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N.º 9 - TOMO 595 - 15 DE MAYO DE 2019

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA

9.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN LA SEÑORA LUCÍA TOPOLANSKY Presidente y EL SEÑOR CHARLES CARRERA Primer vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA, SILVANA CHARLONE

Para consultar la presentación exhibida en sala: senador Pedro Bordaberry

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados Texto de la citación

4) Proyectos presentados

– Varios señores senadores presentan los siguientes proyectos de ley:

• por el que se establecen normas sobre la racionalización de viáticos y partidas compensatorias para cargos electivos, políticos y de particular confianza;

• por el que se autoriza la trasposición de los créditos pertenecientes a partidas de prensa que reciban los señores legisladores con destino al Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia;

• por el que establecen normas con el fin de racionalizar las estructuras organizativas de todas las administraciones estatales y las respectivas retribuciones de los cargos políticos y de particular confianza, incluidos el Estado central, los entes autónomos y servicios descentralizados y los Gobiernos departamentales;

• por el que se establecen normas para la información y control de los estados contables de las personas públicas no estatales, de entidades privadas que manejan fondos públicos y administran bienes del Estado, de las sociedades con participación del Estado y de fideicomisos públicos.

– Pasan a la Comisión de Presupuesto.

• Por el que se establecen obligaciones a los titulares de cargos electivos, políticos y de particular confianza;

• por el que se regula el destino de las ganancias de los entes autónomos y de los servicios descentralizados del dominio comercial e industrial del Estado, así como de las empresas de propiedad del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica.

– Pasan a la Comisión de Hacienda.

• Por el que se modifica el régimen jurídico del instituto de los pases en comisión dentro del Estado.

– Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

• Por el que se establecen normas relacionadas con el destino de los bienes inmuebles vacíos o sin uso de propiedad del Estado.

– Pasa a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

5) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a las anteriores convocatorias.

6), 13) y 15) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Lacalle Pou, Delgado, Alonso y Larrañaga.

– Quedan convocados los señores senadores Saravia, Draper, Álvarez y López Villalba.

7) Labor de los maestros rurales

– Manifestaciones del señor senador Cardoso.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Educación y Cultura, al Consejo de Educación Inicial y Primaria, al Departamento de Educación para el Medio Rural, a la Asociación de Maestros del Uruguay, a las juntas departamentales y a los municipios de todo el país.

8) Electrificación rural

– Manifestaciones del señor senador Pardiñas.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Comisión Interinstitucional de Electrificación Rural, a la Junta Departamental de Cerro Largo y a los medios de prensa locales.

9) y 17) Postergación de los numerales primero y cuarto del orden del día

• La presidencia informa que no se han presentado propuestas para la integración de la Comisión Permanente, por lo que se posterga su consideración.

• Por moción de la señora senadora Lazo, el Senado resuelve postergar el numeral cuarto hasta la próxima sesión.

10), 12) y 14) Generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo

– Solicitud de venia para disponer su pase a situación de retiro obligatorio.

• Denegada.

11) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• Por moción de la señora senadora Moreira, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de esta sesión hasta culminar el tratamiento del orden del día.

16) Convenio para la prestación de servicios en la esfera de la salud entre el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba y el Ministerio de Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 14 de mayo de 2019

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 15 de mayo, a las 09:30 horas, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1.º) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución de la república).

2.º) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a los efectos de disponer el pase a situación de retiro obligatorio de los señores generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo.

Carp. n.º 1298/2019 - rep. n.º 847/19

3.º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se aprueban el Convenio de cooperación para la prestación de servicios en la esfera de la salud entre el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba y el Ministerio de Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay, y sus anexos, suscritos en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 28 de noviembre de 2018.

Carp. n.º 1259/2018 - rep. n.º 843/19

4.º) Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a los efectos de conferir el ascenso al grado de coronel (JM), con fecha 1.º de febrero de 2019, a la señora teniente coronel (JM) Gianella Frachelle Franco.

Carp. n.º 1291/2019 - rep. n.º 846/19

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Álvarez, Amorín, Aristimuño, Aviaga, Ayala, Baráibar, Bordaberry, Camy, Cardoso, Castillo, Coutinho, Delgado, García, Garín, Heber, Iturralde, Larrañaga, Lazo, Martínez Huelmo, Matiaude, Michelini, Mieres, Moreira, Otheguy, Pardiñas, Passada, Saravia, Vassallo y Xavier; e ingresan posteriormente, por licencia de los respectivos titulares, los señores senadores Draper y López Villalba.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Alonso, Besozzi, De León, Lacalle Pou y Tourné. Se retiran con licencia los señores senadores Delgado y Larrañaga.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:32).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitidos al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

• por el que se modifica el artículo 34 de la Ley n.º 16017, de 20 de enero de 1989, en la redacción dada por el artículo 2.° de la Ley n.° 17244, de 30 de junio de 2000, sobre recurso de referéndum contra las leyes;

• por el que se declara a la ciudad de Canelones como Capital Nacional del Cooperativismo, en el año 2019.

AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

La Suprema Corte de Justicia remite un mensaje, de conformidad con lo establecido por el numeral 4.º del artículo 239 de la Constitución de la república, por el que solicita la venia para designar en el cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones al doctor José María Gómez Ferreyra.

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite respuesta de la Dirección Nacional de Medio Ambiente a los siguientes pedidos de informes:

• solicitado por el señor senador Carlos Camy, relacionado con la rotura del puente sobre el arroyo de las Vacas, ciudad de Carmelo, departamento de Colonia.

OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR CAMY.

Solicitado por el señor senador Daniel Bianchi, de fecha 12 de diciembre de 2018, relacionado con un derrame de petróleo ocurrido el 10 de diciembre pasado en la boya petrolera de José Ignacio, departamento de Maldonado.

TÉNGASE PRESENTE».

4) PROYECTOS PRESENTADOS

(Proyectos de ley consignados en la nómina de asuntos entrados).

«Varios señores senadores presentan, con exposición de motivos, los siguientes proyectos de ley:

• por el que se establecen normas sobre la racionalización de viáticos y partidas compensatorias para cargos electivos, políticos y de particular confianza;

• por el que se autoriza la trasposición de los créditos pertenecientes a partidas de prensa que reciban los señores legisladores con destino al Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia;

• por el que establecen normas con el fin de racionalizar las estructuras organizativas de todas las administraciones estatales y las respectivas retribuciones de los cargos políticos y de particular confianza, incluidos el Estado central, los entes autónomos y servicios descentralizados y los Gobiernos departamentales;

• por el que se establecen normas para la información y control de los estados contables de las personas públicas no estatales, de entidades privadas que manejan fondos públicos y administran bienes del Estado, de las sociedades con participación del Estado y de fideicomisos públicos.

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO.

• Por el que se establecen obligaciones a los titulares de cargos electivos, políticos y de particular confianza;

• por el que se regula el destino de las ganancias de los entes autónomos y de los servicios descentralizados del dominio comercial e industrial del Estado, así como de las empresas de propiedad del Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica.

A LA COMISIÓN DE HACIENDA.

• Por el que se modifica el régimen jurídico del instituto de los pases en comisión dentro del Estado.

A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

• Por el que se establecen normas relacionadas con el destino de los bienes inmuebles vacíos o sin uso de propiedad del Estado.

A LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL».

(Textos de los proyectos presentados).

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5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de lo siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 14 de mayo no se registraron inasistencias.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 14 de mayo de 2019

Señora presidente de la Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia para el día miércoles 15 del presente, por motivos personales.

Sin más, la saludo muy atentamente.

Luis Lacalle Pou. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 15 de mayo de 2019

Señora presidente de la Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 28 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 16 de mayo.

Sin otro particular, saludo muy atentamente.

Álvaro Delgado. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–16 en 17. Afirmativa.

Queda convocado el señor Alejandro Draper, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 15 de mayo de 2019

Señora presidente de la Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted licencia, por motivos personales, por el día miércoles 15 y jueves 16 de mayo del corriente.

Sin otro particular, saludo con la más alta estima.

Atentamente.

Verónica Alonso. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–16 en 18. Afirmativa.

Se comunica que los señores Daniel Peña, Daniel López Villalba, Daniella Pena, Eber da Rosa, Jorge Gandini, Ana Lía Piñeyrúa, Omar Lafluf, Adriana Peña y Pablo Iturralde han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora María Dolores Álvarez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

7) LABOR DE LOS MAESTROS RURALES

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Cardoso.

SEÑOR CARDOSO.- Buenos días.

Señora presidenta: Uruguay ha tenido una extensa red de escuelas públicas, un capital institucional formidable desde donde se ha construido identidad, ciudadanos y ciudadanía, entendida esta como la capacidad de las personas para vivir en sociedad, lo que nos ha distinguido como país.

Esa capilaridad territorial de la educación primaria también puso en pie de igualdad el acceso a la educación de todos los niños, independientemente de la situación económica de las familias y de su lugar de residencia.

Hoy, que es el día de la escuela rural, queremos reconocer la labor de los maestros rurales, de los muchos que hubo en el pasado y de los que aún están y permanecen en nuestro territorio. Fui maestro rural, y de esa experiencia guardo los mejores recuerdos, no solo de mi vida profesional, sino también de lo que fuimos construyendo a través de la convivencia con los alumnos y sus familias en la comunidad.

La escuela pública, en general, y la escuela rural, en particular, han tenido y tienen como uno de sus muy importantes cometidos ser un centro de referencia para la comunidad. En los parajes más remotos de nuestra tierra, la escuela rural se constituyó en el punto de encuentro para fines educativos, recreativos y formativos para la propia comunidad; era convocada para difundir los más diversos temas de interés para esos pagos. Hoy, el mapa es otro; el fenómeno de la descentralización lo ha modificado debido a la búsqueda de mejores oportunidades en la ciudad, con lo que no solo se rompe el tejido social de la campaña, sino que el desarraigo que experimentan las personas y las familias no siempre termina exitosamente, porque se separan de sus raíces, de sus haberes y de sus tradiciones familiares. Y con ese desarraigo perdemos todos.

Siendo consejero de educación primaria y habiendo tenido experiencia como maestro rural, trabajé intensamente para evitar el cierre definitivo de escuelas rurales. Un ejemplo de ello es el Centro Ecológico Integrado al Medio Rural –Ceimer–, ubicado en la ruta 15, entre Rocha y La Paloma, que se originó a través de la reconversión de una escuela rural en un centro donde niños de todo el país hacen una pasantía y viven otra experiencia que fortalece su proyecto educativo.

Queremos rescatar las escuelas rurales que aún existen en el Uruguay. Los medios tecnológicos de los que se dispone actualmente constituyen una herramienta para hacer de estos centros educativos polos de desarrollo local y de difusión de conocimiento a los efectos de conservar y potenciar el capital humano local, y para ofrecer formación profesional que fortalezca las unidades educativas y familiares de esos sitios y de esos emprendimientos.

Los maestros rurales son una polea de trasmisión de educación. Es necesario volver a mirar este sector para potenciar el valor agregado que tiene para las comunidades rurales. Su labor es un factor de integración y de democratización; su tarea es posible en la medida en que les aseguramos a los que aún quedan en el medio rural los medios necesarios para que sean no solo agentes de alfabetización, sino también articuladores de las redes sociales presentes en el territorio.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se remita al Ministerio de Educación y Cultura, al Consejo de Educación Inicial y Primaria, al Departamento de Educación para el Medio Rural, a la Asociación de Maestros del Uruguay, y a las juntas departamentales y municipios de todo el país.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) ELECTRIFICACIÓN RURAL

SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Pardiñas.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: quisiéramos hoy resaltar y destacar una política pública que se viene desarrollando con mucho empeño, compromiso y gran efectividad en cuanto a los impactos socioeconómicos que se dan en el territorio. Me refiero concretamente a la electrificación rural.

A partir de definiciones que se tomaron en el anterior Gobierno y que en el actual se han profundizado, se ha generado un ámbito de trabajo interinstitucional en una comisión liderada, básicamente, por la OPP y UTE, pero en la que también participan otras instituciones del Estado como Mevir, el Instituto Nacional de Colonización, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Antel y ANEP. Ello ha permitido ir priorizando la intervención con recursos públicos y, sin lugar a dudas, con recursos de la sociedad, porque para ello se ha involucrado fuertemente a las organizaciones de vecinos y productores en los distintos territorios.

Esto ha significado un avance sustantivo en cuanto a los planes de electrificación rural y, sobre todo, de la electrificación de las zonas más complejas, aquellas en las que las poblaciones están más distanciadas y los productores más aislados de los principales tendidos de red. Ese marco, asociado a un enfoque de desarrollo rural, es lo que ha permitido que hoy Uruguay sea de los países más electrificados a nivel rural en América Latina.

En este sentido, quiero destacar las inauguraciones que en el día de hoy se están realizando en el departamento de Cerro Largo, relativas a los tramos 1 y 2 de la electrificación en Arévalo. Este proyecto consta de cuatro etapas, de 78 kilómetros, que van a atender a cuarenta y ocho beneficiarios del medio rural. Asimismo, en la tarde de hoy también se estará inaugurando el proyecto conocido como Los Molles, con 17,5 kilómetros de tendido, que atiende a diecisiete productores rurales –pequeños y medianos– y que pasa por los predios de una colonia del Instituto Nacional de Colonización.

Esto se complementa con otros proyectos que también van a estar siendo inaugurados en este mes de mayo, como el de cañada de Santos, con doce beneficiarios y once kilómetros de tendido de red, en una zona de la cuenca de la laguna Merín, y el de Rincón de los Olivera, con nueve beneficiarios y diez kilómetros de tendido. De esta forma, uno de los departamentos que estaba más atrasado en materia de electrificación rural, hoy pasa a igualar sus condiciones a las de la vida urbana en lo que tiene que ver con el servicio de energía eléctrica. Esto para nosotros es realmente relevante.

Queremos destacar que este proyecto o trabajo interinstitucional es una política muy acertada que se ha venido llevando adelante y en la que, seguramente, con los aportes del Estado se seguirá avanzando para que nuestra sociedad rural tenga mejores condiciones de vida.

Señora presidenta: solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Comisión Interinstitucional de Electrificación Rural y, por supuesto, a la Junta Departamental de Cerro Largo y a los medios de prensa locales.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) POSTERGACIÓN DE LOS NUMERALES PRIMERO Y CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día.

Correspondería pasar a considerar el asunto que figura en primer término, pero como no se han presentado propuestas, queda postergado para una próxima sesión.

10) GENERALES CLAUDIO ROMANO, CARLOS SEQUEIRA, ALEJANDRO SALABERRY Y GUSTAVO FAJARDO

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Informe de la Comisión de Defensa Nacional relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a los efectos de disponer el pase a situación de retiro obligatorio de los señores generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo. (Carp. n.º 1298/2019 - rep. n.º 847/19)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: ¿de qué se trata este tema?

Los cuatro generales involucrados omitieron deliberadamente dar cuenta al superior de la confesión de un delito aberrante acaecido en una unidad militar –confesada su autoría por el señor Gavazzo– contra el ciudadano Roberto Gomensoro, quien a la sazón estaba detenido. Esto sucedía en marzo de 1972.

Esta omisión fue comprobada a través de las actas remitidas al Parlamento –a las que hemos tenido acceso todos los legisladores por expresa solicitud de la Comisión de Defensa Nacional–, que son muy claras.

¿Qué nos dicen a este respecto quienes defienden a los generales involucrados? Se nos dice que no cometieron ninguna falta porque verbalmente habrían hecho la comunicación. No podemos dar crédito a esa versión en virtud de que no aparece registrado en las actas a las que nos hemos referido anteriormente. Se imaginará, señora presidenta, que en un mundo tan estructurado como el militar, es muy complicado creer en una versión oral.

Señora presidenta: estamos ante un tema realmente importante y sensible para el sistema democrático; estamos frente a un tema en donde se espera lealtad institucional del Senado ante una solicitud de venia remitida por el presidente de la república –es decir, el mando superior de las Fuerzas Armadas– para disponer el pase a retiro obligatorio de los generales involucrados. Al presidente de la república, en esta oportunidad, le toca actuar en atención a los antecedentes, en los que se ubican aspectos fundamentales del relacionamiento institucional con los institutos armados, porque ha quedado claramente determinado –tanto en los antecedentes que constan en la carpeta, como en las actas del tribunal de honor y en las palabras del señor ministro Bayardi en oportunidad de su pasaje por la comisión– que los militares en cuestión han perdido la confianza del mando superior, y esto de perder la confianza es determinante, dado que se trata de un intangible intransferible y principal en el marco del relacionamiento institucional.

Por ello, en primer término, el presidente de la república decidió cesar al señor comandante en jefe del Ejército y también relevar al jefe del Estado Mayor de la Defensa, por aquello de que solo se puede relevar por vía directa a los comandantes en jefe o jefes de comando, tal como nos lo dijo el señor ministro Bayardi en la comisión. Quiere decir que esta vía se aplicó para los denominados generales de cuatro estrellas.

El Poder Ejecutivo, entonces, por medio de esta carpeta solicita la venia del Senado –necesita contar con ella o con la de la Comisión Permanente, según corresponda, y deberá ser aprobada por mayoría de tres quintos de votos del total de componentes– para disponer el pase a situación de retiro obligatorio de cuatro señores generales –Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo–, de acuerdo con el artículo 3.º de la Ley n.º 19189, de 13 de enero de 2014, que incorpora al artículo 192 del Decreto Ley n.º 14157, del año 1974 –orgánico de las Fuerzas Armadas–, el literal G), que introduce una nueva causal para el retiro obligatorio para los oficiales generales o equivalentes.

Señora presidenta: en los últimos días se nos ha preguntado –diría que con extrañeza– cuál es la razón por la que, a pesar de saber que aparentemente no estarían los votos para generar los tres quintos necesarios para habilitar el retiro obligatorio, pedimos sin embargo que la comisión se expidiera para que la cámara tomara una decisión. En realidad, pasó más de un mes desde que la solicitud de venia llegó a nuestras manos, a lo que se debe sumar una sesión con la cúpula del ministerio y el acceso a las actas, que son los documentos centrales en este asunto.

La bancada de senadores del Frente Amplio quiere manejarse bajo criterios de absoluta lealtad institucional; quiere emitir señales claras a la ciudadanía, ante una solicitud del presidente de la república –mando superior de las Fuerzas Armadas–, porque lejos estamos, señora presidenta, de alentar una visión autonomista de los institutos armados. Por lo tanto, nos interesaba evitar mayores dilaciones, por ser absolutamente inconvenientes.

Uno de los cauces que se intentó abrir en la comisión fue el del llamado a los generales en cuestión y a sus asesores letrados. Se dijo que cuando se pide la destitución o sanción de un empleado público, lo mínimo que se puede ofrecer es la garantía del debido proceso y el derecho a defenderse. Señalamos en ese momento que la comisión no se podía convertir en un tribunal porque ello es antirreglamentario: la Comisión de Defensa Nacional no puede diligenciar prueba.

Quiero subrayar –porque es menester hacerlo– que el Senado recibe los pedidos de destitución de empleados públicos desde el Poder Ejecutivo y los vota, pero en ningún caso ha citado a nadie a declarar, ni se ha dispuesto a abrir un expediente para que el funcionario hiciera sus descargos –sus defensas– o pidiera el diligenciamiento de pruebas, ni ha tomado declaración a los involucrados. Esta es la primera vez –desde que tengo memoria– en que se ha intentado transformar a la Comisión de Defensa Nacional en un tribunal. Si el Senado citara a testigos, llamara a peritos, pidiera documentos y tramitara toda la prueba que se ofreciera, se estaría transformando en un tribunal de justicia. Diría más: si ello no se diligenciara correctamente, también se afectaría el derecho de defensa porque obviamente la comisión no tiene esa especialización.

Por lo tanto, señora presidenta, no deseamos atribuir intención, porque el Reglamento lo prohíbe terminantemente, pero si no fuera por eso diríamos que se ha pretendido evadir el centro de la cuestión y se ha intentado llevar la pelota al banderín del córner, porque ¿cuánto tiempo demoraría una evolución de esta naturaleza, como se nos ha sugerido, es decir, transformar la comisión casi que en un tribunal?

Por esa razón necesitábamos esta sesión, señora presidenta, a la cual llegamos sin especulación alguna y sin cálculo previo. Venimos a cumplir con la lealtad institucional y esto es lo que esperamos encontrar en el Senado.

Nunca ningún senador solicitó que se siguiera un procedimiento de citación y oportunidad de defensa de los numerosos casos de destitución de funcionarios que se votaron en el Senado. ¿Se puede decir que los senadores fueron omisos y que perjudicaron a todos esos funcionarios destituidos, ya que nunca tuvieron oportunidad de defenderse en el Parlamento? ¡Por supuesto que no! Tanto es así que nunca, ninguno de los destituidos, se quejó por ese hecho y jamás esto fue pedido por otros senadores.

La supuesta violación de derechos fundamentales, ¿se les pasó por alto a tantos senadores, de todos los partidos, a lo largo de la historia de esta institución? ¡Eso nunca se había pedido! Por lo tanto, considero que esto es una especie de apología a la injusticia, porque se hace ese pedido pura y exclusivamente para un grupo especial de funcionarios militares de alto rango; solo para ellos, no para los demás. Significa que estaríamos negando a funcionarios comunes y corrientes lo que sí le daríamos a un grupo selecto de funcionarios militares.

En el curso de este mes, todo esto –tanto en comisión como en los medios de comunicación– me ha resultado y me resulta muy llamativo. Es una propuesta antijurídica que colide también con el Reglamento de la cámara y que lesiona, sin ningún lugar a dudas, el principio de igualdad. Además, si hubiéramos aceptado esa propuesta, el Parlamento se vería afectado por centenares de demandas de otros funcionarios del Estado destituidos –o incluso sus familiares–, que verían en esto una serie de irregularidades porque no se dispuso para ellos. Entonces, en el futuro tampoco podríamos votar ninguna otra venia sin repetir todo este proceso administrativo que se nos ha sugerido permanentemente en comisión y a través de los medios. Señora presidenta: todo esto me suena un poco absurdo.

Lejos estuvo la comisión de encontrarse huérfana de información, como se ha dicho en muchos lugares, porque además de recibir los informes –que rápidamente mencionaré porque obran en las bancas de los señores senadores–, la asesoría del Poder Legislativo concluyó positivamente en cuanto a la constitucionalidad de la Ley n.º 19189, del 13 de enero del año 2014, dado que se la había cuestionado públicamente. Es más: diría que se la cuestionó, también, en la propia comisión.

El informe del doctor Risso Ferrand –que he leído– dice en uno de sus pasajes que él entiende que la venia del literal G) es de rango legal. Señala que a su modo de ver es inconstitucional, pero que debe reconocerse que no hay sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia que resulte aplicable a este caso. Y entonces –es un poco contradictorio el informe del doctor Risso Ferrand– concluye sobre la constitucionalidad de la Ley n.º 19189.

Otro informe muy interesante, es el realizado por el constitucionalista Ruben Correa Freitas. En el literal C) de su nota expresa: «C).- La compatibilidad entre la Constitución y la Ley Orgánica Militar. Del análisis realizado precedentemente, surge a mi juicio en forma clara y contundente, que no hay una contradicción entre el art. 192 literal G de la Ley Orgánica Militar con el art. 168 numeral 14 de la Constitución de la República.

En efecto –dice Ruben Correa Freitas–, debe tenerse en cuenta que la disposición legal se refiere al pase a retiro obligatorio, es decir a la jubilación de los Oficiales Generales o equivalentes, por decisión unilateral y discrecional del Poder Ejecutivo; mientras que el precepto constitucional citado, es decir el numeral 14 del art. 168 de la Constitución uruguaya, tiene que ver con la potestad del Poder Ejecutivo para destituir a los militares, es decir para pasarlos a situación de reforma».

Diría que esta aparente contradicción ha tenido, en el informe de Ruben Correa Freitas, una solución atinada y totalmente conforme a derecho, por supuesto con la gran versación del célebre constitucionalista. Los señores senadores tienen también este informe a su alcance.

Hay otro informe, señora presidenta, realizado por el doctor Esteva Gallicchio, que también va en la línea de convertir a la comisión en un tribunal.

Debo decir que no he considerado este informe por principios políticos, porque en algún momento de su vida el doctor Esteva Gallicchio ocupó una banca en el Consejo de Estado –nos asesoramos de manera completa en la comisión, ¡hasta con consejeros de Estado!–, por lo que no es de buen gusto, a mi modo de ver, que me asesore sobre el debido proceso, base y fundamento del Estado de derecho, alguien que perteneció a un grupo de ciudadanos que conculcaron todos los derechos.

En definitiva, ni siquiera voy a comentar este informe porque lo repruebo por principios políticos.

Señora presidenta: quiero decir que al tomar conocimiento de la totalidad de este expediente, nos ha quedado una decepción respecto de toda esta situación, de todo este escenario que se viene dando desde fines de febrero. Tengo una decepción bastante grande, no relativa a la circunstancial legislatura en la que me desempeño como senador, sino como militante político, como demócrata y como ciudadano que de una u otra manera ha seguido todos estos aspectos a lo largo de tantos años.

Creo que para un servidor del Estado no hay honor mayor que servir a las instituciones de la democracia.

Desde 1985 en adelante la sustancia del tema militar ha sido la sujeción al poder político a la luz del imperio de la Constitución y de las leyes que emanan de la soberanía nacional, la que está aquí representada en el Parlamento. Desde el mencionado año a la fecha se ha legislado sobre varias disposiciones en esta materia, en lo que hace a los ascensos al grado de general, obviamente con la venia del Cuerpo. Es el tema más delicado y que, quizás, enturbió las aguas de las discusiones políticas a la salida de la Dictadura.

Estamos un poco contrariados –por no decir un tanto desilusionados–, porque cuando observamos que algún militar, ante muertes aberrantes, expresa que ello no afectaría el honor del cuerpo de oficiales del Ejército nacional y del tribunal de honor, como ciudadanos sentimos que estamos en el mismo lugar en el que arrancamos hace cuarenta años, cuando estábamos en las calles manifestando por democracia, libertad y apego a la Constitución. ¡Estamos en el mismo lugar! Nos guste o no, se vote o no este asunto hoy. El resultado ya poco me preocupa; lo que sí me preocupa es en qué situación vamos a seguir. El tema del honor, señora presidenta, en cuanto al significado más elevado del término, ha sido uno de los más buscados por la ciudadanía y por nosotros mismos en los últimos tiempos. Quizás el origen de nuestra decepción haya sido el de que siempre creímos que esa sujeción, esa legalidad, bastaba, pero en estas últimas semanas hemos concluido que no alcanza.

Voy a hacer referencia al Reglamento de los tribunales de honor de las Fuerzas Armadas, porque para definir el concepto del honor dice, entre otras cosas: «El honor es la cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto al prójimo y a nosotros mismos».

Por otra parte, en el artículo 3.º se establece: «El criterio con que se juzgue, considerará la realidad, pero, deberá tener en cuenta, especialmente, que las Fuerzas Armadas son una institución de excepción diferenciada de la sociedad civil, a la que está confiada la custodia de los bienes espirituales y materiales de la Nación y que, en consecuencia, cada Oficial está obligado a ser un ejemplo de conducta».

Antes de este artículo, se dice también: «Es la virtud militar por excelencia, es una religión, la religión del deber, que señala en forma imperativa el comportamiento que corresponde frente a cada circunstancia».

Señora presidenta: este texto es de origen medieval, y por más que tengamos el dominio de la legalidad de la línea de mando, es simplemente una formalidad. Porque mientras la cabeza de nuestros estudiantes militares esté imbuida de este pensamiento absolutista y casi religioso, que contradice todo el pensamiento republicano y artiguista de nuestro país, vamos a seguir permanentemente en jaque con estos problemas. Digo esto porque si hoy, después de cuarenta años, quienes no usaron la picana o el submarino siguen pensando que no hay herida al honor de una institución republicana de nuestro país, estamos realmente en problemas, independientemente de que hoy esto salga o no; eso sería lo de menos.

Es cuanto tenía para decir.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Quiero recordar que se está discutiendo un proyecto de resolución y, según el artículo 71 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el tiempo de que dispone cada senador es de veinte minutos sin prórroga. Omití señalarlo al comienzo de la sesión y por eso lo señalo ahora.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: es importante remitirse a la solicitud concreta del presidente de la república.

En ninguna circunstancia, nunca –y menos en esta–, lo político puede estar por encima de lo jurídico. Para analizar el punto en cuestión hay que remitirse estrictamente a lo que el presidente de la república solicita. Todo el resto son conjeturas o análisis que corren por cuenta de quien los hace, pero no es la realidad de lo que estamos discutiendo. No se está discutiendo si se está de acuerdo o no con el fallo de un tribunal de honor que no censuró hechos aberrantes como las torturas y la violación de los derechos humanos. No es eso lo que hoy nos remite el presidente de la república, y no puede serlo por una sencilla razón: el presidente de la república homologó y firmó lo actuado por los tribunales de honor. ¡El dictamen de los tribunales de honor que no condenó, que no consideró que las violaciones de los derechos humanos eran una mancha a la honra de los militares, es lo que firmó el doctor Tabaré Vázquez! Precisamente, el 12 de marzo del presente año el presidente resuelve: «1º. Homológanse los Fallos del 15 de setiembre de 2018 que resultan de las Actas Nº 009 y Nº 011 emitidos por el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores Nº 1 del Ejército Nacional que juzgaron las conductas de los señores Coronel en situación de retiro Jorge Silveira Quesada y Teniente Coronel en situación de retiro José Nino Gavazzo Pereira.

2º. Comuníquese, publíquese y pase al Ministerio de Defensa Nacional a sus efectos».

El presidente de la república homologó e hizo suyos los dictámenes del tribunal de honor. ¡Esta es la realidad de los hechos!

Podía haber hecho otra cosa el presidente de la república; por ejemplo, no haber homologado. Podía haber dicho «Yo no homologo un fallo del tribunal de honor que no condena las violaciones a los derechos humanos y que no dice que violar los derechos humanos por parte de un militar es una deshonra que mancha el uniforme militar y a las Fuerzas Armadas de la Nación».

Esto fue lo que hizo el expresidente, doctor Jorge Batlle, en el año 2002, ante un tribunal de honor para este mismo personaje, el señor Gavazzo. Reitero que en el año 2002 el presidente Jorge Batlle también tuvo que actuar ante el fallo de un tribunal de honor referido al juzgamiento del señor Gavazzo; retiro lo de «señor»: referido al juzgamiento de Gavazzo. Sin embargo, ante un tribunal de honor que laudó exactamente igual que este, porque señalaba que este personaje no había manchado el honor de las Fuerzas Armadas, el presidente Batlle decidió no homologar la decisión. El doctor Tabaré Vázquez decidió homologar el fallo del tribunal de honor y hacer suyo un dictamen que decía que este personaje no había manchado el honor de las Fuerzas Armadas. ¡Esta es la realidad! Todo el resto es un análisis que no está en consideración hoy. No comparto el dictamen del tribunal de honor, pero el presidente Vázquez sí lo hace.

La cronología de los hechos es implacable, porque dice que el 14 de febrero de este año el excomandante Manini Ríos entregó al Ministerio de Defensa Nacional el resultado del tribunal de honor. El ministro de Defensa Nacional de la época era un señor que acaba de fallecer, el doctor Jorge Menéndez. Reitero, firmo y subrayo: un señor que acaba de fallecer.

El 18 de febrero el ministro solicitó una entrevista con el presidente.

Esto que estoy leyendo surge de las propias expresiones del ministro Bayardi vertidas en la Comisión de Defensa Nacional, que están registradas en la versión taquigráfica.

El 19 de febrero, el ministro de Defensa Nacional se reunió con el presidente e informó sobre el tribunal de honor. El presidente le dijo que iba a pasar todo esto a secretaría.

Desde el 19 de febrero –¡febrero!– hasta el 1.º de abril de este año el expediente estuvo oculto, escondido en la Presidencia de la República. Los senadores que estamos en esta casa y los 3:400.000 uruguayos que habitan en este país solo se enteraron de la existencia de esto porque un señor periodista, Leonardo Haberkorn, hizo una nota el sábado 30 de marzo de este año. De lo contrario, aquí no había solicitud de destitución ninguna porque esto estaba escondido debajo de una mesa.

Es más: si tan aberrante era, la pregunta que cabría hacer es por qué el presidente de la república no hizo la solicitud de venia de pase a retiro obligatorio el 12 de febrero, cuando destituyó al comandante Manini. Lo hizo el 1.º de abril porque esto estalló y se conoció públicamente. Fíjense ustedes qué consideración tenía el presidente, doctor Tabaré Vázquez, de las conclusiones del tribunal de honor –¡que firmó y homologó!– que el 12 de marzo –no había tomado estado público todavía la noticia– cesó al comandante Manini, ¡no por las setecientas páginas de este expediente que tenemos aquí sobre la mesa, sino por las últimas ocho! ¿Y a quién designó comandante en jefe del Ejército? A un integrante de los tribunales de honor. Resulta que para el doctor Tabaré Vázquez era tan terrible –¡bueno, no era terrible porque lo firmó!– que designó comandante en jefe del Ejército al general González, miembro del tribunal de honor. Uno podría decir: «Era el primero en orden de derecha», criterio que no corre, como todos sabemos, pero bueno, en una circunstancia excepcional quizás hubiera sido una medida para salir del paso. Sin embargo, no fue así. Ustedes saben que el cuerpo de generales tiene quince integrantes. ¿Saben en qué número estaba el general González? El presidente puso el dedo en el primero, bajó, bajó, bajó, bajó y llegó al número once. ¡Fue una decisión política, discrecional, voluntaria y recontrameditada! Así que el problema es el tribunal de honor, y el presidente de la república, cuando todavía no se conocía lo que se supo quince días después, designó comandante en jefe del Ejército a un miembro de dicho tribunal. ¡Paradoja!

¿Qué es lo que está en juego, señora presidenta? La responsabilidad del presidente de la república y de su secretaría, es decir, la actuación de la Presidencia de la República. Nadie en el Uruguay, salvo que falte el respeto al presidente de la república y que considere que es un irresponsable, puede llegar a sostener, con un mínimo de raciocinio, que él no leyó las actas. ¡El presidente las leyó, pero no le importaron! Lo que le importaban eran las últimas ocho páginas; todo el resto, lo firmó, lo hizo suyo.

Es más, ante esta actitud absolutamente inhumana –por no agregar otro calificativo– que tuvo el presidente de la república con el exministro de Defensa Nacional, el doctor Menéndez –compañero de esta casa, con el que tuvimos muchos desencuentros, pero nunca se puso en duda su personalidad y entrega al servicio público–, en carta de renuncia que remitió el 1.º de abril, dice claramente cuál fue el accionar, y quiero leerlo textualmente. Dice el doctor Menéndez: «Luego de reunirme con usted, concurrí a la Secretaría de la Presidencia de la República, acompañado por dos profesionales del Ministerio, donde interiorizamos de los antecedentes del contenido del Tribunal de Honor» –y pido que escuchen lo que dice el doctor Menéndez– «y la necesidad de hacer la denuncia de los hechos ante la Justicia». Esta reunión fue el 18 de febrero. Reitero lo que dijo el doctor Menéndez el 18 de febrero: «concurrí a la Secretaría de la Presidencia, acompañado por dos profesionales del Ministerio, donde interiorizamos de los antecedentes del contenido del Tribunal de Honor y la necesidad de hacer la denuncia de los hechos ante la Justicia». Y agrega el doctor Menéndez en su momento: «En esa oportunidad el expediente fue dejado en Presidencia de la República para su análisis, estudio y evaluación» –pido que escuchen lo que dice ahora– «sobre la procedencia o no de homologar los fallos del Tribunal de Honor». El exministro le dice al presidente de la república: «Le dejo esto para que usted vea si lo firma o no». Advertido que fue el presidente de la república por su ministro, por su secretario de Estado en materia de Defensa Nacional, dijo: «Ante las dos opciones –homologar o no homologar–, homologo y hago mío el informe». ¡Esta es la realidad! ¡Esta es la realidad! Podría haber optado por otro camino, el que siguió ante el mismo personaje el doctor Jorge Batlle.

Pero todo esto no hubiera sido de conocimiento público si no hubiera existido una investigación periodística. ¡¿O alguien duda de que la fecha del 1.º de abril es posterior a la del 30 de marzo?! ¡El 30 de marzo se publicó el artículo en el diario El Observador, que generó el escándalo! De lo contrario, esta sesión no existiría. ¡Existe porque un periodista dio a conocer lo que estaba escondido debajo de la mesa e hizo actuar con impulso de brutal ferocidad para tratar de calmar las aguas internas! Esa es la realidad: el presidente de la república actuó como lo hizo para tratar de calmar la rebelión interna que tenía en su propio partido político. Como dijo el otro día un periodista –no voy a citar el nombre porque no lo escuché–: al presidente se le quemó el asado e incendió la casa para disimularlo.

¡Había que disimular que tenía el expediente escondido! ¡Esa es la realidad! Porque de lo contrario, como él estaba en conocimiento de los hechos, hubiera tomado la decisión, no el 1.º de abril, sino a principios de marzo. ¡No la tomó! Es más, la única decisión que tomó fue la de nombrar comandante en jefe del Ejército a un integrante de los tribunales de honor.

Y nos viene este paquete. ¡Esta es la realidad! Obviamente, nos viene luego de que todo tomó estado público. Acá hay que proceder de acuerdo con criterios jurídicos y con las garantías que tienen todas las personas. La diferencia entre un Estado de derecho y una dictadura, la diferencia entre un Estado de derecho y uno donde no priman la Constitución y la ley, es el respeto a las garantías individuales. Y las garantías hay que respetarlas para mis amigos y para mis adversarios, ¡para todos! Lo jurídico siempre está por arriba de lo político.

Cuando vino esta solicitud de retiro obligatorio, de destitución, hicimos las consultas jurídicas. Incluso, planteé el criterio de que había otra vía, que era la constitucional. Recibimos –como bien decía recién el miembro informante en mayoría– criterios divergentes. Mayoritariamente las cátedras sostuvieron, y también el propio departamento jurídico de la casa, que no eran incompatibles y que eran más garantistas. Y nos sometemos al criterio de mayor garantía.

Entendámonos: advierto –no está el miembro informante– que cuando votamos destituciones aquí vienen precedidas de un proceso administrativo donde se ejerce la debida defensa, existe una investigación administrativa, un sumario. Después de muchos años llega acá luego de seguirse todo el debido proceso. Acá no votamos destituciones a mano alzada y es por eso que estamos discutiendo hoy.

Permítaseme, señora presidenta, hacerle un señalamiento a usted: actuó incorrectamente. Tengo algún año más que usted en esta casa y es la primera vez que veo –de lo que voy a decir usted está en conocimiento porque el señor senador Delgado ya se lo señaló y yo hice lo propio en comisión– que esto sucede. Solicité en forma individual, como senador de la república –no como presidente de la comisión–, un informe a los servicios jurídicos del Parlamento, oficina que tiene una larguísima tradición. Los servicios profesionales del Poder Legislativo son de una profesionalidad extrema.

Yo tenía la intención –como hice luego– de repartir ese informe que recibí a los miembros de la comisión, pero antes de poder hacerlo me enteré, en la propia comisión, de que la presidencia ya lo había hecho público. Es la primera vez, señora presidenta –y disculpe que lo señale–, que se hace eso en esta casa. La confidencialidad, la confiabilidad que tiene el trato de un legislador con los servicios jurídicos no puede ser, de ninguna manera, puesta en duda, ensombrecida y rota por la acción unilateral e inconsulta de parte del presidente del Cuerpo, en este caso usted. Actuó muy mal.

Cuando llegué a la comisión me enteré de que algunos de sus miembros ya habían leído un documento que yo había pedido en forma individual. Creo que eso merece las disculpas del caso al que lo solicitó…

SEÑOR MICHELINI.- ¡Es una información a la que todos tenemos derecho!

(Interrupciones de varios señores senadores).

SEÑORA PRESIDENTE.- Por favor, no interrumpan, que solo le restan cuatro minutos al señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- …pero también a los servicios profesionales del Poder Legislativo. Se afectó la confiabilidad del trato profesional entre miembros de esta casa y la presidencia del Cuerpo.

Dicho esto, quiero señalar, además, que hay un derecho esencial básico que está consagrado en la Constitución: cualquier empleado público –sea un general, el portero, un administrativo, el jardinero de cualquier oficina pública o el que mantiene los espacios públicos de una intendencia– tiene derecho a defenderse. Y aquí solicitamos la concurrencia de los generales y se dijo que no; se solicitó la concurrencia de los abogados y se dijo que no; el señor senador Coutinho solicitó la asistencia del excomandante Manini y del secretario de la presidencia, señor Toma, y se dijo que no. Y nosotros, señora presidenta, en esta circunstancia –por algo se pide la venia–, votamos en virtud del conocimiento que tengamos y no de la partitura que marca el Poder Ejecutivo. Esta no es una decisión unilateral, sino una solicitud de venia, y el Parlamento y cada senador actúan en forma autónoma.

La solicitud que se hizo –y ya voy redondeando– fue en virtud de un hecho casi administrativo: haber incumplido con el artículo 77 del decreto que regula los tribunales de honor, es decir, no haber informado a su superior. El superior de la época dice: «Fui informado». Ayer lo dijo nuevamente en todos los medios.

Los abogados –los que están en sala podrán señalarlo mejor– sostienen que se cumplió el principio de finalidad. Esto significa que lo sustantivo de haber informado se cumplió, independientemente de que no se haya cumplido con la formalidad. Con relación a este aspecto, las personas involucradas dicen: fue cumplido.

Entonces, porque la responsabilidad de este episodio está centrada en el señor presidente de la república, que hizo suya la homologación de la decisión de los tribunales de honor; porque la presidencia de la república estuvo en conocimiento de esto pero escondió la información; porque posteriormente se solicitaron estas venias como forma de disimular las responsabilidades que tiene el presidente de la república y, al mismo tiempo, porque se niegan principios jurídicos elementales y garantías individuales mínimas que tiene cualquier persona en un Estado de derecho, es que el Partido Nacional no va a acompañar la solicitud planteada.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: en comisión hice referencia a un informe contundente –del que dimos cuenta en ese ámbito– que estaba referido a varios informes privados de la bancada del Frente Amplio. Dijimos que teníamos informes contundentes, pero en ningún momento dijimos que ellos pertenecían al señor senador García. ¡De una manera audaz y atrevida se autoadjudicó ese informe, que estaba referido a otros que teníamos con las señoras senadoras Ayala y Lazo y el señor senador De León!

Por lo tanto, rechazo terminantemente lo que ha esbozado o expresado aquí el señor senador García en cuanto a la persona de la señora presidenta.

Muchas gracias.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Solicité la palabra por aquello de que no ofende quien quiere, sino quien puede. Así que vamos a lo que importa, no al ruido.

La señora presidenta –tengo el expediente sobre mi mesa– derivó en forma inconsulta e indebida –está constatado en el expediente– el informe jurídico que yo pedí. Es un informe personal. En la reunión de coordinación de anteayer la señora presidenta reconoció que había cometido un error.

La solicitud de informes personales es un recurso, una herramienta, un instrumento que tienen los legisladores. Es de estricto conocimiento personal, salvo que el solicitante lo haga público, como yo tenía la intención de hacer e hice posteriormente. Pero vuelvo a reiterar que se afectó un mecanismo, un instrumento de norma en esta casa, que no se siguió la forma indebida, y sé que la señora presidenta lo reconoce. Lo único que espero es que se soliciten las excusas del caso, no a nivel personal, en tono propio, sino al Senado, a la institución que cada uno representa en forma individual, y a los servicios profesionales del Palacio Legislativo que fueron consultados.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: antes que nada quiero señalar que estoy sorprendido por lo que dice el señor senador García en nombre de todo el Partido Nacional –sin un mínimo de reflexión de lo que él mismo está diciendo–, en el sentido de que no van a votar las venias del pase a retiro. Toda la justificación refiere a lo que hicieron los otros, pero no dice qué es lo que van a hacer ellos. Si un periodista dijo que el presidente se equivocó y que porque «se le quemó el asado prendió fuego la casa», ¡después de esta decisión del Partido Nacional va a decir que el señor senador García trató de apagar el fuego con combustible!

¡Acá no se trata de lo que hace el presidente de la república ni de lo que hacen los generales; se trata de lo que hacen los senadores y senadoras de la república! ¡No me vengan con que Jorge Batlle, en un tribunal de honor, hizo tal o cual cosa! ¡Aquí todos los militares y todos los policías estarían sueltos si el Gobierno no hubiera sido ganado por el Frente Amplio! ¡¿O no es así?! ¡¿O no es así que la impunidad reinó en este cielo hasta que ganó el Frente Amplio?! ¡¿Cuándo se pudo entrar a los cuarteles?! ¡¿Cuándo se hicieron leyes reparatorias?! ¡¿Cuándo se fue y se procesó a militares que violaron los derechos humanos?! ¡¿En el primer Gobierno de Sanguinetti?! ¡¿En el Gobierno de Lacalle Herrera?! ¡¿En el segundo Gobierno de Sanguinetti?! ¡¿En el Gobierno de Jorge Batlle?! ¡Y el señor senador García habla en nombre del Partido Nacional, cuando un hombre de su partido, como el señor senador Larrañaga, se jugó por el voto verde y contra la impunidad! ¡Y ahora se van a poner del lado de los que «no ofende haber hecho vilipendio de cadáveres», por solo decir lo menor! ¡Por solo decir lo menor!

El señor senador García dice algo sorprendente: «El presidente leyó todas las actas». Yo no sé qué pruebas tiene. Sinceramente, no sé qué pruebas tiene.

SEÑOR GARCÍA.- La información era responsable.

SEÑOR MICHELINI.- ¡No sé qué pruebas tiene el señor senador García de lo que está diciendo!

SEÑOR GARCÍA.- ¡El informe!

SEÑOR MICHELINI.- Sí firmó los fallos del tribunal de honor y cuando tomó conciencia de las actas, actuó en la dirección de luchar contra la impunidad. ¡Afirmó su voluntad de luchar contra la impunidad y voló a seis generales, cosa que nunca había ocurrido en la historia de la república! ¿Y qué hace el Senado de la república? Le dice: «No, señor presidente. Nosotros estamos a favor de la impunidad y no de luchar contra la impunidad. Nosotros estamos a favor de que se politicen las Fuerzas Armadas; nosotros estamos a favor de que dos quintos más un voto de los senadores decidan qué general se queda en las Fuerzas Armadas y cuál se va». Esto es un grave problema institucional porque podrán ganar las elecciones –o las podremos ganar nosotros–, pero de aquí en adelante los dos quintos más un voto del Senado decidirá qué general se queda y cuál se va.

He escuchado al señor senador García decir –por alguna razón no hizo esa referencia en esta circunstancia– que el presidente de la república tenía toda la potestad para sacar a los generales y que ese artículo era inconstitucional. Ahora podrá desmentirlo o no, pero eso no importa; yo lo he escuchado. La pregunta es: si ese artículo es inconstitucional –aunque consideremos que lo es, no ha sido declarado así–, si el presidente tiene todas las potestades y manda este pedido, ¿no habría que ratificar lo que pide el presidente? ¿No tendríamos que decir: «Mire, presidente, usted tiene esa potestad; vamos a votar estas venias para que no haya ningún problema de legalidad y a partir de ahí derogamos ese artículo»? ¿No hubiera sido más fácil? ¿No hubiera sido mejor respecto de la institucionalidad? ¿No hubiéramos ido por el camino de no objetar las potestades que tiene el presidente?

¿Qué va a pasar en cinco, diez o quince años? Que las Fuerzas Armadas se van a politizar y cada general va a buscar sus dos quintos más un voto. Eso es lo que va a pasar. Con dos quintos más un voto soy general y nadie me saca, y en este país en el que todos nos conocemos, algún general va a llegar a alguna bancada. Y tengan en cuenta que dos quintos más un voto no es tan difícil de conseguir.

(Ocupa la presidencia el señor Charles Carrera).

–Vamos a los hechos porque eso es lo que define lo que decimos y hacemos. Con cada voto del Senado en el día de hoy estamos definiendo la historia del país. Analicemos los hechos desde la perspectiva de que el presidente actuó correctamente y también desde la perspectiva de que lo hizo incorrectamente. Insisto, vamos a los hechos. ¿Alguien cree que los generales cuyo pase a retiro se solicita pudieron pasar por alto y no poner en el fallo del tribunal de honor estos crímenes aberrantes? ¿Alguien cree que un general puede seguir siendo tal cuando no incluyó en el fallo del tribunal de honor los crímenes aberrantes que se cometieron? Pensemos que Vázquez estuvo en lo correcto y, a su vez, que Vázquez, el presidente de la república, estuvo en lo incorrecto; ante cualquiera de las dos hipótesis, nosotros, como senadores, ¿podemos dejar que aquellos que no pusieron en el informe y en el fallo del tribunal de honor los crímenes aberrantes puedan seguir vistiendo el uniforme militar? ¿Podemos permitir una ofensa así a las Fuerzas Armadas: que un camarada de armas oculte información para que otro camarada de armas pase preso tres años? Eso sí ofende a las Fuerzas Armadas; claro que eso tiene que ofender a las Fuerzas Armadas, pero el resto, ¿no? ¿El resto no ocurrió? ¿El resto no existe? ¿No está en el fallo? Los senadores y senadoras de la república, en el Uruguay de hoy, ¿creen que alguien puede vestir el uniforme militar cuando cometió crímenes aberrantes que no se incluyen en el fallo del tribunal de honor? No se trata de Vázquez y esa es la equivocación que tiene el señor senador García; se trata de lo que hacemos nosotros y de la historia que estamos escribiendo. Se trata de los senadores Heber, Larrañaga y de cada uno de los senadores del Partido Nacional, de los senadores del Partido Colorado, del senador del Partido Independiente. ¿Les parece que se puede hacer un fallo sin incluir los crímenes aberrantes que se cometieron y que esos generales sigan vistiendo el uniforme militar? Se los pregunto sinceramente porque no se trata de Vázquez; no se trata del presidente; no se trata de una persona maravillosa como fue Menéndez. Aquí lo que importa es lo que hacemos nosotros, de lo que hacemos nosotros en la historia. ¿Ese es el Ejército que queremos? ¿Ese es el uniforme que van a vestir? ¿Esa es la enseñanza para los nuevos cadetes? Yo creo que no.

No se escuden en lo que dijo Vázquez. Yo fui el más crítico con respecto a él y con relación a la pieza de presidencia, pero ahora vamos a votar nosotros. Esos generales, ¿tienen que seguir siendo generales o no? Cada uno de nosotros lo tiene que decir.

SEÑOR MIERES.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: siguiendo el hilo del razonamiento, ¿qué hacemos con el presidente que firma ese fallo? ¿Qué hacemos con el presidente que, en lugar de mandar un pedido de venia de destitución por el fundamento real, que es el fallo, busca una maniobra reglamentaria falsa? Si lo fundara en lo que realmente debe, lo votaría con las dos manos, pero no lo hace porque el presidente firmó y avaló esa barbarie que el senador Michelini expresa con toda energía y vigor. El problema es que el presidente de la república avaló, homologó, y seguimos sin saber qué pasó en presidencia con ese expediente que termina firmado por el presidente. Entonces, ahora nos traslada el problema fundado en una razón que es falsa, y todos sabemos que es falsa: no se cumplió con el deber de dar cuenta al superior. ¡Por supuesto que se cumplió, y el propio superior lo reconoció! Acá el tema es que hay que mandar la solicitud de venia –si se cree que se requiere venia– por la razón real, que es que el fallo es vergonzoso, y en eso sí coincidimos con el señor senador Michelini. Pero ¿por qué no lo hace? Porque lo firmó, señor presidente, y ese es el gran problema que tenemos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Puede continuar el señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: seguimos dando excusas de lo que vamos a hacer cada uno de nosotros por otros. El señor senador Mieres se presenta a la elección y quiere que el Frente Amplio no gobierne más en el Uruguay, lo que es legítimo. Cree que el presidente se equivocó y no actuó ajustado a derecho. Entonces, que vaya a la Constitución y busque todos los elementos para removerlo, ¡pero no me puede decir que quiere que esos generales sigan siendo generales! Eso no me lo puede decir el señor senador Larrañaga, y tampoco el señor senador Heber; hagan todo lo que tengan que hacer dentro de lo que la Constitución permite para atacar al presidente –es la libertad que tenemos–, pero no me pueden decir que ese es el ejemplo de los generales que pasan por alto crímenes aberrantes. ¿Cuál es el problema aquí? No es lo que hizo el presidente, sino lo que vamos a hacer los senadores, cada uno de nosotros con nuestro voto. No sé si se va a pedir la votación nominal, pero eso quedará en nuestras conciencias. Si el señor senador Mieres cree que el presidente es el responsable de todo, vaya a la Constitución, busque lo que tiene que buscar y acúselo, ¡pero no me puede decir que porque no hay instrumentos o porque el presidente tal o cual cosa, cree que esos generales tienen que seguir ocupando sus cargos! Si esos generales tienen que seguir en sus cargos, pregunto: ¿qué hay que hacer para no ser más general? ¡Nada!; solo tener dos quintos y un voto en el Senado.

Supongamos que el Partido Nacional gana las elecciones, el 1.º de marzo asume el candidato que gana la interna y el 20 de marzo, para poner una fecha, destituye a un general. Entonces, viene a hablar con esta bancada, con el Frente Amplio. Planteémonos una hipótesis posible: no creo que el Frente Amplio tenga menos de dos quintos y un voto en el Senado. A partir de ahí el presidente blanco, colorado o independiente, no manda más en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Por una simple razón: porque estos senadores, como empleados públicos que son, debieron poner en conocimiento de la Justicia determinadas situaciones, pero no lo hicieron. Y como no lo hicieron, vamos a quebrar todo el orden institucional.

En realidad, no entiendo algo y me lo tienen que explicar, porque son hombres de coraje. No estamos hablando con senadoras o senadores que no tengan coraje; ¡tienen coraje! ¡Vaya si el señor senador Larrañaga hizo una campaña solo –¡solo!– sobre un tema que le importaba! Entonces, no es que no tenga coraje, no es que no se pueda plantar y decir: «Esto es una equivocación. No podemos votar en contra. No podemos tener estos generales. En cuanto a lo del presidente, seguiremos dando batalla, ¡pero no podemos tener estos generales!». No sé; no entiendo cómo razonan, señor presidente. No pueden darles ese ejemplo a los futuros cadetes; no se les puede decir a los futuros cadetes que esos generales se tienen que quedar. Ven los temas de derechos humanos y no les entra en la cabeza; no los registran, son invisibles. El tema de los derechos humanos todavía a estas generaciones no les entra en la cabeza. Y cuando este tema llega al Senado, no pasa a estos generales a retiro. Y hablo de este Senado, del Senado que queremos todos y por el que hemos luchado, por el que nos han pegado palos, por el que hemos sufrido y sido víctimas; incluso ¡acá hay gente que ha estado años presa! Sin embargo, a estos generales les decimos: «No; no se van». ¿Y con los votos de quién? Del senador Mieres, que no vota; del senador Larrañaga, que no vota, del senador Luis Alberto Heber, que no vota. ¡Pero no es por el presidente! ¡Votan para que se queden los generales! Entonces, conmigo que no cuenten. No vengan el año que viene a decirme tal y cual cosa. No; conmigo que no cuenten. Estas son las cosas que abren brechas en la sociedad; somos todos muy uruguayos, pero en el tema de derechos humanos conmigo no cuenten.

Yo mismo fui muy crítico con el señor presidente, pero cuando manda las venias de los generales, levanto la mano. ¡No hay duda! ¡Estos generales no se pueden quedar! Y hombres de audacia, como los del Partido Nacional, creí que iban a tener el coraje y el gesto: el coraje para hacer lo que deben hacer y el gesto porque la institucionalidad está primero, señor presidente.

Muchas gracias.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor presidente: con toda franqueza voy a ir a mirarme al espejo porque el señor senador Michelini me nombró tres o cuatro veces y realmente me ha dejado perplejo. Dentro del enorme enojo que ahora traslada, en su vehemencia pasional, a este Senado, ¿dónde quedó su levantisca acción de reclamar la renuncia del secretario de la Presidencia de la República, doctor Toma, que parece que no está en la conversación?

El señor senador Michelini solicita al Senado y a los senadores una suerte de conducta que no tuvo el presidente de la república, quien debió leer –o alguien debió haberle advertido– y no lo hizo. El comandante en jefe del Ejército anterior debió de haberle advertido y no lo hizo. Hoy tenemos las Fuerzas Armadas que tenemos porque el Frente Amplio las ha utilizado institucionalmente como un trapo de piso. ¡Esa es la realidad!

Me extraña esa suerte de alabanza al coraje de los senadores de nuestra colectividad política. ¡Coraje tenemos para escucharlo desde hace años y bancarlo decir lo que dice, pero callar a la hora de tener que enfrentar las responsabilidades de las cosas que sucedieron por la acción del presidente y de la fuerza política que está al mando de las Fuerzas Armadas!

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: antes de comenzar voy a solicitar la habilitación de la presentación en PowerPoint.

En primer lugar, quiero dejar algo bien claro, aunque creo que no debería hacerlo, pero para aventar cualquier duda: condeno enérgicamente cualquier delito –homicidio, desaparición o cualquier otro– que cometa un ciudadano o persona desde el Gobierno o desde el llano; lo condeno y lo he hecho siempre. Sin dudas, entiendo que quien tiene un familiar desaparecido tiene derecho a saber qué pasó. Apoyé fervientemente el trabajo del expresidente Jorge Batlle y de la Comisión para la Paz; fui ministro y firmé las resoluciones y los decretos. Tengo cincuenta y nueve años, señor presidente, y nunca me he apartado ni un centímetro, ni un milímetro, de la Constitución y de la ley. Quiero que quede bien claro para que no existan dudas.

Acá lo que se plantea es si lo político está por encima de lo jurídico; así de claro. Este es un tema en el cual, por razones políticas, pretenden pasar por encima de la ley y que los senadores votemos algo ilegal por razones políticas. Yo no voy a hacerlo.

Vamos a ubicar los hechos ¿Qué solicita el Poder Ejecutivo? Una venia para pasar a retiro obligatorio a cuatro señores generales. ¿Cuál es el fundamento que remite el Poder Ejecutivo? No sé si lo han leído los senadores, aunque supongo que sí; es uno solo. Insisto: el fundamento que nos da el Poder Ejecutivo es uno solo. ¿Cuál es? Que a juicio del Poder Ejecutivo, esos señores generales omitieron deliberadamente cumplir con lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento. ¿Y qué dice el artículo 77? Que cuando el tribunal de honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del tribunal hasta tanto el superior se pronuncie. ¿Qué tenemos que revisar nosotros si el Poder Ejecutivo nos dice que no se cumplió con el artículo 77? Primero, si todos eran presidentes, porque hablamos de cuatro generales, y presidente era uno. Entonces, el que tenía la obligación de cumplir con lo dispuesto era el presidente del tribunal y no los otros generales. O sea que el fundamento del Poder Ejecutivo sirve para uno, pero no para los otros; los otros no cometieron ninguna ilegalidad. Ese es el primer elemento claro. Lo segundo es ver si efectivamente se realizó la comunicación o no. Los senadores tenemos derecho a saber si efectivamente hubo una omisión deliberada, porque si vamos a votar una venia, debemos saber si se cumplieron los fundamentos del Poder Ejecutivo para hacerlo. Ese es el único fundamento que nos aporta el Poder Ejecutivo; no da otro.

En el mensaje que envía al Parlamento el Poder Ejecutivo no dice que quiere sancionar a estos generales porque omitieron incluir entre los fundamentos el hecho de que se habían cometido delitos aberrantes. Eso no lo dice el Poder Ejecutivo, ¿eh? Lo dicen ahora algunos. Solamente dice lo siguiente: «Omitieron deliberadamente informar al superior». ¿Y por qué no lo dice el Poder Ejecutivo? ¿Por qué no dice el Poder Ejecutivo lo otro? ¿Por qué motivo no lo dice? Porque el presidente de la república, el ministro de Defensa Nacional, el secretario de la Presidencia de la República y el comandante en jefe del Ejército estuvieron de acuerdo y refrendaron el fallo del tribunal de honor. El comandante lo llevó al ministro, este al secretario de la Presidencia de la República, que lo llevó con resolución al presidente, quien lo firmó. ¡Lo firmó! Y esto se ratifica por el hecho de que, como lo firmó el presidente, no citan en el pedido de venia lo que él firmó. Es la teoría de los actos propios: venire contra factum proprium non valet. El presidente no podía pedir la venia por ese fundamento –que es con el que coincidimos y al que elocuentemente ha hecho referencia el senador Michelini–, ¿por qué? ¡Porque firmó abajo! Porque mientras no actuara un periodista y no se supiera, él había firmado abajo y dicho: «Terminemos esto así». ¿Pero a quién sanciona? A los integrantes del tribunal de honor, los más bajos en la escala jerárquica. ¿A quién no sanciona? Al secretario de la presidencia. ¡El secretario de la presidencia sale de esto como si acá no hubiera pasado nada!

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Sabe que son veinte minutos? Le voy a pedir que haga uso de la palabra por medio de la alusión. En este momento aludo a la señora senadora Xavier para que me pueda contestar al final de mi exposición.

¿Quién no asume su responsabilidad? El presidente de la república, que se excusa. ¿Saben lo que dijo el presidente de la república?: «No puedo leer todos los expedientes que me llegan». ¡Vamos! Yo sé que no puede leer todos los expedientes que le llegan, pero este ¿no lo tenía que leer? ¿Este expediente no ameritaba que lo leyera? Es una confesión pública tremenda del presidente de la república: no leyó el expediente sobre un tema trascendente y exonera de responsabilidad al secretario de la presidencia, que debería haberlo leído por lo menos. Y no es cierto que el presidente no leyó el expediente. No es cierto que el secretario de la presidencia no le informó de su contenido. Hay prueba de ello. Hay una carta del exministro de Defensa Nacional, el doctor Menéndez, que con una lealtad hacia el país y la verdad, manda esa nota y dice la verdad. Estando en una situación tremenda, de agonía, no dudan, desde la Presidencia de la República, en pedirle la renuncia –¡en ese momento!–, de vuelta, para tapar las pruebas del conocimiento que tenía de lo que había pasado. ¡Fue una barbaridad, una actuación inhumana! Muriéndose el hombre, desde el lecho de muerte manda la carta firmada y dice: «Mire que yo avisé». ¡Y no dudan, eh! ¡No dudan! ¡No defienden! ¡No defienden ni siquiera a quien tuvo esa lealtad! ¡Y miren que tuve muchísimas discrepancias con el ministro Menéndez! La mayor prueba de que el presidente y el secretario de la presidencia sabían todo esto es este expediente de solicitud de venia. No citan otro fundamento que la omisión deliberada de informar. Dicen que no informaron en forma deliberada cuando el propio ministro de Defensa Nacional dijo que informó, cuando el comandante en jefe dice que informó y cuando los cuatro generales dicen que informaron. ¿Y qué dicen? No está en el expediente. Van contra toda la doctrina jurídica, contra el principio de trascendencia, de finalismo. Se cumplió; no hay nulidad si se cumplió y lo aceptan los propios involucrados. ¡Y lo aceptó el comandante en jefe del Ejército! ¡Y lo aceptó el ministro de Defensa Nacional! ¡Y lo acepta en los hechos el presidente de la república cuando no cita esa resolución! Y sancionan a todos menos a los responsables. ¿Quiénes no asumen sus responsabilidades? Los máximos responsables.

Todos sabemos que por un asunto de estos no vamos a reclamar una responsabilidad política del presidente a pocos meses de una elección, pero creo que el senador Michelini pidió la renuncia del secretario de la presidencia. ¿Acaso se olvida de que la pidió? ¡Públicamente la pidió! Dijo: «¡No puede seguir estando en ese cargo!». ¿Y ahora no dice nada? ¿Ahora no dice nada de que pidió la renuncia del secretario de la presidencia por estas actuaciones? ¿No debe el Senado pedir que venga el secretario de la presidencia a la Comisión de Defensa Nacional a explicar?

Y lo último: para evitar que se sepa la verdad prohíben a los sancionados venir al Senado. Con su mayoría, prohíben que los abogados vengan al Senado. No permiten que se cite al secretario de la presidencia y al entonces comandante en jefe. No quieren que se sepa la verdad; quieren que lo político esté por encima de lo jurídico. Si esto está tan bien, ¿por qué no pueden venir a declarar, no ya los cuatro generales, sino el comandante en jefe, o el secretario de la presidencia para explicar su rol? ¿Por qué no? Porque, con la mayoría, el Frente Amplio no quiere que el doctor Toma venga a explicar su actuación en esto. ¡Esa es la verdad! De ahí la necesidad, antes de adjudicar responsabilidades y de otorgar la venia, de conocer a fondo lo que sucedió. No se trata solamente del derecho de defensa que tienen los cuatro generales cuya venia se solicita, sino del derecho del Senado a conocer la verdad antes de otorgar una venia. No es que queramos citar a los cuatro generales solamente para darles la posibilidad de defensa, a lo que tienen derecho de acuerdo al artículo 66 de la Constitución; queremos citarlos para saber qué pasó. ¡Queremos citar al excomandante Manini Ríos para saber qué pasó! ¡Queremos citar al doctor Toma para saber qué pasó! Pero no; se habla de lealtad institucional hacia el Poder Ejecutivo para otorgar la venia. ¡No! ¿Qué lealtad institucional debe tener el Parlamento hacia el Poder Ejecutivo? ¡No! ¡Nosotros tenemos lealtad institucional hacia la Constitución de la república! ¡Y ese es nuestro deber! Si se nos pide una venia, nuestro deber es cumplir con el Estado de derecho. No se trata solamente de otorgar esa venia porque la pide el Poder Ejecutivo; tenemos que pronunciarnos, preguntarnos y formarnos la opinión.

El derecho de defensa es un derecho humano. El derecho a ser oído es un derecho del que no se puede privar a nadie. Es un derecho que tiene miles de años, que viene de la Grecia de Aristóteles y Cicerón; viene de la reacción de no decir que sí cuando piden la cabeza de dos y la multitud grita: «¡Liberar a Barrabás!», y de no traer la cabeza de Juan en una bandeja. Es lo mismo que decía ese abogado formidable que fue Deséze en la Revolución francesa, cuando se quería condenar sin dar esa oportunidad: «Busco jueces y solo veo acusadores». Está en la carta magna desde 1215; es el derecho que tiene toda persona para que antes de que se tome una decisión sobre ella pueda articular una defensa. Es ese derecho que está en la obra de Shakespeare, en el momento cúlmine de El mercader de Venecia, cuando Bassanio pide al juez que haga un pequeño mal, que viole una ley para hacer un gran bien. No se nos puede pedir que violemos la ley y otorguemos una venia que no podemos otorgar para hacer lo que les parece que es un gran bien. ¡No! ¡Porque el día que pasamos por arriba de las normas se acabó todo! Porque en mis cincuenta y nueve años de vida nunca violé una norma y no quiero, a esta altura de la vida, porque lo piden y lo gritan algunos, empezar a hacerlo.

Lo mejor es que este pedido de venia vuelva a la comisión, se cite al secretario de la presidencia y a los cuatro generales, se escuche al excomandante en jefe del Ejército y averigüemos bien qué pasó. Si efectivamente se cumplió con el artículo 77, como dice el excomandante en jefe del Ejército, como afirmaba por carta el exministro de Defensa Nacional y como estoy seguro de que, si es una persona de honor, el secretario de la presidencia va a reconocer, entonces, no otorguemos una venia de pase a situación de retiro obligatorio para cuatro personas que cumplieron con su deber.

Muchas gracias.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor presidente: en realidad el carácter de mi pedido era de aclaración, porque a lo largo de esta sesión hemos oído que representantes de los tres partidos de la oposición omiten que el presidente de la república pasó todo a la Justicia. Entonces, creo que acá no hay por qué preguntarse reiteradamente: «¿Y el presidente qué?». Tampoco podemos decir que se cortó por el lado más corto o que se necesita más información. Una vez que se corrobora que en el fallo no están los aspectos más graves –eso es lo que importa–, el presidente pasa todas las actuaciones a la Justicia. Sea antes, después o cuando sea, acá no hay impunidad; acá resuelve el propio presidente.

Como Parlamento nosotros tenemos una competencia y eso ha quedado claro. La mayoría de los expertos en asuntos legales informan que es este cuerpo el que debe expedirse. Entonces, no busquemos excusas. De parte de algunos puede haber un error en el motivo del pase a situación de retiro obligatorio; en otros puede haber falta de información para conceder este retiro. Puede haber una variedad importante, tantas como senadores hay acá, pero lo que no admite dos lecturas es que se cometieron delitos aberrantes y que ese fajo de papeles, tanto en esta banca como en aquella, muestra que esos delitos no constaban en el resumen ni tampoco en el fallo que condensaba las actuaciones del tribunal de honor.

Por lo tanto, nosotros no podemos seguir buscando excusas, sino que responsablemente tenemos que apuntar hacia esas graves cuestiones. El señor presidente ya se puso en manos de la Justicia, así como también a su equipo y todas las actuaciones. Si a nosotros se nos pide que demos trámite a la solicitud de pase a situación de retiro obligatorio, ¿no lo vamos a hacer aduciendo razones formales o falta de información? ¿Qué más necesitamos que las aberraciones que contiene el expediente de que disponemos para pronunciarnos?

Señor presidente: creo que no hay excusas, y de lo que se trata es de que cada uno de nosotros asumamos nuestras responsabilidades.

Muchas gracias.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor presidente: hoy estamos ante una votación que parece una derrota anunciada, porque sabemos que solo contamos con los votos del Frente Amplio para disponer el pase a situación de retiro obligatorio de estos militares.

Quiero historiar brevemente cómo llegamos acá, cómo puede ser –usando las palabras del señor senador Michelini– que el Senado no consiga los votos para pasar a retiro obligatorio a generales que participaron en un tribunal de honor en el cual admitieron el deshonor de algún integrante por no haber amparado a su compañero de armas, pero no admitieron el deshonor que significan veintiocho brutales asesinatos. Ese es el quid del asunto y no otro.

¿Cómo llegamos a esta situación? Primero, la oposición pidió que liberaran las actas, y se liberaron. Después, la oposición pidió que comparecieran los generales, pero no era procedente. Más tarde, la oposición dijo que no se precisaba la venia del Senado, porque en realidad la Constitución está por encima de la ley. No voy a repetir toda esta sarta de argumentos leguleyos que nunca iban a impedir que llegáramos aquí a dar estado público a esta cuestión. Lo más importante hoy es dar estado público a la cuestión y que todos y cada uno de nosotros votemos con conciencia política las venias de pase a situación de retiro obligatorio de generales que no consideraron un deshonor los crímenes de lesa humanidad. Eso es todo; esa es la sustancia del asunto.

Luego de demostrar que por la Ley n.º 19189 se requería la venia, vino el último argumento: precisaban que vinieran los integrantes de la cátedra de Derecho Constitucional. ¿Cuál es el problema en todo esto? ¿Por qué tantas excusas, dilatorias y obstáculos en el camino para llegar acá? Es el mismo obstáculo que se expresa en esta proposición que considero falaz: «Bueno, si el presidente hubiera homologado el fallo del tribunal porque sus miembros dijeron que no era un deshonor asesinar, matar y torturar, nosotros estaríamos votando las venias». ¡Ah no, no, no! Yo no lo creo, para nada lo creo. Si el presidente hubiera dicho expresamente: «Estoy homologando este fallo a pesar de no compartir sus fundamentos, porque no puedo tolerar que no se considere un deshonor para las Fuerzas Armadas torturar, violar, matar y secuestrar», esta situación se iba a dar igual. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque sí lo político está por encima de lo jurídico. Ese es el problema.

Y acá hay dos visiones políticas sobre la impunidad, que luego se tradujeron en doctrina jurídica. ¡Ja! ¿Quién fundó la impunidad? La impunidad la fundaron las leyes y las prácticas jurídicas que la sostuvieron a lo largo del tiempo. Por eso estamos acá. Y nosotros no estamos ahí, ¿eh? ¡No tenemos nada que ver con las iniciativas políticas que fundaron la impunidad de este país! ¡Nada que ver! El Frente Amplio está libre de esa responsabilidad de construcción jurídica de la impunidad. Es el huevo de la serpiente, señor presidente, y lo que nos trae acá.

Siempre me resulta muy significativo y muy llamativo que senadores que fundan la juridicidad aprobando leyes en este Parlamento digan que lo jurídico está por encima de lo político, porque acá estamos creando leyes todo el tiempo. Insisto: por supuesto que lo político creó lo jurídico y lo político empezó con la aprobación de la ley de caducidad en 1986.

(Ocupa la presidencia la señora Lucía Topolansky).

–Independientemente de esto, quiero decir lo siguiente. Quien diga que el presidente, el Poder Ejecutivo, solicita el pase a retiro obligatorio de estos generales solo en cumplimiento del artículo 77, no leyó entero el tomo que nos repartieron y que, no sé en qué página, contiene toda la resolución del Ministerio de Defensa Nacional.

Señora presidenta: en el punto III) de la resolución se dice: «que el Poder Ejecutivo no comparte los fundamentos del Tribunal, en cuanto entendió que los hechos no están lo suficientemente aclarados, al existir la imposibilidad de reconstruir situaciones…». Reitero: «el Poder Ejecutivo no comparte los fundamentos del Tribunal».

Los antecedentes remitidos al Poder Ejecutivo, que vienen con estas páginas del señor Manini Ríos, tampoco son compartibles. Bueno, ya me voy a referir a lo que dice Manini Ríos, hoy candidato presidenciable.

Se dice que no se comparten los fundamentos del tribunal, se cree que todos los razonamientos socavan el prestigio del Poder Judicial, pero aun así se homologa este fallo a los efectos de que proceda el pase a situación de retiro obligatorio. ¡Vamos a entender lo que se dice! En ningún momento el Poder Ejecutivo omite decir que está en desacuerdo con los fundamentos del fallo. Figura aquí en los apartados III), IV) y V). ¡Por favor, está acá adentro!

Entonces, dejemos toda esta elucubración de que solo se remite al artículo 77 y que, en realidad, se está avalando el fallo del tribunal. El Poder Ejecutivo dice que es un disparate. ¿Por qué es un disparate? Porque no vamos a omitir lo esencial. Y lo esencial es que el señor Manini Ríos, en ese momento en funciones, dice que no existieron las garantías del debido proceso y que la Justicia condenó –a estos inocentes militares, según él– «en base a conjeturas o convicciones inadmisibles sin pruebas fehacientes». Ya desacreditó a la Justicia por inútil, pero, además, agregó: «fraguadas o inventadas». No solo la Justicia es inútil, sino que los testigos mienten y la Justicia se traga todas esas mentiras. Lo del señor Manini Ríos es inadmisible, y terminó con su destitución.

Luego aparece toda una discusión, que para quien nos escucha es incomprensible, sobre si en presencia de estos hechos delictivos el tribunal lo comunicó, o no, al superior. Con respecto a esto hay una discusión que yo quiero zanjar muy rápidamente. El ministro Bayardi concurrió a la Comisión de Defensa Nacional y dijo que las comunicaciones que existen en los tribunales figuran en los expedientes y son expresas; no hay comunicaciones informales del tribunal, del tipo: «Manini, mirá que ahí hay unos delitos, tené cuidado». No, no funciona así. Tiene que haber un expediente, tiene que estar documentado. Ya lo dijo Bayardi.

Entonces, quiero ir eliminando los argumentos jurídicos. El primer argumento jurídico es que la homologación del fallo no contiene lo que sí contiene, es decir, que el Poder Ejecutivo dice que homologa el fallo, pero que no está de acuerdo con su fundamento. El Poder Ejecutivo tiene derecho a homologar un fallo y decir que no está de acuerdo con su fundamento; esto es jurídico. El segundo argumento jurídico refiere a la comunicación, y si existió comunicación a Manini tiene que figurar en un expediente. ¡Vamos! Pero eso oculta de nuevo lo esencial, y es que el Poder Ejecutivo pasó todo esto a la Justicia. ¿Cuándo pasó esto antes? ¡¿Cuándo?! ¿Cuándo tuvimos una fiscalía especializada en derechos humanos?, fiscalía que ya tiene un pedido de inconstitucionalidad, ¡ojo!, no vayamos a tener una fiscalía especializada en derechos humanos, vaya a saber qué violamos de la Constitución con eso. ¿Cuándo tuvimos una fiscalía especializada en derechos humanos? ¿Cuándo destituimos generales por un tema de derechos humanos? ¿Cuándo?

Un historiador dijo: «La decisión de Tabaré Vázquez representa un gesto de autoridad y un cambio en la política militar, pero para que exista un cambio de rumbo se necesita algo más que destituir a una camada de generales. Se necesitará una política sistemática que trabaje sobre la formación de los militares y sobre la vida cotidiana en el cuartel. La mentalidad militar de la época de la dictadura tiene una capacidad de reproducción muy grande». Porque los militares que consideran que no es un deshonor violar, matar, secuestrar o torturar tienen mi edad, señora presidenta, no tienen ochenta años.

Hace algo más el tribunal de honor y Manini Ríos es su exponente, es la punta del iceberg de lo que pasa. Lo que hace, lo que dice, cómo lo dice y, finalmente, su derrotero político posterior, que pone en la escena de la política partidaria la defensa de la corporación militar –esa es su candidatura–, es la punta del iceberg: él lo expresa, pero allí está el huevo de la serpiente. Cuando dicen que los delitos de lesa humanidad no están aclarados, ¿qué es lo que tratan de transmitir a la sociedad? Que esto de las violaciones a los derechos humanos, ¡ojo! no está muy claro. Es como aquellos que querían negar el genocidio judío; hay películas sobre eso. Nosotros luchamos porque la Justicia decidió que los delitos de lesa humanidad habían prescripto; ellos se basan en eso, porque preguntan cómo se pueden aclarar sucesos que pasaron hace cuarenta años. Quiero decir a esos señores y a esas señoras que si fuera así, no hubiera existido el juicio a Eichmann en Jerusalén, porque habían pasado muchos años. Ese juicio es ejemplar de esto, porque en la banalidad del mal –como dice Hannah Arendt– Eichmann se excusaba igual que lo hace Gavazzo, señora presidenta: «Yo solo cumplía órdenes». Eso es lo que está en discusión acá. Ese es el origen de la impunidad: «Yo solo cumplía órdenes». Las órdenes aniquilan cualquier responsabilidad moral, que la tiene el otro.

¿Qué es lo que dice Manini Ríos? Que todo esto de los derechos humanos es un invento, las pruebas están fraguadas, esto no es verdad. Eso es lo que está diciendo y eso es lo que es inadmisible. Sobre todo, es inadmisible no porque haya habido una, dos o tres sentencias, sino porque el Tribunal de Apelaciones, cuando considera toda la prueba, dice que es «francamente agobiante –¡agobiante!– en su capacidad incriminatoria».

Entonces, señora presidenta, como no se quiere discutir esto, que es el huevo de la serpiente, que es la doctrina de la impunidad, empezamos a discutir si Manini Ríos informó o no y empezamos a discutir sobre todos estos vericuetos legales que poco importan. Insisto, el Poder Ejecutivo dice que no comparte los fundamentos del tribunal y que no los comparte por esto, por esto y por esto, porque desacreditan a la Justicia, etcétera, etcétera.

Ahora, en medio de la discusión tenemos un tema, el del honor, que aprovecho a mencionar porque el Senado va a tener que tratar la Ley Orgánica Militar y allí está el tema del honor. Empiezo por lo siguiente: ¿por qué son cesados los generales? Porque los crímenes de lesa humanidad para ellos no son un deshonor, porque los crímenes de lesa humanidad están mal juzgados por la Justicia, que acepta testimonios fraguados, inventados o inconsistentes, pero sí es un deshonor no amparar a su colega de armas Juan Carlos Gómez, que era inocente. Eso es lo que dicen los tribunales.

Ley, honor y disciplina. ¿Qué es el honor? Como mencionó aquí el señor senador Martínez Huelmo, este concepto aparece en el Reglamento de los tribunales de honor, que es un horror. Ese Reglamento dice que el honor es una religión –ya no me gusta, soy laica– y luego lo arregla un poco, diciendo «la religión del deber». El honor, señora presidenta, que es una virtud antigua, muy patriarcal, por cierto, ya aparecía en aquello de que si violabas a una muchacha pero te casabas con ella para salvar el «honor», desaparecía el delito; recordemos la palabra «honor» en nuestro Código Penal. Se trata de una virtud codificada en la Edad Media, propia del antiguo régimen de la nobleza de la sociedad estamental.

En España en 1978 eliminaron los tribunales de honor, pero los nuestros –que es donde también está una parte del huevo de la serpiente– dicen muchas cosas, algunas terribles, pero que, como feminista, tengo que decir: «La esposa del militar debe pertenecer al mismo medio social y a una familia que no le desmerezca ante el cuerpo de oficiales». Además, los oficiales, por supuesto, no pueden presentarse vistiendo su uniforme con mujeres conocidas como prostitutas o hacerlo de civil en lugares concurridos por personas honestas. Deben velar por tener las relaciones sociales adecuadas. Todo esto está en el Reglamento de los tribunales de honor, pero lo más importante es que la lealtad a sus compañeros de armas, la discreción y el velar por la seguridad nacional están por encima de cualquier otra consideración.

Entonces, ¿por qué los tribunales de honor no condenan por delitos de lesa humanidad? Porque no tiene nada que ver con el honor –el honor implica cumplir las órdenes– que estos militares hayan violado, secuestrado y atado con alambre de púa, como dice Berrutti, quien afirmó que todos los días «entregaban gente, que había que matarlos y eliminarlos con alambres de púa. Yo actué de acuerdo a mi propia conciencia. ¿Yo qué hice? Los metía en el cajón». Pero esto no es una falta al deshonor porque se cumplía con el mando, se cumplía la ley de la obediencia debida. En cambio, como Gavazzo no informó que Juan Gómez era inocente, se resolvió el pase a reforma.

Gilberto Vázquez, autor de veintiocho homicidios, no fue juzgado por los tribunales de honor por el deshonor de sus actuaciones criminales, pero sí fue juzgado por el tribunal de honor el jefe de Sanidad Militar que permitió que se fugara. Ese sí pasó a reforma; él no. Esos son los tribunales de honor, y ese es el huevo de la serpiente.

Vuelvo a Hannah Arendt en «Un informe sobre la banalidad del mal»; dice que no se trata de que los criminales nazis fueran personas malvadas –seguramente eran buenos hijos de sus padres, buenos esposos, amantes padres de sus hijos, a quienes besaban y acostaban tibiecitos todos los días–, no eran malas personas, sino que cumplían órdenes.

Señora presidenta: nosotros vamos a votar la destitución de los generales, primero, por encubrir la verdad y, segundo, por desacreditar a la Justicia y no considerar deshonroso matar, asesinar y ocultar. Esa es la verdad, señora presidenta, y no otra. Y es la verdad que nunca habían sido destituidos mandos militares por temas de derechos humanos. ¡Y la verdad es que el Poder Ejecutivo pasó este tema a la Justicia! ¡Esa es la verdad! No sé si lo hizo en el momento uno o dos, ¡esa es la verdad!

También la verdad es que la memoria está muy viva. La memoria está vivita y coleando. La memoria no se pierde. No tenemos ojos en la nuca. Todo lo que pasó ayer, está, y continúa pasando ahora.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Entiendo el esfuerzo dialéctico que está haciendo la señora senadora Moreira, pero si se lee la primera página del repartido que todos los senadores tenemos sobre la mesa, se puede ver que está el mensaje 12/19, firmado por el doctor Tabaré Vázquez y el señor Daniel Montiel Méndez, que en el segundo párrafo dice: «La decisión –se refiere a pedir la venia de destitución– se adopta en atención a la actuación que tuvieron los citados señores Generales en el Tribunal de Alzada y Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores del Ejército, que juzgaron las conductas de los Coroneles en retiro Juan Silveira y Luis Maurente y Teniente Coronel en retiro José Gavazzo, al haber tomado conocimiento de declaraciones vertidas por los indagados –entre ellos del mencionado en último término–, que constituyen presuntos delitos, omitiendo en forma deliberada cumplir con lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento de los Tribunales de Honor aprobado por el Decreto 55/985». Con respecto a cualquier otro fundamento que no sea el incumplimiento de la omisión deliberada, acá no se dice nada. Lo que nos envió el presidente de la república es una carilla y poco, y el único fundamento es este. Los papeles hay que leerlos, nosotros tratamos de hacerlo. Entendemos que en la resolución adoptada después de que se conocieron los hechos, se incluyó el cuestionamiento a la Justicia, etcétera, pero en el mensaje que mandaron al Parlamento, y en lo que pidieron al Parlamento, solamente se cita la omisión deliberada de cumplir con el artículo 77, y eso fue lo que dijimos. Y seguimos sosteniendo que hay que cumplir con la ley, que nunca lo político puede estar por encima de lo jurídico, porque el día que aceptemos que lo político está por encima de lo jurídico vendrá la barbarie.

Muchas gracias.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Muchas gracias.

Aclaro: la barbarie es de lo que estamos saliendo. Pero, además, es como decir que en este proyecto de ley se pide que se modifique la Ley n.º 16237, y no se dice nada más; hay que leer las disposiciones citadas que dicen que se trata de esa ley. Entonces, si el señor senador Bordaberry hubiera leído la decisión n.º 1362, mensaje del Ministerio de Defensa Nacional, y la decisión n.º 1322, vería que trae todos los fundamentos del mensaje del Poder Ejecutivo. Sería como las disposiciones citadas: son los antecedentes, las razones por las cuales se homologa el fallo sin conocer los fundamentos.

No voy a detenerme más en esto, señora presidenta, pero si nos importa mucho lo jurídico, hay que leer bien los documentos. Insisto: es como pedir la modificación de la Ley n.º 16237, sin conocer sus antecedentes. Y, repito: la barbarie era lo que había antes; con estas cosas estamos saliendo de la barbarie, un poquito.

SEÑORA PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los alumnos de la Escuela n.º 239 de Montevideo.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Muchas gracias.

Como se ha dicho acá –lo expreso públicamente, más allá de que es un hecho notorio–, yo firmé y voté en contra de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, sobre la que tengo el convencimiento de que fue consecuencia del acuerdo para la salida alcanzada en el Pacto del Club Naval, que dividió a la sociedad y a nuestro partido.

Mi posición fue no estar en contra de una institución, sino contra quienes violaron los derechos humanos en el Uruguay. Ahora, ¿por qué estamos acá? Señora presidenta: hoy estamos acá porque el periodista Leonardo Haberkorn, del diario El Observador, publicó un artículo el sábado 30 de marzo de 2019. Si este artículo no se hubiera publicado, quizás no estaríamos acá. Esa es la verdad, todo lo demás es relleno, para un lado y para otro. La verdad es –y lo repito– que estamos acá porque ese día salió un artículo titulado «Páginas negras para el Ejército».

Y vamos a refrescar una norma, el artículo 168 de la Constitución de la república que dice: «Al Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, corresponde: 2) El mando superior de todas las Fuerzas Armadas». Entonces, nos preguntamos: ¿estamos en esta situación por la desidia del presidente de la república? Tal vez sí. ¿Por su enorme irresponsabilidad? Tal vez; tal vez. Lo seguro, lo cierto, es que estamos acá porque Tabaré Vázquez ha sido un mal comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¡Un mal jefe! Pero algo más: estamos en esta situación porque, como lo relaté, un periodista, al revelar las declaraciones del señor Gavazzo, evidenció que la actitud de Vázquez respecto de los derechos humanos ha sido, por lo menos, prescindente. En función de los hechos, se ha echado una suerte de manto de desinterés; el presidente de la república no leyó; dijo que no leyó, que era uno de cincuenta expedientes. No, este no era uno de cincuenta expedientes, era ¡el expediente!; era el expediente vital que debía haber controlado él o las decenas de funcionarios que tiene a su cargo un presidente de la república. Pero él tenía que saber y ¡él sabía! ¡Él sabía! ¿El campeón de los derechos humanos no leyó el expediente de uno de los principales violadores de los derechos humanos en el Uruguay? ¿La fuerza política que él representa tiene como presidente a una persona que no lee o dice no conocer el contenido del fallo que después homologó? Realmente, parece increíble porque, además, el exministro de Defensa Nacional, como ya se relató, concurrió con dos profesionales a decírselo al secretario de la presidencia. Tanto es así que hasta un senador de este Parlamento y del oficialismo le pidió públicamente la renuncia. ¡Le pidió públicamente la renuncia! ¡Debía renunciar! ¿Dónde está Toma hoy? Toma, el secretario de la presidencia, viajó a Roma por una audiencia del Plan Cóndor y para hablar de Gavazzo. ¡Pero miren qué notable! ¡Toma está en Roma para hablar de Gavazzo en una audiencia sobre el Plan Cóndor! ¡Sensacional! ¡Gol, Abbadie! ¡Pero este tema es tristísimo! ¡Tristísimo!

¿En serio nos quieren hacer pensar que el presidente de la república no sabía? No puedo creer que no lo supiera, pero lo que sí es claro y contundente es que homologó el fallo. ¡Homologó el fallo! ¿Lo homologó sin saber el contenido? ¡No, no, no! ¡Sabía! ¡Todos sabían, pero no querían actuar! Y lo que puso en evidencia que no querían actuar es que el exministro Menéndez fue a hablar y a alertar al secretario de la presidencia sobre que había que denunciar y no lo hicieron. ¿Alguien puede creer? ¿Los mismos senadores que interpelan a la oposición porque no vamos a votar esto pueden hacer creer que no hay responsabilidad del presidente y del secretario de la presidencia, siendo que fueron alertados por el exministro de Defensa Nacional, que tuvo que ir acompañado por dos profesionales? ¡Por favor! ¡Por favor! Realmente, esto significa una suerte de engañifa, pues otro título no se le puede poner. ¿¡Andaba un elefante dentro de la Torre Ejecutiva y no lo vieron!? ¿¡Pisaba los despachos y no lo vieron!? El expediente que está ahí –o a la copia–, que no sé cuántas fojas tiene, ¿no lo vieron? ¿No lo vieron? ¡Vamos a ser serios! ¡Seamos serios! ¿No lo vieron? El tema es que recurrieron al mecanismo del siga-siga; ese es el asunto.

Además, me dicen que el presidente Vázquez denunció, pero ¿cuándo denunció esto a la justicia penal? ¿Cuándo lo hizo?

El artículo se presentó por parte del periodista Haberkorn el 30 de marzo, y el presidente, ¿cuándo denunció, señor senador García? ¿Cuándo denunció el presidente?

(Interrupción del señor senador García que no se escucha).

–¡El 1.º de abril! ¡Denunció el 1.º de abril! ¡Por favor! ¿Y antes firmó y homologó el fallo? Pero ¿a quién pueden hacerle creer esto? ¡Tenemos que procurar ser serios, por lo menos! ¡Actuaron al impulso del periodista Haberkorn! ¡Hicieron la denuncia penal –o trasladaron todo a la Justicia– al día siguiente de que salió el artículo en el diario El Observador! Esta es la mera descripción de la cronología de los hechos. ¡Por favor! ¡Y se nos pide a nosotros conducta con respecto a estos perversos generales sobre los que hoy quieren discutir su destitución! No sé, pero la verdad es que, reitero, aplicaron el siga-siga.

Vayamos ahora a otra fecha que es relevante.

Antes, consulto a la presidencia cuántos minutos me quedan.

SEÑORA PRESIDENTE.- Le restan siete minutos, señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Gracias.

Como decía, veamos otra fecha absolutamente relevante. Pido al señor senador García que me ayude si le erro, porque él leyó esto e integra la comisión. ¿Cuándo hizo las declaraciones que nos ocupan el señor Gavazzo? El 13 de junio de 2018, ¿es así?

SEÑOR GARCÍA.- Efectivamente.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¡El 13 de junio de 2018! ¡El 13 de junio de 2018! ¡El 13 de junio de 2018 Gavazzo hizo las declaraciones que todos conocemos! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo: ¡nueve meses! ¡Nueve meses! ¡Estaba la declaración de Gavazzo aceptando sus dichos y no lo vio nadie! ¡No lo vio nadie!

SEÑOR MICHELINI.- ¡Los generales que tenemos acá!

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¡No! ¡No lo vio nadie! ¡Qué los generales! ¡No interrumpa de esta manera! ¡Le doy una interrupción cuando usted quiera! Mejor aún, aludo al senador Michelini para que hable. ¡Puede considerarse aludido! Pero no le concedo intervención ninguna. Es más: ¡respéteme!

Pero ¡nueve meses! Sabían del tema de las declaraciones del criminal Gavazzo. ¡Nueve meses! Aclaro que no quiero hablar de una persona fallecida, porque hay que respetarla; pero pregunto si el principal responsable después de Vázquez, el excomandante en jefe del ejército Manini Ríos, ¿no conocía esto? ¿No conocía las declaraciones de Gavazzo? ¿No alertó al Poder Ejecutivo? Estoy convencido de que sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sabían todo! ¡Si no, es inexplicable que una declaración tan aterradora, tan indignante, hecha con tal desparpajo y tal frialdad termine con la insensibilidad de todos los que debieron conocer y no lo conocieron! ¡Y vienen acá a pedirnos conducta, golpeando el pupitre! No. No. No. Esta no la llevo, porque me parece que está mal, muy mal, que se pretenda ir por este camino, por esta línea.

A mi entender, el gran responsable es el presidente de la república. Considero que los generales –lo voy a decir con todas las letras–, que hoy están en la picota, que son objeto de este pedido de destitución, ¡los dejaron ensartados en la estaca! ¡Así de simple y claro! ¡En Pampa y la vía! Porque si el señor Gavazzo declaró lo que declaró el 13 de junio del 2018, teniendo conocimiento de que cuando esta declaración se produjo se alertó al comandante en jefe Manini Ríos de estas declaraciones, pero el expediente quedó parado el día 13 de junio, se puede suponer que alguien dijo: «Siga, siga». Reitero: alguien dijo «Siga, siga».

En definitiva, señora presidenta, no voy a votar esta propuesta, entre otras cosas, porque han estado catorce años en el poder para llevar adelante un proceso de reformulación y de devolver el prestigio a las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, pero no lo han hecho, porque no han tenido política en esta materia, porque las han dejado como en un estamento cerrado, y todo el mundo lo sabe. Más aun, porque toda vez que precisan algo para justificar el tema derechos humanos acuden rápidamente a las Fuerzas Armadas como si fueran un trapo de piso. Lo ratifico porque lo dije en un pedido de interrupción. En mi opinión, así no se construye nada.

Hoy, si hay encubrimiento a la verdad, como se dijo acá, el gran responsable se llama Tabaré Ramón Vázquez Rosas.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra por una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: la situación a que hace referencia el senador Larrañaga es realmente la que mencionó hace rato la señora senadora Moreira. Ese es el encubrimiento de los generales. Como dije al comenzar la sesión, no hay constancia en las actas de esto. Se supone que fue verbal, pero no hay constancia. Por lo tanto, señora presidenta, esto es necesario aclararlo, porque no es cuestión de endilgar al presidente Tabaré Vázquez cuando las gestiones que se estaban cumpliendo durante nueve meses –en junio del 2018– eran en el seno del tribunal de honor.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra por una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: trataré de hablar con la mayor tranquilidad posible, pues parece que poner pasión a las palabras es pecado en el Senado.

No quiero hacer alusiones, pero cuando el senador Larrañaga lea en la versión taquigráfica sus propias palabras ahí va a ver el argumento. Si desde junio del año pasado hasta febrero, que es cuando se le informa a Menéndez, los generales y el comandante en jefe no informaron es porque deliberadamente ocultaron la información. Reitero: deliberadamente ocultaron la información. Y salvo que se quiera deshonrar la memoria de Menéndez, el poder político se enteró en febrero de este año.

Si el señor senador Larrañaga tiene razón y el Gobierno a partir de febrero de este año aplicó el mecanismo del siga-siga –como él jocosamente lo dice, «y siga-siga»–, yo no quiero que el Senado diga «siga-siga».

Insisto con mi argumento: ya no se trata de Vázquez, sino de cada uno de nosotros, de lo que vamos a hacer hoy, de lo que vamos a votar.

Si alguno de nuestros hijos se dedica a estudiar la política o a la vocación militar, nos va a preguntar qué hicimos hoy, cuál es nuestro ejemplo de militar. Incluso para esos cadetes, cuál es el ejemplo de militar. ¿Son estos cuatro generales que hicieron el siga-siga? ¿O es un Senado de la república que al siga-siga le puso un parate? Más aun, en el razonamiento más duro contra el Gobierno el Senado no puede dejar que estos generales continúen en el mecanismo del siga-siga.

Señora presidenta: fui muy crítico con la jurídica de presidencia, y si es Toma, es Toma, pero si fue otro, fue otro. El tema es que no nos llega una venia sobre Toma, sino la de los generales. Frente a los generales no tengo ninguna duda: estos generales no son ejemplo para los cadetes del futuro. Parece que para otros senadores o senadoras sí: ellos son los ejemplos para los cadetes del futuro.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Señora presidenta: recientemente se ha dicho, como emplazando a nuestra bancada, que venimos a pedir conductas; realmente es así, venimos a pedir y a rescatar conductas. Creo que nuestra fuerza política, en este tema, tiene antecedentes como para posicionarse en esa situación de reclamar conductas porque hemos sido consecuentes en esto junto a innumerables organizaciones de la sociedad civil. Y para esto basta demostrar –fue ratificado, incluso, por el propio ministro Bayardi en la comisión– que es a partir de que llega el Frente Amplio al Gobierno que se abren investigaciones en este sentido. Por eso, venimos a rescatar conductas.

Esa conducta que con vehemencia hoy se exige al presidente de la república, nosotros tenemos antecedentes para reclamarla, porque esas conductas no fueron llevadas adelante por quienes desde 1985 a 2005 tenían la mayoría en este Parlamento. En ese período no se convocó nunca a ningún general para que viniera a dar cuenta de cosas que no se necesitaba que estuvieran escritas en actas de un tribunal de honor, porque se sabían, porque había testimonios, de ciudadanas y ciudadanos que estaban viviendo en nuestra sociedad, sobre cómo se habían infringido las normas de los derechos humanos y que no se había respetado la dignidad humana. Sin embargo, nunca escuchamos que se levantara una voz, en aquellos sectores mayoritarios en este Parlamento, para reclamar tan vehementemente que se escuchara a los generales. Hoy se reclama que se escuche a los generales y al ex comandante en jefe para que articulen su defensa. Pero nunca anteriormente se reclamó con vehemencia convocar al comandante en jefe y a los generales para que dijeran qué hicieron en el pasado reciente. ¡Nunca!

Entonces, no nos vengan a marcar ahora conductas en este tema. La realidad acá es que se instituyó la impunidad a partir de que el Partido Colorado y el Partido Nacional acordaron votar una ley de impunidad, más allá de que es cierto que algunos sectores –como recién decía el señor senador Larrañaga–, por suerte, acompañaron al Frente Amplio y a organizaciones de la sociedad civil para rebelarnos frente a eso.

Por lo tanto, tenemos razones para reclamar que aquí hay una responsabilidad del Senado de la república para tomar resolución en este sentido. Yo estoy convencido de que si el compañero presidente Tabaré Vázquez hubiera tomado la resolución, por sí y ante sí, de remover y pasar a retiro a estos generales, también estaríamos discutiendo en este Senado y se estaría diciendo que el presidente se extralimitó y que violó los derechos de estos generales.

Acá estamos escuchando criticar al presidente de la república, que es quien ejerce el mando. Incluso, se ha dicho que Tabaré Vázquez ha sido un mal comandante en jefe. Pero ¿quiénes lo dicen? Quienes no obtuvieron el respaldo ciudadano para tener la dignidad del cargo que inviste como comandante en jefe. Entonces, es una cuestión valorable, subjetiva, no de razones fundadas. Aquí estamos en un procedimiento en el que somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de resolver y que está amparado por las normas.

Ahora bien, se dice que hay responsabilidad del Poder Ejecutivo porque estas cosas se sabían y no se hizo nada. Aquí hay una primera cuestión que señalaba la compañera senadora Constanza Moreira. En la resolución del Poder Ejecutivo de 12 de marzo de 2019, firmada por el presidente de la república y el ministro y en la que se homologan los fallos del tribunal especial de honor, se dice, en el considerando II), lo siguiente: «… las conductas sometidas a consideración del Tribunal Especial de Honor y Tribunal de Alzada, son indudablemente y también reprochables desde el punto de vista del honor, como cualidad moral que debe revestir todo miembro de las Fuerzas Armadas…». Y en el resultando V), se dice: «que sin embargo, entendió que existió falta contra el honor, porque los militares juzgados, teniendo conocimiento de la condena con prisión del Coronel en situación de retiro Juan Carlos Gómez (quien estuvo privado de libertad durante tres años y medio) por el fallecimiento de Roberto Gomensoro…». Este aspecto también fue señalado claramente por la compañera Constanza Moreira. Es decir, queda claro cómo se valora en forma distinta el honor dentro de esta institución militar. Sin embargo, aparentemente, para algunos de los que no van a votar, esto no importa. Se dice que las venias no se votan en el Senado porque el presidente homologó el fallo. Esta es una gran excusa, más grande que este Palacio Legislativo.

En el considerando VII) de la resolución del Poder Ejecutivo se expresa claramente: «que el cuestionamiento genérico realizado al Poder Judicial en los instrumentos agregados en el expediente, no se compadece con las apreciaciones incluidas en los mismos con referencia a ciertos casos, donde la actuación de la Justicia permitió el esclarecimiento de hechos, a satisfacción de quien escribe lo contrario». Esto también está en la balanza cuando vamos a votar las venias, más allá de que en la nota de comunicación se exprese que la razón es el incumplimiento del artículo 77 del Reglamento de los tribunales de honor, porque cuando el Senado tiene que valorar determinaciones de este tipo, debe considerar también el contexto, todos los elementos que cuentan para su posicionamiento. Por algo se incluyen estos elementos dentro de la solicitud del Poder Ejecutivo: para que tengamos en cuenta también un aspecto mucho más vasto que la simple señalización de que hubo un incumplimiento de determinada norma. Está dicho en el mensaje del Poder Ejecutivo y en los antecedentes. Ahora bien, acá queremos solamente hacer énfasis en el discurso, en algunas pocas cosas, y eso es poner lo político por encima de lo jurídico. No me vengan a embarrar la cancha. Parece que poner lo político sobre lo jurídico sucede solo cuando argumentamos nosotros, solo cuando nosotros defendemos los derechos humanos, solo cuando decimos que hay instituciones en las que algunos de sus actores han utilizado como política deliberada la de esconder.

¿Y por qué recién se pudo conocer este año el acta de fecha 12 de junio de 2018 a la que aludía el señor senador Larrañaga? Porque todos sabemos acá que hay cosas que se siguen escondiendo. ¿Cuántos informes equivocados le han acercado al presidente de la república para distorsionar este tema? ¿O nos olvidamos de esos episodios, que han ocurrido en este y en el anterior Gobierno del doctor Tabaré Vázquez?

Por otra parte, el Gobierno no tiene ningún objetivo de corregir rumbos. Lo planteo porque acá se ha criticado que se removió a quien había sido nombrado, unos días atrás, comandante en jefe. ¿Nos olvidamos también de que el doctor Tabaré Vázquez, siendo presidente, removió al comandante en jefe en su primer Gobierno, a pesar de que había sido nombrado en el cargo poco tiempo atrás, por haber incumplido ciertas conductas que él entendía que debían respetarse?

Entonces, estas determinaciones se toman en aras de seguir conduciendo un proceso político que hay que reafirmar. Estamos convencidos de que hay que hacerlo –no sé si algunos otros partidos están tan convencidos–, y eso se basa en que el poder civil y el poder de la ciudadanía tienen que estar por encima del poder militar, porque es justamente el poder ejercido por los más, es el poder de la democracia.

Entonces, señora presidenta, se están buscando una serie de artilugios y fundamentos para no asumir la responsabilidad de remover a generales del Ejército, en un acto que sin lugar a dudas es inédito desde que recuperamos la democracia a esta parte. Acá se removieron generales, coroneles, mayores, capitanes, en otra época. Recordemos que varios de nuestros compañeros fueron removidos sin ningún tipo de garantías, y algunos de ellos, como el general Líber Seregni, fueron condenados a estar varios años en prisión. Esas son las cosas que justamente no queremos que ocurran nunca más en este país. Queremos que haya garantías para las ciudadanas y los ciudadanos, y que los derechos y obligaciones que estos tienen abarquen también a quienes integran las Fuerzas Armadas. Es por eso que estamos convencidos de que el voto de la venia en el Senado reafirma esa conducta democrática y republicana de este país.

Por eso rechazamos enfáticamente que se busquen argumentos para no asumir la responsabilidad y trasladarla al presidente, al secretario de la presidencia o a quien sea. Hoy hay que levantar la mano para votar la venia, porque eso es lo que va a marcar la dignidad de las personas en la defensa de la democracia. ¡Eso es lo que va a marcar el convencimiento de que queremos seguir apoyando y aportando a la construcción democrática de este país!

En definitiva, señora presidenta, creemos que al votar la solicitud de venia enviada por el señor presidente de la república estamos actuando en defensa de la democracia y de las instituciones de este país.

Muchas gracias.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señora presidenta: el señor senador Pardiñas acaba de aludir, entre otros, a mi partido, comparando conductas y situaciones. Quiero decir claramente que ante una situación muy similar a esta, el presidente Batlle y el presidente Vázquez tuvieron conductas y actitudes distintas. Frente a situaciones repugnantes, que así son las que se comentan en el tribunal de honor ante las declaraciones de Gavazzo, el presidente Batlle tuvo la dignidad y la serenidad para no homologar el fallo del tribunal de honor. Tuvo la serenidad, la dignidad y la convicción que le faltó al presidente Vázquez. Ante hechos repugnantes, el presidente Vázquez homologó el fallo del tribunal de honor. Hizo más: lo ocultó; lo ocultó. Recién cuando el 30 de marzo aparece en el diario El Observador la investigación del señor Haberkorn, el presidente Vázquez reacciona. Y reacciona pidiendo la destitución de cuatro generales no por decir que esto no afectaba el honor de las Fuerzas Armadas, sino por omitir lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento de los tribunales de honor, que obliga a informar cuando hay algún delito. Esto lo hace el presidente Vázquez porque es cómplice de lo que dice el tribunal de honor. Entonces, no vengan a compararme lo de antes y lo de ahora. El presidente Batlle tuvo la dignidad de no homologar el fallo y el presidente Vázquez lo homologó.

Es por eso que me he sentido aludido, señora presidenta. Creo que vale la pena respetar las actitudes de quienes actuaron de una manera y enfrentarlas con las de quienes no tuvieron la dignidad de hacerlo.

Muchas gracias.

SEÑOR PARDIÑAS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Es cierto lo que está planteando el señor senador Amorín. El presidente Batlle no homologó el fallo, y quedó en eso. El presidente Vázquez homologó el fallo y derivó todos los antecedentes a la Justicia, como lo hizo desde 2005 en adelante y por eso están procesados varios violadores de los derechos humanos.

Gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: decía el general Seregni –una víctima de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la Dictadura y un luchador contra la impunidad– que los hechos son porfiados. Solía decirlo en relación a muchas situaciones. Y en este caso los hechos son porfiados. Los hechos indican una sola cosa: que si el periodista Leonardo Haberkorn no hubiera publicado el 30 de marzo la investigación que publicó, todo el expediente hubiera pasado a archivo, porque el Gobierno, el presidente de la república, había firmado, avalado, homologado, y hasta que no se hizo público esto, no había actuado de ninguna manera con respecto a todas las barbaridades y los hechos tremendos que estaban explicitados en ese expediente.

Los hechos son porfiados y no hay vuelta, porque la primera actuación del Gobierno y del presidente Vázquez fue el lunes 1.º de abril. En febrero se había homologado el fallo, y entre mediados de ese mes y el 1.º de abril el presidente de la república no había hecho absolutamente nada, más que avalar la actuación del tribunal de honor. Y ese es el grave problema que tenemos: el fallo del tribunal de honor de las Fuerzas Armadas.

La señora senadora Moreira nos creerá o no, pero si este pedido de venia de destitución viniera fundado en el contenido del fallo, el Partido Independiente lo votaría. Es más, el 31 de marzo –al día siguiente del artículo de Haberkorn–, quien habla pidió públicamente la renuncia del comandante en jefe por integrar ese tribunal de honor y por ser firmante de ese fallo, agraviante hacia las propias Fuerzas Armadas. Y esa destitución ocurrió al día siguiente, el 1.º de abril, porque ese general formó parte de la firma de ese fallo, que le hace daño a las Fuerzas Armadas. Son de las cosas que de una vez por todas hay que entender. Decir que no afecta el honor de las Fuerzas Armadas que oficiales en actividad, ejerciendo su función, torturaron, desaparecieron, violaron, hicieron toda esa barbarie que ocurrió en este país durante tanto tiempo, es tremendo. Es una grave afectación, que además las Fuerzas Armadas de hoy no se merecen. Las Fuerzas Armadas de hoy, que están integradas por personas que nada tuvieron que ver con aquellos hechos, deberían, por su propio bien y el de la democracia, decir que eso afectó radicalmente su honor. Son cosas que afectan la propia imagen y el prestigio de unas Fuerzas Armadas que creo que todo el sistema quisiera que fueran realmente prestigiosas en el mayor grado posible.

El problema es, entonces, que el Poder Ejecutivo no fundamentó este pedido de venia para disponer el pase a retiro obligatorio en el fallo. Quizás no podía hacerlo porque lo firmó, lo avaló, o sea, le dio su consentimiento. La gente se preguntará si lo leyó o no; supongo que la presidencia de la república –que a esta altura tiene un presupuesto mayor que el propio Parlamento y cada vez tiene más cantidad de personal– lo analizó y lo estudió, pero en todo caso, es responsabilidad del presidente el firmarlo.

Como venía diciendo, el Poder Ejecutivo avaló este fallo, y después de que se conociera públicamente –no a través del señor presidente de la república ni de ningún integrante del Poder Ejecutivo, sino de una investigación periodística–, salió corriendo a corregir algo que, de lo contrario, se hubiera barrido debajo de la alfombra, lo que es tan grave como el propio fallo del tribunal de honor. ¡Es así y hay que reconocerlo! El presidente de la república no actuó como debió haberlo hecho, salvo cuando se hizo pública la vergüenza. Y la vergüenza es ese fallo. Luego, en lugar de solicitar la venia para disponer el pase a retiro obligatorio por la razón verdadera –pedido que realmente hubiéramos acompañado con mucho gusto, porque creo que hay que dar señales claras hacia las Fuerzas Armadas de que estas cosas no se pueden permitir, y que afirmaciones como las del general Manini Ríos están totalmente alejadas de la lógica democrática y republicana que debe existir en un país como el nuestro–, lo hizo con un fundamento totalmente distinto. Este debió haber sido el contenido del fallo y la falta de reconocimiento de que estas cosas afectan el honor de las Fuerzas Armadas, por su propio bien y el de la democracia.

Esto nos conduce a una reflexión profunda sobre cuánto nos está quedando todavía para construir una sociedad que realmente tome en cuenta estas cuestiones y, definitivamente, deplore, condene y ataque aquellas manifestaciones que no están alineadas con la defensa de los valores republicanos y democráticos que todos sostenemos.

No tengo ninguna duda de que este gran problema nace a partir de la famosa ley de impunidad que, obviamente, no apoyamos ni votamos; es más, juntamos firmas, votamos la papeleta verde –siempre sostuvimos que era inconstitucional– y creemos que hay una deuda pendiente, porque aun cuando en el artículo 4.º de la llamada ley de caducidad –o, mejor dicho, ley de impunidad– se permite y se permitía avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido con los desaparecidos, eso sigue pendiente como una asignatura que hiere nuestra imagen y sensibilidad como sociedad y como país. Por supuesto que todo eso está detrás de lo que ahora ocurre con este fallo.

Pero lo que nosotros no podemos aceptar, señora presidenta, es que se otorgue la venia para disponer el pase a situación de retiro obligatorio de esos generales por un argumento falso. Lo cierto es –aquí también los hechos son porfiados– que el fundamento que esgrime el Poder Ejecutivo para pedir la venia de destitución no es el fallo del tribunal de honor, que señala que no se afectó el honor de las Fuerzas Armadas. Reitero: si ese fuera el fundamento, lo votaríamos con las dos manos; esa es la posición del Partido Independiente, que la hemos discutido a nivel de bancada y de la Mesa Ejecutiva Nacional. ¡Esa es nuestra postura! Esta situación es aún más vergonzosa, porque se está buscando el camino del costado, ajeno a la verdad. Más allá de que se encuentre en el expediente, la verdad –que es conocida por todos los aquí presentes– es que los generales que integraban el tribunal de honor, cuando conocieron los hechos aberrantes que declaró Gavazzo en ese tribunal, dieron cuenta al comandante en jefe; incluso, hubo actuaciones interrumpidas durante un cierto tiempo, porque el comandante en jefe se tomó su tiempo para resolver y luego les dijo que siguieran.

Entonces, ¡actuemos con la verdad, señora presidenta! Y si el señor presidente de la república ahora sí cree que la actuación del tribunal de honor merece la destitución –y nosotros podemos compartir esa posición–, no puede fundarla en una razón falsa; no puede esgrimir en el Senado un argumento de reglamentación, porque en realidad sabe que con su firma avaló la infamia, con su firma avaló un fallo que no le hace honor a las Fuerzas Armadas ni a su comandante superior, que es el propio presidente de la república. Por ende, no podemos votar sobre la base de un fundamento que no es verdad. Si el señor presidente envía un nuevo pedido de venia de destitución fundado en el fallo, vamos a votarlo; ¡pero que lo haga basándose en la verdad! Porque reitero, señora presidenta, que esto se iba a barrer debajo de la alfombra, pero cuando sale al descubierto este extenso expediente en el cual se dicen cosas muy graves, sale corriendo a buscar un camino tangencial.

A mi juicio, el respeto hacia el Senado y su dignidad hace que si tenemos que votar algo sea fundado en verdades y no en falsedades. Creo, además, que desde el punto de vista jurídico el presidente podía disponer el pase a retiro obligatorio de los generales sin pedir venia, porque la Constitución de la república lo permite, y esta está por encima de las leyes. Reitero: el presidente de la república podría haberlo hecho. Si bien es cierto que esta ley no ha sido declarada inconstitucional, si la Constitución le permite al presidente de la república hacer determinada cosa, puede hacerlo. Entonces, que lo haga, señora presidenta; pero si no lo hace, que solicite una venia por las razones verdaderas, por las que corresponderían, y no por una razón alternativa reglamentaria que es falsa.

Déjenme decir que estaríamos haciéndole poco honor al Senado si aprobáramos esta solicitud de venia por un argumento que se sabe –¡se sabe, en todas partes!– que, efectivamente, no es verdadero. En todo caso, lo más grave es que el presidente haya firmado ese fallo y después no le pida al Parlamento la venia para disponer el pase a retiro obligatorio de esos generales por la verdadera razón que deberían ser destituidos.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR CASTILLO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: voy a tratar de no enredarme entre tantos papeles y mantener la fidelidad a quienes represento, que me hicieron llegar muchos aportes que quiero trasmitirles.

Si este fuese el final, me gustaría empezar por aquí, diciendo con absoluta claridad que vamos a votar a favor de la venia solicitada por el Poder Ejecutivo para la destitución y pase a retiro obligatorio de los generales Romano, Sequeira, Salaberry y Fajardo. Vamos a hacerlo absolutamente convencidos de que es lo más justo pero, además, con una profunda y firme convicción democrática.

Varias personas se han preguntado qué estamos discutiendo en el Senado de la república, pero todos argumentan totalmente distinto; sería mucho más fácil que toda la vehemencia que ponen en tratar de argumentar en contra la volcaran con énfasis para defender la democracia y respaldar la institucionalidad. La respuesta es que estamos discutiendo acerca del pedido de venia del presidente de la república, compañero Tabaré Vázquez, para disponer el pase a retiro obligatorio de cuatro generales que actuaron en los tribunales de honor militar y de alzada, que juzgaron la conducta de algunos de los peores delincuentes de la historia nacional: los innombrables Jorge Silveira Quesada, José Nino Gavazzo Pereira y Luis Alfredo Maurente Mata, todos ellos procesados y condenados por la Justicia por delitos gravísimos: secuestro, tortura, robo de niños, violaciones, asesinatos y desapariciones. Estos cuatro generales cuya venia estamos discutiendo hoy, consideraron que esos actos no atentaban contra la moral del Ejército. ¡Un concepto muy devaluado del honor, según estos generales! Con este dictamen, lo que hacen es volver a expresar, dramáticamente, cómo sigue presente en sectores de la oficialidad del Ejército la cultura de la impunidad, el pacto del silencio, los efectos de la nefasta doctrina de la seguridad nacional que tanto dolor le trajo a nuestro pueblo.

Mucho puede opinarse –y está bien hacerlo– sobre el manejo que se hizo del expediente de ese dictamen, de su conocimiento público por medio de una nota periodística, de la celeridad o no del trámite en el Ministerio de Defensa Nacional y en la Presidencia de la República, pero ese no es el centro del debate, no puede serlo, aunque sí sirve para evadir la cuestión de fondo.

El centro del debate se sitúa en que seis generales del Ejército, entre ellos dos comandantes en jefe, consideraron que no era una falta al honor del Ejército que los delincuentes Gavazzo y Silveira confesaran y reivindicaran la tortura, la desaparición y el robo ¡en democracia! Además, hay que ratificar que los delitos que están asumiendo fueron asesinatos y desapariciones que se cometieron en democracia, o sea que ni siquiera llegamos a debatir aún sobre las aberraciones que cometieron durante la Dictadura.

El presidente de la república actuó en Consejo de Ministros –¡vaya si lo hizo!– y por unanimidad destituyó a dos generales: José González y Alfredo Erramún, para lo que tenía potestades legales, y pidió a este Senado la venia para disponer el pase a retiro obligatorio de cuatro más –a quienes ya hemos nombrado–, al amparo de lo dispuesto por el literal G) del artículo 192 del Decreto Ley n.º 14157, orgánico de las Fuerzas Armadas, en la redacción dada por la Ley n.º 19189. Pero no hizo solo eso, sino que pasó todos los antecedentes a la Fiscalía General de la Nación.

Este es un hecho inédito en la historia nacional; nunca había ocurrido algo así, y lo han dicho claramente algunos colegas que hicieron uso de la palabra antes que yo. Y para quienes no leyeron o no escucharon alguna parte, o tal vez la campaña los tiene algo mareados, lo que hay que recordar es que en la Justicia están todos los antecedentes de lo que ha ocurrido con este expediente. Por lo tanto, en su momento veremos las responsabilidades que le quepan a cada uno de los funcionarios de la Presidencia de la República.

Eso lo hizo este Gobierno, nuestro Gobierno, el del Frente Amplio. Por su parte, la fiscalía también actuó, me refiero a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad –también creación del Gobierno del Frente Amplio, porque esto no existía, señora presidenta–, que analizó el expediente y envió quince escritos a los quince juzgados donde se sustancian causas relativas a estos terribles hechos.

Esto quiere decir que, en defensa de la democracia, ya actuaron varios organismos: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, y ahora le toca al Senado, como expresión del otro poder del Estado: el legislativo. Ninguno de quienes estamos acá podemos mirar para el costado; acá no hay excusas ni disculpas acerca de qué es lo que hizo el otro. Que cada cual dé la cara, argumente y vote en función de lo que hace aquí en el Senado. El voto a favor del otorgamiento de las venias implica, nada más ni nada menos que eso.

Por eso, para nosotros no son de recibo los argumentos de la falta de compromiso del presidente de la república ni la acción de algunos funcionarios de Presidencia de la República, que además –como dijo el presidente Vázquez– están sometidos a la Justicia y ella será la que dictamine.

La reivindicación de la tortura, la desaparición de personas, el golpismo de los innombrables Gavazzo y Silveira, la defensa de estas confesiones brutales hecha por el excomandante Manini Ríos –a texto expreso y de puño y letra–, atacando además al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a todo el sistema político –mientras no condena la tortura ni el dictamen laudatorio de los tribunales de honor–, bajo ningún concepto puede ponerse en el mismo nivel que los errores u omisiones administrativas. ¡No pueden ponerse en el mismo nivel! ¡Es de muy mala intención hacerlo!

Dicho esto –con mucha firmeza, señora presidenta–, quiero expresar, también, que es cierto que hubo renuncias en la cúpula del Ministerio de Defensa Nacional: la del compañero Menéndez –recientemente fallecido– y la del compañero Montiel. Sabemos que en estos casos tan delicados hay que asumir las responsabilidades políticas, pero queremos decir con absoluta claridad y convicción que no dudamos un segundo del compromiso democrático y de la lucha contra la impunidad del compañero Menéndez. ¡Es de justicia hacerlo! Es mejor decirlo y, en su memoria, también hay que actuar en consecuencia. En su lugar han asumido la responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional los compañeros Bayardi y Berterreche, a quienes hace unos días saludamos en la Comisión de Defensa Nacional del Senado cuando, a pocas horas después de haber sido designados, concurrieron a brindar toda la información que se les pidió y pusieron todos los antecedentes en manos de los senadores que la integran. ¿Recuerdan las especulaciones en los medios de prensa en torno a qué iba a pasar con las actas, si iban a llevarlas? Y ¿qué sucedió? El novel equipo del Ministerio de Defensa Nacional llevó una copia para cada uno de los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional y dejó en manos de la presidencia del Senado un disco compacto para que entregara la información al resto de los senadores. Entonces, ¿ocultamiento? ¡Ninguno! Se asumió la responsabilidad política e institucional. Públicamente se tomaron medidas, y se pasó todo a la Justicia.

Ahora, a quienes toca asumir la responsabilidad política de definirnos por la democracia o por la impunidad –que son incompatibles– es a nosotros, los senadores. En mi caso –junto con el resto de la bancada del Frente Amplio–, voy a votar, sin dudarlo, por la destitución de estos generales; voy a votar para fortalecer la democracia y para seguir combatiendo la impunidad y sus efectos en el presente.

Quiero aclarar, señora presidenta, que es falso que nuestro voto esté inspirado en algún sentimiento de antimilitarismo vulgar. Para nosotros la distinción no es entre quienes visten uniforme y quienes no lo hacen; nosotros estuvimos, estamos y estaremos contra los golpistas, contra el fascismo y contra los impunes, con uniforme o sin él, porque hay muchos que también fueron golpistas, que están impunes y que no han vestido el uniforme.

Nosotros reivindicamos el compromiso democrático y el heroísmo de otros militares, como los generales Seregni, Licandro, Petrides, Halty y Baliñas, los coroneles Montañez y Aguerre, el capitán Arrarte, el contraalmirante Lebel, y tantos otros –más de cien– que pagaron con persecución, con cárcel y hasta con tortura su compromiso con la libertad. También reconocemos el esfuerzo y la dedicación de las y los soldados de hoy, que pese a sus bajos salarios y a las dificultades que padecen –que cada tanto nos recuerdan–, cumplen con su deber y con sus tareas. No tenemos nada contra los soldados. Por el contrario, nosotros queremos Fuerzas Armadas integradas a la sociedad, democráticas, íntegras y con valores. Para eso, señora presidenta, hay que terminar con la lacra de la impunidad, hay que laudar con que estas Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con los Gavazzo, los Silveira, los Vázquez y los Maurente, con los golpistas, torturadores, asesinos y ladrones. ¡Es imprescindible hacerlo! Lo que tienen que hacer hoy, dentro de las Fuerzas Armadas –y los demás–, es limpiar el uniforme manchado con sangre, que todavía tienen.

Esto, señora presidenta, no es un problema del pasado –como los hechos de estos días lo están demostrando–, es del presente y se proyecta hacia el futuro.

La nueva aparición del terrorista de Estado, José Nino Gavazzo, reivindicando la tortura, mintiendo y amenazando –esta vez en una entrevista en el diario El País–, muestra claramente que estamos ante una operación política y de inteligencia de grandes dimensiones.

Ello no quedó sin respuesta. De inmediato hubo repudio hacia sus declaraciones, por parte de organizaciones de los derechos humanos, del movimiento popular, del movimiento obrero y de la izquierda, y de amplios sectores democráticos de nuestra sociedad. En ese marco, también nuestro partido presentó una denuncia penal por apología del delito de tortura, de este innombrable torturador Gavazzo.

Gavazzo, al igual que Manini Ríos en otro plano, buscan tergiversar la historia, negar el terrorismo de Estado, volver a instalar la teoría de los dos demonios, sembrar dudas sobre los avances realizados en el terreno de la Justicia, deslegitimar a las organizaciones de derechos humanos, al movimiento popular y a las víctimas, colocar como víctimas a los terroristas de Estado y normalizar el protagonismo político de los militares. Manini Ríos terminó utilizando al Ejército para su campaña política, entusiasmado tal vez con vientos que soplan del norte.

Gavazzo hace un ejercicio de impunidad obsceno, impúdico. Además de la denuncia por la obvia y notoria apología de la tortura, hay otros aspectos a considerar. En la citada entrevista Gavazzo mostró fichas, cédulas, fotos y archivos. La Justicia allanó la casa y confiscó profuso material que se está analizado. Veremos qué arroja respecto a todas estas denuncias.

La impunidad, señora presidenta, es el lado oscuro del poder. La impunidad se basa en la mentira, el ocultamiento y el miedo. ¡El miedo es un arma poderosa para imponer disciplinamiento social! La impunidad envenena la democracia; la impunidad limita la libertad. ¡Quieren instalar la mentira! Hay que defender la verdad. ¡Quieren imponer el olvido! Hay que responder con memoria. ¡Quieren instalar el miedo! Hay que responder con compromiso democrático y protagonismo popular.

No puede ser que se nos sigan yendo las compañeras y los compañeros buscando a sus hijos o a sus nietos. Murió doña Luisa buscando a ese hijo; murió Tota Quinteros buscando a Elena.

Insistimos: ¡creemos que estamos ante una operación de desestabilización! Tiene todas las trazas, porque continúa.

Voy a citar lo que dice el último editorial de El Popular –se le ha hecho mucha propaganda a otro diario, pero el diario obrero, frenteamplista y popular también escribe sus editoriales y muestra otra versión de los hechos–: «Pero la operación de inteligencia y desestabilización tiene a nuestro entender objetivos en el presente y proyección hacia el futuro.

No es inocente que un agente de inteligencia avezado como Gavazzo siembre dudas sobre la actuación de la Justicia en los casos de violaciones a los DDHH. Es mentira que no hubo segundo vuelo, lo confesó en un informe oficial el excomandante de la Fuerza Aérea, Bonelli, lo probaron decenas de testimonios, pero, además, encontramos a Macarena Gelman,» –la compañera y diputada– «cuya madre embarazada fue traída desde Buenos Aires en esas operaciones».

Pero como en este debate, insólitamente, quienes no van a dar su voto para destituir a generales que defienden la impunidad quieren transformar esto en un cuestionamiento al compromiso del Frente Amplio y de nuestro Gobierno con la lucha democrática, quiero citar otro pasaje de este editorial y de las implicaciones de la impunidad con el presente: «Ni Gavazzo, ni Manini Ríos, ni sus defensores, pueden impunemente negar lo que los avances en la lucha contra la impunidad han demostrado. Se encontraron en unidades militares o en terrenos dependientes de ellas a cuatro desaparecidos, Ubagésner Cháves Sosa, Fernando Miranda, Julio Castro y Ricardo Blanco. Se reabrieron o se iniciaron más de 300 causas judiciales, en las que se acumulan cientos de testimonios de las víctimas del Terrorismo de Estado y también comprobaciones de la propia Justicia. Se colocaron más de 60 marcas de la memoria, en todo el país, que documentan los centros de la represión y la dimensión de esta. Tenemos el memorial del Penal de Libertad, un sitio en Punta de Rieles y vamos a tener el de Punta Carretas.

Todo eso interpela hoy la mentira que se quiere repetir. Hay cosas que ni los operativos de inteligencia pueden ocultar».

Por eso, señora presidenta, es tan relevante esta votación y lo que ello implica.

Somos conscientes de que falta mucho; falta mucho, compañeras y compañeros, luchadores populares de nuestro pueblo. Falta mucho, señora presidenta. ¡Nos duele la lentitud y el empantanamiento de las trescientas causas judiciales, donde se busca la verdad y la justicia! Hay que ponerse, aunque sea por un minuto, en la piel de quienes todavía no saben dónde están sus familiares y no saben cuál fue su destino.

Por eso, centenares de compañeras y compañeros, cuyo delito fue enfrentar una dictadura y luchar por la libertad, siguen clamando por verdad y justicia.

¡Ojo! Tengamos cuidado con las señales que se dan con tal de no aprobar una iniciativa que intenta, efectivamente, colocar de nuevo el orden institucional en donde tiene que estar. Esto tal vez esté contaminado con una campaña electoral que se aproxima. ¡Cuidado con los valores democráticos de nuestro pueblo, porque fue bastante el padecimiento que ya tuvo! Por eso es fundamental que desde todos los ámbitos del Estado y desde todo el espectro político enviemos señales claras, firmes y de compromiso democrático, ¡tengamos las ideas que tengamos! ¡Defendámoslas con pasión! Pero no por eso debemos ponernos de un lado distinto en el juego democrático.

¡La batalla contra la impunidad se libra en todos los planos! En el ético, en el de la Justicia y en el de la institucionalidad en sus diversas vertientes; en la actitud del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial; y en la democratización de las Fuerzas Armadas. Pero esto tiene una dimensión política y ciudadana que es fundamental, y así lo entienden nuestras organizaciones sociales y populares, nuestro pueblo. Capaz que hoy no tenemos los diecinueve votos que necesitamos para aprobar las venias que nos piden, pero estoy seguro de que el 20 de mayo serán miles los que estarán marchando para empezar, de verdad, a profundizar en el avance democrático: saber toda la verdad, que haya justicia y ¡nunca más terrorismo de Estado!

11) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Formulo moción para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta terminar con la consideración del orden del día.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) GENERALES CLAUDIO ROMANO, CARLOS SEQUEIRA, ALEJANDRO SALABERRY Y GUSTAVO FAJARDO

SEÑORA PRESIDENTE.- Continúa el tratamiento del tema en consideración.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: hago uso de la palabra para poner las cosas en su lugar.

Acá, problemas institucionales y de democracia no hay. ¡El Partido Nacional no admite que se cuestione su adhesión a la democracia! Y mucho menos, señora presidenta, que lo cuestione el representante de un partido que fue uno de los mayores responsables de respaldar los comunicados 4 y 7, germen de la Dictadura y de la violación de los derechos humanos en el Uruguay. ¡No vamos a permitir eso! Y menos aún recibir clases de democracia de maestro ciruela, con aquellos partidos que fueron quienes iniciaron, respaldando los comunicados 4 y 7, lo que luego significó doce años de falta de derechos humanos, de violación de los derechos humanos y de negación de la libertad.

Gracias señora presidenta.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- En esta instancia tenemos muy poco más que agregar a lo que han dicho los compañeros, pero sí queremos hacer una reflexión.

En primer lugar, no estamos de acuerdo con que el Poder Ejecutivo tenga que solicitar venia para pasar a situación de retiro obligatorio a generales. Estuvo dando vueltas –lo queremos decir con énfasis–, pero debe haber sido un error que la misma ley se haya interpretado de esta manera. A nuestro juicio se trata de una prerrogativa del Poder Ejecutivo; no tiene que ser sometida al aval del Senado de la república. Tenemos, en el pasado, innumerables ejemplos de pases a situación de retiro obligatorio de generales y comandantes en jefe por parte de presidentes, en las que no hubo solicitud de venia al Senado porque es una prerrogativa y una función esencial del Poder Ejecutivo y no del Parlamento.

Acá se ha señalado que lo político está por encima de lo jurídico. Creo que el tema está mal encarado. A nuestro juicio tenemos una discusión jurídica y una discusión política. Considero que la discusión jurídica quedó laudada; hoy, muy claramente podemos decir que no hay argumentos jurídicos. El argumento jurídico por el cual el Poder Ejecutivo quiere destituir a estos cuatro generales es en base al artículo 77 y a que hubo una omisión deliberada. Entiendo que después de esta discusión quedó claro que esta no es la argumentación que el Poder Ejecutivo debería esgrimir. Si fuera –como lo dijo el señor senador Mieres– producto de lo que contienen los considerandos y las resoluciones del tribunal de honor, otro sería el cantar y otra la discusión. El Poder Ejecutivo señala que el tribunal de honor tuvo una omisión deliberada. Quedó muy claro que no fue así.

La argumentación del ministro Bayardi en la comisión –reiterada por varios señores senadores– en el sentido de que las cosas se deben hacer por escrito, no es válida, porque el tribunal detuvo las acciones e hizo la comunicación al comandante en jefe. No lo hizo por escrito, pero el comandante en jefe dijo que recibió la información y el tribunal se expresó en el mismo sentido. Repito: el tribunal detuvo las acciones e informó al comandante en jefe. Que la comunicación fuera por escrito quizás podría dar garantías en caso de que mañana se cuestionara si realmente fue informado o no el comandante en jefe sobre los dichos de Gavazzo. Trato de hacer un esfuerzo para no decirle señor a este ser que lamentablemente tenemos en nuestro país y que bien preso está. Señalo una vez más que el tribunal de honor fue muy claro, porque detuvo sus acciones e informó al comandante en jefe. El comandante señala, además, que le informó al ministro de Defensa Nacional, y este lo reconoció. Después, el responsable de la cartera, por carta que hizo pública –ahí sí por escrito–, señala que informó al presidente de la república y que se reunió con el secretario de la presidencia, junto con dos abogados. Quiere decir que no hubo omisión y menos deliberada.

Insisto en que no existen los argumentos jurídicos porque no hay afirmación que pueda sostener lo que dice el Poder Ejecutivo.

Ahora bien, hay una discusión política sobre esta omisión del presidente de la república. Fue el único omiso en esto; no lo fue el tribunal, no lo fue el comandante en jefe ni el ministro de Defensa Nacional.

En esta discusión se nos ha reclamado lealtad institucional por parte del senador Michelini y de otros señores senadores. Se ha insistido en que debemos tener lealtad institucional. A nuestro juicio, la lealtad institucional tiene que estar directamente ligada a la que se da desde las instituciones; no se puede ser leal con alguien que no lo es institucionalmente. No por ser el presidente de la república tiene que dejar de ser leal. Se reclama lo que se hace. Entonces, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿el presidente de la república fue leal con el ministro de Defensa Nacional? ¿Fue leal con el ministro Menéndez? ¿No es que el ministro le informó? Entonces, ¿por qué lo destituye? ¿Por qué le pide la renuncia? ¿Cuál es la razón por la que el presidente de la república –por encima del estado de salud del ministro– le pide la renuncia? ¿En qué estuvo omiso? Creo que ahí queda muy clara la deslealtad del presidente Vázquez hacia el ministro que concurrió a presidencia, le advirtió sobre lo que había ocurrido y se reunió con el secretario de la presidencia, junto con dos abogados, para informar en detalle sobre la gravedad de lo que había afirmado Gavazzo en el tribunal de honor. El presidente no fue leal y, ¿acá se nos reclama lealtad institucional frente a una injusticia y a una aberración de procedimiento?

Comparto las afirmaciones del señor senador García –que ya fueron señaladas por alguien más en esta discusión pública–: se le quemó el asado y para taparlo incendió la casa. ¡Incendió la casa! ¡Reaccionó mal! Frente a la reacción equivocada y mal instrumentada del presidente de la república, ¿se nos reclama lealtad institucional? No es de recibo. ¡No lo acepto! No estoy de acuerdo con que este tema se trate en el Senado de la república, pero no acepto que se nos pida lealtad institucional con quien no la ejerció con su compañero y hombre de confianza en el ministerio, ni con los tribunales de honor.

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- Discúlpeme, ya se la concedo, pero déjeme terminar el razonamiento porque este punto me parece muy importante.

No se puede señalar que hay falta de lealtad institucional cuando en realidad hubo una actitud desleal del presidente de la república con su ministro y con la institución Fuerzas Armadas. Se ha dicho hasta el cansancio que firma, homologa y no se puede sacar el sayo. Las argumentaciones podrán ser de variada índole pero, reitero, no se puede sacar el sayo porque tenemos el informe y está firmado por el presidente Vázquez.

Una vez más señalo que tampoco se nos puede reclamar coraje en el Senado. El coraje tiene que estar directamente ligado a la verdad y a la justicia. Hoy se nos pide coraje para homologar una actitud desleal del presidente con la institución Fuerzas Armadas y con el ministro de su propio partido. A nuestro juicio el coraje se tiene que usar a favor de la verdad, hasta las últimas consecuencias. ¡Acá el que ha sido desleal es el presidente de la república! Si mañana el secretario de la presidencia incurriera en omisiones muy claras –como las hubo–, en todo caso la responsabilidad será del presidente de la república, porque es su hombre de confianza.

En su momento, cuando pedí la renuncia del doctor Toma, secretario de la presidencia, me alegré de que a los dos días el señor senador Michelini también la solicitara. Me pareció de coraje político pedir la renuncia de quien fuera directamente responsable de que esto estuviera archivado, escondido, taponeado. Ahí fue donde se escondieron las pruebas y se procuró que esto pasara por debajo de la mesa, de manera que no apareciera públicamente. Pero apareció públicamente. ¿Quién lo tenía? El secretario de presidencia. Valoro el coraje –ahora que está en sala lo reitero– del señor senador Michelini, que pidió públicamente la renuncia del señor secretario de la presidencia. Yo también la había pedido porque me parecía que era el directo responsable.

Ahora, la responsabilidad del presidente de la república no desaparece, porque fue informado, como dice el ministro, directamente por él. El ministro fue a su despacho, se reunió con el presidente, quien escuchó todo el informe que el comandante en jefe le había transmitido, así como la necesidad de hacer una denuncia ante la Justicia. Pero no la hizo.

Queda muy claro que no se nos puede pedir lealtad institucional para quien no fue leal, y no se le puede pedir coraje político a quien, en definitiva, no es culpable. Los culpables son el presidente de la república y el secretario de la presidencia. ¡Ahí está la culpa y no en los tribunales de honor!

Ahora bien, esto trae a colación la discusión política que siempre hemos tenido y que vamos a seguir teniendo sobre una asignatura pendiente de la que no quiero dejar afuera al Partido Colorado. Ahí hay una instancia de reproche político del pasado que tiene que ver con la ley de caducidad y el Pacto del Club Naval. No rehuimos esa discusión; incluso vamos a darla. Acá hay un solo sector político que no estuvo en ninguna de esas instancias –ni en el Pacto del Club Naval ni en lo que tiene que ver con la ley de caducidad–, que es el Movimiento Nacional de Rocha, que fue uno de los adalides del voto verde. También digamos que la salida electoral de un gobierno de transición se hizo posible porque el Frente Amplio se sentó a esa mesa, con los responsables de las torturas y de las aberraciones que existieron. ¡Ahí se sentó el Frente Amplio! ¡Ahí negoció el Frente Amplio! No vengan ahora a sacarse culpas –como muchos– diciendo que no estuvieron de acuerdo. ¿Cómo que no estuvieron de acuerdo? Si el Frente Amplio no se hubiera sentado a la mesa del Pacto del Club Naval no hubiera existido esa salida. La argumentación de la época fue que la Dictadura iba a seguir mucho tiempo porque no estaba débil. La discusión era si estaba fuerte o débil, pero para nosotros había tenido dos sogazos muy importantes desde el punto de vista popular, que fueron el plebiscito de 1980 y las elecciones internas. También estuvo la proclama del Obelisco, que formó parte de una movilización popular muy importante. Creímos, como lo hacemos hasta el día de hoy, que si se hubiera seguido en la batalla de la movilización popular, la hubiéramos debilitado aún más porque, como dijo el entonces general Medina muy claramente, nadie entrega todo a cambio de nada. Todos sabemos que ahí empezó la impunidad.

Hasta el día de hoy recuerdo las palabras de Wilson Ferreira en la explanada municipal; venía preparando la salida –que no fue la nuestra– y dijo: «Este no es nuestro camino, no es lo que nosotros queríamos como salida institucional del país, pero vamos a apoyar al gobierno instrumentando la famosa gobernabilidad». Se hablaba por primera vez de gobernabilidad, se acuñaba el concepto, y Wilson decía: «Vamos a que no cedan un solo milímetro en lo logrado. No queremos dar ni ceder ni un solo milímetro en el afianzamiento de la democracia y la libertad». Ya nos estaba anunciado lo que se venía, ya nos estaba preparando para lo que se venía. ¡No era nuestro camino; no era nuestra solución! Era la solución de dos partidos que se sentaron alrededor de una mesa, pero no la del nuestro. Pero cuando tenían que cumplir lo pactado, faltaron. Ahí sí hubo deslealtad institucional e incumplimiento de lo pactado.

La ley de caducidad, que yo voté y defendí como salida lamentable de un camino que no era el nuestro –como decía Wilson Ferreira–, fue ratificada dos veces por la ciudadanía. No hay ley que haya sido más cuestionada –lo sigue siendo– porque no es una norma constitucional –coincido con ello–, sino una ley de salida de un Estado de hecho a un Estado de derecho. No es ahora que tenemos que discutirla, pero seguimos y seguiremos reprochándonos. El Frente Amplio nos acusa de haber votado la ley de caducidad, y nosotros acusamos al Frente Amplio de haberse sentado con los asesinos y los torturadores de la época para negociar la salida que, como único hecho, tuvo la prisión de Wilson Ferreira, a quien soltaron a los cinco días.

(Interrupciones).

–¡Eso es así! Seguimos diciendo lo mismo y seguiremos discutiendo lo mismo.

Pero esa discusión nos trae al tema del día de hoy, que reivindico. Acá se han afirmado cosas contradictorias por parte de algunos señores senadores del Frente Amplio. La señora senadora Moreira dijo que todo lo que pasó ayer está pasando ahora, y el señor senador Michelini manifestó que no se puede tener generales que han avalado crímenes aberrantes; pero el señor senador Castillo ha dicho que estas Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con los asesinos y torturadores del pasado. Cargar a las Fuerzas Armadas de hoy las cosas aberrantes del pasado no solamente me parece que es un error institucional, sino también una actitud política absurda y sin fundamento. Nosotros debemos separar las cosas. Si hay algún vicio antidemocrático en las Fuerzas Armadas, debemos controlarlo y exterminarlo. Nosotros no nos pusimos el uniforme como lo hizo el exsenador y exministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro, que dijo cosas que si las hubiera expresado alguno de nosotros hubieran sido un escándalo. Desde el ministerio realizó afirmaciones en defensa de las Fuerzas Armadas, a tal punto que el excomandante en jefe, general Manini Ríos, lo despidió en el cementerio como a un gran ministro de las Fuerzas Armadas. Si las cosas que afirmó el exministro Fernández Huidobro las hubiéramos dicho nosotros, hubieran provocado un escándalo; no fue así porque era un compañero del Frente Amplio y, como si fuera de teflón, no se le pega nada. En ese momento no hubo ninguna crítica ante afirmaciones muy duras del ministro de entonces contra las organizaciones que defendían los derechos humanos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se acabó su tiempo, señor senador.

SEÑOR HEBER.- Si se quiere discutir, volvamos a hacerlo; no rehuimos la discusión política ni la jurídica.

Por esa razón, vamos a votar en contra.

13) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «15 de mayo de 2019

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito al Cuerpo se me otorguen dos días de licencia a partir de la fecha por motivos personales.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Jorge Larrañaga. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Eber da Rosa, Jorge Gandini, Ana Lía Piñeyrúa, Omar Lafluf, Adriana Peña y Daniel Peña han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Daniel López Villalba, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

14) GENERALES CLAUDIO ROMANO, CARLOS SEQUEIRA, ALEJANDRO SALABERRY Y GUSTAVO FAJARDO

SEÑORA PRESIDENTE.- Continúa el tratamiento del tema en consideración.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Deseo hacer una aclaración que tiene que ver con la intervención del señor senador Heber. Considero que comete errores y saca conclusiones equivocadas porque tergiversa hechos.

En ningún lugar se establece que Manini Ríos informó al ministro de Defensa Nacional; es el propio Manini Ríos quien dice que informó al ministro de Defensa Nacional.

A lo largo de toda la argumentación queda muy claro que tanto en la salida democrática como ahora, treinta y cinco años después, siguen basándose en los dichos de los militares y no en los de los civiles. No hay ningún documento en el que quede la constancia a la que hace referencia el señor senador Heber. Obviamente, Manini Ríos sí lo dice en salvaguardia de su propia actuación, pero ¡que venga a mostrarme el documento donde está escrito lo que dice que ha ocurrido!

Sin duda, las conversaciones se dieron cuando Menéndez recibe el expediente, a mediados de febrero de 2019, en torno al expediente y, fundamentalmente, a las cosas que omitía el fallo, pero en ningún lugar consta lo que aseveró el señor senador Heber.

Creo que podemos discutir mucho. Somos una generación que logra vivir fases increíbles de la república y condensamos toda esa rica historia. Ahora, el Frente Amplio tuvo una estrategia a la salida de la democracia: movilización, negociación y concertación. Seguramente habría sido mejor la negociación si hubieran estado todas las fuerzas que pretendían la reapertura democrática lo antes posible, porque cada día que pasaba podía haber riesgos de que murieran más personas. Igualmente, le pasó a Roslik, pero ¿a cuántos les habría sucedido si hubiéramos seguido en esa terrible oscuridad que vivió nuestra nación?

Reitero –porque esta discusión sale en cada legislatura y el señor senador Heber dice lo que dice y yo digo lo que digo– que el Frente Amplio nunca pactó ninguna situación de ocultamiento a la verdad. ¡Claro que era una solución negociada! Por eso después ocurrieron algunas cosas; por eso aún seguimos discutiendo, pero nunca ocultando la verdad, nunca diciendo que los delitos de lesa humanidad –que se cometieron en ese momento y, por tanto, hoy se siguen cometiendo– no habían ocurrido, sino todo lo contrario. ¡Ojalá todos hubiéramos estado sentados a la mesa y nos hubiéramos movilizado en las calles para que, efectivamente, el acuerdo fuese más vigoroso!

Lamento que sigamos en los mismos términos y no podamos hacer una síntesis después de tanto tiempo. En todo caso, si nosotros hemos tenido responsabilidades, podemos contar prisioneros por estos delitos de lesa humanidad; sin embargo, en los veinte años de gobierno blanco y colorado, no hubo ninguno.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Es muy claro. El ministro se entrevista con el comandante en jefe el 14 de febrero y cuatro días después va a hablar con el presidente de la república. En la carta señala que, de alguna manera, tenía que actuar. Ocurrió cuatro días después. ¿El ministro estaba en el tribunal de honor? ¿Cómo se enteró el ministro de lo que Gavazzo había dicho? Por el comandante en jefe y no lo niega. No lo negó cuando, en su momento, lo dijo el comandante en jefe. El comandante en jefe de la época comete un error, un grave error y es el de no detener las acciones del tribunal de honor. Por el contrario, le dice que siga. Comete ese error. Yo no lo critico en su gestión; me parece que fue un gran comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero en esa oportunidad cometió un error. Quizás lo hizo porque estaba obsesionado con obtener las pruebas que aseguraban que el coronel Juan Carlos Gómez era inocente. Manifestó –creo que lo dijo en varios reportajes– que la confesión de Gavazzo era muy dura en sí, horrible, espantosa, al igual que las confesiones que hizo este ser humano –que no es humano cuando ha hecho tantas cosas que atentan contra la humanidad– hace unos días en un reportaje del diario El País; ¡son un horror!

Por lo tanto, señora presidenta, creemos que el comandante Manini Ríos se equivocó muy gravemente al dar continuidad a los tribunales de honor en la investigación y no detener sus acciones. La argumentación del comandante en su momento fue que eso era lo que buscaba Gavazzo, es decir, detener las acciones, porque el tribunal de honor estaba para sacarle el uniforme y echarlo de las Fuerzas Armadas.

Es cuanto quería señalar.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: sin duda, estamos asistiendo a una sesión de características únicas y excepcionales, con algo nunca antes puesto a consideración de este Senado. Me refiero a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para el pase a situación de retiro obligatorio de cuatro señores generales del Ejército nacional –el presidente del tribunal de honor y los tres generales integrantes del tribunal de alzada en las causas de Gavazzo, Silveira y Maurente–, al omitir el cumplimiento del artículo 77 del Reglamento de los tribunales de honor.

Dicha solicitud se ampara en la aplicación del literal G) del artículo 192 del Decreto Ley n.º 14157 (orgánico de las Fuerzas Armadas), de 21 de febrero de 1974, en la redacción dada por el artículo 3 de la Ley n.º 19189, de 13 de enero de 2014. Consideramos que las modificaciones a esta ley son un acierto y un instrumento fundamental a la hora de enfrentar circunstancias como la que estamos tratando, que deberemos resolver sin eludir el compromiso y la responsabilidad como Parlamento nacional. Será uno de los pilares fundamentales que dará cuenta del buen estado de salud de nuestra democracia y de nuestras instituciones.

Técnicamente, la carrera militar culmina en el grado de coronel o capitán de navío, por poner un ejemplo. Los nombres de quienes están en condiciones de ascender –que son seleccionados y promovidos por iniciativa del Poder Ejecutivo– son remitidos a este Cuerpo –y no a otro– para que otorgue la venia correspondiente. Quiere decir que el Senado de la república tiene responsabilidad y competencia a la hora de ir moldeando la integración del nivel superior de nuestras Fuerzas Armadas, y lo hace no solo por competencias estrictamente técnicas. Este acto de otorgar o negar la venia solicitada, mediante el cual la república selecciona a sus mandos en el nivel de oficiales superiores, nos da una medida de la más alta importancia e implicancia política.

Una vez más decimos que al otorgar la venia no lo hacemos como un acto administrativo más, sino con la conciencia cierta de que es una decisión de la más alta responsabilidad. Sobre ello se realizan y analizan consideraciones no solo de carácter militar y profesional sino también aspectos éticos, morales y, fundamentalmente, un conjunto de elementos que hacen a la confianza del mando superior para decidir por un candidato que, en definitiva, tendrá sobre sí el honor, la responsabilidad y el compromiso de ser depositario, en el penúltimo vértice de la pirámide de conducción, de hombres y mujeres, así como depositario del buen empleo y cuidado de las armas y equipos para la defensa nacional o para servir en aquello que el mando político requiera, al servicio de la ciudadanía y de nuestro pueblo. Por eso, el análisis debe hacerse sin tentaciones a mezquindades y sin cálculos electorales porque sin duda estamos tratando un asunto de la más alta consideración política.

Para fundamentar lo dicho debo hacer referencia a lo que indicaba y planteaba al comienzo el señor miembro informante, cuando dio lectura a parte del articulado de ese Reglamento al que hace referencia el tribunal de honor. Debo decir que, antes que nada, lo que tenemos es una pérdida de confianza por parte del ejecutivo en el mando concedido oportunamente con venia y anuencia de este Senado. Baste entonces con el concepto de honor que se expresa en el artículo 1.º del propio Reglamento, que en su primer párrafo dice: «El honor es la cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto al prójimo y a nosotros mismos». Causa horror mantenerse en silencio o, peor aún, querer eludir la responsabilidad colectiva que tenemos como Cuerpo ante tamaña omisión. ¿Se eludirá con pequeñez la cuota parte de responsabilidad de pararnos frente al vilipendio hacia el cadáver del detenido, prisionero, adversario, combatiente o el nombre que se le quiera dar? ¿Eso es lo que se nos propone en este debate ingresando en la discusión de si hubo o no notificación al mando inmediato superior por parte del señor presidente del tribunal o de los demás implicados? ¿Esa es la propuesta?

Hace poco se realizó un encuentro entre los mandatarios de Corea del Norte y de Estados Unidos, y el primer gesto de buena voluntad de parte de Corea del Norte fue entregar en una ceremonia solemne los restos de los soldados americanos que fueron caídos, muertos o desaparecidos en el territorio, al norte del paralelo 38. El honor militar, violentado abiertamente por los represores, es mantener desaparecidos a nuestros compatriotas, profundizando así una herida que cruza varias generaciones de uruguayas y de uruguayos.

Quienes contrarrestan en el debate nuestra posición de dar la venia, ¿están de acuerdo en mantener y avalar ese modo de actuar, encubriendo la barbarie, llevándonos a una discusión que, volvemos a decir, es del más alto compromiso político?

El Frente Amplio va a dar la venia en esta ocasión porque es una responsabilidad política y es mucho más que un discurso que se rasga las vestiduras por los derechos humanos; es la convicción del deber político lo que nos hace proceder así.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: suscribo absolutamente lo que han expresado mis compañeros de bancada a lo largo de este debate y, por lo tanto, no voy a reiterar argumentos que se han planteado con meridiana claridad en esta jornada. Sin embargo, me interesa poner algunos énfasis y el primero de ellos es que en el Senado de la república siempre es pertinente tratar de reconstruir la historia reciente. Los partidos políticos tenemos interpretaciones distintas respecto a esto, pero hay que tratar de hacer historia y no novela; la historia es una cosa y la novela, es otra.

Está claro que se puede decir lo que cada uno quiera, pero no se puede afirmar que en el Pacto del Club Naval, entre otras cosas, se parió la llamada ley de impunidad. Eso no se puede afirmar porque no está escrito en ningún lado; uno puede hacer la interpretación que quiera pero, en todo caso, luego de ese pacto se sucedieron varios Gobiernos democráticos en los que se pudo haber hecho infinidad de cosas para tratar de avanzar en materia de verdad y justicia.

Otra precisión que quiero hacer es que hay que ser muy delicado y cuidadoso cuando se habla de personas que no están. Tengo la mejor opinión del compañero Menéndez, pero no está. También siento un enorme aprecio por el compañero Fernández Huidobro, quien fuera ministro de Defensa Nacional de nuestro Gobierno; sin embargo, no se puede afirmar que posiciones expresadas públicamente por él, compartibles o no, no generaron debate dentro del Frente Amplio. ¡Por favor! Podría hacer una larga y apurada reseña de debates importantes que se dieron dentro del Gobierno y de nuestra fuerza política con respecto a miradas sobre las cuales hay diferencias. Está claro que estas diferencias atraviesan a todos los partidos porque no son homogéneos y si lo trasladamos a la campaña electoral actual podríamos dedicar toda la jornada de hoy a hablar de las diferencias que ostentan los partidos políticos internamente, porque son organismos vivos, democráticos y tienen matices.

Por lo tanto, lo primero que me parece importante señalar es que se ha hablado mucho de la verdad, pero llegar a ella nunca es fácil. Sin embargo, a la larga o a la corta, se llega a ella y, por lo tanto, vamos a saber la verdad con respecto a muchas de las cosas que hoy están aquí en debate. El Uruguay va a llegar a la verdad y vamos a saber a ciencia cierta qué pasó. Tengo esa tranquilidad, entre otras cosas, porque eso está en la Justicia y si bien esta tiene sus deficiencias, funciona y es independiente. Eso no es lo que dicen algunos militares de este país, como el ex comandante en jefe que hoy quiere ser candidato a presidente de la república y tiene una visión bastante complicada con respecto a la Justicia. Me parece que eso hay que señalarlo.

Creo que la principal deuda que tiene este país en materia de verdad es con los familiares de los detenidos, de los desaparecidos, de los asesinados y de los torturados.

SEÑOR MICHELINI.- Apoyado.

SEÑOR OTHEGUY.- En esto, todo el sistema político tiene responsabilidad –¡todo!–, pero algunos más que otros. Obviamente, estoy haciendo una libre interpretación; si bien todos somos responsables, quienes votaron la llamada ley de caducidad, de impunidad, tienen más responsabilidad y quienes en momentos en que les tocó gobernar se sentaron arriba de los expedientes y no dieron curso a la justicia de muchas denuncias, también tienen más responsabilidad, si bien todos la tenemos.

A su vez, aquí también sigue habiendo otra deuda importante en el sentido de avanzar en forma constante y decidida en la democratización absoluta de las Fuerzas Armadas en el Uruguay. En esto también todos tenemos responsabilidad, porque a la luz de los hechos recientes, de las declaraciones y de los resultados de los tribunales de honor que tenemos en cuestión y sobre los que estamos debatiendo, falta todavía profundizar en la democratización de las Fuerzas Armadas. En algunas declaraciones públicas que suscriben esos tribunales de honor todavía no veo una oficialidad comprometida a cabalidad con lo que implica la democracia y el respeto a los derechos humanos. En eso todos somos responsables, algunos más que otros –insisto: ¡algunos más que otros! –, pero los que votaron la ley de impunidad, más; y aquellos que cuando les tocó gobernar no empujaron todo lo que se podía para investigar y para llevar al ámbito judicial cosas que ya estaban denunciadas y se sabían, aún más. Lo tengo que decir y asumo en esto un componente de autocrítica como parte del Gobierno porque también hemos cometido errores y nos ha faltado, quizás en algún momento, mayor decisión política para avanzar en esta materia. Hoy tenemos una oportunidad, en este Senado, como para dar la señal política de que queremos avanzar en esta materia, tanto desde el punto de vista del conocimiento de la verdad como en materia de democratización de las Fuerzas Armadas. ¡Hoy tenemos una oportunidad en el debate que estamos dando en el Senado! Creo que es una infamia decir que nosotros estamos persiguiendo a las Fuerzas Armadas o que no las queremos, tratando de generar una especie permanente de encono y de confrontación entre un partido político, que es el que tiene el Gobierno –nada más y nada menos– porque se lo dio la sociedad uruguaya, el pueblo uruguayo, y las Fuerzas Armadas. En realidad, no se quiere enfrentar esta fuerza política con las Fuerzas Armadas, sino con los malos militares. Sin embargo, sí vamos a confrontar a los malos militares; sí vamos a señalar cuando nos parece que las Fuerzas Armadas o parte de sus integrantes –no se puede hablar de las Fuerzas Armadas– no representan con honor el uniforme que les toca vestir. Lo vamos a decir y vamos a tratar de promover esa discusión, porque nos parece importante. Es la manera en que nos comprometemos con la real democratización de las Fuerzas Armadas y lo vamos a señalar. En este caso, en particular, lo estamos haciendo; hay actitudes y hechos concretos en este voluminoso expediente.

El sistema político en su conjunto debería dar una señal contundente respecto a que no queremos ese tipo de Fuerzas Armadas y ese tipo de oficialidad. Me refiero a la que no reconoce una violación al honor de hechos que se describen en ese expediente, a ese tipo de Fuerzas Armadas y de oficiales yo no los quiero para el Uruguay. Creo que en esto hay que dar un mensaje contundente y hoy tenemos una oportunidad.

Se habla de que esto, inclusive, se votaría y se mencionan los argumentos por los cuales se pide la venia de destitución. Se habló mucho de lo jurídico y de lo político, y de lo político sobre lo jurídico. Estoy convencido de que si el Poder Ejecutivo fundamentaba la venia de destitución en que no compartía el concepto de honor que tienen estos militares se habría dicho que se estaba poniendo lo político sobre lo jurídico. Estoy convencido porque esta es una venia de destitución y el Poder Ejecutivo debe tener ciertas formalidades en estos casos. No la puede fundamentar en lo que se le ocurra por más que uno lo comparta, aunque estén todos los antecedentes del expediente que dice cosas gravísimas. No; el Poder Ejecutivo tiene que fundamentar una venia de destitución que venga al Senado de la república en una falta o en la violación de alguna norma, de alguna ley, y la norma y la ley que se violenta es el artículo 77, que regula los códigos de honor. Es lo que el Poder Ejecutivo establece, más allá de que hay una serie de considerandos que acá se plantearon y nos resulta bastante claro –dicho entre nosotros– que ese es el fondo del asunto. No se trata de que se demoró dos o tres meses, o de que se tendría que haber comunicado antes o si verbalmente alguien dijo determinada cosa. No; es todo lo que dicen esos tribunales de honor. Ese es el tema de fondo y es lo que hemos intentado poner en este debate. El tema de fondo está ahí, en que aquellos que integraron ese tribunal de honor –en su momento el comandante en jefe– no tuvieran la voluntad de decir: «Paren muchachos, esto no va más», en un reconocimiento explícito de la violación de derechos humanos; algo que toda la sociedad uruguaya sabía. Se trataba de reconocer expresamente lo sucedido en un tribunal de honor y de decir «No va más. Esto no es honor. Esto no le hace bien a las Fuerzas Armadas del Uruguay; no le hace bien a las nuevas generaciones que han elegido el Ejército como su profesión». ¡No les hace bien!

Creo que hoy el Parlamento, todos nosotros, tenemos la oportunidad, no solo de dar una señal a los familiares, de avanzar un poco más en materia de verdad y justicia –donde tenemos una deuda muy importante–, y de pensar en qué tipo de Fuerzas Armadas queremos hacia el futuro, sino de empezar a construir –en base a una decisión que vamos a tomar hoy en el Senado de la república– cierto acuerdo nacional.

Creo que tenemos una oportunidad, señora presidenta, y más allá de lo anecdótico –porque sé que no quieren al presidente Tabaré Vázquez ni al Frente Amplio en el Gobierno, pero eso no lo dilucidamos acá sino en las próximas elecciones democráticas, donde el pueblo uruguayo va a saldar este debate como corresponde– sé que nos quieren sacar. Lo entiendo, pero acá no estamos discutiendo sobre Tabaré Vázquez o sobre el Frente Amplio, sino acerca de otra cosa y entiendo que sería muy saludable que el Senado de la república votara estas venias de destitución por lo que se expresó en sala durante toda esta jornada.

Muchas gracias.

SEÑOR ITURRALDE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Iturralde.

SEÑOR ITURRALDE.- Señora presidenta: la verdad es que cuando me toca entrar al Senado me propongo no hablar a menos que sea necesario, pero las palabras de la senadora Moreira siempre me resultan muy provocadoras y casi nunca coincido con sus opiniones. Por eso solicité hacer uso de la palabra a fin de aclarar algunos puntos.

Todo esto tiene que ver con una memoria histórica hemipléjica que me parece que no es justa, porque tenemos que hablar de todo esto que está pasando, pero no podemos obviar que las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante toda la Dictadura y que nuestro partido combatió durante todo ese período también empezaron antes. No se dieron solo por parte del Estado, sino que también hubo grupos guerrilleros que crearon tribunales, se autoerigieron como tribunales del pueblo, decidieron matar gente y nunca pidieron perdón. Todo esto pasó en Uruguay y el país sigue esperando el pedido de perdón de aquellos que también mataron y lo hicieron por la espalda, con tribunales y en forma sumaria. Entonces, vaya la condena a todos los crímenes, a los cometidos por el Estado y por los particulares. Vaya la condena a los que se llenaron la boca con Wilson y que antes se alzaron en armas contra un Gobierno de Wilson y violaron los derechos humanos.

Señora presidenta: acá hay fuerzas políticas que han llevado a ser presidente al doctor Tabaré Vázquez con una historia curiosa: médico policial, médico militar y escribidor de telegramas al Goyo Álvarez; en fin, nunca aclaró mucho. Esto me resulta parecido a lo que está pasando ahora con algún candidato que tampoco aclara las cosas; el doctor Tabaré Vázquez era todo eso. El doctor Tabaré Vázquez tiene sus raíces políticas por otros lados y la verdad es que todos aquí sabemos –todo Montevideo lo sabe– que el doctor Tabaré Vázquez sabía clara y contundentemente que aquí se habían violado los derechos humanos. ¡Vaya a saber por un pacto con quién y por qué decidió permitirlo, dejarlo pasar! Y ahora juega al gran bonete; ahora resulta que no tiene nada que ver con la impunidad. Pero ¡caramba! Hace un rato hablaron de Seregni, un general que nos merece respeto institucional, pero con quien siempre hemos tenido diferencias políticas en cuanto a su enfoque. ¿Qué quería decir el general Seregni cuando señalaba que el acuerdo para no juzgar a los militares había estado –utilizaba tres vocablos– sobrevolando, implícito y subyacente? ¿Qué pasó cuando el general Seregni fue a pedir que se postergaran los juicios por un tiempo para ver qué se hacía, porque el Frente Amplio no lo iba a votar? Esa era la idea de su amigo, el constitucionalista José Korzeniak y después lo supimos por algún debate.

Ahora bien, de todas esas cosas no hablamos; no tienen que ver con el tema militar. En quince años no pudieron depurar ni averiguar absolutamente nada.

En lo personal, condeno todas las violaciones a los derechos humanos de la Dictadura, anteriores y todas las que puedan ocurrir. Mi partido se comprometió para luchar contra la Dictadura, desde el primer día hasta el último, y en esta lucha defendió a todos y se apegó a la defensa de la Constitución y de las leyes.

Señora presidenta: reconozco que soy reiterativo en algunas cosas, pero si aplicamos esto que le estoy mostrando, que se llama Constitución de la república, habría que hacerle un juicio político al presidente de la república.

SEÑOR MICHELINI.- ¡Hágalo!

SEÑOR ITURRALDE.- Eso es lo que corresponde. Reitero que habría que hacerle un juicio político al presidente de la república, porque tuvo constancia de la comisión de delitos y miró como si tal cosa y encima, después, intentó endilgar el asunto a otros. ¡Vaya si sabía de todas estas cosas que pasaron! Pero es mucho más fácil echarle la culpa a un ministro que, según parece, había presentado su renuncia y no se le había aceptado. Es más, se dijo que no se sabía si leyó o no las actas; no lo sabemos y bueno sería que se aclarara ese punto.

El señor senador Heber recordará –como lo debe hacer seguramente el secretario de la presidencia de la república– la primera reunión posterior al triunfo del Frente Amplio, en enero de 2015 a la que asistimos, él como presidente y quien habla como secretario del Partido Nacional. En esa oportunidad, el presidente electo nos anunció algunos cambios que iba a llevar a la órbita de la presidencia como, por ejemplo, el tema del deporte o lo que pretendía hacer con la fiscalía en ese momento, para operarlo políticamente como ya está sucediendo. Y ante el reparo que le hicimos al presidente de la república en el sentido de que no podíamos traer al Parlamento al secretario de la presidencia para reclamarle responsabilidades políticas, claramente, nos dijo que concurriría todas las veces que fuera necesario. Tengo constancia de cuatro, cinco y seis veces en las que lo hemos convocado y nunca vino.

«Toma está en Roma», decía el señor senador Larrañaga hace un rato. Toma en Roma, ¿es broma? Toma representa al Estado uruguayo. ¿Le da la cara para representar al Estado uruguayo y no tuvo la dignidad republicana de venir al Parlamento a dar la cara? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y encima, de nuevo, vamos a caricaturizar la discusión, pretendiendo que el tema está entre quienes defienden la impunidad y nosotros que la atacamos; entre quienes defienden los derechos humanos y nosotros que los atacamos. ¡Por favor! Terminen con ese panfleto. Anímense a decir las cosas como son. Llamen al señor presidente de la república y díganle que la fuerza política que representa no tiene nada que ver con eso. No creo que ustedes quieran ser cómplices, pero lo son; son claramente cómplices. Además, deberíamos exigir que pasen por las comisiones del Parlamento todos los actores para que se aclare esta vergüenza. Queremos que se diga qué es lo que pasa, qué pacto oculto hay con algunos militares para esconder violaciones a los derechos humanos. Que se aclare por qué razón el señor presidente de la república ampara ese silencio, esa vergüenza y por qué la fuerza política que hoy gobierna no se anima a decir las cosas como son.

Muchas gracias.

SEÑOR ARISTIMUÑO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ARISTIMUÑO.- Señora presidenta: después de escuchar algunas intervenciones, dan ganas de meterse a contestar, pero no lo vamos a hacer; simplemente, nos limitaremos a decir lo que teníamos pensado.

Sinceramente, creíamos que en este tema el sistema político iba a actuar sin fisuras, como ocurrió en otras instancias históricas, en las que hubo que defender la institucionalidad del país. Pero resulta absolutamente claro que el clima electoral que vivimos nos aleja de esa posibilidad.

Ante la ausencia de los apoyos necesarios –ya anunciados–, una vez más, la impunidad habrá ganado otro partido.

Desde este lugar queremos decir con absoluta claridad que respaldamos plenamente lo actuado por el Poder Ejecutivo, porque los generales que integran el tribunal de honor del Ejército cayeron en un claro ocultamiento de los hechos aberrantes confesados, entre otros, por este oscuro personaje de la historia reciente como lo es José Gavazzo.

El artículo 77 del Decreto 55/985 claramente dispone: «Cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie». Nada de eso. Algunas versiones dijeron que fue verbal, pero no hay nada documentado.

Ante las gravísimas confesiones el tribunal se mantuvo omiso aunque, definitivamente, para nosotros no se trató de una omisión, sino de un nuevo capítulo del complot de los militares para ocultar la verdad de los desaparecidos en la Dictadura y, en particular, de toda la trama del Plan Cóndor, cuya existencia ha sido ampliamente demostrada. Queremos advertir que la lucha continúa y que estos artilugios reglamentarios y legales solo dilatan aún más el objetivo final de depurar el Ejército nacional y democratizar las Fuerzas Armadas; dilatan el hecho de que podamos ver entre rejas a los culpables de tantas atrocidades y poder llevar paz a los familiares de víctimas y de desaparecidos de la dictadura uruguaya.

Era cuanto quería manifestar.

Muchas gracias.

SEÑOR VASSALLO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VASSALLO.- Señora presidenta: voy a votar la venia solicitada por el Poder Ejecutivo, no por frentista –que lo soy–, sino por demócrata y republicano que pretende defender a ultranza la institucionalidad del país.

Después de haber escuchado varias horas el debate en sala, me parece que hay dos arbolitos que ocultan profundamente el bosque. Un arbolito está en octubre y otro en noviembre y no dejan ver el bosque institucional que tenemos por delante. Grave tema para esta casa y para este país republicano.

Voy a tratar de hacer algunas reflexiones, más allá de que naturalmente me siento comprendido en la argumentación expuesta y desarrollada por todos los compañeros de mi bancada. He escuchado decir –de una manera que me ha dejado atónito– que los fundamentos no existen o son escasos o se limitan a aspectos menores. Sinceramente, estoy atónito con eso.

Cuando uno lee el mensaje del Poder Ejecutivo –que tiene un solo artículo–, constata que se refiere claramente a la decisión, porque dice: «La decisión se adopta en atención a la actuación que tuvieron los citados señores Generales en el Tribunal de Alzada y Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores del Ejército». Se habla de «la actuación que tuvieron» que refiere a los fallos que en su momento emitieron esos tribunales de honor y a lo que resolvió el Poder Ejecutivo, pero parece que esto no fuera fundamento de lo que estamos discutiendo el día de hoy.

En las resoluciones del Poder Ejecutivo del 12 de marzo, referido a los fallos, en uno de los resultandos se dice claramente: «Dicho Tribunal de Honor consideró que los hechos por los que fueron condenados por la justicia penal ordinaria no están lo suficientemente aclarados y no hay elementos que fundamenten la convicción que los oficiales sometidos faltaron a los códigos de honor de la Institución Militar, del Cuerpo de Oficiales y de los suyos propios». A continuación, en el Resultando V) se entiende que faltaron en esos aspectos y por supuesto se incorpora el tema de no reconocer que otro oficial no había sido el responsable.

En el Considerando I) de esa resolución del Ministerio de Defensa Nacional y de Presidencia de la República, se expresa: «En el presente caso existe una conexión inexorable entre el honor de las Fuerzas Armadas y los delitos por los que fueron condenados penalmente los militares enjuiciados». O sea que en ningún momento el Poder Ejecutivo avala todo lo que resuelve y lo que se planteó en esos tribunales de honor.

El Considerando III) dice: «que el Poder Ejecutivo no comparte los fundamentos del Tribunal, en cuanto entendió que los hechos no están lo suficientemente aclarados, al existir la imposibilidad de reconstruir situaciones que, según se dice, ocurrieron hace 42 años; que dieron lugar a un trámite judicial que en su momento juzgara hechos a 30 años de ocurridos».

Por su parte, el Considerando V) expresa: «El Poder Ejecutivo no puede soslayar que el Poder Judicial, en oportunidad de dictar las condenas y confirmarlas en sede del Tribunal de Apelaciones y de la Suprema Corte de Justicia, consideraron la prueba “francamente agobiante en su capacidad incriminatoria”».

Finalmente, luego del visto, de los resultandos y los considerandos se dice que la conducta de los referidos militares desprestigia el honor de la Fuerza Armada que representan y el suyo propio. En definitiva, considero que se hace una lectura equivocada cuando se dice que refiere solamente a una parte jurídica y se hace referencia al literal G) del artículo 192, como dejándolo sin los fundamentos esenciales que tiene. Me parece que no acompañar este pedido de venia sin comprender los fundamentos globales y esenciales que están expuestos en los distintos documentos que envía el Poder Ejecutivo, es una lectura equivocada.

Por otra parte, no puedo entender que algunos señores senadores digan que si bien están totalmente distantes de las conductas de esos tribunales de honor y de ocultar la verdad, no van a votar la venia por una razón que se limita a una cuestión formal. Entonces, si no comparten los fundamentos del Poder Ejecutivo, ¿por qué no la votan por los propios fundamentos? ¿Por qué no la votan? Porque no quieren votarla, porque quieren la política del «pilatismo», de Poncio Pilatos, de lavarse las manos, de no asumir la esencia de las cosas. Perfectamente pueden discrepar con el Poder Ejecutivo en los fundamentos, pero si creen que es esencialmente valioso modificar el cuerpo de oficiales, deben votar la venia.

Luego de escuchar los argumentos dados en sala quiero decir que no acompaño y sinceramente rechazo una serie de calificativos que se han expresado hacia el Poder Ejecutivo y hacia el presidente Vázquez. Se han mencionado un montón; se habló de desidia, de irresponsabilidad, etcétera, y creo que no son pertinentes, pero las visiones políticas de cada uno los llevan a ese pronunciamiento.

También se ha expresado que acá se viene a pedir lealtad al presidente Vázquez y los que no son del Frente Amplio y discrepan con su política tienen esa libertad –por supuesto pueden hacerlo–, pero aquí, señores senadores, no hemos venido a pedir lealtad con el presidente Vázquez –y muchos la tenemos–, sino a pedir lealtad institucional, que está mucho más allá de este Poder Ejecutivo porque las Fuerzas Armadas van a seguir estando a futuro. El problema está en qué Fuerzas Armadas tenemos y cuáles queremos. El problema está en que si tenemos Fuerzas Armadas que desconocen al Poder Judicial, que desconocen los derechos humanos, que no han logrado revisar comportamientos esenciales, ¿cómo podemos mantener a un cuerpo de oficiales sin criticarlos y sin sustituirlos en casos como este, en que se ha demostrado que son evidentes?

En más de una oportunidad se ha hecho mención a los temas de los tribunales de honor y a sus reglamentos. Obviamente, los tribunales de honor son una figura institucional absolutamente pasada de moda, son de períodos históricos absolutamente perimidos. Aunque discrepando con sus contenidos, voy a leer algunas cosas del Reglamento de los tribunales de honor de las Fuerzas Armadas. Dice: «El honor es la cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto al prójimo y a nosotros mismos». El artículo 2.º establece: «Los Tribunales de Honor apreciarán las acciones sometidas a su consideración valorándolas con referencia al tipo constituido por los estados firmes de la conciencia colectiva que representa el ideal del perfecto caballero». Por su parte, el artículo 3.º dice: «[...] cada oficial está obligado a ser un ejemplo de conducta. […] Los ideales democráticos: el Oficial debe sustentar y aplicar [...] en nuestro Estado organizado representativamente en forma Republicana, democrática y soberana». Además, el capítulo referido a los deberes del oficial dice: «Todo Oficial debe ser educado, perfecto ciudadano [...]».

Me pregunto cómo estos cuatro generales, o los seis, no percibieron que el perfecto ciudadano está avalado como un asesino serial, porque Gavazzo es un asesino serial, es el mayor asesino serial de la historia conocida de este país o, en todo caso, uno más entre los que formaban parte del mismo grupo de militares que le pasó por arriba a la democracia, a la Constitución y al concepto republicano de convivencia. Debe ser un ejemplar de conducta ciudadana, ¡pero ninguno dijo nada!

Se podrá cuestionar si la obligación del Poder Ejecutivo se cumplió en la mejor forma o con la mayor rapidez, pero yo pregunto: ¿y cuál es nuestra responsabilidad? Ya lo han hecho mis colegas de bancada y disculpen que yo lo reitere, pero ¿cuál es la responsabilidad de ustedes al no votar estas venias? ¿Es dejar que el sistema de jerarquías, la cultura existente y estas normas sigan campeando en el país?

Vamos a lo esencial: si no se comparte un fundamento, pero se cree que habría que destituirlos con un fundamento más amplio, ¡háganlo! Lo que están haciendo, por lo menos por lo que escuché hasta ahora, es dar argumentos secundarios evitando la discusión central, lo más profundo, para ubicar una posición política de coyuntura.

Por supuesto que el pasado nos sigue doliendo, pero es un pasado que nos duele a todos. Sé que hay muchos senadores que no son frentistas que están acá o dirigentes de partidos que han sufrido mucho por la Dictadura, y algunos que están presentes o estuvieron en sala. Nos preocupa ese pasado, pero lo que nos preocupa sobre ese pasado es qué futuro vamos a construir, qué futuras Fuerzas Armadas.

Cuando se dice que el Frente Amplio ha tratado mal, como trapo de piso a las Fuerzas Armadas, yo digo ¿y con base en qué? Con base en querer cambiarlas, con base en querer buscar la verdad y con base en querer tener, al menos, algunos casos de justicia, porque evidentemente no hemos logrado alcanzar ni toda la verdad ni toda la justicia que reclama este país. ¿No sigue habiendo un silencio atronador cada 20 de mayo, como el próximo lunes va a haber nuevamente?

Las Fuerzas Armadas del futuro requieren una modernización tecnológica, presupuestal, pero sobre todo conceptual, cultural. Eso está en el fondo de la cuestión. ¿Quieren seguir manteniendo las Fuerzas Armadas que no perciben todavía los problemas esenciales del comportamiento en un país republicano como este? Señores senadores: yo no entiendo esos discursos, me cuesta mucho hacerlo. Será porque soy el más novato en todo esto, pero me cuesta mucho entenderlos. Llegué aquí con un enorme entusiasmo, mucho más que frentista, un entusiasmo republicano, lo digo con toda la sinceridad del alma. Me dejan absorto los argumentos –disculpen que lo diga– hasta mezquinos, porque son mezquinos con la república, no con el Gobierno. Lo lamento.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señora presidenta: quiero decir que a esta altura del debate hemos escuchado cosas muy trascendentes pero al mismo tiempo muy preocupantes. Alguno de los que han intervenido han dicho que teníamos que procurar una síntesis, y yo estoy de acuerdo con eso. Otros señores senadores han hecho referencia a todos los antecedentes que tienen que vincularse con este episodio, lo que puede ser de recibo.

Yo creo que no solo este debate del Senado, sino el episodio general que se ha configurado, en el futuro –dentro de una cantidad similar de años a los que han transcurrido desde ese pasado–, va a estar en la historia. Seguramente nosotros no lo veremos; pocos lo verán, solamente algunos muy jóvenes, pero va a estar incluido en la historia. Esta historia se inició –aunque no se quiere recordar– en 1970 o 1971; comenzó cuando el Partido Nacional votaba el estado de guerra interno y las medidas prontas de seguridad, en sesiones de la Cámara de Representantes o del Senado que duraban tres días –felizmente eso ya no ocurre más porque el Reglamento ha cambiado–; eso también formó parte de la historia predictadura que se configuró. Y también forman parte los hechos que se han mencionado, como el plebiscito de 1980; las elecciones de 1982, que se hicieron con partidos proscriptos, en las que participaron el Partido Nacional y el Partido Colorado; el acto del 27 de noviembre, recordado como un gran episodio; las elecciones nacionales, en la que también hubo proscriptos de todos los partidos, incluso del nuestro, por supuesto, y la ley de caducidad. Es cierto, como se mencionó, hubo dos plebiscitos que, en definitiva, la ratificaron, pero sin duda la ley de caducidad fue un componente absolutamente central de todo el proceso que se había vivido en el período predictadura y para salir de ella.

Con respecto a este episodio, me hago una pregunta que nadie ha hecho: ¡¿quién le dio la información al periodista Haberkorn, de El Observador?! ¿Quién se la dio? ¡Alguien se la dio! Pero nadie acá lo ha dicho ni lo ha insinuado. Creo que nadie, por lo menos los que están acá, lo sabe; pero alguien de El Observador, y naturalmente el señor Peirano, tiene que saberlo. Pocos días después de las declaraciones que hizo el periodista Leonardo Haberkorn en El Observador, en el diario El País se publicó una nota muy completa y detallada realizada a Gavazzo. Entonces, me pregunto: ¿esos dos episodios fueron casuales? ¿Dónde vivimos para pensar eso? ¡No! Esos episodios forman parte de una estrategia que intenta –digo esto con todas las letras– contraponer al Frente Amplio con las Fuerzas Armadas y que aparezcan los partidos tradicionales como sus grandes aliados. Lamentablemente, ese es el trasfondo. Por eso, como dijo el senador preopinante, sería bueno que voten el pase a retiro con los fundamentos que quieran, así habría argumentos a favor de que lo que digo no es cierto. ¡Vótenlo, aun discrepando absolutamente con los argumentos del Frente Amplio! ¡Voten que esos cuatro generales no pueden seguir siendo jefes de regiones militares, como podría suceder con la Región Militar n.º 1!, que es una de las posibilidades que existe, aunque no digo que se confirme.

Con todos los episodios que hemos vivido –quiero ser breve porque hay otros compromisos por delante–, las próximas generaciones –me refiero a un período de tiempo igual al que ha pasado desde esos hechos de los que estamos hablando, casi cincuenta años– ¿van a seguir discutiendo? ¿En Uruguay vamos a seguir discutiendo esto?

Entonces, quiero proponer una idea: tenemos que hacer un gran acuerdo nacional, cada uno con la parte de la verdad que tiene; nosotros no somos depositarios de toda la verdad y, más allá del desacuerdo, el Partido Colorado y el Partido Nacional también han dicho cosas que son ciertas.

También quiero decir que en las Fuerzas Armadas han cambiado los hombres, pero no las ideas y, si no, lean el Reglamento de los tribunales de honor y ese informe grandote que está ahí, donde están las ideas de hace cuarenta años. Si bien están entre líneas, muy al pasar, son las ideas que configuran la mentalidad de la doctrina de la seguridad nacional que todos –me refiero también al Partido Nacional, al Partido Colorado y al Partido Independiente– estamos de acuerdo en que tenemos que erradicar. Las Fuerzas Armadas siguen manteniendo todo eso como el gran sustento de la doctrina que se enseña en las escuelas y el liceo militar.

Sabemos que este es un año muy especial. Estamos en un año electoral, a pocos meses de las elecciones. El año que viene muchos de nosotros no vamos a estar y va a haber otro Gobierno, otro Poder Ejecutivo. Es más, este es mi último año aquí, con el que concluyo mis casi cuarenta años como parlamentario –quizás otros sí estén–, y creo que la presidenta dijo que ella tampoco iba a seguir; ojalá pudiera continuar; yo no la voy a excluir. Entonces, en menos de un año, en meses, le vamos a pasar la herencia de este debate al futuro Gobierno y a las nuevas generaciones. ¿Cómo podemos resolver esto? Con un gran acuerdo nacional de todos los partidos políticos. Recordemos que en la salida de la Dictadura, también estuvieron todos los partidos políticos; al principio, el Partido Nacional no estuvo, pero luego, en la Concertación Programática, sí lo estuvo, al igual que el Partido Colorado. Hoy, tenemos nada más y nada menos que al doctor Sanguinetti, que fue el artífice –digo esto con conocimiento de causa– o el testigo presencial o el actor presencial de casi todos los hechos que se relatan acá. Hablo porque conozco la historia vivida y no la historia contada.

En definitiva, como ya dije, tenemos que apostar a un gran acuerdo nacional también con las Fuerzas Armadas –aunque algunos puedan pensar que estoy diciendo un disparate–, con las fuerzas sociales, con los movimientos sindicales, etcétera. No se puede pretender imponer a las Fuerzas Armadas una concepción; para mí lo que ha quedado claro en todo este episodio es que podrán haber cambiado los hombres y las mujeres, pero las ideas siguen siendo las mismas. Esas ideas hay que revisarlas, pero no con una actitud de imponerlas; el sistema político debe ponerse de acuerdo para conversar, incluso con las Fuerzas Armadas, sobre las Fuerzas Armadas que queremos.

Compañeros: creo que el gran legado que podemos dejar a las futuras generaciones es hacer que de esta reunión salga, por lo menos, un comienzo de intento de búsqueda de una solución –sé que como es año electoral es complicado– con el acuerdo de todos los partidos políticos. No vamos a llegar a un acuerdo si no es entre todos, incluyendo a las Fuerzas Armadas, pero no para imponerles una determinada legislación, sino para convencerlos –si es que podemos– de que, en definitiva, la historia de hoy no es la historia de hace cincuenta años.

Muchas gracias.

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: quienes integramos la Comisión de Defensa Nacional, en varias intervenciones, le dijimos a los compañeros integrantes del Frente Amplio que esto que está pasando hoy era lo que iba a suceder cuando analizáramos cada uno de los sucesos que vinimos a evaluar.

El 1.º de abril fue lunes y ninguno de los señores senadores que estábamos en la Comisión de Defensa Nacional, sin importar el partido político, sabía lo que estaba sucediendo. Ninguno teníamos una información precisa o concreta, pero coincidimos rápidamente en que teníamos que hacer un proceso, una hoja de ruta para poder llegar a votar lo que nos solicitara el Poder Ejecutivo. Sabíamos que si no hacíamos esa hoja de ruta, lamentablemente, iba a pasar lo que pasó hoy durante toda la mañana: uruguayos enfrentados, uruguayos agrediendo, uruguayos insultando, uruguayos diciendo que unos son los buenos y otros son los malos, uruguayos que no buscaron el camino real que nos permita avanzar. Eso fue lo que sucedió y lo que trasmitimos a los compañeros de la comisión: que si no hacíamos los procesos correspondientes antes de que esta iniciativa llegara a la Cámara de Senadores pasaría –repito– lo que se vivió hoy, durante toda la mañana.

Lamentablemente, estoy convencido de que la salida hoy nos lleva diecinueve años para atrás, cuando un 9 de agosto del 2000 el presidente de la república, doctor Jorge Batlle, nos integró a todos los uruguayos y creó la Comisión para la Paz, porque no quería a uruguayos enfrentados, a uruguayos de un lado y del otro; quería a uruguayos unidos buscando soluciones para todas las familias que habían vivido las tristes consecuencias, y para todos nosotros en el futuro. Pasaron diecinueve años y otra vez necesitamos una comisión para la paz como aquella que fue integrada por representantes genuinos de toda la sociedad uruguaya como Nicolás Cotugno, arzobispo de Montevideo; José Claudio Williman, abogado y político del Partido Nacional; Gonzalo Fernández, abogado penalista, representante del Frente Amplio y asesor de Tabaré Vázquez; Carlos Ramela, abogado, representante del Partido Colorado y asesor del presidente Batlle; Luis Pérez Aguirre, sacerdote jesuita, fundador de la sección uruguaya del Servicio Paz y Justicia; José D´Elía, sindicalista de larga trayectoria y ex secretario general de la central sindical PIT-CNT. Ellos recibieron, analizaron y dieron el primer paso de la Comisión para la Paz.

Si hoy el espíritu real del Frente Amplio y del Gobierno es lo que trasmitía en sus últimas palabras el señor senador Baráibar, cuenten con nosotros, cuenten con el Partido Colorado para lograr un acuerdo nacional, un acuerdo por la paz, un acuerdo para que no haya más enfrentamientos, para que se termine esta discusión, la misma del sesenta, del setenta, del ochenta, del noventa, del 2010. Queremos trabajar en ese sentido y vamos a convocar a todos para hacerlo. ¿Gana el país con estos enfrentamientos, con estas acusaciones?

Hoy he escuchado atentamente a todos y no tenía pensado participar ni intervenir, pero hay gente que hasta se dio el pie de decir que acá se expresó algo que no se dijo para plantearlo como asunto político. Realmente, ese no es el camino.

Nosotros, que tenemos la tranquilidad que nos da la historia en todos estos procesos, pero también aportando al presente, estamos convencidos de esto. Por eso, señora presidenta, mi participación es pura y exclusivamente para presentar la moción que hemos hecho llegar a la Mesa en la que proponemos a este plenario que el tema vuelva a la Comisión de Defensa Nacional para que tenga el proceso correspondiente. Quienes hoy están acá y realmente quieren llevar adelante lo que plantea el Poder Ejecutivo saben que no les da con una mayoría simple y también saben que no están los votos porque ya han hablado compañeros y representantes de todos los partidos. Por lo tanto, si lo que se está buscando es tener la mayoría necesaria para aprobar esto, nuestra moción es clara y contundente –así también lo manejó el Partido Independiente que, bajo determinadas circunstancias, está dispuesto a votarlo–: queremos tener la oportunidad y la posibilidad de recorrer de manera responsable el camino que debe tener un tema serio como este, que no debe tener pancartas; hay que bajar las pancartas y mirarnos a la cara.

El secretario de la presidencia y el presidente refrendaron estas decisiones, los generales informaron de lo de Gavazzo a Manini Ríos, este al ministro Menéndez y el ministro a Miguel Toma. ¿Toma informó o no a Vázquez? ¿Vázquez refrendó lo de los generales? ¿Solamente los generales van a ser responsables de todo esto? ¿Con esto se van a solucionar todos los temas del país y vamos a tener un Uruguay distinto mañana? ¡No! Vamos a solucionar esto volviendo a juntar a todos los uruguayos y logrando que estos temas no nos dividan más. Pareciera que hoy nos vamos a ir de acá unos buenos, otros malos; unos responsables, otros irresponsables; unos afectados, otros no afectados, y que vamos a seguir dividiendo al país en estos temas.

Hace veinte años el camino que se quiso tomar fue el de un Uruguay sin enfrentamientos, fue el de la Comisión para la Paz. Y para eso estamos: para empezar a trabajar nuevamente en que todos estos temas no nos sigan dividiendo. Como partido mocionamos –y pedimos a la bancada del Frente Amplio que acompañe la moción del Partido Colorado– para que esta solicitud de venia de retiro obligatorio vuelva a la Comisión de Defensa Nacional y se considere como se tiene que tratar: con responsabilidad y seriedad constitucional, no basada solamente en la presencia del ministro Bayardi –y de Berterreche, quien el 1.º de abril estaba con nosotros sin saber nada–, quien vino a contarnos lo que a él le contaron.

¿Es tan problemático, tan traumático poder tener la oportunidad y la posibilidad de escuchar a quien manda esta iniciativa en representación del secretario Toma? Creemos que no. ¿Es tan traumático que venga el ex comandante en jefe y nos dé su versión? No. ¿Es tan traumático que vengan los cuatro generales a trasmitir al Senado de la república su versión para que después todos podamos votar con seriedad y responsabilidad, sin discusiones de tribuna? No. Por lo tanto, les pedimos que acompañen nuestra moción, que se sigan los pasos correspondientes y que no lleven esto a la obligatoriedad de una votación que saben que hoy no va a salir y que definitivamente sigue dividiendo a los uruguayos.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Los senadores abajo firmantes solicitamos se devuelva esta carpeta 1298/2019 a la Comisión de Defensa y se cite a la misma a:

El secretario de la Presidencia

El excomandante Guido Manini Ríos

Los cuatro generales cuya destitución se solicita». (Firman las señoras senadoras Matiaude, Aviaga y Álvarez y los señores senadores Amorín, García, Cardoso, Heber, Bordaberry, Camy, Mieres, Coutinho, Saravia, Iturralde, Larrañaga y Delgado).

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–15 en 31. Negativa.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Solicito la votación nominal del proyecto de resolución a consideración.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tómese la votación.

(Se toma en el orden siguiente).

SEÑORA ÁLVAREZ.- Voto por la negativa.

SEÑOR AMORÍN.- Voto por la negativa.

SEÑOR ARISTIMUÑO.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA AVIAGA.- Voto por la negativa.

SEÑORA AYALA.- Voto por la afirmativa por verdad, por justicia y, fundamentalmente, por convicción.

SEÑOR BARÁIBAR.- Voto por la afirmativa y lo hago por las razones que ha expuesto nuestra bancada y también como respaldo a lo actuado por el presidente de la república.

SEÑOR BORDABERRY.- Voto por la negativa.

SEÑOR CAMY.- Voto por la negativa.

SEÑOR CARDOSO.- Voto por la negativa.

SEÑOR CARRERA.- Voto por la afirmativa y voy a fundar el voto.

Votamos en forma afirmativa por la gravedad de lo sucedido y por respaldar a nuestro Poder Ejecutivo.

Entendimos que en las acciones del tribunal de honor se denota un fuerte desprecio a la Constitución de la república y al sistema republicano de gobierno. Estamos hablando de conductas abominables que son sancionadas tanto moral como penalmente y que ameritan su pase a la Justicia, ya que no fueron debidamente consideradas. La simple lectura realizada por los generales Fajardo, Romano, Sequeira y Salaberry amerita sus pases a retiro. Afirmar que la tortura, el asesinato y la desaparición de personas son conductas que no dañan la moral ni el prestigio de la institución resulta inadmisible.

Aquí queda claro que existen dos posiciones: algunos consideramos que el respeto a los derechos humanos debe ser una cuestión sagrada y que no debemos tolerar un accionar como el que tuvo el tribunal de honor; otros, tal vez no le estén dando la relevancia que esto tiene. Por eso es el voto afirmativo, señora presidenta.

SEÑOR CASTILLO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR COUTINHO.- Voto por la negativa; no más enfrentamientos de uruguayos contra uruguayos.

SEÑOR DELGADO.- Voto por la negativa.

SEÑOR GARCÍA.- Voto por la negativa.

SEÑOR GARÍN.- Voto por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto.

En primera instancia, tenemos una firme convicción de que el procedimiento de votar la venia es adecuado. Esto es un respaldo a nuestro Poder Ejecutivo, al presidente y al procedimiento que sugirieron las actuales autoridades del Ministerio de Defensa Nacional en las figuras de nuestros compañeros, el ministro Bayardi y el subsecretario Berterreche, en el entendido de que esta venia, que representa un hecho novedoso, podía haber significado –más allá de las connotaciones políticas que muy bien defendieron nuestras compañeras y compañeros de bancada, que además estaban llevando adelante una decisión de nuestra fuerza política– una señal institucional referente a la necesidad de empezar a cambiar nuestras Fuerzas Armadas.

Asimismo, queremos señalar que dan fuerza a nuestro voto las innumerables expresiones de ciudadanos y militantes sociales de diferentes organizaciones sociales que siguen manifestando la necesidad de verdad y justicia, como así también la desconfianza y el desprestigio que tienen las Fuerzas Armadas, especialmente en la figura de su oficialidad. Es muy necesario, a la brevedad, comenzar a hacer esas transformaciones, y creíamos que con esta votación se podía empezar a construir; pero quedará para una nueva instancia.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR HEBER.- Voto por la negativa.

SEÑOR ITURRALDE.- Voto por la negativa, señora presidenta. Lo hago con mucho honor, porque creo en el honor y en que este es un juego del gran bonete, …

(Parte de este fundamento de voto ha sido eliminado en aplicación del último inciso del artículo 105 del Reglamento del Senado)

–Todos los responsables deben pagar y todos los uruguayos tenemos derecho a saber qué acuerdo hay atrás.

SEÑORA PRESIDENTE.- No se pueden hacer alusiones políticas en el fundamento de voto. Luego vamos a revisar las actas.

SEÑORA LAZO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR LÓPEZ VILLALBA.- Voto por la negativa.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA MATIAUDE.- Voto por la negativa, y voy a fundamentar el voto.

Señora presidenta: suscribo todo cuanto han dicho mis compañeros de partido. Aquí hemos hablado y he escuchado durante mucho tiempo la palabra «irresponsable». Irresponsable sería mi partido si votara afirmativamente cuando faltan elementos para resolver la destitución de los generales Romano, Sequeira, Salaberry y Fajardo, sin tener conocimiento de la versión de los involucrados, principalmente del general Manini Ríos y del secretario de la presidencia, Miguel Toma. Los generales cumplieron la cadena de mando correctamente, dos de ellos informando al comandante en jefe, este al ministro Menéndez, y el ministro a la presidencia. No se debería sancionar a quienes están sometidos a jerarquía, olvidando la responsabilidad que por acción u omisión tiene el presidente de la república, quien homologó las decisiones de los generales en su calidad de jerarca máximo de las Fuerzas Armadas. El presidente Vázquez ha afirmado en varias oportunidades que no leyó el contenido de las actas, lo que no lo exime de la responsabilidad porque la omisión también es una falta de responsabilidad. Inevitablemente involucra al secretario Toma, que sí fue advertido del contenido por el ministro Menéndez y, no obstante eso, no informó debidamente al presidente.

Señora presidenta: insisto en la irresponsabilidad de votar la destitución sin una evaluación general de responsabilidad, y para eso se vuelve indispensable la declaración –la que pedíamos– de los señores generales, del general Manini Ríos y del secretario Toma.

SEÑOR MICHELINI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR MIERES.- Voto por la negativa, y voy a fundamentar el voto.

Señora presidenta: ratifico que nuestro voto negativo refiere a que el fundamento que expresó el Poder Ejecutivo se basa en hechos falsos. Si hubiera sido fundado en los contenidos del fallo, nuestro partido habría acompañado la venia de destitución porque los rechazamos profundamente.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA MOREIRA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR OTHEGUY.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR PARDIÑAS.- Voto por la afirmativa por todos los argumentos que expusimos en sala.

SEÑORA PASSADA.- Voto por la afirmativa, y quiero fundamentar el voto.

Voto con convicción porque no estoy dispuesta, señora presidenta, a tapar la verdad; porque esta bancada del Frente Amplio, que en su totalidad está aprobando estas venias, es leal a la institucionalidad; porque defendemos el sistema democrático. Y voto por algo que creo es relevante en su contenido, por algunas presencias aquí en sala: la memoria no se pierde por el camino, señora presidenta, y hay responsabilidades que se deben cumplir. Por eso voto con convicción.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR SARAVIA.- Voto por la negativa.

SEÑOR VASSALLO.- Voto por la afirmativa, y si la presidencia me lo permite voy a fundamentar el voto.

En el marco de lo que expresé cuando intervine en este debate, entiendo que el voto afirmativo para las venias que se han solicitado contribuye sustantivamente con la institucionalidad y con la posibilidad de que en el futuro los uruguayos no nos enfrentemos entre nosotros. Como han señalado el interés y la idea otros legisladores que hablaron antes que yo, acompaño esa posición.

SEÑORA XAVIER.- Voto por la afirmativa, y voy a fundamentar el voto.

Lo hago porque debemos custodiar los principios y valores democráticos. También voto afirmativamente porque no estoy dispuesta a alimentar el pacto de omertá, que sostienen quienes han sido responsables, y siguen siéndolo, de delitos de lesa humanidad.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Voto por la afirmativa por todo lo expuesto por la bancada del Frente Amplio.

Dese cuenta del resultado de la votación.

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- Han sufragado los treinta y un integrantes del Cuerpo. Dieciséis lo han hecho por la afirmativa.

SEÑORA PRESIDENTE.- La votación ha resultado: Negativa.

15) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 15 de mayo de 2019

Señora presidente de la Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 15 de mayo.

Sin otro particular, saludo muy atentamente.

Álvaro Delgado. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 28. Afirmativa.

Queda convocado el señor Alejandro Draper, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

16) CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESFERA DE LA SALUD ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DE CUBA Y EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se aprueban el Convenio de cooperación para la prestación de servicios en la esfera de la salud entre el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba y el Ministerio de Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay, y sus anexos, suscritos en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 28 de noviembre de 2018. (Carp. n.º 1259/2018 - rep. n.º 843/19)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: la Comisión de Asuntos Internacionales trae al Cuerpo, por mayoría, la sugerencia de aprobar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo mediante el que se acuerda el Convenio de cooperación para la prestación de servicios en la esfera de la salud entre el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba y el Ministerio de Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay. Este convenio fue suscrito el día 28 de noviembre de 2018 en la ciudad de Montevideo.

Queremos decir que este convenio se enmarca en la Ley n.º 16290, de agosto de 1992, por la que se aprueba un acuerdo que firman Cuba y Uruguay de cooperación económico industrial y científico técnico, así como la creación de la Comisión Mixta Intergubernamental para la Cooperación Económico-Industrial y Científico-Técnica entre ambos países.

En el año 2008, a través del Mides se celebra el primer convenio, cuyo objeto es el intercambio de aprendizajes en materia de políticas dirigidas a personas con discapacidad y esta es razón por la que, justamente, esta cartera lo suscribe. La contrapartida en Cuba es el Ministerio de Salud; también en nuestro caso pudo haber sido ese el ministerio encargado, pero en definitiva el Mides es el que cuenta con los ámbitos especiales para la atención a personas con discapacidad. A lo largo de la fundamentación veremos que hay múltiples organismos públicos que se involucran en el desarrollo de este convenio.

El acuerdo se renueva en el año 2012, teniendo en cuenta la puesta en marcha en octubre de 2011 del Laboratorio de Ortopedia Técnica del Uruguay, con la colaboración del Centro Nacional de Ortopedia Técnica de Cuba. En este convenio, la parte cubana se obliga a prestar servicios técnicos especializados en el área de la ortopedia técnica mediante profesionales y técnicos de la salud cubanos calificados para colaborar en la creación de un centro de producción, diseño y reparación de prótesis y otros elementos ortopédicos. Asimismo, se buscaba capacitar recursos humanos uruguayos e instrumentar un centro vinculado a los procesos de evaluación y control de la calidad de los elementos ortopédicos producidos. Todo ello se hace a cambio de la correspondiente remuneración de la parte uruguaya.

En el año 2018 el presidente de la república autoriza la ampliación de dicho convenio y es por ello que se envía al Poder Legislativo para su aprobación.

El Poder Ejecutivo en la exposición de motivos subraya lo trascendental que es la prestación de estos servicios técnicos que comprende el convenio. El objeto por parte de profesionales cubanos es brindar esos servicios técnicos especializados en esta área de ortopedia mediante profesionales y técnicos capacitados, que se están formando en estos años en nuestro país, pero carecemos en nuestros planes de estudio de formación constante en diferentes niveles de especialistas en esta área. Por lo tanto, capacitar personas y lograr las otras etapas del proceso en las que se pueda controlar la calidad, evaluar y recuperar piezas, es muy importante.

Este convenio consta de un preámbulo y diez capítulos. El capítulo I, «Objeto del convenio», refiere a esto que aludíamos, es decir, a los profesionales y técnicos y sus funciones, que son la colaboración en la producción, reparación de prótesis y elementos ortopédicos, capacitación en recursos humanos y generación de un centro, con la expectativa de que sean más de uno en nuestro país. Todo esto se hace a cambio de la correspondiente remuneración económica de la parte uruguaya.

El capítulo II, «Ámbito de aplicación», explica que el convenio se aplica a la prestación de los servicios a través de un equipo profesional y la atención especializada a los ciudadanos en Uruguay, sean uruguayos o no, pero que residan en nuestro país.

En el capítulo III se establecen las obligaciones de las partes. El anexo I es parte integrante del convenio, en el que se especifican una serie de datos y se describe lo pactado en este acuerdo. En lo fundamental, la parte uruguaya se obliga a garantizar el pago por la prestación de los servicios pactados y a asumir los gastos de transporte aéreo internacional y en el territorio de la República Oriental del Uruguay de los profesionales y técnicos de la salud cubanos, al inicio, por vacaciones, durante la ejecución y por la conclusión de los servicios pactados. También se obliga a garantizar alojamiento a los profesionales y técnicos de la salud cubanos y a asumir el gasto derivado de ello, a lo que haremos referencia más adelante.

Por su parte, el capítulo IV, que se denomina: «Monto a pagar y forma de pago por la prestación de los servicios pactados», dice: «4.1 Las Partes acuerdan que por concepto de la prestación de los servicios técnicos pactados y en correspondencia con lo convenido, el valor total asciende a un monto anual de ciento setenta y cuatro mil dólares estadounidenses (174. 000.00 USD)». El monto cubre la contratación de cinco técnicos, cuya suma asciende a USD 49.920 al año de estipendios. Se dispone además de un máximo de pesos uruguayos un millón setecientos mil –$ 1:700.000– para cubrir el pago de prestaciones diversas.

Quiero aclarar que queda todo cubierto y lo que al Estado cubano se le reintegra es una suma de $ 100.000 mensuales, dado que ellos han formado los recursos técnicos y profesionales que vienen a nuestro país. En definitiva, hay un pago de estipendios a los cinco profesionales y un pago al Estado cubano que realiza ese acuerdo con nuestra parte.

En el capítulo V se regula la regla de confidencialidad. Allí se expresa: «5.1 Ambas partes se comprometen a no difundir, divulgar o hacer pública cualquier información intercambiada entre ellas o a las que haya podido tener acceso con motivo del presente Convenio. […] 5.2 El compromiso de confidencialidad tendrá una validez correspondiente a un término adicional de dos (2) años, contado a partir de la fecha de terminación del presente Acuerdo», que es una cláusula tradicional en este tipo de acuerdos.

El capítulo VI refiere a la evaluación de los resultados y expresa: «Las Partes evaluarán el cumplimiento de lo acordado en el presente Convenio, una vez concluido el plazo de seis (6) meses, contado a partir de la fecha de la firma del presente Convenio. Se realizarán por las Partes sucesivas evaluaciones».

El capítulo VII tiene que ver con aspectos de reclamación y solución de conflictos y prevé que si surgen dificultades con el desempeño de los profesionales o los técnicos de salud cubanos, las partes deben tratarlas en forma amistosa; de lo contrario, alguna autoridad máxima deberá resolver de manera amigable las diferencias surgidas.

El siguiente es el capítulo VIII, «Causas eximentes de responsabilidad», dice que «las Partes no son responsables del incumplimiento o cumplimiento inadecuado de sus respectivas obligaciones, cuando las mismas no sean posibles satisfacer por razones de caso fortuito o fuerza mayor». Esta también es una cláusula estándar.

El capítulo IX refiere a la entrada en vigor y vigencia del convenio. Se aclara que entra en vigor en la fecha de la firma y que tendrá una vigencia de dos años prorrogable automática y sucesivamente por iguales períodos, siempre que ninguna de las partes manifieste por escrito su voluntad de no prorrogarlo, cosa que debe hacerse en un plazo no menor a treinta días de antelación a su terminación.

En el capítulo X se consignan otros pactos, como por ejemplo que el convenio «puede ser modificado por acuerdo entre las partes, mediante suplementos escritos que formarán parte integrante e inseparable del mismo, con igual valor legal y efectos jurídicos al documento que le dio origen».

En la comisión este convenio fue sumamente discutido y se solicitaron una serie de informes que obviamente no contentaron ya que, como dije, el convenio fue aprobado por mayoría. Por lo tanto, quisiera aclarar lo que fueron básicamente las dudas que evacuamos en esa discusión.

Uruguay no tiene la especialidad en la Facultad de Medicina ni en la Escuela Universitaria de Tecnología Médica. Sí existen cursos de auxiliares que se vienen dando a través de este mecanismo de convenio que tenemos hace varios años. En el 2011 el equipo estaba conformado por cuatro trabajadores uruguayos y tres cubanos; en el 2019 hay once trabajadores uruguayos, cinco cubanos y un técnico de Ecuador. En realidad, no es con el único país que se tiene este tipo de acuerdo; hay otros países de Latinoamérica, pero no supusieron un acuerdo en sí sino que más bien giraron en torno a este que se viene trabajando, porque en realidad la competencia la tienen estos médicos, al igual que en otro tiempo sucedió con el tema de la cirugía de ojos en nuestro país.

El Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas –Cenatt–, al que hicimos referencia anteriormente y que se formó a raíz del trabajo con este convenio, atendió a cinco mil personas en 2018, lo que implica un salto muy significativo con relación a la cantidad de pacientes que se atendía en los años previos. Para que tengamos una idea, el Cenatt entrega sillas de ruedas, grúas para baño, muletas, andadores, sillas de posicionamiento, sillas de baño, camas articuladas, bastones y audífonos, entre otras cosas. Por su parte, en el área de la ortopedia se confeccionan calzados y plantares de todo tipo, para todas las edades y para todo el país, lo que constituye un hecho muy relevante para quienes necesitaban todo esto.

(Ocupa la presidencia el señor Charles Carrera).

–Desde su creación, el laboratorio ha colocado más de mil quinientas prótesis de miembros inferiores, órtesis y férulas de miembros inferiores y superiores. Además, a través de un convenio con UTU –por eso decía que hay varios organismos del Estado que tienen acuerdos para llevar adelante esta labor– se desarrollan tareas de reparaciones y adaptaciones. El predio en el cual se lleva adelante esta tarea fue cedido por la Intendencia de Montevideo y hay una organización noruega que también colabora, dado su expertise en el tema protésico.

Por su parte, el costo en el mercado de las prestaciones que se brindan en el Cenatt es cinco veces más caro que lo que se logra con capacidades propias.

Tomando en cuenta las consideraciones antes mencionadas, creo que este Cuerpo debería ratificar el convenio porque sin dudas constituye una adquisición de capacidades dentro del país y, lo que es más importante, sirve para satisfacer a personas que, teniendo discapacidades, logran tener una vida normal con este tipo de ayudas.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: el destino quiso que ayer en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos se tratara justamente el tema de este tipo de convenios que realiza Cuba, que se denunciara el trabajo esclavo de los médicos cubanos en el exterior y que fuera objeto de palabras muy duras por parte del excanciller de la república del Gobierno del Frente Amplio, hoy secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. Ayer Naciones Unidas y la OEA trataron este tipo de convenios; es una coincidencia.

¿Por qué entienden que acá puede haber trabajo esclavo? Alcanza con leer este convenio para verlo. Fíjense lo que va a hacer Uruguay. Por este convenio, le vamos a pagar USD 174.000 más unos USD 30.000 o USD 40.000 de gastos, pasajes, etcétera, a cinco profesionales cubanos. Pero en realidad no les pagamos a esos cinco profesionales, porque si uno lee en detalle el convenio se va a dar cuenta de que a los profesionales les vamos a pagar USD 516 por mes. Entonces, vamos a tener un médico, técnicos en este tema, y les vamos a pagar $ 18.000 por mes durante un año, pero a su vez le vamos a pagar a Cuba $ 72.000 por cada uno de ellos. Lo que estamos diciendo con este convenio es que al médico le pagamos $ 18.000 y a la República de Cuba $ 72.000 por mes. Esos son los números que hice viendo los USD 31.000 que le vamos a pagar a los cinco profesionales por doce meses y USD 124.000, al Gobierno de Cuba. ¡Maravilloso! Un 80 % se lleva Cuba y un 20 % los profesionales que nos manda acá. Yo esto no lo suscribo, como tampoco lo hacen los que hicieron la denuncia en Naciones Unidas y en la OEA, y el secretario general de la OEA. ¿Vamos a aceptar tener profesionales a $ 18.000 por mes y a su vez pagar por su trabajo al Gobierno de Cuba $ 72.000? No.

Esto viene presentado como un acuerdo más de cooperación entre Uruguay y Cuba, pero me parece que no hay que acompañarlo por los motivos expuestos. No podemos aceptar que a un trabajador de la medicina se le queden con el 80 % de lo que paga el Uruguay. Insisto: creo que no se puede aceptar.

Además de eso, estamos contratándolos. Como no domino el tema, consulté con un par de médicos si acá hay profesionales en el tema y la respuesta fue que sí hay profesionales muy buenos en el Uruguay que pueden hacer esta tarea y que han sido formados en el exterior. Me refiero, por ejemplo, a la gente de Bergantiños –Fernando y Marcelo García–, Garagnani –hijo de italianos, formado en el exterior– y Gavagnin. Entonces, hay quienes brindan el servicio acá y ¿se hizo un llamado para preguntar si ellos podían hacerlo y cuánto nos cobraban? No; decidimos hacer un convenio.

Por otra parte, en el proyecto de ley esto se presenta como cooperación y luego como convenio para prestación de servicios. Quiero dejar claro que Cuba no nos está regalando nada, como tampoco lo hizo con el tema del Hospital de Ojos José Martí. Reitero: no nos regaló nada, sino que pagamos. También en ese caso se habló de cooperación del Gobierno cubano y a los tres o cuatro año le perdonamos USD 30:000.000 porque nos había dado este servicio.

Entonces, quiero alertar a los compañeros de la oposición sobre este convenio. Había cuatro o cinco convenios y los otros creo que estaban muy bien, pero este tiene este problema que, reitero, fue tratado ayer en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos con palabras muy duras por parte del secretario general de la OEA, el excanciller Luis Almagro.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor presidente: como dije en el informe, hay una remuneración de $ 100.000 por mes al Estado cubano por esto que no es un «acuerdillo», sino que tiene el mismo valor que cualquier ley. La Ley n.º 16290 se origina en 1992, o sea que nada que ver con un Gobierno frenteamplista ni una mayoría parlamentaria frenteamplista. A partir de ese convenio de cooperación económico-industrial y científico-técnico se deriva no solo el tema de las prótesis, sino muchas otras cosas como las que también se suscribieron con un montón de países.

Queda claro que acá hay un problema, que es con qué Estado estamos contrayendo estos convenios, pero para nosotros –como se dijo también en comisión– lo importante es que, tanto en la cuestión de ojos como en la de las prótesis, estamos solucionando deudas muy importantes con la población uruguaya. Creo que hubo un interés especial en algún medio de comunicación, por suerte a posteriori de cada una de nuestras comisiones –porque la mayoría de las cosas importantes pasan en la comisiones, más que en los plenarios que tenemos dos veces por semana–, y allí se llegó a hablar de dumping social por el hecho de que se le daba al Estado cubano un determinado monto y los salarios de $ 23.000 que recibían los médicos cubanos –más la casa, los traslados y todo lo demás– no tenían un valor equivalente a eso. Pero esto es muy sencillo; si nosotros en algún momento mandamos profesionales que no tenga el Estado cubano, o cualquier otro país, es lógico que esté considerado un rubro en formación de los técnicos y no exclusivamente el estipendio de cada uno de ellos.

Por supuesto que quisiera que las remuneraciones fueran mayores, tanto para los profesionales cubanos como para los profesionales uruguayos y los trabajadores que hacen esta tarea tan importante por la que una persona, de cualquier edad y en cualquier lugar del territorio uruguayo, puede acceder gratuitamente a este tipo de prótesis, tal como lo demuestran los hechos.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: creo que fui claro. Es muy bueno que se pueda brindar capacitación, y esperemos que los profesionales sean buenos. No lo pongo en tela de juicio. Lo que está mal es que seamos socios –por utilizar una palabra no muy dura– del Gobierno de Cuba en esto. Al médico cubano que va a trabajar acá se le van a pagar $ 18.000 y el 80 % restante se lo vamos a dar al Gobierno de Cuba. Eso es lo que está mal. ¡No me vengan a hablar más de defensa al trabajador porque hoy acá no lo estamos defendiendo! Yo esto no lo voto.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SARAVIA.- Señor presidente: en la comisión acompañamos esta iniciativa. Si bien compartimos el planteo realizado por el señor senador Bordaberry con respecto al salario, también debemos decir que hay que defender, en primer lugar, los salarios de nuestros médicos, que cobran eso o un poco más y corren de un lado para otro.

En definitiva, debemos sopesar los beneficios que brinda este convenio, cuyo sustento jurídico proviene de acuerdos anteriores, que datan del año 1992 en adelante. Quiere decir que este convenio está amparado por una cobertura y una garantía jurídica.

Asimismo, recordé en la comisión los resultados de estos convenios que venían del año 1992 y que no eran del Gobierno de la izquierda, que asumió en 2005, como el operativo de ojos. El otro día en la comisión para votar este convenio tuvimos en cuenta que este problema no solo se da en Uruguay, sino que también se planteó en Brasil. Cuando Bolsonaro decidió no pagar lo que le correspondía al Gobierno cubano –aclaro que nosotros no estamos de acuerdo con que el Gobierno cubano se lleve la mayor parte del dinero en lugar de los médicos que trabajan y que, además, tienen un gran sustento técnico– tuvo, y aún tiene, serias dificultades debido a las epidemias que se generaron en la selva porque los únicos que iban a atender allí eran, justamente, los médicos cubanos, dado que los médicos brasileños se negaban a hacerlo por ese salario.

Si bien estamos de acuerdo con la denuncia de Naciones Unidas –creo que este organismo debe tener posición al respecto– y con reclamar al Gobierno de Cuba que la mayor parte del dinero se destine a los médicos cubanos, debemos considerar que este beneficio está dirigido a gente de menores recursos que no tiene acceso a determinadas prótesis. En definitiva, el Fondo Nacional de Recursos tiene dificultades económicas para cumplir en tiempo y forma con la entrega de las prótesis. Esa es otra discusión que tuvo lugar en el Parlamento: el tema del Fondo Nacional de Recursos y sus fondos. También habría que hablar sobre los aportes que se le hacen en el marco de la salud.

Más allá de reconocer lo que plantea el señor senador Bordaberry, compartimos en general la iniciativa –reitero que tiene un sustento jurídico importante– y sabemos que los resultados siempre han sido positivos en dirección a los más necesitados, como el Hospital de Ojos José Martí y como puede llegar a ser el tema de las prótesis.

Muchas gracias.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor presidente: voy a terciar en este asunto porque confío plenamente en el informe realizado por la señora senadora Xavier.

Al escuchar la evolución de algunos de los razonamientos que se han hecho aquí, se me ocurrió que, en primer lugar, estos médicos vienen voluntariamente y la mayoría de ellos regresa a Cuba al terminar su función. En segundo término, estos costos no se pueden manejar de manera antojadiza porque ellos son empleados públicos que vienen con un salario asignado que –como ya expresé– aceptan voluntariamente. También es cierto, aunque desconozco el ordenamiento contable cubano, que hay un costo de formación académica de ese profesional. Seguramente, los $ 72.000 a los que se hizo referencia en sala deben estar destinados a saldar esas cuentas.

Por lo tanto, desde ningún punto de vista me siento agraviado por la ecuación económica que se ha detallado recién en sala. No creo, en absoluto, que esto sea un régimen esclavista como considera el señor Almagro. Esto es por voluntad propia; ninguno de ellos sale de Cuba e ingresa al puerto de Montevideo con un revólver en la espalda.

Es cuanto quería decir.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra la señora miembro informante.

SEÑORA XAVIER.- Lo que ha traído la comisión es un sustitutivo, por lo que le pido que lo lea.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Muchas gracias, señora senadora.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–19 en 21. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébanse el Convenio de Cooperación para la Prestación de Servicios en la Esfera de la Salud entre el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba y el Ministerio de Desarrollo Social de la República Oriental del Uruguay y sus Anexos, suscritos en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 28 de noviembre de 2018».

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 21. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

SEÑOR VASSALLO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR VASSALLO.- Señor presidente: muy brevemente señalo que voté el proyecto de ley porque no creo que haya ningún trabajo esclavo, porque se trata de un convenio internacional aprobado soberanamente por dos países, porque las personas vienen en forma voluntaria y porque, además, entiendo que es conveniente para el mejor desarrollo de la salud pública uruguaya y la mejor asistencia de los sectores sociales con menos recursos.

17) POSTERGACIÓN DE LOS NUMERALES PRIMERO Y CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Correspondería pasar a considerar el cuarto punto del orden del día.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Señor presidente: solicito que el asunto que figura como cuarto punto del orden del día pase para la próxima sesión del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- Se va a votar la propuesta de la señora senadora.

(Se vota).

–16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

18) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE (Charles Carrera).- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 14:58, presidiendo el señor Charles Carrera y estando presentes los señores senadores Aristimuño, Aviaga, Ayala, Baráibar, Bordaberry, Castillo, García, Garín, Lazo, Martínez Huelmo, Matiaude, Pardiñas, Passada, Saravia, Vassallo y Xavier).

LUCÍA TOPOLANSKY Presidente

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.