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N.º 8 - TOMO 604 - 1 DE ABRIL DE 2020

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

7.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDE BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA JOSÉ PEDRO MONTERO Y LA PROSECRETARIA SILVANA CHARLONE

Se deja constancia de que ante la emergencia sanitaria declarada en el país y a efectos de colaborar con las autoridades de la Cámara de Senadores, los funcionarios del Cuerpo de Taquígrafos no tomamos versión taquigráfica en forma presencial, como es el obrar tradicional –a efectos de dar fe, de ser testigos de lo sucedido en sala–, sino en forma virtual. Para ello, además de presenciar virtualmente la sesión referida, se contó con el archivo de audio y video que contiene la grabación de lo sucedido, instrumento proporcionado por la División Electrónica, con el cual se cotejó la versión obtenida por los taquígrafos en procura de otorgar la máxima fidelidad de lo acontecido al acta labrada.

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) y 19) Pedidos de informes

– La señora senadora Lazo solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con la contratación del Hotel Urban Express a efectos de alojar a personas en situación de calle.

– El señor senador Sabini solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Educación Pública, al Consejo de Educación Técnico Profesional y al Consejo de Educación Secundaria, relacionado con la situación de los concesionarios de servicios de cantinas;

- con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionado con la situación de los trabajadores de la educación con cargos en la educación pública y en la educación privada.

• Oportunamente fueron tramitados.

5), 11) y 18) Proyectos presentados

– Los señores senadores Manini Ríos y Lozano presentan un proyecto de ley por el que se establecen normas para la creación de un fondo nacional de emergencia sanitaria.

• Pasa a la Comisión de Hacienda.

– Los señores senadores Carrera, Domenech, Lozano, Penadés y Peña presentan un proyecto de ley por el que se faculta a la Corte Electoral a prorrogar la fecha para la celebración de las elecciones departamentales y municipales previstas en el numeral 9.° del artículo 77 de la Constitución de la república.

• Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

– El señor senador Peña presenta un proyecto de ley relativo a la no destrucción de alimentos por parte de la industria alimentaria cuando se encuentren en condiciones de ser consumidos, pero no de ser vendidos.

• Pasa a la Comisión de Salud Pública.

6) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a la anterior convocatoria.

7) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Bonomi, Kechichian, Topolansky, Mujica, Astori, Sartori, Abreu, Sanguinetti (Julio María) y Rubio.

– Quedan convocados los señores senadores Sabini, Sánchez, Mahía, García, Da Silva, Batlle y Castro.

– Se toma la promesa de estilo a los señores Daniel Caggiani y Enrique Canon, luego de lo cual se los declara investidos de su cargo de senador.

8) y 10) Régimen de trabajo

– Por moción del señor senador Penadés, el Senado resuelve declarar urgentes y considerar en la presente sesión varios asuntos.

9) Comisión de Hacienda

– Por moción del señor senador Penadés, el Senado resuelve autorizarla para que continúe sesionando simultáneamente con el Senado.

12) y 16) Elecciones departamentales y municipales

– Por moción de los señores senadores Carrera, Lozano, Penadés y Peña, el Senado resuelve declarar urgente y considerar en la presente sesión el proyecto de ley por el que se prorroga por única vez la fecha prevista en la Constitución para su celebración.

• Aprobado. Se comunicará en el día a la Cámara de Representantes.

13) y 15) Integración de directorios de varios entes

– De acuerdo con lo resuelto, el Senado pasa a considerar las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para designar:

- como director del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay al señor Pablo Sitjar;

- como presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente a la señora Rosanna de Olivera Méndez;

- como miembro del Directorio del Instituto Nacional de Colonización al señor Julio César Cardozo Ferreira;

- como miembros del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado: en representación de los usuarios, a la señora Natalia Pereyra, y en representación de los trabajadores, al señor Pablo Cabrera;

- como presidente del Directorio del Banco de Previsión Social al señor Hugo Enrique Odizzio Grinschtein;

- como presidente del Directorio de las Obras Sanitarias del Estado al señor Raúl Montero Gustá.

• Concedidas.

14) Ascensos en las Fuerzas Armadas

– De acuerdo con lo resuelto, el Senado pasa a considerar las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para conferir ascensos:

- al grado de brigadier general (Av.) de la Fuerza Aérea, a los señores coroneles (Av.) Fernando Rubén Colina Alsinet y Gaetano Battagliese Palladino;

- al grado de general del Ejército nacional, a los señores coroneles César Darío Ifrán Díaz y Mario Andrés Moreira Montes de Oca.

• Concedidas.

17) y 20) Fondo solidario COVID-19

– Por moción de los señores senadores Penadés, Peña, Lozano y Carrera, el Senado resuelve declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de ley por el que se lo crea.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 30 de marzo de 2020

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo miércoles 1.° de abril, a las 10:30, a fin de informarse de los asuntos entrados.

Silvana Charlone Prosecretaria - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

FALTAN: con licencia, los señores senadores Abreu, Astori, Bonomi, Kechichian, Mujica, Rubio, Sanguinetti (Julio María), Sartori y Topolansky.

ASISTEN: los señores senadores Andrade, Asiaín, Batlle, Bergara, Bianchi, Botana, Caggiani, Camy, Canon, Carrera, Castro, Cosse, Coutinho, Da Silva, Della Ventura, Domenech, Gandini, García, Lazo, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Niffouri, Olesker, Penadés, Peña, Rodríguez, Sabini, Sánchez y Sanguinetti (Carmen).

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 10:39).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se crea un fondo para hacer frente a los costos no previstos a raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

A LA COMISIÓN DE HACIENDA.

El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que comunica las siguientes designaciones:

en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en calidad de presidente, al señor Leonardo Cipriani y, en calidad de miembros, a los señores Marcelo Sosa Abella y Enrique Montagno;

en el Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, en calidad de presidente, al señor Pablo Daniel Abdala Schwarz;

en el Directorio de la Administración Nacional de Correos, en calidad de presidente, al señor Rafael Navarrine;

en el Directorio del Banco Central del Uruguay, en calidad de presidente, al señor Diego Labat;

en el Directorio de la Agencia Nacional de Vivienda, en calidad de presidente, al señor Klaus Mill Von Metzen;

en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos, en calidad de presidente, al señor Juan Curbelo;

en el Directorio del Banco de Seguros del Estado, en calidad de presidente, al señor José Amorín Batlle;

en el Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado, en calidad de presidente, al señor Miguel Vaczy Bareiro;

en el Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, en calidad de presidente, al señor César Iglesias Paz;

en el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, en calidad de presidente, al señor Alejandro Stipanicic;

en el Directorio de la Administración de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, en calidad de presidenta, a la señora María Silvia Emaldi Ficcio;

en el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, en calidad de presidente, al señor Robert Silva García;

en el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, en calidad de presidente, al señor Salvador Ferrer.

AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

También comunica que ha aceptado la renuncia de la señora Matilde Rodríguez a su cargo de vocal en el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, a partir del 9 de marzo de 2020.

TÉNGASE PRESENTE.

El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se sustituye el artículo 15 de la Ley n.º 19855, de 23 de diciembre de 2019;

por el que se autoriza la salida del país del velero escuela ROU Capitán Miranda, a efectos de realizar el XXXII Viaje de Instrucción.

AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que solicita las siguientes venias:

a fin de conferir ascenso, de conformidad con lo establecido por el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la república y en virtud de lo dispuesto por los artículos 41, 102 y 106 de la Ley n.º 19775, de 26 de julio de 2019, por el sistema de selección:

- al grado de general, con fecha 25 de marzo de 2020, a los señores coroneles César Darío Ifrán Díaz y Mario Andrés Moreira Montes de Oca;

- al grado de brigadier general (Av.), con fecha 25 de marzo de 2020, a los señores coroneles (Av.) Fernando Rubén Colina Alsinet y Gaetano Battagliese Palladino.

A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

Asimismo, remite las siguientes venias a los efectos de designar:

en calidad de presidente en el Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el artículo 5.º de la Ley n.º 19367, de 31 de diciembre de 2015, a la señora Rosanna de Olivera Méndez;

en calidad de miembros en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el artículo 2.º de la Ley n.º 18161, de 29 de julio de 2007, en la redacción dada por el artículo 1.º de la Ley n.º 19308, de 7 de enero de 2015:

- en representación de los usuarios, a la señora Natalia Pereyra;

- en representación de los trabajadores, al señor Pablo Cabrera;

- en calidad de presidente en el Directorio de las Obras Sanitarias del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el artículo 8.º de la Ley n.º 11907, de 19 de diciembre de 1952, al señor Raúl Montero Gustá;

- en el Directorio del Instituto Nacional de Colonización, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el artículo 3.º de la Ley n.º 11029, de 12 de enero de 1948, al señor Julio César Cardozo Ferreira;

- en calidad de presidente en el Directorio del Banco de Previsión Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el artículo 7.º literal A) de la Ley n.º 15800, de 17 de enero de 1986, al señor Hugo Enrique Odizzio Grinschtein.

HAN SIDO REPARTIDOS POR DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA. A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Cámara de Representantes comunica que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:

por el que se establecen los lineamientos generales para la implementación y desarrollo de la telemedicina como prestación de los servicios de salud;

por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, por un plazo de hasta doce meses, el subsidio por desempleo de los trabajadores de la empresa Loryser S. A.;

por el que se prorroga por seis meses el plazo establecido en los artículos 27 y 33 de la Ley n.º 19829, de 18 de setiembre de 2019, sobre gestión integral de residuos;

por el que se exonera el 40 % de los aportes personales y patronales comprendidos en el régimen de industria y comercio; de la prestación tributaria unificada monotributo, establecida por el artículo 75 de la Ley n.º 18083, de 27 de diciembre de 2006, y de la prestación tributaria monotributo social Mides, establecida por el artículo 6.º de la Ley n.º 18874, de 23 de diciembre de 2011;

por el que se implementará, por intermedio de Salud Pública, un registro de personal de la salud que participa directa o indirectamente en el proceso asistencial (trabajadores médicos y no médicos), que desempeñe tareas en las instituciones privadas de asistencia médica y esté expuesto al contagio del SARS-CoV-2 ocasionando la enfermedad COVID-19;

por el que se transfiere una suma de dinero del Fondo para el Desarrollo al Fondo Citrícola, y se otorga un préstamo a la empresa Citrícola Salteña S. A.

AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta a un pedido de informes solicitado por la señora Carol Aviaga, relacionado con la operativa financiera del Banque Heritage (Uruguay) S. A.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA SEÑORA AVIAGA».

4) PEDIDOS DE INFORMES

(Pedido de informes consignado en la nómina de asuntos entrados).

«La señora senadora Sandra Lazo solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Desarrollo Social, relacionado con la contratación del Hotel Urban Express a los efectos de alojar personas en situación de calle.

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

5) PROYECTOS PRESENTADOS

(Proyecto de ley consignado en la nómina de asuntos entrados).

«Los señores senadores Guido Manini Ríos y Raúl Lozano presentan un proyecto de ley con exposición de motivos por el que se establecen normas para la creación de un fondo nacional de emergencia sanitaria.

A LA COMISIÓN DE HACIENDA».

(Texto del proyecto de ley presentado).

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de lo siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 24 de marzo no se registraron inasistencias.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 30 de marzo de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia para el día 1.º de abril, por estar incluido en los grupos de alto riesgo sanitario en la actual circunstancia.

Sin otro particular, saludo a la señora presidenta muy atentamente.

Eduardo Bonomi. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Daniel Caggiani, a quien se lo invita a pasar al hemiciclo a efectos de que preste la promesa de estilo.

(Ingresa a sala el señor Daniel Caggiani).

–Se invita al Senado a ponerse de pie.

Señor Daniel Caggiani: ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la república?

SEÑOR CAGGIANI.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR CAGGIANI.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda usted investido del cargo de senador.

(Aplausos en sala).

–Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 1.º de abril de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente, en virtud de la situación causada por la presencia del COVID-19 y atendiendo a las recomendaciones estrictas de mi médico, solicito al Cuerpo me conceda licencia por el día de hoy, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Liliam Kechichian. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que la señora Silvia Listur ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Enrique Canon, a quien se lo invita a pasar al hemiciclo a efectos de que preste la promesa de estilo.

(Ingresa a sala el señor Enrique Canon).

–Se invita al Senado a ponerse de pie.

Señor Enrique Canon: ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la república?

SEÑOR CANON.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR CANON.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda usted investido del cargo de senador.

(Aplausos en sala).

–Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 30 de marzo de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Solicito licencia, por razones sanitarias, para el día 1.º de abril, al no concurrir por hallarme dentro de uno de los grupos de más alto riesgo en la actual situación.

Sin otro particular, la saludo a usted muy atentamente.

Lucía Topolansky. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Sebastián Sabini, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 31 de marzo de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Por este medio solicito gestione, por el miércoles 1.º de abril de 2020, licencia a quien suscribe, por integrar uno de los grupos de más alto riesgo para su salud, dada la situación sanitaria que está afectando al país.

Saludo atentamente.

José Mujica. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Alejandro Sánchez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 1 de abril de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, por el día de la fecha, por razones de prevención de salud.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Danilo Astori. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor José Carlos Mahía, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 31 de marzo de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, para la sesión extraordinaria del día 1.º de abril de 2020.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Juan Sartori. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Queda convocado el señor Alem García, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 30 de marzo de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, en virtud de la emergencia sanitaria y en cumplimiento de las disposiciones del Poder Ejecutivo, hasta el día 12 de abril del año en curso.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Abreu. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Sebastián da Silva, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 1 de abril de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, por el día de hoy, al amparo del literal A) del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, en virtud de tener que cumplir con la exhortación de no salir de nuestras residencias.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Julio María Sanguinetti. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Tabaré Viera ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Raúl Batlle, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 1 de abril de 2020

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos de salud, por el día de hoy, 1.º de abril de 2020.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Enrique Rubio. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Adriana Barros y Eduardo Brenta han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Humberto Castro, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

8) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: vamos a proponer que el Senado pase a cuarto intermedio hasta las 14:00 a fin de poder organizar la jornada de trabajo del Cuerpo.

Una vez que pasemos a cuarto intermedio se constituirá la Comisión de Hacienda, que ha invitado a los integrantes de su par de la Cámara de Representantes para sesionar de manera conjunta en la sala 17, oportunidad en que recibiremos a la señora ministra de Economía y Finanzas, junto con el equipo económico, para que nos informen acerca del proyecto de ley que ha ingresado al Senado –y del que ya se ha dado cuenta–, relativo a la creación del fondo coronavirus.

Una vez que finalice la reunión de la comisión, el Senado reanudará su sesión, a las 14:00, a efectos de considerar los siguientes temas: una serie de venias remitidas por el Poder Ejecutivo para la designación de autoridades de entes autónomos y servicios descentralizados; las solicitudes de venias remitidas por el Poder Ejecutivo para ascender, al grado de general, a dos coroneles del Ejército nacional y, al grado de brigadier general, a dos coroneles de la Fuerza Aérea; el proyecto de ley, que fuera presentado y repartido, por el que se postergan las elecciones departamentales y municipales convocadas para el próximo 10 de mayo y, por último, el proyecto de ley por el que se crea el fondo coronavirus.

Formulamos, pues, moción a fin de que el Senado pase a cuarto intermedio hasta las 14:00.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta las 14:00.

(Así se hace. Son las 10:49).

9) COMISIÓN DE HACIENDA

(Vueltos a sala).

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 14:10).

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: formulamos moción en el sentido de autorizar a la Comisión de Hacienda a continuar sesionando al mismo tiempo que el Senado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar lo solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Por lo tanto, la Comisión de Hacienda podrá seguir sesionando al tiempo que continuamos con la sesión extraordinaria del día de la fecha.

10) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se declaren urgentes y se consideren en la presente sesión las siguientes carpetas:

n.º 107/2020. Venia para designar en calidad de director del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay al señor Pablo Sitjar;

n.º 115/2020. Venia para conferir los ascensos al grado de brigadier general a los señores coroneles (Av.) Fernando Rubén Colina y Gaetano Battagliese Palladino;

n.º 117/2020. Venia para conferir ascenso al grado de general a los señores coroneles César Darío Ifrán y Mario Andrés Moreira;

n.º 116/2020. Venia para designar como miembro en el Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, en calidad de presidente, a la señora Rosanna de Olivera;

n.º 119/2020. Venia para designar como miembro en el Directorio del Instituto Nacional de Colonización al señor Julio César Cardozo Ferreira;

n.º 120/2020. Venia para designar en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en representación de los usuarios, a la señora Natalia Pereyra;

n.º 121/2020. Venia para designar en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en representación de los trabajadores, al señor Pablo Cabrera;

n.º 122/2020. Venia para designar en el Directorio del Banco de Previsión Social, en calidad de presidente, al señor Hugo Odizzio;

n.º 123/2020. Venia para designar como miembro en el Directorio de las Obras Sanitarias del Estado, en calidad de presidente, al señor Raúl Montero».

(Firman los señores senadores Lozano, Coutinho, Penadés y Carrera).

SEÑORA PRESIDENTA.- Habida cuenta de que los antecedentes ya han sido distribuidos, se va a votar si se declaran urgentes y se consideran en la presente sesión las carpetas que acaban de ser mencionadas.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «Los señores senadores Charles Carrera, Guillermo Domenech, Raúl Lozano, Gustavo Penadés y Adrián Peña presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se faculta a la Corte Electoral a prorrogar, en este caso y por única vez, la fecha para la celebración de las elecciones departamentales y municipales previstas en el numeral 9.° del artículo 77 de la Constitución de la república, atento a lo dispuesto por el literal A) del artículo 322 de la Constitución de la república, no más allá del domingo 4 de octubre de 2020.

A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN».

(Texto del proyecto de ley presentado).

12) ELECCIONES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción llegada a la Mesa.

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere en la presente sesión la carpeta n.º 124/2020, proyecto de ley por el que se faculta a la Corte Electoral a prorrogar la fecha para la celebración de las elecciones departamentales y municipales». (Firman los señores senadores Lozano, Coutinho, Penadés y Carrera).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) INTEGRACIÓN DE DIRECTORIOS DE VARIOS ENTES

SEÑORA PRESIDENTA.- De acuerdo con lo resuelto, se pasa a considerar, en primer lugar, la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar al señor Pablo Sitjar en calidad de director del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay. (Carp. n.º 107/2020 - rep. n.º 41/2020).

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Gracias, señora presidenta.

Ponemos a consideración del Senado la venia para designar al contador Pablo Sitjar en calidad de director del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay.

El contador Sitjar realmente presenta un currículo importantísimo en temas vinculados a la economía y a los manejos bancarios. Ha sido presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo. Ha integrado una serie de instituciones públicas y privadas. Fue asesor financiero en temas relacionados con Mercados de Capitales y Gestión de Riesgos de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central del Uruguay. Ha hecho cursos de formación en el Uruguay y en el exterior. Además, tiene una larga experiencia docente en la Udelar y en varias universidades privadas de nuestro país.

Por tanto, la idoneidad de este ciudadano para desempeñar el cargo de director en el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay queda más que demostrada.

Tengo el gusto de conocer a Pablo Sitjar desde que era niño y doy fe de sus condiciones personales para ejercer el cargo para el que ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo.

Era todo lo que tenía para informar.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en calidad de Director del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay al señor Pablo Sitjar».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14) ASCENSOS EN LAS FUERZAS ARMADAS

SEÑORA PRESIDENTA.- De acuerdo con lo resuelto oportunamente, se pasa a considerar las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para conferir los siguientes ascensos:

al grado de brigadier general (Av.) a los señores coroneles (Av.) Fernando Rubén Colina Alsinet y Gaetano Battagliese Palladino. (Carp. n.º 115/2020 - rep. n.º 42/2020);

al grado de general a los señores coroneles César Darío Ifrán Díaz y Mario Andrés Moreira Montes de Oca (Carp. n.º 117/2020 - rep. n.º 43/2020).

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión la carpeta n.° 115/2020, correspondiente a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir ascenso al grado de brigadier general (Av.) a los coroneles (Av.) Fernando Rubén Colina Alsinet y Gaetano Battagliese Palladino.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Gracias, señora presidenta.

El Poder Ejecutivo remite a consideración del Parlamento la solicitud de venia para conferir ascenso al grado de brigadier general, por el sistema de selección, en virtud de lo dispuesto en los artículos 41, 102 y 106 de la Ley n.º 19775, de 26 de julio de 2019, a los señores coroneles aviadores Fernando Rubén Colina Alsinet y Gaetano Battagliese Palladino, de acuerdo con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la república.

Señora presidenta: por haberse cumplido todos los requisitos constitucionales y legales que los habilitan y porque los ciudadanos antes mencionados están en condiciones de ascender al grado de brigadier general, recomendamos al Senado de la república que conceda al Poder Ejecutivo esta venia.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para conferir los ascensos al grado de Brigadier General (Av.), por el Sistema de Selección, en virtud de lo dispuesto en los artículos 41, 102 y 106 de la Ley Nº 19.775, de 26 de julio de 2019, a los señores Coroneles (Av.) Fernando Rubén Colina Alsinet y Gaetano Battagliese Palladino, con fecha 25 de marzo de 2020, de conformidad con lo establecido por el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

En discusión la carpeta n.° 117/2020, correspondiente a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir ascenso al grado de general a los señores coroneles César Darío Ifrán Díaz y Mario Andrés Moreira Montes de Oca.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: cumpliendo también en este caso con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la república y con los artículos 41, 102 y 106 de la Ley n.º 19775, de 26 de julio de 2019, el Poder Ejecutivo solicita al Senado conceder las venias correspondientes para conferir el ascenso al grado de general, por el sistema de selección, a los señores coroneles César Darío Ifrán Díaz y Mario Andrés Moreira Montes de Oca.

Al haberse cumplido con todos los requisitos legales y constitucionales y al estar estos dos señores coroneles en condiciones de ascender al grado de general, recomendamos al Senado se confiera la venia solicitada para que el Poder Ejecutivo proceda en ese sentido.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para conferir los ascensos al grado de General, por el Sistema de Selección, en virtud de lo dispuesto en los artículos 41, 102 y 106 de la Ley Nº 19.775, de 26 de julio de 2019, a los señores Coroneles César Darío Ifrán Díaz y Mario Andrés Moreira Montes de Oca, con fecha 25 de marzo de 2020, de conformidad con lo establecido por el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) INTEGRACIÓN DE DIRECTORIOS DE VARIOS ENTES

SEÑORA PRESIDENTA.- De acuerdo con lo resuelto, el Senado pasa a considerar las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para designar:

a la señora Rosanna de Olivera Méndez como presidenta en el Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. (Carp. n.º 116/2020 - rep. n.º 18/2020);

al señor Julio César Cardozo Ferreira como miembro en el Directorio del Instituto Nacional de Colonización. (Carp. n.º 119/2020 - rep. n.º 19/2020);

a la señora Natalia Pereyra en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en representación de los usuarios. (Carp. n.º 120/2020 - rep. n.º 20/2020);

al señor Pablo Cabrera en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en representación de los trabajadores. (Carp. n.º 121/2020 - rep. n.º 21/2020);

al señor Hugo Odizzio en el Directorio del Banco de Previsión Social, en calidad de presidente. (Carp. n.º 122/2020 - rep. n.º 22/2020);

al señor Raúl Montero Gustá como presidente del Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado. (Carp. n.º 123/2020 - rep. n.º 23/2020).

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión la carpeta n.° 116/2020, correspondiente a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar a la señora Rosanna de Olivera Méndez como presidenta del Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: en este caso el Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el artículo 5.º de la Ley n.º 19367, de 31 de diciembre de 2015, solicita la venia para designar en el Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, en calidad de presidenta, a la señora Rosanna de Olivera Méndez.

Dicha ciudadana es socióloga de profesión. Ha presentado un currículo en el que consta que tiene una vasta actividad tanto en el sector público como en el privado. Además, ha trabajado y militado justamente en áreas vinculadas a la misión que debe cumplir el Inisa según lo establecido en la ley.

Por lo tanto, recomendamos al Senado conceder la venia solicitada por el Poder Ejecutivo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de resolución correspondiente a la carpeta n.° 116/2020.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en calidad de Presidente en el Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, a la señora Rosanna de Olivera Méndez».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

En discusión la carpeta n.° 119/2020, correspondiente a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar al señor Julio César Cardozo Ferreira como miembro del Directorio del Instituto Nacional de Colonización.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: en este caso el Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el artículo 3.º de la Ley n.º 11029, de 12 de enero de 1948, solicita la venia para designar en el Directorio del Instituto Nacional de Colonización al señor Julio César Cardozo Ferreira.

Dicho ciudadano es doctor en Veterinaria egresado de la Udelar. Ha cumplido también una vasta actividad tanto pública como privada y ha trabajado en el Gobierno departamental de Tacuarembó. Además, ya fue director del Instituto Nacional de Colonización entre 2010 y 2015. Fue representante nacional por el departamento de Tacuarembó entre 2000 y 2010 y presidente de la Cámara de Representantes en 2006.

De manera que el doctor Cardozo es conocido por todos nosotros y reúne más que suficientes condiciones para ser propuesto por el Poder Ejecutivo para integrar el Directorio del Instituto Nacional de Colonización.

Por lo tanto, recomendamos al Senado conceder la venia solicitada.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de resolución correspondiente a la carpeta n.° 119/2020.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el Directorio del Instituto Nacional de Colonización, al señor Julio César Cardozo Ferreira».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

En discusión la carpeta n.° 120/2020, correspondiente a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar a la señora Natalia Pereyra en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado en representación de los usuarios.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: en este caso el Poder Ejecutivo remite la solicitud de venia para designar en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en representación de los usuarios, a la señora Natalia Pereyra.

En realidad, se trata de prorrogar, en definitiva, la duración del mandato de esta ciudadana, puesto que ya es en la actualidad directora de ASSE. Como consecuencia de la normativa vigente y al haber variado la integración de la mayoría del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, cesaron todos los cargos, entre ellos el de la señora Natalia Pereyra.

Por lo tanto, el Poder Ejecutivo solicita al Senado conceder la venia correspondiente y recomendamos que así se proceda.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de resolución correspondiente a la carpeta n.° 120/2020.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en calidad de miembro en representación de los usuarios en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, a la señora Natalia Pereyra».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

En discusión la carpeta n.° 121/2020, correspondiente a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar al señor Pablo Cabrera en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado en representación de los trabajadores.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: en este caso también, de acuerdo con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el artículo 2.º de la Ley n.º 18161, de 29 de julio de 2007, en la redacción dada por el artículo 1.º de la Ley n.º 19308, de 7 de enero de 2015, el Poder Ejecutivo solicita la venia correspondiente para designar en el Directorio de ASSE, en representación de los trabajadores, al señor Pablo Cabrera.

Se trata de la misma situación que la anteriormente informada. Por lo tanto, recomendamos al Senado conceder la venia solicitada para que el señor Pablo Cabrera siga siendo miembro del Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado en representación de los trabajadores.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de resolución correspondiente a la carpeta n.° 121/2020.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en calidad de miembro en representación de los trabajadores en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, al señor Pablo Cabrera».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

En discusión la carpeta n.° 122/2020, correspondiente a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar al señor Hugo Odizzio en el Directorio del Banco de Previsión Social, en calidad de presidente.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: en este caso el Poder Ejecutivo remite a consideración del Senado la solicitud de venia para designar como presidente del Directorio del Banco de Previsión Social al ingeniero Hugo Odizzio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el artículo 7.º, literal A), de la Ley n.º 15800, de 17 de enero de 1986.

El señor Hugo Odizzio es ingeniero civil; tiene un máster en Administración y Gestión de Sistemas de Seguridad Social en la Universidad de Alcalá de Henares y otro en Dirección y Gestión de Servicios de Salud. A su vez, tiene una larga actividad pública vinculada al Banco de Previsión Social –en donde fue director hasta hace poco tiempo– y ha desempeñado otros cargos, tanto a nivel público como privado, en Antel y en el Banco de Previsión Social. Su gestión en varias áreas ha sido altamente destacada y destacable, así como también su larga tarea de asesoramiento en estos temas vinculados al Gobierno que preside el doctor Lacalle Pou.

Además –el Senado me lo permitirá decir–, es con particular satisfacción que hago este informe, producto de que el ingeniero Odizzio es mi amigo desde hace más de veinte años y hemos tenido el gusto de militar juntos durante todo ese tiempo en nuestra colectividad política.

Señora presidenta: el ingeniero Hugo Odizzio reúne más que sobradas capacidades y conocimientos como para hacerse cargo de la presidencia del Directorio del Banco de Previsión Social.

Por tanto, recomendamos al Senado acceder a la solicitud realizada por el Poder Ejecutivo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de resolución correspondiente a la carpeta n.° 122/2020.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en calidad de Presidente en el Directorio del Banco de Previsión Social, al señor Hugo Enrique Odizzio Grinschtein».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

En discusión la carpeta n.° 123/2020, correspondiente a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar al señor Raúl Montero Gustá como presidente del Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: en este caso el Poder Ejecutivo solicita la venia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la república y en el artículo 8.º de la Ley n.º 11907, del 19 de diciembre de 1952, para designar como presidente del Directorio de las Obras Sanitarias del Estado al ingeniero Raúl Montero Gustá.

Dicho ciudadano es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Tiene una serie de cursos y una larga experiencia laboral, tanto en el ámbito público como privado. Fue funcionario de OSE y también ha trabajado en temas vinculados a la caminería en el interior de nuestro país. Asimismo, en los últimos tiempos se ha desempeñado como director general de Obras de la Intendencia de Durazno.

Por tanto, señora presidenta, recomendamos al Senado acceder a la venia solicitada por parte del Poder Ejecutivo para designar al ingeniero Montero como presidente de OSE.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de resolución correspondiente a la carpeta n.° 123/2020.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en calidad de Presidente en el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, al señor Raúl Montero Gustá».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: creo que ha finalizado el tratamiento de las venias y me acaban de informar que la Comisión de Hacienda está procediendo a la votación del articulado del proyecto de ley por el que ha sido convocada a trabajar. A su vez, varios coordinadores de sectores parlamentarios han solicitado la realización de un cuarto intermedio para que los miembros de la Comisión de Hacienda informen a sus respectivas bancadas acerca del proyecto.

Por tanto, mocionamos que el Senado pase a cuarto intermedio hasta las 15:35 para esperar a que termine de sesionar la Comisión de Hacienda y dar el tiempo suficiente a las bancadas para que reciban el informe de sus miembros en dicha comisión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta las 15:35.

(Así se hace. Son las 14:36).

16) ELECCIONES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES

(Vueltos a sala).

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 15:40).

–De acuerdo con lo resuelto, se pasa a considerar el último de los asuntos cuya urgencia fue votada: «Proyecto de ley por el que se faculta a la Corte Electoral a prorrogar, en este caso y por única vez, la fecha para la celebración de las elecciones departamentales y municipales previstas en el numeral 9.° del artículo 77 de la Constitución de la república, atento a lo dispuesto por el literal A) del artículo 322 de la Constitución de la república, no más allá del domingo 4 de octubre de 2020. (Carp. n.º 124/2020 - rep. n.º 34/2020)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Muchas gracias.

Señora presidenta: haré consideraciones muy generales producto de que, quizás, otros señores senadores quieren hacer uso de la palabra con relación a este tema.

En primer lugar, quisiera destacar el hecho de que se ha arribado a esta solución con el acuerdo de todos los partidos políticos que integran el Senado de la república y, me atrevo a decir, el Parlamento nacional, porque hay tres partidos políticos que forman parte de la Cámara de Representantes y no así del Senado, pero, por lo que tengo entendido, también acompañarán con su voto este proyecto de ley.

En segundo término, reconocemos las gestiones realizadas por la señora presidenta de la Asamblea General cuando un tiempo atrás decidió convocar a los partidos políticos para encontrar una solución frente a un tema absolutamente inesperado que ha golpeado la realidad nacional: la aparición de esta pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud como COVID-19.

La aparición de esta pandemia, junto con la declaración de emergencia sanitaria que oportunamente decretara el Poder Ejecutivo y la consiguiente conmoción pública provocada por la aparición de este fenómeno, ha tenido consecuencias de la más diversa índole, tanto en la vida mundial como nacional, vinculadas al aspecto sanitario, económico, social e institucional. Lisa y llanamente podemos decir que, a partir de esta pandemia, de esta enfermedad que apareciera en China a finales del año pasado, el mundo hoy se encuentra patas para arriba.

Todos los días tenemos que ver y apreciar el desafío –quizás de los más importantes– que se nos presenta, producto de las cosas negativas que en este caso tiene la globalización. El mundo está transitando un camino inesperado y desconocido cuyas consecuencias serán –lamentablemente, muchas de ellas– aún más graves que la propia pandemia. Hoy, la humanidad se encuentra ante un desafío que ha puesto a los Gobiernos de los cinco continentes y de las más diversas orientaciones ante una encrucijada que algunos transitan con ritmo seguro y derrota firme, mientras que otros van viendo qué pasa y tomando decisiones un día sí y otro también, yendo para adelante y para atrás. Quizás una de las pocas cosas positivas que tiene vivir en esta parte del mundo es que la pandemia nos golpeó mucho después que a otras partes del mundo, permitiéndonos tomar las cosas que se han hecho bien y evitar las que se han hecho mal.

Sobre la base de la realidad que estamos viviendo –de la cual no voy a agregar ningún episodio más porque es más que conocida por quienes hoy estamos en el Senado–, nos encontramos ante una situación realmente desconocida para la que la Constitución no tiene prevista solución alguna. Me refiero a las elecciones departamentales y municipales a las que está convocado nuestro país para el próximo 10 de mayo. De acuerdo con el marco constitucional y legal vigente, de acuerdo con las atribuciones que la Corte Electoral tiene a través de lo establecido en el artículo 322 de la Constitución de la república, el país iba transitando normalmente su proceso electoral hasta su finalización con las elecciones del próximo 10 de mayo. La declaración de la emergencia sanitaria, oportunamente decretada por el Poder Ejecutivo, conlleva una serie de consecuencias realmente muy importantes, ya que asigna al Ministerio de Salud Pública el ejercicio de policía sanitaria de nuestro país y le confiere una serie de potestades hasta ahora nunca utilizadas. Además, le atribuye una serie de responsabilidades en cuanto a la preservación de la salud pública, que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la república.

La comisión conformada por la señora presidenta recibió el informe de la Corte Electoral, que confirmaba la nota oportunamente remitida a la Asamblea General y que lisa y llanamente hablaba del impedimento que tenía para organizar el proceso electoral que se llevaría a cabo el próximo 10 de mayo. Además, señalaba algo que quizás es mucho más grave: que no podía garantizar el normal desarrollo de dicho proceso y el normal desarrollo en el día de las elecciones. En la comisión quisimos ahondar en este concepto y quedó meridianamente claro –lo recordarán los señores senadores que allí participaron– que en las actuales circunstancias la Corte Electoral no podía organizar el proceso electoral para el próximo 10 de mayo.

Ahí, entonces, nos vimos enfrentados a un dilema que tuvo diferentes análisis y discusiones. Hubo expresiones públicas de destacados constitucionalistas, todas ellas muy respetables, todas ellas entendibles y todas ellas compartibles en mayor o menor medida. A su vez, hubo que sopesar la opinión de la Corte Electoral que nos decía, ni más ni menos, que no se podía garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y del día de las elecciones. También debemos tener en cuenta la declaración de emergencia sanitaria a la que hemos hecho referencia; la conmoción pública que vive nuestra sociedad con el arribo de la pandemia; las medidas que se han adoptado por parte del Poder Ejecutivo y que han recibido un amplio respaldo del espectro político y social de nuestro país; y las consecuencias, incluso prácticas, de que las oficinas electorales encargadas de la organización del día de las elecciones al momento están cerradas en todo el territorio nacional.

Entonces, a esta comisión le correspondió proponer al Senado un proyecto de ley que por supuesto es perfectible. Quiero hacer un reconocimiento a todos los partidos políticos y a sus autoridades que hicieron un gran esfuerzo de concesión –en una clara dirección– para garantizar la plena vigencia del Estado de derecho, la plena vigencia de la Constitución y la plena vigencia de las instituciones democráticas y republicanas que nos hemos dado los orientales para ser gobernados.

Por supuesto que aquí se abre una gama enorme de opiniones sobre las soluciones por las cuales se podía transitar. Además, todas o la gran mayoría de ellas estaban dadas con la buena intención de algunos, en su sano saber y entender, de respetar estrictamente lo que la Constitución afirma en su texto. Todas trataban de garantizar la plena vigencia de la Constitución, teniendo en cuenta el enfrentamiento que existe entre cuestiones vinculadas a los derechos que tiene la ciudadanía, las garantías que exige la Constitución para los procesos electorales, el ordenamiento constitucional vigente en cuanto a fechas determinadas para su realización y la toma de mando de las autoridades oportunamente electas en el día de las elecciones. La intención era buscar una solución que fuera apegada a derecho y lo más ajustada a la realidad que nos estaba tocando transitar. En ese sentido, llegamos a un acuerdo en cuya redacción participaron todos los senadores que integraron la comisión. Y debo reconocer –quizás me corresponde a mí decirlo, porque fui el que menos escribí– el aporte que realizaron los señores senadores de Cabildo Abierto, del Partido Colorado, del Frente Amplio y del Partido Nacional para llegar a esta solución.

Nos adelantamos a pedir disculpas porque muchos senadores también quisieron colaborar y participar –es verdad que fue así, que transmitieron sus preocupaciones y sus aportes a nuestras respectivas bancadas–, pero lamentablemente en muchos casos, quizá por una cuestión de tiempo, no pudo lograrse lo que todos hubiésemos querido: que todos participáramos de la misma manera. No obstante, lo que sí podemos decir es que institucionalmente la solución encontrada reunió el acuerdo y la aquiescencia de la totalidad de los partidos políticos, de sus máximas autoridades, y que logramos transitar un camino en el que todos tuvimos que conceder en beneficio de alcanzar el fin último.

En ese sentido, interpretando lo que establece el artículo 322 de la Constitución de la república, decidimos otorgar la potestad, la facultad, a la Corte Electoral de prorrogar, por esta única vez, las elecciones departamentales y municipales previstas en el artículo 77, numeral 9.°) de la propia Constitución –según lo que establece el literal A) del artículo 322– y disponer que el plazo que dicho organismo tiene para realizar la convocatoria sea el 4 de octubre como máximo.

Por supuesto, posteriormente se fueron desencadenando una serie de problemas que todos aquí conocemos. Es el caso de la duración del mandato; por ejemplo, se acorta en algunos meses el de las próximas autoridades. No es un tema dramático, pero es cierto que se abrevia. Es verdad que tenemos que prorrogar el mandato de las actuales autoridades para que no se produzca un vacío constitucional de poder. Los intendentes, las juntas departamentales, los alcaldes y los concejos municipales prorrogarán su mandato más allá del plazo establecido a priori en la Constitución porque las nuevas autoridades asumen sesenta días después de realizados los comicios y de haber sido proclamadas.

Pues bien, esta solución a la que estamos arribando hoy y que proponemos que el Senado acompañe con su voto unánime, fue encontrada en un plano de unanimidad de opiniones y de criterios.

No soy muy afecto al autobombo y mucho menos al autobombo institucional, pero debo reconocer que, en este caso, la solidez y la madurez del sistema político uruguayo una vez más son distintivas a la hora de encontrar una solución a un tema que no estaba previsto por absolutamente nadie y a cuyas causas he hecho referencia al inicio de mi intervención. Soy uno de los senadores que recomienda al Senado –descarto que otros también lo harán– la aprobación de este proyecto de ley por el que facultamos a la Corte Electoral a prorrogar, en este caso y por única vez, el llamado a elecciones departamentales y municipales en el territorio nacional.

Por supuesto que nadie esperaba un inicio, como el que hemos tenido, de la actual Administración; nadie podía imaginar que se iba a desencadenar esta situación. Se ha tratado –y es lo que la opinión pública debe tener claro– de mantener vigente el orden constitucional, el orden legal y la tranquilidad de que la institucionalidad republicana permite extender el plazo y así realizar, en octubre, la elección de las autoridades departamentales y municipales en nuestro país.

En ese sentido, señora presidenta, reconociendo el esfuerzo realizado por todos los partidos políticos, desde nuestra modesta posición recomendamos al Senado la aprobación de este proyecto de ley, con unas pequeñas modificaciones de redacción –que oportunamente fueron presentadas por senadores de todos los partidos políticos– en el texto de un inciso del artículo 2.º y en el artículo 4.º.

Nada más, señora presidenta.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Muchas gracias, señora presidenta.

En nombre de la bancada de la oposición, de la bancada frenteamplista, quiero agregar algo en la línea de lo que señalaba el señor senador Penadés.

En primer lugar, saludo a todos los integrantes de este Cuerpo, que pudimos llegar a este acuerdo, que trabajamos con seriedad y con responsabilidad porque realmente el sistema político estaba enfrentado a un problema grave. La Corte Electoral señaló en dos oportunidades al sistema político –a mediados de marzo y en una reunión durante la semana pasada– que una de las claves del sistema electoral uruguayo estaba en peligro, en tanto no podía garantizar la celebración de elecciones libres –porque esa es una de las claves– y que se respetaran las garantías del sufragio. Realmente, eso, para nosotros, era grave.

Como señalaba el señor senador Penadés, cuando recibimos la convocatoria de la señora presidenta, cada uno de nosotros fue a esa reunión con una idea o un camino, pero en pos de la comunidad, de la comunión, del acuerdo y del consenso, por eso que dije al principio, por la seriedad y la responsabilidad del sistema político uruguayo, llegamos a esta redacción que –quiero decirlo claramente– es incuestionable desde el punto de vista constitucional; es decir, es constitucional. Cada uno de nosotros y cada uno de los técnicos de nuestros partidos aportamos en ese sentido.

Quiero destacar que a mí también me parece importante el artículo 1.º. Nosotros hoy tenemos una declaración y el Parlamento nacional reconoce, en línea con lo que ya dispuso el Poder Ejecutivo, que estamos en una situación de emergencia sanitaria, que existe la necesidad de implementar medidas para preservar la salud de los habitantes del país y que no están dadas las garantías para la celebración de las elecciones departamentales y municipales. Por eso se afectaban los derechos fundamentales previstos en las secciones II y III de la Constitución de la república. ¿Por qué hablamos de la sección II y de la sección III? Porque la sección ii refiere a todos los derechos humanos, desde el principio del artículo 7.º hasta el 72. Desde nuestros partidos algunos decían que estaba en juego el principio de libertad del artículo 7.º, otros el artículo que refería a la reunión; otros hablaban de la salud pública. Y la sección iii refiere a las garantías del derecho al sufragio. Nosotros quisimos englobar todos esos temas, porque están en juego.

Me parece muy importante la solución a que llegamos en el artículo 2.º, porque estamos tomando las facultades originarias de la Corte Electoral, entre ellas, la que se encuentra determinada en el artículo 322, literal A); así, estamos dándole la facultad para que prorrogue, en este caso y por única vez, las elecciones departamentales y municipales, las que no se podrán celebrar más allá del domingo 4 de octubre.

También tengo que decir, señora presidenta, que esta redacción fue consultada con la Corte Electoral. Cada uno de nosotros le dio participación y la Corte Electoral manifiesta su acuerdo porque está dentro de sus facultades. Eso es importante.

Esto se debe resolver en el marco de las mayorías que exige el artículo 327 de la Constitución.

Como decía el señor senador Penadés, se ampliaron los mandatos de las actuales autoridades. Nuestra Constitución lo tenía previsto para el caso del intendente, pero no para el de los ediles, los alcaldes y los concejales. Con el artículo 4.º buscamos dar certeza y seguridad jurídica al señalar que las nuevas autoridades que asuman luego de las elecciones de octubre tendrán un período de funciones menor, porque van a cesar cuando la Corte Electoral convoque a elecciones el segundo domingo de mayo del año 2025. En esa ocasión se elegirán las nuevas autoridades, que asumirán luego de transcurridos sesenta días desde esa fecha, conforme a lo que marca nuestra Constitución.

Para finalizar, queremos decir que realmente nos sentimos gratificados de haber llegado a este acuerdo. Como expresaba el señor senador Penadés, aquí actuamos con responsabilidad y seriedad frente a la convocatoria de la señora presidenta, y llegamos a un acuerdo que va en línea con nuestra Constitución y toma en cuenta todos los derechos humanos de nuestros habitantes: el derecho al sufragio; el derecho a elegir y a ser elegible; el derecho a tener, en una fecha cierta, elecciones libres y preservar la salud de nuestros habitantes, que es de lo que debemos preocuparnos en estos momentos.

Para finalizar, queremos decir que aseguramos el voto afirmativo de toda nuestra bancada, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Muchas gracias.

SEÑOR PEÑA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PEÑA.- Brevemente, quiero informar que el Partido Colorado va a acompañar este proyecto de ley.

Es indudable que las elecciones departamentales son muy importantes y que el ciclo electoral recién culmina con ellas. Muchas veces quienes trabajamos para las elecciones internas o para las nacionales y somos candidatos a la Cámara de Representantes o al Senado, no les damos la debida importancia a las elecciones departamentales, pero son centrales, fundamentales, sobre todo las del tercer nivel de gobierno, donde justamente los ciudadanos están más cerca del sistema político.

Dada la situación que vive el mundo actualmente, y en particular nuestro país, es indudable que estas elecciones no se podrían llevar a cabo de manera normal; no sería posible realizar una campaña electoral ni cumplir con los plazos y los procedimientos de la Corte Electoral. Es más, estaba en duda la posibilidad de garantizar los derechos de los ciudadanos, tanto en calidad de elegibles como de electores.

Por otro lado, surge un aspecto muy claro y objetivo, como es el informe de la Corte Electoral, que nos advierte de las dificultades para poder llevar adelante esta elección con las garantías suficientes y necesarias. Es allí donde el sistema político comienza a trabajar en una solución, en una salida. Desde el punto de vista formal fue en ese momento que surgió la mayor dificultad y cuando se hicieron los esfuerzos más importantes. La señora presidenta tuvo la iniciativa de generar un grupo de trabajo –que también encabezó– que dedicó muchas horas a este tema y agotó todos los esfuerzos para obtener una salida consensuada, que es lo que tenemos al día de hoy.

El Comité Ejecutivo Nacional de nuestro Partido Colorado decidió, el pasado lunes, respaldar esta iniciativa, aunque también es cierto que algunos de nuestros integrantes tienen ciertos reparos sobre la salida formal. Este tema da lugar a más de una opinión, pero creemos que existen garantías en el propio proyecto de ley. Más allá de alguna discusión que pueda darse en su momento sobre su constitucionalidad, nos parece que es una solución acorde a la Constitución. Asimismo, entendemos que existen otras garantías, ya que por tratarse de un tema electoral deberán alcanzarse los dos tercios de votos necesarios para aprobar una iniciativa de estas características, aunque creemos que seguramente será aprobado por unanimidad. Además de todo esto, el artículo 327 de la Constitución de la república exige a la Corte Electoral mayorías especiales para llevar adelante esta decisión.

A esta altura podemos confiar en que el sistema político ha llegado a una solución aceptable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a ser elegibles y electores, sin olvidar el marco del cuidado de su salud. Entiendo que todo esto fue tenido en cuenta, dada la situación excepcionalísima.

Por lo tanto, señora presidenta, el Partido Colorado va a acompañar este proyecto de ley y quiere felicitar a todos los que trabajaron en él, porque lo primero que hay que reconocer es que aquí todos dejamos cosas por el camino. Cuando se realizó la primera reunión, las posiciones de los partidos eran muy disímiles y está claro que cuando llegamos a un consenso es porque todos cedemos un poco. Entonces, es posible que no todos estemos todo lo contentos que quisiéramos, pero sí lo estamos en la medida en que llegamos a esta solución.

Vamos a respaldar con nuestro voto el proyecto de ley y creo que si todo sigue como va y Uruguay logra superar esta crisis sanitaria, en octubre estaremos eligiendo a las autoridades que el 4 de diciembre del presente año asumirán a nivel departamental, de las juntas y de los municipios.

Muchas gracias.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: en nombre de Cabildo Abierto quiero decir que nuestro partido respaldará siempre las leyes que aseguren la pureza del sufragio. En ese sentido acompañamos este proyecto de ley con la más absoluta tranquilidad de que está en un todo acorde con las disposiciones constitucionales vigentes.

Quisiera que se tuviera presente que no necesariamente todas las elecciones departamentales tienen que realizarse el segundo domingo de mayo, ya que la Corte Electoral puede anular elecciones departamentales y, en ese caso, habría que realizar nuevas. Por eso diría que hasta esta iniciativa podría ser superflua. Creo que la Corte Electoral tenía facultades, dadas las circunstancias particulares de fuerza mayor que se viven en el país, para prorrogar estas elecciones. Pero entendimos que si un organismo de la importancia de la Corte Electoral nos informa que no puede asegurar las garantías suficientes para que los comicios se produzcan en la forma libre a que estamos acostumbrados los orientales, teníamos que acompañar este proyecto de ley, que tiene el respaldo de todos los partidos políticos con representación en el Senado de la república y esperamos que cuente con el respaldo de todos los partidos con representación en la Cámara de Representantes.

Para dar tranquilidad a la población de que todos los partidos políticos en este país estamos preocupados por la pureza del sufragio, quiero decir que acompañamos el proyecto con la más absoluta convicción de que está acorde a las disposiciones constitucionales vigentes.

Muchas gracias.

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: estamos considerando este proyecto de ley de acuerdo a todo lo que han planteado los senadores que me precedieron en el uso de la palabra, y como priorizamos los informes de cada uno de ellos vamos a votar con algunos que otros sacrificios de concepto. En este caso priorizamos la unidad y por lo tanto vamos a votar a favor de la iniciativa, pero no sin antes aclarar que lo voy a hacer respaldando la decisión de mi partido, en el marco de la unidad partidaria de quienes han puesto la mejor voluntad política para encarar un tema totalmente externo a todos nosotros. No quería dejar de mencionar que lo estamos votando con algunos sacrificios de concepto, priorizando la unidad.

También quiero resaltar la muy buena voluntad política de todos los partidos que integran esta cámara a los efectos de lograr una solución para afrontar una situación que realmente no estaba prevista, sin dejar de atender este otro grave problema que viven todo el país y todos los compatriotas. Ello nos lleva a que respaldemos, votemos y defendamos este proyecto; esa es la prioridad, circunstancia que nos unió a todos. Por lo tanto, acá estamos de acuerdo con la postergación, sí o sí. Esto se tiene que postergar, y solamente estamos considerando cuándo y cómo.

También creo que todos los partidos políticos se manejaron muy bien para llegar a esta redacción. Más allá de que a nosotros nos hubiera gustado que algunos conceptos fueran distintos, vamos a votar afirmativamente haciendo un sacrificio en favor de la unidad. Queremos alentar a todos los candidatos a las intendencias y a los más de cien municipios, así como a los cientos de candidatos a alcalde en cada rincón del país, a que no bajen la guardia. Queremos que sigan trabajando fuertemente para darse a conocer a los compatriotas, a fin de que tengamos una gran elección en octubre, de modo que cada pueblo, el pueblo de cada uno de nosotros, decida a partir de los primeros días de diciembre.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- No es fácil para mí acompañar esta solución. Tengo algunas dudas respecto a si lo más sabio es postergar las elecciones, habida cuenta de que todas las intendencias y casi todos los municipios están viviendo una crisis del país, conducidos por figuras que legítimamente ejercen los cargos, pero que no son los líderes naturales de cada uno de nuestros pueblos. ¡Vaya si será importante que ante una crisis como la que estamos viviendo quienes estén al mando, quienes estén conduciendo las acciones, sean los ciudadanos ungidos para ello! Por esa razón traté de hablar con los candidatos; lo hice con casi todos los de mi partido y con muchos de los otros partidos.

Voy a acompañar hoy la solución presentada, independientemente de la forma jurídica elegida, que no es lo sustantivo en este caso. Con esto no quiero decir que lo político esté por encima de lo jurídico. Afirmo que la forma debe ser cumplida y que en este caso la forma encontrada es una solución garantista. Pero lo más importante de todo en el día de hoy es que con esta solución se está preservando el derecho del ciudadano a la salud y a tener una elección. En eso coinciden los candidatos de todos los partidos.

Tenemos una enorme responsabilidad social. No tengo dudas de que el resultado no va a ser el mismo si la elección se hace ahora, en mayo, o si se hace dentro de cuatro, cinco o seis meses. Algún resultado va a cambiar; tal vez muchos puedan cambiar. Aquí ha primado la responsabilidad de todos los ciudadanos que están jugando su destino y el de sus pueblos en cada uno de los departamentos del interior de la república y en Montevideo, y en cada uno de los municipios del país. En todos ellos ha primado el sentido de responsabilidad. Eso es lo que ha empujado a la unidad en la búsqueda de esta solución jurídica, al acuerdo generalizado y al hecho de que vayamos a votar por unanimidad este proyecto de ley. Seguramente después vamos a tener que solucionar otras cuestiones porque con el mandato vencen algunos plazos de pagos de deudas; algunos departamentos tendrán problemas con fideicomisos que tendrán que comenzar a pagar; otros departamentos tienen deudas bancarias que fueron diferidas al período que viene y que tendrán que empezar a abonar. Seguramente habrá que hacer un sinnúmero de cambios para terminar de viabilizar jurídicamente esta solución que hoy vamos a tomar.

Señora presidenta: quiero decir que mi voto responde a una responsabilidad social para propiciar el libre ejercicio del derecho al sufragio de todos los ciudadanos.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se dé lectura a las modificaciones que hemos propuesto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1.º.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se ha propuesto una modificación para el inciso segundo del artículo 2.º, por lo que lo votaremos por incisos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso primero del artículo 2.º.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el texto sustitutivo del inciso segundo del artículo 2.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «La fecha de la prórroga deberá resolverse en un plazo de quince días desde la promulgación de la presente ley, por las mayorías previstas en el Artículo 327 de la Constitución de la República».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el inciso tercero del artículo 2.º.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3.º.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el texto sustitutivo del artículo 4.º presentado a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Las autoridades electas iniciarán sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 262 de la Constitución de la república y cesarán en las mismas cuando asuman las autoridades electas en el próximo período electoral de conformidad con lo establecido en el Artículo 77 numeral 9º de la Constitución de la República (segundo domingo del mes de mayo del año siguiente al de las próximas elecciones nacionales)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4.º con la redacción indicada.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

17) FONDO SOLIDARIO COVID-19

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se declare urgente y se trate de inmediato la carpeta n.º 118/2020, proyecto de ley por el que se crea un fondo para hacer frente a los costos no previstos a raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19)». (Firman los senadores Penadés, Lozano, Peña y Carrera).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar, pues, el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se crea un fondo para hacer frente a los costos no previstos a raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19). (Carp. n.º 118/2020 - rep. n.º 45/2020)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: el Cuerpo va a tratar un proyecto de ley importante, que ingresó hoy mismo al Parlamento y que la Comisión de Hacienda conoció a través de su texto y de la exposición del equipo económico.

Este proyecto de ley contiene dos aspectos claramente distintos.

En primer lugar, se crea un fondo denominado Fondo Solidario COVID-19. El artículo 1.º define cuál es el destino de los recursos que ese fondo va a recaudar y el artículo 2.º establece de dónde proceden esos recursos. A partir del artículo 3.º se define y se diseña un impuesto transitorio, que es uno de los recursos que va a recibir el fondo.

El motivo de este impuesto transitorio que hoy considera el Parlamento y de la visita del Poder Ejecutivo por primera vez a este Cuerpo es conocido por todos nosotros: la epidemia, pandemia ahora, del coronavirus, que tiene un gravísimo componente sanitario y un fortísimo impacto económico y social.

Es la primera vez que el mundo enfrenta un enemigo global. Nadie está preparado para esa batalla y nadie sabe hasta dónde va a llegar y cómo va a terminar. Estamos viendo ahora cómo la principal potencia económica y militar del mundo, los Estados Unidos, pasa a ser el país que va a sufrir más las consecuencias, en infectados, en contagiados y seguramente en fallecidos. Y allí habrá consecuencias económicas de carácter universal. Todos sabemos que cada vez que Estados Unidos sufre, las consecuencias las pagan los países dependientes de esa gran economía.

El equipo económico vino, entonces, a poner en contexto este proyecto de ley. Expuso las medidas que ha ido tomando este Gobierno –que asumió hace apenas treinta días–, en materia sanitaria, y todas aquellas que ya han tenido consecuencias económicas, porque no hay límite de recursos. Se van a destinar todos los que sean necesarios y, de hecho, se están destinando para hacer frente a los sectores más vulnerables de la sociedad, empezando por aquellos que tienen menor cobertura. Hoy ya se están desembolsando cantidades importantes de recursos, sea para los trabajadores que tienen el derecho al seguro de paro –que ya son cerca de 90.000–, para aquellos que van al seguro por enfermedad, pero sobre todo para aquellos otros cuya única protección es la que les pueda dar el Estado, a través de métodos ya vigentes y muchos otros que hay que crear y que se están creando día a día.

El Gobierno ha mantenido una postura muy firme, muy transparente y muy seria. En ningún caso ha anunciado a la población medidas que no pueda instrumentar inmediatamente. A veces la ansiedad política o social ha llevado a pedir que se tomen medidas más rápido, pero el Gobierno no va a anunciarlas, por más que las pueda tener pensadas, hasta no estar seguro de que pueda instrumentarlas. Por lo tanto, ha actuado con enorme transparencia y seriedad.

El presidente de la república ha liderado un proceso muy difícil, pero lo ha hecho siendo consecuente con la actitud que prometió antes de asumir: hacerse cargo y dar la cara a los problemas y a las decisiones, cosa que ha hecho permanentemente y todas las veces que fue necesario.

Las consecuencias que se esperan son diversas. No llegamos al momento más complejo en lo sanitario ni en lo económico, pero el Gobierno sí nos dice que atiende esta situación con un ojo mirando el camino y el otro, el horizonte. Se toman decisiones día a día según la evolución de los temas que se van conociendo, entre los que aparecen algunos que no estaban previstos y a los que hay que atender, pero también mirando el día después.

La señora ministra Azucena Arbeleche volvió a insistir en la obsesión que ha tenido desde el primer día en trabajar para que no se apaguen los motores de la economía. Y la economía, obviamente a otra velocidad, está funcionando. La idea, entonces, es que lo siga haciendo mientras controlamos los efectos sanitarios de la epidemia.

Sin embargo, hay que atender los aspectos económicos. La suma de todas las medidas permite calcular en USD 400:000.000 los desembolsos que se van a hacer con las que ya se han tomado, aunque la señora ministra decía hoy que se están estudiando otras para sectores que aún no están cubiertos.

Aparecen todos los días cosas nuevas. Quizás no se había pensado en una cantidad de personas que vivían en pensiones que pagaban con lo que hacían cada día, y cuando dejaron de trabajar, terminaron viviendo en la calle y se sumaron a las más de dos mil que ya se encuentran en esa situación. A esas personas también hay que atenderlas, tienen hábito de trabajo, quieren salir adelante, pero se quedaron sin un techo, sin un baño y sin un lugar donde guardar sus cosas. No es población en situación de calle; es gente que vive en pensiones. Y son miles, como también son miles los que no tienen cobertura de ninguna naturaleza. Por lo tanto, se han aumentado, duplicado en algunos casos, los montos de algunas de las tarjetas del Mides. Se han tomado medidas para ayudar a los monotributistas y a las unipersonales, subsidiando una parte de sus aportes y exonerando otras. Se ha previsto hacer llegar canastas a más de trescientas mil personas que no tienen otros ingresos, aunque se habla de que pueden llegar a ser cuatrocientas o cuatrocientas cincuenta mil. Asimismo, se estudian otras medidas.

Por lo tanto, lo que hoy ya está valorado en USD 400:000.000 sin duda que va a ser bastante más. El país tiene que pensar en formas de ingreso para no seguir agravando el déficit fiscal en el que nos encontramos, al que hoy también se refirió la señora ministra. Ayer, las cifras oficiales ratificaban que el déficit fiscal del año 2019 fue del 5 %, es decir que faltaron entre USD 2.700:000.000 y USD 2.800:000.000 para cerrar la brecha entre ingresos y egresos del año pasado.

También nos decía hoy en comisión la señora ministra que la liquidez con la que este Gobierno tomó el mando fue menor que la de los últimos años; el 2019 cerró con menor liquidez que los años anteriores. Además, nos fuimos encontrando con que los datos cerrados al 2019 muestran un aumento de la pobreza, un aumento de la indigencia, un aumento del desempleo, todas cosas que, con coronavirus o sin coronavirus, constituían un dato de la realidad para enfocar las propuestas que habíamos hecho.

A su vez, la señora ministra nos dijo que se han dejado para después las promesas con que se llegó al Gobierno, los compromisos que habíamos asumido para comenzar a ordenar las cuentas públicas y salir a la reactivación económica. Hoy el déficit fiscal dejó de ser una prioridad y es fácilmente advertible que ese déficit va a aumentar, no solo porque hay más gastos, sino porque, además, va a haber menos ingresos. La recaudación cae, como caen todas las recaudaciones, incluida la del Estado. Y, naturalmente, la brecha se va a agrandar. Se agrandará por la cantidad de recursos que hay que destinar, y por los que habrá que destinar incluso después de que se levante la emergencia sanitaria, para permitir que se rehabiliten una cantidad de sectores que han quedado fuera de competencia. A esas dificultades, hay que agregarle estas otras.

Seguramente este fondo no resuelva todo el problema, pero puede resolver una parte. Puede ser el lugar al que lleguen distintos aportes, que detalla el artículo 2.º. Vendrán aportes de organismos internacionales; vendrán del 30 % de las ganancias del Banco República; vendrán de utilidades acumuladas de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y también de otras personas de derecho público no estatal que –previo informe de la OPP– estén en condiciones de hacer esos aportes con ganancias acumuladas, sin que estas transferencias al fondo afecten los cometidos para las que fueron creadas. Hay varias que pueden aportar. Pero también vendrán aportes de préstamos de organismos internacionales, de donaciones y, obviamente, del impuesto que esta misma ley crea: un impuesto transitorio que afectará lo devengado en los meses de abril y mayo. Es decir que se descontará a los sujetos pasivos en los meses de mayo y junio, y exclusivamente por lo devengado en esos meses, y no necesariamente por todas las partidas que en esos meses se cobre, si esas partidas son anuales; hay que tener en cuenta que algunas se cobran de esa forma y, casualmente, algunas de ellas pueden caer en esos meses. Tampoco afectan el aguinaldo o el salario vacacional, cuando corresponda, teniendo en cuenta que hay empleados públicos que cobran salario vacacional.

Custodiando y preservando esos casos, deberán aportar, según una escala acorde a sus ingresos nominales y sin comprometer el líquido por debajo de $ 80.000, todos los trabajadores de la actividad pública, más allá de su relación o naturaleza funcional. Todos aquellos que ganen más de $ 120.000 nominales, luego de que se les descuenten las leyes sociales, el aporte al IRPF y a la salud, deberán contribuir con el porcentaje que le corresponda a su escala, siempre que queden líquidos y libres $ 80.000.

A los sujetos pasivos obligados en la propuesta del Poder Ejecutivo –empleados públicos de la Administración Central, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de los Gobiernos departamentales, de los entes autónomos y servicios descentralizados– la Comisión de Hacienda agregó a aquellos que pertenecen a las personas de derecho público no estatal y a las sociedades anónimas cuyo capital accionario mayoritario pertenece a alguna entidad estatal. Por tanto, los funcionarios de sociedades anónimas propiedad del Estado –pertenezcan a entes autónomos, servicios descentralizados y aun a personas de derecho público no estatal–, si entran en las escalas definidas en el articulado, deberán hacer el aporte a este fondo solidario de igual modo.

También quedan comprendidos en la misma escala los subsidios que cobran quienes ocupan cargos electivos, políticos o de particular confianza, y aportarán según su subsidio. Del mismo modo, quedan incorporados los funcionarios del servicio exterior, con una fórmula que el articulado establece, porque es de público conocimiento que cobran una retribución estando en el exterior y otra mucho menor cuando les toca pasar algún período en el país. Allí está regulado cómo cobran y cuáles son las escalas. A su vez, quedan comprendidos aquellos que representan al país en las comisiones binacionales. Por supuesto que también quedan incorporados aquellos que ocupan cargos políticos y de particular confianza, en este caso con una escala única del 20 %, siempre que $ 80.000 sea el líquido mínimo que cobren; pero la escala que los grava es la del 20 %.

Como decíamos, esto será por un plazo de dos meses, pero se otorga al Poder Ejecutivo la autorización para que lo prorrogue por dos meses más. La propuesta del Poder Ejecutivo era por tres meses, pero en la comisión la oposición entendió que la autorización era demasiado extensa, y que, eventualmente, podría renovarse por otra ley, por lo que en forma consensuada se redujo ese plazo de extensión a dos meses.

La comisión también ajustó el texto modificando mínimamente las escalas –sin ir al fondo de ellas– para que tuvieran consistencia unas con las otras; fusionó los artículos 4.º y 5.º para que quedaran comprendidos entre los «sujetos pasivos» todos aquellos que deben abonar. El texto especifica que en ningún caso este impuesto será deducible del impuesto a la renta de las personas físicas, e incorpora un adicional –esta forma también se la dio la comisión– referido al impuesto de asistencia a la seguridad social –IASS–, que grava todas las jubilaciones, pensiones, retiros policiales y militares de las cajas públicas, privadas o paraestatales. Es decir que todos los jubilados, retirados y pensionistas que reciban prestaciones mayores a $ 100.000 líquidos deberán pagar según la misma escala, pero –reitero– a partir de $ 100.000 líquidos. De esta forma se agranda el universo, con la particularidad de que este componente del impuesto no tiene como destino el Fondo Solidario COVID-19, porque el artículo 67 de la Constitución de la república dispone que todo impuesto a la seguridad social tiene como único destino posible el Banco de Previsión Social. Ese es, por lo tanto, el destino que se le da: todo lo que se recaude irá al banco, consistentemente con la redacción del artículo 2.º de este proyecto de ley, que tiene como destino atender la caída de recaudación que naturalmente tendrá el Banco de Previsión Social por la situación económica que vive el país. En tanto hay 90.000 personas en el seguro de desempleo, estas recibirán una prestación, y el banco, además, dejará de percibir el aporte correspondiente. Lo mismo sucederá con otras actividades. Ese, reitero, es el destino que se le dará a estos dineros.

Asimismo, se deja claro cómo funciona, con la aplicación de este impuesto, la retención con destino a pensiones alimenticias.

Finalmente, se establece –en una redacción que surgió de la comisión, pero que también contó con el acuerdo del Poder Ejecutivo– la obligación del Poder Ejecutivo de rendir cuentas al final de este período. El último artículo del proyecto de ley establece que el fondo tendrá vigencia –y todo lo que se dispone en la ley– hasta que el Poder Ejecutivo derogue la declaración de emergencia sanitaria decretada el 13 de marzo. Es decir que el día que se levante la emergencia sanitaria, caen los impuestos –si estuvieran vigentes– y cae el fondo. Una vez que ello suceda, el Poder Ejecutivo tendrá noventa días para remitir a la Asamblea General una rendición de cuentas de todos los ingresos y sus procedencias, así como de todos los egresos, cómo se ejecutaron y cuáles fueron sus destinos.

La Comisión de Hacienda votó por unanimidad el proyecto de ley en general, así como cada uno de sus artículos, que primero fueron siendo consensuados con el Poder Ejecutivo. Cuando este se retiró, la comisión trabajó el texto concreto de cada uno de los artículos, logró un consenso y votó por unanimidad, independientemente de algunas constancias que obviamente se dejaron. Finalmente, se votó por unanimidad, lo que habla muy bien de la consolidación en el esfuerzo de todo el sistema político para dar respaldo a este tipo de medidas y a las que viene tomando el Poder Ejecutivo.

Quedamos a la orden del Cuerpo para dar respuesta a posibles interrogantes y, obviamente, para presentar el articulado del proyecto de ley cuando se ponga a consideración.

Muchas gracias.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: todos sabemos que nos encontramos en una situación de excepción; por lo tanto, todo lo que se está debatiendo, razonando y pensando en estas circunstancias, no se hubiera hecho de la misma manera en tiempos normales. Sin duda, en tiempos normales muchos aspectos de este proyecto de ley no habrían sido en absoluto acompañados por el Frente Amplio. Digo esto con claridad, pero también pienso que el Gobierno no hubiera enviado un proyecto de ley de esta naturaleza si estuviéramos en tiempos normales.

Nosotros vemos un montón de dificultades derivadas del proyecto de ley, que hacen a aspectos conceptuales, a aspectos operacionales y a aspectos de diseño. Pero el Frente Amplio ha definido un posicionamiento político en el contexto de esta crisis sanitaria y de la situación que emerge por los impactos económicos y sociales que esta emergencia sanitaria acarrea. Por eso, adelantamos que vamos a estar apoyando en general el proyecto de ley, a pesar de estas prevenciones.

De todas maneras, creemos que corresponde explicitar las prevenciones más relevantes que vemos. Justamente, nuestro posicionamiento político deriva de que en este contexto vamos a estar todos los partidos políticos dando la misma batalla: la batalla contra la propagación del virus y contra los impactos económicos y sociales que esta situación trae. Pero eso también implica que haya un marco para dar nuestra visión, así como también para hacer nuestras propuestas y dar nuestras opiniones.

En el día de ayer tuvimos una muy positiva reunión con el Gobierno. Una delegación representativa del Frente Amplio se reunió con el presidente de la república, con el secretario de la presidencia y con la ministra de Economía y Finanzas, y dejamos en claro este talante de contribución, entendiendo que mientras dure la crisis sanitaria tiene que haber –como una gestualidad imprescindible, pero también como parte de una sustancia de cómo entendemos la democracia– un paréntesis en la confrontación política, porque hoy tenemos un enemigo común. Desde ese punto de vista, el Frente Amplio puso sobre la mesa un documento con su visión, con sus prioridades y con propuestas, y sentimos receptividad de parte del Gobierno en cuanto a que vamos a seguir teniendo ámbitos de intercambio para que, tanto los partidos políticos como las organizaciones sociales, podamos volcar nuestra visión y nuestras propuestas para combatir la crisis que enfrentamos.

Nuestro foco está en que hay que tomar medidas; algunas se han ido tomando, y hemos sido explícitos en reconocer que lo que el Gobierno ha ido haciendo va en la dirección correcta, pero es imprescindible tomar otras para que los males no sean mayores.

Compartimos la visión de que algunos temas –que no son menores en la realidad económica y social del Uruguay– deben postergarse como prioridades, para poner el foco en la situación actual. Algunas de las medidas que hay que tomar se han adoptado, pero en nuestra perspectiva hay otras para seguir tomando. Por supuesto que estas tienen un costo en el corto plazo, y por supuesto que están en un marco de deterioro del aparato productivo, de deterioro del empleo y de deterioro de las condiciones de bienestar social, pero estas medidas deben tener como objetivo, justamente, evitar que ese deterioro se agrande, mitigar el impacto económico y social, evitar que haya empresas que se destruyan, evitar que haya gente que pase a la informalidad y evitar que haya más gente que caiga en la pobreza.

¿Por qué pensamos esto? Porque si no tomáramos estas medidas tratándose de una situación transitoria, a la hora de la recomposición y de la normalización los costos serían mucho más altos. Por eso vemos con buenos ojos el planteo del Gobierno en cuanto a que, en estas circunstancias y dado que esto es de carácter transitorio, no va a escatimar recursos para tomar las medidas que haya que tomar para que el impacto sea el menor posible y el punto de partida a la hora de la recomposición de la situación económico-social implique el menor costo posible. Vale decir que, en ese sentido, nuestro foco está en que las medidas alcancen a todos los segmentos de la población que realmente hoy están siendo impactados por esta situación, por el proceso de producción, de consumo, por el proceso financiero, pero, sobre todo, también por la necesidad de acatar las recomendaciones de conducta que hacen las autoridades sanitarias.

Nosotros respaldamos las medidas que implican quedarnos la mayor parte del tiempo posible en nuestras casas, así como incrementar y profundizar el distanciamiento social transitorio para evitar la propagación.

Ahora bien, para que toda la sociedad pueda cumplir esas recomendaciones, es imprescindible dar ciertas garantías y tranquilidades. Muchos podemos hacerlo sin la preocupación mayúscula de que nos falten las cosas básicas en el hogar e, incluso –parte de lo que se está discutiendo hoy–, tenemos la posibilidad de contribuir a que se financien las necesidades inmediatas. Pero hay segmentos de la población que no tienen esa situación y que el hecho de cumplir con las recomendaciones sanitarias podría implicarles no poder generar los ingresos cotidianos que les son imprescindibles para satisfacer bienes y servicios básicos. Por eso, ambas cosas tienen que ir de la mano. Son dos caras de la misma moneda. El Gobierno fue en la dirección correcta a la hora de diferir tributos y aportes a la seguridad social; brindar subsidios y abrir líneas de crédito blandas para micro-, pequeñas y medianas empresas; y flexibilizar el seguro de paro, entre otras. Esas medidas fueron en línea con aliviar la situación de las micro-, pequeñas y medianas empresas y la de los trabajadores formales, que son los que esencialmente tienen acceso a los mecanismos del seguro de paro. También, en un principio, el Gobierno planteó el incremento de la tarjeta Uruguay Social –que vemos de buena manera–, que alcanza a unas ochenta y cinco mil u ochenta y seis mil familias. Pero, a la vez, estamos convencidos de que hay un segmento bastante más importante en dimensiones que esas ochenta y cinco mil familias, que hoy está en una circunstancia de mayor vulnerabilidad por las recomendaciones de conducta sanitaria que las autoridades impulsan y por la situación que se genera en la caída de la producción, del consumo y del empleo.

Es por esa razón que nuestro foco está puesto en continuar trabajando –el Gobierno se ha mostrado abierto y entiende esta situación– para seguir aplicando medidas que también alcancen a esos segmentos vulnerables de la población uruguaya que hoy no están siendo alcanzados por las medidas ya tomadas.

Reitero: este es un punto que esencialmente compartimos en el diálogo que ayer tuvimos con el Gobierno. El Frente Amplio incluye en su propuesta la necesidad de garantizar un ingreso mínimo a todas esas familias. Más allá de la tarjeta Uruguay Social –en los casos que existe– y las asignaciones familiares –en los casos en que ya hay–, entendemos que habría que incrementar esos montos o incorporar subsidios para aquellas familias que no reciben ninguno de los dos instrumentos, de forma de garantizar un ingreso mínimo –para las familias que están en esas circunstancias– del orden de un salario mínimo por mes. En un horizonte de tres meses –que es la estimación que en general se está utilizando para tener números tentativos–, el hecho de llegar a unas trescientas mil familias con esta medida implicaría una erogación del orden de los USD 220:000.000 o USD 240:000.000. Creemos que, en este contexto, esos son montos absolutamente manejables y financiables para –reitero– tener un impacto fundamental, no solo en la tranquilidad económica de esas familias, sino también en darles la posibilidad de que no se arriesguen a ser contagiados por no poder cumplir las recomendaciones sanitarias. Entonces, nuestro foco está en las medidas que implican gasto y, sobre todo, que alcancen a ayudar a todas estas familias para darles más tranquilidad y sustento durante este período.

Creemos que el Uruguay puede darse la posibilidad de tomar este tipo de medidas porque tiene fortalezas institucionales, tiene fortalezas financieras y tiene fortalezas reputacionales. Hoy la ministra decía que el riesgo país, obviamente, se incrementó en todos los países, porque –entre otras cosas– en el mundo entero están cayendo la producción, el empleo y las condiciones de vida, pero que el Uruguay, en general, ha tenido un deterioro en esa materia bastante menor que el resto del mundo, e incluso que el promedio de los países que tienen grado de inversión. Eso es porque el Uruguay generó una reputación que hoy hace valer. Tiene fortalezas financieras porque la posición financiera del Uruguay es sólida, sin perjuicio de que debemos corregir –podemos coincidir en esto– el proceso de cuentas públicas y el déficit fiscal, llegado el momento. Eso no quiere decir que el Uruguay no tenga una posición financiera sólida, porque tiene acceso a líneas ya aprobadas, ya contratadas con organismos internacionales para la utilización de esos fondos, justamente, en circunstancias de urgencia, de emergencia, de crisis.

La propia ministra hoy nos decía que ya hubo un desembolso de este tipo de líneas contingentes del Banco Interamericano de Desarrollo en el orden de USD 400:000.000 y que está previsto en las próximas semanas completar, con otros organismos, desembolsos cercanos a los USD 1.000:000.000. También está la perspectiva de que eso pueda incrementarse en los meses siguientes.

El Uruguay tiene fortalezas reputacionales que le permiten tener esta política y esta estrategia; tiene fortalezas financieras que también le permiten tomar este tipo de medidas, y tiene fortalezas institucionales, creadas conscientemente en los últimos años, que nos permiten adoptar un montón de medidas que ya se tomaron. Si hoy los chiquilines pueden tener educación a distancia es porque hay un soporte tecnológico que lo permite, porque hay conectividad de buena calidad, porque hay un Plan Ceibal. Si los adultos mayores pueden manejarse a distancia, también, es porque hay un Plan Ibirapitá. Si el sistema de salud atiende razonablemente a la población es porque hubo un Sistema Nacional Integrado de Salud y un fortalecimiento indiscutible del prestador de salud estatal. Se están haciendo desarrollos de investigación para testear y atacar esta pandemia porque se fortalecieron las entidades terciarias, se creó la UTEC y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y así podríamos seguir con todas las fortalezas institucionales que hoy permiten que en Uruguay el Gobierno pueda tomar un montón de medidas que son indispensables para mitigar la propagación del virus.

La generación de un fondo coronavirus, como está planteado en el proyecto de ley que hoy ya discutimos en la Comisión de Hacienda y que estamos ahora debatiendo, creemos que es parte de medidas que van en la dirección correcta, que vamos a estar apoyando, pero también estamos obligados a poner algunas líneas de prevención para que el Gobierno pueda seguir trabajando en esta área de quiénes son los que aportan a este fondo, y seguir recibiendo propuestas en esta materia.

Nosotros vemos una clara discriminación en este terreno donde se aborda el aporte, a través de impuestos, de los empleados públicos y de los pasivos. No es momento de entrar en una discusión más ideológica y filosófica sobre el rol del Estado, del sector privado y del mercado; está claro que en momentos de crisis todo el mundo mira hacia el Estado, porque es con políticas públicas que podemos navegar y mitigar los efectos de una crisis.

Por lo tanto, más allá del diseño formulado en el proyecto de ley que, reitero, abarca sobre todo el aporte de empleados públicos, pasivos y algunas entidades públicas paraestatales o personas públicas de derecho privado, sentimos que hay que seguir trabajando para que el aporte también incluya a segmentos del sector privado que están en condiciones de colaborar. La señora ministra argumentaba –con razón– que hay una parte de los trabajadores y de empresas del sector privado que ya están «pagando» –dicho entre comillas– los problemas de esta crisis, porque ya tienen un costo por la vía de las dificultades en el empleo, al ir al seguro de desempleo, al limitarse la demanda o al bajar la producción. ¡Claro que sí! Acá nadie plantea abordar esos segmentos que justamente están teniendo estas dificultades al día de hoy, pero también estamos convencidos de que hay sectores de actividad y segmentos de la población uruguaya que no han sido alcanzados por esta problemática y están en condiciones de aportar porque tienen capacidad contributiva. La misma solidaridad que está implícita en lo que estamos discutiendo hoy también tiene que ser aplicada a aquellos sectores más privilegiados de la sociedad, a aquellos segmentos empresariales que hoy no están sufriendo las mismas dificultades.

Hay muchos aspectos que se corrigieron y se modificaron para mejorar, según creo, el proyecto de ley en la Comisión de Hacienda y vale reconocer la apertura que tuvo el Gobierno para hacerlo posible. Creo que este es el talante político que la sociedad necesita ver de los partidos políticos, trabajando en la misma dirección, que también ha sido plasmado en el trabajo de formulación de esta iniciativa y lo que se trató en la Comisión de Hacienda. Muchos de los aspectos que se modificaron fueron mencionados por el señor senador Gandini y creemos que en ese sentido hemos trabajado en la dirección correcta.

Ahora bien, reitero que para nosotros el aspecto central es que hayan surgido medidas, que se puedan financiar de esta forma a través del fondo que se crea y de los desembolsos de las líneas contingentes de los organismos multilaterales, y que es imprescindible que a la brevedad alcancen a todos esos segmentos de la población que hoy la están pasando mal y aún no han sido abarcados por las medidas que ha tomado el Gobierno.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA COSSE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA COSSE.- Adhiero a todo lo expresado en sala y quiero destacar el rol relevante de la política a la hora de la crisis, poniendo por delante los intereses nacionales frente a cualquier otro cálculo y también trabajando en desarticular las falsas polarizaciones.

Hoy estamos viviendo un momento de crisis que no fue elegido por nadie; un momento de pandemia a nivel mundial que nadie quiso y nuestro partido, el Frente Amplio, ha expresado desde hace ya tiempo su vocación de colaborar, de contribuir. Como decía el señor senador Bergara, en el día de ayer una delegación de nuestro partido fue recibida por el Gobierno; esa será la tónica de colaboración para trabajar en la desarticulación de falsas polarizaciones y poner siempre por delante el interés de todo nuestro país. Es por eso por lo que entendemos que en esta situación excepcional merece que se apoye este proyecto de ley, pero haciendo algunas puntualizaciones con el ánimo de agregar elementos para seguir contribuyendo con una solución nacional. La primera de ellas tiene que ver con la falsa dicotomía entre trabajadores públicos y privados. Sería muy triste que en nuestro país este proyecto fuera acogido como una rivalidad entre trabajadores. Creo que no debe ser así. Me parece que es un rol donde los políticos debemos tener relevancia en la transmisión del mensaje que supuestamente conlleva este proyecto. También creo que los legisladores, los políticos, quienes ocupan cargos del Poder Ejecutivo, cualquier cargo de responsabilidad política, sea electo o no, tenemos que ser los primeros en poner el hombro a una situación de crisis y, en ese sentido, saludo esa iniciativa en este proyecto.

En el ánimo de contribuir, creo que este proyecto nos da también la posibilidad de debatir en este ámbito o de traer a este ámbito algunas observaciones que me parece son importantes para la conformación de un plan integral que encare esta situación. Hoy en la Comisión de Hacienda la ministra hablaba de que la realidad es dinámica y que como los problemas van apareciendo día a día, se van tomando decisiones a la medida de cada situación. Justamente, porque la realidad es dinámica es necesario un plan general que, si bien tendrá que responder a los imprevistos y a las cuestiones que surgen en cualquier emergencia, deberá considerar los temas en su integralidad. Y en el ánimo de reconocimiento de medidas adoptadas por el Gobierno quiero poner alguna como ejemplo de esta necesidad de integralidad. Nosotros saludamos sinceramente las medidas de alivio a las micro-, pequeñas y medianas empresas o empresas en general, como también lo que tiene que ver con ofrecer buenas líneas de crédito en el BROU y en la ANDE; el alivio que significa diferir vencimientos. Todo eso nos parece muy bien. Nos preguntamos si en el marco de esta integralidad no sería bueno también vincular esas medidas con la cantidad de puestos de trabajo y que no haya puestos de trabajo. Nos parece que este es el momento –en el que ya hay más de 80.000 solicitudes de pase a seguro de paro; cifra histórica en nuestro país– de empezar a entender que las medidas de estímulo per se, en una crisis de este tipo y con 80.000 personas yendo al seguro de paro parcial o total, hay que comenzar a vincularlas con que estos puestos de trabajo se mantengan.

Otro aspecto que nos preocupa y que hace a esta integralidad –de lo cual también se habló en la Comisión de Hacienda– es el tema de los precios de los insumos sanitarios. Sobre este aspecto la ministra nos dijo que estaban incentivando controles con el Área Defensa del Consumidor porque una cosa es cuando aumentan los precios porque no hay disponibilidad y otra cuando aumentan porque la gente está modulando su stock, o sea, guardando stock. Creemos que es importante agregar un elemento más a esto porque si lo dejáramos solo así, lo que está en el fondo de este razonamiento es que en esta crisis alcanzaría con controlar las condiciones mínimas para que se cumplieran las reglas del mercado. No alcanza. Aunque no haya disponibilidad o no exista gente que está controlando su stock –modulando la liberación del stock a las góndolas–, es notorio que los precios se están remarcando. Los precios de los insumos básicos como el alcohol en gel se han multiplicado por tres o por cuatro; los precios de las mascarillas se han multiplicado por diez o por veinte. Creemos que es necesario no solo descansar en las reglas del mercado sino también agregar medidas proactivas que defiendan, justamente, el acceso a los insumos sanitarios para la población más frágil.

También señalaba la señora ministra que se han liberado de gravámenes la importación de insumos sanitarios, lo cual nos parece muy bien. Creemos que sería bueno que haya otra medida que asegure que esa liberación de gravámenes a la importación de insumos sanitarios se refleje en el precio final para las instituciones o para el usuario final.

La señora ministra también decía hoy que no se va a escatimar en recursos para la atención sanitaria, cosa que nos parece excelente; nos parece una definición acertada. En ese sentido, nos preocupa que se estén cerrando más de setenta policlínicas de ASSE en todo el país –más de treinta en Montevideo y más de treinta en Canelones–, con lo cual hay zonas de Montevideo, de Canelones y de algunos lugares del interior del país en las que está desapareciendo la presencia del Estado. Han cerrado las escuelas, liceos y locales de UTU y, si también cierran las policlínicas, habrá barrios enteros, zonas enteras, que quedarán sin presencia del Estado. Estas son cuestiones integrales que hacen a la problemática de los más débiles en una situación como la que estamos viviendo, y nos parece que es bueno encararla y aportar desde todo punto de vista, sobre todo porque nuestro país tiene fortalezas, como decía el señor senador Bergara. Él hablaba de las fortalezas institucionales, de las fortalezas de reputación, de prestigio, y fortalezas de infraestructura; estas últimas hoy nos permiten que haya gente que pueda trabajar sin moverse de la casa, que pueda estudiar a pesar de que cierren los centros educativos, o que se pueda atender a la población desde un punto de vista sanitario. En la sesión pasada aprobamos un proyecto de ley para dar un marco legal a las prácticas de telemedicina, que son posibles gracias a la infraestructura que tenemos. Lo mismo ocurre con la infraestructura de energía, que nos permite tener no solo energía segura en un enorme porcentaje –más del 99,7 %– de nuestro país, sino también excedentes durante la noche, todas las noches, más allá de los volúmenes exportados. Esto nos permitiría tener medidas contracíclicas de estímulo y apoyo a hogares y empresas. Por supuesto, también tenemos el gran pilar de la infraestructura del conocimiento, del que es símbolo la Universidad de la República, que ha demostrado en estos últimos días, con la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur de Montevideo, entre otros, el valor de la investigación científica y del conocimiento en los momentos en que más se necesitan.

Insisto en el rol de la política para la trasmisión correcta y adecuada, que no divida a los compatriotas, sino que nos una verdaderamente detrás del objetivo común de superar esta pandemia que nadie eligió. Saludo a todo el sistema político en su ánimo de colaboración.

Hemos propuesto una modificación a este proyecto para hacer permanente, durante todo el período, el descuento que se está planteando para legisladores y cargos políticos de responsabilidad en todas sus posiciones.

Muchas gracias.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- En primer lugar, quiero sumarme a una de las definiciones básicas, que entendemos fundamental en tiempos difíciles, en momentos en que la gente está viviendo en forma muy angustiosa la crisis sanitaria, económica y social que estamos atravesando. Me refiero a que todos los actores políticos y los partidos, en general, tengamos la capacidad de coincidir en el rumbo de salida de la crisis en cuanto a los grandes gestos, en particular cuando hay situaciones tan difíciles e inesperadas para el planeta en su conjunto y, por supuesto, para América Latina, y también para Uruguay. Naturalmente, tenemos la capacidad de disentir –por algo representamos espacios políticos distintos–, pero también es claro que en esta situación, como Frente Amplio –lo hemos escrito y presentado en el día de ayer–, hemos saludado –así lo dice el texto– las medidas, porque entendemos y compartimos la dirección, aunque creemos que es necesario darles mayor profundidad, pensando en el día después o, como diría el general Seregni, en la mañana siguiente. Por eso nos sumamos a la idea de que la población tenga, dentro de sus posibilidades, el máximo poder de decisión para evitar la trasmisión del virus mediante medidas concretas que dependan de sí misma. Todos los partidos y todos los que representamos a la ciudadanía tenemos que exhortar a que, en la medida de sus posibilidades, cada uno de nosotros esté en el lugar que le corresponda para, de esa manera, entre el Estado, las políticas de Estado y la conducta cotidiana de nuestras familias, poder afrontar este tipo de situaciones.

El segundo aspecto que queríamos señalar refiere fundamentalmente a una de las propuestas que nuestros compañeros trasladaron ayer al señor presidente de la república: la voluntad de diálogo, la voluntad de colaborar y la voluntad de proponer. En ese sentido, por supuesto, el Frente Amplio asume el rol de contralor del Poder Ejecutivo que el pueblo uruguayo decidió asignarle, pero tal cual lo manda su propia historia, también asume la responsabilidad de proponer medidas serias, concretas, reales. A esos efectos, además, estuvimos actuando en el más hondo sentido de consistencia con los objetivos nacionales. Para dar un ejemplo: hace un rato estuvimos en la Comisión de Hacienda del Senado, donde el proyecto de ley obtuvo el voto favorable de la unanimidad de sus integrantes para cada uno de sus artículos. Actuamos de esa forma para demostrar no solo que en circunstancias difíciles para todos hay que marcar un camino, sino que además todas las partes intentamos generar acuerdos, o los acuerdos posibles, que se logran sobre todo cuando miramos a largo plazo, sin pasarnos cuentas y asumiendo el rol que entendemos la ciudadanía nos asignó ante esta circunstancia.

Existen políticas públicas que, para paliar la necesidad actual, podemos llevar a cabo y desarrollar –con la impronta legítima de quienes gobiernan–, por la extensa historia del Uruguay en materia de fortalezas institucionales, de fortalezas de imagen país y de fortalezas de desarrollo de políticas públicas. Sin duda, quienes gobiernan el país tienen el legítimo derecho de llevar adelante esas políticas públicas y en quienes la ciudadanía confió su voto. Con estas actitudes políticas no pretendemos asumir un rol que no nos corresponde y que la ciudadanía no nos dio, pero sí insistimos en que cuando hay dificultades que trascienden la coyuntura habitual, que son fenómenos excepcionales –como se ha señalado–, tenemos que buscar el camino de la unidad nacional.

En estos términos, también, creemos que de esto se sale haciendo política en el sentido más profundo del concepto. A veces se asimila la actividad política a alguna chicana o a una acción de poca monta, pero cuando hablamos de momentos difíciles, por ejemplo, recuerdo perfectamente el rol que le cupo al exsenador y exministro Alejandro Atchugarry –durante un Gobierno que nuestro partido no integraba–, quien no era precisamente un hombre con formación en economía, pero que sí manejaba muy bien los códigos del quehacer político y, por supuesto, los temas presupuestales. En ese sentido, cuando hay circunstancias como la que está viviendo el país, entendemos que dejar de lado ciertas estridencias, ciertos enfrentamientos que tenemos habitualmente, nos puede llevar a mejor puerto como país, como nación.

Estamos, además, tomando una crisis que es ajena, que nos llegó. Y no conocemos –ni conoce el mundo hoy– la dimensión ni la profundidad de esa crisis. No se pueden proyectar determinadas cuestiones con rigurosidad, porque efectivamente las características del fenómeno así lo determinan. Es por esa razón que aparecen medidas excepcionales, que se dan en un contexto que todos sabemos va a suponer un esfuerzo fiscal muy importante. Hace un rato el Gobierno, a través de la señora ministra, nos trasmitía que el esfuerzo fiscal va a ser de unos USD 400:000.000 de pique, y otro tanto se va a perder por los ingresos que no va a recibir el Estado por los niveles crecientes de desempleo que hay en el país como consecuencia de toda esta circunstancia que estamos viviendo. Por suerte existen líneas de crédito preaprobadas, posibilidades de desarrollar con organismos multilaterales medidas a corto plazo que permitan dar respuesta a los sectores de mayor vulnerabilidad, y por eso también hemos acordado que esas son las prioridades.

Es claro, además, que este proyecto de ley –que al fin y al cabo es lo que estamos tomando hoy como definición de esta cámara– no es una solución de fondo ni nada que se le parezca. Según se nos informó, la recaudación aproximada va a ser de USD 12:000.000, y estábamos hablando de que de pique por lo menos se necesitan USD 400:000.000.

En política uno entiende que muchas veces se utiliza aquello de las señales, de las empatías, de generar hacia otros determinadas líneas de pensamiento, de acción. En ese sentido, puede ser una buena señal que quienes tenemos responsabilidades debamos tener, en líneas generales y en lo que nos compete, la misma suerte que le toca a nuestro pueblo. Es bueno tener esa actitud y ponerse en primera línea, no en el sentido vanguardista, sino en el sentido de la responsabilidad que nos cabe a cada uno.

Por eso creemos que ese puede ser un gesto, pero también tarde o temprano debemos tomar la decisión política de no tener una visión parcial, que vaya en la línea de ubicar el empleo público y el servidor público en general en la línea de la estigmatización exclusiva del privilegio. No debemos enfrentar el trabajo público con el trabajo privado. No hay que enfrentar estas dos visiones cuando deberían ser parte de una misma realidad. Es más: cuando en concreto se propone esta medida, sabemos que no va al fondo del asunto y que se hace sobre todo por aquello de las señales, porque si estamos hablando de una enorme cantidad de recursos que se precisan para dar solución a la situación de miles y miles de compatriotas y la cifra que se va a recaudar por este impuesto es de aproximadamente USD 12:000.000, se le está planteando un esfuerzo a ese grupo de ciudadanos que no tiene que ver directamente con el esfuerzo que precisa el país en su conjunto para llevar adelante esta misión.

Es más, se podría haber utilizado otro tipo de criterios; participamos nosotros de la idea de tener otros criterios. Las reformas fiscales que hemos priorizado apuntaron a que hubiera un impuesto progresional y a que el aporte fuera en función de la capacidad contributiva de cada uno, y no que se haga, como se ha planteado, por franjas firmes, establecidas, cuya aplicación va a generar situaciones injustas. Además, puede excluir a una cantidad de actores económicos que podrían y deberían estar siendo parte de este fondo solidario que se pretende crear.

Por esa razón creemos que es bien importante ir hacia la perspectiva de una construcción lo más colectiva posible. Ya van a venir el presupuesto nacional y un tema que se estaría discutiendo ahora si no se hubiera presentado esta crisis sanitaria en el Uruguay, que es la ley de urgente consideración. En ese caso se hubiera generado un debate frontal aquí, sin duda, legítimo. Habría otras áreas que hoy siguen apareciendo en la opinión pública, como los temas de seguridad, de salud, etcétera, que son concomitantes con la crisis que se está desarrollando. Por eso nos pareció interesante el mensaje de la ministra cuando dijo que esta era una etapa pero que, seguramente, al no alcanzarse aún la peor parte de la crisis, ni en lo sanitario ni en lo económico, se iba a barajar otro tipo de alternativas que fueran en alguna línea similar a la que hemos venido señalando nosotros y a la que el Frente Amplio le trasmitió ayer al presidente de la república.

Es muy importante vigilar los aspectos que hacen a la vida más cotidiana de la gente. Creo que hace un rato lo señaló la señora senadora Cosse cuando habló del impacto de algunos productos básicos en materia de salud que se ha dado en estos días. Aspiramos a que el Poder Ejecutivo, con los instrumentos que le da la ley y le confiere la Constitución, se ponga al frente de ese control, de esa vigilancia de bienes básicos que la sociedad debe tener en momentos en que estamos pasando una situación tan compleja.

Por eso, señora presidenta, en estas circunstancias vamos a votar favorablemente esta iniciativa, en el sentido y la gestualidad de que haya una actitud política común de todos los partidos, pero creemos que el camino genuino va a requerir un diálogo institucionalizado y medidas más de fondo que nos involucren a todos los actores de la sociedad: trabajadores, empresarios, partidos políticos, otros actores que sean capaces de incluirse, porque cuanto mayor sea el número de colectivos, de personas que se sientan parte de la búsqueda de soluciones, más cerca se va a estar de llegar al fin de esta situación tan dramática que viven muchos ciudadanos y ciudadanas en todo el país.

Muchas gracias.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- Señora presidenta: quisiera plantear una opinión sobre este proyecto que nos ha sido enviado, sobre la base de que nos enfrentamos a una emergencia sanitaria que, sin duda, como ya lo han dicho varios señores senadores, tendrá un impacto muy importante en la economía nacional pero, en particular, en aquella gente que vive de su trabajo.

Es en ese sentido que, más allá de la discusión del proyecto particular que nos involucra y en el marco de concretar un gran acuerdo nacional de todo el sistema político y de todas las organizaciones de la sociedad civil, el Frente Amplio –como ya lo señalaron el señor senador Bergara, la señora senadora Cosse y el señor senador Mahía– entregó ayer al presidente de la república un documento con una serie de propuestas sobre cómo enfrentar las aspectos socioeconómicos y laborales de esta crisis. Y el Gobierno –ayer lo dijimos– ya tomó medidas en esa dirección, pero entendemos que, aun yendo en la dirección correcta, son insuficientes en términos cuantitativos y cualitativos, es decir, en términos del impacto que tienen sobre aquellos a quienes llegan, pero también sobre aquellos a quienes no llegan. Además, a nuestro juicio estas medidas no atienden, a través de un plan integral, el día después.

Mi intervención se va a basar en cuatro puntos: en primer lugar, voy a hacer alguna referencia imprescindible a las propuestas tomando varios de los aportes de los señores senadores que me antecedieron en el uso de la palabra. En segundo término, quiero hacer algunas reflexiones más conceptuales sobre el momento que vivimos. En tercer lugar, me quiero referir al contexto por el que es posible diseñar con rapidez estas propuestas. Y, en cuarto término, me referiré al proyecto que estamos considerando.

Con respecto a las propuestas, quiero centrarme en una en particular, no solo porque entiendo que es la más relevante para la coyuntura que está viviendo un sector de la sociedad, sino porque –en esta lógica en que creemos que el Gobierno ha tomado medidas en la dirección correcta, pero insuficientes– a mi juicio es donde estamos más lejos, tanto cuantitativa como cualitativamente. Me refiero a la propuesta de un ingreso garantido vía subsidios a los hogares que pueden sufrir un impacto más radical por los efectos de la crisis sanitaria. El senador Bergara ya dio los datos sobre el número de familias y el monto que significa esta erogación, por lo que me los ahorro. Pero quiero mostrar algo sobre la distancia.

Asumiendo que un hogar de dos hijos –un escolar y un liceal– que recibe la tarjeta Uruguay Social y asignación familiar va a tener ese 50 % de aumento en el valor de la tarjeta –aclaro que no es una duplicación, porque es un 50 % ahora, en la carga de marzo, y un 50 % en la carga de abril; o sea que es un 50 % sobre su valor de dos meses, por lo que es una duplicación respecto a un valor que es de dos meses, es decir un 50 % de aumento–, podría llegar a un ingreso de entre $ 6000 y $ 7000, es decir, menos de la mitad del salario mínimo nacional equivalente que nosotros estamos proponiendo como ingreso. Ahora bien, en un hogar de nueve hijos –que es el máximo estipulado en la asignación familiar– es probable que la distancia sea casi nula, pero es obvio que esos no son los hogares que existen en el Uruguay. En el caso de los que no tienen la tarjeta Uruguay Social y tienen solo asignación familiar, la propuesta –hasta ahora no concretada pero sí anunciada en la reunión que tuvimos ayer– es de una canasta familiar adicional, lo que es absolutamente insuficiente e incorrecto desde el punto de vista conceptual, porque creemos que una vez que existe la tarjeta Uruguay Social que puede gastarse en alimentos, hay que ir por partidas en dinero y no en canasta. Allí está el principal punto.

Queremos decir que la propuesta de un ingreso mínimo garantido para estos 310.000 o 320.000 hogares tiene tres objetivos que hay que atender. Un objetivo es obvio y es que esas personas tengan el ingreso, pero tiene también un objetivo mucho más importante: la contribución central al aislamiento social voluntario en la emergencia sanitaria –alguien que quizás tenga alguna reserva o ahorro puede financiar una o dos semanas sin salir a vender, a realizar un servicio en un hogar o a hacer un trabajo, pero a la tercera semana ya va a salir–, porque de lo contrario se le está pidiendo que elija entre la salud y la alimentación. Eso está mal y hay que ponerlo como segundo objetivo.

El tercer objetivo es que se trata de un dinero muy importante que va a volver al mercado, a la economía circular, es decir, al almacén barrial, a la papelería, a la peluquería, y todo esto va a permitir que las empresas que están en los bordes no tengan problemas.

A esta medida, que es de ingreso, hay que sumarle un conjunto de medidas –que no quiero repasar porque sería muy largo– sobre los gastos de estas personas. Sí quiero destacar el tema del diferimiento y subsidio de las tarifas. Nosotros compartimos la idea de que en este momento no está bien postergar el aumento de las tarifas para todos los ciudadanos, porque las personas que pueden pagar deberían hacerlo. Pero eso tiene que ir acompañado de una medida complementaria, y es que se difiera para los hogares que no pueden pagarlas. Debería diferírseles el pago de la UTE, la OSE y otros gastos, y también se deberían suspender algunas medidas duras que en esta etapa no deben estar presentes, como por ejemplo desalojos, lanzamientos, etcétera. Esa es una propuesta que nosotros también hicimos.

El segundo punto es muy cortito. Me gustaría agregar dos conceptos de base a la propuesta. El primero tiene que ver con algo que se está haciendo en todas partes del mundo: las empresas que reciben subsidios económicos vía expansión fiscal se comprometen a mantener su plantilla de trabajo. Es decir que no despiden gente y mandan al seguro de desempleo el mínimo de personal posible. El segundo concepto es que debería postergarse el decreto que reduce 15 % los gastos de inversión.

En tercer lugar, quiero señalar que hay un conjunto de acontecimientos que nos permiten decir que esta propuesta es viable: nuestro sistema de protección social, nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud y la infraestructura que ha crecido en estos años, la conectividad en todas sus formas, las bases de datos del Mides y por supuesto las fortalezas financieras del país.

Finalmente, paso al cuarto punto. Establecer acciones de solidaridad institucional es un camino adecuado en la coyuntura actual porque suma recursos, aunque los recursos deben salir –lo dijo el senador Bergara, pero lo repito–, fundamentalmente y de manera potente, de los créditos de disponibilidad. Sin embargo, nos parece que esta propuesta que nos viene hoy tiene tres problemas: dos discriminaciones y un problema económico. Tiene una discriminación entre el capital y el trabajo: las rentas del capital no aportan; algunas rentas del trabajo aportan. Ahí hay una primera discriminación, y nos parece algo injusto, porque si el aporte es solidario desde un umbral hacia arriba, las rentas por encima de ese umbral son indistintamente del capital o del trabajo. Discriminar solo a las del trabajo es un problema. Y dentro de las del trabajo también hay un problema, porque discrimina entre público y privado, y todos sabemos que hay cargos gerenciales, cargos muy importantes en el sector privado, profesionales, que perfectamente están en ese umbral.

Y culmino diciendo, señora presidenta, que hay otro problema que tiene esto: va a achatar la pirámide notoriamente. Es probable que hasta $ 200.000 de ingreso se gane prácticamente lo mismo en términos líquidos. Entonces, se pone una tasa fija sobre un sistema que es progresional –nuestra reforma tributaria del 2008 hizo una importante contribución a la progresionalidad–, y lo que va a terminar sucediendo es que alguien con un sueldo de $ 130.000 y otro con uno de $ 200.000 van a ganar lo mismo en términos líquidos. Eso va a desestimular carreras profesionales y otra cantidad de cosas. Achata la pirámide de manera muy importante y es un problema central, aunque transitorio, porque este impuesto es transitorio. Como dijo la senadora Cosse, nosotros vamos a proponer un aditivo sobre los cargos políticos que también nos parece importante incluir.

En síntesis, vamos a acompañar el proyecto, pero creemos que hay otras maneras de pensar la solidaridad institucionalizada. Y, sobre todo, lo que nos importa dejar claro acá, a quienes nos escuchan, es que el centro aquí está en tomar rápidamente medidas sobre este grupo poblacional, porque si no le garantizamos un ingreso de salario mínimo vamos a tener dificultades para seguir actuando sobre la crisis.

Muchas gracias.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: se ha hecho un conjunto de consideraciones por parte de varios señores senadores a las cuales adhiero y comparto.

Creo que estamos frente a un problema muy serio en la coyuntura y muy serio en el mediano plazo. La situación que ha provocado esta pandemia en el mundo ha generado transformaciones a pasos agigantados, que seguramente van a tensionar las economías más desarrolladas y ni que hablar las de los países que estamos en el tercero de los mundos, que coexisten en los sectores periféricos. Y esto se sentirá todavía más en países como los nuestros, que son básicamente tomadores de precios, economías pequeñas donde, por lo general, los movimientos y las decisiones que se toman en el mundo rico impactan fuerte y directamente en nuestras posibilidades de desarrollo.

Esta pandemia ha generado fenómenos extraños: aquello que parecía que no se podía parar, se paró; aquella dinámica de que la economía nunca se puede detener, de que sigue creciendo y de que el mercado va resolviendo y adaptándose, se paró. El mundo entero está parado y los Gobiernos, y los que toman las decisiones, están buscando nuevas recetas; quizás ya hoy esconden aquellas recetas que hablaban del Estado mínimo, del Estado como la molestia para el desarrollo. Actualmente, se pone arriba de la mesa con crudeza que cuando hay problemas lo que le queda a la gente es el Estado, las políticas públicas y los bienes públicos, para poder hacer frente a esta situación, porque el capital es cobarde y se refugia rápidamente en aquellas áreas más seguras. Hoy estamos frente a esa situación que nos afectará por diferentes vías. Tenemos un problema de carácter sanitario y un parate en muchas áreas de nuestra economía, pero también tendremos incidencia en el canal comercial, en nuestras exportaciones y en otro conjunto de decisiones que se tomarán en el mundo, incluso las malas decisiones de algunos de los gobernantes más poderosos, como el de Estados Unidos o, más cerquita, el de Brasil, que no están tomando las medidas que se han implementado en Uruguay, lo que puede generar grandes repercusiones en el país.

Por tanto, frente a este escenario, bienvenida sea la colocación del debate sobre la solidaridad y sobre la necesidad de tener bienes públicos fuertes, Estados potentes y espacios de debate democráticos de la sociedad para poder resolver en conjunto y no dejar a la gente librada a su suerte de manera individual.

En ese sentido, considero que habrá grandes tensiones en el mundo y probablemente tendremos que seguir debatiendo estas cuestiones. En definitiva, este es el telón de fondo de lo que estamos haciendo. Indudablemente, para el Uruguay va a significar un sacrificio; lo está significando al día de hoy porque cuando hablamos de que se resiente la economía hay que ponerle cara; en realidad, lo que se resiente es la posibilidad de las familias para desarrollarse y sostener un proyecto de vida. Hoy hay un enorme conjunto de familias que están frente a una situación que no saben cuánto tiempo durará; además, tienen miedo y, entre otras cosas, se sienten extremadamente vulnerables. Es en esos momentos cuando el sistema político tiene que mostrar su liderazgo y la capacidad de ponerse al frente para colocar los problemas del país y de su gente primero antes que cualquier tipo de bandera de carácter electoral –ni que hablar– y mucho menos partidario. En definitiva, hoy quien está sufriendo es nuestro pueblo, nuestra gente, cientos de familias que ven que no pueden salir a conseguir su sustento diario, a ganarse la diaria, y que no tienen las espaldas ni el ahorro suficiente como para poder sostener esta situación, y además no saben qué es lo que va a pasar en el futuro. Como bien decía el senador Olesker, esas familias comienzan a debatirse –o se entrecruzan en su cabeza– entre la salud y la alimentación.

Diría que es una enorme injusticia que en la cabeza de una jefa de hogar o de un jefe de hogar pase eso y esté ese dilema presente: la salud de sus hijos y de su familia o la alimentación. Esas son las cosas que no debemos permitir y por eso está bien que tratemos –es lo que está haciendo el Gobierno, y nosotros lo reconocemos– de tomar decisiones que vayan en la dirección acertada. Y el proyecto que estamos considerando hoy va en el sentido de aportar soluciones.

Me congratulo de que hoy se cree el fondo coronavirus, que permitirá asistir y dar soluciones a un conjunto de familias en el Uruguay. Indudablemente, las secuelas de esta herida serán permanentes y después de que pase la pandemia tendrá lugar un proceso en el que habrá que continuar trabajando para que los motores de la economía sigan prendidos porque, naturalmente, estas situaciones de impacto, de la forma en que se están dando aquí, afectan muy duramente los fundamentos de nuestra economía, de la economía familiar, de la economía de las empresas –de las pequeñas y medianas, naturalmente–, de la del conjunto del país y del Estado. Por eso creemos que este fondo que se está creando tiene sentido y es necesario aprobarlo rápidamente, cosa que estaremos haciendo entre hoy y mañana, ya que la Cámara de Representantes lo aprobará mañana jueves. Y lo estamos haciendo bien, independientemente de que siempre puedan existir debates y matices sobre el producto legislativo que estamos construyendo, además de las posibles imperfecciones que pueda tener en la armonización con nuestro sistema jurídico y constitucional. Y si bien es un tema que nos preocupa, entendemos que hoy debemos poner arriba de la mesa la emergencia y la necesidad de avanzar.

Este fondo se va a nutrir y va a existir no solo por la voluntad política de todos los que aquí hoy levantemos la mano, sino por las fortalezas que ha construido el país. Creo que es bueno reconocer que el país tiene fortalezas y tiene espalda para encarar esta situación. Si bien se han reseñado algunas, simplemente quiero colocar arriba de la mesa una de las fuentes de financiamiento de este fondo: las ganancias del Banco de la República Oriental del Uruguay, banco que pasó de tener ganancias de USD 34:000.000 a tener hoy una de USD 440:000.000. Ello permitirá, después de asistir a rentas generales en el 50 %, hacer uso de lo que está estipulado en este artículo en cuanto a que el Poder Ejecutivo puede requerir un 30 % más de las ganancias del Banco República y, en este caso, destinarlas al financiamiento de este fondo. Lo mismo aplica a las utilidades que ha dado la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Tenemos un matiz con las fuentes de financiamiento. Si bien el Gobierno ha dicho que no descarta ninguna, en este caso estamos en presencia de dos impuestos: uno para los pasivos –ha quedado claro que va a ser para todos los pasivos, independientemente de la caja que lo asista– y otro para los activos, pero solo para los del sector público, dejando fuera a un conjunto de ciudadanos que quizás tengan una capacidad contributiva superior a la de los trabajadores del Estado. Sin embargo, no se está colocando en la balanza del sacrificio nacional la posibilidad de que también aporten recursos. Seguramente sobre estos temas podremos trabajar en el futuro porque para que la solidaridad sea justa necesitamos, en definitiva, que en momentos tan difíciles y de crisis el esfuerzo lo realice el conjunto de la sociedad, y particularmente aquellos que tienen espalda y capacidad contributiva para brindar su apoyo.

En ese sentido, creemos que el proyecto de ley tiene una pata flaca porque habría otros sectores que podrían aportar sendos recursos –pero no lo van a hacer–, además de algunas otras dudas que nos generan, por ejemplo, las disposiciones que exceptúan al personal que está en la actividad médica. Seguramente, hay un conjunto de profesionales que tienen altísimas ganancias y altísimos salarios y no se encuentran en la primera línea de fuego combatiendo el coronavirus, como pueden ser, por ejemplo, los anestésico-quirúrgicos. Cito solamente un ejemplo de un sector muy bien remunerado, que también está en el sector público pero que no va a contribuir pues ha sido exceptuado; se emplea una terminología tan general que es muy probable que queden afuera. Creo que si hubiéramos tenido más tiempo ahí podríamos haber trabajado para ver quiénes son los que realmente están en la línea de fuego, combatiendo este enemigo común que es el virus –y, por tanto, no debemos recargarlos con una contribución–, y quiénes no lo están. Puse el caso de un profesional médico, pero podría haber mencionado un profesional de la contabilidad, que está en una oficina muy lejos de los servicios de salud del Estado. Conforme está redactada la excepción, tal vez este no tenga que contribuir cuando realmente podría hacerlo.

Ni que hablar que el apuro también genera una enorme discriminación, no solo entre el sector público y el privado: a igual capacidad contributiva, les vamos a pedir solidaridad a unos y no a otros. Y no estoy hablando de aquellos que lamentablemente perdieron su trabajo y están en el seguro de desempleo, porque se podrían haber excluido dejando a aquellos que siguen en actividad y que no van a ser afectados desde el punto de vista económico, ya que hay sectores de la economía que no están siendo afectados y que perfectamente podrían contribuir.

Además, hay una situación que se genera con los sectores que pueden tener altas ganancias de capital o enormes ganancias con la especulación, la compra y venta de divisas, porque no van a ser alcanzados y me parece que allí se configura una discriminación. Pero, más allá de estas consideraciones particulares, creemos que está bien avanzar. Nuestra idea es que en el sacrificio nacional deberíamos estar todos incluidos y en este caso se ha optado solo porque sean algunos. Se han esgrimido razones desde el punto de vista constitucional a la hora de establecer clases de trabajadores y aquí subyace un debate sobre la discusión del Estado, de los servidores públicos y si estos son trabajadores de primera categoría o de segunda. En definitiva, cuando alguien tiene un quebranto de salud –como sería mi caso, que me atiendo en ASSE– hay un empleado público que está ahí para garantizar mi salud; si prendo la luz en mi casa es porque hay un funcionario que está brindando ese servicio y si mis hijas pueden estudiar hoy y conectarse con sus docentes por el Plan Ceibal es porque hay empleados públicos que están ahí atrás, haciendo que esas cosas tan básicas funcionen. Entonces, nos parece que en el sacrificio falta gente y que debería haberse considerado para no generar esta instancia.

De más está decir, señora presidenta, que estamos discutiendo este proyecto de ley en el momento en que empieza a regir un incremento de las tarifas y que si hablamos de que esto va a tener un impacto en la economía de las familias –por aquellos que han pasado al seguro de paro, porque perdieron su empleo, porque no pueden hacer la changa o porque no pueden ir a la feria–, el resultado de este mes será que tendrán que pagar más de luz, más de Antel y más de los otros servicios, además de que tendrán que pagar más de IVA porque se han retirado dos puntos de las exoneraciones. Por lo tanto, no solo está el efecto de la economía real, que le impide generar salario e ingreso a un conjunto de familias, sino que esto se agrava, porque el día uno de este mes –que hoy comienza– tendrán que poner todavía más recursos para pagar los servicios públicos tan necesarios y que se utilizan mucho más en momentos en que estamos reclamando el aislamiento social. Entonces, esta es una carga aún más grande para el conjunto de los hogares.

Naturalmente, se puede decir que hay sectores a los que no afecta esta situación de crisis, pero podríamos haber establecido que, aunque sea para quienes están en seguro de paro, para quienes se ven impedidos de llevar adelante su actividad –porque son pequeños y medianos comercios– o para quienes los costos fijos de las tarifas representan un enorme sacrificio porque tienen menos venta, no se les incrementen. Creo que este es un tema que deberíamos pensar y desde este lugar que nos toca estamos dispuestos a trabajar para encontrar soluciones, porque para muchas pequeñas y medianas empresas el precio de las tarifas es un costo fijo muy importante. Reitero, en un momento donde no hay posibilidades de acceder al mercado porque se está consumiendo menos –por el aislamiento social y por los problemas que hay–, será un precio que se eleve desde el punto de vista de sus costos fijos. Entonces, por un lado estamos tomando acciones para tratar de asistir a esas empresas, apoyarlas –que son decisiones del Gobierno que acompañamos– y darles liquidez y, por otro, le estamos restando recursos por lo que, en realidad, lo que puede terminar haciendo en muchos casos es que la suma sea cero. Reitero: que la suma sea cero. Por un lado, el Estado te apoya, pero, por otro, el costo y los efectos que se tienen por no poder vender, pueden hacer que la suma sea cero y, en definitiva, se pondría en riesgo a un conjunto de pequeñas y medianas empresas que son las que más trabajo generan y, además, son de capital nacional y muchas de ellas, familiares. Creo que debemos ver si se puede revisar esa situación, porque sería un alivio importante para ese sector.

Y ni que hablar que, además, las familias se ven comprometidas por lo que ha sido la depreciación de la moneda. El 60 % de la góndola de lo que consume un uruguayo promedio es importado. Entonces, el incremento del dólar, además de los malos empresarios que especulan –sé muy bien que es así y la señora ministra dijo que está trabajando en ese tema–, va a afectar el bolsillo de la gente porque hay un aumento de precios; por la especulación y porque, en definitiva, para importarlos tenemos que poner más pesos uruguayos. Se trata, entonces, de un elemento más en una situación complicada para las familias –las más vulnerables– a las que, además, se les encarece su canasta.

Por tanto, estos fundamentos tratan de colocar sobre la mesa la necesidad de que, con urgencia y rapidez, nos pongamos a trabajar para consagrar la posibilidad de un ingreso para que esas familias puedan hacer frente a esta situación que hoy están viviendo con muchas dificultades. Como bien se decía aquí, uno puede bancar una o dos semanas, pero en esos emprendimientos –además, a veces unipersonales– el gran problema es que bancar una semana o dos sin ingreso significa comerse el poco capital que se tiene para después retomar la actividad en el futuro. Y eso puede llevar, justamente, a que haya un conjunto de sectores que no pueda prender sus motores porque se comieron el capital que tenían. Debemos trabajar con urgencia para construir y consolidar un ingreso ciudadano, un bono o un subsidio –tal como hemos planteado–, un salario mínimo, para que estas cosas no sucedan.

Además de las cuestiones sociales que implica el hecho de sostener el aislamiento social y la obtención de alimentos, esta situación también tiene un efecto en el comercio de cercanía. Quiero reconocer los esfuerzos realizados en este caso por el Ministerio de Desarrollo Social y otras instituciones que están trabajando denodadamente –y me consta– para que lleguen alimentos a las familias más pobres y vulnerables del Uruguay. Pero creo que, más que el tema de las canastas, lo más importante debería ser tener un ingreso que me permita disponer libremente para comprar en el mercado que tengo cerca, en el almacén, en la panadería, porque esas empresas también están teniendo dificultades. De esa forma, estaríamos reactivando un circuito de consumo de la economía que permitiría sostener también esos emprendimientos de cercanía. Además, cuando hay una canasta, lo que termina sucediendo es que hay un gran proveedor del Estado, que es el que vende. Si generamos este ingreso, estamos logrando que cantidad de bolicheros, de pequeños y medianos comerciantes sean los que participen de este proceso, y no solo alguno, que es el que va a vender al Estado. A su vez, dicho sea de paso, a esta modalidad se agrega la enorme dificultad de logística que supone llevar cada una de esas canastas. De esta otra manera, sería mucho más sencillo y rápido, además de que se puede atender la situación de un sector social. Por tanto, para nosotros es clave y necesario avanzar con la mayor rapidez posible.

Estos son momentos importantes en los que el sistema político da señales. Y creo que las señales que estamos dando con respecto a avanzar en acuerdo, manejando y administrando nuestros disensos, son las de que en Uruguay el sistema político está trabajando por el bien de la gente.

En este sentido, la bancada del Frente Amplio entiende que el aporte solidario del sistema político no debería durar solo dos meses. Lo planteo no porque con esto vayamos a resolver el problema que va a generarse en las cuentas públicas del país, sino porque en definitiva, señora presidenta, estamos convencidos de que, si van a darse señales en términos de poner primero el hombro y ajustarse primero el cinturón en el sistema político para las decisiones que habrá que tomar en el futuro –porque la economía uruguaya quedará dañada y luego habrá que tomar decisiones–, es bueno tener autoridad moral para asumir que primero nos bajamos nosotros. Digo esto porque el Uruguay que va a salir de esta crisis va a ser distinto al que entró. Probablemente habrá muchas familias en problemas y con su bienestar comprometido. Se recorrerá todo un proceso porque las caídas económicas son duras, y luego es mucho más difícil levantarse. Si el sistema político asume que el descuento que nos estamos planteando debería durar todo el quinquenio, seguramente no resolvamos el problema, pero sí vamos a dar una señal en este sentido, sabiendo que después de esta crisis muchas familias van a salir con muchos menos recursos y van a tener muchos más problemas para recuperar su ingreso anterior. Por tanto, me parece que es una buena oportunidad que el sistema político realice esto cuando estamos hablando de dar señales. Lo que estamos haciendo aquí es precisamente eso: el hecho de bajar el salario por dos meses es una señal. Sin embargo, nosotros creemos que esa señal tiene que ser mucho más grande, abarcar mucho más.

Por todo esto es que hemos propuesto ese artículo aditivo, pero no con el ánimo de denostar la política. El sistema político uruguayo, en definitiva, es el que menos ingresos recibe de América Latina, y en eso tenemos que pararnos muy bien cuando surgen voces –muchas veces ahora en las redes sociales– y se le pega injustamente porque, si bien tiene una cantidad de defectos que hay que corregir, es el más austero de la región. En ese sentido, estamos convencidos de que este aditivo no va en contra del sistema político, sino que lo enaltece. Permite además que parte de nuestro aporte sea para el coronavirus y también para otros fines, porque lo que estamos proponiendo es que el fin, una vez terminada la pandemia en el Uruguay, pueda ser el Fondo Nacional de Vivienda. Eso permitirá, seguramente, resolver algunos problemas, aunque no todos. Nos parece que hay momentos en los cuales hay que dar señales con contundencia, con firmeza y con amplitud, y no dar solo señales pequeñas o ajustadas a una corta coyuntura. No se trata de una chicana ni de denostar al sistema político sino de retomar, por ejemplo, la opinión de algunos legisladores de la legislatura pasada, como la del exsenador Pedro Bordaberry, que presentó un proyecto de ley al Senado para analizar estas situaciones, o como la del señor legislador Gonzalo Civila y otros legisladores de otros partidos que han hablado de estos temas. También podría citar las señales que se han dado recientemente en la Cámara de Representantes, como la de eliminar la partida de prensa. Esto tiene que ver con tratar de impulsar las mismas señales.

Nosotros habíamos presentado, en el período pasado, un proyecto de esta naturaleza que hablaba de crear un impuesto del 15 % a los cargos de confianza política, en el marco de dieciséis medidas de austeridad. Cuando se hablaba de que había que tener austeridad, decíamos que la austeridad tenía que comenzar por el sistema político. En este sentido, este proyecto nos permite –como dice el viejo dicho– poner primero nuestro bolsillo antes de discutir sobre el bolsillo ajeno. La iniciativa tiene que ver con eso y con el sentido constructivo con que se trató el tema en la mañana de hoy y en todos estos días. Precisamente, ayer se consagró en una reunión muy importante, entre el Frente Amplio y el señor presidente de la república, el ánimo constructivo de proponer algunas modificaciones.

Esperamos que se acompañe este aditivo, a efectos de que esa señal se fortalezca, crezca y nos permita, además, seguir trabajando en el futuro en otras soluciones, pero particularmente atendiendo la situación de los miles de uruguayos que hoy nos están mirando y nos están pidiendo que estemos a la altura.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Gracias, señora presidenta.

No puedo dejar de comentar al Senado el déjà vu que tengo en el día de hoy. Quizá, la señora presidenta, el señor senador Penadés y quien habla seamos los únicos sobrevivientes de sesiones de estas características del año 2002, cuando el Uruguay se fundía y nosotros batíamos el parche. Quiere el destino que esté en la sala de la Cámara de Representantes; entonces, el déjà vu es inmensamente mayor. Gárgaras de solidaridad, teórica y no práctica; conceptos sobre lo magnificente del Estado versus lo malo que son los empresarios; inexistencia de la palabra «perdón», «disculpas»; ¡cero autocríticas! Hemos escuchado prohombres y mujeres hablando como si hubiesen dejado el país en la mejor de las maravillas. Estamos frente a un Senado que, quizá, no haya leído los informes económicos que hoy salieron, que confirman que el déficit fiscal uruguayo, después de la mayor bonanza económica, es del 5 %.

Hacemos gárgaras de solidaridad; ponemos lugares comunes, señora presidenta. Se los quiero empezar a nombrar: el individuo que no tiene un trabajo fijo; el que perdió el trabajo; el que está en seguro de paro; lo bueno y lo malo de los maestros y los funcionarios de la salud. Pero nosotros, que somos privilegiados empleados públicos, de parte de los responsables de haber dejado sin plata los cajones del Estado no escuchamos una sola palabra de disculpa. Escuché, sí, la voluntad de acuerdo, la voluntad de diálogo; escuché que se dijo: «¡Qué bueno que de esto se salga con un acuerdo nacional!».

Hoy estamos a un mes de asumir el Gobierno y se nos podrá decir cualquier cosa, pero no vamos a permitir que se nos diga que la oposición no fue comunicada desde el mismo momento en que empezaron a ocurrir estas tragedias. Yo estaba con el señor presidente –volvíamos de Bella Unión– cuando el ministro Salinas le avisó que ese viernes 13 habían surgido los cuatro primeros casos. El señor presidente de la república llamó a su secretario privado –eran las dos y media de la tarde– y citó a una reunión para las cinco de la tarde, si no recuerdo mal. Él dejó bien en claro que al primero que tenía que llamar era a Miranda, el presidente del Frente Amplio, como correspondía. Posteriormente, y en varias ocasiones, se recibieron las propuestas de la oposición.

A los diez días de que esta desgracia aconteciera, quizás la palabra más autorizada de la izquierda nacional, el dos veces presidente de la república, salió en una radio amiga a contradecir las opiniones del Gobierno, afirmando que él entendía que estas medidas no iban ajustadas a procurar el cuidado de la salud y exigía una cuarentena obligatoria. Sin embargo, recién estábamos escuchando hablar sobre los motores de la economía, qué bien que están las cosas y de cuántos acuerdos se han realizado. Esto sucedía el 23 de marzo –como dije, diez días después– y a veintitrés días de haber asumido un país que, como bien dijo hoy la ministra Azucena Arbeleche, no tiene liquidez.

¿Qué pasó después? El primo hermano de la izquierda, el PIT-CNT, los mismos que de día van al sindicato y de noche al comité de base, aquellos a los que estamos cansados de desenmascarar en todos los partidos del Frente Amplio, hace un caceroleo utilizando un instrumento que de gurí chico yo usaba en tiempos de dictadura. Y lo hacen para apretar a un Gobierno que a poco más de veinte días de haber asumido debía hacer frente a una pandemia que nadie en este universo sabe cómo resolver. Las imágenes que uno vio y los tuits que uno leyó no eran de gente abrazada a banderas del Rotary Club, del Garden Club o de Miramar Misiones; todos y cada uno eran de señores integrantes del Frente Amplio que seguían sin entender que había cambiado la realidad.

Posteriormente se filtró un audio, que no voy a criticar porque nadie habla de manera ilustrada en la comunicación interna, donde se ve la verdadera cara, el primer impacto de las opiniones que se tienen. A partir de ahí empieza la metamorfosis: Tabaré Vázquez ya no pide más cuarentena obligatoria, no hay más caceroleo, mandan una cartita pidiendo disculpas y aparecen los prohombres. ¡Acuerdo nacional! ¡Necesitamos un plan integral nacional, que patatín que patatán! Todos los léxicos de los últimos quince años. Y en el día de ayer el señor presidente de la república los recibe.

Señora presidenta: ayer, en el plan integral nacional del Frente Amplio ¿estaba esta maniobra chiquitita, minúscula que hoy a alguno se le ocurrió de querer ampliar el descuento para los cinco años? Acá están los periodistas. Reitero: en el diálogo propuesto, ¿se le dijo al presidente de la república, a la ministra de Economía y Finanzas o al secretario de la presidencia, «mire, nosotros, en este plan integral, nacional, transversal, que patatín que patatán, queremos también esto»? ¡No, señor! Estamos frente a lo más chiquitito de la miseria política. En este país se está fundiendo gente y nosotros tenemos que estar perdiendo el tiempo acá explicando por qué vamos a votar o no algo que pide la solidaridad del Frente Amplio, que es un número. ¿Sabe a cuántos frentistas afecta lo que ellos quieren proponer, señora presidenta? A ochenta y seis personas. Es decir, a los cargos de confianza frentistas, a los legisladores frentistas, o sea, a los senadores y diputados de ese partido.

A mí no me duelen prendas; a mí no me van a correr con la vara alta para ver quién es más solidario. La señora presidenta tiene que saber que este legislador hace muchísimo tiempo que no cobra un solo peso del Poder Legislativo. Desde el año 2017 he estado reclamando un gesto de austeridad y por eso quise donar mi sueldo, pero no me dejaron. Lo estaba donando a la Escuela n.º 70 de Polanco, Lavalleja, pero naturalmente, mañana mismo va a estar la carta por la que cada peso, durante todo este período, va a ir al fondo coronavirus que se acaba de crear. Por lo tanto, no vengan ahora a hacer gárgaras con eso.

¿Sabe qué es lo peor, señora presidenta? Que el periodismo, la gente que comunica, lo que hoy está informando es que se vota el fondo coronavirus, pero no hay acuerdo en la picardía rastrera que se quiere llevar a cabo, porque eso es lo que se encargaron de hacer. El acuerdo nacional se llevó a la Comisión de Hacienda y todo el mundo estaba encantado, pero bastó que se fuera la señora ministra para citar a una conferencia de prensa. ¿Qué son? ¿Los serenos del cementerio, los únicos vivos para hacer esa picardía? ¿A quién van a convencer de las gárgaras políticas? ¿A quién? Estamos todos grandes y estamos todos vacunados. Entonces, tenemos que terminar discutiendo este asunto en estos términos cuando, la verdad, no era la intención de nadie. Hoy de mañana estábamos todos de acuerdo para recorrer el camino del que se había hablado ayer. Entonces, se hace realidad lo que siempre me decía mi abuela: «Mirá, Sebastián, la gente no cambia». Tenía razón: no cambia la gente, ni los partidos formados con la gente que no cambia. Y estos temas hay que decirlos porque, reitero, mientras estamos en esta chiquitita, minúscula, miserablemente chiquitita –lo dice alguien que dona toda su plata–, hay gente que la está pasando espantosamente mal.

Vamos a votar el fondo coronavirus, nuevamente en una tormenta perfecta, donde la lógica de los hechos hace que estemos todos juntos; deberíamos estar todos juntos y apelamos a ello. Apelamos a que se terminen las discusiones sobre que hay gente, empresas, que han sido privilegiadas con este tipo de circunstancias. Quizás se haya beneficiado algún laboratorio para un antidepresivo o Netflix. Sinceramente, no entiendo cómo se puede decir ligeramente que en este momento hay alguna empresa que se esté privilegiando de estas circunstancias. Eso es desconocer la realidad; no darse cuenta de que quizás mueran más personas por infartos causados por temas financieros que por coronavirus.

Acá no hay un cese de la cadena de pagos, sino una destrucción de la actividad económica de un día para el otro, hay un apagón económico. Y apelar solamente al Estado es la peor de las cegueras. Los países no salen solo con el Estado ni con el sector privado, sino todos juntos: el Estado atendiendo a los más débiles y el sector privado pujando, generando empleo y riqueza para poder sacarnos adelante. En el Uruguay, que es el país más agropecuario del mundo, por suerte, existen hombres y mujeres del campo que no solo no pueden parar, sino que no quieren hacerlo. Y están dispuestos, como siempre, a poner el hombro al país para sacarlo del pozo, para hacer realidad la esencia de que el Uruguay es, indudablemente, un país agropecuario. No solo están dispuestos a trabajar sino también a colaborar. Se sabe que el campo uruguayo va a dar al fondo coronavirus más de ochenta o noventa millones de dólares. Hay fondos de productores que estaban disponibles y se van a entregar. Hay gente que va a dejar de recibir beneficios para ponerlos arriba de la mesa. Eso no es propiedad de nadie; ni del Partido Nacional, ni del Partido Colorado, ni de Cabildo Abierto, ni del Frente Amplio y todos deberíamos estar orgullosos de ello. La verdad es que no conozco a nadie que se haya favorecido con la suba y con la baja del dólar. Era tan falaz, tan escolar el argumento que a los dos o tres días el dólar de vuelta entró en un tobogán de caída por las oscilaciones mundiales.

Nosotros, señora presidenta, vamos a votar este fondo. Somos conscientes de que hoy no termina este episodio, lamentablemente. La destrucción de riqueza, la desesperación, la llegada del invierno, el castillo de naipes de un país cuya protección social de buenas a primeras explotó, hace que esa mala visión, ese déjà vu del año 2002 capaz que se confirma. Lo único que espero es estar a la altura de las circunstancias y por eso exijo lo mismo.

Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señora presidenta.

En realidad, todos sabemos que estamos ante una situación única, realmente grave, de verdadera emergencia. A veces escuchamos a gente que dice que nunca en toda su vida había visto algo como esto. Realmente nunca lo hemos visto a nivel mundial. Creo que no podemos llegar a imaginar realmente las consecuencias que se darán una vez que pase el tema sanitario, que van a ser realmente muy graves y de seguro perdurarán durante mucho tiempo.

No obstante, quiero hacer algunas consideraciones. A raíz de la crisis de 2002 también se creó un impuesto adicional del IRP de aquel tiempo que se cobraba por franjas. Recuerdo que en el texto aprobado también se había incluido a sectores privados. Pero por lo que se ha manifestado, al día de hoy el monto que se recauda por estos descuentos no es demasiado elevado. Entonces, de alguna forma comparto las dudas que planteaba Carlos Grau Pérez en un artículo que leí ayer en el que se preguntaba si lo que subyace tras incluir solo a los públicos es la idea de disminuir el gasto público. Muchas veces escuchamos esto, ¿no? Hemos oído que el objetivo es bajar el gasto público. Ojalá que no, pero capaz que también viene por ahí. Más allá de lo que dijo quien me antecedió en el uso de la palabra, ahora se ha comprobado que en lo público, en lo estatal, están nuestras mayores fortalezas para afrontar esta emergencia, tal como ha quedado demostrado en estas semanas. ¿Qué se hubiera hecho sin el Sistema Nacional Integrado de Salud o el Fonasa? ¿Qué se hubiera hecho sin las ceibalitas para nuestros niños y las ibirapitás para nuestros mayores? ¿Qué se hubiera hecho sin la conexión por fibra óptica que posibilitó la empresa pública Antel? ¿Qué se hubiera hecho sin la Universidad de la República y otras instituciones educativas que han formado a nuestros científicos? Justamente hoy muchos de ellos han promovido diferentes iniciativas solidarias ante esta emergencia, como la elaboración de test o de respiradores. ¿Qué se hubiera hecho sin la existencia del Mides y sus programas, que hoy son una importante herramienta para este Gobierno? ¿Qué se hubiera hecho si el Gobierno anterior, en nombre del Estado, no hubiera negociado fondos de contingencia con organismos multilaterales, que le permiten contar con USD 2.000:000.000 hoy en día? Por otro lado, sabemos que hay USD 17.000:000.000 de reservas. Es decir que cuando se dice que no tenemos dinero, no es tan así, porque en realidad hay un monto importante de reservas en nuestro país.

Por todo ello no entendemos ese odio a lo público. No entendemos por qué aquí no se incluyó a los sectores privados de altos ingresos. No estamos refiriéndonos a muchos que sabemos que la están pasando muy mal y que la van a pasar muy mal, sino a los privados que pueden contribuir también.

El artículo a que hice referencia se preguntaba si el poder adquisitivo de un trabajador público que gana $ 80.000 es diferente al de aquel que gana el mismo salario a nivel privado. La respuesta, evidentemente, es no; no hay diferencia. Estamos hablando del mismo poder adquisitivo para los trabajadores públicos y privados.

El Poder Ejecutivo ha dicho que no incluye a los privados porque sobre ellos recaen los costos adicionales de la pandemia, cosa que en algunos sectores es cierto. Recaen sobre una parte del sector privado. Pero también es verdad que para otros integrantes de ese sector la situación no es igual. Incluso ya se ha dicho, por ejemplo, que el sector agropecuario –que recién se mencionaba– va a aportar millones de dólares al fondo coronavirus. Esto significa que pueden hacerlo, y es lo que pensamos. Entonces, quisiéramos que ese aporte también estuviera reglado por ley. Nos hubiera gustado que no dependiera de la voluntad solidaria de quien quiera hacerlo, sino que se hiciera también por ley, como en esta ocasión se está reglamentando a quienes van a aportar desde el sector público y desde los cargos políticos.

Además, sabemos que hay otros sectores privados, además del agropecuario, que tampoco están perdiendo. De manera que nos hubiera gustado que en el artículo 2.º se hubiera incluido a los privados con ingresos altos.

De todas formas, creemos que lo central hoy es que el Poder Ejecutivo está dando señales muy positivas a través del Mides, ya sea por medio de las tarjetas o las canastas. Realmente nos congratula que esto se haga, porque sabemos que va destinado a quienes ganan poco o no ganan nada en nuestro país, que constituyen una población importante.

También creemos que se debe dar prioridad a los que no están registrados en el BPS ni en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como son los cuentapropistas, los feriantes, los changadores, los vendedores ambulantes, los artistas callejeros, etcétera. Nos preocupan estos sectores y no sabemos cómo van a sobrevivir dentro de unas semanas. Eso, evidentemente, va a ser un problema gigante para el país. Entonces, creemos que buscar un salario provisorio o una forma de subsidio –que puede ser por un salario mínimo o cercano a esa cifra–, nos va la vida en cuanto a que podamos transitar bien este proceso. Apelamos a la sensibilidad del Gobierno y de los senadores presentes, porque creemos que esto es necesario.

También hay otros temas que se plantearon aquí, como la posibilidad de postergar el aumento de tarifas que desde hoy está corriendo. No sé si aún se está a tiempo de eso. Además, está planteada la posibilidad de diferir el pago de las tarifas de UTE, OSE y Antel a los sectores que no puedan pagarlas. Es algo que está pendiente y sería importante que se considerara. Sería una manera de mostrar solidaridad hacia los más castigados en esta emergencia.

En síntesis, compartimos este proyecto en general, pero esperamos que en los próximos días lleguen agregados que mejoren esta iniciativa en el sentido que proponemos. Creemos que por la grave situación que atravesamos se debe generar –más allá de que esto se ha denostado de alguna forma– la posibilidad de un diálogo social. Entendemos que es importante que los partidos estemos en comunicación, pero aspiramos a que las cooperativas, los sindicatos, las organizaciones sociales en general se sienten a dialogar para ver cuáles son los caminos de salida para esta situación tan grave. Ese sería un paso importante. Por lo tanto, seguimos defendiendo la idea y la necesidad de un diálogo social.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidenta: en realidad voy a tratar de hacer economía procesal, porque voy a resumir mi intervención en la primera consideración, que entiendo fue una alusión.

La verdad es que, después del diálogo que se dio ayer con el presidente y de lo que se discutió en la Comisión de Hacienda, tal como nos comentaron los compañeros, esperaba que todos los partidos políticos vinieran a hacer algunas consideraciones generales, porque ese es el derecho que tienen. Pero no esperaba de ninguna manera que todos los legisladores del partido que gobernó quince años con mayorías absolutas en un período de bonanza económica nos estuvieran, desde hace ya no sé cuánto tiempo, repitiendo las mismas cosas. Ahí va una alusión molesta, entre otras cosas, a la ética pública.

Pero lo que no voy a permitir de ninguna manera, en nombre del Gobierno, es que se diga que tenemos odio a lo público. ¡De ninguna manera! Ese es un prejuicio que estuvieron manejando durante mucho tiempo varios actores políticos muy importantes del partido de la oposición, pero resulta que les salió mal, porque ni el presidente de la república ni ninguno de los que integramos la coalición de gobierno odiamos lo público. Lo que queremos es utilizar los recursos públicos como corresponde. Lo hemos repetido hasta el cansancio y nuestros compañeros fueron muy cuidadosos en el planteamiento de este proyecto.

Podríamos ponernos a cobrar cuentas, que para mí no son viejas; están ahí, y cuando pase la pandemia se van a tener que hacer responsables de muchas cosas. Pero de ninguna manera vamos a permitir que se nos agravie de esa forma. Es una alusión muy dura. Entiendo que todo el mundo tiene derecho de decir lo que quiera, pero no lo vamos a aceptar. Les salió mal. El liberalismo, la libertad no se contrapone con la solidaridad. El Estado está al servicio de la nación. Eso es lo que realmente queremos defender, y lo vamos a seguir haciendo. Pasada la pandemia lo podremos defender mejor, pero de ninguna manera vamos a aceptar ese tipo de agravios, y creo que lo digo en nombre de toda la coalición.

Muchas gracias.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el miembro informante.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: quiero aprovechar las intervenciones que se han hecho para hacer una aclaración en mi calidad de miembro informante, porque se han planteado dos o tres veces en sala algunas expresiones que pueden llevar a confusión. Lo dijimos y lo vamos a reiterar: este impuesto solidario se dirige, básicamente, a aquellos empleados públicos o privados que perciben remuneraciones de fondos públicos. Esto es así porque los empleados públicos tenemos una gran ventaja y es que hoy estamos cobrando. El Gobierno podrá tener problemas de liquidez, pero todos los salarios públicos, todas las jubilaciones, todas las pensiones y todos los retiros se van a pagar hoy, mañana, pasado, cuando corresponda. Y cuando termine esta crisis que estamos viviendo no habrá ni un solo empleado público que pierda su trabajo, ¡ni uno!; todos lo mantendrán, porque los empleados públicos tienen certezas. La mayoría de ellos son presupuestados y solamente perderán su trabajo por omisión, ineptitud o delito, y luego de un largo proceso votado por el Senado de la república si pertenecen a la Administración central. Es decir que estos funcionarios tienen la certeza de cobrar todos los meses. No tienen seguro de paro, pero hay miles que hoy están en su casa porque el Estado ha resuelto protegerlos debido a que tienen algunas situaciones de riesgo y cobran el 100 % de su salario, sin ningún descuento; no están en un seguro de salud, donde cobran el 70 %, sino que cobran el 100 %. También hay funcionarios que no tienen ningún riesgo, pero se ha resuelto que permanezcan en sus casas para que haya menos trabajadores con riesgo en un centro laboral. Y nadie va a perder su trabajo. Entonces, eso que es una ventaja –porque tenemos certeza laboral y certeza salarial– nos obliga a ser los primeros en aportar para que los que no tienen ninguna certeza, ningún salario, ningún respaldo, y quizás ni siquiera techo, porque lo pagaban con lo que hacían cada día, puedan tener algo a través de un fondo que va a recaudar de nosotros USD 15:000.000 –o USD 20:000.000, en el mejor de los casos– en dos meses, cuando se gastan USD 400:000.000. No movemos la aguja, pero es una señal que tenemos que dar.

Ni odio a los públicos ni odio a los privados, ni fanatismo por poner impuestos. Acá a veces se dice: «¿Por qué no le ponemos impuestos a este?», «¿Por qué no le ponemos impuesto a este otro?». ¡Hay fanatismo por poner impuestos! Yo creo que quizás hay que enfrentar lo otro: ¿por qué hay que poner impuestos? ¡No! Nos enfrentamos a los que quieren poner más impuestos a los demás, porque los impuestos vendrán cuando sean necesarios. Ahora, el sector privado está poniendo su desvelo y su incertidumbre, y hay miles que no saben si mañana o a fin de mes van a tener trabajo; nosotros, los públicos, sabemos que el nuestro vamos a tenerlo.

Muchas gracias.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: hace aproximadamente una semana, Cabildo Abierto, con la firma de Guido Manini Ríos y Raúl Lozano, presentó un proyecto de ley que va en un sentido parecido al que estamos tratando. Y decimos sin empacho que vamos a votar este proyecto de ley porque es mejor que el nuestro. No nos conduce ningún espíritu mezquino de tratar de hacer política pequeña ufanándonos de un proyecto de ley, sino que lo que queremos es contribuir a resolver un problema dramático que está viviendo el Uruguay. Quizás, desde aquellos episodios de la fiebre amarilla de 1870, que el notable cuadro de Blanes recuerda con las figuras de Roque Pérez y el doctor Argerich, el Uruguay no vivió un momento más dramático que este.

El Uruguay tiene fortalezas, ¡claro que las tiene!, pero las fortalezas no son solo las ceibalitas y el Fonasa; yo diría que las fortalezas del Uruguay arrancan en 1830, si no antes, y por eso Cabildo Abierto levanta el verbo artiguista. Recordemos las leyes de jubilaciones de Manuel Oribe, la ley de jubilaciones escolares de Evaristo Ciganda, la ley de jubilaciones comerciales de Lorenzo Carnelli, la ley de ocho horas del presidente Viera, antecedida de un proyecto de Carlos Roxlo, Ponce de León y Luis Alberto de Herrera y del propio José Batlle y Ordóñez. La legislación social del Uruguay no nació en estos últimos años. Recordemos que el salario vacacional fue aprobado por la Coprín en 1972; que el aguinaldo es una ley del doctor Suárez Ponte, quien fuera compañero de mi padre en la Cámara de Representantes. Recordemos, entonces, que hay una frondosa legislación laboral y que el actual partido de oposición en estas circunstancias políticas concretas no fundó el Uruguay.

Cabildo Abierto es un partido nuevo. Vamos a reconocer las viejas tradiciones del Uruguay y los grandes éxitos de los partidos tradicionales, fundacionales; y vamos a decir que este Gobierno tampoco recibió el país en las mejores condiciones. La Intendencia de Montevideo salió a pedir ayuda al Gobierno nacional en el anterior período porque, según ellos, había dos mil personas en la calle. Nosotros creemos que había muchas más. En este país había cincuenta mil personas en seguro de paro y casi doscientos mil desocupados. Se redujo sensiblemente el área arrocera, llegándose a plantar solo 134.000 hectáreas, siendo este un cultivo por el que Uruguay se destaca en el mundo por su productividad y la calidad de su producto. Nosotros, que venimos de traje y corbata por respeto a esta casa, pero que somos gente de bombacha y alpargata, hemos visto desaparecer a nuestros vecinos tamberos; a gente que conocimos a lo largo de cincuenta años ordeñando en pequeños tambos la vimos desaparecer durante el anterior período sin que se le moviera un pelo al Gobierno. Un día sí y otro también un tambo alrededor nuestro cerraba, ¡y ahora nos hablan de sensibilidad social! Y yo digo: ¿qué sensibilidad social condujo al anterior Gobierno a firmar el contrato de UPM –¡una vergüenza nacional!–, por el que el país, a cambio de USD 700:000.000, contrae deudas monstruosas? Se compromete a construir un ferrocarril que sale USD 2.400:000.000 y le compra la energía eléctrica a mayor precio que en el mercado internacional. Hay una grave complicidad del anterior Gobierno con el supercapitalismo. En el mercado financiero, según las propias tablas del Banco Central del Uruguay, se pueden cobrar intereses de hasta el 175 %, y han pululado las financieras, que le prestan a la gente humilde. No prestan a los ricos, sino a la gente humilde.

Creo que no es la hora del reproche, sino la de construir con sinceridad un Uruguay mejor, precisamente para los humildes, para que ese Artigas que tenemos retratado pueda decir con orgullo que se cumplió su afirmación de que los más infelices sean los más privilegiados. Y con ese espíritu nosotros vamos a acompañar el proyecto que viene del Poder Ejecutivo. Nos hubiera gustado mucho más que se aprobara el nuestro; ¡por cierto que sí!, pero no es hora de vanidades transitorias, sino de aportar a la gente necesitada del país el esfuerzo de todo el sistema político para superar esta crisis que realmente nos viene de arriba.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: en principio, quisiera saludar el trabajo de la comisión. Fue la primera sesión de la Comisión de Hacienda y, de hecho, debió votarse un presidente ad hoc. Y allí, además de recibir a las autoridades, expresamos diversidad de ideas, diferencias, algunas de ellas tomadas a la hora de elaborar este proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque desde todo punto de vista estamos frente a una situación excepcional a nivel global. El coronavirus está instalado como pandemia y actualmente nos interpela como humanidad; lo hace en cuanto a valores, como naciones, en el marco de la gobernanza y, fundamentalmente, en el ámbito que nos compete, como integrantes del sistema republicano, como actores políticos.

Hoy se han hecho varias referencias a la madurez del sistema político y me animo a decir que no es un concepto redundante, sino distintivo a destacar. Es en momentos como este que se torna imperativo tomar decisiones desde la conducción política en general y, en particular, por parte de los gobernantes.

Como se ha dicho aquí, habrá una evolución natural con consecuencias en todos los ámbitos: sanitario, económico y social. El impacto en el mundo del trabajo –la reducción de la fuerza de trabajo, de la producción y de los costos– significa un cambio sustantivo en la calidad de vida de los seres humanos, sobre todo –como bien lo han expresado acá–, de aquellos más vulnerables desde todo punto de vista.

En ese sentido, el rol del Estado se vuelve estratégico a la hora de amparar, resguardar y tomar acciones para el momento de la crisis, sobre todo –como bien lo decían varios de los legisladores que nos precedieron en el uso de la palabra– pensando en el futuro, porque habrá que continuar la marcha, levantarse y seguir caminando.

La bancada del Frente Amplio, fiel a su historia, comprende la necesidad de participar en forma activa y propositiva, en el entendido de que todos y cada uno de nosotros, integrantes de la sociedad, debemos aportar en la mitigación, en la prevención y en la rehabilitación, tanto en el marco sanitario como en todos los ámbitos. En ese sentido, hemos acompañado las medidas que se han llevado adelante, en el sincero reconocimiento y desde la honestidad del convencimiento de la necesidad de incorporar a todos los ciudadanos pertenecientes a sectores con capacidad contributiva. Compartimos, pues, la búsqueda necesaria de la equidad y de la solidaridad.

Se ha anunciado por parte de las autoridades que se está pensando en otras medidas graduales, que seguramente estudiaremos y acompañaremos. Pero, también, honestamente tenemos que decir que hay diferencias intelectuales a la hora de determinados reclamos sobre los que no voy a abundar porque ya lo han expresado mis compañeros.

Concuerdo con que la historia de la solidaridad de nuestro pueblo proviene de nuestros orígenes y es un proceso que no se acaba nunca, sino que se cultiva en la educación, en los valores, en la vida familiar y en los diferentes ámbitos de la vida misma, debiendo el Estado proteger a los menos privilegiados. Asegurar la salud, la educación universal, la vivienda y el trabajo como derechos es tarea del Estado, y las medidas económicas deberán asegurarlos. Creo que las medidas que se tomaron van en ese sentido y tenemos la aspiración –y así lo hemos planteado, no desde un pedestal queriendo dar algún tipo de cátedra, sino en el real convencimiento– de que el sistema político se comprometa con ello. Esto fue planteado en la reunión que mantuvo nuestra fuerza política con el señor presidente de la república en el día de ayer, y así –debo decirlo– fue recibido también.

No me resulta obsesivo ni redundante decir que no partimos de cero. Reitero: ¡no partimos de cero! Más allá de las diferencias que tengamos, hoy contamos con herramientas como el Sistema Nacional Integrado de Salud, el Plan Ceibal, los convenios colectivos y la solidez del sistema de telecomunicaciones para garantizar la justicia social. Ello es construcción del sistema democrático. Más allá de las dificultades que se enfrentan en esta crisis, ¡no partimos de cero!

Por todo lo expuesto, entendemos que el sistema político debe estar en la primera línea de este sistema solidario; ¡debe estar ahora y siempre!

Para finalizar, solicito permiso a la señora presidenta para mencionar algunos párrafos de un poema de la Premio Nobel de Literatura de 1996: Wislawa Szymborska. Extractamos algunos párrafos, no los más duros, pero sí bastante simbólicos de lo que a mi juicio refleja cuál será la actitud de esta bancada. Porque esto va a pasar y, como decía el general Líber Seregni, la mañana siguiente nos tiene que encontrar a todos.

Del poema Fin y principio de Wislawa Szymborska extraje, reitero, algunos párrafos:

«Después de cada guerra

alguien tiene que limpiar.

No se van a ordenar solas las cosas,

digo yo».

«Alguien tiene que arrastrar una viga

para apuntalar un muro,

alguien poner un vidrio en la ventana

y la puerta en sus goznes.

Eso de fotogénico tiene poco

y requiere años.

Todas las cámaras se han ido ya

a otra guerra.

A reconstruir puentes

y estaciones de nuevo.

Las mangas quedarán hechas jirones

de tanto arremangarse».

Es en esa postura que se encontrará siempre a la bancada del Frente Amplio.

Muchas gracias.

SEÑOR CANON.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CANON.- Señora presidenta: tres breves capítulos tendrá mi intervención: uno político, otro económico y el último, referente a mis conclusiones.

El capítulo político comienza por decir, con énfasis, que nada nos va a distraer del talante de cooperar con el país y su gente. ¡¿Cómo no estar de acuerdo con el señor presidente de la república si recoge banderas clásicas de la izquierda y el movimiento sindical?! La solidaridad acunó a la izquierda y al movimiento sindical desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX hasta nuestros días. De otra manera, no se hubiera explicado el movimiento sindical que tenemos, con sus claroscuros, y también el movimiento político que integro, con sus claroscuros.

En cuanto a la austeridad del sistema político, la austeridad republicana, el Frente Amplio entiende que el señor presidente también tiene una bandera que compartimos –no es exclusiva de nadie; no estoy reclamando la paternidad de esa consigna–: «Que los más infelices sean los más privilegiados», como aquí se ha dicho y el presidente de la república ha sostenido y lo ha llevado adelante. Y acaba de afirmar, en reunión con nuestros dirigentes políticos: «Vamos a gastar lo que haya que gastar». Obviamente, eso tiene su timing, pero confiamos en que las soluciones vengan en el momento que sean necesarias y para la gente que las precisa de manera urgente. Hasta ahí el capítulo político.

Respecto a la economía, quiero poner en contexto la crisis que estamos viviendo, pero desde el punto de vista económico, en un contexto que no es para extrapolar ni hacer comparaciones con economías avanzadas, que son a las que me voy a referir. Todo el mundo sabe que todos los países en este momento expanden su gasto público para impulsar la demanda agregada. Alemania quiebra su regla fiscal, que tiene rango constitucional en ese país, y se va a endeudar por € 156.000:000.000; el Reino Unido va a destinar a esta crisis, con distintas medidas, un 15 % de su producto, y España un 20 %. Un economista turco insigne, que opera en Estados Unidos, Nouriel Roubini –que fue quien vaticinó la crisis hipotecaria en Estados Unidos– escribió hace poco sobre lo que nos espera y tituló el artículo en forma de pregunta: «¿Una mayor depresión?». Allí dice textualmente –y quiero resaltar que no extrapolo para nada una economía avanzada con la de Uruguay–: «Dado el tamaño de la crisis económica, los déficits fiscales en las economías avanzadas necesitarán subir de 2,3 % del PIB a alrededor del 10 % o más».

En Estados Unidos hay un movimiento que se llama patriotic millionaires –seguramente lo conocen: millonarios patriotas–, integrado por gente que tiene un patrimonio de un millón de dólares en más, y le proponen al Estado que los grave. Ustedes dirán: ¿para qué? Bueno, la respuesta nos la da, en otra onda, un economista serbio-norteamericano, Branko Milanovic. En declaraciones recientes a la televisión dijo que la clave está en evitar el colapso social y por lo tanto los millonarios de Estados Unidos, o algunos de ellos, muy significativos, están dispuestos a ser gravados.

Mi último capítulo es para las conclusiones. Exponer estos acuerdos –no me tiembla el pulso en hacerlo– con el Poder Ejecutivo, con el Gobierno, no obsta a que dé otras opiniones, que también son síntoma de lo que aprendí de chico: elemental lealtad. No nos vamos a esconder detrás de los acuerdos. Tenemos diferencias y son tan legítimas como que el Gobierno gobierne como tiene el derecho de gobernar por haber ganado las elecciones. Gravar a unos y eximir a otros es una opción; ahora no hago juicio de valor. Optar es hacer política, y no es condenable hacer política, todo lo contrario; por eso estoy aquí. La política es la más noble de las actividades, porque es hacerse cargo –como dice el presidente– de la cosa pública. El Frente Amplio también optó. El Frente Amplio optó por arriar momentáneamente sus banderas, venir a este edificio a tender la mano para solucionar la crisis económica en todo lo que esté a su alcance y alzar la mano como lo haré al culminar esta jornada. Al final del túnel hay una luz puntual que nos espera.

Muchas gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: dio para todo la sesión del Senado y uno tiene la tentación de entrar en algunos aspectos que se han colocado de manera lateral al debate. Supongo que en estos cinco años vamos a tener tiempo para hacer balance político, síntesis de la inversión pública social, de propuestas y compromisos con las relaciones laborales, de empuje e impulso al aparato productivo, de crecimiento económico y de distribución, pero lo cierto es que estamos en un contexto que es extraordinariamente complejo, difícil.

Son 86.044 uruguayos que están en el seguro de desempleo. Es una cifra inédita, sin considerar que hay sectores, como el de la construcción que, como logró un acuerdo puntual, no incrementa esta cifra en decenas de miles. Es una situación de extraordinaria dificultad.

Nosotros, desde el Frente Amplio, estamos intentando colocar una premisa que nos parece central para atender la emergencia sanitaria: que ningún uruguayo tenga que arriesgar su vida por motivos económicos, que ningún uruguayo se vea obligado a no cumplir las disposiciones sanitarias. Hay muchas dudas sobre esto en el mundo, en la comunidad científica, pero hay un consenso muy fuerte en cuanto a que el aislamiento social es imprescindible. En esto no hay diferencias entre la oposición y el Gobierno, no hay diferencias entre el trabajador y el empleador. Lo cierto es que hoy tenemos a decenas y decenas de miles de uruguayos que no pueden cumplir con esta disposición por razones de necesidad; no porque no les llega el mensaje, no porque no escuchan los informativos, las campañas públicas, sino por razones de necesidad. No tienen espalda económica para soportar la circunstancia actual en una economía que, además, está necesariamente a media agua por los impactos.

Desde nuestra perspectiva estos sectores son los que tienen que estar primero, y han sido contemplados insuficientemente. Podemos decirlo con claridad: no estamos en contra del incremento de la partida de la tarjeta Uruguay Social o de las asignaciones familiares con una canasta, aunque nos parece que es la forma menos eficaz de atender la emergencia en estas circunstancias. Queremos defender una idea: los meses en los que dure la emergencia sanitaria, atender desde la perspectiva de una renta de emergencia, de una partida económica que atienda con lo esencial a los sectores más postergados.

La segunda consideración que quiero hacer es que el fondo coronavirus no es una mala o buena idea en sí misma; lo que sí veo –y le encuentro algunos reparos– es que lo que está previsto de recaudación actual es testimonial para atender la emergencia. Entonces, es evidente que la atención de la emergencia va a ser un tiempo distinto. Le comunicamos mal a la sociedad si le decimos que para resolver la situación alcanza con que aporten algunos empleados públicos y quienes están ocupando cargos políticos. Además, nos agregamos algunos problemas, tales como el de no transitar los espacios de la negociación colectiva o, en términos de equidad tributaria, la no inclusión de sectores con mayor porte. En algún momento –de esto no se escapa; la economía es así– vamos a tener que discutir cómo se distribuye el costo de la emergencia social. Ese será el tiempo de discutir la contingencia de cómo se aborda una problemática mucho mayor que la que pueden atender estos doce o quince millones de dólares que se aporten.

Entonces, la propuesta me genera dos sensaciones: una de mucha duda con respecto a los empleados públicos, y otra de una línea correcta, justa, que tiene que ver con los cargos políticos electivos o de particular confianza. Yo no sé cómo hacen algunos legisladores para contar cuánto hay de cada uno, entre otras cosas porque hacen ciencia ficción: incluyen a las intendencias y a los cargos políticos de intendentes surgidos de elecciones que todavía no se hicieron. Más allá de ese comentario, lo que sí quiero decir es que hay una señal que comparto: en medio de una emergencia de estas características, cerca de noventa mil uruguayos en el seguro de paro, un grado de incertidumbre brutal, circunstancias que están tensando el sistema de salud, el aparato productivo y efectos que van a ser de largo plazo, la salida no puede ser contra la política. La salida es política. Y jerarquiza la salida política –por eso comparto la decisión del Poder Ejecutivo– el hecho de que los primeros en la fila desde el punto de vista del aporte tienen que ser los dirigentes políticos que están en cargos de gobierno o electivos, acá, nosotros, senadores y diputados. Si siguiera el argumento que se dio en sala, uno podría pensar que lo que hizo el Poder Ejecutivo al respecto es chiquito, es pequeño, es miserable; uno podría haberse parado en esa baldosa porque, de hecho, con estos fondos de los aportes de dirigentes políticos y legisladores durante sesenta días no resuelve nada. Pero ese no es el camino que elegimos; es distinto.

Nos parece que la señal a dar en esta dirección tiene que ser contundente. ¡Contundente! ¿O alguien piensa que en dos meses, cuando tengamos que reflexionar si esto continúa o no, el Uruguay va a estar en condiciones ideales?, ¿que en cuatro meses, cuando se termine esta circunstancia, el Uruguay va a estar muy bien como para que se elimine el descuento? Nos parece, sinceramente, que le hacemos un favor al sistema político todo si la señal de austeridad –que no implica denostar la actividad política; la salida es política o no hay salida– es una salida permanente. ¿En términos de cuánto recauda? Y sí: no recauda mucho más, aunque quizás algo más de lo que hubiera recaudado el fondo en la primera versión. No es en términos económicos, pero me parece que es una señal política importante, que nos va a ayudar cuando nos miremos a la cara, o cuando miremos a la cara al almacenero que está en dificultad, al compañero o compañera que quedó sin trabajo, si el primer esfuerzo lo hacemos desde acá. ¡Esa es la clave, no otra!

¿Cuál es la molestia? Una medida que va en la misma dirección que plantea el Gobierno, y que nosotros respaldamos, ¿cuando la plantea el Gobierno está bien y cuando la plantean los que hoy estamos en la oposición es perversa? Es la mayor de las maldades de un proyecto que nos llegó ayer y recién lo pudimos discutir hoy; no participamos antes en su elaboración. En nuestra ponderación, este tipo de proyecto tiene zonas que nos generan muchas dudas –repito: la tasa sobre los empleados públicos– y tiene señales que nos parece que hay que dar aún con mayor contundencia.

La democracia también es discutir ideas. ¿Por qué está mal que podamos extenderlo por todo el período? ¿Cuál es el daño que le ocasionamos a alguien? ¿Cuál es el impacto negativo en la sociedad? ¿Qué cosa estamos perjudicando cuando nos ponemos en primer lugar y, por otro lado, queremos poner el acento en algunos escalones más arriba? Esa es la intención.

Vamos a tener mucho trabajo. Nosotros vamos a presentar una iniciativa para que se suspendan los cortes de energía eléctrica y para que se suspendan los cortes de agua en medio de la pandemia, para que tengamos herramientas en lo jurídico que fortalezcan la situación de los que están peor. ¡Y ojalá que, con la sensibilidad de la que acá se habló, podamos encontrar mecanismos que nos permitan evitar los despidos por causa injustificada y encontrar estrategias que vayan en la dirección de la reducción de la jornada laboral, para no perder puestos de trabajo! Hablo de mecanismos que generen condiciones para que del estado de emergencia se salga con la frase tan señera de Artigas, tan presente en la revolución popular agraria de 1815, cuando organizó el reglamento de tierras sobre el concepto de «Que los más infelices sean los más privilegiados». Yo tengo muchas dudas de cuánto quedó de ese artiguismo de 1830, pero es un debate que tendremos en otro momento, desde el punto de vista histórico, con algún senador que se refirió a ello.

Para redondear, no puede ser que el argumento de votar en contra de la iniciativa sea que la presentó el FA, porque eso sí es menor. ¡La iniciativa puede estar bien, pero si la presenta el FA está mal! Si esa es la clave con que nos manejamos en la discusión parlamentaria en el Senado, los mensajes que damos me parece que son de los peores.

Ojalá no sea demasiado tarde para instalar medidas que permitan atender sectores que no pueden esperar a mañana. Ojalá tengamos los espacios para poder discutir en profundidad sobre los USD 240:000.000 que permitirían financiar, en un escenario de tres meses de paralización, a más de trescientos mil hogares, que abarcan a más de un millón de los uruguayos que están pasando peor. Esa parece ser una medida impostergable que va en la dirección de algunas medidas que el Gobierno tomó y respaldamos. Ojalá nos encontremos juntos con el fervor que acá se colocó en defensa de los derechos sociales y laborales, para que no salgamos de esto como nos pasó en el 2002, cuando en el ingreso nacional bruto disponible, previo a la crisis, los salarios representaban alrededor de un 30 %, y, a la salida de la crisis, pasaron a representar un 17 %. Si no hay muchas medidas políticas que contemplen al sector más desfavorecido, la lógica del mercado termina remachando la crisis en las amplias mayorías de nuestro pueblo, cuestión que nadie acá quiere.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Como se me ha aludido por la forma de contabilizar, quiero decir que naturalmente estamos contando a legisladores y a los cargos de confianza que vamos a votar en estos días.

Un día traté de enseñar algo sobre ganadería al señor senador preopinante y hoy trataré de enseñarle algo de latín. ¿Sabe lo que sucede, señora presidenta? Hay una frase en latín que dice: pacta sunt servanda y refiere a la voluntad de las partes de obrar de buena fe para lograr acuerdos. Eso es lo que, con la picardía que se hizo, uno no ve en el día de hoy.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador Da Silva: como usted sabe, no se nos permite atribuir malas intenciones a senadores preopinantes.

Vamos a continuar con el desarrollo de la sesión.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: el Uruguay entero, no el que está reunido hoy acá, en este recinto con paredes bien gruesas –que lo son–, sino el otro, el de afuera, el que está sintiendo de veras esta crisis, valora en gran forma la actitud y la conducción del Gobierno. Me refiero al Gobierno que responsablemente dijo e hizo lo que le había propuesto a la ciudadanía: vino para hacerse cargo, y se está haciendo cargo. Se está haciendo cargo de la situación crítica que le toca vivir; se está haciendo cargo de no poder tener el gusto de ejecutar con tranquilidad el programa de gobierno; se está haciendo cargo de esta situación con la máxima responsabilidad.

Uno puede escuchar propuestas como las que se han hecho, dentro y fuera de la cámara, de gente que ligeramente dice «vamos a no subir las tarifas», pero en diciembre los propios entes nos dijeron que ello significaría un monto que rondaría los USD 500:000.000, es decir, $ 20.000:000.000. ¿A quién se los vamos a dar? ¿A cualquiera? ¿Al que tiene y al que no tiene? ¿Al que necesita y al que no? ¿Los vamos a tirar a la bartola? Son los recursos con los que contamos, como cualquier padre de familia que, en una situación crítica, cuida más los pesos que cuando está en una situación de desahogo. El que conduce una familia siempre tiene que manejar los recursos con responsabilidad, pero mucho más cuando, por ejemplo, se queda sin empleo o vive situaciones excepcionales de gasto. Precisamente, esa es la situación en la que se encuentra el país.

Por allí hay otra propuesta ligera de darle sueldo a todos –no sé a cuántos–, pero el Gobierno también se ha hecho cargo de otras cosas. Por ejemplo, se ha hecho cargo del país de las maravillas que nos dejaron: mil quinientos millones en la caja de todo el Estado; un déficit del orden de los dos mil ochocientos millones de dólares; cinco puntos del PBI que teníamos, no del que ya tenemos hoy; una deuda que tomaron en doce o trece mil millones de dólares y hoy es de treinta y seis.

Las reservas: USD 5.000:000.000, ¡¿y las neteamos?! Esas son las reservas.

La caída de la actividad. ¿Cuánto le va a costar al Gobierno? ¿Son los USD 400:000.000 de los que habló la ministra de Economía y Finanzas y de los USD 400:000.000 más que pueden venir? Estamos hablando del gasto. Y se va a quedar bien corta; Dios quiera que no. Pero ¿cuánto significa esto en términos de caída de la actividad? ¿Cuánto van a caer los valores en el mundo? ¿Cuánto va a caer la recaudación del propio Estado? Tenemos tributos vinculados al nivel de actividad, pero también están los tributos que recaen sobre la propiedad que, teóricamente, serían de recaudación fija, que también están correlacionados uno a uno con el nivel de actividad.

Entonces, de eso es de lo que tenemos que conversar y de eso hoy charlamos con absoluta responsabilidad en la Comisión de Hacienda. Claro, en ese momento no estaba la importancia de las cámaras. No me refiero a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Representantes. El problema son las cámaras de los canales de televisión. Entonces, ahí comenzamos a actuar. Y ahora estamos en la otra dimensión, en la anterior, en la del debate responsable, el que todos sabemos que debemos afrontar, porque lo demás es cháchara, vocinglería, de la que no va a quedar nada. Y lo único que va a quedar, si Dios quiere, es que un día todo el sistema político uruguayo se puso de acuerdo en actuar con responsabilidad en un proyecto de ley que, tal vez, no es de USD 20:000.000 sino de muchísimo más, porque esa cifra es resultado de lo que se va a gravar a los empleados públicos y a las pasividades. Por tanto, es bastante más que esa cifra porque hay ganancias de las empresas públicas, algunos fondos que seguramente tengan algunas personas de derecho público no estatal y que se ha acordado que vengan al fondo, así como también otros recursos que haya por allí. Pero es cierto que es un proyecto de escasa dimensión con relación a lo que es la crisis. La realidad es en blanco y negro y eso es lo que sabemos todos y por eso tenemos esta actitud.

La realidad es que el Gobierno necesita herramientas para superar esta crisis y el sistema político del Uruguay está dispuesto a dárselas. Y lo que debe devolver el Gobierno se llama transparencia y es lo que el Gobierno está absolutamente dispuesto a dar y debe dar.

En cuanto al hecho de que los empleados públicos tengamos que aportar, por supuesto que tenemos que hacerlo, pero no solo por esta valedera razón que ha expuesto reiteradamente el señor senador Gandini, de que hoy tengamos depositado –o de aquí al día diez– en algún lado un salario, sino porque somos servidores públicos y de eso no nos debemos olvidar. Entonces, la primera responsabilidad es la nuestra y ya no en términos de cuánta plata y de qué porcentaje hablamos, sino por nuestra propia condición de servidores públicos. Creo que en ese sentido está claro que tenemos que aportar.

En cuanto a las personas públicas de derecho privado, algunas de ellas son oscuras creaciones de las cuales los ciudadanos no tienen ni idea de lo que son, ni de cuánto pierden, ni de los sueldos que pagan. ¡Qué bueno es que aporten! ¡Qué bueno es que aporten hasta para que podamos seguirles el rastro, como ciudadanos! ¡Y qué bueno es que el Senado le haya propuesto eso al Ministerio de Economía y Finanzas, y que el Ministerio de Economía y Finanzas no se fuera a pensar, y que la ministra haya dicho automáticamente que estaba absolutamente de acuerdo! Si encuentran una fórmula que no nos traiga algún tipo de consecuencia de carácter jurídico o que nos cueste más por juicio de responsabilidad que lo que nos va a ingresar a las arcas por estas empresas, ¡bienvenida la idea! El Senado tenía una fórmula y en ese sentido vuelvo al señor senador Gandini. Pero no sé si solo él la tenía, aunque sí estaba claro que Gandini tenía una fórmula para gravarlas. En ese sentido, señora presidenta, creo que no podemos perder, con otro tipo de cosas, la oportunidad histórica de estar a la altura de las circunstancias en este momento.

Gracias, señora presidenta.

18) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El señor senador Adrián Peña presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley relativo a la no destrucción de alimentos por parte de la industria alimentaria que se encuentren en condiciones de ser consumidos, pero no en condiciones de ser vendidos.

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA».

(Texto del proyecto de ley presentado).

19) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de otro asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El señor senador Sebastián Sabini, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita, con fecha 1.º de abril del corriente, se cursen los siguientes pedidos de informes:

con destino al Ministerio de Educación y Cultura, y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Educación Pública, al Consejo de Educación Técnico Profesional y al Consejo de Educación Secundaria, relacionado con la situación de los concesionarios de servicio de cantinas;

con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionado con la situación de los trabajadores de la educación, con cargos en la educación pública y en la educación privada.

OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

20) FONDO SOLIDARIO COVID-19

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la consideración del tema en discusión.

SEÑOR NIFFOURI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NIFFOURI.- La verdad es que en la noche de hoy tenemos sentimientos encontrados con lo que fue en principio la sesión de la Comisión de Hacienda y luego el plenario. Hablo de sentimientos encontrados porque entiendo que habíamos canalizado de buena manera lo que estaba pidiendo la oposición para llegar a un gran acuerdo nacional y buscar propuestas entre todos. Incluso hoy en el trabajo y en el desarrollo de la comisión los propios senadores de la oposición aportaron ideas y propuestas, y entendemos que ese era el camino. Lamentablemente, luego finalizamos con algo inesperado, algo a lo que nadie quería llegar, y es a la pequeña política, con ideas que entendemos que nada suman para salir de este momento tan difícil en el que tenemos que buscar una solución a cada uno de los uruguayos.

Quiero respaldar el trabajo del equipo económico liderado por la señora ministra Azucena Arbeleche, que vino a la Comisión de Hacienda a plantear que se van a dar todos los recursos necesarios para atravesar esta situación sanitaria y social. Es un mensaje que nos da tranquilidad. Todos sabemos la difícil situación en la que estamos por esta epidemia, y hay que focalizar las ayudas, las propuestas y las ideas.

También se habló del déficit fiscal al cual se había llegado, de un 5 % del PBI. Se mencionó la difícil situación fiscal en la que se llega. Se gastaron USD 2.800:000.000 más de lo que se recibió el año pasado. A fin de año la liquidez fue la más baja de los últimos años. Esa fue la situación que encontró el Ministerio de Economía y Finanzas.

Pensamos que el Gobierno viene trabajando en la dirección justa –y creemos que la ciudadanía lo está entendiendo–, haciéndose cargo con la presencia día a día y buscando distintas soluciones a los problemas que se van presentando.

¡Claro que sabemos que los trabajadores independientes, los que hacen la changa tienen una situación difícil porque se quedaron sin ingresos! Se está trabajando y tratando de buscar una solución. Por eso se envía este proyecto de ley para votar este fondo solidario. En otros países, con Gobiernos con los cuales algunos se sienten muy identificados, se caceroleó para que se hiciera algo similar a lo que está haciendo el Gobierno uruguayo hoy.

Al final de la tarde aparecieron las chicanas políticas; esa triste realidad. Incluso hasta se contradice en cómo se intentó actuar por parte de la oposición durante un corto período de tiempo; hace dos o tres días cambiaron el discurso del gran diálogo nacional.

No nos quedó claro si ayer al presidente –que los recibió– le plantearon la propuesta que presentan hoy. No me queda claro si se la plantearon. Es más: en la comisión hoy en la mañana alguna propuesta de cierto legislador de la oposición va en contrasentido de lo que terminaron proponiendo de tarde. Dijeron que en lugar de dar la opción al Gobierno de extenderlo por tres meses, era mejor que lo extendiera por dos meses. Esa fue una propuesta de la propia oposición. Se hizo acuerdo en el buen sentido del gran diálogo social que mencionaban. Por lo tanto, lo sacamos y propusimos que fuera, en el caso de entenderlo conveniente, por dos meses más. Pero, bueno, nos sorprendieron con estas pequeñeces. ¡Nos llama la atención por qué no lo hicieron teniendo mayorías absolutas y habiendo gobernado hace quince años! ¡Durante quince años tuvimos muchas situaciones difíciles! Por ejemplo, cuando hubo que recapitalizar Ancap, porque la refundieron, capaz que podrían haber propuesto estas medidas; pero no lo hicieron.

En el 2010 había setenta asentamientos en Canelones. En el 2020 hay 121. Para esas personas que viven en esos lugares, la emergencia sanitaria y social viene de hace mucho tiempo. Quizás se podría haber planteado la misma propuesta para esa situación y no se hizo. Más allá de la pandemia, las necesidades de esa gente vienen de hace mucho tiempo. Y ahí es donde se caen las propuestas de la pequeña política y las chicanas demagógicas que lamentablemente terminamos viviendo en la tarde-noche de hoy.

De manera que, señora presidenta, simplemente me voy a quedar con la imagen de la primera hora: de esa gran política del diálogo y de buscar consensos entre todos. De esto salimos entre todos juntos. Por lo tanto, vamos a votar este proyecto como vino de comisión, no dando un uruguayo por perdido y trabajando codo a codo en lo que se viene en adelante, que nos necesita juntos y entre todos.

Muchas gracias.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Señora presidenta: en primer lugar quiero decir que vamos a votar a favor de este fondo solidario para cuya creación fuimos convocados.

Aclaro que voy a ser breve, porque hay miles y miles de ciudadanos que están esperando por nosotros. Lamentablemente parece que unos pocos aún no lo han entendido. Pero nuestro país ya ha padecido numerosas crisis a lo largo de su historia y siempre ha encontrado la mejor forma de superarlas entre todos, con esa capacidad que tenemos los uruguayos de sobreponernos ante la adversidad y salir fortalecidos de esa experiencia.

La gravedad de la situación que enfrentamos –no voy a entrar en detalles, porque quienes me antecedieron en el uso de la palabra han sido muy claros– exige medidas excepcionales y demanda esfuerzos y la solidaridad de todos nosotros para apoyar a aquellos compatriotas menos favorecidos.

Hoy escuché en esta sala, en reiteradas oportunidades, hablar de sectores y de personas vulnerables. De ninguna manera es así; acá nadie nace vulnerable. Son sectores y personas cuyos derechos han sido vulnerados durante muchísimos años. Es estigmatizar hablar de sectores vulnerables. Nadie es vulnerable.

Felizmente los uruguayos han entendido cuál es la situación, con madurez y con sentido de solidaridad, y saben que salimos todos juntos. Pero me duele escuchar en esta sala palabras como «odio» y «discriminación». En momentos en que todos estamos unidos, preocupados, con esa incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, todavía hay quienes están pensando en seguir dividiendo. Realmente no se entendió nada. No se entendió que estamos en una guerra con un enemigo invisible, que mata, que mata gente, que se expande más que la gripe, y que de esta situación solo podemos salir con acuerdos pero siendo disciplinados. En la crisis del año 2002 primó la lealtad institucional de los partidos políticos, y a eso es a lo que estoy apelando. Hemos transitado otras crisis, como la del cincuenta y nueve, con héroes anónimos y con otros con nombre y apellido. Recién la senadora Lazo mencionó a alguien, a aquel coronel del Ejército llamado Líber Seregni, que en una crisis –él no comulgaba con el Gobierno del momento– cumplió con las funciones que le habían designado, como correspondía. Hago referencia al general Seregni porque lo han mencionado como referente.

Son momentos sumamente duros. En el día de hoy vine aquí a votar este proyecto de ley convencida de que en este acuerdo no íbamos a anteponer consignas partidistas, porque el Gobierno actual –que hoy cumple un mes– ha asumido todo esto con muchísima responsabilidad y lo que ha manifestado es que se está gobernando sin hacer política. Yo soy parte de ese Gobierno, pero no me puedo quedar callada cuando escucho determinados comentarios de la situación de tantos ciudadanos. Vengo denunciando esta situación y lo que sucede es que a la primera brisa se derrumbó y acá tenemos las consecuencias. Pero eso lo vamos a discutir después; ya vamos a tener tiempo.

Esto lo tenemos que sacar adelante, por lo que exhorto a mis colegas a votar esto rápidamente. Están esperando por nosotros aquellos que nos pusieron acá y que la están pasando mal, aquellos que a esta hora seguramente están alrededor de una olla popular, que no es nada folclórico, sino todo lo contrario, pues estamos diciendo que se eviten las aglomeraciones de gente. Para algunos sí es folclórico y hasta se sacan alguna foto allí porque queda lindo. Pero yo me pregunto, cuando hablamos de necesidad y de pobreza, ¿cuántos conocen la pobreza y la necesidad? En esto no podemos jugar, pues estamos ofendiendo a aquellos que hoy no tienen para comer. En estas discusiones que hacen daño y debilitan el sistema político es cuando dejamos de ser creíbles, porque estamos jugando con la necesidad del otro. Yo por eso apelo a la responsabilidad y al respeto de la situación que estamos viviendo; ya vamos a tener tiempo de jugar al pobrismo y decir todo lo que se nos venga en gana, pero ahora respetemos a los más necesitados. ¡Por favor, les pido! Acá estamos por una situación sumamente grave y nosotros somos los representantes de todos, así que apelo a todos ustedes.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BATLLE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BATLLE.- Señora presidenta: antes que nada, muchas gracias por recibirme. Estas pandemias tienen cosas increíbles, pues sinceramente nunca pensé estar aquí ya que soy el segundo suplente del expresidente Julio María Sanguinetti, que por pertenecer a la población de riesgo no pudo concurrir hoy aquí, así como tampoco su primer suplente, el señor Tabaré Viera. Si bien vengo de una familia política, jamás ocupé un puesto público, ni un cargo electivo, ni he estado en ninguna lista política. Sinceramente, cuando llegaron estas elecciones, desaparecido mi padre, quería integrar la Convención Nacional del Partido Colorado. Con poca representatividad estoy aquí, porque no es el pueblo el que me eligió, sino un compañero del partido, quien me pidió que estuviera en su misma línea de suplencia. Vengo de la actividad privada y para mí la retórica no es algo fácil, y me disculpan si me pongo nervioso, si trastabillo o si se me seca la boca.

Creo que ninguno de nosotros, nadie de este querido planeta puede estar queriendo vivir lo que estamos viviendo hoy, que realmente parece una película de ciencia ficción. Todas las teorías conspirativas, cualquier historia de James Bond, o de lo que fuera, quedaron absolutamente obsoletas y son un cuento de niños al lado de lo que está pasando. No es que se paró el mundo porque un día los líderes de este planeta dijeron: «Tenemos que parar». Se paró el mundo porque la gente dijo: «Tenemos que parar». Todos asistimos a las redes sociales, todos recibimos los mensajes de nuestros amigos, de la población, y todos sabemos que la gente está con temor y no quiere que sus padres, sus abuelos, sus niños –porque son los más vulnerables– salgan de sus casas. Seguramente, la generación que no mencioné, la generación laboral, la que está en la calle trabajando, hoy sea la equivalente a los muchachos de más de dieciocho años que en la Segunda o en la Primera Guerra Mundial fueron mandados al frente sin decir ni mu. Allá iban, allá fueron a las peores guerras sembradas por diferentes ideologías de las cuales hoy muchos de los que estamos acá no participamos. Pero el mundo fue así y fue muy duro para toda esa gente. Fue muy duro. Yo no asistí a ninguna guerra de aquellas, obviamente, pero debe haber sido muy duro, para muchos que hoy lo recuerdan, ver cómo generaciones de gente joven quedaron enterradas en las trincheras, en los campos de batalla.

Hoy lo que estamos viendo en el planeta es que mucha gente no quiere salir porque tiene el temor de quedar enterrado en un campo de batalla. Nadie eligió esta situación. Lo único que podemos hacer es colaborar para que todos pasemos mejor. Lo único que podemos hacer es colaborar para que las familias uruguayas, como parte de las familias del planeta entero que hoy están sufriendo, pasen, dentro de lo peor, lo mejor posible. Realmente, no es una ola, no es un tsunami, sino un maremoto, un terremoto, un volcán, una bomba neutrónica, todo junto. Realmente, no quiero ser alarmista, porque la verdad es que hoy la gente precisa calma y que le digan: «Tranquilos, estamos pensando en ustedes». Los privados, desde donde yo puedo hablar mejor, y los públicos también, todos nosotros, creo que hoy ya no podemos dividirnos más entre Estado y privado, público o privado, y estigmatizar a unos y a otros, porque es la sociedad entera la que está sufriendo esto, y tenemos que ser claros. Esto nos viene de arriba.

Creo que el proyecto de ley en sí va en una dirección correcta. El Partido Colorado y quien habla –el único orador que se presentó en la lista– apoya tanto el proyecto y la dirección en la que va como también cualquier iniciativa que, con los recursos necesarios que cuente el Gobierno, vaya en la dirección de proteger a la familia uruguaya. De esta manera, mientras esté en este lugar, trataré también de apoyar. Espero que no tenga que molestarlos mucho tiempo con la retórica.

Quiero señalar algo con respecto a lo que se ha dicho acá y con lo que creo que casi todos estamos en un 99 % de concordancia, porque a pesar de que algunos quieran gritar más fuerte y otros quieran atribuir intencionalidades, estamos todos en una misma dirección y eso es muy valorable. Considero que esta crisis tiene algo muy positivo dentro de todas las cosas negativas y es que en realidad estamos todos en el Gobierno porque hay uno que se fue hace cinco minutos y otro que entró, también, hace cinco minutos. Por ende, sabemos mucho y tenemos la experiencia de un lado y del otro. Eso es algo positivo. En las crisis tenemos que ver mucho más el lado positivo que el negativo; y nunca paramos de repetir el viejo refrán chino que dice que esto es una oportunidad. Tal vez sea una oportunidad para reconstruir, no lo sabemos; no sabemos qué hay al final del túnel que va a ser bastante largo, pero todos tenemos que dar la señal a la familia uruguaya de que hay luz al fondo del túnel.

Creo que lo que se ha dicho acá sobre la institucionalidad, principalmente por parte del senador Bergara del Frente Amplio, es algo que heredamos, por suerte, desde hace mucho tiempo en este sistema político. No viene de ayer, no viene de los últimos quince, veinte ni treinta años, viene desde los campos de batalla, en donde partidos que hoy forman la coalición nos enfrentamos y dejamos mucho. Lo digo ya que estamos para hablar de historia y de cosas del pasado como de Artigas, de los símbolos y de nuestros valores. Creo que la institucionalidad en los tiempos modernos, tal vez desde 1985 hasta estos días, ha sido algo que todos hemos acuñado y todos los partidos dentro de nuestras ideologías y valores nos hemos esforzado en tratar de mantener porque sabemos que es algo muy importante. O sea que hoy estamos hablando de algo que, por lo menos mi generación, los que estamos presentes, venimos construyendo desde el año 1985, y ¡bienvenido sea!

Continuando con la misma línea que el senador Bergara, lo estructural también es algo que hemos venido cuidando entre todos, Gobierno tras Gobierno, tratando de que la estructura productiva y la estructura pública, las rutas, las carreteras, la electricidad sigan el camino de un eterno crecimiento, de un eterno mejoramiento porque es lo que todos queremos. Eso se ha venido haciendo y se ha hecho Gobierno tras Gobierno. Otra cosa más para felicitarnos todos.

Desde el punto de vista financiero quiero recalcar que es algo que venimos haciendo porque, lamentablemente, en estas zonas nos han golpeado diferentes crisis. No podemos olvidarnos que acá cada veinte años hay una crisis, por lo menos, en la historia moderna. En los años ochenta, después de la crisis del petróleo nos tocó la crisis de la deuda de los países emergentes, luego en 2001 y 2002 nos tocó –nuevamente veinte años después– el problema financiero de toda la región, básicamente, de todos los países emergentes y todos sabemos que eso empezó en Asia en 1996 o 1997. Ahora, veinte años después tenemos otra crisis más. Entonces, lo que sí sabemos y es seguro es que de tanto en tanto vamos a tener una crisis. Y lo que también sabemos es que ninguna es igual a la otra; esta es diferente a la anterior y tal vez nos agarre mejor o nos pase como en 2008 o 2009 donde el primer mundo tuvo una crisis financiera letal, muy similar a la nuestra de 2002. Y aprovecho para decir que no tuvieron mejor idea que copiar la salida uruguaya porque si se fijan fue caso de estudio en muchas de las universidades del primer mundo. La verdad que es la única solución que hay cuando viene una crisis sistémica: apoyar, apoyar y apoyar al sistema, no al sistema financiero, sino a todo el mundo, buscando la mejor manera para que a todo el mundo le llegue lo que le tiene que llegar para sobrevivir y seguir manteniendo a su familia.

Realmente creo que hoy ya Uruguay comenzó a vivir eso con las cifras de desempleo que estamos teniendo. Más que desempleo se trata de un predesempleo que se anuncia a través del seguro de paro. Para nosotros esas cifras son inéditas –no sé si vale el término, pero podríamos decir escandalosas– y son las mismas que está viviendo Estados Unidos en su proporción; el mes pasado batió todos los récords de pedidos de seguro de paro en la historia del sistema laboral americano, la primera economía del mundo. Creo que tenemos que darnos cuenta de que estamos atravesando una especie de mal de todos, que todos estamos pasando por lo mismo. Por eso me voy a referir a un término que acá se ha utilizado: la discriminación.

Creo que este es un esfuerzo que viene desde las principales figuras políticas del Estado –con relación a sus sueldos– a modo de ejemplo porque creo que el ejemplo debe comenzar desde arriba. Le estamos diciendo a la gente hoy que nos estamos bajando los sueldos, pero también le estamos diciendo que vienen épocas complicadas para todos en las que vamos a pedir el esfuerzo a todo el mundo, pero empezamos por casa y no por el dinero ajeno; empezamos con nuestro propio dinero que se alimenta de nuestra propia caja.

Además, creo que en el proyecto numéricamente queda bien claro que esa discriminación no es tal, primero porque al asalariado, al que trabaja, al que mantiene una familia –que hoy está bastante complicada y que de repente tiene apenas un poco más que el sueldo mínimo–, a ese señor, a ese trabajador, a esa persona tan honorable como todos nosotros, se lo manda al seguro de paro, y no gana $ 80.000, $ 120.000 ni $ 200.000, sino muchísimo menos, y ya le hemos pedido un esfuerzo muy grande; la sociedad se lo pidió. No es el Estado, no es el empresario; es la pandemia. Si queremos culpar a alguien debemos ir a otro continente a hacerlo, pero no acá, porque esto no empezó acá. Todos sabemos muy bien dónde empezó, y no voy a estigmatizar países ni quiero discriminar, pero no empezó en Uruguay; no lo trajo ningún partido político, no lo trajo ningún líder político ni ningún uruguayo porque lo quisiera.

Así que, desde el punto de vista de la equidad, me parece bastante equitativo este proyecto de ley porque estamos hablando de sueldos altos de la actividad pública; la actividad privada se regula sola porque a los sueldos altos ya los han castigado de mucho peor forma, al igual que a los sueldos bajos.

También me quiero referir a la modificación del artículo 11 que nos presentaron –imagino que es la redacción que tenemos en nuestras mesas– y que habla de continuar esto por cinco años más. La verdad es que personalmente no tengo problema en adherir –no estoy hablando ahora por el Partido Colorado–, pero quiero señalar que la redacción está mal, porque sería por siempre y no por cinco años. Yo adhiero a esta redacción, a la de que sea para siempre, no a la de cinco años. Pero también quiero aclarar que el Frente Amplio, mediante sus diferentes expositores, en la comisión –donde tuvimos tiempo para discutir durante todo el día– planteó que el achatamiento de la pirámide salarial, por dos meses, era un problema porque se perdían los incentivos y no íbamos a trabajar tanto, etcétera. Puedo ver acá diferentes caras –no voy a dar nombres, por favor; no me gusta– que defendieron esa posición. Ahora el Frente Amplio plantea continuar con ese achatamiento durante cinco años más, y seguramente adhiera a hacerlo en forma permanente, por toda la vida, o al menos hasta que alguien vote lo contrario.

Para terminar, quiero hablar un poco de la situación financiera y demás. Se hizo alusión a que en 2002, durante el Gobierno que para mí tan honorablemente lideró mi padre, desgraciadamente –digo «desgraciadamente» porque esa no es la convicción batllista; la convicción batllista es que las familias pasen siempre lo mejor posible y hacerles llegar el crecimiento del país– no tuvimos más remedio –y digo «tuvimos» porque me siento parte de mi padre, no porque haya integrado el Gobierno ni nada por el estilo– que llevar lo que en aquel entonces era el IRP –el impuesto a las retribuciones personales–, en sus escalas más altas, a niveles creo que del 18 %. Me aclaran que era de 22 % y que el IRPF hoy se computa distinto. Lo que quiero decir es que en aquel entonces le pegamos a todo el mundo. Eso fue lo que permitió que mejoraran las arcas del Estado y también la situación, y que se formara una opinión pública mundial de que Uruguay iba a respetar sus obligaciones, aun en contra de muchas voces, tal vez aquí presentes, que reclamaban el default. Pienso que tal vez podría haber sido una opción. Cuando uno no puede hacer frente a sus obligaciones, a veces lo mejor es ser directo y decir: «Mire, señor, yo no puedo hacer frente a mis obligaciones, y después veremos». Pero la institucionalidad que reclamamos y que decimos que tenemos, fue fortalecida por honrar la palabra y cumplir con las obligaciones. También fue fortalecido el sistema financiero porque alcanza con cruzar el charco y ver que la situación es totalmente diferente.

No quiero extenderme mucho más, pero hoy el IRPF representa una presión muy fuerte sobre las familias y los salarios. La presión fiscal uruguaya sobre las familias es de las mayores de todas las épocas, y el nivel de endeudamiento público también lo es, además sobre un producto bruto que, como señalaba otro señor senador, va a caer. Quiere decir que no podemos pedir mucho más a las familias que hoy, además de eso, reciben un salario menor. Ya advertimos, ya dijimos –y hay varias alocuciones de senadores durante el período electoral y poselectoral– que estamos en una situación difícil, que tenemos un déficit muy grande y que las naciones contiguas a nosotros –no hablo de Estados Unidos ni de Alemania– van a dejar aproximadamente cuatro puntos y medio de su producto bruto para poder paliar la crisis. O sea que si a los cinco puntos de déficit que tenemos –tal vez un poco más ahora– les sumamos otros cuatro y medio, seguramente vamos a llegar a un diez por ciento de déficit. Tenemos que ser conscientes de esa situación porque, además, ese déficit le tiene que llegar hoy, más que nunca, a las familias. Creo que el Gobierno está en esa línea. Lo que está haciendo es, simplemente, decir: «Señores, empezamos por casa». Nosotros somos los primeros en hacer el esfuerzo y vamos a seguir en ese rumbo. En esa línea, vamos a seguir apoyando desde el Partido Colorado, al menos mientras me toque ocupar esta banca.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- La verdad es que por momentos me perdí un poco la discusión. Lo que quiero señalar claramente es que mis compañeros que hicieron uso de la palabra dejaron claramente sentado aquí que nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley. Nosotros vamos a acompañar el proyecto de ley que crea el Fondo Solidario COVID-19. Creemos que va por el camino correcto. Es un principio. Por ejemplo, pensamos que está bien que se proponga una norma específica para hacer frente a las erogaciones del Banco de Previsión Social frente a los seguros de desempleo y a los seguros por enfermedad. Había que buscar una forma. Si nosotros dijimos en la campaña electoral que teníamos que encarar las modificaciones a la seguridad social para hacer frente a este problema, creemos que está bien buscar un mecanismo de este tipo.

También nos parece bien dejar asentado –como lo hicieron mis compañeros aquí cuando hicieron uso de la palabra– que la creación de este fondo necesitará de otros recursos. Nosotros nos estamos enfrentando, como país, a un problema grande, a un problema grave. Ahora estamos en la etapa sanitaria, pero después, cuando pase esa etapa, vendrán –no vendrán, perdón; ya los estamos sintiendo– los problemas sociales. Lo que estamos diciendo aquí es que son fondos que están limitados. Así que lo que no puede aceptar esta oposición es que se le atribuyan intenciones, que se le atribuya mala fe.

Quiero destacar que el trabajo que se hizo en comisión mejoró muchísimo los aspectos jurídico-constitucionales del proyecto que ayer nos había remitido la señora vicepresidenta. También quiero agradecer en este momento a la señora presidenta de este Cuerpo, que hizo todos los esfuerzos para que esta oposición estuviese informada, para que le llegara el proyecto, para comunicarle con antelación las venias y que hoy pudiéramos funcionar con normalidad. Dentro del problema que tenemos, hoy funcionamos con normalidad porque pudimos recibir a la ministra y se pudo realizar la sesión de la comisión. Así que le quiero agradecer, también, a la señora presidenta de este Cuerpo.

Nosotros dijimos que íbamos a acompañar y se mejoró el proyecto. Teníamos alguna duda acerca de su constitucionalidad, pero hoy podemos decir que el proyecto es constitucional, al momento en que se incorporó a esa clase de trabajadores que perciben su salario de fondos públicos. En definitiva, como dijo algún senador hoy, había que abarcar los altos sueldos de las paraestatales, a los funcionarios de las personas públicas no estatales, de las cajas paraestatales y a los empleados que trabajan en sociedades comerciales provenientes del Estado. Eso mejoró y creemos que es constitucional; se ha mejorado muchísimo.

Lo que planteamos de buena fe es una única modificación al artículo 10: un sustitutivo que acercamos a la Mesa y es jurídicamente posible. En este proyecto se están creando dos impuestos. Uno es un impuesto a los cargos políticos. En el artículo 3.º está el hecho generador y en el 4.º los sujetos pasivos. En el numeral 4) están esos sujetos pasivos, que somos nosotros, los que tenemos cargos políticos y de particular confianza, que tenemos una capacidad contributiva especial, para decirlo de alguna manera. Estamos proponiendo una única modificación que va en el sentido de que estos servidores públicos sean los primeros –como dijeron los senadores del Frente Amplio– en dar una clara señal de austeridad y compromiso republicano.

Ya tenemos definiciones programáticas en cuanto a avanzar en normas que vayan en ese sentido. Por eso desarchivamos un conjunto de proyectos que fueron presentados en la legislatura pasada y que van en el sentido de dar fuertes señales de austeridad y compromiso republicano.

Queremos defender a la clase política y, en este momento de sensibilidad social, creemos que somos los primeros que tenemos que dar una señal. Cada día representamos a un conjunto de nuestros compatriotas –representamos a nuestra población– y cada día debemos dar señales de que se apoya y se renueva ese compromiso. Debemos tomar medidas de austeridad –y está bien que así sea–, y por eso solicitamos el desarchivo de un conjunto de proyectos que a algunos les podrá parecer que son nimios. Por ejemplo, puedo mencionar la señal que dio la Cámara de Representantes la semana pasada, al dejar sin efecto la partida de prensa, o la señal que dará el Senado, después de Semana de Turismo, en el mismo sentido, así como otras medidas de austeridad que se tomarán en la Comisión Administrativa.

También pedimos el retiro del archivo de otro proyecto de ley –no lo quisimos poner sobre la mesa todavía– que dice que el subsidio que cobramos nosotros tiene que ser por seis meses, como el de cualquier trabajador de la actividad privada. También solicitamos que se retirara del archivo otra iniciativa que establece que todos quienes ocupen cargos políticos y de particular confianza deben tener los impuestos y tributos al día, así como contar con los certificados que lo atestigüen. En esta casa creamos los impuestos, así que debemos tenerlos al día. Tal vez por eso decimos que hay que dar señales de austeridad y de compromiso republicano.

Como dijeron mis colegas –la bancada de la oposición–, nosotros acompañamos esta propuesta y ayer le señalamos claramente al señor presidente –mediante una delegación de nuestro partido– que vamos por un gran acuerdo nacional. Hoy mis compañeros hacían propuestas, por ejemplo, con respecto al ingreso ciudadano o a un salario mínimo para aquellos cuentapropistas que viven el día a día, que es necesario para atender la problemática social que hoy estamos enfrentando.

En definitiva, señora presidenta –como dije al principio–, no vamos a aceptar que se nos atribuyan malas intenciones. Actuamos de buena fe y esta oposición ha dado señales claras al acompañar con su voto el tratamiento de proyectos de ley prácticamente a tapas cerradas, o aprobando venias de forma urgente, porque asumió un nuevo Gobierno que tiene todo el derecho de hacerse cargo en forma inmediata de las principales empresas públicas.

En resumen, acompañamos el gran acuerdo nacional y hemos dado señales claras de que le tendemos la mano al Gobierno, al Poder Ejecutivo, pero no vamos a renunciar a nuestras propuestas, a nuestros principios ni a nuestro programa. En cada oportunidad que tengamos los vamos a presentar, y lo que hicimos hoy fue proponer, en el aditivo del artículo 10, que el impuesto que caería sobre los cargos políticos y de particular confianza debería transformarse en permanente –no por cinco años– y que, en principio, se destinaría al Fondo Solidario COVID-19, pero cuando cese esta situación de emergencia sanitaria se debería destinar al Fondo Nacional de Vivienda. Estas son las políticas públicas que debemos apuntalar con muchísima fuerza; esperemos que en esta Administración se puedan desarrollar y vamos a acompañarlas.

Esta es la constancia que quería dejar. Mis compañeros ya hicieron uso de la palabra y lo que ellos dijeron representa a todo el Frente Amplio.

Muchas gracias.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: se ha manejado el proyecto de ley, que representa un mínimo, y se han esbozado algunas aspiraciones que pueden ser un máximo.

Me gustaría rescatar el denominador común: el consenso y la buena disposición hacia ese acuerdo nacional. La historia nos juzgará en su momento y seguramente nos congratulará por respaldar una medida como la presente, que cuenta con el acuerdo de todos o la que representa lo que nos une sin buscar las diferencias. Se trata de una de tantas medidas en esta dinámica que el Gobierno ha ido adoptando paulatinamente, mientras se va desarrollando una crisis que no sabemos cómo va a evolucionar. No están cerradas las puertas para la adopción de nuevas medidas; este es un piso y no la aspiración máxima.

Quería rescatar el consenso que hoy existe. Ya tendremos tiempo en el futuro para seguir consensuando y enfrentando juntos medidas para encarar esta pandemia y la crisis que esta provoca.

Muchas gracias.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: voy a ser breve, porque me siento representado por las expresiones del miembro informante, señor senador Gandini.

Este debate, más allá de algunas peculiaridades que hemos visto, creo que dignifica al Parlamento y a las instituciones. ¡Ojalá en los Parlamentos de todas las naciones del continente americano se pudiera realizar este tipo de debates! ¡Ojalá llegue algún día en que todos los países de nuestra patria grande tengan la posibilidad de que su Parlamento realice este civilizado intercambio de ideas!

A modo de fundamento de voto adelantado quiero dejar constancia de por qué voy a votar este proyecto, y lo haré de manera breve porque el asunto ya fue suficientemente debatido y es hora de votar.

Como uruguayo, como ciudadano y, obviamente, como integrante de un partido fundacional de este país, siento el orgullo de estar acá para votar un proyecto de ley que tuvo su origen en el Poder Ejecutivo y que es histórico, no solamente por las circunstancias que vivimos en el país, sino también por las que atraviesa el planeta, con grandes incógnitas y misterios. Algunas noticias a nivel del mundo realmente suenan mal, y no es que me afilie a políticas o doctrinas de confabulación, pero ¡qué lección nos deja este episodio o coyuntura planetaria! Creo que va a haber un antes y un después, porque cuando pase esta pandemia el mundo no va a ser igual. Son varias las lecciones, entre otras, cómo a través de los medios tradicionales de comunicación masiva y de las redes sociales se puede dominar a las masas de todos los países del mundo, y cómo se puede, incluso, causar casi terror, y sin duda pánico, que lo hay.

Con relación al sustitutivo que propone el Frente Amplio para el artículo 10, puedo compartir la idea, su contenido, pero no lo puedo votar porque en un debate sobre semejante asunto no hay espacio, no puede haber lugar para una acción oportunista. No quiero ser peyorativo y respeto todas las posiciones habidas y por haber, pero utilizo este calificativo en el sentido de que es inoportuno –absolutamente inoportuno–, porque estas pequeñas cosas desmerecen la grandeza del acuerdo político concretado en la Comisión de Hacienda. Entonces, compartiendo la idea, desde ya hago esta reflexión: si queremos bajar los sueldos de los políticos, ¿por qué no se hace un proyecto específico y autónomo? ¿Por qué se introduce esto en este debate? ¿Para los medios? ¿Para la opinión pública? Si cualquier sector o partido político entiende que los políticos en Uruguay ganan demasiado, que presente un proyecto de ley con el objetivo o finalidad de reducir esos sueldos; pero también digo que vamos a ver a qué cargos electivos nos dirigimos con ese impuesto o rebaja permanente a los sueldos de los políticos. ¿Es una de dos, o ambas cosas a la vez? ¿La política va a ser una actividad exclusiva para los ciudadanos pudientes, que no necesitan el sueldo? El político tiene que ganar un sueldo decoroso, igual que toda la gente de cualquier país, pero también debe percibir un ingreso conforme a su alta responsabilidad. El político no puede percibir un sueldo miserable. Tampoco comparto las tácticas que desde hace muchos años –antes y después del 27 de junio de 1973– han utilizado algunos sectores políticos de bloquear o topear los sueldos de los parlamentarios, específicamente, porque eso es como introducir en la Constitución una entidad intermediaria. Acá, al legislador lo pone el pueblo y la Constitución de la república, y la ley le asigna un sueldo. Entonces, que una entidad intermediaria topee y que la diferencia –a veces mayor que la que recibe el legislador– vaya a las arcas comunes del sector o del partido equis o de la fundación tal, es una práctica violatoria de la Constitución de la república.

Pero vuelvo al tema propuesto en el sustitutivo del artículo 10. Si se quiere presentar un proyecto de ley en este sentido, es muy posible que pueda compartirlo, y tal vez también lo compartan algunos compañeros del partido. Pero considero que no hay que ir por la oblicua, sino de manera directa y frontal. Reitero el argumento: vamos a ver de qué sueldos se trata. Porque los sueldos bajos de los políticos abren varias alternativas a las cuales no voy a hacer referencia. Los legisladores, como los jueces, tienen que ganar bien y no estar supeditados al poder de determinados intereses de orden empresarial. ¿Qué queremos? ¿Queremos que en la actividad política estén los mejores? Porque si en la actividad política y en la pública en general pagamos sueldos inadecuados, naturalmente que los mejores no van a estar en la función pública, van a estar en el sector privado. Y repito, este es un país con una historia maravillosa. Aquí el ciudadano del origen más humilde puede llegar a ser presidente de la república, y si se plantea cambiar cuestiones que son obvias y fundamentales, debo formular las siguientes preguntas. ¿Qué queremos? ¿Queremos que la actividad política sea privativa de aquellos que tienen asegurado su porvenir o su situación económica?

Creo que hay algunas cosas para pensar. Lo digo con todo respeto.

Muchas gracias.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Gracias, señora presidenta.

Voy a ser bien breve, porque en realidad muchas de las cosas que iba a decir fueron manifestadas recientemente y a lo largo de todo el debate.

Simplemente quiero decir que Cabildo Abierto apoya este proyecto de ley y que hace ocho días presentó uno en el mismo sentido. Aunque tenía algunas diferencias, porque se refería solo a los activos y no a las jubilaciones, iba en la misma dirección. Entendemos que este impuesto hace justicia y es solidario, porque hay un sector que se ve menos perjudicado que el resto de la sociedad, y es el sector público. Este proyecto afecta a quienes tienen sueldos altos y por un plazo limitado. Como fue dicho aquí, es un proyecto de ley de excepción, para un momento de excepción. Por lo tanto, no creemos conveniente agregarle efectos permanentes a una ley cuya vigencia tiene que cesar una vez que termine la emergencia sanitaria.

Coincido con quien me antecedió en el uso de la palabra en que nosotros podemos estar de acuerdo, tal vez, en que haya que revisar los niveles de las remuneraciones públicas. Incluso, fue tema de nuestra campaña política. Pero entendemos que no es en este proyecto de ley de excepción, para un momento excepcional, que eso se debe plantear, sino que debe ser en una ley específica que sea discutida como corresponde, por lo alto.

Esa es nuestra posición. Por lo tanto, vamos a votar favorablemente el proyecto de ley que remite el Poder Ejecutivo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 1.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7.º.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: en el artículo 7.º hay que hacer un ajuste de redacción, porque en la comisión hicimos una modificación en el inciso primero, pero omitimos modificar el tercero, que debería ser consistente con el primero.

Por lo tanto, vamos a proponer que el inciso tercero diga: «En ningún caso el monto de las jubilaciones, pensiones, retiros militares y policiales o prestaciones de pasividad similares», y el resto continúa como está redactado. Debemos incorporar «retiros militares y policiales», tal como figura en el inciso primero.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7.º con la modificación indicada.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 8.º.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: por una cuestión de técnica legislativa, sería conveniente sustituir la palabra «dispóngase» por «dispónese».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 8.º con la modificación indicada.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

Me solicitan que se rectifique la votación.

Se va a votar nuevamente el artículo 9.º.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 10.

En este caso se ha presentado un sustitutivo.

Léase.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Los tributos establecidos en la presente ley se aplicarán a los ingresos devengados correspondientes a los meses de abril y mayo de 2020. Autorízase al Poder Ejecutivo a prorrogar su aplicación hasta por un término máximo de dos meses, dando cuenta a la Asamblea General. El impuesto establecido en el artículo 4.º literal 4) de la presente ley, donde refiere a los cargos políticos y de particular confianza, tendrá carácter permanente y decretado el cese de la situación de desastre prevista en el artículo 19 de la Ley n.º 18621, de 25 de octubre de 2009, el destino del producto del impuesto permanente será al Fondo Nacional de Vivienda establecido en el artículo 81 de la Ley n.º 13728, de 17 de diciembre de 1968». (Firman los señores senadores Carrera, Sabini, Della Ventura, Canon, Lazo, Olesker, Andrade, Bergara, Castro y Sánchez).

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: quisiera hacer alguna aclaración en mi calidad de miembro informante, para evitar confusiones.

La comisión votó este artículo 10 al final de una sesión de cuatro horas. Estuvo reunida desde las 11:00 hasta las 15:00. Escuchamos al equipo económico, a la señora ministra; se hicieron una cantidad de preguntas, y cuando llegamos a este artículo, a la hora de votarlo, incorporamos alguna modificación a la iniciativa del Poder Ejecutivo, que solicitaba facultad para poder prorrogar la vigencia de este impuesto por tres meses. El Frente Amplio planteó ante el equipo económico la posibilidad de llevarlo a dos, y cuando el equipo económico se retiró, en consenso rebajamos esa prórroga eventual de tres meses a dos. El Poder Ejecutivo quería tener la chance de contar con un impuesto vigente por cinco meses y el proyecto de ley establece que puede llegar a cuatro. Quiero aclarar que este artículo fue votado por unanimidad, consensuado, hablado con y sin versión taquigráfica, y se aprobó sin resistencias ni ningún tipo de inconvenientes. Digo esto porque nunca se manifestó en la comisión la idea de presentar un aditivo diferente a este. Creo que hay que ser franco y por eso debo decir que, luego de la sesión de la comisión, los integrantes del Frente Amplio salieron directamente a una conferencia de prensa –con todo derecho–, pero presentaron un aditivo que tenían redactado desde antes y, es más, es un sustitutivo al artículo 11 original, que ahora es el 10. Se hablaba de tres meses de prórroga, pero en la comisión salió de dos, y refería al artículo 5.º y ahora el impuesto está en el artículo 4.º. O sea que estaba armado y pensado de antes –con todo derecho–; ello no se dijo en la comisión, por lo que no tuvimos oportunidad de hablarlo, consultarlo y debatirlo, y nos enteramos por la prensa y por algún tuit de algún señor senador que había cambiado en esos minutos la idea del Frente Amplio. Quería decir esto porque es bueno tener estos debates y no necesariamente protestar en un lado y en el otro votar, que fue lo que se hizo. Por suerte esto salió por unanimidad y esa unanimidad la vamos a respetar ahora, votando lo que votamos en comisión.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 10 tal como vino de comisión.

(Se vota).

–17 en 30. Afirmativa.

SEÑOR CARRERA.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar nuevamente el artículo 10.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: quiero decir que hemos tenido un tiempo muy breve para tratar el proyecto, pues se nos entregó en el día de ayer y tuvimos que resolver hoy. Comenzamos hoy de mañana una discusión en la que varios de los sectores del Frente Amplio tenían que consultar a su interna acerca de la posición. Ese fue el único motivo por el que no pudimos plantear el tema en la comisión, que ya estaba en debate. Entonces, no agitemos fantasmas. Ojalá debatamos por contenidos y tenemos dos meses para discutir por contenidos si podemos postergar este tipo de imposición o no. En ese caso veremos si alcanzamos el acuerdo que varios sectores parecen tener con respecto al fondo de la propuesta.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidenta: quería recordar que en los fundamentos de voto no se pueden hacer consideraciones personales ni políticas y, por supuesto, no se permite adjudicar intenciones.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Sánchez.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: hemos pedido la reconsideración del artículo, entre otras cosas, porque el sustitutivo del Frente Amplio no contó con los votos necesarios para consagrarse y que vaya en este proyecto de ley a la Cámara de Representantes. Bueno es decir que una de las cuestiones que planteamos al Poder Ejecutivo sobre este artículo es por qué se pedía una prórroga mayor a la vigencia que se estaba exigiendo. Es decir, la vigencia del impuesto es de dos meses y se pedía una prórroga de tres. Lo que nosotros planteamos legítimamente a la señora ministra hoy en comisión fue que nos parecía excesivo que se pidiera una prórroga mayor a la vigencia de lo que estábamos votando. Fue en ese sentido que la bancada del Frente Amplio, en la Comisión de Hacienda, se expresó, votó y acordó tal como se planteó aquí. Luego la bancada del Frente Amplio entendió que era oportuno avanzar y transformar el impuesto al sistema político, en definitiva, a los cargos de confianza, en algo permanente. Esa iniciativa no contó con los votos en el Senado. No obstante ello, hemos escuchado a varios señores legisladores, no solo en esta sala, sino incluso en sus reportajes periodísticos, decir que están de acuerdo con alguna iniciativa en este sentido. En esta cámara se ha presentado un proyecto de ley que establece una rebaja, en su momento del 15 %, para los salarios de los cargos de confianza electivos y que tiene como destino el Fondo Nacional de Vivienda. Es un poco lo que intentó hacer el Frente Amplio cuando presentó este sustitutivo, es decir amalgamarlo con ese proceso en función de que el Poder Ejecutivo había traído esta iniciativa. De todas maneras, la cámara podrá discutir luego, en profundidad, sobre esta cuestión. No obstante ello, hemos votado de todas maneras el artículo 10 para que el impuesto contara con los votos del Frente Amplio, aunque sea solo por dos meses, con opción a dos meses más.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: he hecho algunos comentarios de prensa respecto a este artículo en los que he dicho lo que manifesté aquí y, además, he agregado que no estoy de acuerdo. Lo digo por las dudas. El debate sobre los salarios públicos es interesante y también lo es el que se ha planteado aquí, colateralmente, sobre el achatamiento de la pirámide: si bajamos estos, hay que bajar otros, y quiero ver quién lo va a sostener. Pero, además, no estoy de acuerdo, porque es francamente inconstitucional. Un artículo que establece aplicar un impuesto de modo permanente es una manera indirecta de bajar el salario, y eso está prohibido por la Constitución, que es sabia, muy sabia. En el artículo 117 dispuso cómo los parlamentarios podemos subirnos o bajarnos nuestros sueldos para que la demagogia no gane en algunas ocasiones, ni para subirlo ni para bajarlo. Nosotros le podemos fijar el sueldo a todo el mundo, del presidente de la república para abajo y para los costados, al que sea, en una ley presupuestal. Eso lo establece el artículo 86. El único que no podemos fijarnos es el nuestro. Pero nadie más nos lo puede fijar. Entonces, la Constitución fijó un mecanismo: que la Asamblea General, por dos tercios, puede modificar el salario de los parlamentarios en el último año de la legislatura para el período que viene. Es decir que los que se van le fijan el salario a los que vienen, sin saber si se quedan o quiénes vienen. Es muy sabia. Hasta hace un mes y poco hubo otro partido en el Gobierno durante quince años y nunca propuso esto. Lo propone ahora. Me parece que está mal. Me parece que si se quieren rebajar los salarios se debería dar la discusión de los salarios y se debería dar la discusión del reclutamiento que existe en la sociedad para los cargos públicos, si es lo que la sociedad quiere reclutar. Además, se deben fijar las reglas de juego, que no se pueden modificar sobre la marcha; sí transitoriamente, y no es la primera vez que se hace. Pero no se pueden cambiar los sueldos un mes después de haber asumido. Si se quieren cambiar los salarios, hay que respetar la Constitución, que es muy sabia. Hay que hacerlo en el último año del período, pensando en el futuro. Este es un cambio para siempre y, por lo tanto, se trata de un impuesto que cambia el salario de un modo indirecto y encubierto.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidenta: por suerte, gran parte de lo que pensaba decir lo dijo el senador Gandini mucho mejor que yo.

Ratifico: yo no hice uso de la palabra, excepto para contestar una alusión, porque yo uso la palabra «obvio», pero ya está aclarado. Es la única oportunidad en la que voy a decir algo sobre este proyecto. Vamos a seguir las directivas de nuestro Gobierno. Es absolutamente excepcional y para el tiempo que se necesite, por la pandemia, y punto. Con ese sentido yo lo voto, realmente con la satisfacción con la que votamos todas las iniciativas del Gobierno.

Otra cosa distinta que voy a dejar planteada acá –no vamos a abrir una discusión ahora porque no corresponde– es algo que dijo el senador Gandini: cuidado con la demagogia, porque así terminó la república romana. Discutiremos aparte el subsidio y discutiremos aparte qué es lo que vamos a hacer con la partida de prensa, porque yo no administro bolsillos ajenos. El mío me lo administra la Constitución de la república. Nada fuera de la Constitución. Así que, en ese sentido, ratifico que toda vez que el Gobierno nos pida aportes excepcionales mientras dure esta pandemia, lo vamos a votar. Otras cosas las discutiremos cuando corresponda.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Quisiera fundamentar el voto del proyecto de ley en general y en particular.

Apoyamos con total convicción en base al posicionamiento definido por la fuerza política, el Frente Amplio, al margen de discrepancias o dudas sobre aspectos concretos. Quiero reafirmar que el talante del Frente Amplio sigue siendo el del diálogo, el de la negociación y el de entender que es el Gobierno quien conduce este proceso durante esta crisis. Vamos a estar apoyando las posturas y las medidas que vayan en la dirección de dar alivio y ayudar a los sectores que más lo necesitan. Entonces, quiero ratificar que esa es la postura del Frente Amplio y va a seguir siendo durante todo este proceso.

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

21) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 20:48, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores Andrade, Asiaín, Batlle, Bergara, Bianchi, Botana, Caggiani, Camy, Canon, Carrera, Castro, Cosse, Da Silva, Della Ventura, Domenech, Gandini, García, Lazo, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Niffouri, Olesker, Penadés, Peña, Rodríguez, Sabini, Sánchez, Sanguinetti [Carmen]).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

José Pedro Montero Secretario Secretario

Silvana Charlone Prosecretaria

María Alcalde Directora general subrogante del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.