dirigirme a la señora presidenta a los efectos de solicitar la autorización prescripta en el artículo 170 de la Constitución de la república, a partir del jueves 23 de diciembre y hasta el domingo 26 de dicho mes, con motivo de la visita que realizaré al contingente uruguayo que participa en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en el Congo (Monusco), en la República Democrática del Congo.

Saludo a la señora presidenta con mi más alta consideración.

Luis A. Lacalle Pou. Presidente de la república».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la autorización que solicita el señor presidente de la república.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que, al haberse votado la autorización solicitada por el señor presidente de la república para ausentarse del país por más de cuarenta y ocho horas, entre el 23 y el 26 de diciembre pasaré a ocupar la presidencia de la república. A su vez, la señora senadora Bianchi pasará a ocupar la vicepresidencia de la república por los mismos días.

Asimismo, al haber presentado nota de desistimiento la señora Fernanda Maldonado y los señores Pablo Caram, Ricardo Planchón y Alejandro Draper informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, queda convocado el señor Jorge Saravia, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

16) TRATADO RELATIVO A LA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DE SOLICITUDES DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL ENTRE AUTORIDADES CENTRALES

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales, suscrito en la ciudad de Medellín, República de Colombia, los días 24 y 25 de julio de 2019. (Carp. n.º 565/2021 - rep. n.º 410/2021)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señora presidenta: con fecha 5 de octubre de este año, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley sobre el Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales, aprobado en Medellín en julio de 2019 y firmado por los Estados integrantes de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos: República Argentina, República Federativa del Brasil, República de Chile, Reino de España, República del Paraguay, República Portuguesa, República Oriental del Uruguay y República de Colombia.

Este tratado tiene por objeto superar las limitaciones que los órganos judiciales de cada país tienen en materia de intercambio de información con relación a lo que aquí se denomina –y puede denominarse– globalización de la delincuencia: el tráfico internacional ilícito de personas, armas y drogas, y los procesos de blanqueo de los resultados financieros de las actividades ilícitas. En esta medida, al producirse esa globalización, se plantea la necesidad de agilizar los mecanismos de cooperación jurídica internacional.

A los efectos de agilitar la cooperación jurídica y superar un conjunto de requisitos formales, procesales o sustanciales que normalmente se plantean para intercambiar información, se crea la plataforma Iber@ de acuerdo con un conjunto de pautas y garantías que permiten el intercambio rápido de información entre las distintas entidades que a nivel judicial actúan en los distintos países.

Este tratado, que en su formulación es relativamente sencillo, propone que se apruebe ese intercambio de información entre estos países, realizado a través de esa plataforma electrónica, reconociendo que la herramienta tecnológica permite una rapidez de intercambio acorde al objeto que se persigue. A nuestro juicio, se trata de un avance muy importante.

La comisión aconseja al pleno que se apruebe este tratado que, a su vez, tiene un conjunto de garantías en cuanto a reservas para los usuarios acreditados, que tienen el uso exclusivo de este dispositivo y esta herramienta. Además, se implementa otro conjunto de cautelas que son usuales en este tipo de tratados internacionales.

Por consiguiente, señora presidenta, estamos proponiendo aprobar el Tratado relativo a la trasmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre las autoridades centrales que se nos ha remitido.

Es cuanto tenía para informar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo Único.- Apruébase el Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales, celebrado en la ciudad de Medellín, República de Colombia los días 24 y 25 de julio de 2019, suscrito por la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República de Chile, el Reino de España, la República del Paraguay, la República de Portugal, República Oriental del Uruguay y la República de Colombia».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

17) ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY SOBRE RESIDENCIA PERMANENTE CON EL OBJETIVO DE ALCANZAR LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay sobre residencia permanente con el objetivo de alcanzar la libre circulación de personas, suscrito en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 10 el julio de 2019. (Carp. n.º 554/2021 - rep. n.º 408/2021)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: la Comisión de Asuntos Internacionales aprobó por unanimidad este tratado que, básicamente, refiere a la residencia permanente entre ciudadanos paraguayos y uruguayos, y los mecanismos para poder hacerla efectiva.

Cabe recordar que los dos países son parte del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, que le da vigencia, valor y estatus –la presidenta, como escribana, lo sabe– al apostillado de los documentos públicos. En este caso se facilita mucho la legalización de los documentos que justifique todo el trámite en las direcciones correspondientes para conseguir la residencia permanente.

Hay que destacar que la promoción de nuevos residentes permanentes es una de las prioridades de este Gobierno. Nosotros vamos procurando generar marcos de incentivo para que la gente venga a vivir a este país y este es un tratado que ayuda, facilita y reglamenta acciones en ese sentido con la República del Paraguay.

Por eso, recomendamos votar favorablemente este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo único.- Apruébase el “Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay sobre residencia permanente con el objetivo de alcanzar la libre circulación de personas”, firmado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 10 de julio de 2019».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

18) ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y AUSTRALIA SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES Y SUS ANEXOS A, B Y C

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y Australia sobre la promoción y protección de inversiones y sus anexos A, B y C, suscrito en la ciudad de Canberra, Australia, el 5 de abril de 2019. (Carp. n.º 586/2021 - rep. n.º 409/2021)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Straneo.

SEÑOR STRANEO.- Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias al señor senador Penadés por diferirnos la tarea.

Señora presidenta: este proyecto de ley, de artículo único, aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y Australia sobre la promoción y protección de inversiones y sus anexos A, B y C.

En términos generales, el texto del convenio internacional alcanzado se compone de diecisiete artículos y, a su vez, de tres anexos.

La Comisión de Asuntos Internacionales ha votado por unanimidad dar el visto bueno a este acuerdo, que por su definición implica que estarán regulados todo tipo de activos de propiedad controlada por inversor y una parte realizada en el territorio por la otra, sujeta a sus leyes, regulaciones y políticas de inversión aplicables ocasionalmente y que tengan características de inversión, incluyendo aquellas tales como capitales u otros recursos, la expectativa de ganancia o beneficio y la asunción de riesgo. También se especifican las formas en que se pueden tomar las diversas inversiones.

Creemos que es un tratado que ayuda a la asistencia recíproca que debemos tener en materia internacional sobre el asunto, por lo que sugerimos a este Cuerpo que lo apruebe.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–23 en 25. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo único.- Apruébase el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y Australia, sobre la Promoción y Protección de Inversiones y sus Anexos A, B y C, suscrito en la ciudad de Canberra, Australia, el día 5 de abril de 2019».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará en la fecha al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

19) SUELOS DE PRIORIDAD FORESTAL

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se regulan los suelos de prioridad forestal. (Carp. n.º 378/2020 - rep. n.º 413/2021)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra por una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: estoy comprendido en el artículo 97 del Reglamento del Senado como titular de una empresa que se dedica a inversiones en inmuebles rurales, y también como productor ganadero y agrícola. Es por eso que pido autorización al Senado para permanecer en sala durante el tratamiento de este tema.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la solicitud del señor senador.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

SEÑOR CIANCIARULLO.- Pido la palabra por una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIANCIARULLO.- Al igual que el senador Da Silva, solicito ampararme en el mismo artículo del Reglamento de la Cámara de Senadores.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la solicitud formulada.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- También solicito que se me ampare en la misma excepción.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la solicitud formulada.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RUBIO.- La bancada del Frente Amplio solicita un cuarto intermedio de treinta minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por treinta minutos.

(Así se hace. Son las 10:22).

(Vueltos a sala).

(Ocupa la presidencia la señora Graciela Bianchi).

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 11:00).

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Solicito se me autorice a participar de la discusión del tema, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento, por ser titular de una empresa agropecuaria.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Se va a votar la solicitud formulada.

(Se vota).

–22 en 24. Afirmativa.

20) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Las señoras senadoras Gloria Rodríguez y Sandra Lazo presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se regula el acceso de artistas mujeres y disidencias, estableciendo un cupo a los eventos de música en vivo y en plataformas virtuales, en soportes conocidos o por conocer, que hacen al desarrollo de la industria musical. (Carp. n.º 623/2021)».

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Pasa a la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género.

(Texto del proyecto de ley presentado).





 

 

 

21) SUELOS DE PRIORIDAD FORESTAL

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Continúa la discusión del tema en consideración.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- Quiero solicitar la autorización del Cuerpo para participar de la discusión del tema que se va a tratar, porque me corresponde por la Constitución y el Reglamento.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Se va a votar la autorización solicitada.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: como conversábamos con el señor senador Penadés, no podemos eludir hablar un poco de la historia del desenvolvimiento agropecuario del país.

En ese sentido, me siento en la obligación de recordar que desde la introducción de la ganadería, protagonizada por Hernandarias, la actividad económica del país ha estado centrada en la agropecuaria. Originalmente, el producto de mayor interés fue el cuero; posteriormente, y con el progresivo desarrollo de las técnicas que permitieron la conservación de la carne, esta y la lana fueron los principales rubros exportables.

Lo cierto es que el país, si bien no ha tenido una conciencia agropecuaria generalizada, ha dependido tradicionalmente de la exportación de productos agropecuarios entre los que, en la actualidad, destacan la carne, los granos, la pasta de celulosa y los lácteos.

En 2020 se exportaron USD 1.694:000.000 de carne y animales vivos, USD 1.488:000.000 de productos y semillas agrícolas, USD 1.009:000.000 de productos forestales y USD 643:000.000 de lácteos.

En consecuencia, la carne bovina representa alrededor del 23,2 % de nuestras exportaciones; los productos y semillas agrícolas, el 21,7 %; los productos forestales, el 14,7 % y los productos lácteos, el 9,4 %.

Asimismo, existen otros múltiples rubros también de origen agropecuario, con una menor participación en el volumen económico de nuestras exportaciones, como lana, cuero, frutas cítricas, miel, vinos y frutas no cítricas.

La producción agropecuaria, según el Anuario Estadístico Agropecuario 2021, se asienta en 16:357.000 hectáreas. De esa superficie, se dedican a la ganadería 12:944.000 hectáreas que pueblan 11:900.000 vacunos y 6:300.000 ovinos, formulándose 48.400 declaraciones juradas de semovientes en el período 2019-2020; a su vez, se faenaron para la exportación, en el 2020, 1:915.670 vacunos y 924.294 lanares.

La lechería ocupa 756.800 hectáreas, con 3320 establecimientos que remiten 2.205:000.000 de litros; la agricultura, en cultivos cerealeros e industriales de secano, ocupa 1:134.000 hectáreas; la producción arrocera, 139.295 hectáreas; la fruticultura de hoja caduca, 4500 hectáreas; los viñedos, 6000 hectáreas; los cítricos, 14.600 hectáreas; los olivos, 5900 hectáreas; el cultivo de papa, 3642 hectáreas; la horticultura, 9000 hectáreas y la forestación plantada que hoy nos ocupa, 1:054.000 hectáreas. A grandes rasgos, el régimen de propiedad de los inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias, regulado por la Ley n.° 18092, consagra que los titulares del derecho de propiedad sobre los inmuebles rurales y las explotaciones agropecuarias sean personas físicas o bien sociedades personales o sociedades, asociaciones o cooperativas agrarias o sociedades de fomento rural o personas públicas estatales y no estatales. Asimismo, se exige que las sociedades tengan su capital representado por cuotas sociales o acciones nominativas, pero se reserva al Poder Ejecutivo el autorizar que los inmuebles rurales o explotaciones agropecuarias puedan ser propiedad de cualquier tipo social.

Según un informe producido por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de marzo de 2020, se han aprobado excepciones a esta normativa por 6:899.543 hectáreas, resultando beneficiarias Forestal Oriental S. A. con 3:565.736 hectáreas, Eufores S. A. con 676.378 hectáreas, Stora Enso Ámsterdam BV y Parque Arauco Internacional S. A. con 252.763 hectáreas, Colonvade S. A. con 201.862 hectáreas, Forestal Atlántico Sur con 103.560 hectáreas, Forestal Cono Sur S. A. con 83.770 hectáreas y Compañía Forestal Uruguaya S. A. con 71.569 hectáreas, entre otras. Estas superficies, por la vía de excepción del Poder Ejecutivo, han permitido que se configure la mayor concentración de la propiedad de la tierra rural en los siglos XX y XXI.

Al influjo de una legislación que ha estimulado la realización de una actividad forestal y de una industria de producción de celulosa con beneficios difícilmente comparables con cualquier otra actividad productiva llevada a cabo en el país, esta actividad se ha desarrollado exponencialmente.

Es así como en 1968 se aprobó una primera ley sobre forestación, la n.° 13723, que consagraba incentivos para la plantación de árboles y exoneraba de algunos impuestos. Se preveían también préstamos para trabajos de forestación, consagrándose así beneficios tributarios y crediticios.

Con posterioridad, se aprobó la Ley n.° 15939, que reiteró los beneficios tributarios de la ley anterior y los amplió, pues exonera la propiedad de inmueble rural forestada, incluye la contribución inmobiliaria rural y los ingresos derivados de la explotación de bosques y de las rentas, y extiende el beneficio a la financiación de las plantaciones y la instalación y desarrollo de viveros forestales. Progresivamente, se fue estimulando la plantación, luego la cosecha y, finalmente, la industrialización de la madera. Gran parte de los beneficios tributarios tuvieron como destino las grandes empresas forestales, titulares de la mayor parte de la plantación y dueñas de las plantas industriales, particularmente, las productoras de celulosa, a las que se benefició con el régimen aprobado por la ley de zonas francas y promoción de inversiones, las n.o 15921 y n.° 16906, respectivamente.

En definitiva, la producción forestal uruguaya abastece a la industria, fundamentalmente celulósica en casi un 80 %, a precios que regula a su leal saber y entender y ocupa una amplia superficie del territorio nacional, desarrollando su actividad en clara desigualdad con otras actividades agropecuarias como la lechería, la agricultura y la ganadería, que ni por asomo han gozado de los estímulos de esta otra actividad.

De acuerdo con el artículo 5.° de la Ley n.° 15939, los terrenos forestales son aquellos que, por sus condiciones de suelo, aptitud, clima, ubicación y demás características, son inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso, y los calificados como tal, mediante resolución del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en función de la aptitud forestal del suelo o por razones de utilidad pública, deben ser comunicados a la Asamblea General.

No obstante, la prohibición legal de la actividad forestal ha desbordado las tierras de prioridad forestal estimadas en una superficie de 4:000.000 de hectáreas y se ha extendido en zonas que no gozan de la calificación aludida. Esto ha generado una competencia por la tierra, que enfrenta actividades de carácter agropecuario, que compiten en desigualdad de condiciones, corriéndose el riesgo de que la actividad forestal desplace de importantes zonas del territorio a actividades tradicionales como la lechería y la agricultura en la cuenca lechera y suroeste del país.

Digamos que, de acuerdo con la información emergente del Anuario Estadístico Agropecuario 2020 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la forestación viene decreciendo el número de empleos generado, que por el citado año asciende a 11.646 y que, por tanto, es significativamente menor al generado por la ganadería, con 75.574 plazas de trabajo y por la agricultura con 38.378. En materia de ocupación por sexo, mientras que en la agricultura trabaja un 22,6 % de mujeres y en la ganadería un 23,8 %, en la forestación solo lo hace un 10 %. En cuanto a la proporción de personas ocupadas no registradas en la seguridad social –estamos hablando de trabajo en negro–, en la agricultura alcanza un 28 % de no registros, en la ganadería un 22 % y en la forestación un 45 %. Esto demuestra cabalmente que esta actividad, en la que el Estado ha invertido sumas cuantiosas, no registra índices favorables en asuntos de carácter social.

Digamos que el proyecto de ley en cuestión limita la plantación de bosques a los suelos de prioridad forestal, estimados hasta la fecha en 4:000.000 de hectáreas, de las que se estima se han plantado solo 800.000 por lo que es evidente que el sector dispone todavía de una amplia superficie en la que extenderse, sin necesidad de invadir tierras que tradicionalmente han tenido otro destino y que permiten la producción de materias primas alimenticias como carne, granos y lácteos, que se vienen valorizando crecientemente en el mercado internacional.

La limitación contenida en el artículo 2.° del proyecto de ley, referente a que la superficie de los bosques de rendimiento y generales en todo el país no podrá superar el 10 % de la superficie total de nuestro territorio bajo explotación agropecuaria –lo que vendría a establecer un tope de alrededor de 1:600.000 hectáreas–, termina dando un margen de 500.000 a 600.000 hectáreas para que la producción forestal crezca. En la actualidad lo hace a un ritmo de 15.000 hectáreas por año y, por lo tanto, nos hace prever un horizonte de expansión forestal de varias décadas. Esta limitación no es caprichosa; otros países como Nueva Zelanda han regulado su forestación en un 8 % del territorio y me interesa mencionar que el 15 de julio de 2020, en la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes, un empresario forestal expresó que ni el más optimista de los forestales imagina que de acá a treinta años se supere el 10 % del área agropecuaria. En la actualidad, hay alrededor de 300.000 hectáreas forestadas en suelos que no son de prioridad forestal y esa actividad podrá continuar dado que la ley no prevé aplicación retroactiva.

El decreto aprobado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por el Ministerio de Ambiente, dado a conocer el lunes pasado, no restringe la plantación forestal a las clásicas zonas de prioridad forestal. Establece la creación de un registro de plantaciones forestales para emprendimientos de entre 40 y 100 hectáreas, previo a la plantación y evaluación ambiental del proyecto e introduce el concepto de terrenos forestales con aptitud forestal, ampliando enormemente las zonas en que se puede forestar y haciendo viable que se pueda desarrollar esta actividad en el suroeste del país y en la cuenca lechera. Esta es una vieja aspiración de las empresas forestales que pretenden maximizar sus ganancias a despecho de ocupar zonas tradicionalmente explotadas por la lechería, la agricultura y la ganadería y que se encuentran cerca de las plantas de producción de celulosa. Si bien esta aspiración es lógica desde su óptica individual, no respeta el interés nacional de mantener actividades que tradicionalmente han sido las generadoras de divisas y que mantienen un entramado social en el interior del país que la forestación nunca ha logrado. Mientras la ganadería, la agricultura y la lechería tienen detrás de sí a miles de pequeños y medianos productores, la forestación y su industria son básicamente grandes empresas multinacionales que se han establecido en el país en base a beneficios que no se han otorgado a otras empresas, generando una concentración de la propiedad empresarial que no se justifica alentar en detrimento de otros sectores empresariales y sociales.

Es de señalar que la más reciente organización de productores agropecuarios surgida en nuestro país, conocida como Un Solo Uruguay, ha expresado el 27 de diciembre de 2020 que apoya este proyecto de ley forestal. Uno de sus fundadores, el señor Federico Holzmann, reconoce que el proyecto «levantó las demandas de la gente». Este dirigente agropecuario señala que, en una primera instancia, se hablaba de USD 4.200:000.000 que el país iba a invertir en infraestructura para UPM, y el sector lechero solamente invierte por año más que eso. Este productor se extiende en consideraciones que ponen de relieve la competencia desigual de la forestación y concluye que, si la agricultura hoy tuviera esos beneficios, la forestación no existiría.

En el semanario La Mañana del día de hoy, se reproducen declaraciones de ese mismo productor, dirigente y fundador de Un Solo Uruguay, que ha demostrado tener la mejor representatividad de los pequeños y medianos productores agropecuarios del país: «Puede haber una nota o una información en un diario, das vuelta la página y te encontrás con una página entera de UPM diciendo que el desarrollo viene por parte de ellos. Tengo que decirte que no, que el país se desarrolló con la vaca y con la agricultura, a partir del 2003 el gran empuje lo dio la agricultura». Luego continúa diciendo: «… un productor chico que intente buscar una fracción para arrendar es prácticamente imposible. No hay cómo competir». En este último caso se está refiriendo a la forestación. También señala: «Todos los beneficios y toda esa distribución de riqueza que se ha dicho es en base a la agropecuaria y no a la forestación […] Acá en Paysandú, en la zona nuestra, hemos visto todo esto allá por el año 2000. Una zona donde empezó a plantar en su momento pinos que fue la empresa Weyerhaeuser, ahí lo que pasaba era que justamente todo aquel establecimiento que iba a venta eran establecimientos que no pasaban de 300, 200 hectáreas; ahí comenzó ese desplazamiento del productor familiar para ser sustituido por la forestación». Al preguntársele si a su entender existe un tratamiento asimétrico que favorece el complejo industrial celulósico, el mismo productor señala: «Francamente se ve la fuerza con lo que esta gente puede moverse y puede acceder a esos beneficios, y para todo lo que un productor nacional pide, lamentablemente no encontramos una política de Estado que diga, por ejemplo, “vamos a desarrollar al ovino”. El sábado pasado participé de una reunión en Piedra Sola y la gente sigue hablando sobre el mal estado de los caminos que eternamente han estado allí. Hoy ni el médico puede llegar, pero los caminos para los forestales están impecables. Esas políticas de Estado que deberían apadrinar a la producción en su totalidad no han llegado».

Otro productor de Un Solo Uruguay, el señor Franchi, compareció ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado. No voy a repetir sus declaraciones pero sí a glosar lo que ha dicho con relación a este tema. Dijo que la forestación es un competidor desleal con el resto de la producción y precisa: «… creemos que, por lo menos, hay que limitar, tal como lo establece la propia ley del año 1987, cuál es el área en la que pueden desarrollarse. Inclusive, hay un gran potencial en el norte del país, en Rivera y el norte de Tacuarembó, con 318.000 hectáreas. Pero ese es el 45 % de los suelos de prioridad forestal, es decir que queda un 55 % de suelos de prioridad forestal con posibilidades de forestación».

Es cierto que el interior del país –tan pocas veces escuchado– es el que provee los recursos con los que se financian las 800.000 pensiones y jubilaciones que abona puntualmente el país y se pagan los sueldos de los 300.000 funcionarios públicos y demás gastos que origina el Estado. Eso es posible, precisamente, gracias al aporte de 50.000 o 60.000 productores y asalariados rurales que con sus manos gruesas y su cutis curtido generan la riqueza nacional. Lamentablemente tenemos una cultura urbana y el país ha vivido de espaldas al campo.

La forestación no se ha extendido aun en la forma que pretenden los intereses que la impulsan, especialmente en el suroeste del país, debido a disposiciones de naturaleza departamental.

En Colonia se impide forestar más de 100 hectáreas y más del 8 % del predio con índice Coneat mayor a 88.

En Flores no se puede forestar más del 10 % del inmueble con índice Coneat superior a 114 y nada en zona rural natural.

En Florida no se puede forestar más del 10 % del bien con índice Coneat superior a 114 y se permite la forestación hasta el 8 % del total de la superficie de cada padrón, salvo los considerados de prioridad forestal al aprobarse la norma.

En el noroeste del país, en Cerro Largo, solo se admite que se foreste en zonas de prioridad forestal. Se prohíbe en la zona de Paso Centurión y Sierra de Ríos, en suelos de zona rural natural a menos de veinte metros del curso de agua y a menos de dos mil metros de suelos urbanos y suburbanos.

Lo cierto es que en el contrato que se firmó con Montes del Plata se establece que se va a procurar que la materia prima de la planta se vaya sustituyendo por plantaciones más cercanas a Punta Pereira. Estas directivas de ordenamiento territorial de los Gobiernos departamentales vienen sufriendo reiterados pedidos de excepción que con frecuencia se han aprobado motivando la queja de asociaciones rurales locales, entre ellas la Asociación Rural de San José.

La producción agropecuaria y la lechera, para evitar la desigual competencia por la tierra, necesitan que se apruebe este proyecto de ley para no dejar librado a la discrecionalidad departamental, presionada por los fuertes intereses que existen detrás de la forestación, la defensa de su acceso a la tierra.

Los pequeños y medianos productores del suroeste del país, olvidados por Gobiernos anteriores, esperan que en el presente se les contemple y no solo se impida su desplazamiento. Los actuales empresarios y los jóvenes que se inician en la actividad agropecuaria –egresados de las facultades de Agronomía, de Veterinaria, de Ciencias Agrarias, escuelas agrarias y de lechería o simples idóneos agropecuarios o lecheros– necesitan que se les asegure el acceso a la tierra, que dificulta la actual concentración de la propiedad rural, particularmente en manos de las empresas forestales y de la industria celulósica. Estas son las que impiden su desarrollo en ancas del sacrificio de los restantes sectores productivos del país, que aportan a través del Estado los USD 4.600:000.000 que supone la red ferroviaria, la ampliación de rutas, las compras de excedentes de energía, las obras del viaducto de la rambla portuaria de Montevideo, etcétera, que si se hubieran volcado en la agropecuaria habrían generado un inconmensurable desarrollo del sector y una inigualada distribución de la riqueza.

Tenemos la esperanza de que se apoye al campo y que no se lo desampare en beneficio de intereses trasnacionales a los que solo guía el lucro y son ajenos al entramado social del campo uruguayo. Como señaló Aparicio Saravia en carta dirigida a su hermano Basilicio: «… la patria no es el grupo de mercaderes y de histriones políticos que han hecho de las prerrogativas del ciudadano, nubes que el viento lleva…».

Entre los más de cincuenta mil productores agropecuarios y los intereses de dos plantas productoras de celulosa enancadas en privilegios que no cuentan los productores nacionales, nos encolumnamos con quienes en su trabajo diario sostienen el edificio de la patria.

Muchas gracias.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: en principio, queremos agradecer el trabajo de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ha sido un año en el que ha trabajado, casi en exclusividad, en el proyecto de ley de referencia. Sinceramente, es bueno que conste en la versión taquigráfica que se hizo un trabajo serio y se atendió a todas y cada una de las delegaciones que pidieron dar su opinión. Es en ese sentido que podemos concluir que se ha hecho un trabajo serio y puntilloso en el Senado de la república.

Se ha recogido una inquietud que no nace hoy ni nació en el 2020, ni en el momento de la presentación de este proyecto de ley, sino que viene de larga data en el campo uruguayo. Son inquietudes sobre aspectos relativos a nuevas realidades, competencia por la tierra y la rentabilidad. Quizás son situaciones que implosionaron o empezaron a hacer cada día más ruido luego de conocerse aspectos de secretismo, insólitos, generados en el anterior Gobierno para con la construcción de la planta de celulosa que se está desarrollando en el paraje Centenario. Fue a partir de ese momento que más ruido generó en el campo uruguayo –sector agropecuario que uno promueve y defiende en cada una de las acciones públicas y privadas que hace– y que el tema forestal comenzó a generar diferentes circunstancias; algunas pueden ser verdades a medias, otras, datos erróneos, y algunas, injustas. Entonces, en ocasión del tratamiento de esta ley es bueno poner todos los temas arriba de la mesa.

Parte de ese ruido tuvo una respuesta sustantiva en los decretos del Poder Ejecutivo, señora presidenta. Durante el 2021 el Gobierno del doctor Lacalle Pou ha hecho un esfuerzo por incorporar en la normativa vigente una nueva regulación al sector forestal. Se trata de regulaciones que vienen a sumarse a otras y no tenemos ninguna duda de que harán que el sector forestal sea el más regulado por lejos del sector agropecuario. La forestación es el sector más regulado del sector agropecuario y es distintivo frente a otros sectores. Para criar terneros, señora presidenta, no se necesita ninguna autorización; para plantar una hectárea de soja no se necesita ninguna autorización; para plantar arroz no se necesita ninguna autorización. Pero para plantar cuarenta y un hectáreas de eucaliptos, a partir de los decretos de este Gobierno, se va a necesitar autorización. En ese sentido, se van a estudiar aspectos relativos al suelo, a la cuenca de agua e, inclusive, aspectos patrimoniales, de forma tal que en el Uruguay no existan montes de abrigo, comerciales o de eucaliptos. Esta es una innovación que recoge muchas de esas sensibilidades de las que hablaba el senador preopinante. Otras sensibilidades también están recogidas, porque se va a necesitar autorización expresa para montes plantados allá por la década de los ochenta.

Esa es la realidad, señora presidenta. El Gobierno muestra sensibilidad al atender a un sector que estaba regulado, que es el único sector que para comenzar la actividad tiene que pasar por tres ventanillas: la del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la del de Ambiente y la de la intendencia respectiva.

Ahora se van a agregar más regulaciones. Esa es la respuesta a la sensibilidad que, en parte, nosotros compartimos y que este proyecto de ley no atiende. Es una iniciativa que no atiende los problemas reales descriptos en Piedra Sola, donde este senador estuvo y, por lo tanto, no necesita leer testimonios ajenos. Estuve y comprobé el estado de los caminos; lo hago semana a semana. Es una realidad que se da a raíz de una explosión productiva que gracias a Dios el Uruguay tiene y que explica en mucho la resiliencia a la hora de salir de la pandemia. Por suerte, en la forestación, en la agricultura, en la ganadería y en la lechería, el campo uruguayo está demostrando el mejor Uruguay, el más corajudo. Somos conscientes de las consecuencias de convivencia e infraestructura, porque las sufrimos todas las semanas. Sin embargo, este proyecto de ley que estamos tratando no atiende los problemas reales que existen con la forestación, que le vamos a poner tres nombres, señora presidenta.

No veo que exista nada relativo a la garrapata diseminada en los montes forestales en este proyecto de ley. La proliferación de jabalíes, producto de los montes, tampoco está atendida en este proyecto de ley, así como tampoco lo está el problema de los perros sueltos, de las jaurías que se encuentran en esos montes, en los galpones naturales para desarrollarse, que después terminan atacando a las majadas, como nosotros asistimos diariamente.

Lo que nosotros vemos en este proyecto de ley, señora presidenta, es un cambio rotundo de la costumbre uruguaya de dar certeza y estabilidad a la hora del diseño de una política pública, de una política de Estado. Esta ley, que data de 1987, es la quintaesencia de una ley productivista de neto corte wilsonista. Acá estaba el senador Alberto Zumarán, que fue coautor de esta ley y que por conocimiento propio nunca imaginó que el desarrollo de la actividad forestal iba a tener este tipo de ribetes, en donde la explosión productiva generada nos obliga a sobrerregular, como lo estamos haciendo a través de los decretos, pero no existe en el Uruguay, señora presidenta, un solo ejemplo de cuotificación legal a cualquier actividad económica. Eso existe en Argentina. La cuota, el tope a cualquier actividad económica –sea agropecuaria, sea comercial, sea industrial– no es de uruguayos. Existen las regulaciones, existen los reglamentos, existen todo tipo de disposiciones, pero gracias a Dios en este país la libertad para emprender y poder producir no va a estar supeditada a la ocurrencia de un político de turno.

Si entramos en ese camino, mañana puede venir otra ocurrencia que limite la exportación del ganado en pie o la exportación de las vaquillonas holando. Lo que yo quiero es que sea el sector privado el que cumpla con cada uno de los reglamentos y no que por ocurrencia de un político de turno se establezcan cuotas a la producción. La actividad económica de este país es lo que tenemos que promover, y mucho más en este momento de pospandemia.

Por eso, señora presidenta, es que estamos tan rotundamente en contra. No es por desconocer los ruidos que se dan en la campaña. Es por la innovación kirchnerista que establece el artículo 2.º de este proyecto de ley. Reitero no existe una sola disposición en la legislación nacional que cuotifique legalmente una actividad económica. Defensores acérrimos de la libertad, no podemos estar a favor de esto. Me refiero a la libertad con controles y con regulaciones, por supuesto. Lo voy a repetir: en este país el sector más regulado es la actividad forestal.

Además, es una actividad que hoy, señora presidenta, reúne nuevas sensibilidades. Aparece una sensibilidad nueva, no genuina, hacia el sector forestal. A los otrora gobernantes que autorizaban –como bien describía el senador preopinante– todo tipo de exoneraciones y excepciones a las empresas multinacionales, ahora les despertó la sensibilidad por la forestación. Son los mismos, señora presidenta, que durante su mandato de gobierno incrementaron en 700.000 hectáreas las zonas de prioridad forestal a pedido de las multinacionales. Y ahora vamos a escuchar discursos sobre la sensibilidad productiva que genera la forestación. Son los mismos que mandaban al Directorio del Banco República todo tipo de promoción crediticia a empresas forestales, a empresas mineras y a grandes empresas agrícolas. Hoy nos van a hablar de sensibilidad hacia el pequeño productor. Son los mismos, señora presidenta, que desde el 2012 asistieron pacíficamente a la desaparición de 726 tamberos en este país, los que hoy nos van a dar clase de sensibilidad y producción.

Es por eso que nosotros vamos a ser coherentes con lo que hemos pregonado durante toda nuestra trayectoria pública y privada, que es defender al hombre de campo en su paraje, en su lugar de trabajo, y defender el derrame que genera el sector agropecuario a lo largo y ancho del país.

En las sinergias, señora presidenta, el sector forestal ocupa el 6 % del área productiva del país. Es sinérgico en muchos lugares donde el Estado nunca llegó. Se obedece igual. Tiene el mismo funcionamiento que el sector arrocero, que también ha sido muy vilipendiado por parte de antiguos gobernantes. Es la mano privada que llega a rincones adonde el Estado nunca llegó en su vida. Aquí está presente el señor senador Saravia, que puede dar fe de esos lugares.

Son temas que tenemos que administrar, pero con la conciencia clara de que, si somos una isla que el mundo está mirando, es producto de una enorme cantidad de cosas que nos identifican, y entre ellas no están las cuotas a la producción nacional.

Tenemos por delante un enorme desafío. El Uruguay tiene todas las chances de poner un segundo piso a la producción. ¿Esto se hace con cuotas legales o con incentivos? Creo que con incentivos. Este senador, señora presidenta, presentó en la rendición de cuentas una medida revolucionaria para poder equilibrar el potencial de la ganadería y de la lechería con respecto, por ejemplo, a la industria forestal. Nosotros, a partir del 1.º de enero, vamos a promover la pastura, para que en los campos haya más eficiencia. Eso es visión productivista, y no la cuota legal.

Estamos frente a un decreto que, reitero, recoge muchas de esas sensibilidades. Y no tenga duda, señora presidenta: no va a generar ni un rasguño en la coalición de gobierno. La coalición de gobierno fue la responsable de terminar el año de la forma en que lo estamos terminando, a puro coraje y hombro. Fue un año largo, con diferentes circunstancias. Hay que cerrar los ojos mes a mes y darse cuenta de todo lo que se hizo durante este 2021, lo durísimo que fue y lo durísimo que sigue siendo. No van a ser los eucaliptos ni los neosensibles de la actividad agropecuaria –como es la oposición– lo que genere un solo rasguño. Estas son diferentes perspectivas, no sensibilidades.

Este senador, en el transcurso de la discusión parlamentaria, fue el único que puso arriba de la mesa temas que recién se tocaron, por ejemplo la modificación de algunos tipos de suelos, como el 5.02b. Este es el suelo más heterogéneo que tiene el Uruguay y está todo a lo largo del cristalino del sur, del oeste, hasta casi el centro del país. Es un suelo –para graficarlo en el Senado– en donde podemos ver las piedras grandes de Chamangá o campos asociados a otros suelos en donde puede haber desarrollo agrícola sin ningún tipo de problema.

El que desarrolló el Coneat –que es otra enorme medida de cuño wilsonista–, siendo Wilson el ministro de Ganadería, lo hizo mirando diferentes circunstancias, pero básicamente la producción de carne y lana. La productividad en estos dos rubros hoy está en tela de juicio, no solo en la forestación, sino en otras áreas del sector agropecuario. Lo más gráfico –para hablar con contenido y yendo al fondo– se ve en los campos arroceros. Cuando se hizo el Coneat, pasó el avión, tomó la foto y definió que tenían una productividad de carne y lana de índice Coneat 20, 22. Y si el mismo avión pasa hoy, va a ver una arrocera o una pradera atrás del arroz con novillos que pesan 600 kilos, con mayor productividad, quizás, que un campo que tenga 120 o 130 puntos de Coneat. Esa es la verdad inocultable del campo uruguayo, que se desarrolla con sus particularidades en cada paraje o sección judicial del Uruguay. Y ninguna de esas situaciones nos es ajena. A este Gobierno no le es ajena ninguna realidad del sector agropecuario: el apícola, el citrícola, el agrícola, el ganadero, el ovejero, el lechero, el que planta olivos ni el forestal. A todos ellos les tenemos que rendir un homenaje y merecen todo nuestro respeto: el que tira el lazo en Fraile Muerto o la señora que, viviendo en El Carmen, se toma un ómnibus para ir a replantar en un campo de forestación. Todos son parte del Uruguay que nosotros imaginamos, soñamos, en el que no hay uno más campero que el otro.

Nosotros tenemos la obligación de poder atender las distorsiones con realidades. Las distorsiones existen y nosotros siempre nos hemos manifestado acordes con ellas. Voy a nombrar una, porque no hay proyecto de ley que diga nada con respecto a esta distorsión: no paga lo mismo el que saca un camión de vacas gordas que el que saca un camión con madera de eucaliptos; no paga lo mismo. Hay un impuestito adicional al Imeba –el Mevir– que no se paga.

¿Es un tema para discutir cuándo? ¿Ahora, en el último día de la legislatura, con un referéndum impuesto por la ciudadanía dentro de dos meses? No, señora presidenta; son temas para la pospandemia, porque el momento también tiene que ver. Son discusiones que hay que atender de acuerdo con la realidad. Algunas discusiones se atienden mejorando algunos aspectos y otras promoviendo otros.

Voy a volver a poner el ejemplo de la pastura porque es la mejor forma de promover la ganadería en este país, incorporando nuevas especies que generen mayor productividad. No son medidas de titulares de diario, no son medidas para salir en los informativos; son medidas que, dentro de dos años, cuando analicemos la edad de faena de nuestros novillos y los índices de procreo, quizás alguno podrá decir: «En esa zona donde había un 45 % o 50 % de preñez, ahora, gracias a la gente que ha hecho mejoramientos extensivos aprovechando las ventajas fiscales que el Gobierno de Lacalle Pou incorporó, capaz que aumentó veinte, treinta, cuarenta, cincuenta novillos».

Por último, nosotros defendemos al sector lechero. No lo hacemos con discursos, sino visitándolo, conociéndolo, asumiendo los desafíos que se pueden llegar a venir. A tal punto es así, que en la comparecencia de la Sociedad de Productores Forestales –que involucra a todos: al enorme, al gigante, al multinacional, al nacional– ante la comisión, durante aquel largo período en que casi no podíamos reunirnos y básicamente lo hacíamos por Zoom, fue este senador y no otro el que pidió y exigió a Montes del Plata una especial sensibilidad para con el tambero, que conocemos y admiramos. Al tambero piamontés de Colonia habría que clonarlo y llevarlo a otras partes del país, señora presidenta; usted me ha escuchado decirlo mil veces. Si yo tengo una admiración por el tambero piamontés de Colonia, que generalmente ordeña entre treinta y cuarenta vacas, no la careteo ni me hago el sensible; cuando debo tener un arreón frente a frente con las empresas forestales, trato de pedirles y de exigirles, y así lo hice.

Voy a leer lo que dijo el ingeniero Carrau, gerente forestal de Montes del Plata –que consta en la versión taquigráfica de la comisión–, para que conste en la versión taquigráfica del Senado. Nosotros, a partir de ahora, asumimos la obligación del seguimiento de la palabra: yo creo en la buena fe de la gente y en la buena fe de lo que ahora voy a leer. Dice el señor Carrau: «Soy el gerente forestal de la empresa Montes del Plata, cuya planta de celulosa está ubicada en Punta Pereira, próximo a la localidad de Conchillas. Nuestro radio de abastecimiento está en unos 200 kilómetros de la planta y abarca departamentos como Paysandú, Río Negro, Soriano, Durazno, Flores y, en menor medida, Colonia, San José y Florida. También se abastece de madera de departamentos más lejanos como pueden ser Tacuarembó, Rivera, Rocha, Lavalleja y Maldonado.

Para enmarcar bien la pregunta del senador Da Silva, quiero resaltar que para abastecer a nuestra empresa no es necesario desplazar a ningún productor lechero. Quiero subrayar y hacer énfasis en eso. A la fecha no lo hemos hecho y nos comprometemos a no hacerlo en el futuro. Como dijo Nelson Ledesma, nuestra estrategia de abastecimiento es realizar la producción forestal en armonía con las otras producciones, de forma sostenible. Justamente, hoy en esta comisión quiero dejar sentado el compromiso en cuanto a que la empresa Montes del Plata, a futuro, no va a desplazar a ningún productor lechero». Agregó que podrían complementar su producción con otro tipo de actividad.

Quería que constara en la versión taquigráfica porque, naturalmente, nos obliga a hacer un seguimiento. Recorrer la zona de Cufré, de Barker, de Antolín –estoy pensando en campos de cristalino, del departamento de Colonia–, para nosotros es habitual y lo hacemos con el doble ojo: el ojo de militante político preocupado por el desarrollo y también con el ojo profesional de saber distinguir qué tipo de campo es cada uno; distinguir la cerrillada, el perfil, mirar un corte de cañada y darnos cuenta de qué tipo de suelo es.

Entonces, señora presidenta, quédese muy tranquila de que la palabra empeñada por Montes del Plata a través de su gerente, el señor Diego Carrau, la vamos a chequear semanalmente y seremos testigos de que algunas cosas no pasen.

Dicho esto y a sabiendas de que el tema no se agota acá, es que vamos a votar en forma negativa este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RUBIO.- Señora presidenta: estaba esperando que se anotara algún otro señor senador que integra la comisión, pero dado que no ha sucedido, quiero hacer algunas consideraciones.

Somos partidarios –y nuestros Gobiernos operaron en ese sentido, aunque quedaron a medio camino respecto a ese objetivo– de la diversificación productiva como concepto global, no solo en el agro, sino en la economía del país, y del incremento del valor agregado en cada uno de los distintos rubros, productos y servicios que el Uruguay genera, con lo cual no somos originales, sino que esta es una política que defienden todos los economistas que tienen la visión de un proyecto de desarrollo en profundidad. Y desde ese punto de vista, tomando la base agropecuaria del país, nos ha parecido siempre que era un gran acierto en el Uruguay la diversificación de la base productiva agropecuaria

De esta forma, se introdujo la lechería; se desarrolló la praderización –con una originalidad tecnológica que ha sido expuesta a nivel internacional y un ejemplo muy importante–, la cuenca arrocera y la granja –aparte de la ganadería tradicional–, y hubo distintos desarrollos de la agricultura. Después, se desarrolló la forestación.

Al desarrollo de la forestación lo hemos concebido como una política de Estado y, además, de largo plazo. Es una política que no solo necesita estímulos al sector, sino también distintas regulaciones –como también las necesitan los otros subsectores que componen la base agropecuaria del país–, que en una medida muy importante tiene, pero lo que pasa es que nos hemos olvidado. En algunos casos, la historia es muy larga y podemos no tener en cuenta algunos elementos desde ese punto de vista.

Este es nuestro punto de partida como proyecto de desarrollo. Y habíamos quedado a medio camino en nuestros Gobiernos porque esto supone un desarrollo muy importante de todo lo que es innovación tecnológica en otros sectores, tanto a nivel industrial y de servicios, como de nuevos desarrollos vinculados a las telecomunicaciones, a la informática y ahora, en el siglo de la biología, el gran desafío es el desarrollo de todo lo que tiene base biológica, que engancha perfectamente con nuestro desarrollo agropecuario.

En Uruguay hay dos grandes facultades que han sido el anclaje cultural del desarrollo del país –entre otras–, que son la Facultad de Agronomía y la Facultad de Ingeniería, ambas con todos sus institutos relacionados.

Ahora bien, esa mirada no supone que uno no busque la compatibilidad entre los distintos subsectores que componen estas cadenas de base agroindustrial y de desarrollo de alta tecnología en sus eslabones finales. Se busca la compatibilidad por razones sociales y ambientales y por las que tienen que ver con cuestiones tan básicas –para el mundo actual y para el del futuro– como la seguridad alimentaria.

Entonces, cuando se usan recursos finitos para generar estos desarrollos, es lógico que se generen enfrentamientos y conflictos sociales muy importantes entre las distintas líneas de desarrollo. Hoy, el problema de la humanidad –no es solamente un problema uruguayo, sino de toda humanidad; desgraciadamente, es mucho más importante en otros lugares que acá– es que estamos en el medio de la transición ecológica, y el centro de esta es la transición energética. En ese sentido, nosotros hemos hecho un avance muy importante en la diversificación de la matriz energética, pero no se ha hecho a nivel mundial.

Como decía, estamos en medio de esta transición, y será durísima. Todos los que hacen prospectiva saben que esto va a ser durísimo. Entonces, como país, tenemos que procurar colocarnos en las mejores condiciones para enfrentar estas circunstancias tan duras, pero nunca perder de vista la mirada social. Y creo que, en lo que ha sido la historia reciente del país, no lo hemos hecho. No creo que la hayamos perdido, dado el conjunto de programas que se han llevado a cabo –otros compañeros podrán desarrollarlo en mayor profundidad– para que el sector agropecuario no tenga esa impresionante sangría, que ha tenido aquí y en general en el mundo, y que lleva al despoblamiento de la campaña de los pequeños productores. Sin duda que podríamos discutir largamente acerca de esto, pero podemos enumerar una cantidad muy grande de políticas llevadas adelante para procurar amortiguar este fenómeno. Ahora bien, yo no creo que esto sea contradictorio con el desarrollo de la forestación, siempre y cuando se dé dentro de determinados límites. No me parece ninguna tontería –reitero: ninguna tontería– que se fijen determinadas regulaciones que establezcan ciertos límites, ni que haya un conjunto de regulaciones que, al mismo tiempo, procuren impedir que los grandes desarrollos en materia, por ejemplo, de agricultura de grano, hagan daño a los suelos uruguayos. Aquí uno de los ministros más revolucionarios que ha habido en los últimos quince o veinte años ha sido Aguerre, el inventor del Plan de Uso y Manejo Responsable de Suelos, invención revolucionaria por su impacto y su desarrollo en toda esta cuestión. En esto tenemos implicados temas sociales, ambientales y de disputa de recursos finitos, que es uno de los problemas que ya fue previsto hace muchísimos años que se iba a dar y que, efectivamente, se está viendo en este momento a nivel mundial. Me refiero no solo al problema ambiental, sino a la escasez de recursos para producir, por ejemplo, las energías alternativas. Este desafío habrá que enfrentarlo.

El desarrollo forestal ha tenido ventajas muy importantes para el país en materia de generación de otra línea de producción, muy trascendente en la diversificación, pero también ha tenido el problema de quedar reducido a un esquema casi exclusivamente celulósico. Desde ese punto de vista y de lo que es la incorporación de valor agregado y encadenamiento hacia atrás, hacia las nacientes y hacia adelante, los uruguayos tenemos subproblemas, no así las empresas que producen la celulosa. Se sabe muy bien que, por ejemplo, Montes del Plata, o fundamentalmente este nuevo emprendimiento de UPM, no vienen a producir celulosa para el mundo, sino a usarla para generar bioproductos de todo tipo que pueden terminar en productos farmacéuticos o de cualquier cosa. O sea, se trata del uso de la base biológica para la producción de cualquier clase de productos diversificados en la era de la biología. En ese marco, el problema del Uruguay es no quedar en la primera parte de la cadena, en la llamada U, en donde el centro del valor agregado está en la invención, en el origen, en el marketing y en la colocación final, es decir, no quedar ubicados solamente en el medio. Con esta visión del desarrollo y de la protección de los pequeños productores, no queremos que se avance solamente sobre la base de la lógica empresarial, sino que también se haga, simultáneamente, en un marco de lógica social. Desde este punto de vista y llegado a este nivel, eventualmente podría incluirse el desarrollo de una nueva planta. A mí no me extrañaría nada que dentro de un tiempo estemos considerando la posibilidad de una nueva planta en el este del país y que ese tema esté vinculado con este acuerdo que se viene realizando, que de concretarse del lado brasileño creo que realmente sería un aporte notable a la logística; la producción del este del país tendría una salida por ese lado, que es la vía navegable entre la laguna Merín y la laguna de los Patos.

Este proyecto de ley, en realidad, da margen para todo eso, pero, al mismo tiempo, establece determinadas limitaciones. Es notorio que este es un tema políticamente muy importante. Ese es el punto de partida y la interpretación que hace esta bancada: este proyecto de ley, si es aprobado –aunque su artículo 2.º sea vetado por el señor presidente de la república, tal como lo ha anunciado–, entraría en vigor con anterioridad al decreto que se aprobó el 10 de diciembre. Este es un tema clave y nosotros no quisiéramos que por la vía de la inteligencia jurídica que tienen algunos para interpretar las cosas de acuerdo con lo que les conviene, mañana se dijera que, en realidad, el proyecto de ley que se aprobó en el Parlamento mantuvo su artículo 1.º y no el 2.º porque fue vetado por el presidente de la república y no hubo votos para levantar el veto, pero que está vigente un decreto más avanzado, y reconozco que es así. Desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, establece un registro para las plantaciones de entre 40 y 100 hectáreas –me parece que ese registro es un aporte muy importante–, pero también incluye otras cosas que expanden las áreas bajo la denominación de aptitud forestal; se expanden las áreas que se sumarían a las de prioridad forestal. Y como han dicho las autoridades en la comisión –a la cual no pertenezco, pero he podido leer las versiones taquigráficas que me han alcanzado sus miembros–, a esta altura tenemos 300.000 hectáreas que no son de las que están comprendidas en el artículo 5.º de la ley de 1987. Esa ley establece, en el literal A), con relación a los suelos de prioridad forestal: «Por sus condiciones de suelo, aptitud, clima, ubicación y demás características, sean inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso». Y podrán agregársele algunos otros, de acuerdo con lo que establece el literal B), pero tendrá que ser decisión expresa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces, si hay 300.000 hectáreas que fueron plantadas fuera de los suelos de prioridad forestal y a eso le agregamos las 200.000 hectáreas que aparecen en este decreto –que van a aplicarse fundamentalmente en los departamentos del sur del país–, por esa vía estaríamos afectando, básicamente, lo que queremos salvar, que es la pequeña producción y la lechería del sur del país.

Este es un tema neurálgico. El decreto dice, en su último artículo –el 16, relativo a la vigencia–, que el presente decreto entrará en vigencia en un plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. Entonces, va a ser dentro de tres meses porque, claro, hay que hacer un registro y una reclasificación de los suelos.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Por favor, señores senadores, no dialoguen.

SEÑOR RUBIO.- Por lo tanto, si este Parlamento aprueba en el día de hoy, como dice el artículo 1.º, que la plantación de bosques generales y de rendimiento –tipificados en la ley de 1987 y decretos reglamentarios–, queda limitada a los suelos de prioridad forestal, o sea, a aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la ley han sido designados como terrenos forestales, según lo establecido en el artículo 5.º y decretos reglamentarios, también tendría efecto sobre lo previo a este decreto. En todo caso, si el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca quieren extenderlo, se discutirá después, de acuerdo con lo que se decida, pero no por lo fijado en el decreto.

Si esta es la interpretación correcta –la que hacen nuestros juristas–, este es un tema políticamente relevante, porque no quisiéramos que esto termine en un juego de la mosqueta por el cual se aprueba un artículo y, al mismo tiempo, se dice que está vigente un decreto que, en realidad, vuelve inocuo ese artículo. Entonces, el presidente de la república veta el segundo artículo y queda como el gran señor que dice: «Hasta aquí se llegó y esto otro no lo permito», y vuelve inocuo el tercer artículo porque con este decreto, en realidad, se expande en 200.000 hectáreas las zonas que no son de prioridad forestal. Ya hay 300.000 hectáreas en esa situación y si les sumamos 200.000, llegamos a las 500.000.

En definitiva, lo que está en juego aquí es si vamos a habilitar la forestación de 500.000 hectáreas que no pertenecen a las tierras de prioridad forestal. ¡Ese es el tema de fondo y central! No quiero que se entienda, en este juego de interpretaciones jurídicas, que estamos protegiendo las producciones granjera y lechera y otras pequeñas que afincan a los productores del país en la tierra, y después sucede que no fue así.

(Interrupciones).

–Por lo tanto, en virtud de este análisis, señora presidenta, vamos a apoyar este proyecto de ley, en el entendido de que este decreto es posterior y no rige. También vamos a acompañarlo porque entendemos que cualquier límite es arbitrario; eso es cierto, y si el límite se establece por ley, puede ser modificado por otra si en una concepción de su desarrollo se llega a la idea de que hay que hacer cambios. Esa no es una invención a nivel internacional. Y la disputa por los recursos naturales finitos para procurar que la diversificación productiva avance y no retroceda es una política muy compartida a nivel mundial por muchos países que ven en la cuestión del desarrollo un tema muy relevante. Pero no solo tiene que ver con la tierra, sino también con otros recursos naturales finitos que escasean cada vez más en el planeta Tierra. Entonces, con este análisis estamos apoyando –más allá de las diferencias que podamos tener en otros campos–, junto con otros senadores en este plenario, los artículos 1.º y 2.º.

Este análisis no es ajeno a las necesidades sociales de la pequeña producción, que es una preocupación prioritaria; ¡no es ajeno! al problema de los impactos ambientales, porque no hay quien sostenga que la conversión del Uruguay en una especie de monocultivo del eucalipto, en una extensión desmesurada, no termine siendo un problema ambiental de real envergadura; ni es ajeno a los problemas de la seguridad alimentaria, como tampoco a otras cosas que están directamente vinculadas.

En resumen, señora presidenta, según nuestra interpretación, que nos parece corresponde a los textos que se ponen a votación, en el horizonte que tenemos hacia el futuro –que no quiere decir que sea el horizonte de los horizontes–, la forestación se limitaría a los suelos de prioridad forestal, que abarcan una superficie muy significativa del país, en donde no solo se habilitaría el desarrollo de las plantas que hoy están funcionando sino incluso otros desarrollos, y creo que eso es suficiente, incluso, desde el punto de vista de la competitividad.

SEÑOR DOMENECH.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Quiero señalar que a la muy buena interpretación que ha hecho el senador Rubio y que acompaño, hay que agregar que este decreto dice expresamente que se considerarán terrenos con aptitud forestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.º de la Ley n.º 15939. Habla siempre de aptitud forestal y no de prioridad forestal, por lo que entiendo que la referencia a la ley de 1987 no debe confundirnos. No se han ampliado los terrenos de prioridad forestal, sino que se han ampliado los de aptitud forestal, que es un término muy vago que no aparece definido en ningún lado y menos a nivel legal.

Quería hacer esa consideración y agregar otra cosa más desde el punto de vista jurídico.

La verdad es que este análisis me ha llamado la atención, porque lo ha realizado una persona que, si bien siempre dice que no tiene formación jurídica, ha hecho una muy buena interpretación de los textos legales.

El literal B) del artículo 5.º exige, además, que para que un terreno sea calificado de prioridad forestal esto debe ser comunicado a la Asamblea General, hecho que no ha sucedido.

Agradezco al señor senador la interrupción que me ha concedido.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Puede continuar el señor senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Agradezco al señor senador Domenech la puntualización que formuló porque la había anotado y la había olvidado.

Eso es cierto. Si el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dentro del marco del artículo 5.º de la ley de 1987, quiere incluir otros terrenos, deberá decidirlo y comunicarlo a la Asamblea General, y eso no es un tema menor desde el punto de vista institucional y político.

Muchas gracias.

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE.- Señora presidenta: quiero referirme a este proyecto de ley y, en particular, expresarme personalmente al respecto.

Creo que toda la bancada del Partido Colorado no va a apoyar esta iniciativa; no la vamos a votar. Es un texto muy corto; ha sido estudiado en las comisiones de la Cámara de Representantes y en la del Senado, pero no ha incorporado nada de lo aportado por toda la gente que ha recibido. Realmente han comparecido muchísimas delegaciones ante esas comisiones y la verdad es que si uno compara el proyecto de ley inicial con este, nota que no hay ninguna incorporación. Es como que no construimos nada; estuvimos trabajando un año y no incorporamos nada. De toda la gente idónea en el tema que recibimos, que vino a hablar y a presentar datos, que fundamentan que vamos en la dirección incorrecta, no se incorporó absolutamente nada.

Es mucho más interesante, en sectores de la producción uruguaya como esta, llegar a leyes de consenso en las que se incorporen aspectos que la sociedad y los productores reclaman. Esto es como una especie de ataque en contra de un sector de la economía uruguaya que, sin duda, ha traído progreso para todos y, también sin duda, no ha traído daños ambientales, que es una de las cosas que se cuestionan permanentemente.

La verdad es que hace prácticamente veinte años que tenemos la primera gran planta de celulosa, que ha sido atacada de todos lados, inclusive desde la vecina orilla –después vamos a hablar un poco más de ese tema–, y la verdad es que todo lo que se ha dicho de que se iban a contaminar las aguas y demás, no resultó así.

Cada vez que hablamos de medioambientalismo, de la gran producción, de la equidad, del productor chico, etcétera, etcétera, nos referimos siempre a los países nórdicos como un gran ejemplo, mucho más que a los neozelandeses y a los australianos que, por estar cerca de China, se han aprovechado de esa situación. Insisto: siempre nos referimos a los países nórdicos como ejemplo de todo; eso es así, sin duda.

Ahora, cuando vienen acá, son unos vikingos que vienen a quedarse con todo nuestro medioambiente, nuestros campos y demás, y eso ¡no es así! porque nosotros hemos visto, desde que llegaron, cómo apuntalaron el desarrollo en todas las áreas, desde el sector de la construcción hasta varias áreas productivas. Lo que uno escucha permanentemente cuando habla, no con ellos sino con toda la gente que trabaja alrededor, es: «Han traído al Uruguay una nueva forma de trabajar», a la que nosotros no estábamos acostumbrados; una forma de trabajar bien: bien con el medioambiente, bien con los productores y bien, sobre todo, con los productores chicos.

¡Me extraña! Capaz que se trata de un error de alguien al escribirlo, pero el texto de la ley es de dos carillas y tiene dos artículos importantes.

El artículo 2.º refiere a una limitación total de la superficie de Uruguay; dice concretamente: «La superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país, no podrá superar el 10 % de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria».

Por su parte, el artículo 3.º –que supongo que todos acá lo habremos leído bastante porque es corto– refiere a la superficie destinada a «bosques de servido». O sea, no existen los bosques de servido; eso está mal redactado y habrá que modificarlo. En todo caso, se trataría de bosques de servicio. Bosques de servido, repito, no existen. Entonces, ese artículo no sirve. A los que redactaron el proyecto de ley les digo que eso habría que cambiarlo –no sé si hay que hacerlo acá y si recibirán la sugerencia de cambiarlo– porque está mal redactado. Reitero que es un artículo simple y, sin embargo, dice: «bosques de servido».

Cuando trabajamos sobre un proyecto de ley que tiene tanto impacto sobre el Uruguay, la producción y el trabajo de la gente, y cuenta solo con dos carillas, por lo menos intentemos redactarlo correctamente y que la ortografía no quede perdida en algo tan simple.

¿Por qué no estamos de acuerdo con esto? Porque no entendemos que esté bien restringir la producción de nada en el país. Si nos remontamos ‒como ya lo hemos hecho‒ a la época de Hernandarias, recordaremos que cuando los españoles llegaron a territorios uruguayos no encontraron nada; no había absolutamente nada. Había algunos bosques autóctonos sobre los arroyos, pero todo era fundamentalmente tierras y pasturas; no había nada más. Por esa razón, los europeos junto con Hernandarias introdujeron las vacas; vieron que era un gran lugar para desarrollar algo que en el mundo era fundamental y constituía una alimentación rica en proteína de origen animal, que era la que más consumía el ser humano para desarrollarse. Así fue como se introdujeron las vacas, las dejaron en el territorio y se criaron solas. Después, tal vez de la mano de los ingleses más que de los españoles, introdujeron las ovejas.

La cuestión es que desde aquella época, desde el siglo XVIII hasta fines de los años noventa, la producción agroindustrial uruguaya era la vaca; ya no era la oveja porque la crisis de los países asiáticos, que eran los grandes consumidores de lana en el mundo, hizo que la lana se fuera a valores de cero. Quedamos con un país prácticamente monoproductivo, ganadero y nada más. ¡Bien que nos costó salir de eso! Cuando quisimos salir de esa situación apareció en su momento la planta de celulosa Botnia – actualmente UPM– y la querían de otros lados, sobre todo del lado de enfrente, porque era una niña bonita. Por eso, cuando se dieron cuenta de que venía para acá empezaron con todo el rollo del cuento del medioambientalismo y decían que iban a contaminar todo el río Uruguay, entre otras cosas que ya conocemos. En aquella época también escuchamos cuán criticada era esa planta desde acá.

Después, entramos en una segunda etapa. De golpe, esas plantas pasaron a ser bien vistas, eran queridas y mucho. Todos juntos, de manera satisfactoria, salimos a respaldar a un Gobierno que estaba siendo apedreado por el vecino de enfrente, que nos cortó los puentes e hizo muchas otras cosas más. ¡Salimos todos a defender a un Gobierno que iba en la línea correcta! ¡En la línea correcta!

De un tiempo a esta parte han seguido viniendo empresas nórdicas de pastas de celulosa. No es una producción que ha dejado de lado a las demás, porque durante estos veinte años toda la producción agropecuaria en su conjunto ha crecido; me refiero a la lechería, la soja, el trigo, el arroz, la ganadería, la producción ovina, etcétera. La verdad es que estas empresas no han competido mucho y cuando uno escucha las cifras de exportaciones forestales que se mencionaron acá, puede notar que son llevadas a cabo con muy poco uso de terreno e incluso empatan a otras que usan mucho, muchísimo más terreno.

Además, esto viene a complementar porque ¿cuál es el beneficio que el Uruguay da a los demás? Estamos en una latitud en la que el eucalipto crece naturalmente muy rápido; es la fibra que se utiliza para la celulosa y que hoy prácticamente no se usa para papel, sino básicamente para barbijos y ese tipo de cosas. Como dice el propio proyecto de ley, en la actualidad solamente el 7 % de la superficie uruguaya es destinada a la actividad forestal. Esa es la superficie que se ha utilizado desde 1987 hasta hoy –porque a la ley forestal de 1968 se le han hecho muchas incorporaciones y la que le dio el último envión fue la de 1987–, pero los campos del Uruguay no estaban vacíos antes de esto porque todos tenían sus plantaciones de eucaliptos, pinos y demás. Como todos sabemos, estas especies fueron introducidas por el hombre y no son autóctonas.

En consecuencia, no veo la necesidad de limitar algo que se limita por sí solo porque la gente lo autorregula y tampoco podemos pensar que por poner limitaciones estamos protegiendo al pequeño productor. ¡Eso es una falacia! Cuando intentamos proteger al pequeño productor casi siempre le erramos y terminamos favoreciendo al gran productor, al gran inversor, que tiene muchísimas otras formas de solucionar las regulaciones. El pequeño productor no las tiene.

El senador Da Silva mencionaba hoy lo bueno que había sido que todos votáramos la incorporación de las praderas como proyectos de inversión. ¿Cuál fue el primer reclamo de los productores? «No nos hagan ir a Montevideo, al Conap, con proyectos y demás. ¡No nos la compliquen!». Si bien está buenísimo, no quieren que les compliquemos las cosas; ¡son productores pequeños! Los grandes ya tienen sus estudios de contadores y demás. Nuestro trabajo es quitar complicaciones a los pequeños productores y no al revés.

Lo mismo sucede con cosas que ya hicimos y que pensábamos estar regulando. Por ejemplo, hacer responsable a quien contrata a un pintor para su casa de si la empresa que viene pagó o no el BPS. Al final, uno termina contratando a una empresa grande porque se asegura de que luego no vendrá un reclamo.

Cada vez que hacemos esto terminamos regulando en la dirección incorrecta y también sucede en este caso porque no es la forma de hacerlo. No se trata de dar un pasito más hacia una economía centralizada, que decida cuándo tenemos que producir, qué cantidad de hectáreas, de granos, de vacas, ovejas y demás, hasta –por qué no– qué marca es el cepillo de dientes que usamos en la mañana. Eso en el mundo fracasó; ya sabemos que esa línea fracasó. Creo que poner topes en la producción de algo e ir en la línea de establecerlos en la producción de todas las cosas, va en la dirección incorrecta, empezando por cambiar ese artículo que está mal redactado.

La verdad, creo que decir que la mayor cantidad de árboles se planta en áreas que no son de prioridad forestal también es una falacia, porque el 75 % se planta, precisamente, en esas áreas. Por lo tanto, queremos limitar algo que ya está limitado per se.

Además, cabe recordar que, en su momento, los principales actores que vinieron al Uruguay pasaron por las etapas de estudios medioambientales más duras, porque el Banco Mundial así se los exigía. UPM, para hacer la primera inversión en Uruguay, uno de los problemas que tuvo en el financiamiento fue el riesgo uruguayo. Para garantizarlo, se tenía que presentar a una agencia internacional, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones –MIGA, por su sigla en inglés–, que es un brazo del Banco Mundial. Lo primero que le exigió –recuerden aquella época– fue todo el tema medioambiental, que también se lo exigimos en Uruguay; también fuimos durísimos con ellos. Incluso, llegamos a instancias de dura negociación. Sin embargo, la empresa y el sector pasaron por todo eso. Si ponemos a los demás sectores a pasar por ese tamiz, no lo pasan; sin duda no lo pasan.

Creo, entonces, que estamos regulando sobre una industria que es la más regulada y a la que más atención se le ha prestado en el planeta. Cuando éramos chicos se nos decía que había que plantar árboles, ahora se nos dice que no hay que plantar árboles. Inclusive, si miramos los números de crecimiento de los árboles autóctonos, creo que en estos veinte o treinta años también han aumentado. ¿Por qué? Porque, lisa y llanamente, en nuestras casas quemamos más eucaliptos que otras especies. La gente es más consciente de que no tiene que quemar coronilla ni ningún otro árbol autóctono. Cuando hacemos un asado, en cierta forma nos sentimos mal por quemar árboles autóctonos. La verdad es que, si hubiéramos dejado solamente árboles autóctonos en nuestro país, con todo lo que hemos quemado de leña para calentar nuestras casas ya no quedaría ninguno. Es decir que también ha contribuido en eso; ha contribuido con muchas cosas.

Decir, entonces, que «esto viene a competir con» no está bien; «esto viene a crecer con» y «vino a crecer con». Inclusive, tierras que antes casi no se consideraban para ganadería, hoy se consideran y se pone ganado debajo de los árboles, es decir, se lleva a cabo ganadería complementaria a la forestación y forestación complementaria a la ganadería.

Hoy todos sabemos que cuando uno produce o tiene unidad productiva, que es un campo, debe tener un balance porque Uruguay no es cien por ciento forestal, cien por ciento ganadero o cien por ciento agrícola. Cuando observamos el índice Coneat de los campos, vemos que una partecita es agrícola, otra que es forestal y una partecita es ganadera. El productor solito se da cuenta de eso y hace ese portafolio de producción agropecuaria. Cuando el proyecto de ley refiere a cuando se van los tocos y demás, eso se va a solucionar entre el comprador y el vendedor. El que compra debe decir: bueno, tu tierra ahora vale unos pesos menos porque yo tengo que ocuparme de eso. El que tenía la tierra antes, decidió tener la plantación ahí; le convenía hacerlo.

Sinceramente, creo que esto va en la dirección incorrecta. Cuando uno mira la cantidad de mano de obra que ha dado esta actividad, ya sea directa o indirectamente; cuando uno pasa hoy por Paso de los Toros, que prácticamente era un pueblo desértico en la mitad de nuestro querido mapa del Uruguay, ve algo increíble. Repito: hoy ver eso es algo increíble. Lo mismo pasó en la primera y la segunda planta, porque el desarrollo de la sociedad alrededor ha sido muy importante. No estamos yendo en la dirección correcta pensando en que todo esto hay que limitarlo o pararlo, porque se nos viene encima y se nos quedan con todo el Uruguay. Hablamos de un 7 % del Uruguay que ya tenía árboles desde 1987 al 2021. La verdad es que creo que vamos en la dirección incorrecta. Me parece que va a ser muy difícil para el pequeño productor salir con un proyecto e ir a defenderlo y demás, pero el gran productor lo va a hacer y va a crecer más, va a haber más participación de grandes jugadores, pero poca cantidad. Además, si miran la cantidad de empresas que están en el sector podrán comprobar que no son dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete, sino muchísimas. Es cierto que hay tres grandes jugadores, pero hay muchas empresas.

Acá hablamos del sector lácteo, pero en Uruguay es un monopolio, lo tiene una sola empresa que queremos mucho y ha hecho un muy buen trabajo, pero hasta fines de los años noventa no se sabía si se quebraba, desarmaba o vendía hasta que la gerencia de Conaprole trajo gente del exterior, hizo un gran trabajo y hoy es un ejemplo, pero a nadie se le ocurre limitar a la lechería porque hay una sola empresa. Digamos las cosas como son. Vayamos en la dirección correcta. Esto, señora presidenta, para nosotros no va en la dirección correcta. Para mí es quitar culpas. Quizás los uruguayos no fuimos capaces de solucionar el problema, porque desde Hernandarias hasta acá lo único que tuvimos fue la vaca; no trajimos la agricultura porque no sabíamos cultivar; vinieron de Argentina a enseñarnos a cultivar. ¿Por qué? Capaz que así como Hernandarias se fue de España, ellos se fueron de Argentina, pero la cuestión es que no fue por nosotros. Entonces hoy nuestro complejo es por Hernandarias, por argentinos, y también por brasileños que nos enseñaron a cultivar el arroz. El cultivo de arroz en el Uruguay vino de Brasil. Es verdad que grandes personajes, como el señor Ferrés, fueron los desarrolladores de la industria arrocera, pero la verdad que sin el impulso brasileño no hubiéramos llegado a nada en ese cultivo. Ahora, con el impulso de los nórdicos, a quienes siempre veneramos porque han logrado una convivencia social muy buena, cuidan su medioambiente, etcétera, hemos desarrollado una gran industria forestal.

Por acá me quedo. Creo que no es limitando que vamos a progresar, creo que es apalancando, ayudando y yendo para adelante, colaborando con los pequeños productores, pero, sin duda, no es por este camino que lo vamos a lograr.

SEÑOR SÁNCHEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BATLLE.- Ya terminé mi exposición.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: le pedí una interrupción al señor senador Batlle porque escuché con mucha atención su preocupación por la falta ortográfica del artículo 3.°, carpeta n.° 378/2020, repartido n.° 413 de diciembre de 2021, que está a consideración del Senado de la república y que tiene estampado, porque fue aprobado por la Cámara de Diputados, la firma del señor Fernando Ripoll Falcone –que es el secretario de dicha cámara– y del señor Martín Lema, quien en ese momento era el presidente. En la página 5 de la misma carpeta está el proyecto presentado por el señor diputado Menéndez con su correspondiente exposición de motivos y el artículo 3.° dice: «La superficie destinada a bosques de servicio». Evidentemente, aquí hay un error del que es responsable la Cámara de Representantes, porque este proyecto de ley fue presentado con la ortografía correcta y, seguramente cuando hicieron el tipeo –tipeo que tendría que haber controlado el señor secretario de la Cámara de Representantes antes de estampar la firma–, seguramente hubo alguna dificultad. Así que me imagino que hubo un error de imprenta que es fácilmente solucionable y no hay que votar un nuevo artículo 3.º, pero como veía la preocupación que tenía el senador Batlle pedí la interrupción.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Vamos a aclarar esta situación. En el repartido que tenemos nosotros, que es el n.º 413, veo que dice la palabra «servicio», o sea que nosotros también tenemos ese vocablo. Evidentemente, la versión que tiene el senador Batlle tiene esa equivocación y estaba esperando que el senador terminara con su intervención para aclararlo.

Muchas gracias.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Muchas gracias, señora presidenta.

Efectivamente, lo que sucedía era eso: había errores de imprenta en los repartidos. Entonces, de alguna manera, la preocupación del señor senador Batlle sobre la modificación del artículo 3.º queda laudada y podemos ingresar –que es lo que pretendía hacer en mi intervención– a la consideración de este proyecto de ley que, como ya había adelantado mi compañero de bancada, senador Rubio, el Frente Amplio se apresta a acompañar con sus votos para que definitivamente se apruebe en esta segunda cámara el proyecto de ley que oportunamente se discutió el año pasado en la Cámara de Representantes.

Simplemente voy a señalar una extraña coincidencia que tiene que ver con una cuestión fortuita. Este proyecto de ley se votó en la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2020, que es el último día de la legislatura –como todos sabemos– y se está votando el 15 de diciembre de 2021 en el Senado. Quizás en el futuro sea necesario que en algún proyecto haya que poner este día como de legislación de ley forestal. Amén de esa coincidencia extraña quiero agregar que en ambas oportunidades –tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado– no hubo informe; lo digo para ir atando las coincidencias en un tema que es muy complejo y que abarca un conjunto de asuntos que afectan intereses colectivos, sociales, ambientales y, naturalmente, comerciales de particulares. Entonces, reitero, este es un tema bien complejo en el Uruguay.

Por otra parte, no es nuevo. Aquí siempre se hace referencia a la ley de 1987 como la ley forestal –que efectivamente es lo que estamos analizando hoy–, pero lo cierto es que el Uruguay está trabajando en estos temas desde 1951. De hecho, en 1951 vino la FAO acompañada por una delegación del Banco Mundial e hizo recomendaciones al país en el sentido de pensar en la promoción del sector forestal. Luego, en 1968, se votó la Ley n.º 13723, que hacía referencia a los recursos y a la economía forestal. Después se aprobó la Ley n.º 15695, en 1984, que también refería a lo forestal y concluyó, después de un trabajo muy importante de cartografía del Uruguay, con la creación del índice Coneat en lo que fue la CIDE. Esto terminó en 1987 con la aprobación de la Ley n.º 19939, conocida como la ley forestal, señora presidenta. Entonces, naturalmente que sobre estos temas hay mucha legislación, ha habido mucho debate a lo largo de la historia del Uruguay sobre los efectos de esta situación por la particularidad de la que se hablaba hace muy poquitos minutos en esta sala y es que, en realidad, no estamos hablando de bosques, sino de cultivos forestales. Esta es una distinción que no es inocua, porque el Uruguay está instalado geográficamente en un lugar muy importante del mundo, que tiene las áreas de pastizales más grandes: 70:000.000 de hectáreas componen un sistema de pastizales que abarca una parte de Uruguay –por supuesto–, otra de Argentina y otra de Brasil. Insisto: es el espacio geográfico a nivel mundial de mayor extensión de pastizales en el mundo. Naturalmente esta zona no tiene eucaliptos, sino que han sido incorporados por la labor humana.

Muchas veces, en la discusión se confunde la idea de los bosques, que son ecosistemas y que existen en otras partes. Acá se habló de Finlandia, que tiene bosques en un 90 % de su superficie, que conforman un ecosistema que funciona naturalmente en ese lugar, pero en este caso hubo una implantación por parte de la actividad humana y una intervención dentro del ecosistema pastoril con bosques que son, en definitiva, plantaciones de eucaliptos y también de pinos. Esta es una diferencia importante, porque lo que se está haciendo es afectar al ecosistema de nuestra región; estamos llevando adelante algo que es natural de la humanidad desde que nos asentamos, como es el cultivo, que no es otra cosa que decidir qué especies crecen y cuáles no. Por lo tanto, es una actividad humana que, reitero, transforma los ecosistemas naturales. Desde que el ser humano decidió asentarse, hemos transformado la naturaleza. De hecho, el Palacio Legislativo está instalado en un lugar en donde antes había otra cosa.

De manera que toda actividad humana conlleva una afectación del medioambiente y en los ecosistemas existen dos componentes muy importantes de bienes y de servicios. A la altura del partido que estamos hoy –como muy bien señaló el señor senador Rubio, estamos en la era de la biología– está más que claro: unos son de valorización en los mercados –generalmente de apropiación privada– y tienen que ver con lo que generamos en alimentos, carne, lana, cuero o los servicios vinculados al turismo que brindan los ecosistemas en el país; y otros se llaman de apropiación difusa que, en definitiva, no es otra cosa que lo que generan los ecosistemas en el tratamiento del agua, el mejoramiento del aire y en las actividades circundantes de la flora y la fauna que se desarrolla alrededor de esos ecosistemas.

Entonces, en estas actividades siempre se presenta un conflicto ambiental y desconocerlo es casi como desconocer el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad. Siempre hay un conflicto ambiental y por eso merece ser mediado y discutido en estos dos términos, o sea, entre la apropiación privada de bienes y servicios –sea para producir una cebolla– y los recursos que generamos en un caso bien particular de Uruguay como es la captación de carbono, porque nuestro país vende alimentos en el mundo, que no es otra cosa que la acumulación de carbono y agua transformada en lana, carne, cuero, palos y celulosa. En definitiva, si nos vamos a lo más básico, es eso.

¿Por qué arranco por acá? Porque creo que hay una razón fundamental para que los Estados regulen estas actividades debido al conflicto ambiental que se genera. En nuestro país y en la humanidad hubo momentos en que esto no se tuvo en cuenta, porque la conciencia ambiental del mundo y de la humanidad partió de la base de que los recursos naturales eran infinitos y que no se iban a acabar nunca, pero nos estamos dando cuenta de bruces –y las nuevas generaciones lo van a pagar mucho más que nosotros– que son finitos y nos imponen un límite a lo que queremos hacer. Por lo tanto, es importante que se tome conciencia ambiental de lo que se va a hacer. Hoy los científicos del mundo discuten qué pasa con los dos grados de temperatura que pueden aumentar en la tierra porque va a generar y está generando fenómenos de cambio climático terribles y estamos en el medio porque, lamentablemente, el agujero de ozono está acá.

Comparto que la forestación es uno de los rubros que está más regulado y debe ser así por la sencilla razón de los efectos y los impactos ambientales que generan los cultivos forestales. Hay evidencia científica de sobra que demuestra que generan esos impactos; no los neguemos más.

Generan impactos negativos porque estamos incorporando una especie que no es de la zona y que, además, tiene un componente importante de biomasa que, por supuesto, captura más carbono que un pastizal. El problema es que también el modelo forestal tiene una cosecha rápida. Por eso no hablamos de bosques ni de maderas nobles, que tienen un tratamiento a más largo plazo y, por lo tanto, mantienen retenido el carbono a más largo plazo; aquí se cosechan más rápidamente y la ecuación de carbono desaparece o, incluso, puede ser negativa en esos casos.

Voy a citar algunas investigaciones, para que no sigamos diciendo cosas que no son. El Consejo de la Facultad de Ciencias, en la resolución n.º 78, ha publicado una síntesis de los efectos ambientales de las plantas de celulosa y el modelo forestal en Uruguay; allí se muestra que es clarísimo el impacto que tiene la actividad de la forestación en los componentes ambientales, como sucede con otras actividades. Leo una parte: «La cantidad total de carbono que el ecosistema logra finalmente almacenar dependerá del balance entre las ganancias de carbono (fijación por fotosíntesis) y las pérdidas (respiración total, herbívora, cosecha de biomasa). Esto implica que en una plantación forestal, si bien las ganancias por fijación son mayores que en los pastizales, las pérdidas por cosecha son tan altas que finalmente el balance o ganancia neta del ecosistema es menor que en el pastizal».

Y en la parte referida a la regulación hídrica, dice: «Los resultados incluyen 504 observaciones de caudal anual y demuestran una disminución promedio del 39 % en el rendimiento hidrológico (fracción del agua de lluvia que alimenta el caudal de los arroyos y el drenaje profundo) en las cuencas forestadas. Para los pastizales del Río de la Plata, existe información preliminar basada en mediciones puntuales de caudal en cuencas pareadas en Lavalleja (8 pares, 4 fechas) y Córdoba (4 pares, 5 fechas), los resultados indican reducciones del caudal cercanas al 50 % tras el establecimiento de forestaciones». Lo dice la Facultad de Ciencias.

En cuanto al efecto sobre la acidificación del suelo, esa resolución dice que los científicos «Recopilaron 112 casos en los cuales se exploraron posibles variaciones químicas del suelo en parches adyacentes de forestaciones y pastizales naturales distribuidos en cinco continentes sobre suelos de muy distinta naturaleza».

Puedo seguir, señora presidenta. Por ejemplo, en Estimación de la disponibilidad hídrica en microcuencas forestadas con Eucalyptus, de Jimena Alonso, dice: «… la evapotranspiración es el principal proceso hidrológico que explica la modificación del caudal específico como resultado del cambio de uso de los suelos [3 y 4]. En particular, existe clara coincidencia en señalar que la forestación de campo natural reduce el escurrimiento superficial [5, 6], y se ha encontrado que en términos de balance hídrico anual esta reducción se relaciona directamente con el aumento de la evapotranspiración que genera la intercepción del dosel forestal [7]».

Puedo seguir leyendo otras investigaciones que demuestran con claridad que hay impactos ambientales.

¿A mí me dan miedo los impactos ambientales? No. ¿Qué es lo que estoy justificando, señora presidenta? Una regulación del concepto de propiedad, que tiene larga discusión en la historia. Los señores feudales se rebelaban contra los Estados, porque decían: «Acá mando yo y hago lo que quiero». Eso se terminó y la humanidad avanzó enormemente desde que se terminó el concepto de los feudalistas, que decían que hacían lo que querían donde estaban porque eran dueños de la tierra.

Los efectos negativos desde el punto de vista ambiental obligan a que los Estados tomen decisiones sobre los bienes difusos, porque los Estados representan a la sociedad. El Estado sí tiene responsabilidad para con los que vivimos hoy, pero también tiene responsabilidad para con los que van a venir en el futuro, que no pueden decidir hoy. El único que tiene esa responsabilidad es el Estado y, por lo tanto, es correcto que regule, que establezca prohibiciones y orientaciones. Eso fue lo que hizo el Estado uruguayo con una política exitosa.

La forestación en Uruguay no surgió por generación espontánea, sino por una fuerte intervención del Estado. Yo escucho acá discursos en contra de que el Estado intervenga, pero si hoy tenemos 1:000.000 de hectáreas forestadas fue porque el Estado intervino y dijo: «Acá estoy yo y juego yo». Definió suelos de prioridad forestal, exoneraciones fiscales y un conjunto de políticas para que existiera este sector. Hoy tenemos ese sector en Uruguay.

Es verdad que hoy el sector forestal, con una superficie pequeña de nuestro territorio, en las exportaciones internacionales está en el segundo lugar o va a estarlo, seguramente, cuando se instale la tercera planta. Entonces, esto nos obliga a discutir sobre el uso del suelo. ¡Cómo no vamos a discutir sobre eso si compite con otras actividades y genera actos de conflicto ambiental en términos sociales, productivos y logísticos! Porque es cierto: compite. Y uno de los grandes problemas del Uruguay, desde antes de existir como tal, antes de que existiéramos como república, era el poblamiento de la campaña. Por lo tanto, esto está en el centro y no se puede negar más una realidad que es evidente.

Ahora bien, desde mi punto de vista, la forestación es un caso exitoso de desarrollo y crecimiento, pero no fue siempre igual, porque acá se está haciendo todo como carne para chorizo. En este país, desde 1987 hasta 2005 se plantaron 787.000 hectáreas de cultivos forestales. Ninguno de ellos tuvo evaluación de impacto ambiental, porque se votó la ley que habla de los estudios de impacto ambiental, la n.º 16466, el 14 de enero de 1994, y se reglamentó por el Decreto n.º 435/994, que excluyó a los bosques de rendimiento del impacto ambiental. Casi 800.000 hectáreas se plantaron en este país sin hacerles ni una sola investigación de impacto ambiental. Así fue porque se excluyeron por este decreto los bosques de rendimiento. En 2005 el Poder Ejecutivo aprueba el Decreto n.º 349, que establece el informe de impacto ambiental previo para las áreas mayores de 100 hectáreas, y a partir de ahí se plantaron 300.000 hectáreas, llegando a casi 1:100.000 que tenemos hoy en el país. Entonces, no fue todo igual; no fue que todos se preocuparon por el medioambiente.

Cuando se votó la ley en 1987 aún no existía la norma que hace referencia al impacto ambiental para otras áreas, pero en el decreto de 1994 se excluyó a los bosques de rendimiento. Como algunos senadores están diciendo que no fue así, aclaro que se los excluyó en el artículo 2, numeral 26 en el caso de la forestación de más de 100 hectáreas con especies de bosques de rendimiento, ya que dice que serán excluidos de la obligación de estudio de impacto ambiental previo. Reitero: eso se firmó en 1994. En aquel entonces no había tanta conciencia ambiental y es natural, porque las sociedades tienen edades. Lo que no quiero es que se diga que acá había una cosa maravillosa.

¿Y por qué estoy argumentando en este sentido? Porque se empezaron a aplicar controles, justamente, por estas cuestiones y porque además se aprobó en el 2000 la Ley n.º 17283, que habla de que las políticas ambientales nacionales deben tener principalmente un criterio precautorio, de prevención. ¿Saben por qué? Porque hay mucho estudio científico en el mundo sobre los procesos inversos, sobre el quitar montes y colocar producción agrícola. Pero el hecho inverso –que es el que estamos discutiendo acá– de sustituir pastizales por plantaciones forestales es reciente en términos del mundo y, por tanto, hay menos investigación científica desde los años noventa hasta ahora porque ha crecido enormemente el interés por estas cosas, porque estamos a la inversa. De hecho, existen sendas legislaciones en el mundo para reforestar zonas que se deforestaron, pero en ese caso están restituyendo un bosque natural, un ecosistema. Aquí, cuando estamos cultivando árboles forestales, estamos haciendo un cultivo, no construyendo bosques ni un nuevo ecosistema, sino cambiando el que existía previamente y eso implica los impactos que mencioné hace unos instantes.

Además, en 2008 se votó la Ley n.º 18308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Escuché muchas declaraciones muy parecidas que decían que va contra la propiedad privada, que se cae la certeza jurídica del país, que cómo le van a exigir a alguien que no pueda hacer lo que quiera en su predio, que no puede ser, que se caen las inversiones. Sin embargo, como bien decían los señores senadores preopinantes, las inversiones del país siguieron creciendo y desarrollándose; mejoraron su productividad, la innovación y la inversión, y el país siguió desarrollándose. Es decir que no hay que creer lo que dicen los cucos respecto a que, cuando se regula, se cae todo. La historia demuestra que no es así.

Después de eso, en 2017, se aprobó la Ley n.º 19525, Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que estableció las preferencias forestales y permitió a los Gobiernos departamentales crear las suyas propias. Justamente, se orientaron a tratar de ubicar la forestación en las zonas de prioridad forestal. Así lo hicieron Cerro Largo, Treinta y Tres, Florida, Flores, Río Negro, Colonia y San José.

Por lo tanto, este debate no es nuevo en la república; se ha ido construyendo en función de crear institucionalidad y elementos científicos, técnicos y de legislación que nos permitan orientar una producción, no prohibirla. Y llegamos hasta hoy, señora presidenta; treinta y dos años después estamos discutiendo si debemos ponerle un techo a la producción forestal –o si le estamos poniendo o no– después de todos los beneficios que ha traído, porque generó cientos de empleos y nuevos puntos del PBI.

Lo que nosotros decimos, señora presidenta, es que hoy contamos con tres plantas instaladas –o vamos a tener– y que la producción forestal que tenemos hoy plantada las abastece. ¡No nos hagamos los distraídos! La instalación de nuevas plantas se sustenta sobre la base de generar masa crítica forestal; primero se planta y después vienen las papeleras. Las papeleras no vienen a Uruguay si no hay árboles plantados. Ahí está el dilema de los Estados entre exportar troncos o, por lo menos, agregarles algún proceso industrial, que es la celulosa. Uruguay nunca va a hacer papel para exportar a los chinos –tampoco hay que mentirse– porque no es rentable, ya que llevar papel es, en definitiva, llevar aire; es más rentable llevar la celulosa y que el papel lo hagan allá porque los mercados están allá.

Entonces, hay que empezar a sacar cosas de arriba de la mesa, como esos cucos. ¿Estamos tratando de regular? Sí. ¿Estamos prohibiendo la forestación? No.

Cuando uno mira lo que ha sucedido con la forestación en Uruguay, se encuentra –recién lo mencionaba– con que en los últimos dieciocho años se plantaron 700.000 hectáreas; 300.000 en los últimos quince años. En definitiva, lo que estamos diciendo es que, en promedio, en los últimos años se han plantado 70.000 hectáreas forestales por año, de las cuales solo 16.000 hectáreas pertenecen a áreas nuevas; el resto son reforestaciones. Básicamente, eso quiere decir que, en promedio, en Uruguay se están incorporando áreas del orden de las 15.000 hectáreas por año; a veces, 16.000 y hubo un año con 18.000.

El proyecto de ley, en su artículo 2.º –el más cuestionado– dice que vamos a llegar a 1:600.000 hectáreas. Por lo tanto, establece un crecimiento para la forestación, para la plantación de cultivos forestales, por los próximos veinte años. ¿Quién se va a sentir limitado por seguir plantando árboles por veinte años más? Con este proyecto de ley no se le cambia las reglas de juego a ninguna de las inversiones industriales del país ni a nadie que tenga un árbol plantado en Uruguay. Entonces, las certezas jurídicas del Estado uruguayo están presentes.

En definitiva, lo que estamos haciendo es asociarnos a la ley de cuestiones precautorias del medioambiente diciendo que Uruguay va a destinar, en esta competencia de uso de suelo, hasta 1:600.000 hectáreas para la producción de cultivos forestales. El resto lo queremos destinar a los alimentos, por la soberanía alimentaria y por todo lo que se ha discutido hoy acá –en el mundo hay un tema de fondo en este sentido– sobre que hay que alimentar a la población mundial, y cada vez es más difícil porque crece y crece.

Entonces, está bien que los Estados digan esto y que pongan límites. ¡Cómo no va a estar bien! Tenemos que defender a la sociedad; tenemos que ser responsables de defender el medioambiente. ¿O lo vamos a dejar librado a la voluntad del emprendedor? Algunos piensan –y está muy bien– que hay que dejarlo librado a la voluntad del emprendedor y a la responsabilidad social que este pueda tener. Yo no creo eso porque, si no, no habría degradación ambiental. Si todos fueran responsables, no tendríamos los problemas ambientales que afectan al mundo hoy. Por lo tanto, los Estados deben construir límites, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Se prohíbe a quienes están hoy? No. ¿Se prohíbe a los que van a plantar en el futuro? Tampoco.

En segundo lugar, con respecto al ordenamiento del suelo decimos que para nosotros hay áreas de prioridad forestal –4:000.000 de hectáreas–, y queremos que se plante ahí. ¿Por qué? Por el efecto social, porque acá hay pequeños productores familiares ganaderos, lecheros, que están ahí, que viven en el medio del campo, en la campaña. Y queremos que permanezcan, tanto ellos como su cultura y la producción de alimentos que hacen, porque es más valorada. Ese es el debate. No se trata de poner en un pegotín diciendo «Estoy con el campo» y tranco y tranco, sino de discutir con seriedad cómo hacemos estas cosas. Y la verdad, señora presidenta, es que el proyecto de ley hay que votarlo con más urgencia que nunca, porque el decreto del Poder Ejecutivo amplía en 200.000 hectáreas la posibilidad de que se instalen cultivos forestales en los suelos 5.02b, que es donde está la cuenca lechera. Esto es lo que dijeron los dos ministros en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Sabe cuántas hectáreas 5.02b hay en Colonia? Hay 160.000. Y como decíamos recién, en el tema de la logística de las forestales hay una enorme presión por los costos del transporte y, por tanto, hay que acercar las plantaciones a las fábricas papeleras. Esta es una enorme presión que hay en el Uruguay y por eso es importante legislar ahora.

Algunos preguntan por qué no se legisló antes y la respuesta es que estuvimos legislando sobre todas estas otras cosas. Ahora viene gente que propone un proyecto de ley, y yo no hago política pensando en quién propone una idea. En mi caso tengo muchísimas diferencias en muchísimos temas con la bancada de Cabildo Abierto y estoy en las antípodas en muchos asuntos, pero no por Cabildo Abierto sino por las ideas que plantea, pero en este tema tengo una coincidencia. No tengo problema en hacer política sabiendo que las ideas vienen de alguien que no piensa igual que yo. Justamente, la democracia es la gestión de las diferencias y buscar acuerdos puntuales en donde sí hay coincidencias. Eso es democracia. Yo dejaría de hacer política si en el día de mañana no voto un proyecto porque lo propone el senador Da Silva o quien sea. Si creo que está bien, lo acompaño. ¿Eso quiere decir que estoy de acuerdo con todo lo que dice el senador que lo propone? No. Y eso hay que dejarlo claro.

Mi bancada y yo acompañamos este proyecto de ley porque entendemos que no cambia las reglas, no genera dificultades, no destruye lo que ha construido el país entero a lo largo de estos treinta y dos años, y lo que sí hace es ordenar el territorio y proteger precautoriamente a quienes queremos proteger, que son los más pequeños, para producir alimentos. Por eso estamos acompañando este proyecto de ley. ¿Que es la última palabra en forestación? ¡De ninguna manera! Hay mucho por hacer y vamos a presentar un proyecto de ley sobre silvopastoreo. Aquí dicen que hay silvopastoreo cuando plantan en densidad de 2800 árboles por hectárea. Eso no es silvopastoreo. Eso es usar las vacas para que saquen el pasto de los cortafuegos.

El silvopastoreo hay que hacerlo promoviendo y desarrollando las posibilidades de los ganaderos pequeños para tener una renta con maderas nobles. Y hay que potenciarlo, al igual que la industrialización de la madera de pino porque, en realidad, la gran cantidad que hay en el Uruguay no la podemos procesar tan rápidamente.

22) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Pido excusas por la interrupción, pero ha llegado a la Mesa una moción de orden para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión.

Se va a votar.

(Se vota).

–28 en 29. Afirmativa.

23) SUELOS DE PRIORIDAD FORESTAL

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Continúa el tratamiento del tema en consideración.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–27 en 29. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Muchas gracias a la señora presidenta y a los señores integrantes del Cuerpo por otorgarme la prórroga. No voy a utilizar los quince minutos, pero quiero redondear algunos conceptos.

Como decía recién, la forestación en Uruguay ha sido exitosa en su desarrollo. Los más de 21.000 puestos directos y los indirectos que hay en la forestación no están afectados por esta ley, así como tampoco lo están las pequeñas y medianas empresas que también funcionan en la forestación. No se trata solo de los grandes, pues muchos contratistas forestales son pequeñas empresas nacionales y no están afectadas por esta ley porque las hectáreas ya están plantadas, la producción que ya está y va a abastecer a la industria está instalada en el país y va a seguir funcionando. Es más, pueden crecer y surgir las biorrefinerías y otras cosas más por el proyecto de ley, tal cual está en el artículo 2.°. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, señora presidenta, y quiero hablar de algún impacto más. En el Uruguay, en 2019, se extrajeron más o menos unos 16:000.000 de metros cúbicos de madera. Esto representa un enorme desafío logístico y de infraestructura que lleva adelante muchas veces el Estado, porque es el que hace las inversiones en rutas nacionales con el pago de los impuestos de los ciudadanos. Lo que quiero decir es que esos 16:000.000 de metros cúbicos que se produjeron y extrajeron en el Uruguay generan un enorme desafío logístico de todo tipo. Se transportan más o menos 8:000.000 de toneladas –hasta ahora, antes de la tercera planta papelera en el Uruguay–, que recorren más o menos, en promedio, unos 256 kilómetros. Es más o menos el área de influencia.

Hay un informe bien interesante de la Opypa del 2020 –a los señores senadores que no tuvieron oportunidad de leerlo, les recomiendo que lo hagan– sobre un estudio que hace del impacto de la tercera planta y sus consecuencias. Dice que cambiará fuertemente la realidad porque va a producir alrededor de un 80 % más –reitero: un 80 más– que las dos plantas que ya existen en el país. Esto habla del cambio tecnológico, naturalmente, y de la importancia de esa inversión en el país, que es la mayor que se ha hecho en el Uruguay. Por supuesto que la tercera planta va a tener impactos. Acá se pregunta por qué legislar ahora. También es por estas cosas, porque se está construyendo esa planta. Se espera que se duplique la demanda de madera una vez que esa planta esté funcionando en el Uruguay y se amplíe el área de plantación. Además, está el otro fenómeno, por los costos logísticos de la industria forestal, de acercar los montes a las plantas. Y también hay una competencia entre empresas. ¿O nos vamos a hacer los distraídos acá? Hay empresas que están ubicadas sobre la ribera del río Uruguay y ante la instalación de esta planta en el centro del país, donde están más cerca los árboles, también están buscando generar el beneficio de acercar hacia aquel costado por un tema de rentabilidad.

Ese estudio de la Opypa, señora presidenta, dice que la zona de influencia de la nueva planta abarcará más o menos los departamentos de Durazno, Flores, una parte de Tacuarembó y Florida. En esa zona de influencia –en donde se va a instalar la tercera planta, la más grande del país– hay aproximadamente unos 2:500.000 de hectáreas, de las cuales 480.000 son de prioridad forestal. Es decir que con relación al efecto esperable del incremento de la plantación y de la cercanía de las plantas –estos dos fenómenos que se van dando en sí– hay espacio suficiente para la demanda de esta planta con lo que ya tenemos y, por tanto, no está afectada.

Hay un dato bien interesante en esa región de influencia de la planta que contiene el informe de la Opypa. El 40 % de la tierra ya forestada en la zona de influencia de la planta no está en suelo de prioridad forestal. Se ha dado una dinámica de compra de tierras en esa zona, naturalmente, y eso hace evidente la necesidad de tomar medidas precautorias desde el punto de vista ambiental, social y productivo para restringir y reorientar el crecimiento futuro de las plantas y de los cultivos forestales hacia las áreas de prioridad forestal y que no sigan avanzando, por lo que está demostrado aquí concretamente. Es el estudio de caso –cuando iba a la facultad me decían: «Estudio de caso»– de la tercera planta. En la zona de influencia el 40 % ya se plantó fuera de la prioridad forestal. Si este es el fenómeno –porque había tierra suficiente de prioridad forestal en esa zona–, quiere decir que hay una elección empresarial de ubicarse fuera de la zona de prioridad forestal. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Reorientar para decir: «Usted siga plantando, pero vaya a la zona de prioridad forestal. No les quite a los productores familiares, a los que están allí». El objetivo de lo que estamos haciendo es nada más ni nada menos que esto. Yo digo: «esto debe ser compartido por todos», pero quizás no.

Creo que hay fundamentos suficientes para tomar una decisión de esta naturaleza. Este es un tema muy complejo para el Uruguay; después habrá que trabajar en otras áreas, dar mejores condiciones a la producción familiar, hacer otras inversiones, lograr nuevos mercados. Además, tendremos que analizar cómo se complementa la forestación con la producción agrícola o la ganadera porque es algo que no está pasando, ya que los cultivos forestales de rendimiento tienen un nivel de densidad de árboles que no lo permite y eso está generando un montón de dificultades en las comunidades locales.

Por lo tanto, creo que es pertinente que los legisladores tomemos una decisión de esta naturaleza. Esta es una iniciativa accidentada, como recién dije, por todos los intereses que toca y por muchas cosas que son necesarias para construir el futuro, pero no destruye lo que se ha construido, sino que lo ordena hacia adelante.

Además, señora presidenta, este proyecto de ley tiene amenaza de veto, pero no se puede legislar en función de lo que piense otro poder ya que la ciudadanía me puso aquí para tomar decisiones independientes, porque en Uruguay los poderes están separados.

Seguramente, hoy se va a conformar una mayoría –no precisamente por compartir todos los puntos de este proyecto de ley– que representa al Poder Legislativo. Esa mayoría, como la de cualquier otra ley –con algunas no estoy de acuerdo e, incluso, junté firmas y convoqué a la ciudadanía para que votara, en función de un mecanismo que existe en el país–, en definitiva, conforma la voluntad del Poder Legislativo. Hoy termina el período legislativo y cuando comience el próximo habrá sendos discursos acerca de que aquí está lo más representativo del pueblo uruguayo. Me refiero a la representación del pueblo uruguayo en su diversidad, que se va a expresar hoy con una mayoría que aprobará este proyecto de ley que, como decía, nos permitirá en el futuro orientar una producción y no prohibirla.

Por estas consideraciones es que vamos a acompañar este proyecto de ley, pero aclarando que esta no es la última palabra. Seguramente, en el futuro, seguiremos trabajando como lo ha hecho el Uruguay a través de las distintas legislaciones para ir mejorando su producción, su inversión, su calidad y también la forestación. Lo seguiremos haciendo porque es nuestra responsabilidad, nuestro deber y nuestra vocación.

Muchas gracias.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Voy a aprovechar la alusión del senador preopinante porque es especialista en leer, pero no en recorrer la realidad de sus informes. Cuando él habla del 40 % de los suelos que no están en las zonas de prioridad forestal en la ubicación de Pueblo Centenario, tiene razón. Ese fue un experimento realizado por una empresa chilena llamada Stora Enso para intentar aprovechar los suelos del basalto superficial, los suelos 110b y 111. Señora presidenta: ¿sabe cuál es la productividad del suelo 110b? Es de Coneat 30. Entonces, se relatan informes, pero no se constata la realidad, porque no se conoce. Le gusta leer y ser pintoresco en el relato de los informes, pero no va a Tiatucura, a Peralta, a Arbolito, a El Eucalipto, lugares en donde se está llevando adelante ese experimento por la empresa Stora Enso, que planta suelos de basalto superficial de índice Coneat 30. Se nos quiere decir que en la zona del interior más latifundista hay pequeños productores. No, señor senador; no están ahí los pequeños productores. Conozca el país; cuando lo haga, se va a dar cuenta de que en esas zonas había muchos que pegábamos un pegotín que decía: «Tranco y tranco, yo estoy con el campo», y que finalmente, llegado el día de las elecciones, los corrimos y los sacamos del Gobierno.

Muchas gracias.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Parece ser que en este país, para conocer el Uruguay, hay que preguntarle al senador Da Silva.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- ¿Me permite, señor senador?

SEÑOR SÁNCHEZ.- Sí, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Señores senadores: no hay alusión de alusión, pero no soy la presidente efectiva del Senado. No puedo negarle el derecho a responder una alusión.

(Dialogados).

–De cualquier manera, el señor senador Da Silva podía haber interrumpido por aclaración porque ya había hecho uso de la palabra.

Puede continuar el señor senador Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Gracias, presidenta; voy a colaborar con usted, que está tratando de llevar adelante esta sesión aplicando el Reglamento del Senado.

Parece ser que el senador Da Silva se arroga el derecho de ser él el conocedor del Uruguay. Lo saludo por arrogarse ese derecho y por pegar pegotines en su camioneta. No hay ningún problema. Acá levanto la mano para defender la producción familiar, veremos por quién la levanta él.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Muchas gracias, señora presidenta.

La forestación en el país tiene dos grandes impulsos, y esto es bueno decirlo. El primero es el de la CIDE, con Wilson Ferreira Aldunate como ministro de Ganadería de la época. Dentro de los siete proyectos de la reforma agraria tuvimos el de la promoción de la forestación en el país. El segundo impulso fue la iniciativa de los senadores Zumarán y Jorge Batlle que, en definitiva, fue la madre de toda la expansión del sector forestal.

En la época de la dictadura teníamos algo así como 31.000 hectáreas forestadas en todo el país. Con este proyecto vivió el Uruguay. Tal vez es uno de los pocos ejemplos de política de Estado que este país ha conocido. No hubo ministerio, no hubo división de un ministerio, no hubo empresa pública, nadie estuvo ajeno a hacer algo para contribuir al desarrollo de la actividad forestal. Su expansión valorizó la tierra, fue base del desarrollo industrial, del celulósico, no de la madera de calidad. La industria del aserrín viene bastante rezagada en ese sentido. La forestación generó valor, multiplicó el empleo, movió los puertos, explicó el fuerte crecimiento de las exportaciones, atrajo inversión al agro, trajo consigo desarrollo tecnológico, demandó técnicos, dio uso a tierras de escasísima productividad y de escasísimo valor. Y también, desde el punto de vista social, la forestación tuvo algunas connotaciones altamente negativas. La forestación es responsable de acelerar el proceso de expulsión de la gente de la campaña porque no es demandante de mano de obra rural. La forestación lleva al campo cuadrillas urbanas y ha generado taperas en donde había preciosos establecimientos en el Uruguay. La forestación debería cuidarse de esas cosas, de no generar ese tipo de contribución negativa. ¡Bien que podría hacerlo!, pero las compañías forestales no han tenido el cuidado de ayudar al país en ese sentido.

La estructura productiva y la facilidad del control favorecen modelos financieros que son de aceptación en las sociedades de bolsa.

La forestación ha atraído capitales ociosos y fue la solución para el endeudamiento rural en el Uruguay. ¡Claro! Fue la peor solución, porque el endeudamiento rural en el Uruguay, en los Gobiernos de la izquierda, se solucionó con la venta de campos de los uruguayos, se solucionó con extranjerización. El 42 % de la superficie productiva del país –de la que estamos hablando ahora– se extranjerizó en ese período; hablo de entre 6:500.000 y 7:000.000 de hectáreas.

No sé si estas cosas son achacables al sector. Lo que sí es cierto es que el advenimiento de la forestación generó esa solución, pero también ese drama. Estas cosas hay que ponerlas en blanco y negro. Tenemos que conversarlas.

El país, en cierto momento, estudió y determinó cuáles eran los suelos de prioridad forestal y aquellas tierras en las que la mejor opción, desde el punto de vista de la explotación productiva y económica, era justamente la de forestar. Esos suelos pedregosos, poco profundos y de escasísima o nula productividad agrícola y ganadera encontraron en el país un uso adecuado. Además, se da el fenómeno del que se ha hablado en este debate: incluso en esos suelos –¡incluso en esos suelos!– en el Uruguay los árboles crecían más rápido que en otros lugares del mundo.

La forestación tiene varias cosas discutibles: esta solución del endeudamiento y el choque cultural entre las cuadrillas que llegaban de afuera y los naturales de cada uno de los pagos, que armaron dramas que quedaron escritos en la historia policial de los últimos tiempos. Claro que muchos no las conocen porque es una cuestión policial rural, pero están allí.

También están otras cosas de las que se ha hablado, como la rotura de los caminos, a cuyo mantenimiento la mayoría de las compañías forestales contribuyen bien poquito y mal porque no ayudan a arreglar y rompen cuando no deben hacerlo, ya que salen en días de lluvia, sin cuidado alguno, con los camiones enganchados a tractores.

Asimismo, hay que considerar lo paisajístico, el debate sobre lo ambiental, sobre cuánta agua toma el eucalipto y si eso es bueno o malo. Es cierto que el país debe profundizar más en estas discusiones; debe saber si plantar primero y estudiar después o si es mejor estudiar antes y plantar luego. Hay que ver los tipos de especies, ya que cambian muchas cosas de una a otra. Ahora nos hemos encontrado con pastizales que nacen debajo de los árboles, con tocones fáciles de retirar y con menos sequedad en los suelos. Todo esto lo hemos visto, no nos lo han contado.

Considero que en el país debió debatirse un poquito más sobre la tercera planta, por ejemplo, con respecto a su ubicación. Este país está recibiendo lecciones de mucha cosa acá; lástima que no se hizo nada al respecto. Quisiera conocer algún estudio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre la localización de la tercera planta, ¡uno solo! ¿Dónde estaba la mejor rentabilidad para el país? Desde el punto de vista ambiental, ¿dónde era lo más adecuado? ¿Dónde se generaba más valor en la tierra, en la actividad económica y en el empleo? Eso no existe. Aquí la planta se instaló donde la empresa quiso que se pusiera, que era en un lugar donde había disponibilidad de agua, una ruta y un puerto, y no les importaron las complicaciones que todo eso generó. A nadie le importó ese tema. Cero planificaciones tuvo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que fue la que habló de estos temas. ¡Cero planificaciones! Basta con andar por la ruta n.° 5. ¿Por qué no andan ahora por la ruta n.° 5 y ven lo que es viajar por allí? Que lo haga cualquiera. Eso ya denota la falta de planificación, sin adentrarnos en las otras cuestiones. En estos casos, no hubo gobierno.

En 2006, como diputado, presenté un proyecto de ley en este Parlamento para racionalizar el uso del suelo. Ese proyecto de ley contenía la misma prohibición que establece el artículo 1.° del proyecto de ley que hoy está en discusión. Como ya se sabía que había suelos cuya mejor utilización y uso era el forestal, propusimos que se habilitara la forestación en esos suelos. Esto sucedió, reitero, en 2006. El señor Berterreche, que estaba allí, en un principio me dijo que le gustaba el proyecto de ley; después me comentó que no, que el director general Forestal decidía que el uso del suelo debía ser libre, que no podía limitarse. No tengo la grabación de lo que me dijo el señor Berterreche, pero me quedó en la cabeza; por algo el proyecto de ley no se aprobó. Esa iniciativa no fue acompañada; es más, fueron coherentes con esa conducta de dejar libre el uso del suelo para plantar en cualquier lado. Eso fue lo que se hizo: se dejó plantar todo lo que se quisiera y, además, en cualquier suelo, en los de prioridad forestal y en los que no estaban en esa clasificación.

Puedo hablar de estas cosas porque, después, en el 2011, aparecieron tres o cuatro decretos departamentales –como el n.° 41, pero también los decretos n.° 31 y n.° 58– de Cerro Largo que limitaron la forestación a los suelos de prioridad forestal, pero fuimos los únicos que lo hicimos y el Gobierno nos miraba. Eso quedó incorporado en el ordenamiento territorial de Cerro Largo, está allí y es una limitante que pesa hasta el día de hoy. Así como establecimos limitantes a la forestación, también pusimos distancias a las nacientes de ríos, arroyos y cañadas, a las corrientes de agua y a las poblaciones existentes, a espacios de interés turístico y paisajístico, etcétera.

Los Gobiernos nacionales del Frente Amplio nunca movieron un dedo para el ordenamiento de la forestación. Desde que presenté el proyecto de ley hasta el 2020, cuando aparecieron los números de la estadística actual, se plantaron 520.000 nuevas hectáreas, de las cuales 257.011 se ubicaron en suelos que no tienen prioridad forestal. A las pruebas me remito en cuanto a la decisión del Gobierno departamental de Cerro Largo. En Río Negro, el 4,56 % del territorio está plantado en suelos que no son de prioridad forestal; en Paysandú, el 3,71 %; en Flores, el 2,78 %; en Durazno, el 2,43 %; y en Cerro Largo, el 0,03 % de la superficie. ¡Si habrá dado resultado lo que hicimos!

Si uno hace una ratio entre lo plantado en suelos de no prioridad forestal y lo plantado en los que sí tienen esa clasificación, puede ver que en Colonia la proporción es de 5,59 a 1; en Flores, de 5,24 a 1; en San José, de 3,32 a 1; y en Montevideo –que tiene poquitas hectáreas forestadas, pero hay algunas–, la relación es de 2,45 a 1. En el otro extremo, en Cerro Largo y en Treinta y Tres la ratio es de 0,05. Estos son los números que hay en donde cuidamos las cosas, en donde no hablamos ni decimos discursos, sino que hemos hecho cosas.

Después de haber tenido esa conducta se nos explicaron las razones y las hemos escuchado; se ha dicho que estaban ocupados en otras cosas. Se les extranjerizaron 7:000.000 de hectáreas, pero estaban en otra cosa; se les concentró la tierra en el país, pero estaban en otra cosa, estaban gobernando. Millones y millones de dólares de subsidio a la forestación, pero no querían al sector forestal. Lo subsidiaban, pero como estaban en otra cosa, no podían hacerlo. ¡Las sociedades anónimas especiales para que las forestales compraran las tierras! ¡Las habilitaciones cerca de Conchillas! ¡Claro! Estaban gobernando; estaban en otra cosa. No podían atender esas pequeñas cosas. ¡Todas las exoneraciones fiscales! ¡Todas!

Hoy, presentan un proyecto de ley con ese sentido y después otro proyecto que tiene un segundo artículo que lo da por tierra absolutamente, que no tiene la más mínima racionalidad, que limita al 10 % las tierras productivas del país que pueden forestarse. ¿Por qué al 10 %? Antes era el 100 %; ahora es el 10 %. Antes se podía forestar todo. Si convenía económicamente, ahí valía el mercado. Ahora, es el 10 %. ¿Por qué el 10 %? ¿Será porque, por algún criterio, afecta a la naturaleza –por lo que toma de agua, lo que afecta al suelo, la generación de desechos industriales– o por la caída de demanda de las exportaciones del país por la afectación de la marca Uruguay Natural? ¿En qué se fundamenta el 10 %? ¿La utilidad marginal de los suelos de prioridad forestal destinados a la forestación ahora pasó a ser menor si el destino es para otro rubro? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el 10 %? ¿Por qué lo hicieron si antes habilitaron todo, no hicieron nada y se quedaron todos de brazos cruzados? ¡Todos!

¡Acá puedo hablar de este tema porque yo presenté un proyecto de ley! Yo puedo hablar porque en mi departamento aprobamos un proyecto en ese sentido. Podemos hablar porque hemos discutido el tema con la más absoluta seriedad.

Esto que se está proponiendo está lejos de ser razonable. Esta limitación es porque sí. Una cosa es ordenar, racionalizar y proteger productiva y ambientalmente, pero esto es un disparate. Discúlpenme la expresión: ¡es un disparate! Es un mal mensaje para un sector de la vida nacional. ¡¿Qué me vienen con que va a quedar todo igual y esos sectores van a seguir trabajando con este mensaje?! Si lo limitamos porque sí es porque le estamos diciendo que es absolutamente indeseable como sector. Y eso no es lo que este país quiere decir al sector forestal ni a ninguno de los sectores. Quienes queremos proteger la naturaleza, el futuro de las generaciones venideras y el trabajo nacional decimos: utilicemos con racionalidad los recursos del país; pongamos cada cosa en su lugar, pero no demos un mensaje de este tipo en el que prohíbo porque sí. Si prohíbo porque sí es porque estoy rechazando y porque eres malo.

Lo peor de todo es la consecuencia que una limitación de este tipo puede tener. En los últimos días he escuchado muchas mentiras. Se dice que se están forestando 15.000 hectáreas por año. ¡Mentira! Serán 60.000, 70.000 o 75.000. Eso es lo que se foresta, cinco veces lo que se está diciendo, pero si vamos a un proyecto de este tipo de 1:600.000 hectáreas y ese es límite, ¿cuál va a ser la conducta lógica y natural de las compañías forestales? Los grandes, por supuesto, van a salir desesperados a comprar la tierra que todavía no han comprado para forestarla o a forestar la que tienen comprada y todavía no han forestado. Esa es la consecuencia.

A este proyecto de ley el tiro le sale por la culata. ¡No hay vuelta! Es tan irracional como la conducta anterior. Yo hablo con tranquilidad porque me he aburrido de invitar a todos a debatir en serio sobre estos temas. No es poca cosa que un sector haya destinado, como prioridad, el 25 % de la superficie productiva del país y un poquito más, y que haya tenido las implicancias que conocemos.

Por lo tanto, asumamos primero la culpa de lo que no se hizo; enmendemos el error por la falta de planificación, porque dejamos plantar en cualquier lado. ¡Asumamos esa culpa! Asumamos también la culpa de esta expansión de 257.011 hectáreas en suelos que no son prioridad forestal y de las autorizaciones a compañías extranjeras para comprar la tierra y desarrollar proyectos forestales en sociedades anónimas. ¡Millones de hectáreas!

Bueno, después de asumir la culpa de lo no hecho, que tuvo consecuencias graves, encaminémonos a hacer lo que se debe, es decir, a hacer un uso de las tierras del país de manera más inteligente, racional y productiva. Un corte de este tipo es absolutamente irresponsable.

SEÑOR DA SILVA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BOTANA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Muchas gracias, señor senador y señora presidenta.

Voy a leer solamente un fragmento de la versión taquigráfica de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 15 de julio de 2021 cuando compareció el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. En determinado momento cede el uso de la palabra al ingeniero agrónomo Leonardo Boragno, director de la División Evaluación e Información de la Dirección General Forestal, y dice: «Con referencia al sector forestal en la actualidad, según el Decreto n.° 220/010, tenemos 4:210.000 hectáreas de suelo de prioridad, lo que representa hoy en día el
24 % del territorio nacional. Tenemos también la cifra de la cobertura forestal actual y les acabo de entregar la cartografía 2018, en la que figura que la superficie registrada era de 1:034.712 hectáreas, lo que representaba un 5,91 %. Actualmente, estamos terminando la cartografía 2021 y podemos decir que en el período comprendido entre 2018 y el 2021 se forestaron 44.258 hectáreas, lo que totaliza, al 2021, 1:078.970 hectáreas, que es un 6,16 % del territorio. Cuando vemos esas 44.000 hectáreas de los últimos tres años, podemos decir que el incremento anual,» –que es de lo que estamos hablando cuando ponemos la limitante– «el promedio en nuestras áreas destinadas a la forestación es de 15.000 hectáreas efectivas anuales».

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Puede continuar el señor senador Botana.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: el Anuario Estadístico Agropecuario 2021 –que contiene las estadísticas agropecuarias– del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, da cuenta –en su página 157– de que en 2016 se forestaron 70.000 hectáreas; en 2017, 72.000 hectáreas; en 2018, 75.000 hectáreas; en 2019, 75.000 hectáreas y en 2020, 84.000 hectáreas.

SEÑORA DELLA VENTURA.- ¿Me permite una interrupción, señora presidenta?

SEÑOR SÁNCHEZ.- ¿Me permite una interrupción, señora presidenta?

SEÑORA KECHICHIAN.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Están pidiendo interrupciones la senadora Della Ventura, el senador Sánchez y observo que también la senadora Kechichian, pero el que puede concederlas es el señor senador Botana.

SEÑOR BOTANA.- Voy a conceder las interrupciones a la señora senadora Della Ventura, al señor senador Sánchez y a la señora senadora Kechichian.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- ¡Calma! Por la vía de los hechos no se puede impedir hablar al senador que está haciendo uso de la palabra a través de sucesivas interrupciones. Esa es una situación de hecho que tiene relevancia jurídica, así que voy a pedirles que se calmen todos. Igual el señor senador Sánchez puede contestar por alusión o por aclaración; las señoras senadoras Della Ventura y Kechichian no pueden pedir una interrupción para una aclaración porque todavía no hicieron uso de la palabra, pero sí pueden hacerlo para contestar una alusión.

SEÑOR BOTANA.- Concedo las interrupciones al señor senador Sánchez, a la señora senadora Della Ventura y a la señora senadora Kechichian.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Puede interrumpir el señor senador Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Agradezco enormemente al señor senador Botana.

No pretendo interrumpirlo porque sí, sino simplemente para que no se abunde en un debate en el que estamos todos de acuerdo. Cabe aclarar que 70.000 hectáreas son las plantaciones forestales y no es lo mismo el incremento del área. Ese mismo informe de la Opypa dice que el 25 % de esas 70.000 hectáreas son áreas nuevas; las otras son reforestación. De hecho, cuando intervine dije que eran 15.000 hectáreas de incremento del área forestal. Eso generaba que estas 500.000 hectáreas, de las que decimos que no se pueden plantar, estén en el área del incremento. Por supuesto que 1:100.000 hectáreas se pueden reforestar porque tienen ciclos de forestación. Por eso la Opypa habla de 70.000 hectáreas, pero en el otro párrafo de ese mismo informe dice que el 25 % de esas 70.000 son áreas nuevas que se incorporan al sector forestal.

Simplemente pedí la interrupción para que no sigamos abundando en una discusión sobre algo en lo que estamos todos de acuerdo.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Puede interrumpir la señora senadora Della Ventura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Muchas gracias.

De alguna forma, se repite una y otra vez que en los Gobiernos del Frente Amplio no se hizo nada y quería decir que, en realidad, antes de los Gobiernos del Frente Amplio esas 800.000 hectáreas –donde nunca se reguló nada– no hubieran existido. A partir de 2005 se empieza a medir el impacto ambiental y se crean una ley de ordenamiento territorial y una ley relativa al uso del suelo. ¿Eso es no hacer nada?

Era para señalar esto que solicité la interrupción.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Puede interrumpir la señora senadora Kechichian.

SEÑORA KECHICHIAN.- Gracias, señora presidenta.

Simplemente quiero hacer uso de la palabra porque me impactó la contundencia de la expresión del señor senador Botana sobre que la OPP no había hecho absolutamente nada; dijo «cero». Precisamente, quiero señalar que en 2018 la OPP conformó, en la órbita del Poder Ejecutivo, un grupo de planificación regional, integrado por representantes de descentralización, de inversión pública, de la OPP, de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del ministerio, del Mevir, del Ministerio de Educación y Cultura, de la Administración Nacional de la Educación Pública, de Salud Pública, del Mides, del INAU y del propio Ministerio de Turismo.

Este grupo se conformó para planificar el desarrollo sostenible de las localidades del centro del país –porque sí hubo un estudio muy profundo que determinó que era la zona que tenía mayor atraso en una cantidad de indicadores– y se abordaron las coordinaciones necesarias para que esas localidades mejoraran sus condiciones, potenciaran la capacidad de capturar mayores beneficios a partir de la nueva inversión para afincar familias, trabajadores, y se diera la necesaria coordinación de los servicios públicos.

No es que no se haya hecho nada. ¡Cómo se puede decir que se hizo cero! Esta planificación sentó las bases para la construcción de lo que luego se llamó Programa Región Centro. Sé que el señor senador Botana lo conoce y, por lo tanto, no puede decir que no se hizo nada. Fue un enorme instrumento de territorialización de políticas públicas, de desarrollo territorial, un proceso de articulación e incorporó organismos, instituciones nacionales, etcétera. De todas maneras, sí me preguntaría por qué ahora ese programa acaba de desaparecer, lo que a mi juicio es un enorme retroceso.

En definitiva, no es cierto que no se hizo nada, porque se planificó, se estudió mucho la región centro, se entendió que tenía las mayores necesidades de desarrollo del país y se coordinó entre instituciones públicas y privadas.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Puede continuar el señor senador Botana.

SEÑOR BOTANA.- Voy a terminar mi exposición y luego concederé dos interrupciones finales a los señores senadores Straneo y Da Silva.

Se forestan 75.000 hectáreas, más allá de cuántas se incorporen. Esas tierras tienen la alternativa de seguir siendo usadas en la forestación con nuevas especies, nueva plantación y nueva forma o ser abandonadas. Aquí hay 75.000 hectáreas por año forestadas.

Acerca del hecho de que antes no se controlaba nada, debo decir que es la segunda vez que lo escucho y está lejos de ser la realidad. Ya me pasó lo mismo con el tema de la desconfianza a la profesión veterinaria y en este caso me sucede con la desconfianza a los ingenieros agrónomos de este país. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca estudiaba cada uno de esos planes. Es más, tenía la responsabilidad de otorgar subsidios. ¿Cómo es que no controlaban el aspecto ambiental? ¡Cómo no iban a controlar la variable ambiental! Por supuesto que lo hacían con la más absoluta responsabilidad que le corresponde a esa profesión de nuestra Universidad de la República. No se puede decir –así, al volar– que esos ingenieros que presentaban los proyectos y los que los evaluaban no hacían nada, eran absolutamente irresponsables y dejaban todo librado a que se hiciera cualquier tipo de cosa. ¡No es así ni creo que lo haya sido tampoco en los Gobiernos sucesivos! Lo que sí puedo afirmar es que se dejó plantar en tierras que no tenían prioridad forestal y en algunos campos en donde no se debió dejar plantar jamás en este país.

Por último, quiero señalar que me gustaría conocer ese proceso de planificación territorial que me dice que en el Paso Pereira, en Arévalo, en La Paloma del departamento de Durazno, en San Jorge, en El Chileno o en toda esa zona el ingreso de las familias y la vida son mejores que en Paso de los Toros, en Pueblo Centenario o en los lugares donde se instaló la planta.

¿Alguien puede explicarme que las familias de todas esas zonas que nombré primero, las de Tierras Coloradas, de Peñarol, de Paso Pereira, de Cañada Brava –acá tengo al señor senador Jorge Saravia, nacido en Cerro Largo– son menos pobres que las de Paso de los Toros? Sinceramente, no parece que esa haya sido la determinante.

La empresa vino y dijo: «Me quiero instalar acá». Allí se instaló y le hicieron todos los gustos; construyeron los puentes y las carreteras con la inversión de la plata de los uruguayos para esa empresa. Esa es la realidad. Después inventaron un plan de desarrollo del centro para ver cómo acomodaban la cosa.

No existe posibilidad alguna de que un estudio serio de localización en este país haya tenido el resultado que tuvo. Tal vez podría ser en los mismos departamentos de Durazno y Tacuarembó, pero seguramente les iba a dar bastante más al este. Pero ¡claro!, querían hacerle el gusto al inversor y se lo hicieron.

Los señores senadores Straneo y Da Silva me solicitaron una interrupción, que con gusto les concedo y doy por concluida mi intervención, señora presidenta.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Puede interrumpir el señor senador Straneo.

SEÑOR STRANEO.- Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor senador.

Como estoy haciendo uso de una interrupción, no voy a hacer introducciones. Muy brevemente, voy a confirmar lo que expresó el señor senador Botana en su intervención.

En cuanto a la delimitación especulativa –como se dijo acá– y arbitraria de ese 10 %, los que van a votar a favor deberían preguntarse cómo vamos a delimitarla y a armonizarla con los predios que no tenían prioridad ni aptitud y fueron forestados.

En la Cartografía Forestal Nacional se destaca que Rivera tiene el 14 % de su superficie forestada; Río Negro, el 13 %; Artigas y Salto son los menores, seguidos por San José, que tiene el 1 %, y Colonia el 2 %. El resto oscila entre el 4 % y el 9 % de su superficie departamental forestada. Ahí vendría la primera interrogante de cómo vamos a aplicar esto sobre la base de un 10 % parejo, en general, sobre predios que ya fueron incluidos y no debieron serlo.

En segundo lugar, frente a la arbitrariedad del 10 %, quiero expresar que Uruguay ha integrado el grupo mundial de países con escasa cobertura forestal –lo sigue integrando, porque seguimos por debajo del 10 %– y compartió esa lista nada más y nada menos que con países áridos del norte africano y del Cercano Oriente. Quiere decir que no hay un rigor científico a los efectos de limitar ese 10 % como porcentaje final, sin perjuicio de todas las expresiones vertidas por el señor senador preopinante, a las que claramente se puede adherir.

Por último, se esgrimieron razones sociales. Los ingenieros forestales han dicho en diversos momentos que un bosque cultivado natural produce materia prima para diversas industrias. No solo produce para celulosa, sino también para la transformación de energía, embalajes, paletización, electrificación, alambrados y cercas, carpintería y mueblería, construcción de infraestructuras y viviendas. A la vez, genera alimentos, medicinas, aceites, servicios ambientales como sombra o abrigo para el bienestar animal en la pecuaria o la protección de agua, suelo, flora y fauna, secuestrando carbono atmosférico para amortiguar el cambio climático. Es decir que son muchos los elementos a favor que deberíamos esgrimir y por eso vamos a votar negativamente este proyecto de ley.

Agradezco al señor senador preopinante por haberme concedido la interrupción.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Yo hice una recomendación que no fue seguida –en especial por el señor senador Botana– en cuanto a que no se den interrupciones porque no solo se limita enormemente el tiempo, sino que la discusión se hace engorrosa.

En consecuencia, advierto al señor senador Botana que le restan dos minutos treinta. Por lo tanto, al señor senador Da Silva le quedan menos de tres minutos. Puede interrumpir el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: mi intervención es muy sencilla porque vamos a volver a hablar sobre el mundo de los escritorios, cuando la gente se mira al espejo…

(Murmullos).

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Por favor, solicito que hagan silencio para escuchar al orador.

SEÑOR DA SILVA.- La gente se mira al espejo, se habla a sí misma y no conoce la realidad.

Recién se dijo que la OPP determinó un dato totalmente equivocado: que el centro del país es la zona de menor desarrollo humano del Uruguay. Si lo hicieron, tiraron la plata porque cualquier estudiante de 5.º de escuela se da cuenta de que la zona de menor desarrollo humano no es el centro del país. La planta se hizo como dijo el señor senador Botana.

En 2004, quien les habla andaba por la estación Chamberlain, cerca de la estancia de François –uno de los que se cayó en los Andes–, que tiene costa sobre el lago, y me decían que podía ser ahí o en Pueblo Centenario donde se podría instalar la tercera planta de celulosa. La OPP justificó la voluntad de la empresa, es decir que dijo que era ahí y no en estación Chamberlain. Hizo otras cosas que ahora los neosensibles desoyen. Miren lo que decía la OPP en ese justificativo: «Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Visión estratégica hacia el año 2050». Todo eso es un cúmulo de impresiones muy caras, con un sinnúmero de contratos para escribir cosas que después no toman en cuenta. Dice que la forestación es el sector estratégico para el desarrollo futuro del país, ingreso de divisas, razones económicas, trabajo de calidad, desarrollo para la población, etcétera. O sea que no son de armar un programa para justificar la decisión de la empresa –que se sabía desde el 2000 aproximadamente–, sino que también están desoyendo el monto que gastaron en contratos de miles de dólares a la hora de votar este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Puede continuar el señor senador Botana.

SEÑOR BOTANA.- He terminado, señora presidenta.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Simplemente quiero hacer una aclaración –no es una alusión porque no siento que fuera hacia mí– porque traje algo a colación.

En mi intervención hablé de la Ley n.º 16466, de 14 de enero de 1994, que establece la necesidad de que para determinadas acciones en el país –emprendimientos productivos, inmobiliarios, agroindustriales, etcétera– se requieren estudios de impacto ambiental que se encomendaron al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para que los llevara adelante en sus distintas oficinas. Esa ley se reglamentó por el Decreto n.º 435/094, que en su artículo 2, «Ámbito de aplicación», en el numeral 26 dice: «Forestación de más de 100 (cien) hectáreas, con excepción de aquellas que sean declaradas bosques de rendimiento por la Dirección Forestal, según lo dispuesto por el Decreto 452/988 del 6 de julio de 1988». ¿Qué se está diciendo aquí? ¿Cuáles son los bosques de rendimiento? Son los cultivos forestales; están los bosques generales y los bosques de abrigo. Los bosques de rendimiento son los cultivos forestales. Este decreto de 1994 excluyó del análisis del impacto ambiental previo a que se realizaran las plantaciones. Eso ocasiona –en mi intervención no dije que no se hubiera hecho nada– que cuando uno mira cuánto se ha forestado en el país desde 1987 hasta 2005 –que es cuando se emite el Decreto 349/005 donde se incluye a los bosques de rendimiento y los estudios de impacto ambiental– no se hicieron estudios de impacto ambiental porque fueron expresamente excluidos por el decreto de 1994. A partir de 2005 se empiezan a hacer los estudios de impacto ambiental para las nuevas plantaciones de bosques de rendimiento mayores de 100 hectáreas. Insisto: entre 1987 y 2005 no se hicieron estudios de impacto ambiental porque fueron expresamente excluidos por el decreto de 1994. En ese período, en el Uruguay se plantaron 748.000 hectáreas, para las cuales no se hizo estudio de impacto ambiental. Eso es así.

Después de 2005, con la aprobación del Decreto n.º 349 –que derogó el decreto anterior–, se incluyó a las plantaciones forestales mayores de 100 hectáreas y, desde 2005 a 2020, se plantaron 300.000 hectáreas. Por eso hoy tenemos 1:100.000 hectáreas.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Entonces, está claro –y ya termino y es lo que dije– que las 700.000 hectáreas que se plantaron antes de 2005 no tenían estudio de impacto ambiental.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Si los señores senadores me permiten, quiero hacer una aclaración, aunque el señor senador Batlle no esté en sala.

El señor senador Batlle tenía razón en cuanto a que hay un error tipográfico –me lo dijeron ahora, no lo había leído– y dice: «la superficie destinada a bosques de servido en cualquier predio». Después, en una segunda oportunidad, aparece la palabra «servicio». Por lo tanto, hay que ser justos con el señor senador Batlle.

Más allá de que evidentemente fue un error de tipeo –no sé si fue en la Cámara de Representantes o si fuimos nosotros–, efectivamente, en el artículo 3.º aparece la palabra «servido». Como le dije al señor senador Batlle que no aparecía, lo correcto es que cumpla con la realidad, como me gusta. La palabra «servido» aparece y, más abajo, dice «servicio». Después, se habrá tipeado mal o no; yo no interpreto. ¡Arréglenlo! Parecería que vino mal de la Cámara de Representantes y, según lo que me dice el secretario Sánchez, enviarán una fe de erratas.

En definitiva, estoy de acuerdo con el señor senador Batlle porque le asistía razón.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Se ha dicho repetidamente que el límite del 10 % es arbitrario. En realidad, es tan arbitrario como las limitaciones establecidas por los Gobiernos departamentales de San José, Flores, Florida, Colonia, que también han establecido en esta materia, en esta misma temática, porcentajes y, generalmente, no son del 10 %, sino del 8 %.

Sin embargo, diría que esa arbitrariedad tiene una explicación lógica: estamos tratando una temática que, además, tiene severas críticas desde el punto de vista ambiental y político. Nos parece razonable y, aún con este límite –lo ha admitido un muy conocido productor forestal en la Cámara de Representantes–, hay para treinta años de forestación en el Uruguay.

Por otra parte, quiero decir que tampoco me sirven como argumento en contra de este proyecto de ley los errores que pudo haber cometido el Frente Amplio. Reconozco que no comparto la política que el Frente Amplio llevó adelante en materia de tierras, pero se trata de enmendar una situación y no de aumentar la apuesta.

Acá estamos entre una política estatizante, que cree que toda la propiedad debe ser estatal, y una política que cree que la concentración de la propiedad es beneficiosa para la sociedad. En lo personal, no entendemos eso, sino que creemos en la distribución de la propiedad. Justamente, el sentido de la propiedad es servir de garantía de libertad; sin medios económicos es imposible hacer política.

Entonces, ¿alentamos el modelo concentrador de la propiedad que se lleva a cabo y se pretende imponer a nivel mundial –Uruguay es una pequeña isla–, tanto en el campo de la propiedad rural como de la propiedad comercial o bancaria, o nos afirmamos en el modelo tradicional que distribuía la propiedad? Ese es el verdadero trasfondo de toda esta discusión.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero señalar que en el trabajo de la comisión, desde junio hasta ahora, hubo un abordaje sistemático del tema, con distintas visiones, con pluralidad, y se analizaron las previsiones en cuanto a los intereses, las visiones técnicas y también las posiciones del Gobierno.

En segundo término, me parece bueno señalar que la concepción que defendemos e intentamos representar tiene una visión compartida de principios y valores con un desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible, una política que creemos progresista y un compromiso profundo de fundamentar las posiciones con evidencia empírica.

Dicho esto, señalo que hace un rato en sala se señalaba con acierto –y lo comparto– que es buena cosa que los distintos legisladores y partidos acuerden, señalen coincidencias sobre asuntos, temas centrales o no, cuestiones que se entienden importantes para el país. En ese sentido, el hecho de no mirar de quién proviene la propuesta no suele ser lo más habitual, pero existe y en algunas oportunidades ha sucedido. En nuestro caso, en el tiempo que llevamos en el Parlamento –que es bastante prolongado– siempre sostuvimos que ese era un valor importante, tanto como lo es fortalecer los partidos. Creo que el Uruguay es un ejemplo en el mundo en cuanto a la longevidad de sus partidos políticos. Los partidos tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Colorado, han atravesado tres siglos y el Frente Amplio cumple cincuenta años este 2021. En nuestro caso, siempre hemos tenido la definición de tomar como eje de trabajo, por supuesto, la pluralidad de miradas y la unidad de acción de nuestra bancada. Particularmente, en nuestro caso –me refiero a Asamblea Uruguay–, durante todos estos años hemos tenido posiciones generalmente coincidentes con nuestra bancada del Frente Amplio y en otras no, pero siempre hemos entendido que la lógica de asumir posiciones de partido fortalece la democracia y el funcionamiento de los partidos. Cuando hemos tenido que establecer salvedades, lo hemos hecho en cuestiones de principios o en temas que nuestra propia bancada los declara asunto político.

Como este no ha sido el caso, hemos acompañado y vamos a acompañar con nuestro voto la decisión mayoritaria de la bancada del Frente Amplio. No obstante, para trasmitir con honestidad intelectual, vamos a establecer aquí en sala algunos de los reparos que tenemos sobre la decisión, más allá de compartir la visión estratégica y las posiciones –como acabo de señalar– que hacen al desarrollo económico, social y ambiental sostenible, que creemos han sido particularmente señalados en el accionar de nuestra fuerza política con respecto a este asunto.

Además, a partir de algunas intervenciones, me parece importante señalar las diferencias que tenemos con ciertas intervenciones y concepciones de determinados integrantes del Gobierno. Voy a señalar un par de ellas, a los efectos de comentarlas e ilustrarlas. Una, quizás de las fundamentales, es que se señaló –entre otras cosas– que no se podía cambiar en función de políticos de turno o que había una especie de autorregulación por parte del sector privado con respecto a cuestiones de desarrollo productivo, ambiental y demás.

En el fondo esto tiene que ver con el rol del Estado, sin caer en lo que recién se señaló, de rol estatizante, que no nos comprende. Nosotros creemos que por el bien general, por el interés general, que es el que defendemos desde nuestra concepción, el Estado debe tener un rol regulador activo y que el desarrollo del país en esta y en otras áreas no puede ni debe quedar librado en exclusividad a las iniciativas privadas, a las autorregulaciones, que por su propio funcionamiento, por su lógica, en la generalidad de los casos, terminan mirándose a sí mismas y no pensando en el desarrollo general. El rol del Estado en esto es insustituible, y no me refiero a ejercer la titularidad de la propiedad, sino a ejercer fundamentalmente el rol regulador que debe tener en las políticas públicas.

Dicho esto y en el mismo sentido, tampoco compartimos la concepción del derrame y los beneficios generales. Creemos que ha quedado absolutamente demostrado que el derrame regulado por los propios sectores interesados queda a su propia voluntad, a sus propios efectos y, además, en función de la lógica de mercado. Nosotros sí creemos en el crecimiento de la economía, en el crecimiento sostenible, pero no creemos que haya una política de derrame que por la naturaleza de las cosas haga los efectos de distribución y de crecimiento de todos. Eso para nosotros no es verdad, no sucede y generalmente termina en cuestiones que tienden a cuestionarse acá y que determinan la concentración en pocos de la riqueza y del poder.

Dicho esto, agrego otras cuestiones que nos parecen fundamentales. Insisto en que nosotros compartimos absolutamente los objetivos. Lo que creemos –y de ahí los reparos– es que las herramientas deben ser otras. No compartimos la herramienta tal cual está diseñada, pero, como se ha dicho acá, no va a estar ni está dicha la última palabra. Acá seguramente vamos a tener la oportunidad –y yo digo la necesidad– de desarrollar políticas públicas. Esto podrá hacerse a través de leyes o de otras acciones; no necesariamente las políticas públicas pasan por leyes –aunque en algunas cuestiones son fundamentales–, sino que también pasan por acciones de gobierno.

La forestación ha generado un impacto en la economía nacional, especialmente en algunas regiones del país. Este proceso fue el resultado de políticas públicas que se han mantenido de manera estable a lo largo de más de treinta años por parte de todos los partidos políticos. Aquí agrego algunas salvedades que hacían al rol del Estado y a la regulación desde el punto de vista ambiental y que tienen que ver con algunas citas que hizo el señor senador Sánchez. Me refiero a políticas públicas desarrolladas fundamentalmente a partir de 2005, con leyes que han dado al Estado y a la sociedad en su conjunto mejores herramientas para poder regular el uso del suelo y también el ordenamiento territorial. Eso hace al fondo del asunto.

Asimismo, creemos que este tipo de políticas ha generado los denominados acuerdos de fomento para planificaciones forestales en predios de productores ganaderos y lecheros. Esto significa para ellos un ingreso adicional significativo que les ha permitido estabilidad y formas alternativas de financiamiento, además de la posibilidad de contar con esos montes para uso pastoril. Se han generado condiciones para que Uruguay se transforme en un polo de innovación científica y tecnológica en el ámbito de la producción forestal, con participación conjunta de sectores públicos y privados. Esta actividad ha permitido la capacitación de trabajadores y el desarrollo de nuevos oficios en áreas que antes no existían.

Es importante reconocer que existen riesgos y debilidades que requieren establecer normativas, como las que estamos mencionando, pero también se demuestra que es necesario su continuo análisis y evaluación en la interacción con otras dimensiones. Puede haber lugares específicos en los que la forestación no sea recomendable porque afectaría dinámicas ecológicas necesarias para el equilibrio de ecosistemas, como las nacientes de los ríos. También puede ser que existan zonas atractivas para las plantaciones forestales, pero que no sean convenientes para esos lugares porque tienen un valor ecológico particular por su biodiversidad, por sus características de flora y fauna excepcionales o porque son parte de un denominado corredor biológico que desde el punto de vista ecológico y social corresponde preservar.

Es claro que el desarrollo logrado puede seguir proyectándose hacia el futuro si se mantiene –con los cambios necesarios– un marco de políticas de Estado consensuadas como el que ha existido desde los últimos años. Los necesarios ajustes no deberían significar una barrera para la continuidad de un proceso de desarrollo forestal de una manera ambiental, económica y socialmente sostenible. Deben estar basados en la convicción de que Uruguay tiene al mismo tiempo una vocación ganadera, agrícola y forestal y de que es posible la complementación, enriqueciendo los diversos sistemas productivos, más allá de que puedan requerirse distintos tipos de mecanismos legales según su nivel de complejidad: reglamentos, protocolos e, incluso, leyes.

En este marco es necesario avanzar en la regulación de la actividad, en la evaluación integral que permita un desarrollo productivo armónico con la sociedad y el medioambiente, así como en adecuar los tipos de suelos en función de nuevas y más ajustadas definiciones técnicas. Desde nuestro punto de vista, no es adecuado –sobre todo en lo que refleja el artículo 2.º– establecer límites, salvo excepciones que tengan el fundamento, como acabo de señalar, del desarrollo sostenible ambiental, económico y socialmente aceptados.

Para nosotros se debe trabajar, fundamentalmente, en cuestiones que no tendrían que figurar como contrapuestas. Por ejemplo, se debería trabajar en el análisis de cuál es verdaderamente el bien público amenazado y determinarlo. El argumento de alimentos versus fibra no está bien fundamentado en términos productivos porque, dado que los dos son fundamentales, creemos que el Uruguay tiene la oportunidad de desarrollar esta cuestión desde la complementación productiva.

Además, creemos que, desde ese punto de vista, sería muy importante trabajar en cuestiones de perspectiva; es decir, quizás sea necesario repensar la prioridad forestal. Vale decir que la prioridad es un criterio netamente político, con un sustento técnico –el Coneat– que amerita una revisión. Los suelos del Uruguay son mosaicos y es muy difícil asegurar que se restringen a los suelos específicos, que pueden aparecer en una escala de 1 a 20.000. En caso de que esto se aplicara estrictamente, estaríamos todo el tiempo ante algún contencioso definiendo los límites en la realidad territorial. Desde el punto de vista técnico es necesario llevar adelante un análisis, no tanto de los porcentajes, sino fundamentalmente del uso de los suelos, desde la concepción que hemos desarrollado.

Agrego, para no ser extenso en la fundamentación, que aquí hay definiciones que son importantes. Por ejemplo, habría que trabajar aún más en la definición técnica de bosque nativo como bosque de servicio. También es importante el concepto de predio agropecuario; lo que define la unidad es el padrón, pero un predio puede tener varios padrones y esto abre el espacio a múltiples confusiones. Creemos, además, que es clave definir el porqué de la desafectación de un padrón y, en ese sentido, entendemos que la regulación es necesaria y estamos, insisto, a favor del rol del Estado en la materia. Eso hace que tengamos diferencias circunstanciales en las herramientas, pero no en el fin y en los objetivos.

Creemos que es muy importante, entre otras cosas, analizar las consecuencias. Aquí también se ha hablado bastante de la inversión de la tercera planta de celulosa. No se ha hablado sobre lo que ha sido el impacto en el empleo estos años, en que nos toca vivir las consecuencias generales de los efectos de la pandemia, ni del impacto en el comercio y en las inversiones en el mundo. ¿Qué estaría pasando en el Uruguay hoy en materia de empleo si no se estuvieran realizando las obras que se están llevando adelante y no se hubiera concretado la captación de empleo que esta inversión ha generado en esta etapa? Ojalá, frente a todo lo que se dice, este Gobierno tenga la capacidad, no ya de señalar con el diario del lunes lo que pasó en el fin de semana, sino de poder efectivamente captar inversiones genuinas que sean oportunidades de empleo, particularmente para el interior del país, teniendo claro cuál es el norte del desarrollo en materia económica, social y ambiental.

Creemos que hay toda una cantidad de aspectos en donde se puede seguir legislando, en otras áreas complementarias. Lo señalaba más temprano el compañero senador Sánchez cuando realizó algunos anuncios. Pero hay aspectos relevantes a analizar y legislar a nivel forestal, en particular los vinculados a la diversificación productiva foresto-industrial y los nuevos sistemas de producción, como los agroforestales. A la vez, hay que profundizar los esfuerzos realizados para que los pequeños y medianos productores tengan en la forestación una alternativa que mejore su calidad de vida. Es decir, tener solo la concepción de que esto es por una cuestión de captar grandes inversiones o su concentración puede ser la visión de algunos. Nosotros creemos que también puede ser la oportunidad de la complementación y de una mirada que les dé posibilidades a otras actividades.

A través de la legislación se podría fomentar el desarrollo de la transformación mecánica de la madera y otras industrias asociadas, como aquellas vinculadas a la extracción de productos medicinales, actividades con un potencial de derrame –como se decía recién, y utilizo esa palabra– significativo en la economía.

Existen oportunidades en lo vinculado a la descarbonización de la economía, en las cuales el país, por su combinación de rubros productivos y demografía, tiene posibilidades de posicionarse muy favorablemente. Y esto también podría ser objeto de debate parlamentario con una mirada estratégica.

Creemos entonces, para finalizar, que este es un debate necesario. He escuchado de todo. Se habló del endeudamiento del agro y en ese momento me venían a la cabeza los remates que me tocó ver, poco antes de 2005, de productores de mi departamento, no ya de sus propiedades, sino de sus herramientas de trabajo. En fin, son cuestiones laterales que han aparecido en el debate –bienvenidas sean–, pero en el fondo, en lo estratégico, nosotros creemos en la mirada de pensar esto a largo plazo, de darnos oportunidades hacia adelante, de buscar soluciones con distintas herramientas que lleven a que el Estado tenga un rol regulador, a que desde el punto de vista del desarrollo económico el país tenga la suma de oportunidades, la complementación de los esfuerzos y una mirada estratégica. Ese es el camino que tenemos que desarrollar.

Entendíamos necesario que se hicieran de nuestra parte estas puntualizaciones, que seguramente también están aisladas de otras decisiones políticas. Conocemos, porque ayer lo vimos en los medios de prensa, el anuncio del presidente de vetar esta iniciativa, pero no sabemos si será total o parcial.

Nuestra visión es la que estamos compartiendo, y es la que vamos a trabajar, en primer lugar, en la bancada del Frente Amplio, partido al que pertenecemos. Y también queremos comunicar a la sociedad en su conjunto que, desde una pluralidad de miradas, creemos en este tipo de visiones estratégicas del desarrollo nacional.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Gracias, señora presidenta.

Asistimos a una sesión del Senado de hoy poco común –por lo menos en este período–, no solo porque el tema es relevante, de fondo, que amerita una discusión con visión estratégica y de largo plazo, sino porque, obviamente, ya ha sido anunciado y sabemos cuál va a ser el resultado final. El proyecto de ley será aprobado por esta cámara por una mayoría constituida por la oposición y un partido de la coalición.

Esto no afecta a la coalición como tal, porque no es este un tema de acuerdo programático. No es la primera vez que esto nos sucede. El Poder Ejecutivo remitió en la LUC, para poner un ejemplo, un artículo vinculado a la desmonopolización del combustible, y ese artículo no tuvo mayorías porque la oposición no lo votaba, pero parte de la bancada de la coalición tampoco. Y eso no fue dramático; se buscó otro, porque el presidente lo remitió sabiendo que no había sido parte del acuerdo programático que llevó a conformar la coalición hacia el balotaje y a constituir un gabinete representativo de la coalición.

Estamos ante una situación similar. Por lo tanto, estamos dentro de la libertad de visiones y de acuerdos políticos para conformar mayorías parlamentarias. Pero sin duda la novedad la constituye el hecho de que hoy saldrá aprobado del Parlamento un proyecto de ley con destino al Poder Ejecutivo con esas mayorías.

Conviven en el Senado, con todo, algunas circunstancias que vale la pena remarcar. Desde la aprobación de la ley de 1987, dos partidos de la coalición de gobierno y la oposición hemos gobernado sin modificar esa ley. Ha sido la columna vertebral de una política de Estado en un sector en el que el país ha aportado muchísimos recursos económicos por la vía directa e indirecta de la renuncia fiscal para su promoción y desarrollo.

Conviven, en la bancada de oposición y en la bancada de gobierno, visiones diferentes que nos atraviesan y que en algunos casos se expresarán en el voto y en otros quedarán plasmadas en las constancias que se dejan en sala.

También conviven visiones muy diferentes.

En 1987 vimos aprobar una ley y alguna década y pico después, vimos sus primeros resultados. Durante años vimos salir del país barcos cargados de rolos de troncos de eucaliptos con destino a los países que los industrializaban, sin agregarles prácticamente valor.

Se firmó un tratado con Finlandia, que el Frente Amplio no votó. Se comenzó a desarrollar el camino por el Gobierno de Jorge Batlle para la instalación de una primera planta de UPM, de Botnia en aquel momento. Y tuvimos resistencias nacionales del tipo medioambiental y productivo; resistencias –como siempre existen– al cambio, y también resistencias desde la otra orilla, por el uso del río Uruguay como el vehículo fundamental de los efluentes de esa planta.

Asistimos, en algunos episodios preelectorales a aquel momento de 2004, a una convocatoria en aquel puente, cuya mitad del lado uruguayo se llenó de banderas del Frente Amplio que rechazaban la construcción de esa planta. Luego de eso, y habiendo triunfado el Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez contó que había descubierto una serie de documentos que lo habían informado mejor sobre las bondades del proyecto y había resuelto apoyarlo. Eso nos ocasionó conflictos con la sociedad argentina, que lo resistía, pero también con el Gobierno argentino, seguramente más por envidia porque no se instalaron allá ‒de haberlo hecho, seguramente no hubiese habido resistencia‒ que por el efecto medioambiental que podría generar esto. No obstante, vivimos tiempos convulsionados en los que tuvimos que respaldar con mucha fuerza aquel contrato que tenía que ejecutar y ejecutó el Frente Amplio. Entonces, vimos cómo se comenzó a industrializar esa materia prima, que aquella y las futuras plantas se aseguraron tener. Obviamente, es una inversión a largo plazo que tiene que contar con la madera suficiente para la continuidad de la explotación y la producción. Asimismo, conocimos cómo funcionaba el sistema. Nadie puede creer que estas empresas eligieran a Uruguay porque tuviera algunas virtudes naturales que no encontraran en otros lados. Eligieron a Uruguay porque tenía esas virtudes naturales y, además, porque dio una cantidad de beneficios para que pudieran instalarse. Competimos con recursos públicos por captar esas inversiones y, además, entendimos que para ingresar en esos mercados, como en otros, lo que hay que tener es el mercado que compra. No alcanza con producir; no alcanza con producir carne de oveja o miel si no podemos colocar después la producción. No alcanza con producir celulosa si el que vino a invertir a Uruguay no sabe qué hacer con ella después. Ese negocio no lo conocíamos y, de alguna manera, nos asociamos a una producción nueva para el país, planteada desde hace ya mucho tiempo en los planes de desarrollo nacional: la forestación y la implantación de la celulosa está en la CIDE. Ya estaba en los años sesenta, pero nos tuvimos que asociar a aquellos que manejan el negocio. Hoy está bastante desarrollado en el sector frigorífico; no queda ni un frigorífico nacional. El que compra un frigorífico, sabe que tiene un mercado para vender.

Después vino la planta de Montes del Plata, que se contrató en el Gobierno de Mujica y que ejecutó el Gobierno siguiente. Allí pasaron cosas que también hay que destacar. Hoy se habla ‒creo que genuinamente, porque todos tenemos la misma preocupación‒ del desplazamiento que puede generar la forestación de otras actividades agropecuarias que también tienen procesos industriales, como la lechería que, en algunos aspectos, ya fue desplazada por la agricultura. También se habla de la preocupación fundamental de aquellos suelos 502b, cercanos a la planta de Montes del Plata, en tierras muy productivas y de aptitud forestal, pero no de prioridad forestal, que pueden ser utilizados para la producción de alimentos por una razón de mejor renta dada la cercanía con la planta y que ya están vencidos los beneficios fiscales, para que el propietario de esas tierras pueda competir en otras actividades desarrolladas allí. Esa preocupación es genuina, pero hay que decir todo. Yo tengo aquí las cláusulas de ese contrato que fueron confidenciales. Tiene varios subpuntos, pero en el 3.1.3 dice que la localización de la planta industrial en Punta Pereira hace que la distancia media a las plantaciones sea significativamente superior a las prácticas internacionales, y las partes ‒como el Gobierno y Montes del Plata‒ reconocen que se trata de una desventaja competitiva tanto para el proyecto como para el país, ya que genera sobrecostos logísticos. Asimismo, plantea que a efectos de reducir dicha distancia media y los sobrecostos logísticos del proyecto, las partes reconocen la necesidad de ir sustituyendo las plantaciones más alejadas –en las que había invertido Montes del Plata– de la planta industrial por otras en un radio máximo de 200 kilómetros de Punta Pereira, considerando en particular la existencia de suelos 5.02b de aptitud forestal que pueden tener un uso compartido y complementario con otros tipos de explotación agropecuaria también estratégico para el desarrollo del país. Es decir que Montes del Plata llega a Uruguay y firma un contrato con el Gobierno de Mujica –que lleva la firma del señor Breccia–, por el cual ya se comprometía a que se sustituyeran plantaciones alejadas por las cercanas en suelos de clasificación de 5.02b. Hay un compromiso del país para eso porque firmaron un contrato. En aquellos momentos quizás no se reparó en esta consecuencia del desplazamiento de la forestación sobre otras actividades, pero seguramente lo sabían. Esta es una de las cuestiones esenciales que están aquí en discusión. Por eso digo que hay visiones diferentes.

Cuando se instaló la tercera planta de UPM, se discutió mucho todo lo que se le daría y nosotros creemos que se le dio demasiado y que se podría haber negociado mejor. La verdad es que el Uruguay entregó una cantidad de beneficios a la empresa para que los números cerraran y hoy sabemos que cierran mucho mejor que los de las otras dos plantas, por diversas razones. Además, para la primera planta UPM tuvo que hacer todos los accesos de puentes en la entrada de Fray Bentos y acá nosotros le hacemos el tren. A su vez, como las carreteras de la zona van a sufrir un impacto muy importante por la carga, vamos a meter doble vía en la ruta 5, lo que es bueno para el país, pero si no existiera UPM no se haría y, además, estamos hablando de 36 puentes y de otras carreteras reforzadas para que transiten los tritrenes. Quiere decir que hay una inversión pública que le va a quedar al país, pero es la contraparte que tuvo que dar, al igual que la posibilidad de comprarle su energía excedente, hasta un volumen importantísimo, a un precio prefijado, mucho más caro de lo que podemos exportar. Estamos hablando de una serie de beneficios que se dieron para que el negocio cerrara. Ahora bien, quienes hicieron ese contrato deberían suponer que –dado que esta planta es el 60 % más grande que las otras dos juntas, como se nos acaba de decir–, por supuesto, iba a expandir el área de plantación forestal porque necesita mucha más materia prima para funcionar, una vez que esté operativa al 100 %. Está en la naturaleza de las cosas, para eso hacemos un tren y para eso se le dio una terminal granelera en el puerto de Montevideo, inaugurando el plazo de cincuenta años dentro de esta terminal.

Esas posturas, que no siempre han sido muy coherentes, afirman que los tres Gobiernos anteriores del Frente Amplio han tenido una actitud proactiva hacia una actividad que nosotros consideramos buena, aunque, quizás, habríamos negociado diferente. De todos modos, respaldamos desde la ley de 1987 y su vigencia, hasta el proceso actual y nos hacemos cargo de todo lo bueno y todos los sobrecostos que eso puede tener para el Estado. Es así como en esta Administración desviamos recursos que hubiéramos querido asignar en otro lado, con el fin de cumplir con esos compromisos, llegar a tiempo, no recibir multas, expropiar y pagar, etcétera, para que esa producción funcione.

Esta postura coincide coyunturalmente con la de quienes presentaron el proyecto de ley, que fueron tremendamente críticos con ese contrato de UPM, al punto de haber apoyado una interpelación a cuatro ministros del propio Gobierno para que quedaran en evidencia las obligaciones emergentes de un contrato que no firmamos nosotros. Sin embargo, como somos defensores de las leyes, vamos a cumplirlo y toda la coalición se alinea detrás de esa obligación, pero, obviamente, este proyecto de ley que contará con las mayorías tiene motivaciones y seguramente perspectivas muy diferentes. También en esta sala hay quienes no simpatizan con la forestación y quienes la defendemos, pero las mayorías se van a alinear allí.

Quiero rescatar el mérito fundamental del proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto y enfatizar que lo hizo sin hacer acuerdo previo con nadie: ni con la coalición ni con la oposición. El mérito fundamental es que, al presentar un proyecto de ley sobre este tema, obligó a ponerlo en agenda, a revisarlo y a empezar a tratarlo. Obligó a los dos ministerios que defienden roles distintos dentro del Estado, uno la producción y el otro el medioambiente, a dialogar hasta encontrar un punto de acuerdo para que, sin afectar la producción, esta no afecte el medioambiente. En ese sentido tenemos un decreto, que es producto del debate de un año, que surge a partir del proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto. Creemos que ese es un mérito muy importante, a nuestro juicio, suficiente. El decreto llena vacíos, restringe la actividad forestal a determinados suelos, protege el medioambiente, protege las producciones competitivas; limita, pero no prohíbe. Los decretos no prohíben; ellos van en línea con la ley original y su filosofía.

Estamos de acuerdo con el desarrollo del sector forestal, pero pensamos que hay que promoverlo; todavía tiene para desarrollarse porque, además, genera otras actividades. Lo que hay que hacer es ponerlo en un contexto. Quizás hoy nos perdimos una excelente oportunidad –tal vez en estos meses, pero puede ser rescatable para los meses que vienen– de dialogar, de discutir, de planificar el Uruguay productivo del futuro. En el Uruguay hay lugar para todo: para la forestación en desarrollo, para la ganadería, para la lechería, para los ovinos, para la agricultura en sus diversas modalidades; pero hay que planificarlo, hay que regionalizarlo en algunos aspectos y hay que pensarlo a la luz de lo que viene. ¡No se puede pensar en un tiempo acotado, por un plazo de gobierno! ¡Hay que mirarlo en el contexto de la integración regional! ¡Más allá de las visiones que tengamos, Uruguay va a abrir su economía, va a hacer tratados de libre comercio y le va a dar de comer a una parte importante del mundo! Y eso requiere no solo producción si se consiguen los mercados, sino también producción de calidad y adaptada a lo que exigen esos mercados. Además, exige puertos, carreteras, logística, mano de obra calificada para eso, que no se prepara de un día para el otro. Hay que prepararse para ese futuro productivo en el que podamos agregar valor a lo que producimos y generar más mano de obra. La planta 3 de UPM va a generar seis puntos del producto, sumado a las anteriores. Hoy tenemos 25.000 personas trabajando gracias al sector forestal, que van a aumentar notoriamente. Ahí hay un proceso de descentralización natural que va mucho más allá del discurso y de la descentralización política. En la medida en que se instalan centros educativos en el interior –algunos de los cuales reflejan la necesidad de capacitar para esos empleos que se generan– y también centros productivos como estos –que alimentan talleres, empresas de camiones, estacionamientos para ellos, estaciones de servicio, reparaciones, además de todos los insumos que hay que aportar; en fin, todos los servicios tercerizados que ello genera– se genera una descentralización real porque constituyen razones para quedarse. ¡Por supuesto que la lechería también la genera! Pero no es responsabilidad de la forestación que PILI S. A. esté cerrada básicamente porque no hay cuenca lechera o no hay leche en el litoral del país para abastecerla. Se trata de un problema mucho más complejo y por ello tenemos que empezar a discutir, no qué hay que prohibir para preservar a los que están –aun estando mal–, sino cómo es que tenemos que promocionar y promover, a la luz de una ley que ha rendido sus frutos en el largo plazo, exonerando o facilitando por un tiempo. Con el régimen de zonas francas estaríamos ayudando a la cadena productiva en otros sectores, para que quienes tienen dificultades en la producción, las compensen con la industrialización. ¿Qué sería de Conaprole si cada una de esas plantas estuviera en la zona franca y pagara combustible sin impuesto o comprara sus insumos en otras condiciones? Probablemente la cadena sería más rentable y, al final, el productor de la leche tendría un mejor resultado. Por lo urgente nos estamos perdiendo lo importante, que es la planificación del Uruguay del futuro a la luz de un mundo que se abre y en el que inexorablemente vamos a estar. Es la vida o la muerte; es el subdesarrollo o el despegue. Ese es el debate que Uruguay tiene muy cerca: logística, tratados y educación.

Nosotros creemos que el decreto es suficiente; creemos también que la ley no agrega pero, en todo caso, tiene una motivación que no le hace al fondo.

El 11 de marzo de este año, en una columna de Montevideo Portal, el contador Pablo Ferreri comenzaba diciendo: «Con respecto al proyecto de ley sobre el sector forestal presentado por Cabildo Abierto, hemos visto el debate generado dentro del Frente Amplio sobre la conveniencia política de votarlo,» –subrayo: la conveniencia política de votarlo– «sopesando la virtud de dividir a la coalición de gobierno o la inconveniencia de legitimar a este sector político», es decir, a Cabildo Abierto. Y continuaba: «Y si bien puede ser un debate pertinente, no es lo que debe guiar jamás la decisión de votar o no un proyecto de ley, lo que realmente importa es si es bueno o no para el país […] El desarrollo del sector forestal ha sido una política de Estado, la construcción de las mismas siempre es algo deseable cuando se trata de los principales desafíos de una Nación».

Es verdad que el debate de hoy tiene también ese componente, ¡legítimo en la política! No voy a decir que nunca lo hicimos ni lo quisimos hacer. Nos tocaron años de oposición también. Si el objetivo es mostrar hacia afuera que la coalición, por primera vez en el Senado, no vota en forma conjunta, probablemente ese objetivo se obtenga. No sé qué valor tiene, porque no resquebraja nada; al contrario, ratifica que la coalición está conformada por partidos políticos diferentes, de orígenes diferentes, con ideas e historias diferentes, que competimos entre nosotros y que vamos a volver a competir, que acordamos un programa de gobierno del cual no nos hemos apartado. Con ese compromiso hemos aprobado leyes muy importantes y lo seguiremos haciendo, en un gabinete compartido por todos los partidos que lo integran. Eso no está en cuestión, pero si es lo que se quiere mostrar –repito: no sé con qué valor–, probablemente se pueda exhibir.

Ahora bien, lo que hoy estamos votando es la modificación de una ley que tiene más de cuarenta años y que es política de Estado. Quienes hoy van a votar esto gobernaron durante los últimos quince años con mayorías absolutas al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, del Instituto Nacional de Colonización y de todo lo que se quiera poner acá arriba. Nunca trajeron un proyecto de ley proponiendo un cambio en esta materia, aun cuando ya en los Gobiernos anteriores se había dado el desplazamiento de determinados sectores productivos y se había perjudicado a pequeños productores a los que –todos estamos de acuerdo– había que proteger. No es un tema que haya empezado el 1.º de marzo ni lo trajo la pandemia. Sin embargo, hoy se alinean los astros así.

Que quede claro: nosotros vamos a defender la ley como está, y el decreto, sobre el que todos en la comisión –reitero: todos– se pronunciaron en el sentido de que era bueno pero –dijeron algunos, legítimamente– la ley tiene y brinda otra solidez, otro complemento. Está bien. Para nosotros es suficiente.

Simplemente quiero agregar un dato sobre el que en su momento conversamos con la señora senadora Asiaín. El proyecto que vamos a votar hoy no será ley hasta su promulgación. Tendrá la aprobación de ambas cámaras y será comunicado al Poder Ejecutivo –si no en esta jornada, en la de mañana–, el cual tiene un plazo para su promulgación, luego de lo cual sí será ley. La Constitución también le otorga un plazo para vetar el proyecto –recordemos que el presidente no puede vetar leyes sino proyectos de ley aprobados por ambas cámaras; es la esencia de la separación de poderes–; por lo tanto, podrá venir un veto de una parte o de todo el proyecto de ley. Tiene un plazo de diez días para interponer un veto, y la Asamblea General dispone de treinta días a partir de ese momento para reunirse y levantarlo con un quorum de tres quintos de presentes de cada una de las cámaras. Así es que seguramente vamos a vernos aquí en la segunda quincena de enero –según lo anunciado por el señor presidente en el día de ayer– y quizás volvamos a tener este debate en el ámbito de la Asamblea General. Mi deseo es que el debate alumbre acuerdos y visiones de futuro. Nos va mucho en planificar adecuadamente este país.

Hay proyectos de ley que no le cambian la vida a la gente, hay otros que le cambian la vida a alguna gente, y hay otros, como este, que afectan a muchísima gente porque afectan al país. A su vez, hay temas como este de la planificación del Uruguay productivo del futuro, que afectan a todo el país. Nos va mucho en eso.

¡Ojalá el debate sea alto y maduro, y mirando para adelante, porque quienes gobernamos hoy queremos seguir gobernando, y quienes no gobiernan hoy seguramente querrán heredar! A todos nos va mucho en que hagamos cimientos para seguir creciendo.

Muchas gracias.

24) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora, remitido a la Secretaría del Senado por parte de la Cámara de Representantes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «La Cámara de Representantes remite nota en la que da fe de un error padecido en el curso de la aprobación en esa cámara del proyecto de ley por el que se regulan los suelos de prioridad forestal. El error refiere al artículo 3.°; donde dice “bosques de servido” debe decir “bosques de servicio”. (Carp. n.º 378/2020».

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Se toma conocimiento.

Por tanto, con beneplácito informo al señor senador Batlle –que no sé si escuchó mi intervención– y al señor senador Sánchez que ambos tenían razón.

25) SUELOS DE PRIORIDAD FORESTAL

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Continúa la consideración del tema en discusión.

SEÑOR CIANCIARULLO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CIANCIARULLO.- Señora presidenta: como saben, en mi tercer día en este Cuerpo, esta será mi primera intervención en el Senado y el destino quiso que tenga que hablar de un tema que me compete. Pedí la excepción porque, si bien no tengo tierras forestales, dirijo una empresa de servicios forestales que emplea a más de 120 personas en el interior del país.

A continuación, voy a leer cuál es la posición de nuestro sector y luego agregaré algún comentario que crea pertinente.

Hoy venimos a tratar un tema que en Uruguay ha sido política de Estado desde 1987 con una ley promovida durante un gobierno del Partido Colorado que ha sido respetada por los sucesivos Gobiernos de los distintos partidos políticos, incluyendo los últimos quince años de gobierno del Frente Amplio.

El desarrollo forestal en Uruguay ha tenido un fuerte impacto en el desarrollo económico, productivo y social del país. En la actualidad, las tierras forestadas ocupan únicamente un 6 % del total de las áreas productivas del país, pero generan 25.000 puestos de trabajo, en general en el sector formal, y radicados en pequeñas localidades del país donde el sector político al unísono ha reclamado la generación de trabajo en esas zonas.

No lo tenía programado, pero tengo acá un comparativo. La idea no es confrontar actividades porque creo que hay lugar para todas, pero el señor senador Domenech habló de la cantidad de empleos y considero que hay que relacionarla con el área que ocupan. Cuando comparamos los empleos cada mil hectáreas, vemos que la agricultura ocupa 9 empleos; el complejo carne y lana, 2,7 empleos; el sector lácteo, 26; y el sector forestal, 18. Entonces –reitero– creo que la cantidad de empleos hay que relacionarla con el área, porque de lo contrario no tiene sentido la comparación.

Asimismo, es un sector que diversifica la economía de pequeños y medianos productores, y muchas veces ha sido la razón por la cual esos productores pueden quedarse en sus campos. Conozco una cantidad de situaciones de pequeños y medianos productores que al haber podido forestar parte de su campo han generado cierta diversificación de sus ingresos y eso les ha permitido seguir en su campo; de otra forma, esa gente habría tenido que emigrar a las ciudades. Esto desmitifica un poco eso de que la forestación corre a todo el mundo del campo.

Además, en materia medioambiental, la forestación captura carbono de la atmósfera lo que es un factor determinante para la producción sostenible a corto y mediano plazo. Tengo unos estudios diferentes a los que tiene el señor senador Sánchez que indican que el balance es positivo en la captura de carbono; después podemos compartirlos con el señor senador para comparar información.

Hoy venimos a votar negativamente este proyecto de ley por tres grandes causas. Primero, porque genera incertidumbre para los inversores locales y extranjeros que han confiado en la política de Estado de Uruguay; recuerden que las AFAP están invirtiendo fuertemente en el sector forestal y no solo lo hacen los grandes inversores extranjeros. Segundo, porque creemos que cambia las reglas de juego de un sector que es y será uno de los más pujantes en materia de producción, exportación y empleo; y, tercero, porque no hay razón ambiental, económica ni social comprobable que justifique la prohibición o limitación que pretende este proyecto de ley. Creo que esto es básico: no hay razones ambientales ciertas ni estudios que indiquen que la forestación causa algún efecto negativo en el ambiente.

A todo esto, el año pasado hubo un arduo trabajo en conjunto de los ministerios de Ambiente y de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se ha actualizado y generado información y conocimiento para ajustar criterios de desarrollo forestal, los cuales están plasmados en el decreto recientemente aprobado por el Poder Ejecutivo. Como decía el señor senador Gandini, creo que con el decreto basta, porque fue muy trabajado y consensuado. Doy fe de que trabajaron una cantidad de técnicos, de que se dieron una cantidad de cosas, y creo que alcanza para poner cierta regulación al sector. Este decreto reconoce que no estaba todo bien en la forestación y busca ordenar esa problemática sin afectar el desarrollo productivo del país, pues hay inquietudes legítimas que estaban planteadas y había que atender.

Queremos destacar tres puntos medulares del decreto: en primer lugar, se incorpora el estudio ambiental a los proyectos de menos de 100 hectáreas. Como ustedes sabrán, las forestaciones de menos de 100 hectáreas no pasaban por autorización ambiental y ahora sí van a hacerlo.

En segundo término, ajusta a los criterios actuales en materia medioambiental a los proyectos mayores de 100 hectáreas que estaban regidos por la normativa de 1994; corrige cosas que quizás en su momento no se hicieron bien.

Por último, las áreas ya forestadas, al momento de reforestar, deben pasar por un estudio de impacto ambiental. O sea, si un campo que hoy está forestado se corta, antes de ser replantado debe tener una autorización ambiental. Creo que esos son avances significativos que van un poco en línea con el espíritu del proyecto.

Vemos con preocupación el intento de aprobar una ley con poco o nulo sustento técnico –esto es lo que decía hoy– que, además, no es el instrumento jurídico adecuado ya que la manera como está concebida es de una rigidez tal que no permite adecuarse a los tiempos y a las necesidades del sector.

Entendemos también que se limita la libertad de los productores. El Estado debe regular las actividades; eso está bien, pero ¿hasta dónde puede meterse el Estado? Lo que aún es peor: favorece –como señaló un señor senador en sala– la concentración de la tierra justamente en manos de quienes creo que el proyecto está en contra, porque al haber menos tierras forestales, esas grandes empresas a las que tanto le temen algunos, van a ir por esas tierras; entonces creemos que la iniciativa tendrá el efecto contrario al que se pretende. Esta es una de las grandes contradicciones que queríamos plantear sobre este proyecto de ley.

También queremos decir, en forma muy clara –y con mucho respeto–, que nos llama poderosamente la atención cómo el Frente Amplio, durante quince años de gobierno y con mayoría parlamentaria, nunca interpuso algo en esta línea. ¿Cómo es posible que hoy estén apoyando esta iniciativa cuando –como se ha dicho acá– le han dado para adelante al sector forestal desde el primer año?

Finalmente –esto es algo personal y también de la bancada de Ciudadanos– queremos destacar el trabajo de los ministros Adrián Peña y Fernando Mattos, así como del exministro Carlos María Uriarte, en la creación de este decreto, que creo ha sido muy importante. Le han puesto mucho tiempo y pienso, y es un proyecto consensuado y no un cobro al grito.

Muchas gracias.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: en los últimos tiempos he logrado constatar el tremendo poder que tiene el lobby celulósico en este país, a tal punto que han intentado y en buena medida han logrado cambiar el eje de la discusión.

Este proyecto de ley en ningún momento pone en tela de juicio la importancia de la forestación. En ningún punto se puede interpretar que se le está poniendo un freno a esta actividad que –no nos hemos cansado de decirlo una y otra vez– ha sido benéfica para el país, pues ha generado miles de puestos de trabajo y divisas muy necesarias. Nunca lo hemos negado, así que no entendemos por qué se toma como que esto es un ataque al sector forestal. ¡No lo es! Insisto: ¡no lo es! Nuestro proyecto es otra cosa y cualquier persona que lo analice, desprovista de repente de algún interés especial, tiene que coincidir en que lo único que busca es preservar determinadas tierras en el entendido de que para el país es mejor que se utilicen en otras cosas y no en bosques de eucaliptos. ¡Ese es el espíritu, el cerno del proyecto de ley!

Hoy se mencionaba que, casualmente, hace exactamente un año que se aprobó esta iniciativa en la Cámara de Representantes, el 15 de diciembre de 2020. Ese mismo día hablé con legisladores de otros partidos de la coalición y les dije: «Introduzcan los cambios que entiendan necesarios para que este proyecto salga por unanimidad, ¡porque se trata de un tema de tal importancia que tiene que despertar la unanimidad de todos, porque es preservar el futuro del país!». En todo este año que ha transcurrido –reitero, hoy hace exactamente un año– lamentablemente no se le aportó ni una coma.

Se ha señalado que se están cambiando las reglas de juego. No es así. A todos aquellos que han forestado con las reglas de la ley de 1987 no se les cambia un ápice lo que han hecho ni ninguna condición. Diría que, por el contrario, este proyecto busca volver al espíritu de la ley original que era que se plantaran determinados suelos del país y no cualquiera. ¡Esa es la importancia de este proyecto de ley! Queremos defender a aquellos productores que quieren radicarse en la tierra, producir y vivir de la producción con su familia en el medio de la tierra. ¡Eso es lo que a Uruguay le sirve!

Voy a plantear una figura tal vez ridícula, que nunca se va a dar: imaginemos al Uruguay transformado en un gigantesco monte de eucaliptos. En realidad, no es algo imposible si acá no se puede poner ningún límite porque es cambiar las reglas de juego; ¡acá no se puede regular nada porque es cambiar las reglas de juego! Entonces, ¿qué impide que algún día el Uruguay entero sea un gigantesco bosque y, en vez de tener miles de productores como hoy –aunque lamentablemente son cada vez menos–, radicados en la tierra, tenga algunas cuadrillas de unas cuantas empresas multinacionales que vayan y vengan en sus motos o en los vehículos de la propia empresa? Unas pocas cuadrillas. Imaginemos que ese es el Uruguay. ¡Yo no quiero ese futuro para nuestro país! ¡¿Qué garantías tenemos nosotros, hoy, de que con la celulosa no va a pasar lo mismo que con la lana, que un buen día dejó de valer?! Veamos lo que le pasó a Venezuela que, un buen día, el petróleo que tenía pasó a valer muchísimo menos. ¿Qué garantías tenemos en el futuro? Yo creo, sí, que la producción de alimentos es mucho más segura para el futuro porque la humanidad siempre va a necesitar alimentarse.

Entonces acá se cambió intencionalmente el eje de la discusión.

Bajo ningún concepto estamos en contra del sector forestal; al contrario, lo queremos fuerte y que genere más puestos de trabajo, pero sí estamos decididamente en contra de que el departamento de Colonia o el de Soriano se transformen en un gigantesco bosque, como lo estamos viendo. Basta salir al campo para ver cómo avanza eso. He visto campos que hasta hace poco fueron maizales y hoy son montes de eucaliptos. ¡Basta hablar con los vecinos y con la gente! ¡Esa es la esencia de este proyecto de ley! Todo lo demás es secundario. ¡Esa es la esencia! En cuanto a lo del 10 %, como se dijo acá, hay para plantar treinta años más, pero cuando se esté llegando al 10 %, el Parlamento del futuro puede reunirse y decir que va a pasarlo al 20 % y ¡no cambia nada! No cambia nada porque lo que vale acá es la esencia: que no se hayan anulado las mejores tierras para convertirlas en bosques de eucaliptos.

Y no se puede comparar la plantación de eucaliptos con la plantación de soja u otros cultivos que duran seis meses. Todos sabemos que cuando se planta un campo de eucaliptos han de pasar décadas antes de poder revertir su uso y que es sumamente costoso, por más que se diga que prácticamente es ir y sacar los tocones. No es tan fácil. Basta con conocer un poco del tema.

Asimismo, se ha dicho que se afecta el derecho de propiedad, que nos metemos en negocios de privados. Lo primero que debemos señalar es que si hoy estamos hablando de este tema es porque el Estado se metió. ¡No fue la mano invisible del mercado la que generó el sector forestal en este país, fue la intervención decidida del Estado!, demostrando que el Estado a veces puede generar riquezas y situaciones en bien de toda la sociedad. Basta que se haga con criterio, como se hizo en este caso, y nosotros realmente aplaudimos todo lo que se avanzó en estos treinta y pocos años.

En cuanto a que se cambian las reglas del juego, todas o casi todas las leyes terminan diciendo que se deroga tal artículo o tal ley. Todas las leyes significan cambios en las reglas del juego. Ese es el paso del tiempo; el cambio de situación. Una cosa era cuando en este país había 70.000 hectáreas plantadas y otra es que haya 1:100.000, es decir cuando ya está la masa forestal necesaria para abastecer a esas tres plantas, una vez inaugurada la que está en construcción.

Incluso con el límite que se pone en esta ley –que, reitero, se puede cambiar fácilmente en una sesión del futuro Parlamento– da para establecer una planta más en el Uruguay. Y yo me pregunto: ¿qué más es necesario? ¿Cuánto más se va a plantar? ¿Cuál es el modelo de país que queremos todos? ¿Realmente queremos el modelo celulósico? ¿Es lo mejor para el país?

Se están volcando ingentes recursos para favorecer a una empresa multinacional celulósica. Con la cuarta parte de eso se podría apoyar a otros sectores, como el lechero. Aquí se ha hablado de defender al sector lechero. Buena defensa se hace cuando se condena a los suelos típicamente lecheros del departamento de Colonia a ser de prioridad forestal en los próximos tiempos. Con la cuarta parte de lo que hoy se le está volcando al sector celulósico, el sector lechero generaría muchísimos más puestos de trabajo y, sobre todo, radicaría a mucha más gente en el interior, que es lo que este país necesita. Es lo que hace el mundo desarrollado: buscar políticas que arraiguen a la gente en el interior. Hay que llevar todo el confort a la gente para que no se vaya del interior, el pavimento y la fibra óptica hasta para la casa que se encuentra en el último rincón del país. ¡En eso tenemos que pensar!

Como dijo algún senador, los bosques de eucaliptos generan taperas y más taperas; lo estamos viendo. Lo ponen como un defecto a corregir, pero no se va a corregir nunca; cuantos más bosques haya, más taperas va a haber y menos gente en el interior. Es lógico y casi matemático.

Acá se mencionó al gran caudillo nacionalista Wilson Ferreira Aldunate y su política agraria. Wilson Ferreira quiso hacer una reforma agraria y en su proyecto de reforma estableció un tope que era de 2500 hectáreas. ¿Qué diría hoy ante esta concentración de la tierra de centenares de miles de hectáreas en manos –lo más grave es que ni siquiera sabemos en manos de quién– de sociedades anónimas extranjeras? ¿Sería esta la política que llevaría adelante Wilson Ferreira Aldunate? Con todo respeto –y no quiero entrar en una polémica virtual–, yo tengo mis dudas.

Se ha mencionado en sala que el proyecto de ley es incompleto porque no contempla los temas de la garrapata, de los jabalíes ni de las jaurías. Es cierto, sí; es muy incompleto el proyecto de ley y le deben faltar un montón de cosas, pero ¿por qué este año no se aportaron ideas para mejorarlo, para que fuera una buena ley, completa, que hablara de todo, de las garrapatas, de los jabalíes y de las jaurías?

Se habló de la respuesta que dio el Poder Ejecutivo con el decreto que se presentó hace pocas horas. Yo creo que ese decreto es un paso positivo y pone ciertos requisitos que antes no estaban –¡cómo no!–, pero no es un cambio sustancial. No impide que se plante en las mejores tierras del país, que es lo que justamente quiere impedir este proyecto de ley. Por el contrario, da luz verde para que se generen nuevas tierras que ahora se llaman «de aptitud forestal». Creo que todas las tierras son de aptitud forestal, pero acá específicamente se sitúan determinados tipos de suelo, lo que abre las puertas a que el problema se agrave en lugar de corregirse. No es lo que estamos buscando con este proyecto de ley.

Lo que se pretende es que no se plante en determinados suelos que al país le pueden dar, social y económicamente, muchísimo más rédito con otros fines, que el del monte de eucaliptos.

Se ha dicho que el sector forestal es el más regulado de la economía. Tiene regulaciones, es cierto, pero hay muchos otros sectores que tienen sus regulaciones también y requieren el permiso del Ministerio de Ambiente. No es el único el sector forestal.

Aquí quiero destacar el aporte de varios Gobiernos departamentales, que en cierta forma ha sido fundamental para minimizar el problema hasta el día de hoy, para que no sean tantos los campos que estén con plantaciones fuera del área de prioridad. El señor senador Botana mencionaba, con acierto, algunos departamentos y, sobre todo, su departamento de Cerro Largo, que realmente ha aplicado políticas en este sentido.

Se ha mencionado que un jerarca de una empresa forestal se ha comprometido a preservar el sector lechero, como gran garantía de que no se va a avanzar sobre él. Con todo respeto –y lo digo sinceramente–, es como que en el cuento de Caperucita y el Lobo se entreviste al lobo a ver qué opina de la situación. Es lo mismo.

Repito que no se desprende de este proyecto absolutamente ningún punto en contra de la actividad forestal. Acá se trata de defender al pequeño y al mediano productor, que han visto encarecido el arrendamiento, que han visto casi imposibilitado el acceso a la tierra porque hay un sector que de la mano de todos los beneficios que se le han otorgado en los últimos tiempos, está en condiciones de pagar por la tierra mucho más de lo que puede pagar un pequeño agricultor o un ganadero. ¡Mucho más! Estas políticas van ayudando a la expulsión de la gente del campo; no pueden acceder a la tierra, ergo, terminan en las ciudades. Ese proceso lo estamos viendo y con estas políticas lo estamos acelerando. Justamente, nuestro proyecto de ley busca revertir eso, aunque sea desde uno de los tantos aspectos con los que hay que tratar.

Siempre hemos dicho que una de las grandes tragedias de este país es el despoblamiento del interior porque desde sus orígenes, desde Hernandarias –como se señaló anteriormente– hasta el día de hoy, ha tenido el centro de su economía en el campo. No podemos darnos el lujo de cerrar los ojos cuando vemos el despoblamiento continuo, confirmado censo tras censo. Tenemos que hacer algo y lo que proponemos, en cierta forma, va en el sentido de evitar el despoblamiento del campo. Hay que garantizar al pequeño productor el acceso a la tierra, hay que evitar la distorsión en los precios que se han generado por favorecer de determinada manera a un sector y no hacerlo con otros, hay que apostar de una vez por todas al trabajo nacional. No podemos seguir jugando para las grandes empresas internacionales; tenemos que jugar para nuestros trabajadores.

Igualmente decimos: bienvenidas esas grandes empresas, pero con las mismas condiciones que nuestros trabajadores nacionales. Esa es la esencia de este proyecto de ley, eso es lo que buscamos. Y vamos a votar convencidos de que es un proyecto de ley no solo necesario, sino de urgente aprobación, porque año tras año esta situación tiende a agravarse. Todos somos conscientes, no podemos mirar para el costado.

Esa es nuestra posición.

SEÑOR DOMENECH.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MANINI RÍOS.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Puede interrumpir el señor senador Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- Este año hemos escuchado hasta el hartazgo mentiras en cuanto a los beneficios de la forestación. Los intereses forestales que pertenecen a multinacionales poderosísimas que quieren hacer pie en el Uruguay y lo han hecho adquiriendo enormes cantidades de tierra, han desatado durante este año una campaña publicitaria mentirosa. Aquí están las publicaciones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca –que durante este Gobierno no se han reiterado– sobre la ocupación en la forestación. No son 29.000, sino 11.646 personas y si no, seguramente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca –donde están bien representados los intereses forestales– podrá decir si esta encuesta que publicó es falsa. Y no solo eso, esta actividad forestal que tiene mucha publicidad, pero poco respeto por los intereses del país, tiene un 45 % de sus trabajadores en negro. ¿Dónde está la responsabilidad social empresarial de la forestación? Vamos a decir, además, que estas cifras no solo comprenden a las personas que trabajan en el campo, sino también –y aquí lo dice expresamente– puestos de trabajo directo, principal y secundario de los principales rubros en fase primaria agropecuaria e industrias vinculadas al sector agropecuario. ¡Son 11.646 personas!

La verdad es que esas 11.646 personas le han costado al Uruguay USD 4:600.000, que salieron del bolsillo y del sudor de los uruguayos que pagan IVA, IRAE, contribución inmobiliaria, impuesto de primaria; todo lo que no pagan las multinacionales forestales. Entonces, ¡vamos a decir las cosas como son! Acá se ha desarrollado una gran actividad forestal en ancas del sacrificio de nuestros conciudadanos, y los resultados sociales aquí están, expresados por el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que seguramente no es enemigo de la actividad forestal.

Por lo tanto, a la campaña mediática de la actividad forestal tenemos que decirle que los pequeños y medianos productores agropecuarios de este país no vamos a ceder ni en un tranco de pollo a esos intereses.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Puede continuar el señor senador Manini Ríos.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Gracias, señora presidenta.

Simplemente, quiero hacer algunas precisiones.

En primer lugar, cuando se habla de sector forestal correspondería hablar del sector celulósico, del lobby celulósico, que no es exactamente lo mismo; son cosas que tienen sus matices.

Por otro lado, esos 11.646 trabajadores son muy importantes, porque son compatriotas que tienen una fuente de trabajo. Sin embargo, tenemos la convicción de que también se pueden lograr números muy superiores de trabajo y de afincamiento en el medio rural con otros sectores de la economía, que es lo que nosotros buscamos: hacer un equilibrio entre todos los sectores.

Se dice que hoy han crecido todos los sectores, como si fuera la prueba del nueve, de que el crecimiento del sector celulósico realmente no afecta al resto de los sectores. Eso puede ser así por ahora; hay que hacer la proyección hacia el futuro y ver, en el tiempo, cuándo va a empezar a afectar. Porque, cuando nos demos cuenta, seguramente será tarde, ya que no es de un día para otro que se cambia el destino de un campo que había sido destinado al sector celulósico.

Eso era lo quería precisar.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Haré una presentación relativamente breve porque me apoyo en las intervenciones que hicieron mis colegas con anterioridad. En lo conceptual, me siento representado en lo desarrollado por el señor senador Sánchez; también en lo conceptual y operacional –que es un punto que voy a reiterar–, en lo que planteó el señor senador Rubio, y en el talante de compartir objetivos y visión y de tener algún reparo en materia instrumental, en lo que planteó el señor senador Mahía. Por lo tanto, siento que mi opinión se ha visto reflejada en esas tres posiciones.

Esencialmente, quiero hacer dos puntualizaciones.

En primer lugar, creo que estamos tratando y legislando sobre un tema que, claramente, tiene múltiples intereses que a veces entran en conflicto. A lo que apuntamos en la legislación es a buscar el equilibrio o balance adecuado que refleje esos intereses, obviamente con el objetivo de la conveniencia para el país. Tenemos intereses que tienen que ver con los productores agropecuarios, y en particular con pequeños productores, en varias áreas de la producción agropecuaria; están los intereses de la industria forestal; tenemos temas de ambiente y de recursos hídricos; está el tema del uso de los suelos, del ordenamiento territorial y de los impactos sociales de la producción agropecuaria y la forestal. En definitiva, estamos conversando y evaluando temas que tienen todas esas múltiples dimensiones.

Por lo tanto, creo que flaco favor hacemos a la discusión si la planteamos en términos de fundamentalismos o de tener que tomar partido por uno en contra de los demás. El objetivo aquí debe ser, con el norte del interés general, llegar a una solución balanceada que tome en cuenta todos los intereses que rodean esta temática.

Sin duda, nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley.

(Murmullos en sala).

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- La Mesa ruega a los señores senadores que cesen los murmullos en sala, porque molestan al orador.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Gracias, señora presidenta.

Como decía el señor senador Mahía, sin perjuicio de tener un cierto reparo en la cuestión más instrumental, que creemos es muy limitada y no necesariamente cumple los objetivos que se buscan, vamos a acompañar la iniciativa.

En la medida en que hay múltiples intereses y dimensiones en juego, el objetivo debe ser encontrar una solución equilibrada, balanceada respecto a todos esos intereses. Por eso las caricaturas no ayudan, y cuando las posiciones se llevan a ese terreno, probablemente sea por la falta de argumentos para tener un debate más sofisticado. Hemos escuchado acá, de a ratos, que el Frente Amplio favoreció y le regaló todo a la industria forestal. A los dos minutos, se dijo que representábamos los grandes obstáculos para el desarrollo y que éramos enemigos de la industria forestal. Luego volvimos a ser aquellos que dejábamos que la industria forestal tomara las decisiones que quisiera y mirábamos para el costado. Tres minutos después éramos antiforestales, con una neosensibilidad antiforestal. Es muy difícil tener un debate serio cuando del otro lado hay posturas que rozan con la esquizofrenia. No podemos discutir con las dos cosas a la vez; somos una cosa o la otra. Y, en realidad, no es ni una ni otra, porque en este tema uno no puede tener una postura fundamentalista; hay que entender que hay múltiples objetivos e intereses en juego que, como legisladores, debemos balancear. Este es un primer punto, sobre todo pensando –creo que en eso coincidimos todos– en que esta no es la solución final. Sobre esto debemos seguir trabajando, porque creo que en general los objetivos son compartidos. Entonces, para seguir trabajando y buscando una política que, hasta el momento, tuvo un talante de política de Estado, debemos evitar los fundamentalismos y las caricaturas y trabajar con la información, la visión, la discusión sana porque, además, creo que es un área en la que lo podemos hacer.

Como segundo punto, quiero poner énfasis en algo que mencionó el señor senador Rubio en cuanto a que el contenido y la sustancia de esta ley pueden estar, de alguna manera, cuestionados o puestos en duda a partir del decreto del 10 de diciembre que el Poder Ejecutivo emitió con respecto a este tema. Si uno pensara que este decreto ya está vigente, haría absolutamente inocua la sustancia del artículo 1.°, porque está ampliando en cientos de miles de hectáreas los suelos de prioridad forestal. Si el objetivo es evitar que la forestación desplace producciones agropecuarias en tierras en las que hay aptitud importante para las otras producciones y si queda solo el artículo 2.°, hay que decir que esa disposición no resuelve el problema, porque poner un límite general del 10 % de las tierras no evita en absoluto que se dé esa circunstancia si no se toman en cuenta las características de cada suelo. Por lo tanto, creo que debemos tener bien claro que esta ley que sería aprobada hoy y que entraría en vigencia en los próximos días, es previa y no incorpora como vigente el decreto que el Poder Ejecutivo emitió el 10 de diciembre. Y lo digo no para hacer necesariamente una modificación en la redacción, sino para que, ante la duda y a efectos interpretativos, quede clara la voluntad del legislador. Nosotros interpretamos que estamos aprobando esta iniciativa sobre la base de que no está vigente el decreto del 10 de diciembre. En ese sentido, me paro en lo que estaríamos aprobando como artículo 1.º, que indica justamente que los suelos de prioridad forestal son «aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, hayan sido designados como terrenos forestales según lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 15.939 y decretos reglamentarios vigentes». O sea que el artículo 1.º especifica que tienen que ser decretos reglamentarios vigentes y está claro que en el último artículo del decreto del 10 de diciembre –creo que es el 16– se indica que la vigencia es a partir de los tres meses posteriores a la publicación. Esto no es un tecnicismo, sino que va a la sustancia del tema. Tiene que quedar claro que en la voluntad del legislador interpretamos que este proyecto de ley que se aprueba hoy no incorpora el decreto del 10 de diciembre porque el propio decreto dice que su vigencia arranca tres meses después.

Queríamos dejar en claro ese punto porque, de no ser así, estaría atacando la sustancia de lo que estaríamos legislando. Para nosotros es imprescindible que tengan sentido tanto el artículo 1.º como el 2.º de la iniciativa que estaríamos aprobando.

SEÑORA LAZO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BERGARA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Antes de conceder la interrupción le quiero hacer una aclaración, señor senador, con todo el respeto que usted me merece.

Me parece que la descalificación cuando se refiere a una enfermedad no se debe hacer. Estoy obligada a controlar el decoro por el artículo 115 de la Constitución de la república y por el Reglamento del Senado. La esquizofrenia es una enfermedad y no creo que sea de buen estilo referirse a una persona para descalificarla usando una enfermedad.

SEÑOR BERGARA.- Permítame aclarar, señora presidenta, que yo no me referí a ninguna persona, sino a posturas, pero si alguien puede interpretarlo en esos términos, ya mismo retiro el término.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Perfecto.

SEÑOR BERGARA.- Pero ustedes entendieron muy bien el sentido de mis dichos.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Señor senador: todos entendimos muy bien porque, por suerte, todos los que estamos acá tenemos una inteligencia media, pero no debe hacerse eso y yo me pregunto…

SEÑOR BERGARA.- Ya le hice la aclaración, señora presidenta. Si va a la versión taquigráfica…

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Señor senador: mi papel no es discutir con usted, sino decirle que mi obligación es controlar el decoro de cómo se manejan los temas acá. No me parece conveniente –y no a mí en especial, pues la sociedad ha cambiado mucho en estas cosas– y no se deben usar enfermedades para descalificar a nadie.

SEÑOR BERGARA.- Permítame, señora presidenta: simplemente quiero dejar en claro que no hubo, en ningún momento, falta de decoro ni falta de respeto ni descalificación personal. Solamente eso.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Eso queda en mi criterio porque es la diferencia que hay entre quien ejerce la presidencia y quien es un senador, y quien interpreta el Reglamento en este momento soy yo.

Ahora sí, puede interrumpir la señora senadora Lazo.

SEÑORA LAZO.- Gracias, señora presidenta; gracias, señor senador Bergara.

Por supuesto que voy a ser breve. Quiero adherir a lo que expresaron los integrantes de mi bancada a la hora de fundamentar la aprobación de este proyecto de ley. Y más allá de centrarnos en una especie de competencia de quién hizo más o quién hizo menos en torno a este tema, me parece bueno centrar esto en la última frase, si se quiere, de la exposición de motivos, que habla del futuro y dice que «es fundamental establecer las regulaciones correspondientes, a fin de poder lograr una producción económica, social y medioambientalmente sustentable para nuestro país». Como bien dijeron algunos de los compañeros, seguramente sigamos en otro momento, en un futuro, legislando y atendiendo algunos temas. Me encantaría abordar una de las cuestiones vinculadas a lo social y ver lo que ha sido la evolución, por ejemplo, en el mundo del trabajo y de las condiciones del trabajo, de quienes están en la forestación. Como es sabido, se comenzó con una precariedad importante. Quienes integran los medios de prensa saben de la visibilidad que se dio a ese tema a partir de denuncias en el comienzo de este proceso, allá por la década de los noventa. Ese mundo del trabajo y de las condiciones del trabajo ha tenido una evolución objetiva y medible para quienes allí desempeñaban su tarea.

Me parece que es fundamental mencionar esa pata social en la que también se basa este proyecto, porque también es verdad que a partir de la reinstalación de los consejos tripartitos hubo un cambio cualitativo en la forma de trabajar de quienes se manejaban en este rubro. Eso también tiene que ver con modificaciones que seguramente se van a realizar hacia adelante.

Además, adhiero en todos sus términos a lo que decía el señor senador Sánchez en cuanto a la fundamentación política de por qué quienes hoy estamos como representantes políticos a veces coincidimos y otras no, pero, sin importar quién o quiénes presenten un proyecto, acompañamos en el concepto más profundo.

Por último, señora presidenta, leyendo material sobre el tema encontré parte de un discurso de hace quince años del exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Extraje algunos de sus párrafos porque tienen que ver con el fondo sustancial de lo que este proyecto aborda, que es el tema de la tierra.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Puede continuar la señora senadora Lazo.

SEÑORA LAZO.- Gracias, presidenta.

En ese discurso realizado el 17 de setiembre de 2006 en la Expo Prado, quien fuera ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica, expresaba algunos conceptos que me representan totalmente y entiendo que tienen que ver con la sustancia de este proyecto. Decía: «Estamos en un proceso de cambios tremendos. Todo el mundo sabe lo que ha pasado con el precio de la tierra y no queremos que el precio de la tierra se devalúe porque todos sabemos que si la tierra vale, por lógica elemental, tienen que procesar una producción más o menos en consecuencia. Pero hace unos cuantos años votamos una Ley Forestal y pasaron después muchas cosas, como la revolución de la siembra directa, que es una revolución que vino de la mano del glifosato y que tiene tanto valor como el arado. Es una formidable tecnología que viene a revaluar muchos de los criterios agronómicos que teníamos, y necesitamos, ante lo nuevo, modificar los criterios porque hoy hay tierras que hace quince años parecían no trabajables y hoy lo son. Y tenemos la obligación de cuidar el valor agronómico de la tierra para las generaciones que vienen. Es mentira que compramos la tierra; la tierra nos tiene a nosotros, somos aves de paso. El fundamento más sagrado que tiene una Nación es la tierra. La tierra es Dios, es el capital más importante y van a sobrevenir cuestiones de derecho, vendrá el derecho ecológico, vendrán capítulos penales en el tratamiento con la tierra por todas partes del mundo, porque el hombre no tiene derecho a asesinar un capital, a veces por ignorancia, que le ha costado millones de años en construcción a la naturaleza».

Y decía, en otro momento de este discurso: «Conversemos; pero la tierra tiene que tener un responsable, tiene que haber gente responsable, no solo por lo que pasó con los Peirano y la mar en coche, por lo que pasa todos los días». Y culminaba: «Hace poco vino la Ministra de Finlandia y nos preguntó: “¿Cuál es el modelo forestal de ustedes?, porque en nuestro país hay miles de pequeños productores plantadores de árboles que componen una gran sociedad y al parecer ustedes son una inmensidad…”. Si los hombres se las ingenian, siempre pueden encontrar fórmulas, siempre pueden encontrar salidas, pero mientras yo sea Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, a nadie le voy a permitir que me trate conceptos de la tierra como un fierro más…».

Más adelante también señalaba Mujica: «Yo sé que estas son cuestiones de sentires. Sé perfectamente que los grandes empresarios cambian de propiedad como cambian de camisa y está bien, tienen que llevar una lógica empresarial, pero en el mundo no todo es lógica empresarial, y en este país también hay otras lógicas y tenemos que aprender a convivir con ellas. De lo contrario, ¿dónde está el liberalismo? El verdadero liberalismo de hacer convivir lo diferente. Cuando empezamos a aprender a base de golpes que hay ciertas identidades muy profundas que son irreductibles y si son irreductibles no hay otro camino que el entendimiento y la negociación, que tú tienes una parte y otros tienen otra. No se puede hablar ni dar para que unos estén sometidos en sus puntos de vista ante los otros porque ese es un mundo de carácter absolutista».

Me siento absolutamente representada por lo que hace quince años decía el por entonces ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y entiendo que es también parte de la fundamentación de por qué hoy estamos acompañando este proyecto que presentan integrantes de un partido que no es el nuestro.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- La Mesa debe interpretar que usted se borra de la lista de oradores.

Muchas gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE (Graciela Bianchi).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Vamos a acompañar este proyecto que ingresó al Parlamento de la mano de un sector que no es el nuestro. Fue enriquecido en la Cámara de Representantes, tanto por nuestros compañeros legisladores, como por diversos asesores que participaron para intentar dar respuesta parcial a un problema productivo social que va a quedar en la agenda del Uruguay. Y, en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado de la república tuvimos la oportunidad de recibir diversas miradas, que tienen que ver con la tensión Estado-mercado o la tensión producción-ambiente.

Es claro que hay temas que el proyecto de ley no resuelve, que van a quedar hacia adelante. No resuelve la perspectiva de largo plazo del modelo de desarrollo forestal en el Uruguay. No resuelve la insuficiente potencia de la cadena forestal con la perspectiva madera-mueble que incorpore diseño y mayor valor agregado. No resuelve los problemas ambientales. Como bien dijo el senador Sánchez, en ese largo debate de tres años que se dio esta cámara desde 1991 –año en que ingresó el proyecto de ley que derivó después en la Ley n.º 16466– se excluyó la necesidad de colocar autorización ambiental previa a los bosques forestales de rendimiento. Recién en 2005 se logró incorporar, pero a pesar de eso se pueden hacer críticas respecto a si los controles ambientales son del suficiente calado. Es un debate que tenemos abierto. No resuelve el tema de la concentración de la tierra en la forestación ni el de la extranjerización, sobre el que se han tenido acalorados discursos, pero no conocemos propuestas que reviertan tal situación. No resuelve la precarización de las relaciones laborales, y existen; los datos son muy elocuentes: hay un 45 % de trabajadores fuera de la formalización.

Durante algunos años me tocó atender las condiciones de trabajo del sector forestal y, sobre todo en los sectores de más alta rotación, la condición de precarización del trabajo, la violación de normativas de salud laboral y las dificultades para la sindicalización son notorias. También sucede en muchos viveros.

Uno vota este proyecto de ley entendiendo que es necesaria una regulación que atienda a un conjunto de problemas, sabiendo que el tema queda abierto arriba de la mesa para atender otros problemas que todavía no se resuelven, pero lo hacemos con alguna convicción que nos quedó clara después de la comparecencia de distintas representaciones en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–En representación de la Facultad de Agronomía, en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca estuvo la ingeniera agrónoma Fabiana Pezzani quien, hablando sobre los impactos ambientales de la forestación, dijo: «Durante todos estos años, y particularmente en los años dos mil, se han realizado muchas investigaciones que demuestran el efecto de la forestación, particularmente de los monocultivos de eucaliptos y de pinos, sobre algunos de estos servicios ecosistémicos fundamentales para la vida humana. Concretamente, se ha visto afectada la provisión de agua. ¿Por qué? Obviamente, las plantaciones forestales requieren más agua que las plantaciones herbáceas, es decir, los cultivos herbáceos, y eso afecta el ciclo hidrológico en su conjunto: la provisión de agua y la calidad del agua. Hay evidencia científica que lo demuestra».

Más adelante sostiene: «… otro efecto de la forestación, particularmente sobre los suelos, es la acidificación. Como las plantaciones forestales requieren o consumen una importante calidad de calcio, por un tema de balance de los nutrientes en el suelo terminan acidificando los suelos, lo que puede provocar, además, que se acidifique el agua, con todas las consecuencias que eso implica».

Jaime González, que es director del Departamento de Producción Forestal y Tecnología de la Madera, también en representación de la Facultad de Agronomía, cuando habló de los riesgos de la regulación o no regulación, dijo que a esto hay que regularlo «para que no tengamos problemas ecológicos importantes». Es más, dice: «No me imagino a un Uruguay con 4:000.000 de hectáreas de eucaliptos. Creo que el riesgo puede ser muy grande hasta para el propio cultivo».

Hay temas que el proyecto de ley no resuelve y bien lo decía el senador Sánchez al hablar sobre la necesidad de trabajar sobre iniciativas que promuevan, por ejemplo, el silvopastoreo.

En la misma dirección que la Facultad de Agronomía, se presentó un colectivo interdisciplinario que realiza estudios forestales y también colocó en estos ejes esa preocupación. Hablando de lo que se ha identificado como riesgos, dicen: «Uno de los principales que se han determinado es el de la acidificación de los suelos, sobre todo la forestación con eucaliptos que libera ciertas sustancias al suelo que producen un descenso del pH, que es una propiedad muy importante del suelo y que, como consecuencia, afecta la fertilidad y la vida en el suelo». Lo mismo sucedería con el déficit hídrico.

También ubicaron una perspectiva diferente de la que se habló acá sobre el tema del carbono; concretamente, dice: «… cuando hablamos de forestación en nuestro país, nos referimos a un ecosistema de pradera en el que no existen principalmente árboles. Si nosotros pensamos en reforestar un bosque que fue deforestado, podría ser una acción positiva, pero en nuestro ecosistema, donde no hay árboles, el carbono se acumula principalmente en el suelo, es decir, está asociado a la materia orgánica, al humus y a los microorganismos del suelo. Este es nuestro sumidero natural de carbono y, cuando se instalan estas plantaciones forestales, se ha determinado por parte de investigadores de la Facultad de Ciencias que el carbono que estaba previamente acumulado en el suelo es liberado a la atmósfera». Y esto sucede, sobre todo, cuando no son plantaciones de madera sólida.

Entonces, la discusión que mantenemos tiene que ver con esta tensión mercado-Estado, producción-ambiente, producción-desarrollo social; avanzamos y lo cierto es que el proyecto no avanza de manera distinta a lo que la ley de ordenamiento territorial establece y diversas normativas municipales desarrollaron.

El Decreto departamental de Salto n.º 6524/011 –Directriz Rural n.º 8–, en su artículo 58, sostiene: «El Gobierno Departamental, en coordinación y cooperación con los organismos competentes, promoverá estrategias a los efectos del fomento del uso productivo agropecuario eficiente del suelo categoría rural del departamento, conciliando el desarrollo económico, la sustentabilidad ambiental y la equidad social.

Por el presente instrumento se declara preferente el uso del suelo rural del departamento con destino agropecuario, salvo el uso forestal que se prohíbe en todos los suelos rurales del territorio del departamento de Salto. Quedan exceptuados de esta disposición los casos de forestación obligatoria conforme lo establece el artículo 12°» –se refiere a la ley de la forestación–, el artículo 5.°, etcétera.

El Decreto n.° 61/016 de Cerro Largo plantea lo mismo: «Está prohibida la forestación con destino a la producción maderera, en todo el departamento, en suelos fuera de los definidos como de prioridad forestal, en el marco de la Ley N° 15.939 del 28 de diciembre de 1987».

En Colonia está el artículo 15 del Decreto n.° 036/013. Sabemos que en ese departamento ha habido presiones muy importantes para promover excepciones. Pero la reglamentación en Colonia dice: «Toda forestación realizada en suelos declarados de Prioridad Forestal calificados como Bosques de Rendimiento y los Bosques Protectores Artificiales […] de acuerdo a la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca». O sea, impide que la actividad forestal se desarrolle en otros suelos que no sean esos.

La reglamentación de Flores dice: «Se podrá forestar hasta un 8 % del área de toda unidad productiva con destino a sombra, abrigo u otro fin asociado…», es decir, un porcentaje similar al que tiene el proyecto de ley que estamos votando ahora. Más adelante dice: «Para el cálculo de este porcentaje se debe sumar la forestación existente más la proyectada con el destino mencionado.

b) En caso de forestación con destino industrial se permite forestar un área efectiva de hasta un 50 % de la superficie de la unidad productiva, para todo tipo de suelo (sean o no definidos de prioridad forestal…».

En Lavalleja está el Decreto n.° 3166/013, que va en la misma dirección. Dice: «Promover la forestación industrial solamente en las áreas de prioridad forestal en el marco de la ley N° 15.939…».

En San José, la Resolución n.° 1399/013 dice: «Uso forestal en suelo rural.

La afectación de suelos a la actividad forestal podrá abarcar una superficie que no supere el 8 % del área total de cada padrón».

De manera que tanto en las resoluciones departamentales como en el decreto que acaba de dictarse por parte del Gobierno y que ambos ministros presentaron en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo que se plantea son regulaciones que limitan. Entonces, lo que estamos discutiendo son regulaciones que limitan, y limitan en función de un interés general. Y el interés general tiene un horizonte; son medidas precautorias a los efectos de estudiar con mayor profundidad los riesgos ambientales que genera esta actividad y simultáneamente tratar de ubicar la actividad forestal en las áreas de prioridad para este fin, para que las mejores tierras no pasen a la actividad forestal.

Cuando polemizamos hace un rato acerca del incremento de las áreas forestadas fue para entender que la medida precautoria da amplio margen al desarrollo de la forestación. Tenemos un 6 % forestado. El grueso de esa forestación, unas 700.000 hectáreas de 1:100.000, era previo al 2005, o sea que en los últimos quince años se han forestado 400.000 hectáreas. Por tanto, aun con el ritmo de incremento del área forestal en los últimos quince años, es una medida que estaría encontrando su límite quince años más adelante.

Entonces, apoyamos este proyecto de ley con la convicción de que hay problemas que trascienden al Uruguay como Estado nación. Los problemas ambientales tienenque ver con una forma de organización de la economía que tiende naturalmente a precarizar las condiciones de la humanidad y del medioambiente. Hay un estudio presentado por una universidad de los Estados Unidos que demuestra que si cada uno de los 7.200:000.000 de habitantes del planeta consumiera la cantidad de petróleo, de energía, de papel, de hierro y de fósforo que consume un estadounidense promedio, precisaríamos cinco planetas. Este componente de colapso ambiental trasciende largamente el problema en Uruguay. Lo que estamos haciendo es tratar de construir una mirada que no es a favor o en contra de la forestación ‒esa es una simplificación absurda de la discusión‒, sino que apunta a generar las condiciones para un debate de modelo de desarrollo que implique cuidado del medioambiente, desarrollo social y productivo, tratando de pensar en clave de país. El papel del Estado, en nuestra opinión, es central para regular una actividad que pone en tensión otras actividades y para adoptar medidas que logren colocar claves de resguardo medioambientales, porque hoy tenemos evidencias que no teníamos hace quince, veinte o treinta años.

Por estas razones, teniendo claro que hay áreas enteras en las que todavía tenemos cuestiones pendientes, vamos a votar este proyecto de ley que aprobaron nuestros compañeros en la Cámara de Diputados hace un año.

Gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Muchas gracias, señora presidenta. Voy a ser muy breve.

En realidad, el tema en sí tiene, como se ha dicho, muchísimas facetas. Es muy importante. Y creo que mi bancada se ha pronunciado claramente al respecto y los compañeros han hablado con total claridad sobre todos los puntos que esto tiene en perspectiva.

El senador Rubio, el senador Domenech y recientemente el senador Bergara, más en profundidad, hicieron referencia a la necesidad de que quede claro el espíritu de quienes estamos aprobando este proyecto de ley con relación al decreto del 10 de diciembre del Poder Ejecutivo. Nos parece que es importante que quede claro que más allá de que este decreto tiene aspectos que consideramos positivos, hay algo que nos preocupa y es que extiende en 200.000 hectáreas las posibles áreas de forestación. Como aquí ya se ha dicho, esto afecta en gran medida al departamento de Colonia y también a otros.

Por lo tanto, dado que el último punto de este decreto dice que entra en vigor tres meses después, queremos reafirmar esa preocupación y decir que compartimos esa visión en cuanto a ese decreto.

Gracias.

26) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 15 de diciembre de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 15 de diciembre de 2021, a partir de las 19:00.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Silvia Nane. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–26 en 28. Afirmativa.

Queda convocado el señor Uruguay Russi, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

27) SUELOS DE PRIORIDAD FORESTAL

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa el tratamiento del tema en consideración.

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Muchas gracias, señora presidenta.

El Uruguay es un país confiable. Lo es desde siempre y vamos a seguir defendiendo esos ideales. Es un país con seguridad jurídica y estabilidad política y económica, lo que lo define como un país serio, responsable y diferente en estos últimos tiempos.

La historia de la forestación en el Uruguay es el resultado de un trabajo político entre empresas y Estado, lo que ha determinado la realidad forestal de la República Oriental del Uruguay. Cinco Gobiernos de tres partidos estuvieron de acuerdo en dar un salto de calidad en nuestro país productivo. Estas discusiones políticas que cambian las reglas de juego no le están haciendo bien al país. Y el Partido Colorado no está de acuerdo; no está de acuerdo porque siempre ha estado en la misma línea de fomentar e impulsar la forestación desde fines de la década de los ochenta, y no porque hagamos lobby con nadie, no porque nos hagan lobby. Siempre hemos estado convencidos de lo que significa para el Uruguay todo y siempre hemos estado del mismo lado, a diferencia de quienes impulsan este proyecto de ley que quiere cambiar las reglas, que a principios de siglo estaban en contra y cuando cambió el Gobierno estuvieron a favor. Hace poco tiempo estaban a favor y hoy se ponen en contra. Nuestro partido ha estado con seriedad y responsabilidad siempre del mismo lado, y con una sola manera de encarar estos temas. A pesar de eso somos contundentes en nuestra visión de no apoyar este proyecto de ley porque además de que da una señal de poca credibilidad, estamos convencidos de que no es bueno para el Uruguay. No estamos de acuerdo con el proyecto presentado porque genera consecuencias negativas en todos los aspectos: es negativo para el sector forestal, es negativo para la sociedad, es negativo para el sector agropecuario, y es muy negativo para el país y su gente.

El proyecto de ley presentado, que no apoyamos, además genera un antecedente muy negativo porque restringe el desarrollo de una actividad productiva sin justificación alguna. El Uruguay es un escenario serio y confiable, por eso un país extranjero ha realizado aquí la principal inversión de su historia. El impacto en el empleo del sector forestal del que tanto se está hablando, directamente es de alrededor de 11.000 uruguayos e indirectamente, de aproximadamente 30.000. Hay 11.000 uruguayos en un rubro que no va contra nadie, que genera espacios y oportunidades a miles de compatriotas en forma directa e indirecta. Decimos que esto no es contra la forestación pero la terminamos criticando, comparando, frenando y acusando porque se ha hablado hasta de qué manera han encarado diferentes empresas lo que ha sido y lo que es este nuevo rubro más que útil al Uruguay en este siglo.

Es un sector con tres décadas de desarrollo, que tiene un peso actual de alrededor del 3 % del producto bruto interno, con una proyección de alcanzar el 6 % en 2024. Le digo más, señora presidenta, vamos a terminar siendo uno de los cinco principales países en exportación de celulosa. Creemos en el país de oportunidades para todos y no estamos dispuestos a desfavorecer a los que menos fuerza tienen para alcanzar grandes acuerdos. Restringir el área forestal a un predio determinado no tiene ninguna razón de ser y atenta contra la libertad del productor agropecuario de no poder optar por lo que cree que es lo mejor para el destino de su propia tierra.

Como colorados, esa es nuestra posición y por eso hoy no vamos a acompañar el proyecto de ley, porque para nosotros la forestación es primordial para el desarrollo del país. Hoy, en plena salida de la pandemia, también ha sido responsable de una gran reactivación económica. Cambiar las reglas de juego es comprometer el desarrollo de un sector que tiene enormes posibilidades de seguir creciendo y diversificándose. Hoy, 15 de diciembre, en vez de estar discutiendo de qué manera vamos a frenar uno de los motores productivos del Uruguay, como es la forestación, tendríamos que estar discutiendo cómo la vamos a fomentar, a implementar, a aprovechar y a hacerla crecer; ese tendría que ser el debate para hacer crecer un rubro más, de una posibilidad más para el Uruguay.

Señora presidenta: el Partido Colorado va a votar negativamente, y el mensaje que queremos trasmitir es que en forestación, ni un paso para atrás.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–16 en 31. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.°

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–16 en 31. Afirmativa.

En consideración el articulado.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: estoy fundando mi voto en el sentido de que estoy de acuerdo y he votado –como lo hago siempre y es costumbre en esta cámara generalmente a nivel de todas las bancadas– para que se suprima la lectura del articulado y se voten en bloque los artículos, si es que no se piden desgloses. Simplemente, siento que en esta oportunidad hubo dos bancadas que no acompañaron.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el articulado.

(Se vota).

–16 en 31. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

28) FALLECIMIENTO DEL DOCTOR JORGE BARTESAGHI

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: afligido profundamente en el dolor, hace escasos minutos acaba de fallecer el doctor Jorge Bartesaghi, quien fuera parte de esta casa.

El doctor Bartesaghi fue senador de la república, director del periódico La Democracia, presidente del Club Trouville de básquetbol, presidente de la Fundación Peluffo Giguens –fundador de la misma–, presidente de la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, actual integrante de la Comisión de Ética del Partido Nacional e integrante de la Mesa de la Convención del Partido Nacional.

Fue un dirigente destacado, abogado exitoso y un gran empresario. Su capacidad emprendedora le permitió realizar importantes inversiones en el interior del país. Oriundo de Río Negro, llevó una vida dedicada en base al esfuerzo y al trabajo. Triunfó en todo lo que hizo. Padre de cinco hijos; esposo y padre ejemplar, y amigo de sus amigos.

El Partido Nacional hoy lo llora y sus amigos también.

Por haber sido senador de la república, formulo moción en el sentido de que el Senado se ponga de pie y guarde un minuto de silencio en homenaje a la memoria de Jorge Bartesaghi.

(Apoyados).

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa invita a los señores senadores y a la barra a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.

(Así se hace).

–La Mesa adhiere y brinda condolencias a sus familiares y amigos.

El exsenador Jorge Bartesaghi fue miembro de esta casa en más de una oportunidad, razón por la cual el Senado quiere trasladar sus más sinceras condolencias a familiares y amigos.

29) NUMERAL SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. VUELTA A COMISIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Correspondería que el Senado pasara a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Señora presidenta: mocionamos para que este punto se envíe nuevamente a la Comisión de Salud Pública.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

El proyecto de ley vuelve, pues, a comisión.

30) MEDIDAS ECONÓMICAS PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: «Proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la iniciativa para prorrogar las medidas dispuestas en la Ley n.º 19942, de 23 de marzo de 2021, hasta el 30 de abril de 2022. (Carp. n.º 552/2021 - rep. n.º 411/2021)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: esta minuta partió de una iniciativa de la bancada del Frente Amplio. En vistas de que los efectos sociales y económicos que trajo la pandemia para las familias y las empresas del Uruguay aún persisten, entendemos pertinente solicitar al Poder Ejecutivo –porque es de iniciativa privativa– que se prorroguen las medidas que están contenidas en la Ley n.° 19942, que fueron aprobadas en su momento por unanimidad, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, proponemos que esas medidas se extiendan hasta el 30 de abril de 2022, a efectos de acompañar de alguna manera el despegue de estas empresas que necesitan continuar con esos apoyos.

En la última sesión del Senado se solicitó que esta minuta regresara a la Comisión de Hacienda y en la última sesión de dicha comisión estuvimos intercambiando opiniones. En su momento habíamos votado la minuta –no por la unanimidad de sus integrantes–, pero luego se le hicieron algunas modificaciones que a mi juicio contemplan las intenciones de quienes propusimos el proyecto en primer lugar y del conjunto del Cuerpo y, por eso, fue votado, por unanimidad, en la Comisión de Hacienda.

En definitiva, solicitamos al Poder Ejecutivo que se prorroguen aquellas medidas que estando incluidas en la Ley n.° 19942 permitan continuar apoyando a aquellos sectores de actividad que aún permanecen afectados por la pandemia o lo necesiten para su recuperación sin establecer un plazo mínimo. En la minuta original hablamos del 30 de abril y aquí se deja abierta la posibilidad de que esa sea una definición por considerar en el momento en que el Poder Ejecutivo entienda que debe remitirnos un proyecto de ley para considerar por cuánto tiempo más vamos a prorrogar estos apoyos a estas empresas. En ese sentido recomendamos al Cuerpo acompañarlo y reitero que ha sido votado por unanimidad en la Comisión de Hacienda.

Muchas gracias.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Señora presidenta: adhiero a las palabras del señor senador Sánchez, pero quiero agregar que especialmente para el sector turismo la fecha del 30 de abril no es casual, sino que tiene que ver con dejar pasar la Semana de Turismo para dar tranquilidad a las empresas que están contempladas –agencias de viajes y alojamientos– y que estas puedan terminar dicha semana con el apoyo que es tan necesario para un sector que parecería que empieza a reactivarse con la apertura de fronteras.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la minuta de comunicación.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Se solicita al Poder Ejecutivo prorrogar aquellas medidas que –estando incluidas en la Ley n.° 19.942, de 23 de marzo de 2021–, permitan continuar apoyando a aquellos sectores de actividad que aún permanecen afectados por la pandemia o lo necesiten para su recuperación».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 29. Afirmativa.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

31) DOCTOR ALEJANDRO ATCHUGARRY

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se trate en forma urgente la carpeta n.° 602/2021: proyecto de ley por el que se designa Dr. Alejandro Atchugarry la ruta nacional 104, departamento de Maldonado». (Firman los señores senadores Niffouri, Lozano, Coutinho y Andrade).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–26 en 28. Afirmativa.

Se pasa a considerar, pues, el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se designa Dr. Alejandro Atchugarry la ruta n.º 104 del departamento de Maldonado. (Carp. n.º 602/2021 - rep. n.º 417/2021)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Es un placer informar este proyecto de ley y también explicar por qué lo tratamos con carácter urgente, pero antes quiero hacer un aparte muy sencillo para sumarnos a las palabras del senador Camy con respecto a la desaparición física del estimado Jorge Bartesaghi. En primer lugar, doy las condolencias desde nuestro partido. El senador Camy hacía referencia a su condición política de nacionalista y también a su familia. Hoy se lo despide con respeto y sufren su pérdida su familia y su partido, pero no quiero dejar de hacer mención que a Jorge Bartesaghi hoy lo van a estar despidiendo muy fuerte y sentidamente desde las termas del Arapey y desde su amado Arapey, porque con él se va uno de los principales impulsores del turismo del destino termas y, sin temor a equivocarme, se va el principal impulsor del turismo en termas del Arapey, así que lo vamos a recordar en todos esos aspectos. Con la exministra Kechichian tuvimos la oportunidad de inaugurar uno de los emprendimientos de Bartesaghi y junto con el presidente Batlle, otro de sus emprendimientos. Él fue un actor fundamental en la generación de trabajo para cientos de familias de la zona. Así que el abrazo y el cariño, y en esa historia de las termas y de Salto va a quedar para siempre.

Ahora sí voy al tema por el que usted, señora presidenta, me daba la palabra y que cuenta con la unanimidad del Senado y de la Cámara de Representantes. El proyecto de ley que vamos a informar tiene un artículo único que dice: «Desígnase con el nombre “Dr. Alejandro Atchugarry” a la Ruta Nacional n.º 104, del departamento de Maldonado». Lo presentó el diputado Elinger, de Maldonado y fue votado por unanimidad en la Cámara de Representantes.

Queremos agradecer a todos la voluntad política, porque en la exposición de motivos el diputado señala: «Conscientes de que el tiempo transcurrido desde la desaparición física del doctor Alejandro Atchugarry no constituye aún el plazo previsto por ley, solicitamos aunar la voluntad de todos los partidos políticos para esta designación como símbolo de consenso, tolerancia y diálogo democrático. Surge del petitorio que amigos e integrantes de la comunidad realizarán también, apoyando esta obra privada, gran apuesta al futuro cultural del país». ¿Por qué es urgente? Porque precisamente el 8 de enero se va a dar una instancia más que importante, de mucha admiración, que es la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo Americano y esta designación es para generar un hecho de reconocimiento en todos esos aspectos.

Para nosotros es importante que conste en la versión taquigráfica que la ruta n.º 104 nace en el kilómetro 165 de la ruta n.º 10, próximo a las localidades de Manantiales y El Chorro, y recorre aproximadamente 15 kilómetros en dirección norte hasta su empalme con la ruta n.º 9 a pocos kilómetros de la ciudad de San Carlos.

A pesar de la altura de la tarde en que nos encontramos y con la sesión especial que hemos tenido, permítaseme señalar que la figura de don Alejandro Atchugarry es para nosotros demasiado importante como para que esto sea un trámite rápido y no se haga referencia a cosas que consideramos importantes, más cuando hoy el Senado está transformando en ley este reconocimiento, después de la media sanción de la Cámara de Representantes.

Por lo tanto, voy a pedir a los compañeros que me brinden la oportunidad de hacer referencia a lo que decía en su momento el exsenador y exministro del Interior Jorge Larrañaga. «Sin Atchugarry seguramente hubiera sido muy difícil encontrar los caminos de la reprogramación de los depósitos de los bancos públicos y del canje voluntario del endeudamiento externo. Un hombre brillante, sencillo, afable, amigo de todos». También el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, destacó la austeridad, honestidad y la honradez de Alejandro Atchugarry, al que denominó como «un ejemplo de lo que tiene que ser un político con mayúsculas».

Eduardo Lalo Fernández, socialista y exsecretario general del Partido Socialista, señaló que Atchugarry «llegó en el momento justo de la crisis y generó gran confianza a base del diálogo entre los políticos y parlamentarios del país, independientemente del partido al que perteneciesen, siempre dispuesto a encontrar la salida».

En la misma línea, el expresidente José Mujica hace muy poquito tiempo declaró: «Hay fanáticos en todas partes, pero tanto con Larrañaga como con Atchugarry, me sentí amigo. Estando en veredas opuestas con diferencias, pero en el fondo con respeto y consideración». Creo que esto resume un poco claramente lo que ha sido y lo que es la figura del doctor Atchugarry.

En lo personal, voy a votar afirmativamente este proyecto de ley, con las dos manos y el corazón, para denominar con su nombre –como oportunamente lo propuso el diputado Eduardo Elinger– la ruta nacional n.º 104 del departamento de Maldonado porque el doctor Alejandro Atchugarry merece este homenaje del pueblo oriental.

Atchugarry fue un hombre de familia, devoto esposo y padre. Colorado, batllista, diputado, senador, subsecretario de Transporte y Obras Públicas durante el Gobierno del doctor Julio María Sanguinetti y finalmente –en su mayor contribución nacional– ministro de Economía y Finanzas del Gobierno del doctor Jorge Batlle.

El presidente Batlle y su ministro, Atchugarry, fueron los grandes salvadores de la patria en tiempos graves de crisis económica.

El Flaco Atchugarry fue un legislador brillante; un parlamentario de consulta de todos sus colegas; un actor central en el escenario del poder de su época; un hombre de diálogo y de construcción con mente abierta y propicia para llegar a los acuerdos necesarios. Estas condiciones le permitieron asumir el Ministerio de Economía y Finanzas con firmeza y solvencia. Era capaz de conducir la nave en el mar embravecido para llegar al mejor puerto seguro posible. La salida y recuperación de la crisis de 2002 tienen su nombre en primer lugar.

Hace unos días participamos del acto para la nominación de una calle con el nombre Jorge Batlle Ibáñez, con la votación unánime de los ediles de todos los partidos y sectores de la Junta Departamental de Salto. La admiración y el respeto de los legisladores por una figura como la del doctor Batlle trascienden las fronteras del Partido Colorado y se mostraba en semejante acción.

Hoy tenemos la oportunidad de votar por la nominación de una ruta nacional con el nombre de Alejandro Atchugarry, de honrar al amigo, colaborador y referente del expresidente Batlle de todas las horas.

Su figura –que ya es propiedad de todos los uruguayos– está en nuestra memoria y valoramos su legado.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: los senadores del Partido Nacional queremos sumarnos votando afirmativamente la designación de la ruta nacional n.º 104 con el nombre del doctor Alejandro Atchugarry, y lo hacemos con el convencimiento de que se trata de un homenaje. Ahora bien, la mencionada ruta tiene la particularidad de que frente a ella se encuentra el museo de la Fundación Pablo Atchugarry, que se ha convertido en un ícono cultural de nuestro país y en un legado de ese artista y de esa familia al arte nacional. Así, pues, en esa zona del país confluyen dos cosas: en primer lugar, la larga trayectoria política que, como servidor público, el doctor Atchugarry desarrolló en nuestro país en momentos buenos y en momentos difíciles y, en segundo término, el testimonio de una familia que le ha dado mucho a nuestro país, en este caso en materia de arte. Con la inauguración del nuevo museo se dará el enclave perfecto para que tanto el museo como la ruta testimonien el reconocimiento de nuestro país a la labor que el doctor Atchugarry llevó adelante en una parte muy importante de la historia nacional.

Fue un actor fundamental durante la gestión de los Gobiernos de los expresidentes Sanguinetti, Lacalle Herrera, Sanguinetti y Batlle, pues en ellos ocupó cargos en el Parlamento, donde su participación y presencia siempre era no solamente valorada, sino escuchada con suma atención. Tuve el gusto de compartir con él –y con varios de los hoy senadores– la Cámara de Representantes y el Senado. Realmente la figura de Alejandro Atchugarry convocaba al diálogo, a la negociación y al encuentro. He conocido muy pocas figuras políticas que lograron esa simbiosis casi perfecta: la negociación, el diálogo, el acuerdo; y cuando no había acuerdo había un disenso amigable. O sea, era un hombre defensor de sus ideas, un batllista de pura cepa y un hombre seguidor del doctor Jorge Batlle, en las buenas y en las malas. Fue un militante de la Lista 15 de todas las horas: de las buenas horas cuando al doctor Batlle le tocó ser presidente y de las no tan buenas cuando le tocó ser minoría dentro del Partido Colorado. El doctor Alejandro Atchugarry siempre estuvo junto a la figura del expresidente.

Nos tocó con él la difícil tarea de negociar: era un negociador nato y un duro negociador. Era un hombre al que, como homenaje a su ascendencia vasca, convencerlo de algo sobre lo que no estaba convencido en defender, era casi imposible. Tenía la capacidad de hacernos acercar más a su posición que nosotros a la posición nuestra, pero como siempre lo hacía en términos tan amistosos, nunca resultaba enojoso encontrar esos acuerdos. Nos correspondió discutir con él –¡y vaya que duramente!– los presupuestos de aquellos años en los que integrábamos un Gobierno de coalición, nosotros como partido asociado. Por eso, en tantas oportunidades, entendemos el rol que le corresponde a los partidos asociados al Partido Nacional hoy en el Gobierno de coalición. No es fácil ser miembro de un gobierno compartido, ya sea representando al presidente de la república o no. Ese es un dato real y, por eso, valoramos tanto la colaboración que entre todos llevamos adelante en la actual coyuntura política de un Gobierno de coalición multicolor. En ese sentido, el doctor Atchugarry hacía una tarea por lo menos llevadera y aceptable.

Le tocó ser ministro de Economía y Finanzas en un momento delicadísimo de la historia del país y lo sorteó con éxito y con el apoyo incondicional del Partido Nacional que, en aquel entonces, sin tasa ni medida, acompañó las difíciles decisiones que hubo que tomar en aquellos duros años 2001 y 2002.

No queríamos mantenernos en silencio; por eso, en nombre de los senadores del Partido Nacional debemos reconocer –como lo hace todo el país en la designación de esta ruta con su nombre– el testimonio y el agradecimiento a los altos servicios prestados a los intereses de la república y de la patria. Queríamos tener en él un recuerdo y una convocatoria en estos momentos a lo que debe ser el diálogo, el acuerdo, la mano tendida en forma permanente, el entender la posición del otro y buscar siempre vínculos de cercanía. Creo que esa es la mejor manera, también, de homenajear al doctor Atchugarry, como hoy lo estamos haciendo, con la designación de la ruta n.º 104 con su nombre.

Era todo cuanto quería manifestar.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RUBIO.- Señora presidenta: si hay un homenaje merecido es este. La figura de Alejandro Atchugarry fue absolutamente excepcional por su calidad humana; excepcional por su inteligencia; excepcional en el acuerdo y también como adversario. Era un difícil adversario. Parco, de pocas expresiones –se sentaba en donde está el señor senador Sánchez en este momento–, pero iba siempre a la cuestión central.

Tengo un recuerdo realmente excelente de Atchugarry. Lo extrañamos mucho en los períodos siguientes.

Una de las cuestiones que destacaría más –creo que alguna referencia a ello ya ha existido– es que fue capaz, con su espíritu republicano, con su sentimiento de patriota, de asumir, en el momento más difícil –en el más difícil–, las mayores responsabilidades. Y lo hizo con una solvencia y con una capacidad de diálogo –no solo en el marco de las estructuras partidarias que lo respaldaban, sino también con la oposición– muy productivas y necesarias en aquel momento: la crisis del 2002.

Sin perjuicio de que haya otras formas de reconocimiento que podamos hacer, este es un paso inicial absolutamente reconocido, creo, por todo el sistema político y por lo mucho que le debemos a Alejandro Atchugarry.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: nos sumamos al homenaje a Alejandro Atchugarry.

Quienes tenemos conocimiento de su persona y referencias de su trayectoria no podemos hacer otra cosa que destacar su don de gentes y su valentía para tomar las riendas de un ministerio particularmente complicado, en un momento especialmente difícil de la vida del país. Cuando otros no quisieron asumir esa responsabilidad, él no dudó en hacerlo y literalmente dejó la vida en el desempeño de ese cargo. Y lo hizo de tal manera que posicionó al Uruguay en buena forma, poniéndolo en la senda de la recuperación después de la grave crisis del 2002.

A él vaya nuestro reconocimiento y, por supuesto, nos sumamos con entusiasmo a este homenaje.

Muchas gracias.

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE.- Señora presidenta: la verdad es que es muy lindo estar hoy acá y poder votar esto.

La familia Atchugarry significa bastante para el Uruguay. Es una familia pequeña con tres hermanos realmente destacados en todo lo que han hecho. Obviamente, va a quedar para la historia Alejandro –nuestro querido Flaco– como un héroe, y seguramente con el tiempo vamos a reconocerlo cada día más. Sin duda, fue una persona que supo equilibrar las relaciones políticas en un momento muy complicado para todos. En cuanto a su hermano, es realmente un orgullo que sea uruguayo. Ellos solos y de abajo se construyeron esas vidas.

Debe ser emotivo para la familia que estén unidos allí. Seguramente, durante muchísimos años vamos a poder disfrutar de la cultura en un lugar tan lindo como el que, con mucho esfuerzo, ha construido el señor artista, escultor, Pablo Atchugarry. La verdad es que ha hecho un esfuerzo enorme por mantener esa fundación, que es una obra espectacular.

Al Flaco lo conocí siendo chico, porque me llevaba catorce años de edad. Lo veía varias horas sentado con mi padre en momentos complicados de la república hablando, hablando y hablando. Le había pedido muchísimas cosas de las cuales él se había enamorado; entre ellas, acercarse a los jóvenes. Él era joven, quería acercarse a los más jóvenes y allí estábamos todos. La verdad es que el Flaco –y perdonen que hable así de él porque para mí era así, además de que lo era– siempre me impresionó por su inteligencia –pocas veces vista– y por su amplia cultura en cualquier área. Era abogado, pero te hablaba de economía mejor que nadie; era un gran emprendedor y te hablaba de ingeniería mejor que ninguno. Y como persona era realmente muy dulce; era muy agradable estar con él.

Creo que los uruguayos le vamos a estar eternamente agradecidos porque en épocas muy difíciles no solo se preocupó por la economía, sino por la gente. Lo que más valoro del Flaco es la capacidad de trabajo que tenía. Era una persona que dormía tres o cuatro horas por día y trabajaba el resto. Recuerdo que en los momentos más complicados yo quería reunirme con él para darle mi visión de cómo eran las cosas y le pedí una entrevista. Por aquel entonces el Flaco era bastante más distante porque ya no éramos esos amigos que pasábamos bastante tiempo juntos, sino que por su trabajo a veces era muy difícil encontrarlo en algún lado porque estaba todo el día trabajando. Entonces, me dijeron que me concedía una entrevista pero que iba a tener que ir a las cinco y media de la mañana. Me recibió a esa hora y tuvimos una charla divina, que jamás voy a olvidar, en tiempos tremendamente difíciles.

Si hay algo que para mí deja marcado esta familia, el Flaco, el doctor Alejandro Atchugarry, el ministro, el de todos los cargos y todos los títulos –aunque faltó uno solo, que fue el de presidente; realmente nos hubiera encantado verlo ahí y apoyarlo para que llegara, pero las circunstancias no se dieron–, es esa capacidad de trabajo, que para mí es lo más valorable, esa capacidad de no abandonar nunca, de trabajar todo el tiempo y toda la vida. Creo que ese es el valor que yo más rescataría de él porque, además, lo ha hecho por todos los uruguayos.

Para finalizar, quiero agradecer por haberme permitido en este homenaje saludar a la familia, a sus hijos –a quienes quiero mucho– y a sus hermanos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo único.- Desígnase con el nombre “Dr. Alejandro Atchugarry” a la Ruta Nacional n.º 104, departamento de Maldonado».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

32) CAPITAL NACIONAL DEL COOPERATIVISMO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase otra moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la carpeta n.º 601/2021, proyecto de ley por el que se declara a la ciudad de Tacuarembó Capital Nacional del Cooperativismo en el año 2022». (Firman los señores senadores Lozano, Coutinho, Andrade y Niffouri).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar, pues, el asunto cuya urgencia acaba de ser vota: «Proyecto de ley por el que se declara Capital Nacional del Cooperativismo la ciudad de Tacuarembó en el año 2022. (Carp. n.° 601/2021 - rep. n.° 418/2021)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: como usted bien dijo, este proyecto de ley tiene un artículo único que declara Capital Nacional del Cooperativismo la ciudad de Tacuarembó en el año 2022, y ya fue aprobado por la Cámara de Representantes.

Brevemente, voy a transmitir al Cuerpo –seguramente, muchos ya lo saben– por qué se eligió esta ciudad.

Tacuarembó es la ciudad que tiene el movimiento cooperativo más activo del país –mayor cantidad y especialización– y donde hay más cooperativas representativas. De acuerdo con el censo cooperativo de 2008 –año que coincidió con la sanción de la Ley de Cooperativas–, en el departamento de Tacuarembó había veintiocho cooperativas registradas: cuatro agrarias, una médica, seis de trabajo, dos sociales y quince de viviendas.

Según información del Ministerio de Trabajo y Seguridad, hoy en día las cooperativas tacuaremboenses tienen 198 trabajadores activos. Además, existen algunas que llevan consigo una larga historia, como la Cooperativa de Trabajo Américo Caorsi, que recuperó una empresa privada que había cerrado sus puertas y fue una de las fundadoras de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay.

Asimismo, en los últimos años han surgido nuevas cooperativas agrarias y emprendimientos asociativos similares que revisten otras figuras jurídicas, todas vinculadas con la explotación de predios arrendados por el Instituto Nacional de Colonización.

En el plano gremial, además de vincularse verticalmente dentro de sus respectivas federaciones, las cooperativas del departamento están vertebradas horizontalmente en la Mesa Intercooperativa de Tacuarembó, en coordinación con la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas y con el apoyo del Inacoop.

Por su parte, en 2016, el Inacoop suscribió un convenio con la Intendencia de Tacuarembó por el cual, utilizando las instalaciones de su departamento de desarrollo, brinda asesoramiento general, económico, contable y jurídico a cooperativas y a grupos en formación, al tiempo que las orienta en el aprovechamiento de los programas de promoción.

En los últimos años las cooperativas tacuaremboenses han sido activas demandantes de capacitaciones del Procoop –Programa de Formación Cooperativa–, resultante de un convenio entre el Inefop –Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional– y el Inacoop. Se han desarrollado quince acciones que han involucrado a 180 personas.

Por su parte, la Universidad de la República desde su sede regional, Centro Universitario Regional –Cenur–, ha desarrollado capacitaciones en cooperativismo y brinda apoyo a cooperativas sociales a través del proyecto Microcecea, Microcentro de Estudiantes de Ciencias Económicas y Administración. También se ha incursionado en la formación cooperativa en otras ramas y niveles de la educación formal.

En definitiva, señora presidente, a pesar de que es un breve resumen de toda la actividad cooperativa, esta es la fundamentación para declarar Capital Nacional del Cooperativismo a la ciudad de Tacuarembó en el 2022.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo único.- Declárase a la ciudad de Tacuarembó “Capital Nacional del Cooperativismo” en el año 2022».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

33) RÉGIMEN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES DEL CUERPO DURANTE EL RECESO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase otra moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Señora presidenta: mocionamos para que se autorice a todas las comisiones del Cuerpo a poder reunirse durante el próximo receso parlamentario de la XLIX legislatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 157 del Reglamento del Senado». (Firman los senadores Coutinho, Lozano, Andrade y Niffouri).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

34) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 16:56, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores Asiaín, Batlle, Bergara, Bianchi, Botana, Cianciarullo, Coutinho, Da Silva, Domenech, Hunter, Kechichian, Lazo, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Nane, Niffouri, Penadés, Rodríguez, Rubio, Sánchez, Straneo y Topolansky).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

José Pedro Montero Secretario

Patricia Carissimi Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.