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N.º 24 - TOMO 608 - 22 DE JULIO DE 2020

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

23.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta y GLORIA RODRÍGUEZ Primera vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO, Y LOS PROSECRETARIOS, VICTORIA VERA Y ADRIÁN JURI

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) y 12) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

– Varios señores senadores solicitan se cursen los siguientes pedidos de informes:

- con destino al Ministerio de Educación y Cultura, por el que solicita información de varios organismos dependientes de dicho ministerio;

- con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con los refugios para personas en situación de calle.

• Oportunamente fueron tramitados.

5) y 13) Proyectos presentados

– Los señores senadores Domenech, Lozano y Manini Ríos presentan un proyecto de ley por el que se establece un régimen jurídico especial de comercio fronterizo para las micro-, pequeñas y medianas empresas instaladas o por instalarse en zonas de frontera del país.

• Pasa a la Comisión de Hacienda.

– Varios señores senadores presentan un proyecto de ley por el que se declaran de interés general la preservación y la defensa de la soberanía nacional de los recursos naturales.

• Pasa a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

– Varios señores senadores presentan un proyecto de ley referido a incompatibilidades de los funcionarios de los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional.

• Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

– Varios señores senadores presentan un proyecto de ley referido a las vacantes del Estado y la reserva de porcentajes para colectivos históricamente discriminados.

• Pasa a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.

6) Exposición escrita

– Varios señores senadores solicitan se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionada con declaraciones que realizó en el pasado el actual vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

• Se procederá de conformidad.

7) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

8) y 15) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Cosse, Mujica, Peña, Talvi, Abreu, Coutinho y Domenech.

– Quedan convocados los señores senadores Nane, Sánchez, Hunter, Sanguinetti (Carmen), Da Silva y Pintado.

– Se toma la promesa de estilo al señor Marcos Methol, luego de lo cual se lo declara investido de su cargo de senador.

9) Fondo de garantía

– Por moción de los señores senadores Viera, Lozano, Gandini y Bergara, el Senado resuelve declarar urgente y considerar el proyecto de ley por el que se habilita a garantizar créditos a empresas constituidas en el país.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

10) Rectificación de trámite

• A solicitud del señor senador Carrera, el Senado resuelve pasar a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca el proyecto de ley por el que se declara de interés general la preservación y la defensa de la soberanía nacional sobre los recursos naturales.

11), 14) y 16) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019

– Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 20 de julio de 2020

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo miércoles 22 de julio, a las 10:00, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

– Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019.

Carp. n.º 211/2020 - rep. n.º 126/2020 - anexos I, II y III

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Andrade, Asiaín, Bergara, Bianchi, Bonomi, Botana, Camy, Carrera, Da Silva, Della Ventura, Domenech, Gandini, Hunter, Kechichian, Lazo, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Piñeyro, Pintado, Rubio, Sánchez, Sanguinetti (Carmen), Topolansky y Viera; ingresa con posterioridad, por licencia del titular respectivo, el señor senador Methol.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Abreu, Astori, Cosse, Coutinho, Mujica, Peña, Sanguinetti (Julio María), Sartori y Talvi; se retira con licencia el señor senador Domenech.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:01).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que comunica que ha dictado una resolución por la que designa a la señora Verónica Dodera en calidad de miembro integrante en el Directorio de la Agencia Nacional de Vivienda.

AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

El Poder Ejecutivo remite un mensaje, de conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la república, a efectos de acreditar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al señor César Rodríguez Zavalla.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se crea la Campaña Nacional de Concientización y Prevención del Abuso Sexual Infantil Intrafamiliar.

A LA COMISIÓN ESPECIAL DE DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD Y GÉNERO.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación policial aplicable a los espacios fronterizos entre los Estados partes del Mercosur, suscrito en la ciudad de Bento Gonçalves, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2019;

• por el que se aprueba el Acuerdo operativo para la implementación de mecanismos de intercambio de información migratoria entre los Estados partes del Mercosur, suscrito en la ciudad de Santa Fe, República Argentina, el 16 de julio de 2019.

La Comisión de Hacienda eleva informado el proyecto de ley por el que se habilita al Sistema Nacional de Garantías a garantizar operaciones de crédito de grandes empresas.

REPÁRTANSE E INCLÚYANSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda eleva informado el proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2019.

HA SIDO REPARTIDO Y SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Junta Departamental de Canelones remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor edil Sergio Pereyra, relacionadas con el bicentenario del Pacto de Ávalos.

La Junta Departamental de Paysandú remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor edil Hermes Pastorini, relacionadas con el aniversario del golpe de Estado.

TÉNGANSE PRESENTES.

El Tribunal de Cuentas remite el dictamen e informe correspondientes a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Gobierno central, ejercicio 2019.

OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDOS A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA.

El Ministerio de Desarrollo Social remite nota por la que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación de un pedido de informes del señor senador Guido Manini Ríos, relacionado con la situación jurídica del servicio de vigilancia contratado por dicha secretaría.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR GUIDO MANINI RÍOS.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuestas a los siguientes pedidos de informes:

• de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley n.º 16134, de 24 de setiembre de 1990, realizado por el señor senador Charles Carrera, relacionado con el cumplimiento del Decreto n.º 90/2020, de 11 de marzo de 2020, que fija el máximo de ejecución presupuestal para el ejercicio 2020.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR CHARLES CARRERA.

• Realizado por el señor senador Raúl Lozano, relacionado con mecanismos de remuneraciones especiales vigentes en la Dirección General Impositiva.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR RAÚL LOZANO.

El Ministerio de Salud Pública remite respuestas a los siguientes pedidos de informes:

• Realizado por la señora senadora Sandra Lazo, relacionado con la designación del director general de la Junta Nacional de Salud.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA SEÑORA SENADORA SANDRA LAZO.

• Realizados por el señor senador Carlos Camy:

- relacionado con la integración y condiciones de contratación de parte del equipo profesional del Hospital Policial, del Hospital Maciel y del Hospital de Tacuarembó;

- relacionado con las tasas de mortalidad por accidentes cerebrovasculares;

- relacionado con el tratamiento de personas con accidentes cerebrovasculares por parte de instituciones públicas y privadas ante situaciones de emergencia.

Asimismo, remite nota por la que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación de un pedido de informes del señor senador Carlos Camy, relacionado con los criterios y datos estadísticos publicados por la cátedra de Neurología en el informe “Mortalidad por enfermedades no trasmisibles Uruguay, diciembre 2019”, sobre la medición de la mortalidad por accidentes cerebrovasculares.

OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS AL SEÑOR SENADOR CARLOS CAMY.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite respuesta de la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (Mevir-Doctor Alberto Gallinal Heber) a un pedido de informes hecho por el señor senador Amín Niffouri, relacionado con la situación de su gerencia general.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR AMIN NIFFOURI.

Los señores senadores Oscar Andrade, Mario Bergara, Eduardo Bonomi, Charles Carrera, Amanda Della Ventura, Liliam Kechichian, José Carlos Mahía, Silvia Nane, Sandra Lazo, José Mujica, Liliana Queijo, Enrique Rubio y Lucía Topolansky solicitan, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del Reglamento del Senado, se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionada con declaraciones que realizó en el pasado el actual vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

SE VA A VOTAR OPORTUNAMENTE».

4) PEDIDOS DE INFORMES

(Pedidos de informes consignados en la nómina de asuntos entrados).

«Los señores senadores Oscar Andrade, Mario Bergara, Eduardo Bonomi, Charles Carrera, Amanda Della Ventura, Liliam Kechichian, José Carlos Mahía, Silvia Nane, Sandra Lazo, José Mujica, Liliana Queijo, Enrique Rubio y Lucía Topolansky solicitan, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Educación y Cultura, por el que solicita información de varios organismos dependientes de dicho ministerio;

• con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con los refugios para personas en situación de calle.

OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

5) PROYECTOS PRESENTADOS

(Proyectos consignados en la nómina de asuntos entrados).

«Los señores senadores Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establece un régimen jurídico especial de comercio fronterizo para las micro-, pequeñas y medianas empresas instaladas o por instalarse en zonas de frontera del país.

A LA COMISIÓN DE HACIENDA».

(Texto del proyecto de ley presentado).

«Los señores senadores Oscar Andrade, Eduardo Bonomi, Charles Carrera, Carolina Cosse, Amanda Della Ventura, Sandra Lazo, José Mujica, Daniel Olesker y Lucía Topolansky presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declaran de interés general la preservación y la defensa de la soberanía nacional sobre los recursos naturales.
A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN».

(Texto del proyecto de ley presentado).

6) EXPOSICIÓN ESCRITA

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el envío de la exposición escrita consignada en la nómina de asuntos entrados.

(Se vota).

–11 en 12. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita).

7) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- En la sesión ordinaria del día 15 de julio no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del día 15 de julio faltó con aviso la señora senadora Rodríguez.

A la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del día 14 de julio faltaron con aviso los señores senadores Coutinho y Sartori.

A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del día 14 de julio faltó con aviso el señor senador Coutinho.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del día 21 de julio faltó con aviso el señor senador Peña.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 21 de julio de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el miércoles 22 y el jueves 23 de julio.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Carolina Cosse. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que la señora Carmen Beramendi ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Silvia Nane, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 20 de julio de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia durante el día 22 de julio de 2020 al amparo del artículo 1.° de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos particulares.

Saludo a usted atentamente.

José Mujica. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

12 en 14. Afirmativa.

Queda convocado el señor Alejandro Sánchez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 21 de julio de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, para el día 22 de julio del corriente año.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Adrián Peña. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 18. Afirmativa.

Se comunica que el señor Pablo Lanz ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Ana Hunter, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 22 de julio de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia sin goce de sueldo, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, los días 22 y 28 de julio.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Ernesto Talvi. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 18. Afirmativa.

Queda convocada la señora Carmen Sanguinetti, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 21 de julio de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, para la sesión del próximo miércoles 22 de julio.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Abreu. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 22. Afirmativa.

Queda convocado el señor Sebastián Da Silva, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 21 de julio de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por los días 22 y 23 de julio del corriente.

Sin más, saludo a usted atentamente.

Germán Coutinho. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Se comunica que el señor Germán Cardoso ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Luis Pintado, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

9) FONDO DE GARANTÍA

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde ingresar al orden del día.

Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la carpeta n.º 212/2020, proyecto de ley por el que se habilita a garantizar créditos a empresas constituidas en el país». (Firman los señores senadores Viera, Gandini, Lozano y Bergara).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Repártase.

Se pasa a considerar, pues, el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se habilita a garantizar créditos a empresas constituidas en el país. (Carp. n.º 212/2020 - rep. n.º 127/2020)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA.- Gracias, señora presidenta.

Este proyecto es una ampliación del beneficio establecido en la Ley n.º 18172, del 31 de agosto de 2007 –cuyo destino fue regulado por el artículo 505 de la Ley n.º 18362–, por la que se creó un fondo de garantía a fin de atender a aquellas pequeñas y medianas empresas que no podían acceder a créditos, justamente, por falta de garantía. Es decir que este fondo habilita que pequeñas y medianas empresas puedan acceder a ese beneficio.

Dadas las circunstancias –conocidas por todos– que vive el país debido a la pandemia, a la crisis sanitaria, y las consecuencias que esta apareja en materia económica y financiera, que influyen directamente en lo social y en el mercado laboral, es deseo del Poder Ejecutivo –deseo compartido por la Comisión de Hacienda– habilitar todos los mecanismos posibles para que las fuentes de trabajo sean preservadas. Por lo tanto, se entendió de recibo ampliar la posibilidad de acceso a ese fondo de garantía –reglamentado en el artículo 505 de la Ley n.º 18362– a todas las empresas y no solamente a las pequeñas y medianas.

En el artículo 1.º del proyecto de ley se establece, justamente, el acceso de todas las empresas –cualquiera sea su porte– al fondo de garantía.

En el artículo 2.º se establece: «El Fondo de Garantía tomará en cuenta la reserva que garantice la atención de solicitudes de micro-, pequeñas y medianas empresas y las mejores prácticas de manejo de riesgos a partir del cambio de estructura generado por lo previsto en el artículo 1.º de la presente ley». Esto significa que el acceso de las grandes empresas al fondo de garantía no le quitará ni le restará posibilidades a quienes son el objeto primario de este beneficio: las micro-, pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, en el artículo 3.º se establece un plazo de vigencia para la extensión de este beneficio: «El plazo de vigencia de la presente ley se extiende hasta doce meses después de lo establecido en el artículo 12 de la Ley Nº 19874…». Esto se hizo en el entendido de que, una vez concluida, felizmente, la emergencia sanitaria, este fondo deberá seguir asistiendo –para eso fue pensado y creado– únicamente a las pequeñas y medianas empresas.

Es cuanto debo informar, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Muchas gracias, señora presidenta.

Con este proyecto de ley se completa la asistencia financiera, en este momento de crisis, a la totalidad del aparato productivo nacional.

Las grandes empresas, a pesar de su reducido número, ocupan una buena porción del empleo nacional y satisfacen una buena parte de la demanda de productos en el país y, especialmente, de la oferta exportable del Uruguay.

Por lo tanto, creo que esta es una medida sabia para salvar no solo a estas empresas, sino a la producción primaria del país y a muchas de las pequeñas empresas cuya finalidad es, justamente, trabajar al servicio de estas grandes empresas.

La limitación de montos y de plazos hace que esta asistencia vaya dirigida, especial y únicamente, al capital de giro, y por eso votamos con la más absoluta tranquilidad, sabiendo que no vamos a tener un solo desvío de los objetivos que nos hemos planteado.

Muchas gracias.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: queremos fundamentar nuestro apoyo a este proyecto, en el sentido de habilitar, en el marco del combate a las consecuencias económicas de la pandemia, herramientas que fueron generadas en Gobiernos previos, en este caso el sistema de garantías creado, como bien decía el senador Viera, en el 2007 y reglamentado un tiempo después.

El diagnóstico que llevó a la creación de este sistema de garantías era, justamente, algo que los economistas llamamos compensar una falla de mercado, pues había dificultades de acceso para las micro-, pequeñas y medianas empresas, no porque sus proyectos no fueran potencialmente viables ni porque ellas no fueran objeto de crédito desde ese punto de vista, sino por su incapacidad de presentar garantías antes de empezar a desarrollar actividades. Por ese motivo se crea este seguro, este colchón de aportes que hace el Estado –que se generó en su momento en la Corporación Nacional para el Desarrollo–, para cumplir ese objetivo. Por lo tanto, conceptualmente está pensado para asistir a las micro-, pequeñas y medianas empresas en el tema de garantías para el acceso al crédito.

Obviamente, con el proyecto que estamos aprobando hoy, esto se amplía a grandes empresas, pero con otro objetivo. Aquí el objetivo no es compensar la incapacidad de las grandes empresas para presentar garantías –porque se supone que van a tener capacidad de presentarlas en tiempos normales–, sino utilizar esta herramienta de manera transitoria, a efectos de evitar que las empresas en el Uruguay, sean del tamaño que sean, tengan un problema de racionamiento del crédito y no puedan obtener un alivio imprescindible en momentos en que la pandemia tiene impactos económicos y financieros muy importantes.

Por estas razones nosotros acompañamos la utilización de esta herramienta de manera transitoria; eso es algo que se agregó en un nuevo artículo en el marco de la discusión en la Comisión de Hacienda y que, justamente, permite que este sistema sea utilizado por las grandes empresas hasta pasados doce meses del momento en que el Poder Ejecutivo declare la finalización de la pandemia. A partir de ese momento el sistema de garantías pasa a su razón de ser original, es decir, a ser utilizado esencialmente por micro-, pequeñas y medianas empresas.

(Suena el timbre indicador del tiempo).

–Asimismo, lo que planteamos y agregamos en comisión es que el hecho de que este sistema sea utilizado por las grandes empresas no puede ir en detrimento de la disponibilidad de las garantías que soliciten las micro-, pequeñas y medianas empresas. El Poder Ejecutivo garantizó –dado que estamos hablando de un sistema de garantías– que van a trabajar con fondos separados y, por lo tanto, va a estar asegurada la disponibilidad para las micro-, pequeñas y medianas empresas. De todas maneras, nos parecía importante dejar eso plasmado en la norma. También se dejó en claro que se reformularían las condiciones para que las grandes empresas puedan acceder a este sistema, que evidentemente son diferentes a las de las mipymes, así como las prácticas vinculadas a la evaluación del riesgo del fondo en su conjunto, porque la gracia de tener un fondo común de garantías es la diversificación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe, señor senador. No sé si escuchó el timbre que indica que terminó su tiempo.

SEÑOR BERGARA.- Perdón, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Podría ir redondeando, por favor?

SEÑOR BERGARA.- No sabía que había un tiempo determinado. De todos modos, redondeo con el siguiente concepto: la estructura de riesgos cambia porque no es lo mismo otorgar miles de préstamos pequeños que conceder algunos muy grandes, y eso también lo incorporamos en el proyecto de ley.

Con la salvedad de que estamos pensando esto como la utilización, para la coyuntura, de una herramienta generada previamente, vamos a acompañar este proyecto y su articulado.

Gracias, señora presidenta. Y gracias por la tolerancia.

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo 1°.- Habilítase al Fondo de Garantía a que refiere el artículo 332 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, cuyo destino se encuentra regulado por el artículo 505 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008, a garantizar créditos a todas las empresas constituidas en el país.

El referido fondo podrá capitalizarse con cargo al fondo a que refiere la Ley N° 19.874, de 8 de abril de 2020».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2.º del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo 2°.- El Fondo de Garantía tomará en cuenta la reserva que garantice la atención de solicitudes de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y las mejores prácticas de manejo de riesgos a partir del cambio de estructura generado por lo previsto en el artículo 1º de la presente ley.

El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones y requisitos que las grandes empresas deberán cumplir, a efectos de acceder al Sistema Nacional de Garantías».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 3.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo 3°.- El plazo de vigencia de la presente ley se extiende hasta doce meses después de lo establecido en el artículo 12 de la Ley Nº 19.874, de 8 de abril de 2020, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 505 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

10) RECTIFICACIÓN DE TRÁMITE

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- En la hoja 9 del repartido de asuntos entrados hay un proyecto de ley que presentamos algunos senadores del Frente Amplio y que fue remitido a la Comisión de Constitución y Legislación. Solicitamos que se rectifique el trámite y se destine a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, ya que se trata de un proyecto de ley relativo al tema de las tierras.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2019

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a la consideración del único punto del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio 2019. (Carp. n. º 211/2020 - rep. n.º 126/2020 - anexos I, II y III)».

(Los anexos I, II y III se encuentran disponibles en https://parlamento.gub.uy).

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Tengo el honor de comunicar al Cuerpo el informe en mayoría en representación de los partidos de la coalición, que en el Parlamento representan al Gobierno nacional.

La comisión consideró el mensaje que envió el Poder Ejecutivo, pero, como es sabido, todo proyecto de ley está integrado por su articulado y, además, por la exposición de motivos que, cuando se trata de una ley presupuestal, consiste en un informe económico-financiero.

La comisión se vio enfrentada a la curiosa circunstancia de tener que aprobar las cuentas públicas del ejercicio 2019 y, al mismo tiempo, considerar una exposición de motivos crítica y cuestionadora de las cuentas públicas. Eso nos llevó a pensar bien dónde estábamos parados. Se da esta curiosa situación cada tanto tiempo, cuando se cruzan dos circunstancias diferentes: el Gobierno nuevo informa las cuentas del que se fue, pero en este caso, además, cambió el partido de gobierno. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar las cuentas públicas de un Gobierno que fue de otro partido, que hoy integra la oposición. La gente quiso un cambio de gobierno, pero a nosotros nos toca informar cómo se ejecutaron las cuentas de ese período, porque el último año forma parte del ciclo presupuestal del último Gobierno. En ese sentido, entendimos que la lógica era rechazar la rendición de cuentas, como lo hicimos con las cuatro anteriores –las de 2015, 2016, 2017 y 2018–, por discrepar básicamente con el enfoque y los resultados. Sin embargo, en aquellas circunstancias no se impedía la aprobación de las rendiciones de cuentas porque las mayorías permitían un resultado afirmativo, con lo que quedaban consagradas en la ley. Ahora, si rechazáramos –como era nuestra intención– la rendición de cuentas, generaríamos un vacío en la legislación, no habría ley sobre el ejercicio 2019 y, por lo tanto, los estados de cuentas, los tomos que acompañan la rendición de cuentas y el propio informe no formarían parte de la historia económica del país. Eso llevó a que encontráramos un camino por el cual le agregamos un segundo artículo, que es interpretativo, y declara que la aprobación del primer artículo no valida la política económica, la gestión ni los resultados, sino que, por el contrario, los rechaza. La verdad es que creemos que se trata de una buena solución porque en dos artículos logra sintetizar lo que en apariencia puede ser una contradicción del Poder Ejecutivo cuando envía la propuesta de aprobación y, al mismo tiempo, una exposición de motivos y un informe económico-financiero críticos respecto a la gestión de esos años, y más críticos con relación a los resultados. Esa es la manera de pasar raya a la gestión del Gobierno anterior, por más que algún señor senador que está en sala –a quien estimo en lo personal– haya dicho públicamente que lo que estamos presentando en este segundo artículo es una terrajada total.

SEÑOR RUBIO.- ¡Se quedó corto!

SEÑOR GANDINI.- Es una ofensa –a la que en sala se le siguen agregando otras– a todos nosotros, en particular a la señora senadora Asiaín quien, con su fina pluma –es una mujer de derecho– y mediante las consultas jurídicas que hizo a sus colegas docentes y a los mejores en su disciplina, logró dejar estampado con claridad, en un segundo artículo –haciendo historia porque no recuerdo, al menos desde 1985 a la fecha, una rendición de cuentas que tuviera un segundo artículo en este capítulo–, que cuando aprobamos las cuentas en la rendición del ejercicio 2019 no convalidamos la gestión ni los resultados. Lo decimos claramente cuando establecemos que «la aprobación de la presente ley lo es de las normas de presentación de los balances y no implica aval ni validación de la gestión reflejada en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2019, cuya gestión y resultados se rechazan y condenan». Y se condenan porque, nos guste o no, los estamos heredando.

Quiero rechazar expresiones que no son de estilo, porque podemos discrepar, pero no es bueno calificar las intenciones o las condiciones –y menos desde una élite– con esa expresión, pretendiendo que los demás son de menor calificación o categoría intelectual o social. A eso refiere esa expresión, acuñada popularmente, que no tiene lugar en el Diccionario de la lengua española.

Bienvenida, entonces, esta iniciativa, que tuvo el respaldo unánime de la coalición de gobierno y que así será remitida a la Cámara de Representantes.

Como decía, esta rendición tiene antecedentes, y la más parecida fue la del 2004; hago referencia a esto porque se mencionó por allí. La rendición de cuentas del 2004, que se aprobó en el 2005, ya en el primer Gobierno del Frente Amplio, contó con los votos del Partido Colorado y del Frente Amplio. Quiero recordar que no era igual a esta: tenía veinticuatro artículos –y no uno–, que referían a modificaciones presupuestales hacia el futuro, que merecieron diferentes valoraciones de quienes tuvimos que dar nuestro voto. Con todo, el déficit fiscal con que, después de la terrible crisis que atravesó el país en 2002 y 2003, recibió el Gobierno del Frente Amplio la gestión del 2004, fue del 1,9 %. ¿Con más pobres? Sí. ¿Con menos trabajo? Sí. Pero con una economía en crecimiento franco, con el cumplimiento de las obligaciones, sin el default recomendado por quien gobernaba en ese momento –lo había planteado cuando estaba en la oposición– y con un déficit fiscal contenido, aunque fue año electoral. Por supuesto, ese Gobierno perdió la elección; pagó un alto costo político, pero estuvo a la altura de lo que el país espera de un gobierno serio: se hizo cargo de la situación, corrigió, pagó los costos y entregó un país en crecimiento y con cuentas públicas que fueron elogiadas en la exposición de motivos y en el informe económico-financiero por el Gobierno de turno y, en particular, por quien asumía el Ministerio de Economía y Finanzas, el contador Danilo Astori. Hasta aquí las referencias a los antecedentes de esa época.

Estamos analizando la rendición de cuentas del 2019, que no refiere a un año aislado, sino que forma parte de un ciclo presupuestal que comenzó con el presupuesto del 2015, que se fue planificando en cada una de las variables para los ejercicios siguientes, y que se fue corrigiendo en las rendiciones de cuentas que constituyeron leyes de materia presupuestal. Por lo tanto, el 2019 no es un año aislado, sino que es producto de la conducción económica del ejercicio del Gobierno pasado.

En el 2015, para sorpresa de todos, ese Gobierno presentó un presupuesto quinquenal para dos años; dijo que era el presupuesto para 2016 y 2017, y que en la rendición de cuentas de ese último año habría un nuevo presupuesto, que iba a regir en el 2018, 2019, y el espejo hacia el 2020. Esa fue la propuesta que se nos hizo y la explicación fue que habían encontrado al país –que venía de un Gobierno del mismo partido– peor de lo que esperaban. Esas fueron las palabras del propio presidente Tabaré Vázquez. No sabían que estábamos ante una situación tan compleja desde lo económico.

Entonces, como había muchos compromisos presupuestales desde la campaña electoral, se generó esa idea: contener el presupuesto y los gastos comprometidos para que, luego del 2017, hubiera un nuevo presupuesto más expansivo que, con una situación económica más favorable, permitiera cumplir con las promesas. Decía la exposición de motivos: «En función del análisis realizado, y en el marco de una elaboración colectiva realizada por el Poder Ejecutivo sesionando en Consejo de Ministros durante sucesivas jornadas de trabajo, se definió que el Presupuesto, además de prever los recursos necesarios para satisfacer el incremento de gasto producto de decisiones adoptadas en anteriores legislaturas, dispondrá de recursos incrementales para atender las prioridades del plan de gobierno para los años 2016-2017. A su vez, las sucesivas Rendiciones de Cuentas serán el instrumento idóneo para asignar, de acuerdo con los análisis y decisiones que se tomen oportunamente, mayores partidas presupuestales a los efectos de continuar avanzando en los compromisos de gobierno».

En la página 1 de ese documento se decía: «Las condiciones y perspectivas económicas internacionales, y en particular regionales, en las cuales se desenvuelve la economía nacional no constituyen un recurso para explicar las dificultades o los avances económicos y sociales experimentados en el pasado o que se prevén en el futuro». Esto hacía alusión a un debate previo en la campaña electoral sobre el viento de cola que había soplado en la economía regional y mundial, que había favorecido al país en lo que respecta a las exportaciones, al precio de las materias primas, a las tasas de interés y demás. Y aquí respondían que lo que pasaba en el mundo no influía ni para bien ni para mal en la economía nacional. Puedo volver a leerlo porque esto ha dado para muchos comentarios, pero está escrito.

En el presupuesto del 2015 el Gobierno esperaba que la tasa de crecimiento del PIB fuera convergente al 3 %, apoyado en el impulso del consumo interno y en el dinamismo exportador generando, a su vez, condiciones de mediano y largo plazo para el crecimiento futuro a través de una fuerte inversión en capital fijo: la formación bruta de capital. Se proyectaba que la inflación, finalmente, tendiera al centro del rango meta, entre el 3 % y el 7 %, al 5 %, y que desde el 2017 en adelante ya quedara dentro del rango. En materia de trabajo se preveía que el crecimiento de la economía fuera lo suficientemente sólido para sostener un moderado aumento del empleo, acorde al crecimiento poblacional de nuestro país, con un incremento salarial importante del orden del 2 % real. Naturalmente, en esta ficción que el anterior Gobierno proyectó en el presupuesto del 2015, la estabilidad de las finanzas públicas –se iba a lograr que el déficit fiscal convergiera al 2,5 % al final del período– iba a permitir sostener el endeudamiento estable en el entorno del 62 % al 63 % del PIB, y la deuda neta tendiendo al 3,8 % del PIB.

La rendición de cuentas del 2015, que fue aprobada para regir a partir del 1.º de enero de 2016, en realidad contuvo un segundo megaajuste. El primero había sido el gran ajuste del 2007, con una reforma tributaria que prometió recaudar USD 1.500:000.000 más, solamente por el IRPF al trabajo. Esa rendición de cuentas se puso a consideración del Parlamento cinco meses después de que comenzara a regir el presupuesto, que era por dos años. O sea, esa rendición de cuentas con ajuste fiscal, era la confesión del fracaso, y recogía buena parte de las críticas que veníamos haciendo a las proyecciones que había realizado el equipo económico. Le decíamos: «El mundo no va para donde usted cree», «Hay deterioros», «No vamos a tener crecimiento como usted proyecta, ni aumento del precio en nuestras materias primas, ni aumento del empleo como se proyecta», etcétera. Bueno, así ingresó esa rendición de cuentas. La lógica, como en otros años, fue la del realismo mágico, la de soñar con una realidad que no se daba. El ministro de Economía y Finanzas de ese momento, en su clásica postura de catedrático, que sostenía muchas veces cuando venía al Parlamento, en setiembre del 2015, durante el debate presupuestal, seguía afirmando que la necesidad de un análisis riguroso de la situación económica debía ser considerada un punto de partida ya que era indispensable para diseñar una estrategia presupuestal. Dijo que quien no conocía la realidad en la que estaba trabajando no podía jamás hacer un presupuesto, no podía hacer un plan ni podía elaborar una expresión fiscal y financiera de ese plan, y que el punto inicial era saber dónde se estaba parado y en qué realidad se estaba viviendo. Agregó que cuando se refería a la realidad aludía a la nacional y a la internacional.

Esta visión fue la que generó la ruptura, porque el ministro Astori venía construyendo esa idea de un análisis de la realidad y proyectaba un crecimiento que después llamaba «espacio fiscal» para adjudicar en la columna del gasto el crecimiento que habíamos tenido y el que imaginábamos que íbamos a tener, y este es rígido, fijo y difícil de recortar después. Es como la reforma de la seguridad social del 2008, que generó cambios en el sentido contrario al que ahora vemos que hay que generar, y provocó un gasto expansivo, muy generoso, pero que cada año incrementa nuestras transferencias a la seguridad social en USD 100:000.000. Esa era la idea. Ese realismo mágico permitía desarrollar la concepción presupuestal de que la economía iba a crecer más que el gasto y este, por lo tanto, podía crecer hasta alcanzar la proyección del crecimiento de la economía; a eso llamó «espacio fiscal». Nosotros hoy lo llamamos «déficit fiscal».

A tales efectos, en el 2016 el Gobierno nacional decidió implementar un plan de consolidación fiscal que el ministro había definido como «conciliar audacia con responsabilidad». Ese era el eje conceptual de su presupuesto, que unos meses después se transforma en un plan de consolidación fiscal con el objetivo de recaudar el 1 % más del producto bruto interno.

En el presupuesto Astori realizó algunas aclaraciones y dijo que cuando hizo la presentación inicial del presupuesto había señalado que no habría nuevos impuestos ni aumentos de los existentes. Esto fue dicho en sala. Lo que antes era malo pasó a ser bueno. Se hizo un ajuste en las mejoras de las condiciones de la población y en la distribución del ingreso. Para ello se propuso modificar tasas y deducciones del IRPF y el IASS, así como aumentar la materia gravada en el IRAE y tantas otras cosas que después recordaremos. Se había pronosticado que el IRPF iba a recaudar USD 300:000.000, pero en los primeros dos años recaudó USD 500:000.000 y USD 600:000.000, respectivamente, y ya en 2018 recaudó USD 1.800:000.000; tampoco alcanzó.

¿Cómo fueron los números proyectados mirando esta rendición de cuentas? Tomemos algunas variables.

El presupuesto nacional previó que en el 2019 el PBI iba a tener un crecimiento del 3 %, que la rendición de cuentas del 2017 corrigió a un 3,3 % –¡incrementó!–, pero la del 2018 bajó a un 0,7 %, y terminó siendo de un 0,2 %. Esto, sumado al 0,2 % del primer trimestre de este año, terminó consolidando una recesión por el estancamiento de dos trimestres de la economía.

¿Cómo fue la inversión proyectada? El presupuesto previó para el 2019 un crecimiento del 5,1 %, que la rendición de cuentas del 2017, que venía con el empuje del ajuste del 2016 –consolidación fiscal–, aumentó a 6,6 %; pero en el 2018 se corrigió a 1,9 % y terminó siendo 1,4 %.

Con el consumo pasó lo mismo: el presupuesto lo previó en 3,5 % para el 2019; la rendición de cuentas del 2017 lo redujo al 3 %; la del 2018 lo llevó a 0,8 % y terminó en 0,5 %.

Podríamos mirar así otras variables y ver que todas se deterioraron con relación a las proyecciones.

En cuanto al PBI, debemos decir que el del 2019 fue el peor de los últimos quince años. En el primer Gobierno del Frente Amplio se incrementó el PBI en 27,8 %; en el segundo, en 26,8 %, y en el tercero, en 6,6 %. El último año, 2019, el incremento fue de 0,2 %, el peor de todos.

Los sectores que más crecieron fueron el agro, las comunicaciones y el comercio. El primero creció por la demanda; las comunicaciones subieron, pero es un sector que tiene muy baja demanda de mano de obra. Por su parte, las actividades más intensivas, las primarias, la industria y la construcción mostraron un panorama decreciente. Las tarifas aumentaron, en algunos casos por encima de la inflación, y como decíamos, la inversión cayó, precisamente en el período –vale la pena recordarlo– en que el presidente Vázquez convocó a los coordinadores al Edificio Libertad –los primeros días de su presidencia– para exponer sobre los USD 12.500:000.000 en que iba a incrementarse la inversión. Lamentablemente esto no llegó a darse; la inversión cayó, la privada más que la pública.

No me quiero detener en la inflación, pero sí decir que el 2019 cerró en 8,8 % y fue uno de los más altos del período. En marzo se entregó el Gobierno con una inflación medida a febrero de 10,5 % –interanual de ese mes, es verdad– que fue la mayor desde el 2006.

El desempleo fue creciendo –de manera importante– y la tasa de actividad también tuvo deterioros. El desempleo pasó de niveles del entorno del 6,5 % en 2014 –registros tendenciales– al orden del 8,5 % anual. La pérdida de empleo ha afectado a todos los sectores, especialmente a la construcción y a los vinculados a los sectores transables de la economía. En número de personas, la población desocupada subió aproximadamente en unas 72.000 desde el 2014 y hoy se ubica en el entorno de las 190.000. Si consideramos a los subempleados, la cifra alcanza a unas 370.000 personas –cifra anterior a la pandemia–, que equivale al 21 % de la población activa.

Tuvimos algunos deterioros importantes en materia social: 10.000 desempleados más en 2019 que en 2018, y más asentamientos en los últimos años; los datos que tenemos muestran que en 2019, respecto de 2010, pasaron de 562 a 656, y que unas 230.000 personas habitan en ellos. También hay más gente viviendo en la calle, y el último año fue notorio el aumento; según las fuentes del Mides, de aquel momento aumentaron un 73 % con relación al año anterior. En 2019 hubo 25.000 pobres más que en 2018. Según un informe elaborado por el Instituto Cuesta Duarte, en 2019 había 469.000 personas ocupadas que recibían $ 20.000 líquidos al mes por cuarenta horas de trabajo y, de ellos, 290.000 eran asalariados; por su parte, 144.000 personas no alcanzaron los $ 16.000 líquidos.

Sé que hay un relato de transformación del país empezando por los más desfavorecidos y que en los primeros años la hubo, pero en los últimos se perdió parte de lo que se avanzó; los números lo marcan y esa es la herencia que recibimos. El Estado fue el gran empleador que amortiguó esa caída en esos mismos años.

Los homicidios se duplicaron desde 2005, los hurtos se multiplicaron una vez y media, y las rapiñas se cuadruplicaron; y no es cierto que los delitos venían aumentando. En el período 2000-2004, los delitos violentos –excepto los hurtos– se mantuvieron estables con una pequeña movida en el 2002. Pero reitero que en ese quinquenio estuvieron estables. Creo que también hay que mirarlos porque son datos que parecen interesantes.

Sabemos los problemas que heredamos en la educación: ausentismo crónico, ausentismo, el resultado de nuestros muchachos cuando egresan. Tengo aquí los datos, pero no los quiero aburrir.

Ese es el contexto.

Pero si miramos la situación fiscal veremos que el 4,7 % –que, en realidad, debe corregirse a los 5 puntos porque hubo un extraordinario manejo de canje de deuda; pero quedémonos con el 4,7 % para no entrar en discusiones– supone el peor año de los últimos treinta, porque ni siquiera en la crisis de 2002 la diferencia o el déficit –no el presupuestal, sino el consolidado– llegó a tales montos. En estos últimos cinco años tuvimos un déficit acumulado de USD 11.000:000.000, por lo que en los quince años de gobierno frenteamplista el déficit acumulado fue de USD 18.000:000.000. De ese total, USD 7.000:000.000 correspondieron a los Gobiernos anteriores –USD 1.300:000.000 al primer Gobierno de Vázquez y USD 5.600:000.000 al Gobierno del presidente Mujica– y USD 11.000:000.000 a este período. Solo en este último año el déficit fue de USD 2.800:000.000 –por supuesto que es el récord– y el 2018 se arrimó con USD 2.500:000.000. Aclaro que siempre hablo del déficit consolidado.

Me tomé el trabajo de mirar cómo fueron los tres años preelectorales, es decir, 2009, 2014 y 2019, porque curiosamente había un senador que hablaba mucho del carnaval electoral. El 2009 fue el de mayor déficit del ciclo; 2014, con el 3,5 %, fue el año de mayor déficit del ciclo, y 2019 fue el de mayor déficit de los últimos treinta años, y por supuesto que del ciclo.

Tuvimos un gran ajuste en 2007; un ajuste en 2005, donde se modificó la tasa consular, no se prorrogó la exoneración de IVA a la carne de ave, ovina, cerdo, pollo, etcétera, se eliminó el ajuste por inflación para liquidar el IRAE –digo esto porque viene bien recordar todas estas cosas cuando la inflación era menor del 10 %–, aumentó el Imesi a los cigarrillos y el tabaco al 15,5 %, y a esto hay que sumar algunas modificaciones menores administrativo-contables, como la modificación del IVA en gastronómicos y turísticos, y el impuesto al patrimonio. Se decía que, junto con la mejora del resultado fiscal de las empresas públicas, se incrementaría el aporte de estos a rentas generales, pero ello no era por ajuste de eficiencia, pese a los reiterados compromisos de gestión, sino por aumento de tarifas a los servicios públicos y la no rebaja del combustible. A su vez, se modificaron el Fondo de Solidaridad, la contribución inmobiliaria rural y la aplicación del impuesto de primaria en los predios rurales. También se gravaron con impuestos el 5 de Oro, la Tómbola, la Quiniela, las carreras de caballos, Netflix, las aplicaciones, etcétera; no había más dónde rascar.

Desde 2005, el PBI aumentó un 73 % en valores constantes y la recaudación de la DGI fue del 123 %. Es decir, la recaudación aumentaba, teníamos un gobierno cada vez más rico y unas finanzas públicas cada vez más pobres. Mientras el Gobierno recaudaba más, el déficit era mayor.

La primera gestión de Tabaré Vázquez generó un incremento en la recaudación del 49 %; la segunda, del 27 % sobre la anterior, y esta última, de un 19 % sobre ella. Es decir que cada vez se recaudó más. Contrariamente a todos los números expuestos, la recaudación de la DGI en el 2019 fue la más alta desde 2004. Reitero: siempre se recaudó más.

La presión fiscal de la DGI sobre el producto pasó del 16 % en el 2004, al 21 % al final del año pasado; pero el gasto siempre le ganó a la recaudación. Esa proyección, ese realismo mágico que construía la expectativa de que íbamos a crecer más de lo que realmente lo hicimos en cada año y en cada ciclo, fue generando una brecha entre una variable –o una columna– y la otra que resultó en el aumento del déficit y, por consiguiente, del endeudamiento.

La deuda bruta del sector público global del período 2015-2019 –el que estamos analizando– aumentó unos USD 5.600:000.000, pues pasó de USD 31.560:000.000 a USD 37.160:000.000; las reservas cayeron USD 600:000.000, y la deuda neta, en ese mismo período, aumentó USD 6.200:000.000. O sea que la deuda bruta que recibió el Gobierno de Tabaré Vázquez, que era del 59 % del producto, terminó en un 68 %, mientras la deuda neta que recibió era del 33 % –porque en 2015 fue del 36 %, pero la que recibió era del 33 %– en 2019 termina siendo del 43,5 % del producto.

Voy a leer un informe del exministro de Economía y Finanzas, contador Astori, así queda en la versión taquigráfica. Al momento de la presentación del Presupuesto nacional, período 2015-2020, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, decía: «La primera,» –se refería a la presentación– «que es la síntesis de la situación financiera, es la evolución de la deuda neta respecto al producto bruto interno con una clara tendencia al decrecimiento y un porcentaje observado el año pasado del 33 %. […] se hizo un análisis de sensibilidad acerca de cuánto influiría el mantenimiento de un déficit igual al actual sobre la relación deuda neta-producto; nos llevaría a un incremento no deseado de esa relación que estaría superando el 40 %». O sea que si se mantenía como venía, era no deseado e iba a llegar al 40 %. Continuaba el exministro: «Hoy» –en ese momento– «la relación deuda neta-producto es de aproximadamente un 33 %. Queremos que esa relación se estabilice, que tienda a mantenerse». Lo cierto es que en ese mismo año 2015 cerró en el 36 %; en el 2016, en el 43 %; en 2017 y 2018 cerró en el 41 %, y en el 2019, en el 43,5 %. Es lógico, porque la deuda es el correlato del déficit, ya que este se paga aumentando la deuda. ¡No hay magia! Uno vende los ahorros o pide prestado; no hay otra manera.

Este nivel de deuda y sus vencimientos, aun sin la pandemia, dejan una gestión comprometida para este Gobierno. Las necesidades de financiamiento para el Gobierno central rondan los USD 5.000:000.000 y son, fundamentalmente, para financiar el déficit y los compromisos de deuda que es necesario contraer año a año para cubrir el gasto.

Además, señora presidenta –tenemos que decirlo–, la deuda tiene un tope establecido por la Constitución de la república, que dice que será la Asamblea General quien autorice el endeudamiento del Gobierno. Nuestro sistema ha encontrado la fórmula de cumplir con eso desde hace mucho tiempo, mediante una ley que fija el tope de incremento anual, es decir, en cuánto el Gobierno puede incrementar el endeudamiento que ya tiene. Hemos tenido experiencias de incumplimiento de ese tope y lo hemos dicho. Se pone un tope que no se puede pasar, pero el Gobierno tiene un déficit fiscal mayor al previsto y con otra ley corre la raya.

Dice la normativa vigente que el Gobierno se puede endeudar en hasta UI 14.000:000.000, y hasta un 50 % más frente a acontecimientos imprevistos. Sobre fin de año, el Gobierno envió una carta a la Asamblea General diciendo que preveía que podía tener que superar el tope de endeudamiento autorizado y ahí quedó. El Gobierno sabía que lo estaba superando, pero era año electoral. Además, se hubiera introducido una polémica que ya hemos tenido y que tiene que ver con qué acontecimientos imprevistos pasaron para poder acudir a esa autorización excepcional. ¿Qué pasó el año pasado que no fuera el desempeño de la economía con desvíos y, quizá, con malos cálculos y proyecciones realizadas? ¿Qué pasó? ¿Hubo un tsunami, una pandemia? ¿Qué pasó? No pasó nada; simplemente se tuvo que acudir a esa posibilidad y no se comunicó; tuvo que hacerlo este Gobierno, por una carta dirigida a la señora presidenta de la Asamblea General, en la que se decía que el anterior Gobierno –según cifras oficiales que el Banco Central del Uruguay dio a conocer en el plazo que tenía que hacerlo, es decir, el 31 de marzo– había superado el tope y había llegado a algo más de UI 16.000:000.000 en el incremento de deuda externa. Esto quiere decir que esa variable de deuda externa no solo creció, sino que además lo hizo por el costado de los topes que la ley autorizaba. Se debió haber comunicado a la Asamblea General, cosa que no se hizo, y se debió haber justificado la existencia de acontecimientos imprevistos para poder hacerlo.

Creo que todos los elementos que hemos mencionado demuestran que se llevó adelante una política económica no sustentable, porque se construyó un modelo en el que, mediante un discurso de superación de sí mismos de quienes lo ejecutaron, siempre se exhibían las mejoras en materia social, aunque todos sabemos que no hay mejora social si no hay consistencia fiscal. No se puede sostener el gasto que generan las mejores condiciones sociales –que todos queremos y buscamos–, si paralelamente no hay un desempeño de la economía que lo pueda sustentar en el tiempo. Así como en el hogar o en una empresa no se puede vivir pidiendo prestado, un Estado no puede construir el equilibrio de sus cuentas públicas a partir del crecimiento de su deuda. Además, la deuda se sale a buscar al mercado y el mercado tiene sus informantes, que se llaman empresas calificadoras de riesgo, que son aquellas que por contrato con algunos actores del mundo financiero internacional informan cuál es la seguridad o el riesgo de pago o repago de la deuda que los países contraen. Esto marca la cantidad de oferta que esos países pueden tener, pero también la tasa de interés que pagan, porque cuanto más riesgo, más intereses se pagan. Y en la medida en que nosotros pasamos la ratio razonable del 33 % mencionado por el entonces ministro Astori –«deseable», decía– o el 40 % –esta era una cifra que no se podía pasar, pero la pasamos largamente y ya es estructural–, comenzamos a tener riesgos también en ese terreno. Ahora, frente a un acontecimiento grave e imprevisto como es la pandemia, este Gobierno tendrá que acudir con una relación deuda-producto mucho peor, porque se han deteriorado las dos columnas que, en lugar de acercarse para achicar la brecha, se han alejado. Nos proponíamos bajar el gasto en USD 900:000.000, pero no hemos podido hacerlo y lo hemos tenido que incrementar, precisamente porque la prioridad es la sanitaria, y después la social y las decisiones para que no se apaguen los motores de la economía, para que su reactivación ocurra lo antes posible. Entonces, el gasto es mayor, pero la recaudación es menor porque el consumo cae, porque la inversión cae, porque el mundo está en recesión y, por lo tanto, nuestras exportaciones también caen. Por más que los motores de buena parte de nuestras exportaciones estén prendidos, hoy valen menos nuestros productos y los mercados los demandan menos.

Ahora sí tenemos que ir por más, con un déficit fiscal que va a ser mayor y con un endeudamiento que ya está fuera de lo razonable. ¿Por qué para nosotros es importante pasar raya? Porque le pasamos raya a la gestión del Gobierno que se fue, al que no acusamos de malas prácticas, ¡para nada!, pero queremos recibir a beneficio de inventario; no queremos hacernos cargo de lo que otros nos dejaron. Y como nosotros en la campaña electoral no nos hicimos los distraídos, mantuvimos el debate y dijimos que esto iba a pasar, le pasamos raya en febrero, antes de la pandemia, y dejamos dicho en el segundo artículo –que redactó la senadora Asiaín y que contó con todo nuestro respaldo– que rechazamos y condenamos estas prácticas. Porque, ¿saben a quién condenan? A los más pobres, porque lo que no sale de un bolsillo termina saliendo del otro, pero el pantalón es el mismo. Lo que le doy con una mano, se lo quito con la otra. Le podré dar una asignación familiar mejor, pero le saqué el trabajo; le podré dar una prestación social, pero no tiene cómo pagar el alquiler. Es decir, ¡lo hago más dependiente! Y así le quito la mejor de todas las políticas sociales, que es la percepción de que con el esfuerzo se puede salir adelante. El trabajo es lo más sano y lo más saludable que todos tenemos. Si algo tenemos que hacer es poner un estribo para que la gente, con su esfuerzo, suba, progrese y mejore; y para eso no hay cosa mejor que la educación, los valores y el trabajo.

Cuando un país tiene este nivel de deuda; cuando paga USD 2.000:000.000 por año de intereses –repito: ¡USD 2.000:000.000 por año de intereses, no de deuda!– por una deuda que era inmoral hace unos años y no había que pagarla, sino que había que declararse en default; cuando se pagan por intereses volúmenes para los que no alcanza todo el IRPF y todo el IASS que se recauda –es decir, todo el esfuerzo de los trabajadores y de quienes trabajaron toda la vida–; cuando ese es el camino que hay que seguir luego de muy buenos años de la economía –acabo de decir cómo creció la economía, pero siempre creció más el gasto, y por lo tanto el déficit, y por lo tanto la deuda, y por lo tanto los intereses de esa deuda, ¡y por suerte nos prestan porque fuimos prolijos!–; cuando todo eso sucede, los que menos tienen siempre son los más desfavorecidos, los que ven más pérdidas. Agrandamos la brecha de la injusticia.

Por estos motivos, el modelo no es sustentable, no es compartible y lo condenamos.

Muchas gracias, señora presidenta.

VARIOS SEÑORES SENADORES.- ¡Muy bien!

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Tal como informó al principio la señora presidenta, la rendición de cuentas está a consideración del Cuerpo para su aprobación.

Antes de ingresar al fondo de este tema, me gustaría decir cómo se compone dicha rendición de cuentas y cuáles son sus dimensiones conforme a nuestra Constitución de la república. Primero, se encuentra la exposición de motivos, en la que debe haber un informe económico-financiero. En la rendición de cuentas que tenemos a estudio hay un informe de coyuntura; no sabemos cómo van a terminar las diferentes variables económicas este año. Luego, hay un artículo 1.° –que es el central– que aprueba las cuentas públicas, la ejecución. Por último, se incluye un capítulo llamado «Modificaciones presupuestales», que en este caso no se le hicieron.

¿Por qué comienzo con esto, señora presidenta? Porque estamos ante una innovación; hoy el Parlamento está ante una innovación. Lo primero que esta bancada, la oposición, quiere señalar ante esa modificación, ante lo nuevo, ante lo insólito del artículo 2.° –luego vamos a referirnos a él– es que hay que cuidar las formas; hay que cuidar la institucionalidad republicana; hay que cuidar las normas que marcan la Constitución de la república. Como mencioné anteriormente, conforme a nuestra Constitución, el proyecto de ley de rendición de cuentas tiene diferentes componentes o dimensiones. Podemos decir que el proyecto de ley que llegó al Parlamento respetaba no solo esas orientaciones, sino también la Constitución. Primero, estaba la fundamentación, que es el informe económico-financiero. En los últimos quince años de gobierno ese informe económico-financiero fue un instrumento utilizado para marcar e informar al Parlamento cómo iba la evolución de las diferentes proyecciones, de las distintas variables de la economía, de las diversas variables macroeconómicas: la evolución del producto bruto interno, la evolución del desempleo, la evolución del déficit y la evolución de la inflación, entre otras. Lamentablemente, en esta instancia no recibimos ese informe y no vamos a conocer cuáles son esas proyecciones; no sabemos cuál será la proyección del resultado fiscal –entre otros– este año, que para nosotros es muy complejo por la situación que se está viviendo. Es importante que el Parlamento conozca, que se le informe acerca de esas variables porque la conducción de la política económica está en el Poder Ejecutivo: en el presidente de la república en conjunto con el ministro de Economía y Finanzas. Reitero, es importante que el Parlamento conozca esas variables. Por lo tanto, debemos decir que, lamentablemente, aquí faltó transparencia; faltó darle información a esta casa.

Cuando planteamos nuestra interrogante a la señora ministra, le manifestamos que esperamos que en el próximo presupuesto se conozca la proyección económica y que no se realice solo un informe de coyuntura como se hizo en este caso, en que se presentaron los números de manera arbitraria. Debemos decirlo así, señora presidenta: se presentaron los números de manera arbitraria en un informe de coyuntura. ¿Por qué afirmamos esto? Porque pocos días antes de que ingresara al Parlamento la rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo realizó una presentación a nivel internacional, en la que se buscó captar inversores. Nosotros compartimos esa visión porque creemos que es la visión real. En ese informe se decía que Uruguay se mantiene como un bastión de estabilidad institucional, política y social en América Latina: tiene la mayor estabilidad política, la mayor democracia plena, la mayor adherencia al Estado de derecho y la menor percepción de corrupción en América Latina; en 2019 se completaron diecisiete años de crecimiento ininterrumpido; las robustas características ambientales, sociales y de gobierno de Uruguay han permitido una respuesta firme a la pandemia. Se destacan, entre otras, la confiabilidad de las instituciones, la condición de país socialmente estable con desigualdad relativamente baja, la baja informalidad, una amplia red de seguridad social con transparencia fiscal y rendición de cuentas y un sistema político maduro. Recalco la expresión «sistema político maduro», porque después tenemos que relacionar esto con la innovación del artículo 2.°.

Dadas las medidas de contención de la covid-19, tanto el seguro de enfermedad como el de desempleo se convirtieron en un instrumento de política crucial para hacer frente, de manera amplia y ordenada, a la emergencia de salud y sus consecuencias. El sistema de bienestar desarrollado para las personas en edad laboral en Uruguay consiste en un acceso casi universal a la atención médica, seguro de desempleo, seguro de enfermedad y beneficios para niños y familias. La baja informalidad –es bueno que digan «baja informalidad» porque también se cuestionaron los datos del INE– y la amplia red de seguridad social garantizan el trabajo eficiente de los estabilizadores automáticos.

Por último, dice que las reservas internacionales considerables son un importante respaldo para la estabilidad externa y el enclave de la política económica. Con la inversión privada más grande en el país, UPM –según lo programado–, Uruguay está listo para recibir grandes entradas de inversión extranjera directa. La fuerte posición de capitalización y liquidez de los bancos respalda las medidas crediticias del Banco Central del Uruguay. El tipo de cambio flotante funciona como amortiguador, con el Banco Central que interviene en ambos lados del mercado para suavizar la volatilidad no debida.

Uruguay ha sido ampliamente reconocido por la transformación de su matriz energética en la última década, alejándose de los combustibles fósiles y a menudo se lo conoce como un líder en energía verde global. Uruguay tiene el mejor desempeño entre las economías en desarrollo en el índice de transición energética, baja contaminación del aire y huella de carbono.

Esta fue la presentación que realizó el equipo económico ante inversores para captar inversión y colocar deuda pública uruguaya.

Señora presidenta: lamentablemente, aquí tenemos que decir que oímos un doble discurso: uno al exterior y otro interno. Existió una presentación arbitraria de los números en el informe de coyuntura, es decir, en el informe económico-financiero. Además, se hicieron cortes parciales del producto bruto interno. Por ejemplo, en el informe de la rendición de cuentas se tomaron los últimos cinco años. Como señalé, ante los inversores se mostró la gráfica de los últimos diecisiete años. También se habló de la pobreza y de la clase media. Se contrasta el informe de la rendición de cuentas de 2019 con el de 2018. Sin embargo, ante los inversores la presentación es desde 2004.

Debemos decir que el Uruguay tiene problemas, pero es el país con la mayor clase media, con la menor pobreza y la menor indigencia de la región. ¿Tenemos problemas? Sí. Nos duele el número que se presentó en el informe de coyuntura en el que se menciona que en 2019 la pobreza pasó de 8,1 % a 8,8 %. Como militantes de izquierda que somos, a nosotros nos duele muchísimo ese dato, lo reconocemos, y esperamos que el Gobierno que hoy está en funciones pueda revertir esos problemas. Sin embargo, también hay que ver de dónde partimos. En 2005, nosotros partimos de un país que tenía una pobreza del 40 %.

Señora presidenta: al principio mencionamos que la estructura de la rendición de cuentas debe tener un artículo 1.°, conforme a nuestra Constitución; aquí vemos el artículo 1.°, en el que se aprueba el estado de las cuentas públicas, es decir, que las cuentas reflejen la realidad. Prueba de ello es que el dictamen, que fue aprobado por el Tribunal de Cuentas sin salvedades, así lo establece. Por lo tanto, el artículo 1.° también lo establece así.

El dictamen que tengo a la vista dice: «El Tribunal de Cuentas ha auditado la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal del Gobierno Central, por el ejercicio finalizado el 31/12/2019 que comprenden: Tomo I (Resúmenes), Tomo III (Funcionamiento e Inversión), Tomo IV (Recursos) y Tomo V (Rendición de Cuentas de Incisos), los Anexos y las notas políticas contables significativas y otras notas explicativas a los estados. Entre estos estados se incluyen el Estado de Situación del Tesoro al 31/12/2019 y Estado de Fuentes y Usos de Fondos Consolidado.

En opinión del Tribunal de Cuentas los Estados referidos precedentemente, excluyendo el Estado de Situación del Tesoro al 31/12/2019 y el Estado de Fuentes y Usos de Fondos Consolidado a que refiere el párrafo siguiente, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos la ejecución presupuestal del Gobierno Central correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2019, de acuerdo con el Texto Ordenado de Contabilidad Financiera (TOCAF)». Se podrá estar de acuerdo o no, es un tema de políticas, de políticas públicas, y el Frente Amplio en el Gobierno optó por desarrollar un conjunto de políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías.

Hay un relato que nosotros no compartimos y que se quiere imponer, que no tiene en cuenta la realidad desde la que se partió, y eso es lo que nosotros hoy, aquí, vamos a fundamentar; cada uno de los legisladores lo va a fundamentar. Hoy se busca imponer un relato para justificar una política que ya se encuentra en marcha –hay que decirlo así–, una política del ajuste, del recorte que se puso en marcha el 11 de marzo de este año a través del Decreto n.º 90/2020. Reitero: hay una política de ajustes, hay una política de recortes, que se va a consolidar en la ley de presupuesto.

Señora presidenta: en la comisión se habló de despilfarros, de desvíos, pero nosotros lejos estamos de considerar despilfarro las políticas públicas llevadas adelante por la administración frenteamplista, que se reflejan en el resultado presentado en esta rendición de cuentas y también en las anteriores. El déficit fiscal es una variable; en lugar de observar el déficit como una cuestión aislada, lo que deberíamos hacer es centrarnos en su composición y así veremos que lo que afirma el Gobierno carece de todo asidero.

El déficit fiscal del sector público para el 2019 fue negativo: -3,4 % del producto bruto interno, cifra que se compone del resultado del sector público no financiero, -2,9 %, más el resultado del Banco Central, -0,5 %. El resultado del sector público global incluye un resultado positivo del 1,3 % del producto bruto interno, que son los aportes al fideicomiso de los cincuentones, y sin considerar esta mejora, el resultado fue de -4,7 %.

Dentro del resultado del sector público global para el 2019 de -3,4 % del producto bruto interno se encuentra el resultado del Gobierno central más el del Banco de Previsión Social. Si analizamos este indicador, encontramos que los ingresos totales del Gobierno central más los del Banco de Previsión Social fueron un 30 % del producto bruto interno, mientras que los egresos totales del Gobierno central más los del Banco de Previsión Social fueron el 33,1 % del producto bruto interno. A su vez, un 3,9 % del producto bruto interno corresponde a los gastos no personales y un 7,8 % a transferencias del Banco de Previsión Social por concepto de enfermedad, de asignaciones familiares y de seguro de desempleo.

¿Qué queremos decir con esto, señora presidenta? Que detrás de los números fríos lo que queda son siempre las políticas públicas, las acciones del Gobierno para mejorar la calidad de vida de los uruguayos, y a partir de allí es que van a surgir, una y mil veces, las diferentes visiones que podemos tener sobre el mismo problema. En cuanto a esto, diremos que las políticas públicas se encuentran perfectamente reflejadas en estos guarismos, porque detrás de los números está la gestión del Gobierno.

Los números en materia de seguridad social indican que hubo una mejora considerable en la vida de los trabajadores y también en la de los jubilados y los pensionistas. El poder adquisitivo de las pasividades con relación al 2004 aumentó un 65 %; fue el mayor ajuste de las jubilaciones mínimas, las que se triplicaron en los últimos quince años. Fueron treinta mil jubilados y pensionistas los beneficiados. Esto permitió que cincuenta y cinco mil mayores de sesenta y cinco años dejaran de ser pobres.

Los esfuerzos presupuestales en seguridad social también se vieron reflejados en la ampliación de las prestaciones del seguro de paro, del seguro por enfermedad, de las licencias por maternidad y paternidad y de las pasividades, mientras que por la ley de flexibilización de jubilaciones del 2008 fue posible que cien mil personas accedieran a prestaciones y se mejoraran los montos de pagos; especialmente fueron las mujeres las que accedieron a esto, con lo que se redujeron las inequidades de género.

Haciendo el mismo razonamiento en materia de educación, podemos decir que se encuentra la mayor inversión en infraestructura educativa en la historia reciente. Asimismo, se ha mejorado la cobertura y la calidad de la educación de la primera infancia a través de esfuerzos presupuestales del INAU, de la ANEP y del Ministerio de Educación y Cultura. El gasto público en educación hoy en día es del 5,1 % del producto bruto interno, y esto representa un importante esfuerzo presupuestal que aún consideramos insuficiente para una educación de calidad. Pero nadie puede negar que esto es infinitamente superior a las partidas presupuestales que históricamente se asignaban. El cambio presupuestal posibilitó mejorar la oferta educativa, ampliándola en edades, en tiempos pedagógicos, en opciones y en carreras docentes. Además, se extendió a todo el territorio. Hoy en día hay más niños estudiando, y una mayor proporción de ellos culminan los ciclos educativos. En la primera infancia, Uruguay tiene el honor de ser el país con mayor cobertura en educación y cuidado de la región. Y finalizadas las obras previstas, se han construido ciento cuarenta CAIF y cuarenta y cuatro jardines; algunos de ellos están en proceso de inauguración en estos días.

El cambio no solo se dio en educación primaria y secundaria, sino que también fue notorio en educación terciaria, en particular en la Udelar. Su despliegue territorial fue posible gracias a los incrementos presupuestales. Permitió el crecimiento de la matrícula de manera significativa, especialmente de estudiantes de hogares de nivel económico bajo, alcanzando en el 2019 la cifra de 170.000 matriculados. En el mismo sentido, las asignaciones presupuestales a la UTEC permitieron que esta segunda universidad pública fuera el agente de desarrollo local, con un noventa por ciento de sus estudiantes, siendo la primera generación de educación terciaria.

Volviendo al foco de la discusión, señora presidenta, ¿podemos llamar despilfarro la inversión en la educación pública? Promover el desarrollo de la educación terciaria ¿implica despilfarro? Invertir en infraestructura educativa ¿implica despilfarro? Si es así, señora presidenta, entonces, evidentemente, con el Gobierno tenemos diferencias de fondo.

No solo se ha invertido en educación, señora presidenta; en materia de inversión y de gasto en salud el país cuenta con el Sistema Nacional Integrado de Salud, que brinda atención a 2,5 millones de personas. Cabe recordar que, a través del sistema anterior, Disse, se cubría apenas a 600.000 personas, y no estaban abarcados los jubilados, cónyuges ni los hijos. El Gobierno del Frente Amplio triplicó la inversión en salud, alcanzando el 7 % del producto bruto interno, y en los últimos años, a través del presupuesto de ASSE, fue posible mejorar los salarios de los trabajadores de la institución, mejorar los servicios, aumentar la disponibilidad de medicamentos y demás insumos. Todo este proceso también se realizó involucrando a los prestadores públicos y privados, y se lograron metas muy importantes que nos destacan en la región, entre ellas, la reducción de la mortalidad infantil, la reducción de la mortalidad materna, la reducción del embarazo adolescente, solo por nombrar algunas.

La misma interrogante nos tenemos que hacer: todo este esfuerzo, todos los esfuerzos presupuestales en salud y en educación, ¿se considera un gasto innecesario, superficial? ¿Qué concepción de país tenemos? ¿Un país donde sea el particular el que debe solucionar sus problemas, o cuente con el respaldo del Estado para que le brinde educación y salud? Desde nuestra concepción, señora presidenta, ni la educación ni la salud serán considerados un gasto superfluo o un despilfarro, sino todo lo contrario: lo concebimos como una inversión, porque a través de ella estaremos asegurando el futuro de nuestro país.

Se insiste en hablar del déficit fiscal. Dentro de los números del 2019 se encuentran cerca de $ 2.500:000.000 destinados al Plan Ceibal, que fue en parte lo que permitió a miles de niños de las escuelas públicas seguir recibiendo clases durante esta pandemia que estamos atravesando, así como también permitió que 80.000 niños accedieran a clases de Inglés, y posibilitó a docentes y estudiantes el acceso gratuito a libros de texto y de lectura. ¿Qué hubiera pasado con la pandemia si el Frente Amplio en el Gobierno no hubiera implementado el Plan Ceibal, si no se hubiera informatizado el sistema educativo? Y todavía tenemos en la memoria voces críticas, muchas de las cuales desde el oficialismo insisten en criticar el Plan Ceibal. A ellos va la pregunta: ¿qué hubiera sucedido con nuestros niños si durante la pandemia no hubiéramos tenido el Plan Ceibal? ¿Cómo se hubiera impartido clases sin presencialidad? Así son las cosas: en el demonizado déficit fiscal del Gobierno, están los casi $ 1.000:000.000 destinados anualmente a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Parece mentira que un Gobierno que ha declarado y afirmado que la inversión en innovación e investigación es una prioridad le retire apoyo sin reconocer que ha sido uno de los motores en estos tiempos.

Cuando hablamos de déficit fiscal también debemos tener en cuenta las transferencias que se realizan a los Gobiernos departamentales, que en el 2019 ascendieron a casi $ 19.500:000.000, de acuerdo con las partidas asignadas. La mayor partida corresponde al artículo 214 de la Constitución, por casi $ 16.000:000.000, y le sigue el Fondo de Desarrollo del Interior, por unos $ 1.500:000.000. Las transferencias a los Gobiernos departamentales han sido fundamentales para el desarrollo de políticas locales, para promover la descentralización y atender especialmente los lugares más olvidados de nuestro país.

Otro aspecto que resulta importante destacar tiene que ver con los vínculos laborales. De acuerdo con la información que pudimos tener sobre la mesa de trabajo, a finales del 2019 el Estado tenía 313.000 vínculos laborales; esa es una realidad. Ahora bien, si se excluyen los Gobiernos departamentales, el aumento de los vínculos laborales en los últimos quince años fue de 63.000, que en un 95 % fueron para áreas definidas como prioritarias por la anterior Administración. A la educación le correspondió un 72 %; a la salud, un 14 %, y a la seguridad, un 9 %. Asimismo, dentro de este tipo de vínculo se incluyen varias formas de relacionamientos con el Estado, ya sean funcionarios, pasantes, becarios, arrendamientos de obras y contratos a término, entre otros. Además, de los 313.000 vínculos laborales al 31 de diciembre, el 49 % corresponde a organismos del artículo 220 de la Constitución; el 26 %, a la Administración central; el 13 %, a los Gobiernos departamentales, y el 11 %, a entes autónomos y servicios descentralizados. En particular, dentro de los organismos del artículo 220, el 60 % corresponde a la ANEP; el 13 %, a la Udelar, y el 17 %, a ASSE, entre otros. Respecto a la Administración central, los incisos con mayor cantidad de vínculos son el Ministerio del Interior, con el 41 %, y el Ministerio de Defensa Nacional, con el 34 %.

También hay una falsedad que se ha dicho muchas veces. La realidad muestra que en los últimos cinco años los vínculos laborales del Poder Ejecutivo y los entes autónomos industriales y comerciales del Estado se redujeron en 6000. Esto tiene que quedar claro, señora presidenta, porque los únicos vínculos laborales que se han incrementado bajo los Gobiernos del Frente Amplio pertenecen a las áreas de la salud, la educación y policías. Para el Frente Amplio jamás se considerará un gasto superfluo el correspondiente a la educación, a la seguridad y a la salud, porque estos hacen a lo que son y deben ser las funciones inherentes al Estado.

Para finalizar, voy a hacer referencia a algunos aspectos de las políticas públicas desarrolladas por el Frente Amplio. Como dije al principio, la rendición de cuentas tiene tres componentes o tres dimensiones. Es así como me voy a referir al famoso artículo 2.º, del que tuvimos conocimiento en el día de ayer en comisión. Este artículo es inédito; hay que decirlo. Es la primera vez en la historia de la república que se propone un artículo como este. Como dijo ayer el señor senador Viera, no es de estilo el artículo 2.º. Podría llegar a tener un calificativo, pero nosotros vamos a señalar que es como una censura; una moción de censura a la gestión del Frente Amplio, y conforme a nuestro ordenamiento jurídico no corresponde a las mayorías circunstanciales incorporar un juicio de valor a una gestión que culminó. Es un juicio de valor, porque al final se dice: «cuya gestión y resultados se rechazan y condenan». Reitero: «Condenan». No corresponde, señora presidenta. Debemos cuidar la forma; debemos cuidar la institucionalidad. No corresponde esa manera de actuar, y esta oposición toma nota.

Esto es lo famoso de «fomentar la grieta»: al exterior decimos que es un orgullo el sistema político, pero aquí dentro hacemos esto. El Frente Amplio nunca utilizó las mayorías circunstanciales para realizar juicios de valor sobre los Gobiernos anteriores, sino todo lo contrario.

Hace un tiempo, cuando se decía que no se iba a votar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019...

(Murmullos).

–Señora presidenta: pido que me ampare en el uso de la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Estimados senadores: cuando un colega hace uso de la palabra vamos a pedir, si es posible, que hagan silencio a efectos de poder escucharnos todos. Por lo tanto, vamos a amparar sistemáticamente en el uso de la palabra a cada uno de los senadores cuando exista ese murmullo permanente en sala.

Puede continuar, señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Le agradezco mucho, señora presidenta.

Hace un tiempo, cuando se decía que no se iba a votar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019, nos pusimos a analizar las historias de las rendiciones de cuentas no votadas. La primera fue en 1985, en el recordado episodio de la Asamblea General, que presidía el doctor Tarigo, en el que se detuvo el reloj y no se pudo aprobar a tiempo; así fue como luego se regularizó a través de la Ley n.º 15851, que se llamó sustitutiva de la rendición de cuentas.

Luego, en 2002 y 2003 no fueron aprobadas las rendiciones de cuentas ya que no reflejaban la realidad de las cuentas públicas de esos años y no incluían, en los registros presupuestales, el salvataje bancario producto de la crisis de 2002 o la pérdida generada por una operación de canje de la deuda del 2003. Los de 2002 y 2003 son dos casos en que no estaban registradas debidamente las cuentas públicas. ¿Qué hicimos en el 2005, cuando asumimos el Gobierno? ¿Calificamos la gestión anterior? ¿Propusimos una moción de censura, como este artículo 2.º? No; no hicimos eso. Actuamos con responsabilidad institucional, sinceramos las cuentas públicas y registramos presupuestalmente las pérdidas que no habían sido imputadas en el 2002 ni en el 2003. Lo que decimos, señora presidenta, es que hay que actuar con responsabilidad institucional.

Desde el punto de vista de las cuentas públicas, en la rendición de cuentas del 2019 los registros presupuestales son correctos. No lo decimos nosotros; lo dice el órgano que, conforme a nuestra Constitución, es el competente: el Tribunal de Cuentas. Y no se puede poner en duda que las cuentas públicas de la república no reflejan la realidad.

El proyecto de ley de rendición de cuentas no es un instrumento para desaprobar una gestión. Si quieren desaprobar una gestión, lo pueden hacer, como lo han hecho estos días mediante declaraciones políticas y comunicados. Está bien que realicen una declaración de la bancada, pero mediante otros instrumentos, no en un proyecto de ley; eso no se corresponde con lo que marca nuestra Constitución. Las condenas, las censuras, se hacen a través de otros instrumentos políticos, no a través de las leyes.

Por último, señora presidenta, llevar adelante un programa de gobierno enfocado en mejorar la calidad de vida de los uruguayos no ha sido, tampoco, en detrimento de la responsabilidad fiscal. Es una mentira afirmar que el Frente Amplio haya tenido una conducta fiscal desordenada e irresponsable. Repetir mil veces una mentira no los hará dueños de la verdad, porque la realidad es otra.

Los Gobiernos del Frente Amplio gestionaron y preaprobaron líneas de crédito contingentes de rápida disponibilidad con organismos financieros internacionales por USD 2.200:000.000, es decir cuatro puntos del producto bruto interno, a lo que se agrega el elevado stock de reservas con que cuenta el país en la actualidad, que contrasta totalmente con la situación en que recibimos el país en el 2005.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Puede proseguir el señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: como dije, la situación en la que entregamos el país fue bien diferente a la que recibimos en el 2005. En efecto, mientras a fines de febrero de 2005 el saldo de reservas de libre disponibilidad del Banco Central era negativo por USD 352:000.000, el actual Gobierno asumió con un saldo positivo de USD 5.388:000.000. Por tanto, se cuenta con espalda suficiente para soportar las vicisitudes económicas provocadas por una crisis global y regional muy distinta a aquella triste crisis del 2002, donde el país terminó devastado por la falta de una política económica sólida y razonable aplicable en aquella época.

Por eso, una vez más defenderemos lo hecho y no caeremos en el discurso fácil de confundir el gasto con la inversión o culpar de todos los males al uso de los recursos públicos, porque detrás de esto estará una y otra vez el Estado como garante de la justicia social y de la equidad.

Esas son nuestras diferencias, y por eso decimos que vamos a transitar –y transitaremos– por veredas opuestas. Pero de nuestra parte tendremos la tranquilidad de decir a nuestros habitantes que la inversión en las políticas públicas es fundamental para mejorar la vida de nuestros ciudadanos y reducir las brechas sociales.

Es cuanto tenía para decir, señora presidenta.

Muchas gracias.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra para contestar una alusión política.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: se ha aludido a la ministra de nuestro Gobierno por no presentar ciertas informaciones. Pero no se puede pedir que en un contexto de pandemia absolutamente excepcional en Uruguay, y en todo el planeta Tierra, se vaya a presentar una predicción en el presupuesto nacional.

Por otro lado –nos hemos propuesto no dejar pasar una en esta sesión–, se comenzó a afirmar un contrarrelato que no tiene sentido. Se dijo que este proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019, desaprueba la política del Frente Amplio. Eso es correcto; es así. Pero antes de este Senado, el que desaprobó fue el pueblo. De manera que no sé qué tiene que ver.

Se habla de algo inédito y de responsabilidad institucional.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: por favor, especifique por qué se sintió aludido.

SEÑOR DA SILVA.- Es una alusión política.

La responsabilidad institucional, señora presidenta, hay que cumplirla en los discursos y en los actos, porque quien nos pide responsabilidad institucional era, en el período pasado, el jefe de la barrabrava de un diputado que está procesado por negrear a sus empleados. El mismo que nos pide responsabilidad institucional es el principal defensor de alguien que quiere ser jerarca cuando, entre gallos y media noche, está destruyendo papeles públicos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: una cosa es que se hable de alusiones que políticamente pueden hacer que se sienta agraviado –usted o su colectividad política–, y otra cosa es hacer alusiones de índole personal. Le pido, por favor, se remita al tema en consideración.

SEÑOR DA SILVA.- A mí me pide responsabilidad institucional, señora presidenta, alguien que defendió a un negrero de obreros. Eso está grabado y todo el mundo lo sabe. Entonces, por eso quería contestar.

Muchas gracias.

SEÑOR VIERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VIERA.- Señora presidenta: a esta altura creo que es importante insistir en que la presentación del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019, fue realizada por el Poder Ejecutivo el 30 de junio pasado en cumplimiento de las normas constitucionales y legales: el artículo 214 de nuestra Constitución y el artículo 128 del Tocaf.

Como lo expresó la señora ministra en la comisión, la presentación de este proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019, es en cumplimiento de la Constitución, pero dejamos claro –lo hizo la señora ministra en comisión, lo hacemos nosotros en sala y lo hacemos también explícitamente en el proyecto de ley que se va a votar– que no compartimos en absoluto la política económica que está detrás de las cifras que estamos presentando hoy. Y creo que esto, por más que pueda no haber muchos antecedentes –yo no los conozco, por lo menos–, por más que pueda sentirse molesto algún representante del anterior Gobierno, tampoco es ningún disparate. Estamos dejando en claro que lo que estamos aprobando es estrictamente la rendición de las cuentas, pero que esas cuentas reflejan una gestión y tienen unas consecuencias con las que nosotros no estamos de acuerdo, rechazamos y condenamos. No estamos condenando al Frente Amplio ni a nadie en particular. Estamos dejando clara nuestra posición, que fue la que en definitiva se expresó en una campaña electoral y que eligió y definió la población, la ciudadanía.

¿Qué observamos objetivamente en el informe del Poder Ejecutivo? Que se agudiza la desaceleración económica comenzada fundamentalmente en el 2018, que se acelera en el 2019 y que ahí incluso se define como recesión técnica, porque hubo dos trimestres consecutivos de caída del producto y esa es una de sus definiciones. La economía al final crece apenas un 0,2 %, o sea, no crece. El producto bruto creció por debajo de lo proyectado en el 2015.

Pero nosotros queremos referirnos exclusivamente a aquello para lo que estamos convocados, que es el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019. A veces hacemos referencia al 2015 o al período porque, en definitiva, tenemos que comparar el resultado con respecto a lo propuesto, a lo proyectado, a lo establecido, a lo comprometido en el presupuesto del 2015.

Notoriamente la trayectoria de la economía fue bastante peor de lo que se estimó inicialmente en la ley de presupuesto. En particular, si observamos el 2019, vemos que el nivel al que se llega es inferior a todos los previstos en todas las rendiciones de cuentas de la ley de presupuesto inicial. Por economía de tiempo no voy a leer los datos de cada uno de los años. Me voy a referir al 2019, donde el crecimiento del producto presupuestado en el 2015 fue de un 3 % cuando en realidad creció, como decíamos, un 0,2 %. Hay un desvío del crecimiento de -2,8 %. Y ocurre algo similar con cada uno de los indicadores que están establecidos en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019. Del déficit fiscal consolidado, ni que hablar. Fue previsto en el presupuesto que iba a estar en 2,5 % cuando este proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019, muestra que llegamos con un 4,7 % y, ajustado, más de un 5 %. Hay un desvío, entonces, de -2,2 %.

Otro indicador es la deuda bruta con respecto al producto bruto. Hay una deuda bruta y una deuda neta. La deuda bruta se estimó que iba a estar en el 62,9 % y la realidad nos muestra que llegamos con una deuda del
66 %, con un desvío, entonces, de 3,1 %.

Es de hacer notar, y queda claro, que a pesar de que el crecimiento de la economía fue menor al que se proyectaba por parte del Gobierno, la recaudación real en todos los años, excepto durante el 2019, fue mayor o igual a la que se preveía. Por lo tanto, señora presidenta, no podemos asignar el problema fiscal a la recaudación, al menor crecimiento. El problema real fue el gasto.

Recién el señor senador Carrera hacía referencia al gasto y ponía algunos ejemplos de inversiones –vamos a hablar de egresos– con las que, obviamente, no podemos estar en desacuerdo; las hemos apoyado e, incluso, quisiéramos incrementarlas. ¡Cómo vamos a criticar el gasto o la inversión en educación, en salud o en vivienda! No se trata de ese gasto. En todo caso, se trata –deberíamos debatirlo y lo haremos– de en qué se gasta y, fundamentalmente, de cómo se gasta. Me refiero a lo que el propio ministro Astori llamó «la calidad del gasto», haciendo una autocrítica. Estoy tentado de leer textualmente lo que dijo porque lo tengo acá.

Sin duda, hubo una caída muy importante en la economía, y eso trajo consecuencias. ¿Cuáles fueron los sectores que cayeron durante el 2019? Según el informe del Poder Ejecutivo, los que representan las actividades primarias: el comercio, la construcción y la industria. Es decir que los sectores que se contraen durante el 2019 son los más intensivos en mano de obra, y los que crecen son los menos intensivos; me refiero, concretamente, a los del transporte, almacenamiento y comunicaciones y de suministro de electricidad, gas y agua. Por supuesto, esto tuvo un impacto directo en el mercado laboral y en la caída del empleo, ya que los sectores más intensivos en mano de obra son los que se contrajeron. ¿Hay dudas en cuanto al pésimo resultado de esa gestión?

En enero de 2019, una vez conocido el déficit fiscal del 4,3 %, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, repitió una vez más que la prioridad del Gobierno era reducir el desequilibrio de las cuentas públicas, al tiempo que reconocía que las medidas de recorte no habían dado los frutos esperados. En ese sentido, manifestó que desde el Gobierno se tomarían algunas medidas, como limitar la reposición de vacantes en el Estado, revisar los gastos de funcionamiento y poner topes en la ejecución de los presupuestos de distintos organismos. Hasta ahora, dijo, el resultado no ha sido el que esperábamos y, por lo tanto, la conclusión es una sola: hay que seguir insistiendo y profundizando en este trabajo, anunció.

En la exposición de motivos de la rendición de cuentas del ejercicio 2018 el equipo económico realizó otro trascendente mea culpa con respecto a cambios en la gestión y a las leyes de flexibilización promovidas en materia de seguridad social. Si los señores senadores quisieran verlo, está en la página 343.

Con respecto al BPS, la ley de flexibilización de las condiciones de acceso a la jubilación, del 2008, dio lugar a un incremento significativo en la cantidad de jubilaciones. Además, en los últimos años crecieron en forma importante las jubilaciones por incapacidad y las pensiones por invalidez, así como –a partir de 2010– el número de beneficiarios de subsidios por enfermedad, debido a un cambio en el proceso de certificaciones médicas, y los subsidios –a partir de 2013– por maternidad y paternidad, impulsados por la promulgación de la Ley n.º 19161.

Todo eso contribuye a explicar el crecimiento de las transferencias entre 2006 y 2018: un 84 % en términos reales. A esto nos referimos cuando criticamos la gestión; no a la inversión en educación o en salud. En todo caso, lo que debemos analizar es si esa inversión se condice con los resultados, porque no cualquier inversión, por más loable que sea el destino, es justificable.

Con respecto al resultado fiscal global entre 2004 y 2019, los egresos primarios –antes de pagar intereses– del sector público no financiero aumentaron su carga con respecto al producto bruto, pasando del 24 % al 31 %, lo que determina un aumento de la presión del gasto sobre el producto de un 7,3 %, es decir, USD 4.000:000.000.

En el mismo período, la carga tributaria cobrada vía tributos por el Gobierno central y el BPS pasó de 25,3 % a 30 %, es decir que aumentó casi cinco puntos en cuanto a esa presión. Se insiste, caprichosamente, en hacer comparaciones por períodos más largos y traer como referencia un año particular como lo fue el 2002, en el que tuvimos una gran crisis económico-financiera. Sabemos que cuando hay una crisis todo se complica, pero es distinto cuando se sale de un período de extraordinaria bonanza. Justamente, entre 2014 y 2019, luego de una década de inusitada bonanza y a pesar del continuo aumento de la carga tributaria –ajustes fiscales, se llaman–, el déficit pasó de 3,5 % a 4,7 %, más de USD 2.600:000.000 anuales. Estos niveles de déficit superan los observados en el epicentro de la crisis de 2002, cuando se llegó apenas al 3,7 %. Entonces, si se quiere comparar con ese año, con el 2002, con lo peor de las últimas décadas en materia de crisis, evidentemente también habría que tener en cuenta que hoy el déficit es muchísimo mayor que en plena crisis. Por supuesto que al final de ese período de gobierno, como bien lo indicó el senador Gandini, el déficit ya era bastante menor, apenas superior al 1 %.

El atraso cambiario es un tema que me interesa aclarar, porque creo que todos estos son los componentes para una realidad que tenemos que dejar clara y para eso está la rendición de cuentas, para estudiar, para definir la fotografía –sobre todo, en este período que es la última rendición de cuentas del Gobierno anterior– y saber cómo empieza el nuevo Gobierno. Obviamente estos números son anteriores a la covid-19, algo que, sin esperar y sin que nadie pudiera imaginar, vamos a tener que enfrentar.

El tipo de cambio real global –por indicadores elaborados por el Banco Central del Uruguay– muestra en diciembre de 2019 un rezago de 26,3 % respecto del promedio del 2010. Un rezago de esta magnitud, señora presidenta, solo se puede sostener con fundamentos sólidos en el mediano y largo plazo, con una relación de términos de intercambio extraordinaria –que evidentemente no existe– y con saltos de productividad absolutamente irreales, que además deberían ser superiores a los de los demás países.

El exministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y otros representantes del Gobierno, desafiando las matemáticas, han insistido en varias ocasiones en cuanto a que el país no tiene atraso cambiario, sino una política cambiaria que acompaña las tendencias internacionales. Se habían acumulado muchos años de excesos de gastos públicos, financiados con ingresos de capitales externos, la abundancia de dólares deprime sus precios –por ley de mercado– y además el aumento desmedido del gasto público determina una presión inflacionaria sobre el precio de bienes y servicios no transables, lo que también genera retraso cambiario. La necesidad de renovar un stock de letras en pesos que crece exponencialmente requiere de tasas altas, lo que retroalimenta el círculo vicioso. A su vez, la falta de competitividad del país, explicada por este y otros factores, generó una caída en la inversión y en la demanda de trabajo. Para cortar este círculo vicioso, señora presidenta, se debe recomponer el frente fiscal y eso va a ser duro, sacrificado, con ajustes que no se harán por los ingresos, como hizo el Frente Amplio, gastando después alegremente, pues es muy fácil anunciar que va a haber recortes cuando se gasta a la marchanta, para que arreglen otros, que son los que tendrán la responsabilidad de ajustar para cortar con ese círculo vicioso y generar una economía que crezca, que promueva inversiones, que baje la presión fiscal y que genere nuevos empleos.

Es importante, entonces, destacar la fuerte caída en la inversión entre 2014 y 2019, que fue del 26 % del producto.

Todo este panorama de competitividad deteriorada, de recesión económica, de caída de la inversión es innegable. Pueden ofenderse y decir lo que quieran, pero es innegable; son los números. Es lo que estamos aprobando hoy. Esa situación tiene un correlato en el mercado laboral, y lo observamos desde 2015 a la fecha. Es una caída total del empleo en nuestro país.

Esta situación de desaceleración económica de 2019 se reflejó en la destrucción –nos lo anunció la señora ministra– de unos diez mil puestos de trabajo en ese mismo año. Esa es la mayor preocupación y el mayor desafío que debemos tener para el futuro, el que comenzaremos a elaborar con el próximo presupuesto nacional, pese a la pandemia.

Con respecto a la composición sectorial de esos diez mil puestos de trabajo observamos que las caídas corresponden a comercios, restaurantes, entretenimiento, construcción, actividades primarias y a la industria; en definitiva, a las cuatro actividades que veíamos que tenían un comportamiento muy débil o una contracción. Son aquellas que emplean más mano de obra y las que más destrucción de puestos de trabajo han mostrado.

Si en lugar de considerar el 2019 tomamos la totalidad del período de la última Administración podemos ver que la destrucción de puestos de trabajo alcanza a 56.000 personas.

Siguiendo con el mercado laboral, también es importante destacar que las mujeres y los jóvenes son quienes se ven más afectados en lo que refiere al desempleo. Dentro de esa alta tasa, para los menores de veinticuatro años es del 30 % aproximadamente. Y las mujeres son las que presentan la mayor tasa de desempleo. La cifra presentada nos está indicando que una de cada tres mujeres, entre catorce y veinticuatro años, actualmente se encuentra desempleada. Por lo tanto, como decíamos, son las mujeres y los jóvenes quienes más sufren las consecuencias del mercado laboral. Ni que hablar del problema de las jefas de hogar. Evidentemente, aumenta la cantidad de casos de las que no consiguen trabajo, de quienes tienen a cargo la principal generación de ingreso en algunos hogares.

En cuanto a la recuperación de la oferta de trabajo, como decíamos anteriormente, debe recuperarse la inversión. Esto no será posible sin un conjunto simultáneo de reformas que aceleren una mejor inserción internacional y otros pilares que hacen a la competitividad. Me refiero a la reforma educativa, a la mejora de la seguridad, a la infraestructura, al clima de negocios, a las rigideces y a los desbalances del mercado laboral, y a las amenazas derivadas de un frente fiscal que luce insostenible, con tarifas superiores a las del mercado internacional y cargas fiscales excesivas sobre los factores de producción, entre otros.

Otro punto que creo que debemos destacar es el ingreso. La situación y perspectiva de la gente que hoy mantiene su trabajo también ha desmejorado. Quiere decir que no solo ha crecido el desempleo, sino que también se han visto afectados quienes lo mantienen en la actualidad. El ingreso medio de los hogares también muestra un estancamiento en los últimos años. Eso ocurrió hasta 2018 y una caída muy abrupta en 2019. Si comparamos los promedios de 2019 y 2018 del ingreso per cápita, sin aguinaldo ni valor locativo, en total cae 1,7 %, siendo mucho mayor en Montevideo –2,4 %–, mientras que en el interior es del 1 %.

En materia de pobreza, lo que sucedió en 2019 fue un aumento de las personas que están en esa situación, es decir, de gente cuyo ingreso monetario está por debajo del umbral definido a los efectos de esa medición, pasando del 8,1 % al 8,8 % del total de la población. Este aumento significa que veinticinco mil personas cayeron debajo de la línea de ingresos definida como umbral de pobreza.

En relación con los hogares, el porcentaje de pobreza aumenta. El total de hogares que caen debajo de la línea de pobreza en 2019 es de casi un 6 %, pero a su vez preocupa que siga manteniéndose la diferencia en contra de las jefaturas femeninas y se amplía aún más la brecha de la pobreza en los hogares con jefatura femenina también en el 2019.

En cuanto a la evolución de los precios, de los sesenta meses de la Administración anterior, en cuarenta y siete meses la inflación estuvo por encima del rango meta. La última cifra, a febrero de 2020, refleja que la inflación móvil a doce meses se encontraba en 8,3 %.

Además, la señora ministra nos ilustró en la comisión sobre los desvíos de la inflación a partir del análisis de la inflación subyacente, la que excluye los precios más volátiles, que excede el 10 % en su variación anual, y sobre la inflación de los bienes transables que, desde mediados de 2017, está en aumento y llega a superar el 11 %.

Señora presidenta: culmino destacando especialmente el resultado de las finanzas públicas porque estas son determinantes en el comienzo de este período para el diseño de las políticas públicas que este Gobierno de coalición pueda definir, máxime teniendo en cuenta las consecuencias de la crisis sanitaria en la vida económica y social de nuestro Uruguay, donde sin duda la situación va a empeorar. El 2019 termina, entonces, con un déficit fiscal de 4,7 % del producto total, el que además se corrige por 0,3 % del producto a raíz de algunos factores extraordinarios, como lo es la operación de canje de deuda realizada en octubre de ese año. Si además consideramos una corrección de 0,1 % correspondiente a la variación de existencias de Ancap, el déficit en 2019 termina siendo, en realidad, de 5,1 % del producto.

Señora presidenta: el déficit en la ley de presupuesto del 2015, para este año, se estimaba en un 2,5 % del producto. Sin duda que fue el peor resultado fiscal de los últimos treinta años. Es un hecho objetivo, no es una exageración ni un disparate; es real. Es el peor resultado fiscal de los últimos treinta años.

Una vez más los hechos matan el relato, porque acá se ha hablado de relato y ¡vaya que hay actores políticos en este país que han construido relatos que cambian realidades! Creo que los hechos hablan por sí mismos y matan el relato. Alcanza con ver los niveles de pobreza, desempleo, informalidad, escasez de planes de vivienda digna para los más necesitados, crecimiento del número de asentamientos irregulares y de personas que viven en situación de calle, falta de políticas y de estrategias serias contra la drogadicción, etcétera. Estos son algunos de los ejemplos que nos demuestran la existencia de otro déficit mucho más grave aún: el déficit en materia de políticas sociales. Existe confusión en cuanto a que el asistencialismo –que es necesario y que hay que hacer– es suficiente cuando, en realidad, todos sabemos que desarrollo social no es solamente asistencialismo. Desarrollo social es sacar a los pobres de la pobreza; eso es lo que nosotros queremos: políticas de desarrollo social.

Hay ofensas porque hablamos de despilfarro y de descontrol en el uso de los dineros públicos. Señora presidenta: se han gastado millones de dólares sin dejar ningún aporte al Estado y a los uruguayos. Voy a mencionar algunos porque los ejemplos son múltiples. Uno de ellos tiene que ver con los fondos de incentivo cultural, que desde 2008 hasta setiembre de 2018 han sido financiados con un fideicomiso que manejó más de $ 457:000.000 y que hoy están siendo investigados por la justicia penal, debido a falta de controles y transparencia, según lo informado por la propia Auditoría General de la Nación.

Se informa que los registros utilizados para la gestión del fondo no han logrado otorgar las condiciones y garantías necesarias para proveer de información íntegra, confiable, veraz y oportuna, que no se llevan registros en actas de las decisiones tomadas, no hay criterios específicos para seleccionar los proyectos, hay falta de discrecionalidad y transparencia del jurado que elige los proyectos, y hay $ 22:000.000 que no están identificados, que están en un limbo y así podríamos continuar con otra gran cantidad de observaciones. Si esto no es despilfarro…

En cuanto al Inefop, también terminó en la justicia penal. El préstamo que la cooperativa Envidrio recibió del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional por una cifra cercana a USD 1:500.000 fue observado por la auditoría independiente que auditó los balances del organismo. Se otorgó un préstamo a una empresa totalmente inviable y sin capacidad de repago, violentando las normas de competencia del propio instituto. Pero lo peor es que el otorgamiento del crédito obedeció estrictamente –y todos lo sabemos– a razones políticas. Fue una decisión del ministro de Trabajo y Seguridad Social de la época, Ernesto Murro, quien decidió prestar nada menos que USD 1:500.000 a una empresa insolvente, que cuenta con un pasivo de USD 48:000.000, generado principalmente con dineros públicos de todos los uruguayos. Si esto no es despilfarro…

El Fondes, la velita prendida del socialismo, nos ha costado muy caro. Si bien durante el último Gobierno se pudieron recomponer en cierta medida sus finanzas –luego del despilfarro ocurrido durante el Gobierno del expresidente Mujica–, ha quedado un gran agujero de USD 33:000.000 por préstamos incobrables a Olmos, Envidrio y Urutransfor.

Ni que hablar de Ancap; ¿qué más se puede decir del despilfarro en este organismo? Nos costó cerca de USD 1.000:000.000 en capitalización, luego de las millonarias pérdidas sufridas. También hay que mencionar a Pluna, con el Estado uruguayo asumiendo la garantía por la compra de aviones por parte de empresarios privados por un monto de USD 137:000.000. Otros ejemplos son el museo Gurvich y el avión multipropósito; las malversaciones son tan groseras –por no decir otra cosa– que hasta se compró un museo privado por casi USD 3:000.000 y un avión viejo que costó USD 1:000.000 y que ahora no podemos vender por mucho menos dinero porque no hay interesados. Parece que está bien claro; se gastaron millones y millones sin sentido, sin dejar beneficios al Estado y a los uruguayos, favoreciendo a empresas o a instituciones cercanas al Gobierno, sin transparencia y muchas veces contra la opinión y advertencia de los órganos de control o de la oposición. ¡Se gastó con soberbia, como si los recursos fueran propios!

En paralelo con esta política de derroche durante los Gobiernos anteriores, se mantuvo una práctica sistemática y constante de no asignar recursos a los órganos de control. Se puede comprobar cómo en cada ley de presupuesto y de rendición de cuentas se retaceaban los recursos para el Tribunal de Cuentas, la Jutep o la propia Corte Electoral. No voy a aseverar que fue una práctica intencional, pero no hay dudas de que el debilitamiento de los controles favoreció todo tipo de irregularidades en el manejo de los dineros públicos. Por lo tanto, creo que es dable que en esta sesión en la que se considera la rendición de cuentas, aprobemos la claridad con que se establecen los números por parte del Gobierno, pero estamos más que fundados en dejar clara nuestra oposición, discrepancia, desagrado, denuncia y condena a una pésima gestión de gobierno.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Esta rendición de cuentas viene acompañada de una frondosa cantidad de cifras, estadísticas y gráficas que, verdaderamente, es algo abstruso para los que somos legos en el manejo de estas cosas. Pero bueno, si un señor presidente se dio el lujo de decir que firmaba sin leer, quizás nosotros podamos aprobar esta rendición de cuentas sin entenderla mayormente o sin revisar las cuentas propiamente dichas.

Digo que esta rendición de cuentas se resume en una cifra que arroja un déficit de un 5 % del producto bruto interno. Y esa cifra resume una gran decepción del pueblo de la república expresado en las últimas elecciones. Cómo no recordar discursos que hablaban del no pago de la deuda externa o que, de alguna forma más modesta, ponían en la picota la deuda externa de la república. Ese tema parecería que hoy desapareció de la preocupación de la gente; sin embargo, como se decía aquí en sala, pagar los servicios de esa deuda nos cuesta USD 2.000:000.000. Esa deuda creció enormemente. Y celebrábamos cuando colocábamos los títulos de deuda pública como si eso fuera un gran logro. La verdad es que cuando tuve que entrar a firmar un vale a algún lugar, lo hice con mucha tristeza por tener que someterme a las condiciones que me imponían los acreedores.

Entonces, lo que hicimos fue endeudarnos, endeudarnos y volver a endeudarnos, aumentando el peso de las cadenas de la dependencia de la independencia nacional. Y no es falso, amigo Bergara, es una verdad de a puño. ¡Hace quince años nosotros esperábamos un gesto de rebeldía: desarrollar políticas económicas que pusieran al país en el camino de la dignidad, independizándonos de esos grandes poderes plutocráticos! Cuanto más plutocráticos, más tiránicos, parafraseando al doctor Herrera. ¡Sí, es mi gran mentor ideológico! Eso es lo que hemos vivido.

Se nos habló de reforma agraria, pero asistimos a la mayor concentración de tierras del Uruguay, y no en manos de unos pocos ricos con ciudadanía oriental, sino de multinacionales, de las multinacionales forestales, de los fondos de inversión extranjeros. Vivimos un gran cuento chino los que creímos en algún momento que podía encenderse una luz de independencia en el horizonte de la república. Por cierto que eso no sucedió.

El tema de la tierra, de la deuda externa y de los altos intereses siguen siendo problemas centrales en la economía. No soy un experto en economía, pero como cualquier ciudadano de este país sufro las consecuencias de una economía que veo que se desbarranca. Y luego de estos quince años, ¿qué es lo que hemos visto? La propia izquierda nos dice que hay un 60 % de analfabetos funcionales entre los educandos que integran las clases menos favorecidas; y un 30 % entre los demás. ¿Ese es el resultado de las inversiones en educación que se han hecho en este país? Digamos con dolor que no es así. Las muelas de esa gran tenaza pico de loro que se cierne sobre el país se han apretado desde la izquierda y desde la derecha, desde lo que se llama izquierda y desde lo que se llama derecha. Esa es la gran verdad y ahí está el pueblo oriental, ahí estamos unos pocos que vemos con mucha preocupación esto y buscamos ese paso de las Termópilas donde vamos a dar la pelea por la independencia nacional. ¡La vamos a dar en serio, a pesar de que son grandes los poderes económicos del mundo y hay muchos CEO en la república al servicio de la banca internacional y de las multinacionales! Hay muchos que esperan eso. Los que estamos en Cabildo Abierto nos rebelamos ante ese futuro y hacemos lo que podemos, somos los pocos soldados de Leónidas.

De los 14:000.000 de hectáreas del Uruguay, 7:000.000 están en manos de las multinacionales. El pago de servicios de la deuda externa fue de USD 2.000:000.000. ¿A quién se la pagamos? A la banca internacional que nos pone los colmillos en la yugular. ¡Esa es la verdad! Digámoslo con palabras claras, sin tecnicismo. Y ante eso nos rebelamos. De un día para el otro aparecieron 400.000 personas trabajando en negro, 200.000 desocupadas y 50.000 en seguro de paro. La industria nacional no existe y un país sin industria es un país sin trabajo; por lo tanto, estaremos arrinconados en las ciudades. Los proletarios del mundo y del Uruguay estarán en las ciudades, sin trabajo, porque hemos permitido que se barra la industria nacional. ¡Esa es una gran verdad! Si recorremos la calle Veracierto podremos comprobar que no queda una textil, y estamos hablando de un país que tenía 25:000.000 de lanares y que producía 60:000.000 de toneladas de lana. ¡Hace años que en el campo no cuereamos una vaca muerta! ¿Y saben por qué? ¡Porque el cuero no vale un peso! Resulta que es más barato curtir un cuero en Italia que en Uruguay. Es decir que van a desaparecer las curtidurías y, en consecuencia, el trabajo de muchas personas. Estamos asistiendo a la destrucción de la economía nacional, insensiblemente.

Perdone, señora presidenta, la vehemencia, pero estas son las cifras de un fracaso. Espero que en estos cinco años podamos revertirlo. Quiero confiar en que vamos a reaccionar y a desandar las políticas que, aunque han cambiado los partidos políticos, siguen siendo las mismas porque los grandes poderes del mundo nos ponen unas caras unos días y otras, otros días, pero los titiriteros siguen siendo los mismos.

Muchas gracias.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: venimos a analizar la rendición de cuentas de la república del 2019 y, también, sin dudas, sus orígenes, sus causas, el estado de situación, la circunstancia, los manejos y las decisiones que nos llevan a esta situación. Son las cuentas de nuestra república, que no son ajenas a nosotros, pero sí lo ha sido su manejo, y de todos son sus consecuencias. Las analizaremos con la responsabilidad debida, no caeremos en la distorsión de los hechos ni en la utilización conveniente de períodos o años base para demostrar lo que no se corresponde con la realidad. Por supuesto, el análisis trasuntará una óptica que es la nuestra: un apego al país real contra el país de papel, al país del trabajo y la producción contra el país de la especulación financiera. Siempre preferimos esta visión; es más lindo el Uruguay visto desde atrás de un arado que desde atrás de un escritorio. Y a ese Uruguay del que hablamos le ha ido mal en 2019, en este quinquenio y en la era frenteamplista que se ha terminado.

El informe del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya objetividad no cuestiona nadie –y que por eso votaremos en una unanimidad que paradójicamente es, en realidad, discordia–, dice que el país del trabajo está herido. Cayó la actividad primaria en un 3,8 %, la industria en un 1,1 % y la construcción en un 2 %. Solo en 2019 perdimos más de 10.000 puestos de trabajo y en el quinquenio fueron 56.000, mientras que el Estado sumó 9000 vínculos laborales. El salario real también cayó en un 0,3 % si se lo mide de punta a punta. Según la Encuesta Continua de Hogares hay 404.000 informales que no están ni en una sola caja.

Por su parte, la inflación volvió a crecer y se ubicó por encima de ese rango amplísimo, de entre 3 % y 7 %. La inflación subyacente –calculada con el criterio de eliminar frutas y verduras, por su volatilidad, y las tarifas, por ser manejables– fue del 10,35 %; se ubicó en los dos dígitos. La pobreza trepó al 8,8 %; 25.000 nuevos uruguayos ingresaron a esa triste categoría que significa tener un ingreso medio en la familia que no paga la nutrición básica ni cubre mínimos gastos no alimentarios. En esta categoría, el 73 % tiene un vínculo informal en la actividad laboral que realiza. ¡Qué pobreza diferente a la del Uruguay de siempre! Esto nos trae la permanente invocación de la senadora Gloria Rodríguez: otra pobreza. De cada cien hogares seis están en esa situación, lo que equivale a casi nueve de cada cien uruguayos. Si la jefa de hogar es una mujer, la pobreza alcanza al 7,5 % de los hogares; en el Uruguay la pobreza sigue con rostro de mujer. Encima, en los menores de seis años la pobreza es del orden del 17 % y para los menores de dieciocho años se mantiene en el 15 %. El gasto social no parece haber sido tan social, señora presidenta.

El déficit fiscal es del 4,5 % del PBI, el mayor que se conoce en los últimos treinta años, como bien lo han señalado los senadores Gandini, Viera y Domenech. Si se quitan los ahorros registrados por las existencias de petróleo, por el cual sumamos un 0,1 % más, y por el canje de deuda, que fue contabilizado como el 0,3 % del PBI, llegamos al 5,1 % de déficit fiscal. La deuda neta creció al 43,5 %, y la deuda bruta asciende a USD 37.160:000.000, un 66,4 % del PIB. Si nos ubicamos del lado de la demanda, el consumo final se incrementó en 0,5 %, y la inversión en activos fijos, en 1,4 %, pero ¡claro!, por un incremento en la inversión del sector privado, que tiene nombre y apellido: UPM. La inversión pública cayó en 2019 un 0,6 %; la formación bruta de capital fijo cayó un 26 % entre 2014 y 2019. Pero en ese período existió una contracción del sector primario del orden del 3,5 %; el comercio cayó 4,2 %; la construcción, 14,7 %; la industria tuvo una pequeña expansión del orden del 2,8 %; pero el conjunto del agro, el comercio, la industria y la construcción cayeron 3,3 %. Tenemos ese déficit del 5,1 %, pero tomemos el del 4, 7 % del PIB y la deuda bruta del 66,4 % del PBI. ¿Sabe, señora presidenta, de cuánto era el déficit en el 2001, el año previo a la crisis, el inmediatamente anterior? Era del 3,4 %, contra el 4,7 % con el que cerró el 2019. ¿De cuánto era la deuda bruta en ese año, señora presidenta? Estaba en el orden del 48 %, contra el 66,4 % con el cual cerró este 2019. En términos absolutos, además, esta deuda triplica aquella, y si se cae el nivel de actividad de la economía la deuda que pesará sobre los hombros del trabajo nacional es esta, ¡esta!, la triplicada, la que nos regaló el Gobierno del Frente Amplio. Si la actividad continúa cayendo, el peso relativo de la deuda se agiganta, y la deuda pesa en términos absolutos. ¡El país ya vivió esto! Deberíamos darnos cuenta de ese mal.

Nos han entregado, señora presidenta, un país en peor situación que la previa a la crisis. ¿A dónde fue a parar el crecimiento? ¿Qué pasó con el producido del trabajo de un país que era el que más crecía en el continente? ¿A dónde fueron los altos niveles de inversión y de consumo que explicaron el crecimiento inicial? ¿A dónde fue a parar la generación de valor de un mundo que llegó a especular con cosechas que se vendían tres y cuatro veces en el mercado de Chicago? ¿A dónde fue a parar aquella Argentina K, que con sus detracciones expulsaba a sus productores, a sus agricultores, y los mandaba a todos para acá? ¿A dónde fue a parar el Brasil caro que nos compraba todo? En el período 2004-2019 –que tanto les gusta tomar como referencia– el PIB creció un 65 % en términos reales, la recaudación creció un 110 %, y el gasto, un 118 %. La relación recursos-PIB pasó de 19,75 % en 2004, a 25,07 % en 2019; esto se llama aumento de la presión fiscal.

En 2004 la inversión fue del 6,83 % del gasto, y en 2019 bajó al 5,96 %. La deuda bruta en dólares aumentó un 166 %, y la neta, un 106 %. Si se deflacta la deuda bruta, por la inflación del dólar, el aumento fue de casi el 100 %. El incremento desmedido del gasto, que pasó de un 25 % a mediados de 2005 al 31 % en 2019, se financió con impuestos, tarifas y aumento de deudas.

Señora presidenta: el bienestar fue ficticio, porque la gente se endeudó. El aumento de impuestos, el atraso cambiario y el aumento de la deuda –que para el inversor no significa otra cosa que la suba diferida de impuestos– desalentaron la inversión. Todos nos acordamos de cómo funciona la curva de Laffer. Como decía, se desalentaron la inversión y las fuentes de empleo; de hecho, se perdieron más de cincuenta mil puestos de trabajo. Solo borrando el fantasma del aumento futuro de impuestos cambiaremos la expectativa del inversor. Mientras el empresario no vea conducta en el Gobierno, no dejará de especular para ponerse a producir.

En la última edición del semanario Búsqueda, Gabriel Oddone dijo varias cosas interesantes, entre ellas, que el desafío del próximo Gobierno es convencer, ¡al mundo!, de que podrá alcanzar un punto de superávit primario para dejar de crecer en su endeudamiento.

El financiamiento con deuda externa tiene un costo menor que el doméstico, por el grado inversor y, además, aumenta las reservas internacionales netas. Pero, claro, cuando el Gobierno convierte las reservas a pesos y paga –porque tenemos déficit primario–, la plaza se inunda de pesos. Para evitar el aumento de los precios, el Banco Central del Uruguay esteriliza, colocando letras de regulación monetaria, por las que paga interés. Entonces, como nos hace ver claramente el contador Protasi, pagamos interés por la deuda que asumimos en el extranjero y también pagamos interés por las letras de regulación monetaria, por haber convertido ese dinero a pesos para pagar nuestro gasto. La defensa del peso genera déficit parafiscal por el pago de los intereses sobre las letras de regulación monetaria. Entonces, claramente –lo reiteramos–, al interés de la deuda original hay que sumarle el de las letras de regulación monetaria para defender el peso. El contador Protasi suma otro razonamiento; él dice que la gente espera una devaluación del peso igual a la diferencia de la tasa de interés en moneda nacional más alta que se paga por las letras de regulación monetaria, en comparación con la tasa externa. Aclara que ese diferencial atrae capital que el Banco Central del Uruguay compra para evitar la caída del tipo de cambio, lo que obliga a más colocación de letras de regulación monetaria, y así sucesivamente.

El exceso de gasto, señora presidenta, no solo compromete la sostenibilidad del gasto, como le preocupa –y lo dijo claramente– a nuestra ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. La ministra fue clarísima: no importa tener para gastar solamente hoy; importa tener para gastar hoy y para atender las obligaciones de mañana. El Uruguay de la situación social complicada no es el de ayer solamente, sino que es el de ayer, el de hoy y el de mañana. Y en esto sí que no hay magia alguna, porque atender la situación ¡cuesta! Y la responsabilidad de un gobierno es tener los recursos para atender esa situación.

Hemos neutralizado todos los efectos positivos del gasto y se lo estamos haciendo pagar a los ciudadanos de este país de la peor manera: con pobreza y con desempleo.

¿Cómo fue la calidad de ese tan mentado gasto? Empiezo por el 2004, que es el que les gusta tener de base. Los vínculos en ASSE de funcionarios y no funcionarios ascendían a 13.384, mientras que hoy llegan a 26.130; se aumentó en casi un 100 %. La ejecución de 2019 pasó de $ 14.429:000.000 a $ 19.398:000.000; la diferencia es de $ 4.969:000.000. Los usuarios eran 1:545.000 y ahora son 1:360.000; el número de usuarios cayó en 185.000, en un país en el que todos los hospitales del interior de la república han sido declarados policlínicas; no nace un niño más en ninguno de ellos. Esto sucede en un país en el que la demora para ser atendido por un doctor es de tres meses.

Con respecto a la ANEP, en el 2004 teníamos 49.000 vínculos funcionales y hoy hay 91.000; casi el doble. La ejecución era de $ 28.175:000.000 y en el último año pasó a ser de $ 71.406:000.000; casi se triplicó. ¿Qué pasó con la matrícula? Cayó en 37.574 alumnos. ¡Y todo esto sin hablar del Ineed y del resultado de las pruebas PISA!

En el 2004 no existía el Mides, aunque por supuesto había ejecución de gasto social. El Mides adquirió casi dos mil funcionarios y en su área la ejecución se multiplicó por cinco o por seis, pero por mucho más se multiplicó la cantidad de gente durmiendo en las calles, y por muchísimo más todavía la cantidad de asentamientos en la república.

El Ministerio del Interior pasó de 26.872 vínculos en 2004 a 33.976 en 2019; los vínculos aumentaron en 7104. La ejecución era de 13.427:000.000 y pasó más que a duplicarse: 30.307:000.000. Uno piensa: más recursos y más gente, menos delitos, pero los hurtos pasaron de 98.408 en 2004 a 139.623 en 2019; los homicidios, de 200 a 391; y las rapiñas, señora presidenta, de 7000 a 30.650. Entre 2004 y 2019 el Estado aumentó 31 % sus vínculos laborales. De todas formas, no cumplió su cuota con las personas trans –entraron siete en 2019–, ni con las personas con discapacidad: 1,3 % contra el 4 % que exige la ley.

Quiero volver al tema de la deuda. La publicación En opinión, del contador Pablo Sitjar, citaba: «El creciente desequilibrio en las cuentas públicas obliga a Uruguay a recurrir con mayor frecuencia a los mercados internacionales de deuda. Un déficit fiscal del 5 % del PBI implica que Uruguay incrementa su deuda todos los años en una cifra cercana a los USD 3.000 millones». Y acá me detengo porque me gusta el ejemplo: USD 3.000:000.000. Una hectárea promedio en el Uruguay cuesta USD 3000. Estamos hablando de un millón de hectáreas; estamos hablando de la tierra de un departamento ¡entero!

Sigue el contador Sitjar: «A eso hay que agregarle la deuda que vence todos los años y que resulta necesario refinanciar. En 2020 vencerán cerca de USD 2.000 millones, y una cifra similar vencerá en 2021 y 2022. Esto implica que por año el Estado debe recurrir a los mercados internacionales de deuda para financiar USD 5.000 millones, lo que representa aproximadamente 8 % del PBI».

En otra parte de la nota, el contador Pablo Sitjar hace una relación atinada porque para pagar deuda en moneda extranjera hay que hacerse de recursos en moneda extranjera: hay que exportar. Eso es lo genuino. Vean lo que señala: «Los niveles actuales de deuda representan más de tres veces las exportaciones, cuando en 2012 este indicador era levemente superior a dos. Dado que las exportaciones son la única fuente genuina de divisas, el aumento del 50 % en este indicador marca un deterioro preocupante en la capacidad de hacer frente a la deuda».

Cosas peores: al 17 de julio las reservas brutas ascienden a USD 16.222:000.000. Si deduzco los pasivos del Banco Central del Uruguay en dólares, con el ministerio de Economía y Finanzas, con el BPS, con las AFAP, por 2.757:000.000; si deduzco los pasivos con los bancos, por USD 7.402:000.000, las reservas netas me quedan en 6.063:000.000. Si tengo en cuenta que el stock de letras de regulación monetaria es muy similar a esa cifra, puedo sacar perfectamente la conclusión de que no existe cobertura de reservas para la base monetaria, que es del orden de los 3.000:000.000.

Señora presidenta: crecimiento desmedido del gasto, aumento de la presión fiscal, déficit en niveles récords, endeudamiento excesivo y con costos enormes. ¿Quién pagó la fiesta? ¿Quién pagó esta fiesta del Uruguay? Sin dudas, el ajuste lo hizo el sector privado.

Acompañemos al economista Isaac Alfie en su razonamiento. Entre 2014 y 2019 el déficit fiscal pasó de 3,5 % a 5 %. En idéntico período el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos pasó de un déficit de 3,2 % a un superávit de 0,6 % del PBI. Por tanto, el ahorro neto de inversión del sector privado pasó de 0,3 % a 5,6 % del PBI. Entonces, la magnitud del ajuste privado en estos cinco años fue del 5,3 % del PBI y esto se refleja en la caída del consumo y la inversión.

El economista Alfie dice que si miramos las cuentas de exportaciones e importaciones de bienes y servicios veremos que las exportaciones caen 1.400:000.000 y las importaciones 4.050:000.000. En consecuencia, el ajuste neto es de 2.650:000.000, en el entorno de los 5 puntos del PBI. Claramente, el ajuste lo hizo el sector privado, tal como muestran los gráficos que nos entregó nuestra señora ministra.

Queda claro el duro panorama que nos toca enfrentar, como les gusta decir a los senadores Penadés y Domenech, y hoy, en el día de Herrera, diré que la quilla de nuestro barco hiende mejor las aguas embravecidas. Debemos enfrentar un tiempo duro, equilibrar la economía sin capacidad de invertir, ahorrar en medio de la necesidad, mejorar el ingreso del Estado con un aparato productivo al que no se le puede pedir un solo esfuerzo más, ganarle a la pobreza sin nuevo gasto, simultáneamente recobrar nuestra competitividad sin créditos y en un mundo que cierra sus mercados al trabajo extranjero, y recuperar la dignidad del Uruguay a la uruguaya, esa en que cada uno quiere ganar su pan y el de sus hijos con el sudor de su frente. Como bien señaló el senador Gandini, hay que devolver esos valores, pero también hay que devolver el empleo. Además de todo lo expresado, debemos mantener el funcionamiento de nuestras instituciones y honrar nuestros compromisos.

De poco valdría este debate que hemos mantenido si su único objeto fuera el de pasarnos mutuas cuentas. Mi objetivo no es atacar partidos ni personas, sino marcar los hechos para que asumamos conciencia de que la deuda la pagan nuestros hijos; conciencia de que más gasto no es más felicidad; conciencia de que el Estado crecido achica el país; conciencia de que toda fiesta se paga; conciencia –ya redondeo mi exposición, señora presidenta– del valor del que arriesga, y conciencia del valor del que agacha el lomo, ya que sin ellos el Uruguay no es el Uruguay. Si hemos aprendido algo es que después de un tiempo volverá a amanecer. Si no aprendimos, después del tiempo de sacrificio volverá nuevamente el ciclo de fiesta estatista y seguiremos en el mismo lugar, condenados al inmovilismo. ¡Yo tengo fe! Tengo fe en nuestros conductores políticos y aún más en nuestro pueblo, y no tengo dudas de que hará germinar esa imprescindible conciencia nacional.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Gracias, señora presidenta.

En ocasión de la visita del equipo económico a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para considerar la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019, la señora ministra dijo que la presentaba para cumplir con la Constitución.

(Interrupciones).

–De todos modos, se escucha.

Bien. La señora ministra también señaló que no compartía en absoluto la política económica detrás de las cifras, de las cuales no era responsable. ¡Tranquila! Nadie pretendía asignar responsabilidad a quien no pertenecía –al menos en los últimos años– a los equipos de gobierno. Justamente a eso deseamos referirnos, es decir, a la distancia que adelantó la propia señora ministra y a la forma elegida para presentar esas cifras, que se contraponen, en nuestro concepto, con el análisis riguroso de la realidad.

(Ocupa la presidencia la señora Gloria Rodríguez).

–El Gobierno mostró las cifras eligiendo los años y el alcance de las series de datos. Elegir es descartar y, en este caso, recortar de la realidad los argumentos para intentar un relato de un país fundido que se recibe como herencia, es decir, un país fundido resultado del derroche, que dejaría al nuevo Gobierno de manos atadas y sin margen de acción. No preciso ahondar en esto porque las últimas intervenciones han reflejado, justamente, ese intento de relato.

La narrativa del equipo económico se centra en el enlentecimiento del crecimiento en 2019, la caída del empleo, la disminución de la inversión, el aumento de la pobreza y, por supuesto, la situación fiscal. Sin embargo, la selección de períodos y los cortes en las series son arbitrarios porque, según la variable, algunos gráficos se inician en 2004, otros en 2012, algunos en 2015, y también en 2018; ahora el senador preopinante incorporó el 2001, como si luego de ese año no hubiera habido una crisis. Es una forma de sesgar el análisis y llevar agua para su molino. Distorsiona la realidad, pero sobre todo empobrece el debate sobre los avances alcanzados y los desafíos pendientes.

En la rendición de cuentas que hoy consideramos, el Gobierno sostiene –y cito textualmente–: «En la actual coyuntura, […] quedan en evidencia las consecuencias negativas para el país de una trayectoria fiscal no sustentable». No solo postula una trayectoria fiscal insostenible –afirmación sin duda muy complicada viniendo del propio Gobierno–, sino que a ella le atribuye el desempeño negativo de las variables elegidas para los períodos caprichosamente seleccionados.

Sobre la perspectiva de sustentabilidad de las cuentas públicas del Estado uruguayo dan clara respuesta las calificadoras de riesgo, cuando nos mantienen un sólido grado de inversión; los organismos internacionales, que reportan que la situación de Uruguay es envidiable –como dijo el Fondo Monetario Internacional en su último análisis– y los inversores internacionales, que son los que ponen el dinero sobre la mesa para prestar al país cifras muy importantes y a muy bajas tasas de interés. Se ve que todos vivimos equivocados, excepto el equipo económico del Gobierno. No solo carga las tintas en el déficit fiscal sin considerar la evolución, el nivel y la composición de la deuda, sino que lo hace en forma descontextualizada de las fortalezas construidas y de los avatares de la economía regional e internacional.

Queremos centrar el debate en lo que, desde nuestro punto de vista, realmente pasó en Uruguay. Para eso proponemos dar una perspectiva del mediano plazo para las variables relevantes presentes en el propio informe del Gobierno, sin sesgar la selección de los años de análisis e incorporando la dimensión regional e internacional. La economía uruguaya durante los últimos quince años creció un 80 % en términos reales, con un promedio anual de alrededor del 4 %, y creemos que tomar en consideración este aspecto es importante para tener una perspectiva de relato diferente del que se intenta instalar haciendo foco en la disminución del 0,2 % del último año.

Se ha dicho, para relativizar los logros en materia de crecimiento, que todo se explica por las condiciones internacionales, por el mentado viento de cola. Es claro que hubo un período internacional favorable durante los primeros años de los Gobiernos frenteamplistas, y el país supo aprovecharlo, afortunadamente, pero esas condiciones no fueron ni por asomo constantes. La crisis financiera y económica global del 2008 instaló otro escenario, menos favorable y muchísimo más imprevisible. Como sabemos, el comercio internacional se enfrió, bajaron los precios de los commodities –que componen mayoritariamente nuestra canasta de exportaciones– y el precio del barril de petróleo se disparó. Basta ver la crisis de Argentina y Brasil para valorar las condiciones de autonomía de vuelo que fuimos capaces de construir para seguir creciendo.

En este punto quiero hacer un paréntesis referido a algo que se dijo en sala y que quiero rebatir, esto es, que en algún momento el equipo económico de los Gobiernos frenteamplistas manifestó que los factores internacionales no tenían importancia o no tenían impacto, y eso es totalmente falso. Lo que hemos dicho hasta el cansancio es que no todo se explica solo por los factores internacionales. Cuando se dice que la crisis de 2002 fue solo por culpa de Argentina, es falso; cuando se dice que todo lo bueno que vino después fue por el viento de cola de afuera, también es falso. Las políticas importan, pero eso no quiere decir que los factores internacionales no importen. Sería absurdo considerar que, a un país pequeño como el Uruguay, inserto en el mundo, que exporta a ciento sesenta países, no le impacten las cosas que suceden en el mundo y en la región.

No solo en la evolución del PBI el Gobierno presenta datos recortados; esto también sucede con el nivel de la deuda y su composición. La deuda neta con respecto al producto es –como bien dijo la señora ministra en comisión– como debe considerarse la evolución de la deuda, no con todos estos chirimbolos que estamos escuchando, las distintas formas de hablar de la deuda, que no son relevantes al momento del análisis. Lo que hay que mirar, como bien dijo la señora ministra, es la deuda neta con respecto al producto. Esa deuda subió del 35 % al 43 % en estos años, pero muy lejos se encuentra de los niveles que tenía en el pasado cuando, en 2004, era del 78 % del producto interno bruto. Decir que aumentó ocho puntos en estos años implica un relato; soslayar que se bajaron treinta y cinco puntos en los años anteriores indica un relato diferente.

Al reducir el período a 2015 muy poco se muestra sobre toda la política que permitió desdolarizar la deuda en forma importante; llevar los vencimientos a plazos más largos quitando el ahogo financiero; prepagar las deudas con condicionamientos, sobre todo la del Fondo Monetario Internacional, las deudas caras; recuperar y sostener el grado de inversión en el 2012, y pagar tasas de interés que son la mitad de las que se pagaban hace quince años. La dependencia y el costo del financiamiento para el Estado hoy pesan bastante menos en el producto que hace quince años. Es incuestionable la mejora en todas las características del endeudamiento, que forman parte, reitero, de una política integral de la visión macroeconómica y pieza clave para cualquier análisis de sustentabilidad.

La realidad también luce diferente en empleo y pobreza si nos tomamos el trabajo de ampliar la mirada a una perspectiva de quince años. Es cierto, como dice el Gobierno en la rendición de cuentas, que en 2019 se perdieron diez mil puestos de trabajo y que creció la pobreza, que pasó del 8,1 % al 8,8 % de la población, pero el relato de herencia maldita no se podría sostener si se hubiera mencionado que desde 2004 se crearon más de trescientos mil puestos de trabajo –que en términos netos rondan los doscientos cincuenta mil luego de la caída de los últimos años– y que la pobreza del 40 % de la población se redujo a menos del 9 %. Poner rostro humano a los porcentajes significa hablar de un millón de uruguayos que salieron de la pobreza. Y lo mismo podemos decir de la informalidad, algo en lo que también se puso el foco: hoy es del 24 % o 25 %, pero en 2004 era del entorno del 40 %, y antes de la crisis estaba en el entorno del 42 %. También podemos hablar de la pobreza infantil, algo en lo que también se puso foco en el informe del Poder Ejecutivo, que hoy es del 17 %, y nos duele –claro que nos duele–, pero en 2004 era del 65 %. En el 2004, dos de cada tres niños nacían en hogares pobres en el Uruguay.

Para su relato de país fundido, el Gobierno pone en el centro del análisis el déficit fiscal. El déficit fiscal tan aludido nos preocupa. Lo dijimos siempre, aun en campaña electoral. Pero también hemos sostenido que el resultado fiscal no es un dato aislado, no puede analizarse por separado de otro conjunto de indicadores. No define por sí mismo la fortaleza financiera del Estado. Es imprescindible leerlo a la luz de la situación de la deuda pública, ver qué capacidad de pago tenemos y qué condiciones tenemos para que nos sigan prestando.

Se hizo referencia a que en 2004 el déficit era del entorno del 2 %. Algunos años antes rondaba el 7 % o el 8 %; recordémoslo. Pero una cosa es un déficit del 2 % con una deuda que era muchísimo más alta, que se debía en el corto plazo, todo en dólares, con tasas caras, casi sin reservas internacionales disponibles, y con un sistema bancario que se caía a pedazos. Ese déficit, por sí mismo, no hablaba seguramente de ningún tipo de fortaleza financiera. La fortaleza financiera también es resultado de los enormes niveles de reservas internacionales, además –reitero– de tener un grado de inversión bien consolidado. Uruguay pasó de contar con solo USD 2.500:000.000 de reservas en 2004 a USD 14.500:000.000 en 2019. Asimismo, dispone de préstamos contingentes, líneas de crédito a sola firma, ya acordadas en los Gobiernos frenteamplistas, por USD 2.200:000.000 y a muy bajo costo. Lo mismo puede decirse de la capacidad de obtener financiamiento en los mercados internacionales.

La estabilidad financiera del Uruguay también es la solvencia y la fortaleza de su sistema financiero. Recordemos –¡cómo olvidarlo!– que en el 2004 los bancos públicos, con sus depósitos reprogramados, no solo no podían aumentar el crédito para contribuir a mitigar la salida a la crisis, sino que venían a ser un factor de fragilidad y de enormes contingencias para las finanzas públicas. Desde entonces el BROU multiplicó su patrimonio, llegando casi a USD 1.900:000.000, y el Banco Hipotecario, fiel ejemplo de ese Estado frágil y atado con alambre, que estaba quebrado, cerrado, fundido, hoy es líder en el mercado hipotecario y tiene un patrimonio de más de USD 800:000.000. En todas las crisis que recordamos el sistema bancario estuvo en el epicentro. Hoy por hoy, la solidez y la liquidez del sistema permiten, lejos de ser parte del problema, contribuir a mitigar los impactos de la crisis.

Mientras acá, en casa, para la gente el Gobierno abona y machaca con su relato de país fundido, a la hora de salir a los mercados internacionales y hablar a los inversores, despliega orgullosamente las seguridades para prestar al Estado uruguayo. Y haciendo valer las fortalezas construidas durante años –la reputación, la credibilidad y el grado inversor–, el Gobierno consigue una colocación de deuda exitosa en los mercados, a tasas históricamente bajas. No hay forma de soslayarlo: eso es también resultado de la herencia recibida. Al hablar de la situación fiscal, corresponde desmadejar todo el ovillo y no dejar flotando el velo de la duda, sugiriendo que se gastó más de lo que se podía, de un modo irresponsable o, en otras palabras, como también se ha dicho, que hubo despilfarro. Es difícil hablar de derroche o de despilfarro cuando más del 70 % del incremento del gasto público es gasto social en salud, educación, jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y seguridad pública. Nos encantaría dar el debate en cada una de estas políticas públicas, en la importancia de haber conseguido mejorar la distribución del ingreso, acortando la brecha entre pobres y ricos, ensanchando la clase media; un país que, a diferencia del pasado, creció con equidad y más oportunidades. Mis compañeros de bancada van a avanzar con contundencia en esos aspectos. Nos resistimos a aceptar que la discusión sobre la salud económico-financiera del Estado uruguayo tenga que ser discutida exclusivamente entre economistas. Cuando un país está fundido es imposible ocultarlo y nadie puede hacerse el distraído. Un país fundido es un país en el cual el Estado no puede pagar las cuentas del mes siguiente, es un país en el que nadie confía. Un país fundido es un país al que los inversores no le prestan y en el que la gente que tiene algún ahorro prefiere guardarlo en el colchón en vez de depositarlo en los bancos. Un país fundido es el que tiene al Fondo Monetario Internacional como única esperanza. En el Uruguay, lamentablemente, no hay que ir muy atrás para recordar cómo era vivir en un país fundido.

Este relato de un país en caída libre, que procura instalar el Gobierno, es parte del intento por convencernos de que las políticas de ajuste que ya se están llevando adelante son culpa de la pandemia –cuyos efectos no negamos– y del desastre de país que dejó el Frente Amplio. A este respecto, decimos con total convicción que eso es inaceptable. Este relato también se usa para retacear recursos de ayuda a los más débiles en el marco de la pandemia. Estamos convencidos justamente de lo contrario; un ajuste de gasto público al barrer, rebajas salariales y de pasividades y recorte de las políticas sociales, en lugar de buscar contrarrestar los efectos de la pandemia, solo nos deparará peores resultados económicos.

En materia sanitaria, el Gobierno ha afrontado la situación razonablemente. Nosotros, a diferencia del Gobierno, somos capaces de reconocer cosas bien hechas, pero también decimos que, en buena parte, las medidas se basaron en plataformas institucionales fortalecidas o creadas durante los Gobiernos frenteamplistas, como la conectividad de primer mundo, el Plan Ceibal, el mapa de información social, el Sistema Nacional Integrado de Salud, el despliegue de la Udelar, la creación de la UTEC, del Instituto Pasteur, de la ANII.

En el plano económico y social las medidas han tenido magnitudes y coberturas muy limitadas. Cuesta encontrar Gobiernos a nivel global que hayan afectado tan pocos recursos a paliar las consecuencias de la pandemia como el nuestro. Ninguno de los indicadores de la rendición de cuentas justifica ni condiciona estos niveles insuficientes de respuesta a la lucha contra la covid-19.

Por último, voy a referirme a la incorporación del artículo 2.º por parte de la coalición de gobierno. Este artículo habla de una declaración a efectos interpretativos. ¿Qué es lo que había que interpretar? El contenido del artículo 1.º es trivial. Se aprueban los montos. ¿Quién tenía dificultades de comprensión de ese artículo como para requerir una interpretación adicional? Desde el punto de vista formal, es totalmente improcedente. Lo que hace el artículo es dar una opinión, pero las leyes no son para dar opiniones. Para eso están las exposiciones de motivos, las intervenciones en sala, las constancias y las fundamentaciones de voto. Su contenido es más propio de un editorial periodístico que del artículo de una ley. No es un tema de molestias personales. Notoriamente se desvirtúa la naturaleza de la labor legislativa solo por una necesidad política menor de la coalición de gobierno. Considero que es una formulación totalmente fuera de estilo, que no hace honor a las mejores tradiciones de transiciones democráticas en el país.

En el 2005, al Frente Amplio no se le pasó por la cabeza explicitar lo obvio: que discrepaba abiertamente con las políticas previas. ¿Qué significa que una ley diga que se condena una gestión? Es una frase grandilocuente que parece más un saludo a la bandera, o a la tribuna, que un concepto legislativo con contenido. Una ley para dar opinión; algo nunca visto. Este artículo es claramente una salida política para una coalición que no se ponía de acuerdo entre votar o no votar la rendición de cuentas. Es una muestra más de improvisación y desprolijidad. Además, es una confirmación de que lo que se intenta es instalar un relato que refiere a que el Frente Amplio no hizo nada bien y dejó un país desastroso. Es un juego político menor que no se condice con lo que el propio Gobierno dice a los inversores internacionales, a quienes muestra, reitero, un país plagado de fortalezas. Ambas cosas no pueden ser ciertas a la vez: es un país de fortalezas o es un país fundido; les mienten a los inversores internacionales o nos mienten a los uruguayos. Hubiera preferido que el Gobierno siguiera otro camino. Hubiera querido que a nivel internacional se nos viera como el ejemplo que solemos ser como sistema político. Hubiera imaginado que algún medio de prensa extranjero dijera lo que citaré textualmente –abro comillas–: «El nuevo Gobierno de Uruguay acaba de dar un excelente ejemplo de lo que debe ser la sana convivencia política y democrática al destacar los éxitos de la Administración que reemplazó meses atrás y que estaba en manos de otro partido político». Pero no fue así. El Gobierno prefirió no reconocer absolutamente nada de lo hecho en los últimos quince años; prefirió el juego político miope, sin levantar la mira.

Déjenme decirles que esto que acabo de leer es textual del diario La Nación, de su editorial del 6 de agosto de 2005, refiriéndose a la rendición de cuentas que el primer Gobierno frenteamplista elevó al Parlamento, que incluía el reconocimiento de algunos aspectos llevados adelante por el Gobierno del doctor Jorge Batlle. El editorial agrega que, a pesar de que muchos dirigentes hablaban de la pesada herencia que significaba la crisis –abro comillas–, «el gobierno del doctor Vázquez se puso por encima de las rencillas coyunturales» –cierro comillas– y rescató algunos resultados de las políticas implementadas. También decía La Nación: «La destacable actitud que asumió el gobierno uruguayo dista mucho de la arraigada costumbre a la que nos tienen habituados los nuevos gobiernos en nuestro país, que no dejan pasar oportunidad para acusar a sus predecesores de haberles dejado una pesada herencia, responsabilizándolos de todos los males que aquejan a los argentinos», y cierro comillas.

En fin, como se dice en las películas y en los libros: cualquier similitud con la realidad será pura coincidencia.

Reitero: en mi opinión, el Gobierno elige un camino equivocado, desnaturaliza la labor legislativa, hace un relato engañoso y desconoce las fortalezas evidentes que el país tiene. Decide no hacer honor a las mejores tradiciones republicanas y las transiciones democráticas del país. ¡Una lástima!

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- En el pormenorizado, apasionado, pero también profundo y exhaustivo análisis que hacía el miembro informante por la mayoría, señor senador Gandini, aludía a una crítica que se hizo en torno a la «terrajada» del artículo 2.º del proyecto de ley que vamos a votar. ¿Sabe por qué yo no pedí una intervención por una alusión? Porque ese término no afecta en absoluto, ya que critica desde otro orden una norma legal. No la critica desde la legalidad, desde la juridicidad ni desde su conveniencia; la critica desde un orden subjetivo de lo que es elegante, lo que puede ser distinguido o chic. Es tan subjetivo que por eso no pedí una intervención.

Luego sí se hicieron alusiones a la juridicidad. Aquí me permito recordar los artículos 215, 217 y 218 de la Constitución –que no voy a leer porque todos los tenemos presentes–, que se refieren a las posibilidades de introducir modificaciones en los proyectos de rendición de cuentas. Mencionan que, si son introducidas modificaciones por una cámara, la otra deberá pronunciarse sobre esas modificaciones, etcétera. Las modificaciones y el agregado de artículos están habilitados por la Constitución.

¿Es una innovación? Sí. Se había anunciado que íbamos a innovar. Es una innovación. Puede ser.

En el 2005 lo que hizo el nuevo Gobierno instalado fue, por el contrario, alabar las cuentas que, a pesar de la crisis económica, había dejado la Administración del expresidente Jorge Batlle.

Lo que quisimos fue distinguir el balance. Voy a tratar de explicarlo en términos sencillos y discúlpenme por la simplificación en la que voy a incurrir. Cuando una empresa está con las cuentas complicadas por una situación económica difícil y llama a un contador para hacer los balances, si están bien hechos estos reflejan fielmente los estados contables. Eso es lo que se aprueba, pero no implica –y esto es lo que quisimos aclarar– que se avale la gestión de esa empresa ruinosa que queda reflejada en los balances. Y como ya se ha sido dicho aquí, hubo alguien antes que nosotros que no quiso aprobar esas cuentas, y fue la ciudadanía que se pronunció en las urnas. Por algo quien está presentando esta rendición de cuentas es de otro partido; está presentando una rendición de cuentas ajena porque la ciudadanía cambió su voto.

¿Qué pasó acá? Trataré de no reiterar aspectos que ya han sido aportados por los señores senadores Viera, Domenech, Botana, Gandini, quienes han intervenido. Creo que con esta rendición de cuentas la realidad ha quedado al desnudo. Ha quedado claro que la realidad que se nos pintaba antes del cambio de gobierno era como de mampostería. Vino la covid-19, cayó esa mampostería y quedó al desnudo y de forma descarnada la pobreza, la inestabilidad y la informalidad laboral. Esta es una foto.

No hablamos de chirimbolos, sino de 25.000 pobres más en 2019, que son 30.000 si se suman los del 2018. ¡Y eso que se bajó la vara con la que se midió la situación de pobreza! No hablamos de chirimbolos; hablamos de que se perdieron más de 10.000 puestos de trabajo en el 2019; 56.000 en todo el período, según datos del PIT-CNT de este mismo año.

Hablamos de asentamientos que aumentaron; según datos de Techo Uruguay, hay 650 asentamientos con alrededor de 60.000 viviendas –82 % de ellas en Montevideo, Canelones y Artigas– y 200.000 personas en situación de gran precariedad sanitaria y urbana en general. Según esa organización, entre 2011 y 2019 el número de asentamientos trepó a 656 y hay un 18 % más de gente viviendo en la calle.

Se insistía mucho en la preocupación por la pobreza y uno podría poner en entredicho esa afirmación frente a este aumento de 8,1 % a 8,8 %, que –como se dijo– se ha dado principalmente en hogares con jefatura femenina, en niños y en jóvenes, que son los más afectados por esos porcentajes de pobreza.

Se hablaba de una fiesta que se realizó y que se viene a pagar las cuentas. Lo que preocupa es que aun antes de pagar los intereses de la deuda, las cuentas sean tan deficitarias, que el déficit sea tan grave.

Se hace una acusación a esta Administración. Se pregunta: ¿para qué quieren tener las cuentas sanas? ¿Por una excesiva o vanidosa prolijidad de los números? ¡No, no! Las cuentas son las que sostienen las políticas sociales. Sin cuentas saneadas, sin dinero en la bolsa, no hay con qué hacer frente a las políticas sociales. Se nos deja una bolsa agujereada, con filtraciones y una deuda, y si bien se va a aumentar la efectividad y la prioridad van a ser las políticas sociales, ¡en qué situación difícil nos dejan!

Se ha dicho también –aunque no con estos términos– que la madre del borrego de esta rendición de cuentas fue el presupuesto 2015 que, como señalaban algunos constitucionalistas y especialistas en derecho administrativo, cometiendo una inconstitucionalidad proyectaron una rendición para dos años en vez de que fuera quinquenal; esto ya fue dicho.

Además, quiero referirme a unos cambios de enfoque.

Resulta que después de esta presentación del presupuesto, en el segundo año parece que tuvieron una epifanía, una revelación mística, y constataron que lo que se había aprobado no iba a alcanzar. Entonces, se ajusta a la baja, a la realidad, tal como debería haberse hecho desde un principio. Parece que fue un gobierno de «el lunes empiezo», por esta falta de previsión en el endeudamiento; se proyectaba un crecimiento que tenía que estar todo el tiempo modificándose, como si se dijera «este año no nos da para achicar el déficit, pero en dos años sí se va a hacer». Es decir que proyectaban un crecimiento que después no se concretaba. «El lunes empiezo». Hablando de opciones y de elecciones sistemáticamente se decidió gastar más, sabiendo que ingresaba menos dinero.

También se habló de la destrucción de los puestos de trabajo, con un 10,5 % de desempleo precovid-19. Además, se hizo referencia a las desigualdades que se habían generado en materia de género, siendo las mujeres y los jóvenes los más afectados por el desempleo; una de cada tres mujeres entre catorce y veinticuatro años se encuentra desempleada. Reitero que todo esto fue previo a la crisis por la covid-19.

Nuevamente hablando de opciones y de elecciones nos encontramos ante la disyuntiva entre el salario real y el empleo. Ganó el salario real, pero a costa del empleo, lo que puede ser considerado una moneda de cambio falsa o espejitos de colores, o concentración del empleo en manos de menos personas.

Siempre se hablaba de la consigna de la redistribución de la riqueza y de gravar el gran capital; sin embargo –quizá pueda hacer este planteo en tono de pregunta–, los datos parecerían reflejar que lo recaudado por concepto de IRPF categoría II, que pagan los trabajadores, fue superior a lo recaudado por el IRAE, que pagan las empresas. Por lo tanto, la recaudación proveniente de los trabajadores fue mayor que la de las empresas.

Números rojos cantaba Sabina. Hay números rojos en las finanzas públicas y en su evolución; el importante déficit que fue señalado. En la página 21 del informe, del resumen ejecutivo, que refiere al déficit fiscal efectivo y proyectado, me llamó muchísimo la atención cómo el proyectado va en una línea descendente y el efectivo parece inversamente proporcional. Parece que va bajando y lo real, al revés, va subiendo en la misma medida en que se había proyectado que iba a bajar. La reacción más razonable ante esta situación era decir: «Bueno, bajemos el gasto», pero no, en todo el período los gastos evolucionaron por encima de los ingresos, salvo en 2019; en todo el período los ingresos aumentaron, pero los gastos aumentaron por encima de ese ingreso, causando un deterioro.

Por lo tanto, entiendo que no es en la caída de la recaudación donde se encuentra la problemática fiscal; parecería que hubo un gasto sin mirar a quién. Y me voy a referir a las filtraciones. Cuando se habla de despilfarro no se está hablando de la inversión en capital humano, de las necesidades de atender las políticas sociales, que son una prioridad; se está hablando de lo que de forma absolutamente innecesaria se filtra por una mala administración y termina en manos equivocadas.

Atendiendo el tema de los salarios públicos, en vez de las inversiones fundamentales para el crecimiento, parecería que el Gobierno del Frente Amplio ha puesto los huevos en la canasta equivocada: puso más huevos en la canasta de los salarios públicos. Los resultados son una recesión técnica desde el último trimestre, la caída de la inversión pública de casi un 1 % del PIB con respecto al año anterior –no voy a reiterar estas cifras; ya han sido mencionadas– y la caída de 26 % de la inversión privada. ¡Vaya si la inversión es uno de los desafíos para retomar la senda del crecimiento y proveer empleo! Tal como decían algunos señores senadores que me precedieron en el uso de la palabra, el ajuste lo hizo el sector privado.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

–Entonces, lo no confiable es prometer, proyectar y, sobre esas proyecciones, endeudarse y gastar más, para luego defraudar a la ciudadanía. El aumento del gasto sin respaldo es pan para hoy y hambre para mañana. Está bien aumentar el gasto para atender políticas sociales, sin duda, pero hay que hacerlo con un respaldo. Se pueden hacer las dos cosas a la vez –no incurramos en el error de falsa oposición–; se puede ser eficiente, atender las necesidades y controlar el gasto.

Se incumplió el compromiso de no aumentar los vínculos con el Estado; en los últimos quince años se generaron 73.319 nuevos vínculos. Contratar más funcionarios no equivale a la mejora de la situación de la población más vulnerable; equivale solo a contratar más funcionarios, que no necesariamente se traslada a la atención de la población.

Hay, además, un incumplimiento contumaz de las reglas del tope de endeudamiento, que también ha sido mencionado.

De la consideración general –después me voy a referir a un capítulo en particular, que es el del Mides, porque como muestra basta un botón– el concepto que surge es el de un gasto sin límite y sin control, que no atendió las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas. En el informe remitido a la señora presidenta de la Asamblea General, el Tribunal de Cuentas advierte sobre ilegalidades cometidas y el apartamiento de resoluciones en varios aspectos. Parecería que se creía que se podía seguir gastando sin ton ni son.

Como adelanté, me referiré solamente al Ministerio de Desarrollo Social en particular.

Por ejemplo, en materia de compras –según surge del informe–, en la Dirección General de Secretaría, Programa 401, Red de Asistencia e Integración Social, se compraron sesenta aparatos de aire acondicionado cuando el monto asignado era veinte, y ciento cuarenta teléfonos cuando el monto asignado era cuarenta y cinco; sin embargo, no se compraron las doscientas cuchetas presupuestadas. Es un detalle, son pocos números, pero como muestra basta un botón.

De todo el inciso 15, el 27 % de las metas no se ejecutó. Por ejemplo, el plan sobre discapacidad ¿cómo se ejecutó? En el programa Jóvenes en Red, el objetivo era alcanzar a 2600 jóvenes, pero solo se llegó a cubrir menos de la mitad. En el Programa 401, Red de Asistencia e Integración Social, dirigido al apoyo con material socioeducativo a las familias con bebés, la meta proyectada era de 47.000 hogares, pero a 11.000 familias no se llegó. ¿Se evaluó de manera crítica el funcionamiento de estos programas para mejorarlos o se siguieron financiando las ineficiencias por mal funcionamiento?

Después, hay un capítulo que podría merecer el título de «privatización del Mides». ¿Por qué el Mides no daba servicios que podía brindar y sistemáticamente subcontrataba o tercerizaba en manos de ONG alineadas, podríamos decir? A todas luces, eso fue menos económico, fue ineficiente y redundó en la duplicación de esfuerzos, además de la dilución de la responsabilidad que ello implica. Hay 2500 personas que trabajan para ONG y cooperativas en el Mides; ¿no es eso la privatización de un cometido estatal? Entonces, cuando nos referimos a despilfarros hablamos de filtraciones en esta bolsa del dinero, que podría destinarse de forma eficiente y se opta por no hacerlo.

También hay observaciones del Tribunal de Cuentas sobre resoluciones y autorizaciones de pago, por concepto de guardería a personas con hijos que no tenían la condición de funcionarios, sino que se desempeñaban en diferentes reparticiones del Mides, por la suma de $ 2:500.000. El tribunal también observó el gasto por contrataciones de organizaciones civiles –en virtud de no haber tenido norma legal habilitante– y contrataciones de cooperativas de trabajo, infringiendo la normativa vigente y pagándoseles por adelantado.

Resumiendo, en los meses de febrero y marzo de 2019, el Tribunal de Cuentas observó ocho gastos por aproximadamente $ 15:000.000, y entre abril y junio observó 155 gastos por un monto de $ 84:500.000 y 105 casos por liquidación de viáticos sin aplicar la normativa vigente. Estamos hablando de un total de USD 2:200.000 observados, incluyendo también irregularidades por concepto de viáticos en el interior del país, con 145 intervenciones, etcétera. A eso nos referimos cuando hablamos de filtraciones y de despilfarro. Hubo falta de controles en las rendiciones de cuentas de las ONG; es más, hay una persona formalizada por esta situación, por la filtración y el mal uso de los dineros públicos.

En definitiva, estamos hablando de una administración objetable y de un ministerio carente de procesos, desordenado, sin protocolos ni seguimiento de gestión, que prioriza una gestión político-clientelar y que pone el foco en ONG y cooperativas en vez de hacerlo en la asistencia social.

Respecto a la rendición de cuentas del 2019, también se hizo referencia –creo que lo hizo el senador Viera– a las omisiones en destinar fondos a los órganos de contralor: al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al Tribunal de Cuentas y al Poder Judicial, a pesar de que lo estaban solicitando.

Quedan entonces algunos cuestionamientos, y a eso se debe el artículo 2.°, que aclara lo que se vota, para que la ciudadanía no se lleve a confusión cuando estamos aprobando semejantes cuentas. Me refiero a desvíos entre lo planificado y lo ejecutado, al aumento de vínculos estatales, al endeudamiento, al aumento de la pobreza, al aumento del desempleo, a la desviación entre objetivos y cumplimiento de programas y metas, a la recesión económica, a un mercado laboral muy afectado por la destrucción de puestos de trabajo, al retroceso en los indicadores sociales que se habían logrado alcanzar. ¿Cómo se podía aprobar esta gestión sin aclarar eso? ¡Imposible! Se aprobó la foto de las cuentas, pero no la gestión que condujo a esa foto.

Muchas gracias.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Buenas tardes.

Yo voy a plantear un análisis de la rendición de cuentas con la misma lógica que seguimos en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, y lo voy a hacer en base a cinco puntos. Primero me voy a referir a aspectos metodológicos –me parece que son muy importantes–; luego haré referencia a la pregunta con relación a en qué se gastó desde el punto de vista social; en tercer lugar, me referiré a en qué se gastó desde el punto de vista de la protección social; el cuarto punto tendrá que ver con los vínculos laborales, y, por último, quiero hacer algunas conclusiones finales.

Con relación a los aspectos metodológicos, me gustaría decir tres cosas.

La primera de ellas es que un análisis riguroso desde el punto de vista metodológico tiene que mirar texto y contexto. No puede mirar solamente el 2019, y no puede comparar 2019 con 2018 en un caso; 2019 con 2014 en otro, y 2019 con 2004 en otro, según convenga al uso fundamentado del informe económico-financiero. Hay que tener una rigurosidad para analizar de qué estamos hablando. Nosotros vamos a hacerlo analizando el conjunto de los quince años. Vamos a comparar, entonces, 2019 con 2004.

Como ya le dije al señor senador Botana en la comisión, tengo este mismo análisis para 2001, 1998 y 1994, que se lo puedo acercar, y tiene las mismas conclusiones.

En segundo término, comencemos diciendo que la no votación de la rendición de cuentas fundamentada en que solo son posibles mejores condiciones sociales con consistencia fiscal es un error. Es un error porque la consistencia fiscal no puede reducirse al déficit fiscal. Consistencia fiscal es déficit fiscal, es acceso al endeudamiento, es relación deuda-producto. Y esto es lo que se valora. De esto ya habló el señor senador Bergara, así que no me voy a extender. Pero hay que hacer un mix entre déficit, deuda bruta, nivel de reservas y acceso al financiamiento. Esto es lo que hacen las calificadoras de riesgo de las que se habló aquí. Si no, haría muchos años que no nos habrían dado más la calificación que tenemos. Eso es lo que ellos hacen.

Y la tercera inconsistencia o aspecto metodológico: no puede ponerse como un problema el aumento de la pobreza de 25.000 personas si no se habla de la baja de 1:000.000; no puede hablarse de 10.000 puestos de trabajo perdidos, ni siquiera de los 50.000 en los cinco años anteriores, si no se habla de los 300.000 puestos previos; y, como dijo el señor senador Bergara, no puede hablarse del 66 % de deuda sobre el PBI sin hablar del 103 % de 2004. Tampoco puede hablarse de riesgo cambiario –el señor senador Botana hizo referencia al problema que este generaba en el endeudamiento– sin decir que la deuda en moneda extranjera era de más del 90 % en 2004 y hoy es de un 53 %; es decir, la mitad está en moneda nacional.

Creo que cuando venga al Parlamento la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2020 nos va a decir que el gasto en intereses de la deuda pública fue menor que el previsto porque, a pesar de la enorme devaluación de marzo a junio, la mitad de los intereses están en moneda nacional.

Teniendo en cuenta lo que planteaba el señor senador Botana –también economista–, quiero decir que me gustó la pregunta que hizo. Voy a incorporarla en los aspectos metodológicos porque me parece que lo que voy a decir en los siguientes cuatro puntos es la respuesta de adónde fue a parar el crecimiento. Y voy a mostrar, con números, adónde fue el crecimiento, siempre desde el punto de vista público. Recordemos que una gran parte del crecimiento fue a los trabajadores asalariados, que aumentaron cuatro puntos su participación en el producto bruto interno, reduciendo la participación de estos valores. Pero eso no es parte de esta discusión; la daremos cuando discutamos algunos otros aspectos. Así que, aparte de esto que voy a decir desde el punto de vista público, está el aspecto salarial.

El segundo punto es la primera parte de la respuesta de en qué se gastó, que es el gasto social. Voy a utilizar ahora el triángulo que todos usamos, que incluye educación, salud y vivienda. Aquí se dijo que no se puede hablar de despilfarro si se gastó en educación, salud, vivienda, recursos humanos. No quiero llamarlo «capital humano» porque es una expresión que no me gusta; no la uso; prefiero decir «personas» o «trabajadores». Se dice, insisto, que, si se gastó en eso, no está mal. Entonces, voy a demostrar que así fue.

Si los señores senadores miran el documento de la rendición de cuentas denominado Análisis Presupuestal, dividido por incisos, pueden observar que el 75 % del aumento lo explican cinco áreas programáticas: educación, salud, vivienda, protección social y seguridad pública.

Analicemos un poco cada una de ellas.

Nos referiremos, en primer lugar, al tema de la educación, en el que se insiste mucho. Los datos son objetivos. El presupuesto de la ANEP era de USD 400:000.000 y ahora es de USD 2.400:000.000. Esto nadie lo puede negar. Lo digo en dólares, pero podría hacerlo en pesos. Se insiste mucho y se pregunta en qué se reflejó en la calidad. Hoy se habla mucho de la calidad del gasto, pero voy a hablar de las dos cosas: de la cantidad y de la calidad, porque voy a decir con claridad que no hay calidad del gasto sin cantidad. Cuando asumimos en ASSE, esta administración gastaba USD 170:000.000: $ 300 por mes, por persona. Alguien me podría decir: «Ah, pero ese gasto en ASSE estaba mal gestionado». Quizás sí, pero aunque lo gestionara un grado 5 de la universidad más importante en gestión académica del mundo, no habría hecho nada, porque $ 300 por persona cuando el mutualismo gastaba $ 1100 era la nada. Así que voy a hablar de la cantidad y de la calidad, porque no hay calidad sin cantidad y la cantidad sola tampoco sirve.

En educación me quiero referir a cuatro ejes.

El primero es el puro y duro cuantitativo. Nosotros pasamos del 3,1 % del producto bruto interno al 5,1 % de un PBI que, como también mencionó el señor senador Bergara, es 83 % más alto que el que había cuando el porcentaje era del 3,1 %. Así que es un doble aumento.

En segundo lugar, el gasto por alumno pasó de $ 35.000 –a cifras de hoy– a $ 92.000. No recuerdo si hoy se volvió a decir, pero en la sesión de la comisión se preguntó cómo aumentó tanto el gasto de la ANEP si la matrícula no cambió o cambió muy poco. La respuesta es obvia, porque con aquellos USD 400:000.000 de la ANEP era absolutamente imposible funcionar. Si alguien dice que el aumento no tuvo que ir mucho más rápido que la matrícula está afirmando que estaba bien que hubiera clases de cincuenta alumnos, que los locales se llovieran, que las personas no ingresaran a la formación docente porque el salario de salida era muy bajo, etcétera. Entonces, está claro que sí hubo un aumento por alumno más allá de la matrícula, que implicó gasto imprescindible para que por lo menos el sistema funcionara bastante mejor.

El tercer punto es el salario docente. Todos recordamos decenas de huelgas docentes en la década de los noventa, y una pintada muy común en el territorio nacional que decía «Salario docente, vergüenza nacional». Eso era muy común y formaba parte de las consignas de las huelgas docentes. Voy a dar un dato. Cuando asumió el Frente Amplio, dos docentes grado 1 con veinte horas cobraban –a pesos de hoy– un salario de más o menos $ 10.000 líquidos, lo que los ponía 25 % por debajo de la línea de pobreza. Dicho sea de paso, aquí hago una digresión, que quedará en la versión taquigráfica o alguien se la contará a la señora senadora Asiaín. No entendí –y lo planteo a modo de pregunta– por qué dijo que en el 2019 bajó la vara de la pobreza. Que yo sepa, los cálculos metodológicos de la pobreza se mantienen igual desde hace mucho tiempo; no sé qué cambios hubo en el 2019. Por eso no entendí a qué se refería cuando dijo que bajó la vara. Aproveché que estaba hablando de pobreza para preguntar esto. Volviendo al razonamiento, esos dos mismos trabajadores, docentes grado 1 con veinte horas, que hoy ganan aproximadamente $ 25.000 líquidos cada uno, o sea, $ 50.000 entre los dos, están 30 % por encima de la línea de pobreza. Estaban más del 20 % por debajo y ahora están 30 % por arriba, o sea que hay una brecha del 50 % a favor de ellos. Como dije en la comisión, lo sé bien porque tengo un hogar muy plagado de profesores que lograron estos salarios. El salario de ingreso era de $ 16.792, a pesos de hoy, y actualmente es de $ 32.864.

El cuarto y último punto relativo a la educación es que no solo hubo mejoras en lo tradicional –es decir, en la ANEP y en la Udelar–, sino que hubo cosas nuevas. Solo menciono cuatro: la UTEC, el Plan Ceibal, el subsidio al boleto estudiantil y lo que cogestionamos entre el Mides y la ANEP, denominado «políticas de inclusión educativa». Me refiero al Programa de Maestros Comunitarios –que si bien es verdad que nació en el 2003, tuvo una enorme expansión a partir del 2005–, Aulas Comunitarias, FPB o Formación Profesional Básica, y Compromiso Educativo. Son todos programas que iban al corazón de la desinclusión educativa.

Dentro de este punto dije que iba a hablar de educación, salud y vivienda. Ahora me voy a referir a la salud. Aquí se ha hecho menos alusión a la calidad, pero como siempre se habla del malgasto de ASSE, voy a hacer algunas referencias.

Lo primero es el aumento del gasto y, otra vez, me refiero a la visión cuantitativa. Como dije al comenzar, cuando asumimos en ASSE se gastaban USD 170:000.000, es decir, unos $ 13.000:000.000 –teniendo en cuenta la cotización actual– y eso representaba $ 300 por mes y por persona, 30 % del gasto promedio de una mutualista. Obviamente, ASSE no funcionaba y todos lo sabemos. Pasamos a gastar $ 39.000:000.000, es decir, USD 1.100:000.000: casi $ 2500 por persona, que representa el 80 % del gasto de una mutualista. Por lo tanto, otra vez, si la discusión es que este aumento no fue adecuado o que –como también dijo uno de los senadores preopinantes– el gasto aumentó cuando hay 125.000 usuarios menos, es porque se cree que esos $ 300 por usuario y por mes estaban bien y que con eso se podía funcionar. Recordemos que el salario promedio en salud pública en el 2003 era de $ 3000 y que como resultado de una huelga muy importante de trabajadores de la salud y de médicos se logró que llegara a los $ 4000, gracias a una partida fija de $ 1000 que se agregó. En enero de 2007, ese salario mínimo ya estaba en $ 12.000.

Otro aspecto tiene que ver con la seguridad social en la salud. La OPS dice que los sistemas se dividen en dos: aquellos en los que la gente está financiada por seguros sociales, aportan según su ingreso y reciben atención según sus necesidades, y los que pagan su cuota en función del riesgo personal. Respecto al primer caso los ejemplos más conocidos son los sistemas europeos, y en el segundo caso el ejemplo más notorio es el de Estados Unidos donde hay cuarenta millones de personas sin cobertura médica. Uruguay optó por el camino del seguro social y lo hizo históricamente porque Disse, que fue creada por la Dictadura, existía hacía muchos años. Antes de la Dictadura existían seguros como el de la metalúrgica y el de la construcción, pero luego la Dictadura los concentró en Disse. Y ¿saben cuántas personas tenía Disse? Tenía 600.000 personas que eran los trabajadores privados formales. Hoy, el Fonasa tiene 2:514.000 usuarios porque incluye a los trabajadores públicos y, como se dijo anteriormente, a los hijos, cónyuges y jubilados. Entonces, claramente es un sistema distributivo, porque los que ganan más financian a los que ganan menos, quienes usan más el sistema financian a los que lo usan menos y las familias menos numerosas financian a las más numerosas. Esta información está disponible porque los números del Fonasa están auditados y muestran quién transfiere a quién. Sin embargo, parece que eso no alcanza, y está bien que así sea. En Israel, el sistema de seguro social está sustentado en el 5 % de los ingresos de todos los pobladores con ingresos altos y el Estado pone un 20 % adicional al 80 % que recaudan. Es imposible que alcance porque los costos en salud están siempre por encima de los aportes y, por lo tanto, el Estado aporta ese dinero. Pero ¿cómo era el sistema de Disse? Si a la empresa con su 8 % –recordemos que la patronal aportaba el 5 % y el trabajador el 3 %– no le alcanzaba para financiar la cuota, cobraba un complemento de cuota mutual y la diferencia la pagaba la empresa. Entonces, ¿quiénes pagaban? Las pequeñas empresas, las que tenían salarios más bajos, que con ese 8 % no podían cubrir el costo. Quiere decir que era un sistema que cargaba al sector de las pequeñas empresas. Eso se eliminó, no existe más el complemento de cuota mutual y ahora la diferencia la pone el Estado.

Finalmente, en cuanto al tema de la salud, quiero agregar que parte del gasto se explica por políticas públicas generales. Me voy a referir solamente a algunas de ellas. La primera que voy a mencionar, vinculada al trasplante hepático, me compete directamente porque se hizo en el ministerio, en una alianza muy importante con el Hospital Militar, y es ejemplo en el mundo de algo del sector público. Una segunda tiene que ver con políticas de salud sexual y reproductiva, en particular, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, pero también hay que destacar –entre otras– las políticas de tabaco y en materia de mortalidad infantil, a las que ya se hizo referencia –estamos en tercer lugar en América Latina–, entre varias más que podríamos mencionar.

Ahora quiero referirme a la vivienda. Aquí la rendición de cuentas no hace ninguna comparación. Es raro esto, ¿no? Y no hay ninguna comparación porque, comparemos el 2019 con el 2018, el 2019 con el 2014, el 2019 con el 2004, el 2019 con el 2007, comparemos lo que comparemos, el 2019 se despegó: fueron USD 260:000.000 de inversión en vivienda, la más alta en la historia del país. Pero nosotros no somos así, no comparamos punta a punta porque sabemos que eso está mal; comparamos quinquenio a quinquenio –aunque la palabra quinquenio no nos guste por otras razones– y decimos que en el quinquenio 2015-2019 se invirtieron, en promedio, USD 230:000.000, y en el quinquenio 2000-2004, USD 60:000.000. Pero también hay algo cualitativo acá, porque ¿a dónde fueron estas inversiones de USD 230:000.000 promedio? Primero, a quince mil cooperativas; segundo, de los USD 9.000:000.000 del último año, 1.000:000.000 fueron al área rural y 1.600:000.000 a la suma de los tres programas que se llaman de protección social: Programa de Mejoramiento de Barrios, Plan Juntos y Plan Nacional de Relocalizaciones. Quiero decir que el Programa de Mejoramiento de Barrios, ex-PIAI, se firmó en el 2000 por el entonces presidente Batlle, pero hasta el 2005 no se había ejecutado prácticamente nada de los USD 100:000.000. Empieza a tener fuerza en el 2005 y luego se cambia y se denomina Programa de Mejoramiento de Barrios.

Agreguemos, para terminar el tema de la vivienda, el subsidio a la permanencia en ella. ¿Qué pasaba antes? Uno no podía pagar más del 25 % de su ingreso en cuotas, y si se pasaba y no podía pagar perdía la vivienda; ahora la diferencia la subsidia el Estado con la llamada Reglamentación 2008, que se transformó en ley –no recuerdo el número– en el 2018.

El tercer punto tiene que ver con la protección y seguridad social, que es otra explicación del gasto. Protección social hay mucha. Ya hablé de la salud y de la educación, pero quiero hacer dos referencias y una es sobre las asignaciones familiares. En la vieja época parecía que las asignaciones familiares eran un beneficio de los padres y no de los hijos, porque lo cobraba quien era formal de la economía; quien era informal parecía no ser padre, digamos, y no tener derecho a la asignación familiar. Una vez le pregunté a José D’Elía, creador del programa, por qué se había hecho así. Y me dijo: porque en los años cincuenta y sesenta todos eran formales, no estaba este problema, y por eso les pareció razonable que la asignación familiar fuera para el hijo del trabajador registrado en la seguridad social. Pero eso cambió, como dijo el senador Bergara, en los años noventa, porque la informalidad había trepado al 42 %. Todavía es alta, está en un 24 %, aunque en asalariados es de un 11 %, es decir que ha bajado muchísimo. Nosotros cambiamos eso, aunque hay que reconocer que en el 2003 el ministro Atchugarry había hecho una primera modificación creando una asignación familiar que en el lenguaje vulgar se llamó la asignación familiar de los pobres. Si ustedes miran los números del BPS verán que involucraba a un número muy pequeñito de personas, entre otras cosas porque no hubo una política de salir a buscar a esas personas para caracterizarlas y otorgarles la asignación familiar. Eso se hizo a partir de 2005 con el Mides, con las salidas de campo, y permitió que hoy estemos en casi 500.000 asignaciones familiares con el plan de equidad y con un monto real tres veces superior al que había en 2004.

En segundo lugar, tenemos el sistema de cuidados. Por un lado, podemos mencionar el Plan CAIF. Todos reconocemos –y lo hemos dicho muchas veces– que este plan fue creado en 1989 y se ha transformado en una política pública permanente, pero cuando uno mira los números del Plan CAIF y compara el 2019 con el 2004, nuevamente ve que se duplicó la población atendida, sobre todo porque se amplió la incorporación –estaba muy concentrado en tres años– a dos años. Digamos que en tres años prácticamente hoy estamos universalizados, aunque todavía no como en cuatro años, pero estamos en cifras superiores al 80 %.

Por otro lado, quiero hablar sobre el Programa de Asistentes Personales para Personas con Discapacidad, creado en 2013. Como ustedes saben, lo único que había para el caso de discapacidad era una pensión por discapacidad severa que otorgaba el BPS. Sobre esa base de datos, en el 2013 creamos el Programa de Asistentes Personales, que luego, en el 2015, pasó a formar parte del Sistema Nacional de Cuidados. Hoy 6125 personas con discapacidad severa tienen un asistente personal, y esperamos que siga creciendo. Creo que es muy importante saber lo que esto significa. Cuando creamos este programa decíamos que esto le puede dar a las familias –sobre todo a las mujeres, que son las que cuidan en caso de discapacidad– muchas posibilidades: estudiar, trabajar o ir a una plaza a tomar mate o leer un libro y descansar algunas horas de esta situación, que siempre es muy estresante.

Además de aumentar la protección a activos, aumentó la protección a pasivos, las transferencias a la seguridad social. Me voy a referir solo a los componentes sociales que explican el aumento de la parte social, porque es lo que estoy tratando de hacer. Por lo menos hay cuatro puntos. El aumento de la jubilación media está relacionado con el índice medio de salarios, y lo que pasa con los salarios pasa con la jubilación. El índice medio de salarios aumentó un 63 % más que la inflación en los quince años, por lo que la jubilación media aumentó un 63 % más que la inflación, y eso hace más costoso el sistema de jubilaciones; además es más gente por el tema demográfico. Aumentó tres veces la jubilación mínima; si esta se hubiera ajustado por IPC, hoy sería de $ 7355 y, sin embargo, es de $ 13.700. Por otro lado, la reforma del 2008 flexibilizó el acceso a la jubilación y eso permitió el ingreso de mucha más gente al sistema. Finalmente, el reconocimiento de un año por hijo a las madres también aumentó de manera importante la jubilación de las mujeres.

Me voy a referir al cuarto punto: vínculos laborales. Se ha hablado mucho sobre el tema y, por lo tanto, voy a ser breve. El senador Carrera ya lo expuso, incluso hizo un análisis.

Quiero que veamos un antecedente que es importante y tiene mucho que ver con la lógica de gobierno. En 1991 se decretó la prohibición del ingreso a la función pública. Sin embargo, el relato y la realidad no convergieron, porque ingresó mucha gente a la función pública. Y es lógico, porque imaginemos que no hubieran entrado nuevos funcionarios desde 1991 hasta 2005 teniendo en cuenta todos los que se jubilaron; el Estado no hubiera funcionado. Ahora, ¿cómo entraron? A través de mecanismos informales y precarios, como bien dijo el senador Bergara en la comisión, aunque no lo repitió aquí. Había funcionarios que llevaban seis o siete años como becarios. En el 2005 recibí en salud pública a becarios que nos decían: «Imagino que nos van a renovar, porque hasta ahora todos los años nos renovaron». Esa era la lógica, por lo que hubo que regularizar la situación. Esto explica una parte importante del crecimiento de la función pública sobre todo en 2005 y 2006, es decir, en los dos primeros años del documento de vínculos laborales que está aquí. Efectivamente hubo más, el informe dice que hubo 73.000 más. Si resto los de las intendencias del interior que fueron 2985 más entre 2004 y 2019, me quedan más o menos 69.000. Si vuelvo al concepto de áreas programáticas priorizadas, o sea: salud, educación, vivienda, protección social y seguridad pública, aumentaron 73.000. Eso quiere decir, como bien señaló el senador Carrera, que en el resto de la Administración bajó la cantidad de funcionarios. Entonces, ¿qué es lo que hay hoy en el Estado? ¿Qué es lo que hay básicamente? Hay maestros, profesores, enfermeros, médicos, psicólogos, policías, operadores penitenciarios y trabajadores sociales. Esos son los que están hoy, los que ingresaron al Estado; la mayoría de esos 301.000 vínculos laborales pertenecen a las categorías que acabo de mencionar.

Por lo tanto, salud, educación, vivienda y protección social no es gasto que se despilfarra, es inversión, y entonces es incorrecto hablar de despilfarro. Intenté demostrar que el gasto fue en estas cuatro áreas –más seguridad pública– en cantidad y en calidad de servicios.

Quiero terminar con tres conclusiones finales que son tres referencias diferentes.

A lo largo de estos años presentamos un gráfico triple con el crecimiento económico, la pobreza y la desigualdad. No es fácil bajar la pobreza y la desigualdad al mismo tiempo. Miremos la desigualdad como queramos: en personas –que es el índice de Gini– o en clases sociales –es decir la participación de los salarios en el valor global de la economía–, y veremos que en los dos casos ha mejorado. En el primero, bajó de 0,45 a 0,38 y en el caso de la participación de los asalariados era de 26 o 27 y hoy es de 31,5, y si sumamos las jubilaciones seguramente es mucho más. Entonces, Uruguay bajó las dos y lo pudo hacer porque tuvo este gasto. Este no fue solo un gasto focalizado en bajar la pobreza, no fueron solo transferencias monetarias para actuar sobre el segmento más pobre de la población, sino que fueron reformas estructurales para generar acceso a la salud, a la educación y a la vivienda de los sectores medios y medios bajos, que de alguna manera quedaban fuera de una lógica focalizada dura.

Tengo el honor de ser amigo personal de Michelle Bachelet y una de las tantas veces que nos juntamos me dijo: «Mira, Daniel, yo me fui del Gobierno en Chile con una gran alegría por haber bajado la pobreza muchísimo, pero con una gran tristeza porque la desigualdad aumentó. Esto que lograron ustedes de bajar la pobreza y la desigualdad al mismo tiempo es inédito en el mundo». Hoy, como sabemos, Michelle Bachelet es alta comisionada para los derechos humanos de la ONU y fue la directora ejecutiva de ONU Mujeres. Esta conversación la tuvimos a raíz de una discusión en la que yo estaba como ministro del Mides y ella como directora ejecutiva de ONU Mujeres.

O sea que bajar la pobreza y la desigualdad al mismo tiempo requiere políticas estructurales, no solo transferencias monetarias, y eso es lo que caracterizó este gasto. El ejemplo en salud es el más notorio en este sentido: hay una parte que son transferencias para que ASSE tenga un mejor funcionamiento y otra, relativa a reformas estructurales, para que la accesibilidad sea de cada quien, según sus ingresos, a cada quien, según sus necesidades.

El segundo punto de esta reflexión tiene que ver con estas preguntas que nos hacemos. ¿Ayudó en algo todo esto que hicimos en estos quince años a la lucha contra la pandemia? ¿Le sirvió para algo? ¿Le dio alguna utilidad? Sobre esto hay compañeros que van a ir más a fondo y yo solo voy a mencionar cuatro cosas. La primera, que ya mencionó el senador Bergara, es la solvencia financiera. La ministra ha anunciado que tomó USD 1.500:000.000 de una emisión de bonos y que de los créditos de contingencia que el Gobierno anterior dejó de USD 2.200:000.000 lleva tomado más o menos la mitad. Quiere decir que el país tiene USD 2.500:000.000 adicionales, y eso no resulta de una decisión apresurada y rápida de un inversor que dice «Ah, Uruguay, país chico y campeón del mundo en el cincuenta» –ahora se cumplieron setenta años, pero eso no interesa–, sino que es fruto de una política sustentable de solidez financiera.

La segunda es la base de datos. Hoy dije que al ministro Atchugarry le costó mucho generar una política muy focalizada, y lo sé porque era asesor de la central sindical y me convocó para charlar sobre este punto. Bueno, hoy eso no sucede; cuando el Mides decidió incrementar en un 50 % la TUS o la AFAM, o dar $ 1200 en canastas fue rápido; no sirvió para mucho, pero fue rápido.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Olesker.

SEÑOR OLESKER.- Gracias señora presidenta; solamente me quedan estas conclusiones.

Como decía, hoy sí tenemos una base de datos que permite dar respuestas rápidamente, y no solo a los que están en seguridad social. Solo el hecho de llegar a los cotizantes hubiera sido un gran logro, porque en 2004 teníamos 800.000 cotizantes y hoy tenemos 1:500.000. Además, tenemos a los no cotizantes cubiertos con una base de datos que se construyó con mucho trabajo. En el año que ingresé al Ministerio de Desarrollo Social –y en otros años con otros ministros fue igual– realizamos 110.000 visitas, haciendo un esfuerzo enorme por llegar a hogares muy lejanos en el territorio.

Recuerdo que cuando asesoramos a República Dominicana sobre políticas sociales ellos habían optado por el sistema de que la gente se presentara; luego habían evaluado que eso les había dado un error de tipo I impresionante y que iban –para eso fui yo a asesorarlos– camino a trabajar, digamos, en el trabajo de campo.

En tercer lugar, quiero hablar sobre la conectividad, tema en el que también van a hacer uso de la palabra otros compañeros. Creo que la conectividad ha sido clave para que los escolares, liceales y universitarios puedan seguir estudiando. Quiero resumirlo en una frase. En Uruguay el aislamiento físico fue un problema, como en todas partes del mundo, pero no fue un problema el aislamiento social. Se pudo compatibilizar el aislamiento físico con vínculos sociales, educativos, escolares, liceales, sanitarios, porque el sistema, las historias clínicas electrónicas y el Plan Ceibal, entre otras cosas, son claves para esto. Entonces, la conectividad fue clave.

En cuarto término, como cuarta ayuda, sin duda, está el sistema de salud. Muchas veces me puse a imaginar qué habría sido del Uruguay si la pandemia hubiera llegado en el 2004. Recordemos que entre 2000 y 2004 cerraron ocho mutualistas, Disse solo tenía 600.000 personas, los demás pagaban su cuota y la morosidad se duplicó en el sistema mutual. Por eso, repito, cerraron ocho mutualistas. La crisis no fue más grave porque en la central sindical inventamos –y soy bastante parte de ese invento– una cosa que llamamos plan B, que era que cada mutualista que tomara afiliados de aquellas que cerraran, tenían que tomar en una proporción acordada –si no recuerdo mal era un trabajador cada veinte usuarios–, trabajadores no médicos. Solo fueron no médicos porque los médicos no aceptaron firmar este acuerdo por razones que ya no recuerdo porque fue hace mucho tiempo. Pero eso permitió que el empleo en el sistema mutual no cayera tanto. O sea que si la pandemia hubiera caído en el 2004 estaríamos en un plan B.

Mi último punto de la conclusión final es una preocupación por lo que se viene, porque la señora ministra dijo algunas cosas en la comparecencia ante la comisión, que tienen un tono de preocupación. Y para este tono de preocupación que voy a plantear, quiero decir cuatro cosas.

En primer lugar, el Decreto n.º 90/20 reduce un 15 % los gastos de funcionamiento, 40 % los contratos de servicios personales y solo permite retomar una de cada tres vacantes. En esto último y solo allí, hay excepciones de seguridad, salud, educación y defensa; entendemos las tres primeras pero no la última. Pero en la reducción del gasto de funcionamiento hace una cosa que va en contra de cualquier teoría de estado de bienestar: 15 % para todos y 40 % para todos. Me pregunto: ¿es lo mismo bajar 15 % el gasto del Mides o el Fondo Nacional de Vivienda que el gasto en el Ministerio de Defensa Nacional o en el Ministerio de Economía y Finanzas? No, no es lo mismo. Y dolerá bajar el 15 % en los ministerios de Defensa Nacional y de Economía y Finanzas, pero el impacto sobre la sociedad es notoriamente distinto que si baja en el Mides o en Mevir. O sea que, claramente, el Decreto n.º 90/20 augura malas perspectivas para el gasto social.

En segundo término, porque ya se han discontinuado programas claves en algunos ministerios, y no estoy diciendo nada que no haya sido reconocido por los ministros cuando vinieron a la comisión. En muchos casos se nos habló de que se postergaban; en los dos ejemplos que voy a mencionar se habló de que se postergaban. Eso no lo sabemos; sabemos que las mil cooperativas que se iban a sortear en junio, que estaban programadas desde octubre del año pasado, no se sortearon. ¿Se sortearán solo las mil de diciembre o las dos mil? No lo sabemos.

Por otro lado, me quiero referir al Programa Uruguay Trabaja, que abarca a tres mil personas, que son desocupados de larga duración. Yo fui ministro del Mides y por eso puedo decir con certeza que ese tema empieza a trabajarse en octubre del año anterior, convocando a organizaciones, a organismos públicos que quieren tener esos puestos, en abril se hace el sorteo, en mayo se pasa por el filtro del BPS y en junio comienzan a trabajar. Es obvio que si ni siquiera se hizo el sorteo, esto no se va a hacer y en el 2020 va a haber tres mil puestos de trabajo menos, y se van a ahorrar $ 600:000.000. Como el Programa Uruguay Trabaja se fija por ley, el subsecretario dijo que creía que debía mejorarse y que iba a enviar una norma para hacerlo. Estamos afines a que, si se envía, se vote en un día en cada cámara, pero eso sería en agosto. Entonces, es obvio que este programa no se va a aplicar.

En tercer lugar, por las declaraciones de la propia ministra, que dijo que si no hay sostenibilidad fiscal, los programas sociales están en riesgo. Reitero, lo dijo la ministra.

En cuarto lugar, por las políticas de gasto público frente a la crisis socioeconómica derivada de la pandemia, a lo que se refirió el senador Bergara. Dijimos que las partidas son absolutamente insuficientes, y voy a hacer un cálculo muy rápido. Si sumo la duplicación, en dos etapas, de la TUS y la AFAM, la entrega de 500.000 canastas de $ 1200 –es lo que se está haciendo, según dijo el ministro–, los $ 6800 que se dan durante dos meses a 10.000 monotributistas, me da un resultado de aproximadamente de USD 35:000.000. Si tomo en cuenta el 15 % que afecta los gastos de funcionamiento del Mides, son alrededor de USD 35:000.000. O sea que en realidad no le otorgan nada; lo que le dan se lo sacan del presupuesto nacional. Ni hablar de las prestaciones para la gente, que tampoco le dan.

Por último, quiero decir que está claro que para una rendición de cuentas que tiene que comparecer con los criterios que se aplican en 2020, es difícil hablar de la baja de un millón de pobres. Es preferible hacer mención a la suba de los 25.000, porque esa suma está más adecuada a este discurso. Sin embargo, no se dice que en cinco meses la pobreza aumentó en 100.000 personas. Ese dato el INE todavía no lo tiene porque son cifras del 2020, pero sí lo sabemos. También sabemos que buena parte de la responsabilidad de que esto haya sucedido es por no haber aplicado políticas más consistentes, potentes y fuertes de gasto público frente a la pandemia. Eso es así; no hay dudas de eso. En los países europeos se dieron ingresos ciudadanos del orden de un salario mínimo, y también en Costa Rica y Canadá. Aquí no ha sucedido eso, sino que se ha dado una cifra absolutamente insignificante, lo que ha provocado que las personas caigan en situación de pobreza. Por lo tanto, la responsabilidad del aumento de la pobreza en apenas cinco meses es del Gobierno, por no haber otorgado un ingreso básico de emergencia, que tantas veces hemos reclamado, no solo nosotros. O sea, que hay más pobres por responsabilidad del Gobierno.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR OLESKER.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Bianchi.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: hace muchos años que conozco al senador Olesker y reconozco su enorme formación técnica. Hoy tenemos posturas diferentes; cuando me toque intervenir voy a explicar por qué pero, reitero, tiene una gran formación técnica.

De economía no sé nada, pero leo los diarios y escucho a los economistas. Alemania tiene superávit fiscal sostenido desde hace ocho años. No voy a discutir sobre esto; simplemente quería aclararlo porque se dice que, en estos meses –realmente no sé cómo hicimos para poder seguir sobreviviendo– y fuera de tema –porque no es rendición de cuentas–, el Gobierno va a recortar y sacar y que, además, no ha dado lo suficiente. ¡Lógico! Si nos hubieran dejado la economía como la de Alemania, con ocho años constantes de superávit fiscal… Trato de entender que no tiene nada que ver una cosa con la otra en el razonamiento del senador Olesker; es un problema ideológico y lo respeto.

Ayer leí en la prensa –es lo último que voy que decir, señora presidente– que las economías más grandes de la Unión Europea se pusieron de acuerdo. No sé ni escribir las cifras que se adjudicaron, sobre todo a los países que tienen más dificultad, especialmente España, que en estos últimos años atraviesa una línea de clientelismo y política en ese sentido bastante fuerte. Reitero: no sé ni escribir esas cifras; en euros, me animo, pero en moneda nacional, no. Se juntaron Francia, Alemania y también otros países; si bien ahora Gran Bretaña no está, igual se ayudan entre ellos. Es brutal la transferencia de dinero que se dio a los Gobiernos de la propia unión para que hicieran frente a la crisis.

Gracias, señora presidente.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RUBIO.- Señora presidenta: la rendición de cuentas es el pasado, pero también es, en buena medida, el presente y determina el futuro.

La experiencia me ha enseñado que no vale la pena –porque deteriora el ambiente– responder a calificaciones que uno entiende que están fuera de lugar, pero las calificaciones quedan y se convierten en parte de la agenda pública porque hay medios de comunicación. Simplemente quiero decir que no las acepto. Cuando se habla de soberbia, de derroche, de realismo mágico, de clientelismo o de ruina, es falso y no lo voy a responder. Hay un dicho bíblico que expresa: «Por sus frutos los conoceréis», y vale para todo; vale para nosotros, pero también vale para quien gobierna en la actualidad.

En primer lugar, me parece que hay que desmitificar un poco todo esto. El 29 de abril de 2000, en el Canal 12, Bensión dijo que en 1999 el país había registrado cifras de guerra y que era imprescindible abocarse a la recomposición fiscal porque el año anterior había habido un déficit fiscal de casi el 4 % del producto. Esto fue en el Gobierno de don Julio María Sanguinetti. Y podría citar muchas cifras en la serie histórica, pero el problema son los otros parámetros que han explicado muy bien los señores senadores Bergara y Olesker, entre otros. De todas formas, desmitifiquemos un poco.

Esta historia ya la podía anticipar y se lo dije a muchos compañeros. Pero esta historia de la herencia maldita, en realidad, no es original; la verdad es que desde 1959 a 1966 se reiteró esta historia y se terminó perdiendo el Gobierno. Creo que esta historia no resiste el menor análisis, entre otras cosas, porque la presentación que nos hizo la señora ministra de Economía y Finanzas –que, diría, la hizo con mucha solvencia personal y se lo reconocí al final de la comparecencia, más allá de los contenidos– fue de coyuntura –como lo señalaron el señor senador Bergara y otros; también lo dijo el señor miembro informante–, y prescinde del mundo, de los alrededores. Por ejemplo, cuando se habla de inversión se prescinde de la inversión extranjera directa, entre otras cosas. Entonces, a mí realmente no me convenció, pero los inversores pusieron los USD 2.000:000.000 un poco después y el Banco Interamericano de Desarrollo nos prestó los cuatrocientos. Esto quiere decir que la evaluación que hacían sobre la economía uruguaya era totalmente diferente.

Además, quiero decir que no sé cuántos relatos hay a esta altura. Hay un relato que fue el que se nos dio en la rendición de cuentas, en esa exposición y que se ha reiterado acá por parte de varios señores senadores, y hay otro que tiene que ver con el mundo. En parte, yo comprendo que frente al mundo hay que presentar ciertas cosas pero, en realidad, en el concierto internacional se sabe tanto o casi más –en algunos casos mucho más– que a nivel de nuestros propios técnicos. Y hay un tercer relato, que es el del Tribunal de Cuentas. Muchas veces se ha traído a colación el Tribunal de Cuentas como la última palabra. En este caso, el Tribunal de Cuentas, refiriéndose a la deuda y a por qué se usó más dentro de lo autorizado legalmente –reitero, dentro de lo autorizado legalmente– establece y concluye –está la firma de la presidenta del Tribunal de Cuentas– que las razones invocadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para la utilización de dicha norma –de la deuda– obedecen a una desaceleración de la economía superior a la estimada, lo cual significó un descenso en los ingresos por concepto de recaudación de la DGI y un aumento de los gastos por concepto de pagos de pasividades superior a la proyectada. Esto dice el Tribunal de Cuentas. Es decir que hay un diagnóstico.

Con esto no le voy a caer a los pasivos porque ellos han merecido este incremento tan importante, pero debo decir que solicité a un equipo técnico la gráfica, la evolución de las transferencias a las pasividades, y sobre el producto da decreciente, salvo en 2019; repito, decreciente. Miren que incluyo todo: las pasividades del BPS, las militares, policiales y otras más. Sobre el producto da decreciente. No pondría toda la carga ahí, pero es claro que hubo un desacompasamiento entre los ingresos en una economía que no tuvo crecimiento en el 2000 en relación con las pasividades.

Ahora, creo que, en realidad, se hace un relato sobre el pasado que es injusto. Y si se le incorpora el relato real sobre la covid-19, tenemos como resultado el ajuste 2020, que nosotros estamos viviendo. El ajuste 2020 se funda en esta rendición de cuentas, se junta en una proyección y veremos cómo sigue en este ámbito, en el presupuesto. Pero el ajuste 2020 supone un máximo de USD 1.111:000.000 –al que no se va a llegar– entre la Administración central, el exhorto al 220 y a los entes del Estado. Serán USD 800.000.000, USD 700.000.000, USD 600.000.00 o USD 900.000.000, pero es un ajuste muy importante que ya se está dando.

Entonces, me parece que esta es la discusión de fondo, que hace pie en esta rendición de cuentas. Y no debemos buscar chivos expiatorios; tenemos un problema, la covid-19. Hemos actuado, como no podía ser de otra manera, con lealtad institucional y política, tratando de contribuir a la conducción que le ha dado el presidente de la república, que lo ha hecho bien, de todas las maneras posibles, pero también le hemos manifestado que estamos en total desacuerdo con las medidas sociales, y él mismo ha admitido que no han sido suficientes. Por ahí podemos tener una diferencia importante. Lo que me preocupa es cómo este análisis impacta, por ejemplo, en la ciencia y en la tecnología en el Uruguay. En el día de mañana escucharemos a quienes forman parte de las comunidades científicas hablar sobre el tema del ajuste 2020. En realidad, ellos ya se han manifestado, sosteniendo que dicho ajuste implica unos USD 23:000.000 para el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Parque Científico y Tecnológico de Pando, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el Instituto Pasteur de Montevideo, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación –que acaba de clausurar todos los llamados– y la Universidad de la República, entre otros. Al mismo tiempo, han manifestado que han invertido y contribuido con más de medio millón de dólares en la lucha contra la covid-19. Eso me importa mucho; reitero: me importa mucho.

La señora ministra ha asumido un compromiso –cuando estuvo en la sala 17 del Palacio Legislativo– que, por supuesto, cumplirá –eso espero– expresando que dará prioridad a la ciencia y a la tecnología en el Uruguay. Esperemos que eso se manifieste en las próximas medidas que tome. Me parece un tema muy relevante que todos debemos atender.

Además, quiero decir que no me parece coherente, y tampoco le parecerá a la ciudadanía uruguaya, hacer pie en este relato sobre el pasado y sobre las consecuencias de la covid-19 para sostener que no se pueden aplicar las políticas sociales, porque esta coalición llegó al Gobierno afirmando que no aumentaría los impuestos y que mantendría las políticas sociales. Si eso después no se puede cumplir, es otra cosa, pero esta es la historia del pasado reciente.

Asimismo, me gustaría señalar que va a producirse una fenomenal transferencia de ingresos de los sectores más pobres hacia los más ricos de nuestra sociedad, por cuatro vías. Una de ellas es la salarial. En este sentido, ya se hizo el acuerdo que supone la pérdida de las ganancias sobre los productos de este año 2020 que, eventualmente, se recuperarán en el 2022. La segunda vía de transferencia es la sobreoferta de trabajo que habrá porque hay cien mil personas que ya cayeron en la pobreza. La tercera vía es la baja de los precios del petróleo. Y la cuarta vía sería el valor del dólar, que la señora ministra presentó en una lámina y que me dejó muy sorprendido, sumamente sorprendido. Y me dejó así porque no consideró –como dijo algún senador de nuestra bancada– los incrementos de productividad ni nada, sino que solo tuvo en cuenta el promedio histórico del tipo de cambio, que dio un 27 % de retraso cambiario con relación a la región y un 36 % con respecto al resto del mundo. Pensamos que en este momento esto no es así; no lo era antes y menos lo es ahora, cuando tanto Estados Unidos como la Unión Europea le están dando a la maquinita de una manera formidable.

Por último, quiero decir –no me importa ocupar todo el tiempo, sino mencionar las tres o cuatro cuestiones que me parecen importantes– que estoy muy preocupado –por decirlo de una manera light– por la erosión institucional. Reitero: estoy muy preocupado. Comencé a sentirme así cuando tuvimos el debate formal sobre la LUC –que no voy a reiterar aquí– y algunos juristas la calificaron como un abuso de poder, aunque es opinable y puede decirse de distintas maneras. Sin embargo, estoy preocupado.

Repito: empecé a sentirme preocupado con la LUC y ahora me siento aún más preocupado por el artículo 2.° de este proyecto de ley de rendición de cuentas, que tiene en realidad un parecido a aquella situación –los profesores de Historia deben de conocerla– en la cual los faraones egipcios cuando decapitaban a alguno borraban todas las inscripciones y no quedaba ningún registro; esa persona no existió. Bueno, esto no existió. El señor senador Penadés se ríe, pero la realidad es esa: no existió. Entonces, la condena a la rendición de cuentas y a las políticas que llevaron a ella –no hablo solamente de discrepancia sino de condena, en estos términos– me parece demasiado gruesa.

A su vez, considero que hay una erosión institucional, entre otras razones, porque se ha atacado reiteradamente al sistema judicial, tanto en su expresión como Poder Judicial como en su expresión como fiscalía y por otra serie de razones.

Por último –y termino–, no me parece nada bien la «operación Argentina». ¡No me parece nada bien! Creo que puede ser un búmeran para nosotros decir a los argentinos ricos que pueden venir a Uruguay, en condiciones excepcionales…

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: estamos tratando la rendición de cuentas y eso no tiene nada que ver.

SEÑOR RUBIO.- Creo que esto que estoy diciendo sí tiene que ver, en la medida en que se está buscando una capitalización rápida para tratar de compensar los resultados que se asumen de la rendición de cuentas y de la economía del país. Por lo tanto, por ese lado tiene un vínculo, y puede traernos un problema muy importante en el futuro para el relacionamiento regional.

Es todo lo que quería expresar en relación con esta rendición de cuentas.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: en esto de expresar epítetos y demás, creo que nadie está libre. Estoy acostumbrada a la política de hace muchos años en la que los grandes líderes terminaban batiéndose a duelo por lo que decían. Así que a mí eso no me asusta; el tema es no ofender y poder sostener.

Por ejemplo, lo de «la terrajada» la ligamos nosotros desde el principio, cuando el artículo 2.° fue producto de la elaboración de nuestra estimada compañera, la señora senadora Asiaín, en consulta con los dos más grandes constitucionalistas que tiene el país. Por lo tanto, me parece que hay que tener, por lo menos, un poco más de respeto, porque para opinar hay que saber, y si no, averiguar. Esto es lo primero que quería aclarar.

Por otra parte, estamos tratando el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019, o sea que inferir otras cosas a futuro es fruto de la imaginación. Luego, si el tiempo me da, me voy a referir al relato, porque ahora está de moda lo del relato para un lado y para el otro.

Yo soy aristotélica, para mí la única verdad es la realidad, señora presidente, y da la casualidad que la población parece que está conforme porque la gestión del presidente tiene una aprobación del 66 %, y su imagen personal del 77 %. Así que si en otras épocas se hacía todo bien y por eso la gente los votaba, ahora reconozcan que la población manifiesta esos números –medidos por las encuestadoras más importantes–; después veremos. En definitiva, la única verdad es la realidad. La democracia representativa, a la cual seguiré afiliada –cometí errores cuando era más joven, sin embargo, nunca fui de las armas–, contará con mi esfuerzo hasta el último momento de mi vida.

Señora presidente: me gustaría que estuviera presente el señor senador Astori porque la verdad es que le tengo un enorme respeto y afecto. Sé que es por razones de salud que no se encuentra aquí, pero me da hasta cierto pudor referirme a algunas de sus afirmaciones y que no esté presente, pero lo hacemos con el más absoluto respeto.

En 1985 me paraba donde está ubicada una compañera secretaria, y donde está la banca de la señora senadora Asiaín –que ahora no está en sala– se sentaba Danilo Astori.

SEÑORA PRESIDENTA.- Es la señora senadora Sanguinetti.

SEÑORA BIANCHI.- Perdón, la señora senadora Sanguinetti; es que tengo tan presente a la señora senadora Asiaín por lo que, brillantemente, se le ocurrió para incorporar al proyecto de ley de rendición de cuentas.

Bueno, él se sentaba ahí, en la banca que hoy ocupa la señora senadora Sanguinetti. A partir de 1990, desde que fue electo senador, en más de una oportunidad interpeló a los ministros del Gobierno del lustro 1990-1995 –en este momento no recuerdo los nombres, y quiero volver hacia atrás lo menos posible– y a nosotros nos encantaba escucharlo porque aprendíamos mucho; claro, después llegó al poder y fue otra cosa, pero hasta ese momento no había accedido al Gobierno. Hay algo que el señor senador Astori reiteraba a los ministros de Economía y Finanzas de la época –pueden buscar en las versiones taquigráficas–; él les decía que no era válido pararse en la crisis de 1982 ni en la de 1984 porque, si no, todas las cifras daban bien. Es un dato de la realidad aristotélica, que decía el señor senador Astori.

En el presupuesto de 2005 el contador Danilo Astori que, obviamente, era el ministro de Economía y Finanzas –todos lo sabemos–, envió el mensaje del presupuesto nacional, y en la exposición de motivos mencionaba los puntos de partida. Obviamente, hizo un reconocimiento –que lo hicimos todos, porque todos vivimos acá y aún más quienes tenemos determinada edad– incluyendo frases tales como: «En primer término, hay que señalar que el gobierno heredó un fortísimo endeudamiento público», «En segundo lugar, se constata un grave incremento de la pobreza», «Finalmente –se queda acá Astori–, el Uruguay de hoy exhibe relevantes insuficiencias en materia de empleo, tanto se las perciba desde un punto de vista cuantitativo, como desde una perspectiva cualitativa».

Después –no los voy a aburrir demasiado, porque además no quiero más que tratar de pasar raya en educación, pero hay cosas previas que hay que decir–, el contador Astori, en la página 3 del repartido, dice: «Existe un único camino genuino hacia esta prioridad: el incremento sustancial de la inversión productiva, ubicada históricamente a niveles estructurales absolutamente insuficientes. Por otra parte, dichos niveles han venido registrando una evolución declinante en el transcurso de los últimos años». Y continúa: «A partir de este escenario de partida,» –este fue el mensaje presupuestal de 2005– «el desconocimiento de los límites que el Uruguay tiene en materia de endeudamiento, impediría un acuerdo con los principales acreedores del país que son los organismos multilaterales, se perdería acceso al mercado internacional de crédito voluntario y se generaría desconfianza e inestabilidad, impactando muy negativamente sobre las posibilidades de inversión productiva». Es decir que él se pone en una perspectiva positiva y de salida.

También dice: «… hay un enfoque más amplio al respecto. Es el que refiere al conjunto de reglas de juego y al compromiso del gobierno con su mantenimiento» –se refiere a las políticas que ya se estaban instrumentando, porque me estoy salteando párrafos, pero los pueden leer–, «como mecanismo fundamental para atraer las decisiones de los inversores nacionales y del exterior». Luego habla de la confianza y dice, en la página 4: «El país ya ha comenzado a recorrer este camino con buenos resultados».

Entonces, Danilo Astori, cuando le tocó asumir la conducción económica, tuvo la honestidad intelectual de decir que el país, si bien tenía esas dificultades sociales y de empleo –no había que ser un gran economista para darse cuenta, las vivíamos todos–, estaba en el camino correcto desde el punto de vista económico. O sea que una de las primeras mentiras o –si no les gusta la palabra– alejamiento de la verdad aristotélica es decir que en el 2005 todo estaba mal. No, quedaban cosas pendientes; lo dijo el propio Astori, pueden conversar con él –vi que ayer estuvo en un acto, por Zoom–; pueden preguntarle o, si no, buscar la versión taquigráfica.

Quienes fuimos diputados en los últimos cinco años sabemos –yo fui diputada por lo menos los últimos cinco años antes de acceder a la Cámara de Senadores– que permanente y sistemáticamente se quejaba –por momentos hasta nos daba cierto grado de compasión, en el buen sentido de la palabra, porque es una persona brillante; en realidad, queríamos entenderlo y lo notábamos sufriente, la verdad–, como muy bien lo dijo el senador Viera, del mal gasto social. Decía: «¡Estamos gastando mal! ¡Estamos gastando mal!». ¡Venía en todas las rendiciones de cuentas a decir lo mismo cuando nos proyectaba las gráficas! Incluso, en una de las rendiciones de cuentas se le ocurrió incluir los compromisos de gestión, para ver si le hacían caso. Yo le dije a él en sala: «Ministro, yo me doy cuenta. Se ve que no le están haciendo caso, porque se sigue disparando el gasto social sin respaldo», que era de lo que él se quejaba. Se quejaba también de lo que ya se recordó acá, que fue la estampida que se produjo en el gasto del Banco de Previsión Social con las ampliaciones de derechos –que nadie los discute, el problema es si se pueden financiar–, de las jubilaciones sin aporte previo y de las jubilaciones por enfermedad. Estaba furioso por momentos en la comisión. Hasta que en una de las rendiciones de cuentas se le ocurrió, como dije, poner los compromisos de gestión a muchos organismos y a algunos entes autónomos como, por ejemplo, la ANEP. Yo le dije: «Mire, ministro, esto es violatorio de la laicidad, es inconstitucionalidad, pero ¿sabe una cosa? Si bien en la comisión no lo puedo votar, porque no la integro, le prometo que lo voy a votar en sala, porque si usted está pidiendo compromisos de gestión a su propio Gobierno, es porque evidentemente no lo están siguiendo en que hay que controlar el gasto social». Controlar, para él, como muy bien decía el senador Viera, significaba referirse a la calidad del gasto. Esa es una frase que acuñó sistemáticamente, todas las veces que vino, tanto a sala como a la comisión. Mencionaba especialmente la calidad del gasto. O sea que vayan a discutir internamente, porque este no es un invento nuestro.

Iba a mencionar el tema de los recursos que tenían los países europeos, pero ya lo dije.

Me preocupa que quede claro que no hay un doble discurso de parte del equipo económico –ya voy a entrar estrictamente a educación– en el mensaje que se le dio a los inversores por parte de la señora ministra de Economía y Finanzas, cuyo contenido creo que fue leído por el señor senador Carrera, si no recuerdo mal; si no fue él, pido disculpas. Y si se lee con detenimiento, se verá que más del 90 % del énfasis que pone la señora ministra y el equipo económico para atraer inversores es en la estabilidad y la fortaleza institucional, en la fortaleza de los partidos políticos, en la fortaleza del Estado. En eso se pone énfasis porque, como muy bien decía el señor senador preopinante, seguramente los organismos internacionales saben mejor que nosotros cómo estamos. Pero se trata de convencer por la confianza, que es lo que está generando este Gobierno: la confianza.

Ahora me voy a remitir a los números y lo lamento profundamente, porque son aburridos, pero, como después se repiten conceptos, voy a mencionarlos. Es muy aburrido. A mí no me gusta leer cuando intervengo, pero estoy cansada de que se den conceptos que están alejados de la única verdad, que es la realidad. Lo primero que voy a hacer en educación, señora presidente –que es donde voy a pasar raya porque es lo que más entiendo–, es reconocer lo que se gastó. La ANEP desde el 2004, señora presidente, ha triplicado su presupuesto. Arrancó en 2004 con USD 440:000.000; en 2009, USD 516:000.0000; en 2012, USD 1.368:000.000; en 2013, USD 1.446:000.000; en 2014, USD 1.300:000.000. ¡Ese es el problema! ¡Nadie discute que se aumentó el presupuesto! El problema es cuando se coteja esto con los resultados. Y encima es un gran logro la UTEC. ¡Por supuesto que sí! ¡Hemos repetido hasta el cansancio que es un gran logro que tenemos que defender! También menciono los bachilleratos tecnológicos. Y el Plan Ceibal, como infraestructura, hay que redimensionarlo; hay que implementarlo de otra manera, porque lo que dejó en claro la pandemia, precisamente, es que lo que no había eran suficientes ceibalitas operativas. Y Folgar tuvo que salir desesperadamente a hacérselas llegar a los maestros y profesores que no estaban acostumbrados a usarlas para que trataran de conectarse lo más posible.

Ahora bien, escuchen al actual presidente del Consejo Directivo Central, que no es Netto; este dice la verdad. El doctor Silva dice que tenemos muchas dificultades y que los sectores más pobres han quedado fuera de las posibilidades de conectarse. ¿Por qué? Porque estaba mal implementado. El otro día me tocó intervenir en un debate con Pablo Caggiani –con quien tengo una excelentísima relación–, y él, consejero de primaria, tuvo que reconocer que tuvieron enormes dificultades. Reconoce «una patriada» –aclaro que son textuales palabras; está en YouTube si lo quieren ver– del actual director del Plan Ceibal para poder –fácilmente no–, con muchas dificultades, tratar de hacer llegar lo más posible las ceibalitas a lugares en los que nunca habían accedido a ellas, ni estaban acostumbrados a trabajar sus maestros y profesores. Esto lo dijo, además, quien es el actual representante social o sindical, como quieran llamarle. Así que la única verdad es la realidad. A su vez, agregó que como la conectividad en los sectores sociales más vulnerables es mala, tuvieron que tratar –o tuvo en realidad, porque Folgar, el actual director del Plan Ceibal fue lo suficientemente honesto intelectualmente– de apoyarse y de recurrir mucho a los celulares porque, en los sectores sociales más pobres, en los asentamientos, en las áreas rurales, no se pueden conectar. A mí me pasa. Tengo un emprendimiento a setenta kilómetros de Montevideo y tengo que salir a buscar, hasta con el celular, la posibilidad de conectividad.

¿Que estamos mejor? ¡Y sí! El mundo avanza, ¡desde luego! Además, con todo el dinero que se gastó, ¿es un mérito? ¿Tenemos que agradecer? ¡No, señores! Lo que se logró –cada uno podrá valorarlo como quiera porque, por suerte y a pesar de muchos, esto sigue siendo una democracia– es porque efectivamente hubo cosas que se hicieron bien. ¿Qué pretendían luego de haber despilfarrado muchos recursos –y me hago cargo de lo que digo–, en especial en la educación, que es sobre lo que más sé? ¿Tenemos que hacerles un monumento por lo que se hizo bien? ¡No! ¡Son servidores públicos! Somos servidores públicos. ¡Bueno sería que no pudiéramos decir lo de la conectividad y lo del Plan Ceibal!

Quiero aclarar a más de un señor senador, porque pueden no saberlo –y está bien que así sea ya que no tienen por qué saberlo; yo ignoro una enorme cantidad de cosas que muchos aquí saben–, que el Uruguay ya tenía un plan de enseñanza informática brillante, que se resumió y se consolidó en lo que se dio en llamar Infed 2000. Eran laboratorios de informática que estaban en las instituciones educativas y tenían profesores, doce horas al día, que apoyaban a los profesores, a los alumnos y a los maestros. Fueron atacados –eso sí– por el Frente Amplio cuando estaba en la oposición y por los sindicatos de estudiantes, porque era algo neoliberal; era neoliberal enseñar informática y era neoliberal enseñar inglés. Busquen por Internet o vayan a la Biblioteca Nacional y lean diarios archivados. Yo lo tuve que escuchar, vivir y sufrir mucho en carne propia.

Por lo tanto, hagamos entre todos un poco de autocrítica y asumamos que no obstante la enorme cantidad de esfuerzo que se hizo, por parte de los contribuyentes, no fue suficiente. ¡El dinero público no existe! Lo ponemos los contribuyentes. Se habla del Estado, pero ¿quién es el Estado? Somos los que pagamos impuestos, somos los que trabajamos. ¡No es una plata regalada ni que cayó del cielo! Vamos a empezar a acostumbrarnos a respetar eso también. Será porque se consideró que esos dineros eran públicos, que en muchos casos se despilfarraron.

Según datos del Ministerio de Educación y Cultura, en el informe «Logro y Nivel Educativo alcanzado por la población» de 2015, el nivel educativo alcanzado por las personas de veinticinco años o más es el siguiente: el 36 % solo cursó educación primaria; el 21 %, enseñanza media básica –el 9,9 %, incompleta y el 11,1 %, completa–; el 23,1 %, enseñanza media superior, el 7,9 %, incompleta y el 11,4 %, completa.

En síntesis, el 46,6 % de las personas mayores de veinticinco años solamente acudió a la enseñanza primaria y a la enseñanza media básica incompleta. ¿Quedaron claros los números? Lamento que sean aburridos.

Me faltó decir algo sobre el Plan Ceibal. Es la primera vez –nosotros siempre criticamos la implementación– que, gracias a la LUC –a la que tanto miedo le tienen–, en el Consejo Directivo del Plan Ceibal va a haber un representante de la ANEP y otro del MEC, porque era una secretaría de Presidencia a nivel personal, que dependía del presidente de la república y, por supuesto, del ingeniero Brechner. Después fue una persona pública de derecho privado que, claro está, seguía en manos de la misma persona y no la podíamos controlar; ni siquiera la podían auditar la Auditoría General de la Nación o el Tribunal de Cuentas. Además, aclaro que lo único que dice el Tribunal de Cuentas es que no se apartaron de la ley –acá se insiste con el tema del Tribunal de Cuentas y la rendición de cuentas–, que es legal, pero no aclara si se gastó bien o mal; solo afirma que no se apartaron de la ley. En realidad, si vamos por inciso, veremos que se apartaron mucho. La señora senadora Asiaín dijo claramente que en el caso del Ministerio de Desarrollo Social –y soy consciente de ello en la ANEP– se dio la famosa reiteración del gasto.

En cuanto a la evolución de la matrícula, estoy aburrida de escuchar que ahora la matrícula es superior, pero antes no se llevaban registros. En primaria, en 1950 –por suerte fue antes de que naciera porque, en general, siempre soy la mayor en todo–, había 249.393 niños, mientras que en 1960 fueron 319.904 niños. O sea que hubo setenta mil más en diez años, por lo que la tasa de expansión fue del 28 %.

En 1970, había 396.630, es decir, 80.000 escolares más en diez años, así que la tasa de expansión fue del 24 %.

En 2004, que es el año insignia para muchos –se van a tener que empezar a borrar; háganle caso a Astori–, fueron 367.428. ¡En plena crisis social!

(Interrupciones).

–Los problemas internos los arreglan ustedes. No contesto y pido a la señora presidente que me ampare en el uso de la palabra.

Repito: en 2004, la cifra fue de 367.428 escolares, en plena crisis social. ¿Aumentó? No; se estancó, porque había pasado un montón de años.

En 2014 había 323.695 niños en primaria. ¡Cuarenta mil alumnos menos! ¡Fuerte y claramente bajó la matrícula en primaria en plena expansión de la economía del Uruguay! ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, por la pérdida de confianza en la educación pública, la gente que puede pagar –o podía, porque ahora ya estamos en el proceso inverso– opta por la educación privada en el Uruguay.

Señores: ¡háganse cargo! Hablamos de USD 1.500:000.000, USD 1.400:000.000, pero la matrícula bajó en cuarenta mil niños; hay una caída del 12 %, cuando la educación media es obligatoria desde 1966. ¡No nos hagamos los distraídos! Cuando la Constitución del 66 establece la obligatoriedad de la educación media, en primer lugar, no distingue media básica y media superior. Tuve el gran placer de tener a Cassinelli Muñoz como profesor en el Instituto de Profesores Artigas –después quieren Universidad de la Educación… ¡no había mejor universidad que tener esos profesores!– y si nosotros decíamos educación media básica perdíamos el examen, porque la Constitución no distingue. En consecuencia, la educación media es obligatoria desde la Constitución del 66.

Acá voy a desagregar, porque ya dije que iba a aburrir con números. A partir de 2011 hubo un pasaje de alumnos de la educación pública a la privada que llegó al 18 %, en un período cuantificado como el de mayor bonanza económica.

Dicen que no hay registro de la educación media –miren que arranqué en 1950 para no aburrir, pero hay registros; el primer censo que se hizo en el Uruguay fue en 1908–, pero en 1950 había 44.107 alumnos y en 1960 ese número llegó a 88.413. Es decir que se duplicó la matrícula de la educación media en diez años, entre 1950 y 1960.

En 1970, la cifra alcanzó los 166.939, o sea que volvió a duplicarse. Hay quienes dicen que antes la gente no cursaba educación media, pero sí, la cursaba si quería; lo que pasa es que para ingresar en el mercado de trabajo no era necesario tener más años de escolarización, como sucede ahora. Además, el nivel de la educación pública primaria era brillante y, en consecuencia, bastaba para tener muy buenos empleos.

De 2004 a 2014 se pasó de 306.417 a 339.271 alumnos; modesto crecimiento del 11 %, diez veces menor que el que se registraba décadas atrás. ¿Está claro? Porque estoy aburrida de escuchar decir que aumentó la matrícula de la educación media. La única verdad es la realidad.

Vamos a la educación universitaria, porque está el verso de que es la primera generación de alumnos que llega a la Universidad... ¡Siempre pasó eso! El proceso civilizatorio es de avance; a veces, es de retroceso, pero en el Uruguay, en la educación, era de avance hasta que empezaron a hacerse las cosas mal. Por supuesto que mis padres no necesitaron ir a la Universidad y mi padre llegó a ser empleado bancario. ¡Vayan ahora a buscar trabajo sin un título universitario y todavía con posgrado! Después les voy a decir el grado de desocupación, hasta de los que tienen posgrado.

Uruguay es de los países de la región que menos avanzó en matrícula universitaria. La escolarización de la educación superior en el Uruguay creció solo en 11,7 % entre 2005 y 2015, al tiempo que en Perú, por ejemplo, la cifra aumentó en 87,8 %. ¡11,7% contra 87,8%! Claro, porque antes no nos comparábamos con Perú, Ecuador, El Salvador o Guatemala, sino con Europa. Venían de Europa, de países incipientes como Finlandia, a aprender acá.

Uruguay está entre los peores de la clase en América Latina si de ingreso a la educación terciaria se trata. Según un informe de Siteal –Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina– actualizado en mayo de 2019, el sistema educativo uruguayo ha visto un crecimiento muy leve entre 2005 y 2015 con relación a otros países de la región; en Uruguay solo dos de cada cien jóvenes –el 23,4 %– de entre dieciocho y veinticuatro años se encontraban en la educación superior en 2015 y, en la última década estudiada –2005-2015–, el crecimiento de ese número fue de 11,7 %, siendo ese porcentaje de los peores en América Latina. En Venezuela –¡miren si estaremos mal que hasta Venezuela nos supera!– ese porcentaje fue de un 91,7 %; en Paraguay, de 61,7 % y podemos seguir.

Se señala también que el porcentaje de crecimiento de la escolarización de la educación terciaria uruguaya solo es superior al de República Dominicana, Ecuador, Panamá, Argentina y Guatemala; somos los peores de la clase.

Otra de las cosas que quiero decir, señora presidente –adelanto que voy a pedir que, si los colegas son tan amables, prorroguen el tiempo de que dispongo para mi intervención, aunque todavía me queda– es que la verdad es que me callé todo esto durante el tratamiento de la LUC porque me interesaba que se aprobara el paquete de modificaciones de la gobernanza de la educación para salir de este estancamiento. Esto no lo dije en esa ocasión; fui la única senadora que no intervino en la parte general aunque todo esto, obviamente, lo tengo de verdad grabado en mi ADN, ¡yo sí lo tengo grabado en el ADN!

¿Saben una cosa? Tenemos una tasa de rezago, o sea que los chicos terminan la educación primaria y la educación media –que es, a esta altura, una preocupación ancestral– teniendo entre veintitrés y veinticinco años. ¡El ciclo medio se tiene que terminar a los dieciocho años! En otras épocas, cuando empecé a trabajar en la dirección del liceo –ya que otros recuerdan que fueron ministros, yo digo que fui una simple directora de liceo–, había un reglamento muy estricto por el que si inscribía a un alumno que tuviera por encima de dieciocho años recibía una sanción como directora. ¡Miren ustedes lo que era de rarísimo! Ahora los chicos repiten, repiten y repiten y la tercera parte de los que empiezan primaria terminan entre los veintitrés y veinticinco años.

Si hago un repaso de las líneas estratégicas del quinquenio 2015-2019 –según el mensaje de la ANEP– veo que allí se habla del fortalecimiento de su diseño y gestión institucional, ¿eso será lo que empezamos a descubrir ahora, que se gastaban más de 200.000 porciones de comida? No sé, estamos investigando.

En cuanto a la universalización de la escolaridad obligatoria y fortalecimiento de la educación a lo largo de toda la vida, ¿vieron los resultados? La gente deja, deserta, no va.

Otra línea estratégica tenía que ver con mejorar los aprendizajes proporcionando una educación de calidad; voy a ver si me da el tiempo para ver cuáles son los niveles de calidad de la educación.

Con relación al objetivo de relevancia y fortalecimiento de la profesión docente, quiero decir que no es cierto que se la haya fortalecido. Se inscriben alrededor de 15.000 personas y se ha llegado al piso, en el 2018, de que egresan 623. No tenemos formación docente pero sí contamos con todo el aparato –¡lo tenemos!–, solo que no es utilizado porque los alumnos desertan, no terminan.

Por supuesto que no se cumplió con las metas del cambio del ADN; cayeron las personas que lo iban a llevar adelante –nada menos que Filgueira y el maestro Mir– y tampoco se cumplió con el 6 % del PBI para la educación, pero observemos esto: se nos prometió en el mensaje –y se dijo públicamente, además, por parte del expresidente Vázquez– que a 2020 el 100 % de los jóvenes estaría en el sistema educativo y que el 75 % debía culminar la enseñanza media; ¡sobran las palabras! Saquen sus conclusiones. No voy a perder tiempo en sacar el porcentaje de ejecución. La única que ejecutó el cien por ciento fue secundaria y a esa sí que va a haber que preguntarle qué hicieron con el cien por ciento del crédito asignado porque en resultados no fue. Están los resultados del Ineed de 2017 y 2018, pero ¿qué pasó en 2019 con los datos de la enseñanza media? Primero se intentó que no se publicaran en el primer semestre. Hubo muchos problemas. Finalmente, se logró que los publicaran. Sin embargo, respecto a los resultados del segundo semestre que estaban prontos en agosto, la ANEP, violando la ley –porque el Instituto Nacional de Evaluación Educativa es independiente– no permitió que se publicaran porque venían las elecciones. Se publicaron ahora, en marzo. En realidad, los resultados son alarmantes.

SEÑOR PENADÉS.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone la señora senadora.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Puede continuar la señora senadora Bianchi.

SEÑORA BIANCHI.- Muchas gracias.

Estoy hablando del Instituto Nacional de Evaluación Educativa –el Ineed–, acá no está el imperialismo, acá no está la OCDE –a la que le queremos hacer caso con el lavado de activos– y acá no está el Fondo Monetario Internacional. Estoy haciendo referencia a la página 87 del informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. «En 2018 un 51 % de la población de 23 años, repito, el 51 % de la población de 23 años, abandonó el sistema educativo sin finalizar la educación obligatoria». Entre 2007 y 2017 «casi un 40 % de los niños de 4 años y un tercio de los de 5 años asiste de manera irregular», lo que quiere decir que no sirve para nada si no asisten de manera regular. Resulta preocupante que un tercio de los niños de cuatro y cinco años de edad presenten baja asistencia. Más aún: se agudiza la problemática en la educación primaria pública. Si bien la asistencia suficiente en este nivel es mayor que en la inicial, entre 2007 y 2017 la proporción de los estudiantes que asiste ha disminuido gravemente.

Acá viene una de las cosas que quiero que quede grabada en la memoria de todos porque de acá salimos todos juntos o no salimos; con pandemia o sin pandemia, con los préstamos internacionales, con el ajuste fiscal y con todo lo que los economistas llaman de manera muy difícil, pero que los que administramos una casa sabemos cómo se hace. En la página 111 del informe del Ineed de 2017-2018 se dice: «Una primera constatación es que la segregación socioeconómica y cultural entre escuelas es importante en nuestro país. Los alumnos se agrupan en escuelas de acuerdo con su origen socioeconómico y cultural. Tanto en tercero como en sexto grado, aproximadamente un 80 % de las diferencias socioeconómicas y culturales de los alumnos se observa entre escuelas…». Esto quiere decir que los resultados dependen del barrio donde esté la escuela –por supuesto que no me va a dar el tiempo para hablar de las cifras, pero son más que alarmantes en la educación media–, del hogar donde nace un niño, es decir del lugar donde vive y de si tiene una familia que pueda apoyarlo; obviamente también es fundamental el hecho de si tiene una familia con cierto nivel cultural; pero como la marginalidad la hicimos crecer tanto, ¡otra que pasar el Rubicón!

En la página 119 del informe se dice: «La inequidad implica que los logros de los estudiantes varían según su origen socioeconómico y cultural» –¿en el Uruguay?– «así como según el de su grupo de pares». O sea que además los planchamos por los pares. También dice el informe que la población que asiste a las escuelas públicas y privadas se diferencia de manera importante en lo que hace a sus características socioeconómicas y culturales. ¡La verdad es que no sé qué leer porque tengo todo por el estilo!

El último informe que se publicó que es de la enseñanza media, señora presidente, es el que no se dejó publicar antes de las elecciones, violando la ley, reitero. Sin dudas, si los resultados hubieran sido buenos se habrían publicado en la página de Presidencia o nos habrían dado una de aquellas cadenas interminables en las que nos hablaban de los logros del Gobierno; sin embargo, repito, se prohibió que esta parte del informe se publicara. ¡Otra que censura! ¿Me van a decir que censura es nuestro artículo 2.º? No, esto es censura. Censura es impedir a quienes financian el sistema educativo, que somos los contribuyentes, que conozcamos los resultados desastrosos que se registraron.

En la educación media superior, señora presidente, la inequidad también es gravísima: llegan solamente tres de cada diez. Atención: de diez niños que empiezan primaria, llegan solo tres –no alcanza a cuatro– y ¡ni les digo el nivel!

Dice así: «La pobreza en niños y adolescentes afrodescendientes se redujo […]; en la población infantil general el descenso fue mayor, de 50 % a 18 %, con lo que la brecha de inequidad en este indicador creció el doble». Lo leo casi de memoria porque lo conozco, por eso me indigna tanto que se falte a la realidad.

En cuanto a la educación media, dice: «La inequidad también se ve en los porcentajes de culminación de Educación Media Superior que son de 40 %» –máximo– «para el promedio de la población adolescente. Sin embargo, mientras que apenas el 12 % del quintil de menores ingresos» –¡miren lo que trabajaron para los pobres!– «culminó esa etapa, en el quintil de mayores ingresos el porcentaje llega al 70 % en lo que refiere a la tasa neta de asistencia a la educación secundaria…». Bueno, obviamente no van; los de los quintiles más bajos van menos y los de los quintiles más altos van más.

Dice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa –la Unesco nos rezonga mucho más–: «Uruguay no puede avanzar en términos de desarrollo sostenible con los niveles de culminación de educación media que tiene, que es un problema de todo el sistema educativo». Repito: «Uruguay no puede avanzar en términos de desarrollo sostenible».

¿Cuáles son las posibilidades de quedarse sin trabajo? Según un estudio realizado en 2016 por Ignacio Munyo y Pablo Regent –era un estudio a diez años a partir de 2016; ya estamos en 2020–, el 54 % de los empleos actuales corre un alto riesgo de desaparecer debido a la robótica que tanto festejamos. Entonces, hay que prepararlos para ese mundo. «El 54 % de los empleos actuales corre un alto riesgo de desaparecer; para un 23 % el riesgo es mediano y para el restante 23 %, bajo».

¿Cómo se distribuye el riesgo de quedarse sin trabajo? Un 59 % para los que completaron primaria –los señores senadores recordarán que eran bien pocos; bueno, de esos, el 59 % se va a quedar sin trabajo–; 49 % para los que hicieron secundaria; 44 % para los que tienen educación técnica; 27 % para los que terminaron la universidad y 18 % para los que consiguieron un título de posgrado. O sea que los chiquilines, que no son tontos, desertan porque entienden que en el sistema educativo no está la solución para insertarse en un mercado laboral cada vez más difícil. Por lo tanto, era imposible decir –y miro con mucho cariño a quien estoy mirando– que era neoliberal e imperialista que se quisiera que los chiquilines estudiaran para el trabajo. ¿Para qué van a estudiar, si no? Pero ellos se dan cuenta de lo que sucede en Uruguay.

El siguiente es un dato objetivo y espero terminar mi exposición con él, a pesar de que me quedé sin el marco teórico; en otra oportunidad trataré de decir algo, sobre todo, con respecto al relato.

Fíjense los señores senadores que el economista Claudio Sapelli –es uruguayo, pero vive en Chile porque trabaja para la Unesco–, en una conferencia sobre los rendimientos de la educación en América Latina realizada en la Academia Nacional de Economía –para los que me descalifican digo que me tocó comentarla–, nos mostró una gráfica con la que me quedé más dolida que nunca. Esto ocurrió en el 2012. En la gráfica se mostraban dos indicadores: los años de escolarización y la remuneración. Todos los países de América Latina, aunque estuvieran por detrás de Uruguay a nivel académico, tenían una línea ascendente; sin embargo, nuestro país tenía una línea plana. Es por eso que se dice –los que son economistas lo sabrán– que Uruguay es un país de renta plana; en nuestro país no hay una relación directamente proporcional entre los años de escolarización y el nivel de remuneración. Le pregunté por qué sucedía eso y, si bien me guardo la respuesta porque no quiero que surjan discusiones en ese sentido, digo que, institucionalmente, es grave.

Señora presidente: todavía no se ha prendido la luz, por lo que voy a continuar un segundito más.

En lo personal, muero por resolver las cosas con un marco teórico –los grandes profesores me enseñaron eso–, pero hay una cosa que tengo clara –lo dejé en evidencia–: no creo más en las izquierdas y en las derechas. Yo admiro enormemente otra vez al señor senador Olesker, que sigue insistiendo en una manera de pensar el mundo que no salió bien, que fracasó porque se cayó todo. Los sistemas, el asistencialismo, la pérdida de la libertad individual y que todo tenga que ser subsidiado no funcionó. Los países más ricos son los más libres.

Un historiador al que todo el mundo refiere ahora, pero yo lo vengo estudiando desde hace tiempo, Yuval Noah Harari –que publicó tres libros–, está buscando otra explicación sobre las izquierdas y las derechas porque, obviamente, después de que tiraron el Muro de Berlín para buscar la libertad y cayeron el socialismo real y sus sucedáneos, los que piensan el mundo están tratando de ver qué está pasando. Obviamente, es imposible que yo pueda resumir el pensamiento de este historiador, pero es interesante porque dice: «Contar relatos efectivos no es fácil. La dificultad no estriba en contarlos, sino en convencer a todos y cada uno para que se los crean. Gran parte de la historia gira alrededor de esta cuestión: ¿cómo convence uno a millones de personas para que crean determinadas historias sobre dioses, naciones o compañías de responsabilidad limitada? Pero cuando esto tiene éxito, confiere un poder inmenso a los sapiens, porque permite a millones de extraños cooperar y trabajar hacia objetivos comunes. Piense el lector lo difícil que habría sido crear Estados, o iglesias, o sistemas legales si solo pudiéramos hablar de cosas que realmente existen, como los ríos, árboles y leones». Y continúa: «Los tipos de cosas que la gente crea a través de esta red de narraciones son conocidos en los círculos académicos como “ficciones”, “constructos sociales” o “realidades imaginadas”. Una realidad imaginada no es una mentira». Eso lo reconozco. Yo no digo que sea una mentira, pero se la creyeron, y la realidad dice lo contrario. Harari también dice: «A diferencia de la mentira, una realidad imaginada es algo en lo que todos creen y, mientras esta creencia comunal persista, la realidad imaginada ejerce una gran fuerza en el mundo». Por eso no me cansaré de insistir en que debe haber mucha autocrítica, que hay que reconocer las equivocaciones y no echar la culpa a otros de los errores cometidos. Corrijamos las cosas que hicimos mal porque es la única manera de avanzar, si no se salvarán solamente los ricos, que es lo que estamos haciendo en el Uruguay. Cuando en el Uruguay se salvaban los pobres, los ricos ya estaban salvados desde antes.

Muchas gracias.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Señora presidenta: antes que nada, quiero hacer un agradecimiento. El contador Danilo Astori no solo se ha vuelto una referencia para la izquierda, sino también para otras tiendas políticas y eso nos parece una muy buena cosa. El reconocimiento a su capacidad, a su honestidad intelectual, a su desempeño en funciones ha sido un dato extendido en la sesión, que se suma además a reconocimientos que se han hecho en el pasado en publicaciones internacionales u organismos multilaterales que nada tienen que ver con nuestra fuerza política. Por lo tanto, quiero resumir todas las alusiones que se han hecho en este agradecimiento, que realmente de nuestra parte ha sido muy sincero porque se reconoce un desempeño, un trabajo y una línea en materia de desarrollo y de concepción de las políticas públicas, sobre todo con énfasis en la economía, que, sin duda, hacen justicia a este gran referente político, que es Danilo Astori.

Por otro lado, quiero hacer alusión a algunos aspectos que aparecen en la propia rendición de cuentas y para nosotros es muy importante referir a los textos. El artículo 2.° evidentemente se ha tratado de transformar en el centro. Sinceramente, a mí me parece absolutamente absurda la inclusión de este artículo en una rendición de cuentas.

Es un artículo que podría ser la fundamentación de por qué no se vota o se vota a favor, y solo se explica por una especie de acuerdo interno para intentar aprobar esta norma; si no, es absolutamente inconsistente. Este artículo no tiene ninguna consecuencia jurídica ni institucional; simplemente es una declaración y se comete una desprolijidad gigante al poner una condena a una gestión. Se pudo haber incluido en el informe o en las fundamentaciones, pero no: se eligió el camino del artículo. ¿Qué consecuencia jurídica tiene incluir lo que se puso en este articulado?

Además, y en la consistencia referida a la propia rendición de cuentas –acá se hace una declaración a los efectos interpretativos–, ¿qué precisa alguien interpretar de esto? ¿Es una guía? ¿De qué se trata? Simplemente, es llevar a cuerpo normativo un acuerdo, insisto, que tuvo que ver exclusivamente con negociaciones internas, con si te voto o no te voto esta rendición de cuentas, y con una postura institucional, que debió haber sido simple y llanamente aprobar este informe aunque no se haya sido parte de la gestión a la que refiere. Sin embargo, no fue así. Evidentemente, primaron otros criterios que, además, en la propia rendición de cuentas aparecen como contradictorios. Ya lo señalaron algunos compañeros que han hecho uso de la palabra previamente, como el señor senador Bergara en su informe, y también lo reiteraron otros compañeros. Se utilizan distintos años, e incluso indicadores, a los efectos de crear un relato, perdiendo total consistencia e intentando mostrar que este país no tiene sostenibilidad desde el punto de vista financiero para hacer frente a las metas de gestión económica y social que tiene por delante.

El tema es que mientras en julio de 2020 se hace un discurso a la ciudadanía en el que se dice que aquí está todo espantoso, se señala, por ejemplo, en la página 2 del informe: «En la actual coyuntura, pautada por la recesión en que se encuentra la economía uruguaya desde el último trimestre del año anterior y que se proyecta se agudizará en el segundo trimestre del presente año como consecuencia de la epidemia de COVID-19, quedan en evidencia las consecuencias negativas para el país de una trayectoria fiscal no sustentable». Yo me pregunto qué tiene que ver esto con lo que leía –y reafirmo– el señor senador Carrera. En el informe que se hace a los inversores internacionales, referido a lo mismo, el mismo equipo económico, el mismo gobierno, casi simultáneamente, hacia adentro dice lo que acabo de citar, pero hacia afuera dice que dadas las medidas de contención de la covid-19, tanto el seguro de enfermedad como el de desempleo se convirtieron en un instrumento de política crucial para hacer frente, de manera amplia y ordenada, a la emergencia de salud y sus consecuencias. El sistema de bienestar desarrollado para las personas en edad laboral en Uruguay consiste en un acceso casi universal a la atención médica, seguro de desempleo, seguro de enfermedad y beneficios para niños y familias. La baja informalidad –reitero: esto es lo que les dicen a los inversores extranjeros– y la amplia red de seguridad social garantizan el trabajo eficiente de los estabilizadores automáticos.

Y luego, hablando de nuestro país, dice que se destacan, entre otras, la confiabilidad de las instituciones, la condición de país socialmente estable con desigualdad relativamente baja, la baja informalidad, una amplia red de seguridad social con transparencia fiscal y rendición de cuentas y un sistema político maduro.

Y termino –una cita parcial– con lo que dice más adelante: «Las reservas internacionales considerables son un importante respaldo para la estabilidad externa y el ancla clave de la política». Luego, más adelante agrega: «Con la inversión privada más grande en el país –vaya si se ha querido sacudir esto con interpelaciones hace muy poco tiempo–, UPM, Uruguay está listo para recibir grandes entradas de inversión extranjera directa. La fuerte posición de capitalización y liquidez de los bancos respalda las medidas crediticias del Banco Central, sin contagio del sistema financiero de Argentina. El tipo de cambio flotante funciona como amortiguador con el Banco Central que interviene en ambos lados del mercado para suavizar la volatibilidad no debida. Uruguay ha sido ampliamente reconocido por la transformación de su matriz energética en la última década, alejándose de los combustibles fósiles y a menudo se le conoce como un líder en energía verde global. Uruguay –y me detengo acá–, tiene el mejor desempeño entre las economías en desarrollo en el índice de transmisión energética, baja contaminación del aire y huella de carbono».

Este informe que se hizo para el exterior, escrito por las mismas autoridades, por el mismo gobierno, difiere sustancialmente con el relato interno. ¿Cuál es el problema de este tipo de circunstancias? Que se puede dañar una de las principales fortalezas que deben tener un gobierno y un país, que es la credibilidad. Cuando se hace un discurso hacia afuera, exaltando las reales bondades del país, la estabilidad, las fortalezas, y al mismo tiempo se redacta un informe –en los términos en que se lo hace en esta rendición de cuentas– y se agrega un segundo artículo, que se va a transformar en ley, como Gobierno se termina trasmitiendo una imagen de debilidad, de falta de credibilidad. Y eso afecta no solo la imagen del Gobierno –cosa que es negativa para la sociedad en su conjunto, máxime cuando se trata de un Gobierno que está en los primeros meses de su mandato–, sino uno de los valores intangibles más grandes, que es la credibilidad hacia el exterior del Uruguay como país. ¿Cómo se puede creer si las mismas autoridades escriben estas cosas espantosas respecto a una rendición de cuentas y, al mismo tiempo, invitan a venir a nuestro país porque es maravilloso? Son dos caras sobre una misma situación. ¿Dónde está la verdad? ¿Está en el informe que se hace al Parlamento uruguayo o en lo que se les dice a quienes podrían decidir invertir en el Uruguay?

Está claro que el país legado a la nueva Administración en marzo de este año es incuestionablemente mejor al que le entregaron al Frente Amplio quince años atrás. Hoy cuenta con un conjunto de fortalezas económicas, sociales e institucionales que lo ponen en buenas condiciones para enfrentar los desafíos que tenemos por delante.

La economía uruguaya ha demostrado resiliencia a un entorno crecientemente complejo. Uruguay continuó creciendo, aunque como era razonable esperar, a tasas menores. Lo más significativo es que, producto de las fortalezas construidas, consiguió romper con la dependencia histórica regional por la que nuestro país crecía en un promedio similar al de Argentina y Brasil. Si esto todavía fuera así, Uruguay debería haber caído al 0,4 % anual en los últimos cinco años, en lugar de crecer 1,3 %, como lo hizo. Es decir, si se hubiesen tomado como referencia los cinco años de la pasada Administración, no se habría utilizado el corte –que se hace en forma totalmente antojadiza, parcial y hasta aleatoria, en función del propio relato– que se muestra en el informe del proyecto de rendición de cuentas que, insisto, nada tiene que ver con la imagen que se pretende dar –esa sí, real– del Uruguay hacia el mundo.

Pretender explicar éxitos o fracasos de la economía exclusivamente a partir de lo que sucede en el marco regional o internacional es caer en un determinismo que minimiza y desvaloriza cualquier esfuerzo colectivo. Y, en el otro extremo, pretender rendir cuentas de lo que sucedió en la economía en el 2019 obviando el hecho de que para una economía pequeña y abierta el contexto internacional y regional es muy relevante para su desempeño, es absolutamente una miopía. Lo decimos porque se han tomado afirmaciones en forma parcial, intentando, por lo tanto, inducir a error. Jamás sostuvimos que los mejores momentos de la economía uruguaya dependieron exclusivamente del esfuerzo generado en el Uruguay ni que la situación crítica del país fuera exclusiva consecuencia del impacto de las circunstancias regionales e internacionales. Eso jamás fue dicho, aunque se pretenda afirmar lo contrario.

Para nosotros el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019, es utilizado políticamente por el Gobierno para demonizar el estado de situación del país al momento de asumir y, hasta cierto punto, para amenazar –quizás el artículo 2.º fue lo que salvó la situación– con no votarlo.

Particularmente, se habla de un aumento del 8,1 % al 8,8 % de la pobreza, tomando como indicadores los años 2018-2019, sin poner en contexto que se ubicaba casi en un 40 % si se toma como referencia el 2004. También se dice que en el último año se perdieron 10.000 puestos, sin tener en cuenta el contexto de los 300.000 puestos de trabajo creados en estas Administraciones. Esto es, simple y sencillamente, elegir hitos aislados, concretos, que hilvanan un relato propio, y ya vamos a sostener por qué se hace.

Sin duda, compartimos que la política pública que genera mayor inclusión, que forja mejores expectativas, que nos da desarrollo genuino, es el trabajo. Por eso durante todos estos años hemos puesto especial énfasis en el trabajo como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los uruguayos.

Además, por suerte –contrariamente a lo que dice la rendición de cuentas y coincidente con lo que dice el Gobierno a inversores extranjeros–, el país tiene fortalezas institucionales construidas durante años y un fluido acceso a mercados financieros internacionales, así como USD 2.200:000.000 de créditos preaprobados con los que cuenta esta Administración y que le permiten dar una respuesta firme y sostenida a las contingencias económicas y sociales que, obviamente, ha generado la pandemia en la región, y particularmente en el Uruguay. Se trata de una herramienta, de un instrumento que podría utilizar el Gobierno si quisiera encarar de forma distinta las repercusiones económicas y sociales de la crisis que está viviendo la sociedad. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante hacer reconocimientos y señalar críticas; las dos. Cuando hablamos de reconocimiento –ya lo han dicho algunos colegas y compañeros–, explícitamente hemos respaldado las políticas públicas en materia sanitaria que se han tomado para enfrentar la pandemia en el país. Lo hemos hecho, lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque está bien la decisión tomada. Han sido buenas las decisiones, ya que han encarado en forma acertada el combate a esta pandemia desde el punto de vista sanitario. Además de tener acierto en el tiempo y en las decisiones, es buena cosa que todos los uruguayos –de cualquier orientación política– cerremos fila en estos asuntos. Para que la conducta social y la responsabilidad colectiva sean masivamente aceptadas, no es un indicador menor que todos los partidos políticos tengan una misma mirada. ¿Por qué? Porque está claro que en un país aún bastante politizado como el Uruguay, en temas que son centrales, que hacen a la salud y a la vida, es importante tener miradas convergentes que permitan dar un mensaje claro y nítido a la sociedad sobre la conducta que cada uno de nosotros tenemos que asumir.

En lo económico, sin duda, tenemos grandes diferencias; en lo social, también las tenemos, y por eso señalé reconocimientos y críticas. No vamos a ser muy extensos en esta intervención ya que otros compañeros han abundado y creemos que, en lo posible, es mejor concentrar los relatos. Pero lo cierto es que el Gobierno plantea que tiene fuertes debilidades para enfrentar esta crisis que vive el Uruguay cuando, en realidad, encontró fortalezas. Sin duda, existen fortalezas en la estabilidad económica; fortalezas en los aspectos financieros –como dije recién, le permitían y le permiten prefinanciar parte de los impactos económicos y sociales que lleva consigo la crisis– y fortalezas institucionales. Como señalaba el senador Olesker, se tiene un sistema integrado de salud en funcionamiento; no es que el 1.° de marzo se hayan abierto de golpe los hospitales, se hayan levantado paredes, se hayan armado salas y se hayan tenido respuestas de la nada. Existe un sistema integrado de salud que funciona, que tuvo inversión, personal capacitado y un sostenido fortalecimiento del gasto social, que ha permitido, sobre todo en materia de salud, llevar adelante esta respuesta.

Voy a hacer una referencia que me parece importante. Al hablar de salud, he escuchado en sala la preocupación del impacto de la pobreza y particularmente de un sector de la sociedad que a nosotros mucho nos desvela: la niñez. Se ha hecho una justa referencia y me parece absolutamente compartible que hoy tengamos especial sensibilidad y potestades para dar respuesta a este tema.

Ustedes habrán visto que hemos tratado de ser lo más escuetos posible en materia de números, porque nos parece mejor señalar apenas algunos indicadores a efectos de ilustrar la intervención. Aclaro que no vamos a tomar un indicador formulado por nosotros, sino por el Instituto Nacional de Estadística, que me alegro que hoy no haya sido cuestionado en sala, porque esos indicadores son los que le han servido a todas las Administraciones; haya gobernado el partido que haya gobernado nunca, ningún partido de la oposición, los cuestionó.

Desde el 2003 al 2018, la situación de pobreza de los menores de doce años en edad escolar pasó del 60 % al 15 %: en el 2003, estábamos en el 60 %; en el 2007, en el 40 %; y en el 2018, en el 15 %. Es decir que hubo y hay una sostenida política pública que ha logrado una reducción de la pobreza en el sector más vulnerable de la sociedad, y hay hechos concretos al respecto. En el departamento de Canelones me tocó vivir el programa Canelones con la Mirada de los Niños, que después se llamó Canelones Crece Contigo y tuvo el correlato nacional en Uruguay Crece Contigo. No es que se inventaron las políticas públicas sobre la niñez, pero estos eran los indicadores que había y se fueron abatiendo a partir de políticas públicas específicas, de gasto social justificado y de inversiones que dieron resultados concretos. Cuando se habla de calidad del gasto se hace referencia a este tipo de cuestiones y, efectivamente, esto es calidad del gasto. ¿Se logra en todos los incisos, en todos los ministerios y en toda la gestión pública? No, obviamente que no es así y estimo que ninguna Administración podrá exhibir que esto sea así. Ahora bien, nosotros seguimos insistiendo en que la mejor manera de defender el esfuerzo fiscal de los uruguayos es apostar a la calidad del gasto, y este es un indicador claro de que se fue por el camino correcto.

Decíamos, además, que en materia de infraestructura es difícil imaginar qué hubiera pasado, porque la pandemia no le avisó a Uruguay ni a ningún otro país. El desfase con Oriente y Europa nos permitió ver algunas cosas que estaban sucediendo, pero la pandemia no golpeó la puerta; no era un hecho previsible de años. Pues bien, ¿podemos imaginarnos cómo hubiera sido el teletrabajo que se está desarrollando en el país sin la inversión que hizo Antel en fibra óptica? ¿Se puede imaginar cómo hubiéramos hecho para vivir una pandemia en estos términos sin el desarrollo de infraestructura material que tenemos a partir de inversiones –y no despilfarro– en infraestructura?

Lo mismo sucede con el Plan Ceibal, que ha sido referencia a nivel universal. Se podrá decir mucho al respecto, pero existe literatura en materia comparada y el Uruguay ha sido referencia en el mundo en esta política pública. No solo es una herramienta de desarrollo educativo, sino de inclusión social para brindar oportunidades a quienes nunca en la vida las habrían tenido si no hubiera habido una decisión proactiva de un Gobierno y de un Estado para hacerles llegar esta tecnología. Era imposible llevar adelante mínimamente todas las actividades que se desarrollaron a nivel de la educación uruguaya, pública y privada –pero en este caso me refiero específicamente a la pública–, si no hubiera estado el Plan Ceibal para desarrollar habilidades y conocimientos en docentes y estudiantes.

Esa cuestión es otro activo, y es realmente triste la falta de reconocimiento explícito. A veces es una buena práctica saber reconocer virtudes en otros, porque eso da fortaleza al propio discurso, al propio accionar. Son hechos tan grandes, tan objetivos y tan notorios que no solo los ve la sociedad en su conjunto –es decir, la gente–, sino que además los observan y los miden indicadores internacionales de organismos que nada tienen que ver con una Administración frenteamplista como la que hemos tenido en los últimos quince años. Es decir que los resultados arrojan datos concretos y la pregunta es: ¿el Uruguay tuvo mejores oportunidades para dar respuesta al impacto de la crisis a partir de estas políticas públicas que se desarrollaron durante la ejecución de los últimos quince años de gobierno y también de los cinco años a que refiere la última Administración? Sin duda. Sin esos esfuerzos, sin esa inversión, no hubiera sido posible, aunque también fue posible, obviamente, a partir del trabajo y la institucionalidad creada.

Insisto con esto: nosotros estamos en un esfuerzo para intentar demostrar que, efectivamente, hay fortalezas que permiten a Uruguay, comparativamente en la región, decir que el país tiene con qué poder dar mejores respuestas a la sociedad, a los sectores más humildes. Y reivindico, además –porque me parece muy importante hacerlo–, que en políticas públicas, en particular en la educación, el esfuerzo ha sido muy grande.

Los recursos destinados a la educación se incrementaron en dos puntos del producto bruto interno a lo largo de los períodos de gobierno de izquierda por encima de la inversión de Gobiernos blancos y colorados del pasado, que destinaban apenas hasta 3,2 % del PBI. Nosotros llegamos, en 2018, al 5,1 %, además con un PBI creciendo. No era lo mismo el producto bruto interno que teníamos hasta 2005 que el que posteriormente se generó en el país. Estamos hablando de un aumento del 146 %.

El costo promedio por alumno en el conjunto de la ANEP creció de $ 35.360 en 2004 a $ 92.242 en 2018, todo expresado en valores de 2018, para tener referencias. El costo promedio por alumno de la ANEP aumentó 161 % en términos reales en el período 2004-2018, lo que equivale a un promedio anual de 7 %. Mejoró la cobertura de la calidad de la educación en la primera infancia en un esfuerzo conjunto del INAU, a través de los CAIF; primaria; ANEP, y el Ministerio de Educación y Cultura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–18 en 19. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Mahía.

SEÑOR MAHÍA.- Los CAIF y los CAPI registraron un incremento del 34 %, pasando de 42.656 niños atendidos en 2008 a 57.093 en 2018. Aumentó un 50 % la cantidad de centros existentes.

En cuanto a la educación inicial y primaria alcanzó un máximo histórico de 91.592 inscriptos. Entre ellos, el nivel de tres años, no obligatorio, llegó a 15.159, el triple que en 2005, con una cobertura en conjunto de los CAIF y los centros privados de más del 75 % de la población de esa edad. Y me detengo acá: ¡si será importante esa política pública! ¡Si será una inversión, cuando hay más y más estudios de la neurociencia y de otras áreas de la ciencia que establecen la importancia de la educación en los primeros años de la vida! En estos años, insisto, se llegó a que el 75 % de la población de tres años esté cubierta, atendida y desarrollada. De manera que estamos ante una política pública educativa exitosa. Agrego que, a partir de 2005, la ANEP destinó más del 80 % de su presupuesto a remuneraciones, masa salarial que se triplicó de 2005 a 2019. A modo de ejemplo, un maestro grado 1 recién egresado, con veinte horas semanales, pasó de ganar $ 16.723 nominales en 2004, a $ 32.861 nominales en 2019. Esos datos concretos, que matan cualquier relato, indican una política pública que priorizó la educación, el esfuerzo fiscal de los uruguayos y que aumentó, por ejemplo, el salario docente de 4.º grado de trece a dieciséis años de trabajo a $ 41.401 nominales, que en 2005 era de $ 7000 a valores corrientes. O sea, que en valores reales tuvo un aumento de 92 %.

Me preocupa mucho la perspectiva a partir de la afirmación de la propia ministra y también la afirmación de este relato, que tiene todas las características de ir preparando el terreno; de ir adelantándolo para después poder aplicar un feroz recorte en políticas públicas claves.

(Dialogados).

–¿Qué no se puede?

Estoy diciendo, insisto, que este es un adelanto –lo dijo la propia ministra– de lo que va a venir. Para nosotros –es nuestra opinión política y tenemos todo el derecho de decirla con todas las letras–, va a venir un feroz recorte de los gastos sociales claves para el desarrollo del país. Esa atención va a estar fijada por la sociedad en su conjunto, porque ya hay un adelanto en el decreto al que se refería el senador Rubio hace un rato. Sabemos –porque el Uruguay es un país chico– cuáles son las indicaciones que se están dando a las distintas direcciones e incisos del Estado. Algunos también conocemos el legítimo debate que se está dando –y que se da siempre– para ver cuál es la parte que le toca a cada inciso con respecto a las políticas públicas. Y ahora va a quedar demostrado, sin duda, que esta rendición de cuentas es apenas una preparación. Insisto: se quiere abrir el paraguas para generar las condiciones y luego, desde el punto de vista de las previsiones presupuestales públicas, ir por aquello que para nosotros es prioritario: que la economía esté al servicio del desarrollo sostenible, por supuesto desde el punto de vista financiero y de las inversiones, pero también del gasto social. Es decir, se trata de que la economía sirva para ser el sostenimiento de políticas públicas que den mayores posibilidades, en especial, a los sectores más vulnerables, mucho más aún a partir de los tiempos que nos toca vivir, y por las consecuencias que va a traer a la población todo el impacto de la crisis social a partir de esta pandemia.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: iba a comenzar mi intervención de forma diferente, pero voy a arrancar basándome en ese reconocimiento que hizo el senador Mahía a la gestión del exministro y actual senador Danilo Astori. Sin lugar a duda, que es un reconocimiento y es válido.

Decía el actual senador y dos veces presidente Julio María Sanguinetti que el país está hipotecado, no fundido; y está en esas condiciones gracias a que el contador Danilo Astori fue el ministro de Economía y Finanzas. Sin lugar a duda, señora presidenta, el país hoy estaría fundido si no hubiera estado el contador Astori porque se hubieran llevado a cabo prácticas que él no quería que se llevaran adelante por parte del Gobierno que terminó su gestión el 29 de febrero de 2020.

Entonces, reitero, el país no está fundido –nunca escuché decir eso a nuestro actual presidente ni a nadie–, sino que está hipotecado. Sin lugar a duda, si no cambiamos la fórmula que teníamos hasta el 29 de febrero de 2020, el país sí terminará fundido. El relato del país fundido no lo estamos haciendo nosotros –recién hablamos de país hipotecado–, ese relato lo hicieron parte de los actores políticos del Frente Amplio cuando éste asumió el Gobierno en el 2005. Otra parte no lo hizo y acá se citó muy bien al contador Danilo Astori cuando dijo cómo había recibido el Gobierno y qué bien se había manejado el Partido Colorado en ese momento, porque ante la mayor crisis, la de 2002, entregaba un país en pleno crecimiento y con un déficit fiscal mínimo.

¡Qué bueno hubiera estado que ese déficit fiscal que recibimos del 5,1 % solamente se hubiera producido en este 2019 al que estamos haciendo referencia en la rendición de cuentas! Otra cosa hubiera sido si en todos los años y períodos anteriores de gobierno del Frente Amplio –cuando hubo la mayor bonanza del país, con los precios de los commodities más altos–, se hubiera ahorrado. Como también decía muy bien el señor senador Sanguinetti, dos veces presidente, cuando una familia tiene plata lo primero que hace es ir pagando lo que debe –achica lo que debe o lo paga totalmente– y luego empieza a reparar el techo, las paredes y sigue pintando su casa. Si todos esos años de bonanza se hubieran utilizado para achicar la deuda externa de USD 15.000:000.000 que recibió el Gobierno en el 2005, hoy no estaríamos hablando de una deuda externa de USD 45.000:000.000 con el pago de los intereses y la amortización, como bien se dijo en sala por parte de los señores senadores preopinantes.

Ahora sí, señora presidenta, voy al tema con el cual tenía pensado comenzar mi intervención. Tuve el privilegio de participar del debate del presupuesto quinquenal en la Cámara de Diputados en octubre del 2015. Allí, el miembro informante de la mayoría, el señor diputado Óscar Groba, nos daba una explicación de cómo venía el contexto externo de los países que rodean al Uruguay. Él nos hablaba de los problemas que tenía Brasil, de los problemas que tenía Argentina, de los problemas que le traía a Brasil la recesión en China. Textualmente, en la versión taquigráfica leemos que él nos decía: «A la luz del escenario descrito, la economía uruguaya enfrenta nuevos desafíos, contando con fortalezas y capacidades para continuar el proceso de desarrollo económico y social». Y continuaba diciendo: «Los fundamentos sólidos de la economía uruguaya –fruto de las transformaciones a nivel productivo, financiero y social registradas en los últimos años– constituyen fortalezas para enfrentar un escenario externo más desfavorable y sientan las bases para encarar un nuevo período de gobierno» –y acá me detengo– «con responsabilidad y optimismo».

Sin lugar a duda, fue encarado con optimismo, porque los números que presupuestaron en el período 2015-2019 fueron optimistas, muy optimistas. Incluso, ellos mismos advertían las condiciones desfavorables externas que se iban a vivir en los años siguientes a 2015. Ahora, también sin lugar a duda fue poco responsable, como se dijo acá.

Seguimos citando, porque a esto le tenemos que agregar que la oposición, en ese momento, alertó al Gobierno –a esa mayoría de cincuenta votos con los que contaban en la Cámara de Representantes– en cuanto a que la cosa venía fea y que no iba a ser fácil lograr recaudar lo que se preveía. Cito al señor diputado Penadés, que ese mismo 11 de octubre de 2015 decía: «A continuación, me voy a referir, en forma somera, a algo que en el pasado fue tremendamente combativo. Antes se decía que el Uruguay crecía no por factores externos, sino esencialmente por las condiciones internas. Hoy escuchamos todo lo contrario, que resumiríamos en un concepto: el viento de cola se acabó y, como se dice popularmente, ahora es cuando se ven los pingos en la cancha». Obviamente, desde 2015 a 2019 se acabó el viento de cola y empezamos a ver los pingos en la cancha. En ese período vimos el crecimiento del déficit fiscal en el Uruguay.

Sigo citando lo que fue aquel debate. El mismo diputado expresaba: «Voy a hacer la primera consideración de carácter político, que es la siguiente. Aquí nadie se puede hacer el distraído. Desde el 1.º de marzo de 2005 hasta el 1.º de marzo de 2015 el equipo económico que ha gobernado este país es exactamente el mismo, son las mismas personas, comandadas por el actual ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori». Estaban perfectamente informados de lo que estaba sucediendo en el país. En aquel momento el país tenía una deuda de USD 34.000:000.000, que representaba el 60 % del producto bruto interno; un déficit fiscal que nunca estuvo dentro de su rango objetivo del 2010, y que termina siendo del 3,5% del producto bruto interno, el más alto del país en los últimos años, incluso mayor que el del 2004.

Agregaba el diputado Penadés: «La inflación estuvo siempre fuera del rango meta y hoy está aproximadamente en 9,7 %». En ese momento, cuando hablábamos de la inflación en la discusión del presupuesto, en mi intervención me preguntaba: ¿cuál es el impuesto más grande que recae sobre las personas más humildes de este país? La inflación, señora presidenta. Esa inflación que estaba totalmente fuera del rango, que estuvo por encima del 10 % al finalizar el período de gobierno, y contra la que tanto luchó el pasado Gobierno, tenía como ancla el valor del dólar. Eso explica el atraso cambiario de este país, y el ancla fundamental de la inflación era el precio del dólar.

Había una cláusula gatillo que establecía que si la inflación superaba ese 10 %, automáticamente se disparaban varias acciones; el Gobierno no podía permitir que la inflación llegara a ese 10 %.

En ese momento, el entonces diputado Penadés decía que la contención del aumento del dólar desde mayo de 2015 a esa fecha le había costado al país USD 1.799:000.000 de venta de reservas. Pensando por el camino del absurdo, nos preguntamos qué hubiera pasado si en el Uruguay se hubiera aplicado una política diferente, en la que se hubiera ahorrado dinero, ¿cuántas cosas más se podrían haber hecho?

A mí no me preocupa cuando hoy se nos dice que el Gobierno de coalición tiene un decreto por el que recorta un 15 % el gasto de algunas áreas del ministerio. ¿Por qué no me preocupa? Porque si tengo un gasto de USD 300:000.000 en el Mides y lo recorto un 20 % –es decir, USD 60:000.000–, pero los USD 240:000.000 que me quedan los gasto correctamente, haciendo que le lleguen a la gente de la manera que se debe, no va a haber ningún problema. Y el esfuerzo lo va a estar haciendo el Estado y no la población, ni los comerciantes, ni los inversores, ni las empresas, que ya no soportan más la carga fiscal que tenían y que todavía tienen en este país.

A su vez, ¿por qué las calificadoras de riesgo no nos sacaron el grado inversor hasta el momento? Porque el Gobierno se encargó de negociar a puertas cerradas y bajo secreto el famoso acuerdo para la segunda planta de UPM. Eso al país le amplió automáticamente su producto bruto interno hacia el futuro y permitió que las calificadoras de riesgo mantuvieran momentáneamente el grado inversor. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si el Gobierno que concluyó en febrero de este año no hubiera dado las concesiones que se le otorgaron a UPM 2? Reitero, ¿qué hubiera pasado? UPM no hubiera firmado el acuerdo y hubiéramos perdido el grado inversor. Todas esas concesiones que se dieron a UPM, de las que nos hemos ido enterando durante el cambio de gobierno y que han llevado a la renegociación –de forma muy acertada y adecuada, sin dejar mal parado al Uruguay– por parte de este Gobierno, nos permitió no perder ese grado inversor y acceder a créditos que tal vez no hubiéramos necesitado si hubiéramos tenido otra conducta fiscal. Se habla de créditos preaprobados que hoy tiene el Uruguay; pienso que hubiera preferido tener ahorro, tener menos deuda y menos déficit fiscal, y no tener créditos preaprobados, porque sin lugar a duda los hubiéramos tenido igual. Pero reitero que me hubiera gustado más tenerlos con el ahorro del país y con el gasto público realmente como lo deberíamos hacer y no como se hizo.

Las afirmaciones realizadas por el senador Viera y otros senadores de la coalición de gobierno no pueden ser desmentidas, porque Ancap, Pluna, el Fondes y otros dejan muy en claro cómo se gastó el dinero de los uruguayos, ya que el dinero que gasta el Estado es el que contribuimos todos los uruguayos.

En aquella intervención mía en la Cámara de Representantes, señora presidenta, alertaba que Uruguay no se podía dar ciertos lujos y debía estar atento. Hasta hace no mucho tiempo, para comprar un dólar en Brasil se necesitaban 1,59 reales, mientras que en Uruguay la moneda estadounidense estaba a $ 19. En 2015, el dólar llegó casi a cuatro reales en Brasil y en Uruguay su precio era de $ 29. Ahí vemos el atraso cambiario que tenía Uruguay, que se siguió incrementando. Brasil no va a llamar por teléfono a Uruguay para pedirle permiso para devaluar; siguió devaluando, y hoy el dólar está a 5,30 o 5,40 reales, y alcanzó a tocar los 6 reales.

En aquel entonces también decíamos que Uruguay había dejado de fortalecerse en los años anteriores. Sabido era que el mundo se movía a través de acuerdos plurilaterales y que Uruguay, por integrar el Mercosur, no podía firmar acuerdos unilateralmente, sino que dependía de un socio para lograrlo. En ese momento poníamos como ejemplo lo que había pasado en 2003, cuando otro socio del Mercosur quiso explorar un acuerdo con México y Uruguay se sumó. En esa oportunidad, dicho socio no firmó el acuerdo, pero sí Uruguay y se benefició al vender sus productos a México a través de un tratado de libre comercio.

Señora presidenta: ¡qué oportunidad perdimos cuando Uruguay se negó a explorar el tratado de libre comercio con Estados Unidos! Hablemos de ese cable de fibra óptica –del que tanto se habló y que trajo una mejor conectividad para Uruguay– que se tiró entre Uruguay y Estados Unidos. Hubiera sido una hermosa frutilla para esa torta haber firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, porque hubiese permitido tener muchas más empresas trabajando desde Uruguay hacia varios países del mundo, inclusive, hacia el propio Estados Unidos.

También alertábamos del problema que íbamos a tener con China, otro gran comprador de Uruguay. China estaba por firmar un acuerdo plurilateral con Australia y Nueva Zelanda, países que producen lo mismo que nosotros y que, de firmarse ese acuerdo, no tendrían barreras arancelarias. Además, estos países habían devaluado sus monedas un 50 % en 2015. Es decir, China iba a comprar a Australia y a Nueva Zelanda lo mismo que producíamos nosotros, pero sin ninguna barrera arancelaria, lo que haría que solamente nos comprara a nosotros cuando se acabara la mercadería que tenían para vender esos países. Decíamos que no estamos en contra de que se aplicaran políticas como la relativa a la baja de la pobreza o a la mejora de las comunicaciones, que eran políticas que se venían aplicando desde antes de 2005. El agiornamiento de Antel comenzó cuando integraba el directorio el hoy señor senador Viera; ya había comenzado, no era algo nuevo.

¡Cuánto mejor podría estar la educación, señora presidenta, si no fuera por un capricho del Frente Amplio de destruir la reforma que había implementado el señor Germán Rama en 1995! Si desde esa reforma se hubiera seguido creciendo, hoy estaríamos mucho mejor, ¡mucho mejor! Sin embargo, era una política que venía de un Gobierno tradicional. Y veo que asiente con la cabeza la senadora Bianchi, que sabe mucho más de lo que yo puedo saber sobre educación. ¡Cuánto mejor estaríamos en el día de hoy!

Este Gobierno de coalición –lo dijo el señor presidente de la república y usted, señora presidenta de esta cámara y de la Asamblea General– no va a echar para atrás lo que está bien hecho; va a construir desde ahí hacia adelante. Pero eso no fue lo que pasó con el Gobierno del Frente Amplio, que destruyó lo que estaba hecho porque era de los Gobiernos anteriores y arrancó una política de cero, que así ha dejado la educación.

¿Sabe una cosa, señora presidenta? Si otorgamos el 6 % a la educación –como se pretendía y no se llegó–, pero no le damos contenido, estos son los resultados, los que muy bien expresaron los señores senadores preopinantes, entre ellos Graciela Bianchi; ¡es un desastre la educación! ¿Cuáles fueron las universidades que avanzaron en el mundo? La ORT, la Universidad de la Empresa y la Universidad Católica. ¿Cuál fue la universidad que retrocedió? La Udelar.

Entonces, más que claro está que si vamos a defender, como se pretendió, este proyecto de ley de rendición de cuentas a partir de puntos como la educación, la vivienda, la seguridad pública y la salud, vamos por mal camino.

El expresidente Tabaré Vázquez hablaba de confinamiento total ante la epidemia por la covid-19. ¿A quién le iba a hacer daño el confinamiento total como el que adoptaron Argentina y otros países? ¿Al rico, que se podía quedar en la casa sin ningún tipo de problemas, o a aquella persona que vive de la recompensa diaria por su trabajo? Yo creo que a esa persona, a la más humilde de este país.

La salud fue el otro punto que se tocó. ¿Cuál es el déficit que tiene el Fonasa? Preguntémonos cuánto es lo que transfiere por año rentas generales para que subsista el Fonasa; ¡ni queremos saberlo! Yo no quiero decir la cifra porque asusta, es alarmante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde las fortalezas que tiene el Fonasa, corregir –no destruirlo, no arrancar de cero–, porque por este camino el Fonasa no llega a destino.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR PINTADO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- El señor senador está haciendo una exposición, no sobre la base de cifras, sino de supuestos. El Fonasa empezó a tener una transferencia importante de recursos a partir del momento en que se hizo la ampliación a los niños, a los cónyuges sin trabajo y, fundamentalmente, a los pasivos, porque el costo de la cápita real de los pasivos es mucho más alta que la de los activos, pero nosotros hemos asumido eso como una parte de la realidad.

El Fonasa no se banca solamente con el impuesto, que además fue recortado en su momento porque hubo que hacer una transacción: por encima de determinado nivel de ingresos el impuesto no cae, sino que hay que hacer la devolución todos los años, devolución que en el 2019 fue de USD 605:000.000. Eso, frente a la cifra que gasta el Fonasa, a nosotros nos ha parecido una inversión importante que había que mantener, aunque entendíamos que había que buscar algunos otros recursos extras que disminuyeran su volumen. Lo que tenemos acá es una diferencia de puntos de vista sobre qué es importante en cuanto al sistema de cobertura de salud. Sin el Fonasa no hubiéramos podido enfrentar esta pandemia en los términos en que lo estamos haciendo, porque esto no solo ha permitido que dos millones y medio de uruguayos, aproximadamente, estén incluidos en el sistema, sino levantar todo el sistema de salud pública, que estaba quebrado. El señor senador sabe que estaba quebrado, que las mutualistas estaban quebradas y que los hospitales eran deplorables en nuestro país. Esto es, yo creo, un relato verídico de la realidad.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Hay varios señores senadores anotados para hacer uso de la palabra. En principio, les vamos a pedir que concreten su exposición respecto al tema que estamos considerando, que es la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019.

Puede continuar el señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Sin lugar a duda son puntos de vista diferentes. De eso no hay duda. Nosotros hoy formamos parte del Gobierno y tenemos visiones distintas a las del Gobierno que estuvo hasta febrero de este año. Pero seguimos, señora presidenta.

En la rendición de cuentas se hace referencia a la seguridad social del Uruguay. Con la reforma de 1996, la seguridad social estaba financiada hasta 2025; con lo que se hizo en el 2008, sin financiamiento alguno, hoy en día estamos ante la necesidad de tener que volver a reformar el BPS, porque recibe transferencias, también de rentas generales, que ya son insostenibles. Si en 2008, cuando se hizo esa movida dentro del BPS, se le hubiera buscado financiamiento, hoy no estaríamos hablando, tampoco, de un BPS hipotecado y complicado.

En cuanto al sistema de cuidados, señora presidenta, que era el buque insignia del Gobierno anterior, a nadie le contaron que después que una persona terminaba de cuidarlo iba a ir a reclamarle al BPS y que quien había sido asistida –reitero, por el buque insignia del pasado Gobierno, el sistema de cuidados– iba a estar en vueltas y en problemas con abogados para defenderse. Y así podemos seguir, señora presidenta, hablando de diferentes temas.

También está el crecimiento de asentamientos y lo relativo a la inversión en vivienda. Al respecto hubo una mal llamada ley de vivienda social. Fue una ley de vivienda para que se reactivara la inversión…

SEÑOR VIERA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–18 en 19. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Gracias, señora presidenta; gracias, señores senadores.

Cuando se aprobó la ley de vivienda social, no fue tal cosa, sino una ley de vivienda para que se volviera a incentivar la inversión en la construcción. Una casa que vale USD 140.000 terminada, no es una vivienda social, porque para ir a pedir un préstamo a un banco privado por ese monto le van a exigir ingresos de más de $ 90.000 o $ 100.000 por mes, algo que no todos los uruguayos perciben. Entonces, no fue una vivienda social. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente dio los nuevos lineamientos para que realmente haya inversión en vivienda social y los uruguayos más humildes y los de la clase media puedan acceder a ella, como lo establece la Constitución de la república y tan orgullosamente hemos defendido los batllistas.

Señora presidenta: habría mucho más para hablar sobre el tema, pero es por todas estas cosas que sentimos que el artículo 2.º está perfectamente agregado al proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019. Si bien el artículo 1.º fue presentado correctamente –de acuerdo con los lineamientos, los números están bien presentados– no estamos de acuerdo con cómo se gastó en el presupuesto quinquenal aprobado en el 2015. Lo han manifestado todos los señores senadores preopinantes de la coalición. Por eso se agregó el artículo 2.º, que compartimos.

Muchas gracias.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: hemos escuchado atentamente las expresiones vertidas por parte de los integrantes de este Cuerpo. Lo hemos hecho con respeto, incluso las vinculadas al artículo 2.º, que pone de manifiesto su rechazo y condena la gestión. Como he dicho, hemos escuchado atentamente, con respeto, todas las manifestaciones vertidas.

En esta instancia quiero referirme a dos puntos de esta rendición de cuentas que reflejan pasos dados en materia de inclusión. Hago esta aclaración porque en realidad no quiero centrar exclusivamente la referencia en el cuánto, sino más bien en el cómo y en el porqué. Para ello, voy a citar al decir de Carlos Alberto Libânio Christo –más conocido como Frei Betto–, reconocido teólogo de la liberación, quien expresó: «Los factores ideológicos que hoy producen los peores venenos al ejercicio de los derechos humanos son el prejuicio y la discriminación». Lo hago en referencia a los temas que voy a tratar.

El primero tiene que ver con el ingreso de personas afrodescendientes a la Administración pública. Creo que vale la pena mencionar en ese sentido cuál es la normativa contenida, que también representa un distintivo de alto contenido humanista e inclusivo, y lejos de abordar números fríos habla de un punto de partida que, si miramos hacia atrás, era más bajo. Por eso quiero hacer referencia a ese marco normativo, en el que se incluye la Ley n.º 19122, de 2013 –que reconoce la discriminación y la estigmatización histórica de la población afrodescendiente en el país, y por la cual se promueven acciones afirmativas–, además de tantas otras que no voy a mencionar por hacer más corta mi intervención.

En lo referente al cumplimiento de la normativa que establece la reserva del 8 % de los puestos de trabajo a ser llenados en el año por personas afrodescendientes, en el año 2019 el total de personas afrodescendientes que ingresaron, en diversos vínculos laborales, en organismos del Estado y personas jurídicas de derecho público no estatal fue de 461, lo que representa el 2,24 % de los ingresos en esos organismos. Fueron siete los organismos –seis del Estado y una persona de derecho público no estatal– que en el 2019 cumplieron con esa cuota del 8 %. A su vez, se produjeron ingresos en otros veinticinco organismos, sin que se alcanzara el 8 % que establece la cuota. ¿A qué voy con esto? Desde el 2014 –cuando se comienza a implementar la Ley n.º 19122, de 21 de agosto de 2013– hasta el 31 de diciembre de 2019 la Oficina Nacional del Servicio Civil relevó el ingreso de un total de 2220 personas afrodescendientes, que se dio en cuarenta y cinco organismos del Estado y en nueve personas jurídicas de derecho público no estatal.

Las políticas de acción afirmativa tienen como objetivo promover una serie de beneficios temporales a grupos minoritarios y en situación de vulnerabilidad social. Se configuran como un conjunto coherente de políticas dirigidas a corregir la situación de vulnerabilidad acumulativa y persistente en la población que todavía no cuenta con las condiciones necesarias y suficientes para alcanzar la igualdad efectiva. Así, la pobreza en la que se encuentran las personas afrodescendientes es el resultado de siglos de racismo y discriminación racial que, a pesar de los diversos esfuerzos realizados, persiste en el continente. Ni que hablar si exponemos los aspectos socioeconómicos a partir de los estudios existentes, no solamente en las encuestas de hogares de Uruguay, sino también a nivel latinoamericano.

Entonces es importante, además, tener en cuenta el marco conceptual en que se dan estas políticas que –reitero– quizá no tuvieron números rimbombantes, pero que también hacen a esas políticas de inclusión.

El término «afrodescendiente» –ese término que a veces tanto molesta– proviene de la propia comunidad y reconoce a dichas personas como sujetos de derecho, por haber sido sus ancestros víctimas de crímenes de lesa humanidad de los cuales permanecen, hasta hoy, sus consecuencias.

El Frente Amplio –que así lo expresa en esta rendición de cuentas, a través de políticas públicas y acordes a la normativa internacional– actuó partiendo de la nada, de años y años de invisibilización. Así lo establece la Ley n.º 19122.

Estos datos, que revelan que ingresaron 461 personas afrodescendientes en organismos del Estado y en personas jurídicas de derecho público no estatal, nos importan más allá de la cantidad. El 33 % de los ingresos se produjo como personal subalterno del Ministerio de Defensa Nacional y como personal del Ministerio del Interior.

Por otra parte, en 2019 se observa una importante representación de mujeres en el Ministerio del Interior, representando el 47 % de los ingresos en este organismo.

El segundo tema al que me quiero referir –que, quizá, no signifique grandes números, pero, de hecho, se mencionaron ya en esta sala– tiene que ver con el ingreso de personas trans en organismos del Estado. Voy a proceder de la misma manera, haciendo referencia a la normativa, ya que también allí partíamos de la nada o, mejor dicho, de la exclusión permanente y de la invisibilidad de este colectivo. En el 2019 ingresaron a los organismos del Estado y a las personas jurídicas de derecho público no estatal –ya se mencionó aquí en sala– siete personas trans; es cierto, solamente siete. De estas, dos fueron varones trans, mientras que cinco fueron mujeres trans, lo que representa un 0,03 % de los ingresos en los organismos del Estado.

Podríamos hablar también del marco jurídico, porque Uruguay es un país largamente comprometido con la promoción y protección de los derechos humanos, siendo uno de los pioneros en América Latina en introducir importantes cambios en la legislación a favor del derecho a la igualdad y a la libre elección de la orientación sexual y de la identidad de género. Es uno de los pocos países en el mundo que reconoce los derechos de las personas transgénero.

La Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia de la Organización de los Estados Americanos han sido, también, ejes rectores que representaron insumos para las normas adoptadas por nuestro país en las Leyes n.os 18246, 18620, 19075 y 19133.

Aprobamos la ley que establece un régimen reparatorio para las personas trans que hubieran nacido antes de 1975 y acreditaran haber sido violentadas institucionalmente o privadas de libertad por su identidad de género durante la dictadura militar en Uruguay, entre otras políticas públicas. Recuerdo la discusión que se llevó a cabo en ese sentido en este ámbito, así como la reacción de quienes se oponían a reconocer esta vulnerabilidad.

Otras políticas han sido instrumentadas, entre ellas, el establecimiento de una cuota para personas trans en programas de empleo protegido, como Uruguay Trabaja, en este caso, de un 2 %.

Por todo esto entendemos que las políticas de acción afirmativa son casi la única herramienta para prestar visibilidad a una población vulnerada y reafirmar el reconocimiento de los derechos que tienen como ciudadanos, para lo cual se establece una serie de beneficios temporales cuyo propósito es corregir una situación que ha sido sostenida y que supone no contar con las condiciones para alcanzar la igualdad efectiva.

Los datos revelan que ingresaron seis personas trans en el Estado y una en las personas jurídicas de derecho público no estatal durante el 2019, lo que representa un 0,03 % del total de personas, y ¡claro que no alcanza! ¡Claro que siete es un número muy bajo! Lo que hay que preguntarse es cuántas ingresaban antes de que se implementaran políticas públicas afectadas a este colectivo. Antes no entraba ninguna.

Señora presidenta: la política económica constituye un instrumento fundamental para generar procesos sostenidos en el tiempo, de crecimiento económico, con inclusión social, y mejorar las condiciones de vida de la población. Desde esa perspectiva del Frente Amplio, la política económica es concebida también como un instrumento para disminuir la pobreza y mejorar la distribución de ingresos.

Uruguay culmina el 2019 siendo el país con la mayor clase media de la región y que mejor distribuye el ingreso. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, la pobreza pasó del 39,9 % en 2004 al 9,4 % en 2019. Recalco que esos datos son del INE.

Luego de décadas de aumento, se produjo una significativa caída de la desigualdad. Es claro que tenemos diferencias en la percepción de estos datos y no necesito que me recuerden que esa diferencia la expresó el soberano porque lo respeto, absolutamente ¡lo respeto! También sé contar y sé que las mayorías son circunstanciales en democracia, y las respeto.

Las mejoras en términos de equidad y la reducción de la vulnerabilidad social se explican a través de un conjunto de factores y políticas implementadas que tuvieron a la equidad en el centro de los objetivos. Se destacan, entre otros factores, la evolución del empleo y los salarios, aspectos centrales en la determinación de los ingresos de los hogares, representando cerca del 80 % de estos. En ese sentido, destacamos el papel de los consejos de salarios, la política del aumento del salario mínimo nacional y los aumentos diferenciales para los salarios sumergidos.

Asimismo, contribuyeron positivamente a la equidad un conjunto de reformas estructurales que se han mencionado acá. Se destacan la reforma tributaria, la reforma de la salud y el rediseño y fortalecimiento de las asignaciones familiares, entre otras políticas sociales desarrolladas.

Con estos dos ejemplos que antes mencionaba de la rendición de cuentas, intentamos graficar una concepción que va más allá de los números.

En resumen: el gasto público aumentó en forma importante en los últimos años, pero para evaluar su evolución deben considerarse las condiciones en las que se prestaban los servicios públicos básicos, y el deterioro generalizado, expresado en salarios sumergidos. Basta recordar los niveles salariales de maestros, de policías y del personal de salud pública, incluyendo también la infraestructura, que en muchos casos estaba en pésimas condiciones.

Se hizo un importante esfuerzo por ampliar las prestaciones del sistema de seguridad social, por llevar adelante la reforma del sistema de salud y fortalecer a ASSE, incrementándose las necesidades de financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud. Se apuntó a fortalecer sustancialmente los recursos para la educación –que pasaron del 3,2 % al 5,1 % del PIB en 2018–, mejorar las condiciones operativas de la seguridad pública, y –¡sí!– fortalecer la protección social, la política de vivienda y las inversiones en infraestructura, entre otros objetivos.

Este esfuerzo presupuestal acompañó el despliegue de un conjunto de políticas de género, dando cuenta de las diferentes dimensiones de la desigualdad. En estos quince años se avanzó en la expansión y el fortalecimiento de las políticas. El país incorporó veintinueve leyes sobre los derechos de niños, adolescentes y mujeres que demandan financiamiento e institucionalidad para su cumplimiento efectivo. El fortalecimiento de la matriz de protección social se produjo tanto en aquellas prestaciones y derechos derivados del pilar contributivo relacionados al empleo formal, como a través de prestaciones de tipo no contributivo.

Para finalizar, quisiera hacer referencia a los Gobiernos departamentales, en particular a un tema que hoy está sobre la mesa y nos preocupa a todos –como también a todos los integrantes del Congreso de Intendentes–, que es la transferencia a los Gobiernos subnacionales. Las asignaciones presupuestales destinadas a los Gobiernos subnacionales ascendieron en 2018 a casi $ 18.000:000.000, aumentando casi una vez y media en términos reales desde 2004. Fue un aumento del 138 %. No solo se aumentaron significativamente las partidas, sino que además se les dio transparencia en su determinación; anteriormente, el Poder Ejecutivo lo hacía en forma unilateral y excluía determinados conceptos de ingresos de los recursos coparticipados. Se aplicaron criterios homogéneos para la realización de los pagos y se les dio previsibilidad en la oportunidad de percepción.

Por otra parte, aquí se mencionó la cultura intentando instalar un manto de desconfianza por medio de un relato que habla del despilfarro de los dineros públicos. No lo aceptamos de ninguna manera, aunque no lo expresamos en ningún tipo de articulado. Si algo queda demostrado es que en el período del Frente Amplio se extendió el acceso a la cultura de calidad para todas las edades y en todo el territorio nacional, para lo cual se hizo un importante esfuerzo presupuestal. Por ejemplo, se reconstruyó y se puso en funcionamiento pleno el complejo del Sodre, consolidándose los cuerpos artísticos y las escuelas, el mismo Sodre que en 2018 recibió más de 350.000 espectadores. Podemos mencionar también la creación de la red de 129 Centros MEC en localidades pequeñas. Asimismo, hubo un fortalecimiento de usinas culturales; se llevó a cabo una política de estímulo a través de diversos incentivos y fondos concursables. Además, se aprobó una ley de teatro independiente cuya implementación reclaman nuestros actores y actrices en este momento de pandemia y que solo parece ser urgente para ese colectivo.

Hoy comencé con una referencia a Frei Betto y culmino con otra que también le pertenece. Él dice que la cultura adquiere una importancia decisiva en un mundo donde el poder se ejerce a partir de un control casi absoluto sobre los medios de comunicación, sobre el proceso de formación de opinión pública, sobre la orientación de sus necesidades y de sus elecciones. Es un sistema de poder que sin embargo es frágil y poroso, de manera que es complementado con el uso de la violencia en sus diferentes formas. Es un mundo que puede conducir a la destrucción de todos, víctimas y victimarios, indefensos y poderosos.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA LAZO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Rodríguez.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Escuchaba atentamente la exposición de la señora senadora Lazo referente a la Ley n.º 19122, pero es una norma que no se cumplió. Acá se manejaron datos pero, por ejemplo, no podemos incluir a quienes ingresaron a las Fuerzas Armadas porque allí no se accede por llamados ni por cuotas, al igual que ocurre con algunos ingresos en el Ministerio del Interior.

No existe un análisis de inversiones; lo que sí hay son transferencias que se realizaron a organizaciones civiles de forma directa y poco clara. No existen propuestas educativas, ni existen propuestas para vivienda. Y los trabajos a los que algunos afrodescendientes lograron acceder generalmente son cargos administrativos que no se consideran jerárquicos; incluso puedo decir que son contratos a término o provisoriatos.

Quizás se cuente con alguna información que nosotros no tenemos, pero esa información no está en la Oficina Nacional del Servicio Civil; no están esos datos. Además, cuando se manejan determinados números se está incluyendo a quienes ingresaron en el Ministerio de Defensa Nacional, pero no podemos olvidar que allí no existen llamados.

Señora presidenta: realmente me preocupa –me preocupa enormemente– cuando se habla de determinadas políticas, de acciones afirmativas –con las cuales estoy totalmente de acuerdo; no desconozco lo que se ha avanzado–; hay cosas que sí debo reconocer, pero en este tema, no. No podemos decir que se cumplió porque, lamentablemente, no se cumplió. Hay un gran debe en ese sentido. No estaba anotada para hablar, pero tengo en mi poder los datos de lo que falta, de lo que no se ha cumplido desde la promulgación de la Ley n.º 19122.

En definitiva, pido que se respete a los sectores menos favorecidos, a los sectores más vulnerables –como se les dice–, porque en este momento se están violando los derechos de los afrodescendientes cuando se dice que esto se cumplió y somos conscientes de que no se cumplió.

Lamento enormemente tener que intervenir para decir algo que me toca y me duele. ¡No se cumplió! Lamentablemente no se cumplió y los datos que se manejaron –pido disculpas a la señora senadora– no son los correctos.

Muchísimas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Lazo.

SEÑORA LAZO.- Celebro compartir con la señora senadora que me precedió en el uso de la palabra la aspiración de ir a más. Sin embargo, los datos que mencioné anteriormente están incluidos en la propia rendición de cuentas. Lo que nosotros manifestamos, más allá de los números, fue que a partir de la implementación de las acciones afirmativas contenidas en la Ley n.º 19122, desde el 21 de agosto de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2019 la Oficina Nacional del Servicio Civil relevó el ingreso de un total de 2220 personas afrodescendientes. Esos ingresos se dieron en cuarenta y cinco organismos del Estado y en nueve personas jurídicas de derecho público no estatal. No sé si alcanza, no alcanza o las características que esto tiene, pero está contenido dentro de la propia rendición de cuentas. Se podrá discrepar desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista técnico son datos concretos.

¡Por supuesto que aspiramos a más! ¡Ojalá se pueda avanzar más en esto!

Culmino mi intervención porque hay muchos señores senadores anotados para hablar.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Gracias, señora presidenta.

El destino me llevó a estar hoy en esta discusión paradigmática. No es una discusión cualquiera; se está hablando de un proyecto de ley que sintetiza la transición, la foto de los últimos quince años de gobierno para un Gobierno nuevo. Esta discusión trata del día cero, donde a través de la aprobación de este proyecto de ley se indica a las autoridades emergidas democráticamente que, más allá o más acá, este es el país que se les está dejando.

Naturalmente, el sistema político versado y con una enorme capacidad discursiva relativiza o quiere relativizar un relato. Es indudable que al hablar de números fríos, estos matan cualquier tipo de relato. Si todos estamos de acuerdo en que la foto que dejó el Frente Amplio al Gobierno del doctor Lacalle Pou es esta, estaremos de acuerdo también en que hace treinta años que el Uruguay no tiene el déficit fiscal que hay en la actualidad y que se entrega un país con dos dígitos de desocupación. Y se habla de todo un poco menos de una parte sustantiva en lo que tiene que ver con los números del Estado, que es nada más ni nada menos que el contribuyente, que es quien en definitiva, por sus aportes, personas físicas y jurídicas, genera el ingreso del Estado y que no es otra cosa que ese esfuerzo. Se observa una enorme falta de respeto al contribuyente, señora presidenta, con las cosas que uno escucha. Cuando se relativiza un déficit fiscal de USD 2.800:000.000, al contribuyente se le está faltando el respeto; cuando el sistema político relativiza el mal manejo de las finanzas públicas, hay una falta de respeto objetiva a ese señor, a esa señora, a esa empresa, que a través de su esfuerzo paga para que se le administren los dineros del Estado. Y esto no es relato, es realidad.

De toda la filosofía que hemos escuchado hoy, hay un autor que ha estado omiso. Se llama Max Weber, que hablaba de la ética de la responsabilidad, de cómo hay que ser responsable éticamente, mucho más cuando se manejan dineros que no son propios. En lo personal, estoy acostumbrado a manejar dineros no propios y debo decir que lo hago con muchísimo más cuidado que lo que hago con mi propio dinero, por esa ética, por tratar de ser muy cuidadoso con lo que no es de uno. Y la plata de la gente transformada en ingresos estatales no es de uno. Entonces, poco se puede decir acá que el Frente Amplio haya sido un ejemplo de gobernanza, o de gobierno, porque sobre el último año –repito que esto no es relato– los números nos explotan en la cara y por eso está muy bien que los condenemos, porque no surgen luego de un ataque nuclear, de la Segunda Guerra Mundial o de una pandemia como la originada por la covid-19, sino que la única y sencilla razón de estos números es que le aflojaron la rienda al gasto público y nunca controlaron nada. No hubo una sola voz en el Frente Amplio que dijera «muchachos, vamos a parar la mano» y eso ¿es porque recaudaron menos? Lo que más indigna de esta sesión es que todos los años recaudaron más plata, porque el contribuyente, el uruguayo puso más plata para que algunos políticos la malgastaran y se terminara en esta fotografía.

El mundo, fuera del sistema político, no resiste estos administradores. La omertá, la tapadera, el hacerse el chancho rengo, el callarse la boca, no existe en la vida real privada. A los números si no se los da se los cambia y acá naturalmente de un Gobierno a otro se fueron pasando la pelota para tratar de no evidenciar lo que algún día, cuando perdieran las elecciones, iba a ser evidente y que es esta foto. Está muy bien que la señora ministra de Economía y Finanzas diga que con esto no tiene nada que ver, que le van a pagar el sueldo para hacer lo que tiene que hacer, que es administrar bien la plata que no es de ella. Es una enorme falacia que el Estado genera la felicidad.

El Estado mal administrado, señora presidenta, genera mucha infelicidad. Y cuando estamos encorsetados, encepados, maniatados como nos dejó el Frente Amplio con estos números, vaya que seríamos muy irresponsables si hiciéramos caso omiso a todo lo que acá se dice.

Nadie es tan necio como para no reconocer los avances de todo tipo que se han logrado. Bueno sería que no se hubiesen hecho. Nunca tuvimos una bonanza económica como hubo en este país. No existe. Ni durante la guerra de Corea, ni en la Segunda Guerra Mundial ni cuando vendíamos el corned beef a los soldados ingleses. Reitero, nunca hubo una situación así. Pasó la bonanza; naturalmente, alguna mejora debería haberse logrado, pero esta es la foto, la foto que recibe el Gobierno del doctor Lacalle Pou y que nosotros condenamos.

La condenábamos de todas formas, pero esta condena va a ser mucho más profunda en momentos en los que la situación está apretando. Digo esto porque después del 13 de marzo, si no se hubiesen vilipendiado los fondos públicos, quizás hoy todos tendríamos una espalda distinta para poder enfrentar la pandemia.

No escuché autocrítica. No escuché una sola disculpa.

Señora presidenta: en este Senado hay primeras figuras de la conducción económica de la era frenteamplista. Para mirarme a los ojos tiene que decirme: «Sebastián: tenés razón. Te pido disculpas. En algo me equivoqué». ¡Nooo! ¡Nada!

En la versión taquigráfica no hay una sola palabra que empiece con «p» y termine con «n», que diga «Perdón», «Disculpa. Esto fue lo que le dejamos al Gobierno». ¡Nooo! ¡No hay! No hay autocrítica ni disculpas al contribuyente.

Y eso, señora presidenta, con naturalidad justifica mucho lo que nosotros pensamos.

El Frente Amplio es bueno recaudando y es mucho mejor gastando. No ha parado de recaudar. Pero podría haber contenido un poquito el gasto, ya que son tan buenos recaudando, esto es, metiéndole la mano en los bolsillos a las empresas y a los seres humanos. Pero nunca pasó eso, señora presidenta. Récord de recaudación y, sin embargo, año a año el agujero fiscal es cada vez más grande. Ese es el legado del Frente Amplio. No es una herencia maldita. Es la pura realidad. Recaudaron como nunca, pero año tras año hicieron más grande el agujero fiscal.

¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué es lo que dicen? Yo anticipo que esto tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro. A ver, señores, ¡por favor! La foto auditada por el Tribunal de Cuentas y lo que dicen los números, que nadie lo discute, es una sola.

Si quieren hablar de las virtudes del Frente Amplio en el Gobierno, ¡aaahhh! ¡Yo estoy anotado! ¿Quieren empezar? En el Río de la Plata hay unos pilotes que costaron USD 300:000.000. Hay un edificio por el que el Banco República firmó unos vales a gente embargada: USD 55:000.000. En Paysandú, cerca del lugar por donde está por entrar la langosta, USD 70:000.000 por una planta de pórtland.

Y les vamos a seguir dando porque con esa plata, señora presidenta, nuestro Gobierno, actuando con responsabilidad, hoy tendría otras espaldas para actuar.

Entonces, es realmente indignante, señora presidenta, la falta de autocrítica. Digo esto porque considero que así se construye. Podrían decir: «La verdad es que la macaneé. Es cierto». Pero no se dice nada y se piensa que aquí el resto del sistema político y la ciudadanía que los condenó no se dan cuenta. Esa es la grieta de la que algunos se asustan. El principal cavador de la grieta en nuestro país es este hombre al que le bajaron el sueldo, el doctor Miranda, presidente del Frente Amplio; un día sí y otro también, va cavando la grieta, cavando, cavando y cavando, y ¿ahora nos venimos a asustar? Es así. Nosotros estamos de un lado, el de la autocrítica, de tratar de hacer las cosas bien, de hacernos cargo y, del otro, los que no se hacen cargo.

Me extraña que hoy el Palacio Legislativo no esté lleno, que no esté rodeado de sindicatos exigiendo lo que yo estoy exigiendo ahora y que el PIT-CNT haga la vista gorda, porque ellos también van a pagar y han sido –como todos los contribuyentes– parte de los que han pagado ese incremento de la recaudación durante los quince años de gobierno del Frente Amplio. Yo no los veo. Cuando me dicen que la urgencia es la gente, yo digo que la gente fue la que pagó, hizo el esfuerzo y el Frente Amplio lo dilapidó. Eso es lo que está marcando la rendición de cuentas y los números no se relatan; los números son friazos.

Si la foto es tenebrosa, mucho más lo es adonde menos llegó, es decir, en el Uruguay más profundo, el Uruguay productivo, el Uruguay en el que la gente se desloma. Si la foto es mala, mucho peor lo es en aquellos lugares donde la presencia del Estado –me refiero a la escuela, la comisaría, el juzgado o la policlínica– desapareció como por arte de magia. Entonces, si el número es malo, es mucho peor en el interior del país. A nosotros, que no colectivizamos la política sino que la personalizamos, nos preocupa mucho lo que puede pasar allá, en un pueblito de Cerro Largo, en Quebracho, de donde se fueron la Policía y la policlínica; hoy estoy tratando de que se retome el transporte para que el ómnibus lleve a los gurises al liceo de Fraile Muerto. Me refiero a la fuerza que puede hacer cualquier organismo colectivizado. A mí los colectivos no me importan; me importan las personas y acá, en este país, hay 14.515 empresas rurales que en los últimos diez años de gobierno del Frente Amplio cerraron, desaparecieron. Se cierra un tambo cada cuarenta y ocho horas y estamos ante la mayor extranjerización de la tierra. El mayor promotor de la extranjerización de la tierra en este país se llama José Mujica Cordano, encabezado con Aratirí y con el resto. Lo digo porque créame, señora presidenta, de eso sé. Fue quien dejó extranjerizar y juntar los mayores latifundios, tanto siendo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca como presidente de la república. ¡Qué me van a hablar a mí del sueño artiguista! Cuando quieran podemos hablar de ese tema. Cuando quieran podemos hablar de si el Frente Amplio promovió la concentración de la tierra dando a algunas empresas amigas las exenciones de las sociedades anónimas en tres días cuando, de repente, a una sociedad de cinco o seis hermanos que tiene un establecimiento le demora ocho meses. ¡Cuando quieran porque vamos a repetirlo! Nosotros no estamos acá para ser políticamente correctos. Créanme que, en el acierto o en el error, vamos a ir de frente. El Frente Amplio, que es muy bueno cobrando impuestos y es «mucho mejor» –entre comillas– gastando, porque gasta más de lo que cobra, nos daba clases con nombretes. El término «espacio fiscal», que nació de las venas mismas de la izquierda irresponsable en la época donde la bonanza daba para todo y la soja valía USD 600 –aquello era un «dale que es tarde»–, es el gran responsable de lo que pasó después. Nadie controlaba nada; no era plata de nadie. ¡Y dale nomás! ¡Dale! ¡Vamos a gastar! ¡Vamos a contratar! ¡Vamos a cambiar el auto! ¡Y vamos y vamos! Esa es la foto que estamos viendo hoy. Nosotros anticipamos que todas esas cosas no se quedan acá; no han salido más porque está la pandemia, pero más temprano que tarde el Uruguay entero va a necesitar saber qué se hizo con ese montón de plata que la gente pagó a través de los impuestos. Si llega a existir alguna duda sobre la bondad en el uso de esos fondos, también van a desfilar por los juzgados porque fue mucha plata. El nombrete «espacio fiscal» era el ¡viva la Pepa!, tirar manteca al techo. Otro nombrete es «consolidación fiscal», que refiere al ajuste. Y llegamos a este 5 % de déficit, a este triste 5 % de déficit.

Señora presidenta: la estabilidad institucional del Uruguay, su consolidación democrática, la consolidación de las instituciones de nuestro país no se las debe al Partido Nacional ni al Frente Amplio ni al Partido Colorado. Lo último que le falta al partido que defendió la libertad desde hace 184 años –esto se cumple en agosto– es que vengan a decirle que la institucionalidad o la fortaleza institucional del Uruguay es por el Frente Amplio. Es por todos, señora presidenta. Es un país donde nos conocemos todos. Todos sabemos quién es el otro y, si no lo sabemos, preguntamos. Ese es el país que naturalmente proyectamos en el exterior. Lo hace este Gobierno, lo hizo el anterior y lo seguiremos haciendo porque mientras exista la esencia uruguaya, el ADN oriental, vamos a seguir siendo el mismo país de siempre. Tampoco es que las cosas se den por inspiración partidaria. Se dan porque hay una actitud, una forma de ver las cosas y en algún momento hay que presentar en blanco y negro documentos igual de públicos que los planteados acá. Si alguien no quiere ver las cosas… Créanme que las calificadoras de riesgo tienen arriba de la mesa los documentos presentados por el Gobierno, como el relativo a la emisión de deuda pública. Acá no hay nada oculto. No es que presento algo, después me hago el oso y presento otra cosa. No es así, estamos con gente seria y grande.

Por lo tanto, señora presidenta, vamos a votar haciéndonos cargo de lo que viene, como lo hicimos siempre, como lo hizo el Partido Nacional durante toda su existencia. ¿O acaso en 1958 la situación era más fácil que ahora? ¿O en 1989 o en 1990? No, hay algo que el de arriba marca para poner a un blanco en momentos donde las papas queman. Ese es un rol que no está inmerso en otra cosa que en nuestro destino. De la misma forma que vamos a hacernos cargo, vamos a exigirle a la oposición que si llega a ver algún tipo de desvío, como los que yo vi en sus gobiernos, lo marque y lo condene. En mí tendrán al principal aliado. Acá no hay tapadera; no hay omertá; acá no vale todo.

SEÑORA KECHICHIAN.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DA SILVA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Kechichian.

SEÑORA KECHICHIAN.- Señora presidenta: no me puedo mantener en silencio ante la temeraria acusación de que el presidente de nuestra fuerza política es un promotor de la grieta. Quiero decir que el doctor Javier Miranda tuvo cuarenta años a su padre desaparecido y jamás promovió la grieta. Vio morir a su hermano y a su madre sin saber la verdad y jamás difundió el odio ni la grieta en este país. Supo tener paciencia democrática, conciencia democrática y voluntad para dialogar con todo el mundo. ¡Ojalá todos la tuviéramos en esas circunstancias!

Nada más.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- He terminado. Muchas gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: tenemos este debate instalado desde hace mucho tiempo. La inmensa mayoría de quienes hoy forman la coalición de gobierno instaló una lógica, un relato repetido de que la mayor inversión social es igual a despilfarro o gasto, y logró que una parte importante de la población –si bien el resultado de las elecciones nacionales en el mes de noviembre fue de un Uruguay en dos mitades– coincidiera con este punto de vista.

Ahora estamos obligados a defender resultados generales que creemos que para el Uruguay han sido históricos, que no se pueden soslayar o evitar, y nos parece que no están debidamente considerados en la fundamentación de la rendición de cuentas.

Uruguay atravesó el proceso de crecimiento económico más grande de la historia. Los últimos quince años explican un proceso sostenido de crecimiento del producto más grande de la historia –diría– contra todo pronóstico, porque durante décadas la campaña de satanización contra la izquierda fue feroz. Hablaban del drama que iba a suceder si ganaba el Frente Amplio con comunistas, tupamaros y marxistas que no saben gestionar la economía, y que, por lo tanto, iban a fundir los bancos e iba a haber una corrida. En fin, todo eso pasó bastante antes de que llegara el Frente Amplio al Gobierno.

Si bien el Frente Amplio asume el Gobierno con una situación fiscal que no era dramática, sí lo era la situación general del 2004 por la desigualdad: el 10 % más rico del Uruguay tenía un ingreso veinte veces superior al 10 % más pobre. La coalición de gobierno actual hereda una circunstancia donde la diferencia de ingresos entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre descendió a la mitad y esperamos que profundice esa política que va en dirección a revertir la tendencia a la desigualdad. El Banco Hipotecario era un presente griego, estaba fundido y en el medio de la transición se funde el Bandes, es decir Cofac que terminó siendo el Bandes. El Banco República tenía un patrimonio por debajo del mínimo exigible y venía de dar pérdida. ¡Ni hablar de las gestiones de los bancos! Ahora, la circunstancia financiera –hablando de la deuda externa– en el presupuesto de 2004 y 2005 era que de cada cuatro pesos, un peso iba a intereses de deuda. La coalición de gobierno actual recibe una circunstancia financiera donde uno de cada diez va para intereses de deuda. Como tengo la esperanza, la convicción y la certeza de que el Frente Amplio va a volver, esperamos recibir un país con tendencia a la baja en la relación de intereses respecto a la deuda general.

Escuché a senadores hablar de otra pobreza. Había 165.000 uruguayos que no tenían qué comer, un millón de pobres y casi el 5 % estaba por debajo de la línea de la indigencia. ¡Los datos de la Sociedad Uruguaya de Pediatría acerca de la cantidad de niños con dificultades psicomotrices por mala alimentación eran escandalosos! ¡Era una vergüenza nacional! Esa era la circunstancia económica previa a que llegara el Frente Amplio. ¿Dónde estaban los salarios? Traje una gráfica que voy a tener que corregir después, porque puse el salario nominal, pero puedo usar este, porque da igual. El salario mínimo nacional estaba en $ 1310 en 2004. Una trabajadora de comercio que cobraba el salario mínimo nacional tenía un jornal diario de $ 44. ¿A cuánto estaba la nafta? A $ 29, es decir que con un jornal de su salario mínimo podía comprar un litro y medio de nafta. ¿A cuánto estaba el litro de leche? A $ 9,50. Después de trabajar un día entero, esta trabajadora tenía un jornal que le permitía comprar cuatro litros de leche. ¿A cuánto estaba la garrafa de supergás? A $ 360. El salario mínimo nacional que heredamos no alcanzaba para comprar cuatro garrafas de gas al mes. ¿Cuánto valían 200 kilowatt de energía de UTE?

Antes de continuar quiero decir que lamentablemente hoy, en medio de una pandemia, todos desayunamos, medio golpeados, con el anuncio de los cortes de energía eléctrica a 25.000 hogares. Espero que esa decisión que anunció la presidenta de UTE hoy de mañana se revise.

Lo que decía era que una familia que consumía 200 kilowatt de energía gastaba $ 600 y cobraba $ 1300. ¿Cómo hacía para resolver la energía y los demás gastos? Se puede decir que era el salario mínimo, que se pagaba en el comercio o a los guardias de seguridad. Ahora bien, ¿cuál era el salario de un docente, por ejemplo de una maestra, de un trabajador de la construcción, de un policía? Un poco más de $ 5000. Esa era la circunstancia salarial. ¿Quién tenía negociación colectiva? Nadie, porque se había pulverizado la negociación colectiva de manera sostenida, lo que había hecho que en la crisis de 2002, en un momento de desempleo, se profundizara la desigualdad y la participación del salario. Acá se dijo que en 2004 empezó a crecer la economía y es cierto. Pero ¿qué pasó con la pobreza en 2004 cuando creció la economía? Creció la pobreza porque teníamos mecanismos que profundizaban brutalmente la desigualdad; es de lo que habla el índice de Gini, de 1 a 18.

Sobre la vivienda tenía un informe para discutir en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, pero me adelanto porque se ha discutido mucho de la vivienda y cualquiera que haya estudiado y trabajado este tema y no se maneje por un fragmentito del informe de Techo, sabe que acá la segmentación territorial se profundizó en los años noventa. Pero ¿qué heredamos con respecto a la vivienda? Tengo acá un trabajo de investigación que realizó Carlos Casacuberta sobre la Encuesta Continua de Hogares del primer trimestre del 2006, con la clasificación que hizo el INE, el PIAI, el Banco Hipotecario, la Dinavi, el Mides y Credimat sobre las circunstancias de la vivienda en el Uruguay que heredamos. Reitero: primer trimestre de 2006. A nivel coyuntural se clasifica la vivienda en cuatro niveles: la vivienda sin problema, la vivienda con problemas leves, la vivienda con problemas moderados y la vivienda con problemas graves. ¿Cuáles son las viviendas con problemas graves? Las que tienen un conjunto de circunstancias: muros agrietados, se inunda cuando llueve o presenta peligro de derrumbe. En el 2006, ¿cuántos uruguayos no tenían problema de vivienda? El 37 %. ¿Cuántos había con problemas leves, pregunto a quienes nos quieren enseñar acerca de los asentamientos? Un 4,5 %. ¿Cuántos con problemas moderados? 30,9 %. ¿Cuántos uruguayos con problemas graves de vivienda? 27,6 %. Repito la cifra: 27,6 %, más de uno de cada cuatro hogares uruguayos recibimos, o heredamos, con problemas de vivienda graves. Se lo digo a los que nos hablan hoy del tema de la vivienda, que entre otras cosas son los mismos que en el Gobierno acaban de suspender y quién sabe hasta cuándo –hasta ahora no hay fecha– el sorteo de 1000 cooperativistas que estaba previsto para junio.

Es imposible en este tiempo referirnos a todas las intervenciones, pero me genera una sorpresa enorme que se cuestione la ley de vivienda promovida por el hecho de que las tres cuartas partes de estas viviendas que no estaban topeadas llegaban a valer USD 100.000, USD 120.000 o USD 140.000. Comparto esa crítica y de hecho en esta discusión de la vivienda promovida decíamos que teníamos que promover la inversión, pero teniendo cuidado de que simultáneamente no promoviéramos la gentrificación, que es un fenómeno que expulsó a una parte de los uruguayos a las periferias. Ahora bien, el senador que habló de la vivienda promovida y la criticó no nos explica a todos nosotros por qué la primera medida que toma el Gobierno que asume es quitar todos los topes. La vivienda promovida, que por lo menos tenía un porcentaje de las viviendas topeadas en el precio, hoy no tiene ninguna. Entonces, la medida política que se toma va en una dirección contraria a la que se sostiene como crítica.

Sin duda, el país tiene deudas sociales y económicas con el Uruguay profundo, pero hay cosas que no se pueden discutir. ¿Cuántas trabajadoras domésticas estaban formalizadas antes de que el Frente Amplio llegara al Gobierno? ¿Eso no es parte del balance? ¿Cuántos trabajadores rurales tenían la posibilidad de ver horas extras en su recibo? Ninguno; porque tuvo que llegar el Frente Amplio al Gobierno para que se le reconociera al trabajador rural el derecho elemental de las ocho horas de trabajo. Tampoco tenían derecho a la negociación colectiva, porque siempre se les negó. No alcanzó la fuerza del batllismo –que impulsó y se embanderó con reclamos que venían del movimiento social– para llegar a reconocer o a reivindicar derechos en el medio rural. ¿Por qué se compara con el 2013? ¿Por qué se elige comparar la tasa de empleo con la del 2013? ¿Por qué no se elige algún año de los noventa, del 2000 o del 2001? Recién se habló del 2001, año en que había un 25 % de pobreza y 2 % de indigencia en Uruguay. Se hace esa comparación porque el 2013 fue el año más alto del nivel de actividad de la historia de Uruguay. Puedo aceptar que se saquen los efectos de la crisis del 2002 y cómodamente se pueden comparar algunos resultados económicos, sociales y políticos de los años noventa fuera de esa crisis. Pero, justamente, se compara con el año récord en términos de nivel de actividad y cantidad de trabajadores aportantes a la seguridad social de la historia del Uruguay. Solo para hablar del sector que más conozco, la construcción tenía 72.000 trabajadores en el 2013, cuando históricamente su promedio fue de 35.000 o 40.000. Pero había 15.000 en Maldonado, con un nivel de inversión gigantesco; estaban la planta de celulosa y los parques eólicos, con inversión pública y privada. Es decir que coincidieron todos los motores de la economía al 150 %. Entonces, si se compara con ese año, obviamente, nos va a ir mal. Yo adelanto que si seguimos comparando con ese año, nos va a ir peor.

De la misma manera, puedo aceptar la no comparación con el 2004 y ver cuáles fueron los resultados políticos, económicos y sociales después de una década de crecimiento, que arrancó con un desempleo del 8 % en 1990 y terminó con un desempleo del 12 %. A su vez, el salario real creció poco –mucho menos que la economía– y la capacidad de compra del salario mínimo nacional llegó a la mitad de lo que estaba al principio de la década.

Se habla del Tribunal de Cuentas. Está bien, si se quiere hablar del Tribunal de Cuentas, hablemos. Tengo acá un informe jurídico de una investigación de cuatro años que presentó el Departamento Legal de Baker Tilly. Si estamos hablando del Tribunal de Cuentas y de las observaciones, uno podría suponer que quien indica con tanta fuerza las faltas que ha tenido el Gobierno es un ejemplo en ese sentido. Sin embargo, el informe dice que a nivel de los órganos de los Gobiernos departamentales quienes poseen un mayor número de observaciones son: la Junta Departamental de Treinta y Tres, con un 100 % de observaciones; la Intendencia de Lavalleja, con un 100 %; la Intendencia de Cerro Largo, con un 100 %; la Intendencia de Artigas, con un 100 %; la Intendencia de Soriano, con un 100 %. Quiero destacar que, de las diecinueve intendencias, la de Soriano es la que más incrementó la cantidad de empleo público, y no gobierna el Frente Amplio en Soriano. Pero repasemos estos quince años y veamos que hubo más de un 70 % de incremento de empleo público.

SEÑOR BOTANA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ANDRADE.- Encantado, pero al final, señor senador, porque lo voy a seguir aludiendo, así contesta todo junto.

Nos llaman la atención –y está bien– los datos sobre el ingreso de personas en situación de discapacidad. Acá está el informe y creo que nadie ha sido más crítico con los Gobiernos del Frente Amplio acerca de no cumplir los cupos que quien les habla. En el 2019 entraron 71 personas; 78, en el 2017; 222, en el último período de gobierno, que es en el que estamos colocando la rendición de cuentas. ¿Cuántos entraron en los cinco años de gobierno de quienes nos critican, desde el 2000 al 2004? Diecinueve en los cinco años. Puedo pasar esos datos, si lo desean, para que los revisen.

Lo que quiero decir es que parece que algunas críticas se hacen como si nunca hubieran gobernado. Hay elementos de las transformaciones de las políticas en los Gobiernos del Frente Amplio que reivindico, porque las inversiones no son solo plata. Antes de que el Frente Amplio llegara al Gobierno, solo una minoría –porque trabajaba o podía pagar– tenía acceso a una mutualista. Al que estaba en una situación socioeconómica embromada, en la última lona, le daban un carné de pobre y podía atenderse en salud pública. En el medio había una franja que no podía pagar la mutualista y a la que tampoco se le daba el carné de pobre. Y no me voy a referir a la utilización que se hacía de este carné, muchas veces de manera clientelar, porque no es el centro de la discusión.

¿Cuántas mutualistas se fundieron entre 1985 y 2004? ¡Quince mutualistas! En la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión se presentó un trabajo de investigación sobre la infancia, del año 2001, en el que la Sociedad Uruguay de Pediatría explica que las diferencias de mortalidad infantil entre las familias que se atendían en el sistema público y las que lo hacían en el privado eran aún mayores porque muchas de las muertes que se reportaban en las mutualistas eran de niños que a último momento se trasladaban de los hospitales a las mutualistas por la falta de CTI. Me refiero a más del doble, y Uruguay presenta un descenso sostenido de la mortalidad infantil. El Centro Hospitalario Pereira Rossell es referencia de trasplante de médula –un orgullo para todos nosotros– y el Hospital Maciel lo es para mayores. A su vez, 95.000 uruguayos que estaban condenados a quedar ciegos por no poder pagar una operación sencilla hoy pueden ver. Reitero: hoy pueden ver, y antes eso no pasaba.

Personalmente, me atiendo en ASSE, en la policlínica de la Cruz de Carrasco. No se pueden desconocer los cambios que ha habido en el sistema asistencial. ¡Claro que hay dificultades! ¿Cómo va a haber solo un 3 % del personal médico especializado en el norte? Pero también hay que destacar el trabajo en el CTI Pediátrico y Neonatal de Salto o en el Hospital de Tacuarembó. Desconocer esos avances es no reconocer el trabajo de los médicos y los funcionarios de la salud, que también cobraban un salario de emergencia e hicieron un esfuerzo enorme para lograr una transformación que ha sido clave para que el Uruguay pueda atender las circunstancias sanitarias de forma diferente a la de los países que mercantilizaron toda la salud.

¿No hay nada para reconocer? El embarazo adolescente bajó a la mitad en el 2019; no hubo una sola muerte materna en el 2018 en el Centro Hospitalario Pereira Rossell. Reitero: ¿no hay nada para reconocer? ¿No hay aspectos que parecen elementales desde el punto de vista de la importancia de la inversión pública social que defendemos? No es cierto que la inversión del Estado sea una traba para el desarrollo. No vamos a compartir que los derechos sean un obstáculo para el desarrollo; desde nuestra perspectiva, los derechos son una condición para el desarrollo.

Me voy a referir al papel del Estado en las empresas públicas. No digo que se pisen el palito, pero cuando nos adjudican las circunstancias de la inflación aparente y dicen que sacando el precio de las tarifas la inflación sería más, lo que reconocen es lo que decimos hace mucho tiempo, es decir que las tarifas están evolucionando bastante por debajo de la inflación y muy por debajo de lo que evolucionan los salarios en el Uruguay. Cuando se nos criticaba parecía que era un boleto encontrar soluciones. Uno escuchaba la campaña electoral y bajar las tarifas era cuestión de un día para el otro. Cada vez que llegaba el momento de aumentarlas se decía: «se pueden bajar», «es un mazazo», cuando las empresas públicas representan en el presupuesto menos de lo que representaban cuando el Frente Amplio llegó al Gobierno. Sin embargo, lo primero que hizo la coalición de gobierno cuando asumió fue subir las tarifas públicas y rebajar el salario a los trabajadores, al incrementar el IVA que se paga con la tarjeta de cobro del sueldo. Esto fue mucho antes de la pandemia, con objetivos de recaudación, y se dijo a título expreso. Eso no se dijo en la campaña. Tengo que reconocer que la coalición de gobierno sí dijo que iban recortar la cantidad de funcionarios, pero que eso no se iba a hacer en la salud, en la educación ni en la Policía. Ahora bien, ¿en qué parte de la campaña electoral se dijo que no se iba a recortar una sola vacante del Ejército? Si alguien me asegura que en la campaña electoral se haya dicho –cuando se fue a buscar el voto– que el Ejército quedaba exonerado, podíamos anticiparlo. En el 2015, cuando discutimos el presupuesto nacional en la Cámara de Representantes, presentamos un proyecto de ley por el que de tres vacantes se cubrían dos y que el ahorro se dedicara a aumentar el salario de las tropas, y no hubo un solo voto de la oposición. A nosotros nos faltó uno, que fue el del diputado Pérez. Por eso no prosperó la iniciativa de ir hacia un proceso mucho más moderado que este y que era para aumentar los salarios más sumergidos. No hubo un solo voto de la oposición, por un argumento, por otro, porque se decía que no se podía cortar al barrer. Ahora bien, los que nos dijeron que no se podía cortar al barrer hoy definen que hay que cortar al barrer todo el Estado, un 25 % más o menos, porque el 15 % de ajuste más el 10 % de inflación está en el entorno de una cuarta parte del presupuesto con que cuenta el Estado.

Sé que el tema de hoy es la rendición de cuentas, como me acota mi amiga la señora senadora Bianchi, pero ella habló hasta del socialismo real, así que calculo que tengo licencia para poder irme no tan lejos como al socialismo real.

Que el Uruguay presenta desafíos en materia de educación, en particular en la educación media, es indiscutible. Yo no separo demasiado esta circunstancia de tragedia que vivió el Uruguay. No le voy a echar toda la culpa al Gobierno, pero en algunas cosas sí. Es evidente que hubo una circunstancia regional que impactó fuertemente en la crisis del 2002. No hay duda. En mi opinión otras medidas tomadas de manera previa, desde el punto de vista de la revocación laboral, del sistema financiero, del sistema bancario, no nos prepararon para una situación de esas características. Pero en materia de educación, estábamos penúltimos. Solamente Haití invertía menos en educación en relación al presupuesto que Uruguay. Hoy también estamos penúltimos, según la Cepal, en materia de medidas económicas para atender la circunstancia social de la pandemia. Me refiero no a la situación sanitaria, sino a la social, la que involucra a cientos de miles de uruguayos que de un día para el otro se quedaron sin trabajo, sin ningún ingreso.

Ahora bien, los salarios de la educación, a los que va más de un 80 % de la inversión en educación, eran una vergüenza nacional. La necesidad de llevar la Universidad y multiplicarla al interior de la república era impostergable. ¿Es que no vamos a reconocer el salto en carreras terciarias tecnológicas de la UTU, el haber duplicado su cantidad de estudiantes, los esfuerzos para atender la situación desde el punto de vista educativo? Sí, no tenemos todo resuelto. Este dato de que apenas un 40 % de los muchachos termina secundaria –que es el que más nos interpela en términos regionales– en el 2004 era de un 20 %. Entonces, que tampoco se coloque este tema arriba de la mesa como que es soplar y hacer botellas, porque requiere procesos complejos y no es cierto que se pueda resolver recortando la inversión, las políticas sociales, las políticas educativas ni las políticas de vivienda.

Puede haber voluntarismo, y yo reivindico la solidaridad. Nosotros pasamos los fines de semana tratando de arreglar ranchos de gente que está en la lona. Pero con solidaridad no se va a resolver el problema de la vivienda, por más que, insisto, la reivindico. No se resuelve desde ahí. Se resuelve si se generan políticas públicas que prioricen el tema. Y el Frente Amplio, con viento de cola –por más que en un momento subió el petróleo y tuvimos la crisis del 2008–, priorizó determinadas áreas. ¿Se pueden mejorar? Sí, todas las políticas sociales se pueden mejorar. Pero las que heredamos implicaban que si una mujer trabajadora con familia a cargo se quedaba sin trabajo, ese mismo día perdía la asignación familiar. Esas son las que heredamos. O sea, en el momento más dramático de su vida, cuando la persona se queda sin trabajo, de yapa y de postre perdía la asignación familiar. Y tuvo que llegar el Frente Amplio al Gobierno para implantar el Plan de Equidad, extender las políticas sociales y transformar la seguridad social.

Se habla de la ley del 2008. Yo tuve el honor de participar en el Diálogo Nacional sobre Seguridad Social en representación de los trabajadores organizados. Se presentaron informes técnicos contundentes. En el 2008, uno de cada tres trabajadores se iba a poder jubilar de la actividad privada. Las exigencias que se colocaban en materia de seguridad social, los treinta y cinco años de trabajo efectivamente aportados, para un país que presentaba unos datos de informalidad acalambrantes, del entorno del 40 %, hacían que sectores enteros de actividad –domésticas, construcción– no se pudieran jubilar.

En la reforma del 2008 se contemplaron desigualdades de género –en tanto se le reconoció a la mujer un año de aportes por cada hijo–, se flexibilizó el ingreso, se generó un conjunto de medidas para que no tuviéramos que atender luego la situación, porque ¿qué íbamos a hacer con esa gente? ¿O alguien piensa que esa mujer a los sesenta y pico de años no trabaja porque no quiere, o que tiene facilidad para conseguir trabajo? Imaginemos la situación de un obrero de la construcción con más de sesenta años de edad y sin los treinta y cinco años de aportes que se exigían. ¿Va a salir a buscar trabajo, cuando es obvio que el físico no le da a esa edad? La seguridad social no puede ser un abordaje solamente técnico. Sin duda, no fue un abordaje técnico que 100.000 uruguayos —entre otras 40.000 mujeres—, gracias a la reforma de la seguridad social y a esa flexibilización, se pudieran jubilar. ¿Tenemos que discutir? ¡Claro! ¡Toda la seguridad social!

Ahora, en este lugar, hace poco, se discutió el tema de la Caja Militar y su déficit. También se discutió cómo se representaba tener un promedio de jubilaciones de treinta y cinco años. ¡Pero la ansiedad de crítica que hay sobre el 2008 no estaba cuando hubo que discutir el tema de la Caja Militar de los mismos actores! Claro que hay que discutir toda la seguridad social, de una punta a la otra, desde una perspectiva de que la seguridad social es –lo entendemos así– un derecho humano fundamental. ¡No es plata tirada el sistema de cuidados! ¡No es plata tirada que las personas en situación de discapacidad severa no estén tan solas! Hace a una sociedad más digna.

No se pueden evaluar quince años de gobierno por tres o cuatro circunstancias. El Frente Amplio no hizo todo bien; tuvimos dificultades, no hay dudas de eso, pero no reconocer cambios estructurales en materia económica, en materia presupuestal, en las condiciones de vida de la gente y de la inmensa mayoría de los uruguayos… No es cierto que aplicar derechos laborales, incrementos de salarios y más inversión pública alejó la inversión. De hecho, estos períodos representaron los mayores niveles de inversión extranjera directa con relación al producto. ¿Nos faltó? Sí.

Acá se habla del agro, de las dificultades para potenciar políticas públicas que permitan a la pequeña producción y a la familiar afincarse. Voy a dar un dato. En los últimos treinta y cinco años, desde la recuperación democrática en adelante, el Instituto Nacional de Colonización repartió 161.000 hectáreas. Estuvo el Gobierno del doctor Sanguinetti, el de Lacalle Herrera, nuevamente el de Sanguinetti, el de Batlle, el de Vázquez, el de Mujica y nuevamente el de Vázquez. En los cuatro períodos en los que gobernaron los partidos tradicionales se repartieron 28.000 hectáreas. En los cuatro, y no por períodos, se repartieron 7000, por la política pública preferencial para impulsar el afincamiento. Sin embargo, en los tres períodos de gobierno del Frente Amplio se repartieron 133.000 hectáreas. Se multiplicó por seis y por siete la cantidad de hectáreas repartidas. A su vez, se generó la lógica de diferenciar la producción familiar; soy crítico en el sentido de que se tendría que haber aplicado políticas diferenciales más profundas. Esto también pasó.

Por otro lado, ¿cuál era la circunstancia en materia de matriz energética que heredamos? ¿Estábamos o no al borde del colapso? ¿Es un cuento que estábamos al borde del colapso en términos de energía? Teníamos que prender la central y muchas veces teníamos que recomendar la no utilización. Uruguay pasó de esta situación a exportar energía y a estar a la cabeza de América Latina en materia de energía renovable; hubo políticas públicas, un papel fundamental del Estado y un rol central de las empresas públicas para el desarrollo. También pasó en materia de telecomunicaciones. Algunos citan otros países como ejemplo. Sin embargo, yo no me quiero mirar en el espejo de Chile, señora presidenta, que solo el año pasado tuvo que ver a cerca de 20.000 chilenos morir sin poder acceder a un hospital, anotados en lista de espera. ¡No me quiero medir con esos países!

Entonces, estas transformaciones son indiscutibles. Uruguay, en materia de telecomunicaciones está a la cabeza, y es el único país –el único– donde una empresa pública como Antel tiene la perspectiva de disputar a las grandes transnacionales y de tener ventajas sobre ellas. Estos quince años han sido de cambios, señora presidenta.

(Interrupciones).

SEÑORA PRESIDENTA.- Le pido a la barra que permanezca tranquila. Todavía cuenta con dos minutos el senador.

SEÑOR ANDRADE.- De vuelta. Uruguay tuvo transformaciones económicas indiscutibles. Y voy a poner un ejemplo deportivo de lo que pasó en el quinquenio porque no tengo drama de hablar de los quinquenios; de hecho, el primero fue el más glorioso de todos. Imaginémonos que uno va a ver a Aguada en el básquetbol –para no hablar de fútbol– y resulta que Leandro García Morales tira veinte triples en el partido, anda un día inspirado, mete diecinueve y erra el último. Sucede que el comentarista arranca refiriéndose a la actuación de Leandro García Morales diciendo que erró el último triple. Pero ¡pará!, ¡pará que antes metió diecinueve!

Cuando Uruguay, que arrancó con una pobreza del 40 %, la bajó con viento de cola, pero en situaciones de dificultad, y lo que se comunica es que subió unas décimas en 2019, sin contexto, no parece justo o no parece ser la forma en la que tengamos que valorar, interpretar, procesar, definir y orientar la discusión política.

SEÑOR DA SILVA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Andrade.

SEÑOR ANDRADE.- Voy a redondear mi exposición con algunas cuestiones actuales. El riesgo que encuentro es que la fundamentación muy radical que existe acerca de que todo lo que es inversión pública social está sospechado de derroche, nos lleve a tomar decisiones que son profundamente equivocadas como, por ejemplo, recortar en ciencia y tecnología o recortar en ciencia y tecnología en medio de una pandemia, o empezar un ajuste en medio de una pandemia, cuando más que nunca el papel del Estado es relevante para que la salida sea menos dolorosa en términos sociales, o impulsar una rebaja salarial. Tengo hecha una cuenta con respecto a qué hubiera pasado con el déficit fiscal, del que tanto se habla, si en vez de haber generado en el último período, que fue de dificultad económica, un desempeño de los salarios y las jubilaciones de dos y algo por ciento por encima de la inflación, hubiéramos bajado en el quinquenio un 3,5 % o un 4 % por debajo de la inflación, como más o menos sucederá este año. Si hubiéramos hecho eso, hoy estaríamos con unos números de déficit excepcionales –reitero, excepcionales– y nos hubiéramos ahorrado entre tres y tres puntos y medio de déficit fiscal. Claro, al final del día, el problema de la cuenta es quién paga el déficit fiscal. No hay duda de que esta medida de rebajar salarios y jubilaciones va a generar un impacto en el déficit fiscal. El problema es que no se genera solo un impacto en el déficit fiscal, sino también que se arrastra un impacto sobre el empleo y las condiciones de vida de la gente.

Nosotros hicimos un esfuerzo enorme y hubiéramos querido tener un resultado distinto del déficit; ¡quién no lo va a querer! Ahora, hicimos un esfuerzo enorme para que no se descargara sobre los salarios, las políticas sociales, las inversiones educativas y en vivienda y sobre la cobertura de seguridad social. Esa línea la defendemos porque estamos orgullosos de los resultados que expresan.

Eso era todo lo que quería decir.

SEÑOR BOTANA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ANDRADE.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Botana.

SEÑOR BOTANA.- Agradezco al senador Andrade por concederme la interrupción, que es quien me obliga a aclarar este tema. Tengo en mi poder los informes del Tribunal de Cuentas sobre las observaciones de gastos. De los USD 100:000.000 de gastos observados en las intendencias, casi las tres cuartas parte fueron en las intendencias del Frente Amplio; específicamente, el 72 %, $ 2.366:000.000 de un total de $ 3.266:000.000 observados corresponden a intendencias del Frente Amplio. Con respecto a los municipios, los que tienen más observaciones en el departamento de Rocha son los del Frente Amplio; en el departamento de Maldonado, los municipios de Piriápolis y de San Carlos son los más altos de todo el país. En ese sentido, el manejo de nuestros Gobiernos departamentales ha sido realmente bastante más prolijo y es bueno decirlo. La gran mayoría de nuestras intendencias no tiene fideicomisos y no dejaron deuda hacia el futuro.

El otro tema es el de las personas con discapacidad. Si esas son las cifras, la Oficina Nacional del Servicio Civil deberá revisar bien la información que tiene, que yo ya conozco que es mala. Un día reintegré a 205 funcionarios sin concurso, de 410 que habían echado como a perros de la Intendencia de Cerro Largo, obreros con veintiocho años de trabajo en la intendencia. ¡Por supuesto que lo hice sin concurso! ¡Faltaba más que además de que los habían echado por cuestiones políticas los hicieran dar concurso con veintiocho años de antigüedad! En ese momento, la información oficial de la Oficina Nacional del Servicio Civil fue que tenía 205 funcionarios ingresados como personal de confianza. ¡Mirá qué lindo personal de confianza la gente que levantaba la basura, que tapaba los pozos de las calles y que hacía las tareas más duras de todas! Por supuesto que tampoco tienen la información de las personas con discapacidad. Mejor dicho: que no la tienen, no, la tienen porque me cercioré de que estuviera. Por lo tanto, la Oficina Nacional del Servicio Civil tiene la información, pero no la publica.

La Intendencia de Cerro Largo cumple con todas las cuotas de las personas trans, de los negros, de las personas con discapacidades, de todas. Somos el único organismo nacional y departamental que cumple con todas las cuotas. Además, no solo nos preocupamos por el tema de la discapacidad en los cargos de la intendencia, tenemos ONG enteras con personas con discapacidades o madres solas con personas a cargo que tienen discapacidad que manejan la Zona Azul de Melo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: ¿puede ir cerrando su intervención?

SEÑOR BOTANA.- Está bien, señora presidenta.

Iba a hacer otras preguntas, pero con esto me basta.

Agradezco muchísimo al señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Siguen pidiendo interrupciones al señor senador.

¿Usted quiere contestar al señor senador Botana?

SEÑOR ANDRADE.- Quedé perplejo. Yo cité fuentes y tengo el informe acá, puedo compartirlo con el señor senador respecto a las intendencias con mayor cantidad de observaciones. También tengo la información de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Por ahora –espero que eso cambie– el Frente Amplio nunca gobernó Cerro Largo. Entonces, como el Frente Amplio, por ahora, nunca gobernó Cerro Lago, no es responsable de despidos políticos. Si hay despidos políticos, el Partido Nacional puede pedir un cuarto intermedio y hacer la denuncia, porque acusar es muy grave, incluso lo es que en esta sala se diga que hay despidos políticos.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Por favor! Eso es harina de otro costal. Estamos tratando la rendición de cuentas; si no, no sabemos dónde terminamos.

SEÑORA BIANCHI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ANDRADE.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Bianchi.

SEÑORA BIANCHI.- Gracias.

Siempre le dije al señor senador Andrade –estuvimos dos años en la tertulia de una radio en la que nos divertíamos mucho–: no hables como si les estuvieras hablando a los obreros del Sunca. Entre otras cosas –y el otro día lo dije en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social–, me duele tremendamente que los índices de analfabetismo se den, fundamentalmente, en esa rama de la actividad obrera. Más allá de los esfuerzos que yo sé que el sindicato hace para tratar de superar esa situación, es un hecho objetivo de la realidad y, además, creo que es consecuencia de que se interpretan mal las políticas sociales. No se instrumentan desde la carencia, sino desde el empoderamiento de los derechos.

Hay una alusión que quiero contestar directamente. La verdad es, señora presidenta, que me pasé cinco años en la Cámara de Representantes escuchando hablar sobre el tema de las diferencias de votos, del tercer gobierno, del cuarto gobierno y demás, y en el tiempo que llevo en el Senado –que es bastante importante, porque no me acogí a la licencia por la edad– he escuchado que en octubre hubo un resultado y que en noviembre la diferencia fue de treinta mil votos. Creo que esa es una alusión que hay que dejar de lado porque, en primer lugar, que lo estudien los politólogos y, en segundo lugar, porque acá –que es donde estamos– hay una proporción del 60 % y del 40 %.

Por qué los resultados son distintos que lo estudien los politólogos, pero yo quiero recordar que cuando el Frente Amplio ganó –yo lo integraba–, lo hizo por menos del 1 %, por menos de dieciséis mil votos. O sea que la gente –yo respeto la voluntad de la gente, aunque vote y piense distinto a mí– no tenía esa percepción de hecatombe, porque el Frente Amplio ganó raspando después de mucho tiempo de luchar y luchar, lo que me constaba porque yo estaba ahí. Entonces, me parece que hay que dejar eso para que lo estudien los politólogos y no cachetearnos con los resultados.

Yo también podría decir –el año pasado, como diputada, como me cansaron tanto, lo dije– que ganaron la tercera mayoría absoluta por 2400 votos, ¡es totalmente legítimo!, nadie lo discute. Pero basta, ¡por favor!, porque a todos nos fue bien, mal o regular. ¡Basta!

Voy a decir otra cosa –veo que queda poco tiempo–: yo reconocí las cosas que se hicieron. Arranqué la intervención diciendo la cantidad brutal de millones que se pusieron en la educación. Eso está clarísimo.

Termino diciendo lo siguiente; tendría millones de cosas para agregar, pero sé que igual el senador Andrade va a seguir diciendo lo mismo –lo digo con todo respeto–, porque está convencido; lo respeto porque es coherente con lo que piensa y como vive. ¡Por favor, no usemos más el salario mínimo para comparar lo que se podía comprar! ¡El salario mínimo es una medida de valor!, y lo era más antes por los indicadores. ¡No, nunca tuvimos un salario mínimo para comprar dos litros de leche! No nos subestimen. Con los años que tengo, viví todos los períodos. Esa es una medida de valor, no se trata de que no alcanzara el poder adquisitivo para comprar ni una garrafa ni dos litros de leche. ¡Esa subestimación de la inteligencia sí que no la voy a permitir!

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Andrade.

SEÑOR ANDRADE.- En primer lugar, yo no me enojo con mi pueblo; cuando vota, también nos hace reflexionar. No se trata de que una parte del pueblo, la que no nos acompañó, no tuvo razones para hacerlo; valoró sus razones en cosas que no logramos resolver. Así que no me enojo.

En segundo lugar, yo entiendo que la señora senadora no lo hace de manera despectiva, pero a mí me tocó terminar como pude los estudios y después hacer algún año de facultad, también como pude, a los empujones, y trato de continuar estudiando. Pero aprendí más de compañeros con las manos callosas que rompen la escarcha de mañana, pero que si te ven pasando hambre te comparten un pedazo de pan o te prestan para un boleto, es decir, aprendí más de las cosas que hay que aprender entre los peludos de la construcción que en cualquier otro lugar. Ojalá que alguna de esas conductas las tengamos en cuenta para lo que hay que construir.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR ANDRADE.- Con gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Gracias, señora presidenta y señor senador Andrade.

Vamos a aburrir siempre con los temas de la ruralidad y del campo, a tratar de decir gran parte de nuestra verdad.

El senador Andrade relataba las bondades de la ley de ocho horas para el trabajador rural, algo que nosotros compartimos in totum, pero como estábamos hablando del relato y de la verdad, quiero decir que la casualidad, señora presidenta, hace que ALUR fuera uno de los organismos que hizo caso omiso a esa ley; negreaba a los cañeros de Bella Unión. Hay un señor Estévez, en Salto, que tiene una multa por no cumplir con las ocho horas de los trabajadores rurales. Relato y realidad.

Mucho más relato y realidad es lo concerniente al Instituto Nacional de Colonización. ¿Qué dice el relato? Que la inversión fue de 157.000 hectáreas. Pero la realidad muestra dos cuestiones. La primera es que no han adjudicado más de 40.000 hectáreas. La calidad de las compras de esos campos, si no son cuestionables, es para hacer una enorme auditoría. Estamos hablando de campos que se inundan, campos que tienen millones de dólares de sobrevalor, de inversiones que da el Estado a colonos que después se funden porque el burócrata va y le dice qué es lo que tiene que hacer. Entonces, es el relato y la realidad.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Andrade.

Le queda un minuto.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: a mí me tocó, en el breve tiempo que estuve en el período pasado, atender la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, y cuando renuncié a la banca, si algo me reconocieron los colegas –muchos de ellos con los que trabajé, incluso de la oposición– fue que no dejaba pasar una de las irregularidades que cometía el Gobierno del Frente Amplio. En realidad, resisto archivo; hay que ir y mirar la versión taquigráfica. Es más, no creo que haya habido ningún legislador que haya sido más duro con Fripur que lo que fui yo cuando vino Fripur acá. Entonces, no entiendo mucho la relación entre el valor histórico, social que tiene la relación de ocho horas y lo que haga un individuo o un instituto. Me parece que van por carriles distintos.

Gracias, señora presidenta.

12) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de asuntos entrados fuera de hora.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «El Poder Ejecutivo remite un mensaje, de conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la república, a efectos de acreditar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Reino de Bélgica al señor Daniel Castillos Gómez.

El Poder Ejecutivo remite un mensaje, de conformidad con lo establecido en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la república, a efectos de acreditar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante la República Portuguesa al señor Álvaro Malmierca Guillama.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES».

13) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Los señores senadores Oscar Andrade, Mario Bergara, Eduardo Bonomi, Charles Carrera, Amanda Della Ventura, Liliam Kechichian, Sandra Lazo, José Carlos Mahía, Silvia Nane, Daniel Olesker, Enrique Rubio, Alejandro Sánchez y Lucía Topolansky, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Reglamento de la Cámara de Senadores, presentan un proyecto de ley con exposición de motivos referido a incompatibilidades de los funcionarios de los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional.

A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN».

(Texto del proyecto de ley presentado).

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Los señores senadores Oscar Andrade, Mario Bergara, Eduardo Bonomi, Charles Carrera, Amanda Della Ventura, Liliam Kechichian, Sandra Lazo, José Carlos Mahía, Silvia Nane, Daniel Olesker, Enrique Rubio, Alejandro Sánchez y Lucía Topolansky, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Reglamento de la Cámara de Senadores, presentan un proyecto de ley con exposición de motivos referido a las vacantes del Estado y la reserva de porcentajes para colectivos históricamente discriminados.

A LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO E INCLUSIÓN».

(Texto del proyecto de ley presentado).

14) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2019

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión del tema en consideración.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Señora presidenta: voy a ser sumamente breve. No pensaba intervenir. No había preparado nada, pero debido a algunas afirmaciones que se han realizado, me gustaría detenerme un poco y decir que Uruguay no se inició en 2005. A veces las mayorías parlamentarias, producto del exceso de poder, o esta elasticidad de las normas de endeudarse por encima de la ley, es lo que nos llevan a eso. Entonces, cuando a nosotros se nos critica –y lo escuché ahora– porque somos una coalición multicolor, que tenemos que acordar entre cinco partidos, por lo menos nuestros cinco partidos realizan un verdadero acuerdo con partidos. Nosotros no lo hacemos con la mano enyesada, donde se vota automáticamente todo lo que viene desde la fuerza política. Y las consecuencias luego las tenemos: el desempleo, la pobreza, la situación en la educación. A pesar de habernos endeudado, los problemas sociales y la seguridad no se solucionan. Tenemos cientos de personas en la calle, los pobres resultados en la educación, más allá de haber triplicado el gasto, el aumento del gasto fiscal. En esta discusión de la rendición de cuentas se han mencionado las políticas sociales, las acciones afirmativas y las políticas de género. Nosotros votamos la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género y lo hicimos totalmente convencidos. Cabe aclarar que fue una ley propuesta por la fuerza de gobierno de aquel momento y nosotros la acompañamos porque considerábamos que era una herramienta necesaria. Obviamente la acompañamos, pero no ideológicamente, sino porque es lo que le sirve a la gente. A veces nos confundimos un poco y consideramos que somos los padres de las políticas sociales y de los derechos humanos. Como dije, la acompañamos, pero para nuestra sorpresa no hubo presupuesto. Y es precisamente allí donde están las contradicciones.

En el día de ayer, en la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género recibimos a la directora de Inmujeres. Ella nos manifestó las preocupaciones que tenían: el aumento de la violencia, los femicidios, y nos preguntó qué se pensaba hacer. Fue así que le consultamos con qué recursos ha contado, en los cuatro meses que han pasado desde que asumió, para dar albergue a esas mujeres que van a realizar la denuncia, a esas mujeres a las que les estamos pidiendo que hagan la denuncia. Nos respondió que hay centros de veinticuatro horas: tres en la zona metropolitana y uno en Tacuarembó.

En lo personal, reconozco las cosas que se hicieron bien, pero vamos a reconocer las que no se hicieron bien y las que faltan por hacer. No podemos hablar de que hemos avanzado en políticas de género. Es verdad que se hacen más denuncias, pero no les estamos brindando la respuesta necesaria a esas mujeres. Con el presupuesto y con la difusión que se ha realizado, las políticas hacia las mujeres no han sido efectivas ni eficaces.

Asimismo, me resulta duro cuando se habla de discapacidad porque ¿quién de nosotros no tiene un familiar con alguna discapacidad? ¿Y saben una cosa? No se cumplió con la ley. Fui testigo del momento en que se presentó el proyecto de ley para que los privados tuvieran en sus empresas a personas con discapacidad. Con mucha vehemencia se dijo que era necesario y que el empresario debía cumplir, cuando el Estado no estaba cumpliendo, cuando el Gobierno que estaba presentando esa ley no estaba cumpliendo. Como dije, cuando hablamos sobre políticas de discapacidad, me duele enormemente. No quiero entrar en un tema más que reiterativo, pero debo mencionar el destrato con el cual se han manifestado sobre personas con determinada discapacidad, que trascendió fronteras; me refiero a los ciegos del Tiburcio Cachón. No me voy a detener en esto, pero sí digo que no nos podemos olvidar de ciertas cosas.

Por otra parte, también hay que mencionar la ley integral para personas trans, que acompañé totalmente convencida. En ese momento me tocó escuchar un discurso enfervorecido sobre que a las personas trans les había cambiado la vida. Yo lo escuché, no estoy inventando. Pero ¿qué les cambió con esa ley? Absolutamente nada. A los dos o tres meses de aprobada, en el departamento de Salto hubo una denuncia de agresión a personas trans y nadie salió a levantar su voz, nadie dijo absolutamente nada.

Por último, queda hablar de los adultos mayores. No voy a entrar en números; todos sabemos lo que sucedió. Ahora, con la covid-19 explotó todo. Es lamentable, una vergüenza, no hay controles, nadie se hizo responsable. El Ministerio de Salud Pública decía que le correspondía al Mides y el Mides señalaba que le correspondía al Ministerio de Salud Pública, y nadie se hizo responsable de esa situación. Yo entiendo que en la rendición de cuentas debemos manejar números, pero los números deben reflejar soluciones.

Cuando hablamos de economía, hablamos del bienestar de la gente. Estamos con el peor resultado de los últimos treinta años, con un déficit fiscal del 5 %, y la inflación pega fuerte a los sectores menos favorecidos.

En cuanto a la educación, como recién dijeron los compañeros, un tercio de los jóvenes de quince años no sabe leer ni escribir. Son datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Hoy tenemos una educación para los pobres y otra educación para los que pueden pagar. Las familias hacen muchísimo sacrificio, enormes sacrificios para poder pagar un colegio a sus hijos porque no quieren, lamentablemente –y lo digo con dolor–, enviarlos a la escuela pública. Quienes somos hijos de la escuela pública lo lamentamos enormemente. Se dice: «Lo tengo que mandar al colegio porque en la escuela, lamentablemente, no aprende; en la escuela los pasan sin saber leer ni escribir». Son cosas que debemos reconocer, y no se trata de culpar a nadie, pero vamos a asumir las responsabilidades. Tenemos un problema muy grave en la educación, sumamente grave. Cuando uno analiza la asignación presupuestal para la educación, advierte que en los barrios de la costa eligen a los docentes del séptimo grado, del sexto y del quinto, y en los barrios de la periferia a los del primer y segundo grado. Tenemos los datos acá; solicité que me los trajeran porque no quiero cometer errores. Estas son las cosas que debemos analizar y resolver porque, de lo contrario, condenamos a miles de niños y adolescentes a la exclusión social, que en un futuro les va a impactar fuertemente. Ahí están quienes van a engrosar los cinturones de la periferia, quienes van a vivir a los asentamientos porque no pueden tener un trabajo bien remunerado. Eso es sumamente grave.

Ni que hablar de la situación de las personas en la calle. No quiero ser reiterativa; rompe los ojos. Durante el período en que estuvimos en la Cámara de Representantes manifestamos una y otra vez el aumento de las personas en situación de calle, a lo que se nos respondía que era una opción de vida, que habían decidido estar en la calle. Entonces, es un fracaso de las políticas sociales que también debemos encarar.

¿Qué decir, señora presidenta, del aumento de las personas que viven en los asentamientos? Hace muy poco acá, en esta misma sala, alguien nos dijo que hay más asentamientos de los 656 que se mencionaron; creo que fue el señor senador Rubio que lo dijo. Es muy preocupante, hay más de 656 asentamientos. Los que viven en asentamientos son pobres. Yo entiendo que la pobreza se mide por ingresos, pero hay otros componentes que se deben tener en cuenta. Eso quedó reflejado ahora que, a pocos días de declararse la emergencia sanitaria debido a la covid-19, miles y miles de uruguayos fueron a comer a las ollas populares. Están haciendo cola en las ollas populares, están dependiendo de una canasta y de prestaciones, personas que estaban con trabajos informales, sumamente precarios, y a las cuales no se las consideraba pobres. Sopló una brisa y cayeron.

Esos son resultados de la mala gestión que, lamentablemente, ha realizado este Gobierno y por lo que vamos a votar –como dijo, creo que el señor senador Botana– bajo protesta porque, obviamente, hay que aprobar la rendición de cuentas, pero no sin manifestar nuestra total disconformidad.

Quiero detenerme en algo porque mi estimada compañera y senadora Lazo hoy hizo foco en el tema de los afrodescendientes como un logro de este Gobierno y, lamentablemente, ha sido todo lo contrario. Lo que se invirtió en las políticas para el colectivo afrodescendiente fue adjudicado a organizaciones civiles y de forma directa; hemos solicitado un informe acerca de las organizaciones civiles que llevaron adelante esas políticas de forma directa y nada claras.

No hay políticas públicas estrictas en este tema. Se necesitan acciones y, durante los últimos años, el Gobierno ha sido reactivo, no activo. Los programas no tuvieron un impacto en el colectivo, y me gustaría mucho tener luego la trazabilidad de esos datos que hoy se leyeron en sala, de lo que dicen esos números, porque es muy importante; tengo entendido que esos aspectos son solo letras.

El Gobierno no generó políticas educativas para este colectivo; después de quince años de «políticas» –entre comillas–, la brecha entre blancos y negros en el Uruguay ha aumentado –acá tengo los datos porque los pedí–, y uno de los impactos de esto es la pobreza en la comunidad negra, que aumentó, según el último dato de 2019, alrededor del 19 %. Repito que todos esos datos están acá, a disposición.

Otro punto es que la pobreza en la comunidad negra disminuye entre 2015 y 2019, como efecto general y debido a que eso es por los ingresos, pero la brecha siguió constante y en aumento, lo que implica que las acciones tomadas fueron erráticas. Al día de hoy, el 20 % de la población negra –vuelvo a decir que están acá los datos del BID– vive en asentamientos y quienes viven en asentamientos son pobres.

Señora presidenta: lamentablemente me duele y mucho cuando se utiliza a los sectores menos favorecidos para hacer política, y eso es lo que se ha hecho. ¡Se utiliza a los negros, se utiliza a los pobres, se utiliza a los trans y se utiliza a los discapacitados, pero cuando vamos a ver los resultados, están igual o peor! Vamos a asumir la responsabilidad, pero ¡basta!

Miren, esto duele y voy a decirles que nadie es más defensor de los derechos humanos que el Partido Nacional, que la coalición y que todos nosotros, y quizás que ustedes también –no voy a decir que no–, pero no son los dueños de las políticas sociales. Que las han usado, las han usado muy bien en un relato muy bien elaborado: «Ay, ¡cómo nos preocupamos por los más necesitados!», «¡Cómo nos preocupamos por los más pobres!», «¡Ay, el pan y las manos callosas y el barrio!». ¡No! ¡No es así! ¡Hay que vivir! ¡Hay que saber! ¿Saben una cosa? Es muy duro. Y no es nada contra usted, señora senadora, porque usted está dentro de ese relato, forma parte de ese relato. Yo no quiero un enfrentamiento, pero no puedo admitir –y lo subrayo– que se utilice a los sectores menos favorecidos para hacer política, porque yo los he acompañado. He acompañado las políticas del Frente Amplio. Muchas veces mi partido estaba evaluando si las acompañaba o no, y yo fui la primera en decir que sí, que iba a hacerlo porque estaba convencida, pero no he visto los resultados. El dinero que realmente debe llegar a los sectores menos favorecidos, al destinatario final –y no estoy diciéndolo yo, porque salta a la vista–, en gran parte se lo han llevado organizaciones civiles que no realizan la rendición de cuentas. Hace muy pocos días me reuní con un director para pedirle informes sobre un proyecto hacia los afrodescendientes y me dijo que sí, que lo habían cumplido pero que no habían presentado boleta. Le pregunté por qué y me dijo que era una organización civil, que eran docentes… ¡No!

Señora presidenta: yo no pensaba hablar, pero lo hago porque estoy cansada, cansada de escuchar estos discursos, estos relatos hacia los menos favorecidos. ¿Pero sabe una cosa? Están utilizando y despreciando la inteligencia de los menos favorecidos. ¡Yo no lo voy a admitir de ninguna manera, y cuando hablo lo hago con propiedad! Por eso solicité a mi secretaría que me trajera esa información y lo que he dicho está a disposición de todos los señores senadores.

SEÑOR NIFFOURI.- ¿Me permite una interrupción, señor senadora?

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Niffouri.

SEÑOR NIFFOURI.- Señora presidenta: yo tampoco iba a hablar, pero quería dejar una constancia y dar algún ejemplo a partir de algunas expresiones de un legislador. Se habló del mayor proceso de crecimiento en la economía durante quince años, y eso es muy bueno. Se dijo que se dio la mayor recaudación durante los últimos quince años y eso es muy bueno. Pero también existió el mayor déficit. Le erraron por el doble de lo que tenían previsto de déficit fiscal. Voy a aludir a un señor senador que también es canario, el señor senador Andrade, que decía que estaba orgulloso de la inversión que se había hecho en vivienda, pero tengo que decirle que como canario no estoy orgulloso de eso porque en el departamento de Canelones los asentamientos se duplicaron en los últimos diez años. Y no solo eso, en estos días hemos estado recorriendo el departamento y hemos visto que a algunas personas les dieron tierras para que se instalaran en un asentamiento, pero son áreas inundables. No estoy orgulloso de la inversión o del gasto social. Cuando se gasta de buena manera es una inversión, pero acá muchas veces termina siendo un gasto.

Por otro lado, pasa lo mismo con los temas de la salud. Hay que reconocer que algunas cosas mejoraron, pero también lo llevo a Canelones, que es el segundo departamento del país. Todo este tiempo reclamamos que no tiene un CTI público propio. Algún paciente del departamento de Canelones con suerte ha terminado en un CTI de Lavalleja, pero a veces en Paysandú y en Salto. Esa es la realidad de la salud en este tiempo.

También se hace referencia a los trabajadores y quiero hablar de la negociación colectiva, que tanto se nombra. Antes de 2005 se asumió un compromiso con los trabajadores municipales. Todos los candidatos a intendente se comprometieron con ellos por una deuda generada entre 2002 y 2005. Me refiero a los candidatos a intendente de todos los partidos políticos. Pasó el 2005, pero cuando el Frente Amplio ganó no se sentó en esa negociación colectiva con los funcionarios de la intendencia y al día de hoy está judicializada con un 43 %. Cuando estaban de un lado del mostrador dijeron una cosa y cuando les tocó estar en el Gobierno hicieron otra.

No queríamos dejar de comentar eso, porque se habla mucho de la descentralización, pero los llevaría a Montes y a Tapia, donde el BPS quitó a los jubilados la posibilidad de cobrar en esos lugares, por lo que tienen que trasladarse veinte quilómetros porque no hay cajeros ni red de cobranzas.

La realidad y los ejemplos marcan otra cosa, más allá de toda la sensibilidad social que se quiera manifestar.

Gracias, señora presidenta.

(Dialogados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Rodríguez.

(Interrupciones).

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Un momentito, señora senadora, porque recién se hizo mención –y no quiero dejarlo pasar– a la salud, a las políticas sociales y a la inclusión. Cuando hoy dije que consideraba que se había utilizado y se había subestimado a los colectivos, olvidé mencionar que se instaló una policlínica para negros: Afrosalud. ¡Mayor discriminación, imposible!

(Apoyados).

–¡Mayor discriminación, imposible!

A veces empezamos…

(Interrupciones).

–No quiero decir que se hicieron las cosas para hacer daño, pero ¡cómo se equivocaron! Sin duda, se equivocaron porque, realmente, instalar una policlínica para los negros fue algo lamentable, y eso se hizo en el Gobierno pasado. Yo lo reclamé, y fui declarada, por parte de organizaciones civiles amigas, persona no grata. Pero ¿saben una cosa? Yo quiero que los negros se atiendan en el mismo sistema de salud que se atienden los blancos. Si hablamos de igualdad, los negros y los blancos debemos ser iguales y no quedar sectorizados, es decir, los negros para acá y los blancos para allá.

Señora presidenta: ya que se habla de que son los reyes de la inclusión y de los derechos humanos, quiero decir que en el Gobierno pasado se creó una policlínica para negros.

SEÑORA DELLA VENTURA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Della Ventura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Me extraña, señora presidenta; pedí la interrupción hace rato y luego lo hice nuevamente para contestar una alusión política, pero parecería que no existo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señora senadora: el Reglamento establece determinado procedimiento. Una cosa es pedir una interrupción para hacer uso de la palabra y, otra, para contestar una alusión, que se da al finalizar la oratoria. La Mesa entendió que usted quería pedir una interrupción, que la señora senadora acaba de concederle; si es así, le damos la palabra ahora. Si es para contestar una alusión, tiene que esperar a que termine de hablar la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señora presidenta.

Cuando se habla de que se está ampliando la brecha o se utilizan términos duros hacia nosotros, lo tomo realmente como un insulto. Que se diga que impulsamos políticas sociales para utilizar determinadas situaciones de la población de nuestro país, desde mi punto de vista es imperdonable; es no conocer por qué estamos acá y para qué trabajamos.

Todas las políticas que se han mencionado con respecto a las personas en situación de discapacidad, a las personas trans o a los afrodescendientes, todas ellas apuntaron, justamente, a formar entre todos una sociedad más inclusiva y más justa. Y, en general, fueron bastante aceptadas, o muy aceptadas, por los propios involucrados en cada caso. Además, muchas veces se nos hizo el reclamo de que tomáramos partido y de que implementáramos medidas concretas en esas áreas.

Seguramente nos hayamos equivocado muchas veces. En lo personal, justamente en este tema de la policlínica, pienso que quizás no haya sido lo mejor, pero solo se equivoca quien hace, y el Frente Amplio hizo mucho. Ahora, yo pregunto: antes de estos quince años, ¿qué se había hecho por las personas en situación de discapacidad, por las personas trans o por los afrodescendientes? Esa es la duda que me queda.

Por consiguiente, rechazo que se me diga que utilizamos estos temas cuando realmente los sentimos y trabajamos –puede ser que cometiéramos equivocaciones, pero trabajamos– para promover una sociedad más justa.

Le agradezco la interrupción a la señora senadora.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Rodríguez, a quien siguen pidiéndole interrupciones.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Señora presidenta: frente a lo que manifestó la señora senadora Della Ventura, puedo decir que nosotros estamos realizando el balance de la ejecución presupuestal del ejercicio 2019.

SEÑORA KECHICHIAN.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Kechichian.

SEÑORA KECHICHIAN.- He escuchado con mucha atención la intervención de la señora senadora Rodríguez, y creo que es una mujer involucrada, que siente profundamente las políticas sociales. Yo tuve la misma sensación cuando se creó la policlínica específicamente para la población afro. Me interesé, pregunté y me preocupé. Y la verdad es que la explicación que me dieron me convenció. Se me dijo que se la estaba dotando de determinadas condiciones para atender la prevalencia de un tipo de enfermedad que se da mucho más entre las personas de raza negra que en el resto de la población, y que ahí se iba a focalizar una atención mucho mejor para esa enfermedad, que –reitero– estaba mucho más presente entre los descendientes afro.

Simplemente quería aclarar eso, porque creo que dialogando podemos no catalogarnos de discriminadores, sino ver los avances que se evidencian al poner estos temas sobre la mesa y, en definitiva, trabajar en conjunto. Comparto que acá nadie es el dueño de la sensibilidad y, a la vez, coincido con la señora senadora Della Ventura en que no es justo otorgar condiciones de uso de los dolores que puede tener la pobreza en el diseño de algunas políticas. Muchos de quienes trabajamos en el diseño de políticas sociales públicas lo hemos hecho convencidos de que es una necesidad, y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Por eso es muy necesario el diálogo, la no calificación y escucharnos un poco más.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Rodríguez, a quien le resta un minuto de tiempo.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Señora presidenta: con relación a la policlínica afro, debo aclarar que yo hice una convocatoria a sala por este tema, y la enfermedad a la que hace referencia la señora senadora es la anemia falciforme. Pregunté en esa oportunidad qué datos había y en qué se basaban para haber tomado esa decisión, y se me dijo que en Uruguay no había datos, que los últimos con los que se contaba eran de 1983, de Brasil, y que se habían basado en eso. Es decir, señora presidenta, ¡no hay datos en Uruguay! Pero puede preguntarse si se ha presentado acaso un solo caso de anemia falciforme en esa policlínica y se verá que no, porque no es una enfermedad prevalente en el colectivo negro, no es así. Realmente, se trata de una información errónea que puede corroborarse con médicos –yo no lo soy–: la anemia falciforme no es una enfermedad prevalente en la población negra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Ha finalizado su tiempo, señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Ya termino. También se dijo…

(Interrupciones).

–Se dijo que se ponía la policlínica en esa zona porque allí estaba concentrada la población afrodescendiente. Grave error; la población afro no está concentrada allí, sino en Casavalle y en la zona de Los Palomares, porque cuando se tiró abajo el conventillo, se los trasladó. Es decir que no hay una justificación. Yo no hablo sin fundamento; analicé el tema, pregunté y convoqué a sala, por eso le digo a la señora senadora que esa enfermedad no es prevalente del colectivo negro; los negros no tenemos ninguna enfermedad diferente.

Gracias, señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: sé perfectamente que la alusión no fue para generar un enfrentamiento con mi colega legisladora, con quien tengo una excelente relación, pero no podemos permitir que se nos diga que utilizamos a los colectivos para hacer política. No lo aceptamos. Sé que no es un enfrentamiento personal, pero no lo aceptamos. Quienes nos conocen un poco aquí dentro, saben que el perfil es bastante bajo.

No me voy a arrogar el título de defender o de acompañar a los colectivos porque respeto muchísimo el trabajo social de cualquier ciudadano –no solamente de quienes tenemos la investidura, en este caso de senadores, sino de cualquier ciudadano–, también de los que integran las organizaciones sociales a las que no califico de «amigas» o «no amigas» porque entiendo que es gente que trabaja en el ámbito social.

Cuando anteriormente hablábamos del tema, nos referíamos justamente al marco conceptual. No creo que hayamos inventado la pólvora, pero hay datos que son objetivos y algunas de las leyes que mencionamos –que integran el marco conceptual– se dieron en este período, más allá de los resultados que también reconocimos que son insuficientes.

Con respecto a las intendencias, me parece que no es el tema que nos convoca, más allá de que hoy hicimos alusión a las partidas –es cierto– y a la forma en que se distribuyeron en estos gobiernos. No quiero hacer memoria de lo ocurrido en mi departamento, no de origen, pero sí de adopción. Me refiero a Rocha, cuando Artigas Barrios encontró aquellos históricos $ 36 en la caja, donde los trabajadores cobraban por trueque de tributos y la deuda de UTE terminó de pagarse hace muy poco tiempo. Esa es harina de otro costal.

Acepto que la señora senadora no haya hecho una alusión personal, pero me veo en la obligación de decir estas cosas.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA NANE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA NANE.- Gracias, señora presidenta.

Traje una presentación para exhibir en sala.

(Se exhibe presentación).

–Muchas gracias, muy amable.

He estado revisando con sumo cuidado el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019, que se ha puesto a consideración de este Cuerpo, y quiero hacer una breve reflexión, porque mis compañeros de bancada ya abundaron en un análisis más detallado.

Deseo hablar primero acerca de los gastos que se informan en esta rendición y de los datos que se plantean. Se nos dice que casi el 82 % de ese gasto está compuesto por los rubros de protección y seguridad social, que representan un 26,8 %; servicios públicos y generales, que representan un 25,4 %; educación, que supone un 17,1 %, y salud, que representa un 12,4 %.

Hicimos el ejercicio de cruzar estas áreas de gasto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para la Agenda 2030 y en ese cruce de información encontramos que con ese 80 % de los gastos estamos impactando en trece de esos diecisiete objetivos, lo que representa aproximadamente un 76 % de ellos.

Además, si miramos cuáles de esos objetivos se repiten a lo largo de esas áreas temáticas, veremos que son tres, lo que nos deja tranquilos porque son: igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, y reducción de las desigualdades. Se trata de los Objetivos 5, 8 y 10 respectivamente.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas no son para nosotros ideales aspiracionales, sino los fundamentos que consideramos claves para construir sociedades más justas, más responsables con el entorno y con igualdad de oportunidades para todos.

(Ocupa la presidencia la señora Gloria Rodríguez).

Por lo tanto, señora presidenta, en este esquema de gastos que presenta esta rendición –sabemos que la coalición no lo acompaña– reconocemos que hay elementos que nos confirman que los gastos públicos están donde deben estar; precisamente, se ubican en donde están las necesidades más importantes de la sociedad.

Además, cuando realizamos el cruzamiento que les mostré con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos damos cuenta de que no solo nosotros pensamos lo mismo.

Ahora bien, quiero pasar a un segundo punto en la reflexión que nos convoca el día de hoy. Creo que podemos pararnos en este momento y tratar de ver qué condiciones tenemos hoy como país, para mirar hacia un futuro que será para todos, votemos o no esta rendición de cuentas. Me pregunto en qué condiciones, como país, miramos hacia el futuro. Lo hacemos con un país más descentralizado porque se ha fortalecido la gestión de los Gobiernos municipales, al transferirles más de USD 500:000.000 en los quince años de gobierno del Frente Amplio y porque, en la actualidad, la Universidad de la República está presente en Rivera, Treinta y Tres, Maldonado, Salto, Paysandú, Rocha y en algún otro lugar que ahora estoy olvidando. Hemos logrado llevar la excelencia de la educación terciaria al interior del país y, además –como ya han mencionado varios compañeros–, también tenemos a la UTEC formando tecnólogos en Mecatrónica, en Robótica, en Informática, en Logística, en Lechería, en Composición Musical, en Agro y en otras áreas que también debo estar olvidando. Se cambió la centralidad histórica de este país y en todo el territorio nacional se crearon oportunidades que hasta hace quince años eran prácticamente inexistentes. Eso se hizo para que la capital no fuera la única posibilidad de desarrollo para los muchachos del interior del país.

Miramos el futuro con un país que tiene un alto nivel de digitalización, que apuesta a la transparencia y que tiene la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información que puso a Uruguay presidiendo el D9 –Digital 9–, que es el grupo de los nueve Gobiernos digitalmente más avanzados del mundo. Tenemos una infraestructura de conectividad y un centro de datos que –como ya se dijo– son de clase mundial y gracias a estas capacidades también contamos con una industria de tecnologías de la información que exporta el 5 % del PIB y es líder en la región.

A su vez, tenemos un Plan Ceibal –ya podríamos decir que por su edad es adolescente– que generó una red de aprendizaje que permitió llegar casi a la universalización de la enseñanza del idioma inglés en las escuelas públicas, de primero a sexto. Se formaron unos 3500 grupos de escolares en más de 650 escuelas públicas. Recuerdo cuando algunos estudiaban inglés y otros simplemente no accedíamos a ese conocimiento. ¡Vaya si esta oportunidad abre caminos! Muchos de quienes no tuvimos la oportunidad de estudiar inglés en la primaria sabemos lo que cuesta aprender una segunda lengua en la adultez. Este grado de digitalización también es transversal a la salud porque –como decía el senador Olesker– hoy tenemos historia clínica electrónica. De la misma forma es transversal a las generaciones, porque más de doscientos mil jubilados recibieron una tableta que los acercó a un mundo que les era muy lejano.

Miramos el futuro con un país que ha generado bases firmes para la innovación a través de programas de apoyo a la industria, de becas de investigación y de un sistema de transformación productiva y de competitividad como, por ejemplo, Transforma Uruguay, que generó hojas de ruta que enmarcan estrategias de desarrollo en ámbitos de vital importancia para el futuro como la inteligencia artificial, la ciencia de datos o las industrias creativas. Esto también forma parte de lo que se ve en esta rendición de cuentas. Creatividad e innovación son elementos claves en la postura de cualquier país que avance hacia un futuro que cada vez es más inmediato y donde el Estado tiene que garantizar que nadie se quede sin la oportunidad de transitar ese camino. Las industrias creativas integran arte, negocios y tecnología, son ecológicamente sustentables y generan empleo calificado.

El valor de la innovación ha ido creciendo como un activo asociado al trabajo, tanto en el ámbito público como en el privado. Ese valor innovador, que parece un intangible, se ha comenzado a medir hace algunos años, a través de Uruguay XXI, por un indicador que se llama Esfuerzo Nacional Innovador, que nos indica el gasto en investigación y desarrollo asociado directa o indirectamente a los bienes exportados. Se clasifica en cuatro categorías: bajo, medio bajo, medio y alto. Si miramos esta otra gráfica que traje hoy, el Esfuerzo Nacional Innovador alto, es decir, el que tiene mayor inversión en investigación y desarrollo, alcanza hoy el 44 % de las exportaciones.

Miramos al futuro, señora presidenta, con un país donde la cultura se integró a la acción productiva. Hoy hablábamos de la cultura en otros términos. En el 2019 la cultura marcó un 1 % del producto interno bruto. Las actividades culturales se reconocen como un factor que nos identifica en el ámbito internacional, que genera ingresos importantes y que emplea a más de 50.000 personas, según datos del 2016, más o menos. Es difícil pensar en llamarlo despilfarro.

Creo entonces, señora presidenta, que esta foto que tenemos entre manos con esta rendición de cuentas tiene los gastos donde se necesita que estén. Tiene un Estado como garante de derechos y marca el rumbo hacia un futuro que integra el trabajo, la cultura, la creatividad, la innovación, la investigación y la justicia social. Por lo tanto, nos representa.

Estamos convencidos de que hoy estamos en un lugar más justo para construir futuro.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA NANE.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Puede interrumpir el señor senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- En realidad, como he escuchado múltiples referencias al tema de la vivienda y de los asentamientos, creo que hay una información muy equivocada. Si la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial desea avanzar, debería escuchar a la señora ministra, por supuesto, a las autoridades actuales, pero también a las anteriores.

En el 2019 solicité un informe exhaustivo a quien era director nacional de Vivienda, el arquitecto Salvador Schelotto. Y allí figura que dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente había más de 50.000 viviendas nuevas, de las cuales cerca de la mitad eran cooperativas; en acciones sobre el stock, más de 44.000 –estoy hablando del 2005 al 2019–; en garantía de alquiler, más de 23.000; en el total del ministerio, más de 132.000; en refacciones, en la Agencia Nacional de Vivienda, más de 44.000, mientras que en créditos del Banco Hipotecario del Uruguay, más de 17.000. El total da 222.000 soluciones habitacionales. Tengo el cuadro, que puedo alcanzar a los miembros de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Me parece conveniente que se trabaje sobre la base de la información heredada y de la nueva para poder hacer cosas que tengan fundamentos sólidos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Puede continuar la señora senadora Nane.

SEÑORA NANE.- He finalizado, señora presidenta.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Gloria Rodríguez).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- En esto de hablar de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019, voy a incorporar una palabra, una actividad, que desde que ingresé al Parlamento, el 15 de febrero de este año, nunca se ha mencionado, que es el turismo.

Es una actividad económica de primer nivel para el Uruguay e impacta ocho puntos en el producto interno bruto, generando unos 118.000 puestos de trabajo.

Como acá se ha hablado mucho del manejo de los dineros públicos, de cómo llegamos y destruimos todo lo que había y de que nada de lo que existía era apreciado por nosotros, quiero trasladar en cierto modo mi experiencia, que fue conducir un ministerio que tiene 150 trabajadores. Tiene menos trabajadores que el Municipio de Paso de los Toros.

En estos años el ministerio pasó de recibir 1:800.000 turistas a casi 4:000.000 y de ingresar al Uruguay USD 540:000.000 a unos USD 2.000:000.000 al finalizar el año pasado. Por lo tanto, nada de despilfarro, ¡nada de despilfarro!, y nada de viento de cola. ¡Nada de viento de cola! Repito: viento de cola ¡nada! Tuvimos cuatro años de puentes bloqueados, medidas disuasorias en el principal mercado, que era la Argentina, impuestos para salir en las tarjetas de Argentina y crisis del 2008. ¡Ningún despilfarro ni ningún viento de cola! Hubo un buen uso de los recursos, planificación estratégica y compromiso de los trabajadores y de todas las intendencias, con las que trabajamos muy bien. ¡Es lo primero que quiero decir!

Cuando llegamos, ¡nada de destruir! En el primer discurso dijimos: «No venimos como una empresa de demolición; venimos a construir». Y a lo primero que le dimos valor fue a la marca país Uruguay Natural, que había creado Jorge Batlle y que la había asumido Bordaberry y le había dado un desarrollo muy interesante, y que nosotros mantuvimos, aunque, como ustedes saben y estarán viviéndolo ahora, cuando uno llega al Gobierno muchos le hablan al oído y le dicen que hay que cambiar todo. Está en la firmeza de uno saber valorar lo que está bien para continuarlo y lo que está mal para cambiarlo. Eso no lo estoy viendo; estoy viendo mucho pedido de autocrítica, pero no veo casi ninguna opinión que valore algunas cosas. Y en este caso quiero defender una gestión vinculada a una actividad económica de primer nivel porque no tiene nada de despilfarro; al contrario, tiene un buen uso de los dineros públicos y, vuelvo a repetir, no tuvo viento de cola prácticamente ningún año porque nuestros vecinos son lo suficientemente complejos.

Además, ha habido un cambio cultural muy grande en el Uruguay respecto al turismo interno. Cuando yo era chica, en un país de inmigrantes, cuando sobraba un pesito en las casas, la gente lo ponía en ladrillos; no tenía como prioridad el ocio y la recreación. En ese sentido, repito, ha habido un cambio cultural en el país, que se ha visto reflejado en el turismo interno, que hoy sí se mide. Cuando llegamos al ministerio no teníamos idea de las cifras del turismo interno, pero hoy, a partir de la Encuesta Continua de Hogares, además de preguntar a la gente si trabaja, cómo vive, si tiene calefón, le preguntan si se fue de vacaciones, si usó el automóvil, si fue a un hotel o a un camping. Eso nos dice que tuvimos 6:000.000 de viajes internos en el Uruguay y que circularon cerca de USD 700:000.000. Por eso me sigue pareciendo increíble que no exista este tema en el Parlamento y esto me confirma que el sistema político todavía tiene mucho que avanzar para comprender el valor que esta actividad económica –vuelvo a repetir, de primer nivel– tiene para el desarrollo de nuestro país. Ni que hablar del crecimiento del turismo de cruceros –pasamos de setenta a más de doscientos– y todo lo que tiene que ver con la nueva ley de turismo que votó este Parlamento el período pasado por unanimidad. Para nosotros significó un gran avance y una gran alegría, porque teníamos una ley de la dictadura, de 1974, que ya no daba respuesta a la nueva realidad del turismo en el Uruguay.

Se reestructuró el Ministerio de Turismo, que es muy pequeño y no tenía organigrama, perfiles de cargos, concursos internos ni técnicos en Turismo. Contaba con excedentarios de Pluna –ya los había en el 2004– y de AFE. Esos eran los funcionarios del Ministerio de Turismo –algunos lo siguen siendo–, muy comprometidos.

No escucho qué dice el senador Da Silva. ¿Es uno de ellos? No entendí su gesto.

(Dialogados).

–Sigamos adelante.

Creo que esa reestructura fue muy importante. Uruguay avanzó mucho en dejar de hablar de temporada en temporada. Se hizo un plan estratégico pensando en el 2020 y se adaptó al año 2030 por los cambios profundos que la actividad había tenido.

También se trabajó con la Organización Mundial del Turismo para medir el impacto de la actividad y se crearon una cuenta satélite y observatorios regionales a partir del Programa Mintur-BID; esta fue la primera vez en la historia que el BID aprobó recursos para la actividad turística. La Organización Mundial del Turismo, en plena crisis financiera de 2008 –por eso repito que no hubo nada de viento de cola–, distinguió al Uruguay como un caso de éxito turístico y aparecimos en las principales publicaciones turísticas del mundo. Se impulsó una cultura de servicios de calidad y hubo capacitación a través del Inefop. Al respecto, me preocupa la ausencia de recursos que parecería tener el Inefop en este momento, porque más que nunca tendríamos que estar capacitando a los trabajadores del turismo en cuestiones vinculadas a lo sanitario, ya que va a haber un cambio muy profundo en esta actividad. La ley de promoción de inversiones –que no hicimos nosotros, pero tuvo modificaciones en nuestro Gobierno– permitió crear 16.000 nuevas plazas de hotel. Acá vinieron a invertir; Uruguay era un país confiable y recibió mucha inversión vinculada al turismo, especialmente en Colonia, pero también en Montevideo, en Rivera, en Guichón, en Salto, en Rocha y en Paysandú. Quiere decir que hubo un proceso descentralizador muy grande con respecto a lo que era la tradición del turismo en el Uruguay, que era solo en la costa atlántica. Reitero: por suerte pudimos descentralizarlo.

Junto con eso promovimos el Sistema Nacional de Turismo Social inclusivo que generó condiciones para que se pudiera cumplir con el ocio, que la OMT define como un derecho humano, y abarcó a jóvenes estudiantes, quinceañeras, adultos mayores y trabajadores con bajos ingresos. Tuvo más de 100.000 beneficiarios y fue un avance muy grande en calidad de vida.

Se incorporó la perspectiva de género en la gestión del turismo, y ahí trabajamos también con el turismo sustentable en la medida en que hicimos una gran campaña para erradicar del turismo la explotación sexual de niños y adolescentes, patología que seguramente sigue estando y sobre la que hay que seguir trabajando.

Por primera vez, insisto, se logró un préstamo del BID. Se realizaron inversiones enormes para recuperar patrimonio turístico. Se recuperaron el Ventorrillo de la Buena Vista en Villa Serrana y las piscinas y áreas recreativas en las termas del Arapey durante el Gobierno del intendente Coutinho. Hubo inversiones en la Quebrada de los Cuervos, en la Colonia Escolar de Vacaciones del balneario Iporá, en el portal del Cabo Polonio y en Punta del Diablo. Se reconstruyó el Águila en Villa Argentina, el Teatro de Verano en Atlántida y el puente en La Floresta. Se hicieron varios Centros de Interpretación y Bienvenida en Colonia del Sacramento, así como estaciones náuticas en Bella Unión, en Nuevo Berlín, en Villa Soriano. Se instaló el Centro de Interpretación de la Meseta de Artigas, en la Casona del Patriarca, que es un lujo y a quienes no lo conocen los invito a visitarlo porque recupera lo mejor de la historia e incorpora toda la modernidad de la tecnología en un lugar que, en lo personal, creo que es el más hermoso de todo el Uruguay. Además, para nosotros tiene un contenido extra porque las cenizas del general Seregni están ahí.

En conjunto con el SNAP, se hicieron proyectos como los del Galpón de Piedra de San Javier, de Esteros de Farrapos, el Valle del Lunarejo, los Montes del Queguay, la Calera de las Huérfanas, Minas de Corrales y hubo una puesta en valor de la represa de Cuñapirú. A su vez, se reconstruyó totalmente el camping de la laguna Merín y se construyó un centro de visitantes en Cardal. Quiere decir que hubo un uso casi perfecto de los recursos para descentralizar una actividad que estaba muy concentrada, vuelvo a repetir, en la costa atlántica. Desarrollamos varias ediciones del Premio Pueblo Turístico, que consistió en motivar a las poblaciones de menos de 5000 habitantes a realizar proyectos turísticos. Los primeros ganadores estuvieron en Conchillas; después, en Santa Catalina, Soriano; en Mal Abrigo, San José; en Cerro Chato, Durazno; la Colonia Julia Arévalo, en Salto, y Minas de Corrales, en Rivera. Se daba un premio modesto, de USD 30.000, pero puedo asegurarles que lo que los vecinos organizados hicieron fue realmente impresionante.

Se trabajó mucho en los espacios rurales y de naturaleza.

¿Qué quiero decir con esto? Creo que lo más importante que nosotros dejamos fue también ese plan estratégico y cómo pudimos coordinar con otras instituciones donde a veces parecía difícil. Por ejemplo, elaboramos un plan de desarrollo estratégico para el Parque de Santa Teresa –que es de los lugares más visitados por los uruguayos– en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional, que fue realmente un éxito y, obviamente, también con la Facultad de Arquitectura, con una actuación muy sistemática con el resto de la academia. Por primera vez establecimos una comisión especial con los municipios del país para organizar un conjunto de actividades; se coordinaron muchísimas actividades con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y se trabajó en los pasos de frontera. Los señores senadores habrán escuchado hablar durante años acerca de las colas de los que ingresaban al Uruguay. Hoy se está terminando una obra en la que se invirtieron casi USD 7:000.000, que va a permitir que sea más ordenado el ingreso de los camiones y de los turistas, así como el recambio de pasajeros. Podría hablar durante horas sobre todo esto.

También, en el correr de nuestros tres períodos de gobierno, se trabajó muy profundamente con todas las intendencias del país; se descentralizó y se crearon regiones.

¿Qué quiero decir con esto? Quiero reivindicar el buen uso de los recursos públicos. Iba a hablar exclusivamente de educación, pero me motivó la ausencia de este tema en forma permanente en el Parlamento uruguayo desde que ingresé y me parecía que valía la pena ponerlo sobre la mesa cuando estamos hablando de rendición de cuentas. Y seguramente tendremos que prepararnos para la discusión de un presupuesto nacional que va a encontrar a un sector turístico sumido en una de las peores crisis de su historia en el mundo entero, porque asumamos que el turismo necesita presencialidad y circulación libre de las personas, y ambas cosas están seriamente afectadas. Por lo tanto, todos tendremos que aportar mucho, como lo hice yo, poniéndome a las órdenes con el nuevo ministro. Los señores senadores habrán visto que he estado callada en las críticas en este tiempo porque yo sé lo que significa para esta actividad tener el impacto de la pandemia. También creo que habría que haber hecho un esfuerzo más grande para sostener a algunas de las empresas.

No quiero dejar de expresar algunas cuestiones vinculadas a la educación, que es un tema que también me preocupa mucho. Hacer realidad una educación de calidad es un objetivo y nadie puede negar que todos los que hacemos política en el sentido más amplio de la palabra, que es servir a los demás, lo hemos tenido como una prioridad. Nosotros en estos quince años lo hemos tenido y se refleja, primero, en el enorme esfuerzo presupuestal, en los avances alcanzados, en la oferta educativa que se amplió en edades, en tiempo pedagógico, en opciones, en carreras y se expandió en el territorio. Si todo eso no es un avance, si no puede ser reconocido, más allá de las dificultades –después podemos analizarlas–, especialmente en la educación media –que no negamos, pero son menores que las que teníamos en el pasado–, creo que va a ser difícil poder seguir adelante. Obviamente, se mejoraron sustancialmente las condiciones laborales y salariales de los docentes, condición sine qua non para que pudiera lograrse un avance.

La educación incorporó muchas herramientas que hoy cualquier persona seria que piense en políticas educativas calificaría como irrenunciables: el Plan Ceibal, la ANII, la UTEC, la capilaridad de la Udelar. A mí me impresionó hoy escuchar al señor senador Pintado decir que la Udelar ha ido para atrás. La Udelar ha ido para adelante en una cantidad de cifras que yo después trataré de hacerles recordar, como los sistemas de becas y los subsidios –porque cuando se habla de educación, a veces se habla en la estratósfera–, pero se precisaron también boleto gratuito, asignaciones familiares y alimentación escolar para que la educación llegara a muchas más personas. Se mire por donde se mire, hoy el Uruguay tiene la mayor cantidad de personas estudiando de su historia: más de 1:000.000 de estudiantes; 80.000 estudiantes más que una década atrás y 175.000 jóvenes más que en el 2005. Es una cifra histórica en términos absolutos y en términos relativos, y creo que se magnifica aún más porque estamos con una población muy envejecida. Por lo tanto, nuestros problemas demográficos hacen que captar jóvenes sea realmente un esfuerzo para los que definen políticas públicas.

En cuanto a la educación media –se tendió a su universalización–, en su momento leí muchas veces el documento de la CIDE –que siempre tengo conmigo–, que hablaba de que en las décadas de los sesenta y de los setenta no se terminaba la escuela. Cuando terminé la escuela –tengo sesenta y ocho años y soy de capas medias–, muchos de mis compañeros no fueron al liceo. Yo vivía en el barrio Palermo y había muchas personas de la comunidad judía, muchos sastres y farmacéuticos, y sus hijos se quedaban a trabajar con los padres. Es decir, el concepto del liceo fue cambiando para que los padres lo comprendieran. Más allá de que la cifra de culminación todavía nos duele, creo que ha habido un avance sustancial. Además de haber logrado la mayor inversión en infraestructura educativa de la historia, cuando se culminó nuestro período había 839 obras nuevas y ampliaciones en la ANEP, 51 jardines de infantes, 23 escuelas, 9 polos tecnológicos y 10 gimnasios. Además, la Udelar realizó 22 grandes obras edilicias y otras 7 que están en curso –ojalá se puedan terminar–, la mitad en el interior del país. Es decir que hay una descentralización muy grande.

Asimismo, mejoró sustancialmente la calidad de la atención a la primera infancia, en un esfuerzo conjunto que se hizo entre el Ministerio de Educación y Cultura, el INAU y la ANEP, a través de los CAIF, que representa un incremento del 34 %. Se pasó de 42.000 niños atendidos en el 2008, a 57.000 en el 2018 y se incrementó un 50 % la cantidad de CAIF y CAPI existentes.

No voy a hablar del Plan Ceibal porque ya todos los señores senadores lo han hecho, pero sí debo decir que es un plan de igualdad de oportunidades para apuntalar las políticas educativas, y en este momento ha quedado más que comprobado. Se han distribuido 2:000.000 de tabletas. Puede haber habido algún problema, pero nadie puede cuestionar un programa que ha sido un paso gigante en la equidad de esa brecha digital que había entre los niños pobres y los niños con mayores capacidades económicas.

En cuanto a la cultura, también se ha hablado poco en este Parlamento. En quince años hubo un acceso extendido a la cultura de calidad: hubo 18 usinas culturales, 129 Centros MEC en localidades pequeñas –me da la impresión de que están corriendo peligro–, la ciudadanía se acercó masivamente al Sodre y al Solís, se recuperó Cinemateca Uruguaya, se inauguró el Auditorio Vaz Ferreira y solo la Orquesta Filarmónica tuvo más de 58.000 espectadores.

En la educación media básica –que parece que es donde todos debemos poner mucho más nuestro esfuerzo y nuestro ojo–, entre el 2005 y el 2018 se registró un crecimiento de matrícula de 19.000 alumnos, que se explica principalmente por la educación media tecnológica. En los últimos ocho años se crearon 2600 nuevos grupos de educación media, permitiendo incorporar 48.000 nuevos estudiantes. Cada grupo tiene un costo aproximado de $ 1:800.000 anuales. Es decir que cuando hablamos del gasto y de la calidad del gasto, ahí se puede ver reflejado parte de este.

Además, entre 2004 y 2019 el presupuesto de la Udelar se incrementó 156 % en términos reales. Si nos referimos al PIB, el presupuesto de la Udelar pasó de 0,6 % a 0,9 %, pero del PIB de 2019, que es infinitamente superior. Considero que tenemos que valorar esto, además de valorar el egreso de la Udelar de un número más importante de hijos de trabajadores, en comparación con lo que venía sucediendo en los últimos años. Luego de ciento cincuenta años se creó la segunda universidad pública, la UTEC. Los que hemos tenido la posibilidad de conocerla, sabemos que realmente ha sido un avance sustancial para docentes y estudiantes.

Quiero rescatar estas cosas porque si seguimos por el camino de que si lo digo yo está todo bien y si lo dice otro está todo mal, vamos hacia un Uruguay muy estancado.

Hay que hablar del déficit; ¡claro que hay que hablar del déficit!, pero tanto del económico como del déficit social que hubiéramos tenido si hubiéramos hecho las cosas de manera diferente. ¡Por supuesto que nos preocupa y nos ocupa el tema!

Me llama mucho la atención cuando se alarman por la inflación de ocho puntos. Al finalizar el primer período de gobierno del expresidente Julio María Sanguinetti, la inflación era el 128 % y el déficit fiscal –que acá he escuchado decir que el actual es poco menos que el más grande de la historia del Uruguay– era casi el 8 %. Entonces, no miremos las cosas tan en blanco o negro; hay momentos difíciles, hay cifras que duelen y hay que ver cómo las manejamos.

Fundamentalmente, creo que un país es esencialmente una comunión política con vocación colectiva, de destino colectivo; es una construcción cultural, social, ética, afectiva y solidaria. Pensemos lo que pensemos, tenemos una historia común, así como también una identidad compartida. Somos un país que tiene su raíz en la doctrina artiguista de la felicidad colectiva, que tiene al ciudadano como un objetivo exclusivo. Un país no es una empresa; un país es algo mucho más grande y muy diferente. Entonces, costo y valor no son lo mismo. Hay cosas que pueden costar mucho, pero que tienen un valor muy diferente para la sociedad en su conjunto y esta concepción, en el análisis del déficit, para mí tiene que estar presente. Costo y valor no son lo mismo, y creo que muchas de las fortalezas que hoy tenemos para enfrentar la pandemia tienen que ver con haber priorizado algunas de estas políticas.

Hoy escuchaba al señor senador Domenech golpear su banca indignado por el destrozo del sistema industrial y textil en el Uruguay. En realidad, eso corresponde a la rendición de cuentas de 1979, porque el tejido industrial y las textiles de Camino Carrasco fueron arrasadas en la Dictadura, lo que no tiene nada que ver con la discusión que estamos dando hoy, vinculada a la rendición de cuentas de 2019. Me da la impresión de que ahí sí perdimos buena parte del tejido industrial que el Uruguay supo tener con mucho orgullo, más allá de que el mundo –China y muchos otros países– empezó a hacer camisas que costaban seis pesos. Esta es la realidad, porque estamos en un mundo globalizado; si alguien cree que puede analizar al Uruguay solo –un país pequeño–, me parece que se equivoca.

Respecto a lo social, hoy quiero decir como senadora del Frente Amplio que estoy muy orgullosa de lo que hicimos. Y no lo digo ni como dueños ni como propietarios, sino porque estoy muy orgullosa de haber puesto sobre la mesa algunos temas que nunca habían estado con tanta fuerza.

En lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, acá se hacía mención del señor senador Astori y quiero rescatarlo. Astori hizo lo que me parece que hoy no está haciendo buena parte del Gobierno, que fue reconocer que no todo estaba mal, Atchugarry mediante; claro que lo dijo y lo hizo con toda la honestidad intelectual que siempre ha tenido, para bien o para mal, y también ha pagado un costo por eso. Y él también ha dicho que mejorar el gasto siempre es un objetivo.

Incluso, si hablamos del Uruguay en su conjunto, podemos ver que doce intendencias del Partido Nacional, que tienen menos de la cuarta parte de la población, tienen un 80 % de ingresos directos y seis intendencias del Frente Amplio, que tienen el 70 % de la población, tienen un 19 % de ingresos directos. Entonces, ahí tenemos un problema que debemos analizar. El Uruguay tiene que cambiar en algunas prácticas, si somos capaces de mirarlo colectivamente, en su conjunto.

Por último, creo que el artículo 2.º es una mancha para este Parlamento. La verdad es que no nos lo merecíamos. Tienen todo el derecho de opinar, condenar o despreciar –como quieran llamarlo– todo lo que hicimos, pero no lo pueden incorporar en una ley. Es de las cosas más desprolijas.

Yo fui edila, fui diputada; no soy una recién llegada a la política y nunca vi, realmente, que se resolviera incorporar un juicio de valor condenatorio en un proyecto de ley que había venido prolijo del Poder Ejecutivo. Se debía decir sí o no. En el 2005 el Partido Colorado votó la rendición de cuentas de Jorge Batlle y el Frente Amplio también; el Partido Nacional… Poncio Pilato. Habían sido parte de ese Gobierno, habían votado a Jorge Batlle, habían integrado su Gobierno y no votaron la rendición de cuentas. No las votaron nunca; no lo hicieron en 2005 y no votaron ninguna de las nuestras. Y hoy podrían haber hecho lo mismo: no votar. Eso hubiera sido coherencia, en lugar de hacer esto, que sí pero que no, que para ver cómo lo resolvemos los condeno y digo que todo es horrible, incluidas las cifras. Obviamente, no comparten la política económica, por eso somos dos proyectos diferentes con dos miradas de país diferentes.

(Ocupa la presidencia la señora Beatriz Argimón).

En ese sentido tenemos mucho para seguir trabajando. Reitero: en algunos temas como la cultura, la educación y el turismo, este Parlamento tiene todavía mucho por hacer. Esperaremos el presupuesto para ver qué lugar y qué valor se les da en este Uruguay productivo, que creo que todos queremos construir.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra por una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Reglamentariamente cuento con tres minutos, pero en realidad necesitaría tres días.

De lo que no sé no opino. Entonces, de turismo no opino porque no sé. Sí sé que la senadora preopinante fue la ministra mejor calificada por la población y todos reconocimos la gestión de la ministra Kechichian. Entonces, no entendí ese arrebato de personalismo o de autorreferencia cuando siempre lo reconocimos todos: la opinión pública, las encuestas de opinión y todos los partidos.

Entonces, cuando en la rendición de cuentas los resultados son buenos o cuando vemos las cosas que se hicieron bien al analizar la política del Gobierno anterior, es como cuando yo –que tenía muy buenas notas– iba con el boletín de calificaciones a mi padre y él me decía: «Y sí, ¿qué querés? ¿Que te felicite todavía? ¡Es tu deber! Es lo que tenés que hacer». En este caso, con la cantidad de miles de millones de dólares que se gastaron, bueno sería que no tuvieran nada que rescatar.

En segundo lugar, en cuanto a la educación, he dicho hasta el cansancio que sí se han reconocido cosas y vuelvo a decir lo mismo, pero hay mucha mala implementación. No es cierto que el Plan Ceibal se haya implementado bien, ni ahora con la pandemia ni antes. Pregúntenle a Brechner de dónde sacó las cuentas en Panamá. Es decir que hubo una administración que llegó a la Justicia, y ahora vamos a ver si logramos que se investigue más.

Entonces, vamos a ser serios. En cuanto a la educación, según las últimas encuestas de opinión, el 74 % de la población dice que es muy mala y mala. Ahora bien, si yo opinara distinto, no me hubiera ido del Frente Amplio. Me fui porque vi desde adentro lo que se estaba haciendo. A mí me dolió irme del Frente Amplio, pero desde adentro de la educación sucedía todo lo contrario de lo que se había dicho.

SEÑORA PRESIDENTA.- Senadora, hablando de autorreferenciarse, vamos a tratar de evitarlo.

SEÑORA BIANCHI.- Estuve treinta minutos escuchando autorreferencias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Usted lo critica y yo se lo estoy diciendo.

SEÑORA BIANCHI.- Debería haberlo parado en su momento, señora presidente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Acabo de llegar y de ocupar la presidencia, señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Quiero homenajear a un profesor que tenía en Historia, el hermano del general Licandro, que en 1970 nos mandó a estudiar chino mandarín, porque parece que habláramos en otro idioma. A esta altura ni siquiera el relato nos sirve; vivimos en mundos paralelos. Eso es lo grave.

Lo que se hizo bien está bien; lo hemos repetido hasta el cansancio. Dije que la infraestructura del Plan Ceibal está bien. Si se hubiera implementado de otra manera, otros resultados hubiéramos tenido. El problema no es en secundaria; el problema es primaria, la media en su totalidad y la enseñanza universitaria. ¿Ustedes no escucharon las cifras que leí? Porque nunca leo cuando intervengo, pero en este caso las leí, para no equivocarme. Me referí a la disminución de la matrícula, la deserción, la falta de calidad. Es más, me faltó más tiempo. ¡No se metan en lo que no saben! ¡No hagan discursos vacíos!, porque eso los ha llevado al fracaso y la gente se dio cuenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señora senadora: ya hace muchas horas que estamos trabajando juntos, por lo que vamos a pedir que no se adjetive, que no se atribuyan intencionalidades y que nos remitamos a aquello para lo que fuimos convocados, que es el tratamiento del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Señora presidenta: que la señora senadora Bianchi me acuse de arrebato autorreferencial, justamente ella, me llama poderosamente la atención.

En segundo término, acá nadie le va a decir a nadie de qué temas puede hablar. Los senadores fuimos electos para plantear los temas que consideremos pertinentes. Acá no hay maestros ni profesores de ningún tema. Algunos sabremos más de algún tema que otros, pero si quiero hablar de educación, de ciencia, de tecnología o de economía, lo voy a hacer cuantas veces lo considere necesario.

La senadora dice que ha reconocido los avances. Entonces, no condenen en el artículo 2.°. Digan algo por lo menos, porque si no nadie lo va a entender.

15) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 22 de julio de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De conformidad con lo establecido por el artículo 1.° de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia, por motivos personales, a partir de las 19:00 del día de la fecha.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Guillermo Domenech. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde convocar al señor Marcos Methol, a quien se invita a pasar al hemiciclo a fin de que preste la promesa de estilo.

(Ingresa a sala el señor Marcos Methol).

–Se invita al Senado y a la barra a ponerse de pie.

Señor Marcos Methol: ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la república?

SEÑOR METHOL.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR METHOL.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda usted investido del cargo de senador.

Felicitaciones.

(Aplausos en la sala).

16) RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESPUPUESTAL, EJERCICIO 2019

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión del tema en consideración.

SEÑOR LOZANO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LOZANO.- Señora presidenta: yo sí voy a reconocer algunos logros que, evidentemente, tuvieron las Administraciones anteriores durante los quince años pasados. Pero acá estamos considerando –por lo menos eso es lo que dice el orden del día– el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019. Entonces, también me voy a referir a ese tema.

Descuento que todos los que estamos aquí, en esta sala, tenemos muy buenas intenciones. Todos queremos lo mejor para el pueblo; todos queremos una mayor equidad, una mayor igualdad, que no haya discriminación, que todos tengan vivienda, que todos tengan el pan cada día para comer, que todos tengan una educación de calidad y que todos tengamos un buen nivel de seguridad como para vivir libremente en este país. Eso lo descuento.

También creo en los sueños que todos debemos tener, y entiendo que muchos de ellos se pueden cumplir y otros ya pasan a ser, lisa y llanamente, utopías. Pero en definitiva es hacia donde nosotros apuntamos durante toda nuestra vida de servicio y, en este momento, de servicio a la sociedad. Todos queremos lo mejor para la sociedad.

En este caso lo que estamos haciendo en esta sala es analizar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, ejercicio 2019. Por eso descuento las buenas cosas que se hicieron –evidentemente que sí–, pero acá me voy a referir a lo que pasó en el 2019, básicamente.

El déficit del año fue de USD 2.800:000.000, y en el quinquenio llegó a los USD 11.000:000.000. Sueños hubo cantidades, pero estas son realidades y la verdad es una sola. Acá estamos hablando de números, porque esta es la rendición de cuentas. O sea, es fantástico todo lo que soñamos. Está bárbaro. Son fantásticas las utopías que tengamos. Pero acá estamos hablando de datos de la realidad. Y esos son los números, porque es la rendición de cuentas.

Entonces, si hablamos de datos, digamos que se hizo una previsión de déficit fiscal del 2,5 % para el año pasado. Ahora bien, si el déficit fiscal se fue al 5 %, o sea, al doble, un 100 % más de lo que se había estimado, entiendo que no es una cosa menor. Todos tenemos que reconocerlo, la oposición y la coalición, porque insisto: son datos de la realidad. Nos guste o no nos guste, tuvimos un 5 % de déficit fiscal.

Se perdieron 10.000 puestos de trabajo en el 2019, nos guste o no nos guste. Que antes aumentó en 300.000 la cantidad de puestos de trabajo y que eso también importa, sin duda. Y por suerte fue así. Si no ¿cómo estaríamos? Pero estamos hablando del año 2019, donde no había ninguna pandemia. Estamos hablando de un año, si se quiere, «normal», entre comillas.

La inflación durante cuarenta y siete meses superó las estimaciones que se tenían. Si no nos gusta, no nos gusta, pero son datos de la realidad.

Los egresos primarios siempre fueron superiores a los ingresos.

La deuda no ha dejado de crecer.

Se habla de la cantidad y la calidad del gasto. Nosotros reconocemos todo el empeño que puso el Gobierno anterior en mejorar la educación, en mejorar la salud, para lo cual se invirtieron muchos millones de dólares. Eso obviamente que lo reconocemos. Pero también vemos que los datos de la realidad muestran que, lamentablemente, los resultados no acompañaron esa inversión.

La gente sabe todo esto y con su voto así lo demostró, nos guste o no nos guste. Por algo la gente dijo: «No, acá hay que cambiar». ¿Por qué? Si todo estaba muy bien, si todo estaba fantástico, entonces ¿para qué cambiar? Si toda la gente pensaba que ahora era más igualitario el trato, que había mayor equidad, que todos estaban viviendo mejor, ¿para qué, entonces, había que cambiar?

Se dan datos y se dice que bajó la pobreza. Nosotros no vamos a entrar a discutir esos números, pero en el 2019 aumentó. También escuché atentamente los datos de los miles de viviendas construidas –lo que, obviamente, aplaudimos–, pero eso no deja de ser muy poco significativo cuando los asentamientos siguieron creciendo. Si la pobreza bajó, si cada vez hay más viviendas, ¿por qué cada vez hay más asentamientos? ¿No hay algo que no cierra en esos datos?

No sé, lo pregunto. En la autocrítica que deberían hacer, ¿no hay algo que no está quedando bien? Hay menos pobres, pero hay más asentamientos. Hay más viviendas, pero hay más asentamientos. ¿Qué pasa? ¿Creció mucho la población? Todos sabemos que no, que nuestra población tiene un serio problema de crecimiento que algún día habrá que atender.

Nos hablaban, y realmente lo creíamos, del aumento de la matrícula en la educación. Los datos de la realidad nos dicen que, lamentablemente, pese a las muy buenas intenciones, no mejoró la calidad de la educación, pero pensamos que había aumentado la matrícula significativamente. Sin embargo, todos los días se aprende algo nuevo, y hoy aprendí que tampoco había aumentado la matrícula significativamente. Entonces, ¿podemos decir que se invirtió bien o que se gastó mal? Pregunto: ¿se invirtió bien, mejoramos la educación, el pueblo está mejor, o se invirtió mal?

Cuando nos dicen que en los barrios más necesitados, en los más frágiles, un 70 % son analfabetos funcionales –no lo dice una persona del Gobierno, sino alguien de la oposición, o que antes era de la oposición–, a todos nos debe preocupar si se invirtió bien o se gastó mal. Eso es lo que tenemos que analizar.

Nos hablan de la seguridad social y nos encontramos con una seguridad social que tenemos que atender de urgencia porque está colapsada. Nos hablan de la deuda, nos dicen que la pasaron a pesos, que dejó de estar en dólares, pero nos encontramos con una deuda histórica que tendrán que pagar las generaciones futuras. ¿Todo eso no nos va a hacer reflexionar? ¿No tendremos que cambiar?

Por eso, señora presidenta, se nos hace realmente difícil votar esta rendición de cuentas correspondiente al 2019, pero lo vamos a hacer. Nosotros no pensamos toda esa serie de calificativos que dicen que el artículo 2.º tiene. Para mí, simplemente está pintando la realidad. Son los números los que están cantando. Lo lamento mucho por aquellos que no quieren creer en ellos, pero los números son los números. Por más que no les guste, tenemos un déficit fiscal histórico; por más que no les guste, venimos de años de bonanza. Eso es lo que pasó con esta rendición de cuentas, que es la peor de los últimos quince años.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BONOMI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BONOMI.- Señora presidenta: pensaba hacer algunas consideraciones sobre gastos en el Ministerio del Interior, pero hace rato que apreté el botón de recalculando, porque todo lo que he oído es muy difuso, muy profuso, y por lo menos hay que hacer alguna reflexión.

Se trata de establecer el estado del país a través del déficit fiscal, y el déficit fiscal es un elemento. Para medir la situación del país hay que saber cuál es el déficit fiscal; el empleo y el desempleo; el estado de los sueldos, del salario mínimo y de las jubilaciones; el estado de las empresas públicas; cuáles son las posibilidades de crédito que tiene el país, las posibilidades de venta al exterior, los mercados y los precios a los que vende. Eso determina la situación del país.

Cuando nosotros recibimos el país en 2004, si lo medíamos por el déficit fiscal, nos llamábamos a engaño enormemente, porque nosotros recibimos un país que tenía 39 % de pobreza, 4,5 % de indigencia y 14 % de desempleo en ese momento.

En las elecciones ya estaba más arriba. Anduvo en el 20 % el desempleo, en 40 % la informalidad; había empresas públicas destruidas y un endeudamiento rural brutal. Las textiles de la calle Veracierto estaban cerradas de mucho antes; no cerraron en el Gobierno del Frente Amplio, sino mucho antes. Creo que quedaba una en la calle Veracierto cuando asumió el Frente Amplio, que estaba fundida y el dueño se terminó yendo del país. Era Dancotex, pero de las demás no quedaba ninguna. Es más, de algunas no quedaban ni los ladrillos. En algún momento estaban las columnas y las vigas, pero después ni eso quedó. Eso era así. Y ese sí era un país en bancarrota, pero el que se recibe ahora no es un país en bancarrota, sino un país que tiene el déficit fiscal que tiene, pero con los mercados intactos, buenos precios, el desempleo en un dígito, los salarios mínimos con un valor aceptable y las jubilaciones también. No tiene nada que ver con un país en bancarrota.

El senador preopinante decía que estamos discutiendo los números, pero no, no estamos discutiendo los números exactamente. Estamos discutiendo, por lo menos por parte de quienes han hecho la presentación, la situación del país, pero no en los números, sino en las políticas. Entonces, si nos hablan de las políticas, nosotros hablamos de las políticas. Tenemos que hablar de las políticas.

(Interrupciones).

–No es alusión si yo digo «un senador preopinante».

Esto me parece que es así; se han manejado cosas sobre las que yo puedo decir otras diferentes. Se habló del despilfarro y yo podría hablar del despilfarro que fue la compra de bancos fundidos, del despilfarro de las políticas de Ancap en Argentina, del despilfarro de enterrar un gasoducto debajo del Río de la Plata del que nunca pasó una cantidad de gas suficiente para pagar la inversión. ¡Nunca! Podría hablar del endeudamiento rural; podría hablar de que tuvimos que cerrar las SAFI para que se nos tuviera en cuenta en el ámbito internacional y se nos sacara de la lista negra y evitar entrar en la lista gris. Podría hablar de estas cosas, pero no quiero hablar de eso. Sin embargo, de alguna manera, nos obligan a decir: «Miren que no nos chupamos el dedo», porque de las cosas que nos dicen tenemos otras tantas para retrucar. Yo no quiero hablar de eso; quiero decir que para medir el estado de cuentas de un lado y de otro nadie es relator objetivo; ¡nadie! En literatura no existe el relator objetivo, pero tampoco se hace desde la mala intención. Se hace desde las concepciones políticas e ideológicas que tiene uno. En el país hemos pasado por cantidad de crisis: las llamamos del «efecto samba», del «efecto tequila» y del «efecto vodka». Les dimos esos nombres. Cada vez que aparecía algo de eso, lejos de nosotros –pero podríamos incluirlo acá–, los que tenían determinada concepción ideológica y política para zafar de eso, para que no cayéramos en eso, iban a rebajar los gastos sociales, los gastos salariales y muchas veces según quién predominara en ese momento se iba a la devaluación o al atraso cambiario. Podía ser una de las dos. Caminábamos por ese lado, a la baja de la inversión productiva, a veces, hasta forzando el desempleo.

Voy a leer el acta de una discusión que hubo en la Cámara de Representantes en el 2003, cuando analizamos estas cosas. Quería recurrir a un documento que tengo en casa, pero no lo encontré. Entonces, voy a leer el acta porque está la lectura de parte del documento. La voy a leer para que se vea que esto, el desempleo, no es tan traído de los pelos. Las cosas se dan así, no es mala fe de nadie. Están los que apelaron siempre al ajuste para salir de una crisis y a que el ajuste podía ser recesivo; paliábamos la crisis, pero quedábamos mal parados para la salida posterior porque habíamos entrado en una caída del proceso productivo, del salario y del mercado interno, pero esa una concepción ideológica, entonces, ¿qué voy a decir? ¿Que no se piense así? Piensan así, pero nosotros pensamos que se sale de otra manera: que se sale apelando a la inversión productiva, al desarrollo del mercado interno, con aumento del salario, con políticas sociales, etcétera.

Esa discusión era sobre el ajuste de sueldos por IPC y sobre la creación del adicional del impuesto a las retribuciones personales. En ese momento –muchos de los aquí presentes estaban cuando se dio la discusión, así que quizá lo recuerdan– se planteaba suspender el aumento de los funcionarios del Palacio Legislativo que, según el convenio que tenían, iban a tener que cobrar dos o tres días después un aumento que era importante porque representaba todo el IPC. Como se consideraba que era muy alto, se planteó sustituirlo por un aumento del 3 %, pero no salió.

También se decía que habíamos recibido un documento elaborado por asesores del Partido Colorado, que se denominaba «Primer avance», y que tenía que ver con el análisis de la crisis agropecuaria. Esto lo recibimos al principio del Gobierno. En él se analizaban tres variables a llevar adelante: la recesión inflacionaria, la flotación preventiva y la transferencia fiscal. Los asesores suponían que la política oficial se encaminaba –como se encaminó realmente, por lo menos, al principio– a mantener incambiado el mecanismo cambiario, por temor a que cualquier modificación pudiera desatar movimientos especulativos que llevaran a la desestabilización de precios. Como daban esto por sentado, planteaban las medidas consecuentes con esa política, es decir, que se mantuviera el atraso cambiario. Asimismo, planteaban que el atraso cambiario necesariamente iba a caer sobre la variable menos flexible de la economía.

El informe decía textualmente: «Sobre el nivel nominal de precios –y en especial del salario– iba a recaer el peso del ajuste necesario». Y sigue: «Para que ello suceda tiene que producirse una recesión de tal magnitud que provoque una deflación, o sea una caída del nivel general de precios y fundamentalmente, de los salarios. Este mecanismo automático de ajuste operaría a través de un fuerte aumento del desempleo, llevando –en la fórmula clásica– a los trabajadores y empleados a aceptar un menor salario nominal para reingresar a la fuerza laboral ocupada». También decía: «La caída en el nivel de actividad resultaría en una merma en la recaudación. Para evitar un aumento significativo del déficit fiscal las autoridades deberían implementar medidas procíclicas como los recortes de gasto de inversión». Esto es lo que hicieron. Luego decía: «Debe aclararse que se trata de una estrategia prolongada y dolorosa». Se preveían dos años de esta estrategia; van tres y cada vez es más dolorosa y menos pasadera, más prolongada. Y continuaba: «En realidad una extensión del gradualismo hacia el terreno de la inflación negativa para llegar vía deflación a un TCR –tipo de cambio real– más competitivo para la economía». Esto llevó a lo que todos sabemos que pasó en el 2002: ¡una bruta crisis!

Lo que no varió, en todas esas idas y venidas –para adelante y para atrás–, fue la rebaja salarial, el aumento del desempleo, la rebaja de la inversión productiva y la dificultad de acceder a crédito para la producción. Estos elementos no fueron producto del fracaso de la política económica, fueron producto del éxito de la política económica; el fracaso vino después, cuando tuvieron que devaluar. Ahí cambió la situación. Atchugarry asumió en el ministerio y no solo cambió lo que se estaba llevando adelante, sino que se estableció la forma de negociarlo con el sistema político y con el sistema social.

En el Parlamento, fundamentalmente en el Senado, con la participación del ministro Atchugarry, senadores del Frente Amplio, senadores del Partido Nacional y Juanjo Ramos por el movimiento sindical, se encontró una salida, digamos, no violenta de la situación crítica.

Entonces, esto responde a formas de encarar las cosas. A nosotros no se nos ocurrió, en ningún momento, que la rebaja salarial, la rebaja del gasto y la rebaja de la inversión productiva fuera la manera de salir de la crisis. De la crisis se salió, pero ¿a qué costo? ¿Cómo quedó el país? ¿Cómo recibimos el país? Digo esto como introducción.

Además, desde que se empezó a fundamentar he notado lo siguiente. Recibimos el país así y fue saliendo de eso y la explicación es el viento de cola; es decir la situación regional, lo que venía de afuera. No fue por la política interna, sino por lo que venía de afuera que permitía el crecimiento. Ahí se ignoró la política interna que tenía mucho que ver, porque la definición fundamental que hizo el Frente Amplio en ese momento fue que el gasto principal que tenía que hacer era en aquello que produjera un ingreso posterior, y el único gasto que lo causaba era el gasto productivo. Se fundamentó la necesidad del gasto productivo con lo poco que había en el Estado y, además, aunque era poco lo que había para distribuir, se planteó que había que crecer distribuyendo y distribuir creciendo. Entonces, se establecieron medidas para el crecimiento de los ingresos de los uruguayos, que llevaban a un aumento del mercado interno.

La otra consecuencia que tuvo aquella política no fue el cierre de las textiles en la calle Veracierto –que ya estaban cerradas–, sino el cierre de todos los comercios chicos en barrios y en avenidas. Recuerdo como si fuera ahora que en 8 de Octubre y Piccioli había tres clubes del Partido Nacional. ¿Dónde? En comercios cerrados. Ahí estaban establecidos por el cierre de los comercios, producto de la caída del poder adquisitivo de la gente y la caída del mercado interno, que no permitía una alternativa distinta a lo que estaba pasando: habían caído los precios internacionales y la industria pequeña estaba cayendo. Entonces, cayó eso y la política fue diferente. La explicación dada por la oposición, en ese momento, fue el viento de cola.

¡Claro! Llegó el 2008 y la burbuja financiera le pegó a todo el mundo, al igual que a nosotros, y entonces se terminó el viento de cola. Recuerdo que los empresarios planteaban que había que parar con los consejos de salarios porque el aumento del salario contribuía a la crisis y al déficit, y que había que parar la política social. Ese año, por primera vez, me tocó participar en la Comisión Administrativa de la OIT –no era la Asamblea General, era la Comisión Administrativa–, y el tema era salario y empleo. El día que llegamos nos dieron un documentito que decía que había que frenar el aumento salarial, bajar las políticas sociales y tener mayor flexibilidad con el dólar. Además, se llevó a cabo una reunión que inauguraron Rodríguez Zapatero y Ban Ki-Moon, que venían del encuentro del G20, donde habían discutido mucho tiempo, llegando a la conclusión de que para salir de la crisis había que mantener los ingresos de la gente a través del salario, de las políticas sociales, de no devaluar, etcétera, etcétera. De noche, en la recepción, nos dijeron si podíamos devolverles el documentito y al otro día nos dieron otro documentito que hablaba, exactamente, de mantener el ingreso de la gente y la política social, de no devaluar y de fomentar el empleo, es decir, lo que ya estábamos haciendo. Acá salimos de la crisis con eso, contra la recomendación de todos los sectores de que había que cortar el gasto social, el gasto salarial. Ese era el planteo. ¿Y qué con eso? Que responde a determinadas concepciones políticas e ideológicas, pero salimos adelante.

Después siguió llamándome la atención que en la campaña electoral de 2014 se planteara que Uruguay estaba en medio de una situación crítica en lo regional y que iba a sufrir la influencia de ese contexto, que nos iba a hacer caer. Ganamos las elecciones y después resultó que cuando tuvimos problemas, no se debieron a lo internacional, sino a las políticas internas. O sea que para algunas cosas juegan las influencias externas y, para otras, juega lo interno.

Previo a las elecciones la preocupación era lo exterior porque nos iba a golpear, nos iba a perjudicar. Después que empezó a pasar eso, que cae Argentina –cayó dos veces; ya venía mal y cuando se perdieron las elecciones fue peor– y pasa lo mismo en Brasil –venía mal y después le fue peor– estábamos rodeados de una situación que nos perjudicaba, pero resulta que el problema que teníamos eran las políticas internas que se estaban llevando adelante; era la gestión interna y no lo externo. Eso me llama la atención.

Ahora estamos estudiando esto y tenemos problemas con el artículo 2.º. La fundamentación que se hace sobre las dificultades para aprobar la rendición de cuentas, desde determinada posición la entiendo. Ahora, la entiendo en una exposición de motivos, pero no en el segundo artículo de un proyecto de ley. ¡Ahí no lo entiendo! Eso podía haber pasado otras veces. La exposición de motivos explica por qué, a pesar de que discrepan, votan algo; pero no lo entiendo nunca como un segundo artículo de una ley de rendición de cuentas.

También me llama la atención el hecho de que hayan puesto una vara altísima, una vara muy alta, para medir lo que está pasando y lo que se hizo. Quisiera que desde esa vara tan alta también se estudiara el presupuesto y, entonces, se resolvieran determinadas políticas o recursos para poder alcanzar lo que de ella se desprende. Si después bajan la vara para medir lo que van a resolver como gastos presupuestales, quizás la gente también mida la gestión posterior desde una vara alta. Creo que hay que tener cuidado cuando se sube la vara.

Y ahora voy a lo que quería hacer, pero de un modo más corto. Voy a referirme a algunos puntos referidos al Ministerio del Interior porque se habló de despilfarro y, en este caso, estamos hablando de números.

Con las partidas presupuestales nosotros hicimos dos cosas: por un lado, se compró más y mejor, y por otro, se pagó mucho mejor a los funcionarios policiales. Cuando recibimos el ministerio en 2010 –no era nuestro presupuesto, sino el que heredamos–, el rubro cero era de 8.695:000.000, los gastos de funcionamiento, de 2.086:000.000, y las inversiones, de 1.189:000.000. Fue aumentando sistemáticamente el rubro cero. No tengo los datos de 2019 pero aumentó. En 2018 el rubro cero era de 25.995:000.000, 26.000:000.000. Las inversiones bajaron. Habían empezado con 1.189:000.000 y terminó con 833:000.000 y el gasto de funcionamiento fue constante más o menos hasta 2013 y empezó a subir algo, a 3.241:000.000, 3.316:000.000, 3.642:000.000, 3.863:000.000 y a 4.473:000.000 en 2018. El rubro cero lo heredamos con el 72 % del total del presupuesto y lo dejamos con el 83,5 % del total del presupuesto. ¿Por qué? Anteriormente, cuando discutimos la legítima defensa, se dijo que se trataba de apoyar a la Policía; al respecto se expresó que eso no le correspondía a la Policía sino a los civiles. Se la apoya con mejores sueldos y no con $ 4500 que era lo que se le pagaba cuando empezó a gobernar el Frente Amplio; ahora cobran $ 40.000. También hay que darle armamento y tecnología suficientes. ¡Eso es apoyarla! No es hacer un discurso que se sabe que no corresponde porque la Policía no se guía por la legítima defensa; se guía por el cumplimiento del deber, por el cumplimiento de la Ley Orgánica Policial y la Ley de Procedimiento Policial.

No aumentamos sustancialmente las inversiones, pero gastamos mejor. Voy a poner un ejemplo, pero puedo poner muchos más si me queda tiempo. Un ejemplo son las cámaras de videovigilancia y voy a comparar. En Maldonado, en 2016, se compraron 1207 cámaras de videovigilancia por adjudicación directa, por compra directa, a un costo de USD 21:725.000. Adicionalmente tienen 32 cámaras para el reconocimiento de matrículas. En Montevideo, San José y Canelones en el 2017 compramos por licitación pública internacional 3250 cámaras con un costo total de USD 19:500.000, a pagar en sesenta meses. Eso incluye además 235 cámaras con reconocimiento de matrículas, analítica de video y software de mejoramiento de imagen y búsqueda, analítica desarrollada de comportamiento, presencia, sentido de circulación, entrada y salida de un área, cambio de velocidades –por ejemplo, en una estampida–, detección de motos y peatones, detección de nivel de sonidos. Esto marca de alguna manera el nivel de compra, es decir, cómo se puede comprar, si se gestiona bien, pagando dos millones menos y comprando tres veces más. Y así podría hablar de otras compras.

Observo que me quedan cuatro minutos.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BONOMI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Simplemente quería decir que me pareció muy legítima la inquietud del señor senador Lozano y por eso quería agregar algunos elementos, lo que no significa que esté dando una respuesta.

Nosotros identificamos que los asentamientos –como todo el mundo sabe– venían de los años ochenta o de los años noventa y siguieron. A su vez, se ha dicho algo que no es verdadero. Las únicas dos mediciones reales de los asentamientos que se hicieron fueron en el 2006 y en el 2018. De esos relevamientos surge que había 672 asentamientos en el 2006 y 607 en el 2018. Pero, en realidad, debería haber muchos menos, porque se regularizaron 91 y otros 50 o 60 estaban en proceso de regularización, lo que quiere decir que también se generaron asentamientos nuevos en ese período. Algunos ejemplos son: 25 de Agosto, Isla de Gaspar, Las Láminas o San Antonio, en Maldonado.

Mucha de nuestra gente cometió el error –luego se desanduvo– de creer que el tema de los asentamientos era fundamentalmente un problema de vivienda. Luego se llegó a la conclusión de que era un problema que tenía varias puntas y que si no convergían todas las políticas no se salía del tema. Entonces, en eso se anduvo, y este es el registro de realidad que brindó el grupo de trabajo que estudió el tema, dirigido por el director nacional de Ordenamiento Territorial.

En segundo término, quería manifestar que acá hay un dilema. El déficit fiscal es una realidad; ahora se sale de él por la vía de la reactivación –generando más producto y más ingresos– o por la política del ajuste fuerte. La discusión de fondo que estamos teniendo y que vamos a tener refiere a ese dilema.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Bonomi.

SEÑOR LOZANO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BONOMI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Lozano.

SEÑOR LOZANO.- Muchas gracias, señor senador; muchas gracias, señora presidenta.

Voy a empezar por el final. Solicité esta interrupción, fundamentalmente, porque el señor senador Bonomi –es su concepto y lo respeto– dijo que no estábamos tratando números. Ahora, cuando miro la rendición de cuentas lo que veo es una cantidad de gráficos y de números; entonces, me llamó un poco la atención. Además, el propio senador Bonomi se refirió a una serie de números sobre su actuación en el Ministerio del Interior.

Así como hoy reconocí los progresos, también reconozco los que hubo en el Ministerio del Interior mientras él ocupó la cartera. Nadie puede desconocer cómo subieron los sueldos de los funcionarios policiales, ni cómo se mejoró en equipamiento con las cámaras, el armamento y todo lo que mencionó el señor senador, pero, lamentablemente, los resultados no lo acompañaron. Hoy no hice referencia al tema seguridad, pero son datos de la realidad: los resultados no lo acompañaron. Podría analizar qué otro tipo de problemas hay, pero la Policía no se arregla –como dijo el señor senador– solo con aumentar los sueldos y mejorar el equipamiento; hay un tema de motivación, de espíritu de cuerpo, hay un tema disciplinario. Cuando se atenta contra la jerarquía, cuando se crean grados que no existen, cuando en cualquier institución disciplinada se pasa por arriba de los grados, se crean los problemas que hoy tiene la Policía. No vamos a ahondar en esos detalles porque en sala hay un exministro del Interior para tratarlos, pero todos esos problemas existieron. Debido a ellos, los resultados no lo acompañaron; no lo acompañaron ni en los homicidios ni en las rapiñas ni en los hurtos.

Por otra parte, agradezco mucho la intervención del señor senador Rubio. Si bien no tengo ningún motivo para poner en duda realmente los números a los que él aludió, los datos de la realidad demuestran que, durante muchos años de bonanza, los asentamientos no bajaron. A eso me refería hoy y son datos de la realidad. Valoro la honestidad intelectual del senador Rubio en cuanto a reconocer que en un principio se fue por un camino equivocado y luego se trató de rectificar, pero quizás cuando intentaron hacer eso fue un poco tarde.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Bonomi.

SEÑORA LAZO.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Bonomi.

SEÑOR BONOMI.- Señora presidenta: cuando concedí la interrupción estaba leyendo lo que incluía la compra de cámaras de videovigilancia. Restaba mencionar el acondicionamiento del centro de monitoreo ubicado en la Guardia Republicana, la creación del Centro de Comando Unificado –moderno, de última generación–, el nuevo centro de atención telefónica nacional de emergencia del servicio 911, la integración con el sistema de atención y despacho de emergencia utilizado por el Ministerio del Interior, el acondicionamiento de la Dirección de Monitoreo Electrónico, que es el centro de atención y monitoreo de las tobilleras de violencia doméstica y género, el acondicionamiento de la sala de analítica forense, donde la Policía analiza todas las denuncias sucedidas en lugares cercanos a zonas videovigiladas para buscar sospechosos y correlación de hechos, y el acondicionamiento de la sala de crisis, que permite acceder a todos los servicios tecnológicos del Ministerio del Interior en caso de ser necesario. Eso en cuanto a la compra.

Cuando dije que no estábamos discutiendo solo números, no fue pensando en que la rendición de cuentas no se basa en números, sí en que llevábamos diez horas de funcionamiento y la mayor parte de las intervenciones no se referían a números, sino a políticas. Por eso yo decía que no solo estamos discutiendo números, sino también políticas. Entonces, me vi obligado, sobre todo, a decir que no se trata de un problema de maldad, sino de concepción político-ideológica. En definitiva, uno mide lo que se hizo desde su concepción político-ideológica, desde lo que piensa uno, y no desde la concepción del otro, y por eso vemos cosas diferentes. De todos modos, aun viendo cosas diferentes, cuando se analiza para atrás –hoy leía el acta sobre nuestras discrepancias, fundamentalmente con lo que se hizo en 2003–, el Gobierno del Frente Amplio en ese momento reconoció que, a pesar de las diferencias en las políticas que se instrumentaban, había algunos resultados beneficiosos. Lo reconoció y no se dedicó a señalar todo aquello con lo que había discrepado; por el contrario, se establecieron los números de la rendición de cuentas, se rescataron algunas de las políticas y la figura de quien fuera senador y ministro: Atchugarry. Hicimos eso desde la concepción que teníamos y cuando luego tuvimos que elaborar políticas lo hicimos sobre supuestos totalmente diferentes. Eso es lo que va a hacer este Gobierno, es decir, va a gobernar con supuestos completamente diferentes. Espero que al discutir el presupuesto lo hagan desde la altura en la que ubicaron la vara para medir para atrás.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: antes que nada, queremos decir y reiterar que es falso el relato del despilfarro en los Gobiernos del Frente Amplio. Se miente. Más inversiones en políticas sociales, en salud, en educación, marcaron la esencia de nuestros Gobiernos; eso no es despilfarro. Por más que se diga y se repita que se usaron mal los recursos del Estado y, según decía Goebbels, una mentira repetida mil veces se transforma en verdad, a pesar de eso seguimos apostando a que sea la verdad realmente la que prevalezca.

Voy a dar algunos datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Una de las cosas que se nos critica es el aumento del peso del Estado y la cantidad de funcionarios. Los datos concretos son que, en realidad, en el quinquenio 2014-2019 la cantidad de vínculos laborales se redujo; disminuyó en 6000. En el Poder Ejecutivo, incluidos los ministerios, a excepción del Ministerio del Interior, la cantidad de vínculos laborales disminuyó en 2819. Con respecto a los organismos comprendidos en el artículo 220, aumentaron los vínculos en ANEP –4381 vínculos más–, en ASSE –2665 vínculos más– y en Udelar –1091 vínculos más–, pero debemos señalar que también comienza a funcionar más firmemente la UTEC, el Inisa se separa del INAU. Por otro lado, en los organismos comprendidos en el artículo 221 –entes comerciales o industriales del Estado– se registra una reducción de 3212 vínculos con respecto a 2014.

El Ministerio del Interior fue el único en el que aumentó la cantidad de funcionarios. Aquí se han explicado los motivos. Como el tema seguridad preocupaba a toda la sociedad, era lógico que en este quinquenio se incrementara esa cifra.

Además del Ministerio del Interior, solo se incrementó la cantidad de vínculos laborales en salud y en educación. Son dos áreas, junto con la de seguridad, en las que todos los partidos políticos coincidimos en que son prioritarias. Por ende, para nuestro Gobierno fue imprescindible apostar a reforzar esas áreas en recursos humanos.

Como maestra y dirigente sindical, en su momento supe de la cantidad de clases superpobladas, de docentes que debían trabajar con clases de cuarenta o cincuenta alumnos, de las luchas sindicales para revertir esa situación. Pero poco se nos escuchaba. Nadie me lo contó, lo viví. Hoy esa realidad es impensable. Las clases son mucho más reducidas porque hay más grupos con más docentes a cargo, lo que permite un trabajo más personalizado y mejor. Pero para llegar a esa situación debía apostarse a creaciones de cargos en nuestra educación pública, y así lo hizo el Gobierno del Frente Amplio. Es por esa razón que se registró el aumento en esa área.

En lo que refiere a salud, por supuesto que pasó lo mismo. El sistema sanitario del Uruguay ha sido una de las mayores fortalezas ante la pandemia. Pero si en su momento no se hubiera apostado a crear y fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Salud, la realidad actual habría sido muy diferente.

Queremos traer aquí un testimonio que salió publicado hoy en el diario El País y que, como todos saben aquí, no es de los catalogados como amigos nuestros. Una pareja australiana que vino de paseo a Uruguay dijo: «No estamos acostumbrados a un sistema de salud pública que sea tan accesible y que tenga un nivel realmente bueno». Me parece que esta es una frase muy importante, ya que fue dicha por alguien que viene de afuera.

A su vez, si no se hubiera apostado a fortalecer a nuestra Udelar –nuestra Universidad de la República–, no escucharíamos –como estamos escuchando estos días– que aquí, en nuestro país, se está logrando avanzar para tener diagnósticos más rápidos que el hisopado usado hasta ahora. Se realiza a través de la saliva, y es nuestra Universidad la que investigó. Además de este, tiene muchos otros logros. Pero para eso hubo que nutrirla de recursos, aunque, evidentemente, siempre son insuficientes.

Quiere decir que nuestros Gobiernos promovieron esa parte tan importante de la investigación. Hago un paréntesis y digo: «Atención: en el presupuesto no pueden retaceársele recursos a nuestra Universidad».

En cuanto al incremento del gasto público, en muchas áreas fue gasto social. Entre 2004 y 2018 el gasto social aumentó un 136 %, es decir, fue más que duplicado. En 2004 era de poco más de $ 200:000.000 y en 2018 pasó a ser de $ 500:000.000. Parece un importante aumento.

Señora presidenta: queremos aludir a otros aspectos a tratar en esta rendición de cuentas. Los estudios de nuestros compañeros economistas han permitido mostrar con datos numéricos solventes cómo fue realmente la gestión del Gobierno, teniendo en cuenta diferentes elementos.

Hay algo que a todos nos preocupa: la pobreza. De 2018 a 2019 hubo un pequeño aumento y pasó de 8,1 % a 8,8 %. Aunque pequeño, ese aumento nos duele, pero no podemos olvidar que en el 2004 la pobreza alcanzaba a un 40 % de la población y que ese porcentaje fue reduciéndose hasta llegar, en la actualidad, a la cifra de un dígito. Y si consideramos los salarios de los sectores que todos decíamos deben priorizarse, vemos que el de los docentes se duplicó y el de los policías se triplicó en el período 2014-2019.

Por otra parte, según el análisis presupuestal del 2019 que se nos entregó, en la página 28 vemos que también se incrementaron los gastos de funcionamiento, sobre todo del Ministerio del Interior, en $ 802:000.000, que se invirtieron, entre otras cosas, en cámaras de vigilancia, tobilleras, uniformes y calzado para los policías.

En la página 29 figura lo relativo a desarrollo social y se dice que se gastaron $ 1.556:000.000. Esos rubros se adjudicaron en los programas que todos conocemos: Uruguay Social, Programa de Asistencia a Personas en Situación de Calle, Asistencia a la Vejez, Sistema Nacional de Cuidados, Inmujeres, Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial –Socat–, Programa Nacional de Discapacidad –Pronadis–, familia y emprendimientos cooperativos, Uruguay Crece Contigo, Uruguay Trabaja, emprendimientos y cooperativas sociales, INJU y Jóvenes en Red. Esta cantidad de millones de pesos se adjudicaron a todos estos programas que conocemos y nos gustaría saber si van a mantenerse o los recortes también van a incidir en estas políticas.

En la comisión que analizó la LUC pregunté a la señora ministra con respecto a la continuidad de las políticas sociales, dada su exacerbada preocupación por aplicar la regla fiscal a rajatabla, y en aquel momento respondió que justamente se trataba de mantener y de aumentar las políticas sociales y que para eso se aplicaría la regla fiscal. Seguramente eso esté en la versión taquigráfica de la comisión. Sin embargo, hace pocos días sus declaraciones fueron totalmente distintas, y eso nos preocupa porque a nuestros ojos perdió credibilidad. Dijo textualmente: «Si no mejoramos los resultados fiscales, las políticas sociales no las vamos a poder mantener a lo largo del tiempo». Entonces, nos preguntamos: ¿cómo creer que se va a beneficiar a los que menos tienen si en un momento se dijo que se continuaría con estas políticas y a las pocas semanas se cambia la postura radicalmente y se dice que no podrán desarrollarse? Realmente, esto nos preocupa porque a eso hay que agregar que aún no vemos una señal que muestre que se abordará la problemática que está dejando esta pandemia. Evidentemente, se están generando grandes problemas sociales vinculados con el desempleo y con el seguro de paro. A este respecto, en su momento dijimos –y lo reiteramos ahora– que debería apuntarse a un subsidio básico temporal para esa masa de gente a fin de que el problema no caiga de golpe y se genere una crisis social que va a impactar sobre todos.

Las jubilaciones mínimas se triplicaron y los aumentos estuvieron por encima de lo mandatado por la reforma constitucional, que ata el aumento salarial de los activos al de las jubilaciones. Durante nuestros Gobiernos, en casi todos los años de los últimos quince esos aumentos se hicieron por encima de lo obligado por la Constitución y eso permitió recuperar las jubilaciones y mejorar el poder adquisitivo de los jubilados. También nos preguntamos si eso continuará durante los próximos cinco años. Evidentemente, con la visión del actual Gobierno, tenemos nuestras dudas.

Aquí se habló de la deuda externa y del pago de los intereses como si estuviéramos en una situación caótica y crítica, pero los datos reales indican que el Frente Amplio tomó el país con solo USD 2.500:000.000 de reservas internacionales, y en el 2019 lo dejó con USD 14.500:000.000.

Por otro lado, aunque se insista en lo contrario, el crecimiento fue permanente durante los Gobiernos del Frente Amplio. En los últimos años se enlenteció, pero ni siquiera se detuvo. El 2019 fue el año de más bajo crecimiento, un 0,2%, pero de todos modos creció.

También se habló del viento de cola, pero hay que recordar que en el 2008 hubo una crisis a nivel mundial y Uruguay siguió creciendo. Además, en los últimos años nuestros vecinos también estuvieron en crisis; recordemos que se decía que cuando Argentina estornudaba, en Uruguay nos resfriábamos, pero esto no pasó durante los Gobiernos del Frente Amplio. Evidentemente, esto fue por las fortalezas que generaron nuestros Gobiernos y que hacen que hoy pueda promocionarse a nuestro país como un lugar excelente para invertir.

Nos parece que existe un doble discurso. Dentro del país se cuestiona y condena todo lo económico que hicieron nuestros Gobiernos, pero para promocionar la inversión a nivel internacional, o sea hacia afuera, se nos pinta como un país equilibrado, con madurez y estabilidad, atractivo para quienes quieran invertir o, incluso, venir a vivir, como se les dijo hace pocos días a los argentinos. Entonces, el panorama terrible y tremendo descrito aquí en el Senado por la coalición de gobierno se contradice con la visión que para nosotros es real, aristotélica, de lo que se dijo hacia fuera. Pensamos que no hay honestidad intelectual cuando se calibra el estado de situación de nuestro país con dualidad, según a quien va destinado es lo que se expresa. Eso no está bien. La realidad es una, tal como dijo precisamente una señora senadora: es horrenda –que es lo que establece el artículo 2.º– o es buena, como se anuncia a los demás países.

Y en cuanto al artículo 2.º, digo solamente que lo tradicional aquí en las juntas departamentales –por lo menos, es lo que viví allí– es solo debatir como bancada si se aprueban o no las rendiciones de cuentas. Nunca se incluyó un artículo que calificara y juzgara el contenido de la rendición de cuentas. Pero la coalición de gobierno, con la invención de este artículo, logra que no perdamos la capacidad de asombro.

Ahora voy a referirme solo a algunas de las cosas que aquí se han dicho. Se ha hablado de lo que para un legislador significa –teóricamente– ser de izquierda, y se plantearon unas cuantas supuestas características, entre ellas –textualmente–, «pérdida de libertades individuales», como si un gobierno de izquierda se caracterizara por limitar las libertades individuales. Esto realmente asombra porque si algo ha hecho nuestro gobierno de izquierda, ha sido justamente lo contrario; ha promovido un país ejemplo de las libertades, de la promoción de derechos y de la democracia, tal como se nos cataloga desde afuera.

Se dijo que la Universidad de la República retrocedió y que las universidades privadas son las que avanzaron. Creo que precisamente la universidad pública ha avanzado y es la que ha permitido que tengamos innovación, investigación y productos concretos, como se ha visto durante la pandemia. También tememos que pueda retrocederse si a la universidad pública se le quitan recursos, como parece ser el pensamiento del Gobierno actual.

Se dijo que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados fue negativo porque algún beneficiado terminó haciendo una denuncia al BPS. Es verdad que en forma aislada hubo alguna denuncia, pero es realmente muy equivocado desconocer la gran cantidad, la masiva cantidad de personas que fueron beneficiadas por este sistema de cuidados, y lo que ha significado para cada una de ellas, para mejorar su calidad de vida. A este respecto, debo decir que conozco el testimonio de una madre de un niño autista por haber participado en nuestra Junta departamental de Florida de un homenaje a los padres de niños autistas que tienen un movimiento en ese departamento. Realmente, emocionada y conmocionada, esa madre transmitió cómo le cambió la vida a partir de que tuvo un asistente personal para su hijo durante un horario determinado. Realmente me impactó ese testimonio y es un ejemplo de cómo puede cambiar la vida de muchas mujeres, que comúnmente somos las que estamos cuidando a gente en situación de discapacidad, a menores de edad y a adultos mayores.

Señora presidenta: queda por delante un trecho largo de más de cuatro años. Realmente nos preocupa que la redistribución de la riqueza que hicieron los Gobiernos del Frente Amplio junto con el crecimiento se detenga, se deteriore y retroceda; nos preocupa que se instale nuevamente la visión de otras épocas, de esperar a que la torta crezca para después redistribuir. Aunque parezca sorprendente que señale esto, después que terminó el tratamiento de la LUC, un dirigente del Gobierno mencionó la torta, y nos preocupa –reitero– que vuelva a prevalecer ese concepto porque el tiempo de redistribuirla nunca llega. Así parece que será y quienes se van a perjudicar –como pasó en otras épocas– serán las clases más desprotegidas y, dentro de ellas, las mujeres que, como siempre, son las más afectadas con las políticas de ajuste.

Por lo tanto, señora presidenta, nos preocupa mucho el país que se viene. Realmente queremos equivocarnos y que al terminar este período de gobierno las grandes mayorías vivan mejor, pero lamentablemente no es lo que hoy vemos en el horizonte.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más señores senadores que quieran hacer uso de la palabra, se la concedemos al miembro informante por la mayoría, señor senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: hemos tenido un largo intercambio –por momentos debate– sobre economía y gestión. ¡Está bien! En estas más de diez horas de trabajo hubo intervenciones y reflexiones de diversa naturaleza, y me parece que eso es saludable porque nos vamos introduciendo en los tiempos presupuestales.

Con este debate y con esta votación cerramos las cuentas del Gobierno pasado y empezamos a mirar las cuentas del que viene: el pasado, con la realidad que podemos interpretar de diferente manera, pero hay que enfrentar esa dura realidad, y el futuro que nos espera quizás será más complejo porque se nos juntan dos complejidades. A nuestro juicio, tenemos una economía con datos realmente complicados para cualquier Gobierno.

Quiero recordar que el presupuesto del 2015 el Gobierno tuvo que hacerlo por dos años porque había gran deterioro en las cuentas públicas y Tabaré Vázquez, quien era el presidente, decía que no sabía que estaban en esas condiciones. En fin, estaban mucho mejor que ahora, ¡mucho mejor! Mujica le entregó a Vázquez un Gobierno con problemas, pero eran bastante menos que los que nos dejan ahora. ¡De eso tenemos que discutir! Se puede ir para atrás, se puede mirar lo que se hizo en el pasado y se encontrarán cosas buenas; todos las hicimos. Yo estoy tentando de ir hasta la época de Oribe, total, si somos fundacionales… Nosotros lo fuimos, de verdad lo fuimos. Oribe fundó la Universidad de la República; si quieren hablamos de la Universidad y de lo que hicimos cuando la fundamos. Creímos siempre en las políticas sociales, siempre en la justicia, siempre en la libertad, siempre en la democracia, pero creo que no hay que ir tan lejos.

Es verdad que en los Gobiernos del Frente Amplio –aun en este último período– hubo esfuerzos por hacer las cosas bien y hay algunas que se pueden destacar como de bien hechas. Me he cansado de decir que una de las mejores cosas que he visto que se hicieron en educación fue iniciativa del expresidente Mujica, quien la llevó adelante con mucho empeño; me refiero a la UTEC. Creo que tiene bondades por todos lados: desde lo educativo, la descentralización, la radicación de estudiantes, y hasta el movimiento de estudiantes de la capital, que van a estudiar carreras que solo da la UTEC en el interior y con muy poca plata. Comparativamente, es el organismo más pobre que hay en la educación. No tiene cogobierno –anoto por las dudas–, porque hay un tema de gestión que hace la diferencia. Podríamos nombrar otras, pero lo que se discute aquí no es el despilfarro, sino que con muchísimo más dinero los resultados no han sido adecuados. ¡Ese es el gran punto!

Se discuten números, esta es una rendición de cuentas, pero los números están en función de algo y hay que ver los resultados que se obtienen. Nosotros le pedimos plata a la gente; se la sacamos obligatoriamente porque levantamos la mano, creamos una ley y le generamos obligaciones al trabajador, al productor o al empresario, que paga directo, sin saber, por subsidio, en el precio del combustible, cuando compra un kilo de naranjas, en el IVA y en el Imesi, que no sabe dónde está ni qué es, pero siempre lo paga. Y con eso, que es plata ajena, tenemos que cumplir los cometidos.

Quizás la gran diferencia básica que se percibió durante todo el debate es que quienes gobernaron hasta ayer tratan de mostrarnos todo lo que gastaron y en qué lo gastaron, para demostrar su auténtica sensibilidad social. Nos dicen: «Todo esto lo dedicamos a los sectores más vulnerables, y fue para educación, fue para mujeres, fue para niñez, fue para vivienda, fue para esto y para lo otro». Sin embargo, me parece que el debate de fondo es otro. Primero, hay que ver si lo que se gastó, se gastó bien, es decir, si obtuvo el resultado buscado y, segundo, si es sostenible, si es sustentable. Todos podemos tener la buena inspiración de gastar todo lo que se necesita, pero si no hay una política fiscal solvente y sostenible, no habrá forma de hacer permanecer en el tiempo esas políticas de transferencia a los que menos tienen, y mucho menos si esas políticas de transferencias no tienen rutas de salida; ayudamos a los vulnerables con políticas que van a ser para siempre, porque no tienen cómo salir de allí.

Creo que lo que está en discusión hoy es que durante todos estos años se gastó, quizá con muy buena intención, pero sin el equilibrio de la recaudación adecuada. Se recaudó mucho más, pero siempre se gastó más que eso, y esa brecha la vamos a pagar todos, pero ahora la tenemos que heredar nosotros. Por esa razón no podemos aprobar las cuentas que nos dan.

Un déficit fiscal enorme quiere decir que este año hubo que poner USD 2.800:000.000 para tapar el agujero, la brecha que hubo entre una cosa y la otra, y no hubo pandemia el año pasado, no hubo tsunami ni se nos cayó el mundo; tampoco fue un año de crisis internacional. En todo caso, sabíamos que iban a pasar las cosas que sucedieron.

En definitiva, no se hizo lo que había que hacer ni se corrigió a tiempo lo que había que corregir –tal vez porque era año electoral–; se dejó que la economía se estancara y ahora tenemos un problema grave, que no nos es atribuible y que nos afecta –como a todos– porque es un área que no podemos manejar. Esto es mucho peor que en 2002, porque en ese año nos tocó a nosotros; ahora tenemos carne, la producimos, pero resulta que los restoranes de España están cerrados y cayó la venta.

Es decir que hoy tenemos problemas reales que nos afectan, pero venimos con una mochila pesadísima, porque a los que nos prestan hay que pagarles. Es verdad que este país puede cumplir con sus obligaciones y no le reclamamos al Frente Amplio que nos dejó un desastre. ¡Ojo, que había plata en la caja! La liquidez que hoy tenemos deviene de una gestión que permitió tenerla, y este Gobierno la aseguró, porque acá todos los funcionarios cobran su salario en fecha y todos los jubilados cobran sus prestaciones. El Estado fue el primero en cumplir con sus obligaciones y en tratar de que no se rompiera la cadena de pagos, pero además hay políticas sociales que salen plata todos los días; hay 170.000 personas hoy en el seguro de desempleo y no podemos decir que eso es atribuible solo a nosotros.

También es cierto que nos dejaron préstamos firmados que pudimos ejecutar. ¡Sí! Nadie dice que eso esté mal; lo que afirmamos es que están mal las cuentas públicas que tenemos que aprobar hoy. Decimos que el 2019, en todas sus variables, se le fue de las manos al Gobierno anterior, gastó más de lo que debía y no corrigió esos desvíos. Eso es lo único que tengo que mirar, pero lo hago en el contexto del quinquenio, porque ese es un año del ciclo presupuestal y debo decir que no lo gestionaron bien, no lo hicieron bien, no corrigieron. No se puede mirar solamente una variable.

Sin ánimo de debate, pero para poner un ejemplo quiero decir lo siguiente. El señor senador Bonomi se refirió a los gastos que hubo en el Ministerio del Interior y es verdad que el país le dedicaba a la seguridad pública USD 270:000.000 cuando llegó el Frente Amplio al Gobierno, y también es verdad que el año pasado gastó USD 910:000.000. O sea que hay un esfuerzo de la sociedad mucho mayor en seguridad pública y, por supuesto, en las otras obligaciones como, por ejemplo, el sistema carcelario; USD 910:000.000, tres veces más. Por eso hay más policías, están mejor pagos, mejor equipados, con más tecnología, tienen compensaciones y, en algunos casos, trabajan menos horas. Pero tenemos el triple o cuádruple de rapiñas, el doble de homicidios y 100.000 hurtos. Es decir, si por los frutos los conoceréis, no puedo poner como lo principal de la balanza que gastamos más, sino si con lo que tenía obtuve más, tengo más, gestioné mejor. Ese es el desafío que nosotros vamos a tener ahora; es un desafío con nosotros mismos, porque no tenemos variables para echarle mano. ¿Nos podemos endeudar mucho más? ¿Podemos recortar mucho gasto público? ¿Podemos poner más impuestos? ¿A qué variable tenemos que ir nosotros para mejorar las cuentas públicas? Veníamos con la idea de ahorrar, pero ¡qué vamos a ahorrar! Vamos a ejecutar lo que podamos ejecutar, pensando en los más vulnerables, que ahora son mucho más vulnerables que antes y muchos más, y ver cómo activamos la economía para que haya empleo. Para eso hay que aflojar la cincha al que va a apostar al futuro, al que va a querer invertir, abrir el quiosco, el almacén, volver a plantar, producir, fabricar, importar, jugársela; a esos hay que ayudarlos, eso es plata o renuncia fiscal, que es lo mismo; es un deterioro de las cuentas públicas. Esa es nuestra visión.

Tenemos un punto de partida complejo, que si no lo hubiera sido tanto, si se hubiera cumplido la meta de déficit fiscal, que no era muy buena –de 3 %, de las más altas, pero era la que se preveía para este año–, hubiéramos tenido USD 1.200:000.000 más de los que hoy tenemos –esta es la verdad, porque es la diferencia entre tres y cinco puntos–, y menos endeudamiento; en definitiva, un poco más de margen.

Es verdad que hay un sistema de salud que se fue reformando y fue mejorando, pero no nació ahí; somos orgullosos del sistema mutual que tiene Uruguay, que es ejemplo en el mundo, que afloja la tensión en la salud pública. Miren ahora: el desempleo genera caída de cobertura porque cae el Fonasa y, entonces, caen las cápitas en el sector mutual, tienen menos ingresos, pero aumenta la atención de ASSE, que tenemos que pagar nosotros. Bueno, ¿por qué ASSE puede? Porque el sistema mutual en Uruguay –y esa pareja que vino seguramente también habla de esas cosas–, es privado, pero es un seguro solidario que existe en este país maravillosamente y no existe en otros, que se llenan la boca con su salud. El nuestro es de los mejores del mundo, pero no nació con el Frente Amplio. Nosotros no hicimos algunas mejoras que hizo el Frente Amplio, pero las pudo hacer sobre lo que se construyó durante décadas.

No es esa a mi juicio la discusión que tenemos que dar: ¿quién tiene la culpa? Lo que sí debo decir es que no puedo aprobarle las cuentas públicas con un solo artículo, así como así, como si no hubiera pasado nada, a un Gobierno que nos entrega esta economía, este país, este Estado, esta situación con la que nos tenemos que arreglar nosotros. El Frente Amplio va a ocupar, y lo ha sabido hacer muy bien, su lugar de oposición; nos va a controlar, como debe hacer, nos va a criticar y va a tratar de que se cumplan sus designios. Nosotros trataremos de vencer todos esos obstáculos, incluso, con esto que nos dejan. No hay un problema de relatos; al menos nosotros no lo estamos construyendo. Sí vemos que se quiere construir un relato que este es el inicio de un recorte presupuestal que va a afectar a los más pobres, como si estas cosas pasaran porque venimos acá a sacarle la plata del bolsillo o la comida de la boca a los más necesitados. No vamos a tener lo mismo que tuvimos; ya lo sabemos todos. Agarramos el país muy complicado, aunque no hubiera habido pandemia. Ahora tenemos que administrar una realidad más dura. Esperemos que, además del debate, nos sigamos encontrando en la responsabilidad; de eso también somos ejemplo en el mundo y de eso también nos vanagloriamos entre nosotros. Somos una clase política sana, saludable, que se enfrenta, discute y que tiene enormes diferencias, pero sabe lo que no puede perder. Ahí confío en que nos vamos a encontrar, más allá de la votación del día de hoy que nos va a representar a cada uno genuina y auténticamente. Honestamente, emitimos los votos, aunque con manifestaciones políticas. Decir que condenamos algo es una manifestación política; nadie va a ir preso por ello, pero sí nos distanciamos con esa expresión de una gestión que no compartimos.

Era cuanto quería decir, señora presidenta, a los efectos de intentar resumir nuestra posición luego de este debate.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley remitido por la comisión.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo 1.º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2019, con un resultado:

A) Deficitario de $ 92.652:614.000 (pesos uruguayos noventa y dos mil seiscientos cincuenta y dos millones seiscientos catorce mil) correspondientes a la ejecución presupuestaria.

B) Superavitario de $ 24.045:233.000 (pesos uruguayos veinticuatro mil cuarenta y cinco millones doscientos treinta y tres mil) por concepto de operaciones extrapresupuestarias, derivadas de la aplicación de normas legales.

Los importes referidos precedentemente surgen de los estados demostrativos y auxiliares que acompañan a la presente ley como Anexo y forman parte de la misma».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo 2.º.- Declárase a efectos interpretativos que la aprobación de la presente ley lo es de las normas de presentación de los balances y no implica aval ni validación de la gestión reflejada en la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2019, cuya gestión y resultados se rechazan y condenan».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 18. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

17) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 20:40, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores Asiaín, Bianchi, Botana, Camy, Da Silva, Della Ventura, Gandini, Hunter, Lozano, Methol, Niffouri, Penadés, Piñeyro, Pintado, Rodríguez, Rubio, Sanguinetti [Carmen] y Viera).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

José Pedro Montero Secretario

María Alcalde Directora general subrogante del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.