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N.º 8 - TOMO 615 - 14 DE ABRIL DE 2021

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

8.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

ÓSCAR ANDRADE Primer vicepresidente

SEBASTIÁN DA SILVA Segundo vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO, Y EL PROSECRETARIO ADRIÁN JURI

 

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) y 19) Asuntos entrados

4) y 15) Proyectos presentados

– El señor senador Da Silva presenta un proyecto de ley relacionado con la promoción de donación de plasma.

 • Pasa a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

– Varios señores senadores presentan un proyecto de ley por el que se declara la suspensión del cómputo del término de un año para la interposición del recurso de referéndum contra las leyes.

• Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

5) Exposiciones escritas

– El señor senador Carrera solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

· con destino al Poder Ejecutivo y al Banco de la República Oriental del Uruguay, relacionada con el pago de cuotas correspondientes a los préstamos sociales que otorga el mencionado banco;

· con destino al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionada con el pago de cuotas correspondientes a los préstamos sociales que otorga el Banco de la República Oriental del Uruguay;

· con destino al Poder Ejecutivo y al Banco Hipotecario del Uruguay, relacionada con el pago de cuotas correspondientes a los préstamos de vivienda que otorga el mencionado banco.

– El señor senador Lanz solicita se curse una exposición escrita con destino a los ministerios de Ganadería Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas, y a la Dirección General Impositiva, relacionada con el plazo de presentación de la declaración jurada del impuesto anual de Enseñanza Primaria para los titulares de inmuebles rurales afectados a explotaciones agropecuarias.

• Se procederá de conformidad.

6) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a la anterior convocatoria.

7), 20) y 25) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Rubio, Kechichian, Domenech, Lozano, Astori y Bianchi.

– Quedan convocados los señores senadores Brenta, Canon, Methol, Sequeira, Mahía, Aviaga y Curutchet.

8) A un mes del fallecimiento del alcalde Andrés Abt

– Manifestaciones de la señora senadora Rodríguez.

• Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la familia de Andrés Abt, a todos los partidos políticos, a Presidencia de la República, a las intendencias y, por su intermedio, a las alcaldías respectivas, y a todos los medios de prensa del país.

9) Diferimiento del pago de tributos para profesionales independientes comprendidos en la Ley n.° 17738

– Manifestaciones del señor senador Straneo.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas.

10) Contagio de la covid-19 en los lugares de trabajo

– Manifestaciones de la señora senadora Bianchi.

• Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, al PIT-CNT y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

11) Proyecto PPP Educativa 4: Liceos y UTU-ANEP

– Manifestaciones del señor senador Pereyra.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al señor presidente de la república, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la ANEP, a las diecinueve intendencias y a las 19 juntas departamentales.

12) Producción familiar agropecuaria y pesca artesanal

– Manifestaciones del señor senador Lanz.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a Presidencia de la República, a los ministerios de Economía y Finanzas, de Salud Pública, del Interior, de Educación y Cultura, de Defensa Nacional, de Desarrollo Social y de Ganadería, Agricultura y Pesca, a ASSE, a la ANEP, al INAU, al INDA, a todos los Gobiernos departamentales –ejecutivo y legislativo–, a las Mesas de Desarrollo Rural, a la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay, al Movimiento de la Juventud Agraria, a las Cooperativas Agrarias Federadas y a los Consejos Agropecuarios Departamentales.

13) Postergación del numeral primero del orden del día

• Por moción del señor senador Niffouri, el Senado resuelve postergarlo para una próxima sesión.

14), 16), 18), 21) y 23) Emergencia sanitaria - covid-19

– Por moción de los señores senadores Viera, Niffouri, Andrade y Manini Ríos, el Senado resuelve declarar urgente la consideración del proyecto de ley por el que se crean el impuesto de emergencia sanitaria 2 - covid-19 y un adicional mensual del IASS.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

– Puntualización reglamentaria del señor senador Sánchez sobre la reconsideración de asuntos en una sesión.

17) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• A sugerencia de la presidencia, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la sesión por el tiempo que sea necesario.

22) Capitales y créditos en el exterior del país

– Moción del señor senador Andrade en el sentido de declarar urgente la consideración del proyecto de ley por el que se gravan con destino al Fondo Solidario COVID-19.

• Se vota negativamente.

24) Donación de plasma

– Por moción de los señores senadores Da Silva, Andrade, Viera y Niffouri, el Senado resuelve declarar urgente la consideración del proyecto de ley por el que se promueve el beneficio de un día libre, por un máximo de cuatro horas, para el trabajador público y privado que concurra a realizarla.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

26) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 13 de abril de 2021

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 14 de abril, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

– Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución de la república).

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Asiaín, Barrera, Bergara, Bianchi, Botana, Brenta, Camy, Canon, Carrera, Coutinho, Della Ventura, Gandini, Lanz, Lazo, Mahía, Manini Ríos, Methol, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Pereyra, Rodríguez, Sánchez, Sanguinetti, Sequeira, Straneo y Viera.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Astori, Bonomi, Domenech, Kechichian, Lozano, Rubio, Sartori y Topolansky.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:39).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que solicita la venia correspondiente para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Asunto 150366).

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS».

4) PROYECTOS PRESENTADOS

(Proyecto de ley consignado en la nómina de asuntos entrados).

«El señor senador Sebastián Da Silva presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley relacionado con la promoción de donación de plasma.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL».

(Texto del proyecto de ley presentado).

5) EXPOSICIONES ESCRITAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de una exposición escrita.

(Se da de la siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «El señor senador Charles Carrera, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino al Poder Ejecutivo y al Banco de la República Oriental del Uruguay relacionada con el pago de cuotas correspondientes a los préstamos sociales que otorga el mencionado banco. (Asunto 150393)».

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha sido repartida.

Se va a votar.

(Se vota).

–12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita).

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de otra exposición escrita.

(Se da de la siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «El señor senador Charles Carrera, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionada con el pago de cuotas correspondientes a los préstamos sociales que otorga el Banco de la República Oriental del Uruguay. (Asunto 150392)».

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha sido repartida.

Se va a votar.

(Se vota).

–14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita).

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de otra exposición escrita.

(Se da de la siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «El señor senador Charles Carrera, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino al Poder Ejecutivo y al Banco Hipotecario del Uruguay, relacionada con el pago de cuotas correspondientes a los préstamos de vivienda que otorga el mencionado banco. (Asunto 150391)».

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha sido repartida.

Se va a votar.

(Se vota).

–14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita).

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de otra exposición escrita.

(Se da de la siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «El señor senador Pablo Lanz, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino a los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas, y a la Dirección General Impositiva, relacionada con el plazo de presentación de la declaración jurada del impuesto anual de Enseñanza Primaria para los titulares de inmuebles rurales afectados a explotaciones agropecuarias».

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha sido repartida.

Se va a votar.

(Se vota).

–14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita).

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de lo siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- En la sesión ordinaria del día 13 de abril no se registraron inasistencias.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 14 de abril de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo se me conceda licencia por el día 15 de abril de 2021, por motivos de salud, ya que me encuentro dentro de la población de riesgo de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Salud Pública ante la pandemia de covid-19.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Enrique Rubio. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que la señora Adriana Barros ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Eduardo Brenta, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 14 de abril de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Presente

De mi mayor consideración:

Solicito licencia por el día 15 de abril, amparándome en el artículo 1.º de la Ley n.º 17827.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Liliam Kechichian. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que la señora Silvia Listur ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Enrique Canon, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 13 de abril de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Presente

De mi mayor consideración:

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por motivos de cuarentena preventiva, desde el día 14 hasta el 16 del corriente inclusive, concurriendo a la sesión del día de mañana mi suplente, el señor Marcos Methol.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Guillermo Domenech. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–14 en 15. Afirmativa.

Queda convocado el señor Marcos Methol, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 14 de abril de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo se me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por la emergencia sanitaria (contacto de covid positivo), desde el 14 al 16 de abril inclusive.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Raúl Lozano. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que la señora Araceli Desiderio y los señores Eduardo Lust, Rivera Elgue y Gonzalo Ferreira han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Emilio Sequeira, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 14 de abril de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, por razones de prevención de salud, por los días 20 a 23 y 26 a 30 de abril inclusive.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Danilo Astori. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor José Carlos Mahía, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

8) A UN MES DEL FALLECIMIENTO DEL ALCALDE ANDRÉS ABT

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra la señora senadora Rodríguez.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Señora presidenta: quiero hacer referencia a una reciente pérdida física.

El pasado 12 de abril se cumplió un mes de la prematura partida de nuestro querido compañero Andrés Abt. Todavía cuesta recuperarnos del enorme dolor que sentimos apenas recibimos la peor noticia.

Andrés inicia su actividad en 1994, en la juventud de la lista 71, y allí comienza una ascendente carrera política; siempre en su querida lista 71 fue edil local, edil departamental, convencional y diputado suplente de Jaime Trobo y de Ana Lía Piñeyrúa. En 2015 fue mi suplente, pero al resultar electo ese mismo año alcalde de su querido Municipio CH, se consagró al trabajo territorial, aunque siguió siempre militando en todas las instancias político-partidarias que le fueron requeridas.

Como decía él, fue el primer alcalde de religión judía. Tengo bien presente cuando en sus extensas reuniones de planificación de la campaña hacia las elecciones municipales, le manifestaba al senador Penadés que quería un gobierno de cercanía, un municipio inclusivo, y lo cumplió. Fue noticia en el año 2015, cuando preocupado por el desborde de los contenedores en su municipio salió a la calle en primera fila, junto a sus funcionarios, a recoger los residuos. Y esto lo hizo en reiteradas oportunidades: Andrés, en overol de color naranja, era uno más de la cuadrilla.

Comprometido con las políticas sociales, en 2017 firmó dos convenios de plazas laborales en forma de pasantías con el INR y la Dinali para personas privadas de libertad. Los espacios inclusivos, la discapacidad, los adultos mayores, los niños y las mujeres fueron parte de sus desvelos. En el 2020 asumió como diputado y en setiembre del mismo año resultó reelecto alcalde del Municipio CH.

En las últimas elecciones municipales fue jefe de campaña de la candidata a intendenta por el Partido Independiente, economista Laura Raffo.

Andrés cumplió cabalmente con todos los pasos del buen dirigente político. La responsabilidad, la ética, su profunda vocación de servicio y su conocida generosidad política condujeron, naturalmente, a que su persona trascendiera y recogiera el respeto y el aprecio de tanta gente, más allá de pertenencias partidarias. Por eso pensar hoy en Andrés Abt espontáneamente nos lleva a la imagen de la auténtica sonrisa, su sello distintivo, de la cultura del trabajo inagotable y de la filosofía de ubicarse siempre del lado de las soluciones.

El Partido Nacional recientemente creó el Centro de Estudios Metropolitano Andrés Abt, en justo reconocimiento a sus valiosos aportes y a su proyecto de absoluta vigencia.

Sus dos grandes amores fueron su hijo Felipe y su esposa Analía. Muy apegado a sus afectos, decidió criar a su hijo en la misma casa familiar, e incluso, el dormitorio de Felipe es el mismo donde transcurrió su infancia y adolescencia. Le organizaba cumpleaños abiertos, en la plaza, donde compartía entretenimientos y hasta la torta con todos los niños que estuvieran en el lugar.

Así era Andrés: un ser humano con enormes valores. Sorpresivamente, el 25 de febrero, Andrés, que se encontraba en cuarentena por un contacto con un caso positivo de covid, informa por Twitter que el resultado del hisopado le había dado positivo pero que se sentía bien. Cuatro días después, a través de Zoom, seguía manteniendo reuniones virtuales con sus equipos de trabajo. Así era Andrés: un dirigente vocacional, de diálogo, ejecutivo.

Sin embargo, su estado de salud desmejoró y ni todos los esfuerzos realizados por la medicina ni los miles de oraciones de tanta gente consiguieron evitar lo peor, y esta cruel pandemia se llevó a un querido amigo, compañero y referente, a una enorme persona.

Querido Andrés: siempre soñaste con cambiar la política y la enriqueciste.

Andrés: descansa en paz.

Señora presidenta: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se haga llegar a la familia de Andrés Abt, a todos los partidos políticos, a Presidencia de la República, a las intendencias –y, por su intermedio, a las respectivas alcaldías– y a todos los medios de prensa del país.

Muchísimas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) DIFERIMIENTO DEL PAGO DE TRIBUTOS PARA PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMPRENDIDOS EN LA LEY N.° 17738

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Straneo.

SEÑOR STRANEO.- Señora presidenta: la situación de la pandemia es un tema recurrente en nuestras exposiciones y sesiones, y hoy ¡vaya si lo será nuevamente! En tal sentido, haremos una breve referencia a una exposición escrita que el día lunes presentó el señor senador Sartori, relativa a una iniciativa remitida al Poder Ejecutivo –tomando en cuenta la potestad exclusiva que marca la Constitución– para la exención o la exoneración de determinados tributos.

No vamos a quedarnos cortos en destacar y reconocer los esfuerzos que nuestro Gobierno, nuestra bancada de senadores y la coalición están haciendo para poner a disposición del Poder Ejecutivo y de la ciudadanía diferentes medidas, ideas o aportes que entendemos son de orden para dar valor agregado a lo que es el trabajo diario de miles de funcionarios de la salud, miles de voluntarios y, por supuesto, instituciones vinculadas a la salud, porque en definitiva el Gobierno nos nuclea a todos.

Hemos visto, a su vez, diferentes medidas del Ministerio de Economía y Finanzas enfocadas a distintas áreas de actividad económica que tiene el país, pero nos pareció interesante –y así lo destacó el señor senador Sartori en su exposición– abocarnos específicamente a un sector que no carece de importancia –por el contrario, es fundamental– y quizás debería ser contemplado de otra forma. Nos referimos específicamente a aquellos profesionales y trabajadores independientes que por una razón u otra están comprendidos en los artículos 42 y 43 de la Ley de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales, n.º 17738. Entendemos que deberían tener una contemplación específica para el ejercicio 2020 en los siguientes impuestos: IRPF, IVA, y Fonasa respecto a la aportación al Banco de Previsión Social. Creemos que, de estos tres grandes impuestos, el IVA y el IRPF, percibidos por la Dirección General Impositiva, tienen evidentemente una incidencia directa en la recaudación del Gobierno. Si bien hoy el esfuerzo es significativo y cada vez mayor, estamos en el peor momento de los contagios, en el pico de la ola, así que debemos tratar de brindar alguna solución más.

Creemos –y este fue el contenido de la exposición– que debemos considerar el hecho de diferir. Si bien nos han planteado la posibilidad de exonerar, sabemos que el no pago de un impuesto ya generado implica una resignación aún mayor y es una fortaleza que no sabemos si el país –o el Ministerio de Economía y Finanzas– está en condiciones de afrontar. En principio solicitamos que se estudie la posibilidad de diferir el aporte por el ejercicio vencido 2020, y por lo menos que se difiera –y, por qué no, que se exonere; eso lo estudiarán quienes están en el tema– el período comprendido entre abril y julio del corriente 2021, reitero, para estos tres impuestos de verificación permanente.

En definitiva, los profesionales, trabajen o no –excepto el IVA y el IRPF, en lo que respecta al adelanto–, igualmente tienen que pagar Fonasa.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Economía y Finanzas y al Poder Ejecutivo.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) CONTAGIO DE LA COVID-19 EN LOS LUGARES DE TRABAJO

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la señora senadora Bianchi.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: ayer, en una larga entrevista, habló un verdadero científico y un gran profesor, de esos a los que estábamos acostumbrados los que tenemos determinada edad; así eran nuestros profesores. Son disciplinas distintas, pero teníamos ese nivel de docentes que, al conocimiento científico, sumaban la calidad de grandes humanistas. Así nos educaban: en ser humanistas. Me estoy refiriendo al doctor Henry Cohen. En una excelente entrevista, un muy buen periodista supo aprovechar el tiempo y sacar lo positivo que el profesor Cohen nos quería trasmitir.

Ayer nuevamente salieron los informes Aristas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Otra vez, no digo que nos den ganas de llorar porque hay que tener actitud proactiva –aunque la caída en pandemia fue menor de lo esperado porque se realizaron muchos esfuerzos–, se advierte esta caída libre de la educación pública, acumulada durante bastante tiempo, en muchos años, y es una pena que cuando hubo mucho dinero no se aprovechó para que esos recursos generaran resultados.

¿Qué nos manifestó el resultado del estudio Aristas del día de ayer? Que hay un porcentaje, que supera el 70 % de los alumnos de Educación Primaria –y son generosos– y el 80 % de los alumnos de Educación Secundaria –de la educación media, en realidad–, que no tiene comprensión lectora, y el que no tiene comprensión lectora, el que no puede entender un texto básico de idioma español, no puede pensar. Eso está en la tapa de cualquier manual básico de educación. Después nos llama la atención lo que está pasando con gente que actúa irresponsablemente, pero desgraciadamente tenemos que llegar a la conclusión de que estadísticamente se trata de personas de determinado tramo etario, que son las que han sido víctimas de esa caída libre de la educación pública y que, en consecuencia, no tienen bien incorporado el concepto de autoridad legítima, entienden que la rebelión es la libertad –porque no comprenden qué es el Estado de derecho– y, además, reciben consignas básicas y no las entienden. Es eso: ya es la segunda, tercera o cuarta generación que está en esa situación.

Aquí voy al fondo de la intervención en el sentido de cómo podemos hacer para colaborar, porque hay que hacerlo por el convencimiento y no por la represión; por el convencimiento, estudiando y analizando esto con la gente que sabe. No me refiero a los que dicen todos los días una cosa distinta, sino a los que realmente saben, como el doctor Henry Cohen, el GACH en general y los tres coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario. El tema está en actuar sobre la circulación social del virus, las reuniones sociales y los problemas en los lugares de trabajo. Hoy me voy a centrar en lo último: en el contagio en los lugares de trabajo.

Justo dio la casualidad de que ayer se comunicó conmigo una exalumna, que es técnico prevencionista, quien me dijo que en las obras no pueden más con el incumplimiento del uso de barbijos por parte de los obreros de la construcción, y pasa lo mismo en otros lugares de trabajo. El 40 % de los docentes no se vacunó, lo cual es esencialmente grave. Por supuesto que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene que actuar sancionando, pero las cámaras empresariales y la central sindical podrían colaborar enormemente sensibilizando a los trabajadores de los distintos gremios, diciéndoles que tienen que cumplir con las medidas sanitarias. Ya sabemos por dónde viene el contagio; ya sabemos cómo empezó y sabemos cómo lo tenemos que parar. No puede ser lo que sucede en determinados sindicatos. Cuando a un delegado de seguridad del Sunca –eso es lo que me contaba ayer mi alumna–, en una obra muy grande de una empresa constructora muy importante, uno de los obreros le preguntó si se vacunaba, este le dijo que el sindicato no recomendaba nada. Además, hay otros sindicatos que públicamente han manifestado lo mismo. Ya sabemos que la vacuna no es obligatoria, pero es un proceso de sensibilización. Yo estoy acostumbrada a sindicalistas como Pepe D´Elía y Juanjo Ramos, que en realidad colaboraban en los períodos de crisis y no hacían que se deteriorara más el ambiente.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea dirigida a la Confederación de Cámaras Empresariales, al PIT-CNT y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Gracias, señora presidente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) PROYECTO PPP EDUCATIVA 4: LICEOS Y UTU-ANEP

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Señora presidenta: además del avance de la pandemia y las dificultades que esta ha generado en lo sanitario y en lo económico a lo largo y ancho del país, también hemos escuchado, particularmente en los últimos meses, acerca del avance de la preocupación de los diecinueve intendentes en lo que tiene que ver con el cúmulo de situaciones que van cayendo sobre sus hombros para superar lo que esta pandemia está dejando. Hay familias que de un día para el otro quedaron sin sustento, sin trabajo, y la economía local, que ya venía con dificultades reales, se vio afectada, siendo el trabajo la mayor preocupación y uno de los principales dramas que hoy tienen, particularmente, las pequeñas comunidades del interior. Eso ha significado que surgieran diversas iniciativas e instancias en el Congreso de Intendentes –a partir de la mesa del propio congreso y con el Gobierno nacional– para buscar apoyos concretos que en alguna medida movilicen la economía e impacten favorablemente.

Todos sabemos que no hay magia en la vida y que en estas circunstancias las situaciones se tornan complejas. Sin embargo, no hay duda de que lo que no puede seguir pasando es que, con el avance de esta pandemia, haya situaciones que caigan directamente. Quienes conocemos los departamentos –particularmente los del interior– sabemos que la puerta de la intendencia es la que todo el mundo va a golpear, y hoy hay intendencias que, sinceramente, no dan más; en algunas el 60 % o el 50 % de sus ingresos son productos de origen nacional, lo que demuestra la realidad de la economía local. Por lo tanto, no hay que dejar de ver que determinadas acciones, aunque se lleven adelante por un corto plazo, son revitalizadoras de la economía y son necesarias.

Hoy quiero hacer referencia, señora presidenta, a lo que estaba previsto en los proyectos de participación público-privada, en particular al denominado PPP 4, por el que se había previsto ejecutar en esta etapa un impacto de USD 120:000.000 distribuidos en cuarenta y dos liceos y dieciséis UTU en todo el país. Sabemos que hay que cuidar la regla fiscal y el endeudamiento, pero en esta instancia son USD 120:000.000 que van a proyectos de obras que dinamizan la economía. No se trata solo de que en esta cuestión puntual dinamizan la economía, sino también de lo que generan.

Muchas de las localidades para las cuales están previstos esos liceos y locales de UTU llevan muchos años de necesidad de incorporar esos centros de estudio. Yo puedo hablar con mucho conocimiento del departamento en el cual vivo, que es Rocha: en este PPP estaban previstos el Liceo n.º 3 del Chuy, el Liceo n.º 2 de Castillos, el liceo de Velázquez y el Liceo de La Paloma. Hoy se están terminando de construir nueve polos tecnológicos educativos y en esos departamentos –como Cerro Largo y Rocha– estas obras generan un impacto muy importante, por las obras en sí y por lo que generan después.

Entonces, entendemos que tenemos que hacer el esfuerzo de incorporar esas inversiones previstas, que impactan favorablemente y ayudan –esta es una de las ayudas que se necesitan– a movilizar esa economía y las nuevas realidades que requieren nuestros pueblos.

Por lo tanto, señora presidenta, planteamos que desde el Poder Ejecutivo –Ministerio de Economía y Finanzas y Presidencia de la República– se tenga en cuenta esta realidad y, dentro de las definiciones y los esfuerzos que se hacen, pueda tomarse una decisión que cambie la resolución adoptada de dejar sin efecto el Proyecto PPP 4.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al señor presidente de la república, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la ANEP, a las diecinueve intendencias y a las diecinueve juntas departamentales.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la solicitud formulada.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) PRODUCCIÓN FAMILIAR AGROPECUARIA Y PESCA ARTESANAL

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Lanz.

SEÑOR LANZ.- Señora presidenta: dentro de los regímenes de preferencia que integran las contrataciones del Estado se encuentran la producción familiar agropecuaria y la pesca artesanal. En la Ley n.º 19292, de 16 de diciembre del 2014, y sus modificativas, se declararon de interés general tanto la producción familiar agropecuaria como la pesca artesanal. Con esta regulación se apuntó a generar un régimen de compras estatales para organizaciones habilitadas, integradas en su mayoría por productores familiares.

La principal característica del régimen de compras es que se establece un mecanismo de reserva mínima de mercado con guarismos diferenciales, según las compras sean centralizadas o no, y para determinados productos.

La aplicación de esta ley y su decreto reglamentario ha encontrado una serie de obstáculos para poder ser implementada a cabalidad, entre los cuales se destacan los siguientes. Existen pronunciadas debilidades en cuanto a la fiscalización de su cumplimiento y esto obedece, al menos en parte, a la falta de coordinación interinstitucional y, en muchas ocasiones, a la falta de conocimiento de la normativa vigente por parte de los actores involucrados. A propósito de esto, sería oportuno difundir en los organismos del Estado que realizan las adquisiciones de mayor volumen, los contenidos de la ley y su decreto reglamentario, para cumplir con sus cometidos. Esta difusión atendería las falencias de la demanda, aunque también sería importante determinar el volumen total de la oferta por parte de las organizaciones habilitadas, discriminadas por tipo de producto y zona geográfica, y centralizar esa información –para su circulación interinstitucional– en la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de modo de mejorar los resultados. Pensamos que la determinación precisa y oportuna de la oferta y la demanda bajo este régimen de preferencia resulta clave para que pueda implementarse exitosamente.

Más allá de las actividades de difusión que se realicen, se puede contemplar la incorporación de herramientas tecnológicas que fomenten el acercamiento entre oferta y demanda como, por ejemplo, las plataformas electrónicas. Hoy existe una realidad y es que el marco legal vigente no termina de contemplar las distintas formas de asociativismo agrario, como alianzas, joint ventures, consorcios, cooperativas, sin una integración horizontal para cubrir mayor cuota de mercado, o vertical, incorporando otros eslabones de la cadena productiva. Este punto no es menor, dado que para los productores familiares la escala en términos de la oferta final al mercado, medida como volumen de producción, representa una barrera de acceso difícil de sortear. Lo mismo ocurre con la diferenciación de la producción, por ejemplo, incorporando técnicas sustentables y buenas prácticas agropecuarias, y la estructura de costos que deben enfrentar los pequeños productores termina cercenando la posibilidad de la comercialización de los productos bajo un régimen de preferencia.

Cabe destacar que trabajar en la adecuación normativa que permita facilitar y desarrollar el asociativismo entre los productores familiares debe ser un objetivo prioritario de la gestión. En lo que hace a este último punto, el rol activo de la política pública es un factor clave de éxito para la efectiva implementación y desarrollo de las compras públicas a los más pequeños, a quienes tienen menores oportunidades, a los productores familiares que hoy, en tiempos de pandemia, están atravesando momentos muy difíciles; sin lugar a duda, el papel del Estado es fundamental para asegurar su continuidad y, por qué no, su potencialidad desde el asociativismo. A modo de ejemplo, debemos tener presente el Decreto n.° 402, de diciembre de 2018, que sostiene las bases normativas para las compras públicas sostenibles.

En fin, como consecuencia de lo expuesto, la excesiva atomización del mercado integrado por pequeños productores hace que muchas veces no se pueda llegar a ofertar por las cantidades que los agentes de compras del Estado demandan. Por ejemplo, si se toman en cuenta los volúmenes de compra y las modalidades que instrumentan algunas áreas del Estado, como por ejemplo ANEP o ASSE, al productor se le vuelve imposible cotizar si no se tiene en cuenta la legislación que lo ampara. Por ello se vuelve fundamental trabajar sobre las distintas formas de compras públicas que permitan que los productores más pequeños, los familiares, se puedan desarrollar bajo este régimen. De hecho, lo que se viene observando es que muy pocas organizaciones están habilitadas, lo que hace que se vuelva imperativo generar las condiciones propicias para que, mediante el asociativismo –espero que se haga realidad–, se habilite y permanezca un mayor número de productores familiares.

En cuanto a incluir la perspectiva de género, aún queda camino por recorrer respecto a la efectiva implementación de la Ley n.° 19685 para permitir que la mujer rural se incorpore activamente a las actividades productivas.

Por último, pero no menos importante, deseo mencionar las barreras de ingreso que se generan al productor familiar para cumplir con los requisitos que impone ser una organización habilitada. Algunos ejemplos de esos requisitos son: la obtención de habilitaciones para funcionar por parte de los distintos organismos y las necesidades adicionales de fondos que se generan para cubrir el capital de trabajo, entre otras cuestiones.

Por último, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a Presidencia de la República, a los ministerios de Economía y Finanzas, de Salud Pública, del Interior, de Educación y Cultura, de Defensa Nacional, de Desarrollo Social y de Ganadería, Agricultura y Pesca, a ASSE, a la ANEP, al INAU, al INDA, a todos los Gobiernos departamentales –ejecutivo y legislativo–, a las Mesas de Desarrollo Rural, a la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay, al Movimiento de la Juventud Agraria, a las Cooperativas Agrarias Federadas y a los Consejos Agropecuarios Departamentales.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) POSTERGACIÓN DEL NUMERAL PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa al orden del día.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- La bancada del Partido Nacional solicita un cuarto intermedio de treinta minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por treinta minutos.

(Así se hace. Son las 10:14).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 11:03).

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Solicito que se postergue la consideración del punto que figura en primer término y se lo incluya en el orden del día de la próxima sesión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada por el señor senador.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

14) EMERGENCIA SANITARIA - COVID-19

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la carpeta n.º 426/2021: proyecto de ley por el que se crean el impuesto de emergencia sanitaria 2 - covid-19 y un adicional de carácter mensual del impuesto de asistencia a la seguridad social, IASS, para atender a aquellos sectores más afectados por la interrupción de sus actividades producto de la declaración de emergencia nacional sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2». (Firman los señores senadores Viera, Niffouri, Andrade y Manini Ríos).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- La bancada del Partido Nacional solicita un cuarto intermedio de cinco minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por cinco minutos.

(Así se hace. Son las 11:04).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 11:07).

–Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: «Proyecto de ley por el que se crean el impuesto de emergencia sanitaria 2 - covid-19 y un adicional de carácter mensual del impuesto de asistencia a la seguridad social, IASS, para atender a aquellos sectores más afectados por la interrupción de sus actividades producto de la declaración de emergencia nacional sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2. (Carpeta n.º 426/2021 - rep. n.º 265/2021)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Gracias, señora presidenta.

El Cuerpo va a considerar hoy un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que merece un informe ajustado a lo que ya conocemos, ya que el impuesto covid que se crea tiene muchas similitudes con el que venía incluido en la ley que creó el Fondo Solidario COVID-19. En esa ley se creaba un fondo, se establecía cuáles serían sus fuentes de financiamiento, sus destinos y, además, se creaba este impuesto de emergencia sanitaria, ahora denominado impuesto de emergencia sanitaria 2 - covid-19. Los integrantes del Cuerpo saben que este impuesto que se crea es de carácter mensual, que grava las remuneraciones y las prestaciones nominales de todos aquellos que las reciben en efectivo o en especies derivadas de sus relaciones laborales con el Estado en su más amplia acepción, que sean devengadas de los meses de mayo y junio. Esto quiere decir que van a estar descontadas en los recibos de sueldo de los meses de junio y julio.

Este impuesto, por supuesto, tiene como destino el Fondo Solidario COVID-19. Afecta esas remuneraciones nominales con la exclusión del aguinaldo y del salario vacacional, cuando corresponda, y las partidas de tipo social que están enumeradas en el artículo 2.º del Decreto n.° 306, del 27 de agosto de 2007. Son contribuyentes, del mismo modo que en el impuesto anterior, los funcionarios del Estado, de los Gobiernos departamentales, de los entes autónomos y de los servicios descentralizados de los artículos 220 y 221 de la Constitución de la república; los funcionarios públicos en general, y quienes presten servicios personales dentro o fuera de la relación de dependencia, no solo con el Estado propiamente, sino también con las personas de derecho público no estatal y con las entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública tenga participación mayoritaria. Es decir, los trabajadores de las sociedades anónimas que son propiedad del Estado o aun de personas de derecho público no estatal, quienes mantengan contratos de servicios personales con el Estado –es decir arrendamientos de obra, de servicio, con cualquier organismo público–, el presidente y el vicepresidente de la república, senadores, diputados, ministros, intendentes, cargos de particular confianza, quienes están gozando el sistema del subsidio por haber ocupado un cargo público y quienes se desempeñan en tareas en el exterior de la república, o sea, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que están cumpliendo funciones en el servicio diplomático o representan al país en comisiones binacionales –la ley lo define exactamente– también quedan gravados por este impuesto. Quedan exceptuados, como la vez anterior, el personal de salud que participe directa o indirectamente del proceso asistencial.

El artículo 4.º define tasas progresionales, a diferencia de lo que sucedía con el impuesto anterior. Esas tasas prevén un mínimo no imponible; es una similitud con el IRPF ya que las franjas son iguales, pero se tributa diferente. Hasta $ 120.000 se paga $ 0 y de $ 120.001 hasta $ 130.000 se paga 5 %; hay otra franja de $ 130.000 a $ 150.000, de $ 150.000 a $ 180.000 se paga el 15 % y de ahí en más, el 20 %. Quiere decir que la diferencia –pongamos un ejemplo– es que en el impuesto covid anterior, quien ganaba $ 130.000 iba a pagar el 5 % de ese valor nominal; quien gane $ 130.000 hoy va a pagar el 5 % por los $ 10.000 de la diferencia entre $ 120.001 y $ 130.000, o sea, $ 500, no el 5 % de $ 120.000, que son $ 6000. Quienes ganen $ 180.000 van a pagar lo que corresponde a la suma de cada una de las franjas, es decir, $ 7000. En el caso anterior iban a pagar el 15 % del total de $ 180.000 nominales. Entonces, este cambio quita algunos recursos que se presentaron, ciertas diferencias y similitudes que hubo, y creo que lo hace más justo.

En el caso de los contribuyentes que presten servicios fuera de la relación de dependencia, del importe de la prestación mensual será excluido el IVA porque esos trabajadores facturan y, por lo tanto, se toma el monto por el que deben aportar, si tienen un vínculo con el Estado de los que están definidos como sujetos contribuyentes pasivos.

Del mismo modo que la vez anterior, nadie va a poder ganar menos de $ 80.000 líquidos, si se establece cuáles son las partidas que se deben deducir con anterioridad. ¿Cuál es el líquido, entonces, mínimo para los activos? Son $ 80.000.

Luego viene un adicional al IASS al igual que en el impuesto anterior. En este caso –vale recordarlo–, el destino de la recaudación que se hace por el impuesto que se afecta como adicional al IASS no es el fondo covid, sino el Banco de Previsión Social. Lo van a tener que pagar todos los jubilados, pensionistas, retirados militares y policiales o quienes reciban prestaciones de pasividad similar servidas por instituciones públicas, paraestatales o privadas; todos, devengados, del mismo modo, en mayo y en junio. Acá las tasas son las mismas; es progresional. Asimismo, las franjas son iguales. Lo que vale la pena destacar es que, en este caso, en el inciso segundo del artículo 11 se establece que no solo se deducirán el impuesto de asistencia a la seguridad social y el aporte al sistema de salud que le corresponda –Fonasa o cual sea–, sino además las prestaciones de carácter pecuniario a favor de las instituciones, es decir, de cualquiera de las cajas referidas en el artículo 8.º. Esto hace alusión concreta al impuesto que pagan los bancarios para su caja, porque esto no quedó excluido en la ley anterior y, por lo tanto, ese impuesto formaba parte del total. Ahora ese impuesto queda deducido a los efectos de que el líquido mensual no pueda ser menor a $ 100.000. Creo que esto elimina uno de los cuestionamientos que con cierta razón hicieron los contribuyentes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias –de algún modo, tenían que pagar dos veces por el impuesto a su caja– para que no se les descontara de este adicional al IASS.

Lo demás es muy similar, son algunos artículos iguales a los anteriores. Quizás debamos destacar que el artículo 14 otorga la facultad al Poder Ejecutivo de prorrogar la aplicación de este tributo por dos meses más, dando cuenta exclusivamente a la Asamblea General. Por sola decisión del Poder Ejecutivo, este impuesto podrá ser de dos meses o de cuatro, con la sola comunicación a la Asamblea General. Y no hay más que informar. Este es un proyecto de ley similar al anterior, solo que pasa de tasas fijas a tasas progresionales al igual que el IRPF. No toma otros aspectos del IRPF, no se suman los ingresos, es por cada uno de los ingresos particulares. Es decir, si alguien tiene dos trabajos públicos, como puede ser un docente que, a su vez, sea funcionario, no se le suman para la franja, sino que va a tributar eventualmente si alcanzara la franja por cada uno de ellos. No sigue el camino del IRPF en ese caso, pero sí lo sigue para establecer un mínimo no imponible a partir del cual recién se empieza a tributar.

Por supuesto que este impuesto recauda menos que el anterior, por lo que decíamos. Dimos un ejemplo que se repite. Grava más y le disminuye menos a los que tienen salarios mayores; a los que perciben más de $ 180.000 les va a impactar más que a los que tienen salarios menores porque tienen un mínimo imponible de hasta $ 120.000. De todos modos, es un impuesto mejor diseñado, a nuestro juicio, que paga el costo, a los efectos de la recaudación para el Fondo Solidario COVID-19, de recaudar, seguramente, menos de la mitad que lo que recaudó el anterior.

Por ahora, señora presidenta, es cuanto tenemos para informar, pero quedamos a la orden para realizar cualquier tipo de aclaración.

Muchas gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Tenemos un conjunto de consideraciones políticas para hacer con respecto al enfoque con el que viene fundamentada esta iniciativa.

La exposición de motivos dice que se equilibraron los aspectos sanitarios, sociales y económicos en el 2020, y es notorio que tenemos una opinión contraria a la que figura allí.

Hay dos informes de la Cepal respecto a la participación de los países en América Latina para atender la emergencia social derivada de la pandemia que ubican a Uruguay como el que menos recursos destinó con relación al producto. Esta diferencia ya la teníamos el año pasado, cuando discutimos la creación del Fondo Solidario COVID-19. En aquel momento teníamos sintonía con respecto a las medidas sanitarias, pero en realidad no estaban siendo contempladas con un «quédate en casa» muy potente para poder frenar la ola de contagios en la pandemia. Y no había una contraposición de recursos que permitiera, a las familias uruguayas, no caer en una condición de precarización de la condición social.

En esa fecha en que se votó el Fondo Solidario COVID-19 –aclaro que vamos a aprobar en general este proyecto, con diferencias en los contenidos y, en particular, con lo que vamos a presentar como bancada–, el Instituto de Economía nos alertaba acerca de que, si no eran más potentes las medidas económicas para atender la emergencia social derivada de la pandemia, Uruguay podría tener cien mil pobres más a la salida de esta situación. Y el resultado terminó siendo peor que el que predijo el Instituto de Economía porque Uruguay saldrá de la pandemia, no solamente con más de cien mil pobres, sino con un conjunto de señales de deterioro social. En medio de la pandemia, empeoró en el Uruguay el índice de Gini, o sea, la desigualdad; empeoró la brecha entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre; aumentó la cantidad de trabajadores ocupados que están por debajo de la línea de la pobreza en casi un 40 %. Un 5 % de los trabajadores ocupados estaba en el Uruguay bajo la línea de la pobreza y hoy esa relación alcanza casi un 8 %. Inclusive, cuando se discutió el Fondo Solidario COVID-19 todavía no teníamos arriba de la mesa que el resultado del recorte de la inversión pública social en áreas muy importantes –salarios, jubilaciones e inversiones; las tres principales– iba a generar un impacto muy fuerte desde el punto de vista de la economía.

Además, hoy tenemos una segunda consideración con respecto a esa fundamentación que viene en la exposición de motivos y tiene que ver con el equilibrio de las medidas sanitarias, económicas y sociales. Hoy estamos atendiendo la peor situación de la pandemia en medio de una circunstancia de divorcio importante entre las medidas que se están aplicando por parte del Gobierno y lo que está reclamando la comunidad médica, la Federación Médica del Interior, el Sindicato Médico del Uruguay y más de treinta sociedades científicas sin sospecha de relación con el Frente Amplio y la izquierda. Un ejemplo de ello es el Sindicato Anestésico Quirúrgico.

Como dije, aumentó la severidad de la pobreza en el último período. Por lo tanto, queremos discutir la creación de este impuesto en base al reclamo de que es necesario y urgente –también dimos los votos para tratar la creación del Fondo Solidario COVID-19 de forma urgente–, pero más que discutir la cuestión fiscal queremos analizar los recursos que es necesario destinar a muchísimas actividades que actualmente están en una situación dramática.

Señora presidenta: una trabajadora de una escuela de danza que tuvo que detener su actividad, que es jefa de hogar y vive solo de eso, tal vez tuvo algo de espalda el año pasado, pero actualmente no tiene nada más; hoy no cuenta con ningún recurso para atender el impacto que genera la detención de actividades. Lo mismo sucede con los 1961 gimnasios que están desparramados en el Uruguay y con los que están en la frontera por el cierre de los free shops, lo que era necesario desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, no discutimos la creación de este impuesto con la misma urgencia con que analizamos la adopción de medidas para paliar una situación económica de crisis. Además, por un mérito que indiscutiblemente tiene el Uruguay y que debemos reconocer al Ministerio de Salud Pública respecto a la vacunación, tiene un límite temporal no muy lejano, ya que a fines de mayo o a principios de junio tendríamos un escenario distinto al que tenemos hoy.

A la hora de discutir la cuestión del fondo coronavirus llamamos la atención sobre la urgencia real, que es ver cómo logramos promover entre todos acuerdos y medidas que permitan reducir la movilidad social. Por ahí se dice, por ejemplo: «¿Por qué no presentan las medidas?». Sin embargo, en diciembre, en medio de una ola de contagios, ¿no puso esta bancada arriba de la mesa la necesidad de generar licencias –como se hizo con los trabajadores de la actividad pública– para la población de la actividad privada con comorbilidades? ¿No ubicamos ese componente en la discusión y en el debate con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por una minuta de comunicación y posteriormente por un proyecto de ley? Por ejemplo, un trabajador que tuvo un trasplante, que tiene diabetes tipo 1, que tiene asma crónica o que tiene EPOC, ¿cómo hace para mantenerse en su burbuja si trabaja en una pizzería, tiene que subir a un ómnibus en la mañana y a otro en la tarde para volver, luego de compartir largas horas? ¿Es que no presentamos la necesidad de revisar los protocolos? Incluso, muchos de los que hoy están vigentes ni siquiera cuentan con un estudio profundo de los factores de riesgo, un elemento sustantivo para medir los riesgos en el trabajo en términos de unificar los planteos más rigurosos.

El 7 de febrero, ¿no nos habló el Grupo Asesor Científico Honorario de la necesidad de reducir al máximo la movilidad de las actividades que tuvieran que ver con el ocio? Esto no implica solamente discutir el tributo para el que estamos dando los votos, sino también establecer cuáles son los subsidios para la actividad. Señora presidenta: cuando a veces nos preguntan cuál actividad es esencial, respondemos que todas lo son, pues para quien vive de su trabajo en un quiosco, ese quiosco es esencial ya que con él da de comer a sus gurises.

No se puede discutir de manera diferente y no integral acerca de los recursos. Por eso vamos a votar en general, por más que queremos colocar algunos aditivos que nos parecen lógicos, que enriquecen la propuesta y que permiten brindar recursos para atender la emergencia, ya que nos parece que el centro tiene que ser atender la emergencia para que no se siga deteriorando la condición social, lo que a todas luces es evidente.

Con respecto a la idea de detener las actividades que no son esenciales convocando al diálogo social, yo quiero que alguien me explique cómo fue posible que hace un año se hubieran abierto los caminos para poder licenciar, mediante un acuerdo tripartito, a la construcción cuando casi no teníamos casos, y hoy solo en la papelera hay ciento diez casos activos y cerca de quinientos trabajadores en cuarentena. ¡Solo en la papelera! ¿Nos parece sensato que hay que seguir? Mirémonos a los ojos y preguntémonos si no es necesario licenciar esa actividad y generar las condiciones de diálogo que ya existieron.

Sin embargo, desde antes de Semana de Turismo estamos intentando tirar de las piolas para ver si encontramos un camino como el que se tomó el año pasado. Este año está mucho más cerrada la banda para alcanzar acuerdos de diálogo social que permitan atender circunstancias que, en última instancia, se pagan con la vida de los uruguayos. ¿Qué es lo que no estaríamos dispuestos a hacer para reducir el impacto de la pandemia? Esa es un poco la explicación.

Creo que el diálogo que se abrió a nivel parlamentario –más allá de los pronósticos– también intenta canalizar estas cosas, pero hoy no podemos aprobar en general –como lo vamos a hacer– la creación del impuesto de emergencia sanitaria 2 - covid-19 si no planteamos un contexto en el que creemos. Primero, tenemos diferencias con respecto a la exposición de motivos del proyecto cuando refiere al desequilibrio para el 2020, pero tenemos muchas más con relación a la circunstancia actual. Nadie entiende cómo Uruguay tenía medidas restrictivas más fuertes hace un año, como las que les hacían decir a los principales voceros del Gobierno.

Entiendo que el Gobierno tuvo el mérito de comunicar bien y elevar la percepción del riesgo, porque esta discusión no es en blanco y negro –¡no puede serlo!–, pero reclamamos esa capacidad que existió hace un año porque no está sucediendo ahora con la misma claridad, cuando tenemos cien veces más contagios y una situación enormemente tensionada en el sistema de salud. Cualquiera sabe, señora presidenta, que si Uruguay tenía que atender, en promedio, entre trescientos y cuatrocientos casos en CTI, cuando esas cifras sean entre setecientos y ochocientos –como decía ayer el señor ministro de Salud Pública– no va a poder multiplicar los intensivistas de un día para el otro. Es obvio que parte del personal de la salud que está poniendo la piel hizo un curso mínimo que requeriría en otro escenario tres años de capacitación.

El señor senador Botana me pide una interrupción, pero quiero señalar que estoy discutiendo en base a la exposición de motivos del proyecto de ley que estamos considerando.

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, señor senador, pero tenía problemas con la apertura del micrófono.

A efectos de concentrarnos en el tratamiento del proyecto de ley, vamos a pedir que se limite a lo que tiene que ver específicamente con lo que estamos abordando.

Muchas gracias.

Puede continuar el señor senador Andrade.

SEÑOR ANDRADE.- Lo que estamos abordando es la necesidad urgente de obtener recursos para atender la emergencia social que trajo aparejada la pandemia. Podemos querer tapar el sol con un dedo, pero no se puede. Cuando un proyecto de ley que crea impuestos para atender la emergencia social viene a consideración del Cuerpo con carácter urgente, no nos pueden pedir que no hablemos de esa situación. Puede que no guste que se hable de la emergencia social, pero tenemos todo el derecho a expresar democráticamente nuestra opinión cuando se discute sobre un impuesto que tiene que ver con ese tema. Estamos discutiendo sobre un tributo que tiene como componente la covid, por lo que entonces tenemos todo el derecho de opinar haciendo nuestra interpretación del contexto en que se da. No estamos hablando de Cuba ni de Venezuela, que es de lo que, en general, se habla cuando se discute sobre los componentes políticos en el país.

Con respecto al proyecto de ley, queremos señalar que tenemos un conjunto de agregados que quisiéramos abordar.

En primer lugar, sinceramente no entendemos cómo desde el punto de vista de la justicia tributaria –y ahí tenemos un acuerdo con el Partido Colorado, que lo planteó públicamente– tienen que contribuir los funcionarios que perciben un salario de más de $ 120.000, como por ejemplo el gerente de Antel, y no quienes tienen un salario de más de $ 120.000 como el que cobra el gerente de CTI Móvil o Claro. No entendemos cómo le pedimos un aporte excepcional durante dos meses al gerente del Banco República y no hacemos lo mismo con el gerente del Banco Santander o el del Banco Itaú. ¡No lo entendemos!

Estamos tomando una medida que, como la fundamentó el señor senador Gandini, es un impuesto progresional. No entendemos el mensaje que se está dando en el sentido de que los altos salarios de los privados no tengan que aportar para atender esta situación de emergencia, teniendo en cuenta –reitero– que aumentó la pobreza extrema y, en general, en Uruguay los pobres que estaban cerca del umbral de la pobreza se alejaron y se incrementó en mayor medida en el interior profundo. Los datos son reveladores de cuánto y cómo impactó. Por lo tanto, si damos una señal de estas características no entendemos por qué estos sectores quedan afuera. Compartimos la iniciativa que en su momento presentó el Partido Colorado con respecto a que la actividad privada también tendría que contribuir.

En segundo término, nuestra opinión va en la misma dirección en cuanto al impuesto al patrimonio. Es evidente que nadie puede pensar que tributen el impuesto al patrimonio aquellas personas jurídicas que estén atravesando dificultades. Se puede tener una empresa muy poderosa y con mucho patrimonio pero que esté atravesando dificultades porque es un año complicado. Un ejemplo muy claro de esto es lo que está pasando con el turismo. Sí podrían contribuir las empresas que no están pasando dificultades porque, además, los datos acerca de la recaudación impositiva demuestran que el impacto económico no es homogéneo. Las empresas que aumentaron sus exportaciones, ¿no pueden aportar nada para atender la emergencia social en un momento dramático, reitero, donde decenas y decenas de hogares uruguayos están atravesando la peripecia más dura que es llegar a su rancho y no saber con qué darle de comer a los gurises? Algunos de ellos están resolviendo esta situación a punta de solidaridad y de ollas populares. En esas circunstancias, ¿no hay alguna forma de que también aporten de manera excepcional, por sesenta días, los sectores más poderosos?

En ese sentido, vamos a presentar un aditivo para incluir un adicional al impuesto al patrimonio tanto de personas físicas como jurídicas, en este caso, solo para aquellas que hayan tenido un resultado positivo, porque parece lógico que no se piense en que participen de la salida los sectores que están atravesando dificultades en lo económico.

Por último, señora presidenta, así como consideramos tratar de manera urgente esta temática, vamos a promover que también exista una participación, a la hora de atender la emergencia social, de los residentes en el Uruguay que tienen más de USD 8.000:000.000 depositados o de patrimonio en el exterior. Nos parece que también es justo y necesario –en un momento en que estamos colocando arriba de la mesa el drama de la circunstancia social, el drama de la circunstancia sanitaria– construir respuestas más potentes para miles de uruguayos que hoy ya no tienen espalda y no pueden esperar.

Acompañemos esa resolución con una propuesta de mayor peso que la que hoy tenemos a consideración.

Muchas gracias.

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: el Partido Colorado, que fue nombrado en forma reiterada, no necesita que ningún senador de la oposición esté marcando aquello que nosotros hemos trabajado, creado y elaborado con muchísima responsabilidad. La principal responsabilidad es la de la historia. Es un partido que gobernó diecinueve veces; un partido que tuvo toda la responsabilidad de gobierno durante gran parte de la historia de este país.

Nosotros, en este proceso de la pandemia que ya lleva trece meses, hemos venido apoyando con seriedad y responsabilidad las iniciativas que ha enviado el Poder Ejecutivo y que durante gran parte de este tiempo –nueve o diez meses– han sido un aporte importantísimo para miles, miles y miles de compatriotas en los temas sanitarios y económicos.

Hoy acá también vinieron a marcar lo que falta, ¡y nadie mejor que nosotros sabe lo que falta! Pero nadie vino a rebatir lo que dijo, hace muy poco tiempo, el 1.º de marzo, el presidente de la república, cuando concurrió al Parlamento –después de muchísimo tiempo en que eso no se hacía– a rendir cuentas sobre todo lo que hicimos y la cantidad de miles, miles y miles de uruguayos que se han beneficiado porque se ha hecho un esfuerzo tremendo para reducir el daño. ¡Por supuesto que esto no es lo ideal! ¡Por supuesto que falta! Pero vinimos a dar un paso más para seguir avanzando y que todos los uruguayos puedan colaborar con los que menos tienen. ¡Y no estamos descartando, porque hoy lo vamos a votar tal cual viene, seguir evaluando y analizando lo que se vaya necesitando para que también aporten otros uruguayos desde otras actividades y otros puntos! ¡Pero hoy entendemos que este tema es el que vinimos a sacar! ¡Hoy la coalición con sus dieciocho miembros vino a votar esto! Esta es una herramienta más que le vamos a dar al Poder Ejecutivo para seguir intentando reducir los daños que están sufriendo miles de compatriotas en todos los sectores y en varios rubros.

Si vamos a entrar en el debate de «lo que falta», bueno, ya estamos trabajando para ello y se ha hecho mucho. Acá le ganamos a la pandemia durante nueve o diez meses y todos estuvimos de acuerdo en que era por ahí que se tenía que ir. Hoy estamos pasando el peor momento, el más difícil, y lo que veo es oportunismo, politización. Quieren aprovechar y ver a quién le duele más la muerte de un uruguayo cuando los uruguayos están afuera falleciendo, sufriendo y quieren vernos juntos, unidos a blancos, cabildantes, frentistas y colorados. ¡Dijeron que no queríamos dialogar y fuimos para adelante con la comisión! Hay una instancia de diálogo, vamos a recibir al GACH la próxima semana y a seguir votando y dando herramientas a los uruguayos. Después, cuando todo esto pase, sea una triste anécdota y miremos los resultados finales, haremos política. No debiliten y dejen avanzar y decidir a quienes están al mando de esta tragedia, de esta pandemia nacional e internacional. Nosotros estamos convencidos de que el Gobierno y el Poder Ejecutivo nos van a llevar a buen puerto.

Por lo tanto, acá vinimos a hablar puntualmente de lo que hoy tenemos que votar: un proyecto de ley para dar una herramienta más al Poder Ejecutivo. Es nuestro aporte y el de varios uruguayos más que con gusto estamos dispuestos a hacerlo para que puedan seguir reduciéndose los daños. Y si se va a hablar de lo que falta, que también tengan la grandeza de hablar de la cantidad de proyectos que pudieron llevarse adelante. Hablemos de las dos cosas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias, señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- He hablado por dos, tres, cuatro y hasta cinco alusiones. Tendría que seguir hablando sin que me interrumpieran, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: nosotros tenemos que intentar debatir, con un mínimo de tolerancia, sobre ideas en las que tenemos diferencias.

Nosotros tenemos diferencias con la magnitud y la eficacia de las medidas económicas y tenemos todo el derecho a expresarlas; son ideas. Esto no descalifica al Gobierno, no lo descalifica. Tenemos diferencias con el enfoque sanitario y, no solamente tenemos el derecho de expresarlas, sino que nos votaron para que pudiéramos manifestarlas y tenemos que hacer un esfuerzo por discutir de manera civilizada. Nuestro planteamiento fue acerca de cuáles son las carencias que vemos en las medidas económicas para atender la emergencia social, cuáles son las carencias que vemos para abordar las medidas sanitarias en el trabajo.

(Dialogados).

–Sí, pero fuimos acusados groseramente, por fuera del Reglamento, de oportunismo. ¡Groseramente!

SEÑORA PRESIDENTA.- Les vamos a pedir a todos…

SEÑOR ANDRADE.- Es una acusación que no hicimos, señora presidenta, en ninguna de nuestras consideraciones.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perfecto. No se debe adjudicar intenciones al hablar.

SEÑOR ANDRADE.- Nuestra consideración fue política acerca de la magnitud de la inversión, acerca de la relación con los médicos, acerca de la capacidad o no para el diálogo social, acerca del impacto fiscal y de medidas alternativas, y acerca de una consideración obvia. Tenemos acuerdo con un planteo que hizo el Partido Colorado públicamente –¡no tiene por qué ofenderse!– respecto a la necesidad de que también se grave a los privados.

Ahora bien, no es posible que aceptemos –porque es una miseria a la política– que se coloque la condición de que el debate está sobre la base de la muerte de uruguayos, porque se rompen todos los puentes. Podemos discutir acerca de diferencias de enfoque económico, sanitario y social, del papel del Estado, de la suficiencia o no de las medidas de restricción. Hay cuestiones que valoramos como positivas. Recién dije y puedo señalar nuevamente cuánto contribuyó el Gobierno a aumentar la percepción del riesgo el año pasado, pero no me parece que podamos entrar en un debate como el que plantea el señor senador Coutinho, que es sin retorno.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: mociono que se incorpore en el Reglamento la alusión de alusión porque así podemos incorporar las palabras.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Usted está cuestionando a la Mesa, señor senador?

SEÑOR BOTANA.- Sí.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces voy a someter a votación...

SEÑOR BOTANA.- Estoy haciendo una propuesta, porque la Mesa a veces es muy estricta en algunas cosas y en otras oportunidades no tanto.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Usted está cuestionando a la Mesa! Trato de que todos se expresen, y cuando se pasan de la raya y están en el filo del Reglamento, lo advierto. Usted está en todo su derecho de cuestionar a la Mesa y con mucho gusto someto a votación del Cuerpo si están de acuerdo con nosotros o no. Yo no tengo ningún problema. ¿Es lo que usted quiere?

SEÑOR BOTANA.- Lo que quiero es que, si la Mesa es estricta, lo sea siempre.

SEÑORA PRESIDENTA.- Somos estrictos con el Reglamento y estamos intentando, en un momento muy difícil, llevar adelante el tratamiento de un proyecto de ley que también es importante.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: el señor senador del Partido Colorado que me precedió en el uso de la palabra ya dijo algunas cosas que me ahorran algunos comentarios. No iba a decirlo por el Partido Colorado, pero sí en general por el funcionamiento de la coalición. Calma, la coalición funciona bien; nosotros sabemos dónde y cuándo tenemos que discutir. Es obvio, público y notorio que somos partidos amantes de la libertad, de la democracia y de la república. En consecuencia, todo el mundo es libre de opinar lo que quiere, incluso, dentro del propio Partido Nacional. Además, somos una coalición con un compromiso de gobierno; fuera de lo que está estrictamente estipulado en el compromiso de gobierno, va de suyo que todos los integrantes de la coalición pueden hacer uso de su libertad. Parece mentira que haya que recordarlo, pero no son esos los modelos para algunos. Así que eso ya quedó aclarado.

En segundo lugar, iba a pedir lo mismo: que nos ciñéramos al proyecto. Nosotros vamos a aprobar el proyecto tal como viene del Poder Ejecutivo, como muy bien lo informó el señor senador Gandini, porque no tenemos dos modelos económicos a pesar de ser una coalición multipartidaria. Tenemos, incluso, un equipo económico integrado por notorias personalidades de los distintos partidos que forman la coalición. La verdad es que cuando nosotros recibimos al equipo económico, que nos ilustró sobre este proyecto –lo hicimos vía Zoom, obviamente, por las medidas sanitarias–, entendimos –reitero que siempre los que no entendemos de economía no opinamos, así como los que no entendemos de tarifas públicas y aumento de combustibles no opinamos; seguimos a los que saben, porque la todología le ha hecho mucho mal a la humanidad– que esto estaba en la línea de coherencia interna de la propuesta económica para el sostenimiento de la pandemia que llevan adelante nuestro equipo económico y nuestro Gobierno. En consecuencia, tocar cualquier otra cosa que vaya hacia otra postura ideológica no va con nosotros. Pidieron diálogo, está la comisión –más allá de que siguen funcionando las comisiones permanentes– y es bueno que se discuta. Como muy bien dijo el señor senador, no nos negamos a ello.

Ahora bien, sí nos negamos a algunas cosas, señora presidente, y le pido un poco de comprensión en el sentido de que hay cosas que después que se dicen –yo lo he repetido sistemáticamente– no las podemos callar. El diálogo –y yo ya lo he dicho públicamente– no se decreta; se construye. El Gobierno, en una posición dominante –en el buen sentido de la palabra «dominante»–, en una democracia tiene las mayorías legítimas y tiene datos certeros –como los tiene todo el mundo– de los niveles de aprobación que tienen el presidente de la república, el Gobierno, el sistema de vacunación y la forma en que se está administrando la pandemia, muy por encima de índices que en otros Gobiernos se estaban dando. Ahora bien, ¿servían las encuestas en aquel momento y ahora no? Creo que hay que tener un poco de humildad y preguntarnos: ¿no nos estaremos equivocando? ¿No le estaremos hablando demasiado a la barra, que está muy cerrada, sin darnos cuenta de que la población está en otra sintonía? Me lo pregunto y creo que es una cosa que habría que poner sobre la mesa. El diálogo no se decreta; el diálogo se construye.

Todos hemos asistido en los últimos días, desde antes de aprobar la creación de la comisión –yo no estaba en sala por razones de salud, pero sí estaba mi suplente– y posteriormente, a un ataque permanente y sistemático de la oposición hacia el Gobierno. Cualquier otro Gobierno –incluso lo pienso a nivel personal– lo cierra inmediatamente, porque así no podemos sentarnos a dialogar. ¿Cómo que no se le tiran al Poder Ejecutivo los muertos? No tienen comprensión auditiva o no tienen comprensión lectora. Yo estuve escuchando lo que pasó ayer en la comisión –que no integro, pero sí estuve escuchando la sesión–, leí las declaraciones y vi videos de personas bien representativas de la oposición –al menos yo las considero así– y se le tiraron los muertos al Gobierno. Hay grandes intelectuales –con alguno de ellos ya lo hablé y se lo dije personalmente– que dicen que los muertos están en la Torre Ejecutiva. ¿Cómo que no nos están adjudicando los muertos? ¿O no se mide lo que se dice? ¿O no se mide que se está yendo, barrio por barrio y pueblo por pueblo, a decirle a la gente que necesita confianza, que necesita creer en las personas que nos dedicamos a la política? Porque yo no pertenezco a ninguna clase política; vivo sin la política, sin ningún tipo de problema desde el punto de vista económico.

En definitiva, eso se demuestra y, si no se demuestra, se pierde algo. Yo voy a usar una palabra que espero que, en todo caso, la googleen, porque no todos le vamos a dar el mismo sentido. Creo que la oposición ha perdido legitimidad en ese sentido, no derechos –googleen lo que quiere decir «legitimidad», sobre todo en el sentido jurídico y sociológico–, por lo que dije al principio: el diálogo se construye. No se puede decir una cosa acá adentro o en los medios de comunicación, pedir diálogo y después tirar piedras, en el sentido metafórico de la palabra.

En consecuencia, lo que quiero es que hoy trabajemos lo más rápido posible porque estamos en riesgo sanitario todos. Hace poquito estábamos quince senadores en cuarentena y la verdad es que no es lindo estar en cuarentena, pasar por el hisopado. Además, repetir, repetir, repetir y repetir las mismas cosas no lleva al convencimiento. Por ejemplo, ¿por qué no nos quedamos en la opinión del doctor Radi y en la del doctor Cohen? Yo ayer, en la media hora previa, hice referencia a las palabras del doctor Cohen. Esos son los verdaderos científicos. Después hay muchos operadores políticos que son médicos –o no–, pero se les nota. Es evidente. Se han organizado campañas que hemos desenmascarado con pruebas documentales. Entonces, vamos a no tratarnos de tontos. Cuando se habla de la comunidad científica, me refiero a la comunidad científica, al GACH, tampoco al otro paralelo, que se creó para ver si se podía dividir, porque a mí me educaron políticamente en el «divide y reinarás» y «cuanto peor, mejor» y lo conozco perfectamente. Me adoctrinaron en esos principios. Pero se ve que soy más libre de lo que pensaban. Entonces, me pregunto por qué no nos quedamos con lo que dice la comunidad científica, el GACH. Ayer todo lo que dijo el doctor Cohen fue importante. Es ejemplo de periodismo, además, el que le hizo la entrevista, Daniel Castro. El doctor Cohen dijo todo lo que queríamos saber y nos dio mucha calma. Sin embargo, dijo que estamos en una situación difícil que va a ser difícil –valga la redundancia– revertir.

Así que todo eso ya lo sabemos. Lo que la gente necesita es paz. Lo que la gente necesita es calma. Es cierto que estar encuarentenado, estar encerrado es duro. Es cierto que no ver a los hijos, no ver a los nietos es duro. Es muy duro. Démosle confianza a la gente. No sé si usar la palabra «fe» porque soy agnóstica, pero se parece mucho a la fe. No veamos siempre lo negativo. Hagamos lo que hicieron Cohen ayer y Radi hace dos semanas. ¿Por qué no decimos lo que hacemos, que eso también vale? Y la gente se dio cuenta porque no es tonta y se da cuenta de que se están haciendo muchas cosas. ¿Las suficientes? No. Es una guerra, señores. Cuando yo dije el año pasado que era una guerra, me preguntaron, como es habitual en las redes –peor es cuando lo hace un periodista que posó de independiente durante muchos años–, si estaba medicada o no. Es una guerra, señores. Y en las guerras la unidad surge sola si tenemos la buena fe de que efectivamente queremos ir todos para el mismo lado. ¿Con las discrepancias? Con las discrepancias. No es ahora cuando las vamos a limar. En este momento tenemos que tratar de ir hacia un objetivo.

¿Por qué hablo de la legitimidad, señora presidente? Y no es una ofensa ni nada por el estilo. Si alguien lo considera así es porque no asistía a los debates parlamentarios de antes de 1973 y los de después de 1985. A mí me encantaban las cosas que se decían y eran fuertes. Había que sostenerlas, pero se decían. No es la primera vez que lo digo porque lo políticamente correcto a mí personalmente me tiene aburrida. No estoy de acuerdo con que todo tenga que ser light, porque las cosas hay que decirlas; la gente quiere que le digamos las cosas. Yo sigo siempre a Pérez-Reverte. La cultura del rebaño, la cultura de los borregos no va, porque estamos en situaciones difíciles y no solo por la pandemia.

Y vuelvo al tema de la legitimidad, señora presidente. El Frente Amplio, la oposición –porque es el único partido de oposición y parece que le cuesta entender que perdió las elecciones y está en la oposición–, desde que empezó la pandemia, el 13 de marzo del año pasado, está cuestionando todas y cada una de las medidas. Las cuestionaban cuando teníamos buenos resultados y lo siguen haciendo ahora, cuando esos resultados variaron por responsabilidad de todos, de algunos más que de otros, y después veremos a quién le corresponde hacerse cargo de lo que no se hizo o de lo que se hizo mal. Estos resultados no cayeron desde el cielo. Somos responsables muchos. Somos responsables de no hacer caso al mundo científico en cuanto a que la burbuja son las personas que viven bajo nuestro techo. Hay sindicatos muy importantes que tienen presencia en las obras, en los talleres, en las oficinas públicas y no están estimulando el cuidado, no están ayudando a la vacunación, sino todo lo contrario. Hay sindicatos, y tengo pruebas –no voy a mencionar a ninguno, porque ya lo dije en la media hora previa y si no se escuchó lo lamento–, que afirman: «Nosotros no decimos si tenemos que vacunar o no». En consecuencia, todos nos vamos a tener que hacer cargo de no haber sido suficientemente hábiles para sensibilizar a nuestros afiliados, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Por eso digo que los muertos son de todos, como corresponde en una tragedia. Los muertos son de todos y así lo vamos a asumir, pero no por culpa, sino por responsabilidad de no haber cumplido con todo aquello que nos están repitiendo hasta el cansancio. A mí no me repitan más lo mismo porque, si lo siguen haciendo, uno se siente tonto. Ahora bien, si alguien se quiere sentir tonto, seguiremos repitiendo lo mismo.

Voy a terminar haciendo referencia a la parte económica. Estamos aburridos de decirlo. La Cepal mide lo que mide en determinado ámbito geográfico y sociocultural. El Uruguay tenía y tiene a favor muchas cosas que no tienen Venezuela ni Brasil ni Argentina –porque desgraciadamente podría ser una potencia y la fundieron varias veces los mismos, con distintos nombres– ni los países de América Central. Esos países no tienen nuestro sistema de salud, que no existe solo a partir del Fonasa. No tienen nuestra experiencia acumulada en el tema de la vacunación. Artigas se ocupó de campañas de vacunación, señores. Eso se tiene en el ADN y esas son ventajas comparativas que el Uruguay tiene. Ayer estaba leyendo –porque trato de estudiar para entender algunas cosas– un informe de la consultora Fitch que dice que Uruguay figura, en términos absolutos –o, si se quiere, relativos; depende de cómo lo leamos–, con menos aportes económicos, pero con una muy buena perspectiva de futuro por haber administrado económica y socialmente bien la pandemia. No lo digo yo; lo dicen las consultoras, esas que después nos ponen en riesgo si nos pasamos del déficit fiscal. Estoy hablando de la misma que nos advirtió hace quince días.

Y con esto termino, señora presidente. Se duplicó la venta de autos cero kilómetros. En los cinco años en que fui diputada me aburrí de esperar que nos dieran esos indicadores.

SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a…

SEÑORA BIANCHI.- Ya termino; no se me terminó el tiempo.

La economía sigue funcionando con muchísimas dificultades.

Hambre es no tener qué comer. Hoy está asegurado que todos los hogares, por acción del Estado y por acción de la sociedad civil, reciban la comida diaria. Hambre es poner una papa en una lata y no poder esperar hasta que se cocine e ir comiéndola desde afuera hacia adentro, tal como los europeos lo vivieron en la guerra.

Así que vamos a asumir las responsabilidades.

Es una situación grave. Este impuesto está en consonancia con lo que ha hecho el Gobierno y es coherente con la política económica; vamos para adelante todo lo que sea necesario y para atrás también todo lo que sea necesario.

Gracias, señora presidente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de seguir con el debate, la Mesa quiere señalar lo siguiente.

En el entendido de que estamos en la discusión general de un proyecto que, además de los aspectos concretos, tiene otros relacionados con la situación, la Mesa ha permitido evaluaciones, pese a que se nos considere, de un lado o de otro, distintas observaciones. No quiero que el próximo señor senador que haga uso de la palabra piense que lo que acabo de decir tiene que ver con él; lo digo en general para refrescar lo que establecen los artículos 91 y 92 del Reglamento del Senado, que se procederá a leer.

Léanse los artículos 91 y 92.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo 91.- El Presidente, por sí, o a indicación de cualquier Senador, llamará a la cuestión al que se desvíe notoriamente de ella.

Artículo 92.- Siempre que el orador sostenga que no está fuera de la cuestión, la Cámara decidirá inmediatamente, sin discusión, pudiendo dicho orador proseguir en el uso de la palabra, pero ajustándose a lo resuelto».

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa entiende que hay consideraciones que no tienen que ver estrictamente con el articulado, pero sí con el contexto general. Por eso ha permitido que se hable de la situación por la covid, pero no vamos a amputarnos –por decirlo así– de lo que establece el artículo 91 del Reglamento. Nos parece que, si se nos pide ser rígidos en relación con el Reglamento, vamos a operar en consecuencia.

Gracias, señores senadores.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Gracias, señora presidenta.

Quiero señalar que nosotros la respaldamos, pero también solicitamos que usted ampare a la minoría en el debate. Así lo ha hecho siempre, señora presidenta, y por eso no la cuestionamos. Reitero: quiero que ampare a la minoría en el debate.

Estamos en la discusión general de un proyecto de ley que tiene una fundamentación, una exposición de motivos que nos habilita a dar este debate, así que le agradezco, señora presidenta.

Nosotros, desde aquí, no estamos analizando e imputando la responsabilidad. Sí tenemos diferencias con el Gobierno en el manejo de la pandemia. Consideramos que hoy no es el momento. Lo que estamos discutiendo hoy es el hacer, y es en el hacer donde tenemos diferencias. Ya vamos a tener oportunidad de discutir la responsabilidad del manejo.

Ahora bien, señora presidenta, lo que no podemos admitir –porque desde el día uno el Frente Amplio ha estado convocando a la unidad nacional y dando señales de unidad nacional– es ninguna agresión, porque hemos sufrido agresiones, señora presidenta, lamentablemente, desde el presidente hacia abajo.

¡Es en el hacer donde tenemos las diferencias! Y lo que decimos es que, para nosotros, para el Frente Amplio, es ilógico e incomprensible –vemos que es el Uruguay del revés– que no estemos discutiendo aquí un conjunto de medidas mucho más amplio para atender la crisis sanitaria, económica y social. ¡El hecho de que no estemos discutiendo aquí medidas de amparo de la gente es la diferencia!

Esa es la diferencia que tenemos.

Hace meses, señora presidenta, que el GACH puso sobre la mesa un conjunto de medidas con la intención de reducir la movilidad, de disminuir la tasa de crecimiento de contagios y de cuidar a nuestros trabajadores y a nuestro sistema de salud que está absolutamente colapsado. ¿Y qué vimos, señora presidenta? Nada, porque no se trataron esas medidas. Y hoy estamos viviendo la peor etapa de esta crisis sanitaria.

¿Cuáles son las variables que se tomaron hace dos o tres semanas?

En cuanto a la enseñanza, tenemos a miles y miles de niños librados a la suerte de cada familia, porque la virtualidad no es la solución. ¿Cuál es la medida que se tomó? Esta que estamos discutiendo: el impuesto a los trabajadores públicos. Como decía el señor senador Andrade, vamos a votar el proyecto de ley en general, no así en particular porque no lo compartimos.

Cuando hablamos del Uruguay del revés y de lo incomprensible de las medidas que se están tomando, ante todo reconocemos que luego del estallido de esto en el mundo se generó una crisis sanitaria brutal y que ha habido una fuerte caída de la actividad económica sin precedentes en la historia reciente –eso lo compartimos–, pero lo que decimos desde aquí, desde este lugar, es que el repunte, la reactivación, el salir adelante, requiere de medidas efectivas, requiere de un conjunto de políticas públicas, económicas, fiscales y monetarias que impulsen la demanda. También requiere de una medida que apoyamos –y en ese sentido vamos bien, lo destacamos–, que es la vacunación. Pero lo que estamos diciendo es que se requiere de un conjunto de políticas públicas porque los hogares se han visto afectados por esta crisis de manera muy desigual.

Los hogares de bajos ingresos se han visto muy afectados, así como las mujeres y los trabajadores más jóvenes, que son los que han sufrido los mayores costos de esta crisis sanitaria, económica y social. Por algo, señora presidenta, desgraciadamente tenemos 100.000 nuevos pobres, por algo el año pasado se destruyeron 60.000 puestos de trabajo, por algo tenemos 80.000 uruguayos que están comiendo en ollas populares, por algo se han cerrado miles y miles de pymes.

Si no tenemos un conjunto de políticas públicas para atender la falta de trabajo, la falta del ingreso de las familias, existirán mayores riesgos y se tornará mucho más grave la situación económica y social de las familias uruguayas, de los trabajadores y de los micro-, pequeños y medianos empresarios. Habrá mayor desigualdad, más pobreza, menor recuperación de las empresas y menos puestos de trabajo.

Esa es la diferencia que tiene el Frente Amplio, porque una cosa es el Uruguay y otra el resto del mundo. En el mundo se ha dispuesto un conjunto de medidas muy importantes de contención y de apoyo, que aquí no vemos. En el mundo se ha dispuesto una serie de transferencias directas a las familias, se han ampliado los beneficios sociales, se han tomado medidas para la no pérdida de puestos de trabajo, se han dado beneficios y se han aplicado medidas fiscales. Pero las medidas que se tomaron en la primera etapa fueron diferentes de las que se han dispuesto en esta que estamos viviendo hoy. En este momento en el mundo se está discutiendo una serie de impuestos, puntuales o temporales, sobre la manifestación de la riqueza. Como decía el señor senador Andrade, eso es lo que hemos puesto arriba de la mesa. Hemos propuesto algunos aditivos porque creemos que hay que solicitar una contribución especial y solidaria a un conjunto de uruguayos, que son a los que no les ha pegado la pandemia ni la crisis económica.

Entonces, nosotros creemos –y por eso lo decimos desde este lugar– que aquí el Uruguay va contra la corriente; esto lo hemos señalado y lo venimos discutiendo hace ya casi un año. Es cierto que lo venimos discutiendo, porque somos el único país que desarrolló una política de ajuste y de recorte cuando, en realidad, debería haberse invertido para evitar una crisis mayor.

Aquí es donde tenemos las diferencias y eso es lo que nos lleva a que presentemos sustitutivos y aditivos. Las diferencias están en que desde el Frente Amplio decimos que hay que tomar un conjunto de medidas –y en ese sentido hemos hecho una serie de propuestas–, pero también hay que tomar las medidas que ha señalado el GACH: hay que reducir la movilidad y hay que dar apoyo a los más débiles para que puedan pasar por esta situación tan compleja.

Señora presidenta: yendo al punto relativo al impuesto y por qué presentamos sustitutivos, quiero decir que nosotros creemos que tal cual está el diseño del impuesto se vulnera en forma muy clara lo que es el principio de igualdad de las cargas públicas, que está legislado en los artículos 8.º y 72 de la Constitución de la república.

Reconocemos que es admitido por nuestra Constitución y por el legislador que se puedan conformar grupos y, a partir de ello, solicitarles que aporten de manera diferente, pero tal cual está hecho, el diseño no es correcto, porque cada habitante de la república tiene la obligación –porque, en definitiva, esto es una obligación– de hacer frente a los impuestos de acuerdo con su capacidad contributiva.

Nosotros decimos que se debe cumplir plenamente con los presupuestos objetivos y subjetivos requeridos por el principio de capacidad contributiva y aquí no hay una distinción razonable para ir por el camino de establecer un impuesto únicamente sobre los altos sueldos de los funcionarios públicos. Creemos que, a partir de la fundamentación, de la estructuración de este impuesto, lo que se nos está proponiendo es lo que la Suprema Corte de Justicia ha denominado «distinción artificiosa», a los efectos de solicitar un impuesto a uno y a otro no. Como decía el señor senador Andrade, no hay lógica, no hay sentido común en cobrar un impuesto al gerente del Banco República y no al gerente del Banco Santander o al del Banco Itaú. No es de lógica ni de sentido común cobrar un impuesto al gerente de Antel y no hacer lo mismo con el gerente de Movistar o el de Claro.

Entonces, no compartimos y para nosotros no es un argumento válido decir que un grupo de funcionarios tiene más estabilidad laboral y otro no, porque tampoco eso es cierto, ya que este impuesto, tal cual está estructurado, grava a trabajadores que no tienen estabilidad laboral, que no son los inamovibles. Los inamovibles son un conjunto de funcionarios de la Administración central y de los Gobiernos departamentales, pero luego hay un conjunto muy importante de funcionarios que son contratados. Aquí mismo, en esta propuesta, se grava a los trabajadores de las personas públicas no estatales y a estos trabajadores se les aplica el derecho laboral privado.

No compartimos ese argumento, señora presidenta. No es razonable la distinción entre trabajadores que realiza el proyecto de ley en análisis y si lo que se pretende es visualizar la capacidad contributiva, la estabilidad laboral no puede ser considerada, porque son conceptos claramente disímiles, diferentes, ya que uno atiende a una situación jurídica y el otro, a la capacidad económica. Esos son los motivos por los cuales el Frente Amplio presentó esos dos textos sustitutivos para modificar los artículos 1.º y 3.º.

Como dije, no compartimos la estructura del impuesto y tenemos serias dudas acerca de su constitucionalidad. En ese sentido, si el objetivo, señora presidenta, es gravar la riqueza manifestada a través de las rentas provenientes del trabajo, creemos que se deberían gravar los altos sueldos del sector público y también los altos sueldos del sector privado. Nosotros consideramos que viola la igualdad ante las cargas públicas, pues recae en un único sector social que se ve obligado a aportar frente a una crisis sanitaria nacional, mientras que no se habla de un impuesto a los otros sueldos que tienen manifestaciones de riqueza.

Como dijo el señor senador Andrade, vamos a votar en general el proyecto de ley, pero consideramos que debe ir acompañado de esos aditivos y sustitutivos que señalamos. Vamos a votarlo en general, porque creemos que deben tomarse medidas para proteger a los más débiles, a las micro-, pequeñas y medianas empresas. Hay una crisis sanitaria, económica y social, y deberíamos estar discutiendo hoy aquí apoyos reales; deberíamos estar discutiendo hoy aquí el salario de emergencia para miles y miles de cuentrapropistas que no pueden tomar medidas de protección y deben salir a pelearla todos los días; deberíamos estar discutiendo apoyos para las pymes –sobre lo cual ya hay un conjunto de leyes que presentó el Frente Amplio–; deberíamos estar discutiendo el apoyo a los comercios de la frontera, el apoyo al turismo y a la cultura; deberíamos estar votando la ley de no desalojos y lanzamientos; deberíamos estar discutiendo una ley para que no se corte la luz, el agua, Internet y los servicios básicos para familias que estén en situaciones de vulnerabilidad social o en seguro de desempleo.

Señora presidenta: tenemos indicadores muy complejos y tenemos que tomar medidas y acciones hoy. Desde el Frente Amplio vemos –y esa es la diferencia en el hacer– que no hay medidas para atender la crisis económica, la crisis sanitaria y la crisis social; vemos que no hay un proyecto para atender todas esas situaciones.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa quiere recordar que si es posible debemos optimizar nuestro mensaje en virtud de que va a sesionar la Cámara de Representantes y debemos abandonar el recinto. Independientemente de que podemos irnos a la sala Senado de nuevo, sabemos que por una cuestión sanitaria es mucho mejor sesionar aquí. Recordemos que no podemos quedarnos más allá de las 15:00 porque, antes de que comience a sesionar la otra cámara, tiene que efectivizarse la desinfección de la sala.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Gracias, señora presidenta.

En mi calidad de miembro informante quería hacer algunas aclaraciones sobre manifestaciones que se han hecho.

Antes que nada, estamos considerando un proyecto de ley que crea un impuesto para gravar a los funcionarios públicos, entre los que estamos todos los presentes aquí en sala. Estamos discutiendo un impuesto que nos vamos a aplicar, antes que nada, a nosotros mismos y eso tiene un valor muy importante: empezamos por nosotros.

En segundo término, tiene como antecedente el impuesto que votamos el año pasado –que si mal no recuerdo fue aprobado por unanimidad– y este es un punto de partida muy importante. Creo que este diseño mejora el anterior, aunque recauda menos, técnicamente es mejor y, por lo tanto, debería tener menos objeciones que las que tuvo el pasado.

En tercer lugar, en otras instancias no nos negamos a seguir pensando en cómo podemos gravar a otros sectores para que también aporten, pero hoy venimos a defender este proyecto de ley y queremos que tenga el mayor respaldo posible. Hemos creado una comisión especial de seguimiento de la pandemia y al menos yo entiendo que muchas de las cosas que se han manifestado hoy en sala como ideas, pero sin un proyecto de ley detrás, se deberían conversar en ese ámbito, porque a lo mejor podemos encontrar bastante más puntos de acuerdo de los que creemos. Si lo que queremos es diferenciarnos, pues la historia política está repleta de perfilismos. Ahora, si lo que queremos con madurez es hacer aportes, hagamos funcionar esa comisión –después de recibir rápidamente a los que haya que recibir– para trabajar algunas de las ideas que acá se han tirado. Yo estoy dispuesto a hablar de esas cosas.

Nuestra vocación no es aumentar la carga impositiva en este país y ese es un compromiso de campaña, pero no había una pandemia ni teníamos esto en el horizonte cuando hicimos la campaña. Entonces, estoy dispuesto a conversar sobre todos aquellos aportes o recursos que sirvan para alimentar el Fondo Solidario COVID-19 y poder redistribuirlo, siempre que no cambie nuestra filosofía, obviamente. Pero estoy dispuesto a conversarlo y también a evaluar otras medidas y hablar de protocolos. Pero si lo hacemos como parte del debate político difícilmente vamos a encontrar acuerdos. El diálogo puede servir para mostrar lo diferente que somos o lo maduro que estamos, y hoy la sociedad nos exige básicamente eso. Venimos a reinstalar este proyecto de ley, que es mejor que el anterior que votamos por unanimidad. Aceptamos todas las demás propuestas y en nuestro caso las dejaremos para considerar después en alguna de las comisiones: en la especial o en las permanentes. Estamos dispuestos, pero queremos hoy aprobar este proyecto de ley, que no es discriminatorio; por el contrario, el sector público ha tenido algunas ventajas. A varios de los que van a pagar este impuesto, por tener sesenta y cinco años de edad, sus oficinas los tienen en la casa desde hace un año, sin trabajar, ¡y no han perdido ni un peso de su salario, ni un día para cobrarlo, ni lo han cobrado más tarde, ni han tenido que ir al seguro de desempleo! Eso debe tener una compensación, en solidaridad, porque otros sí lo han perdido. Empecemos por acá y discutamos lo demás.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Gracias, señora presidenta.

Se acaba de decir que este proyecto de ley de impuesto vulnera el principio de igualdad de los contribuyentes ante las cargas públicas y se ha hecho referencia a una manifestación de la Suprema Corte de Justicia. Concretamente, se ha señalado que la Suprema Corte de Justicia ha dicho, en alguna sentencia –no por cierto en las referidas a los impuestos a los funcionarios públicos–, que en cierta ocasión se habría incurrido en una distinción artificiosa. La Suprema Corte de Justicia ha dictado cuatro sentencias con relación a impuestos a los funcionarios públicos. Ahora voy a leer el final o el respectivo fallo de una de ellas, porque se pronuncian más o menos de forma similar.

El principio de igualdad establece que frente a situaciones objetivamente iguales se deba dar un tratamiento jurídico igual. La situación objetiva es diferente en el estatuto del funcionario público que en la actividad privada. Un ejemplo de ello es que al funcionario público que falta por enfermedad no se le descuenta el período de carencia –como hemos visto durante el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto–, pero eso sí se hace en el ámbito privado. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia exactamente se centra en esa desigualdad de base por los estatutos diferentes; entonces entiende que no resulta irracional esta distinción de tratamiento –me refiero concretamente a aplicar un impuesto diverso– fundada en que la discriminación obedece a razones de interés general con la finalidad de compensar el esfuerzo que han empleado para salir de la crisis económica. En este caso era una sentencia del año 2006 sobre empleadores y trabajadores de la actividad privada. Quiere decir que establece que como las situaciones de hecho y de derecho son diferentes, ello amerita un tratamiento impositivo también diferente.

Gracias.

SEÑOR DA SILVA- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: nuevamente el Senado se reúne para tomar medidas y votar leyes que tengan algún resultado en el combate de los efectos económico, social y sanitario generados por la pandemia.

La última vez que nos juntamos en una sesión larga fue por el mismo motivo. Hemos enumerado nunca menos de setenta medidas que se han tomado desde el 13 de marzo a esta fecha, por esta pandemia que no tiene antecedentes en la historia contemporánea. Hay veces que uno escucha alguna manifestación y lamenta que no se tenga la más mínima ubicación del lugar histórico desde donde se está hablando o criticando.

El mundo está dando esta lucha, señora presidenta, en algunos casos con mucha más suerte que el Uruguay, y en la mayoría de los casos creo que estamos batallando con la misma responsabilidad y el mismo dolor que otros países.

Yo me he visto muy afectado, señora presidenta; a todos se nos ha muerto gente querida. Cuando se habla de los muertos hay que hablar de las familias. Cuando se dice que el neoliberalismo mata, hay que preocuparse por la familia.

El ejemplo más claro de por qué la población tiene que estar indignada con los que hablan de los muertos, ¿sabe quién lo da, señora presidenta? Yo le voy a decir para que quede en la versión taquigráfica: la señora Analía Raurich, esposa de Andrés Abt, que un día sí y otro también, lo que hace es mandar mensajes de amor, mensajes de comprensión, mensajes de cuidados. Es una viuda joven a quien esta porquería le llevó a su marido y dejó sin padre a un gurí que tiene seis o siete años. ¡El ejemplo de Analía tenemos que tomar, señora presidenta, y dejarnos de pavadas! El ejemplo de Analía tenemos que tomar.

¡Cuántos familiares de seres queridos han visto fallecer en soledad a sus padres, tíos, hijos! Hoy tienen que sentirse con repulsión por algunas cosas que se hacen en el Senado.

Yo estoy cansado, señora presidenta, de que se diga que este es un Gobierno que no se hace cargo de la pandemia. ¡Les habrá dolido eso! –nos hacemos cargo–, porque repiten y repiten: «Este es un Gobierno ausente. Este es un Gobierno que no se hace cargo».

Señora presidenta: ¡han tenido la osadía inexplicable de cuestionar la transparencia de la vacunación! No fue hace seis meses, ¡fue ayer a la salida de la comisión de diálogo que el Frente Amplio proponía a los cuatro vientos! Sin haber terminado, integrantes de este Cuerpo tienen la osadía de cuestionar la transparencia del sistema de vacunación, que es un verdadero ejemplo para todo el país y que integran ciudadanos de todos los partidos habidos y por haber. ¡Vaya atrevimiento, señora presidenta, hacia todo el enorme esfuerzo humano que hay atrás de este sistema de vacunación, que no tiene cintillo político!

Nadie puede llegar a pensar que los vacunadores cantan la Marcha Tres Árboles. ¿A quién se le ocurre? Son ciudadanos que están cumpliendo un deber y los tenemos que felicitar. Pero ese barullo, que llega a esa osadía, es antecedido por otro, y a nosotros nos tiene cansados, nos tiene indignados, nos tiene desesperados, porque el barullo lejos está de solucionar algo.

Se ha hablado –y yo las tengo acá, porque hay que tomarse el trabajo– de las medidas que ha presentado el Frente Amplio. Yo las tengo acá. Dicen: «Presidencia del Frente Amplio»; hay una y otra declaración. No hace mucho hemos visto al presidente de esa fuerza política referirse a estos papelitos. Acá están. No voy a distraer al Senado leyendo estas declaraciones; vamos a guardarlas.

Hablar de un conjunto de medidas que hay que tomar para enfrentar la pandemia es asumirse a sí mismos como inútiles, señora presidenta. Tal conjunto de medidas tiene que transformarse, si uno es senador y con su firma puede presentar un proyecto de ley, en ¡proyectos reales, proyectos de verdad! Siempre se habla del conjunto de medidas que hay que tomar –una frase que me tiene bastante cansado– pues, ¡señores!, ¡preséntenlas!, ¡papel y lápiz, y presenten las medidas! Y no hay más discusión, aunque se podrá o no estar de acuerdo. Si se quiere presentar una medida para reducir la movilidad, para hacer un toque de queda, para declarar las medidas prontas de seguridad, ¡gánense el sueldo, preséntenla! y en ese momento la discutiremos. Pero esta es una discusión, señora presidenta, que termina siempre en lo mismo porque no se enfoca en los puntos eficientes y efectivos que debe tener, o sea, no es –como decía el senador Gandini–, un diálogo maduro.

Señora presidenta, he escuchado decir cualquier cosa: «el neoliberalismo mata», «háganse cargo», «Gobierno de la muerte». En estos meses he visto las contradicciones más infantiles de la historia política del Uruguay, como pedir medidas para reducir la movilidad y no votar la prohibición de las aglomeraciones. Y eso es lo que la gente ve; ¡la gente lo ve!

También hemos visto otras cosas, de las que tengo un sinnúmero de ejemplos. Podría hablar, incluso, de la promesa de respiradores del último candidato a la presidencia del Frente Amplio, que se arqueaba el lomo en las ollas populares. En fin, podría hablar de muchas cosas, pero vamos a tratar de ir al eje de la cuestión.

Señora presidenta: quiero dejar bien claro que en Uruguay un individuo que gana $ 120.000 y tiene un trabajo público goza de más privilegios que alguien que gana $ 120.000 y tiene un trabajo privado. Lo digo hoy, lo diré mañana, y siempre van a verme del mismo lado. Entonces, comparar el estrés de un trabajador privado con el de un trabajador público no tiene ningún sentido, porque no tiene ningún sentido común. El funcionario que gana $ 120.000 –que, lamentablemente, no son ni los maestros ni los soldados ni los policías– tiene un privilegio en sí mismo que no lo tiene el empleado privado. Yo estuve, señora presidenta, en la crisis del 2002, y la verdad es que el tratamiento fue muy desigual. Hoy estamos en esa descripción de la situación económica –en la cual, lamentablemente, estamos todos inmersos– viendo que los pobres y los desempleados no están del lado del Estado, sino del lado de la actividad privada. Lamentablemente, es así. Y es a los empleados públicos, entonces, a quienes tenemos que pedirles un gesto, un gesto que en este caso, a mi entender –y esto lo digo a título personal–, queda corto. Francamente, podría votar un impuesto más parecido al primero, porque este queda corto, pero se entendió por parte de las autoridades tributarias que este tenía un mejor diseño. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero aclaro que es una opinión personal.

El Gobierno, que no mira una foto sino una película –como debe hacer cualquier Gobierno–, mira con un ojo la parte sanitaria y con el otro la parte económica. Llegará un momento en el que, si Dios quiere, el plan de vacunación dará resultado y Uruguay vivirá una pospandemia; supongo que todos estaremos contestes en augurar que esa etapa venga cuanto antes. Para ello, señora presidenta, la estrategia uruguaya es diferenciarnos del resto del mundo. ¿Para qué? Para captar inversiones. ¿Y para qué captar inversiones? Para atemperar esa enorme cantidad de empleos que se han destruido en la pandemia. ¿O va a ser el Estado el que generará las oportunidades a los cincuenta mil uruguayos que perdieron el trabajo? ¡No!

Entonces, por más que se venga, con un espíritu de Robin Hood, a tratar de gravar los depósitos en el exterior de residentes que han elegido el Uruguay para vivir, todos sabemos que ese es un camino que, a la larga, nos va a perjudicar, mucho más con un impuesto que tiene el copyright de los constructores contumaces de impuestos, un impuesto que va derecho a lo medular, al capital, porque todos sabemos que las tasas de interés en el mundo –por esto que se llama covid-19– están por el piso. Entonces, va a ir a rascar el capital. Puedo discutir esta medida en otro contexto. Lo que hay que saber es que si hoy tenemos treinta mil, cuarenta mil y vamos a tener cincuenta mil o sesenta mil residentes del extranjero que optan por venir a vivir a Uruguay es, entre otras cosas, por estas políticas de Estado que les respeta sus ahorros. Esa es una verdad que, si estuviera presente el exministro de Economía y Finanzas, el senador Astori, podríamos discutirla, y acá también está presente otro exministro de Economía y Finanzas. Tenemos que generar instrumentos para el día después. No se puede venir acá a decir que no hay herramientas para las pequeñas y medianas empresas cuando esta semana, mientras en el mundo se aumenta en un 20 % el precio de los combustibles, el Gobierno uruguayo decide asumir ese costo. Y ese barrullo que existía –el de «no hay medidas», #GobiernoAusente y la mar en coche– se llamó a silencio.

¡Desaparecieron las etiquetas #GobiernoAusente! Esa es una medida determinante. El que vive un poquito fuera de las oficinas públicas y que no piensa que el Estado es el ombligo del mundo puede llegar a entender cómo le impacta a un fletero que no le aumenten el precio del gasoil. Si lo ponemos en términos comparativos y vemos que Argentina, Brasil, Estados Unidos y Europa aumentaron un 20 % el precio de los combustibles, pues habría que decir por lo menos: «El Gobierno está tomando una medida que ayuda».

Por supuesto que nunca va a ser suficiente. Las evoluciones de las crisis nunca van a resolverse por arte de magia en un Parlamento donde treinta y una personas deciden qué hacer con la vida de los demás. Pero sí hay que generar un marco, hay que tener las cosas bien claras, a fin de poder dar a los ciudadanos uruguayos –que trabajando generan el porvenir de este país– herramientas que nos permitan después festejar cuando Uruguay empiece a caminar de nuevo.

No me canso de decir: «La crisis de 2002» y «la crisis de la covid». Por suerte, señora presidenta –¡por suerte!–, somos un país diferente. El Uruguay productivo está siendo visto como un ejemplo de resiliencia: hemos incrementado las exportaciones y la actividad industrial; hemos ampliado el área de los cultivos; hemos aumentado la capacidad de faena. A ese país productivo, lejos de tratar de imponerle tributos, lo tenemos que dejar correr; hay que ser inteligentes, porque de lo que se trata, si vamos a un discurso sincero, es de hacer todo lo posible para que ese conjunto de cincuenta mil uruguayos que perdieron el trabajo vuelvan a tenerlo, ¡hacer todo para que puedan recuperarlo!

Entonces, señora presidenta, nosotros vamos a apoyar el proyecto de ley en consonancia con el respaldo que le damos al Gobierno de la república; un Gobierno por el que agradezco todos los días al de arriba. Me siento tranquilo sabiendo que en Presidencia de la República está el equipo del presidente Lacalle Pou; me siento tranquilo cuando veo lo que pasa en otros países y miro la Plaza Independencia, sabiendo que en Presidencia de la República está el equipo del doctor Lacalle Pou; me siento tranquilo cuando imagino qué hubiese sido de este país en otra circunstancia; me tranquiliza y agradezco al porvenir por haber trabajado para que el presidente Lacalle Pou hoy esté gobernándonos.

Si Uruguay ve la luz al final de este túnel trágico y doloroso es por dos razones. Primero por su gente, la maravilla de la ciudadanía uruguaya, que todos los días nos da un ejemplo y una bofetada moral a todos los que estamos acá. En segundo lugar, por el equipo de la presidencia y del Poder Ejecutivo, encabezado por el doctor Luis Lacalle Pou. ¡Hay que ver la dedicación multipartidaria que han tenido hombres y mujeres en estos meses! ¡Hay que ir a las oficinas del BPS, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Ministerio de Salud Pública, a ASSE, al Ministerio de Economía y Finanzas para sentirse orgullosos y respaldar firmemente todos esos esfuerzos! ¡No hay día, señora presidenta –desde el 13 de marzo–, en que este Gobierno no haya estado atendiendo los problemas! Problemas chicos y problemas grandes. Cuando hubo falta de vacunas en la 7.ª Sección de Durazno, en La Paloma o en Blanquillo, lo resolvimos; cuando hubo problemas en Santa Clara de Olimar, los resolvimos; cuando hubo problemas con el suministro de energía eléctrica para las situaciones más trágicas, los resolvimos. No por eso, señora presidenta, vamos a cometer el pecado de la soberbia y pensar que hemos hecho todo bien. ¡Si habremos tenido errores, señora presidenta! ¿Quién no se equivoca con este enemigo? ¡¿Quién no se equivoca?! No conozco un solo Gobierno que no haya cometido errores.

Este Gobierno, señora presidenta, lejos de mirarse el ombligo, sale fuera de la caja. La creación del GACH sintetiza la visión del Gobierno de respaldarse en los que más saben. No conozco antecedente alguno en la historia de Uruguay en que se haya dado a la ciencia la trascendencia y la importancia que tiene el GACH. Pero no por ello le vamos a trasladar el mando, la forma de dirigir, la forma de mirar, no la foto sino la película.

Por eso, señora presidenta, en consonancia con esta perspectiva, votaremos este proyecto de ley.

Imaginamos que luego vendrá algún proyecto de ley relativo a la promoción de la donación de plasma, porque también es de esas pequeñas medidas que hay que tomar. Vamos a seguir siempre por el mismo lado: sabiendo que no hay mejor juez para el político que la gente, que la historia.

SEÑOR ANDRADE.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DA SILVA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: muchas veces las formas de comunicación actual y las redes sociales construyen el sentido común sobre la base de noticias falsas. Lo que no podemos admitir como bancada es que en esta sala se coloque un debate como noticia falsa.

Recién repasaba la versión taquigráfica de la discusión del proyecto de ley sobre las aglomeraciones y veía que la fundamentación del senador Gandini era que el Frente Amplio estaba preparando una iniciativa que era idéntica a la de la coalición de gobierno para enfrentar esa situación. Sin embargo, pasamos de esa interpelación –creo que no eran idénticas, porque en la redacción que presentamos como proyecto alternativo se daba cuenta a la Fiscalía y a la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo– a solicitar que también participara la policía sanitaria –en los casos que contamos con los dedos de una mano–, en los que tuvo que intervenir la fuerza pública de la disuasión, mucho más allá de la acción efectiva para disolver aglomeraciones. Insólitamente, a partir de ese debate, en la coordinación de bancada, sostuvimos que nuestra opinión era la misma que cuando tratamos nuevamente el proyecto, pero se construye una idea de que el Frente Amplio no hizo nada sobre las aglomeraciones. No se planteó esa iniciativa. Además, en la que se manda a redactar estaba incorporada la posibilidad de cubrir la licencia médica para la población que entra en cuarentena desde el primer día, la necesidad de licenciar a quienes padecen comorbilidades y la de ir a protocolos más estrictos y campañas de fiscalización, que está redactada en el texto. Hay cerca de diecinueve iniciativas de proyectos de ley redactados que tienen que ver con la atención a la emergencia sanitaria; pueden ser insuficientes, pero no es que los textos no estén redactados para proponer alternativas que intenten compensar la circunstancia social que están atravesando decenas de miles de uruguayos.

Gracias, señora presidenta y senador Da Silva por concederme la interrupción.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Hay una sola verdad que es la que está en las versiones taquigráficas. En dos ocasiones el Frente Amplio no votó la prohibición de las aglomeraciones. Puede esgrimirse una discusión bizantina porque el argumento era que había que tener un funcionario de salud pública para que determinara o no si existía aglomeración. Imagínese lo que eso hubiese significado en esta situación. De todas maneras, la única verdad –porque la posverdad es parte de lo que erosiona el diálogo y el ambiente–, lo que está en las versiones taquigráficas y lo que la historia va a reflejar es que pedían reducción de movilidad y no lo votaron en dos ocasiones. Entonces, hay que ceñirse al blanco y negro de las cosas, pero no se trata solamente de eso, señora presidenta. Un día, en la plaza Líber Seregni, hubo ciudadanos aglomerados y la policía, haciendo uso de su facultad –que el Frente Amplio no votó– quiso persuadir. ¿Sabe lo que pasó, señora presidenta? Quisieron interpelar al ministro del Interior; después no se animaron, no sé qué pasó, pero esa es la verdad que va a reflejar la historia de esta pandemia.

Muchas gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- No sé si el senador Da Silva se compró el DeLorean, el auto de Volver al futuro. Cuando se votó restringir las aglomeraciones fue dos meses después de lo que sucedió en la plaza Líber Seregni. ¿Cómo hizo uso de sus facultades legales la policía con una norma que se votó dos meses después?

(Interrupciones - Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Les solicito que no dialoguen.

SEÑOR ANDRADE.- Más adelante sí fue una sola canasta y presentamos un proyecto alternativo, pero no para todos los casos, sino solo para los excepcionales. La gente se disuelve en las aglomeraciones cuando la policía se lo pide. Lo que planteamos es que cuando se resiste –ha sido uno cada mil casos, según la opinión del Ministerio del Interior, porque de más de cuatro mil intervenciones esas circunstancias fueron contadas con los dedos de una mano–, si específicamente damos más garantías a todos, hagamos participar a la policía sanitaria. Esa fue la diferencia; inventar otra fundamentación no tiene que ver con lo central que es respetar la dignidad de los hechos, como dijo Arendt.

15) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase un asunto entrado fuera de hora.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Los señores senadores Óscar Andrade, Graciela Barrera, Mario Bergara, Enrique Canon, Charles Carrera, Amanda Della Ventura, Sandra Lazo, José Carlos Mahía, Silvia Nane, Daniel Olesker, Aníbal Pereyra y Alejandro Sánchez presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara la suspensión del cómputo del término de un año para la interposición del recurso de referéndum contra las leyes, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 79 de la Constitución de la república y el artículo 27 de la Ley n.° 16017, del 21 de enero de 1998. (Carpeta n.° 430/2021)».

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

(Texto del proyecto de ley presentado).

16) EMERGENCIA SANITARIA - COVID-19

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión general del proyecto de ley en consideración.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Gracias, señora presidenta.

Haré una exposición en la que voy a tratar de tomar en consideración el artículo 91 del Reglamento anteriormente leído. Por eso explicaré previamente los puntos que voy a desarrollar y cómo se relacionan con el proyecto de ley que estamos analizando. Para eso, mi exposición va a responder a tres preguntas con cinco puntos. Las preguntas son: ¿Para qué se presenta este proyecto de ley? ¿Por qué? Y, ¿cómo se diseña?

En cuanto al para qué, mencionaré dos puntos: emergencia sanitaria y emergencia económica y social. Para contestar por qué, citaré dos puntos: el fondo covid y las medidas que se deben tomar. Y, respecto al cómo, hablaré del diseño del impuesto. Estos son los cinco puntos que voy a desarrollar en consonancia con el proyecto de ley que estamos tratando.

El proyecto de ley dice «Emergencia Sanitaria - COVID-19». Creo que, efectivamente, estamos ante una emergencia sanitaria, y esto justifica que tengamos que incorporar recursos, pero también es bueno saber el punto en el que estamos porque no es comparable marzo-abril de 2021 con marzo de 2020; ni siquiera es comparable con el 3 de diciembre ni tampoco con el 7 de febrero. Simplemente para recordar, les digo que estamos en 109,55 casos cada 100.000 habitantes y que ya llevamos 1595 fallecimientos, de los cuales 1414 se dieron en el 2021 y solo 181 sucedieron en el 2020. Aproximadamente, 500 personas están en CTI –entre 492 y 505; hay una pequeña diferencia entre los registros–. Por lo tanto, es claro que la emergencia sanitaria está en su principal punto crítico y dramático.

Me parece –mejor dicho, estoy convencido– que el principal problema que hay que discutir en materia de la emergencia sanitaria es que esta situación enfrenta dos pendientes. Una es el crecimiento de los casos, que tiene una tendencia de crecimiento geométrico en la que los casos se multiplican, no se suman. Por lo tanto, en la proyección ya del 7 de febrero, cuando se nos dijo que íbamos a pasar de T3 a T4, y también se nos mostraron los números del P7 –cualesquiera sean los que usemos–, se evidenció la gravedad de la situación. Esa pendiente se enfrenta con otra, que es la de la vacunación, que suma en progresión aritmética. Es decir, suma personas, pero no contagia; inmuniza, pero no contagia. En definitiva, esas dos pendientes no se van a encontrar nunca. Si no tomamos medidas para aplanar la curva de contagios y no tomamos medidas para que el x por el que se multiplica el número de contagios se aplane, las pendientes no se van a cruzar nunca, y llegará un momento en el que los niveles de casos-fallecimientos seguirán creciendo a tasas geométricas. Este es el problema que tenemos con la emergencia sanitaria, este es el punto. Cuando se dice que no se toman en cuenta alguna de las recomendaciones de la comunidad científica –luego voy a hablar del GACH–, debemos mirar el Reporte 11 del Guiad, porque nadie que le interese la emergencia sanitaria pudo no haberlo leído. Tiene un cuadrito comparativo muy interesante –ayer se lo presentamos al ministro en su comparecencia– que cita a los países que tienen más alto el nivel de casos por habitantes: Hungría, Bulgaria, Bosnia, Macedonia y Uruguay. Cuando uno mira la gráfica ve que los otros países están en caída y que Uruguay sigue en crecimiento. Y esa diferencia –dice el Guiad– está asociada a no haber tomado medidas drásticas sobre la reducción de la movilidad, que sí tomaron los otros países. Después, el reporte tiene un desarrollo muy extenso del ejemplo de Bélgica, que es un dato que vale la pena tomar, pero no me extiendo en ello. O sea, las pendientes no se están juntando, se están separando cada vez más, y la única manera de superar su alejamiento es adoptar medidas drásticas de reducción de la movilidad.

El segundo punto –que completa la primera pregunta y refiere al porqué– tiene que ver con la emergencia social. El senador Carrera hizo una larga alocución –me ahorró dar los datos– y mencionó lo relativo a 100.000 personas pobres. Pero quiero dar un detalle muy importante sobre esto: 65.000 de los 100.000 pobres nuevos son mayores de dieciocho años. Hay una fuerte tendencia a una presencia mayoritaria de nivel de pobreza en los adultos. Obviamente, los niños y adolescentes siguen siendo los que tienen más tasa de pobreza, pero los que más crecieron en esta etapa fueron los adultos, los trabajadores, los cuentapropistas. Y quiero dar otro dato. Diego Aboal, con buen criterio, nos ha alertado en cuanto a que una encuesta telefónica puede tener algunos problemas de representatividad cuando se achica la muestra –los departamentos achican la muestra–, pero de los cinco departamentos donde creció la pobreza, cuatro eran los que tenían menor nivel anterior. Los que tenían menos de 5 % fueron los que más aumentaron. Quiere decir que hay un efecto sobre sectores que estaban relativamente por encima de la línea. Y eso pasa con los adultos, con los departamentos y, por lo tanto, el problema tiene que ver con la situación de la transferencia monetaria y, esencialmente, con los salarios y el empleo. Por eso es tan importante actuar sobre el mercado de trabajo. Entonces, en 2021, cuando ya –sobre esto voy a volver al final, cuando hable del impuesto– la economía se esté reactivando, se prevé que los salarios reales van a seguir cayendo, como también las jubilaciones reales todo este año. Ese es el compromiso que asumió el ministerio cuando vino a exponer sobre el presupuesto en cuanto a que la recuperación va a comenzar en 2022, salvo que haya algún cambio de estrategia. Hasta ahora nuestra información es que la recuperación económica será en 2022. O sea, en 2021 va a caer el salario real. Pero además es medio obvio: si la inflación va a ser del 7 % y el aumento fue del 3 % para los privados y del 4,41 % para los públicos, hay un problema aritmético otra vez; el salario real va a caer, no hay mucha ciencia al respecto. Nos parece que en un año en el cual la economía se está recuperando, seguir haciendo caer los salarios, el empleo, las jubilaciones y las pequeñas empresas es un error.

Ahora voy a la segunda pregunta, que refiere al para qué. Y ahí voy a analizar dos puntos: el que refiere a las medidas propiamente dichas y el relativo al impuesto de emergencia sanitaria 2 - covid-19.

El punto de las medidas propiamente dichas tiene que ver con que no hay ninguna manera –por eso es tan importante que haya un fondo covid, que haya endeudamiento externo o que haya otras colaboraciones– de que las pendientes se junten si no hay reducción drástica de la movilidad. Y no hay posibilidad de reducción drástica de la movilidad si no hay apoyos económicos a los sectores que han sido golpeados por la pandemia. ¡No hay! Así está demostrado en todo el mundo. No es el momento de discutir las experiencias en el mundo. El propio Grupo Asesor Científico Honorario dijo el 7 de febrero que era necesario compensar económicamente a los sectores impactados por la pandemia. O sea, el GACH el 7 de febrero –¡ojo!– y reafirmado el 23 de marzo, no solo propuso medidas de carácter sanitario, sino también de índole económico. Seguramente hablaremos de ello con sus integrantes cuando la comisión especial que se creó en el Senado los reciba el próximo martes. Y ahí les preguntaremos sobre estas formulaciones. Pero está en sus documentos; es claro. Están las propuestas del Guiad a que hice mención. Todas las organizaciones científicas se refirieron a esto, por ejemplo, SUMI, SMU, FEMI, y tiene su valor. No creo que sea bueno catalogar con sellos partidarios a organizaciones que han tenido tanta trayectoria y tradición en la vida del país.

(Ocupa la presidencia el señor Sebastián Da Silva).

–El cuarto punto tiene que ver con el Fondo Solidario COVID-19. Claro que es necesario, pero recordemos que cuando la señora ministra de Economía y Finanzas hizo una conferencia el 5 de febrero y luego vino al Parlamento por la citación del diputado Sebastián Valdomir, dijo que la previsión –está escrito en los cuadros que se presentaron– de la que el fondo covid iba a disponer en 2021 sería de USD 540:000.000, o sea, USD 171:000.000 menos de lo que se dispuso en 2020, cuya previsión fue de USD 711:000.000. Eso está muy mal, ¡muy mal! Se dispone de menos, de bastante menos. Estamos hablando de que en 2021 habrá un 25 % menos en el Fondo Solidario COVID-19 respecto a lo que hubo en el 2020.

Como diré después en mi último punto, este proyecto no modifica eso, porque de una diferencia de USD 171:000.000, con suerte y viento a favor, aportará diez millones. En realidad, no se trata de una discusión sobre lo que se aporta, pero está muy mal que se baje en USD 171:000.000. Al respecto, nosotros hemos hecho muchas propuestas, pero todas tienen un costo.

Estamos esperando saber cuáles serán las medidas en materia de inversión pública. El 2 de marzo, cuando el señor presidente vino al Parlamento, anunció un proceso de adelanto de la inversión pública; esto todavía no se ha concretado en nada o, al menos, nosotros no lo conocemos. Las propuestas del Frente Amplio hablaban de dos puntos del PBI. Se trata de situaciones absolutamente financiables, pero sobre esto nada se ha hecho, y tampoco nada se dice en este proyecto de ley. Esta iniciativa vuelve a plantear que se va a gastar en transferencias, en cubrir seguros de desempleo, pero nada se dice sobre una importante contribución, que es lo que hoy el país necesita. Así como se precisan medidas sanitarias para que las pendientes se junten, también se necesitan medidas sociales y económicas para que la gente pueda realizar esas estrategias, vivir bien y dar de comer a su familia.

El quinto y último punto al que me voy a referir tiene que ver con el impuesto. Estamos considerando –como ya lo dijeron los señores senadores Andrade y Carrera– una propuesta de contribución especial que a nuestro juicio es injustificada, discriminatoria y fuera de la realidad. Estas son las tres características que creemos que tiene este impuesto y las repito: injustificado, discriminatorio y fuera de la realidad.

Es injustificada porque no significa un aporte sustancial a nada. En el 2020, el impuesto aportó USD 30:000.000; USD 17:000.000 por los activos y USD 12:000.000 por los pasivos. En USD 711:000.000, eso significó un 4 %. Ahora va a aportar USD 10:000.000 –ese es el número que se maneja, aunque quizá sea un poquito más, pero mis números me dan USD 10:000.000–, lo que en un total de USD 540:000.000, significa un 2 %. ¿Qué sentido tiene discutir una contribución que lo único que va a hacer es reducir el impacto fiscal en un 2 % de la muy baja carga que se ha decidido gastar? Se decidió gastar muy poco y de ese muy poco, solo el 2 % –superpoco– es la contribución del impuesto. En realidad, en ese sentido esto no sirve para nada.

Ahora bien, puede ser que sea algo simbólico, puede ser que se quiera mandar el mensaje de que aportan los que tienen, los que han logrado mantener un ingreso importante. Esa puede ser una opción y no la negamos, pero de ser así, el nivel de discriminación de este impuesto es enorme, ¡es brutal! No me voy a referir a los ejemplos –no recuerdo exactamente cuáles fueron– que los señores senadores Carrera y Andrade ya plantearon con mucha claridad. Es el caso de lo que sucede con el gerente de una empresa pública y el de una empresa privada en telecomunicaciones o del gerente de un banco público y el de uno privado; en fin, los ejemplos sobran.

No es verdad que sean sectores afectados por la inestabilidad –¡no es verdad!–, porque no es a ese nivel donde está la inestabilidad del mercado de trabajo privado; no es verdad que los públicos tienen el beneficio de que no se les descuenta si faltan porque este Parlamento cambió eso en la ley de presupuesto y, si bien postergamos el plazo para que una comisión lo estudie, ya está aprobado. No hay ninguna razón para esta brutal discriminación que se hace. Mucho más grave todavía –como ya lo señalaron los señores senadores Carrera y Andrade– es que discrimina entre los ingresos del trabajo y los del capital. Acá no estamos discutiendo sobre el sistema tributario –lo digo por las dudas, porque en su momento lo haremos–, sino sobre una contribución especial de los que pueden en solidaridad con los que no pueden. ¡Eso es lo que estamos discutiendo acá! Una contribución especial –reitero– de los que pueden para los que no pueden, y de los que pueden, muchos están entre los del capital.

Por eso presentamos un aditivo sobre el impuesto al patrimonio que lo consideraremos en la discusión particular. Básicamente, establece que los tenedores, los propietarios del capital que mantienen una situación económica importante, buena, deben contribuir igual que otros. ¡Porque pueden, deben contribuir en solidaridad con los que no pueden! Esa es la base del aditivo que presentamos.

Consideramos que se está fuera de la realidad. Hemos discutido mucho –me refiero a los economistas, no a los senadores– sobre cómo va a ser la recuperación, si será en V, en W o en L, aunque esta última significa que nunca más nos recuperaremos, o sea que no es una recuperación. ¿Saben cómo se está dando la recuperación? Las exportaciones crecieron un 19,3 % en el primer trimestre de 2021 respecto a 2020, y se comportaron de esa manera porque se multiplicaron por vez y media las exportaciones en dólares a China y porque se multiplicaron por vez y cuarto las exportaciones en dólares a Brasil; crecieron porque sucedió lo mismo con los precios y porque hubo más volumen exportado.

En el segundo trimestre –esto es una estimación, pero está claro que si miramos las cifras de los primeros y segundos trimestres siempre hay rubros que en el segundo pegan el salto– la situación será todavía mejor que en el primero. Tengamos en cuenta que exportan en dólares y después, cuando tienen que pagar sus costos, abonan un gasoil planchado, un salario que aumentó un 3 %, cuando de marzo a marzo el dólar aumentó alrededor de un 10 %. O sea que tienen un nivel de incremento extraordinario de su ganancia. ¡No tiene sentido! ¡Está fuera de la realidad! Un obrero frigorífico de una empresa láctea tuvo un 6 % de aumento –3 % en julio y 3 % ahora en enero– y un salario del orden de los $ 22.000 nominales. ¡No está bien lo que se está haciendo con los sectores que están incrementando sus ganancias!

¿Saben qué? La recuperación económica no está siendo en V ni en W ni en L, sino en K. ¿Qué quiere decir que la recuperación esté siendo en K? Que hay algunos que están creciendo y otros que están cayendo. Los salarios, los trabajadores, los cuentapropistas, las pequeñas empresas siguen cayendo. Es una K rara, porque el palo de arriba es grande en volumen, pero chiquito en número, mientras que el de abajo –digamos– es toda la barra. Pero reitero que estamos creciendo en K y ese es el problema. Si estamos creciendo en K, los que están mejorando su situación tienen que contribuir para los que están en peores condiciones y ese es el fundamento.

Repito lo que dije al comienzo: es injustificado, discriminatorio y fuera de la realidad.

Es cuanto tenía para decir.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA.- Gracias, señor presidente.

Como todos sabemos, la situación que estamos viviendo en Uruguay no escapa a una realidad regional y mundial. Estamos en una situación de crisis; primero, de crisis sanitaria porque, obviamente, la salud es lo que más importa y lo que más impacta, sobre todo en estos momentos del período de crisis, donde ha aumentado el número de contagios, la gravedad de los pacientes y el número de muertos, que lloramos a diario. Crisis sanitaria que, además, repercute en las otras crisis: la económica y la social.

Yo no tengo dudas de que el Gobierno, el Poder Ejecutivo, ha tenido un singular éxito en la administración y en la gestión de la crisis, porque las crisis, en definitiva, siempre hay que gestionarlas. Ya sufrí la acusación de pertenecer a un Gobierno que se decía que solo administraba la crisis. ¡Y vaya si es importante administrar la crisis! Generalmente es muy difícil, además, medir su éxito o su éxito relativo, porque como también se ha dicho muchas veces, lo que se evita no se valora, es muy difícil de evaluar. Pero yo no tengo dudas de que en el 2020 todos los uruguayos tuvimos un éxito muy importante en el famoso aplanado de la curva; hasta el mes de octubre o de noviembre tuvimos un particular éxito en ese aplanado de la curva con la poca cantidad de casos activos y con los pocos contagios. Y recién ahora estamos atravesando lo que se llama la primera ola, cuando en otros países ya están en la segunda o en la tercera ola de contagios.

En estos momentos discutimos cómo atender esas crisis: la sanitaria, la económica y la social. Y acá hay una diversidad de opiniones e ideas, al punto de que algunas son contradictorias. Felizmente, hoy tenemos un horizonte a la vista con la vacunación que, además, es otra parte del éxito en la gestión de la crisis, gracias a un sistema de vacunación que viene de muchos años en el Uruguay, pero también a la atención de estas particularidades que tienen que ver, por un lado, con el éxito en la adquisición de las vacunas, y luego, con la rápida distribución, lo que nos permite hoy estar entre los primeros países del mundo en materia de vacunación.

Por lo tanto, señor presidente, tenemos allí un horizonte a la vista para la salida de la crisis sanitaria. Pero, lamentablemente, tenemos que llegar allí con esta situación de pandemia de primera ola que crece, a pesar de que en los últimos días hay algunos indicadores de estar entrando en una meseta, pero evidentemente aún tenemos muchísimos contagios. No hay otra forma de bajar el número de contagios si no es bajando la movilidad; no hay otra forma y creo que en eso estamos todos de acuerdo, porque el virus no se traslada solo, sino que lo trasladamos nosotros, las personas. El tema está en que las medidas a aplicar para bajar esa movilidad respeten todos los aspectos que vinculan cualquier decisión administrativa: la libertad de las personas, sus derechos, las necesidades laborales, económicas y sociales, y la realidad, que a veces se contrapone con el ideal y hace que nuestras expectativas no se cumplan como quisiéramos o tan rápidamente. Y allí hay diferentes matices y son pocas propuestas concretas, sobre todo porque no tenemos la certeza de que esas medidas administrativas de reducción de la movilidad vayan a dar resultado, ya que no lo han dado en todo el mundo. Basta mirar la actual situación de países muy cercanos como Argentina, que decretó cuarentenas y confinamientos obligatorios.

En definitiva, los países fueron alternando, sufrieron mucho y, como decía, han tenido varias olas de contagios. Por lo tanto, no hay una receta. Creo que en eso el Poder Ejecutivo, el Gobierno uruguayo, el presidente de la república eligió un camino que hasta ahora viene siendo adecuado, es decir, apelar una y otra vez a la libertad responsable, la famosa libertad responsable. Alguna vez los ciudadanos tienen que entender que hay cosas que dependen de la actitud, de la decisión, de la voluntad y de la disciplina de cada uno de nosotros. Lamentablemente hay diferencias; existe una gran cantidad de conciudadanos
–yo diría que la mayoría– que respeta, se cuida y con ello cuida a los demás, pero hay un grupo de ciudadanos que no lo hace.

Evidentemente, se van a tener que ir adecuando las medidas, y esas son las famosas perillas. Creo que el Gobierno, en un primer momento con el «quédate en casa», siempre respetó esa libertad pero con mensajes muy firmes. Luego, de a poquito –aunque fue muy criticado al principio– empezó a abrir la enseñanza, comenzando por las escuelas rurales. En definitiva, fue manejando gradualmente esas perillas, con su máxima de avanzar en la libertad y en la apertura todo lo que se pueda, pero sin temor a tener que retroceder cuando fuera necesario.

Ahora bien, conscientes somos todos de que cualquier medida administrativa tiene sus consecuencias directas e inmediatas sobre las personas en cuanto a sus posibilidades de trabajo, su economía y lo social. Creo que allí también, hasta ahora, ha venido teniendo un singular éxito la gestión de la crisis.

Y el Gobierno no ha dejado –como nunca lo hizo en la historia del Uruguay– de atender las necesidades básicas. A mí me llama la atención cuando oigo hablar del hambre. Acá se están invirtiendo cifras muy considerables, tanto por parte del Gobierno nacional a través del Mides, como de los Gobiernos departamentales, y por qué no mencionar, obviamente, la solidaridad de organizaciones no gubernamentales. Pero nunca ha faltado la asistencia directa para sostener las necesidades básicas de nuestro pueblo y de nuestra gente.

En ese sentido, se han adoptado medidas que hasta ahora han sostenido, primero, la asistencia básica a las personas, a aquellos más desamparados, los que tenían una situación de trabajo precario y no formal. Es más –digamos las cosas como son–: todo esto ha dejado al desnudo una situación que se nos decía que era poco menos que brillante. Aquel desarrollo, el nivel de empleo o los bajos niveles de desempleo eran bastante endebles; bastó un soplido en contra –como lo anunciábamos nosotros– para que todo eso mostrara la poca solidez.

(Ocupa la presidencia el señor Óscar Andrade).

–Además, se ha apuntado a sostener las fuentes de trabajo –como se ha dicho una y otra vez– y sobre todo a la pequeña y mediana empresa –que son las responsables del mayor porcentaje de generación de trabajo y de empleos–, para que no terminen cerrando y para que sea más fácil la recuperación, sea en V, en W o en K. Precisamente, mañana vamos a salir a recuperar el trabajo, la verdadera estabilidad de los trabajadores uruguayos, a través de las fuentes de trabajo que tenemos que preservar. Al respecto, creo que tuvo un éxito singular la extensión de los seguros de paro, así como los seguros de paro flexibles y el seguro de paro parcial para sostener, por un lado, la economía de los trabajadores y, por otro lado, las fuentes de trabajo.

Además, se ha atendido el aspecto de los tributos, las obligaciones de la pequeña y mediana empresa, con distintos beneficios que fueron adquiriendo; y creo que el Gobierno va a terminar teniendo que aportar más, en particular en este momento. Justamente mañana tenemos la visita del equipo económico a la Comisión de Hacienda, a solicitud nuestra, para que nos informe sobre todos los sectores que se vieron afectados por decisiones administrativas de cierres, como el turismo, los gimnasios, los clubes, los free shops en la frontera con Rivera y las termas del litoral que tuvieron que cerrar en Semana de Turismo, para quienes creemos que hay que tomar más medidas de apoyo.

Ahora, con respecto a la cantidad invertida en lo que es el fondo coronavirus –al que estamos tratando de hacerle un aporte con este proyecto de ley, que es el tema en debate–, creado en abril del año pasado por la Ley n.º 19874, yo quiero hacer una aclaración.

Recién escuchaba al señor senador Olesker –y creo que es un error, una confusión– tomar las cifras que ha manejado la ministra como lo que se ha decidido invertir a través del fondo coronavirus. Decir que USD 540:000.000 es lo que dispondrá el Gobierno es un error o es haber entendido mal, porque la ministra fue muy clara al decir que el fondo coronavirus va a tener todo lo que necesite. Eso está claro y creo que está bien entendido a esta altura; si se insiste, es porque no se quiere entender. La mención de una cifra es el cálculo que necesariamente hace un gobierno, que puede ser cercano, quedarse corto o exagerar. Se trata del cálculo que tiene que hacer cualquier administrador cuando enfrenta un gasto, y eso es lo que estimaba el Gobierno que iba a requerir el fondo coronavirus. Evidentemente se va a quedar corto. Y van a estar los recursos que se necesiten para enfrentar las distintas etapas de esta crisis, que lamentablemente no va a ser corta, porque después vamos a tener que enfrentar la salida de la crisis, que también va a necesitar los incentivos del Gobierno.

Ahora, seamos sinceros en el debate; esto no es un remate. Siempre se puede pedir más, siempre se pueden tener ideas. El Chicho existía en un sketch de televisión –que los más veteranos recordaremos–, que resolvía todo a través de decretos, pero en la realidad no hay Chichos; aunque a veces hay cosas que parecen broma. Yo puedo hacer una competencia de quién promete más, de quién es más bueno y a quién se le ocurren las mejores ideas. Ahora, ¡siempre va a pagar el pueblo uruguayo! No hay magia. No hay una galera de donde mágicamente salen conejos o dinero. ¡Siempre lo va a pagar el pueblo uruguayo! Ojalá hubiéramos tenido más recursos para invertir, y no hubiéramos recibido –que en el debate a veces se olvida– un estado de cuentas que ya estaba más que comprometido y que ahora, con la crisis, sale del debate.

Con respeto a este proyecto de ley –que creo que es sobre lo que tenemos que centrar el debate–, diré que el Partido Colorado lo va a votar afirmativamente. Es verdad que toma parte de lo que propuso el Partido Colorado. Fuimos los primeros que propusimos fijar una contribución, porque más que un impuesto es una contribución, es un gesto, es la solidaridad. También es verdad que nosotros creíamos y creemos que deberían hacerlo todos los uruguayos: los funcionarios públicos, y también los privados. Pero este fue un trabajo y una propuesta que hicimos en la interna de la coalición –ya que formamos parte de un gobierno que tiene sus criterios, que tiene su visión– y se tomó parte de ella –estamos contentos por eso– y hoy vamos a votar este impuesto que afecta únicamente a los funcionarios públicos, que sin duda tienen beneficios por arriba de los empleados privados. Pero como bien lo decía el senador Gandini previamente –esa es nuestra posición–, no estamos cerrados a que en otra oportunidad se pueda observar otra fuente de financiamiento, otra fuente de aportes ya sea de los trabajadores privados o del sector empresarial.

Sin duda que el principio es un aporte, una colaboración concreta, puntual, por dos meses, de quienes ganan más. No le estamos pidiendo al pobre trabajador –si bien trabajadores son todos– que gana menos, sino que estamos pidiendo un aporte a nosotros mismos, a los políticos que ocupamos bancas, a quienes ocupan cargos de particular confianza. Esto es lo que vamos a votar. No vamos a acompañar el aditivo o sustitutivo del Frente Amplio porque formamos parte de un gobierno al que le hicimos una propuesta, y seguimos pensando igual. Es lo que en este momento se está planteando, pero no se niega que en otra oportunidad podamos tratar otras fuentes de financiamiento.

Creo que votar este proyecto de ley es una cuestión de coherencia y por eso estimo y pido que lo votemos por unanimidad, más allá de que quisieran o quisiéramos más. Recordemos que hace un año votábamos un proyecto que era peor que este, porque ahí había tabla rasa y todos los funcionarios de mayores ingresos aportaban lo mismo; ahora hay escalas, que creo que también hacen justicia, pese a que se recauda menos.

Entonces, avancemos en lo que tenemos y en lo que podemos, y sigamos monitoreando esta situación de pandemia, esta situación de crisis, que como en toda crisis nos tiene que encontrar unidos. Es lo que nos está pidiendo la ciudadanía. No son horas de marcar diferencias, perfilismos o de hacer un remate de cuál pide más, porque eso muchas veces es populismo, y no estoy acusando a nadie en particular. Cuidémonos todos de que no se interprete de esa manera porque flaco favor le estaríamos haciendo a nuestra democracia.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR BRENTA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR VIERA.- Con mucho gusto.

17) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Andrade).- Antes de dar la interrupción al señor senador Brenta, deberíamos poner a consideración del Cuerpo extender la hora de finalización de la sesión por el tiempo que sea necesario.

Se va a votar.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

18) EMERGENCIA SANITARIA - COVID-19

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Andrade).- Continuamos con la discusión del tema en consideración.

Ahora sí, puede interrumpir el señor senador Brenta.

SEÑOR BRENTA.- Agradezco la interrupción que me concede el señor senador Viera.

Señor presidente: quería hacer referencia a que ayer en la sesión de la Comisión de Salud Pública el señor ministro de Salud Pública se refería a la situación actual como un tsunami, una situación que estaba claramente por fuera de los niveles de crisis que el país ha vivido, quizás, en otras coyunturas. Yo quiero decirle que está equivocado respecto a la solidez –o no– de la situación de formalidad e informalidad que el país tenía previo al tsunami. No fue un viento el que hizo caer los niveles de formalidad que el Uruguay tenía, sino un tsunami, el que estamos viviendo hoy. En el 2005, cuando recibimos el país con 1:000.000 de personas pobres y 700.000 registradas en el Banco de Previsión Social, la informalidad rondaba el 50 %; ese índice terminó en el entorno del 20 %. Uruguay es el país con mayor formalidad de toda América Latina, acompañado esto de un crecimiento continuo y persistente del salario real y de las pasividades durante quince años. Obviamente, ese 20 % de informalidad, que es el mejor porcentaje de la región por lejos –porque en América Latina hay países que tienen un 70 % de informalidad–, no fue abatido ni apareció escondido cuando un tsunami golpeó a esos sectores que aún no habíamos logrado incluir en la formalidad. Por lo tanto, respetuosamente, digo que no debemos construir un relato que no se ajuste a la realidad. La realidad es que se crearon 300.000 puestos de trabajo entre 2005 y 2019 y que en el último año se perdieron 60.000 de ellos. Esos son los números reales.

Muchas gracias, señor senador, por concederme la interrupción.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Andrade).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Señor presidente: casi estrenando su presidencia, vamos a intentar remitirnos a lo que el artículo 72 del Reglamento indica a los senadores, esto es, al proyecto de ley en su conjunto.

El proyecto de ley está compuesto por su exposición de motivos y su articulado, y eso es lo que se puso a consideración del Cuerpo. Por nuestra parte, vamos a referirnos a ello en forma textual, por lo que quizás citemos esos textos en más de una oportunidad.

En la exposición de motivos, casi a su inicio, el Poder Ejecutivo indica: «Si bien en nuestro país durante el año 2020 se equilibraron los aspectos sanitarios, sociales y económicos distorsionados en un gran porcentaje como consecuencia de la emergencia sanitaria, habiendo el Uruguay servido de ejemplo en América y en el mundo; actualmente nos encontramos con un aumento exponencial del número de personas contagiadas, con internación en Centros de Tratamiento Intensivo; con las consecuencias que ello conlleva para el sistema de salud, en la vida social, en lo laboral y en lo económico en general».

En esta frase, que es acápite de un proyecto de ley que naturalmente refiere a aspectos impositivos, se hace una valoración autorreferida –porque hace a lo que el Poder Ejecutivo ha hecho y manda– y se mencionan, no solo los aspectos puramente impositivos, sino también los sanitarios, sociales y económicos. Estos son algunos de los aspectos que vamos a señalar en la exposición, que además se tienen que vincular con cuestiones que se han dicho en más de una oportunidad –hoy en esta sala, pero también en distintos medios de prensa, redes sociales y demás– sobre la actitud que ha tenido nuestra fuerza política, el Frente Amplio, durante todo este año con respecto al tema de fondo, al Gobierno y a lo que nosotros entendemos ha sido, es y será una sostenida vocación de diálogo.

En primer lugar, en la exposición de motivos se hace referencia a lo que sucedió a partir del 13 de marzo de 2020, cuando aparecieron los primeros cuatro casos de covid en el Uruguay. Reiteramos que entendemos que las medidas que se tomaron desde el punto de vista sanitario fueron acertadas. Nos referimos, por ejemplo, al decreto sobre la emergencia sanitaria; al cierre parcial de fronteras; a la suspensión de espectáculos públicos; a la recomendación de evitar reuniones multitudinarias, eventos y fiestas tradicionales; al no control de asistencia en todas las instituciones de enseñanza pública y privada, acompañada de la virtualidad gradual y sostenida, y a una campaña de concientización e información explicando los aspectos para tener en cuenta. Todo esto fue apoyado por nuestra fuerza política. Es más, después se complementó con el cierre total de fronteras –terrestre, fluvial y aérea– con Argentina y otras medidas más, tales como la suspensión de vuelos con Europa y Estados Unidos y la instalación de una comisión de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera; en fin, toda una serie de medidas.

¿Cuándo y de qué manera se expresa el Frente Amplio? Lo hace el 18 de marzo, a los cinco días del establecimiento de este estado de situación por parte del presidente de la república. Ese día el Secretariado del Frente Amplio emite una declaración en la que se sostiene, entre otras cosas, el apoyo a las medidas de prevención y combate a la propagación del virus que se estaban tomando por parte de las autoridades nacionales y departamentales; la exhortación al más amplio acatamiento de las disposiciones, con una actitud responsable, serena y solidaria de toda la población. Asimismo, ratificó el compromiso de trabajar y de coordinar desde todos los ámbitos, ya sean institucionales, políticos o de la sociedad civil organizada, para mitigar en todo lo posible los efectos de la pandemia. Y dice –cito textual–: «En especial, deben extremarse las medidas que protejan a sectores más vulnerables de la sociedad y a los/as trabajadores/as. Respecto a estos últimos, es necesario considerar la situación de los trabajadores autónomos y cuentapropistas, que pueden no tener la necesaria cobertura de seguridad social y acceso a las medidas compensatorias». A su vez, insta al Gobierno a rever medidas impositivas que había tomado antes como, por ejemplo, la referida a la derogación del beneficio de dos puntos de IVA en las tarjetas de crédito o de débito, a la política cambiaria y demás evaluaciones.

Reitero expresamente que este pronunciamiento orgánico por parte del Frente Amplio se hace a los cinco días de la conferencia de prensa del presidente, realizada el viernes 13 de marzo, cuando aparecieron los cuatro primeros casos.

Es de hacer notar que se dice, una y otra vez, que no hay una actitud constructiva, que no hay apoyos concretos a cosas concretas. En este sentido, cuando se propuso por primera vez –y fue dicho hace un rato por un senador de la oposición– el proyecto de ley relativo al fondo covid, contó con los votos unánimes de todos. Y hoy va a tener nuevamente el apoyo en general. Por supuesto, no estamos de acuerdo con el sentido, con los instrumentos diseñados y propuestos, pero la actitud ha sido, es y será siempre la de una oposición constructiva. Esa ha sido y es la actitud del Frente Amplio.

A su vez, a los pocos días, cuando se anuncia una serie de medidas –una de las mejores, o la mejor quizás, fue la creación del GACH, grupo de alto nivel integrado por científicos y académicos para evaluar las distintas medidas a aplicar–, el 27 de marzo se eleva al presidente de la república un plan de contingencia relativo a la situación de la pandemia. Fue entregado en mano y, palabras más, palabras menos –reitero, el 27 de marzo, a menos de quince días de la declaratoria oficial de la crisis en materia sanitaria en el Uruguay, o de las medidas que anunció el presidente de la república–, se dijo: «Creemos que esta es la hora de la política y es la hora del Estado […] hoy, más que nunca, se debe construir un Gran Acuerdo Nacional –lo sostuvimos al inicio de todo este gran problema que vive el mundo y, en este caso, el Uruguay–, en el que participe la totalidad del sistema político en conjunto con las organizaciones sociales, sindicales y empresariales. Solamente entre todos seremos capaces de superar esta coyuntura. Pero para eso se requiere de diálogo y flexibilidad de todas las partes».

En esa oportunidad reclamábamos no solo las medidas desde el punto de vista sanitario, que en sus primeros tiempos saludábamos, sino también –y efectivamente– el complemento que entendemos es parte de una situación integral: por un lado, todo lo que ha sucedido y sucede en materia sanitaria, y también lo que se necesita en materia económica y social.

Con respecto a este último punto, particularmente hemos tenido diferencias casi desde el principio, diferencias que mantenemos, sostenemos, y que hasta ahora no han sido superadas.

En mayo, cuando todavía estábamos con una situación sanitaria controlada –en ese semestre o hasta los meses de setiembre u octubre se mantuvo así, por suerte–, los niveles de paralización que tenía la economía traían consecuencias importantes desde el punto de vista económico y social. En ese momento seguíamos reclamando por el plan y la propuesta que le habíamos presentado al presidente de la república. Y sostuvimos, a través de la propia Mesa Política del Frente Amplio: «No obstante, vamos a continuar apostando al diálogo, no dejaremos de impulsar nuestras propuestas en todos los ámbitos posibles». Aquí evito la cita de texto, pero estuvimos y estamos al frente de una fuerza política que, por un lado, señala y marca con fuerza todos aquellos niveles de discrepancia que tenemos con el encare socioeconómico, y en esta etapa también sanitario por parte del Gobierno, y al mismo tiempo insta al diálogo.

A partir de diciembre hay quizás un cambio cualitativo, que comienza con un agravamiento de la situación sanitaria y la preocupación que manifiestan académicos y científicos a partir de una nueva realidad que se da y se desarrolla en materia sanitaria. Las medidas planteadas en diciembre –que todos aquí conocemos– de la implementación del teletrabajo en oficinas públicas, el cierre en determinados horarios de algunos centros comerciales, la suspensión de fiestas de fin de año de los centros educativos –podríamos seguir repasándolas, pero no lo vamos a hacer para optimizar los tiempos– no dieron los resultados esperados. Así se generó una situación en la que entre el 1.º y el 31 de diciembre los indicadores marcaban un claro deterioro del estado sanitario. Lo voy a señalar con números: la cantidad de casos totales que acumulaba el país pasó de 6000 a 19.000, los casos diarios saltaron de 164 a 644 y los casos que requirieron CTI pasaron de 22 a 72.

En ese sentido, el Frente Amplio reiteró su vocación de diálogo, de búsqueda de entendimiento y de acuerdo nacional, de definir objetivos generales para, en primer lugar, poder acceder a información de calidad y, en segundo término, tener la capacidad de debatir, de generar propuestas que fueran colectivas y no ya exclusivamente del Poder Ejecutivo. Y en ese marco hizo una propuesta en este ámbito, que finalmente se concretó hace una semana. La realizamos cuando el contexto sanitario era crecientemente complejo, pero bastante menos complejo que el que estamos viviendo hoy. Nuestra fuerza política también lo sostuvo desde el punto de vista orgánico, a pesar de no lograr, por ningún concepto, que en ese momento se aprobara este tipo de iniciativas.

En enero el país pasa a una situación, tomando en cuenta el índice de Harvard, bastante complicada. Ya comienza a aproximarse al nivel máximo, que es el rojo, y el 15 de enero esa situación se está planteando. Ante esa nueva realidad, seguimos sosteniendo que era muy complejo tener, desde el punto de vista sanitario, la misma actitud que se estaba teniendo y que era necesario llegar a 200 casos diarios para lograr el objetivo de evitar situaciones que lamentablemente vendrían después. No existía en ese momento un panorama específico de la llegada de las vacunas al país –estamos hablando de los primeros días de enero–, pero sí se anunciaba un plan de vacunación, que es el que estamos viviendo en estos días y en estas horas.

En ese marco, el empeoramiento de la situación sanitaria se anunció, no ya por quienes integramos esta fuerza política, no ya por quienes somos parte de su colectivo, sino por parte del Grupo Asesor Honorario Científico, el GACH. Tan así es que el 7 de febrero, en un informe que vale la pena repasar, hacía una descripción del estado de situación y de una serie de medidas que consideraba indispensables para bajar el ritmo de contagios y lograr el objetivo de retomar el hilo epidemiológico. Se trataba de una oportunidad de intentar encauzar la situación, por lo que el Gobierno entonces tuvo –y tiene todavía, sin duda– esa herramienta para poder achicar la brecha, cada vez mayor –que se fue generando desde diciembre hasta nuestros días–, entre algunos señalamientos de los que se ha tomado conocimiento público a través de los pronunciamientos que ha hecho la comunidad científica y médica del país, y las decisiones de políticas públicas que lleva adelante el Poder Ejecutivo. Naturalmente, nadie dice que no tenga la potestad ni la legitimidad, desde el punto de vista institucional, para llevarlas adelante. Lo que sí decimos es que contrariamente a lo que pasaba en los primeros seis o siete meses del 2020 –cuando las políticas públicas estaban muy alineadas con los asesoramientos que se recibían o que se conocían de este grupo de científicos, médicos y especialistas en la materia–, desde fines del año pasado y hasta nuestros días la mayor distancia entre sus recomendaciones y esas decisiones termina generando condiciones que no compartimos. Además, los datos de la realidad indican que hoy estamos en una situación mucho más compleja, y en nuestra opinión, si se hubiesen tomado a tiempo este tipo de medidas, hoy podríamos estar en otras condiciones en materia sanitaria.

Y agrego: febrero cerró con 7347 casos activos y 608 muertes desde el comienzo de la pandemia. En dos meses de 2021 –y presten atención a estos datos– teníamos más del triple de muertes por covid que en todo 2020, cuando habían sido 181. Insisto, la exposición de motivos, en su inicio, nos indica que hubo una valoración que entendemos fue correcta en la primera parte del año 2020, pero que notoriamente dejó de serlo desde diciembre en adelante.

El 16 de marzo, el GACH elabora un nuevo informe en el que, ante el agravamiento respecto al 7 de febrero, advierte: «Uruguay se encuentra transitando un estado de situación epidemiológica de trasmisión comunitaria (TC) intensa y sostenida del virus SARS-CoV2 reflejado por un alto número de nuevos casos de covid-19, un porcentaje elevado de casos sin nexo epidemiológico, un alto porcentaje de positividad en los test de RT-PCR, aumento de número de individuos hospitalizados y fallecidos, entre otros indicadores». Señala que estábamos pasando al nivel rojo de la escala de Harvard y que el país se encontraba en un camino hacia el nivel de trasmisión comunitaria máxima, esto es, el TC4. Y agrega que, ante la gravedad de la situación, «resulta esencial tomar un conjunto de medidas que apunten a la disminución sustancial del número y duración de los contactos entre las personas», en referencia a su propio informe del 7 de febrero.

Ante esto, el 16 de marzo el Gobierno lanza una serie de medidas que, en nuestro modo de ver las cosas, fueron insuficientes desde el punto de vista sanitario y lejanas a la realidad que ya se estaba viviendo en el país, por el crecimiento exponencial de los contagios y por la evolución general del estado sanitario.

No voy a desarrollar las medidas que ya conocemos que se tomaron. Sostenemos que son insuficientes, y agregamos algo más. Hubo un pronunciamiento, que también fue muy categórico y que se intentó desmerecer y quitarle el valor que efectivamente tenía. Me refiero al pronunciamiento que el 27 de marzo emitieron el SMU, la FEMI, la Sociedad Anestésico Quirúrgica, sociedades científicas y un amplio colectivo de gremios, organizaciones y facultades del área de la salud, y que sostenía lo siguiente: «Ante el crítico escenario dado por el alto número de casos de covid-19 que determina la saturación de camas de CTI, así como saturación de equipos de atención ambulatoria y testeos, puertas de emergencia y camas en hospitales y mutualistas tanto en Montevideo como en el Interior del país; y a su vez la alta cantidad de trabajadores de la salud en cuarentena y cursando la infección, las organizaciones abajo firmantes hacen un llamado al Gobierno a que tome medidas efectivas para disminuir la movilidad y el contacto, y a toda la población a extremar los cuidados y a vacunarse.

Las acciones para evitar la catástrofe sanitaria» –esas son las palabras que eligieron: «catástrofe sanitaria»– «inminente son la reducción de la movilidad en su máxima expresión y el cierre de toda actividad no esencial».

Esa definición categórica proviene de organizaciones científicas que nada tienen que ver en sus características ni en su composición –ni tienen vinculación alguna– con ninguna fuerza política en el Uruguay, y que emiten este señalamiento a quienes tienen la potestad y la legitimidad institucional de llevar adelante las medidas, aquellas que había que tomar y que no se tomaron. En ese sentido, creemos que no solo estaban perdiéndose todos esos indicadores, sino que, además, seguía aumentando otro capítulo que para nosotros es, efectivamente, muy delicado y que refiere a la pobreza y a la indigencia. Los informes nos están señalando que en el país hay 100.000 pobres más, así como una caída sostenida del poder de compra y de los ingresos de los hogares de trabajadores y jubilados. Este es un dato de la realidad, es la otra cara de la pandemia. Por un lado, está la cara que acabamos de señalar, con profusa información y con documentos, algunos de ellos emitidos por nuestra fuerza política y, otros, por las organizaciones médicas y científicas, así como por quienes tienen técnicamente la responsabilidad de asesorar al Gobierno, esto es, el Grupo Asesor Honorario Científico; por otro lado, tenemos la contracara, la situación de miles y miles de personas a las que, por supuesto, exhortamos a que circulen lo menos posible. Esa es la exhortación o el llamado, y el Estado deberá tomar acciones mucho más firmes en la materia. Sin embargo, al mismo tiempo nos encontramos con la realidad de cada uno. Es muy complejo, por no decir imposible, exigir a las personas a través de políticas públicas que reduzcan al máximo los niveles de circulación y que se queden en sus casas, cuando al mismo tiempo tienen la necesidad de trabajar para sobrevivir, para poder pagar sus cuentas y poder mantener su calidad de vida. Nos encontramos en el mes de abril y, realmente, estamos sometidos a una situación muy compleja.

Antes de finalizar mi intervención quiero dar algunos datos más.

Hacia el 10 de abril, el promedio de casos diarios era de entre 3500 y 4000, la positividad no bajaba del 20 % y la cantidad total de fallecidos era de 1400. Desde el 15 de marzo a hoy tuvimos más de 700 muertes –eso representa el 50 % del total de muertes por covid desde que la pandemia ingresó al país– y del 7 al 10 de abril inclusive, es decir, en esos cuatro días, tuvimos más muertes por covid que en todo el 2020. Reitero: entre el 4 y el 7 de abril hubo más muertes que en todo el 2020. Estamos hablando de 188 muertes frente a las 181 que hubo en el 2020. Son datos absolutamente relevantes, que nos sustancian efectivamente lo que estamos viviendo en estos días y en estas horas.

El promedio de casos diarios en octubre de 2020 fue 35; en diciembre, 432; en marzo, 1540; y en estos días de abril estamos arriba de 3300. Estos datos, que podrían actualizarse aún más, plantean una situación bastante dramática sobre cómo lo está viviendo la gente. Creo que, por suerte, han abundado las imágenes de referentes políticos, sociales y de distintas áreas de la cultura y del deporte instando a la población a vacunarse, pero el desfase que se generó originalmente y la carrera en la que hoy estamos como país, entre la necesidad de cantidad de vacunas y de gente que se vacune, así como la necesidad de mantener a la mayor cantidad posible de gente aislada, solo deben tener una respuesta posible: empujar todos en la misma dirección y, además, que desde el punto de vista económico haya un cambio sustancial en el encare, esto es, dar las posibilidades para que el país tenga un sostén mucho más fuerte en materia de presencia del Estado, en el sentido del empuje y la reactivación que tiene que haber de la actividad económica y, directa e indirectamente, del empleo.

Es más, ahora –y cuando hablamos de ahora estamos aludiendo al contenido del proyecto de ley a consideración– se nos plantea una serie de artículos que llevan a hacer nuevamente un esfuerzo a determinado sector del funcionariado público, y es cierto que son los que tienen determinados ingresos, que no son los más bajos, pero son exactamente siempre los mismos. Y creemos legítimo que se le pida un esfuerzo a un determinado sector de los empleados públicos que tienen ciertos ingresos, pero también nos parece oportuno, necesario y justo que esto esté en consonancia con el esfuerzo de otros que tienen también un cierto nivel de ingreso y a veces hasta desarrollan la misma actividad, variando solo en la naturaleza, si es pública o privada. En definitiva, me refiero al hecho de que a unos se les pida un esfuerzo y se les ponga un impuesto y a otros no.

Por eso veíamos con buenos ojos –y nos quedó bien claro a partir de la intervención del señor senador Tabaré Viera– la intención de legislar y el pronunciamiento del Partido Colorado a favor de que este impuesto se plantee de una manera más igualitaria entre personas que tienen los mismos ingresos, más allá de si su origen es público o privado. En ese sentido, si el Partido Colorado hubiese tenido la voluntad de sostener con su voto aquí, en sala, lo que públicamente pronunció, los votos de nuestra fuerza política habrían estado, es decir, estaban y están para que eso fuera posible. Sin duda, es legítimo que el Partido Colorado tome la opción que desee –y lo respetamos–, pero si quiere ser consistente con lo que efectivamente trasmitió en esta materia a la opinión pública, que sepa que nosotros coincidimos y tenemos los votos del Frente Amplio para hacerlo posible.

Finalmente –pues veo que se enciende la luz amarilla, señor presidente–, agregamos que lo que acabamos de referir está dentro de las propuestas que vamos a presentar como alternativas. Hemos presentado una iniciativa, un proyecto, que hace al gravamen de aquellos capitales de uruguayos residentes y que van hacia el exterior. Desde el punto de vista económico y político creemos que ese aporte podría ser muy importante, que sustancialmente en lo económico sería mucho más beneficioso, incluso para las propias arcas del Fondo Solidario COVID-19, y que daría una señal específica, más allá de la legitimidad que tiene cualquier compatriota de sacar o trasladar sus recursos al exterior. Como se pide a su vez un esfuerzo económico, circunstanciado y por un tiempo a determinada franja de trabajadores, e incluso sufren las consecuencias aquellos que invierten en el Uruguay, que tienen su empresa en el Uruguay, que dejan sus ahorros y sus capitales en el Uruguay, entendemos de estricta justicia esta medida –que puede ser hasta complementaria– de que contribuyan al fondo quienes tienen mayores posibilidades de hacerlo.

Me quedo por acá, señor presidente. Gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Óscar Andrade).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Evidentemente, aquí todos nos estamos manifestando por el proyecto y también por lo que lleva a presentarlo, que es la realidad que tenemos de la pandemia.

En cuanto al proyecto en sí, nosotros ya hemos adelantado que lo vamos a votar en general. Ahora bien, vamos a presentar un sustitutivo del artículo que menciona solo a los empleados públicos, para agregar a los privados. También vamos a presentar un aditivo en el sentido de que se cargue a aquellas personas físicas que tengan demasiada cantidad de dinero, esto es, a los que llamamos comúnmente «ricos». A su vez, pedimos que no se cargue a las empresas que no tuvieron ganancias en la pandemia y sí a aquellas que tuvieron sus ganancias durante este período, que las hubo.

Me quiero detener en que acá se dijo que había posturas ideológicas diferentes. Creo que sí, que evidentemente hay posturas ideológicas diferentes. Para algunos solo hay que cargar a los públicos y quedar en eso. Acompañamos en su totalidad el tema de que se nos descuente a nosotros, a los cargos políticos –desde siempre acompañamos todo lo que vaya en el sentido de la austeridad–, porque de lo que se trata es de dar gestos; en esa parte está bien asegurado nuestro voto. Pero sí creemos que también es momento de dar gestos que sirvan para nutrir este fondo, porque acá se ha dicho que ni siquiera se va a recaudar lo mismo que en el anterior –el de abril del año pasado–, sino que va a ser menos de la mitad. Entonces, hubiera sido una buena oportunidad para que se pudiera nutrir este fondo con los aportes de quienes también tienen sus recursos, pero que de acuerdo con este proyecto no se tocan. Creemos que esa es una equivocación. Hubiera sido un buen gesto de parte del Poder Ejecutivo y de quienes están en la coalición de gobierno haber defendido que todos aporten en la medida de sus posibilidades, como es un criterio de justicia.

También está el tema de quienes residen acá, pero que tienen depósitos en el exterior. Entendemos que es justo incluirlos, porque esos depósitos deberían también nutrir las arcas de nuestro Estado y, en este caso concreto, del fondo.

El señor senador Mahía hacía todo un detalle de cómo nosotros nos paramos desde el inicio ante esta pandemia y de qué forma la había encarado el Gobierno. Nosotros desde siempre aportamos desde una oposición constructiva. Acompañamos las medidas sanitarias que se tomaron durante los primeros meses, que parecían exitosas. Quizás eso llevó al Gobierno a pensar que Uruguay había zafado de esa realidad tan dolorosa que estaba viviendo el mundo, pero evidentemente se empezó a manifestar a fines de noviembre y diciembre y, justamente, dada esa convicción en cuanto a que íbamos bien, el proceso para proveerse de las vacunas se hizo un poco lento. En realidad, en diciembre el tema empieza a ponerse más grave y, evidentemente, en estos meses se agudiza muchísimo.

Lo que sentimos, o al menos lo que siento a nivel personal, es que acá es como sentarse a esperar que transcurra el tiempo y que pase lo que tenga que pasar hasta que la vacuna haga su efecto. Ante eso, pensamos que deberían tomarse otras medidas, porque no podemos simplemente esperar a que pase el tiempo. Tenemos que tratar de que la movilidad se reduzca, pero para ello se deben tomar ciertas medidas y decisiones que no son las que ha adoptado el Gobierno. Nosotros decimos desde hace mucho tiempo que hay que apostar a que nuestro Estado colabore y acompañe a aquellos que no tienen recursos, porque si no, evidentemente van a salir a buscar cómo mantener a su familia y no van a poder hacer eso que queremos para que la pandemia no se siga difundiendo. O sea, por un lado, decimos «quédese, atienda a los demás y sea solidario», pero no le damos la forma, los recursos para que eso se pueda hacer. Eso no nos parece que esté bien y no creemos que ese discurso de libertad responsable sea el camino que tengamos como uruguayos, para que en este tiempo realmente pase algo diferente hasta que la vacuna sea efectiva. Lamentablemente, va a seguir pasando lo mismo si no hacemos algo diferente. Como se dice en cualquier ámbito, si uno quiere que pasen cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Aquí no se está haciendo nada distinto desde el 23 de marzo y, evidentemente, tampoco desde antes.

Cuando se dice que esto lo va a pagar el pueblo, es así, pero –como decíamos al inicio– algunos lo van a pagar más que otros y eso realmente nos preocupa mucho. Se manifiesta que se dejan las necesidades básicas satisfechas, porque se han tomado algunas medidas con el Mides, pero ¡atención!, una necesidad básica es comer y acá todos sabemos que las ollas van aumentando y nutriéndose de cada vez más población, lo que significa que esa necesidad básica no está satisfecha y no se ha hecho todo lo necesario para que realmente nuestra población esté en buenas condiciones.

(Ocupa la presidencia el señor Sebastián Da Silva).

–Por último, quiero referirme a algo que también es importante, que es cuando se habla de diálogo. En la última sesión recalqué que no podemos igualar lo que hicimos acá, que es la instalación de una comisión de seguimiento de la pandemia, a lo que pidió el Frente Amplio. Desde el inicio, el Frente Amplio pidió un diálogo social, que no se ha dado. Ese diálogo, a través de, por ejemplo, la instalación de una mesa en la que todos nos comprometamos y aportemos, no se ha tenido. Incluso, el presidente llegó a decir «diálogo para qué». Esa es la actitud. Nosotros sí queremos diálogo; entonces, que no se nos reproche nuestra actitud. Repito, nosotros sí queremos diálogo, lo propusimos desde el principio y la actitud es la de no escucharnos e, incluso, no nombrarnos. Tengo que decir que en la conferencia de prensa del 23 de marzo el presidente tuvo que hacer algo, porque tenía que decir Frente Amplio y no lo quiso nombrar. Esa es la actitud que vemos desde el presidente y desde el Gobierno, lamentablemente, porque quien paga es la población. Si no se toman las medidas correspondientes, la que paga es la población.

Esto era básicamente lo que me había anotado para plantear.

SEÑOR BRENTA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA DELLA VENTURA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BRENTA.- La idea es colaborar para acortar el tiempo de desarrollo de esta reunión dadas las condiciones sanitarias del país.

No me voy a extender en cuanto a la voluntad de diálogo que el Frente Amplio ha mostrado y a la cantidad de propuestas, porque el señor senador Mahía hizo una larga exposición respecto a la actitud que nuestra colectividad, como fuerza política mayoritaria de este país, ha tomado desde el comienzo de la pandemia. Sí quiero referirme específicamente –como se ha solicitado para la sesión del día de hoy– al contenido de este impuesto que estamos discutiendo.

Primero, queremos decir que compartimos el aporte de quienes tienen cargos políticos y de representación parlamentaria. Nos parece que es una señal política adecuada y correcta.

Segundo, creemos que es profundamente equivocado el razonamiento que se hace respecto a dividir entre trabajadores públicos y privados. No es verdad que los trabajadores públicos sean inamovibles, porque en la Administración pública existe una enorme cantidad de trabajadores contratados, que no son inamovibles. Reitero que en la Administración pública existen trabajadores que tienen contratos de servicio y de arrendamiento, que no son inamovibles –precisamente, por el contrario, son a término–, y ni que hablar de las empresas que se manejan en la órbita del derecho privado en las que rige el derecho laboral privado. Por lo tanto, se grava a un conjunto de trabajadores que no son inamovibles ni gozan de los derechos de los trabajadores presupuestados.

Por eso, no nos parece justo y, a través de un aditivo que está en la Mesa, hemos propuesto la incorporación de los trabajadores privados que gozan de salarios en muchísimos casos muy superiores a los de los trabajadores con altas responsabilidades en el sector público. Este es un aspecto central.

Otro aspecto que también nos parece central es que, según los datos que el propio senador informante manifestó, este impuesto va a recaudar mucho menos que el anterior. Creo que va a oscilar en doce o trece millones de dólares, algo más de lo que costó el primer avión Hércules que compramos para la Fuerza Aérea hace poco tiempo. Lo que no se está considerando es que el tiempo dedicado a la instrumentación en la Administración pública –lo digo con propiedad porque me tocó aplicar el primer impuesto en la Intendencia de Montevideo con 8300 funcionarios– implica una inversión de cantidad de horas extras adicionales de trabajo muy importante porque esto significa modificar todos los sistemas informáticos de liquidación de sueldos de toda la Administración central. Por lo tanto, no solo la recaudación del impuesto...

(Suena el timbre de indicación de tiempo).

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Se ha acabado el tiempo de que dispone el orador por una interrupción.

Puede continuar la señora senadora Della Ventura.

SEÑOR BRENTA.- ¿Me permite otra interrupción, señora senadora?

SEÑORA DELLA VENTURA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Puede interrumpir el señor senador Brenta.

SEÑOR BRENTA.- Muchas gracias.

Por lo tanto, lo que siento es que no solo va a tener una escasa recaudación, sino que además no estamos considerando los costos de implementación de esto.

Recuerdo un largo debate respecto a los viáticos y a su control. El actual director de la OPP afirmaba que era más caro controlar los viáticos que efectivamente no hacerlo. Acá no se está considerando nada de esto.

Entonces, francamente, se ve que tengo que buscar en Google algo que no estoy entendiendo, porque en realidad se pretende dar una señal a la ciudadanía –en definitiva, me parece que es esto, una señal, como bien manifestaba el señor senador Olesker–, que está muy lejos de recaudar los recursos mínimamente necesarios para atender la enorme situación de crisis económica y social que viene de la mano de la pandemia.

Por lo tanto, nos parece un impuesto que no solo es injusto e inequitativo, sino absolutamente limitado que va a tener un nulo o muy escaso efecto en lo que tiene que ver con los recursos destinados a la pandemia.

Nos parece que la inclusión del sector privado, más las propuestas adicionales respecto a los depósitos de los uruguayos en el exterior y demás que hemos planteado, son notoriamente superiores en materia de recaudación a lo que este impuesto va a recaudar.

Por tanto, no hemos tenido una actitud crítica; hemos tenido una actitud propositiva para fortalecer el fondo coronavirus y que efectivamente pueda atender las demandas insatisfechas de buena parte de la sociedad y la necesaria reducción de la movilidad –en el día de ayer el ministro de Salud Pública lo planteó en la comisión como una necesidad–, para mitigar los contagios y evitar las muertes.

Gracias, señor presidente, por su atención.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Puede continuar la señora senadora Della Ventura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Terminé, señor presidente. Gracias.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- La Mesa recuerda que debemos resolver una situación.

A continuación, le correspondería hacer uso de la palabra al señor senador Bergara, pero a las 14:30 deberíamos cambiar de sala. Sugiero que algún señor senador pida un cuarto intermedio para trasladarnos a la sala del Senado y que el señor senador Bergara tenga todo el tiempo del mundo para explayarse.

SEÑOR BERGARA.- Señor presidente: lo puedo hacer en menos de los quince minutos que nos quedan.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Entonces, tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Muchas gracias, señor presidente.

Buena parte de los conceptos que nos gustaría expresar ya fueron, de hecho, expresados por nuestros colegas, senadores del Frente Amplio.

En primer lugar, coincido con el señor senador Viera en que no hay que hablar de impuesto –si bien formalmente lo es–, sino de contribución; no estamos discutiendo un sistema tributario. Por lo tanto, hay argumentaciones que han sido pensadas para el largo plazo, con lógicas del sistema tributario, cuando en realidad lo que estamos diciendo es que, por dos meses, contribuya el que pueda. Entonces, me parece que hay consideraciones que se matizan mucho desde ese punto de vista.

Pongamos esto en perspectiva con respecto a la importancia que tiene la discusión. Se ha dicho que la recaudación de este impuesto será del orden de los USD 10:000.000, por cuanto no importa tanto esto, sino las medidas que se tomen. Recaudar esto, un poco más o un poco menos, tampoco viene acompañado de medidas adicionales; ya hemos estado discutiendo las medidas necesarias. Y si pensamos, por ejemplo, en lo que la ministra planteó en cuanto a que este año el fondo coronavirus alcanzará los USD 540:000.000, bueno, USD 10:000.000 en ese monto representan menos del 2 %. Quiero poner esto en perspectiva para dejar en claro que la discusión que estamos teniendo está buena desde el punto de vista conceptual, o como señal –en nuestra visión creo que tenemos algunas cosas que corregir–, pero de esto no depende que haya más medidas ni es una contribución significativa al financiamiento que se necesita para el fondo coronavirus, según los montos del propio Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, del propio Gobierno.

Un señor senador preopinante dijo que quizás no era solo esto, sino que se gastarían más dineros. ¡Ojalá! Todos estamos planteando la necesidad de que los recursos para combatir la pandemia sean sensiblemente mayores. Lamentablemente tenemos un antecedente; el año pasado, durante la discusión de la rendición de cuentas y después del presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas dijo que del fondo coronavirus se iban a gastar USD 770:000.000, pero se terminó gastando menos; se gastaron USD 711:000.000. Eso no nos permite ser muy optimistas con respecto a que los montos, en principio, sean mayores. Ojalá lo sean; es lo que todos deseamos.

En lo sanitario, el Frente Amplio ha reconocido, cada vez que tuvo que hacerlo, que hubo un buen manejo de la pandemia desde el primer día hasta los meses de noviembre o diciembre. Después, cuando recrudece la pandemia, planteamos la necesidad de tomar más medidas para reducir la interacción social. Lo planteó el Frente Amplio y, con el tiempo, lo hicieron el GACH, el mundo científico, las sociedades médicas y las organizaciones sociales. Si estamos realmente con un talante de diálogo, hay que escuchar todo lo que se plantea. Eso no quiere decir que se tenga que tomar todo lo que uno plantea ni en la magnitud en que uno lo hace, pero es indiscutible que todo lo que rodea esta discusión plantea la necesidad de tomar medidas adicionales. Creo que eso es muy claro.

En lo que sí marcamos distancia desde el inicio fue en las medidas en los terrenos económico y social; en la renta de emergencia para quienes más la necesitan; en el mayor apoyo a las micro- y pequeñas empresas, a los comercios, a los servicios; en incrementar este año inversiones en infraestructura y en vivienda para generar empleos que se estaban perdiendo y para evitar que la gente caiga más en la informalidad y en la pobreza. Estamos convencidos de que si se hubieran tomado medidas en esa dirección se habrían mitigado parcialmente situaciones tales como la caída del empleo, la mayor informalidad, el aumento de la pobreza y el cierre de pequeñas y medianas empresas.

Vamos a acompañar, en la lógica general, este proyecto de ley, pero nos parece imprescindible para la discusión particular que se den los elementos de equidad con los trabajadores privados de altos ingresos. Se plantearon muchos ejemplos de equivalencias entre el sector público y privado, y la estabilidad podrá ser un argumento para discutir temas del sistema tributario en el largo plazo, pero acá estamos hablando de dos meses. Por lo tanto, esas son consideraciones que no parecen relevantes para hacer una diferenciación tan gruesa en el tratamiento que se da a los trabajadores públicos y a los privados.

En el terreno del impuesto al patrimonio que grava a las personas físicas, apoyamos que haya un adicional que aporte y que contribuya, por única vez. Son muy pocos los compatriotas que pagan ese impuesto, pero son los que tienen más capacidad, y estoy seguro de que hasta tienen la disposición de contribuir con el Fondo Solidario COVID-19 en esta circunstancia.

Además, quiero agregar que vamos a plantear el tratamiento urgente del proyecto que hemos presentado que propone gravar, también por única vez, los activos que los uruguayos tienen en el exterior para que se vuelque al Fondo Solidario COVID-19. ¿Eso va a generar señales malas hacia el futuro? No, es por única vez y en el marco de la pandemia. Los ministros de hacienda del mundo desarrollado se están reuniendo para coordinar la fijación de un impuesto a las grandes corporaciones mundiales. Es decir que ni siquiera estamos yendo a contramano de lo que se hace o se discute en el mundo.

Creemos que estas pautas darían equidad y mayor capacidad de recaudación para sumar medidas que, en el fondo, es lo que importa. Lo más relevante es que haya medidas para ayudar a la gente que hoy está más complicada, para evitar cierres de comercios y servicios y que la gente caiga en situación de pobreza. Es cierto que esto no es un remate para ver quién pide más. Estamos haciendo planteos responsables desde el punto de vista de la magnitud del gasto. Ahora, hay necesidades claras y hay posibilidades en esos órdenes de magnitud. No planteamos gastar la misma cantidad que en otros lugares del mundo –8 o 5 puntos del producto interno bruto–; no, de ninguna manera. Estamos hablando de aumentar un punto del producto en lo social, un punto en lo económico y un punto en inversiones que estaban planteadas para hacer en los años próximos. Eso es totalmente factible desde el punto de vista de la capacidad financiera del Estado uruguayo y este es el momento de hacerlo, porque si continuamos sin hacerlo, vamos a empeorar aún más la situación. Recomponer el empleo, recomponer la formalidad, recomponer el bienestar social y recomponer las empresas que tuvieron que cerrar va a ser mucho más difícil, llevará mucho más tiempo y será mucho más costoso, incluso en el terreno fiscal.

Estamos convencidos de que el gasto lo paga el pueblo, pero el problema es que también estamos convencidos de que el hecho de no gastar también lo paga el pueblo.

Por lo tanto –reitero–, estamos dispuestos a aprobar en general este proyecto de ley, pero nos parece imprescindible, para su discusión en particular, considerar agregados, aditivos que le dan equidad a esta contribución. Reitero que es una contribución especial en una situación de pandemia para ayudar a las familias más necesitadas y a las micro- y pequeñas empresas que, lamentablemente, están cerrando todos los días.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Solicitamos un cuarto intermedio de treinta minutos a fin de poder continuar con la sesión en la otra sala.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Se va a votar.

(Se vota).

–18 en 20. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por treinta minutos.

(Así se hace. Son las 14:27).

(Vueltos a sala).

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 15:06).

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- El Senado hoy está convocado para tratar un tema concreto, que es un proyecto de ley por el cual se crea el impuesto de emergencia sanitaria 2 - covid-19, muy similar al votado y aprobado en el 2020.

Evidentemente, la convocatoria estriba en dos de las principales referencias que tiene este órgano, que consisten en ser legislativo y parlamentario. Por esa razón a mí no me preocupa ni me estremece en absoluto que el tenor de la discusión a veces adquiera cierto tono o se eleve la voz en términos de que se parezca más a una confrontación del bien contra el mal o que se trate, prácticamente, de un relato de tirios y troyanos. De alguna manera, esto es fruto de la pasión, de una preocupación que es común a todos por una pandemia que también nos alcanza como legisladores. Tratamos de poner ahínco y de reafirmar nuestras convicciones.

Antes de seguir, señora presidenta, quiero decir con franqueza que tengo la sensación de que, en los últimos tiempos, muchas veces y de manera reiterada estamos desvirtuando la característica no solo de legislar, sino también de parlamentar que tiene la Cámara de Senadores.

Escucho con mucha atención y respeto absolutamente todas las ideas y los argumentos que sustentan una cierta postura. Aun cuando nos parece que nos estamos yendo de tema, en sí estamos agrandando la contextualización y me parece que está muy bien porque es parte de la tarea del Parlamento.

También quiero advertir que siento, sobre todo en situaciones y circunstancias concretas como esta –en una pandemia que es, ni más ni menos, que una guerra biológica que tiene el país ante un enemigo que nadie conoce, que nos ataca sin saber a ciencia cierta cuál es el destino final–, que más que nunca la población mira al Parlamento nacional, al Gobierno, a los partidos políticos, buscando certeza, buen tino, madurez, diálogo y encuentro. Esto nos impone un desafío: a partir de pensar distinto, de tener convicciones que nos alejan legítimamente y con mucha convicción, se nos demanda encontrar un cauce común, por lo menos, a la hora de discutir las soluciones.

Sin aludir a nadie en particular –creo que todos estamos comprendidos–, estoy notando que en las últimas iniciativas legales que hemos tratado –muchas las hemos votado por unanimidad, lo que es un buen mensaje, y otras con legítimas diferencias– se recurre permanente y reiteradamente a argumentos de fondo que terminan ubicando el foco más en lo pretérito que en el presente y el futuro. Creo que hoy la convocatoria tiene que ser urgente al presente, a lo concreto, a lo de hoy, y también debe tener una mirada hacia el futuro, hacia una salida. Considero que estaríamos por mal camino si agotáramos la estrategia en la urgencia, que tiene que ser lo primero, porque también tiene que estar la ventana en el horizonte, a efectos de ver hacia dónde vamos y qué viene después. Por supuesto que lo pretérito pasó, en muchas cosas nos encontró enfrentados y para todos es una referencia de lo que hemos hecho. Algún señor senador hablaba hoy de que, pasado todo esto, haremos una evaluación. Seguramente habrá errores de todos y también aciertos. A veces me da miedo –y quiero decirlo como senador de la república– desvirtuar, deslegitimar, deshonrar –si cabe el término– lo que significa el Senado de la república, este ámbito, sobre todo en la expectativa del ahora.

Dicho esto, señora presidenta, creo que hay dos aspectos puntuales que tenemos que tratar y sobre los cuales debemos expedirnos. Uno es el proyecto de ley concreto que fue remitido por el Poder Ejecutivo, que todos vamos a votar. Según ha sido anunciado, el proyecto en general va a ser votado por todos, por lo que me parece que, hablar o determinar una posición o un matiz, aun si no se dijo, es llover sobre mojado. Todo el Senado tiene una posición común. A su vez, para la parte legislativa donde hay diferencias, el Frente Amplio plantea dos alternativas sobre las que quiero explayarme.

Todos estamos de acuerdo con la lógica de que quisiéramos recaudar más, afectar a la menor cantidad de gente posible en este propósito y alcanzar a la mayor cantidad de gente y de la mejor manera con esta imposición tributaria a crear.

Sin duda, hay una distinción en la propia Constitución de la república entre lo que se establece con respecto al trabajo de los privados y de los funcionarios públicos. Aceptamos todas las consideraciones que se han realizado con respecto a que no alcanza a todo el universo del funcionariado público el carácter de la inamovilidad y también es cierto que esta norma afecta a empleados que no revisten esta condición, porque no tienen estrictamente dicho carácter, pero es un proyecto de ley en el que estamos todos de acuerdo y vamos a votarlo.

En nuestro caso, avanzar en la consideración que plantea el Frente Amplio choca contra esa distinción clara que hace la Constitución de la república, que permite que algunos funcionarios públicos gocen de una garantía en la estabilidad laboral que el sector privado no proporciona; es más, ese sector rápidamente la cobra con la pérdida de trabajo. Eso pasó en la crisis de 2001, también en la que estamos atravesando actualmente e, incluso, es el riesgo permanente que tiene la gente de ver afectado sus ingresos y su propia condición de estabilidad laboral en el sector privado, que se ve reflejado hoy en el propio Banco de Previsión Social porque ve resentida su caja como consecuencia de la disminución de la actividad económica.

El otro aspecto puntual que se plantea como alternativa en la propuesta del Frente Amplio tiene que ver con alcanzar un nuevo hecho generador. Determina crear un adicional al impuesto al patrimonio de las personas físicas y jurídicas que hayan tenido resultados positivos en el ejercicio. Aquí quiero señalar mi opinión para que quede registrada en la versión taquigráfica con claridad. Más allá de que no estamos considerando un sistema tributario y de que es una propuesta que tiene término, en 2007 se discutió en el país y se procesó la reforma tributaria que impulsó el entonces ministro Astori, que pretendía dejar el impuesto al patrimonio en el 0,1 %, lo que prácticamente significaba su eliminación. Fueron públicas y notorias las diferencias o los matices internos que tuvo la fuerza política que gobernaba. Finalmente, el exministro Astori no pudo imponer esa convicción y se estableció una rebaja escalonada anual que determinaba que en el 2024 se llegue a ese 0,1 % que, reitero, pretendía imponer desde 2007 el mencionado exjerarca. ¿Cuál es el argumento típico de tapa de enciclopedia contra el impuesto al patrimonio? Que se trata de una doble tributación, porque el que ahora va a ser gravado en el impuesto al patrimonio ya fue gravado en la renta que constituyó ese patrimonio. Es decir que a la persona que ahorró para poder tener un patrimonio se la grava sobre la misma renta dos veces. Ese es el concepto central, tradicional, principal por el que el propio exministro Astori estaba en contra del mencionado tributo.

Se promocionó la rebaja y, año a año, se viene concretando hasta llegar al año 2024 que es cuando se concretará el porcentaje que se pretendía inicialmente. Ahora se quiere cambiar el impuesto al patrimonio de las personas físicas con un gravamen también al patrimonio sobre los activos en el exterior en otro proyecto de ley que se presentó, de autoría del exministro y actual senador Astori, que establece una tasa del 2 %, por lo que he leído en los medios. El argumento siempre fue que era un mal impuesto porque gravaba doblemente. Desde 2011 tenemos también el IRPF sobre las ganancias en el exterior, o sea que el patrimonio sobre activos en el exterior también implicaría gravar dos veces la misma renta que, a su vez, después se transforma en patrimonio.

Yo estuve leyendo la versión taquigráfica de ese momento de este Senado de la república, así como también algunos recortes de prensa. Por ejemplo, el exministro Astori señalaba, con respecto al impuesto al patrimonio: «En tal sentido, se proyecta mantener su estructura a una tasa simbólica del 0,1 %». Este tributo tiene una función de contralor de la evasión; es decir, no hay duda de que el impuesto es malo. Se lo dejó simbólicamente para controlar la evasión. ¿Por qué? Porque se establecía el impuesto a la renta.

Es más: mucho más claro es lo que el exministro Bergara, que hoy es senador, le contestó al exsenador Alfie en una sesión del Senado de la república. Esa respuesta consta en la versión taquigráfica. Bergara centraba su argumentación –no voy a leer tantas actas– precisamente en eso: en la doble imposición. No es discutido en el ámbito académico ni por parte de los especialistas tributarios respecto a la renta. El exministro Bergara señalaba: «En lo que tiene que ver con el Impuesto al Patrimonio, es cierto que en términos conceptuales se puede concebir que el patrimonio –excepto cuando uno lo hereda– es renta propia. Entonces, tendría sentido pensar, y tiene sentido –así está pensado en la reforma tributaria– que a la larga no exista una doble tributación entre renta y renta acumulada, y podría plantearse hacer esto de manera más inmediata si se pensara que las rentas ya fueron esencialmente gravadas en el pasado. En este enfoque dinámico brindamos un horizonte asociado a que entendemos que los patrimonios actuales no son, necesariamente, fruto de rentas que hayan sido gravadas en el marco de un Impuesto a la Renta». El impuesto a la renta no existía; lo estableció la reforma del 2007. Y agregaba: «Por lo tanto, este horizonte al señor Senador Alfie» –le refiere el hoy senador y exministro Bergara– «podrá parecerle lejano pero, conceptualmente, respeta esa idea de que, a la larga, el patrimonio operará, esencialmente, con una tasa muy baja como elemento de contralor y no recaudatorio y que constituye la conformación de rentas acumuladas. Una vez que todos tengamos la tranquilidad de que las rentas que se acumularon fueron efectivamente gravadas, ahí sí, en ese horizonte, el impuesto al patrimonio va a pasar a una expresión mínima. Reitero que este punto es opinable y entiendo al señor Senador Alfie cuando dice que ese horizonte es demasiado lejano».

Tiene una lógica muy clara: se impone el impuesto a la renta, que el país no tenía, y cae el impuesto al patrimonio porque es una doble imposición. Hay un carácter que se ha señalado. ¿Cuál es? Que el impuesto al patrimonio se establece por única vez o por un período concreto. El impuesto al patrimonio –no voy a ahondar leyendo versiones taquigráficas, pero quiero que conste en ellas–, a principios de la década de los sesenta, se estableció, precisamente, por única vez. En otros Gobiernos –no fue el que pudo afectar en este argumento–, se pusieron impuestos a los sueldos por única vez que también duraron bastante.

Entonces –con total franqueza, y el ánimo de un discurso o una exposición que pretende argumentar desde el punto de vista legislativo una convicción, y no de otro orden–, a mí me parece que no es acertado tocar el impuesto al patrimonio y tampoco hacerlo con los residentes que tributan en el exterior, ya que claramente estamos teniendo un ingreso de personas que vienen a vivir al Uruguay que, entre otras cosas, le otorga, desde larga data, muchas cosas que nos comparan en el contexto de la región. ¿Qué países tienen en la región el impuesto al patrimonio, aparte de este simbólico del Uruguay? Son dos: Argentina y Colombia. A su vez, Bolivia lo incorporó en diciembre pasado. Argentina tiene el 2,5 % –creo que ellos le llaman bienes personales– y ahora agregó el 5 % en el impuesto a la riqueza, es decir que se pierde 7,5 % del patrimonio por año; para mí es confiscatorio.

En definitiva, en esa visión de atacar con urgencia el presente, pero mirando el futuro, viendo el final, buscando el horizonte y precaviendo lo que será la salida, me parece que también debemos mirar este tipo de cosas que son las que nos va a dejar esta posibilidad. Por ejemplo, cuando se incorpora a las personas jurídicas en la propuesta alternativa, me pregunto qué queremos. ¿Que las empresas generen trabajo o sacarles más impuestos? Yo quiero exigirles trabajo. Es una concepción que quiero señalar con total franqueza y con honestidad intelectual.

Tal vez es un momento donde a muchos de nosotros las demandas nos pueden tentar a tener otro tipo de discurso y con esto no quiero decir que las posiciones diferentes a las nuestras lo busquen o lo tengan. Afirmo que nos pueden tentar porque diariamente todos somos convocados a distintos tipos de comparecencias en el barrio, en la familia, políticas, cercanas, en nuestros pueblos o en la vida pública, pero me parece que hay que tomar la decisión más acertada hacia la salida y creo que va inscripta en la filosofía de la propuesta que envía el Poder Ejecutivo.

La única referencia que quiero dejar en claro es que se ha señalado que no ha habido respaldo suficiente a las pequeñas empresas. No queremos discutir cuánto más se puede dar, cuánto más se tendría que haber dado o cuánto menos se dio con respecto a lo posible. Dejemos eso en la legítima diferencia que podemos tener y nos constituye como partido responsable de buscar y fortalecer la salida común. Digamos claramente que las medidas económicas adoptadas en 2020, sin duda, tuvieron foco en las micro- y pequeñas empresas. La Ley de Urgente Consideración se acordó de las más pequeñas empresas –las del literal E– que desde enero de este año pasaron a tributar en función de su facturación y las ventas que realicen a contribuyentes del IRAE pueden deducirse en el cálculo del pago de ese impuesto. Eso es importante. Además, se aumentó la deducción al 100 % de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. En el fondo de coronavirus se estableció la exoneración del 40 % de aportes patronales y personales, ya en marzo y abril del año pasado. A esto se suma el 50 % que acompañamos hace poco más de treinta días en este ámbito. El seguro de desempleo se flexibilizó y se generó un nuevo régimen parcial. Hubo subsidios concretos a monotributistas del Mides, a alquileres y a artistas.

Tengo en mi poder los datos de febrero sobre los subsidios que se votaron acá de $ 5000 y $ 8000 para el sector turístico a aquellas empresas que retomaran trabajadores que se encontraran en el seguro de desempleo o que incorporaran a nuevos en pandemia. Al subsidio de $ 5000 se incorporaron 50.366 personas y fueron beneficiadas 27.812 empresas. En el subsidio de $ 8000, en febrero –que es el último mes imponible que encontré–, se ha pagado a 3014 personas, hubo 2971 nuevas incorporaciones y se benefició a 924 empresas.

Acá, en el Senado de la república, todos acompañamos la exoneración de aportes patronales a sectores complicados como, por ejemplo, los transportes escolares, las cantinas escolares, los organizadores de eventos, las agencias de viajes, los concesionarios de aeropuertos, y podríamos seguir.

Señora presidenta: me parece que la jornada de hoy es concreta. Se presenta una iniciativa del Poder Ejecutivo que vamos a acompañar por unanimidad, o sea, todos estamos de acuerdo.

Por otra parte, se agregan dos propósitos alternativos y nos interesa fundamentar por qué entendemos que no son pasibles de que los acompañemos. De todas maneras, entendemos que el tema no debería terminar ahí, sino que habría que seguir el canal de la discusión. En la medida en que lo contextualicemos de manera más amplia o caigamos en la tentación de ir para atrás o de cada uno referir, desde el punto de vista del Gobierno, aquellas acciones de los pasados quince años, donde el Gobierno anterior tuvo la oposición atrás o pudo haber entendido no tenerla, le hacemos un flaco favor a la expectativa que hay afuera de este palacio. Nos están mirando, en un momento de enorme dificultad, en el peor momento de la pandemia. ¡Sí, señores! Es el peor momento de la pandemia y tiene que encontrarnos en el mismo rumbo. ¿Votando igual? No necesariamente –por eso creamos una comisión especial, a partir de esas diferencias–, pero sí en un diálogo que sea capaz de honrar esa demanda compartida de más diálogo. La demanda compartida de más diálogo tenemos que honrarla nosotros; si no, vamos a deshonrar a los que están esperando mejor comportamiento y posibilidades de nosotros.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Simplemente quiero dejar claro que hay ejemplos de lo que decíamos hoy, que es que acá estamos discutiendo una contribución puntual, «por única vez» –dicho entre comillas– y no en función de criterios, parámetros y consideraciones de un sistema tributario. Por lo tanto, la referencia al impuesto al patrimonio en términos de que, estructuralmente, en la medida en que haya impuesto a la renta de las personas físicas el impuesto al patrimonio va cayendo para que no sea «una duplicación» –también dicho entre comillas– de imponer la misma renta, no corre porque acá no estamos hablando de un nuevo sistema tributario. No estamos haciendo evaluaciones que tengan que ver con los principios rectores de un sistema tributario.

Concretamente, estamos hablando de una contribución, en circunstancias críticas, al Fondo Solidario COVID-19 y, por lo tanto, ese tipo de referencia no corresponde.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑOR ANDRADE.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA NANE.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Andrade.

SEÑOR ANDRADE.- Seré breve. Hay historiadores que dicen que los ejércitos se formaron para cobrar impuestos; así de difícil es discutir cuestiones tributarias.

Es evidente que cualquier medida que se tome acá puede tener riesgos de externalidades negativas. Así como una empresa, a pesar de haber tenido utilidades el año anterior, puede tomar una decisión recesiva por una contribución por única vez, también puede tomarla el trabajador al que vamos a gravar con impuestos. Hoy puede tomar la decisión de no contratar a la doméstica o al jardinero; las externalidades negativas están en cualquier variante económica. Si fuera para evitar externalidades negativas no se tomaría ninguna decisión impositiva. Nadie tiene ganas de tomar la decisión de aplicar impuestos. Si fuera para evitar doble tributación, tampoco gravaríamos los salarios, ¿o es que los salarios ya no gravan? Gravaban y ahora van a gravar por contribución extraordinaria.

Por lo tanto, no parece ser esa la línea argumental que, además, recomiendo. Es cierto lo que recién decía el señor senador Camy en cuanto a que la orientación tributaria general era cierta hasta hace unos años. Si uno mira las tendencias globales, notará que se ha vuelto a poner en el debate académico la perspectiva del impuesto al patrimonio; es una discusión actual, las dos cosas son ciertas. En una circunstancia de crisis como la actual, el debate se ha colocado entre las más diferentes variantes, sabiendo que la discusión tributaria nunca puede estar separada del conjunto de los efectos que puede generar, pero, en este caso, el debate no se puede centrar en que estamos planteando algo permanente, cuando se trata de una medida por única vez, por sesenta días. ¿Que podrá tener algún efecto negativo? Sí; la medida que viene del Poder Ejecutivo también puede tener efectos negativos. Evidentemente, todos los que proponemos una iniciativa lo hacemos pensando en contar con los recursos para atender situaciones sociales, intentando minimizar los impactos negativos. Supongo que, en este caso, como se trata de empresas que además tuvieron resultados favorables en el año anterior, no deberían tener resultados tan considerables con una alícuota muy baja, muy modesta como la que estamos planteando.

Solamente quería hacer esas aclaraciones.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Nane.

SEÑORA NANE.- Señora presidenta: iba a hacer esa aclaración respecto a la contribución por un par de meses, pero agradezco mucho a mis compañeros que ya la hicieron.

Cuando nosotros miramos en qué contexto se nos está proponiendo este proyecto, tenemos que decir, en primer lugar, que vamos a votarlo en general, sobre todo, porque nos incluye. En segundo término, quería destacar que acá estamos hablando de un componente solidario, de un fondo que se hace de muchos lugares y estamos poniendo, ante todo, el concepto de la solidaridad. ¿En qué contexto estamos poniendo este sentimiento de solidaridad, estas acciones que tienen que ver con la solidaridad? En un contexto donde tenemos cien mil pobres más y donde, como decía el señor senador Olesker, se ha agrandado la brecha entre el que era pobre y el que no lo era.

Eso nos hace plantear una realidad en la que no es lo mismo estar trabajando que no estar trabajando; no es lo mismo tener capital que tener salario; no es lo mismo el impacto que se genera con la pérdida de empleo en los varones o en las mujeres, en los niños o las niñas. Que íbamos a tener más pobres en este contexto lo sabíamos desde el año pasado. Era una posibilidad que se vino dando de una forma innegable. Tenemos datos nuevos respecto a la situación del mercado de trabajo con las estadísticas del INE. Tenemos 198.000 desocupados, considerando desocupados a aquellas personas que están sin empleo pero que lo han buscado en los últimos siete días, con lo cual hay que empezar a tener la mirada un poco más alta y ver conceptos tales como la insuficiencia de empleo, porque si sumamos a las personas desocupadas, en ese concepto del Instituto Nacional de Estadística –que es, reitero, quienes no tienen empleo pero lo han buscado en los últimos siete días–, las personas que están subocupadas, o sea, las que están trabajando menos de lo que trabajaban antes y a aquellos que se está llamando «desalentados», que son quienes ya no buscan trabajo porque saben que no van a encontrarlo, estamos en un número que ronda las 375.000 personas en nuestro país. Y esas 375.000 personas representan el 21 % o 22 % de la población económicamente activa. Asimismo, el subempleo representa un 9 % de la población ocupada.

Además, estamos ante un contexto –también lo mencionaba el señor senador Olesker– de disminución salarial. Por lo tanto, el mercado de trabajo va a quedar debilitado; las redes que tiende el mercado laboral van a quedar debilitadas; las pymes están debilitadas.

Cuando analizamos esta contribución, vemos que definitivamente tiene un componente salarial y público. Nos parece –y de ahí el sustitutivo que está presentando el Frente Amplio, el artículo 1.º y el artículo 3.º– que además hay que incluir a los trabajadores de la actividad privada en esos contextos de sueldos altos. Ya lo explicaron mis compañeros. No entendemos que sea ahí donde está la inestabilidad laboral, por lo cual no creemos que ese tenga que ser un elemento para no incluir esos sustitutivos.

Otra de las cosas sobre las que hemos estado reflexionando y que queremos compartir con ustedes también es que, en el contexto que estábamos planteando, hablamos de una medida que es a través de los impuestos –estamos de acuerdo con que no tiene que ver con la modificación del sistema tributario–, pero con esta cuestión del empleo, del mercado laboral que está debilitado y va a quedar peor, honestamente estamos esperando medidas que atiendan un poco más hacia adelante, más allá de los próximos sesenta días, proyectos que tengan que ver con la reconversión laboral, con el subsidio a quienes lo están pasando mal, con subsidios a los cuentapropistas, proyectos que tengan que ver con el no desalojo, con el no lanzamiento, con el no corte de servicios. Cuando nos preguntan qué medidas tenemos, señalo que todas esas medidas se encuentran en proyectos que están en las comisiones y podemos desempolvarlos de allí en el momento que se decida. Capaz que la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación de Emergencia Sanitaria Generada por el COVID-19 creada recientemente –propuesta por el Frente Amplio y que fue aceptada cuatro meses después– puede ser un buen ámbito para empezar a considerar esas medidas.

Cuando hablamos de medidas, tenemos ejemplos bastante claros de que no solamente tienen que ser de orden económico, porque cualquiera que vive en Montevideo sabe que la Intendencia está llevando a cabo un plan de emergencia que atiende las verdaderas urgencias. En ese sentido, atiende lo relativo a las ollas populares y no ha dejado de hacer lo que tiene que hacer, sino que ha intentado llegar más a donde se necesita con, por ejemplo, nuevas líneas de ómnibus y haciendo calles nuevas para que los que están pasando mal no estén peor. También, esto tiene que ver con tener nuevas propuestas para la reconversión laboral.

Además, esto no se trata solo de recaudación. Si bien en este momento estamos analizando una medida recaudatoria, no solamente abarca esa cuestión porque es necesario saber cuánto se va a gastar de lo que se recaude. Cuando lo analizamos, resulta que en el último informe de la Cepal Uruguay está último en el gasto social con unos $ 500 por persona.

Cuando hablamos del aditivo que grava el patrimonio de las personas físicas y jurídicas, también lo hacemos en el mismo marco de solidaridad de la que hoy estábamos hablando. Los que hoy pueden ser solidarios, sería bueno que lo fueran con quienes no están en condiciones; es la solidaridad entendida en todos aquellos órdenes que nos parece que tienen que estar. Además, de esta forma, se recaudaría bastante más que los diez millones que se espera recaudar con este proyecto de ley que hoy está a consideración.

Varios senadores refirieron a que, evidentemente, todos estamos pensando en el día después. Creo que ese día después para todos tiene mucho de abrazos y pienso que debe tener mucho de mayor solidaridad. No necesitamos salir de todo esto como una sociedad más rentable, sino como una comunidad más solidaria y para eso estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos. Siempre estaremos abiertos al diálogo y del lado de estos conceptos que nos deberían exceder en cualquier posición política, es decir, que quienes pueden ayuden a quienes no pueden. En este caso, esa es la razón por la que vamos a votar en general este proyecto de ley.

SEÑORA LAZO.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA NANE.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Lazo.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: creo que el enfoque que el Frente Amplio está dando al tratamiento de este proyecto de ley no es casual ni circunstancial. Las cifras que anuncian el importante aumento de la pobreza son elocuentes y mucho más que un dato estadístico. Pueden existir diferentes enfoques sobre quiénes están sufriendo o cargando las consecuencias de esta crisis. Evidentemente, toda la sociedad uruguaya lo está haciendo, pero algunos sufren más que otros. En esa concepción, entendemos que los más perjudicados por esta situación han sido los trabajadores y, en particular, los que viven de su salario. Como bien decía la senadora que me precedió en el uso de la palabra, esos trabajadores han padecido un deterioro de su salario –en algunos casos paulatino, pero en otros abrupto–, que es la base de su sustento. A su vez, los alimentos y los servicios básicos como la luz, el agua y los alquileres, han aumentado. Ese mundo del trabajo que ha sido afectado por las consecuencias no solo de la pandemia, sino también por la precarización, la poca estabilidad del mercado laboral no ofrece oportunidades a corto o mediano plazo. Reitero: esta pandemia nos afecta a todos, pero a algunos más que a otros.

Mientras en este recinto manejamos expresiones como «gravar el patrimonio» o «capacidad contributiva», hay un importante porcentaje de la población –hoy es más importante que un año atrás– que pasa necesidades. Todos los que estamos en este recinto estamos de acuerdo en que quienes tienen esa capacidad contributiva deben ser solidarios con los que no la tienen.

La indigencia se duplicó. Para enfrentar esta situación se nos está presentando una iniciativa que, entre otras medidas, anuncia la aplicación en forma similar a otra que ya aprobamos en este recinto. Se trata de un impuesto que se aplica a los funcionarios públicos cuyos sueldos superen determinado monto. Se está excluyendo de ese tributo –y es el enfoque que le está dando el Frente Amplio– a quienes no son funcionarios públicos y ganan lo mismo.

Entendemos, en primer lugar, que lo que se recaude del sector público no sería significativo para atender esas necesidades que se pretenden solucionar.

En segundo término, entendemos que dentro del sector privado hay una importante cantidad de personas que también perciben determinado monto y tienen esa capacidad contributiva. Por lo tanto, ¿por qué razón no incluir también a los privados en esta norma? ¿Por qué no incluirlos también, teniendo en cuenta la incertidumbre actual?Además, no queremos que se abone esto en una sociedad en la que tanto se nos habla –y estamos de acuerdo– de que no debe haber grieta y que tenemos que salir en unidad. ¿Por qué hacer esa discriminación en el rango de trabajadores públicos y privados, cuando tienen la misma capacidad contributiva?

Vamos a votar en general el proyecto de ley, como ya se ha dicho, porque somos parte y porque estamos de acuerdo con estar en esa primera línea...

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha finalizado su tiempo, señora senadora.

SEÑORA LAZO.- ... con aditivos, pero no queremos que quede la idea de que no vamos a votarlo en general. Sí lo vamos a hacer.

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias, señora senadora.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Gracias, señora presidenta.

Creo que estamos en un debate interesante, más allá de que por momentos se sale de foco de lo que tendríamos que estar discutiendo. Me parece que eso es relevante para poder analizar el tema porque aquí no estamos discutiendo sistemas impositivos ni redistribución de la riqueza.

En definitiva, los ingresos y las riquezas de una sociedad, en la que todos aspiramos que haya una justa distribución, se logran por medio del salario, del trabajo, de las ganancias, de los ingresos. Lo que buscan los impuestos es nivelar el ingreso y la riqueza de las sociedades y, por supuesto, financiar un conjunto de bienes públicos que, en definitiva, también contribuyen a igualar la sociedad. Pero no estamos en ese debate. Ese no es el debate en el que hoy está el Uruguay. Estamos en otra situación.

Creo que es importante tener en cuenta este asunto porque, de hecho, un problema puede transformarse en irresoluble si no se emplean las herramientas adecuadas y a tiempo como para poder atenderlo.

Si lo comparamos con un problema de salud, no es lo mismo dejar pasar el tiempo cuando se trata de una afección que puede agravarse y transformarse en un cuadro muy difícil para poder recuperar la salud de esa persona. Por ejemplo, el caso de una apendicitis, que puede transformarse en peritonitis si no se atiende a tiempo.

Lo mismo ocurre con la situación sanitaria que vivimos hoy. En la medida en que crecen los contagios, el virus es comunitario y cada vez hay más personas contagiadas, hay una atención enorme por parte de los servicios sanitarios y, por tanto, mayor porcentaje de ciudadanos que ingresan en los CTI y, en consecuencia, una mayor proporción de personas que no salen de ellos.

Entonces, tenemos una dificultad relacionada con las medidas correctas, pero también con las medidas tomadas a tiempo para que no se agrave esta situación.

Lo mismo ocurre en términos económicos, señora presidenta. Me refiero a los efectos de la crisis sobre el nivel de vida de la población. Digo esto porque la covid-19, entre otras cosas, ha generado una paralización de muchas actividades económicas.

A su vez, necesitamos restringir la movilidad. Esto implica, justamente, que muchas personas no puedan percibir ingresos. Y lo que termina sucediendo entonces, señora presidenta, es que estamos asistiendo a un proceso de destrucción de capacidades productivas que tiene el país, destrucción de puestos de trabajo, destrucción de empresas o unidades productivas y, por tanto, también de empobrecimiento de nuestra población. Y a las pruebas me remito, a la realidad me remito. El año pasado perdimos casi 60.000 puestos de trabajo, cerca de 10.000 empresas –básicamente pymes– y, además, se incrementó aproximadamente en 100.000 la cantidad de personas que están por debajo de la línea de pobreza. Es importante poner esto arriba de la mesa porque si no atendemos esta situación con urgencia –la de la gente que tiene dificultades, la que tiene que pagar la olla y no tiene recursos para hacerlo, la de las empresas que se quedan sin espalda y se ven entre la espada y la pared de tener que cerrar su unidad productiva, en definitiva, la de la situación del conjunto del país–, lo que puede pasar es que esta destrucción de trabajo, de empresa, de empleo y de empobrecimiento de la gente, sea más difícil de levantar.

Entonces, lo que estamos discutiendo es cómo hacemos para asistir y cuál es el financiamiento para lograr que la mayor cantidad de uruguayos pueda superar esta crisis. No estamos discutiendo medidas permanentes porque estamos en una crisis, estamos en el ojo de la tormenta de esa crisis y necesitamos asistir con recursos a las familias porque solas no pueden, como no puede la enorme mayoría. Hay un conjunto de ciudadanos que tiene la espalda financiera suficiente como para poder pasar por esta situación sin necesidad de asistencia pública, pero también es cierto que todos necesitamos la asistencia pública porque la vacuna la provee el Estado. Lamentablemente, en el mundo las vacunas no son propiedad de la humanidad y este es uno de los dramas que tenemos cuando se va al extremo de la lógica del mercado. Pero ese es otro tema.

Como decía, tenemos una situación en la que no podemos quedar pasivos frente a un drama social, un drama sanitario y un drama económico que está pasando en nuestro país porque quedarnos sin nuevas herramientas, que sean las acordes a los momentos que hoy vivimos, nos va a generar mayores costos en el futuro. El costo de aquel que cayó en la pobreza no es solamente un dato, no es una estadística, es el que no pudo pagar el alquiler, el que tuvo que ir a ocupar un asentamiento, el que tuvo que resolver algunas otras situaciones que lo alejan del entorno en el que estaba. Todos esos problemas están aquí y lo que tenemos que tratar de hacer es brindar aistencia. Estos 100.000 pobres más que tenemos presentan algunas características que nos deben llamar la atención.

La bancada del Frente Amplio no ha dicho que no se han tomado medidas, lo que decimos es que las medidas no son acordes al problema que tenemos. Por lo tanto, debemos discutir medidas acordes, a tiempo y del volumen suficiente para poder atender esta situación. De estos nuevos 100.000 pobres, el 92 %, son personas que eran cuentapropistas, es decir que básicamente no eran trabajadores formales que tienen la oportunidad de ir al seguro de paro. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? ¿Por qué caen en la pobreza estos ciudadanos que se inventan un trabajo? Porque no hay asistencia que los atienda. No hay recursos suficientes para atender a esa población y por eso la enorme mayoría de estos nuevos pobres son personas que eran cuentapropistas, que se ganaban la vida y que hoy o su actividad no se puede realizar –porque ya no hay espectáculos públicos, etcétera– o en definitiva no han tenido una compensación económica por esta situación de parte del Estado. Por eso cayeron en la pobreza. El año pasado podíamos especular con que esta situación iba a llegar o no, pero el Instituto de Economía de la Universidad de la República adelantó que podíamos caer en este escenario y lamentablemente se cumplió. El Instituto de Economía decía que iban a aumentar en 100.000 los pobres, en la medida en que no se tomaran medidas para contenerlo. Incluso, arriesgaba un cálculo y decía que si no se invertía el 0,5 % del PIB en medidas que asistieran a esta población, iban a caer en la pobreza y cayeron porque esas medidas no fueron de la entidad ni en el tiempo necesario.

El último informe de la Cepal –no el primero, que ya hemos discutido bastante– detalla cuánto esfuerzo hicieron los países de América Latina por sostener al conjunto de la población informal para que no cayera en la pobreza –no ya de los trabajadores formales que disparan los mecanismos automáticos que tenemos de seguridad social–, es decir, a los trabajadores informales, justo los que cayeron, el 92 % de los que son nuevos pobres hoy. Ahí nuevamente volvemos a ser últimos en el concierto de la región. Uruguay invierte USD 112 por hogar de estas características, por hogares cuentapropistas informales. El año pasado Guatemala invirtió USD 130, Perú USD 221, Paraguay USD 618, Colombia USD 630, Chile –que siempre se pone como un gran ejemplo– USD 1286. Los USD 112 que pone el Estado uruguayo para atender la situación de los hogares informales –que son los que más han caído en la pobreza en este último año– son menos de lo que puso Brasil. Esa es la situación y por eso estos hogares, lamentablemente, se han quedado sin ingreso y han caído en esta categoría.

Descarto que todos queremos buscar la forma de resolver esto; ahora bien, el problema que tenemos es la entidad de la asistencia y su financiamiento, y el Gobierno nos trae, en definitiva, dos impuestos. Digo esto porque acá hay dos impuestos: el que se le pretende cobrar a unos trabajadores públicos de distinta naturaleza –porque hay trabajadores públicos presupuestados que son inamovibles y trabajadores públicos que no son presupuestados y que también van a pagar este impuesto– y a los jubilados. Acá hay dos impuestos en uno; hay un adicional de la seguridad social, es decir que se va a cargar tributariamente más sobre los jubilados, pensionistas y retirados, y también más sobre los trabajadores públicos.

Es esto lo que se está planteando y que, además, en el nuevo diseño va a recaudar una tercera parte de lo que ingresó por el primer impuesto covid, que ya vimos que no era suficiente para atender a las personas. Cayeron 100.000 en la pobreza, entre otras cosas, porque si bien esos recursos se emplearon para un conjunto de asistencias, estas han sido escasas, ¿verdad? Por eso están esos 100.000 pobres ahí.

Entonces, lo que decimos es que este es un impuesto que se recarga sobre una clase de trabajadores y que no reconoce algo que es un principio de cualquier impuesto. Esto es una contribución, en definitiva, transitoria, no es el marco impositivo general. Ahora bien, estamos diciendo a nuestros ciudadanos que hay gente que por su nivel de ingreso –gana más de $ 120.000– tiene que hacer un esfuerzo por dos meses para contribuir a la asistencia ¿de quiénes? De los que necesitan salir de esta crisis, tanto sea en los aspectos sanitarios –por lo que vale una cama de CTI–, como en asistir a las personas que no tienen ingreso. Pero estamos diciendo: «Señores, no son todos los que ganan $ 120.000 sino solo algunos de ellos». ¿Cuál es la diferencia en la capacidad contributiva de unos y otros? ¡Ninguna! Aquí se rompe el criterio de igualdad horizontal.

En definitiva, este casi no es un impuesto que esté buscando, de alguna manera, la capacidad contributiva –que es lo que deben buscar los impuestos, es decir, cómo distribuir la carga impositiva en función de la capacidad de contribuir de cada uno de los ciudadanos–, sino que más bien es una especie de impuesto imperfecto a la estabilidad laboral. En definitiva, ¿qué diferencia hay entre el gerente del Scotiabank y el gerente del Banco República? No hay ninguna desde el punto de vista de la capacidad con la que pueden contribuir.

Se podrá decir que en el sector privado puede estar arriesgándose a perder su trabajo porque, por ejemplo, el Scotiabank se podría ir por la crisis económica. Si cae en el desempleo, ya no entrará en la categoría a la que va a requerírsele pagar el impuesto, porque habrá perdido su ingreso.

Entonces, la hipótesis de que los privados son los más jodidos no se cumple en este caso porque, además, estamos hablando básicamente de salarios del orden gerencial; la enorme mayoría de los trabajadores del Uruguay, tanto públicos como privados, no gana $ 120.000. Es más: el sesenta y pico por ciento no paga IRPF porque está por debajo del mínimo imponible. Lo que estamos diciendo es que a igual capacidad contributiva de salarios unos van a contribuir durante dos meses y otros no.

Me encontré con una encuesta que se realizó a unas 86 empresas –la hizo una consultora muy importante del Uruguay–, en la que se dice que el 75 % de los trabajadores gerenciales de esas empresas ganan, en promedio, $ 284.886. Ninguno de estos gerenciales que ganan ese monto –nadie de este 75 % de gerentes que hay en nuestro país en el sector privado– van a contribuir y yo creo que este es un error, porque acá no se trata de que contribuya el que gana $ 20.000 o $ 30.000. Estamos hablando de quien gana más de $ 120.000 y de que contribuya con tasas progresionales –este impuesto ahora se ha modificado–, lo que implica que no se le va a generar un enorme problema en términos de que no vaya a poder consumir mañana la canasta básica.

Ese es el problema. Si me traen un impuesto que grava a los salarios por debajo de los $ 25.000, no estaría dispuesto a votarlo, porque lo que estaríamos haciendo sería retirarle la capacidad de compra y de consumo a ese ciudadano, lo que agravaría el problema, no solo por el bienestar de su familia, sino también porque la mayoría de las pequeñas y medianas empresas trabajan en el mercado interno.

Ahora bien, pedir a una persona que tiene un salario de $ 150.000 que aporte $ 2500 por mes, más o menos, no va a privarlo de su consumo, y seguramente pueda contribuir de esta manera.

Entonces, me parece que este es un error, pero el otro error es que le pedimos a los trabajadores, pero no a los más ricos. Es decir, estamos en una situación en la que tratamos de empujar la cachila para que arranque. ¿Y al que tiene más fuerza no le pedimos que nos ayude por dos meses? Y no estamos hablando de una situación natural. Parte del sector privado tiene enormes problemas, pero hay algunos datos a los que hay que prestar atención. ¿Quiénes son los que tienen más fuerza, los que tienen mayor capacidad contributiva en el país? ¿Son los que trabajan o son los que tienen dividendos, rentas de capital? Hay muchos que están mal, es cierto, pero en Uruguay los depósitos en el sistema financiero aumentaron un 9 % con respecto a 2019 y a 2020. Aumentaron los depósitos de uruguayos en el extranjero en USD 1.718:000.000, es decir que los más ricos del Uruguay han guardado en el sistema financiero USD 4.000:000.000, tanto en el sistema financiero nacional como en el internacional. Yo digo, ¿a esos no les podemos pedir una contribución solidaria por dos meses? Son los más fuertes, que nos ayuden a empujar la cachila. No van a dejar de invertir ni van a dejar de vivir como vivían si les pedimos que aporten algún tipo de recurso. Entonces ahí está el desequilibrio en esta situación, señora presidenta, porque va a haber un impuesto que va a recaudar USD 11:000.000, cuando podríamos pedirles a los más ricos y a los más fuertes que nos ayuden a empujar la cachila.

Creo que en este caso sí faltan brazos para empujar este barco y teníamos la oportunidad de que hubiera más para que nos ayudaran a que las medidas que tenemos para asistir a nuestra gente en lo sanitario, en lo económico y en lo social fueran más contundentes, por lo que decía al principio: tenemos que llegar a todos y a tiempo. Tenemos que llegar a atender y a asistir a todos y a tiempo. De lo contrario, será muy tarde y nos saldrá muy caro como sociedad.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero recordarles que dentro de unos minutos la Cámara de Representantes empezará a sesionar para considerar este proyecto de ley. No quiero limitarlos.

También recuerden que todos, salvo el orador, debemos tener puestos los barbijos en sala, como nos lo pidió el Servicio Médico del Poder Legislativo.

19) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «La Cámara de Representantes remite aprobado el proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Emiratos Árabes Unidos para la promoción y protección recíprocas de inversiones y su Protocolo, suscrito en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el 24 de octubre de 2018. (Carp. n.º 432/2021)».

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Asuntos Internacionales.

Dese cuenta de otro asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «La Cámara de Representantes remite aprobado el proyecto de ley por el que se declara el 2 de abril de cada año Día Nacional de la Persona con Trastorno del Espectro Autista (TEA). (Carp. n.º 431/2021)».

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasa a la Comisión de Salud Pública.

20) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 14 de abril de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia por el día 15 de abril, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Graciela Bianchi Poli. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Se comunica que los señores Fernanda Maldonado, Pablo Caram, Ricardo Planchón, Alejandro Draper, Jorge Saravia, Sandra Etcheverry, Carlos Enciso, Gerardo Amarilla, Mario Silveira, María Aramendía, Carmelo Vidalín, Armando Castaingdebat, Alejo Umpiérrez y Carmen Sánchez han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Carol Aviaga, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

21) EMERGENCIA SANITARIA - COVID-19

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión del tema en consideración.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: hoy hemos sido convocados para analizar un proyecto de ley que trata de un impuesto para colaborar, para incrementar las posibilidades del Estado para afrontar la situación derivada de la pandemia. Es un proyecto de ley similar en cuanto a su espíritu a uno que se votó el año pasado. Nuestro partido había tenido la iniciativa de imponer una contribución a aquellos empleados del Estado que tienen comparativamente una situación más segura desde el punto de vista laboral y montos de remuneración que los hacen estar dentro del grupo que se podría considerar más privilegiado. Lo votamos el año pasado y con el mismo espíritu lo vamos a hacer este año.

Resulta claro que lo que va a recaudar este impuesto no es un monto significativo en cuanto a las erogaciones que debe hacer el Estado para atender esa situación tan crítica que a todos nos ha afectado y que para todos nosotros es evidente. Esto es una señal, una señal de solidaridad de aquellos que teniendo una situación comparativamente mejor frente al resto de la sociedad hacen un aporte, que por supuesto no va a ser de la significación necesaria como para poder sortear todas las necesidades y los obstáculos que se tienen.

Se ha hablado de muchas cosas a lo largo de la sesión. Se ha hablado de la posibilidad de incluir otras contribuciones; se ha hablado del sector privado y del impuesto a las colocaciones en el extranjero. Por supuesto que todas son posibilidades que llegado el momento tal vez sean tratadas, porque quizás sean necesarias, ya que todavía no somos capaces de conocer la verdadera profundidad de la crisis que están viviendo el Uruguay y el mundo; no sabemos cómo va a seguir desempeñándose la economía, cómo va a seguir la marcha hacia adelante. Tal vez en el futuro tengamos que tratar otro tipo de contribuciones, pero hoy se trata de atender un pedido del Poder Ejecutivo, de las autoridades económicas que son quienes tienen la responsabilidad de conducir económicamente el país. Y lo que han pedido es este proyecto de ley que hoy tenemos en consideración.

Aquí se ha hablado de muchas cosas. Por ejemplo, el señor senador Camy aludió a la no correspondencia del impuesto al patrimonio por constituir una doble imposición de algo que ya estaba gravado en el impuesto a la renta. Tal vez yo tenga alguna discrepancia, porque entiendo que el impuesto a la renta no es tal, por más que se llame así; es el impuesto al ingreso, el impuesto al trabajo. Así que quizás no sea una doble imposición y eso es algo para estudiar en el futuro.

Se ha hablado de lo que han hecho otros países aportando tanto per cápita a los sectores más críticos, pero se soslaya o se evita hablar de la realidad del Uruguay. Acá estamos en el Uruguay y no en otros países. Tal vez Alemania, Francia u otros países pueden hacer maravillas y hacer aportes realmente significativos, pero en principio Uruguay, el país recibido por este Gobierno en marzo de 2020, no era el país de las maravillas.

Acá se habla de los cien mil nuevos pobres. ¡Por supuesto que a todos nos duelen! Pero nos duelen sobre todo porque se suman a los cientos de miles de pobres que ya había antes de la crisis, antes de la pandemia.

Se ha hablado del aumento de la pobreza. ¡Claro que sí! Pero no se puede soslayar la realidad que se está viviendo y tampoco se puede evitar mencionar todo lo que se está haciendo para atender a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Se ha hablado de los miles de millones de dólares que tienen residentes o uruguayos fuera del país. Sería bueno hablar de cuál es la razón por la que esos uruguayos sacan el dinero fuera del país. ¿Por qué no se generan en el Uruguay las condiciones de inversión necesarias? ¿Por qué el costo país del Uruguay hace inviable que muchos de esos uruguayos piensen en tener el dinero acá adentro y no sacarlo para afuera?

Hay que hablar de las cosas como son. Acá estamos viviendo en gran manera las consecuencias de políticas que se han aplicado a espaldas del trabajo nacional, del verdadero sector productivo y motor de la economía nacional. Nosotros hemos escuchado aquí rasgarse las vestiduras por la sensibilidad social. No cedemos la derecha a nadie en materia de sensibilidad social. Nos duele tremendamente que haya uruguayos comiendo de la basura; nos duele tremendamente que haya decenas de miles de uruguayos que deban recurrir a ollas populares para comer. ¡Claro que nos duele! Pero todo esto es consecuencia de políticas equivocadas en el largo tiempo, agravada la situación, por cierto, con la pandemia. En este país este Gobierno se ha encargado de atender a esos sectores y se han aumentado, muchas veces, los aportes de los distintos ministerios y organismos involucrados para que no haya hambre entre los sectores más frágiles.

Por supuesto que hay que trabajar muchísimo en el futuro; claro que sí. Se ha hablado y se ha comparado –creo que hasta el cansancio; por lo menos cinco señores senadores lo hicieron– el sueldo del gerente del Banco República con el del gerente del Banco Santander o el del Scotiabank. Yo creo que aquí lo que tenemos que ver, realmente, no es lo que le paga el banco a su gerente, que como banco privado puede pagar lo que se le antoje, sino que lo que tenemos que hacer es evitar que los bancos ganen lo que están ganando hoy a expensas de los uruguayos de a pie, cobrando ellos, o sus prestadoras financieras colaterales, intereses de usura realmente escandalosos, ante la omisión de las autoridades económicas de nuestro país a lo largo de los años. Eso es lo que hay que evitar, no que le paguen mucho a un gerente en una empresa privada.

Nosotros hemos planteado claramente –como se ha dicho acá de otros partidos– la necesidad de asistir a la pequeña, a la micro-, a la mediana empresa; al pequeño productor rural; al mediano productor rural; y, por qué no, también a las grandes empresas, que son las más generadoras de dinero; al cuentapropista; al profesional, y a tantos sectores que han sido golpeados duramente por esta pandemia. Pero esa es otra discusión.

Algunas cosas se han hecho; algunas cosas se han avanzado; algunas cosas hemos aprobado en este mismo recinto y muchas otras serán anunciadas en las próximas semanas, como ya lo están diciendo las propias autoridades económicas. Claro que sí, que hay que dar oxígeno al sector productivo nacional, que necesita hoy por hoy esa mano para poder sobrevivir a esta pandemia, para que el día que haya ese ansiado rebote de la economía estén las empresas todavía con vida.

Estamos convencidos de que hay muchísimo por hacer, y por supuesto que lo haremos, pero hoy se trata de votar un impuesto o un aporte adicional, de dar desde lo público una señal necesaria para que todos, en definitiva, estemos afectados de la misma manera por este gran golpe que ha significado la pandemia.

Ayer, en la media hora previa, decíamos que en esta hora tenemos que empezar a pensar el país en clave de unidad, en clave de políticas de Estado. No podemos buscar sacar rédito político de cada situación. No podemos, cuando se trata de cosas tan claras como esta de dar un aporte más a las arcas del Estado, empezar a echarnos culpas mutuas de quién es el responsable de la situación que se vive en tal o cual sector. Tal vez todos tengamos culpas acá por no haber estado en su momento a la altura para atender a los sectores más sumergidos, más carenciados. Todos tenemos culpa de las desigualdades que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, todos, sin excepción, incluso los que más gritan y que tuvieron todas las oportunidades y el viento a favor para haber arreglado muchas cosas y no lo hicieron. El país está en la situación actual como consecuencia de la acumulación de políticas totalmente equivocadas, a espaldas de los más frágiles y del trabajo nacional.

Creemos que, de una vez por todas, hay que concebir al país en clave de unidad nacional; pensar en los grandes temas que determinarán la viabilidad o no del Uruguay en el futuro, pensar en el modelo de país que queremos hacia adelante, pensar en todos los grandes problemas que se nos presentan, entre ellos, la inserción internacional y también la problemática demográfica que tenemos, pues cada vez hay menos nacimientos. ¿En qué soluciones pensamos para todo eso? Repito, debemos pensar en clave de unidad, en clave de políticas de Estado. No hay otro camino, por más que ahora nos enfrasquemos en culparnos y acusarnos unos a otros, pues todos tendrán argumentos para acusar al otro, para dar manija a su tribuna en contra del otro bando y todos tendrán forma de seguir ahondando esa fractura y esa división que, en los hechos, nos hace un mal tremendo, nos va empantanando y no nos deja avanzar.

Por eso, Cabildo Abierto va a votar este proyecto de ley en general y en particular, en el entendido de que esto es lo que nos están pidiendo quienes son responsables de la conducción económica.

En el futuro trataremos otras propuestas, incluso algunas que hoy hace la oposición y que consideraremos en la comisión respectiva.

Esa es nuestra posición, que queríamos trasmitir en esta sesión.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR STRANEO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR STRANEO.- Señora presidenta: seremos lo más breve posible.

En cuanto al impuesto en sí mismo y sus aditivos o sustitutivos, haremos una mención al final. Ante todo, queremos referirnos a algunos aspectos políticos que nos parece de orden destacar luego de haber escuchado a los senadores preopinantes el día de hoy.

Por un lado, cuando escuchamos el discurso de la brecha o de la generación de la brecha, siempre queremos contrarrestarlo con el de los reconocimientos.

Siento una profunda discordancia con aquellos que dicen que la oposición ha acompañado al Gobierno en las medidas esenciales que se han tomado desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Creo que no es así. Queda profundamente en el debe de la oposición –que a mi entender está encasillada en ese concepto de oposición, como he dicho en alguna oportunidad– el hecho de que no ha podido o no ha sabido tender su mano cuando el Gobierno lo ha solicitado o necesitado. Además, se trata de algo que la sociedad ha reclamado en varias oportunidades, y nos lo ha hecho saber a los políticos, pues se pregunta cuándo vamos a estar unidos o cuando vamos a actuar en forma conjunta en esto. Entonces, creo que ahí tenemos una profunda diferencia.

En el concepto de los reconocimientos, podemos situarnos en abril o en mayo del año pasado, cuando venía en franco avance la situación de la pandemia y, aun dentro del plano de la incertidumbre, se veía un Gobierno con una fortaleza constante en todos los temas. Me atrevo a decir que en ningún momento percibimos ese apoyo, como tampoco lo percibimos hace unas semanas, cuando el presidente tuvo una intervención en la cumbre del Mercosur y fue apoyado por la mayoría de nuestros compatriotas, inclusive parlamentarios, pero hubo defensas pobres, con poco fundamento y rozando lo chabacano hacia un presidente extranjero y no hacia el nuestro. Entonces, allí tengo una profunda discrepancia.

En cuanto al tema de las medidas, siento que sigue habiendo un debe, pues no se ha puesto arriba de la mesa cuáles serían las medidas de restricción que debería tomar el Uruguay y el Gobierno y cuáles son las que desatienden al GACH. Digo esto porque, inclusive cuando se habla de las específicas, al escucharlos podemos darnos cuenta de que son contradictorios ellos mismos a la hora de mantenerlas, pues saben que generan desocupación, pobreza, dolor, y es difícil contrarrestar todo eso. Por ejemplo, en cuanto a los gimnasios, yo recibo diariamente comunicaciones de personas responsables de gimnasios y lo que dicen es que los dejemos trabajar, es decir, van mucho más allá de exoneraciones o de que se les haga pagar tal o cual cosa: lo que quieren es trabajar. Obviamente, no me estoy refiriendo al contexto actual, sino al previo al mes de marzo, cuando esa era la verdadera exigencia.

Entonces, creo que verdaderamente no es tan sencillo. Y por eso cito y me quedo, no con aquella acción nada feliz que tuvo alguna agremiación científica de hacer un video que circuló y que no pareció ser el contexto en el que en realidad los médicos del país querían manifestarse, sino con la última expresión del Sindicato Médico del Uruguay, que dice: «Ante el crítico escenario dado por el alto número de casos de covid-19 que determina la saturación de camas de CTI, así como saturación de equipos de atención ambulatoria y testeos, puertas de emergencia y camas en hospitales y mutualistas tanto en Montevideo como en el interior del país; y a su vez la alta cantidad de trabajadores de la salud en cuarentena y cursando la infección, las organizaciones abajo firmantes hacen un llamado al Gobierno a que tome medidas efectivas para disminuir la movilidad y el contacto, y a toda la población a extremar los cuidados y a vacunarse.

Las acciones para evitar la catástrofe sanitaria inminente son la reducción de la movilidad en su máxima expresión y el cierre de toda actividad no esencial».

Al cierre agregan, en letra destacada, en negrita: «Sin máximas medidas hoy, nos quedamos sin atención mañana».

Reitero, es muy difícil hablar de ahorrar cuando no tenemos arriba de la mesa medidas concretas que nos indiquen qué tenemos que hacer. ¡Y cuánto más difícil es la tarea del Gobierno cuando las sociedades científicas, nucleadas, realizan una expresión colectiva, recogida por el Sindicato Médico del Uruguay, que no es específica ni enunciativa ni taxativa y cuando, además, los aspectos económicos están siendo día a día puestos en una balanza tan difícil de dirimir! Obviamente, tenemos un presidente responsable y serio que de esa misma forma está tomando todo esto.

Por otra parte, ¿por qué hablaba de los reconocimientos? Porque a la par de la etiqueta #GobiernoAusente tenemos palos en la rueda y creemos que esto no nos hace bien. A quienes diariamente consultamos las redes y la prensa no nos hace bien ver una expresión desafortunada en Twitter o un comentario no feliz en los medios de prensa. No es lo que siento que queremos expresar acá y, sin embargo, es lo que en definitiva surge cuando tenemos un sinnúmero de casos –como el de hoy, por ejemplo– en que se vota en general, pero luego, al votar en particular, no se acompañan aquellas cuestiones para las que el Gobierno pidió apoyo, y no se lo hace porque no se vota el sustitutivo, porque no se les vota el aditivo, en fin. Entonces no se vota lo que proviene del Gobierno y, en definitiva, se termina no votando favorablemente ninguna de las iniciativas que envía el Gobierno. Me refiero, por supuesto, a la oposición.

Además, está sucediendo lo que nos pasó un mes atrás cuando vino el proyecto de ley para las pymes: votamos en general, pero cuando tuvimos que hacerlo en particular la oposición, por estar en desacuerdo con la gran mayoría de los artículos que se agregaban o se sustituían, votó todo en contra. Por ende, se generó una contradicción: votaron a favor en general y en contra en lo particular. Estábamos votando exoneraciones para las pymes y la oposición estaba votando todo en contra cuando era un claro beneficio para la sociedad y para grandes rubros de actividades claramente especificados por otros senadores. Entonces hubo que rever esa votación para que la oposición no quedara como que había votado en contra. De modo que cuando se dice «Gobierno que improvisa» o «Gobierno que no sabe lo que está haciendo», considero que todos deberíamos autoanalizarnos y ver las culpas propias.

Para redondear, señora presidenta, y antes de conceder una interrupción a la senadora Rodríguez, que me la ha solicitado, quisiera decir que en el pasado mes de diciembre, en esta sala, el senador Da Silva dijo: «Hay olor a CTI». Esa frase caló hondo, al menos en nosotros. Y creo que realmente debería llamarnos a la reflexión y a pensar si estamos siendo verdaderamente objetivos a la hora de evaluar esto o si en algún momento nos gana mucho más la camiseta que el hecho de querer dejar algo, que va a pasar, lamentablemente, a la historia de nuestro país. Lo digo como la excepción del «pero». En 2020, más que acompañamiento tuvimos el «pero». Hubo fortalezas, pero también debilidades. Es decir, ¿recibimos un sistema de salud que estaba en condiciones para enfrentar la pandemia? ¿Existían las condiciones para enfrentar esto? El Gobierno que se iba, ¿dejaba las condiciones mínimas necesarias para toda esa situación? ¿Teníamos camas de CTI? ¿Teníamos cantidad de test, de hisopados? ¿Teníamos la máquina?

Es decir, creo que ahí falta autocrítica a la hora de poner arriba de la mesa, con tanta fuerza, una crítica a un Gobierno que ha tenido que adaptarse a una realidad mundial y no estaba escrito en ningún manual cómo manejarla.

Me preocupó escuchar el concepto del Sindicato Médico del Uruguay y de algunas exposiciones que se realizaron en el día de ayer –cuando tratábamos otro tema– relativo a las restricciones máximas de movilidad. ¿De qué estamos hablando? ¿Hablamos de medidas prontas de seguridad? El día de ayer un señor senador hizo una exposición muy buena sobre el Día del Liberado y se cuidó de no utilizar la expresión «medidas prontas de seguridad», porque todos sabemos lo que eso implica, así como también sabemos que esto sobrevuela a la hora de restringir la movilidad o de establecer un toque de queda.

Entonces –y con esto concluyo–, cuando se dice que la libertad responsable es un relato o un discurso, yo digo que no; que no es así. La libertad responsable es el cuidado empírico real y el reconocimiento de los verdaderos derechos humanos. En eso ha puesto la confianza el presidente de la república –con fundamentos y apoyándose en las sociedades científicas que objetivamente lo asesoran– para poder combatir esta pandemia.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR STRANEO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Rodríguez.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Gracias, señor senador; gracias, señora presidenta.

Durante el transcurso de esta sesión hemos escuchado atentamente a los señores senadores de la oposición hablar de apertura, de diálogo, y les creo. ¿Por qué no iba a creerles? Por supuesto que les creo; conozco a muchos de ellos y sé del compromiso que tienen. Pero, señora presidenta, no puedo dejar pasar ciertas incoherencias y creo que deberíamos controlar un poco más nuestras expresiones.

Hoy se dijo que el Gobierno espera que pase el tiempo. Eso es un agravio y una falta total de respeto al Gobierno. No lo podemos admitir. ¡De ninguna manera! No lo admito. También, en sesiones pasadas se habló de «los muertos del Partido Nacional» y de que seguramente no habrían concurrido ni a la Marcha por la Diversidad ni a la Marcha del 8M. ¡No lo vamos a tolerar! Entonces, apelo a que los compañeros de la oposición –porque somos todos compañeros y gobernantes– moderen un poco el discurso. Sé que en estos debates a veces nos vamos un poco de boca, pero la falta de respeto y el agravio no los vamos a tolerar. Acá se han perdido muchas vidas, hay muchas personas llorando a sus muertos, y no podemos utilizar cualquier argumento para obtener protagonismo.

Es muy fácil juzgar al Gobierno que está al frente del país en momentos en que atraviesa uno de los cuadros más graves de nuestra historia moderna. Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con las medidas adoptadas por este Gobierno, pero asumir posturas ideológicas tan cerradas cuando la sociedad nos está pidiendo una respuesta, la verdad, señora presidenta, es una irresponsabilidad. El Gobierno, realmente, está haciendo un enorme esfuerzo, con responsabilidad y empleando para ello a los mejores hombres y mujeres de nuestro país. Se han anunciado políticas de protección social en reiteradas oportunidades, y la semana próxima se anunciarán nuevamente.

Realmente, el argumento del enfrentamiento entre los ricos y los pobres o el argumento donde se equipara a los ricos con los empresarios son bastante lamentables. Nosotros no le damos la derecha a nadie en las políticas sociales; hay un compromiso…

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑORA RODRÍGUEZ.- ¿Me permite otra interrupción, señor senador?

SEÑOR STRANEO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Rodríguez.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Gracias, señor senador.

Como decía, hay un compromiso de todo el Gobierno, y se está tratando de llegar a todos los barrios –a lo largo y ancho de nuestro país– para que nadie se quede sin un plato de comida. Seguramente, no hacemos lobby o no sabemos comunicar, pero se está ayudando, protegiendo y procurando que nadie se vaya a la cama sin comer; eso sí se está haciendo. Escuché hablar mucho de pobreza y hambre. ¡Por favor!, ¡por favor! No utilicemos la pandemia y el hambre para lograr protagonismo; cuidado con estas cosas.

SEÑOR BERGARA.- Señora senadora, no adjudique intenciones.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Las intenciones las tuvieron quienes ayer nos faltaron el respeto con nuestros muertos. Estamos cansados de que se utilice la pandemia políticamente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señora senadora, le agradezco que no aluda.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Sí, señora presidenta. Me voy a dirigir a la Mesa, pero le voy a decir que cuando nosotros ponemos sobre la mesa argumentos válidos nos dicen: ¡ah, nos sentimos ofendidos! Ayer me sentí sumamente ofendida cuando se mencionó a «los muertos del Partido Nacional». Por lo tanto, si no queremos entrar en esas confrontaciones alineemos nuestro discurso. Ustedes saben perfectamente que soy una mujer que no se enfrenta con nadie, pero cuando hay faltas de respeto, ¡ah, no! Pasiva, sí; pero de esta manera, no. Es muy fácil empujar a todos a la lucha y dar consejos, pero los que sufrimos somos quienes estamos al frente del Gobierno. Hay momentos en los que me pongo a pensar: «Pero ¡caramba!, ¿de qué estamos hablando?».

Hace muy pocos días queríamos el diálogo y se votó la creación de la comisión de seguimiento de la pandemia. Yo esperaba otra cosa, pero resulta que siempre alguien sale desalineado y nos ofende. ¿Tenemos que agachar la cabeza? No, ¡yo defiendo a mí Gobierno! ¡Nosotros estamos comprometidos y sobre pobreza y políticas sociales no le damos la derecha a nadie!

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR CANON.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑORA DELLA VENTURA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CANON.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Della Ventura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: quizás la señora senadora Rodríguez se refiere a mi exposición de ayer –me aclaran que no hay dudas de que es así–, pero no me referí a los muertos, sino a los legisladores vivos que han tenido covid-19. Para nada me referí a los muertos del Partido Nacional y quería dejarlo claro.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Canon.

SEÑOR CANON.- Gracias, señora presidenta.

En cualquier diálogo, para llegar o no a un acuerdo –por lo menos así lo creo–, debemos tener un diagnóstico de la situación y una prognosis, conversarla y discutirla a los efectos de saber en qué coincidimos y en qué no. Hago estribo en la intervención del economista Olesker, senador de la bancada, que dijo que en materia de diagnóstico y prognosis económicos diversos economistas del mundo califican la recuperación en forma gráfica de K. La línea vertical de la K representa, en un plano cartesiano, el eje de las coordenadas y las líneas que suben y bajan representan a quienes salen más ricos y más pobres de la pandemia. Por ejemplo, la línea que sube representa a las actividades que pueden continuar con el teletrabajo, etcétera. A juicio del politólogo Óscar Bottinelli –que escuché en una entrevista de radio– existe una profunda división en materia de diagnóstico y prognosis, no solo entre el Gobierno y la oposición, sino en la sociedad uruguaya toda.

Y no me estoy refiriendo a la grieta, me estoy refiriendo a lo que legítimamente cada sector de la sociedad, cada sector político, el Gobierno y la oposición, entre otros, piensa de la situación. El politólogo Óscar Bottinelli –no me voy a excusar; comparto con él– consignó que el presidente y su entorno –particularmente, el equipo económico– están confiados en dos aspectos.

En primer lugar, la pandemia, gracias a la medida sanitaria, al aumento de las camas de CTI y a la vacunación, está próxima a disminuir y a perder letalidad sin que el sistema sanitario colapse. Reitero: no adjudico intenciones, es una visión de la realidad.

En segundo lugar, terminado el problema de la covid-19 en nuestro país, en la región y en el mundo, en nuestra primavera, vamos a estar viendo un mundo en crecimiento, recibiremos inversiones, aumentará el consumo y se recuperará el turismo. Además, en el Gobierno existe cierta confianza en que los sectores económicos que hoy están mostrando mayor dinamismo –como el agro, la construcción, los servicios tecnológicos y el sector de las comunicaciones– vayan actuando como locomotora del resto, y que las medidas se focalicen en los sectores más vulnerables. Son los «malla oro».

SEÑORA PRESIDENTA.- Discúlpeme, señor senador. Yo lo estoy siguiendo atentamente, pero le pido que sea concreto, porque usted está aludiendo a una mirada en general sobre la situación del Poder Ejecutivo. Entiendo que le dé un marco al tema, pero me parece que como ya hemos escuchado su enfoque, podemos avanzar en lo que estamos tratando. Se lo agradezco.

Puede continuar.

SEÑOR CANON.- Es posible, pero me voy a referir al mundo, no solo al Uruguay.

Por otra parte, la ministra de Economía y Finanzas y el equipo económico sitúan el abatimiento del déficit fiscal como la necesidad de que el Estado comprima sus gastos y elimine el riesgo percibido de perder el grado inversor como lo fundamental. Por primera vez en la historia, la deuda pública global igualará el tamaño de la economía mundial. Además, el Fondo Monetario Internacional estima que los déficits presupuestarios de los Gobiernos aumentarán del 3,9 % del PIB al 12,7 % en 2020.

Ahora me referiré al mundo. La jefa y vicepresidenta del Banco Mundial, Carmen Reinhart, declaró a La Gaceta que cuando estás en una guerra, como estuvimos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, te tienes que preocupar por ganar la guerra y luego por ver cómo vas a pagar la deuda. También dijo que, según ella, el análogo se aplicaba aquí.

The Bleeding Heart –El corazón sangrante–, es una filosofía política libertaria que se centra en la compatibilidad del apoyo a las libertades civiles y los mercados libres, por un lado, y la preocupación por la justicia social y el bienestar de los más desfavorecidos, por el otro.

Alemania contraerá un total de € 300.000:000.000 en nuevas deudas entre 2020 y 2021 como resultado de la crisis del coronavirus. Sin embargo, el ministro federal de Finanzas de Alemania dijo que nadie lo debía confundir con un corazón sangrante y que era partidario de dar a todo el mundo, en particular a los pobres, dinero para que consuman, porque no se mueve la economía si la gente no tiene plata en su bolsillo. Pero no es necesario salir de casa para encontrar voces disonantes con el mantra económico que se postula. La propuesta de ayudar a las mypes, gravar a los privados al mismo nivel que a los públicos para el Fondo Solidario COVID-19 y subsidiar a los informales proviene de Cabildo Abierto, del Partido Colorado y del Partido Independiente, respectivamente. El mismísimo doctor Ignacio de Posadas, exministro de Economía y Finanzas en el Gobierno de Luis Alberto Lacalle, desde «Cartas al director» del Semanario Búsqueda, aseguró que Uruguay necesita hacer algo para salir del pozo. A su vez, dijo que no deberíamos cometer el mismo error que Macri de pensar que porque tenemos un Gobierno más o menos va a haber una cola de gente queriendo invertir en Uruguay. ¿Por qué no pensar –dijo el doctor de Posadas– en una suerte de Plan Marshall? Y propuso que no estaría mal crear un GACH económico. Qué decir de la columna titulada La plata está, de Ricardo Peirano, que sentencia: «La pandemia hizo cambiar todos los planes, y se ha visto que países ortodoxos han realizado políticas fiscales y monetarias expansivas para atender las urgencias de las empresas y de los individuos».

¿Qué está pasando en el mundo en materia de impuestos? Esto también lo adelantó el senador Olesker. La OCDE está liderando las negociaciones para construir dos pilares en un nuevo régimen fiscal mundial para las empresas. El primer pilar gravaría las multinacionales en función del lugar en el que se encuentran sus clientes, en vez del lugar en que la empresa tenga su sede, extendiendo el criterio de la fuente de la renta.

El segundo pilar establecería un monto mínimo global que permitiera a los países recaudar impuestos de las empresas, incluso si tienen su sede en paraísos fiscales.

A favor de esta idea se pronunció Janeth Yellen, secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Dijo: «Estamos trabajando […] para acordar un tipo mínimo del impuesto sobre sociedades a nivel global que pueda frenar la carrera hasta el fondo», con lo que se considera que se ayudaría a desalentar el perjudicial traslado de beneficios.

En esta materia saludo que el senador Manini se pronuncie por acompañar eventualmente el proyecto del Frente Amplio para, justamente, eludir los….

SEÑORA PRESIDENTA.- Si me disculpa nuevamente, señor senador, ya vimos todo el tema del mundo. Leímos al doctor Ignacio de Posadas con usted, al señor Peirano y a todas las personas. Si es posible contextualice, porque ya sabemos lo que el mundo piensa, que es lo que nos está comentando, como también las columnas nacionales. Por tanto, nos gustaría saber qué piensa usted del proyecto de ley que vamos a votar porque creo que el marco ha sido suficiente. Reitero, entonces: si es posible, quisiéramos que lo que expresa se centre en lo que tenemos a votación.

Muchas gracias.

SEÑOR CANON.- Como no.

El senador Gandini, en declaraciones a la prensa y en la propia exposición de motivos del proyecto de ley en consideración, ha señalado lo siguiente.

¿Puedo citar al senador Gandini, señora presidenta?

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, señor senador.

(Dialogados).

SEÑOR CANON.- Lo hizo público y me parece muy bien.

El senador Gandini dijo que se trata de un impuesto puntual, restringido a un grupo de trabajadores, durante un tiempo muy limitado, con un espíritu solidario. No obstante, reconoció que este impuesto no mueve la aguja de la recaudación.

He saludado en mi intervención, cuando votamos el impuesto anterior, la solidaridad que este impuesto implica. Es legítimo tener un patrimonio y, consecuentemente, una renta. Pero cómo explicar la inequidad que implica exonerar de este esfuerzo solidario, una vez más, a los privados, a personas que disponen de un gran patrimonio y obtienen a través de él una renta sustantiva.

El senador Manini… ¿Lo puedo citar también?

SEÑORA PRESIDENTA.- Por supuesto.

SEÑOR CANON.- Además, es para coincidir con él.

El senador Manini dijo ayer en la media hora previa, citando la Proclama de Mercedes del 11 de abril de 1811, que el general Artigas decía: «Unión, caros compatriotas, y estad seguros de la victoria». Y a renglón seguido convocaba a todos los compatriotas caracterizados de la campaña y todos –¡todos!– se ofrecían con sus personas y bienes.

El papa Juan Pablo II, también citado por el senador Manini, calificaba el diálogo como una de las urgencias de nuestros tiempos. Decía que el diálogo es un elemento central e indispensable del pensamiento ético de todos los hombres. ¿Cómo podría establecerse la paz cuando una de las partes no se ha preocupado de considerar las condiciones de existencia de la otra? El diálogo es necesario y conveniente en la sociedad –dijo el politólogo Bottinelli, a quien también puedo citar–, y se produce cuando hay un punto en común. Si el diagnóstico es opuesto, como dijeron el papa y Bottinelli, no hay forma de entenderse. ¡Ojalá Bottinelli se equivoque!

Y esta es mi posición con respecto al impuesto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muy amable, señor senador.

(Dialogados).

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: hemos transcurrido por un debate bastante largo y extendido acerca de un tributo del que prácticamente no hemos hablado. Aprobamos este mismo tributo en su oportunidad y ahora nos aprestamos a votarlo con algunas modificaciones, con algunas mejoras, o no. La incorporación de la progresividad en la tasa –que teóricamente genera mayor justicia, pero también baja la recaudación–, fue un pedido de algunos jubilados bancarios, que advirtieron al Gobierno en ese sentido.

¿A quiénes se grava? A los públicos, a quienes tienen estabilidad laboral. Creo que el señor senador Sánchez define muy bien el tema cuando dice que es una suerte, no de impuesto, sino de pedido de contribución al que siente y tiene esa certeza todas las mañanas de sus días, en medio de esta incertidumbre absoluta; es una suerte de tributo a la estabilidad laboral. Lejos de molestarme, me gustó la definición que aporta el señor senador Sánchez en ese sentido y creo que es nuestra obligación. Ahora bien, me surge la siguiente reflexión: esto lo tendríamos que haber hecho en un acto silencioso y muy breve, y tendríamos que contar con los votos de todos, no solo con los de algunos de nosotros.

Un proyecto de ley no es su título, y acá hay una bancada que va a votar un título, señora presidenta. Un proyecto de ley es su contenido; donde se dice que tenemos que poner esa platita es en el articulado. Hay un partido que no va a votar, y le va a pasar exactamente lo mismo que le pasó el día que no votó las restricciones a las libertades individuales: después va a tener que salir a explicar, explicar, explicar. La verdad es que pide confinamiento obligatorio, toque de queda, restricciones a la movilidad, restricciones a las aglomeraciones, pero no votó. Ahora pide recursos, pero no levanta la mano.

Creo que estas cosas, señora presidenta, tienen que quedar claras. Acá algunos vamos a votar y otros no lo van a hacer, por razones políticas, jurídicas, económicas, tributarias, por las razones que quieran, pero no van a votar.

Esta jornada, señora presidenta, ha servido para dejar constancia en la versión taquigráfica, para dar estado parlamentario a los debates que tenemos fuera de este ámbito. Esa acusación al Gobierno de que no ha hecho nada es triste, ¡es muy triste! Y no lo digo por las ochenta medidas que están acá relativas al Banco de Previsión Social, a la DGI, a UTE, a OSE, a Antel, al Mides, a las pymes. No, no es por eso. El Gobierno ha estado siempre, desde el presidente de la república, todo su equipo, el ministro de Salud Pública, la gente de ASSE, hasta muchos funcionarios que han estado arriesgando su vida dentro de los CTI. ¡¿Cómo es que eso no vale nada?! ¡¿Cómo no vale nada el esfuerzo de los funcionarios municipales que tratan de convencer a la gente de que no se aglomere?! ¡¿Cómo no vale nada el trabajo de la policía en ese sentido?! ¡¿Cómo no vale nada el trabajo de los municipales en las ollas populares y en los comedores alimentando a la gente?! ¡Vaya que sí vale arrimar comida en algunos lugares, cocinar en otros, contribuir siempre! Entonces, no es buena esa afirmación.

Tampoco es admisible el hecho de decir que Uruguay es el país que menos gasta. No, no; Uruguay es el país que menos tiene que incrementar el gasto en esta pandemia porque tiene una estructura de cobertura social que es admirable y admirada en el mundo. El año pasado, con USD 2.000:000.000 menos de recaudación, igual se hizo el aporte al sistema de salud que, obviamente, vio incrementado su gasto. Y no estamos hablando de un 1 % o de un 2 %, sino del 4 % del PIB. Las transferencias a la seguridad social son del orden del 8 % del PIB; los salarios públicos alcanzan al 9 % del PIB, y no hablo de las transferencias reforzadas del Mides, que es otro punto del PIB. Esas cosas son las que tenemos que atender: las transferencias y el sistema de cobertura Mides, el Sistema Nacional de Cuidados, las asignaciones familiares. ¿De cuánto estamos hablando? Lo estamos diciendo desde un Estado que cumplió con eso «a pesar de»: a pesar de la baja en la recaudación, a pesar del nivel de actividad.

Pero, además, desde un Estado que se jugó el pellejo aportando otro elemento fundamental para la vida de la gente. Me refiero al concepto de la libertad responsable, que conlleva que quien encabeza el Gobierno tenga que hacerse cargo de conductas ajenas, porque así es, y se la juega de ese modo. Nuestro Gobierno mantuvo la posibilidad de que la gente pudiera seguir con su vida normal, incluso con su vida económica, porque dio la oportunidad de llevar el pan a su casa a casi todos los orientales, en un esfuerzo enorme. ¡Claro que era mucho más fácil el otro simplismo! ¡Claro que era mucho más fácil decir «te confino obligatoriamente, te mando para tu casa, no te contagias y te doy una renta»! ¡Claro, una renta por tres meses! Eran USD 258:000.000, ¿recuerdan que me corrigieron? Bueno, hoy ya estaríamos en más de mil. Pero ese «te encerré en tu casa» hubiera significado «te hice perder los clientes que tenías por el servicio que ofrecías», «te hice perder la mercadería que tenías». Esa gente ¿tendría capacidad como para retomar su vida económica? No. ¿El Estado se la va a dar? No. Entonces, cuidémosela. Creo que a esto se le agrega el cuidado que debemos tener hasta desde el punto de vista político, porque cuando se convoca a una marcha o a una manifestación se está atentando contra esa misma gente, contra quienes mañana no van a poder salir a ganarse el pan, o si salen, no van a encontrar a sus clientes, a las personas a las que les brindan sus servicios o les venden su mercadería, y no los van a encontrar porque están infectados.

Entonces, ¡cuidemos esas cosas! No hablemos tanto del GACH; no hablemos de las medidas que el GACH sugirió en febrero, mientras convocamos a una marcha en marzo. Yo creo que en el calendario de este año marzo siguió estando después de febrero.

(Dialogados).

–Podemos cometer todavía un pecado más grave que es el de provocar una fortísima caída –aun mayor de la que se está produciendo– en nuestra economía. ¡No podemos provocarla!, y si achicamos la movilidad, obviamente, cae el nivel de actividad de la economía. Eso es un atentado contra los más pobres del país; eso no perjudica al que tiene resto, sino al que se tiene que ganar el pan todos los días. Entonces, tenemos que cuidarnos de decir lo que no es; tenemos que cuidarnos de la agresión al otro; tenemos que hacer esta contribución.

A mí me gusta sí, que se hayan aportado elementos al debate. Me gusta que se proponga un impuesto a las personas que en el sector privado ganan montos similares a los del sector público. También me parece bien que se haya presentado la otra propuesta, de gravar rendimiento de depósitos en el exterior. Realmente me parece bien, porque creo que es una contribución. Pero también nos permitirán decir que, en el primer caso, no quisiéramos caer en un Estado que cuando tiene necesidades recurre a la contribución forzosa y que, además, lo hace por un período tan corto, porque sería romper las reglas de juego a la gente, trasmitir esa inseguridad de que si el Estado necesita, viene, manotea y agarra lo suyo. Creo que eso es mucho más caro que lo que el tributo –que con buena intención se ha presentado– puede aportar. En el otro caso, sí estaríamos en contradicción con algo que es política de Estado en Uruguay, porque la captación de residentes, la captación de inversiones es política de Estado; ha sido afirmado en leyes y decretos de Gobiernos anteriores y de este Gobierno. Hace dos meses terminamos de votar una norma para incentivar la radicación de capitales y de personas –¡hace dos meses!–; no sería un muy buen mensaje cambiar las reglas de juego tan rápido. Alguien me dirá: «de modo parcial». Realmente, no vale la pena; realmente, aporta poco y distorsiona mucho.

Por estas razones, es obvio que no vamos a acompañar esas propuestas impositivas. Pero este es el tipo de debate que respetamos; este otro debate, es un precioso ejercicio de decirnos cosas. Sinceramente, me gustaría, de parte de todos, que estemos a la altura de las circunstancias que el país está viviendo. Estamos viviendo momentos duros que, además, son conocidos. Son momentos que fuimos previendo, y con la previsión nos fuimos acostumbrando, pero duele por los que se van, duele por los que están enfermos, duele por el que pasa hambre. Duele tanto, señora presidenta, que realmente creo que el ahora nos exige otro tipo de conducta.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Señora presidenta: vamos a proponer que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque, con el desglose de los artículos 1.° y 3.°.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–27 en 29. Afirmativa.

En consideración el articulado, con excepción de los artículos 1.° y 3.°, que fueron desglosados.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1.°.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 3.º.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Solicitamos el desglose del numeral 4 del artículo 3.°.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 3.°, sin el numeral 4.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

En consideración el numeral 4 del artículo 3.°.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa aclara que los sustitutivos no se someterán a votación por haber sido aprobados los artículos originales.

Léase un aditivo presentado por los señores senadores del Frente Amplio.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Créase un adicional al Impuesto al Patrimonio de las personas físicas y de las personas jurídicas que hayan tenido resultados positivos en el ejercicio 2020 por única vez equivalente al 10 % del monto pagado en el año 2020.

El producido del presente impuesto será destinado al “Fondo Solidario COVID-19” creado por el artículo 1° de la Ley N° 19.874, de 8 de abril de 2020, con el fin de atender a aquellos sectores que vieron interrumpidas sus actividades producto de la declaración de emergencia nacional sanitaria, como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19, en las condiciones en que determine la reglamentación». (Firman los señores senadores del Frente Amplio).

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–12 en 30. Negativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

22) CAPITALES Y CRÉDITOS EN EL EXTERIOR DEL PAÍS

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se declare urgente y se trate de inmediato la carpeta n.º 422/2021: proyecto de ley por el que se grava con destino al Fondo Solidario COVID-19 los depósitos, préstamos y toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza situada, colocada o utilizada económicamente en el exterior de la república». (Firma el señor senador Andrade).

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para fundamentar la moción.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra, el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: seré breve.

Nosotros, de alguna manera, ubicamos este tema en la consideración general. En las crisis –sin duda este es un momento de crisis– los griegos decían que era el momento en que la enfermedad resolvía si derivaba para el lado de la mejora de salud o de la muerte. Son momentos de tomar decisiones.

Obviamente, este es un mínimo cambio en las reglas de juego, pero ¡vaya si este año se han tomado decisiones de cambio de reglas de juego, que han tenido que descargarse en el hombro de la inmensa mayoría de nuestro pueblo! Entonces, nos parece buena la señal que daría el sistema político si aprobara esta iniciativa que gravaría por única vez, durante dos meses, el patrimonio de los uruguayos en el exterior. No es una medida definitiva porque, si así fuera, se vería la posibilidad de buscar incentivos para que esos recursos se instalen en el Uruguay. Además, está colocado, indiscutiblemente, sobre el segmento de más altos ingresos y de riqueza.

Entonces, si en términos de conducción económica le hemos pedido el hombro a más de un millón de trabajadores que en junio van a ver que su aporte es mucho más sustantivo por lo que votamos hoy para el Fondo Solidario COVID-19 –que está arriba del 6 % de su salario– para colaborar con esta situación de crisis, nos parece que debemos tener la misma firmeza para pedir que pongan el hombro y contribuyan en una situación de crisis los sectores que más espalda tienen. En esa dirección es que ponemos a consideración del Cuerpo esta iniciativa, en un momento en el que todos estamos diciendo que lo primero es encontrar los recursos que hagan posible atender la emergencia social, que indiscutiblemente es uno de los principales problemas que tenemos que abordar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–12 en 30. Negativa.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra, el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Gracias, señora presidenta.

Estamos haciendo un abordaje complejo en la sesión de hoy, con larguísimas horas de discusión para aprobar por unanimidad el proyecto de ley en general, con algunas cosas extrañas, como por ejemplo que la bancada opositora votara en contra el impuesto a los funcionarios públicos.

(Dialogados).

–No estoy hablando del Frente Amplio; estoy detallando algo que acabamos de votar.

(Interrupciones).

–Si se sienten aludidos me dicen, pero la votación anterior…

SEÑORA PRESIDENTA.- El senador se siente aludido.

(Dialogados).

SEÑOR GANDINI.- Entonces, no puedo hablar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Prosiga señor senador, pero trate de no hacer alusiones.

(Dialogados).

SEÑOR GANDINI.- No quiero aludir, sino describir un hecho que acaba de pasar.

SEÑORA PRESIDENTA.- No lo describa; ya lo entendimos

SEÑOR GANDINI.- Acabamos de votar una ley en general por unanimidad. Solo una parte votó el impuesto a los funcionarios públicos y todos, por unanimidad, votamos el impuesto a los jubilados. Esas situaciones, que son extrañas, merecen que temas como el que se acaba de plantear se estudien. Yo, en principio, no me niego a estudiar el impuesto que tiene inspiración en el exministro de Economía y Finanzas –para no aludirlo– y está en la Comisión de Hacienda. Me parece que tenemos que estudiarlo y pedir opinión al Ministerio de Economía y Finanzas. Modifica una política en la materia que es muy sensible e importante, incluso en las obligaciones de los residentes en el país que no son nacionales. Por esa razón, no entendemos que este sea el momento de discutir este proyecto, en sala y sin un estudio previo. Nos ponemos a disposición y ese es el significado de nuestro voto: estudiarlo en la Comisión de Hacienda, donde está radicado desde hace una semana.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Señora presidenta: quiero fundamentar lo votado recientemente porque entiendo que el debate que hemos desarrollado durante todo este tiempo ha sido lo suficientemente claro como para exponer o explicar lo que cada uno piensa.

La urgencia de este tema no solo tiene que ver con lo que significa el asunto. Queríamos tratar ahora, en esta instancia, una iniciativa referida al fondo covid. Acabamos de votar una forma de aportes de funcionarios públicos y jubilados para conformar este fondo. Nosotros entendemos –y así lo propusimos en nuestra iniciativa–que esta medida debe tener la misma cantidad de tiempo y excepcionalidad que la anterior, pero puede dar más aportes y, a su vez, muestra otro signo, es decir, pide a otros ciudadanos aportar para el mismo fondo durante el mismo plazo. Por eso consideramos que esta era la oportunidad para tratar también nuestra iniciativa. No obstante, valoramos que se anuncie que se está dispuesto a analizar, y con espíritu abierto, esta iniciativa. ¡Ojalá que tenga andamiento! Nos parecía de estricta justicia tratar ahora una iniciativa como esta, que pide una contribución mayor a quienes efectivamente tienen mejores posibilidades, como lo estamos haciendo con los ciudadanos comprendidos por el impuesto que acabamos de votar y otros que, en general, están pasando la situación que atraviesan la economía y la sociedad uruguaya. Más allá de las señales, esta sería una medida concreta que tendría que ir con este objetivo. Entendimos que había que presentarlo ahora como proyecto independiente porque iría en la misma línea de recaudar fondos para una causa que es solidaria, que tiene que ver con todos aquellos que están pasando muy mal y que no tienen capacidad de desarrollo y oportunidades si no se los brindan, a través del Estado, con los apoyos que señalamos. Esta era la iniciativa; esta era la oportunidad. No obstante, aspiramos a que en la comisión especializada, que es la Comisión de Hacienda, efectivamente, esta iniciativa tenga andamiento.

Gracias, señora presidenta.

23) EMERGENCIA SANITARIA - COVID-19

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: es cierto lo que dice el señor senador Gandini. Nosotros teníamos la intención de que se gravaran las jubilaciones altas y los salarios públicos altos con la condición de que también se gravaran los salarios altos de la actividad privada, pero en el formato de votación terminó quedando el artículo 8.º entre los artículos que no desagregamos. Queremos ver si es posible reconsiderar la votación del artículo 8.º del proyecto de ley.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Señores senadores: se proclamó la votación y el proyecto de ley ya fue enviado a la Cámara de Representantes.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: para futuras sesiones quiero recordar que en el Reglamento del Senado está claro que durante una sesión, ordinaria o extraordinaria, en cualquier momento se puede solicitar la reconsideración de cualquier punto del orden del día. Una vez que un señor senador solicita la reconsideración de un punto, el Cuerpo tiene que decidir si lo reconsidera. Si tiene la misma cantidad o más votos que cuando fue aprobado, se reconsidera y, si tiene menos, no.

En realidad, el coordinador de la bancada del Frente Amplio me está diciendo que ahora no vamos a solicitar la reconsideración, pero quiero que este fundamento quede en la versión taquigráfica para futuras sesiones, así todos tenemos presente el Reglamento del Senado.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa quiere explicar que mientras el señor senador esperaba que le habilitaran el audio nos estaban haciendo señas, pero tiene toda la razón y queda en la versión taquigráfica lo que acaba de expresar.

24) DONACIÓN DE PLASMA

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la carpeta n.º 429/2021: proyecto de ley por el que todo trabajador de la actividad pública o privada que haya contraído el virus SARS-CoV-2 (covid-19) y sea donante de plaquetas de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Salud Pública, dentro de su horario de trabajo, tendrá derecho a no concurrir a su trabajo el día de la donación durante un período máximo de cuatro horas». (Firman los señores senadores Viera, Da Silva, Manini, Andrade y Niffouri).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

Se pasa a considerar, pues, el asunto cuya urgencia se acaba de votar: «Proyecto de ley por el que todo trabajador de la actividad pública o privada que haya contraído el virus SARS-CoV-2 (covid-19) y sea donante de plaquetas de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Salud Pública, dentro de su horario de trabajo, tendrá derecho a no concurrir a su trabajo el día de la donación durante un período máximo de cuatro horas. (Carp. n.º 429/2021 - rep. n.º 266/2021)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: en acuerdo con el señor senador Da Silva, que fue quien tuvo la iniciativa del proyecto de ley, presenté un sustitutivo que no sé si se puede distribuir o, de lo contrario, explicaría in voce las modificaciones propuestas.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa no tiene esa modificación. Por lo tanto, pedimos a la señora senadora que explique las modificaciones.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: antes de proponer el texto sustitutivo correspondería explicar el porqué de las modificaciones.

Existe una ley de 1990, aprobada en vísperas de la Navidad de ese año, durante el Gobierno del entonces presidente Lacalle Herrera, que dispone el derecho de contar con un día libre para todo aquel trabajador de la actividad pública o privada que done sangre. Además, se establece que esa ausencia no se podrá descontar de los haberes del trabajador. Por lo tanto, se planteaba la interrogante –lo hemos conversado con la bancada y con otros legisladores– de si esa ley de 1990 aplicaba para el caso de la donación de plasma, algo a lo que se está exhortando en este momento por las autoridades de la salud. Concretamente, a través de las redes sociales se difunde un aviso de ASSE en el que se habla de las ventajas de la donación de plasma por parte de aquellas personas que contrajeron covid-19 y ya se recuperaron, dado que generaron defensas. Como dijimos, pensamos que quizás el día libre ya está contemplado en la ley relativa a la donación de sangre. Sin embargo, analizando el procedimiento de extracción de sangre y de plasma, si bien tienen algo en común al comienzo –se extrae sangre–, la gran diferencia está en que en el caso de la donación de plasma, una vez extraída la sangre –disculpen que no utilice la terminología técnica porque sé poco de ciencia médica–, se extrae el plasma y luego se restituye al donante la sangre sin dicho elemento.

Tan diferente es el procedimiento que para la donación de sangre se entiende conveniente hacerlo no más de dos veces al año. En cambio, se habilita a que la donación de plasma se pueda realizar cada quince días.

Por tanto, para evitar las dudas que pudieran suscitarse en aquellas relaciones laborales en el ámbito público o privado frente a quien quisiera ir a donar plasma, ya que quizás en el ánimo del empleador o del superior jerárquico no estuviera claro que también quedaba alcanzado por esta habilitación legal, esta suerte de licencia –ahora corresponde que el señor senador dé su fundamento; yo solamente estoy explicando el porqué del artículo sustitutivo–, nos remitimos a aquel proyecto de ley que ya preveía un día entero –no solamente cuatro horas– a estos efectos.

Esta fundamentación también se debe a que es necesaria. Se nos había dicho que tal vez no fuera necesario hacerla porque ya está incluida, pero no es así. Resulta necesario hacerlo para clarificar, para que no quede la menor duda y también para estimular esta donación que está siendo exhortada por las autoridades de la salud.

En cuanto al proyecto de ley en sí, será el señor senador Da Silva quien realice la fundamentación.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Qué cambios tendría el texto del artículo que modifica este proyecto de ley?

(Dialogados).

–Repito, la Mesa solicita el texto propuesto para poder someterlo a votación.

(Dialogados).

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Muy brevemente y a fin de dar cumplimiento a este asunto, quiero señalar que ayer nos surgió esta iniciativa, que fue modificándose en el correr de la jornada hasta que llegamos a tener dos confirmaciones en el día de hoy.

La primera de ellas –en este caso consideramos que lo que abunda no daña– es que es cierto que hay una ley que habilita a los donantes de sangre a tener el día libre. En este caso, el alcance que tiene es para aquellos que han sido contagiados con el virus SARS-CoV-2, covid-19. Nuestra iniciativa pretendía otorgar cuatro horas, pero la lógica y el sentido común indican que debe ser todo el día.

Esos son los fundamentos de este proyecto de ley que van en consonancia con lo que están solicitando el GACH, ASSE y el Ministerio de Salud Pública. Actualmente la donación de plasma hace realidad una ayuda fundamental a la hora de atender las circunstancias de contagio y de la enfermedad.

Por tanto, nos parece una muy fuerte señal que el sistema político lo vote rápida y unánimemente para que el asunto pase hoy a la Cámara de Representantes, así la próxima semana puede promocionarse.

SEÑORA PRESIDENTA.- En eso estamos, señor senador. Es por esa razón que solicitamos a la señora senadora Asiaín si puede leernos el texto de lo que estaríamos votando en este momento, con las modificaciones que se nos acaban de anunciar.

SEÑOR PENADÉS.- En todo caso, solicitamos un cuarto intermedio, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Creo que no es necesario, porque la señora senadora Asiaín ya está en condiciones de leer el texto propuesto, señor senador.

¿Podría leernos el texto, señora senadora?

SEÑORA ASIAÍN.- «Artículo 1º.- Todo trabajador de la actividad pública o privada que haya contraído el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) haya sido dado de alta y sea donante de plasma de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Salud Pública, tendrá derecho a no concurrir a su trabajo el día en que efectivice dicha donación, jornal que será abonado como trabajado y considerado a todos los efectos como tal.

Artículo 2º.- A efectos de lo indicado en el artículo anterior, el trabajador deberá dar aviso previo a su empleador o superior jerárquico de que concurrirá a realizar la donación de plasma y justificar la efectiva realización de la misma dentro de los 3 (tres) días inmediatos siguientes.

Artículo 3º.- El beneficio establecido en el artículo 1.º alcanzará a aquellos trabajadores que con anterioridad a la aprobación de la presente ley, hubieran donado plasma dentro de su horario de trabajo, tras haber contraído el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Para acceder al beneficio, deberán justificar el hecho de haber efectivamente donado el plasma en las condiciones referidas, ante su empleador o superior jerárquico.

Artículo 4º.- Este beneficio regirá durante la declaratoria de emergencia motivada por la pandemia».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.°.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Formulo moción para que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 1.º al 4.º.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

25) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- En virtud de la licencia concedida al señor senador Danilo Astori por los días 6 al 16 de abril y habiendo presentado nota de desistimiento por el día 15 de abril los señores José Carlos Mahía y Elena Ponte, queda convocado para ese día el señor Oscar Curutchet, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

26) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 17:25, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores Andrade, Asiaín, Barrera, Bergara, Bianchi, Botana, Brenta, Camy, Canon, Coutinho, Da Silva, Della Ventura, Gandini, Lanz, Lazo, Mahía, Manini Ríos, Methol, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Rodríguez, Sanguinetti, Sequeira, Straneo y Viera).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

José Pedro Montero Secretario

María Alcalde Directora general subrogante del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.