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N.º 35 - TOMO 621 - 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

35.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDE BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO, Y EL PROSECRETARIO ADRIÁN JURI

Concurren: el ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Omar Paganini; el subsecretario, señor Walter Verri; el presidente de Antel, ingeniero Gabriel Gurméndez; y el director de la Dinatel, doctor Guzmán Acosta y Lara

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a la anterior convocatoria.

5), 7) y 9) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por la señora presidenta del Cuerpo, Beatriz Argimón, y por los señores senadores Carrera, Coutinho, Astori, Bianchi y Niffouri.

– Quedan convocados los señores senadores Barrera, Ponte y Saravia, y el señor Germán Cardoso, quien deberá prestar la promesa de estilo.

– El señor Aldo Lamorte presta la promesa de estilo, luego de lo cual se lo declara investido del cargo de senador.

6), 8) y 10) Llamado a sala al señor ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Omar Paganini

– Nota de los señores senadores de la bancada del Frente Amplio comunicando que no asistirán a la sesión convocada para el día de la fecha, en señal de protesta institucional.

– De acuerdo con lo resuelto oportunamente, el Senado recibe al señor ministro y al señor subsecretario, acompañados por el señor presidente de Antel y el señor director de la Dinatel.

– Exposición del señor senador Gandini, manifestaciones del señor ministro, del señor presidente de Antel y del señor director de la Dinatel, e intervenciones de varios señores senadores.

• Se vota afirmativamente la declaración presentada por los integrantes de la coalición de gobierno, en la que se dispone, además, el envío de la versión taquigráfica y de los documentos presentados en sala a la justicia penal.

11) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 15 de noviembre de 2021

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo miércoles 17 de noviembre a las 10:00, al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución de la república, a los efectos de que tome estado parlamentario y se dé tratamiento al proceso de decisión, construcción y administración del complejo multimodal Antel Arena, incluidas las auditorías disponibles, las intervenciones del Tribunal de Cuentas, los pronunciamientos de la Junta de Transparencia y Ética Pública y las resoluciones adoptadas al respecto por los organismos convocados.

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Asiaín, Batlle, Bianchi, Blás, Botana, Camy, Coutinho, Da Silva, Domenech, Gandini, Lanz, Lozano, Manini Ríos, Niffouri, Penadés, Sanguinetti y Sartori, e ingresa posteriormente, por licencia de la respectiva titular, el señor senador Lamorte.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Astori y Rodríguez; con aviso, los señores senadores Andrade, Bergara, Bonomi, Carrera, Della Ventura, Kechichian, Lazo, Nane, Olesker, Ponte, Rubio, Sánchez y Topolansky. Se retira con licencia la señora senadora Bianchi.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:15).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remite respuesta a un pedido de informes de los señores senadores Charles Carrera y Alejandro Sánchez, con destino al Instituto Nacional de Colonización, relacionado con la aplicación del artículo 357 de la Ley n.° 19889, de 9 de julio de 2020. (Asunto 150245).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LOS SEÑORES SENADORES CARRERA Y SÁNCHEZ».

4) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de lo siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- En la sesión ordinaria del 16 de noviembre no se registraron inasistencias.

5) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 16 de noviembre de 2021

Señor secretario del Senado

Gustavo Sánchez

Presente

 

De mi mayor consideración:

Solicito a usted ponga a consideración del Cuerpo mi siguiente pedido de licencia.

En mi condición de presidenta del Senado, presidenta del Grupo Interparlamentario Uruguayo ante la UIP y vicepresidenta de la UIP, he sido invitada, para representar al país junto con una delegación de parlamentarios, a la 143.ª Asamblea de la UIP (Unión Interparlamentaria) a desarrollarse en la ciudad de Madrid, entre los días 24 y 30 del corriente, como luce en documentación adjunta.

En virtud de ello, solicito al Cuerpo me conceda licencia desde el martes 23 hasta el sábado 27 del corriente.

Sin otro particular,

Beatriz Argimón. Presidenta de la Cámara de Senadores».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–12 en 13. Afirmativa.

Se comunica que, en virtud de que estaré en uso de licencia desde el 23 hasta el 27 de noviembre inclusive, pasará a ocupar la vicepresidencia de la república la señora senadora Graciela Bianchi. Por tal motivo, y habiendo presentado nota de desistimiento los señores Fernanda Maldonado, Pablo Caram, Ricardo Planchón, Alejandro Draper, Sandra Etcheverry, Carlos Enciso, Gerardo Amarilla, Mario Silvera, María Aramendía, Carmelo Vidalín, Armando Castaingdebat, Alejo Umpiérrez, Carmen Sánchez y María Aviaga informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, queda convocado el señor Aldo Lamorte, quien deberá prestar la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 16 de noviembre de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, para el día 24 de noviembre a partir de las 14:00.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Charles Carrera. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–12 en 14. Afirmativa.

Se comunica que los señores Daniel Garín, Graciela García, Teresa de los Santos, Eneida de León, Yamandú Orsi, Sebastián Sabini, Marcos Otheguy, Lucía Etcheverry y Daniel Caggiani han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela Barrera, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 17 de noviembre de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito al Cuerpo licencia de acuerdo con el literal c), con motivo de viajar al Reino de España en misión oficial desde el 23 de noviembre al 2 de diciembre del corriente.

Adjunto invitación y programa correspondientes.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Germán Coutinho. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–13 en 14. Afirmativa.

Queda convocado el señor German Cardoso, quien deberá prestar la promesa de estilo.

6) LLAMADO A SALA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA, INGENIERO OMAR PAGANINI

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a la consideración del asunto motivo de la convocatoria: «Recibir, al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución de la república, al señor ministro de Industria, Energía y Minería a los efectos de que tome estado parlamentario y se dé tratamiento al proceso de decisión, construcción y administración del complejo multimodal Antel Arena, incluidas las auditorías disponibles, las intervenciones del Tribunal de Cuentas, los pronunciamientos de la Junta de Transparencia y Ética Pública y las resoluciones adoptadas al respecto por los organismos convocados».

Antes de hacer pasar a sala al señor ministro, la Mesa procederá a dar lectura a la moción tal cual fue presentada, con la aclaración de que va a estar atenta a que el tema que se trate en la sesión sea, precisamente, el que motivó la convocatoria. En caso de que los senadores planteen algo que sea ajeno a la convocatoria que votó el Senado, serán advertidos de que están fuera de tema y volverá a encauzar el eje del debate.

Léase la moción.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución de la república, mocionamos para que se proceda a convocar a sala al señor ministro de Industria, Energía y Minería, que solicitamos comparezca acompañado del señor presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, a efectos de que tome estado parlamentario y se dé tratamiento al proceso de decisión, construcción y administración del complejo multimodal Antel Arena, incluidas las auditorías disponibles, las intervenciones del Tribunal de Cuentas, los pronunciamientos de la Junta de Transparencia y Ética Pública y las resoluciones adoptadas al respecto por los organismos convocados.

Se establece que el convocante y miembro interpelante será el senador Jorge Gandini». (Firman los señores senadores Niffouri, Gandini, Domenech y Batlle).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se invita al señor ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Omar Paganini, y al señor presidente de Antel, ingeniero Gabriel Gurméndez, a ingresar a sala.

(Ingresan a sala el señor ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Omar Paganini, el subsecretario, señor Walter Verri, y el señor presidente de Antel, ingeniero Gabriel Gurméndez).

–La Mesa saluda la presencia del señor ministro de Industria, Energía y Minería, del señor subsecretario y del presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones.

Se va a votar si se autoriza el ingreso a sala del director de la Dinatel, doctor Guzmán Acosta y Lara, y asesores.

(Se vota).

–14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Ingresa a sala el doctor Acosta y Lara).

–Léase una carta que nos entregó recién la bancada del Frente Amplio.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 17 de noviembre de 2021

Señora presidenta del Senado

Beatriz Argimón

 

De nuestra consideración:

Por la presente, la bancada de senadores y senadoras del Frente Amplio quiere comunicarle que no asistirá a la sesión convocada para el día de la fecha en el marco del artículo 119 de la Constitución de la república y que así lo hará en señal de protesta institucional.

Un asunto del pasado que fue discutido durante años, que dio lugar a interpelaciones, comparecencias a diversas comisiones, auditorías, pedidos de informes con respuesta a los mismos, entre otros del propio Tribunal de Cuentas en 2019.

Que fue objeto de intenso debate público y en relación con el cual le fue ofrecida a la bancada de gobierno la convocatoria habitual a la comisión respectiva del Senado, no merece el trato de la autointerpelación.

Que se encuentra en la órbita del Poder Judicial, con lo cual cualquier debate como el que se promueve puede aparecer como una presión indebida.

Solo un objetivo mediático de distracción política puede explicar, a nuestro juicio, un despropósito de tal naturaleza.

Un curso de acción de estas características no solamente desprestigia al Parlamento sino que afecta la imagen de una empresa pública ejemplar como lo es Antel en la medida en que el Antel Arena integra –como así sucede en muy diversas partes del mundo– un ecosistema que comprende a las comunicaciones, los portales de acceso público y contenido de interés ciudadano, un centro de convenciones y reuniones, la producción de contenidos culturales y deportivos, en nuestro caso, un formidable tendido de red de fibra óptica y un poderosísimo data center, el cableado submarino y otras infraestructuras.

Somos y seremos firmes defensores de la calidad democrática y republicana de nuestras instituciones y del Parlamento, en particular en relación con las formas y los contenidos.

Ya tuvimos que afrontar una macroley de urgente consideración, una autointerpelación en la Cámara de Diputados y estamos asistiendo a una Comisión Investigadora en la cual el investigado reviste al mismo tiempo la calidad de acusador.

Por este camino se degrada la calidad de la institucionalidad democrática, de la cual el Parlamento es fiel custodio.

Sin otro particular, saludan a Ud. atentamente». (Firman los señores senadores Amanda Della Ventura, Silvia Nane, Liliam Kechichian, Sandra Lazo, Enrique Rubio, Daniel Olesker, Charles Carrera, Oscar Andrade, Mario Bergara, Elena Ponte, Lucía Topolansky, Alejandro Sánchez y Eduardo Bonomi).

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiéndose conocido por qué la bancada del Frente Amplio no está en sala, vamos a continuar con nuestro trabajo.

Tiene la palabra el miembro interpelante, señor senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Quiero comenzar la sesión agradeciendo a quienes están en sala, que son quienes han votado la comparecencia a los efectos de que el señor ministro de Industria, Energía y Minería y las autoridades de Antel nos den sus informes.

Lamento muchísimo la decisión que acaba de tomar el Frente Amplio; no coopera, no colabora, no ayuda a que funcionen adecuadamente el sistema de poderes, el sistema democrático y la institucionalidad. La verdad es que esperábamos otra actitud del Frente Amplio.

El llamado a sala de la sesión de hoy cuestiona decisiones del Gobierno anterior y del anterior a ese. No habrá en sala quien defienda a la entonces presidenta de Antel; Carolina Cosse no tendrá hoy quien la defienda. Esa es la conclusión inicial de la decisión política que acaba de tomar el Frente Amplio, repleta de excusas insostenibles. Por lo tanto, vamos a iniciar una sesión que tendrá los mismos resultados que iba a tener: poner a consideración e informar al Cuerpo acerca de los hechos que han sucedido desde 2013 a la fecha, vinculados al Antel Arena.

Voy a comenzar haciendo algunas aclaraciones absolutamente pertinentes. Se ha cuestionado esta instancia parlamentaria calificándola de autointerpelación. Esa es una interpretación caprichosa, alejada de la norma. El artículo 119 de la Constitución de la república va de la mano del 118, que establece uno de los mismos que más utilizamos: el pedido de informes. Estos son los dos mecanismos que el Parlamento tiene para controlar al Poder Ejecutivo: pedidos de informes y llamados a sala a los ministros para que brinden informes. Dice el artículo 119: «Cada una de las Cámaras tiene facultad, por resolución de un tercio de votos del total de sus componentes –es decir, de una minoría–, de hacer venir a Sala a los Ministros de Estado para pedirles y recibir los informes que estime convenientes, ya sea con fines legislativos, de inspección o de fiscalización». Este es el mecanismo natural en el que reposa un régimen democrático con división de poderes. Una de las funciones fundamentales de un Parlamento, en un régimen democrático parlamentario, es controlar al Poder Ejecutivo. El Parlamento nace para controlar al rey, y esto es lo que consagra la Constitución. No se puede confundir con la división de partidos políticos, ni de Gobierno-oposición. Este es un derecho que tiene el Parlamento, que puede ser ejercido por un tercio de sus integrantes, no importa de qué partido sean. Se confunde el artículo 119 con el 147, que establece la convocatoria a los ministros para juzgarlos o juzgar su gestión; esa es una interpelación que puede devenir en la censura a los señores ministros y todas las consecuencias que ello implica. El artículo 119, por el que está convocada esta sesión, establece el derecho a llamar a los ministros para que brinden informes. Y eso es lo que vamos a hacer hoy.

Lamentablemente, se ha intentado descalificar este llamado con epítetos groseros, que rechazamos profundamente por su afectación a las instituciones y al sistema democrático. Se lo ha calificado de fantochada, de circo mediático, de autointerpelación, todos recursos que no nos descalifican a nosotros, descalifican el sistema, descalifican la Constitución, descalifican un derecho natural del Parlamento que, además, quienes están hoy en la oposición han usado reiteradas veces, muchísimas veces. Por lo tanto, queremos reafirmar nuestro derecho natural a controlar al Poder Ejecutivo y a pedir los informes.

La segunda aclaración es que nosotros defendemos a las empresas públicas, y las defendemos en su integralidad. El único ente autónomo que se desmanteló en este país fue Pluna, y no fueron nuestros Gobiernos los que lo hicieron. Y se cerró Pluna precisamente por una mala gestión, que comenzó como un negocio del que en aquella famosa conferencia de prensa se dijo: «Lo que comienza bien, termina bien». Y terminó en la disolución y liquidación de una histórica empresa pública del país, con altísimos costos para el Estado. Por eso, cuando nosotros defendemos a Antel, defendemos a la empresa pública de telecomunicaciones y a los uruguayos, que somos los dueños de esa empresa pública. Por lo tanto, tenemos que defender su buena administración.

También abrazamos el Antel Arena. No está en discusión su continuidad; es una magnífica infraestructura deportiva y de espectáculos que tiene el país. Este Gobierno abrazó el Antel Arena cuando allí constituyó el principal y más grande vacunatorio contra la covid-19 del país. ¡Y bien que los uruguayos conocieron ese lugar por esa razón! No tenemos reproches a la existencia futura de esa infraestructura. No se puede instalar un relato maniqueísta de que estamos a favor o en contra del Antel Arena. Si se quiere hacerlo, tiene que hacerse en torno a los resultados de la gestión de Antel vinculados a esa construcción porque ¡no vale todo y el fin no justifica los medios! Se hizo con fondos públicos, y hoy queremos saber cómo se hizo, cuánto costó y qué va a pasar con su futura administración.

¿Por qué estamos acá, señora presidenta? Alguno se ha preguntado si como ya hubo una interpelación en el pasado, es necesario traer de nuevo este tema al Parlamento, del que ya se ha hablado mucho, es reiterativo y sobre el que no hay nada nuevo. Lo dice el Frente Amplio en la carta por la cual justifica su ausencia. La explicación de por qué la burra vuelve al trigo es muy sencilla. En primer lugar, hay hechos nuevos; no es como dice la carta del Frente Amplio. Hoy se cuenta con una auditoría finalizada recientemente, que deja en evidencia procesos poco transparentes, ilegalidades y desvíos injustificados en todos los procesos de decisiones tomadas durante la obra, hecho que es ratificado por la Jutep. Por otro lado, y luego de mucho tiempo, el Parlamento cuenta con información fidedigna para poder analizar a fondo este controvertido proceso, obtenida ahora a través del mecanismo de pedidos de informes que fueron respondidos por esta Administración, algo que no hizo la anterior.

Lo más fuerte y confirmatorio entre todo lo nuevo fue el dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública y, sobre todo, sus consecuencias políticas. Se trata de un severo dictamen adoptado por unanimidad, que fue cuestionado por el Partido Comunista, que exigió la renuncia de su representante, cuestionó la credibilidad del organismo, apuntó contra la institucionalidad de un organismo de contralor, de integración plural y respaldo unánime desde el Parlamento, y decapitó a su representante por no alinearse con los intereses de su partido. Parecería que la conveniencia política estuviera por encima del interés nacional y de la defensa de la legalidad y la ética; ahora lo político está sobre lo ético-jurídico. Lo nuevo es la desacreditación que se ensaya desde la oposición hacia un organismo de contralor que suma a su dictamen las observaciones reiteradas del Tribunal de Cuentas, principal organismo de contralor de la república. Estas observaciones fueron realizadas durante los Gobiernos anteriores del Frente Amplio.

Recordemos que en la interpelación llevada adelante por el entonces senador Mieres, en noviembre de 2018 –a la que también se hace referencia en la carta que presenta hoy el Frente Amplio–, él expresaba que en los pedidos de informes previamente requeridos toda la información había sido clasificada como confidencial, por lo que no tenía respuestas. Pero ahora están. Aquella fue una interpelación a ciegas, en la que el miembro interpelante en este Senado de la república no tenía información disponible pues no le fue brindada por haber sido calificada como reservada.

Es en este marco que nuestra intención en el día de hoy es intercambiar con las autoridades para arrojar algo de luz a las preguntas que todos nos hacemos.

Primero: ¿cómo una obra estimada en USD 40:000.000 termina costando aproximadamente USD 120:000.000?

Segundo: ¿cuáles son las verdaderas razones que motivaron este emprendimiento?

Tercero: ¿por qué el secretismo en la información y sobre los gastos y compras directas que rodean todo el proceso de construcción, contraviniendo todos los principios de contratación pública?

Cuarto: nos interesa conocer todos los procesos previos. ¿Qué plan de negocios auguraba la sostenibilidad y rentabilidad el proceso?, cosas que no han ocurrido.

Para comprender esta situación y responder a estas preguntas, tenemos que hacer un poco de historia y remontarnos a los inicios de esta obra en la que claramente quedan en evidencia los caminos erráticos que se entrecruzan entre la Intendencia de Montevideo y la administración de Antel de esa época.

Iniciemos entonces en marzo de 2008, cuando el entonces edil Daniel Graffigna denuncia el peligroso estado en que se encontraba el techo del Cilindro, en base a un informe de su comisión administradora presentado ante la Junta departamental. En aquella época, el intendente Ehrlich minimizó dicho informe y prometió iniciar reparaciones del Cilindro, que era símbolo de la ingeniería uruguaya. Recordemos que había un proyecto para transformar el Cilindro Municipal y sus alrededores en un parque de eventos y espectáculos, un complejo ferial, de congresos, polideportivo y de hoteles, que se conoció públicamente como la propuesta de Feria Valencia. Por resolución n.° 5105, de 2009, se declara de interés departamental esa propuesta de inversión. Modernizar y revitalizar la zona del Cilindro había sido uno de los compromisos de campaña del Frente Amplio en las elecciones departamentales del 2010, en las que resultó electa la profesora Ana Olivera.

El 21 de octubre de 2010 se produce el incendio y posterior derrumbe del Cilindro cuando se estaban realizando los trabajos que había prometido Ehrlich. Producido el incendio, la intendente Ana Olivera asume el compromiso político de que el Cilindro no se iba a transformar en un nuevo Sodre, aludiendo al tiempo que demoró en ser recuperado.

A partir de eso se dio una secuencia de tres planes. El plan A, de las autoridades departamentales, para reconstruir el Cilindro tenía que ver con el denominado proyecto Feria Valencia. En setiembre de 2011 la intendencia llama a licitación internacional para la concesión de obra pública para la explotación y construcción de un complejo multimodal, que incluía un polideportivo, un centro de convenciones, un recinto ferial, así como la construcción de un complejo hotelero para el que se daban, como contrapartida y estímulo, dos terrenos de muy alto costo, ubicados en avenida Italia y Barradas. El único oferente fue Odetur S. A., pero la comisión evaluadora concluyó que la propuesta no tenía suficiente respaldo financiero y la licitación se declaró desierta.

El mismo día, por resolución n.º 4787/012 se inicia el plan B, que consistió en convocar a la realización de un procedimiento competitivo de contratación para la construcción o reconstrucción de un centro polideportivo mediante licitación pública. O sea, el plan B era recuperar solo el Cilindro. El segundo numeral de dicha resolución dice: «Establecer que el financiamiento de la obra se efectuará con recursos públicos». Acá se hablaba de una obra del entorno de los USD 10:000.000, muy distintos a los USD 60:000.000 de todo aquel gran complejo de Feria Valencia.

Esa idea tampoco prosperó y para cumplir con la promesa de la intendenta Olivera de tener un centro polideportivo y de espectáculos antes de finalizar su período, el Gobierno nacional salió al rescate, a través de Antel, con lo que se inició el plan C. El 23 de abril de 2013 se firma el convenio entre la empresa de telecomunicaciones y la Intendencia de Montevideo en cuyo objeto, en la cláusula 3.1., se define claramente que se trata de «la instalación, funcionamiento y gestión de un Complejo Multifuncional denominado “ANTEL ARENA” que podrá» –subrayo el término «podrá»– «incluir un centro polideportivo, un centro de convenciones, un recinto ferial y los servicios conexos y complementarios a los mismos».

Es precisamente en este momento, antes de la firma del convenio entre Antel y la Intendencia de Montevideo, en el minuto cero de todo este proceso, cuando el Tribunal de Cuentas realiza una primera observación que marcará la inconstitucionalidad de todo el proceso siguiente. El máximo organismo de contralor de la legalidad de la república señala, con contundencia y claridad, que la construcción del Antel Arena por parte de un servicio descentralizado, como es Antel, está fuera del giro que la ley orgánica del organismo preceptivamente le fija. Antel no puede realizar negocios ni utilizar recursos propios en cuestiones extrañas a su objeto. El artículo 190 de la Constitución dice: «Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales».

Este grosero apartamiento de la Constitución y la ley, y el desconocimiento de la observación del Tribunal de Cuentas, vuelven a poner de relieve una práctica varias veces utilizada, y algunas de ellas defendida al más alto nivel, donde lo político se impone por encima de lo jurídico. Hubo una decisión política que no respetó la Constitución ni la observación del principal órgano de contralor que, justamente, controla la legalidad de las resoluciones de los organismos del Estado.

Días antes de la firma de ese acuerdo, el 4 de abril, la entonces titular de Antel, ingeniera Carolina Cosse, en una entrevista con Emiliano Cotelo, con referencia a los costos que podría insumir la obra, expresa: «Primero, estos 40 millones no se erogan de una, es una estimación que hacen los servicios de Antel en función de otras experiencias en el mundo. Es una estimación, trataremos de que sea lo menor posible, obviamente, Antel va a tratar de gestionar eso de la manera más eficiente posible». En cuanto al retorno estimado por los servicios de Antel la ingeniera dice: «Todas estas cosas dan más de 10 millones de dólares anuales de retorno». Lo mismo expresa en el diario La República, del 5 de abril: USD 40:000.000 de gastos y USD 10:000.000 de utilidad, de ganancia, por año.

Hoy, más de ocho años después, revelado el secretismo de la Administración anterior y con los números de la auditoría a la vista, queda claramente demostrado que la inversión no fue la menor posible y que Antel no gestionó de la manera más eficiente sus recursos, como auguraba la ingeniera Cosse, sino todo lo contrario.

Acá hay un punto en el que nos queremos detener especialmente, y es el supuesto retorno que iba a obtener Antel por esta inversión. En una nota en El Observador, del 30 de abril, dice: «La empresa telefónica tiene previsto recuperar esa inversión, y ganar dinero, a través de las ventas de entradas, del aumento del tráfico de internet, de promociones y de venta de palcos y butacas, entre otras». Dice el diario: la previsión de Cosse es un retorno de un poco más de USD 10:000.000 anuales.

Ahora que la información de los planes de negocios dejó de ser reservada y pudimos acceder a ellos mediante un pedido de informes que realizamos el 21 de junio de este año, nos dimos cuenta de que son como Alicia en el país de las maravillas. Habíamos pedido esta información en el 2013. Tengo por aquí los reiterados pedidos de informes que hice en esos tiempos –varios están en la prensa de la época; los tengo aquí y los voy a aportar– pero nunca nos contestaron porque eran reservados. Había planes de negocio, pero eran reservados. Ahora los conocemos. El primer plan de negocio respecto al Antel Arena está fechado el 22 de marzo de 2013 y fue realizado por la División Gestión de Segmentos de Antel. En él se estiman los ingresos incrementales por USD 12:778.750 y los costos operativos anuales en USD 2:120.000, lo que daría una ganancia para Antel de USD 10:658.750, que coincide con lo expresado por la ingeniera Carolina Cosse a la prensa.

El problema es cómo se construyeron esos números, pues como veremos son utópicos y forzados. A modo de ejemplo: Antel contabilizaba como ganancias USD 1:200.000 de la difusión que iban a realizar terceros, relativa a los espectáculos; diez por año, los grandes espectáculos que se iban a llevar a cabo en el Antel Arena. O sea, como los organizadores de un recital iban a decir que los shows se hacían en el Antel Arena, Antel iba ahorrar el dinero de su publicidad y contabiliza ese monto como ganancia. No dice: «Vamos a ahorrar un dinero porque otros van a promocionar el Antel Arena», sino que expresa: «Esa promoción que hacen otros del Antel Arena, porque localizan el espectáculo en ese lugar, la contabilizamos como USD 1:200.000 de ganancias». Eso forma parte de los USD 10:000.000. Algo similar ocurría con los eventos empresariales deportivos y la cartelería en la vía pública. Entre toda esta publicidad de terceros la supuesta ganancia, porque otros publicitaran, sería de USD 2:265.000 por año. Una verdadera locura, ¿no? Lo que podría contabilizarse como publicidad gratuita para Antel, en todo caso, se contabiliza como ganancia. ¡Increíble! Con ese criterio, uno podría preguntarse y preguntar a las autoridades presentes, ¿cuánto ha ganado Antel con el vacunatorio que se instaló allí y por los miles de uruguayos que recibieron un mensaje para vacunarse en ese lugar? ¿Lo han contabilizado? Si la difusión del nombre es publicidad y esta se contabiliza como ganancia, el plan de vacunación debe haber generado mucho dinero. ¿Antel tiene ese dinero en caja? La pregunta no solo es irónica sino ridícula, como también lo es contabilizar ese monto de ingresos en un plan de ganancias.

En cuanto a los ingresos asociados a sobreventas de servicios, se estimaban en USD 8:130.000 por año, de los que USD 5:880.000 se atribuían a la migración de clientes de Universal Hogar a servicios de internet más potentes. Me pregunto si esta proyección estaba bien y si se cumplió con este objetivo. ¿Cuánto ha ganado Antel por este concepto? Espero la respuesta para demostrar que esto fue una verdadera farsa; se crearon números irreales para que cerraran los dichos de la ingeniera Cosse.

Tengamos presente que en este superplan de negocios, por el que se iban a ganar USD 10:000.000, no se tomaban en cuenta incluso los ingresos provenientes de venta de butacas, palcos, locales comerciales ubicados en el Antel Arena o, incluso, del estacionamiento, ya que estaba previsto que se cobrara USD 3 por auto estacionado, lo que no se hace en ningún lado. En resumen, el primer plan de negocios del Antel Arena costaría USD 40:000.000 y ganaría USD 10:000.000 por año. Sin duda, iba a ser un gran negocio.

¿Cuál fue el monto de los ingresos asociados al Antel Arena en 2019, año redondo de gestión integral? ¿Realmente tuvo ganancias? Lo único que conocemos hasta ahora son pérdidas. La auditoría habla de que en el período analizado, noviembre de 2018 a junio de 2020, las pérdidas fueron de USD 3:748.000, y tengamos en cuenta que en ese lapso hay dieciséis meses de prepandemia. Las pérdidas no son cercanas a los USD 10:000.000 de ganancia.

Pero todo esto no es lo único que llama la atención sobre los planes de negocios del Antel Arena, porque cuando analizamos el segundo –entendemos que es el definitivo–, que se hizo en el 2015, vemos que allí hay otras cosas que rompen los ojos. Las proyecciones se hacen con una temporada en la que se iban a realizar 159 eventos, estando ocupado el Antel Arena 314 días al año. Sí, el Antel Arena iba a estar ocupado 314 días. En ese segundo plan de negocios se esperaba recibir 629.500 espectadores al año, cifra bastante superior a los 145.000 que preveía el primer plan de negocios. Esto solo se justifica con una hipótesis irreal. Fíjense que se planificaban partidos de handbol de 4000 personas cada uno; ¡de handbol! Se planificaban seis partidos de fútbol de salón, de futsal, con una cantidad de 6000 espectadores cada uno, dos partidos de tenis con 6000 personas cada uno, dos noches de boxeo, con la misma cantidad de espectadores y quince partidos de básquetbol con igual número de personas. Todos estos números son por año y con entradas que iban entre USD 14 y USD 25 cada una. Quiere decir que había 4000 personas que iban a pagar USD 14 por ir a ver un partido de handbol que, sin descalificar ese deporte –lo practiqué en algún momento cuando era joven y me gusta mucho–, van a ver los amigos o los parientes. ¡¿Partidos de futsal?! ¡¿Finales de básquetbol?! En general, los playoffs son cinco o siete, pero acá planifican quince. En 2019, habiéndose realizado 141 actividades, ¿cuánto público pasó por el Antel Arena? ¿En cuántas de esas actividades se cobró entrada? Hago esta pregunta porque recordamos que muchos de ellos fueron eventos empresariales en los que se contrató el lugar pero no se pagó entrada.

En este segundo plan de negocios la inversión estimada era de USD 66:000.000, USD 22:000.000 por encima del anterior; pero eso fue poco más de la mitad de lo que en realidad costó. Esa es otra perla de este vergonzoso plan de negocios. Se estimaba en USD 9:500.000 el monto por los productos que Antel iba a obtener como contrapartida de cartelería y patrocinio. Se estimaba que esa sería la cifra que ingresaría por esos conceptos. A la luz de los informes del Tribunal de Cuentas y de Ecovis Uruguay –la consultora que hizo la auditoría–, esto nunca sucedió. A modo de ejemplo, podemos decir que la pantalla led se adquirió por USD 4:130.000 al consorcio Publicartel Lemiled S. A. El piso deportivo del complejo costó USD 246.000. Y la señalética exterior e interior costó USD 1:808.000 y se la compró a Publicartel. Todas ellas se pensaban obtener vía canje, pero se consiguieron por compra directa por excepción sin licitación, a pesar de sus montos y de existir múltiples proveedores. Además, todas, sin excepción, fueron observadas por el Tribunal de Cuentas.

Con relación a los ingresos comerciales de Antel, se pensaba ganar USD 2 por cada una de las 629.500 entradas que se vendieran. Y lo que en el primer plan de negocios representaba para Antel USD 8:130.000 por sobreventa de servicios, en este segundo plan, no supera los USD 1:600.000 a pesar de que se prevén 480.000 espectadores más. O sea, el primero era un paye absoluto para poder justificar y vender a la gente, a la opinión pública y al propio Ministerio de Economía y Finanzas de aquel momento, que con poca plata de inversión se iba a hacer un gran negocio. Hicieron un plan de negocios a medida de las declaraciones de la ingeniera Cosse, pero no a medida de la realidad. Este segundo plan, que tampoco se cumple, que también es muy irreal, por lo menos está un poquito más ajustado a la realidad, dejando en evidencia que el anterior fue realmente un gran invento.

En cuanto a los ingresos operativos, por patrocinios se preveía un patrocinador principal que iba a aportar USD 500.000, dos patrocinadores de USD 300.000 cada uno, seis marcas presenciales de USD 100.000, lo cual totalizaba USD 1:700.000. ¿Cuánto ingresó en el 2019 por ese concepto? Sabemos que no se llegó a eso.

Se hablaba de locales comerciales. ¿Cuántos de los mil metros cuadrados de locales comerciales que cuenta el Antel Arena están alquilados? Se preveían ingresos anuales por USD 180.000. ¿Y los palcos? Llama la atención que se haya pensado que los dieciocho palcos vips podían ser alquilados en USD 30.000 cada uno. Tenemos presente que los negocios vinculados a los palcos en estadios como el Gran Parque Central o el Campeón del Siglo son a plazos mayores y a montos inferiores. ¿Cuántos se llegaron a vender? Sabemos que se presionó mucho a empresas para que los compraran. ¿Cuántos?

Pasemos a las compras. El Tribunal de Cuentas, la reciente auditoría y el informe de la Jutep refieren a notorios y groseros apartamientos de las normas que rigen el procedimiento público de compras. Antel utilizó como regla la modalidad de compra directa. De una muestra de cuarenta y seis expedientes analizados en la auditoría, solo dos cumplieron los requisitos de la licitación. La gestión anterior de Antel usó de manera excesiva la excepción prevista en el literal C) del artículo 33 del Tocaf, compras directas por excepción.

Ni hablemos de la carencia de documentación administrativa de respaldo, lo que tradicionalmente llamamos historia de la compra, lo cual figura en todo proceso y hace a la transparencia. En este caso existen varias falencias y están observadas por los organismos intervinientes. La pregunta que surge es por qué se oculta esta información. ¿Qué se quiere esconder? Las desprolijidades fueron tales que se llegó a contratar a la empresa AEG Facilities, de la que nadie discute su liderazgo en el mercado internacional, para gestionar el Antel Arena, también de una manera irregular.

Otro asunto muy oscuro es la reserva de las actuaciones. La publicidad y la transparencia son principios rectores recogidos en las normas vinculadas a la contratación pública y en la ley referida al acceso a la información. Raras son las excepciones y cuando las hay, tienen que estar más que debidamente fundadas. Antel fundó la reserva en el literal E) del artículo 9.º de la Ley n.º 18831 al entender que su difusión podía suponer una pérdida de ventajas comparativas.

El Tribunal de Cuentas, en resolución n.° 776/018 fue contundente al dictaminar que «… la reserva dispuesta no se encuentra debidamente fundada y motivada…». Nada hace pensar que «su divulgación genera un riesgo claro, probable y específico de daño al interés público protegido».

La Asesoría Jurídica de la Unidad de Acceso a la Información Pública se manifestó en el mismo sentido, al sostener que los avances de las compras públicas están basados en el paradigma de la transparencia, la integridad y la eficiencia.

Todo esto fue dicho en el Gobierno anterior –tenemos las resoluciones aquí– y quiero destacar, primero que nada, que cada una de esas compras fue declarada, desde el 2013 en adelante, como reservada y, por lo tanto, confidencial y, por lo tanto, secreta, sin acceso. Pero el 14 de mayo de 2019 –cuando el Antel Arena estaba inaugurado y funcionando– una nueva resolución del Directorio de Antel declaró todo lo actuado en materia de gastos, de ganancias, de inversiones, etcétera, etcétera –es decir, todo el proceso del Antel Arena– como secreto por el plazo de diez años, y quedó blindado hasta 2029. Esa fue la decisión de Antel.

Antes de ir a algunas preguntas quiero –si puedo– leer rápidamente y de modo ordenado y correlativo algunos fragmentos del dictamen de la Jutep, que es muy valioso.

Dice la Jutep: «Que una vez recogida toda la información a la que pudo acceder, el costo total de la obra en cuestión alcanzó los U$S 119:721.147»; «Que la ejecución de la obra presentó debilidades importantes»; «Que la gestión del proyecto fue parcial en todo momento, desde que “no contempló el aspecto financiero” del mismo. La propia consultora contratada por ANTEL no pudo establecer un análisis de flujo de fondos […] para la ejecución del proyecto, señalando que “no tuvieron acceso al presupuesto general del Proyecto por razones de confidencialidad”» –¡ni la consultora tuvo acceso!– y «Que conforme lo expresado por quien se desempeñara como Gerente General de ANTEL en la época, consultado sobre si había un presupuesto financiero general del proyecto en el que se estimara el total de la inversión, contestó que, si tal documento existió, él no tuvo acceso al mismo». Recordemos que el gerente general fue a quien se designó para estar al frente de todo el proyecto del Antel Arena desde Antel, y él no tuvo acceso a esos documentos. Tampoco el auditor externo pudo acceder a dicho documento.

El informe de la Jutep continúa estableciendo: «Que existió una estimación de costos realizada en abril de 2013 por una firma consultora externa, que ubicó el costo en U$S 40.000.000 […]. La última versión del Plan de Negocios […] (que data de marzo de 2015), había estimado la inversión en U$S 56.500.000 más IVA, e incluía los costos derivados del edificio principal, anfiteatro exterior, explanada, playa de maniobras y logística, instalación sanitaria, instalación eléctrica…», o sea, todo. Corregido todo, lo ubica en USD 56:500.000.

Continúa diciendo la Jutep más adelante: «Que, en definitiva, al aprobarse el proyecto, existía un Plan de Negocios incompleto, y la construcción se inició “sin la existencia de un cronograma, plan de calidad ni presupuesto financiero”. Nunca existió un cronograma completo, por lo cual los plazos […] no se cumplieron. No se implementó en forma completa el Plan de Calidad, y tampoco existió control presupuestal, dado que “no se dispuso en ningún momento de un presupuesto financiero”».

En relación con las contrataciones realizadas, señala la Jutep: «Que desde el origen mismo del proyecto, el órgano constitucional de control externo (Tribunal de Cuentas), […] acordó observar el Convenio celebrado ese año entre ANTEL y la Intendencia de Montevideo para la construcción del CMAA, entre otras razones, por haberse vulnerado el principio de especialidad imperante en el derecho público […] (artículo 190 de la Constitución de la República)…». Y sigue diciendo: «Que, como regla, las compras y contrataciones fueron realizadas […] sin contar con disponibilidad presupuestal y, a pesar de las observaciones del Tribunal de Cuentas en tal sentido, todos los gastos fueron reiterados por ANTEL, sin que el Organismo fundara la insistencia...».

También se señala: «Que del relevamiento de las modalidades de compra y contrataciones […] quedó en clara evidencia que ANTEL utilizó, como regla, la modalidad de compra directa por excepción…»; «Que los actos administrativos de adjudicación no están debidamente fundamentados» y «Que todas las actuaciones relacionadas con el CMAA fueron declaradas reservadas por el plazo de 10 años, situación que implicó dejar de lado el principio […] de publicidad y transparencia de la gestión».

Continúa expresando: «Que los expedientes confeccionados por ANTEL para cada una de las compras públicas adolecen de vicios formales objetados por el Tribunal de Cuentas. De dichos expedientes no surge documentación relevante sobre la invitación y presentación de otros oferentes, así como de información relevante sobre los procesos de selección que permitan justificar la mayoría de las compras».

Con relación a los resultados económicos, sigue diciendo la Jutep: «Que partiendo del cálculo realizado por el Gerenciador contratado por ANTEL […] el Complejo le ha significado a la Administración una pérdida total de U$S 3.748.408», en el período noviembre de 2018 a junio de 2020.

Continúa estableciendo: «Que los hallazgos del auditor externo respecto al costo total […] denotan la carencia de un presupuesto operativo o plan general de negocio completo […] existiendo una diferencia entre lo previsto y lo gastado de U$S 63.221.147».

Más adelante continúa diciendo: «Que al clasificar de reservadas la totalidad de las contrataciones, ANTEL violentó además el principio de publicidad y transparencia, así como el interés general consistente en el derecho al acceso a la información. Cuando debió fundar sus razones para ello, no acreditó la existencia de elementos objetivos que permitieran razonablemente concluir que, de no configurarse la reserva, existía una posibilidad cierta de causar un daño al interés público que se pretendió proteger. Tampoco ponderó en cada caso el plazo necesario para mantener reservadas las contrataciones, fijando en general un plazo de diez años. Habiendo recibido sendas observaciones por parte del Tribunal de Cuentas», señalo yo, una vez más, y la Unidad de Acceso a la Información Pública.

Dice el dictamen: «… se desprende razonable y objetivamente que los agentes públicos al frente de la Administración pudieron ver comprometidas sus responsabilidades, al violentarse las siguientes normas y principios:»; «en el desempeño de su cargo los funcionarios públicos deben actuar con preeminencia del interés público sobre cualquier otro…».

Continúa expresando que se vulneraron «los principios de eficacia y eficiencia […] derivados del principio general de buena administración»; «el principio de transparencia y publicidad […] al declarar infundadamente confidencial la información más esencial e importante relativa al CMAA»; «el principio de debida motivación de los actos administrativos […] al omitir fundar de hecho y derecho las resoluciones vinculadas a gastos y sus reiteraciones», y «el principio de legalidad».

La Jutep considera «… que no puede si no concluirse en que la buena administración, tanto en la gestión financiera como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines, estuvo ausente en este proyecto».

Más adelante expresa: «… en lo relativo al manejo de dineros públicos, el hecho de haber reservado infundadamente la información vinculada a la gestión del Complejo en contravención al principio de transparencia y hacer caso omiso a los señalamientos de órganos especializados que alertaron sobre la improcedencia de esa reserva, así como la constatación de las pérdidas que arroja el Complejo desde su inauguración y que ponen en duda la efectividad en el obrar del administrador […] conlleva a sostener razonable y objetivamente que la gestión general del proyecto ha sido deficiente, habiéndose vulnerado las normas de conducta ética invocadas en la presente resolución».

La Jutep finaliza diciendo: «… que en definitiva, […] se ha constatado la violación a principios y normas de conducta que […] pueden configurar falta administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados, por las acciones u omisiones en la gestión del proyecto denominado CMAA».

¡Muy fuerte el dictamen de la Jutep!

Lo que acabo de leer, que es un resumen del dictamen, llevó a que se cuestionara al organismo y se exigiera públicamente, por parte de la oposición, la renuncia de su representante en el organismo, cosa que debió hacer, desintegrando el mismo. Este no es el momento de calibrar el daño que se ha hecho a la credibilidad, a la confiabilidad de la Jutep, a sus pronunciamientos ni a los que podrá tener en el futuro. Creo que es incalculable el daño que se le ha hecho para proteger el interés político de quienes manejaron todo este negocio que, evidentemente, queda claro que ocultó otros objetivos.

Aquí tengo algunas preguntas para trasladar a las autoridades. Me está faltando –y lo digo para mi equipo, que me debe estar escuchando– la parte final de mi exposición. Ah, no; aquí la tengo.

Paso a las preguntas concretas. ¿Hubo alguna auditoría anterior a esta? Y si la hubo, ¿de qué tipo fue? Nos gustaría saberlo, porque integra la convocatoria y porque además se ha hablado mucho de que se han ocultado auditorías anteriores. ¿Se puede explicar cómo fue seleccionada la empresa auditora, qué antecedentes tiene, qué tareas se le encomendó, cuánto tiempo trabajó, con qué personal a su cargo y qué personal destinó Antel para atender esa auditoría? La auditoría, ¿respaldó todas sus conclusiones con facturas, órdenes de pago, documentos y resoluciones? ¿Entrevistó a personal del organismo y realizó preguntas a los funcionarios de jerarquía de la época? Esta pregunta me parece muy importante, porque se ha intentado desacreditar, tanto la auditoría, como el fallo o dictamen de la Jutep, que se basó en ella.

En 2019, año redondo de gestión integral, ¿cuál fue el monto de los ingresos asociados al Antel Arena? ¿Tuvo ganancias? ¿Cómo se seleccionó y se le adjudicó de forma directa a la empresa AEG, la gestión, operación y mantenimiento del complejo Antel Arena? ¿Cómo se explica que, a pesar del plan de negocios, de la previsión de ingresos y egresos en el flujo de fondos, y de los presupuestos aprobados por el Antel Arena, dicho complejo haya representado para el ente la pérdida antes señalada?

En un momento se detuvo la obra y se resolvió hacer un fideicomiso para financiarla; ¿cómo fue ese fideicomiso y en qué situación se encuentra actualmente? ¿Cuánto debe aún Antel por el Antel Arena? ¿El costo final es comparable con otras arenas similares en la región y con otras obras construidas en el país de similares características?

Con fecha 2 de junio Antel anunció que dejaba abierta la posibilidad de presentar una denuncia penal, instancia que hoy sabemos que se concretó hace unos días. ¿Se nos puede adelantar algo? ¿Qué motivó esa decisión y cuáles son sus contenidos principales? ¿Antel puede establecer cuál fue el monto total que se gastó o que gastó el Antel Arena en la contratación de consultores o consultorías y a través de qué procedimientos, directos o indirectos, realizó esas contrataciones? ¿Es correcto, que una sentencia del TCA del 2015 desestimó una acción de nulidad interpuesta por Antel contra una resolución del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública de 2012, que disponía el deber de Antel de publicar en su sitio web información sobre gastos e inversiones en materia de publicidad, sentencia contundente que es citada por el Tribunal de Cuentas en su observación a Antel, por la reserva, respecto al Antel Arena?

Las primeras preguntas son esas. Ahora bien, hay otras grandes preguntas que muchos nos hacemos, que quiero dejar aquí marcadas y que, obviamente, son más de tipo político.

El Antel Arena es una magnífica obra que valoramos y disfrutamos, pero no por eso debemos dejar de cuidar los dineros públicos y su uso decente. No vale todo; ¡el fin no justifica los medios!

Ahí, a pocas cuadras del Antel Arena, tenemos una obra que también comenzó el Gobierno anterior: la del Sanatorio del Banco de Seguros. Se trata de una obra enorme, que posee tecnología de última generación –seguramente, la mejor del país– para un centro hospitalario, que se proyectó en USD 40:000.000 y que costó USD 41:000.000. En el país tenemos estadios que han costado cerca de USD 40:000.000. Invitaría a comparar los USD 120:000.000, con lo que terminó costando el aeropuerto de Carrasco: sus pistas, el edificio y todo lo demás. ¡Es inconcebible que se haya gastado eso! El Antel Arena está precioso y lo vamos a mantener. Nadie plantea lo que en su momento se propuso para el corredor Garzón, es decir, que había que picarlo, aunque finalmente las Administraciones frenteamplistas posteriores lo picaron.

El Antel Arena está ahí y lo vamos a cuidar. Tiene que funcionar bien y dar plata. No se trata de eso; se trata de cuidar la plata y los recursos públicos.

Entonces, uno se pregunta, ¿por qué se metió Antel en este emprendimiento? ¿Por qué lo hizo sin estudio previo, sin un plan de negocio serio, ¡sin presupuesto disponible, ni aprobado por la OPP, como determina la Constitución!? Antel, ¡no tenía presupuesto aprobado! Tenía discrepancias con el equipo económico dirigido por el contador Astori, ministro de Economía y Finanzas de ese momento, y ¡no tenía presupuesto! Antel ¡usaba el presupuesto del ejercicio anterior! porque no se le había aprobado presupuesto y, de repente, ¡sorprende con este proyecto imprevisto, que aumenta de manera desconocida sus gastos futuros, en violación del principio de la especialidad observado por el Tribunal de Cuentas! Fue observado desde el minuto cero, forzando la explicación de que lo hace porque aumenta el tránsito y las llamadas para explicar su vínculo con el tema. Mientras uno iba a ver un partido al estadio Centenario y no podía mandar un SMS o un mensaje de WhatsApp porque, con un estadio medianamente lleno, ya no se podría usar por la tecnología disponible, en vez de ir a mejorar eso con una antenita, tenía que generar –esa es la idea– un estadio propio para aumentar el tráfico.

¿Por qué lo hizo? ¿Para salvar a la intendenta Ana Olivera con recursos de Antel, porque no tenía cómo levantar el Cilindro Municipal con recursos municipales? ¿Para proyectar la figura de su presidenta, Carolina Cosse, vinculándola a Montevideo con una fuerte inversión de recursos públicos, que no había disponibles en Antel, pero que igual los comprometió endeudando y obligando al organismo en una gestión de espectáculos, que no solo no están en su giro, sino que ¡no domina, no conoce! y que además, para poder hacerlo, debió tercerizar, por no decir privatizar? ¿Por qué se fraguó un supuesto plan de negocios, haciendo creer a la ciudadanía que el Antel Arena costaría USD 40:000.000, cuando ya se sabía que el costo sería mucho mayor? Y se forzó a una estimación de ingresos, ¡con cálculos ridículos, imposibles de cumplir! ¡¿A quién se quiso engañar?! ¿A la ciudadanía, a la oposición, al equipo económico de aquel momento, ¡que fue sorprendido por esta decisión política de Antel!? ¿Fue un operativo de imagen con proyección electoral, apuntalado en fondos públicos? ¡Fue un gran montaje el Antel Arena! Un gran montaje, repleto de inexactitudes para camuflar un objetivo político.

¿Por qué se fue tan desprolijo? Todos los señalamientos de auditorías, de la Jutep, del Tribunal de Cuentas y de la Unidad de Acceso a la Información Pública indican violaciones a la Constitución, ¡apartamientos a la ley, desvíos en procedimientos, incumplimientos, opacidad y ocultamientos, discrecionalidad en las contrataciones, incumplimientos del Tocaf!, etcétera. ¿Cómo se tomaban estas decisiones sin que la gerencia general estuviera al tanto, máxime cuando fue designada para estar al frente del proyecto? ¿De dónde emanaban las órdenes, evitando a la gerencia general? ¡¿Quién las daba?! ¿Hubo algún adscripto que sin el mandato autorizado gozara del poder delegado, de hecho, desde el más alto nivel para comandar todo el proceso? ¿Quién sustituyó en los hechos al gerente general? ¿Quién estaba en las sombras tomando las decisiones por encima del gerente general que fue entrevistado en la auditoría y dijo que no conocía la mayoría de las decisiones, que no pasaban por él? ¿Por quién pasaban? ¿Por qué se recurrió a declarar reservadas todas y cada una de las actuaciones si al final de todo, ya inaugurado el Antel Arena, se resolvió nuevamente declararlo todo reservado, confidencial y secreto por diez años? No era una central atómica, no era un centro de datos sensibles, ¡era un estadio!

¿Realmente se buscó proteger datos sensibles para evitar favorecer a la competencia o se quiso guardar bajo llave todo lo mal hecho hasta la prescripción, por el transcurso del tiempo, de las eventuales responsabilidades? ¿O, por lo menos, hasta después de las elecciones nacionales y departamentales siguientes? Bajo ese recurso de declarar secreto se impidió, por ejemplo, que este legislador pudiera acceder a varios informes solicitados, incluido el plan de negocios que hoy sí conocemos gracias a que esta Administración –reiterado el pedido de informes– respondió y gracias a que, previamente resolvió levantar el secreto. Haber hecho conocer este plan en aquel momento –el costo era de USD 40:000.000 y USD 10:000.000 de ganancias– hubiera evidenciado que era de imposible cumplimiento y que ocultaba un objetivo político que no podía justificarse públicamente.

Otros pedidos de informes que no he reiterado quedarán sin responder.

No puedo evitar preguntarme cómo se pasó de USD 40:000.000 a USD 56:000.000 y terminó costando USD 120:000.000! ¿Hubo USD 63:000.000 de imprevistos? ¡¿Hubo USD 63:000.000 de imprevistos?! ¡¿Los imprevistos duplicaron el costo inicial sin que nadie fuera destituido por omisión o negligencia?! ¿Es posible errarle por tanto? ¡Uno se pregunta dónde está la diferencia!

Para los que sostienen que este es un llamado inútil, que no hay nada más para saber: ¿no sería justo y necesario saber cómo se gastó tanto de más; saber si fue por omisión, ineptitud o delito? ¿No deberíamos saber si alguien se benefició indebidamente por la negligencia, la omisión o la complicidad de funcionarios irresponsables?

Defender Antel para que siga siendo una gran empresa pública es defender su buena administración. Si Antel es de todos, todos tenemos derecho a saber cómo se manejan e invierten los dineros que se ganan en el monopolio o en la competencia. Defender Antel es cuidar su credibilidad y ser exigente con sus administradores; es señalar los abusos, cuando los hay, para limitarles la tentación de usar la fama emergente del cargo y el poder que se les confiere usándolo para fines personales o políticos, o ambos al mismo tiempo. La Constitución y la ley están para cumplirse, no para esquivarlas por conveniencia y justificar su violación y apartamiento con respuestas frívolas y sin fundamentos serios. Estamos ante señalamientos graves que las actuales autoridades tienen que explicar.

Lamentamos que no estén presentes quienes deben dar –o dicen por ahí– otras versiones; quienes se reservan su ausencia para hacer discursos fuera de sala, para pasar por pantallas o ir a actos que se hacen afuera de este recinto parlamentario, que es la institución que representa a todos los uruguayos. ¡Lo lamentamos mucho, porque es desconocer el mecanismo democrático que tenemos! ¡Lamento que no haya en sala nadie que esté dispuesto a defender a la actual intendenta de Montevideo! ¡Lamento que no haya nadie que esté dispuesto a poner la cara para decirnos aquí, en persona, lo que dicen en la prensa y dejarlo asentado en la versión taquigráfica! ¡Lamento que no haya nadie que se haga cargo de las responsabilidades que de aquí pueden surgir, tanto políticas como –mañana– penales, porque en ese ámbito están hoy las cosas! ¡Lo lamento mucho! Lamento que se esquiven responsabilidades con argumentos poco creíbles, que se nos descalifique y que, en realidad, esa sea la excusa para huir del debate. Decir que no han ingresado a sala es una interpretación; en lo personal, creo que han huido al debate cara a cara que el Parlamento y la ciudadanía merecen. Lo lamento mucho, pero estoy a las respuestas que nos den las autoridades.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor ministro de Industria, Energía y Minería.

SEÑOR MINISTRO.- Muchas gracias, señora presidenta.

Saludo a la Cámara de Senadores; es un gusto estar aquí.

Seré bastante breve porque considero que los principales detalles de la explicación los dará el presidente de Antel. Sin embargo, debo decir que valoro mucho el llamado a sala por el procedimiento constitucional previsto como mecanismo básico para que los gobernantes rindan cuentas, ante quien corresponde –el Parlamento nacional–, del accionar de aquellos organismos que dependen de su responsabilidad. Nuestro Gobierno valora mucho los mecanismos institucionales y este, sin duda, es uno de los más importantes. Venir a este recinto a dar las explicaciones y a volcar la información que corresponda sobre todo aquello que tiene que ver con nuestra responsabilidad es una obligación que cumplimos con honor y con orgullo.

Evidentemente, esta es la forma en que creemos que funciona la democracia y en que queremos que la ciudadanía se informe de lo que sucede, es decir, dando un debate franco y frontal.

En ese sentido, ante la instancia de brindar información en este recinto, a este órgano, concurrimos acompañados del presidente de Antel –empresa pública que mucho valoramos, que mucho queremos y que deseamos se desarrolle–, para que pueda aclarar y echar luz sobre todo este tema que, como todo Uruguay sabe, es polémico. Desde sus comienzos, este asunto arrancó con objeciones por estar fuera del giro de la empresa pública; incluso, el desarrollo del proyecto fue –es claro– muy especial, con falta de previsión en los números, falta de información y un fuerte secretismo.

Sin embargo, este Gobierno se ha preocupado, en todos los ámbitos de las empresas públicas que corresponden a este ministerio, por evitar el secretismo, por levantar los actos de reserva, proporcionar información y llevar adelante las auditorías que pudieran corresponder. De esa manera, se han desarrollado auditorías en diversas empresas públicas y en particular en la que hoy nos ocupa, que es Antel.

Como Gobierno, nos preocupa mucho que la gestión empresarial sea lo más eficiente y eficaz posible; que se base en estándares empresariales aceptados, en procedimientos claros. Debe haber previsión, planes de negocios, planes de gastos e inversiones; es decir, planes concretos y objetivos empresariales alineados con el cometido de las empresas públicas, no con proyectos que se van desarrollando improvisadamente y sin un control adecuado. Creemos que la forma real de defender a las empresas públicas es gestionarlas de manera profesional y eficiente. Además, valoramos mucho la transparencia en las empresas públicas porque son de todos los uruguayos y, en ese sentido, creemos que estas instancias enriquecen. Mucho se habla de la necesidad de protegerlas frente a la competencia, y eso es adecuado, pero además tienen que ser informados a los accionistas, que somos todos; no condice el nivel de secretismo que muchas veces se intentó generar con el real derecho del accionista –en este caso, el ciudadano uruguayo– de saber cómo se está gestionando la empresa. Por eso concurrimos aquí, con alegría –diría–, para poder echar luz sobre todas estas interrogantes e informar adecuadamente al Senado de la república.

Para nosotros esta instancia es muy bienvenida y la recibimos con beneplácito. Corresponde ahora que el presidente de la empresa pública pueda ir más al detalle para evacuar todas las consultas que se nos han formulado.

En ese sentido, solicito que se ceda el uso de la palabra al presidente de Antel.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor presidente de Antel, ingeniero Gabriel Gurméndez.

SEÑOR GURMÉNDEZ.- Señora presidenta: hoy estamos aquí en una instancia que, efectivamente –tal como ha dicho el señor senador Gandini–, sirve para brindar al Parlamento mucha información que se ha hecho pública y que aún no había sido manejada en este recinto.

Quisiera volver al tema de la transparencia y empezar precisamente por allí.

Cuando nos hacemos cargo de Antel al frente de la presidencia, nos encontramos con una demanda enorme de información a propósito del proyecto del complejo Antel Arena, tan público, tan controversial, tan polémico, tan discutido; nos encontramos con una demanda de preguntas que estaban por todos lados, entre otras, ¿cuál era el costo?, ¿cuál era el resultado?, ¿cómo se habían adjudicado los contratos?, ¿cómo se habían hecho las compras?, ¿de qué manera se había gestionado? y ¿cuáles eran las bases y los fundamentos sobre los cuales se había tomado la decisión de llevar adelante este proyecto?, entre otras. Y eran años y años de respuestas que no aparecían debido a la manera de operar, con secretismo y opacidad, que caracterizó no solamente el proyecto del Antel Arena sino también, de alguna manera, la forma de gestionar en Antel casi todo lo demás. Debemos decir que desde el 2012, contraviniendo expresamente el texto y el espíritu de la Constitución y de la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, Antel tomó una serie de resoluciones y se dieron instrucciones y lineamientos de carácter general a todas las gerencias en las cuales la excepción se transformó en la norma. En lugar de establecer que, por su naturaleza, la información que se maneja en las empresas públicas es de naturaleza pública, se dio la instrucción de generar reserva a propósito de casi todas las cosas. El bibliorato con las instrucciones de las reservas donde se establecen las directivas de todo lo que se cataloga como reserva es sumamente extenso.

Ese fue, de alguna manera, el modus operandi que, como bien relató el señor senador, supuso que tempranamente se declararan reservadas las actuaciones involucradas en el Antel Arena: los proyectos, los llamados planes de negocios, el expediente sobre su justificación jurídica y, por supuesto, todas y cada una de las compras, adjudicaciones y decisiones que se fueron adoptando durante el proceso de su ejecución y, después, de su operación. Incluso, como si no bastara con ello, ya en mayo de 2019 –como se dijo aquí– todas las actuaciones sobre el Antel Arena volvieron a declararse reservadas por diez años más, pensando –no sé por qué razón– en que si se sabían todas las decisiones que se habían adoptado casi quince años atrás, afectarían o pondrían en desventaja competitiva a Antel. En definitiva, esa era una justificación que se buscaba. Por eso fue que, bajo ese velo de secreto, en el propio Parlamento no se contestaron las preguntas en las instancias en que hubo sesiones, tanto de la Comisión Permanente, como de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, como en las interpelaciones que se hicieron a esos efectos; de veinte solicitudes de informes de parlamentarios –en aquel entonces, los diputados Gandini y Brause, y los senadores Delgado, Bordaberry y Mieres– se contestó solamente una, y en esa respuesta al senador Mieres catorce veces se indicaba que la información que solicitaba era de carácter reservado. Es decir que se ignoraron los mecanismos de contralor parlamentario, de la misma manera en que no se hizo lugar a las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas que cuestionaban este mecanismo de reserva, que nuevamente se transformó en la norma y no en la excepción.

No quiero aburrirlos pero, efectivamente, la Unidad de Acceso a la Información Pública emitió informes en los que establecía esta contravención. También es cierto que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en la que no hizo lugar al recurso de nulidad que la Administración presentó para tratar de impedir el acceso a la información pública de un pedido ciudadano.

Tenemos que decir que cuando nosotros llegamos a la presidencia, efectivamente, lo primero que hicimos fue restablecer el espíritu y el cumplimiento de la ley, como la obligación de un administrador público de rendir cuentas de la manera en que se manejan los dineros que transitoriamente la ciudadanía le encomienda administrar. Fue así como decidimos levantar todas las reservas a propósito de los costos, proyectos y adquisiciones en torno al Antel Arena, y también decidimos derogar las normas que con carácter general se establecieron. Asimismo, manifestamos la voluntad de contestar y de satisfacer todos los requerimientos de solicitudes de acceso a la información pública, incluyendo los que presentaron los señores legisladores.

En función de la demanda insatisfecha de años, llegó un aluvión de preguntas de parte de ciudadanos, periodistas y legisladores, que procuramos contestar. Las respuestas no eran fáciles, porque en este ambiente de reserva, de secreto, de compartimentación de la información y de disgregación de los expedientes, se requería un trabajo profesional, diligente, exhaustivo, minucioso, de mucha dedicación profesional y con una metodología adecuada.

Por eso decidimos, además, contratar una auditoría externa. Por supuesto que ese era un compromiso dicho y establecido por el Gobierno, incluso en oportunidad de la campaña electoral. A nadie debió sorprender esto.

La contratación de la auditoría externa –voy contestando las preguntas del señor senador en esta exposición– se hizo, naturalmente, mediante una licitación pública, con las publicaciones correspondientes en la página web, con la publicidad adecuada que establecen las normas, con un pliego de condiciones administrativas y técnicas, y obviamente con el cumplimiento de todas las normas que establece el Tocaf. A partir de esa convocatoria se presentaron siete empresas para competir por ese trabajo, y fueron evaluadas y analizadas sus propuestas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, integrada por varios técnicos y profesionales de la empresa. Como resultado de ese análisis y de esa evaluación surgió la recomendación de adjudicar el trabajo a la consultora Ecovis Uruguay. Dicha firma cumplió –y así lo estableció el informe correspondiente– con las calificaciones mínimas exigidas en ese llamado, que requerían formar parte de una red internacional de auditorías, tener condiciones de antigüedad, ser una empresa de plaza, tener profesionales de trayectoria en la materia y, además, haber auditado empresas públicas o, en caso contrario, más de cinco empresas de porte mayor a quinientos empleados. La firma Ecovis acreditó esta experiencia: forma parte de una red internacional de auditorías que tiene presencia en más de ochenta países; presentó un plantel de técnicos de larga trayectoria en la actividad de la auditoría nacional; acreditó, además, la experiencia mínima requerida. Aquí vale la pena detenerse, porque esta firma es auditora y trabaja en distintos encargos de auditoría o ha trabajado para la Administración de Ferrocarriles del Estado, para la Agencia Nacional de Vivienda, para el Servicio de Tutela Social de las Fuerzas Armadas, para el Plan Agropecuario, para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con contratos y adjudicaciones otorgadas por la anterior Administración, la del Gobierno del Frente Amplio. Además, acreditó más de cinco empresas en el sector del transporte y de la educación, así como otras empresas privadas con más de quinientos empleados.

Por lo tanto, me parece que resulta claro que desacreditar la auditoría en función de ciertas consideraciones o referencias de naturaleza política se contrapone claramente con lo que fue el proceso cristalino para su selección y para la calificación de sus propuestas, y, naturalmente, en el fondo, no tiene absolutamente nada que ver con lo relevante, que son las argumentaciones jurídicas que pudieran hacer para contrarrestar lo que importa, que son los hallazgos, las irregularidades y los apartamientos a las normas que se constatan en su informe.

Además, el trabajo de la auditoría se desarrolló dando cumplimiento a la Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento 3000, de la Federación Internacional de Contadores, y a las normas de auditoría y aseguramiento establecidas por otras instituciones internacionales de auditoría. Asimismo, cumplió con los códigos de ética y de independencia establecidos por el Colegio de Contadores del Uruguay, que toma los estándares internacionales en materia de independencia, objetividad y diligenciamiento profesional para llevar adelante sus trabajos.

Se produjeron dos informes y, contestando la pregunta del señor senador, debo decir que estos trabajos se hicieron con un equipo de profesionales que revisó contratos, expedientes y facturas, ingresó a los sistemas de gestión internos de la compañía, entrevistó a los gerentes y al personal, realizó circularizaciones de saldo, se entrevistó con los gerenciadores e hizo un exhaustivo trabajo de más de siete meses. Incluso, trabajó con una contraparte que se puso a su servicio, por parte de la gerencia general de Antel, de varios profesionales en diversas disciplinas de la empresa.

Los resultados ya se han expresado aquí –no quisiera aburrir–, pero, por ejemplo, la cifra de USD 119:721.147 del costo total del Antel Arena, que hoy damos como conocida, hace solamente nueve o diez meses que es de conocimiento público. Esta cifra demuestra un desvío de tres veces el costo que se expresó en los anuncios originales, cuando se encaminó por esta aventura de la construcción del Antel Arena. Esta cifra, que era tres veces el valor original, estaba, de alguna forma, enterrada debajo de esta lápida de secreto, denegando lo que era la realidad. Esta cifra de casi USD 120:000.000 se ha transformado poco menos que en la unidad de cuenta para medir las insatisfacciones de otras demandas sociales tan importantes en nuestro país; todo parece medirse en función de qué se podría haber hecho con esos recursos del Estado.

El señor senador me preguntaba sobre las obligaciones pendientes. Esa fue otra de las informaciones que estaban en la auditoría, que tenían que ver precisamente con lo que estaba pendiente de pago del fideicomiso y algunas otras deudas comerciales. La realidad es que al 30 de junio del 2020, cuando nos hicimos cargo de la empresa, Antel aún tenía pendientes casi USD 48:000.000 de obligaciones por este proyecto, es decir que el 40 % del costo total de este emprendimiento seguía y sigue siendo una carga financiera que recae sobre las tarifas que pagan nuestros clientes de todo el país. Muchos de ellos jamás tendrán la posibilidad de gozar de los beneficios que brinda este centro de espectáculos establecido en la ciudad de Montevideo.

Dicho sea de paso, como medida de buena administración, el año pasado, el Directorio de Antel con su gerencia financiera renegoció los términos de este fideicomiso para reperfilar los plazos y las tasas de manera que esto operara de una forma menos onerosa para las finanzas de la empresa. El fideicomiso fue una manera de salir del paso cuando era claro que el proyecto descarrilaba desde el punto de vista financiero y se suspendieron las obras. Se trató de evitar que el mayor costo que ya se avizoraba a principios del Gobierno que se iniciaba en 2015 no terminara exhibiendo un mayor daño fiscal en las cuentas públicas. Por eso se recurrió a ese mecanismo, sabiendo que al final del día –y sigo contestando las preguntas del señor senador– la financiación de este emprendimiento sale de los recursos propios de Antel. Se subsanaron los costos mayores que no estaban cubiertos por la financiación del fideicomiso; además, lo seguimos pagando en distintas cuotas.

La auditoría también tenía dentro de su alcance la revisión y la evaluación del gerenciamiento del proyecto. Recordemos cuáles eran los objetivos de la auditoría: establecer el costo total, saber cuáles eran las obligaciones pendientes, evaluar el gerenciamiento del proyecto –cómo se había manejado–, hacer un análisis jurídico de las contrataciones y, además, establecer cuáles eran los resultados económicos de la explotación del complejo.

Las conclusiones de la auditoría son contundentes sobre cómo se inició este proceso, con cierto grado de improvisación, como se estableció aquí. Se dice que había un plan de negocios inicial, pero, francamente, creo que no lo había, en función de lo que es mi experiencia profesional y empresarial. Había un presupuesto incompleto de la obra, parcial –que es lo que señala la propia auditoría–, y un informe de marketing que trataba de justificar este emprendimiento en función de valoraciones que tenían que ver con elementos absolutamente subjetivos, incluso en la valoración y la contabilidad de sus posibles beneficios. Como bien se dijo acá, se mencionaban derechos de publicidad que se generaban por la mención del nombre o intangibles que tenían que ver con eventuales impactos de imagen. Incluso, se decía que la marca Antel se iba a asociar con lo heroico o con el sentido de los hinchas ‒como si se tratara de un cuadro de fútbol‒, o eventualmente con la sensación de reconstruir algo que estaba herido o roto. Todos esos eran elementos subjetivos.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, la auditoría, en sus conclusiones, es concluyente con respecto a la falta de negocios y de planificación y, especialmente, en cuanto a las debilidades de ejecución y control a lo largo de todo el desarrollo material de este emprendimiento. Según mi experiencia en los grandes proyectos de infraestructura que me ha tocado dirigir, hay ciertas cosas que son absolutamente claves. Lo primero que hay que definir es el alcance del proyecto, a qué se quiere llegar; eso no estaba claro. Luego hay que precisar presupuestos, planes de contratación y compras, cronogramas, control de calidad, control de ejecución y control financiero, control presupuestal. Todas estas carencias, en definitiva, explican por qué se llegó a estos resultados. Hubo un presupuesto incompleto, planes de negocios voluntaristas, de gran optimismo imaginativo, diría, premisas ilusorias que después naturalmente no se reflejaron de ninguna manera en la realidad, como lo vamos a demostrar con los números, dando respuesta a lo que pidió el señor senador.

La auditoría relevó parte de los informes de una consultora que fue contratada durante el proceso para tratar de encaminarlo y aquí sí me gustaría leer –en la medida en que no fueron leídas– algunas de las observaciones que se hicieron.

Tengo en mi poder extractos del informe de la auditora que, a su vez, glosa expresiones o juicios de la consultora PricewaterhouseCoopers, que fue contratada en forma directa para asistir en el proceso. Allí se señala: «... se extrae que la consultora detectó debilidades en la gestión del proyecto: falta de definiciones en controles y procesos (matriz de responsabilidades incompleta), dificultad en el inicio de las actividades correspondientes a la gestión de riesgos y anticipación de problemas, falta de cronograma maestro completo (indefinición de plazos para las tareas, actividades y contrataciones excepto las actividades de construcción), incompleta definición del alcance del proyecto, plan de gestión de calidad inexistente y falta de definiciones en el plan de comunicaciones. Asimismo se establece que no se accedió a un plan de contrataciones detallado ni a un presupuesto general de Proyecto…». Esto es del año 2016, cuando ya estaba en marcha y se había levantado la suspensión de la ejecución de las obras.

A partir del análisis de un segundo informe, de setiembre de 2016, se dice: «Se detectan debilidades aun en el desarrollo de un Cronograma Maestro (existe uno en esta etapa pero muy general y no completo y no vinculado al paquete de contrataciones), en la gestión de riesgos y en la gestión de calidad (está definido un Plan de Calidad, pero no se está aplicando en su totalidad). Además se vuelve a establecer que no se tuvo acceso a documentos de gestión de costos de todo el proyecto como ser un Presupuesto General. [...] no existían cronogramas aprobados de contratistas lo que dificultaba la gestión del cronograma maestro [...] El plan de contratos no estaba actualizado. [...]

De la lectura de los diversos informes de la consultora contratada concluimos que el gerenciamiento por ANTEL respecto a la ejecución material del proyecto presentó debilidades importantes, principalmente al comienzo del proyecto, que se fueron subsanando en general, manteniéndose ciertas debilidades principalmente en lo que hace a la gestión del Cronograma Maestro.

[...] la consultora informa que la revisión realizada no incluyó un análisis del flujo de fondos y si los mismos fueron suficientes para la realización de actividades requeridas para la ejecución del Proyecto, debido a que no tuvieron acceso al presupuesto general del Proyecto por razones de confidencialidad».

Se vuelve a señalar –como expresó el señor senador– que el gerente general entrevistado dijo precisamente que, si existió ese presupuesto financiero, él mismo no había tenido acceso a ese documento. Durante todo el trabajo del auditor se solicitó ese documento y no pudieron tener acceso a él.

Dice el auditor –esto lo tengo marcado con tres signos de exclamación–: «Por lo tanto no pudimos verificar que haya habido un control financiero con seguimiento y comparación con el presupuesto financiero, todo parece indicar que se fue gastando a medida que fue necesario».

La conclusión del auditor en este capítulo sobre la evaluación del gerenciamiento del proyecto termina diciendo: «... en base a la evidencia obtenida durante nuestro trabajo, surge que cuando se aprobó el proyecto del Complejo Multifuncional existía un plan de negocios incompleto. Asimismo la construcción se inició sin la existencia de un cronograma, plan de calidad ni presupuesto financiero. Si bien durante la ejecución de la obra se desarrolló un cronograma y se establecieron plazos, el mismo fue incompleto en todo momento y los plazos, sobre todo del contratista principal no se cumplieron. La situación fue similar respecto a la calidad, se estableció un Plan de Calidad pero nunca llegó a implementarse en forma completa. Respecto al control presupuestal, no existió dado que no se dispuso en ningún momento de un presupuesto financiero».

Estas son las conclusiones del auditor con respecto al gerenciamiento del proyecto.

El auditor luego ingresa en un pormenorizado, exhaustivo análisis de las normas y los principios de contratación administrativa que deben regir las compras de los entes estatales y las compara con el accionar de Antel. Voy a dar lectura a algunas conclusiones. Este capítulo es muy extenso, pero quiero referirme a algunos de los hallazgos en particular sobre este asunto, el resumen y las conclusiones, pues aquí también se ha hecho referencia, antes de que yo lo hiciera, a múltiples pronunciamientos del Tribunal de Cuentas observando estos aspectos de las contrataciones y de la propia Jutep.

En cuanto a las conclusiones, el auditor establece que de la auditoría efectuada sobre las compras y contrataciones en el marco de la construcción del complejo se desprenden algunas conclusiones: «Nuestro ordenamiento jurídico prevé como procedimiento de principio para selección de cocontratantes la licitación pública u otro procedimiento competitivo. No obstante, existen otros mecanismos, como la compra directa de aplicación para situaciones de excepción. Antel utilizó como regla para la selección de los contratantes la compra directa por excepción. Sin perjuicio de lo señalado, se constata que diagramó un proceso competitivo especial para la selección de la empresa constructora de obra civil, que por su monto fue la erogación más significativa».

Aquí me detengo y hago un comentario. Cuando el Estado decide emprender proyectos importantes y sofisticados, como represas hidroeléctricas, centrales de generación, concesiones de rutas de participación público-privada, emprendimientos de infraestructura, adjudicación de concesiones de servicios y obras públicas, lo hace siempre por licitación pública o por licitación pública internacional. Entonces, realmente aquí no está y no se entiende por qué para seleccionar la obra civil de un estadio se apela a un procedimiento sui géneris. Sí es cierto que contó con el asesoramiento de un consultor y que se recibieron ofertas competitivas en ese marco, pero ¿por qué no se fue a la licitación pública, que es la norma, que es el deber ser, que es lo que hace el Estado en todas las oportunidades en que debe emprender este tipo de proyectos? Y lo digo porque lo señala la auditora. Las compras fueron hechas fuera del marco del principio de especialidad del ente. Ya de por sí es un cuestionamiento jurídico muy relevante. Pero además el mecanismo de la excepción que, como se dice en el Tocaf –y es el principio–, es la excepción, se hizo en base a la actividad en competencia de Antel. Y estamos hablando de los insumos y los contratos para construir un centro de espectáculos.

Sigo leyendo el segundo punto de las conclusiones del auditor: «Todas las actuaciones relacionadas con el complejo fueron declaradas reservadas por el plazo de diez años. Esta declaración implicó dejar de lado el principio rector en materia de contratación administrativa» ‒porque también la publicidad es importante para la decisión de la contratación administrativa, más allá de la transparencia para rendir cuentas del manejo de los dineros; esto lo digo yo‒ «que es la publicidad de la gestión administrativa, que deriva de la forma republicana de gobierno y más aún del principio de transparencia que se enfoca en permitir ver con claridad el actuar de la Administración. En el ordenamiento jurídico uruguayo la reserva de las actividades del Estado constituye una excepción de interpretación estricta, que solo puede utilizarse en aquellos casos taxativos previstos por la ley y cuando se acredite en forma fehaciente que la difusión de la información puede causar un daño al interés público protegido. En el entendido del Tribunal de Cuentas, la reserva de las actuaciones no estaba ajustada a derecho».

Francamente, ¿quién puede no compartir estas observaciones y expresiones? Porque uno se hace las siguientes preguntas: ¿por qué había que mantener en reserva el costo de los tableros de básquetbol de la cancha del Antel Arena?, ¿por qué había que establecer en reserva el costo de una butaca?, ¿por qué había que establecer en reserva el costo o los recursos designados para construir una canchita de baby fútbol?, ¿cuáles son las razones por las que Antel puede perder una ventaja competitiva en los terrenos en los que compite para no dar la información a propósito de estas erogaciones, estos contratos y todo lo que significaron las adquisiciones alrededor de este proyecto?

Sigue la auditoría en su tercer punto de conclusiones: «La utilización de la modalidad de compra directa unida a la reserva de las actuaciones, más allá de estar previstas ambas en el Tocaf, derivó en que el proceso de construcción del complejo careciera de transparencia y publicidad, transformándose en un procedimiento caracterizado por la opacidad».

Cuarto: «El Tribunal de Cuentas observó todas las compras y contrataciones realizadas por Antel en el marco de la construcción del complejo. En el entendido del tribunal, la celebración del convenio entre Intendencia y Antel viola el principio de especialidad al no estar dentro de los cometidos. Es necesario señalar que Antel efectuó consultas jurídicas a profesionales», sobre los que hablaremos seguidamente.

Quinto: «Como regla, las compras y contrataciones fueron realizadas sin contar con disponibilidad presupuestal. A pesar de las observaciones del Tribunal de Cuentas, todos los gastos fueron reiterados por Antel».

El señor senador, con precisión, expresó el hecho de que los presupuestos de Antel no habían sido aprobados, en algún caso por desacuerdos con el propio Gobierno o por las observaciones del Tribunal de Cuentas y, por lo tanto, estos gastos no estaban incluidos en forma específica en el presupuesto de inversión de Antel.

Sexto: «Los expedientes administrativos confeccionados por Antel para cada una de las compras públicas adolecen de vicios formales y esto también fue observado por el Tribunal de Cuentas. No surge de dichos expedientes documentación relevante sobre la invitación y la presentación de otros oferentes».

Séptimo: «Los actos administrativos de adjudicación no están debidamente fundamentados. Antel dispuso de forma genérica de fundamentación en contravención de lo dispuesto por el artículo 134 del Reglamento General de Antel. De conformidad con lo que observa el Tribunal de Cuentas, la falta de integridad de los expedientes y la omisión de una correcta motivación de las adjudicaciones vulneran las normas de actuación administrativa».

Más adelante, en el informe, vale la pena decirlo, se establece que cerca del 10 % de las compras se hizo en forma directa y sin ningún procedimiento competitivo y aproximadamente el 90 % restante se hizo con algún tipo de procedimiento competitivo, pero finalmente devino en adjudicación, de vuelta, por contratación directa, con fundamentaciones muchas veces vagas, como señalando que se habían hecho sondeos de mercado.

En este punto quiero leer algunas expresiones del auditor. Por ejemplo, señala que aproximadamente el 11 % de algunas compras «fueron diseñadas con un procedimiento que implicó una etapa de invitación privada a determinados proveedores para que presentaran su oferta técnica y económica, sobre la base de pliegos y condiciones elaborados por Antel, que no eran mecanismos previstos en el Tocaf».

El auditor expresa: «Dado que las ofertas técnicas y económicas no constan en el cuerpo de los expedientes administrativos, solicitamos a Antel la documentación respaldante y señalan que la documentación de respaldo se encontraba dispersa en las distintas unidades encargadas del proceso de compra. De la documentación que obtuvimos pudimos validar la recepción de las ofertas técnicas de las empresas intervinientes, pero respecto de las ofertas económicas no pudimos verificar las cotizaciones económicas de los oferentes que se señalan en el Anexo IV que representan el 11 % del monto total de las compras». El auditor agrega: «Al no poder verificar la totalidad de la documentación tampoco se puede afirmar que la adjudicación efectuada en dichos casos fuera la más conveniente». Quizás aquí se explique, en gran medida, la respuesta a por qué hubo esta diferencia. Seguramente nunca sabremos cuál pudo haber sido el precio justo de las cosas cuando no constan los elementos de comparación, competencia y concurrencia que debe justificarse en una compra estatal.

Me detengo aquí para contestar una pregunta del señor senador con respecto al proceso de selección del gerenciador del Antel Arena. Su selección fue realizada después de un proceso en el que, nuevamente, se contó con el asesoramiento de un consultor, pero, de vuelta, fue un procedimiento sui géneris. Se hizo un relevamiento internacional sobre quiénes podrían llegar a ser los eventuales administradores de este complejo y finalmente se interesaron tres, pero al final del día aparece una resolución de adjudicación que valora una propuesta que presentó la firma AEG. Vagamente se dice que se hizo un análisis de mercado multidisciplinario y se adjudica este contrato millonario –que va a regir por cinco años– para la operación del complejo.

Aquí quisiera señalar alguna particularidad que no se refiere al gerenciador y de ninguna manera se cuestiona su experiencia, sino que simplemente tiene que ver con la particularidad de este contrato donde el gerenciador no corre ningún riesgo, tiene asegurado un honorario mensual de USD 35.000, pero, en definitiva, es Antel la que sostiene el financiamiento de toda la gestión y de todas las operaciones a las que finalmente el gerenciador rinde cuentas sobre la aplicación de esos fondos que se le van preasignando trimestralmente. Esto es muy curioso porque, en definitiva, es una huida del derecho administrativo, porque de esta manera una empresa privada adquiere bienes y servicios que paga el Estado, pero lo hace sin que el ente tenga ninguna injerencia y pueda imponer ninguna formalidad en los procedimientos para estas adquisiciones, como no lo hizo en la etapa preoperativa. Hoy, en función del contrato, trataremos de que sea así, pero realmente no es lo que está establecido. Esto también es muy particular en el sentido de que al final del día lo que se hizo fue una privatización de la gestión del complejo. Este complejo fue privatizado en su gestión. Esto es una privatización y, quizás, no osa decir su nombre, pero lo es.

Este contrato de gerenciamiento –sin entrar en una cuestión jurídica– está diciendo algo en forma muy clara y es que tanto no es el metier o la especialización de Antel en este asunto que tuvo que recurrir a una empresa privada para que lo hiciera porque no tenemos el conocimiento ni la organización ni la gerencia ni los instrumentos jurídicos para andar contratando musicalización, pantallas, auspicios o azafatas para organizar espectáculos o eventos deportivos.

Vamos a la última etapa de la auditoría que tiene que ver con el resultado de la explotación que, como bien se dijo en sala, en el período hasta el 30 de junio fue de USD 3:700.000 de pérdidas, lo que contrasta absolutamente con las expectativas de lo que había sido la justificación inicial en los planes. Es importante analizar lo que ocurrió en 2019 porque es un año completo de gestión, con el Antel Arena terminado, administrado por quienes llevaron adelante el proyecto y estimaron cuáles iban a ser los resultados. No hubo pandemia; había un efecto de novedad y el resultado en ese año en particular –ese año redondo– fue una pérdida de USD 1:758.627. Además –esto quizás no se haya dicho mucho–, la actividad de ese primer año contó con auspicios y patrocinios de la propia Antel, que seguramente viabilizaron que se llevaran adelante los eventos. Si Antel no hubiera invertido cientos de miles de dólares en su auspicio, vaya a saber si hubieran llegado realmente a ejecutarse y lo señala la propia auditoría. Claramente, estas cifras hablan de que este es un negocio ruinoso –alguna vez lo dijimos– que contrasta con la rentabilidad imaginaria de los USD 10:000.000 anuales.

Cuando desde el Directorio de Antel tomamos conocimiento de las irregularidades que constata la auditoría, solicitamos un informe a nuestros asesores letrados, quienes analizaron la situación y establecieron que las conclusiones de la auditoría informaban sobre procedimientos que en apariencia revestían características que, jurídicamente analizados al tenor de las normas relevadas para el caso concreto, determinaban la pertinencia del accionamiento ante la autoridad judicial y administrativa competente. Luego de citar leyes y normas, que además conocemos –como la relativa a la obligación de los funcionarios públicos de denunciar aquellos hechos irregulares o de apariencia delictiva que puedan conocer por las razones de su cargo y de lo que puede significar la omisión de hacerlo–, nos indicaron que correspondería al directorio dar noticia de las actuaciones al ministerio público. Es en función de ello –del conocimiento que tomamos sobre la información de la auditoría– que el Directorio de Antel resolvió doblemente: por un lado, realizar la denuncia penal correspondiente y, por otro, remitir las actuaciones en consulta a la Junta de Transparencia y Ética Pública de la que se habló aquí. Efectivamente, la junta dictó un informe contundente –y voy a omitir la lectura de los párrafos que ya se dieron a conocer en sala– y lo hizo por unanimidad, como también se dijo. Pero hay algo muy importante también para decir: la decisión de la junta fue posterior a la consideración de un extenso y fundado informe jurídico realizado por un profesional letrado experto en materia de contratación administrativa y de temas vinculados al Tribunal de Cuentas. Esta fue la base sobre la que finalmente dictaminó la resolución final que todos conocemos.

Voy a dar lectura a dos párrafos del informe de la junta que no leyó el senador y los considero muy importantes. El numeral 15 establece: «… que no puede sino concluirse en que la buena administración, tanto en la gestión financiera como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines, estuvo ausente en este proyecto, conforme la evidencia lograda por el Auditor Externo. Como se ha expresado en esta resolución, el hecho de no haber motivado debidamente los actos administrativos de adjudicación y su reiteración cuando aquellos fueron objetados por el Tribunal de Cuentas, el comprometer gastos vinculados directamente al CMAA sin crédito disponible en forma frecuente, el no haber ajustado la actuación a las normas de administración financiera en lo relativo al manejo de los dineros públicos, el hecho de haber reservado infundadamente la información vinculada a la gestión del Complejo en contravención al principio de transparencia y hacer caso omiso a los señalamientos de órganos especializados que alertaron sobre la improcedencia de esa reserva, así como la constatación de las pérdidas que arroja el Complejo desde su inauguración y que ponen en duda la efectividad en el obrar del administrador (todos aspectos que se vieron favorecidos por un defectuoso control interno), conlleva a sostener razonable y objetivamente que la gestión general del proyecto ha sido deficiente, habiéndose vulnerado las normas de conducta éticas invocadas en la presente resolución».

En el numeral 16 se establece que en definitiva se ha constatado la violación a principios y normas de conducta que pueden configurar falta administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados por las acciones u omisiones en la gestión del proyecto denominado complejo multifuncional Antel Arena.

Finalmente, el Directorio de Antel mandató al doctor Gustavo Bordes –un experto penalista– a realizar la denuncia correspondiente, e incluso incorporó los elementos relevados por la Jutep. Este prestigioso letrado, naturalmente, encuentra mérito para la denuncia correspondiente, funda sobre hechos, aporta pruebas en su escrito, llega a conclusiones y desarrolla largamente la jurisprudencia comparativa referida a eventuales delitos contra la Administración pública.

El señor senador me solicitó la información sobre la denuncia; si lo hace formalmente, con gusto se la haremos llegar –cumpliendo con nuestra obligación– a través de los canales correspondientes.

Paso ahora a contestar otra de las preguntas. El señor senador preguntaba si había habido una auditoría previa a esto. Lo primero que tengo que decir es que un proyecto tan importante, de tal magnitud, de tal controversia e importancia económica, durante años –desde su inicio en 2012 hasta el 2020– no fue objeto de ningún tipo de trabajo de contralor o de inspección de la auditoría interna propia de Antel. Esta auditoría interna es el órgano que debe velar por el cumplimiento de los procesos, los procedimientos y la transparencia de las adquisiciones. No hubo un solo trabajo de auditoría desde el 2013 hasta que, por primera vez, luego de la elección nacional, cuando ya se advierte que va a haber un giro político en la administración del Gobierno y de Antel, se decide incluir en el plan anual de auditoría un trabajo referido al Antel Arena. Pero se determina llevar adelante un trabajo de alcance limitado, que no tiene absolutamente nada que ver con los objetos que relaté de la auditoría externa que nosotros contratamos. Se refería meramente al control de la integridad de los expedientes: «Verificar la integridad de la formación en el proceso de las compras asociadas al Antel Arena, así como corroborar que se encuentra disponible la documentación respaldatoria de cada compra». Además, advierte de entrada que es muy limitado el alcance, porque no formarán parte del análisis la recepción ni el registro ni el seguimiento ni el control de las compras. Claramente es un alcance limitado, digamos que por «hacer algo» en ese momento.

La diferencia con el trabajo del auditor está muy clara. Este trabajo de auditoría –que yo calificaría como de «auditoría exprés»– finalmente se termina entregando el 28 de julio de 2020, o sea, después de que el Directorio de Antel hiciera pública la decisión de contratar por licitación una auditoría externa.

Simplemente quiero comentar que, a pesar de la importancia que podía tener el asunto para el directorio y para las personas involucradas, de esa auditoría fechada el 28 de julio recién tomamos conocimiento a través de una persona que gentilmente nos hizo saber que existía, porque no había podido llegar al directorio ya que se perdió el expediente. Recién el 12 de agosto lo conocimos a partir de un whistleblower, discúlpenme el anglicismo, quizás innecesario. Lo curioso es que esta auditoría concluye sobre algo que no tiene nada que ver con lo que era el objeto; se termina refiriendo a que la contratación de PricewaterhouseCoopers ayudó al proceso de la contratación de la empresa de construcción, pero no dice nada referido a la integridad de los expedientes. Además, accedió a 37 expedientes, contra los 68 de la auditoría externa. Incluso, no refiere a los montos ejecutados, facturados o pagados, sino a los montos de las adjudicaciones, que no tienen nada que ver con la realidad, por lo cual no ingresó en el fondo del asunto del desvío de los costos del proyecto del Antel Arena. Así que es claro que el trabajo fue totalmente distinto y el resultado final estuvo alejado de lo que era el objetivo de esa propia auditoría.

Debo decir aquí, para que los señores senadores puedan formarse una opinión, que una vez que nosotros conocimos todas las auditorías en el directorio, tomamos la decisión de revocar la asignación de funciones interinas que tenía la doctora Susana Peruzzo, que era la jerarca a cargo de la auditoría interna de Antel. Y en forma inmediata, al sexto día luego de que se le asignara una nueva misión interna, fue solicitada en comisión para realizar tareas de confianza en la Secretaría General de la Intendencia de Montevideo.

Dicho sea de paso –creo que debí haber empezado por aquí, ya que escuché expresiones de algún señor senador en el sentido de que esta auditoría la teníamos reservada–, quiero decir que esta auditoría nunca fue reservada, y tanto es así que una ciudadana que escuchó de su existencia nos hizo una solicitud de acceso a la información pública que nosotros contestamos entregándole la totalidad del informe correspondiente. Estuvo a la vista de todo el mundo durante todo este tiempo.

También quisiera comentar algo acerca de cierta confusión que se trató de introducir en la opinión pública a propósito de otras auditorías. Se preguntaba por qué se encargaban auditorías si en Antel todo está auditado por auditores externos. Creo que esto hay que ponerlo en blanco y negro, porque es muy claro. Efectivamente, Antel es una empresa que tiene auditores externos, pero el alcance de su tarea es dictaminar sobre la razonabilidad de sus estados financieros y su contabilidad, es decir, definir qué reflejan los números, si lo que dicen los estados financieros, el balance, el estado de situación y el estado de resultados es la realidad económica de la compañía. Pero un auditor externo no ingresa para pronunciarse sobre el mérito, la oportunidad o la conveniencia de procedimientos de compra, de decisiones de inversión o de gastos; y en el caso particular del Antel Arena, sobre ninguna de las compras por inversiones o gastos que se realizaron por la empresa para ello. Tampoco se pronuncia sobre los planes de negocio de la firma en general, y en este caso particular, del Antel Arena. La auditoría externa de los estados financieros verifica la expresión contable reflejada en ellos.

Si se trata de estas auditorías de estados contables, lo relevante vinculado al Antel Arena es si refleja el valor razonable del activo. Aquí, en particular, lo que dicen los auditores externos es que este activo se valoró como una unidad de generación de efectivo independiente –realmente no tiene nada que ver con el negocio de telecomunicaciones, que es el giro principal del negocio–, es decir, en función de cuál era la expectativa de recuperación de flujos futuros, de cuánto iba a generar el complejo hacia adelante. ¿Cuánto vale esto en libros? Vale en función de lo que creemos que serán los ingresos que recibirá la empresa. En ese sentido el informe es lapidario, porque en 2019 el valor de la empresa en libros era de USD 27:000.000. Claramente se expresa, entonces –es lo que dice el valor en libros– que aquí no se van a recuperar los USD 119:000.000 o USD 120:000.000 que se invirtieron. Y esto, además, incluye una apreciación especial del valor publicitario que significan los famosos «derechos de designación», es decir que el Antel Arena tenga un cartel con la marca Antel, estimado en casi la mitad de su valor contable. Esta es la expresión de que el negocio nunca se va a recuperar, ni siquiera en cien años, como dijo el señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o el señor ministro aquí presente. Mucha gente no lo recuerda pero, en realidad, los derechos de uso de Antel son activos intangibles durante el plazo que dure este convenio, que era de treinta años y hoy restan veintisiete. Quiere decir que estos activos se desvanecen de los libros de Antel el año en que corresponda el reintegro de este bien para uso de la Intendencia de Montevideo, que en definitiva es la beneficiaria de cada uno de los pesos que hemos puesto y los que seguiremos teniendo que poner en función de las pérdidas que haya hacia adelante. La ecuación económico-financiera de este negocio está determinada desde el primer día. En un negocio de concesión de este tipo, de derecho de uso de un activo, si uno termina invirtiendo tres veces más que el presupuesto inicial, ya está definido cuál es el resultado final de la ecuación económica. Eso es lo que reflejan los libros.

O sea que, si las auditorías de los valores contables se toman como argumento, creo que establecen exactamente lo contrario de lo que se pretende decir.

Aquí, señora presidenta, voy a contestar una pregunta que el señor senador no hizo hoy, pero sí hace muchos años –en el 2013, en uno de los tantos pedidos de informes– y no fue contestada. Refiere a un aspecto muy relevante, creo que grave. El entonces diputado Gandini, ante algunas versiones públicas, solicitaba al Directorio de Antel saber sobre la autoría de un dictamen, presuntamente del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Este dictamen del fallecido doctor Alberto Pérez Pérez fue utilizado en varias instancias administrativas, parlamentarias y periodísticas, y fue expresado urbi et orbi como el dictamen fundamental sobre el que se construía el andamiaje de justificar legalmente el obrar…

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, pero le solicito que redondee su exposición debido a que ya se cumplió la media hora que le adjudica el Reglamento.

SEÑOR GURMÉNDEZ.- Señora presidenta: voy a tratar de redondear en sesenta segundos lo que no se contestó en ocho años.

SEÑORA PRESIDENTA.- Después de la intervención del señor senador Gandini tiene otra media hora.

SEÑOR GURMÉNDEZ.- Permítame, señora presidenta, terminar con la idea.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perfecto.

SEÑOR GURMÉNDEZ.- Señora presidenta: decía que este dictamen lucía como del Instituto de Derecho Constitucional, que seguramente era el que podía tener mayor valor porque no era una consulta paga a un profesional que informaba, y fue el que trató de justificar el obrar inconstitucional e ilegal de Antel, desatendiendo las observaciones del principio de especialidad establecido en el artículo 190 de la Constitución de la república.

Para contestar esta pregunta, hace algunas semanas nos dirigimos por oficio a la Facultad de Derecho, al Instituto de Derecho Constitucional, y recibimos una respuesta bastante impactante por parte del Consejo de la Facultad de Derecho. Respecto al dictamen que en su momento, en la referida interpelación del señor senador Mieres, se estableció en esta sala como la cima académica en materia de la justificación de la constitucionalidad del Antel Arena, el Instituto de Derecho Constitucional nos dice que, revisadas las actuaciones, en ese informe no luce la firma de su secretario de la época, no existen en el instituto actas en las que se haya analizado el tema de la consulta sobre la constitucionalidad del Antel Arena y, consultados quienes integraban la Sala en aquel momento, ninguno participó ni tuvo conocimiento alguno de la consulta redactada y firmada por el doctor Pérez Pérez.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor Gurméndez: ya se cumplió el tiempo que le hemos dado para redondear su exposición.

SEÑOR GURMÉNDEZ.- Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Gandini para realizar el cierre de esta presentación en los treinta minutos que le corresponden reglamentariamente.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: creo que el señor presidente de Antel ha sido explícito, claro y documentado en las respuestas y en la exposición que ha hecho.

Brevemente, me voy a detener en algunos aspectos a efectos de agregar alguna pregunta o complementar las anteriores.

En primer lugar, quiero confirmar que la gestión del Antel Arena, en virtud del contrato que se hizo con la empresa que se seleccionó de manera directa –de la que no cuestionamos su trayectoria y capacidad para gestionar el complejo multimodal–, tiene las características de una gestión privada, pero de la mejor que un privado puede querer: es una gestión privada y sin riesgos. Es decir que percibe un monto fijo, aunque no haga nada –como pasó durante la pandemia– y va a resultados de las ganancias. Antel asume todos los riesgos; no los asume el privado, como sucede en cualquier privatización, más allá de una concesión. Normalmente, el privado va en los beneficios, pero también va en los riesgos. Tiene que invertir, tiene que gestionar, tiene que obtener resultados; de los resultados va en parte y, si son negativos, los pone de su bolsillo. Acá, los resultados negativos los pone Antel.

Es muy llamativa la forma de contrato, que es de origen irregular, porque no se siguió el procedimiento correspondiente y se benefició a una empresa que –tengo entendido– no pone ni siquiera a los funcionarios; la gestión operativa se hace con funcionarios públicos que tiene que poner el organismo Antel. La privatización surge y confirma que el convenio lleva a Antel –como dice el Tribunal de Cuentas– a gestionar un negocio que está fuera de su giro y lo tiene que tercerizar porque, obviamente, no tiene personal especializado, gerencias adecuadas, estudios en la materia ni contactos internacionales para traer espectáculos, gerenciarlos y sacarle resultado.

Ahora, lo increíble es que si a la empresa le va mal, no pierde; el que pierde es Antel. En fin, es el sueño del pibe: el negocio que puede hacer una empresa privada con el Estado. Me gustaría confirmarlo.

En segundo término, en referencia a las auditorías previas, que se dijo que estaban reservadas y ahora sabemos que no lo están, nos enteramos además de que es una sola, con las características que aquí se explicaban. También nos queda el sabor amargo de que fue una auditoría encargada a una repartición interna de Antel que estaba a cargo de alguien que no era su director natural, sino que tenía encargada la tarea. Además, confirmamos que era persona de confianza de la presidenta del organismo. Ni bien la expresidenta de Antel pasó a ser la intendenta de Montevideo, se la llevó para cumplir una tarea de confianza en la intendencia.

Se cuestiona esta auditoría porque se dice por ahí que la hizo alguien vinculado a mi partido, cosa que nadie ha podido demostrar y mucho menos que eso haya tenido alguna influencia en la decisión. Ahora, lo que sí sabemos hoy es que la auditoría a la que la oposición ha hecho referencia es una pseudoauditoría interna exprés, que se le encomendó a una persona de confianza política de la presidenta de Antel de aquel momento, que actualmente está en comisión, ocupando un cargo de particular confianza en la Intendencia de Montevideo. O sea: la paja en el ojo ajeno contra la viga en el propio.

Me entero ahora de que aquel pedido de informes del 24 de agosto de 2013, que tengo aquí porque ocupó alguna página de diario, en donde se manifestaba: Gandini señala que el informe de Antel no representa a la facultad; tampoco respalda el Instituto de Derecho Constitucional. Hice esa apreciación porque fue el único lugar del que se pudo abrazar la ingeniera Carolina Cosse para contradecir al Tribunal de Cuentas cuando expresó que violaba el principio de especialidad y, por tanto, violentaba la Constitución de la república. La ingeniera Cosse decía: «Tenemos un sólido respaldo jurídico porque la Universidad de la República y la Facultad de Derecho nos han dicho que corresponde que Antel haga ese tipo de inversiones».

Ahora nos damos cuenta de que nos engañaron otra vez. No era verdad; era un informe del doctor Pérez Pérez, a quien todos conocemos como asesor del Frente Amplio durante mucho tiempo y sabemos de la vinculación que mantuvo con dicho partido político. Ahora resulta que nos engañaron; no era un informe de la Udelar, de la famosa Facultad de Derecho con todo su prestigio ni del Instituto de Derecho Constitucional –que tiene la responsabilidad de poner bajo firma de los grados 5 una opinión–, sino que era una postura personal, hecha en hoja membretada del instituto, de un abogado amigo del poder.

SEÑORA BIANCHI.- ¡Muy bien!

SEÑOR GANDINI.- ¡Nos lo vendieron como un informe de la Udelar, que tiene un enorme prestigio! «Si lo dijo la Universidad de la República…», fue lo que esgrimieron durante años.

Y cuando hice el pedido de informes, ¡no me contestaron! Otra perla del secretismo y del ocultamiento, que no era para proteger a Antel, sino a los que desviaron sus recursos. En mi barrio esas cosas se llaman corrupción, ya sea por la Ley n.° 17060 o la que quieran. Para la Junta de Transparencia y Ética Pública es una violación de la ética; para mí es corrupción. La suma del secretismo con todos los desvíos, las adjudicaciones directas y los sobrecostos que se generaron –tres veces más de lo presupuestado–, son hechos de corrupción que ocultó el interés político de una fuerza de partidos políticos para promover la imagen de la presidenta de Antel –enancada en esa fortuna de dinero que tenía el organismo– para su carrera política. Ya nos pasó con Ancap; ya nos pasó con Sendic y así terminó: ¡destituido! Fue el primer vicepresidente de la república destituido, además de procesado.

¡Por eso hay que cuidar las empresas públicas! Para que no usen mal sus recursos, para que la tentación de sus administradores no los lleve a utilizarlos en proyectos personales, funcionales a proyectos de grupos internos o fuerzas políticas que quieren beneficiarse financiando campañas electorales, ayudando a los amigos. ¡En algún lado están los USD 63:000.000 que faltaron! Cuando se adjudica directo habiendo muchos proveedores, es porque se quiere beneficiar a alguien que a la vuelta de la esquina devuelve. ¡Digamos las cosas como son!

SEÑORA BIANCHI.- ¡Muy bien!

SEÑOR GANDINI.- Lástima que no se lo puedo decir a la cara a quienes no están acá, a quienes faltando el respeto, mientras yo hablaba en esta interpelación, en lugar de estar escuchando estaban haciendo una conferencia de prensa, expresando lo que no nos dicen en la cara. Eso no solo es una falta de respeto, ¡es un acto de cobardía! Hablan en la pulpería pero no en la comisaría; no hablan aquí, para que uno les pueda responder y decirles que mienten, ocultan. La actitud del Frente Amplio ha sido continuar con la acción de secretismo; siguen ocultando y no se hacen cargo. ¡Nos han privado del debate!

Dicen que esto es contra Carolina Cosse. ¡Es contra la administración de Carolina Cosse!, de la que muchos fueron cómplices. Esto es contra el abuso de funciones con recursos públicos; es para que no nos vuelvan a pasar estas cosas.

Me siento orgulloso de que se haya dicho que se levantaron todos los secretos y que hoy todos, periodistas, ciudadanos y parlamentarios, tengan derecho a acceder a la información, a esta y a otras, porque nosotros nos hacemos cargo. Pero no podemos permitir que se nos acuse de hacer un circo mediático a quienes estamos aquí dando la cara, dispuestos al debate, mientras hacen conferencias de prensa que son verdaderos operativos mediáticos, y nos amenazan con un abrazo en pantalla gigante el día que Sutel tiene su elección. ¡Esos son operativos mediáticos! No los voy a calificar de circo porque no voy a ofender, pero son operativos mediáticos. En la declaración lo entreveran hasta con el debate de la LUC. ¿Todo es culpa de la LUC? La pésima gestión que nos dejaron en un montón de lugares, ¿ahora es culpa de la LUC?

La verdad es que esta bancada del Frente Amplio no hace honor a la historia de esa corriente política. ¡Tienen que hacerse cargo! No vinieron a sala y nos faltaron el respeto hablando afuera mientras pretendíamos, al menos, que nos escucharan.

Lean la versión taquigráfica y después háganse cargo. Esto va para largo. No va a quedar así.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- El señor ministro tiene treinta minutos para cerrar la presentación.

SEÑOR MINISTRO.- Señora presidenta: comienzo por celebrar la claridad de la información que ha dado el presidente de Antel. Vale la pena felicitar su trabajo, que tiene como objeto aclarar toda esta situación. Ha hecho un relevamiento hasta el detalle sobre todo esto y nos ha informado con gran claridad. Pienso que representa bien la gestión de nuestro Gobierno y de nuestra intención cuando hablamos de transparencia en las empresas públicas.

Si la señora presidenta lo permite, voy a solicitar que haga uso de la palabra el señor director nacional de Telecomunicaciones y luego el presidente de Antel seguramente querrá agregar algo al respecto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Acosta y Lara.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Es un gusto estar acá, en la casa del pueblo, donde se redactan las leyes y se hace cumplir la Constitución de la república.

Sin lugar a duda, este es un hecho importante y quiero felicitar al Directorio de Antel, en la persona de su presidente, no solamente porque ha respetado las instituciones, sino porque ha cumplido con la ley y la transparencia, elemento fundamental en un Estado de derecho.

Realmente, hemos podido comprobar que el secretismo ha sido la pauta durante todo el tiempo en los Gobiernos pasados. La coalición que integramos –y que defendemos como parte de este Gobierno– quiere hacer las cosas bien. Venimos acá a dar la cara, como dijo el señor senador interpelante, pero también a hacer cumplir la Constitución. Como hombre de derecho y exlegislador, ¡¿cómo no vamos a hablar de uno de los principios fundamentales que tiene el derecho administrativo y el derecho público, que es el de especialidad de los órganos públicos, que se violentó?! El artículo 190 de la Constitución es claro en cuanto a que los entes autónomos y servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignan las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales. ¿Qué quiere decir? Que un órgano público, una empresa pública del Estado, un servicio descentralizado, tienen sus límites; no pueden hacer cosas que la Constitución no les permite ni violentar las leyes por las cuales se crearon para cumplir con los fines del Estado. Y eso es lo que ocurrió: se violentó el Estado de derecho, se violentó la Constitución y se violentó la ley de creación de Antel como ente autónomo.

Y ahora acabamos de escuchar algo sobre lo que no tenía conocimiento, y es que se falsificó –vamos a decir las cosas como son– nada menos un informe del Instituto de Derecho Constitucional de la Udelar. Eso no solo es una falsedad, una mentira, sino que es un fraude que se le hace a la Administración. Y todo para justificar lo que no se puede justificar: que se violó la Constitución, que se incumplió con la ley. No hay un solo destacado profesional del derecho que no sepa leer en forma clara y concisa el artículo 190 de la Constitución de la república; no existe un solo jurista que pueda defender que Antel sea constructor de una obra pública, porque no está dentro de sus fines. No es un hecho menor, y es lo que ocurrió, más allá de las consideraciones políticas gravísimas acerca de cuál fue el fin de eso. Se dijo que era para una campaña de marketing a los efectos de asociar la marca Antel con este complejo multifuncional o multimodal, pero en realidad esa afirmación intenta justificar algo que no se podía justificar.

Esos son elementos que nos preocupan. Nos preocupa porque desde este Gobierno constantemente estamos tratando de que las telecomunicaciones lleguen a todos los rincones del país, lo que se está logrando gracias a la gestión que viene realizando el Directorio de Antel con la colocación de antenas donde no las había. Este Gobierno quiere seguir apoyando eso, de manera que ningún uruguayo se quede sin acceso a Internet, servicio fundamental para la vida de los ciudadanos. Sin embargo, en aquel momento se decidió hacer otra cosa.

La especialidad técnica que debe tener el ente no le permite la discrecionalidad de ningún director ni presidente de turno porque eso le hace violentar la ley y la Constitución. Las especialidades para las cuales fue creada Antel –que es un servicio esencial, fundamental del Estado– son tan técnicas que no podemos, mediante desbordes de turno, permitir que cumpla funciones que no le corresponden.

No es este ningún fundamento político ni jurídico que haga que, desde esta casa, nos puedan explicar los representantes de la fuerza política que gobernó durante quince años este país, por qué siempre lo político estaba por arriba de lo jurídico; en la casa del pueblo deberemos nosotros alzar la voz firmemente en defensa del Estado de derecho por sobre todas las cosas.

Si bien no vinimos a hacer un discurso político, sí venimos a defender a Antel porque creemos en ella como empresa pública del Estado, eficiente, competitiva, audaz, innovadora, que cumple una función fundamental para toda la sociedad y, realmente, a nosotros nos indigna que estas cosas estén ocurriendo acá. En este momento en que la transparencia debería ser la regla y no la excepción, eso es lo que está pasando y la gente quiere saber qué sucedió con ese sobrecosto enorme que tiene el Estado.

Acá, en este informe de la Jutep, se resume claramente y sin ningún tipo de duda, que ocurrieron cosas gravísimas en el ejercicio de la función pública, violentando leyes, constituciones y el Tocaf; métodos de compra que debieron ser de excepción, como la compra directa, se utilizaron como mecanismo habitual no solamente para el Antel Arena sino para todas las compras. El Tocaf prevé, en forma específica, cuándo se pueden hacer compras directas; eso es para casos especialísimos y taxativamente previstos. No es en forma genérica que puedo hacer la compra directa para todo. ¿Para equipamientos, para sillas, para el parqué de un estadio es necesario ir a la compra directa? ¿Cuál es el justificativo? ¿Cuál es el apuro? ¿Qué es lo que se quiere ocultar? Y, encima, se establecen mecanismos para la reserva y el ocultamiento.

¿Sabe, señora presidenta, lo que encontré en la Dinatel cuando llegué y hablé con el señor ministro? Un placar lleno de expedientes. En el momento de tener que hacer la mudanza le dije al señor ministro que había 541 expedientes no tramitados. ¿Saben cuáles eran esos expedientes no tramitados? Las actas de Antel, por ejemplo, y los relativos a recursos presentados, también, por distintos operadores del mercado –como radiodifusores o de televisión por cable–, que no eran tramitados ni contestados.

Obviamente, hicimos la investigación administrativa correspondiente, ¡pero yo todavía sigo contestando actas del 2015!, cuando en realidad el Poder Ejecutivo debe informar a Presidencia y al Poder Legislativo sobre el alcance de los controles reglamentarios establecidos y exigidos por la Constitución. No se controlaba nada, no se informaba nada porque había una gran confusión entre los roles que debían tener los órganos públicos. Se confundía el órgano Antel –empresa pública– con el órgano Poder Ejecutivo y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones.

Asimismo, las mismas personas que lo integraban también eran asesores o participaban de la Ursec; eran todo lo mismo. Eso fue lo que pasó. Constantemente se quiso, no solamente violentar el Estado de derecho, sino manipular las instituciones a gusto. Y eso es obra directa de algunas personas que tenían una finalidad claramente política: no respetar la ley, no respetar la Constitución. Constantemente ocurrían estas cosas y hoy desde este Gobierno, que integramos orgullosamente, estamos dando la cara a la ciudadanía.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Por mi parte, le daría nuevamente la palabra al presidente de Antel por si quiere redondear lo que quedó pendiente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor presidente de Antel, ingeniero Gabriel Gurméndez.

SEÑOR GURMÉNDEZ.- Hay algunas preguntas, algunos puntos específicos de las interrogantes del señor senador Gandini que, seguramente, quedaron sin contestar y, si bien no sé si me he olvidado de alguna, trataré de hacerlo.

Para concluir y cerrar el tema de mi intervención anterior diré que el dictamen del Instituto de Derecho Constitucional –que lucía la firma del doctor Pérez Pérez como que lo hacía en nombre del instituto, y no lo era– fue utilizado por varios referentes jurídicos como respaldo también de sus argumentaciones en su momento. Entre ellos, Miguel Ángel Toma fue una de las personas que también hizo un dictamen de defensa de la constitucionalidad del Antel Arena. En su carácter de fiscal de gobierno refirió a este informe, al igual que algún otro abogado del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Yendo a cosas concretas, el señor senador Gandini consultaba sobre el costo de complejos similares a nivel internacional. Algunas fuentes públicas indican que el Movistar Arena, de Buenos Aires, tuvo un costo de USD 38:000.000 y tiene capacidad para 11.500 espectadores –casi igual a la del Antel Arena–; hay un Directv Arena, también en Argentina, que costó USD 21:000.000, con capacidad para 15.000 personas; está el Jeunesse Arena, de Brasil, que costó USD 65:000.000, y tiene capacidad para 18.000 espectadores. Si vamos a otros países de Europa, por ejemplo, el Madrid Arena, que también tiene una capacidad similar a la del Antel Arena para 12.000 espectadores, costó € 57:000.000; el König Pilsener Arena, en Alemania, costó € 45:000.000, también para 12.000 espectadores, y el Porsche-Arena –también en Alemania– para 6000 espectadores costó € 32:000.000.

Debemos recordar –y es muy importante decirlo– que toda la justificación de este proyecto se hizo como si fuera un instrumento de marketing, un efecto publicitario. El hecho de construir un estadio para ponerle el nombre y después de haber concretado y financiado la obra, obligarse a seguir gerenciándolo, realmente, eso sí es una rareza. Las empresas de telecomunicaciones que, como consecuencia de sus campañas, decidieron que instalaciones deportivas o estadios ostentaran su nombre para asociarse a espectáculos y eventos deportivos, justificadamente, jamás decidieron ser los propietarios, construirlos u operarlos. Realmente, no parece ser esa la decisión de negocios más prudente, ni tiene nada que ver con la propia experticia en el caso de las empresas privadas, aunque, claramente, distinto es en el caso de una empresa pública donde rige el principio de especialidad.

El señor senador formuló algunas preguntas sobre las justificaciones que se hacían en el plan de negocios. En algún momento se habló de que eso iba a generar un tráfico imponente de contenidos que se iban a hacer desde el Antel Arena. En cierta oportunidad solicité la información de cuál había sido el resultado de eso y, realmente, las cifras fueron irrisorias, entre otras cosas, porque cuando se hablaba de que esto iba a generar un tráfico de SMS Premium, claramente, la tecnología pasó por arriba de todas esas situaciones. También se hablaba de que esto iba a ser una gran explosión de contenidos en el Antel Arena y que se iba a generar un tráfico que justificaría comercialmente esta actividad, pero el resultado de ninguna manera refleja lo que eran esas expectativas.

Con respecto a la generación de tráfico, lo valorizamos en su totalidad como si se hubiera pagado porque muchas veces se dio en forma gratuita, ya que se trataba de eventos o de ceremonias públicas como la rendición de cuentas del presidente u otras actividades de distinta naturaleza. Si valorizáramos ese tráfico en su totalidad, podría haber sido del orden de los USD 338.000, cifra que se aleja totalmente de las proyecciones a las que se hacía referencia. Es más, seguramente ni siquiera se hayan pagado porque estos precios están contenidos en lo que son los planes básicos de contratación de acceso a Internet.

Asimismo, se hacía referencia a que los contenidos y su generación iba a motivar la migración de una cantidad de los clientes más básicos que tiene Antel –es decir, de Universal Hogares–, ya que se iban a ver atraídos por lo que se produciría de contenidos en este centro de espectáculos. Se decía que iba a migrar el 50 % y que, por lo tanto, iban a agrandar sus contratos y pagarían más por estos contenidos, estimando esa cifra creo que en 5:880.000 en el plan de negocios. Claramente, esto no ocurrió y nunca iba a ocurrir porque esa premisa no tenía sustento. Además, no ocurrió porque por más exitosos que puedan ser los espectáculos que se produzcan allí, estamos hablando de competir con los contenidos de las grandes productoras, como son Netflix, Amazon, Prime, Disney, ESPN. Es decir, ¿quién podía pensar que la justificación iba a venir por ese lado? De hecho, los pocos contratos que migraron, seguramente no lo hayan hecho por los contenidos del Antel Arena, sino por otras razones totalmente ajenas a esa realidad. O sea que, en los hechos, la operación y la gestión del Antel Arena, en la práctica, desmintió absolutamente las hipótesis, las estimaciones y las proyecciones de esos análisis que se hacían y que –y lo digo de nuevo–, realmente, no revisten la naturaleza de cómo debe ser el plan de negocios de una empresa.

No sé si he contestado las interrogantes que tenía el señor senador; si no es así, con mucho gusto podemos dar una respuesta formal por escrito en siguientes oportunidades.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 17 de noviembre de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia –por razones de prevención de salud– el día 25 de noviembre.

Danilo Astori. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–14 en 15. Afirmativa.

Se comunica que el señor José Carlos Mahía ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Elena Ponte, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 17 de noviembre de 2021

Señora presidente de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

Quien suscribe solicita, por este medio, licencia para el día 17 de noviembre de 2021 y, en consecuencia, se deberá convocar a su suplente.

Sin otro particular, saludo muy atentamente.

Graciela Bianchi. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–13 en 15. Afirmativa.

Se comunica que los señores Fernanda Maldonado, Pablo Caram, Ricardo Planchón, Alejandro Draper, Jorge Saravia, Sandra Etcheverry, Carlos Enciso, Gerardo Amarilla, Mario Silvera, María Aramendía, Carmelo Vidalín, Armando Castaingdebat, Alejo Umpiérrez, Carmen Sánchez y Carol Aviaga han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Aldo Lamorte, a quien se invita a pasar al hemiciclo a los efectos de que preste la promesa de estilo.

(Ingresa a sala el señor Aldo Lamorte).

–Se invita al Senado y a la barra a ponerse de pie.

Señor Aldo Lamorte: ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la república?

SEÑOR LAMORTE.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR LAMORTE.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda usted investido del cargo de senador.

Felicitaciones.

(Aplausos en la sala y en la barra).

8) LLAMADO A SALA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA, INGENIERO OMAR PAGANINI

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuamos con el tema que motiva esta convocatoria.

Queremos expresar, señor ministro, que le quedan diez minutos y cincuenta y dos segundos, por lo que usted dirá a quién le asigna la palabra.

SEÑOR MINISTRO.- Cedo el uso de la palabra al señor Gurméndez.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Gurméndez.

SEÑOR GURMÉNDEZ.- Creo que he contestado la mayoría de las preguntas.

El señor senador Gandini me hizo llegar alguna consulta referida a montos de adjudicaciones directas de consultores y de asesorías. Esa información está, de alguna manera, reflejada en el informe del auditor. Solicité una referencia rápida a propósito de ese asunto y la cantidad de compras es del orden de los USD 5:469.504, que se hicieron a través de ITC S. A., subsidiaria de Antel, por distintos contratos profesionales.

Aquí se apeló a un mecanismo de contratación a través de una empresa subsidiaria, de una consultora para llevar adelante trabajos profesionales, cuyo prestigio en muchísimos casos no está en duda, pero la auditoría señala una suerte de huida del derecho administrativo porque estos mismos profesionales podrían haber sido contratados directamente por Antel, como se hace habitualmente cuando la empresa lleva adelante obras civiles, complejos, construcciones, desarrollo de tendidos de fibra, etcétera.

En la exposición anterior, se hizo referencia en varias ocasiones a la contratación de PricewaterhouseCoopers como asesor y consultor de distintas etapas. De ninguna manera está en duda el prestigio, la reputación, la integridad y la capacidad profesional de esta firma, pero sí es cierto que fue contratada para todos estos trabajos nuevamente en forma directa, cuando normalmente las auditorías y consultorías también se hacen por licitación en Antel. Estas contrataciones directas tuvieron un costo de USD 849.618. Ahora sí creo que he satisfecho las consultas que me hicieron sobre el tema.

Si me permiten, quiero hacer una pequeña acotación, que no es ajena al Antel Arena y quiero aprovechar la oportunidad.

Ya que en esta sala acaba de ingresar un señor senador de la Unión Cívica me gustaría decir, para que quede constancia en la versión taquigráfica, que existe una deuda a saldar en cuanto a los homenajes que se ostentaban en el recinto del viejo Cilindro Municipal: a la figura del contador Federico Slinger, un destacado dirigente político que trabajó para la salida democrática y que ocupó importantes cargos de gobierno –como decía, un espacio de ese lugar tenía su nombre y hoy no está–; y de la misma manera al doctor Héctor Grauert, a quien tuve el gusto de conocer como presidente de la Junta Departamental de Montevideo –cargo en el que terminó su carrera política–, cuyo nombre tenía el antiguo Cilindro Municipal. Era un hombre de valores, de gobierno, de austeridad, que seguramente no quisiera que se lo asocie al monumento y, de alguna manera, al exceso que hoy se expresa en ese recinto. Sería bueno que se honrara y se saldara la deuda de homenaje pendiente, que nunca se llevó adelante, porque esos nombres estaban presentes en ese sentido.

Asimismo, Leonel Viera también debe ser mencionado, pero ya se designó un puente con su nombre.

Creo que esto no es ajeno al tema, señora presidenta. Muchas gracias.

SEÑOR MINISTRO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Señora presidenta: creo que hemos agotado el tema. Por lo tanto, terminamos nuestra intervención.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- La bancada del Partido Nacional solicita un cuarto intermedio de treinta minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por treinta minutos.

(Así se hace. Son las 13:05).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 13:53).

9) SOLICITUDES DE LICENCIAS E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 17 de noviembre de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por el día 18 de noviembre del corriente año.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Amin Niffouri. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Jorge Saravia, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

10) LLAMADO A SALA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA, INGENIERO OMAR PAGANINI

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuamos con el tema que motiva esta convocatoria.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Muchas gracias, señora presidenta.

Agradezco la comparecencia del señor ministro y de su equipo, así como del presidente de Antel para brindar informaciones, contestar preguntas y, sobre todo, para que podamos hacernos de hechos nuevos, de los que no estábamos en conocimiento.

En el día de hoy hay una ausencia muy grande en sala. No es la primera vez que el Frente Amplio se ausenta de sala porque no le gusta lo que se trata; por lo menos, me consta que lo hizo en dos ocasiones. «Como no me gusta lo que se va a conversar, no voy», y presenta una nota en la que, entre otras cosas, se dice que un curso de acción de estas características desprestigia al Parlamento. ¡No, señora presidenta! Lo que desprestigia al Parlamento es no integrar el Cuerpo para el que se fue electo y no cumplir con el deber de los representantes. Lo que desprestigia al Estado es la gestión de dilapidación de los recursos y dineros públicos. El gobernante no es señor de los dineros que tiene bajo su gestión; es un administrador sujeto a rendición de cuentas.

Aquí nos enteramos no solo de que se gastaron USD 120:000.000, sino también –como decía, son hechos nuevos y justifican esta comparecencia– de que en vez de cumplirse la proyección de USD 10:000.000 anuales de ganancia, se produjo una pérdida de USD 1:5000.000, más la pérdida en el valor de los libros –como decían, en los papeles–, de USD 90:000.000, que no se va a recuperar. ¿Quién lo pagará? Todo el país, aunque se hizo en la capital.

La nota del Frente Amplio dice, además, que esto «afecta la imagen de una empresa pública ejemplar». ¡No! Lo que está haciendo el Frente Amplio es no comparecer a respaldar los actos –una exigencia del Estado de derecho–; lo que degrada la calidad de la institucionalidad democrática es esta ausencia.

Dichas estas premisas u observaciones preliminares, quiero referirme a una novedosa doctrina que se mencionó en la prensa –no fue dicha acá–, en la misma sintonía de lo que está ocurriendo hoy. No nombraré al senador que hizo mención de ella porque no está presente y no puede responder; yo sí soy respetuosa de la representación en este recinto parlamentario. En definitiva, habló en los medios, pero no vino a defender acá esta novedosa doctrina.

Esta novedosa doctrina es acerca de la improcedencia del llamado a sala o interpelación para esas cuestiones. El nombre técnico del instituto –que motiva que haga algunas reflexiones desde el punto de vista constitucional– es «llamado a sala», pero la doctrina también usa como sinónimo el término «interpelación», porque se hacen preguntas, o la cuestión oral, para distinguirla –como decía el señor senador Gandini– de la cuestión escrita. Se enmarca dentro del control administrativo que el Poder Legislativo hace de la gestión del Poder Ejecutivo, y no solo mediante la cuestión escrita –que es el pedido de informes– o la cuestión oral –que es este llamado a sala–, sino también por medio de la constitución de comisiones parlamentarias de investigación, además de la previsión de la emisión de declaraciones, todo ello, ¿con qué fines? De fiscalización, de investigación, de identificación de responsabilidades; la responsabilidad del gobernante es un pilar del Estado de derecho.

De manera que no podemos, afiliándonos a esta doctrina novedosa esgrimida por algún senador fuera de este recinto, sostener que se está tergiversando un instituto cuando es la propia Constitución de la república la que lo establece. No voy a leer porque ya el señor senador Gandini analizó ampliamente esta temática, que nada tiene que ver con los mecanismos de censura de los ministros previstos en los artículos 147 y 148.

Debido a la confusión –porque a veces un llamado a sala termina con una declaración que es desfavorable a la gestión del ministerio–, entiendo que es menester –para deslindar bien los institutos– analizar la historia constitucional.

El llamado a sala existe por lo menos desde 1917 –de hecho se discutía desde 1830–, pero no la censura, y entonces sería pertinente analizar cuáles eran el espíritu y las características de este instituto despojado de la censura.

Muy brevemente –porque se me pidió que fuera sumaria en esto– diré que, al analizar la cuestión, Pablo de María aportó tres posiciones –que se ventilaban en aquel tiempo– acerca de los posibles efectos de las declaratorias que hicieran las cámaras luego del llamado a sala. En ninguna de las tres posturas se cuestionaba la pertinencia, se restringía ni se circunscribía a que debía ser la oposición la que llamara a sala a un ministro. Por eso es pertinente acudir al diseño constitucional.

Lo mismo dice Martín C. Martínez. Esto es muy breve y entonces sí me permito leerlo porque, además de hablar de la facultad de emitir votos de simple valor moral –que si la cámara lo quiere, no existirá medio de impedirle que formule tales declaraciones–, hace una consideración muy pertinente relativa a las funciones de la Comisión Permanente.

Constitucionalmente, de acuerdo con el artículo 129, la Comisión Permanente tiene la facultad de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes, de fiscalizar y de hacer advertencias. Si la Comisión Permanente tiene esa facultad no restringida a que se trate de la oposición respecto del Gobierno, el senador que pretendía esta novedosa doctrina no puede incluirla.

De la misma manera se pronuncian Ruben Correa Freitas, Felipe Rotondo y José Korzeniak, quienes al analizar la censura como característica del modo de relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, para caracterizar al gobierno como parlamentario o presidencialista, lo separan totalmente de los mecanismos de control del Poder Legislativo respecto al Poder Ejecutivo, que no son solo un derecho de las minorías –como dijo el señor senador Gandini– y de los parlamentarios; son un poder deber. Existe un poder deber de controlar la gestión administrativa. Y esta sí que es una nota típica que viene desde 1215, cuando los barones ingleses le exigen al rey Juan sin Tierra la carta magna para, justamente, limitar los abusos o excesos de poder.

Volviendo a la Constitución, esto no es otra cosa que lo que está exigido en los artículos 309 y siguientes, cuando se habla de la debida adecuación a derecho y de que los actos contrarios a la regla de derecho, o dictados con desviación de poder –aquí hay elementos para investigar en este sentido–, van a merecer una reprobación.

Hablando de esta doctrina novedosa, inaudita, que se pretendía propugnar –en la radio, no aquí, en el seno parlamentario– y que cuestionaba el uso de este instituto constitucional, ¿qué puede significar sostener esa doctrina? ¿Que, por ejemplo, los actos que ocurran desde el 15 de setiembre –cuando cesa la labor parlamentaria regular en el último año de un período de gobierno– hasta el 1.º de marzo siguiente, quedan exentos del control parlamentario? Siguiendo eso de que una mayoría o una minoría de parlamentarios no pueden autointerpelarse, si cambia el signo de gobierno, ¿quiere decir que esos actos quedarían exentos?

También se dice que la interpelación es para otro rol. ¿Qué fundamento constitucional, que es el único válido, existe para sostener tal afirmación? ¿Dónde dice eso la Constitución? Es una doctrina metajurídica, extrajurídica. El peligro sería que bastaría con que se declararan secretas o reservadas determinadas actuaciones, como se hizo en este caso, para eludir el control. Pero más grave aún: si no hubiera habido cambio de color en el Gobierno –algo se adelantó en este sentido–, ¿podríamos habernos enterado de estos hechos nuevos que nos informan quienes están al frente de la gestión de estas empresas públicas? Nunca nos habríamos enterado.

Se decía que corresponde ventilar esto en la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, pero ¿ahí sí corresponde porque lo dice el senador que sostiene esta innovadora doctrina? ¿Dónde lo dice la Constitución?

Este señor senador culmina su doctrina diciendo que no recuerda que el Frente Amplio haya interpelado a un ministro del Frente Amplio. Y yo me pregunto: ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué obliga para el futuro?

En cuanto al fondo –lo que sí expresa la Constitución–, no voy a reiterar lo referido por el señor senador Gandini acerca de los poderes-deberes de contralor con que nos instituye la Constitución. Sí voy a decir algo que señala quien ha desarrollado de modo magnífico, en mi opinión, todas las cualidades del Estado de derecho, que es el profesor Risso Ferrand: entre los presupuestos del Estado de derecho están la publicidad, la transparencia y el control, y también la responsabilidad de los gobernantes, que puede ser una de las consecuencias de este llamado a sala, de la investigación de estos datos que están siendo aportados y que fueron violados.

El principio de especialidad ha sido desarrollado; yo voy a ir a la contracara. Según el artículo 10 de la Constitución, los seres humanos, las personas individuales, estamos regidos por el principio de la libertad; se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. Y lo que la ley no prohíbe está exento de la autoridad de los magistrados. ¿Por qué traigo a colación este artículo? Porque el 190, referido a las personas jurídicas de derecho público, es la contracara, es lo opuesto: las personas jurídicas de derecho público solo pueden hacer aquello que la ley o la Constitución les encomienda. Por eso el Tribunal de Cuentas observa, porque el hecho de construir un estadio está fuera del giro para el cual fue pensado Antel.

Y ¿cuál es el fundamento de este principio de especialidad? ¿Se le ocurrió al constituyente establecer restricciones arbitrarias? No; estamos hablando de los dineros de los contribuyentes, no del dinero del directorio, no del dinero del ministro, no del dinero del Poder Ejecutivo, es el dinero de todos nosotros. Por lo tanto, el cuidado de los dineros públicos, el no despreciar lo público pasa por respetar lo público, porque es de todos. El no afectar la imagen de una empresa pública ejemplar pasa por honrarla, por respetar la Constitución y no incurrir en violaciones constitucionales flagrantes ni en la violación del principio de legalidad por la actuación administrativa.

Evidentemente, el poder ejercido no fue de iure, porque fácticamente se podía hacer, pero no jurídicamente; ergo, fue un poder ejercido de facto, es decir, por fuera de la norma y, además, irresponsable de los dineros públicos con afectación a todos. Pensemos en todo lo que se podría haber hecho con esos dineros gastados de más: hospitales, escuelas y ayuda a los asentamientos, entre otras cosas.

Por lo tanto, agradezco nuevamente como senadora la comparecencia del señor ministro de Industria, Energía y Minería, y del presidente de Antel, así como de sus respectivos equipos, que respondieron interrogantes que tenemos todos y que las hacemos no solo porque tenemos el derecho, sino porque tenemos el deber de hacerlo.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE.- En primer lugar, quiero agradecer la visita del ministro de Industria, Energía y Minería, del presidente de Antel y también de sus respectivos equipos, que han expresado con lujo y contundente detalle todo lo que ha sido el proceso, así como la forma de planificación y de decisión de la construcción del Antel Arena.

Voy a hablar sobre lo que me parece que a veces pasa cuando se empiezan a confundir el poder y la gente, cuando se piensa que el poder y la persona es prácticamente lo mismo. Uno puede ver que los grandes imperios, como los egipcios y los romanos, terminaban borrachos, drogados de ese poder, y llegaban a construir obras faraónicas e íconos romanos que quien ha estudiado un poquito de historia conoce. Esas obras faraónicas que se construyeron con la esclavitud, en los tiempos modernos se construyen con los dineros públicos, y en ellas hay evidentemente una opacidad total y sus procesos son absolutamente oscuros; no hay que usar la palabra «transparencia» sino, por el contrario, «oscuridad». Acá lo que hubo fue una total oscuridad de las planificaciones, de las decisiones y de las contrataciones. Para que quede claro y en palabras simples: este fue un proceso de total oscuridad. Esto lo vemos muy claramente. En términos directos, hubo un plan de negocios totalmente dibujado y, como tendemos a decir, agarramos una planilla de cálculo y la «hacemos dar». Para que quede claro, como se dice en español, en uruguayo, «hicimos dar el plan de negocios». Lo hicimos dar en el proyecto. Imagino que hubo un preanálisis de factibilidad. Seguro que eso debe estar en todos los archivos, porque cuanto más se hacen, más se desconfía, porque son simplemente «para que den». Para que quede claro, son números «para que den». Eso ocurrió en el proyecto, en la construcción y en la gestión, y está claramente explicado aquí; fue muy bien explicado.

Es claro también para cualquier ciudadano –desde el comienzo y luego, cuando se paró la obra y cuando se arrancó de nuevo; fue mediatizado– que está totalmente fuera del giro de la empresa. Más allá de lo que digan sus estatutos, más allá de lo que diga la Constitución, está totalmente fuera del giro de la empresa. Pero, además, los estatutos de la empresa dicen que este no es su giro y la Constitución y los constitucionalistas serios de este país dicen que está fuera de su giro. Así que es algo que no se cuestiona: esto no debería haber sido hecho por Antel. Si lo hubiera hecho la intendencia, el Ministerio de Educación y Cultura o quien se dedique a la parte cultural en la Administración central sería otra cosa, pero no Antel.

Asimismo, en el proceso quedó claro que se violaron todas las normas en cada una de las etapas, desde la mayor hasta la menor. Más allá de tecnicismos y cosas que podemos decir, que a veces la gente no entiende, queda claro que desde la compra más chica hasta la más grande que se hizo en este proceso estuvo totalmente fuera de la norma. Esto, obviamente, conduce a que los principales recursos de Antel se hayan derivado a actividades que no le corresponden, a actividades encubiertas, como una especie de marketing o publicidad. Además, como bien explicaron, no funciona si Antel no les pone más plata.

Lo cierto es que se dejan de hacer otras cosas, porque el cometido de Antel es que todos estemos comunicados, que todos podamos tener una buena comunicación en todo el país, y cada butaca que se ponía ahí dejaba a cientos de uruguayos sin comunicación telefónica.

El otro día el señor presidente del Directorio de Antel tuvo el honor de comparecer en el CEN –Comité Ejecutivo Nacional– del Partido Colorado y, respondiendo a algunas preguntas que le hicieron, nos contaba que más o menos el equivalente al precio de veinticinco butacas significa dar conexión a un pueblo del Uruguay. O sea que con el precio de veinticinco butacas hoy le dábamos conexión a un pueblo. Eso es así; son números.

Sin embargo, a nosotros nos vendieron el cuento de que durante la pandemia nos podíamos comunicar tremendamente bien gracias a los esfuerzos hechos en el período anterior y no era verdad, porque ahora lo vemos al presidente corriendo por todo el Uruguay, con menos recursos de los que tenía antes Antel, peleando para que esos pueblos sí tengan conexión, sí tengan teléfono y sí tengan acceso a Internet, algo que antes no tenían. Entonces, claramente no es solo por el giro, no es solo por el estatuto, no es solo por la Constitución, sino que es por la necesidad que tiene la gente, en ese interior profundo –que queremos que esté conectada–, que lo reclama. Además, no es la gente que va a disfrutar del Antel Arena. Somos los montevideanos los que disfrutamos el Antel Arena, y alguno más que está ahí cerca, pero nadie más.

Se habla de privatización porque se privatizó la gestión, pero en este caso no importa privatizar. En otros casos sí importa muchísimo privatizar, pero en este otro no importa ni importó privatizar.

Realmente me preocupa la no comparecencia del Frente Amplio. ¿Por qué me preocupa? Porque estamos acá porque no hubo otra, porque no quedó otra; porque la única forma de conocer lo que pasó en ese proceso oscuro es pedir a los actuales presidente e integrantes del Directorio de Antel y a las actuales autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería que vengan acá a dar detalles de todo lo que pasó y de todo lo que se pudo investigar. ¡Y vaya que este sí es un lugar para dar respuestas a la gente e información clara, precisa y transparente!, porque para eso estamos. Una de las cosas más importantes que hacemos es controlar al Poder Ejecutivo, a las empresas del Estado uruguayo, que son de todos. Entonces, me preocupa porque es evidente que el país va a seguir caminando con estas dos coaliciones en el Gobierno; me preocupa que no podamos discutirlo ampliamente y que sigamos para adelante oscureciendo las cosas y dejándolas por lo menos muy poco transparentes.

El Antel Arena, más allá de que evidentemente quedó lindo y de que cuando uno pasa por ahí ve sus luces y le resulta lindo –arquitectónicamente alguien me ha dicho que es feo; uno puede decir varias cosas sobre las obras, pero para mí está lindo–, para mí tiene un solo nombre y es «despilfarro». Es el monumento al despilfarro de los recursos públicos. Cuando pasamos por ahí tenemos que mirar y decir: esto es lo que los uruguayos no tenemos que hacer ni permitir que se haga con el dinero de todos nosotros; que lo haga una empresa privada o el que tiene la capacidad de gestionar y traer eventos que a todos los uruguayos nos puedan interesar –capaz que algún vecino puede ir–, pero definitivamente no es para que lo realice el Estado, y menos que menos así, como quien tira manteca al techo y multiplica por tres o por cuatro un presupuesto.

Entonces, señora presidenta, para mí esto tiene un solo nombre y es «El Despilfarro Arena».

Muchas gracias.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: después de escuchar lo que se ha hablado hasta el momento en sala, queda clara la razón por la que se ven esas butacas vacías –que en cierta forma significan la única respuesta que pueden dar a los argumentos que se han manejado y a la documentación que se ha exhibido–: rehuir el debate, evitar tener que aclarar lo que no pueden aclarar o tener que defender lo que no pueden defender.

Como bien dijo el senador preopinante, basta con que uno se aleje un poco de la costa para ver la realidad de la conexión que brinda Antel en el territorio nacional, no solamente en las localidades más alejadas. Estuvimos en estos últimos tiempos visitando muchas localidades y había personas que se quejaban de que en la pandemia a sus hijos los mandaban a estudiar desde la casa y no tenían conexión. Es decir, no alcanzaron los recursos para llevar la conexión a todos los rincones del país, como se proclamó a viva voz tantas veces, pero sí el organismo tuvo recursos para hacer lo que la Constitución no le permite hacer y lo que el Tribunal de Cuentas le observó una y otra vez. Queda claro que lo de «lo urgente es la gente» es una burla más a la que nos han sometido durante tanto tiempo.

De todo lo que se ha hablado, quiero destacar un par de hechos que rompen los ojos.

En primer lugar, hubo una declaración de secreto de todo lo gastado por diez años. Creo que cualquier uruguayo con un mínimo de capacidad crítica tendrá que entender que acá se buscó ocultar algo que estaba mal, porque no hay otra explicación de por qué se pueden declarar secretos gastos de la obra de un estadio. Como se dijo también en sala, no estábamos hablando de una central nuclear, sino de un estadio, pero se declaró secreto y nadie aparentemente objetó eso desde las distintas reparticiones del Estado en su momento.

El otro hecho que creo rompe los ojos es la destitución –porque así fue– del integrante de la Jutep perteneciente al Frente Amplio por haber acompañado un informe que decía claramente lo que había pasado. Creo que merece nuestro reconocimiento ese integrante de la Jutep porque, perteneciendo al partido que fue el responsable principal de aquello de lo que estamos hablando, tuvo el coraje o, al menos, la determinación o la honestidad de acompañar y dar la unanimidad al informe de la Jutep. Lo increíble es que haya sido destituido y que ese hecho quede silenciado o al menos no se haya hablado de él todo lo que hay que hablar, porque realmente es muy grave que se haya desintegrado un organismo como la Jutep simplemente por suscribir un informe.

Quiero hacer algunas consideraciones sobre el comunicado que hoy nos remitió la bancada del Frente Amplio.

Dice en un pasaje: «… un asunto del pasado que fue discutido durante años, que dio lugar a interpelaciones, comparecencias a diversas comisiones, auditorías, pedidos de informes con respuestas a los mismos, entre otros del propio Tribunal de Cuentas...». Quedó bien claro y demostrado acá que no hubo respuestas. Ahora la mentira viene por escrito y se hizo leer en el Senado algo que es falso. No hubo respuestas a los pedidos de informes, como se dijo claramente por parte del señor senador Gandini.

En otra parte se dice: «Somos y seremos firmes defensores de la calidad democrática y republicana de nuestras instituciones...». Hoy no fueron defensores de la calidad democrática de las instituciones. Y no lo fueron tampoco cuando desintegraron a la Jutep porque no les gustó su fallo. Nuevamente, están actuando con cinismo político.

Finalmente dicen: «Por este camino se degrada la calidad de la institucionalidad democrática, de la cual el Parlamento es fiel custodio». Cabe preguntar si no se degradó la calidad de la institucionalidad democrática cuando se violó abiertamente la Constitución de la república para llevar adelante este proyecto, si no se violó la calidad de la institucionalidad democrática cuando se desoyeron las observaciones del Tribunal de Cuentas, cuando se declaró secreto todo lo actuado. Creemos que realmente hay una especie de burla al pueblo uruguayo, y también creemos que el pueblo uruguayo cada vez percibe con más claridad las cosas y no se deja engañar tan fácilmente.

Se ha dicho a los medios que este llamado a sala busca presionar a la Justicia. Es increíble que lo digan los profesionales de la presión sobre la Justicia en cualquier tema, pero aparte esto no deja de ser faltar el respeto a la propia Justicia, porque es insinuar que se deja presionar por un llamado a sala para escuchar una rendición de informes de un ministro en el Parlamento.

Para terminar, quiero decir que todas estas cosas van dejando en claro y a la luz el mal manejo que se hizo en Antel, como hace poco se vio en Gas Sayago, que también está en la órbita de la Justicia. Y en cuanta repartición del Estado se empieza a averiguar e investigar lo actuado en el pasado se ve el manejo que se hizo de los dineros públicos.

Creemos que esto tiene que terminar con los involucrados realmente haciéndose responsables ante la Justicia de lo actuado. Si no, todo el sistema político va a caer en descrédito, y eso es lo que le hace mal a la democracia, así como le hace mal a la democracia esta forma de administrar las empresas públicas. Les hace daño a las propias empresas públicas. Y después se dice que quienes atentan contra las empresas públicas somos los que estamos en el Gobierno y no los que las han degradado, las han desprestigiado. Una y otra vez hemos visto innumerable cantidad de casos, algunos de los cuales fueron nombrados en esta sala.

Por eso creo en la pertinencia, la necesidad, la conveniencia de la comparecencia en el día de hoy del ministro de Industria, Energía y Minería y de las autoridades de Antel y de la Ursec. Considero que es importante, porque cuanta más información se tenga de este tipo de actuaciones, más transparencia se va a arrojar sobre los procederes en la Administración pública, y eso no solo es necesario, sino que es imprescindible.

Muchas gracias.

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Desde la bancada del Partido Colorado queremos agradecer al señor ministro Omar Paganini; al subsecretario Walter Verri; al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, y al director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, por el tiempo que le han dedicado a esta jornada.

Por supuesto, este Parlamento tendría que recibirlos en su plenitud, porque acá está la voz de los uruguayos, la representatividad genuina de los millones de ciudadanos que votan y que deberían haber tenido la oportunidad de escuchar a todos, de conocer sus opiniones, de ver qué están diciendo sus gobernantes con respecto a este tema. Sin embargo, se decidió dejar sin voz, sin representantes a miles de compatriotas. Hoy miles de compatriotas que confían en que la política es la representatividad genuina de la gente no pudieron estar presentes a través de sus legisladores para poder preguntar, plantear y discrepar de lo que los comparecientes han manifestado y dar también otra versión de los hechos. Eso se merecía el Parlamento; eso se merecían las autoridades de nuestro país.

Este mecanismo que hemos utilizado para la presencia de las autoridades correspondientes en el Senado de la república está en el Reglamento. Nosotros no hemos inventado nada para escuchar los informes correspondientes. Esta fue una decisión de la coalición que se respaldó, y acá estamos.

Principalmente, lo estamos haciendo con la responsabilidad de cumplir con lo que sabían todos los uruguayos que nos votaron. El Antel Arena nos preocupa y nos ocupa; no está en el compromiso país, pero sí en el compromiso político de todos nosotros con los uruguayos. En el compromiso país está la gran gestión que hoy hacen las autoridades aquí presentes. Esa es la hoja de ruta de la coalición: un ministro en acción, que trabaja, que nos representa y que motiva y estimula al sector privado; estimulando y generando las responsabilidades sobre las empresas públicas. Hablamos de un presidente de Antel que cada vez que el ente lo necesita, ahí está, como tuvo que estar a principios de los años noventa, en la primera designación de ese futuro gran presidente, designación política del doctor Batlle Ibáñez. En una ocasión Jorge le dijo al presidente de Antel: «Cuando empiecen a pasar algunas que otras cosas, empezaremos a producir y a generar», porque tenía aquel sueño previo a la crisis que nos golpeó y que tuvimos que enfrentar, y allí apareció Gurméndez nuevamente. Lo mismo sucedió al principio de nuestro propio ciclo, porque habíamos generado una expectativa y, rápidamente, tuvimos que tomar una acción. Nos salió mal la primera acción, pero allí estuvo Gurméndez, apareció el presidente de Antel en toda su dimensión, generando ese compromiso país que debe generar, priorizando la vida pública, exponiéndose cuando viene a hacer el planteo, siendo la voz de muchísimos compatriotas que quieren saber qué pasó con respecto al Antel Arena en todos sus términos y por qué se generaron estas dificultades con todo el secretismo, que estaba previsto y que iba a continuar.

Los uruguayos no íbamos a saber nada si continuaba el mismo Gobierno. Parte del cambio era informar a toda la ciudadanía lo que estaba pendiente; nos preocupaba, nos ocupaba y lo vamos a ir haciendo, presidenta, en la forma que lo venimos haciendo y con la que nos sentimos identificados. Me refiero a una forma prudente, respetuosa, como se tiene que manejar la información cuando hay compatriotas –no importa de qué partido– involucrados. Vamos contra las gestiones, no contra las personas, y lo digo desde un partido al que en muchas ocasiones no nos trataron de la misma forma porque nos acusaron y fueron en contra, destruyendo vidas políticas y de familia. Luego, con el tiempo, después del apresuramiento, de las irresponsabilidades, después de nombrar y de dañar la vida de muchos compatriotas uruguayos pertenecientes a nuestra colectividad y al Partido Nacional, esas personas terminaron siendo inocentes. ¡Nosotros no hacemos eso! Nos manejamos con prudencia, con seriedad, con responsabilidad y con los documentos necesarios para que se den los procesos adecuados y fallen las personas correspondientes. Tendrían que haber estado aquí para escucharlo, pero tengan la tranquilidad que este Gobierno republicano, electo por el pueblo y con las autoridades democráticas, así maneja la situación. No acusamos de la manera que fueron acusados en otros tiempos algunos compatriotas, cosa que realmente lamentamos. Algunos de ellos –no de mi partido– fallecieron con un dictamen que decía: «inocente».

Por lo tanto, acá vamos a investigar el manejo que se está haciendo desde la seriedad y la responsabilidad. Las informaciones están a la vista, las manejaron muy bien cada uno de los representantes.

Desde nuestro partido vamos a firmar el comunicado dándonos absolutamente por satisfechos con lo expuesto por las autoridades de nuestro Gobierno de coalición. Estamos más que conformes con la actividad que realizó el Parlamento. Cumplimos nuestra tarea en la jornada de hoy y, por lo tanto, van a tener y seguirán contando con todo nuestro respaldo. Agradecemos la manera en que nos están representando. Como decía el señor senador Batlle, es una obra que tiene que cerrar sus números y sus cuentas con la ciudadanía, que se quedó muy en el centro de la capital del país, en Montevideo, con pocos recursos, con poca base, con números bastantes deficitarios. De todas formas, con la ingeniería al mando de un presidente que se hace cargo y de un equipo que supo conformar, vamos a llegar a los números, al presupuesto y a la rendición de cuentas.

Mientras acá se disfrutaba del Antel Arena, algunos niños del límite con Rivera, del medio del campo de Tacuarembó, de las cuchillas de Salto, de Artigas, no se podían conectar a Internet con esas ceibalitas que siempre apoyamos, porque nos parecen realmente una linda herramienta para ellos. Sin embargo, mientras acá sobraban y se manejaban así los recursos, allá todavía hay algunos compatriotas uruguayos que no se pueden conectar, pero pronto lo podrán hacer en un cien por ciento.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Antes de comenzar cualquier obra se debe tramitar el permiso de construcción. No estoy haciendo alusión a ningún integrante del Cuerpo que hoy esté ausente, lo aclaro, señora presidenta.

Para presentar el permiso de construcción debe estar clara la titularidad del padrón. Esto se comprueba en el departamento jurídico al ingreso del trámite, porque es menester adjuntarlo a los recaudos gráficos. Si el contribuyente es un particular, debe estar al día con los impuestos y si está exento debe justificarlo. Otro requisito, además de la titularidad del padrón, es presentar la declaración jurada de caracterización urbana. Esto es para todo trámite de inscripción de planos de mensura y de modificación parcelaria de inmuebles urbanos, ya sea obra nueva o regularización. Esto se hace ante la Dirección Nacional de Catastro. Y si la obra se hace en más de un padrón, se debe presentar el correspondiente plano de fusión.

Señora presidenta: la obra de construcción del Antel Arena empezó en mayo de 2014 y se inauguró el 12 de noviembre de 2018. El 15 de noviembre de 2019, el ingeniero Marcelo Evia, gerente de División, coordinador general de Antel, envió una nota a la Intendencia de Montevideo, a la Asesoría Jurídica en nombre de Antel diciendo: «En función de lo analizado por parte de esa Intendencia y Antel, se definió, a efectos de gestionar el permiso de construcción, realizar la fusión de los padrones otorgados por parte de esa Intendencia a esta Administración…». Se decía: «Para ello, es necesario iniciar el trámite ante la Dirección Nacional de Catastro, quien exige el Certificado Notarial para Planos de Mensura exigido por la Dirección Nacional de Catastro». Lo dice con una redundancia clara. Y continúo: «De acuerdo a lo expuesto, se solicita la emisión de dicho certificado notarial que permitirá ingresar el trámite en la Dirección Nacional de Catastro» –¡ingresar el trámite!; el 15 de noviembre de 2019– «a efectos de realizar la fusión de los padrones números 72.476, 409.482, 409.483, más la parcela en esquina sin empadronar». O sea que, primero, el Antel Arena se construyó sin permiso de construcción. Segundo, el Antel Arena se construyó en cuatro padrones diferentes otorgados por la Intendencia de Montevideo, cuyos números paso a detallar: 72.476, 409.482, 409.483 y una parcela de la esquina sin empadronar, todo esto sin fusión. Además, el Antel Arena se construyó sin iniciar el trámite ante la Dirección Nacional de Catastro. Entonces, preguntamos cómo es que se ingresó la obra al Banco de Previsión Social. Me podrían responder que se construyó en un padrón solo, pero más adelante veremos que eso no fue así.

Casi un año después de esta búsqueda, de esta solicitud del ingeniero Evia, el 3 de setiembre de 2020 tenemos el trámite que se hizo en la Intendencia de Montevideo, con el informe de uno de sus escribanos. Allí se dice que el padrón n.° 72.476 fue adquirido en mayor área por la intendencia el 1.° de junio de 1949 y que fue fraccionado con distintos fines. Se especifica en ese informe que una parte tuvo como destino Amdet y otra tuvo como destino el Cilindro Municipal, administrada por la Federación Uruguaya de Basketball; aquí se acaba de homenajear al contador Slinger. Además, en 1979 una parte fue al Museo Aeronáutico y en 1984 otra parte tuvo como destino la Guardia Republicana.

Queda claro en este informe que la parcela sin empadronar es un sobrante del padrón n.° 72.476, o sea que tiene titulación –la misma que la anterior– y no tiene plano de deslinde. El padrón n.° 409.483 es parte del 72.476 y tiene la misma procedencia. Veamos lo siguiente. El padrón n.° 409.482 no es municipal; eso dice el informe de los profesionales de la Intendencia de Montevideo. Por supuesto que tampoco tiene plano de deslinde. Si bien no quiero abundar en esto, es claro que estamos hablando de un padrón cuya titularidad no se conoce. En la conclusión de los escribanos se dice que con respecto a los padrones 72.476, 409.483 y el espacio libre sin empadronar no habría problema respecto a la titularidad; en cuanto al padrón 409.482 la Intendencia de Montevideo no tiene la propiedad. Insisto: no tiene la propiedad; esto es gráfico. Es más, muestran los gráficos que dicen exactamente lo mismo. Ahora bien, aquí encontramos también un pequeño detalle en lo que expresa la escribanía de la intendencia, pues trabuca los números de padrón entre el 409.482 y el 409.483. Podría ser un hecho absolutamente menor.

Seguimos el trámite dentro de la Intendencia de Montevideo. Buscamos el padrón 409.482 y nos dicen que estaba en posesión de la intendencia desde el 29 de setiembre de 1954, que nunca se escrituró y que luego fue dado al Ministerio del Interior como pago por la apertura de la avenida José Pedro Varela. Esto fue en 1978. Contamos también con el acta escrita a máquina de ese entonces. Estos documentos se los voy a dar, por supuesto, al señor presidente de Antel.

Expliquemos esto del 2014. El 3 de abril de 2013, como consecuencia del convenio entre la Intendencia de Montevideo y Antel para la construcción del Antel Arena, la comuna se comprometió a entregar los padrones a los cuales hemos hecho referencia. O sea que la Intendencia de Montevideo se comprometió, mediante documento público –y esto es el punto ocho, que queremos que sea revisado– a entregar lo que no le pertenecía. Peor aún, la Junta departamental autorizó el convenio, permitiéndole a la intendencia asumir la responsabilidad de entregar un padrón que no le pertenecía.

El 21 de abril de 2014, hay un pedido de Antel para el inicio anticipado de las obras del Antel Arena y se autoriza, porque se trata de cateos y de cuestiones menores. ¡Mirá que cateíto se mandaron! En este documento aparece otra vez el error en la mención de los padrones. Aparece mencionado dos veces el padrón 409.483, que sí pertenecía a la intendencia, y no se menciona el 409.482. Se dice que se autoriza el inicio anticipado de las obras proyectadas en los predios empadronados con los n.os 72.476, 409.483 y 409.483 de vuelta. Puede tratarse de un error haber repetido el número de padrón, pero también pudo haberse hecho a propósito. Presumiblemente, se tenía conciencia de que el padrón 409.482 no era municipal, como se vio años después, pero igual siguieron para adelante, igual construyeron.

El 26 de diciembre de 2017, que es cuando se otorga el nuevo plazo de 270 días para presentar el permiso de construcción de las obras proyectadas, otra vez se hace la doble mención al 409.483 y la no mención al 409.482.

El Antel Arena se inauguró –decíamos– el 12 de noviembre de 2018. Los 270 días para presentar el permiso de construcción se lo dieron el 26 de diciembre de 2017. ¡Si estaría avanzado!

Tengo aquí una resolución del 22 de agosto de 2016 del entonces intendente Daniel Martínez. En este caso sí se mencionan los planos sanitarios del padrón 409.482. Pregunto: ¿cómo es que se inscribió en el BPS? ¿Cómo se inscribió la obra? Tal vez sea esta la explicación, tal vez esté acá.

Hay un acta que dice que en Montevideo, el 8 de mayo del 2014 en la Torre de las Comunicaciones, la Intendencia de Montevideo otorga a Antel los padrones 72.476, 409.482 y 409.483 para la construcción del Antel Arena y que ambos estaban ocupados por el Ministerio del Interior. Allí funcionaba una dependencia de Policía de Tránsito y el Polígono de Tiro de la Escuela Uruguaya de Tiro. En ese documento también se dice que en ese acto Antel recibió del Ministerio del Interior las llaves de las dependencias de Policía de Tránsito y del polígono. ¿No habrá que ver esto? Es el punto número 15 que quiero que se vea. Acá no se habla de que recibió la propiedad ni de quién era el dueño. Le entregaron las llaves como quien compra un sitio con una pieza en cualquier asentamiento. Me das una plata y te doy la llave. Así dice el acta. Otra curiosidad: ¿quién representa al Ministerio del Interior en este acto de entrega de las llaves a Antel para su obra soñada? No se las dio la Intendencia de Montevideo que era la que se había comprometido a entregarlas, sino el Ministerio del Interior. ¿Quién firma? El teniente Alfredo Clavijo.

(Intervención de un señor senador que no se escucha).

–Claro que le suena, señor senador. Hizo una de las carreras más meteóricas en la Policía de este país. Ese día, 8 de mayo de 2014, era teniente, y el 1.° de enero de 2016 ya era comisario mayor y estaba a cargo de la Guardia Republicana. ¿Recuerdan el artículo 202 del presupuesto del 2015, aquel que permitía ascender sin concurso? Fue una carrera récord en cuanto al tiempo.

El teniente Alfredo Clavijo firmó la entrega de las llaves a Antel. ¿Dónde revista hoy el comisario general Clavijo, porque desde el 1.° de febrero de 2018 tiene el cargo de comisario general? Casualmente, en la Intendencia de Montevideo, a cuyo frente está la expresidenta de Antel, Carolina Cosse.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más oradores anotados, léase una declaración llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Oídas las explicaciones de las autoridades convocadas, la Cámara de Senadores resuelve:

1.º.- Declarar completos y en todo satisfactorios los informes brindados por el señor ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Omar Paganini, y el señor presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, ingeniero Gabriel Gurméndez, en defensa de Antel, del correcto uso de los recursos públicos y de la transparencia en la gestión de las empresas públicas.

2.º.- Expresar que se confirman las múltiples y graves denuncias, observaciones y desvíos que se han señalado, así como el secretismo y ocultamiento que han rodeado el proceso de decisión, construcción y administración del complejo multimodal Antel Arena.

3.º.- Lamentar la decisión de los senadores del Frente Amplio de no entrar a sala y rehuir el debate en el máximo ámbito de representación democrática nacional.

4.º.- Disponer el envío de la versión taquigráfica y documentos presentados en sala a la justicia penal, a efectos de que se incorporen a la denuncia efectuada con fecha 8 de noviembre de 2021 por la Administración Nacional de Telecomunicaciones». (Firman la señora presidenta Argimón y los señores senadores: Niffouri, Gandini, Lozano, Coutinho, Asiaín, Batlle, Bianchi, Blás, Botana, Camy, Da Silva, Lanz, Manini Ríos, Penadés, Sanguinetti, Sartori).

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 15:01, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores: Asiaín, Batlle, Bianchi, Blás, Botana, Camy, Coutinho, Da Silva, Gandini, Lanz, Lozano, Manini Ríos, Niffouri, Penadés, Sanguinetti y Sartori).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

José Pedro Montero Secretario

María Alcalde Directora general subrogante del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.