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N.º 41 - TOMO 613 - 1.º DE DICIEMBRE DE 2020

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

40.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

En régimen de cuarto intermedio

PRESIDEN BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta y GLORIA RODRÍGUEZ Primera vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO, Y LOS PROSECRETARIOS VICTORIA VERA Y ADRIÁN JURI

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Día del Escribano Uruguayo

– Palabras de la señora presidenta del Cuerpo con motivo de su conmemoración en el día de la fecha.

5) Exposición escrita

– El señor senador Sánchez solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionada con el consumo de energía eléctrica en el barrio Quinta de Batlle.

• Se procederá de conformidad.

6) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a la anterior convocatoria.

7) Presupuesto nacional, ejercicio 2020-2024

– Discusión particular del proyecto de ley.

– Por moción del señor senador Penadés, el Senado aprueba el régimen acordado por los coordinadores de bancada de todos los partidos políticos para la discusión particular del proyecto de presupuesto nacional.

8) Levantamiento de la sesión

– Por moción de los señores senadores Carrera, Lanz, Lozano y Penadés, el Senado resuelve pasar a cuarto intermedio hasta el miércoles 2 de diciembre a las 10:00.

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 30 de noviembre de 2020

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria mañana martes 1.º de diciembre, a las 10:00, a fin de levantar el cuarto intermedio, informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

– Discusión particular del proyecto de ley por el que se aprueba el presupuesto nacional, ejercicio 2020-2024. (Carp. n.º 330/2020 - rep. n.º 214/2020 y anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y XXV)».

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Andrade, Asiaín, Bergara, Bianchi, Bonomi, Botana, Brenta, Camy, Canon, Carrera, Coutinho, Da Silva, Della Ventura, Domenech, Gandini, Lanz, Lazo, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Meléndez, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Sánchez, Sanguinetti, Sartori y Viera.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Astori, Kechichian, Rubio y Topolansky.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, se levanta el cuarto intermedio.

(Son las 10:11).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«La Cámara de Representantes remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor representante nacional Constante Mendiondo en la sesión del 17 de noviembre del corriente año, relacionadas con un pedido de informes cursado al Ministerio de Relaciones Exteriores relativo al estado de avance de la obra del Laboratorio Ambiental Binacional.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

Las Juntas Departamentales de Maldonado y de Salto remiten copia de resoluciones por las que designan nuevas autoridades para el período 2020-2021.

TÉNGANSE PRESENTES».

4) DÍA DEL ESCRIBANO URUGUAYO

SEÑORA PRESIDENTA.- Aprovecho para recordar que hoy, 1.° de diciembre, se conmemora el Día del Escribano Uruguayo.

Agradezco al señor senador Lozano por ser el primero en recordarnos que hoy es la conmemoración de la fecha en que Joseph Esquibel autorizó, en 1739, la primera escritura pública.

Así que hacemos llegar a los escribanos y escribanas un gran reconocimiento en su día.

5) EXPOSICIÓN ESCRITA

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de una exposición escrita.

(Se da de la siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «El señor senador Alejandro Sánchez, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionada con el consumo de energía eléctrica en el barrio Quinta de Batlle».

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha sido repartida.

Se va a votar.

(Se vota).

–18 en 21. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita).

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de lo siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- En la sesión extraordinaria del 30 de noviembre no se registraron inasistencias.

7) PRESUPUESTO NACIONAL, EJERCICIO 2020-2024

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado retoma la consideración del único punto del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el presupuesto nacional, ejercicio 2020-2024. (Carp. n.º 330/2020 - rep. n.º 214/20 y anexos I a XXV)».

(Antecedentes).

(Ver 39.ª sesión extraordinaria).

–En discusión particular.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Gracias, señora presidenta.

Los coordinadores de bancada hemos acordado con la señora presidenta que iniciemos la discusión particular del proyecto de ley de presupuesto nacional con la votación de todos los artículos que en la comisión fueron aprobados por unanimidad.

Por tanto, formulo moción en el sentido de someter a consideración todos los artículos que fueron aprobados por unanimidad en comisión –de cuya enumeración, producto de su extensión, se encargará la Secretaría del Senado–, sección por sección, para proceder luego a su votación.

También acordamos que posteriormente el Senado pasaría al análisis de las secciones I, «Disposiciones generales», II, «Funcionarios», y III, «Ordenamiento financiero», para luego iniciar la consideración de cada uno de los incisos. Salvo respecto a algunos artículos que oportunamente serán especificados, sugerimos que el tratamiento se realice por inciso o por sección, a cuyos efectos, señora presidenta, cada uno de los senadores contaremos con un tiempo de quince minutos para hacer uso de la palabra, tal como lo dispone el Reglamento.

Eso fue lo acordado en la reunión de coordinación que realizamos ayer en el despacho de la señora presidenta.

Por tanto, formulo moción para que se habiliten estos criterios.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor senador Penadés, relativa al régimen acordado por los coordinadores de bancada de todos los partidos políticos para la discusión particular del proyecto de presupuesto nacional.

(Se vota).

–28 en 29. Afirmativa.

En consideración la sección I, «Disposiciones generales», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 3.° y 5.°.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 29. Afirmativa.

En consideración la sección II, «Funcionarios», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 14, 22, 23, 25, 26, 32, 33, 34 y 35.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

En consideración la sección III, «Ordenamiento financiero», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 42, 44, 47, 48 y 49.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos a la sección IV, «Incisos de la Administración Central».

En consideración el inciso 02, «Presidencia de la República», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 52, 54, 60, 62, 65, 68, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 105, 106 y 107.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 03, «Ministerio de Defensa Nacional», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 136.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 04, «Ministerio del Interior», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 142, 170, 171, 172, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 197, 200 y 203.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA SANGUINETTI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA SANGUINETTI.- Gracias, señora presidenta.

Durante muchos años me tocó trabajar en temas de inserción laboral de personas con barreras al empleo: personas que habían tenido problemas de adicciones, que habían salido del sistema penitenciario, o que no manejaban el idioma del país en el que vivían. Es por esto por lo que, en el mes de febrero, previo a asumir esta banca, comencé a reunirme con autoridades que iban también a asumir sus responsabilidades en distintas áreas y ministerios, como el director nacional de Empleo, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana y el director de la Dinali. ¿Cuál era el objetivo de estas reuniones? Compartirles una herramienta exitosa en diversas partes del mundo, que tiene que ver con ofrecer incentivos fiscales a empresas que contratan liberados.

En este proceso conocí al economista Edgardo Favaro, de la OPP, quien hizo un estudio muy interesante sobre la reincidencia entre las personas privadas de libertad y las líneas de acción para enfrentarla. Este estudio nos revela que en las últimas décadas ha habido una tendencia creciente en el nivel de criminalidad en el país. Este fenómeno tiene un alto costo para nuestra sociedad en su conjunto, cuya manifestación más visible es el aumento del gasto público y privado en prevención, seguridad y penalización de la criminalidad. Favaro recorre un poco este fenómeno y el porqué de este aumento de la criminalidad que, como bien sabemos, es el resultado de múltiples factores.

En primer lugar, ha disminuido la probabilidad de ser capturado por cometer un delito y, en el caso de serlo, han bajado las penas. Como resultado de esto ha bajado el costo de delinquir.

En segundo término, se han reducido las oportunidades de trabajo para aquellos que tienen educación primaria incompleta o, incluso, completa. Esto ha bajado el costo de oportunidad de optar por participar en actividades delictivas al ser menor la probabilidad de obtener un ingreso por participar en una actividad legítima.

En tercer lugar, como sabemos, la irrupción del uso y el tráfico de drogas en la sociedad uruguaya ha aumentado los beneficios directos derivados de su comercio y ha generado una epidemia individual en el uso de drogas.

En cuarto término, los profundos cambios en la conformación familiar y de los hogares ocurridos en las últimas décadas han privado, en muchos casos, a niños, niñas y adolescentes de la contención familiar. No son ajenas a este tema las consecuencias en la caída del empleo registrada en los últimos años.

¿Qué tenemos actualmente? Una experiencia puntual muy específica y muy pequeña en la Dinali, y es por esto que en el mes de julio realizamos un conversatorio al que invitamos a las organizaciones de la sociedad civil –si bien en Uruguay existen esfuerzos, están aislados y no son coordinados, como lo manifiesta un informe de la OEA–, a las autoridades y también a las empresas interesadas en ser parte de esta solución.

Es por todo ello que hoy celebramos la incorporación del artículo 203, que significa un paraguas para que se avance en esa dirección.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el inciso 05, «Ministerio de Economía y Finanzas», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 222, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 248 y 249.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 29. Afirmativa.

En consideración el inciso 06, «Ministerio de Relaciones Exteriores», que comprende el artículo que mencionará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículo 254.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 07, «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 258, 259, 260, 261, 263, 265, 266, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 289, 292 y 294.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 29. Afirmativa.

En consideración el inciso 08, «Ministerio de Industria, Energía y Minería», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 295, 296, 302, 304, 305, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 319, 322, 323 y 325.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 09, «Ministerio de Turismo y Deporte», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículo 326.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 10, «Ministerio de Transporte y Obras Públicas», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 327, 329, 330, 331, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340 y 341.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

En consideración el inciso 11, «Ministerio de Educación y Cultura», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 355, 358, 360, 361, 362, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 380, 382, 383, 384, 386, 387 y 388.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 30. Afirmativa.

En consideración el inciso 12, «Ministerio de Salud Pública», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 392, 393, 394, 395, 396, 398, 401, 403, 419 y 420.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

En consideración el inciso 13, «Ministerio de Trabajo y Seguridad Social», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 422, 423, 424, 429, 430, 431, 432, 433 y 436.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 14, «Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 439, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 454, 461, 463, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 478, 479, 480 y 481.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 15, «Ministerio de Desarrollo Social», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 502, 504 y 509.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 36, «Ministerio de Ambiente», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 531 y 532.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos a la sección V, «Organismos del artículo 220 de la Constitución de la república».

En consideración el inciso 16, «Poder Judicial», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 533, 534, 536, 538, 539, 540, 541, 543, 544 y 545.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 17, «Tribunal de Cuentas», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 547, 548, 549, 550, 551 y 553.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 18, «Corte Electoral», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 557 y 559.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 31. Afirmativa.

El inciso 19, «Tribunal de lo Contencioso Administrativo», comprende un solo artículo, el 561, que no figura en la lista de los que estamos sometiendo a votación.

En consideración el inciso 25, «Administración Nacional de Educación Pública», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 562, 565, 566 y 567.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 31. Afirmativa.

Con respecto al artículo 562 quiero aclarar que se votaron afirmativamente los incisos primero y tercero y que, por lo tanto, hay que desglosar su inciso segundo para considerarlo y votarlo en forma separada.

En consideración el inciso 26, «Universidad de la República», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro). Artículos 569, 570 y 571.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: el artículo 573, que quedó dentro del articulado del INAU, pertenece al inciso Universidad de la República, por lo que deberíamos considerarlo y votarlo ahora, para luego reubicarlo en el inciso correspondiente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Es correcto, señor senador.

En consecuencia, si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 569, 570, 571 y 573.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 27, «Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 578, 579, 581, 582 y 583.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 29, «Administración de los Servicios de Salud del Estado», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 584, 585, 586, 587, 588, 591, 592, 593, 594, 597, 598, 599 y 600.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 31. Afirmativa.

En consideración el inciso 31, «Universidad Tecnológica del Uruguay», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 601, 603 y 604.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 32, «Instituto Uruguayo de Meteorología», que comprende el artículo que mencionará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículo 605.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 33, «Fiscalía General de la Nación», que comprende el artículo que mencionará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículo 607.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

En consideración el inciso 34, «Junta de Transparencia y Ética Pública», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 610, 611, 613 y 614.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 35, «Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente», que comprende el artículo que mencionará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículo 617.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos a la sección VI, «Otros incisos».

En consideración inciso 21, «Subsidios y Subvenciones», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 626, 627, 634, 637, 640, 641 y 642.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 23, «Partidas a reaplicar», que comprende el artículo que mencionará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículo 643.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el inciso 24, «Diversos créditos», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 645, 646, 647, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 658, 659, 662, 663, 667 y 668.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración la sección VII, «Recursos», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 676, 677, 681, 686, 687 y 688.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 31. Afirmativa.

En consideración la sección VIII, «Disposiciones varias», que comprende los artículos cuya enumeración hará el señor secretario.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Artículos 689, 690, 695, 696, 697, 698, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 730, 735, 742, 744, 746, 747, 758, 769, 770 y 771.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos ahora a la consideración del resto del articulado.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura y se faculte a la Mesa a renumerar los artículos, en caso de que sea necesario, así como para que haga toda corrección gramatical que mejore el proyecto de ley y su calidad legislativa sin que varíe su espíritu.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pasamos a la sección I, «Disposiciones generales».

En consideración el artículo 1.º

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 2.°.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

En consideración el artículo 4.°.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: me remito a la afirmación que hacía el señor senador Viera, en el sentido de que uno presupone, pero me sigue costando entender cómo es posible que en un presupuesto en el que se plantea un crecimiento de la economía del 12 % no se pueda garantizar siquiera un escenario mínimo en el que el salario comparta una parte de ese crecimiento. En todo caso, lo que se garantiza es la recuperación de la pérdida.

SEÑOR PENADÉS.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ANDRADE.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Pido disculpas al señor senador, pero, en realidad, por un motivo de coordinación vamos a pedir que se postergue la consideración de este artículo.

SEÑOR ANDRADE.- Me alegra.

SEÑOR PENADÉS.- Con mucho gusto y atención escucharemos su intervención, pero más adelante, si al senador le parece bien, para no tomar dos veces la misma medicina.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se posterga la consideración del artículo 4.°.

(Se vota).

–30 en 31. Afirmativa.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: en esta sección, las disposiciones más complejas que estamos tratando son el artículo 4.º, cuyo tratamiento fue postergado, y luego los artículos 6.º y 7.º que, a nuestro juicio, deberían ser analizados en conjunto. Entonces, lo que quería plantear al pleno es que el debate de esos dos artículos se haga en forma conjunta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la propuesta del señor senador Carrera, en el sentido de considerar los artículos 6.º y 7.º en forma conjunta.

(Se vota).

–28 en 31. Afirmativa.

En consideración los artículos 6.º y 7.º.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Señora presidenta: nosotros vamos a votar en contra estos dos artículos por tres razones, que paso a mencionar de mayor a menor.

La razón más importante es que consideramos inadecuado el grado de discrecionalidad que tienen estos artículos. En el día de ayer, en la intervención durante la discusión general, dije que podría tratarse de un segundo cambio, de un segundo ajuste del presupuesto, sin pasar por el debate parlamentario. Recuerdo –para que conste en la versión taquigráfica– que el artículo 6.º posibilita ajustar por menos de la inflación y el artículo 7.º permite ejecutar por debajo del tope.

La segunda razón, apuntando más a lo particular, es que los artículos tienen una gama muy amplia de situaciones que pueden llevar a que esto se aplique. En los presupuestos anteriores –al menos en los tres últimos–, había efectivamente una restricción, que era la disponibilidad de tesorería: obviamente, si no hay plata, está clara la situación. Pero ahora se agrega la meta fiscal estructural. En el artículo 7.º se habla de la situación en general de la economía, de la evolución desfavorable de las finanzas públicas y del contexto macroeconómico. Es demasiado amplio el nivel de vicisitudes que se plantean.

La tercera razón, ya más en particular, es que como todo artículo que tiene cierto grado de discrecionalidad, tiene el riesgo –no estamos diciendo que vaya a suceder– de no diferenciar distintas situaciones. Imaginen la TUS, la Tarjeta Uruguay Social, no ajustada año a año por la inflación y el impacto que eso tendría sobre el poder de compra de los tarjetahabientes. Un tema que conozco bien es el de los medicamentos; imaginen que ASSE no pueda ajustarlos por el índice que corresponde. La única excepción, porque tiene un ajuste legal, es la vivienda.

Nos parece que el artículo 6.º no tiene ninguna excepcionalidad, salvo la legal de vivienda. Por su parte, respecto al artículo 7.º, el Ministerio de Economía y Finanzas había propuesto no tener excepciones, pero por suerte en la comisión hubo un pequeño paso, que consiste en que los organismos del 220 –no todos, pero sí la mayoría– están exceptuados de esta norma. De cualquier manera, no están exceptuados vivienda ni ASSE, que son dos rubros de alta intensidad.

En síntesis, por esas tres razones –por lo conceptual, por la gran variedad de vicisitudes y porque no exceptúa cosas básicas para el ajuste de los presupuestos– vamos a votar en contra los artículos 6.º y 7.º.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: este presupuesto tiene una regla fiscal, que es una meta de resultado de balance estructural que contiene un tope de gastos. Entonces, estos dos artículos, el 6.º y el 7.º, tienen coherencia con esas metas.

Si nos alejamos del resultado del balance esperado –ya sea por una disminución en el nivel de actividad de la economía que traiga aparejada una caída en la recaudación, o por otra razón de cualquier tipo– tendremos que actuar en tiempo y forma; no hay que actuar después de haber gastado. Para cuidar las finanzas lo que debemos hacer es actuar de modo oportuno; hay que actuar antes. Por eso le damos la libertad al Poder Ejecutivo para que diga qué cosas son las fundamentales y cuáles las prescindibles. No podemos permitirnos el lujo de que en una situación de dificultades de la economía estemos gastando en aquello que no es necesario, en cuestiones superfluas, y no tengamos recursos para atender las cuestiones imprescindibles.

También se da otra conducta a la hora de hacer el gasto público.

Hay algunos jerarcas de unidades ejecutoras que son más osados, tienen mayor capacidad para hacer sus gastos o utilizan procesos más simples, y nos encontramos con que gastan el cien por ciento de lo que les fue asignado presupuestalmente; en cambio otros, que muchas veces tienen áreas fundamentales bajo su égida, se ven limitados a gastar solo un porcentaje porque no hay recursos.

Estos dos artículos son absolutamente complementarios de la meta indicativa del resultado estructural y de la meta de tope de gasto, y sencillamente tienden a ordenar las cosas para que en una situación con dificultades se pueda tener la previsión de gastar lo necesario y postergar lo que no es tan importante o puede ser prescindible. Se lo puede hacer de forma selectiva, de acuerdo con el artículo 6.º, justamente por esta razón. Algunos organismos, como por ejemplo la ANEP, la Udelar o la UTEC son fundamentales y es obvio que jamás se los va a postergar, pero igualmente se lo puso en el texto para asegurarlo.

Creo que es importante que pongamos atención en lo siguiente. Con la regla de endeudamiento que teníamos antes, la situación era otra: se gastaba todo el presupuesto y después se venía al Parlamento a financiar lo que se había gastado en más. Inclusive se vino dos veces tarde a pedir la autorización para endeudarse, es decir, después de que ya se había producido el gasto. Sabemos que cuando esto pasa no hay vuelta y hay que autorizar, pero también sabemos que una vez que se gasta se genera endeudamiento. Nos parece que es mucho mejor evitar el gasto de modo oportuno y esa es la potestad que estamos dando al Poder Ejecutivo.

Muchas gracias.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: coincido con lo que señalaba el señor senador Olesker. Esto es distinto, es otra cosa, no es lo que había, sino que hay un cambio.

Lo que establece la norma que está vigente hasta hoy es que si no hay plata en la caja se pueden hacer ajustes no uniformes de gastos de funcionamiento e inversión. Si no había disponibilidad del tesoro se podía hacer esto. Ahora, no se trata de un problema de disponibilidad del tesoro, sino de aplicación de la regla fiscal.

En mi informe de ayer señalé que este proyecto de ley introduce regulaciones a la regla fiscal que estableció la Ley de Urgente Consideración. Se me cuestionó y señaló que no hay ninguna. Bueno, acá hay dos normas que se articulan con la nueva regla fiscal.

Como decía el señor senador Botana, la visión anterior estaba coordinada y establecía que si no había plata en la caja se podían hacer estos ajustes; eso coincidía con la regla fiscal llamada tope de endeudamiento. Total, una ley cambia a la otra, se aumenta el tope, se corre la raya y puedo seguir endeudándome para que haya plata en la caja. Acá la regla fiscal tiene otra concepción y prioriza las cuentas públicas ordenadas. Por lo tanto, los artículos 6.º y 7.º establecen dos mecanismos para ajustar las cuentas públicas a la realidad que puede darse en algún momento. El primero lo hace como ya lo expliqué, y el artículo 7.º establece límites a la ejecución de los créditos que se están aprobando, con algunas excepciones. Como dije ayer, esto se parece mucho al artículo 34 de la ley de presupuesto de 2005, aunque es mucho más flexible, menos dura que aquella, porque establece excepciones. Solamente incluye a los organismos del presupuesto nacional y no hace lo propio con las empresas públicas del artículo 221 de la Constitución. Además, se exceptúa al Poder Judicial, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a la ANEP, a la Universidad de la República y a la UTEC. Los deja afuera porque ahí no puede establecerse un límite de ejecución.

Son normas de ordenamiento del gasto, están en el capítulo correspondiente y no son un saludo a la bandera, sino herramientas que le damos al Poder Ejecutivo para que en cualquier momento pueda aplicarlas, y que en estos tiempos de incertidumbre, con más razón debe tenerlas.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: creo que estos dos artículos son inconvenientes por varias razones.

En primer lugar, esta semana estamos culminando –aunque según los cambios que realicemos, la iniciativa seguirá su curso en la Cámara de Representantes– el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto en el Senado. Se trata de un debate largo en el lugar donde está representado todo el pueblo. El Gobierno es legítimo, ganó por mayoría, pero donde está representado todo el pueblo es en el Parlamento. A veces tenemos tremendos debates por aspectos que son muy importantes para los colectivos, a fin de sustentar alguna política, pero que son marginales desde el punto de vista del costo del presupuesto. Eso es así. En ocasiones uno mide una reasignación por el tamaño del presupuesto, dado que puede ser un triunfo en el sentido de afirmar tal o cual iniciativa, pero el margen que en general tiene el Poder Legislativo para resolver es acotado, como ayer lo reconocía el miembro informante. En un presupuesto cuya lógica no compartimos, nuestra propuesta de reasignación es acotada al intentar atenuar algunos impactos que creemos que tiene.

Este presupuesto, sin estos artículos, no es estrecho en el margen que se le da al Poder Ejecutivo; de hecho, hay cientos de millones de dólares destinados a imprevistos. En definitiva, sin estos artículos, el Poder Ejecutivo no está maniatado; por el contrario, tiene espacios para establecer márgenes de refuerzos en áreas o situaciones que considere importante atender. De hecho, si surgieran cambios tan dramáticos de la realidad que obligaran a repensar el presupuesto, sería saludable para el diseño institucional y para la calidad democrática que pasara por esta casa. Si los cambios fueran tan importantes y profundos que pudieran impactar drásticamente en la condición económica y social, y nos llevaran a revisar todo, ese barajar y dar de nuevo no debería hacerse en una cancha sola, la del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, tenemos diferencias que han quedado constatadas en las proyecciones; tenemos dudas acerca de si la caída es la que proyecta el Poder Ejecutivo y si la recuperación será tan importante como la que espera. No son solamente dudas nuestras, sino que están acompañadas, en general, por la misma mirada que la mayoría de los analistas.

A su vez, hay un tercer componente que incrementaría el rango de discrecionalidad. Si se confirmaran esas proyecciones y la previsión de caída para este año –que no es tan importante como la que otros analistas suponen–, y se da una recuperación más grande que la que la mayoría de los analistas prevé, no nos darían los números, no nos cerrarían las cuentas con respecto al déficit fiscal, por más que el Gobierno prevea no gastar un solo peso del refuerzo de gastos, que en promedio es más o menos igual al tope de ejecución que tuvimos en el último o en los dos últimos quinquenios.

Nos parece que la señal que estamos dando es que el presupuesto que votamos no es el que vamos a votar.

Me referiré ahora a las áreas más sensibles de este recorte. Según la historia, ¿qué es lo que se recorta primero? Vivienda, transporte y obras públicas. O sea que cuando hay dificultades en la economía, lo primero que se recorta va en esa dirección. Si se revisa el presupuesto del 2000 se verá que, en medio de las dificultades que surgieron al tener un déficit fiscal alto sumado a la devaluación de Brasil, la ejecución del tope de vivienda apenas superó el 60 %, para intentar equilibrar el déficit fiscal. En definitiva, es lo primero que golpea. Se trata de una discusión política que tendríamos que dar hoy, porque refiere a un área de mucha sensibilidad. Es la historia de los momentos de achique, pero no por maldad, sino porque hay áreas en donde el salario representa el 80 % –aunque esté excluida la educación–, y ¿cómo se recorta allí? Por más que se incluyera a la educación, es muy difícil recortar. ¿Cómo se recorta si la mayor parte de lo que tienen es salario? ¡Es muy difícil! Entonces, en las áreas en donde lo que abunda es inversión, es en las que más fácil resulta recortar.

En función de estas valoraciones, creemos que ello está mal, como también lo estuvo en 2005, por más que no se haya aplicado. Ahora bien, no es que en 2005 fuera una orientación aprobada –tengo en mi poder la versión taquigráfica–; lo dijimos en comisión cuando nos visitó la OPP. El propio director de esta oficina –economista Alfie– fue uno de los que más abiertamente salió a argumentar acerca de la inconstitucionalidad. El exlegislador Gallinal, en nombre de la bancada del Partido Nacional, también habló. O sea, no es que en 2005 pasó, como el venado en la pradera, mansa y alegremente al trote. ¡No! Hubo una discusión muy fuerte sobre esto.

En definitiva, el debate es el siguiente: si en 2005 estuvo mal, ¿qué es lo que hace que ahora esté bien este articulado? Repito, el problema –de diseño institucional– es que las decisiones principales se toman afuera de esta casa. Sé que indirectamente se están tomando aquí, porque me pueden decir que es el Parlamento el que está cediendo la posibilidad de que su función la ejerza otro, pero no creo que sea un buen camino que esto se haga así, y que si hay razones para proyectar ajustes importantes, es bueno que se venga a esta casa a explicarlos.

Estos dos artículos multiplican el margen de discrecionalidad que el Poder Ejecutivo ya tiene, de cerca de un punto del producto que se le ha votado para refuerzo de gastos y rubros. Repito que acá a veces nos desangramos por $ 3:000.000 para un lado o para otro, y está bien que así sea aunque se trate de $ 150, pero estos dos artículos combinados hacen que el mensaje que damos a la ciudadanía, que nos viene a consultar, que discute y tironea, es que el presupuesto se vota, pero mañana no sabemos qué se va a ejecutar y qué no. Esto sucede en este Gobierno, con esta coalición, pero si mañana se transforma en cultura institucional, creo que estaríamos debilitando la instancia donde está representada toda la ciudadanía y no sería una buena señal.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Gracias, señora presidenta.

¿Qué contienen estos artículos o disposiciones? Lo vemos como parte de medidas adoptadas como imprescindibles para ordenar la casa, para no seguir endeudando a los uruguayos y para no poner más impuestos, lo que sería pan para hoy y hambre para mañana. Sería como una empresa que está yendo a la quiebra, por lo que se cambia al gerente y se decide intervenirla. Pero el interventor no es este Gobierno sino la ciudadanía, que fue la que decidió este cambio.

¿Qué contienen estos artículos 6.º y 7.º desde nuestro modesto entendimiento? En las pasadas Administraciones se establecía que si había limitantes en las disponibilidades del tesoro, es decir, si ya habíamos tenido que recurrir a la chanchita y la habíamos roto, recién ahí se podían realizar ajustes en gastos de funcionamiento e inversión. Lo que se establece ahora es que cuando hay señales, cuando hacemos sonar la chanchita y notamos que queda poco, como medida precautoria preveamos evitar romperla. O sea, se trata de realizar ajustes de gastos de funcionamiento e inversión de manera previa. No es más que la aplicación de la regla fiscal, pero no se espera a último momento para frenar el gasto, sino que se empieza con más tiempo, evitando ajustes de último momento en la economía, que son más costosos y dolorosos para la gente, para los puestos de trabajo y para la inversión.

¿Qué dispone el artículo 7.º? Trata de ser una cláusula de salvaguarda. Trata de plasmar medidas de prudencia en el presupuesto. Es como decir «voy a estar vigilando». El equipo económico, encargado de la buena administración y de que los dineros den para todos, va a tener los ojos en la nuca de cada ordenador de gasto para evitar repetir el despilfarro.

De todas formas, este artículo no es nada nuevo, como fue dicho, ya que estaba en el presupuesto del 2005, en el artículo 34 de la Ley n.º 17930, que decía: «Cuando los recursos del Presupuesto Nacional fueran inferiores a los presupuestados, el Poder Ejecutivo podrá establecer límites de ejecución en el presupuesto de gastos de funcionamiento, incluidas las transferencias, y de gastos de inversión...». En aquella oportunidad no se había exceptuado a ninguna institución, como sí se hace en el artículo 7.º de este presupuesto. En nuestro caso no se espera a que los recursos sean inferiores en los hechos, sino que se usa la base fiscal para anticiparse a esa problemática.

El senador Andrade decía, con mucha razón, que no se aplicó ese artículo en el pasado; esperemos que este tampoco tenga que aplicarse. La meta es, justamente, que no tenga que aplicarse, pero es de toda prudencia incluir una cláusula de salvaguarda, para ser precavido; es un imperativo de buena administración.

Como decíamos, se excluyó de esta previsión al Poder Judicial, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a la ANEP, a la Udelar y a la UTEC; esperemos que esas excepciones no impliquen –confiamos en ello– la absorción por parte de estas instituciones y la concentración de todos los recursos disponibles.

¿A qué responden estos artículos, estas disposiciones? A que la reforma constitucional de 1967 introdujo el presupuesto por programas, por objetivos, sujeto a responsabilidad política, y el buen administrador tiene que precaver, que prever, porque después debe responder.

Cuando algún inciso se encuentra con insuficiencias a la mitad de la ejecución presupuestal, pide un refuerzo de rubros; esto viene a ser la contracara de esta salvaguarda que se establece en el artículo 7.º. ¿Eso también se objeta? ¿Eso también se considera inapropiado?

Entiendo que estos artículos 6.º y 7.º no son más que la aplicación de lo que prevé nuestra Constitución respecto a cómo se ejecuta el presupuesto; en el literal D) del artículo 214, que habla del proyecto de presupuesto, se dice que este deberá contener: «Las normas para la ejecución e interpretación del presupuesto». Esto no es más que una norma para la ejecución; está dentro de las prerrogativas, de las potestades de quien ejecuta.

Sobre este tope de ejecución, permítanme citar a mi maestro, a quien acompañé siendo adjunta a la cátedra de Derecho Constitucional por tantos años, el doctor Horacio Cassinelli Muñoz, quien ha dicho que la Administración no está obligada a gastar cada rubro en su totalidad; el sentido que tienen los rubros no es ese. No está obligada a gastar el rubro, sino a cumplir los programas y a obtener los objetivos. Puede ocurrir que esos objetivos se puedan obtener gastando menos de lo que se ha asignado y, si es así, mejor, porque se van a producir más economías.

Luego, en algunas partes –para no ir al texto que es mucho más largo–, hace jugar a la OPP y al equipo económico en esto de que, siendo un presupuesto por programas y estando dentro de las prerrogativas, no existe el mandato de cumplir con todo lo planificado.

La salvaguarda también se basa en dar cuenta a la Asamblea General; eso da la cobertura, la confianza.

En definitiva, como ya se ha dicho por parte de gente más experta que yo, entiendo que estos artículos plasman y ponen en funcionamiento la regla fiscal, que fue también un compromiso del país.

Gracias.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: estamos frente a un artículo que es la quintaesencia del deber ser como administrador: prever contingencias absolutamente inciertas y defender, con esa previsión, el bolsillo del contribuyente y la buena administración, exceptuando a la educación.

Ayer decíamos, señora presidenta, que es mucho más cómodo y fácil posponer la regla fiscal. Cuando se votó la regla fiscal estábamos en plena pandemia, pero nosotros nos autoimponemos el orden en el manejo de las finanzas del Estado como deber ser, como sacramento, como forma de vida, en la defensa del que paga los impuestos, y con ello los sueldos a nosotros y a todos los que ocupan un cargo en el Estado.

Recién –hace quince minutos– nos acaban de dar la buena noticia de que en el Plan Agropecuario se revió una situación que denunciamos, por aquello de que pequeñas decisiones hacen los ejemplos. Ese es el camino de este Gobierno: el artículo 7.º, una regla fiscal, una austeridad sacramental y esforzarnos –reitero: esforzarnos– cuando manejamos plata de la gente.

Esta es una pincelada del camino que este Gobierno tomará a la hora de defender el bolsillo del contribuyente. La ciudadanía, señora presidenta, también está compuesta por el contribuyente que paga los impuestos; la ciudadanía se compone de gente que está ahogada por pagar impuestos, y a esa ciudadanía es a la que este Gobierno tiene que honrar minuto a minuto. La forma de hacerlo es, entre muchas otras cosas, autoimponiéndose este tipo de artículos. Por lo tanto, lo vamos a votar con las dos manos.

Muchas gracias.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Gracias, señora presidenta.

Como ya lo han dicho otros colegas, no vamos a acompañar los artículos 6.º y 7.º porque los concebimos en un marco que, de hecho, nos garantiza que las tijeras adicionales que se le están otorgando a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo van a ser utilizadas con intensidad, por la sencilla razón de que, si se ejecutaran los montos presupuestales que se van a votar, la meta indicativa del déficit fiscal no estaría ni cerca de cumplirse. Esa falta de conciliación de las cifras, que hicimos notar desde el inicio de la discusión parlamentaria, nunca fue respondida desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Tampoco se nos planteó con transparencia en base a qué modelo se hicieron los cálculos para determinar la meta indicativa del déficit. Por lo tanto, eso no hace más que confirmar nuestra idea de que las cifras no concilian y que, de aplicarse los montos presupuestales, el déficit sería mucho más alto que la meta planteada.

Más allá de la discusión semántica, vamos a reiterar lo que dijimos en la discusión de la Ley de Urgente Consideración y en las sesiones de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, así como también en el día de ayer. Acá no hay una regla fiscal; hay simplemente metas indicativas de déficit. Reitero: indicativas. Una regla implica una definición con consecuencias y, si lo que hay es una meta indicativa, no hay una definición de una meta que tenga consecuencias. Los artículos 6.º y 7.º están lejos de ser una reglamentación de una regla fiscal. En todo caso, el Gobierno tiene derecho a plantearlo –por supuesto–, pero no a vestir la cosa de lo que no es, y esta no es una reglamentación de una regla fiscal.

Por otro lado, se plantea esto en oposición a la regla que sí existe, como si no se estuviera votando en este mismo presupuesto esa otra regla. Lo que hacen los artículos 693 a 698 es, justamente, implementar el tope de deuda que autoriza el Parlamento al Poder Ejecutivo con todas las prevenciones del caso, en una forma prácticamente idéntica a la que se venía realizando. Hay un pequeño cambio en la definición de la deuda que se computa, que no es una diferencia sustancial. Esa es la deuda neta, que en buena medida es la contracara del déficit, porque es lo que debe financiar, y a eso los artículos 693 a 698 le ponen tope. ¿Y por qué eso sí es una regla? Porque ese es un tope firme. Es un tope que si el Gobierno va a superar tiene que volver al Parlamento a dar sus explicaciones y a solicitar que el Parlamento lo autorice, que es lo que se hizo en otras oportunidades, aunque ahora se lo ve como una herejía. Acá, en tiempo y forma, cuando fue necesario, se vino a plantear que, por las circunstancias que se explicaron en cada caso, era necesario incrementar el endeudamiento por encima del tope autorizado. Eso tuvo que venir al Parlamento, se discutió, y el Poder Legislativo dio la autorización.

Así funciona la regla. Podrán no gustar los montos; podrá no gustar que se haya votado así –eso lo podemos entender–, pero eso es una regla. La regla debería decir que hay definiciones de montos que son firmes, no indicativos, y que de no cumplirse hay que volver a esta casa, dar las explicaciones y, eventualmente, solicitar una nueva autorización. Eso no es lo que funciona con esta meta indicativa del déficit fiscal, que ni siquiera está en el articulado, sino en la exposición de motivos del proyecto de ley.

Nosotros, reitero, estamos convencidos de que los topes de ejecución van a usarse intensamente, por lo que decíamos hoy: por la no conciliación de las cifras presupuestales con la meta fiscal. Pero, además, quiero distinguir que si bien tratamos en bloque los artículos 6.º y 7.º, ellos establecen dos mecanismos distintos. Yo discrepo con lo argumentado, que básicamente procura fundamentar el artículo 7.º, que es el de los topes. Ahora bien, el artículo 6.º es todavía previo, e implica que ni siquiera se deban ajustar los montos de funcionamiento e inversiones por la inflación. O sea, eso ni siquiera va en la discusión de si hay que limitar la ejecución ex post o cuando se está procesando un monto autorizado y haya que topearlo. Eso es previo.

Por eso digo que hay que interpretar en contexto todo el paquete. Es un paquete que no tiene consistencias entre las cifras presupuestales y metas fiscales, y por lo tanto ambos mecanismos seguramente van a ser utilizados con intensidad.

Reitero, también, lo dicho con respecto al artículo 34 de la ley de 2005, que efectivamente sí se puso, pero en un contexto en el que la vida demostró que había consistencia entre las cifras presupuestales y fiscales, porque ese artículo no se utilizó en absoluto y los resultados fiscales durante todos esos años respetaron la programación. O sea, los resultados fiscales referidos a la ley de presupuesto de 2005 respetaron totalmente los resultados previstos y no fue necesario utilizar ese artículo 34.

Aquí tenemos una situación que es distinta. Acá la formulación presupuestal está lejos de garantizar esa meta indicativa, aun considerando todos los supuestos y todos los pronósticos del Gobierno, así como los montos presupuestales que va a votar el Gobierno.

Por lo tanto, como discrepamos en términos generales –ya lo discutimos ayer– con la tónica general de recorte y ajuste que tiene este presupuesto en momentos de pandemia, y como vemos esta inconsistencia entre montos presupuestales y fiscales, es que no nos parece conveniente trasladar a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo estos recortes, que seguramente van a ser utilizados con intensidad. Y si eventualmente hubiera que hacer estas cosas, lo lógico sería, como bien decía el señor senador Andrade, que se viniera a esta casa, se explicara, se discutiera y, en todo caso, se redefinieran las autorizaciones a gastar.

Es muy claro que el presupuesto no es una obligación de gasto. Es el máximo que se autoriza a gastar. Eso todo el mundo lo tiene claro, y nadie cuestiona la constitucionalidad de esta norma. Cuestionamos, sí, que el Poder Legislativo dirija a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo este tipo de circunstancias; en la eventualidad de que fuera necesario recurrir a esto, lo razonable y lo más democrático, en nuestra percepción, es que se venga a esta casa, se discuta y, en todo caso, se redefinan los montos presupuestales, como se puede hacer perfectamente en cualquier circunstancia y como es, reitero, lo que sucedía en caso de la aplicación del tope de deuda.

Reitero que estamos hablando de una regla de tope de deuda que en este presupuesto también se está votando, como debe ser, porque la Constitución así lo indica. Y, eventualmente, si se dieran circunstancias que pudieran violentar esa deuda, en tiempo y forma se debe solicitar la autorización, como se hizo siempre. Vuelvo a aclararlo porque se sigue con la cantarola de que se vino a último momento o más allá del momento; aunque ya se explicó esto en comisión, parece que hay cosas que definitivamente no se quieren escuchar. Si uno prevé la posibilidad de superar el tope, viene antes de que eso se compute. Ya se dijo hasta el cansancio que la publicación de los montos de deuda de cada año se hace en marzo del año siguiente, por la metodología del Banco Central del Uruguay. Por lo tanto, hay que venir antes de marzo para definir si hay que corregir el tope de deuda. Pero, reitero, acá lo importante no es que se pida una autorización. Lo importante es que hay que venir al Parlamento a explicar la situación y solicitar, con la exposición política que eso implica, una nueva autorización. Con lo que se está planteando en los artículos 6.° y 7.°, eso no ocurre de esa manera. En todo caso, simplemente se da cuenta a la Asamblea General ex post, después de que los topes se definen y se ejecutan. En cambio, si se prevé que se extralimite el tope fijado en el artículo 693 de este proyecto de ley, ahí sí el Poder Ejecutivo tiene que venir, explicar y eventualmente solicitar una nueva autorización.

Reitero: se puede estar a favor o en contra, pueden gustar o no los montos, si se sigue autorizando o no; todo eso es parte del equilibrio que dan los poderes, así como la ciudadanía a través del poder que distribuye en esta materia. Pero desde el punto de vista de los mecanismos, eso para nosotros es una regla que implica que el Parlamento mantiene la llave de autorizar lo que se puede gastar y lo que no, mientras que lo que está planteado en los artículos 6.° y 7.° transfiere a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo esa potestad, simplemente dando cuenta ex post a la Asamblea General.

Por estas razones, señora presidenta, es que nosotros no vamos a acompañar los artículos 6.° y 7.° que están planteados en este proyecto de ley.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señora presidenta.

Quiero ratificar lo que aquí se ha expresado. Me parece que estos artículos son muy importantes, en el sentido de que le quitan al Parlamento la potestad de ser realmente quien autorice o no los cambios que están establecidos en este mismo presupuesto, llegado el caso. Nos parece que esa historia era correcta como venía. Esta propuesta es coherente, en este presupuesto, con lo que aparece en muchísimos incisos, donde se dice que es en realidad el Ministerio de Economía y Finanzas quien va a definir y autorizar los gastos que se hagan en determinados incisos. Esto se repite en este presupuesto en varias oportunidades. Y esta norma es coherente con esa intención de dar al Poder Ejecutivo una potestad que hoy no tiene. Ya no es este Parlamento el que va a controlar esos cambios en caso de ser necesarios, si hacen falta. Por lo tanto, creemos que se está deslegitimando al Parlamento en ese sentido.

Otro aspecto que se ha mencionado como fundamento de esta propuesta es la austeridad, y nos parece que eso es contradictorio con aumentos de salarios de jerarcas o más de cien pases en comisión en el Mides, como se está haciendo. Creemos que eso no está bien.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Gracias, señora presidenta.

Quisiera hacer alguna aclaración, dado que se ha reiterado la idea de que hay una suerte de delegación de atribuciones para que el Poder Ejecutivo limite la ejecución de gastos sin autorización parlamentaria, y que cuando eso fuera necesario debería venir al Parlamento. Debo recordar que si el Poder Ejecutivo tuviera que hacer eso por ley debería efectuarlo en una ley presupuestal, o sea, tendría que esperar a la próxima rendición de cuentas, porque no podríamos discutir en el Parlamento un límite de ejecución de gastos de créditos ya autorizados en el presupuesto fuera de una ley de rendición de cuentas porque sería inconstitucional.

Lo que estamos haciendo aquí, al ordenar la ejecución de los gastos –lo digo con mucha honestidad–, es establecer que el Poder Ejecutivo podrá hacerlo de acuerdo con los artículos 6.° y 7.°, aun actuando en Consejo de Ministros. El Poder Ejecutivo podría hacerlo igual porque tiene la llave de la caja y bastaría con que no liberara las partidas para controlar la ejecución del gasto; por la vía de los hechos, entonces, los organismos se quedarían con menos dinero y ejecutarían menos. Eso se ha hecho. Acá lo que se está haciendo es establecer por la vía legal, en la ley de presupuesto, un mecanismo por el cual, en caso de que se den algunas variables que impidan la ejecución por la falta de disponibilidad, se pueda limitar ordenadamente.

Debo decir que esto nada tiene que ver con el tope de endeudamiento; este se incluye en otro lugar. Acá no estamos hablando de que por ley hay que cambiar el tope de endeudamiento, sino de que la regla fiscal es el parámetro o la referencia que usará el Poder Ejecutivo para, en caso de necesidad, limitar la ejecución de esos gastos. Le estamos dando esa potestad, esa posibilidad, para que lo haga anticipadamente; incluso, en el segundo caso, actuando en Consejo de Ministros.

Debo recordar que el artículo 6.° propone modificar el artículo 27 de la Ley n.° 19147, que ya autoriza al Poder Ejecutivo a hacerlo sin tener que concurrir al Parlamento si no tiene disponibilidad en tesorería. Es decir, ya puede hacerlo, y esa ley está vigente desde el 2013, cuando gobernaba el Frente Amplio. Por lo tanto, no estamos innovando mucho en este tema, sino que estamos aplicando normas de prolijidad en la ejecución del gasto, con relación a la disponibilidad y respetando la regla fiscal que aprobamos y regulamos.

Muchas gracias.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Quisiera aclarar algo que va en el mismo sentido que el que expresaba el senador Gandini.

Esta es una regla fiscal porque tiene el objetivo de prevenir. Una regla fiscal hecha después de que se ha gastado no es una regla fiscal, sino una solicitud de autorización para endeudarse, que es lo que hizo el Gobierno anterior y en lo cual insistimos –y quedó claro en la comisión–, porque muchas veces vinieron a pedir la autorización para endeudarse después de que ya lo estaban. En este caso, la solicitud de endeudamiento está llegando antes y es coherente con el déficit que se va a tener y con la meta indicativa del balance estructural. Esa es la realidad. La meta es para prevenir, la meta es para evitar el daño porque, de lo contrario, ¿para qué ponernos metas? De no ser así, ponemos una prohibición. Cuando hablamos de meta es porque sabemos que en determinados momentos del ciclo económico el gasto muchas veces tiene que ser más expansivo, y en otras circunstancias, cuando tenemos auge económico, más contractivo. Entonces, en función de eso, le damos economicidad porque, de lo contrario, lo único que haríamos es una regla que dijera que no se puede gastar más de lo que ingresa. Pero esto no es nuevo; este caso está referido a la meta indicativa de balance estructural y al tope de gasto. Para sumar a lo que refería el senador Gandini sobre el presupuesto del 2005, la ley presupuestal del período 2010-2014 –Ley n.º 18719– dice en su artículo 81: «El incremento en las asignaciones presupuestales autorizadas para cada ejercicio en la presente ley a partir del ejercicio 2012 estará supeditado al cumplimiento de las previsiones de crecimiento del Producto Bruto Interno considerado en las proyecciones macroeconómicas a que hace referencia el artículo 2.° de la presente ley». Esto significa que estará supeditado al cumplimiento de las estimaciones de crecimiento, no ya a una situación crítica.

Entonces, esto es coherente con una regla de buena administración, preventiva, mucho mejor. A las pruebas me remito de que no era regla lo anterior porque vinieron tarde a pedir la autorización, después de que se habían endeudado. Además, también se les ocurrió lo mismo, pero de modo más restrictivo.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Señora presidenta: simplemente quiero dejar algunas constancias. Iba a hacerlo por medio de una fundamentación de voto, pero, por las dudas de que me tome algún minutito más, voy a proceder de esta manera.

En primer lugar, por una cuestión conceptual, creemos que la mayoría del Parlamento va a tomar una decisión que al propio Parlamento como institución va a restringirle potestades. Obviamente, las mayorías son legítimas para hacerlo, pero a la institución como tal la hace decaer en su función y en su calidad, para la cual tiene el mandato constitucional y soberano. Por lo tanto, por una cuestión de concepto, hasta cuando se hacen los parámetros, los comparativos, las exhortaciones de algunos organismos multilaterales con respecto a los roles de los parlamentos, esta es una primera indicación muy básica. ¿Por qué? Por una cuestión muy clara: en los parlamentos existe la pluralidad de la composición, que es del Gobierno y de la oposición. Como es obvio, la oposición tiene un rol históricamente más fuerte, más consistente a la hora del control, y cuando se delega o se cede al Poder Ejecutivo la posibilidad de hacer este tipo de cosas, como las señaladas en estos dos artículos, evidentemente la capacidad de control decae, y la capacidad de acción del Parlamento como institución también lo hace.

Segunda cuestión: se señalaba, con respecto a los ciudadanos y a los contribuyentes, que había una protección de estos por la Administración o por la intención de su buena administración. Quiero dejar en claro que a los ciudadanos, contribuyan o no –según su condición económica–, antes de la pandemia ya les habían incrementado el peso fiscal. Por ejemplo, los llamados veintemilpesistas, esto es, una enorme cantidad de trabajadores cuyos salarios rondan los $ 20.000 y poco, que no llegan a pagar IRPF –que sí pagarían el impuesto a los sueldos que regía antes, que era de un 6 %, pero no el IRPF, por la cantidad de dinero que cobran–, esas personas, así como otras que ganan $ 200.000, $ 300.000 o más, utilizaban su tarjeta de débito y cuando iban a comprar al supermercado, pasaban la tarjeta y pagaban cuatro puntos menos de IVA. Ahora pagan dos puntos menos de IVA, es decir que en ese impuesto que señalaba el senador Andrade –creo que en el día de ayer–, en ese impuesto que castiga al que tiene más y al que tiene menos de igual manera, se les redujo su capacidad de compra. Por lo tanto, eso de la protección de la administración general, por una decisión previa de este Gobierno, ya quedó determinado que no es así. Ni que hablar con el ajuste tarifario de luz, teléfono, agua, etcétera, por encima del IPC; y ni que hablar lo que sucederá cuando llegue el próximo incremento, que estamos viendo que se está cabildeando.

Ahora bien: dentro de los límites de estos artículos hay algunos incisos –ministerios y órganos del Estado como la Jutep, el Inumet, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral– que pueden ser afectados por el tope que fija este criterio. Pero además, no son solo estos; también pueden caer en ese recorte otros órganos del Estado, como por ejemplo, ASSE, el Inisa, las fiscalías, salud e infancia. ¿Por qué? Porque este artículo sí faculta al Poder Ejecutivo, sin el control adecuado parlamentario, a afectar esas políticas sociales que son sensibles.

Estas razones y otras que han expresado mis compañeros son las que nos llevan a votar en contra estos artículos.

Muchas gracias.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: no voy a ser muy extenso.

Creo que los artículos 6.º y 7.º de alguna manera terminan subvirtiendo el orden porque nuestro orden implica que el Poder Ejecutivo venga al Parlamento –que es donde está representado el conjunto de la ciudadanía– a solicitar que se le autorice determinado gasto en cualquier área de política pública, ya sea educación, vivienda o salud. Y es el Parlamento –con la mayoría del Gobierno o como se han votado aquí muchos artículos, por unanimidad– quien resuelve habilitar al Poder Ejecutivo a gastar determinado monto. Es decir que autoriza los créditos. Autorizar los créditos en el presupuesto no quiere decir que se utilicen, por eso luego viene el Poder Ejecutivo en ocasión de considerarse la rendición de cuentas a decirnos cuánto ejecutó y además a presentar la relación entre lo ejecutado y los objetivos cumplidos. El Poder Ejecutivo puede venir a decir que quiere llevar adelante determinada política, como por ejemplo construir puentes –justamente en el día de ayer se hacía referencia a la construcción de un conjunto de puentes e incluso cuando compareció el señor ministro le dije que hice la cuenta más o menos de cuántos puentes por día iba a inaugurar en este quinquenio y se comprometió a invitarnos a esas inauguraciones, así que vamos a tener que recorrer bastante el país–, y al final hacer menos, directamente no hacerlos o puede suceder que el dinero que había previsto para hacerlos no alcance. Eso puede pasar. De hecho, este presupuesto tiene establecida la posibilidad de refuerzo de rubro. Justamente tiene casos imprevistos que están aquí y no se recorta ese monto, que es muy importante. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene ese elemento y lo hace en cada ocasión de una ley presupuestal, es una rendición de cuentas que puede tener o no modificaciones presupuestales. Esto es así.

Por tanto, me parece que lo que estamos haciendo aquí son dos cosas muy importantes. En primer lugar, estamos facultando al Poder Ejecutivo, nada más ni nada menos, que a no ajustar los créditos. Esto quiere decir que el 2 de enero, el 3 de enero, el 5 de enero o el 20 de enero, lo que votó el Parlamento puede no ser ejecutado porque la inflación empieza a correr. Entonces, si no se actualizan los créditos puede suceder lo contrario a lo que hoy le estamos diciendo a la ciudadanía, que por ejemplo pueden no construirse tantos puentes simplemente por el efecto que tiene la inflación porque eso hace que el dinero no se pueda gastar.

El otro elemento que mencionaba hoy el señor senador Bergara es que si lo que está en este proyecto de ley se ejecuta en su totalidad, no se va a cumplir con lo que dice la exposición de motivos acerca de la meta indicativa del resultado fiscal. Por eso están estos artículos, porque el Ministerio de Economía y Finanzas ya sabe que si ejecuta lo que está aquí, el déficit va a ser mayor. Entonces, se coloca aquí este mensaje diciendo que vamos al Parlamento, discutimos sobre determinados gastos, decimos que vamos a hacer tales cosas con el presupuesto, pero ya sabemos que no las vamos a hacer porque si las ejecutamos nos pasamos de la meta indicativa. Por eso están estos artículos aquí. Ese es el mensaje. Lo que termina generando, señora presidenta, es que al final lo indicativo es el presupuesto nacional. Digo esto porque aquí se ponen cosas que se dice se van a hacer, pero el efecto de la inflación o el efecto discrecional del Poder Ejecutivo respecto de los topes puede llevar a que no se realicen.

Entonces, lo que termina sucediendo es que el debate público que estamos teniendo –que los ciudadanos miran y ven– acerca de qué cosas se van a hacer, lleva a que los ciudadanos deban tener claro que lo que dice este presupuesto puede no hacerse porque es indicativo. No es un compromiso que está asumiendo el Poder Ejecutivo.

Además, uno puede cuestionar –como se ha tratado de incluir aquí– la idea de que vivimos en un mundo incierto y estamos armando un plan quinquenal. Ya casi ningún país tiene una planificación presupuestal de carácter quinquenal, y menos con una discusión de cuarenta y cinco días en cada cámara. Pero ese es un problema de nuestra Constitución. Otros países han avanzado y hoy las leyes del presupuesto se discuten en un año porque se discuten por temas, justamente, porque reconocen los problemas que existen en el mundo. Pero en el Uruguay es de esta otra forma, y lo que estamos haciendo aquí con estos dos artículos es, en definitiva, reconocer lo que venimos sosteniendo desde el día uno de la discusión de este presupuesto y es que los números no cierran. Por esa razón tienen que ponerse estos topes. Es por eso por lo que se establecen de antemano estas facultades. Y por eso, en definitiva, el Parlamento, con las mayorías que van a llevar adelante estos artículos, facultará al Poder Ejecutivo. Si tenemos que facultarlo es porque, en realidad, no podía hacerlo. Si fuera de otro modo, no lo estaría facultando. Lo que sí puede hacer el Poder Ejecutivo es no ejecutar; un ministro puede no ejecutar. Dentro de la lógica presupuestal hay algunos criterios que deben tenerse en cuenta; una cosa es tener crédito, otra es tener habilitación de ese crédito y otra, justamente, la posibilidad de ejecutarlo y el crédito obligado que existe.

Es por eso por lo que el Poder Ejecutivo hasta puede rendir, de alguna manera, ese proceso. Pero si necesita esto es para aclarar a los que saben leer, a los que entienden y pueden hacer la suma, que en realidad todo lo que dice este presupuesto –y que las bancadas que sostienen el gobierno han anunciado que van a hacer, con un montón de virtudes– se transforma en una expresión de deseo porque es solo indicativo, no es lo que va a ejecutarse porque el Poder Ejecutivo podrá recortarlo aplicándole topes a diferentes incisos. Además, ni siquiera está estableciendo la facultad de ajustar por la inflación. Quiere decir que cada vez que transcurra el tiempo, una vez aprobado este presupuesto, los recursos que aquí se dice que están, ya no están más porque ese dinero empieza a valer menos.

Por todas estas consideraciones, creemos que, en definitiva, no es conveniente aprobar estos dos artículos, señora presidenta.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- No voy a entrar en la parte técnica de qué es una regla fiscal y demás porque no estoy capacitada para hacerlo en profundidad, no es mi especialidad.

Sí me voy a detener en un aspecto jurídico y en uno político. En realidad, recién estamos analizando los artículos 6.º y 7.º. Considero que tendríamos que tratar de avanzar lo más rápidamente posible sin que nadie, por supuesto, evite decir lo que tiene que manifestar. Después lo que señalamos queda en la versión taquigráfica.

La parte jurídica –que ya lo dijo mi compañera, la señora senadora Asiaín e incluso lo señaló el señor senador Bergara– es constitucional, el Poder Ejecutivo puede hacerlo. Quiere decir que aquí no hay un problema de inconstitucionalidad manifiesta. En otros momentos, cuando nosotros señalábamos que eran inconstitucionales y había otras mayorías, nos decían que eso lo resuelve la Corte. Ahora somos todos constitucionalistas. Está perfecto. Pero yo recojo también lo dicho por el señor senador Bergara de que no es inconstitucional. Es más, esa es la función del Poder Ejecutivo; pero si tuviéramos ganas de demorar un poco el asunto para explicitarlo más, también podríamos decir que la Constitución de 1967 tiene su razón de ser. Veníamos de un régimen colegiado, entonces, obviamente se le dio facultades especialmente importantes al Poder Ejecutivo; incluso, tiene competencia privativa en muchas iniciativas por ese efecto péndulo que a veces tiene la ciudadanía, y está bien que así sea, porque la reforma fue aprobada por la mayoría de la población. En consecuencia, lo puede hacer.

Ahora bien, no puedo dejar pasar –y lo digo con todo respeto– que se afirme, con una mentalidad que suena mucho a ser conspirativa, que todo lo que vamos a hacer va a estar mal y que se diga a la población lo que acabo de escuchar en el sentido de que en realidad nosotros, la coalición de gobierno, que somos la mayoría –60 % a 40 %, que es lo que está acá–, vamos a mentir a la gente y venimos solamente a decir: «Miren, vamos a hacer esto pero, en realidad, como nosotros o el Poder Ejecutivo tenemos estas facultades, no les vamos a cumplir nada». No se pueden hacer esas afirmaciones conspirativas porque la verdad es que el país necesita de la unión de todos. El país necesita que todos gobernemos con sensatez: Gobierno y oposición. Estamos en una situación de pandemia que ya nos ha afectado ¡ni hablemos de lo económico, señora presidente, porque no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita!; tanto que se llenan la boca de ser de izquierda. ¡Eso es ser de izquierda! No es más rico el que más tiene sino el que menos necesita. ¡Y lo veo bien desvirtuado en los últimos años por los que se proclaman de izquierda! Entonces: ¡por favor! Es un mensaje realmente equivocado que estamos dando a la ciudadanía. ¡La ciudadanía necesita esperanza! ¡La ciudadanía se está rompiendo el alma para sacar adelante la situación! ¡Nosotros estamos cómodamente sentados con nuestros sueldos, sabiendo que los vamos a cobrar!, mientras la ciudadanía –esa por la que se trabajó tantos años y ya se dijo ayer realmente cuál era la situación– no está en las mismas condiciones. El Poder Ejecutivo –cosa que no pueden aceptar, porque no pueden admitir que el liberalismo sea compatible con el humanismo y es así debido a que en el bloqueo ideológico de la década de los sesenta, que no se superó, no se pudo aceptar que ser liberal y humanista es compatible; ¡es la Revolución francesa!– y el Parlamento, en lo que corresponde, votamos permanente y sistemáticamente prórrogas de subsidios –incluso los que nunca lo hacíamos– y exoneraciones de aportes; se creó un fondo coronavirus, etcétera. Entonces, hay una reacción y una cercanía del señor presidente de la república y de todo el Poder Ejecutivo hacia todos los sectores sociales y políticos, que molesta a esas mentalidades conspirativas. Pero vamos a cortar un poco esto, por lo menos por un tiempo. ¡Las elecciones son en el 2024! Vamos a dar la posibilidad de que la gente sienta confianza, porque lo que entre otras cosas se necesita es que se confíe. ¡Los buenos no están de un lado y los malos del otro! Yo lo creí durante mucho tiempo y cuando me di cuenta, ¡por suerte me liberé de esa atadura!

Pero hay otra cosa que es realmente grave, señora presidente. Como diputada tuve que enfrentar –y acá hay compañeros diputados– que la mayoría absoluta –que no la tenía el Frente Amplio porque había un representante nacional de Maldonado que no les dio el voto, pero en aquel entonces hubo uno del Partido Colorado que casualmente ahora integra el Frente Amplio, que sí se los dio– aprobara el artículo 15 de la ley de rendición de cuentas de 2017. Ese artículo 15, que está vigente, fue un quiebre para el sistema republicano, y en ese momento lo advertimos; el Estado –¡ya no el Gobierno, señores senadores!– no es responsable por sus obligaciones. Como había que hacer frente a los juicios de todo el descalabro que se mandaron por gestionar mal y por creer que la plata pública existe –¡no, la plata pública no existe!; y creo que estaban con el enjambre del Poder Judicial que todavía nosotros tenemos que pagar ahora, ¡no nosotros como coalición sino como contribuyentes!– y como no tenían plata, dijeron que el Estado no es responsable.

Usted se imagina lo que es, señora presidente, en un régimen democrático que se haya estampado en una rendición de cuentas ¡que el Estado no es responsable por sus obligaciones económicas frente a la ciudadanía! Eso es absolutismo, y lo dije en aquel momento: eso es Luis XIV.

Entonces, esas mismas personas que pusieron ese artículo en la rendición de cuentas –que está vigente–, que se preocuparon de conseguir el voto que no conseguían dentro de la coalición, a pesar de la unidad de acción, nos dicen a nosotros, por transparentar esta situación –en realidad estamos transparentando, porque si no lo hubiéramos dicho, lo podemos hacer igual–, que vamos a incumplir. Yo personalmente, señora presidente, hay cosas que no las puedo dejar pasar. Así que recuerden que si nosotros queremos usar el artículo 15, que nosotros no votamos cuando éramos oposición, no responderíamos ante ninguna obligación del Estado. Y eso sí que es infinitamente mayor, porque nunca vi un artículo de esas características en mi vida en un régimen democrático, y menos en Uruguay, que siempre tuvo una calidad democrática superlativa, no solamente con respecto a América Latina –porque siempre digo que no me comparo con América Latina, me comparo con los mejores porque desgraciadamente está en una situación complicada, sobre todo, desde el punto de vista institucional–, y realmente nunca pensé que iba a tener que soportar esa situación y esa conmoción jurídica y personal porque, la verdad, vivir en un Estado que se declara no responsable frente a los ciudadanos, reitero, es volver al absolutismo. Así que no se preocupen, porque si esto no está, usamos el artículo 15 que votaron ustedes.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Hay varios señores senadores anotados para hacer uso de la palabra, entre ellos el señor senador Carrera.

(Dialogados).

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra por una alusión.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR CARRERA.- Estoy anotado para hacer uso de la palabra, señora presidenta.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Si me permiten, señores senadores. Primero había pedido hacer uso de la palabra para contestar una alusión o aclaración el señor senador Bergara.

Tiene la palabra el señor senador Bergara.

SEÑOR BERGARA.- Quiero hacer una aclaración.

La señora senadora Bianchi me alude, pero digo que yo me referí a los temas de constitucionalidad pensando en general en los artículos 6.º y 7.º, en el ajuste por inflación y en la fijación de topes. Debí sí especificar que la duda de constitucionalidad –no lo hice porque ya lo había manifestado el señor senador Andrade antes que yo– refiere a que la fijación de topes alcance a los organismos de los artículos 220 y 221. Esa discusión sí está y como bien decía el señor senador Andrade era incluso la posición de los legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado, en oportunidad de la discusión del 2005. En ese sentido sí vemos que puede haber dificultades en materia de constitucionalidad. Simplemente es una aclaración, sin ánimo de entrar en debates profundos al respecto.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Más allá de que se ha incurrido en un debate que nada tiene que ver con los artículos 6.º y 7.º, que está referido a una rendición de cuentas pasada, bueno es decir para que conste en la versión taquigráfica, que en aquel momento efectivamente votó el diputado Amado, pero el Frente no tenía votos porque se había ido el diputado Mujica, que hoy es diputado por el Partido Nacional, y nada tenía que ver el señor diputado Darío Pérez, de Maldonado, con aquel hecho. Eso me parece relevante porque hoy el diputado Mujica reviste en las filas del Partido Nacional desde aquel día. Bueno es decir que, en definitiva, ese artículo 15 refería a que frente a juicios que pudiera sufrir el Estado –particularmente juicios que podían ser multimillonarios y por suerte el Uruguay acaba de ganar el juicio contra Aratirí– o sentencias judiciales que pusieran en riesgo el presupuesto nacional –es decir, la ejecución de políticas públicas como la salud y la educación– el Estado tenía alguna posibilidad de no tener que hacer un desembolso inmediato.

Amén de esa situación, señora presidenta, quiero hacer la siguiente aclaración, porque se habla de unidad nacional, pero después se nos acusa de absolutistas. Así es muy fácil; es maravilloso construir unidad así. Arrancamos diciendo que necesitamos unidad, pero después lo que hacemos es acusar con un conjunto de adjetivos. En este sentido, señora presidenta, quiero reafirmar que el artículo 7.º lo que hace es facultar al Poder Ejecutivo a aplicar topes a lo que estamos votando hoy. Por tanto, si el Poder Ejecutivo está facultado a topear lo que aquí se está votando, este legislador tiene todo el derecho de decir –porque así le asiste y así se va a establecer legalmente– que lo que va a aprobar el Parlamento hoy pueda no cumplirse, simplemente porque el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, podrá aplicar topes a cualquiera de las partidas que estamos aprobando hoy. Por tanto, a lo que lleva esto es que el presupuesto que estamos votando hoy, desde mi punto de vista sigue siendo un presupuesto indicativo y no el presupuesto efectivo que se va a llevar adelante.

Es por esa razón que creo que está mal colocar este artículo 7.º en este presupuesto quinquenal y de esta forma estoy fundando mi voto negativo. Aquí no hay ni teorías conspirativas, ni Luis XIV, ni rendiciones de cuentas pasadas.

Gracias, señora presidenta.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa va a amparar a los senadores que estén haciendo uso de la palabra. Es muy difícil llevar adelante una versión taquigráfica, muy especialmente en una sesión de estas características, cuando uno habla y el resto grita. Entonces, a efectos de poder llevar ordenadamente esta sesión les estamos pidiendo colaboración para que puedan expresarse libremente, como corresponde, pero con el orden que implica poder sacar una versión taquigráfica de una sesión de singular importancia. Por lo tanto, les agradezco si pueden colaborar.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para contestar una alusión política.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: desde mi punto de vista se ha aludido al diputado Gonzalo Mujica en este debate de modo absolutamente indebido. El representante Gonzalo Mujica es un hombre con una enorme trayectoria política, con una enorme trayectoria como militante. Es un hombre al que vimos desempeñarse en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, fue integrante del Frente Amplio y el día que decidió cambiar de partido –ese mismo día– decidió dejar su banca; no perjudicó en una sola de las votaciones al partido por el que había sido electo. Tuvo esa honradez política que debe ser absolutamente reconocible. Quiero dejar esto sentado y bien claro, porque no es comparable su conducta política con la de otros actores que han actuado de modo diferente.

Muchas gracias.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra para hacer una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes, la Mesa solicita que por favor se vuelva a la consideración del presupuesto.

Tiene la palabra el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: no voy a permitir en este Cuerpo que se transforme el juicio a Aratirí en un acto heroico y, muchísimo menos, por parte de quienes nos trajeron a Aratirí desde la «a» hasta la «i» latina; era simplemente eso. Aratirí tiene nombre y apellido: el Frente Amplio y el expresidente Mujica. De lo de Aratirí, nada es heroico y el juicio nos costó bastantes millones de dólares así que, reitero, de heroico no tiene nada.

(Dialogados).

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: creo que el señor senador Botana no estaba escuchando muy bien y luego podrá leer la versión taquigráfica de lo que se dijo. El senador Botana acaba de decir que hice una referencia despreciando al hoy legislador Gonzalo Mujica, cosa que no es así. Lo único que hice fue aclarar que en oportunidad de la votación de una rendición de cuentas –que votó el señor diputado Amado–, el voto que le faltaba al Frente Amplio era el del señor diputado Mujica y que quien negoció ese acuerdo es este senador que está aquí. Es más, el diputado Mujica se declaró independiente y en esa rendición de cuentas no votó varios de los artículos que había enviado el Gobierno. En dicha rendición de cuentas me correspondió participar en la negociación por mi fuerza política y no solo con el diputado Amado, sino también con el diputado Rubio de Unidad Popular. En ningún momento de mi intervención le falté el respeto a un legislador y mucho menos al diputado Mujica con quien tengo vínculos de amistad y muchas diferencias políticas con respecto a sus actitudes. Reitero que en ningún momento hice referencia a un legislador de forma despectiva y por eso solicité la palabra. Simplemente estaba aclarando cuál era el voto que faltaba y las razones que llevaron a esa situación, y destaco que lo que se ha dicho aquí sí puede ser despectivo hacia otro legislador cuando se compara al diputado Mujica con Darío Pérez. En su vida política cada uno toma las decisiones que entiende convenientes conforme a su conciencia y las lleva adelante.

SEÑORA PRESIDENTA.- Creo que hemos hecho todas las aclaraciones posibles y solicito a los señores senadores que nos centremos en el debate del articulado del presupuesto.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: primero que nada, quiero hacer referencia a los deberes y atribuciones de los senadores. El literal e. del artículo 121 del Reglamento del Senado dice: «A no atribuir, en ningún caso, mala intención a los miembros de la Cámara por lo que digan en la discusión». Creo que eso es importante porque a nuestros legisladores se les atribuyó mala intención al plantear dudas legítimas sobre los artículos 6.° y 7.°. Entonces, nosotros queremos respeto porque respetamos e interpretamos la Constitución y lo que decimos es que en estos dos artículos hay una discrecionalidad excesiva en el Poder Ejecutivo y que faltan certezas.

Las partidas que hoy estamos votando en la ley de presupuesto no ofrecen certezas porque estamos habilitando créditos, programas, metas, proyectos y objetivos, y no sabemos si se van a poder cumplir. Digo esto porque se dispone que «cuando exista riesgo de no cumplimiento de la meta indicativa del resultado fiscal», podrá hacerse un recorte adicional que ya denunciamos ayer, y eso nos preocupa. Al leer la Constitución de la república, nos surgen dudas legítimas porque entendemos que aquí se está habilitando al Poder Ejecutivo algunos aspectos que son reservados a la ley. Solamente la ley puede aprobar, reprobar o disminuir los presupuestos que presenta el Poder Ejecutivo y esa es una facultad nuestra, es una función legislativa. La aprobación de las partidas presupuestales es materia reservada a la ley y, señora presidenta, ninguna disposición de la Constitución habilita a delegar esa competencia en el Poder Ejecutivo; y tenemos serias dudas porque hay sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que lo establece. En definitiva, acá algo se resuelve porque, por lo menos, se excluye a algunos organismos del 220. Cuando vinieron las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas nosotros les mencionamos este aspecto, porque esta habilitación legal luego hay que concretarla en un decreto y en algún momento el Tribunal de lo Contencioso Administrativo entendió que no resultaba ajustada a la Constitución una norma legal que autorizara el abatimiento de los créditos asignados por una ley presupuestal. Entonces, a nosotros nos preocupa esta discrecionalidad excesiva.

No sabemos si los programas y los objetivos que nos presentaron los diferentes ministerios, que están en el articulado y en la línea de base, se van a poder cumplir, ya que para nosotros esta habilitación le da una falta de certeza. Nosotros no sabemos si lo que nos planteó el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en el plan quinquenal se va a cumplir. Tampoco sabemos –como lo decía algún compañero– si el programa que nos planteó el señor ministro Luis Alberto Heber se va a cumplir; y aquí quiero destacar que fue uno de los pocos ministros, señora presidenta, que vino a gobernar, a hablar de futuro, a plantear cuáles son las metas hacia adelante. Nosotros destacamos esto, porque nos parece muy importante; él vino a presentar una propuesta, porque en el proyecto de ley de presupuesto también se discute lo que está poniendo en consideración el Gobierno hacia el futuro.

Nosotros no vamos a acompañar estos dos artículos; tenemos dudas sobre la constitucionalidad respecto al 220, aunque no respecto a la Administración central. El Poder Ejecutivo ya está aplicando el Decreto n.º 90/2020 y tiene legítimas competencias para ordenar hacia adentro, desde Presidencia hacia abajo, los incisos de la Administración central. Insisto: respecto al 220 tenemos legítimas dudas sobre su constitucionalidad. Creemos que esta excesiva discrecionalidad está sublevando y modificando el rol que tienen cada uno de los poderes del Estado conforme a nuestra Constitución. Es decir, el único poder del Estado que puede autorizar partidas presupuestales es el Poder Legislativo; por eso, nosotros no vamos a acompañar estos dos artículos.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora Bianchi.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: destaqué la posición del señor senador Bergara y ahora destaco la posición del señor senador Carrera; no necesito que el Reglamento me diga lo que tengo que hacer porque, en general, como persona he sabido manejarme. Mucho menos quiero adjudicar intenciones, que es algo que siempre procuramos evitar. Precisamente, esa fue mi intervención frente a las afirmaciones y con esto pido, por favor, que se termine, porque no soy de las que quiere que las cosas queden sin contestar –lo lamento muchísimo–, como ser, eso de que nosotros estamos mintiéndole a la población, comentario que es distinto a lo que dijo el señor senador Bergara y a lo que acaba de decir el señor senador Carrera. Se dijo que la población tiene que saber que todo lo que nosotros estamos prometiendo es indicativo y que no se va a cumplir, que es algo totalmente diferente. Incluso, puedo estar de acuerdo y sentarme a conversar con los dos –ellos saben que soy muy abierta– sobre el tema de la constitucionalidad; no tengo ningún problema, se puede conversar. Pero eso, señora presidente, es muy distinto a tener que escuchar una intervención que nos adjudica a nosotros previamente la intención del incumplimiento de lo que se promete en el presupuesto.

Muchas gracias, señora presidente.

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más senadores aludidos, ni más aclaraciones, pasamos a la votación.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 6.º y 7.º del presupuesto nacional.

(Se vota).

–18 en 27. Afirmativa.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: a modo de fundamento de voto y para no agregar más discusión, quiero releer el artículo 34 de la ley de presupuesto de 2005, que dice lo siguiente: «Cuando los recursos del Presupuesto Nacional fueran inferiores a los presupuestados, el Poder Ejecutivo podrá establecer límites de ejecución en el presupuesto de gastos de funcionamiento, incluidas las transferencias, y de gastos de inversión de los Incisos contenidos en este Presupuesto Nacional, a fin de ajustar los desvíos producidos». Esto se hace en relación con todos los artículos del presupuesto sin excepción: del Poder Judicial, la ANEP, la Universidad, los servicios descentralizados. Entonces, si esta norma que acabamos de votar es inconstitucional, aquélla también lo era y nadie lo cuestionó. Esa norma se aplicó y las restricciones que aquí se ponen son iguales a esas, es decir, si no hay plata se puede recortar. Repito, esa norma dice: «Cuando los recursos del Presupuesto Nacional fueran inferiores a los presupuestados, el Poder Ejecutivo podrá establecer límites de ejecución». Si ya se aplicó, si se puso en un Gobierno del Frente Amplio, yo creo que no hay más discusión sobre la constitucionalidad.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Voy a fundamentar el voto y voy a hacerme acompañar por Gallinal, que decía: «Permítame, señor ministro, hacer una objeción al artículo. Es inconstitucional. No puede permitirse que queden en el Presupuesto Nacional normas que autoricen al Poder Ejecutivo, por sí y ante sí, por más plausible y meritoria que pueda ser una intención de estas características, a realizar un recorte o establecer un límite de ejecución en los incisos que van más allá del 15. En todo caso, discutámoslo ahora y pongamos esos niveles». Y reafirma Alfie: «Todo lo demás tiene que venir al Parlamento para su aprobación y éste lo votará o no lo votará».

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: hemos votado negativamente ya que existen algunas contradicciones, por ejemplo, que la oportunidad de introducir ajustes en el presupuesto aprobado es la instancia de aprobación de las leyes de rendición de cuentas. Así lo consigna el inciso final del artículo 214 de la Constitución, cuando faculta al Poder Ejecutivo a proponer en esa ocasión: «… las modificaciones que estime indispensables al monto global de gastos, inversiones y sueldos o recursos […] por razones debidamente justificadas».

Gracias, presidenta.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Creo que ha quedado demostrado una vez más que la historia enseña, ya que el artículo 34 de la Ley n.° 17930 permitía ajustes muy similares a los que proponen los artículos 6.° y 7.°. Además, entiendo que el Poder Legislativo no está renunciando a ninguna facultad, ya que si existieren las mayorías necesarias y se entendiera que el Poder Ejecutivo no hace un uso razonable de esta disposición, es facultad de los legisladores promover su derogación.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración la sección II, «Funcionarios».

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: quiero hacer un planteo de metodología de trabajo.

En esta sección hay tres aspectos a discutir: lo que tiene que ver con las reestructuras de los funcionarios públicos, los artículos 29 y 30 y el artículo 46. Esos son los hitos más complejos de la sección. Entonces, queremos plantear que se haga una primera presentación sobre el régimen de los funcionarios públicos, luego pasar a un tratamiento en conjunto de los artículos 29 y 30 y, por último, considerar el artículo 46.

Esa es la metodología que queremos plantear para que se pueda dar un debate, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entiendo que con el resto de los artículos de la sección no habría problemas.

(Dialogados).

–El señor senador Carrera plantea que específicamente hay tres bloques en esta sección que centrarían el foco de atención para llevar adelante el debate.

Por lo tanto, hagamos la presentación en forma genérica y luego procedamos a la votación.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Gracias, señora presidenta.

Sobre este capítulo referido a los funcionarios públicos nos preocupa el concepto del que hablamos al tratar la sección anterior: la discrecionalidad que se brinda al Poder Ejecutivo a efectos de hacer reestructuras.

En términos generales, señora presidenta, lo que vemos en este presupuesto –ayer lo denunciamos– y en este capítulo que refiere a los funcionarios públicos, es una clara finalidad reduccionista de las diversas Administraciones tanto de los recursos materiales como de los funcionarios públicos. La aprobación de estos artículos generará un mayor debilitamiento de las actuales estructuras organizativas, de la consolidación del tan postergado sistema de carrera administrativa y, en definitiva, de la eficiencia, como principio general de nuestro ordenamiento jurídico.

Se plantea realizar reestructuras organizativas de los incisos de la Administración central y se comete al Poder Ejecutivo la facultad de aprobar las referidas reestructuras de los puestos de trabajo, sin perjuicio de que el inciso final del artículo 8.° prevé que dichas reestructuras de puestos de trabajo se remiten a la Asamblea General, repitiendo un mecanismo que en nuestra opinión es claramente inconstitucional, como es la aprobación ficta de las reestructuras.

Consideramos que nuestra Constitución habilita claramente a que las reestructuras deban ser aprobadas por el Parlamento nacional. Así lo destaca la prestigiosa doctrina nacional que conforma nuestra Constitución: la creación de cargos –que nuestra Constitución denomina empleos– se hará mediante normas presupuestales. Así podemos citar el numeral 13 del artículo 85 y los artículos 86, 107, 108, 220, 221, 222 y siguientes. Ahora bien, del artículo 86 resulta que otras leyes pueden crear empleos, siempre que medie iniciativa del Poder Ejecutivo. Además de la creación de determinados órganos por otras leyes, implicará necesariamente la creación de los cargos correspondientes. Así podemos citar los artículos 62, numeral 2.° del 85, 189, 205, 206, 241, 244, 248, 262, 263 y 320. Así lo cita y lo menciona dentro de la destacada doctrina el doctor Juan Pablo Cajarville.

Entonces, la creación, modificación y supresión de cargos es materia reservada al legislador. Eso es así. Por lo tanto, la facultad signada al Poder Ejecutivo respecto a la reestructuración de cargos no podrá significar jamás –como señala el inciso segundo del artículo 8.°– la supresión, transformación, fusión y creación de nuevas unidades. Para nosotros eso es inconstitucional.

Aquí existe un claro avasallamiento de las previsiones constitucionales que afectará la ley en cuestión, pero además está estrechamente vinculado con el artículo 20 del proyecto, por el que se comete a la Oficina Nacional del Servicio Civil diseñar e implementar un sistema de carrera en el ámbito de la Administración central. Se prevé, conforme al artículo 61 de la Constitución de la república, que la ley sea la que establezca todo lo concerniente a la carrera administrativa. O sea que es la ley la que debe establecer las condiciones de ingreso y todo lo relativo al derecho de permanencia en el cargo y el ascenso, es materia reservada del estatuto del funcionario. Por imperio del artículo 59 de la Constitución de la república, estos temas corresponden a la ley.

Por esta circunstancia, todo lo concerniente a la carrera administrativa, señora presidenta, deberá ser aprobado por normas estatutarias y en este caso es ley en sentido formal. Es una flagrante contradicción de la norma proyectada con la Constitución de la república, puesto que la Oficina Nacional del Servicio Civil podrá, en todo caso, diseñar el nuevo sistema, pero somos los legisladores lo que tenemos la potestad de aprobarlo.

Similar afectación constitucional produce el artículo 21 del proyecto en consideración por el que se asigna a la Oficina Nacional del Servicio Civil confeccionar un sistema ocupacional y retributivo, es decir, las dotaciones. Sin embargo, el sistema retributivo como elemento constitutivo del cargo también es materia presupuestal y, por lo tanto, debe ser aprobado por la ley. De manera que la confección realizada por la Oficina Nacional del Servicio Civil de ese nuevo sistema ocupacional y retributivo deberá ser aprobado por ley y no alcanza con la remisión, como dice el artículo, a la Asamblea General.

La flagrante contradicción de estos artículos con las previsiones constitucionales que rigen la creación y supresión de cargos, así como las estatutarias relativas a la carrera administrativa, afectará la constitucionalidad y, en definitiva, debilitará todo lo que tiene que ver con la carrera y la función pública.

Queríamos dejar esta constancia y, como señalamos al principio, creemos que este conjunto de disposiciones establece una discrecionalidad excesiva en las facultades del Poder Ejecutivo al dotar de potestades a la Oficina Nacional del Servicio Civil y, en definitiva, no se respetan las reglas de juego que establece la Constitución de la república y la función legislativa que debemos desarrollar los legisladores nacionales.

Muchas gracias.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Señora presidenta: respecto a este primer bloque –que iría del artículo 8.º al 21, exceptuando al artículo 14 que se votó afirmativamente– que, a nuestro juicio, incluye todas las reestructuras, vamos a votar en contra. En ese sentido, voy a hacer tres reflexiones generales y seis particulares sobre artículos que a nuestro juicio son sumamente negativos.

En primer lugar, notamos la ausencia de la referencia a la negociación colectiva del sector público. Creemos que esta falta de vínculo entre las reestructuras de los funcionarios y la negociación colectiva también se dio –seguramente lo discutiremos porque lo postergamos– en el artículo 4.º. Recordemos que hubo una negociación colectiva con los trabajadores y que luego vino un artículo 4.º –notoriamente inferior– que mantiene la pérdida salarial pero que es mucho menos protector que el que había sido presentado por el ministro de Trabajo y Seguridad Social en la mencionada negociación. En esa línea, creemos que hay mucha discrecionalidad y ya el señor senador Carrera se refirió a la supresión, transformación, etcétera.

En segundo término, entendemos que aquí hay un preconcepto. El artículo 8.º establece que no se podrán aumentar costos y el artículo 9.º afirma, como algo natural, que se declararán excedentes y su pase a disponibilidad. ¿Eso lo sabemos a priori? Por ejemplo, la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no necesita más funcionarios? Menciono esto por decir algo que no está en la política social.

Cuando vino el Ministerio de Salud Pública –lo vamos a volver a decir– señalamos que la reestructura del ministerio aumentando fiscalizadores con redistribución de funcionarios va a afectar las políticas de salud pública. Entonces, creemos que no se puede hacer un artículo que parta de estas dos premisas sin que haya estudios previos.

¿Hay estudios sobre las vacantes en los próximos cinco años? La Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca –Afgap– nos alertó en comisión sobre el problema del envejecimiento de la plantilla.

En tercer lugar, las reestructuras están pensadas con el objetivo de definir perfiles y áreas de trabajo. Sin embargo, las experiencias de excedentes y las de compensaciones por irse –que fueron muy comunes, por lo menos recuerdo dos en los años noventa en el marco del Cepre –Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado– han fracasado porque no lograron reducir el costo y muchas veces consiguen que egresen aquellos que saben que tienen mejores condiciones laborales en el sector privado. Estas son las tres primeras reflexiones; ahora voy a hacer comentarios sobre ciertos artículos.

En el artículo 8.º se establece que la reestructura tiene como base de análisis los vínculos laborales al 1.º de enero de 2020, pero incluye solo los cargos ocupados. Nos preguntamos por qué los cargos vacantes no forman parte, salvo que se parta de la base que estos ya son disponibles. Nos parece que es un serio problema que la base de análisis sea el monto de crédito pagado por vínculos laborales y que sea restrictivo, dejando afuera las vacantes.

Otro problema que quiero plantear tiene que ver con el artículo 9.º, que establece el régimen de excedencia. Asumamos que es declarado excedente, ¿por qué se debe quedar en su casa cobrando un salario? ¿No es conveniente que siga prestando funciones hasta el momento en que sea reasignado? Me parece que aquí hay una confusión entre un régimen de reasignación de funcionarios y funciones con un régimen de excedencia. Se prioriza el régimen de excedencia –a nuestro juicio– para ajustar a la baja los puestos de trabajo.

En sexto lugar –y esto tiene que ver con el primer punto de la negociación colectiva–, la declaración de excedencia la realiza el jerarca sin requerir conformidad del funcionario. Es decir que en caso de que el funcionario recurra la resolución, igual se efectiviza, dado que no se tiene que esperar a su conformidad.

En séptimo término, se vuelve al Decreto n.º 90/2020. Los organismos que necesitan funcionarios solo pueden cubrir vacantes por el régimen de excedentarios o, de lo contrario, tener una especie de aprobación especial del Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso digo que esto es más restrictivo que el Decreto n.º 90/2020, porque ese decreto excluía la educación, la Policía y la salud, pero acá solo se excluye la educación.

En octavo lugar, me referiré al literal B) del artículo 15. Debo decir que he trabajado bastante en reestructuras, en muchos lugares, y nunca había escuchado que si el trabajador no hace el curso de capacitación es declarado excedente; esto podrá estar bien o podrá estar mal, pero es así. Ahora bien, si pierde el curso también es declarado como causa de ineptitud. ¡Nunca lo había sentido! De verdad lo digo: esto nunca lo había escuchado. Un curso se puede perder por muchas razones; porque no le dieron las herramientas para la formación y para estudiar; porque tuvo algún problema particular en el transcurso, etcétera, pero que la pérdida del curso desemboque en una declaración de ineptitud nos parece absurdo. Repito, es el literal B) del artículo 15.

Finalizando, me referiré al artículo 12. Obviamente, para el excedentario implica una rebaja salarial porque, como ustedes saben –según establece el artículo–, se mantiene el salario base, etcétera, pero no las compensaciones especiales para la función que realiza. Alguien podría decir que si es declarado excedentario no va a cumplir esa función, pero nosotros pensamos que debe seguir cumpliendo esa función hasta que sea reasignado y no debería perder salario por la declaración de excedentario.

Estos son los nueve puntos por los que nosotros vamos a votar negativamente el bloque de artículos del 8.º al 21, exceptuando el artículo 14.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: creo que estamos frente a un intento más de racionalizar el recurso más valioso que tiene la Administración, pero también el más costoso: sus recursos humanos, sus funcionarios. He visto varios, varios intentos que fracasan en el camino. Creo que esta reformulación que se propone recoge experiencias, porque todas tuvieron la misma intención de aprovechar bien los recursos humanos. Aquí se recogen varias de esas experiencias y se formula una propuesta. Partimos de la base inicial de que los organismos tienen que hacer reestructuras; así lo establece el artículo 8, que dice: «Los Incisos de la Administración Central deberán presentar al Poder Ejecutivo proyectos de reformulación de sus estructuras organizativas y puestos de trabajo…».

Luego me voy a referir a cómo se aprueban, pero lo que se regula en el artículo 9.º es el régimen de excedencia. No se declara excedente al funcionario, sino a la función. Si esa función está ocupada por un funcionario, necesariamente ese funcionario deberá ser redistribuido, pero no declara excedente al funcionario. Esta norma claramente señala: «El régimen de excedencia de cargos y funciones contratadas de la Administración Central será aplicable a las reestructuras dispuestas en el artículo 8.º de la presente ley.

La declaración de excedencia del cargo o función contratada que resulte de la aprobación de la nueva estructura podrá implicar el pase a situación de disponibilidad del funcionario que ocupe el cargo o la función…». ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que un inciso tiene una división de transporte o locomoción que cuenta con cuarenta choferes y veinte vehículos con los que cumple la función. Y, a lo mejor se llega a la conclusión de que con veinte personas que cumplen la función de choferes se puede hacer la tarea. Por lo tanto, van a declarar excedentarias las otras veinte funciones de chofer, y, consecuentemente, esos funcionarios son excedentes. Creo que es superrazonable. La consecuencia de ese funcionario es que su cargo ya no existe porque con la reestructura no se necesitan tantos choferes, por la razón que sea. El mundo cambia, la tecnología llega, hay varias funciones que se dejan de hacer, como es verdad que aparecen otras. A lo mejor esos veinte cargos excedentes, en la reestructura terminan financiando la creación de cargos que tienen que ver con la tecnología, por ejemplo, que no estaban previstos en la estructura original. Unos financian a otros, pero lo cierto es que sobran choferes. Así comienza un proceso de redistribución de esos funcionarios, a los que se les van dando opciones: que se jubile, si tiene determinada edad, con una indemnización; que se mantenga un tiempo más y después se jubile; o que se ofrezca a otros organismos, si da con el perfil, para que esa disponibilidad sea de utilidad en otro lugar y, a lo mejor, en vez de hacer un llamado público para choferes, obtiene uno que sobró acá. Esa es la idea, es decir, aprovechar mejor.

Es más, también aquí se regula el mecanismo de lo que en algún momento conocimos como los subutilizados. Pongamos como ejemplo a un funcionario que ingresa como administrativo a un organismo, y se recibe de psicólogo trabajando allí. Pero como en ese organismo no se necesitan psicólogos, no puede ejercer esa función. Ahora, resulta que en el INAU sí los necesitan; entonces ¿por qué tendrán que hacer un llamado para incorporar psicólogos si tienen uno escribiendo en una computadora o atendiendo llamadas en otro organismo? Entonces, ese subutilizado va a ser empleado donde efectivamente su conocimiento y preparación sean de utilidad. Ese es el mecanismo previsto en la norma. Si nada de eso se da, ingresa en un sistema de recapacitación para que pueda acceder a otro lugar. Nadie lo lleva a otro organismo. No tiene una función que sea necesitada. Está disponible y no pasa a ser llamado por otra institución pública. Entonces, se lo capacita. Si este funcionario no asiste a la capacitación o, eventualmente, tampoco da con los conocimientos necesarios para que esa capacitación le permita reinsertarse, ahí se establece un mecanismo de salida de la Administración. Tuvo varias opciones y la última es la capacitación; en caso de que no haya podido cumplir con ella –cosa muy difícil, realmente muy difícil–, entonces se sigue el mecanismo de destitución por una de las causales, que es la ineptitud. A mí no me parece que esté mal. Quiero ver cómo se aplica porque después aparece la resistencia de los jerarcas de los organismos que no quieren perder funcionarios. Pero eso mismo va a ayudar a una redistribución más saludable.

Por último, quiero referirme a lo que se ha dicho de que es inconstitucional que se aprueben reestructuras sin una ley específica. A lo mejor al final del inciso puedo aportar –la verdad no esperaba ese argumento– todos los antecedentes que tenemos en la materia. Todos los antecedentes de reestructuras terminan con que estas deben ser comunicadas a la Asamblea General. ¡Así fueron aprobadas todas! ¡Basta con la comunicación a la Asamblea General y si esta no se pronuncia en treinta días o en los días que se determinan en la ley, la reestructura queda aceptada y aprobada! Pasó antes por una cantidad de tamices de la propia Administración; tuvo que estar financiada; los funcionarios que participaron de la reestructura no pudieron haber perdido salario, y se les compensa de otra manera la pérdida salarial. Es decir que todo está regulado por la norma.

Al final, cuando el Poder Ejecutivo remite esa reestructura, lo hace a la Asamblea General y esta la aprueba fictamente si no se pronuncia, pero puede no aprobarla si lo quiere.

Así son todas y me llama la atención que hoy se haga una apelación diciendo que requiere una ley, porque no ha sido así.

Estoy mirando aquí la ley de presupuesto 2015-2019 que, en el segundo inciso del artículo 7.º dice: «El Poder Ejecutivo remitirá a consideración de la Asamblea General dichas reestructuras de puestos de trabajo, debiendo la misma expedirse dentro de un plazo de cuarenta y cinco días, vencido el cual, sin opinión en contrario, se entenderán aprobadas». Este artículo 7.º comienza diciendo: «Facúltase al Poder Ejecutivo a aprobar las reestructuras organizativas y de puestos de trabajo de las unidades ejecutoras de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, con el dictamen previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Economía y Finanzas, en el ámbito de sus competencias».

Repito que el segundo inciso dice: «El Poder Ejecutivo remitirá a consideración de la Asamblea General dichas reestructuras de puestos de trabajo, debiendo la misma expedirse dentro de un plazo de cuarenta y cinco días, vencido el cual, sin opinión en contrario, se entenderán aprobadas». Después el artículo dice: «El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición…». Así han sido todas.

Discutimos este tema alguna vez y lo laudamos; entendimos que es el Parlamento el que tiene la última palabra, así que no entiendo por qué ahora se agravian porque esto sea así ya que es la continuidad de algo que ya tiene décadas y varios presupuestos.

Creo que este es un buen articulado respecto a los funcionarios y vamos a ver cómo se las ingenian frente a las resistencias naturales que ponen jerarcas y funcionarios para estas cosas, que implican cambios, ordenamientos y, sobre todo, eficiencia en la utilización adecuada de los mejores recursos que tiene el Estado y en los que gasta mucho dinero; esto siempre genera resistencias. Cambiar un escritorio de lugar en la oficina ya es un problema, y cambiar una función agrega problemas. Sin embargo, decirle a un funcionario que su función no existe más porque el mundo ha cambiado, pero le vamos a dar la oportunidad de que se jubile, de que reciba una indemnización de una u otra manera, según la edad que tenga, o de pasarlo a una lista de disponibilidad por si otro organismo lo necesita, porque el funcionario está para la función y usted, en vez de estar en esta institución, a lo mejor va a hacer esta tarea –que acá ya no se necesita– en otra dependencia, y si nada de eso ocurre, lo vamos a recapacitar, pienso que no es un problema.

Creo que todavía hay funcionarios en sus casas, cobrando el salario de la redistribución que se hizo hace tres décadas y a quienes no se les encontró lugar. Siguen cobrando el salario, o sea que se protege al funcionario en sus derechos; ahora vamos, precisamente, a eliminar eso. Le damos todas las oportunidades para que ese valor que el Estado tiene, en algún lado pueda cumplir una función útil. Si no es así, lo vamos a recapacitar, a costo del Estado y en el mejor perfil que pueda tener, obviamente. Y si aun eso no lo puede cumplir, pues entonces recorrerá un camino, con todas las garantías, que va a terminar aquí, en el Senado. Termina aquí la destitución por ineptitud y seremos nosotros los últimos que valoraremos si a ese funcionario se le dieron las oportunidades de capacitarse, recapacitarse y reinsertarse.

Creo que estamos frente a una buena propuesta de reformas que no son económicas, que no tienen que ver con la pandemia, con las restricciones ni con nada; son cambios que el presupuesto propone para ser más eficientes en las funciones que tenemos.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: el señor senador Carrera acusó de inconstitucionalidad a la posibilidad de reestructura en esta sección. Es una lástima que no esté aquí presente, porque no me gusta aludirlo sin que tenga la oportunidad de responder.

Para sostener esa pretendida inconstitucionalidad acude a una innumerable lista de argumentos de la Constitución, lo cual ya da una pauta porque cuando las cosas son claras, basta con fundamentarlas en una norma clara; eso ya es suficiente.

Cita, entre tantas disposiciones, el artículo 86 y, si fuera el caso, tiene razón el señor senador Carrera. Si se tratara de la supresión o de la creación de empleos y servicios públicos, de dotaciones, etcétera, habría que dar la razón al senador Carrera. Pero el senador Gandini dejó bien en claro que esto no implica en absoluto quitarle a nadie su puesto de trabajo, su carrera funcional, sino que se trata de una movilidad dentro de la Administración pública, una restructura, un cambio de rol, de función. No podríamos tomar la prohibición que tiene o la restricción que establece el artículo 86 para la creación y supresión de empleos, que establece que se harán mediante las leyes de presupuesto. No podemos extenderla a casos por analogía, como la restructura, que no lo es. Si queda alguna duda, más allá de la discusión que se ha dado en esta cámara, también podrá acudirse –para encontrar la historia fidedigna de la sanción– a lo que dijo el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil en oportunidad de su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Manifestó que las declaraciones de excedencias a partir de reestructuras se aplican a los cargos, no a las personas. Las personas no van a ser perjudicadas; podrán ser trasladadas o desempeñar su función en otro destino, pero las excedencias, en el peor de los casos, terminarán en una readecuación funcional. He ahí, en caso de duda, la respuesta.

Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- En realidad, creo que lo que está en discusión no es específicamente el tema de la reestructura, sino instancias que se dan a nivel de los diferentes organismos. Ese título ya se había puesto en 2015, pero lo más grave es declarar –más allá de que se trate de cargos y funciones– la excedencia. En realidad, cuando se fija una fórmula tan particular de resolver el tema de los supuestos excedentes, nos enfrentamos a problemas. Se dice que en última instancia tendrá que ir al lugar donde le corresponda, pero eso puede significar perjuicios para el funcionario. Me parece que debería darse cierta garantía al generar instancias dialogadas y colectivas, de participación de quienes están involucrados, para ver si esto realmente no va a ser un perjuicio para los funcionarios. Queda claro –y lo sabemos– que los funcionarios existen para la función, pero sabemos que adquieren derechos que tienen que ser respetados. Entonces, el cuestionamiento tiene que ver con lo que se plantea en esta instancia de la consideración de estos artículos del presupuesto.

Muchas gracias.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Gracias, presidenta.

Quisiera realizar algunas consideraciones con respecto al artículo 8.º. Lo primero que pone en contradicción es que nos llama la atención la preceptividad, la obligación de proceder a restructurar sin previo análisis de la necesidad o no de hacerlo. A su vez, queremos subrayar la discrecionalidad que el proyecto de ley está determinando, cosa que se ve claramente cuando expresa que las pautas serán fijadas por el Poder Ejecutivo. Entendemos que, en ese sentido, la ley debería establecer por lo menos algunos parámetros para limitar la discrecionalidad absoluta e irrestricta al Poder Ejecutivo.

Con respecto al artículo 9.º, que dispone el régimen de excedencia de cargos y funciones de la Administración central, realmente nos llama la atención que ya se anticipa el resultado de las reestructuras administrativas. Es decir, se evidencia con absoluta claridad la intencionalidad de recortar funciones del Estado y mediante ello reducir, en principio, el número de funcionarios y trabajadores, pasándolos al régimen de excedencia.

Con respecto al artículo 10, entendemos que se da una facultad por demás amplia, más cerca de la arbitrariedad que de la discrecionalidad, a los jerarcas de los diferentes incisos para que, por sí, declaren qué cargos y qué funciones contratadas resultan excedentes. Una vez más, nos parece que se está otorgando al Poder Ejecutivo esa discrecionalidad sin la más mínima regla, sin parámetro alguno, excepto el otorgamiento de la vista, para adoptar decisiones que, incluso, podrían llegar a ser arbitrarias con respecto a los derechos de los funcionarios.

Entre otras cosas, nos parece que da pie o puede llegar a dar pie para que, por ejemplo, puedan resolverse situaciones en función de impresiones personales o, incluso, de impresiones políticas.

Es todo cuanto quería decir.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- La sección II, «Funcionarios», comienza en el artículo 8.º y contiene algunos artículos que ya votamos.

En consideración los artículos 8.º, 9.º, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 26. Afirmativa.

Los artículos 22 y 23 ya han sido votados. Los artículos 24 y 25 tienen sustitutivos presentados por el Partido Nacional.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: ya votamos el artículo 25 y yo había propuesto una pequeña modificación que voy a retirar. Lo voy a explicar, solamente para que se entienda cuál es la intención.

Estos tres artículos deben considerarse juntos porque refieren al mismo tema.

El artículo 24 establece una nueva redacción del artículo 32 de la Ley n.º 15851, que refiere a los pases en comisión. La modificación que proponemos –se va a entender cuando se vea el total de estos tres artículos– es que se autorice el traslado de funcionarios de organismos públicos estatales y se elimine de la redacción a los no estatales. Es lo que habíamos incorporado. Es decir que el presidente, el vicepresidente, los ministros, los subsecretarios o los legisladores nacionales, podrán contar con funcionarios públicos de organismos estatales, en comisión, para desempeñar tareas de asistencia.

El artículo 25, que ya votamos, establece que «El Presidente de la República y los Legisladores Nacionales podrán contar con un funcionario proveniente de los organismos públicos no estatales, para desempeñar en comisión tareas de asistencia directa». Es decir, en general, está regulado cómo determinados jerarcas pueden tener pases en comisión de funcionarios estatales. Este en particular refiere a que el presidente de la república y los legisladores pueden tener un funcionario.

Para que no hubiera falsas interpretaciones –lo voy a decir para que quede clara la intención del legislador– yo iba a proponer que dijera que podrá contar con un funcionario de los que tiene autorizados. Dejémoslo así, pero que se sepa que podrá contar con un funcionario procedente de un organismo, de una persona pública no estatal, que será uno de los cinco que tiene autorizados; no será un sexto. Eso es lo que tiene que quedar claro.

El artículo 36 tiene previsto un cambio, pero además vamos a proponer que se ubique inmediatamente después del artículo 25 porque los tres están vinculados. Su texto quedaría así: «Los pases en comisión de funcionarios de las personas públicas no estatales vigentes a la fecha,»
–este es el cambio– «a los Incisos del Presupuesto Nacional, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado y Gobiernos Departamentales, cesarán al 1° de enero de 2022, debiéndose reintegrar en forma inmediata a su oficina de origen».

¿Qué quiere decir esto? El artículo 24 dice que solo los pases en comisión podrán proceder de organismos estatales, pero ahora está vigente una norma que permite que procedan de los no estatales: sin embargo, a partir del 1.° de enero eso no podrá suceder. Es probable que en algunos organismos de la Administración haya funcionarios que tengan esa condición, que procedan de organismos no estatales y estén en organismos en comisión, pero a partir de ahora no podrán estar. Precisamente, este artículo 36 establece que los pases en comisión de funcionarios de las personas públicas no estatales vigentes a la fecha cesarán el 1.° de enero de 2022 y deberán reintegrarse a sus cargos. Esa es la idea y por eso los tres artículos. O sea que a partir del 1.° de enero nadie podrá salir en comisión de un organismo de una persona pública no estatal, salvo para el presidente de la república y los legisladores, que podrán tener uno cada uno. Aquellos que están en comisión en este momento tendrán un año, hasta el 1.° de enero de 2022, para volver a su organismo de origen.

Espero haber sido claro.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 24.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el texto venido de comisión.

(Se vota).

–0 en 26. Negativa.

Corresponde votar ahora el sustitutivo presentado por el Partido Nacional.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

Los artículos 25 y 26 ya fueron votados.

En consideración los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 y 35. El artículo 32 ya fue votado.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Yo había entendido que el Frente Amplio había pedido votar en bloque estos artículos que tienen que ver con las licencias.

En tal sentido, creo que deberíamos considerar los artículos 29, 30 y 31 juntos, porque son los que hacen referencia a las situaciones vinculadas con las certificaciones médicas. Por lo tanto, considero que se podrían votar en bloque esos tres artículos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 27 y 28.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

De acuerdo con lo solicitado, pasamos ahora a considerar los artículos 29, 30 y 31.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Nosotros vamos a votar en contra estos tres artículos por tres razones distintas o complementarias.

En primer lugar, nosotros consideramos que hoy existen dos sistemas de licencias por enfermedad, uno público y otro privado, y el argumento no puede ser igualar hacia abajo, es decir, llevar a quienes tienen un sistema mejor a un sistema peor, castigando la enfermedad.

En segundo lugar, creemos que el argumento que hemos escuchado y la cotidiana versión de todos los días es que los funcionarios se hacen los vivos y consiguen un certificado médico. Pero nos parece que ese no es un problema de los funcionarios; es un problema de la Administración, incluso cuando nosotros estuvimos en ella. Acá no hay unos y otros; nosotros asumimos autocríticamente esto, porque es claro que el control efectivo para que la situación de enfermedad sea ajustada, para que los certificados se entreguen en forma, es una responsabilidad de la Administración.

Y esta norma, además de igualar hacia abajo, hace pagar a justos por pecadores; hace pagar a los que efectivamente se enferman. Los estudios muestran que las enfermedades de solo tres días –básicamente las enfermedades de poca monta– son muy comunes y tienen un efecto muy importante en el salario, más allá de que a la versión que vino de la Cámara de Diputados se le agregó una salvaguarda de cinco días al año.

En tercer lugar, cuando se nos planteó que iba a haber una comisión –la del artículo 30–, entendimos que el artículo 29 se sacaba, se formaba la comisión y después se veía. El artículo 30, junto con el 29, no tiene ningún sentido, porque crea una comisión que le da un plazo para hacer, después debe mandar un informe al Poder Ejecutivo y, si este no está de acuerdo, puede mandar su propio informe, pero además está funcionando el artículo 29. Así lo entendemos nosotros.

Entonces, en realidad, nos parece que es una norma perjudicial para los trabajadores y para las cuestiones de salud. Todos sabemos que esto tiene impactos en los trabajadores, que en el límite de la enfermedad van a trabajar. En el sector privado esto está más que demostrado.

Por lo tanto, por esas tres razones –porque iguala hacia abajo, porque hace pagar a justos por pecadores y porque propone un mecanismo de negociación colectiva para resolver el problema pero deja vigente el nuevo régimen–, vamos a votar en contra.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: estos tres artículos –algunos de los cuales tienen origen en el Poder Ejecutivo– intentan abordar un tema que es tabú, pero que es un problema y reposa en tres responsabilidades o, por lo menos, en tres pilares.

Acá hay un problema de la Administración, que no ha desarrollado adecuadamente los controles para que no haya abusos y excesos. Es un problema que reposa en los funcionarios que conocen los rincones y las grietas que el sistema tiene para colarse por ellos y abusar de la generosidad del Estado y la de sus compañeros, que tienen que asumir sus funciones sabiendo que el compañero no está realmente enfermo, pero sí de licencia médica. Es habitual ver una congestión frente a un mostrador de un organismo público y que le digan: «Y bueno, somos cuatro, pero hay dos que están enfermos». Y hay dos que hacen la tarea de cuatro. Eso es habitual.

Pero también reposa en un tercer pilar, que es muy difícil de corregir: la generosidad, por llamarlo generosamente, de muchos médicos certificadores, que con su sola firma aseguran que un funcionario deje de ir a trabajar y cobre lo mismo que si lo estuviera haciendo. Eso es un problema que tenemos. Hay que enfrentarlo. Lo queremos enfrentar sin agraviar al buen funcionario, al que no se enferma nunca y justo cuando le toca enfermarse va a pagar por los abusos de quienes se enfermaron siempre. Por lo tanto, lo que se establece, en primer lugar, es un régimen cuya entrada en vigor se suspende por noventa días. O sea que no empieza el 1.º de enero, sino el 1.º de mayo.

(Interrupción del señor senador Andrade).

–Acá el senador Andrade me corrige, y es cierto: sería el 1.º de abril. Sería una mala señal que el primer día para trabajar fuera justo uno que no se trabaja. Gracias, senador Andrade. Siempre atento a los primeros de mayo.

¿Cuál es el sistema? Toda persona que presente una certificación médica, los primeros tres días no cobrará su salario; a partir del cuarto día tendrá el 75 % de subsidio de su salario, descontando los beneficios sociales. Y está protegido por una excepción que dice que tendrá un crédito –digámoslo así– de cinco días de trabajo en el primer año y, si no los usa, sumará otros tres en cada uno de los siguientes años hasta completar quince. Es decir que si en el primer mes tuvo una gripe y faltó tres días, le sobraron dos y al año siguiente va a tener dos, más los tres de ese año, y acumulará de vuelta cinco. Nos parece que eso es bastante razonable con lo que pasa en la realidad. Pero además tiene otras excepciones.

Obviamente, cuando se trata de accidentes de trabajo, cuando son enfermedades que tienen que ver con la profesión o el cargo, cuando son contagiosas o cuando requieren una hospitalización, ahí cobra el 100 %. También cobra los siete días después de que terminó su hospitalización, si es que esta deriva en una ausencia del trabajo. Es la situación clásica: tuvo una intervención quirúrgica, va a estar en su casa hasta que le saquen los puntos, por lo que tiene siete días más. Lo mismo sucede si la ausencia procede de un embarazo o de enfermedades oncológicas. Es decir que hay un cúmulo de excepciones en las que va a cobrar el 100 % desde el primer día.

Además, establece algunas señales. Se posterga por noventa días, pero dice que desde el primer día quien presente certificaciones médicas lo deberá hacer con médico certificador del organismo y, si este no lo tuviere, con médico certificador de su prestador de salud. Por lo menos ahí vamos a terminar con aquello de que tengo un amigo médico, le digo «¿No me hacés un certificado?» y me responde «Sí, pasá a buscarlo». Si esa persona se atiende en la mutualista equis, el médico tendrá que ser certificador de la mutualista equis, si es que su organismo no tiene médico certificador. Les puedo asegurar que ya eso solo va a ayudar bastante.

El segundo aspecto es que se encomienda al Banco de Previsión Social que instrumente un mecanismo que permita cruzar información. ¿Qué es esto? Nos imaginamos que con la tecnología que hay hoy, el médico emite el certificado, el funcionario lo tiene que presentar en el día a su organismo para justificar su ausencia y el organismo tiene que cargarlo en una aplicación del Banco de Previsión Social, cuya tarea será cruzar esa información del solicitante enfermo con otras eventuales actividades laborales que tenga y que revistan en el Banco de Previsión Social. El objetivo, obviamente, es que no pase eso de que el funcionario está enfermo en la institución pública y ese día trabajó en la privada. Eso pasa mucho, e indigna a mucha gente. Se sabe que hay gente que se queda haciendo horas extras o un rebusque en el otro trabajo y pasa médico en la oficina, por lo que otros se tienen que hacer cargo de su trabajo.

Por último, encomendamos a todos los organismos a que remitan a la Oficina Nacional del Servicio Civil y a la Asamblea General en noventa días, a los efectos estadísticos, datos que nos permitan conocer cuál ha sido el número promedio de licencias médicas en los últimos cinco años en cada uno de los organismos, con algunos parámetros de comparación. Por ejemplo, queremos saber en qué meses estas licencias fueron más habituales, en qué semanas y en qué días de la semana. Nos interesa conocer si hay más licencias médicas y enfermos los lunes o los viernes que los martes o los miércoles, por ejemplo, o si hay más licencias médicas la semana anterior o posterior a la Semana de Turismo o de Carnaval, o cerca de las fiestas. También queremos saber si cuando el martes es feriado, el lunes hay más enfermos, o si cuando el lunes es feriado, hay más enfermos el martes y el miércoles.

(Ocupa la presidencia la señora Gloria Rodríguez).

–Son cosas que nos dan insumos para trabajar después, porque el después es la comisión que creamos. Creamos una comisión a la que le encomendamos un sistema que ya no sea solo abarcativo de los funcionarios a los que incluye el artículo 29, que no son todos. Le estamos pidiendo un sistema que llegue a los entes autónomos, a los Gobiernos departamentales, es decir, que llegue a todos, y que nos ayude a componer un solo sistema de licencias médicas que mejore la eficiencia del sistema. Queremos que llegue a la ANEP, a ASSE, a organismos que tienen muchas ausencias por esta razón. La idea es que lo pueda costear y lo pueda hacer único, con las excepciones de otros sistemas que ya existen para algunos organismos. Y encomendamos esta tarea a una comisión en la que está la Oficina Nacional del Servicio Civil, que la preside; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; ASSE; el Banco de Seguros del Estado; el BPS, pero también COFE, que reconoce que esta situación es un problema, que tiene demanda de sus propios afiliados por el abuso de otros compañeros funcionarios, y un delegado de la profesión médica, que tiene que ayudarnos a que esa generosidad por amistad se termine. Esto es lo que establecen estos dos artículos.

¿Por qué el artículo 29 tiene noventa días para empezar a regir? Porque nos aseguramos de que empiece a regir. La comisión, a su vez, tiene noventa días para mandar al Parlamento un proyecto de ley a través del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, si no está de acuerdo, puede mandar otro, pero lo resolverá el Parlamento. ¿Cuál es la razón? Evitar aquella máxima que dice: «Si querés que algo se muera, mandalo a una comisión». En este caso si la comisión no hace lo que tiene que hacer, el 1.º de abril comienza a funcionar el sistema del artículo 29 y regirá con todas las excepciones que establece, pero regirá al fin. Lo único que empieza a regir ahora es el mandato que se da a estos organismos para que manden información o empiecen a generar un sistema de cruzamiento de datos. Lo otro espera noventa días.

Y en el artículo 31 se establecen cambios para las licencias largas. Para el caso de aquellas personas que tengan treinta días de licencia médica en doce meses o cincuenta días en dos años –en la ley vigente ya existen estos plazos, pero son más extensos–, se desencadena un mecanismo para que el jerarca tenga que estar informado de esa situación y pueda convocar una junta médica. Si la junta médica se expide en el sentido de que el funcionario está bien para trabajar, tiene que reintegrarse. Si no, tiene que iniciarse un proceso que termina con la jubilación por incapacidad, parcial o total. Es decir, acelera los procesos para los que están largamente imposibilitados de trabajar.

La conjunción de estos tres artículos empieza a abordar un tema que es serio.

Hace unos días me encontré aquí, en el Parlamento, con un viejo amigo que hoy ocupa un cargo en una empresa pública. No importa de qué amigo estoy hablando ni de qué empresa pública se trata. Es bueno decir que no pertenece a mi partido ni al Gobierno. Él decía que en su organismo hay muchísimas personas que están de licencia médica y a los ochenta y siete días se reintegran, porque a los noventa hay que convocar junta médica. Una semana después, piden licencia médica otra vez. Y así van.

Con eso hay que terminar, porque es una muy mala señal para los buenos funcionarios. No puede ser que una persona esté enferma, no pueda ir a trabajar durante ochenta y siete días, luego vaya una semana, vuelva a estar ochenta y siete días más de licencia, y así es la vida. Y todos saben que mientras no concurre a trabajar, está trabajando en otro lado. Hay un largo glosario de anécdotas para contar en ese sentido.

Creo que estas son las cosas que hacen a la mejor administración y a una más eficiente aplicación de los recursos humanos que tenemos. Es la propuesta en general. Podríamos abundar sobre ella, pero creo que ha sido suficientemente fundamentada.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Gracias, señora presidenta.

Creo que estamos errando el enfoque de un tema complejo. Considero que deberíamos dar la discusión a la inversa. En primer lugar, tendríamos que discutir sobre la salud ocupacional. Del abordaje de la salud ocupacional deberíamos revisar, entre otras cosas, el listado de enfermedades profesionales, que a pesar de la ampliación muy importante que tuvo –pasó del entorno de treinta a más de noventa–, dejó afuera algunas que son claves para el abordaje último. Me refiero a enfocar la relación salud ocupacional-abordaje de enfermedades profesionales, y después relacionar cuáles enfermedades profesionales tienen que ver con el trabajo.

Voy a poner un ejemplo que es muy claro: las enfermedades musculoesqueléticas aún no están reconocidas en el listado que abordó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la ampliación. Y muchas condicionantes del trabajo tienen que ver con esa enfermedad ocupacional. Por más que el inciso diga que se dejan afuera enfermedades propias del cargo, termina teniendo una pata renga, porque se pueden tener buenos trabajadores que se enferman. No es que el buen trabajador no se enferma. Se puede tener un buen trabajador que se enferma, que tuvo un problema en la columna, que tiene dificultades.

Entonces, ¿qué experiencia tenemos sobre este recorrido? Durante un largo tiempo la forma de solucionarlo fue esta. En la actividad privada, por ejemplo, se limitaba a tres bases de prestación y contribución, con idéntico razonamiento al que hacía el señor senador Gandini ahora. Para resolver el problema de los abusos, no pagábamos nada. Entonces ¿quién iba a estar un mes entero sin ir a trabajar, aunque estuviera enfermo, si la prestación era de solo 3 BPC? Nadie. El resultado es que cuando el trabajador tenía una enfermedad larga, lo que ocurría era que dependía de una colecta del centro de trabajo para poder comer.

Esa forma de regular el problema, es decir, limitar el abuso con mecanismos de este tipo tenía ese resultado. Y después, en la otra punta, el buen trabajador que se enferma por mucho tiempo termina en una condición económica precaria y en una situación que nadie quería. Tengo claro que esto no es lo que quieren quienes están proponiendo esto. Como la salud ocupacional en Uruguay tiene tantas dificultades –tuvieron que pasar casi cien años desde la Ley n.° 5032 para poder avanzar en una mirada integral y aún estamos muy lejos de incorporar componentes que en mi opinión tienen mucha centralidad–, creo que buena parte de los problemas que terminan en un hospital o en una mutualista tienen que ver con las condiciones de organización del trabajo, en un conjunto de aspectos, y este abordaje intenta resolver un problema pero creo que lo hace mal. Me refiero a la línea por la que nos lleva a resolver el problema, que ya la hemos transitado y hay una experiencia acumulada. Es cierto que cuando pasamos de tres a ocho bases de prestaciones y contribuciones –creo que fue en el 2010–, se generó otro problema, y hay quien ubica esa ventanilla, esa patología que queremos tratar. Pero para tratar esa patología no puede cortarse por ahí. Se puede avanzar en otras direcciones, como en la responsabilidad de las certificaciones, los seguimientos, los controles, pero no necesariamente generando una circunstancia que no se quiere, la de que el trabajador, y por ende su familia, que tienen que enfrentar una enfermedad larga –una hepatitis, por ejemplo, que lleva tiempo–, tengan dificultades para pagar el alquiler y para comer, porque ese es el resultado que tenemos. Y ahí vamos a encontrar circunstancias casuísticas, como las que bien planteó el señor senador Gandini, que a todos nos indignan, como por ejemplo, alguien que está 87 días sin ir a trabajar y está en la actividad privada, o sea un ejemplo de ese extremo; pero en el otro extremo puede decirse: «Mirá, fulano, que en diez años no se había enfermado y después la espalda lo entró a complicar», y en esos tres años, después de que pasó diez sin problemas de salud, empezó a incorporar un conjunto de situaciones, y en medio de esa circunstancia, esta es la respuesta. Además, quizás su enfermedad haya tenido que ver con el trabajo, aunque no esté reconocida; hoy existe un conjunto de enfermedades profesionales que aún no están reconocidas y la ampliación de esta lista cuesta mucho.

Entonces, aun entendiendo que se quiso cubrir un conjunto de aspectos, el tema es tan complejo que, en principio, creo que no corresponde tratarlo en una ley de presupuesto, ya que requiere ser abordado con otra riqueza. ¿La cátedra de Salud Ocupacional no tiene nada que decirnos sobre esto? ¿La Organización Internacional del Trabajo no tiene nada para decirnos sobre esto? Me refiero a un abordaje que efectivamente quiera resolver problemas y patologías sin caer en otros problemas y patologías, porque creo que esto intenta resolver algunas dificultades, pero genera otras, que también pagan trabajadores que ven cómo pierden derechos que ya tenían adquiridos por situaciones que les son ajenas, y después vamos a verlo desde otra óptica.

Por estas razones, vamos a solicitar que estos artículos –sobre todo el 29– pasen a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social para ser estudiados en profundidad y se busquen alternativas que miren toda la cancha y que den señales en todas las direcciones. En este país se le pone caravanitas al ganado para saber su historia y no hay una historia de salud ocupacional obligatoria para el trabajo, ni estudios que permitan ubicar la condición de la relación trabajo-salud. Eso pasa en áreas enteras de actividades donde, por ejemplo, no hay estudios epidemiológicos. Quiere decir que el abordaje tendría que ser desde otro lugar, con otro enfoque e intentando resolver un problema. Creo que para lograrlo se hizo un esfuerzo de redacción sobre un tema que preocupa, pero la solución a la que se llegó genera otros agujeros que no nos permiten acompañarla.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Brevemente y en función de algo que recién decía el señor senador Andrade, en primer lugar, quiero agregar que una de las cosas que establece el artículo 31, que me parece buena, es que los resultados de las juntas médicas que puedan hacerse tienen que ser comunicados al prestador de salud de ese trabajador para que se incorpore en su historia médica y para que forme parte de ella, a los efectos de empezar a crear un vínculo entre las enfermedades eventualmente laborales y la atención de la salud.

En segundo término, deseo señalar que aquí no se desprotege a ese funcionario que tiene una larga enfermedad; va a estar bastante mejor que en el sector privado, porque no es una cuestión de una, tres u ocho BPC, sino que va a cobrar el 75 %. Si no va durante seis meses, tiene una enfermedad oncológica o requiere tratamientos paliativos o del dolor, en esos casos va a cobrar el 100 %; y si tiene una enfermedad larga que no cuadra en las excepciones, va a cobrar el 75 %. El problema se generaba en los primeros días, que se le descuentan en su totalidad. Según los datos que tenemos –que no son oficiales–, con esa medida de los cinco días por año se abarca a una enorme cantidad de funcionarios que no se enferman más de eso, pero eventualmente van a acumular tres por cada año.

Ahora bien, es verdad que hay que tratar este tema más a fondo, eso es cierto, y por eso creamos una comisión para que nos envíe un proyecto. Pero también es verdad que no tenemos por qué esperar que nos envíen el proyecto. Tanto la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, como la de Salud Pública, o la que se entienda más pertinente del Senado, a iniciativa de cualquier legislador o bancada, podrían comenzar a elaborarlo ya, porque lo que sabemos es que por los tres meses siguientes a partir del 1.° de enero esta norma no entrará en vigor y, de pronto, podemos llegar a una mejor y la cambiamos antes de que esta entre en vigencia. Pero ¿saben qué tenemos? Una norma que el 1.° de abril entra en vigor. No nos quedamos con las manos vacías. Esa norma obliga a trabajar rápido a la comisión que creamos y, eventualmente, al Parlamento.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Voy a contarles que cuando escuché por la prensa –antes de comenzar a tratar esto en la instancia presupuestal– que se quería incluir el tema de las licencias médicas y la modalidad, realmente me alarmé muchísimo. Fui empleada pública hasta que me jubilé, y confieso que pensar que alguien, por el hecho de estar enfermo, no cobre los días que tiene que faltar por esa enfermedad, desde lo público, realmente me horrorizó. Me parece que aquí se plasma ese rechazo hacia los empleados públicos en general, más allá de que se diga: «No, hay funcionarios que son buenos trabajadores».

(Interrupciones).

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- ¡Por favor, señora senadora!

SEÑORA DELLA VENTURA.- En realidad, aquí se está plasmando un perjuicio a esos trabajadores…

(Interrupciones).

VARIOS SEÑORES SENADORES.- Solicitamos que se ampare a la senadora Della Ventura en el uso de la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Por favor, señora senadora, le pido que modere los términos que está utilizando.

Puede continuar, señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Concretamente, aquí se está perjudicando a los funcionarios porque hasta ahora gozaban de ciertos derechos que a partir de esta norma no van a tener más, aunque sean los mejores trabajadores públicos. En realidad, esos derechos se les retacea a todos en virtud de que, supuestamente, algunos utilizan mal el tema de las licencias; existen, no voy a decir que no, pero creo que son los menos. Por más que aquí se dijo que parte de la responsabilidad es de los funcionarios, yo creo que acá hay una gran responsabilidad de parte del cuerpo médico cuando otorga licencias que no se requieren, como que no se apunta demasiado y, en realidad, quien firma es el médico. Si el funcionario se quiere pasar de listo, el médico tendría que decirle: «No, vos no tenés que tener licencia, porque esto no amerita». Bueno, en esa parte es en la que debería hacerse hincapié, pero no se hace y se corta el hilo por el lado más fino, perjudicando a todos los trabajadores públicos. Más allá de que haya enfermedades que se exceptúan y que se mencionan, en vez de ir por más derechos para los privados, se quitan derechos a los públicos. Realmente, me parece que eso no está bien. Lo dice alguien que, a pesar de poder pedir cinco días por año de licencia por enfermedad, jamás lo hizo; cuando tuve que atravesar una enfermedad bastante grave, pedí solo un mes porque, justamente, después venían las vacaciones y en marzo me reintegré con el pañuelito en la cabeza por los efectos de la quimioterapia. Yo fui una buena trabajadora pública en cuanto a que no pedí licencia, y sé que había muchísimos trabajadores públicos que tampoco pedían licencia. Aquí estamos perjudicando a esos funcionarios, lo que me parece que es muy negativo, y más en un momento como este, en plena pandemia, donde puede haber casos en los cuales el médico –ahí si capaz que con buen criterio– entienda que no es bueno que esos funcionarios concurran a trabajar. Me parece que es un momento horrible para decretar esto.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–Por otra parte, no entiendo por qué no se hace lo que pedimos, en el sentido de que se desglose este artículo y se envíe a comisión para que sea estudiado y ver qué se hace después, pero no determinar a priori que se aplique así, por más que entre en vigor dentro de noventa días. Considero que va a causar lo mismo que me causó a mí a pesar de estar jubilada, porque ya no estoy dentro del sistema, pero me pareció realmente muy negativo que se estuviera planteando esto para los trabajadores públicos.

Muchas gracias.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: ¿vamos a estar toda la semana recibiendo agravios? ¡Toda la semana nos van a decir lo que queremos legislar! Le voy a decir la verdad, este es un artículo que por suerte tiene fecha de vigencia, porque nada es más uruguayo que crear una comisión para no hacer nada. Este es el inicio de ponerle el cascabel al gato a una de las diferencias más injustas que existe en nuestra república, entre los derechos laborales de los funcionarios públicos y los derechos laborales de los empleados privados. También voy a decir que lo voto a desgano, porque nosotros hubiésemos querido ir mucho más a fondo. Siempre o casi siempre se cae en la tentación de ir a la casuística, como si acá no supiéramos que hay funcionarios que son un ejemplo de servidores públicos –y a ellos no los queremos perjudicar–, pero la diferencia entre los uruguayos se ve también en este tipo de circunstancias de la licencia por enfermedad –le guste a quien le guste– a lo largo y ancho de la Administración pública y a lo largo y ancho del mundo privado. Entonces, es hora de que nosotros solucionemos este tipo de desigualdades sin por ello perjudicar a la gente honesta. Nadie quiere eso y ¡pobre del que intente atribuirnos esta intención! Nosotros a los honestos los protegemos, no los perjudicamos.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA.- Sin dudas, este es un tema complejo que nos llevó incluso a la coalición oficialista a muchas negociaciones, estudios y cambios. Es tan complejo que hace años que existe el problema, se ha ido agravando y no se le ha encontrado solución.

En primer término, sin dudas la mayor responsabilidad sobre el grave problema de ausentismo que hay en la función pública –que tiene un costo elevadísimo, de millones de pesos– es de quienes deben controlar. Hay una omisión en los controles, porque no es sencillo hacerlo, sobre todo con las nuevas enfermedades que se certifican y que no son fáciles, y diría que casi imposible de determinar si se ajustan a la verdad o no. Además, no solo existe la mala conducta de algunos malos funcionarios –que son los menos, pero los hay, y lo reconocen los propios sindicatos y me consta que no los defienden–, sino también la concurrencia de malos profesionales que se avienen a certificar muchas veces cosas que no son exactas.

Entonces, el problema existe y es grave. A mí me gusta mirarlo desde el punto de vista de los buenos funcionarios, no de los malos funcionarios y por eso la complejidad. No creo que sea comparable, como en principio se planteó, el régimen de licencias por enfermedad de los funcionarios públicos con el de los privados por varios motivos, pero en primer lugar porque son el fruto de años de negociaciones y de beneficios que se han logrado, adquirido y no es bueno eliminarlos; por lo menos esa no es la intención del Partido Colorado. Además, porque en el régimen de licencias de los trabajadores privados esto es muy variado. El régimen general dispone que no se cobran los tres primeros días y luego se pasa a cobrar el 75 %, pero me consta que a través de la negociación colectiva con la patronal muchos sectores han conseguido que se cubran esos tres días.

Por lo tanto, es un tema complejo y nos gustaba la idea de formar primero la comisión. Así lo trabajamos y lo planteamos y, en definitiva, es lo que vamos a votar. Voy a empezar por ahí porque me parece que eso es lo importante. El artículo 30 dice que el delegado de la Oficina Nacional del Servicio Civil, integrante de la comisión, en la que van a participar varios actores –entre ellos un representante de los trabajadores–, dispone de noventa días para convocarla. Yo lo voto con la fe de que van a llegar a esa casuística que era imposible lograr cuando empezamos a trabajar esto en la instancia presupuestal. Está claro que se está disponiendo la formación de una comisión para que se estudie y se trabaje en profundidad sobre el tema, analizando todas los puntos de vista y las casuísticas de los diferentes casos. Evidentemente, aunque no me guste del todo, entiendo que para resolver esto hay que dejar votado un régimen general que, en la actualidad, figura en el capítulo II de la Ley n.° 16104. Aquí, además, se establece que el régimen de licencia por enfermedad de enero de 1990 sigue vigente y será de aplicación, eso sí, exclusivamente, para las inasistencias por enfermedad como consecuencia de accidentes en el desempeño de las tareas propias del cargo, por enfermedades propias del cargo o por enfermedades contagiosas. Creo que esto es importantísimo, porque hay varios ejemplos para tener en cuenta, y aquí se habló de los trabajadores de la salud en esta situación de pandemia que están más que expuestos a los contagios. Eso sucede ahora en particular, pero es algo común en su trabajo diario.

El artículo 29 dice expresamente que se siguen rigiendo por el régimen general de licencias y aquí también se establecen algunas excepciones para, por ejemplo, aquellos a los que se determina su internación e, incluso, se establecen siete días más después de la internación, para el período de convalecencia, si así lo dispone el médico. Está claro que quien estuvo internado –ya sea por una cirugía o un tratamiento– no está mintiendo o presentando una situación de salud que no sea la verdadera y que muchas veces necesita extender la licencia en su domicilio. Eso también está exceptuado, al igual que las enfermedades oncológicas, que también son excepcionales. En el régimen general que empezaría a regir a los noventa días de aprobado este presupuesto, y lo haría cuando la comisión que va a estudiar todo esto en detalle haya llegado a un resultado final. En lo personal tengo absoluta confianza en que se va a trabajar en forma seria, rápida y eficaz. Obviamente, esto no se puede hacer en el tiempo que tenemos para tratar el tema en esta instancia, pero en noventa días vaya si hay tiempo para estudiar en profundidad las distintas posibilidades y situaciones, arribando a un proyecto que va a ser remitido por esta comisión al Poder Ejecutivo, el que luego lo enviará a la Asamblea General. Además, estamos disponiendo que, aunque el Poder Ejecutivo no esté de acuerdo con lo producido por esa comisión, tendrá que enviarlo –junto al que él elabore– a la Asamblea General. Por lo tanto, en noventa días estaremos analizando el tema en profundidad, luego de haberlo estudiado. Creo que es una buena salida, en la que estamos trabajando con responsabilidad, con seriedad y, sobre todo, atendiendo un problema real que le cuesta millones al Estado –creo que se habló de 27:000.000–, a los contribuyentes y a los uruguayos. Y ni que hablar que lo sería mucho más si pudiéramos votar esto por mayoría especial, abarcando a todo el Estado –incluso los entes autónomos, la administración descentralizada y los Gobiernos departamentales–, porque sería mucho más lo que podríamos ahorrarnos. Sobre todo, me refiero a la función, porque se trata también de defender al buen funcionario, que trabaja. Los que somos viejos en la Administración pública sabemos que los buenos funcionarios también utilizan la licencia por enfermedad –por eso quiero preservar un régimen para que esos buenos funcionarios accedan a él si realmente se enferman– y son los que bancan el trabajo cuando los malos funcionarios sacan licencia por enfermedades que realmente no tienen.

Creo que en estos días logramos algo que encara el problema y que va a tener, seguramente, un resultado final adecuado para poder solucionarlo y preservar el régimen de licencias por enfermedad de los funcionarios.

Por todo esto, vamos a acompañar la iniciativa.

SEÑORA DELLA VENTURA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR VIERA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Della Ventura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Evidentemente, confirmo la total buena voluntad del señor senador Viera, del Partido Colorado y de quienes están acá…

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, señora senadora, pero no se escucha bien.

SEÑOR ANDRADE.- ¿Me permite una interrupción, señor senador Viera, mientras se soluciona el problema técnico del micrófono de la señora senadora Della Ventura?

SEÑOR VIERA.- Con mucho gusto, señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Andrade.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: lo que decimos es que la redacción tiene vacíos muy importantes, que en todo caso tendrá que llenar la reglamentación. Por ejemplo, cuando se habla de «accidentes en el desempeño de las tareas propias del cargo», ¿por qué no se establece «accidentes de trabajo»? Uno supone que deberían estar cubiertos todos los accidentes de trabajo, porque ¿qué accidente en el trabajo no sería considerado como tal? Y, por lo tanto, ¿por qué decir «tareas propias»? Uno va a la ley que refiere a los accidentes laborales y no encuentra relación con lo que está redactado. Al parecer, quedaría a expensas de la reglamentación.

Por otro lado, quería mencionar lo de enfermedades contagiosas. Una gripe es una enfermedad contagiosa. ¿Es eso lo que se quiere incorporar a la vieja norma? Parecería que no; pero si es así, al menos falta claridad para el que tenga que ejecutarlo mañana. Todo eso quedaría sujeto a la reglamentación.

A su vez, hay enfermedades invalidantes –muchas– que no necesariamente tienen que estar –hasta por las limitaciones que tiene el sistema de salud– en cuidados paliativos o en tratamiento del dolor. En mi caso, por ejemplo, conozco la clínica del Maciel –porque mi vieja se trata ahí– y sé que es muy complejo encontrar lugar. Entonces, pregunto por qué una persona con una enfermedad invalidante debe recibir tratamiento del dolor para estar incluido en la norma.

En lo personal, creo que hubo apuro al elaborar la redacción antes de que la comisión hiciera el estudio pertinente.

Cuando relacionaba el tema con el ámbito privado, lo hacía con las enfermedades profesionales reconocidas, tanto para los públicos como para los privados. Hay enfermedades profesionales que aún no están reconocidas acá –aunque sí a nivel internacional–, que se adquieren en el trabajo y que no caen dentro de este artículo.

Por lo tanto, pensando en el espacio que queda para la reglamentación en este tiempo –capaz que la comisión en enero, febrero y marzo vuela, y en marzo tenemos un resultado distinto–, lo más probable es que se generen condiciones que hagan que, por vestir un santo, se desvista a otro. Como sé que eso no es lo que se quiere, justamente comencé diciendo que entiendo que hay que atender un problema que, a su vez, puede generar otro por otro lado. Supongo que un abordaje más complejo ayudaría a resolver esto, no en la defensa de los abusos, sino –como dijo el senador Manini Ríos en la comisión–, en todo caso, en el incremento de las garantías.

Es cierto que hay enfermedades nuevas, que antes no eran consideradas como tales. En 1989 yo trabajé en la panadería de Colón. ¡Andá a faltar por estrés laboral! ¡Andá a explicar que estabas estresado! ¡No había manera! Pero es cierto, repito, que ahora hay enfermedades que antes no había y eso genera, también, componentes culturales distintos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora Della Ventura, quien había solicitado anteriormente una interrupción, pero no pudo hacer uso de la palabra porque se había averiado el micrófono.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: sé de la buena voluntad de todo el Partido Colorado, en particular del senador Viera, y de quienes proponen esto.

Ahora bien, el señor senador hizo dos afirmaciones que no se ajustan a la realidad de estos artículos. Una de ellas es que no se quiere perjudicar a los buenos trabajadores, pero lo cierto es que se los perjudica, porque hoy a los buenos trabajadores que piden uno, dos o tres días, se les paga todo el salario. Entonces, si ahora al buen trabajador no se le van a pagar esos tres días y luego se le paga el 75 %, se lo está perjudicando. Eso hay que tenerlo claro: se está perjudicando a buenos trabajadores.

Lo segundo que dijo –que compartimos– es que una comisión va a trabajar en esto. En realidad, puede hacerlo muy bien, pero al mismo tiempo se dice que si no cumple en el plazo fijado, va a regir esto otro. Vamos a suponer que la comisión, a los noventa días, presenta un proyecto excelente. Va a pasar a la Asamblea General. En esos días de vigencia, ¿no es incongruente que rija esto en lugar de lo que la comisión determine?

A mí me parece que lo más sabio sería apostar a sacar este artículo, tratar de que la comisión se expida y a partir de ahí, con lo consensuado entre todas las partes que son importantes, pueda llegarse a una conclusión. Creo que aplicar esto, así, no es bueno para nadie.

Gracias, señora presidenta y gracias también al señor senador Viera.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Viera.

SEÑOR VIERA.- Para finalizar, simplemente insisto en que no creo que perjudiquemos a los buenos funcionarios porque, en definitiva, están los primeros cinco días, del primer año, y luego tres días por año, con un máximo de quince días. Eso cubre a los buenos funcionarios que, en general, estadísticamente, no sacan licencia por más de dos o tres días. Seguramente, si tienen que pedir muchos más días será por alguna de las otras causales que están previstas y que son muy serias.

Entonces, repito, no creo que estemos perjudicando a los buenos funcionarios. Pienso que este es un régimen de transición y, bueno, a veces es lo posible.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa recuerda a los señores senadores anotados que, de acuerdo con lo conversado, disponen de quince minutos para exponer. Digo esto para que lo tengan presente, dado que están siendo muy bondadosos en ceder su tiempo.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: creo que a veces es difícil ser justo, y acá se trata de hacer justicia.

A nadie escapa aquí, y en todo el Uruguay, los abusos que se producen muchísimas veces en todos los ámbitos, pero particularmente en el ámbito del Estado. A nadie escapa tampoco que esos abusos, en definitiva, recargan y perjudican a quienes no abusan en este tema de las faltas injustificadas. Realmente estamos cansados de ver casos de gente que se certifica en la actividad pública y va a trabajar en la actividad privada, etcétera; los casos son de todo tipo y de lo más variados. Yo creo que lo peor que podemos hacer como gobernantes es mirar para el costado en un tema tan viejo como este. Esta es una oportunidad.

Coincido con el senador Viera en que lo importante es esta comisión; lo que se hace a través del artículo 29 es ponerle un plazo para que trabaje, sí o sí, y se expida rápidamente. Es una forma de asegurarnos de que en los próximos meses habrá un principio de solución a este problema.

Coincido también con el senador Andrade en que habrá casos específicos que indudablemente habrá que considerar, porque no se puede caer en una injusticia. Entiendo que eso está contemplado en el artículo 31 cuando se habla de la junta médica y de todas las medidas, así como de los procedimientos, las contemplaciones, la nueva reubicación del funcionario, etcétera.

A mí me parece que este es un principio de solución.

Nosotros fuimos de los que no estuvimos de acuerdo con el artículo aprobado al respecto en la Cámara de Representantes, pero lo que ahora se le ha incorporado –esto de los cinco días acumulables hasta quince– lo cambia sustancialmente y creo que da garantías a los buenos funcionarios.

Coincido con quienes me antecedieron en el uso de la palabra en cuanto a que lo que aquí se busca es no perjudicar a los buenos funcionarios que son los más afectados cuando los malos funcionarios omiten cumplir con sus funciones. Por esa razón, vamos a apoyar estos artículos.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: entiendo los planteos, pero debemos tener la cabeza abierta en este sentido. No podemos partir de la base de que lo único que queremos es perjudicar a los trabajadores y, en general, a los buenos, y de que la gente no va a poder pagar el alquiler ni comer. En fin, puede ser que todo eso se maneje en otros ámbitos, pero acá los textos de los artículos son claros.

Voy a citar otra vez al contador Astori –respetándole su condición de frenteamplista, que nunca se la negué; lo aclaro por lo que planteó ayer el senador Mahía–, porque fue quien nos advirtió, durante más de una rendición de cuentas, que estábamos en una situación muy complicada por las irregularidades que se habían producido en relación con las licencias médicas en el BPS –algo que fue público y notorio–, que habían llevado a un estallido económico brutal. O sea, hablamos de algo que es reconocido por todos los partidos políticos y es un problema del Estado.

Entonces, lo peor que podemos hacer, señora presidente, es dar un mal mensaje a la ciudadanía que está muy enojada con estas cosas y tiene razón, porque se tiró demasiado de la piola; ¡demasiado!

Hay algo que tenemos que entender: la mayor parte de los funcionarios reacciona con responsabilidad, de lo contrario no podría funcionar el Estado.

Le pregunté al director de la Oficina Nacional del Servicio Civil cómo se evaluaba esto, pues ahora se están haciendo los estudios, y tengo entendido que constituyen alrededor del 11 % los funcionarios que en mis épocas de gestora de instituciones públicas llamaba faltadores seriales que, como muy bien decía el senador Gandini, conocen la reglamentación mejor que los jerarcas.

Esto viene a significar un mensaje para la población que está cansada de estas cosas, porque los abusos los conocemos todos –en este país somos pocos y nos conocemos todos– y no es una casuística, es mucho más de lo que nosotros pensamos, es decir, la cifra está en el entorno de lo que mencionaba Conrado Ramos.

Se pregunta por qué no vamos por los controles. ¡Sí! Este es un primer paso, es un marco jurídico para que los jerarcas de los servicios, por ahora de la Administración central, tengan un margen de maniobra para poder implementar la gestión. Porque esto se resuelve con normas jurídicas –que ahora estamos dando, como encuadre–, pero después se resuelve con gestión.

Lo que pasa es que en este país nos cuesta reconocer que la gestión es una especialización. Cualquiera que esté especializado en gestión –hay especializaciones de distinto rango, incluso universitarias– sabe que este tipo de cosas se maneja mucho más en el mano a mano con el funcionario, de un jerarca que efectivamente conoce la situación, pero tenemos que darle un marco legal para que no esté atado de manos, como muestra el ejemplo que se expuso de los ochenta y siete días en la ANEP. ¡El funcionario puede llegar a tener hasta tres años y medio de licencia por enfermedad con sucesivas presentaciones de certificados! Por supuesto que todos son código 48, que corresponde a situaciones de estrés laboral y de enfermedades psiquiátricas que no obligan a la persona a quedarse en su domicilio, sino que puede salir y hacer una vida mucho más normal que quienes trabajamos doce horas por día.

Entonces, ha llegado el momento de poner en orden la casa también en este tema.

¿Queremos perjudicar a los buenos funcionarios? No. ¿Podemos equivocarnos en el instrumento elegido? Podemos, pero para eso está la comisión. Además, señora presidente, teníamos la voluntad de que estuvieran incluidos los organismos de los entes autónomos y servicios descentralizados, pero no pudimos hacerlo porque ya sabíamos que no teníamos los votos. En lo personal, era partidaria de incluirlos, para que le quedara claro a la ciudadanía quiénes no lo votaban, no por otra cosa.

En realidad, para la educación es uno de los problemas más graves. Tanto es así, que para las inasistencias –ya lo he dicho en más de una oportunidad, pero lo reitero porque total, el público se renueva, como decía aquella persona– hay un recurso propio, un provento millonario en dólares que en este momento está vaciado porque la Administración anterior lo usó –y lo señaló el presidente del Codicén– para el pago de gastos permanentes. Hablo del fondo de inasistencias docentes y de no docentes, que alcanzó a ser de millones de dólares. Además, eso catapulta otra cosa. En el caso de la docencia directa tenemos que poner suplentes, suplentes de suplentes y así sucesivamente, lo que también disparó la desfinanciación. No lo ponemos acá, pero al igual que pasó con el Decreto 500, se hace para la Administración central pero se va a recomendar a las autoridades que tienen la misma orientación de la mayoría de la coalición que se empiece a aplicar en los entes autónomos y servicios descentralizados.

Lo otro que quiero decir es que siempre queremos y tenemos, en verdad, la voluntad de ir por el lado de los médicos; el problema, señora presidente, es que un certificado médico solo cae por un juicio penal de querella de falsedad. Entonces, imagínense lo que sería administrar el Estado, que es tan grande en este país en cuanto a recursos humanos, haciendo juicios penales por querella de falsedad contra un certificado médico que, además, desde ya adelanto que sería rechazado in limine porque es prácticamente imposible probarlo. Por razones de criminología no se puede probar. Es decir, uno puede tener la certeza de que la persona está bien porque vive en el mismo barrio, porque se la cruza en el almacén o por lo que sea, pero con un certificado médico el jerarca no la puede hacer caer.

Lo último que quiero señalar –y con esto no estoy violando ningún secreto, porque las conversaciones fueron colectivas– es que no solamente trabajó toda la coalición, no solo el Partido Colorado y Cabildo Abierto, sino que el Partido Nacional también entendió que había que ampliar un poco la mirada respecto al proyecto tal como había venido. Pero, además, tuvimos reuniones con la directiva de COFE. Estuvo presente Joselo López –que es el más conocido– y los otros dos compañeros que integran la directiva y estuvieron de acuerdo con esta propuesta. Es más, hicieron aportes. Hablamos con ellos –y no fui la única, el señor senador Gandini también lo hizo y quizás más que yo– y aceptamos el tema de la comisión y de la suspensión de la vigencia porque fue una propuesta de COFE. Ellos reconocen el problema y no quieren defender a los corruptos; están absolutamente bien ubicados, lo constatamos cuando hablamos de la situación de los funcionarios y de la posición del sindicato. Reitero, entonces, que darle suspensión de vigencia hasta esos noventa días fue una propuesta de COFE, que aceptamos porque nos pareció absolutamente razonable. O sea que el sindicato tuvo participación directa, porque COFE es muy activo con todos nosotros; tienen nuestros celulares y también nos hemos comunicado vía presencial.

Por lo tanto, tengan la tranquilidad de que se trató de tener en cuenta todas las aristas. Que pueda aparecer algún elemento que no pudimos cubrir, es una posibilidad que siempre existe, pero eso se resuelve en el ámbito de la comisión o por gestión. Si vamos a pretender que todo se resuelva con leyes, nos vamos a trancar. Las leyes son un marco; después, los jerarcas de los servicios y los funcionarios, con su debida organización, irán solucionando el problema.

Reitero que me alegra enormemente el hecho de que COFE haya reconocido que este es un problema que no puede seguir extendiéndose en el tiempo. Estoy segura de que si hubiéramos hecho lo mismo con el sindicato de los organismos de los artículos 220 y 221 habrían pensado de igual manera.

Muchas gracias.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: por suerte, esta discusión está tomando otro nivel, porque cuando hoy se empezó a discutir la reestructura se estaba demonizando a los funcionarios públicos. Ahora, por suerte –reitero– estamos discutiendo mejor, porque hay que atender una problemática real. Hay que hacer políticas de Estado en esta materia.

Cuando vino la Ley de Urgente Consideración se propusieron varios artículos que luego fueron retirados. El compromiso del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en aquel momento, era dialogar con todos los partidos políticos. Nosotros le dijimos que sí, que queríamos dialogar, porque entendemos que hay que avanzar. Esa es nuestra preocupación. Si queremos aplicarlo a todo el Estado, se requieren mayorías especiales.

Lo que a mí me preocupa es que algunas veces me es difícil interpretar el artículo. Entiendo que el inciso primero del artículo 29 apunta claramente a un grupo de funcionarios, a los de la Administración central y algunos servicios centralizados; se excluye a un número importante de funcionarios. En el inciso quinto se menciona: «El régimen de licencias por enfermedad remuneradas establecido en el Capítulo II de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990, modificativas y concordantes, será de aplicación exclusivamente…». Luego, el sexto inciso establece: «Los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, el Poder Judicial con respecto a los magistrados judiciales, la Fiscalía General de la Nación con respecto a los funcionarios del Escalafón N y el Ministerio de Relaciones Exteriores con relación a los funcionarios diplomáticos del servicio exterior, podrán, en el marco de sus competencias, adoptar el régimen instituido por la presente ley». Entonces, tenemos dudas respecto a si su aprobación no requiere mayorías especiales, conforme al artículo 64 de la Constitución. Por eso queremos consultar a la Mesa. Quiero que me conteste la Mesa, porque creo y confío en ella. El secretario es un funcionario público que está ahí por nuestro voto. Yo hago la consulta a la Mesa.

En el artículo 30 pasa lo mismo, porque refiere a la creación de la comisión. Entiendo –y comparto– la buena fe o, mejor dicho, la buena intención del senador Viera, que sé que estuvo trabajando al respecto, pero entiendo que esta comisión tiene una aspiración mayor, quiere ir un poco más allá, quiere abarcar a todo el Estado. Y personalmente creo que hay que ir a todo el Estado. Por eso tengo dudas cuando menciona que todos los organismos del presupuesto nacional, entes autónomos y servicios descentralizados de los artículos 220 y 221 de la Constitución de la república tendrán un plazo de noventa días para presentar ante la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Asamblea General la información detallada. Entonces, quiero saber si el penúltimo inciso no requiere mayoría especial. Reitero: se lo pregunto a la Mesa.

Por otro lado, me preocupa el artículo 31 porque modifica el régimen de licencia por enfermedad. Hasta el momento, la Ley n.º 16104 ha sido la única que establecía el régimen.

(Murmullos - Interrupciones).

–No puedo trabajar así, señora presidenta. Le pido disculpas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Lo amparo en el uso de la palabra. Continúe.

SEÑOR CARRERA.- Le agradezco mucho, señora presidenta.

La Ley n.º 16104, que regulaba el régimen de licencias, había sido la única norma votada con las mayorías requeridas por el artículo 64 de la Constitución de la república, y acá el artículo 31 la está modificando. Nosotros tenemos un principio del derecho, que es el del paralelismo de las formas. Se requirió mayoría especial para aprobar esa norma. Entonces, la consulta que hago en este momento –y se la hago a la Mesa– es si en este caso, que estamos modificando el artículo 31, no se requieren mayorías especiales.

Sabemos, señora presidenta –y queremos dejarlo sentado aquí–, que hay que trabajar. La opinión del Frente Amplio es que los artículos 29, 30 y 31 deben ser desglosados. Nuestro compromiso es trabajar para buscar un sistema definitivo en torno a este tema y que se aplique a todo el Estado. Creemos que no hay que discriminar ni a unos ni a otros. Debemos tener normas generales porque, de lo contrario, se está violando el principio de igualdad.

Ya que estoy en estas consultas, aprovecho para hacer otra. El artículo 46 deroga la Ley n.º 19771 que aspiraba aplicarse a todo el Estado y fue votada por unanimidad en la legislatura pasada. Es una ley que obtuvo las mayorías necesarias conformes al artículo 64 para aplicarse a todo el Estado, y aquí se está derogando. Entonces, quiero consultar a la Mesa, también, acerca de si el artículo 46 no requiere mayorías especiales, ya que está derogando una ley que, en su momento, fue votada con mayorías calificadas.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa tiene la contestación a lo solicitado por el señor senador Carrera.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Con relación a los artículos 29 y 31, en tanto refieren a funcionarios de entes autónomos y servicios descentralizados, requieren el voto conforme de la mayoría de dos tercios del total de componentes, en razón –tal como se manifestaba– de lo establecido por el artículo 64 de la Constitución; no así el número 30.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, no dialoguen. Todos van a hablar.

¿El secretario está hablando del artículo 29? Me parece que es al revés.

(Murmullos en sala).

–El señor senador solicitó la posición de la Mesa, por lo que vamos a aclarar el punto.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Solicito un cuarto intermedio de treinta minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–18 en 20. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por treinta minutos.

(Así se hace. Son las 14:04).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 15:00).

–Antes del cuarto intermedio había hecho una consulta a la Mesa el señor senador Charles Carrera, por lo que vamos a pedir al señor secretario que trasmita y haga llegar al plenario el informe que se nos ha entregado.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- En relación con el artículo 29, el informe de los servicios jurídicos legislativos se refería al texto original remitido por el Poder Ejecutivo, cuya redacción fue perfeccionada en la comisión. Al excepcionar de su aplicación –en la redacción actual–, entre otros, a los organismos previstos en el artículo 64 –Gobiernos departamentales y entes autónomos–, no se requiere la mayoría calificada.

SEÑORA PRESIDENTA.- Muy bien.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- En cuanto al sexto párrafo del artículo 29, el verbo «podrán» está estableciendo una exhortación a fin de adherir a las soluciones propuestas. No viola ninguna disposición constitucional por no determinar la extensión del alcance subjetivo, delimitada en el párrafo uno.

En relación con el artículo 31, en la modificación propuesta del artículo 12 de la Ley n.º 16104 para alcanzar a los Gobiernos departamentales y entes autónomos, requiere la mayoría calificada de dos tercios estipulada en la Constitución de la república. Sin perjuicio de ello, en el párrafo seis se establece una exhortación –por el verbo «podrán»– de aplicación de la ley también a dichos Gobiernos departamentales y entes autónomos.

Eso es todo.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Quiero dejar una constancia, señora presidenta.

Ante todo, muchas gracias a la Mesa por la contestación. Queda claro que el artículo 31, que modifica el régimen de licencia por enfermedad, para ser aplicado al Estado en sentido amplio –es decir, a todo el Estado–, requiere una mayoría calificada que no va a tener. Va a ser aplicado únicamente a la Administración central y a los servicios descentralizados. Será un problema para el Banco de Previsión Social aplicar este régimen, pero allí veremos.

En este breve cuarto intermedio hicimos una propuesta al señor senador Viera, que es quien trabajó en este tema. Para acompañar la creación de la comisión solicitábamos que se pasara de 90 a 120 días y dejar sin efecto este artículo 31 porque está modificando el régimen de licencia por enfermedad de los trabajadores públicos. Creemos que si le solicitamos a una comisión que presente una propuesta al Poder Legislativo, lo más lógico en esta etapa sería no modificar el régimen de licencia por enfermedad. No obtuvimos consensos. Por lo tanto, el Frente Amplio, con mucho pesar, no va a acompañar ninguno de estos tres artículos, ya que sus propuestas no fueron tomadas en consideración.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: sin ánimo de polemizar, quisiera dejar una constancia.

El artículo 31 refiere a un cambio del artículo 12 de la Ley n.º 16104. Voy a dar lectura a su artículo 1.º –que es el que define el universo que la norma regula–: «Todos los funcionarios presupuestados o contratados» –o sea, todos– «con excepción de los Magistrados, diplomáticos, militares, policías, funcionarios de los Gobiernos Departamentales y de los Entes Autónomos tienen derecho a una licencia anual remunerada…». Es decir, el universo que la ley define excluye a los entes autónomos y Gobiernos departamentales, y el artículo 12 es parte de una regulación de este universo limitado, porque contiene excepciones. Entonces, en ese sentido, coincidimos en que no los abarcaría el artículo 12 que estamos votando.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Quiero solicitar una aclaración.

No sé si escuché bien al senador Carrera. Entendí que uno de los motivos por los que no van a votar este artículo es que se estipulan 90 y no 120 días, que es el plazo que requerían para acompañarlo. ¿Es eso, nada más?

SEÑOR CARRERA.- No; solicitamos que se retire el artículo 31 en su totalidad.

SEÑOR PENADÉS.- Perfecto; lo pregunté porque si era por lo de los 120 días, no tendríamos inconveniente en realizar la modificación a efectos de que se vote. Pero no estamos dispuestos a retirar el artículo 31.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA.- Quisiera hacer una aclaración ya que, además, fui aludido, aunque de buena manera.

Es verdad que estuvimos dialogando con el senador Carrera a fin de acercar posiciones, dadas las preocupaciones compartidas. Como bien lo mencionó el senador Penadés, el cambio de 90 a 120 días era una cuestión para charlar, pero la eliminación del artículo es muy difícil, sobre todo, porque el Frente Amplio no acompañaría el artículo 29, que para nosotros también es importante. Por ese motivo, no siguió prosperando la negociación.

Dado que fui aludido en este diálogo, debía aclararlo.

Agradezco, de todas maneras, la buena disposición del senador Carrera.

SEÑOR BRENTA.-Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRENTA.- Gracias, señora presidenta.

Quiero saludar el tono que ha adquirido esta discusión.

Todos somos conscientes de que estamos frente a un problema que necesita un abordaje profundo, no solo en el ámbito público, sino también en el privado, en el que esta temática se plantea en forma permanente.

En el marco de los consejos de salarios se han acordado regímenes especiales en lo que tiene que ver con distintos tipos de licencias. De hecho, en el período anterior se votó una ley de extensión de la licencia parental. Quiere decir que es un tema sensible en el cual –como mencionaba el señor senador Manini Ríos– se trata de ser justo, y para serlo hay que tener determinados parámetros.

Quiero mencionar que, efectivamente, no es un tema nuevo. En 2016, a raíz de haber detectado un problema en este tema, se conformó una comisión en la que trabajó el Banco de Previsión Social, junto con el Sindicato Médico del Uruguay y los trabajadores de la salud, a efectos de analizar esta problemática y compararla con los criterios que se toman a nivel internacional. Uruguay ha tenido, en los últimos años, una cantidad de licencias médicas que se ubican en el entorno del 5 % en relación con los trabajadores activos. A nivel internacional se acepta una tasa de hasta el 10 %.

Si bien existieron hechos puntuales –recordamos algunos en los que se descubrió a algunos profesionales que otorgaban certificados no válidos, digamos, por no utilizar un término inadecuado–, la tasa de licencias por enfermedad que tiene nuestro país no supera los parámetros internacionales. Creo que esto debe ser materia de análisis de esa comisión a la que se hace mención. Me da la impresión de que el trabajo de esta comisión va a exceder el plazo que se plantea en este artículo porque la problemática es realmente profunda.

Quiero mencionar, nuevamente, una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo a partir de la expansión a nivel internacional de la pandemia del coronavirus. Reitero que esta es una organización de carácter tripartito, en la que están representados empresarios, trabajadores y gobiernos. En la recomendación se expresa: «Casi el 50 por ciento de los trabajadores del mundo no tienen legalmente reconocido el derecho a percibir prestaciones por enfermedad. Cuando estos trabajadores están enfermos, deben optar por quedarse en casa para proteger su propia salud (y la salud pública) o por seguir trabajando para mantener el empleo y los ingresos, poniendo así en peligro su propia salud y la de los demás.

Por lo tanto, se necesitan medidas urgentes e inmediatas para ampliar el acceso a las prestaciones por enfermedad. En respuesta a la pandemia, algunos países han ampliado la cobertura y la adecuación de esas prestaciones o han ajustado su alcance, por ejemplo, a fin de asegurar el cumplimiento de la cuarentena» –en aquellos países donde hubo– «y el autoaislamiento, agilizando la tramitación de los pagos y desarrollando mecanismos de adjudicación más rápidos.

Para que las prestaciones por enfermedad ayuden a prevenir las pandemias, es imprescindible contar con mecanismos de financiación colectiva. Se requiere un plan (o conjunto de planes) sólido, equitativo y financiado de manera sostenible, que garantice la continuidad de la cobertura para aquellos grupos anteriormente excluidos que recibieron cobertura durante la crisis. La experiencia demuestra que confiar exclusivamente en la responsabilidad del empleador no es una solución viable y conduce a la exclusión, sobre todo en el caso de los trabajadores autónomos.

También debería otorgarse a todos los trabajadores el derecho a beneficiarse de una licencia familiar remunerada. Esta prestación cobra especial importancia en el caso de quienes no pueden teletrabajar, por cuanto muchas estructuras de apoyo están cerradas y la prestación de cuidados no remunerados a niños y ancianos frágiles a cargo de familiares que no conviven en el mismo hogar se ve obstaculizada por las medidas de distanciamiento físico.

Las medidas de emergencia adoptadas durante la crisis deberán transformarse a medio y largo plazo en un plan sólido, equitativo y financiado de manera sostenible. Los grupos excluidos que han recibido prestaciones durante la crisis no deben perder posteriormente su cobertura». Creo que en este momento, si pensamos efectivamente en la protección de la salud de los trabajadores y en lograr un tratamiento eficiente en el otorgamiento de las licencias, realmente hay que abordar en profundidad este tema, que va bastante más allá de las pérdidas financieras, que obviamente no podemos desconocer, pero tienen que ver con una nueva realidad que está viviendo la sociedad.

Por lo tanto, señora presidenta, compartimos lo expresado por el señor senador Carrera en el sentido de que lo mejor sería retirar este artículo y generar un amplio debate social respecto a este tema, de forma tal de no abordarlo con esa suerte de plazo que, en mi opinión, haría que la discusión fuera mucho más limitada a aspectos puntuales y no a los temas de fondo que tienen que ver con esta nueva realidad que estamos viviendo. La Organización Internacional del Trabajo –cuyo prestigio es conocido– está recomendando licencias que van mucho más allá de la licencia por enfermedad.

SEÑORA DELLA VENTURA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BRENTA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señora presidenta.

Nos han acercado el material de la comparecencia de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del 30 de octubre, entre los que estaba el asesor Juan Williman. Entre otras cosas, se mencionaron otros argumentos que también es bueno tener en cuenta. Dice: «… puede tener una grave falla de constitucionalidad y eso es porque las normas legislativas tienen que cumplir con algunos principios fundamentales. Uno de ellos es el de proporcionalidad y el otro, el de razonabilidad a la hora de definir una política. En este caso cuando, en definitiva, lo que hace es recortar derechos, no parece cumplir con algunos principios básicos que, repito, son estándares de control constitucional…». Y aquí se pregunta: «Es decir, ¿existe una alternativa idónea para lograr el mismo fin y no la estamos usando? Como asesores creemos que sí. No es solamente mi opinión, lo he hablado con distintos constitucionalistas…». Entonces, dice: «… vamos a cortar el derecho a percibir la partida, afectando a miles de funcionarios que justificadamente estarían certificados y que seguramente en uno de los peores momentos, vean una reducción salarial […] La pregunta que nos hacemos desde el punto de vista constitucional es si efectivamente no existe una vía alternativa idónea para ese logro […] porque, además, existe corresponsabilidad del Estado a la hora de ejercer los controles necesarios para determinar quién efectivamente está bien certificado y quién no. […] para la mayoría de los constitucionalistas hay un grave diseño en la proporcionalidad y en la razonabilidad de la solución. ¿Por qué? Porque hay una vía alternativa para buscar el mismo fin sin lesionar derechos y, obviamente, tiene que ver con la participación del Estado en el control de estas certificaciones médicas».

Entonces, dice: «… el legislador hace taxativamente una elección de enfermedades que quedan fuera de este recorte. Desde ya les adelanto que es prácticamente imposible no caer en una injusticia, en una violación del principio de igualdad porque es muy difícil que un legislador –o, en este caso, un jurista– pueda distinguir qué enfermedades realmente están justificadas y quedan excluidas de este recorte salarial y cuáles no. ¡Como si yo pudiera distinguir si una enfermedad oncológica es más grave que una autoinmune, y por eso una está incluida y la otra no! Eso va a ser prácticamente imposible, va a generar una violación del principio de igualdad y, de alguna manera, van a llover demandas y planteamientos de inconstitucionalidad. Por eso queríamos plantear esto de manera expresa y, específicamente, la situación de los funcionarios civiles penitenciarios, porque su ámbito laboral –repito– es especialmente vulnerable y los va a afectar de forma especial».

Me parecía importante este aporte para complementar lo dicho.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Brenta.

SEÑOR BRENTA.- He finalizado, señora presidenta.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Queremos dejar una constancia en referencia a la Ley n.° 16104. Esta norma fue aprobada por dos tercios de votos porque el capítulo II, «Licencias por enfermedad», es general y se aplica a todo el Estado, es decir que comprende a los Gobiernos departamentales y a los entes autónomos.

Hay una serie de sentencias que me enviaron ahora, por ejemplo, la sentencia del TCA 480/2015, que estudió la situación de un magistrado del Poder Judicial, y la sentencia 367/2009, que trató la situación de un funcionario del Gobierno departamental de Rocha, en las que se aplicó esta norma.

Queremos dejar esta constancia porque estos temas están cambiando el régimen de licencia por enfermedad que se aplica a todo el Estado y esto se está modificando sin las mayorías requeridas en la Constitución de la república. Queremos que eso quede claro.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 29, 30 y 31.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- He votado esta imperfecta solución, que de cualquier modo es mucho mejor que el perfecto descontrol que tenemos actualmente y que la carísima y perfecta injusticia que se da sobre los demás funcionarios. Acá va a actuar una comisión que tendrá sobre sí la espada de Damocles y la responsabilidad de que esta solución que sabemos que es imperfecta pueda tener continuidad, pero va a estar presionando sobre el resultado para salvar la injusticia y conseguir una solución que premie al buen funcionario y al buen médico.

Mientras la comisión actúe, se van a producir dos cosas: la primera es la dinámica del que quiere llegar al resultado, y la segunda es que va a ir surgiendo información que sancionará al mal funcionario, a las malas actitudes y va a alentar y a premiar al que hace las cosas bien. Va a sancionar al mal médico, así como al patrón o al administrador público que por tolerancia mal entendida termina siendo absolutamente injusto e indolente con la función que debe cumplir. Por eso estamos seguros de la efectividad de esta comisión.

Además, ningún buen funcionario en este plazo va a tener consecuencia negativa alguna. Todos los buenos funcionarios reúnen los antecedentes como para no sufrir las consecuencias que en este plazo podrían llegar a tener.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Quisiera dejar constancia de que, obviamente, suscribo los fundamentos señalados por mis compañeros de bancada. No obstante, quisiera hacer algunas puntualizaciones.

En primer lugar, estamos ante un tema objetivo que ha abarcado Administraciones de distintos signos políticos y que, por lo tanto, el Uruguay tiene que solucionar.

En segundo término, en nuestra opinión, los artículos que se están considerando y que recién se han votado no dan una solución de fondo ni una buena solución a un problema real que tenemos, insisto, más allá de las Administraciones, como ha sido señalado.

En tercer lugar, uno de los artículos –el que crea la comisión– tendría que haber sido una condición previa y se debería haber desglosado lo demás si se quería tener un pronunciamiento expreso con una integración tal como la que se propone.

En cuarto término, queremos advertir algo que en otras oportunidades se nos ha señalado a nosotros. Va de suyo que no es el Parlamento el que indica la constitucionalidad o no de las normas, pero creemos, en nuestra opinión política –porque esa es la condición en la que nos expresamos aquí adentro–, que esta norma va a ser objeto de un sinnúmero de impugnaciones y, por lo tanto, tiene una fragilidad desde el punto de vista jurídico que la expone a no llegar al destino que se propone.

SEÑORA PRESIDENTA.- Proseguimos con el tratamiento de los artículos.

Los artículos 32, 33, 34 y 35 ya fueron votados.

En cuanto al artículo 36, el señor senador Gandini nos había expresado que habría que cambiarlo de lugar en virtud de que formaba parte del tema de los pases en comisión. Tiene un sustitutivo que pasamos a leer.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo 36.- Los pases en comisión de funcionarios de las personas públicas no estatales vigentes a la fecha, a los Incisos del Presupuesto Nacional, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado y Gobiernos Departamentales, cesarán al 1º de enero de 2022, debiéndose reintegrar en forma inmediata a su oficina de origen».

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasaríamos a votar el artículo que figura con el número 36 en el original, tal como vino de la comisión, y después votaríamos el sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 36 tal como vino de la comisión.

(Se vota).

–0 en 30. Negativa.

Se va a votar el sustitutivo del artículo 36.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

Cabe recordar que este artículo debe ser posterior al artículo 25 y ubicarse donde está el conjunto de artículos que tienen que ver con las comisiones de funcionarios públicos.

En consideración los artículos 37, 38 y 39 de esta sección.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

Pasamos a la sección III, «Ordenamiento Financiero».

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: solicito que se desglose el artículo 40.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Desea hacer una propuesta, señor senador?

(Dialogados).

–Se desglosa el artículo 40 de la sección III, «Ordenamiento Financiero». A su vez, el artículo 46 no se estaría votando ahora porque tiene un sustitutivo.

En consideración los artículos 41, 43, 45, 50 y 51.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: en cuanto al artículo 40, cuyo desglose solicité, si me lo permite, haría la modificación in voce en sala.

SEÑORA PRESIDENTA.- Adelante. Proceda in voce.

SEÑOR BOTANA.- Me gustaría que, en vez de decir in voce, dijéramos en voz alta en sala, que es lo que corresponde.

SEÑORA PRESIDENTA.- Proceda en voz alta.

SEÑOR BOTANA.- Proponemos que en el artículo 40, donde dice: «… podrán disponer solamente para el ejercicio siguiente de hasta el 100 % (cien por ciento) de las economías que surjan de los créditos del gasto de funcionamiento con financiamiento…», se quite la expresión «solamente para el ejercicio siguiente».

SEÑORA PRESIDENTA.- O sea que la propuesta que el señor senador Botana hace en voz alta es que donde dice: «… podrán disponer solamente para el ejercicio siguiente de hasta el 100% (cien por ciento) de las economías que surjan de los créditos del gasto de funcionamiento con financiamiento…» se quite la expresión «solamente para el ejercicio siguiente».

En consideración el artículo 40, tal como vino de comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 30. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 40 con la modificación propuesta por el señor senador Botana.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: estas son pequeñas modificaciones que pueden llegar a transformar muchas realidades. Estoy muy agradecido a la bancada de mi partido y a la coalición por contar con el voto unánime para este artículo porque permitirá que sean eficientes centros de estudio que trabajan enseñando a producir. Me genera mucha esperanza que, a través de este artículo, las escuelas agrarias de la UTU puedan ahorrar e invertir. A los que nos gusta ver cómo la gurisada aprende produciendo, imaginamos inversiones nuevas y modernización. Si cierro los ojos veo a las escuelas de maquinaria, a las de lechería, a la escuela de Pirarajá, a la de Cerro Largo o a la de La Carolina, todas con su especificidad, intentando competir para ver quién ahorra más para poder invertir y quién, a través de la inversión, puede modernizar su centro de estudio y adaptar esa modernización a la realidad del campo uruguayo. Esto no es algo exclusivo de las escuelas agrarias; también es para la UTU, los centros de carpintería y otros organismos que son muy importantes.

En definitiva, quiero que conste en la versión taquigráfica que, a partir de la aprobación de esta iniciativa, vamos a salir a los caminos a comunicar a los directores de cada una de las escuelas agrarias que el artículo 40 de la ley de presupuesto existe y a incitarlos a que lo aprovechen.

Muchas gracias.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Como bien ha señalado el señor senador Da Silva, podremos volver a nuestra UTU de todo el país, a nuestras viejas escuelas industriales, a producir fruta o verdura para nuestros hospitales; las podremos ver producir ventanas o puertas en sus carpinterías y quedarse con esos proventos para efectuar inversiones en la propia escuela. Podremos ver a nuestros museos cobrar entrada y mejorar sus inversiones con ese producido; también veremos hacer lo propio a quienes hacen producciones audiovisuales en medios públicos.

Con este artículo nuestros hospitales se verán alentados a ahorrar y a no pedir refuerzos de recursos porque podrán quedarse con todos sus ahorros y sus proventos. Todo esto está dirigido a las inversiones y a la posibilidad de generar más proventos.

En vez de ser compradores permanentes de servicios al sector privado, la idea es que cuando exista voluntad política se pueda dar vuelta la taba para empezar a venderle al sector privado en esa complementariedad que todos soñamos siempre dentro del sistema de salud. Parece que es un artículo que va a dar sus buenos frutos.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Como decíamos, el artículo 46 tiene un sustitutivo.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Gracias, señora presidenta.

Nosotros no vamos a acompañar este artículo, pero queremos que la cámara se detenga un momento para ver qué es lo que vamos a hacer o lo que se va a concretar. Me refiero a la derogación de la Ley n.º 19771, de 12 de julio de 2019, que fue votada por unanimidad y donde se estableció la rendición de cuentas obligatoria de los viáticos en el exterior de todos los señores senadores, representantes nacionales, ministros, cargos de confianza de Gobiernos departamentales y del Gobierno nacional, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la Suprema Corte de Justicia.

Esa ley se votó, reitero, en julio de 2019 y su objetivo tenía que ver, justamente, con un debate que se había dado e instalado en el país acerca de la rendición de cuentas de los viáticos, de la plata que el Estado da a los cargos políticos cuando van en una misión oficial. Allí se estableció –por eso contó con el voto de todos los partidos– que cuando un legislador viaja al exterior en una misión oficial, al regresar debe tener los comprobantes de gastos.

El artículo 5.º –acá se está derogando toda la ley–, justamente, establece la rendición de cuentas y luego, en los distintos literales, detalla lo que se debe presentar. Por ejemplo:

«A) Fotocopia del pasaporte o de los tickets aéreos de embarque si correspondiere.

B) Toda la documentación respaldante de los gastos incurridos los que deberán corresponder en caso de que fueran necesarios, propios del evento o de la misión desarrollada. Se admitirá que hasta un 20% (veinte por ciento) del total de gastos realizados no cuenten con comprobantes que los respalden». Eso es por si se pierde algún comprobante o boleta, de modo de dejar un margen.

Lo que se está haciendo en este proyecto de ley de presupuesto es derogar esa obligación. Se deroga la ley y se establece que ahora va a haber una especie de declaración jurada en la que los funcionarios y quienes ocupan cargos políticos que viajen al exterior –es decir, nosotros– vamos a regresar y a decir: «Usted me entregó, señora presidenta, tantos viáticos para que yo participara de tal evento internacional, y gasté tanto. Devuelvo lo que me sobra o gasté todo».

La ley mencionada se había aprobado con el voto conforme de todos los partidos políticos. Creo que era un avance muy importante en algo que se pregona muchísimo, que es la transparencia. En definitiva, es el uso de los recursos públicos, del que se ha hecho mucho discurso. Aclaro que lo comparto; sin embargo, alguien dijo que las pequeñas cosas se escapan. Justamente, aquí estamos habilitando a que cuando los funcionarios públicos vayamos al exterior no tengamos que traer las boletas correspondientes. Eso es lo que se está haciendo; se está borrando con el codo.

Me parece que es importante decir todo esto porque, además, aquí también se deroga la Ley n.º 19860, que estableció una prórroga, dado que la ley original de viáticos se reglamentó por el Decreto n.º 401/019. Más tarde, se trajo un proyecto de ley –luego Ley n.º 19860– por el cual se otorgó una prórroga para que empezara a regir la ley de rendición de cuentas de viáticos al 1.º de enero de 2021 porque, justamente, había una transición de gobierno, estaban asumiendo las nuevas autoridades y se entendió que correspondía que, con todo el proceso de transición que eso implicaba, la ley empezara a regir un año después; de lo contrario, iban a asumir las autoridades y tendrían que llevar adelante determinadas acciones.

Entonces, señora presidenta, creo que tiene que quedar claro cuál es la decisión que se va a tomar hoy. En el artículo se expresa: «Todos los funcionarios de los Incisos del Presupuesto Nacional designados para realizar una misión en el exterior o una comisión de servicio en el país, tendrán diez días hábiles siguientes a su regreso para rendir declarando los conceptos de gastos realizados y el cumplimiento de las tareas asignadas». En la hoja 42 hay un sustitutivo donde se agrega: «La declaración de gastos tendrá valor de declaración jurada» y luego la norma continúa diciendo: «En caso de corresponder, deberán entregar los excedentes del viático asignado ante la oficina respectiva».

En definitiva, aquí se está omitiendo que, cuando viajen al exterior, estas personas tengan que traer las boletas o las facturas correspondientes del hotel o de lo que paguen; no tendrán que entregarlas. Eso era lo que señalaba el artículo 5.° de la ley que se deroga a través de este artículo 46.

Creo que este es un mal precedente para quienes hablan de que cada peso vale y que hay que cuidar todos los pesos por chiquitos que sean.

Era cuanto tenía para decir, señora presidenta.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Creo que hay que ser coherentes. Quiero dejar una constancia para que quede bien graficadita en la versión taquigráfica: durante esta legislatura este senador no cobrará ni un solo centavo de viático si le llegara a corresponder viajar al exterior. ¡Que quede clarito! Así no tengo que rendir cuentas de nada, porque no le voy a hacer gastar ni un solo peso al Estado.

Muchas gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Compartimos que, en este caso, estamos dando una pésima señal con respecto a un tema sobre el que se nos hacen reclamos. La explicación no es lo que cada uno haría con el viático, sino la regla de juego que establecemos entre nosotros. Lo estamos haciendo ahora, en un momento más complejo todavía que cuando se votó la ley, porque es un tiempo de crisis económica y social, de emergencia por la pandemia, de ajuste y de rebaja salarial. El mensaje que estamos dando es que en medio de esto dejamos de controlar los comprobantes de los viáticos cuando se viaja al exterior.

Lo que tendríamos que discutir es cuál es el argumento para dejar de comprobar los gastos en el exterior. Lo que estamos votando no es lo que va a hacer cada uno, sino las reglas que establecemos para todos. En este caso, además, estamos transitando por encima de una decisión que construyó una unanimidad. No fue una solución impuesta por mayoría en el Parlamento hace dos años. Hubo una discusión y se dijo: «Bueno, ¿qué gasto en el exterior no se puede comprobar?». Además, hay un margen para imprevistos.

La señal es pésima y no se salva con la conducta individual, sino con el mensaje que damos como Cuerpo; en este caso, ese mensaje tendría que estar ampliamente fundamentado. Tendría que basarse en razones de interés general y ¡ni de cerca hay razones de interés general para evitar traer la boleta del hotel, de la cena o del taxi! Seguramente todo eso se precise cuando se vaya afuera a representar al Uruguay, pero evitar tener que presentarlo es peor que no haber votado hace dos años la necesidad de tener que rendir cuentas.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: estamos haciendo un esfuerzo para tratar de resolver un problema que tenemos. Este artículo trata de poner una normativa que se pueda aplicar. Acá se ha hablado de leyes que se han votado por unanimidad en tiempo electoral, debatiendo sobre la ética y no sé cuántas cosas más, pero el Gobierno que lo votó no lo aplicó. Cuando llegó la hora, pidió postergación. Este Gobierno tampoco lo aplicó, porque la norma no se pudo poner en práctica.

Esa norma contiene un sistema de rendición de viáticos no solo para el exterior, sino también para el interior del país; acá lo estamos cambiando, pero nadie se queja de eso. Para el interior del país vino una propuesta del Poder Ejecutivo que era más restrictiva y que establecía que el medio día de viático se cobraba hasta dieciséis horas y después de ese lapso se percibía un día entero, pero tampoco se exigía la rendición. Las autoridades dijeron que armar una estructura para el cobro de eso era más caro que hacer la propia rendición. Acá se establece un criterio histórico: los viáticos siempre se rinden, no con boleta. Si los viáticos son muy altos, habrá que bajarlos, pero se establece un mecanismo de rendición por concepto de gastos y, además, se determina que se rinden por tarea debidamente cumplida.

A su vez, esa declaración tiene valor de declaración jurada. Quiere decir que, si no son exactos esos conceptos que deben incorporarse en la declaración, se comete el delito de falsificación ideológica de documento público, que está establecido en el artículo 179 de nuestro Código Penal. Quiere decir que se agrega una consecuencia muy importante. Si un funcionario que va al interior dice que estuvo veinte horas, por lo cual cobra el viático entero, y luego se demuestra que no hizo la tarea o que volvió a las ocho horas, estará falsificando esa declaración y la consecuencia será la destitución.

Por lo tanto, creo que se es muy severo en este tema. En los viáticos en el exterior pasa lo mismo. No se trata de hacer leyes para quedar bien con la tribuna y después no aplicarlas o proclamar la transparencia y luego no poder cumplir con ella. No quisiera entrar en otro debate de viajes al exterior, porque nos llevaría a empezar a poner en la casuística nombres propios y cosas que se han hecho muy mal en materia de viajes y de viáticos. Creo que nosotros tenemos que ser serios en este tema.

En los viajes al interior no se pide rendición por una cuestión muy clara: no es obligatorio cumplir con esa función si no se le paga al funcionario. Cuando salen en sus horarios de trabajo, los funcionarios no cobran horas extras. Supongamos, por ejemplo, que un enfermero tiene que ir a Tacuarembó a llevar a un enfermo y volver. Si se le dice que tiene que presentar la boleta por dos chorizos y una Coca, y que si fue a un hotel, tiene que presentar la boleta, le va a decir: «Tengo la nena enferma. Laburo en una mutualista. Perdón, pero no puedo ir». No va nadie. Los funcionarios van porque duermen en la ambulancia, comen un refuerzo o se quedan en la casa de un amigo y hacen unos pesitos, que son los que se les debe pagar por el horario extraordinario que están haciendo y que no se les paga. ¡Así funciona el sistema! ¡Por eso no se pudo aplicar! Y acá estamos transparentando eso; estamos diciéndole: «Vaya, confiamos en usted, pero si nos miente, lo destituimos». Es lo que dice acá.

Pasa lo mismo con los viajes al exterior de los jerarcas; no estamos hablando solo del Parlamento, sino de todos los jerarcas de todos los partidos de todas las épocas. ¿Hay abusos? Y, ¡puede haberlos! También es verdad que, así como nosotros los legisladores tenemos gastos de representación en el salario porque gastamos en la función que hacemos, cuando vamos al exterior muchas veces pagamos la cena en una reunión política fuera del recinto. ¿Cuántas veces tenemos que absorber y asumir gastos que no podemos venir a rendir? Se nos da un dinero que alcanzará o no. Yo llegué a dormir en una habitación con otros cuatro diputados en Nueva York porque no había manera de pagar el hotel; éramos cuatro y nos tuvieron que poner un catre, y éramos de tres partidos diferentes: del Frente Amplio, del Partido Independiente y del Partido Nacional. ¡Arréglate! ¡Te alcanza o no te alcanza! O ¿venís a pedir después? ¡Cuántas veces tuvimos que enfrentar en los aeropuertos días que nos quedamos y tuvimos que pagar de más! ¿Y vinimos con la boleta a reclamar lo que pagamos de más? Ahora bien, los viáticos se fijan por un criterio internacional de Naciones Unidas y es igual para Haití, para Buenos Aires, para Nueva York o para París. Es un criterio objetivo y hay que rendir después: si sobra, devolver, y si no sobra, explicar. Si alguien cree que con eso se cometen abusos, que los denuncie, pero no podemos someter a algunos jerarcas a que anden juntando la boleta y mucho menos caer en aquello de «Poneme dos cenas» o «Hacémela por más». ¡Por favor! ¡Lo hemos visto y es una vergüenza! Hay que tratar con un poco de dignidad a los jerarcas, sobre todo a los que hacen las cosas bien. Hemos visto de todo, pero en esto no se nos puede incluir a todos. No me parece que eso sea correcto. Acá estamos presentando una propuesta transparente de la que nos hacemos cargo. Sobre todo, nos hacemos cargo de que las cosas funcionen. Ahora, si no funcionan, estamos dispuestos a discutir otros sistemas, pero el que estamos derogando tiene dos años de vigencia y no se pudo aplicar. Es más, no se insiste en aplicarlo porque se está hablando solo de los viáticos en el exterior. En todos los demás casos se mira para el costado y que se siga rindiendo con una declaración verbal. En eso estamos todos de acuerdo.

Entonces, me parece que no es el momento de dar una discusión más allá de la que estamos dando. ¿Es conceptual? Sí. Se puede estar de acuerdo o no, pero creo que tenemos también que sincerar un poco un régimen que tiene sus complicaciones para ser aplicado en la realidad.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Voy a hacer una aclaración y a dejar una constancia.

Creo que el sistema político debe tener el liderazgo suficiente para encarar los temas como se debe. Nunca he sido un legislador que antojadizamente se ha dedicado a golpear, por ejemplo, las misiones oficiales que tienen los señores parlamentarios en el exterior, porque creo que son necesarias y válidas. Es más, creo que cuando un legislador o un jerarca público tiene que ir al exterior, se le deben pagar viáticos porque está excediendo su actividad. La actividad política de representación del país es muy importante y no se debe financiar con el bolsillo privado. Se tiene que financiar con el bolsillo público, si es de interés público. Si no es de interés público, que salga del bolsillo privado. De manera que en estos temas no tengo ningún problema.

De lo que sí quiero dejar constancia, señora presidenta, es de que creo que de todas maneras es bueno ser precavidos. No es un problema de andar revisando boletas ni de entrar en la casuística de muchos nombres que podemos manejar, que sería lastimoso para el sistema político, porque después existen los carroñeros que, en realidad, lo que quieren hacer es deslegitimar al sistema político. Y yo no me sumo a los que quieren hacer eso, pero en función de eso y del mundo en que vivimos hoy, insisto en que es bueno que seamos precavidos.

La ley que ahora se deroga y que estoy defendiendo aquí, en sala, refiere justamente al 80 % del viático que reciben los señores legisladores. Dicho sea de paso, los viáticos que reciben los señores legisladores no son el 100 % del que define Naciones Unidas, porque la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores fue dar el 85 % de lo planteado en la escala de valores de Naciones Unidas. De todos modos, tienen por lo menos un 20 % de margen y es bueno que presenten las boletas correspondientes para preservar el sistema de quienes quieren erosionarlo.

Termino diciendo que esta ley establecía, en su artículo 7.º, que en un plazo de seis meses después de promulgada debían adaptarse todos los reglamentos de los entes que abarcaba, porque esta ley comprendía a los municipios, las intendencias, los entes y por eso había contado con todas las mayorías para aplicarse. Eso era febrero de 2020, porque esta es una ley de 2019. Y por eso en diciembre mi Gobierno propuso aquí una prórroga de un año más, porque no iba a dejar que cuando asumiera el nuevo Gobierno el 1.º de marzo tuviera que estar armando todo lo que implica los estatutos que hay que modificar. Se entendió que un año era prudencial para poder establecer esa adecuación normativa. Por eso se propuso la prórroga. No fue porque no se pudiera aplicar, sino simplemente para adecuar todo el marco, porque en definitiva hay diferentes estatutos que están comprendidos en esto. Los funcionarios son de diferentes ámbitos y organismos del Estado. Repito que ese fue el motivo de la prórroga, no porque no se pudiera aplicar ni por un doble discurso de un Gobierno que vota una cosa y después no hace nada. En todo caso, todos votamos aquella vez y ahora algunos no vamos a votar que se derogue.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 46 del proyecto que vino de la comisión.

(Se vota).

–0 en 30. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 46 con la redacción del texto sustitutivo.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

SEÑOR PENADÉS.- Me gustaría que la Mesa informara cuál es el número de hoja del texto sustitutivo que se acaba de votar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Lo habíamos informado cuando se procedió a la lectura. Es la hoja 42 del texto sustitutivo.

Pasamos a la sección IV, «Incisos de la Administración central».

En consideración los artículos 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 84, 85, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 108, 109, 110 y 111.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 29. Afirmativa.

En consideración el artículo 83, que había sido dejado aparte porque tiene un texto sustitutivo. El texto figura en la hoja 20 del repartido que tienen en su poder los señores senadores.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo tal cual figura en el proyecto.

(Se vota).

–17 en 30. Afirmativa.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Señora presidenta: quiero fundar el voto del artículo 73, que deroga la Secretaría de Transformación Productiva y de Competitividad.

Nosotros entendemos que la existencia del Gabinete Productivo y de Innovación por encima, y de la Secretaría de Transformación Productiva y de Competitividad por debajo, fruto de un esfuerzo muy importante, había dado resultados prácticos muy relevantes en materia de estrategias de competitividad. Ahora, su pasaje a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto le quita especificidad, en un momento en que –como lo venimos discutiendo desde hace varios días– la competitividad real, no la espuria sino la basada en la productividad y la eficiencia es muy importante. Este organismo concentraba un enorme esfuerzo entre las agencias de innovación, los ministerios productivos y demás.

En consecuencia, nos parece que este es un paso atrás muy importante en términos de desarrollo del país productivo.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora Della Ventura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Me voy a referir a los artículos que versan sobre los bienes inmuebles que van a poder declararse prescindibles y que a partir de entonces van a poder venderse o pasar a formar parte de un fideicomiso. Nos parece que eso no está bien y que lleva a una cierta discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Asimismo, considero que esta declaración va a tener consecuencias en cuanto a los bienes de cada ministerio, más allá de que se exceptúan las escuelas rurales y demás.

Creemos que la norma es perjudicial y por eso no la votamos.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Agradezco el gesto del Senado de la república por haber votado el artículo 111, mediante el cual se otorgan recursos incrementales para la infraestructura en el deporte, pedido que había sido hecho desde la Comisión Especial de Deporte, de manera compartida con los señores senadores Niffouri, Sartori y Coutinho.

Reitero nuestro agradecimiento por el gesto de quienes han votado para incrementar estos recursos.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: brevemente, aprovecho la figura de la fundamentación de voto para hacer una aclaración con respecto a la afectación de los inmuebles prescindibles. Si el organismo titular de esos inmuebles no los declara prescindibles, no van a poder enajenarse; es una condición sine qua non. El organismo debe considerar los inmuebles prescindibles para que se dispare el mecanismo previsto en la ley.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al análisis del inciso 03, «Ministerio de Defensa Nacional».

En consideración los artículos 116, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 y 137.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 29. Afirmativa.

(Interrupciones).

–Solicito a los señores senadores que quieran fundamentar el voto, que pidan la palabra para hacerlo ni bien terminamos de considerar el inciso respectivo; si no se lleva el debate en forma ordenada, la verdad que es muy difícil trabajar y, además, tomar la versión taquigráfica.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: por la vía del fundamento de voto, quería destacar los elementos de justicia que va a haber en el presupuesto nacional con respecto a la tropa de nuestros funcionarios públicos de menores ingresos, esa gente que porcentualmente tiene más necesidades básicas insatisfechas y que es la que nos patrulla la frontera, nos ayuda en momentos de zozobra y para quienes este Gobierno ha dispuesto, merced a la gestión del presidente y de su ministro, una muy linda dotación presupuestal. Queríamos dejar esto de manifiesto.

En el Ministerio de Defensa Nacional tenemos un claro ejemplo de gestión, pues es uno de nuestros buques insignia del combate a la pandemia. Desde el 14 de marzo, junto con el Mides y el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Defensa Nacional ha sido, reitero, uno de nuestros buques insignia. El ministro García se ha encargado de controlar cada uno de los gastos, algunos sin justificación y otros superfluos, que recibió a la hora de asumir su mandato, y tenemos la alegría de decir que va a desempeñar una muy buena gestión. Tanto los soldados, como los cabos y los sargentos estarán honrados con un aumento salarial que, si bien no es el que ellos se merecen, es una señal de hacia dónde queremos hacer justicia dentro del funcionariado público.

Muchas gracias.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Señora presidenta: básicamente, queremos señalar algunos aspectos por la vía de la fundamentación de voto, ya que, si bien entendemos que la celeridad es algo bueno, no llegamos a considerar a fondo algunas cuestiones, pero esta es la ley de juego.

En primer lugar, queremos reivindicar lo que ha sido durante los Gobiernos del Frente Amplio la asignación creciente, tanto en recursos materiales como humanos, para el inciso Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas. Queremos reivindicarlo también desde el punto de vista político, por lo que entendemos es una sana y justa relación con una institución tan importante para el Estado y la sociedad, que nosotros valoramos en esos términos.

Además, queremos decir que para nosotros ha sido muy importante la reforma de la Ley Orgánica Militar; fue una actuación fundamental del Gobierno del Frente Amplio, que involucró a todos los actores. Algunos de los artículos que votamos en contra –que no son los que suponen mayores ingresos para los funcionarios de menor rango del Ministerio de Defensa Nacional– tienen que ver con la creación de cargos de oficial general, coronel y capitán de navío, porque entendemos que no es algo prioritario, y mucho menos si no se da dentro de una discusión general, que tantas veces se ha reclamado, con el involucramiento de todos los partidos políticos, en lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas.

Quería plantear esto en términos generales porque entiendo que las cuestiones que hacen al funcionamiento y a la pirámide funcional, en particular, deberían estar en el marco de una discusión específica y no contenida en un proyecto de ley presupuestal, mucho menos si tenemos en cuenta que no era necesario este tipo de decisión que ha tomado mayoritariamente el Parlamento.

Muchas gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: acompañamos estas disposiciones porque lo hicimos durante los quince años en que fuimos Gobierno, período en el cual la tropa tuvo un incremento salarial del entorno del 80 %, sabiendo que el tema de la política salarial es complejo. En la rendición de cuentas del 2015 se sostenía que no le podíamos llamar aumento a un incremento de poco más de $ 1000 previsto también para la tropa. La referencia que me queda en algunos casos es: «Otros vendrán que bueno te harán».

Gracias.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: en primer lugar, coincido con lo dicho por el señor senador Da Silva en cuanto a que se trata de hacer un poco de justicia con los servidores públicos –prefiero llamarlos servidores y no funcionarios públicos por la naturaleza de su actividad– más relegados en los sucesivos presupuestos nacionales desde hace mucho tiempo. Es indudable que con estos montos que se disponen de aumento salarial no se llega a solucionar esa relegación que tienen, comparados con los demás funcionarios públicos.

Estos servidores públicos son por lejos los que mayor carga horaria tienen y quedó demostrado, por quienes comparecieron ante la comisión, que estadísticamente son los que tienen números más graves en cuanto a necesidades básicas insatisfechas miradas por sectores. Creemos que se da una mirada y se reconoce ese rezago que hay en las retribuciones. Pensamos que es una buena señal a pesar de que los montos son mínimos y de que incluso una parte será diferida para 2020 y 2021. De todas formas, entendemos que se va en la dirección correcta.

En los últimos años no se han incrementado los recursos humanos a nivel de las Fuerzas Armadas; sí hubo aumento en algún servicio en especial, pero no a nivel de las Fuerzas Armadas. Lo que sí se ha incrementado una y otra vez son las misiones asignadas, que han llevado al personal a cumplir una mayor carga horaria. Eso es bueno precisarlo para que no queden dudas al respecto. Creemos que esta es una señal; aunque no sea suficiente, al menos es el reconocimiento de un problema existente desde hace mucho tiempo.

Muchas gracias.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: hemos votado afirmativamente algunos de los artículos, fundamentalmente aquellos que van a dar algún incremento desde el punto de vista salarial y algunas compensaciones, según plantea el artículo 101 referido a incremento salarial para los primeros cuatro grados del personal subalterno. Vamos a decir cuál fue la escala propuesta: $ 600 de aumento a los soldados, $ 625 a los cabos de segunda, $ 740 a los cabos de primera y $ 810 a los sargentos. Lo hemos votado con mucho gusto más allá de que en los hechos el efecto de ese aumento solo consista en que el personal pierda a partir de enero del 2021 un poco menos de poder adquisitivo que los demás funcionarios públicos.

Hemos votado, sí, en contra de lo que entendemos es sumar cargos. En su momento, el señor ministro fue consultado sobre cuál sería la tarea, porque ya estaba muy bien justificado el aumento de tareas al personal, por ejemplo, en el patrullaje de frontera. Todavía estamos esperando información sobre la creación de los cargos de oficial, general, coronel y capitán de navío a través de los artículos 113 y 114, porque nos parece que significa un aumento de 16,6 % de la cantidad de generales y un 12 % de la cantidad de coroneles. Esto implica, además, el gasto que hay alrededor de la creación de estos cargos, que tienen elevados salarios, incremento de personal adjunto, vehículos, viviendas y oficinas. En realidad, estos nuevos roles que desempeñan las Fuerzas Armadas –por ejemplo, el patrullaje de frontera, que conocemos muy bien– no se asignan a coroneles ni a generales, sino a los soldados. Por eso queríamos dejar en claro nuestra posición, más allá de consideraciones políticas –que las tenemos– sobre el rol de las Fuerzas Armadas que, de alguna manera –entre algunos artículos votados en la Ley de Urgente Consideración y otros, que no acompañamos, en este proyecto–, cambia radicalmente. El rol que entendemos debe tener el Ministerio de Defensa Nacional es, justamente, la defensa de la soberanía nacional. Me refiero a algunas cosas que están explícitas en la exposición de motivos y que tienen que ver con equiparar, de alguna manera, con la tarea de la seguridad pública del Ministerio del Interior. Nos parece que no es ese específicamente el rol que debería cumplir el Ministerio de Defensa Nacional. No obstante, sí hemos acompañado ese incremento, que es necesario, pero también debemos decir que durante el período que nos precedió hubo un 85 % de aumento salarial real para los soldados de primera.

Gracias.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: bien decía la señora senadora Lazo que acompañamos –y de hecho la fundamentación del señor senador Da Silva también nos comprende– algunas dotaciones de incrementos de origen salarial para un conjunto de cargos y posiciones dentro de las Fuerzas Armadas. Se trata del artículo que leyó la señora senadora Lazo más otro aditivo que también acompañamos, que amplía un poco esos montos que, en el mejor de los casos, va a dar para compensar la pérdida de salario real que deriva de la aplicación del ajuste salarial del sector público. La magnitud del aumento del salario real, que llegó a cerca del 80 % a nivel de la tropa y alrededor del 40 % a nivel de los cargos más altos en las Fuerzas Armadas en los últimos quince años, obedeció a incrementos netos de remuneración. De todas maneras, tenemos clara la situación en la que vive la mayor parte de la tropa con respecto a la insatisfacción en cuanto al cumplimiento de algunas necesidades básicas y los niveles salariales que deben seguir siendo atendidos.

También debemos decir que no hemos acompañado otros artículos. Adhiero a otras posiciones anteriores en las que se señaló que a las Fuerzas Armadas se le integran funciones y obligaciones, algunas de las cuales tienen más que ver con su naturaleza, pero otras no. Por lo tanto, a nuestro juicio eso amerita una discusión más profunda. Me refiero a temas vinculados, por ejemplo, con la seguridad y también –y lo digo con total claridad– la asignación de tareas de recolección de basura en la ciudad que, a mi entender, está lejos de la naturaleza de la actividad militar.

Quiero decir que no votamos a favor muchos artículos porque modifican la Ley Orgánica Militar. Lo planteo en estos términos: la Ley Orgánica Militar vigente esencialmente es la de 1974. Hasta el año pasado, luego de catorce años de Gobiernos frenteamplistas y de treinta y cuatro años de Gobiernos democráticos, esta norma básicamente no se había tocado. He dicho con tono autocrítico también que el año pasado se tocaron aspectos parciales sin la previa discusión profunda del tema de los roles, la organización y la dimensión de las Fuerzas Armadas.

¿Por qué no votamos ahora estos artículos que modifican la actual Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas?

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Si me permite redondear, señora presidenta, con el señor ministro hemos hablado de trabajar abiertamente en una discusión profunda y seria para modernizar y actualizar esa ley. Entendemos que el Ministerio de Defensa Nacional ha tomado recientemente una resolución, mediante la cual conforma un grupo de trabajo dentro de la cartera para tener una propuesta disparadora de una discusión profunda. Por lo tanto, más allá del contenido de los artículos, lo que no vemos es que sea esta la oportunidad de toquetear esta norma, cuando con todo gusto y viendo la necesidad que tiene el país en esta materia, todos estamos abiertos a dar un debate profundo que conduzca a una moderna Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que dignifique una tarea que todos entendemos es imprescindible.

Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: nosotros acompañamos esta propuesta. Entendemos que está bien que a la tropa –y a quienes le siguen inmediatamente– se la compense con un poco más, e incluso presentamos un aditivo, más allá de acompañar los $ 600 que ya estaban planteados.

Sin embargo, nos parece que está bueno dejar constancia de que no compartimos el llenado de los grados más altos, y en tal sentido presentamos alguno de estos artículos. Creemos que cuando se habla de austeridad a veces hay un poco de incongruencia, porque se podría haber dejado congelada, de alguna forma, la estructura de los cargos altos, y ello hubiera significado un ahorro, pero eso no se hizo.

Asimismo, queremos manifestar que hay recortes en la mayoría de los ministerios respecto a lo que venía del presupuesto anterior, pero no figuran en lo global del Ministerio de Defensa Nacional. Quería dejar constancia de esto.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR LOZANO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LOZANO.- Señora presidenta: con profunda satisfacción votamos afirmativamente estos artículos, en los que se pretende, por lo menos, hacer un poco de justicia con los salarios más relegados de la Administración central. Sabido es que estos servidores públicos –como muy bien expresó un senador preopinante– son los que cumplen más horas en la Administración, y no tienen horas extras, no tienen nocturnidad ni tienen ningún otro tipo de compensación. Se los llama en cualquier momento, en cualquier oportunidad; ya no existe el feriado, no existe ninguna fecha notable ni nada por el estilo, sino que cuando se le llama, el servidor público concurre, cumple con su deber y lo hace bien.

De alguna manera se pretende hacer justicia con estos aumentos salariales. Y vemos con satisfacción que en el Senado se ha mejorado lo que venía de la Cámara de Representantes o lo propuesto por el Poder Ejecutivo. Nosotros entendemos que todos los grados están relegados, pero se da satisfacción a toda la jerarquía del personal subalterno y a las primeras cuatro jerarquías del personal superior, de los oficiales.

Se habló del salario real. Si bien los cuatro primeros grados del estamento militar estuvieron un poco por encima de la media del salario real en los últimos años, los otros diez grados estuvieron todos por debajo de la media; esto también es una realidad.

Con respecto a los ascensos de los capitanes de navío, coroneles y generales, quiero decir que, en realidad, no es que se estén nombrando más oficiales superiores u oficiales generales, sino que, simplemente, todavía no se había llegado a esa adecuación dispuesta por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que se votó el año pasado. Sabido es que esa ley orgánica tuvo buenas intenciones, pero lamentablemente se hizo sin ningún estudio, sin ningún tipo de análisis e introdujo una reducción porque sí, que en definitiva no obedece absolutamente a nada: ni a misión ni a función ni a tarea; a nada.

Reitero, entonces, que simplemente se mantienen algunas jerarquías, pero no se aumenta –como se ha dicho por acá– el número de ninguna de ellas.

En cuanto a la Ley Orgánica Militar, es verdad lo que dijo el senador preopinante en cuanto a que rige desde 1974, pero una ley no se hace así, como si la cuestión solo fuera hacer una nueva porque ya tiene muchos años, sin ningún tipo de análisis del porqué de las cosas y de las razones. Evidentemente, lo que se hace en este presupuesto es simplemente adecuar una realidad y tratar de que una institución piramidal, como las Fuerzas Armadas, siga cumpliendo con su misión que, como dije, lo hace bien, pese a que a algunos parece que eso no les gusta.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: tengo la convicción de que hace muchísimos años que las Fuerzas Armadas vienen siendo maltratadas presupuestalmente, no solo a nivel de sus remuneraciones –que siguen siendo excesivamente bajas, particularmente para el personal subalterno–, sino porque además no nos hemos preocupado, como país, de equiparlas debidamente.

Tenemos una Armada nacional y una Fuerza Aérea que prácticamente no tienen naves para cumplir sus tareas, cuando deben ser custodios de nuestro mar territorial y de nuestro espacio aéreo. Es notoria la pesca abusiva de pesqueros chinos y brasileños en nuestras aguas territoriales y, lamentablemente, nuestra Marina carece de los elementos –en particular de lanchas– para reprimir esa actividad ilícita.

Las disposiciones que estamos votando apenas hacen una mínima justicia para los funcionarios públicos más relegados –muchas veces injustamente relegados, cumpliendo culpas que no les corresponden–, pero creo que tenemos un gran debe en materia de equipamiento de las Fuerzas Armadas. Esto habrá que afrontarlo porque redundará en beneficio, no solo de la dignidad nacional –al defender nuestro espacio aéreo y mar territorial–, sino también de nuestra economía, porque debemos preservar nuestras riquezas con la acción efectiva de las Fuerzas Armadas.

Muchas gracias.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Gracias, señora presidenta.

Considero que esto es un acto de justicia para con los trabajadores. Cuando hablamos del personal subalterno de las Fuerzas Armadas estamos hablando de trabajadores y de servidores públicos sumamente sumergidos en cuanto a lo salarial. Realmente, los soldados conforman hoy ese grupo de ciudadanos uruguayos que están en el límite de la pobreza.

Cuando compareció aquí el señor ministro de Defensa Nacional expresó que un 18 % de los soldados vive en alguno de los más de 600 asentamientos de nuestro país. Y otro dato que en verdad debemos tener en cuenta es que hay 1862 soldados que viven en los cuarteles.

Hay mucho para hacer, señora presidenta, y no solamente desde el punto de vista salarial, que realmente es muy poco el aumento, pero sí es una gran señal que nos compromete a seguir trabajando con este grupo de hombres y mujeres –como de otros– que están sumamente sumergidos y olvidados. Considero, entonces, que es una señal muy importante. Muchos de ellos dejan un tercio de sus salarios pagando sus traslados para ir a trabajar, no tienen horas extras, no tienen compensaciones especiales, pero siempre que se requieren sus servicios allí están, muchas veces priorizando la atención al otro antes que a sus familias.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Estimados senadores: pasamos al análisis del inciso 04, «Ministerio del Interior».

En consideración los artículos 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 191 –hay un sustitutivo para el artículo 192, por lo cual no lo estaríamos votando–, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 201 y 202.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Señora presidenta: queremos hablar, particularmente, de lo que ha venido como artículos 191, 192 y el que antes era el 182 –enseguida me voy a fijar para decir cuál es ahora–, que tiene que ver con la información genética.

Hemos presentado, como la señora presidenta hizo notar, un sustitutivo para el artículo 192. De los artículos actuales puedo decir que el 191 crea una base de datos en la Secretaría del Ministerio del Interior y el artículo siguiente permite la migración de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil a esa base que se crea. La cuestión es que uno crea la base de datos y el siguiente le pone la información.

Tal como lo expresamos en la comisión, nuestra preocupación y el motivo por el cual votamos negativamente estos dos artículos en comisión no es el uso actual que, por lo que nos explicaron las autoridades, se tiene previsto de estos artículos, sino el uso que puede llegar a hacerse en el futuro, a partir de la creación, justamente, de esa base de datos.

(Murmullos en sala).

–Explicábamos en la comisión que, en términos generales, los sistemas informáticos…

SEÑORA PRESIDENTA.- Se agradece, señores senadores, un poco de silencio a efectos de poder escuchar a aquellos compañeros que están haciendo uso de la palabra.

Adelante, señora senadora.

SEÑORA NANE.- Muchas gracias, señora presidenta.

Decía, en términos generales y muy básicos, que un sistema informático tiene una base de datos y algoritmos que se utilizan para lograr determinados resultados.

Nuestra preocupación es que en el mundo se viene dando una tendencia respecto a lo que se conoce como algoritmos de identificación facial. A nivel mundial hay varios ejemplos de que esta tecnología aún está inmadura; en ciertas ciudades está prohibido su uso e, incluso, en algunos países nórdicos no se permite la investigación académica respecto a los algoritmos de identificación facial. El motivo de eso es que como se trata de una tecnología que está inmadura, aún tiene muchos errores en la identificación. Por tanto, está prohibida en el Reino Unido, en Boston, en Pórtland, en San Francisco e, incluso, en Suecia la investigación académica tiene sanción de multa.

También ha habido experiencias más cercanas, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un sistema que implementó el reconocimiento facial para detectar prófugos de las cárceles, y resultó que en las pruebas aparecieron los rostros de 166 niños.

Les explicaba a las autoridades del Ministerio del Interior cuando comparecieron ante la comisión que no creemos que esa sea la intención, pero al crear la base de datos y no poner que será usada para un fin específico –porque lo que dice el artículo es que se usará con fines de seguridad pública–, el universo es absolutamente amplio. Entendemos –de hecho, forma parte del sustitutivo– que, si la queremos usar para verificación de identidad, o sea, a partir de establecer que es preciso buscar a una persona, chequear que lo sea luego de una investigación, no hay ningún inconveniente. Lo que sí decimos es que ese alcance tiene que estar contenido porque, de lo contrario, estamos habilitando un futuro posible, y nos parece que tenemos que ser muy responsables respecto de ese uso futuro.

Asimismo, tenemos consideraciones con respecto a lo que antes era el artículo 182, que refiere a compartir datos del Registro Nacional de Huellas Genéticas. En este artículo se pretende modificar el artículo 10 de la Ley n.º 18849.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Se refiere al artículo 195 del texto que estamos estudiando? Es el que establece: «Agrégase al artículo 10 de la Ley Nº 18849».

SEÑORA NANE.- Exactamente.

El artículo 195 agrega un inciso y prevé, básicamente, la cooperación con otras agencias del mismo ámbito y con iguales fines. De acuerdo con la actual redacción, tiene que existir autorización del juez para realizar consultas en la base de datos uruguaya y para poder solicitar búsquedas en bases de datos de otros países, de la misma manera que ocurre con las huellas dactilares. Lo que hace el nuevo inciso –aparentemente, según se desprende de la comparecencia de las autoridades ante la comisión– es agregar explícitamente algunos tipos de delito. Paso a leerlo: «Además la Dirección Nacional de Policía Científica, por intermedio del Ministerio del Interior, por razones de seguridad pública y de cooperación internacional contra el crimen organizado o trasnacional, el tráfico y trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas, el terrorismo y las violaciones a los derechos humanos, podrá compartir o intercambiar directamente datos…». Otra vez estamos en el meollo del tema del Registro Nacional de Huellas Genéticas.

Agregar todos estos artículos, que parecen dar cierta especificidad al motivo por el que se compartirían las huellas genéticas –más claramente, la base de ADN–, en realidad hace una definición por extensión absolutamente innecesaria, porque todos esos tipos de delitos están contemplados en la ley vigente, que aplica para todos los delitos. Por lo tanto, esa definición por extensión no tendría demasiada razón de ser, más que justificar –entiendo– que en esos casos sería especialmente útil, quizá.

En los hechos prácticos, nuestra preocupación –al igual que en el caso anterior– es que esta modificación habilita a que se pueda solicitar cualquier consulta de un perfil de ADN sin enterar a un juez. O peor: como solamente dice «datos», se podría llegar a enviar toda la base de datos. Eso no está explícito, pero la base de datos de un país no se comparte en términos generales; se comparte un caso.

Durante su comparecencia en la comisión, el subsecretario Maciel, cuando explicó este artículo, dijo que participan de esta posibilidad de cruzar entre ellos sus bases de datos de ADN sin la necesidad de una solicitud de intervención judicial, ya que no son caso a caso. Que no figure la intervención del juez y que explícitamente se nos diga que no es caso a caso, son los centros de nuestra preocupación.

Para nosotros podría llegar a ser en un caso, porque hay una investigación con respecto a eso, y siempre con la autorización del juez. Entendemos que eso es lo que da garantías. Imagínense que mañana una agencia internacional podría pedir la base de datos de todos los uruguayos, y cuando digo todos, son todos: los que tienen antecedentes y los que no los tienen. La información genética de un país no se comparte por definición.

Esas son las dos preocupaciones que tenemos con respecto a estos artículos que mencionamos, señora presidenta. Reitero que no solamente nos preocupa a nosotros, sino también a la sociedad civil, porque hemos recibido peticiones de más de veintiuna organizaciones de la sociedad civil con respecto a los artículos de reconocimiento facial.

Sería un gesto responsable por nuestra parte, como sistema político, que consideráramos el sustitutivo, que no inhibiría el actual uso que se le quiere dar. Y si después queremos hablar de reconocimiento facial, de datos biométricos, de identificación, creo que tendríamos que hacerlo en otro ámbito, no dentro del proyecto de ley de presupuesto. Además, tendríamos que involucrar a la academia, a la industria y a la sociedad civil porque, en definitiva, en un escenario de supuesto mal uso esto termina siendo un asunto de libertad individual.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Muchas gracias, señora presidenta.

(Interrupción del señor senador Camy).

–Voy a ser breve.

Simplemente, quisiera recordar algo que se dijo en comisión cuando se trató este tema. El software que sirve de base a estos procedimientos de identificación facial fue adquirido en febrero de 2020 –durante el Gobierno del Frente Amplio– por licitación pública, habiendo ganado la empresa DDBA, representante en Uruguay de la empresa Herta. Esto le costará al Estado USD 638.913, más un mantenimiento de tres años por USD 238.178.

Lo que se propone es que el Ministerio del Interior, por este sistema, realice un preproceso, es decir, que pueda detectar el rostro, luego alinearlo, frontalizarlo y, finalmente, hacer la comparación con una base de datos. Todo esto es para la creación de una base de datos, de una plataforma de identificación facial con fines de seguridad pública. En ese sentido, se ampara en alguna de las previsiones de la Ley n.° 18331, Ley de Protección de Datos Personales, que concibe entre las excepciones a esa protección justamente los fines de seguridad pública o la represión de los delitos, que es una misión legalmente asignada como uno de los cometidos del Ministerio del Interior, al que le corresponde el orden y la seguridad pública interna, de acuerdo con el artículo 1.° de la Ley Orgánica Policial.

También aterriza el mandato constitucional del artículo 168, numeral 1, que encomienda al Poder Ejecutivo la conservación del orden y la tranquilidad en el interior; incluso, da poderes implícitos a quienes tienen a su cargo el cuidado del orden. Algunos analistas –doctrina jurídica calificada– entienden que incluso el Ministerio del Interior, sin necesidad de habilitación legal –es decir, por reglamento– puede llevar adelante esta labor de cuidado de la seguridad humana y represión del delito; no tipificación de los delitos, pero sí los poderes implícitos que tengan que ver con el cuidado de la seguridad.

Entonces, esta base de datos permitirá la identificación a través de la plataforma que existe en la Dirección Nacional de Identificación Civil.

Ante la compra de este software, de este avance tecnológico y científico que permite un apoyo –no implica erigirse en el único elemento identificador de las personas, pero es una base de datos y significa una herramienta para contribuir a los fines de la seguridad pública, como en su momento lo fueron las fotografías y la toma de huellas dactilares que figuran en nuestras cédulas de identidad–, uno se pregunta si se pretende una regresión al no aprovecharlo. En primer término, es una incongruencia haber comprado este software para no usarlo. Y, en segundo término, ¿se pretende una regresión? Porque ignorar estas herramientas que permiten ahondar en la identificación de personas, es volver a los bosquejos o a esos carteles de «se busca» del Lejano Oeste. Francamente, si este instrumento se usa dentro del marco legal, no se comprende cuál es la oposición por parte de quienes decidieron su compra.

Gracias.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Muchas gracias, señora presidenta.

Quiero intentar ser muy precisa con esto. El subsecretario también nos contestó. Nosotros estamos planteando un tema de madurez tecnológica, de las mismas tecnologías que hablaba la señora senadora Asiaín. No estamos refiriendo a un texto constitucional ni cuestionándolo; tampoco estamos cuestionando las responsabilidades del Ministerio del Interior en lo más mínimo. De hecho, la respuesta sobre cuánto costó la tecnología es un dato. Yo no sé cuál es la relevancia que tiene hoy, porque el costo de la tecnología no se paga con libertad. Entonces, se gastó y está bien, y nadie dice que no se use, nosotros estamos diciendo que se use para lo que se tiene que usar, para lo que lo piensan utilizar. Lo que estamos pidiendo es acotar el alcance del uso a lo que se pretende. No es más que eso; lo que estamos pidiendo humildemente es una reconsideración respecto a esa redacción.

La señora senadora Asiaín habla siempre de identificación, cuando en realidad a lo que se está refiriendo es a un procedimiento que se llama «verificación» y eso es lo que nosotros queremos que se incluya en esto, porque cuando yo verifico, lo que hago es constatar que algo sea igual a otra cosa. Cuando yo identifico hago sucesivas aproximaciones hasta llegar a algo que parece ser y eso es lo que hacen los algoritmos de identificación facial. Esa es la tecnología que no está madura y eso no depende de las personas. Si quieren podemos conversar, y no hay ningún inconveniente en hacerlo, sobre lo que se llama aprendizaje automático, sobre lo que es el futuro de la inteligencia artificial o sobre la madurez tecnológica de estas tecnologías, pero me parece que no somos solamente nosotros los que tenemos que dar ese debate. Cuando uno entrena un algoritmo de inteligencia artificial, lo entrena con datos.

Nosotros somos tres millones de personas y cuando hablo de inmadurez de la tecnología me refiero a que en muchísimos lugares del mundo con una gran cantidad de gente y, por lo tanto, con muchísima más masa de datos para que los algoritmos aprendan, tienen muchísimas tasas de falsos positivos, sobre todo en aquellos rostros de tez oscura o en los rostros femeninos.

Entonces, no estamos cuestionando una compra pública, que suponemos que se hizo con todas las condiciones de la ley, porque no tiene por qué haberse hecho de alguna otra forma, sino un uso posible y, para eso, pedimos responsabilidad en el alcance.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- En primer lugar, quisiera reconocer y destacar el buen ánimo de la senadora preopinante, que en el marco de la comisión nos acercó una propuesta, que es la que está expresando, con la intención de incorporar estos cambios. Los analizamos e intercambiamos con ella y el senador Carrera, y concluimos mantener la posición original. De todos modos, quisiera destacar a la señora senadora, porque me consta el conocimiento específico que tiene en la materia, la importancia de la madurez tecnológica de la tecnología aplicada en estos casos. Este asunto me pareció interesante, pero mantenemos la posición original y nos gustaría fundamentarla.

El artículo 191 concretamente plantea que la base de datos de identificación facial proyectada en la redacción original del artículo no se limita a imágenes de la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Podría incluirse, por ejemplo, una lista de requeridos internacionales que pueda tener la secretaría de Interpol, los cuales podrían no estar necesariamente incluidos entre las personas con cédula uruguaya. Por ese motivo, la redacción sustitutiva asignaría a la Dirección Nacional de Identificación Civil la administración de una base de datos que no le corresponde. Esa es la lógica, el objetivo y el propósito por el cual planteamos la redacción original del artículo.

Además, con respecto al artículo 192 –sin entrar en la discusión de cuál fue el precio porque parto de la base de que fue, supongo, el que corresponde– digo que se compró por parte de la anterior Administración y esto se ajusta a lo que se pidió. Lo que se solicitó por parte de la anterior Administración no fue eso. Esta redacción se está ajustando al propósito que tuvo la Licitación Pública n.º 13/2019, que establecía como uno de los requisitos técnicos que debía considerarse el enrolamiento masivo inicial de los registros de la Dirección Nacional de Identificación Civil y proveer mecanismos automatizados para cargas parciales de movimientos migratorios configurables desde la aplicación web. Proponía la ejecución diaria y automatizada del proceso de enrolamiento de nuevas cédulas o pasaportes emitidos y que la agenda de la ejecución del proceso debía ser ajustable por medio de la aplicación de administración web, entre otras cuestiones.

Por tanto, habría que ver no solo la viabilidad técnica; sin duda, también se generarían costos asociados. Estoy de acuerdo con que la libertad no se puede comparar nunca en términos económicos. Este es el propósito y la fundamentación por la cual el Ministerio del Interior sostiene esta redacción que proyecta. Para poner un ejemplo práctico: hace algunas semanas, buena parte de la atención pública de nuestro país estuvo en vilo por una acción que terminó siendo un secuestro de varias horas a una señora de una joyería céntrica. Si no fuera posible identificar y fuera limitada la verificación, estaría mucho más cercenado el trabajo profesional de la policía. Quiero aclarar que lo que estoy trasladando me fue trasmitido por profesionales específicos, técnicos del Ministerio del Interior en la materia, quienes me pusieron el ejemplo. No es algo que sea de mi conclusión, porque no soy un profesional de la policía, notoriamente; lo digo para poner un ejemplo puntual y concreto.

Acá estamos hablando claramente, y reitero que me afilio al ánimo o a la disposición que tiene la senadora. Es un tema importante, hasta preocupante cuando traslada aspectos que pueden sugerir estas cosas. Esto es a los fines del cumplimiento de los cometidos de seguridad pública que tiene el Ministerio del Interior. Por eso se está instrumentando la adquisición de esta plataforma de identificación facial que, reitero, fue propuesta por la anterior Administración. Por lo tanto, creo que es bueno fundamentar que estamos hablando de una lógica que tanto quienes administraron y quienes hoy administran la seguridad pública, desde la competencia y la responsabilidad que tiene el Ministerio del Interior, advirtieron que era algo necesario. Es una herramienta tecnológica aplicable a los fines de la seguridad pública que procura identificar a las personas a través de la confrontación de imágenes faciales, para lo que debe preconstituirse una base con datos contra la cual deben confrontarse las imágenes conectadas de interés. Ese es el propósito de la redacción y el alcance.

Respecto al artículo 195, me quedó claro. Pero también es muy claro que estamos hablando de cooperación internacional y de la actuación en el marco del propósito de la seguridad pública contra el crimen organizado, contra el crimen trasnacional, contra el tráfico, contra la trata de personas, contra el tráfico de armas, contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra la violación de los derechos humanos. Es decir que estamos dando instrumentos en una lógica de trabajo que requiere, para actuar con esos propósitos, de determinadas herramientas.

Señora presidenta: nosotros vamos a mantener y fundamentamos con convicción, más allá del argumento que valoramos y que escuchamos con atención de la señora senadora, la votación de los artículos 191, 192 y 195 con la redacción original que viene en el texto.

Muchas gracias.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: al analizar el inciso 04, «Ministerio del Interior», queremos decir que aquella promesa de campaña de priorizar la seguridad pública aquí no la vemos plasmada.

Vemos con preocupación que hay un recorte superior a los $ 1.300:000.000, y esto va a afectar, más que nada, lo que tiene que ver con el salario. Hay un recorte en el rubro 0, y no hay recuperación salarial de los funcionarios policiales. Los trabajadores policiales van a seguir la lógica de los aumentos establecidos en el artículo 4.º, que todavía no sabemos cuál va a ser. También nos inquieta algo que acompañamos –lo tengo que decir porque estamos de acuerdo con la idea–, relativo a la contratación de dos mil policías, sin financiamiento asegurado; no está asegurado, ya que se prevé que se cubra con una reestructura futura. Lo mismo ocurre con la contratación de mil policías retirados, también sin financiamiento.

Con relación al Plan de Dignidad Carcelaria –ayer hacía mención algún senador en el debate de que este plan fue acompañado por unanimidad en la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria–, nosotros lo acompañamos, pero hay que dotarlo de recursos que aquí no visualizamos.

Compartimos la definición de que se deben construir tres cárceles en el interior, porque hay que trasladar las cárceles de Treinta y Tres, Tacuarembó y Artigas del centro de la ciudad y darle una infraestructura digna, pero aquí no está asegurada la presupuestación, la financiación, porque depende de que se puedan enajenar bienes del Ministerio del Interior. Es un valor, una suma, pero está bajo esa condición.

En cuanto al tema inversiones, nos preocupa que haya una reducción de las inversiones del 35 %. Esto está atado a lo que discutimos esta mañana en cuanto a los artículos 6.º y 7.º. Es decir que se pueda cumplir con las metas y objetivos. Lo mismo sucede con el financiamiento. Hay una baja del entorno del 8 % de la alimentación de las personas privadas de libertad, pero en más de una oportunidad hemos escuchado que la población carcelaria ha aumentado, lo que es preocupante.

Otro asunto preocupante es la reducción de un 20 % de la partida asignada a combustibles.

Por otra parte, algo que nos inquieta muchísimo, porque depende de cómo vamos a poder cumplir el rol de oposición –que fue el rol que nos dio la ciudadanía en esta etapa–, es que en el tomo II, «Planificación y evaluación», hay una ausencia de metas del inciso 04. Hemos estado pasando revista y, por ejemplo, en otros incisos están las metas en la planificación, pero acá hay una ausencia de metas, no están definidas.

Aparentemente, por información que tenemos, se aprobaron los indicadores de la gestión anterior, pero no están las metas indicadas. Entonces, ¿cuál va a ser, por ejemplo, el promedio del tiempo de respuesta de las emergencias policiales? En la Administración anterior era de siete minutos y la respuesta policial era de tres minutos o menos. Bueno, aquí no sabemos cuál va a ser el promedio de tiempo de respuestas policiales. No está establecida la meta, por ejemplo, del Sistema de Gestión de Seguridad Pública de información de calidad ni el porcentaje de eventos controlados sin observaciones; esta es una información oportuna, es decir, el porcentaje de eventos ingresados en plazo. No hay temas importantísimos, como uno que le preocupa a la señora presidenta –y se ha comprometido a trabajar en él–, como el relativo a la violencia de género. Antes había una meta que las víctimas lesionadas del Programa Tobilleras Electrónicas debía ser cero; no podía haber una persona lesionada que no estuviera en el sistema. Esto no está establecido hoy. Entonces, ¿cuáles son las metas? Antes la meta para las personas monitoreadas por el Programa Tobilleras Electrónicas era que había que monitorear a todas las personas. En el momento en que se hizo esto, en la Administración anterior, había 3300 personas; no sabemos cuántas hay ahora.

En cuanto a la violencia doméstica asociada a porcentajes de denuncias comunicados a la Justicia, la meta era que había que comunicar el 99 %, pero ahora no está definido. El porcentaje de homicidios de mujeres por violencia basada en género que tenían medida cautelar, tampoco está definido; es preocupante.

Otro tema que tiene nuestra atención –que lamentablemente es algo que se inició en esta Administración a partir del 1.º de marzo de este año– es que en 1995, en la época del expresidente Sanguinetti, se había habilitado dar la discusión en el Parlamento, en el acuerdo o en el disenso, sobre las normas en materia de seguridad y convivencia. Lamentablemente, con la Ley de Urgente Consideración se hicieron una serie de modificaciones y no se respetó ese consenso que tenía el sistema político uruguayo. En esta iniciativa tenemos una serie de modificaciones a la ley orgánica que creemos que no son materia de la ley presupuestal y que tendrían que ir a una ley especial. Tendríamos que tener la oportunidad de discutir sobre este tema en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que es la comisión especializada en la materia.

Por otra parte, me preocupa la nueva definición de la policía. Antes se decía que constituía una fuerza civil pública, que era una fuerza de carácter nacional y se establecía para qué estaba. Ahora se utilizan algunas expresiones como «Entiéndase por orden público, a los efectos de esta ley, el estado de hecho en el que se realizan los valores de tranquilidad y seguridad públicas; la normalidad de la vida corriente en los lugares públicos…». Esto es algo que no corresponde. Si nos ponemos a discutir qué entendemos por la normalidad de la vida corriente de los lugares públicos, seguramente cada uno de nosotros dé una definición diferente. Creemos que va contra la corriente y que no cumple con lo que dice el señor presidente de la república cuando habla de la seguridad humana. En nuestra opinión, las definiciones que están aquí plasmadas, estas modificaciones que se proponen a la ley orgánica, no cumplen con la definición. Es más, cuando el presidente hablaba de la seguridad humana, tampoco se cumplían, y eso nos preocupa.

Compartimos esa concepción. Entendemos que en esta materia debemos tener políticas de Estado. Tenemos que definir que, en Uruguay, cuando hablamos de seguridad, nos referimos a la seguridad de los habitantes, a la seguridad humana, como dice el señor presidente de la república. Lamentablemente, aquí no vemos –y nos preocupa– que una institución tan importante para la realización del Estado de derecho, de la democracia –que nos da garantías a todos–, tenga estas concepciones. Esas concepciones no son de esta época, son de otro momento histórico. Se deroga lo que es una fuerza civil.

Pido a los señores senadores que analicen las distintas leyes orgánicas de los diferentes países de Latinoamérica; todas establecen que la policía es una fuerza civil. No entiendo por qué se pretende borrar esto. Reitero, no entiendo por qué. Cuando el director de la Policía concurrió a la comisión, dijo que no se debía confundir a esa institución con una empresa de seguridad privada. No tiene nada que ver lo que hace una empresa de seguridad privada con lo que hace la Policía nacional.

Esos son algunos de los temas que nos preocupan y por eso queríamos señalarlos.

Con respecto a algunos artículos ya hemos manifestado que las modificaciones a la ley de seguridad social policial son inconstitucionales y no deberían estar en este proyecto de ley. Un artículo se retiró, pero otro, no. Creemos que la Constitución en ese sentido es muy clara y tajante, por cuanto establece que en las leyes de presupuesto y de rendición de cuentas no se puede legislar en torno a los temas de seguridad social.

Señora presidenta: estas son algunas de las consideraciones que queríamos dejar al analizar el inciso 04.

Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, queremos decir que compartimos totalmente la preocupación de la señora senadora Nane. Creo que plantea un tema que debería preocuparnos. El señor senador Camy también reconoce que, de alguna forma, es preocupante.

Me parece que este asunto debe tomarse con mucha seriedad. Y, si se decide votarlo a rajatabla, considero que, por lo menos, en la bancada de la coalición se tendría que seguir analizando y profundizando más para que luego, como país, no tengamos que arrepentirnos de las consecuencias que pueda acarrear el uso de esta nueva tecnología.

En segundo término, queremos decir que no compartimos lo establecido en el artículo 198, que determina que cuando se hacen convenios con instituciones públicas o privadas para que las personas privadas de libertad puedan desarrollar actividades dentro o fuera del establecimiento carcelario, puedan cobrar un peculio y que este equivalga al 50 % de un salario mínimo nacional. En nuestra opinión, debería mantenerse lo acordado en la Cámara de Representantes, es decir, el 100 % del peculio.

Finalmente quiero señalar algo que consideramos muy importante. Me refiero a lo establecido en los artículos 146 y 147. En realidad, creemos que todo el tema de la seguridad pasa indiscutiblemente por la rehabilitación. Una sociedad que simplemente recluye a los delincuentes y no les da posibilidades de rehabilitarse termina siendo una sociedad con más inseguridad. Ayer decíamos que en Estados Unidos eso se está reconsiderando y se está tratando de que las personas no sean privadas de libertad.

Yendo a estas disposiciones, el tema es que por el artículo 147 se prevé la supresión de vacantes de los escalafones A, Profesional universitario, y B, Personal técnico, de operadores civiles –unos cuarenta cargos– que trabajan para la rehabilitación, que en el momento están vacías pero que justamente se debería apostar a llenar cuando nuestras cárceles, en parte por las modificaciones de la LUC, se están poblando cada vez más. En realidad, según una encuesta, se dice que hoy tenemos aproximadamente mil quinientas personas más privadas de libertad que el año pasado. Esos privados de libertad, que en muchos casos todavía están hacinados –por suerte hay muchas cárceles nuevas; en mi departamento hay una y realmente cambiaron las condiciones de vida de los privados de libertad–, requieren de gente, de civiles, que trabajen como operadores penitenciarios. Aquí, en vez de apostar a aumentar la cantidad de operadores penitenciarios, se cambian estos cuarenta cargos por más policías, a quienes por medio de otros artículos evidentemente –y está bien– se les otorga recursos.

Creemos, y queremos dejarlo planteado como una inquietud de nuestro partido Frente Amplio, que realmente se debe apostar a la rehabilitación y que simplemente mantener las normas de seguridad para que los privados de libertad no se escapen no ayuda a generar una sociedad con más derechos para todos y a que esos detenidos no reincidan.

En el mismo sentido hago referencia al artículo 146, que deroga el artículo 230 de la Ley n.° 18719, de 27 de diciembre de 2010, que establece que las vacantes que fueran quedando en el escalafón L, Personal policial, se transformarán en escalafón S, Personal penitenciario. Hoy hay solo mil doscientos operadores penitenciarios que son trabajadores del escalafón S, que son insuficientes pero que, de acuerdo con este artículo, todavía podrían ser menos.

Realmente creemos que deberíamos atender también esta preocupación y este sentir que por lo menos en el articulado no se tradujo en más recursos para estos civiles que trabajan en la rehabilitación de los privados de libertad.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BONOMI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BONOMI.- Voy a tocar tres temas.

En primer lugar, quiero señalar –nobleza obliga– que cuando hicimos los trámites para comprar el equipo que acá se ha mencionado, adquirimos un equipo que denominamos de identificación, como actualmente hace el ministerio. Lo que explica la señora senadora Nane no violenta para nada lo que nos planteábamos, porque el sistema ubica puntos que por algoritmos luego compara con una foto –no lo hace poniendo la foto delante sino comparando con todo un registro– y cuando estos se repiten se produce la verificación. Lo que la señora senadora Nane hace es expresar con mayor rigurosidad el aspecto técnico; entonces, decirle verificación en lugar de identificación no cambia para nada los objetivos que nos habíamos planteado, pero reconozco que nosotros, por no tener ese nivel técnico, hablábamos de identificación. Lo que explica la señora senadora no modifica en nada lo que nosotros planteábamos.

El segundo punto tiene que ver con las cárceles. Cuando discutimos e intercambiamos sobre este tema en la Ley de Urgente Consideración advertíamos que con lo que se estaba resolviendo no solo iba a haber un aumento de formalizaciones y condenas, sino que se iba a generar un incremento de personas privadas de libertad. Acá se dijeron dos cosas: algún señor senador dijo que si tenían que cumplir la pena en carpas, la tenían que cumplir en carpas, y otros senadores dijeron que iban a resolver el problema en el presupuesto. Creo que nosotros dijimos que íbamos a esperar el presupuesto.

En el presupuesto se prevén cuatro cárceles; tres de ellas son sustitución de las que ya existen en comisarías. Por lo tanto, no van a agregar demasiadas plazas para aliviar lo que es el hacinamiento. La otra –más allá de que no tiene financiamiento, el señor ministro dijo que le bastaba la palabra del presidente para saber que iba a tener los recursos–, es una cárcel de seguridad que yo creo es necesaria, porque no hay incompatibilidad entre la rehabilitación y la seguridad; la seguridad no es solo para que no se escapen, sino para que los que quieren trabajar lo puedan hacer tranquilos. Entonces, hay que dar seguridad en las cárceles, pero por lo que se dijo tampoco va a ser un aporte tan grande en cantidad de plazas penitenciarias. Por lo tanto, no parece que pueda haber un crecimiento de la cantidad de plazas que es lo que limitaría el hacinamiento.

El tercer punto –yo lo mencioné ayer– es la inconstitucionalidad y si no respondí cuando fui aludido fue para que el señor senador pudiera ser breve, como había prometido. La respuesta fue dada solo en lo que tiene que ver con la letra V) respecto a la transitoriedad. Yo manejé otras cosas, no solo lo que dice la letra V), sino que se establece la contratación de policías que ya están retirados. Entonces, van a prestar servicios en aquello que generó la pasividad. Esto es inconstitucional y no por la letra V). Después dije que se preveía el contrato por cuatro años con la posibilidad de extenderlo a dos más, lo que también es inconstitucional porque pasa lo que tiene que ver con el tiempo de gestión del Gobierno y no está en la letra V). Entonces, mencioné varias cosas que no fueron respondidas. Creo que lo que fue respondido tiene que ver con algo que también puede variar, porque si durante veinte años se hizo una cosa y en 2017 se resolvió lo contrario, no quiere decir que eso sea lo definitivo, sino que resolvieron de acuerdo con la integración de la Suprema Corte de Justicia, que puede cambiar y resolver otra cosa, como continuamente ha pasado. También es cierto lo que se dijo en cuanto a que la Suprema Corte de Justicia arbitra cuando un caso particular declara la inconstitucionalidad que lo afectó, pero cuando ha afectado a una, dos o tres personas, generalmente, se considera que es inconstitucional en conjunto. En este sentido, se han derogado leyes, a partir de que la Suprema Corte de Justicia entendió que eran inconstitucionales. Entonces, no es solo el caso particular.

Por otra parte, creo que es a los legisladores a quienes les cabe la interpretación de la Constitución; lo que le cabe a la Suprema Corte de Justicia es el arbitrio después que alguien reclama. Acá se están elaborando leyes continuamente a partir de la base de la Constitución y esa interpretación puede hacerse con diferentes criterios. Reitero que son los legisladores los que tienen que interpretar la Constitución, la Suprema Corte de Justicia arbitra después. Ayer se dijo que no era cuestión de los senadores: sí es cuestión de los senadores. Nosotros entendemos –y lo planteamos– que hay varias inconstitucionalidades. Nosotros somos trece, pero si dieciocho entienden lo contrario, lo van a aprobar. De todos modos, para nosotros no deja de ser inconstitucional.

Esto era todo lo que quería decir, señora presidenta.

Muchas gracias.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MAHÍA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Gracias, señora presidenta.

Me sentí aludido por el señor senador Carrera cuando dijo que en la jornada de ayer mencionamos el Plan de Dignidad Carcelaria y quisiera hacer una aclaración. Se habla de que no hay metas y me sorprende; esto solamente es explicable si no se leyó el tomo del mensaje del Poder Ejecutivo, donde está la exposición de motivos y constan muy detalladas cuáles son las metas.

Además, cabe acotar que parte de las metas se están cumpliendo, porque en ocho meses se llevan abiertas y reabiertas más de treinta y cinco comisarías, destacamentos y subcomisarías, algunas de las cuales eran taperas. También es cierto que las metas se vienen cumpliendo, porque en este tiempo han bajado algunos de los delitos más importantes, aspecto medido de la misma forma y por los mismos responsables –en la medición– que en los Gobiernos anteriores.

Las metas se vienen cumpliendo también en el tema de género. Se creó la Dirección Nacional de Género y en el organigrama del Ministerio del Interior precisamente se le asignó el mayor rango posible a la política de género. Es decir que las metas se vienen cumpliendo y se van a cumplir, que no tenga dudas ningún senador. En cuanto a las cárceles, se van a construir y no van a ser en comisarías.

Asimismo, se establece que se va a dotar de mayor personal a la Policía y a la Guardia Republicana, porque es necesario. Estamos convencidos de que no es inconstitucional, como se ha dicho, aunque naturalmente respetamos la opinión del señor senador. De todas formas, consideramos que las normas son compatibles con las previsiones constitucionales.

Las normas relativas a la seguridad social en normas presupuestarias tienen una finalidad tuitiva y los artículos en consideración a los que se alude no son restrictivos de derechos; por el contrario, abren un nuevo abanico de posibilidades.

En el caso del artículo 145, se da la posibilidad de no ingresar al régimen del STIP. Cuando se habilitan tareas de apoyo, el funcionario que no ingresa al STIP va a cumplir tareas compatibles con su estado de salud y va a percibir el 100 % del salario, no el 65 % como supone el régimen del STIP; o sea que es más beneficioso para el funcionario. Por supuesto que cumpliendo la tarea habitual seguramente no cobre la partida prevento-represiva, pero sí el sueldo en su totalidad.

Por su parte, por el artículo 167 se abre la posibilidad al retirado policial de ser contratado, por lo tanto, tampoco es lesivo de derechos previsionales o de seguridad social. Queda aclarado así al senador preopinante que es precisamente la propia ley la que habilita y por eso se promueve ese artículo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el senador Mahía.

SEÑOR MAHÍA.- A modo de constancia queremos decir que no vamos a acompañar estos artículos; en primer lugar, porque como parcialmente señalábamos en la exposición de ayer, están dentro de la concepción de recorte de este presupuesto y en el caso del Ministerio del Interior esa cifra es superior a $ 1.300:000.000. Esto llama particularmente la atención por el destaque que tuvo todo este capítulo en la campaña electoral. Además, nos preocupa mucho porque significa discontinuar lo que durante los últimos años de los Gobiernos del Frente Amplio fue una secuencia in crescendo de recuperación y de aumento salarial para el personal de la Policía. Lo cierto es que los funcionarios policiales tenían salarios muy bajos y a partir de las Administraciones del Frente Amplio su situación económica fue evolucionando gradualmente, gracias a la mejora en los ingresos. Ahora, esta iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo los ubica en el mismo lugar que el resto de los funcionarios públicos. Esto lo señalo como criterio general inicial.

Por otro lado, entendemos que no hay una clara demostración del financiamiento de lo que se prevé en cuanto a la contratación de dos mil policías. Es algo que se establece como una posibilidad y un compromiso, pero en el presupuesto nacional no existe una especificidad que dé las garantías efectivas de que el gasto tendrá un financiamiento real. Tampoco concebimos una Policía que dé prioridad a los policías retirados en las comisarías, desplazando a los funcionarios administrativos, en particular a los actuales becarios.

Con respecto a la situación de las cárceles voy a hacer dos comentarios. El primero refiere a que más allá del compromiso señalado –como bien decía el senador Bonomi–, en el presupuesto no se explicita la fuente de financiamiento para la construcción de nuevas cárceles. Además, tampoco se aborda –eso lo señaló muy bien la senadora Della Ventura– lo que tiene que ver con el rol de los operadores penitenciarios, que son quienes trabajan para intentar rehabilitar a las personas que tengan condiciones para ello. Esto se da en el marco de una creciente población penitenciaria y con relación a esto nos expresamos en el mismo sentido que lo hizo el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Él se refirió a la alerta que deben generar las condiciones en que se encuentran las cárceles porque representan un problema adicional para la seguridad de la sociedad en su conjunto. Todos sabemos que si estas condiciones tan difíciles en las cárceles uruguayas se profundizan sus consecuencias irán más allá. Para nosotros este es un punto central que hace a la seguridad en su conjunto, incluso más allá de la situación en sí misma.

Junto a mis compañeros de bancada hemos generado una serie de conceptos que me gustaría compartir, así que voy a hacer referencia a la intervención, que me pareció muy lúcida, de la señora senadora Nane. En la comisión señalamos específicamente –y lo queremos compartir ahora en el pleno, como lo hicimos antes en legislaturas pasadas en otras comisiones, en particular, en la de Asuntos Internacionales– que entendemos que hay dos pilares que no solo están en juego aquí, sino también en el mundo. Evidentemente, es algo que llegó para quedarse y tarde o temprano los sistemas legislativos lo van a tener que abordar porque tiene que ver con el equilibrio entre dos grandes pilares o conceptos. Me refiero, por un lado, al concepto de la seguridad de las personas, de los pueblos, de los colectivos o de los individuos como un valor y como un derecho y, por otro, al derecho a la privacidad. Hoy, por la vía de los hechos, esos dos pilares están colisionando y eso lo sabemos todos. No hay legislación internacional comparada –al menos que yo conozca, aunque puede que exista– que haga un abordaje como para trabajar con rigurosidad sobre estas dos cuestiones. Esto no solo refiere al rol de los Estados y de los Ministerios del Interior en general –y de Defensa Nacional también, para mencionar dos–, sino también al de todo el sector privado. A todos nos sucede –y lo sabemos– que cada vez más el mundo se basa en plataformas informáticas y que cada vez más el acceso a esa base de datos nos involucra como sociedad, nos interpela. Insisto: hoy este debate tiene dos conceptos muy válidos para las personas y, más temprano que tarde, se deberá tener una legislación general y también específica.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: quiero hacer una aclaración con respecto a la referencia a la supuesta inconstitucionalidad de las disposiciones sobre seguridad social.

El señor senador Bonomi se refería a una reciente sentencia en la materia, de 2017, sembrando un poco la duda acerca de si esa posición de la Suprema Corte de Justicia sería por su integración. Y digo que no, porque no solo la sentencia del 2017 se pronuncia en este sentido, citando varias opiniones doctrinarias, sino que una sentencia de 1995 –la reforma constitucional es de 1989– también parte del presupuesto de que esta norma sui géneris –así le llama– se agota en sí misma. Y si vamos a la Constitución anotada por Pérez Pérez, vemos que debajo del literal **V) de las disposiciones transitorias y especiales él comenta que esta norma ya había agotado sus efectos.

Respecto a la interpretación de la Constitución, estoy de acuerdo con que todos la interpretamos y con que todos podemos expresarnos y hablar de inconstitucionalidad; a ello nos habilita el artículo 112, que establece la irresponsabilidad por votos y opiniones de los legisladores. Así que se puede. Simplemente, la Constitución establece que la Suprema Corte de Justicia tiene la competencia originaria y exclusiva para la declaración de inconstitucionalidad. Si en algunas ocasiones se han derogado leyes como consecuencia de esta declaración de inconstitucionalidad es porque un artículo del Código General del Proceso dispone que las sentencias de inconstitucionalidad se tienen que remitir al Poder Legislativo para que este, advertido de ese error, las derogue. Ahora bien, no siempre ha ocurrido esto cuando se ha declarado la inconstitucionalidad. Ojalá los Gobiernos pasados hubieran derogado todas las leyes consideradas inconstitucionales.

Gracias.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR NIFFOURI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: quiero aprovechar la generosidad del señor senador Niffouri porque el tiempo no me permitió culminar la argumentación con respecto a la inconstitucionalidad. Especialmente me interesa que quede claro en la versión taquigráfica la argumentación respecto a la disposición transitoria y especial **V) de la Constitución. En mayo de 2017 el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia, cambió su posición sobre ella, que fue introducida en 1994 como una enmienda constitucional. Esta disposición que, como se señaló, fuera aplicada por más de veinte años, ahora es estimada por la Suprema Corte de Justicia como de carácter transitorio y la consecuencia es su no aplicación. Esto está relacionado directamente con los artículos a que se hizo referencia.

La Suprema Corte de Justicia, en una sentencia interlocutoria identificada con el número 628, del 8 de mayo de 2017, se pronunció constituyendo un verdadero giro en el posicionamiento de nuestro máximo órgano –me refiero al Poder Judicial– respecto del cumplimiento del mandato constitucional previsto en el literal **V) de las disposiciones transitorias y especiales de la carta magna. En esta oportunidad fue desestimada por unanimidad la solicitud presentada por entenderla manifiestamente improponible en base a una argumentación que no ingresa en la apreciación, que es propia de la Corte, en verificar la naturaleza del acto legislativo en cuestión y la consecuente determinación de la existencia de un supuesto modificativo de la materia seguridad social, seguros sociales o previsión social, artículo 67 de la Constitución.

Como argumentos, la Corte esgrime que el peticionante pretende que la Corte declare la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones mediante un particular mecanismo sometido a una condición que ya se verificó con el dictado de la resolución n.° 338, de 15 de setiembre de 1995. En efecto, tal como lo han sostenido estudios especializados, el literal **V) de las disposiciones de la carta es de carácter transitorio, por lo que actualmente ya no tiene aplicación, lo que impide acceder a lo solicitado.

Como señalábamos en la jornada de ayer, respecto a este último caso también podemos acudir a una obra del doctor José Korzeniak. Allí realiza un listado en el que detalla aquellas disposiciones que estima no son transitorias, no incluyéndose ninguno de los dos literales V) de las disposiciones transitorias de la Constitución.

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha finalizado el tiempo del que dispone el orador.

Puede continuar el señor senador Niffouri.

SEÑOR CAMY.- ¿Me permite otra interrupción, señor senador?

SEÑOR NIFFOURI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Muchas gracias, senador Niffouri.

También se transcribe una opinión del doctor Daniel Hugo Martins, quien sostiene: «Esta disposición debió ser eliminada en la reforma constitucional de 1996 por haber agotado sus efectos. La Suprema Corte de Justicia por resolución N° 338 de 15 de setiembre de 1985 indicó las normas que se quedaron sin efecto».

También se recurre, finalmente, a la posición del doctor Ruben Correa Freitas, quien señala que la Suprema Corte de Justicia, por la misma resolución recién citada, indicó las normas legales a las que debe aplicarse esta declaración de inconstitucionalidad.

Señora presidenta: yo respeto mucho todas las opiniones, absolutamente todas, especialmente cuando se refieren a una alerta de posible inconstitucionalidad.

También quiero comentar que, a través de mis asesores, llamé a la presidencia de la Asamblea General para solicitar información. Estuvimos tres días buscando datos –pensamos que era accesible, pero tuvimos que buscar mucho– y debo decir que tengo aquí más de catorce leyes declaradas inconstitucionales en los últimos Gobiernos y que fueron advertidas por la oposición, con el voto exclusivo de la bancada oficialista. Voy a citar algunas de ellas. En el período 2010-2015, la Ley n.° 18738, de 8 de abril de 2011 –que interpretaba el artículo 64 del presupuesto nacional con el tema de los judiciales–; la Ley n.° 18831, de 27 de octubre de 2011; la Ley n.° 18834, de 4 de noviembre de 2011 –una rendición de cuentas también por el tema judiciales–; la Ley n.° 18931, de 17 de julio de 2012, con el fideicomiso de Pluna; la Ley n.° 18996, en sus artículos 14, 15 y 16, del 7 de noviembre de 2012 –una rendición de cuentas también por el tema de los judiciales–; la Ley n.° 19120, artículos 18 y 21, de 20 de agosto de 2013, por la ley de faltas; la Ley n.° 19310, artículos 2, 3, 8 y 9, de 7 de enero de 2015; la Ley n.° 19307 –la ley de medios– en cuatro artículos, de 29 de diciembre de 2014; la Ley n.° 19149, artículo 368, de 24 de octubre de 2013, una rendición de cuentas del ejercicio 2012. Podemos citar también del período 2015-2020 y del período 2005-2010. Se trata de leyes que habían sido votadas solamente por la unanimidad de la bancada oficialista, con advertencia de la oposición en cuanto a que podían ser inconstitucionales y, a la postre, así fueron decretadas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se ha terminado el tiempo del que dispone el orador.

Puede continuar el señor senador Niffouri.

SEÑOR CAMY.- ¿Me permite otra interrupción, señor senador?

SEÑOR NIFFOURI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Muchas gracias al señor senador Niffouri.

Por lo tanto, vamos a votar con mucha convicción sobre la constitucionalidad de estas normas, respetando por supuesto la opinión en contrario.

Quiero decir que no me pareció correcto el señalamiento de que el Ministerio del Interior no tiene metas planteadas en esta instancia presupuestal. Las tiene escritas y, además, las está concretando.

Además, quiero recordar que suspendimos la sesión de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Senado de la república a la que iba a comparecer el señor ministro del Interior. Iba a ser la primera comparecencia, que es de orden. Es de estilo parlamentario que cuando se inicia un Gobierno concurra el ministro del Interior, precisamente para adelantar las metas, para que los legisladores puedan preguntarle cuáles son sus planes, para realizarle propuestas. Sin embargo, la suspendimos por una abrupta decisión de sustituir esta comparecencia, que el propio Frente Amplio había pedido, por una interpelación. Y la estamos esperando. Iba a ser planteada días pasados y no se hizo. Pero será esa, entonces, la instancia para ver cuáles son las metas, poder comparar acciones y ver qué hay que mejorar.

También se habló de que no había metas desde el punto de vista de la dignidad carcelaria. Señora presidenta: fueron denunciados en esta casa por el propio ministro que 1800 personas privadas de libertad dormían en el piso. Hoy se están construyendo las 1800 camas en el marco de la participación de los propios presos. Esas son metas concretas que se están realizando. Así se está trabajando en muchas unidades penitenciarias; he ido a verlo y lo he constatado.

Por tanto, tomamos como de buena intención lo señalado, pero también nos parecía que el ámbito propicio para eso era precisamente la comparecencia que tenía prevista el señor ministro por propuesta de los propios integrantes del Frente Amplio. Hoy se dice que no hay ideas concretas, cuando están planteadas incluso en la propia exposición de motivos que se ha repartido a los señores senadores.

Señora presidenta: no quiero abusar de la generosidad del senador Niffouri. Le agradezco especialmente la consideración que ha tenido.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Niffouri.

SEÑOR NIFFOURI.- Gracias, señora presidenta.

Simplemente quiero decir que respaldo el presupuesto del Ministerio del Interior y el accionar que viene llevando adelante a partir de su asunción el señor ministro. Quiero respaldar, concretamente, el buen accionar policial, que es algo que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo; la descentralización del PADO –otra de las buenas medidas que se han tomado–; la compra de las tobilleras para las políticas de violencia de género; la creación de la Dirección General de la Seguridad Rural –algo que se venía solicitando desde hace mucho tiempo–; la recuperación del territorio a través de las comisarías y de las subcomisarías; los convenios que han hecho, por ejemplo, con Antel en algunas localidades del departamento de Canelones, como Empalme Olmos, Barros Blancos y Jaureguiberry –la presencia de una subcomisaría es fundamental en esas localidades–, y el Plan de Dignidad Carcelaria.

¡Y vaya si habrá para hacer en las cárceles! Pero la realidad marca también hoy que la rehabilitación en las cárceles era la excepción. Los que siempre hablaron de que no querían aumentar las penas en las cárceles, hicieron poco. Se construyó una cárcel totalmente a contrapelo de las Reglas Mandela en lo que tiene que ver con la cantidad de presos. Con esos recursos se podían haber hecho dos o tres cárceles que cumplieran con la norma realmente, como debe ser y no como se hicieron.

De manera que respaldamos plenamente el trabajo, el presupuesto y lo que se viene haciendo en el Ministerio del Interior, pero teniendo claro el punto de partida del cual se arranca y que hay mucho por hacer.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: quiero que quede constancia de dos cuestiones puntuales, porque hemos escuchado algunas aseveraciones que me parece que tienen que ser contestadas, pero desde un punto de vista absolutamente técnico y con todo el respeto.

Los senadores no interpretamos la Constitución. Lo que hacemos es tomar la Constitución, las normas anteriores, consultar a las cátedras, llamar a las personas que saben más que nosotros –se tenga o no se tenga título en ese sentido– y legislar lo mejor que se puede.

Sí es cierto –y con esto confirmo y respaldo lo que acaba de decir el senador Camy– que en estos Gobiernos del Frente hubo récord de inconstitucionalidades. Quedaba sorprendida siempre la Corte de algunas normas cuya inconstitucionalidad advertíamos; yo a veces lo veía desde afuera y en los cinco años pasados, en el Parlamento. Y se nos contestaba: «No digan que es inconstitucional acá, porque la única que puede declarar la inconstitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia». Sí, es la única. Ahora todos somos constitucionalistas, y la verdad es que recibimos todos los aportes con mucho gusto, pero, técnicamente, no es correcto decir eso.

Se entendió –de pronto es una sensibilidad equivocada de mi parte interpretarlo así– que, en definitiva, después de todo la Corte cambia de opinión. Y sí. Eso es el derecho. El derecho no se decide por apretar una tecla ni con inteligencia artificial ni con algoritmos. Tenemos gente capacitada para interpretar el derecho y aplicarlo al caso concreto, sobre la base de los principios democráticos en sus distintas ramas. Pero obviamente los que interpretan son seres humanos. Por eso además hay esa rémora de que hay más de una biblioteca. Y sí, claro, porque hay que interpretar la norma con respecto al caso concreto y a las personas concretas.

Eso es filosofía del derecho, y es muy interesante analizar cómo es posible que un régimen democrático funcione de esa manera, con un sistema judicial al cual todos tenemos que rendirle tributo, refiriéndonos al Poder Judicial independiente. Es obvio que puede cambiar de posición, y eso no invalida que sepamos –porque además lo dice la Constitución– que es la Suprema Corte de Justicia la única que puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, para el caso concreto, en el caso particular en que se considere vulnerado un derecho personal y legítimo. La compañera Asiaín lo ha dicho más de una vez. Yo lo reitero.

Después recojo el guante de lo que plantea la senadora Nane, porque realmente son aspectos que son muy especializados y es muy importante que aporten quienes manejan esa especialización. Pero repito algo que dije en comisión. El problema que tiene el Uruguay es que es de los pocos países que no tiene una ley de cooperación penal internacional. Todas estas formas de cooperación son absolutamente necesarias por el crimen organizado. Y la verdad es que reconozco, sí, que es muy difícil trazar la línea entre la libertad individual y el combate al terrorismo o al narcotráfico. Ahí lo único que nos puede asegurar es un Estado de derecho que nos dé las garantías de que en caso de que la Administración se equivoque, nosotros tengamos la oportunidad de articular defensa. Pero no podemos dejar de combatir el crimen internacional. Lo que sí tenemos que hacer –y lo reclama permanentemente el fiscal Díaz– es una ley de cooperación penal internacional. Esto está planteado desde hace mucho tiempo, pero no lo hemos logrado hacer. Obviamente, lo que aporta la señora senadora Nane es más preocupante todavía, pero yo expliqué, porque es público y notorio, que la cooperación internacional es entre los fiscales, porque ahora prácticamente en todo el mundo rige el régimen acusatorio y se hace por WhatsApp o por llamadas telefónicas y comunicaciones a Interpol. Lo dijo el fiscal Díaz en la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado cuando nos pidió que legisláramos, así que tenemos que ponernos a trabajar en ese sentido. Los aportes de la señora senadora Nane van a ser muy importantes, pero para una ley de cooperación penal internacional, que el Uruguay no tiene, y eso nos deja más vulnerables frente a las necesidades de cooperación porque, lógicamente, los países exigen que cooperemos, sean estos poderosos o no, no es un problema de vulnerabilidad de la soberanía. Entonces, es precisamente en uso de nuestra soberanía que tenemos que poner sobre la mesa la seguridad nacional, que realmente amerita que nos preocupemos y tengamos esa normativa.

Gracias, señora presidente.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Estuve escuchando la alocución o, mejor dicho, la alusión que hizo el señor senador Camy.

Lo que debe quedar claro de lo que aquí planteamos es que el inciso 04 tiene una ausencia de las metas donde deben estar definidas, que es el tomo II, «Planificación y Evaluación». Esto tiene que quedarle claro a la población en su conjunto. ¿Cómo la oposición va a hacer el seguimiento y el monitoreo de las políticas públicas en materia de seguridad pública si donde tienen que definirse las metas no están definidas? Esto lo planteamos en comisión; pensamos que quizás había sido un descuido y les solicitamos que nos enviaran las metas, pero no lo hicieron. El inciso 04 es el único en el que no están establecidas las metas.

Eso fue lo que planteamos. Por ejemplo, si una de las metas era abrir comisarías en el interior, debe definirse como «Abrir comisarías». El presupuesto nacional debe elaborarse de acuerdo con los parámetros que marca la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Lo que habíamos planteado, lo seguimos reafirmando.

Muchas gracias.

SEÑOR BONOMI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BONOMI.- Señora presidenta: solamente quiero establecer que el artículo 85 de la Constitución de la república, numeral 20, establece que a la Asamblea General compete: «Interpretar la Constitución, sin perjuicio de la facultad que corresponde a la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con los artículos 256 a 261». En otras palabras, y en buen romance, significa que la Asamblea General es el único órgano al cual le corresponde interpretar el contenido de la Constitución, en términos generales y abstractos. La tarea de la Suprema Corte de Justicia es otra, se limita a fallar en un caso concreto, si ha existido una violación a la regla constitucional. En ese sentido, el artículo 259 de la Constitución de la república dice: «El fallo de la Suprema Corte de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto y sólo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado». Esto significa que ese pronunciamiento no tiene carácter expansivo para situaciones jurídicas similares que se planteen, sino que en cada caso deberá plantearse nuevamente la acción de inconstitucionalidad.

En términos generales, quien interpreta la Constitución es la Asamblea General, y lo establece la propia la Constitución.

Gracias, señora presidenta.

(Interrupciones).

SEÑORA PRESIDENTA.- Hay otros senadores anotados. ¡Por favor! ¿Todos se sintieron aludidos? Voy a conceder la palabra en base al orden de anotados.

Si me permiten, quiero decirles que podemos leer todos los artículos de la Constitución que ustedes quieran, pero quisiera recordarles que tenemos un amplio articulado para votar, y nos encontramos en una situación sanitaria que me gustaría recordarles.

Nos parece que, si bien todos los senadores y funcionarios estamos extremando cuidados en estos tiempos, tenemos que entender que este Parlamento está funcionando con todos nosotros juntos en este recinto. Ahora bien, no debemos desconocer que la situación sanitaria nos está mostrando que cuantas menos personas estemos juntas y menor sea el tiempo de exposición, mejor. De modo que hay que evitar que estas reuniones se prolonguen más de lo necesario.

Así que, sin ofender a nadie, solicito que nos enfoquemos en la votación del articulado que se nos presentó después de un gran trabajo de análisis de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Este sería un buen gesto en un momento en el cual toda la comunidad está tratando de colaborar con esta situación sanitaria tan especial.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Comparto lo planteado por la señora presidenta.

Solo quiero aclarar que estamos analizando el articulado porque estamos considerando las normas de seguridad social que se estarían cambiando. Este proceso comenzó ayer y me alegra que haya continuado en el día de hoy.

En realidad, la Suprema Corte de Justicia determina por un caso en particular. De todas formas, sé de algún caso donde se determinó una cosa por mayoría, y en otro caso en el que se daba la misma situación determinó otra. El mismo doctor Korzeniak dice que se debería no ser más transitorio; y otra interpretación decía que podrá considerarse que ya dejó de ser constitucional. En realidad, estamos hablando de algo que está escrito en la Constitución –como dije ayer–, y lo que allí dice sobre eso es lo que expresamos, o sea, que no corresponde que se trate aquí en este articulado.

Muchas gracias.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Comparto también su preocupación y por eso voy a ser breve.

Quiero hacer una aclaración con respecto al intercambio de perfiles de ADN. Estoy de acuerdo con lo que dice la senadora Bianchi, a quien le agradezco la reflexión que hizo.

Nuestra preocupación viene por el lado de que no se desprende del artículo que lo que se comparta sean perfiles, caso a caso; de ser así, podría llegar a compartirse la base de datos entera. Nuevamente, esta es una cuestión de alcance que no queda clara en el articulado.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- En primer lugar, me alegra que ahora muchas personas estemos muy adheridas a la Constitución de la república; eso demuestra que hemos avanzado bastante. O sea que todos reconocemos que vivimos en un Estado democrático y republicano que tenemos que defender.

Yo dije eso: los legisladores –por eso dice la Asamblea General– interpretamos la Constitución porque tenemos que legislar. Por tanto, ¡obviamente la interpretamos! Y también dije lo mismo: es un caso concreto cuando se vulnera un derecho directo, personal y legítimo. Y hay una buena costumbre legislativa, que no estuvo en vigencia en los últimos años –esa es la verdad, ni la técnica ni el respeto a la Suprema Corte de Justicia, porque hubo incluso enfrentamientos públicos de algunas autoridades–, pero que fue y sigue siendo tradición en el Uruguay, es que cuando las Supremas Cortes de Justicia de otras épocas declaraban que algo era inconstitucional, el Parlamento iba corriendo a sustituir la ley; no hacía que se repitieran las acciones de inconstitucionalidad.

Muchas gracias.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Con respeto a la cita del artículo 85, numeral 20, de la facultad de los legisladores de interpretar la Constitución, empecé diciendo que todos la interpretamos porque, incluso, la leemos y eso implica interpretarla. Ahora, no hay que confundir eso con el numeral 20 del artículo 85, que establece que la interpretación hecha por el Parlamento es generalmente obligatoria. Eso es diferente de la interpretación auténtica, que es la que hace el propio órgano del que emana la norma; la interpretación auténtica es la del cuerpo electoral, que es el que aprueba, mediante plebiscitos, la Constitución.

Ese es un error bastante frecuente entre los estudiantes y que siempre estamos resaltando.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, procederemos a votar los artículos que habíamos mencionado del inciso 04, «Ministerio del Interior», con excepción del artículo 192, porque hay un sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 29. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 192, tal como viene de la comisión.

(Se vota).

–18 en 29. Afirmativa.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: tengo la obligación, en pos de colaborar con la Mesa y con el espíritu que todo el mundo está exponiendo, de recordar el acuerdo que habíamos logrado los coordinadores en nombre de nuestros partidos políticos, que refería al análisis de los incisos con una única intervención de quince minutos de cada orador. Lo que no se puede utilizar, porque el Reglamento no lo establece, es el mecanismo de la aclaración, por la que un legislador puede hablar hasta tres veces según una interpretación muy laxa de lo que puede ser el concepto de aclaración.

Diría, señora presidenta, que volvamos al acuerdo original.

También está el mecanismo que todos sabemos: se puede apuntar un senador para hablar y conceder interrupciones a otro senador; eso el Reglamento lo permite.

Las alusiones también están perfectamente regladas en el Reglamento y no refieren a cualquier cosa, sino a cuando hay alusiones de carácter personal –si yo, por ejemplo, nombro a un senador– o de carácter político, que es cuando se hace referencia a otro partido político con representación en la cámara. Además –como bien agrega el señor senador Gandini–, esto último amerita la contestación de un solo orador del otro partido político que eventualmente haya podido ser aludido.

Creo que podríamos llegar a acordar que este mecanismo siga siendo el utilizado porque, si no, lo que haremos es pedir un intermedio, ir de vuelta a la coordinación y volver a un análisis artículo por artículo.

Miren que esto que digo lo estamos haciendo todos, no es una imputación a ningún partido político; este mensaje es para todos mis colegas, inclusive los del Gobierno.

Entonces, en ese sentido, señora presidenta, al ingresar a la consideración de un nuevo inciso, me permito recordarnos a todos ese estilo de trabajo que creo que va a ayudar y mucho a un procedimiento ágil, producto también de las cosas que la señora presidenta decía –y con razón– en cuanto a la situación tan delicada del estado sanitario que estamos viviendo en nuestro país en estos momentos.

Nada más, señora presidenta.

(Apoyados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al inciso 05, «Ministerio de Economía y Finanzas».

En consideración los artículos 204, 205, 206, 207, 208, 210, 217, 220, 221, 223, 225, 232 –el 236 tiene un sustitutivo, por lo cual lo separamos–, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251 y 252.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 236, tal como viene de la comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 30. Negativa.

En consideración el artículo 236 con el texto sustitutivo que está en la página 43.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

Pasamos al inciso 06, «Ministerio de Relaciones Exteriores».

En consideración los artículos 253, 255, 256 y 257.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

Pasamos al inciso 07, «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca».

En consideración los artículos 262, 264, 267, 270, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291 y 293.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Gracias, señora presidenta.

Quiero dejar alguna constancia porque, tanto en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, como en la de Presupuesto integrada con Hacienda, nos generó una enorme preocupación el impacto que pueden tener la combinación de políticas más el resultado del presupuesto sobre el funcionamiento del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Compartimos el enunciado general de que el agro es muy importante para el país, base principal de las exportaciones y de la generación de empleo, pero hay tareas que son centrales para este ministerio, como el control del estatus sanitario en los frigoríficos y las barreras sanitarias. De todas maneras, teniendo en cuenta que la mitad del personal tiene causal jubilatoria prevista para el período y viendo las partidas que votamos en el planillado para su funcionamiento, nos genera una enorme preocupación las restricciones agregadas por el artículo 6.º del presupuesto nacional.

Acompaña esta preocupación el recorte en algunas áreas que son centrales.

Se modificó el enunciado sobre cambiar la Dirección General de Desarrollo Rural, pero se mantiene un presupuesto de los que más sufren en el presupuesto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y es, justamente, en un área clave para la pequeña producción, para la producción familiar. La forma de responder del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, con mucha ambigüedad en el sentido de entender que la familia rural no es la que está determinada por ley, la producción familiar, sino que habría una definición distinta, pero sin dejar claro cuál es la otra, nos genera gran preocupación.

Además, en los hechos, ¿cómo un sector central como el agro y la producción familiar sufren un recorte de más de la mitad en el rubro inversiones de la Dirección General de Desarrollo Rural?

Hay programas que todos reivindicamos como muy importantes para la pequeña producción, como más tecnología, más valor, más agua. No quedó claro, en el intercambio, cómo se logra atenderlos con la mitad de la inversión, partiendo de la base de que la demanda de esos programas es mayor a la que alcanzaban los programas con el 100 % de la inversión. ¿Cómo se logra una respuesta para atender la demanda?

Además, tenemos otras preocupaciones que no están específicamente en el inciso, pero que están relacionadas. Las discutiremos más adelante, en subsidios y subvenciones, cuando se trate la asignación presupuestal para el INIA, el Inale, el Inase, o las partidas que están destinadas al Instituto Nacional de Colonización.

Tenemos una preocupación con respecto a un artículo –consta en la versión taquigráfica– que reduce la cantidad de presencia de mano de obra nacional para la pesca de bandera nacional. La respuesta que nos dieron en la comisión –fue una de las primeras consultas, porque después deriva en un conjunto de problemas laborales– fue que había sido el resultado del intercambio y de la negociación colectiva con las gremiales. De hecho, hace poco nos plantearon, en la comisión que se ocupa de estos temas, un problema que se dio en los pontones, que tenía que ver con la interpretación y aplicación del porcentaje de mano de obra nacional.

Estos días estuvimos conversando con las gremiales de la pesca –no solamente con el Suntma –Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines–, sino también con el Centro de Maquinistas Navales y con Sudeppu –Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay– y nos dijeron que ninguna de esas organizaciones fue consultada, siquiera, acerca de esta modificación del porcentaje de presencia de mano de obra nacional, que es parte de las decisiones que estamos votando en el presupuesto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Eso, atado a lo demás, nos genera una enorme preocupación.

Hay aspectos que compartimos en el sentido de propósitos y de orientaciones del ministerio –lo dejamos asentado en la versión taquigráfica–, pero hay otros que nos generan una enorme preocupación en cuanto a cómo se articulan en la mirada estratégica.

Recién entré a la página web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, miré el diseño institucional, el plan estratégico, y observaba que sigue estando colgado, como mirada estratégica, el plan presentado para 2015-2019 por el ministro Aguerre.

Dado que este es un elemento de extrema sensibilidad, tenemos una enorme preocupación en esos tres niveles: recorte de la Dirección General de Desarrollo Rural; recortes en áreas que son muy sensibles, y las posibilidades con el impacto que tiene el funcionamiento del ministerio para cumplir su función. Precisamos, más que nunca, un ministerio potente y presente.

Tengo claro que parte de las respuestas que dio el ministro a esto fue que todavía estaban estudiando; lo dijo en el Senado y está en la versión taquigráfica. Una vez que estudien, queremos dejar abierta la puerta de que todo lo que sean recursos humanos para atender un ministerio tan importante van a contar con el apoyo de nuestra bancada.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: hicimos un acuerdo para tratar de agilizar un poco la discusión, pero queremos hacer algunos planteos.

Nosotros compartimos lo que planteaba el señor senador Andrade. Creemos que el sector agropecuario es fundamental para el país, pero debe tener una asignación presupuestal suficiente para el desarrollo de las políticas públicas. Pensamos que hay problemas en los recursos humanos, y por eso hay que asegurarlos para este ministerio. Existe un desmantelamiento en lo que tiene que ver con las políticas públicas de desarrollo rural, como señalaba el señor senador Andrade. Hay una reducción de la partida presupuestal para el Instituto Nacional de Colonización en un 90 %, y eso nos preocupa. Hay una fragilización de la institucionalidad agropecuaria. Nosotros acompañamos y apoyamos la creación del Instituto Nacional de la Granja en la Ley de Urgente Consideración, pero el sector de la granja aquí no tiene una propuesta presupuestal.

A nosotros nos molestó mucho lo que tiene que ver con la UAM, aunque llegamos un buen resultado de cooperación respecto a las políticas públicas.

Señora presidenta: vamos a solicitar el desglose del artículo 284. Nosotros llegamos a un acuerdo por la cooperación interinstitucional que debe existir entre el Gobierno departamental de Montevideo y el Gobierno nacional, pero el planteo que se hizo al principio de la discusión presupuestal no era el que correspondía. Si el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca quería tener una mayor participación, tendría que haber convocado a la Intendencia de Montevideo y, a partir de allí, dialogar. Nosotros llegamos a este acuerdo porque era necesario dar seguridad jurídica a todas las personas y organizaciones que venían a conversar con nosotros. Por eso vamos a acompañar este artículo. Consideramos que existió un buen resultado al final, pero con esa lógica que nos propusimos, es decir, en beneficio del sector, que tenía mucha inseguridad, que nos solicitó llegar a un acuerdo y por eso fue por lo que pusimos sobre la mesa ese resultado y este análisis final.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Quiero pedir el desglose de los artículos 284 al 288 y su tratamiento al final del capítulo, de modo que podamos discutir por separado este tema vinculado a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.

SEÑORA PRESIDENTA.- El señor senador Botana solicita desglosar los artículos 284 al 288, a efectos de pasar a votar el resto.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- La bancada del Frente Amplio solicita un cuarto intermedio de cinco minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–22 en 25. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por cinco minutos.

(Así se hace. Son las 18:15).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 18:38).

–Antes del cuarto intermedio, teníamos a varios señores senadores anotados para hacer uso de la palabra.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- En cumplimiento de lo acordado, voy a hacer una introducción y, posteriormente, concederé varias interrupciones al estimado amigo, señor senador Botana, para que pueda desarrollar parte de lo que voy a mencionar.

Para nosotros, el campo en su conjunto es una de las prioridades que tiene este Gobierno. Coincidimos con la perspectiva del señor senador preopinante sobre la policía sanitaria y el acceso a los mercados. Eso es muy importante. Varias de esas cuestiones se ven reflejadas en el articulado, pero quizás tenemos una visión distinta en lo que respecta al rol del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Tal vez uno exagera porque habla bastante a título personal –en tal sentido, en este tema no quiero representar a todo mi partido–, pero yo podría decir que el campo no necesita más oficinas públicas, sino menos, y gran parte de lo que se ha hecho en estos meses de gobierno ha sido tratar de ordenar un ministerio que era una especie de macramé de organizaciones cruzadas que, muchas veces, duplicaban su accionar.

La extensión institucional o estatal del sector agropecuario no termina en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pues existe lo que se llama la institucionalidad agropecuaria que, como todos sabrán, va desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura hasta el INIA, por decirlo de alguna manera. Muchas veces cometemos la desidia de montar los programas y, de pronto, aquel beneficiario se ve en un campo chico, rodeado de camionetas oficiales con asesores cuando, en realidad, capaz que lo que necesita es menos asesoramiento y más crédito en el Banco República.

Entonces, coincidimos totalmente con el senador Andrade en lo que respecta a la importancia de los servicios sanitarios. ¡Si habrá desafíos sanitarios en la frontera y dentro de ella! La tuberculosis es un problema; la brucelosis es un problema; la garrapata es otro problema. Naturalmente, la mosca de la bichera está parcialmente contemplada en este presupuesto.

Nosotros queremos dejar constancia de esa perspectiva.

Creemos en la Dirección General de Desarrollo Rural, pero no más que en otras direcciones. ¿Por qué, señora presidenta? Porque esa extensión se hace también, y se hace hasta en el Instituto Nacional de Colonización. Si algún día tuviéramos la chance de dar un debate serio sobre la institucionalidad agropecuaria, todos acá coincidiríamos en que los destinatarios de ese interés estatal son siempre los pequeños productores, los medianos productores y también las familias. En este sentido hay un reclamo y quizás en algún momento nos aboquemos a definir quién es pequeño productor y quién no, cuando el 60 % de los productores agropecuarios no llegan a los $ 50.000 por mes de ingreso. Entonces, quizá en un debate, con buena fe, podríamos llegar a sintetizar que hay mucho programa dando vuelta, mucho esfuerzo y, reitero: yo cierro los ojos y veo en la ruta 7, en Tala, un campo con sequía, con seis camionetas oficiales de todos los organismos, todos asesores, todos ingenieros agrónomos, con sueldos exorbitantes y, de repente, el pobre productor lo único que quiere es que el gerente del Banco República le renueve el crédito. Lo digo a título de reflexión. Y me quedo contento con que, a medida que pasa el tiempo, estos temas estén arriba de la mesa.

Señora presidenta: en este presupuesto hay mucha cosa nueva y mucha cosa para mejorar. Hay una sensibilidad de parte de la ciudadanía en la creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal, que nosotros compartimos.

Hay algunas medidas respecto a cosas que son trascendentes, como la contramarca en el ganado, tema de debate. Acá hay abigeato de cuello blanco, ladrones especializados que han abusado de la confianza y se han quedado con la plata ajena, con la plata de gente que les depositó. Sobre la contramarca se ha legislado y hay que tratar de avanzar en la materia.

También tenemos el tema de la mosca de la bichera, que no es menor.

Otra cuestión es el fomento de la producción con bases agroecológicas –un nombrete medio rimbombante–, a cuyo cargo está uno de los periodistas agropecuarios más reconocidos, el ingeniero Eduardo Blasina. El hombre tiene mucha voluntad y sabe. Lo he dicho por ahí: hay un escenario de desarrollo enorme para la hortofruticultura, es una pata que debe tener la Cancillería, hay que abrir mercados hortofrutícolas, ese es el desarrollo. Una hectárea de frutillas, de papas o de zanahorias da seis veces más mano de obra que una hectárea de ganadería, y los suelos alrededor de la ciudad y los ejidos son todos fértiles. No hay capital departamental que no esté rodeada de buenos suelos –¡bendito sea el diseñador de capitales departamentales, que vio eso!–, ni siquiera Lavalleja, que está en una sierra, está en un valle.

El Uruguay va a ser pionero en el combate a la carne sintética. ¡Desde este Senado nos declaramos enemigos acérrimos de la carne sintética! La principal amenaza al Uruguay productivo es esa carne que se produce en el laboratorio. Y por primera vez en el mundo habrá un país, el nuestro, que tendrá una norma que impedirá que eso, que debería tener el nombre de antibiótico, se llame carne. Eso se logró con el apoyo de todos los partidos políticos, lo cual felicitamos. En nuestro escudo hay una vaca: este es el país de mayor cantidad de vacas por persona, el de mayor consumo de carne en el mundo, tenemos los mejores productores pastoriles de carne del mundo y, a partir de este presupuesto, seremos pioneros en la defensa de la carne natural, orgánica y pastoril. Y que quede claro que esto ha sido apoyado en forma unánime.

Adelanto que vamos a continuar con este debate cuando tratemos lo referente a los organismos paraestatales.

Con respecto a la UAM, creo que hemos llegado a un acuerdo equilibrado, por el cual algo tan trascendente como la venta y la comercialización de hortalizas, frutas y verduras, tendrá un componente nacional y departamental. En lo personal, estoy muy conforme y el señor senador Gandini tuvo mucho que ver en la negociación. Hoy van a estar las dos miradas puestas en la forma en que se comercializan las frutas y las verduras, mirando con una perspectiva nacional y asumiendo que hay –si queríamos desarrollar los ejidos de las ciudades– mucha posibilidad afuera de lo que vendría a ser el área metropolitana o Montevideo. Creo que esto habla de la madurez de la nueva Administración departamental de Montevideo versus el pataleo que se hizo con la anterior Administración. Hemos tratado de llegar a un acuerdo del que vamos a ser celosos custodios. Veo que las autoridades municipales han nombrado como presidente a alguien que tiene una estatura política significativa, porque fue subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑOR BOTANA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DA SILVA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Botana.

SEÑOR BOTANA.- Vaya mi agradecimiento al señor senador Da Silva, con quien tengo el honor de compartir –con contundencia– cada uno de los argumentos que ha expresado y también –dada la altura de su exposición– de discrepar en la cuestión concerniente a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.

Entiendo que cuando definimos la gobernanza de la UAM, no definimos simplemente su gobernanza, sino el destino del sector hortofrutícola en el país, es decir, de los 2430 productores, de las 194.000 toneladas de frutas y verduras que hoy se producen y también de los que potencialmente podrían producirlas y no lo hacen por las dinámicas operadas, justamente, en este espacio fundamental de la comercialización.

Por la Unidad Agroalimentaria Metropolitana pasa el 65 % de la producción nacional. Buena parte de lo que no pasa por allí no pasa por ningún otro lado, salvo por el acuerdo directo entre supermercados y productores, que tienen contratos directos. Por lo tanto, la influencia de la UAM sobre el destino de la fruta y de la verdura es aún más importante de lo que refleja ese porcentaje del 65 %.

Cuando una cantidad tan significativa como esta o una porción tan importante de la producción como esta pasa por un mercado o por un espacio, lo que sucede es que en ese lugar se determinan todos los precios, se determinan las calidades, se determina el estatus sanitario, se determinan los volúmenes, se determina el tamaño de los productores y se determinan los orígenes de la producción.

En el Uruguay, la producción hortofrutícola está absolutamente concentrada. Nuestro país produce en el Montevideo rural, en Canelones y en el milagro salteño. Después, produce en San José y en Florida un poco, y en Paysandú y en Artigas otro tanto. Entonces, existen dinámicas que han concentrado la producción.

¿Por qué los almaceneros de las otras capitales departamentales no les compran a los productores locales? Porque ellos no pueden abastecerlos de toda la variedad ni durante todo el año. Por lo tanto, tienen que comprarles a los del Mercado Modelo y eso inhibe la producción en todos lados.

Es por esa razón que reclamábamos la presencia activa de un integrante del Congreso de Intendentes. Queremos que en este espacio se resuelva lo que debe resolverse y me refiero a la competitividad del sector, a los costos, a los costos portuarios y a la cuestión financiera, porque el endeudamiento en el sector es altísimo.

Debemos volver a aquella mágica solución del IVA del Gobierno de Jorge Batlle en la que hubo protección a la granja, solución del endeudamiento y un fondo –que antes manejaba el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y no sé por qué ahora está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas, pero tiene que volver a aquel– para poder invertir en el desarrollo sectorial.

Es por eso por lo que no me sirve esta solución en la que entiendo que el productor termina quedando de rehén frente al acuerdo político.

(Suena el timbre indicador del tiempo).

–Esa es la realidad en lo que respecta a este tema y por eso voy a oponerme a esta solución.

Todo esto debió ser analizado antes. Es más, deberíamos haber aspirado a que la gobernanza fuera de los privados y que los públicos, simplemente, ejerciéramos el contralor, marcando lineamientos básicos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: ha terminado su tiempo.

SEÑOR BOTANA.- Termino, señora presidenta.

Estas cosas tienen que ser gobernadas por aquellos a quienes les duele todo esto.

Hoy, aquí, tengo la triste sensación, señora presidenta, de que estamos condenando la vida del sector.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos que hoy habíamos mencionado, salvo los artículos 284 al 288.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 284 al 288.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

Se solicita que se rectifique la votación.

Se va a votar nuevamente.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Más que nada, quiero reafirmar lo dicho en cuanto a la importancia de las Mesas de Desarrollo Rural, porque conozco su trabajo. Realmente ayudan mucho y no son lugares burocráticos de profesionales y de camionetas, sino que son lugares donde –al menos en mi departamento– pequeños productores de diversas áreas –a veces hablamos de descentralización y en esto se da– pueden presentar proyectos y avanzar muchísimo. Estas mesas son, realmente, muy requeridas. Incluso, hubo una instancia a la que nos invitaron a los legisladores de Florida para que participáramos y allí se nos mostró la gran tarea que han hecho.

En este presupuesto, si bien no se eliminan las mesas de desarrollo, se les quita recursos. Por tanto, no van a poder seguir haciendo las cosas que han venido haciendo hasta ahora. Es por eso que no acompañamos estos artículos.

Muchas gracias.

SEÑOR LANZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LANZ.- Señora presidenta: ajustándonos al acuerdo de coordinadores, vamos a fundamentar el voto en el inciso precisando dos o tres aspectos que se han marcado en el día de hoy y que nosotros no compartimos.

En primer lugar, en este recinto se ha hablado de que hay proyectos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que corren el riesgo de no continuar. Eso no es así porque son proyectos que tienen financiación externa, del Banco Mundial y del BID y que, de alguna forma, se dilatan hasta el 2023. De modo que la fuente de financiamiento y el desarrollo de estos proyectos no están en riesgo ni está en tela de juicio su continuidad.

En segundo término –quizás esto sea lo más importante–, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha cambiado radicalmente su filosofía y su postura en cuanto a la proyección de la cartera hacia el futuro. Cambió el Gobierno y este ministerio se plantea otros objetivos que no estaban dentro de los del Gobierno anterior, lo que es legítimo, absolutamente legítimo. Y cuando hablamos de unidades dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de abatimiento en cuanto a las asignaciones presupuestales, tenemos que decir que la línea base, por ejemplo, de la Dirección General de Desarrollo Rural –a la que aquí se hacía mención–, continúa siendo la misma. Una cosa son las asignaciones presupuestales y, otra, el crédito fiscal. Y el crédito fiscal de la citada dirección –creo que a eso se hacía referencia– ha cambiado, porque el 60 % era endeudamiento externo. Durante muchos años la Dirección General de Desarrollo Rural ofició como una unidad que adquiría endeudamiento externo para aplicar políticas diferenciadas en el territorio nacional y nunca hubo una sola medida de impacto en las políticas agropecuarias del país. Desde su creación, nunca la hubo. Esto fue lo que nosotros, de alguna forma, nos preocupamos por saber. Había millones de dólares volcados en una dirección; entonces, queríamos saber cuáles eran las medidas de impacto a favor de los pequeños productores. Ninguna; nunca hubo una medición. Hubo una política de volcar fuertemente recursos a una dirección sin control, y creemos que hoy el ministerio toma otro curso, que es el de potenciar bienes públicos, como por ejemplo el control de la bichera. Ahí va a estar la Dirección General de Desarrollo Rural; es una de las políticas de desarrollo que el país tiene que afrontar.

Queremos mencionar, también, la creación –como bien se señaló en este recinto– del Instituto Nacional de Bienestar Animal, que va a estar conducido por un cargo de particular confianza proveniente de la Dirección General de Desarrollo Rural, que tenía dos cargos de particular confianza y se entendió que con uno de esos cargos ya era suficiente para asistir técnicamente a la dirección.

Aquí hay una visión agropecuaria distinta –que, claramente, no es compartida por el Gobierno anterior lo que, repito, es legítimo– que ha comenzado su transitar en tiempos muy turbulentos, desde marzo a la fecha. Por lo tanto, demos tiempo al tiempo.

Para finalizar, quiero referirme al acuerdo encontrado para la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Entendemos que se ha incorporado a la gobernanza un balance justo y es por ese motivo que hemos dado nuestro voto conforme a este tema, que ha sido muy discutido.

Así pues, señora presidenta, nosotros votamos los artículos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con la absoluta convicción de que estamos frente a un país distinto y un desarrollo productivo diferente que va a potenciar, fundamentalmente, a los pequeños productores.

Muchas gracias.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: en este caso votamos en contra. Es evidente que tenemos diferentes ópticas y, en democracia, es válido tenerlas.

Debo decir que en el lugar en que vivimos trabajamos durante muchos años con las diferentes sociedades agropecuarias, particularmente las del departamento de Rocha; y no creo que sea un oasis en el medio del país, sino que la misma situación se dio en varias sociedades agropecuarias a través de diferentes programas. Fundamentalmente los pequeños, pero también los medianos productores –y debo decir que en el departamento de Rocha no existen grandes productores, terratenientes; al menos no los conozco o no integran precisamente las sociedades y las mesas rurales a las que hoy bien hacía referencia la senadora Della Ventura– sintieron que se volcaban en esas sociedades y agremiaciones no solamente los recursos, sino también la capacitación y muchas veces la guía para los diferentes programas que allí se llevaron adelante. Por eso, también en su momento reclamamos e hicimos un pedido de informes cuando de alguna manera se derivó en otra situación el programa Más Agua para el Desarrollo Rural, porque realmente eran muchos los productores que se beneficiaban con él.

Quiero dejar esta constancia porque entendemos que los pequeños productores –y estoy hablando de pequeños de verdad– se vieron beneficiados por la caminería rural –que muchas veces también estaba asociada a estos programas–, la electrificación rural y la llegada de algunos elementos y herramientas que también hacen a la pequeña producción.

Creo que en democracia es válida la discrepancia en los objetivos, como en este caso, pero queremos dejar la constancia de que en los lugares que conocemos, en los que hemos trabajado y formamos parte de la comunidad, tenemos la visión de que los recursos no se volcaron donde se debía.

Muchas gracias.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: quienes tenemos cuarenta años de experiencia en el trabajo rural porque hemos manejado un tractor, recorrido a caballo y arreado ganado –seguramente el señor senador Da Silva conoce bien esas tareas– esperamos que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sea la voz de los productores. Se criticó a este ministro por haber dicho algo así como que representaba a los productores. Sin embargo, precisamente eso es lo que esperamos los productores de un ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca: que sea la voz de los pequeños y medianos productores que, insisto, hoy nos sentimos arrinconados por las empresas multinacionales y por la concentración de la propiedad rural. El 87 % de los productores del país tiene menos de mil hectáreas, o sea que el 13 % tiene la propiedad del resto de los catorce millones de hectáreas con aptitud agropecuaria.

Pensamos que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca puede hacer punta en temas como el riego, la sanidad de los productos agropecuarios, y nosotros votamos las normas que propone en el entendido de que lo que se pretende es modernizar. Necesitamos un ministerio pequeño pero efectivo y con ese espíritu vamos a acompañar las normas contenidas en este proyecto de ley de presupuesto.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: voy a fundamentar los artículos que tienen que ver con la gobernanza de la UAM. Reconozco y saludo el acuerdo al que se arribó. Este tema llegó durante la campaña electoral departamental, incidió mucho en Montevideo y Canelones, y generó mucha fricción. De todos modos, la Cámara de Representantes encaminó un acuerdo que no logró unanimidades, pero abrió un camino que luego, en tiempos poselectorales, facilitó encontrar una solución gracias al diálogo en el Senado con las autoridades electas. Así fue como encontramos un modo de cogobernanza con la participación de productores, de comerciantes y del Congreso de Intendentes, con una responsabilidad compartida, pero con la mayor parte de ella a cargo de la Intendencia de Montevideo en su calidad de presidente. El acuerdo que se plasmó con la modificación de cuatro o cinco artículos de la ley original que creó la persona de derecho público no estatal fue modificado después porque recibimos ideas y propuestas de los sectores privados, de las gremiales, de los productores y los comerciantes. Recogimos algunas de ellas –las que entendimos razonables–, lo conversamos en las dos bancadas y las incorporamos.

Creo que esta y otras normas ajustan un modo de gobernar el último eslabón de la cadena productiva del sector granjero, que es muy importante, pero tiene grandes desafíos: hay que financiar la inversión y pagar los préstamos. Esto tiene que permitir que los pequeños productores puedan pagar sus obligaciones en el piso. Además, tiene que ser rentable. No podemos activar las garantías; tiene que autofinanciarse, ser sustentable y recibir el apoyo del sector granjero desde el sector público con políticas públicas, participando en el eslabón de la comercialización, en el que se necesita un desarrollo previo sobre el que hay que trabajar mucho. Así que quedamos muy satisfechos con el resultado y, sobre todo, con el ánimo que inspiró el trabajo y el acuerdo de todas las partes parlamentarias y de los ejecutivos, tanto departamental como nacional, que nos trajo hasta aquí con unos artículos y un convenio con amplio respaldo parlamentario.

Muchas gracias.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- La verdad es que voy a intentar fundamentar dos capítulos a la vez porque tengo la impresión de que, por un lado, estamos fundamentando lo que no votamos y, por otro, lo que sí votamos. Como voy a utilizar el mismo tiempo para ambas cosas, pido un poquito de tolerancia, aunque no demasiada.

Con respecto a los artículos que no votamos y que refieren al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quiero hacer una mínima referencia a dos cuestiones.

La primera tiene que ver con el impacto del recorte en lo que hace a los funcionarios. Doy un dato: el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca tiene 1700 funcionarios presupuestados y 228 contratados por endeudamiento externo; más del 50 % de los funcionarios presupuestados ­–966– tienen causal jubilatoria para los próximos años hasta 2024. Cuando se planifica un recorte de la magnitud del que se planifica y, además, hay un envejecimiento de la plantilla de funcionarios, el riesgo que tiene el Uruguay en lo que respecta a las capacidades de desarrollo de un ministerio tan estratégico es muy grande. Ese es uno de los fundamentos de nuestro voto contrario a esta idea de no sustituir cuando, insisto, se aplica una medida general. Por la particularidad de un inciso como este –que es estratégico para el Uruguay–, la situación funcional va a traer dificultades hacia adelante si se aplica efectivamente este mandato legal.

El segundo aspecto refiere al programa Más Agua para el Desarrollo Rural, un plan específico que se desarrolló en el país y particularmente en el departamento de Canelones, en tiempos en que los efectos climáticos se están haciendo sentir. La discontinuidad del plan afecta directamente a la producción y a la de los más pequeños en una de las áreas que el Estado debería fortalecer mediante un plan que tenía un financiamiento viable, estaba encaminado y contaba con la expectativa de los productores para cumplirse.

Por último, con respecto a la UAM, quisiera señalar la muy buena respuesta de las autoridades de la Intendencia de Montevideo frente a un hecho que se había generado y había tenido cierto grado de rechazo en la opinión pública. Me refiero a la intervención del Gobierno nacional sobre una obra diseñada, pensada y financiada por la Intendencia de Montevideo. Más allá de eso –insisto–, celebro y valoro los acuerdos alcanzados; además, celebro que hayan contado con un gran respaldo multipartidario. Ojalá esta sea una decisión estratégica para el desarrollo productivo de todo el país y, particularmente, del área metropolitana.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Señora presidenta: simplemente quiero dejar una constancia en lo que tiene que ver con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y esa lucha de poder que, en su momento, se dio entre la Intendencia de Montevideo y el ejecutivo, la que creo que llegó a buen término. Más allá de que damos nuestro voto de confianza, queremos decir que vamos a seguir de cerca este tema. Lamentablemente se terminó en esa lucha de poder y nos olvidamos de los que realmente precisan que funcione y que lo haga bien. El sector hortofrutícola y el pequeño y mediano productor hortofrutícola estaban pidiendo una respuesta, y por eso se generó esta lucha. La idea es que no se les haga imposible estar adentro de esa Unidad Agroalimentaria Metropolitana y eso nos lo decían ellos mismos.

Todos sabemos que este mercado modelo trasladado no se financia solamente con esto. Hay otros negocios que se piensa desarrollar y que son los que van a terminar bancando este proyecto. De lo contrario, al pequeño y al mediano productor hortofrutícola se les va a hacer muy difícil estar ahí adentro. Muchos nos decían que no tienen por qué terminar pagando a un intermediario para que les lleve la fruta y la verdura al mercado. Nosotros decíamos, en el buen sentido –ojalá se logre la mejor solución–, que había que evitar que esta Unidad Agroalimentaria Metropolitana terminara siendo un gran corredor Garzón. Ese es el miedo que nosotros tenemos, no por la lucha de poder entre la Intendencia y el Poder Ejecutivo, sino por ese sector trabajador que está sobre todo en el departamento de Canelones y que tanto precisa que funcione bien para poder vender sus productos al mejor precio dentro de ese mercado. Por eso queríamos dejar la constancia de que damos nuestro voto de confianza, pero vamos a seguir el tema de cerca, porque entendemos que no se han solucionado muchas de las cosas que reclama el sector.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos al inciso 08, «Ministerio de Industria, Energía y Minería».

En consideración los artículos 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 306, 309, 314, 315, 316, 317, 318, 321 y 324.

Sacamos el artículo 320 porque hay un sustitutivo.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: estamos ingresando en el inciso correspondiente al Ministerio de Industria, Energía y Minería. Nosotros ya habíamos hecho una intervención referida a dos artículos –el 320 y el 321– que tienen que ver con esta desmonopolización parcial que se hace de los combustibles, en el caso de todos los puertos y el aeropuerto. Nosotros consideramos que esta es una mala decisión, que se toma con relativamente poca información y con mucha celeridad. Además, puede tener impactos muy importantes que probablemente no sean muy positivos en el futuro del país.

El artículo 320 tiene una hoja sustitutiva que vuelve a una redacción similar a la que se había votado en la Cámara de Representantes, que nosotros tampoco compartimos, pero, sin duda, modifica algunos de los conceptos que vertimos en la discusión en general. Ahora queda claro que estamos hablando de los combustibles para embarcaciones. En definitiva, es un poco más restrictivo porque nos referimos a los combustibles marinos.

Lo cierto es que el Poder Ejecutivo ha fundado estos artículos que tienen alguna trayectoria. Recordemos que el Poder Ejecutivo ya había enviado una propuesta de desmonopolización sobre el mercado de combustibles. En la Ley de Urgente Consideración se terminó aprobando tres artículos que no iban en el sentido de la desmonopolización. Uno de ellos establecía la creación de la Comisión de Expertos para estudiar el mercado de petróleo y traer un informe a la Asamblea General, pero cuando llegó el presupuesto quinquenal el Poder Ejecutivo decidió presentar –no en su mensaje original, sino posteriormente a través del ministro– estos artículos que se fundamentaron, en definitiva, en tres elementos sustantivos.

El fundamento que dio el señor ministro refería a tres elementos. El primero, tenía que ver con que solo estábamos hablando del fueloil; esto era lo que pregonaba el ministro de Industria, Energía y Minería. Además, decía que era un negocio marginal para Ancap, que el negocio de búnker de fueloil lo venía abandonando bajo la premisa de que su producción era consumida casi en su totalidad o en un porcentaje muy importante por las industrias de pasta de celulosa y, por lo tanto, el búnker en el puerto de Montevideo era un negocio que Ancap venía dejando al costado.

Debo decir, señora presidenta, que en el negocio de búnker solo de fueloil en el puerto de Montevideo desde 2015 a 2019 Ancap ha vendido 66:000.000 de litros, lo que significa una facturación de USD 50:000.000 por año. Esa es la facturación que tiene Ancap y es de prever que vendrá una mayor afluencia de buques al puerto de Montevideo debido a la planta de celulosa que se está construyendo. Por lo tanto, este negocio puede crecer. Como decíamos en la discusión general, debería ser una política de Estado acompañar el mejoramiento de las condiciones de competitividad de nuestro puerto para llegar a los catorce metros de dragado, así probablemente sería la última estación de servicio en el Atlántico Sur de los barcos portacontenedores Maxi-Neopanamax, que son los que están cruzando por el segundo canal de Panamá que se ha construido recientemente y que son bastante grandes.

Respecto a este fundamento que se ha dado, quiero dejar sentado lo siguiente: Ancap tiene la facultad de importar, en el caso de que necesitara colocar mayor producción de fueloil. Hoy Ancap tiene una capacidad ociosa de procesamiento de 50.000 barriles diarios y está procesando entre 35.000 y 40.000 barriles. Quiere decir que, además, la capacidad industrial de Ancap podría incrementarse en la medida en que haya una mayor demanda. Lo que se nos decía era que, en definitiva, con la nueva planta de celulosa no íbamos a poder abastecer. Eso cae por su propio peso en el sentido de que Ancap puede incrementar la producción de su refinería o, de lo contrario, podría importar directamente y cubrir este negocio.

Tal como está redactada en la hoja sustitutiva, esta propuesta no refiere solo al negocio del fueloil, sino también al negocio del gasoil marino, que para Ancap representa una facturación de aproximadamente USD 100:000.000. Aquí estamos hablando de áreas de negocio en el puerto de Montevideo y en el resto de los puertos administrados por la ANP, donde Ancap tiene una facturación anual de USD 160:000.000. Por lo tanto, la ventaja competitiva que tiene nuestra empresa pública se perdería debido a esta decisión, además de otros negocios que puedan surgir porque se están construyendo buques que también consumen GLP, no solamente fueloil o gasoil marino.

En definitiva, el negocio no es tan marginal y a esto se le agrega que también se incorpora en este proceso la desmonopolización de combustibles en el aeropuerto. En 2017, por este combustible Ancap logró facturar USD 143:000.000; en 2018, USD 146:000.000, y en 2019, USD 128:000.000. Estamos diciendo que el conjunto de estos artículos pone en riesgo un área de negocio que van no solo a los sesenta iniciales, sino que estamos hablando de casi USD 300:000.000 anuales de facturación de la empresa pública Ancap, que tiene una ventaja competitiva porque es un monopolio. Por supuesto que en el aeropuerto de Carrasco están los sellos que redistribuyen porque ahí hay competencia, pero el combustible lo proporciona Ancap. Quiere decir –reitero– que vamos a poner en riesgo USD 300:000.000 anualmente y eso es lo que estamos haciendo hoy.

El segundo argumento que se ha esgrimido es que la desmonopolización va a contribuir a bajar el precio de los combustibles. Como todos sabemos, el precio del combustible Jet A-1 –que se comercializa básicamente en los aeropuertos– es fijado por el Poder Ejecutivo conforme al índice LTM, que es el promedio de venta de este combustible en los aeropuertos de Buenos Aires, Porto Alegre y Santiago de Chile, más un adicional que establece el Poder Ejecutivo. Tanto es así, señora presidenta, que desde 2018 no se incrementa el precio de este combustible; está congelado. Ese fue el último año en que se aumentó su precio, que hoy está en $ 36,6. En realidad, si pensamos en términos de dólares, notaremos que desde 2018 en adelante el precio de este combustible ha bajado, sin necesidad de desmonopolizarlo.

A esto hay que sumar otros componentes como, por ejemplo, que se habilita a Ancap a arrendar su infraestructura porque, naturalmente, si alguna empresa quiere instalarse en el negocio de búnker necesita tener almacenamiento. Por lo tanto, sin invertir, esa empresa podrá utilizar la infraestructura que ya tiene nuestra empresa. Es decir que le quitamos una ventaja competitiva a nuestra empresa pública y, además, hacemos que su infraestructura sea utilizada por un privado para entrar a este negocio.

Recientemente, lo dijo en su página la propia empresa DISA –empresa española que acaba de comprar Petrobras ®– que, entre otras cosas, además de las estaciones de servicio compró el negocio de búnker marino y los negocios en el aeropuerto de Carrasco. Reitero que la empresa informa en su propia página que acaba de adquirirlos. De esta manera, la empresa española ingresa a trabajar en Uruguay y justamente estos artículos la habilitan a hacer ese negocio sin invertir. Eso es lo que va a pasar, porque no va a poner un solo peso.

A esto hay que agregarle que a una de las principales distribuidoras de combustible del Uruguay, como es Ducsa –propiedad de Ancap–, se la ha facultado para que pueda vender su paquete accionario. Se ha votado un artículo que posibilita la venta de hasta el 50 % del paquete accionario de las empresas propiedad del Estado en el derecho privado.

Además, en este presupuesto quinquenal se establece un elemento muy importante con respecto al retorno de las utilidades que tienen que hacer nuestros entes comerciales. Concretamente, se dice que el retorno de las utilidades nunca puede ser menor a la rentabilidad promedio de la deuda pública uruguaya, con lo que le estamos quitando una porción de negocio muy importante a Ancap –hablamos de unos USD 300:000.000 en estos dos artículos– por la facturación que puede crecer en el futuro debido a las necesidades que va a tener el puerto por los buques que vendrán, más otras acciones que van a estar arriba de la mesa.

En definitiva, se puede vender el 50 % del paquete accionario de Ducsa y, además, arrendar la infraestructura de Ancap. Parece ser –como dijo Jack– que avanzaremos por partes. En definitiva, se va acorralando a nuestra empresa, que tenía una ventaja, y se establece que la irá perdiendo en detrimento de empresas transnacionales que van a operar en este giro porque esto es lo que plantea este artículo.

Además, hay otros elementos como, por ejemplo, la comercialización del combustible Jet A-1 –usado en el aeropuerto de Carrasco–, que representa el 5 % de la facturación de Ancap. A su vez, la producción de ese queroseno –el que utilizan las aeronaves– representa el 5 % de la producción de la refinería.

Como usted sabe, señora presidenta, cuando se refina petróleo sale una canasta de productos y para sacar equis cantidad de litros de nafta se tiene que producir equis cantidad de litros de queroseno, equis cantidad de litros de Jet A-1, etcétera. Por lo tanto, si abrimos estos negocios que hoy está colocando Ancap y que son parte de su línea de negocio –recuerdo haber escuchado a un senador de la república decir que lo que es de uno hay que cuidarlo en momentos en que votábamos la Ley de Urgente Consideración y se discutía sobre la desmonopolización–, lo que puede pasar es que ese menú de subproductos que surgen a partir de la refinación del petróleo genere condiciones que empeoren la situación de nuestra empresa pública en lo que tiene que ver con su rentabilidad. A su vez, se deja servido un negocio de baja inversión para algunas empresas transnacionales que, como hemos visto, ya han anunciado con bombos y platillos en su propia página web que ingresan al Uruguay en el mercado de cercanías, que tiene que ver con los supermercados que están al lado de las estaciones de servicio. Recordemos las ochenta y ocho estaciones de servicio que eran de Petrobras ®, más el negocio del búnker marino y el negocio de la distribución de combustible en el aeropuerto de Carrasco.

Por todas estas consideraciones, señora presidenta, pensamos que es poco serio tomar una decisión de este tipo, de esta naturaleza y de este calibre en el marco de un presupuesto y de un artículo. Algún señor senador que esté aquí podrá pensar que, si estas son las cifras que maneja este legislador –que ha tratado de informarse y se ha reunido con muchas organizaciones sociales y empresariales para saber un poco más de qué estamos hablando en este negocio–, hace muy mal el Parlamento si avanza en estos artículos cuando, en realidad, podría avanzar en una ley global de regulación del mercado del petróleo en donde cada uno legítimamente pueda esgrimir cuál es su posición ideológica, política o su fundamento en términos de necesidades del país.

Para terminar, debo decir que la desmonopolización de los combustibles en el Uruguay no estaba en los programas de casi ningún partido político, salvo en el del Partido Nacional, particularmente –diría– en el sector del Herrerismo, que ha batallado por esa idea con mucha coherencia. Este tema no estaba planteado en el debate programático de la campaña electoral de la última elección nacional.

(Suena el timbre indicador del tiempo).

–Ya redondeo la idea, señora presidenta.

Más allá de los programas, la eventualidad de los Gobiernos obliga a tomar decisiones. Quiero insistir, señora presidenta –más allá de la modificación que se está haciendo con la hoja sustitutiva–, en que sería bueno no votar en el día de hoy este artículo, que el Parlamento se diera el tiempo necesario y convocara a todos los actores que participan en esta cadena para dar un debate de esta naturaleza. Se trata, nada menos, que de la energía y la soberanía del país.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: creemos que sí hay que votarlo hoy porque esta es una buena oportunidad, pero queremos ubicar el debate.

Acá no estamos discutiendo la desmonopolización de los combustibles. Lo que sacamos en la LUC está mirando al mercado interno, está mirando el precio de paridad, está mirando a nuestros consumidores, a nuestros sectores productivos e industriales, en definitiva, a los que utilizan estos combustibles de Ancap como un producto de energía principal para producir; también mira a nuestros transportistas y al mercado interno. Estamos tratando de que Ancap baje los precios de los combustibles ajustando todos sus números internos. Por eso el desarrollo de los precios de paridad, pero también la información sobre los subsidios, los subsidios cruzados, los impuestos que tienen, los costos de cada una de las etapas, desde el refinado hasta la última, en el surtidor de la estación. Sobre eso no hay cambios. No es de eso de lo que hablan estos artículos. Acá hay cuatro artículos, pero vamos a referirnos a tres: 317, 320 y 321, que están pensados para que Uruguay pueda hacer otros negocios y pueda recuperar posición y competitividad en la región.

Hace mucho escuchamos hablar de la lucha de puertos, y esto es la lucha de puertos: es obtener un lugar en la región que permita explotar al máximo nuestras posibilidades regionales de ubicación y estratégicas. En materia de canales, de ríos, de límites, de aranceles y otras disputas, tenemos una cantidad de conflictos con nuestros competidores. Lo cierto es que con estos artículos tratamos de que pasen por nuestro puerto otros negocios.

Queremos que Ancap pueda alquilar su infraestructura, la que no use, porque si la usa, obviamente, no la tendrá disponible, pero podrá arrendar infraestructura o prestar servicios a terceros respecto a actividades relacionadas con los cometidos del ente. Se exceptúa la refinería. Para entender esta norma tenemos que mirar el artículo 320, que lo que está diciendo es que el monopolio no regirá en el puerto de Montevideo ni en otros puertos operados por la Administración Nacional de Puertos. Le agregamos «ni en las zonas de alijo» habituales, fijadas por el tratado. Para aventar todo tipo de sospechas, como las que ayer fueron planteadas aquí, agregamos que la idea no es que ingrese combustible para que se instale una estación de servicio en el puerto de Montevideo y los camiones que vayan a cargar o descargar contenedores aprovechen para llenar el tanque. Nada que ver con eso. Estamos planteando que puedan venir al Uruguay, usar la infraestructura, o tener la propia, para trasladarse luego hacia otros puertos de destino, porque de lo contrario van a la Argentina. ¿Cómo se abastece Paraguay?

Aquí no hay que buscarle la quinta pata al gato. La idea es que esto que dice el inciso primero del artículo 320 se aplique a los efectos de aprovisionar buques y embarcaciones de cualquier tipo –porque a veces no encuentran combustible suficiente–, así como para cualquier operación relacionada con el combustible de tránsito, a este al que me estaba refiriendo. ¿Alguien podrá hacer el negocio de la reventa? Sí. ¿Alguien podrá hacer el negocio logístico? Sí. También el Estado, ¡eh! ¡También el Estado! Tengamos claro que hay zonas en las que el monopolio ya no rige y nadie se queja. Las zonas francas no tienen monopolio. De hecho, UPM licita. Gana Ancap, ¿vieron? ¡No hay monopolio! Podrían venir las multinacionales. De hecho, compite YPF, pero siempre gana Ancap. Ahora, una vez que gana después transitan camiones por nuestro territorio para surtir a esa zona franca y no violentan el monopolio, pero ahí adentro existe; se vende a otro precio. No hay una estación de servicio ahí, ni en ninguna otra zona franca, en la que surtan de combustible a los autos de los que trabajan en las distintas empresas que allí operan. ¡Eso no pasa y no está pensado para eso! Y si eso sucediera, habría contrabando, se cometería un delito.

Estamos pensando en dar nuevas oportunidades con una cabeza más abierta para que nuestro puerto ofrezca servicios y posibilidades de desarrollo. Y es verdad: queremos el dragado a catorce pies; queremos que vengan los grandes barcos; queremos que se desarrolle el puerto, pero para eso hay que dar servicios. Y esto es parte de eso. ¡Que hagan negocios! ¿Cuál es el problema, si Ancap mantiene el monopolio para surtir a la producción nacional y a los uruguayos? Eso se mantiene. Vamos por otro camino para eso, que es el del precio de paridad, el de mejorar la eficiencia, el de parar con los subsidios cruzados y el de bajar el precio.

Ahora bien, esto no tiene nada que ver y lo mismo sucede con lo del aeropuerto. Por eso vamos a pedir que el artículo 318 se desglose, porque queremos votarlo en contra.

En realidad, al artículo 318 lo propuse yo mismo cuando la noticia era que no teníamos votos suficientes para sacar adelante el artículo que hoy lleva el número 321, que desmonopoliza el combustible en los aeropuertos. Ahora ya no tiene sentido el artículo 318; era un paso, era para mostrar lo lejos que estamos de los precios de la región.

Según mis gráficas –que son información oficial–, comparando lo que cuesta el Jet A-1 en Carrasco con su precio en Ezeiza, en Porto Alegre, en Santiago de Chile, en Aeroparque o en Paraguay, vemos que tenemos el récord, que estamos por arriba de todos. En los viajes largos un avión tiene en el combustible el 50 % de sus costos, y si estamos más caros, lo dejamos fuera de precio y esos aviones, esas aerolíneas no eligen a Uruguay.

Nosotros tenemos que buscar convertirnos en un hub regional de pasajeros y, particularmente, de carga. Hay oportunidades, pero para esto el precio del combustible es sustancial.

Desmonopolizar no quiere decir que vengan extranjeros; a lo mejor eso lo podemos lograr nosotros, pero si no es así, que vengan otros a hacer ese negocio y, por supuesto, nos alquilen la infraestructura, nos paguen los impuestos que podamos cobrarles –algunos seguramente les cobraremos– y generen mano de obra en Uruguay.

Tenemos que pensar con la mentalidad de que el país crezca y genere oportunidades de negocios. El mundo cambió y tenemos que cambiar nosotros; por lo menos, tenemos esa idea y queremos hacerlo, lo que no significa que vengamos a privatizar ni a desmonopolizar nada, porque eso ya fue laudado.

Tampoco nos vamos a quedar con las mismas estructuras de siempre. Hay oportunidades y las queremos aprovechar; oportunidades que, además, nos obligan a competir en la región. Queremos aprovecharlas, queremos dar al país una mayor conectividad y más utilización de su infraestructura.

¿Por qué van a pasar por Argentina las barcazas que surten de combustible a Paraguay, en lugar de hacerlo por el puerto de Montevideo? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde perdemos soberanía? ¡Una de las razones por las que se fundió Pluna fue el precio del combustible! Por eso no eran rentable esa ni otras empresas aéreas, y esa es la razón por la que algunas dejaron de venir al país y otras no vienen o no vendrán; hoy el mundo no tiene demasiada conectividad.

Compartimos esto y estamos dispuestos a evaluarlo cuando se quiera; veremos si da resultado, porque se trata de una apertura para interesar a empresas para que vengan a hacer el negocio, pero a lo mejor no vienen. Vamos a ver si logramos interesarlas. Creo que no estamos aquí entregando ninguna porción de soberanía ni vamos de a partes o de a pasos; esto es transparente: estamos diciendo con claridad lo que queremos hacer, lo ponemos en una ley y estamos dispuestos a seguir discutiéndolo.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Senador Olesker: el acuerdo al que arribamos en coordinación de bancadas es que el expositor de cada partido tiene quince minutos, y después de proceder a la votación se puede fundamentar el voto.

Vamos a proceder, entonces, a votar los artículos que ya hemos mencionado, con excepción del artículo 320, que tiene un sustitutivo en la página 48.

Consulto al señor senador Gandini si lo que ha pedido es que se suprima el artículo 318.

SEÑOR GANDINI.- Que se desglose, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a votar todos los artículos que hoy mencionamos, excepto el artículo 318 que estamos desglosando, y el artículo 320 que tiene un sustitutivo que figura en la página 48.

SEÑOR GANDINI.- Cuando vayamos a votar el sustitutivo que figura en la página 48 voy a hacer una corrección in voce.

SEÑORA PRESIDENTA.- Bien.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 318.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 28. Negativa.

En consideración el artículo 320 como viene de comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 29. Negativa.

En consideración el sustitutivo del artículo 320, que se encuentra en la página 48.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.-Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Gracias, presidenta.

La frase final dice: «… aquel que ingrese a puertos en territorio uruguayo…». Propongo que continúe diciendo: «con destino a territorio extranjero», en lugar de «pero que tenga destino final otra jurisdicción». Creo que la redacción actual no es clara. Entonces, la idea es que diga: «… que ingrese a puertos en territorio uruguayo con destino a territorio extranjero». Con ese cambio lo votaríamos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 320 con la modificación propuesta por el senador Gandini.

(Se vota).

–18 en 28. Afirmativa.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.-Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Mi único fundamento es que no veo relación entre lo que se ha votado y varios de los objetivos que planteaban los senadores de la coalición –por eso no hemos votado este artículo– respecto a la mejora de la competitividad.

Hay una forma muy sencilla de bajar el precio del combustible en Uruguay. Nosotros no lo hicimos –asumimos que en quince años decidimos no hacerlo– que es bajar el Imesi a la mitad y quedarse con la mitad de la recaudación. El Imesi es el 40 % del precio final. Por lo tanto, bastaría una decisión política para bajar el precio del combustible. O sea, Ancap no tiene falta de competitividad por razones de eficiencia industrial. Podríamos discutirlo largamente; no vale la pena y no me da el tiempo.

Pero quiero decir que no hay ninguna relación entre lo que se ha votado –por eso lo vemos como «un camino a»; la historia dirá– con el objetivo, que es mejorar la competitividad portuaria y, al mismo tiempo, bajar el precio en el mercado local, porque el precio en el mercado local solo se puede bajar –en la medida en que los salarios son el 2,38 % del precio final– consiguiendo crudo más barato, cosa que depende de las coyunturas parciales, y bajando los impuestos o reduciendo el margen de los estacioneros y de los distribuidores, como ya hizo Ancap en el 2017, ahorrando USD 32:000.000 en aquel momento.

En definitiva, no vemos la relación y, por lo tanto, no hemos votado este artículo.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.-Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.-

(Esta intervención ha sido eliminada de la versión taquigráfica en aplicación del artículo 105 del Reglamento del Senado).

SEÑORA PRESIDENTA.- Cuando se fundamenta el voto no se pueden hacer alusiones políticas. Por lo tanto, voy a disponer que se retiren las palabras del señor senador de la versión taquigráfica.

SEÑOR DA SILVA.- Haga lo que quiera.

SEÑORA PRESIDENTA.- No, no hago lo que quiero. Hago lo que el Reglamento determina.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Nosotros votamos en contra por varias razones.

En primer lugar, hoy temprano se sostenía la importancia de los plebiscitos. El pueblo uruguayo laudó sobre este tema, no una, sino varias veces. Y está bravo para enmendar de esta forma la plana al pueblo uruguayo.

A mí me gustaría conocer los datos que se colocaron sobre el Jet A1, pero, en realidad, estamos en un proceso en el que tendríamos que haber tenido más tiempo para poder intercambiar, porque se sufrió una radical rebaja en 2017, 2018 y, sobre todo, en abril de 2019. ¿Qué tiempo tuvimos para comparar esa rebaja con respecto al resultado de la competitividad de la aviación con los precios internacionales? Casi ninguno, porque el 2020 es un año muerto, por la pandemia, para poder comparar el desplome. Tengo un conjunto de gráficas sobre las que me gustaría haber podido intercambiar.

Sobre esta base estamos tomando la decisión, con este tiempo de maduración de un tema que se descartó en la Cámara de Representantes e ingresó en el Senado, no en el tiempo del debate, sino el último día. No pudimos ni siquiera intercambiar con las autoridades. ¿Es la mejor forma de resolver sobre un tema de esta sensibilidad? Es un componente que quedó excluido expresamente del Compromiso por el país con el que la coalición que hoy nos gobierna se presentó en la segunda vuelta.

¿Qué nos dicen las autoridades con las que hemos podido intercambiar y discutir, que son de los que más conocen de este tema? Que no hay ninguna dificultad de suministro. Es un tema importante para Ancap y su viabilidad. Y tiene márgenes de competitividad que son notorios, sobre todo a partir del 2019, y habría que tener un tiempo prudente para poder reflexionar acerca de medidas de este tipo, que hipotecan a la principal empresa pública del Uruguay o la dejan en riesgo para probar a ver si funciona el negocio.

Esto afecta a Ancap; golpea el conjunto del tejido productivo. Un porcentaje alto del PBI industrial se produce por la refinación de petróleo en Uruguay y miles de puestos de trabajo dependen de eso. Quiero ver quién da la cara después para explicar a las pequeñas empresas, a las muchas que trabajan para la refinería con insumos y producción, la parada de la planta. No es sencillo.

Por esas razones es que no estamos en condiciones de acompañar una medida de esta magnitud cuando, como bien explicaba el señor senador Olesker –y termino–, el grueso del precio de los combustibles es un impuesto, una parte importante del petróleo, y lo que se agrega en el porcentaje del costo de la refinación es un 12 % o
13 %, no más de eso. De ese margen estamos hablando para esta actividad que genera miles de puestos de trabajo en Uruguay.

Gracias.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: he votado con convicción esta desmonopolización en puertos y aeropuertos de nuestro país. Lo he hecho para mejorar la competitividad de esas terminales y la competitividad de la producción nacional; y también por Ancap. La competitividad de los puertos y de los aeropuertos mejora cuando se bajan los costos, ya sea en el funcionamiento portuario o aeroportuario, y también mejora cuando disminuye el costo del transporte que viene. En el mediano y largo plazo eso significa baja de costos para la exportación de la producción nacional y para la importación de insumos que el país utiliza.

Además, señora presidenta, quiero justificar lo segundo que dije: que voté también por Ancap. Me voy a basar en un material que me hizo llegar el señor senador Niffouri, que dice que Ancap no tiene en el Jet A-1 –el queroseno para aviones– un foco estratégico, que es un mercado lateral, con la diferencia de que se trata de un combustible que puede ser transformado en productos alternativos. El Jet A-1 puede ser transformado en gasoil. Si Ancap vende gasoil en vez de Jet A-1, le es mucho más conveniente.

Veamos, el precio a la salida de la refinería del Jet A-1 es de USD 1,213 por galón, este precio es al 30 de mayo del presente año. El ingreso de Ancap, por su precio a la salida de la refinería, es de $ 22,4 por litro, lo que hace un precio de referencia alternativo –a ese USD 1,213 por galón– de USD 1,91 por galón. O sea que por cada galón que se vende, Ancap pierde 69 centavos de dólar. Por lo tanto, en los 120.000 metros cúbicos que vende en nuestros aeropuertos, Ancap pierde USD 21:900.000. Creo que esa cifra por sí sola justifica esta medida para Ancap.

Y lo otro: el abaratamiento de los costos justifica la medida para el país.

Gracias.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA.- Señora presidenta: hemos votado estos artículos convencidos de que para nada estamos afectando la empresa pública Ancap. Quiero dejar expresa constancia del convencimiento que tenemos de que nuestras empresas públicas tienen que ser fuertes y de que debemos cuidarlas.

Y ¿cuál es la mejor forma de cuidar a las empresas públicas? Tratar de que cumplan con sus objetivos. El objetivo es asegurar el servicio universal a un precio razonable; en el caso de Ancap eso se cumple, más que con el tema del precio razonable, asegurando que se venda al mismo precio en todo el territorio nacional.

También ayudamos y defendemos nuestras empresas públicas cuando logramos que estas sean eficientes. En mi opinión –y creo que hay prueba de ello–, la competencia hace que nuestras empresas sean más eficientes y, sobre todo, que el objetivo de darle al usuario, a los clientes y a los uruguayos mejores precios y servicios se cumpla de la mejor manera. Eso quedó demostrado con la desmonopolización del Banco de Seguros, con la desmonopolización de los servicios de telefonía celular. Esto no quiere decir que no queramos que las empresas públicas sigan existiendo; yo las defenderé siempre.

Debido a las características especiales que tiene el mercado uruguayo, además de ser pequeño, creo que lo que no debe permitirse es que un servicio sea monopolio de un privado; es preferible que el monopolio sea público. En todo caso, esta es una discusión que tendremos que dar cuando hablemos de las desmonopolizaciones.

Entiendo que este caso particular no tiene nada que ver con eso. Aquí estamos desmonopolizando la venta de combustibles en el puerto para uso en embarcaciones y para su venta al exterior; estamos desmonopolizando la venta de combustibles en los aeropuertos nacionales también para agregar un elemento que puede haber en la competencia que nos asegure mayores y mejores servicios de transporte aéreo y una mayor conectividad. No obstante, no creo para nada que debilite el posicionamiento de Ancap. De eso estoy absolutamente seguro, y por eso votamos los artículos con convicción, en función de nuestros principios de defensa de las empresas públicas.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Quiero señalar que hoy, casualmente, estamos hablando de dos instituciones que fueron creadas durante el Gobierno de Gabriel Terra: el Mercado Modelo y Ancap.

Cuando se plebiscitó la desmonopolización de Ancap yo voté en contra, y lo hice por una sencilla razón: entiendo que hay empresas públicas que son estratégicas, y en ese sentido coincido bastante con el señor senador Viera. Para mí, Ancap, Antel y, sobre todo, el Banco República son empresas públicas estratégicas.

No obstante, con respecto al tema de los combustibles, quisiera decir que voy a votar estas disposiciones porque entiendo que no afectan la soberanía nacional en materia energética, ya que esta soberanía fue establecida fundamentalmente para asegurar a Uruguay energía en el campo de la industria y también de la producción agropecuaria. Este tema que estamos tratando no tiene ninguna relación con ello y pienso que, de alguna manera, esto puede significar un despegue para las actividades de los puertos y aeropuertos del país.

Es con ese espíritu –creo interpretar a los compañeros de Cabildo Abierto– que estamos votando estas normas en el día de hoy.

Hecha esta precisión, le agradezco, señora presidenta.

SEÑOR SARTORI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARTORI.- Quisiera compartir una reflexión general sobre el inciso Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Creo que hoy nos hemos enfocado solamente en el tema del combustible, que votaré con mucha alegría porque lo que estamos viendo en esas dos industrias, portuaria y aeroportuaria, es cada vez menos actividad, pérdida de competitividad y descenso del número de operaciones en nuestro país. Seguramente, esta medida logre fijar un antes y un después; sin lugar a duda, veremos un aeropuerto que inmediatamente volverá a tener nuevas aerolíneas y nueva actividad. Lo mismo sucederá con los puertos. Estoy seguro de que en pocos años veremos los resultados concretos de esto que estamos intentando hoy en día.

Además, en este inciso, referido al ministerio, se establecen muchísimas otras medidas que impactan directamente en la generación de empleo y de nuevas industrias en nuestro país. He escuchado muchísimo que en el presupuesto no hay nada por el empleo. Sin embargo, aquí hay muchísimos artículos que específicamente tendrán un impacto concreto. El desarrollo de parques industriales, de incubadoras, científicos, de donde se generan esas nuevas industrias del conocimiento, está aquí, y seguramente gracias a esta nueva medida vuelva a impulsarse en todo el país, incluso en Rivera, descentralizándose. Lo mismo ocurre con una aceleración de trámites que hoy tienen trancadas a muchísimas industrias, como en Dinamige.

También está el tema de las patentes. Se demoraba hasta diez años en otorgar una patente a quien presentaba una innovación en nuestro país. Lo hemos arreglado de una manera armoniosa, preservando algunas industrias que tenían problemas con esos cambios.

Entonces, creo que esta plataforma que se genera por los cambios que se están votando para el inciso Ministerio de Industria, Energía y Minería, va a tener muy rápidamente un impacto concreto en actividad, en empleo y en el desarrollo de esas industrias que, pospandemia, deben emerger en el mundo y, en particular, en nuestro país.

Muchas gracias.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: ha finalizado el análisis del inciso 08, «Ministerio de Industria, Energía y Minería». Asimismo, el correspondiente al Ministerio de Turismo ha sido votado. Así pues, abusando de la amabilidad de los señores senadores…

SEÑOR BERGARA.- Hay dos aditivos con relación al Ministerio de Turismo que hay que votar.

SEÑOR PENADÉS.- Entonces, señora presidenta, sería bueno ponerlos a consideración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Los aditivos, en general, los votamos al final.

SEÑOR PENADÉS.- Esa era la idea.

SEÑORA PRESIDENTA.- No es que nos hayamos olvidado, sino que los ponemos a consideración al final.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: como bancada del Frente Amplio hemos presentado dos aditivos que nos gustaría que fueran puestos a consideración ahora, ya que vamos a tratar el inciso 09.

Nosotros sí acompañamos el único artículo que tenía el inciso, referente a una comisión especializada en género para dar cumplimiento a la ley de género, pero queremos dejar alguna presentación en torno a este tema. Nos gustaría tratar el inciso y que se consideraran los aditivos. Si me autoriza, señora presidenta, aprovecho los quince minutos de que dispongo.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: creíamos que los aditivos los íbamos a tratar después todos juntos, pero no tenemos inconveniente en que se consideren ahora los del Ministerio de Turismo.

Lo que queríamos proponer, señora presidenta, es que posteriormente pudiésemos poner a consideración los incisos: Poder Judicial, artículos 535, 537 y 542; Tribunal de Cuentas de la República, artículos 546, 552, 554, 555 y 556; Corte Electoral, artículos 558 y 560; Tribunal de lo Contencioso Administrativo, artículo 561; Inumet, artículo 606; y la Jutep, artículos 609 y 612. Ya hay una moción en la Mesa para ser leída luego de esto, que propone que el Senado pase a cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 10:00.

SEÑORA PRESIDENTA.- Perfecto.

Entonces, si les parece bien, habiéndose votado el artículo 326 del inciso 09, «Ministerio de Turismo», pasamos a considerar los dos aditivos que figuran en las páginas 2 y 3 de los repartidos que los señores senadores tienen en su poder.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: este es uno de los incisos más afectados por la pandemia.

(Murmullos en sala).

–Por favor, señora presidenta, le pido que me ampare en el uso de la palabra. La verdad es que es una falta de respeto que en este momento el señor senador Da Silva esté escuchando la radio.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pido a los señores senadores que se ubiquen en sus bancas, así podemos seguir trabajando.

Puede continuar el señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Disculpe, señora presidenta, pero realmente es algo insólito.

Desde el Frente Amplio presentamos estos aditivos porque estamos ante uno de los incisos del presupuesto nacional, uno de los sectores de actividad más afectados por la pandemia, y uno de los que tienen impactos más negativos en la economía de nuestro país. Nos llama la atención que aquí no haya ninguna medida concreta para atender la problemática de este sector de actividad. Con respecto al presupuesto del inciso del Ministerio de Turismo, nos sorprende que la única medida propuesta por el Poder Ejecutivo sea el artículo referente a dar cumplimiento a la ley de género.

Por lo tanto, hemos propuesto dos aditivos porque no solo no hay ninguna previsión presupuestal que atienda la situación del sector ni proyectos concretos con su respectiva financiación, sino que, por el contrario, se recorta el presupuesto del Ministerio de Turismo en un 12 % a partir de 2021, que es el equivalente a $ 116:000.000. Tampoco se ha establecido ningún mensaje complementario, que era una de las posibilidades que tenía el Poder Ejecutivo para atender la problemática del sector.

Mientras estábamos trabajando en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios atendió al sector, que vino a esta casa a pedir una ley de urgencia porque realmente necesita un conjunto de propuestas que atiendan la problemática. Son cerca de 100.000 trabajadores y un grupo muy importante de empresas.

Entonces, el aditivo del Frente Amplio tiene que ver con crear un grupo de trabajo que analice la grave situación que atraviesa el sector turístico. Este funcionará en el ámbito del Ministerio de Turismo con el cometido de elaborar un plan que atienda la situación que atraviesa el sector. Lo que pretendemos es que en un plazo de sesenta días, luego de aprobarse esta ley, se presente un plan a este Parlamento para atender la problemática. Ese grupo de trabajo debería estar integrado por el Ministerio de Turismo, por el Ministerio de Economía y Finanzas, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el Banco de Previsión Social, por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por el Congreso de Intendentes, por el sector privado y por el PIT-CNT. Esto no tiene costo.

Asimismo, proponíamos que se creara un fondo de emergencia turístico destinado a atender las pérdidas que enfrenta el sector turístico producto de la pandemia y a generar estímulos para la reactivación, lo que podrá materializarse en apoyos financieros o insumos que contribuyan a recuperar las capacidades del sector. La reglamentación debe ser dictada por el Poder Ejecutivo, el que establecerá las formas y las condiciones en que funcionará y los fondos de los cuales se deberá nutrir.

Desde el Frente Amplio creemos que en este momento, en el que se está viviendo una situación tan especial en el sector –que es uno de los más afectados; hay muchas pérdidas y además por la importancia que tiene para la economía nacional–, era importante tomar medidas y por ello hicimos esta propuesta, que no fue acompañada.

SEÑOR CANON.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CARRERA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Canon.

SEÑOR CANON.- Para complementar la exposición del señor senador Carrera, quiero decir que el presupuesto del Ministerio de Turismo desconoce la importancia de una actividad que representa el 9 % del PBI y genera más de 100.000 puestos de trabajo. Tampoco tiene en cuenta la cantidad de pequeñas y medianas empresas que en este momento están en condiciones bastante deplorables por su inactividad económica.

En cumplimiento, además, del Decreto n.º 90/2020, el organismo realizó un abatimiento de $ 91:000.000 en gastos de inversiones y funcionamiento. Se proyecta al turismo interno para paliar la situación, pero se abate el turismo social. La restricción de ingreso deja al Ministerio de Turismo con 159 funcionarios, 61 de los cuales tendrán causal jubilatoria al finalizar el quinquenio. Prueba de esto es que hay un único artículo, que refiere a una obligación legal de crear una unidad especializada en género en cada inciso, como ya fue votado.

Sin perjuicio de ello, son positivas las medidas anunciadas por el Gobierno, aunque insuficientes según el propio sector.

Nos llama la atención la falta de respuesta del Ministerio de Turismo al ofrecimiento del Instituto de Estadística de la Universidad de la República de colaborar en una investigación –o varias– sobre turismo.

Por supuesto también nos llama la atención que estos dos aditivos no hayan sido considerados como para ser votados en comisión.

Muchas gracias.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA.- Gracias, señora presidenta.

No puedo asignar más que la mejor intención a los señores senadores del Frente Amplio que han presentado estas dos iniciativas. Demuestran una preocupación que me parece que todos los uruguayos compartimos, que son las consecuencias de esta crisis sanitaria que deriva en crisis económica y que afecta a algunos sectores, particularmente al turismo.

Lo que no es verdad es que no se esté haciendo nada. El Ministerio de Turismo, junto al Poder Ejecutivo, está estudiando la situación. A medida que ella va avanzando se van tomando algunas medidas paliativas y de ayuda –que ya se han anunciado–, a la expectativa de qué es lo que va a pasar con la temporada turística, que sabemos es la principal del país. Evidentemente, la situación se complica con los focos que recientemente acaban de aparecer.

Creo que generar comisiones de este tipo desde el Parlamento, sin conversarlo con las autoridades del Ministerio de Turismo, sin acordar con ellos, e incluso crear un fondo de emergencia turística destinado a atender las pérdidas sin explicitar realmente de dónde saldrán los recursos –más allá de no tener iniciativa, es una expresión de buena voluntad que podemos hasta valorar– y cómo se va a financiar en esta situación, es caer en la promesa fácil. En tal sentido, podríamos hacer una competencia de ideas. Seguramente a cada uno de nosotros se nos va a ocurrir algo fantástico para que el turismo no sufra lo que está sufriendo, si pudiéramos resolverlo.

Así pues, ya lo votamos negativamente en la comisión. Pensamos que no es de recibo; no vamos a apoyarlo; no vamos a votarlo. En todo caso, tendremos tiempo para conversarlo adecuadamente a nivel parlamentario. Podemos invitar al ministro a conversar en la comisión para que nos explicite todo lo que están pensando, en lo que están trabajando, lo que están planificando a medida que esta situación viene desarrollándose. Evidentemente, estamos jugados a un turismo interno que también empieza a complicarse con los focos que ahora se agudizan. En este momento, hay una conferencia de prensa del Poder Ejecutivo, encabezada por el presidente de la república, donde están los ministros –yo intenté comunicarme con el Ministro de Turismo por esta iniciativa, con la mejor voluntad de conocer su opinión–, pero es evidente que no podemos resolverlo ahora porque están en esa conferencia de prensa por la situación sanitaria. Por lo tanto, creemos que no es de recibo en este momento, que no es posible y mucho menos crear un fondo sin saber de dónde van a salir los recursos. Es una expresión de buena voluntad o, en todo caso, un saludo a la bandera y tratar de quedar bien con los operadores turísticos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar conjuntamente la creación de un grupo de trabajo y la creación del fondo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–11 en 28. Negativa.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Quiero hacer una aclaración, bajo el formato de fundamento del voto.

En la última intervención hay claramente una asignación de intenciones que no corresponde que se haga en este ámbito.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pasamos –de acuerdo con lo que han hablado los coordinadores– al inciso 16, «del Poder Judicial».

En consideración los artículos 535, 537 y 542.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 29. Afirmativa.

Pasamos al inciso 17, «Tribunal de Cuentas».

En consideración los artículos 546, 552, 554, 555 y 556.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

Pasamos al inciso 18, «Corte Electoral».

En consideración los artículos 558 y 560.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

Pasamos al inciso 19, «Tribunal de lo Contencioso Administrativo».

En consideración el artículo 561.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

Pasamos al inciso 32, «Instituto Uruguayo de Meteorología».

En consideración el artículo 606.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

Pasamos al inciso 34, «Junta de Transparencia y Ética Pública».

En consideración los artículos 609 y 612.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 30. Afirmativa.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Solicito la reconsideración de los artículos 544 y 545 que son del Poder Judicial y tienen que ver con la guardería. Nosotros mismos los fundamentamos en la comisión y queremos votarlos a favor.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la reconsideración de los artículos 544 y 545.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración nuevamente los mencionados artículos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que la sesión pase a cuarto intermedio hasta el miércoles 2 de diciembre, a las 10:00, a fin de continuar con la consideración del presupuesto nacional, ejercicio 2020-2024». (Firman los señores senadores Penadés, Carrera, Lozano y Lanz).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta mañana, miércoles 2 de diciembre, a las 10:00.

(Así se hace, a las 20:26, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores Andrade, Asiaín, Bergara, Bianchi, Bonomi, Botana, Brenta, Camy, Canon, Carrera, Coutinho, Da Silva, Della Ventura, Domenech, Gandini, Lanz, Lazo, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Meléndez, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Rodríguez, Sanguinetti, Sartori y Viera).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

José Pedro Montero Secretario

María Alcalde Directora general subrogante del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.