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N.º 4 - TOMO 615 - 18 DE MARZO DE 2021

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

4.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta y SEBASTIÁN DA SILVA Segundo vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO, Y LOS PROSECRETARIOS VICTORIA VERA Y ADRIÁN JURI

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

– El señor senador Sánchez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- con destino al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Administración de Servicios de Salud del Estado, relacionado con el ingreso de personal a dicha administración;

- con destino al Ministerio del Interior, relacionado con un operativo policial realizado el viernes 12 de marzo de 2021;

- con destino al Ministerio de Economía y Finanzas y, por su intermedio, a la Auditoría Interna de la Nación, relacionado con los informes de auditorías realizadas en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional en el período comprendido desde el 1.º de marzo de 2000 hasta la fecha.

• Oportunamente fueron tramitados.

5) Exposiciones escritas

– La señora senadora Stopingi solicita se curse una exposición escrita con destino a la Intendencia y a la Junta Departamental de Florida, y al Municipio de Sarandí Grande, relacionada con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

– El señor senador Da Silva solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Dirección General de Servicios Ganaderos, relacionada con la emergencia agropecuaria por la sequía durante el transcurso del año 2020.

• Se procederá de conformidad.

6) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

7) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Sartori, Andrade, Kechichian, Bonomi, Rubio, Rodríguez, Nane, Bianchi, Topolansky y Olesker.

– Quedan convocados los señores senadores Straneo, Olivera, Barrera, Brenta, Delpino, Russi, Saravia, Pereyra y Queijo.

– Se toma la promesa de estilo al señor Juan Castillo, luego de lo cual se lo declara investido de su cargo de senador.

8) Micro- y pequeñas empresas

– Por moción de los señores senadores Niffouri, Viera, Carrera y Lozano, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de ley por el que se establecen medidas para mitigar el impacto de la covid-19.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

9) Comando Sur de los Estados Unidos de América

– Por moción de los señores senadores Niffouri, Viera, Carrera y Lozano, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de ley por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de una delegación, funcionarios de apoyo y de seguridad, y una aeronave de transporte militar.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

10) y 12) Derecho de reunión consagrado en el artículo 38 de la Constitución de la república

– Por moción de los señores senadores Niffouri, Viera, Carrera y Lozano, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de ley por el que se dispone su reglamentación en el marco de la emergencia nacional sanitaria declarada como consecuencia de la propagación de la covid-19.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

11) Proyectos presentados

– Varios señores senadores presentan un proyecto de ley por el que se establece y reconoce el derecho de todos los habitantes del país al acceso equitativo a los cuidados intensivos, independientemente del prestador del que sea usuario.

– Varios señores senadores presentan un proyecto de ley por el que se declara de interés general la necesidad de adoptar medidas para asegurar la accesibilidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud de todos los habitantes de la república durante la pandemia originada por la covid-19.

• Pasan a la Comisión de Salud Pública.

13) PILI S. A

– Por moción de los señores senadores Niffouri, Viera, Carrera y Lozano, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender el subsidio por desempleo para sus trabajadores.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14) Loryser S. A

– Por moción de los señores senadores Niffouri, Viera, Carrera y Lozano, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender el subsidio por desempleo para sus trabajadores.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 15 de marzo de 2021

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo jueves 18 de marzo, a las 10:00, a fin de informarse de los asuntos entrados.

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Asiaín, Barrera, Bergara, Brenta, Camy, Carrera, Castillo, Coutinho, Della Ventura, Delpino, Domenech, Gandini, Iturralde, Lanz, Lazo, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Niffouri, Olivera, Penadés, Pereyra, Queijo, Russi, Sánchez, Sanguinetti, Saravia, Straneo y Viera.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Andrade, Astori, Bianchi, Bonomi, Botana, Kechichian, Nane, Olesker, Rodríguez, Rubio, Sartori y Topolansky.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:07).

–La presidencia deja constancia de que, por motivos sanitarios, el plenario del día de la fecha se realiza en la sala de sesiones de la Cámara de Representantes y de la Asamblea General.

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«La Presidencia de la Asamblea General destina mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

• por el que se establecen medidas tendientes a mitigar el impacto económico como consecuencia de la pandemia originada por la covid-19, en especial en las micro- y pequeñas empresas. (Carp. n.º 409/2021).

A LA COMISIÓN DE HACIENDA.

• Por el que se dispone la reglamentación del derecho de reunión consagrado en el artículo 38 de la Constitución de la república, en el marco de la emergencia nacional sanitaria declarada como consecuencia de la propagación de la covid-19. (Carp. n.º 411/2021).

A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

• Por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de una aeronave de transporte militar y una delegación del Comando Sur de los Estados Unidos de América, funcionarios de apoyo y seguridad, así como también dos delegaciones de avanzada, con armas cortas de seguridad estándar, municiones y equipos de comunicaciones, entre los días 28 de marzo y 9 de abril de 2021. (Carp. n.º 415/2021).

A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

• Por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y hasta ciento ochenta días como máximo, el subsidio por desempleo de los trabajadores de Loryser S. A. (Carpeta n.º 413/2021);

• por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y hasta ciento ochenta días como máximo, el subsidio por desempleo de los trabajadores de PILI S. A. (Carpeta n.º 412/2021).

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículo 187 de la Constitución de la república y 6.º de la Ley n.º 19158, de 25 de octubre de 2013, a los efectos de designar al señor Rubén Sebastián Pintos Migues en calidad de vicepresidente del Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología. (Carp. n.º 410/2021).

Asimismo, remite un mensaje por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 187 de la Constitución de la república y por el artículo 2.º de la Ley n.º 18161, de 29 de julio de 2007, a los efectos de designar al señor Julio Ariel Micak Delgado en calidad de vocal en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. (Carp. n.º 414/2021).

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Junta Departamental de Canelones remite copia de las versiones taquigráficas de las palabras pronunciadas por:

• la señora edila Beatriz Melgar, relacionadas con la discriminación en todas sus formas.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD Y GÉNERO.

• La señora edila Liliana Díaz, relacionadas con el turismo, la producción y el desarrollo rural.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LAS COMISIONES DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA, Y DE INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS.

• El señor edil Richard Pérez, relacionadas con la derogación de artículos de la LUC.

TÉNGASE PRESENTE.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remite respuesta a un pedido de informes del señor senador Raúl Lozano, relacionado con licencias solicitadas en dicho ministerio. (Asunto 148620).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR LOZANO».

4) PEDIDOS DE INFORMES

(Pedidos de informes consignados en la nómina de asuntos entrados).

«El señor senador Alejandro Sánchez solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con el ingreso de personal a dicha administración. (Asunto 150055);

• con destino al Ministerio del Interior, relacionado con un operativo policial realizado el viernes 12 de marzo de 2021. (Asunto 150071);

• con destino al Ministerio de Economía y Finanzas y, por su intermedio, a la Auditoría Interna de la Nación, relacionado con los informes de auditorías realizadas en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional en el período comprendido entre el 1.º de marzo de 2000 hasta la fecha. (Asunto 150084).

OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

5) EXPOSICIONES ESCRITAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de una exposición escrita.

(Se da de la siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «La señora senadora Ana Stopingi solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento del Senado, se curse una exposición escrita con destino a la Intendencia y a la Junta Departamental de Florida, y al Municipio de Sarandí Grande, relacionada con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. (Asunto 149969)».

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha sido repartida.

Se va a votar.

(Se vota).

–15 en 16. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita).

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de otra exposición escrita.

(Se da de la siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «El señor senador Sebastián Da Silva, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Dirección General de Servicios Ganaderos, relacionada con la emergencia agropecuaria por la sequía durante el transcurso del año 2020. (Asunto 150054)».

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha sido repartida.

Se va a votar.

(Se vota).

–14 en 16. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita).

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- En la sesión ordinaria del día 9 de marzo no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del día 8 de marzo faltó con aviso el señor senador Penadés.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 8 de marzo faltó con aviso la señora senadora Topolansky.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, por motivos personales, el día 18 de marzo de 2021, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Juan Sartori. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–16 en 17. Afirmativa.

Se comunica que los señores Alem García y Rosina Piñeyro han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Juan Straneo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004, el día 18 de marzo de 2021, por encontrarme en cuarentena por haber mantenido contacto con un positivo de covid-19 y estar a la espera del resultado del hisopado.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Oscar Andrade. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Juan Castillo, a quien se invita a pasar al hemiciclo a los efectos de que preste la promesa de estilo.

(Ingresa a sala el señor Juan Castillo).

–Se invita al Senado a ponerse de pie.

Señor Juan Castillo: ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la república?

SEÑOR CASTILLO.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR CASTILLO.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda usted investido del cargo de senador.

(Aplausos en la sala).

–Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Presente

 

De mi mayor consideración:

Por la situación extraordinaria causada por la covid-19 y atendiendo a las recomendaciones de mi médico, solicito licencia por el día 18 de marzo, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.° 17827.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Liliam Kechichian. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–15 en 19. Afirmativa.

Se comunica que el señor Enrique Canon y la señora Silvia Listur han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Diego Olivera, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia por el día 18 de marzo por estar incluido en los grupos de alto riesgo sanitario en la actual circunstancia.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Eduardo Bonomi. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Daniel Caggiani ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela Barrera, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia por el día 18 de marzo del corriente año por motivos de salud, ya que me encuentro dentro de la población de riesgo de acuerdo con la disposición del Ministerio de Salud Pública ante la pandemia de covid-19.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Enrique Rubio. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

Se comunica que la señora Adriana Barros ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Eduardo Brenta, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por razones personales, desde el 16 hasta el 31 de marzo del corriente año.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Gloria Rodríguez Santo. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 22. Afirmativa.

Se comunica que los señores María de Lima, Federico Ricagni, Magdalena Zumarán, Enrique Antía, Rodrigo Blás, Elena Lancaster, Sebastián Andújar, Alfredo de Mattos y Alexandra Inzaurralde han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Sergio Delpino, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por encontrarme enferma, el día 18 de marzo de 2021.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Silvia Nane. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 25. Afirmativa.

Queda convocado el señor Uruguay Russi, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia el día 18 de marzo del presente año, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por haber tenido contacto con una persona diagnosticada con covid-19 por el SARS-CoV-2.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Graciela Bianchi. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Fernanda Maldonado, Pablo Caram, Ricardo Planchón y Alejandro Draper han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Presente

 

De mi mayor consideración:

Por esta vía solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia por el día 18 de marzo del presente año y convoque a mi suplente, ya que no asistiré por razones sanitarias de público conocimiento.

Sin más, saludo a usted muy atentamente.

Lucía Topolansky. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–25 en 27. Afirmativa.

Se comunica que los señores Sebastián Sabini, Marcos Otheguy, Lucía Etcheverry, Eneida de León, Yamandú Orsi, Daniel Caggiani y Graciela Barrera han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Aníbal Pereyra, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el jueves 18 de marzo de 2021.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Daniel Olesker. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–26 en 28. Afirmativa.

Se comunica que los señores José Nunes y Gonzalo Civila han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Liliana Queijo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Solicitamos un cuarto intermedio de cuarenta y cinco minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por cuarenta y cinco minutos.

(Así se hace. Son las 10:20).

(Vueltos a sala).

8) MICRO- Y PEQUEÑAS EMPRESAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 11:13).

–Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la carpeta n.º 409/2021: proyecto de ley por el que se establecen medidas tendientes a mitigar el impacto económico de la pandemia de covid-19, en especial en las micro- y pequeñas empresas». (Firman los señores senadores Niffouri, Viera, Carrera y Lozano).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar, pues, el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se establecen medidas económicas para mitigar el impacto de la pandemia de covid-19, en especial en las micro- y pequeñas empresas. (Carp. n.º 409/2021 - rep. n.º 253/2021)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: por estar comprendido en lo dispuesto por varios artículos del proyecto de ley que el Cuerpo va a considerar, me gustaría que, de acuerdo con el artículo 97, el Senado de la república disponga si estoy o no autorizado para participar de la discusión de esta iniciativa.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se autoriza al señor senador Da Silva a permanecer en sala y votar durante la consideración de este proyecto de ley.

(Se vota).

–23 en 26. Afirmativa.

SEÑOR DELPINO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELPINO.- Señora presidenta: por la misma razón que el senador preopinante, pido al Senado que evalúe la posibilidad de autorizar mi permanencia en sala mientras se trate este tema, pues es de mi competencia.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se otorga al senador Delpino la posibilidad de permanecer en sala y votar mientras se considera este asunto.

(Se vota).

–26 en 28. Afirmativa.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: tenemos a consideración un proyecto de ley remitido días pasados por el Poder Ejecutivo, que contiene varios de los anuncios que el presidente de la república había adelantado en esta misma sala como medidas complementarias a las ya tomadas, con atención y foco en las pequeñas y medianas empresas, particularmente en las más chicas de las pequeñas, los monotributistas.

Este proyecto de ley se enmarca y da continuidad a medidas que este Parlamento votó en el 2020 y que en algún caso el Poder Ejecutivo fue adoptando cuando eran de su competencia. Vale la pena recordar rápidamente algunas de ellas. La Ley de Urgente Consideración estableció que las empresas más pequeñas, las que están incluidas en el literal E), desde enero de este año tributarán en función de su facturación y que las ventas que realicen a contribuyentes del IRAE podrán deducirse del cálculo del pago de dicho impuesto. Estas empresas muchas veces no vendían a las que tributan IRAE porque no se podía descontar. Con este cambio sí podrán hacerlo y, además, se amplía el universo de negocios que pueden realizar. Se aumentó también la deducción de las pérdidas fiscales de los ejercicios anteriores en el 100 %.

Entre las medidas que se tomaron en varias leyes sucesivas y financiadas por el fondo coronavirus está la exoneración del 40 % de aportes patronales y personales, en marzo y abril, a las unipersonales y monotributistas y monotributistas sociales Mides. El seguro de desempleo se flexibilizó, con un régimen novedoso y muy importante para mantener el vínculo con las empresas, y hubo un nuevo mecanismo de seguro parcial. Se crearon subsidios a los monotributistas Mides, para alquileres y para artistas. Se estableció un subsidio de entre $ 5000 y $ 8000 –en este último caso para el sector del turismo– a empresas que retomen trabajadores amparados en el seguro de desempleo e incorporen nuevos. Con el de $ 5000 se incorporaron 50.366 personas, siendo beneficiarias 27.812 empresas. De las personas incorporadas, 28.705 corresponden a reintegros, mientras que 21.661 fueron nuevas incorporaciones. Por su parte, con relación al subsidio de $ 8000, en febrero –último mes del que hay datos disponibles– se había pagado por 3014 personas –2971 son incorporaciones– y se benefició a 924 empresas.

Hubo exoneraciones de aportes patronales a los sectores más complicados, tales como: transporte escolar, cantinas escolares, organizadores de eventos, agencias de viajes, concesionarios de aeropuertos internacionales, empresas de transporte aéreo de pasajeros que operen en el país, empresas de salas de cine y distribución cinematográfica, y transporte turístico. El turismo pasó a pagar IVA cero en hotelería, hubo exoneración del IRPF y del impuesto a las rentas de los no residentes a las rentas derivadas de arrendamientos temporarios de inmuebles con fines turísticos. Se restableció la devolución de nueve puntos de IVA en los servicios gastronómicos y de otros vinculados. Se destinaron USD 375:000.000 para apoyo a mipymes; a ese sector se destinó un 53 % del total del fondo coronavirus. Según datos del BPS, más del 69 % de las empresas que utilizaron el seguro de desempleo entre marzo y diciembre de 2020 fueron mipymes. El SIGA otorgó créditos garantizados por USD 690:000.000, de los que un 85 % fue para micro- y pequeñas empresas. Como recordará el Cuerpo, en principio votamos esto, y después el SIGA Plus, pero la gran mayoría –repito: el 85 %– fue a las pequeñas empresas.

En el régimen de promoción de inversiones se modificaron los beneficios de la Comap; el 80 % de las empresas presentadas son mipymes y el 75 % del empleo que se crearía con los proyectos presentados proviene de los sectores comercio y servicios.

Estas medidas fueron informadas por la señora ministra de Economía y Finanzas al hacer una rendición de cuentas públicas a principios del mes de febrero, cuando brindó datos sobre sus costos, su atención y su fuente de financiamiento. Se comenzaron a ver algunos resultados; de hecho, en estos días se advirtió un importante incremento en el empleo y, por más que la tasa de actividad aumentó, hay más puestos de empleo generados en este último mes y en parte del anterior, y desestacionalizado, indica un crecimiento aún más importante. Quiere decir que las medidas que se fueron tomando para abordar la problemática de las pequeñas empresas fueron dando sus resultados. Muchos trabajadores mantuvieron la vinculación mediante el seguro de desempleo extendido y con el parcial, y nunca se interrumpió la cadena de pagos; las empresas fueron atendidas con créditos blandos, lo que ha permitido que el sector de la economía, también afectado por la pandemia, se mantuviera, todo ello sin considerar otras medidas que fueron directamente aplicadas, a través del Mides, a los sectores sociales de la población con mayor afectación por la pandemia.

El proyecto de ley en consideración pone nuevamente su foco en las pequeñas y medianas empresas, en algunos casos atendiendo el sector de industria y comercio, las de menor facturación, con menos de diecinueve empleados, que constituyen el 97 % de todas ellas y que ocupan un 70 % de la mano de obra de ese sector.

No voy a hacer demasiado énfasis –porque figura en la exposición de motivos– en otras medidas de tipo social que también deben considerarse y que deben ser atendidas con recursos públicos, como se ha hecho.

El artículo 1.° del proyecto de ley que tenemos a consideración establece la exoneración del 50 %, durante el período comprendido entre enero 2021 –es decir, es retroactivo– y junio de 2021, de los aportes patronales a la seguridad social comprendidos en el régimen de industria y comercio, correspondientes a la aportación real o ficta de los titulares de empresas unipersonales, socios de sociedades personales, cooperativas y demás entidades, y los correspondientes a sus trabajadores dependientes, siempre que hayan tenido menos de diecinueve empleados directos y que su facturación en el ejercicio cerrado del año civil 2020 no supere 10:000.000 de unidades indexadas. Es decir, en el ejercicio civil 2020 debieron tener menos de diecinueve trabajadores y haber facturado menos de USD 1:000.000. Esta medida abarca un número muy importante de empresas de ese porte. Asimismo, se establece un mecanismo para determinar cómo se considera a esos diecinueve empleados, que pudieron haber variado a lo largo de los meses; en ese sentido, fija un criterio objetivo que el Banco de Previsión Social deberá considerar.

El artículo 2.° dispone la exoneración, también del 50 %, de los aportes patronales jubilatorios –comprendidos en el período entre el 1.° de abril de 2021 y el 30 de junio de 2021– para aquellas empresas pertenecientes a determinados sectores de actividad que se definen –y que ya habían estado definidos en otras medidas– y que, por su tamaño, no entran en el criterio del artículo 1.°. Allí se detallan empresas de toda naturaleza y cuando abordemos el texto en particular propondremos algunas pequeñas modificaciones para ser más precisos en la definición de los sectores, pero incluye desde el transporte escolar, las cantinas escolares, los servicios que organizan fiestas, eventos y congresos, hasta el sector turismo, las agencias de viajes, el transporte turístico, las empresas de transporte de diversa naturaleza, las salas de cine, etcétera.

El artículo 3.° sigue la lógica, que ya se había aplicado, de la aportación gradual. Básicamente, está dirigido a las empresas monotributistas –los más chicos de los pequeños–, y entonces, para aquellas empresas que comiencen su actividad a partir de enero de 2021, establece un régimen gradual que se aplica cada doce meses, empezando con un 25 % para el primer año; un 50 % para el segundo año, y el 100 % para el tercer año. Esto debe complementarse con una medida de la Ley de Urgente Consideración para este mismo sector, e incluso para las del literal E) que tienen esta mejora en su desempeño en la facturación.

El artículo 4.° propone, para las empresas definidas en el artículo anterior, el mismo régimen que para las alcanzadas por el monotributo social Mides en cuanto al no pago de la prestación tributaria unificada. Cuando la empresa no pague por dos meses seguidos o más, ello implicará la baja automática e inmediata para evitar la acumulación de deudas con la Administración, que se vuelven impagables con el tiempo. Por lo tanto, lo que se establece aquí es que automáticamente dejarán de tributar y se bajará del sistema a aquellas empresas monotributistas que no paguen sus prestaciones durante dos meses seguidos.

Los artículos 5.° y 6.° –aquí vamos a otro asunto– facultan al BPS a establecer un régimen de facilidades de pagos para los adeudos contraídos con el propio banco. Para las mantenidas por concepto de tributos personales por dependientes –incluyendo los aportes al Fondo Nacional de Salud– que se generen entre el 1.º de mayo de 2018 hasta que aprobemos la ley –o sea que hay un largo período retroactivo–, se otorga el régimen de facilidades previsto en el artículo 1.º de la Ley n.º 17963, que es de 2006.

En el caso de las deudas por concepto de tributos patronales, incluyendo los aportes al Fondo Nacional de Salud, desde esa fecha –mayo de 2018–, se otorga un régimen de facilidades en el cual se toma el monto de la deuda original en unidades reajustables. El monto adeudado se puede pagar en setenta y dos cuotas, con un 2 % de interés. Además, al momento de la suscripción del convenio se puede conceder como facilidad una espera de doce meses; es decir que la persona puede empezar a pagar su deuda en cuotas doce meses después de la firma del convenio, en este caso en sesenta cuotas.

El artículo 7.º establece facilidades de pago para los contribuyentes monotributistas por la prestación tributaria unificada del no dependiente. Para este caso fija un régimen en pesos y en setenta y dos cuotas, con un interés del 2 %. Es decir que a los más pequeños se les va a estar facilitando un sistema de pagos que con el tiempo va licuando la deuda, porque es en pesos y con un 2 % de interés.

El artículo 8.º refiere a los impuestos que se pagan a la Dirección General Impositiva y a que los contribuyentes del IRAE cuyos ingresos cerrados al ejercicio no superen las UI 915.000, que equivalen a unos $ 4:400.000, no deben hacer los adelantos que habitualmente se realizan por ese impuesto.

El artículo 9.º refiere al impuesto al patrimonio y aquí también se pretende ampliar la facultad que tiene el Poder Ejecutivo a la hora de establecer el porcentaje máximo de abatimiento. El artículo lo establece en un 50 %, siempre para estos sectores más pequeños, y hasta en un 25 % para la segunda franja.

Luego, el artículo 10 también autoriza a otorgar un régimen de facilidades de pago a los sujetos pasivos de los impuestos recaudados por la Dirección General Impositiva. El Poder Ejecutivo podrá incluir dentro de este régimen de facilidades las obligaciones tributarias vencidas cuyo plazo de pago se encuentre comprendido entre el 1.º de marzo y la fecha de promulgación de esta ley.

El artículo 11 es de estilo.

En el artículo 12 hay una novedad: la caída de la recaudación se incluye dentro de las obligaciones y los montos del Fondo Solidario Covid-19. O sea que no solo los gastos, sino también la caída de la recaudación de la Dirección General Impositiva proveniente de estos artículos 7.º y 8.º de los que habíamos hablado, que tienen como objetivo mitigar el impacto de la pandemia, están comprendidos en las erogaciones a atender por el Fondo Solidario Covid-19.

Eso es cuanto tenemos para informar en términos generales, aunque cuando ingresemos en la discusión particular quizás hagamos algunas observaciones más puntuales sobre el texto del proyecto de ley remitido.

Muchas gracias.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA.- Señora presidenta: como se ha anunciado por parte del propio Poder Ejecutivo, el objetivo del presente proyecto de ley es impulsar medidas tendientes a mitigar el impacto de la pandemia de covid-19, con especial énfasis en la pequeña y la mediana empresa. Las medidas propuestas se enmarcan en un plan de acción que el Poder Ejecutivo ya ha venido desarrollando y que en el Parlamento hemos venido acompañando desde el inicio de la crisis sanitaria. Con seguridad, ese plan de acción no va a estar exento de nuevas medidas, que probablemente vayan a sobrevenir en este largo año que tenemos por delante, que hemos denominado la segunda etapa de la crisis. Una vez superada la crisis sanitaria –esperemos que pronto– por medio de la vacunación, la crisis económica, social y laboral va a requerir, justamente, acciones desde el Gobierno. Así lo entendimos nosotros como partido, y también lo han hecho otros partidos de nuestra democracia.

En este momento se busca profundizar el apoyo y la asistencia a ese sector relevante de la economía del país, teniendo en cuenta la importancia que tienen en ella y en la sociedad las micro-, pequeñas y medianas empresas. Hay que tener en cuenta que concentran 189.000 empresas del país, que terminan conformando el 99,5 % de las empresas uruguayas. Obviamente, tienen un alto impacto en el empleo; aportan el 67 %, o sea que emplean a dos de cada tres personas ocupadas. Por sus propias dimensiones y su conformación, tienen una gran capacidad de adaptación a los cambios y a la flexibilidad, estimándose que se convertirán –no tenemos ninguna duda– en un factor clave de reactivación de la economía cuando superemos la pandemia. Pero, a la vez, son las empresas más vulnerables, con menor capacidad económica y financiera para afrontar las crisis. De ahí entonces la necesidad de que desde el Estado sostengamos con políticas públicas esas fuentes laborales, esa base de la economía nacional.

Las medidas que están contenidas en este proyecto de ley son, resumidamente: la exoneración del 50 % de los aportes jubilatorios patronales para las empresas de menos de diecinueve empleados y ventas menores a UI 10:000.000; la exoneración del 50 % de los aportes jubilatorios patronales para determinados giros, en especial para el servicio de transporte de escolares, de cantinas escolares, de organización y realización de fiestas y eventos en locales, de organización y realización de congresos y ferias nacionales e internacionales; servicios prestados por agencias de viajes, transporte terrestre, grupos turísticos y excursiones; servicios prestados por la concesionaria de los aeropuertos internacionales de Carrasco y laguna del Sauce; servicios prestados por las empresas de transporte aéreo de pasajeros que operan en el país; servicios prestados por las empresas de salas de cine y distribución cinematográfica, y servicios prestados por empresas pertenecientes a los grupos de actividad, hoteles y restaurantes incluidos en el grupo 12, subgrupos 1, 2, 4 y 7. Esta iniciativa abarca todas esas actividades que, como sabemos, son las que más han sufrido, justamente debido a la falta de movilidad, de participación, de actividad, incluso promovida desde el Gobierno; son los sectores que más han sufrido la crisis sanitaria, que se les ha transformado en crisis económica.

Se establece, además, un régimen gradual de tributación para los monotributistas que hayan iniciado actividades a partir del 1.º de enero de 2021. Esta tributación gradual se cumplirá de acuerdo con una escala: 25 % durante los doce primeros meses de actividad, 50 % durante los segundos doce meses y 100 % a partir de los terceros doce meses de actividad registrada.

También se dispone un régimen de baja automática para empresas monotributistas que durante dos meses consecutivos dejen de abonar la prestación tributaria que les corresponde, para evitar que se endeuden empresas que terminan sin actividad.

Por otra parte, se otorgan amplias facilidades de pago para deudas por contribuciones a la seguridad social –incluyendo los aportes al Fonasa– devengadas entre el 1.º de mayo de 2018 hasta la fecha de promulgación de esta ley –por primera vez desde que comenzó esta crisis se establecen facilidades de pago para los aportes a la seguridad social–, así como un régimen de facilidades de pago para las deudas de tributación unificada del monotributo del no dependiente, quien podrá financiar el monto de su deuda original hasta en sesenta y dos cuotas mensuales, con un interés mínimo del 2 % anual.

Se establece la exoneración del IRAE mínimo a contribuyentes con ingresos brutos inferiores a UI 915.000 en el último ejercicio; alcanza a las obligaciones devengadas entre el 1.º de enero y el 30 de junio de 2021.

También se establece el abatimiento del impuesto al patrimonio, considerando giro de la actividad, monto de ingresos u otros índices de naturaleza objetiva. Por medio de este proyecto de ley que vamos a votar se habilita al Poder Ejecutivo a realizar abatimientos diferenciales, según los parámetros mencionados, hasta del 50 % del impuesto al patrimonio.

Asimismo, se amplía el régimen de facilidades de pago para obligaciones ante la DGI.

Por último, se imputan al Fondo Solidario Covid-19 los montos correspondientes a la caída en la recaudación de la DGI derivada de las exoneraciones del IRAE y del impuesto al patrimonio previstas en este proyecto de ley. Hay que tener en cuenta que esto tiene una resignación fiscal, calculada en USD 150:000.000; entonces, evidentemente, corresponde imputarla a ese fondo. Tal como ha expresado la señora ministra –incluso hace pocos días lo reiteró en la Comisión Permanente–, se consideran por separado el gasto excepcional por la crisis sanitaria y la gestión fiscal en general y, por tanto, está bien que ese monto quede dentro de este gran rubro que cubre el fondo coronavirus, de este gran gasto que excepcionalmente tiene el país por esta situación.

En suma, el proyecto de ley en consideración se enmarca en las medidas que el Poder Ejecutivo viene aplicando con el objetivo de apoyar a las empresas –particularmente las micro-, pequeñas y medianas empresas– para aliviar los efectos negativos de la crisis sanitaria que atraviesa el país y poder enfrentar los próximos meses, mientras espera superarla.

Es de destacar que se contemplan parcialmente las propuestas de los socios de la coalición de gobierno –en especial, consideramos que se han tenido en cuenta muchas de las propuestas que ha hecho nuestro Partido Colorado–, dando muestras de diálogo y de las coincidencias existentes, que fortalecen la acción del Poder Ejecutivo.

Se consagran beneficios fiscales que constituyen un apoyo relevante para los sectores más afectados por la pandemia. Se promueve la formalización de nuevas empresas. Se amplía el régimen de facilidades de pago para las diferentes obligaciones tributarias y contribuciones a la seguridad social –incluso, con períodos de gracia en algunos casos– dando un alivio a las empresas.

Por tanto, acompañaremos el presente proyecto de ley con el convencimiento de que todas las medidas propuestas son beneficiosas para las empresas más afectadas por la pandemia, favorecen el empleo y coadyuvan al mantenimiento de la actividad económica y su preparación para la recuperación luego de terminada la crisis sanitaria.

Es cuanto quería decir.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Compartimos la orientación general del proyecto de ley, aunque nos parece tardía y es algo que podríamos discutir, pero creemos que esta no es la instancia para hacerlo.

Sí vamos a profundizar en el hecho de que estas medidas resultan insuficientes dadas las circunstancias que están atravesando, en particular, miles y miles de micro- y pequeñas empresas, comercios y servicios en el país. Durante el 2020, al menos diez mil pequeñas y microempresas han debido cerrar sus puertas y muchas de las que aún están abiertas ya cargan sobre su espalda un año bancando la situación con sus reservas, con su espalda financiera, y esas cosas también se van erosionando y agotando. Por lo tanto, era imprescindible definir medidas de ayuda.

En cierta medida, el proyecto de ley recoge algunos de los planteos que el Frente Amplio hizo hace ya un año, justamente en lo que tiene que ver con la forma de contribuir a mitigar los impactos de la pandemia sobre las micro- y pequeñas empresas. Por lo tanto, reitero, compartimos la orientación general del proyecto de ley, sin perjuicio de lo cual nos vamos a permitir hacer alguna referencia a ciertos artículos que no estaríamos dispuestos a acompañar y a algunas propuestas que entendemos pueden mejorar y clarificar algunos de los aspectos de la iniciativa.

De los artículos 1.º y 2.º compartimos la tónica de exoneración que, insisto, forma parte de las medidas y de los ejes temáticos que el Frente Amplio ha estado impulsando y promoviendo. Con respecto al artículo 2.º nos gustaría hacer una precisión –que seguramente se pueda resolver en este ámbito legislativo– referida al literal c), en el que se habla de «los servicios de organización y realización de fiestas y eventos en locales». Este tema fue discutido el año pasado y nos volvemos a preguntar a qué alcance efectivo corresponde esta redacción. El año pasado se tomaron medidas de esta naturaleza para las empresas que brindan servicios «con» local, y no así para aquellas que prestan servicios a los eventos –esto es, catering, audio, etcétera– y no cuentan con local. Si mal no recuerdo, en su momento impulsamos una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo a los efectos de que estas actividades también estuvieran comprendidas en estos beneficios. Está claro que la circunstancia de que no se puedan hacer fiestas y eventos perturba, no solamente a aquellas empresas que tienen local y ofrecen algunos servicios para eventos, sino también a esos servicios conexos, imprescindibles para su realización. Entonces, como aquí no dice «con local» o «sin local», sino «en locales», nos gustaría que quedara explícito y claro que refiere a servicios prestados en locales por parte de empresas que tengan o no local. La idea es que no solamente abarque a las empresas que tienen locales de fiestas y que proveen algunos servicios, sino también a aquellos servicios externos al local, que son parte del evento o de la fiesta y que están atravesando el mismo drama derivado de la prohibición de la realización de este tipo de instancias. Creemos que esto mejoraría la comprensión. Sería más específico y justo que en el literal c) se hablara de servicios de organización y realización de fiestas y eventos, con o sin local, o sea, independientemente de que las empresas sean propietarias o arrendadoras del local. Me parece que habría que hacer esa corrección, que mejoraría y clarificaría el tema.

También nos gustaría hacer un comentario con respecto a lo explicado por el miembro informante sobre el régimen por el cual el BPS suspendería de oficio el registro de aquellos contribuyentes de esta franja que omitieran el pago del tributo durante dos meses; esto está en el artículo 4.º y se propone como un agregado al artículo 75 de la Ley n.º 18083. Nosotros tenemos la siguiente duda. Compartimos la idea de que, de alguna manera, cuando hay empresas de esta naturaleza que entran en dificultades y se empiezan a atrasar en el pago, lo único que se logra al generar ese taxi es incrementar deudas que todos sabemos que no hay chance de afrontar en estas circunstancias. Entonces, nos parece bien, es decir, estamos de acuerdo con que haya algún mecanismo mediante el cual, de alguna manera y con ciertos controles, ese taxi se frene. De todos modos, creemos que quizás no sea conveniente que la forma de hacerlo sea a través de la suspensión de oficio del registro de esas empresas. Esto sería como un elemento que sacaría a esas empresas de la formalidad y todos sabemos que, después, retornar a la formalización de las actividades es más complicado. Nosotros tenemos que hacer la cuestión lo más sencilla posible para que quien esté en estas circunstancias pueda ser atendido en su situación de no pago, pero tenemos que evitar generar incentivos que lleven a que esto se masifique y luego se dificulte el retorno a la formalidad. Incluso –y es una duda que se nos genera con esta redacción–, aquí se habla de «Si existiera deuda por concepto de Prestación Tributaria Unificada Monotributo, deberá cancelarse la misma como requisito previo» para volver a la formalidad, pero no sabemos si esto incluye los meses en los que estas empresas no han podido pagar.

Voy a hacer una aclaración a raíz de una señal que me hace el señor senador Da Silva. Los dos meses no son los que no puede pagar, sino que refieren a cuando el BPS los suspendería; pero pueden ser más los meses durante los cuales la empresa no pueda pagar. Dos serían los meses en los que se suspendería a la empresa y no generaría deuda; esto está claro.

A lo que voy con esto es que se pueden generar desincentivos para la vuelta a la formalidad. Y, además, si la cuestión es que son solo dos meses de monotributo, quizás habría que dar un incentivo para la formalización luego de estas circunstancias, a través de la eliminación de ese requisito previo.

Pero vayamos a la forma, sobre todo. En el 2002, si mal no recuerdo, cuando se dieron circunstancias parecidas a las que tenemos hoy, se generó un mecanismo –esto nos lo hacía notar la gente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas– de carta de no pago, que de alguna manera tenía el mismo efecto, pero no suspendía el registro, con lo cual se habilitaba el no pago sin quitar a las empresas de la formalidad. Entonces, lo que solicitamos es tener la posibilidad de revisar ese mecanismo y que se haga por esa vía similar a la que se dio en 2002 y, además, que para el retorno a la formalidad no se exija la cancelación de esos dos meses que no se pudieron pagar. Sería como un incentivo al retorno.

Vamos a ser claros: en la vida real, una micro- o pequeña empresa puede dejar de pagar dos o tres meses; que se la quite de la formalidad no quiere decir que, de alguna manera, no siga trabajando en la informalidad. Debemos ayudar a que rápidamente se vuelva a la formalización de la actividad para evitar la competencia desleal con todos aquellos que hacen el esfuerzo de seguir cumpliendo con sus obligaciones.

Por lo tanto, solicitamos que se pueda revisar este mecanismo, que no sea el de la suspensión de oficio del registro, sino uno similar al de la carta de no pago, como el que se generó en 2002, y que el requisito del pago previo no sea exigido.

Con respecto a los artículos 5.º y 6.º, queremos que se nos brinde una explicación sobre una duda que realmente no logramos entender. Estamos acá legislando para mitigar impactos asociados a la pandemia que, como todos sabemos, se inició en el Uruguay el 13 de marzo de 2020. Sin embargo, cuando se dan facultades al BPS para otorgar regímenes de facilidades de pago –en los artículos 5.º y 6.º, reitero–, se plantea que sea por deudas devengadas desde el 1.º de mayo de 2018. Nos gustaría saber cuál es la razón porque, claramente, estamos hablando de deudas generadas casi dos años antes de que se iniciara la pandemia en el país.

Estas cosas tienen que quedar claras, porque acá se están dando beneficios y debe existir claridad en cuanto al alcance y a la razón por los que se otorgan. Hay que evitar que se generen suspicacias de que haya otras motivaciones que no se explicitan y por las cuales se otorgan beneficios a algunas empresas. En definitiva, no vemos la razón por la cual estos beneficios adicionales, esta facultad que se da al BPS para otorgar facilidades de pago, sea por deudas bastante anteriores al inicio de la pandemia. Si se quiere poner 1.º de enero de 2020, se puede entender, pero realmente no le encontramos explicación a ir dos años para atrás. Reitero que no vemos la razón por la cual en los artículos 5.º y 6.º aparece la fecha del 1.º de mayo de 2018.

Asimismo, por parte de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas se nos planteó que este tipo de facilidades de pago no solo se diera en el Banco de Previsión Social, sino también a nivel de la Dirección General Impositiva, aunque más adelante hay un artículo que algo de eso incorpora.

Quiero hacer una aclaración respecto al artículo 6.º, y quizás también una propuesta, porque me parece muy bien que se procure tener una baja tasa de interés para estos convenios. Sin embargo, en primer lugar, estos convenios no son en pesos y, por lo tanto, esa tasa del 2 % no es en pesos. Estos convenios se calculan en base a unidades reajustables y el 2 % de tasa de interés se hace sobre los montos en unidades reajustables, con lo cual la tasa de interés es mayor, porque no es solamente ese 2 %, sino también la tasa que implica el ajuste de la unidad reajustable que –como es sabido– tiene que ver con el índice medio de salarios. Sabemos que el índice medio de salarios está creciendo por debajo del índice de precios del consumo, pero en términos de tasa de interés esto acumula una carga financiera en estos convenios excepcionales que estamos queriendo promover para empresas que están realmente en dificultades y que queremos que se sostengan abiertas atravesando la pandemia con ayuda del Estado. Quizás una forma de mitigar este tema sea quitar el 2 % de la tasa de interés y dejar que se haga la actualización por unidad reajustable a tasa cero, o sea, sin el 2 %.

Por otra parte, en el artículo 8.º, que refiere a la exoneración para los contribuyentes del impuesto a las rentas de las actividades económicas, se habla de los contribuyentes «cuyos ingresos brutos gravados en el último ejercicio cerrado previo a la vigencia de la presente Ley no superen las 915.000 UI…». Nos gustaría ver un poco la razón de esa cifra de UI 915.000, porque entendemos que esto abarcaría a una porción menor, no ya de las micro-, pequeñas y medianas empresas, sino solo de las microempresas. El monto hasta el cual llega el concepto de microempresa, para los ingresos brutos, es de UI 4:000.000. Por lo tanto, aquí estamos planteando dar este beneficio, esta exoneración del artículo 8.°, por lo menos para el universo de las microempresas, lo que implicaría elevar este tope de UI 915.000 a UI 4:000.000. Cabe recordar que, si consideramos las micro- y pequeñas empresas, las microempresas son el 88 %. O sea, realmente esta exoneración tendría un impacto de cobertura para empresas micro que están pasando por una situación complicada. Nos parece que no tiene sentido establecer una limitación de esta manera para que por lo menos las tres cuartas partes de las microempresas no puedan acceder a esta exoneración.

En consecuencia, la propuesta es que el tope planteado en el artículo 8.° llegue a UI 4:000.000, como forma de asegurar que el universo al que se aplicará esta exoneración comprenda, al menos, a todas las microempresas del país.

Hoy decía que compartimos el proyecto en términos generales y que hacemos estas propuestas de mejora para algunos de los artículos, pero que también hay alguna excepción. Bueno, esa excepción está en el artículo 9.° porque no vemos con buenos ojos que se otorgue al Poder Ejecutivo la discrecionalidad de fijar –según circunstancias, empresas o sectores– el abatimiento de estos tributos. Entendemos que lo mejor es dejar la regla general y no que el Poder Ejecutivo tenga la discrecionalidad de definir cuál es el monto de abatimiento que se asigna a cada sector o empresa, según cada circunstancia. En general, no estamos de acuerdo con asignar ese tipo de facultades y discrecionalidades.

Además, agrava el asunto porque aquí no se pone como límite la presencia de la emergencia sanitaria, sino que se plantea sin un límite temporal. Por lo tanto, esa posibilidad de abatimiento por parte del Poder Ejecutivo sobreviviría incluso a la emergencia sanitaria actual.

En consecuencia, no vamos a acompañar el artículo 9.° y realmente exhortamos a los legisladores de los partidos del Gobierno a que lo reconsideren, porque no se justifica otorgar esta discrecionalidad al Poder Ejecutivo y mucho menos sin límite temporal.

Por otro lado, en el último artículo se establecen los mecanismos para que los costos de esta ley –tanto los gastos directos como la renuncia fiscal correspondiente– sean financiados por el Fondo Solidario Covid-19, tal como se hizo el año anterior, cosa que parece razonable.

Muchas de estas normativas son la continuidad de algunas normas que ya se habían aprobado el año anterior, pero otras no; también hay algunas que se aplicaron el año pasado y que ahora no están, como por ejemplo las relativas a beneficios para los alcanzados por el monotributo social Mides y ciertas exoneraciones que también habría que analizar con cuidado. Quizás podríamos enviar una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para que tome iniciativa y se repliquen algunos beneficios como los que tuvieron el año pasado los monotributistas Mides, que no están incluidos en este proyecto de ley.

Corresponde expresar que vemos con preocupación que los montos presupuestados para el fondo coronavirus para el 2021 son sustancialmente menores a los prometidos, primero, y luego ejecutados por este fondo en el 2020, lo que da una señal de que las ayudas durante este año van a ser incluso menores a las del anterior, que desde nuestra perspectiva ya eran insuficientes. El año pasado el Gobierno planteó que dicho fondo ejecutaría alrededor de USD 760:000.000 o USD 770:000.000, pero la ejecución efectiva, incluyendo la renuncia fiscal comunicada por el Gobierno, fue de USD 711:000.000 –o sea USD 50:000.000 o USD 60:000.000 menos de lo que estaba previsto–, y se anunció que lo presupuestado para el fondo para este año sería de USD 540:000.000, o sea USD 170:000.000 menos de lo ejecutado el año anterior. Nosotros vemos esto con preocupación, porque entendemos que la ayuda para este año no puede ser menor que la que se dio el año anterior. Las circunstancias son tan complicadas en el terreno económico y social, que el impacto va a ir bastante más allá, incluso, de lo que va a durar la crisis sanitaria. Es por eso por lo que, como comentario general, queríamos hacer esta apreciación.

En suma, nosotros vamos a acompañar en general los beneficios que plantea el proyecto del Poder Ejecutivo, con los cambios sugeridos en los artículos que mencionamos, con excepción del artículo 9.º, que no acompañaríamos, y con las apreciaciones políticas que incluimos.

Muchas gracias.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Hoy el Gobierno pone arriba de la mesa una de las tres patas que tiene este taburete para enfrentar la pandemia. Una es el área social, en donde el Mides está desarrollando su trabajo, y la otra es la de los empleados, en donde el BPS y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del seguro de paro en todas sus expresiones, están llevando adelante una tarea titánica. La de hoy está dirigida a una parte sustantiva del funcionamiento económico del país, que son las micro- y pequeñas empresas.

El sector privado –que moviliza la economía de este país– y los que vemos el Uruguay un poco más allá de las ventanillas del Estado observamos con mucho entusiasmo este tipo de medidas que, como otras, son perfectibles. Este proyecto de ley es una medida importante del Gobierno del doctor Lacalle Pou. Escuchamos por ahí que no hay medidas. En fin, esta es una medida importante que en doce artículos busca atender la situación de los sectores económicamente apagados, que plantea un mecanismo para que los sectores informales puedan estar dentro del sistema y tener los beneficios que eso implica, y que reconoce –como en el resto del mundo real– la pérdida en las arcas estatales debido a la pandemia de covid-19. Acá hay un reconocimiento de la pérdida; como cualquier empresario, hay un momento en que se admite que estas cosas pasan a pérdida. En los últimos artículos está, reitero, ese reconocimiento.

Decíamos que las medidas eran perfectibles; una de las formas de hacerlas más perfectas es ir más al punto fino y no a lo general. Voy a graficar al Senado: por el artículo 1.º se va a beneficiar a empresas que están pegadas. Por ejemplo, en la calle Galicia está la casa de la cosechadora y al lado una rentadora de autos; por el artículo 1.º, la casa de la cosechadora –que teóricamente no es un sector apagado porque está en pleno funcionamiento– va a tener, quizás, los mismos beneficios que la rentadora de autos que, naturalmente, por imperio de la restricción de movilidad es un sector de los que podemos llamar apagados. Por tanto, nosotros también somos conscientes de que podría irse más a lo fino para dar mucho más a los apagados y no tanto en lo general.

Las medidas, señora presidenta, implican USD 154:000.000. Capaz que son más. Todas ellas son tangibles desde el día siguiente a la promulgación de la ley. El conjunto de contadores del Uruguay está esperando que sancionemos esta ley para poder dirigirse al BPS y a la DGI y tratar de encontrar una solución que dé oxígeno a esos sectores apagados. Quiere decir que esta no es una ley pour la galerie; tiene efecto inmediato y abarca –como se dijo– a casi 200.000 empresas; abarca –como también se dijo– el corazón mismo de la economía nacional, y también abarca, en forma diferente –y ahí es donde nosotros estamos contentos–, a distintos tipos de tamaños de esos generadores de riqueza que son las microempresas. No es lo mismo lo establecido en el artículo 1.º que lo dispuesto en los artículos 3.º y 4.º. Y para cada tamaño y movimiento tiene una solución diferente. En eso, reitero, de la misma forma que nos parece que podríamos haber ido con el bisturí mucho más a lo fino en el caso de los sectores apagados, cuando hablamos de tamaño queda claramente establecido en el articulado.

El artículo 1.º quizá sea el más global: baja al 3,75 % el aporte patronal de todas las empresas que tengan hasta diecinueve empleados y que hayan tenido una facturación de USD 1:000.000. Esto es muy general. El haber tenido una facturación de USD 1:000.000 el año pasado implica que se tiene un criterio bastante amplio.

En el artículo 2.º se recoge a parte de los que no están incluidos en el artículo 1.º. Fundamentalmente se basa en una exoneración previa que tenían los enumerados en el segundo artículo del proyecto de ley. A mi entender podrían ser redundantes los artículos 1.º y 2.º, pero como está recogiendo una exoneración que se hizo al principio de la pandemia, las autoridades entendieron que era importante mantenerlo así.

Coincidimos con lo expresado por el señor senador Bergara en cuanto a los locales, las empresas de los locales. Hemos hecho la consulta. Si uno habla con un contador nos va a decir que está incluido en el artículo 1.º, pero, de todas formas, por aquello de que lo que queda en la ley está en la ley, estamos tratando de arreglarlo. En lo personal, hicimos la consulta con tres contadores tributaristas –dos de ellos tienen relación con empresas, básicamente, de servicios, de audio, de luces– y a ellos les queda claro que es mejor lo que propone el señor senador Bergara, pero que por el artículo 1.º podrían estar incluidos. Vamos a seguir trabajando con respecto al tema.

Al artículo 3.º hay que darle mucha difusión porque se establecen tres años, no digo de gracia, pero casi de gracia, para el fomento del emprendedor monotributista. Es muy importante. Se trata de una escala que en el primer año es del 25 % y en el tercero llega al 100 %. Si lo que discutimos acá queda dentro de estas paredes, señora presidenta, el eventual monotributista no se va a enterar. O sea que a este artículo 3.º, si bien va a figurar en la versión taquigráfica, hay que darle mucha difusión porque estamos tratando de llevar a la formalidad a esos 400.000 uruguayos que hoy están en la informalidad para que tengan, entre otras cosas, los servicios de salud.

El artículo 4.º es el relativo al monotributo social Mides y con el que, a diferencia del senador preopinante, estoy de acuerdo. Estamos hablando de la empresa más pequeña de todas las chiquitas habidas y por haber. Se trata de una especie de protección frente a la eventualidad de endeudarse y quedar colgado con una deuda de por vida. Entonces, si entra en la mala, se le corta el chorro a los dos meses; cuando quiera podrá reinscribirse y, de esa manera, solamente tendrá dos meses de deuda. Nadie en este país es especialista en lo que tiene que ver con la DGI, salvo los contadores y sus estudios. Por tanto, hay circunstancias –sobre todo si atendemos el monotributo social Mides– en que es hasta preferible cortarlo, porque la gente no sabe y cuando quiere acordar pasa lo mismo que con los colgamentos del Banco Hipotecario del Uruguay, pues termina debiendo un mundo de plata y no tiene cómo arreglarlo. A mi entender, es una de las innovaciones que apoyamos. Reitero que es para el monotributista social Mides, que es el más minúsculo de todos y no tiene por qué saber el impacto que implica el atraso en sus obligaciones fiscales y previsionales. Lo sabemos quienes alguna vez estuvimos atrasados y tuvimos que negociar en la Dirección General Impositiva o en el Banco de Previsión Social, teniendo que concurrir al organismo a pedir número para hacer un convenio, esperar y la mar en coche.

En los artículos siguientes –ya nos referimos a la importancia de los artículos 3.º y 4.º– se establece la facultad de asumir las pérdidas –es la parte medular–, que no solo depende de la ley, sino de qué forma, tanto el BPS como la DGI, vayan a ejecutarlas. Se asumen de diferente forma, según se trate del Banco de Previsión Social o de la Dirección General Impositiva.

A diferencia del señor senador Bergara, celebro que estén comprendidas las deudas desde el 2018 –como se establece en el proyecto de ley– por la simple, lisa y llana razón que en ese año empezó la crisis económica. Es verdad que la pandemia trajo más crisis, pero ciertos sectores del Uruguay están en crisis desde 2018; está en nosotros verlo o no. Por lo tanto, haberlo incluido me parece que es un acierto porque se reconoce el arrastre que muchas empresas tuvieron desde antes de la pandemia. Estos instrumentos nos ayudan a encontrar una solución porque ya sea en prepandemia, pospandemia o en el medio de ella, con o sin vacunación, lo que queremos es que ese aparatito productivo que constituye una pyme se levante, funcione y dé trabajo. Reitero que nos parece un acierto. Lo planteamos en su momento. ¡Cuidado!, porque el descalabro económico no arranca en la pandemia, sino que hay mucha gente que lo viene arrastrando desde antes. Y esta es una forma de poder empezar a encontrarle una solución.

La exoneración del anticipo del IRAE me parece que es algo que ayuda. Es irritante ese tributo para sectores apagados por una facturación previa a la pandemia. Estas cosas van a ayudar. No es algo sustantivo, pero quizás a algún hotel o a una empresa gastronómica le llegue el anticipo del IRAE por más que esté cerrado y no tenga ocupada una sola pieza o no venda una sola torta, y entonces esto me parece razonable y muestra sensibilidad ante esa situación.

Con respecto al artículo 9.º, hice las consultas y, justamente, refiere a esos sectores más apagados como los hoteles, porque el impuesto al patrimonio no lo paga todo el mundo, sino quien tiene cierto patrimonio. Si uno cierra los ojos y ve cuáles son las pymes que pueden pagar impuesto al patrimonio, grosso modo, para ilustrar al Senado, diríamos que son los hoteles, o algo parecido, porque las otras pymes chicas no pagan. Y a mí no me parece mal; podemos discutir la discrecionalidad o no, pero en cuanto a la voluntad de hacia dónde va me parece que, en el sector del turismo sobre todo, hay un collar de empresarios uruguayos –ejemplo para el mundo y para nosotros– a quienes se les apagó la economía.

También está la refinanciación en el caso del BPS. La ley y la reglamentación van de la mano; la ley y la actitud del gerente de turno van de la mano; la ley y el mostrador en la Dirección General Impositiva van de la mano. Algunos estamos cansados de votar leyes que después rebotan en los mostradores de las oficinas públicas porque el burócrata de turno no tiene el mismo espíritu que nosotros, por lo que consideramos que tienen que ir de la mano. Por ejemplo, si decimos que hay un plazo de setenta y dos meses o se determinan sesenta cuotas con un año de gracia, esto tiene que ser así y no hay que buscarle demasiadas vueltas. Aparte de esta ley tiene que haber cosas por el costado que no necesiten de ella, y lo vamos a decir con nombre propio: Banco de la República Oriental del Uruguay; es el que debe buscar la forma de encontrarle una solución a todo ese conjunto de empresas.

Viví la crisis de 2002, estaba ahí arriba, pero hay una enorme diferencia con la crisis que hay ahora. En aquel momento todo el Uruguay fue arrasado por la crisis y hoy, gracias a Dios, no es todo el Uruguay el que es arrasado, están los «malla oro» y los «apagados» y dentro de esos hay un conjunto de situaciones que explican parte de los datos de empleo; parte de los datos de Ceres, que se dieron; parte de los datos de las exportaciones, que hemos visto, y parte de los datos que nosotros imaginamos en el Uruguay de la pospandemia. ¡Por suerte, no está todo apagado! Y cuando se habla tenemos que tratar de poner al «malla oro» una alfombra roja para que reinvierta y dé trabajo, y al sector «apagado» encontrarle soluciones como esta. Quiero hacer esa diferencia porque es parte de la solución para el día después de la pandemia en un país que ha seguido funcionando, un país que ha seguido trabajando, un país que ha seguido engordando novillos, un país que ha seguido cosechando, un país que ha seguido exportando y un país que ha seguido transportando en camiones. Hay un país que, por suerte, asumió la responsabilidad de no parar, de empujar, de poner la espalda y el hombro, de cinchar del carro, dado que hay otros ciudadanos que no pueden hacerlo porque se les apagó la economía. Eso va a ser sustantivamente importante para el día después. Es uno de los secretos que los libros de historia van a contar; van a hablar del milagro uruguayo –cuando se supere la covid-19–, de que los médicos, la salud, la educación, los científicos, el sentido común desde el Gobierno y un sector productivo, nunca paró sino todo lo contrario, siguió echando para adelante.

Con estos conceptos, señora presidenta, vamos a votar esta medida, que es una de las que se pedía, que pedía el resto del sistema político, y acá está. ¿Es la última medida? ¡Por supuesto que no, señora presidenta! Es la que vamos a votar hoy e iremos viendo, de aquí en más, cómo nos va en el transcurso de esta calamidad llamada covid-19.

Muchas gracias.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Muchas gracias, señora presidenta.

Como bien anunciaba el señor senador Bergara, nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley porque creemos que va en la orientación correcta pues da una mano a un conjunto de empresas y de empresarios del Uruguay que vienen atravesando una situación muy difícil, diría, extremadamente difícil.

Como bien se mencionaba, aquí estamos hablando de un sector muy importante de nuestra economía. La economía uruguaya tiene esa particularidad, señora presidenta: casi el 90 % de las empresas uruguayas son pequeñas y medianas. Son las que más puestos de trabajo generan y, en definitiva, son las que representan el 67 % de los empleados. Según la última Encuesta Continua de Hogares, más de 890.000 trabajadores pertenecían a empresas de menos de veinte empleados. Es decir que la suerte de este sector impacta directamente en un conjunto muy importante de las familias uruguayas. Esto, naturalmente, impacta en el funcionamiento del mercado interno porque la mayoría de estas empresas ¿en dónde juega? En el mercado interno. Por tanto, una de las variables relevantes en el Uruguay en términos económicos para sostener el bienestar de las familias es el mercado interno. Y es el que no se puede afectar, porque afectado el mercado interno y los grados de consumo de nuestra sociedad, estos generadores de empleo en masa en el Uruguay empiezan a tener dificultades de viabilidad. Algunas de estas pequeñas y medianas empresas también captan divisas; en realidad, básicamente la captación de divisas la logramos por otros sectores que tienen otras dimensiones, pero la dinámica económica del país se centra justamente en esas empresas. En definitiva, lo que las ha afectado tiene que ver con la depresión del ingreso de los hogares, lo que trae dificultades a su canal comercial.

En relación con el turismo, el año pasado entraron cuatro millones de personas menos al Uruguay, que también consumen en estas pequeñas empresas. El turismo no solo afecta al sector hotelero –al que a veces referimos–, que está con tremendas dificultades; en realidad, ese turista que circula por todo el país también compra en el almacén, compra en un food truck, etcétera. Es decir que el año pasado existieron cuatro millones menos de clientes para estas empresas.

A esto hay que sumarle –algo que nosotros hemos cuestionado– el aumento de tarifas en el país, un incremento impositivo y una reducción de salarios que ha llevado justamente a una disminución de los ingresos que tienen las familias para consumir. Esto se ve en la ferretería, en el almacén, en la farmacia, es decir, en lugares donde la gente está gastando menos. A esto hay que agregar el impacto de la pandemia en la reducción de la movilidad.

Entonces, todos estos elementos generan una depresión importante del canal comercial. En realidad, estas empresas tienen un problema de mostrador. No tienen un problema porque tomaron malas decisiones de inversión o porque gestionaron mal sus recursos, sino que están afectadas por un problema de mercado porque no tienen a quién venderle o venden menos debido a la restricción de la movilidad, al menor ingreso de turistas y, también, a que las familias uruguayas tienen menos ingresos. El consumo ha caído y va a caer este año, y por tanto estas empresas van a sufrir mucho más. Además, esto es un círculo vicioso porque si ellas sufren, es probable que nuevamente haya una presión a la baja del salario, ya que la ferretería que tenía cinco empleados, si vende menos, despide a alguno o baja salarios, y eso va a deprimir aún más el consumo interno.

Entonces, estamos trabajando y discutiendo un proyecto de ley que es neurálgico para las posibilidades reales de salidas justas de la crisis por la que estamos atravesando. De eso se trata: de salidas justas.

Hay otro elemento que creo que hay que tomar en cuenta y que me preocupa muchísimo. Cuando hablamos de estas empresas nos referimos, muchas veces, a un capital que es nacional, que está exhausto porque pasó un año con muchas dificultades, porque su espalda financiera no le permite seguir resistiendo, porque está empezando a teclear y hoy está comenzando a ver si hay un horizonte cercano de salida para seguir aguantando el mostrador.

Lo que puede terminar pasando –y por eso hablamos de salidas justas de la crisis– es que muchos de esos sectores, de esos pequeños y medianos empresarios, estén pensando en cerrar o en ser adquiridos por grandes cadenas, en un proceso de concentración del sector empresarial. Todos sabemos que, después, ese proceso de concentración tiene un impacto en el poder de mercado que esas empresas pueden generar manejando los precios, y esto implica un golpe, también, a los consumidores.

Entonces, me parece que, de alguna manera, este no es un problema sencillo, no es un problema cualquiera y creo que tendríamos que observarlo, tal vez, con una mirada a más largo plazo. Por eso venimos reclamando desde hace un año que haya medidas contundentes para este sector porque cada día que pasa tenemos un problema más grande en él; cada día que pasa puede haber decisiones de cerrar empresas o existan otros problemas y la recuperación va a ser muy difícil.

¡Bienvenido sea que hoy estemos discutiendo estas medidas! El dicho popular resalta: «Más vale tarde que nunca», pero, como bien decía el presidente de Anmype, llegaron un año tarde, más allá de que existieron otras medidas. Habría que tener mayor contundencia porque es probable que los impactos de la pandemia no duren solo los próximos seis meses y todos aquí somos contestes en eso. ¡Ojalá en los próximos seis meses estemos en otra situación! Pero, por ahí, uno puede analizar y pensar que, en realidad, el impacto negativo sobre estas empresas no se acabará en seis meses y ese es un elemento relevante, creo yo, en este clima en el que estamos trabajando.

Entiendo que podría ser oportuno que, por ejemplo, respecto a esta exoneración que se plantea en los artículos 1.° y 2.° por el plazo de seis meses –porque esto iría hasta junio–, el Poder Ejecutivo tuviera la facultad de extenderla por seis meses más. Esto es relativamente razonable en cuanto a estas medidas de apoyo, de alivio a este sector porque, en realidad, hay analistas económicos que están diciendo que las posibilidades de recuperación del país serían para dentro de quince meses.

Pues bien: aquí tenemos la iniciativa del Poder Ejecutivo para otorgar una exoneración y me parece que por lo menos podría ser razonable darle la facultad de extenderla por seis meses más o, lisa y llanamente, establecer aquí que sea por doce meses; me parece que así le estaríamos dando un horizonte de viabilidad distinto. Es muy bueno poner curitas cuando son necesarias, pero aclaro que esto no es una curita, sino una medida más grande. No estoy desmereciéndola, pero hago referencia a que quizás su extensión en el tiempo pueda significar un poco de aliento porque parece ser muy razonable pensar que en seis meses no se va a resolver el problema. Por supuesto, sé que esto tiene costos fiscales –como se decía aquí–, pero creemos oportuno plantear la extensión por seis meses más, dar esa facultad al Poder Ejecutivo, porque nos parece que de esa manera podría contemplarse la situación.

Está el elemento que comentaba el señor senador Bergara con respecto al tema de las entidades con local o sin local. Eso es verdad y hay dos hipótesis. La del artículo 1.º, que establece que se tienen que cumplir dos condiciones para acceder a esa exoneración del 50 %: la entidad debe tener hasta diecinueve trabajadores dependientes y haber facturado menos de UI 10:000.000; y la del artículo 2.º, que refiere a las empresas que no cumplen esas dos condiciones, es decir, es una disposición que se extiende a otras empresas.

El artículo 1.º propone la exoneración del 50 % de los aportes patronales jubilatorios a la seguridad social a las empresas que hayan tenido, en promedio, hasta diecinueve empleados dependientes «… y cuyos ingresos en el último ejercicio cerrado previo a la vigencia de la presente Ley no supere los 10:000.000 de UI». ¿Y qué dice el artículo 2.º? Dispone la exoneración del 50 % de los aportes jubilatorios patronales para aquellas empresas que no se encuentren comprendidas en el artículo 1.º, es decir, que no cumplan con el requisito de tener diecinueve trabajadores –pueden tener veintidós– o puedan haber tenido una facturación mayor a UI 10:000.000. Es relevante aclararlo porque el artículo 2.º es taxativo, ya que la lógica de la ley está planteando que haya una exoneración general para los que tienen diecinueve trabajadores y una facturación menor de UI 10:000.000, y se va a tratar de extender el mismo beneficio a sectores de actividad que son superiores y los enumera porque son los afectados. Estamos hablando del aeropuerto, de los hoteles y de las fiestas. Reitero que en esta cuestión taxativa es relevante aclarar que sea con local o sin local, porque puede darse el caso de alguien sin local que tiene veintiún trabajadores.

Asimismo, me parece que habría que agregar un literal que tenga que ver con un sector que también es de los fuertemente deprimidos –Cambadu lo ha planteado con mucha insistencia– y no está contemplado aquí; me refiero al sector del catering, al de los food trucks y al de los carros que venden alimentos. ¿Por qué? Porque acá se está mencionando la organización y la realización de fiestas y algunos sectores de catering pueden entrar, aunque no todos. Estos son sectores deprimidos. Alguien puede pensar que estos sectores –estoy haciendo referencia a los food trucks y a algunas cooperativas que pueden trabajar con estas cosas– estarían comprendidos en el artículo 1.º, pero si tienen veintiún trabajadores no lo están. Por eso me parece importante que estén referidos en el artículo 2.º los sectores de actividad del grupo 12.1 y el grupo de food trucks y carros que venden alimentos, que es el 12.6. Me parece que, de alguna manera, se podrían contemplar algunas hipótesis de un sector que está deprimido, en el que puede haber, por ejemplo, una cooperativa de food trucks con más de diecinueve trabajadores que no queda comprendida en la lógica del artículo 1.º si no la incluimos como sector de actividad en el artículo 2.º.

También se puede decir que es probable que sean muy pocas las empresas que por su actividad no quedarán comprendidas en el artículo 1.º, pero ya que en cada uno de los literales estamos relatando cuáles son los sectores más golpeados, me parece que sería bueno incluirlas. Reitero: son sectores que están deprimidos y golpeados, y es algo a lo que hacía referencia Cambadu en una propuesta que nos hizo llegar sobre la necesidad de incorporar, a texto expreso en el artículo 2.º, a estos dos sectores de actividad.

En ese sentido, me parece que se podría pensar en otras modificaciones. Por ejemplo, en el artículo 2.º se menciona la fecha 1.º de abril de 2021 y en el artículo 1.º, el 1.° de enero de 2021. Hay una diferencia de fechas que tienen que ver con situaciones distintas, pero acá podría caber una lógica que habría que pensar. Probablemente muchas empresas ya hayan pagado sus obligaciones tributarias de enero y febrero. En esa hipótesis, no queda claro –eso puede quedar sujeto a la reglamentación, pero quizás, desde el punto de vista de la técnica legislativa, sería bueno que quedara claro– si va a quedar un crédito para las empresas o si va a haber una devolución de lo ya aportado. Ahora estamos discutiendo esto que seguramente se va a aprobar en el día de hoy y luego empezará a regir, pero si hay empresas que ya pagaron enero y febrero ¿qué pasa con la exoneración del 50 %? ¿Tendrán un crédito a favor en el futuro o habrá una devolución? A veces devolver tiene ciertas complejidades para la Administración tributaria y para las empresas; puede ser dificultoso. Lo planteo porque esto puede ocasionar un problema real de aplicación dentro de su universo y me parece que habría que pensar de antemano cómo resolverlo.

En el artículo 3.º, como bien planteaba el señor senador Bergara –y es algo que a nosotros nos llamó un poco la atención–, se dispone una exoneración para aquellas empresas que inicien actividades en 2021 y se deja fuera a las que estaban en esa situación en 2020. Quizá lo oportuno –ya que, justamente, estamos tratando de contemplar esa situación– sería que habláramos de empresas que atravesaron toda la pandemia, porque aquí estamos haciendo referencia solo a las nuevas que se van a crear, dado que el artículo 3.º refiere a «Los contribuyentes que hayan iniciado actividades a partir del 1º de enero de 2021…».

Está muy bien que estas empresas estén contempladas en la exoneración; sin embargo, nos preocupa qué pasa con las que estuvieron funcionando durante 2020, el año en el que fue más dura la pandemia. Nos preguntamos si no hubiese sido mejor que en la redacción se dijera: «… que hayan iniciado actividades en el año 2020». De hecho, la pandemia llegó en marzo y decretamos la emergencia sanitaria ese mes, pero hubo un conjunto de estas empresas que arrancaron sus actividades en enero de 2020. Pensemos en todo el que alquiló un local para vender fotocopias o asistir a la educación, que se comprometió a pagar un alquiler durante un año y resulta que el 13 de marzo se suspendieron las clases. Por los motivos expuestos, nos parece que sería oportuno poner como fecha «1.º de enero de 2020», ya que incluiría a los que arrancaron en la pandemia y que deberíamos tratar de que no se vayan. Está muy bien que los que arranquen ahora, los que estén iniciando actividades actualmente, también estén contemplados, por supuesto, porque de eso se trata.

Me permito agregar un elemento que, como decía, creo que refiere a un debate más de fondo, pero sería oportuno darlo por la significación de estas empresas. Una de las cosas que vemos es que las empresas han tenido dificultades reales de venta, y por eso solo el 20 % de las pequeñas empresas y el 25 % de las medianas accedieron a los créditos otorgados por el SIGA. Al respecto, podría surgir una pregunta: ¿en realidad, es tan adecuado ese mecanismo que permite que solo una de cada cinco de las pequeñas empresas y una de cada cuatro de las medianas accedan a las garantías otorgadas por el SIGA? Evidentemente, lo que esto está demostrando es que nuestras empresas no tienen un problema de financiamiento, de liquidez, sino un problema de venta.

Quizá habría que pensar en mecanismos que posibilitaran que no se sigan endeudando, en créditos con tasa cero que permitan dar liquidez a las empresas sin que eso implique un endeudamiento mayor, porque uno sabe que cuando entra en la calesita del endeudamiento, después no llega a cubrir el pago de la cuota y los costos, y eso lleva a una bajada que sabemos cómo termina. Entonces, quizá hay que dar algunos mecanismos porque, en definitiva, tenemos los recursos. No estamos planteando que se les otorgue capital gratuitamente, sino que se devuelva luego el valor de lo prestado, pero no a una tasa de interés demasiado alta.

En el mismo sentido, señora presidenta, creo que algo que habría que pensar hacia el futuro es lo que nos han planteado varias organizaciones sobre qué pasa con las pequeñas y medianas empresas que aun este año –luego de que en el 2020 se perdieran 60.000 puestos de trabajo– deciden jugársela y crean un nuevo puesto de trabajo. No estamos dando ningún incentivo para esa circunstancia. Está bien, estamos contemplando la situación de las empresas que están para que no caigan, pero me parece que una de las cosas en las que también tendríamos que estar poniendo el ojo es en cómo generamos nuevos puestos de trabajo. Al respecto, quizá sea necesario pensar en instrumentos como, por ejemplo, una posible exoneración ya no del 50 %, sino del 100 % del aporte patronal para el que cree un puesto de trabajo en este sector. Eso permitiría tener un incentivo para aquellas empresas que quizá puedan generar oportunidades laborales y así contener la pérdida de trabajo existente.

Planteamos este conjunto de cosas en el sentido de que aquí tenemos que trabajar con mucha más fortaleza, con herramientas mucho más robustas, pero, por sobre todas las cosas, no solo tenemos que trabajar reactivamente frente a los problemas concretos que se van generando, sino que debemos tratar de prender las luces largas. Es momento de empezar a prender las luces largas para imaginar y construir herramientas, políticas y propuestas que nos permitan empezar a vislumbrar el día después. Me refiero a transitar lo que resta de la pandemia, pero empezando a construir herramientas sólidas que sean un asiento importante para el desarrollo a futuro, porque ese es un debe muy importante que tenemos y debemos empezar a reflexionar ahora sobre esas situaciones. Es muy relevante que no se nos caiga lo que existe, pero también es muy importante definir qué tipo de herramientas les damos para que despeguen con más fuerza, para que el despegue sea más justo y amplio y para que de alguna manera nos permita defender nuestra matriz productiva que está tan golpeada por esta situación.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SÁNCHEZ.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Gracias, señora presidenta y señor senador.

Siguiendo la misma línea señalo que hay un sustitutivo dando vueltas que pone fin al debate del tema «con o sin local», de forma tal que se refleje la unanimidad de criterios que era un poco insólita, porque el que tiene un local puede trabajar y el que lleva las cosas a ese local no puede hacerlo.

Con respecto a la duda que tenía el señor senador Sánchez sobre los carritos, los food trucks, los carros de chorizos o los nuevos carros de chorizos que ofrecen comidas ricas pero que no dejan de ser carros que están en la calle, para mí están incluidos en el literal j) del artículo 2.º. Si eso no fuera así –acá se habla de «hoteles y restaurantes incluidos en el Grupo 12, Subgrupos 1, 2, 4 y 7»–, por aplicación del sentido común, salvo que yo desconozca que haya una organización de carritos en el Uruguay que tengan más de diecinueve empleados o que facturen más de USD 1:000.000 –capaz que hay, pero reitero que no lo conozco–, estarían incluidos en el régimen de industria y comercio que figura en el artículo 1.º.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Muchas gracias, señora presidenta.

Me congratulo de que estemos resolviendo el asunto de los servicios con o sin local, pero simplemente a partir de este intercambio que hemos mantenido me voy a permitir mencionar al Senado un planteo que nos hizo llegar Cambadu relacionado con el motivo por el que planteamos esta situación. Allí expresan que el artículo 2.º contiene la lista de sectores más afectados, pero esa lista taxativa de actividades comprendidas no incluye a determinados rubros fuertemente afectados como son los servicios de catering, Grupo 1.12, servicios de carros móviles y otras formas de servicios de alimentación, Grupo 12.6, carros y food trucks y los servicios de organización y realización de fiestas y eventos sin local –ahí figura la cuestión de los servicios sin local, que estaban incluidos en esta norma– y debería ser oportuno incluirlos a texto expreso para que no haya dificultades de interpretación con respecto a la aplicación del artículo 2.º. En definitiva, esta era la recomendación que nos planteaba, reitero, la gente de Cambadu y por eso traíamos a sala la inquietud acerca de si estaban incluidos o no. Desconozco si es así, pero hay una serie de casuísticas que luego pueden generarse; me refiero a asociaciones y a situaciones como esas.

El hecho de que se resuelva la cuestión de los servicios sin local es relevante porque ahí hay un mundo de trabajadores que estaban muy comprometidos y que quedaron por fuera de otras leyes que aprobamos el año pasado y que tenían que ver con esta discusión. Se decía que iban a estar incluidos, pero al final no lo estaban porque la ley es un texto y no tiene espíritu. Entonces, que hoy se esté incluyendo toda la gama de actividades, es decir, el que arrienda la vajilla, el que hace los videos, el fotógrafo –esto es, un conjunto más amplio de servicios–, me parece muy relevante porque ahí sí estamos hablando de pequeñísimos trabajadores, muchas veces unipersonales, que han visto cómo de la noche a la mañana se quedaron sin empleo porque no hay actividades y han pasado por una zozobra importante.

Me parece que sería bueno, señora presidenta –lo digo como una expresión de deseo–, que pudiera ser acompañada por todas las bancadas una exhortación a nuestras empresas públicas, a sus directorios, para que también pongan su esfuerzo en atender la situación de las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, generando tarifas diferenciales.

Todos sabemos que el pago del servicio público es muy oneroso para quienes realizan particularmente esta actividad y forma parte de uno de los costos fijos más importantes de muchos de estos pequeños empresarios. Este asunto no requiere ley, pero requeriría la voluntad política de que el Directorio de UTE, por ejemplo, establezca –en sintonía con lo que se establece aquí por un período– un afloje en las tarifas de energía eléctrica para este sector. Creo que sería algo muy relevante y un aporte sustantivo.

Cuando uno habla con muchos de estos pequeños empresarios, nos dicen que sus principales problemas son el pago del BPS, de la luz, del agua y del alquiler. En esos costos fijos están centrados y concentrados sus grandes desvelos, porque es imposible reducirlos y, en un escenario donde la actividad ha mermado, pasan a ser más elevados aún.

En ese sentido, me parece que sería bueno hacer una exhortación de esa naturaleza a los directorios de las empresas públicas para que pongan corazón en estos temas y, de esa forma, también harían su aporte para apoyar las pequeñas y medianas empresas.

SEÑOR PEREYRA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SÁNCHEZ.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Gracias, señora presidenta y señor senador Sánchez.

Solicité la interrupción para ahondar en dos aspectos que aquí se abordaron lateralmente. Obviamente, lo hago en la línea de las fundamentaciones que los señores senadores Bergara y Sánchez han explicitado en nombre de la bancada del Frente Amplio sobre las modificaciones propuestas.

También lo hago en la línea de la importancia para que, ante estas dificultades complejas que ha generado la pandemia a lo largo y ancho del territorio nacional, el Estado, las políticas públicas, tengan un sostén, apuntalen como aquí se dijo, y para que esos sectores más golpeados puedan seguir en carrera porque de eso se trata.

Entonces, tomando las palabras de algunos senadores del Gobierno, quienes han manifestado que seguramente tendrían que venir otros proyectos para que incorporen aspectos que entendemos que hoy no están incluidos, nos sumamos a esa lógica de seguir trabajando con esa mirada.

Efectivamente, entendemos que, si bien como se dijo aquí estos acuerdos contemplan a los socios de la coalición de gobierno, hay que seguir haciendo un esfuerzo. Digo esto porque me queda la duda. Creo que hay socios de la coalición afines a desparramar esto en el territorio nacional. Una cosa es lo que se puede discutir aquí, entre los ministerios y el Parlamento y otra cosa es la realidad de los territorios. Aquí hay senadores que conocen la frontera; hay reclamos y demandas fuertes planteados por la gente de la frontera para que sean incorporados en una legislación, pero en estos proyectos todavía no lo están. Hay textos que se han enviado al Poder Ejecutivo de determinados sectores de la economía y actualmente la frontera y el sector turístico tienen dificultades adicionales. Entonces, entendemos que ellos deben ser contemplados.

El otro aspecto que señalaba el señor senador Sánchez tiene que ver con las tarifas públicas. Nos parece muy importante que sobre las tarifas públicas se tomen decisiones diferentes, tratando a los diferentes, sobre todo, a quienes tienen una situación más difícil.

El otro aspecto que quiero señalar –y con esto termino y le agradezco al señor senador y a la señora presidenta– es que este año, en el que la pandemia ha avanzado y ha golpeado duramente a la economía, hay sectores que cayeron de la formalidad y que fueron tomados de alguna manera por intendencias.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Ya termino, señora presidenta.

Escuché al presidente del Congreso de Intendentes decir que las intendencias necesitan un aporte adicional para sostener a los sectores que quedaron afuera. Por ejemplo, la Intendencia de Rocha tenía una tarjeta de alimentación que el Ministerio de Desarrollo Social no puede cubrir hoy. Eso se cortó, pero hay muchos pequeños comerciantes y muchos vendedores informales.

Gracias, señora presidenta y gracias, señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Ya terminé, señora presidenta.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero decir que es realmente positivo escuchar que prácticamente la unanimidad de los señores senadores que han hablado tiene sensibilidad por la realidad de la micro-, la pequeña y la mediana empresa, sobre todo cuando venimos de muchos años de políticas a espaldas del trabajo nacional. Si bien este proyecto de ley es transitorio, acotado y se promueve a raíz de la pandemia, creo que es una señal de sensibilidad hacia esos sectores que han sido sistemáticamente omitidos en las políticas, que han sido dejados de lado y tratados de forma totalmente diferenciada a como se trató a grandes inversores internacionales.

Creemos que es un deber de todos nosotros velar por el trabajo nacional. Acá se ha dicho que las micro-, las pequeñas y las medianas empresas comprenden a más del 90 % del trabajo nacional. Creo que la gran tarea de todos nosotros es generar condiciones para que el trabajo nacional tenga el oxígeno suficiente para sobrevivir. Muchas de las medidas que están en este proyecto de ley deberían persistir en el tiempo y no terminar cuando finalice la emergencia que estamos viviendo. Consideramos que son medidas necesarias y que apuntan a la sobrevivencia de empresas que han tenido serios problemas.

Algún señor senador preopinante se preocupó porque se tomaban deudas que venían del 2018. Yo diría que eso es parte del mismo problema. Estas empresas que hoy están con muy serios problemas también lo estaban antes del 13 de marzo. El 2018 se tomó tal vez en forma arbitraria, pudiéndose haber tomado un período incluso anterior, porque a la empresa que estaba irremediablemente endeudada y sin salida no la vamos a salvar con medidas como las que están en este proyecto de ley si se toma solamente el período a partir del 13 de marzo.

También ha habido una preocupación por el interés del 2 % sobre la unidad reajustable. La comparto. Tal vez no habría que tener interés alguno, porque la unidad reajustable implica en sí cierto interés. Pero también hago la reflexión de que venimos de años de permitir en nuestro país intereses del 150 % y más a consumidores nacionales, uruguayos, con la omisión de las autoridades, que debieron velar por proteger a los ciudadanos de a pie, que son los que generalmente recurren a ese tipo de crédito. Es bueno que haya preocupación por los intereses del dinero. Es bueno que todos nos pongamos de acuerdo en que hay que terminar de una vez por todas con esas prácticas usurarias que afectan sobre todo a los más débiles.

Nosotros pensamos que estas propuestas van en el sentido de lo que venimos planteando desde hace mucho tiempo: el estímulo, el oxígeno al trabajo nacional, sea este urbano o rural, de micro-, pequeños o medianos empresarios. Pero también hay que contemplar a los grandes empresarios. Creemos que todo aquel que genera trabajo merece atención en estos tiempos, sobre todo cuando vemos los resultados que implica la falta de políticas en ese sentido.

Nosotros pensamos que estas medidas que hoy vamos a votar van en el sentido de las propuestas que hemos hecho. Muchas de ellas reflejan lo que hemos propuesto, a quien corresponde, en los últimos tiempos. Creemos, sí, que se quedan cortas. Consideramos que hay que contemplar también a la mediana empresa nacional, que no lo está en este articulado. Creemos que hay que perdurar en el tiempo después de esta pandemia. Entendemos que el estímulo al trabajo nacional no es un gasto; es una inversión.

Hemos propuesto revisar aquella reforma tributaria que se llevó adelante en los primeros años del primer Gobierno del Frente Amplio. Hemos propuesto revisar ciertas exoneraciones al gran capital, así como los gravámenes al trabajo nacional. En definitiva, de eso se trató: de una reforma que estableció un impuesto al ingreso y no a la renta, como dice su nombre.

Creemos que hay muchas cosas para tratar, pero este proyecto va en el sentido correcto y por eso en el día de hoy lo vamos a votar, porque consideramos que, al menos, es un paso para aliviar la situación de muchos. Pensamos, sí, que con esto no va a alcanzar y que seguramente, dada la sensibilidad de quienes tienen hoy a su cargo la conducción económica del país, van a venir nuevas propuestas a medida que se pueda profundizar en ellas.

Por eso hoy vamos a acompañar este proyecto y una vez más decimos que estamos altamente congratulados de que haya esa sensibilidad generalizada hoy por el trabajo nacional, después de tantos años de haberlo relegado a un segundo plano.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- La presidencia quiere recordarles que estamos sesionando en un régimen especial. Como ustedes saben, a las 15:00 esta sesión tendría que terminar porque esta sala va a ser desinfectada para que luego puedan ingresar los señores representantes porque están citados para esa hora.

De manera que, obviamente sin querer incidir en este intercambio entre los señores senadores, les pedimos colaboración porque todavía estamos en el primer punto del orden del día.

Muchas gracias a todos.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señora presidenta.

En realidad, no iba a pedir la palabra, pero, dado que escuché algunas cosas por aquí, me sentí en la necesidad de hablar.

Yo creo que, justamente, a nuestros Gobiernos no se los puede acusar de insensibilidad. Si el señor senador Da Silva hablaba de que esta crisis era diferente a la del 2002 porque nos encontró más fuertes, fue también porque dejamos un país que no tenía las debilidades que lo afectaban en otro momento.

Si hablamos de cómo se atacó esta pandemia, sabemos que se contó con un sistema de salud fortalecido que dejaron nuestros Gobiernos. Además, el Plan Ceibal miró por los que menos tenían, porque esos niños nunca hubieran podido acceder a una computadora si no hubiera sido por ese medio.

En su momento, cuando creamos el Ministerio de Desarrollo Social, estábamos con un 40 % de pobreza. Y si la bajamos a los niveles que ustedes conocen, es porque hubo, justamente, una sensibilidad en nuestros Gobiernos.

Me parece que nos debería dar un poco de vergüenza que hoy estemos en el último lugar entre los países de América en cuanto a aporte económico en estos momentos de crisis por la pandemia y, además, con un ajuste fiscal.

En definitiva, repito, pedí la palabra porque no podía dejar pasar que se nos acusara de insensibles.

También quería decir algo puntual sobre lo que vamos a aprobar. Nosotros en octubre habíamos mandado una minuta que hoy se contempla, porque allí se hablaba de las empresas de audio, iluminación y montaje de escenarios, dado que esas empresas se habían visto igualmente perjudicadas. Hoy, con esto que vamos a aprobar, las estaremos contemplando. En octubre, este plenario se lo había pedido al Poder Ejecutivo, pero hasta ahora no había tenido respuesta; ahora, por suerte, vamos a poder incorporar a este grupo, que también es importante.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Sin querer entrar en la polémica menor, realmente no podemos dejar pasar por alto algunas cosas, como que las fortalezas del país se las debemos al último Gobierno. Yo en más de una oportunidad he dicho cómo se ha generado toda la seguridad social y la legislación laboral en el país, que arranca con leyes de Oribe y termina increíblemente con una ley que está originada en la Coprín. El salario vacacional se lo debemos a la Coprín del señor Bordaberry en su período constitucional. Esas son las fortalezas que tiene el Uruguay. Acá no hay partidos refundadores.

El Uruguay recibió una economía debilitada por un neoliberalismo que se condenó de palabra y que se aplicó en los hechos, porque vivimos quince años de política económica neoliberal en la que vimos a nuestros vecinos tamberos, a nuestros vecinos agricultores, a los productores del departamento de San José y Colonia –que son los que tenemos a nuestro alrededor– fundirse y cambiar de rumbo sin que al Gobierno del momento se le cayera una sola lágrima. Y vimos que a UPM se le regaló todo lo que se le podía regalar y se clama por la inversión extranjera. Cabildo Abierto apoya la inversión extranjera, pero mucho más la inversión nacional.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: voy a dejar una constancia política en función de lo que se ha dicho aquí.

En este caso el que calla no otorga. Solo por este caso y debido a la situación en que estamos, la bancada del Frente Amplio no calla porque no otorga nada de lo que se ha dicho recién.

SEÑORA PRESIDENTA.- Volvemos a decir que es importante recordar la situación en la que estamos trabajando.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: nosotros estamos terminando de preparar unos aditivos, por lo que solicitamos un cuarto intermedio de cinco minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–26 en 29. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por cinco minutos.

(Así se hace. Son las 13:08).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 13:14).

Léase el artículo 1.º del proyecto de ley.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 1.°.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: en base a la fundamentación que hizo el senador Sánchez, proponemos incorporar un inciso al artículo 1.° que, justamente, faculte al Poder Ejecutivo a prorrogar lo dispuesto en el artículo hasta el 31 de diciembre de 2021.

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha llegado el aditivo correspondiente.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: el artículo 1.° establece una exoneración y, como tal, es materia privativa del Poder Ejecutivo, es decir que requiere siempre su iniciativa. En este Parlamento hemos tenido muchas discusiones sobre si otorgar la facultad puede ser un mecanismo que evite la iniciativa. Yo siempre he sostenido –cuando me tocó estar en la oposición– que la facultad que se da al Poder Ejecutivo no sustituye su iniciativa. El Poder Ejecutivo mandó una iniciativa, que es una exoneración; se fijan los porcentajes, se establece para qué casos se aplica y se pone un plazo. Ahora bien, modificar ese plazo requiere una nueva iniciativa.

Quiero poner esto en contexto. Esta ley tiene un tiempo de vigencia: hasta junio de 2021. Quiero tomar lo que ha dicho la señora ministra en sus informes: no son números grabados en piedra, ni el monto total que se va a destinar para este ejercicio al fondo coronavirus ni este tipo de medidas.

La propia exposición de motivos da cuenta de que todo este proceso es muy dinámico y sería saludable que, si fuera necesario, llegara al Parlamento una nueva iniciativa que contemple de una manera a aquellos sectores que eventualmente hayan superado sus dificultades y se pueda incorporar a otros. Por lo tanto, me parece que esto es paso a paso y caso a caso, y es el espíritu de esta ley: define en cada caso universos y establece plazos para ellos. Esos universos y esos plazos pueden cambiar y, por lo tanto, una nueva iniciativa llegará, si es necesario, para prorrogar este régimen o para prorrogarlo con modificaciones. Además, a mi juicio, tiene el impedimento de la iniciativa del Poder Ejecutivo de la que carece cualquier facultad para prorrogar que le otorguemos.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Gracias, señora presidenta.

En la medida en que esta propuesta habla de facultar y no de obligar al Poder Ejecutivo, vamos a apoyarla.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: quiero hacer una precisión.

Nosotros no estamos modificando el plazo establecido por el Poder Ejecutivo, sino que le estamos diciendo que el Parlamento lo faculta a prorrogar. Por tanto, la cuestión de la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo no debería ser un punto de discusión, pues eso no está en debate. La iniciativa del Poder Ejecutivo fue disponer la exoneración y lo que el Parlamento le está diciendo es: «Usted tiene la facultad para prorrogar por seis meses más esto que le estamos habilitando». Entonces, no estamos modificando los plazos, sino que estamos dando la facultad al Poder Ejecutivo para que los prorrogue.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: nosotros no podemos dar al Poder Ejecutivo una facultad que no poseemos. La iniciativa en materia de exoneración impositiva la tiene el Poder Ejecutivo por mandato constitucional, por lo que caería en saco roto la facultad dada por el Poder Legislativo.

La Constitución hace la distribución de competencias, de atribuciones entre los poderes, y esa facultad se la otorga directamente al Poder Ejecutivo. Esto es así en nuestra Constitución y en las Constituciones democráticas, al menos de occidente, justamente para evitar que pueda llegar a cometerse un abuso o un exceso llamado demagogia, que es cuando los Parlamentos, para ser simpáticos, crean o extienden las exoneraciones impositivas.

De manera que no podemos facultar algo que no tenemos en nuestro poder.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- No quiero extender el tiempo de debate porque tenemos más asuntos por considerar.

Si nosotros siguiéramos la doctrina que acaba de expresar la señora senadora Asiaín, no podríamos incluir lo de «con local» o «sin local».

Me parece que la señora senadora está confundiendo la iniciativa con la facultad de legislar. El Poder Ejecutivo no puede exonerar a nadie, sino que tiene que pedir al Parlamento que le vote esa posibilidad. La única facultad que tiene el Poder Ejecutivo es la de tener iniciativa en esa materia. Por tanto, luego, la ley, que es potestad del Parlamento, puede incluir, por ejemplo –como se acaba de agregar en el aditivo presentado–, «empresas sin local», que no estaba en el proyecto original.

Ahora bien, si siguiéramos esa lógica que se ha planteado aquí, ni siquiera eso podría hacer el Parlamento. Así pues, en una lógica razonable, ¿por qué la Constitución otorga al Poder Ejecutivo esa facultad? Porque va a perder ingresos. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de decidir.

Cuando manda el presupuesto, que es otra iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, establece cuánto va a ser el déficit fiscal y cuántos sus ingresos, y el Parlamento puede moverse dentro de ese canon. En toda nuestra legislación es algo ya abundante, y en ese sentido citaría aquí al exsenador Atchugarry quien, de alguna manera, fue uno de los impulsores de la idea de las facultades, tema que ha sido debatido hartamente en el Parlamento. Lo que estamos haciendo no es extender la exoneración a los sujetos tributarios, sino que le estamos diciendo al Poder Ejecutivo que puede prorrogar si lo entiende necesario y oportuno.

Por lo tanto, no se está lesionando en ningún aspecto el instituto de las facultades que posee el Poder Ejecutivo ni, en definitiva, su derecho privativo a establecer legislación en esta materia.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa ya había sometido a votación el artículo 1.°, pero en virtud de la discusión que se generó, se ha presentado un aditivo para los artículos 1.° y 2.°, que firman los señores senadores Bergara y Lazo.

Léase.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Facúltase al Poder Ejecutivo a prorrogar lo dispuesto en el presente artículo hasta el 31 de diciembre de 2021».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–15 en 29. Afirmativa.

SEÑOR BERGARA.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar nuevamente el aditivo para los artículos 1.° y 2.°.

(Se vota).

–15 en 29. Afirmativa.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: discúlpeme por frenar el ritmo necesario que debemos tener, pero no me quedó clara la votación del artículo 1.º en general, al margen del aditivo. Si no recuerdo mal, se proclamó «18 en 30», ¿o fue «28 en 30»?

SEÑORA PRESIDENTA.- Fue «18 en 30».

SEÑOR BERGARA.- Nosotros votamos afirmativamente. Por lo tanto, propongo que se rectifique la votación del artículo 1.º original.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar nuevamente el artículo 1.º tal como vino en el proyecto de ley.

(Se vota).

30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: también corresponde que se rectifique la votación del aditivo presentado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar nuevamente el aditivo presentado.

(Se vota).

–15 en 30. Negativa.

En consideración el artículo 2.º del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 30. Negativa.

En consideración el artículo 2.° con el sustitutivo presentado para el literal c) del artículo 2.º, que figura en la hoja 1.

Léase.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «c) Servicios de organización y realización de fiestas y eventos con y sin locales».

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: los senadores del Frente Amplio también hemos presentado un sustitutivo del literal h) del artículo 2.°.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el sustitutivo presentado para el literal h) del artículo 2.°, que figura en la hoja 2 con la firma de senadores del Frente Amplio.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «h) Servicios prestados por las empresas de transporte aéreo y fluvial de pasajeros que operen en el país».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 2.° con los sustitutivos de los literales c) y h) que se acaban de leer.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Gracias, señora presidenta.

Con respecto al literal c) del artículo 2.º, quiero señalar que tenemos una diferencia aparente con otro sustitutivo firmado por senadores del Frente Amplio en el que, a lo que votamos, ellos agregan: «catering y carros móviles de alimentos». Según los informes que hemos recabado, estas dos categorías están incluidas en el artículo 1.º, porque en el 2020 la facturación de los caterings no pudo haber sido en ningún caso mayor a esa franja de USD l:000.000; y si fue menor, están incluidos en el artículo 1.º. Este razonamiento y los datos que tenemos caben mucho más para los carros móviles de alimentos, porque todas las empresas que tengan menos de diecinueve empleados y hayan facturado menos de USD 1:000.000 en el año –que son UI 10:000.000– están incluidos con la misma exoneración en el artículo 1.º. Por eso sí tomamos de esta propuesta la parte que dice «eventos con y sin local», pero no incorporamos esos dos sectores que por su tamaño ya están incluidos en el artículo 1.°, como también lo están otra cantidad de sectores que no se señalan aquí.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2.° con los sustitutivos de los literales c) y h) a los que se dio lectura.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA PRESIDENTA.- Proseguimos.

En consideración el artículo 3.°.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Formulo moción en el sentido de que se voten en bloque los artículos que van del 3.° al 12, desglosando el 9.°.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: dado que los senadores del Frente Amplio hemos presentado sustitutivos de los artículos 4.°, 6.° y 8.°, solicitamos que esos artículos también se desglosen.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada por el señor senador Penadés, agregando el desglose solicitado por el señor senador Bergara.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

En consideración los artículos 3.° a 12, con excepción de los artículos 4.°, 6.°, 8.° y 9.°, cuyo desglose fue solicitado.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 4.°.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 6.°.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 8.°.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar nuevamente el artículo 8.°.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: el Frente Amplio presentó un sustitutivo del artículo 8.º en el que se plantea llevar el monto en el proyecto de ley a UI 4:000.000 –que, en definitiva, es el monto estipulado en la definición de microempresa– en vez del monto establecido en el artículo original. Al parecer, las bancadas de gobierno entienden que debe ser ese y que no correspondería llevarlo al monto total establecido en la definición de microempresa, con lo que un conjunto de empresas quedará por fuera del beneficio.

En ese contexto votamos negativamente el artículo y proponemos el sustitutivo. Si bien estamos de acuerdo con la exoneración, creemos que es muy exigua y deja fuera a muchas empresas; por eso pretendemos extenderla. Pero como poco es mejor que nada, pediremos la reconsideración del artículo.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- El mismo razonamiento hago en el caso de los sustitutivos que hemos presentado para los artículos 4.º y 6.º.

El artículo 4.º, en realidad, apunta a simplificar el hecho de que el BPS cese el taxímetro –digamos– de los tributos cuando estas empresas no pagan por dos meses y elimina la exigencia del pago previo de la deuda. Pensamos que el mecanismo que proponemos es más flexible y adecuado a las circunstancias. Dado que la bancada de gobierno no acompañó esa idea, solicitaríamos reconsiderar el artículo para, de todas maneras, acompañar la propuesta de posibilitar los convenios con el BPS.

Con respecto al artículo 6.º, lo que planteamos es, esencialmente, eliminar el 2 % de interés en los convenios –calculados en unidades reajustables– y dejarlo en 0 %. La bancada de gobierno también entendió que no era lo adecuado. De todas maneras, nosotros queremos apoyar lo planteado con respecto a los convenios.

Por lo tanto, solicitamos la reconsideración de los artículos 4.º, 6.º y 8.º.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Quiero decir que, a diferencia de lo que sucede con la bancada del Partido Nacional, nosotros entendemos que lo que propone el Frente Amplio con respecto a facultar al Poder Ejecutivo es constitucional. Ahora bien, sí es inconstitucional pretender ampliar la exoneración que propone el Poder Ejecutivo. El impedimento constitucional está dirigido, precisamente, a evitar la demagogia parlamentaria. Ese es el verdadero fundamento de la inconstitucionalidad.

La verdad es que para extender esta exoneración consultaría primero al Poder Ejecutivo, porque es el que tiene la iniciativa privativa en la materia. Además, así a la ligera tampoco me animaría a extenderla; quizás corresponda, pero entiendo que es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, señor senador, ¿usted se refiere al artículo 8.º?

SEÑOR DOMENECH.- Sí, al artículo 8.º.

SEÑORA PRESIDENTA.- El artículo 8.º ya se votó afirmativamente. ¿Usted está pidiendo la reconsideración?

SEÑOR DOMENECH.- No, no; estoy diciendo que las propuestas realizadas son inconstitucionales en cuanto pretenden extender la exoneración que propone el Poder Ejecutivo.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Entiendo que la facultad que nosotros propusimos para los artículos 1.º y 2.º fue votada negativamente, así que creo que no hay que hacer más gestiones al respecto. Las demás propuestas no son exoneraciones; son mecanismos de convenio para cancelación de adeudos. Por lo tanto, no tienen la misma naturaleza.

De todas maneras –para hacerla más fácil–, propongo pasar directamente a la reconsideración en bloque de los artículos 4.º, 6.º y 8.º.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: la reconsideración no puede ser en bloque.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: quiero hacer un par de aclaraciones.

La solución que da el Poder Ejecutivo en el artículo 4.º para los monotributistas comunes –digámoslo así– es la misma que da la Ley n.º 18874 para los monotributistas sociales Mides. Esa es la solución vigente para el refinanciamiento de deudas de los monotributistas sociales Mides y es la misma que se propone aquí para los monotributistas comunes. Quiere decir, entonces, que no hay una innovación.

Y con respecto a lo que se dijo acá de que en el artículo 6.º se agrega un 2 % de interés, hay una explicación. Aquí también hay una refinanciación de deuda por el no pago de los aportes personales. Lo que hace la unidad reajustable es mantener con la inflación el valor de la deuda. El 2 % –no el 8 %, ni el 10 % ni el 15 %– corresponde a la rentabilidad mínima que esos trabajadores perderían si no tienen ese aporte al Banco de Previsión Social y a la AFAP. Está puesto por una razón. Si estableciéramos cero, los trabajadores –por lo menos algunos de ellos– podrían perder parte de su rentabilidad, de sus aportes, porque su empleador no pagó en su momento y refinanció después. La norma entonces evitaría la apropiación indebida. Al legalizar esta situación, los atrasos en los pagos de los aportes personales no se van de la normativa sancionatoria, pero se mantiene el valor de aquellos que no fueron pagados en su momento.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se reconsidera el artículo 4.º del proyecto de ley.

(Se vota).

–25 en 30. Afirmativa.

Se va a votar si se reconsidera el artículo 6.º del proyecto de ley.

(Se vota).

–26 en 30. Afirmativa.

Se va a votar si se reconsidera el artículo 8.º del proyecto de ley.

(Se vota).

–26 en 30. Afirmativa.

En consideración nuevamente el artículo 4.°.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: dado que hemos votado la reconsideración de los artículos 4.º, 6.º y 8.º del proyecto de ley, formulo moción para que se voten en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada por el señor senador Penadés.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración nuevamente los artículos 4.º, 6.º y 8.º del proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

 

(Texto del proyecto de ley aprobado).

.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA.- Señora presidenta: ya habíamos votado los artículos 4.º, 6.º y 8.º; luego se votó la reconsideración que resultó afirmativa y ahora los votamos en bloque. ¿Fue así?

SEÑORA PRESIDENTA.- Exactamente; ese fue el procedimiento.

Agradezco la deferencia de todas las bancadas al colaborar con la Mesa, porque sabemos que esta no es la forma tradicional de trabajar.

9) COMANDO SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se declare urgente y se trate de inmediato la carpeta n.º 415/2021: proyecto de ley por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de una aeronave de transporte militar y una delegación del Comando Sur de los Estados Unidos de América, funcionarios de apoyo y seguridad, así como también dos delegaciones de avanzada, con armas cortas de seguridad estándar, municiones y equipos de comunicaciones, entre los días 28 de marzo y 9 de abril de 2021». (Firman los señores senadores Niffouri, Viera, Carrera y Lozano).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar, pues, el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de una aeronave de transporte militar y una delegación del Comando Sur de los Estados Unidos de América, funcionarios de apoyo y seguridad, así como también dos delegaciones de avanzada, con armas cortas de seguridad estándar, municiones y equipos de comunicaciones, entre los días 28 de marzo y 9 de abril de 2021. (Carp. n.º 415/2021 - rep. n.° 257/2021)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: queremos informar este proyecto de ley que trata la autorización para el ingreso de una aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, que trae al almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos de América, y a funcionarios de apoyo y de seguridad, así como también a dos delegaciones que concurren en régimen de avanzada, pero en vuelos comerciales.

Es de destacar que esta no es la primera vez que Uruguay recibe la visita de un comandante del Comando Sur de los Estados Unidos de América, ya que se ha reiterado en varias oportunidades en los últimos años. Reviste una importancia relativa y por lo tanto recomendamos al Senado votar afirmativamente el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.

Nada más, señora presidenta.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: la bancada del Frente Amplio va a acompañar el proyecto de ley que autoriza el ingreso al territorio nacional de la aeronave de transporte militar de los Estados Unidos de América, así como también el de la delegación del Comando Sur de dicho país.

No obstante, queremos dejar una constancia y no es la primera vez que lo hacemos. Si bien en la exposición de motivos se detallan el contingente, los recursos humanos y los recursos materiales, que se enmarca en una actividad de carácter diplomático con el objetivo de realizar un intercambio en materia de seguridad y defensa para ambos países, también en el marco de la cooperación de asistencia a la pandemia, de las misiones de paz, así como de capacitación e intercambio –además se especifican las tres etapas en las que se va a llevar adelante esta actividad–, a pesar de que no desconocemos la importancia que reviste este tipo de intercambios para el relacionamiento entre ambos países, solicitamos una vez más al señor ministro la necesidad de contar con tiempo para poder tratar el asunto en el marco de la propia Comisión de Defensa Nacional. Sabido es que el tema ingresó directamente al pleno, cuando este tipo de visitas no surge de un día para el otro ni de una semana para otra, sino que tienen una importante planificación en el tiempo. Es así como la bancada del Frente Amplio cree que es importante para este Cuerpo contar con un adelanto de calendario, de los compromisos y de las actividades programadas, así como de su modalidad, ya sea operativa o académica, más aún atendiendo la actual situación sanitaria, independientemente de que es obvio que en la exposición de motivos se específica que el protocolo estará presente.

Queríamos dejar constancia de la necesidad de que el tratamiento se dé en comisión, donde podamos obtener más información a los efectos de que el Senado cuente con todos los elementos en tiempo y forma para poder aprobar este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del artículo único.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–27 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

10) DERECHO DE REUNIÓN CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la carpeta n.º 411/2021: mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se reglamenta el derecho de reunión consagrado en el artículo 38 de la Constitución de la república». (Firman los señores senadores Niffouri, Viera, Carrera y Lozano).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar, pues, el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se reglamenta el derecho de reunión consagrado en el artículo 38 de la Constitución de la república. (Carp. n.º 411/2021 - rep. n.º 254/2021)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: el Poder Ejecutivo nos remite, cerca de la fecha de vencimiento, un proyecto de ley –similar al que se aprobó en diciembre de 2020– para la aplicación del artículo 38 de la Constitución de la república.

Dado lo que ha trascendido respecto a que la oposición reclamaba que el Gobierno siguiera las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario y que este proyecto de ley viene justo a dar cumplimiento a dichas recomendaciones, imagino que va a ser acompañado unánimemente.

El informe del Grupo Asesor Científico Honorario, dentro de sus recomendaciones, refiere a la aplicación de un conjunto de medidas que apuntan a la disminución sustancial del número y de la duración del contacto entre las personas. Nos preguntamos, entonces, cómo se puede ejecutar por parte del Gobierno esta recomendación del Grupo Asesor Científico Honorario si no es recurriendo a la limitación constitucional –o sea, de acuerdo con la Constitución– de la libertad de reunión.

El informe del grupo asesor, en el punto 11, refiere a las medidas que debe tomar el Gobierno y las detalla: disminuir significativamente contactos, interacciones, mantener burbujas sociales pequeñas y sin mezclar, evitar reuniones con no convivientes y no asistir a eventos sociales. La misma pregunta cabe en este caso: ¿cómo se ejecuta esa recomendación de un grupo técnico si no es parcialmente restringiendo, de acuerdo con la Constitución, la libertad de reunión?

Más adelante, el informe del Grupo Asesor Científico Honorario explicita que estas recomendaciones deben ser una combinación de medidas gubernamentales con conductas personales y sociales. Ahí ya no apela solamente al deber de las autoridades, sino que nos interpela a todos y a cada uno de los habitantes de la república. Considera, entonces, que a través de esta combinación se logrará, en un tiempo aún difícil de definir, el control de la epidemia.

Luego, en el punto 16, el GACH se dirige a todos, también a la oposición, cuando se refiere a que le está reiterando al Gobierno y a todo el sistema político nacional. Creo que hay una interpelación a todos sobre la necesidad de comunicar en forma amplia y permanente, por todos los medios posibles y en contacto con todas las organizaciones de la sociedad civil, las formas de gestión de la situación actual.

En cuanto a la educación, resalta la necesidad de proteger el sistema educativo, en particular la educación inicial y primaria, y el inicio de la secundaria. En fin, supongo que todos habremos leído el informe.

En materia de salud –en la que se detiene–, habla de la necesidad, tanto como sea posible y necesario, de la atención sanitaria de todos los eventos no covid, incluyendo la presencialidad.

Imaginamos que este proyecto de ley va a contar con el respaldo unánime de este Cuerpo, siguiendo la lógica de los reclamos que venía haciendo la oposición en el sentido de que el Gobierno siguiera las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario, abandonando la postura de diciembre en la que esta medida de protección de la salud pública –así es como se denomina– no contó con el respaldo de la oposición. No obstante, me dicen que no, que no va a ser acompañada, pero tengo esperanzas de que sí lo sea.

En aquel momento, en diciembre, se invocaba algo que a nuestro juicio resulta un error de falsa oposición: se decía que de reglamentarse el artículo 44, que habla del derecho a la salud, ahí sí podría haberse llevado alguna medida. Estas son dos caras de la misma moneda, porque se invocan motivos de salud, al amparo del artículo 38 de la Constitución, que autoriza la restricción de la libertad de reunión justamente por motivos de salud. Por lo tanto, aquí se atiende lo mismo, es decir, la aplicación de la Constitución y no la restricción de un derecho fundamental. El contenido es el mismo y el objetivo es la protección de la salud. Podría haber sido abordado desde el artículo 44, relativo al derecho a la salud y al deber de las autoridades de proteger a los habitantes; sí, por supuesto, ambos artículos coinciden, pero, de todas maneras, iba a terminar en la restricción de la libertad de reunión, recomendada por el Grupo Asesor Científico Honorario.

El propio artículo 44, relativo a la salud, en su inciso primero dice: «El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país». Justamente, vemos que es un deber de las autoridades adoptar este tipo de medidas para asegurar ese perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Insisto en que ambas propuestas, tanto la del artículo 44 como la del artículo 38, protegen el mismo bien jurídico tutelado, es decir, la salud pública.

Además, insisto en el llamado a la responsabilidad porque en el inciso segundo del artículo 44, se dice: «Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad…». Aquí aparece el deber de cuidar la salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad, lo que apela a nuestra responsabilidad. Es más, la dirección especial que ha puesto el GACH nos interpela a los legisladores y a todo el sistema político; hablo de nuestra responsabilidad, de la de nuestros representados y de la de quienes no están representados también. Nosotros tenemos mandatos constitucionales porque la Constitución lista las competencias del Poder Legislativo y de la función legislativa. Es así como en el numeral 3.°) del artículo 85 estipula: «Expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República; protección de todos los derechos individuales y fomento de la ilustración, agricultura, industria, comercio interior y exterior». De manera que hay un mandato constituyente, hay un deber republicano y moral de votar estas medidas. De lo contrario, ¿qué otras alternativas existen para prevenir más contagios? El confinamiento obligatorio, si lo analizamos, que es una de las medidas que se venía reclamando, resulta mucho más restrictivo y afecta muchas más libertades individuales y derechos consagrados constitucionalmente que esta restricción temporaria y pausada de la libertad de reunión. Conocemos el compromiso de este Gobierno con la libertad en todo ámbito, y ante estos reclamos de cuarentena obligatoria o confinamiento, entiendo que ha sido muy cuidadosa la iniciativa del ejecutivo porque ha respetado aquello que la observación general n.º 37 de la ONU establece como requisitos para que la limitación de la libertad de reunión sea legítima: que sea temporal, pausada y que no incurra en discriminación ni en veda de la libertad de la expresión de un mensaje político. En fin, esto está absolutamente motivado, justificado y restringido a razones de índole sanitaria. En este caso no hay ningún mensaje político que se pretenda restringir.

(Ocupa la presidencia el señor Sebastián Da Silva).

–Me causa perplejidad pensar que no se va a acompañar esta iniciativa. Parecería ser irreconciliable el reclamo de una cuarentena obligatoria con esta negativa. Como legisladores entendemos que se nos remite esta iniciativa para darle forma de ley al requerimiento del artículo 38, que el ejercicio de derecho a reunión pacífica y sin armas puede ser restringido en virtud de una ley y cuando se oponga a la salud. En ese sentido, creemos que es un deber y una obligación jurídica moral del gobernante. Si de conformidad con el artículo 7.º de la Constitución de la república todos los habitantes tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad y trabajo –es decir todo el elenco de derechos inherentes que enumera–, es porque del otro lado, del lado del poder político, existe una obligación de brindar esa protección, ya que los derechos y los deberes son correlativos. Si alguien es titular de un derecho es porque otra persona o autoridad tiene el deber de proveerlo. De manera que aquí hay un deber de parte de las autoridades de procurar esa protección en el goce de la vida, la libertad y la seguridad de las personas, y no depende de nosotros asumirlo.

Por otro lado, entiendo que es incorrecto plantear esta iniciativa como una cuestión de limitación de derechos fundamentales. No es un caso de restricción de libertades fundamentales, sino la aplicación de la propia Constitución de la república. En este caso concreto prevé que esta sea la solución para un caso de riesgo de la salud, para una situación específica en que han recrudecido los contagios debido a la pandemia, no nacional sino mundial, atribuible a diferentes factores en los que no vale la pena ingresar en este momento. De manera que la medida propuesta sigue fielmente y al pie de la letra la disposición constitucional. Se establece la adaptación de esta libertad de reunión para que pueda convivir con la libertad y el derecho a la salud que gozan todos los habitantes. Y por eso lo limita en la medida de lo necesario y por el tiempo necesario, exclusivamente, a las circunstancias previstas por el constituyente.

No se tocan otras libertades, que no es necesario limitar, como la circulación dentro del territorio. ¿Es esto una novedad inventada por este Gobierno? Habíamos visto, cuando fundamentamos esta misma medida en diciembre del año pasado, que no solo el derecho comparado contempla este tipo de medidas, sino que en nuestro país –desde el doctor Barbagelata– se venían desarrollando estas situaciones para momentos específicos, y que durante el Gobierno del doctor Jorge Batlle se había aplicado, invocándose la protección, entre otros bienes, del turismo.

Entonces, se trata de conciliar. La Constitución no es una lista de derechos o de organización de los poderes con compartimentos estancos, sino que están todos vinculados, interrelacionados, es un todo orgánico, un todo lógico-sistemático, que guarda una armonía entre sí. De manera que el artículo 44 habla de la salud y el 38 prevé, para situaciones de riesgo de la salud, una adaptación temporal de la libertad de reunión. Todos se interrelacionan.

Pero no nos quedemos solamente en la Constitución uruguaya; vayamos a otra fuente normativa de la que también el Uruguay es parte, como es el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En sede de derecho de reunión se dice algo muy parecido, ya que se expresa que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas; que el ejercicio de tal derecho puede estar sujeto a las restricciones previstas por ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad del orden público o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás. Es una triple exigencia, un motivo, una justificación sustancial para proteger la salud. No alcanza con el motivo, sino que tiene que estar plasmado en el instrumento ley, como un requisito formal. Y, además, que sea algo proporcional, lo cual es necesario en una sociedad democrática.

(Interrupciones).

(Se retira de sala la bancada de senadores del Frente Amplio).

SEÑOR PENADÉS.- ¡Que se vote! Si se retiran, ¡que se vote!

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián Da Silva).- Continúe, señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Habíamos citado en el mes de diciembre –no quiero reiterar– las observaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en este caso, sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de esa organización. Allí se hace todo un desarrollo bastante extenso y prevé, específicamente, el caso de la medida de salud, la necesidad de adoptar esta limitación de la libertad de reunión cuando acucian circunstancias sanitarias. Se plantea que debe abstenerse la autoridad de injerencias injustificadas.

Entonces, esto no es una restricción de una libertad constitucional, sino la aplicación de los tratados internacionales sobre los derechos humanos y, además, un mandato ético-moral porque manda la pandemia.

(Ingresa a sala la bancada de senadores del Frente Amplio).

–Por tanto, es una situación de hecho que condiciona, por la cual invitamos a acompañar esta iniciativa.

Muchas gracias.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sebastián da Silva).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Gracias, señor presidente.

Tomamos la resolución de retirarnos porque desde el principio la miembro informante tuvo una actitud que no corresponde. No corresponde que un miembro informante, al fundamentar un proyecto de ley del Gobierno de su partido, suponga cuáles son las actitudes que va a asumir la oposición. Al principio escuchamos con atención a la miembro informante, y queremos señalar que nosotros hacemos una lectura totalmente diferente acerca de las recomendaciones del GACH. Desde este lugar –desde la oposición– aconsejamos a la señora senadora Asiaín que lea bien las recomendaciones del GACH porque no las entendió. Esa es la visión que tenemos.

Un miembro informante no tiene que suponer que vamos a hacer tal o cual cosa; somos partidos diferentes y tenemos visiones distintas en cuanto a cómo atender la emergencia sanitaria, económica y social que está viviendo nuestro país.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–En referencia a este proyecto de ley en particular, debemos decir que, en primer lugar, este instrumento ya fue aplicado y no existe evidencia de que haya sido de utilidad.

Si tomamos los datos, veremos que, desgraciadamente, hoy tenemos 748 fallecidos; al 31 de diciembre –según los datos del Sinae– había 181. Hoy, lamentablemente, tenemos 11.000 personas cursando la enfermedad, mientras que en diciembre había 5470; hoy, desgraciadamente, tenemos 143 personas en cuidados intensivos, mientras que en diciembre teníamos 72. No existe evidencia de que este instrumento haya dado resultado.

No compartimos algunas expresiones; por ejemplo, el otro día el señor presidente dijo que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y que cada uno puede manejar sus perillas. Esto parece ser la ley del sálvese quien pueda y no lo compartimos. Se debe gobernar pensando en todos, en el bien común y esa es nuestra visión. ¡El Estado debe hacerse cargo, señora presidenta!

Desde el Frente Amplio tenemos un fuerte compromiso con el conjunto de los habitantes del país y reconocemos que se está viviendo una situación muy difícil. Estamos muy preocupados porque con los datos que señalé anteriormente pasamos de ser la excepción al país con la mayor tasa de contagios de América Latina. Hoy somos el país, reitero, con la mayor tasa de contagios cada cien mil habitantes; superamos a Brasil. Nuestra fuerza política tiene un compromiso en el sentido de colaborar y de buscar soluciones ante esta grave situación social, política y económica que estamos viviendo. Durante todo el año pasado hicimos propuestas con el objetivo de atender la problemática sanitaria, social y económica; solicitamos convocar al diálogo nacional, presentamos medidas, solicitamos la creación de una comisión especial covid y hoy aquí volvemos a hacerlo. Tenemos que crear un ámbito de diálogo nacional, y debe ser en esta casa. Tenemos que estar todos informados; la oposición debe tener información. En ese sentido, en principio, se nos dijo que iba a haber un ámbito que era el de los coordinadores, pero hasta la fecha no se ha convocado.

Debemos tener en cuenta que poseer información, poder aportar e intercambiar, y que la oposición esté informada también hacen a la democracia y a las reglas democráticas. La democracia, señora presidenta, es gobernar dialogando. Hay que dar participación a la oposición y su rol es pedir información, presentar proyectos de ley y preguntar sobre ellos.

Señora presidenta: de los cuarenta y siete proyectos de ley que se presentaron con temas relacionados a la emergencia sanitaria, mi fuerza política, el Frente Amplio, presentó alrededor de veintisiete, es decir, el 60 %. Nosotros discutimos este tema en diciembre y dejamos sentado cuál era la mirada del Frente Amplio. Precisamente, la mirada del Frente Amplio es que este es un problema de salud pública y se debe dar competencia –en aquel momento lo discutíamos– a la policía sanitaria. Y allí presentamos un proyecto que iba mucho más allá de la legislación en torno a los artículos 38 y 44. Se debe llevar en consideración lo que dice el GACH; se debe llevar en consideración la problemática del mundo del trabajo. En aquel momento el GACH decía que el principal foco de contagio eran los lugares de trabajo; nosotros decíamos: «Hay que dar competencia a los ministerios de Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social para que hagan inspecciones y se cumplan los protocolos».

En ese proyecto que presentamos en aquel momento también afirmábamos: «Hay que tener en cuenta que a las personas que están cursando la enfermedad no hay que ampararlas al cuarto día en la seguridad social; hay que ampararlas desde el día uno». Seguimos pensando en que la definición de riesgo sanitario debe ser más precisa y por eso fue por lo que dimos aquella discusión. Desde aquel día a la fecha, de acuerdo con los números que he dado –ayer el número de fallecidos llegó a 740 cuando en diciembre eran 181 personas–, el paso del tiempo nos reafirmó que estábamos en lo correcto: la mirada debe ser de salud pública y no de seguridad pública. Todos vimos que también se han vivido algunas situaciones que han dado lugar a la arbitrariedad y a la discrecionalidad.

Señora presidenta: en nuestra visión, las medidas que debe adoptar el Gobierno deben seguir las recomendaciones de la ciencia, pero aquí no queda claro –y el otro día no lo escuchamos cuando el presidente de la república dio la conferencia de prensa– que se sigan las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario. Esas medidas deben dar respuestas claras, precisas y sobre todo pertinentes para la salida de la crisis sanitaria, económica y social en que nos encontramos. En nuestra visión, es el momento de hacer, y es aquí donde tenemos diferencias, porque el GACH hace meses que está diciendo y aconsejando cuáles son las medidas que se deben tomar.

También agrego algo que hay que destacar: debe ser un privilegio para la República Oriental del Uruguay contar con el asesoramiento del Grupo Asesor Científico Honorario. Eso lo debemos destacar todos, porque es un orgullo para nuestro país tenerlos cerca, aunque, lamentablemente –hay que decirlo también–, no se están siguiendo sus recomendaciones; si hacemos una lectura del informe realizado el 7 de febrero, comprobaremos que ello es así.

Debemos decir, señora presidenta, que a casi cuarenta días de ese pronóstico nos encontramos con una situación alarmante: primero, con la mayor tasa de aceleración de contagios de toda la pandemia; segundo, con un 50 % de casos sin nexo epidemiológico; tercero, con una tasa de positividad –el mayor registro de toda la pandemia– del 11 % en los últimos siete días móviles; cuarto, con un récord de personas cursando la infección y, quinto, en cuanto a la capacidad de respuesta de los cuidados críticos, estamos en un nivel preocupante.

El GACH es muy claro en sus recomendaciones, pero vemos que no son tenidas en cuenta por el Gobierno y consideramos que eso es un error.

En ese documento de fecha 7 de febrero se hace un exhaustivo análisis de las medidas a tomar, pero quiero destacar lo que menciona y lo que plantea. Dice el GACH que no se puede apelar solamente a la responsabilidad de los ciudadanos, sino que es necesario asumir que hay decisiones que debe tomar el Gobierno. Sin embargo, desde el 7 de febrero a la fecha no se tomaron medidas, como se sugiere, y se apeló a esta estrategia que tenemos hoy, que es volver a instaurar este instrumento que consiste en la reglamentación del artículo 38.

Nuestros científicos nos aconsejan que se tomen medidas transitorias, adecuadas y contextualizadas a la situación epidemiológica actual. Nos reafirman que no alcanza con la responsabilidad individual y que se deben tomar medidas por parte de las autoridades, que se reconozca la gravedad de la situación, pero, sobre todo –nos dice el GACH–, se deben tomar medidas dialogando con la gente.

Señora presidenta: las medidas dispuestas por el Gobierno son, en nuestra opinión, diametralmente opuestas a las que se necesitan. La comunicación de riesgos y el compromiso de la comunidad se construyen. En ese sentido, necesitamos un Gobierno cercano a la gente, comprometido con el sufrimiento de la gente, que hable para convencer, que se exprese con argumentos y que persuada. El camino de limitar nuevamente el derecho de reunión, de acuerdo con lo que se expresa en este proyecto de ley, en nuestra opinión es equivocado. En general nosotros tenemos una mirada crítica respecto al proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo. Ahora vimos que hay un conjunto de sustitutivos que se propusieron, pero el proyecto de ley que llegó de parte del Poder Ejecutivo le otorgaba una serie de poderes exorbitantes, con algunos cambios que resultaban preocupantes. Uno de ellos era el que estaba reflejado en el artículo 3 original, que ahora se modificó, de acuerdo con lo que pudimos ver.

En general no compartimos el instrumento porque, como dijimos, no hay evidencia científica que lo confirme.

Señora presidenta: este proyecto de ley nos deja una serie de interrogantes. ¿Cuáles son los mensajes que se están dando a la ciudadanía con este proyecto de ley? Nos preguntamos cuáles son esos mensajes. Nosotros consideramos que imponer restricciones al derecho de reunión como único instrumento es profundizar grietas en una sociedad que está sufriendo; lo que debemos hacer es salir todos juntos.

Señora presidenta: ¿no sería mejor el camino inverso, como nos sugiere el GACH, es decir, involucrar más a todos los niveles de gobierno y, sobre todo, a los niveles de cercanía para tratar de tomar medidas ajustadas a cada territorio, de acuerdo con cada particularidad y con cada sector de la población? ¿No sería más pertinente –como nos dicen– establecer un mejor diálogo con los diferentes actores de la sociedad para analizar los diversos comportamientos en sectores específicos? No es lo mismo el interior que la capital. No es lo mismo la problemática que tiene nuestro departamento, Rivera, o que tiene Cerro Largo. No son las mismas medidas las que hay que tomar. No es lo mismo las personas que se trasladan en ómnibus con aforo máximo que las personas que van a un parque a caminar. No es lo mismo los casinos que siguen funcionando que las personas que van a hacer deporte. No es lo mismo, señora presidenta, y esas son algunas de las interrogantes que nos dejan. Pero ¿es necesario que sea el GACH el que recomiende al Gobierno que tiene que evaluar las percepciones, las preocupaciones y la confianza de la gente? ¿Es necesario que sea el GACH el que tenga que decir a los gobernantes que hay que establecer mensajes culturalmente apropiados por canales pertinentes para cada sector de la población?

Señora presidenta: desde el Frente Amplio queremos aportar, queremos soluciones para nuestra gente, queremos gente informada, gente que se pueda cuidar y gente que cuide a los demás. Queremos acciones firmes del Gobierno nacional en materia de protección sanitaria, social y económica.

Como dijimos, nosotros no acompañamos este instrumento que se nos propone porque los datos, señora presidenta, hoy son: 740 fallecimientos, 11.000 personas cursando la enfermedad, 143 personas en cuidados intensivos. En diciembre eran 181 fallecimientos, 5470 personas cursando la enfermedad, 72 personas en CTI. Estamos en una crisis sanitaria y tenemos que tomar otro tipo de medidas.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: este es un tema que ya hemos discutido largamente y, por lo tanto, me voy a referir, concretamente, a algunos aspectos.

En primer lugar, quiero dejar en claro que el Estado se ha venido haciendo cargo de esto desde un principio y el Gobierno, en representación del Estado y de su Administración, también; el presidente de la república se ha hecho cargo, directa y personalmente, de los éxitos y de los fracasos –más de los fracasos que de los éxitos–, y así lo ha expresado. Por lo tanto, me parece que eso está fuera de discusión.

Las cifras que se dan en sala de cómo estamos son, sí, muy preocupantes, muy preocupantes. Uruguay está atravesando un momento diría que peligroso por el nivel de contagios que se van generando día a día. Sin embargo, no se dan otras cifras: somos el país que ha tenido menos fallecimientos, pero menos, en el mundo entero. Somos hoy en América Latina el país que lleva vacunado un mayor porcentaje de personas en relación con su población, detrás de Chile solamente. Y, obviamente, seguimos siendo en el mundo referencia y ejemplo por el manejo que hemos hecho de la pandemia.

Estamos, sí, viviendo el rebote de nuestra primera ola, para la que no hemos tenido que crear una cuarentena obligatoria o un toque de queda ni una restricción más, como viven nuestros países vecinos y, ni que hablar, los países desarrollados en Europa. La verdad es que creo que podemos estar satisfechos de la manera en que hemos venido manejando el tema.

Ahora, en sala estamos discutiendo este proyecto de ley, que no es la única medida. Las fronteras ya están cerradas, los extranjeros no pueden entrar al país, los controles en todas las áreas son los mayores que se pueden hacer y hay una cantidad de restricciones que lamentablemente están vigentes.

La atención de salud presencial está limitada y debe haber arriba de 100.000 personas en cuarentena, pero la economía funciona, las empresas funcionan y el Estado funciona.

Hay mucha gente teletrabajando –muchísima– y hay aforos para cantidad de actividades, desde el transporte hasta las actividades públicas. También hay algunas actividades que no se pueden hacer y otras que restringen el derecho al trabajo porque, por ejemplo, a partir de determinada hora no se puede mantener abierto un comercio.

Eso está vigente, por lo que esta no es la única medida; no hay evidencia de que haya sido útil –no la hay–, pero tampoco hay evidencia contraria. Lo que sí sabemos es que la Policía y la Prefectura, cada una en su área respectiva, intervinieron en más de 6000 oportunidades al amparo de esa ley. Y si no hubiera estado, ¿qué habría pasado? ¿Habría más casos que hoy? ¿Habríamos llegado a esta situación antes?

Debo recordar que se previeron unos números peores a los que tenemos ahora para los meses de enero y febrero. También el GACH los previó: se hablaba de 2000 contagiados por día para febrero, y a lo mejor fue esa ley la que permitió que en esos tiempos de tanta circulación, de recreación, de tiempo libre, de reunirse naturalmente mucha gente, dispersando y sin tener que reprimir –porque tampoco corre por las redes ningún video de abuso policial o militar sobre la aplicación de esta norma– se pudieran contener, eventualmente, mayores contagios.

Esta ley quiero creer que está prevista para la organización de aglomeraciones no institucionales. Creo que todos los partidos que estamos en sala suspendimos todas nuestras actividades; no tenemos congresos, convenciones, reuniones ni actos. Sobre lo que se ha tenido que trabajar son las de tipo espontáneo, porque hasta el 8M las organizaciones convocaron a no asistir. Después la gente fue y la enorme mayoría de esas aglomeraciones fueron espontáneas, por WhatsApp, con mensajes como: «Nos encontramos en la playa», «A las 8 en la avenida» o «En la plaza, todos más tarde», y cuando llega la policía: «Ahora nos juntamos en la puerta del club». Pero no son las organizaciones, porque todas las organizaciones políticas, desde el movimiento sindical hasta los partidos políticos, todos hemos suspendido nuestras actividades porque sabemos que las aglomeraciones contagian. ¡Todos sabemos que contagian, por eso no hacemos ninguna! ¿O las estamos haciendo? ¡No! Y los intendentes –acá hay algunos que lo han sido– también lo saben y trabajan sobre su población para que no las haya. ¿Esto qué es? Es una herramienta más para que la policía tenga un marco jurídico y respaldo para poder actuar frente a esas aglomeraciones espontáneas que se dan y que seguramente se van a dar en Semana de Turismo. Es para que la policía tenga un respaldo y no solo un megáfono y para que la gente sepa –como sabe– que si llega la policía hay que dispersarse porque está prohibido y seguirá estándolo. Nosotros nos hacemos cargo de decir que va a estar prohibido.

El principal argumento que se ha dado hasta hace un rato sobre esto en la opinión pública es que el artículo 3.º era inconstitucional porque no fijaba una fecha límite de finalización. Ese era el principal argumento, pero resulta que en la pasada tenía una fecha límite de finalización y no se votó. En esta oportunidad sacamos esa finalización sin límite; ahora tiene 120 días, pero la oposición tampoco la va a votar. Entonces, ¿qué le queda a la oposición? ¿Los contagiados? ¿Los niveles? No, porque nada tiene que ver con esta ley. ¿Qué le queda? Dicen que es el Ministerio de Salud Pública el que tiene que actuar y no el Ministerio del Interior. Bueno, acá dice que es el Poder Ejecutivo y no el Ministerio del Interior. Pero en las 6000 o 7000 intervenciones que hubo, ¿esperaban que fuera un médico a la plaza para ver si había una amenaza que ameritara llamar a la policía? En el mundo de la teoría pueden plantearse esas cosas, pero los que tenemos responsabilidades de gobierno tenemos que ser serios. Es la policía la que tiene que velar por el orden público y son normas de orden público las que se están regulando aquí al amparo de la Constitución, porque esta es la legalización del artículo 38.

Entonces, voy a votar esto porque creo que está bien; si no lo votáramos le estaríamos diciendo a la policía que dé un paso atrás, que se retire, que cuando vea una aglomeración no intervenga porque para que interviniera hicimos una ley, y si ahora se la sacamos, le estaríamos diciendo que no va a poder actuar de aquí en más. Por lo tanto, si ahora tenemos 11.000 activos, tratemos por todos los medios de que no sean 15.000; este es uno solo, pero me parece que es eficiente. ¿Y sabe qué, señora presidenta? En la base de este proyecto de ley, quienes lo votamos tenemos que decir que lo hacemos porque tenemos confianza en la policía. Nosotros tenemos confianza en la policía y le damos esta tarea, que la ha hecho bien. Y cuando un funcionario policial abusó de su autoridad y de su uniforme –en estos días pasados– fue repudiado por los tres sindicatos policiales, que dijeron que no los representaban. Ese funcionario policial pudo haber cometido ese mismo abuso y exceso con esta ley o sin esta ley, porque nada tiene que ver esta ley con lo que pasó. Con ley o sin ley abusó de su autoridad y excedió, no esta norma, sino la Ley de Procedimiento Policial, que no le permite hacer eso.

Entonces, si confiamos en la policía, ¿por qué no darle esta herramienta, que además ha sido aplicada sin gatillo fácil ni abuso policial ni represión desmedida? ¿Por qué no volver a dársela por 120 días? ¿Porque antes de la policía tiene que venir un médico con una planillita y un estetoscopio y calificar si los 400 que están en una plaza divirtiéndose pueden ser disueltos por la policía o en un llamado telefónico posterior? ¡Vamos! Es la policía quien tiene que actuar y esto pone las cosas en su lugar. Pero digámoslo: la ley establece que es el Poder Ejecutivo en sus responsabilidades y los Gobiernos departamentales en las propias y suyas.

En definitiva, me parece que hemos perfeccionado el instrumento, que tiene fecha de caducidad a los 120 días como máximo, y si la emergencia sanitaria terminara antes, ese mismo día, de pleno derecho.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: iba a hacer una referencia meramente técnica sobre este tema, pero luego de escuchar que hay que seguir al pie de la letra las indicaciones del GACH, diría que quizás lo que habría que afirmar es que nuevamente la política está sobre la técnica. Digo esto porque, justamente, el señor José Mujica dijo en una oportunidad que lo político estaba sobre lo jurídico, y yo sostuve que el señor Mujica podía tener razón –no sabía con qué intención lo decía– en función de que tradicionalmente la filosofía clásica enseñó que lo religioso tenía supremacía sobre lo filosófico, lo filosófico echaba luz sobre lo político y lo político sobre lo jurídico. Esto es lo que explica que en el derecho comparado se reconozca la legitimidad del derecho de rebelión y que una eminencia de nuestro derecho, quizá el más grande jurista que haya dado el Uruguay, como Eduardo J. Couture, en El decálogo del abogado, haya puesto que entre la justicia y el derecho debe primar la justicia.

Me sorprende entonces que ahora se diga que lo técnico tiene que primar sobre lo jurídico, pero eso yo lo veo enmarcado en una línea política que parece como autofagocitar la política: hay que destruir la política, quitar legitimidad a la política. Y, sin duda, los consejos técnicos pueden ser muy razonables y acertados desde una óptica estrictamente política. Si hubiéramos permanecido absolutamente confinados y encerrados en una caverna cada uno de los tres millones y medio de habitantes del Uruguay, capaz que hoy no teníamos ni dos muertos por covid-19, aunque seguramente estaríamos todos muertos de hambre, y eso creo que es lo que ha tratado de evitar el poder político. Afortunadamente, todavía la política y la decisión política priman sobre las decisiones técnicas; estas son un insumo que el político tiene que tomar para adoptar decisiones técnicas.

Quiero decir también que este proyecto de ley no es ninguna novedad, y no lo es no porque en el Gobierno de Batlle se haya dictado alguna norma similar o porque hace menos de un año hayamos aprobado una ley con contenido similar, sino porque a pesar de que en la Constitución de 1830 no se preveía la consagración expresa del derecho de reunión –no obstante lo cual toda la doctrina jurídica entendía que este era un derecho que debía ser reconocido y respetado por la autoridad ya que nuestro ordenamiento constitucional siempre fue de naturaleza iusnaturalista, o sea que la Constitución no concede derechos, sino que reconoce derechos previos a su aprobación–, en determinado momento de la historia del Uruguay, cuando el Gobierno de Idiarte Borda enfrentaba enormes dificultades, Carlos María Ramírez elabora un proyecto de ley que fue aprobado, y fue ley desde 1897 –y yo me atrevería a sostener que hasta puede considerarse ley vigente–, que regula el derecho de reunión. Esa ley señala que algunas reuniones pueden realizarse sin previo aviso, sin noticia a la autoridad ni permiso de ella, otras requieren previo aviso a la autoridad y algunas, autorización de la autoridad. Pero lo más interesante de esta ley es que prevé la posibilidad de la suspensión del régimen de reuniones por decisión del Poder Ejecutivo, y lo prevé particularmente en los casos de epidemia. Esta ley estuvo vigente hasta 1934. Cuando se aprobó la Constitución de 1918, los juristas de la época entendieron que esta ley estaba vigente, regulaba razonablemente el derecho de reunión y no tenía por qué tener reconocimiento constitucional. Pero en 1934, con muy buen criterio, y como lo señala Justino Jiménez de Aréchaga, recogiendo los preceptos de la ley redactada por Carlos María Ramírez en 1897, se consagra el derecho de reunión en los términos de este artículo 38, que prevé, precisamente, los temas de salud como casos en los que puede limitarse el derecho de reunión.

Por lo tanto, vamos a apoyar este proyecto de ley en el sentido de que es un insumo que tiene el Poder Ejecutivo, el poder político, para resolver la situación, más que de epidemia –como decía la ley de 1897– de pandemia, que sufren el Uruguay y el mundo.

Con ese espíritu vamos a acompañar este proyecto de ley.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA SANGUINETTI.- Gracias, señora presidenta.

Desde la bancada del Partido Colorado también acompañamos este proyecto de ley y nos congratulamos de que se hayan tomado en consideración las sugerencias que hizo nuestro partido.

Está claro que estamos atravesando el peor momento de la pandemia, pero así y todo fuimos, somos y ojalá sigamos siendo una excepción tanto en la región como en el mundo. Vimos que a muchos países que tomaron caminos bien diferentes al que seguimos nosotros no les ha ido nada bien.

Realmente rechazo la relación que se mencionó hoy en esta sala entre la situación dramática que estamos atravesando y la falta de éxito de la reglamentación del artículo 38 de la Constitución. Bien sabemos que estamos pasando una situación muy compleja, que es multicausal, y para nada creo que se pueda hacer esa relación directa porque no tenemos esa evidencia. ¿De qué sí tenemos evidencia y contra qué nos viene alertando la OMS hace ya varios meses? Tenemos evidencia de que si politizamos la pandemia nos va a ir peor. Hay algunas investigaciones bien interesantes en esta línea como, por ejemplo, las que se han realizado en Estados Unidos. Creo que evitar que este fenómeno se agrave es responsabilidad de todos los uruguayos, pero fundamentalmente lo es de las treinta y una personas que estamos hoy aquí, en esta cámara.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- En virtud de que a las 16:00 comienza la sesión de la Cámara de Representantes en esta sala y hay que desinfectarla, solicitamos un cuarto intermedio de media hora para cambiarnos de recinto y continuar sesionando en la sala del Senado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por media hora.

(Así se hace. Son las 14:41).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 15:17).

11) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Los señores senadores Graciela Barrera, Mario Bergara, Eduardo Brenta, Charles Carrera, Juan Castillo, Amanda Della Ventura, Sandra Lazo, Liliana Queijo, Uruguay Russi, Aníbal Pereyra y Alejandro Sánchez presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establece y reconoce el derecho de todos los habitantes del país al acceso equitativo a los cuidados intensivos, independientemente del prestador del que sea usuario.

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA».

(Texto del proyecto de ley presentado).

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de otro asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Los señores senadores Graciela Barrera, Mario Bergara, Eduardo Brenta, Charles Carrera, Juan Castillo, Amanda Della Ventura, Sandra Lazo, Diego Olivera, Liliana Queijo, Uruguay Russi, Aníbal Pereyra y Alejandro Sánchez presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara de interés general la necesidad de adoptar medidas para asegurar la accesibilidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones de salud de todos los habitantes de la república durante la pandemia de covid-19, de acuerdo con el artículo 3.º de la Ley n.º 18211, de 5 de diciembre de 2007 (artículo 44, inciso primero, de la Constitución).

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA».

(Texto del proyecto de ley presentado).

12) DERECHO DE REUNIÓN CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la consideración del tema en discusión.

SEÑOR BRENTA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRENTA.- Gracias, señora presidenta.

No queremos ser reiterativos y buena parte de la argumentación ya fue dada por el señor senador Carrera, y en profundidad cuando se dio el debate en ocasión de que el Poder Ejecutivo enviara el primer proyecto de ley relativo al régimen de limitación del derecho de reunión.

Cabe mencionar que, tal como el señor senador Carrera lo fundamentó largamente, esta medida ha tenido escaso impacto en lo que tiene que ver con el control de la pandemia. Sin embargo, en otras áreas y por algunas recomendaciones que ha hecho el Grupo Asesor Científico Honorario, ha quedado claro que tanto en los vínculos intrafamiliares como en el mundo del trabajo se producen los principales niveles de contagios a lo largo del desarrollo de la pandemia. El mundo del trabajo ha sido un área de búsqueda permanente del equilibrio entre la mantención de puestos de trabajo y el cuidado de la salud de los uruguayos, pero nos preocupa profundamente –y hemos seguido con bastante atención este tema– que en ocasión del incremento de los casos que se produjeron sobre fines del año pasado, en distintas oportunidades hubo noticias respecto de la evolución de los niveles de contagios de covid-19 en el mundo del trabajo. Es así como, en una nota del 27 de noviembre de 2020, el inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social mencionaba que seis de cada diez empresas incumplen los protocolos y que, por tanto, en esta área se estaban produciendo niveles de contagios importantes y un desconocimiento notorio de los protocolos, muchos de los cuales fueron acordados en forma tripartita en el propio ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El 29 de noviembre de 2020 el director nacional de Trabajo reiteró esta información y volvió a plantear que más del 50 % de los contralores que se hacían de los protocolos vigentes eran incumplidos. El 22 de enero de 2021 el ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres, aseguró que luego de detectarse el incumplimiento de altos números se corrigieron las infracciones, pero reafirmó otra vez que los incumplimientos detectados eran superiores al 50 % de las empresas inspeccionadas y que eran de distinta índole. Esta situación se dio durante todo el año 2020 y se notó que esa área vinculada al mundo del trabajo era una de las principales en la que se producían contagios. Hoy, 18 de marzo de 2021, el inspector general del Trabajo y de la Seguridad Social, señor Tomás Teijeiro, dijo que cinco de cada diez empresas recibían observaciones por incumplimientos durante la primera inspección, es decir que incumplen los protocolos establecidos para frenar la propagación de la covid-19, números que coinciden con los de meses atrás. En una entrevista al programa Justos y Pecadores de Radio Uruguay dijo que, mediante el operativo Trabajo Responsable por el cual se examina a las empresas sobre su cumplimiento de los protocolos anticovid-19, se detectó que cinco de diez incumplen las medidas recomendadas. Entonces, sin pretender abrir un debate respecto al tema que está en consideración, quiero decir que es notorio y evidente que las medidas que se han tomado han tenido un escaso impacto en la propagación del virus y que las cifras mencionadas anteriormente por el señor senador Carrera lo demuestran. Y también es notoria la ineficiencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el contralor de los protocolos acordados –repito, en muchos casos en forma tripartita– en los lugares de trabajo, pues vemos claramente que en los contactos intrafamiliares es donde se está produciendo la mayoría de los contagios que nos han hecho llegar a esta situación tan grave que vive el país.

Entonces, la pregunta que uno se hace es: ¿Qué medidas se han tomado con respecto a esto? Se han tomado medidas con respecto a las aglomeraciones a través de la restricción del derecho de reunión. ¿Qué medidas se han tomado con respecto a esto? ¡Ninguna! ¡Ninguna! Simplemente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha realizado algunas inspecciones y algunas intimaciones a empresas –que, aparentemente, luego mejoran en su cumplimiento–, pero en esta área extremadamente grave, en que la gente no puede dejar de ir a trabajar porque si no va a trabajar no come, hay una restricción de su derecho de libertad de no ir a trabajar y no está condicionado por una ley, sino por el bolsillo que después permite pagar las cuentas del almacén. En esa área es notoria la omisión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al contralor de los protocolos vigentes y, por tanto, en evitar la propagación del virus y su crecimiento.

Nosotros no estamos en la posición de promover ninguna clase de aglomeración; hay muestras de sobra con respecto a esto y a la responsabilidad con la que el Frente Amplio se ha movido durante todo este largo año de pandemia, pero también queremos saber las responsabilidades que correspondan a las autoridades del Gobierno. Para algo son el Gobierno, tienen el poder de ejercer los contralores y de aplicar las sanciones necesarias a aquellas empresas que, irresponsablemente, incumplen los protocolos vigentes nada menos que en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Nos parece que cuando hablamos y centramos la discusión en un tema tendríamos que analizar más en profundidad cuáles son los casos que el GACH advierte como elementos de propagación del virus, para poner el acento en esos temas y no en otros, necesariamente. Por lo tanto, nos parece que corresponde solicitar, exigir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que asuma la responsabilidad que le corresponde en la tarea de contener la propagación del virus en el Uruguay.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Gracias, señora presidenta.

Queremos realizar algunos comentarios en referencia a este proyecto de ley importante que ocupa al Senado de la república en la jornada de hoy.

Lo primero es señalar que el proyecto no es interpretativo del artículo 38 de la Constitución. Las leyes interpretativas de la Constitución tienen una permanencia que este proyecto de ley no tiene. Por esa razón es bueno, técnicamente, porque estamos hablando de una ley que tiene una vigencia determinada; es decir, luego deja de existir, deja de tener efectos una vez cumplido este plazo.

El derecho de reunión pacífica y sin armas no es un derecho absoluto en nuestra Constitución y, por tanto, puede estar sujeto a restricciones, siempre que estas no sean abusivas o arbitrarias, según dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Evidentemente, este proyecto de ley no es arbitrario desde el momento en que, como señalábamos, establece un plazo concreto de vigencia. Cumplido ese plazo desaparecen sus efectos y está específicamente dirigido a conseguir un fin determinado, un fin superior, un fin legítimo, que es la protección de la salud de las personas. Por tanto, cumple con los requisitos de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad.

No busca reprimir todas las aglomeraciones, sino aquellas que generen riesgo sanitario, que son aquellas que no respeten lo que todos sabemos y de lo que sí hay evidencia –tal vez, en esta pandemia, de lo único que hay evidencia absoluta–: el distanciamiento social como una medida crucial, el uso de mascarilla, de tapaboca, de protectores faciales. Eso es lo que específicamente se determina; habla de aquellas aglomeraciones que generan riesgo sanitario por no respetar, precisamente, este tipo de medidas.

¿Cuál es la finalidad que tiene? Reducir la propagación de la enfermedad, y no dudo de que estamos todos de acuerdo en ello. Entonces, desde nuestro punto de vista es racional y proporcional.

El artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –o el Pacto de San José de Costa Rica– tiene una redacción muy parecida, bastante similar a la del artículo 38 de nuestra Constitución. Y así los derechos reconocidos tienen jerarquía constitucional en nuestro país. Concretamente, establece que el ejercicio del derecho de reunión «solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás». Este último –la necesidad de proteger los derechos o libertades de los demás– me parece un argumento muy importante.

Aquí está la libertad de circulación, la libertad de reunión, en conflicto con el derecho a la vida y a la salud de las personas. Está muy claro cuál es la cantidad de enfermos, la cantidad de contagios, la cantidad de casos activos, el crecimiento del número de personas que tienen la necesidad de ser asistidos en CTI y de su ocupación debido a esta pandemia. Y el legislador, entiendo, no puede estar omiso en esta situación. El legislador debe ponderar qué debe primar: si el derecho de reunión y de circulación de personas o la salud y la vida de la población. ¿Qué pesa más? Ese es el planteamiento que hoy tenemos ante nosotros. Esa es la encrucijada.

Estos días, hurgando en cómo otros países han asumido esta situación –porque naturalmente este tampoco es un desafío solo de este país, y lo sabemos–, encontré un juicio del Tribunal Constitucional de Alemania. Y en este conflicto entre estos derechos, donde hay que optar entre prevenir los peligros sobre la vida de las personas y establecer restricciones a las libertades personales –como puede ser la libertad ambulatoria o la libertad de reunión–, dice el Tribunal Constitucional de Alemania en una sentencia de abril del pasado año, dictada a propósito de la pandemia, que resulta constitucional mantener restricciones temporales para posibilitar una protección de la salud y la vida lo más amplia posible. «Frente a los peligros para la vida, las restricciones a la libertad de las personas pesan menos», sostiene dicho tribunal.

Entonces, el contenido de la ley está, a nuestro juicio, dentro del principio de proporcionalidad, porque tiene un término de vigencia, como señalamos; porque están establecidas claramente las situaciones puntuales en las que se van a dar estas restricciones; porque lo permite la Constitución de la república, como se ha establecido claramente en esta instancia de discusión. Y el Pacto de San José de Costa Rica, como decíamos, también lo establece claramente, porque permite limitar el derecho de reunión en casos claramente determinados por la norma, pero no lo prohíbe. Además, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no existe impedimento en limitar o restringir cuando esas restricciones no sean abusivas. Y donde está en juego el derecho a la salud y a la vida de la población, las demás libertades deben ceder, a nuestro juicio, en la medida en que la obra del legislador sea –como lo está siendo– racional, proporcional, equilibrada y conforme a la norma constitucional en cuestión.

Hemos escuchado los argumentos de los señores senadores que tienen una posición contraria y, por supuesto, los respetamos, aunque naturalmente discrepamos. Pero frente al fundamento de que no se condicen los resultados en cuanto al crecimiento de los contagios con lo que debería suponer la aplicación de esta norma en estos tres meses –disminución o atenuación de su incremento–, también puede plantearse, como algún senador lo hizo anteriormente: si no se hubiera aplicado esta medida, ¿no tendríamos el doble de contagios? ¿La situación no podría ser peor? Quién lo sabe. De lo único que hay evidencia irrefutable, unánime, es del distanciamiento social; el uso de mascarilla, tapaboca, protectores faciales; las normas que debemos seguir todos en nuestra familia, en nuestro ámbito de trabajo, en nuestra vida personal son las medidas necesarias, imprescindibles, fundamentales, inequívocas a tomar. Y precisamente lo que se está proponiendo es el instrumento y la herramienta para contribuir y ayudar en esa dirección.

Quiero destacar que los ministerios del Interior y de Defensa Nacional han cumplido cabalmente con lo que la ley determinó. El Ministerio del Interior realizó, entre el 21 de diciembre y el 15 de marzo, 4268 intervenciones. Hubo un enorme esfuerzo de la Policía nacional, que particularmente quiero resaltar. Se han alzado opiniones que quieren poner a la gente en contra de la Policía nacional, cuando precisamente la policía es la gente, porque es la que tiene la facultad y el mandato de cuidar a la ciudadanía. Ocurrió hace algunas horas un episodio que cuestionó eso, pero precisamente una de las principales garantías que tenemos al votar esto es que el ministro del Interior, doctor Jorge Larrañaga, inmediatamente actuó separando del cargo e iniciando la investigación administrativa correspondiente a la persona acusada, e incluso llamó rápidamente a un senador de la república que se había preocupado por ese tema. Me parece propicia la oportunidad para destacar este hecho, porque debemos ocuparnos y preocuparnos de esas cosas. Pero con el mismo énfasis también nos preocupa que se pretenda, desde alguna voz trasnochada, estigmatizar a la Policía nacional –que está haciendo un enorme esfuerzo– y acusarla de estar contra la ciudadanía. Precisamente es lo contrario.

También hay que destacar la tarea que ha desarrollado el Ministerio de Defensa Nacional desde el 31 de diciembre al 17 de marzo, realizando 1459 operativos en lo que refiere a las circunscripciones del Río de la Plata, del río Negro y del río Uruguay, que es como se divide en su organización el Ministerio de Defensa Nacional y la Prefectura para organizar sus operativos. A su vez, debemos mencionar la cantidad de personas rechazadas en los pasos de frontera, que fueron 773 en Río Branco y Chuy, y 82 en Bella Unión, Salto, Paysandú y Fray Bentos. Fueron, en total, 855 operativos con resultados puntuales. Incluso, 44 embarcaciones fueron rechazadas en las circunscripciones del río Uruguay y del río Negro.

Entonces, señora presidenta, creo que estamos actuando en el marco constitucional correspondiente. Estamos convencidos de que esta es una herramienta necesaria para poder implementar lo más eficientemente posible los controles a efectos de conseguir los resultados por todos buscados –no lo dudo– y para que el distanciamiento social y el uso de mascarilla o tapaboca realmente surtan el efecto que sabemos por evidencia van a tener. Es lo que tenemos que seguir haciendo mientras se va llevando a cabo el plan nacional de vacunación, que seguramente nos será de gran ayuda en poco tiempo, como todos deseamos. En ese sentido, no tengo ninguna duda –también quiero expresarlo– de que en este Senado de la república, más allá de los argumentos encontrados que hemos escuchado, con fundamentos valiosos de uno y otro lado, todos tenemos ese mismo punto en común.

Por tanto, señora presidenta, queremos argumentar que votamos con tranquilidad y con convicción este proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo, porque confiamos en las responsabilidades de los ministerios competentes y de los Gobiernos departamentales a quienes se les atribuye la facultad para actuar.

Con esto doy por terminada mi alocución.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CAMY.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Gracias señora presidenta y señor senador Camy.

Vamos a hablar por este mecanismo para acortar la sesión.

Sinceramente, señora presidenta, estamos cansados de los relatos contrafácticos. Hemos escuchado, no pacientemente, cómo se quiere relativizar esta prohibición de las aglomeraciones diciendo que no tuvo ningún efecto y que hoy la situación está más que agravada. Ese es un relato contrafáctico y no es un relato bien intencionado ni con el personal médico ni con los que van en las ambulancias trasladando gente ni con el funcionario policial ni con el funcionario de Prefectura Nacional Naval ni con ningún uruguayo de bien que esté preocupado por el desarrollo y el desempeño de la pandemia.

En el mundo, señora presidenta, hasta un gurí de tres años sabe que lo que no hay que hacer en esta pandemia de covid-19 es aglomerarse. Y no estoy hablando de Uruguay, sino del mundo. Elija el país que quiera y pregúntele a un niño de tres años qué no hay que hacer, y le va a decir que no hay que aglomerarse.

Hoy estamos asistiendo nuevamente a un país dividido en dos: por un lado, está el Gobierno, que sigue poniendo la fuerza del Estado para evitar las aglomeraciones por razones de salud pública, y por otro, un Frente Amplio que encuentra cualquier excusa para no acompañar este proyecto de ley.

Hubo 4268 procedimientos de la Policía nacional y 1240 de la Prefectura Nacional Naval. Se hicieron unos sesenta procedimientos diarios desde el mes de diciembre, tanto por el Ministerio de Defensa Nacional como por el Ministerio del Interior, cuidando la salud de la gente. ¿Usted se imagina qué hubiese pasado si los promotores de este relato contrafáctico hubiesen llegado a cumplir su voluntad, es decir que un funcionario de salud pública fuera el que dictaminara si se trataba de una aglomeración o no? Habría habido sesenta funcionarios de salud pública por día, a lo largo y ancho del país, ocupados en un tema tan sencillo como las limitaciones de las aglomeraciones.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se ha terminado el tiempo de que dispone, señor senador Da Silva.

Puede continuar el señor senador Camy.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una nueva interrupción, señor senador?

SEÑOR CAMY.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Como estaba diciendo, se necesitarían sesenta funcionarios de salud pública por día, señora presidenta –desde la Esmeralda, en Rocha, hasta la plaza de Flores, sin importar dónde–, que tienen que estar haciendo otra cosa y no controlando gente que vaya a saber por qué decide atentar contra sí misma y contra su familia aglomerándose.

Lo que el Gobierno está planteando en el día más complicado de la pandemia es hacerse cargo. Nuevamente pone la fuerza del orden público en el territorio nacional y en la franja costera a controlar que aquellos malos uruguayos no se aglomeren, que aquellos malos uruguayos no piensen en situaciones como las que vemos todos los días a las ocho de la noche. Y ese es un deber propio de un Gobierno que se quiere responsabilizar y hacerse cargo de lo que está pasando en el Uruguay.

En este cruce de caminos, señora presidenta, la historia va a recordar a los que un día sí y otro también pedían medidas para evitar la movilidad y en el momento de levantar la mano la bajaron.

Muchas gracias.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: quiero decir, primero que nada, que me siento absolutamente representada por la fundamentación que realizaron los integrantes del Frente Amplio que me precedieron en el uso de la palabra, en este caso los senadores Carrera y Brenta.

También quiero decir que esta bancada no puede permitir que se le atribuyan intencionalidades por disentir en cómo está planteado un proyecto de ley, entre otras cosas porque la democracia está conformada por mayorías y minorías, y todas ellas en carácter de circunstanciales.

Entonces, el Frente Amplio –y esta bancada, como integrante de esa fuerza política– ha manejado todo lo concerniente a esta situación terrible que está viviendo el mundo y particularmente nuestro país con responsabilidad, absoluta responsabilidad, estableciendo los protocolos necesarios. Celebramos el cincuenta aniversario de esta fuerza política, no de la forma en que hubiéramos querido, sino con otras disposiciones, protocolo de por medio. Vamos a celebrar en algunos días el aniversario del primer acto público del Frente Amplio también en el marco de responsabilidad que implica esta pandemia.

No es una cuestión de confianza o desconfianza en las autoridades o en la fuerza policial; no lo es. Por lo tanto, entendemos que no es necesario justificar la actitud de las autoridades.

Ahora bien, en diciembre pasado, en este mismo recinto dimos una discusión que abarcaba diversos temas. Uno de ellos tenía que ver con el concepto de aglomeración. Por un lado, en el proyecto de ley no se prevé la cantidad de personas que conforman una aglomeración. Las plazas, los parques, la rambla y las ferias tienen aforos. Parecería que una aglomeración se da cuando se supera determinada cantidad de personas. Ahora bien, ¿quién lo establece? ¿Cuál es la cantidad? La concentración y permanencia obedecen a algo estático, mientras que la circulación –siendo algo dinámico– quizás sea algo más difícil de determinar. A modo de ejemplo, ¿cómo se aplica en las playas? ¿Se desaloja la playa? ¿Se utiliza el mismo criterio en las playas de Rocha que en las de Montevideo?

Podemos poner un ejemplo. En este momento, ahora, en el departamento de Rocha, en el camino de la sierra de San Miguel, próximo al pueblo 18 de Julio, se está desarrollando una actividad en la que hemos participado en otras oportunidades: la celebración del comienzo de la cosecha arrocera. Tenemos fotografías que muestran que hay allí más de setenta personas –están al aire libre– y en algún momento hubo cien. En este momento están almorzando o, mejor dicho, en la sobremesa; me acota el senador Pereyra que recién se fueron. ¿Qué quiero decir con esto? Si estas personas que están allí, que hoy no sabemos si tipifican una aglomeración o no, estuvieran de noche en una plaza, ¿cómo se resuelve? Entre otras cosas estaríamos en problemas, porque entre ellos está el presidente de la república. Esos son algunos de los motivos que hacen que el Frente Amplio hoy esté cuestionando la forma en que se presenta este proyecto de ley, pero no vamos a permitir que se nos atribuyan intenciones y se nos califique de irresponsables por los motivos que anteriormente manifestamos.

Señora presidenta: aquí se trata de sanidad, de salud y, en ese sentido, no tenga duda de que encontrará al Frente Amplio, como lo hizo desde el día uno de la pandemia, brindando respuestas y medidas que van en el sentido del respeto que debemos tener, no solo por toda la población de nuestro país, sino también por algo de lo que todos tenemos que hacernos cargo –porque todos somos parte del Estado–, que son las personas fallecidas.

SEÑOR CASTILLO.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA LAZO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Castillo.

SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: en verdad, todos los colegas están haciendo un gran esfuerzo no solo para tratar un tema que, a veces, dan ganas de conversarlo, discutirlo y profundizarlo, sino también para compartir los tiempos e intentar no adentrarse en algunas intervenciones que rozan –aunque no califico intenciones– las provocaciones contra nuestra fuerza política.

Con total sinceridad quiero decir que estamos preocupados, pero quienes estamos en este recinto, los legisladores y los funcionarios que nos están asistiendo, no estamos más preocupados que el Parlamento, no estamos más preocupados que la Junta departamental ni que el resto de los compatriotas. Estamos preocupados, sí. ¡¿Quién no lo está?! Ahora bien, uno no puede venir acá y, por no comulgar con la idea de otra bancada, por no estar de acuerdo con el Partido Colorado o por no estar de acuerdo con el Partido Nacional, descalificarlos o atribuirles intencionalidades. Si aquí hay alguien que quiere que nuestra sociedad se contagie más, que nuestros compatriotas se enfermen más, que haya más enfermos, que haya más ocupación de los CTI y que haya más fallecidos, ¡que lo diga! Yo me recuperé de la covid-19 hace ya suficiente tiempo. Estuve contagiado; ya me dieron el alta y está registrado. No tuve consecuencias a pesar de los problemas cardíacos; no tuve ninguna otra consecuencia personal. Todo mi entorno la tuvo y, en verdad, no le deseo a nadie –¡a ninguno de los que están acá, ni a los que piensan distinto!– que se contagie porque, aunque no tenga consecuencias, al cuarto día uno quiere caminar por las paredes, ¡y se puede demostrar que se puede hacer!

Entonces, tirarnos con esas cosas aquí, ¡no!, y menos al Frente Amplio. Atribuirle al Frente Amplio intencionalidades distintas porque no estemos de acuerdo, ¡no! ¡Eso no está bueno en el debate! No estamos de acuerdo con las medidas; nos parece que se quedan a mitad de camino y no solo lo declaramos públicamente en los medios, sino que venimos y lo decimos acá. ¡Damos la cara y lo decimos acá! Esto no nos coloca en un escenario distinto; no somos ni más ni menos patriotas que el resto de los que están acá. Simplemente, teníamos otra expectativa, sobre todo por la preocupación que se estaba generando desde la semana pasada en toda la sociedad por el alza de contagios, por la mayor cantidad de enfermos, por el aumento de la cantidad de ocupaciones en los CTI y también por el aumento del número de fallecidos. ¡Esto preocupa a todo el mundo! La gente también nos dice a nosotros exactamente lo mismo: que les preocupa. Estábamos de acuerdo con el informe del GACH y creíamos que en la conferencia de prensa del Gobierno se iba a anunciar otra cosa, pero lo máximo que se dijo fue que no se va a pasar lista en las escuelas y en los liceos.

(Suena el timbre indicador del tiempo).

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Lazo.

SEÑOR CASTILLO.- ¿Me permite otra interrupción, señora senadora?

SEÑORA LAZO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir nuevamente el señor senador Castillo.

SEÑOR CASTILLO.- Decíamos que toda la expectativa estaba centrada en lo que iba a decir el presidente de la república, pero lo que dijo fue que no se iba a pasar lista en las escuelas y en los liceos. Bueno, parece ser que se quedó menos que a mitad de camino. Se generaron expectativas; ¡es lícito que se generen! ¡Y está bien que se contemplen algunas!

Este Parlamento, este Senado, en la sesión de hoy aprobó, aunque con matices, un paquete de medidas para un sector de la sociedad. Ahora bien, nosotros tenemos legítimo derecho de reclamar otro tipo de soluciones y otro tipo de medidas, y no lo decimos solamente en las declaraciones públicas. Por ejemplo, una renta básica para el que no tiene trabajo, un ingreso mínimo para el que nada tiene, ¿cuándo se va a discutir? ¿Y cuándo se va a discutir que no se dé el lanzamiento a quien no puede pagar el alquiler porque está en esta situación de pandemia? ¿Y cuándo van a aprobar definitivamente que no se corte la luz y el agua a nadie por no tener plata para pagar, producto no solo de que los salarios están menguados con esta situación, sino también de las condiciones económicas?

Señora presidenta: una y otra vez se ha hecho referencia al artículo 38. Si no tengo una Constitución vieja, el artículo 38 tiene dos oraciones. La primera dice: «Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas». Estamos totalmente de acuerdo con que se aplique esa parte del artículo 38. Ahora bien, se hace referencia a la segunda oración. Continuamente se hace referencia, con respecto al artículo 38, al derecho que tiene el Estado de aplicar medidas según la salud, la seguridad y el orden público. ¿Acaso eso nos coloca a nosotros en la posición de querer alterar el orden público?

Ya lo han dicho nuestros compañeros en las argumentaciones de la jornada de hoy en el Senado: nosotros no promovemos aglomeraciones. Pero no hay que confundir; el legítimo derecho a reunirse y a movilizarse tampoco se puede coartar, y tomando todas las medidas, respetando los protocolos y lo que el Gobierno dice, se podría admitir que esto ocurriera. Entonces, no nos coloca en un escenario distinto.

Termino, señora presidenta, diciendo que nosotros estamos convencidos de que el miedo no ha funcionado como sistema para parar esto; infundir miedo a la gente no funciona. La represión, ¡menos!; intentar que la pandemia se frene mediante la represión, menos.

Estamos convencidos de que la información, la difusión y la educación van a rendir mucho más, con medidas preventivas y con medidas paliativas de las consecuencias sociales que está padeciendo nuestra población. Seguramente eso genere más rédito y contenga mucho más rápido los efectos de la pandemia.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En discusión particular.

Dado que tenemos casi otro proyecto porque fue modificado, el mecanismo a seguir consistiría en omitir la lectura del texto tal como vino del Poder Ejecutivo, que eventualmente se votará negativo, y dar lectura al texto modificativo.

(Apoyados).

–En consideración el artículo 1.º del proyecto original.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 29. Negativa.

Léase el artículo sustitutivo.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo 1º.- Limítase transitoriamente, por razones de interés general y salud pública, el derecho de reunión consagrado en el artículo 38 de la Constitución de la República.

Prohíbense las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario por el plazo de ciento veinte (120) días desde la publicación de la presente ley, entendiéndose por tales la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarillas, protectores faciales y otros elementos de similar naturaleza, según el caso, destinados a reducir la propagación de las enfermedades contagiosas, en especial el virus SARS-CoV-2 y la pandemia de COVID-19».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo tal cual fue leído.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 2.º del proyecto de ley original.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 29. Negativa.

Léase el artículo modificativo.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo y a los Gobiernos Departamentales en el ámbito de sus competencias y en sus respectivas jurisdicciones, a prevenir y eventualmente dispersar, así como disponer el cese de aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario, y de las reuniones que se realicen en contravención de las medidas sanitarias y protocolos dispuestos por la autoridad competente.

Dicha facultad deberá ejercerse en cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y razonabilidad, conforme a criterios sanitarios».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 3.º del proyecto de ley original.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 29. Negativa.

Léase el artículo sustitutivo.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo 3º.- La vigencia de las disposiciones contenidas en el artículo primero de la presente ley, cesará de pleno derecho antes del vencimiento del plazo de ciento veinte días establecido en el mismo, en caso de que el Poder Ejecutivo declarase el fin de la emergencia nacional sanitaria».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 4.º del proyecto de ley original.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 29. Negativa.

Léase el artículo modificativo.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo 4º.- Quien infrinja las disposiciones de la presente ley, será advertido por la autoridad competente e instado a desistir de su actitud.

El Poder Ejecutivo podrá aplicar sanciones por los incumplimientos a la presente ley, las que podrán consistir en: apercibimiento, observación y multa de 30 a 1000 Unidades Reajustables, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder.

El monto recaudado por concepto de las multas eventualmente aplicadas será destinado al “Fondo Solidario Covid 19” creado por Ley 19.874 de 8 de abril de 2020».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 29. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Gracias, señora presidenta.

Simplemente quiero decir que las modificaciones se debieron a sugerencias realizadas por senadores del Partido Colorado y de Cabildo Abierto para que no quedara abierto el establecimiento de un plazo fijo, pero también a la introducción de verbos tales como «prevenir» y «dispersar». Por lo tanto, el plazo previsto en el artículo 3.º cesa una vez que se levanten las medidas de la emergencia sanitaria.

SEÑOR ITURRALDE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ITURRALDE.- Señora presidenta: sin ánimo de alargar el trámite de la iniciativa y quizá por deformación profesional, por haber estado tantos años vinculado al tema laboral, me veo obligado a hacer algunas aclaraciones.

El número de inspecciones de trabajo durante el 2020, en relación con el 2019, fue mayor al doble y la cantidad de clausuras de establecimientos anduvo por ahí. Los números oscilan entre el 88 % y el 122 % y permiten precisar –y seguramente adjuntar la documentación necesaria– cómo actuó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Precisamente por la libertad de los trabajadores tenemos que estar trabajando siempre: por la libertad, por las mejores condiciones de trabajo –que es donde más se ha incrementado– y también por la libertad sindical.

La OIT, a través de sus convenios n.os 87 y 98, nos obliga a hacer controles, a ser la policía administrativa y a resguardar las libertades sindicales. En estos momentos no tenemos los problemas de otros tiempos, como los que hubo durante la dictadura y no hace mucho. En algunos casos, hubo sanciones en el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y acciones judiciales que tuvo que llevar adelante algún gremio. Y bueno, la Justicia condenó la persecución sindical, precisamente, en la casa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esto me hace pensar en aquello que dice: ¿quién nos guarda de los guardianes?

Muchas gracias, señora presidenta.

13) PILI S. A.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase otra moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se declare urgente y se trate de inmediato la carpeta n.º 412/2021: mensaje del Poder Ejecutivo con el que acompaña un proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y hasta ciento ochenta días como máximo, el subsidio por desempleo de los trabajadores de PILI S. A.». (Firman los señores senadores Niffouri, Viera, Carrera y Lozano).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Se pasa a considerar, pues, el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y hasta ciento ochenta días como máximo, el subsidio por desempleo de los trabajadores de PILI S. A. (Carp. n.º 412/2021 - rep. n.° 255/2021)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Señora presidenta: ponemos a consideración del Cuerpo para su votación la extensión de este subsidio para los extrabajadores de PILI S.A., una empresa que desarrolló sus actividades en Paysandú durante más de cincuenta años y que en agosto de 2018 se presentó a concurso de acreedores como consecuencia del endeudamiento e, incluso, de importantes atrasos en el pago a productores y trabajadores. Los motivos que llevaron a la empresa a caer en esta situación tienen su origen en la caída internacional de los precios de los productos lácteos y en los problemas existentes en uno de sus principales destinos de exportación de esta empresa láctea, que era la República Bolivariana de Venezuela. En el período pasado recuerdo haber recorrido en Paysandú la empresa PILI S. A. con su empresario responsable –que era un hombre de bien y de trabajo–, y ver sus cámaras llenas de productos, esperando la señal para poder exportarlos a Venezuela. Se sabía que los precios que se pagaban allí no se podían igualar y terminó en lo que todos sabemos.

Esta situación motivó que desde el Gobierno nacional se implementaran distintas medidas a fin de dar respuesta a las diferentes problemáticas. Así es, por ejemplo, que el 10 de marzo del 2020, mediante la Ley n.º 19864, se facultó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender el subsidio por desempleo de los extrabajadores de la empresa PILI S. A.; lo mismo se hizo el 4 de junio del 2020 y, finalmente, el 11 de setiembre del 2020 mediante la Ley n.º 19900.

Considerando que al día de la fecha serían aproximadamente sesenta los trabajadores que se encuentran haciendo uso de ese subsidio por desempleo y que la empresa apela a liquidar dos activos, surgiendo indicios de que los puestos de trabajo pueden preservarse por parte de las eventuales empresas adquirentes, según señala el síndico designado en el proceso judicial de concurso, se entiende pertinente votar este proyecto de ley. Ojalá que se pueda obtener una respuesta y lograr una solución definitiva para ese emprendimiento, para esa empresa del interior del país que tanto se necesita. Así que ponemos a consideración del pleno la extensión del subsidio para los extrabajadores de la empresa PILI S. A.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

14) LORYSER S. A.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la carpeta n.º 413/2021: mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y hasta ciento ochenta días como máximo, el subsidio por desempleo de los trabajadores de Loryser S. A.». (Firman los señores senadores Niffouri, Viera, Carrera y Lozano).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Se pasa a considerar, pues, el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y hasta ciento ochenta días como máximo, el subsidio por desempleo de los trabajadores de Loryser S. A. (Carp. n.° 413/2021 - rep. n.° 256/2021).

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Conforme al artículo 97 de nuestro Reglamento, solicito autorización para permanecer en sala mientras se considera este proyecto de ley, en virtud de que tengo un familiar que está amparado al seguro por desempleo de esta empresa situada en el pueblo Minas de Corrales.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se autoriza al señor senador Carrera a permanecer en sala durante el tratamiento de este punto.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA.- Señora presidenta: en Minas de Corrales, en 1987, comenzaron las exploraciones en búsqueda de yacimientos de oro y de plata. A partir de 1997 comenzó la explotación minera, lo que generó más de medio millar de trabajos directos y por lo menos el doble o triple de indirectos, llegando a formalizar una profunda transformación social en el hoy Municipio de Minas de Corrales y en toda la región de influencia.

A mediados de 2018, cuando se paralizaron las tareas de explotación de oro en la minera San Gregorio, de la empresa Orosur Mining, comenzó un proceso de gran incertidumbre y angustia para los trabajadores de esa firma y de toda la población de Minas de Corrales y sus zonas de influencia.

La empresa Loryser S. A., integrante del grupo Orosur Mining Inc., desarrolla actividad minera en la localidad de Minas de Corrales desde hace dos décadas y se dedica a la explotación y el procesamiento de oro y de plata. En los últimos tiempos la empresa ha venido transitando por serias dificultades económicas, producto de una disminución de la calidad y la cantidad del material extraído –la ley de corte, como se le llama, es decir, la cantidad de gramos por tonelada–, lo que ha comprometido la rentabilidad de su actividad. Esas dificultades la han llevado a solicitar un concurso voluntario de acreedores y a procurar obtener financiamiento para nuevos emprendimientos mineros.

En este tiempo el Inefop estuvo implementando cursos de Neumática y Electricidad, entre otros, buscando instalar capacidades y brindar apoyo a pequeños emprendimientos que, lamentablemente, hasta la fecha no se han materializado en soluciones efectivas.

El 24 de octubre de 2018 se promulgó la Ley n.º 19674, por la cual se autorizó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender los plazos del subsidio por desempleo para todos los trabajadores de Loryser S. A. que se encontraran en esa situación y lo hubieran agotado.

Posteriormente, el 16 de abril de 2020, se promulgó la Ley n.° 19871, por la cual se facultó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender ese subsidio por doce meses más. Actualmente, hay aproximadamente ciento noventa trabajadores que progresivamente irán quedando desamparados con el transcurso de los meses de este año. Por lo tanto, la finalización del amparo del seguro de desempleo sería muy negativa, tanto para los trabajadores, que quedarían sin su sustento, como para hacer frente a posibles negociaciones con empresas mineras internacionales interesadas en Uruguay a la hora de implementar un convenio con los acreedores en forma ordenada. Es decir, esto comprometería mucho una futura solución que contemple la continuidad de esta actividad, que resulta central en Minas de Corrales.

Desde el Estado y la empresa se están llevando a cabo distintas gestiones para la búsqueda y concreción de posibles interesados en la explotación y exploración, que permitan hacer viable este proyecto. Corresponde resaltar que en el momento actual la incertidumbre en todos los grupos interesados se ha visto incrementada por la situación de la pandemia.

Loryser S. A., a través de su grupo responsable matriz Orosur Mining, está haciendo esfuerzos exhaustivos –con apoyo del Estado, del Gobierno nacional y del departamental– para la difusión de esto en el sector minero internacional. Adicionalmente, se están generando oportunidades para los interesados en adquirir permisos mineros, buscando reanudar la exploración de oro. En este momento la empresa cuenta con una base de datos geológicos muy extensa y valiosa del proyecto Minas de Corrales y de toda su historia. Corresponde destacar, además, que el personal de la empresa –amparado en el subsidio por desempleo– ha sido oportunamente entrenado y capacitado, y es intención de la empresa que pueda ser preservado con la esperanza de que en algún momento puedan retomarse las operaciones y los trabajadores reinsertarse en nuevos puestos de trabajo, aprovechando la mano de obra calificada.

Por estas razones, el Poder Ejecutivo remite este proyecto de ley, que entendemos es necesario y de justicia, y cuya aprobación es urgente para poder extender por ciento ochenta días más el subsidio por desempleo para esos trabajadores.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.°.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura de los artículos y se voten en bloque.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

En consideración los artículos 1.º y 2.º.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

15) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Agradezco a los señores senadores la deferencia de haber podido sesionar en el día de hoy.

No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 16:18, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores Asiaín, Barrera, Bergara, Brenta, Camy, Carrera, Castillo, Coutinho, Da Silva, Della Ventura, Domenech, Gandini, Iturralde, Lanz, Lazo, Lozano, Mahía, Niffouri, Olivera, Pereyra, Queijo, Russi, Sánchez, Sanguinetti, Saravia, Straneo y Viera).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

José Pedro Montero Secretario

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

María Alcalde Directora general subrogante del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.