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N.º 40 - TOMO 613 - 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

39.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta y GLORIA RODRÍGUEZ Primera vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO, Y LOS PROSECRETARIOS VICTORIA VERA Y ADRIÁN JURI

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

– El señor senador Penadés solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, relacionado con la nómina de funcionarios del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

• Oportunamente fue tramitado.

5) Exposiciones escritas

– La señora senadora Rodríguez solicita se curse una exposición escrita con destino a Presidencia de la República; al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio al Hospital Departamental de Rocha; a los ministerios de Ambiente, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Educación y Cultura y de Vivienda y Ordenamiento Territorial; a la Universidad de la República; al Instituto Clemente Estable; a la Facultad de Ciencias; al Instituto Pasteur de Montevideo; a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo; al Centro de Investigación y Estudios Pedagógicos; al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria; a las intendencias y juntas departamentales del país y a todos los medios de prensa, relacionada con la presencia de pesticidas, insecticidas, fungicidas y otros contaminantes de uso farmacéutico perjudiciales para la salud.

• Se procederá de conformidad.

6) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

7) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– Se toma la promesa de estilo al señor Eduardo Brenta y se lo declara investido de su cargo de senador.

– El Senado concede las licencias solicitadas por las señoras senadoras Topolansky y Kechichian.

– Quedan convocados los señores senadores Meléndez y Canon.

8) Presupuesto nacional, ejercicio 2020-2024

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Aprobado en general.

9) Levantamiento de la sesión

– Por moción de los señores senadores Carrera, Lanz, Lozano y Penadés, el Senado resuelve pasar a cuarto intermedio hasta el martes 1.º de diciembre a las 10:00.

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 28 de noviembre de 2020

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo lunes 30 de noviembre, a las 10:00, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

– Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se aprueba el presupuesto nacional, ejercicio 2020-2024.

Carp. n.º 330/2020 - rep. n.º 214/2020 y anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y XXV.

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Andrade, Asiaín, Bergara, Bianchi, Bonomi, Botana, Brenta, Camy, Canon, Carrera, Coutinho, Da Silva, Della Ventura, Domenech, Gandini, Lanz, Lazo, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Meléndez, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Sánchez, Sanguinetti, Sartori y Viera.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Astori, Kechichian, Rubio y Topolansky.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:11).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que comunica la promulgación del proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de reconocimiento mutuo de certificados de firma digital del Mercosur, suscrito en la ciudad de Bento Gonçalves, República Federativa del Brasil, el día 5 de diciembre de 2019.

AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que solicita la venia correspondiente para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Cámara de Representantes remite copia de las versiones taquigráficas de las palabras pronunciadas por los siguientes señores representantes:

• Nicolás Viera, relacionadas con la necesidad de generar un ámbito de diálogo para buscar soluciones a los problemas que enfrenta la industria láctea en el departamento de Colonia.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.

• Nelson Larzábal Neves, relacionadas con las dificultades que atraviesan los diferentes niveles de los sistemas alimentarios.

TÉNGASE PRESENTE.

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda eleva informado el proyecto de ley por el que se aprueba el presupuesto nacional, ejercicio 2020-2024.

HA SIDO REPARTIDO Y ESTÁ INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Junta Departamental de Paysandú remite copia de las siguientes mociones:

• presentada por el señor edil José F. Díaz, relacionada con la conmemoración y la creación de una obra representativa de la nación charrúa;

• presentada por los señores ediles Edys Cravea, Francisco Gentile, Cristina Ruiz Díaz, Libia Leites, Eduardo Rivas y Enzo Manfredi, relacionada con el presupuesto nacional.

TÉNGANSE PRESENTES.

La Suprema Corte de Justicia remite testimonio actuarial parcial y copia fotostática relacionados con las declaraciones del señor Gilberto Vázquez.

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD Y GÉNERO.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial remite respuesta a un pedido de informes del señor senador Raúl Lozano, relacionado con solicitudes de licencia por parte de autoridades en el período comprendido entre el 1.º de marzo de 2015 y el 29 de febrero de 2020. (Asunto 148630).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR LOZANO.

El Ministerio de Salud Pública remite respuesta a un pedido de informes del señor senador Luis Pintado, relacionado con la situación de la Cooperativa Médica de Treinta y Tres. (Asunto 147875).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR PINTADO.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta a los siguientes pedidos de informes:

• del señor senador Juan Sartori relacionados con:

· los vencimientos de empréstitos asumidos en el presente año por las micropymes ante el BROU. (Asunto 148363);

· la adjudicación de préstamos dirigidos a las pymes con dificultades financieras en el período de emergencia sanitaria. (Asunto 148362);

· la Dirección General Impositiva, sobre formalidades para el pago del impuesto a las trasmisiones patrimoniales (ITP). (Asunto 148360).

OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS AL SEÑOR SENADOR SARTORI.

• De la señora senadora Amanda Della Ventura, al Banco de Seguros del Estado, relacionado con las tarifas de traslado en taxi de pacientes desde el interior a Montevideo. (Asunto 148632).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA SEÑORA SENADORA DELLA VENTURA.

• Del señor senador Pablo Lanz, a la Auditoría Interna de la Nación, relacionado con las auditorías de las actuaciones realizadas en varios organismos. (Asunto 148222).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR LANZ».

4) PEDIDO DE INFORMES

(Pedido de informes consignado en la nómina de asuntos entrados).

«El señor senador Gustavo Penadés solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, relacionado con la nómina de funcionarios del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. (Asunto 149002).

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

5) EXPOSICIONES ESCRITAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de una exposición escrita.

(Se da de la siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «La señora senadora Gloria Rodríguez solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento del Senado, se curse una exposición escrita con destino a Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio al Hospital Departamental de Rocha, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a la Universidad de la República, al Instituto Clemente Estable, a la Facultad de Ciencias, al Instituto Pasteur de Montevideo, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, al Centro de Investigación y Estudios Pedagógicos, al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, a las intendencias del país, a las juntas departamentales y a todos los medios de prensa, relacionada con la presencia de pesticidas, insecticidas, fungicidas y otros contaminantes de uso farmacéutico perjudiciales para la salud. (Asunto 148966)».

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha sido repartida.

Se va a votar.

(Se vota).

–19 en 20. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita).

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- En la sesión extraordinaria del día 20 de noviembre no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del 21 de octubre, en el horario vespertino, faltó con aviso el señor senador Botana.

A la sesión matutina del 22 de octubre faltó con aviso el señor senador Bergara.

A la sesión vespertina del 17 de noviembre faltaron con aviso los señores senadores Andrade, Lanz y Olesker.

A la sesión matutina del 19 de noviembre faltaron con aviso los señores senadores Lanz, Nane y Viera.

A la sesión vespertina del 19 de noviembre faltó con aviso la señora senadora Nane.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Se comunica que en virtud de la licencia concedida al señor senador Rubio desde el día 30 de noviembre al 3 de diciembre, ha sido convocado el señor Eduardo Brenta, a quien se lo invita a pasar al hemiciclo a los efectos de que preste la promesa de estilo.

(Ingresa a sala el señor Eduardo Brenta).

–Se invita al Senado a ponerse de pie.

Señor Eduardo Brenta: ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la república?

SEÑOR BRENTA.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR BRENTA.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda usted investido del cargo de senador.

(Aplausos en sala).

–Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 30 de noviembre de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

Por este medio solicito a usted que gestione, ante el Cuerpo que preside, licencia para quien suscribe, desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre del corriente, por integrar uno de los grupos de más alto riesgo sanitario en la presente circunstancia.

Sin otro particular, saludo atentamente.

Lucía Topolansky. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Se comunica que los señores Sebastián Sabini, Marcos Otheguy, Lucía Etcheverry, Eneida de León, Yamandú Orsi, Daniel Caggiani, Graciela Barrera, Aníbal Pereyra, Manuela Mutti y Gabriel Frugoni han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Lauro Meléndez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 30 de noviembre de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

Por este medio solicito a usted que gestione ante el Senado, por la situación extraordinaria cursada por la presencia de la covid-19 y atendiendo a las recomendaciones de mi médico, licencia por los días 30 de noviembre al 3 de diciembre del corriente, amparándome en el artículo 1.º de la Ley n.º 10618.

Sin otro particular, saludo atentamente.

Liliam Kechichian. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–25 en 27. Afirmativa.

Se comunica que la señora Silvia Listur ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Enrique Canon, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

8) Presupuesto nacional, ejercicio 2020-2024

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración de su único punto: «Proyecto de ley por el que se aprueba el presupuesto nacional, ejercicio 2020-2024. (Carp. n.º 330/2020 - rep. n.º 214/2020 y anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y XXV)».

(Los anexos I y V a XXV están disponibles en http://www.parlamento.gub.uy).

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Muchas gracias, señora presidenta.

Buenos días a los integrantes del Cuerpo y a quienes nos acompañan. Es de orden iniciar el informe agradeciendo el esfuerzo y el trabajo que han hecho todos los que nos han permitido llegar hasta aquí. Quiero trasmitir el reconocimiento a mi bancada y a la bancada de la coalición, y agradecer a los secretarios de la comisión y a los funcionarios, no por la tarea que realizaron –que es parte de su obligación y que siempre desarrollan, dado que son muy buenos profesionales–, sino por la actitud, la voluntad y el trabajo extraordinario que llevaron a cabo. Vaya mi agradecimiento a los equipos del Partido Nacional y de la coalición, y a la bancada de la oposición, que mantuvo siempre una actitud leal al sistema y al trabajo de la comisión, que siempre hizo cuórum, estuvo presente y ayudó a que llegáramos hasta acá. En lo personal, permítaseme la licencia de agradecer a mi equipo, que siempre resiste el reconocimiento, pero hoy quiero hacerlo especialmente: a Irene Caballero, al contador Guinea, a Gonzalo Gómez y a Karina Pistón, quienes han estado presentes incluso sábados y domingos, cuando nos ha tocado trabajar.

Es este, señora presidenta, mi sexto presupuesto y llevo unas veintidós rendiciones de cuentas, todas ellas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Sin embargo, esta es la primera vez que me toca participar desde el Gobierno, desde la bancada mayoritaria, desde el oficialismo. Es un honor para mí, entonces, informar este proyecto de ley en nombre de la coalición, que presenta aquí su primer presupuesto; seguramente habrá otros, habrá más, pero es un honor para mí ser quien hoy los represente.

No vengo aquí a hacer un informe técnico, a reiterar cuadros o gráficas que ya todos los miembros de la comisión vieron y conocieron, ni a repetir explicaciones que oyeron, porque suponemos que leyeron el informe que acompaña el presupuesto económico-financiero y la versión taquigráfica de las exposiciones del equipo económico en la Cámara de Representantes y en el Senado. Vengo, sí, a informar al Cuerpo y a fundamentar un proyecto de presupuesto quinquenal –no para el corto plazo ni para dos años– que marca un rumbo; es la principal ley que marca el rumbo estratégico de un Gobierno. Y, nuevamente, en este presupuesto el Gobierno se hace cargo de lo que recibió y de lo que le tocó. El Poder Ejecutivo propone un presupuesto responsable, realista, sustentable en el tiempo y equilibrado; es, además, contracíclico, pero, sobre todo, es un presupuesto serio.

Un presupuesto debe contener un conjunto de políticas públicas integradas hacia un fin, con posibilidad de ser ejecutadas y financiadas en el corto y largo plazo con recursos genuinos de la sociedad; no puede pretender ser justo y generoso ni puede estar a favor de la gente que vive de ingresos fijos si se financia con sueños, con espacios fiscales inexistentes, con muchos impuestos y a pura deuda pública para pagar el gasto corriente. Se acabó el tiempo del espacio o el margen fiscal; en su nombre se autorizaba a gastar todo lo que había y, además, todo lo que se suponía que iba a ingresar. Se acabó el tiempo de repartir lo que no hay, de dar con una mano y sacar con la otra del mismo lugar. Se acabó la hipocresía de sacar con impuestos todo lo que se da sin medida. No hay políticas de desarrollo ni sociales que valgan si luego no se pueden financiar, y menos aún si su cumplimiento, siempre parcial, reposa en el incremento permanente de la deuda pública para pagar gasto corriente. No es decente destinar todo lo que se recauda por impuestos como el IRPF –que es un impuesto al trabajo, equivalente a casi todo lo que se destina por año a la educación pública– para pagar solo intereses de deuda externa, que será más soberana, pero también cada vez más inmoral.

Vengo a defender un presupuesto que el Gobierno propone, haciéndose cargo con responsabilidad y liderazgo de las decisiones que se deben tomar en tiempos excepcionales. Siempre un presupuesto marca el rumbo del Gobierno y el camino largo, y siempre, sin excepciones, está condicionado. Nace de dos fuertes condicionamientos que obligan a enfrentarlos con responsabilidad, o con la responsabilidad de buen padre o madre de familia, y la creatividad y audacia del emprendedor que cree en las ideas que sustentan su proyecto.

No podemos evitar mirar el pasado, porque ese es el primer condicionamiento que limita la capacidad de acción y de crecimiento: el punto de partida de nuestro Gobierno que la rendición de cuentas de 2019 dejó en claro. Cabe preguntarse entonces: ¿cómo era el Uruguay prepandemia, que es lo mismo que decir cómo recibimos el país? Un creciente deterioro del producto bruto interno. Uruguay entró en recesión al final del ciclo frenteamplista: el PBI pasó de USD 59.000:000.000 en 2017, a USD 55.000:000.000 en 2019, mientras al mismo tiempo el déficit creció de 3,5 % a 5 % en el mismo período. Para el 2019, en el presupuesto de 2015 se estimaba un crecimiento de 3 %, pero se observó tan solo un 0,2 %, lo que significa unos USD 1.500:000.000 menos. Este deterioro supone una recaudación fiscal para ese año de aproximadamente USD 420:000.000 menos; un alto déficit fiscal al 2019 que alcanzó el 5 % del PBI, el mayor de los quince años del Gobierno del Frente Amplio y el mayor de los últimos treinta años, incluyendo el 2002 y el 2003.

En el presupuesto 2015-2019, para el ejercicio 2019 se cometió un error de estimación: se previó un déficit de 2,5 sobre el PBI, pero se llegó al doble, al 5 %, lo que supone un quebranto adicional al previsto de USD 1.400:000.000. El Frente Amplio financió la expansión del gasto recurriendo a ajustes fiscales de ingresos, y financió gastos corrientes con un sistemático aumento del endeudamiento. La deuda bruta, al cierre del segundo trimestre del 2020, se estima en el 59 % del producto, mientras que la deuda neta se ubica en el 55,2 % del producto. El incremento fue el siguiente: la deuda bruta era de USD 23.500:000.000 en 2015; USD 26.100:000.000 en 2016; USD 28.600:000.000 en 2017; USD 29.400:000.000 en 2018 y casi USD 30.000:000.000 en 2019; es decir que el incremento en el período 2015-2019 de la deuda bruta fue de 26,53 %. Por su parte, la deuda neta era de USD 20.000:000.000 en 2015, y fue creciendo año a año hasta llegar a USD 27.700:000.000 en 2019. En ese período el incremento porcentual de la deuda neta fue de 38,52 %. La contracara de todos los éxitos autoproclamados del Gobierno anterior es la financiación con deuda. En los últimos tres períodos de gobierno se acumularon USD 18.000:000.000 de déficit fiscal; esto fue lo que se gastó de más. De ese monto, el 61 % lo generó el último Gobierno: USD 11.000:000.000 fueron los que faltaron en el último período, y el peor año de los quince fue el 2019, cuando faltaron USD 2.600:000.0000 para pagar el gasto del presupuesto estatal. Este último período es el que ha marcado la situación actual de la deuda, pero no siempre se siguió esa estrategia.

Al inicio, en el período 2005-2009 el producto bruto se duplicó y en el segundo período creció 65 %. Insisto: en el primero se duplicó y en el segundo creció 65 %, pero ya con un déficit 4,2 veces mayor que el del período 2005-2009. Esta situación generó ingresos tentadores que, junto con mercados financieros que necesitaban colocar excedentes, llevaron a una fuerte entrada de capitales y al ofrecimiento de préstamos a tasas muy bajas. Fue entonces que apareció el famoso espacio fiscal, complementado, claro, con importantes aportes de las empresas públicas. Este fue el gran financiador del primer período y medio del Frente Amplio.

Véase que en el primer período el producto bruto creció el 28 %, en tanto la recaudación lo hizo el 49 %, y no gracias a una mayor eficiencia tributaria, sino a históricos ajustes fiscales de tracto sucesivo, como la reforma tributaria de 2007, que fue la más grande de la historia reciente. Entre 2010 y 2014 el producto bruto se incrementó un 29 %, al igual que la recaudación. Esto es lo mismo que decir que todo lo que creció Uruguay se lo quedó el Estado, porque el déficit no bajó. Se incrementaba el producto bruto, crecía la recaudación, pero además crecía el déficit. Por lo tanto, es bien claro que el gasto siempre se incrementó más que la recaudación.

Ya cerca del último período, pese a que siempre la recaudación de la DGI creció por encima del producto bruto, no alcanzó y buena parte de los USD 11.000:000.000 de déficit del segundo período de Tabaré Vázquez fueron a la deuda. Los datos duros muestran el primero de los dos fuertes condicionamientos que recibimos: producto bruto interno en retroceso; deuda bruta en el 67 %; déficit fiscal en el 5 %; inflación fuera de rango; costos internos de servicios fuera de escala de la región; educación, salud y seguridad –que absorbieron gran parte de los recursos– con peores resultados; un desempleo que pasó de niveles del entorno del 6,5 % en 2014, a registros –en términos tendenciales– del orden del 8,5 % anual, y que en febrero de 2020 llegó al 10,5 %, el más alto desde 2006. La pérdida de empleo afectó a todos los sectores, especialmente a la construcción y a los vinculados con los sectores transables de la economía. En términos de personas, desde el 2014 la población desocupada se incrementó en unas 72.000 personas. La falta de empleo en Uruguay afectó a una población bastante más amplia que los desocupados, porque si además se consideran los subempleados y aquellos que dejaron de buscar trabajo, las personas con dificultades de empleo alcanzaron las 370.000, es decir, el 21 % de la población activa.

También hay más asentamientos. En 2019, respecto de 2010, pasaron de 562 a 656; hoy hay un 17 % más de asentamientos que en el 2010, en medio de la mayor expansión económica del país, por lo que la distribución no fue igual. Allí viven más de 60.000 familias, lo que significa unas 230.000 personas.

Por otro lado, hay más gente viviendo en la calle. En 2019, la población en situación de calle aumentó más de 18 %; obsérvese que el número de personas que está a la intemperie aumentó un 73 % en ese período.

En materia de salarios, según un informe elaborado por el Instituto Cuesta Duarte previo a la pandemia, el mercado de trabajo presentaba una importante incidencia de salarios sumergidos que afectaban a una alta proporción de trabajadores. En 2019, casi 469.000 ocupados –de los cuales unos 289.000 eran asalariados– recibieron menos de $ 20.000 líquidos al mes por cuarenta horas de trabajo semanal. A su vez, de los ocupados, 144.000 no alcanzaron los $ 16.000 líquidos. Los salarios sumergidos afectan en mayor medida a los jóvenes, a los residentes en el interior y a las mujeres. Además, se presentan con mayor intensidad entre los trabajadores privados y están estrechamente asociados a un peor desempeño en el sistema educativo. Los sectores de actividad con mayor proporción de veintemilpesistas son el servicio doméstico, el sector rural, el comercio y, en ese orden, restaurantes y hoteles.

Hasta aquí lo que recibimos: un condicionamiento inevitable. Obviamente, este es un punto de partida y no todo estaba mal; está claro. El país avanzó en algunas áreas, pero el deterioro de todas las variables económicas y macroeconómicas ya obligaba, en prepandemia, a tomar medidas. Estamos hablando de un estancamiento derivado en recesión, más inflación, más déficit fiscal, más endeudamiento, más desempleo y más riesgo de perder el grado inversor. Sin pandemia, el punto de partida ya era complejo.

El otro condicionamiento es global y tomó la dimensión sanitaria de una pandemia, con características indiscutibles de una crisis económica, social y humanitaria, universal y sin precedentes. Si por nuestro tamaño territorial, demográfico y económico somos tomadores de condiciones externas y no podemos imponer ninguna, en esta crisis global lo somos aún más. Todo lo que pasa en el mundo nos afecta, nos impacta y no podemos modificarlo.

Enfrentamos la pandemia desde el primer día, tempranamente, con acierto, liderazgo y enorme determinación. Todas las teorías que se opusieron a la estrategia presidencial cayeron aquí y en el mundo, y ante el ruido de cacerolas que pedían cuarentena obligatoria se impuso el aplauso de respaldo, el reconocimiento a los médicos, al personal de salud y a los científicos, y se abrió espacio la libertad responsable que el mundo hoy aún reconoce, cuando no admira.

El gasto aumentó en los frentes sanitario y social; la recaudación cayó, como cayó el consumo interno, la actividad económica, el empleo y las exportaciones a un mundo cerrado y en recesión. El déficit aumentó en consecuencia y, del 5 %, este año pasará al 6,5 %; más gasto y menor recaudación. En 2020 necesitaremos financiamiento por USD 5.805:000.000, lo que nos obliga a tomar deuda por USD 4.242:000.000. De ellos deberemos pagar USD 3.700:000.000 entre amortizaciones e intereses; todo el presupuesto de la educación pública es menor a USD 3.000:000.000; toda la asistencia y transferencia que hace el esfuerzo público a la seguridad social en su totalidad –el BPS y todas las cajas– alcanza los USD 3.000:000.000. Pues los ciudadanos deberán poner USD 3.700:000.000 de su bolsillo como contribuyentes para amortizar esas deudas y sus intereses. Esta es la realidad que heredamos y que nos toca enfrentar.

Pese a todas estas dificultades, el abordaje de la pandemia ha sido excelente en comparación con otros países. Y no solo fue exitoso este aspecto, sino también el económico: estamos con la economía abierta y las personas están volviendo a su actividad, aunque con restricciones y dificultades. Seguramente con otras posibilidades, que no existen, se podría haber hecho más, pero con la realidad que tenemos para manejar seguimos en un muy buen camino. No siempre más es mejor y en todo caso el Poder Ejecutivo mostró que se puede gastar en forma eficiente y potenciar los resultados.

Es verdad que gastamos menos que otros países para atender la emergencia, seguramente porque contamos con un sistema de protección social centenario y porque se tomaron buenas decisiones a tiempo. También es cierto que los resultados obtenidos son muchísimo mejores que los alcanzados en otros países que gastan mucho más. El país está abierto y lo peor viene de afuera, de la región y del mundo más desarrollado.

No se ha cortado la cadena de pagos; no se han detenido los motores principales de la economía; se ha recuperado movilidad; la educación no se paralizó y la libertad no se limitó para enfrentar la emergencia. El Fondo Solidario COVID-19 atiende y financia apoyos a diversos sectores de la actividad. El BPS debió pagar casi doscientos mil seguros de paro. Todos los salarios públicos y las jubilaciones se abonan en fecha cada mes. Todas las obligaciones se cumplieron. Partiendo de dos condicionamientos –uno doméstico y heredado, y otro importado y global–, ejecutamos políticas públicas con cambios y transparencia, lo que nos coloca en un buen lugar en el ranking mundial, pero al mismo tiempo nos obliga a hacernos cargo del presente y a sacar a este país adelante lo antes posible. Y lo vamos a sacar adelante con la gente que produce y trabaja, con los que empujan, invierten –poco o mucho– y vuelven a arriesgar, porque vuelven a creer; lo vamos a sacar adelante con los que saben que no hay más secretos para el progreso que prepararse, capacitarse, esforzarse, trabajar y estudiar. Por eso, ¡ni un impuesto más ni aumento de impuestos! En el peor momento optamos por aflojarle el cinturón al que produce, al que arriesga, confía, hace crecer la economía y genera –o al menos, hoy, mantiene– empleos, porque el trabajo es la mejor y más sustentable política social que se puede tener.

Otras opciones políticas quizás hubieran aplicado la cuarentena obligatoria, la expansión del gasto, el reparto a cuenta, más impuestos, más deuda y más déficit para financiar este gasto. Nosotros no; nosotros llegamos para cambiar. Este es el presupuesto de un Gobierno al que se le encomendó el cambio. No es un presupuesto austero, sino que guarda los debidos equilibrios macroeconómicos y sostiene la actividad estatal y social adecuadamente. No es de recortes, sino que es un presupuesto que destina más recursos que el anterior en relación con el producto bruto. No contiene un ajuste fiscal, con más impuestos que aumentarían la presión tributaria a personas y empresas ya saturadas en su capacidad de pago y baja competitividad. Es un presupuesto con énfasis en la gente: prioriza el empleo, la calidad del gasto público y mejora la competitividad que generan riqueza genuina y puestos de trabajo. Se acabaron los espacios fiscales para repartir y las líneas de base que consolidan el régimen.

Gobernar es la acción política dirigida a la producción de bienes y servicios públicos para satisfacer las demandas ciudadanas en cantidad, calidad y eficiencia. Para ello se crean y diseñan políticas públicas compatibles y sustentables. El Poder Ejecutivo ha elegido ese camino. Diseñó el presupuesto pensando en las políticas plebiscitadas y legitimadas por la ciudadanía, en medio de severas restricciones que suponen un fino equilibrio entre las estructuras social, económica y sanitaria del país. Es una respuesta a la gente. Fácilmente se podría haber recurrido a otro camino, postergando las promesas; era la excusa perfecta: «Con la pandemia, vamos a no cumplir con lo prometido». ¡Era la excusa perfecta!

Tampoco es un presupuesto de ahorro. El Poder Ejecutivo pone énfasis en un plan de eficiencia en el gasto y se compromete a sostenerlo en términos del producto. Esta no es una afirmación numérica o apuesta estratégica de gastar siempre un porcentaje del PBI. La afirmación implica el sostenimiento de las políticas públicas, porque asegura su financiamiento y, por tanto, su sustentabilidad en el tiempo. Por eso la regla fiscal; no hace énfasis en su magnitud, sino en asegurar que el producto proporcione los recursos necesarios para la implementación, desarrollo y producción de los bienes y servicios públicos.

La política de deuda que el déficit hace crecer también es una política pública. Es un presupuesto elaborado en un contexto previo de deterioro fiscal y en medio de la pandemia, y ello supone ciertas restricciones que, desde el punto de vista técnico, han sido salvadas con gran esfuerzo y capacidad profesional. Se trata de un esfuerzo inmenso, dado el deterioro fiscal que recibimos. Podría haber sido un presupuesto vacío y sin reformas, dirigido exclusivamente a administrar la crisis, pues crisis recibimos. Sin embargo, en medio de la tormenta de final incierto, plantea reformas y cambios, para los que la gente nos eligió.

La educación recibe en el Parlamento reasignaciones y el área educativa, definida como tal en su momento –ANEP, Universidad, UTEC, MEC, formación policial y militar, etcétera–, pasa de tener el 5,1 % del producto en 2019, al 5,4 % del producto en 2021, con 225:000.000 para ese año, y cerca de 700:000.000 para el último año de gobierno. Se pueden hacer comentarios, pero si cae el producto y se mantiene el gasto, la relación mejora. La educación siempre ha pedido un porcentaje del producto; pues bien, en porcentaje de producto hoy la educación se lleva una parte mayor que otros sectores de la sociedad porque el producto es uno, ha caído y ese es el tamaño que tiene la economía. Hoy, esta sociedad, este presupuesto, destina a la educación un porcentaje mayor de ese producto del que se destinó hasta ahora.

La Udelar recibirá aumentos adicionales para becas y para ochenta docentes más con dedicación total por cada año, así como otros diez millones para la expansión territorial al noreste del país. También recibirá aumentos adicionales la UTEC para un centro de transformación digital y la expansión territorial hacia el noreste del país, al igual que la ANEP para la educación inicial y el Ineed para mejorar la evaluación educativa, porque hay que profundizar en la calidad.

También reciben incrementos adicionales a los que ya había dispuesto el Poder Ejecutivo: la Secretaría Nacional del Deporte, para el mantenimiento y las nuevas instalaciones deportivas, particularmente plazas de deportes; el Inisa, para tener la certeza al inicio de cada ejercicio de que va a llegar al final con sus gastos de funcionamiento e inversión; y la Jutep, uno de los órganos de contralor muy postergado.

Se mantiene con vida el Instituto Nacional de Calidad restituyéndosele el presupuesto que tenía. Además, reciben incrementos adicionales la ANII, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y el personal subalterno de las Fuerzas Armadas a partir de este ejercicio, y se prevé para el 2022 un aumento para el personal subalterno y oficiales de menor rango de las Fuerzas Armadas.

Estos son los únicos aumentos salariales extraordinarios para un sector de funcionarios públicos. ¡Vaya como señal y reconocimiento dirigido a un sector siempre olvidado, aunque no sería exagerado decir «largamente discriminado», ni injusto afirmar «ideológicamente postergado»! Esto no resuelve ni mejora demasiado los ingresos de esos sectores, pero es una señal referida a aquellos que tienen los salarios más bajos dentro de las Fuerzas Armadas, y a su vez son de los más bajos en todo el Estado.

El presupuesto contiene el plan de obras viales para todo el período, así como su financiamiento, que no incluye nuevas PPP. Ha sido presentado con detalle y fundamento como hace muchos años no se hacía por parte del ministro de Transporte y Obras Públicas, que fue elocuente en su compromiso –quedó registrado en la versión taquigráfica– para hacer y financiar un presupuesto muy importante. Será la inversión transformadora, en el área vial y en la ferroviaria, más grande y planificada de las últimas décadas que se completa con esta y otras leyes para el desarrollo portuario y aeroportuario. Se hace cargo el ministerio de las obligaciones emergentes de un contrato –que no vamos a calificar ahora– del anterior Gobierno con UPM y de las obras del Ferrocarril Central del Uruguay y la terminal portuaria. La suma de todas estas iniciativas más las incluidas en la Ley de Urgente Consideración contienen una visión y una planificación estratégica y logística que serán funcionales al crecimiento productivo y a la mejora en la productividad nacional.

Los cambios en el sistema de reasignación y distribución de funcionarios permitirán iniciar una política pública de recursos humanos como nunca hubo, tan importante como imprescindible para el mejor aprovechamiento del recurso más valioso y costoso de la Administración: sus funcionarios. Junto a estos cambios se realiza un abordaje inicial con pautas para una solución más integral y abarcadora de lo que se conoce como certificaciones o licencias médicas de los funcionarios públicos. Este es un problema pendiente de solución que todos los actores políticos y gremiales reconocen.

Se plantean cambios en la gobernanza de la UAM, eslabón fundamental en la cadena del sector granjero, que la hacen más participativa con involucramiento de todos los sectores de interés y con mayores cuidados en la gestión y el funcionamiento de ese emprendimiento.

También está el diseño final de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que se pone en marcha y las reformas de fondo en gestión y control de aquellas instituciones que funcionan bajo el derecho privado, pero con fondos públicos, tanto si son sociedades anónimas de propiedad total o parcial del Estado, como personas de derecho público no estatal. La conocida y cada vez más extendida huida del derecho público de esas instituciones que escapan hoy al control estatal se modifica regulando controles de gastos, auditorías contables, auditorías de gestión y recursos, así como de su personal. El Estado retoma el control de todas las instituciones públicas o privadas en las que aporta recursos o recauda tributos afectados.

Se dota de recursos y estructura inicial al nuevo Ministerio de Ambiente.

Se destinan importantes recursos al Ministerio del Interior para la incorporación de nuevo personal policial ejecutivo, así como para las nuevas instalaciones del INR.

Se cumple con buena parte de las sentencias y adecuaciones salariales del Poder Judicial, emergentes de la ley de 2010 que aumentó salarios de ministros y enganchó a miles de otros funcionarios de ese y otros organismos. En tiempo de restricciones se destinan casi USD 21:000.000 para cumplir con lo que nosotros no votamos, pero que se decidió durante el Gobierno del expresidente Mujica. Sabemos que este no es el punto final, dado que queda más para atender; aun así, esta solución cuenta con el acuerdo y el apoyo de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, que así lo han hecho público.

Reasignamos recursos en el Ministerio de Desarrollo Social. Creamos la división de promoción de políticas públicas para afrodescendientes y otorgamos recursos para solventar acciones afirmativas, a fin de contribuir a la promoción de las políticas tendientes a mejorar la calidad de vida de esas personas. Además, se impulsan cambios en su estructura orgánica destinados a la eficiencia y el apoyo a una nueva visión de atención y desarrollo de políticas sociales.

Se introducen cambios en materia de desmonopolización en la venta de combustibles para barcos en la zona portuaria y para aviones comerciales en los aeropuertos internacionales. El propósito es mejorar la competitividad del país en esos puntos estratégicos en lo que refiere a conectividad y carga, buscando fórmulas que permitan abaratar un combustible –a veces escaso o fuera de precio competitivo por otros destinos de la región– y sin que estas medidas generen antecedentes o constituyan pasos hacia una desmonopolización de los combustibles, tema que no está planteado.

Se inicia un proceso de racionalización de bienes inmuebles sin uso presente ni utilidad futura y sin valor patrimonial o cultural, que generan costos mientras se deterioran y pierden valor, al tiempo que a veces afectan el entorno urbano y la convivencia social. Se dispone que, en esos casos, pasen al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para ese fin o se puedan enajenar con destino al Programa de Mejoramiento de Barrios.

Se establece una nueva normativa para el otorgamiento de patentes de invención promoviendo la creatividad y la innovación nacional, pero sin desproteger sectores de la industria nacional frente a multinacionales de la industria farmacéutica.

Se consagra legalmente el acuerdo alcanzado por el Congreso de Intendentes con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y también se aumentan los recursos para municipios y caminería.

Se amplía el alcance y se regulan procedimientos para las auditorías realizadas por la Auditoría Interna de la Nación.

Se asignan los recursos para el Programa de Mejoramiento de Barrios y relocalización de asentamientos, así como se incorporan normas para fortalecer a Mevir.

Por último, se regula la regla fiscal, enunciada en la Ley de Urgente Consideración, con la idea de que la política fiscal sea también una política pública que permita la sustentabilidad de todas las otras políticas públicas y que el endeudamiento tenga topes aplicables.

La bancada del Frente Amplio solicitó en comisión que diéramos fundamento a las reasignaciones que contiene el proyecto de ley de presupuesto en las propuestas que hizo la bancada de gobierno que, creo que en su totalidad o al menos en su mayoría, fueron apoyadas por la oposición también, luego de no haber sido aprobadas sus propuestas.

A tales efectos, los invitamos a mirar el tomo III, «Gastos e Inversiones», página 246. La fuente de financiamiento se encuentra en el inciso 23, «Partidas a reaplicar», objeto del gasto 749, Aux. 004, convenios Poder Judicial, que en la planilla queda claro que tiene un monto de $ 748.139 en los ejercicios 2021, 2022, 2023, 2024.

Lo voy a explicar de la siguiente manera. Esta previsión de gastos se hizo para pagar sentencias que se fueron disponiendo en convenios con el Poder Judicial y con habilitaciones de la Contaduría General de la Nación, y todos esos convenios y sentencias finalizaron en 2019. Este gasto fue planillado, pero no va a ser necesario utilizarlo porque tanto esas sentencias y convenios, como esos cargos repuestos, ya han culminado en el ejercicio 2019 y, por lo tanto, en ese objeto del gasto correspondiente a «Convenios Poder Judicial funcionarios» existe una partida para el 2021 –que se repite para 2022, 2023 y 2024– por alrededor de $ 748:000.000 que exceden largamente los $ 380:000.000. Para ser exactos estamos hablando de $ 381:376.555, que es el monto máximo reasignado para el 2024 en la suma de todas las reasignaciones que a ese objeto fueron cargadas. Esta es una fuente que ya fue considerada y no genera déficit –ni tampoco déficit de caja–, porque ya estaba en el presupuesto.

La propuesta del Frente Amplio –a la que hemos sabido recurrir en alguna otra ocasión– se diferencia en lo siguiente. Lo consagrado en ese artículo 41 corresponde a un crédito que se autoriza que, de utilizarse, generaría déficit de caja, porque el dinero que se destina no está guardado en ninguna cajita; por lo tanto, reitero que si se utilizara generaría déficit de caja.

Entendemos que esta propuesta es mejor, pero yendo al fondo del tema creemos que el Frente Amplio intentó financiar USD 40:000.000 con ese destino. Reitero: ¡USD 40:000.000! La verdad es que pensaba que esta fuerza política, con todas las críticas que nos ha hecho en cuanto a que este es un presupuesto de espaldas a la gente, de recorte, de restricciones, etcétera –calificando o descalificando a este proyecto de ley de presupuesto–, iba a venir con una suma mucho más importante para generar las respuestas de parte de los organismos que, según ellos, salen muy mal parados y, por lo tanto, lo iban a tener que financiar, supongo, que con más impuestos. Hoy van a proponer contraer más deuda.

Ahora bien, si lo que nos diferencia son USD 40:000.000 en el año, nos surgen las siguientes preguntas. Si los hubiéramos encontrado, ¿votaban el proyecto de ley de presupuesto? ¿De esa forma dejaba de ser un presupuesto de espaldas a la gente? ¿Dejaba de ser un presupuesto de recortes? El Frente Amplio no propuso otra cosa más que reasignaciones desde el artículo 41 por USD 40:000.000 o USD 43:000.000; o sea que la diferencia no mueve la aguja. Seguramente esta fuerza política no propuso más impuestos ni otra fuente de financiamiento porque sabe la situación que estamos viviendo. Tomamos un país con enormes dificultades y las variables para moverse dentro de ellas estaban todas agotadas. No se puede poner más impuestos porque la presión tributaria ya está al tope. No podemos seguir endeudando y achicando ese margen de que disponemos para seguir manteniendo la calificación de riesgo con la que contamos. No podemos seguir agrandando un déficit fiscal que ya es imposible de pagar y al que la pandemia nos obliga a agrandar. No podemos seguir manejando a piacere esas variables que están todas agotadas. Saben que tomamos un país con enormes problemas y que lo hemos manejado adecuadamente, pero también saben que no se puede planificar el futuro. ¿Quién puede decirnos hoy que pasado mañana no tengamos que empezar a cerrar la economía otra vez? ¿Quién puede dudar que, en agosto, cuando el Poder Ejecutivo trazó todas las variables macroeconómicas pensaba que a esta altura Europa iba a estar abierta, porque en ese camino venía, y que el único país de América que en este año recibía vuelos del exterior iba a estar más abierto para recibir turismo?

Sin embargo, hoy todos estamos pensando que, si no logramos controlar el avance de la pandemia en el Uruguay, a lo mejor tenemos que mover las perillas para atrás.

El Frente Amplio nos critica el artículo 7.º, que nos brinda la posibilidad de limitar la ejecución del gasto –exceptuando algunos organismos– en caso de que no se cumpla la planificación.

Les quiero leer el artículo de la ley de presupuesto de 2005 del Frente Amplio que llegó también con las mismas incertidumbres que tenemos ahora, porque tomaba a un país con enormes dificultades, como la aftosa, la caída de los bancos y todo el problema financiero, pero, en definitiva, son menos problemas que los que hay ahora. No olvidemos que en el 2005 el Frente Amplio recibió al país con un 2 % de déficit fiscal y no con 5 % y, a su vez, la economía estaba creciendo, como me acota el senador Botana. Pero, aun así, miren lo que establecía el artículo 34.º de la Ley n.º 17930 del presupuesto de 2005: «Cuando los recursos del Presupuesto Nacional fueran inferiores a los presupuestados, el Poder Ejecutivo podrá establecer límites de ejecución en el presupuesto de gastos de funcionamiento, incluidas las transferencias, y de gastos de inversión de los Incisos contenidos en este Presupuesto Nacional, a fin de ajustar los desvíos producidos».

Acá está la herramienta que el propio Frente Amplio propuso y aprobó para tener un marco legal por si fuera necesario atender imprevisiones, en caso de que los ingresos no hubieran sido los previstos para pagar aquel presupuesto. ¡Es lo mismo que el artículo 7! Ahora ¿alguien nos puede predecir el futuro? ¿Alguien nos puede decir cómo va a estar Europa, Argentina, Brasil, Uruguay o cómo serán las relaciones de comercio en el día de mañana? Voy a redondear.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se lo agradezco porque no podemos otorgar prórrogas.

SEÑOR GANDINI.- ¿Se nos puede decir cómo van a ser las relaciones de comercio de Uruguay, el mercado interno y la inversión?

Para finalizar les digo que consideramos que este es un presupuesto realista y audaz para seguir haciendo los cambios que hay que hacer. A su vez, es responsable y serio. Nos metemos con los problemas, nos hacemos cargo y vamos a resolver el presente y el futuro. Este es el plan estratégico que hemos trazado y lo vamos a cumplir.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer a los funcionarios de la secretaría de la Comisión de Presupuesto Integrada con la de Hacienda y a todos los funcionarios de esta casa que nos estuvieron apoyando en esta tarea. Agradezco a los equipos de asesores de todo el Frente Amplio, que trabajaron en conjunto. Agradezco la unidad de acción de esta bancada, porque para el Frente Amplio es muy importante, como partido político, toda esta tarea que desarrollamos en unidad de acción. Agradezco a Andrea, nuestra secretaria de bancada. Voy a citar a cuatro asesores, y en ellos quiero representarlos a todos: Michael, Adriana, Federico y Darío. Les agradezco mucho por todo el respaldo que nos dieron y por cómo coordinaron el trabajo de todo el inmenso equipo de asesores del Frente Amplio.

En segundo lugar, señora presidenta, nosotros no compartimos la visión de la política económica aplicada por este Gobierno. No la compartimos. Nosotros no compartimos el informe en mayoría que acabamos de escuchar, porque nos reafirma que este presupuesto nacional no tiene agenda de futuro. Este presupuesto representa un profundo retroceso en las condiciones de vida de la población. Con este presupuesto, señora presidenta, se van a perder derechos adquiridos, se van a afectar servicios públicos y coloca el peso del recorte en las espaldas de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionistas y de los más débiles de la sociedad uruguaya. Este presupuesto se discute en un contexto y este contexto es la incertidumbre. Se discute en medio de una pandemia global. Además, se declaró la emergencia sanitaria a partir del 13 de marzo. Entonces, tenemos que mencionar estas situaciones. Tenemos que señalar que está siendo tratado en una coyuntura muy particular, en el medio de una pandemia que está provocando una crisis sanitaria, económica, social y cultural. Algunos autores hablan de que hay un cambio de época que abre enormes incertidumbres. En el medio de esa situación, en el mundo se han generado consensos y estos, señora presidenta, se basan en la necesidad de Estados fuertes para enfrentar la crisis, de Estados presentes que brinden respuestas a los sectores afectados por el desempleo o la precariedad, de medidas dirigidas a los sectores de la actividad económica más castigados y, sobre todo, del respaldo a las pequeñas y medianas empresas. Mientras esto sucede en el mundo, aquí en Uruguay, a través de este proyecto de ley que estamos tratando, se está procesando un ajuste fiscal. Se mira para otro lado aquí en nuestro país, se recorta el gasto público y se carga el peso de la crisis en los trabajadores, en los jubilados y en los sectores más desprotegidos. Además, como ya dijimos, este presupuesto no tiene agenda de futuro. Este proyecto de presupuesto quinquenal ignora los fuertes procesos de reordenamiento en la economía que se están dando a nivel mundial. Hoy existe y está en marcha un proceso de transformación en el mundo de la producción, en el mundo del trabajo y hay múltiples aspectos que se están desarrollando. Hay una revolución tecnológica en curso. Por tanto, en el presupuesto se marca la orientación, y aquí se determina cuáles son las orientaciones de esta Administración.

Nosotros, desde el Frente Amplio, defendemos un Estado humanista, un Estado solidario, que apoye a los débiles. Los fuertes no necesitan Estado. Ellos pueden enfrentar y resolver sus problemas, mientras que los débiles no. Por eso nosotros defendemos el Estado como el escudo de los débiles. Los fuertes son «los malla oro», no necesitan de la red de protección del Estado. Estos tienen otros elementos para solucionar sus problemas, los débiles no. Por eso nosotros defendemos un Estado protector. Esa es nuestra visión, y por ello no compartimos, en general, este proyecto de ley de presupuesto.

El 11 de marzo se anunció el Decreto n.º 90/2020, y allí se comenzó a procesar un ajuste fiscal a través de recortes. Y hoy, en este proyecto de ley de presupuesto que estamos tratando, hay una consolidación del ajuste fiscal que se inició en el Uruguay dos días antes de la declaración de la pandemia. Y toda esta política económica, que está instaurada en las primeras acciones del Gobierno nacional y que figura en este proyecto de presupuesto, tiene un fundamento político-ideológico, que es achicar el Estado, es quitar el lastre, es decir, en palabras del Gobierno, quitar impuestos y regulaciones distorsivas al sector privado, al «malla oro», para que este invierta y genere empleo. Pero nosotros decimos que no. No compartimos esa visión. Las decisiones del Gobierno a través del Decreto n.º 90/2020 y de este proyecto de presupuesto quinquenal marcan que estamos a contracorriente de las políticas impulsadas por la mayoría de los países del mundo y recomendadas por los organismos internacionales. El mundo hoy, liderado por los países del G20, ha adoptado medidas sincronizadas sin precedentes, que incluyen USD 12.000:000.000 en medidas fiscales y un enorme apoyo de liquidez por parte de los bancos centrales. Las condiciones de financiamiento se han flexibilizado para todos los prestatarios, excepto para los que tienen mayor riesgo.

El Fondo Monetario Internacional ha manifestado que las consecuencias de las crisis en las finanzas públicas, sumadas a las pérdidas de ingreso por la contracción de la producción, han sido enormes. En 2020, se prevé que los déficits públicos suban, en promedio, nueve puntos del producto bruto interno y, según proyecciones, la deuda pública se aproximaría al cien por ciento del producto bruto interno, un máximo sin precedentes.

Conforme a los supuestos de base de la recuperación saludable de la actividad económica y las tasas de interés bajas y estables, se espera que a partir de 2021 se comience a mejorar; sin embargo, el fondo dice que queda mucho por hacer para resolver el aumento de la pobreza, el desempleo y los problemas de desigualdad, y para impulsar la recuperación de la economía.

Por su parte, la Cepal, en su informe económico de setiembre, reveló que el esfuerzo fiscal para atrapar la crisis en América Latina es –en promedio– de cuatro puntos del producto bruto interno, lo que es acompañado de garantías estatales de crédito de hasta un 10 % de dicho producto. Sin embargo, aquí, en nuestro país, con grado inversor, con emisión de deudas exitosas y con un adecuado manejo sanitario de la pandemia, la publicación fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas establece que, en los doce meses cerrados a agosto, los efectos imputados al Fondo Solidario COVID-19 se estimaron en 0,8 % del producto bruto interno.

La programación económico-financiera incluida en la exposición de motivos y presentada por la ministra cuando visitó la Comisión de Presupuesto Integrada con la de Hacienda manifiesta que los recursos encapsulados en el fondo coronavirus alcanzarían, al cabo del año, el entorno de USD 768:000.000, es decir, 1,7 % del producto bruto interno.

Señora presidenta: desde el Frente Amplio decimos que es hora de que este Gobierno asuma que el tejido productivo y social que se está deteriorando a consecuencia de la pandemia será muy difícil de recuperar, inclusive si se concretan las predicciones del equipo económico. La Cepal habla de la década perdida y de treinta años para recuperar los costos sociales de estas consecuencias.

Según los organismos internacionales, señora presidenta, en este momento es necesario concentrar todas las energías para poner fin a la crisis sanitaria. Lo que se debe hacer en primer lugar –repito– es poner fin a la crisis sanitaria; lo segundo es reforzar el puente económico hacia la recuperación y, en tercer lugar, hay que construir las bases de una economía mejor para el siglo XXI.

Las agendas y los planes de recuperación de muchos países diseñan políticas y asignan recursos para gestionar el despliegue de la transformación digital del sistema productivo y de las propias formas de intercambio y de consumo, buscando encauzar los impactos de la automatización en el mundo del trabajo y atender la transición ecológica, todo ello teniendo en cuenta los desafíos de la cada vez menos tolerada desigualdad de la distribución de la riqueza y el ingreso.

Esta es la agenda en el mundo y la que proponen los organismos internacionales. Nosotros creemos que la discusión del presupuesto nacional es una buena oportunidad para analizar cuáles son las necesidades y los desafíos que enfrentan –y enfrentarán– nuestro país y la sociedad en este quinquenio, cuáles son los lineamientos de las políticas públicas, cuáles son las metas y los objetivos que se propone el Poder Ejecutivo, y cuáles son las asignaciones, los recursos y los cambios normativos que se incorporan en este proyecto de ley. Sin embargo, vemos que todo eso que se está debatiendo en el mundo, aquí, en Uruguay, no se incluye en este presupuesto.

Si analizamos los incisos, por ejemplo, el que refiere al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –que es el encargado de llevar adelante un conjunto de políticas que tienen que ver con todo este proceso, con esta revolución industrial, con esta revolución tecnológica y digital que se está viviendo en el mundo–, no encontraremos, señora presidenta, un artículo que se refiera a la automatización, a la robotización o a la transformación digital. ¡No encontramos un artículo!

En cuanto a metas e indicadores asociados a la gestión de las transformaciones en curso, ¡ni hablamos!

En el Ministerio de Industria, Energía y Minería no encontramos un artículo que refiera a la economía digital. Su agenda parece estar más vinculada a temas de energía, de telecomunicaciones y de gobernanza de las empresas públicas, pero con un sesgo promercado o proprivado. Reitero, esa es la agenda del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y en este proyecto de presupuesto vemos algunos avances en lo que tiene que ver con la liberalización de los combustibles en los puertos y aeropuertos.

En cuanto al Ministerio de Ambiente, este proyecto de ley no contiene líneas de acción ni medios asociados para enfrentar los desafíos de la transición ecológica.

En lo que refiere a la Cancillería, si pasamos revista al inciso, notaremos que son cuatro artículos, pero no hay ni un objetivo que esté relacionado con los desafíos que tiene el país en cuanto a la inserción económica, internacional y regional para atender todas las tensiones y transformaciones que está viviendo el mundo.

Por otro lado, señora presidenta, quiero decir que pocas actividades fueron tan golpeadas por la pandemia como el turismo; solo en algunos países –como el nuestro– adquiere tanta relevancia por la generación de actividad, divisas y empleo. En este inciso del Ministerio de Turismo solamente se incluye un artículo que refiere al cumplimiento de la ley de género, pero no hay ningún objetivo relacionado al conjunto de apoyos o de incentivos para atender el presente y el futuro. En ese sentido, el Frente Amplio propuso dos aditivos que no implicaban costo, pero no fueron considerados. Uno tenía que ver con la creación de un fondo de emergencia turístico destinado a atender las pérdidas que enfrenta el sector y con la generación de estímulos para la reactivación. Allí decimos que la reglamentación deberá dictarla el Poder Ejecutivo, que establecerá las formas y las condiciones de su funcionamiento y los fondos de los que se nutrirá. El otro aditivo implicaba crear un grupo de trabajo para analizar la grave situación que atraviesa el sector –que funcionará en el ámbito del Ministerio de Turismo–, con el cometido de elaborar un plan de emergencia. Se fijaba un plazo de sesenta días a partir de la aprobación de la presente ley y estaba integrado por los ministerios de Turismo, de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, el Banco de Previsión Social, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Congreso de Intendentes, el sector privado y el PIT-CNT. De todas formas, no fue tomado en consideración. Incluso, mientras discutíamos el presupuesto nacional, la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios se reunió con diferentes actores que justamente venían a pedir estímulos y apoyo, ya que existe una gran incertidumbre en el sector. Sin embargo, la ley de presupuesto no toma en consideración ninguna medida para atender esa emergencia.

Por lo tanto, señora presidenta, desde nuestra mirada, en este presupuesto nacional existe una falta de conexión entre los contenidos, los problemas y las consecuencias que provoca la pandemia, y falta una mayor perspectiva que tenga en cuenta los enormes desafíos que suponen la revolución tecnológica, la economía digital y la transición ecológica, que impactan en el mundo de la producción y el trabajo. Todo eso falta en el presupuesto nacional, pero sí se incluye un fuerte ajuste fiscal y la falta de certezas.

En la peor crisis económica de los últimos cien años –según advierte la Cepal–, en la que miles de compatriotas han perdido su fuente de trabajo, el equipo económico pone todo su esfuerzo en el control del déficit fiscal y la inflación, y solicita ser evaluado por ello, evidenciando que la prioridad de las políticas públicas está realmente lejos de la necesidad del pueblo uruguayo.

En este presupuesto, además, no existe certeza de que las asignaciones que se voten en esta semana realmente se concreten, porque hay dos artículos –el 6.º y el 7.º– que dispondrán de una serie de recortes o de ajustes si no se cumplen las metas fiscales.

Tampoco existe certeza respecto a que las partidas asignadas a remuneraciones puedan ser ejecutadas, ya que el Decreto n.º 90/2020 dispuso que las vacantes generadas a diciembre de 2019 en los organismos de la Administración central no podrán ser llenadas y que solo se podrán llenar una de cada tres de las generadas con posterioridad a esa fecha. Y en esta ley de presupuesto todavía se complejiza bastante más el proceso para concretar el llenado de las vacantes.

Como resultado de lo antes expresado, los incisos verán caer sus partidas presupuestales entre 2020-2024 y, por lo tanto, las políticas públicas que llevan adelante se verán comprometidas conforme avance el período de gobierno.

El proyecto de ley de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo plantea para el 2021 un recorte cercano a los $ 15.000:000.000 respecto a lo que fue el presupuesto anterior asignado a la Administración central y a los organismos del artículo 220. De los $ 15.000:000.000, más de la mitad se recorta en gastos de funcionamiento, mientras que la otra mitad se recorta, casi en partes iguales, en remuneraciones e inversiones. En este escenario, la Administración central pierde casi $ 7.000:000.000; más del 70 % de ese recorte se explica por menos rubros asignados a ministerios prioritarios, como son el del Interior, el de Educación y Cultura, y el de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Los organismos del artículo 220 pierden $ 8.000:000.000 y casi el 90 % de esa pérdida afecta a créditos de la ANEP, de ASSE, de la Udelar y del Poder Judicial.

Si analizamos el impacto de los recortes presupuestales por área, dos tercios de ellos estarán dirigidos a las áreas más sensibles para la población, como son educación, salud, vivienda y protección social. Pero veamos política por política.

En educación, con esta asignación presupuestal, la ANEP no podrá cumplir con el plan de desarrollo educativo 2020-2024. En este organismo el mayor recorte se verifica en las partidas de remuneraciones, lo cual implica que la propuesta no contempla mejora alguna para el salario de docentes y de funcionarios. Además, se pone en riesgo la existencia de docentes para los nuevos centros educativos y, lo que es peor aún, tendrá como resultado el aumento de alumnos por clase, viéndose afectada la calidad educativa. Tampoco incorpora mejoras en las condiciones del trabajo ni en el financiamiento para culminar la universalización educativa.

En el caso de la Udelar, las asignaciones presupuestales no contemplan varios de los requerimientos de esa casa de estudios. Con un aumento constante de la matrícula y con cero presupuestos para inversiones, habrá una caída en la calidad y en la cantidad de metros cuadrados por estudiante. Varios programas de apoyo a los estudiantes se verán seriamente afectados. El sistema de becas educativas, tan requerido en estos tiempos de crisis, no tendrá los fondos suficientes para atender la totalidad de la demanda.

La UTEC no podrá sumar más carreras a la oferta educativa ni profundizar las existentes. La partida propuesta y votada en comisión solo está destinada para la expansión de la UTEC en el noreste, es decir en Lavalleja, dejando de lado el resto de la expansión territorial a regiones con menor acceso educativo, como por ejemplo Artigas y Cerro Largo. La UTEC no podrá llevar a cabo gran parte de los objetivos planteados para el 2021 y el 2025 en investigación y desarrollo, entre otros. Estaremos frente a una Universidad Tecnológica estancada que pone en riesgo la continuidad educativa de miles de estudiantes del interior y, en definitiva, atenta contra el desarrollo del territorio nacional.

En síntesis, señora presidenta, el presupuesto asignado a la educación compromete el actual funcionamiento de las instituciones y genera un escaso margen para el desarrollo de los objetivos propuestos por las propias autoridades.

En salud, aun cuando esta área había sido anunciada como una de las prioridades de la presente Administración, los recursos asignados a ASSE sufrirán en 2021 un recorte de $ 2.140:000.000, en momentos en que más de 80.000 usuarios están ingresando a la institución como resultado de la crisis económica y sanitaria que atraviesa el país. Resulta claro que, con estas asignaciones presupuestales, tanto en ASSE como en el Ministerio de Salud Pública, los recursos no serán suficientes para mantener la operativa actual. El proyecto no contempla recursos para fortalecer el primer nivel de atención, ni tampoco para el desarrollo y el apoyo a los recursos humanos del interior del país.

En vivienda, la diferencia entre las asignaciones presupuestales que se necesitarían para cumplir con el Plan Quinquenal de Vivienda 2020-2024 y los recursos asignados en el presupuesto nacional supera los $ 5.000:000.000. Sin perjuicio de los mecanismos de ajuste de los créditos, la diferencia antes mencionada representaría un aumento del 60 % del crédito al fondo de vivienda, pero no existe certeza de contar con esos créditos. Por lo tanto, se va a disminuir la cantidad y la calidad constructiva de las soluciones habitacionales provistas.

El proyecto de ley autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a participar en fideicomisos, comprometiendo una parte importante de sus recursos y generando deuda a cargo del Estado. Sobre el diseño de los mecanismos de aportación y de contratación, así como sobre los beneficiarios, los administradores de dichos fondos y las características y la ubicación de las viviendas a construir por estos fideicomisos, no tenemos información. Además, aquí hay que señalar que existe un riesgo de construcción y de financiación por parte del Estado.

En cuanto a las políticas sociales y al Sistema Nacional Integrado de Cuidados –que fue votado en la Administración anterior con la participación de todo el sistema político–, en este presupuesto no hay una sola meta ni asignaciones presupuestales que permitan saber qué plantea el actual Gobierno, salvo la fusión de la Secretaría Nacional de Cuidados con el Programa Nacional de Discapacidad. Si bien el presupuesto del Mides aparenta incrementarse en el 2021 con relación al 2020, el artículo 469 del proyecto prevé que las asignaciones familiares del Plan de Equidad pasen del presupuesto del BPS al Mides, y esto es lo que explica el tan mentado incremento presupuestal del inciso del Mides.

Si bien en el plan quinquenal se sostiene que en la definición de los lineamientos y estrategias se tiene en cuenta el efecto covid, no tiene ninguna expresión presupuestal, ni tampoco en el articulado. La estimación del efecto en corto plazo de la covid sobre la pobreza en el Uruguay, realizada por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, proyecta un incremento de tres puntos porcentuales, lo que llevaría a la pobreza al 11,6 %, que representa alrededor de 100.000 nuevos pobres. Mayoritariamente, esta pobreza va a recaer sobre los niños y, de no tomarse medidas de urgencia, esta caída podría duplicar la pobreza infantil en un corto período.

En cuanto al salario del sector público, la masa salarial de los funcionarios es otro de los grandes rubros sobre los que se aplicará el fuerte ajuste fiscal, según lo establecido en el proyecto de ley de presupuesto. Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas ha manifestado en reiteradas oportunidades que los salarios no iban a perder poder de compra durante los próximos cinco años, las declaraciones de los demás representantes del Poder Ejecutivo ni la propuesta presupuestal y los sucesivos debates pueden asegurarlo.

La propuesta recogida en el artículo 4.º no materializa la idea de la no pérdida del salario, dado que el indicador con el que se evalúa no es el del aumento general decretado por el Gobierno, sino que es el del índice medio de salarios real del Gobierno central. Aquí debemos señalar, señora presidenta, que gran parte de la caída del gasto público en términos del producto bruto interno se basa en la baja de las remuneraciones –0,6 puntos del PBI–; por lo tanto, va a tener un impacto en las pasividades –0,5 puntos del PBI– y, además, habrá una caída en las transferencias de la mano de las asignaciones familiares y de otros beneficios sociales del BPS –0,4–. En total, estos tres componentes suman 1,5 puntos del PBI. Por lo tanto, dos tercios de la caída del gasto público prevista para este período de gobierno se explican por recorte de salarios, pasividades y transferencias sociales.

En suma, la promesa de bajar el déficit fiscal es a costa de los trabajadores y pasivos, que perderán ingresos, y de la supresión de transferencias sociales, que no llegarán a los sectores más vulnerables.

Como dijimos, señora presidenta, tenemos una fuerte discrepancia con la orientación ideológica del presupuesto. El proyecto de ley presenta una clara línea ideológica con la que no coincidimos, que se refleja en las asignaciones presupuestales o en su falta, y plantea una reducción del Estado por la concepción negativa que la coalición de gobierno tiene sobre el mismo. Se considera el principal obstáculo para el desarrollo individual, encargando al mercado y a sus leyes el orden de la vida y la economía del país.

Con esta concepción liberal de reducir el Estado no estamos de acuerdo, y queremos manifestarlo. Pero además queremos decir que la mayoría de los países del mundo están actuando en sentido contrario para aliviar la crisis causada por la pandemia, dejando de lado el paradigma de la mano invisible del mercado como solución de todos los problemas. Hoy, como dijimos, el mundo va por otro camino. No va por el que nos propone este proyecto de ley de presupuesto, por estas políticas económicas que nos propone el Gobierno nacional.

Un punto que vamos a resaltar en las diferentes exposiciones de nuestros legisladores son las inconsistencias macroeconómicas y financieras del presupuesto.

La falta de información o las inconsistencias técnicas se reflejan, por ejemplo, en la falta de una proyección oficial de los salarios para el período de gobierno. Eso dificulta el trabajo y el desarrollo de las cuentas; dificulta el trabajo de la oposición.

En segundo lugar, respecto a las proyecciones macroeconómicas, los números tampoco cierran o resultan inconsistentes. Por ejemplo, se proyecta que el consumo crezca 3,8 % para el 2021, recuperándose la caída prevista para este año, lo que implicaría que el consumo del 2021 superaría los niveles del 2019, y esto no resulta consistente con la evolución prevista para los salarios a partir de la política salarial y de empleo promovida por el Gobierno, que lo que va a provocar es un mercado interno poco dinámico para el próximo año.

No se encuentran elementos que puedan dinamizar a los sectores exportadores que den sustento a las proyecciones de crecimiento que nos presentó el Ministerio de Economía y Finanzas. También encontramos inconsistencias técnicas importantes respecto a la falta de conciliación entre las asignaciones presupuestales y el déficit fiscal presentado en la exposición de motivos.

Nosotros vamos a desarrollar esas inconsistencias. Y es una lástima que el miembro informante recién hoy nos presenta información acerca de las reasignaciones que se hicieron. Queremos tener el documento a la vista para poder analizarlo, de manera que pedimos a la secretaría de la comisión que nos lo haga llegar.

Señora presidenta: la ley de presupuesto es una oportunidad para poner negro sobre blanco lo que se prometió en la campaña. Y lo que vemos en este proyecto de ley que estamos tratando es que existe falta de compromiso programático en el presupuesto nacional. Se prometió en campaña defender el poder de compra del salario de los uruguayos. En la instancia presupuestal es donde hay que poner negro sobre blanco ese compromiso de campaña.

Como dijimos, el artículo 4.° del proyecto presupuestal prevé una pérdida del salario real para los funcionarios públicos en el 2021 equivalente al 100 % de la inflación de ese año, que según las proyecciones del Gobierno va a rondar el 7 %. La recuperación de esta pérdida no estará asegurada a lo largo del quinquenio, como ya lo explicamos. Por su parte, los asalariados privados verán consolidada dicha pérdida en julio del 2021, cuando se ajuste por concepto de correctivo inflacionario y se le reste el monto equivalente a la caída del producto bruto interno para el 2020.

Se prometió que los recortes no afectarían las políticas sociales. Sin embargo, el proyecto presupuestal contiene un recorte, como ya dijimos, de al menos $ 10.000:000.000 para el 2021. Y estos casi $ 10.000:000.000 se obtienen recortando recursos en los organismos encargados de implementar políticas educativas, sanitarias, de vivienda y de protección social.

En educación, distintos actores han alertado que estos recortes repercutirán en la falta de docentes y de recursos para el funcionamiento de primaria, la sobrepoblación de los salones de secundaria, desinversión y reducción de programas de becas en la educación terciaria.

En salud se recortan, como hicimos mención, $ 2.100:000.000, y ese recorte afectará a ASSE.

En vivienda, se prometieron 50.000 nuevas viviendas para atender el déficit habitacional, y la propuesta Asentamiento Cero ya fue descartada por las propias autoridades.

Prometieron proteger a los más débiles. El proyecto presupuestal no prevé la creación de ningún programa ni el fortalecimiento de los programas existentes para atender las contingencias que el país enfrenta. Esto se suma al bajo nivel de gasto destinado para atender los efectos de la pandemia –0,8 % del producto bruto interno–, que ubica al país en las últimas posiciones de América Latina.

En contraposición, el proyecto presupuestal sí hace un esfuerzo fiscal a través de reducción de impuestos, pero focalizando en la cola alta de la distribución de ingresos. En efecto, se plantean rebajas al IRAE y al impuesto al patrimonio de inmuebles rurales.

Prometieron priorizar la seguridad pública. A pesar de esto, el Ministerio del Interior tampoco escapa del recorte presupuestal. Contará con cerca de $ 1.300:000.000 menos en el 2021, de los cuales más de $ 1.000:000.000 provienen del rubro remuneraciones, que se explica en buena medida por la caída salarial que van a sufrir los funcionarios policiales. Al mismo tiempo, varias de las iniciativas planteadas por el ministerio no cuentan con financiamiento presupuestal. La incorporación de 2000 policías, el reingreso de policías retirados para atender seccionales y la construcción de cárceles nuevas no tienen financiamiento presupuestal.

Prometieron crear y fomentar empleo. Uno de los ejes centrales de la campaña ha sido la necesidad de dinamizar el mercado laboral, fomentando la creación de empleos. Un presupuesto centrado en el empleo ha sido uno de los eslóganes que hemos escuchado; incluso hoy lo ha mencionado el senador Gandini. Sin embargo, el presupuesto no contiene ningún artículo que aborde directa o indirectamente la generación de empleos o que apunte a mejorar su calidad. No se observan apoyos a las más de 150.000 mipymes que emplean a más de 800.000 personas, que hoy enfrentan varias dificultades y que tendrán por delante un mercado interno disminuido.

Prometieron transparencia. Sin embargo, el presupuesto omite información sustantiva para comprender y analizar su construcción. Un ejemplo ya mencionado en otras oportunidades refiere a la ausencia de la proyección oficial de los salarios, que es una variable clave para la programación macroeconómica. Hasta la fecha, ninguno de los pedidos de informes remitidos al Ministerio de Economía y Finanzas y a la OPP fue respondido. A su vez, la coalición de gobierno descartó dos artículos presentados por la bancada del Frente Amplio que tenían el objetivo de que el Parlamento, la academia y la ciudadanía en su conjunto contaran con información básica para dar una discusión presupuestal de calidad y realizar un adecuado seguimiento a las políticas implementadas y a la ejecución presupuestal.

Prometieron la reducción de los cargos de confianza y de compensaciones. Sin embargo, el proyecto presupuestal prevé la creación de cargos de confianza y un aumento de sus remuneraciones en los incisos de la Administración central relevantes, como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Mides. El sueldo de los jerarcas del Mides se incrementa en un 40 %, pasando de $ 115.000 mensuales a más de $ 160.000. Y resulta muy llamativo que, en un contexto de mayor vulnerabilidad social, el ministerio responsable de atender estas situaciones opte por una significativa suba del salario de sus jerarcas. Por su parte, en el Ministerio de Economía y Finanzas –encargado de diseñar el ajuste– se crean cargos con remuneraciones equivalentes al 80 % del salario del ministro, lo que equivaldría a unos $ 220.000 mensuales.

Nosotros estuvimos analizando el monto que se está destinando a la creación de estos cargos y al pago de compensaciones. Supera los $ 100:000.000. En un contexto donde les estamos exigiendo un ajuste, que se apriete el cinturón a las grandes mayorías del pueblo uruguayo, no podemos acompañar una política donde se suba el salario a las jerarquías del Mides, del MEF, y se prevean recursos para pagar compensaciones a cargos políticos y de particular confianza.

En síntesis, lo que quisimos señalar aquí es la fuerte contradicción que existe en el compromiso por el país reflejado en la principal ley de política económica que regirá este período de gobierno.

El miembro informante, el senador Gandini, hoy hacía mención de las propuestas realizadas por el Frente Amplio. Nosotros hicimos un trabajo en comisión y el Frente Amplio presentó un conjunto de propuestas para una financiación, pero la mayoría de ellas fueron rechazadas. Pero eso no se dio porque compartiéramos el presupuesto presentado por el Gobierno; lo que buscábamos con este conjunto de propuestas y de reasignaciones era amortiguar los efectos negativos de los recortes. Propusimos recursos para que las escuelas y los jardines de la ANEP que se están construyendo tengan docentes y no queden vacíos, y para eso había que fortalecer su presupuesto en $ 1.000:000.000. Queríamos que la Udelar triplicara gradualmente la cantidad de becarios para que los sectores más humildes puedan acceder a la universidad y no tengan que abandonarla, como sucede en el contexto actual. Queríamos dar $ 250:000.000 al Hospital de Clínicas para fortalecer la atención. Queríamos garantizar la continuidad de todas las carreras de la UTEC en el interior, que se avanzara en el desarrollo de habilidades para el mundo laboral y se incorporaran innovaciones aplicadas al sector productivo, destinando $ 100:000.000. Para que ASSE mitigara la drástica reducción real de los gastos de funcionamiento de los hospitales públicos, en un contexto en el que va a aumentar su población, iban a ir $ 500:000.000. Para que el INAU fortaleciera sus políticas de infancia y de adolescencia, $ 540:000.000. Los recursos para el Inisa sí fueron tomados en cuenta, porque era realmente muy fuerte que las autoridades vinieran a una comisión y manifestaran que a partir de junio no tendrían recursos para atender las necesidades de los gurises que están allí internados; entonces, aquí sí algo se atendió.

Propusimos una reasignación para las políticas de discapacidad. También propusimos una reasignación para apoyar al Poder Judicial con las inversiones necesarias para la implementación de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género. Queríamos asegurar los gastos de funcionamiento mínimos de las fiscalías para que pudieran operar, que se hicieran algunas inversiones en el sistema informático, y para la creación de algunas otras fiscalías. Queríamos que la Junta de Transparencia y Ética Pública pudiera cubrir los costos básicos del sistema informático de las declaraciones juradas; esto sí fue votado por todos y la reforzamos con $ 2:300.000. Propusimos revertir la reducción del subsidio destinado a la FUTI –Federación Uruguaya de Teatros Independientes– en un contexto extremadamente complejo, para que la partida volviera a su estado original. Llegamos a un acuerdo para el sector de agroecología. Y también propusimos una reasignación para el aumento salarial de los soldados y para la creación de cargos de oficiales de tropa.

Pero como dijimos, señora presidenta, nosotros hicimos esta propuesta para amortiguar los impactos que este presupuesto va a tener sobre nuestra gente, porque seguimos definiendo y diciendo que este es un presupuesto que da la espalda a las necesidades de la gente; es un presupuesto que está de espaldas a las necesidades del Uruguay de hoy, es un presupuesto que no tiene agenda de futuro.

Esta es la posición que el Frente Amplio quería dejar sentada. Luego, cada uno de los senadores de mi sector político hará énfasis en los aspectos negativos que le ve a este presupuesto.

Por ahora, es cuanto tenemos para informar.

SEÑOR LANZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LANZ.- Señora presidenta: antes que nada, quiero agradecer al equipo que trabajó con nosotros desde el primer día en el tratamiento de este proyecto de ley, que es el principal de este nuevo período de gobierno. De alguna forma, es la bitácora que nos orienta hacia los compromisos que asumimos durante la campaña electoral. También agradecemos a los senadores miembros de la bancada por el trabajo realizado durante este período en la comisión.

Asimismo, queremos agradecer a toda la gente que trabajó con nosotros, especialmente a los técnicos Gabriela y Miche, que fueron unos fenómenos y dispusieron del tiempo suficiente para, de alguna forma, ayudar a consustanciarnos con el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto nacional.

Señora presidenta: para nosotros este presupuesto es una propuesta que pone el foco directamente en las personas, en la comunidad y en la sociedad. Al comienzo de este período de gobierno la bancada de la coalición acudió a un documento denominado Compromiso por el país, que fue realizado, acordado y pactado por los cinco partidos políticos. En ese documento está, de algún modo, el contenido de este presupuesto quinquenal que, reitero, hace foco y apunta a lo social, al empleo y a las dificultades que, sin lugar a duda, el país tiene que afrontar en estos tiempos tan turbulentos.

Para llegar a ese documento tuvimos sobre la mesa una máxima constituida por una sola palabra: «confianza»; confianza en el documento firmado y en los hombres y mujeres que integran esta coalición de gobierno formada por cinco partidos políticos que, bajo la lógica del control por oposición de intereses, mejoraron su redacción en la Cámara de Representantes, lo hicimos aún más en la comisión del Senado y seguramente lo seguiremos haciendo durante el tratamiento en este Cuerpo con respecto a cuestiones que están arriba de la mesa.

Sin lugar a duda, señora presidenta, para tratar el presupuesto quinquenal debemos tener un punto de partida. El señor miembro informante ha hecho énfasis con detalle en cuál es ese punto de partida para abordar el articulado, cada uno de los incisos y las circunstancias que tenemos que enfrentar, y es un punto de partida relativamente difícil y comprometido. El señor senador Gandini hizo referencia en profundidad al importante déficit fiscal que hoy enfrenta el país, y también al grado de ejecución de los presupuestos que se venía dando en cuanto estos se originaban en base al endeudamiento.

Hoy en día, la circunstancia de la pandemia y la recesión que se está viviendo nos obligan a ser sumamente cuidadosos en el tratamiento del presupuesto. Me quedo con una frase que en el correr de estos treinta días escuché decir al señor presidente de la ANEP. Luego de realizar la presentación de su inciso y ante la apertura de la ronda de consultas, le dijeron: «Compartimos el espíritu y entendemos que es muy bueno lo que se plantea, pero cuestionamos cómo se va a financiar». El señor presidente de la ANEP respondió con un concepto que me quedó claro. Dijo: «… optimizando el grado de compromiso de los gastos». Creo que a eso apunta este presupuesto.

Es un presupuesto austero que, tal como decía el señor senador Gandini –y ese es un concepto que nunca podemos perder en la Administración pública–, tiende a cuidar, como buen padre de familia, el peso a peso de todos los días para tener una ejecución que no comprometa la inversión social ni la inversión pública que, como muy bien se expresó acá, son el motor principal del Estado y del país y, por qué no, también de la inversión privada.

Por lo tanto, señora presidenta, creo que estamos frente a un presupuesto razonable, un presupuesto justo, un presupuesto real, un presupuesto genuino, un presupuesto que no establece nuevos impuestos, sino que tiene una mirada general del Estado para optimizar, como bien decía el presidente de la ANEP, los recursos que hoy tenemos sin comprometer las economías de futuro. Por ende, no hay más impuestos y creo que eso está pactado entre todas las bancadas; es algo que tenemos presente. Apunta a la eficiencia del gasto y se enfoca en una gestión por resultados, que se revisará anualmente. Las próximas rendiciones de cuentas irán consignando y marcando la ejecución de los distintos incisos.

En realidad, señora presidenta, hay una mirada filosófica que, sin lugar a dudas, marca la diferencia entre estos dos bloques que está inaugurando el país. Hoy hay dos bloques que, claramente, tienen una mirada, una introspectiva, una apuesta filosófica distinta. Yo me quedo con lo que señalaba: estamos frente a un presupuesto real. Todos quisiéramos incorporar o, de alguna forma, mejorar las asignaciones a lo largo y ancho de lo que corresponde en el presupuesto, pero, sin lugar a duda, eso nos llevaría a una situación muy poco responsable. Entendemos que este presupuesto es razonable.

La presentación del miembro informante del Frente Amplio nos retrotrajo a la noche de ayer cuando tuvimos el placer de escuchar al expresidente de la república, doctor Tabaré Vázquez –a quien, así como a la bancada del Frente Amplio, a todos sus amigos y a su familia desde acá, desde este lugar tan simbólico, le deseamos una pronta mejora–, ya desde nuestro hogar, señalar algo bien interesante: cuando el Frente Amplio ingresó por primera vez al Gobierno había presagios catastróficos para con el país ante la incertidumbre de un nuevo Gobierno. Hoy pasa exactamente lo mismo, pero al revés: desde la bancada del Frente Amplio se hacen anuncios realmente catastróficos con relación a un presupuesto que, según se señala, dice cosas que para nosotros no dice, marca cosas que para nosotros no marca y compromete cosas que para nosotros en el trabajo en comisión fueron bien interesantes. ¡Y vaya que se encontraron muchos logros en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado de este presupuesto! Por ejemplo, hay logros como los objetivos claros de baja inflación que nosotros señalábamos, en particular, la reducción del déficit fiscal con el objetivo de sostener en el tiempo, fundamentalmente, las políticas sociales; se encontraron logros como mayores asignaciones a la salud, a la educación y a las políticas sociales que en las reasignaciones presentadas quedaron claramente marcadas. Tenemos una regla fiscal que, de alguna forma, pone tope al endeudamiento y de cierta manera marca un rumbo al gasto del Estado, dando seriedad al abordaje de la cuestión o cosa pública. Luego de mucho debate, llegamos a la creación de una comisión para solucionar el tema del abuso en el sistema de licencias y aquí hubo una coincidencia plena en cuanto a que estamos frente a un problema que tenemos que solucionar. ¡Vaya que el Partido Colorado tuvo reparos en poner en práctica de forma inmediata un sistema! Esta comisión que se crea a través del presupuesto va a dar un tiempo para que este recinto reciba un proyecto alternativo o que el propio Poder Ejecutivo lo remita en forma paralela. Este es un tema importante para los números del país y aquí es donde tenemos que encontrar políticas de Estado, coincidencias entre todas las bancadas para que exista una norma aplicable en toda la Administración pública.

Por otra parte, se encontró una norma para corregir un vacío, una deficiencia que veníamos dilatando, pateando, que es el famoso tema de los viáticos a los funcionarios públicos. También hubo logros en cuanto a la enajenación de bienes, con excepciones y límites; se permite a las empresas la deducción de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores –cuestión que es bien relevante–; se plantea una nueva normativa de patentes que protege a los laboratorios nacionales; se busca bajar precios de medicamentos; se vuelve a permitir a las empresas descontar pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, con descuentos por IRAE, y se protegen los derechos de autor e inventor.

En cuanto a la descentralización, para nosotros es bien importante como habitantes del interior de este país. Hay un artículo que incorpora un porcentaje para la publicidad oficial en el interior de forma de comenzar a tener una política nacional de descentralización más justa y que aquellos empresarios que habitan a quinientos kilómetros de la capital tengan las mismas oportunidades que los que están en Montevideo. Asimismo, se ponen a consideración más recursos para los municipios y se incorporan políticas de género. En este sentido, las unidades ejecutoras tendrán una asignación específica para la creación de unidades de género dentro de los distintos incisos; esta es una cuestión en la que se avanza y creo que es importante mencionarlo. Por su parte, se proponen artículos de accesibilidad web para discapacitados y acciones afirmativas para la comunidad afro.

Con respecto a la transparencia, señora presidenta, se mejora el alcance de las auditorías y se llega al tan debatido arreglo con los judiciales –aquí abro un paréntesis para saludar a mi correligionario y amigo, el diputado Conrado Rodríguez, quien mucho trabajó en estos asuntos–, pactando un acuerdo directamente con la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. También se amplía el presupuesto de la Jutep y se podrá contratar por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo personal técnico en tiempo limitado para realizar auditorías.

En relación con el inciso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se logra definitivamente un acuerdo con la Unidad Agroalimentaria Metropolitana que, más allá de su gobernanza, creo que salda y da tranquilidad a miles de productores que, de alguna forma, son el foco en el que tenemos que concentrarnos. Así que felicito y adhiero a esta solución, que da un paso adelante en cuanto a la gobernanza y a la participación del Gobierno nacional en estos asuntos tan importantes para el sector productivo.

También se votan medidas para proteger nuestro petróleo –que es el campo–, la carne natural en oposición a la de laboratorio, y se crea el Instituto Nacional de Bienestar Animal. En los planes estratégicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca había partidas destinadas al Plan Nacional de Agroecología que no figuraban en forma expresa en el articulado actual, pero, dado el embate y el trabajo profesional y comprometido de su presidente –me refiero al ingeniero Eduardo Blasina–, pactamos e incorporamos un artículo para que las políticas diferenciadas en agroecología sean contempladas en el articulado y, de alguna forma, podamos dar un empujón inicial a esto que es tan importante para los pequeños productores y para una economía diferente en la vida agropecuaria. En el mundo esto está tomando una gran dimensión y la Dirección General de Desarrollo Rural había incorporado recursos en los planillados elevados a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; sin embargo, estos no habían sido incorporados en la redacción, pero luego se incluyeron y es una buena cosa.

Por otro lado, se pone en marcha el Programa de Regularización de Asentamientos y el Plan de Mejoramiento de Barrios, se amplía el alcance de la acción de Mevir y se establece la exoneración de ciertos controles como el impuesto de primaria por notarios. También se equipara a Anda con la Contaduría General de la Nación como garantía de alquiler.

Se hacen reasignaciones en el área de la educación. Se dispone la expansión de la UTEC al noreste del país y se pone atención en las becas de bienestar estudiantil para la Udelar y su expansión en el territorio. Se destinan recursos para la atención de la primera infancia en la ANEP y la del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. También se determina que los proventos y ahorros de las escuelas agrarias queden en el propio instituto para inversiones y se reasignan más recursos para el deporte, para la infraestructura y, fundamentalmente, para los jóvenes del interior.

En consecuencia, no me afilio al discurso o al relato de que este presupuesto retrocede, recorta, no tiene agenda de futuro e impone un ajuste fiscal. Con respecto a esto último quiero decir que no hubo ni una comisión en la que no se preguntara por el Decreto n.° 90 y quizás nos estamos refiriendo a eso. Destaco que el contenido de ese decreto no implica un ajuste fiscal, sino que tiene que ver con la responsabilidad del Estado en un momento tan difícil como el que vive nuestro país.

En relación con la infraestructura, se va a invertir más de USD 2.500:000.000 en nuevos puentes y carreteras. En la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el señor ministro de Transporte y Obras Públicas hizo una amplia presentación en cuanto a los recursos que van a dinamizar el empleo y la obra pública, y sin lugar a duda impactan en la economía nacional.

En cuanto a la seguridad, estamos avanzando y a las pruebas me remito. Se plantea la construcción de tres nuevas cárceles: una cárcel de alta seguridad que requerirá 750 cargos de Guardia Republicana, 500 agentes para el Instituto Nacional de Rehabilitación, 750 cargos de agente y se habilita la contratación de hasta 1000 retirados policiales para las comisarías del país. A partir del 1.° de enero de 2021, estas serán herramientas que permitirán mejorar los niveles de seguridad. También se plantea amortizar y reasignar recursos para aumentar los salarios del personal subalterno y de los oficiales al inicio de su carrera, así como realizar una mejora del equipamiento. Se asignan, se modifican y se mejoran redacciones en este presupuesto que, sin lugar a dudas, habilita prontas puestas en funcionamiento de unidades e incisos que tienen grandes desafíos por delante como, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente –al que se le habilita una rápida y pronta puesta en marcha, dada la situación que comenzamos a vivir, o sea, ya estamos pisando una nueva temporada estival–, las inversiones y el inicio de proyectos como el del Ferrocarril Central del Uruguay y demás.

Por lo tanto, señora presidenta, yo me quedo satisfecho con el trabajo realizado por la bancada y por nuestros asesores, con el acuerdo alcanzado en la bancada de la coalición y con el documento Compromiso por el país, que reafirma las ideas que en este presupuesto ponen en funcionamiento cinco partidos políticos. Cuando comencemos a abordar el articulado y los distintos incisos podremos ir haciendo puntualizaciones en cuanto a las distintas opiniones de los compañeros de bancada.

Si bien nos quedan cosas por mencionar, preferimos cerrar por acá y decir que estamos frente a un presupuesto responsable y real para aplicar poniendo el foco en la ciudadanía y el trabajo.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: en primer lugar, también quiero agradecer al equipo de asesores que nos acompañó en el tratamiento del articulado de este presupuesto y, en definitiva, estuvo incondicionalmente a nuestra disposición, lo que nos permitió avanzar en las largas jornadas de la comisión que tuvieron lugar en las últimas semanas.

La primera consideración que queremos hacer es que para nosotros este es el presupuesto posible; es un presupuesto responsable, serio y realista. Es claro que este presupuesto tiene que atender la realidad del país. No puede atender cosas deseables, no puede ser voluntarista, sino que debe atender la realidad de las finanzas y de las arcas públicas. Tiene que ser siempre –como lo es todo en la política– el arte de lo posible. Aquí, por un lado, se ha dicho en comisión, una y otra vez, que es un presupuesto mezquino, con recortes y, por otro lado, se habló de su insustentabilidad, de su incoherencia y de que parte de supuestos demasiado optimistas. Creo que hay cierta incoherencia en los planteos vinculados a si se debió gastar más o menos, proponer más o menos. En el fondo claramente se propone aumentar irresponsablemente los niveles de un endeudamiento que ha crecido como nunca en la historia del país durante los últimos quince años, y se proponía continuar en ese sentido.

Vuelvo al principio: con seriedad y responsabilidad nosotros hemos propuesto este presupuesto, que no pasa por aumentar la deuda en términos irresponsables e impagables que comprometan a las futuras generaciones.

Como lo dijo aquí el señor miembro informante de la coalición, al 1.º de marzo, antes de la pandemia, la realidad del país ya condicionaba mucho todo lo que se podía hacer de ahí en más. Estamos hablando de un déficit fiscal récord en las últimas décadas, de un índice de desempleo de dos dígitos con 400.000 uruguayos viviendo en la informalidad –lo que quedó al descubierto a los pocos días de asumir el Gobierno– y, lo peor de todo, de una destrucción del tejido social y una situación de vida realmente inaceptable para miles y miles de uruguayos. El miembro informante de la oposición dijo que cree en el Estado escudo de los débiles. Nosotros también creemos en eso, pero considero que al escudo de los débiles de los últimos quince años se le presentaron muchas falencias y en lugar de ser un escudo pienso que se transformó en un colador. Más de una vez hemos dicho –y creo que no es malo reiterarlo– que aquí el 1.° de marzo del año en curso había más asentamientos irregulares que nunca, en los que más de 200.000 uruguayos vivían –y viven– en condiciones indignas. Aquí había más uruguayos que nunca comiendo de la basura, durmiendo en la calle, pero sobre todo más jóvenes que nunca sin esperanza en la vida, sumidos en la droga, sin preparación para acceder a un puesto laboral, sin trabajo y sin la esperanza de conseguir uno. En esa situación estaban sumidos los más frágiles, los más débiles a los que ese escudo debió haber protegido. Era una situación realmente inaceptable para todos; esa es la realidad que se vivía en este país. Se nos podrán presentar en las próximas horas –como seguramente ocurrirá– gráficas que muestran la situación que había y lo bien que estábamos al 1.° de marzo, cómo se superaron los números de esto y de lo otro, cómo se atendió a tal sector o a tal otro, pero quienes vivimos en Uruguay, que no vivimos de las gráficas y vemos la realidad día a día, sabemos perfectamente cuál era la situación del país al 1.° de marzo de este año y sabemos también que esa fue una de las grandes razones por las que el pueblo uruguayo decidió cambiar el partido de gobierno en octubre y noviembre del año pasado.

A esto tenemos que agregar que el sector productivo estaba duramente golpeado por políticas a espaldas del trabajo nacional, de la producción nacional. Acá se dice que este presupuesto es a espaldas de la gente, pero yo digo que a espaldas de la gente vivieron durante años cuando se aplicaron políticas dogmáticas en las que la gente era parte de las estadísticas y se ignoró olímpicamente al interior profundo del país, se dejó librados a sus propias posibilidades a los sectores productivos y se dejó sin oxígeno a amplios sectores de la producción nacional, como el lechero o el granjero, por citar solamente algunos ejemplos. A ellos no se les dio ni la ínfima parte de lo que sí se dio a empresas multinacionales que vinieron con todo tipo de exigencias y en un bochornoso contrato, como quedó demostrado en la Cámara de Representantes, se les concedió todo lo que pidieron. Esa realidad no podemos soslayarla a la hora de encarar este presupuesto.

Creo que este presupuesto, cumpliendo con lo prometido, no fija nuevos impuestos ni mayor endeudamiento, y sí establece una fuerte apuesta a la obra pública y a la construcción de viviendas. Todo eso está dirigido a la generación de empleo, que es uno de los grandes asuntos a los que debe apuntar el presupuesto. Estamos convencidos de que toda la problemática, los mayores problemas que enfrenta el país, como la droga, la delincuencia y tantos otros, tienen un principio de solución con el empleo para todos los uruguayos. Para ello hay que trabajar; no se generan condiciones de más empleo estableciendo nuevos impuestos o endeudándose indefinidamente hasta hacer impagable la deuda y comprometiendo a las generaciones futuras. Creo que en ese sentido este presupuesto indudablemente está generando condiciones para que en el futuro haya más trabajo.

En las semanas de trabajo intenso en la comisión hemos recibido delegaciones de todas las reparticiones del quehacer nacional, desde ministerios hasta distintas instituciones y todos ellos, o la gran mayoría, nos plantearon sus necesidades y sus aspiraciones a tener mayores recursos que los votados en la Cámara de Representantes. Sin duda, en la comisión ha habido algunas mejoras en cuanto a lo que venía de la Cámara de Representantes, ya que el presupuesto fue incrementado en el entorno de los 400:000.000 anuales. Por supuesto que aceptamos lo que se nos pidió porque entendimos que era justo, de recibo y necesario. Por supuesto que nos hubiera gustado dar todo lo que nos pedían la Universidad de la República, la UTEC, la ANEP y los distintos sectores que están sumergidos salarialmente, pero se pudo conceder algo, no todo. ¿Quién puede negar en este país que los maestros están sumergidos salarialmente? Claro que nos gustaría votar un aumento significativo para que cambie su realidad de una vez por todas, para que los dignifique y para que, en definitiva, eso sirva como trampolín para mejorar la calidad de la enseñanza en este país. ¡Claro que sí! Todos somos conscientes de la condena que sufren centenares de miles de niños y jóvenes por la baja de la calidad de la educación a pesar del aumento que se ha dado en el gasto de la educación, pero para ello, antes que nada, hay que dignificar al docente y se hace empezando por salarios dignos. ¡Nos hubiera encantado poder subir los salarios!

Claro que también nos hubiera gustado atender todos los requisitos de las distintas reparticiones, pero acá –y vuelvo al principio de mi exposición– hubo que actuar con seriedad y responsabilidad. Acá nos faltó el dinero que se malgastó por el despilfarro al que hemos asistido en las últimas Administraciones. Nos faltaron los centenares de millones de dólares que se gastaron en Ancap; nos faltaron los centenares de millones de dólares que se gastaron en una regasificadora que nunca funcionó; nos faltaron los centenares de millones de dólares que se gastaron en la pésima liquidación de Pluna y el sostenimiento de Alas Uruguay; nos faltaron por los contratos innecesarios celebrados en las distintas reparticiones públicas, así como el dinero malgastado o sin retorno otorgado a través del Fondes, así como la deuda condonada a Cuba, a Paco Casal, y tantos asuntos más, signos del despilfarro con el cual se utilizaron los dineros públicos. Si el país hubiera tenido ese dinero, por supuesto que hubiéramos atendido con creces todo lo que la oposición y las delegaciones que nos visitaron nos pidieron en la comisión.

Lamentablemente –y vuelvo al principio de mi exposición– tenemos que ser realistas, lo que hay es lo que tenemos que administrar y no lo que se quiere. Acá no podemos hablar de espacios fiscales a futuro que nos permitan comprometer gastos inelásticos que después no se puedan bajar, porque cuando esos espacios fiscales no se dan quedan las situaciones que se están dando de gastos totalmente fuera de alcance que generan el déficit fiscal al que hemos asistido y que solo se cubre con deuda pública.

No voy a ahondar en el articulado, voy a esperar el momento para hablar de algunos de ellos y de los más importantes, aunque muchos ya fueron mencionados por los señores senadores Gandini y Lanz. Creo que está claro que este presupuesto atiende varias áreas del quehacer nacional y lo hace con seriedad, apuntando a una reactivación que, una vez superada esta pandemia –que nos vino de yapa y que se sumó a todo el desastre en el cual se encontraba el país a principios de año–, de la mano de este presupuesto, se pueda transformar en realidad.

Muchas gracias.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Señora presidenta: voy a pasar algunos gráficos del futuro, que son los que nos importan ahora; no voy a presentar ningún gráfico de los últimos quince años, aun cuando discrepe radicalmente con el relato que hizo el miembro informante.

Voy a plantear siete puntos. Al primero de ellos, lo titulé: «Socialización de pérdidas y privatización de ganancias», porque este es un proyecto de ley de presupuesto que, claramente, está pensado para una muy pequeña parte de la sociedad. Ya dijimos, cuando se discutió la Ley de Urgente Consideración o cuando opinamos sobre la política macroeconómica concentradora, que esta estrategia –como veremos más adelante– expande el dólar y reduce los salarios, y cree en un concepto de competitividad que la academia denomina «competitividad espuria», porque entiende que con la dupla devaluación-rebaja salarial se va a lograr mejorar la competitividad.

Uruguay ya vivió muchas veces esto. Es una estrategia eficiente; asumo que lo es porque recupera la competitividad, pero con dos problemas: es de corto alcance y tiene un gran costo social. No queremos recuperar la competitividad y el crecimiento de la economía sin cambios estructurales en innovación y productividad. Otros compañeros de bancada se referirán al gasto en ciencia y tecnología, quedando claro que la estrategia está basada en la dupla salarios-devaluación y nada en la inversión en productividad.

Si los señores senadores observan el gráfico uno, verán: 50 % de aumento del dólar –en el mejor de los casos; voy a volver sobre esto– y 34 % de aumento salarial, si es que al final del quinquenio se le devuelve la inflación completa, ya que la situación puede llegar a ser peor. Por lo tanto, no hay duda de que este es un proyecto macroeconómico que piensa en empujar el crecimiento a expensas del salario.

Acá hay un fundamento teórico que se discutió muchas veces. Esto es lo que nos dice la economía formal neoclásica que luego se consolidó en lo que algunos denominaron el Consenso de Washington, de 1989, que decía que el crecimiento de los sectores líderes –se ve que no había vuelta ciclista en esos lugares porque no hablaban de «malla oro»– luego derrama en el resto de la sociedad. Sobre esta tesis, quiero decir dos cosas importantes. En primer lugar, en el proyecto no está el derrame, porque si los señores senadores observan el gráfico dos, verán que arriba está la riqueza y abajo, la masa salarial. Como decimos los economistas, PxQ, salario por empleo. Es decir que no es solo salario.

Entonces, lo primero que nos dice –razón por la cual denominé a este punto: socializar las pérdidas– es que, al principio, pierden más los trabajadores que el resto. Pero si los señores senadores miran el gráfico, la diferencia entre las curvas se ensancha en lugar de achicarse cuando el PBI crece. Es decir que no hay una recuperación, no hay un derrame porque, de lo contrario, la gráfica se tendría que achicar, ya sea por el salario o por el empleo. Además de que no hay derrame, no compartimos esta teoría porque está claro que el derrame nunca llega.

Entonces, ¿por qué el equipo económico prevé que al final del quinquenio la economía va a ser 12 % más rica y los trabajadores van a ser 0 % más ricos, y si les contamos el empleo, 4 % más ricos? Vale la pena preguntarse quién se lleva la diferencia: doce contra cuatro. Alguien se lleva la diferencia. Yo no sé quién. Ya lo veremos.

Creo que se asume que la concentración de la riqueza es buena para la economía; es buena para hacer despegar la economía y con eso se plantea esto, pero no se envía a la etapa posterior. Ese es mi primer punto: socializar pérdidas y privatizar ganancias.

El segundo punto lo he llamado: «Hasta sucumbir los trabajadores públicos». ¿Por qué? Porque está claro que el ajuste principal lo hacen ellos.

El señor senador Carrera lo dijo con mucha claridad, pero hay por lo menos siete puntos del presupuesto –que no son los originales– que afirman esto. En primer lugar, lo que está acá es el ajuste salarial. Los trabajadores, el 31 de diciembre de 2020, van a cerrar su poder de compra con un 4,5 % de aumento que, obviamente, se lo darán el 1.º de enero de 2021 y luego no tendrán más hasta enero de 2022. Es decir que toda la inflación de 2021 –estimada por el Gobierno en 6,9 %– va a ser pérdida. Quiero señalar –porque siempre es bueno tener algún dato histórico– que en los últimos cincuenta años solo seis veces la pérdida salarial de un año superó el 7 %: el máximo histórico se registró en 1972 con un 17 % y luego se dio en 1977, 1983, 1990, 2002 y 2003. Solo en esos seis años, reitero, hubo una caída y la gráfica muestra claramente que mientras en dos años la inflación va a llegar al 17 % el salario va a tener solo el 5 % de 2020 y el 4,5 % de 2021, es decir, 9,5 %. Digo el 5 % de 2020 porque no cuento el correctivo, pero ese es un dato técnico que no vale la pena profundizar.

En segundo término, el siguiente gráfico muestra que sigue acumulando pérdida aunque, en el mejor de los mundos, en 2022 se empiece a recuperar un poco de lo perdido en 2021, y acá asumí que le iban a dar un tercio de la pérdida en cada uno de los tres años. Fui bondadoso porque esto hasta ahora todavía no está, pero algunos senadores de la coalición han expresado que se está trabajando en este punto. Aun así, todo ese triangulito que se puede observar allí –así se le llama en nuestra jerga– es pérdida acumulada año a año todos los años. Como hemos dicho reiteradas veces, en 2024 solo volvemos al punto inicial, pero lo perdido, perdido está. Será menos papa, menos boniato, menos garrafas de supergás, menos agua, etcétera.

En tercer lugar, hasta hoy –porque se suponía que se iban a traer propuestas–, como señaló el señor senador Carrera, el índice medio de salarios del Gobierno central no garantiza que se recupere la inflación completa de 2021; no hay forma.

En cuarto término, los gatillos son insuficientes y no garantizan la disparada inflacionaria, pero no solo es un problema de salario –porque es PxQ, como dije–, porque se va a aplicar la normativa del Decreto n.º 90/2020 en el que las vacantes se reponen tres por una, salvo los cargos operativos de educación, salud y vivienda y los contratos de servicios personales. Todos los que estamos acá lo vivimos, cuando recibimos a las delegaciones del Programa de Mejoramiento de Barrios y del Programa de Primera Infancia del INAU, entre otras, diciendo que se les había aplicado una baja de 40 % de contratos porque solo se pueden renovar 60 %.

En quinto lugar, se reduce el subsidio por enfermedad y sobre esto tampoco tenemos la última palabra, pero hasta ahora se reduce y castiga al funcionario cuando está enfermo; pagan justos por pecadores porque no supimos –todos los que tuvimos que ver con el control de las enfermedades de los funcionarios– controlar bien. De todos modos, no pueden pagar justos por pecadores.

En sexto término, plantean un sistema de excedencias y restructuras discrecionales y su objetivo claro es reducir el número de trabajadores públicos.

El tercer punto, lo titulé: «A los trabajadores de hoy lo acompañan los trabajadores del ayer en su suerte». Como dice el proyecto de ley de presupuesto –lo señaló con claridad el señor senador Carrera– los salarios públicos pasarán del 5,5 % del PBI al 4,9 % y las jubilaciones del 10,4 % al 9,9 %; o sea, entre los dos explican la mitad del ajuste. El señor senador Carrera agregó otros elementos para llegar a los tres cuartos y podríamos agregar la inversión pública que tiene un fuerte efecto sobre el empleo y tendríamos casi el 90 % del ajuste; no nos queda nada. Las gorduras de las que tanto se habló en la campaña electoral con los USD 900:000.000, parece que eran flacuras.

Solo quiero dar un dato. Si nosotros mantuviéramos al final del quinquenio la participación de los salarios en 5,5 % del PBI, es decir, si diéramos a los trabajadores públicos la misma participación, serían USD 346:000.000 más o, dicho de otra manera, USD 100 más por mes y por trabajador público que dejarán de cobrar en el 2024, obviamente, más los que dejarán de cobrar en el 2022 y en el 2023, como muestran los triangulitos.

La baja de los salarios, de las jubilaciones y de las inversiones tiene efectos sobre el empleo, tiene efectos sobre el mercado interno y tiene efectos sobre las pequeñas y medianas empresas que venden en los mercados internos. Lo decía también el senador Carrera cuando hablaba de la inconsistencia de que crezca el consumo y que no crezcan las principales vertientes del consumo, que son los trabajadores asalariados y los jubilados.

Pero esto vuelve a estar claro: no se cree en las políticas activas de empleo, ¡no hay una política activa de empleo! De hecho, con la pandemia, el mayor gasto estuvo en las políticas pasivas de empleo, es decir, en proteger a los trabajadores, pero la única política activa fue dar
$ 5000 a las empresas para que retomen a un trabajador del seguro de paro y ahora se ve en las empresas turísticas con los $ 8000. ¡Es la única política activa! No se cree en las políticas activas, se cree en el derrame y esa es la base de este razonamiento.

El cuarto punto es menos recursos para las políticas sociales universales. Como el senador Carrera dio bastantes detalles al respecto, no me quiero concentrar solamente en la comparación 2019-2021 –él fue muy claro en la pérdida–, sino en 2024. ¿Cómo van a terminar las políticas universales? Cuando lleguemos a los incisos en los que hay políticas focalizadas, podremos hablar de ellas.

Entonces –es en el único lugar donde puse un dato de 2004 para compararlo con el 2019; es mi única gráfica que tiene una referencia al pasado; ¡la única!–, en el 2004, la ANEP, la Udelar, ASSE y el Fonavi –Fondo Nacional de Vivienda– representan el 90 % de las políticas públicas universales. De todas formas, las políticas focalizadas no representan más del 0,7 % del PBI y, por lo tanto, no influyen. Como vemos, todas caen en relación con el producto bruto interno. O sea que otra vez caen en el 2020 y podrían hacerlo en el 2021. Incluso, en el 2020, en términos de producto, pueden crecer –como dijo el senador informante– porque el numerador cae menos que el denominador –puede llegar a ocurrir este fenómeno; cuando tengamos los resultados a finales de 2020 lo sabremos–, pero cuando la economía vuelve al crecimiento, no se recupera. Fíjense que, sumando a las cuatro, pasan de 6,95 a 5,72 del PBI. O sea, más de un punto del producto pierden acumulado. La relación entre el gasto social y el PBI es la medida universal para medirla. No estamos innovando nada; en el mundo la Unesco establece que la educación tiene que ser el 6 % del PBI; la OMS establece que la salud pública tiene que ser el 6 % del PBI y, en vivienda, se habla del 1 % del PBI. Todo esto suma cerca de 13 % o 14 %, pero vamos a terminar en 5,72 %. En lugar de seguir creciendo para llegar a las metas, iremos bajando. Esto lo muestra claramente el gráfico que está aquí. Repito, la ANEP, la Udelar, el Fonavi y ASSE pierden participación en la riqueza, pierden prioridad. En el 2021 la pierden rápidamente y, cuando la economía se recupera, no la acompañan. Y sí se visualiza un recorte que, normalmente, cuando se concentra en políticas sociales, no es bueno, más aún en la pospandemia. La pandemia tiene un componente inmediato –el senador Carrera ya lo dijo con mucha claridad–; hoy sale el informe de octubre, porque se conoce el 30 de cada mes. Por lo tanto, mañana ya vamos a conocer el gasto de octubre y vamos a saber si es un poquito más que el 0,8 % del PBI al que se refería el senador Carrera –capaz que es un poquito más, capaz que es 0,83 %–, pero esto no le importa al presupuesto, porque este es un gasto de 2020, se está gastando ahora y hay que hacer el esfuerzo ahora. ¿Pero alguien cree que en el 2021 o 2022, por lo menos, no va a haber efectos estructurales de la salida de la pandemia? Lo que importa no son solamente los efectos de la pandemia, sino cómo la transitamos y si lo hacemos con muy escasa protección social, en 2021 y 2022 habrá que recuperar algo de eso.

Entonces, los USD 400:000.000, que es el 0,8 % del PBI que se están invirtiendo, ¿volverán en 2022? En el presupuesto no están. ¿Volverán? No sabemos. El presidente de ASSE dijo que la pandemia le había costado $ 800:000.000 y que le habían dicho que lo gastara de su plata que después se lo retornaban. Bueno, veremos si se los retornan y veremos si en 2021 vuelven a estar los $ 800:000.000. Cuando lleguemos al inciso voy a tratar este tema porque entiendo que ASSE y el Fonavi son los grandes perjudicados en este presupuesto.

El quinto punto es el siguiente. Al final del camino, el Estado será más chico. De eso no hay duda: 30,5 % del PBI de gasto primario contra 28,1 % del PBI de gasto primario, no hay duda; es más chico. Pero me dediqué a calcular cuánto más chico es. ¿Cuánto más chico va a ser el Estado? Por eso hice ese cuadrito que vemos, el cual incluye una cosa que metodológicamente es muy rigurosa y que dice que el Gobierno proyectó los PBI en dólares de los cinco años. A esto le apliqué, a los cinco años, el 30,5 % –o sea, como que no perdiera participación– y lo resté a lo que efectivamente nos dice el proyecto de presupuesto, y la diferencia es lo que se pierde. Miren al final, estamos hablando de USD 1.383:000.000 menos en 2024, producto de la menor participación del Estado. Sumado da como tres mil y pico –no hice la cuenta–, pero sumado en el acumulado da bastante más.

Al sexto punto le llamé –para tomar algo que también dijo el senador Carrera– «De mal en peor». ¿Por qué? Porque creo que hay un segundo ajuste en este quinquenio y ese ajuste no lo vamos a discutir. Así como estamos discutiendo este primer ajuste fiscal, el segundo no lo vamos a discutir porque es la aplicación de los artículos 6.º y 7.º. Para recordar, el artículo 7.º dice que si se cumple una cantidad de cosas horribles, digamos, en particular, el artículo 208 de la LUC –que nosotros votamos en contra obviamente–, que fija un resultado fiscal estructural –preguntamos varias veces cómo se calculaba y cómo se medía el crecimiento potencial a lo que no tuvimos respuesta–, se habilita a que se ejecute por debajo del tope. Y el artículo 6.º dice –con las mismas razones– que si surgen todos estos problemas, se puede no ajustar por la inflación completa al año siguiente.

Entonces, está claro que el resultado fiscal estructural es difícil que se cumpla, digamos, en los primeros dos años –puede cumplirse después– y, por lo tanto, los artículos 6.º y 7.º se van a aplicar. Ambos tienen excepciones. El artículo 7.º exceptúa a la ANEP, a la Udelar, al Tribunal de Cuentas, al Poder Judicial y a la UTEC. El artículo 6.º exceptúa lo relativo a la vivienda porque la inversión en ese punto tiene un ajuste preestablecido.

Por tanto, ¿qué hice? Un cuadrito en donde asumí dos cosas. Que se iba a ejecutar un 10 % por debajo del tope, lo cual es una estimación bondadosa porque en el Decreto n.º 90/2020 es el 15 % –pero asumí que era el 10 %– y, además, que no se ajustarán por inflación las partidas ni los medicamentos, ni la Tarjeta Uruguay Social, ni la asignación familiar, lo cual es terrible. Hice unos cálculos tomando los rubros que integran los gastos de funcionamiento e inversiones, resté las excepciones en los dos casos y, como se ve allí, me dio USD 524:000.000. Son USD 360:000.000 por no ajuste y USD 164:000.000 por el tope del 10 %. Si fuera el 15 %, obviamente, es una regla de tres que aumenta proporcionalmente. Así que podemos llegar al final de 2024, no con el ajuste que estamos votando hoy, sino con USD 1.383:000.000 más USD 524:000.000, es decir, USD 1.900:000.000 menos. Hay rendiciones de cuentas –por lo que eso podría aumentar–, pero me refiero a lo que hoy es previsible entre los dos ajustes fiscales, es decir, entre el primero, parlamentario, y el segundo, del Poder Ejecutivo.

Y quiero decir, antes de pasar al último punto, que a nosotros sí nos importa el tamaño del Estado. Creemos que es totalmente fuera de lugar –reitero: ¡totalmente fuera de lugar!– discutir tamaño y eficiencia; no hay Estado eficiente chico. Puede haber Estado grande y no eficiente, eso sí –claro, obvio–; Nueva Zelanda, como mencionaron por allí, no es muy chico y Chile –otro ejemplo– no es nada chico y tiene el 50 % de las exportaciones estatales.

Hay evidencia empírica de esto, fíjense los señores senadores en este gráfico. En materia de desigualdad no somos tan diferentes con el mundo desarrollado. La primera parte de la gráfica muestra el índice de Gini del mundo desarrollado y América Latina y vemos que son casi iguales; somos, sí, un poquito más desiguales, pero no tanto.

La segunda parte muestra el índice de Gini posimpuestos y transferencias, es decir, después de que la gente paga impuestos y de que el Estado, vía especie o dinero, transfiere. Esto también pasa entre los países desarrollados: Bélgica y Estados Unidos, por ejemplo, tienen el mismo índice de Gini preimpuestos, pero Bélgica le saca quince puntos después de los impuestos. O sea que esto es una regla, es una norma, es una ley, no hay forma de salvarlo. Con un Estado chico esto no sucede y ¡ojo! porque Uruguay, que en América Latina está en el promedio alto, tiene un índice de Gini preimpuestos de 0,49 y posimpuestos de 0,38, o sea que, efectivamente –vuelvo a los quince años, por segunda vez, nada más, en estos largos ratos–, la política pública mejoró once puntos el índice de Gini.

El último punto al que me quiero referir antes de terminar –ya no hay más gráficos–, es que no todos pierden. O sea que acá hay ganadores y perdedores, no todos pierden. Esto de que «no todos pierden» hay que mirarlo desde dos perspectivas: la de los incisos y la de los sectores sociales que son beneficiados.

De los incisos me gusta hacer una referencia: claramente el Ministerio de Defensa Nacional aumenta su participación en el presupuesto nacional. Según los datos entregados en el anexo presupuestal, sube más o menos 0,77 % su participación en el presupuesto respecto a lo ejecutado por nosotros en el 2019 con lo que es el crédito asignado –porque ahí no podemos hablar de lo ejecutado– en el 2024 como porcentaje del gasto de la Administración central y los organismos del artículo 220 de la Constitución –es algo así como que pasa de 7,10 % a
7,87 %, lo que nos daría ese 0,77 %– y, en plata, hablamos de $ 1.300:000.000 más en el 2021 respecto a lo ejecutado por nosotros en el 2019.

Además, hay algunas otras medidas –por lo menos cinco– que quiero comentar en esto de que no todos pierden.

La primera tiene que ver con el artículo 685, por el que se reduce la carga tributaria a los grandes productores rurales por el patrimonio rural. Aclaro que digo «grandes», porque el patrimonio de explotaciones agropecuarias tiene un mínimo no imponible de 12:000.000 de unidades indexadas –alrededor de USD 1:500.000– y, por lo tanto, los que pagan ese impuesto son, digamos, los grandes productores o propietarios.

En la reforma tributaria de 2008 se generó un índice para revaluar esto y el equipo económico dijo que eso no era bueno porque el valor catastral se ubicaba por encima de ese índice, por lo que había que volver al valor de catastro. Hasta ahí, todo parece técnicamente razonable, pero ¿qué establece el artículo? Deja el índice de revaluación y deja el valor de catastro y se paga por el menor de los dos. ¡Esto está mal! ¡En técnica tributaria es un horror! O sea, al que lo perjudica se lo beneficia y al que lo beneficiaba, se le deja el beneficio.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OLESKER.- No; prefiero terminar, porque me falta muy poquito. Disculpe, señor senador.

El segundo punto tiene que ver con el artículo 678. Recuerdo que en 2017 el Frente Amplio impulsó una norma que determinaba que el impuesto a la renta empresarial podía descontar pérdidas de ejercicios anteriores hasta el 50 % de la renta neta. Eso es algo razonable porque, si no, se crea una especie de movimiento semiespeculativo con las pérdidas y las ganancias. Bueno, ese artículo se derogó y ahora se puede deducir pérdidas por un 100 %. O sea, al derogarse el 50 %, era obvio que se podía anular todo.

(Ocupa la presidencia la señora Gloria Rodríguez).

–También nos preocupa el artículo 441 –vamos a volver sobre este tema cuando analicemos el inciso relativo a la vivienda–, por el que se crean mecanismos de financiamiento mixto con una fuerte incorporación del capital inmobiliario privado –y su tasa de ganancia, obviamente– en la construcción de vivienda pública. Se reduce, pasando de 100 % a 30 %, el subsidio que puede tener una persona si accede a esos planes. Cuando dijimos que el subsidio se reducía, se nos dijo: «No, no; es solo para ese programa».

Está bien; eso es verdad, pero si uno mira los planillados presupuestales advertirá que ese programa, para el 2022, 2023 y 2024, significa más de la mitad de la inversión en vivienda nueva; por lo tanto, es obvio que algunos sectores claramente van a estar restringidos por este artículo. A su vez, los que conocemos y estamos en el tema de la vivienda sabemos que hay una enorme cantidad de gente que utiliza el subsidio en un 100 % –obviamente, es transitorio– durante el período que se queda sin trabajo, etcétera.

El cuarto, dentro de los ganadores, es el artículo 436, que quizás en el debate de la comisión pasó un poco desapercibido. Lo he dicho muchas veces, pero me gustaría reiterar que este artículo deroga una norma de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible que prohibía la urbanización de propiedad horizontal –dicho en lenguaje sencillo: barrios privados– y ponía el límite en 20.000 metros cuadrados. Eso ahora se elimina y, claramente, se amplía el área de acción del capital inmobiliario. Esto no hay que verlo solo, sino en relación con el punto anterior, relativo al fideicomiso, y también con el punto de marzo, esto es, con el tope promovido por la ley de vivienda por el que el constructor estaba obligado a vender a un precio límite uno de cada diez apartamentos que construía, lo que se eliminó. El tope era de veinticinco; hubo presiones para bajarlo a diez y ahora quedó en cero; no hay tope y, por lo tanto, todos se van a vender a los precios que el constructor establezca.

El último punto –del que hablaremos más profundamente cuando ingresemos en el inciso correspondiente al Ministerio de Industria, Energía y Minería– tiene que ver con que los artículos 298 y 296, relativos al uso de infraestructura de Ancap y la desmonopolización en puertos y aeropuertos, abren el camino a un cambio radical y estructural en la empresa pública. No digo que lo abran a la desmonopolización –eso lo iremos viendo y analizando–, pero, claramente, generan un cambio estructural en el rol de la empresa pública.

En síntesis, obviamente, vamos a votar en forma negativa este proyecto de ley de presupuesto porque sustenta su base en dos cosas que quiero resumir: ajusta en la clase trabajadora e introduce la lógica mercantil en los servicios públicos, sociales y productivos.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OLESKER.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Puede interrumpir el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: en verdad, es un desafío intelectual discutir con un economista de larga data que está, quizás, en las antípodas del pensamiento económico pero cuya opinión respeto mucho.

Naturalmente, hay ciudadanos que creen que el crecimiento económico se da a partir del Estado, mientras otros entendemos que es a pesar del Estado y, mucho más, a pesar del Estado frentista –reitero: mucho más a pesar del Estado frentista–, porque ha quedado claramente comprobado que cada inversión que realizó fue mala y cara. Por supuesto que en ese sentido tenemos una diferencia filosófica firme con el senador preopinante.

El Estado frentista generó un 10,2 % de desempleo; y regala a este Gobierno, en su primer trimestre, una caída de 1,6 % del producto bruto interno. Gran parte de esta caída –o parte de ella– es por la pandemia y otra parte por la herencia frenteamplista. El señor senador Olesker y su contemporáneo, el señor senador Astori, han sido especialistas en darnos cátedra de economía, pero la realidad les cambió el discurso. La realidad, señora presidenta, es que el Estado frentista, los que nos dan clases en las gráficas, habían dicho que el año pasado iba a terminar con un déficit de 2,5 % del producto, sin pandemia, y la realidad es que termina con más del 5 %.

(Suena el timbre indicador del tiempo).

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Finalizó su tiempo, señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Ya termino, señora presidenta.

Sobre el artículo 685 creo que vamos a dar un precioso debate –imagino que muchos van a querer debatir– sobre la justicia de las 250.000 hectáreas de UPM.

Gracias.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Tenemos por delante un proyecto de ley de presupuesto, una ley trascendental para todo Gobierno, que nosotros no vamos a acompañar en general. Y no la vamos a acompañar, en primer lugar, porque matriza una concepción político-ideológica, sobre todo referida al rol que debe tener el Estado, que no compartimos; en segundo término, porque es técnicamente inconsistente; en tercer lugar, porque ignora el contexto de pandemia que estamos viviendo; en cuarto lugar, porque plantea montos inciertos para la ejecución presupuestal; en quinto lugar, porque presenta poco apego a la transparencia y al debate profundo y, en sexto lugar, porque es políticamente incumplidora.

Voy a argumentar estos seis puntos.

En primer término, como algunos de mis compañeros ya dijeron, tenemos una visión del rol del Estado diferente de la que se plantea y que con absoluta claridad el señor senador preopinante expresó: ellos ven al Estado como una carga; ellos ven al Estado como un lastre para el sector privado, para el mercado. Siempre hemos pensado que esa es una falacia de falsa oposición, como decía Vaz Ferreira, que no se verifica la idea de que si se retira el Estado mejora el mercado y el sector privado ni se verifica la idea de que si el Estado es más potente, los mercados funcionan peor. Todo lo contrario, uno ve países en donde funcionan de manera más profunda los mercados y con más potencia el sector privado cuando hay Estados también más potentes y con más capacidades. Acá se plantea automáticamente la idea de que el Estado es solo gasto, que el Estado es solo carga, que el Estado es solo lastre. Por eso no se razona en términos de que atrás del gasto del Estado hay políticas, hay políticas que han tenido resultados. Toda política es mejorable, todos los resultados son mejorables, pero sin Estado no hay políticas. Por lo tanto, se está viendo el problema con un solo ojo, el del gasto, sin entender que atrás del gasto hay políticas. Se lo ve esencialmente como algo que se sintetiza en el tema de la deuda, y me parece bien que todos estemos preocupados por la deuda. Cuando el Frente Amplio asumió el Gobierno en 2005, la deuda bruta y la deuda neta estaban entre 30 y 35 puntos porcentuales del producto más altas de lo que las dejó el Frente Amplio el año pasado. Por lo tanto, las cátedras sobre endeudamiento y preocupación sobre el tema de la carga para las futuras generaciones, a veces hay que hacerlas con más cautela, porque para eso debería haberse mostrado otra conducta y otros resultados en esta materia. El Frente Amplio recibió un país con una deuda bruta del entorno del 100 % del producto bruto interno, con una deuda neta cercana al 80 % del mismo. Por lo tanto, seguramente todos tendremos que evaluar y analizar con mayor autocrítica de la que se ve en este recinto, los temas de cómo manejar las cuentas públicas.

Decíamos que estamos ante una formulación presupuestal inconsistente desde el punto de vista técnico, para empezar, por la formulación del contexto macroeconómico. En la exposición de motivos se muestra que, según el Gobierno, este año vamos a caer un 3,5 %. Hoy no hay analista privado –porque se han ido corrigiendo esas cifras y el Gobierno no ha ido actualizando su visión en estos últimos tres meses, a pesar de lo que está ocurriendo en el mundo y en la región– ni organismo multilateral que no ubiquen la caída del producto de este año en 4,2, en 4,3 o en 5 %.

Además, el Gobierno plantea que ya el año que viene creceremos de manera tal que vamos a compensar la caída de este año y, encima, vamos a ir más allá. O sea que el 2021 tendría niveles de producto superiores a los de 2019, según lo planteado por el Gobierno, y eso tampoco es convalidado por ningún analista privado, por ningún organismo multilateral que haga proyecciones al respecto. No hay nadie que plantee que el producto del 2021 supere al de 2019. Entonces, uno se pregunta cuáles son las razones por las que el Gobierno se plantea ya no solo una caída menor este año, sino, sobre todo, un rebote tan fuerte el año que viene.

En las proyecciones que figuran en la exposición de motivos se ve que el consumo interno va a crecer mucho más de lo que cayó este año. También vamos a estar por encima de lo que se consumía en 2019. Uno se pregunta cuál es la razón por la que la demanda interna va a crecer y va a estar por encima de la de 2019, cuando está claro que los salarios están cayendo. Costó que el Gobierno lo reconociera, pero, finalmente, ha reconocido que va a haber caída salarial en todos estos años, tanto en el sector privado –por las pautas que se manejaron– como, claramente, en el sector público a partir del artículo 4.º del proyecto que se plantea.

Va a haber rebaja salarial. Atrás de la rebaja salarial sabemos que viene la rebaja de pasividades, por la forma de ajuste. Va a haber recorte en el gasto público, como también se plantea prácticamente en todos los rubros del presupuesto. Entonces, con menos salario, con menos masa salarial –como recién mostraba nuestro colega, el señor senador Olesker–, con menos pasividades, con menos gasto público, ¿cómo se va a financiar una mayor demanda interna? No se explica.

¿Qué otro elemento hay? Lo que vemos también es un salto enorme en las exportaciones que llamamos «netas», es decir, la diferencia entre las exportaciones de bienes y servicios y las importaciones de bienes y servicios. Aparentemente, se va a generar un superávit enorme de la cuenta corriente. ¿Basado en qué? Otra vez volvemos a preguntarnos cuál es la razón por la cual vamos a tener cifras de crecimiento de exportaciones enormes y un superávit de cuenta corriente en la balanza de pagos de 4,8 % del producto.

En el 2002, cuando estábamos en plena crisis, hubo un superávit comercial muy grande y apenas superó el 3 %. Pues parece que el año que viene, en una economía que no va a estar cayendo, sino creciendo fuerte, según el Gobierno, vamos a tener exportaciones netas con un superávit de 4,8 %. Es absolutamente inexplicable.

Las exportaciones van a subir en las tasas que se plantean –enormes también y que no se verifican en la historia reciente del país–, ¿con base en qué? ¡En un mundo que es absolutamente incierto! No tenemos ni idea; como bien decía, incluso, el señor senador Da Silva, tenemos un mundo de pura incertidumbre: no sabemos cómo van a ser los flujos comerciales, no sabemos cómo van a ser los flujos financieros.

Sabemos que los flujos turísticos están muy comprometidos este año y el año que viene. ¿Cuál es la fuente de ese crecimiento de las exportaciones? ¿Serán los precios? Tampoco, porque el propio equipo económico mostró que va a haber una leve suba de los precios de los alimentos y un incremento mayor del petróleo, que es lo que nosotros compramos.

¿Será, quizás, que se corrige lo que tantas veces hemos escuchado en todos estos años, ese 25 % o 30 % de atraso cambiario, de desajuste cambiario y eso, a su vez, corregirá el marco externo? Pues, cuando uno ve las proyecciones en la exposición de motivos, advierte que no hay ninguna corrección cambiaria de acá a 2024. Quiere decir que la inflación y la devaluación corren parejitas durante todos estos años, así que no hay razón para entender por qué va a haber un salto tan grande en las exportaciones.

Pero, además, se plantea que las importaciones van a crecer poco, para generar ese superávit. De nuevo, si vamos a estar realmente en una economía en crecimiento, porque se plantea crecer casi un 12 % en los próximos años, ¿por qué las importaciones no van a crecer también, si uno importa bienes de capital e insumos? Y si el consumo doméstico va a crecer tanto, también lo harán las importaciones de bienes de consumo. Por lo tanto, no hay consistencia en el enfoque acerca de por qué lado vienen las fuentes de crecimiento de la economía que soportan esta formulación presupuestal.

Un tercer punto es que esta formulación presupuestal ignora el contexto de pandemia. No hay un solo artículo, de los 771 que tenemos sobre la mesa, que tome claramente en consideración el marco de la pandemia.

En materia de salud, sabemos que el año próximo habrá cien mil compatriotas que pasarán a atenderse en la salud pública –ya han pasado ochenta y cinco mil– y, sin embargo, lejos de haber un incremento de recursos para ASSE y la salud pública, lo que hay es un recorte. Como decía el señor senador Olesker, no vemos que se planteen los recursos que este año se estarían gastando en base a la pandemia, ya sea por seguros de paro, por exoneraciones tributarias o por algún apoyo a los sectores vulnerables.

Cuando el Frente Amplio presentó en la comisión un aditivo para reforzar el presupuesto del Mides a fin de financiar ollas populares, la coalición de gobierno lo votó en contra. Sin embargo, lo que se planteaba era muy modesto; no llegaba a USD 2:000.000 en 2021 y en 2022. O sea que ni siquiera se dio esa señal –porque menos de USD 2:000.000 no son más que una señal– para de alguna manera marcar que esta es una formulación presupuestal que toma en cuenta el escenario de pandemia. Lo mismo ocurre con la reactivación económica en el marco de la salida de la pandemia: sabemos que la inversión en infraestructura pública es fundamental para la generación de empleo y para ayudar a la reactivación, pero ahí también hay recorte de recursos.

El cuarto punto refiere a los montos inciertos que se votarían en este proyecto de ley de presupuesto. En primer lugar, vuelvo al tema de las inconsistencias en la formulación técnica del presupuesto, porque en la exposición de motivos se habla de metas indicativas del déficit fiscal –reitero, metas indicativas del déficit fiscal–, no de una regla fiscal. Volvemos a decir lo mismo que expresamos cuando se discutió la Ley de Urgente Consideración: acá no hay una regla fiscal, simplemente hay metas indicativas –luego voy a detenerme en eso– que, dicho sea de paso, no sabemos de dónde salen.

El señor senador que planteaba el informe en mayoría hablaba de que se reglamentaba la regla fiscal. Señora presidenta: de los 771 artículos que tenemos sobre la mesa, ¿cuál refiere a una reglamentación de la regla fiscal? ¡Ninguno! Porque no hay una regla fiscal. Sin embargo, sí hay inconsistencia entre los montos presupuestales y la meta indicativa. Como dijimos en la comisión en varias oportunidades, si se ejecutaran los montos presupuestales que están planteados en este proyecto de ley, el déficit fiscal para el año que viene sería casi el doble del que se prevé en la meta indicativa. Aun dando por buenos todos los supuestos de crecimiento y demás cuestiones que se expresan en la exposición de motivos del Gobierno, no hay una conciliación entre el presupuesto que se estaría aprobando y las metas fiscales. O sea, con su propia información, la inconsistencia es enorme. Hemos preguntado varias veces sobre esa conciliación y nunca obtuvimos respuesta, lo que no hace más que –discúlpennos– confirmar la sospecha de que hay una enorme inconsistencia. La formulación del presupuesto ya es un recorte, un ajuste de por sí; no solo es el primer ajuste fiscal –como decía el señor senador Olesker–, sino que incluso implica que se incumpla drásticamente la meta fiscal que tiene el Gobierno.

Cuando planteamos esto en comisión, un legislador nos dijo: «Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Recortar más?». Nuestra propuesta no es recortar más; será la que plantea el Gobierno, a partir de los artículos 6.° y 7.°. Nuestra propuesta es que, dada la pandemia, no es el momento adecuado para hacer un ajuste fiscal, como no lo hace ningún país en el mundo.

El señor senador Carrera mencionó que el Fondo Monetario Internacional está diciendo que este año, a nivel global, los déficits fiscales van a aumentar en nueve puntos y la deuda promedio va a rondar el cien por ciento de los productos brutos. Uruguay está bastante lejos en ambas cuestiones, pero en todo caso, esa no es nuestra visión. Nosotros entendemos que habría que volcar algo más de recursos a los sectores más vulnerables, porque el grueso de lo que se está implementando por el Fondo Solidario COVID-19 se resume en seguros de paro para los trabajadores formales y en exoneraciones tributarias para empresas. Es bastante menor el monto que se vuelca para la asistencia directa a los sectores más vulnerables.

Decíamos que esa inconsistencia de los montos presupuestales con las metas indicativas también nos hace sospechar que va a existir un segundo ajuste fiscal –lo mencionaba el señor senador Olesker– por la vía del artículo 6.°, que habilita al Poder Ejecutivo a no ajustar las partidas presupuestales por inflación, con lo cual seguramente seguiremos teniendo una reducción real de los montos presupuestales en muchísimos incisos. Y no podemos olvidar la aplicación del artículo 7.°, que establece que el Poder Ejecutivo también tendrá la facultad de fijar los topes presupuestales.

O sea que este presupuesto no solo es de recorte, sino que además da al Poder Ejecutivo otra tijera para seguir recortando, con un problema que hace a la transparencia y al debate democrático, ya que ese segundo recorte no se va a hacer en función de lo que se discuta en el Parlamento, sino en base a la pura discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

El senador que hizo el informe en mayoría planteaba que en el presupuesto nacional 2005-2009 hubo un artículo similar sobre topes. Increíblemente, parece que para algunos la situación de 2002 era mucho más saludable que la que estamos viviendo hoy, porque se habla del déficit pero no se mencionan la pobreza, la producción, el marco externo, el empleo y el desempleo ni los niveles de inequidad.

Es cierto que en 2005 hubo un artículo que preveía la posibilidad de topes de ejecución en ese marco, pero hay dos elementos para agregar. En primer lugar, ese artículo nunca se usó; reitero, ¡nunca se usó! En segundo término y entre otras cuestiones, no era previsible que se usara porque había consistencia entre la formulación presupuestal y las metas fiscales, algo que en estos momentos no existe. Ahora, la presunción es que ese recorte por topes sí se va a usar debido a la inconsistencia entre los montos presupuestales y la meta fiscal.

Quiero mencionar más inconsistencias que hacen que los montos sean inciertos. Increíblemente, en la presupuestación de algunos gastos sustanciales que tiene el Estado uruguayo como, por ejemplo, los referidos a la seguridad social y a los intereses de la deuda pública, los montos están congelados por tres años. ¿Alguien puede pensar realmente que esa es una proyección razonable? ¿Alguien puede pensar que en este contexto los intereses de deuda se queden quietos, mucho más los servicios de la seguridad social? La calidad de esa proyección es pésima y está hablando, además, de un gasto público de una proporción enorme, que no depende estrictamente de las decisiones que se puedan tomar en el marco de la ley de presupuesto, porque los derechos de seguridad social hay que cumplirlos y porque el pago de los intereses de deuda también hay que cumplirlos.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–Hay otra inconsistencia que hace que los montos sean inciertos. Es cierto que algunos ministerios presentaron proyectos que vimos con buenos ojos. No todos los ministerios trajeron una visión de lo que van a hacer, pero algunos sí, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Efectivamente, lo hicieron, solo que después no había consistencia entre esos planes y los rubros presupuestales que previó el Gobierno en su formulación. Son lindos planes, pero sin recursos. En algún momento a uno de los ministros le preguntamos de dónde pensaba sacar recursos y, con cara de resignación, nos dijo que ya vería de dónde saldrían. Es otra de las claras inconsistencias que constatamos en la formulación presupuestal, en el marco de un recorte que, reitero, se da en todos los rubros, incluidos los sociales.

Hoy el señor senador que informaba en mayoría decía que el gasto en educación, por ejemplo, era del 5,1 % en 2019 y volvía a ser de 5,1 % en 2021, y eso es definitivamente equivocado. El propio ministro de Educación y Cultura reconoció que en 2021 el gasto en educación va a alcanzar el 4,9 %, mientras que en 2019 fue del 5,3 %. Por lo tanto, no nos embarullemos con números que no son correctos.

SEÑOR COUTINHO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BERGARA.- Cuando termine mi intervención, con mucho gusto se la concederé.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Por favor, señores senadores! ¡Sin dialogados!

Puede continuar el señor senador Bergara.

SEÑOR BERGARA.- Ante la duda, todos podemos remitirnos a la versión taquigráfica de lo que se habló en la comisión.

El quinto punto que queríamos plantear es el poco apego a la transparencia y al debate profundo. Aquí me voy a referir, por supuesto, a la cantidad de pedidos de informes que se hicieron durante los casi tres meses de tratamiento parlamentario de la ley de presupuesto. Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, se pidió información, sobre todo al Ministerio de Economía y Finanzas, en pedidos de informes y en comparecencias, pero nunca recibimos respuesta. Era información fundamental para evaluar la propuesta del presupuesto y para hacer el seguimiento de la ejecución presupuestal, así como para entender en qué se basaban las metas fiscales y en qué se basaba el contexto macroecónomico que sustenta el presupuesto. No hubo transparencia en eso. A su vez, el Frente Amplio presentó múltiples aditivos para mejorar aspectos de la transparencia, que no fueron considerados por el Gobierno.

Queremos dejar en claro que buena parte de la información solicitada para entender esta formulación presupuestal no le fue concedida al Cuerpo legislativo. Es más, estoy seguro de que no me salgo de contexto cuando digo que la ministra de Economía y Finanzas no solo no envió la información, sino que tuvo el tupé de decir que nos decía cómo hacerlo y que lo hiciéramos nosotros o que se lo pidiéramos a nuestros asesores. Eso es una falta de respeto al Cuerpo legislativo y que puede verificarse en la versión taquigráfica. También en el terreno del debate: es difícil debatir contra montos que no se van a cumplir; es difícil debatir contra montos que ya sabemos que van a seguir siendo recortados, ya sea por la vía de no ajustar por inflación o por la de los topes de ejecución.

En cuanto a los temas vinculados a la negociación colectiva, el artículo 4.° sobre salarios no incorpora lo que se dialogó. Por lo dicho en la campaña electoral ya sabíamos que el rol de los consejos de salarios y de la negociación colectiva se iba a debilitar y lo que ocurre en este presupuesto es una confirmación de ese debilitamiento porque lo que se dialogó en el marco de la negociación colectiva no fue recogido en la formulación de los artículos del proyecto.

El hecho de no discutir algunos temas pasó por incluir, en los descuentos del análisis presupuestal, cuando ya no recibíamos más delegaciones, entre gallos y medianoche, un articulito del estilo «si pasa es gol», donde se plantea ni más ni menos que la desmonopolización de Ancap en los aeropuertos. El artículo sobre la desmonopolización en los puertos ya venía en el proyecto remitido por la Cámara de Representantes; el tema estaba sobre la mesa desde el tratamiento del proyecto de Ley de Urgente Consideración, cuando se planteó específicamente un artículo para desmonopolizar los combustibles. Pero justamente, el acuerdo en la LUC fue que ese tema seguiría sobre la mesa, que se iban a hacer estudios y cálculos y que se iba a seguir dialogando. Sin embargo, sin diálogo y sin estudios, ya está sobre la mesa la desmonopolización en los puertos y, reitero, como un aditivo, en los descuentos de la discusión en la comisión, sin posibilidad de convocar a los trabajadores ni a la empresa, se plantea –en un tratamiento parlamentario de diez minutos– la desmonopolización de los combustibles en los aeropuertos.

Por último, decíamos que este era un presupuesto políticamente incumplidor porque cuando se inicia la formulación en la comisión, el Gobierno dice: «Este es el presupuesto que la gente votó». Y yo me atrevo a desafiar ese punto porque esto no es lo que la gente votó. ¿En la campaña electoral se dijo que se iba a recortar el gasto público? ¡Sí! ¿Se dijo que el Estado era una carga para el «malla oro»? ¡Sí! ¿Se dijo que había que recortar Estado? ¡Sí! En eso nos diferenciamos: en la visión política, en la visión ideológica. ¡Sí! Pero cuando se dijo que se iban a recortar USD 900:000.000, nosotros planteamos que no era factible hacerlo sin tocar las políticas sociales. Y la respuesta en campaña fue que las políticas sociales no se iban a recortar, cosa que se está incumpliendo totalmente en este presupuesto, donde hay una cepillada generalizada de todas las políticas sociales que hoy se están llevando adelante por parte del Estado.

A su vez, en la campaña electoral también se planteó el problema de los consejos de salarios. Se dijo que solo debían discutirse salarios, que tenía que debilitarse el debate en los consejos de salarios y no tratar otros temas que claramente estos abordaban. Eso también se cumple en el sentido de que la negociación salarial se ha esencialmente ignorado en la formulación del presupuesto. Pero también en campaña se dijo que eso de ninguna manera iba a significar una reducción de los salarios, y eso también se incumple. ¡Acá los salarios están cayendo! Se dijo que no iban a caer los salarios ni las jubilaciones, cuando en realidad están cayendo los salarios y, atrás de ellos, las jubilaciones.

Hay otros aspectos puntuales que seguramente iremos tocando a medida que avancemos en el análisis del articulado, pero que quiero simbolizar en la formulación de que se iban a construir 50.000 nuevas viviendas con este Gobierno. Y ahora resulta que parece que eso había sido dicho medio como al pasar; no era un compromiso de campaña. Lo que el presupuesto asigna alcanza aproximadamente para la mitad, inclusive tomando en cuenta que casi un 50 % de esa cifra corresponde a viviendas iniciadas en el Gobierno anterior.

Por lo tanto, para ir sintetizando: vamos a votar en contra en general este proyecto de ley de presupuesto porque no compartimos el enfoque del rol del Estado desde el punto de vista político-ideológico, porque es técnicamente inconsistente, porque ignora la realidad de pandemia en la que vivimos, porque los montos que plantea son inciertos y seguramente no se cumplan, porque no muestra apego a la transparencia y a la discusión profunda y, sobre todo, porque es políticamente incumplidor de los compromisos de campaña. Este no es el presupuesto que la gente votó.

Muchas gracias.

No sé si el señor senador Coutinho todavía quiere que le conceda una interrupción.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador Coutinho: ¿todavía quiere expresar lo que pensaba plantear?

SEÑOR COUTINHO.- Si pido una interrupción es para hacer uso de ella en el momento preciso; si me la pasa para el final, ya deja de ser una interrupción.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR GANDINI.- En primer lugar, quiero entregar a la Mesa, para que haga llegar a la bancada del Frente Amplio, los elementos que demuestran cuál es el financiamiento y dónde está en el planillado. Lo tienen todos los señores senadores; por eso no entregamos la información. Está en el tomo III, inciso 23, «Partidas a reaplicar», en el que hay un renglón en el que claramente figura dónde están los recursos. Y les entrego un cuadro de qué es lo que se financia con eso.

En segundo lugar, se menciona aquí que el presupuesto es inconsistente e incumplible. Yo tengo que respetar lo dicho por otro senador, pero lo dice quien fue ministro de Economía y Finanzas de los Gobiernos anteriores, que no pudieron cumplir con una sola de sus proyecciones.

SEÑOR BERGARA.- Eso no es una aclaración.

SEÑOR GANDINI.- ¡Es una aclaración de mi informe! Mi informe se sostuvo en las dos inconsistencias y condicionalidades que tenemos que enfrentar en el presente. Es un presupuesto repleto de condiciones por la pandemia, ¡y claro que la incluyen todas las proyecciones! Pero además no podemos permitir que se nos acuse desde quienes no pudieron cumplir con nada de lo que prometieron, escribieron y proyectaron; se basaron en el mayor endeudamiento que tuvimos y, sobre todo, en dos megaajustes fiscales, con más impuestos consagrados en leyes de presupuesto, para poder financiar lo que no pudieron cumplir.

Dicho en términos generales –me encantaría poder discutir este tema de fondo–, quiero decir también que no se pueden comparar dos cosas que no son comparables. El gasto educativo puede ser el 4,75 % del 2019 y el 4,93 % de ahora, pero el gasto en el área educativa –que es el concepto que construyó el Frente Amplio desde el Gobierno para poder medir la reivindicación gremial del 6 %– llegó al 5,1 % y va a ser el 5,4 %, no porque sea más, sino porque se achicó el producto. Y si el producto fue la referencia, mantengamos esa referencia.

La economía se achicó, y este presupuesto tiene que contener la referencia a esa realidad. Se nos dice que es optimista y se nos pide gastar más. La única estrategia es endeudarse más, porque lo dice el Fondo Monetario Internacional. «Cosas veredes, amigo Sancho». Cosas escucharán, colegas. Ahora el Fondo Monetario Internacional dicta las recetas del partido de oposición, que cuando estaba en el Gobierno bien que lo criticaba.

Muchas gracias.

SEÑOR BERGARA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑORA PRESIDENTA.- En este caso no operan las interrupciones, señor senador. Su tiempo ha culminado.

SEÑOR BERGARA.- Entonces pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Este no es el momento para dar ciertas discusiones, pero con gusto estamos abiertos a darlas. Solo quiero hacer una aclaración para que no se vuelva a decir lo que no es. Basta ver la versión taquigráfica de la comisión para advertir que el ministro de Educación y Cultura planteó que, con la metodología que se venía gestando, en 2021 el gasto será del 4,9 %, pero era del 5,3 % en 2019. Además, tampoco es cierto que es porque el producto se achicó porque, vuelvo a decir, el Gobierno prevé un producto mayor en 2021 que en 2019, no más chico. Así que tampoco eso es cierto.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Sin duda nos enfrentamos hoy al proyecto más trascendente del período legislativo. El presupuesto es la expresión más acabada de los objetivos y de las políticas de un Gobierno. Expresa la responsabilidad del Gobierno y su sensibilidad con los más vulnerables y con las generaciones que vienen, también. La disyuntiva, señora presidenta, es entre dejar un país mejor –que es lo que queremos– o simplemente vivir un país mejor.

Este presupuesto ha sido formulado pensando en el país que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, pensando en los uruguayos que están en la indefensión por su edad, por su salud, por la pobreza. Atiende la necesidad inmediata y siembra herramientas para el trabajo, para la generación de conocimientos. ¡Y vaya si es responsable con el futuro! No queremos seguir de modo alguno agrandando la carga que pesa sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos. El desafío de esta generación es justamente el de dejar un país mejor, y no uno peor.

Vamos a invertir más, vamos a gastar menos y vamos a pagar todo lo que hayamos invertido; no se lo vamos a dejar a las generaciones que vienen. No vamos a condenar a los niños que entran a un jardín de infantes a pagar por ese edificio que les hemos construido. Lo vamos a hacer nosotros, con responsabilidad. La tentación siempre invita, pero la responsabilidad obliga, y eso es lo que esta formulación lleva adelante en este presupuesto.

Indudablemente el presupuesto es el planteo realista del país que andamos buscando. Supone el cumplimento de los deberes fundamentales del Estado, la atención de las obligaciones básicas, el cumplimiento de la función social, las herramientas para el crecimiento. Hace crecer el gasto hasta la medida de la responsabilidad, y la carga tributaria hasta el límite en que no obstaculice el trabajo productivo.

Me gustaría hacer alguna referencia a la formulación presupuestal. En la reforma de 1967 se estableció el presupuesto quinquenal y por programas. La idea era relacionar el objetivo político con el gasto. En el 2000 tuvimos en la formulación presupuestal una interesante innovación. Aquella idea del costeo por actividades se aplicó en el sector público; cada una de las metas fue asociada con unidades ejecutoras y se determinaron las actividades, intentando distribuir los gastos. Era novedoso e interesante, pero no tuvo el éxito deseado por la falta de herramientas para direccionar los gastos, nada más ni nada menos que del rubro 0.

Este presupuesto tiene una concepción nueva: se abandona esa lógica incremental que tenían todos los anteriores y se va más a la idea del presupuesto base cero; se hace una completa revisión de todas y cada una de las prestaciones que hace el Estado y de cada uno de los gastos. Es obvio que tenemos una fortísima restricción y no tenemos que esperar a caer en la situación con la que siempre compara el senador preopinante. ¿Por qué siempre se hace una comparación con aquella crisis del 2002? ¿Por qué? ¿Por qué no tener la sensatez de hacer una comparación con la etapa previa a la crisis, con el año anterior? En aquel momento teníamos un déficit del 3,4 %, y este Gobierno recibió el país con un déficit del 5,1 % del PBI; la deuda era del orden del 48 % y ahora está en el 60 %. Además, en términos absolutos, la triplicamos; y digo que la triplicamos en términos absolutos porque si no evitamos la crisis, esa será la deuda que habrá que pagar: la de los términos absolutos, la multiplicada por tres. Si se desploma el nivel de actividad, lo que queda es la deuda. Es lo que sucede cuando uno está absolutamente endeudado y pierde el trabajo. Lo que queda es la deuda, no en términos relativos al ingreso que uno tenía, sino la deuda pura y dura, en este caso expresada no con relación al PBI sino a un valor absoluto.

Hoy tenemos un déficit del 5 % del PBI y una caída del empleo de 55.000 puestos de trabajo en el último lustro. También están estos USD 30.000:000.000 de deuda a los que hacemos referencia, y encima la restricción que impone la crisis sanitaria que estamos viviendo. Los mercados externos se están cerrando y el proteccionismo ha vuelto al mundo. Hay incertidumbre, mucha incertidumbre con respecto a la extensión temporal de la crisis, pero además en cuanto a cómo nos va a afectar la nueva digitalización existente. ¿Nuestra fuerza de trabajo está preparada para el mundo que se viene? Solo caben la prudencia y el uso más eficiente de los recursos; ese es el desafío que estamos enfrentando.

Hay que revisar todo el Estado y evaluar la pertinencia de cada una de las actividades; hay que descartar lo descartable. Y miren que esto no es nuevo, porque lo descartable es lo mismo que siempre se deja de lado cada vez que falta la plata. Cada vez que cae el ingreso del sector público, hay actividades que se postergan y otras de las cuales el Estado, simplemente, prescinde. Esto funciona así, se lo presupueste o no. Esta es la realidad. ¿O acaso alguno de nosotros cree que los funcionarios públicos de montones de oficinas, cuando la plata es escasa, están de brazos caídos porque son malos funcionarios, porque son mala gente o porque no quieren trabajar? ¡No! Es el propio Estado el que los deja sin recursos para movilizarse. Entonces, vale mucho más que pensemos de qué podemos prescindir, de qué debemos prescindir, qué es lo que no aporta nada, salvo al gusto del gobernante. Miren que cuando vienen los momentos críticos enseguidita aprendemos a distinguir entre lo que la gente está demandando, lo que necesita, lo que es imperioso que el Estado no abandone y lo que eran ideas de los gobernantes, algunas de ellas preciosas, como vender gas natural al país que más tenía en el mundo, que era más o menos lo mismo que enseñarle a jugar al básquetbol a los norteamericanos.

Tengo una gráfica, un cuadro que relaciona el nivel de gastos del Gobierno con lo que exportamos, todo medido en términos de PBI. En definitiva, lo que exportamos es un indicador importante de nuestra capacidad de competir, de nuestras eficiencias, del funcionamiento de nuestras estructuras económicas, de los costos que el Estado le impone al que produce. En el 2009 el Estado gastaba 93 centavos de dólar por cada dólar que exportaba; en 2019 el Estado gastaba 1,41 dólares por cada dólar exportado. Esta relación, esta ratio, subió un 52 %.

Según la Cepal, somos el país de América Latina que tiene la peor presión tributaria en el continente. Ya sé que el señor senador Olesker me va a hablar con orgullo de ese indicador, pero desde nuestro punto de vista es una carga insoportable sobre el trabajo nacional y la producción del país. ¡Miren que este indicador es una falta de respeto: pasar de gastar 93 centavos de dólares por dólar exportado a gastar casi una vez y media lo que el país exporta! La recaudación siempre debe acompasar la caída de la actividad. Eso es imprescindible. Como no vamos a poner impuestos, como el país no resiste un centavo más de impuestos, lo que tenemos que hacer es analizar el gasto. La ministra Arbeleche señaló en la comisión que este es un presupuesto que no implica aumento de impuestos. Dijo que en los últimos años fue el sector privado el que hizo el ajuste, que ahora le toca colaborar al sector público y que el foco de este presupuesto está puesto en el crecimiento económico y en la generación de empleo. También destacó la responsabilidad que existe detrás de esta formulación para sostener las políticas que se generen a lo largo del tiempo y, como ya mencionamos, la responsabilidad para con las nuevas generaciones.

Este es un presupuesto absolutamente sensato en la formulación y en los supuestos en los que está basado. Se ha hecho con confianza en que la prudencia va a dar sus frutos, en que la disminución del gasto va a ayudar a la caída del costo productivo y en que esto, a su vez, va a ayudar a la reactivación económica. Se ha construido –es cierto– con ahorros sabiamente elegidos, pero en las cuestiones fundamentales. No es cierto, para nada, que haya ahorros en lo social, en lo educativo, en la vivienda, en la seguridad; acá no hay recortes. Quiero comparar presupuesto contra presupuesto. Se compara presupuesto contra ejecución; según los cuadritos que estuve mirando, hay unas diferencias de 2 %, 3 % o 4 %. En cuanto al Fonavi, por ejemplo, da un 17 %, pero se trata de un gasto que, con relación al gasto social, es ínfimo porque, además, la concentración del gasto de vivienda está en otro lado. Pero hay que comparar lo comparable; no hay que comparar con presupuestos ejecutados en el medio de la desesperación por perder una elección. ¡No! Acá vamos a comparar presupuesto contra presupuesto, no con los refuerzos de rubros hechos por el miedo de perder una elección. ¡No! ¡Presupuesto contra presupuesto! ¡Vamos a ver esos números!

Tampoco es cierto que se pierda un año de inflación en el ajuste propuesto para los funcionarios públicos. No es así. En todo caso, la diferencia es entre inflación proyectada e inflación del período anterior. Pero todos los años, en enero, hay un reajuste. Yo voy a demostrar esto por el absurdo, si se quiere. Si al ajuste que tendremos el 1.° de enero de 2021 le sumamos lo que se dice que no está, que es la inflación del año, tendremos como resultado un ajuste del 12 %, y en ese caso estaríamos inflacionando la economía. Esto queda demostrado por el absurdo. Es cierto que existe una pérdida para una parte del salario, pero no es de la inflación del año y, además, va a ir teniendo recuperaciones, y no porque haya presión sindical o por alguna otra razón de ese tipo. Va a tener recuperación por una muy sencilla razón: este Gobierno tiene sensibilidad por los servidores públicos pero, además, tiene el compromiso de que el 1.° de enero de 2024 tengan el mismo poder adquisitivo. Por lo tanto, si se dejara para hacer toda la recuperación en ese momento, tendríamos un ajuste enorme que sería inflacionario por el propio manejo de las finanzas públicas que, por supuesto, no es la razón de base; la razón es la sensibilidad por el servidor público.

Me interesa que este tema quede claro, porque este Gobierno está haciendo un enorme sacrificio en el medio de esta crisis. ¡Es absolutamente injusto lo que se está diciendo! La pérdida, además, es sobre una parte del ingreso del trabajador público –¡sobre una parte!– y no lo será tal.

También hay que decir claramente que este es un presupuesto que tiene consistencia entre la política fiscal, la salarial y la monetaria; que prevé contención del gasto excesivo y reducción de la inflación a los niveles de la región, y una política de fomento del empleo. Este es un presupuesto que no cae en la tentación de la expansión monetaria hasta el nivel de la ineficacia para mejorar la demanda en una situación de tan escasa competitividad como tiene nuestra economía. Si hiciéramos una expansión monetaria en esta situación –donde tenemos escasa competitividad con los vecinos y con el mundo, y somos tan caros– tendríamos enormes pérdidas de divisas y una situación de inflación incontenible. Pagaría uno solo: el trabajador, el productor de nuestro país, el que tiene que seguir trabajando y produciendo acá dentro, el que no es capital golondrina que se puede escapar; por eso hay que cuidarlo. El proyecto de ley de presupuesto se ha hecho con una previsión de crecimiento de 11 puntos en el período, 2,2 de ajuste anual si tomamos todo el período y 2,8 % acumulativo si lo tomamos desde el momento en que empezamos a crecer. Es la previsión que hay para el mundo.

Hay una entrevista al director de la OPP, economista Alfie, donde dice algo interesante y que además lo ha compartido el mundo entero, porque los estudios de todas las previsiones de recuperación hablan de una caída abrupta y una recuperación acelerada. Es aquello de que el PBI tendrá un comportamiento graficado en una V. Esa es la idea.

Es obvio lo que decía en la entrevista el economista Alfie: cuando una economía empieza de modo rápido la recuperación, restablece los niveles de actividad que tenía precrisis. Esa es la idea. Y si le sumamos algunos costos que nos hacen más competitivos, seguramente se pueda pensar en una aceleración del crecimiento. Pero este presupuesto no está hecho sobre ninguna base irreal. Estamos hablando de un comportamiento que, en todo caso, sería el comportamiento del mundo, y en realidad el crecimiento esperado, mejora es.

Los combustibles han tenido alguna baja en el mundo. Y los productos agropecuarios, los commodities que nosotros vendemos, han mejorado sus precios internacionales. Esto, sin duda, hoy ayuda como también ayudó antes. No olvidemos que el auge económico de este país se construyó en base a esos parámetros. Hubo recuperación en el consumo de combustibles y en la venta de automóviles. Es cierto que en la última observación hubo nuevamente una pequeña caída –reitero: es cierto–, pero hay una indicación de rumbo de crecimiento.

El proyecto de ley de presupuesto tiene también otra sensatez: hay un reconocimiento de las dificultades en poder bajar la deuda pública, y lo que se busca es estabilizarla en su relación con el PBI. Esa es la gran búsqueda. La señora ministra fue una técnica que manejó la deuda de este país con reconocida sabiduría y seguirá manteniendo el equilibrio de monedas. Se ha buscado abrir el endeudamiento a una canasta mayor de monedas, y se trata de pesificar una parte de la deuda para eliminar el riesgo de las devaluaciones.

SEÑOR DA SILVA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Muchas gracias.

Decía que se va a hacer un adecuado manejo de la deuda: desdolarizarla un poco, llevarla a otra canasta de monedas, conseguir las oportunidades que dan las bajas de intereses que se han producido en el mundo y tratar de aliviar su costo.

Por otra parte, el presupuesto tiene perfectamente previsto lo que se va a gastar en atención a los más vulnerables en esta crisis y lo que se va a gastar en mantener encendidos los motores de la economía.

No quisiera consumir el tiempo en hablar de las múltiples medidas que este Gobierno ha tomado para mantener vivas las pequeñas empresas, para mantener el empleo, para dar cobertura a los trabajadores desempleados, para ayudar a los sectores que se han quedado sin actividad y en decir cómo ha crecido el aporte desde el Ministerio de Desarrollo Social –Mides– a las personas que están en condición más vulnerable. ¡Cómo ha aumentado la gente que asiste a los comedores, en cada una de las intendencias y con la asistencia del INDA!

Frente a eso la oposición nos dice –y voy a repetir lo que ha expresado el señor senador Gandini en la sesión de hoy y en comisión–: «gastaron poco». Querían renta generalizada, con un salario mínimo para no sé cuántos hogares. Cuando hice la cuenta me daba en el orden de los USD 400:000.000. Era por tres meses, o sea que solo en eso hubiéramos gastado USD 1.000:000.000 una vez y otra vez. Después nos dijeron: «si no puede, reajuste de tarifas». No distinguían entre ricos y pobres. ¡No, no! ¡Que no haya reajuste de tarifas para ninguno! Todo eso se paga; no es gratis. Pero, además, las ayudas se hubieran terminado todas.

Después nos dicen –además de este reclamo de más gasto–: «calcularon todo mal y el déficit va a ser mucho mayor». Entonces, lo que quieren es más gasto y menos déficit. Hay una sola manera de que cierre esa cuenta: impuestos. ¿Están pidiendo más impuestos? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo lo vamos a financiar?

Este presupuesto contiene reformas, algunas de ellas dirigidas a mejorar las instituciones económicas y otras a optimizar nuestra competitividad. El presupuesto plantea –y también fuera de él– reformas para mejorar las unidades reguladoras, la gobernanza de las empresas públicas, los controles a las sociedades anónimas propiedades del Estado –reitero: controles a las sociedades anónimas propiedades de los entes– y la ley de inversiones, así como cambios en la ley de vivienda de interés social, cambios tributarios para las pymes y una regla fiscal basada en el balance estructural que tiene una regla de tope de gasto.

Para mejorar la competitividad se propone actuar sobre el tipo de cambio, mejorar regulaciones sectoriales, reducir tarifas públicas, tiempos y costos burocráticos, y también desarrollar un plan de infraestructura que disminuya tiempos y costos. Asimismo, se plantea mejorar la inserción internacional del país –la UTE ya bajó un 15 % las tarifas para el riego– y dejar el triste privilegio de ser el país que más aranceles paga para entrar a los mercados del mundo. Ese es un índice de vulnerabilidad de nuestro comercio. Creo que es no comprender, siquiera, la razón de la propia existencia de este país, que es de esos en el mundo que no puede darse el lujo de cerrar su economía, sino que la debemos tener siempre abierta y competitiva. No hay manera de que podamos cerrar nuestros mercados. Tenemos que sacudirnos la realidad de crecimiento a tasas que por lo general son bajísimas y con sacudones fortísimos. Ese es el producto que nos dan estos ciclos económicos altamente pronunciados. La regla de balance estructural que nos estamos proponiendo va dirigida a suavizar esos ciclos. Esa es la idea. Tenemos que ver cuán cercanos o lejanos quedamos del balance estructural que nos hemos propuesto y, en este caso, ¿cuál es el balance estructural que nos proponemos? ¿Qué estabiliza la relación deuda-PBI?

El tope de gasto que debemos fijarnos es el compatible con ese objetivo de balance estructural. Bastante trabajo va a tener el Comité de Expertos –cabe resaltar que es de participación abierta; acá nadie juega a las escondidas– que tendrá que determinar las estimaciones de las tasas de crecimiento de la formación bruta de capital fijo, de la oferta de trabajo, de la productibilidad total de estos factores, que van a ser los insumos de la función Cobb-Douglas, que se utilizará a los efectos de determinar el producto potencial de nuestra economía.

El Comité Fiscal Asesor –más trabajo– va a asesorar en la estimación del PBI, tanto el efectivo como el potencial en las partidas extraordinarias, que hay que hacer para limpiar el PBI de lo circunstancial, que deben ser depuradas porque responden a la expansión o a la contracción del ciclo.

El tope de gasto se implementará de un modo en que la variación del gasto primario del Gobierno central y del BPS no supere la variación del producto potencial estimado. La metodología está desarrollada en el informe que nos dio el Ministerio de Economía y Finanzas.

Los artículos 6.° y 7.° del presupuesto son fundamentales porque dan efectividad al cumplimiento de la regla fiscal. Si la situación nos dice que nos empezamos a alejar del resultado fiscal esperado, que caen el nivel de actividad y la recaudación, el Gobierno debe actuar, con orden e inteligencia, recortando lo que es prescindible. No queremos permitir que se gaste en lo que es superfluo y que no haya plata para lo que es imprescindible. Tampoco se va a permitir que el más imprudente afecte la suerte de todos. No es un campeonato entre las unidades ejecutoras del Estado para ver cuál es la que más gasta. Si tenemos una situación complicada y la estamos viendo, la vamos a prevenir con tiempo. Lo que haremos es seleccionar cuáles son prescindibles –en ellas vamos a recortar gastos– y cuáles son las cuestiones fundamentales. Y al que quiere gastarlo todo porque un día se le puso en el presupuesto y no comprende que el país está viviendo una situación crítica, a ese se le va a frenar ordenadamente, porque es lo que debe pasar. Esta es una regla fiscal: la comparación entre lo que producimos y lo que deberíamos producir. Es una meta indicativa de la diferencia entre lo que ingresa y lo que sale; un tope claro de lo que vamos a gastar. Tenemos que ponernos el tope de lo que vamos a gastar. La que no era regla era la otra, la que existía: regla de endeudamiento, después que ya gastaron. Después que se gastó hay que pagar. Entonces, hay que endeudarse. Y en ese momento es que siempre vienen al Parlamento a pedir autorización para endeudarse. En realidad, no vinieron a pedir autorización para endeudarse, sino a avisar que se habían endeudado dos veces, por lo menos, y que había que autorizarlos ex post. Lo hicieron en reiteración real. Las medidas se deben tomar a tiempo y este presupuesto tiene esas previsiones. En este caso, la autorización para el endeudamiento incremental se hace en este mismo presupuesto y tiene que ver con los déficits previstos.

Este presupuesto es descentralizador, asegura partidas para los Gobiernos departamentales, incrementa las partidas a los municipios y para la caminería. Contiene un plan de inversiones formidable en infraestructura vial y ferroviaria; prevé puentes, mejoras portuarias en infraestructura y eficiencia y se ocupa de los hospitales. También plantea recursos para becas de los universitarios y para extender la Universidad de la República y la UTEC al interior del país. A su vez, prevé por fin la construcción del hospital del Cerro. Se hace referencia, además, a mejoras en la atención primaria y en la psiquiátrica, así como a la instalación de algún IMAE en el interior de la república. El presupuesto está dirigido, además, a la mejora en la formación de nuestros estudiantes mediante mayores recursos, pero también a través de la mayor confianza en los directores de los distintos centros educativos, de las escuelas, los liceos y la UTU del país. Por supuesto que confiamos más en nuestros docentes que en nuestro Estado. También hay recursos para la contratación de policías y su equipamiento. Se plantean mejoras en las cárceles y en la infraestructura deportiva. Se hace referencia, además, al cuidado del medioambiente, a la mejora de la sanidad animal, a la vivienda de interés social. Este presupuesto ayuda al siempre postergado soldado, al periodista del interior, al negro. ¡Mire que ha habido discursos para el negro! Poca plata. Cero pesos. Bueno, ahora hay.

Mediremos, señora presidenta, por cuánto conseguimos y no por cuánto gastamos. Este presupuesto quiere ser una medida de la inteligencia y no del desperdicio de los recursos. Quiere ser solo una cosa. Quiere ser un presupuesto respetuoso para con el que suda el lomo.

No creemos en la inteligencia del Estado sino en la inteligencia de la gente. No creemos en la solidaridad del Estado sino en la de la gente. No creemos en un Estado sensible sino en gente sensible. Por eso, este presupuesto, que es absolutamente sensato, le tiene que quedar muy claro a todos que ha sido construido sobre la base del respeto.

Muchas gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: intervengo solamente a los efectos de pedir una aclaración que, si el senador Botana logra hacerla, me dejaría conforme.

Cuando surge la pandemia y paraliza el país, nosotros presentamos al presidente de la república la propuesta de una renta transitoria para el entorno de 300.000 hogares. La renta consistía en $ 12.800 por mes lo que, en la perspectiva de los 300.000 hogares, representaba un costo total del trimestre de entre USD 220:000.000 y USD 240:000.000.

Para el senador Botana esta renta –la que presentó el Frente Amplio– representa USD 400:000.000, pero no para el trimestre sino por mes. Lo que quiero saber es qué números utiliza el senador Botana para que $ 12.800 por 300.000 le den USD 400:000.000 por mes, porque eso me deja sorprendido.

Gracias, presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador Botana: ¿usted va a aclararle la duda al senador Andrade?

SEÑOR BOTANA.- El senador Andrade hace una cuenta; a mí no me da lo que dije –tiene razón–, pero sí me da bastante por arriba de lo que él dice. Además, le aviso que el salario mínimo en este país no es ese.

(Intervención que no se escucha).

–Ustedes hablaron de salario mínimo y por tres meses. Entonces, la ayuda ya se habría terminado dos veces, ¿o ustedes hubieran dejado a la gente sin ayuda? ¿Usted piensa que el que hoy está viviendo –o ha vivido– de changas o el músico o el que vende arriba de un ómnibus ahora, después de los tres meses que ustedes le querían dar, tendría ingresos? Entre las tarifas y esto andaríamos arriba de los 1.500:000.000 y la cuestión todavía no estaría solucionada.

Entonces, es mucho más sensato y mucho mejor lo que ha hecho este Gobierno, que ha tenido un manejo prudente y cuidadoso y que ha atendido la cuestión social de la gente con los instrumentos que tiene el Estado uruguayo que, como bien dijo el senador Gandini, no son creación de estos quince años. Desde 1853 existen las mutualistas, me apunta la senadora Bianchi; el sistema de cobertura de la seguridad social empieza en este país en 1830…

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, señor senador. Vamos a tratar, cuando se pide o se da una aclaración, de atenernos a lo que se nos solicita.

SEÑOR BOTANA.- Muy bien, señora presidenta.

La cuenta correcta, si la quiere hacer el senador…

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador Botana, si me permite, voy a decirle que, si vamos a proceder así, la sesión, que es muy larga, se nos va a complicar.

(Intervención del señor senador Botana que no se escucha).

–No tiene la palabra, señor senador Botana. Estoy pidiendo, por favor, colaboración, porque hay otros compañeros senadores inscriptos para hacer uso de la palabra que tienen todo el derecho a hablar, tal como ustedes lo han hecho.

Entonces, cuando den una aclaración pedimos que se limiten a ello. En el caso suyo, señor senador Botana, ya había tenido su tiempo y prórroga, así que, frente al pedido de una aclaración, le agradecemos que solamente se atenga a eso.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑOR OLESKER.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA NANE.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Olesker.

SEÑOR OLESKER.- Quiero decir algo solo para que quede registrado en la versión taquigráfica.

Yo participé de ese grupo y entregué al presidente la cuenta, que es muy sencilla: salario mínimo líquido multiplicado por 300.000 hogares, da USD 80:000.000 por mes. Eso por tres meses son USD 240:000.000 y si se hubiera extendido a seis meses sería el doble, es decir, USD 480:000.000.

Esa es la cuenta y es muy sencillita de hacer. Hay que deducir a esos hogares las partidas que ya recibían y entonces se les daba la compensación hasta el salario mínimo, por ejemplo, si tenían una AFAM.

Era cuanto quería decir.

SEÑOR BOTANA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA NANE.- Con mucho gusto, señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: hicimos el cálculo sobre la base de los 400.000 o 420.000 hogares de los que salió a hablar el Frente Amplio, que quedaban en la absoluta indefensión y en función del salario mínimo nacional a tres meses y tres meses más; entonces no le va a dar mil, sino novecientos sesenta. Esa es la cifra; haga la cuenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si les parece, terminen de hacer las cuentas y ahora escuchamos a la senadora Nane. Después nos informan del resultado.

(Dialogados).

–Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Muchas gracias.

En cualquier momento ponemos en duda que las matemáticas sean una ciencia exacta. Vamos a comenzar a hablar antes de que esa duda quede sentada en el Cuerpo.

Traje unas gráficas para proyectar.

(Se exhiben gráficas).

–Señora presidenta: entendemos que con la frase exhibida podemos resumir que en este presupuesto se describe el futuro que el Gobierno está construyendo para los próximos cinco años. No quería ir para atrás, porque lo hicimos en la rendición de cuentas, pero como estamos hablando de números –también del incremento de los gastos–, nos permitimos, solamente a los efectos de ser un poco más descriptivos, tratar de entender o demostrarles dónde estuvo el incremento de gastos de todas las Administraciones anteriores, que fueron tres. La educación, la salud, la seguridad, la seguridad social, los Gobiernos departamentales, la Universidad de la República, el Mides, el INAU, la infraestructura de transporte, el acceso universal a la salud –que se concretó en el último período– y la vivienda, explicaron en el primer período el 82 % del incremento del gasto; en el segundo, el 78 %, y en el último período, el 88 % de esa suba. Ahí están los incrementos de los gastos.

Hoy nos toca mirar este presupuesto –seguimos haciendo cuentas, pero ya termino– y vemos una reducción de $ 15.000:000.000, si se dan todos los parámetros. Podemos ir un poquito más a fondo y tratar de ver dónde está esa reducción; dos tercios de ella –que son unos $ 10.000:000.000– están en las áreas de educación, salud, vivienda y protección social. Nos ubicamos en marzo de este año –porque no somos ajenos a la realidad mundial– y nos encontramos con esta pandemia, que es la crisis más profunda de los últimos cien años, no solo para nosotros.

La Cepal dice: «Hoy es posible hablar seriamente de un ingreso básico, del papel central del Estado, de la importancia de un pacto político, social, económico, tanto a nivel nacional como regional y global, y de un contrato social justo, inclusivo y progresivo. América Latina y el Caribe está cansada de la cultura de privilegio, por lo que debemos avanzar hacia una cultura de igualdad».

Nosotros nos preguntamos cuál es el rol del Estado en este contexto. Si miramos un poco para atrás, la concepción del Estado con la que se venía operando en estos tres períodos de gobierno era que el bienestar de las personas depende de las condiciones materiales y de vida. En la medida en que el entorno material les permita acceder, ya sea individual o colectivamente, al consumo de bienes físicos o culturales, podrán construir sus preferencias y expandir sus capacidades sobre la base de esas oportunidades.

Ahora, con esta otra concepción de Estado que nos presentan en esta ley de presupuesto, parecería ser que el bienestar de las personas depende de cuánto lastre estatal se les quite para que puedan desplegar sus capacidades, que si no son innatas no entendemos bien por dónde vendrían; si no, tendrían que estar inhibidas por el accionar del sector público que parece ser grasa y aparentemente solo la voluntad limita la superación y el alcance del bienestar.

Nos preguntamos si el Estado debe tener un rol cooperador o competidor, y mirando lo que se nos presenta no encontramos otra conclusión que no sea que estamos ante un presupuesto con menos Estado y más mercado. Esta concepción implica una distribución más desigual de la riqueza en el país; que la distribución es solamente como un derrame y no como producto de políticas públicas de bienestar social.

Entendemos que en este contexto llega quien pueda atravesar los obstáculos de la meritocracia y que no llega quien no puede. Pensamos que, en vez de cooperar, competimos y que el Estado parece un espectador de esta carrera. Entendemos, desde esta concepción, que las empresas públicas son un competidor más en el mercado de servicios y no quienes garanticen el acceso de todos a los servicios y a las oportunidades. Creemos que quien no puede pagar, no puede acceder y que todo queda para ser dirimido entre quienes pueden y quienes no pueden.

Respecto a las áreas donde está esta visión que no es la nuestra, como la educación, escuchamos atentamente las comparecencias ante la comisión y las declaraciones públicas de los distintos actores que nos alertaron sobre que estos recortes van a provocar la falta de docentes y de recursos para el funcionamiento de primaria, que habrá un alto riesgo de superpoblación en los salones de secundaria o que se cerrarán grupos de formación profesional en la UTU. Con respecto a la Udelar, se dijo que el recorte de recursos de funcionamiento causará la supresión o el recorte de becas de posgrado. Al mismo tiempo se expresó que esos recortes pueden afectar los programas de acompañamiento y el apoyo al aprendizaje que tuvieron dificultades en estos meses de pandemia, así como las becas de apoyo a la alimentación e insumos en los programas de inclusión de inmigrantes y formación de la población carcelaria en los proyectos de extensión universitaria.

Y cuando miramos el impacto de la reducción de los USD 2.100:000.000 en ASSE, observamos por un lado una disminución del gasto por usuario y, por otro, una proyección de incremento que está en los 85.000 usuarios más. Es difícil pensar que esa asimetría entre la asignación y la cantidad de usuarios pueda revertirse solamente con más eficiencia.

Respecto a la vivienda, vemos que tenemos menos asignación, sabiendo que la asignación de recursos es importante porque los materiales de construcción hay que pagarlos; acá no hay mucha eficiencia.

Vemos las diferencias entre las necesidades del plan quinquenal y el presupuesto. El plan quinquenal no fue hecho por la bancada del Frente Amplio.

Cuando miramos las políticas de protección social, cuando observamos qué hay en lo referente al cuidado de nuestros compatriotas más complicados en sus necesidades básicas, los que no han podido ser exitosos en el mercado, aquellos a quienes no les ha llegado una gota del famoso derrame, a quienes la pandemia les quitó el techo, el trabajo, las ganas y la dignidad, vemos recortes y medidas –quizá, no son solamente del proyecto de ley de presupuesto– que hicieron que aumente en un 15 % la población del Inisa. Más allá de algún aditivo que votamos, el presupuesto es bastante menor de lo que se necesita. Esos sí que son quienes no pudieron.

Los técnicos de instituciones como el Mides, el INAU y el Inisa nos dicen que el recorte son unos $ 640:000.000. Si ajustamos, es bastante más: casi el triple.

Cuando miramos el Mides, vemos imprecisiones en términos programáticos en este presupuesto. No hay líneas de acción muy claras, por lo menos en lo referente al material al que tuvimos acceso. De hecho, quizás alguno de los compañeros de la comisión recuerde que, cuando consultamos a la delegación que estuvo en la comisión, ellos nos dijeron que los indicadores de gestión que tenían eran los de la Administración pasada, y nosotros dijimos: ¡qué raro!

Repito: esta pandemia ha provocado que la calle se haya convertido en el hogar de muchas personas. Quiero compartir con ustedes un hecho personal que me pasó el viernes al mediodía: hice veintiuna cuadras, entre Maldonado y Yaguarón, y Maldonado y Bulevar Artigas; había doce personas durmiendo en la calle. Repito: doce personas en veintiuna cuadras. Esta es una situación que nos impacta y hace que se enciendan muchas luces con respecto a este presupuesto.

Un estudio reciente del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas muestra que las medidas destinadas a los hogares vulnerables implicaron, en este tiempo, una asistencia promedio de unos cuatrocientos pesos por persona. No alcanza; y no es que queramos gastar más, pero no alcanza.

Cuando miramos el futuro del trabajo, vemos ausencias importantes. Cuando falta trabajo, la sociedad no crece; la falta de trabajo provoca una gran depresión social que afecta directamente la capacidad de acción de la comunidad toda. No vemos acciones concretas que aborden, directa o indirectamente, la generación de empleos directos.

Vimos el presupuesto del MIEM; lo estudiamos con muchísimo detalle. No hay apoyos directos a las más de ciento cincuenta mil pequeñas y medianas empresas. ¡No hay! Hay unas líneas, unas convocatorias, pero no hay acciones concretas.

Como decían los compañeros recién, tenemos la concepción de que en este presupuesto el sector privado actúa como el «malla oro» del pelotón. Sin embargo, este proyecto de ley quita presupuesto, en forma significativa, a las instituciones públicas que tienen como principal objetivo la promoción de la actividad del sector privado y la mejora de sus capacidades para mejorar su competitividad a nivel nacional e internacional.

Se redujeron los subsidios a la ANII; el presupuesto de Uruguay XXI es un 47 % menor al que tenía y no lo gastaba solamente en ferias. Se congeló el presupuesto del Plan Ceibal. Se pasó el Plan Ibirapitá al ámbito del Banco de Previsión Social. Se baja en un 14 % los fondos para el Inacoop. Se elimina el Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad, mediante el cual se fijaban los lineamientos estratégicos, las prioridades y el presupuesto de las agencias de promoción y desarrollo. Se desmantela la integración entre las agencias de gobierno involucradas en temas de innovación, ciencia, tecnología y desarrollo productivo. Inclusive hemos visto con alguna preocupación lo que es la reformulación de Uruguay XXI, la reducción, como decía, del presupuesto de la ANII, así como el cambio de formulación institucional de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.

Estamos viendo un cambio, no solo en la gobernanza, sino también en el papel de las empresas públicas, pues se nos coló por la ventana el artículo de la desmonopolización de los combustibles en aeropuertos, sin discusión previa. Todos sabemos que se está tratando el proyecto de ley de medios en la Cámara de Representantes que viene a la carrera y todos sabemos lo que eso implica para Antel, aunque ya lo discutiremos cuando llegue el momento.

No quiero extenderme mucho más y por eso quiero armar un resumen de qué cosas vemos. En este proyecto de ley de presupuesto no se evidencia la asignación de recursos necesarios para atender las graves consecuencias económicas y sociales de la pandemia. ¡No lo vemos! Se evidencian escasos aportes incrementales, más que nada congelamiento o reducción en las asignaciones presupuestales para áreas fundamentales del estado del bienestar. No hay explicaciones concretas sobre cómo se piensa encarar la transformación productiva en el plano agropecuario, industrial o en cualquier otra dimensión. Los indicadores que tenemos son vagos, genéricos, no tienen objetivos ni plazos. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las industrias creativas, con la Dinapyme, con el Programa 321 –respecto a desarrollo productivo– o con el Programa 320, los indicadores llegan hasta 2021 o hasta el 2022, en el mejor de los casos. No se sabe lo que va a pasar después, cómo vamos a encarar eso; capaz que viene contemplado en alguna próxima rendición de cuentas, pero no está claro. No aparecen las iniciativas, las políticas activas, los planes de acción en materia de empleo, de formación profesional, de formación técnica y tecnológica. No figuran aquellas cosas que dan cuenta de los planes que podríamos tener en cuanto a la reconversión productiva, porque tendremos sectores que van a estar seriamente impactados por la transformación digital, la automatización. Hay áreas asociadas a la vinculación de la producción nacional que tienen que ver con las cadenas globales y regionales de valor. Necesariamente, tiene que haber un proceso de reestructura, porque estamos en una economía que tiende a ser regional y local todo lo que se pueda en este contexto.

No vemos acciones claras en materia medioambiental. Está sí la creación de un ministerio que, de hecho, votamos favorablemente, pero no hay relación entre la materia ambiental, las formas de producir, de transportar. No hay nada que atienda a las nuevas formas de consumir; no hay nada que atienda a cómo nos vamos a parar, no solo frente a la pandemia, sino después frente al cambio climático.

Vemos un debilitamiento en los sistemas de formación técnica, profesional y terciaria; ya lo dije cuando hablé de educación, pero es importante. Vemos un debilitamiento en los sistemas de innovación e investigación científica, que nos salvaron o nos pusieron en un mejor lugar dentro de la pandemia. No se da cuenta de la investigación científica, del servicio público de salud ni del sistema de cuidados; esto nos preocupa.

Esto es todo lo que hay; sin embargo, señora presidenta, hay dos cosas que no fueron contempladas, y no porque no estén en este proyecto de ley que estamos considerando son menos importantes. Una es el artículo de la UAM tal como vino en su versión original, que sobre la base del diálogo y la construcción democrática se pudo cambiar, pero todos sabemos que no tenía que estar.

Si me permite, señora presidenta, voy a referirme a algo que dejé para el final a propósito porque es un tema serio. Quisiera hablar de algo que no está expresado y está bien que así sea: la suspensión de los juzgados multimateria. En la iniciativa que vino a la comisión se expresaba que se suspendía la creación de los juzgados multimateria, que son los que concentran en un único lugar las situaciones espantosas que se derivan de las mujeres víctimas de violencia. Esos juzgados estaban previstos en la Ley n.° 19580 y evitan que las mujeres anden con los gurises colgando de un juzgado a otro en un periplo infernal que luego se convierte en el periplo infernal de otro, del que sabemos que no todas salen. Quitar ese artículo que establecía la suspensión y que no tenía ningún plazo fue un acuerdo importante, porque fue el primero que se alcanzó en la bancada bicameral femenina en esta legislatura. La señora presidenta sabrá lo que pasó cuando fuimos a votar: ese acuerdo que habíamos hecho entre las mujeres de todos los partidos no se tomó en cuenta. En la comisión tuvimos que insistir –realmente lo hicimos y mis compañeros de bancada saben que así fue– y pedir que se respetara el acuerdo. ¡Tuvimos que pedir que se respetara un acuerdo! Y a pesar de que lo era, no salió por unanimidad. Me consta el compromiso que tiene la señora presidenta por defender este acuerdo junto con la senadora Gloria Rodríguez y se los agradezco profundamente. Si bien hoy no contamos con ese artículo, su supresión lamentablemente fue producto de un acuerdo que no se cumplió. Tendremos juzgados multimateria y deberemos trabajar juntas para que se respeten los acuerdos de la bancada bicameral como serios, ¡como debe ser!

Quisiera agradecer nuevamente a la señora presidenta y a las mujeres integrantes de la bancada bicameral femenina que hoy el artículo 510, expresado en la página 347, no está más. Gracias a la bancada bicameral femenina, al lado del artículo 510 dice: «Suprimido». Esto es un logro de las mujeres.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Quedé un poco descolocada en el tiempo. Si no recuerdo mal, el Reglamento del Senado establece que quien pide la alusión habla al finalizar el orador. No puedo hacer aclaraciones si no intervine. ¿Esto sigue siendo igual? Porque hubo personas que intervinieron por una aclaración y no habían hablado. Hay que cumplir el Reglamento.

Por otra parte, quisiera referirme a la primera parte del proyecto de ley de presupuesto. Vamos a disponer de todos estos días para intervenir y no era mi intención hacerlo durante la discusión general de la iniciativa, porque se presta mucho a enunciaciones generales y poco apegadas a la realidad. Creo que es mucho mejor discutir un presupuesto artículo por artículo, pero cada uno es dueño de hacer lo que quiere y me parece genial. Lo que voy a decir es simplemente a modo de un aporte puntual. No admito alusiones políticas sin contestar, que implican, en cierta medida, alusiones personales; hay una subestimación que realmente no la aguanto política ni personalmente. Nosotros no tenemos duda alguna acerca de lo que se gastó en salud, en educación, aunque sí tengo muchas dudas de lo que se gastó en vivienda; no soy tonta, porque las matemáticas las conocemos todos y si no sabemos hacer las cuentas podemos recurrir a la calculadora. La economía es una ciencia social y, en consecuencia, eso tiene que marcar nuestro norte para encarar el presupuesto.

La alusión política la referí –y con eso termino, señora presidente–, puntualmente, a esas cifras que aparecieron publicadas en las gráficas. Ya sabemos lo que se gastó en esos rubros, claro que sí, nadie lo niega, pero el problema radica en lo que se obtuvo como resultado. Entonces, no se nos subestime, no se nos trate de tontos y no se pretenda hacer del presupuesto una novela latinoamericana de la década de los sesenta porque ya estamos en el siglo XXI. El tema es cómo se gasta y eso, precisamente, es lo que nosotros cuestionamos. No se trata de que no reconozcamos que se gastó, y en este punto va la alusión política.

Otro aspecto que también consideramos alusión política –y que no entiendo, porque yo me muevo por el sentido común–, es el hecho de que se nos imputen resultados en políticas sociales cuando llevamos unos poquitos meses en el Gobierno y en medio de una pandemia. La verdad es que eso no lo entiendo y se trata de algo que no resiste el sentido común.

Muchas gracias.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA.- Gracias, señora presidenta. En primer término, quiero decir que me siento totalmente representado por la exposición que ha hecho nuestro coordinador de bancada, el señor senador Lanz. No obstante, voy a hacer una breve intervención para insistir en algunos puntos que me parecen importantes, sobre todo a esta altura del debate, ya que en esta discusión general debemos afirmar los aspectos conceptuales del presupuesto, que creo que fueron ampliamente desarrollados por los señores ministros y los representantes del Poder Ejecutivo que estuvieron en la comisión, aunque en ese ámbito no estamos todos los senadores que integramos este Cuerpo. Por eso vamos a insistir en algunos de esos aspectos conceptuales que son la esencia de un presupuesto que, como acá se ha dicho, es muy particular por las circunstancias actuales. No es bueno que las leyes se traten, se discutan, se juzguen en forma descontextualizada. Las alternativas de la vida del país van condicionando las decisiones y, sobre todo, las posibilidades que tiene el Gobierno. Por eso no hay que olvidar que este presupuesto quinquenal tiene que distribuir planes fiscales, el futuro de las inversiones y de los gastos del Estado en función de una realidad que, no hay que olvidar, está agravada por la pandemia de la covid-19 a partir del 13 de marzo. Pero, además, existe una realidad que es previa a ese momento y que fue la que planteamos y discutimos públicamente durante la campaña electoral. La situación en la que estaba el país, ciertamente, fue la que determinó que la ciudadanía terminara votando por un cambio. Esa realidad mostraba un Gobierno que gastaba mucho y que durante tres períodos tuvo una suerte fantástica, ya que le tocaron los mejores vientos de las mejores décadas en todo sentido. No obstante, a pesar de contar con mucho dinero para gastar, el producto interno bruto se duplicó, más que nada por el aumento de precios de las materias primas y no por las políticas de gobierno. Los impuestos crecieron exponencialmente. Basta mirar los presupuestos de 2004 y de 2015, el presupuesto del último Gobierno del Frente Amplio. Vemos que este se multiplicó casi por cinco. Aun así, con mayor recaudación y muchos más impuestos, que fundamentalmente castigaron a la clase trabajadora, que es la que más impuestos paga –siempre termina pagando la clase trabajadora y cabe aclarar que clase trabajadora también son la clase media, los profesionales, los pequeños y medianos comerciantes, y, por supuesto, los obreros–, el presupuesto no alcanzó y se gastó más porque se inventó aquello del espacio fiscal. Si durante algún año las cuentas cerraron no fue para equilibrar el presupuesto, sino para gastar aún más. Así se generó el enorme déficit que se financió con deuda y, aunque se renegocie, se refinancie o se reperfile –como se dice–, de cualquier manera hay que pagar los intereses y estos generan más deuda.

En ese sentido, ya habíamos anunciado que el presupuesto tiene que ser realista, austero y manejarse con la realidad y con un criterio de buen padre de familia, pensando en el mañana y no solo en endeudarse. Acá se discute el ajuste. En principio, nadie puede decir que el ajuste viene por más impuestos porque este presupuesto no tiene ni un impuesto nuevo ni aumenta los ya existentes. Los uruguayos estaban cansados, hartos, exhaustos de pagar impuestos y nuevos impuestos que se había prometido que no se iban a establecer, ¡y vaya que se pusieron, se aumentaron y se sostuvieron!

En segundo término, se habla de un presupuesto que recorta y que castiga a sectores importantes de la vida nacional, muchas veces tomando como argumento cifras, incluso hipotéticas, porque, como su nombre lo indica, el presupuesto «presupone» determinadas situaciones. Se propone algo para los cinco años siguientes, pero presuponiendo que se van a dar determinadas condiciones, entre ellas el crecimiento del país y las inversiones que puedan venir. Y esa realidad puede variar. ¡Vaya que el Frente Amplio sabe de esto! ¿No? En varias oportunidades e instancias presupuestales comprometió bajar el déficit y este terminó creciendo cada vez más hasta llegar al récord histórico de más del 5 %. Reitero: fue un récord absolutamente histórico de déficit fiscal.

Pero también es cierto que el presupuesto no se acaba hoy. Cada año hay una instancia presupuestal. Esto no queda fijo para los próximos cinco años y sin revisar más, como ocurría en la época de los sóviets de la antigua URSS con los planes quinquenales.

(Hilaridad).

–Aprendieron, ¿no?

En primer lugar, creo que la característica esencial que hay que resaltar de este presupuesto es que se trata de un proyecto que no implica impuestos nuevos ni aumento de los existentes.

En segundo término, pone el foco en el crecimiento y en el empleo, que es lo genuino, porque las transferencias no resuelven el tema de la pobreza o los problemas sociales. La única política social sostenible y digna para un ciudadano es que tenga la posibilidad de ganarse dignamente el sustento de su familia.

En tercer lugar, es un presupuesto responsable porque lo que se está presentando hoy es sostenible. Se puede presentar Disneylandia en el presupuesto, pero si después eso no es sostenible durante los cinco años, realmente se vuelve necesario aumentar las soluciones por el lado de las deudas, etcétera.

En cuarto término, como también se ha dicho acá, destaco que es un presupuesto que está focalizado en las personas, en la gente. No pasa por el monto asignado a cada uno de los incisos. Eso también hay que entenderlo, porque ya ha quedado demostrado que no es un tema de cantidad de dinero. Se trata no solo del gasto, sino de cómo se gasta. Esto también ha sido mencionado y quiero resaltarlo.

Acá acabo de ver una presentación en la que se dice que va a haber sobrepoblación de aulas, pero ¿dónde dice y de dónde se deduce de este presupuesto que va a haber sobrepoblación de niños o adolescentes en las aulas? ¡De ningún lado sale eso! Creo que esos son los relatos falsos, los eslóganes que terminan siendo una simple bandera, pero después no tienen ningún asidero. Se habla de falta de docentes, de sobrepoblación en secundaria, menos grupos en UTU, menos becas en la Udelar, pero ¡si estamos votando un 50 % más de becas para la Udelar! Estos son los relatos, los eslóganes, que están bien para la tribuna, pero ¡no puedo admitir una cosa de esas para el Senado de la república!

Las autoridades de la educación dijeron expresamente –y, además, lo demostraron– que el número de alumnos por aula no va a ser mayor porque, en realidad, aunque haya menos dinero algún año, lo cierto es que las cifras muestran que viene bajando la matrícula. Acá hubo una caída del nivel de actividad que fue muy importante, del 11 % del producto. Esa es una realidad. Tuvimos una política monetaria que ahora hay que cambiar y esto es hacia donde apunta la política del Gobierno a través del presupuesto: asegurar que uno de los focos será bajar el déficit, reducir la inflación para hacerla compatible con la región y, de esa manera, favorecer a la propia política salarial, que prioriza el empleo. Las pautas inflacionarias son consistentes con esa política salarial y esta, a su vez, lo es con las pautas inflacionarias. Después de la caída del 3,5 % que se estima para el 2020, se prevé un crecimiento a partir de 2021, en que empezaría a recuperarse y a crecer en algo más del 4 % para luego estabilizarse en 2,5 %, en el 4,2 % y casi en el 4 % de crecimiento del producto.

En materia de precios, hay un foco muy claro en reducir la inflación, la variación del índice de precios al consumo. Se proyecta una reducción gradual hasta llegar a un 3,7 % de inflación en 2024. Todo esto es con foco en el empleo, es decir, el gran objetivo es el aumento del empleo. ¿De qué manera crece el empleo? Este se incrementa si hay inversión. En definitiva, tenemos que seguir dándole competitividad, entre otras cosas, a través de una disminución del costo de la producción, que en gran parte lo produce el Estado. El debate no es –como se intenta plantearlo una y otra vez– Estado contra privado o privado contra Estado, si más Estado o menos Estado. Estoy de acuerdo con que es fundamental la presencia del Estado, sobre todo, en un país con las características de Uruguay, que tiene un mercado pequeño. Como batllista creo que el Estado tiene que estar presente, pero no tiene que ser una carga, sino aquello de «tanto Estado como sea necesario y tanta actividad privada como sea posible».

En ese sentido, creo que hay una responsabilidad. Hasta el momento el ajuste se hizo por el lado del sector privado y ahora el Estado tiene que colaborar. ¿Cómo? ¿Cortando cosas que son esenciales? ¡No! Eso lo estamos asegurando. Ya se ha dicho que no va a faltar ni un solo peso para tener las aulas que sean necesarias, los docentes que se requieran y las salas de ASSE que se necesiten, y prueba de ello es lo que se está disponiendo en esta emergencia por la covid-19.

Casi todo el ajuste se procesó con una caída de la inversión privada y eso nos llevó a un deterioro de la tasa de crecimiento potencial de la economía, es decir, todo el ajuste se procesó por el sector privado y se hizo reduciendo la inversión. ¿Cuál fue la contracara de la caída de la inversión? La contracara fue la caída del empleo. Es claro que el mercado de trabajo se deterioró. Se informó a la comisión que las horas promedio trabajadas por el personal ocupado cayeron un 4,8 % en cinco años y, en términos de empleo total, la caída del empleo privado fue de un 4,3 % en los últimos cinco años. El empleo total cayó en unas 52.700 personas y, en el sector privado, en unas 58.600 personas. Cuando se suman las dos cifras da un deterioro del volumen total en horas trabajadas en la economía del orden del 8 %; esa es la contracara de la caída de la inversión.

Me parece interesante recalcar un informe que brindó en comisión el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el que se habla –además de lo mencionado en cuanto a la caída de la inversión y, por lo tanto, a la caída en horas de trabajo– de lo que sucedió con el ingreso. Precisamente, el ingreso medido por la Encuesta Continua de Hogares mensual o anual nos muestra que en los cinco años hubo un crecimiento del 3,8 % –este tema del crecimiento del ingreso es algo en lo que se insiste–, pero acá hay pesos relativos diferentes. El volumen total de ingresos por salarios creció 0,8 %, aunque en el sector privado cayó el 0,8 % por la caída del empleo y de las horas; creció básicamente en el sector público. Cuando uno ve este 0,8 % y después advierte que las jubilaciones crecieron un 22 %, las pensiones un 8,9 % y el seguro de desempleo un 23 %, constata que todo son transferencias.

En consecuencia, el crecimiento en el ingreso se debe a más transferencia del Estado y más masa salarial pública. Cuando uno calcula los valores absolutos ve que entre ambas superan el aumento del ingreso total. La pregunta que debemos hacernos y que se ha hecho el Gobierno es si esto es sostenible. ¿Es sostenible un nivel de ingresos donde los generadores de la riqueza bajan su ingreso, el Estado les cobra impuestos y los transfiere y además, como no alcanza, aumenta la deuda porque el déficit se incrementa año a año? Esto está sostenido en base a un aumento del déficit y la contracara es el aumento de la deuda. Creo que, si somos honestos todos, tenemos que reconocer, como lo hizo el entonces ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, que esto no es sostenible.

En un presupuesto responsable, realista, la prioridad es tratar de controlar y de bajar ese déficit, generar nuevamente la competitividad para que haya más inversión y que por ese lado se genere empleo genuino. Generar un aumento del ingreso por el lado de las transferencias del Estado –para cuyo financiamiento es necesario cobrar más impuestos– es insostenible cuando la inversión privada cae, como lo ha estado haciendo. Esa es la realidad. Es algo simple y no es solo para economistas, que no lo soy; se trata de responsabilidad.

Este presupuesto tiene dos objetivos claros: reducir la brecha de la pobreza de manera permanente y no transitoria mediante una transferencia, y volver a generar las condiciones para el crecimiento de la actividad como forma de generar empleo y ser difusor en el sector privado.

Además, en este presupuesto se prevén inversiones importantes. No voy a entrar ahora en cada uno de los incisos, pero quiero mencionar algunos ejemplos. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas prevé una inversión planillada obra por obra, cosa que hace años no teníamos y que fue motivo de discusión ya al inicio de los tres períodos de gobierno del Frente Amplio, cuando insistían en que no era obligatorio hacerlo, aunque toda la vida el presupuesto se acompañaba de un planillado de obra. Digo más: antiguamente ese planillado se discutía primero en la Comisión de Transporte y Obras Públicas y luego, con su aporte, era presentado a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

La inversión en obras públicas, aun sin incluir las PPP que no fueron culminadas en el período pasado –muchas de ellas están planificadas para ahora–, es mayor a la del período pasado, y todos sabemos que la inversión pública tiene un efecto multiplicador importante en la economía y en el trabajo.

En cuanto a la inversión en vivienda, es un tema social que nos importa a todos y siempre hacemos grandes promesas. Aquí se habla de las 50.000 o las 20.000 viviendas, pero lo real es lo que aparece en el presupuesto y la situación en la que empezamos. El censo de 2011 registró un déficit habitacional de 60.000 a 70.000 viviendas. Sin duda, esto es causa –entre otras– del crecimiento que se ha dado de los asentamientos irregulares, otro de los temas que preocupan y fue objeto de debate en el propio seno de la coalición de gobierno, porque es un objetivo fundamental.

En materia de inversión en vivienda, el proyecto de ley de presupuesto prevé un programa a través de un fideicomiso. En el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial hay un rango mínimo y uno máximo de viviendas, pero la estimación total para este quinquenio es que razonablemente la cantidad de unidades habitacionales va a pasar de 16.185, que fueron las que se hicieron en el período pasado –siempre debemos partir de una base, de una realidad– a un piso de 17.500 y un máximo de 21.000 en este período. Es cierto que no todos son fondos públicos, pero sí se los va a aplicar de manera diferente, en base al subsidio, tal como está previsto en el articulado. Habrá una forma bien distinta de encarar determinadas actividades, lo que claramente ha sido mucho mejor recibido por el sector privado, que en esto es fundamental.

Otro aspecto que, si bien no está en el presupuesto, es bueno mencionar –porque lo señaló la señora ministra en su comparecencia ante la comisión–, es el relativo al cambio de vivienda promovida o vivienda de interés social, porque desde la emisión del nuevo decreto hace dos semanas ya fueron aprobados 142 proyectos con 4500 unidades habitacionales. Solamente el cambio normativo permitió que proyectos que estaban latentes se presentaran y hoy se están aprobando.

También quiero destacar –aspecto que ya fue mencionado por nuestro coordinador de bancada, el señor senador Lanz– que durante el trabajo de la comisión se logró redistribuir recursos y reforzar algunos incisos con diversas iniciativas, lo que, en definitiva, mejora aún más un presupuesto austero y con pocos recursos. La coalición logró incluir –por supuesto que con la aprobación del Poder Ejecutivo– unas doce mejoras presupuestales por un total de $ 351:500.000. Simplemente voy a destacar la que presentó el Partido Colorado –aunque las apoyamos todas–, que tiene que ver con la mejora que se logró para la ANEP. A través de esa propuesta se pudieron incorporar $ 60:000.000 para 2021; $ 75:000.000 para 2022; $ 100:000.000 para 2023 y otros $ 100:000.000 para 2024. Todas estas partidas van a ser para el Programa de Educación Inicial y Primaria, que sabemos que hay que consolidar y desarrollar con inversiones importantes para hacer efectiva la obligatoriedad de la educación preescolar. En ese sentido, nos complace muchísimo lo logrado.

Por último, señora presidenta, creo que también fue importante aprobar la iniciativa vinculada a la creación –propuesta ya en la Cámara de Representantes por el Poder Judicial– de los juzgados multimateria que atiendan la situación de violencia doméstica y de género, que realmente es acuciante. Basta mirar todos los días los informativos para ver lo que está sucediendo. Creo que todo lo que podamos invertir a los efectos de encontrar soluciones para atender esta problemática –que es una vergüenza para nuestra sociedad– es muy importante. Por lo tanto, me alegra que finalmente se haya eliminado la posibilidad de que esos juzgados también tengan materia penal. Obviamente, habrá que ver –por eso en su momento planteamos la posibilidad de suspender la propuesta por un plazo– cómo se puede resolver los aspectos que sabemos que presentan dificultades, sobre todo los económicos, por todos los recursos que se deben prever. De ninguna manera podemos eliminarlos y mucho menos –como se aprobó en la Cámara de Representantes– suspenderlos por tiempo ilimitado, sin plazo, que equivale a eliminarlos. Eso fue lo que habíamos planteado y seguimos insistiendo en ello; por supuesto, estamos dispuestos a mejorarlos, pero nunca a eliminarlos.

Por ahora es todo, señora presidenta.

Muchas gracias.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Mahía.

SEÑOR MAHÍA.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento expreso al trabajo de la comisión, a cómo fue conducida, y a que en ella se dieron los debates necesarios y se escuchó a mucha gente. Por supuesto, también quiero agradecer el trabajo realizado y el clima de la comisión, así como, particularmente, lo que ha significado el trabajo de los funcionarios, que muchas veces son los que hacen que las cosas sean y funcionen mejor para todos nosotros.

En nuestro caso particular, también queremos agradecer a los asesores del Frente Amplio que, más allá de los sectores a los que pertenecen, nos asesoraron a todos como bancada del Frente Amplio. Para nosotros esto es muy importante, porque quizás sea la expresión técnica de la unidad de acción que tiene el Frente Amplio en esta instancia parlamentaria, como la ha tenido históricamente.

En esta línea de reconocimientos, quiero agradecer las palabras del señor senador Lanz, en particular lo referido al compañero presidente Tabaré Vázquez. Agradecemos expresamente sus palabras. Sepa usted, senador, que las ha dicho en momentos difíciles. Estoy convencido de que expresa al Cuerpo en su conjunto y para nosotros, los frenteamplistas, escucharlas es un aliento.

El proyecto de ley en el que estamos trabajando hoy es el más importante de los próximos cinco años porque, como bien se ha dicho, es la ley que estructura el proyecto de país, las ideas centrales, la concepción ideológica que tiene el Gobierno y que se expresa en el articulado. Además, es la demostración de cuál es el nivel de acuerdo de este Gobierno que, por supuesto, no solo tiene la legitimidad de las urnas para llevarlo adelante, sino también, obviamente, la potestad de ser el ordenador a través del tope que fija el mensaje del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, entendemos que esta propuesta de presupuesto va en línea contraria a algunos compromisos planteados durante la campaña electoral y, ni que hablar, a grandes mayorías de la población. Además, expresamente no se reflejan compromisos que se plasmaron en el documento –pido disculpas por la reiteración de las palabras– Compromiso por el país, que firmaron los distintos partidos políticos que hoy conforman este Gobierno.

Contrariamente a lo que se dijo, este es un presupuesto de recorte. Recorta salarios y, en consecuencia, jubilaciones, pensiones, políticas sociales, inversiones en áreas estratégicas como educación, salud, vivienda o seguridad. Si se aplicara ese concepto –que se expresó en varias oportunidades– del buen padre, que estaría dado por este articulado, podríamos decir que el buen padre está recortando las áreas que entendemos son las de mayor sensibilidad y actividad del Estado a la hora de proteger a los sectores que más lo necesitan.

Durante esta jornada y en los más de cuarenta días en que estuvimos trabajando, se le ha buscado una caracterización por parte de los autores al presupuesto. Y no hemos visto una palabra, un eslogan que sea común a todos los actores. Van y vienen algunas definiciones. Nosotros tenemos bien claro ese tema. Desde nuestra concepción es un presupuesto de recorte de derechos, y así está expresado en el contenido de este articulado.

Además, carece de un plan real para la generación de empleo, y un tema no menor en estos tiempos de pandemia es que no se reconocen los efectos reales y las consecuencias que esta tendrá en la vida misma del país y en la de todos los uruguayos. Supone que, terminada la crisis sanitaria, todo volverá a ser similar a lo de antes. Entiende que volverá el empleo de igual forma y que la actividad será igual, cuando en todos lados, en el mundo entero, sabemos que hay un antes y un después de la pandemia. El mundo irá procesando cambios, irá procesando modificaciones que no vemos que estén reflejadas en un plan estratégico, como tiene que ser un plan de presupuesto porque, en realidad, acá lo que estamos debatiendo es el plan de presupuesto del Gobierno, del que el presidente Lacalle Pou dijo: «Vengo a hacerme cargo», de 2021 a 2025.

Cuando se hace toda una argumentación muy extensa sobre todo lo que pasó y se fundamenta tan poco sobre lo que se va a hacer, evidentemente estos hechos demuestran que la consistencia y la solidez de la propuesta que se tiene para gobernar, a través de esta herramienta fundamental que es la ley de presupuesto, no es tal. ¿Por qué? Porque el foco del debate no ha estado en la seguridad que se debería transmitir de todo lo bueno que se va a hacer. Ha estado en dos aspectos, que no son nuevos: en la Ley de Urgente Consideración y en la rendición de cuentas. Son los dos grandes factores que explican y buscan justificar la propuesta que tenemos en análisis, que –insisto– es aquella de la que deberían hacerse cargo. Estamos hablando de la Administración anterior, la de los Gobiernos del Frente Amplio, y obviamente la pandemia, que particularmente todos –nos incluye a la oposición– reconocemos como un factor distorsionante del mundo, de la región y del Uruguay.

Nosotros hemos reconocido estos aspectos, sobre todo, por ejemplo, el enfrentamiento desde la concepción sanitaria, esto es, las medidas que se tomaron y se están tomando. Hemos estado intentando cerrar filas como sistema político en su conjunto en este sentido. Entonces, sería bueno que se tuviera al menos una pizca de reconocimiento sobre algunas cuestiones y no se hiciera una especie de ninguneo serial de la realidad. Voy a poner un ejemplo. Hace un rato escuchamos que el sistema de salud o la protección de la salud obviamente no había nacido con los Gobiernos del Frente Amplio. Ese es un dato de la realidad. Ahora bien, sí nació el Sistema Nacional Integrado de Salud. Sí nació una cobertura prácticamente universal de la sociedad uruguaya. Donde antes existía el famoso «carné de pobre», hoy tenemos un Sistema Nacional Integrado de Salud que ha sido un factor fundamental para dar respuesta a las urgencias sanitarias. ¿Las urgencias sanitarias solo se resolvieron por contar con todo ese desarrollo de infraestructura de trabajo acumulado del Sistema Nacional Integrado de Salud? No; también se hizo con un liderazgo afirmativo, con decisiones bien tomadas. Pero ningunear sistemáticamente este tipo de cosas es negar la realidad. Y no se puede negar la realidad. La gente tiene bien claro que estos instrumentos existieron, se desarrollaron y hoy son una de las respuestas afirmativas para que el Uruguay pueda tener mejores posibilidades para enfrentar la pandemia.

Lo mismo sucede cuando se habla de la presión fiscal. Es cierto, no hay impuestos nuevos creados. Ahora bien, tan cierto como eso es que antes de que se declarara la emergencia sanitaria, cuando el vecino iba al supermercado y pagaba con su tarjeta de débito, en lugar de tener cuatro puntos de descuento del IVA, tuvo dos menos. Si pagaba en efectivo no había cambio, pero un derecho que tenía antes de empezar todo esto lo perdió. Por lo tanto, no hay nuevos impuestos, pero sí es verdad también que además del ajuste de las tarifas por encima del IPC al comienzo de esta Administración, antes de la pandemia, se agregó eso. Por lo tanto, es parcialmente cierto que la realidad se indica de esta manera. ¿Por qué? Porque no hubo impuestos nuevos, pero sí la presión fiscal fue más fuerte a través de herramientas como estas, que son impuestos al consumo.

Desde el punto de vista de la concepción general del proyecto de ley de presupuesto, sin duda alguna, tenemos una diferencia de encare. Nosotros creemos en un rol activo del Estado y el presupuesto tiene una concepción contraria; cree mucho más en el mercado que en la actuación del Estado como un activo fundamental para que, en los momentos de mayor dureza para la sociedad, tenga respaldo presupuestal para dar respuesta a la gente más vulnerable, a los que más lo necesitan. Es una concepción que atraviesa todo el presupuesto y que, si bien es legítima, la tenemos a consideración.

En materia de salarios, en el documento Compromiso por el país, en el punto 11, titulado «Proteger el mundo del trabajo», se incluye el ítem «Defensa del poder de compra de los trabajadores», y lo digo entre comillas porque esa es la expresión con la cual se comprometieron ante la ciudadanía. Y se señala la importancia de tener una política salarial sostenible con un salario real que crezca a lo largo del tiempo.

El Gobierno ha señalado que los salarios no iban a perder poder de compra durante los próximos cinco años. Sin embargo, la pérdida de salario que se dará en el período 2021-2024 no va a poder recuperarse y, por lo tanto, el compromiso asumido ante la ciudadanía caducó con el mensaje presupuestal que acaba de enviarse. Si la idea del Gobierno fuera realmente recuperar el salario y, además, que no hubiera pérdida, estaría expresado claramente en el articulado, pero no lo está; no aparece en el articulado como garantía para el trabajador que esto sea así.

Sí podemos decir con claridad que el compromiso de que no habría pérdida de salario hoy –insisto: en lo expresado, en lo que tenemos acá a consideración– no tiene posibilidad de llevarse adelante. De hecho, en el artículo 4.º se prevé la posibilidad de que el Poder Ejecutivo establezca aumentos diferenciales en función del grado de avance en la implementación de las reestructuras organizativas y de racionalización de las políticas remuneratorias que se realicen de acuerdo con el ordenamiento jurídico respectivo, quedando facultado en su caso para aplicar criterios diferenciales en la adecuación salarial. Esto es un ejemplo más de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que aparece en este proyecto de ley.

Además, hay otras cuestiones relevantes, como el componente de recuperación salarial, que queda sujeto a resultados financieros del sector público y a la disponibilidad del tesoro nacional, como acabamos de señalar. Para colmo, todos estos planteos –poco claros con relación al futuro del salario de los trabajadores– se dan simultáneamente a determinados hechos: la creación de algunos cargos de particular confianza en el Ministerio de Economía y Finanzas con sueldos, por ejemplo, de $ 221.000, y el aumento de $ 55.000 en el salario del contador general, que pasa de $ 166.000 a $ 211.000. Es decir que al tiempo que se da una pérdida en el salario durante varios años para los trabajadores públicos en general, algunos aparecen con sensibles mejoras y algunos son, específicamente, cargos de confianza.

Podemos desarrollar también aspectos vinculados con el crecimiento, que se sustenta en la premisa de que las exportaciones aumentarán significativamente en el marco de la recuperación del contexto internacional y la implementación de una nueva política internacional proactiva en la búsqueda de mercados. O sea que dicha confianza descansa en que el Gobierno logrará acuerdos comerciales que permitirán mejorar el acceso a los mercados y la recuperación de la economía internacional. Se trata de una expresión de deseo sin sustento en variables objetivas. Además, no resulta claro que el contexto internacional vaya a ser favorable y, de hecho, el propio Gobierno lo señala en la exposición de motivos; es decir, hay una contradicción específica entre lo que dice una parte del mensaje y lo que se señala en la exposición de motivos, que voy a citarla: «El escenario macroeconómico internacional para 2020-2024, sobre el cual se elaboró el presente presupuesto, está pautado por la recesión mundial más profunda y generalizada desde la Gran Depresión de 1929 que se verificará este año…». Más adelante, expresa: «De acuerdo a este panorama, en los próximos años Uruguay enfrentará un contexto macroeconómico internacional complejo y pautado por una mayor incertidumbre respecto a la situación previa a la pandemia». Esto está en la exposición de motivos del mensaje de este mismo proyecto de ley que habla de crecimiento.

En conclusión, el propio Gobierno habla de un contexto internacional, que es el que nos impulsaría a crecer, que va a tener menor demanda, un producto de crecimiento más incierto y probablemente un comercio menos dinámico y más cerrado. Si tomamos, por un lado, lo que va a ser una política restrictiva en salarios, pensiones, jubilaciones y, por otro, un contexto general naturalmente adverso a nivel internacional es imposible sostener –imposible sostener– que habrá crecimiento y que la economía va a prosperar en los términos que proyecta este presupuesto.

En materia de empleo, se afirma que este presupuesto implica un fuerte dinamismo, pero no hay artículos que sostengan en la realidad esta aspiración; por el contrario, el área programática de políticas de empleo se reduce en más de $ 1.000:000.000, quitando la posibilidad al Inefop de apoyar financieramente proyectos productivos y no generando incentivos que fomenten las pymes, que son fundamentales para la creación de empleo en Uruguay.

Con respecto a otros indicadores, como por ejemplo los de la inflación, las proyecciones resultan demasiado ambiciosas para la realidad nacional. Se prevé el cierre del ejercicio 2020 con un 9,5 %; un 6,9 % en 2021; un 5,8 % en 2022; un 4,7 % en 2023, y un 3,7 % en 2024. Ello contrasta, claramente, con el trayecto que surge de las expectativas de mercado, de acuerdo con el relevamiento realizado por el Banco Central del Uruguay, cuya mediana muestra una inflación esperable para 2021 del 8 %, y de 7,5 % para 2022. ¿Qué quiere decir esto? Esta proyección significa una pérdida agregada del valor del poder de compra de los salarios, y uno de los compromisos programáticos de la coalición de gobierno era la no pérdida del poder de compra de los trabajadores.

Con respecto a los recortes del Estado, el Gobierno dijo en campaña que era posible recortar USD 900:000.000 sin afectar las políticas sociales. Como ha quedado demostrado –y seguramente vamos a profundizar en ello en los próximos días–, esta promesa también ha sido incumplida. Se decía que este ahorro iba a hacerse exclusivamente mediante una gestión más eficiente del Estado. Queda demostrado que es imposible, tal cual está diseñado este proyecto de ley de presupuesto, ya que para 2021 se haría efectivo un recorte mínimo cercano a los $ 15.000:000.000 –que son unos USD 350:000.000– para la Administración central y los organismos del artículo 220 que afecta, particularmente, las políticas sociales. Dos tercios de ese recorte –casi unos $ 10.000:000.000– se concentra en rubros destinados a educación, salud, vivienda y protección social.

En lo que refiere a la educación, recién se polemizaba en cuanto a la cantidad de más o menos grupos, y son menos; esto fue señalado por las autoridades de la ANEP, concretamente de enseñanza secundaria. En ese subsistema específico –solo en ese– va a haber 211 grupos menos con respecto al 2019.

Por lo tanto, acá sí hay un recorte –como se señalaba– en la cantidad de grupos. A su vez –fue dicho por las autoridades de la educación; figura en la versión taquigráfica–, el promedio de estudiantes por aula aumenta respecto al pasado. Estos dos aspectos figuran en la versión taquigráfica, hay que ir a buscarla, leerla y, simplemente, exponerla.

Agrego que el recorte generalizado en la ANEP supera los $ 2.700:000.000 y el 70 % se explica por la reducción del rubro Remuneraciones. En esta propuesta no hay mejora alguna en el salario de los docentes y de los funcionarios sino, por el contrario, se reducirá su poder de compra al igual que para el resto de los funcionarios públicos. Esto significa que, en materia de inversión de educación, hay una reducción muy grande, pero no es solo acá. Por ejemplo, se prevé –lo dijimos en comisión y lo repetimos aquí en sala–, y está reflejado en el mensaje presupuestal, que habrá nuevos jardines, escuelas, CAIF, polos tecnológicos y polideportivos construidos bajo la modalidad de las PPP, algunos heredados del Gobierno anterior más otras variables, utilizando fideicomisos de la ANEP –en fin, varias cuestiones similares–, pero no se prevé la cantidad de cargos docentes para maestros, personal administrativo y personal de servicio que hagan funcionar, con una proyección sostenible, lo que aparece en infraestructura física. Se precisa personal porque no se trata solamente de un edificio, que se puede llevar adelante o no, sino fundamentalmente de lo previsto en educación. Vamos a dar un solo ejemplo. El salario del maestro grado 1, con veinte horas, en el 2019 estaba en $ 32.861 nominales y para 2021 pasará a ser de $ 30.740. Esta es la proyección para maestros grado 1. La pregunta es: ¿esta es la gordura? ¿Este es el exceso del Estado? Evidentemente, no. Acá hay una reducción concreta en los salarios de áreas estratégicas. Se podrá preguntar si con mejor salario o sosteniendo el crecimiento del salario del trabajador de la educación se asegura directamente mejor resultado educativo. La respuesta es que no, pero sin mejoras en los salarios de los trabajadores de la educación, particularmente, los de los docentes, es imposible ir hacia ese camino que se dice que es el gran objetivo: el cambio de la educación.

Obviamente, el cambio en la educación va a estar fijado, determinado y desarrollado por la ANEP y las políticas públicas que se desarrollen, y ahí lo vamos a analizar. Pero lo que sucede en materia presupuestal es que, por primera vez en dieciséis años, luego del aumento sostenido que tuvieron los salarios en la ANEP, van a caer. Este es un dato de la realidad, incontrastable.

En materia de salud, aun cuando es anunciada como una prioridad, los recursos asignados a ASSE en 2021 sufrirán un recorte –reitero la palabra «recorte»– superior a los $ 2.000:000.000, en momentos en que más de 80.000 usuarios estarían ingresando a la institución como resultado de la situación económica y social que atraviesa el país a partir de la crisis sanitaria. Como resultado se producirá una caída en el gasto por usuario en ASSE aproximada a un 10,4 %, en términos reales, entre 2019 y 2021, aumentándose la brecha con relación al gasto-usuario con respecto al sector privado. Y agrego –también lo señalamos en el plenario y cuando lleguemos al inciso lo vamos a profundizar– que no aparece acá nada nuevo con respecto a los medicamentos de alto costo. Se dijeron cosas en el ámbito parlamentario y todas quedaron registradas en las versiones taquigráficas. Todo aquello que se señaló como falta de sensibilidad, sin embargo, no ha recibido un peso más por parte de esta Administración. ¡Ni uno más! A veces las gráficas no gustan, pero si vemos desde cuándo comenzó a ponerse un peso para que un área tan sensible como esta tuviera recursos, no hay un peso más de lo que la Administración del Frente Amplio asignó en materia de medicamentos de alto precio.

En cuanto a la vivienda, por supuesto que hay compromisos que no se van a ver reflejados en este presupuesto ni se van a cumplir en los cinco años. De las 50.000 que prometieron en campaña, apenas se registran 27.000, de las cuales 13.000 se iniciaron sobre la base del último Gobierno del Frente Amplio. Y ni que hablar de los compromisos en materia de asentamientos. Antes eran a cinco años, después se moderó y pasó a diez años. Tampoco se van a cumplir las promesas en materia de asentamientos ni con las viviendas en esta materia.

Obviamente, hay otras áreas –nos va quedando poco tiempo– que tienen que ver con la protección social, como el Mides, el INAU, el Inisa, donde el recorte es de $ 650:000.000 en 2021, incluso si todas las partidas se ejecutaran por IPC.

En cuanto a seguridad, el Ministerio del Interior sufre un recorte de presupuesto superior a los $ 1.300:00.000. Ni que hablar de lo que se denomina «la familia policial», que en pasadas Administraciones del Frente Amplio vio cómo el ingreso de los policías se iba incrementando. En esta Administración va a tener el mismo tratamiento que el promedio de los funcionarios públicos, va a tener la misma suerte y aquella atención focalizada que tuvo el trabajador policial durante tantos años se va a ver interrumpida por esta concepción que se está estableciendo en este proyecto de presupuesto nacional. Podríamos avanzar mucho más.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–17 en 19. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- En materia de seguridad, no solo va a haber lo que acabo de señalar en cuanto a la interrupción de un camino sostenido en el tiempo de mejoras en los ingresos de los trabajadores de la Policía uruguaya, sino que además aparece, por ejemplo, la contratación de 2000 policías sin un financiamiento asegurado, la contratación de 1000 policías retirados para cumplir funciones administrativas en las comisarías en lugar de los actuales becarios, la construcción de cárceles y remodelación de las existentes en condiciones que hoy vemos dificultosas a la hora de su financiamiento.

Por tanto, todas estas cuestiones que hacen al presupuesto, a la política exterior, al servicio civil, todas estas concepciones, todas estas expresiones presupuestales son de un modelo que no compartimos, así como tampoco –y hoy solo vamos a dar el titular– todo aquello que refiere a los Gobiernos departamentales. Se puede dar que se termine sancionando, no a los gobiernos de Canelones o Montevideo, sino a los vecinos, a los ciudadanos.

El viernes pasado varios de nosotros estuvimos en el lanzamiento de los municipios, con los alcaldes que asumieron; concretamente fuimos a dos: a Progreso y a La Paz. En Progreso asistimos al mediodía, con un sol rajante. Cuando el senador Andrade vivía en esa zona y era un gran estudiante del liceo –en 1989–, doy fe de que existía lo que se llamaba la ruta 5 vieja. Ahora esa ruta 5 vieja –como le llamábamos– está impecable. Y ¿con qué se transformó a esa ruta 5 vieja, que quedó impecable para la mejora en la calidad de vida de la gente de Progreso? Con los recursos que venían del Gobierno nacional, que ahora fueron recortados. Porque no se recorta a la Administración –en este caso, del Frente Amplio–, sino los derechos y la calidad de vida de la gente, las posibilidades o no de desarrollarse y ese fondo metropolitano que no existe más.

Lo que no refleja este articulado del presupuesto, es el acuerdo que estuvo firmado por todos los intendentes. Esto ya lo vamos a ver y a analizar, pero no queremos dejar de señalar que en este presupuesto siempre se tiene que pensar primero en la gente y estamos viendo que va a quedar aprobado un presupuesto de recorte de derechos y de ingresos para los sectores más vulnerables; va a quedar un presupuesto que va a estar indudablemente de espaldas a la gente.

Gracias, presidenta.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: de recortes y tijeras se ha hablado aquí y con recortes es como nos han dejado el país; con recortes que condicionan este presupuesto. Parece que esto recién empezara de cero, que fuera una génesis, como si se empezara a planificar un país, cuando nosotros partimos de una realidad que viene condicionada por recortes y por tijeretazos que dejan retazos.

Quiero empezar con agradecimientos, en primer lugar, al presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que ha hecho una gran labor de contención, de guía y de marcar los ritmos y plazos con mucha paciencia, dedicación y chocolate.

Quiero agradecer, además, al informante en mayoría, que se ha tomado para sí la tarea más ardua de nuestra bancada para hacer el informe íntegro; a la secretaría de la comisión, que también ha trabajado con ahínco; a mi equipo: Patricia Leoncini, la contadora Valentina Gorfain –que viene trabajando desde la Cámara de Representantes–, al doctor Santiago Ruete, al doctor Julián Barquín, al procurador Ignacio Ubilla y a quien me ayuda en comunicación, Josefina Brum; también al secretario de bancada de Aire Fresco, Andrés Pereyra, a los otros secretarios, Emiliano y Juan, y a otros consultores con quienes he trabajado como si fueran asesores míos: el doctor Gabriel Berreta, Gonzalo Gómez y Nico Silva y, finalmente, a quienes trabajan en el Poder Ejecutivo y con mucha paciencia nos explicaron y evacuaron consultas.

El presupuesto contiene un plan de gobierno para cinco años; plasma una filosofía política de esta Administración, una ideología, una concepción de gobierno y pauta el modo de llevarlo adelante. En ese sentido, es un instrumento jurídico-político. Dice Cassinelli Muñoz, al analizar la hacienda pública y los principios presupuestarios, que para proyectar un presupuesto hay que tener un plan. De modo que no renegamos de la adhesión a una filosofía política.

En el sistema del presupuesto por programas es necesario pensar el planeamiento y el presupuesto de forma coordinada. Es así como este sistema es un instrumento de concreción de un plan, de un orden, de una coordinación, de una armonización sistemática y coherente.

Me gustaría dividir este análisis en cuatro puntos. Uno de ellos es el para qué, la finalidad. Brevemente, como se dijo, el norte está puesto en la reducción de la brecha de la pobreza y en la generación de condiciones de empleo. Otros puntos son el qué y el cómo ordenar esta casa. Luego están los principios y las propiedades esenciales de este presupuesto en particular y, por último, una teleología, una finalidad a largo plazo, más que en lo inmediato.

Ya ha sido mencionado por quienes me antecedieron en el uso de la palabra que el centro de los desvelos de este presupuesto es el ser humano; es antropocéntrico en ese sentido. Lo que pasa por el presupuesto es la visión y la misión del Estado, pero no todo se agota en el presupuesto porque la economía es aún más grande. Ahora bien, no nos enamoramos de los números sino de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? A veces se ha dado, repetidamente, una situación parecida a la de «un padre manga ancha» y eso no siempre ha repercutido en la mejora de los beneficiarios, porque los recursos a veces se filtran entre los salarios altos de gerentes o el apoyo a las ONG amigas. Entonces, en los hechos, no siempre han llegado al destinatario.

La idea es terminar con el despilfarro, con el gasto como si la lotería se hubiera sacado dos veces.

Este es un presupuesto numéricamente cuidado porque hay que hacer un equilibrio entre el déficit y la deuda. Con el importe asignado se va a poder gestionar bien, porque se va a cuidar el dinero de la gente.

¿Es un presupuesto austero? Sí, para no aumentar impuestos, contrariamente a lo anunciado con negatividad. O hacemos esto o ponemos impuestos. Ese fue el compromiso de campaña.

El concepto fundamental de este Gobierno es la responsabilidad y la coherencia. Es un presupuesto pensado y destinado a quienes lo necesitan y no a los que, con intermediaciones, retuvieron y filtraron los dineros que son de todos.

El qué –que mencionamos antes– tiene que ver con ordenar la casa, porque para eso nos llamaron. Este cambio de gobierno tuvo como mandato del electorado ordenar la casa, porque la regla del presupuesto es el orden; es un plan ordenado y sistemático. La excepción es el gasto extraordinario, pero en el pasado se había transformado en la regla.

En el cómo están los principios esenciales de este presupuesto que, como dije, es responsable. Como decía, tiene un supuesto previo: está condicionado a la situación fiscal tal como se la encuentra. Recibimos una herencia: un país con un 5 % de déficit, dejado por las Administraciones anteriores, una preciosa herencia que nos hace arrancar con una deuda brutal, solo similar a la alcanzada con posterioridad a la crisis del 2002. De manera que se habla de recortes y de tijeras, pero cuando se nos entrega –de antemano– ya estaba recortado. Entonces, se pretende que se haga más con muchos menos recursos, que es lo que nos dejaron.

Hice referencia a un presupuesto responsable y permítanme remontarme a la etimología de la palabra, que implica dar de forma correspondiente a lo prometido. Este Gobierno prometió algo y vuelve a ese punto de partida, a lo prometido. La responsabilidad implica ser capaz de responder a los compromisos, que es lo que se está haciendo, y ello, además, es una nota esencial del Estado de derecho. Solo los Estados absolutistas están exentos del deber de responder frente al mandato popular. Exige una coherencia en la acción como condición sine qua non de la credibilidad. Entonces, con responsabilidad se responde a lo dejado, a la situación que nos toca vivir y a la herencia. En ese sentido, es realista, como fue dicho, y también es posible, como dijera el señor senador Manini. El futuro a crear, decía la señora senadora Nane; pues el futuro creado por el Frente Amplio es hoy nuestro presente y nos condiciona, en cuanto a recortes y tijeras. El incremento del gasto no implica una mejora si se va –como decíamos– en las filtraciones, en la compra de vehículos de alta gama y demás, en lugar de llegar a los beneficiarios.

Aquí se reivindica el rol de un Estado más grande y se critica que concibamos un Estado, no más chico, pero sí que actúa cuando es necesario, permitiendo que las esferas externas de la sociedad, que es más grande que el Estado, actúen libremente. ¡Claro!, esto no responde a concepciones marxistas-leninistas donde no es que el Estado sea más grande, sino que el Estado es todo.

De recortes y tijeras, de retazos, con déficit, arrancamos con «números rojos», cantaba Joaquín Sabina, y encima la pandemia. Se reporta que los casos de la pandemia comenzaron en febrero, pero en su momento no se tomaron las acciones preventivas correspondientes. Y citando nuevamente a Sabina, decimos: «Llueve sobre mojado», porque encima del déficit, vino la pandemia. La gente viviendo en la calle, se decía. Sí, así encontramos la situación.

Este es un presupuesto responsable, que da respuesta –responde– adecuada o acorde a la situación; en ese sentido, es reactivo, reacciona frente a la situación dada, por eso es, también, justo. Cumple con los compromisos, es coherente. Está dirigido a hacer sustentables las políticas públicas y a cuidar el dinero para poder seguir adelante con esas políticas. Es el ama de casa que, de acuerdo con las disponibilidades y las necesidades, planifica; dice: «estamos endeudados, viajes por ahora no, no compremos maquillaje, no hagamos paseos, vayamos a lo imprescindible». Cuida para que no falte el techo, el abrigo, la comida, la salud y la educación.

Es un presupuesto austero. Sí, es austero, moderado, sobrio, continente, con templanza, virtudes del buen administrador. El senador Gandini lo ilustraba con la figura del buen padre de familia, opuesto a la ligereza, el despilfarro, al desenfreno. Nuevamente, como en casa: si me pasé con la tarjeta, no sigo pidiendo fiado al almacén. Es, sí, una decisión político-filosófica de asegurar lo esencial y, por el momento, postergar lo baladí, para que cuando se pueda, con las finanzas saneadas, ingresemos en otras cosas que son buenas –nadie lo discute–, pero no imprescindibles.

Se da lo que se necesita. Sí, claro, no hornos carísimos que después no funcionan, no a una regasificadora ni a un Antel Arena por más bonito que sea. Este es el criterio que los uruguayos eligieron para administrar, y confiaron en los gobernantes, con el criterio de que los gobernantes estiman pertinente, no con el criterio de aquellos que fueron desplazados en las elecciones. No vamos a consultar a los no votados, sino que vamos a seguir el criterio de quienes fueron puestos en sus lugares por mandato popular. Y no se escatima el gasto, se da lo que se necesita.

La estabilidad fiscal no se concibe como un fin en sí mismo; es nada menos que para el sostenimiento de las políticas fiscales. Fue necesario, sí, racionalizar el gasto. ¿Por qué? Porque era desorbitado, desproporcionado con respecto a los ingresos, al crédito y a las posibilidades. Implicaba, además, aumentar una carga impositiva ya insoportable.

En comisión se dijo una frase que me quedó en la memoria; era algo así como una amenaza: «Por los frutos los conoceréis», refiriéndose a nosotros. Bueno, yo coincido: por los frutos también se los conoció en el pasado, y por los frutos la mayoría decidió un cambio.

Este es un presupuesto humanista, como decía, y antropocéntrico, es decir, con el centro puesto en la persona. No se centra en los números ni en los incisos, porque no por arte de magia, por dar más dinero a los incisos, en una lógica incremental, se producen los cambios y llegan al beneficiario. Ya lo dijimos; no voy a repetirlo.

Es un presupuesto respetuoso de los destinatarios, respetuoso de la gente. La gente eligió y nosotros nos debemos a ella. No aprovechamos la oportunidad, como padre malcriador, para sacar la chequera, como si fuera nuestra –que no lo es–, y resultar simpáticos dando sin medida, librando cheques diferidos sin fondos, para que después se paguen. No usamos la tarjeta más allá del crédito. Ello no es más que una falsa ilusión. ¡Denme más, denme más! Si yo, como Gobierno simpático, doy, al final lo que hago es dar menos, porque luego lo van a tener que pagar los contribuyentes. Eso es lo que pasa: lo vas a tener que pagar tú, habitante, a través de los impuestos, porque la plata de algún lado tiene que salir. Entonces, pedir al Gobierno más dinero sin responsabilidad, sin un respaldo, es hacerse trampas al solitario.

Esto es respeto por los dineros ajenos, por el pago de los impuestos de los contribuyentes, para que sean devueltos en el mismo destino para el cual fueron vertidos; es respeto por el ser humano, para que llegue a la gente, no para engrosar programas, incisos, entelequias que no aseguran per se que la política social llegue al destinatario.

Y este es, también, un presupuesto tax free, como fue prometido. Frente a la realidad heredada del 5 % de déficit y la actualidad de la covid-19, el Gobierno tenía tres posibilidades para actuar, pero solo dos eran legítimas. Digo tres porque la primera salida, que era incumplir las promesas, está descartada. No, el Gobierno no accedió a incumplir. Sabemos cumplir. Las otras dos posibilidades eran: primero, endeudarse, seguir aumentando el déficit y los impuestos, y, segundo, pretender hacer caja creando o aumentando la carga impositiva. Ante estas tres puertas del Castillo de la Suerte, no elegimos ninguna de las tres puertas, porque detrás de todas estaba el chancho, que es lo que no queríamos elegir.

Optamos por no cargar más a la clase media con las ineficiencias del Estado de la pasada Administración. El sector privado ya hizo el ajuste todos estos años, un ajuste fenomenal que se reprodujo en la pandemia con la caída de la inversión, con el desempleo y la baja de los salarios. Eso lo queremos revertir.

Que el Estado se ordene y se ajuste, porque a este Estado lo bancamos entre todos. No es Papá Noel. No es un papá con una billetera grande. Es un administrador de nuestros dineros. La billetera, o la chanchita, la formamos entre todos y queremos que se cuide, que rinda, porque tiene que alcanzar, sobre todo para quienes más lo necesitan. Y sin impuestos, porque la carga impositiva ya es muy pesada; promesa de campaña: presupuesto tax free.

Este es un presupuesto para la sostenibilidad de las políticas sociales. Yo, en mi casa, tengo que mandar a los niños a la escuela, al liceo, hacer las viandas, prever la salud, el alimento, el abrigo, el techo, las necesidades básicas; entonces, no me endeudo más allá de las posibilidades porque, si no, al final, voy a privar a los integrantes del hogar de lo esencial. Sí me endeudo, sin dudarlo, si llega una emergencia como la de la covid-19, como se hizo, pero no para viajes y cosas superfluas.

En 2019 éramos los peores de la clase en materia fiscal. En este presupuesto, la política fiscal apunta a la mejora de las cuentas públicas y a la contención del gasto que –reitero– no es un objetivo en sí mismo, sino que está dirigido al sostén de las políticas sociales. La política monetaria tiene como objetivo reducir la inflación. La política salarial tiene como foco la priorización del empleo. La principal política social, decía el expresidente Jorge Batlle, es la del empleo.

Por otro lado, se han referido ya medidas adoptadas por este Gobierno que no voy a reiterar en aras de ser breve y para no aburrir a los señores senadores. Simplemente quiero decir que la preocupación por las políticas sociales y su sostenibilidad, que depende de nuestra conducta fiscal, es lo que signa este presupuesto.

También es un presupuesto para recuperar la credibilidad perdida. No más mentiras piadosas –abusando, nuevamente, de las citas de Joaquín Sabina– porque, al final, siempre son descubiertas y hacen imposible la credibilidad intramuros y extramuros. Asimismo, hay que recuperar la confianza de los mercados y la propia estabilidad financiera.

En la comisión el señor senador Gandini decía que en los Gobiernos pasados siete veces se votó el endeudamiento por encima de lo previsto por el Frente Amplio, la inflación siempre se mantuvo fuera del rango meta indicativo, las proyecciones fallaron, etcétera.

El compromiso asumido es mejorar las cuentas fiscales; para eso se nos votó. Ese compromiso se transforma en un deber. Y luego del esperado cumplimiento, se habrá recobrado la legitimidad en la credibilidad y las expectativas quedarán satisfechas.

Creo que fue el señor senador Botana quien hablaba de prudencia; y no recuerdo quién mencionó que es un presupuesto justo. Pues bien, lo justo también es dar lo que corresponde. Efectivamente, esto es lo que corresponde, es la medida necesaria para el escenario con el que nos encontramos, provocado no solo por el déficit, sino también por algunas dosis de mala administración, mala gestión e irregularidades, y me refiero a las auditorías. Cuando encontramos los informes de las auditorías, hay algo que se dijo para defender las irregularidades y fue: la montaña parió un ratón. De esta forma se quiso restar importancia a la mala administración, a las irregularidades. Es una infeliz expresión, porque cuando se juzga de mala administración e irregularidad, lo que importa no es el monto; el monto da el cuánto del daño, pero el daño existe y refiere a la mala administración de los dineros públicos de todos los uruguayos. Es de a pesito que se llenan las chanchitas. Además, un ratón solo, igual molesta, y cuando encontramos que se llena de ellos –en ocasiones y siguiendo la fábula– habría que llamar a El flautista de Hamelin, pero nosotros no somos El flautista de Hamelin, no nos creemos eso, pero sí queremos erradicar a los ratones por pequeños que sean.

El otro punto que se omitió, restando importancia a estas «pequeñas» irregularidades y «pequeñas» fallas en la gestión, fue la oportunidad de dar el ejemplo. Se incumplió uno de los deberes más nobles que tiene el gobernante, que es el de dar el ejemplo de buena administración, lo que pasa por tener austeridad, por el cuidado de los dineros de todos, por la transparencia en una gestión irreprochable, tanto en lo poco como en lo mucho. ¡Vaya defensa decir que fue poco el desvío y la mala administración!, por ahora.

Quiero hacer una observación sobre el leitmotiv durante la labor en comisión, que aquí se reiteró. Hubo un permanente deseo de que se reivindicara la gestión del Frente Amplio, lo que no está en tela de juicio, porque habrá habido cosas buenas y otras malas. Además, hubo un cuestionamiento y una desconfianza a todo lo nuevo planteado por este Gobierno, como si no se hubiera votado un cambio, como si viniéramos y tuviéramos que escuchar el criterio de otros para llevar adelante las políticas.

Este presupuesto también trae un cambio radical de enfoque. Hay una preocupación, no por dar de cumplido simplemente porque se pide –esa sería la postura de un padre malcriador que, por no decir que no cuando no hay, sigue dando, no pone freno, es «manga ancha» y se endeuda por los caprichos de su hijo–; este presupuesto apunta a una atención más integral a la persona: le doy si lo precisa, hasta el punto de que lo requiera y por el tiempo que lo necesite. No la transformo en dependiente, sino que la acompaño en su camino hacia la autonomía. Esto no se comparte y es entendible, porque un lado y otro ostentan ideologías bien diferentes.

Por último, voy a referirme al porqué, es decir, a la teleología a más largo plazo. Se parte del déficit más alto en los últimos años y de la premisa de que el ciudadano ya ha hecho el esfuerzo, de que el Gobierno se comprometió y se compromete a conducirse de forma austera y a ordenar los recursos humanos de los servicios públicos del Estado. Los ciudadanos depositaron en los hombros de los políticos una nueva forma de administrar, un cambio. Este es un mandato popular. La ciudadanía dio un mensaje claro: el de un cambio. ¿No estaríamos defraudando a nuestros votantes si adoptásemos los criterios y la forma de conducir que propone la oposición? Es hora de cumplir con la voluntad popular, en diálogo constante con los partidos políticos opositores y con las organizaciones civiles. Eso es así, pero enseguida se debe accionar y transformar, es decir, hay que hacerse cargo. Si la gente eligió un cambio es para la acción y para la transformación. En tal sentido, supimos cumplir y presentamos un presupuesto responsable, con orden y no como en esos talleres donde en un cartel se dice: «La casa no se responsabiliza en caso de siniestro». No. Nosotros nos responsabilizamos. Presentamos un presupuesto austero –porque es lo que manda el médico, por la salud del Uruguay en este momento–, humano, respetuoso, sostenible para la perpetuación de las políticas sociales, creíble y tax free.

Sobre las mediciones con respecto a cuánto se achica el Estado, debo decir que eso también fue un mandato popular. «¡Achiquen el costo del Estado, por favor!» se leía en unos pegotines que llevaban algunos vehículos. Entonces, están muy bien todas las disquisiciones de filosofía política, pero nosotros no ganamos para hacer lo contrario a lo prometido; vinimos a cumplir un mandato. Estamos cumpliendo con los programas de campaña y con el mandato popular. Lo justo. Mantener este rumbo es el imperativo democrático.

Gracias.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: ya hemos expresado que no vamos a acompañar en general el proyecto de ley de presupuesto que nos ha presentado el Poder Ejecutivo.

El presupuesto nacional es la expresión, a corto y mediano plazo, que hace el Estado de sus prioridades y proyecciones; es, ni más ni menos, que la expresión de los montos que el Estado destina para su funcionamiento. Como muy bien se dijo aquí, es el rumbo estratégico del Gobierno.

Si hay algo que caracteriza esta etapa histórica que está transitando la humanidad es la incertidumbre. La pandemia, en su expresión de la covid-19, ha implicado cambios radicales y consecuencias en la vida de la gente. Hoy en nuestro país estamos viendo un incremento de casos diarios y esto implica, indudablemente, responsabilidad individual y colectiva. Entendemos que un presupuesto nacional no puede sumar incertidumbre, sino que en ese contexto es necesario construir certezas. En ese sentido, entendemos fundamental el rol del Estado, las políticas públicas y los programas de carácter social.

No puedo obviar el hecho de que en la última década y media de nuestra historia hubo un largo e intenso período de crecimiento económico, con inclusión social. Estamos convencidos de que es posible –porque efectivamente lo fue- crecer y redistribuir para construir equidad en un marco de justicia social, y de que es posible, entre otras cosas, a través del fortalecimiento del Estado en su rol. A su vez, el Estado se fortalece con recursos. No creemos que se construya derramando gotas sobre los más débiles en períodos de auge y haciéndoles cargar sistemáticamente el peso de los desajustes y de las crisis. Esta vía la rechazamos, por motivos éticos y porque no hace más que aumentar las distancias en el seno de la sociedad al generar profundas injusticias, desequilibrios varios y cada vez más y más conflictos o tensiones.

Ha sido una prédica constante que una de las problemáticas principales del Uruguay contemporáneo se encuentra en el desmesurado tamaño del Estado que, a juicio de quienes así lo predican, constituiría un freno para el desarrollo de la actividad privada en todos los planos de la economía social. Hablamos de un sector privado que por sí y ante sí se autocalifica poseedor de la llave del crecimiento y el desarrollo.

Los funcionarios públicos y su expresión monetaria en el presupuesto, es decir, sus remuneraciones, han sido una y otra vez uno de los blancos preferidos de las propuestas de achique del Estado y, por supuesto, el discurso o el relato de la expansión del empleo público, que se dio en el contexto de las políticas de inclusión social en los Gobiernos del Frente Amplio. Los argumentos al respecto siempre acuden al manejo de cifras absolutas que parecen desproporcionadas para nuestro país, eficientemente alejadas de otras comparaciones.

¿Por qué vamos a esto? Ante todo, porque estamos convencidos de que es posible concebir el rol del Estado desde otro lugar.

En esta jornada hemos asistido a una especie de justificación que pretende colocar los quince años de gobierno que nos precedieron como responsables de un presupuesto opaco, discrecional del Poder Ejecutivo.

Entendemos necesario dar un marco histórico al análisis presupuestal.

En Uruguay pueden identificarse tres etapas en lo que respecta a los modelos de Estado social, que se vinculan claramente a tres etapas del desarrollo, también latinoamericano. Me refiero al Estado social, minimalista, del período exportador primario; al Estado social de base contributiva, durante el modelo de sustitución de importaciones y, luego, el giro al Estado social refractario y la incorporación del mercado en los asuntos sociales, propio de la era del Consenso de Washington. Como resultado de este último modelo y de la apuesta a un país importador y financiero, en 2005 Uruguay sufría las consecuencias de largos años de falta de inversión en el aparato industrial y productivo, y la incapacidad para colocar sus productos en el mercado externo. Empezaron a vislumbrarse fuertes impactos ambientales por la aplicación de un modelo extractivista. Era un país que progresivamente dejaba sus riquezas y en el que de manera silenciosa crecieron la inseguridad, la violencia y el narcotráfico; un país que salvó bancos mientras naturalizaba la pobreza y la exclusión; un país de desocupación, de flexibilización laboral, de falta de oportunidades; un país donde la niñez nacía pobre y en el que la juventud era expulsada al exterior, y no precisamente a estudiar, becada, en algún país.

Reitero que es necesario mirar esto desde una perspectiva histórica, porque el presupuesto es una expresión política del modelo.

El Uruguay que inició el siglo XXI tenía una profunda crisis económica que lo fracturó como sociedad, que dejó como saldo altas tasas de pobreza, exclusión e indigencia. Entre 2002 y 2004 se derrumbaron la producción, el empleo y los ingresos; la pobreza alcanzó índices y porcentajes históricos, y la inmigración se convirtió en moneda corriente.

¡Claro que concordamos con cosas que dijo aquí el oficialismo! Por ejemplo, en que hay que prepararse para sacar a este país adelante. ¡Claro que ciframos las esperanzas en los jóvenes para enfrentar el futuro! Se está expresando sin titubeos que hay que salir adelante a través del esfuerzo, pero este presupuesto desconoce que no todos partimos de la misma base a la hora de realizar ese esfuerzo.

En varias oportunidades se habló del escudo de los débiles para referirse al Estado, pero no somos discursos, somos praxis. Nos costó mucho reconstruir la brecha de la desigualdad y realmente tenemos la memoria intacta sobre lo que fueron las consecuencias de otros modelos de país. Esa es nuestra preocupación. No podemos avalar en su conjunto un presupuesto que a través del recorte del gasto público reinstala en forma sistemática un modelo que, sin duda, traerá consecuencias. Los actuales jerarcas, legisladores, han sostenido y repetido permanentemente, como si la campaña electoral no hubiera terminado, que recibieron al país en una penosa situación desde el punto de vista económico y social, supuestamente asfixiado por niveles elevados de deuda y de gasto público.

Como fundamento de estos recortes presupuestales nos dicen que apenas sí se están eliminando gorduras y excesos, repitiendo un discurso de campaña –que respetamos profundamente– que quizás haya tenido la decisión del soberano, pero que a la hora de ser justificados seguramente se verifiquen por la vía de los hechos. A partir de esa premisa se nos dice que se está obligado a procesar un severo ajuste del gasto público que –haciendo una pirueta de argumentos– no habría de tener impactos negativos porque –se dice y se repite– solo se trata de corregir y eliminar esos excesos. Sin embargo, entendemos que frente a nosotros solo tenemos una certeza en este proyecto presupuestal: que una vez que esto tome forma de ley, la asignación de recursos resultante será incierta.

Se trata de un proyecto que contiene dos medidas de déficit notoriamente diferentes: el déficit presupuestal proyectado entre 2020 y 2024 –esto es la diferencia anual entre ingresos y egresos de todos los incisos– y la meta indicativa del déficit proyectado para calcular la regla fiscal contenida en la exposición de motivos. La diferencia entre ambas proyecciones, en promedio, es de hasta USD 1.000:000.000 por año, siendo siempre menor el déficit para cumplir con la regla fiscal que el que figura en la primera premisa que manifestamos, lo cual equivale a considerar que cumplir con la regla requiere un nivel de gasto bastante menor al del proyecto presupuestal. ¿Cómo explicar esta diferencia entre el 1,5 % y el 2,0 % del PBI por año? Lamentablemente, la escasa información que respaldó este presupuesto nos impide responder esa contradicción.

Por tanto, el Poder Legislativo está aprobando un presupuesto nacional a ciegas, desconociendo con qué recortes o subejecuciones el Poder Ejecutivo alcanzaría su meta fiscal. Por eso, nos parece importante preguntarnos cuál es la importancia económica del Estado. Hay quienes entienden y recurren al indicador que mide la participación del gasto público en el producto bruto interno. Esto lleva implícito un preconcepto, si se quiere, que es que un alto porcentaje del PBI nos remitirá a una situación complicada y a graves problemas para el crecimiento económico. La información del Banco Mundial para el caso de Uruguay –aquí se han hecho referencias a estos datos– nos muestra que en el quinquenio 2014-2018 el gasto público del Estado uruguayo representó un promedio del 34,3 % del PBI, ocupando el lugar 35 en un ranking de 140 países. Esto, de alguna manera, da por tierra ese preconcepto antiestatista al que hacíamos alusión, de quienes piensan que el Estado es parte del problema y no de la solución. Todos usamos muchas veces el ejemplo de los países nórdicos –Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia– por su alto grado de desarrollo, pero este agrupamiento es, desde hace ya un buen tiempo, el que encabeza la lista como el de mayor gasto en proporción al valor de su producción de bienes y servicios. La zona euro, otro grupo de países de altos ingresos, está en el segundo lugar; y no muy lejano de ellos se ubica nuestro país.

¿Qué nos deja esto como enseñanza? Que la asociación de bajar el gasto público para que el sector privado nos conduzca al desarrollo una vez librado del aparente bloque estatal parece perder pie ante una correlación tan alta entre el nivel de gasto público y el ingreso promedio nacional. Más aún: los países que la ONU clasifica como menos desarrollados y aquellos considerados con una población de medianos y bajos ingresos, son justamente los que menos gastan en servicios públicos y en infraestructuras que beneficien a la mayoría. América Latina aumentó su gasto público en lo que va del siglo XXI, que es justamente el período en que estuvieron al frente de los destinos de sus países Gobiernos progresistas, y ello coincidió con una importante reducción de la brecha en cuanto a desarrollo y distribución con respecto a los países desarrollados.

Pero veamos qué significa el concepto de gasto público. El Banco Mundial considera «gasto público» los pagos de dinero por actividades operativas del Gobierno para la provisión de bienes y servicios; incluye remuneraciones de sus empleados –como sueldos y salarios–, intereses y subsidios, donaciones y beneficios sociales. La cuantificación del Estado a través del gasto lleva a concluir, señora presidenta, que esta es una institución que no genera ningún valor, que para ello está el sector privado, cuando es evidente que no existe cadena de valor que no integre en su estructura bienes o servicios provenientes del sector público. Por eso, todas las grandes revoluciones tecnológicas –ya sea en medicina, en informática, en energía– fueron posibles gracias a la actuación del Estado como inversor en primera instancia.

Este presupuesto, señora presidenta, idealiza a los actores privados en las industrias innovadoras y está ignorando su dependencia de los productos de la inversión pública, mientras que nosotros entendemos que el único modo de lograr una recuperación plena de nuestra economía es que el sector público retome su función crucial de inversor estratégico a largo plazo y con sentido de misión. Eso nos lleva, indudablemente, a refutar algunos conceptos respecto del modo en que se crean el valor y la riqueza, expresados en relatos que nosotros entendemos que son erróneos. La creación de un valor económico materializado en un bien o servicio determinado capaz de atender una necesidad colectiva no depende de si el trabajador es público o privado, si el salario lo paga el Estado o un empresario. Una vez concluido el proceso productivo, habrán contribuido funcionarios públicos y empleados privados, de incalculables procedencias y atributos, a que el mundo disponga de una riqueza mayor. Ahora bien, cómo se distribuirá ese nuevo valor es otra discusión.

Se ha hecho referencia en varias oportunidades a que este presupuesto se compara con la actuación de un buen padre o madre de familia en el manejo de los dineros públicos; eso se dijo aquí, justificando de alguna manera el presupuesto. Decía Alfredo Zitarrosa: «… yo le v’ia dar a mi modo las razones que “colijo”:» –¿se acuerdan?– «si la madre quiere al hijo no se lo encarga a la tía; […] no ha de quererme la mía, –aunque yo pueda quererla–…», pero el final lo vamos a dejar seguramente para dentro de algunas semanas.

Aquí se está debilitando la capacidad del Poder Legislativo para asignar recursos y se está supeditando todo lo dispuesto por una norma de rango legal a un cálculo que es antojadizo, discrecional de algún jerarca del Ministerio de Economía y Finanzas o de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El Decreto n.º 90/2020 está marcando la línea de ajuste del gasto en todos los planos. Si a eso le sumamos la proyección de caída del salario real para todo el quinquenio y que se cumplan las predicciones del Gobierno –contando para ello con extremo optimismo–, el poder adquisitivo de 2019 sería recuperable recién en 2025. Por lo tanto, es irremediable no visualizar que hay una curva para abajo que va a marcar una pérdida en todos estos años y esto es importante, porque hace nada más ni nada menos que al salario de los trabajadores.

Durante la comparecencia de las diferentes delegaciones hemos asistido a una escueta respuesta por parte de gran parte de los integrantes de los incisos con relación a metas y objetivos que justifiquen, incluso, las medidas que se plantearon. En el tratamiento de este proyecto de ley de presupuesto, en varias oportunidades contamos con la presencia de jerarcas que muchas veces no compartían el contenido del proyecto sobre el que venían a informar. Incluso, la presentación a último momento de un aluvión de artículos sustitutivos denotó la falta de trabajo o discusión previa en las filas del Gobierno, y llegó a entorpecer lo que fuera –y debo reconocerlo– una muy buena presidencia y vicepresidencia de la comisión. Veamos de qué estamos hablando.

Por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, en el que la prioridad debería ser la atención de los más vulnerados, el foco del proyecto de ley está puesto en la creación de cargos y compensaciones, y no en la definición de las políticas que se van a llevar adelante. La propuesta del ministerio en lo programático es imprecisa, con falta de definición de las líneas de acción, de los recursos asignados a cada una y de las correspondientes metas de cobertura e impacto previstos. Se pone un empeño inusitado en la creación de las unidades ejecutoras y se destina un importante monto de recursos a compensaciones salariales discrecionales; entre ellas destaco el aumento del sueldo de algunos de estos cargos de confianza, en un contexto de creciente problemática social y un discurso realista de dura restricción. En definitiva, parece que para el Ministerio de Desarrollo Social lo importante es asegurar aumentos salariales y no la atención de los más vulnerables.

Esto tiene dos variables que han sido previstas: una es el resentimiento del salario, y la otra, la reducción de trabajadores por el retraso del ingreso a la función pública, por lo que no es parejo para todos los trabajadores. La perspectiva, en medio del ajuste del gasto en los salarios, es poco alentadora. En el Ministerio de Desarrollo Social, específicamente, tenemos un escenario preocupante, pues se habla de un eventual aumento del presupuesto que, en realidad, es una reducción.

Aquí se ha hablado de la salud y de la vivienda. El área de la salud había sido anunciada como una prioridad presupuestal para el Gobierno, pero los recursos asignados a ASSE van a sufrir un recorte de $ 2.140:000.000 en 2021, en momentos en que más de 85.000 usuarios están ingresando a la institución como resultado de la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país. En este caso, a pesar de lo incierto, opaco y discrecional que resulta el proyecto de ley presupuestal, resulta claro que tanto en ASSE como en el Ministerio de Salud Pública los recursos no serán suficientes para mantener la operativa.

También, debido a los recortes operados en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, donde disminuye claramente la cantidad y calidad constructiva de las soluciones habitacionales previstas, se compromete la integridad de la malla de protección social, a lo que se suma la actual falta de relevamiento sobre el impacto de las políticas implementadas y la falta de control en la calidad de la información generada. Entendemos que esto va a aumentar la discrecionalidad en el uso de los fondos en el corto plazo, cuando más se necesita ampliar y fortalecer la matriz de protección social.

En conclusión, esto que se ha presentado –que nosotros entendemos que son recortes– no implica solamente menos recursos para cada organismo, sino, ni más ni menos, la renuncia a aquel Estado que definíamos al comienzo, que debería tener un rol activo en la ejecución de políticas públicas como las que permitieron a Uruguay atravesar sin mayores consecuencias las diferentes crisis económicas regionales e internacionales de los últimos años y posibilitaron la gestión exitosa de la crisis sanitaria actual. Esto implica el abandono de una cantidad importante de la población, en particular de los más vulnerables. ¿A qué? A lo que disponga, en todo caso, la lógica del mercado, ya conocida, que trajo importantes crisis sociales y reducción del bienestar de la población uruguaya en otras décadas.

Los artículos aditivos presentados por el Frente Amplio en materia de reasignaciones, y más aún los vinculados a transparencia, han sido desechados. Uno de ellos fue el vinculado a la reasignación de una partida para la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, lo que solo puede explicarse desde una posición conservadora y errónea que presupone una identificación del teatro independiente con una concepción estrictamente ideológica. Esto no lo admitimos, porque se está negando una reasignación a un componente pilar de la cultura nacional, desconociendo una votación unánime de la ley de Teatro Independiente en esta casa, apoyada incluso por el actual presidente de la república.

Se desechó, además, un aditivo que asignaba una partida para las ollas populares.

Dejé para el final el agradecimiento a todos los funcionarios que cooperaron para poder ordenar, redactar y, en fin, hacer más sencilla la tarea de análisis y de tratamiento del presupuesto nacional; y a nuestro equipo de asesores, que con compromiso y calificación ejercieron con total responsabilidad la tarea.

Por último, como nota positiva, cabe destacar que la acción de las organizaciones sociales y los medios de prensa, así como el trabajo responsable de esta bancada opositora, lograron revertir algunos aspectos negativos de la propuesta del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, se concedieron recursos adicionales –aunque insuficientes– para la UTEC, la Udelar y el Instituto Clemente Estable, lo que permitirá, entre otras cosas, la reducción de la pérdida de científicos a través de la creación de cargos con dedicación total. También se evitó el cierre de nuevas carreras en desarrollo.

Además, en lo que tiene que ver con el trabajo llevado adelante, quiero manifestar un agradecimiento especialmente. En lo que me es personal, muchas veces he sido escéptica con respecto al trabajo que cumple la bancada bicameral femenina, pero hoy quiero agradecer a las legisladoras que la integran, que junto con las compañeras de nuestra bancada que forman parte de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda –y en algunos casos, incluso, con una fuerte oposición de sus propias bancadas– lograron revertir la iniciativa que contenía inicialmente el presupuesto del Poder Ejecutivo, relativa a la suspensión de los juzgados multimateria, indispensables para dar cumplimiento a la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género. Asimismo, se impidió que prosperaran cuestiones que tienen que ver con exagerados aumentos de sueldos.

Por todo lo anteriormente expuesto, señora presidenta, no vamos a acompañar en general este proyecto de ley de presupuesto.

Es todo cuanto quería expresar.

Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: en primer lugar, me parece que corresponde agradecer a los funcionarios, porque esos días tan intensos –sobre todo los últimos– les impusieron muchas horas de trabajo, que llevaron adelante con un nivel profesional importantísimo. También agradezco a los asesores de nuestra bancada que, realmente, cada día hicieron un trabajo excepcional, mostrándonos sus saberes en cada área; y a los compañeros de bancada por la forma en la que trabajamos, como se debe hacer, poniendo todo de nosotros, respetando la democracia interna y aportando desde nuestro lugar a una oposición que creemos que es constructiva.

Nos enfrentamos a un presupuesto quinquenal, en mi caso por primera vez, ya que no tengo antecedentes personales de trabajo en este ámbito. En realidad, el estudio que realizó la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de esta cámara duró cuarenta días y de él pudimos sacar algunas conclusiones.

Estamos en un año muy atípico, pues la pandemia ha permeado en todos los sentidos, desde el alma hasta lo más concreto de lo material, como es lo económico y lo que analizamos cuando hablamos de un presupuesto. De acuerdo con los datos brindados por los diferentes señores ministros, sus equipos y otros responsables de los incisos –que desfilaron en este mes y medio de trabajo de la comisión–, a pesar de que muchos trataron de ser optimistas y expresaron que confiaban en poder trabajar con los rubros que se les habían asignado desde el Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP, en general, ante los detalles comprendidos en cada área y al profundizar en los aspectos específicos, vimos que en los hechos les iba a ser muy difícil afrontar la realidad de sus ministerios. Muchos lo expresaron al decirnos que si necesitaban más recursos tendrían que ir a solicitarlos a la OPP; alguien dijo, también, que en la próxima rendición de cuentas se podrían mejorar los recursos; y hubo quien se atrevió a decir que eran insuficientes y que aspiraba a que nuestra cámara pudiera mejorarlos.

Cuando asistieron a la comisión el Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP, con toda la fuerza que les da su poder de resolución en la política económica que conduce el país, insistieron en que hay que reducir la inflación y el déficit fiscal a como dé lugar. Es allí, por supuesto, donde discrepamos. Ese «a como dé lugar» –que es lo que se dice según nuestra interpretación–, por más que se quiera denominar con otros eufemismos como «eliminación de excesos» o «eliminación de gorduras» –como se intentó–, en la realidad pura y dura es una política de ajuste, de recorte, que no trata a todos por igual. Quienes pagarán esa política en mayor proporción serán los trabajadores y los jubilados, cuyas jubilaciones están atadas a la política salarial del Gobierno de turno. Mientras en los Gobiernos del Frente Amplio las jubilaciones subieron, en promedio, un 10 % cada año –y hubo años en los que subieron un 13 %–, el próximo 1.° de enero el aumento será menos de la mitad de eso. Además, aunque se diga que no es así y en la campaña electoral se haya dicho que no se iba a hacer, las políticas sociales están siendo recortadas, y vamos a enumerar algunas.

En educación, por más que se ha puesto en duda, se rebajan más de 2.000:000.000 en este presupuesto con respecto a lo que se había dado. Evidentemente, eso tendrá consecuencias. Aquí se hablaba de la rebaja en los sueldos de los maestros; yo ejercía como tal cuando asumió el Gobierno del Frente Amplio y tengo claro cuánto era el salario de un maestro entonces y en cuánto quedó al terminar los períodos del Frente Amplio.

También hay que decir que hay recortes en la Udelar y en la UTEC, y por más que se pretendió dar un poco más –algo que estuvo dentro de nuestras propuestas– y se hizo, no se fortalecen como se debería, justamente cuando se apuesta tanto a la educación.

El sistema de cuidados, al fusionarlo con discapacidad, evidentemente no podrá seguir cumpliendo su función. En esto realmente hace falta reforzar recursos, porque se venía instrumentando con un nivel importantísimo para la gente y creemos que disminuir la importancia del Sistema Nacional Integrado de Cuidados es disminuir también una parte muy importante de las políticas sociales que se venían llevando a cabo.

En cuanto al Inisa –organismo al que también algo se le otorgó–, tenemos muchísimas dudas en cuanto a que pueda seguir desempeñando la importante labor que hace con nuestros adolescentes.

Para el Frente Amplio, la rehabilitación de los privados de libertad, que es una política social, es muy importante. Justamente, hace pocos días el comisionado parlamentario mencionaba que en Estados Unidos –país que para muchos es ejemplo en temas de seguridad– se dieron cuenta de que simplemente meter presas a las personas y, como en nuestro caso, amontonarlas inhumanamente –como seguramente se hará– no es el camino. Allí están intentando que no se detenga más en los altos porcentajes en que se hacía. Deberíamos mirar eso y apostar más a la rehabilitación y a que los operadores –que son los que realmente trabajan con ellos– sean reforzados y no cambiados, como se hace en este presupuesto, porque para poder generar quinientos cargos más de policía se recorta la parte de los operadores civiles, que es tan importante en la rehabilitación.

Se baja también la protección en políticas sociales directas, de las que estaba a cargo el Mides. Hoy han sido sustituidas por programas diferentes, con menos equipos trabajando en territorio, con menos profesionales y más cargos, más de cien pases en comisión que se hacen en forma directa, sin llamados como se hacía para este tipo de equipos que mencionaba, por ejemplo, en el Programa Cercanías, en los períodos del Frente Amplio.

En el Inefop se cambia la estructura y la forma de funcionamiento.

Con respecto al empleador que no cumple con el pago a BPS, ahora el trabajador va a tener que esperar a que se realice ese aporte para recibir lo que le corresponde de la multa.

En cuanto a las políticas hacia el medio rural, se ha hablado mucho del interior profundo y de la importancia de no dejar atrás a quienes viven en condiciones más difíciles en el campo. Sin embargo, se debilita el Instituto Nacional de Colonización y las mesas de diálogo departamentales, que han jugado un papel tan importante en estos años, y no se les brindan los recursos necesarios, si es que se quiere apostar a esos ámbitos más específicos.

No hay una definición clara de políticas para superar el nivel que la pobreza y la indigencia han alcanzado este año, que se incrementó en un 36 %; más de 100.000 personas cayeron en estos niveles –en muchos casos a causa de la pandemia– y, sin embargo, en este presupuesto no se apuesta –como sucede en otros países– a porcentajes más importantes del producto bruto interno. Nuestro país invirtió apenas un 1 %, cuando el promedio de América Latina es del 4 % y, según manifiestan los organismos internacionales, alcanza un 12 % del producto bruto interno mundial. O sea que estamos muy lejos con ese 1 % que nuestro país aportó por el tema de la pandemia.

Otro aspecto importante es que se empieza a privatizar todo lo concerniente a los combustibles; pasa a manos privadas la venta de combustible en los puertos. En este aspecto quiero recordar –ya se dijo, pero quiero reafirmarlo–, que nuevamente a último momento –con una forma de trabajo que no compartimos porque ni siquiera se avisó a nuestro coordinador de bancada–, se agregó el tema de la privatización también en los aeropuertos. He sido coordinadora en la Junta Departamental de Florida y puedo afirmar que la labor de los coordinadores es, por lo menos, dar información a tiempo a las bancadas, para que no nos encontremos, simplemente, con una moción para ser votada.

Se apunta al alza de las exoneraciones tributarias en el régimen de promoción de inversiones, sin estimaciones en cuanto al impacto del empleo. Acá se habla mucho de generar empleo, pero realmente no vimos nada en el presupuesto que diga: «Vamos a generar empleo por tal camino». Se habla sí de las inversiones, pero no hay garantía de que apostando a exonerar estos tributos realmente se consiga obtener más empleo.

¿Qué decimos de los salarios de los trabajadores públicos? Como ya lo han explicado muy bien nuestros economistas, de acuerdo con el artículo 4.° va a haber una rebaja salarial. Eso implica menos dinero circulante. Evidentemente, en estos años no va a ser todo, como se auspicia, color rosa. ¡Ojalá nos equivoquemos! Por la gente, repito, ¡ojalá nos equivoquemos!

Por el artículo 7.° serán topeados los gastos de funcionamiento e inversiones cuando al Poder Ejecutivo le parezca, lo que no condice con las proyecciones económicas hechas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es un presupuesto que expresa que los pronósticos son auspiciosos para los próximos años, pero al parecer no todos los economistas lo ven de forma tan optimista.

El Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración hizo una presentación en comisión con la que podemos analizar diferentes datos. Allí se explica que en la crisis que enfrentó la economía uruguaya en el 2002 se demoró en tomar medidas de asistencia a la población, por lo que las consecuencias demoraron varios años en empezar a enfrentarse. Si bien la economía uruguaya viene de diecisiete años de crecimiento ininterrumpido, separándose de la trayectoria decreciente de Argentina y Brasil en los últimos años, es imprescindible la política expansiva para ayudar a la economía a retomar la senda de crecimiento.

De acuerdo con este instituto, las proyecciones oficiales del proyecto de ley de presupuesto generan gran incertidumbre por tratarse de supuestos macroeconómicos extremadamente optimistas, que no toman en cuenta los cambios que se están procesando en el mundo respecto al comercio mundial, a nuevas pautas de consumo y a nuevos modelos de crecimiento, ni los cambios en los mercados de materias primas y alimentos. Estos supuestos también son inconsistentes si se miran desde varios puntos de vista, algunos de los cuales serán comentados más adelante.

Se proyecta un crecimiento muy leve de las importaciones, lo que también parece inconsistente con esta trayectoria y con la necesidad de insumos importados que requieren las exportaciones uruguayas.

¿En qué se sustenta la recuperación del producto bruto? Se dice que en el sector externo –debilitado por la caída del comercio mundial–, por los precios internacionales y falta de recuperación de la competitividad de precios, en el consumo interno, debilitado por la lenta recuperación del empleo y la caída de ingresos reales, en un sector público sin crecimiento del gasto por ajuste fiscal y una política procíclica que no ayuda a la recuperación.

El PIT-CNT también analizó el proyecto de ley de presupuesto y dice algunas cosas que, evidentemente, compartimos. Se señala que el Estado debe favorecer y estimular la actividad privada, pues a través de ella se generará la reactivación económica, donde el Estado no puede ser un obstáculo. Apostar exclusivamente a lo privado como motor de crecimiento económico, es decir, librando todo a las leyes del mercado como la gran panacea que todo lo resuelve, sin contemplar las políticas públicas de desarrollo y las de contenido social, así como desconocer la historia económica de nuestro país es algo que forma parte de un modelo. Sabemos que cuando estos modelos fueron aplicados el resultado no fue bueno, ya que ello significó el empeoramiento de las condiciones de vida de la población. No hay dudas respecto a la importancia de la reactivación de la economía y la generación de empleo como motores de crecimiento con una perspectiva de desarrollo. Sin embargo, no debe haber dudas de que solo con un Estado activo se puede garantizar el desarrollo; el crecimiento por sí solo no asegura la equidad ni la calidad de vida de las personas.

Un presupuesto nacional que faculta al Poder Ejecutivo a fijar ajustes salariales que no aseguran el mantenimiento del salario real o, lo que es peor, que propone inéditos cambios metodológicos que claramente pueden configurar pérdida en su poder de compra; un presupuesto nacional que asigna recursos por debajo de las necesidades para el normal funcionamiento de los organismos que componen la Administración central, que propone congelar las inversiones públicas o que, en su afán de ahorrar, lleva a cabo recortes, aparentemente con el único fin de alcanzar una meta macroeconómica y fiscal, traerá aparejados perjuicios sociales importantes.

No compartimos la orientación economicista y por tanto mercantilizadora de este proyecto de ley, ya que su aspiración debería ser mejorar el bienestar social por medio de la profundización de las políticas sociales. Se establece una falsa contradicción entre Estado y mercado, pero son justamente las políticas sociales las que generan las condiciones para un mejor funcionamiento de la economía. Un Estado que combate la desigualdad y la pobreza, y que amplía la cobertura en materia de derechos, da lugar a una sociedad mejor preparada para dar el salto en materia de desarrollo económico y social. Tener menor capacidad de compra implica, por consiguiente, una caída en los ingresos de los hogares, es decir, menos plata en la calle circulando.

El mercado interno ha sido, durante estos años, uno de los principales dinamizadores del crecimiento y el mayor generador de puestos de trabajo. Su accionar mueve la actividad de miles y miles de pequeños y medianos emprendimientos, activando en su conjunto la economía. Si hay menos dinero circulando, habrá menos posibilidades de consumo, menor nivel de recaudación y menos recursos públicos para financiar la educación, la salud o las prestaciones de la seguridad social; si hay menos dinero circulando, empeorará la calidad de los servicios, se deteriorarán las condiciones de trabajo o los niveles de formalidad; si hay menos dinero circulando, se ponen en riesgo los niveles de calidad de vida y los derechos logrados en todos estos años.

Aquí se ha puesto mucho énfasis en cuanto a la herencia que han dejado los Gobiernos del Frente Amplio y, en realidad, nosotros queremos analizar lo que pasó durante ellos.

En 2004 la pobreza en el área rural era del 31,9 % y en 2019 bajó a un 2,2 %. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Uruguay es el único país de la región de América Latina y el Caribe donde no se da una mayor incidencia de la pobreza en los hogares agrícolas en comparación con los no agrícolas.

(Ocupa la presidencia la señora Gloria Rodríguez).

–La indigencia en 2004 estaba en 5,99 % y en 2019 bajó a 0,2 %.

El crecimiento del producto bruto interno, entre 2005 y 2020, fue del 126 %. Nunca en toda nuestra historia contemporánea se habían conseguido diecisiete años de crecimiento ininterrumpido. Uruguay es el país con mayor producto bruto interno per cápita de Sudamérica.

El crecimiento del salario real fue del 55 % entre 2005 y 2015. La OIT señala que Uruguay se destaca en América Latina por el aumento del salario real y el salario mínimo nacional.

En cuanto a la distribución de la riqueza, según el índice de Gini, en 2004 era de 0,458 % y en 2018 pasó a ser del 0,397 %, o sea que mejoró muchísimo. La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, dijo: «Uruguay es el país más igualitario de la región». Según cálculos de la Cepal, la pobreza está en el 2,7 % y la pobreza extrema en 0,1 %. La secretaria ejecutiva también decía: «… uno llega aquí y siente que el mundo no se va a acabar».

En cuanto a las reservas del Banco Central, en 2004 había USD 2.512:000.000 y en 2020 llegaron a USD 15.105:000.000. O sea que de los USD 2.512:000.000 de reservas que tenía el Banco Central, nuestro Gobierno las dejó en USD 15.105:000.000.

Con respecto a la deuda pública –de la que también aquí se habló tanto–, en 2004 era de 101,74 % del producto bruto interno y en 2019...

(Murmullos en sala).

–Pido que me ampare en el uso de la palabra, señora presidenta, porque escuché a todos los que me precedieron con mucha atención.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Por favor, señores senadores: vamos a escuchar a la señora senadora Della Ventura, que está haciendo uso de la palabra.

Puede continuar, señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- En 2004 la deuda pública era de 101,74 % del producto bruto interno, es decir USD 13.949:000.000 sobre un producto bruto de USD 13.686:000.000. En 2019 la deuda pública pasó a ser 67,04 % del producto bruto interno. Entonces, cuando se habla tanto de la deuda, hay que reconocer que en estos períodos bajó.

En cuanto a la informalidad laboral, en 2004 era de 49,1 %. Todos podemos recordar cuánta informalidad había y cómo en los Gobiernos del Frente Amplio muchísimos se formalizaron y pasaron a tener derechos. En 2019 la informalidad laboral pasó de 49,1 % –casi el 50 %– a un 25 %. En conclusión, la informalidad laboral se redujo casi a la mitad. Para lograr esto se destacan: la reactivación de la negociación colectiva, aunque ahora aparentemente cambiarían los criterios y quizás no tenga el mismo nivel que tenía; las reformas tributarias y de promoción de inversiones, que favorecen la inversión con la creación de empleo, y las reformas en la seguridad social, que han aumentado los beneficios de la formalidad motivando a la población a exigir un empleo formal. Recordemos también los beneficios a sectores específicos, como los peones rurales, las empleadas domésticas, etcétera.

Un informe del Fondo Monetario decía: «Uruguay se encuentra en una situación envidiable en muchos aspectos. El país goza de estabilidad política, una gestión de gobierno e instituciones sólidas y un alto grado de cohesión social. Tras una década y media de un crecimiento vigoroso, el país también registra un alto ingreso per cápita y bajos niveles de pobreza, desigualdad e informalidad. Gracias a una prudente gestión de supervisión y regulación, el sector financiero sigue siendo resiliente pese a la volatilidad en el mercado financiero regional». Esto no lo decimos nosotros; lo dicen organismos que miden estos indicadores.

Por otro lado, quiero recordar las políticas públicas frenteamplistas que posibilitaron el control de la covid-19. Se habla mucho de lo bien que se controló y lo compartimos –esa parte sanitaria la compartimos–, pero no podemos olvidar que ya existía el Sistema Nacional de Emergencias; que ya existía el Sistema Nacional Integrado de Salud; que ya existía la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que produjo muchos aportes científicos para esta pandemia; que existía el Plan Ceibal; que existía el Mides, creado por nuestro Gobierno con el Plan de Equidad y la Tarjeta Uruguay Social, que fueron utilizados; y que existía un plan de contingencia para la vigilancia y el control de casos de covid-19. No podemos olvidar todo esto, que ya existía al momento de asumir gracias a los Gobiernos del Frente Amplio. Como se dice, «dato mata a relato», y eso es lo que estamos mostrando aquí.

Quiero referirme a algunas cosas que se dijeron aquí y que he escuchado. Se dijo que lo nuestro es voluntarista, como si querer que mejore la calidad de vida de las personas fuera un acto voluntarista. Nosotros creemos que es al revés, que se es voluntarista si se piensa que las cosas se van a dar bien simplemente porque se apuesta a que haya un crecimiento, pero a la vez se rebajan cosas que no se deberían rebajar. Creemos que eso sí es voluntarista.

Se habló de 50.000 puestos de trabajo menos, pero no se menciona que en los períodos de gobierno del Frente Amplio se generaron 300.000 puestos de trabajo de los que, en estos últimos dos años, se perdieron 50.000. O sea que de esa creación de 300.000 siguieron vigentes 250.000 puestos de trabajo generados por el Frente Amplio.

Se dijo que se va a generar empleo, pero nada indica eso.

Se habla de malos resultados en educación, aunque se haya gastado mucho. Nosotros no compartimos que la calidad de nuestra educación –más allá de que se hable de los resultados– sea mala; hay muchos ejemplos de cómo nuestros estudiantes han sido premiados a nivel internacional. Era yo la que en su momento dijo: «Por los frutos los conoceréis». Creo que aquí también la historia va a decir si con estos cambios en educación a los que apuesta la LUC y que –tal como expresaron las autoridades de la enseñanza– este presupuesto mantiene –es decir, con esta reforma, supuestamente, de la educación– se va a ir realmente a una educación de más calidad. Creemos que no se tiene que ir por ese camino y que las cosas que se establecieron en la LUC son realmente muy perjudiciales para la educación. Repito: ¡ojalá nos equivoquemos!

Por un lado, se criticaba la renta básica, pero el mismo senador que lo hizo también dijo que los usuarios de los comedores aumentaban. Todos tenemos claro que vamos a una situación social y económica de mucho deterioro y muy preocupante.

Alguien dijo en sala –y también se mencionó en la comisión– que lo del sistema de salud no era nada nuevo, que las mutualistas existían desde hacía cien años. ¡Claro que existían! ¡Por supuesto que existían! Ahora, ¿quién las podía pagar? ¿Quién pagaba las mutualistas? Aquellos que tenían para pagar una cuota bastante alta, que en realidad no era toda la población. El resto, los que no podían pagarla, simplemente debían atenderse por salud pública. Esa atención implicaba tener la tarjeta de pobre –como alguien dijo–, asistir a hospitales con un deterioro tremendo, en un ambiente cruel. Digo esto porque fui muchas veces al Hospital de Florida y también porque sabemos cómo estaba el Hospital Maciel; sabemos en qué condiciones estaban los hospitales que atendían a los pobres. Era así: hospitales que atendían a los pobres. Con el Sistema Nacional Integrado de Salud, en el que cada uno aporta un porcentaje de su ingreso, esa realidad cambió, y cambió para bien de la población. Entonces, que no se diga que esta es una historia de cien años. Los quince años últimos del Frente Amplio cambiaron mucho la salud en nuestro país.

Acá se justificó el Decreto n.º 90/2020 por la pandemia. Atención: eso no es verdad. Es una falta a la verdad. El Decreto n.º 90/2020 es del 11 de marzo de 2020. La pandemia aquí se decretó el 13 de marzo. O sea que el Decreto n.º 90/2020, con todas las limitantes que conocemos del 15 % y lo que viene en cuanto a los puestos de trabajo de los funcionarios públicos, se dictó antes de la pandemia.

Se habló de la cantidad de gente en la calle. Se dijo que era por ineficiencia de los Gobiernos del Frente Amplio, que no se había podido sacarlos de la calle. Pero cuando estuvo el ministro de Desarrollo Social le preguntamos directamente por este tema, porque él dijo que ya se había sacado a veinte personas de la calle y que iban a sacar a más gente. Por eso le preguntamos de cuántas personas estaba hablando. Él dijo que había 2500 personas en la calle, y ¿saben a cuántas se va a poder sacar, según el ministro –y consta en la versión taquigráfica– en el quinquenio, en condiciones dignas? A trescientas. Entonces, que no se diga que no va a haber más gente en la calle. Va a seguir habiendo gente en la calle, lo que es muy triste, como decía la senadora Nane.

Se habló de que es un tema de responsabilidad. Ahora, ¿responsabilidad con quién? Porque justamente por responsabilidad es que tenemos que pensar en la gente. Eso es responsabilidad. Si ese tema se deja de lado, no somos responsables. El sentido del hacer político debería ser mirar las políticas públicas en función de las grandes mayorías.

SEÑOR BRENTA.- ¿Me permite?

Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone la señora senadora Della Ventura.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–17 en 20. Afirmativa.

Puede continuar la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Agradezco a los señores senadores.

Aquí se repite que la gente los votó. Y es real. Justamente, no sucedió nada de aquello que se temía, de que el Frente Amplio no iba a entregar el Gobierno, al igual que todo lo que se decía sobre los horrores que iban a tener lugar si ganábamos. Evidentemente la gente los votó, pero acá tenemos que recordar que tuvieron que juntarse varios partidos para ganar y que el Frente Amplio sigue siendo la fuerza política mayoritaria en nuestro país. Además, la diferencia tampoco fue tan exorbitante.

Quiero también dejar constancia de la alegría que sentí en la comisión cuando el artículo 510 no logró los votos necesarios. Habíamos argumentado en cuando a lo grave que era, como señal, quitar a los juzgados multimateria la parte de juzgado de familia prevista en el literal C), que abarca divorcios, tenencias, etcétera, así como la parte penal, prevista en el literal D). O sea, votar este artículo implicaba quitar la esencia a los juzgados multimateria.

En síntesis, no apoyamos en general este presupuesto por las razones que hemos enumerado. Es un presupuesto de retaceos para trabajadores, jubilados y las grandes mayorías, sin certezas.

Quiero agregar un comentario que omití y que me parece importante. Como siempre lo ha hecho, tanto desde la órbita departamental como desde la nacional, el Frente Amplio, en la LUC y en este presupuesto, actuó con responsabilidad y seriedad, tratando de hacer propuestas, de mejorar el proyecto y de limar sus aspectos más graves. En la LUC, evidentemente, quedaron muchos aspectos graves sin que pudiéramos lograr cambios, y acá sucedió otro tanto, pero el Frente Amplio presentó un documento a la coalición de gobierno donde hizo propuestas que pretendíamos se incorporaran. Algunas se incluyeron; otras se incorporaron con otros recursos que no eran los que habíamos previsto. Pero acá quería dejar algo claro, porque se dijo que lo que nosotros habíamos presentado era muy poquito, que con tan pocos millones, nada más, ya quedábamos conformes.

Sabemos que estas propuestas no llevan a generar un presupuesto como el que hubiéramos querido, pero nosotros no teníamos –no tenemos– la potestad para modificar los números macro. Puedo saber poco de este tipo de presupuesto nacional en particular, pero sé, por haber estado en la Junta Departamental de Florida, algo elemental: que cualquier presupuesto debe tener un equilibrio entre lo que entra y lo que sale, y que, por lo tanto, no podíamos hacer más que redistribuir algún factor. Eso fue lo que intentamos hacer con nuestras propuestas.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–Decía que no votamos este presupuesto porque es de retaceos para los trabajadores, jubilados y grandes mayorías, sin certezas hacia el futuro en cuanto a sus dudosas predicciones –no hay ninguna certeza de que lo que se predice, como ya dijimos, vaya a darse–, y también sin elementos de transparencia. Justamente, entre nuestras propuestas hicimos varias en cuanto a apuntar a la transparencia, a que se mostrara cómo se manejaban la pandemia por covid y los ingresos en forma mensual en cada caso, etcétera. Ninguna de esas mociones de transparencia que presentó el Frente Amplio fue votada. Entonces, da para poner atención. Es raro. ¿Por qué no se votaron esos elementos de transparencia que propusimos y fueron negados?

Por todo eso, señora presidenta, no vamos a acompañar, en general, este presupuesto.

Gracias.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: vamos a iniciar nuestra exposición agradeciendo, en primer lugar, a un imprescindible de esta casa, el señor presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, con quien compartimos ya creo que treinta y cinco años de militancia y que año tras año nos encandila con su sabiduría y prudencia.

También quiero agradecer a la secretaría, a los compañeros de la bancada del Partido Nacional y a los compañeros de la coalición de gobierno, con quienes tuvimos unos diez días de muy fructífera labor para tratar de llegar a este momento en el que no tenemos duda de que, como bien se ha dicho acá, vamos a votar una de las leyes estratégicas fundamentales de nuestro Gobierno, del Gobierno del doctor Lacalle Pou.

Cuando empezamos a pensar en nuestro Gobierno, señora presidenta, comenzamos a mirar un poquito para atrás. Hemos hecho el ejercicio de comparar situaciones para ver si lo que nosotros estábamos viviendo en el Uruguay –cuando hablamos de «nosotros» me refiero a nuestro Gobierno y a los que aquí estamos sentados– se estaba viviendo en alguna otra parte del mundo. ¿Qué quiero decir, señora presidenta? Me refiero a haber recibido un país en recesión, en franca caída económica, con un deterioro económico y social comprobable, que a los doce días nos cayera la pandemia y que a los seis meses tuviéramos que votar un presupuesto quinquenal.

Pedimos a los compañeros que trabajan con nosotros que encontraran algún ejemplo para poder comparar políticas de otros países, pero no encontramos ninguno. Recién ahora en España se está discutiendo el presupuesto, y como bien decía el senador Botana, el Uruguay es de los pocos países que tienen un presupuesto quinquenal.

Entonces, el coraje del equipo económico al tratar de poner en negro sobre blanco, en una ley, más de setecientos artículos y proyectar lo que va a ser la economía nacional en un momento de estas características, es digno de destacar. Y es digno de destacar porque se cumplió a rajatabla lo comprometido en la campaña electoral, sin caer en dos tentaciones que fácilmente pueden llegar a ser atractivas. La primera es el antecedente inmediato de esgrimir que por la pandemia no podíamos hacer un presupuesto quinquenal. Eso lo hizo el Frente Amplio en una situación radicalmente diferente, señora presidenta. En el período pasado no tuvieron el coraje de planificar un presupuesto quinquenal; lo hicieron para dos años, esgrimiendo incertidumbres. No es para nada difícil comparar una incertidumbre con otra, pero nosotros no caímos en esa tentación; cumplimos a rajatabla lo que nos establecen nuestras obligaciones constitucionales y presentamos nuestra idea de esquema presupuestal a los representantes del pueblo. La otra tentación, señora presidenta, era aumentar los impuestos, algo que es absolutamente atractivo para cualquier Gobierno que no tenga esa debida diligencia de padre de familia, como se mencionó hace un rato. No habría excusa más fácil que meter un impuesto para tratar de paliar la pandemia.

Entonces, cuando escucho por ahí que los esquemas que estamos llevando adelante para el futuro inmediato y a mediano plazo no tienen claridad, me pregunto: ¿hay alguien en esta sala que pueda llegar a pensar que este Gobierno no se está haciendo cargo de la situación, señora presidenta? ¿En serio nos dicen eso, cuando desde el 14 de marzo estamos detrás de cada una de las acciones, tratando de que las cosas puedan llegar a un puerto lógico, a pesar de estar inmersos en una situación que la humanidad desconoce?

Hemos escuchado, señora presidenta, cualquier cosa con respecto a la veracidad o a la legitimidad de este presupuesto. Se ha llegado a deslizar la afirmación de que no nos estamos haciendo cargo; pero repito: ¿hay alguien en sala que piense que nuestro Gobierno no se está haciendo cargo de la situación? Entonces, vamos a poner en negro sobre blanco la realidad, la del papel, la ficticia, la de Twitter, la que se dice por ahí, la del videíto. «Recortan en vos; no se hacen cargo», dicen. ¡Que vengan a decirme eso, si alguien piensa que este Gobierno no se está haciendo cargo de la situación! Es una situación, además, señora presidenta, que tiene el antecedente de una herencia maldita. Este Gobierno recibió el país en recesión económica, con un déficit fiscal de más del 5 %. ¡Récord de endeudamiento! Esto no es algo que la gente desconozca; es un dato de la realidad. Cuando nos pasan la pelota, nos tenemos que mover en ese marco, y de ahí viene lo de la diligencia de un buen padre de familia.

Hoy temprano decíamos que este año vamos a tener una caída grande del producto. Ya en el primer trimestre del año –que tuvo dos meses de gobierno frenteamplista, medio mes de gobierno racional y medio mes ya iniciada la pandemia– el país tuvo una disminución de 1,6 % de su producto. Ese sí que es un dato y no un relato. Posteriormente se da una realidad que hace que necesariamente se modifiquen algunas circunstancias. Por supuesto –lo digo como alguien que trabaja en el campo–, estoy acostumbrado a trabajar al aire libre, y tengo que hacer las cosas bajo circunstancias que no defino yo: el clima, los precios. Estamos tratando de adaptarnos a las circunstancias para hacer lo más justo, ¿para quién? ¿Para los sindicatos? No, para las personas, muchas de las cuales casi no han tenido voz en los últimos quince años. Este es un Gobierno que prioriza mucho más la voz de la persona que la del colectivo de turno. Por eso hemos enfocado, señora presidenta, todo el armado del presupuesto pensando en esa persona, que puede vivir en el Parque Rodó, y tocar el tambor, o puede vivir en Tambores, y para nosotros va a tener la misma importancia.

Entonces, la herencia maldita es levantar un déficit del 5 % en un contexto de pandemia. ¿Sabe algo, señora presidenta? Hay una promesa electoral que nosotros estamos incumpliendo; estamos faltándole a la gente que nos votó. Nosotros prometimos ahorrar USD 900:000.000, y por la pandemia no pudimos. Pero ¿sabe por qué, señora presidenta? Porque vamos a gastar USD 800:000.000 tratando de que el tejido social se mantenga en este país; ese es nuestro desvelo, el desvelo de uno de nuestros buques insignia, que es el Ministerio de Desarrollo Social que ha sido puesto a prueba, como pocas veces, enfrentando una situación de esta naturaleza, y que también venía arrastrando algunos problemas grandes.

Este es un presupuesto que mira fuera, muy fuera, de las oficinas del Estado. Acá, mayor gasto público no implica mayor crecimiento; nunca fue así. Este es un presupuesto que va a tratar de ir contra lo que tanto criticamos en los últimos quince años de gobierno del Frente Amplio: un Estado gordo; un Estado acomodado; un Estado que ha gastado mal; un Estado que no ha valorado la plata del contribuyente; un Estado que se ha reído de la gente que se desloma pagando impuestos por hacer aventuras como la de Gas Sayago, que hasta el día de hoy estamos pagando USD 15:000.000, que representarían varios cientos de miles de canastas; ese Estado que tira manteca al techo. Debemos modificar eso porque, en realidad, ese es nuestro mandato popular. Si criticamos ese Estado, tenemos que cortarlo. Y quédese tranquila, señora presidenta, que con este presupuesto va a estar la ruta 6 de Toledo a San Luis, y no un Antel Arena. Esa es la concepción que tenemos. Así vamos a usar la inversión pública, no para darnos dique, sino que vamos a usar el gasto público realmente como motor del desarrollo productivo, como dice acá. Y esa plata va a ir también para el hospital del Cerro; va a ir, también, para la tropa que nos cuida la frontera; va a ir, también, para un esquema de construcción de liceos y de CAIF; y esa plata va a ir también para quienes hoy están gestionando los servicios que el Estado da en plena pandemia, que pese al llanto infinito de la oposición, hasta el día de hoy no ha podido demostrarse que se haya perdido uno solo de ellos. He escuchado decir que se cierra tal UTU, que se cierra esto o aquello, y siempre he visto al presidente del Codicén saliendo a tapar más de una boca, diciendo que eso no es así, o que eso no es asá.

Acá hay diligencia del buen padre de familia, de la gente que entiende lo que valen las cosas y valora la plata. Acá hay consistencia de un equipo económico que sabe hacia dónde va y, como sabe, valora y genera un marco para que esa balanza entre los uruguayos que tienen un empleo de por vida en una oficina del Estado versus quienes quizás lo hayan perdido, esté un poquito más equilibrada. No hay que enfrentar al uruguayo contra el uruguayo, pero hay que reconocer, señora presidenta, que hoy tenemos uruguayos que perdieron el trabajo y otros que tienen un trabajo de por vida. Y la sensibilidad, la justicia y la empatía –por lo menos de quien habla– van para aquel que ha perdido el trabajo. Porque un 100 % de aumento de sueldo de un desempleado es cero, señora presidenta. Entonces, tenemos que generar el marco para poder trabajar y el marco se hace con reglas generales, no como hizo el Frente Amplio que, sin poder traer una sola inversión en los últimos cinco años, tuvo que regalarle todo a UPM. ¡Absolutamente todo!

¿Por qué UPM pide paz sindical y excepciones laborales? Pedía por una situación dada. Quisiera el resto de la gente que genera puestos de trabajo tener las mismas condiciones, pero no las tiene. Por eso fue por lo que la economía, después de los diez años de mayor crecimiento económico que recuerde la historia de nuestra república, terminó en recesión. No lo digo yo; lo dicen los datos.

Presupuesto, sí, para las personas. Las personas, señora presidenta, no son nombres de programas rimbombantes. A nosotros que se nos juzgue por las cosas que hacemos, no por las cosas que quisiera hacer la oposición. Escuchamos sobre varios programas rimbombantes. ¿Cuánta oficina se ha duplicado en el Estado? ¿Cuánta? Se acabó el Estado de los autos oficiales pa’arriba y pa’abajo, y de las automotoras oficiales. Se acabó.

Este presupuesto va, en blanco y negro, a exigir a nuestros ordenadores del gasto que cuiden la plata como la cuidan para su familia. Y eso no está mal, señora presidenta; no está mal. Por tanto y cuanto, en lugares en que haya sobrantes vamos a tener que resolverlos de la forma en que se hace en el mundo real.

El dilema es entre voluntarismo y realidad: entre el voluntarismo de pensar que a través del Palacio Legislativo se modifica el rumbo y el destino del país, o tratando de asumir la realidad. Quizá deberíamos asumir que el mundo gira bastante más rápido fuera del Palacio que acá adentro, y que las oportunidades que tiene el Uruguay de pospandemia son igualmente valorables que la visión con que el mundo nos ve hoy en el tratamiento sanitario de la pandemia. Hay un Uruguay de pospandemia que nos está esperando, y nosotros le tenemos que dar un marco para que pueda llegar a destruir ese foco de injusticia que se va a dar y que, sin duda, va a ser lo más difícil de solucionar, que es la gente que cae y que queda de a pie. El peor problema de esta pandemia, además de lo sanitario, es la gente que pierde su trabajo y que no tiene cómo reconvertirse. Y no hay presupuesto nacional, fondo público, ni curso del Inefop que lo pueda resolver. Solo se puede generar un marco como para que esa persona que tiene de cuarenta y cinco a sesenta años pueda enganchar; si no, vamos a tener una cicatriz dificilísima.

Esta pandemia dejó en blanco y negro, también, lugares ociosos que las empresas tenían. Hoy los comercios trabajan, quizá, con el mismo personal, y con el seguro de desempleo rotativo alguien trabaja lunes, martes y miércoles. Ese es un dato de la realidad; hizo que la gente vea lugares ociosos, que hoy no sabemos cómo vamos a sustituirlos. Y esos lugares no son de los gurises chicos, porque ellos van a tener siempre, como en todo, las primeras alas para aletear, para tener su primera experiencia laboral y después insertarse. Ese problema pasa en una generación que quedó en offside; como quedó en el 2002, va a quedar una generación en offside. A mi entender, la única forma de poder revertirlo es con trabajo y crecimiento genuino, por supuesto que apelando a la idiosincrasia y al ADN del Uruguay, que a nuestro entender es un país agropecuario. Hay mucho para hacer. Asimismo, hay gente que en esta pandemia ha tenido experiencias de microemprendimientos maravillosos como cría de gallinas de campo, cría de huevos sin hormonas, hortofruticultura, etcétera porque luego de quedar en Pampa y la vía, o sea, por las circunstancias, se ha visto obligada a reconvertirse. Quiere decir que hay varios caminos. Ese es nuestro mayor desvelo, no es el sindicato de los empleados públicos. Mi desvelo es el desempleado, no ese sindicato, mucho menos los sindicalistas de los sindicatos ricos que intentan continuar con esa mala costumbre de manejar la agenda del país y todavía no se han dado cuenta de que eso cambió.

Por lo tanto, tenemos lindas novedades para este presupuesto. Habíamos hablado de la ruta 6. El presupuesto en obra pública es mayor al del último quinquenio, es decir, al del Gobierno de Tabaré Vázquez. Hemos hablado del aumento para los soldados de frontera; esa es una realidad nueva. Señora presidenta: hay que recorrer las costas del río Cuareim para darse cuenta de cómo esa idea del patrullaje de frontera que ha implementado el ministro García –con el voto, en el pasado, de todos los partidos políticos– ha tenido resultado. Entonces, por el cierre de frontera o porque están los soldados, el contrabando hoy ya no es una realidad. Esa parte de la generación de empleo, de gente de cuarenta y algo de años, puede también trasladarse a que alguien pueda abrir un almacencito en un pueblo sin tener la competencia desleal del bagayero; por supuesto que tampoco del abigeato ni del narcotráfico.

Además, hemos logrado a desgano desmonopolizar los combustibles. Señora presidenta: digo a desgano porque hoy un armador de un buque o una compañía aérea va a tener el privilegio, que no tiene un tambero o un arrocero, de acceder a un mercado abierto de combustibles. Estamos terminando de ver la resolución de la comisión creada por la LUC para comprobar y darnos cuenta de que en este país la única solución que existe para tener combustibles acordes con la producción es abrir el mercado; pero démosle tiempo. Reitero: a desgano voy a votar esa desmonopolización, pese a que algunos dicen: Da Silva debe estar contento. ¡No! Yo la quiero para todos, no solo para la compañía aérea y para los buques.

A su vez, hemos logrado algunas cositas chicas para el mundo, pero grandes para el que las recibe. Las escuelas agrarias de la UTU, que la verdad que es una maravilla de trasmisión de la ruralidad, hoy pueden, por una norma presupuestal, quedarse con los ahorros para las inversiones. Eso hace que, por ejemplo, la escuela agraria de lechería pueda llegar a comprar un tanque nuevo de frío o la de maquinaria de Libertad pueda comprar una sembradora nueva; por supuesto si ahorran y hacen las cosas bien. Creo que es algo que debe ser celebrado por todos.

Tenemos el plan nacional de combate a la bichera. Está prevista la conformación de un grupo de trabajo que permita ahorrar al productor agropecuario en algunos años USD 40:000.000. Eso habla también de un Gobierno que no le tiene asco a la manguera, a los bretes ni al olor a bosta; es la primera vez que eso se hace.

Señora presidenta: hablamos del hospital del Cerro y desde que milito en política, hace treinta y cinco años, veo las colas en el Centro de Salud del Cerro. ¡Pero por fin el oeste de Montevideo va a poder tener un hospital! ¡Va a poder tener un hospital para las personas! Hoy que se habla de los recortes de los derechos y de la insensibilidad, ¡cuánto le cambiará la vida a la gente de esa zona tan vulnerable el hecho de contar con un hospital para poder tener atención ginecológica y pediátrica! Uno ha visto y escuchado a madres y a señoras que a las cinco de la mañana tienen que hacer cola para poder pedir hora porque no le dan turno. Este presupuesto lo va a lograr ahorrando y gastando menos y bien.

Por otra parte, si quisiera Dios, vamos a poder cumplir por lo menos con el inicio de ese sueño que uno tiene –pese a que mi amiga, la senadora Bianchi, me va a rezongar–: que haya en los liceos públicos una materia que se llame ruralidad o vida en el campo, que logre unir esos dos Uruguay para que se conozcan mejor. Hay un artículo que por lo menos va a tener esa semillita que si quisiera Dios va a germinar entre todos, para que en el país más agropecuario del mundo la gente de la ciudad sepa cómo viven los que les producen los alimentos.

Señora presidenta: este Gobierno no construye relatos, sino que transforma la historia. Por eso estamos acá; por eso le ponemos la otra mejilla a la crisis. Hoy como ayer, como siempre, pensamos mucho más en el deber que en la comodidad, mucho más en el realismo que en la demagogia y por eso con gusto vamos a votar este presupuesto, sabiendo que probablemente no es el que nosotros soñábamos cuando pensábamos que teníamos chance de ganar la elección, pero es el presupuesto que la circunstancia nos obliga, y si nos obliga la circunstancia, acá está el Partido Nacional.

Gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: quiero sumarme al reconocimiento del clima de trabajo que se vivió en la comisión, en particular a los asesores, a los compañeros, que nos dieron tremenda mano y pusieron mucho pienso estratégico, a los funcionarios que bancaron largas horas de trabajo y a los colegas a pesar de las diferencias notorias. Tenemos diferencias profundas de enfoque de país, pero es bueno tratarlas sobre la base de un debate de ideas que implica valoraciones políticas.

La primera valoración es que, en nuestra opinión, el presupuesto confirma lo que sostuvimos durante toda la campaña electoral. Se presentaron dos proyectos de país y legítimamente la mayoría de los uruguayos, por estrecho margen, en el mes de noviembre resolvió a favor de una de las opciones que sostuvo como una idea principal que es posible ahorrar $ 38.394:000.000 sin tocar políticas sociales ni salarios. Reitero: $ 38.394:000.000. Debatimos durante toda la campaña electoral sosteniendo que eso era imposible. No se puede; no se puede. ¿Qué nos presenta hoy la coalición que gobierna? Un presupuesto que tiene un recorte de $ 15.000:000.000 y para hacerlo ¡recorta salarios, rebaja jubilaciones, baja el presupuesto de la vivienda y baja el presupuesto de la educación! ¿Perdieron por el camino la fórmula que durante toda la campaña electoral sostuvieron frente a la ciudadanía diciendo que se podía ahorrar USD 900:000.000 sin afectar nada de esto? ¡Contrastamos durante toda la campaña con esa varita tipo Copperfield que lo permitía, diciendo que esto no es posible! ¡No es posible! Supongo que no quieren bajar los salarios por gusto y hay senadores que han manifestado que si fuera por ellos no se bajaba el salario de los maestros, de los profesores, de los policías, ni de los militares. La propuesta para los militares contempla una parte de lo que cae el salario vía inflación. Entonces, la primera constatación que tenemos que hacer, con nitidez, con claridad, es que no puede haber sobre esto dos opiniones. O fue cierta la campaña electoral y se podía hacer tamaño ahorro –mucho menor del que se hace, sin tocar aspectos sociales o económicos de tanta sensibilidad– o, como confirma el presupuesto, teníamos razón en que la única manera de hacer un ajuste de estas características es golpeando a la enorme mayoría de nuestro pueblo, a pesar de que se sostiene, un día sí y otro también, que hay preocupación por el bolsillo de los uruguayos. Pero resulta que en la mayoría de los bolsillos de los uruguayos hay salarios, jubilaciones o pequeñas empresas que viven de lo que se gasta en salarios y jubilaciones.

Un segundo aspecto que se ha colocado con mucha firmeza durante todo el proceso de la discusión política y la campaña electoral tiene que ver con la cuestión tributaria o fiscal. En realidad, el uruguayo no soportaba más impuestos. Ahí hay una historia porque si uno observa cómo esto se distribuye en treinta años, es cierto que durante los últimos quince años gobernó el Frente Amplio y en los quince años anteriores diferentes fórmulas coaligadas de los partidos tradicionales. Son treinta años en los que no ha parado de crecer la presión tributaria. Si uno reparte cómo creció la presión tributaria, verá que un cincuenta y cinco por ciento se dio en los quince años en los que gobernaron los partidos tradicionales. Un informe del diario El Observador –insospechado de tener coincidencias políticas con respecto al Frente Amplio– lo dice con mucha claridad, con la diferencia de que el instrumento preferido para aumentar la presión tributaria fueron los impuestos indirectos, que no discrimina en función de los ingresos, sino que golpea por igual. El IVA es un impuesto que le pega igual al más pobre y al que más tiene. La diferencia sustantiva es que la carga fiscal, a partir de la reforma tributaria –como lo demuestran todos los estudios económicos–, no fue regresiva desde el punto de vista de la desigualdad porque cargó impositivamente a los quintiles más altos de ingresos.

En la primera semana del Gobierno de coalición se aumenta el IVA al pago con tarjetas; es la misma que utiliza la usuaria del Mides: la Tarjeta Uruguay Social. Si la muchacha va a comprar con esa tarjeta ahora paga dos puntos más de IVA. ¿En qué parte de la campaña electoral se dijo esto? Revisé la campaña electoral y en ningún momento se dijo que parte de las iniciativas era aumentar el IVA de las compras con tarjetas.

El miembro informante dice que el problema principal es la herencia y arranca hablando del trabajo, que es un tema que en particular me apasiona. Y el ministro de Trabajo y Seguridad Social también lo menciona al decir que en febrero recibieron un desempleo de un diez y pico por ciento. Cualquiera sabe que medir solo un mes, desde el punto de vista del empleo o del desempleo, es una variable que no da bien. Además, la tasa de actividad del mes de febrero fue de 56,4 % de la población económicamente activa. Esa era la cantidad de gente que estaba trabajando en el mes de febrero de 2020. El aumento del desempleo en ese mes de casi un punto tuvo un componente adicional y se debió sobre todo a una sensibilidad: a la cantidad de gente que buscaba trabajo. Esta combinación del 56,4 % de cantidad de gente trabajando los horrorizó y generó al parecer un elemento catastrófico respecto al tema laboral. Si uno mira los datos en la página del INEC –que no están ocultos para nadie, como tampoco están ocultos los datos de la informalidad; el que quiere los encuentra allí– este 56,4 % de enero, también encuentra meses de este mismo año en los que estuvo por debajo. Pero este no es el problema. Si vamos a comparar de vuelta estos últimos treinta años, podemos ver que los quince años donde hubo crecimiento económico fue desde 1985 hasta 1999. Hubo quince años de crecimiento económico, pero en ningún momento, en ningún período, se pudo superar el 52 % del empleo. Entonces, lo que estamos diciendo es que habría que tener un poco más de cuidado a la hora de hablar del trabajo, de la cantidad de gente trabajando porque, en realidad, cuando tocó administrar el crecimiento económico, de un 67 % de 1985 a 1999, ese crecimiento económico no generó cantidad de trabajo. Tengo los datos por acá, pero no quiero aburrir.

Después de la crisis de 2002-2003 bajó a un 50 %, porque se profundizó aún más. Pero saco la crisis, voy antes, y lo cierto es que tuvimos políticas que generaron un crecimiento económico importante, pero que no se tradujo en la cantidad de gente trabajando y empeoró la calidad del empleo, porque en todos esos años aumentó la informalidad laboral, ahí sí casi hasta trepar un 40 %, un 37 % y pico, un 38 % antes de la crisis. Esta informalidad laboral que nos horroriza cuando se ubica en un 25 %, estaba en un 38 % después del crecimiento y en un 40 % en el 2004. ¡Pero saquemos la crisis de 2002 y 2003! ¡El salario mínimo cayó a la mitad en medio de ese crecimiento económico y la capacidad de compra! ¡Cómo administraron con crecimiento económico! Está bueno hablar del trabajo. Hasta antes de los Gobiernos del Frente Amplio, la ratio de informalidad de las mujeres con la informalidad de los varones era brutal y, sin ir más lejos, esto que se habla de que el padre de familia es el que administra…, no quiero entrar en más detalles. ¿Por qué esa ratio tan desigual y luego se achicó la brecha? Porque hubo política, porque se formalizaron decenas de miles de trabajadoras domésticas que estaban en condiciones brutales de ilegalidad, porque se presionó más, porque el BPS entró a controlar los laudos, así como ahora acaba de dejar de controlarlos por una decisión política: el Gobierno que asume decidió políticamente que el BPS no controla más los laudos. ¡No es lo único! También decidió que si una empresa tiene un trabajador fuera de caja el plazo que el trabajador tiene para reclamar se redujo a la mitad. Además, en el presupuesto hay un artículo que se votó en comisión que establece que si una empresa falsifica documentación se bajan las multas a la mitad. ¿Alguien puede explicar sensatamente a quién beneficia estas medidas? El trabajador con sindicato no es el perjudicado –el trabajador con sindicato, ese que tanto ahora como el año pasado en UPM está haciendo conflicto, porque fue un verso que algunos compraron que en UPM no había conflicto– porque tiene organización, el trabajador sin sindicato es el que está en la informalidad. Miremos ramas de actividad con alta informalidad que no tienen organización sindical que los represente; es a ellos a quienes estamos condenando con algunos artículos que están en el presupuesto.

El señor senador preopinante nos desafiaba a que hablemos de recortes de verdad. Yo quedé sorprendido por la respuesta de las autoridades cuando les dijimos que estaban arrancando 8783 becas de Uruguay Estudia en el 2020, en medio de una pandemia, a estudiantes de los más pobres, muchos del interior. Dijeron: «Las recortamos para evaluarlas». Después presentaron una segunda fundamentación del recorte de esas casi nueve mil becas que este año se iban a casi unas diez mil porque hay mucha más gente precisándolas. Y dijeron: «No, pero en el 2015 la OPP evaluó…». Como un curioso yo fui a buscar el informe del 2015 de la OPP, y lo que estableció el Ineed, la ANEP anterior y esta ANEP fue que era necesario continuar con las becas; en ninguna parte habla de la suspensión. ¿Quién se hace cargo? Acaso ¿no tenemos ningún compañero, compañera o vecino desocupado que sabe que le recortaron los viáticos a menos de la mitad por la formación profesional cuando está desocupado? ¿O no se votó acá la semana pasada un seguro de paro para los trabajadores de la citricultura, que es el sector más bajo de todos y deja a cientos de trabajadores afuera, a pesar de que planteamos alternativas hasta el último minuto? ¡Si nos preocuparán los trabajadores que están peor! Pesada herencia: déficit fiscal y endeudamiento.

Espero que me quede pila de tiempo, porque recién arranco con mi intervención.

(Dialogados).

–Como decía: endeudamiento y déficit fiscal. Es obvio que cuando se gasta más de lo que ingresa el problema es el endeudamiento y los intereses pesan sobre el presupuesto. Es un problema. Nadie puede decir que lo macroeconómico no importa. ¡Importa!, pero es un problema. Nosotros somos de la idea de que este problema se arregla en el marco de un fuerte crecimiento de la economía y una estrategia de trabajo de calidad. No pensamos que el gasto público acá es veneno. Al contrario. La diferencia que tenemos es que en un montón de áreas ahorrar nos parece que sale muy caro; ahorrar en ciencia y tecnología sale muy caro; ahorrar en vivienda sale muy caro; ahorrar en educación sale muy caro; ahorrar en salud en medio de una pandemia sale muy caro. No es que estamos sacando gravedad al problema del déficit fiscal, casi un 10 % del presupuesto se va en intereses de deuda. Ahora, no es que sea un presupuesto más comprometido, porque en 2005 teníamos un veinticinco o veinticuatro y fracción por ciento de presupuesto que se iba en intereses de deuda: deuda a corto plazo y deuda que estaba dolarizada. Cuando hablamos de herencia, no es esta la herencia que recibió la coalición de gobierno; recibió fortalezas financieras y no lo digo yo, lo dice la ministra de Economía y Finanzas cuando recibe inversores y les muestra la fortaleza que tiene el Uruguay desde el punto de vista financiero.

Es verdad que hay que reducir el déficit, pero tenemos un problema en cómo lo reducimos. Es facilísimo el camino que se eligió: rebajar los salarios y en primer lugar los salarios de la actividad privada. Me gustaría que la intervención que hizo el senador preopinante acerca de que hay empresas que aprovechan esta circunstancia para ganar más –las empresas, por ejemplo, que distribuyen por plataforma y otras–, la hubiera tenido en cuenta el Gobierno para no imponer una política salarial que en todos los escenarios es de rebaja. Uno puede entender que el turismo está en crisis y lo mismo sucede con otros sectores. Ahora bien, todos los escenarios son de rebaja; pase lo que pase con tu empresa hay rebaja salarial. Esa es la política salarial que cambia quince años sostenidos de crecimiento de salario real y no lo decimos nosotros, lo dice la Cepal: es el país en el que más creció el salario real, el salario mínimo y la formalización laboral. ¿Creció todo lo que precisábamos? No; yo trabajé en ese informe que mencionó el senador Gandini y dice que aún tenemos salarios con dificultades. Ahora, lo que no entiendo es cómo se toma como referencia el informe del Instituto Cuesta Duarte y lo de los salarios bajos, y simultáneamente tenemos una política que es de rebaja salarial profunda en la actividad privada y de aumento de la informalidad laboral, que es lo que van a generar todas estas medidas que impuso el BPS. Conste que no metí dentro de las del BPS –para no tener lío con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo– el tema de la nominalización, pero todas las demás no tienen el fundamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y no creo que nadie las pueda explicar sobre una lógica diferente de una apuesta que no parece preservar la condición de trabajo decente como estrategia de desarrollo.

En principio pensaba que iba a hablar solamente de vivienda, que es un tema apasionante. Vamos de vuelta a los treinta años y miremos qué pasó con el tema de la vivienda, pero de una manera compleja. ¡No abordemos el tema de la vivienda con una frase del informe de Techos! ¡Estudiemos un poco más! Es un tema apasionante y complejo acá y en el mundo; es para analizarlo y reflexionar. Resulta que tuvimos una tasa de crecimiento de los asentamientos irregulares, en medio del crecimiento económico de 1985 a 1999, de arriba del 10 % anual. Estoy hablando del período censo contra censo, y no del informe de Techos, que son compañeros con los que me encuentro los fines de semana y el que quiere ir este sábado puede hacerlo –de nuevo Sartori, no, por favor– y trabajamos juntos. De lo que estoy hablando es de censo contra censo, de dato oficial contra dato oficial y de una Encuesta Continua de Hogares que muestra que el crecimiento fue exponencial y que la política de vivienda fracasó. ¿Cuál fue esa política que fracasó? Pensar que el privado resolvía y destinar la mayoría de los recursos de la vivienda a núcleos básicos evolutivos. Se hizo con la mejor intención, pero fue un fracaso; no fue el mercado el que resolvió el tema de la vivienda, lo agravó como nunca.

Pasemos a la vivienda en los Gobiernos del Frente Amplio. De 1985 a 1996, período intercensal, casi ni crecen los hogares en el Uruguay; de 1996 a 2006, también período intercensal, el crecimiento fue más o menos moderado, en torno a los 60.000 hogares; se pasó de 970.000 hogares a 1:032.000. Cualquiera que reflexione seriamente sobre el tema de la vivienda no puede desconocer qué pasa con los hogares. ¿Qué pasó en los Gobiernos del Frente Amplio? De 1:032.803 hogares pasamos a 1:247.820 hogares; se formaron 215.000 hogares. Fue el período más ancho, por varias razones, algunas de ellas sociológicas; hay cantidad de hogares monoparentales, lo que además genera un riesgo mayor sobre el tema de la precarización de la vivienda. Teníamos un punto de partida donde, según la encuesta de hogares, la cantidad de hogares hacinados era de casi 60.000, y la cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas sobre el tema de la vivienda era de casi 170.000. La Encuesta Continua de Hogares de 2019 bajó a la mitad la cifra en ese período y cualquiera que estudie el tema de la vivienda lo sabe. No se puede hacer campaña solo con el informe de Techos, sin tomar en cuenta ninguna variable.

Ahora se prevé para el período que viene, donde se baja sustantivamente la inversión en vivienda –de los más de USD 300:000.000 que tuvo en 2019 pasa a USD 187:000.000–, que va a haber una formación de hogares menor y yo digo: ¡Ojalá! Para el resultado del déficit habitacional, ojalá que sea así, porque si hay un salto como el de los últimos quince años es complicado. Fuimos a discutir con las autoridades porque no queremos que a nadie le vaya mal, pero no se puede desconocer esta realidad que es la que tocó atender, porque si no mostramos una partecita sola de un solo componente y una parte enorme se nos pierde por el camino. Hay que recordar que también, como herencia en materia de vivienda, recibimos un presente griego que se llamaba Banco Hipotecario y que estaba brutalmente fundido. El Banco República tenía un patrimonio que estaba por debajo del mínimo exigible, el Banco Hipotecario estaba fundido y hubo que atender esa institucionalidad. ¿Qué tendríamos que estar resolviendo ahora? Gastar más, porque de lo contrario nos va a salir caro. Tendríamos que estar prohibiendo los desalojos o generando condiciones para el subsidio para la permanencia porque, en nuestra opinión, lo que nos ahorramos ahora por no atender esa situación de emergencia –o no conocemos a miles de uruguayos que no saben si el mes que viene van a poder pagar el alquiler–, después nos va a salir más caro. Después cambian las circunstancias, están los asentamientos irregulares y los gurises dejan de estudiar, como nos pasó con las becas de compromiso educativo. No sé cuánto se ahorró, pero sí sabíamos que más del 90 % de los que recibían esas becas modestas se mantenían dentro del sistema educativo. Entonces, evidentemente, tenemos diferencias.

En relación con la educación, aquí tengo dos proyecciones con el presupuesto que manejamos todos. El senador Viera decía con razón que el presupuesto presupone, pero por más que tuvimos diferencias –y las tenemos– con la consistencia de los números que maneja el equipo económico, tenemos que poner los números del equipo económico. Si la economía cae este año lo que ellos dicen y no más, y crece lo que ellos dicen que va a crecer el año que viene y no menos –si se da ese doble escenario–, tenemos dos posibilidades. Una de ellas es que se ajuste el salario según la pauta y el índice de precios al consumo, y que el resto de los costos se derive a la inversión educativa. Ahí vamos a tener un 4,85 % del PBI en 2021, 4,69 % en 2022, 4,48 % en 2023 y 4,31 % en 2024.

El segundo escenario es más complicado porque la inversión educativa no se ajusta según el IPC, tal como se está votando en el presupuesto. Nosotros votamos en contra porque lo consideramos un error, y ahí tendríamos un 4,61 % en 2021, un 4,22 % en 2022, un 3,84 % en 2023 y un 3,55 % en 2024. Estos datos son a confirmar, pero en realidad no puede haber demasiada diferencia porque tenemos los planillados.

En cuanto a las empresas públicas, ¿por qué tenemos una diferencia con la conducción económica? El senador preopinante habló de los 40:000.000 de diferencia que se quiso reasignar. ¡No! El año pasado UTE volcó USD 166:000.000 a rentas generales y en el pasado período de gobierno invirtió USD 1.366:000.000, y tiene un presupuesto aprobado para este período de USD 1.096:000.000; son USD 250:000.000 menos de inversión y de trabajo. A su vez, la OSE tiene un recorte de USD 220:000.000 para el período que viene. Entonces, en un momento de dificultades económicas la inversión pública social, sobre todo la que genera trabajo, es estratégica y se está recortando. La que menos se recorta es la inversión de Ancap, pero lo que tenemos que decir sobre Ancap es que hay un conjunto de componentes que nos preocupa.

¿Cuál fue el análisis que pudimos hacer el último día de votación del presupuesto sobre el combustible Jet A-1 y los 75:000.000 que representó en el 2018, con 121:000.000 de litros? ¿Los senadores que están aquí presentes, del Gobierno y de la oposición, no podemos discutir en profundidad? ¿No somos los mismos que sobre este tema de la desmonopolización creamos una comisión para que lo estudiara a fondo? Desde abril del año pasado los precios de los búnkeres para los aviones son competitivos por decisión del Gobierno y, sin embargo, caen como peludo de regalo y sin mucha explicación ni fundamento de cuáles serían los beneficios para el país, por más que en la proyección que hace el Poder Ejecutivo sobre las empresas públicas –que no es nuestra-, la exigencia de aporte de estas empresas a rentas generales sube. ¿Qué escuchamos durante toda la campaña electoral? ¿Qué le escuchamos decir a los principales dirigentes y candidatos del actual Gobierno? Decían que eso se terminaba, que las empresas públicas no tenían que ser más cajas de recaudación, que todo tenía que transferirse a las tarifas. Esto fue dicho durante toda la campaña electoral y ahora tenemos un planteo en el que el resultado fiscal de las empresas públicas y su aporte mejoran en un 0,7 % del PBI. Y diga que se tenía que ir derecho a las tarifas para bajarlas y que no fue un elemento que se colocó de manera sostenida. Pero claro, con respecto a la nomenclatura, ahora dicen que es adecuación y parece que hay que mirarlas por el IPC y no por los salarios cuando, en definitiva, muchos de los que van a pagar la adecuación de la tarifa lo van a hacer con su salario –que no para de caer, después de quince años de crecimiento– o con su jubilación.

Pero el problema de las empresas públicas no termina acá. ¿Cuál es el fundamento del artículo 737? ¿Cuál es? ¿En qué se basa? Lo que sabemos es que, como mínimo, se exige a las empresas públicas que tienen que dar una ganancia similar al monto de su patrimonio invertido en deuda pública. ¿Y si no se llega? Y si la UTE, que tiene un patrimonio de 4.000:000.000 no llega a aportar 200:000.000, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la solución? Porque el articulado está propuesto –en nuestra opinión, muy peligroso–, pero quisiera saber cómo se resuelve esta situación. El año pasado aportó 176:000.000, no llegó a aportar 200:000.000. ¿Cuál es la clave? ¿El aumento de tarifas? ¿Postergar inversiones? Reitero: ¿cuál es la clave? Ni hablemos de la OSE, que según el artículo 47 de la Constitución claramente expresa –votado por una amplia mayoría- que tiene que moverse sobre la base del interés social.

Tengo un último elemento que me parece de los más complejos y que también es parte de la discusión política de los últimos tiempos. En campañas electorales escuchamos como propuesta que el gran problema de la chequera era que el Estado tenía que adelgazar y que, sobre todo, que el Estado no daba más de cargos políticos y de particular confianza. ¡No daba más! Es más, acá tengo una frase del presidente de la comisión, entonces miembro informante en la Cámara de Representantes, acerca del aumento de los salarios del Mides, quien a pesar de que el aumento de salarios en 2015 no salió lo calificó diciendo: «No vi cosa tan descarada». O sea, en 2015, que no había pandemia ni drama social, aumentar el salario de los directores del Mides era un descaro, pero ahora no solamente aumentan los salarios, sino que también aumentan en cantidad los cargos políticos y de particular confianza. ¿En qué parte de la campaña electoral estuvo planteado esto? Se suprimen algunos, sí, y se crean otros; el tema es que se crean más de los que se suprimen.

Y tenemos un segundo problema, casi tan importante como este, que también estuvo en debate y sobre el que tengo un montón de referencias, y es el tema de los adscriptos de los ministerios. Acá se habló varias veces de los adscriptos de los ministerios, de que se iban a recortar y de la plata derrochada en personal político de particular confianza. En 2019, en el rubro de adscriptos de ministerios, se ejecutaron 132:000.000. ¿Qué dice el planillado si sumamos los adscriptos para el 2021? Dice: 194:498.000. O sea, esa chequera que hay que cuidar como un buen padre de familia, acá se abre con los adscriptos de particular confianza de los ministerios. Alguien nos va a tener que explicar a nosotros o a la ciudadanía planillado por planillado, línea por línea. Tenemos 65:000.000 en Presidencia, más 12:800.000 de partida global para distribuir, más 12:800.000 en Defensa Nacional, más 13:200.000 en Interior, más 13:200.000 en Economía y Finanzas, más 6:577.000 en Relaciones Exteriores, más 13:378.000 en Ganadería, Agricultura y Pesca, más 6:376.000 en el MIEM, más 6:773.000 en Turismo, más 12:767:000 en Transporte y Obras Públicas, más 9:610.000 en el MEC, más 12:610.000 en Salud Pública, más 6:562.000 en Vivienda y Ordenamiento Territorial, más 6:526.000 en el Mides, más 2:213.000 en Ambiente. Hablamos de 194:000.000 y 135:000.000 para adscriptos. O sea, la preocupación por los salarios, por el presupuesto, por los no excesos de los que escuchamos hablar recién, acá no está. Hay más cargos de confianza con más aumento de sueldo y más adscriptos para los ministerios; todo junto. Repito, porque parece que no escuchó el senador Da Silva: de 135:000.000 se pasa a 195:000.000, de un año a otro, en medio de la crisis y en la pandemia.

De eso también tenemos que discutir, porque son señales políticas que se dan en medio de este contexto, en el que estamos pidiendo a los trabajadores y a los asalariados que se ajusten el cinturón. Es obvio que tenemos una política de rebaja salarial muy dura, pues toda la inflación del 2021 va a pérdida. Es cierto que no era toda ganada en la fórmula anterior, porque no daba toda la inflación de una, sino que daba el centro de banda –y en eso tiene razón el senador Botana–, o sea, un 5 %, y después la diferencia a fin de año. Entonces, la diferencia acá no es de 5 % y al no tener el 5 %, cuando hay que medir hay que hacerlo con toda la diferencia de la inflación; todo eso es lo que pierden los salarios como capacidad de compra.

El presupuesto nos deja, entonces, un montón de interrogantes y algunas fueron planteadas para que nos den respuestas. Reitero: se iban a poder ahorrar 38.400:000.000 sin recortar políticas sociales. Ante esto, la pregunta es obvia: ¿por qué, si tenían la fórmula para ahorrar sin tocar políticas sociales, las tocan? Alguien puede pensar que es una ingenuidad que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial presente lo que tendría que recibir el fondo de vivienda y lo que está en el planillado, pero lo que anuncia esa cartera es que dado el desafío que está planteado, este recorte que termina siendo de 5.000:000.000 –que significa una pérdida de posibilidad de techo y también de trabajo–, es algo que no hay forma de disimular. No se puede arreglar todo con gestión, y sabemos que apostamos a que la mejor gestión sea la posible, más en este contexto complejo, de dificultad. No vamos a chicanear con respecto al tema de la pandemia y tampoco pedimos que se nos chicanee.

SEÑORA PRESIDENTA.- Varios señores senadores formulan moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–27 en 29. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Se habla de las dificultades que existieron para anticipar temas en febrero –repito: no coloquemos chicanas–, pero hay que decir que áreas sensibles de la salud no tenían designado quién iba a la transición. Nos consta que eso fue un problema, y enfrentar la pandemia no va a tener color; la pandemia no elige si sos comunista, colorado, blanco, ateo o religioso; vamos a precisarnos todos para atenderla.

Entonces, hay que despejar. Sí tenemos diferencias en cómo se atienden los problemas sociales derivados de la pandemia y en ese sentido, repito, pensamos que ahorrar sale caro. Esta era la última referencia en cuanto a los recortes en salud en la pandemia.

En cuanto al agro, quiero decir que nadie duda de la importancia del sector agropecuario y, en particular, de las enormes dificultades para atender a la producción familiar, a los más pequeños; esta es una tendencia que tiene sesenta años, acá y en América Latina. La tendencia es que al más pequeño en el agro se lo come el más grande y lo tira para afuera. Por más habilidades de gestión que haya, la Dirección General de Desarrollo Rural, que ve recortado su presupuesto a la mitad, ¿cómo hace para sostener programas que son muy importantes para el pequeño chacarero, como más agua, más tecnología, más valor? En todo caso, si tenemos que hacer una autocrítica sería que deberíamos haber destinado más recursos y profundizar políticas diferenciales. No estoy diciendo ni de cerca que en el Frente Amplio hicimos todo bien; no, tuvimos errores, algunas dificultades notorias y temas que sin duda no pudimos resolver. Pero lo que no se puede hacer es hacer tabla rasa y decir que todo lo hecho, de punta a punta, en los quince años de períodos de gobierno y todas las herencias son cargas, cuando en algunos componentes esas herencias le cambiaron la vida a buena parte de nuestra gente. Le cambió la vida a unos aproximadamente 450.000 uruguayos más formalizados; le cambió la vida a las 100.000 personas que se operaron los ojos en el Hospital de Ojos; le cambió la vida a buena parte de nuestra gente el hecho de haber llevado la Universidad al interior con una potencia como nunca se había hecho, con la misma importancia; le cambió la vida a buena parte de nuestra gente y a todos nosotros el hecho de que cuando la mujer pobre tiene que decidir la interrupción de un embarazo no sea considerado un delito penal; en fin, me refiero a políticas que le cambiaron la vida a una parte de nuestra gente. No hicimos todo bien y tuvimos dificultades, pero no creo que el avance sea sobre la base de negar todo.

Por último, quería hacer una breve referencia, si me permite señora presidenta, porque hoy es un día especial por varias razones, pero entre otras, porque es 30 de noviembre. No tengo mucho que contar del 30 de noviembre, porque apenas había cumplido seis años, pero quería hacer un homenaje a Omar Paitta, que fue uno de los militantes del sindicato que pagó más duro la lucha del 80 y que hasta hoy está desaparecido, y a sus hijas, que no pudo reconocer por estar clandestino. En él homenajeo a todos los militantes políticos –que los hubo de todos los partidos– que se jugaron la piel en esos momentos tan difíciles para defender la democracia y hacer posible que hoy estemos acá.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra por una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: no quiero dejar pasar una alusión que hiciera el senador preopinante hablando de los acomodos y del aumento de sueldos y de adscriptos de esta Administración versus la Administración anterior. La discusión la vamos a dar cuando empecemos con los incisos; ahí vamos a comparar, uno por uno, cuántos había y cuántos hay ahora. Voy a dar un nombre que sintetiza todo lo que no quiero que vuelva a pasar en este país, señora presidenta: doctor Miguel Ángel Toma. Ahí está la austeridad del Frente Amplio.

Muchas gracias.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Señora presidenta: queremos agradecer a los funcionarios que trabajaron en la comisión, a los taquígrafos, a Nicolás Silva, a todos los asesores y secretarios de las bancadas de todos los partidos que trabajaron en este presupuesto quinquenal, a los senadores de todos los partidos políticos, más allá de las diferencias claras y notorias que tenemos con la oposición –Uruguay tiene ese plus especial de debatir apasionadamente, que entre todos debemos cuidar y que hace que nos vean raros en el mundo– y al presidente de la comisión, porque la verdad es que la dirigió con la capacidad a la que ya nos tiene acostumbrados.

Este presupuesto, señora presidenta, que nosotros defendemos y estamos convencidos de que es un buen proyecto, no debe pensarse fuera del contexto en el cual se recibió el país. El presupuesto anterior fue por dos años –era quinquenal, pero fue por dos años– y estableció aumento de impuestos cuando en campaña se había dicho que eso no iba a pasar. Se dijo que no iba a haber nuevos impuestos pero que aumentaban algunos que ya estaban. Fue lo que dijeron en su momento para poner más impuestos a la clase trabajadora.

Se le erró en todas las proyecciones que se hicieron desde el Gobierno en su momento, y son los mismos que ahora nos dicen que nuestras cifras están equivocadas. La verdad es que cuando estuvieron en el Gobierno no embocaron una. En el último presupuesto gastaron USD 11.000:000.000 más con aumento de impuestos. Lo que importa –y es en lo que nosotros estamos trabajando– no es solamente el gasto, sino también la calidad y los resultados, porque si no acá simplemente vamos a contraponer cifras, y está bueno hablar de lo que se hizo y de lo que se piensa hacer.

En los últimos años se perdieron más de 50.000 empleos, y en los últimos quince años la evolución de los vínculos del Estado fue de 70.000 más. Claramente esto demuestra que quienes pagaron fueron los privados. Reitero: en los últimos quince años hubo 70.000 vínculos más con el Estado y se perdieron 50.000 puestos de trabajo. Ese fue el contexto en el que recibimos este proyecto de ley y en el que tuvimos que elaborar el presupuesto quinquenal. A todo esto, le tuvimos que agregar la pandemia a pocos días de asumir el Gobierno.

Sin duda alguna compartimos plenamente y respaldamos la capacidad técnica de todo el equipo económico, pero también la capacidad humana, porque no solamente habla de números, sino que pone el foco en la persona. Asumimos el compromiso de no aumentar impuestos y no lo hicimos, y de no cargar más a los trabajadores con la ineficiencia del Estado.

Es un presupuesto dinamizador que pone foco en el crecimiento, en el empleo y en las inversiones. Es un presupuesto que responde a las políticas públicas sostenibles, porque de nada vale tener políticas públicas si no las hacemos sostenibles en el tiempo. Además, es un presupuesto para la gente que, sin duda, busca llegar a las personas y no al inciso. Claramente, hablaremos de los distintos incisos y daremos algunos detalles en esta intervención.

En una conferencia de prensa la señora ministra Arbeleche expresó: «Entendemos que hasta ahora el ajuste lo ha tenido que hacer la gente. Ha sido el sector privado que ha tenido que responder al agujero fiscal […] ahora la única manera que tenemos de responder y así lo hemos diseñado en el Presupuesto, es que sea el Estado el que genere ahorros y que sea más eficiente con los recursos que tenemos. […] El gran objetivo del presupuesto es crecer, entonces todas las medidas del presupuesto buscan que haya un mayor crecimiento que redunde en un aumento del empleo, que es el principal desafío que hoy tenemos en materia de política económica». Compartimos plenamente lo expresado por la señora ministra.

Debemos ver también el estado de situación del Estado. Desde la Oficina Nacional del Servicio Civil se decía que tenemos una población envejecida en la que el 30 % no llega a los cuarenta años. «El 68 % de los cargos ocupados o vacantes no tienen descriptores útiles o específicos para saber lo que se espera que haga la persona» –reitero: el 68 % de los cargos– «[…] más del 90 % de los funcionarios de la Administración central no ha tenido la posibilidad de concursar para ascender». Reitero: el 90 % no ha podido concursar para ascender. La carrera está bloqueada: «… el 83 % de los cargos de conducción son encargaturas con designaciones discrecionales. Solamente el 10 % ha podido concursar […] Tenemos un sistema salarial distorsionado, terriblemente distorsionado como consecuencia de décadas de creación de mecanismos de compensaciones salariales […] un abogado grado 13 en el Ministerio de Industria, Energía y Minería gana $ 160.000 y, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, $ 93.000».

Con respecto al ausentismo laboral, se decía: «En la Administración central los funcionarios con más de sesenta días de certificación en un año ascienden a 5200 y la cifra de funcionarios con más de noventa días de certificación médica llega a 4021». Esa es la situación que se recibía de los funcionarios de la Administración central.

Señora presidenta: este es un presupuesto pensado para el interior. La participación de las transferencias se mantiene, más allá de que se puede discutir el fondo metropolitano. Pero también tuvimos obras por arrastre como, por ejemplo, la del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por un valor de USD 15:000.000 en un puerto deportivo en Punta Carretas –instalado a pocos metros del puertito del Buceo–, que no tenía razón de ser ni explicación alguna de por qué se llevó adelante, pero lo tiene que pagar este Gobierno. Ahí, el intendente de Canelones –como primero de todos los canarios–, por USD 15:000.000, podía haber peleado para que el departamento tuviera un puerto deportivo y que se instalara en Atlántida. De esa forma tendría quince veces el valor del Fondo de Infraestructura Metropolitano, que ahora se dice que se está por sacar, cuando se había acordado con el Congreso de Intendentes que sería a término.

El Fondo de Desarrollo del Interior tuvo un incremento del 24 %; el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal aumentó un 36 %, y la caminería departamental tuvo un incremento en el entorno del 48 %.

Por primera vez en el presupuesto se va a disponer de una partida de prensa oficial y por ley se establece que el 20 %, por lo menos, deberá ir al interior del país. Esto nunca se tuvo y hay que reconocer que es un presupuesto que piensa también en el interior del país.

Con respecto al Ministerio de Defensa Nacional y la problemática social de su personal, debemos decir que el 32 % de los soldados –el grado más bajo del escalafón– tiene una necesidad básica insatisfecha, mientras que esa misma circunstancia trasladada a la población general es del 20,4 %. El 18,5 % de los soldados pasa frío. Según datos del Servicio de Viviendas de las Fuerzas Armadas, el 10 % vive en asentamientos; 1862 militares viven en unidades de las Fuerzas Armadas, lo que representa el 7 % del personal.

El ministro señaló en ocasión de su comparecencia: «Como habrán visto en la primera gráfica, la participación del ministerio en relación al PBI y al presupuesto, y lo que hicimos fue readecuar los recursos. Los dirigimos, pero no en beneficio del personal político, porque la verdad es que había un personal político absolutamente hipertrofiado. Lo digo sinceramente: el Ministerio de Defensa Nacional era un club político. ¡Esa es la verdad! Lo dije siendo senador y lo vuelvo a decir en esta misma sala siendo ministro. En los últimos años, la sede del ministerio era un club político. Creo que llegó el momento de atender al soldado». Esas eran las declaraciones del señor ministro, quien habla de algunas reducciones como, por ejemplo, la reducción en un 20 % de la flota de vehículos administrativos, y la eliminación de cargos de confianza que representan $ 5:500.000 al año. En el Ministerio de Defensa Nacional al menos –después lo discutiremos– se reducen los adscriptos.

El señor ministro también señaló: «Nosotros demostramos que en el presupuesto achicamos mucha cosa como ser los gastos de protocolo. ¿Saben qué son los protocolos? Copetines; vamos a dejarnos de misterios. En la Dirección General de Secretaría, en la oficina del ministerio, en el año 2019 se gastó $ 1.432.805. Para el año 2020 […] se destinó $ 241.000».

El señor Martínez, director general de Secretaría declara: «Brevemente, voy a decir que, por ejemplo, tenemos la pérdida de una insignificante cantidad de tiques de alimentación por no haber sido usados, que llega aproximadamente a la cifra de $ 771.000. Se realizaron gastos en un estand, que se llamó de innovación, en el emblemático Antel Arena, maravilloso gimnasio y polideportivo. Por nueve días, el estand salió USD 21.350». Más adelante, señala: «A esto se suman –no quiero extenderme mucho en este tema– más contrataciones de estudios de factibilidad, […] con la Corporación Nacional para el Desarrollo». Indicó, además, que están viendo cómo van a hacer para pagar USD 300.000. Reitero que estamos hablando de estudios de factibilidad en el Ministerio de Defensa Nacional.

Y con esto de priorizar al soldado en Defensa Nacional, también se consiguió, por parte de los senadores de la coalición de gobierno, propuesto por Cabildo Abierto, una partida anual de $ 130:000.000 que va a ser otorgada a partir del 2022.

En relación con la vivienda, nosotros estamos convencidos de que es prioridad para el Gobierno, más allá de los recortes de los que se está hablando. Es prioridad uno y vamos a demostrarlo con los hechos y no con el relato. Hay un déficit habitacional y todos lo sabemos. El crecimiento de asentamientos ha sido tangible; la bonanza económica les pasó por el costado. En el departamento de Canelones –lo hemos hablado con el intendente– casi se duplicaron en los últimos años. Es más, si recorren alguna zona donde se realojaron algunos asentamientos, podrán ver que se creó otro atrás de donde se realojaron. Se va a encarar esto a través del Programa de Mejoramiento de Barrios, y se va a destinar el 75 % de los inmuebles prescindibles. Quizás en diez años no lleguemos a cero asentamientos, pero se va a atacar el problema. Es una política prioritaria para el Gobierno el ataque a los asentamientos, no solamente como solución a la vivienda, sino como política integral. El asentamiento no se arregla solamente construyendo una casa, sino que hay que dar una solución integral y sin duda que vamos a trabajar para que esto suceda.

A su vez, debemos atender los sistemas alternativos de saneamiento, que es una de las grandes preocupaciones a trabajar. Gran ejemplo de esto es Mevir, que tiene sistema de saneamiento propio. Hay que copiar alguna de estas ideas porque debemos trabajar duramente al respecto.

Con relación a los decretos que promueven la vivienda de interés social, podemos decir que se aprobaron 154 proyectos de ley y 5404 unidades nuevas. Debemos considerar los sistemas alternativos en la construcción, como la madera, que es algo a manejar. Es preciso promover la construcción y fomentar el mercado por medio de una política de subsidio a las cuotas de los deciles 5 e inferiores. Se trata de una de las grandes necesidades que nos están planteando todos los uruguayos; que el trabajador uruguayo que no ha tenido capacidad de ahorro pueda tener su casa propia. Hoy en día, esas viviendas de interés social resultan muy caras y son inalcanzables para esa gente. Vamos a generar una política para que esos trabajadores puedan tener acceso a la vivienda; el alquiler con derecho a compra es una opción, pero también lo es el subsidio.

Respecto al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hay algunas menciones importantes. Se creará el Instituto de la Granja, tan esperado desde hace tanto tiempo. Entendemos que es una herramienta importante y tendrá los recursos como debe ser. ¡Y no vamos a hacer como el Gobierno anterior, que se quedó con los recursos de la granja!

Se va a reordenar la carrera administrativa en el ministerio –se va a poner la casa en orden–; se van a apuntalar las políticas agroecológicas, ya que el Uruguay Natural y ese tipo de políticas son muy importantes y hay que desarrollarlas. El Instituto Nacional de Bienestar Animal es algo que también nos reclamaron en su momento. Se trata de políticas que entendemos se deben llevar adelante.

Nos dicen que, por primera vez, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas presenta bien detallado lo que se va a hacer en cinco años, y también será un motor principal para generar mano de obra en la inversión pública. Recuerdo que en el presupuesto anterior propuse para el departamento de Canelones una rotonda obligatoria en las rutas 6 y 11, pero nunca llegó a pesar de que siempre la proponía. Ha habido muchos accidentes en esa zona. Sin embargo, nunca se realizó. Un día hubo un lamentable accidente, muy grande, y enseguida se dijo que la obra estaba planificada, que era algo que se había trazado. ¡Por favor! Se terminó construyendo y hoy en día es una realidad.

Por lo tanto, no existía lo que hay ahora, es decir, que se sabe detalladamente lo que se va a hacer en cada rincón del país, priorizando la construcción de rutas en el interior. En el departamento de Canelones, por suerte, también se van a llevar adelante. Habrá más de 2.500:000.000 de inversión vial más lo que se invertirá en puertos.

Tenemos el problema del tren para UPM, con los estudios previos y las expropiaciones, lo que nos va a salir mucho más y habrá que entregarlo en tiempo y forma con un nuevo trazado. El Gobierno anterior se comprometió a que en diez días se iban a llevar adelante las expropiaciones. Eso lo firmó el 10 de mayo de 2019. Hoy en día se están arreglando expropiaciones y se agregan más por el cambio de trazado, porque no se hicieron los estudios pertinentes. Esa es la realidad que nos dejaron en materia del tren para UPM.

Debemos agregar, además, la importancia de los puertos y el dragado del puerto de Montevideo a catorce metros, al tiempo que la navegabilidad del río Uruguay es un proyecto ambicioso que se quiere llevar adelante y que ojalá se concrete.

También hay obras importantes priorizando el interior del país. No se priorizó –hay que decirlo– el intercambiador en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, lo que representa un peligro. Vamos a abrir esa nueva Unidad Agroalimentaria Metropolitana sin ese intercambiador en esa zona tan importante de los accesos a la ruta 5 y Camino Pérez, lo que no fue previsto. Se plantea realizar la doble vía de la ruta 5 de Canelones a Durazno; la doble vía de la ruta 8, desde la ruta 11 hasta la ruta 9; la doble vía de la ruta 1 hasta Colonia; la doble vía de la ruta 9 hasta Paraje Los Cardos; la ruta 6 se va a hacer nueva, así como también la ruta 7. Los tres intercambiadores por la ruta interbalnearia –tan importantes en el departamento de Canelones y que tanto se tranca– van a ser nuevos. Y se plantea hacer 168 puentes en el transcurso del quinquenio.

Se va a mantener –algo que dijeron en su momento que se iba a quitar– el boleto estudiantil. No solamente se va a mantener, sino que se va a profundizar el tema al interior del país. Repito: habían salido a decir que se cortaba el boleto estudiantil.

También hay obras privadas para llevar adelante que son muy importantes y que ojalá se concreten. En la campaña departamental se planteó una vía rápida de transporte desde el peaje del arroyo Pando hasta Tres Cruces. Esa es una obra privada que creo que es muy buena y ojalá se lleve adelante, ni que hablar en consonancia con los Gobiernos departamentales de Montevideo y Canelones.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería, en su rectoría, debe agilizar procesos y promocionar políticas sectoriales. Se va a trabajar en actualizar la ley referida a los parques industriales, norma muy importante y que entendemos debe ser más atractiva, generando más mano de obra local, lo que en algunos lados no ha sucedido.

Hay que transparentar las tarifas públicas. Ya discutiremos el tema de la competitividad y de la venta de combustibles en puertos y aeropuertos. Debemos desarrollar las zonas francas temáticas, en las zonas más caídas del país. Creo que hay buenos e interesantes proyectos de zonas francas temáticas, de manera de ser pioneros en la región sobre algunos temas. Y, sin duda, hay que tener un rol proactivo en todo lo que tiene que ver con las inversiones.

Creo que el Ministerio de Educación y Cultura se va a administrar mucho mejor; de todas maneras, para referirse a todo lo que tiene que ver con la educación dejaré hablar a los compañeros que saben más del tema. En lo que refiere a los números, sin duda comparto lo que dice el señor senador Gandini en cuanto a que se va a invertir en el orden del 5,4 % del PBI en educación.

Hablamos, también, de llamar a esta cartera Ministerio de Educación, Cultura y Ciencias, pero primero se va a trabajar en fortalecer estas políticas para luego cambiarle el nombre, como dijo el propio Da Silveira.

Asimismo, apuntamos a combatir, en estos temas, el relato.

En el tema del gasto en publicidad, Da Silveira dijo: «En el año 2018, el Ministerio de Educación y Cultura compró publicidad a El País, es decir, al líder del mercado, por $ 374.853, […]. A La Diaria le compró publicidad por $ 828.667, […]; y a Caras y Caretas […], lo hizo por la suma de $ 1:029.180». Así se compraba la publicidad en el Ministerio de Educación y Cultura.

El ministro también dijo que en 2019 al diario El País se le compró publicidad por $ 21.945, a La Diaria, por $ 381.130 y a Caras y Caretas, por $ 893.559; esa era la compra de publicidad. Hoy, si a veces vemos algunos títulos envalentonados en ciertos pasquines, ya sabemos de dónde venía esa valentía.

A su vez, buscamos una nueva institucionalidad para mejorar la eficiencia y la transparencia de la gestión y hablamos de la creación de cinco institutos en la LUC: música, artes escénicas, letras, artes visuales y audiovisual, que ahora se van a dotar de recursos. Eso va a permitir el reordenamiento contractual, porque muchos trabajadores que hoy cobran horas docentes van a poder pasar a tener contratos de trabajo o laborales y mayor estabilidad laboral.

Después, nos preocupa todo lo que tiene que ver con los CAIF; esa es una política que ha atravesado transversalmente a todos los partidos políticos y creo que es una buena herramienta, pero hay que llevar adelante mejores controles.

En Ciudad de la Costa había dos CAIF que administraba el Club de Leones honorariamente y las autoridades empezaron a decirles que tenían que mejorar el local porque no era adecuado. Los del Club de Leones se cansaron y terminaron diciendo que no administraban más ese CAIF y ¿qué hicieron las autoridades pasadas? Contrataron una ONG nueva. ¿Qué hizo esa ONG? Terminó alquilando en $ 50.000 el local que se criticaba por parte de las autoridades.

Así se estaba administrando. Ahí se va a crear una unidad de contralor financiero-contable de convenios, para que las políticas realmente lleguen a quienes tienen que llegar. Esa política, la gestión financiera de esos contratos, representa la mitad del presupuesto del INAU; de $ 7.000:000.000 a $ 8.000:000.000 por año.

Hubo cinco denuncias penales contra organizaciones sociales, 80 convenios que no estaban mandando la rendición de cuentas y 113 convenios de partidas acumuladas.

Voy a mencionar algunos de los relatos que se quieren implementar de la educación. Tengo en mi poder algunas notas que Robert Silva ha salido a contestar, a través de las redes, una y otra vez. «Una vez más tenemos que salir a pedir explicaciones por la situación de los recortes en Educación, esta vez el liceo nocturno de Barros Blancos» salían a denunciar en las redes. Robert Silva contesta: «¿De dónde salen estas versiones? Es solo fijarse en la página web de secundaria para ver la cantidad de grupos previstos para el 2021 en el nocturno de Barros Blancos».

Hoy –o ayer–, salieron a decir en la prensa: «Disminuye el número de niños que abarca el programa de verano de escuelas públicas». Robert Silva señaló al respecto: «Todo es la necesidad de construir relato. Vamos a tener Escuelas de Verano para todos los que quieran asistir. Lo digo hoy, y lo ratificarán los hechos».

Lamentablemente, hay muchísimo más de un relato que se intenta imponer, pero que no condice con la realidad.

Ni que hablar que el Ministerio de Desarrollo Social es prioridad para este Gobierno, y se va a gestionar de mejor manera. Muchos estudios y diagnósticos, y poca resolución era lo que se hacía en ese ministerio. Técnicos en el territorio y no en el escritorio.

SEÑORA BIANCHI.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- Muchas gracias.

La actitud de este Gobierno con el Ministerio de Desarrollo Social es una señal importante. Lo dijimos en la comisión: llegar al ministerio y sacar las rejas era una de las señales que había que dar a la población. Le habían puesto rejas porque parece que la gente se quedaba a dormir allí.

El modelo de vivienda asistida es otra política que vemos con muy buenos ojos. Falta mucho sí, pero es una señal que hay que dar a la población y a la gente en situación de calle.

Se dijo que había catorce direcciones nacionales con poca comunicación; había que armar una estructura que, como quien dice, casi no existía. Se puso una oficina del Mides en el ex-Comcar, porque el 54 % de las personas que duermen en la calle tienen un pasado de privación de libertad y a veces no tienen a dónde ir cuando salen.

La reforma del Sistema Nacional Integrado de Cuidados sin dudas es una herramienta útil si se utiliza de buena manera, pero le faltaba contralor para funcionar efectivamente. Había personas que tenían hasta cinco asistentes; más de doscientos tenían a tres a su cargo. Conozco a una persona que necesitaba un asistente, pero iba cuando quería y cuando no, faltaba; avisaba un ratito antes, nadie controlaba, y terminó haciéndole un juicio al que quería ser el beneficiario. Así estaba funcionando.

SEÑORA DELLA VENTURA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR NIFFOURI.- Cuando finalice, señora senadora.

Se comenzó a revisar lo que tiene que ver con las visitas masivas para las transferencias. Hay un 30 % de las personas que tienen la tarjeta a las que se las visitó por última vez en 2012. De hecho, la Administración pasada llevó a cabo la experiencia de suspender las tarjetas a quienes se les había otorgado la prestación antes de 2012 y el 50 % de los suspendidos ni siquiera reclamó. De alguna manera, uno podría intuir que esas personas dieron cuenta de que no la necesitaban. A su vez, de los que reclamaron, el 50 % continuaban siendo elegibles, pero los demás, no.

Se hizo una revisita a 3000 hogares, antes de la pandemia, y el 35 % de los visitados no fueron elegibles. Hay que hacer foco en las políticas sociales, pero para que la ayuda realmente llegue a quienes la necesitan.

La atención a los niños de bajo peso al nacer es una prioridad para el Ministerio de Desarrollo Social y lo compartimos. Asimismo, hay algo muy importante que manifestó el ministro con relación a que la pobreza no se mide por los ingresos económicos. Para sacar realmente a la gente de la pobreza hay que concretar el ingreso sostenido en el tiempo, pero para ello es necesario generar vínculos con otras personas y con la sociedad. Ese es el trabajo que hay que hacer desde el Ministerio de Desarrollo Social.

Tengo algunos datos –los dije en su momento– respecto a la falta de concursos en el Ministerio de Desarrollo Social y a algunas denuncias que expresaban que allí se trabajaba como en un club político.

En cuanto a los ministerios de Salud Pública y del Interior tenía algunas cosas para decir, pero por cuestiones de tiempo voy a terminar mi exposición haciendo referencia a ASSE, que ha hecho un trabajo muy bueno y en el territorio. Si hay algo que tiene que hacer ASSE es gestionar, gestionar, gestionar –es el principal prestador de salud del país– y negociar bien. Por ejemplo, antes una cama de CTI valía de $ 32.000 a $ 115.000 por día. ¡Vaya si habrá que gestionar bien los recursos de la salud pública! Y a quienes dicen que hay un recorte en ASSE yo les digo que cuando asumieron sus nuevas autoridades había un déficit de $ 3.280:000.000.

Se va a lograr que se cumpla con la Ley n.° 19529, Ley de Salud Mental, que no se cumplía; se va a contar con las camas en el área metropolitana para que los internados se internen en los hospitales generales; se van a crear las casas de medio camino, las casas asistidas; se va a potenciar el primer nivel de salud y la atención domiciliaria, que será en dos etapas; se va a construir el hospital del Cerro. Con los recursos que se tienen –USD 4:500.000– el hospital del Cerro va a ser una realidad. También se van a atender las adicciones; se van a mejorar las condiciones de trabajo y el salario; se va a priorizar el área de la niñez y la adolescencia, con más de trece casas de desarrollo de la niñez en todo el país. El CTI en Treinta y Tres hoy es una realidad y en este presupuesto se le asignan partidas para la mano de obra. También se logrará tener dos ambulancias especializadas pediátricas –en este presupuesto se asegurarán los recursos para la mano de obra–, una en Las Piedras y otra en Montevideo.

Por otra parte, están las mejoras que se consiguieron al final para la ANEP –que todos ya conocen– y para otros organismos, por una suma total de $ 351:000.000. Asimismo, entendemos que es muy importante la Secretaría Nacional del Deporte para las plazas de deportes.

En definitiva, señora presidenta, entendemos que este es un presupuesto realista, que está del lado de la gente, del que nos hacemos cargo y con el que vamos a cumplir.

Y voy a finalizar como terminaba la presentación del Ministerio de Economía y Finanzas, que compartimos plenamente: «La esperanza de lograr transformaciones a las que se comprometió este Gobierno y, a pesar de los obstáculos, cumplir con nuestro fin último, que es que cada uno de los uruguayos y en especial los más desprotegidos, tengan una oportunidad están intactas».

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Le había pedido una interrupción la senadora Della Ventura.

SEÑOR NIFFOURI.- Se la concedo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Della Ventura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señora presidenta y señor senador.

Me anoté cuando el señor senador habló del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y de cómo se estaba llevando a cabo, con una crítica a un caso en particular.

Realmente, le voy a pedir al señor senador que profundice, porque el Sistema Nacional Integrado de Cuidados le cambió la vida a mucha gente, sobre todo a mujeres. Los cuidados en las familias recaen comúnmente en las mujeres y el hecho de poder tener un asistente personal durante un horario determinado le cambió la vida a muchas de ellas que tienen a su cargo a discapacitados o a personas de tercera edad. Entonces, no puede decirse que en general no funciona. Podrá haber un caso particular que no funcione, como puede suceder en cualquier sistema, que puede tener una falla puntual, pero en general le cambió la vida a mucha gente, y por eso queremos que continúe.

Gracias, señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Niffouri.

SEÑOR BRENTA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR NIFFOURI.- Con mucho gusto.

SEÑOR BRENTA.- El señor senador hizo referencia a la carencia de concursos en el Ministerio de Desarrollo Social y me hizo recordar una experiencia que el senador Gandini también recordará, porque nos tocó compartir la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en el período 2005-2010. En aquella oportunidad, recibimos un reclamo de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay respecto al ingreso por concurso al Estado. Entendimos que efectivamente correspondía y así lo propusimos en la comisión. El señor senador Gandini nos acompañó con su voto. Luego fue aprobado en sala, y se constituyó en un paso importante para democratizar el acceso de los ciudadanos al Poder Judicial.

A renglón seguido, en aquel momento propusimos la posibilidad de instrumentar el ingreso de los funcionarios a los Gobiernos departamentales en la ley presupuestal, lo que también fue aprobado en la comisión. Como ustedes saben, las normas sobre Gobiernos departamentales necesitan dos tercios de votos en cada cámara. Lamentablemente, a la hora de votar en el plenario lo que había sido aprobado por unanimidad en la comisión, los senadores de la minoría en aquel momento, de la oposición –los senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado–, se retiraron de sala. Por lo tanto, no hubo dos tercios de votos y no se estableció por ley el ingreso por concurso o sorteo a los Gobiernos departamentales.

Si usted está interesado en este tema, todavía estamos a tiempo de incluir un aditivo en este presupuesto nacional que establezca el ingreso por concurso o sorteo a los Gobiernos departamentales de todo el país. Es una propuesta.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Niffouri. Todavía tiene tiempo.

SEÑOR NIFFOURI.- El señor senador arrancó hablando del Mides. En 2019 se dijo: «El Mides es gestionado como un comité de base, en donde un compañero puede ir a pedir una radio comunitaria partidaria y terminar experimentando con un refugio para personas en situación de calle». Esas fueron las denuncias que se hicieron; se quiso armar una comisión investigadora en la Cámara de Representantes y, en ese caso, el Frente Amplio fue el que votó en contra.

Gracias.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para hacer una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Como miembro informante, quise hacer la aclaración después que terminó el señor senador Andrade, pero no llegué a tiempo.

Simplemente quería hacer un aporte por la preocupación que él demostró aquí con los adscriptos y los montos. La verdad es que no sé de dónde saca esos números, porque me consta que en toda la Administración y por orden del presidente se han reducido a la mitad. Recordemos que no es por cantidad, sino por monto. Cada ministerio está autorizado a contratar por cierto monto, que no es igual para todos los ministerios.

Quería aportar algo que puede ayudar. Se trata de un pedido de informes que hicieron los señores senadores Carrera y Bonomi y que fue contestado por la señora ministra de Economía y Finanzas el pasado 10 de agosto. Pidieron el listado de los contratos de arrendamiento de servicios y contratos de obras suscritos con personas que prestan servicios, ejercen funciones o suministran productos en ese ministerio, así como nombres y otros datos de adscriptos, asesores, coordinadores, etcétera. La ministra remitió todo: los que se encontró y los nuevos. Tengo aquí un listado de 91 contratos hechos con organismos internacionales, con el nombre, lo que ganan, para qué fueron contratados, de qué época a qué época: 42 de ellos fueron con el BID y 49 con el Banco Mundial, por un total de $ 92:633.304, más cinco adscriptos y un asistente del ministro por un total de $ 732.305. La actual Administración, contra esos $ 92:000.000 anuales de contratos, tiene cuatro con un total de $ 6:109.000 y cuatro adscriptos por un total de $ 320.000, contra los $ 732.000.

Este es un ejemplo. Es un documento que tenemos a mano porque es un producto oficial; es una respuesta de la señora ministra. Quería dejarlo como insumo de trabajo. Aportaré otros después.

Gracias.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: debo confesar que hoy es un día muy importante y creo que el Senado de la república de alguna manera debe recordar la gesta del pueblo uruguayo de hace cuarenta años que implicó decirle no a las pretensiones de la dictadura de perpetuarse. No hubo posibilidad de hacer campaña electoral; había presos políticos, partidos proscriptos, etcétera. Pero, en definitiva, las ganas de democracia del pueblo uruguayo pudieron más.

Estamos obligados, entonces, a cuidar la democracia que tenemos. Y la democracia que tenemos se basa en el debate político franco, en un sistema de partidos fuertes y sólidos, donde todos tratamos de construir puentes de diálogo que nos permitan al menos entender las decisiones que toman unos y otros en función de sus ideas y valores.

Me siento agradecido, señora presidenta, porque a cuarenta años de aquel voto, me ha tocado participar en la vida pública, por suerte, siempre en democracia. Por eso creo que es importante que, más allá de las diferencias que podamos tener con respecto a las interpretaciones, no construyamos la idea de que los datos son subjetivos. Es bastante fácil agarrar una calculadora. Es bastante fácil recurrir a cualquier mecanismo.

(Murmullos en la sala).

–Espero que los señores senadores terminen de intercambiar y con gusto continúo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señores senadores: por favor escuchemos a quien está haciendo uso de la palabra.

Puede continuar el señor senador Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Gracias, señora presidenta.

Decía que es importante, en primer lugar, que nos escuchemos, como prerrequisito. En segundo término, es importante que el debate no sea de los que viven de las gráficas y de los que viven otra vida distinta porque, si cuando se discute se cuestiona el dato objetivo, no hay diálogo político posible. Con respecto a un dato real y concreto, podemos tener distintas interpretaciones, pero si lo que pretendemos es cuidar el debate político y la democracia, bajo ningún concepto podemos permitir que nos pase como en otros países, en donde cada uno construye su dato como se le antoja, desde la subjetividad. Me parece que eso es muy relevante para encarar un debate de carácter presupuestal.

Como decía recién, la solidez y la seriedad de un país son muy importantes, y las certezas de lo que se va a hacer es determinante, no solo para el clima político de la sociedad, sino particularmente para los que toman decisiones en términos económicos. Entonces, es importante discutir esto, que es un activo muy importante del país. Más allá de las interpretaciones que se quiera hacer acerca de lo que fueron los quince años de gobierno del Frente Amplio, hay un activo muy importante, que es la seriedad, la sostenibilidad del país y la confianza que genera, porque nadie pone plata en un país en donde no hay un marco de estabilidad y nadie invierte en un país que está convulsionado. Por lo tanto, son cosas que, diría, el conjunto del sistema político debemos cuidar.

Yendo a lo que nos importa, que es el presupuesto, en definitiva, a mí me ha tocado ser el miembro informante en la Cámara de Representantes y ahora tengo que volver a intervenir. En este caso, lo voy a hacer de una manera distinta. No voy a entrar en algunos pormenores porque, además, no participé en la comisión, pero tengo claro –ya que conozco a muchos de los actores que estuvieron allí– que se vivió un clima que permitió discutir, debatir; hubo un intercambio muy importante, y mucha gente trabajó para eso.

Aquí se ha dicho, señora presidenta, que estamos en presencia de un presupuesto quinquenal, es decir, que planifica los cinco años. Se ha dicho que es un presupuesto serio. Se ha dicho que es un presupuesto sustentable. Y se ha dicho que es un presupuesto realista. También se ha dicho que este presupuesto marca cuál será el rumbo a mediano plazo del Gobierno que ha comenzado este año, que no se basa en sueños, que es un presupuesto para el cambio y está basado en la gente. Eso es lo que se ha dicho aquí. Y se ha establecido que este presupuesto se tuvo que construir sobre la base de dos restricciones muy importantes. La primera, se decía, es heredada. Siempre hay un legado; siempre hay una herencia que tiene activos y pasivos. Esto le ocurre a una familia, a una empresa, a un país. Justamente esa es la continuidad de las políticas y de los Estados. Se ha establecido que el legado ha sido muy duro, muy restrictivo, con enormes problemas; se ha dicho, incluso, que la caja estaba vacía. Se ha repetido hasta el cansancio la idea de que la caja estaba vacía, de que el país estaba exhausto, de que en realidad las cuentas públicas estaban absolutamente desordenadas y de que, en definitiva, esto constreñía enormemente al nuevo Gobierno para poder iniciar su gestión. Además, se le agregaba, como se decía aquí, algo importado: la pandemia. Esa es una enorme realidad.

Sin lugar a duda, el país tiene muchos problemas. El Frente Amplio no fue perfecto y tenemos problemas que tienen que ver con las cuentas públicas, con el déficit fiscal y con algunos errores que cometió nuestro Gobierno y no tengo ningún problema en decirlo. Pero lo que no se puede decir es que el país es un desastre. Como esto es importante para el diálogo político, no voy a hacer referencia a lo que dicen los frenteamplistas; lo han dicho mucho mejor que yo mis compañeros senadores a lo largo de esta sesión. Voy a leer los documentos públicos del propio Gobierno, porque parece que hay senadores de la república aquí que no leen lo que emiten su Gobierno y su Ministerio de Economía y Finanzas.

Hay un documento del Ministerio de Economía y Finanzas que me exime de recorrer el conjunto de logros del Frente Amplio para ver cuál es la fotografía. Este documento no es, ni más ni menos, que el que se les presentó a los que toman decisiones de verdad, que son los que invierten, los inversores internacionales. A esos inversores no se les puede decir cualquier cosa porque tienen estudios que analizan los números que se les presentan, no como doña María o don José, que tienen que escuchar los discursos de los representantes políticos y no tienen un estudio de contadores al lado para hacerles los números a ver si lo que les está diciendo un senador de la república, un legislador, es así o no. A los que toman decisiones de verdad no se les puede mentir.

En la página 12 de ese documento se dice que el crecimiento de la economía ininterrumpido desde el 2005 al 2019 fue de un 63 % acumulado. De este período ningún día fue de este Gobierno; fue el período de los Gobiernos del Frente Amplio. En la página 10 se dice que el Uruguay es el país con más formalidad laboral de América Latina, que llega al 75 %. Es la cifra que entregó el Frente Amplio al nuevo Gobierno, el legado. También se dice, en la página 12, que hubo un descenso de la deuda bruta de casi un 80 % a un 53 %. Invito al Cuerpo a leer este informe porque es extremadamente interesante. Está en inglés y en español, o sea que nadie tiene excusas para no conocerlo. En la página 20 se dice que Uruguay es el único país de América Latina con superávit de la balanza de cuenta corriente: 0,7 puntos del PBI. En la página 20 también se señala que es el segundo país de América Latina con mayores reservas internacionales en relación con su PBI, con un valor de casi el 25 %, solo superado por Perú.

Este es el diagnóstico del Gobierno. No es el que se difunde; es el que les presentan a los inversores.

También se dice, en la página 26, que la deuda extranjera pasó del 88 % al 57 % y que la deuda de corto plazo, que es muy relevante para ver cuáles son las restricciones cuando se comienza con un presupuesto y es la que vence antes de los doce meses, en 2005 era del 16 % y en 2020 es de 4,5 % y esto es lo que hay que pagar en los próximos doce meses; no es el 16 %, que sí significaba una restricción muy importante.

Dice que Uruguay es el cuarto país en el mundo en generación de energía eléctrica a partir de la eólica y la solar, y que es el primero de América Latina. Además, señala que Uruguay, en definitiva, es un país socialmente estable, con baja desigualdad e informalidad en términos relativos y una amplia red de seguridad social –esto figura en la página 8–; es el país con la menor percepción de corrupción de toda América Latina y el que generó un 66 % de salario real del conjunto de los trabajadores a lo largo de este tiempo, que hizo crecer la economía un 67 % –o sea, es un 67 % más grande– y bajar la pobreza del 40 % al 8 %. Esto es lo que dice el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo escucho otros discursos y parece que vivo en otro país.

En definitiva, se trata de fundamentar el ajuste fiscal que se está procesando en este presupuesto quinquenal que, en resumidas cuentas, es un ajuste de las cuentas públicas. Hay algunos senadores que se enojan cuando se lo llama «ajuste», pero resulta que el compromiso de campaña era reducir USD 900:000.000, era recortar USD 900:000.000. Se vendió como un ahorro, porque el ahorro es bien visto por la sociedad. ¿Vio, presidenta? «Si yo ahorro, voy a comprarles bicicletas a las gurisas para fin de año». La gente piensa que ahorra cuando se maneja bien, cuando le sobran los recursos, cuando puede cambiar el auto, cuando puede comprar bicicletas, cuando puede comprar una casa o irse de vacaciones. Pero el recorte en el Estado no es un ahorro, sino una sustracción de recursos a la economía nacional; es achicar la economía nacional de la que depende una enorme cantidad de la población uruguaya, no solo los trabajadores y los pobres, sino también las pequeñas y medianas empresas, que son el 90 % de las empresas del país que trabajan con el mercado interno.

Aquí se está procesando una reducción sustantiva de los salarios tanto privados como públicos; aquí va a haber un recorte de $ 15.000:000.000 del presupuesto público solo para el año que viene, lo que significa que el Estado gastará menos de esos recursos. Lo prometieron en la campaña electoral; entonces, no pueden horrorizarse porque les digamos esto. El problema es que el efecto de este recorte, de la baja de salarios y, en definitiva, de las restricciones de las que estamos hablando es que circulará menos dinero en la economía. Ese efecto va a generar que el almacenero de mi barrio venda menos, va a generar que todos los comercios de este país no tengan a quién venderle porque le venden a la enorme mayoría de la población que vive de su salario, ya sea un profesional universitario o una trabajadora doméstica. Todos viven de su salario y, si se achican los salarios, se achica el consumo y, si se achica el consumo, quien está del otro lado del mostrador tiene un problema porque se le está achicando la caja registradora. Lo que termina pasando en ese proceso, señora presidenta, es que cuando todo eso se achica y se reduce también el consumo, no hay otra cosa en el país en términos económicos que concentración. Algunas pequeñas y medianas empresas están con enormes dificultades y, frente a los problemas de venta que tienen –porque se les achicó el mercado–, cierran las puertas. Entonces, cerrarán los pequeños boliches y abrirán mayores superficies, que les pagan a los productores a los ciento ochenta días y trabajan con el dinero ajeno. Ese proceso de concentración es el que se va a registrar, pero eso no promueve el empleo, señora presidenta.

Aquí se ha dicho que este es un presupuesto para generar empleo, pero si yo le retiro todo este dinero al Estado, ¿cómo genero empleo? Me dicen que para generar empleo lo que van a hacer es traer inversiones. Además, me dicen que esas inversiones van a repercutir en un crecimiento enorme del comercio exterior. Este es el fundamento del Gobierno; eso es lo que va a hacer porque dice que está viendo que el mercado interno no va a despegar. Aun creyendo, y sin cuestionar –para ser fiel a lo que dije al principio– los datos macroeconómicos que trajo el Gobierno, que dice que el consumo va a crecer un 3,8%, va a haber más consumo en el Uruguay que en 2019, con 10.000 puestos de trabajo menos, si es que crean los 50.000 puestos de trabajo que dice el presupuesto que se van a crear el año próximo. Pero aun creando esos 50.000 puestos de trabajo, señora presidenta, el año próximo habrá en la economía uruguaya 10.000 menos de los que había antes y con salarios que se rebajan en términos reales, tal como ha sido reconocido por el Gobierno, porque eso es lo que sucede. Pero el Gobierno dice que el año próximo va a reducir salarios, va a reducir jubilaciones, va a recortar en $ 15.000:000.000 el presupuesto público que se invierte y se gasta en el país, y que todo eso conjugado va a generar mayor consumo. Hasta ahora nadie pudo explicar cómo, si tengo menos plata porque me pagan menos salario y, por lo tanto, consumo menos; cómo, si hay menos trabajo de lo que había en 2019; cómo, si el Estado no va a comprar a las empresas los insumos que les estaba comprando porque está achicando el presupuesto público; hasta ahora nadie ha podido explicar cómo puede ser que aumente el consumo. ¿Cómo se logra eso? Y no me vengan con la explicación de que van a aumentar las horas de trabajo porque eso es, francamente, una quimera; además de tratar de crear 50.000 puestos de trabajo, van a aumentar las horas trabajadas en el Uruguay: otra proeza.

Lo que resulta de esto, señora presidenta, es que el consumo del país no va a crecer el año próximo ni el otro. Por lo tanto, el 90 % de las empresas del Uruguay, que dependen del mercado interno y son las que generan la mayor cantidad de trabajo en el país –en los sectores de la industria, el comercio, las pequeñas y medianas empresas y los productores familiares–, ¡no tendrán mercado! Y si no tienen mercado, no venderán más. Entonces, que me expliquen qué empresa sobrevive sin vender más.

Tampoco nadie se ha animado a defender esta nueva teoría económica que se está poniendo sobre la mesa: si hay menos plata, hay más consumo. Nadie me la puede explicar, y he insistido con este tema, señora presidenta, pero no he encontrado la respuesta. La verdad es que va a caer el consumo interno, se va a achicar el mercado interno y eso va a ocasionar que muchas pequeñas empresas se vean imposibilitadas o, lo que es peor, que la ferretería de mi barrio, que había contratado a cinco trabajadores, presionará para bajar más los salarios porque vende menos, o despedirá a alguno de ellos. Esto, a su vez, va a afectar nuevamente el consumo y se generará un espiral descendente que destruye la economía de un país como Uruguay, que tiene algunas particularidades bien interesantes: el peso del mercado interno en su estructura productiva.

Además, señora presidenta, se dice que este es un presupuesto serio, pero un presupuesto serio para cinco años ¿no actualiza las partidas en esos cinco años? Uno puede decir que trae un presupuesto de cinco años, pero no es creíble que las partidas para pagar y servir la deuda externa –salvo que no se la quiera pagar; puede ser un planteo y capaz que hasta pueda votarlo, aunque en el mundo interconectado en el que vivimos hoy es muy difícil hacer eso; con la globalización es muy difícil decir que vamos a salir de ese proceso y, además, eso generaría un mensaje para el mercado internacional que no queremos generar, porque deseamos captar inversiones– no se actualicen, que sean las mismas durante los cinco años. ¡No es creíble! ¡No es creíble que no aumente la asistencia de la seguridad social en cinco años, porque esa es la trayectoria que viene teniendo este país envejecido! Este es un problema que tiene el país y que tendrá que resolver; siempre hay que incrementar los recursos de los servicios de la seguridad social. ¡No es creíble que no se ajuste el Fondo Nacional de Vivienda cuando la ley así lo establece ni que haya una diferencia entre el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el de Economía y Finanzas de más de $ 5.000.000.000! ¡No es creíble! En definitiva, no es creíble que las partidas para potenciar el desarrollo del sector agropecuario del país, el sector agroexportador del Uruguay, tengan de rehén a todos los institutos que están para la asistencia de los sectores productivos porque fueron recortadas. ¿Cómo vamos a potenciar el desarrollo de nuestro sector agroexportador si lo que estamos haciendo en el INIA es recortar la partida? ¿Cómo vamos a incorporar conocimiento, innovación y tecnología en un sector que está desafiado porque el mundo lo está, ya que están cambiando el mercado mundial, el mercado de las materias primas y los modos de consumo? Cambian un montón de problemas que han surgido y se han acelerado a partir de la pandemia y resulta que nuestro sector productivo tendrá menos recursos para aplicar a la innovación y la tecnología. Y le voy a decir más, señora presidenta, porque es bueno ver algunas cosas. Los integrantes del Comité Gerencial Ampliado del INIA firmaron una carta abierta dirigida al señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Comisión de Presupuesto, que dice que, de aprobarse el presupuesto, afectaría las capacidades del instituto de contribuir a la generación de conocimiento y de las tecnologías necesarias para que el país afronte las problemáticas de competitividad y agroambientales que plantea el ahora, y luego dice que se afectaría también el rol del INIA como promotor y vertebrador de esa política de transferencia de conocimientos para el sector productivo. Esto no lo firma un frenteamplista, sino las autoridades designadas por este Gobierno.

SEÑOR COUTINHO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SÁNCHEZ.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Coutinho.

SEÑOR COUTINHO.- Son solo treinta segundos para hacerle una aclaración al señor senador.

Esa carta ingresó en la comisión, se los recibió y eso que está manifestando fue ampliamente mejorado. Ese fue uno de los temas por los cuales la coalición se reunió y se propusieron mejoras.

Quería hacer esta aclaración porque todos recibimos esa carta y también coincidimos en algunos aspectos que manifestaron las autoridades del INIA, pero eso fue ampliamente mejorado en un trabajo que hicieron los dieciocho legisladores de la coalición y conformó también al resto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias por la aclaración.

Puede continuar el señor senador Sánchez.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR SÁNCHEZ.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Muchas gracias.

Anticipo que vamos a hablar sobre el INIA cuando llegue el momento, pero como no me quiero extender simplemente voy a recordar lo que ha pasado en el INIA en los últimos dos años. Hay algunas investigaciones por ahí, envíos a la Jutep y algunas denuncias. Es un organismo que en lo personal admiramos, pero no es la vaca sagrada. El campo no es el INIA y está lejos de serlo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Prosigo diciendo que todas las mejoras a los institutos que aportan conocimiento, que sirvan para insertarnos en el mundo –porque debemos ser agrointeligentes–, me alegran enormemente. Ahora bien, aún persisten los recortes en todos los institutos, incluido el Instituto Nacional de Semillas.

Yo no creo que el INIA sea el agro, pero acá se tiene una idea equivocada: se piensa que la industrialización del Uruguay es en hornos de chimeneas; la industrialización del Uruguay es un concepto, que es agregar valor a lo que hacemos. Hoy una semilla es un dispositivo tecnológico que concentra una enorme cantidad de conocimiento, de información y de tecnología. Con el Instituto Nacional de Semillas logramos, por ejemplo, certificar semillas. ¡Si será importante eso para acceder a algunos mercados! Ahora bien, el 20 % del presupuesto del Instituto Nacional de Semillas venía de presupuestos públicos y el resto, de los servicios que, en definitiva, le cobra a los productores que lo utilizan, que es el 80 %. Si se reduce el financiamiento público, ¿cómo va a cubrir ese déficit? Cobrándoles más a los productores. Mire, señora presidenta, hay un lindo informe del IICA –Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola– que evaluó los impactos económicos, sociales, ambientales e institucionales de las inversiones en investigación e innovación agropecuaria de varios institutos, en este caso, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA. Uno de los resultados que arroja, más allá de que el INIA no sea el agro, es que cada peso que se gastó en el INIA representó para el país la creación de $ 16,26; insisto, cada peso que se puso en el INIA representó para la economía $ 16,26. Ahí está el camino que necesita seguir el Uruguay, pero con recortes en la Dirección General de Desarrollo Rural, con recortes en la planilla de funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con recortes en todos los institutos agropecuarios, incluido el Instituto Nacional de Colonización al que le saca el 90 % para el acceso a tierras, difícilmente podamos avanzar en los desafíos que tiene el país hacia el futuro. Son enormes esos desafíos en un país que tiene la particularidad de que además de ser tomador de precios –porque somos pequeños–, a diferencia de muchos países agropecuarios del mundo que hoy venden su excedente, produce para el exterior. Entonces, cuando competimos con países que tienen subsidios en su sector agropecuario y, además, comercializan el excedente de su mercado interno –cuando nosotros no tenemos tanto volumen–, hay que comprender que la investigación y la innovación, particularmente en este sector, es lo que permite agregar cada vez más conocimiento a los procesos y a la producción nacional; este es el camino para que nuestro país pueda avanzar. De lo contrario, va a ser muy difícil insertarnos en este mundo que hoy genera enormes complejidades.

Además, el Gobierno dice que este es un presupuesto que no pone impuestos y al leer los artículos veo que es así, que solo hay dos exoneraciones impositivas para las empresas agropecuarias que tributan IRAE –no para las que tributan Imeba–, es decir, para las más grandes, pero para las más chicas no hay ninguna. Aquí solo se permite deducir el IRAE a las grandes empresas, pero a los que tributan otras cosas, no. Además, esto es para los grandes terratenientes que aportan el impuesto al patrimonio según la evaluación que se hace de sus predios, pero eso no se aplica a la enorme mayoría porque representan solo el 10 %. Entonces, aquí no hay ninguna noticia para los sectores que más empleos generan.

Además, se dice que no se le va a cobrar impuestos a la gente, lo cual en términos de debate político es muy importante para la sociedad. Han dicho que no van a poner más impuestos, pero había una exoneración del IVA de dos puntos que ya no existe más, por lo que cada vez que vamos a comprar, pagamos más IVA. Eso no está en el presupuesto porque es una decisión anterior del Gobierno. Si me cobran impuestos por mi salario, pierdo capacidad de compra. Lo que hace este Gobierno es bajarme el salario. ¡Claro! No me pone impuestos, pero me baja el salario a diestra y siniestra, sin reconocer la capacidad contributiva de la gente. En realidad, los impuestos justamente permiten ver esa capacidad y aquí se tomó otro camino que es bajar el salario, subir los peajes y crear otros nuevos. Estos son algunos de los anuncios que se están haciendo e, incluso, uno más arriesgado dijo que se va a discutir el subsidio al gas, energía que usa el 95 % de la población para cocinar y para la calefacción. Alguno ha dicho en la prensa que hay que recortar eso porque hay que llevarlo todo a los precios de paridad.

Entonces, resulta que el Gobierno me dice que no me va a poner impuestos, pero me recorta el bolsillo, el salario y con eso me quiere convencer de que este es un presupuesto para la gente. ¿Cómo puede ser para la gente cuando recortan a todos? ¿Cómo es un presupuesto para la gente si, además, va a haber menos trabajo? ¿Cómo es un presupuesto para la gente si se recorta en áreas del Estado en las que habrá menos servicios públicos? ¿Cómo se puede fundamentar que este es un presupuesto para la gente cuando, en definitiva, es la que va a sufrir el recorte de los salarios? Porque, ¿a quién le van a recortar los salarios? A la gente.

SEÑORA PRESIDENTA.- A pedido de varios señores senadores, se va a votar la prórroga del tiempo de que dispone el orador.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: en un recurso discursivo muy bueno se nos dice que los uruguayos estaban exhaustos, hartos y cansados de los impuestos; que no podían más. Entonces, como los uruguayos –la clase media y la gente que trabaja– estaban cansados, exhaustos y no podían más con los impuestos porque estaban hasta el cuello, se les baja el salario. ¡Gran solución! No te tocamos los impuestos, pero te bajamos el salario. Así que, si antes estaban hartos, exhaustos y ya no podían más, ¿cómo van a hacer ahora que les bajaron el salario, que la luz y el teléfono cuestan más caro –todos los servicios valen más– y, además, cada vez que van al almacén con mil pesos compran menos?

Señora presidenta: me parece que el problema que tenemos es que no se reactiva una economía achicando el mercado interno ni generando condiciones en el sentido de que va a pasar algo maravilloso como, por ejemplo, la llegada de inversiones maravillosas al país y la apertura de los mercados. Acá se nos dijo que vamos a derribar los aranceles, porque somos un país que paga altos aranceles y es verdad. Ahora bien, ¿saben cuánto cuesta negociar un tratado de libre comercio? Por lo menos dos o tres años; y después que lo trataste, que lo negociaste, todavía no sabes si se puede utilizar. Tanto es así que el Uruguay tenía un tratado de libre comercio con México que nos permitía exportar, pero no nos permitía entrar con nuestras marcas; entonces no lográbamos fidelizar mercado en México. Así pues, hubo que tratar de mejorar eso de alguna manera.

Entonces, señora presidenta, lo que está acá arriba de la mesa no tiene que ver con la posibilidad de que el país despegue. Y no es que nosotros queramos que al Gobierno le vaya mal –no es eso–, sino que estamos alertando sobre esta proyección macroeconómica. Entiendo lo que se ha dicho aquí, en sala, sobre la incertidumbre que genera el mundo, pero digámoslo claramente; no digamos que los números van a dar y que vamos a crecer porque vamos a crecer. Seamos honestos y digamos que acá tenemos dificultades y que hoy no podemos asegurar que vamos a crecer ni que habrá cincuenta mil puestos de trabajo el año que viene. ¿Sabe por qué, señora presidenta? Porque estamos considerando un presupuesto quinquenal que se empezará a aplicar el año que viene. Entonces hoy se pueden decir muchas cosas sobre las virtudes de este presupuesto, pero el problema es si el año que viene se corroboran o no; y lo digo por experiencia.

Me parece, señora presidenta, que el Gobierno está demasiado optimista; necesita estar optimista, necesita decir que todo va a ir bien, pero todos sabemos que los que van a tomar decisiones no desconocen que en este presupuesto hay incongruencias e insostenibilidad que traerán serios problemas al país. Ni que hablar de algún aspecto en particular que quiero reseñar. Me refiero, por ejemplo, a lo que se ha colocado como un gran tema: la desmonopolización que se procesa en este presupuesto, que además se agravó enormemente con la votación que hicieron del artículo 320 en el Senado. Señalo esto porque dicen que, en definitiva, el negocio del búnker de Ancap es descartable en tanto se fundamentaba por el fueloil –se hablaba siempre del fueloil–, pero lo que está acá, en el artículo 320, no es solo fueloil. Insisto: lo que está acá no es solo el fueloil, sino que son todos los combustibles marinos –¡todos!–, incluidos los lubricantes. Todo ese negocio se va a incrementar con los buques que llegarán, porque la producción del Uruguay aumentará y vendrán buques más grandes; entonces crecerá ese negocio que tuvo un promedio de USD 60:000.000. Ese era el negocio que estaba allí. Lo peor es que en función de cómo está redactado el artículo 320, se permite que UPM importe combustible, porque lo trae al puerto de Montevideo, lo ingresa, lo lleva en un tren y lo pone de vuelta en donde, en definitiva, no rige el monopolio de Ancap: la zona franca. Acá se permite que Montecon y cualquier empresa que esté instalada en el puerto de Montevideo compre combustible afuera, erosionando enormemente las capacidades que tiene nuestra empresa pública. No es solo un negocio del fueloil. Es más, si el puerto de Montevideo llega a los catorce pies de profundidad con su dragado –y ojalá así sea, porque para eso se ha trabajado durante mucho tiempo–, será la última estación de servicio de los portacontenedores en el Atlántico Sur. En lugar de dejar todo ese negocio a nuestra empresa pública, que goza de una posición ventajosa porque tiene el monopolio, vamos a permitir que lo tomen empresas trasnacionales. Eso es lo que se está haciendo con este artículo. Es más, señora presidenta, no garantiza que los camiones que entren al puerto no carguen combustible allí. Por eso, en la Cámara de Representantes la coalición de gobierno, en un debate franco, había establecido –nosotros estábamos en contra– en el artículo 298: «… a los solos efectos del aprovisionamiento de buques y embarcaciones de cualquier tipo». Aquí se puso la eliminación del monopolio para todo, en todos los puertos del país, contraviniendo este acuerdo del que no fui parte –pues lo voté en contra–, pero que sí apoyaron los partidos que integran la coalición y que aquí lo están tirando abajo. Se empezó fundamentando por el fueloil, después se dijo que era solo para los barcos y, ahora, es para todos. Se avanza de a pedacitos. Además, se agrega el aeropuerto; ¡faltaba más! Para colmo, estas empresas van a poder venir a hacer un negocio de distribución; hay empresas que ya están recorriendo instalaciones de Ancap para ver si las arriendan o no, ¡porque no van a invertir un mango! Si yo quiero vender combustible, preciso tener un lugar donde depositarlo, ¿verdad? Bueno, se lo van a arrendar a Ancap. Es decir, vamos a permitir que la infraestructura que es del Estado sirva para arrendar. Y lo que es peor, señora presidenta, aquí se argumenta que lo que vamos a hacer en el aeropuerto es porque tenemos una situación de falta de competitividad con respecto al precio del combustible para las aeronaves, pero la verdad es que el precio de los combustibles para el aeropuerto –es uno de los derivados del queroseno lo que se consume– se fija de acuerdo con un promedio de los puertos de América del Sur más un plus que le pone el Poder Ejecutivo. Es así como se fija el precio de los combustibles, es decir, se mira cuál es el promedio de los puertos de Brasil, de Argentina, se establece ese promedio y se agrega un adicional; ese es el precio del combustible que se vende en el aeropuerto de Montevideo, que en realidad es de Canelones. Si se quisiera tener el mismo marco para que con el combustible ocurra lo mismo que en otro aeropuerto, es decisión del Poder Ejecutivo no otorgar ese adicional. Tan así es que Ancap tiene la posibilidad de importar combustible o cualquier cosa. De hecho, en el caso del cemento de Pórtland, Ancap importa para los privados. Según un acuerdo que tiene más de diez años, importa determinados insumos para la producción del cemento de Pórtland a nombre del privado, este último se encarga de toda la gestión y Ancap se encarga particularmente de la aduana, porque el ente está facultado, sin necesidad de desmonopolizar, para que un privado importe a través de él. Es decir que lo puede hacer y no es necesario desmonopolizar. Aquí el mensaje es que avanzamos de a poquito. Son playas que se va avanzando, cabeceras de puente en la desmonopolización.

Además, va a haber enormes dificultades y lo discutiremos más en profundidad, porque no tenemos la capacidad de controlar cuánto combustible va a andar en la vuelta. Cualquier empresa en el recinto portuario podrá importar combustible y cualquier camión que ingrese al recinto portuario podrá cargar combustible. Esto es lo que estamos haciendo.

En definitiva, avanzamos de esta manera a pesar de que en la LUC se estableció que el plazo para hacer un análisis y un estudio sobre el mercado del petróleo y de combustible, con comisiones de expertos y profesionales que se están reuniendo y se ha comunicado –¿verdad, señora presidenta?–, vence el 19 de enero. ¿Y traen la desmonopolización acá, en el presupuesto, con un par de artículos, entre gallos y medianoche? Lo digo porque no venía en el presupuesto, sino que lo trajo el ministro abajo del brazo a la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes. En ese momento fundamentó que era solo el fueloil y ahora acá tenemos el resultado: es todo. Ese es el resultado, sin estudio, sin científicos que sustenten, sin análisis de nada, simplemente sobre la base de un mensaje que no se sustenta en los números, de un negocio que se dice que no sirve, aunque representa aproximadamente USD 60:000.000 por año. Y esto lo vamos a discutir más en profundidad, porque el argumento era que, como se estaba construyendo una nueva planta de celulosa, la demanda para abastecerla con fueloil iba a crecer –este es el fundamento que dio en comisión el señor ministro– y, por tanto, Ancap podía descartar en definitiva el negocio del búnker. Sin embargo, ahora resulta que con esta redacción del artículo 320, la propia UPM lo puede importar, porque no es solamente para los barcos. Acá cualquier empresa puede decidir importarlo, entrarlo en admisión temporaria y llevarlo a donde está instalada, si lo está, por supuesto, en una zona franca. Esto es lo que dice el artículo 320. Y así se hace, señora presidenta. Una ley de presupuesto se presume que no puede ser impugnada por la población, porque estas leyes son privativas del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, no se puede interponer recursos. Por eso se coloca acá, en una ley aparte. ¿Por qué no viene ahí el informe de la comisión de expertos que creó el Gobierno –y que imagino que estará trabajando incansablemente, con todos los elementos arriba de la mesa, sobre el mercado de los combustibles–, que finalizará, según el mandato de la ley que aprobó este Parlamento, el 19 de enero? ¿Por qué esto no viene ahí? ¿Por qué entra en la ley de presupuesto? ¿Cuál es la razón?

Creo que esto nos hace mucho daño. Podríamos discutir con mejores elementos e información, con mucho más tiempo, escuchando a las partes, y no de esta manera, es decir, incluyendo dos artículos en el presupuesto quinquenal.

Recuérdese que el tema de los aeropuertos se pretendió incluir en la Cámara de Representantes, pero se descartó y ahora se incluye aquí. Esta no es una buena forma de tomar decisiones estratégicas. El Gobierno tiene sus mayorías y en el momento que entienda necesario podrá decidir avanzar respecto al mercado del petróleo, pero no de esta manera donde los uruguayos hoy –aquí hay pocos medios de comunicación– no saben lo que estamos votando. En setecientos artículos entra como quien no quiere la cosa. Me parece que es un error y lo digo con sinceridad, no con chicaneo. Lo que están haciendo aquí es tomar decisiones sin la información necesaria y creo que es un profundo error que debería subsanarse. Deberían postergar el debate sobre la desmonopolización para cuando estén los informes y, en todo caso, si hay actores que sustentan el Gobierno tienen la mayoría para avanzar.

Nosotros creemos que el argumento «desmonopolización es igual a baja de precio» no es real; no ha sido real en ninguna parte en donde se ha aplicado, porque hay tres componentes muy importantes, señora presidenta, en términos de combustible, que hacen a las posibilidades de desarrollo del país. El primero de ellos es la certeza de la calidad del combustible que estoy vendiendo. En los países que desmonopolizaron y liberalizaron eso no está asegurado. Vayan a Argentina a ver cuál es la calidad de la nafta. Segundo, aquí se sabe que lo que se carga se carga. Tercero, la garantía de un precio único para todo el país. La garantía de un precio único para todo el país y de cuánto combustible hay, la da la estructura que hoy tenemos. Liberalizar no da esa garantía, señora presidenta, por la sencilla razón de que vender combustible en Montevideo es más rentable que venderlo en Bella Unión y ningún privado va a ir a llevar combustible a Bella Unión. Por lo tanto, el argumento de que desmonopolizar va a bajar el precio de los combustibles es falso. No se ha comprobado en ninguna parte. Sucede lo contrario: baja la calidad de los combustibles.

Otro de los puntos muy importantes que tiene el país respecto al tema de los combustibles –que a veces es un activo que no se valora– es el abastecimiento, señora presidenta. En Uruguay no falta combustible, porque hay un ente estatal que tiene el monopolio y sabe cuánto combustible trae al país y cuánto necesita en función de una proyección de crecimiento. Liberalizar implica perder esa regulación tan importante. Y un país necesita energía para crecer y desarrollarse. Si no podemos garantizar el abastecimiento de la energía no vamos a poder conseguir inversiones. Por eso es fundamental tener la matriz energética en las manos soberanas del Estado que, en definitiva, garantiza el escenario para que las inversiones puedan realizarse. Sin embargo, aquí se hace de otra manera.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Voy a redondear, señora presidenta.

Con seguridad el año próximo nos vamos a encontrar en una rendición de cuentas donde la oposición –porque hoy nos toca ser oposición– va a decir que este presupuesto no está centrado en la gente ni va a generar los puestos de trabajo que aquí se plantean. Pero esto lo podremos discutir en el futuro. Considero que el Gobierno se pierde la oportunidad de transparentar qué es lo que pretende hacer con el país.

Muchas gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

(Dialogados).

–¿Cuál es la aclaración que precisa hacer, señor senador?

SEÑOR ANDRADE.- Tengo dudas, señora presidenta, acerca de dónde se sacó la información sobre los adscriptos.

Solicito la misma consideración que existió para el señor senador Gandini, que estaba aclarando, pero hubo una intervención de otro señor senador en el medio.

SEÑORA PRESIDENTA.- Entre usted y el señor senador Gandini hubo un intercambio de información.

Solicito que me permita continuar con la lista de oradores. Usted entenderá que hay señores senadores que aún no han hecho uso de la palabra y tienen derecho a expresarse. Después, con mucho gusto, cuando terminemos, puede aclarar sobre el debate que tuvo anteriormente con otro señor senador.

(Dialogados).

–El señor senador Gandini es el miembro informante, por esa razón se le dio la palabra.

Si tiene alguna aclaración que hacer respecto al debate, con mucho gusto podrá hacer uso de la palabra después que culmine la lista de oradores.

SEÑOR LOZANO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LOZANO.- Señora presidenta: también quiero recordar que hoy se están cumpliendo cuarenta años del histórico plebiscito de 1980.

En aquella oportunidad, si bien tenía más de dieciocho años, la propia dictadura no me permitió votar por mi estado militar. Ahora bien, ya que se habló de objetividad y de defender todos los días la democracia, quiero recordar que ese día el NO sacó 57 % y el SÍ 43 %. Y, objetivamente, hasta la dictadura, señora presidenta, respetó el plebiscito. Una suerte de plebiscito, de democracia directa, debe ser considerada como algo prácticamente sagrado, donde el pueblo a través de su voto manifiesta realmente lo que quiere decir.

Era cuanto quería manifestar respecto al plebiscito: hasta la dictadura lo respetó.

Entrando ya en el tema de hoy, quiero agradecer al señor senador Penadés como presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y a los distintos asesores y secretarios de todos los partidos que participaron de su trabajo. Fundamentalmente, agradezco al señor presidente por el sentido del humor, tan característico, que hizo que la comisión se desarrollara en forma afable.

No voy a dar muchos números ni datos ya que tanto el miembro informante de la coalición, señor senador Gandini, como los señores senadores que me precedieron en el uso de la palabra lo han hecho ampliamente.

Quiero reconocer a los Gobiernos del Frente Amplio que durante quince años hubo un crecimiento económico y un crecimiento del producto bruto interno, ayudado en un principio, quizás –o sin quizás–, por la suba de los commodities que, como sabemos, son nuestros principales productos de exportación. Ese crecimiento ya se venía dando desde el 2004 y continuó durante los años siguientes.

Asimismo, quiero reconocer al Frente Amplio las políticas sociales que llevó adelante a través del Ministerio de Desarrollo Social luego de una gravísima crisis por la que pasó el país.

Quiero reconocer, también, el aumento que hubo en el presupuesto para la educación y lo que significó el Plan Ceibal para el país.

Yo sí voy a reconocer el aumento del presupuesto de seguridad en cuanto al equipamiento y a las remuneraciones a los funcionarios policiales, así como el aumento del salario real que se dio en estos quince años, los esfuerzos que se hicieron en materia de vivienda con el Plan Juntos –y otros que se ejecutaron durante todos esos años– y lo relacionado con el Sistema Nacional Integrado de Salud.

Además, reconozco los mayores ingresos que existieron en materia de turismo, continuando con una política que había iniciado el exsenador Bordaberry. Los Gobiernos del Frente Amplio la continuaron y, evidentemente, mejoraron los ingresos por turismo para el país.

También reconozco el crecimiento del PBI. Justo es decir que más de un punto de ese PBI era por la planta de la entonces Botnia o la de UPM que se había negociado antes. Todo eso lo reconozco. Lamentablemente, ya que estamos hablando de datos objetivos, no puedo decir lo mismo de este nuevo contrato que se firmó con la nueva planta de UPM.

A todo esto, no hago la dicotomía en Estado o mercado que aquí mencionaron senadores preopinantes. Creo que el Estado y el mercado son dos cosas integradas, que no se pueden separar, salvo que estuviéramos viviendo en un país con una planificación central. Es lógico que el mercado y el Estado estén unidos.

En lo personal, defiendo el Estado como el escudo de los más necesitados, frágiles y débiles. ¡Sí, claro que lo defiendo! Pero defiendo a un Estado eficaz en el sentido de que cumpla con su cometido, y eficiente, esto es, que cumpla con su cometido con el menor gasto posible.

No puedo defender a un Estado con clientelismo político. Acá, durante muchos años se rasgaron las vestiduras hablando de clientelismo político, pero en los últimos quince años se crearon setenta mil nuevos puestos de empleo público. ¡Por supuesto que así baja el índice de desocupación! ¡Cómo no va a bajar! Ya de punta tenemos setenta mil empleados públicos más, pero no es así como realmente se hace producir a un país. Un país productivo –del que tanto se habló– no se logra de esa manera. Es con la inversión privada integrada con la pública que se genera trabajo; con infraestructura y obras públicas que este presupuesto prevé, por más de USD 2.500:000.000, es como se va a crear trabajo y como el país saldrá adelante.

Dije que reconocía –y, efectivamente, reconozco– los planes sociales y su aporte, pero ¿qué hicieron? El plan social simplemente fue dar el pescado, pero no se enseñó a pescar en el mismo momento que lo estaban dando. No; fue simplemente darles el pescado sin pedir nada a cambio ni enseñarles a poder defenderse en la vida. Eso sí se lo cobro al Frente Amplio; ¡claro que sí! Y también le cobro al Frente Amplio el hecho de que, si bien aportó más presupuesto para la educación, los resultados fueron muy magros y muy malos. Sí le cobro al Frente Amplio que se tuvo que suspender todas las pruebas internacionales por los desastrosos resultados que se obtuvieron. ¡Es claro que eso se lo cobro! ¡Cómo no se lo voy a cobrar! Vivimos años muy buenos para el país: mejoró nuestro producto bruto interno, no así nuestra infraestructura, al menos la vial, aunque entiendo que en estos últimos cinco años sí, pero previamente había quedado muy relegada. El Estado no puede ser omnipotente y gastar, emplear y acomodar gente. En eso no estamos de acuerdo –¡claro que no!–, como tampoco lo estamos –hicimos un pedido de informes al respecto– en que jerarcas del Estado cobren licencias como si no las hubieran gozado, cuando sí lo hicieron. Son cosas realmente muy fuertes que un Estado que se precie de ser serio no puede resistir.

Este presupuesto es realista; es un presupuesto posible; es un presupuesto pensado para la gente. No aumenta impuestos; tampoco hace recortes, como se dice. Claro que desde la oposición se dice que el Uruguay tiene posibilidades de endeudarse más, que no nos va a bajar el grado inversor porque la pandemia ha cambiado todo, que hoy todo se ha modificado, que todos los países se van a endeudar más y que, por eso, no hay problema, entonces, en que subamos un poco más el déficit fiscal. Esto es lo que dice la oposición, pero nosotros no pensamos así. Consideramos que el déficit fiscal con que se recibió el Gobierno, ese 5,1 %, ya era histórico: por lo menos, el más alto en estos últimos treinta años. Es inconcebible que después de una bonanza de la economía, se reciba al país con un déficit fiscal histórico, o por lo menos el mayor en treinta años; es inconcebible que después de una bonanza de la economía, se reciba un país con una deuda pública de USD 60.000:000.000. ¡Es inconcebible! Es decir: teníamos bonanza económica, pero igual gastábamos más de lo que ingresaba.

¿Qué es lo que queremos ahora? Queremos gastar más, pero a su vez bajar el déficit fiscal. ¿De qué forma? Con impuestos o endeudándonos más. Parecería que eso es lo que quiere la oposición: endeudarse más o cobrar más impuestos. Recordemos que la carga impositiva que hay hoy en el Uruguay –con la que se recibió el país el 1.º de marzo de 2020– es de las más altas de América Latina, solo menor a la de Argentina, y todos sabemos cómo está ese país. Entonces, ¿cómo no decir que esto es inconcebible?

En el 2007 subieron la carga tributaria con el IRPF y con el IASS, y aun así el país queda con una deuda pública de estas características. ¡Es increíble! Realmente es increíble.

Se habla de un presupuesto inconsistente, de un presupuesto incumplible. Yo me pregunto cuáles son los presupuestos cumplidos por el Frente Amplio, porque en todos los que yo recuerdo, las cifras, las previsiones y los presupuestos no se cumplieron.

Este presupuesto tiende a hacer una reducción paulatina del déficit, a encauzar el endeudamiento, a estabilizar la deuda pública y a mejorar la competitividad. Ya veremos, en los próximos días, en cada uno de los incisos, las distintas soluciones que se presentan ante los problemas de un país que se recibió, realmente, en una forma lamentable después de haber vivido quince años de bonanza.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BONOMI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BONOMI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Quiero aprovechar esta interrupción para hacer una aclaración, de manera que conste en la versión taquigráfica. Esto ya se lo expresé al miembro informante, que es un estudioso de los temas del presupuesto.

El tema de los adscriptos de la rendición de cuentas de 2019 se encuentra en el tomo III, a partir de la página 104, cuadro 9. Ahí se puede confirmar el tema de la compensación a adscriptos en calidad de funcionarios públicos, adscriptos a Presidencia de la República, adscriptos por el artículo 58 de la Ley n.º 18719, adscriptos por el artículo 57 de la misma ley y partida global para distribuir entre adscriptos. Lo asignado en el 2019 fue $ 176:476.000 y lo ejecutado $ 132:018.944. Repito: $ 132:018.944.

En el actual presupuesto, en el único lugar donde uno puede encontrar esto es en el planillado. También en el tomo III se identifican los mismos conceptos para comparar con respecto a los adscriptos y nos da lo que dijimos hace un rato: $ 194:498.000.

Ahora bien, celebro que la intención política sea no utilizar ese monto; al no hacerlo se nos abre una ventana de posibilidades porque, sin incrementar el gasto, podríamos atender elementos de tanta sensibilidad como algunos puestos a consideración de la comisión, como los 25:000.000 para atender el Programa Nacional de Discapacidad –sabemos de las dificultades que tiene para cumplir sus cometidos– o la partida para la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. Repito: si estos días llegamos a la conclusión de que esto que decimos que está en el planillado efectivamente lo está, podremos hacer un esfuerzo para hacer una reasignación, si existe voluntad.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Bonomi.

SEÑOR BONOMI.- Solamente quiero dejar alguna constancia con respecto a las inconstitucionalidades que tiene el proyecto, sobre todo en lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior y con la seguridad social. De todas formas, el debate que se ha dado acá, teñido de cuestiones ideológicas, a uno lo tienta a entrar en esa discusión; voy a tratar de no hacerlo, pero al menos quiero dejar algunas constancias, antes de pasar al tema sobre el que quiero hablar.

En primer lugar, quiero referirme al concepto de gasto y de ahorro, que ya manejamos en la comisión. O sea, para determinar si se está haciendo un ahorro, si se está disminuyendo el gasto, hay que calificar el gasto. Hay gastos superfluos que, si uno los elimina, hace un ahorro. También hay gastos que son inversión y esta produce un retorno. En ese caso, para saber si uno está haciendo un ahorro o no, tiene que ver el retorno que produjo, si no lo produjo o si este disminuyó, pero eso es a posteriori, no ahora. Ahora podemos hacer previsiones, y las hacemos; las hacemos nosotros y las hace el Gobierno y los senadores del Gobierno con respecto a lo que va a pasar, pero vamos a saber si fue un ahorro o no dentro de uno o dos años. Nosotros pensamos que lo que se está rebajando es la inversión y, por lo tanto, no va a producir el retorno que el país necesita.

Esa era la aclaración que quería hacer; no quiero discutir demasiado al respecto porque ya lo hicimos en la comisión.

Además, esta discusión –esta sí– sobre los grandes conceptos se está dando en este Parlamento desde hace, por lo menos, veinticinco o treinta años. Aparece olor a crisis y hay una concepción que dice que hay que bajar el gasto salarial y el gasto social, y que hay que devaluar. Es así.

Esto lo recuerdo, por lo menos, desde los años noventa, no tanto en el primer Gobierno después de la dictadura, pero sí desde el segundo Gobierno en adelante. Yo lo recuerdo así. Al respecto, acá mismo aparecen dos visiones: por un lado, desde el propio Gobierno se argumenta que nosotros decimos que no hay que bajar el gasto y aumentar la deuda. Por otro lado, hay quienes dicen –esto se dijo, palabras más, palabras menos– que todo lo que creció la economía se lo quedó el Estado, como lo demuestran el crecimiento del gasto público y el déficit fiscal. Y esto es, por decir lo menos, un enorme error conceptual. Gasto público significa ingresos para la sociedad y no para el Estado –hablamos de ingresos en forma de asignaciones para la salud, la educación, la seguridad, la justicia y la alimentación, entre otros–, y déficit significa que el Gobierno gastó más que los ingresos que tuvo por impuestos y tarifas, es decir que transfiere más ingresos a la sociedad que lo que recauda; eso es exactamente lo contrario a que el Estado se haya quedado con el crecimiento de la economía.

Ese crecimiento de la economía quizás se haya distribuido bastante más de lo que lo hubiera hecho quien considera que eso fue un error –¡es así!–, pero los efectos de eso se ven después y hoy, cuando se pone el énfasis en los problemas del Gobierno anterior, se mencionan los del último año o de los últimos dos años, pero no se hace referencia a lo demás. Sí lo hizo el senador Sánchez cuando leyó lo que el Gobierno dice a los inversores; ahí sí se menciona, pero no cuando discutimos acá. Había un senador que decía que acá no hay que discutir como en la tribuna, donde se puede debatir de una manera, pero que el Senado merece otro tratamiento, y lo mismo sucede en este caso. Entonces, cuando decimos las cosas, digámoslas objetivamente.

Digamos también objetivamente –esto lo mencionó también el senador Sánchez, pero como yo pensaba decirlo, lo voy a repetir– que no hay peor impuesto que la inflación y la rebaja salarial, sobre todo para los que tienen el mayor gasto en vivienda y alimentación. Entonces, no digamos ligeramente que no hay aumento en los impuestos porque en el concepto amplio del término, el impuesto está presente, y lo está, por primera vez en dieciséis años, en el aumento de las tarifas por encima de la inflación. Y también están presentes otras cosas.

En definitiva, no digamos acá lo que tal vez se dice en la tribuna; si nos piden eso a nosotros, hagamos todos lo mismo.

Después, y solamente por razones de objetividad, pido que no atribuyan el concepto que el Frente Amplio tiene del Estado al marxismo-leninismo o a la Unión Soviética; atribúyanselo, quizás, a los conceptos del Estado batllista, al de empresas públicas, al estado del bienestar o a las políticas sociales. Nosotros tal vez fuimos un poco más lejos y, ahora, en lugar de considerarlo el escudo de los pobres, lo consideramos el escudo de la nación, pero no nos atribuyan lo que no corresponde.

No nos planteen el crecimiento de la cantidad de empleados públicos que hubo en el Gobierno frenteamplista porque este lo que hizo fue regularizar a trabajadores que estaban hacía diez y quince años, vía contrato, en el Estado. Ya estaban, pero no figuraban como presupuestados porque estaban contratados. Entonces, si hoy comparan el número de presupuestados verán que aumentó, pero fue porque hubo una regularización, igual que se regularizó el sueldo. En determinado momento se dijo que había bajado el sueldo de los empleados públicos, pero en realidad lo que bajó –y se consideró rebaja– fue el sueldo base; después había compensaciones que se hacían y que figuraban en un recibo de sueldo que era una sábana, porque había compensación por esto, compensación por aquello. Se hablaba de lo que significaba el sueldo base, pero ese no era todo el ingreso. Estoy seguro de que eso se regularizó porque en ese momento estaba en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La regularización fue doble: para los que estaban trabajando para el Estado sin estar presupuestados y también respecto a lo que se decía en cuanto a que el Estado había bajado la cantidad de trabajadores; se hablaba de los presupuestados, pero no de los contratados. Entonces, pongamos todas las cosas arriba de la mesa.

Introduje este tema solamente para dejar alguna constancia en la versión taquigráfica después de haber oído hablar tanto tiempo al respecto; en realidad, mi idea era referirme a las inconstitucionalidades del presupuesto. En ese sentido, las relativas al Servicio de Retiros y Pensiones Policiales están planteadas en el artículo 145. Allí se introducen modificaciones en la prestación de seguridad social, denominada subsidio transitorio por incapacidad parcial –STIP–, que brinda el Servicio de Retiros y Pensiones Policiales. Esa modificación disminuye el término de este beneficio. Sin perjuicio de la inconstitucionalidad genérica –más adelante vamos a plantear algo al respecto–, el artículo tiene los siguientes problemas. Reduce el tiempo de permanencia en el STIP de tres años a dieciocho meses y prevé la asignación de tareas compatibles con la capacidad remanente del funcionario. Además, la comisión de salud ocupacional determinará su capacidad laboral para cumplir otras tareas. Es el jerarca quien decide si quiere que el funcionario incapacitado para la tarea habitual continúe cumpliendo otras funciones. Es decir, la diferencia está en lo que establezca el jerarca y no el estudio médico que se haga. El funcionario que es dado de alta en el STIP no puede ingresar nuevamente a dicho subsidio sino luego de pasados cinco años. Si se incapacita, se lo inhabilita en forma absoluta y permanente para todo trabajo, sin evaluación médica. Se elimina la capacitación del funcionario para otras actividades mientras se encuentra en el período de subsidio transitorio por incapacidad parcial.

Por su parte, existe otro artículo –el 146–, que se desglosó para que lo trate la comisión creada al respecto.

El artículo 150 modifica el régimen del sistema de tutela social policial, no solo en lo orgánico, sino también en cuanto al fondo en sí y a su distribución interna.

El artículo 166 intenta extender a los funcionarios policiales lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley n.º 13033, que dispone que las pasividades militares –retiro, asignación de reforma y pensiones– son acumulables entre sí con pasividades de otras cajas, con ingresos provenientes de actividad personal y con rentas, sin limitación alguna.

El artículo 167 plantea varias observaciones desde el punto de vista constitucional. En primer lugar, permite la contratación de 1000 policías retirados para volver al servicio efectivo, sin que su retorno a la actividad signifique dejar de percibir su pasividad. Esto violenta el principio que prohíbe la percepción de la pasividad con el trabajo en la misma actividad por la que se goza la pasividad, es decir, principio de incompatibilidad entre trabajo y actividad en una misma caja. En segundo lugar, se dispone que esta contratación puede durar cuatro años, prorrogables por dos más, cuando por imperio del inciso segundo del artículo 216 de la Constitución de la república, las disposiciones de un presupuesto no pueden extenderse más allá del mandato de gobierno. El presupuesto nacional y las rendiciones de cuentas son leyes formales y a ellas se dirige la prohibición del inciso segundo del artículo mencionado. Si se entiende que a veces, por la fuerza de los hechos o por razones prácticas y urgentes, se obliga a introducir en dichas leyes normas que formalmente no deberían ser incluidas, pero que son de una justicia indudable, habría que decirlo sobre esas bases y no revistiendo de constitucional lo que es inconstitucional.

Uno de los artículos inconstitucionales relacionados con el Banco de Previsión Social y las AFAP, es el artículo 736. Mediante este artículo se modifican los montos mínimos y máximos para percibir diversas prestaciones de seguridad social como, por ejemplo, el subsidio por enfermedad, el subsidio por desempleo, las asignaciones familiares y la prima por edad para los jubilados de menores ingresos.

El artículo 763 establece que las administradoras de fondos de ahorro previsional se encuentran limitadas en cuanto a los instrumentos financieros en los cuales puedan realizar inversiones. La limitación, por un lado, refiere a que la mayoría de su portafolio debe estar integrado por papeles públicos, bonos y letras del tesoro nacional, el resto, en su mayoría, debe estar aplicado a papeles privados del medio local, y una pequeñísima fracción puede tomarse en papeles del exterior. Mediante este artículo se habilita la participación en fideicomisos, lo cual resulta absolutamente inoportuno disponerlo cuando se está estudiando por una comisión de expertos, una reforma del sistema previsional. En otras palabras, ¿se continuará con el sistema de financiamiento actual de la seguridad social? ¿Cuál debe ser el papel de las AFAP en ese nuevo sistema? ¿No correspondería que la forma de inversión de estas administradoras sea estudiada previamente antes de incorporarla en una ley de presupuesto por la comisión de expertos? El artículo es inconstitucional y, además, inoportuno. Todos estos artículos, además, tienen vicios comunes.

El inciso primero de la disposición transitoria **V) de la carta dispone: «Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 216 y 256 y siguientes de la Constitución de la República, declárase la inconstitucionalidad de toda modificación de seguridad social, seguros sociales, o previsión social (Art. 67) que se contenga en leyes presupuestales o de rendición de cuentas, a partir del 1° de octubre de 1992…». Este artículo no admite dos lecturas: toda disposición que lo contravenga es inconstitucional. En buen romance, la Constitución prohíbe al legislador que las leyes de presupuesto o rendición de cuentas incluyan disposiciones de seguridad social, seguros sociales o previsión social, ya sea referentes al Banco de Previsión Social, a las cajas militar, policial, profesional, notarial y bancaria. Todos sabemos que esta disposición no se encontraba en la redacción original de la Constitución de 1967, sino que fue producto de una reforma introducida a través de un plebiscito realizado en 1994. En consecuencia, fue un pronunciamiento popular el que la estableció. La razón de la existencia de esta disposición fue que, en los hechos, los derechos que la ciudadanía iba conquistando a lo largo de los períodos legislativos, muchas veces eran suprimidos, restringidos o burlados a través de disposiciones que se sancionaban en leyes de presupuesto o de rendición de cuentas. Por ello, este cuerpo electoral decidió incorporar esta disposición en la Constitución, como garantía de la intangibilidad de sus derechos humanos fundamentales a la seguridad social. Esto es: que cuando se decidiera producir una reforma al sistema de seguridad social, se lo hiciera a través de una ley exclusiva para su tratamiento, evitando de esta manera la inclusión de disposiciones de último momento o inconsultas, sin suficiente tiempo para su discusión dentro de un presupuesto, sin contar, claro está, que las disposiciones presupuestales no deben extender su contenido por encima del período del mandato de gobierno.

Todo lo que contravenga la disposición transitoria antes mencionada, en forma preceptiva, es inconstitucional. Las disposiciones proyectadas a que hacemos referencia, que modifican prestaciones de seguridad social y que alteran la fórmula de cálculo de los mínimos y máximos, no solo no corresponde incluirlas en el presupuesto en virtud de lo establecido en el artículo 216 de la carta, sino que, expresamente, a través de la disposición transitoria antes enunciada se las tasa, se las tilda, se las denuncia como violación de lo dispuesto en la Constitución.

Es tal la infracción de inconstitucionalidad que el constituyente indica que la Suprema Corte de Justicia, ya sea de oficio o ante la petición de cualquier ciudadano, podrá realizar la declaración de inconstitucionalidad. Es decir que endurece el esquema procesal contra la disposición que se sanciona, violando lo dispuesto en la disposición transitoria **V). En suma, los artículos a que hacemos referencia deben de retirarse del presupuesto por infringir lo señalado en la disposición transitoria a que aludimos.

En segundo término, pero no menos importante, al sancionarse la Ley de Urgente Consideración se creó una comisión de expertos para estudiar y, posteriormente, promover una reforma previsional: artículos 393 al 398. En ese sentido, recordamos lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 393 de la LUC, con respecto a la competencia de la antedicha comisión. Allí se dispone formular recomendaciones de opciones de reforma a los regímenes previsionales, teniendo presente para cada una de ellas, entre otros aspectos, que correspondan a juicios de los expertos. De este numeral debemos advertir que la reforma que se plantea pretende analizar y proyectar un régimen que comprenda los subsistemas que en la actualidad integran el modelo previsional de nuestro país; esto es: Banco de Previsión Social, cajas paraestatales y los dos servicios de retiro, de militares y policías, a cargo del Poder Ejecutivo.

Esa comisión posee dos plazos para expedirse, eventualmente prorrogables: uno primario de noventa días para un diagnóstico, y un nuevo plazo similar al anterior para formular recomendaciones relativas a las modificaciones introducidas al sistema. Sobre estas bases se proyectará una reforma que será, sin ninguna clase de dudas, uno de los proyectos de mayor trascendencia que se van a analizar y a discutir en el presente período legislativo. La vida de la mayoría de los trabajadores que se encuentran activos en la actualidad y la de aquellos que se incorporen al mercado de trabajo, por lo menos en los próximos treinta años, se encontrará signada por esa ley.

Frente a tamaño proyecto, ¿es indispensable aprobar los artículos antes referidos? ¿No estamos ante un intento de realizar una prerreforma antes de que ocurra aquella? Las disposiciones proyectadas no solo son inconstitucionales, conforme a los argumentos que acabamos de exponer, sino que son inoportunas, salvo que ellas hubieran sido consultadas con la totalidad de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, aspecto que me consta no aconteció.

Este Parlamento encomendó a la Comisión de Expertos en Seguridad Social que, a través de su labor técnica, proyecte una reforma a la previsión social. Y, por otro lado, a sus espaldas, estamos tratando de sancionar disposiciones que, como en el caso de la Caja Policial, reducen prestaciones, y, en el caso del BPS, alteran, a vía de ejemplo, la fórmula de cálculo de algunos mínimos y máximos para percibir beneficios.

Este proceder, aparte de violentar lo dispuesto en la disposición transitoria **V) de la Constitución de la república, deja muy mal parado a este Parlamento, desde el punto de vista ético, frente a la comisión de expertos.

SEÑOR MAHÍA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BONOMI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor senador.

Quiero reafirmar y profundizar un concepto que el señor senador Bonomi recién señaló muy bien. En sala se ha argumentado la existencia de setenta mil vínculos laborales más durante los Gobiernos del Frente Amplio. Quiero precisar la información porque, en general, en el imaginario colectivo se asocia al funcionario público con el burócrata que se esconde detrás de una mampara para no atender la función, esa para la que nosotros no consideramos a la persona como empleado sino como servidor público. En realidad, esos vínculos son un poquito más de setenta mil, según los datos que me proporcionó el señor senador Olesker para que pueda desarrollarlos, y se los agradezco.

De los aproximadamente setenta y dos mil vínculos laborales, como bien decía el señor senador Bonomi, una parte fueron regularizaciones. Voy a dar el ejemplo más claro y el que me viene ahora a la memoria: el de las auxiliares de servicios que eran contratadas por la comisión de fomento porque la directora de la escuela tenía problemas con los aportes previsionales y las familias hacían la colecta para tener a alguien más que trabajara en la escuela para tenerla limpia o con servicios. Hubo una regularización de ese vínculo laboral –que llevaba muchos años– durante la primera Administración, en la que el señor senador Bonomi era el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Pero agrego que el 95 % de esos casi 72.000 vínculos laborales obedecen a políticas sociales, ya que 42.000 se concretaron en la ANEP –esencialmente maestras, profesores, funcionarios de servicio–; 6000 en la Universidad de la República; 13.300 en ASSE y el Ministerio de Salud Pública –particularmente, enfermeras, enfermeros, médicos–; 6300 son policías –o sea que corresponden al Ministerio del Interior–, y 4500, aproximadamente, fueron regularizados en el Mides y el INAU, tratándose de trabajadores sociales técnicos en la materia. Todos ingresaron bajo un sistema que por suerte todavía está vigente, que es el ingreso a la función pública por sorteo y concurso, novedad que se introdujo durante los Gobiernos frenteamplistas y que permitió estos ingresos, con esta segmentación, sobre este tipo de perfil de trabajadores de políticas sociales.

SEÑORA LAZO.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Entonces, a nivel de ingreso a la función pública –cuestión a la que también aludió el señor senador Brenta hace un rato– el país se dio una normativa por la cual el ciudadano, sin importar lo que hubiera votado, ingresaba por ese medio. Sin embargo, aunque eso estaba vigente, no se pudo aplicar en las intendencias, sino que sucedió lo contrario en el interior, en aquellas Administraciones donde notoriamente no estaba gobernando nuestro partido político, el Frente Amplio.

Agradezco al señor senador Bonomi que me concediera la interrupción, porque me permitió determinar exactamente la forma de ingreso, la priorización y en qué áreas se dio esto, que para algunos puede ser un exceso, pero para nosotros obedece específicamente a fortalecer los sectores más vulnerables y la atención más básica y necesaria que debe tener toda gestión pública.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Bonomi.

SEÑORA DELLA VENTURA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BONOMI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Quiero retomar lo que decía el senador Mahía que, evidentemente, tiene que ver con lo mencionado por el senador Bonomi; me parece muy importante remarcarlo, porque aquí se dijo que había habido setenta mil acomodos y eso tiene que ser fuertemente desmentido. En realidad, se crearon cargos de maestros, también en la salud y se regularizó a las auxiliares. Me parece importante que todos entendamos que esto es realmente una falta a la verdad y no lo repitamos.

De todos modos, me anoté para hacer uso de la palabra porque en la comisión también se mencionó la inconstitucionalidad de algunos artículos que tienen que ver, concretamente, con la seguridad social, y el argumento utilizado fue que nadie recurriría porque se mejoraba la condición de algunos trabajadores. En realidad, nos llama la atención que legisladores que tienen formación técnica en derecho se manejen con esta argumentación, porque está escrito. Uno puede decir, por ejemplo: «La Constitución establece esto, pero se puede interpretar de esta otra manera». Sin embargo, el texto escrito es claro al expresar que en los presupuestos no se pueden modificar artículos que tengan que ver con la seguridad social. Lo dice así el texto; no es una interpretación.

Realmente me parece bien que el senador Bonomi plantee esto a esta altura. Alguien puede decir: «¿Por qué no lo plantea cuando se trate ese artículo?», pero creo que está bien que lo haga ahora, porque quizás se reconsidere el tema en los días que quedan, a fin de no pasarle por encima tan directamente a algo que la Constitución de la república establece que tiene que ser así, al pie de la letra.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Bonomi.

SEÑOR BONOMI.- No sabía que esto se había tratado en comisión y que allí se había manifestado que nadie iba a recurrir porque los beneficiaba. Algunos de los artículos que mencioné no benefician al trabajador. Por ejemplo, en el caso del STIP, en la Policía, si se reduce la prestación, si se establece que quien decide si puede o quiere seguir en la función es el jerarca y no el servicio médico, y si además se establece que hay incapacidad para alguna función pero no para otras, no se lo da de baja, sino que se lo cambia de función; en consecuencia, el funcionario no se va a ver beneficiado. En esos casos, por lo menos, me consta que no se va a ver beneficiado.

No quería referirme a esto, pero me vi obligado a hacerlo cuando me enteré de que se había expresado que no se iba a recurrir porque habría trabajadores beneficiados.

Quiero redondear mi exposición mencionando algo que dije al comienzo. Esta discusión la oímos varias veces en el Parlamento, desde hace mucho tiempo.

Cuando el Frente Amplio asume el Gobierno, los números empiezan a cambiar y comienza a haber una salida económica, la interpretación que se dio al principio fue que se debía al viento de cola o a una situación –creo que se dijo hace un rato– que nos favorecía. No voy a discutir si los primeros tres años existió o no el viento de cola, lo que sé es que esa situación se terminó en el 2008, cuando comenzó la burbuja financiera que dio origen a la crisis que todavía estamos viviendo. En ese momento, con la burbuja financiera, apareció nuevamente el planteo de suspender los consejos de salarios, bajar las políticas sociales y buscar un tipo de cambio que favoreciera a quien vendía al exterior, pero el Frente Amplio siguió gobernando, mantuvo los consejos de salarios, trató de aumentar los ingresos, mantuvo las políticas sociales y apostó al mercado interno. Para ese entonces ya no había viento de cola. Luego vuelve a ganar el Frente Amplio, y a fines de ese segundo período de gobierno se dijo que la crisis internacional provocaría una fuerte caída inmediata en el siguiente Gobierno si el Frente Amplio volvía a ganar. Lo cierto es que el Frente Amplio ganó nuevamente, siguió con esa política y el país siguió creciendo. También es cierto que la crisis de los vecinos fue cada vez más fuerte y eso, de alguna forma, terminó afectando, pero en el último año y medio.

El balance de quince años con la política que se defendió desde el primer momento produjo las situaciones que se mencionaron como favorables. Creo que esa discusión se está reproduciendo ahora; se trata de la práctica, el criterio y la verdad, y luego veremos. Nosotros pensamos que va a ser muy perjudicial lo que se está resolviendo, pero no podemos hacer más que decirlo y votar en consecuencia. Por eso vamos a votar en contra en general este proyecto de ley de presupuesto.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Gracias, señora presidenta.

La señora senadora Della Ventura citó mal algunas expresiones mías en comisión. En ningún momento dije que no importaba la inconstitucionalidad de una ley porque nadie la iba a reclamar. Si se lee la versión taquigráfica se verá que lo que hice fue leer exactamente la propia Constitución y no una disposición transitoria y especial. Después el señor senador Camy va a ocuparse de aclarar qué es lo que considera la Suprema Corte de Justicia en este momento al respecto.

Yo me referí a lo que dice el cuerpo de la Constitución que hay que leer en forma sistemática, orgánica y como un todo. Si la disposición transitoria y especial **V) alude a una inconstitucionalidad, no puede sino declararse esta en caso de que tenga lugar, de conformidad con lo que establecen los artículos 256 y siguientes. Nuestro sistema de control de constitucionalidad de las leyes, a diferencia de otros ejemplos del derecho comparado –donde algunos hacen un control previo, otros hacen un control genérico y hasta pueden declarar la inconstitucionalidad con efectos generales y absolutos–, no es abstracto; es concreto y requiere que la persona que comparece a pedirlo esté lesionada en su derecho e interés directo, personal y legítimo.

Quiero compartir un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia que cita a Pérez Pérez, quien a su vez menciona a Cassinelli Muñoz. Allí se dice que hay que delimitar el caso concreto a la propia solicitud de declaración de inconstitucionalidad. Hay que describir el caso en el cual yo me siento perjudicado por la ley que considero inconstitucional. No se puede pedir en abstracto que se declare inconstitucional una ley; hay que indicar cuál es el caso.

Hecha la aclaración, reitero que no se trata de que no importe porque nadie lo va a reclamar, sino de que es otro el modelo recogido constitucionalmente.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- En realidad, no puedo hacer una aclaración porque no he pedido la palabra, pero hubo dos o tres alusiones políticas y personales.

Lo que acaba de expresar la señora senadora Asiaín me lleva a ratificar lo que digo siempre con un poco de ironía y es que, si creyera en la reencarnación, en la próxima vida, con memoria, estudiaría física cuántica para ver si todos se animan a opinar sobre lo que estudiamos los abogados y lo que estudiamos los docentes, porque todo el mundo sabe de derecho y todo el mundo sabe de educación. De repente, si estudio física cuántica podré tener otro nivel de discusión con determinadas personas.

Además, permanentemente se reciben agresiones, sobre todo de parte de la misma persona, la señora senadora Della Ventura, que en general desconoce el fundamento de la mayoría de las cosas que dice, porque de todo no se puede saber.

Con respecto a los vínculos de funcionarios públicos, estoy aburrida de escuchar que se diga que solamente se regularizaron las presupuestaciones. ¡No es así! La gente que vivió en este país con conciencia sabe. Si se buscan en Internet los datos que sube la Oficina Nacional del Servicio Civil se verá que en el 2005 había 240.000 funcionarios –7,4 % de la población–, en virtud de un proceso de reducción que se había iniciado en 1990, mientras que a comienzos del 2019 existían 313.000 vínculos laborales, correspondientes a 292.000 personas, porque muchas tenían más de un contrato. Entonces, ¡vamos a terminar con el relato! Esto es un relato, y cuando uno se cree la mentira o se cree lo que no vivió o no sucedió es grave, sobre todo cuando se dice en estos ámbitos. Incluso, hay un artículo con declaraciones del senador Astori –se puede ver buscando en Internet el tema de los funcionarios públicos– en el que dice que está preocupado por el aumento del tema de la presupuestación.

Por último, la crisis del 2008 a nosotros nos favoreció. La crisis del 2008 fue en los países centrales y lo que se produjo fue una huida de los capitales a los países emergentes. O sea, terminemos también con el relato de que nosotros tuvimos crisis en el 2008. ¡No! Tuvieron crisis los países centrales. Acá vinieron los capitales. Tienen que agradecer –o, mejor dicho, tenemos que agradecer– que los países centrales tuvieran esa crisis, porque como país dependiente siempre nos pasa lo mismo: cuando los que tienen mucho están bien, nosotros estamos horribles, y al revés. Funciona siempre, y funcionará hasta que dejemos de ser dependientes. Y no lo adjudiquemos al tamaño, porque Holanda cabe en el departamento de Tacuarembó, o sea que lo que hay que hacer es cambiar un poco cómo se enfoca la administración del país.

Muchas gracias.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: quiero agradecer a los senadores que tuvieron que soportarme como presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, a los funcionarios y a los asesores que han trabajado junto con nosotros y que han hecho una tarea formidable, tanto en la Cámara de Diputados como ahora en el Senado.

Nos encontramos enfrentando un nuevo presupuesto quinquenal; para mí, señora presidenta, es el sexto. Por tanto, he visto pasar tanta agua bajo los puentes, he escuchado decir tanta cosa que después nunca se cumplió, he visto tantos esfuerzos que se realizaron en el pasado –muchos de ellos acompañados de un renunciamiento político como el que tuvimos que vivir después de la crisis del 2002–, que realmente me cuesta encarar esta intervención sin dejar de reconocer que un presupuesto, por definición, es discutible. Por supuesto que hay margen para acertarle y para equivocarse.

En el período pasado viví un momento en que el ministro de Economía y Finanzas compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda para anunciar que el crecimiento del país iba a ser de un 14 % en el quinquenio, y diez días después –reitero: diez días después– ese mismo ministro de Economía y Finanzas compareció ante la misma comisión para decir que no, que no iba a ser de un 14 %, sino de un 7 %; y después no fue de un 14 % ni de un 7 % ni de nada. Viví momentos en los cuales se anunciaba que la meta de la inflación iba a estar dentro de un rango en el que nunca estuvo; viví momentos en los cuales se venían a informar objetivos que después no se cumplían. Yo calculo que no era por falta de voluntad, sino porque en muchos de esos momentos, quizás acompañados de un optimismo excesivo, se nos venía a enseñar, PowerPoint mediante –que en aquel momento eran la última tecnología–, cómo era la circunferencia del mundo, pero después eso no fue acompañado con un solo dato. Le erraron en todo, ¡en absolutamente todo!: inflación, crecimiento, endeudamiento, dolarización de la deuda, caída de la actividad, desocupación. ¡En todo! Por supuesto que nadie puede decir que lo hicieron a propósito; deben haber influido muchos factores, entre ellos –creo yo– una visión muy equivocada del mundo y de lo que había que hacer en su momento en el Uruguay.

¿Esto quiere decir que no acertaron en nada? ¡Por supuesto que sí lo hicieron! El Uruguay avanzó en muchas materias, pero varios de esos avances fueron absolutamente inconsistentes desde el punto de vista de la sustentabilidad económica. Aquí se presentó el ministro de Trabajo y Seguridad Social a decir que la reforma de 2008 iba a beneficiar a unos 30.000 o 35.000 ciudadanos –eso fue lo que dijo; yo estaba en la comisión–, pero benefició a más de 200.000. El desbalance que generó esa situación en las cuentas fiscales del Banco de Previsión Social es lo que nos obliga hoy a tomar las medidas que se han tenido que adoptar.

Y si quieren ejemplos de ese tipo, me puedo pasar la noche contándolos.

Lo cierto es que la fuerza política que fue desplazada del Poder Ejecutivo porque perdió las elecciones, cuando comparece al primer presupuesto que plantea el nuevo Gobierno –un Gobierno que hereda una situación económica muy complicada–, sistemáticamente dice dónde habría que gastar más. Una y otra vez nos dicen: «Se recorta acá, se recorta allá», «hay que poner más acá y hay que poner más allá». Ahora, el capítulo relativo a de dónde sacar para poner, se lo olvidaron en la casa. No escuché una sola intervención que dijera: «Yo aumentaría impuestos», que, en el fondo, es lo que muchos de los integrantes de la oposición creen que hay que hacer. Hace un momento un señor senador hablaba del pequeño y mediano comerciante, del emprendedor; ¡vayan a preguntarles sobre la presión tributaria que tuvieron que sufrir durante los últimos años, y acerca de si tuvieron alguna atención en virtud de la crisis que se viene arrastrando desde 2014! ¿Qué beneficios fiscales obtuvieron? La gráfica de recursos, o sea de aumento de la presión fiscal, ha sido sostenidamente ascendente, pero siempre ha sido más ascendente la de los egresos que la de los ingresos. Y por eso, si bien en una primera etapa se logró una exitosa renegociación de la deuda –que debemos reconocer que existió–, eso hizo que hoy los niveles de endeudamiento del país no se toleren. Por eso nadie se anima a hablar de aumentar la deuda, porque se sabe las consecuencias que ello tiene.

Cuando se habla de las políticas sociales y se nos dice «¡Qué barbaridad, van a recortar de acá y de allá!», la pregunta sistemática que nadie ha contestado es: «¿De dónde sacamos los recursos que faltan?». No nos podemos endeudar más porque corremos graves riesgos de perder el grado inversor del país, y no podemos aumentar la presión fiscal sobre la población porque todos reconocemos que es insostenible. Entonces, ¿de dónde sacamos? ¿Qué redistribuimos, si el 80 % del presupuesto es gasto endógeno y mucho de ese gasto es responsabilidad de desacertadas decisiones que se tomaron en un pasado bastante reciente?

Y ahora, señora presidenta, cuando empezamos a hablar, se nos dice que es difícil debatir contra montos que no se van a cumplir; pero nos lo dice gente que no cumplió con nada ¡Hay que tener rostro! A algún senador de la oposición se lo puedo reconocer, pero no a la gente que estuvo vinculada directamente con la conducción económica y entregó un país con cinco puntos de déficit fiscal –el más alto en la historia de los últimos treinta años–, con un endeudamiento que aumentó, y que ha incumplido todas las bases del pronóstico elaborado para el período 2015-2020. ¿Cómo pueden hablar con esa contundencia sobre algo que todavía está en fase de aprobación?

Admito que este debate lo vamos a tener, porque una de las cuestiones tan particulares del sistema constitucional uruguayo es que dentro de ocho meses estaremos discutiendo la primera rendición de cuentas.

La gran pregunta que uno se hace es: ¿en este presupuesto hay consistencia en cuanto a su elaboración por parte del equipo económico del Gobierno? Yo digo que sí, y que se demostró meridianamente durante la presentación que hizo el equipo económico encabezado por la ministra Azucena Arbeleche durante su comparecencia ante la Comisión.

¿Tenemos dos formas de ver el país? ¡Por supuesto que sí! Pero es difícil que quienes en la historia se han equivocado bastante más que nosotros en lo que respecta a la aplicación de políticas económicas puedan sostener aquí la defensa de la clase media y de la industria nacional. Se han vivido los procesos de privatización y de extranjerización más grandes de la historia del país, cuando el estímulo a la radicación de industrias y de emprendimientos en el Uruguay está sustentado en zonas francas. ¡Vayan a explicarle eso a un ferretero de la Unión mañana, cuando tenga que levantar la cortina! Y miren que esto es responsabilidad de todos nosotros. Lo que pasa es que invalida la otra parte del discurso; porque todos somos conscientes de que si no hay beneficios fiscales no hay radicación de la inversión. Ahora bien, lo que no puede ocurrir es que por un lado se diga que eso está bien y después se critiquen las consecuencias que ello tiene para con el resto de la población.

Acá no se está generando una brecha y tampoco hay debates tan grandes ni diferencias que hagan que el sistema político peligre. Creo que en los últimos tiempos estamos dramatizando mucho sobre esto. Hay diferentes visiones estratégicas, naturales, democráticas, consistentes, en defensa de modelos distintos, algunos de los cuales venimos defendiendo desde hace mucho y otros que han ido variando un poco según la situación del mundo.

Comparar –como también escuchamos aquí– los beneficios que en otras partes del mundo se están dando con relación a la llegada del coronavirus también es poco consistente. ¿Por qué? Porque Alemania, por ejemplo, viene teniendo nueve años ininterrumpidos de superávit fiscal. Entonces ¿cómo no se va a dar el lujo de aflojar un poco la cincha ahora? Son incomparables desde todo punto de vista los ejemplos, los países, las regiones, las realidades. Ahora, esa situación fiscal que nos ha tocado vivir, terminó de complicarse el 13 de marzo, y ahora estamos en una situación realmente muy difícil desde todo punto de vista.

Creo que este presupuesto es consistente, es realista. ¿Tendrá que sufrir modificaciones durante el quinquenio? Quizás sí, y las vamos a asumir con absoluta naturalidad. Si son necesarias, se tendrán que hacer. Lo que no estamos dispuestos a aceptar es que, de arranque nomás, se diga que lo que estamos haciendo está mal intencionado o va en perjuicio de la población. Eso es atribuir intenciones ofensivas.

Lo que yo digo y sostengo es que en el marco de la situación que nos toca vivir, esto es lo que se podía hacer. Y se hizo muy bien, muy seriamente. Se trabajó mucho, se estudió mucho la realidad, y en base a eso fue que se construyó este presupuesto. Hay una nueva institucionalidad fiscal; hay un programa financiero y una consistente estrategia de gestión de la deuda del Gobierno; hay una política de inserción internacional con estímulo a las políticas sectoriales; se elabora en el presupuesto una política de industria, de energía y de minería distinta, buscando nuevas oportunidades y negocios.

Cuando se ven los números del famoso bróker de combustibles, por ejemplo, uno se da cuenta de que Montevideo ha venido perdiendo sistemáticamente el negocio con Buenos Aires. Aquí, hace dos años, había cinco barcos que transportaban combustible a la zona de alije; ahora queda uno. Lo que estamos tratando de lograr es una manera en que podamos estimular a Paraguay a establecer en Nueva Palmira una zona en la cual tenga la posibilidad de carga y recarga de combustible. Si eso genera un solo puesto más de trabajo, un peso más de recaudación y no perjudica a nadie, bienvenido sea y valió el esfuerzo. Lo mismo sucede con el combustible en los aeropuertos internacionales. El 50 % de los costos vinculados al transporte aéreo es el precio del combustible.

¿Se podrán corregir o mejorar las redacciones en el futuro? Por supuesto que sí. No somos dogmáticos. Integramos una coalición de gobierno lo suficientemente pragmática para poder andar y desandar en el caso en que fuese necesario. Ahora bien, si queremos traer más compañías aéreas, si queremos traer con ellas más turistas, tenemos que saber que el precio del combustible en nuestros aeropuertos es el más caro de la región y tenemos que trabajar sobre eso.

El monopolio de Ancap sobre los combustibles está garantizado, porque así se definió. Durante el tratamiento de la LUC quedó meridianamente clara cuál era la posición del Gobierno. Algunos estaremos a favor, otros no estamos tan a favor, pero es lo que se logró y eso es lo que se va a cumplir. Se ha dicho que por aquí comienza un camino de desmonopolización en general del combustible, pero eso no está pensado en la agenda del Gobierno. No nos vamos a cerrar a pensar en negocios alternativos y absolutamente residuales en el componente de negocios que hoy la empresa petrolera estatal tiene para poder fomentar la generación de empleo.

Es la primera vez en los seis presupuestos en que me ha tocado estar en que no se aumentan impuestos. Y tengamos en cuenta la situación fiscal que estamos viviendo. Se habla de un ajuste fiscal. Quizás el ajuste fiscal esté pensando de puertas para adentro del Estado –puede ser–, sin tocar áreas muy sensibles de la misión que cumple el Estado y que pretendemos que se protejan, se promuevan y se mejoren. Porque hay algo que ha quedado meridianamente claro también en la discusión y que ha sido reconocido por gente vinculada al anterior Gobierno. Quedó claro en todos estos años que el aumento del gasto no es sinónimo de mejora en la calidad de los servicios que recibe la población, y si no, hay que mirar los resultados en vastas áreas de la vida nacional.

De las comparecencias ante la comisión me quedaron tres datos que me parecen sintomáticos y que hoy no se manejaron.

El primero de ellos surge cuando el presidente de la ANEP informa que muchas de las obras de las PPP que se llevaron a cabo no están ubicadas en los lugares en donde se establecía que era necesario por el contexto crítico de las zonas. No lo puedo creer. Que se hayan gastado millones de dólares y que se esté pensando que muchas de esas instalaciones no van a servir para el objetivo que calculo que se buscaba, realmente es sorprendente, por no decir una palabra un poco más cruda y ruda.

El segundo está vinculado con los gastos de publicidad. Se dio una pequeña muestra al respecto en la intervención que alguien hizo aquí, en el Senado, pero realmente marca una discrecionalidad y un despilfarro de dinero importante. Dirán que es poquito, pero ese poquito se va sumando en varios lados y en varias cosas y termina siendo muchito.

Y el tercer dato es el que manejó el señor ministro de Desarrollo Social cuando informó que el 35 % de los encuestados respecto a las tarjetas de beneficio del Mides no reunían las condiciones para recibirlas. O sea, había un 35 % de personas que estaban usufructuando un beneficio que no estaba pensado para ellas, sino para otras que quizás están en una lista de espera y todavía no han sido atendidas por falta de recursos.

También hay políticas vinculadas al sector agropecuario. Un ejemplo claro, y en el que valía la pena ponerse de acuerdo, fue el de la UAM, de la que hoy ya nadie habla, aunque supongo que los más especialistas en el tema hablarán de ello cuando lleguemos al tratamiento de ese inciso. Pero en este momento quiero reivindicar algo muy importante de esa negociación y que creo será también importante de aquí en adelante: nos pusimos de acuerdo. ¡Nos pusimos de acuerdo!

Recuerdo que cuando el proyecto de ley de presupuesto llegó a la Cámara de Representantes parecía que ardía Troya, y las habilidades tanto del Gobierno departamental de Montevideo como del Gobierno nacional, de mutuas concesiones, lograron acuerdos que satisficieron mayoritariamente a todas las partes. Creo que deberemos transitar mucho ese camino en estos tiempos y, como decía hoy al inicio de mi intervención, todo parece indicar que la pandemia complicó y recrudeció mucho más esa difícil situación que heredamos el 1.° de marzo. Entonces, el déficit fiscal de este año será mucho más elevado que el que se pronosticó en un principio, producto de la atención que la pandemia ha ameritado, que será de unos USD 700:000.000, y de la necesidad de atender la caída de la actividad comercial y económica. Por lo tanto, me parece aventurado, al menos, comenzar a discutir hoy si en el quinquenio habrá o no pérdida del salario real. Sin lugar a duda, puede suceder que haya pérdida del salario real, pero se trabajará para que no ocurra y se harán todos los esfuerzos necesarios para ello. Pero lo que está priorizando el Gobierno está vinculado con la generación de empleo, porque hoy hay miles de uruguayos que han perdido su trabajo; muchos lo perdieron en el quinquenio 2014-2019 pero esa cifra ha aumentado en 10.000 más en los últimos tiempos.

En consecuencia, existe la necesidad de atar todas esas realidades vinculadas con algo que aquí se quiere dejar traslucir permanentemente, y es que el Gobierno es enemigo del Estado; ¡no es así, no somos enemigos del Estado, no vemos en el Estado a un enemigo! Eso sí, no nos resignamos; el Estado, en tiempos difíciles, siempre debe ser parte de la necesidad de asumir también los costos de las restricciones que se van a vivir, porque todos nosotros, todos los funcionarios públicos, cada 1º. de mes recibimos nuestro salario, sea poco o mucho, pero lo recibimos. Las jubilaciones no han dejado de pagarse un solo día, ni durante la crisis del 2002. O sea, Uruguay durante mucho tiempo ha construido un tejido que ha permitido que eso pasara. Entonces, por supuesto que el Estado tiene un rol muy importante a cumplir. Sí reconocemos, tenemos la visión de que el Estado puede ser mucho más eficiente y puede tener muchos más logros para las poblaciones objetivo. No me resigno a que en algunos planes de políticas sociales el 70 % de los recursos quede en la burocracia y solamente el 30 % llegue a la población objetivo. No creo que ese sea el rol que todos queremos que tenga el Estado –y no me arrogo el derecho a hablar en nombre de todos–, pero pienso que al menos nadie quiere que eso sea así, aunque a veces lo ha sido.

Señora presidenta: este presupuesto elabora políticas de infraestructura. Es la primera vez en muchísimos años que el ministro de Transporte y Obras Públicas plantea un plan de infraestructura; al menos yo hacía quince años que no veía eso. Contra todo lo que se decía, la voluntad del Gobierno es desarrollar políticas sociales basadas en principios que vamos a defender y que están vinculados con la centralidad de la persona, la dignidad y el sentido de la vida, el papel de la familia, las políticas de género, las dimensiones territoriales, las redes comunitarias, la división de roles, la verdadera descentralización y la subsidiariedad, transparencia y evaluación de la gestión, así como con una necesaria coordinación entre lo nacional y lo departamental, y con la interacción entre diferentes áreas del Estado, para terminar con duplicaciones que lo único que generan es ineficiencia en los sectores que se quiere atender.

Aquí se pretende centrar un debate sobre la cantidad de viviendas, pero de eso hablaremos al final del período; ya veremos si son 20.000 o 50.000. También me acuerdo de que en algún momento había variado hasta la forma de calcular la cantidad de viviendas; el arreglo de un baño, por ejemplo, se consideraba una solución habitacional, por lo tanto, iba a la cuenta.

Por eso, señora presidenta, dentro de la medida de lo posible, se va a priorizar este tipo de políticas que entendemos que son centrales a la hora de encarar una real política de gobierno que tiene por convicción filosófica al hombre –genéricamente hablando– como centro de la preocupación y de la atención. Es así como también se elaboran elementos que están vinculados con la seguridad en un concepto mucho más amplio que el de la sola seguridad pública. Hemos desarrollado los conceptos vinculados con la seguridad humana desde todo punto de vista, desde la política de seguridad hasta la política de atención a muchos sectores de la sociedad que van a necesitar de la contención del Estado para ser contemplados.

Señora presidenta: hay una fuerte apuesta a las políticas educativas, a las culturales, a las de ciencia, tecnología e innovación, y en la medida de las posibilidades, muchas de estas áreas han sido atendidas con mayores partidas de dinero. Tan así es que hemos recibido el reconocimiento de instituciones que ven que su presupuesto ha sido mejorado sensiblemente desde su ingreso al Parlamento con relación a lo que estaba estipulado por el Poder Ejecutivo. Y eso fue producto del trabajo de muchos, también de los señores senadores de la oposición con quienes se ha trabajado; no tenemos inconveniente en reconocerlo. Somos conscientes, señora presidenta, de que no se puede abarcar todo, y también somos conscientes de que esa afirmación está acompañada de una realidad, que es la siguiente: la situación es muy compleja desde todo punto de vista.

Por lo tanto, llegamos a este presupuesto con la tranquilidad de entender que es un presupuesto justo, que atiende los sectores prioritarios en los que debe enfocarse el Estado a la hora de las priorizaciones, que no aumenta impuestos, sino que trata de estimular al sector privado para generar la gran reactivación económica que tendrá el Uruguay, tanto en el mercado interno como en el externo. Sostener, señora presidenta, que en el 2008 se terminó el viento de cola y que todo el crecimiento del producto bruto interno es por el consumo en el mercado interno es no tener idea del tamaño de nuestro mercado de tres millones de personas. Es imprescindible seguir apostando a la apertura que Uruguay debe llevar adelante. Me alegro mucho de escuchar a muchos senadores de la oposición hablar de la necesidad de la reinserción internacional. Quizás debimos haber aprovechado aquellas oportunidades en las cuales dejamos pasar trenes creyendo que de esa manera podíamos vernos beneficiados con políticas de la región. Creo que quedó demostrado que no se tomó una decisión muy inteligente en materia de políticas exteriores de inserción internacional.

Estamos haciendo una fuerte apuesta a la descentralización, porque entendemos que constituye un elemento esencial para el desarrollo, y la coordinación entre la acción del Gobierno nacional y de los Gobiernos departamentales es medular. Se han priorizado algunas de sus áreas; se han mantenido y se han aumentado las partidas presupuestales que están destinadas y dedicadas a estas áreas con el acuerdo de los intendentes y alcaldes de todo el sistema político.

SEÑORA PRESIDENTA.- El señor senador Botana y la señora senadora Bianchi formulan moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota).

–28 en 29. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Muchas gracias.

Se ha logrado un aumento salarial para este año y para el año que viene para los sectores más deprimidos, de los integrantes de los funcionarios públicos peor pagados que eran los del Ministerio de Defensa Nacional.

Se van a construir tres nuevas cárceles, una cárcel de alta seguridad; se crean 750 cargos para la Guardia Republicana, 500 cargos para agentes del Instituto Nacional de Rehabilitación, 700 cargos para contratar a retirados policiales para las comisarías de las jefaturas de Policía del país, de lo que hablaremos con mayor detenimiento en el día de mañana.

Hay un plan de infraestructura por casi USD 2.500:000.000. Se mejoró la apuesta a la expansión de la UTEC y de la Udelar. Se permite que los ahorros más proventos de las escuelas agrarias queden en las mismas instituciones para mejorar su plan de inversiones. Se logran mejores recursos para la Secretaría Nacional del Deporte y así una serie de logros que el presupuesto tiene y que seguramente podrán ser insuficientes, pero es lo que se podía hacer.

Por lo tanto, señora presidenta, creo y reitero que estoy convencido de que este es un presupuesto que pone el énfasis en las prioridades que el Gobierno de coalición entiende y en las que se comprometió durante la campaña electoral. También digo que no se puede medir el Gobierno ni sus resultados a diez meses de haberse instalado. Esa discusión con muchísimo gusto la tendremos llegado el momento y lo haremos con la humildad que habría que tener en este momento para reconocer las cosas que no se pudieron lograr, las que no se supieron llevar adelante y en las que nos equivocamos, porque es parte de la honestidad con que toda discusión sobre este tema debe llevarse adelante. Mientras tanto, señalamos la tranquilidad y la confianza absoluta en el equipo económico y en el Gobierno de coalición que encabeza el señor presidente Lacalle Pou.

Muchas gracias.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero decir que lamento que la cosa se torne agresiva sin ninguna necesidad. Creo que el tono de la discusión marca el respeto que tenemos en este recinto y que no tiene ningún sentido alterar ese equilibrio. No lo pienso ni voy a reclamar a nadie que solo pueda hablar de lo que estudió, porque me parece fuera de lugar aquí donde todos hablamos como senadores y no como profesionales de ningún área en particular, pero tampoco puedo admitir que se plantee que hay gente que tiene el rostro de hablar de estos temas.

No se me pasaría por la cabeza plantear a ningún señor senador o senadora que tendría rostro en hablar de estos temas porque apoyó políticas económicas con las que podemos discrepar; políticas económicas que tuvieron niveles de inflación de dos y tres dígitos; políticas económicas que tuvieron más del 40 % de informalidad laboral, que tuvieron altos niveles de pobreza, de inequidad, de una caída brutal de la industria nacional y de un déficit creciente que también fue alimentando el debilitamiento de un Estado que no estaba en condiciones de afrontar lo que fue el shock regional del año 2002. No se me pasa por la cabeza plantear acá que como senadores no se pueda dar una opinión y una visión que todos sabemos que es discrepante, pero que la formulamos con respeto y sin asignar intencionalidades en ningún caso, porque el recurso de decir que otro dice lo que no dijo no ayuda en absoluto a la seriedad y la profundidad del debate. Reitero: no se me pasa por la cabeza plantear que alguien pueda tener el rostro de opinar cuando apoyó políticas económicas con esos resultados.

En particular, estamos acá porque la ciudadanía decidió que así fuera y me refiero a todos los legisladores del Frente Amplio. Podemos tener visiones distintas, pero también podemos reivindicar todo un conjunto de políticas que en nuestra visión –y no tiene por qué ser compartida– han generado mayores niveles de bienestar, equidad y derechos en Uruguay.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR CANON.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CANON.- Señora presidenta: mis compañeros de bancada ya han argumentado profusamente aportando cifras, gráficas y razonamientos por los que no vamos a acompañar este proyecto de ley de presupuesto en términos generales; por lo tanto, no voy a abundar en ese tema.

Me voy a concentrar en algunas ideas. Me viene bien el estribo que me deja el señor senador Penadés, en el sentido de que tenemos diferentes opiniones y es bueno ponerlo arriba de la mesa, reconocerlo y fundamentalmente argumentar en favor de lo que piensa cada uno. Solamente voy a hacer referencia a dos ideas que son como los mitos centrales que cimentan este presupuesto y esta discusión. La primera, la voy a argumentar enancado en un artículo de un profesor, el economista Carlos Grau Pérez titulado Presupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestión. El economista Grau Pérez –que fue profesor mío– señala: «¿Debería ser una prioridad el abatimiento del déficit fiscal en esta coyuntura? ¿No debería serlo la desocupación?». Más adelante señala: «Un shock de este tipo implica que la producción se reduce a pesar de que exista una demanda que permitiría a las empresas producir más de lo que están produciendo».

Luego dice: «Las medidas de distanciamiento social orientadas a evitar la propagación del COVID-19 provocaron una interrupción programada de múltiples procesos productivos, un coma productivo inducido, por lo que parece evidente que el shock originario tuvo un componente dominante de oferta».

Después señaló: «El caso es que, con el paso del tiempo, la interrupción de los procesos productivos generó mayor desocupación, un uso menor de la capacidad de producción de las empresas y pérdidas de ingresos de una parte importante de las familias. Para muchas empresas, cuya producción se comercializa en el mercado interno, y para actividades que dependen del ingreso de turistas provenientes del exterior, lo cierto es que se ha configurado un shock de demanda, en algunos casos, de gran magnitud.

En estas circunstancias, el gasto público orientado a evitar estos daños debe considerarse como una inversión que contribuye a reducir costos presentes y futuros de la crisis. Si se emplean medidas placebo y no se logra detener el deterioro, el shock inicial de oferta, irá provocando una situación de insuficiencia de demanda […] Los cierres temporarios de empresas se volverán permanentes y el aumento del desempleo abierto y la informalidad laboral podrían trepar y mantenerse en niveles elevados por un periodo prolongado.

Si algo se puede aprender de la historia de las grandes crisis económicas, es que ante una recesión como las que están enfrentando muchas empresas en nuestro país, la recuperación de la actividad va a requerir de un impulso de la demanda».

Antes de continuar con mi exposición, quisiera dejar una constancia en el sentido de que es la bancada del Frente Amplio la que le da cuórum a la sesión. Hay siete senadores en sala.

Continúo: «En estas circunstancias, el Estado es el único actor que se encuentra en condiciones de contribuir a la solución de la crisis, sosteniendo el nivel de actividad de la economía. Apostar a una austeridad expansiva, es riesgoso. Una línea argumental para justificar la reducción del gasto público se basa en una idea muy simple, que se apoya en que el comportamiento de la economía a nivel agregado es semejante al de una familia» –término que se ha usado reiteradamente en este recinto– «En este caso, si el gasto es mayor a los ingresos, gastar más agravaría el problema. La economía funciona como un sistema complejo, en donde uno más uno no es necesariamente igual a dos. En los sistemas complejos surgen emergentes, estos no se pueden observar mirando cada componente por separado, ni tampoco, juntando las partes como si se tratara de armar un rompecabezas. El todo no es igual a la suma de las partes. Cuando el Estado gasta un peso se produce lo que en economía se denomina un efecto multiplicador. […] Por ejemplo, la inversión destinada a la construcción de una carretera implica, entre otros gastos, el pago del salario. Una parte de estos van a incrementar el consumo, y el aumento del consumo genera a su vez un mayor nivel de actividad, el que, a su vez, trae mayor recaudación. Es decir, un peso gastado por el Estado se puede transformar en un impacto positivo sobre la economía cuyo valor es mayor a uno. […] Son condiciones propicias para que opere el efecto multiplicador, que exista desocupación –no estructural–, empresas capaces de aumentar la producción sin necesidad de nuevas inversiones y bajas tasas de interés. Podemos afirmar que actualmente los astros están alineados para que opere el efecto multiplicador, siendo, por tanto, adecuado incrementar el gasto público para encender los motores de la economía».

Se trata, señora presidenta, señor presidente de la república, señora economista Azucena Arbeleche, señor Isaac Alfie, de John Maynard Keynes, a quien la ministra de Economía y Finanzas dice admirar. Es una forma muy sencilla de citar lo que Keynes planteaba y que se llevó adelante.

La segunda idea surge a raíz de lo que la economista Arbeleche expresó en la comisión de la Cámara de Representantes: «En primer lugar, es importante señalar los contenidos de este proyecto de ley de presupuesto que involucran políticas y programas que no obligan al aumento de impuestos». Es lo mismo que opinaba el presidente de la ARU, Gabriel Capurro, cuando decía: «Es la primera vez que vemos en la historia de nuestro país un ajuste fiscal» –repito: ajuste fiscal– «sin creación de nuevos impuestos ni aumento de los existentes, haciendo el ajuste en el Estado y no trasladando el mismo a los sectores privados de la economía».

(Ocupa la presidencia la señora Gloria Rodríguez).

–En este caso, recurro al libro Contra los zombis: Economía, política y la lucha por un futuro mejor. El autor, Paul Krugman, fue premio nobel de economía en el año 2008. Denomina a las ideas zombis como «ideas que van dando tumbos, arrastrando los pies y devorando el cerebro de la gente pese a haber sido refutadas por las pruebas. Por ejemplo, la idea insistente de que gravar a los ricos» –los «malla oro» en términos autóctonos, en términos nativos– «es sumamente destructivo para la economía en su conjunto, o que las rebajas fiscales a las rentas altas generarán un crecimiento económico milagroso».

La verdad es que no solo discrepamos en materia de economía, discrepamos, fundamentalmente, en materia de filosofía. Discrepamos, en resumidas cuentas, en para quién se gobierna. No es necesario –como han hecho varios senadores de la coalición– justificar este presupuesto sobre la base de una herencia supuesta maldita. ¡No! Se fundamenta en ideología, se fundamenta en la creencia de que estas dos ideas son ideas fuerza que subyacen el presupuesto y nos van a sacar de la crisis. Por el contrario, nosotros pensamos totalmente distinto.

Resulta interesante analizar la forma cómo se construyen los mitos y encuentran cómo reproducirse y sobrevivir en la sociedad.

Hace un tiempo, Donald Trump homenajeó a Ayn Rand, autora de la novela La rebelión de Atlas, publicada en 1957, en donde se resaltan las bondades del libre funcionamiento del mercado, llamando a rebelarse contra toda actividad estatal que ponga límites a la libre competencia y resaltando las virtudes del egoísmo. Las ideas que promueven sin cortapisas la apuestan a la iniciativa privada –no quiere decir que la iniciativa privada no tenga lugar en la actividad económica, sino todo lo contrario– cuentan con medios para poder reproducirse, a veces de manera clara, como surge de la afirmación en la citada novela La rebelión de Atlas: «Todos los códigos de la ética intentan hacer tragar, son solo papel moneda puesta en circulación por timadores para despojar de sus virtudes a la gente. El código de la competencia es el único sistema moral basado en un patrón oro».

Señora presidenta: las ideas que fundamentan este guadañazo presupuestal sobre Estado, salario, pasividades, beneficios sociales están, como acaba de verse, mal acompañadas en el mundo y en retirada.

Tendemos, tendimos y tenderemos nuestra mano generosa para colaborar a aliviar la difícil situación de las grandes mayorías, pero si como hasta ahora el Gobierno persiste en no aceptarla, tengan la certeza los uruguayos que encontrarán en el Frente Amplio, una vez más, al partido que defienda sus intereses y ayude a salir de la penosa situación a la que este presupuesto y otras políticas actuales nos conducen.

Muchas gracias.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- En primer término, creo que es de orden hacer un reconocimiento al personal de secretaría de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que tuvo tan arduo trabajo en estos días. También quiero señalar mi reconocimiento muy particularmente al senador Penadés, quien dirigió los debates que, me complazco en reconocer, fueron ardorosos pero respetuosos. En ese sentido creo que hubo un clima de trabajo con el cual todos nos podemos sentir satisfechos.

En segundo lugar, quisiera recordar el plebiscito de 1980, que marcó el fin del Gobierno de facto, que no comenzó un 27 de junio de 1973 sino un 9 de febrero de 1973 con los comunicados 4 y 7, que suponían justamente un levantamiento militar y que fueron aprobados por el Partido Comunista a través de su vocero El Popular, en su edición del 11 de febrero de 1973. Creo que tenemos que ser claros en quiénes fueron los partícipes de todo ese desmadre institucional que vivió el país.

Entrando un poco en tema, quisiera decir que en algún momento me dio la impresión de que Casandra, el personaje mitológico, la hija de Príamo –el rey de Troya– y Hécuba, había resucitado. A esta princesa Apolo le reconoció el don de la profecía, pero por haberlo traicionado la condenó a que sus profecías fueran siempre negativas y no merecieran que la gente las creyera. Sería bueno que Apolo se diera una vuelta por este recinto.

Quiero decir que voy a aprobar este presupuesto con los compañeros de Cabildo Abierto y de la coalición que se ha dado en llamar multicolor. Lo voy a aprobar porque creo que es un acto de responsabilidad y que, de alguna manera, el Gobierno se inspiró, ni más ni menos que en el contador Danilo Astori, por quien tengo gran respeto técnico y particular aprecio personal.

Tengo aquí, en el celular, un video de Subrayado en el que Astori dice a sus correligionarios: «Autocomplacencia no, autocrítica sí» y «No hemos sabido, por ejemplo, manejar la calidad del gasto público, lo cual –en un país que tiene un desequilibrio fiscal importante– es una falla que tenemos que corregir»; luego agrega que no habían encauzado la seguridad pública, que no habían cumplido en vivienda, y dice: «La corrupción llegó también a nosotros».

Creo que eso está en el camino, precisamente, como autocrítica valerosa, sin duda, porque es muy difícil para quien fue el arquitecto de la política económica de estos quince años, reconocer estas fallas, que son importantes. Me consta que él luchó denodadamente para evitar que se produjeran estas situaciones de déficit que, año a año, el país debió enjugar; me consta que a ese ministro –considero que fue un gran ministro del Frente Amplio– le dolía y le preocupaba esta situación, y en algún momento era necesario afrontar el problema.

Tuvimos cinco años de déficit acumulado que pueden estimarse en unos USD 11.000:000.000 –¡USD 11.000:000.000!–, con déficits anuales de casi USD 2.500:000.000, y que nos obligan a un pago de la deuda externa de unos USD 2.000:000.000 o USD 3.000:000.000. Hablamos de la deuda externa, que es una de las principales sangrías de los países subdesarrollados –o, si queremos decirlo eufemísticamente, en vías de desarrollo– y el mecanismo a través del cual se ejerce la dominación de estos países.

No pensemos que van a desembarcar los marines en la costa de Montevideo; no pensemos tampoco en una flota española o británica desembarcando en nuestras costas; hoy la dominación se ejerce, principalmente, a través de las finanzas, de las grandes finanzas.

Nosotros gastamos indiscriminadamente, endeudándonos y haciéndole el campo orégano a esos grandes grupos económicos, que centran su poder en las ganancias que tienen de la explotación de los recursos de América Latina, siendo la deuda externa y las finanzas de los instrumentos preferidos para perpetuar esa dominación.

Ya no se habla en el Uruguay del no pago de la deuda externa, y reconozco que hubiera sido una catástrofe no pagarla. Estamos atados a una deuda que moralmente repudiamos, pero que en estos quince años se ha acrecentado hasta límites verdaderamente increíbles, ya que cerramos el 2019 con una deuda bruta de USD 44.767:000.000.

Esta deuda que venimos generando por ser imprudentes en nuestros gastos no va a pesar solamente sobre nuestra generación. Algunos ya estamos en tren de despedirnos de la vida, pero esta deuda va a pesar sobre los hombros de nuestros hijos y nietos y, seguramente, si las cosas siguen como hasta ahora, va a ser muy difícil que en algún momento América Latina –o la América hispana– se libere de esta verdadera cadena de dependencia que es la deuda externa.

Hace cuarenta años, Raúl Scalabrini Ortiz decía que el empréstito es el primer eslabón de la dependencia. Algo similar expresaba Arturo Jauretche y también Jorge Abelardo Ramos, en su magnífico libro Historia de la nación latinoamericana. Si no queremos referirnos a autores argentinos, podemos releer las páginas de Galeano, que creo mantienen absoluta vigencia en varios aspectos.

Lamentablemente, hoy son pocos los que hablan de esta temática. Hay muchos agentes de la entrega, en todos lados, también entre nosotros. Hay muchos que sueñan con ser gerentes de las multinacionales financieras. Esto explica varias cosas, por ejemplo, por qué el anterior Gobierno dejó un 11 % de desempleados –50.000 personas en seguro de paro– o por qué, en estos últimos dos años, se dio, cada dos días, el cierre de un tambo. En esto también tengo que acotar que a pesar del cierre de tambos no se produjo un descenso de la producción de leche, porque lo que sucedió en la lechería –y pasa en muchos campos de la realidad económica nacional– es que el poder económico concentrado desplaza a los pequeños y medianos productores.

¿Qué decir del campo? ¿Qué decir de la propiedad rural? Uruguay tiene alrededor de 14:000.000 de hectáreas con capacidad de producción agropecuaria. De esos 14:000.000, en estos quince años se ha permitido que las multinacionales forestales y los fondos de inversión extranjera queden autorizados a comprar hasta 7:000.000 de hectáreas. Recuerdo a Eustaquio Sosa cantar en Del Cardal: «Qué los parió a los gringos, que se nos vienen, que se nos vienen. Dan gritos en un idioma que naide entiende, que naide entiende».

Es una realidad. Hoy vemos a los pequeños y medianos productores rurales acorralados por las multinacionales. Por el momento están en el rubro forestal, pero van a intentar penetrar incluso en el sector lácteo. Quienes tenemos pequeñas explotaciones agropecuarias conocemos la presión que estas multinacionales ejercen sobre los productores. Llegará un día en el que habrá pocos criollos en el campo y no será posible repetir aquellos versos que dicen que sigue dando criollos el tiempo.

¿Qué podemos decir de la concentración de la industria frigorífica? Hemos permitido que se concentre en manos extranjeras, que manejan el precio del ganado y lo compran a un valor vil apenas aprieta una seca o cuando saben que los productores, sometidos a las inclemencias del clima tienen necesidad de venderlo.

¿Qué podemos decir de esos 500.000 trabajadores que de un día para el otro aparecieron trabajando en negro por efecto de la covid-19? ¿Qué podemos decir de esa explosión de préstamos al consumo? Hoy leíamos que las tasas de interés a las que se presta en plaza –dato publicado por Diario Central– son de hasta el 131 %. ¿Qué está sucediendo, entonces, en esta economía? ¿No necesitará un poco de sensatez y que nos pongamos a pensar, realmente, en el campo de la propiedad de la tierra, en el tema de los intereses, de la gran finanza, de la deuda externa? ¿No son esos los verdaderos problemas? Se nos agitan otros problemas –no quiero entrar a detallarlos–, que creo que son, más que nada, un saludo a la bandera.

Hemos conseguido transformar nuestra industria en importadora. Prácticamente, no quedan industriales que, a su vez, no importen, porque para participar de las licitaciones es imprescindible contar con una canasta de productos importados.

¡Qué podemos decir de los 650 asentamientos que existen a lo largo y a lo ancho de la república; de los malos negocios de la regasificadora; de la recapitalización que hubo que realizar en Ancap; de Aratirí; ¡del puerto de aguas profundas, que sería otro problema para pensar! El puerto de Montevideo va a ser difícil dragarlo a más de 14 pies, y como hoy el comercio internacional exige profundidades, seguramente eso llevará a que no pueda competir con el puerto de Santos y no ya con el de Buenos Aires, sino con el de Bahía Blanca. Son muchos los temas.

Yo diría que este presupuesto se ajusta al consejo que da Astori en el sentido de ser prudentes con el gasto público. No obstante, he quedado muy satisfecho porque hemos conseguido asignaciones presupuestales adicionales para la Udelar, la UTEC y la ANEP. Nosotros pensamos que es necesario aquello de: «Educación, educación y más educación»; eso es lo que piensa Cabildo Abierto.

Nos congratulamos, también, de que se haya consagrado una solución para el tema de los judiciales, generado por el anterior Gobierno, que en el afán de resolver el problema de los sueldos de algunos jerarcas creó un desbarajuste en los sueldos del Poder Judicial que esperamos se arregle con esta ley de presupuesto. Nos congratulamos, también, que en esta ley de presupuesto se haya conseguido asignar más fondos al Inisa. Se habla mucho de derechos humanos, se critican mucho las leyes que establecen penas más severas para los delincuentes, pero nos olvidamos de que desde hace muchísimos años -mucho más de estos quince años-, las cárceles y los establecimientos para detención de menores son una verdadera vergüenza nacional. Realmente fue conmovedor ver las imágenes que la dirección del Inisa trajo de los establecimientos que quedaron a su cargo.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–Nos alegramos, también, de haber conseguido una asignación presupuestal adicional para la Jutep, para que esta junta de transparencia que controla, de alguna forma, la conducta de los hombres públicos tenga los profesionales que necesita y pueda mantener los sistemas informáticos imprescindibles para cumplir con su tarea.

Nos enorgullecemos de un plan quinquenal elaborado por el ministro Heber y sus asesores. Creo que en muchísimos años no se ha visto un plan tan detallado donde figura ruta por ruta, puente por puente, lo que se va a construir y cómo va a financiarse. Y nos enorgullece, particularmente, la aprobación del Plan Quinquenal de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y apostamos a que, bajo la conducción de la ministra Irene Moreira, contribuya a comenzar a terminar con el drama de los asentamientos en la república.

Es con este espíritu que nosotros vamos a dar nuestra aprobación al proyecto de ley de presupuesto presentado, sin perjuicio de que en el debate que se dé en el tratamiento, artículo por artículo, de este presupuesto, no aceptemos o coadyuvemos a que se modifiquen algunas disposiciones.

Muchas gracias.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Voy a ser breve.

He escuchado en varias oportunidades una alusión política directa al compañero senador Danilo Astori. En esta circunstancia me toca ocupar su banca hoy acá, y particularmente quiero reconocer el tono afectuoso con que se ha hecho la intervención del señor senador Domenech, y alguna más que me ha tocado escuchar personalmente, en la que se interesaban por su situación.

Más allá de ello, que reconozco y agradezco, quiero señalar algunas cuestiones de orden político en cuanto a sus intervenciones, que se han hecho públicas a través de columnas de opinión, como Montevideo COMM, concretamente. Quiero señalar que Astori nunca ha reconocido como propia la línea económica que marcó, sino como la línea económica del Frente Amplio en su conjunto. ¿Por qué? Porque en su vida política la unidad de acción y su condición frenteamplista es, quizás, una de sus señas de identidad de mayor dimensión, no digo la única, pero sí de las mayores.

Quiero también reconocer que, en nuestra manera de ver las cosas, la línea económica que se desarrolló bajo estas administraciones tiene –voy a decirlo en dos puntualizaciones– dos hitos importantes, entre muchos. Primero, casualmente en noviembre de 2006 el Uruguay canceló totalmente la deuda y la vinculación con el Fondo Monetario Internacional. Esa cancelación tuvo lugar durante la primera Administración frenteamplista, y se dio la circunstancia de que a quien le tocara llevar adelante esta cancelación fuera, precisamente, el entonces ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.

También estuvo en el cambio de paradigma con respecto al sistema tributario, en que se tomaba un sistema tributario con el IRP –que era el impuesto de un 6 % que tenían los sueldos, por lo menos, los de $ 10.000 en adelante, así se ganara 10.000, 200.000, 500.000 o lo que fuera– y se cambió por el impuesto IRPF, que hoy le corresponde tributar a quien gana más de $ 30.000 líquidos.

No voy a expresar acá todo lo que ha sido esta dimensión, pero sí digo...

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Ya termino, señora presidenta; le solicito un instante. Digo que la exposición que ha hecho esta bancada del Frente Amplio sobre lo que es el mensaje presupuestal actual nos representa y ha representado también la posición del compañero Danilo Astori.

Gracias.

SEÑOR BRENTA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BRENTA.- Gracias, señora presidenta.

Yo también quiero, antes que nada, recordar en esta fecha el plebiscito que comenzó a derrotar a la dictadura. Quiero decir que no me trajo consecuencias muy buenas en lo inmediato, porque estando preso en el Penal de Libertad nos quedamos un mes sin visita y un mes sin recreo. Pero la verdad es que disfrutamos igual lo que fue ese triunfo del pueblo uruguayo, y lo que fue el comienzo del final de la dictadura militar. Por eso, vaya un homenaje a aquellos que, en aquel momento, lucharon para lograr ese triunfo. Me consta, además, que hubo gente de todos los partidos que luchó por ello.

En principio, señora presidenta, quiero reconocer cierta ingenuidad. En la intervención del señor senador Sánchez se había manifestado, a partir de un documento del propio Poder Ejecutivo, cuál era la transmisión que se realizaba a aquellos que tenían intenciones de invertir en Uruguay, en que se recogía la situación del país, la solidez del sistema financiero, la estabilidad económica, la estabilidad institucional, la baja inflación, la deuda externa manejable, etcétera, pero luego comenzamos a escuchar intervenciones que contradicen la opinión que el Ministerio de Economía y Finanzas transmite a aquellos que vienen a invertir al Uruguay. Creo que hay una suerte de situación un tanto esquizofrénica que habría que resolver porque, en realidad, no vale trasmitir a la gente que vive fuera del país un número…

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: vamos a ajustarnos estrictamente a lo que estamos convocados. Estamos tratando de llevar adelante un debate respetuoso. Por lo tanto, solicito, por favor, si es posible, que actuemos dentro de esas condiciones.

SEÑOR BRENTA.- Quise decir que se veían dos situaciones contradictorias –ese fue el ejemplo– provenientes de la bancada de gobierno y del Gobierno. Es una situación un tanto sorprendente, pero así es.

Quiero referirme a que, evidentemente, a nivel internacional estamos atravesando una situación compleja: se está previendo una caída del 6 % promedio de la actividad económica a nivel internacional, lo cual significa la caída más importante después de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, mucho mayor que la de 2008, la famosa crisis de las hipotecas subprime. Hoy a nivel mundial se prevé una recuperación más lenta que al inicio de la pandemia.

En ese marco –y me parece importante profundizar esto– muchos de los países desarrollados y muchos no desarrollados, han lanzado fuertes paquetes de apoyo de magnitud inusitada para tratar de mitigar los impactos de la pandemia y lograr una rápida recuperación de la actividad económica.

Es por eso por lo que Japón, por ejemplo, ha realizado dos gigantescos planes que tienen que ver con trasladar fuertes recursos económicos a la ciudadanía. Hizo una transferencia de USD 950 por habitante, es decir, para cada residente en el país, y dio una ayuda también a las empresas. También aumentó 2,21 % el gasto público e invirtió 20 puntos de su PBI. Por cierto, en el tercer trimestre de este año ha logrado un crecimiento del 5 % del producto bruto interno, situación que muestra que, si no hay una segunda ola de pandemia, esta política ha dado resultado.

El propio Estados Unidos ha impulsado una política muy fuerte en materia de transferencias a los sectores de trabajadores, informales, etcétera, que ha apuntado a sostener la actividad económica y crear las mejores condiciones para que cuando finalice la pandemia, efectivamente, esta recuperación sea rápida y afecte lo menos posible a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Pero no solo estas políticas expansivas que se han desarrollado a nivel monetario y demás son medidas tomadas por los países desarrollados. Quiero referirme a lo que la Organización Internacional del Trabajo –como todos sabemos, es una organización de carácter tripartito integrada por gobiernos, empresarios y trabajadores– recomienda en sus notas respecto a la coyuntura actual, y dice lo siguiente: «La aplicación oportuna y coordinada de políticas fiscales y monetarias puede salvar vidas, evitar la pérdida de empleo e ingresos, salvar a las empresas de la quiebra y facilitar una recuperación sostenible.

Las políticas monetarias flexibles ya están ayudando a los Gobiernos a ajustar sus políticas fiscales en apoyo a la economía, destinando grandes cantidades de dinero público a las empresas, los trabajadores y los hogares para ayudarles a superar los efectos negativos inmediatos de la recesión económica inducida por la respuesta a la pandemia de la covid-19. Los instrumentos de política monetaria deben seguir utilizándose con el objetivo de flexibilizar las condiciones financieras y aliviar los problemas de liquidez, de manera que los Gobiernos dispongan del margen fiscal necesario para apoyar la continuidad de las empresas y los ingresos de los hogares».

Más adelante se expresa algo relacionado al tema del empleo, que ha sido mencionado como tema central de la propuesta presupuestal enviada por el Gobierno. En concreto, se dice: «Las medidas de mantenimiento del empleo ofrecen incentivos a los empleadores para que retengan a los trabajadores, incluso si la empresa se ve obligada a cerrar o a reducir su actividad. El objetivo principal es mantener en nómina a los trabajadores para que las empresas puedan reanudar su actividad en cuanto se flexibilicen o se levanten las restricciones. Se trata de medidas de trabajo compartido y reducción en la semana de trabajo, subsidios salariales, la suspensión temporal del pago de las obligaciones tributarias y de las cotizaciones a la seguridad social, y la facilitación del acceso a diversas formas de apoyo empresarial condicionadas a la retención de trabajadores. En algunos casos, los empleadores reciben subvenciones para garantizar que los trabajadores despedidos puedan recuperar su puesto de trabajo en la empresa cuando la situación mejore. Las empresas con diferentes filiales o líneas de producción pueden reubicar a los trabajadores en líneas de mayor demanda, por ejemplo, como parte de la reorientación de la producción para fabricar productos médicos y de otro tipo necesarios en la lucha contra la pandemia. Esas medidas que son adecuadas para las empresas de todos los tamaños, y ya se han aplicado ampliamente en los países europeos, ayudan a preservar las relaciones de trabajo y facilitan la fase de recuperación».

Si uno mira la región, advierte, por ejemplo, que el Gobierno brasileño –con el cual francamente tenemos pocas coincidencias– ha hecho también una fuerte expansión monetaria y ha triplicado las transferencias monetarias a las familias pobres y a los informales, que son la mayoría de los activos en Brasil –no en el Uruguay, sino en Brasil– a través del programa Renta Ciudadana. El dilema ahora será ver cómo Brasil continúa con estas políticas.

En el caso de Uruguay, la economía uruguaya previa a la pandemia tenía un desarrollo de políticas para promover la diversificación productiva de la matriz energética, una fuerte red de protección social, un sector financiero sólido, niveles muy bajos de pobreza e indigencia, una base institucional muy sólida y un Sistema Nacional Integrado de Salud de amplia cobertura que permitió enfrentar con éxito la pandemia. Es cierto que el crecimiento se había enlentecido y que, si bien el déficit fiscal es sostenible, planteaba un desafío para el futuro y también una pérdida de 50.000 puestos de trabajo de los 300.000 creados desde 2005 hasta 2019. La aclaración con respecto a los 70.000 puestos de trabajo y a los vínculos con el Estado ya fue realizada. Por lo tanto, queda claro que hubo un enorme crecimiento del empleo en estos períodos, más allá de la caída de los últimos años.

La llegada de la pandemia no generó una crisis como la de 1982 o la del 2002 con caídas del producto bruto en aquellos momentos del orden del 15 %. Según estima el Gobierno, la expectativa es una caída del producto bruto para el 2020 del 5 %, o sea un tercio de la caída del producto bruto que se generó en las crisis anteriores. Además, Uruguay tuvo, gracias a sus fortalezas, un impacto mucho más acotado que otros países de América que tuvieron fuertes caídas en los primeros trimestres de este año. Hay sectores muy afectados como el turismo, la gastronomía, los servicios y otros sectores que han sido poco afectados por la pandemia como, por ejemplo, el agropecuario, pero que igual lo está por otras razones como la sequía.

El mercado de trabajo se encuentra fuertemente afectado y si bien se recuperaron puestos de trabajo, los 60.000 puestos de trabajo pendientes serán muy difíciles de recuperar simplemente porque muchos de esos trabajos ya se han perdido. Este es un gran problema. Comparemos con países como Chile y Perú que perdieron entre el 20 % y el 30 % de su mercado de trabajo.

¿Por qué decimos todo esto? Porque estamos convencidos de que, si no hay políticas activas en el mercado de trabajo, su recuperación será extremadamente lenta y muy difícilmente la alcanzará antes del segundo semestre del 2021. Quizá allí podría comenzar a verse una recuperación, lo cual contradice, en nuestra respetuosa opinión, lo que el Gobierno expresa en el presupuesto, en el que prevé para el año que viene una recuperación total del empleo, careciendo esto de sustento, por lo menos, en lo que es la exposición de motivos que acompaña al presupuesto quinquenal. La crisis del turismo, la sequía, el ajuste fiscal y la rebaja de salarios y jubilaciones no van a contribuir a la recuperación de la actividad; por el contrario, la van a detener o a enlentecer. Los analistas prevén que a fines de 2022 podría llegarse a los niveles prepandemia. En mi opinión, el escenario que el Gobierno muestra es parte de una visión no real que tiñe todo el presupuesto.

¿Con qué argumento se puede sostener un crecimiento del 12 % en el quinquenio? ¿Cuáles serían los motores de ese crecimiento? No puede deducirse que esa expectativa de crecimiento esté sustentada en el presupuesto quinquenal. No se sabe. ¿Qué hace el Gobierno frente a eso? Utiliza una receta que, en nuestra opinión, es equivocada y exagerada y que se ajusta a la receta que se aplicó luego de la crisis de 2002: un fuerte ajuste fiscal con rebaja de salarios y jubilaciones, recortes de los gastos, lo cual es grave, comparando situaciones diferentes. El diagnóstico, en nuestra opinión, es equivocado. No hay país en el mundo que haya aumentado menos el gasto que Uruguay en este contexto; el gasto es constante, igual al año anterior y, por tanto, el déficit fiscal, prácticamente, se mantiene. A la hora de evaluar la inversión como motor clave para la recuperación del empleo se debe tener en cuenta lo que comentábamos y lo expresado por la señora ministra de Economía y Finanzas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda; esto es, que los organismos internacionales y analistas reconocidos sugieren que las herramientas para la recuperación del empleo se generan, básicamente, a través de nuevas herramientas o de la mejora de las existentes para promover la inversión privada. O sea que no hay políticas activas de empleo impulsadas desde el Estado, si no hay una mejora de las condiciones para la inversión en el sector privado. No estamos en contra de las mejoras de las condiciones que se puedan realizar al sector privado; de hecho, se modificó el nuevo decreto para las inversiones de la Comap; se establecieron modificaciones en el decreto para la construcción de viviendas de interés social; se está promoviendo la radicación de extranjeros en Uruguay, pero no hay desde el Estado una política activa que tienda a la recuperación y asegure la recuperación de estos 60.000 puestos de trabajo perdidos. Tenemos la impresión de que tampoco hay –o no aparece claramente financiado en el presupuesto– una fuerte inversión pública, otra herramienta sustantiva en materia de infraestructura o vivienda, herramienta esta que sabemos permite una rápida recuperación del empleo. Por tanto, entendemos que esta política es procíclica, que tiende a enlentecer la recuperación, porque Uruguay no ha adoptado las políticas de incentivo que han realizado, básicamente, todos los países del mundo, en algunos casos, con fuerte shock de inversiones –que no necesariamente son gastos permanentes, sino que significan shock de inversiones en un lapso determinado para la recuperación del empleo– y aumento de las transferencias en forma temporal para evitar la caída en la pobreza que se está produciendo de más de 100.000 uruguayos. A la vez, las medidas anunciadas apuntan a deprimir el consumo del mercado interno alimentando un círculo vicioso que se orienta, en nuestra opinión, hacia la recesión. Uruguay dispone de un grado de maniobra muy superior al del resto de los países ¿Por qué? Porque ha tenido una solidez desde el punto de vista económico de la cual carecen la mayoría de los países del mundo. En este sentido, la bancada del Frente Amplio ha realizado múltiples propuestas que no han sido recogidas o, por lo menos, no lo han sido la mayoría de ellas.

Por otra parte, queremos sí saludar la apuesta que se dice hacer a la descentralización, pero también queremos recordar que la institucionalidad de la descentralización se aprobó en este Parlamento nacional en 2008; seguramente el señor senador Botana lo recuerde, porque trabajamos juntos en esa ley que creó los municipios.

Me parece muy bien también el apoyo que se anuncia a la Jutep, a pesar del recorte, porque este organismo no existía antes de los Gobiernos del Frente Amplio.

Además, considero que está muy bien proteger lo que ha sido el enorme desarrollo de la UTEC en el interior del país, permitiendo que miles y miles de jóvenes pudieran estudiar en el lugar en el que nacieron sin tener que trasladarse a la capital, como decía aquella canción que seguramente algún senador más memorioso pueda recordar mejor que yo.

Por lo tanto, quiero decir que el Frente Amplio ha actuado con responsabilidad en este proceso y ha marcado sus diferencias. No es intención nuestra entrar en la lógica de comparar las gestiones, pero sí queremos alertar que la propuesta presupuestal que se está realizando no contribuye a la recuperación económica ni a la recuperación del empleo, que es clave para mejorar las condiciones de vida de los uruguayos.

Si esto no se produce –ojalá nos equivoquemos–, evidentemente, el Uruguay va a alimentar una política procíclica que nos conducirá a un proceso de recesión.

Muchas gracias.

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Me he sentido y me siento muy bien representado por la participación y por el tremendo esfuerzo que hicieron todos estos días los integrantes de nuestro partido y los de la coalición. Me refiero a las intervenciones y a lo que transmitieron en la jornada de hoy, tanto nuestro coordinador de bancada, el señor senador Lanz, como el señor senador Viera.

La idea que teníamos era ir desarrollando durante todas las jornadas que nos esperan cada uno de los temas, artículo por artículo, pero me parece que hoy, más que una discusión general, se terminó tratando lo puntual. En realidad, creo que eso es lo que nos espera en los próximos días, por lo que tenía previsto una intervención puntual en cada uno de los temas que se van a ir desarrollando. Me parece que dejamos pasar muchísimas cosas y no podemos permitirlo. Me refiero, por ejemplo, al tema del ingreso de funcionarios públicos porque se llegó a hablar hasta de ilegalidad y varios temas más.

La aclaración puntual que quería hacer, señora presidenta, es que no podemos dejar que vuelva a reiterarse la intervención del señor senador Sánchez que habla de una expresión del Gobierno con relación a lo que es el país para invertir. ¡Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas! Una es el punto de partida con respecto al presupuesto para los próximos años y la realidad del país y otra es lo que sigue siendo el Uruguay como un país de oportunidades y posibilidades de inversión. Nosotros siempre nos hemos mantenido en esa misma línea. Tan así es que este Uruguay protagonista y que nos tiene unidos en la misma línea, hoy registra la mayor inversión fuera de Finlandia, que es UPM. Eso no quiere decir que no nos demos el debate con respecto a la seguridad, a la educación y a otros temas más.

Por lo tanto, quiero aclarar que el señor senador Sánchez habló de cómo se presenta el Uruguay desde el ejecutivo. Esa es una realidad y casi todos coincidimos que no tiene que ver con el punto de partida que daba el miembro informante de la coalición, el señor senador Gandini, con respecto al presupuesto nacional. El señor senador Brenta no puede decir que todo el presupuesto está teñido de determinada forma, cuando van a votar 353 artículos de los 771. Hasta que se demuestre lo contrario durante el desarrollo del presupuesto en estos días, la cifra que dio el miembro informante muestra que la diferencia que tenemos…

(Dialogados).

–De los 771 artículos van a votar 353; luego hablaremos de los otros 418 hasta que demuestren lo contrario en el desarrollo de los próximos días. Esa es una diferencia de USD 40:000.000. ¡Demuestre lo contrario!

(Dialogados).

–¡Demuestre lo contrario! Lo dejé hablar todo el día y empezamos a las 10.

Señora presidenta: tenía la expectativa de que...

SEÑOR BERGARA.- ¡Esa aclaración está oscura!

SEÑORA PRESIDENTA.- Perdón, usted ya aclaró lo que tenía que aclarar.

SENADOR COUTINHO.- Entonces, voy a aclarar en el redondeo o le pido la palabra, porque ya estaba anotado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede anotarse si quiere.

SEÑOR COUTINHO.- En realidad, yo estaba anotado; me anoté hoy temprano.

SEÑORA PRESIDENTA.- No, senador Coutinho, usted iba a confirmar si quería anotarse o no, y no lo hizo.

(Dialogados).

–Usted ya hizo la aclaración, le dimos su tiempo y como hizo una alusión debo darle la palabra al senador aludido. ¿Lo anoto?

(Dialogados).

–Le agradezco.

Tiene la palabra el senador Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Gracias, señora presidenta.

No me queda claro por qué el senador Coutinho hizo una aclaración si todavía no intervino. Eso es algo que no puede realizar, porque según el Reglamento los senadores solo pueden aclarar cuando ya hicieron uso de la palabra y algún otro señor senador o señora senadora hace una interpretación distinta de esa intervención.

SENADOR COUTINHO.- ¿Usted estuvo todo el día acá para decir que yo no intervine?

SEÑOR SÁNCHEZ.- Como el señor senador no intervino…

SEÑOR COUTINHO.- No lo vi todo el día acá.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Le pido, señora presidenta, que me ampare en el uso de la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sé que están todos cansados, pero voy a pedir al senador Coutinho que deje hablar al senador Sánchez.

(Dialogados).

SEÑOR SÁNCHEZ.- Entonces, como el señor senador Coutinho no se ha anotado –capaz que lo hace ahora– y esa aclaración que hizo no sabemos a qué se debe –porque no hizo ninguna intervención– ni siquiera me puedo sentir aludido por alguien que no debería haber hecho uso de la palabra, porque está por fuera del Reglamento.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: voy a ser breve. Más allá de haber integrado la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, de haber trabajado en este presupuesto por treinta y seis días y de que mañana vamos a incursionar en el tratamiento de cada uno de los incisos y de los artículos, creo importante hacer una referencia genérica a lo que sin dudas es una norma importante y una herramienta fundamental, junto con la Ley de Urgente Consideración aprobada hace algunos meses, para el Gobierno nacional. Estamos convencidos de que ambas son herramientas necesarias y trascendentes.

Antes de comenzar, quiero decir que lo que señaló el señor senador Gandini en su exposición me comprende plenamente. Nos representó de la mejor manera; sin dudas fue abarcativo, contemplativo, específico, detallado y exegético en mucho mayor medida de lo que podríamos haberlo sido nosotros.

Por otra parte, con franqueza quiero hacer dos alusiones que no están referidas al Frente Amplio, primero porque no puedo atribuir intencionalidad, pero, además, porque es una fuerza política que respeto. Seguí atentamente estas doce horas de debate y vi a más de un senador leer párrafos del programa del Gobierno de la coalición y comparar la proyección de esas propuestas con lo que está plasmado en este proyecto de ley de presupuesto. Me parece que hacer esa comparación, salteando ni más ni menos que la pandemia que irrumpió trece días después de haber asumido el Gobierno es por lo menos –y reitero que me quiero cuidar en la calificación– algo que no encuadro dentro de lo que es buena fe. Evidentemente, después de lo que sucedió a partir del 13 de marzo, no es posible de ninguna manera llevar a cabo exactamente lo que se planteaba el pasado año, porque hoy todavía lo estamos padeciendo y todos somos conscientes de los coletazos económicos y sociales que están viviendo el país, la región y el mundo como consecuencia de esto.

Lo otro que quiero mencionar es una alusión que es recurrente en este tipo de instancias. A diferencia del senador Gandini que ya ha vivido seis presupuestos, yo solamente participé de dos ya que fui senador en el período anterior. Esta instancia, que todos asumimos como la más importante y trascendente, como la hoja de ruta para cualquier Gobierno, luego se termina desvirtuando en la discusión. La sección XIV de la Constitución de la república parece muy clara en cuanto a la hacienda pública y los seis artículos que regulan exclusivamente, inclusive en el caso del artículo 215, el rol del Poder Legislativo y la materia sobre la que debe expedirse en estas instancias. Sin embargo, todos fundamentamos –y está muy bien que así sea– más allá de eso.

Ahora bien, recurrentemente, cada vez que estamos hablando de estas instancias se habla de los logros de hace diez o quince años y se fundamenta que buena parte de lo que se proyecta se podrá hacer gracias a, por ejemplo, el Plan Ceibal o al Sistema Nacional Integrado de Salud y me parece que es una discusión que tendríamos que superar. ¿Por qué lo digo? Porque recuerdo que, en la instancia electoral del 2009, el expresidente Lacalle Herrera recorrió el país con un concepto que denominó la otra campana y en cada uno de los discursos comenzaba pidiendo un aplauso para el Plan Ceibal. Decía que luego iba a hacer una crítica legítima del planteo del Frente Amplio, pero como entendía que eso había sido algo positivo, que estaba bien y entendía había que mantenerlo, era justo destacarlo.

A su vez, con respecto al Sistema Nacional Integrado de Salud –que creo es necesario modificar en algunos aspectos– pienso que a nadie en el Uruguay se le ocurriría echarlo por tierra. Sería como endilgar al Frente Amplio –todos los Gobiernos tienen algo bueno y algo malo– que lo que hicieron bien fue gracias a los planes CAIF o a Mevir, porque otros Gobiernos crearon el Banco de Previsión Social o porque a mediados del siglo pasado se incorporó el aguinaldo. Creo que hay cosas que son del país.

Pertenezco a una generación que votó por primera vez en 1989. Cuando culmine este Gobierno habrán pasado treinta y cinco años y siete Gobiernos: dos del Partido Nacional, dos del Partido Colorado y tres del Frente Amplio. Estamos participando de una legislatura que tiene siete partidos, cosa que el país nunca tuvo. Por lo tanto, estoy convencido de que esto supone una nueva lógica de relacionamiento, lo que no quiere decir no estribar cada vez con más convicción, mucho más en este ámbito donde el debate es necesario porque fortalece la democracia. Las diferencias también, pero debemos asumir que hay que superar ciertas cosas. Aclaro que es un tema personal y que no involucro a mi partido en esto, pero hace pocos días me quedé pensando en esto, luego de un debate muy interesante que tuvimos en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Me refiero a las personas de derecho público no estatal. ¿Quién las creó? ¿El Frente Amplio? No. Lo hicimos los partidos tradicionales porque creíamos que tenía que haber una forma de gestionar mucho más ágil o que, por lo menos, permitiera superar los obstáculos que a veces aparecen en las contrataciones del Estado. El Frente Amplio estuvo en contra y luego de que pasan diez, quince o veinte años, proliferan, aumentan y son defendidas cada vez con más intensidad por ese partido y, a su vez, son criticadas o buscan cercenar su alcance, quienes la habían impuesto como una solución.

Estoy convencido de que esa es la situación y también estoy convencido de que, entre otras cosas, la pandemia –se escucha que llegó para cambiar al mundo entero en todos los aspectos o en muchos de ellos– acercó la lupa de la gente al sistema político.

Reitero que acá no estamos debatiendo por tradiciones partidarias y mucho menos por diferencias de corte personal; acá estamos hablando de ideas en las cuales estamos encontrados y que fueron bien fundamentadas. Ahora bien, si en cada instancia que tengamos, durante estos cuatro años y medio, se va a insistir en reivindicar qué hizo uno o qué no hizo otro y qué fue mejor o qué no lo fue, humildemente me parece que no es el camino. Tengo la expectativa de que se puede lograr, porque hoy he asistido a discursos de los representantes de todos los partidos aquí presentes y cada uno defendió con convicción su pensamiento; me parece que hubo discursos en ese sentido.

A mi juicio, el proyecto de ley de presupuesto se sostiene en dos aspectos. Primero, en lo propuesto por la coalición que ganó, que necesariamente tiene que plasmarlo, y mucho más por tratarse de una coalición que está doblemente legitimada para ello, porque tiene la legitimación del voto popular, pero además se conformó como tal para presentarse a esa aceptación popular con un compromiso firmado, en el que partidos distintos se aliaron con un propósito y un objetivo. Ese propósito, ese objetivo y ese acuerdo fueron acompañados por la ciudadanía por lo que, naturalmente, lo que pensamos y lo que estamos convencidos de que es necesario para el bien del país tiene que ir en esta propuesta de presupuesto.

En segundo lugar, hay que establecer objetivamente un punto de partida y es algo que se puede hacer. Que tengamos una interpretación de esa realidad o de ese estado de situación diferente es legítimo y posible; alguno calibrará si se puede gobernar con más o con menos déficit, cuál es el precio que paga un país con la inflación, con la disminución de su capacidad de exportación o si hay –como se señaló en una parte del debate– más o menos Estado. Me quedo con la definición del señor senador Viera, cuando mencionó todo el mercado posible, pero todo el Estado necesario.

En definitiva, señora presidenta, estamos convencidos de que este proyecto de ley de presupuesto es una herramienta necesaria, es buena y su resultado se va a ver. Es un proyecto de ley que contiene los lineamientos estratégicos y las orientaciones fundamentales que tiene el Gobierno para el quinquenio, y pone en consideración el escenario macroeconómico sobre el cual se proyecta el presupuesto. También analiza el contexto internacional, define el impacto de la pandemia de la covid-19, las consecuencias que tuvo en nuestro país y las proyecciones de las principales variables macroeconómicas. En esta iniciativa se presentan los lineamientos de la política económica, las proyecciones fiscales para los próximos años y la nueva institucionalidad fiscal que tiene como uno de sus componentes principales la regla fiscal para el Gobierno central que, precisamente, fuera aprobada en la Ley de Urgente Consideración. Asimismo, se presenta el programa financiero, la estrategia de gestión de la deuda, la estrategia de la inserción internacional del país y las políticas sectoriales que se proyectan para la actividad agropecuaria, la infraestructura y la industria; se presentan las políticas sociales a ser promovidas en el presente quinquenio por el Mides y por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay –INAU–; a su vez, se otorgan recursos para el Inisa y se presentan las políticas laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las políticas para la vivienda y la salud, y las propuestas en materia de educación, ciencia y tecnología. También se incluye al Ministerio de Educación y Cultura, así como las propuestas del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y las de otros organismos vinculados a la ciencia y a la innovación.

Un capítulo muy importante es el que refiere al concepto de la seguridad humana, que involucra en el tratamiento planes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional y del recientemente creado Ministerio de Ambiente.

Por acá va el rumbo del Gobierno, el camino en estos meses de gestión que ha sido y es un rumbo de trabajo, de firme convicción, y coincide con un tiempo de enormes desafíos. El Gobierno tiene esperanza en las posibilidades del país. Tenemos confianza en nuestro pueblo para comenzar un camino de desarrollo económico y social pleno y para ello es necesario lograr transformaciones. Estamos convencidos de que deben existir transformaciones que prioricen la generación de empleo para alcanzar un Estado más eficiente que permita que se focalicen las necesidades de la población más vulnerable y garantice a todos los habitantes del Uruguay el goce de las libertades que nos definen como sociedad uruguaya. En este aspecto resulta necesario aludir al concepto incluido en este proyecto de ley de presupuesto quinquenal que define la estrategia de inserción internacional comercial, en la que no se visualizan acuerdos comerciales como fines en sí mismos, sino como potentes instrumentos para mejorar la competitividad de las empresas uruguayas y, a través de esto, encontrar caminos que aumenten la cantidad y la calidad del empleo en el país. En ese sentido, la inserción internacional de Uruguay será dinámica, agresiva y diligente en la búsqueda de un tipo de acuerdo comercial que mejore la competitividad de nuestras exportaciones. Por eso entendemos –en ese sentido se está transitando– que debe ser prioritario mejorar las condiciones de acceso a los mercados mundiales en materia de bienes, de servicios, de ideas e inversiones asociadas, sin descuidar la vocación regional del país en el proceso de integración del Mercosur.

Me parece importante y justo reiterar y hacerme eco –nobleza obliga– de lo que se ha destacado con respecto al plan presentado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tal como fue reconocido en la propia Comisión de Hacienda por el señor senador Bergara, se trata de un plan ambicioso y completo. Retuve esa definición porque es a la que me afilio. Digo que es justo reiterarlo porque en la anterior legislatura me tocó en dos períodos presidir la Comisión de Transporte y Obras Públicas, y al menos en los pasados cinco años –no quiero hablar de las legislaturas en las que no fui legislador– esto fue un reclamo permanente. El propio ministro Heber lo hacía como senador y creo que eso le da valor.

Por eso, el reconocimiento a que la presentación de ese plan traiga todos los detalles que se proponen en cada una de las obras, es decir, cuáles se proyectan dentro de rehabilitación de obra, cuáles dentro del mantenimiento de obra, cuáles dentro de la movilidad de gestión pertinente, cuántos son y dónde van a estar ubicados cada uno de los 168 puentes. Además, se detalló al Poder Legislativo una inversión de más de USD 200:000.000 que va a ser de 10.108 metros. De los 90 puentes que va a hacer el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 32 los hará la CVU; 22, la Dirección Nacional de Vialidad; 37 se financiarán en el marco del acuerdo con UPM y 78 se harán por la PPP. Además, quienes somos del interior, andamos y vivimos en el interior, quizás le damos trascendencia a cosas que pueden ser pequeñas, como el hecho de que se nos presentara cada uno de los puentes proyectados. Por ejemplo, sobre el arroyo Pereira, en el kilómetro 79 de la ruta 1, se construirá un puente de 121 metros. Sobre el arroyo Pavón, en el kilómetro 90,530 de la misma ruta 1, se hará un puente de 78 metros de longitud. En el kilómetro 92,450 de la ruta 1, sobre el arroyo La Boyada, va un puente de 62 metros de longitud. En el kilómetro 106,250 de la ruta 1, sobre el arroyo Cufré, va un puente de 155 metros. En el kilómetro 132,600 de la ruta 1, sobre el arroyo Colla, va un puente de 150 metros. En el kilómetro 78,840 de la ruta 3, sobre cañada Varela, va un puente de 49 metros. Y así sucesivamente. Son todas obras nuevas.

Eso también es transparencia; es exponer al Poder Legislativo –que, entre otras cosas, tiene el control– lo que se va a hacer, lo que se proyecta, dónde, de qué manera y bajo qué modalidad. Por esas razones, me parece digno de destacar.

Además, este plan nacional de obra pública está directamente vinculado a un concepto que el país necesita, que es la competitividad, que implica un esfuerzo importante para mejorar la infraestructura física. ¿Por qué? Porque sin buena infraestructura física es muy difícil lograr crecimiento económico. Una carretera que no esté en buen estado obliga a un desvío de decenas o centenas de kilómetros, y eso puede hacer la diferencia para que una pequeña empresa de transporte sea viable o no, o para que los productos que se transportan sean competitivos respecto a nuestros vecinos.

¡Vaya si en materia de infraestructura vial viene a cuenta lo que decíamos cuando comenzamos a hablar de la corresponsabilidad que en este país tenemos todos los partidos que han gobernado y los que no también!

Uruguay tiene aproximadamente 78.000 kilómetros de red vial. Esto lo dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas cuando vino a la comisión y también lo envió en la exposición de motivos: existen 8.776 kilómetros de rutas nacionales, 38.883 kilómetros de rutas y caminos departamentales y 30.562 kilómetros de caminos de tierra y trillo de menor porte. Uruguay tiene una de las redes viales más vastas del continente y esto ha sido el resultado de esfuerzos realizados por distintos Gobiernos durante décadas. El problema radica en que, en los últimos años, señora presidenta, nuestras rutas se han deteriorado y han perdido calidad frente al desarrollo de otros países de la región. ¿Por qué razón? Por una combinación de factores. Primero, por el aumento de la carga. Estamos hablando de que se van a transportar 74.000 kilos en los tritrenes, como muy bien señalaba el ministro cuando estuvo en la comisión. A su vez, no han sido suficientes las inversiones y el mantenimiento, por lo que se requiere desarrollar un plan nacional de obra pública. Se están definiendo las prioridades y se vino al Parlamento nacional a decir cuáles eran, dónde estaban ubicadas, cómo se iban a hacer y de qué manera se podía llevar adelante este plan. Nos parece que cumplimos con un reconocimiento al Ministerio de Transporte y Obras Públicas por cómo presentó este proyecto.

Por supuesto que también nos parecieron muy importantes las referencias que se hicieron a la infraestructura portuaria. En este sentido, podemos señalar el impulso con que se viene trabajando en la hidrovía del río Uruguay para hacerlo navegable en un tramo de 500 kilómetros al norte de Salto Grande; la búsqueda de inversiones para reactivar el puerto de Juan Lacaze en Colonia, y las conversaciones que –como señalaba el ministro– se vienen desarrollando con las autoridades de Brasil a efectos de consolidar una hidrovía sobre la laguna Merín por medio del puerto Tacuarí, que mejoraría en forma sustancial, sin ningún tipo de dudas, la ecuación económica en la producción de toda la región.

En la exposición de motivos de este proyecto de ley de presupuesto nacional 2020-2024 queda también sustancialmente plasmado que el Gobierno nacional ha destacado a la política de vivienda como una de las principales áreas de este quinquenio. ¿Por qué? Porque las estimaciones más confiables en nuestro país están hablando de una falta de 70.000 viviendas. Esto representa 20.000 viviendas más que la cifra que surge del censo de 2011. Si a este déficit se le suma la demanda esperable en este próximo quinquenio, para el 2025 se estará generando un déficit aproximado de 87.500 viviendas.

Seguramente, como alguien señaló aquí, esa puede ser una de las causas del aumento del número de asentamientos que se registra en el Uruguay. Según Techos, en un informe del mes de febrero de este año, se pasó de 589 asentamientos en 2011, con una población de 165.000 personas, a 656 en 2018, con una población total de 200.000 personas distribuidas en 60.000 hogares.

Como me gusta ir a lo chico –será por ser paisano del interior– para entender con mayor facilidad lo grande, comparto un pedido de informes que hice hace quince días al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. La Unidad de Evaluación y Monitoreo me envió la información que solicité sobre los asentamientos en Ciudad del Plata, en mi departamento de San José. En 2011 había 299 viviendas en siete asentamientos y en el 2019 había 631 en nueve asentamientos. Sin duda, estamos ante un problema central de vivienda y aquí hay también un claro compromiso del Gobierno con este tema.

Uno de los objetivos fundamentales de la acción del nuevo Gobierno para este período va a ser la recuperación de la convivencia segura y pacífica. Debemos trabajar en ese propósito, que entiendo debe embarcarnos a todos, no solo porque lo establece la Constitución nacional –la seguridad es un derecho fundamental de los ciudadanos y creo que no existe contradicción entre seguridad y derechos humanos, ya que garantizar la seguridad de las personas y de las familias es el primer deber del Estado–, sino también porque estamos convencidos de que es posible recuperar la calidad de nuestra convivencia.

Si bien durante muchos años Uruguay fue un país seguro, en los últimos años dejó de serlo, y el Estado tiene el deber de asegurar protección a los habitantes de la república en todo su territorio. Para ello, en este proyecto de ley de presupuesto se proponen medidas concretas que creemos son el camino hacia ese objetivo.

Hablamos del fortalecimiento jurídico y simbólico de la Policía, de una reorganización en la Policía. A mi juicio, es necesario devolver a las comisarías el papel de unidades operativas básicas generadoras de información en el territorio y promotoras del vínculo con la población. Hay que trabajar en lanzar un combate frontal y decidido contra el crimen organizado; una de las luchas prioritarias es al narcotráfico y al crimen organizado. La batalla madre que hay que dar es contra el narcotráfico. Allí está el corazón del problema, porque erosiona la convivencia social, porque la droga está asociada al crimen, porque la droga genera violencia, porque la droga desintegra a la familia, porque la droga genera adicción y porque la droga lastima a la familia.

A su vez, creemos que es necesaria –y también tiene que ver con este proyecto– la profunda reforma que requiere el sistema carcelario. Por el Plan de Dignidad Carcelaria que presentó el señor ministro Larrañaga ante la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria de la Asamblea General –que tengo el honor de presidir– y que fuera aprobado por unanimidad, así como por el proyecto que presentó –coincidente en buena parte– el comisionado parlamentario para las cárceles, que también aprobamos por unanimidad, tengo la expectativa de que vamos a encontrar el ánimo para trabajar en una política de Estado en un tema que así lo requiere, porque tenemos cárceles donde se violan los derechos humanos. Nos lo dijeron hace algunos años autoridades de Naciones Unidas, en algo que tiene que avergonzarnos. De manera que hay que revertirlo. Hay que hacerlo, en primer lugar, por un tema humanitario; en segundo término, para cumplir el mandato constitucional y, en tercer lugar, para terminar con el círculo de la reincidencia, que lo único que hace es retrotraer violencia y delito.

Por eso y para eso en este presupuesto se establece la construcción de tres nuevas cárceles. Hay cuatro departamentos que tienen la cárcel en la propia jefatura. Generalmente, en el interior están ubicadas en el centro mismo, en el corazón de nuestras ciudades. En este caso, estamos hablando de Artigas, Tacuarembó, Flores y Treinta y Tres.

Además, como señaló el ministro Larrañaga cuando compareció ante la comisión, la de la ciudad de Trinidad se estaría acoplando en el marco de la cárcel existente en el departamento de Florida. Por eso y para esto se plantea en el presupuesto la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad de hasta 300 plazas, con el propósito, naturalmente, de separar a los delincuentes vinculados a los delitos más peligrosos de los demás.

En el marco de esta lógica, también se faculta a la contratación de hasta 1000 agentes policiales en retiro para efectuar actividades en las comisarías de las jefaturas de todo el país, con cuatro años de contrato y la posibilidad de extenderlo a dos años más. Por eso también se faculta al Poder Ejecutivo a contratar hasta 750 agentes de policía, hasta 750 agentes para la Guardia Republicana y hasta 500 cargos para agentes en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

SEÑORA BIANCHI.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–27 en 30. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Gracias, señora presidenta y señores senadores.

Voy a hacer una referencia breve a una alusión que hizo el señor senador Bonomi respecto a la inconstitucionalidad de algunos artículos a los que refirió. Voy a ser breve porque mañana vamos a discutir el inciso. El señor senador señalaba que estos artículos coliden, a su entender, con lo que establece la disposición transitoria y especial **V) de la Constitución nacional. En mayo de 2017, el máximo órgano del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, cambió su posición sobre la disposición transitoria y especial **V) de la Constitución, que fue introducida en 1994 por una enmienda constitucional. Esta disposición, que fuera aplicada por más de veinte años, ahora es considerada por la Suprema Corte de Justicia como de carácter transitorio, con la consecuencia de su no aplicación.

Estamos hablando de la Sentencia Interlocutoria n. º 628/2017, de 8 de mayo de 2017. Es un pronunciamiento que por unanimidad asumió la Suprema Corte de Justicia y constituye un verdadero giro en el posicionamiento del máximo órgano del Poder Judicial respecto del cumplimiento del mandato constitucional previsto en el literal **V) de las disposiciones transitorias y especiales de nuestra carta magna.

En esta oportunidad desestimó por unanimidad la solicitud presentada por entenderla manifiestamente improponible en base a una argumentación que no ingresa en la apreciación, que es propia de la Corte, en verificar la naturaleza del acto legislativo en cuestión y la consecuente determinación de la existencia de un supuesto modificativo de la materia seguridad social, seguros sociales o previsión social. Me parece importante destacar algunos de los argumentos en los que se sustenta esta posición de la Suprema Corte de Justicia.

Por ejemplo, señala: «El peticionante pretende que la Corte declare la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones mediante un particular mecanismo sometido a una condición que ya se verificó con el dictado de la resolución No. 338/1995 del 15 de setiembre de 1995 [...] En efecto, tal como lo han sostenido estudios especializados, la disposición letra V” de la Carta es de carácter transitorio, por lo que actualmente ya no tiene aplicación, lo que impide acceder a lo solicitado».

Con respecto a esto último, también se acude a una obra del doctor José Korzeniak –profesor, exsenador–, donde el autor realiza un listado en el que detalla aquellas disposiciones que estima no son transitorias, y no incluye allí ninguno de los dos literales V de las disposiciones transitorias y especiales.

Por otro lado, se transcribe la opinión del doctor Daniel Hugo Martins, que sostiene: «Esta disposición debió ser eliminada en la reforma constitucional de 1996 por haber agotado sus efectos. La Suprema Corte de Justicia por resolución No. 338 de 15 de setiembre de 1985 indicó las normas que quedaron sin efecto».

Después se cita al doctor Correa Freitas, que señala: «La Suprema Corte de Justicia, por Resolución n.º 338 de 15/9/95, indicó las normas legales a las que debe aplicarse esta declaración de inconstitucionalidad».

Mañana vamos a fundamentar más abiertamente, pero nos parecía importante realizar estas apreciaciones dado el planteamiento del senador Bonomi.

A su vez, queremos reconocer que en el caso del artículo 132 –me refiero a la numeración del proyecto que vino de la Cámara de Representantes–, lo retiramos ante la consideración que hizo algún senador del Frente Amplio en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, porque entendemos que allí sí claramente había una inconstitucionalidad.

Señora presidenta: las cuentas fiscales parten de una situación compleja por parte del aumento del gasto de la Administración anterior, y a esto se le debe sumar la pandemia, para lo cual no se escatimaron recursos públicos. Asumimos el Gobierno con una situación comprometida. El déficit en el 2001 era del 3,4 % y en 2019, del 4,7 %. La deuda bruta en el 2001 era del 48 % y la deuda bruta en 2019 fue del 66 %. Como se decía, desde el 2004 al 2019 se logró un crecimiento del PBI del entorno del 65 %, pero la recaudación, en ese mismo período, creció en 110 %, y lamentablemente los gastos, en ese mismo período, crecieron en 118 %. Esa es la realidad.

Recuerdo una frase que señaló el señor senador Gandini cuando discutimos la última rendición de cuentas, hace algunos meses, en el sentido de que a veces nos ayuda a dar un sentido más práctico, más tangible de la situación cuando se habla de números y de estadísticas. En la última rendición de cuentas del 2019, los intereses que se pagaron por la deuda alcanzaron los USD 2.030:000.000, y la totalidad de lo que se recaudó por todo concepto de IRPF más IASS, en ese mismo año, fue de USD 1.970:000.000. No se pudo alcanzar el monto necesario para pagar los intereses.

Por lo tanto, este presupuesto propone, a nuestro juicio, una mejora significativa en el resultado fiscal para el 2021, basado en un gasto más eficiente, más prudente, más focalizado en las personas. Desde el 2022, el gasto se mantiene constante con la incorporación gradual de algunos programas, y este esfuerzo fiscal va a lograr detener el aumento de la deuda. En el 2020 la deuda bruta alcanzó 13 puntos del PBI y, repito, esto va a lograr estabilizarla.

Confiamos en el equipo económico. Confiamos en el Gobierno. Es un proyecto de ley de presupuesto que busca mejorar la actividad económica con recuperación de empleo, con competitividad a partir de transformaciones, que en algunos casos se esbozan en este proyecto.

El proyecto de ley de presupuesto quinquenal, cuya aprobación se propone hoy al Senado de la república, se compromete a cuidar las finanzas públicas. Es un presupuesto responsable y transparente, como han señalado los senadores y las senadoras de la coalición de gobierno que han hecho uso de la palabra. Estamos convencidos de que es un proyecto de ley dinamizador o que propende a la dinamización de la actividad económica, que no pone más impuestos al trabajo y a la producción, que deja de lado la lógica incremental en un enfoque que promueve un presupuesto centrado en la persona y no una mera sumatoria de gastos de las distintas dependencias del Estado.

En resumen, señora presidenta –y ahora sí termino–, el proyecto que se plantea es la construcción de un país más libre, más justo y próspero.

SEÑORA DELLA VENTURA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CAMY.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora. Dispone de poco tiempo.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Simplemente quiero decir que entendí la explicación de la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, en la Constitución están las disposiciones transitorias y especiales, desde la A hasta la W. Entiendo que algunas de estas disposiciones pueden ser leídas de diferente forma y otras no; que algunas pueden tener vigencia y otras no, de acuerdo con lo que expresó recién el senador Camy. Voy a leer lo que dice la disposición **V): «Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 216 y 256 y siguientes de la Constitución de la República, declárase la inconstitucionalidad de toda modificación de seguridad social, seguros sociales, o previsión social (Art. 67) que se contenga en leyes presupuestales o de rendición de cuentas, a partir del 1.º de octubre de 1992…».

Quería dejar esa constancia.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Quiero responder a la señora senadora que la interpretación de la Constitución de la república la hace la Suprema Corte de Justicia y no los senadores.

SEÑOR BONOMI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CAMY.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BONOMI.- En aras de la brevedad, le digo al señor senador que no voy a sentirme personalmente aludido.

Por otra parte, sobre eso de que se puede hablar mal del Gobierno pasado pero no bien, tampoco voy a sentirme aludido desde el punto de vista político.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- He finalizado, señora presidenta.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora Rodríguez.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- En primer lugar, quiero agradecer y felicitar a los integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda –presidida por el señor senador Penadés– y agradecer a sus secretarios, a los secretarios de despacho y a los asesores por facilitarnos nuestra tarea con el excelente trabajo que han realizado.

Señora presidenta: quiero expresar que comparto lo expuesto por mis colegas senadores en cuanto a que todos queremos, sin duda, lo mejor para nuestro país. No obstante, y sin entrar en un debate filosófico ni en querellas políticas, debo hacer notar que acá hay algo central que estamos perdiendo de vista: el equipo económico ha presentado un presupuesto acorde a los recursos de que se dispone. El presupuesto nacional es como el de un hogar, es decir, es parte de un ingreso, de determinados recursos que son finitos y la clave está en distribuirlos de la mejor manera posible, o sea, de una forma eficiente y responsable. Obviamente, a todos nos gustaría tener mayores recursos para administrar, más allá de que es cierto que gastar más no garantiza mejores resultados. De todas maneras, no tenemos más, sino todo lo contrario.

Queda claro que con los recursos de que disponemos se ha elaborado el mejor presupuesto posible para dinamizar la economía, generar empleo y mantener las políticas sociales, de manera de apoyar a los sectores menos favorecidos y más castigados que hoy lo necesitan más que nunca.

Como dije, y como todos sabemos, la planificación del presupuesto parte de un monto finito, de recursos limitados y, además, hoy más que nunca, por la emergencia sanitaria, estamos en un escenario de mayor incertidumbre. La clave es que la distribución de esos recursos sea eficiente, responsable, realista y sostenible en el tiempo. Este presupuesto cumple con todos esos requisitos y, además, está enfocado en la gente.

Tenemos bien presente la pandemia provocada por la covid-19, que motivó una situación de emergencia sanitaria que afecta a todos y de la que nadie en ningún país del mundo quedó libre; todas las economías entraron en recesión, y la nuestra, que es tan dependiente de la coyuntura internacional, obviamente no fue ajena a ello. Además, no podemos olvidar que recibimos un país con más de seiscientos asentamientos, es decir, con aproximadamente 200.000 uruguayos viviendo en condiciones precarias. El derecho a la vivienda digna es un derecho humano y no puede ser postergado; todos tenemos derecho a contar con los servicios básicos.

En esta misma línea, otra muestra del fracaso del Gobierno anterior es la triste realidad de las personas en situación de calle, otro aspecto que salió a la luz por la emergencia sanitaria: miles de personas viviendo en la intemperie; hablamos de más de 2000 personas que en 2019 estaban en situación de calle. Este Gobierno no esperó a la instancia del presupuesto para atender a estos compatriotas, sino que actuó de forma inmediata y les brindó lugares dignos. ¿Dicen que no resultará fácil sacarlos a todos de la situación de calle? Por supuesto que no va a ser fácil, y ¿sabe por qué, señora presidenta? Porque algunos integrantes del Gobierno anterior consideraban que vivir en la calle era una opción de vida; eso se fomentó y, bueno, el que quiere vivir en la calle, vive en la calle. Revertir esa situación nos va a demandar realmente muchísimo trabajo. Acá no se trata de justificar, pero debemos reconocer que no se hizo absolutamente nada por esos compatriotas. ¿Por qué no se los atendió? Porque muchos de ellos eran personas con problemas psiquiátricos, otros eran consumidores de sustancias y algunos habían estado privados de libertad, habían salido y no tenían dónde estar. Bueno, para esos requerimientos no había una opción.

Señora presidenta: traigo a colación todo esto porque a nosotros se nos exigen determinadas cosas. Hoy, cuando escuchaba a la señora senadora Nane sentí mucha satisfacción porque a ella sí le preocupa ver a compatriotas en la calle, pero no todos pensaban igual.

(Interrupciones).

–Lo que dije en cuanto a que esa era una opción de vida, lo hice con propiedad, y están las versiones taquigráficas que lo avalan.

Como decía, a nosotros se nos está exigiendo, en nueve meses que llevamos de gobierno, la rehabilitación en las cárceles. Del tema de las cárceles después vamos a hablar –mañana o pasado–, pero no nos pueden exigir eso siendo que fuimos observados por organismos internacionales debido a las condiciones infrahumanas en que estaban viviendo los privados de libertad.

Otro aspecto que la pandemia dejó al descubierto fue la triste realidad de muchos uruguayos sin trabajo aun antes de que en marzo de este año llegara el virus a nuestro país. Muchos trabajadores se encontraban en la informalidad; hablamos nada menos que de 400.000 uruguayos sin seguridad social y fuera del sistema, hablamos de muchas personas que, si no fuera por las ollas populares, no tendrían un plato de comida. A propósito de ello, el presidente ordenó hace muy pocos días un relevamiento de las ollas populares para poder brindarles mayor asistencia.

En consecuencia, la pandemia desenmascaró una realidad diferente a la que nos vendieron.

Me pregunto, señora presidenta, si estábamos tan bien, ¿cómo puede ser que en marzo, a dos semanas de asumir el nuevo Gobierno, cuando la covid-19 llegó a Uruguay, ya había familias haciendo cola, lamentablemente, por un plato de comida o pidiendo asistencia estatal? Lo que pasa es que la pobreza tiene múltiples dimensiones; no se puede medir únicamente por los ingresos. Ahora sí lo dice la oposición, porque le sirve reconocer que la pobreza es multidimensional y que no se puede atender solamente la dimensión de los ingresos. Lo vengo diciendo desde hace muchísimos años –incluso en esta misma sala–, pero me criticaron diciendo que no sabía leer los números. Ahora se acomoda el discurso y se reconoce que la pobreza es multidimensional. ¿Cómo? ¿No saben leer los números? El relato cayó.

Lo mismo pasa con el tema de la cuarentena obligatoria. Se exigía paralizar el país en forma absoluta, con lo que eso conlleva. Además, es muy contradictorio, ya que cuando se trata de disuadir una aglomeración para evitar la propagación del virus y cumplir con las medidas sanitarias, enseguida se salta con el relato de la represión. Se están agitando fantasmas: que el presupuesto quitará la asistencia en prestaciones, que se recortarán las políticas sociales y que se desconocerán los avances en la agenda de derechos, pero no es verdad. Se está faltando a la verdad.

Reconocemos los avances durante estos quince años de gobierno del Frente Amplio, que visibilizó a determinados colectivos. ¡Claro que los reconocemos! También reconocemos que no se les cambió la vida, que se invirtió mucho y realmente no les llegó lo que estaban –o estábamos– esperando.

No se cumplió con la Ley n.º 18651, sobre discapacidad y tampoco con la Ley n.º 19122. Entonces, encontramos muchísimas incoherencias.

Si vamos a hablar del tema de los niños, niñas y adolescentes, podemos poner el ejemplo de El Tribal; cuando se trate el tema del INAU haremos referencia a la situación terrible que vivieron los chicos y las chicas de ese centro.

¿Qué podemos decir de las organizaciones civiles amigas que administraban cinco o seis CAIF a nivel país y luego desaparecieron, dejando a cientos de niños sin la alimentación?

Esas son las incoherencias; el «no al pago de la deuda externa» –que se incrementó, porque no se cuidó– y el «no a las multinacionales». Se repitió una y otra vez: «a desalambrar, a desalambrar». Pasaron quince años desalambrando y nunca se vendió tanta tierra a extranjeros como en estos últimos. Y es a nosotros que nos tildan de insensibles. ¡Por favor!

Tomaremos algunos de los ejemplos que tiran abajo estos comentarios. Uno de ellos es que tras cuatro años se hizo justicia y reabrimos el Centro de Ciegos Tiburcio Cachón; quienes acudían allí fueron echados en 2016, sin rehabilitación, sin nada. No fuimos nosotros los insensibles; estuvimos allí, y en junio de este año logramos recuperarlo.

Del mismo modo, en este presupuesto atendimos el reclamo de la población con discapacidad visual y excluimos a los inmuebles del ex Instituto Artigas y Pronadis del Programa de Racionalización de Bienes Inmuebles del Estado. Estos permanecerán dentro del Mides para seguir siendo destinados a esta población.

También garantizamos la accesibilidad de personas ciegas y de baja visión a los sitios web.

Dentro del Mides hemos creado una división de promoción de políticas para la población afrodescendiente, que tan perjudicada y postergada ha sido siempre. Dotamos a la temática de jerarquía dentro del ministerio otorgándole rango legal, asignándole un presupuesto propio, todo lo que hasta el momento no existía. Esto significa que no será letra muerta, como muchas veces ha sucedido.

Señora presidenta: son muchas las cosas que tendríamos que mencionar cuando nos dicen que somos insensibles, que estamos recortando. En 2018 se recortaron planes sociales. Acá dice: «Sin aviso ni argumentos el Ministerio de Desarrollo Social decidió reducir las prestaciones alimentarias que otorgaba el Instituto Nacional de Alimentación. El impacto lo sienten niños y embarazadas con riesgo nutricional, enfermos crónicos y organizaciones sociales de todo el país». Los funcionarios de esa institución manifestaron: «Al cambiar los criterios, está saliendo mucha gente de esta prestación. No es mucha plata, pero todo es de ayuda para quien no tiene la posibilidad de llegar a fin de mes. La lucha debería ser para que fuera mucho mejor. Estamos perdiendo un derecho adquirido». Esto fue en 2018, señora presidenta.

Acá no hay recortes, como se manifiesta. Por ejemplo, se puede observar que el Mides, en el rubro alimentación, pasa de $ 743:000.000 en 2019, a $ 1.140:000.000 para el presupuesto de 2021; en atención a la vulnerabilidad extrema se pasa de $ 742:000.000 a $ 1.011:000.000; en atención a la dependencia a la discapacidad, de $ 1.400:000.000 a $ 1.765:000.000 y en atención a la violencia basada en género, de $ 179:000.000 a $ 290:000.000, aumentó un 60 %. Con este aumento se pueden extender los programas de tobilleras a los diecinueve departamentos –solo estaban en doce– y se logra que la atención telefónica sea las veinticuatro horas. Recordemos que la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género, a pesar de ser aprobada en épocas de bonanza, no contó con presupuesto; por tanto, la ley no salía del papel. Hoy en día, a pesar de la crisis se le asigna presupuesto, se crean las unidades de género y los juzgados de género. Es indiscutible que se trata de un presupuesto con el acento puesto en la gente que más lo necesita.

Señora presidenta: quiero finalizar expresando que una cosa es lo que vemos, lo que oímos, por supuestos recortes o falta de sensibilidad de este Gobierno, y otra cosa muy distinta y visible es la realidad sobre lo que viene siendo la respuesta de las autoridades y la gestión de la pandemia por parte del Gobierno que, como hemos mencionado, a solo dos semanas de haber asumido, debió enfrentar esta crisis que puso al mundo de cabeza y, sin embargo, no ha merecido más que reconocimiento a nivel internacional.

Este es un presupuesto inspirado en los que menos tienen, es un presupuesto con la gente y para la gente. Nosotros, señora presidenta, no somos agitadores de banderas del pobrismo, nosotros combatimos la pobreza.

Muchas gracias.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra para contestar una alusión política por haber estado en el Mides.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- En primer lugar, quiero decir que es una lástima que el documento que entregamos al presidente en marzo no haya sido leído por los senadores de la coalición de gobierno, porque contenía un capítulo que planteaba mecanismos de protección sanitaria y no la cuarentena obligatoria. Así que descartemos que el Frente Amplio plantea la cuarentena obligatoria; no lo digamos más, porque es algo que nunca estuvo planteado en ningún documento orgánico del Frente Amplio. En el documento que se le brindó al presidente estaba la propuesta sanitaria del Frente Amplio, entregada por Javier Miranda. A mí y al señor senador Bergara, particularmente, nos tocó representarlo.

Además, ahí también decía que la renta básica de emergencia debía ser un salario mínimo líquido; por lo tanto, el cálculo no puede ser bruto. Decía que se debía descontar las partidas que se daban de asignación familiar, si algo recibían, y por eso daba nada más que la suma de
USD 80:000.000 por mes.

Entonces, si queremos hablar de las propuestas que el Frente Amplio hizo sobre la crisis de la covid-19, vayan a ese documento que tiene 42 medidas, todas ellas siguen vigentes, entre otras cosas, porque solo nueve de ellas fueron puestas en funcionamiento, por lo cual hay 33 que seguimos reivindicando.

Por otra parte, cuando el Instituto Ceres publicó una información que parecía que era la novedad de la pobreza multidimensional –no sabemos con qué objetivo hizo ese trabajo–, había 22 trabajos sobre pobreza multidimensional hechos por el Mides. El Mides tenía un cálculo. Cuando yo llegué al ministerio el subsecretario era Meléndez y ya estaba programada la presentación de un trabajo sobre pobreza multidimensional; y eso se siguió actualizando. Porque una cosa es medir la pobreza, que es un indicador que se usa en todas partes del mundo con cierta homogeneidad, y otra cosa son las políticas contra la pobreza, y el índice de carencias críticas que mide las transferencias monetarias es multidimensional. Más aún, no tiene ingreso, no solo es multidimensional, sino que además el ingreso no está incluido en el índice. Por lo tanto, dejemos de discutir esto de la contradicción; la pobreza multidimensional es un factor clave en las políticas, y la medición por ingresos es muy importante para saber en qué lugar estamos. También quiero decir –no sé cuántas veces lo hemos escuchado– que se ve que la lectura de los informes del Instituto Nacional de Estadística no formaba parte de la rutina diaria, porque se sorprendieron por la informalidad de 400.000 personas. Basta ir al informe del Instituto Nacional de Estadística sobre personas no registradas en la seguridad social, que es la manera de medir la informalidad, en 2005 era 42 % y en 2019 era de 24,7 %, o sea, 400.000 personas.

Lo último que voy a decir es que nos parece muy importante la preocupación por las ollas populares. Esperamos que en los días que quedan se pueda votar una propuesta, que no se votó en comisión, de un fondo especial para las ollas populares. Esperemos que se recapacite y se vote ese fondo.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Gracias, señora presidenta.

Quiero hacer tres aclaraciones muy breves.

La primera es sobre la vivienda; recomiendo que se lea el plan quinquenal que envía el Poder Ejecutivo que va a estar en consideración esta semana, que reconoce que el último período, desde 2006, pasamos de casi 200.000 viviendas, no hogares, en condiciones de precariedad, a menos de la mitad.

La segunda es una definición. Voy a escribir un libro acerca de los recortes del INDA, porque cuando teníamos cerca de 200.000 personas comiendo en subsistencias tuvimos recortes salvajes; alcanza con tener memoria.

La tercera aclaración que voy a hacer es que es evidente que hay un incumplimiento de la Ley n.° 19691, pero recordemos que se votó a fines de 2018 y tuvo un año de margen donde esa norma no obligaba a la inmensa mayoría de las empresas. Sin embargo, en ese año de vacación legal ingresaron más de veinte personas en situación de discapacidad. Y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, que no conocía el informe de la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, no pudo explicar –consta en las actas– cómo en las 5200 empresas en las que tenían que haber ingresado personas en situación de discapacidad, este año, que no gobierna el Frente Amplio, apenas ingresaron cinco. ¡Hay que hacerse cargo!

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- En primer lugar, yo fui muy clara cuando manifesté que la pobreza no se puede medir solamente por ingresos. Fui sumamente clara, fue lo primero que dije y quiero dejar constancia de eso, no se mide solo por ingresos. No empecemos a dar vueltas porque fui clarísima.

Y cuando me referí a los 400.000, estaba hablando del famoso relato, de que se utilizó muchísimo.

En segundo término, en M24 el doctor Tabaré Vázquez dijo que pedía la cuarentena obligatoria. Entonces, vamos a terminar con los relatos.

Considero que acá no estamos para enfrentamientos, sino para reconocer. Nosotros también dentro de cuatro años vamos a realizar un análisis de las cosas que hicimos bien y de lo que hicimos mal. Les puedo asegurar que yo voy a ser la más crítica con mi Gobierno y, si se hicieron mal las cosas, lo voy a reconocer. Por lo tanto, lo que no salió bien, no salió bien; vamos a reconocerlo.

Acá no estamos para enfrentarnos de un lado unos y del otro lado los otros: de un lado los buenos, los defensores, y del otro lado los malos, que están en contra de todo y recortan todo. No es así.

Estamos en tiempos de pandemia, estamos en momentos difíciles. Vamos a dar una esperanza a toda la ciudadanía, que es lo que está esperando de nosotros.

Muchísimas gracias.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Con la delicadeza que el momento amerita, quiero señalar que la referencia a la solicitud de la cuarentena obligatoria es al pedido que en su momento hizo el doctor Tabaré Vázquez, cuyo liderazgo en el Frente Amplio supongo que nadie desconocerá. Sería lo mismo decir que las únicas referencias que valen de lo que se diga en el Partido Nacional son las que se hagan a las afirmaciones del doctor Pablo Iturralde, que es el presidente del partido, y que no valen las afirmaciones de Luis Lacalle Pou. Creo que es muy clara la situación.

En lo demás, hablamos de cuatrocientos veinte mil indigentes, pero, en realidad, la pensión o el salario era solo para trescientos mil. Además, el salario era con descuentos. No era de $ 16.300, que es el salario mínimo, sino que le hacían el descuento. Además, les iban a descontar lo que ya estaban cobrando.

(Interrupciones del señor senador Olesker).

–Claro, es indudable que la propuesta es del Frente Amplio.

SEÑORA PRESIDENTA.- Les solicito a los señores senadores que no dialoguen.

SEÑOR BOTANA.- Yo, sinceramente, creí que iban a hacer una propuesta que realmente fuera la que la gente tenía la expectativa de que iba a recibir. No sabía que les iban a dar el salario líquido y que, además, les iban a descontar lo otro. ¿Qué les quedaba, al final? Una limosna, iban a recibir...

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador Botana, ¿ya aclaró?

SEÑOR BOTANA.- No. Discúlpeme, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Bueno: aclare.

SEÑOR BOTANA.- ¿Sabe por qué corrigieron? Porque se dieron cuenta ustedes mismos de la exageración; se dieron cuenta ustedes mismos del gasto que eso significaba. Por eso fue que hicieron todos estos descuentos a la propuesta inicial.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador, voy a pedirle que cuando hable se dirija a la Mesa y si es posible no abramos el debate mirándonos entre todos porque el Reglamento no lo habilita. Le agradecería que colaborara con la Mesa.

Ha finalizado la lista de oradores.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–18 en 31. Afirmativa.

9) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que la sesión pase a cuarto intermedio hasta el martes 1.° de diciembre a las 10:00, a fin de continuar con la consideración del presupuesto nacional, ejercicio 2020-2024». (Firman los señores senadores Carrera, Lanz, Lozano y Penadés).

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 10.

(Así se hace, a las 23:14, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores Andrade, Asiaín, Bergara, Bianchi, Bonomi, Botana, Brenta, Camy, Canon, Carrera, Coutinho, Da Silva, Della Ventura, Domenech, Gandini, Lanz, Lazo, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Meléndez, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Rodríguez, Sánchez, Sanguinetti, Sartori y Viera).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

José Pedro Montero Secretario

María Alcalde Directora general subrogante del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.