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N.º 42 - TOMO 613 - 2 DE DICIEMBRE DE 2020

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

41.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

En régimen de cuarto intermedio

PRESIDEN BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta y GLORIA RODRÍGUEZ Primera vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO, Y LOS PROSECRETARIOS VICTORIA VERA Y ADRIÁN JURI

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Reiteración de pedido de informes

• A solicitud del señor senador Manini Ríos, el Senado resuelve hacer suyo y reiterar un pedido de informes con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas relacionado con contratos de rehabilitación y mantenimiento de las rutas n.º 27 y n.º 30.

5) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a la anterior convocatoria.

6), 8), 11) y 13) Presupuesto nacional, ejercicio 2020-2024

– Continúa la discusión particular del proyecto de ley.

• Por moción del señor senador Penadés, el Senado resuelve enviar la hoja n.° 54 a la Comisión de Constitución y Legislación, con el fin de que en un plazo de noventa días eleve un informe y un proyecto definiendo el tema.

- Aprobado. Vuelve a la Cámara de Representantes.

7) y 12) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Lazo y Coutinho.

– Quedan convocados los señores senadores Barrera y Batlle.

9) Suspensión de la sesión ordinaria del día 8 de diciembre

• Por moción de los señores senadores Penadés, Lanz, Lozano y Carrera, el Senado resuelve suspenderla.

10) Remisión a comisiones de varios aditivos

• Por moción de los señores senadores Penadés, Manini Ríos, Viera y Carrera, el Senado resuelve aprobar ese criterio definido en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para el tratamiento de las hojas que detallan.

14) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 1.º de diciembre de 2020

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, mañana miércoles 2 de diciembre, a las 10:00, a fin de levantar el cuarto intermedio, informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

– Continuar con la discusión particular del proyecto de ley por el que se aprueba el presupuesto nacional, ejercicio 2020-2024.

Carp. n.º 330/2020 - rep. n.º 214/2020 y anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y XXV.

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Andrade, Asiaín, Barrera, Bergara, Bianchi, Bonomi, Botana, Brenta, Camy, Canon, Carrera, Coutinho, Da Silva, Della Ventura, Domenech, Gandini, Lanz, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Meléndez, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Sánchez, Sanguinetti, Sartori y Viera.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Astori, Kechichian, Lazo, Rubio y Topolansky.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, se levanta el cuarto intermedio.

(Son las 10:11).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que comunica:

– que ha dictado resoluciones designando:

• al señor Julio Cardozo Ferreira en calidad de presidente en el Directorio del Instituto Nacional de Colonización;

• al señor José Alonso Nogara en calidad de miembro integrante en el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland;

• al señor Daniel Larrosa Macedo en calidad de miembro integrante en el Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones.

TÉNGANSE PRESENTES.

– La promulgación de los siguientes proyectos de ley:

• por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y por un plazo no mayor a un año, el subsidio por desempleo de los trabajadores de las empresas Besiney S. A. y Anikto S. A.;

• por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a establecer, por razones de interés general, desde el 1.° de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, como máximo, un régimen especial de subsidio por desempleo para los trabajadores de la industria citrícola afectados a la cosecha o al packing.

AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

La Junta Departamental de Río Negro remite nota informando la designación de nuevas autoridades para el período 2020-2021.

La Oficina Nacional del Servicio Civil remite respuesta a un pedido de informes del señor senador Alejandro Sánchez, relacionado con la nómina de funcionarios de las personas públicas no estatales que se encuentran en régimen de pase en comisión. (Asunto 148645).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR SÁNCHEZ.

El Ministerio del Interior remite respuestas a los siguientes pedidos de informes:

– de los señores senadores Oscar Andrade, Mario Bergara, Charles Carrera, Humberto Castro, Carolina Cosse, Amanda Della Ventura, Liliam Kechichian, Sandra Lazo y José Carlos Mahía, relacionado con el cumplimiento del Decreto n.º 90, de fecha 11 de marzo de 2020, por el que se fija el límite máximo de ejecución presupuestal para el ejercicio 2020. (Asunto 147403).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LOS SEÑORES SENADORES ANDRADE, BERGARA, CARRERA, CASTRO, COSSE, DELLA VENTURA, KECHICHIAN, LAZO Y MAHÍA.

– Del señor senador Charles Carrera:

• relacionado con la reinstalación de una placa conmemorativa en instalaciones de la Dirección General de Inteligencia Policial. (Asunto 146585);

• relacionado con el cumplimiento del Decreto n.º 90, de fecha 11 de marzo del 2020, por el que se fija el límite máximo de ejecución presupuestal para el ejercicio 2020. (Asunto 146616).

OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS AL SEÑOR SENADOR CARRERA.

– Del señor senador Daniel Olesker, relacionado con la compra directa de vinilo decorativo para la flota vehicular policial. (Asunto 146341).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR OLESKER.

El señor senador Guido Manini Ríos solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, la reiteración de un pedido de informes con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a los efectos de que el Cuerpo lo haga suyo, relacionado con contratos de rehabilitación y mantenimiento de las rutas n.º 27 y n.º 30.

SE VA A VOTAR OPORTUNAMENTE».

4) REITERACIÓN DE PEDIDO DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera el pedido de informes realizado por el señor senador Manini Ríos, que figura en la nómina de asuntos entrados.

(Se vota).

–18 en 19. Afirmativa.

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de lo siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- En la sesión extraordinaria del 1.° de diciembre no se registraron inasistencias.

6) PRESUPUESTO NACIONAL, EJERCICIO 2020-2024

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado continúa con la discusión particular del único punto del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el presupuesto nacional, ejercicio 2020-2024. (Carp. n.º 330/2020 - rep. n.º 214/2020 y anexos I a XXV)».

(Antecedentes).

(Ver 39.ª sesión extraordinaria).

–Pasamos al inciso 10, «Ministerio de Transporte y Obras Públicas».

En consideración los artículos 328, 332, 334, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352 y 353.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–15 en 23. Afirmativa.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: quiero fundamentar el voto negativo de estos artículos y el voto afirmativo para los artículos que aprobamos ayer, referidos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Nosotros valoramos también la planificación que expuso el señor ministro de Transporte y Obras Públicas en oportunidad de su comparecencia ante la comisión, y lo que dijimos en ese ámbito lo reiteramos ahora: lamentablemente, no vemos el correlato en materia de recursos de los planes que fueron expuestos. Entonces, nuestra primera perspectiva en general negativa de este aspecto es que, justamente, esos planes en el papel son positivos y van en la dirección correcta, pero no tienen el sustento presupuestal requerido, e incluso el propio ministro planteó esa insuficiencia.

Un punto concreto que sí habíamos planteado en comisión y que volvemos a mencionar acá es que todas las formas contractuales que sean necesarias y que cumplan con todos los requerimientos legales son hábiles para avanzar en el despliegue de infraestructuras que realiza y planifica el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esta cartera ahora vuelve a plantear la utilización de los famosos contratos Crema –contratos de rehabilitación y mantenimiento– para las obras en las rutas, que constituyen una herramienta válida y que puede verse como complementaria de los proyectos de participación público-privada o PPP.

En ambos casos las infraestructuras se financian a largo plazo. Por lo tanto, quedan compromisos del Estado que van más allá de los límites del Gobierno –cosa que tiene lógica porque estamos hablando de infraestructuras que tienen una vida útil y una amortización a largo plazo–, pero a diferencia de lo que sí se hacía en relación con las PPP –el Gobierno explicitaba el monto máximo hasta el cual se podía comprometer a las Administraciones posteriores–, en este caso no se hace esa previsión. Por ello creemos que, si bien la herramienta es válida, debería venir acompañada de una explicitación de los compromisos que el Gobierno asume para Administraciones posteriores; me refiero a marcar un límite en ese terreno para la utilización de los contratos Crema. Planteamos el tema en comisión y lo reiteramos acá porque pensamos que puede ayudar a la planificación y a la transparencia del asunto ya que, como se ha dicho en múltiples oportunidades en este recinto, la idea no es endeudar más de la cuenta, y tampoco por esta vía.

Esta es parte de la fundamentación de por qué no acompañamos algunos de los artículos que tienen que ver con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al inciso 11, «Ministerio de Educación y Cultura».

En consideración los artículos 354, 356, 357, 359, 363, 364, 365, 369, 377, 378, 379, 381 y 385.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- De acuerdo con lo que hemos conversado con nuestros coordinadores de bancada y, por las razones que todos conocemos –especialmente el estado de pandemia y otros problemas graves–, voy a adoptar la actitud de tratar de no reiterar cosas que hemos venido diciendo a lo largo de mucho tiempo en interpelaciones, intervenciones especiales, llamados a sala, cuando analizamos la rendición de cuentas, etcétera.

Antes que nada, señora presidente –porque si no me voy a olvidar–, quiero reivindicar la persona de la magíster Edith Moraes, quien fuera subsecretaria de Educación y Cultura después de la lamentable renuncia del sociólogo Fernando Filgueira y de la destitución del maestro Juan Pedro Mir de la Dirección Nacional de Educación. Edith Moraes realmente fue un pilar a lo largo de estos años, de enorme colaboración con los objetivos de fondo de la educación; es una maestra que ha llegado a ser magíster, directora de Educación Primaria en el primer Gobierno frenteamplista, y luego directora general del Consejo de Formación en Educación, y ha colaborado sistemáticamente en el Ministerio de Educación y Cultura para la mejora de la educación. Quería señalarlo al comienzo para no olvidarme.

Señora presidente: no voy a repetir los datos; a esos efectos, me voy a remitir a mi intervención durante el análisis de la rendición de cuentas, cuando utilicé datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y de algunos organismos internacionales a los que el país pertenece. Es decir que desde el arranque aclaro que mi intención no es entrar en la discusión sobre si el tema de los resultados es un relato o no. ¡Ojalá fuera un relato! Yo sería la primera en admitir que realmente estábamos equivocados, pero desgraciadamente los resultados no son buenos en cuanto al nivel académico y al rendimiento de los niños y adolescentes.

Se hicieron cosas buenas –eso nadie lo discute y lo hemos reconocido–, pero el problema es que para llegar a la UTEC, a la Universidad de la República o a poder utilizar el Plan Ceibal en toda su extensión imaginable, lo primero que tienen que saber los chicos que egresan de la educación primaria es leer y escribir, y contar con conocimientos básicos de matemáticas y comprensión lectora. A lo que debe tender la educación en general, pero en especial la primaria, es a aprender a aprender, o sea, dejar de considerar al alumno –hace tiempo que se lo ha dejado de considerar así– como una bolsa receptora de conocimientos, para pasar a verlo al revés, generándole, desde su primera infancia, sus propias condiciones para que, como dije, pueda aprender a aprender.

Por lo tanto, me remito a los datos y quisiera no tener que volver sobre esa discusión porque los datos son datos y las opiniones, opiniones. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa que nos aporta información constantemente, porque lo que me pasa a mí les debe ocurrir a mis colegas senadores: no solamente nos llega el libro editado a final de año o en marzo, sino también reportes mensuales o bimensuales en los que se nos adelantan los estudios que se están haciendo en forma permanente.

Es bueno reconocer cuando nos equivocamos, hacer autocrítica y corregir los errores porque aquí lo que está en juego no es el presente o el futuro de un partido político, sino de la sociedad uruguaya como tal. Acá no debe haber distinciones y si se habla de políticas de Estado para otras cosas, está claro que la educación debe ser una de ellas. Reitero que creo que cuando alguien se equivoca, tendría que reconocerlo.

Soy consciente de que estamos considerando el inciso correspondiente al Ministerio de Educación y Cultura y que algunos aspectos refieren más a la ANEP, pero quiero desmitificar algo. Lo que voy a plantear se discutió en la comisión –lamentablemente no pude estar presente porque coincidió con un asunto familiar muy grave–, donde gran parte del debate se centró en el tema de los recursos, es decir, si se dio el 4,9 %, el 5,1 % o el 6,3 %. ¡Nunca en el Uruguay –excepto en los últimos tiempos– la calidad de la educación, los proyectos de educación o la política educativa estuvieron vinculados a un reclamo previo de un cierto porcentaje del PBI, que además es ondulante! Ese es el problema de tomar como referencia un porcentaje del PBI: cuando el PBI sube tenemos un montón de millones, pero cuando baja tenemos mucho menos. En realidad, nunca se había planteado ese criterio, aunque cada uno lo podrá defender.

Quienes trabajamos en la educación durante muchos años –cuarenta y dos años en la institución ANEP, pero prácticamente toda la vida dedicándonos al tema–, lo hemos hecho en épocas de crisis con buenos resultados. El otro día el presidente del Consejo Directivo Central dijo algo muy importante, y están las estadísticas: cuando tuvimos más alumnado fue durante la crisis del 2001. La verdad es que uno lo vivió en forma directa y recuerdo que los estudiantes desbordaban los salones. Si bien eso no es bueno para algunas cosas, es muy importante que en períodos de crisis la reacción de la población haya sido mandar a sus hijos al sistema educativo. Obviamente, la gente que no pudo pagar más los colegios privados –como dijo el otro día Robert Silva, es un proceso que también está ocurriendo ahora–, volvió a enviar a sus hijos a la educación pública. A esos alumnos los tenemos que recibir con los brazos abiertos y tenemos que tratar de demostrarles que la educación pública en este país siempre fue de mejor calidad. La opción por la educación privada siempre fue una decisión de las familias por problemas confesionales o de otro tipo, pero la verdad es que en el Uruguay el nivel y la calidad de la educación pública nunca estuvieron en discusión. Eso siempre empujó a la educación privada a mejorar su calidad porque tenía que competir con una educación pública de calidad, cosa que desgraciadamente en este momento no se está dando, y reitero que no me refiero a las excepciones.

Vuelvo a decir que para llegar a la UTEC, a la Universidad y a poder aprovechar el Plan Ceibal en toda su extensión imaginable, primero hay que terminar la escuela –y terminarla bien–, así como la educación media básica y la superior. Por eso cuando me hablan de cifras a nivel universitario, me pregunto qué pasó con los siete alumnos, de los diez que empezaron primaria, que quedaron por el camino sin terminar la educación media.

Decía que lo primero que iba a desmitificar es el tema del gasto, que no es un gasto, sino una inversión. Yo no voy a discutir si es el 4,9 % o el 5,1 %. En otras épocas trabajábamos con cuatrocientos o cuatrocientos cincuenta millones de dólares y la verdad es que teníamos mejores resultados; o sea que el gastar más, como en todos los órdenes del Estado, no asegura mejores resultados. Justamente, ayer la consultora Ceres, que es seria, compartió a través de su cuenta de Twitter –yo la sigo– un dato que es el único que voy a mencionar, y espero no tener que volver sobre el tema, aunque cada uno puede decir lo que quiera; que quede claro. «El gasto importa, pero no es excusa. Si se compara a Uruguay con un conjunto de ocho países de características similares, el gasto por estudiante de estos es considerablemente menor y, sin embargo, logran mejores resultados». Comparan a Uruguay –vamos a tomar un caso bien elocuente– con Serbia; todo el mundo sabe cuál es la historia de Serbia y cuál es la historia del Uruguay, pero nos están comparando con Serbia. En Serbia los alumnos que alcanzan el nivel de excelencia representan el 0,6 %, mientras en Uruguay alcanzan el 0,2 %. A su vez, los alumnos que no llegan a los mínimos estándares de suficiencia, en Serbia representan el 53 %, mientras que en Uruguay son el 60 %. El promedio de gasto acumulado por estudiante es de USD 43.063 en Uruguay, donde, según los resultados de las pruebas PISA, tenemos un 0,2 % de excelencia y un 60 % de insuficiencia. En el caso de Serbia se gastan USD 32.505 en promedio por alumno y en las pruebas PISA obtiene un resultado de excelencia del 0,7 % y una insuficiencia del 51 %. Tomé este ejemplo porque me chocó que la comparación fuera con Serbia, no porque tenga nada en contra de ese país, pero todo el mundo conoce su historia cultural y política. Así que no voy a entrar en la discusión porque no van por ahí los resultados.

La que voy a hacer, señora presidente, es pasar directamente a referirme al MEC –obviamente, también me interesa la ANEP–, a efectos de desarrollar un poco más estas cosas.

Señora presidente: me voy a remitir a la comparecencia del Ministerio de Educación y Cultura, la que estudié a pesar de no haber estado presente. Creo que no tengo nada –o muy poco– que agregar; por algo existen las versiones taquigráficas en las comisiones y por algo existen las comparecencias. Todos podemos asistir aunque no las integremos; siempre agradezco a los colegas porque no integro esa comisión.

Una de las cosas que voy a destacar –una de las pocas porque, reitero, me remito a las intervenciones de las autoridades de las distintas áreas del ministerio– es uno de los primeros conceptos estratégicos de este ministerio, que es la gestión con una visión integral, con objetivos estratégicos comunes. Además, el ministro dio una imagen clara porque vino con el presidente del Consejo Directivo Central, cosa que no sucedía nunca, porque venía el MEC y después, cuando le correspondía, venía la ANEP. El señor ministro Da Silveira dijo: «tenemos una voluntad expresa de coordinar entre el Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP. Eso se da en el marco del estricto respeto de la autonomía. Somos un Gobierno escrupulosamente respetuoso de los límites autonómicos».

Destaco el Plan Ceibal. Yo fui muy mal criticada por una frase que se utilizó en la campaña electoral del 2014 –sé qué partido político lo hizo, pero no lo voy a mencionar para no generar ningún tipo de enfrentamiento político ni de alusiones–, que fue sacada de contexto, como se hace siempre. Lo que critiqué fue la implementación y que los docentes hubieran estado al margen del plan. Yo estaba en el Codicén cuando se implementó, y no quiero repetir –consta en las actas del Consejo Directivo Central– por qué se excluyó a los docentes, especialmente a los maestros, de la implementación del Plan Ceibal. Sí rescato, junto con el ministro, que por primera vez desde que existe, se está compartiendo su base de datos con la ANEP. En consecuencia, quiero dejar claro todo esto.

Veo que se prendió la luz. ¿Puedo pedir unos minutos más?

SEÑORA PRESIDENTA.- Son quince minutos.

SEÑORA BIANCHI.- Perfecto.

También quiero dejar claro lo que significó el desarrollo de la institucionalización, en estos pocos meses, de la Dirección Nacional de Cultura, que entendemos que es muy importante porque realmente vivimos períodos en el que ese proceso no existía.

La política del ministerio respecto al control y la eficiencia del gasto y la eliminación de las horas docentes como forma de remuneración –porque daba lugar a mucha discrecionalidad–, en gran parte explican los resultados que se van a obtener porque si gastamos mejor, no es un recorte sino eficiencia.

Cabe destacar la eliminación de los Centros MEC; me remito a las veces que hice interpelaciones y llamados a comisión a la señora ministra por este tema, no porque fueran malos en sí mismos, sino por la absoluta discrecionalidad con que se manejaban los fondos.

Por lo tanto, señora presidente, reitero que gracias a lo que hemos acordado por razones de economía procesal, me remito al resto de lo afirmado por el ministro y me gustaría que con esto, de mi parte, estuviera todo explicado, fundamentalmente con las autoridades.

Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: en primer lugar, dado que ayer sobre el final se fue muy rápido, quiero hacer referencia, para que quede constancia en la versión taquigráfica, al tema del Poder Judicial.

Quiero saludar a la señora presidenta, a la bancada bicameral femenina y al Cuerpo –que de alguna forma acompañó– por haberse eliminado el artículo 510. Me parece que había que mencionarlo. Las mujeres conocemos, por lo menos en el papel, las dificultades económicas y jurídicas –aunque hay otra biblioteca, como siempre–, y por eso nos sentimos muy gratificadas por lo hecho.

Me voy a referir específicamente al inciso 11, «Ministerio de Educación y Cultura», en el entendido de que lo referido a la ANEP se va a tratar posteriormente. El proyecto enviado y el que estamos tratando asigna recursos crecientes en el período 2021-2024, pero resultan 12 % inferiores a lo asignado en el 2019. Además, esos recursos tampoco son nuevos; por más que se adicionan dos artículos referidos al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, esos recursos se financiarán con créditos asignados a otros incisos de la Administración central. La asignación presupuestal resulta 14 % menor a la del 2019 en el 2021, y 16 % menor en el 2024. Lo correspondiente a remuneraciones cae un 8 % –299:000.000– en el 2021 y 19 % en el 2024, y evidentemente, aparte de lo previsto, está en juego lo que va a significar para todos el artículo 4.º, que todavía no ha sido puesto en consideración.

Se suprimen los Centros MEC. En este sentido, podemos tener muy diferentes opiniones, pero lo que viví, por lo menos en mi departamento, es que eran herramientas de descentralización, porque localidades muy lejanas de la capital contaban con sus Centros MEC a los que podían recurrir, tanto jóvenes, como mayores con sus tabletas Ibirapitá. La tarea en estos centros no se limitaba solo a instruir en materia tecnológica, sino que también tenían proyectos e iniciativas que se pudieron llevar adelante. Ahora van a ser sustituidos por centros, que estarán ubicados en una localidad, lo que implica que habrá uno por departamento. A este respecto, nos preguntamos si esto significará un avance o un retroceso en cuanto a la presencia en el territorio y al contacto con la gente. Tenemos muchas dudas de que este cambio realmente sea para bien.

Con respecto a los gastos de funcionamiento hay una caída en las asignaciones de 2021 respecto a la de 2019. Se reduce en un 25 % la asignación de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, mismo porcentaje que se aplica a la Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento; un 30 % a la Dirección General de Registros, y un 26 % al Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional. El rubro gastos de funcionamiento también muestra una caída de los montos destinados a otros ámbitos, como pueden ser las becas.

Me voy a referir a cada artículo. Hay temas que nos generaron dudas, por lo que no los vamos a acompañar. Es lo que sucede, por ejemplo, en lo que respecta al Flacso, que también cambia.

Por el artículo 365 se ponen en funcionamiento los institutos artísticos, pero son cargos de confianza. Hay otros ámbitos de esta área para los que este proyecto de presupuesto también dispone cargos de confianza, y no entendemos por qué deben tener ese carácter.

Con respecto a la disposición referente a los museos, por la que se autoriza el cobro de un tique, debemos decir que el dinero recaudado no se destinará a ellos, por más que un senador en la comisión planteó que debería tener ese destino. Ello no se concretó en los artículos sustitutivos, por lo que un 50 % de lo recaudado irá a rentas generales y el otro 50 % al ministerio.

En cuanto a los premios a la labor literaria –lo hablamos con la responsable del área de cultura–, que hasta hoy tenían un formato según el cual se asignaban veinte para éditos, veinte para inéditos en diferentes áreas como, por ejemplo, poesía, narrativa, dramaturgia, ensayos, etcétera, ahora se limita y, a su vez, la redacción de la disposición no es demasiado clara.

Al Programa de Investigación Antropo Arqueológica y Desarrollo se le agrega el Observatorio Astronómico Los Molinos con un monto similar al que tenía. Realmente no sabemos cómo va a poder trabajar cuando se le agrega una función más y con el mismo monto.

Me quedaría por aquí y cedería el resto del tiempo de que dispongo al señor senador Mahía, que creo que también quería hacer una introducción.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MAHÍA.-Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Gracias presidenta y compañera senadora.

En primer lugar, quiero señalar lo que a nuestro entender sucede en este inciso, que está en línea con la definición general de este presupuesto nacional, que es un presupuesto de recorte; lo vemos en este inciso que es, ni más ni menos, que el correspondiente al Ministerio de Educación y Cultura. En este recorte, además, están algunos órganos del Estado que son de particular significación, como los vinculados a la ciencia, la cultura y la educación.

A su vez quiero hacer referencia a que, en momentos en que hay una crisis instalada desde el punto de vista económico y social –que es cuando la sociedad requiere una mayor y mejor presencia del Estado, particularmente en estas áreas–, se vuelve más difícil entender y asimilar por parte del pueblo uruguayo cómo en ellas, específicamente, los recursos disminuyen y, con ello, el impacto de las buenas políticas.

En este sentido, vemos que una parte importante de la sociedad uruguaya, que optaba por otras vías educativas en la formación de sus hijos o de sus familiares directos, ahora, por razones económicas, va a pasar inevitablemente a optar –en este caso no será una opción, sino una necesidad– por los servicios públicos educativos. Nuestra preocupación radica en la contracción de los recursos porque, en el momento de mayor demanda, habrá restricciones.

En segundo término, quiero mencionar algunas cuestiones que me parecen importantes de este inciso 11 –así se determina en el proyecto de ley de presupuesto–, que refieren a lo que analizamos en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda cuando comparecieron el ministro y su equipo. Inevitablemente, por un lado están las competencias asignadas al Ministerio de Educación y Cultura y, por otro, las competencias asignadas a la ANEP. En este sentido, por ejemplo, no compartimos y lamentamos que en un área tan estratégica como es la primera infancia no se decida hacer una política de Estado como la que venía desarrollándose en años anteriores y que se va a discontinuar. Me refiero a la cobertura, en este caso, de los niños de tres años, para los que se había optado por la modalidad educativa de incluirlos, a través de la ANEP, en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, donde hay un determinado modelo educativo que, efectivamente, significó y significa un avance sustancial para las generaciones futuras. Toda investigación científica seria demuestra con rigurosidad que es cada vez más importante para el desarrollo de las personas trabajar, incidir, mejorar y avanzar en la formación en los primeros años de vida. Actualmente, ese campo de la ciencia ha determinado la importancia que tiene, como no se veía en otras épocas. Esto debería estar acompañado de políticas públicas adecuadas.

Lo que ha quedado demostrado es que no se va a completar –reitero: no se va a completar– la universalidad de la cobertura de los niños de tres años en este período de gobierno. ¿Por qué? Por decisión de las autoridades. Lo que está en la propuesta en materia presupuestal fue dicho, no solo por quien habla, sino por las propias autoridades. Insisto: con la sanción de la Ley de Urgente Consideración este tema quedó entre dos aguas: por un lado, la cobertura clásica que hacen los CAIF y, por otro, la cobertura que acabo de señalar, que hace la ANEP a través de primaria. En ese sentido, la cobertura se va a discontinuar. ¿Y cuál fue la respuesta de una de las autoridades, que no voy a citar porque no está en sala, naturalmente? Fue que no había mandato legal de ir hasta la universalidad de tres años. ¡Claro!, no todas las políticas públicas se concretan a través de una obligación legal; puede haber iniciativas de gobierno, como lo han sido, por ejemplo, la cobertura de cinco años, también la de cuatro años –que se completó en forma universal en todo el Uruguay–, y la de tres años, que en la Administración del Frente Amplio se llevó al 75 %. Es decir, no estamos partiendo de cero, sino que estamos solicitando el empujón final y que se vaya por una modalidad que ha demostrado éxito y resultados educativos, y cuyo efecto no se ve necesariamente en su totalidad en el tiempo inmediato. Se ve a lo largo de la trayectoria educativa y a lo largo de la trayectoria de vida de las personas. Y eso, insisto, ha sido discontinuado, se interrumpe y es consecuencia directa de la aplicación de este presupuesto.

El segundo aspecto refiere a la formación docente. En cuanto a este tema, hay una propuesta a lo largo de esta presentación, que viene de la ley con declaratoria de urgente consideración, pero también está en este presupuesto. Esto ha sido parte del debate cuando estuvo el señor ministro de Educación y Cultura y tiene que ver con la necesidad de mejorar la calidad educativa en el Uruguay, por supuesto, una de cuyas herramientas fundamentales es la formación docente. Para ello, obviamente, Uruguay tiene un acumulado histórico que viene de largo tiempo atrás, desde el inicio del magisterio, desde la creación del IPA, desde la Facultad de Humanidades, y esa dicotomía que hasta el día de hoy no logramos salvar como país entre la creación, por llamarlo de alguna manera, de Vaz Ferreira y de Grompone, que nunca logró una síntesis en una sola institución u órgano del Estado. El sueño de alguno de nosotros ha sido y es que la formación docente, que el profesor, el maestro, alcance el título universitario, y que a quien hoy, por ejemplo, en el mundo, le toca ejercer la docencia por circunstancias de la vida en otro país, pueda tener esa reválida naturalmente como la tienen otras profesiones. Sin embargo, acá no es posible. Nuestra modalidad no era ni es la solución propuesta por esta Administración, por este Gobierno, que pasaría –todavía no se sabe cómo, todavía no se ha dicho cómo, todavía no está demostrado cómo– por una respuesta administrativa, esto es, una comisión dependiente del Ministerio de Educación y Cultura que analizaría carrera por carrera y determinaría si existe la opción de tener y alcanzar el título universitario. El título universitario no es solo tener la chapa, sino la acreditación de los conocimientos; ese título tiene que expresar una formación, una forma de, digamos, composición de carrera. Para ello hemos defendido, defendemos y seguimos defendiendo la posibilidad de la existencia de una universidad de la educación. Creemos que lograr una universidad de la educación es la forma más genuina, más sana de ir hacia una titulación universal de todas las maestras, educadores sociales y profesores, con el grado que ello implica. Vemos la necesidad del Uruguay de tener un sistema universitario como el de la Universidad de la República primero y el de la UTEC luego –promoción e iniciativa de nuestro Gobierno, por suerte acompañada por todos los partidos–, pero nos quedamos ahí.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–No sé si tiene más tiempo la señora senadora.

SEÑORA PRESIDENTA.- No.

SEÑOR MAHÍA.- Bueno, cuando me toque hablaré, entonces.

SEÑORA PRESIDENTA.- No, era su tiempo, señor senador. Ya le concedí quince minutos a usted.

(Dialogados).

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 2 de diciembre de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, desde el 2 hasta el 3 de diciembre de 2020.

Sin otro particular, la saludo a usted muy atentamente.

Sandra Lazo. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Manuela Mutti, Gabriel Frugoni, Eneida de León, Yamandú Orsi, Sebastián Sabini, Marcos Otheguy, Lucía Etcheverry y Daniel Caggiani han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela Barrera, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

8) PRESUPUESTO NACIONAL, EJERCICIO 2020-2024

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión del tema en consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos que habíamos puesto a consideración, correspondientes al inciso 11, «Ministerio de Educación y Cultura».

(Se vota).

–18 en 26. Afirmativa.

Pasamos al inciso 12, «Ministerio de Salud Pública».

En consideración los artículos 389, 390, 391, 397, 399, 400, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 –sacamos el 416 porque hay un sustitutivo–, 417, 418 y 421.

Solo para que los señores senadores lo identifiquen, aclaro que el artículo 416 está en la hoja n.° 44 del repartido.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Voy a mencionar brevemente algo que adelanté en la discusión general.

Al referirnos al inciso 12, «Ministerio de Salud Pública», aludimos a un asunto que tuvo gran incidencia o, mejor dicho, mucho trabajo en el Parlamento durante el período pasado. Sobre ese inciso específico quiero reiterar lo que señalé en la comisión. No es que uno pretenda hacer uso de la palabra en todos los temas, sino solo en aquellos sobre los que siente la necesidad de formular un comentario político debido al impacto de algunos debates de alta sensibilidad.

Quiero referirme, en este caso, a los denominados medicamentos de alto costo. ¡Vaya si este tema tuvo tratamiento en el período parlamentario pasado! Es un asunto que, por supuesto, tiene aristas médicas, sociales, éticas y comerciales. Recién desde el 2007, después de creado el Sistema Nacional Integrado de Salud, a través del Fondo Nacional de Recursos como órgano desconcentrado, Uruguay comienza a suministrar estos medicamentos a través del Formulario Terapéutico de Medicamentos. De acuerdo con este formulario, a cada enfermedad le corresponde taxativamente una droga previamente definida y financiada por el aporte mensual que todos los habitantes realizamos. Anteriormente, estos medicamentos nunca habían sido suministrados. Es decir, cuando se hacía un juzgamiento tan pero tan duro, se partía de la realidad de que la cantidad de recursos era insuficiente, pero no se admitía –por aquello de la autocrítica– que al momento de llevar adelante políticas públicas en esta materia no había asignación de recursos.

Cabe agregar que el abordaje que está haciendo ahora el ministro de Salud Pública –lo dijimos en comisión– se condice y va en línea con lo que desarrolló el Frente Amplio durante sus Administraciones. Es decir, tiene una mirada seria, que trata con rigurosidad un tema de alta sensibilidad, sobre todo para aquellas personas que se ven a sí mismas, a familiares o a amigos directos en las situaciones que abarcan estas cuestiones. Por eso, lamentamos que en esta propuesta de presupuesto no exista ningún aumento para su cobertura. ¡Ninguno!

Insisto: mientras se señalaba la insuficiencia en esta materia por parte de la Administración del Frente Amplio, teniendo ahora la oportunidad de llevar adelante lo que se dijo en su momento, ello no tiene el correlato ni la consecuencia en una decisión de gobierno.

Las cifras de 2019 indican que el 59 % de estos gastos en el Ministerio de Salud Pública fue captado por las acciones de amparo y los medicamentos que se aceptó dar, pero ahora no hay ninguna previsión de aumento, como dije recién.

En 2015, el hoy presidente de la Cámara de Representantes decía: «Pero al paciente que está desamparado no le podemos decir que no entra en los números de un presupuesto y que lamentablemente se va a quedar sin su tratamiento». Me pregunto, ¿dónde quedan estas expresiones que se les decían a los pacientes en esa época? ¡No hay un peso más! Este es un presupuesto; era la oportunidad para hacer lo que se decía, y si se hubiera llamado a las autoridades se hubiera podido cambiar y mejorar. Sin embargo, una cosa es lo que se dijo que se iba a hacer cuando se estaba en la oposición y otra es la que se está haciendo ahora.

Para nosotros, el abordaje que el actual ministro está llevando adelante en este tema va, insisto, en la línea de tratar con rigurosidad un asunto de alta delicadeza, y queda claro que en materia de salud, para este tema, el presupuesto no refleja los compromisos y los señalamientos que había en el pasado.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Quiero mencionar un tema que trata este inciso, que es la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, pero antes me gustaría hacer, simplemente, una reflexión con respecto a lo que planteaba el señor senador Mahía, no solo en lo que refiere a los medicamentos de alto costo, sino a recursos adicionales en general, porque no los hay para ninguna de las políticas. Por esto no vamos a votar los artículos de la Dirección General de Fiscalización, porque lo único que hace es otorgar recursos y desnudar, por decirlo de alguna manera, otras tareas esenciales de la salud pública.

Pero, particularmente con respecto a la agencia, queremos decir que no la vamos a votar porque consideramos que tiene tres problemas importantes, más allá de las idas y venidas que han tenido el proyecto original y el posterior.

El primer problema que tiene es la independencia. En tal sentido, podemos decir que el proyecto fue de mal en peor, porque en el texto original eran cinco los ministerios que regulaban la comisión administradora, y en la Cámara de Representantes propusimos un aditivo para que ingresaran, además, la Udelar y la sociedad civil; sin embargo, ahora se quitó ese artículo y quedan el ministro de Salud Pública, un gerente general y dos gerentes de área, técnicos y administrativos. O sea, es una dirección absolutamente ministerial. A esto se suma que en la Cámara de Representantes propusimos que los gerentes ingresaran por llamado, pero el planteo no fue tomado en cuenta. Hay una falta de independencia técnica que, si bien se superó al sacar el artículo 396, que establecía que los dictámenes técnicos tenían que ser avalados por el ministerio, se empeoró luego en el artículo referido a la conducción.

Con respecto al segundo problema, cuando el ministro vino a presentar la agencia en la instancia del tratamiento de la LUC –momento en el cual acordamos un proceso hacia la instancia presupuestal sobre este tema–, dijo que se iba a alinear con experiencias internacionales. Claramente esto no es así; la OPS ha mostrado que, de acuerdo con la experiencia internacional, lo mejor es contar con una agencia de evaluación y regulación.

El tercer problema es que nosotros teníamos expectativas; esperábamos una agencia de regulación en la que se certificaran los medicamentos, porque eso le daría un peso mayor a la industria nacional, debido a que una vez que los medicamentos estuvieran certificados por una agencia reguladora, tendrían mayor capacidad de expandirse al mercado internacional. Como todos sabemos, Uruguay ha expandido mucho sus exportaciones de medicamentos; de los rubros no tradicionales es uno de los primeros. La industria nacional apostó mucho a esta idea que venía de la agencia reguladora.

Por estas tres razones, es decir, por las idas y venidas que ha tenido el tema, por la importancia que tiene y porque nos parece que falta claridad estratégica en la gestión interna de la agencia, es que no la vamos a votar. Si bien sabemos que se va a aprobar, proponemos que se voten hoy los recursos económicos y se pase a una instancia en la que podamos discutir con más tranquilidad y especificidad la idea original de la LUC, que era la Agencia de Evaluación y Regulación de Medicamentos.

Muchas gracias.

SEÑORA SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA SANGUINETTI.- Gracias, señora presidenta.

Nosotros discrepamos de la postura del senador preopinante, porque entendemos que este es un primer paso; no nos hubiera gustado un paso más audaz.

Entendemos que en esta ley estamos dotando de recursos a la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias para que cumpla una importante función: orientar con evidencia científica el impacto económico y social, para que los tomadores de decisiones puedan elegir en cada caso la tecnología más adecuada y su cobertura.

Estamos conformes con la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que es parte de las propuestas que planteábamos en nuestro programa de gobierno, aunque lamentamos que haya quedado por el camino que esta agencia sanitaria cubriera –también con independencia una de la otra– la fundamental garantía que debe darse a la población con respecto a la vigilancia sanitaria.

En 1906 se creó en Estados Unidos la FDA, la primera agencia de vigilancia sanitaria, en el entendido de que se debía dar a la población garantías de calidad, seguridad y eficacia de los productos que afectan su salud. En el correr del siglo el mundo fue tomando similar camino, se fueron definiendo estándares en su forma de trabajar para asegurar el alineamiento y la actualización con las evidencias científicas.

En 2014 la Asamblea Mundial de la Salud resolvió que, dada la importancia de un efectivo sistema de vigilancia en el resultado de salud de la población, iba a apoyar a todos los países a certificar sus agencias, algunas denominadas regulatorias, corrigiendo los elementos que no den las garantías necesarias. Así es que hoy podemos ver en la publicación de la OMS/OPS que en América hay veintiséis agencias en proceso de certificación, ocho de ellas de referencia. Uruguay no está entre las agencias de referencia, pero tampoco está en las evaluadas, pues no cumple con uno de los requisitos básicos de una agencia regulatoria, que es el de ejercer sus funciones de forma competente e independiente y con poder para hacer cumplir sus resoluciones. Entiendo que no se han hecho esfuerzos en los últimos años en este sentido.

Desde el 22 de enero en adelante he participado de muchas reuniones sobre este tema con nuestros técnicos y me pregunto cómo en Uruguay, con un sistema de salud del que nos sentimos muy orgullosos, hemos dejado de lado la actualización sobre la vigilancia de los productos. Creemos que nos hemos acostumbrado y ya no nos sorprendemos al ver que los profesionales de la salud manifiesten sus dudas, en el consultorio o públicamente, sobre una marca de medicamento aprobado, o que se usen otros fuera de sus indicaciones, sin tener en cuenta contraindicaciones o advertencias, pues no confían en cómo han sido aprobado. No consideramos que sea un problema de quienes cumplen la función dentro del Ministerio de Salud Pública, sino de que no les hemos dado la organización y el respaldo para que hagan cumplir adecuadamente lo que se les encomienda.

En estos días hemos visto la importancia de una agencia empoderada cuando en el mundo se desarrollan vacunas para el coronavirus y todos esperamos que se mantengan en una rigurosa evaluación de las evidencias, resistiendo la fuerte, fuertísima presión de los Gobiernos para aprobarlas.

Durante los meses de este año se han propuesto distintas formulaciones para la agencia sanitaria que se está creando, hasta llegar a la que vino en la ley de presupuesto. Coincidentemente con nuestra propuesta, la formulación que llegó venía con dos direcciones, una de vigilancia y otra de evaluación de tecnologías, combinando las dos agencias sanitarias, independiente una de otra aunque complementarias, organización más eficiente que evita duplicación de algunas funciones y que ya otros países han implementado así. Esta propuesta no llegó a mantenerse pues no hubo acuerdo en el formato que se proponía.

La creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que estamos aprobando es un paso. Nosotros lo entendemos como un paso importante para orientar con evidencia científica, considerando diversos aspectos sanitarios, éticos y económicos, entre otros, sobre las diversas tecnologías que se ofrecen, de modo que los profesionales de la salud puedan elegir la manera más adecuada.

En el futuro vamos a estar proponiendo modificaciones a la agencia sanitaria que se está creando para que también sea de vigilancia sanitaria y con independencia de la evaluación de tecnologías. Propondremos que cumpla los estándares internacionales para que los uruguayos tengamos las garantías de que los productos que consumimos y que afectan nuestra salud tengan la calidad, seguridad y eficacia, basados en la evidencia que la comunidad científica internacional comparte. También sabemos la importancia de contar con una autoridad certificada como de referencia regional para la industria exportadora, de modo que sean reconocidas sus habilitaciones.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Señora presidenta: como bien decía la senadora Sanguinetti, compartimos plenamente este primer paso que se ha logrado luego de tanto tiempo. A partir de este presupuesto y de este nuevo Gobierno se va a crear esta agencia de evaluación. Es un primer paso, que no está completo; iremos por más. No nos dieron los tiempos en el presupuesto, aunque se propusieron algunas modificaciones y mejoras. Pero es algo que no existía y que, por suerte, de ahora en adelante va a existir con este nuevo Gobierno, que se compromete con la salud pública.

Estamos muy contentos con la actitud que viene teniendo el Ministerio de Salud Pública, que ha hecho un trabajo denodado en esta pandemia, con la protocolización de las distintas actividades, y se ha encontrado en una situación totalmente inesperada a pocos días de asumir. Por lo tanto, resaltamos la tarea que vienen llevando adelante.

Asimismo, estamos muy conformes con algo que se venía solicitando desde hacía mucho tiempo: la creación de la Dirección General de Fiscalización, para fiscalizar y controlar, con el Ministerio de Salud Pública como eje rector de todo lo que tiene que ver con la salud. Había solo trece inspectores y ahora la idea es que haya cincuenta fiscalizadores y que se cree esta dirección general, pero no contratando más personas, sino relocalizando los funcionarios que se tienen.

Con respecto a los medicamentos de alto costo, queremos dar tranquilidad y certeza de que nos vamos a hacer cargo. Lo que claramente no vamos a hacer son excepciones, como se hicieron en los Gobiernos anteriores, que a unos les decían que sí y a otros que no. No va a haber doble vara, se va a medir con una sola. No vamos a incluir los medicamentos en el listado el día antes de irse el Gobierno, un 28 de febrero. El Gobierno anterior, el 28 de febrero, incluyó en el Fondo Nacional de Recursos tres medicamentos al listado de medicamentos de alto costo. No lo vamos a hacer. Vamos a tratar este tema de manera responsable, porque es algo muy sensible, que toca muy de cerca a quienes lo necesitan. Esas cosas no se hacen y nosotros no vamos a hacerlas.

También vamos a trabajar de manera transparente en lo que respecta a las actas de evaluación de medicamentos; vamos a transparentar esas actas, cosa que lamentablemente tampoco sucedía. Como he dicho, es un tema muy sensible, muy delicado y lo vamos a tratar con seriedad, con celeridad y con transparencia, pero por sobre todas las cosas, nos vamos a hacer cargo. Que no quepa ninguna duda.

Estamos tranquilos y respaldamos al ministerio en todo su accionar.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MANINI RÍOS.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR NIFFOURI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Manini Ríos.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Simplemente quiero hacer dos valoraciones sobre la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

Indudablemente, creo que no cabe la expresión que se ha manejado de falta de claridad estratégica, sino que hay que verlo como un paso adelante. Como bien dijo la senadora Sanguinetti, seguramente esto va a ameritar que en el futuro se legisle para mejorar lo que hoy se vota, pero creo que es un paso significativo en la materia.

El otro tema es el de los medicamentos de alto costo. Creo que si hay un tema en el cual la oposición no puede decir nada es justamente ese. Para nosotros ha sido mal manejado durante mucho tiempo y ha llevado a mucha gente, como último o único recurso, a hacerle un juicio al Estado para acceder a esos medicamentos, aunque muchas veces la sentencia llegaba tarde, porque la persona ya había padecido las consecuencias de la enfermedad.

Como dijo el señor senador Niffouri, nos vamos a hacer cargo de cambiar esa realidad, de prever las compras de acuerdo con los consumos estadísticos, para que los precios no sean disparatados. Además, en este presupuesto se va a proponer un aditivo –que figura en la hoja n.° 51 y se va a votar cuando se trate la sección VII–, que va a dar algún mecanismo de financiación para mejorar la capacidad del Estado de dar respuesta a eso que es tan sensible para tantos uruguayos.

Era lo que quería agregar, señora presidenta.

Muchas gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- No quería entrar en este tema de la financiación de los medicamentos monoclonales, pero el archivo del Gobierno no lo resiste. Si uno repasa la versión taquigráfica de la discusión que tuvimos en el 2015, se hablaba de que había que elegir entre la vida y la muerte por filosofía y que había que financiar todo. ¡Todo! Es más, se presentaban aditivos que decían que había que financiar todo. Tengo los textos. Puedo dar los nombres; algunos son integrantes del Poder Ejecutivo hoy y ministros. No es lo que viene en el presupuesto. Entonces, «hacerse cargo» es hacerse cargo de los que hicieron campaña en las redes colocando fotos de los que votamos un mecanismo que es el mismo que hay hoy, diciendo «acá están los que votan que la gente muera de cáncer».

Todos los especialistas oncológicos –¡todos!– dicen que Uruguay tiene la mejor cobertura de América Latina en medicamentos monoclonales. Solamente Inglaterra intentó, con una tasa impositiva del 1 % y después del 2 %, financiar todos los medicamentos monoclonales, y a los dos años tuvo que cambiar, porque era imposible. La industria farmacéutica, que se mueve con los intereses con los que se mueve, que tiene las formas que tiene de probar científicamente sus medicamentos, generó condiciones de colapso desde el punto de vista económico.

No vamos a hacer lo mismo, porque esa es una forma de hacer política que es del fango. Pero en el 2006 se empezaron a cubrir los medicamentos monoclonales en Uruguay para los tratamientos paliativos de la metástasis. Y quedó demostrado, cuando vinieron los oncólogos a la comisión, que necesitábamos USD 600:000.000. ¿Puede hacer eso el Gobierno? ¡No!, y tampoco la oposición se lo puede reclamar. ¿Puedo decir por qué no cubre esa inversión para una parte de la salud que usa menos del 1 %? No, porque se plantea un dilema que estrangula. ¿Puedo suponer, entonces, que si no existe ese nivel de cobertura es que no les importan las condiciones de vida o el tiempo de vida por las metástasis que tenga la persona? Cualquiera de nosotros que tuviera un pariente en esa situación haría lo que sea. La familia lo quiere ya, y no le importa si el costo lo puede soportar el sistema de salud o no. ¡Ese es el problema! Pero nos conviene a todos sacar la discusión de ahí. ¿Tiene banderas este problema? No, no las tiene. ¿Podemos enfrentar solos a la corporación farmacéutica mundial con el aditivo que se presenta ahora? Lo quisiera ver. De manera que vamos a votar este aditivo, pero teniendo claro todo esto.

En cuanto a políticas de salud y en términos de recursos, lo que precisamos para prevenir estas enfermedades son algunos estudios que muestran una predisposición al cáncer al nacer, que salen mucho menos y son para todo el mundo. Todo es vida, pero no tenemos un cuerno de donde sacar plata. Y como los recursos son finitos, este problema no lo pudo resolver el Gobierno anterior, no lo va a poder resolver este ni ningún Gobierno del mundo hasta que no se logre una organización de la salud que ubique la producción de medicamentos en función de la vida y no en función del lucro de multinacionales. Pero estamos lejos de ese tipo de sociedad todavía, aun en áreas de esa sensibilidad.

Entonces, no vamos a caer en lo que se dijo en el 2015; tampoco vamos a decir –porque sabemos que no hay financiamiento infinito– que no les importa la situación de los familiares de gente que está en la última lona. No lo vamos a hacer, pero se hizo. Errores en la gestión puede haber habido, pero errores en la gestión no es igual a que a los senadores que están acá les dé lo mismo. Entonces, valoremos lo que hay. Este Gobierno hereda la mejor cobertura en medicamentos monoclonales de toda América Latina. ¡Ojalá la supere y haga mejor las cosas, porque hay cosas para hacer mejor! Y en todo lo que sea para hacer mejor las cosas, van a encontrar respaldo. En este tema sabemos que no hay competencia de sensibilidades; no se trata de que a uno le importe más o a otro menos. Pero también sabemos que la tasa de crecimiento de esa rama farmacéutica es del 12 %, más del doble del resto. Y el problema es que todos los días hay promociones de nuevos medicamentos mágicos y gente desesperada. En esa sensibilidad no se puede acumular políticamente. No lo vamos a hacer, pero no nos lleven a esa cancha.

Gracias, presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos que habíamos mencionado, recordando que el artículo 416 tiene un sustitutivo.

(Se vota).

–17 en 25. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 416 como viene de comisión.

(Se vota).

–0 en 26. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 416 sustitutivo.

(Se vota).

–18 en 26. Afirmativa.

Pasamos al inciso 13, «Ministerio de Trabajo y Seguridad Social».

En consideración los artículos 425, 426, 427, 428, 434, 435 y 437.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.-Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: creo que respecto al papel y a la centralidad del trabajo para atender circunstancias de crisis, es donde tenemos una de las polémicas más interesantes, y ojalá logremos construir acuerdos a mediano y largo plazo.

Me parece que en la mirada actual –como lo decía ayer el senador Olesker– prima sobre el trabajo un concepto de competitividad a la baja, que establece la lógica del salario como costo. Esto se expresa en un momento de caída muy fuerte de los salarios y de ausencia de medidas que ubiquen el trabajo de calidad como elemento principal. Somos de los que creen que un país del tamaño del Uruguay solamente puede avanzar sobre la base de un concepto de competitividad sistémico, esto es, incorporando alta calidad en lo que se produce, y esto requiere un conjunto de esfuerzos en materia de formación profesional, en materia de la calidad de las relaciones laborales, en materia de reglas de juego previsibles.

En la discusión con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hicimos notar esta preocupación por reglas de juego previsibles, y no solo las nacidas en los períodos del Gobierno del Frente Amplio, sino también en períodos anteriores. Este articulado –que vamos a votar en contra–, entre otras cosas deroga, cambia, modifica, una norma del 1992, que tuvo como intención combatir el flagelo de la informalidad laboral. En realidad, si uno busca en las versiones taquigráficas el origen de la norma ve que tenía un doble propósito: combatir la informalidad laboral y también, en ese proceso de regularización, atender un ajuste de salarios del mes de marzo de 1992. Aquí tengo la exposición de motivos y la versión taquigráfica.

Pero imaginemos el tamaño de la señal que estamos dando cuando decimos que el trabajo es central, pero a la empresa que no solamente incumpla obligaciones de seguridad social, sino que también falsifique documentación –es decir, que cometa dolo y presente documentación falsa– la vamos a tratar mejor. Eso es lo que dice el proyecto de ley: que le vamos a bajar las multas. Si un trabajador denuncia y la empresa tenía equis cantidad de multas, ahora va a tener la mitad. Estamos hablando de una norma de 1992, del Gobierno del Partido Nacional, no de las normas o de los procedimientos que se modificaron en los Gobiernos frenteamplistas.

El Banco de Previsión Social –ustedes lo saben– decidió por sí y ante sí dejar de controlar los laudos laborales y también decidió que el plazo de prescripción por incumplir las obligaciones de seguridad social se reduce a la mitad. No me voy a meter en esto, pero es una trenza que parece una invitación a que se incremente un fenómeno.

Parte de esto lo dijimos en la discusión general. Nadie que no sea perezoso en ir a buscar los datos del INE y cliquear dos veces puede asombrarse con los 400.000 trabajadores en la informalidad, en su inmensa mayoría cuentapropistas, con o sin local. Ahí se ubica el grueso de quienes no están registrados en la seguridad social, y ese es un desafío que tenemos desde el punto de vista político.

Pero en la historia de la informalidad laboral Uruguay tiene un proceso; y ni hablar América Latina, con países que superan tasas del 70 % u 80 %. Muchas veces nos comparamos en distintos temas con el resto de América Latina; si miramos la informalidad, Uruguay no pudo bajarla en contextos de crecimiento, sino que la aumentó. De hecho, la informalidad laboral que había en 1985 era menor que la de 1990, y la de 1990 menor que la de 1999; cuando vino la crisis, creció hasta el 40 %, pero ya estaba en un 38 % en el 2000, antes de la crisis económica.

Tenemos sobre la mesa políticas de trabajo que no tienen elementos centrales con respecto a una estrategia de competitividad al alta, o sea, no hay medidas que tengan que ver con la formación profesional. ¡Ni hablar que en lo que respecta a este artículo no pudieron dar ni una sola explicación el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ni el Inefop acerca de la suspensión de 8783 becas de los programas Compromiso Educativo y Uruguay Estudia, a pesar de la opinión contraria de la ANEP actual, no la anterior! Cuando fuimos a consultar a sus autoridades para ver qué opinión tenían sobre la suspensión de estas becas, nos manifestaron que su sorpresa era mayor que la nuestra y que habían tenido que explicar la suspensión, sin ninguna evaluación, de casi 9000 becas. Hasta ahora tampoco hemos encontrado una explicación en sala –esperamos encontrarla– sobre cuáles fueron los motivos para dejar a 9000 estudiantes sin becas. Lo que sí sabemos es que cuando la delegación del ministerio vino a la comisión, nos dio un motivo equivocado, puesto que se refirió a una evaluación que habían realizado la OPP y el Ineed en 2015 cuyo resultado fue positivo en el sentido de que debían sostenerse esos programas, que fueron recortados.

Nuestra crítica es la siguiente: en una situación de crisis como esta, la ampliación de la cobertura social, el diálogo, la negociación y las políticas laborales que protejan al trabajo deberían ser mayores. Sin embargo, el BPS deja de fiscalizar.

Con esta ley presupuestal estamos votando un retroceso –repito– con respecto a una ley del Partido Nacional, no del Frente Amplio, que establecía que el empresario que presentaba documentación falsa tenía que ser sancionado y se premiaba al trabajador que denunciaba. Y ahora se decide votar esta ley de presupuesto cuando todavía no he escuchado ninguna argumentación a favor; me gustaría escucharla porque seguramente la hay, ya que supongo que uno tiene que explicar cuál es la evaluación.

Quiero decir que fui al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a preguntar cuáles eran las sanciones, porque aquí estamos bajando a la mitad el máximo. Intenté buscar un fundamento y me pregunté si esto habría generado algún desmadre, si habría un componente de presión insólito, si surgiría del diálogo de la seguridad social o de alguna medida, y comprobé que no hay nada; sin embargo, lo tenemos arriba de la mesa para que sea aprobado.

¿Qué tendríamos que hacer ahora? Ni hablar que tendríamos que apostar mucho más a las medidas de cobertura social y poner como centro el trabajo. Se ha intentado tomar como referencia el mes de febrero de este año –esto lo dije ayer–, pero teníamos un 56,4 % de tasa de empleo. ¡56,4 % de tasa de empleo como el mes de la catástrofe! Y es obvio, en 2014 en Uruguay se alinearon los planetas; ¡se alinearon los planetas! Va a ser difícil volver a encontrar cerca de 16.000 trabajadores de la construcción en Punta del Este –como nunca los hubo, ni antes ni después–, o a 8000 trabajadores en Montes del Plata, como sucedió en ese año. El 2013 y el 2014 fueron los años de menor tasa de desempleo y mayor nivel de actividad en la historia de Uruguay. Llegamos a tener casi un 60 % de tasa de actividad, cuando el promedio histórico –dejando de lado la crisis de 2002 y el 50 % de tasa de empleo que tuvo– fue del 52 %; ese fue un promedio inamovible, una aguja que no pudimos mover de 1985 a 1999, cuando a pesar de que crecía la economía no podía moverse la tasa de empleo. Y el desempleo creció, no porque en el 1999 hubiera menos gente trabajando, sino porque más gente salió a buscar trabajo, entonces, subió la tasa. Para la economía no era posible crecer en cantidad de empleo.

Con los sucesivos Gobiernos del Frente Amplio, la tasa de empleo del 52 % se fue incrementando a 53 %, 55 % y 57 % hasta que alcanzó casi el 60 %, en 2014, que es la que todo el mundo ha tomado como una referencia exclusiva. Creo que es difícil tomar el nivel de empleo de 2013 y 2014 como algo estructural, pero vamos a medir la tasa de empleo con respecto a esa, que es la que eligieron durante años, y comparémonos con esos dos años. Ni hablar que este año se desplomó, pero no por razones de la política sino de la pandemia.

Lo que estamos discutiendo ahora es que ese 56,4 % de tasa de empleo, que es el peor mes del último año y que hizo que la tasa de desempleo llegara al 10 % –sobre todo porque aumentó la cantidad de gente buscando trabajo ese mes y eso llevó a una fluctuación de un punto y algo–, se ha tomado como una verdad revelada para mirar todo.

Si bien somos de los que creen que la precarización del trabajo puede generar crecimiento económico para actividades que tengan como elemento principal la baja calificación, también tiene como resultado que lo primero que migra es la mano de obra más altamente calificada, ¡la más altamente calificada! Si observamos los resultados del mercado de trabajo de Uruguay, vemos que fueron cayendo de manera significativa y constante; la informalidad laboral, los problemas de empleo fueron superando largamente el 50 %, o sea, mucho más de la mitad de los trabajadores. Y si miramos la actividad privada, es peor. Y tanto lo es, que algunos de los elementos de seguridad social que hoy se discuten como desbordes de la seguridad social del 2008 fueron de extrema necesidad.

Tuve, señora presidenta, la responsabilidad de participar en el diálogo de seguridad social del 2008, que fue urgente porque su urgencia era esta. Sacando a los funcionarios públicos de la cantidad de la población ocupada, nos daba que la situación de 2007-2008 era la siguiente: de cada tres trabajadores de Uruguay, dos no iban a poder jubilarse nunca. ¡Nunca! Esa era la emergencia; la emergencia no era financiera. Y en algunas ramas de la actividad, como el sector doméstico, el trabajador rural y la construcción, los niveles de informalidad eran escandalosos respecto a las tasas de densidad de cotización. Cuando uno mira la reforma de la seguridad social, no lo puede hacer de forma separada del mercado de trabajo que tiene, de las condiciones de trabajo ni de las condiciones legales y los aportes, porque si no, el déficit de la seguridad social está separado del déficit social que genera no dar respuesta. A modo de ejemplo, podemos citar el caso de una empleada doméstica que con sesenta años de edad, trabajaba desde hacía cuarenta pero tenía aportados solamente quince a la seguridad social. Y casos como este, hay montones. Además, ¿hasta cuándo le dan trabajo? La organización del trabajo es otro elemento que tenemos que ver, porque llega una edad en la que para algunas actividades cuesta cada vez más conseguir trabajo.

Abordamos un diálogo de seguridad social que permitió que más de cien mil uruguayos pudieran jubilarse. Gracias a ese diálogo, por primera vez se atendieron algunas desigualdades de género –que no voy a explicárselas a la señora presidenta, ya que es militante de esa área–, como la de que las trabajadoras pudieran computar un año de trabajo por cada hijo, sabiendo que la carga sobre los cuidados de los hijos es absolutamente desigual. Por primera vez en Uruguay se atendió esa circunstancia.

Cuando se nos dice que lo que se proyectó de costo fue mucho mayor –se lo he escuchado decir a algunos dirigentes del Gobierno actual, a quienes respeto mucho–, ¿qué se evidencia? Que la realidad que diagnosticamos era mucho peor, y por eso el costo de la reforma de la seguridad social fue mayor. La herencia, desde el punto de vista de una concepción del mercado de trabajo, sobre la base de la desregulación como elemento obligatorio –la única forma de insertarse en el mercado mundial era desregulando–, no captó inversiones ni generó puestos de trabajo, porque el desempleo fue terrible y nos generó una herencia social brutal.

Tenemos una idea diferente de cómo se tiene que pensar la cuestión del trabajo, de los salarios, de la calidad del trabajo y de las relaciones laborales. La negociación colectiva, por lo tanto, para nosotros no es solo un instrumento de redistribución de la riqueza que se genera –que lo es– sino que es, fundamentalmente, un modelo de desarrollo, porque al estar transitando una revolución científico-tecnológica brutal en un mundo donde el conocimiento deviene en fuerza productiva, este está desparramado en la sociedad. Es decir que no lo tiene solamente la academia ni lo tiene solamente el sector empresarial, sino que una parte de ese conocimiento lo tienen los trabajadores. Por lo tanto, pensar en una política de competitividad y de desarrollo al alta, implica un tipo de relación laboral para la cual no encontramos cabida en el articulado del proyecto de ley presupuestal, porque el pienso es distinto. Además, tiene señales que –repito– nos preocupan, como la de que al empresario que falsifique documentos, lo castigamos menos. Ni hablar con la articulación de otras y de la que cuestionamos a través del Inefop.

En suma, hay un conjunto de artículos de la propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que rechazamos como, en general, rechazamos que la variable de ajuste principal sea la política salarial, aun para sectores de actividad que tienen margen de ganancia mayor. ¿O alguien duda en esta sala que los sectores que venden mercadería por plataforma están en una zafra gigantesca? ¿Alguien puede explicar por qué a esos sectores también les colocan una pauta salarial de rebajas? Esa es una política que no acompañamos porque tiene un enfoque sobre el trabajo y las relaciones laborales que no compartimos.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Gracias, señora presidente.

Volvamos al presupuesto porque la verdad es que no está en discusión el modelo económico en este inciso 13, ni el papel de los empresarios, ni si vamos a tener un Estado dominado por los trabajadores o por los empresarios. Estamos un poco cansados de que se repitan ese tipo de cosas, esos eslóganes, así que vamos a aterrizar en lo que tenemos que resolver.

Hay una cosa que ya dijeron todos los economistas, que son los que saben. La economía no es solamente el presupuesto, las relaciones laborales no son solamente el presupuesto. Esta es una articulación que, además, desde el punto de vista técnico-jurídico o desde el punto de vista instrumental, dentro de unos meses, como ya se dijo varias veces, va a traer la rendición de cuentas. Hay que volver a plantearse las cosas y hacer una evaluación. Incluso, seguimos razonando como si la pandemia no existiera. Cada vez que escucho determinados discursos me acuerdo de los relatos de mis tíos abuelos cuando tuvieron que enfrentar la Segunda Guerra Mundial –y los escuché en forma directa– e imagino que cuando caían las bombas no se pusieron a discutir si había que subir un 2 % más o bajar un 2 %. Les juro que lo pienso siempre, de verdad, porque realmente no podemos comparar esto desde el punto de vista histórico, pero es una guerra brutal contra un enemigo invisible que cambia permanentemente, que muta permanentemente. ¡Se cayó el mundo! Entonces, es increíble que se hagan valoraciones sin tener en cuenta esta variable. Desde el Gobierno nunca usamos el pretexto de la pandemia para justificar los problemas que tenemos. ¡Jamás! Podríamos haberlo hecho; incluso, tal vez el presidente sea el que menos recurre en todas sus intervenciones y en todas sus acciones a la herencia que recibimos, al estado de situación que recibimos, pero no voy a repetirlo porque ya lo dijimos y parece un diálogo de sordos. Otra vez volvemos a los datos.

Los datos no se inventan, existen. Después podemos buscar miles de explicaciones de por qué diablos después de doce o catorce años de bonanza económica llegamos a esta situación, porque esa es la historia del Uruguay. Siempre vuelvo al batllismo, a los primeros cincuenta años del siglo XX. Uruguay vivió un período de bonanza muy superior al actual, en realidad, al que se vivió ya desde 2004 por los términos de intercambio. La guerra, la reconstrucción; la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción; la guerra de Corea. ¿Cuándo empezó la crisis estructural en el Uruguay? En 1953, cuando terminó la guerra de Corea. Después vinimos nadando en dulce de leche y los Gobiernos del Frente Amplio tuvieron la ventaja de tener bonanza económica y terminamos como terminamos.

No voy a repetir esas cosas porque ya las dijimos doscientas veces. Sinceramente, no nos vamos a poner de acuerdo, pero lo que no puedo entender, reitero, es que no se tenga en cuenta la variable de la pandemia. ¿Qué vemos en el actual Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desde que está este Gobierno? Vemos a un ministerio dialoguista o como quieran llamarlo. El ministro y todo su equipo, permanentemente, se ha reunido y han llegado a acuerdos. La negociación colectiva ha llegado a acuerdos realmente importantísimos. Muchas veces los trabajadores tienen más sensatez que los dirigentes, que muchas veces son más realistas que el rey. El trabajador, cuando puede razonar con tranquilidad, se da cuenta de que lo más importante es defender el trabajo aunque pierda algunos puntos de salario real. ¡Por favor! Yo tengo tíos abuelos que comían piedra porque no había comida. Piedra, literalmente; la convertían en arenilla. Entonces, ¿vamos a llegar a esa situación? No, pero todos vamos a sufrir, evidentemente.

Ahora bien, nadie puede decir que en materia de derecho laboral se haya tocado algo, excepto para ampliar derechos, extender los subsidios, exonerar de aportes, pero esa fiesta la paga alguien. Entonces, hay que tener una medida, una ecuanimidad enorme para poder sostener esta situación, porque está claro que no podemos seguir endeudándonos y no vamos a poner más impuestos.

Hay sí ahora un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que efectivamente representa al Estado. Nosotros tuvimos que sufrir, como profesionales que ejercíamos el derecho laboral –como personas no, porque siempre tuvimos actividades independientes, excepto la parte pública–, porque cuando se entraba al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no se entraba al Estado, sino a una balanza desbalanceada, por decirlo de alguna manera. Existía desesperación de muchos profesionales que tenían que intervenir en las comisiones bipartitas y tripartitas porque la imposición sindical llevaba a limitaciones de la libertad individual. ¡Háganse cargo! Ahora el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ocupa el lugar que debe. Este no es un gobierno de trabajadores, este no es un gobierno socialista y eso ni siquiera está en el programa de gobierno del Frente Amplio, supongo que sí lo estará en el de algunos de los sectores que predominan. Y la verdad que, por la experiencia mundial, mejor no ir por ese camino, porque yo no me quiero parecer a Venezuela, y menos a Cuba. En consecuencia, ahora el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es efectivamente el fiel de la balanza del Estado y se entra a una dependencia –que financiamos todos– en la que el trabajador y el empresario negocian en igualdad de condiciones. Se parte de la base de que el trabajador siempre está en inferioridad de condiciones, pero en realidad el 98 % de las empresas en este país son pymes y además no se permite la negociación colectiva por rama. Esas cosas se van a ir transformando y no es en desmedro de los derechos de los trabajadores, sino al contrario. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hasta ahora? Tratar de ir paliando la crisis provocada por las condiciones en las que recibimos el país, precisamente por el problema del desempleo agravado. Había luces amarillas y rojas que nuestra actual ministra de Economía y Finanzas venía advirtiendo desde la campaña anterior, en la que no ganamos, y obviamente las luces amarillas se transformaron en rojas porque se llevaba a cabo una política económica con destrucción de empleo. Yo, que no entiendo de economía pero tarada no soy, me doy cuenta de que eso evidentemente estaba pasando; basta con mirar los números.

Con respecto a la seguridad social, está todo bárbaro, está todo genial eso de jubilar a la gente sin aporte previo, como a las empleadas domésticas, trabajadores rurales, trabajadores independientes también. Se jubilan como empresa privada un almacenero o un dueño de una estación de servicio, porque son patrones; quizás el dueño de una estación de servicio puede tener un mejor nivel de ahorro. Pero lo que se llama la jubilación patronal de un obrero –porque en realidad es un obrero– que tiene un pequeño negocio, un pequeño emprendimiento, históricamente fue vergonzoso y en eso todos debemos asumir la responsabilidad, pero no se mejoró.

Y quiero reiterar –no es una obsesión, sino que realmente lo respeto– que en una o dos rendiciones de cuentas el contador Astori dijo que les colocaron al Banco de Previsión Social en una situación difícil con la explosión exponencial –es un pleonasmo vicioso, pero vamos a usarlo así; quizás él se haya expresado mejor– de las jubilaciones sin aporte previo, porque alguien paga la fiesta. Se ha pagado con déficit y por eso ahora no se van a poder jubilar, si no reformamos bien la seguridad social, no solo los peones rurales o las empleadas domésticas, que tienen el mismo derecho que cualquiera, sino que ni los profesionales. Repito: no se van a poder jubilar. No existe capacidad de sostener un régimen de seguridad social de esta manera porque cuando se gasta como si la plata no fuera finita se vuelve a lo de siempre; eso es populismo. Esto es lo que no va a pasar con este Gobierno –¡no va a pasar!– y trataremos de resolver el muerto que dejaron en la seguridad social. ¡Es un muerto!, porque hubo un período de bonanza económica. Y esa es la diferencia con los otros Gobiernos que, como país dependiente, tuvieron que hacer frente a las obligaciones sin la bonanza económica que tuvo el Frente Amplio. No digo que haya sido solo viento de cola; en determinado momento se administró bien, pero después hubo tiempos en los que realmente el despilfarro fue brutal.

SEÑOR PENADÉS.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA BIANCHI.- Disculpe señor senador, pero todavía no terminé.

Quiero dejar en claro fundamentalmente dos cosas con respecto a la insistencia de las multas. Lamento profundamente lo que voy a decir –y es evidente que algunas personas no me van a comprender porque no tuvieron esa experiencia–, pero tuve que recusar a una jueza laboral porque esto se instauró tanto dentro de los trabajadores, en especial de la construcción –y no voy a contestar aunque alguien se considere aludido–, que cuando le mostramos los recibos de un trabajador –todo tiene una razón, señora presidente–, la propia jueza dijo: «Todo recibo que me presente una empresa de un trabajador para mí, de por sí, es dudoso», y ordenó que se hiciera un peritaje para ver si la firma era verdadera o falsa. ¡Llegamos a esos extremos!, y por supuesto que yo la recusé en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué pasa? Se fue creando la idea de que el trabajador tenía patente de corso para todo, y no es así, porque hay trabajadores honestos y otros que no lo son, de la misma manera que hay empresarios honestos y otros no; entonces había que poner un parate a la locura. Además, si alguien presenta un documento falsificado se puede hacer una denuncia penal y se formaliza. La multa no es más grave que eso; más grave es perder la libertad o ser procesado. Así que, vamos a terminarlo.

El otro aspecto que me interesa dejar en claro es el tema de los programas Uruguay Trabaja, Uruguay Estudia y Uruguay Crece Contigo. ¡Uruguay revuelve! ¡Se llenó el Estado!, especialmente la ANEP. Claro, puede ser que no haya sabido el señor presidente, porque presenté un pedido de informes en el período pasado y lo único que me contestaron, después de insistir, es que había 172 proyectos de esta naturaleza. ¿Qué quiere decir esto de Uruguay lee? ¡No! ¡Hay que enseñar! y para eso tenemos la infraestructura. Y todos estos proyectos sí van a ser revisados porque muchos de ellos no funcionaban. Tenían la infraestructura, los cargos de confianza, los inmuebles alquilados en dólares, en miles de dólares –no voy a ir a la casuística porque estaríamos hasta mañana–, y después se dejaban de aplicar. Entonces, ¡claro que van a ser revisados! No es porque no se considere que la educación tiene que unirse con el trabajo. Venimos luchando desde la década de los noventa, pero eso era considerado neoliberal; se cayó la reforma y una de las razones era porque estábamos educando para el trabajo. Ya lo dije. Entonces, ¿para qué vamos a educar? Obviamente, eso no es incompatible con la libertad.

No dispongo de más tiempo, pero quiero señalar que, por ejemplo, el doctor Mieres encontró el 10,5 % de desocupación al asumir su cargo. ¿Hay que remontarse al 2007 para encontrar algo similar? Y ahí aparece la crisis sanitaria. En abril y mayo casi 200.000 trabajadores pasaron al seguro de paro; eso se fue reduciendo. A octubre había 85.000 trabajadores en esa situación, 10.000 menos que en setiembre, y 24.000 de ellos trabajan parcialmente. Quiere decir que la cifra de seguro total está en el entorno de los 60.000 trabajadores, más cercana a la de la prepandemia, que era de 48.000. Vamos repechando, a pesar de las concentraciones y las marchas de oposición al Gobierno donde la mayor parte de la gente luce sin distancia social y sin tapaboca. Y el Gobierno ni siquiera se tomó, digamos, la licencia –lo podría haber hecho– de remarcar los rebrotes que son consecuencia de esa falta de criterio de cuidado de la salud pública.

Habría un montón de datos más que podríamos mencionar, pero no nos alcanza el tiempo. Agradecemos a los compañeros que han trabajado y nos han acercado esa información.

Señora presidente: déjennos gobernar; el pueblo nos votó para eso. Bueno, parte de la ciudadanía, porque hubo quienes votaron a la coalición opositora y la mayoría nos votó a nosotros. Déjennos gobernar y vamos a ir evaluando las cosas.

Gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para contestar varias alusiones.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Por varias alusiones, me gustaría que alguna se aclarara.

En primer lugar, no es la oposición la que está subestimando los efectos de la pandemia; al contrario, parte de la diferencia sustantiva que tenemos con respecto a la proyección económica que viene en el presupuesto está en que creemos que es el Poder Ejecutivo el que los está subestimando cuando sostiene que va a haber una recuperación rápida, un crecimiento, y que ya en el 2021 la economía va a estar por encima de la de 2019. No es nuestro pronóstico. En todo caso, el tamaño del impacto de la pandemia se mide de manera distinta cuando hay que atender con cobertura social, porque a la hora de destinar recursos para atender la demanda parece que no es tan grave. Pero, cuando se hace otro tipo de proyecciones, como la vinculada al salario, parece que sí lo es y por eso hay que rebajarlo.

En segundo término, si la flexibilización de las jubilaciones es hija del populismo, bienvenido sea el populismo porque fue votada por unanimidad. Lo que no se puede hacer es votar –lo apoyaron todos los partidos políticos de esta sala y alguien me lo tiene que explicar– una ley que flexibiliza las jubilaciones, después de un diálogo de dos años –con informes contundentes que llegaron acerca de la urgencia de esa flexibilización– y luego decir que la ley es populista. En principio digamos y expliquemos que lo que estableció esa norma fue ampliar el acceso a la jubilación a los sectores que estaban más castigados y que eso fue un error. Yo creo que no lo fue y que no había otra posibilidad. No fue la mejor salida, pero no podíamos hacer otra cosa porque había decenas de miles de uruguayos a los que había que cubrir de alguna manera.

En tercer lugar, acá tengo el boletín del INEC –cualquiera lo puede encontrar en la página web– y dice que este Gobierno recibió al país con un 56,4 % de empleo en el mes de febrero, que es más que el 56,2 % de empleo que había en setiembre de 2019, que el 55,3 % que había en julio de ese año, que el 56,2 % de marzo de ese año y que el 56,4 % de setiembre de 2018. Lo que digo es que así no se mide, no se mide como estoy haciendo yo. Para medir el empleo, el desempleo y la tasa de actividad hay que tomar un período más prolongado y no un mes solo y hay que medir tendencias. Así tendría que hacerse para que tuviera rigurosidad estadística. Así no se mide y como están midiendo el mes de febrero, tampoco, y creo que induce a un relato que poco tiene que ver con la realidad del trabajo en el Uruguay en los últimos treinta años.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑORA BIANCHI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DOMENECH.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la senadora Bianchi.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: no sé cómo se mide, pero todas las encuestadoras dan que el Gobierno y en especial el presidente de la república tiene, a pesar de todo lo que estamos pasando, una aprobación de la población del 60 %.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: Aristóteles definía la verdad con la expresión Adaequatio rei et intellectus, como la adecuación de nuestros pensamientos, la realidad exterior, mucho antes de que Juan Perón dijera que la verdad es la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Nosotros decimos con absoluta tranquilidad porque, como ya hemos expresado, que no nos consideramos ni liberales ni socialistas; ninguno de nuestros próceres tuvo que hacer profesión de fe liberal y mucho menos socialista. Debemos hacer una primera precisión, que desearíamos evitar porque todos queremos tratar con agilidad estas normas presupuestales, pero la historia del derecho laboral y de la seguridad social en el Uruguay es muy larga. Comienza con la ley de jubilaciones, para los funcionarios públicos y militares, de Manuel Oribe; sigue con la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones en 1896 mediante la «Ley Ciganda», con la ley de Lorenzo Carnelli para la industria y el comercio. Yendo un poquito para atrás, está la ley de ocho horas de 1916, del Gobierno del señor Viera, que fue antecedida de un proyecto de José Batlle y Ordóñez, redactado por Pedro Manini Ríos y Domingo Arena; y un poquito antes, a fines del siglo XIX, hubo un proyecto de Luis Alberto de Herrera, Ponce de León y Carlos Roxlo. Las asignaciones familiares y los consejos de salarios son del año cuarenta y dos, del Gobierno del doctor Amézaga. Hay algo que cobran los trabajadores que es obra del primer Gobierno del Partido Nacional; me refiero al sueldo anual complementario o al vulgarmente llamado aguinaldo. El salario vacacional fue aprobado por primera vez por la Coprin, en 1972, en tiempos del señor Juan María Bordaberry.

Tenemos que reconocer que el Frente Amplio en sus quince años de gobierno aprobó la ley de ocho horas para los trabajadores rurales y para las domésticas, y es parte de la historia, pero es una pequeña parte de la historia si lo comparamos con toda la evolución del derecho laboral y de la previsión social en el Uruguay.

También es obra del Partido Nacional –y creo que mi padre fue miembro informante de alguno de esos proyectos de ley– lo que terminó siendo el seguro de salud aprobado por el Frente Amplio. Recuerdo de esa época –porque yo le leía a mi padre los borradores para controlarlos en épocas en que se escribía a máquina– la aprobación de Chamsec –Comisión Honoraria de Asistencia Médica y Subsidio por Enfermedad para el personal de la Construcción–; luego, vino Chasita, Chaseima, etcétera, y después –creo que fue en el Gobierno de facto– Disse. Y bueno, el Uruguay ha venido evolucionando en materia de derecho laboral y seguridad social. Todos los partidos han hecho aportes y creo que nadie puede sentirse con derecho a enarbolar la bandera de los trabajadores, como tampoco creo que nadie tiene derecho a enarbolar la bandera de los empresarios.

Siempre he creído que el problema del trabajo se resuelve con actividad económica. Se dice que –aunque yo no creo mucho en las encuestas, porque como bien decía el contador Damiani, los números no mienten, sino que mienten los que hacen los números– durante el Gobierno del Frente Amplio se crearon trescientos mil empleos y que en los últimos tiempos se perdieron sesenta mil. Ya veníamos en la bajada de una política económica que, quizá, no entendió que para resolver el problema del empleo había que generar actividad productiva.

Como dije hace unos días, en el Uruguay vimos con absoluta indiferencia que se cerrara un tambo cada dos días. Para esa gente no hubo créditos ni asistencias especiales; para esa gente que se levanta a las tres de la mañana y ordeña dos o tres veces por día no hubo ningún tipo de asistencia. Tampoco la hubo para los arroceros que vieron disminuir el área de arroz en una cuarta parte; no la hubo para la pequeña y mediana industria del Uruguay; no la hubo para las pymes que, como bien decía la señora senadora Bianchi, son las que más trabajo aportan al país. Reitero: para esa gente no hubo asistencia, aunque sí la hubo para UPM y esto es una gran vergüenza. Con UPM se firmó un contrato que al Uruguay le significa tener que construir un ferrocarril que le sale USD 2.400:000.000, mientras los tamberos, los arroceros, los pequeños comerciantes veían destruir sus empresas. Ese es el gran error que se cometió y espero que en estos cinco años de gobierno enderecemos el rumbo. Eso es lo que va a favorecer a los trabajadores, no las multas que le apliquemos a los empresarios. El hecho de aplicar más o menos multas no va a mejorar la situación de los trabajadores, lo que los va a beneficiar es que generemos oportunidades de trabajo productivo. Eso es lo que tenemos que hacer y para eso, entre otras cosas, creo en la protección de la industria y el trabajo nacional. No puede ser que sigamos exportando la soja en bruto y que tengamos prácticamente una sola aceitera en el Uruguay. No puede ser que hayamos dejado destruir –y no fue precisamente durante el Gobierno del Frente Amplio– toda la industria textil y de la confección del Uruguay. No puede ser que hayan desaparecido prácticamente…

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe señor senador. He venido siguiendo atentamente todo lo que ustedes han estado hablando. Es más, me encanta que usted haya hablado de la industria textil de la cual siempre he sido admiradora y me gustaría seguir reivindicando, pero en realidad, si me permite, y lo hago extensivo a todos los senadores, me gustaría realmente que hablemos del articulado, aunque seguramente usted ya va a iniciar esa consideración. Lo digo porque hay muchos aspectos, especialmente en materia laboral, en los que, de alguna manera, todos estamos convocados a evaluar, pero nos estamos alejando de lo que es estrictamente el articulado. Insisto: lo hago extensivo a todos los senadores.

Muchas gracias.

SEÑOR DOMENECH.- No tengo intención de extenderme.

SEÑORA PRESIDENTA.- Lo tengo claro.

SEÑOR DOMENECH.- Simplemente quiero dejar como corolario que el tema de las multas en materia de promoción del trabajo nacional es un asunto muy pequeño y que el problema no pasa por ahí.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DOMENECH.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: hace días que está presente el temita de la reducción de becas en el Inefop, es como la tercera vez que se pone arriba de la mesa. Vamos a poner también otros aspectos arriba de la mesa para entender por qué este organismo, que es financiado con plata de empresarios, trabajadores y el Estado, hay veces que debe de velar por el cumplimiento de la austeridad y la diligencia en el manejo de los fondos públicos.

El préstamo de Envidrio es un claro ejemplo de lo que no se puede hacer. Si lo trasladamos a las becas, ¿cuántas becas podríamos haber pagado? No quiero hablar del resultado de la auditoría que se acaba de publicar, donde aquello era un viva la Pepa. ¡Dele para adelante nomás! Hay cenas, viajes y gastos sin rendir, y quizás por eso estamos tratando de parar con esa sangría. Los números son clarísimos. El desmadre que hubo en el Inefop –y en esto están todos– en el período pasado no tiene un solo punto de argumentación a favor. Está claro que es culpa de todos, no hablo de nadie. Ahora bien, así como fue el préstamo de Envidrio, ¡inconcebible! –no quiero entrar a hablar de ese tema–, también lo fue el resultado de la auditoría. Esa es la verdad. Entonces, atribuir intenciones de que nosotros queremos ir a reducir esas becas, cuando lo que recibimos fue un berenjenal de mal gasto y despilfarro donde todo valía… ¡vamos, señora presidenta!

Muchas gracias, señor senador Domenech.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- He terminado, señora presidenta.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra por una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: quiero creer que el senador Da Silva no sabe cómo funciona el compromiso del Programa Uruguay Estudia. ¡No sabe!; de lo contrario no diría esto. No lo gestiona el Inefop, lo financia, y lo gestiona la ANEP. Quien gestiona el compromiso educativo Uruguay Estudia es la ANEP y quien hoy está criticando la decisión es la ANEP, es el Gobierno actual y no el anterior. Lo que sí preguntamos –porque estuvo en la discusión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda cuando consultamos a las autoridades del Inefop– es en qué se basaron para recortar 8783 becas. ¿Qué tiene que ver con Envidrio? ¡Nada! ¡Nada de nada! Y lo que sostienen las autoridades es que se basaron en una evaluación que hizo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en 2015.

Supongo que cuando el señor senador Da Silva lea la versión taquigráfica va a encontrar esto. Yo lo que hice fue ver la evaluación y lo que dice es que hay que sostener el programa, que dio resultado. Después, se dijo que en diciembre se había suspendido y buscamos las resoluciones de ese mes, pero no se había suspendido nada. Entonces ¡queremos una explicación concreta! ¡Unos nueve mil gurises quedaron sin becas! Entonces ¿cuál fue el argumento para que sucediera eso? Y el argumento que se nos dio no fue decirnos «no tenemos recursos», sino «queremos evaluar el resultado del programa».

SEÑORA PRESIDENTA.- Señores senadores: esto que ya fue debatido en la comisión y que ya ha sido contestado no está ayudando para que avancemos en la consideración del proyecto de ley.

Pido que no griten en sala; en verdad, lo que hay que hacer es colaborar con el desarrollo de la sesión.

Si me lo permiten, nuevamente les voy a pedir que avancemos en el estudio del texto, cuyo articulado estamos votando y lo hago extensivo a todos los senadores.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: solo quiero dejar constancia de que no estoy de acuerdo con su actitud de detener al señor senador Domenech cuando estaba hablando del tema del trabajo en un inciso que se refiere a ese aspecto. No es la primera vez que usted interrumpe al senador Domenech cuando está haciendo uso de la palabra y creo que esa no es la forma de desarrollar la actividad parlamentaria de la mejor manera.

SEÑORA PRESIDENTA.- Senador Manini Ríos: el senador Domenech –a quien escucho muy atentamente– estaba haciendo un relato histórico que comparto, pero estoy tratando de que todos se enmarquen en lo que se nos ha presentado para votar; nada más. Estoy pidiendo desde ayer a todos los senadores que colaboren con el estudio específico del articulado presentado, que fue estudiado y debatido por todos los legisladores en el ámbito de la comisión.

Estoy pidiendo la colaboración de los senadores en virtud de que estamos llevando adelante una sesión en un régimen sanitario especial que todos conocemos. Me parece que tengo derecho a solicitar un poco de cooperación en ese sentido.

SEÑOR BRENTA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRENTA.- Señora presidenta: comparto el estilo de conducción que está tratando de imponer, pero hay algunas reflexiones que me parece que corresponden realizar.

Primero, me gustaría conocer la auditoría del Inefop porque no es pública, más allá de algunos trascendidos en los medios de comunicación. Por lo tanto, creo que hacer referencia a una auditoría que no se conoce es un grave error.

Segundo, me parece que se desconoce que, si bien la ley establece que el Inefop se financia con fondos provenientes de los aportes de los trabajadores, empresarios y el Gobierno, como hubo un manejo absolutamente responsable de los recursos, hace muchos años que el Gobierno –y me refiero también al Gobierno del Frente Amplio– no realizaba su aporte porque con los aportes de los trabajadores y empresarios los recursos eran suficientes.

En cuanto a las políticas de formación y capacitación profesional que llevó adelante el Inefop, son parte de las políticas definidas por su directorio, donde no había solo representantes del Gobierno –que son tres–, sino también cuatro representantes de los actores sociales, y si se revisan las actas se verá que en la mayoría de los casos se votó en forma unánime.

Y, por último –y para no excederme de lo que usted ha planteado como criterio–, quiero decir que es un gravísimo error que esta coyuntura, en la que tenemos trabajadores en el seguro de desempleo y trabajadores desocupados, no se aproveche para intensificar fuertemente los programas de capacitación profesional. Esta es la herramienta en un mundo que está cambiando desde el punto de vista tecnológico para abatir el tema del desempleo, y no me refiero solamente al desempleo generado por la pandemia, sino al desempleo que el Uruguay va a tener por razones de desarrollo tecnológico.

Entonces, me parece que si hay que apostar a algo en esta coyuntura de pandemia, en la que mucha gente está encerrada y no tiene ni para salir de su casa, es a la política de formación y de capacitación profesional. No hay que reducir, hay que ampliar y profundizar esas políticas en el marco del acuerdo social, que es una herramienta que creó el Frente Amplio.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa solicita al secretario que dé lectura al artículo 75 del Reglamento del Senado, que desde ayer estoy tratando de que se cumpla.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo 75.- En la discusión particular se observará rigurosamente la unidad del debate, debiendo concretarse los oradores al artículo en discusión».

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: nosotros hemos escuchado las solicitudes de la señora presidenta. Desde la oposición hemos colaborado en coordinación con el senador Penadés, pero queremos aclarar algo. En esta cámara, cada uno tiene un rol y, a su vez, el Gobierno también lo tiene, y es tratar de que el presupuesto salga. La oposición no va a aceptar agresiones, señora presidenta. Nosotros no vamos a aceptar agresiones de parte de los senadores del oficialismo. Aquí cada uno tiene que saber dónde tiene que estar y cuál es su rol. Nosotros no podemos pasar por alto algunas situaciones y algunas expresiones. Que quede claro, señora presidenta. La voluntad de la oposición, del Frente Amplio, es colaborar con ustedes, pero cada uno tiene que saber la responsabilidad que tiene en este momento.

Nosotros estamos colaborando para que salga el presupuesto, pero no podemos aceptar –repito– agresiones como hemos escuchado de parte de algunos senadores del oficialismo. Queremos dejar esa constancia, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Enmarcados en el artículo que leyó el secretario, exhortamos, nuevamente, a considerar lo trabajado en comisión por parte de todos los partidos políticos. De esta forma, avanzaremos en el tratamiento del presupuesto.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero agradecerle la ecuanimidad, la amabilidad y la paciencia de la que ha hecho gala a lo largo de todos estos días, que nos consta creo que a todos o, por lo menos, a todas.

En cuanto a lo concreto del presupuesto, escuché hablar sobre la importancia de las pymes. En ese sentido, quiero reafirmar el valor que las pymes tienen como motor del aparato productivo nacional y como una fuerte contención del tejido laboral que tenemos en nuestro país. Por eso, expreso nuevamente nuestra preocupación porque no hay un solo artículo en todo el presupuesto que, concretamente, fomente las pymes. Esto nos preocupa y ya lo expresamos en la comisión, pero quería dejar esa constancia. Lo dije ayer en el inciso relativo al Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero como otra vez se trajo el tema a colación, queremos expresar nuevamente nuestra preocupación al respecto.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se van a votar los artículos que enumeramos.

(Se vota).

–18 en 28. Afirmativa.

Pasamos al inciso 14, «Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial».

En consideración los artículos 438, 443, 444, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 464, 465, 466, 473 y 477.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Me voy a referir al inciso y a plantear tres cosas sobre él.

Este inciso recoge en su primer artículo el Plan Quinquenal de Vivienda 2020-2024. O sea que refiere a su aprobación y, por lo tanto, es importante hacer referencia a ese punto.

En primer lugar, este plan quinquenal plantea un sinnúmero de objetivos –todos lo habrán leído– como fortalecer la política de alquileres, pero no hay ninguna medida en el presupuesto que modifique la política de subsidios a alquileres. Por el contrario, en la LUC se genera un sistema de alquileres sin garantía, pero no hay ningún fundamento financiero específico sobre la política de alquileres. Se habla, digamos, de la regularización de la precariedad sociohabitacional y de la segregación social y la fragmentación. Se habla de nuevas viviendas e incluso se mencionan –pero no se especifica– las viviendas de madera y de materiales nuevos.

Sin embargo, cuando vemos el presupuesto quinquenal, el propio Plan Quinquenal de Vivienda dice que el cálculo del Fondo Nacional de Vivienda, según los ingresos estimados, terminaría en el 2024 en $ 14.000:000.000 y que se van a asignar $ 8.740:000.000 en el 2024. Pongo este año para no perder tiempo con la diferencia año a año. Quiere decir que el plan quinquenal asume que va a financiarse con $ 5.000:000.000 menos que los que le tocaría. Pero si lo comparamos con la ejecución del 2019, que fue más o menos a precios de hoy, $ 11.000:000.000, los $ 8.600:000.000 son 2.400:000.000 menos. O sea que ya hay una caída.

Entonces, lo primero que decimos es que no vamos a votar un plan quinquenal de vivienda que, además, tiene algunas cuestiones que voy a comentar en el punto dos, porque tiene un financiamiento absolutamente insuficiente para vivienda.

En segundo término, hay algunos artículos que nos preocupan desde el punto de vista más conceptual, y me salgo del presupuesto. Me refiero a los artículos que ahora llevan los números 459 y 464.

El artículo 464 nos preocupa especialmente porque habilita al ministerio –y también lo dice el plan quinquenal– a construir un fideicomiso, a fideicomisar los fondos públicos para tener fondos privados en el mercado de valores y demás. Establecer una asociación público-privada para construir viviendas en el área de demanda pública tiene serios riesgos –en cuanto a la introducción de tasas de retorno, de tasas de rentabilidad, a decisiones sobre dónde invertir o a quién otorgar las viviendas– de mercantilizar el acceso a la vivienda pública.

Pero además nos preocupa porque inmediatamente después, el siguiente artículo dice que para los programas de estos fondos, el máximo de subsidio otorgado puede ser de un 30 % y, como las planillas del presupuesto dicen que a la mitad del período el rubro nuevas soluciones habitacionales cae drásticamente y crece el rubro crédito estatal para vivienda –que imaginamos que es a través de este fideicomiso–, el grueso de las viviendas –casi la mitad– se van a construir con este sistema y a esa mitad se le van a alterar las condiciones de acceso al subsidio que hoy, por la reglamentación del 2008 y la ley del 2019, es de hasta el cien por ciento para los casos de permanencia en la vivienda.

Finalmente, el artículo 459 deroga una norma de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible que ponía, como límite, los 20.000 metros cuadrados para las urbanizaciones en propiedad horizontal; dicho en lenguaje más sencillo, para los barrios privados. Al derogar eso se generan condiciones de fragmentación social porque los barrios privados son la fuente principal de fragmentación social en una sociedad; Uruguay no lo ha vivido todavía de una manera amplia, pero vayamos a Ciudad de México, a Lima, a Quito o a Guayaquil y lo sabremos. Por lo tanto, pensamos que esta restricción no está bien.

Termino diciendo que, si a esto le sumamos la eliminación de los topes para vender viviendas de la ley de vivienda promovida, el fideicomiso, la derogación del límite para urbanización en propiedad horizontal y la baja de presupuesto público efectivo –en 2.400:000.000 respecto a 2019 o en 5.000:000.000 respecto al Fondo Nacional de Vivienda teórico–, nos parece que lo que hay aquí es una intencionalidad de transferir gran parte de la construcción de viviendas del sector público al privado.

Por eso no vamos a votar este inciso.

SEÑOR ANDRADE.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OLESKER.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Hago mía una parte de la intervención del señor senador Olesker.

La historia del tema de la vivienda nos demuestra que es una mala decisión que se elija ajustar esta área, además, teniendo en cuenta la pandemia. Es una doble mala decisión porque la vivienda tiende a resolver un problema estructural, complejo, de múltiples dimensiones y que requiere mucho estudio, pero además genera mucha actividad económica.

La inversión en vivienda tiene fuertes encadenamientos productivos dado que el grueso de los insumos es nacional y tiene la facilidad de colocarse en cualquier parte del país. Si bien una inversión en un área metropolitana puede no mover la aguja, en algunos poblados del interior la inversión en vivienda tiene un efecto económico, no solamente en el trabajo directo sino también en el indirecto por las cadenas productivas que mueve –industria siderúrgica, industria del plástico, aserraderos, etcétera–, generando un efecto multiplicador. Además, al no requerir de mucha calificación para el ingreso, da facilidades para absorber a sectores económicos de actividad que estén en dificultades.

En segundo lugar, creemos –esto lo decíamos en la discusión general– que la proyección tiene que mirar diferentes escenarios desde el punto de vista de la formación de hogares. En los últimos quince años, según la Encuesta Continua de Hogares, Uruguay pasó de tener 1:032.803 hogares en 2006 a 1:247.820 en 2019. Superando lo que quienes trabajábamos en las comisiones asesoras de vivienda pronosticábamos como el incremento mayor desde el punto de vista de la formación de hogares –pensamos en unas 10.000 por año–, tuvimos una tendencia de casi 15.000 por año. El plan quinquenal prevé 17.000 hogares para el quinquenio; esta es una proyección baja, pero probable, porque la tendencia al incremento en los últimos tres años se fue desacelerando. Por lo tanto, ubicar el plan quinquenal sin relacionar la posibilidad de formación de hogares es un elemento central.

¿Qué rescato como un elemento importante del plan quinquenal? Que reconoce un dato que muchas veces no es considerado con la importancia que tiene en la discusión política de la vivienda. El asentamiento irregular, que es una parte de los problemas de vivienda, no es la exclusiva ni la principal.

Voy a mencionar dos investigaciones: por un lado, la de Casacuberta, junto al INE y, por otro la Encuesta Continua de Hogares de 2006, en la que se planteó una metodología que abordaba los problemas estructurales de la vivienda y que incluía el tema de los muros agrietados.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR CARRERA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Andrade.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: yendo a un abordaje más complejo del tema de los asentamientos, que es el más visible –hay un 6 % o 6,5 % de la población en asentamientos irregulares–, advertimos que la cantidad de hogares con problemas estructurales graves tuvo un crecimiento exponencial de 1985 a 1999, aun en márgenes de crecimiento económico. Me refiero a riesgos de derrumbe, muros agrietados o propiedades inundables, que alcanzaban el 27, 6 %. O sea que más que se triplicaba el drama de la vivienda.

Si analizamos la situación de los hogares con necesidades básicas insatisfechas por vivienda, en una ponderación en la que el umbral crítico estuviera colocado en materialidad, espacio habitable, acceso al agua potable –es decir, en múltiples variables de este drama–, nos encontramos que para el 2006 había 166.877 hogares. Reitero: hogares –no personas– con necesidades básicas insatisfechas. Imaginemos esto: 166.877 hogares con problemas graves de vivienda, y se forman 215.000 nuevos. Eso fue lo que hubo que administrar en estos quince años que pasaron, no otra cosa. Como resultado, vemos que al final de 2019 bajamos esa ratio de 166.877 hogares con necesidades insatisfechas a 84.722.

Entonces, es un mérito que esto se incluya en el plan quinquenal actual –aunque no lo vamos a votar– y es un reconocimiento que se nos coloque en un informe del propio Gobierno de este período, a diferencia de algunas consideraciones muy superficiales que no entienden la complejidad del tema de la vivienda, que implica múltiples variables.

Presté mucha atención al informe que hizo el Ministerio de Defensa Nacional con respecto al problema de la tropa, porque vengo de una rama de actividad en la que buena parte de mis compañeros comparten asentamientos con esa tropa y, en muchos lados, la respuesta no es una vivienda nueva, sino dar posibilidades para ampliar la que tienen o regularizarla, es decir, la articulación de un conjunto de variables.

Por último, creemos –en su momento lo hablamos– que esta sería una ocasión –y no está considerado en el presupuesto– para tratar algunas normas que sometemos a consideración. Me refiero a problemas de desalojos o de subsidios de alquiler, porque es muy probable que en el próximo semestre tengamos dificultades con respecto a los asentamientos irregulares, y eso es de urgencia. ¡De urgencia! Puede ser ese instrumento u otro, pero es cierto que hoy tenemos una situación agravada por la pandemia –cualquier investigador serio lo sabe– en la que decenas de miles de familias sufren por la falta de trabajo y tienen atrasos importantes en los alquileres. Salir tarde es mucho más caro y peor, por eso nos parece que estos serían elementos centrales para considerar.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Queremos marcar la preocupación que tenemos al analizar este inciso ya que no vemos la prioridad presupuestal y la del Gobierno en esta materia.

Vamos a dejar sentado que compartimos las expresiones del señor senador Olesker, pues ellas marcan las diferencias que hay entre el plan quinquenal y la línea base, que nosotros calculamos en, por lo menos, $ 5.000:000.000. Hay un recorte en lo que está propuesto en el quinquenio, si comparamos la ejecución de 2019, de $ 9.700:000.000, y la planteada para este año, de $ 7.800:000.000. Asimismo, hay $ 8.100:000.000 en adelante.

Nos preocupa lo que tiene que ver con los ajustes al Fondo Nacional de Vivienda. Nosotros planteamos alguna interrogante al equipo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial cuando concurrió a la comisión mencionando que el ajuste no está claro porque nos preocupa cómo está marcada la línea base. Esa es una de las grandes inquietudes e interrogantes que vamos a tener que evacuar en el quinquenio.

Otro aspecto que nos preocupa –ya el señor senador Olesker señalaba algo al respecto– es que creemos que en la creación de estos fideicomisos está habiendo una especie de privatización del sistema público de viviendas. Consideramos que es una estructura financiera muy compleja para los cuatro años de ejercicio de este Gobierno. Al analizarlo teníamos dudas, pero lo que se nos respondió en la comisión fue que este sistema de fideicomiso se aplicaría únicamente para este período de gobierno y que los compromisos del presupuesto serían alrededor de $ 6.800:000.000. No obstante, por el monto y los objetivos planteados, nos llama la atención que sea una estructura tan compleja. Además, en la comisión consultamos sobre algunos aspectos que no quedaron claros como, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el programa y sus objetivos. En realidad, no está esclarecido cuál es la población objetivo de este sistema de fideicomisos ni dónde se van a desarrollar los planes y la estructura financiera que está pensada únicamente para estos cinco años.

Asimismo, quisiera mencionar que cuando concurrió la señora ministra y su equipo le señalamos que el Frente Amplio está comprometido con las políticas de vivienda. En ese sentido, con respecto a la discusión que se dio al principio, cuando el presupuesto llegó a esta casa, en lo que tiene que ver con la solución final, nos parece muy importante que las competencias del Programa de Mejoramiento de Barrios no hayan pasado a la órbita de Presidencia, sino que hayan quedado en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que es el que debe llevar adelante las políticas sectoriales.

Por último, quisiera decir que para nosotros el problema de los asentamientos es muy complejo. Pensamos que debería existir un conjunto de políticas públicas para atender esta situación, porque esto no se soluciona solamente con la construcción de viviendas, sino que hay que trabajar sobre la titularidad de las tierras, entre otros aspectos que también son muy importantes en el desarrollo de la política pública.

Era cuanto queríamos señalar.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Gracias, señora presidenta.

Coincido con lo expresado por el señor senador Andrade con respecto a que es innegable todo aquello que mueve la construcción de vivienda.

Creo que todos estamos de acuerdo con que el presupuesto para la construcción de viviendas en los distintos ámbitos, que está en la órbita tanto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas como del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, va a ser parte del motor de la economía; ya lo es y lo será en el futuro para sacar adelante a este país en estos tiempos tan difíciles.

En el quinquenio se asigna al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial más de USD 1.000:000.000, suma que creo que es importante en este presupuesto. Considero que ello le permitirá mantener los programas que se venían desarrollando con éxito en el ministerio o que, por lo menos, otorgaban soluciones habitacionales, como el Plan Juntos. Asimismo, podrá seguir apoyando al cooperativismo y mantener los sorteos periódicos con aquellos derechos que se iban generando al llegar a determinado número. La idea es mantener eso al ritmo que permita la situación económica nacional que, indudablemente, está en una coyuntura muy particular.

El fideicomiso está pensado para atender a una franja de la población que no tiene capacidad de ahorro, pero sí cierta capacidad de pago mediante un sistema de alquiler y al quinto año se le toma como parte del pago de esa vivienda, continuando con ese mismo nivel de pago por un máximo de veinticinco años hasta convertirse en propietario. Creo que es algo importante, que va dirigido a una franja de la población no siempre contemplada por los distintos planes.

En definitiva, se busca dar el máximo de soluciones habitacionales a los uruguayos. Está estimado que hay un déficit de entre 60.000 y 70.000 viviendas, y eso proyectándolo al quinquenio da como resultado unas decenas de miles más. Por lo tanto, hay que actuar rápidamente en la construcción de viviendas y lograr soluciones habitacionales a un ritmo mayor que el que se viene implementando. Nadie dice que lo que se haya hecho esté mal, pero sí es imprescindible intensificar, dar mayor ritmo y atención –sobre todo a través del Programa de Mejoramiento de Barrios– a la problemática de los asentamientos, que no han parado de crecer en los últimos años.

En cuanto al articulado, creo que atiende determinadas situaciones y contribuye a generar una herramienta para poder manejar mejor todo lo relativo a este ministerio que ordena el máximo a percibir por los institutos de asistencia técnica, que muchas veces llevan una parte mayor de la deseada de todo lo disponible para la construcción.

Asimismo, se exceptúa del control notarial para el pago de la contribución inmobiliaria y el impuesto de primaria a aquellas acciones del ministerio, y de Mevir. Se reitera la exoneración del impuesto de primaria a Mevir. Se pone un plazo de sesenta días al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para que conteste a las cooperativas sobre permisos de construcción cuando tienen que tercerizar.

Se aprueba la facultad de declarar la emergencia habitacional en cualquier asentamiento. Esto genera la actuación de todos los actores implicados: ministerios, instituciones del Estado, en eso que se ha dado en llamar el ministerio entre todos, buscando generar obras de infraestructura, mejoras edilicias, regularización de títulos de la propiedad de la tierra y el fomento de la integración familiar.

Se faculta a los Gobiernos departamentales a categorizar como urbanos y suburbanos a aquellos espacios ocupados por Mevir, y también donde haya asentamientos urbanos. Se prioriza la ejecución del Plan Juntos en terrenos fiscales o de los Gobiernos departamentales. Se le autoriza a instrumentar un fideicomiso para la construcción de viviendas. Se establece un porcentaje de subsidio del 30 % a aquellos comprendidos en el fideicomiso. Se crea, confirmando lo establecido en la Ley de Urgente Consideración, la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana.

Creo que, en definitiva, las disposiciones que están en este articulado permiten al ministerio tener una herramienta de ejecución práctica para tratar de cumplir con todos los objetivos que se han trazado, más allá de la coyuntura económica nacional. Se trata de lograr mayor cantidad de soluciones habitacionales de manera de ir reduciendo esa brecha, esa carencia que existe desde siempre en nuestro país, así como también ir reduciendo paulatinamente los asentamientos irregulares, aportando soluciones duraderas, de largo plazo, que, como bien se ha dicho acá en sala, no solamente pasan por la construcción de viviendas.

Por todo lo dicho, vamos a votar el articulado propuesto para este inciso.

SEÑOR NIFFOURI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MANINI RÍOS.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Niffouri.

SEÑOR NIFFOURI.- Señora presidenta: simplemente quiero dejar constancia de que en este presupuesto quinquenal para el Gobierno nacional es una prioridad –y allí está destacado– el tema de la vivienda. Así como se ha manifestado en los distintos comicios de todos los partidos de la coalición de gobierno, desde las políticas públicas se va a atacar el tema de la vivienda con el rótulo de urgencia habitacional –que entendemos que existe– y el Programa de Mejoramiento de Barrios va a trabajar en los asentamientos. Como lo dijimos y se mantuvo en el programa de gobierno del Partido Nacional, se va a atacar de manera intensa y en forma integral. Todos sabemos que los asentamientos no solo arrastran el problema de la vivienda , sino que hay que trabajar en forma integral las distintas necesidades. En algunos casos se puede acceder a los realojos y en otros solo hace falta hacer arreglos in situ, pero, como dije, hay una necesidad de trabajar en forma integral en el tema de los asentamientos.

Con respecto a las soluciones habitacionales, el Poder Ejecutivo ha presentado un plan quinquenal, que tiene un estimado de 105.545 viviendas, que se tratarán de implementar en este presupuesto.

También hay herramientas nuevas y atractivas, como el fideicomiso, ya que hay que atacar el problema de una parte de la población que no ha logrado tener acceso a la vivienda porque no ha tenido oportunidades de ahorro. Esperamos que este fideicomiso, que permitirá que las personas paguen un alquiler con opción de compra, sea la base para que muchas personas puedan tener una vivienda digna.

Estas son políticas nacionales que atraviesan todos los Gobiernos. Por eso queríamos dejar en claro que hay que trabajar mucho en los sistemas alternativos de saneamiento, que es una de las grandes necesidades que existen y que a veces parece algo menor, pero no lo es. Mevir ha hecho intervenciones en los sistemas alternativos de saneamiento, que creo que son buenas herramientas para aplicar en otros lugares.

En definitiva, queríamos dejar constancia de que para este Gobierno la vivienda es prioridad y que en el presupuesto se la está atendiendo.

Muchas gracias.

SEÑOR VIERA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MANINI RÍOS.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Viera.

SEÑOR VIERA.- Quiero dejar constancia de nuestro apoyo al presupuesto planteado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Sabemos de la importancia que tienen los planes de vivienda. También nos congratulamos por el hecho de que no nos quedaremos dogmáticamente esperando recursos –que siempre son escasos– únicamente de las fuentes tradicionales. Creo que es una falsa dicotomía lo de público o privado en materia de financiamiento porque lo importante son las políticas y la conducción de los planes de vivienda desde el Estado. De lo contrario, tendríamos que entrar en una discusión –que no es para hoy– sobre lo que significa privatizar y sobre lo que pueden ser los roles del Estado y de los inversores privados, y tendríamos que analizar qué ha pasado en la historia del país –incluso en la más cercana–, sobre cuánto se ha privatizado. Las PPP son claro ejemplo de eso, pero no es un tema para tratar hoy.

Lo importante es que en el período pasado se construyeron 16.185 viviendas y que en este presupuesto está planteada la construcción de aproximadamente 17.500 a 21.000 viviendas, en una estimación realista. Además, es importante señalar que se están gestionando algunos proyectos y planes en forma distinta y eso también hace la diferencia porque la gestión es muy importante. Un ejemplo de ello son los cambios en el sistema de vivienda promovida –o viviendas sociales, como se le ha dado en llamar desde hace menos de un mes–, que han demostrado un incremento en el número de solicitudes y de proyectos presentados. A partir de estos cambios, en pocos días se han aprobado 4500 unidades. Creo que también la atención a lo que resta es, realmente, un problema urgente. Asimismo, el de la vivienda es un problema relevante, pero ya se ha mencionado el déficit que hay –entre 60.000 y 70.000 viviendas– y los más de 600 asentamientos irregulares, que son temas sociales muy importantes. Obviamente, la solución no viene solo por el lado de la vivienda, pero incluso con el trabajo de los Gobiernos departamentales creo que vamos a tener logros importantes en materia social y de vivienda.

Es nuestra posición.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa aclara que el inciso 14, «Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial», ya se votó, pero como por error no se le concedió el uso de la palabra al señor senador Olesker, que la había pedido, se la dimos después de la votación. Esto fue ratificado con las secretarias de la comisión, a quienes se les agradece la confirmación.

(Dialogados).

–Pasamos al inciso 15, «Ministerio de Desarrollo Social».

En consideración los artículos 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 503, 505, 506, 507 y 508.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- En una línea muy similar a la que planteamos en el inciso anterior, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y también en el del Ministerio de Salud Pública, queremos hacer una referencia a que la dotación presupuestal que el Mides recibe para el 2021 –siempre y cuando no se aplique el artículo 6.º y sus créditos se ajusten por inflación– es apenas superior a la dotación de recursos ejecutada en el 2019. Si la comparamos con el crédito, notaremos que es prácticamente la misma dotación, pero si la comparamos con la ejecutada –que es cómo lo debemos hacer–, veremos que hay un leve crecimiento que no se compatibiliza con la ampliación de programas que el Mides planteó en su comparecencia parlamentaria. Esta cartera sugirió la necesidad de reformular y profundizar algunos programas en el contexto de la situación económica que –como dije ayer referido a otro ítem– es de carácter estructural, por lo que va a tener consecuencias en el 2021 y probablemente también en 2022 –¡ojalá que no más!–, y va a implicar para el Ministerio de Desarrollo Social la necesidad de mejorar sus recursos y no de congelarlos. De hecho, en el 2020 –según detalla el Ministerio de Economía y Finanzas en la pestaña que se llama Fondo Solidario COVID-19–, hasta hoy, el Mides ha recibido USD 100:000.000 para incrementar apenas un 50 % en seis meses –o sea, 50 % seis veces– la asignación familiar, la Tarjeta Uruguay Social y las canastas que ha otorgado.

De acuerdo con una lógica de protección social mínima, uno podría pensar que el presupuesto de 2021 conservaría el presupuesto de 2020, más unos USD 100:000.000 –que son $ 4.350:000.000–, por lo menos; esto es casi seis veces el crecimiento que está otorgado respecto al ejecutado del 2019. Por lo tanto, no vamos a votarlo porque entendemos que la labor del Ministerio de Desarrollo Social está cuestionada con esta casi congelación presupuestal.

Por otro lado, quiero decir que nos preocupa particularmente el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Desde el 2017, este sistema de cuidados aparece desglosado en los programas 403 y 354, por lo que en las rendiciones de cuentas de 2017, 2018 y 2019 se hizo un cuadro comparativo de los gastos que los tres incisos –INAU, ANEP y Mides– le otorgaban. En 2019, eso dio aproximadamente USD 97:000.000, o sea, unos USD 100:000.000 para redondear. Cuando uno ve estos programas, puede observar que en el 2021 prácticamente quedan igual, o sea que no se incrementarían, sino que solo se ajustarían en caso de que no se aplicara el artículo 6.º. En definitiva, lo otorgado a los organismos que están vinculados a esta función está en el orden de los $ 2.000:000.000. Quizás en el planillado se perdió la perspectiva de alguna partida –eso lo podrá decir después el ministerio–, pero entre las que sí pudimos contar de los programas 403 y 354 se llega a $ 2.000:000.000, lo que equivale a unos USD 50:000.000. O sea que estamos pensando en una dotación presupuestal que es la mitad de lo que se invertía el año anterior, con un agregado que agrava la situación y es que se reformula su estructura; deja de ser la Secretaría Nacional Integrado de Cuidados para transformarse en la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad. A nuestro juicio, esto es un error y así se lo manifestamos al ministro cuando compareció ante la comisión.

Así como durante mucho tiempo, junto con el señor senador Meléndez –con quien en aquel momento compartíamos el ministerio–, peleamos para que se entendiera que los cuidados no eran salud –en realidad, los cuidados incorporaban una perspectiva de salud, pero tenían una perspectiva humana general–, ahora también debemos insistir en que los cuidados, que tienen un componente muy importante de discapacidad –abarcan a los asistentes personales para la discapacidad–, incluyen a toda persona dependiente y no se trata solamente de dependencia por materia de salud; también están la primera infancia y los adultos mayores. En consecuencia, juntar eso parece reducir la visión de los cuidados a esa perspectiva sanitarista de la discapacidad, que debe estar incluida –de hecho, era uno de los tres componentes principales–, pero no puede reducirse a eso.

Es algo que nos preocupa y evaluamos que hay como un desmantelamiento de lo que nosotros llamamos «política social de cuarta generación». Luego de haber hecho la reforma de la salud, la reforma educativa y la reforma de vivienda, este era el cuarto pilar en materia de protección social.

Estos dos aspectos, la inconsistencia presupuestal del proyecto y los riesgos que aventuramos, presupuestal y organizativamente, para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados eran los que queríamos plantear.

Gracias.

SEÑOR MELÉNDEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OLESKER.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Meléndez.

SEÑOR MELÉNDEZ.- Muchas gracias, señora presidenta.

Quiero, como en otras épocas, complementar la intervención del señor senador Olesker, ya que durante cinco años trabajamos juntos en el Ministerio de Desarrollo Social. Quizás acá estemos discutiendo en dos andariveles diferentes y por eso a veces no llegamos a conclusiones acertadas. Pienso que todos atribuimos intencionalidades y me parece que es correcto, porque cada uno las tiene. Cuando uno hace algo, vota algo o propone algo, lo hace en función de lo que piensa o siente que debe hacerse; es ahí donde tenemos diferencias.

A mí me cuesta, muchas veces, votar un articulado en el que solamente aparecen los títulos, porque podemos estar de acuerdo con los títulos y no con sus contenidos manifiestos. Digo esto porque ahora voy a hacer un planteo específico de lo que no está en el articulado y que me parece que debe quedar en la cabeza, no solo de los señores senadores, sino también de las autoridades del ministerio, con quienes pienso reunirme para explicarles nuestra experiencia en el ramo y, sobre todo, nuestra intencionalidad en algunas cosas que, de hecho, se han manifestado acá.

Aquí se ha hablado mucho de las políticas sociales y de aquellos aspectos vinculados a la medición multidimensional de la pobreza. Recuerdo que en 2006 trajimos al doctor Cortés, de la Coneval, que realizó una excelente intervención en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República para comenzar a discutir el tema. En ese momento, yo era director de Evaluación y Monitoreo del Mides y empezábamos a desarrollar un proceso para acercarnos a una medición multidimensional de la pobreza que recién pudo lograrse en 2012-2013. Todas esas cuestiones que tienen que ver con la medición de datos para tratar de explicar el porqué de las cosas no son fáciles. Todos sabemos eso y reconocemos nuestras limitaciones con respecto al tema.

A mí me gustaría hablar, también, de lo que tiene que ver con la fragmentación de las políticas. Me parece que estamos volviendo a un proceso de fragmentación de la política centrada en el individuo, con un corte vertical ministerio por ministerio, y no estamos logrando un presupuesto por programas, sino que nuevamente estamos definiendo un presupuesto por incisos. ¿Por qué digo esto? Porque acá se ha abordado la política social desde diferentes ángulos, en vinculación con todos los incisos, y se la ha tratado según la óptica de lo que entendemos que debe hacerse en cada inciso. Quiero recordar –no lo leo acá– que el Consejo Nacional de Políticas Sociales es un organismo creado por el Ministerio de Desarrollo Social para que todos…

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, señor senador.

SEÑOR MELÉNDEZ.- Estoy por finalizar, señora presidenta. ¿Puedo pedir una nueva interrupción? ¿Hay alguien anotado?

SEÑORA PRESIDENTA.- Finalice su intervención, señor senador. Sí, hay gente anotada.

SEÑOR MELÉNDEZ.- El Consejo Nacional de Políticas Sociales no solamente definía las políticas transversales de todos los incisos, sino que las creaba en conjunto. En ese momento era mucho más fácil elaborar políticas en colectivo y después definir cuál sería su aplicación, que lo que se está haciendo ahora: acuerdos puntuales sobre distintos organismos en una coyuntura muy particular.

Pienso que volver a la discusión en colectivo sobre los problemas para resolverlos es lo que genera que el Estado acompañe, solidifique y proyecte mejores salidas.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Gracias, señora presidenta.

Obviamente, nosotros vamos a acompañar el presupuesto porque estamos de acuerdo en que lo que se busca es continuar y mejorar las políticas que ha llevado y lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social. Es un ministerio relativamente joven que debió incorporar a otros ministerios y también a Pronadis, al Inda, a Uruguay Crece Contigo; es decir que fue sumamente amplio. Es más, tuvo que hacerse cargo hasta de ecografías en determinadas zonas del interior del país donde las mujeres no podían acceder a ese estudio.

Reconocemos su trabajo y nuestro partido –digo nuestro partido porque hay partidos nuevos en el Gobierno de la coalición que no estaban en ese momento– acompañó y votó la creación del Ministerio de Desarrollo Social porque consideraba que era una herramienta sumamente importante para la situación de emergencia que se estaba viviendo en nuestro país. Nosotros siempre acompañamos esta iniciativa y lo aclaro porque a veces parece darse a entender que no lo hicimos. El partido acompañó la creación del Ministerio de Desarrollo Social porque considerábamos que era una herramienta sumamente importante, pero también vamos a basarnos en lo que dijo el señor ministro Bartol con respecto a lo que encontró en ese ministerio.

Nosotros no venimos acá a dar ese debate de marcar lo que se hizo mal. Lo que se hizo bien, se va a mejorar y, en lo que no salió bien, vamos a tratar de implementar otro tipo de políticas. A eso es a lo que se está apuntando y creo que es lo que está solicitando la ciudadanía, esos miles y miles de uruguayos que generalmente se asisten en el Mides, se benefician y son los que están viviendo la crisis de la pandemia. Si hoy nosotros discutimos supuestos, lo que podría suceder o podría ser, lo que nos parece o es posible, no le llevamos un mensaje de esperanza a la gente.

Podríamos llegar a hablar de determinadas cosas que realmente consideramos que no se hicieron bien, pero ¿saben una cosa? La ciudadanía está esperando que se vote este presupuesto. Acá muchas veces hablamos, gritamos y nos rasgamos las vestiduras entre nosotros, pero el que está del otro lado está esperando otra cosa; está esperando respuestas nuestras.

El Ministerio de Desarrollo Social ha contado con un muy buen presupuesto: en 2005 fue dotado de un presupuesto de USD 67:000.000, que después fue aumentando; en la presidencia del entonces presidente Mujica tuvo USD 98:000.000; en 2014 llegó a USD 172:000.000 y en la segunda presidencia del doctor Vázquez, a USD 252:000.000. ¿Y saben una cosa? Con el tema de la pandemia, el Mides no debió realizar el 15 % de abatimiento que se pidió al resto de los ministerios; por el contrario, se le aumentó el presupuesto.

Sin embargo, el señor ministro Bartol nos mencionaba que se encontró con un ministerio totalmente desordenado, que presentaba una fragmentación y un solapamiento de programas, lo que también se refleja en su estructura orgánica interna y entorpeció el abordaje de las políticas a llevar adelante. Eso lo manifestó el señor ministro Bartol, adicionando que los programas, en general, tienen una cobertura baja, ya que se estaba atendiendo a un 5 % de la población objetivo. El restante 95 % queda en interminables listas de espera. Entonces, tenemos mucho para trabajar. Estos son datos sumamente importantes.

Es un ministerio con enormes desafíos hacia adelante; es un ministerio que debemos mejorar para los ciudadanos de hoy y para los que vendrán. En ese sentido, se propone reducir el número de direcciones de catorce a diez para unificar los criterios y las tareas. De ese modo, se pretende lograr una estructura interna que funcione de manera más coherente y eficiente y que permita la comunicación entre las distintas áreas, que hasta ahora increíblemente ha sido nula.

Obviamente, la realidad que nos tocó vivir con la pandemia de la covid-19 obligó a cambiar los planes de lo que se tenía proyectado. Parece que muchas veces no se toma en cuenta que estamos viviendo una pandemia. El objetivo era otro: promover la superación de las personas para llegar a su autonomía, para que no generen dependencia, que puedan valerse por sí solas y así lograr un verdadero cambio perdurable. Quiere decir que la intención era cortar gradualmente con ese criterio de asistencialismo porque los programas no constituyen objetivos en sí mismos. La idea es atravesarlos, no permanecer en ellos. No podemos estar permanentemente en un plan de ayudas y de asistencia. Tenemos que trabajar para que las personas salgan de esa situación. Nadie quiere vivir del asistencialismo. Reconocemos que todos tenemos la obligación de asistir al que lo necesita, pero también tenemos la obligación de sacarlo del pozo. Y me atrevo a citar las palabras del expresidente Mujica, que en la prensa dijo: «Sacamos a bastante gente de la extrema pobreza, pero no los hicimos ciudadanos: los hicimos mejores consumidores».

Sin embargo, con la emergencia sanitaria, el Mides debió cambiar el foco y abocarse al rescate de las personas cuyos derechos han sido vulnerados y son los más afectados por esta situación. A veces se dice que el Gobierno no tomó en cuenta la covid, pero claro que sí la tomamos en cuenta. Salimos inmediatamente a abordar la situación.

Además, más allá de que sé que no gusta cuando lo decimos, hubo que asistir prácticamente a 400.000 personas. El Estado debió apoyarlas con el Plan de Equidad, con la Tarjeta Uruguay Social y asistir con las canastas, colaborando con las ollas populares u ollas solidarias. La pandemia lamentablemente nos quitó un velo acerca de algo sobre lo que veníamos hablando.

En estos meses de pandemia el Mides ha instrumentado sistemas de protección de veinticuatro horas para sustituir algunos de los servicios de protección nocturnos y centros de contingencia para aquellos que debían aislarse por cuarentena o por ser positivos. Estas cosas fueron muy importantes. A muchísimos uruguayos que estaban en situación de calle, en situaciones muy precarias, se les dio ese cobijo, ese albergue, justamente por el tema de la covid. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. No se puede decir que fuimos ajenos a la covid de ninguna manera.

Se abrieron refugios en el interior del país con la cooperación de las intendencias. Los sistemas de comedores pasaron de atender a 8000 personas a atender a 25.000 en el momento de mayor necesidad. El operativo Frío Polar brindó alojamiento en unidades militares. Se abrieron caniles para aquellos que lo único que poseen son sus mascotas, sus perros. Se trató de brindarles eso y que ningún compatriota pudiera decir «No voy porque tengo que dejar a mi mascota». Se trató de contemplar todo, aunque en algunas cosas seguramente fallamos. Es obvio que todo es perfectible.

Este presupuesto que presenta el Mides está condicionado por el cambio de prioridades, producto de la pandemia, que hizo que se volviera a hacer hincapié en los temas de primera necesidad. Acá no hay recortes como se manifiesta, y debemos dejarlo claro. Respetando lo que nos viene solicitando la señora presidenta, no voy a dar todos los números. Yo tengo todos los datos, desde la atención a la vulnerabilidad extrema a la alimentación, y no voy a leerlos, pero sí quiero decirles que este es un presupuesto pensado con la gente porque este Gobierno va a trabajar con la gente y no para la gente. Vamos a trabajar coordinadamente con las organizaciones civiles, pero con todas las organizaciones civiles. No vamos a trabajar ideológicamente; nosotros vamos a trabajar para la gente.

Por eso muchas veces a mí sinceramente me duele cuando se tiñe todo con ideologías partidarias y quieren acusarnos a nosotros de que el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social está todo politizado. De ninguna manera es así. Yo acá no quiero ofender a nadie, pero si hubo un ministerio politizado, lamentablemente, fue el Ministerio de Desarrollo Social. Eso nosotros no lo vamos a hacer y voy a ser la primera en levantar mi voz si eso sucede. Estoy muy segura de que los compañeros que integran el Gobierno realmente van a trabajar como corresponde, de que vamos a cumplir con ese Compromiso por el país que firmamos y de que los derechos adquiridos se van a respetar. Por eso, señora presidenta, votamos este proyecto de ley de presupuesto seguros de que tiene la mirada hacia aquellos menos favorecidos.

Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: evidentemente estamos ante un ministerio que nos preocupa a todos porque es trascendente. Si siempre lo fue –por eso nuestro Gobierno lo creó–, ahora lo es más, como se ha dicho, en un momento en que estamos viviendo esta situación de pandemia.

No desconocemos para nada y valoramos lo que ha intentado hacer el ministerio del actual Gobierno, porque sabemos que se han preocupado mucho y que han tratado de paliar la situación lo mejor posible.

Lo que no entendemos es por qué al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, por ejemplo, se le quita importancia –podemos certificarlo– y se le cambia la orientación, como explicaba el señor senador Olesker, porque eso también implica un cambio muy grande en la calidad de vida para mucha gente, como discapacitados, adultos mayores y menores de cinco años.

Tampoco entendemos por qué –se lo preguntamos en su momento al ministro– se detiene un programa que apoya mucho a las mujeres víctimas de violencia en cuanto a las defensorías de oficio porque, en un acuerdo con la Facultad de Derecho, iban semanalmente a las oficinas del Mides profesionales cuya tarea específica era colaborar para que estas mujeres pudieran seguir los trámites. Se nos dijo que se había detenido, que era real lo que sabíamos y que se estaba procurando rehacer ese convenio. No entendemos por qué se corta este programa, que venía funcionando. Los trámites burocráticos llevan un tiempo y eso perjudica a las mujeres que acudían a estas defensorías, que no eran las de oficio tradicional dentro del ámbito de la Justicia.

(Ocupa la presidencia la señora Gloria Rodríguez).

–En el artículo 506 se cambian los criterios de selección de la población beneficiaria, concretamente de las tarjetas que daba el Mides. Esto no se nos aclaró mucho, así que no sabemos si se va a cambiar el índice de carencias críticas o si se va a limitar el papel de las visitas a los hogares. Se crean franjas que no sabemos qué montos van a tener y eso también nos preocupa.

En cuanto a las cooperativas sociales, tema en el que el ministerio trabajaba con determinados organismos como OSE, se les ha dicho que terminan a fin de año y que deben pasar a tener otra calidad, cuando desde el Estado se apostaba a que esas cooperativas comúnmente fueran integradas por personas de bajos recursos a las que se ayudaba a salir de su situación de pobreza.

El programa Cercanías, para el cual se hizo un llamado, pasa de ser un equipo que trabajaba en territorio a estar integrado por una o dos personas, por lo que ya no va a haber presencia en territorio de equipos multidisciplinarios. Consideramos que el Mides tiene esa función tan importante, pero no entendemos por qué se actúa así con respecto a cosas que se venía haciendo. No compartimos que se diga que se estaba dilapidando, haciendo todo mal y politizando el tema; reitero, no lo compartimos y, por lo menos desde nuestra experiencia, creemos que muchas cosas les servían a quienes debíamos atender, que son aquellos que tienen los derechos más vulnerados.

Justamente, se creó este ministerio para intentar cambiar la situación de pobreza e indigencia, y los números bajaron, pero es evidente que queda muchísimo por hacer en este sentido.

Queremos referirnos al cambio que establece el artículo 507 de este proyecto de ley de presupuesto nacional con respecto al Observatorio sobre Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, que pasa de la OPP a la órbita de Inmujeres. A partir de ese cambio se integra exclusivamente con representantes de los ministerios, o sea, del Poder Ejecutivo. La integración anterior incluía a la sociedad civil, concretamente a la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. En este presupuesto nacional se propone que el observatorio pase a estar integrado –como dije– por los ministerios, lo que hace que, en realidad, se cumpla una paradoja rara. ¿Por qué? Porque se crea un observatorio para que se observe una realidad desde afuera, se hagan aportes y críticas, papel que jugaba la sociedad civil integrada al observatorio con pleno derecho, pero eso ahora se quita y los que controlan, los que deben hacer aportes, cambios y sugerencias son los mismos ministerios que integran el Poder Ejecutivo. No nos parece que ese sea un buen camino. Se nos dijo que se va a invitar a la sociedad civil, o sea que estará en condición de invitada. No es lo mismo estar en un nivel de decisión importante, en las mismas condiciones que los ministerios, que estar presente pero sin necesidad de ser escuchada y de hacer valer su opinión –no sé si se votaba– a la hora de decidir.

Se nos habla de austeridad, pero debería aplicarse esa austeridad, y con más razón en ese ministerio; sin embargo, se crean cargos de confianza que no existían. Nos parece que eso va en contra de la austeridad, así como también el habilitar a traer más de cien pases en comisión, que aún están en proceso. Creemos que eso fue necesario solo cuando se creó el ministerio porque no tenía recursos humanos, pero hoy realmente creemos que no hacen falta más de cien pases en comisión, por más que se supone que son transitorios y por determinado tiempo. Realmente no lo entendemos.

Otro tema que personalmente me preocupa es cómo se cambian los criterios que se venían llevando adelante, y más en la situación de pandemia que vivimos. El Mides había instituido que cuando una persona cumplía sesenta y cinco años, previas visitas para comprobar que en realidad estaba en la indigencia o en situación de extrema pobreza, podía acceder a un pago del ministerio hasta los setenta años y, a partir de ese momento, automáticamente, como cualquier ciudadano, podía pasar a cobrar lo que antes se llamaba pensión a la vejez. Eso se adelantó y, en particular, beneficiaba a las mujeres. Sabemos que al ser ama de casa no se cobra jubilación, como se ha reclamado muchas veces desde la sociedad civil, porque es un trabajo no pago que debería ser tenido en cuenta al momento de que una persona cumple determinada edad. Bueno, hasta ahora no hemos podido lograr eso; capaz que en el futuro se consigue. Pero sí existía este beneficio por cinco años para muchas mujeres que a los sesenta y cinco años habían quedado a la intemperie porque realmente no tenían recursos. Cuando le preguntamos sobre esto al ministro, en oportunidad de su comparecencia, pudimos saber que, en realidad, hoy se está estudiando si se otorga a los sesenta y cinco años, ya que en algunos casos se ha autorizado cuando tienen algunos años más. Nosotros creemos que en este tema el ministerio está teniendo un retroceso.

Evidentemente, se ha hablado mucho de la gente en situación de calle y, como hemos dicho, es algo que ya nos preocupaba y nos sigue preocupando. Se dijo –incluso al comienzo de la pandemia– que iban a sacar a toda la gente de la calle porque estar allí no era un derecho. Sin embargo, aterrizaron en la realidad de la cantidad de gente que hoy duerme en la calle, que se nos manifestó que son unos 2500. También se habló de los planes para sacar a las personas de la calle y no solamente llevarlas a un refugio, sino darles un lugar para vivir –el ministerio lo estuvo instrumentando y supongo que debe continuar haciéndolo– en habitaciones compartidas por dos personas y de las que tengan la llave. ¿Saben a cuántas personas de esas 2500 se piensa alcanzar con esto durante todo el quinquenio? A 300 personas y esto fue dicho por el señor ministro. En realidad, no había soluciones básicas y no se podía sacar tan fácilmente a la gente de la calle. Ojalá que estas cifras que nos han dado mejoren y que pueda beneficiarse a muchísima gente en los próximos años.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Señora presidenta: entiendo que para analizar el presupuesto no solo deben considerarse los artículos, sino también el resto del material que se nos acerca porque es lo que nos permitirá tener elementos para la tarea de fiscalización que ejerceremos desde este Cuerpo.

Voy a referirme concretamente a los indicadores porque me resulta difícil hablar de la gente, ya que uno es uno y sus circunstancias, y no me olvido de que hasta hace un par de meses yo era parte del conjunto de la gente cuando desde acá se hablaba de la gente. Si en algún caso me refiero a los beneficiarios de las políticas del Mides, creo que voy a hacerlo eligiendo la expresión «nuestras y nuestros compatriotas» que no están aquí y se encuentran en una situación más desfavorable.

Ahora voy a hablar de los indicadores y voy a hacer algunas precisiones que entiendo que también forma parte de lo que vamos a tratar tomando el presupuesto como un todo.

Cuando analizábamos los indicadores del Mides –ahora volví a mirarlos–, pudimos ver que, por ejemplo, en la secretaría de género, en Inmujeres, hay un indicador que habla de proyectos financiados por los fondos concursables para la igualdad de género. Nos llama la atención que ese indicador comience en 15 para 2020 y baje a 3 para el resto de los años. Simplemente estoy haciendo esta consideración en particular y luego voy a reconocer específicamente –para que quede registrado en la versión taquigráfica– que cuando lo planteé en la comisión, inmediatamente después vino la directora de Inmujeres, Mónica Bottero, a decirme que iban a trabajar en esos indicadores, que estaba segura de que tendría que cambiarlos, que reconocía que no fueron hechos de una forma demasiado metódica y que se comprometía a cambiarlos. Agradezco la honestidad de la señora Bottero y vamos a estar esperando ver los indicadores de la próxima rendición de cuentas para compararlos con los de esta gestión.

Después, también revisábamos la unidad ejecutora 02, Dirección de Desarrollo Social, con respecto a la cual en la página 9 del tomo II se habla de un indicador que se llama «Hogares que reciben TUS». En 2019 este indicador arranca en 86.431 y ya en 2020 baja a 70.000, cifra que se mantiene durante todo el quinquenio. Aquí habíamos dicho que quizás esto sucedía porque hay otras prestaciones adicionales que hacen que este número baje en unas 16.431 prestaciones; aclaro que las prestaciones son personas. Nos llamaba la atención que se mantuviera ese indicador que parece no atender la realidad que estamos viviendo por la pandemia.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–Asimismo, hay otro indicador al que le habíamos prestado especial atención llamado «Cupos disponibles para personas en situación de calle», que arranca con una línea base de 2600, en 2020 asciende a 3000, en 2021 vuelva a bajar, en 2022 baja a 2800, en 2023 baja a 2600 y en 2024 queda en la misma cifra; o sea que al final del período quedamos igual que la línea base de 2019.

En la comisión se nos reconoció que, en realidad, estos indicadores eran de la gestión pasada y quiero destacar la honestidad del señor ministro en ese sentido y su compromiso de revisarlos nuevamente; de lo contrario, en la próxima rendición de cuentas se nos va a complicar evaluar esta gestión si usamos los indicadores de la gestión pasada. No quiero aburrir con números, pero quiero dejar constancia de que en la próxima rendición de cuentas vamos a estar esperando los indicadores y los planes estratégicos que corresponden a esta gestión del Ministerio de Desarrollo Social. Los esperamos porque entendemos la responsabilidad que compete a las autoridades del Mides y confiamos en que van a ser traídos a esta casa como corresponde.

Muchas gracias.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Señora presidenta: con respecto al observatorio, actualmente la OPP entiende que los organismos y las unidades especializadas de todo el Gobierno deben ir al lugar en el que se trabaja y se entiende del tema. Esta es una política y una decisión de la OPP que nosotros compartimos. Así como el Mides tiene la potestad de la rectoría de todas las políticas de género, también la tendrá en el observatorio. Si tienen la rectoría, es lógico que se incluya al observatorio, que integra a la Fiscalía y al Ministerio del Interior. Reitero, es lógico que esté en la órbita de Inmujeres. La sociedad civil va a participar y la directora Mónica Bottero lo explicó; se va a dar la oportunidad de que participen otras organizaciones civiles que se han especializado en los temas, es decir que se abre el espacio para que no siempre sean las mismas organizaciones civiles las que estén vinculadas, ya que hay muchas. Reitero que nosotros vamos a trabajar de una forma abierta en todos los temas.

En lo que refiere a las cooperativas sociales –un tema sobre el que también se preguntó–, la intención es que permanezcan y se crean para que las personas salgan de una situación. Durante un período se trabaja, las personas salen de esa situación y se da la oportunidad de que puedan comenzar otras cooperativas. Esto debe ser así, si no, quedamos siempre en lo mismo; tal cooperativa se creó y después termina siendo parte del ministerio. No, acá se les va a dar la oportunidad a todas esas personas que están en situación de precariedad de salir adelante, más aun cuando estamos hablando de la covid. Tenemos una mirada muy, pero muy especial de la situación de emergencia sanitaria que se está viviendo en estos momentos y de los miles y miles de uruguayos que van a estar en una situación precaria. Por eso esto tiene que ser fluctuante, no podemos quedar estancados.

Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: simplemente quiero decir que, respecto a la integración del observatorio, en el texto no figura la sociedad civil, que es lo que votamos hoy.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso correspondiente al Ministerio de Desarrollo Social.

(Se vota).

–18 en 26. Afirmativa.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Señora presidenta: aprovecho esta vía del fundamento del voto para achicar el tiempo de exposición en la sesión.

En primer lugar, quiero solicitar –porque sería buena cosa para la información parlamentaria– que se presente la composición del gasto del Mides por la línea de política, del planillado, para poder trabajar y después comprobarlo efectivamente, porque hasta el día de hoy no se poseen esos datos.

En segundo término, queremos plantear una preocupación que tenemos en relación con todo el presupuesto y que manifestamos también acá. No quisiéramos que entre los recortes cayera una política social de mucha sensibilidad, como es la del sistema de cuidados.

(Murmullos en sala).

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa ruega que se haga silencio.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Este sistema de cuidados constituye, básicamente, una política de alta sensibilidad como la que señalamos hace un rato respecto a los usuarios de los medicamentos de alto costo. En este caso es otra política social, pero que refiere a personas que por circunstancias de la vida han tenido que recurrir a una política pública que está vigente y que, insisto, influye mucho y para bien en sectores especialmente vulnerables y ha cambiado la calidad de vida de mucha gente, de personas concretas que muchos de nosotros conocemos.

Por lo tanto, vamos a estar especialmente atentos para que aquellos derechos que se adquirieron y que hoy son parte de la mejora de la calidad de vida de los uruguayos no se pierdan.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al inciso 36, «Ministerio de Ambiente».

En consideración el artículo 529.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 23. Afirmativa.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: me parece que no está mal, lo que hay que hacer es dejar constancia de la importancia de este ministerio, del que hemos votado afirmativamente prácticamente la totalidad de sus artículos. En realidad, de alguna forma, con la presencia del ministro pudimos ver que falta mucho, desde infraestructura a rubros, para que este ministerio –cuya creación votamos en la Ley de Urgente Consideración– pueda tener a cabalidad un rol importante a jugar en la sociedad y en nuestro tiempo. Simplemente, me parece que tiene pocos recursos. El propio ministro, cuando le preguntamos, de alguna forma reconoció –fue de los pocos que lo hicieron– que eran escasos. Habrá que ver cómo se irá mejorando esto en los próximos años, como se ha señalado desde el oficialismo.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Recuerdo a los señores senadores que ayer hicimos efectiva la votación de algunos artículos.

Pasamos al inciso 25, «Administración Nacional de Educación Pública».

En consideración los artículos 563 y 564.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Señora presidenta: el ritmo de trabajo que tenemos –y que celebro– nos lleva a adentrarnos, en este caso, en uno de los incisos que entendemos –quizás por una cuestión de vocación, porque este tema uno lo siente como propio– es de los más importantes.

Queremos señalar que nuestra principal preocupación es lo que entendemos como una inconsistencia entre lo que en la campaña electoral se señalaba como uno de los principales desvelos de esta Administración que comenzó el 1.º de marzo, esto es, la educación y la calidad educativa, y las propuestas que tenemos a consideración en nuestra mesa de trabajo. ¿Por qué hablo de inconsistencia? Porque el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo no refleja las prioridades que deberían ser contempladas desde el punto de vista de lo que la educación supone para la evolución y el desarrollo de las sociedades.

(Murmullos en sala).

–No hablo solo de los lineamientos objetivos y las estrategias de política educativa de la ANEP para el período 2020-2024 que a través del acceso de información que hay…

Disculpe, señora presidenta, pero hay un poquito de ruido ambiente en sala. Le agradezco que, si es posible, me ayude para que pueda continuar con mi exposición.

(Campana de orden).

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa ruega a los señores senadores que guarden silencio en sala.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Gracias, señora presidenta.

Decía que era necesario focalizar, desde el punto de vista presupuestal, en la educación, si se quería ser consistente con lo referido sobre la prioridad.

También hice un señalamiento en cuanto a las líneas de acción. En el debate que tuvimos con las autoridades de la ANEP y del Ministerio de Educación y Cultura señalamos que estábamos, quizás, en un acuerdo amplio en lo que tiene que ver con las líneas generales, pero ahora ese acuerdo no queda reflejado en la prioridad presupuestal que debería fijarse para llevar adelante estas metas que se señalan.

A veces se cae en el error de analizar en otro el pensamiento en forma lineal. No estamos sosteniendo que la mayor asignación presupuestal sea condición única para que las políticas educativas mejoren y sean cada vez más amplias o eficientes. No; estamos diciendo que es una condición necesaria para poder desarrollar estas políticas públicas. Es más, según nuestra previsión, en esta materia va a existir un recorte en el incremento –que venía siendo sostenido– de los salarios de los trabajadores de la educación. Este es un aspecto fundamental en el sentido de que cuando se habla de transformación educativa debe pensarse también en tener a trabajadores de la educación en condiciones dignas; e insistiendo una vez más en que no me gustan los razonamientos lineales, digo que esa cuestión pasa no solo por el salario, aunque tampoco este y su mejora pueden dejar de tenerse en cuenta. Entonces, desde este punto de vista, creemos que ese recorte se va a traducir, indudablemente, en un desestimulo para la tarea.

Como segundo aspecto, para estas áreas vinculadas al sistema educativo se prevé un aumento en algunas obras de infraestructura de jardines, escuelas y centros educativos varios –no los voy a describir por una cuestión de tiempo–, pero ni en el planillado ni en la información aparece reflejada la necesaria cantidad de personal educativo docente, de servicio y administrativo que hace a la condición imprescindible para que un centro educativo funcione. Tengamos presente que la educación no funciona solamente con infraestructura, sino que también debe tener una adecuada distribución del personal y, sobre todo, una muy buena focalización de las prioridades.

En materia de educación también señalamos lo que veníamos sosteniendo respecto a las prioridades de los niños de tres años. Lo dijimos en el inciso del Ministerio de Educación y Cultura y lo reiteramos ahora. ¿Por qué? Porque esta es el área presupuestal o de política pública –mejor dicho– en la que se aborda esa franja de edad tan importante para el desarrollo humano. Es claro que en el fondo también hay cierta concepción economicista, porque el aula que tiene una niña o un niño de tres años, con maestros y con maestras tituladas, desde el punto de vista presupuestal es superior a otras modalidades como son las que se están previendo para abordar esta franja de edad. Este es un dato de la realidad y, en ese sentido, entendemos que estamos ante algo muy complejo.

El tema de la calidad educativa es, también, muy complejo. Celebro contar con el Ineed, una institución creada durante los Gobiernos frenteamplistas que ha sido una buena herramienta para poder leer, interpretar, analizar y, a partir de esto, implementar las correcciones necesarias y asimilar. Si hay algo muy claro en este sentido, ha sido esta institucionalidad. Es más, voy a repasar algunas de las cuestiones que creemos no deberían perderse porque las ha obtenido la sociedad en su conjunto. Estas cosas no deberían ser consideradas solo como un logro partidario, sino que deberían ser interpretadas, asimiladas y asumidas como un logro de la sociedad en su conjunto.

En particular, queremos señalar que la tarea por una educación de calidad para todas las personas a lo largo de toda la vida aún tiene mucho camino por recorrer. Por eso la expectativa que teníamos con este nuevo período en el que, lamentablemente, se reducen los recursos destinados a la educación.

En los quince años de gobierno del Frente Amplio, la cobertura de la educación en todas las edades, niveles y modalidades se diversificó y extendió –en ofertas y propuestas– en todo el país. Se logró mejorar la infraestructura de la educación como hacía muchos años no ocurría y se generalizó el acceso a las tecnologías de la información y comunicación a todo nivel. Por suerte, el Plan Ceibal es uno de los ejemplos que el Uruguay da al mundo, entre otros. Se combinaron políticas universales con políticas focalizadas para ofrecer más oportunidades a quienes menos las han tenido por su origen étnico, social, territorial o por su discapacidad. Se profundizó la integralidad de la educación. Se avanzó también en accesos muy importantes, por ejemplo, en lo referido a la primera infancia y a la educación terciaria, así como en la transformación de carreras de grados, entre otras.

Y voy a agregar algunas cosas más. El incremento de la oferta en centros de primera infancia del INAU y de primaria, llegó a los máximos niveles históricos de expansión en educación en menores de cuatro años. Reitero: los máximos niveles históricos de expansión. Así, tres de cada cuatro niños de tres años tienen atención educativa o la tuvieron hasta el día de hoy. En ese período que estamos señalando, se puso un especial énfasis en la extensión del tiempo pedagógico. En educación primaria se multiplicaron casi tres veces la cantidad de establecimientos que ofrecen tiempo pedagógico superior a siete horas, cubriendo más de la quinta parte de la población escolar. Se continuó en los últimos años con la educación media, que ya cuenta con 43 liceos de tiempo completo o extendido. Se incorporó a nuevos estudiantes y se formularon propuestas de formación profesional en UTU, de manera de dar a todos los jóvenes continuidad educativa combinando la formación profesional con la general, multiplicando 2,6 veces su matrícula de educación media básica en relación con el año 2005. Reitero: 2,6 más veces que en 2005. Voy a señalar algunos ejemplos –aunque son insuficientes, hay que tener mirada autocrítica y por eso hice referencia a lo que hicimos– como la culminación de los ciclos de educación media, que en estos años han mejorado más de 12 puntos porcentuales en la media básica y en más de 8 puntos en la educación media superior.

La educación tecnológica ha tenido un fuerte impulso en este período, promoviendo la continuidad educativa en todas las propuestas. En el Consejo Técnico Profesional –la UTU, la vieja y clásica UTU– hubo un crecimiento del 60 % en su matrícula. Al panorama de educación formal se agrega una oferta educativa para personas jóvenes y adultas que, al menos, abarcó a 123.281 personas en el 2018. Y en esos quince años la educación terciaria tuvo un incremento superior al 36 %. El crecimiento se produjo en la oferta universitaria…

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: le solicito que se remita al inciso que estamos considerando y no al de la Universidad de la República.

SEÑOR MAHÍA.- Fue un solo renglón.

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, le agradezco que haga referencia al inciso 25.

SEÑOR MAHÍA.- De acuerdo.

Fue solo un renglón el que generó alguna reacción.

Reitero, el crecimiento se produjo a partir de la oferta terciaria –a eso estábamos refiriéndonos– en el Consejo Técnico Profesional –UTU– y en las universidades privadas o de formación docente. Esta expansión ha tenido un impacto especialmente importante en el interior del país –repito: especialmente importante en el interior del país–, respondiendo a una necesidad y a un reclamo de muchísimos años. Entre 2010 y 2018, tanto el ingreso como el egreso de las ofertas de formación terciaria y universitaria en el interior, se duplicaron. A esto se agrega que en los últimos quince años se ha impulsado una política de becas para favorecer el acceso a la educación media y terciaria a través de diversos instrumentos. En su totalidad, las becas se multiplicaron por siete entre 2005 y 2019.

Como va quedando poco tiempo –la luz amarilla que está debajo de la mesa de la presidencia, así lo indica–, quisiera hacer dos comentarios más.

Rechazamos de plano las visiones catastróficas sobre el estado de situación de Uruguay. Creemos que hay que mirar con un sentido autocrítico aquellas cosas en las que no hemos obtenido los resultados que hemos buscado –por los que genuinamente hemos trabajado– y saber reconocer y valorar debidamente cuál es la fortaleza que tiene el Uruguay en esta materia.

¡Ojalá se pueda mantener y profundizar el acceso a la educación! ¡Ojalá se pueda mejorar el acceso a la educación y la calidad para los sectores más vulnerables de la sociedad, que es lo que todos queremos! ¡Ojalá no perdamos derechos adquiridos ni oportunidades de poder desarrollarnos, que es la herramienta más importante que tienen los pueblos, particularmente los del sur! Porque la apuesta a la educación pública, en el mejor y más amplio sentido de la palabra, es la apuesta al desarrollo global del Uruguay.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA SANGUINETTI.- Señora presidenta: voy a ser breve por las consideraciones que todos manejamos.

Realmente entiendo que tanto este documento que presentó la ANEP como lo que dijeron sus autoridades cuando las recibimos, en ocasión de su comparecencia, trazan un camino claro con metas y objetivos para enfrentar lo que creo que es nuestro principal desafío.

Coincido con el señor senador Mahía en que no hay que ser catastróficos, pero sí reconocer y mirar a los ojos una realidad bien cruda, desde nuestra perspectiva, en relación con lo que viene sucediendo en términos, por ejemplo, de la tasa de egreso de la educación media.

Este documento, así como la presentación, plantean muy claramente cuáles son los problemas y cuáles las principales líneas estratégicas de acción. No voy a entrar en el análisis de cada una de ellas, pero sí quiero enfatizar dos aspectos. Uno de ellos es el tema de que la ANEP se haya planteado metas de aprendizaje por primera vez. ¿Cuál es el objetivo de la educación? Bueno, que existan aprendizajes. Creo que se requiere de una gran valentía para animarse a trazar metas de aprendizaje y mantenerlas en un contexto de pandemia.

El otro aspecto –y este es un tema que me toca muy de cerca– tiene que ver con hacer una especial mención a la educación inclusiva. Por primera vez también acá, en el capítulo de políticas educativas transversales, tenemos una sección sobre educación inclusiva, con un objetivo bien claro, con una fundamentación y con estrategias bien concretas. Celebro este esfuerzo y este compromiso y tengo plena confianza en que la Administración y las actuales autoridades podrán avanzar en una temática tan postergada y relegada en nuestro país.

Por último –y esto no es algo menor–, quiero destacar nuestros logros en el tratamiento que tuvo el presupuesto en el Senado. Conseguimos recursos para que la ANEP pueda invertir más en educación inicial. Así es que en este quinquenio, fruto de una verdadera política de Estado iniciada en los años noventa, estaremos llegando a una cobertura del cien por ciento de los niños de tres a cinco años en educación inicial. La infraestructura y los recursos para atender a todos los niños de tres a cinco años están y esto no me parece algo menor.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: evidentemente, el presupuesto en sí toca todas las áreas del Estado y todas son importantes. Recién decíamos que el Mides era trascendente, pero si hay algo en lo que al país le va la vida, es en acertar en cuanto a las políticas educativas que se planteen.

En ese sentido, entendemos que las miradas condenatorias de lo hecho hasta ahora en educación no son correctas. De alguna forma, cuando se piden resultados, si miramos los mismos datos numéricos que están en el tomo I del Plan de Desarrollo Educativo, vemos que cuando se habla de estudiantes que abandonan y de que estamos numérica y porcentualmente en situación baja –lo que es real– con respecto a otros países de América Latina en cuanto al egreso y a la posibilidad de retención de los estudiantes, no deja de ser importante ver –para mí, lo fue– cuál es el porcentaje de estudiantes de quince a diecisiete años que terminó educación media básica y cómo eso viene desde el 2006 –o sea, cuando asumimos–, extendiéndose hasta el 2019. Ese porcentaje de estudiantes que terminaron educación media básica aumentó; el porcentaje era de 52,0 % –la mitad de la población estudiantil– y pasó a ser de 64,4 %, según se establece en la página 79 de este tomo del Plan de Desarrollo Educativo.

La educación media superior, que abarca a estudiantes de dieciocho a veinte años, pasó de 23,9 % en 2006, a 34,6 % en 2019. Es una cifra baja, pero ha venido aumentando. Si uno ve las gráficas, puede observar que el porcentaje de estudiantes que termina ya sea educación media o media superior, va creciendo.

También aumentó la matrícula y nos referimos a porcentajes, pero no de una matrícula fija. En realidad, ingresa determinada cantidad de estudiantes y se saca el porcentaje. Lo cierto es que la matrícula de inscripciones de cada año también aumentó: de 130.500 en el 2000, pasó a 162.000 en el 2019. Es decir que apostamos, con diferentes políticas, a que se inscribieran, a que aumentara la matrícula de estudiantes en secundaria, porque primaria en general, desde siempre, llega casi a un 100 % de cobertura, pero en secundaria no pasaba lo mismo. Recordemos que hace muchos años eran muy pocos los estudiantes en educación media. Esa cantidad aumentó en estos años y fue producto de una política que apuntó a tratar de que el pasaje de primaria a secundaria, sobre todo en los casos de poblaciones de más riesgo, fuera más fácil de transitar.

Este presupuesto tiene asignaciones a la baja en el sentido de que hay una caída del 3 %, de más de $ 2:000.000, con respecto al 2019. Evidentemente, en cuanto a los salarios de los docentes, sabemos –como parte de lo que ocurrirá a nivel de los trabajadores públicos en general– que va a caer, con todo lo que implica esa baja de los salarios en la educación. Los salarios para los docentes, en la educación –puedo decirlo con mucha propiedad–, eran de hambre cuando asumió el Frente Amplio, y se terminó, no con lo que quisiéramos –porque sabemos que un docente merece cobrar un salario mucho mayor– pero sí con un franco aumento en estos años. Ahora, por primera vez, vamos a pasar a que los salarios de los docentes no cubran el costo de vida.

En realidad, la ANEP solicitó $ 9.158:000.000 adicionales para el período 2021-2024, pero recibe solo $ 1.520:000.000, lo que representa el 17 % de lo solicitado.

Hay recortes presupuestales, además del de los salarios, porque en trayectorias protegidas hay 15.000 horas menos. También hay dudas acerca de cómo se va a seguir con el tema de los comedores; queremos creer que en estos años no cambiará su calidad. Hay pérdida de grupos; según se dice, en realidad esto se debe a que, como la tasa de natalidad de nuestro país es baja, se piensa que asignando menos grupos el sector va a poder ser cubierto. Sin embargo, cuando comparecieron Robert Silva y su equipo, se reconoció que, seguramente, el promedio de estudiantes por aula va a aumentar, poco pero va a aumentar. Eso fue lo que se dijo. Cuando asumió el Frente Amplio había clases superpobladas, pero luego se llegó a un número adecuado para hacer posible una atención personalizada. Y por más que se habla mucho de la situación de la pandemia, en el presupuesto no se manifiesta que por esa situación de pandemia se tengan que reforzar ciertos recursos humanos.

Por ejemplo, supongamos que para el 2021 todo va a estar bien –por más que sabemos que en este momento la situación es muy difícil– y que será un año normal para la educación. Sin embargo, los estudiantes que sean atendidos en nuestras aulas el año que viene, evidentemente tendrán un nivel de aprendizaje que no será igual al de una situación normal, producto de que no todo el estudiantado tuvo la presencialidad y en algunos casos hubo problemas de conectividad. Entonces, para esos estudiantes que el año que viene van a acceder a la educación, se debería haber previsto que requerirán de más maestros comunitarios y de más clases de apoyo, por lo menos, por el año que viene. Eso no está previsto y, en realidad, nos preocupa, porque no va a ser fácil ese tránsito con esta situación. Habrá una difícil situación de acceso para los estudiantes.

También se descarta la construcción de nuevas escuelas, liceos y locales de UTU o la mejora de algunos edificios, cuando hasta ahora la decisión en ese sentido había venido in crescendo. Con los aditivos se intenta compensar algo. En realidad, por el presupuesto íbamos a tener liceos o locales de UTU construidos por la modalidad de PPP, pero no se previó a las personas que iban trabajar dentro de esas nuevas estructuras. Esto, en parte, se suplirá con algún aditivo votado; esperemos que sea en su totalidad.

Quisiera mencionar algo importante con respecto a los porcentajes de PBI. Sabemos que, en realidad, el PBI bajó y los porcentajes pueden haber cambiado, pero los datos del 2019 establecen que ese año ANEP ocupaba un 3,69 % del PBI. De acuerdo con los datos que teníamos, en el 2024 –ayer se explicó que al bajar el producto bruto interno los porcentajes podrían cambiar– va a ocupar un 3,09 % del PBI, que la Udelar va a tener otros números y el resto de la educación, otros. Ese total que en 2019 era de 5,1 % del PBI para la educación, en 2024 bajará al 4,5 % del PBI, por lo que entendemos que esto va a ser un retroceso.

Hasta aquí mis palabras, señora presidenta.

Gracias.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Creo que el pesimismo es muy mal consejero. Espero que los augurios de desgracia respondan al espíritu de Casandra, que sobrevuela este recinto.

Soy un convencido de que algo hay que hacer en materia de educación; soy un convencido de esto desde hace muchos años. Dediqué treinta y ocho años de mi vida a la enseñanza en la Facultad de Derecho, y lo hice, precisamente, con un ánimo contrario al que se quiere imponer: el de generar optimismo en los estudiantes. No me importó tanto trasmitir conocimiento como estimular a los jóvenes, y eso es lo que creo que hay que hacer.

Ahora bien, sobre el fracaso de nuestro sistema educativo no soy yo quien va a hablar. Creo que tenemos que recordar al maestro Mir, que para eso lo invitamos. ¿Qué vino a decir el maestro Mir a la comisión respectiva? Creo que sería bueno leer lo que dijeron nuestros invitados, repetirlo, porque a veces la memoria resulta algo frágil. Voy a tratar de ser muy breve. Dijo Mir: «Esos datos, que están refrendados por el Instituto Nacional de Estadística y por los informes Terce y Serce de la Unesco, establecen, estimados legisladores, que Uruguay tiene uno de los sistemas más desiguales en la distribución del conocimiento de América Latina. Me remito a los informes de la Unesco de 2011 y 2015. ¿Qué significa eso? Que a nivel de aprendizajes Uruguay no está último en la tabla, pero sí en la distancia entre los que menos adquieren, los que menos capital social tienen y los que más capital social tienen. Uruguay tiene el récord. Me refiero al informe Terce del 2015, Unesco, Chile.

¿Qué significa eso? Que tenemos varios Uruguay y eso está refrendado por el sistema educativo. Se han hecho esfuerzos gigantescos por parte de las distintas Administraciones, totalmente reconocibles, pero la estructura reproduce el Uruguay injusto que toma y lo profundiza. Tenemos una educación terciaria gratuita, pero a la que no puede ingresar el 60 % de los jóvenes de este país. Ya no pueden ni pasar la puerta de una universidad el 60 % de los jóvenes de diecinueve años de este país».

Más adelante, dice: «En ese puente de primaria a secundaria se nos están cayendo sistemáticamente, sobre todo a nivel de aprendizajes, los más pobres y fundamentalmente los sectores del interior».

Y termina diciendo: «… como lo indica el último informe del Ineed, donde en la formación profesional básica de la UTU tenemos altísimos porcentajes de compatriotas de catorce y quince años que no manejan niveles básicos de lectura a nivel de tercer año de escuela».

Y en un programa televisivo el mismo maestro señaló que el Ineed, que es oficial y superserio, dice que en los sectores populares el 75 % de los chiquilines tienen un nivel de 1 y 2 de comprensión. Esto es lo que en la década de los sesenta la Unesco definía como «analfabetismo funcional»: si le das un texto medianamente complejo, de 3000 caracteres, el chiquilín no lo va a entender, y si tu hijo es del 40 % de los jovencitos de este país que logra salir de la educación media superior, va a tener un nivel de vida e inserción muy diferente al 60 % que no lo va a lograr.

Este es el análisis de una persona que fue llamada a cambiar el ADN de la educación, que no milita –estimo yo– en la coalición de gobierno y que nos presenta el verdadero panorama de lo que hasta el 2019 era la educación en nuestro país.

Yo creo que vale la pena apostar a un cambio y, en ese sentido, vamos a aprobar todas las normas que contiene esta ley de presupuesto en materia de educación, porque entendemos que el cambio no es que se necesita, sino que se impone, si queremos tener un país más equilibrado social y económicamente. Lo que está haciendo la educación pública en este momento, a la que hemos dejado decaer notoriamente –y lo dice una persona ajena a esta coalición de gobierno–, es favorecer la reproducción de la pobreza.

Más educación, más educación, más educación.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: voy a ser muy breve, porque eso es lo que queremos todos.

Quiero dejar alguna constancia. Lamento que en este momento no esté presente en sala el senador Carrera, pero lo voy a decir porque probablemente me escuche. Aunque no esté en sala, lo voy a decir igual.

Cuando se nos pide que no se baje el nivel –no me acuerdo exactamente cuál fue la expresión que empleó–, que no se ofenda o lo que sea, yo pido eso: que no se nos ofenda la inteligencia –la medianita que tenemos–, porque la verdad es que los resultados en educación no los discute nadie. ¡Nadie!

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa obviamente que estaba en la ley de educación. ¡Sí! La ANEP tuvo USD 1.500:000.000 por año­. Reitero: ¡USD 1.500:000.000 por año! Se podría haber reformado la educación, que está anquilosada desde hace más de ochenta años. No hay reforma educativa. Eso lo conversé con el señor senador Olesker –que no se encuentra en sala–: ¿cuándo se hizo la reforma educativa? No se hizo. A los dos que la iban a hacer los echaron. Entonces, ¡por favor!, no nos ofendan. A mí no me ofende que digan, como expresó el señor senador Andrade, que estamos a nivel del barro, y no dije nada; pero que se nos diga que los resultados de la educación son buenos ofende la inteligencia de la gente, que lo que quiere es que nos salvemos todos.

Acá está la única política social que realmente tiene un Estado democrático: la educación pública. Estoy de acuerdo con el señor senador Andrade –que tampoco está en sala–, que dijo que tenemos intencionalidades distintas, y yo digo concepciones ideológicas diferentes. Como muy bien expresó la señora senadora Rodríguez, nosotros no queremos políticas asistencialistas; queremos políticas desde la superación y no desde la carencia. Cuando se hacen políticas sociales desde la carencia generamos pobres en forma estructural, de los cuales, en general, los Gobiernos populistas se nutren para seguir gobernando. Además, en general, se baja el nivel de educación porque un ciudadano sin formación es mucho más fácil de convencer de cualquier cosa.

Vamos a hablar claramente, vamos a decir las cosas como son. La verdad es que uno trata de mantener la calma, pero dediqué toda mi vida a la educación e incluso traté desde la actual oposición de hacer cambios –como me pasó a mí– y tuve que pegarme contra un muro porque no se hizo ninguna transformación, a pesar de que veíamos caerse a los estudiantes y a los centros educativos. No me estoy refiriendo a la infraestructura; es cierto que se mejoró la infraestructura, como también lo es que en la década de los noventa con muchísimo menos dinero se construyó un montón de centros educativos –están las cifras– y de centros de formación docente en todo el interior. Rama tenía USD 460:000.000. ¡Termínenla con el tema, por favor! Fueron ustedes los que bloquearon la reforma educativa de la década de los noventa desde la oposición y desde el Gobierno, porque después se ocuparon de que no hubiera cambios con USD 1.500:000.000 que pusimos los contribuyentes. Incluso, generaron una inequidad que Unicef, señora presidente, por primera vez en la historia del Uruguay –lean el informe Estado Mundial de la Infancia 2016–, nos observa porque generamos una inequidad entre los más pobres y los más ricos como nunca habíamos tenido.

Entonces, vamos a terminar con los mismos discursos de siempre y asumamos que tenemos que embarrarnos todos y sacar a la educación adelante. Además, la pandemia dejó traslucir muchas cosas, entre otras, el despilfarro de la plata.

Volvemos a decir lo mismo que ya dijimos con el MEC: no es que recortamos, sino que vamos a gastar bien. Vi el despilfarro desde adentro –no voy a entrar en detalles– porque durante cinco años fui responsable de la administración del Consejo Directivo Central; era la secretaria administrativa, que es un cargo de confianza, con chofer, con auto oficial, con toda esa parafernalia que largué en 2010 para no ser cómplice de lo que estaba viendo que se hacía con la plata de la gente, mientras los más pobres iban quedando por el camino.

Hay que escuchar a Folgar, el actual director del Plan Ceibal –está en la versión taquigráfica– quien dijo, como gran cosa, que va a ver si logra tener treinta mil ceibalitas. ¡¿Cómo 30.000?! ¡¿Y todos los millones de dólares que recibió el Plan Ceibal?! No lo pudimos controlar, ni nosotros, ni el Tribunal de Cuentas, ni la Auditoría General de la Nación, porque primero fue una secretaría que dependía de Presidencia y después fue una persona pública de derecho privado, que tampoco podemos auditar. Ahora por suerte hemos cambiado muchas disposiciones. Después Brechner apareció con cuentas en Panamá. ¡Y sí! Entonces, vamos a terminarla.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- La señora senadora está haciendo uso de la palabra. Solicito que volvamos al articulado.

SEÑORA BIANCHI.- Estamos en las consideraciones.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, señora senadora; la estoy amparando en el uso de la palabra.

SEÑORA BIANCHI.- Yo me amparo sola, siempre digo lo mismo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Estoy pidiendo a todos los señores senadores que por favor volvamos a la consideración del articulado del inciso 25, porque me parece importante avanzar. Se los agradezco enormemente.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: lo dije desde el principio, pero resulta que cuando los demás dicen un montón de cosas y hablan todo el tiempo, obviamente, a esta altura ya es un problema de dignidad personal.

A ver: el 80 % de los estudiantes de tercero de liceo tiene dificultades para hacer inferencias sobre lo que lee –Instituto Nacional de Evaluación Educativa–; el 80 % de los estudiantes de tercer año de la UTU no puede calcular un promedio, y no voy a decir más, porque yo ya lo dije en la LUC, en la rendición de cuentas, en fin, están todas las cifras y a las cifras no se las puede discutir.

Ahora bien, señora presidente, lo que tenemos –y con esto termino– es una enorme confianza en las autoridades del Consejo Directivo Central; ¡enorme, en todo el Consejo Directivo Central! Es muy probable que yo, por sentimientos y amistad personales lo represente en el presidente, en el doctor Robert Silva, pero me remitiré a las palabras del presidente y de los demás integrantes del Consejo Directivo Central que vinieron a la comisión. No es más plata lo que se necesita. Se necesita gestionar bien y a alguien que realmente sepa de educación, como sabe Robert Silva; que sepa gestionar como saben el doctor Gabito y los otros integrantes del Consejo Directivo Central, que están haciendo todo lo posible para salir adelante, sí, también en la pandemia. Y voy a aclarar una cosa como docente que fui durante cuarenta y dos años: no hagan películas sobre la mejora de nuestros salarios, se fueron adecuando a la nueva situación del país.

Lo que los docentes queremos, señora presidente, no es solamente aumento de salario sino, sobre todo, tener condiciones de trabajo adecuadas y sentirnos como profesionales que realmente logramos que nuestros alumnos aprendan. Y eso es lo que no estamos logrando.

Señora presidente: el presupuesto de la ANEP va a alcanzar. Además, yo tuve conversaciones con el propio presidente del Consejo Directivo Central, quien informó que le dejaron 500:000.000 de déficit –como si fuera poco, ¡encima!– y usaron los proventos del fondo de inasistencias para gastos permanentes. Esas fueron parte de las cosas con las que se tuvieron que enfrentar. No es cierto que va a haber cincuenta alumnos por grupo. ¡No es cierto! ¡No le mientan a la gente, porque la gente se da cuenta!

Entonces, le pido por favor, señora presidente, que se confíe.

Hubo una ampliación de ingresos –como lo dijo la señora senadora Sanguinetti– para primera infancia, y el propio presidente del Codicén me dijo en forma personal: «Graciela: con esto vamos a poder salir adelante y vamos a tratar de llegar a la próxima rendición de cuentas. Tanto tú como yo estamos acostumbrados a trabajar sin plata y a preocuparnos por que las cosas funcionen bien». Y eso es lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo en la pandemia, señora presidente.

Lo último que voy a decir es que Uruguay es el único país de América Latina que tiene funcionando la educación en pandemia. Argentina, ese modelo al que tantos fueron a hacer campaña para las elecciones, no tuvo un solo día de clase presencial ni a distancia. Uruguay es un ejemplo, también en el período en el que nosotros somos Gobierno con prácticamente nada, porque se está trabajando con el presupuesto anterior y, encima, todavía, con el déficit que dejaron. ¡Basta de repetir consignas! ¡Basta de engañarse a sí mismos! Los que podemos salvarnos –porque podemos pagar escuela o liceos privados; obviamente no para mis hijos, pero sí para mis nietos, lo que es muy lamentable–, los que somos producto de la educación pública, queremos volver a ver que una persona que viene de los sectores sociales más bajos pueda llegar a los mejores lugares que puede alcanzar un ciudadano en este país.

Así que, a decirnos la verdad, a no mentirnos y a poner el hombro todos –porque la educación no tiene partidos políticos– detrás del Codicén, que es el responsable de estas reformas. Todos los artículos se refieren a la asignación presupuestal.

Dejémonos de hacer discursos catastróficos, porque catastrófica es otra cosa. El profesor Caetano, que por cierto no es una persona de la coalición, dice que el estado de la educación pública es una tragedia. Lo dice Caetano, reitero, que por cierto no es miembro de la coalición.

Gracias, señora presidente.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Usted ya habló, señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Es para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, vamos a tratar de centrarnos en lo que estamos discutiendo. La Mesa les pide que pasemos a votar el articulado. Si vamos a empezar con aclaraciones y más aclaraciones...

SEÑORA DELLA VENTURA.- Fui aludida, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Senadora, a usted no la aludió. ¡No la aludió!

Les pido por favor que pasemos a votar los recursos para la educación.

Cuando se votó el artículo 562 se quitó el inciso tercero que dice: «La Administración Nacional de Educación Pública comunicará al Ministerio de Economía y Finanzas la distribución de la asignación entre sus programas y unidades ejecutoras», por lo que ahora lo ponemos a consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 25. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el resto de los artículos que se habían mencionado.

(Se vota).

–18 en 25. Afirmativa.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Señora presidenta: estamos asistiendo a la consagración de una votación de recorte de la educación, de recorte de derechos y de recorte del desarrollo creciente del salario de los trabajadores de la educación. Esto es lo que ha sido consagrado en esta votación.

Hubiésemos preferido que se utilizara otro mecanismo para fundamentar y para desarrollar los argumentos, porque personalmente jamás he aludido a quien no está; jamás he aludido personalmente a nadie, y siempre he defendido que se digan las ideas propias y se escuchen las de los demás. Por eso, en esta fundamentación de voto reafirmo mis argumentos y digo que este es un presupuesto de recorte en la educación uruguaya.

Gracias, presidenta.

SEÑOR LOZANO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.-Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LOZANO.- Señora presidenta: con total satisfacción votamos afirmativamente el articulado relativo a la ANEP. Vimos que la citada administración hizo una presentación seria y responsable de los lineamientos estratégicos para alcanzar los objetivos y también de las metas, cosas que antes parece que no existían. Realmente fue una presentación muy adecuada para los escasos recursos con los que se pueden contar en esta administración. También vimos cómo se presentó todo un modelo educativo con total seriedad. Se habla mucho del aumento de la matrícula, se habla mucho de la inclusión. La inclusión, señora presidenta, no es dar a un niño la oportunidad de que vaya a estudiar y pase de clase, aunque no haya aprendido. Inclusión es que el niño aprenda y pueda avanzar en la vida. Inclusión no es que solamente seis de cada diez terminen la enseñanza secundaria, eso no es inclusión. Inclusión es que la educación pública vuelva a ser aquella a la que supimos asistir durante toda nuestra vida. ¡Esa es la inclusión que queremos para nuestro país! Por eso queremos volver a una educación pública de calidad, inclusiva –¡claro que sí!–, donde no se distingan los alumnos más que por sus virtudes y defectos.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: me gustaría conocer cuáles son los rubros o los incisos que hay dentro del presupuesto para hablar de un recorte como del que se está hablando en materia de educación y cultura.

Cuando decimos que dentro del Ministerio de Educación y Cultura están la ANEP, la Udelar y la UTEC, si comparamos los presupuestos y actualizamos los valores del 2015 por la inflación registrada, no por la inflación supuesta por aquel Gobierno que erró hasta por cuatro puntos, este presupuesto es mejor. Entonces, hay que decir las cosas como son; no vale empezar con la cantarola, porque al fin de cuentas se da la razón por la repetición y no por la verdad objetiva. Además, señora presidenta, la prueba del nueve es que las políticas públicas no pueden medirse por cuánto se gasta, sino por la eficiencia en el gasto. En el ejercicio del Gobierno anterior fue que caímos en niveles educativos vergonzantes, más para la historia del Uruguay. Caímos en la vergüenza total de que los muchachos abandonaran las aulas y no quisieran ir ni siquiera los docentes, a pesar de la multiplicación del gasto. Entonces, no se mide por el gasto, se mide por cuánto se aprende. Digo más: voy a votar este presupuesto convencido de una organización educativa que confía en los docentes del Uruguay –en la capacidad de enseñar desde la cercanía– y en los directores de los centros de enseñanza, y no en el lineazo que el Estado intente imponer. Creemos mucho más en la gente, en los docentes que están desparramados por todo el Uruguay, ¡esos son los que enseñan!, y no en la imposición de métodos, que ya vimos los resultados que tuvieron.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA.- Nosotros por supuesto que hemos votado con mucha convicción el presupuesto para la educación pública. Estamos convencidos de que estamos en el camino de los cambios necesarios con los que nos comprometimos en la campaña electoral. Me refiero a cambios a una realidad que parece mentira que sigamos discutiendo y nos insistan con un relato que no es el real. Tal vez ese sea un tema para discutir en una sesión, pero esta no es la instancia. Entonces, pongamos en cifras, en porcentajes y discutamos realidades. Basta de colocar pequeñas cifras en la fundamentación. Los resultados, en los últimos períodos, aun con dudosos indicadores –todos sabemos cuánto se fue facilitando, por ejemplo, la promoción para ir bajando los niveles de no aprobación–, han dejado mucho que desear.

Veamos los no aprobados. En primaria: el 3,5 % en el quintil más bajo y el 1,9 % en el quintil más alto. Esas son las diferencias sociales que debemos cambiar. En secundaria, uno de cada cinco repite; casi el 22 %. En UTU, el 47 % de la formación básica repite, y en los ciclos básicos tecnológicos, el 35 %. En 2019, la inasistencia –para ver otro indicador– era del 31,2 % en educación inicial, y del 10,7 % en primaria; es decir que estaban en situación de asistencia insuficiente. Esos son los temas que hay que corregir. ¡No me digan, entonces, que la educación estaba bien!

Veamos los datos de egresos. En 2019, la tasa de egreso en la educación media básica era del 77 % entre estudiantes de dieciocho a veinte años, y en la educación media superior se ubicaba en el 43 % entre veintiuno y veintitrés años. Son algunas cifras con las que invito a que tengamos una sesión para discutir la realidad de la educación pública.

Creo que es hora del cambio y de encarar mejor con este presupuesto, a pesar de todas las dificultades, no solo la cantidad del gasto sino también su calidad.

Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: si bien ya no pensaba anotarme para hacer uso de la palabra, quiero decir brevemente algunas cosas.

En primer lugar, si se tienen denuncias para hacer contra el responsable del Plan Ceibal, que se hagan las denuncias penales correspondientes. Creo que así debería procederse.

En segundo término, respecto a las cifras que se manejan, tengo aquí el tomo I del Plan de Desarrollo Educativo de la ANEP del que saqué ciertos números. Concretamente, en la página 79 se menciona que el porcentaje de estudiantes que culminó educación media básica, entre los quince y diecisiete años, era en 2006 del 52 % y en 2019 pasó a ser del 64,4 %. Es decir que el porcentaje de egreso aumentó. Y la media superior entre dieciocho y veinte años, pasó de ser del 23,9 % en 2006 al 34,6 % en 2019. También aumentó. Si observamos la gráfica que figura en esas páginas, se puede ver cómo fue aumentando.

Un dato importante –que mencioné hace un momento– es la matrícula, porque en realidad estamos hablando de un universo de ingreso bastante mayor al que había en 2006. Ingresaban más estudiantes a pesar de que la tasa de natalidad era menor, porque aumentó la matrícula de 130.500 en 2000 a 162.000 en 2019. Es decir que estamos hablando de más salida en un universo mayor de estudiantes. Esos son los datos que solamente saco de este librito.

Aquí se ha dicho que tengo una visión pesimista, pero en todos los ámbitos de la vida soy muy optimista. El tema es que también hay que ver la realidad, y la realidad de este presupuesto no alienta que se esté invirtiendo realmente más en educación. Nadie dice aquí que los resultados de la reforma sean buenos y excelentes, sino que esa es la realidad. Acuérdense de que cuando asumimos había un 40 % de pobreza, aunque la pobreza infantil era mucho mayor. Nuestro Gobierno tuvo que transitar estos años con esos chiquilines y sabemos el deterioro mental que de alguna forma provoca el hambre.

No queríamos dejar de decir que, para nosotros, las reformas que se van a hacer a través de la LUC no son el camino. Lo dijimos en aquel momento y lo decimos ahora.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑORA PRESIDENTA.- Terminó el tiempo de que disponía, señora senadora. Además, estamos hablando del presupuesto y no de la Ley de Urgente Consideración.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Sí, señora presidenta, pero se hablaba de la reforma.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Gracias, señora presidenta.

Acá se discute con gente que ha escuchado que se dijo que la educación está bárbara; creo que hay gente que escucha voces, pero no las de este recinto. Acá nadie reivindica que estemos en el mejor de los mundos en materia educativa. Tenemos un desafío enorme de cara al futuro en cuanto a las exigencias que el sistema educativo y el mundo nuevo demandan.

De todas maneras, hay cosas que tampoco se pueden negar. Prácticamente no hay indicadores en el terreno educativo que no hayan mejorado en los últimos quince años. ¿Son insuficientes? ¡Por supuesto! ¿Son preocupantes? ¡Por supuesto! También es cierto que alguno es alarmante, pero aun así son mejores que hace quince años. La famosa tasa de egreso de la educación media se ubica entre nueve y diez puntos por encima de lo que estaba hace quince años.

Sin dudas, hay mucho por hacer. ¡Trabajemos en eso! Tampoco pueden emperrarse en negar cifras. En la discusión en comisión, el señor ministro no quiso reconocer que se pasaba de un 5,3 % del producto en el gasto educativo y usando la misma metodología –ya que había algunas dudas incluyendo todos los ámbitos que se consideraban para ese cómputo–, a un 4,9 %. A fin de no reconocer eso, el ministro dijo que en realidad había que comparar ese dato con el de 2016. Algo arbitrario e insólito. Acá se hace un menjunje tomando un presupuesto de 2015 y haciendo ajustes por inflación que tampoco se ajustan a la realidad. La realidad es lo que se ejecutó en todos estos años, que llegó a 5,3 % en 2019. Además, estamos comparando con un 4,9 % presupuestado, que ni siquiera fue ejecutado.

Cuando un señor senador preopinante habló de la cantarola que se hace acá, yo lo escuché con atención porque, ¡vaya que de eso sabe!

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Creo que una vez más caemos en mostrar números, gráficas, porcentajes de egreso, etcétera, como si eso fuera lo que realmente importa. Todos sabemos de la baja continua y sistemática en los niveles de exigencia para lograr la promoción; todos lo hemos visto y sabemos muy bien cuál es el nivel de educación de aquellos que, incluso terminando el ciclo medio o secundaria, después entran a las universidades y están condenados a estar años y años porque no están preparados.

En realidad, el afirmar que los porcentajes de promoción son tales o cuales no aporta nada; me quedo con lo que indicaba el senador Domenech acerca de las expresiones del maestro Mir, cuando dijo que el 75 % de los que vienen de los hogares más carenciados son prácticamente analfabetos funcionales. Creo que eso es gravísimo y no cabe ninguna duda de que hay que cambiar, y mucho. Más allá de que se podrá reconocer el esfuerzo y lo hecho en tal o cual dirección, a los resultados solamente se los puede calificar de desastrosos; no hay otra calificación para hacer. Es clarísimo que si seguimos haciendo lo mismo no vamos a tener cambios. Por eso, tanto en la Ley de Urgente Consideración como en este presupuesto, al menos algunos cambios se hacen, aunque no sean todos los necesarios, pues somos partidarios de cambios mucho más profundos para transformar la realidad, pero al menos es el principio del cambio, es ir en una dirección distinta, que es lo único que nos puede dar esperanza para cambiar esta realidad.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Antes de ingresar a la consideración del inciso 26, y dado que son las 14:45, vamos a solicitar un cuarto intermedio hasta las 16:00.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta las 16:00.

(Así se hace. Son las 14:41).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 16:13).

–Continuamos con el tratamiento de los incisos.

Pasamos al inciso 26, «Universidad de la República».

Debemos considerar el artículo 568, y en el caso del artículo 570 hay un sustitutivo planteado por varios señores senadores de los diversos partidos políticos, que figura en la hoja n.° 49 del repartido.

En consideración el artículo 568.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–13 en 21. Afirmativa.

Se va a votar la reconsideración del artículo 570.

(Se vota).

–14 en 22. Afirmativa.

En consideración nuevamente el artículo tal como vino de la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 23. Negativa.

Perdón, señores senadores, pero la reconsideración de los artículos tiene que aprobarse por mayoría absoluta y ese no fue el resultado de la votación.

Se va a votar nuevamente la reconsideración del artículo 570.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración nuevamente el artículo 570 tal como vino de la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 28. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 570 con la redacción del artículo sustitutivo presentado.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: el cambio del artículo 570 responde exclusivamente a que la Universidad enumeró los programas del 1 al 7 y acá se están cambiando para que queden consistentes con la numeración que manejan la contaduría y la OPP. Ahora bien, este cambio debería recogerse –quizás sea un trabajo que deba hacer secretaría– en los artículos 571 y 573, en los que se hace referencia a esos programas. Quiere decir que, por ejemplo, donde decía «1», deberá decir «347». Se trata de que haya consistencia entre los artículos y me parece que puede hacerlo la secretaría.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si los señores senadores están de acuerdo, secretaría se ocuparía de hacer los ajustes en base a lo que votamos.

(Apoyados).

–Pasamos al inciso 27, «Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay».

En consideración los artículos 572, 574, 575, 576, 577 y 580.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–15 en 28. Afirmativa.

Pasamos al inciso 29, «Administración de los Servicios de Salud del Estado».

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Señora presidenta: nosotros vamos a votar negativamente este inciso, y lo hacemos en línea con lo que explicitamos en la comparecencia parlamentaria.

En primer lugar, creemos que hay una cuestión presupuestal, porque el presupuesto asignado para el 2021 es de aproximadamente $ 2.000:000.000 menos que el de 2019 –está en este gráfico que tenemos aquí– y eso tiene un efecto importante sobre la capacidad operativa de ASSE y lo retorna a los niveles presupuestales de 2016, o sea, tres años previos a 2019.

Además, existe un segundo problema. Los servicios de salud tienen en su incidencia presupuestal un monto y un número de personas atendidas, y esto es muy importante porque hay una relación directa entre presupuesto y personas atendidas. Quizás en otros servicios también la hay, como en la educación y demás, pero es menos directa porque aquí hay una traslación directa. Las cifras que nos entregó ASSE cuando compareció en el Parlamento hablaban de que desde marzo –o sea, desde que asumió esta nueva Administración– hay 85.000 usuarios más. Si tomamos las cifras de diciembre –que son, en general, las que se comparan–, tendríamos 92.000 más. No cambia mucho.

El segundo comentario que queríamos hacer es que como efecto del mix entre el numerador y el denominador –uno baja y el otro sube–, el gasto por usuario pasa de $ 2623 a $ 2318, es decir, pierde $ 300, que es más o menos un 13 %. Y esto también retorna a los niveles de 2016-2017. Uno se puede preguntar qué significa esto. Una pauta de comparación es lo que el Fondo Nacional de Salud paga al sistema –incluido ASSE, pero a las mutualistas, sobre todo– por las cápitas. ASSE había logrado, con los $ 2623, estar en un 81 % del valor medio de la cuota mutual. Con esto bajaría a un 73 % o 74 %. Esto quiere decir que retrocedería el proceso de avance que había habido desde 30 % en el 2005 a 80 % en el 2019. Ahora estaría en 73 %, aproximadamente.

El tercer componente que quiero comentar es que ASSE compareció en el Parlamento y planteó tres prioridades en materia de políticas sanitarias. Nosotros dijimos que compartíamos esas tres prioridades, que queríamos apoyar el esfuerzo que ASSE iba a hacer en esto. Esas tres prioridades eran: la implementación de la ley de salud mental, la atención domiciliaria, que ASSE no tiene en el interior del país, y el primer nivel de atención. ASSE presentó un proyecto de presupuesto por el cual la suma de las tres prioridades daba $ 2.300:000.000. Finalmente, a partir de las negociaciones presupuestales, se le asignaron $ 622:000.000, o sea, aproximadamente un tercio, un 30 % de lo que se necesitaba. En el caso de salud mental, particularmente, se habían solicitado $ 1.300:000.000 y se otorgaron $ 425:000.000.

Quiero agregar dos puntos más, particularmente conceptuales, ya sin números.

Cuando se construyó la reforma del sistema de salud, se generó un mecanismo para transferir los recursos del Fonasa a ASSE, porque ASSE se iba a financiar por un largo tiempo –de hecho, todavía así sucede– por un mix de rentas generales y cápitas del Fonasa. Ese sistema hacía que cuando ese presupuesto se pasara de los gastos de funcionamiento e inversiones –cosa que hasta ahora no había ocurrido–, eso le permitía a ASSE mejorar su dotación presupuestal. Ahora, la nueva norma dice que en el caso de que eso suceda se transfiere al rubro 0, es decir, implica que rentas generales va a financiar menos que antes y no va a tener efecto neto de incremento sobre ASSE si eso sucediera.

En quinto lugar, en esa misma línea, ese artículo decía que la garantía para eso era tener en cuenta la cantidad de usuarios de ASSE. Si la cantidad de usuarios subía, era viable que se le fueran transfiriendo esos mayores recursos. Se eliminó la referencia a la cantidad de usuarios de ASSE en esta cuenta del artículo de las transferencias a ASSE del Fondo Nacional de Salud.

Entonces, creemos que se le da más discrecionalidad al Ministerio de Economía y Finanzas en el manejo de la doble fuente de financiación de ASSE –rentas generales y recursos con afectación especial, que son los que derivan de las cápitas Fonasa–, y al mismo tiempo eso se hace en un contexto en el cual el presupuesto va a tener una baja significativa en el 2021, y seguramente en los que vienen después.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el articulado.

(Se vota).

–17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: nosotros no acompañamos el articulado correspondiente, ya que en el desarrollo de una pandemia, con más cantidad de usuarios y creciente demanda asistencial, no parece lógico ni sensato que este organismo no solo no vea incrementado su presupuesto, sino que tenga una disminución.

Entre otros aspectos, no existen referencias a mantener el nivel de inversión en planta física y en tecnología. Observamos que el Plan Nacional de Salud Mental, que es central para la aplicación de la ley vigente, es un problema que se sustente en cargos docentes, escalafón J. No veo referencia alguna a un sistema nacional de traslados en el que se venía trabajando.

En cuanto a los concursos, señora presidenta, existía un compromiso de todo el sistema político de dar continuidad a algo que se inició en la gestión anterior, pero no vemos ninguna referencia a que los cargos de alta conducción sean provistos por concurso. Y nos preocupa que no haya referencias a recursos humanos para temas asistenciales importantes, como CTI, salas de internación, blocks quirúrgicos, puertas de emergencia o servicios asistenciales.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Señora presidenta: queremos señalar que respaldamos la gestión que viene llevando adelante ASSE. Nosotros decimos que los recursos no faltan. También tenemos que aclarar –porque a veces se dice que se bajaron los recursos– que cuando las nuevas autoridades de ASSE asumieron, se encontraron con un déficit de $ 3.280:000.000, que este Gobierno se hizo cargo de saldar.

Se va a llevar adelante una buena gestión: se va a hacer cumplir la Ley n.° 15529, Ley de Salud Mental, que no se estaba cumpliendo; se va a potenciar el primer nivel de atención; se va a potenciar la atención domiciliaria, en dos etapas, como lo dijeron las autoridades; se va a construir el hospital del Cerro, una obra tan ansiada desde hace tanto tiempo; se va a potenciar la atención de las adicciones; se mejoran también las condiciones de trabajo y el salario de los funcionarios, como quedó claramente estipulado; se va a trabajar en el área de la niñez y la adolescencia con trece Casas de Desarrollo de la Niñez que se van a llevar adelante en todo el país.

También se va a trabajar en los CTI públicos. Ya es una realidad el CTI de Treinta y Tres y hay una partida especial para todo lo que tiene que ver con el rubro 0. Va a haber dos ambulancias especializadas pediátricas de salud pública, que nunca hubo. Siempre se llamaba a concurso e increíblemente le salía muy caro al Estado, porque generalmente se conveniaban entre las emergencias para vender caros esos servicios. Ahora SAME 105 va a tener dos unidades pediátricas especializadas: una en Las Piedras y otra en Montevideo.

Y todo esto se va a hacer con gestión, gestión y más gestión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al inciso 31, «Universidad Tecnológica del Uruguay».

En consideración el artículo 602.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

El inciso 32, «Instituto Uruguayo de Meteorología», fue votado en la sesión de ayer.

Pasamos al inciso 33, «Fiscalía General de la Nación».

En consideración el artículo 608.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

El inciso 34, «Junta de Transparencia y Ética Pública», fue votado en el día de ayer.

Pasamos al inciso 35, «Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente».

En consideración los artículos 615 y 616.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: estamos ante un tema trascendente, como es la minoridad, considerando el articulado relativo al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

Conforme al análisis realizado por la División Planificación Estratégica del Inisa, vemos que los rubros funcionamiento e inversiones, para el 2021 y el resto del quinquenio, disponen de un 41 % menos con respecto a los créditos asignados en 2019 y de un 25 % menos con respecto a la ejecución del mismo año. Existe un aditivo –que en su momento acompañamos– que traspasa fondos del rubro 0 para esto que falta, pero sigue habiendo carencias no solo con respecto al funcionamiento sino también edilicias.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ha observado en diferentes ocasiones que el Inisa debe mejorar los edificios porque no son dignos para el desarrollo de los adolescentes. La mayoría de los edificios del instituto datan del siglo XIX –son muy antiguos–, y hay otros que fueron construidos en 2013 que ya no están en condiciones dignas de ser habitados por falta de mantenimiento, además de errores de diseño y de construcción. En la Administración anterior se hizo un proyecto del centro por medio de un fideicomiso con la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero el actual Gobierno le quitó esos créditos al Inisa y con lo asignado para el quinquenio –que es un 80 % menos que en años anteriores– no van a poder realizarse ni siquiera obras mínimas de mantenimiento de los edificios, que están tan deteriorados por el paso de los años.

Actualmente, según un informe del Departamento de Arquitectura, habría 610 plazas en privación de libertad, pero como necesitan obras de mantenimiento, son solo 524 las que están operativas. En este momento se enfrentan dos modelos de gestión: un modelo carcelario juvenil de bajo costo que intenta ahorrar y enfrentar los gastos más esenciales, y otro que apuesta a las medidas socioeducativas y a la inclusión social, tal cual lo establecen el Código de la Niñez y la Adolescencia y la ley de creación del Inisa.

En los últimos tiempos se viene apostando a una inflación punitiva y a confinar a los adolescentes en conflicto con la ley a un mayor encierro. Del 24 de julio a la fecha han aumentado en un 10 % los adolescentes que entran al sistema en régimen de privación de libertad, mientras que cada vez son menos los ingresos al sistema con medidas no privativas de libertad.

En el período 2013-2019 la población de adolescentes en conflicto con la ley con medidas privativas de libertad era cada vez menor, y ahora se está observando el efecto inverso: va en aumento constante, semana a semana. La representante del Frente Amplio en el directorio del instituto nos señala que cuando ingresó había 270 adolescentes privados de libertad y hoy son 310, sumándose adolescentes a los que se les ha aplicado el proceso abreviado, libertad a prueba y penas mayores a cinco años. Por otro lado, se viene atendiendo a 260 adolescentes con medidas no privativas de libertad.

La apuesta país de acrecentar el encierro no se entiende, ya que todas las investigaciones, nacionales e internacionales, demuestran que a mayor encierro mayor es el porcentaje de reincidencia y mayor la falta de oportunidades de reinserción social, en la medida en que aumenta la conflictividad en los jóvenes y los intentos de autoeliminación. Por otra parte, solo el 6 % de la totalidad de los delitos en el país son cometidos por adolescentes.

Durante el tratamiento de la LUC tuvimos oportunidad de ver desfilar a distintas delegaciones en la materia, como la cátedra y algunas de las organizaciones que trabajan con adolescentes, y no hubo nadie que dijera que lo mejor era recluirlos más y aislarlos del contexto de la sociedad y la familia.

Nos parece que este es un tema serio. De pronto, podría apostarse a que, por lo menos, las condiciones en las que se trabaja para rehabilitar a estos jóvenes sean las mejores.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 615 y 616, correspondientes al inciso 35, «Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente».

(Se vota).

–17 en 29. Afirmativa.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Señora presidenta: votamos negativamente esta serie de artículos relacionados con el INAU porque entendemos que esto también supone un recorte de recursos para un área estratégica de población vulnerable del país. Es una institución que ha tenido una especificidad de trabajo muy importante, que se ha trazado buenas metas, bien objetivas y mensurables, logrando avances muy destacados.

Por otra parte, creemos que este tipo de recorte no va en línea con las necesidades que se vienen. No va en línea, en primer lugar, porque como consecuencia de los cambios legislativos que se produjeron a partir de la Ley de Urgente Consideración, va a haber un peso mayor, no solo en esta institución sino también en otras, sobre la población que se atiende en los órganos vinculados con las personas jóvenes que están viviendo estas situaciones sociales. Tampoco va en línea porque, efectivamente, hay un nivel de dificultad muy importante que se verá afectado, específicamente en lo que refiere –y hemos venido insistiendo en esto a lo largo de nuestras intervenciones– a las políticas sociales, que son el objeto general del recorte de este presupuesto. El articulado no es claro en cuanto a las cuestiones fundamentales que hacen a la atención de las niñas y los niños de hasta tres años. Ese nicho de población, que aparecía históricamente vinculado con la formación…

(Interrupciones).

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, señor senador, pero usted aludió al INAU –pensé que había sido un error– y ya votamos ese inciso; ahora estamos considerando el del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Le recuerdo que ya no estamos hablando del INAU.

SEÑOR MAHÍA.- Lo recuerdo perfectamente. Agradezco a la señora presidenta por hacerme acordar de algo que recordaba.

SEÑORA PRESIDENTA.- De pronto, la argumentación que está esgrimiendo no es estrictamente para este artículo. Disculpe que lo haya interrumpido, señor senador, pero fue solo a los efectos de aclarar si se había equivocado cuando nombró al instituto.

SEÑOR MAHÍA.- Tiene razón, señora presidenta. Así como hoy me pareció que no actuó adecuadamente cuando pedí para contestar una alusión, debo decir que ahora sí lo hizo. Vamos a tanta velocidad en el tratamiento de estos temas que nos genera un desfase. Evidentemente, no voy a hacer la anécdota de un senador de otra época –todo el pleno la recordará–, que cuando argumentaba una cosa y después, afuera, se acordaba de otra, decía que si hubiese pensado lo contrario a eso…

(Hilaridad).

–Estamos considerando los temas a un ritmo y con una velocidad que a veces suceden estas cosas.

Señora presidenta: estuvo muy bien su señalamiento. Es claro que cuando uno discrepa lo señala, y cuando concuerda, también tiene que hacerlo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a la sección VI, «Otros incisos», inciso 21, «Subsidios y subvenciones».

En consideración los artículos 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 638 y 639.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Estoy tratando de no equivocarme de inciso. Acá están incorporados artículos que tienen que ver con el Instituto Nacional de Colonización, el INIA, el Inale y el Inase. Aquí hay parte de los problemas que planteamos en la discusión del presupuesto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque en algunos casos sufren recortes muy importantes. Al considerar la Ley de Urgente Consideración, la discusión acerca de los cambios en el Instituto Nacional de Colonización –parte principal del debate de la coalición de gobierno en la defensa de aquellas modificaciones que obedecían a un viejo dilema jurídico acerca de las tierras de ese instituto y del rol que tenían que cumplir los colonos– se daba sobre un manto de consenso. ¿Cuál era el consenso? Que todos estábamos de acuerdo en el sentido de que el Instituto Nacional de Colonización era una herramienta fundamental para el desarrollo del Uruguay y que había que privilegiarla. Recuerdo, además, que varios senadores se pronunciaron reconociendo el papel que había tenido durante los últimos quince años, como también en un Gobierno del Partido Colorado. Se trataba de jerarquizar al Instituto Nacional de Colonización ante un dilema regional muy fuerte, tendencial, de deterioro de las posibilidades de participación de la pequeña producción y de la producción familiar, fenómeno que difícilmente se revierta sin generar recursos.

También había una paradoja en términos de la existencia de un consenso político, en teoría, sobre la importancia de institutos como el INIA, el Inale o el Inase. Podemos ir al debate que tuvimos en comisión, si quieren reiterarlo, acerca de los recursos. Son áreas en las que, en nuestra opinión, ahorrar nos sale caro. O sea, recortar recursos acá, no privilegiarlos, nos sale caro. En el caso del INIA, por ejemplo, el balance hecho fue muy claro acerca de la duplicación de la productividad gracias a los investigadores. La única vez que se investigó fue en el 2009, con una ratio de dieciséis a uno en el sentido de cuánto de la inversión en tecnología tenía devolución. Esto nos lleva a llamar la atención, porque son áreas en las que no compartimos que se restrinjan recursos. El caso del Instituto Nacional de Colonización es muy claro: 90 % de recorte cuando creo que no hay área del presupuesto que tenga un recorte tan importante como ese.

Gracias, presidenta.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Quiero dejar plasmado en la versión taquigráfica algo que dijimos en el día de ayer. No nos da el tiempo hoy para discutir sobre el estado del Instituto Nacional de Colonización, la asignación de recursos, cómo se han gastado los millones y millones de dólares que se han recaudado por impuestos que pagan los que venden los campos, cuál ha sido la bondad en la compra de esos campos ni cuántas decenas de miles de hectáreas de campos hay sin adjudicar y que hoy están siendo arrendados por enormes empresas.

Tampoco vamos a entrar en el estado en que se constató que estaba el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.

No vamos a hablar, tampoco, de las enormes irregularidades que se constataron el año pasado en el INIA –¡parece mentira que un organismo de tremendo prestigio tenga que llegar a ese tipo de cosas!– ni respecto a la sobreabundancia que hay, creyendo que cuantos más organismos y programas haya es mejor el servicio que el Estado brinda a un pequeño productor.

Simplemente queríamos dejar nuestra constancia de que estamos muy cerquita de estos temas y de toda la institucionalidad agropecuaria. Por suerte, al frente de esos institutos hay gente muy campera a la que –como es de público conocimiento– en algunos casos hay que recordarle las sensibilidades políticas por las cuales estamos gobernando y, en otros, tenemos que aprender de ella, porteras adentro de los establecimientos.

Creo, señora presidenta, que vamos a tener unos cuantos meses por delante para discutir. La institucionalidad agropecuaria nos preocupa mucho, pero no es lo que determina la prosperidad y la igualdad en el campo uruguayo. Vamos a reiterar que no queremos más productores chicos viéndose abordados por seis, siete, ocho o nueve asesores –burócratas en autos oficiales– sin que les llegue la solución.

Creo que tenemos que complementar muchísimo los trabajos. Por suerte, en el agro hay una inventiva grande, y allí tenemos, reitero, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Instituto Nacional de la Granja, el Inale, el INIA, el Instituto Plan Agropecuario, el Instituto Nacional de Semillas y la mar en coche.

Todo eso tiene que ir hacia la duplicación de la productividad del Uruguay, hacia aumentar en un millón el stock de cabezas vacunas en el quinquenio y reafirmar que nazcan tres millones de terneros por año; podemos también apuntar a un desarrollo grande en producciones alternativas, como las que iremos discutiendo durante todo este Gobierno.

Hoy el campo uruguayo necesita crédito, necesita cabeza, necesita saber comer mejor el pasto natural que produce y necesita infraestructura y libertad. Nosotros entendemos que al hombre de campo no se le puede ir, desde un escritorio, a decir qué es lo que tiene que hacer. Hemos conocido experiencias formidablemente exitosas, cuando asesores encumbrados querían indicar a un hombre de campo que tenía que ordeñar en un galpón de tambo cooperativo, no dándose cuenta de la esencia primigenia de lo que es una sala de ordeñe.

Así que ¡bienvenidos a la discusión! La vamos a hacer con la más amplia positividad.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Procederemos a votar los artículos que ya mencionamos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Quiero fundamentar mi voto en lo siguiente: la información acerca del Instituto Nacional de Colonización y del INIA la tenemos, la procesamos en comisión y también cuando tratamos la Ley de Urgente Consideración; tenemos el dato de a cuántas familias se les llegó, a cuántas se les llegaba, cuál es el nivel de productividad promedio y cuál el nivel de productividad promedio del Instituto Nacional de Colonización con respecto al resto. No es que estemos defendiendo por defender un logo, sino que votamos en función de la convicción de que es una institucionalidad más que necesaria para el desarrollo.

Gracias, presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- El inciso 23, «Partidas a reaplicar», tiene un solo artículo y ya lo votamos.

Pasamos al inciso 24, «Diversos créditos».

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: desde el Frente Amplio queremos hacer alguna consideración con respecto a este inciso, porque aquí figuran las transferencias a los Gobiernos departamentales.

Nosotros, con un gran pesar, no vamos a acompañar estos artículos porque hay una tradición en la materia, de muchas políticas que se han generado allí. Debemos decir que, en el mes de julio, los diecinueve intendentes acordaron los contenidos de este proyecto de ley de presupuesto, pero lamentablemente la posición de la bancada del Frente Amplio es que el mensaje recibido no refleja cabalmente el acuerdo alcanzado. Por eso, presentamos sustitutivos para los artículos 656, 657 y 660, que son la base de las transferencias a los Gobiernos departamentales incluidas en este presupuesto, que este año se acercan a unos $ 17.000:000.000.

El artículo 656, tal como está plasmado en el proyecto de ley de presupuesto, modifica la redacción tradicional en la forma de calcular los recursos, elimina la obligación del Ministerio de Economía y Finanzas de considerar los nuevos ingresos que se produzcan a lo largo del quinquenio, y permite excluir los actuales que tengan un destino especial.

No encontramos una explicación de por qué se modifica la tradicional redacción en la materia. Nos preocupa que se puedan aplicar los artículos 6.º y 7.º –que discutimos en la jornada de ayer–, porque podrían perjudicarse las transferencias a los Gobiernos departamentales.

El artículo 657, en lugar de asegurar un monto mínimo para las transferencias, como es tradición en este tema, propone otorgar a las intendencias un préstamo por la diferencia en caso de que no se alcance esa cifra. El artículo establece que el Ministerio de Economía y Finanzas cobrará ese préstamo en tres cuotas en los ejercicios siguientes. De esa manera indirecta, se ponen en peligro los ingresos mínimos acordados para 2022, 2023 y 2024.

Además, el artículo 657 innova y pone una condición previa para hacer las transferencias establecidas en la Constitución de la república, que en su artículo 214 no fija condiciones previas para acceder a los recursos, sino que únicamente dice que este presupuesto debe establecer los porcentajes que se van a destinar a los Gobiernos departamentales.

En el mismo sentido, consideramos que la redacción del artículo 660 es violatoria del texto del acuerdo alcanzado por el Congreso de Intendentes sobre el Fondo de Asimetrías, y permite al Poder Ejecutivo congelar a valores de 2019 las partidas de las intendencias que no se sumen a las directivas del Gobierno. Esto nos preocupa. El acuerdo con los intendentes aseguraba, a todos, que los porcentajes para cada departamento sobre los recursos serían un mínimo por respetar hasta 2025.

Finalmente, hemos propuesto algunos sustitutivos para los artículos 664, 665 y 666, que permiten que los recursos destinados por el Gobierno nacional a la caminería departamental, al alumbrado público y al funcionamiento del Sucive sean actualizados y no se congelen.

Estas son las consideraciones que queríamos hacer sobre estos artículos, que no vamos a acompañar.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Me parece un tanto delicado lo que está sucediendo en este momento. Aquí hubo un acuerdo a nivel del Congreso de Intendentes y otro entre el Congreso de Intendentes y el Poder Ejecutivo. Se elevó un solo proyecto, que fue el acordado. No sucedió que viniera a consideración del Parlamento el proyecto del Congreso de Intendentes y el del Poder Ejecutivo, tal como está previsto para los casos en que no existe acuerdo. Este es el producto del acuerdo que todos los partidos nos comprometimos a llevar adelante y a respetar. Esto surgió del trabajo que hicimos muchos exintendentes, pertenecientes a todos los partidos –algunos estamos en sala–, que trabajamos intensamente para llegar a estos acuerdos, en virtud de la situación de dificultad que el país estaba viviendo, que además hizo que quienes tuvieron que negociar fueron intendentes que recién estaban llegando a sus cargos y no los que iban a ejercer el gobierno durante todo el período siguiente. Los presupuestos siempre los negociamos los intendentes que habíamos sido elegidos, los que teníamos la legitimidad pura y directa de la elección popular. En este caso, les tocó a intendentes que, en general, eran suplentes en esas listas, y que no eran los que se quedarían durante todo el período. Por eso nos movilizamos también los exintendentes.

Acá hubo un acuerdo absolutamente beneficioso para los Gobiernos departamentales. Acá se asegura el 3,33 % de siempre; acá se asegura una base –por si la caída de la recaudación fuera tal que el 3,33 % significara menos recursos– similar a la del 2019, actualizado; acá hay más recursos para la caminería; acá hay un 30 % de incremento a lo largo del quinquenio para los recursos de los municipios; acá hay más inversión en los municipios a través del Fondo de Desarrollo del Interior. ¿Cuánto luchamos los intendentes para que desde el Fondo de Desarrollo del Interior que previó la Constitución de la república de 1996 en el artículo 298 nos tocara más del tercio que siempre obtuvimos? Ahora, los Gobiernos departamentales van a participar en un 50 % y todo ese porcentaje adicional se invertirá en los municipios de manera descentralizada, y también a la interna de los departamentos.

El Fondo de Asimetrías es para compensar la desigualdad que existió en el período pasado con el interior de la república. ¿O nos olvidamos de que por fuera de la transferencia a los Gobiernos departamentales hubo una especial a los Gobiernos de Montevideo y de Canelones, y que esa partida fue llevada a un fideicomiso que le dio recursos solamente a esas dos intendencias? Bueno, ahora se hace lo propio con las demás intendencias del país; es una manera de igualar los niveles de inversión que, obviamente, fueron injustos.

Lo que se denuncia acá es que no se ajustan las partidas de caminería. ¡Claro! Acá no se ajustan las partidas de caminería porque a los Gobiernos departamentales no les conviene, porque de esa forma les perjudicaríamos la partida de libre disponibilidad, ya que el número total sigue siendo el mismo. Si el total es el mismo y les reajustamos su rubro interno, los obligamos en algo sobre lo que tienen libre disponibilidad. Entonces, es obvio que es beneficioso que se les dé ese margen de acción.

Quiero dejar establecidas estas cuestiones porque me parece que cuando existe un acuerdo gestado en el Congreso de Intendentes entre todas las partes, después de correr un riesgo enorme para los recursos de la descentralización en este país, cuando todos pusimos todo, cuando el Gobierno nacional puso toda la sensibilidad en esta negociación y cuando se obtuvo un progreso en términos relativos y absolutos, el respeto a ese acuerdo es lo mejor que nos puede suceder.

Lo otro que se cuestiona son los condicionamientos, los compromisos de gestión. Bueno, los compromisos de gestión vinieron con el Frente Amplio, no con nosotros. Reitero: vinieron con el Frente Amplio. No los inventamos nosotros, sino que vinieron en los presupuestos del Frente Amplio. Estos compromisos de gestión no son realmente condicionamientos, sino simples compromisos de buena administración y de protección de algunas de las políticas que todos hemos compartido en esta sala. Además, ¿saben quién propuso los compromisos? El Congreso de Intendentes de este país.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Señora presidenta: yo tengo por acá el acta de la sesión n.º 59 del Congreso de Intendentes, donde están las bases del acuerdo con el Poder Ejecutivo, y también tengo, por ejemplo, el artículo 660. En el acuerdo no dice absolutamente nada de no incluir los tributos a futuro, los recursos a futuro, pero sin embargo aparecen en el artículo numerado como 660 del proyecto de ley de presupuesto.

Es verdad que después hay un montón de números. Habla del piso del 3,33 %; del mínimo establecido; del Fondo de Asimetrías; de los compromisos de gestión, pero no habla, por ejemplo, de la condición de estar al día con los entes públicos, que aparece como una condición adicional que no está en el artículo 214 de la Constitución. Además, si miramos el acta n.º 60 del Congreso de Intendentes, la resolución n.º 3 dice que se resuelve por unanimidad ratificar la resolución de la sesión n.º 59 del plenario del Congreso de Intendentes respecto a la propuesta aprobada, referida a las transferencias a Gobiernos subnacionales, del 30 de julio del 2020, expresando la necesidad de que el mensaje del Poder Ejecutivo con relación al presupuesto quinquenal 2021-2025 refleje estrictamente lo acordado. Si ponemos una cosa sobre la otra, nos encontramos con una condición adicional a lo que establece el artículo 214 y con que no vamos a estar considerando los recursos a futuro que no estén asignados a partidas especiales.

Simplemente quería destacar estas dos diferencias, señora presidenta. Tengo la documentación en mi poder y, si es necesario, puedo prestarla para que la revisen.

Muchas gracias.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: no está puesto lo del reajuste porque eso es algo que aparece en un aditivo que propone el Frente Amplio, pero va de suyo. Si se creara algún ingreso nuevo, va a estar contemplado –por supuesto–, a no ser que la ley por la que se cree le dé algún destino especial a ese recurso creado. Así es el mecanismo institucional. Así es que funciona esto. Es el 3,33 % de los recursos, salvo los que tienen un destino especial. Esa es la única forma.

Con relación a lo otro, de estar al día, es una condición que los Gobiernos departamentales cumplimos, porque de la transferencia nacional van descontados los consumos con todos los entes. Lo que sí sucede en el aditivo que presenta el Frente Amplio es que existe allí una trampita por la que se elimina algo que sí fue acordado entre el Congreso de Intendentes y el Gobierno: también hay que estar al día con los consumos de Ancap, es decir, con los combustibles, el cemento que se compra, los lubricantes, etcétera.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑORA NANE.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MAHÍA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Nane.

SEÑORA NANE.- Señora presidenta: entiendo lo que dice el senador Botana, pero no voy a aceptar lo de la trampita porque no es serio. Considero que no había ninguna trampita, sino algo que se venía votando hasta ahora en las leyes de presupuesto, y hay elementos para que Ancap haga eso. Así que no me voy a referir a la trampita porque me parece que no estamos discutiendo en ese nivel.

Lo que decía explícitamente respecto a los recursos a futuro estaba en el aditivo que presentamos nosotros. Es lo que falta en el artículo que se votó en mayoría.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Mahía.

SEÑOR MAHÍA.- Señora presidenta: simplemente quería ratificar lo que señalaban recién mi compañera y mi compañero de bancada. En nuestra opinión y en opinión de la bancada del Frente Amplio, obviamente que respaldamos lo que acordó el Congreso de Intendentes. Lo que señalamos es que la redacción que tenemos a consideración del Cuerpo tiene ambigüedades, que no aseguran lo que efectivamente se acordó a ese nivel. Y como eso no se asegura, alertamos lo que se va a votar y sus consecuencias.

Muchas gracias.

SEÑOR BRENTA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRENTA.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero decir que en el primer presupuesto quinquenal del Frente Amplio en el 2005, las partidas correspondientes a las intendencias departamentales fueron presentadas por los intendentes Vidalín, Pintos y Viera, que está acá presente. Fue la primera vez que se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno nacional y las intendencias departamentales de todos los partidos. Antes de eso, había que recurrir a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto –los intendentes lo saben– a golpear la puerta a ver qué recursos se podían obtener. Esa política que se comenzó a aplicar en el 2005 generó equidad. Por lo tanto, me sorprende que se diga que se está corrigiendo un error o una actitud discriminatoria hacia las intendencias del interior en el período anterior, cuando se acordaron nuevamente las transferencias adecuadas y se creó el llamado FIM –Fondo de Infraestructura Metropolitano–, que atendía la inequidad que se generaba en la distribución con Montevideo y Canelones. Ese fondo desapareció y aun así los intendentes del Frente Amplio acordaron, en aras de mantener el consenso que históricamente hubo en el Congreso de Intendentes. O sea que es incorrecto decir que hubo un tratamiento desigual para las intendencias del interior en los tres Gobiernos del Frente Amplio porque en todos los casos los intendentes de todos los partidos vinieron a defender el presupuesto a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Parlamento.

Muchas gracias.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA.- Señora presidenta: como me siento absolutamente representado por las palabras del señor senador Botana no iba a hablar, pero en esta última intervención, que también me alude, debo hacer una aclaración.

No es exacto que el acuerdo del Congreso de Intendentes con el Poder Ejecutivo haya sido concretado por primera vez en el 2005. Además, no fue gracioso. Eso lo dispuso la Constitución de la república, que fue reformada en 1996 y se aplicó por primera vez en el 2000. Ese año hubo un acuerdo, que prescribe la Constitución de la república, entre el Gobierno nacional y el Congreso de Intendentes. Incluso, el porcentaje total que fue fijado en esa oportunidad fue mayor que el 3,33 %.

Por otra parte, reafirmo y confirmo el concepto de que el Fondo de Infraestructura Metropolitano fue discriminatorio, no solo por el monto y por haber sido un fondo especial para dos intendencias –porque ni siquiera fue metropolitano, fue para Montevideo y Canelones, porque San José fue discriminado en ese momento–, sino porque, sin que hubiera ningún acuerdo, esas intendencias hicieron un fideicomiso garantizado por ese fondo, obteniendo muchísimos recursos –no tengo la cifra, pero esos recursos se multiplicaron muchísimo–, y obviamente hay que seguir pagándolo. Así que de alguna manera sigue garantizando ese fideicomiso.

En definitiva, como dijo el señor senador Botana, este es un acuerdo logrado por el Congreso de Intendentes con la OPP y, por lo tanto, me parece de rigor mantenerlo tal como vino.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al inciso 24, «Diversos créditos».

En consideración los artículos 644, 649, 661, 664 y 666.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

Los artículos 656, 657, 660 y 665 tienen sustitutivos, por lo que los desglosamos.

En consideración el artículo 656, que tiene un sustitutivo presentado por el Frente Amplio.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar tal cual vino de la comisión.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 657, que tiene un sustitutivo también presentado por el Frente Amplio.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar primero tal cual vino de comisión.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 660.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar tal como vino de la comisión.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 665, que también tiene un sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar tal cual vino de comisión.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Quiero hacer también dos aclaraciones.

Efectivamente, fue en el 2005 cuando se consolida el primer acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes, porque en el presupuesto del 2000 no hubo acuerdo y el Parlamento votó una propuesta que combinaba lo que traía el Poder Ejecutivo y lo que presentó el Congreso de Intendentes. También allí se fijaba una tasa –a los efectos del artículo 214– del 3,54 % que después no se aplicó a los impuestos que se generaron en el marco de la crisis del 2002. Por eso después se tuvo, creo yo, el buen tino de aclarar que –esto estaba en el acuerdo de 2005– el 3,33 % que se acordó en la comisión de descentralización entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes iba a regir también para los impuestos futuros porque había una perspectiva de reforma tributaria que iba a eliminar algunos impuestos y a crear otros. Creo que después también se tuvo el buen tino de aclarar que aquellos tributos que en el futuro implicaran rentas afectadas, es decir, que la ley le asignara un uso específico, eso sí no estuviera incluido en el porcentaje. Creo que eso funcionó muy razonablemente. La duda que tengo con respecto a la formulación de lo que ahora se está votando, es que está bien que se enumeren un conjunto de tributos y tasas que tienen afectación, como el caso de primaria rural, el Fonasa, pero después se habla, en genérico, de tributos que tengan afectación o destinos específicos. Quizás, debería quedar claro que se está hablando de los tributos o impuestos que se generen en el futuro y que tengan destino específico, por lo que tendría sentido que quedara excluido el 3,33 %. Pero lo que es para «atrás» –dicho entre comillas– es lo que está enumerado en ese propio artículo.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: creo que no es diferente lo que manifiesta el senador Bergara, salvo lo que confirma…

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: en el fundamento de voto no se pueden contestar alusiones.

SEÑOR BOTANA.- Le pido disculpas, señora presidenta y señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos a la sección VII, «Recursos».

En consideración los artículos 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 678, 679, 682, 683, 684 y 685. El artículo 680 tiene un artículo sustitutivo, que está en la hoja n.º 47 y debemos reconsiderar los artículos 681 y 688.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 680.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar tal como vino de comisión.

(Se vota).

–0 en 30. Negativa.

En consideración el sustitutivo del artículo 680, que figura en la hoja n.º 47.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

Se va a votar la reconsideración del artículo 681, que fuera solicitada por todos los partidos.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración nuevamente el artículo 681.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: lo que hace este sustitutivo es quitar el literal W), que era el que incluía al Fondo Nacional de Recursos dentro de las donaciones especiales. Esto es así, porque luego votaremos un aditivo, que está en la hoja n.º 51, que incluye un texto que nos hizo llegar el propio Poder Ejecutivo con un régimen exactamente igual al de donaciones especiales para el Fondo Nacional de Recursos, pero fuera de este sistema y, por lo tanto, fuera del tope que está fijado para las donaciones especiales, lo que creo que lo mejora bastante. Así que la idea es votar este sustitutivo de la hoja n.º 50 y, cuando llegue el momento, votar el aditivo de la hoja n.º 51.

Sobre la hoja n.º 50, voy a hacer una corrección verbal. En el literal B) del numeral 1 dice: «su proyecto educativo o consideración» y debe decir: «su proyecto educativo a consideración».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación realizada por el señor senador Gandini en sala.

(Se vota).

–20 en 30. Afirmativa.

Se va a votar la reconsideración del artículo 688.

(Se vota).

–27 en 30. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 688 tal como viene de comisión.

(Se vota).

0 en 30. Negativa.

En consideración el artículo 688 sustitutivo, que figura en la hoja n.° 56.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

Pasamos a la sección VIII, «Disposiciones varias».

En consideración los artículos 691, 692, 693, 694, 699, 706, 707, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 732, 733, 734, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 743, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767 y 768.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: quiero referirme, específicamente, a una parte de un artículo de esta sección que me genera una enorme preocupación.

Me refiero al artículo 737 que establece que todas las empresas públicas tendrán un rendimiento mínimo. Concretamente, al final del inciso segundo, dice: «En ningún caso el retorno podrá ser inferior al costo promedio de la deuda pública del Estado». Es decir que pone una condición, aparte de reforzar el papel comercial de la deuda pública y de contraponer, en determinada medida, aspectos que estuvieron en la discusión política y que no siempre son articulables, porque el costo de la deuda pública puede depender de variables que nada tengan que ver con el papel de la empresa pública de la que estemos hablando.

Lo que más me preocupa es saber qué pasa si se incumple la ley. ¿Qué pasa si una empresa pública no logra la rentabilidad esperada? El costo de la deuda pública se medirá de forma tal de invertir el patrimonio de esa empresa pública en deuda. A modo de ejemplo, la UTE tiene un patrimonio por encima de los 4.000:000.000 y el costo de la tasa de interés de la deuda pública puede estar en 4 % o 4,5 %. ¿Qué pasa si la UTE no logra una tasa de retorno de rentabilidad de 180? ¿Comete una ilegalidad? Porque no está colocado como un propósito programático sino como una obligación legal. Uno podría entender determinado propósito programático: queremos ir en determinada dirección; hasta podría estar en la exposición de motivos, pero no en la ley. Además, si está en la ley debe quedar claro cuáles son las variantes de cometer una ilegalidad. ¿Qué sucedería con los directores de UTE, de Antel o de cualquier empresa pública si no logran ese resultado? ¿Cuál sería la sanción con respecto a la ilegalidad?

Además, repito, se trata de variables que no están relacionadas. En los países emergentes, en esta circunstancia de pandemia –en la que nada tienen que ver las empresas públicas–, el costo de la deuda pública suele incrementarse. Necesariamente, se incrementa la rentabilidad. ¿Cuál es el principal papel de las empresas públicas en este contexto?

Francamente, creo que es inconveniente que, repito, se establezca al final del inciso segundo y con esa contundencia diciendo que «En ningún caso el retorno podrá ser inferior al costo promedio de la deuda pública del Estado». Es decir, invertir el patrimonio de la deuda pública en deuda. Repito que en mi opinión estoy ayudando a que el Gobierno no tenga un problema si no cumple con la ley. Si alguna de las gestiones de las empresas públicas por distintas vicisitudes no cumple con la ley ¿ante qué situación estaríamos? Entendemos el propósito. Una cosa es la argumentación: queremos gestionar mejor las empresas públicas, queremos que sean más eficientes y queremos establecer todos los controles de transparencia y calidad. En ese sentido, no hay ningún problema, pero este instrumento y de la forma en cómo se expresa implica, a nuestro juicio, un enorme riesgo. Además, es una especie de regla fiscal para las empresas públicas, pero con un mecanismo muy riesgoso. ¿Qué se haría? ¿Se aumentarán las tarifas? Si yo soy director de una empresa pública y estoy por cometer una ilegalidad, ¿aumento las tarifas para tratar de alcanzar ese retorno? Estoy atado porque capaz me subordina la OPP. ¿Qué se genera? No estamos discutiendo si las empresas públicas tienen que funcionar bien o mal –eso sería como decir que el agua moja–; lo que digo es que el instrumento legal que se elige nos parece francamente malo. Ya lo planteamos en comisión, pero pedimos nuevamente que se revise.

Gracias.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Este es un artículo de carácter programático pero que obliga a una formulación con el criterio del benchmarking, que lo que se hace es comparar cuál es la rentabilidad de las empresas de ese género –de las mejores a nivel internacional– y fijar un criterio de rentabilidad adecuado. Para ello se computan aquellos subsidios que esas empresas estén obligadas a dar como ingresos, pero también se computan como descuento –a partir de esos ingresos– a aquellos subsidios que reciban. Acá se las está obligando a que formulen sus presupuestos de modo que haya elementos de comparación, para que de una vez por todas se comprometan a dar rentabilidad al patrimonio que están administrando. Esa es una cuestión de responsabilidad para con el patrimonio que se administra. El fin de estas empresas –y por eso tienen este tipo de organización jurídica– es ser empresas. Si queremos dar subsidios, lo podemos hacer –no hay ningún problema– pero entonces se los descontaremos también desde el Estado de la rentabilidad exigida.

Acá debemos tener elementos de comparación. Miren: con lo que votamos en la Ley de Urgente Consideración con respecto a los combustibles, solo con analizar los costos de la refinería, ya encontramos que el costo del combustible que sale de la refinería es $ 5,22 más caro que el precio de paridad de importación que podría tener la misma Ancap para el caso del gasoil y un peso y pico para el caso de las naftas. Entonces el país tendrá que ver si está dispuesto a perder toda esa plata, o mejor aún, si tiene la posibilidad de hacer que la refinería pase a ser eficiente, que es lo deseado. No podemos seguir tolerando ineficiencias con la plata que surge del lomo de los uruguayos, del sudor del trabajo; es la plata que se le niega a la ayuda social, a los niños, a las madres solas, a los ancianos. En definitiva, esa plata es la que se está tirando. Es esa la pérdida social que marca el triangulito debajo de la gráfica, como le gusta decir al profesor Olesker. Es así.

Obviamente que UTE, Antel, Ancap o cualquier otra empresa pública no se van a cerrar. Lo importante es que tengan parámetros para medirse y que quede claro cuál es el nivel de eficiencia al que deben ir llegando, sin que el Gobierno tenga la más mínima insensibilidad en las prestaciones que tiene que dar.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BOTANA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Quiero decir algo en forma muy breve, ya que la sabiduría del señor senador Botana ha dejado bastante claro lo que significa esta disposición.

Este es un artículo típico de este Gobierno, que se autoexige, se autoimpone normas para evitar sueños trasnochados de directores de empresas públicas que con la plata de la gente quieren hacer cualquier tipo de disparate, como se ha comprobado a lo largo y ancho de la historia del Uruguay. Mediante este artículo, las empresas públicas deben tener determinada rentabilidad, un plan de negocios y deben saber cuánto vale el dinero, la tasa de interés internacional de determinado año. No es otra cosa que eso. ¿Hasta cuándo vamos a mirar a las empresas públicas del Estado como si fueran el Rotary Club y no como una empresa? ¡No, señora presidenta! Esta norma tiene el sello de la responsabilidad, con la que pedimos el voto y queremos gobernar. Quizás existan otros que prefieran la dulce comodidad de la excusa; nosotros no, y lo ponemos en la ley de presupuesto. Luego, en las rendiciones de cuentas, lo iremos vichando.

¿Sabe una cosa, señora presidenta? Da la impresión de que algunos no entienden cómo se administra una empresa. Para tener utilidad y retorno, hay dos elementos fundamentales y básicos de Perogrullo, el prólogo de cualquier libro de economía, los ingresos y los costos. Insisto: la empresa tiene los ingresos y la rebaja o aumento de los costos, y de ahí sale la utilidad, retorno o como se le quiera llamar. Esto a nosotros nos obligará a eso, porque la empresa pública no es del Gobierno de turno, es de todos los uruguayos y debe estar al servicio de todos los uruguayos y no de los corporativismos temporales o permanentes de cada una de esas empresas. Esto los va a obligar y yo lo voto con las dos manos. Bienvenidos aquellos directores de empresas públicas que actúen como si fueran empresas privadas.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Botana.

SEÑOR ANDRADE.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BOTANA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Andrade.

SEÑOR ANDRADE.- Creo que este debate está yendo hacia donde no tenía que ir. Estamos tratando de discutir el artículo.

Lo que yo digo es que el artículo tiene una parte que no es programática. No me estoy refiriendo a si quieren medirse con empresas internacionales del giro –¡bárbaro!–, a si la OPP quiere hacer informes –¡bárbaro!–, o a si seremos los más buenos del mundo –¡bárbaro!–, nos veremos en la rendición de cuentas y evaluaremos. ¡No hay problema! Pero no estamos discutiendo eso. Pienso que incorporar en un articulado –que uno supone tiene una ambición programática– un componente que diga que «en ningún caso el retorno podrá ser inferior al costo promedio de la deuda pública», eso ya no es programático.

Acá faltan dos cosas. Para hacer lo que decía el señor senador Da Silva recién, hay que ver qué pasa si no se cumple. ¿Qué pasa? ¿Renuncian todos? ¿Qué pasa si no se cumple? Tendría que existir esta previsión y no existe. Entonces, incorporarlo así en la norma es legislar mal. Si es programático es programático y coloquemos la intención desde el punto de vista programático; si no es programático, no tiene sentido colocar esta frase en la norma. ¿Cuáles serían las sanciones que se pondrían? Así no se puede legislar, es un error legislar así.

Yo no discuto lo que dijo el señor senador Botana, pues queremos que todo funcione bien y que se sea eficiente. El debate lo tiene el Gobierno en la interna, porque no es el Frente Amplio el que está diciendo que los datos de paridad de importación están mal, sino que lo están diciendo desde Ancap, y el presidente del ente no es del Frente Amplio. Se presentó un recurso, que todos hemos podido ver, y hay un dilema que no tiene que ver con fronteras dentro del Frente Amplio y la coalición, aunque veo que hay quien ya toma partido a priori de algo que tendremos que discutir después, y lo haremos. En principio, es un dilema que tiene Ancap, pues sus técnicos, por unanimidad, dijeron que los datos presentados están mal. Veremos qué sucede con eso y habrá que discutirlo. Yo me estoy refiriendo a lo que estamos discutiendo ahora, esto es, si se coloca un artículo que diga –como dice acá– que «en ningún caso el retorno podrá ser inferior al costo promedio de la deuda pública». Ahora bien, habría que establecer también qué es lo que pasa si eso no se cumple. De lo contrario, estaremos generando una norma que, lejos de fortalecer la perspectiva programática, provocará un problema. El anuncio es que todas sean las más eficaces del mundo, pero en este caso creo que estamos generando una enorme dificultad y, además, dando una señal negativa. Luego, la Constitución de la república es la que tenemos. Con respecto a OSE, se modificó la carta y dice lo que dice, desde el punto de vista de la función social y de la de empresa. Acá yo puedo decir lo que quiera, pero lo que establece la Constitución, aprobada por la mayoría de nuestro pueblo, es diferente y no parece sensato que no tengamos en cuenta lo que dispone en cuanto a priorizar la función social. Me refiero al artículo 47 de la Constitución.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Botana.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: agradezco el aporte del señor senador y aclaro que el retorno al que se refiere es el exigido en la formulación del presupuesto, con los parámetros que se determinan.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Señora presidenta: está claro que tenemos dos concepciones de empresas públicas que son distintas y eso quedó claro en la LUC, cuando discutimos el capítulo relativo a las empresas. Nosotros generamos una dialéctica entre empresa y pública y creo que este proyecto de ley de presupuesto le da una orientación más empresarial; de todos modos, esa no es la discusión actual.

Digo que con la aclaración que hace el senador Botana, el problema es peor de lo que plantea el señor senador Andrade. ¿Por qué? Porque si fuera ex post, bueno, no se cumple y habrá que tomar alguna medida por eso, pero es ex ante, es en la formulación presupuestal. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Hace la formulación presupuestal, llega a que su tasa de retorno sea de tres, pero tiene que poner cuatro y medio. Entonces, bajará salarios o tendrá que tomar otra medida. La situación es peor porque la obliga a tomar decisiones para poder poner en el presupuesto que la tasa de retorno mínima es esa. Por lo tanto, considero que esto está muy mal y me hago tres preguntas.

¿Quién dijo que el costo de interés de la deuda es una medida razonable de mínimo? Nunca lo había escuchado; la verdad es que es la primera vez que siento que se ponga eso como referencia. No entiendo por qué, ya que eso es muy variable. Nosotros hemos tenido tasas más altas, más bajas, variables, fijas, así que no me parece.

¿Por qué a todos igual? ¿Por qué todas las empresas deben tener la misma tasa de retorno? Obviamente, esa tasa depende de los costos fijos y los variables. En una empresa como Ancap, que tiene casi 50 % de su costo en el combustible, es casi imposible pensar esto. En una empresa que tiene costos más dispersos y en la que, digamos, no hay ningún costo que mate, quizás sí. Entonces ¿por qué eso? Se podría haber puesto una tasa de retorno que sería discutida en cada empresa.

¿Por qué todos los años? Ustedes recuerden que nosotros usamos un sistema de contabilidad de las empresas públicas que todavía tiene la incorporación de las inversiones en el gasto corriente. Entonces, un año en que hay mucha inversión, la tasa de retorno se altera demasiado. Podríamos cambiarlo porque ya el manual del Fondo Monetario Internacional cambió, pero no lo hicimos y al no hacerlo, si en el año uno hago una inversión muy grande, la tasa de retorno se me desploma y está bien que sea así con este sistema de contabilidad.

Por todas esas razones, me parece que este artículo no tiene sentido, que va a dar muchos dolores de cabeza a los directores de los entes y que podría sustituirse por un artículo más programático –como dice el señor senador Andrade–, que fije un mecanismo de tasa de retorno a acordar entre las empresas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Muchas gracias.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑORA NANE.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BERGARA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Nane.

SEÑORA NANE.- Señora presidenta: a lo dicho por el señor senador Olesker quiero agregar que no debemos olvidarnos de que estamos en medio de discusiones, en el sentido de que estas inversiones que se toman de esa forma en la contabilidad, hoy el Gobierno está pretendiendo además que compartan la infraestructura para la que invirtieron. Entonces, vamos a invertir, lo vamos a descontar de ahí, las empresas públicas van a tener menos rentabilidad y, encima, van a tener que compartir la infraestructura en la que invertimos. Son cuentas que, realmente, es difícil que den.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: recién se planteaba que había gente que no sabía cómo funcionaba esta cuestión de los ingresos y los gastos. La fijación de los ingresos de las empresas públicas no es la fijación de los precios de una panadería porque, justamente, la mayoría de los precios que involucran a las empresas públicas son precios monopólicos que fija el Poder Ejecutivo. Lo que se fija en el mercado son las áreas en las que las empresas públicas están en competencia: la telefonía móvil y los datos de Antel, las tasas de interés del Banco República, pero las demás se fijan por parte del Poder Ejecutivo. Se fijan previendo y haciendo una planificación de gastos, de costos y de rentabilidad esperada. En los distintos Gobiernos del pasado se incorporaba lo que el fisco le exigía a cada empresa que transfiriera, lo que de alguna manera podía interpretarse como una rentabilidad que el «accionista»–entre comillas–, que sería el Estado, le exige a la empresa para obtener de «utilidades» –también entre comillas– a los efectos de usarlo con otros fines: en políticas sociales o cosas por el estilo. En la forma de definir las tarifas se toma en cuenta la rentabilidad que se espera que la empresa tenga, o sea que, en ese sentido, esto no está mal.

Ahora, como bien decía el señor senador Andrade, esto no es una norma programática. Nosotros no la vamos a acompañar porque discrepamos de la filosofía general de lo que se plantea aquí. Es más: interprétese que estamos tratando de evitar problemas al Gobierno y esto pasa por no poner en una norma que pretende ser programática algo que no es programático, que es exigir un retorno mínimo. Este aspecto no es menor porque las empresas públicas tienen niveles patrimoniales muy altos. Cuando hablamos de un 5 % de USD 2.000:000.000 –estoy hablando de memoria–, nos estamos refiriendo a USD 100:000.000 de rentabilidad. Si esto pasara a ser un monto excesivo, implicaría tener que subir la tarifa más de lo que se debería para cumplir con ese mínimo y quizá no sea necesario hacerlo.

También hay muchos factores de costos. Hoy se hablaba de que los costos salariales de Ancap no llegan al 3 % de incidencia en el precio de los combustibles. O sea que hay un montón de costos que no dependen de las decisiones del Gobierno, como el precio del petróleo, cómo evoluciona el tipo de cambio o los temas de electricidad. Afortunadamente, con el cambio de la matriz eléctrica y energética hemos disminuido riesgos que no hace tantos años –menos de una década– implicaban que, si había sequía, UTE tenía que subir las tarifas un 80 % para no tener pérdidas. Pero el Gobierno sostuvo con subsidios el sobrecosto energético y las tarifas no subieron desmedidamente. Eso pasó, por lo menos, en dos años durante la última década. Reitero, ahora ese riesgo es menor porque hubo una política de diversificación de la matriz energética. En esos casos ¿tiene algún sentido plantearse esa rentabilidad mínima cuando son factores climáticos los que determinan que la empresa ese año podría llegar a tener pérdidas enormes, lo que podría implicar una suba disparatada de las tarifas que impactaría de manera absurda sobre la población y la producción? Esto hubiera sucedido si desde el Poder Ejecutivo no se hubiese tomado la decisión de absorber desde el punto de vista fiscal el sobrecosto energético.

Por lo tanto, lo que nosotros estamos sugiriendo es que atar de manos de esta manera, poner este corsé en esta materia, puede llegar a ser muy peligroso e inconveniente. Solo les va a traer problemas a quienes van a gestionar y dirigir las empresas públicas, con el aditivo que también mencionaba el señor senador Andrade: y si no se cumple, ¿qué pasa? Lo mínimo será venir al Parlamento a dar cuenta. Si el proyecto de ley dice: «En ningún caso el retorno podrá ser inferior al costo promedio de la deuda pública del Estado» y la empresa tiene pérdidas durante uno, dos o tres años, ¿qué consecuencias tiene? Ponerlo en estos términos genera una dificultad que estoy seguro de que nadie quiere absorber. Por eso la sugerencia para facilitarle la vida al Gobierno es que haga una formulación con esta intención –que de todas maneras no compartimos– de carácter programático, es decir, que diga algo así como «se procurará que…», pero no con esta formulación porque –como bien se decía– si esto queda redactado así y después se incumple tendremos que pedir cuentas y, además, habría que definir en qué términos se deben rendir esas cuentas cuando se incumpla.

Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: de alguna forma se ha expresado por parte de algún senador que las empresas públicas deberían verse como una empresa común. En ese sentido, la gestión tiene que dar rédito y este artículo –por lo que entiendo y por lo que los compañeros han desarrollado tan profundamente– no condice con lo que expresa la Constitución en el literal d) del numeral 1) del artículo 47 que, al referirse a la empresa pública, expresa: «el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico».

Quiere decir que las empresas públicas no son una empresa cualquiera que simplemente tiene que dar rédito, sino que a través de ellas también debemos buscar el beneficio social. ¿Qué pasa si estas aspiraciones o estos requerimientos no se cumplen? Pueden llevar al aumento de las tarifas.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA DELLA VENTURA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: voy a leer el último inciso del artículo 682 del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo donde aventamos este tipo de suspicacias. Dice así: «A efectos del cálculo de la tasa de retorno, la metodología a aplicar tendrá en cuenta como ingresos los subsidios tarifarios otorgados por dichos organismos como consecuencia de decisiones derivadas de leyes, decretos y demás disposiciones normativas, así como excluir los subsidios que reciben de rentas generales o rentas afectadas y, de existir, los sobreprecios cargados en sus tarifas como consecuencia de su actuación en mercados monopólicos».

Vamos a volver al tema: nosotros nos estamos poniendo la exigencia. Nada va a cambiar, simplemente queremos que las empresas sean más eficientes. Le pregunto señora presidenta: ¿eso está mal?

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Traten de no dialogar, señores senadores, tienen que dirigirse a la Mesa.

Puede continuar la señora senadora Della Ventura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: si simplemente se aspira a mayor eficiencia, como dice acá, deberían decirlo en esos términos: «se aspira a tal cosa…» y no hacer la exigencia antes de que se formule el presupuesto de cada ente. Eso es lo que entendí. O sea, la empresa tiene que formular su presupuesto teniendo en cuenta esta exigencia. Si no se da esto que se pregunta por parte de los compañeros, ¿qué tiene que hacer esa empresa que sabe que está por encima de lo que se le exige para poder presentar ese presupuesto? En fin, tiene que ver cómo lo compensa. Quizás lo haga con un aumento de las tarifas; no sé de qué otra manera puede hacerlo.

Me atrevo a decir que se podría hacer un cuarto intermedio para modificar la redacción, dado lo que se acaba de alertar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos de esta sección que, reitero, son: 691, 692, 693, 694, 699, 706, 707, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 732, 733, 734, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 743, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767 y 768.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.-Señora presidenta: han sido muchos los artículos, pero creo que se han esgrimido muy bien los argumentos que fundamentan este corsé que se ha colocado a las empresas públicas.

En este sentido, rondaba una pregunta que quiero contestar en mi fundamento de voto. ¿Qué le va a pasar a una empresa pública que ahora tiene la obligación real de aportar esto a rentas generales? Es muy sencillo. Si la empresa pública no tiene la posibilidad de aportar, solo le quedan dos caminos: uno es subir las tarifas a fin de recomponer sus ganancias y el otro, vender patrimonio, activos de la empresa, para poder cumplir con esta obligación legal, porque esta es una ley que la empresa tendrá que cumplir. En consecuencia, cuando tenga que entregar los recursos a rentas generales –como estoy fundamentando mi voto no puedo hacer alusiones, pero recuerdo una cantidad de discursos que señalaban que las empresas públicas no se podían usar para financiar déficits, rentas generales, etcétera–, si la empresa no llega a la rentabilidad que le obliga la ley, tendrá que vender activos. No olvidemos que debe cumplir la ley, tal como quedó formulado.

Las respuestas son claras: se aumentan las tarifas para poder cubrir o, de lo contrario, la empresa tendrá que vender sus activos. Quiero recordar que ya hemos facultado a muchas de estas empresas como, por ejemplo, a Ancap, que tiene la posibilidad de vender el paquete accionario de Ducsa, que es la empresa distribuidora de combustibles más grande del Uruguay. Me parece que es algo tremendamente inconveniente y por eso hemos votado por la negativa.

Además, aprovecho para hacer una consulta que no forma parte del fundamento de voto. Quiero saber si el artículo 742 ya se votó porque tiene un error en la redacción…

SEÑORA PRESIDENTA.- Informo al señor senador que se está pidiendo la reconsideración de este artículo.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Me parece bien porque le falta una palabra.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Son nuevos artículos, pero en realidad pensé lo mismo que acaba de señalar el señor senador Sánchez. No lo manifesté, pero quiero que quede constancia de ello. Creo que, en el fondo, a pesar de que se dice que solo se va a privatizar el combustible del puerto y del aeropuerto, lo que está detrás es esa intención.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señora senadora: usted sabe que durante el fundamento de voto no se pueden atribuir intenciones.

Se ha propuesto la reconsideración del artículo 730.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la reconsideración del artículo 730.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

Hay un texto sustitutivo en la hoja n.° 57.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar primero el artículo 730 tal como viene de comisión.

(Se vota).

–0 en 29. Negativa.

En consideración el sustitutivo del artículo 730, que figura en la hoja n.° 57.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: la modificación es muy simple. Se trata de cambiar a pesos uruguayos lo que en el artículo original que votamos figuraba en unidades indexadas. En ese sentido, a solicitud del Poder Ejecutivo y del Tribunal de Cuentas, se fijó la partida de $ 3:340.000. Ese es el cambio.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 30. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta de reconsiderar el artículo 742.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 742 tal como vino de la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 30. Negativa.

En consideración el sustitutivo del artículo 742, que figura en la hoja n.° 46.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 745 en su texto original.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 31. Negativa.

En consideración el sustitutivo del artículo 745, que figura en la hoja n.° 58.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Solicito un cuarto intermedio de diez minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–29 en 31. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por diez minutos.

(Así se hace. Son las 18:00).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 18:08).

–Pasamos a considerar los aditivos.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: vamos a proponer, como mecanismo de trabajo con los aditivos, votar primero los presentados por los señores senadores del Frente Amplio para, posteriormente, pasar a votar los aditivos presentados por los señores senadores de la coalición de gobierno.

Estamos en condiciones de decir que no existen nuevos méritos para rever en el Senado los aditivos del Frente Amplio, que ya fueron rechazados en la comisión. Por lo tanto, estamos en condiciones de votarlos en forma negativa.

Por supuesto, si la voluntad de algún senador del Frente Amplio es fundamentar alguna de las hojas presentadas, tiene todo su derecho a hacerlo.

Si quieren, les puedo decir el número de las hojas que vamos a votar negativamente. Las hojas n.os 2 y 3 fueron votadas ayer y refieren a turismo. Las restantes son las hojas n.os 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 55.

Todas estas son las hojas presentadas como aditivos por las señoras y señores senadores del Frente Amplio.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración los artículos aditivos presentados por el Frente Amplio.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: nosotros ya hemos caracterizado a este presupuesto como un presupuesto de espaldas a las necesidades de la gente, un presupuesto que no tiene en consideración esta etapa que está viviendo nuestra sociedad, que es muy compleja en lo que tiene que ver con esta emergencia sanitaria.

Lo que queremos señalar es que algunas reasignaciones que habíamos propuesto, por ejemplo, tenían que ver con reforzar el presupuesto del Instituto Nacional de Alimentación con una partida anual para 2021 y 2022 a los efectos de apoyar las ollas populares; también planteamos un subsidio y subvenciones que apuntaban a recomponer la situación de la FUTI –que es muy compleja– y otras reasignaciones que eran para fortalecer el presupuesto de educación –de la ANEP, de la Udelar y de la UTEC–, así como otro conjunto de artículos que tenían que ver con lo que nosotros denominamos la transparencia. Para poder cumplir con el rol de oposición y de contralor, sería fundamental acceder a toda esa información que propusimos allí.

Así que esta sería una fundamentación general, señora presidenta, y no tenemos inconveniente en que se voten todos los aditivos juntos.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Procederemos, entonces, a la votación de todos estos aditivos en forma conjunta.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–13 en 31. Negativa.

En consideración los aditivos que figuran en las páginas 45, 51, 52, 53 y 54.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: nosotros quisiéramos poder acompañar la página 45, pero creemos que sigue teniendo el mismo problema que tenía desde el origen. Es una norma que intenta promover el ingreso a distintos colectivos que son vulnerados; en particular, lo referente a la discapacidad se da en un momento muy importante, porque mañana es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El problema es que este artículo hace referencia a la Ley n.º 18651, que recoge el mismo cupo para la actividad pública de la vieja Ley n.º 16095, de noviembre de 1989, pero no establece ni cupo ni obligación de empleo en la actividad privada. Como lo que pretende esta norma es premiar a las empresas que cumplan con el cupo, tendría que referirse a la Ley n.º 19691, que es la que efectivamente establece cupos de empleos para la actividad privada, tal como lo dijimos en la comisión.

De las dos modificaciones que planteamos, se recogió lo de los colectivos trans y no lo de la ley de empleo para personas en situación de discapacidad. Se hace referencia a la ley que en realidad ratifica la convención, ubica un conjunto de componentes que son avanzados –transporte, salud, educación– y recoge el cupo que ya estaba en la anterior para lo público, pero coloca lo privado en lo programático y no en un objetivo específico. Por lo tanto, tiene esa dificultad que, si se puede corregir in voce, mejor.

SEÑOR CARRERA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ANDRADE.- Con mucho gusto, señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: si lo que usted está proponiendo es que se vote en conjunto, pedimos el desglose de la hoja n.° 54, que el Frente Amplio va a acompañar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perfecto.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- En este caso, vamos a solicitar que la votación sea hoja por hoja.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración, entonces, la hoja n.° 45.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Reitero, señora presidenta, lo que manifesté hace unos instantes.

La Ley n.º 18651 no establece cupos para la actividad privada para las personas en situación de discapacidad. Sí lo hace para el sector público. Y esta es una ley que refiere a premiar a las empresas privadas. La norma que establece cupos para las empresas privadas es la Ley n.° 19691. La Ley n.º 18651, que es una ley muy avanzada del 2010, recoge el cupo para el sector público que ya existía en la Ley n.º 16095, de noviembre de 1989.

Si el espíritu de la norma es premiar a las empresas que cumplan, discutimos sobre eso. Tenemos hoy 5200 empresas que están incumpliendo la norma, que ya la tendrían que aplicar, y vamos a tener el año que viene muchas más, porque tuvo aplicación gradual. En este caso se hace referencia a la ley equivocada, y no parece sensato que se exija para otros colectivos y no para el colectivo de personas en situación de discapacidad. Entonces, debería decir: «según lo establece la Ley n.º 19691».

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Solicito un cuarto intermedio de cinco minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–30 en 31. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por cinco minutos.

(Así se hace. Son las 18:17).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 18:28).

–Continúa en consideración la hoja n.° 45 de los aditivos.

No sé si hay algún ajuste al texto presentado.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- La ley a la que nosotros hacemos mención es la relativa a personas con discapacidad. Era lo que hablábamos recién con el senador Andrade. En la otra ley se establecen cupos, y nosotros acá no estamos estableciendo cupos. Incluso, la Ley n.° 19122 tiene cupos para el sector público, no para el privado. Ese fue el motivo por el cual nosotros decidimos mencionar esa ley.

SEÑORA SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA SANGUINETTI.- Justamente estábamos terminando de discutir este tema cuando la señora senadora Rodríguez se retiró.

Entendemos que es pertinente agregar la referencia a la segunda norma, la Ley n.° 19691, porque de lo contrario existe la posibilidad de premiar a una empresa que esté incumpliendo una norma que hoy ya está vigente. Esa es la cuestión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, mantendríamos la referencia a la Ley n.° 18651 y agregaríamos la referencia a la Ley n.° 19691.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja n.° 45 con el agregado de la referencia a la Ley n.° 19691.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración la hoja n.° 51.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

En consideración la hoja n.° 52.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

En consideración la hoja n.° 53.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: lo primero que tengo que decir es que este es un aditivo que presentan algunos señores senadores. Como es obvio, no estaba en el mensaje del Poder Ejecutivo; ha sido incorporado durante la discusión de este proyecto de ley y contiene algunas modificaciones vinculadas con la Ley de Derechos de Autor.

Mediante este texto se intenta declarar, es decir, interpretar la Ley de Derechos de Autor en todo su alcance, dado que, basándose en ella, han aparecido ciertas organizaciones que pretenden tener derechos de gestión colectiva y de remuneración equitativa, en función de lo cual salen a cobrar la presencia de televisores –estén prendidos o apagados– en lugares donde estos están expuestos al público. La Ley de Derechos de Autor consagra claramente derechos de intérpretes, de autores, de compositores, de productores de fonogramas, de entidades de radiodifusión. Es el reflejo de una época, por lo cual no menciona ni consagra estos mismos derechos para empresas de gestión exclusiva de productos cinematográficos o audiovisuales.

Voy a explicar un poco la base del problema. Hay autores, compositores, intérpretes que ceden sus derechos a organizaciones de gestión colectiva, no tienen derechos exclusivos para cobrar por sus obras. A modo de ejemplo, un intérprete y un autor producen un CD que sale al mercado y una emisora de radio pasa sus temas sin necesidad de pedir autorización para hacerlo. La gestión colectiva implica eso: el derecho de remuneración equitativa, que son derechos que no se pueden autorizar ni prohibir; el CD está en el mercado, se pasa en una fiesta, se pone en un casamiento, se lleva a una radio y lo que se tiene que hacer es cobrar por eso. Entonces, se ceden los derechos a organizaciones que están en la Ley de Derechos de Autor, que son entidades de gestión colectiva y estas entidades van a cobrar, por acuerdo, un derecho por haber pasado ese tema, y eso va en partes equitativas al compositor, al autor, al intérprete, etcétera. Es así como funciona.

Eso se opone al derecho de gestión exclusiva. Quien tiene los derechos exclusivos los licencia, puede prohibirlos, los autoriza, cobra por ellos, puede multar y hacerse indemnizar por aquel que los emitió sin haber tenido la licencia. Esto sucede con las compañías cinematográficas o de productos audiovisuales. En algún caso están agremiadas, como el Motion Picture Group, donde están las grandes compañías, tales como Warner Bros. y Sony Pictures, entre otras. La agremiación que tienen no es de derechos de gestión colectiva, es de autodefensa frente a la piratería. Esas empresas producen una película, una serie, una novela, le pagan al guionista, al autor, al actor, al sonidista, y tienen los derechos de ese producto, que se lo venden a HBO, a los canales de televisión por cable, a los de televisión abierta, a las empresas que lo pasan en los cines, y nadie puede emitirlo si no es de manera clandestina, sin tener esos derechos.

Debido a un vacío y por una interpretación temprana en 2007 –quiero entender que es por eso– se autorizó a empresas que tienen derechos exclusivos a hacer la gestión colectiva, sin tenerla, y estas empresas aparecen hoy en el mercado cobrando supuestos derechos de gestión colectiva, cuando tienen, a su vez, la gestión exclusiva. Esto no puede ser; o tiene uno o tiene otro, no se puede estar en la misa y en la procesión. Cuando los derechos son de gestión exclusiva y prendo mi televisor –que ya pago por él porque soy abonado–, el canal que está emitiendo esa película, esa novela o esa serie, en algún punto de la cadena, pagó para emitirla. Entonces, no se le puede volver a cobrar. Sin embargo, en la práctica y desde hace algún tiempo, en lugares donde hay televisores a disposición del público se pretende cobrar. Esto sucede en restaurantes y bares, en clubes deportivos, en gimnasios, en talleres, en peluquerías, y también en hoteles, no por el televisor que está en el hall, sino por los que están en cada una de las habitaciones. Y se cobra al barrer, se vea o no se vea, se pase o no se pase, se emita o no ese producto del que se supone se tiene derecho. Es decir, el televisor apagado paga, el televisor desenchufado paga. También paga si transmite por canales de aire, por canales por abonado o por lo que transmita. Hasta se pretende cobrar en un bar o en un restaurante, donde no se pasan películas; allí se van a ver partidos de fútbol, noticias o programas de entretenimientos, y ninguno de esos tiene derechos exclusivos de quienes salen a cobrarlos, aunque lleguen a argumentar que los canales deportivos pasan documentales y podrían cobrarles por eso. Pero cobran por si las dudas, no importa si pasaron o no pasaron, si la habitación del hotel estaba ocupada o desocupada, cobran por la cantidad de televisores, es decir que fijan una tarifa y transforman ese supuesto derecho en una suerte de impuesto al televisor. Mucha gente lo paga, porque cree que es algo que se le cobra con derecho, no sabe discutirlo; otros lo discuten y han ido a juicio. Y se entabla un conflicto que ha sido observado por el Consejo de Derechos de Autor, que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Me refiero al anterior consejo –no a este que ha empezado ahora y no ha tratado el tema–, que lo ha observado, tanto que una de estas empresas ha terminado con una acción en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo que ha observado es, precisamente, que no tiene todos los derechos y no cumple con todos los requisitos que debería cumplir.

Lo que estamos proponiendo aquí es una interpretación clara de la Ley de Derechos de Autor, y no queremos dejarlo pasar y que vaya a la Comisión de Educación y Cultura, porque en estos momentos de enorme dificultad del comercio y de otras actividades vinculadas al turismo, recibimos la llamada, la atención de cámaras y organizaciones que dicen que están recibiendo inspecciones, la mayoría de ellas –tengo varias cartas acá– son telefónicas, y se les dice que tienen televisores, que no están registrados y que les van a mandar una multa. También tengo las cartas de los abogados; no puede haber un reclamo y una multa si ni siquiera hay una inspección para verificar que el televisor está prendido y pasando el producto que se dice. Eso se niega y avanzan, y mucha gente –refleja la diferencia de posición dominante y la debilidad de un pequeño comerciante– termina pagando o sacando el televisor para no pagar, y conozco cantidad de casos en que, al final, resolvieron descolgar el televisor.

Por todo esto proponemos un artículo sencillo que esperamos se considere, que dice: Declárase que las entidades de gestión colectiva de productores –me refiero a las que están reguladas en la Ley de Derechos de Autor–, sea cual fuere el objeto de su actividad solo podrán ser autorizadas a funcionar respecto de los derechos de remuneración equitativa que se consagran expresamente a favor de los mismos. Es decir que solo puede haber entidades de gestión colectiva autorizadas a funcionar respecto a los derechos de remuneración equitativa, que son contrarios a los de remuneración o representación exclusiva. Son entidades como Agadu, Sudei, Asociación de Intérpretes y Productores Fonográficos –que tienen muchos años– las que tienen estos derechos de gestión colectiva y que cobran lo que se llama la remuneración equitativa, que requiere acuerdos. Además, lo hacen en representación de millones de intérpretes, porque estas instituciones tienen convenios con instituciones similares de la mayoría de los países. De modo que si aquí alguien pasa un tema de un conjunto argentino va a cobrar y va a pagar; y lo mismo con cualquier otra banda, intérprete o autor en el mundo. Esto funciona con enorme eficacia y confianza, y es lo que hacen los autores, aquello de: «El derecho de autor es el salario del creador». Es lo que hacen. ¿Quién le gestiona eso? Una institución de gestión colectiva que tiene estos derechos de remuneración equitativa, porque todos van a cobrar lo mismo. Esto es lo que quieren declarar e interpretar, y no es contra nadie, pero es para dejar bien claro que no puede llegar alguien y abrogarse el derecho de salir a visitar comercios –porque en algún momento se le reconoció por parte del Ministerio de Educación y Cultura la condición de asociación civil– y decir que tiene los derechos de representación para ir a cobrar lo que ya se pagó. Hay que recordar que la empresa productora internacional que generó esa película –y después va a haber un señor sentado en un hall, en la habitación de un hotel, cortándose el pelo o en la mesa de un bar– ya cobró para que la estuvieran viendo, ya ganó por ella y no es posible que vuelva a cobrar, ya no para el autor, el guionista, el intérprete o el actor, sino para la empresa madre, que es la que tiene los derechos exclusivos, con una comisión en el medio, claro está.

Países como Argentina y Brasil han prohibido esta práctica; está claramente prohibida y nosotros creemos que en Uruguay no tiene que estar prohibida, pero debe adaptarse a esta normativa que es la que rige por la Ley de Derechos de Autor y no tratar de utilizarla en su beneficio para que el 80 %, –como se ha declarado– termine en el exterior, en las mismas grandes compañías que son las productoras de contenidos.

Quería hacer esta propuesta, que me parece que es justa y a tiempo, y no está fuera del marco presupuestal.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Muchas gracias, señora presidenta. Hemos escuchado con mucha atención el fundamento del senador Gandini, que sin lugar a duda ha estudiado en profundidad este tema, que es muy complejo, que refiere a derechos de autor, derechos colectivos, etcétera.

En la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, recibimos a la Cámara Uruguaya de Turismo que –entre un conjunto de iniciativas que presentaron en medio del tratamiento del presupuesto– nos plantearon algo en este sentido, porque es verdad que los hoteleros, los bolicheros y un conjunto de pequeños comerciantes están preocupados por esta situación, se sienten afectados, y por tanto están incentivando una propuesta para ver cómo se aclara esta situación.

También recibimos una carta firmada por el señor Walter Tournier, presidente de Egeda Uruguay, por Mariana Secco, secretaria y por Lucía Gaviglio, tesorera –que me imagino que la habrán recibido todos los señores senadores– en la cual solicitaban incluso que no diéramos aprobación a un artículo de esta naturaleza. Para nosotros este es un tema del que hay que ocuparse con urgencia y resolverlo buscando no afectar ninguno de los derechos y, por supuesto, potenciando y defendiendo nuestra industria nacional, tanto la industria cultural como lo que tiene que ver con los pequeños comercios. Naturalmente, es algo en lo que hay que profundizar.

Por ello, este fundamento tiene que ver con que queremos solicitar que la hoja n.° 53 pase a la Comisión de Educación y Cultura, con el compromiso de trabajar intensamente y asesorarnos bien para buscar la mejor solución a un tema tan complejo que tiene que ver con derechos y presenta un conjunto de dificultades.

Además, es un asunto que hay que resolver rápidamente. Lo aclaro, porque con esto no estamos pidiendo que vaya a una comisión para que duerma el sueño de los justos, sino que nos comprometemos a trabajar para encontrar una solución que sea lo más justa posible, acorde a derecho y, en definitiva, a los intereses que creo todos intentamos defender en este sentido, incluso con la muy buena exposición que ha hecho el senador Gandini.

Por lo dicho, reitero, estamos mocionando para que pase a la Comisión de Educación y Cultura.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del senador Sánchez en el sentido de que la hoja n.° 53 pase a la Comisión de Educación y Cultura.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración la hoja n.° 54.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–13 en 31. Negativa.

SEÑOR PENADÉS.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar nuevamente la hoja n.° 54.

(Se vota).

–30 en 31. Afirmativa.

En consideración la hoja n.° 59.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: la hoja n.° 59 refiere a una solicitud del Tribunal de Cuentas que es de absoluto rigor y tiene que ver con la incorporación al Tocaf –Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera– de las disposiciones legales aquí votadas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 31. Afirmativa.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: fue votada la reconsideración de la hoja n.° 54, pero no se votó el fondo de la cuestión. Por tanto, correspondería pasar a votar el texto de la hoja n.° 54.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el texto de la hoja n.° 54.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 31. Afirmativa.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- La bancada del Partido Nacional solicita un cuarto intermedio de diez minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por diez minutos.

(Así se hace. Son las 18:53).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 19:04).

9) SUSPENSIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 8 DE DICIEMBRE

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se deje sin efecto la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del martes 8 de diciembre del corriente». (Firman los señores senadores Penadés, Lozano, Lanz y Carrera).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) REMISIÓN A COMISIONES DE VARIOS ADITIVOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase otra moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que lo que a continuación se indica, acordado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores en ocasión del estudio del proyecto de ley de presupuesto nacional para el período de gobierno 2020/2024 aprobado por la Cámara de Representantes, pase a las siguientes comisiones:

El artículo 132 aprobado por la Cámara de Representantes, a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

El aditivo al artículo 229 aprobado por la Cámara de Representantes, presentado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, en la hoja n.° 233, a la Comisión de Hacienda.

Los aditivos al artículo 235 aprobado por la Cámara de Representantes presentados en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, en las hojas n.os 143 y 234, a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

El artículo 577, aprobado por la Cámara de Representantes, a la Comisión de Constitución y Legislación.

El artículo 650, aprobado por la Cámara de Representantes, a la Comisión de Constitución y Legislación.

El aditivo al artículo 725, aprobado por la Cámara de Representantes, presentado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, en la hoja n.° 286, a la Comisión de Educación y Cultura.

La hoja n.° 233, sección IV, «Incisos de la Administración Central», inciso 05, «Ministerio de Economía y Finanzas».

La hoja n.° 143, sección IV, inciso 05.

La hoja n.° 234, sección IV, inciso 05.

La hoja n.° 286, sección VIII».

(Firman los señores senadores Penadés, Manini Ríos, Viera y Carrera).

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Quiero hacer una consulta. Las hojas que no están numeradas pasan a comisión –no hay problema–, pero las que están numeradas no está planteado que pasen a alguna comisión. ¿Es así?

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- En la comisión se decidió que varias hojas fueran enviadas a distintas comisiones del Senado para su tratamiento. La Secretaría acaba de mencionar qué hojas y a qué comisión se envían, según lo definido en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Ahora lo que corresponde es votar para que esas hojas efectivamente lleguen a las comisiones para ser estudiadas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) PRESUPUESTO NACIONAL, EJERCICIO 2020-2024

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión particular del único punto del orden del día.

En consideración el artículo 4.° que, como recordarán los señores senadores, había sido desglosado para su consideración posterior.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: este artículo ha sido muy trabajado por parte del Poder Ejecutivo antes de que el proyecto de ley de presupuesto llegara al Parlamento; ha sido también trabajado y considerado en la Cámara de Representantes, donde se le introdujo alguna modificación, y ha sido trabajado en diálogo con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, a fin de encontrar una redacción más precisa, que condujera a la voluntad que tuvo y tiene el Poder Ejecutivo y, me consta, también la organización sindical, que es la firma de un convenio salarial para los próximos años.

Este artículo dice cosas que encuadran ese posible convenio salarial, pero solo se podrá firmar si establece algunas otras cosas que le son propias. Lo que aquí se consagra, por lo menos en los primeros incisos, es que el Poder Ejecutivo va a adecuar anualmente las remuneraciones de los funcionarios, sin perjuicio de los incrementos adicionales particulares que se encuentren financiados como, por ejemplo, el aumento que votamos para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas.

El inciso segundo dice: «La adecuación prevista con vigencia al 1.º de enero de 2021 se determinará en base a la variación observada en el Índice de Precios al Consumo en el período del 1.º de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020», es decir, el año que estamos terminando, menos el incremento que se otorgó el 1.° de enero. ¿Qué dice aquí? Que el 1.° de enero de 2021 los funcionarios públicos recibirán un complemento del aumento salarial del año que termina, del orden del 4,5 %, porque recibieron un adelanto del 5 %. Ese es el punto de inicio: el 1.° de enero de 2021, con el 4,5 % que recibirán por el año 2020.

El inciso tercero dice: «A partir del 1.º de enero de 2022, los aumentos salariales propuestos por el Poder Ejecutivo incluirán un componente de recuperación del poder adquisitivo de las remuneraciones de los funcionarios públicos». Quiero que quede claro que a partir del 1.° de enero del 2022 el aumento salarial que corresponda incluirá un componente de recuperación del poder adquisitivo de las remuneraciones. Y continúa: «de manera tal que al finalizar la vigencia de este Presupuesto –es decir, una vez finalizado el año 2024–, el nivel del salario real no haya sufrido deterioro –y fija cuál es la base–, conforme al Índice Medio de Salarios Real del Gobierno Central». Esta es una medición que se hace anualmente; es el índice medio de salarios real de los funcionarios del Gobierno central, que tienen un movimiento de salarios diferente al del resto de los funcionarios. Y luego agrega: «publicado por el Instituto Nacional de Estadística». Y en la Cámara de Representantes se agregó: «La mencionada recuperación deberá estar culminada al 1.º de enero de 2024».

Esta norma establece algunas cosas que tienen que quedar claras. No habla de 2021; habla de 2020 y de a partir del 1.º de enero de 2022. En el 2021 los funcionarios públicos no recibirán un aumento por inflación ni por ningún otro concepto, salvo el 1.º de enero que procede y falta pagar de 2020. Por eso en el tercer inciso se habla de la recuperación. A partir de entonces van a ir recuperando lo que no tuvieron de incremento en el 2021. Se cambia el concepto de IPC, de índice de precios al consumo, por el de índice medio de salarios real del Gobierno central y, además, se establece que se tomará la inflación proyectada y no la pasada; este también es un cambio importante. Se determina que el 1.º de enero de 2024 la recuperación deberá estar culminada y también se dispone que al final de este período no puede haber pérdida salarial. Así que lo que se dice acá es que los funcionarios van a empatar el 1.º de enero de 2024; eso es lo que se establece, es a lo que el Gobierno está dispuesto a comprometerse y lo que la ley le fija. El punto de partida es el 1.º de enero de 2021, incluido el 4,5 % que recibirán por lo que falta pagar por el 2020. Y el 1.º de enero de 2024 los funcionarios tendrán que haber recuperado en su totalidad la pérdida salarial que se va a producir durante el 2021. Es lo que se dice.

El convenio salarial tendrá que dejar claras algunas cosas que acá no se dicen específicamente, aunque queda claro que el 1.º de enero de 2024 no podrá haber pérdida salarial. A mi juicio, el 1.º de enero de 2024 van a tener que recuperar esa pérdida salarial y, además, recibir el adelanto de la inflación de 2024 por fuera: el 3,7 % que está proyectado y que la Cámara de Representantes incluyó textualmente en el inciso cuarto, en el que se establece cuál es la inflación proyectada que estaba en la exposición de motivos del proyecto de ley. Se establece el 5,8 % para el 2022; el 4,7 % para el 2023 y el 3,7 % para el 2024. Creo que lo que aquí se dice es que para el 2024, sin el aumento correspondiente por adelanto a ese año, tiene que estar equilibrado y en la misma línea con el 1.º de enero de 2021.

Obviamente, los funcionarios van a tener una pérdida de ingreso real porque en 2021 no recibirán aumento y en el 2024 van a estar en el mismo lugar que el 1.º de enero de 2021, pero lo que dejaron de percibir en ese triángulo que se produce con la caída de 2021 se va ir recuperando paulatinamente porque el inciso tercero del artículo dice que los aumentos deberán contener, a partir del 1.º de enero de 2021, un componente de recuperación; es decir que ahí tiene que haber dientes en el 2022, en el 2023, y en el 2024 tiene que estar completo. Según mi interpretación, esto no incluye el adelanto de inflación del 3,7 % que recibirán por el 2024, porque no es para atrás, sino para adelante. Con esta idea venimos a votar este artículo y con la confianza de que el diálogo que se genera mucho más fluido y detallado, que se consagra en los convenios salariales, nos pueda llevar antes de fin de año a que las partes que tienen que negociar, que son los representantes de los trabajadores públicos –probablemente no solo los de COFE porque su convenio arrastra a funcionarios de los entes autónomos y, probablemente, también a funcionarios de la educación- dialoguen con el Poder Ejecutivo para buscar ese acuerdo. Hablamos de un acuerdo que enmarca este artículo que creo que manifiesta claramente cuál es la intención del Poder Legislativo. Nosotros respaldamos lo que incorporó la Cámara de Diputados que dice que al 1.° de enero de 2024 la recuperación salarial deberá estar culminada. Creo que eso es lo sustancial. Después incorpora otros elementos de valoraciones y de juicios en un largo artículo que define cuál va a ser la política salarial con el sector público en adelante.

Quiero destacar que el diálogo con los representantes de los trabajadores públicos fue en tono amigable, con cada uno desde su lado y defendiendo su visión legítima, así como sus intereses y posibilidades, pero siempre con el ánimo de encontrar un acuerdo y del que se estuvo muy cerca. Se buscó no hacer algo diferente, sino algo más explícito. De todos modos, lo que dice conduce a lo que se quiere. Dejemos que las partes puedan dialogar y encontrar un camino perfeccionado para que se pueda estampar la firma de las partes y encontrar paz en adelante.

Por último, también quiero decir que ese diálogo se dio en el contexto de la situación actual. Ni los trabajadores, ni el equipo económico, ni el Gobierno, ni nosotros ignoramos las incertezas que tenemos por delante. Sabemos las dificultades que hay para lograr mejorar la recaudación, para cumplir con todas las obligaciones y para no lesionar, no solo los derechos de los trabajadores, sino uno de los componentes más importantes que tiene la reactivación y la actividad económica que es el consumo interno. Limitar la recuperación salarial, el equilibrio o la adecuación de los salarios también impacta en la economía. Creo que esta forma de ajustar ayuda a que la inflación no sea empujada a la suba por los ajustes de los salarios públicos, cambia un concepto, toma toda la masa salarial, prevé el 2021 como un año difícil y, por ahí, creo que hay sensatez y comprensión de los trabajadores.

Por lo tanto, creo que votando este artículo 4.° como marco para la negociación colectiva estamos haciendo un aporte bueno y posible para todas las partes. No quería dejar de interpretar aquí, con mis palabras, cuál es la intención del legislador. Cuando, a veces, a las cosas se les quiere dar sentido hay que ir a la intención de quienes lo votaron y nosotros estamos votando este artículo 4.° del presupuesto con esa interpretación.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Lamentamos llegar a esta situación que empezó hace ya mucho tiempo con perspectivas y promesas de cambios del artículo que no se cumplieron. Vamos a votar en contra este artículo por cuatro razones que voy a fundamentar ahora: porque rebaja los salarios, porque acumula pérdidas financieras sin poner el ritmo al que se van a devolver, porque no garantiza el nivel salarial y porque es absolutamente innovador en materia de reglas de negociación colectiva, algo nunca visto en la negociación anterior.

Voy por puntos. En primer lugar –el señor senador Gandini me exime de palabras porque lo asumió–, el 4,5 % no está en esta discusión; es el cierre de un convenio colectivo que vencía el 31 de diciembre. En realidad, para ser estricto, habría que pagarlo el 31 de diciembre de 2020. Por lo tanto, el aumento que van a recibir los trabajadores públicos en 2021 es cero y van a perder toda la inflación de ese año, como también lo dijo el señor senador Gandini y el ministro Mieres en su comparecencia. Esto es lo primero que tenemos para decir. La economía va a caer un 3,5 %, 4 % o 4,5 % y el salario va a caer un 6,9 %. Entonces, hay una socialización de pérdidas, pero la grafiquita de los salarios va más abajo que la del producto.

Claramente acá hay una decisión –después de mucho tiempo de recuperación salarial– que apunta a una reducción del salario de los trabajadores públicos que, dicho sea de paso, se acumula a la misma decisión que se tomó para los trabajadores privados.

En segundo término, se acumulan pérdidas financieras. Otra vez el señor senador Gandini me exime de los comentarios porque dice que se vuelve al nivel, pero lo que se perdió, se perdió. Pero esto no es lo más grave porque cuando dicen que lo que se perdió se perdió, no señalan cómo se va a recuperar. Imaginen que se acepta que es un 6,9 % –ahora voy a ir a este punto– y se dice 0,5 % el primer año, 0,5 % el segundo y 5,9 % el tercero. Es obvio que los triangulitos se transforman en trapecios, ¿no? Ahora, si dice un tercio, un tercio y un tercio, bueno, está mal porque hay una pérdida salarial, pero no es lo mismo. Me parece que es una razón caprichosa del Poder Ejecutivo no asumirlo. Sé que uno de los pedidos de la organización sindical era que se efectivizaran y que se dijera cuánto era, y un tercio, un tercio y un tercio parece una cifra razonable. Puede ser como dije, cinco, cinco y noventa. Hay una gran acumulación de pérdidas, hay una gran pérdida de poder de compra de todos los trabajadores por igual.

En tercer lugar, por más que el señor senador Gandini diga y asuma el compromiso –que lo tomo– de que la pérdida es toda la inflación de 2021, si se compara el índice medio de salarios del Gobierno central, no va a dar la inflación de 2021 porque el mencionado índice, a lo largo del proceso, se construye a partir de los aumentos salariales y compensaciones que reciben todos los funcionarios del Gobierno central.

En este presupuesto votamos un aumento adicional –que va a figurar el 1.º de enero de 2021– para el sector de las Fuerzas Armadas. Entonces, el punto de partida ya no es cien sino ciento uno, porque ese aumento de la tropa va a mover un punto. No estoy diciendo que no haya que darlo, sino que no hay que contarlo en la comparación. Cuando voy a hacer la comparación, si en vez de hacerlo con cien lo hago con ciento uno, la pérdida es menor y no se recupera en absoluto.

Por lo tanto, no alcanza con expresar el compromiso de recuperar el salario de enero de 2020 si se mantiene este índice que, reitero, es un capricho, una innovación de la negociación colectiva. Trabajo en negociación colectiva desde 1982 o 1983 y he participado en miles de convenios; ha habido IPC, dólar, dólar más IPC, inflación futura, inflación pasada, pero nunca un índice que no refleje la evolución del salario base sobre el que se quiere medir la pérdida.

Finalmente, quiero expresar que se pierde salario, dinero a lo largo del tiempo y que no está garantizada la recuperación. Si viniera el mejor de los mundos y llegáramos a enero de 2024 con el salario real de enero de 2020 –porque nosotros sostenemos que con esta redacción no va a pasar, pero la vida es muy dinámica–, vamos a decir que los salarios van a crecer cien –o sea, eran cien y van a ser cien–, como también se comprometió con los salarios privados. Pero el proyecto de ley de presupuesto establece que el PBI va a ser de 112, y para saber cuánto de ese PBI se va a destinar a la clase trabajadora, hay que hacer –como decimos los economistas– P x Q –salario por empleo–, es decir, 100 por 4 %, que es lo que dicen que va a crecer el empleo –asumámoslo–, o sea, 104. ¿Quién se lleva la diferencia? ¿Cuál es el sector de la economía que se lleva esa enorme diferencia que hay entre un crecimiento de 112 y un crecimiento de 104?

Por eso –y esta es mi última reflexión–, nosotros creemos que este es un proyecto que socializa las pérdidas para los trabajadores y luego privatiza las ganancias, dejando a los trabajadores, en el mejor de los casos –hasta ahora, sí comprometido, pero no asegurado–, con el salario del punto de partida. Nos parece uno de los puntos más neurálgicos de este proyecto de ley. Recuerden que el rubro cero en el sector público es de $ 200.000:000.000 o $ 180.000:000.000, aproximadamente. Aplicar un 4,5 % en lugar de un 9,5 % –que correspondería por la inflación– se traduce casi en USD 200:000.000 para la caja, que forman parte de un ahorro a costa de los trabajadores.

Por lo tanto, vamos a votar en contra por toda esta serie de argumentos, desde los generales hasta los particulares.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Muy breve, solamente para referirme al inciso 10, en el que se establece un tope o un aumento salarial nulo para aquellos salarios que exceden los de un ministro de Estado. La referencia que quería hacer es que, escuchando las reflexiones a que nos invitaba la Suprema Corte de Justicia, fue exceptuado el inciso 16, «Poder Judicial», y también correspondía hacer lo propio con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues tiene la misma jerarquía constitucional que la Suprema Corte de Justicia. Además de esto, entendíamos que era procedente debido a la dedicación total, a la incompatibilidad que tienen los magistrados para la realización de otras tareas, el comercio, la participación en sociedades, a lo que hay que sumar que están sujetos a un estatuto y a una responsabilidad más estricta, de conformidad con el artículo 23 de la Constitución de la república.

Siguiendo la línea expuesta por el senador Gandini a los efectos de la interpretación, quisimos dejar en claro que esta exclusión no se extendía a otros funcionarios fuera del Poder Judicial o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuyos salarios tomaran como base la de aquellos. Esta era la aclaración que quería hacer.

Muchas gracias.

12) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 8 de diciembre de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 9 de diciembre del presente año.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Germán Coutinho. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

Se comunica que los señores Germán Cardoso, Luis Pintado y Daniela Barindelli han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Raúl Batlle, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

13) PRESUPUESTO NACIONAL, EJERCICIO 2020-2024

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión particular del único punto del orden del día.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: voy a comenzar por una afirmación que hacía el senador Olesker. Me refiero al P x Q que mencionó cuando se refirió al incremento del empleo de un 4 %, pero, en realidad, ese incremento previsto no es en el empleo público sino en el empleo en general de la economía. No prevemos que los salarios del sector privado ni que la cantidad de trabajo se vayan a comportar del mismo modo que en el sector público. Incluso, para el sector público está previsto que haya reducción de la cantidad de trabajadores. Digo esto por el tema de cómo se va a repartir el crecimiento del PIB y los trabajadores públicos van a poder disfrutar de los beneficios de ese crecimiento; sin embargo, este no es el razonamiento que se debe hacer. Esta limitante se está refiriendo simplemente al artículo 4.º, sobre el cual me gustaría que hagamos un razonamiento todos en conjunto, porque creo que es fundamental que podamos llegar a un acuerdo. Esta es la voluntad del Gobierno y, obviamente, de los sindicatos de los trabajadores, como también de todos y cada uno de los que aquí estamos.

Todos acordamos que en enero de 2021 vamos a hacer el cero a cero, la base cien. Se va a pagar la diferencia entre la inflación de 2020 y el adelanto salarial que se produjo en enero de ese año. Estamos en el punto cero y, en ese sentido, todos hemos acordado y tomado eso como una base común de razonamiento.

En cada año, en enero de 2021, en enero de 2022, en enero de 2023 y en enero de 2024 habrá un ajuste. En eso también estamos todos de acuerdo. ¿Qué es lo que estará pagando ese ajuste? Estará pagando una parte de la inflación anterior. Si lo paga en enero de 2021 con respecto al 2020, ¿por qué querer pretender que después en algún momento se empiece a pagar para adelante? Sigue pagando del mismo modo. Ese es el razonamiento. Es absolutamente cierto que existirá una pérdida en el poder adquisitivo. ¿Cuál es esa pérdida? No es la de un año, sino la que se corresponde con la diferencia entre la inflación observada y la inflación paga, el porcentaje pago. No es el total, sino la diferencia. En realidad, tampoco es la diferencia, sino técnicamente el cociente, pero hablemos de diferencia. El articulado prevé cómo se va a ir recuperando esa diferencia. Nos dice que, en el ajuste del 2022, del 2023 y del 2024, habrá una recuperación de esa diferencia. Y también nos dice que habrá una recuperación a partir de 2023 de la diferencia con el índice medio de salarios observado. Si vemos, además, el comportamiento del índice medio de salarios observado, hace un buen rato que este es superior al IPC. Los números del Gobierno, del Ministerio de Economía y Finanzas –que sinceramente los debería repetir, pero no tengo aquí esos cálculos–, apuntan a la afirmación de que el índice medio de salarios va a seguir siendo superior al IPC. Por lo tanto, en ningún caso la pérdida salarial será superior a la diferencia. Existe, además, el compromiso de que en 2024 vamos a volver al cero a cero, esta vez con el índice medio de salarios del sector público.

Creo que es importante que hagamos este razonamiento, que lo revisemos y que lo estudiemos y que eso sea, además, en el mismo clima en que el tema se vino negociando.

Miren, voy a decir dos cosas, además.

La recuperación se va a ir produciendo porque al Gobierno, al Poder Ejecutivo –además de su sensibilidad por los trabajadores de este país–, le conviene, para el manejo de las finanzas y de la estabilidad, no diferir a último momento este ajuste porque, en ese caso, además del 3,7 %, estaríamos sumando un número que empezaría a inflacionar la economía. Entonces, lo que conviene es, justamente, ir repartiendo en el tiempo estos incrementos –o estas aproximaciones, digamos, al cero a cero– en el índice medio de salarios.

Además, me gustaría razonar por el absurdo. Si en algún año no hubiere ajuste, si fuera cierta esa afirmación, entonces lo que tendríamos que hacer para ir al cero a cero, sería sumar a algunos de los incrementos de cada enero –que los hay en todos los ítems– la inflación del año anterior o el crecimiento del índice medio de salarios del año anterior. Así, para este enero –o para cualquiera en que hagamos esto– estaríamos pensando en una cifra del 12 % y ese sí sería un proceso de inflacionar. Reitero que este es un razonamiento por el absurdo, porque creo que debemos pensar sobre estos temas en esos términos.

Después, hay otras cosas que me parece que son importantes.

¿Esto conlleva, durante el período, un sacrificio del servidor público? Es cierto, por estas diferencias de las que hablé; no por la inflación de ningún año, sino por estas diferencias. Ahora, pregunto: el trabajador del sector privado, toda la gente que se ha quedado sin empleo, el que vive de las changas, el que vive de toda actividad de las que se han prohibido y todo aquel que ha sido condenado por la caída de la movilidad, ¿en qué situación están? Entonces ¿no será correcto que se haga una posposición?

No se le está pidiendo a nadie que termine sin salario, sino que se le está pidiendo un eventual sacrificio. ¿Y por qué digo «eventual»? Porque el índice medio de salarios comprende partidas que no se van a ajustar de este modo, sino de otro: se ajustan de una forma que da una cifra que siempre está por encima. Entonces, también esas partidas, esos incrementos irán llegando antes e irán disminuyendo esa pérdida.

Otra cosa importante es que se nos dice que el índice medio de salarios del sector público va a caer por el aumento a los militares. ¡Son trabajadores postergados! ¡Son trabajadores postergados de este país! Se trata del mismo criterio de siempre, porque son los de salario más bajo.

Bueno, es cierto que se achata la pirámide y eso es lo que hemos escuchado siempre –y que compartimos, además– y ahora se hará así. A un sector absolutamente sumergido se le va a dar una mano para que pueda salir adelante.

Me parece que estas cosas son importantes.

Por último –sea compartible o no, espero haber podido ser claro en el razonamiento–, quiero decir una cosa más.

Extendamos hacia el tiempo que viene el clima de diálogo, porque hay que recordar algo. Dentro de ocho o nueve meses estaremos discutiendo la próxima rendición de cuentas. El primero de los ajustes, que es el de enero, estaba acordado. Tenemos todo este tiempo para trabajar la devolución, porque todos nos planteamos un segundo ajuste en enero del 2022. El de enero de 2021 está aceptado y acordado por todas las partes, o sea, que nos planteamos el de enero de 2022. Cuatro meses antes de eso tendremos una rendición de cuentas; entonces todo este tiempo servirá para llegar a esos acuerdos. Por lo tanto, creo que no deberíamos, por lo menos, establecer una ruptura de tipo alguno y sí continuar con el diálogo para lograr los entendimientos, porque voluntad de esta parte existe –y nos consta– y de los representantes de los trabajadores también.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Simplemente, quiero dejar algunas constancias similares a las que planteamos en comisión, respaldándome en la excelente exposición del senador Olesker.

En primer lugar, que quede bien claro, porque a veces en la maraña de las explicaciones puede perderse la idea, que tal como lo reconoció el ministro de Trabajo y Seguridad Social en comisión, acá va a haber pérdida salarial. Podemos discutir el cero a cero o si es menos dos a cero, pero aun en el caso de que se recupere el nivel –en un marco de incertidumbre como el que tenemos desde aquí al 2024– del salario de los trabajadores públicos en enero 2024, el propio ministro reconoció que la pérdida de capacidad de compra y de consumo en 2022 y 2023 no se recupera más, por lo menos en el esquema planteado en el artículo 4.º.

Por lo tanto, está claro que se podrá, obviamente, pensar qué es lo que hay que hacer en el sentido de que podrán bajarse los salarios públicos. Creo que una cuestión de rigor, por transparencia, es dejar explícito que esta es una propuesta de rebaja salarial. Recuerdo que cuando se discutieron los consejos de salarios y la negociación colectiva durante la campaña electoral –y genuinamente había posiciones diversas–, quedaba claro que, de alguna manera, se iba a un debilitamiento. En la campaña se planteó que había cosas que no tenían por qué discutirse en los consejos de salarios, pero, reitero, es genuino que tengamos posturas distintas en este tema. De todas formas, en ese momento también se aclaró que aun en ese contexto nada iba a ser en detrimento del salario y la capacidad de compra de los trabajadores. Estaba planteado que ese esquema aseguraba, de todas maneras, un compromiso de campaña para que los salarios no bajaran y las jubilaciones tampoco, porque se ajustan atrás de los sueldos. Eso, obviamente, no está reflejado en este artículo 4.º, porque –y eso se reconoce por los miembros del Poder Ejecutivo y de los legisladores del oficialismo– acá hay pérdida salarial.

Está claro que en la maraña de explicaciones uno se puede perder porque, a veces, el que explica, complica, pero eso es nítido. Tenemos un horizonte en el que el contexto que el Gobierno plantea para los próximos años, ya desde el 2021, es de crecimiento económico. El Gobierno dice que el año que viene vamos a crecer más de lo que vamos a caer este año, es decir, en 2021 vamos a estar por encima de 2019. Los años siguientes vamos a crecer duro y parejo, un 3,5 % anual, si mal no recuerdo. Por lo tanto, el relato de que la economía va a crecer casi un 12 % hay que compatibilizarlo con la idea de que es necesaria la rebaja salarial, no solo de los públicos, sino de los privados y que la recuperación de lo perdido a nivel salarial inicial es tan incierta que no se puede comprometer un ritmo en ese sentido. O sea que el hecho de que la economía esté en crecimiento firme –porque se proyecta que en cuatro años va a crecer doce puntos y eso es un crecimiento firme– no se condice con el talante de rebaja salarial y de recuperación muy incierta que estamos discutiendo hoy en este artículo.

Por último, quiero reafirmar que, si bien en el diálogo puede haber buen tono y de todas las partes, incluidos por supuesto los trabajadores, puede existir un marco de comprensión de la situación actual, está claro que hay cosas que se conversaron en la negociación colectiva que no están siendo recogidas en la formulación del artículo 4.°. Allí no están ni el índice con el cual computar la rebaja salarial ni el ritmo de recuperación, aspectos para los cuales en la propia negociación colectiva se manejaron porcentajes concretos para 2022, 2023 y 2024 a fin de recuperar lo perdido en 2021.

Obviamente, no pretendemos llegar a ningún punto de síntesis ni de acuerdo en esto porque tenemos visiones distintas, pero sí hay acuerdo de todos en cuanto a que acá hay rebaja salarial y que la recuperación del nivel salarial no implica la recuperación del salario real porque lo que se pierde en el camino no se recupera. Asimismo –agregamos nosotros–, cuesta entender la lógica y la consistencia de por qué una economía en crecimiento franco, como está planteada en la formulación macroeconómica del Gobierno en este presupuesto, tiene que conducir a esa evolución salarial negativa.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BRENTA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRENTA.- Gracias, señora presidenta.

Primero quiero hacer un reconocimiento a las expresiones del señor senador Gandini porque me parece que asume un compromiso arriesgado, pero que será evaluado en la culminación de este quinquenio si efectivamente se concreta no solo la recuperación salarial, sino inclusive el adelanto de la inflación del último año.

Acá hay un fracaso en la negociación colectiva y hay que reconocerlo. Hubo una negociación que fracasó; el Poder Ejecutivo no logró acordar con los representantes de los trabajadores públicos. Este es un primer dato que, en mi opinión, contribuye a un debilitamiento de una herramienta tan importante como ha sido en estos años, particularmente para los trabajadores, la negociación colectiva.

En segundo lugar, aquí no hay ningún acuerdo. No hay acuerdo en el Parlamento ni entre los trabajadores y el Poder Ejecutivo. No entiendo la referencia a que hay un acuerdo en el año tal o cual. No hay acuerdo ni en el 2021 ni en el 2020 ni en el 2022 ni en el 2024. Además, no quiero reiterar elementos que ha planteado claramente el señor senador Olesker, pero, evidentemente, cuando uno habla de rebaja y de recuperación está reconociendo que hay una caída del salario real y que se van a instrumentar mecanismos que no son claros para efectivamente lograr la recuperación del salario real al final del quinquenio. En el texto se plantea como una aspiración, pero en ningún lugar queda claro cómo se va a procesar esa recuperación ni los porcentajes.

El señor senador Bergara ha sido muy claro en expresar la contradicción entre la evolución del crecimiento de la economía que plantea el proyecto de presupuesto quinquenal y la rebaja del salario de los trabajadores. Por lo tanto, alguien se apropia de la rebaja del salario de los trabajadores en este período.

Además, la caída y la rebaja del salario de los trabajadores públicos van a tener una incidencia en el índice medio de salarios, así como en la caída de muchos sectores de la actividad del sector privado y, por lo tanto, van a generar una caída de las jubilaciones y las pensiones, es decir que aquí el precio no solo lo pagan los trabajadores, sino también los jubilados, los pensionistas y demás.

En cuanto a si esto tiene que ver con el empleo, como se ha manifestado, si uno recorre las normas del presupuesto quinquenal solo encuentra aspectos vinculados a exoneraciones tributarias al sector empresarial para la generación de empleo. No hay ni una política activa en materia de empleo en todo el presupuesto quinquenal; ¡ni una! Inclusive, ni siquiera se avanza –lo dijimos hoy en la mañana– en lo que tiene que ver con las políticas de formación y capacitación profesional, herramientas claves para posicionar el país hacia el futuro.

Por último, señora presidenta, queremos decir que culminan en este presupuesto quinquenal quince años de crecimiento del salario real de los trabajadores públicos, de los privados, de los jubilados y de los pensionistas. Hoy hay un parteaguas. Estamos ante un hecho histórico: terminan quince años de crecimiento del salario real de los trabajadores y de los ingresos de jubilados y pensionistas.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: créame que a lo largo de mi vida me ha tocado estar ante convenios colectivos semestrales, cuatrimestrales, anuales, aperiódicos; convenios salariales que tenían en cuenta el producto bruto interno, que combinaban el producto bruto sectorial; convenios cortos –por un año–; convenios colectivos por todo un período, hasta por cuatro o cinco años –en el 2000 firmamos por cuatro años, si bien después la crisis en la industria nos obligó a renegociar–, y hay algunas consideraciones que en este tema es imposible no hacer. La rebaja de los salarios de los trabajadores del Estado todos, que se está consagrando en este artículo 4.º, nos permite constatar de manera categórica, contundente y muy clara que uno de los planteamientos políticos con el que se hizo campaña durante largo tiempo –que era posible ahorrar en el Estado USD 900:000.000 sin tocar políticas sociales y sin afectar el salario de los trabajadores– no era cierto porque, si no, estaríamos ante un presupuesto donde no elegirían cortar salarios y jubilaciones.

Esto tiene un impacto fiscal. ¿En qué? En salarios y jubilaciones. Por lo tanto, lo primero que tendría que reconocer la coalición de gobierno es que llegó al Gobierno con una promesa que no estaba sustentada. Tenemos un presupuesto. En el presupuesto 2019 la coalición que gobierna hoy nos dijo que podía recortar USD 900:000.000 sin tocar salarios y jubilaciones, y no está arriba de la mesa esa propuesta. Tiene que recortar USD 160:000.000, USD 180:000.000 de salarios porque no encontró de dónde recortar. El argumento de la superficialidad de los gastos, una vez que tuvo que presentar una propuesta financiera que sustentara el planteo político, no está arriba de la mesa. Es una verdad grande como una casa, con pandemia y sin pandemia. Cayó la pandemia y hubo otros gastos, pero no es cierto que haya un recorte superfluo porque no encontró ese recorte superfluo de USD 900:000.000.

Hay un segundo elemento. Es evidente que estamos ante un resultado de fracaso. Hay una vieja clave de la negociación colectiva que indica que hasta que no está todo acordado no hay nada acordado. He visto caer negociaciones en el último milímetro, cuando ya había cincuenta artículos acordados; hubo uno que se cayó y después no se puede rescatar. No hay acuerdo. Sin embargo, lo que sí se demuestra en esta negociación –y está bueno reconocerlo en esta casa, donde muchas veces se critica de manera furiosa la militancia sindical– es la enorme madurez del sindicato. Reitero: ¡enorme madurez! A su vez, hay una enorme responsabilidad, porque no es fácil para ningún sindicato pararse y decir: «Acepto la pérdida de la inflación de todo un año». Repito: «Acepto la pérdida de la inflación de todo un año», y ni así firmaron convenio colectivo.

El sindicato dice: «Acepto perder todo el año, pero si vas a crecer doce puntos, garantízame con claridad la recuperación». Y no podemos decir acá con seriedad que el cambio de indicadores es para favorecer a los trabajadores, porque se resuelve fácil: pongamos los dos indicadores y el que dé mejor se aplica. Es una garantía excesiva hablar de doce puntos de crecimiento en una economía; por lo menos, hay que empatar al final. Eso es lo mínimo que se le tendría que asegurar a un movimiento que se paró en la negociación, aceptando una pérdida salarial de un año entero. Me tocó firmar un convenio en 2003 y, si bien no era la inflación de todo un año, era una pérdida salarial. Para cualquiera que tenga que negociar esa posición es algo dramático, es difícil, es duro. ¿Saben lo que cuesta rescatar cada puntito o medio puntito en una negociación colectiva? ¡Es dramático!

Lo que tenemos arriba de la mesa es un pronóstico –que no compartimos, pero el Gobierno sí lo comparte porque es el propio– con proyecciones de crecimiento importantes de la economía, pero del que los trabajadores de este país, las maestras, los profesores y también los militares –lo que se votó para los militares no es un aumento, sino una menor pérdida– no se verán beneficiados. Aumento es lo que les votamos a las tropas en 2015 y en esta sala se dijo que los $ 1500 por encima de la inflación no eran nada; consta en las versiones taquigráficas.

Existe la voluntad de que no haya convenio colectivo, a pesar de que los trabajadores acepten la pérdida de salario de todo un año de la inflación y pidan, como mínimo, que haya una garantía clara de que se recupere.

Cualquiera de los que están aquí sabe que el artículo 4.º es todo menos claro. Si el pronóstico no se da, habrá otra rendición de cuentas, luego otra y tendremos oportunidad de discutir. ¡Ojalá que a la economía le vaya mejor de lo que está previsto, que este año caiga menos, que se genere más empleo y se crezca más! Sin embargo, en principio, nos parece que es arriesgadísimo. En realidad, consideramos que todavía hay que medir los impactos, pensamos que la recuperación puede ser más lenta y que habría que ser más cautelosos, pero el Poder Ejecutivo –lo discutimos cuando compareció el Ministerio de Economía y Finanzas– confía en que el año que viene va a recuperar todo lo que cayó.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social sostuvo en una entrevista radial en El Espectador, con mucha tranquilidad para cuestionar a los que decíamos que la política salarial era regresiva: Me extraña los que me cuestionan.

El movimiento sindical sostuvo durante mucho tiempo que cuando la economía crece, también tienen que crecer los salarios y ahora que cayó, los salarios tienen que caer. ¿Por qué no nos explica que en un presupuesto quinquenal, cuando la economía crece, pierde la sociedad? Solamente son socios los trabajadores de este país en la caída de este año –estamos seguros de que van a perder; todo el mundo lo sabe–, van a perder todo el 2021 y, salvo una combinación increíble, seguramente también el 2022. Todos sabemos que tenemos tres años en los que los salarios y las jubilaciones van a perder.

Así es fácil mejorar las cuentas fiscales. Se rebajan los salarios y las jubilaciones y las cuentas fiscales siguen igual. Tengo muchas dudas con respecto a esa teoría porque en momentos de contracción económica hay que trabajar sobre la oferta y la demanda. En este país hay muchos puestos de trabajo que dependen del salario y, cuando hay menos salario y menos consumo, el de la panadería y el de la fiambrería terminan sin saber cómo hacer y despidiendo gente. Lo mismo sucede con el que vende menos boletos. No todo el Uruguay es agroexportador. Buena parte del trabajo uruguayo depende del mercado interno y, apenas la cosa empieza a estar más chaucha y hay menos consumo, sucede lo que todos vemos que está pasando. Cualquiera que camine por este país y vaya a una tienda, se va a encontrar, por ejemplo, con que antes eran cinco atendiendo y ahora son tres, que trabajan más horas, que deben hacerlo en negro y que no se les paga una parte o que hay cinco donde antes trabajaban diez. Es la primera vez que nos pasa. Por lo tanto, despreciar el peso que tienen en el mercado interno –son salarios y jubilaciones que con este artículo se están rebajando– nos parece una medida que en nada ayuda a atender la circunstancia de la crisis.

Repito que no hay por qué ofenderse. No fuimos nosotros los que dijimos que se podía ahorrar sin tocar salarios; fueron otros y ahora nos están demostrando que para ahorrar menos de lo que se dijo en la campaña electoral hay que hacer un ajuste durísimo, muy fuerte, que va a golpear y a inaugurar un proceso de cambio de un ciclo, como muy bien decía el señor senador Brenta. Es el último ciclo de mejora de salario de la historia de Uruguay que nos transformó en el país que más creció en ese aspecto en los últimos quince años en América Latina. ¿Creció todo lo que tendría que haber crecido? ¡No! Sabemos que no se puede mejorar solo con el salario, que el problema principal está en la base productiva, que se necesita trabajo de calidad y eso requiere un concepto sistémico. Sabemos los desafíos que tenemos, pero en este caso se revisa ese criterio de manera profunda. Y lo lamentamos en toda la línea porque, en última instancia, el resultado de esta política se termina viendo en las condiciones de vida de la gente.

Se dice que los privados perdieron, pero ¿quién les impuso una rebaja salarial, un congelamiento de salarios de seis a nueve meses? Para los sectores que tuvieran cero caídas del producto: congelamiento del salario; para los que tuvieran crecimiento: congelamiento de salarios. Esa fue la política salarial para todos; no importa si estás en crisis, aunque si estás en crisis es un congelamiento mayor, de más meses. No es a cambio de mantener el empleo; no hay ningún artículo que diga: «Mirá que bajás el salario, pero te garantizamos el empleo, te garantizamos la cobertura de la seguridad social». No, nada de eso hubo en la negociación colectiva, salvo como promesa, que en algunos casos de cobertura de la seguridad social quedó a mitad de camino, y puedo dar varios ejemplos.

Lo cierto es que se consolidó una orientación y, cada vez que lo sosteníamos en la campaña electoral, se planteaba que era colocar demonios. No, simplemente es mostrar un resultado: cuando la economía del Uruguay creció de manera sostenida durante una década y media, tuvimos un salario mínimo que bajó a la mitad en su capacidad de compra. No hace tanto tiempo; no es una política que se desconozca. Bueno, esta política está arriba de la mesa expresada con claridad en este artículo.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Nosotros no íbamos a hablar. Entendíamos que el tema estaba suficientemente discutido, pero no podemos asistir pasivamente a esta discusión adolescente. ¡No podemos asistir pasivamente a una discusión adolescente!

Señora presidenta: hace tres días que estamos acá adentro considerando el presupuesto. ¿Hay alguien acá que no pueda entender que hay una pandemia, que hay algo que se llama «las circunstancias cambiaron», hay algo con lo que se pueda traducir en blanco y negro que estamos frente a la circunstancia más grave que haya recordado el Uruguay? Se nos puede decir cualquier cosa, pero siempre reconociendo las cosas que se han hecho. ¡Otra vez vinimos con la cantarola de los USD 900:000.000, señora presidenta! Basta con que uno vaya y escuche lo que el Mides ha puesto arriba de la mesa para mantener lo mínimo en Uruguay: USD 800:000.000. Pero ¿hay alguien que con buena fe quiera salir de esa realidad? ¿Dónde vive la gente? ¿Hasta dónde, señora presidenta, la herida fresquita puede llevar a decir semejante disparate?

¡Perdieron las elecciones y tuvieron un revolcón en las elecciones municipales y departamentales, entre muchas otras cosas, culpa de ese discurso que piensa que la gente no entiende! Es con ese mismo discurso que acá se nos quiere venir a enmendar la plana cuando estamos en plena pandemia. ¡Es el mismo discurso! ¿No bastó que perdieran Bella Unión, Piriápolis y Ciudad del Plata? ¡Hace tres días que vengo escuchando el discursito de lo que hicieron! ¿No se han dado cuenta de que estamos en un país distinto? Este país cambió, señora presidenta, y lamentablemente este año cambió para mal. ¡¿Cuándo lo vamos a poder asumir como sistema político?! ¿Quién diablos hizo meter la pandemia acá adentro? La oposición viene desde el 27 de marzo, un día caceroleando, el otro día pidiendo la cuarentena obligatoria, el otro día batiéndose el parche de que quería dialogar; ahora dicen que no la pidieron. Lo que hay es lo que todo el mundo sabe y nadie, señora presidenta, puede reconocer que estamos ante una circunstancia que no quiso ni la oposición ni el Gobierno. Entonces, lo que queremos es tener un poquito de seriedad.

Hay que asumir que el país puede crecer o puede no crecer, pero lo que es seguro es que el Estado en este Gobierno no va a crecer, porque ahí tenemos otra diferencia.

Resulta, señora presidenta, que los trabajadores privados –y creemos que la salud está por acceder– reconocen lo evidente. Estamos haciendo todo un discurso ¿por quiénes? Por los únicos individuos, mujeres y hombres, que no tienen problemas laborales, ¡que son los funcionarios públicos! ¿Eso significa que uno está en contra de los funcionarios públicos? No, señora. Toda la organización sindical de la República Oriental del Uruguay, con realismo, accede para mantener los empleos. Ahora bien, acá tocan a un funcionario público y tenemos que escuchar clases de sensibilidad. Pero ¿hasta cuándo?

Somos conscientes del trabajo que ha hecho el senador Gandini, básicamente, y también somos conscientes del esfuerzo que ha hecho COFE, y la verdad es que lo lamentamos; nadie hubiese querido llegar a esto, pero una cosa es esto y otra es desconocer la realidad, insisto, desconocer la realidad. ¿Vamos a ir con el argumento del almacén del barrio que necesita el mercado interno? ¿Quién no sabe? Alguien dijo que acá el mercado interno no tiene validez. ¿Quién es más sensible? ¿Dónde está el «sensibilómetro»?

Señora presidenta: tengo sobre la mesa un informe que se llama «Ineficiencia y robo» y tengo otro que se llama «Plata tirada a la basura». ¿Quieren arrancar? ¡Arrancamos! En realidad, no lo vamos a hacer, señora presidenta, pero tampoco vamos a…

SEÑORA PRESIDENTA.- Remítase al artículo 4.º, por favor.

SEÑOR DA SILVA.- Pero tampoco vamos a permitir que nos digan las cosas que nos dicen.

Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BERGARA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA DELLA VENTURA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Bergara.

SEÑOR BERGARA.- Son solamente dos frases, para no quitarle tiempo a la compañera.

En primer lugar, pido disculpas por dar una discusión adolescente; no sabíamos que teníamos que dar una discusión infantil.

En segundo término, si hay algo que no da cuenta de que estamos en un marco de pandemia es el presupuesto, que no tiene un solo artículo que nos haga ver que está condicionado por una pandemia.

Nada más que eso. Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Della Ventura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: justamente quiero hablar sobre la alusión a la pandemia.

Me parece que nos olvidamos de que la pandemia se decretó el 13 de marzo y que aquí ya venía una política de ajuste, de retaceos y de pérdidas para los trabajadores y el conjunto de «las grandes mayorías», como le llamo yo. Digo esto porque el Decreto n.º 90 es del 11 de marzo de 2020, es decir, de antes de la pandemia, y sabemos lo que eso significó y significa todavía.

Asimismo, la quita de dos puntos al descuento del IVA, que es una forma de aumentar impuestos, también se hizo antes de la pandemia.

Y quien quiso convencernos, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, de que estábamos en una situación peligrosa o riesgosa, pero que a partir de 2021 se iba a superar esto, que todo iba a quedar atrás e íbamos a ir recuperándonos, fue el equipo económico. El equipo económico no dijo que había que prever, porque el 2021 y el 2022 venían bravos. No fue así. Aquí se apuesta a que se van a superar las dificultades de este año.

O sea que cuando se habla de que estamos en una determinada situación y de que este presupuesto es por eso, no es así. Mencionamos ejemplos concretos. Podrían haberse previsto cosas para el año que viene en la educación, porque en el 2020 hubo una pandemia. Sin embargo, no se previeron. En ningún lado existe una mención a que «dado esto, vamos a hacer esto otro».

No sé si la discusión es de adolescentes, si es infantil. Acá estamos para eso. Aquí estamos –le guste o no al señor senador– por cuatro años más tratando de explicar nuestro punto de vista, el punto de vista que tiene el Frente Amplio referido a los temas de la realidad, que afectan, lamentablemente, como este artículo 4.º, a los trabajadores públicos.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BONOMI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BONOMI.- Señora presidenta: venía haciendo un esfuerzo bárbaro por quedarme callado, pero a veces no se puede.

Creo que está claro que la pandemia llegó a Uruguay a las dos semanas de haberse instalado el nuevo Gobierno. Pero en la campaña electoral, el actual director de la OPP dijo que había que congelar por dos años el salario de los trabajadores, y alguien después dijo que quizás por tres años. Se dijo que las pautas salariales no tenían que ser necesariamente incrementales. Se dijo que se iba a cambiar el criterio con el que se trabajaba en los consejos de salarios. Y en esto que estamos votando ahora, están presentes esas afirmaciones anteriores a la pandemia.

Entonces, no le podemos echar la culpa a la pandemia de lo que está representado acá, porque fue lo que se anunció. Yo quiero creer que si se anunció es porque representaba lo que pensaban programáticamente, ideológicamente, y lo plasmaron en este presupuesto. No creo que haya sido la pandemia que determinó lo que acá se está poniendo.

Además, uno podría pensar que quizás se aprieta el gasto durante tres años y luego se vuelca en el cuarto, como lo pensamos en 1990. O sea, se repite la conducta, se podría pensar. Entonces, todo esto se expresa en esto que estamos discutiendo.

Y el otro día un senador decía: «Estamos en el Senado. Discutamos en serio. No nos hagamos chicanas de barricada». Bueno, acá las estamos haciendo, y si las hacemos, después no pidamos que la oposición se quede callada. Hay senadores que plantean que el Gobierno debe votar y la que habla es la oposición, pero la oposición acá habla porque la obligan a hablar. En vez de defender lo que están planteando, de argumentarlo, se vuelve a atacar al Gobierno pasado. Y después se nos pide que cuando argumentemos, no argumentemos manejando lo que creemos que fueron cosas buenas que se hicieron en el Gobierno pasado. Es decir, vale hablar mal del Gobierno pasado; no vale hablar bien del Gobierno pasado. Entonces, nos obligan a hablar.

Si plantean –como lo han planteado muchas veces– la «línea Tarigo», es decir, el Gobierno vota y la oposición habla, háganlo y no nos obliguen a hablar a cada rato. Porque, además, nos acusan de que los argumentos son adolescentes. ¡Por favor! Estamos tratando de discutir en serio. Estamos tratando de argumentar lo que pensamos. Estamos tratando de argumentar por qué no votamos. Y no hay inocentes. Estamos tratando de argumentar esto, porque para nosotros van a provocar un desastre, y después vamos a tener que hablar de las cosas que fueron dichas anteriormente, que no las pudieron cumplir y que van a provocar un desastre. ¡Y vamos a volver a hablar!, pero lo queremos dejar establecido. Entonces, cambiemos la forma de argumentar si queremos avanzar.

Hoy el señor senador Andrade decía que nos han dicho de todo con respecto a los medicamentos de alto costo y que nosotros no les vamos a decir lo mismo, porque es imposible que este Gobierno, el anterior o el que venga pueda llevar adelante lo que se planteaba hace tanto tiempo. Solamente lo manejó. Pero no lo vamos a cobrar; no lo vamos a hacer. Si no se entiende que esa es una forma de bajar la pelota al piso y después nuevamente se la vuelve a levantar, pasa esto. Podríamos haber terminado hace dos horas. Estamos acá discutiendo algo que todos sabemos cómo va a terminar, pero enrareciendo la discusión entre nosotros.

Lo dejo por ahí.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Muchas gracias, señora presidenta.

Estábamos hablando de que lo que vino fue una pandemia y nadie esperaba esto, pero también hemos ido viendo, a lo largo de la discusión en la comisión y en estos días en que hemos tratado el proyecto en el plenario, que es muy difícil –y nos resultó realmente imposible– encontrar en el presupuesto algo que tenga que ver con la pandemia.

Ahora estábamos hablando de la rebaja salarial para los empleados públicos y para los empleados privados, y nosotros, desde la bancada del Frente Amplio, sin gritar y sin estar golpeando las mesas –porque nos parece que no es necesario–, presentamos aditivos y sustitutivos para lo que pensamos que van a ser consecuencias de la pandemia. Son propuestas para la Udelar, para el INAU, para el Inisa, para el Ministerio de Desarrollo Social, para ASSE, para actores de la cultura. Entendemos que en medio de esta pandemia es necesario reforzar la educación y es necesario reforzar aspectos en el INAU, en el Inisa, en el Mides y también en la cultura, porque es necesaria para pasar por este tránsito complicado que nos está tocando.

También dijimos que no era bueno recortar en ciencia, en tecnología, en innovación, en investigación científica, que nos ha hecho muchos aportes en el contexto de esta pandemia. Es lógico –y nosotros lo hemos reconocido– que antes de dar un paso estemos consultando al GACH. Es así como debe ser, porque la investigación y la ciencia en este país nos hicieron salir de un brete al principio.

Se nos dice que nos dimos un revolcón como resultado de las elecciones departamentales. Se ganó lo que se ganó y se perdió lo que se perdió en el tránsito electoral, como ocurre en la democracia. Pero en este sentido quiero recordar, señora presidenta, que nos tocó ganar en la elección el Gobierno de Montevideo, y aun sin saber que el Frente Amplio iba a ganar, desde la candidatura que nosotros apoyamos –y ustedes lo saben muy bien– nos rompimos la cabeza para pensar qué íbamos a hacer en un Montevideo en pandemia y planteamos un plan de emergencia. Ese plan de emergencia no vino del Mides; vino de la candidatura a la Intendencia de Montevideo. ¿Por qué? Porque estábamos pensando que íbamos a estar en plena pandemia. Y trabajamos muchísimo con el equipo, viendo cómo generar empleo y qué íbamos a hacer para arrimar una solución de vivienda. Ni bien asumió el Gobierno departamental de Montevideo, tendió la mano al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, al Mides y al Ministerio de Salud Pública, porque pensamos en la pandemia. Sin embargo, en este presupuesto no se pensó en la etapa pospandemia.

Entonces, no vamos a estar calificando de «revolcón» una derrota electoral ni tampoco una victoria, porque para eso trabajamos, para ganar o para perder elecciones. Pero ahora estamos en otro ámbito, y a quien le toca estar en este ámbito trata de hacer lo mejor posible, sin golpear las mesas y sin gritar, porque no es necesario. De esto vamos a salir todos juntos; en definitiva, se trata de eso.

Lo que nosotros estamos viendo es, simplemente –y tratamos de explicarlo–, que la baja de salarios no se corresponde con un país que crece.

Solo quería decir eso.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4.°, tal como viene de comisión.

(Se vota).

–18 en 29. Afirmativa.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: queremos solicitar un cuarto intermedio de veinte minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–26 en 28. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por veinte minutos.

(Así se hace. Son las 20:26).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 20:53).

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: es para solicitar un cuarto intermedio de diez minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–18 en 19. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por diez minutos.

(Así se hace. Son las 20:54).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 21:04).

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: solicito que se reconsidere la hoja n.o 54, recientemente votada. Una vez que se reconsidere la hoja vamos a mocionar para que sea enviada a la Comisión de Constitución y Legislación, con el fin de que en un plazo de noventa días eleve un informe y un proyecto definiendo este tema, que entendemos amerita un estudio más profundo para llegar a un acuerdo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la reconsideración de la hoja n.° 54.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

En consideración la hoja n.° 54.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pasaje de la hoja n.° 54 a la Comisión de Constitución y Legislación, para que en noventa días se expida sobre el tema en consideración.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Representantes.

La Mesa agradece a todos por la cooperación.

(Aplausos en sala).

(Texto del proyecto de ley aprobado).

14) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 21:07, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores Asiaín, Barrera, Bergara, Bianchi, Bonomi, Botana, Brenta, Camy, Canon, Carrera, Coutinho, Da Silva, Della Ventura, Domenech, Gandini, Lanz, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Meléndez, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Rodríguez, Sánchez, Sanguinetti, Sartori y Viera).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

José Pedro Montero Secretario

María Alcalde Directora general subrogante del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.