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N.º 35 - TOMO 587 - 16 DE OCTUBRE DE 2018

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

CUARTO PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

35.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN LA SEÑORA LUCÍA TOPOLANSKY Presidente y EL SEÑOR JUAN CASTILLO Tercer vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA: EL TITULAR HEBERT PAGUAS,Y LOS PROSECRETARIOS, SILVANA CHARLONE Y LUIS CALABRIA

SUMARIO 

1) Texto de la citación 

2) Asistencia 

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

– El señor senador Larrañaga solicita se cursen dos pedidos de informes con destino a los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional, relacionados con la autorización conferida por el Decreto n.º 212/011 para realizar una convocatoria entre el personal del Ministerio de Defensa Nacional para ocupar cargos de policía.

Oportunamente fueron tramitados.

5) Reiteración de pedido de informes 

• A solicitud del señor senador García, el Senado resuelve hacer suyo y reiterar un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, relacionado con episodios referidos a robos en dependencias policiales de todo el país.

6) Exposición escrita 

– El señor senador Camy solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionada con la iluminación de la ruta nacional n.º 1.

• Se procederá de conformidad.

7) Solicitud de archivo de carpeta 

• Por moción de los miembros de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, el Senado resuelve archivar la carpeta n.o 691/2016, por haberse aprobado un proyecto de similares características.

8) Inasistencias anteriores 

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

9), 13), 17) y 19) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores De León, Cardoso, García, Moreira, Lacalle Pou, Delgado y Besozzi.

– Quedan convocados los señores senadores Aristimuño, Saravia, Reyes, Paternain, Castaingdebat, Draper y López Villalba.

10) Contratos de seguros 

– Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

11) Faltas y conservación y cuidado de los espacios públicos 

– Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) Designación de varios fiscales letrados adscriptos y de un fiscal letrado

– Solicitud de venia del Poder Ejecutivo.

• Concedida.

14), 16), 18) y 20) Derechos de las personas trans

– Proyecto de ley por el que se establecen normas.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• Por moción de la señora senadora Tourné, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de esta sesión hasta terminar con el orden del día.

21) Ejercicio específico combinado Cruzex Flight 2018

– Proyecto de ley por el que se autoriza la participación de personal y medios de la Fuerza Aérea Uruguaya.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

22) Rodolfo Nater Stutz 

– Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre la Escuela n.º 109 de Costas de Polonia, departamento de Colonia.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

23) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario 

• Concedida.

24) Levantamiento de la sesión 

1)TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 11 de octubre de 2018

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 16 de octubre, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1.º) Discusión única de un proyecto de ley por el que se establecen modificaciones en el marco legal del mercado de seguros.

Carp. n.º 343/2015 - rep. n.º 725/18

2.º) Discusión única de un proyecto de ley por el que se modifican disposiciones de la Ley n.º 19120, de 20 de agosto de 2013, sobre Faltas y Conservación y Cuidado de los Espacios Públicos.

Carp. n.º 712/2016 - rep. n.º 726/18

3.º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar:

– en calidad de fiscal letrado adscripto, escalafón N, al doctor Maximiliano Miguel Cal Laggiard;

Carp. n.º 1130/2018 - rep. n.º 716/18

– en calidad de fiscala letrada adscripta, escalafón N, a la doctora Viviana Natalia Posada Molinari;

Carp. n.º 1148/2018 - rep. n.º 721/18

– en calidad de fiscala letrada adscripta, escalafón N, a las doctoras María Virginia Sigona D´Onofrio, Lorena Soloviy Urquhart y Paola González Sánchez;

Carp. n.º 1149/2018 - rep. n.º 720/18

– en calidad de fiscal letrado de Montevideo, escalafón N, al doctor Alejandro Javier Machado Padilla;

Carp. n.º 1153/2018 - rep. n.º 722/18

– en calidad de fiscala letrada adscripta, escalafón N, a las doctoras Yamila Cabrera Muñoz, Claudia Amoedo Echenique y Gisel Lluberas Pereira.

Carp. n.º 1154/2018 - rep. n.º 719/18

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

4.º) por el que se declara de interés general el diseño, promoción e implementación de políticas públicas y de acciones afirmativas en los ámbitos público y privado, dirigidas a las personas trans;

Carp. n.º 816/2017 - rep. n.º 727/18 - anexos I y II

5.º) por el que se autoriza la salida del país de un contingente de la Fuerza Aérea Uruguaya integrado por treinta y cinco efectivos del personal superior y personal subalterno y tres aeronaves, para participar en el ejercicio específico combinado Cruzex Flight 2018, a llevarse a cabo en el estado de Río Grande del Norte, República Federativa del Brasil, entre el 17 de noviembre y el 1.° de diciembre de 2018;

Carp. n.º 1177/2018 - rep. n.º 723/18

6.º) por el que se designa Rodolfo Nater Stutz la Escuela n.º 109, de Costas de Polonia, departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. n.º 978/2017 - rep. n.º 717/18

7.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería. (Plazo constitucional vence el 18 de noviembre de 2018).

Carp. n.º 1151/2018 - rep. n.º 724/18 

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Aristimuño, Aviaga, Ayala, Berterreche, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Carrera, Coutinho, Delgado, Ferreira, García (Graciela), García (Javier), Garín, Iturralde, Lacalle Pou, Larrañaga, Michelini, Mieres, Otheguy, Paternain, Payssé, Pintado, Saravia, Silveira, Tourné y Xavier; ingresa posteriormente, por licencia del titular, el señor senador Draper.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Camy, Cardoso, De León, Heber, Martínez Huelmo, Moreira y Passada, y, a partir de las 16:54, el señor senador Delgado.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:39).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

por el que se crea en el ámbito del Banco de Previsión Social, ante la insolvencia del empleador, un fondo de garantía de créditos laborales;

por el que se concede una pensión graciable al señor Julio Alberto Cobelli Vignarolo;

por el que se concede una pensión graciable a la señora Isabel Labat Montoya.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

Por el que se establece y regula un Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.

–A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

Asimismo, comunica:

que ha aprobado un proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable a la señora Vani Hebar Leal Morales;

que ha aceptado las modificaciones introducidas por este Cuerpo al proyecto de ley referido a títulos del proceso ejecutivo determinados por el artículo 353 del Código General del Proceso;

que ha aceptado las modificaciones introducidas por este Cuerpo al proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2017.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informados los siguientes proyectos de ley:

por el que se establecen modificaciones en el marco legal del mercado de seguros;

por el que se modifican disposiciones de la Ley n.º 19120, de 20 de agosto de 2013, sobre Faltas y Conservación y Cuidado de los Espacios Públicos.

La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen normas a fin de diseñar, promocionar e implementar acciones afirmativas en los ámbitos públicos y privados, y políticas públicas dirigidas a la población trans.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informados los siguientes proyectos de ley:

por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y hasta el 31 de diciembre de 2019 como máximo, el subsidio por desempleo a los trabajadores de la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos Olmos;

por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y hasta el 31 de diciembre de 2019 como máximo, el subsidio por desempleo a los trabajadores de la empresa Loryser S. A.

–REPÁRTANSE.

Por el que se promueve el trabajo para personas con discapacidad.

La Comisión de Hacienda eleva informados los siguientes proyectos de ley:

por el que se otorgan beneficios tributarios a la producción nacional de luminarias led para alumbrado público;

por el que se aprueban medidas de apoyo a ciertos sectores de la actividad agropecuaria nacional;

por el que se establecen normas para la promoción del desarrollo con equidad de género.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

por el que se establecen normas para el reconocimiento y protección al apátrida;

por el que se aprueba el Protocolo de integración educativa y reconocimiento de certificados, títulos y estudios de nivel primario/fundamental/básico y medio/secundario entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados, suscrito en la ciudad de San Juan, República Argentina, el 2 de agosto de 2010.

Asimismo, eleva informadas solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la república, a los efectos de designar:

en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, al señor Aníbal Cabral Segalerba;

en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la república ante el Gobierno de la República de Rumania, al señor Omar Mesa González.

–REPÁRTANSE E INCLÚYANSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social aconseja al Cuerpo el archivo de la carpeta n.º 691/2016, relacionada con un proyecto de ley por el que se normativiza la inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito privado, por haberse aprobado en la comisión un proyecto de ley de similares características.

–SE VA A VOTAR UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS.

Varios ciudadanos presentan firmas por las que solicitan la pronta aprobación del proyecto de ley por el que se establecen normas a fin de diseñar, promocionar e implementar acciones afirmativas en los ámbitos público y privado y políticas públicas dirigidas a la población trans.

–TÉNGASE PRESENTE.

El Ministerio de Salud Pública remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador José Carlos Cardoso, relacionado con el hogar de ancianos de Chuy.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR CARDOSO.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Guillermo Besozzi, relacionado con la situación de endeudamiento del sector agropecuario y el nuevo régimen de devolución de impuestos.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR BESOZZI.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Pedro Bordaberry, relacionado con el uso de vehículos oficiales en dicho organismo.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR BORDABERRY.

El señor senador Javier García solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.° de la Ley n.° 17673, de 21 de julio de 2003, la reiteración de un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, a los efectos de que el Cuerpo lo haga suyo, relacionado con episodios referidos a robos en dependencias policiales de todo el país.

–SE VA A VOTAR UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS.

El señor senador Carlos Camy, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionada con la iluminación de la ruta nacional n.º 1.

–HA SIDO REPARTIDA. SE VA A VOTAR UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS».

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El señor senador Jorge Larrañaga solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen dos pedidos de informes con destino a los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional, relacionados con la autorización conferida por el Decreto n.º 212/011, para realizar una convocatoria entre el personal del Ministerio de Defensa Nacional para ocupar cargos de policía.

–OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes). 

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5) REITERACIÓN DE PEDIDO DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera el pedido solicitado por el señor senador García, del que se diera cuenta en los asuntos entrados.

(Se vota).

–17 en 18. Afirmativa. 

6) EXPOSICIÓN ESCRITA

SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde poner a votación la remisión de la exposición escrita de la que se dio cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

Se va a votar si se remite al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la exposición escrita presentada por el señor senador Camy.

(Se vota).

–17 en 18. Afirmativa. 

(Texto de la exposición escrita). 

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7) SOLICITUD DE ARCHIVO DE CARPETA

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

(Se da de la siguiente).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, conforme lo establece el artículo 163 del Reglamento del Senado, aconseja el archivo de la carpeta n.º 691/2016.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota).

–17 en 18. Afirmativa.

8) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- En la sesión ordinaria del 9 de octubre no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 10 de octubre faltaron con aviso los señores senadores Cardoso y Martínez Huelmo.

A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 11 de octubre faltó con aviso el señor senador Bordaberry.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del 11 de octubre faltaron con aviso los señores senadores Amorín e Iturralde.

A la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del 10 de octubre faltó con aviso la señora senadora Aviaga.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 8 de octubre faltó con aviso la señora senadora Passada.

A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 10 de octubre faltaron con aviso los señores senadores Cardoso y Coutinho.

A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 9 de octubre faltó con aviso el señor senador Cardoso.

9) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 12 de octubre de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, por motivos particulares, el día 16 de octubre de 2018.

Sin otro particular, saludo a la señora presidente muy atentamente.

Leonardo de León. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Julio Calzada, Beatriz Ramírez, Felipe Carballo y Cristina Lústemberg han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Saúl Aristimuño, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

10) CONTRATOS DE SEGUROS

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se establecen modificaciones en el marco legal del mercado de seguros. (Carp. n.º 343/2015 - rep. n.º 725/18)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: la Cámara de Representantes nos envía, con algunas modificaciones, el proyecto de ley que regula los contratos de seguros. Debemos haber hecho bastante bien las cosas, porque solo modifica un concepto en dos artículos: en el 117 y en el 119.

En la última página del repartido encontraremos un comparativo relativo a las reglas del derecho internacional privado, donde podrán observar las modificaciones que se realizaron. ¡Y tienen fundamento! Se trata en este caso de que en todos los primeros seguros se cumpla la ley uruguaya. Al respecto, en el artículo 117, se elimina la expresión «salvo pacto en contrario», que aparecía al principio. ¿Qué significa esa expresión? Que se aplicará la ley uruguaya salvo, precisamente, pacto en contrario. Entonces, en mi opinión, la Cámara de Representantes introduce esa modificación con gran acierto. Sí permanece la expresión en el último parágrafo de dicho artículo.

No nos clavamos cuchillos por no haber advertido esa cuestión, puesto que era un proyecto muy complejo y difícil, que fue trabajado con gran capacidad e inteligencia por el señor senador Martínez Huelmo. Creo que todos los sectores del Parlamento, no solo los de la bancada oficialista, depositamos en él este esfuerzo, y se nos escapó esta frase que ahora la Cámara de Representantes está corrigiendo.

Lo que estamos haciendo es aplicar la ley uruguaya, y cuando la empresa de seguros va a reasegurarse, ahí sí la dejamos contratar seguros en el extranjero y que se aplique la ley que corresponda. ¿Por qué es esto? Porque en general el asegurado, con tal de asegurarse, no mide los riesgos en conflicto. Es decir, si al momento de cobrar la póliza se diera un conflicto y se hubiera dejado que se pactara en contrario a la ley uruguaya, podrían algunos seguros terminar siendo levemente más baratos, pero enfrentar ese conflicto resultaría muy caro para el asegurado. Todos sabemos que en Nueva York, en Londres y en algunas otras capitales del mundo cualquier litigio, exposición jurídica o conflicto jurídico arranca con no menos de USD 50.000 para el bufete de abogados, dejando en una situación de indefensión al conjunto de las empresas uruguayas.

¿Por qué dejamos que sí pueda pactarse en contrario el reaseguro de la aseguradora? Por dos razones, señora presidenta. En primer lugar, en muchos casos quien asegura, para no tomar todo el riesgo, vuelve a reasegurar, y seguramente la segunda aseguradora también reasegure en algún otro caso. Eso lleva a que el riesgo se vea repartido entre varios, y ese segundo reaseguro del contrato inicial, si no se hace en el exterior, es muy difícil de hacer y, naturalmente, en el exterior se pactan otras condiciones de litigio. Habría seguros uruguayos que no se podrían hacer porque las empresas aseguradoras no tendrían con quién hacer un segundo o tercer reaseguro de los mismos.

Por otro lado, nadie puede aducir que una empresa aseguradora, sea el Banco de Seguros o cualquier otra que esté en plaza, no conozca con quién reasegura, las condiciones, los riesgos, etcétera, y sabemos que en esas circunstancias las empresas tienen espalda para aguantar.

Es distinto, en el caso del comerciante que tome un seguro en el Uruguay y tenga un reaseguro en el exterior, que esa empresa aseguradora no tenga espalda para litigar en los tribunales de las ciudades nombradas. Esto, en cuanto al artículo 117.

En el caso del artículo 119 lo que se hace es solamente arreglar las referidas del artículo 117. Si bien en la comisión se votó por unanimidad, algunos partidos iban a hacer las consultas. Como en ningún momento me llegaron opiniones desfavorables a este cambio que hizo la Cámara de Representantes, estamos aconsejando que el Senado vote favorablemente el proyecto de ley de contratos de seguros, ya que en este caso la modificación es correcta.

Era cuanto tenía para decir, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. La Mesa recuerda que este proyecto de ley tiene una sola votación. Lo que corresponde es que el Senado se pronuncie acerca de si acepta las modificaciones realizadas por la Cámara de Representantes.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

11) FALTAS Y CONSERVACIÓN Y CUIDADO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifican disposiciones de la Ley n.º 19120, de 20 de agosto de 2013, sobre Faltas y Conservación y Cuidado de los Espacios Públicos. (Carp. n.º 712/2016 - rep. n.º 726/18)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión.

En este caso también se trata de una discusión única, ya que este proyecto de ley regresa de la Cámara de Representantes con modificaciones.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Charles Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: la Comisión de Constitución y Legislación recomienda a esta cámara la sanción con modificaciones del proyecto de ley que fue aprobado el 21 de noviembre de 2016, por el que se instituye la segunda instancia en los procesos de faltas, que son los regulados por la Ley n.º 19120.

Esta ley, en sus artículos 18 y 21, establece el régimen de instancia única en los procesos de faltas, y es de conocimiento que la Suprema Corte de Justicia ha declarado, en reiterados fallos, la inconstitucionalidad de dicha norma, sobre la base del artículo 72 y el Pacto de San José de Costa Rica.

El proyecto de ley actual viene a resolver ese tema de la inconstitucionalidad al admitir el recurso de apelación contra la sentencia definitiva de primera instancia. También agrega un nuevo numeral al artículo 25 del Código del Proceso Penal, que establece que los juzgados de primera instancia en lo penal y los juzgados letrados de primera instancia con competencia en lo penal en el interior son los competentes en los procesos de faltas.

En el trámite de dicha modificación se cometió un error en el artículo 3.º del proyecto de ley, más precisamente en lo correspondiente a una cita del nuevo artículo 25 del Código del Proceso Penal. Hubo entonces un corrimiento de los numerales, en virtud del agregado del numeral 25.2, y la comisión hizo lugar a dicha corrección.

El proyecto de ley consta de tres artículos.

En el artículo 1.º se modifica el artículo 18 de la Ley n.º 19120, eliminando el régimen de instancia única y manteniendo el principio de oralidad en los procesos por audiencia.

En el artículo 2.º se modifica el inciso segundo del artículo 21 de la Ley n.º 19120, estableciendo el régimen de doble instancia para los procesos de faltas.

En el artículo 3.º se modifica el artículo 25 de la Ley n.º 19293, implementando la competencia de los jueces letrados de primera instancia en lo penal y los jueces letrados de primera instancia del interior con competencia en materia penal, en primera instancia en todas las cuestiones formales y sustanciales, y en segunda instancia en los recursos de apelación interpuestos contra la sentencias definitivas.

En concordancia con las adecuaciones recientemente sancionadas en el nuevo Código del Proceso Penal, continúan las mejoras y ajustes, garantes del debido proceso, a los efectos de implementar la segunda instancia.

Es todo cuanto tengo para informar.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: pedí la palabra obviamente para destacar que es bueno o, mejor dicho, muy bueno este proyecto de ley, porque cuando se aprobó la ley en el año 2013, como recordará la señora presidenta –que era senadora en ese momento–, quienes estábamos acá advertimos que era inconstitucional tener un proceso de una sola instancia. El entonces senador Pasquet lo reiteró y fundamentó, pero en aquel entonces no se nos prestó atención y surgieron no una sino varias sentencias de la Suprema Corte de Justicia que marcaron la necesidad de que siempre haya un proceso de dos instancias. Pese a eso, se demoró en aprobar el proyecto de ley y luego se aprobó con un error que se está corrigiendo ahora. Es bueno que así sea y también es bueno que en un Estado de derecho siempre haya dos instancias.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley. Como los señores senadores saben, se trata de una única votación ya que corresponde al Senado pronunciarse acerca de si acepta las modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

12) DESIGNACIÓN DE VARIOS FISCALES LETRADOS ADSCRIPTOS Y DE UN FISCAL LETRADO

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar:

– en calidad de fiscal letrado adscripto, escalafón N, al doctor Maximiliano Miguel Cal Laggiard. (Carp. n.º 1130/2018 - rep. n.º 716/18);

– en calidad de fiscala letrada adscripta, escalafón N, a la doctora Viviana Natalia Posada Molinari. (Carp. n.º 1148/2018 - rep. n.º 721/18);

– en calidad de fiscala letrada adscripta, escalafón N, a las doctoras María Virginia Sigona D´Onofrio, Lorena Soloviy Urquhart y Paola González Sánchez. (Carp. n.º 1149/2018 - rep. n.º 720/18);

– en calidad de fiscal letrado de Montevideo, escalafón N, al doctor Alejandro Javier Machado Padilla. (Carp. n.º 1153/2018 - rep. n.º 722/18);

– en calidad de fiscala letrada adscripta, escalafón N, a las doctoras Yamila Cabrera Muñoz, Claudia Amoedo Echenique y Gisel Lluberas Pereira. (Carp. n.º 1154/2018 - rep. n.º 719/18)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración la carpeta n.º 1130/2018, correspondiente a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar en calidad de fiscal letrado adscripto, escalafón N, al doctor Maximiliano Miguel Cal Laggiard.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Julio Silveira.

SEÑOR SILVEIRA.- Señora presidenta: con respecto a esta solicitud de venia del Poder Ejecutivo, cabe informar que ha cumplido estrictamente con todas las instancias que la normativa vigente exige para el proceso de designación de fiscales, por lo que correspondería concedérsela.

En primer lugar, de acuerdo con la ley orgánica del ministerio público y fiscal, se convocó a concurso de oposición y méritos con el fin de generar un orden de prelación para la provisión de las vacantes. Se trató de la resolución A/136/14, de 5 de junio de 2014, a fojas 3.

En segundo término, la integración del tribunal de concursos se efectuó correctamente; a fojas 4.

En tercer lugar, por resolución n.º 77/15, de 9 de marzo de 2015, se aprobó lo actuado por el tribunal de concurso y se homologó el orden de prelación, ocupando el doctor Maximiliano Miguel Cal Laggiard el tercer lugar; a fojas 8.

En cuarto término, el 27 de marzo de 2015, el doctor Cal manifestó por nota la no aceptación del destino propuesto, por motivos personales, la cual se tuvo por no aceptada por resolución n.º 149/015, de 10 de abril de 2015. Por resolución n.º 188/015 se le excluyó del orden de prelación mencionado.

En quinto lugar, el doctor Cal interpuso recurso de revocación y jerárquico en subsidio y entabló acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el que, por sentencia n.º 942, de 30 de noviembre de 2017, confirma la resolución n.º 149/015 y anula la resolución n.º 188/015 antes citadas, dando lugar a permanecer en el orden de prelación mencionado.

En sexto término, si bien el orden de prelación ya está vencido porque tenía una vigencia de dos años, debe darse cumplimiento a la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, por consiguiente, es correcta la propuesta de designación que presenta el fiscal de corte y procurador general de la nación, a fojas 41 a 43.

En séptimo lugar, existe una vacante a proveer, según lo manifestado en la nota elevada al Ministerio de Educación y Cultura mencionada en el literal precedente.

En octavo término, del legajo funcional agregado a fojas 47 a 56 del concurso mencionado, surge que el doctor Maximiliano Miguel Cal Laggiard tiene méritos suficientes para ser designado fiscal letrado adscripto.

Dejo constancia de que la comisión había resuelto encomendar este informe al señor senador Luis Alberto Heber, que es quien originalmente lo firmó y, en este caso, lo hago mío.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de Fiscal Letrado Adscripto (Escalafón “N”) al doctor Maximiliano Miguel Cal Laggiard».

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

En consideración la carpeta n.º 1148/2018, correspondiente a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar en calidad de fiscala letrada adscripta, escalafón N, a la doctora Viviana Natalia Posada Molinari.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: voy a informar en este momento tres carpetas de ascenso a fiscala letrada adscripta: la n.º 1148/2018, la n.º 1149/2018 y la n.º 1154/2018. Así lo habíamos establecido en la comisión.

Me corresponde informar entonces la venia para designar como fiscalas letradas adscriptas a las doctoras Viviana Natalia Posada Molinari, María Virginia Sigona D’ Onofrio, Lorena Soloviy Urquhart, Paola González Sánchez, Yamila Cabrera Muñoz, Claudia Amoedo Echenique y Gisel Lluberas Pereira.

El director general de la Fiscalía General de la Nación, por resolución n.º 976/2016, convocó a concurso de oposición y méritos para proveer los cargos de fiscales letrados adscriptos.

Cumpliendo con las formalidades de estilo, controlados formalmente la documentación y los méritos de los postulantes y habiéndose nombrado el tribunal correspondiente, se realizó el concurso de oposición y méritos.

Por resolución n.º 426/2017, el director general de la Fiscalía General de la Nación resolvió aprobar lo actuado por el tribunal que había sido designado a esos efectos y conformar una lista de prelación para los cargos vacantes de fiscal letrado adscripto, que se detalla ampliamente.

Por oficio n.º 476/2017, la Fiscalía General de la Nación cumplió con informar al Poder Ejecutivo, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, quiénes ocuparon los doce primeros lugares en la lista de prelación.

Con fecha 17 de octubre de 2017 la Cámara de Senadores concedió la venia correspondiente para los doce concursantes a fiscales letrados adscriptos propuestos que fueron designados de acuerdo con el orden referido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13) del artículo 168 de la Constitución de la república.

Por oficio n.º 640, de 20 de octubre de 2017, la Fiscalía General de la Nación cumplió con informar al Poder Ejecutivo, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, quiénes fueron los siete lugares siguientes en el orden de prelación.

Con fecha 19 de diciembre de 2017 y de conformidad con el mensaje remitido por el Poder Ejecutivo, la Cámara de Senadores concedió la venia correspondiente para los siete concursantes a fiscales letrados adscriptos propuestos en los lugares doce a trece y quince a diecinueve, conforme al orden de prelación del mencionado concurso.

Por oficio n.º 844/2017 la Fiscalía General de la Nación cumplió con informar al Poder Ejecutivo quiénes fueron los fiscales que ocuparon los lugares siguientes en el orden de prelación y que se proponían para ocupar nueve cargos vacantes de fiscales letrados adscriptos.

Con fecha 25 de enero de 2018 y de conformidad con el mensaje que le fuera remitido por el Poder Ejecutivo, la Comisión Permanente del Poder Legislativo concedió la venia a nueve concursantes a fiscales letrados adscriptos, que ocuparon los lugares veinte a veintidós y veinticuatro a veintinueve en el orden de prelación del mencionado concurso.

Por oficio n.º 260/2018, la Fiscalía General de la Nación cumplió con informar al Poder Ejecutivo quiénes fueron los letrados que ocuparon los lugares treinta al treinta y dos del orden de prelación del concurso ya citado.

Por oficio n.º 322/2018 se comunicó al Poder Ejecutivo quién fue el concursante que ocupó el lugar treinta y tres en el orden de prelación mencionado.

Por mensajes n.os 22, 23 y 26 de 2018, en los asuntos 91/2018, 92/2018 y 99/2018 respectivamente, el Poder Ejecutivo solicitó a la Cámara de Senadores se sirviera aprobar la venia requerida de acuerdo con el numeral 13) del artículo 168 de la Constitución de la república, para designar, a propuesta del fiscal de corte y procurador general de la nación –que actuó dentro de la competencia funcional, conforme a lo que la ley le asigna– a las doctoras María Virginia Sigona D’Onofrio, Lorena Soloviy Urquhart, Paola González Sánchez, Viviana Natalia Posada Molinari, Yamila Cabrera Muñoz, Claudia Amoedo Echenique y Gisel Lluberas Pereira.

En este sentido, dado que lo actuado se ajusta cabalmente a la normativa vigente y al marco jurídico imperante, y en mérito a que las ciudadanas que se proponen reúnen las aptitudes suficientes y necesarias a los efectos de cumplir con los objetivos y los cometidos funcionales inherentes al cargo, se manifiesta que la propuesta se ajusta adecuadamente a la Constitución de la república y a la ley relativa a la provisión de los cargos.

Es cuanto tengo para informar, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución correspondiente a la designación de la doctora Viviana Natalia Posada Molinari.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de Fiscal Letrado Adscripto (Escalafón “N”) a la doctora Viviana Natalia Posada Molinari».

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 24. Afirmativa.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

En consideración la carpeta n.º 1149/2018, correspondiente a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar en calidad de fiscalas letradas adscriptas, escalafón N, a las doctoras María Virginia Sigona D’Onofrio, Lorena Soloviy Urquhart y Paola Valeria González Sánchez.

Estas designaciones fueron fundamentadas en forma conjunta con la que fue votada anteriormente, por lo que si no se hace uso de la palabra, léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de Fiscal Letrado Adscripto (Escalafón “N”) a las doctoras María Virginia Sigona D’Onofrio, Lorena Soloviy Urquhart y Paola Valeria González Sánchez».

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 24. Afirmativa.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

En consideración la carpeta n.º 1153/2018, correspondiente a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar en calidad de fiscal letrado de Montevideo, escalafón N, al doctor Alejandro Javier Machado Padilla.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Es un caso similar a los tratados con anterioridad.

Todos conocemos cuál es el procedimiento que sigue la fiscalía en estos casos. Se realizó un concurso, el doctor Machado ocupó el octavo lugar en el orden de prelación, se fueron designando los anteriores y ahora le llegó el turno a él. Se ha cumplido con las formalidades, por lo que se recomienda aprobar la venia solicitada.

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de Fiscal Letrado de Montevideo (Escalafón “N”) al doctor Alejandro Javier Machado Padilla».

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

En consideración la carpeta n.º 1154/2018, correspondiente a la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar en calidad de fiscala letrada adscripta, escalafón N, a las doctoras Yamila Raquel Cabrera Muñoz, Claudia Estela Amoedo Echenique y Gisel Evangelina Lluberas Pereira.

La fundamentación de esta carpeta ya se realizó junto con las primeras que se trataron.

Por lo tanto, léase el proyecto de resolución.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el cargo de Fiscal Letrado Adscripto (Escalafón “N”) a las doctoras Yamila Raquel Cabrera Muñoz, Claudia Estela Amoedo Echenique y Gisel Evangelina Lluberas Pereira».

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 16 de octubre de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, art. 1.º, literal A), de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo se sirva concederme el uso de licencia por los días 16 y 17 de octubre de 2018, por razones de enfermedad.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

José Carlos Cardoso. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 16 de octubre de 2018

Presidente de la

Cámara de Senadores

Sra. Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia, por motivos personales, a la sesión de la Cámara de Senadores a realizarse el día miércoles 17 de octubre.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Javier García. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Se comunica que los señores Sebastián da Silva y Martín Laventure han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Cristina Reyes, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

14) DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se declara de interés general el diseño, promoción e implementación de políticas públicas y de acciones afirmativas en los ámbitos público y privado, dirigidas a las personas trans. (Carp. n.º 816/2017 - rep. n.º 727/18 - anexos I y II)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: vamos a comenzar con la fundamentación de este proyecto de ley aunque comento que estábamos aguardando unos minutos porque se nos había dicho que se iba a solicitar un cuarto intermedio.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- La bancada del Partido Nacional solicita un cuarto intermedio de treinta minutos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por treinta minutos.

(Así se hace. Son las 10:16).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 10:48).

SEÑOR BESOZZI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BESOZZI.- La bancada del Partido Nacional solicita otro cuarto intermedio de quince minutos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.

(Así se hace. Son las 10:49).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 11:06).

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Muchas gracias, señora presidenta.

La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión me ha conferido la responsabilidad de informar este proyecto de ley que hoy tiene a consideración el pleno del Senado.

Antes de empezar a desarrollar sus contenidos, queremos señalar que se ha hecho un trabajo, desde nuestro punto de vista, muy serio y responsable a nivel de la comisión. Hay que señalar, también, la colaboración de todos los equipos de asesores de la bancada de senadores del Frente Amplio que hicieron un trabajo muy responsable, con gran dedicación. Estamos convencidos de que, producto de ello, se mejoró sustancialmente el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Se recibió a organizaciones de la sociedad civil, tanto a favor como contrarias al proyecto, y a un conjunto de profesionales vinculados fundamentalmente a la salud. Solo por nombrar algunas, podemos citar las siguientes: la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, la Universidad de la República, las Cátedras de Endocrinología y de Psiquiatría, las directoras de la Clínica Psiquiátrica y de Psiquiatría Pediátrica, y del Departamento de Medicina Legal, entre otras. Esto lo nombro simplemente para hacer un breve racconto del trabajo que se hizo en este año y medio a nivel de comisión.

A modo de introducción, corresponde dar cuenta al Senado, en primer lugar, de que el presente proyecto de ley tiene como objetivo «asegurar el derecho de las personas trans residentes de la república a una vida libre de discriminación y de estigmatización, para lo que se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, promoción y reparación», tal como lo prevé el artículo 3.º de este proyecto de ley.

En el artículo 4.º también se define como persona trans a aquella «que se autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación binaria masculino femenino, independientemente de su edad y de acuerdo a su desarrollo evolutivo psicosexual».

En segundo término, resulta muy importante poner de relieve que el presente proyecto de ley formula el reconocimiento público y explícito de que las personas trans han sido históricamente víctimas de discriminación y de estigmatización por su condición de tales, como reza el artículo 3.º .

Las razones históricas que han incidido sobre las personas trans las han convertido en víctimas de situaciones sociales, de discriminación, exclusión y estigmatización, impidiendo que alcancen el perfeccionamiento físico, moral y social, que es la directriz que debe perseguir el Estado y, en particular, el legislador respecto de todos los habitantes del país como consecuencia del mandato constitucional previsto en el inciso primero del artículo 44 de la carta fundamental. Es en virtud del cumplimiento de dicho precepto constitucional largamente desconocido que elevamos el presente proyecto de ley a consideración del Senado.

Señora presidenta: la literatura académica, internacional y nacional, especialista en la materia, da cuenta de que los mecanismos por los que operan el estigma y la discriminación, particularmente la transfobia, no se circunscriben a una etapa de la vida de las personas, a un territorio o a un sector social específico; por el contrario, son un componente permanente que actúa en todos los ámbitos vitales, contribuyendo de esta manera en forma inaceptable a su deshumanización. En este sentido, importa destacar el primer censo nacional de personas trans realizado en 2016, que relevó un total de 873 personas encuestadas y ofrece datos empíricos contundentes sobre las consecuencias devastadoras que generan estos mecanismos específicos de discriminación sobre el conjunto de esa población, que acarrean importantes vulneraciones a sus derechos humanos más elementales y que menoscaban o anulan el acceso al pleno goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

La discriminación sufrida por las personas trans comienza en la propia familia, desencadenada por el proceso y el desarrollo del cambio de identidad de género, circunstancia que genera su expulsión, desvinculación y abandono temprano del hogar en un 25 % de las situaciones relevadas. En cuanto a la educación, el fuerte acoso cotidiano que infelizmente protagonizan muchos docentes, funcionarios y compañeros de estudio, confrontando a las personas trans en los propios centros educativos, genera que el 75 % de ellos hayan desertado de sus estudios, que el 60 % tenga el ciclo básico incompleto y que la edad promedio de abandono del sistema educativo sea los catorce años de edad. Como es fácil advertir, se trata de cifras alarmantes si se las compara con el promedio general de la población.

Además, cabe poner de relieve que en los centros educativos las personas trans tienen graves problemas para acceder al uso de los baños, vestuarios y, también, dificultades para poder lograr el reconocimiento de su nombre social o de uso en la interacción cotidiana con autoridades y docentes.

En lo que respecta al derecho al acceso a la salud, también la situación es muy compleja, como ha quedado de manifiesto por parte de los expertos que comparecieron ante la comisión. Si bien se han realizado avances en los últimos años en esta temática, han sido casi exclusivamente en la órbita estatal de la Administración de Servicios de Salud del Estado, pero el sector privado está prácticamente ausente en esta materia.

Por esta razón, uno de los objetivos fundamentales del presente proyecto de ley es que todos los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud y demás entidades públicas y privadas habilitadas por ley se hagan cargo del tema y destinen recursos para el abordaje de las necesidades específicas vinculadas con la salud de las personas trans, garantizando el acceso a tratamientos de hormonización y a operaciones de reasignación de sexo, entre otros. Conforme a estos datos empíricos recopilados en el mencionado censo, queda suficientemente acreditada la necesidad imperiosa de impulsar el presente proyecto de ley integral con una serie de acciones afirmativas que aborden la situación de las personas trans desde un enfoque integral y multidimensional: salud, educación, trabajo, vivienda y cultura.

La disposición prevista en el artículo 2.º del proyecto de ley declara «de interés general el diseño, promoción e implementación de políticas públicas y de acciones afirmativas en los ámbitos público y privado, dirigidas a las personas trans que residen en el territorio de la república».

Más específicamente el texto del artículo 18 califica «de interés general el diseño, fomento, promoción e implementación de planes, programas y políticas culturales, así como la incorporación de la perspectiva de la identidad de género e identidades trans», en relación al derecho al acceso de una oferta de bienes culturales.

Por su parte, el artículo 22 considera «de interés general la incorporación de la perspectiva de la identidad de género e identidades trans, en los programas y políticas que garantizan el acceso a soluciones habitacionales».

Estas declaraciones de interés general relativas a la formulación de políticas públicas y privadas que favorezcan la inclusión de la población trans en un sentido multidimensional suponen que el legislador califica como razones valiosas para la sociedad la existencia de valores, fines u objetivos relevantes para alcanzar el bienestar general en una sociedad democrática, como lo establece el artículo 29.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, por otra parte, absolutamente compatibles y funcionales con los fines y objetivos sociales previstos en la disposición del artículo 44 de la Constitución de la república antes citado.

Además, conviene tener en cuenta que las declaraciones de interés general constituyen las únicas razones que habilitan al legislador a limitar los derechos reconocidos en el artículo 7.º de la Constitución y particularmente la libertad de industria y trabajo consagrada en el artículo 36 de dicho texto. Ello se explica, como sostiene la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en el carácter no absoluto, salvo el derecho a la vida, de los derechos anunciados en la carta política.

En suma, la Constitución confiere discrecionalidad al legislador, aunque precisamente regulada al imponerle que, para disponer tal limitación, debe atender razones de interés general.

Las disposiciones de los artículos 15 al 19 prevén una serie de directrices y de obligaciones a órganos, organismos e instituciones estatales o privadas que promuevan el bienestar general de la población trans. Al respecto conviene tener presente que las directrices o normas programáticas que promocionan los valores sociales mencionados son normas jurídicas que prescriben la consecución de un objetivo y de un estado de cosas con cierta característica que tiene por finalidad de tipo social alcanzar, en el mayor grado posible, la superación de las situaciones de exclusión, discriminación y estigmatización que enfrenta la población trans en nuestro país. Si bien es cierto que dichas normas no cuentan con sanciones para el caso de incumplimiento, constituyen normas obligatorias y eficaces jurídicamente, en primer lugar para el Poder Ejecutivo a la hora de cumplir con el cometido constitucional de reglamentar la ley, artículo 168 numeral 4.º, y también son igualmente vinculantes para todo el sistema jurídico –Poder Judicial, Fiscalía General de la Nación, etcétera– en lo que refiere a las actividades de interpretación y de aplicación del derecho.

Por otra parte, corresponde dar cuenta al plenario de que el presente proyecto de ley prevé algunas prohibiciones de discriminar, en el goce de los derechos a la población trans, que le inhibían el acceso a sus derechos, especialmente los relativos a la educación, cultura, salud, vivienda y empleo.

Como sabemos, el principio de igualdad previsto en el artículo 8.º de la Constitución impide imponer, por vía legal, un trato desigual a aquellos que son iguales, reconociendo que todas las personas son iguales ante la ley y no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes. Sin embargo, la evidencia empírica que fundamenta el presente proyecto de ley corrobora, en forma fehaciente, que el colectivo de personas trans ha sido históricamente víctima de discriminación y de estigmatización por su condición de tal, lo que implica la violación flagrante de dicho principio. Por tales razones, y atento a que el mandato de no discriminar por razones no autorizadas por el orden jurídico es consecuencia directa del principio de igualdad, el presente proyecto de ley consagra positiva y expresamente el derecho de la población trans a tener una vida libre de discriminación y de estigmatización –artículo 3.º– y también la prohibición de toda forma de discriminación de las personas trans que anule o menoscabe el pleno goce de sus derechos culturales –artículo 18–, o el derecho al acceso a los servicios de salud, artículo 19. En este caso, la violación de tales prohibiciones de discriminación sí tiene consecuencias jurídicas, en tanto lo hecho contra estas se sanciona con la nulidad de lo actuado, de acuerdo con el artículo 8.º del Código Civil.

A continuación nos detendremos en aquellas disposiciones del presente proyecto de ley que quizás fueron el centro del debate público. Las disposiciones previstas en los artículos 6.º al 9.º regulan el procedimiento administrativo por el que toda persona podrá solicitar la adecuación de la mención registral de su nombre, sexo o ambos cuando los mismos no coincidan con su identidad de género. Al respecto corresponde destacar que el artículo 24 del presente proyecto de ley deroga el régimen vigente previsto en la Ley n.º 18620, de 25 de octubre de 2009. Precisamente, el artículo 4.º de dicho texto legal prevé el procedimiento judicial a seguir y la jurisdicción competente para llevar a cabo la mencionada adecuación registral de nombre y sexo. Esto se sustancia actualmente ante los juzgados letrados de familia mediante el proceso voluntario previsto por el artículo 406.2 del Código General del Proceso.

El proyecto de ley sustituye el proceso judicial por otro de naturaleza administrativa. Por tal razón se ha tenido especial consideración a fin de garantizar los derechos de los menores de edad que no obtengan la anuencia de sus representantes legales o sea imposible obtenerla de quien deba prestarla, previéndose el mecanismo del artículo 110 del Código Civil y el artículo 404 del Código General del Proceso. Ello implica que se aseguran las máximas garantías posibles al ejercicio de los derechos de los menores. Ante la eventual controversia entre el menor y sus representantes legales o la imposibilidad de recabar la autorización o anuencia de estos, la cuestión se dilucidará en un proceso judicial voluntario, dirigido por un juez, con la participación necesaria del ministerio público y la designación de un curador para la defensa de los intereses del menor. Además, todo ello será presidido por el interés superior del menor, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en las disposiciones de los artículos 8.º y 11-BIS del Código de la Niñez y la Adolescencia.

El artículo 7.º prevé la creación y la competencia de la Comisión Asesora Honoraria de Cambio de Identidad y Género que funcionará en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura. A dicha comisión se le atribuye «competencia para verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios» y podrá solicitar la información que estime conveniente a instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de sus cometidos. En definitiva esto es indispensable para recorrer el camino que la legislación vigente en Uruguay establece.

Por su parte, el artículo 8.º prevé las comunicaciones que deberá realizar la Dirección General del Registro de Estado Civil en caso de que exista un resultado favorable a la petición.

El artículo 9.º reproduce los efectos jurídicos, para la persona interesada y para los terceros, previstos actualmente en el artículo 5.º de la Ley n.º 18620 que se deroga por el artículo 24.

Asimismo, en el artículo 10 del proyecto de ley se establece un régimen reparatorio para las personas trans nacidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1975. Para ello se exige que estas personas «acrediten en forma fehaciente que por causas relacionadas a su identidad de género, fueron víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad, habiendo sufrido daño moral o físico, así como impedidas del ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio, debido a prácticas discriminatorias cometidas por parte de agentes del Estado o de quienes sin serlo hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de los mismos». Al respecto corresponde señalar que los fundamentos filosóficos, morales, políticos y jurídicos que sustentan el régimen reparatorio tienen relación con la violencia institucional llevada a cabo mediante prácticas abusivas y discriminatorias de agentes del Estado que fueron el resultado de un proceso histórico lamentablemente naturalizado, consolidado en el tiempo y que se verificó no solo durante la última dictadura cívico-militar sino también durante los primeros años de la recuperación democrática. Dichas prácticas policiales se llevaron a cabo al amparo del Decreto n.º 680/980, del Poder Ejecutivo, que fuera derogado por el Frente Amplio en su primer período de gobierno. Ese decreto del año 1980 que permitía a la policía la detención arbitraria en averiguaciones –más comúnmente llamada razia– era, sin duda, absolutamente inconstitucional e ilegal. Como resulta evidente, de acuerdo con muchos testimonios, los funcionarios policiales no estaban habilitados a detener ciudadanos por no contar con documentos de identidad, constancia laboral o carné de estudiante, tal como concluye en forma categórica el relator especial sobre torturas y detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas en un informe que fue publicado con el siguiente título: La violencia policial hacia la disidencia sexual en la postdictadura. Allí el relator sostiene que la policía montevideana convirtió en prácticas policiales rutinarias la aplicación del decreto mentado para realizar razias masivas en algunos lugares de encuentro de la población considerada en este proyecto de ley. La dura y sistemática persecución estatal por la identidad de género implicó largos y arbitrarios períodos de detención en comisarías; hablamos de semanas o meses enteros y un agravamiento importante de las condiciones de detención, tortura, maltrato, violencia sexual, chantaje, etcétera. Los testimonios de las personas trans que vivieron en este período son ilustrativos de las particularidades y la contundencia con que operó la represión policial sobre sus cuerpos.

Por las razones anotadas el proyecto de ley reconoce a las personas trans el derecho a percibir una prestación reparatoria equivalente en pesos uruguayos a tres bases de prestaciones y contribuciones mensuales –unos $ 11.544–, de carácter vitalicio, imprescriptible y retroactiva al momento de la presentación del reclamo que cumpla con las siguientes condiciones:

A) En primer lugar y de acuerdo con el punto es necesario que los beneficiarios sean personas nacidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1975, por lo que actualmente deben contar con más de cuarenta y dos años de edad.

B) También se requiere que estas personas no perciban ingresos o prestaciones de seguridad social superiores a las quince bases de prestaciones y contribuciones.

C) Se excluye expresamente a aquellos beneficiarios de una serie de leyes reparatorias que reconocieron derechos a indemnización por daños causados durante el período cívico-militar dictadas sucesivamente en los años 1985, 1990, 1991, 1993, 1994, 1998, 2003, 2006 y 2009.

D) El plazo para la presentación de la petición a los efectos de acogerse al beneficio será de diez años a partir de la fecha de promulgación de la futura ley, en caso de que se sancione.

Para terminar este capítulo corresponde indicar que el artículo 11 prevé la creación de una Comisión Especial Honoraria Reparatoria que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y tendrá los cometidos de recibir, sustanciar y resolver las solicitudes de amparo al beneficio descripto.

Con respecto a la extensión integral, el artículo 21 dice: «Toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género, que comprenda como mínimo todos los programas y prestaciones que se determinen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley n.º 18.211, de 5 de diciembre de 2007 (Sistema Nacional Integrado de Salud), incluidos los tratamientos médico quirúrgicos». Cabe destacar que dichos programas, prestaciones y tratamientos médico-quirúrgicos pasan a ser obligatorios para las entidades integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud y también para los demás prestadores públicos y privados de salud habilitados por ley, conforme lo disponga la reglamentación.

El inciso segundo del citado artículo constituye una norma de reenvío para la regulación de los derechos y obligaciones de las personas trans, respecto de los tratamientos, programas y prestaciones referidos anteriormente.

Cabe destacar que este segundo inciso no innova el régimen jurídico actualmente vigente. En efecto, señora presidenta, las personas mayores continúan siendo reguladas por la Ley n.º 18335 de 15 de agosto de 2008, Derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios de los servicios de salud, y su reglamentación, prevista por el Decreto n.º 274 de 2010, de 8 de setiembre.

Por su parte, los menores de dieciocho años continúan siendo regulados por el régimen jurídico actualmente vigente, previsto en las normas de los artículos 8.º y 11-BIS del Código de la Niñez y la Adolescencia –Ley n.º 17823 de 7 de setiembre de 2004– y en lo especialmente previsto para niños, niñas y adolescentes por la ley anteriormente citada y su reglamentación.

Señora presidenta: bien vale recordar que el artículo 8.º del Código de la Niñez y la Adolescencia consagra el siguiente principio general: «Todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Tales derechos serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades, y en la forma establecida por la Constitución de la República, los instrumentos internacionales, este Código y las leyes especiales».

Como surge claramente del texto legal del año 2004, se reconoce al niño y adolescente como sujeto de los derechos inherentes a la persona humana, que serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades.

La «autonomía progresiva» –denominada así por la doctrina– de los niños, niñas y adolescentes, que transforma el paradigma tradicional y civilista de la patria potestad, es reconocida en nuestro ordenamiento jurídico interno desde la sanción del Código de la Niñez y la Adolescencia.

En suma, corresponde rechazar en forma enfática y categórica, que el artículo 21 del proyecto de ley desconozca los poderes jurídicos de la patria potestad de los padres, como se ha sostenido muchas veces en el debate público de este tema.

Muy por el contrario, el considerando IV) del Decreto n.º 274/2010 del 8 de setiembre, ya establecía «que la Convención de Derechos del Niño, aprobada por Ley N° 16.137 de 28 de setiembre de 1990, sustituye la teoría civilista de la incapacidad de los menores de edad, al reconocer a niños, niñas y adolescentes su condición de sujetos de derechos, es decir de titulares de derechos y de responsabilidades conforme a la etapa de desarrollo que transiten».

En el mismo orden de ideas, el considerando VIII) establece «que los avances jurídicos en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes introducen una nueva racionalidad en la relación de estas personas con el mundo adulto, que modifica la naturaleza jurídica del instituto de la patria potestad, concebido ahora como el estatuto que establece el deber de los padres de orientar y guiar el ejercicio de los derechos de sus hijos».

En buen romance, ello significa que han pasado ya más de veintinueve años desde que el derecho internacional consagrara esta modificación de la naturaleza jurídica de la patria potestad de los padres y han pasado más de catorce años desde que fuera internalizado en nuestro derecho –como se dijo– a través del artículo 8.º del Código de la Niñez y la Adolescencia.

En forma coherente y consistente con lo expresado, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes –aprobada por la Ley n.º 18270, de 19 de abril de 2008–, profundiza en la misma línea al reconocer la autonomía personal de los jóvenes a partir de los quince años de edad.

En la misma orientación de reconocimiento de la autonomía progresiva de niños y adolescentes, se sanciona el artículo 11-BIS –del citado Código de la Niñez y la Adolescencia, en la redacción dada por el artículo 7.º de la Ley n.º 18426, de 1.º de diciembre de 2008, sobre salud sexual y reproductiva–, que expresamente establece en su inciso segundo: «De acuerdo a la edad del niño, niña o adolescente se propenderá a que las decisiones sobre métodos de prevención de la salud sexual u otros tratamientos médicos que pudieran corresponder, se adopten en concurrencia con sus padres u otros referentes adultos de su confianza, debiendo respetarse en todo caso la autonomía progresiva de los adolescentes.

En caso de existir riesgo grave para la salud del niño, niña o adolescente y no pudiera llegarse a un acuerdo con este o con sus padres o responsables del mismo en cuanto al tratamiento a seguir, el profesional podrá solicitar el aval del Juez competente en materia de derechos vulnerados o amenazados de niños, niñas y adolescentes, quien a tales efectos deberá recabar la opinión del niño, niña o adolescente, siempre que sea posible».

En cambio, el último inciso del artículo 21 comentado, prevé una solución especial, más garantista de los derechos de los menores de dieciocho años, en relación exclusivamente con las intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles.

Al respecto corresponde destacar que, conforme a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública al seno de la comisión, no existen en nuestro país antecedentes de tales intervenciones quirúrgicas a menores de edad. No obstante la categórica evidencia científica de que se dispone, el texto exige como condición necesaria para el ejercicio de tal derecho, la autorización, en caso de menores impúberes, o la anuencia, en caso de menores púberes, de sus representantes legales. De no contar con ello, deberá esperarse hasta la mayoría de edad.

En cambio, en todo lo relativo a los tratamientos integrales hormonales de los menores, se aplican las reglas de reenvío vigentes, comentadas y mencionadas en el inciso segundo del presente artículo 21.

A modo de síntesis, señora presidenta, con respecto al resto del proyecto de ley corresponde señalar que se busca contemplar, en toda su complejidad, la situación de exclusión y discriminación que enfrenta la población trans.

Como corolario de lo anterior se prevé una serie de acciones afirmativas a favor de la población trans que son, al mismo tiempo, obligaciones o directrices que imparte el legislador y que tienen por finalidad revertir los mecanismos de discriminación y estigmatización, así como garantizar a dicho colectivo, en la mayor medida posible, el pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía.

A título ilustrativo, el artículo 12 prevé la obligación de todos los órganos y organismos estatales –incluidas las personas de derecho público no estatal– de destinar el 1 % de los puestos de trabajo para el colectivo citado.

Por su parte, el artículo 13 prevé un cupo no inferior al 1 % de los programas de capacitación y calificación, organizado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, destinado a las personas trans.

El artículo 14 prevé, a los efectos del otorgamiento de los beneficios fiscales de la Ley n.º 16906, Ley de inversiones. Promoción industrial, de 7 de enero de 1998, que se tomen en cuenta aquellas empresas que incorporen personas trans residentes en la república, a su plantilla de personal.

El artículo 15 prevé que los órganos y organismos responsables de formular las políticas educativas, aseguren la inclusión de las personas trans, conforme a los principios generales de la Ley General de Educación, n.º 18437, de 12 de diciembre de 2008.

El artículo 16 fija una serie de directrices orientadas en el mismo sentido para todas las instituciones del sistema educativo.

Finalmente el artículo 17 regula los estímulos relacionados con becas y apoyos estudiantiles.

En definitiva, señora presidenta, de conformidad con las evidencias empíricas y científicas en las que nos basamos para proponer esta norma, así como con los fundamentos y justificaciones filosóficas, políticas y jurídicas que acabamos de hacer notar, queremos aconsejar al plenario de la Cámara de Senadores la aprobación de este proyecto de ley.

Señora presidenta: una democracia de calidad es aquella que genera cada vez mayores condiciones de igualdad en una sociedad.

En el día de hoy estamos realizando un acto de justicia; en el día de hoy, estamos comenzando a saldar una deuda histórica con esta población.

Muchas gracias.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: quiero sumarme a los planteos que ha realizado el miembro informante, compañero Marcos Otheguy, quien ha hecho un pormenorizado análisis del proyecto de ley y de las leyes vinculadas. Al mismo tiempo, me interesa enfatizar algunas cosas que me parecen pertinentes y sumar mi reflexión personal, además de la sectorial y colectiva de nuestra bancada.

Este proyecto de ley del Poder Ejecutivo, de fecha 19 de mayo de 2017, ingresó al Senado y fue derivado a la Comisión de Población y Desarrollo el 8 de junio del mismo año, empezándose a tratar con la carpeta n.º 816/2017, distribuido n.º 1297. Dieciocho meses después de su ingreso lo estamos tratando en este ámbito, lo que habla de que hemos llevado adelante un trabajo riguroso y responsable, por lo que no ha sido un desenlace a las corridas –como se ha dicho en algunos lugares– el que ha motivado la propuesta de aprobación en el día de hoy.

Este proyecto de ley que –reitero– surge por iniciativa del Poder Ejecutivo, tiende a lograr el pleno ejercicio de los derechos de las personas trans que viven en Uruguay, que habitan en nuestro territorio y que, como lo ha dicho el miembro informante, lo expresa también el mensaje y a nadie escapa, han sido víctimas de estigma, discriminación y violencia social y estatal. Por tanto, nos parece más que imprescindible incorporar su tratamiento e insistir en que este tema forma parte de la agenda de derechos que porfiadamente el Frente Amplio ha puesto sobre la mesa; agenda de derechos que estaba aletargada y que motivó algunas deudas de nuestro país con los organismos internacionales en su momento, ya que los informes a los comités temáticos no se habían elevado durante muchos años, tales como el informe del Examen Periódico Universal. Fue así que se establecieron nuevamente los vínculos y hoy tenemos no solo la convicción de su necesidad, sino que además, porfiadamente, como Gobierno y como Estado, hemos insistido en poder integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cosa que volveremos a efectivizar luego de que el Uruguay, de alguna manera, volvió a encauzarse en una senda de agenda de derechos que estaba bastante olvidada y perimida.

Quiero destacar que este proyecto de ley y esta agenda de derechos se enmarcan siempre en el derecho internacional de los derechos humanos, así como en las convenciones y tratados que nuestro país suscribe por formar parte de las instituciones internacionales que, de alguna manera, indican un rumbo que nosotros acompañamos, aterrizando dichas convenciones y tratados en nuestra legislación, o sea, en las leyes de carácter nacional.

Por eso, señora presidenta, llegado a este punto, me parece bueno señalar que, como bien indicaba el miembro informante, el Código de la Niñez y la Adolescencia –Ley n.º 17823 y sus actualizaciones, que ha tenido unas cuantas–, está en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de Derechos Humanos y algunas otras normas emanadas de los organismos internacionales, sobre las que voy a detenerme un poco.

También quiero decir que en el ámbito nacional no solo hemos aterrizado en leyes lo que son las normas internacionales –ya que la Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada en el año 1990 como Ley n.º 16137–, sino que, además, en el marco de nuestro trabajo como país, hemos incorporado decretos y reglamentos que tienen total vigencia y están en consonancia con las normas a las que nuestro país ha adherido. Por eso, hemos aprendido mucho en este debate y nos hemos asesorado con expertos en los ámbitos de la medicina y la psiquiatría, así como de la sociedad civil organizada, que siempre es el colchón de respaldo para poder avanzar en estas transformaciones que el país requiere.

El Ministerio de Salud Pública, en el año 2016, emitió una Guía clínica para la hormonización en personas trans, que también fue un documento que tuvimos en consideración en el marco de lo que son las normas nacionales –como el Código de la Niñez y la Adolescencia–, a efectos de seguir aportando aquellos elementos que, como legisladores y legisladoras, debemos tener en cuenta. Pero, en este instante, me voy a detener en un documento emitido por las Naciones Unidas que se denomina Orientación sexual e identidad de género en el derecho internacional de los derechos humanos.

Como todos sabemos –pero quiero recordarlo–, los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, a todas las personas. El mencionado es un documento extenso del que voy a citar algunas partes porque me parecen importantes para el desarrollo de esta exposición, que tiende a reforzar el porqué de la convicción en la aprobación de este proyecto ley, pero, también, a desmitificar algunas cuestiones que, de alguna manera, han impregnado esa discusión pública que existe paralelamente al debate parlamentario, y bienvenida sea.

Este documento plantea cosas que parecería que, a esta altura, deberían estar ya definidas, pero igualmente quiero señalarlas porque explica la diferencia entre los conceptos de sexo y género, y lo dice de manera muy clara: «El primero se concibe como un hecho biológico y el segundo como una construcción social».

¿Y qué se entiende por orientación sexual? En este documento se establece que la orientación sexual es independiente del sexo biológico y de la identidad de género. Refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con personas. Este es un concepto complejo, pero, de alguna manera, se puede analizar y definir cuando se habla de las tres grandes tipologías de orientación sexual: la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad, así como de la definición de identidad de género.

Quiero recalcar este concepto, porque hay una gran confusión o se tiende a no poder diferenciar qué es la identidad de género. Este documento de las Naciones Unidas plantea lo siguiente: «La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento…».

Más adelante, se incluye una definición del transgenerismo o personas trans, en la que se explica: «Es un término utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a este. Una persona trans puede construir su identidad de género independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos».

En otra parte del documento, se expresa: «El 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud –OMS– aprobó la 10 Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, con lo cual se reconoció que “la orientación sexual” por sí misma no era un trastorno. Hoy día, el 17 de mayo generalmente es considerado por los activistas de los derechos humanos, así como por un creciente número de gobiernos nacionales, como el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia».

¿Por qué traigo a colación este documento internacional? Porque dentro de las innumerables delegaciones que recibimos en la comisión hubo quienes argumentaron que la transexualidad es una enfermedad, desconociendo definiciones de la Organización Mundial de la Salud y hablando de lo que no es «natural» –lo digo entre comillas– para quienes así lo plantearon. Entonces, no tengo más remedio que insistir en las normas que tenemos y que nos rigen y no en lo que, desde una mirada particular, religiosa o ideológica, contradice los criterios que justamente hoy estamos trayendo a colación como referentes de los temas que estamos considerando. Como dijo el compañero Otheguy, este proyecto de ley, que es un marco integral, abarca los distintos ámbitos en los cuales se concretan la discriminación, la estigmatización y la exclusión de las personas trans en las sociedades y en especial en la nuestra, que es donde estamos aterrizando este proyecto de ley.

Las Naciones Unidas dicen algo que también quiero colectivizar: «Proteger a las personas LGBTI de la violencia y la discriminación sí requiere una atención particular no solo de parte de Naciones Unidas, es además el compromiso fuerte de luchar contra todas las formas de discriminación por orientación sexual o identidad de género». Entonces, proteger a las personas contra la violencia homofóbica y transfóbica es una obligación y forma parte de la agenda de derechos a la cual me refería; prevenir, derogar inmediatamente las leyes que penalizan la homosexualidad, la transexualidad, etcétera, forman parte de nuestros deberes y obligaciones; prohibir la discriminación –reitero, por motivos de orientación sexual e identidad de género–; promulgar leyes que incluyan el amparo a la orientación sexual e identidad de género que las personas consideren, a mi juicio, es una obligación de quienes estamos representando en esta casa a una sociedad que discrimina, que excluye y que muchas veces no considera a las personas como tales, sino que las ve desde otros puntos de vista.

Señora presidenta: continuando con mi exposición, quiero insistir en que el trabajo de la comisión fue responsable y riguroso. En ese ámbito escuchamos muchas voces y, por supuesto, surgieron dudas razonables. Esto también hay que decirlo porque no hubiera sido serio, ni saludable ni responsable, que no hiciéramos un análisis exhaustivo que, al mismo tiempo, nos permitiera dejar de pensar en que podía haber eventuales incertidumbres científicas, sino todo lo contrario. A veces, por desconocimiento o falta de estudio –me involucro porque he estudiado mucho este tema– tuvimos que estudiar e informarnos ya que nuestra responsabilidad es abocarnos a la elaboración legislativa y por eso modificamos varios artículos del proyecto original atendiendo opiniones serias y de las otras, porque también hubo de las otras. Quiero señalarlo porque si bien cada uno podrá hacer su evaluación, lo cierto es que si repasamos algunas de las fundamentaciones –ahora voy a hacerlo– vamos a apreciar que están impregnadas de ideologías o conceptos vinculados a colectivos de iglesias que en un país laico de ninguna manera nos pueden llevar a tomar decisiones en función de otras cosas que no sean las leyes, la Constitución de la república, los tratados internacionales, el derecho internacional de los derechos humanos y los derechos humanos en su máxima expresión.

El señor senador Otheguy, como miembro informante, con mucha rigurosidad hacía referencia a todo el proceso vinculado al articulado, a la modificación de los artículos y si bien no voy a reiterar los conceptos que planteó, sí voy a remarcar lo que para nosotros es más que importante y tiene que ver con que no podemos legislar prescindiendo de la legislación que ya tenemos en cuanto a marcos vinculados a la agenda de derechos.

Mientras en este Parlamento discutíamos, recibíamos asesoramiento y trabajábamos mucho, en la sociedad se daba en forma paralela un debate que, a mi juicio, se procesó de la peor manera: mintiendo, engañando, hablando de repudio, de rechazo, de normalidad, poniendo para el costado todo lo que algunos consideran que no es normal y hablando de los privilegios que se establecen en este proyecto de ley para las personas trans, en el que participaron no solo parte de colectivos de iglesias, sino también integrantes de esta casa. Y yo quiero afirmar y reafirmar que este proyecto de ley no concede privilegios. ¿O alguien está pensando que es un privilegio para un adolescente haber sido excluida o excluido, por incomprensión, de su casa, de los ámbitos educativos y laborales, para terminar ejerciendo la prostitución? ¿Eso es un privilegio? No, señora presidenta, justamente es todo lo contrario. Atender la situación de discriminación y exclusión no es otorgar privilegios, es reivindicar derechos que la sociedad no ha sido capaz de internalizar y el Estado tampoco. Por eso me hago cargo cuando digo que el Estado tampoco.

La señora Tania Rodríguez me acaba de alcanzar un testimonio del que voy a tomar dos reflexiones. Es la historia de Lucía, una mujer trans. Dice así: «Mi nombre es Lucía.- Soy Lucía. Tengo sesenta años. Cuando nací mis padres me llamaron Luis y así me anotaron. Desde siempre supe que ese no era mi nombre y me costó mucho poder ser quien soy. Tenía mucho miedo y me escondía, pero la identidad es algo que no se puede ocultar. Soy, fui y seré una mujer.

A los once le conté a mi mamá que era una nena, y me dijo que estaba mal de la cabeza. Recuerdo que fue mi prima la que me ayudó con la transición, pero fue difícil cuando decidí presentarme ante mi familia. Algunos incluso me dejaron de dirigir la palabra.

La gente habla de lo que es ser una persona trans, pero pocas personas saben lo que es vivirlo, porque solemos hacerlo en soledad.

No nací en el cuerpo equivocado, no estoy enferma ni soy una moda. En realidad es fácil de entender si aceptamos que la identidad siempre es una construcción, en mi caso y también en el tuyo».

Sigue la historia de Lucía –que supongo que la tendrán todos los señores senadores porque a mí me llegó al despacho– con un racconto de cuando la expulsaron del liceo. Como decíamos, primero expulsa la familia, luego los ámbitos educativos. Ella dice: «En la adolescencia comencé a cambiarme la ropa y el pelo, a maquillarme, a pintarme las uñas.

Me sentía divina porque era yo, pero la gente me veía de mala manera. Fue una época muy difícil.

Me insultaban y me pegaban, siempre pasaba en la dirección, llamaban a mis padres todo el tiempo y me suspendían a cada rato, porque para los profesores la culpable era yo.

A nadie le importó lo que me estaba pasando. Lloraba todos los días.

Me cambié tres veces de liceo y dejé los estudios cuando estaba cursando primero.

La falta de oportunidades no me dejó otra opción y tuve que salir a la noche». Justamente, es lo que decíamos. «Esto sigue pasando hoy. El 60 % de las personas trans abandona el sistema educativo antes de terminar ciclo básico y un 12 % ni siquiera termina la escuela».

El relato de Lucía –que voy a sintetizarlo, aunque es un testimonio que me encantaría que quedara en la versión taquigráfica– continúa cuando la detuvieron por primera vez, en 1978. Esto es a lo que se refería el señor senador Otheguy cuando hablaba de las razias y del decreto que recién fue derogado en el año 2005. Lucía dice: «En 1978 me detuvieron, me subieron a un patrullero y terminé en la comisaría.

Mis compañeras me habían advertido lo que me esperaba ahí dentro, pero en realidad era imposible imaginar los horrores que después viví. Los policías se turnaron para violarme, me pegaron, me dejaron encerrada en el calabozo durante días. Tenía miedo de que me mataran. Cuando me soltaron, pensé en no salir más a trabajar, pero tuve que volver a la esquina».

El testimonio de Lucía sigue con todo el relato de la adaptación de su cuerpo, que se produjo cuando decidió que era hora de que su cuerpo reflejara su identidad. Ella habla de todas las consecuencias que eso tuvo, porque la verdad es que hoy en día las personas trans tienen derecho a asistirse en Salud Pública, pero hay un gran rechazo de la institucionalidad a reconocer ese derecho y a atender de manera particular esta circunstancia, entonces terminan adaptando sus cuerpos de manera clandestina, lo que luego origina dificultades de salud, que –como también sabemos– conspiran contra su expectativa de vida.

Lucía continúa hablando de lo que fue la aprobación del derecho a la identidad de género. Ella, recién en 2009, cuando se aprobó este derecho, empezó a hacer los procesos correspondientes, siempre con dificultades, siempre con esperas, siempre con demoras en la implementación. Lo que pretendemos nosotros ahora –tal como dijo el señor senador Otheguy– no es innovar en cuanto al derecho que les asiste a las personas trans en esta circunstancia; lo que pretendemos es innovar en la metodología y para ello proponemos desjudicializar el tema y transformarlo en un trámite administrativo con garantías. Esa es la diferencia. Si vamos a la ley que fue aprobada en 2009, la Ley n.º 18620, vemos que ya ahí se regulariza el derecho a la identidad de género, al cambio de nombre y sexo registral.

Entonces, que ahora llame la atención que se procure que este trámite sea más ágil y que se hable de que en estos casos se estaría violando el derecho a la patria potestad, a mí me resulta incompresible, totalmente incomprensible. Quería plantear esto porque hay veces que parece que queremos hablar solo de lo que queremos y no de lo que no queremos, pero esto es ley, y lo que estamos haciendo es una modificación. El señor senador Otheguy decía que el último artículo de este proyecto de ley deroga la ley a la que hice mención porque estamos mejorando –a nuestro juicio– la herramienta mediante la cual puede accederse al derecho a la identidad de género sin las dificultades que hoy en día existen.

Algunas expresiones que se escucharon en el debate paralelo que se dio en la sociedad –que tuvieron repercusión, reitero, en algunos integrantes de este Cuerpo, sobre todo porque se habla de privilegios– hacían referencia a que estábamos atentando contra la ciencia biológica y contra la familia, base de la sociedad. Hay iglesias que cuestionaron lo que ellas llaman «ideología de género», que califican como «perturbadora de lo natural y de la familia». Yo pregunto, señora presidenta: ¿va a haber un ejemplo de cuáles son las familias mejor constituidas?, ¿los arreglos familiares no nos han determinado ya que hemos avanzado en derechos, con la unión concubinaria, con el matrimonio igualitario, con la posibilidad de la adopción por parte de matrimonios de personas del mismo sexo? En una especie de terrorismo verbal, se sigue amenazando y se habla de que pretendemos violar la patria potestad, y acá quedó demostrado que no. No voy a volver a leer los artículos 8.º y 11-BIS del Código de la Niñez y la Adolescencia porque creo que todos los integrantes de este Cuerpo deben conocerlos y tenerlos internalizados, pero si hace falta, así lo haremos en la discusión particular.

También se juntaron firmas en los barrios y en las plazas –no me lo contó nadie más que gente de mi absoluta confianza– para evitar la «mutilación de genitales» a niños y niñas por parte del Estado en caso de que esta ley se consagrara. Yo creo –y quiero ser cauta en la forma de expresarme– que esta operación siniestra de pretender engañar a la gente, ¡de pretender hacer creer que se van a mutilar los genitales de los niños y de las niñas, es una aberración muy grande, señora presidenta! Y la marco porque sé que existió en esa recolección anónima de firmas que un día, misteriosamente, llegaron en biblioratos al despacho y nadie sabía su procedencia. Esa forma de terrorismo, que fue sembrada en los barrios y en las plazas, y en el engaño de la juntada de firmas, tuvo un correlato en este Parlamento cuando aparecieron esas firmas y nadie sabía su procedencia. Preguntamos al respecto y se nos dijo que había venido una «señorita» a entregarlas. Nadie sabía quién era la señorita ni dónde ubicarla –consulta que es de rigor cuando aparecen materiales en las comisiones–, pero a la semana siguiente vinieron más firmas y vino una señorita que se identificó como la portadora de esas firmas que habían sido recolectadas de la forma que estoy indicando; reitero: con amenazas, con terrorismo verbal y con una entrega anónima.

SEÑORA XAVIER.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone la oradora.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar la señora senadora Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- De manera muy distinta, los colectivos que apoyan este proyecto de ley se expresaron –pero no solo lo hicieron esos colectivos sino la gente en general, señora presidenta– el 28 de setiembre en la Marcha por la Diversidad, en la que la consigna espontánea fue: «¡Ley trans ya!». Y esa «¡Ley trans ya!» no estuvo voceada solamente –reitero– por los colectivos, que son los que apuntalan, los que fogonean, sino que fue apoyada por hombres, mujeres, niños y niñas de todas las edades, en una manifestación que quisiera compararla con otras de carácter público que tenemos en nuestro país, que no son convocadas por los colectivos partidarios sino que son producto de la convicción de la ciudadanía. Me refiero a las que tienen lugar el 8 de marzo, cuando la gente se vuelca a las calles reclamando derechos –lamentablemente la última marcha tuvo que ver con la consigna «¡Basta de femicidios!»–; el 20 de mayo, fecha en la que se sigue, porfiadamente, reclamando por los desaparecidos; el último viernes del mes de setiembre de cada año, cuando se convoca la Marcha por la Diversidad, que cada año reúne a más y más gente; y el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando también se reúne la gente de manera espontánea. Contrasta esta forma de expresión pública con otras que –reitero– aplican el terrorismo, la mentira, el engaño y la amenaza.

Consecuentemente con esto, el miércoles recibimos, de parte de los colectivos organizados, 60.000 firmas no anónimas, porque los colectivos hicieron una conferencia de prensa en esta casa, señora presidenta, que es la casa de todos y todas. Y no solo se hicieron presentes y dieron la cara por el trabajo que se estaba haciendo, sino que, además, en esta casa se certificó, ante escribano público, el acto de entrega de esas firmas. Como decía, señora presidenta, hay una diferencia en esta forma de instalar el debate en la sociedad; los colectivos accedieron a los medios de comunicación y también pudimos escuchar argumentos médicos científicos y rigurosos, y no patrañas.

Me interesa resaltar algunas de las intervenciones que tuvimos en la comisión pero no voy a insumir demasiado tiempo. Sí destaco la visita del doctor Daniel Márquez, quien casi que en soledad –desde el punto de vista científico– pero muy convencido de lo que se está planteando en el hospital Saint Bois, expresó lo siguiente: «Tengo una copia del manual generado por la Organización Mundial de la Salud […] que, en su anexo dedicado específicamente a la atención de las personas trans, comenta que existe evidencia suficiente que muestra que en muchos casos adquirir las características del sexo físico congruente con la experiencia de identidad de género, como la cirugía de reafirmación de género –allí también se contempla la hormonización–, mejora la salud, el bienestar y la calidad de vida, incluida una mejor autoestima física, mental, emocional y social».

Más adelante decía Daniel Márquez: «No tenemos experiencia de hormonización en menores de 16 años». También decía que «gracias a que el señor representante Goñi realizó un pedido de informe de varios puntos, nosotros empezamos a sistematizar datos», que también los tenemos nosotros porque poseemos las respuestas del Ministerio de Salud Pública a ese pedido de informes más que exhaustivo que solicitó el señor diputado Goñi.

Asimismo, planteaba Daniel Márquez que «por el servicio pasaron alrededor de 300 personas, de las cuales 90 han sido hormonizadas». Y más adelante decía: «Pero quiero dejar claro –porque creo que esto puede llevar a confusiones– que no hacemos ninguna intervención médica ni quirúrgica en menores». Lo decía el doctor Daniel Márquez.

Y más adelante agregaba: «Otro dato muy importante es que no tenemos registrada ninguna muerte vinculada con la hormonización ni con la cirugía».

Quiero destacar el trabajo del doctor Daniel Márquez porque la verdad es que se ha constituido un equipo multidisciplinario que atiende, con una mirada holística, la situación –no el problema– de las personas trans que requieren un acompañamiento, muchas veces desde edades tempranas, vinculado a su estado general, porque la salud, señora presidenta, no es solo lo biológico, sino que la salud es –y no lo voy a definir con palabras técnicas porque acá hay médicos que me van a corregir– la armonización que tiene que existir en las personas, vinculada no solo –reitero– con lo biológico.

También tuvimos, señora presidenta, algunos testimonios que quiero compartir rápidamente. La Sociedad Uruguaya de Pediatría fue clara en manifestar la necesidad de que veamos esto con una mirada seria y abarcativa. Decía la señora Cristina Alonso que «de los chicos que pueden tener una disconformidad de género en la infancia o adolescencia, solo un pequeño porcentaje va a tener una persistencia […] Quiere decir que estamos hablando de que prácticamente un 85 % u 86 % va a revertir y va a mantener la identidad de género de acuerdo a su sexo biológico». Estamos hablando de los niños y niñas que manifiestan su identidad de género no coincidente con su sexo biológico; no de los niños y niñas en general. Se ha pretendido decir que ahora vamos a tratar a todos los niños y niñas modificándoles su sexo biológico o su identidad de género. Este proyecto de ley no incita, sino que trata –reitero– de manera integral una circunstancia que existe en nuestra sociedad y que ha sido eternamente olvidada.

Para ser breve, haciendo toda una exposición vinculada con ese terror de la hormonización a los niños –cosa que no es así; ya lo decía el doctor Márquez y la doctora Alonso termina su intervención reafirmándolo–, la doctora planteó en su síntesis que no se trata necesariamente de hormonas feminizantes ni masculinizantes porque no todas las personas trans necesitan, quieren o desean pasar por tratamientos de hormonización o, incluso, quirúrgicos. Y agregaba que se trata, tal vez, en algunas circunstancias, de hormonas que nunca se emplean antes de los quince o dieciséis años, que son fármacos que básicamente dejan al niño o niña en un estado prepúber o con una pubertad mínima en tiempos de espera.

Acá se abren las bibliotecas y los demonios, señora presidenta, porque estamos escuchando diferentes opiniones que plantean, por un lado y por otro, que estos tratamientos tienen carácter irreversible. Eso no solo no se ha podido comprobar, sino que, además, en la respuesta que le envían al diputado Goñi –que no voy a detallar, solo voy a enumerar algunas de las preguntas– se fundamenta con bibliografías que en cada caso se basan en más de cuarenta autores –lo digo porque tuve la precaución de analizarlo–. O sea que hay respuestas serias; y, bueno, es la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Yo podría extenderme en esto, pero no vale la pena.

No sería justo mencionar solo las intervenciones con las que yo y nuestra bancada concluimos en estar de acuerdo –ya que fueron planteadas con rigor científico–, también quiero plantear que hubo intervenciones de algunos invitados, a los que se solicitó que vinieran a la comisión, que realmente me sorprendieron. En particular me interesa destacar la que hizo un «técnico»; lo digo entre comillas porque no conozco sus datos. Estoy buscando esa información entre mis apuntes pero no la encuentro; quizás alguien me pueda ayudar. Esta persona realizó una especie de análisis sobre el tema de la disforia de género, con datos que no estaban explicitados ni documentados, y lo planteó como un problema que tiene que ver con una patologización de las personas. Este médico, endocrinólogo de Estados Unidos –acabo de encontrar que su apellido es Hruz–, no solo planteaba que este era un tema de disforia de género, sino que agregaba desconocer las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud y se basaba en una cantidad de datos sin respaldo alguno. Cuando en la comisión solicité los datos vinculados a todas esas afirmaciones –ello consta en la versión taquigráfica–, recuerdo que este médico –a quien yo no conocía pero se decidió convocarlo– quedó encargado de hacerlos llegar, pero, hasta el día de hoy, eso no ha sucedido. De todas formas, en las versiones taquigráficas podemos encontrar su intervención, que, a mi juicio, es bastante patética e incomprensible.

No quiero dejar de mencionar otras intervenciones que tuvimos en la comisión que, realmente, son sorprendentes.

En una nota que llegó hoy –no tengo la autoría, pero seguramente si me remito a la versión taquigráfica lo sabré– se plantea, por parte de un colectivo que concurrió a la comisión, que los enunciados de esta ley integral trans hablan de la ideología de género, la cual ignora total y absolutamente realidades de la ciencia biológica. Esto se plantea sin ningún tipo de argumentación, más que lo que pueden ser opiniones ideologizadas, como, por ejemplo, que los datos científicos muestran diferencias claras entre el cerebro masculino y femenino e indican que esta posibilidad no existe, sino que es una patología, o que la ideología de género pretende deconstruir lo que la naturaleza ha construido. La verdad es que, señora presidenta, resulta difícil poder seguir estos razonamientos solo con base en argumentos y no a evidencia empírica.

Por otra parte, la organización denominada Familia y Vida realiza algunas consideraciones que quiero manifestar acá, no solo por lo preocupantes que son, sino porque no son compartidas. Sostiene que esta situación debe ser analizada objetivamente y teniendo en cuenta el bien de la sociedad y de aquellos con los que estas personas interactúan continuamente, como si estas «personas» –lo digo entre comillas porque así lo mencionan– fueran una especie de amenaza a la sociedad y hay que proteger a la sociedad de ellas.

Señora presidenta: quiero plantear estos conceptos porque me resultan aberrantes. Además, en el análisis estricto de este proyecto de ley, que fue excelentemente hecho por mi compañero el señor senador Otheguy, no puedo dejar de incorporar la subjetividad, sin ningún argumento ni justificación, de una cantidad de invitados que tuvimos, y cuyas palabras luego son replicadas en la sociedad, reitero, sin argumento científico alguno. En este sentido, se ha planteado, por ejemplo: «… habilitar el cambio de sexo en el documento de identidad es colaborar en la falsificación de un documento con potencial engaño o fraude de consecuencias sociales previsiblemente muy graves». Quiero colectivizar estas expresiones en este ámbito, porque no sé si todo el mundo leyó las versiones taquigráficas de esta comisión, que trabajó mucho. Esto es terrible; es estar diciendo que hoy en nuestro país existen leyes que son fraudulentas.

Más adelante se señala que en el caso del transexual masculino que se percibe como mujer sería lógico que en algunos casos quieran ser madres, por ejemplo por adopción, y en ese caso –¡observen lo que dice!– los perjudicados van a ser los niños, que no van a tener en realidad la experiencia de la maternidad que sí habrían tenido de ser adoptados por un varón y una mujer, porque eso es algo que el transexual no les puede dar, al no ser realmente mujer.

Señora presidenta: no voy a seguir con este disparatorio porque, en oportunidad de considerar el matrimonio igualitario, fuimos claros, contundentes y aprobamos una ley que está vigente. Por lo tanto, venir a reivindicar estas cuestiones, a mi juicio, es terrible.

Por su parte, los representantes de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud plantearon que la heterosexualidad es lo normal. ¿Recuerdan los señores senadores cuando hace un rato hablé de lo normal? Bueno, estos señores, que concurrieron en nombre de una organización cristiana, señalaron: «La heterosexualidad es lo normal, porque es la norma. Lo transexual es una excepción excepcionalísima…». Luego hablan de lo que significa el ejercicio de la medicina sin el derecho a la objeción de conciencia y plantean que los médicos no tienen la obligación de satisfacer el deseo de los usuarios en estas circunstancias. Y agregan que estos tratamientos pueden ser perjudiciales para la salud de sus pacientes y que, por lo tanto, debería contemplarse la figura de la objeción de conciencia. Finalmente, uno de los integrantes de esta delegación, el señor Patpatián, manifiesta que la hormonización cruzada es antinatural y anticientífica. Y agrega: «Si esta ley sale y me obligan a hormonizar a una persona de una forma distinta a su sexo biológico, traigo mi título universitario […] y lo parto porque en la Facultad de Medicina jamás me enseñaron esto». Así están las cosas, señora presidenta.

La respuesta al pedido de informes del señor representante Goñi es clarísima. Allí se pregunta sobre todo lo preguntable: sobre estadísticas, sobre personas asistidas por tratamientos de reasignación de sexo, por el número total de personas asistidas en los centros para informar, etcétera. Y hay respuestas que son más que claras, porque son con base en datos rigurosos y no en ideologías o supuestos. Además, se pregunta si ocurrieron complicaciones con los tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos. Y, como bien dije, los trabajos científicos en que se basaron las respuestas del Ministerio de Salud Pública son de cuarenta autores diferentes.

Señora presidenta: podría seguir pero el tiempo me obliga a ir redondeando. No descarto intervenir en la discusión particular del proyecto de ley, sobre todo en aquellos artículos que han suscitado los mayores intercambios de opiniones, porque en el estudio exhaustivo que hemos hecho a nivel de nuestra bancada hemos desterrado las posibilidades de dudas y trabajamos con base en certezas científicas y en información empírica.

Voy a terminar, señora presidenta, leyendo parte del comunicado de la profesora adjunta magíster Irene Barros, directora académica de la maestría en Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. No lo voy a leer todo, porque –como decía ella y hago mías sus palabras– ya se han expedido diferentes delegaciones al respecto y los expertos han aclarado sobre la posibilidad de poner en pausa los cambios puberales, tema que se ha cuestionado acá, porque se habla de que la detención del desarrollo puberal trae consecuencias irreversibles. Desde el punto de vista científico, se nos ha explicado que esa detención ayuda al abordaje integral de los adolescentes y que algunas de las consecuencias que podría traer tendrían que ver con la detención de la talla, pero los técnicos y profesionales en ningún caso nos hablaron de efectos irreversibles. Irene Barros decía, entonces, que poner en pausa los cambios puberales, como forma de dar tiempo a las personas involucradas a tomar decisiones, es importante, porque se atiende la singularidad de todos estos casos.

Además, quiero reafirmar y recordar que las personas menores de dieciocho años son personas. Aunque por ahí algunas veces se hable de «personitas» o de menores, son personas. Por lo tanto, como bien lo dicen el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Convención sobre los Derechos del Niño y muchas otras que se han mencionado –y además lo recalcó el señor senador Otheguy–, merecen atención y consideración. Y como este proyecto de ley, que es de carácter integral en el marco de la salud, apunta a integrar el tratamiento de las personas trans al Sistema Nacional Integrado de Salud, estas consideraciones me resultan totalmente pertinentes.

La profesora Barros decía que este tratamiento no solo da tiempo a los y las protagonistas de estos procesos –niños, niñas y adolescentes, que serían los más importantes–, sino también –y aquí quiero detenerme– a las familias y al equipo de salud. Las familias son fundamentales. Y no me refiero a la familia tipo que se nos pone como modelo hegemónico a seguir, sino a las familias, por la contención afectiva, fundamental en la pubertad y adolescencia. A su vez, el equipo de salud no aprieta un botón y resuelve, sino que hace un seguimiento que abarca diferentes profesiones y formas de atención que generan un apoyo. También quiero decir que aquellos adolescentes que tienen dinero recurren a estos tratamientos de forma particular, sin ningún tipo de problema. Y aquí lo que tratamos es de integrar estas circunstancias al Sistema Nacional Integrado de Salud.

Termino esta intervención, a cuenta de lo que pueda ir agregando en el análisis particular del articulado, con el final de la nota que envió la profesora Irene Barros, que dice que una ley que atienda las necesidades específicas para personas históricamente invisibilizadas y gravemente vulneradas es imprescindible y refleja una sociedad que está en condiciones de ver y de escuchar a un sector de la población que no por ser minoría es menos importante.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA ALONSO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ALONSO.- Señora presidenta: no voy a responder provocaciones que se han hecho por parte de la señora senadora preopinante, que habló de violencia, de mentira, de terrorismo por parte de algunos referentes de esta casa. Creo que la mejor muestra de que eso no es así es ver las barras llenas de quienes están a favor de esta ley, con sus pañuelos amarillos, y de quienes están en contra, con sus pañuelos azules, y que pueden convivir en tolerancia y en paz. Considero que esa es la mejor forma de convivencia democrática.

Quiero comenzar esta intervención aclarando dos cosas.

En primer lugar, no voy a hablar en nombre del partido del que formo parte, porque puede haber diferentes posturas frente al tema y se ha dejado libertad de acción, por lo que cada compañero tomará su posición frente al tema y no pretendo comprometerlos en ese sentido. Pero sí voy a hablar en nombre de muchas personas que se encontraban silenciosas pero que se han levantado para luchar por sus hijos y, especialmente, por la justicia social, porque sé que no hay acto más revolucionario que defender la justicia social en nuestra patria.

En segundo término, estoy segura de que ninguno de los que estamos acá está de acuerdo con la discriminación y la injusticia social, y que todos defendemos la no discriminación. Parto de la premisa de reconocer que las personas trans y toda la población LGBTI ha sido discriminada. Hace muchos años, en las décadas de los sesenta y setenta, en varios países los homosexuales iban presos simplemente por demostrar su homosexualidad en lugares públicos. Son conocidos los tristes disturbios y las redadas policiales que se dieron en varias partes del mundo. Y Uruguay no fue ajeno a eso. Quiero dejar en claro que tengo presente esa historia de discriminación, y me sumo y levanto la voz por la no discriminación. Toda persona, como se dijo aquí, tiene una dignidad humana inherente e inalienable, que no está basada en preferencias, atracciones o identidades, sino en una misma condición humana. No hay duda de que toda persona debe ser respetada y querida como un fin en sí. Todos tienen los mismos derechos inherentes a su condición humana, con independencia de su orientación sexual o de cómo se autoperciban. Si hubiera alguna ley contraria a estos principios, sería necesario un cambio legislativo. Pero ¿este es el caso? Y vale la pregunta, señora presidenta.

En nuestro país no existe una discriminación jurídica hacia las personas trans. No conocemos leyes que excluyan a una persona trans de un determinado derecho que le corresponda. En cambio, ha habido y aún hoy existe una discriminación ética y social, al no ser tratados con el respeto, la consideración y el amor que se merecen como personas. Pero ese trato digno no se logra con leyes –y ahora vamos a detallar algunas–, porque no es una cuestión jurídica; es una cuestión ética. Por lo tanto, se logra con educación en respeto, inclusión y amor a las personas cualquiera sea su condición.

No podemos desconocer, señora presidenta, que Uruguay, nuestro país, ha tenido y tiene presente, desde hace más de quince años, estos derechos. Y quiero mostrarles en esta guía, en esta agenda de políticas públicas y leyes por la diversidad sexual, cada una de las leyes que se han aprobado durante estos años. En 2003 la Ley n.º 17677, Incitación al odio, desprecio o violencia o comisión de estos actos contra determinadas personas, estableció como un delito la incitación al odio y la realización de actos de violencia moral o física, entre otras razones, por la orientación sexual, sexo o identidad de género. En 2004 la Ley n.º 17817, Lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, identificó expresamente la orientación e identidad sexual entre las causas de discriminación a combatir. En 2007 la Ley n.º 18246, Unión Concubinaria –a que hacía mención la señora senadora–, contempló la identidad de género. En 2008 tenemos la conformación de la mesa de trabajo por la diversidad sexual. En 2009 la Ley n.º 18590 reforma el Código de la Niñez y la Adolescencia –trabajé en ese sentido– y modifica las disposiciones relativas a la adopción para contemplar a las familias LGBTI. Así podría seguir nombrando normas, señora presidenta. También en 2009 tenemos la Ley n.º 18620, Derecho a la identidad de género y al cambio de nombre y sexo en documentos identificatorios, que permite a las personas trans obtener un documento acorde a su identidad de género. En 2010 se integra la perspectiva de diversidad sexual en la enseñanza.

A estas leyes deben sumarse otras políticas y beneficios que, desde el Estado, son exclusivos para las personas trans. Me refiero, por ejemplo, a que en el año 2012 el Ministerio de Desarrollo Social reconoce e incorpora la identidad trans en los formularios de acceso a los beneficios sociales y la Tarjeta Uruguay Social para Personas Trans, que se brinda a todas las personas trans sin excepciones; se trata de una transferencia monetaria mensual no contributiva. En 2013, mediante la Ley de Empleo Juvenil se establece un cupo de 2 % para las personas trans en el Programa de Primera Experiencia Laboral, y se otorgan exoneraciones fiscales a aquellas empresas que las contraten. En 2014 se establece un cupo para personas trans en los programas sociales como Uruguay Trabaja y Yo Estudio y Trabajo, donde se les brinda capacitación, educación e inserción laboral.

En materia de salud –ya se hicieron algunas referencias– se elaboran la Guía de salud y diversidad sexual y la Guía clínica para la hormonización en personas trans, se brinda atención psicológica a través de un convenio entre el Mides y la UdelaR, y se establece la primera clínica de atención integral a las personas trans –entre la UdelaR y ASSE– en la Unidad Docente Asistencial Saint Bois.

Como decía recién, es bastante lo que se ha avanzado y contemplado en este sentido. Podría seguir nombrando algunos otros beneficios que se han brindado, pero quiero pasar a enumerar los beneficios a nivel privado dado que en Uruguay existe la Cámara de Comercio y Negocios LGBT, con una cadena de empresas y proveedores que apoyan la diversidad. Esta cámara tiene tanta importancia que, en 2017, recibe el premio a la mejor cámara de comercio LGBT del mundo. A esto hay que agregar más beneficios, como la Tarjeta Diversa, para brindar inclusión financiera a personas trans, y la implementación del Programa Talento Diverso, como se llama a una bolsa de empleo con oportunidades laborales para esta comunidad.

Sin duda, señora presidenta, no estamos ante la misma historia de discriminación porque han sido consagrados derechos para esta población. Por eso hoy uno se pregunta si, teniendo todas estas leyes que se han aprobado en esta casa –que han contado con el apoyo de muchos de los referentes, cuando no de todos, de esta casa– y estas políticas públicas dirigidas a esta población que ha sido discriminada históricamente, ¿era necesaria una nueva discusión? ¿Era realmente necesaria esta ley? Nosotros creemos que no; pensamos que se está legislando por presión de colectivos corporativos, porque queda bien. Todos sabemos en esta casa que los recursos son finitos y escasos. De hecho, hace unos días el Ministerio de Salud Pública le negó, por falta de recursos económicos, un medicamento necesario para vivir a una joven mujer de cuarenta y tres años que padece cáncer. Desde hace años en esta casa está trancada una ley para personas diabéticas, que en muchos casos tienen enormes dificultades para acceder a los análogos de insulina. ¿En qué país estamos que pretendemos imponer una ley que incluya todas las intervenciones de cambio de sexo por el hecho de autopercibirse diferente cuando, con el argumento de que no había presupuesto, se negó un medicamento que permitía a una mujer vivir por lo menos unos meses más? Por eso considero, señora presidenta, que estos ya no son derechos, son beneficios. Lo que queda claro es que esta ley no solo no elimina la discriminación, sino que la reafirma, la instituye, la confirma, porque establece una categoría de personas a las que se les otorga un tratamiento diferente –acá no quiere hablarse de privilegios– sin que deban justificar ni alegar diferencias objetivas con otras personas que sí tienen que justificar una necesidad, un problema o un mérito diferente.

Pero también se discrimina por razón de género. ¡A las propias personas trans se las está discriminando! No se las trata por su calidad de personas, sino por su condición sexual y se les otorgan beneficios especiales sin que deban justificar que necesitan la ayuda especial de estos beneficios. Seguramente hay muchísimos que los necesitan, como hay muchísimos otros uruguayos que también los necesitan.

Mire, señora presidenta: conozco a varias de las personas que están en las barras, embanderadas por lo que creen, y sé de su sufrimiento. He escuchado testimonios tremendamente dolorosos, y también sé de su coraje para tomar algunas decisiones en la vida. Y voy a defender su derecho a ser porque creo en la libertad; creo en la decisión de cada ser humano de vivir como sienta, como piense y como quiera. Lo que no comparto, señora presidenta, es que el Estado deba pagar por el hecho de querer vivir de una forma diferente y dar beneficios por el hecho de ser trans.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA ALONSO.- No, señor senador; permítame terminar la exposición.

Y cuando hablo de beneficios me estoy refiriendo, señora presidenta, a un subsidio, gratis y de por vida, por sufrir discriminación. ¿Cuántas personas han sufrido discriminación y seguirán sufriéndola? ¿Cuántas han sido afectadas por no ser tratadas según sus sentimientos? Sobre esta base, todas ellas también podrían reclamar ser reparadas socialmente. ¿Saben qué? Es un ingreso mensual que supera la ayuda que el Estado otorga, en varios casos, mediante las pensiones por discapacidad, o lo que perciben muchos jubilados, ¡que vaya si han sido y siguen siendo discriminados! Tenemos más de 150.000 jubilados que ganan menos de $ 11.000. Se trata de un beneficio económico que casi se iguala al ingreso sumergido de esos soldados que trabajan diariamente y están las veinticuatro horas al servicio del país. ¿En qué país estamos, que con esta ley se pretende asumir un costo por subsidios y se lo prioriza por encima de las personas con discapacidad, de los ancianos y de tantos otros? Por eso reafirmo que esto no viene a traer derechos; los derechos están consagrados en nuestra Constitución, pero además en cada una de las leyes que acabo de mencionar.

Otro de los beneficios que nos imponen es el de las cuotas. Acá hemos tenido una larga discusión sobre las cuotas que no se cumplen –el 4 % para las personas con discapacidad y el 8 % para las afrodescendientes–, pero más allá de eso, se trata de una obligación de contratar personal, no por su capacidad profesional, sino por su condición de trans, y generar un acceso a capacitación académica otorgando, entre otras cosas, becas. Estos son beneficios que, como ya mencionamos, están contemplados en otras leyes, y acabo de mencionar la Ley n.º 19133, de 2013, que establece becas y beneficios en el ámbito laboral.

Lo que parece que se desconoce en este proyecto de ley es que tenemos un país con un altísimo abandono escolar de adolescentes, en su mayoría de bajísimos recursos económicos. Hay grandes barreras en el acceso al estudio y al trabajo que tenemos que atender con mucha mayor urgencia: por ejemplo, a esas madres adolescentes, que buscan iniciar una vida en familia y necesitan del apoyo de un Estado que priorice becas educativas y cupos laborales. ¿Acaso no es necesario ese apoyo y priorizarlo? Me pregunto y le pregunto a toda la bancada que hoy va a levantar las manos firmes frente a esta ley: ¿dónde quedó la equidad que pregonaba este Gobierno? ¡Equidad! Me refiero a la equidad en el acceso a la salud, a la equidad en el acceso a la educación y al trabajo, y a la equidad en ayuda económica al más necesitado. ¿Por qué priorizar beneficios para una población y no derechos para otras? ¿Acaso la presión de determinados grupos, como los colectivos, y en especial algunos que han influido muchísimo en el Ministerio de Desarrollo Social –que trabajan casi en sociedad–, como el caso de Ovejas Negras, les han hecho perder el foco de la equidad, señora presidenta?

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA ALONSO.- Permítame terminar mi reflexión general sobre este tema y, si me queda tiempo, con mucho gusto le concedo la interrupción.

Dejé para el final la temática –muy sensible– de los tratamientos hormonales de nuestros niños y adolescentes, que no comparto. Ya se leyeron algunas referencias y por supuesto uno siempre trata de leer lo que más le conviene, pero fueron múltiples los equipos técnicos e, inclusive, los científicos extranjeros que nos advirtieron del riesgo de la hormonización en los niños y los adolescentes, no solamente por las intervenciones en salud, sino también por la educación que conllevan varias de las definiciones y las ideas de este proyecto de ley. Diferentes especialistas plantearon que los tratamientos tienen claras contraindicaciones, irreversibles, tomando en cuenta que si no se bloquearan las hormonas al comenzar la pubertad, un altísimo porcentaje de estos niños se volverían a realinear con su sexo biológico, como ocurre espontáneamente en la mayoría de los casos.

Permítaseme leer un fragmento de la versión taquigráfica del 22 de marzo de este año, donde la endocrinóloga, doctora Bozzo, expresa lo siguiente: «El doctor Gooren –que es uno de los pioneros en la hormonización en niños trans– asegura que en una niña con disforia de género ya a las 10 semanas, no a los cinco años, de recibir testosterona –está pautado que a partir de los dieciséis años puede comenzar a recibirse el tratamiento androgenizante–, el cambio de voz es definitivo. Si a los diecinueve años manifiesta que está arrepentida y que quiere volver atrás para ser la chica que siempre fue, ya no podrá hacerlo porque, repito, el cambio de voz es para siempre. El aumento de vello facial y corporal, llamado hirsutismo, también es definitivo. Son cambios permanentes –lo dice el propio consentimiento informado–, son cambios irreversibles». Más adelante señala que un varón que empieza a recibir estrogenoterapia, a los seis meses de tratamiento ya comienza a tener cambios que son irreversibles. La atrofia testicular en ese niño es irreversible y la infertilidad será permanente. Hubo especialistas que fueron muy claros, muy contundentes y no dejaron lugar a dudas.

Creo que este proyecto de ley perdió la oportunidad de establecer claramente que no se pueden realizar bloqueos hormonales antes de la mayoría de edad o, por lo menos, que para ello fuera necesario contar con el consentimiento de sus padres, porque para producir ese daño se suspende la patria potestad. ¡Claro que se suspende la patria potestad! Se está pasando por alto la patria potestad, que es un derecho humano fundamental, reconocido en nuestra Constitución –y acá se leyó el artículo 41– pero, además, en el inciso 3.º del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidos, en el inciso 4.º del artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los artículos 5.º y 18.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se olvidan también de que el artículo 258 del Código Civil establece que los padres dirigen la educación de sus hijos y los representan en todos los actos civiles. Acá, en este mismo proyecto de ley, sin procedimiento previo, se quiere privar a los padres de esa patria potestad con carácter general en una decisión tan importante. Lamentablemente, esta es una decisión producto de esas mayorías que han sido sordas y necias, y volvieron a no escuchar.

Lo más conveniente para ese adolescente sería esperar, tener el mayor apoyo, la mayor cercanía, el mejor acompañamiento posible logrando que se sienta querido y respetado. Sobre todo, hay que tener en cuenta que quienes somos legisladores tenemos una enorme responsabilidad. No podemos votar a los ponchazos porque en esto hay en juego cosas muy importantes. Acá hablo como legisladora y, como digo todas las veces –porque no puedo separarme–, lo digo también como mamá de tres hijas que no están ajenas a que les pueda pasar. Y he tenido muy cerquita una situación tan compleja como estas. Pero ¿saben lo que hay que tener? ¡Prudencia! Primero, por ser menores. Segundo, porque el tratamiento médico durante esos años de crecimiento provoca alteraciones irreversibles a corto y largo plazo. Hay que tener prudencia porque solo una minoría persiste con esa autopercepción distinta a su sexo biológico y eso solo lo sabremos una vez terminada la pubertad.

Tal como lo he hecho hasta ahora, prometo dar la lucha necesaria en este tema y quiero recordar que hablo en nombre de muchísimas personas que se encontraban silenciosas, pero que se han levantado por el bien de la justicia social para todos los uruguayos.

Con estas palabras, señora presidenta, hago mía esta lucha y digo no a esta ley que no consagra derechos; consagra beneficios. Voy a seguir defendiendo desde este lugar a toda persona que tiene que ser respetada en su libertad, querida en su dignidad y tutelada en sus iguales derechos humanos. Voy a seguir defendiendo que todos somos iguales ante la ley, algo que no consagra este proyecto de ley.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA ALONSO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Informo a la senadora que le restan cuatro minutos.

Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: la señora senadora puede votar o no el proyecto de ley. Tiene todo el derecho, la libertad y la responsabilidad para hacerlo con base en los argumentos que desee. Naturalmente que daremos la lucha y esgrimiremos los fundamentos para responder que no estamos de acuerdo con su postura, pero lo que no puede es argumentar que vota o no vota esto en función de la bandera de la no discriminación. Es inaudito e inaceptable, porque no estamos considerando una ley de personas trans; estamos dando derechos para que quienes no tienen recursos tengan posibilidades, porque las personas trans que sí los tienen se las van a arreglar. En cambio, cuando no vota esta normativa está haciendo la peor de las discriminaciones con respecto a aquella persona que se siente en un cuerpo diferente y que no tiene acceso a los servicios de salud, a la mano que le puede dar el Estado para llevar una vida más libre en función de lo que necesita. Reitero que no se trata solo de las personas trans, sino de aquellas personas trans que no tienen recursos. Si no se vota la ley estamos haciendo la peor de las discriminaciones y, en ese sentido, podemos aceptar cualquier argumento y discreparemos con él, pero no se puede levantar la bandera de que no se vota esto porque no se quiere discriminar. ¡Se discrimina doblemente! Ese es un enorme error porque la gente que tiene recursos siempre encuentra una solución; no le va a preguntar al senador Michelini ni a la senadora Alonso qué es lo que tiene que hacer. Insisto: el problema es para el que no tiene recursos ni posibilidades y todos los días se ve en un espejo y siente que está en un cuerpo diferente. ¡A ese es al que estamos discriminando! ¡A esa persona la estamos tratando con injusticia! Si ella levanta la voz, nosotros hacemos lo mismo. No aceptamos el argumento de que no se vota esto porque no se quiere discriminar; al contrario, se discrimina doblemente.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Comunico a la señora senadora que todavía le restan dos minutos.

SEÑORA ALONSO.- Terminé con mi exposición, señora presidenta.

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: en esta primera intervención quiero decir algunas cosas.

Hace exactamente un año, en octubre de 2017, entró en el orden del día de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo relativo a la ley integral de personas trans y fue entonces que se comenzó a trabajar en el tema. Empezamos a analizar esta iniciativa y rápidamente llegamos a la primera conclusión: no se iba a poder alcanzar el objetivo del Poder Ejecutivo y de algunos senadores que integraban el Cuerpo de que el proyecto fuera definido y votado en el 2017. Es por eso que hoy quiero destacar algunos gestos. En ese sentido, me parece que no es menor el del entonces senador Carámbula, que fue al que en ese momento le planteamos nuestra inquietud y preocupación. Lo mismo hicimos con varios integrantes de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, que entendieron que era imposible analizar, evaluar y trabajar en una ley de estas características en solamente dos meses. Hoy lo notamos: no era un tema para tratar a la ligera porque, además, muchos legisladores no teníamos los insumos suficientes para tomar decisiones si no transitábamos por un camino de intercambio y de asesoramiento y no recabábamos diferentes informaciones en forma conjunta.

(Ocupa la presidencia el señor Juan Castillo).

–La comisión que presido demostró una gran apertura y responsabilidad. Se decidió marcar una hoja de ruta y destinar el tiempo necesario para su análisis, e incluso se llegó a realizar sesiones extraordinarias para recibir y escuchar todas las opiniones, semana tras semana, antes de llegar a la instancia que hoy estamos llevando adelante, en la que tendremos que adoptar posturas y decidir. En ese entonces se recibió en la comisión a especialistas nacionales e internacionales, catedráticos, instituciones, asociaciones, colectividades, particulares. Todos los que quisieron ser escuchados para dar su opinión fueron recibidos por este Parlamento a través de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión. En ese intercambio se escucharon todas las opiniones y por eso, teniendo en cuenta lo que se ha manifestado en este ámbito, quiero respaldar el trabajo serio y responsable de la comisión y también el de todos los que recibimos; esto definitivamente se generó en un contexto previo. Es cierto que había quienes opinaban distinto, pero acá no vino ninguna organización ni nadie a esgrimir diferentes argumentos sin el aval, el respaldo y la seriedad que debe tener quien llega al Parlamento. También quiero respaldar a los funcionarios del Parlamento; acá no aparecieron cosas de la nada, sino que formalmente, a través de la secretaría correspondiente y de funcionarios del Palacio Legislativo, se presentaron los argumentos, fundamentos y documentos. Por lo tanto, me parece no menor destacar el trabajo de la comisión y respaldar con seriedad las opiniones de todos los científicos y las colectividades, porque por el Parlamento de mi país pasó la voz del Uruguay y tenemos que aceptar y respetar tanto las coincidencias como las discrepancias.

Recibimos a profesionales que fueron a las mismas universidades y que hoy tienen opiniones distintas. ¿Por qué no se puede tener discrepancias acá? También se recibió a instituciones, y como nadie hace experiencia en cabeza ajena, todos los aportes, por distintos que fueran, merecen ser respetados. Además, hubo testimonios realmente conmovedores e innumerables aportes de uruguayos que nos hicieron llegar sus preocupaciones y planteos y contribuyeron con insumos en este tema. Así fuimos formando nuestra opinión, teniendo convicciones claras, trabajando, evaluando, analizando y estudiando los diferentes temas que se presentaron.

Pertenezco a un partido que está en contra de la discriminación; pertenezco a un partido de ciento ochenta y dos años de historia, que ha luchado toda una vida en este país por la igualdad. ¡No le vamos a entregar la bandera de la lucha contra la discriminación a nadie! ¡Con orgullo pertenezco a esa colectividad, que ha sido históricamente en este país el escudo de los débiles! Estamos en contra de todo tipo de discriminación. Los datos del censo del 2016 demuestran que nueve de cada diez personas trans sufren algún tipo de discriminación; que el 67 % se ha dedicado al ejercicio del comercio sexual como forma de supervivencia en algún momento de su vida; que la autoexclusión de los centros de educación determina que solo un 40 % termine la educación primaria y un 12 % el liceo, y que solo el 17 % de esta población supera los cincuenta años, lo que está muy por debajo de la media del país. Además, muchos de ellos pierden su vida por lesiones a consecuencia de la prostitución, por inyecciones y también por infecciones. Estos números demuestran claramente que si bien se trata de una minoría, sin duda necesita ser atendida porque forma parte de mi país.

Evidentemente, es una minoría vulnerable que está pasando mal, pero tenemos que tener en cuenta que también lo están otros muchos uruguayos que viven realidades diferentes. Me refiero a los 142.000 uruguayos que se levantan todos los días con la aspiración y el sueño de tener trabajo, a los 165.000 compatriotas que siguen viviendo en asentamientos, a otro tanto que no ha llegado a acceder a los medicamentos de alto costo, a las víctimas de violencia doméstica y de las rapiñas. También me quiero focalizar en ellos y encontrar formas de ayudar a todos mis compatriotas.

Hoy estamos analizando este proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo y en el que trabajaron los senadores oficialistas, que fueron los que la incluyeron en el orden del día. Entonces, aquí estoy, y si bien soy minoría, fui convocado en el día de hoy para resolver sobre este proyecto de ley. En este contexto, con mayorías absolutas, nos toca participar desde la minoría y lo vamos a hacer con esta primera intervención. Quizás tengamos que conformarnos con el logro de haber podido hacer algún aporte a esta iniciativa y ojalá que la impronta que se ha tomado con respecto a esto en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión sea el camino para solucionar esta problemática que nos convoca hoy y nos permita encontrar la solución para poder ayudar a todos aquellos que también necesitan de estos mecanismos.

En este caso se propone una normativa tendiente a luchar contra la discriminación, y si bien no hubiéramos elegido este camino, como sabemos que somos minoría, estamos dispuestos a apoyarla a cambio de que se elimine aquello que entendemos no puede figurar en la ley. Ya fuimos claros: nos referimos a lo que en su momento, en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, estaba expresado en el artículo 17 y que luego del análisis de los senadores oficialistas en la comisión se transformó en el artículo 21. Si bien respetamos todas las opiniones, de ninguna manera estamos de acuerdo en que los niños puedan tomar decisiones relativas al cambio de sexo y a la hormonización sin la autorización explícita de sus padres. En nuestro país hay una legislación vigente que dispone que los menores de edad no están listos para, por ejemplo, manejar o comprar bebidas alcohólicas. A su vez, voy a tomar argumentos de algunos compañeros legisladores que hoy están aquí. Cuando recorrimos el país junto al señor senador Bordaberry para impulsar la campaña del «Sí a la baja» –nosotros queríamos esa reforma–, nos encontramos con que quienes apoyaban el «No a la baja» argumentaban que los menores no podían valorar el impacto de asesinar a alguien, que no estaban en condiciones de valorar las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, no podían valorar esos actos, ¿pero sí pueden tomar esta decisión? ¿Cómo podemos estar seguros de que los menores están capacitados para tomar decisiones cuyas consecuencias son irreversibles, como tomar hormonas o someterse a operaciones de estas características? No. Nuestra postura fue clara y ya la planteamos a los legisladores. En un país donde hay mayoría absoluta queremos decir que si bien sabemos que como se pretende impulsar esta ley, será aprobada con o sin nuestro voto, estamos dispuestos a analizar la posibilidad de apoyarla a cambio de que se elimine toda referencia a que los niños puedan tomar estas decisiones sin la aprobación de los padres. Esto va en contra de la familia y bien sabemos que esta siempre terminará siendo la primera línea de contención de nuestra sociedad.

Tenemos ejemplos de testimonios exitosos de niños que han iniciado el procedimiento de cambio de sexo y que hoy tienen una felicidad plena, principalmente, porque contaron con el apoyo de la familia y de sus padres, respaldándolos en todo sentido. Por lo tanto, no nos queremos desprender de ese contexto, y menos legalizar esa posibilidad. No tengo dudas de que los padres son quienes mejor pueden cumplir el rol de acompañamiento que necesitan los niños y adolescentes en la etapa de formación de su personalidad y no podemos dar la posibilidad de que no sea así.

Esto se inició hace un año con un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, pero hoy el texto es otro, impulsado por los senadores oficialistas y que es el resultado de un camino de aprendizajes y de negociaciones que hemos transitado juntos. Queremos estar seguros de que esta iniciativa que hoy estamos considerando es diferente y no la misma redactada de otro modo, que se dicen cosas distintas y que se está incluyendo nuestro aporte. Una vez que tengamos la certeza y la seguridad de que esto es así, seguiremos con el análisis de esta ley; no estoy haciendo acusaciones, pero necesitamos que los legisladores que presentaron este proyecto de ley manifiesten con consistencia, con claridad y públicamente que en el Uruguay los niños no podrán tomar decisiones como la de hormonizarse o someterse a operaciones quirúrgicas de cambio de sexo sin la autorización de sus padres. Si todo esto está contemplado en este nuevo proyecto de ley, ¿por qué no decirlo explícitamente? ¿Por qué no se redacta de forma que no dé lugar a dos interpretaciones, como ha sucedido en los equipos de trabajo que hemos integrado? Una vez que tenga esa certeza podré continuar con el intercambio para avanzar sobre algunos puntos y finalmente tomar la decisión sobre qué vamos a hacer con respecto a este proyecto de ley.

La política uruguaya debe ser un camino de acuerdos estudiados, lógicos, transparentes y necesarios para lograr el fin buscado, de participación de todos y no de demostraciones de mayorías o minorías. Seguimos convencidos de que queremos un Uruguay solidario y sensible con los ciudadanos que están en situaciones difíciles y vulnerables, pero tomando decisiones con fundamento y conciencia. No quiero un Uruguay crispado, dividido y discutiendo de manera hostil en cada rincón del país; quiero un Uruguay en el que su gente defienda su pensar y sus ideologías en forma civilizada. Queremos igualdad y si ceden con respecto a esto que hemos mencionado estamos dispuestos a hacerlo también en relación con varios puntos en los que no estamos de acuerdo. También queremos igualdad para todos y no solo para algunos sectores y, en el caso de aprobarse, deseamos que este proyecto de ley sea el inicio del camino para atender a otros, incluyendo a todos los uruguayos que se encuentran en un contexto crítico. Me refiero a las personas con capacidades diferentes, a quienes necesitan medicamentos no autorizados y a todos aquellos proyectos aislados que hay que fortalecer y en los que deberemos trabajar para sacarlos adelante. Hoy es esto lo que nos toca; tengo que adaptarme, saber que estoy en minoría y que legítimamente, en mi país, hace cuatro años, en las elecciones se decidió el Gobierno, que hoy tiene un presidente democrático y este Parlamento con mayoría absoluta. Desde ese lugar he trabajado, con mucha seriedad y responsabilidad, representando a mi partido, para poder estar a la altura del conocimiento y de los argumentos de lo que hoy nos convoca. Esto se da en un contexto de mayoría absoluta y nosotros estamos dispuestos a ceder si se está dispuesto a ceder. Como dije, y después de lo escuchado, nosotros no entregamos ninguna bandera a nadie en cuanto a la discriminación y tampoco eludimos jamás, como partido que gobernó diecinueve veces este país, nuestra responsabilidad. Por lo tanto, hoy vamos a estar donde debemos estar y donde la responsabilidad nos convoque y nos llame.

Muchas gracias.

15) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Juan Castillo).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Solicito que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta terminar con el orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE (Juan Castillo).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

16) DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS

SEÑOR PRESIDENTE (Juan Castillo).- Continúa el tratamiento del tema en discusión.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Juan Castillo).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- La verdad es que me congratulo del intercambio que estamos generando en el plenario y de que haya en la barra una gran cantidad de personas que están siguiendo este debate, directamente involucradas o atentas a un tema que, sin duda, ha convocado la atención y el intercambio entre los ciudadanos.

El 22 de marzo se decía que esto estaba ocurriendo y hoy es 16 de octubre. Ratifiqué la fecha porque hay diferencia entre el 22 de marzo y el 16 de octubre y, sin duda, el tema es que este proyecto ha generado mucha polémica.

Entonces, creo que, efectivamente, en materia de derechos ha habido un avance sustantivo en los últimos años para las personas trans, pero también creo que podría alcanzarnos, en todo caso, a todos y a todas, aquello que dice la Constitución: que todos somos iguales ante la ley y que lo único que nos diferencia son nuestras virtudes y nuestros talentos. Pero ante la vida no somos todos iguales. Y queda claro que la población trans, las personas trans de todas las edades, tienen ante la vida opciones diferentes al resto de las personas. ¿Son el único colectivo? No; sin duda que no. Hay muchos colectivos que han estado postergados, pero hoy estamos tratando la situación de este colectivo. No es fácil contraponer otros derechos porque las personas, por el hecho de ser tales, tenemos todos los derechos y estos son indivisibles. Me parece que cuando estamos discutiendo en el día de hoy cómo podemos dar mejores posibilidades a las personas para que definan cómo quieren vivir su vida en materia de identidad de género, es porque aún no está culminado el marco de referencias legislativas que hoy creo que es bueno estar discutiendo. Obviamente, creo que es bueno porque cuando uno tiene que colocar cupos, tomar medidas afirmativas y poner una serie de mecanismos en una ley es porque efectivamente hay dificultades en la sociedad para reconocer que eso es tan lógico como las reivindicaciones de cualquier otra persona. Sin embargo, no es así; la discriminación existe. Ha sido más terrible en otros tiempos, pero hoy no deja de ser una discriminación que lleva a que en la desesperación y en la falta de lugares a los que referirse, muchos y muchas opten por no seguir viviendo en las condiciones que lo están haciendo, y eso, en definitiva, es suicidarse; que no es lo mismo que no querer vivir, sino no soportar en determinadas situaciones tan extremas como inhumanas.

Quiero hacer referencia a dos versiones taquigráficas de la comisión que me parecen claves para entender y seguir este proceso, que va a ir más allá de la aprobación del proyecto de ley porque vamos a seguir hablando del tema y porque una ley no cambia la realidad por arte de magia. Una ley coloca, a veces, la consagración del derecho que ya se viene ejerciendo, mientras que en otras es un mojón hacia el cual dirigirnos como sociedad.

Los distribuidos n.º 1924, del 11 de junio, y n.º 1957, del 2 de julio, son claves para entender cómo desde la academia y los servicios médicos se viene trabajando y aprendiendo, como lo hicimos todos los integrantes de la comisión de quienes pasaron por aquí a brindar su experiencia y sus conocimientos. ¿Qué tienen de particular estas dos versiones taquigráficas? Esos días concurren la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la cátedra de Endocrinología, la Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo, la cátedra de Psiquiatría, la Facultad de Psicología, la correspondiente a la Medicina Legal. También tenemos una versión taquigráfica de una sesión a la que concurrió un equipo especializado que trabaja en el Saint Bois y que nos brindó sus experiencias.

Lo que intentaron transmitirnos todos estos profesionales fue, por un lado, que fuéramos conscientes de que las niñas, niños y adolescentes en este país ya tenían consagrado, por la legislación preexistente, una concepción en materia de derechos que tributa en su madurez progresiva y que, en particular, en lo referido a cuestiones médicas que este proyecto incluye, es muy difícil hablar de un desarrollo homogéneo en las edades. Son procesos, son rangos etarios, y cada uno de nosotros llega de una manera diferente a cada situación particular.

Hace un rato se utilizó la palabra «prudencia» por parte de la senadora Alonso, y creo que, efectivamente, estas versiones taquigráficas muestran la prudencia de nuestros profesionales especializados en la temática de las personas trans, en particular, de niños, niñas y adolescentes, aunque por supuesto también en los adultos. Pero las situaciones de nuestros más jóvenes han sido las que más polémica han generado.

Me parece que una de las cosas que ha quedado clara a través del mensaje y la vivencia que todos ellos nos trasladaron fue la necesidad de despatologizar la decisión de percibirse con un sexo o un género diferente al que se nos asigna al nacer. ¿Por qué? Porque fue concebido como una patología hace un tiempo, y progresivamente se viene mostrando evidencia, desde una óptica científica, pero esencialmente desde una óptica de derechos de las personas, de que no somos iguales y de que somos una diversidad humana. Entonces, aquello de lo «normal», entre comillas, o lo «anormal», debe ser sustituido por el reconocimiento de la diversidad, y en ella cada uno de nosotros es un ser propio, irrepetible, al que le importan ciertas cosas y llega de manera diferente a determinadas situaciones de la vida frente a otras personas teóricamente iguales. Se nos decía que incluso en algunos países, como Estados Unidos –todos sabemos cómo es el tema de las prestaciones sanitarias allí–, también hay una cierta resistencia que va por fuera del tema de los derechos. Como hay seguros que cubren algunas patologías para dar las prestaciones asistenciales, si determinadas situaciones siguen categorizadas como patológicas –dentro de un listado de enfermedades mentales o de alguna especialidad en particular–, quedan cubiertas con esos seguros porque, de lo contrario, quedan sin cobertura. Nuestra realidad es otra, pues nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud reconoce la salud como un derecho de las personas. Por lo tanto, cuando comparamos las prestaciones que tenemos con relación a otros países nos damos cuenta de que tenemos cubiertas una serie de necesidades y que están satisfechas muchas situaciones muy complejas, aunque siempre faltan y, en ese caso, hay que reclamar. Pero sabemos que en el Sistema Nacional Integrado de Salud se cubren una serie de prestaciones que son fundamentales; particularmente, en el tema que estamos considerando hoy es importante saber que no en todos los casos se trata de cuestiones que deben ser exclusivamente atendidas por el equipo médico de salud, sino que hay un equipo de asistentes sociales y de otras especialidades que deben estar en el acompañamiento que, sin duda, es muy importante tener, ya sea que se sometan o no a determinados tratamientos médicos o quirúrgicos. Se trata de que en ese proceso, y guardando esa prudencia, los profesionales acompañen el desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes, y observen si efectivamente la situación que están viviendo se consolida –allí deben ofrecerse determinados tratamientos– o si es reversible.

De alguna manera, cuando uno lee y relee las versiones taquigráficas se da cuenta de que los límites rígidos para este tipo de situaciones no son convenientes. Uno puede entender que eso no va en contra del rigor profesional y de la necesidad de avanzar en consensos, así como en guías y protocolos profesionales como los que tiene nuestro Ministerio de Salud Pública para todo el sistema de salud, los que fueron elaborados justamente con profesionales y legitimación de evidencia científica, por lo que plasman en esas guías el estado del arte, que es fundamental para tener en nuestra población índices claros para manejarnos.

El primer gran concepto es –aunque estemos hablando de prestaciones sanitarias, médicas o quirúrgicas– que esto no es una patología, sino una necesidad de adaptación que puede tomar diversos caminos. Están quienes deseen hormonizarse y los que no, los que quieran complementarlo con una cirugía y los que no, y los que, iniciado un proceso que parecía ir en este sentido, luego se extingue en el desarrollo de ese adolescente. Queda claro que ninguno de estos procesos aparece como un rayo en el cielo sereno. Los niños y niñas perciben una situación que no siempre logran trasmitir, aunque hemos visto una serie de producciones en videos que nos muestran casos particulares en los que los niños y las niñas piden auxilio, ayuda, y los adultos, ya sea del entorno educativo, familiar o médico, muchas veces no reconocemos esas señales que nos dan. Por lo tanto, es muy importante conformar equipos que efectivamente vayan tomando y haciendo evidencia de todos estos temas. Creo que la ley recientemente aprobada sobre centros o servicios de referencia en salud hace que efectivamente nosotros podamos aplicar en esto, que es de baja prevalencia y complejo en su atención, un centro o servicio de referencia que, si bien hoy ya existe, puede quedar como un marco claro para el ámbito, tanto público como privado, de nuestras prestaciones en materia sanitaria.

Considero que el argumento de que somos diversos y que por eso la rigidez en un marco legal no es lo conveniente –hay que encontrar las formas para diseñar una ley que dé satisfacción a estas insuficiencias que aún tiene la población de personas trans–, supone que conozcamos y veamos su integralidad. Cuando hablo de integralidad me refiero a la concurrencia a la comisión de múltiples profesionales que nos plantearon numerosa evidencia, en algunos casos contradictoria y en otros diciendo que no hay suficiente evidencia para determinar esto o lo otro, pero también a que este proyecto de ley fue hecho con la experiencia vital de las personas. Aquí acudieron personas que a todas las edades definieron su identidad de género, las más diversas, quienes tuvieron distintas experiencias, desde la cruda y dura discriminación hasta la realidad del mayor entorno de calidez, afecto y comprensión en sus familias. Ahí uno puede ver cómo las cuestiones que son secundarias a cualquier situación de discriminación tienen un peso muy diferente cuando el entorno contiene y cuando el entorno rechaza.

Este proyecto de ley es una construcción social, pues ha incorporado todas las visiones, todas las realidades, todas las vivencias y se ha trabajado desde ese paradigma en la institucionalidad. Sin duda que esto no excluye a quienes hoy no se sienten contemplados por ello, pero ¿cómo podemos pensar que porque aprobemos esta ley un padre o una madre que quiera acompañar a su hijo no lo hará porque no se exige que estén presentes en la decisión de una hormonización? De ninguna manera es así. Si los padres acompañan a su hijo o hija menor de dieciocho años para el tratamiento de hormonización, bienvenidos; pero el problema sustancial es que en la mayoría de los casos ese es el primer círculo que se rompe y no contiene las situaciones que viven estos niños, niñas y adolescentes.

Quiero decir que nos parece fundamental que veamos que el proceso lleva años, que no es posible pensar en que un niño o una niña –como se planteaba hace varios meses, cuando se decía que estábamos aprobando esta ley– pueda ser sometido a una hormonización cruzada si no llegó el momento de su desarrollo puberal, del tiempo en que se detiene ese desarrollo puberal para luego generar la hormonización cruzada, ni mucho menos a una cirugía, que es posterior a todo eso. Los profesionales decían que un tiempo posible sería pensar en cuatro años de tratamiento, de evaluación, de seguimiento sistemático; justamente es de eso que estamos hablando y no de que alguien de ocho años venga y diga que quiere cambiar. No existe eso. Entonces, cuando tenemos que hablar de estos temas, que son difíciles, que suponen tener mucha lectura, confrontar y discernir sobre opiniones a veces controversiales, es muy importante saber de qué estamos hablando y de qué no estamos hablando.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA XAVIER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Juan Castillo).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Gracias, señor presidente y señora senadora.

En primer lugar, quiero respaldar en general la labor de la comisión y en particular de los compañeros senadores del Frente Amplio, que trabajaron con mucha responsabilidad y honestidad, sin olvidar el objetivo pero también siendo amplios en las consideraciones dadas. Personalmente, quisiera aportar desde otro lado, señor presidente, desde una sociedad que hace tiempo nos presiona para negar lo distinto. Y –¿por qué no decirlo?– la promoción permanente de la negación de lo distinto lleva a un solo resultado: la expulsión de lo distinto, sea de la sociedad o de los ámbitos en los que estamos.

Se promueve por todos lados que acumulemos amigos y seguidores sin experimentar el encuentro con lo distinto; se fomenta que busquemos personas iguales, con las mismas preferencias, los mismos gustos y pensamientos. Eso hace que nos volvamos más estrechos. Esa uniformidad que se promueve en el ideario por parte de algunos hace que ellos mismos definan lo distinto como patológico. El negar lo distinto es la negación de la transformación y ¿por qué no? la negación del dolor de reconocer la discriminación y la expulsión que tanta gente ha sufrido durante mucho tiempo.

Es cierto que la uniformidad no duele, que lleva al «me gusta»; crea un mundo de ilusión y de comodidad existencial; nos lleva a concebir que el conocimiento es la acumulación de datos, pero esta por sí sola no es nada, porque saber es comprender y negar el autoritarismo de frases como «esto es así porque sí», «esto es lo normal y esto es lo anormal», «esto es lo que está bien y esto es lo que está mal» en una versión que impone el juicio de algunos sobre el resto de la sociedad. Creo que pensar es interrumpir esa uniformidad, es asumir la complejidad y la riqueza de lo distinto y las tensiones que ello genera, porque preguntarse –que es lo que estamos haciendo con esta discusión– es no tener miedo a salir de lo uniforme.

Con este proyecto de ley estamos dando otro paso, un paso más para pensar, para preguntarnos y para salir de lo uniforme. Estamos corriendo un poco la cortina de la negación para reconocer lo distinto, pero nos falta mucho todavía, señor presidente. Ayuda en el sentido de promover un cambio cultural que en algún momento debe tener esta sociedad a la que algunos pretenden uniformizar. Este es un paso importante –hemos dado otros y daremos más–, es un paso que valoro en el contexto regional, plagado de amenazas que exaltan la uniformidad, proclaman la discriminación, el combate, e incluso hasta la violencia sobre lo distinto. Me siento orgullo de estar en un país y en un Parlamento que va en el sentido contrario a los vientos que soplan por algunos lados, que son muy peligrosos.

Esto no significa que hasta aquí llegamos y con esto nos quedamos contentos; este es un paso, pero la lucha continúa, porque hasta que no esté vigente ese cambio cultural seguiremos luchando y enfrentando esos vientos negativos que van a aparecer en la región para tratar de contagiar a nuestras almas.

Gracias, senadora Xavier; gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Juan Castillo).- Puede continuar la señora senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Hacíamos referencia al concepto de la autonomía progresiva de nuestros niños, niñas y adolescentes y a cómo los profesionales en los que nos basamos para reafirmar la convicción de la necesidad de una ley de esta naturaleza nos insistían en no rigidizarla con edades y franjas etarias que no se condicen con la vida real.

A lo largo de tantas versiones y de tantas sesiones de trabajo surgieron muchas preguntas. Por ejemplo, nosotros consultamos a los niños, a las niñas y a los adolescentes cuando están en una situación terminal, cuando están con cuidados paliativos; nos parece de orden tener su opinión sobre eso que es una fina línea entre intentar mejorar la sobrevida o tener la ilusión de extender la vida. Si eso nos parece natural, ¿no debería parecernos natural consultar a nuestros niños, niñas y adolescentes sobre cómo vivir de mejor forma? Si los ayudamos a que nos den una idea de cómo podrían morir de mejor manera, sin futilidad terapéutica, sin agredirlos, ¿cómo no vamos a plantearnos la misma posición para consultarlos sobre cómo quieren vivir? ¿Tenemos derecho a negar –como se hizo durante tanto tiempo– que esta realidad existe? Por lo tanto, nuestra actitud como legisladores en el día de hoy es dar un marco que brinde posibilidades para que estas cosas se hagan de la mejor manera.

Tal vez dentro de un tiempo no muy largo haya que modificar una ley de esta naturaleza porque se ha avanzado en la concepción de estos temas. Como decía, hace muy poco integraba una lista de enfermedades mentales; hoy ya no es así, fue sacado de esos lugares y forma parte de cuestiones a las que hay que acompañar y asistir cuando se decide realizar determinado cambio.

Me parece que es clave que con estas leyes aprendamos a seguir acompañando un proceso que forma parte de la diversidad de la humanidad y no de lo normal o lo anormal.

(Ocupa la presidencia la señora Lucía Topolansky).

–Con respecto al tema de los padres, desearía que todos fueran acompañamientos normales, acordes con lo que un padre o una madre pueden sentir hacia sus hijos, pero esa no es la realidad. Por lo tanto, cuando por consenso y después de mucho diálogo ponemos que no exista disenso para el menor de dieciocho años que solicita una cirugía, somos conscientes de que estamos poniendo un límite, porque aunque sea excepcionalísima la posibilidad de la cirugía, si se diese, seguramente la vía judicial no traería mucha solución. Si ante una situación de esta naturaleza el juez tiene que decidir, capaz que lo que hace es decir: «Espere seis meses más». Ahora, viendo la complejidad de esta situación y lo excepcionalísima que podría llegar a ser una cirugía en un menor de dieciocho años, creo que no tenemos derecho a colocar un límite tan rígido. Sin embargo, entendimos que para generar mayores consensos en la aprobación de esta ley debíamos evitar el disenso de los familiares y tratar de que esto no fuera un impedimento para la realización de la cirugía.

Obviamente, la hormonización no es lo mismo, entre otras cosas porque nuestros adolescentes se hormonizan por múltiples razones. La primera es la recomendación que se hace a las jóvenes para que no queden embarazadas; no solo hay una indicación, sino que se promueve su uso. Esta es una realidad que el país vive desde 1996 –si mal no recuerdo–: tenemos policlínicas de salud sexual y reproductiva, pero recién ahora, en 2017 y 2018, comenzamos a ver que el duro indicador del embarazo adolescente no buscado ni deseado empieza a descender. Este será un año en que ese guarismo volverá a descender. ¿Por qué? Porque hubo accesibilidad a los métodos anticonceptivos, que son hormonas.

Precisamente, lo que se utiliza en este proceso para las y los jóvenes trans son símiles que frenan el empuje puberal. ¡Pongámonos en la piel del otro! Para quien no siente que esa es su identidad de género, tener un desarrollo puberal –por ejemplo, una niña con su menarca o el crecimiento de sus mamas, o un joven frente al crecimiento de sus órganos sexuales– es un factor de angustia muy difícil de sobrellevar a esas edades.

SEÑORA PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone la oradora.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

Puede continuar la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Muchas gracias.

¿Sabe qué, señora presidenta? Cuando discutimos estos temas polémicos y uno les pregunta a las personas en general, siempre hay una actitud inicial de rechazo. Sin embargo, muchas veces esa actitud cambia cuando la persona se ve enfrentada a la realidad con un ser querido, con un hijo, por ejemplo.

Insisto en que en muchos casos hay rechazo y eso es lo que se corrobora, pero la percepción que tenemos todos cuando el tema es ajeno y lejano no es la misma que cuando se trata de alguien cercano, en particular si se trata de un hijo o de una hija que nos plantea esta situación. Me parece que cuando legislamos en esta materia tenemos que ponernos por un segundo en la piel del otro y saber lo que podemos estar facilitando u obstaculizando en la vida de alguien que no recuperará esos tramos de su vida.

Antes de comenzar la sesión nos mostraban un difícil puzle –que, aunque tenga pocas piezas, no es sencillo de armar– que demuestra que, efectivamente, a mucha gente le faltan piezas en el puzle de su vida. Hoy podemos tratar de evitar algo de esto. La ley no es mágica, pero nos va a dar un marco que nos ayude a pensar con cierto criterio a fin de facilitar determinados aspectos.

A esto se le quiere llamar discriminación; yo diría que es una ley de medidas afirmativas. No me gusta la palabra «discriminación», pero no tendría ningún problema en decir que sí lo es, ¿en beneficio de qué? De dar un avance a quienes han estado postergados porque no se ha considerado su situación con anterioridad.

En esta jornada tenemos la posibilidad de hacer algunas cosas que a veces no vemos en otros marcos legales. Me refiero a la chance de modificar y, en definitiva, hacer algo con respecto a la pública felicidad, en este caso para un grupo muy pequeño de personas a las que, sin duda, puede cambiarles sustantivamente la vida al ser reconocidas con un nuevo marco legal y ser tratadas como personas diferentes a otras y diferentes entre ellas mismas, de la misma manera que somos diferentes todos los aquí presentes.

Actualmente una adolescente puede concurrir a solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. No fue sencillo llegar a esa ley ni lograr que a la adolescente se le reconociera ese derecho, y muchas veces nos damos cuenta de que los avances en el marco legal no terminaron haciendo efecto en nuestras cabezas. Todos debemos tratar de encontrar la correspondencia entre lo que hoy vamos a votar –ya sea a favor o en contra– y lo que pasará de aquí en más. Me parece que para estas personas la expectativa de que el Parlamento nacional –hoy el Senado, y dentro de pocos días la Cámara de Representantes– consagre este marco legal no es una decisión más que se suma a la detallada lista de marcos legales que consideran la situación de las personas trans a las que hacía referencia la señora senadora Alonso; acá hay puntos muy sensibles.

De muerte y de sexo nuestra civilización no habla; son tabúes. Sin embargo, hoy estamos haciendo referencia a ambos temas en este marco legal. Se trata de reconocer una identidad de género y una determinada orientación en la vida sexual de estas personas, pero también de no morir en el intento. Queremos decirles que tienen un camino, que pueden buscar ayuda y encontrarla, con rigor científico y en un contexto de valor humano, en medio de una medicina que se mercantiliza y se deshumaniza, y a la que hay que resistirse de manera sistemática para que no sea ese el destino de la relación entre los equipos de salud y los usuarios de esos servicios.

Se dice que todo esto generó mucho miedo en la sociedad y me parece que el miedo tiene que ver, justamente, con el hecho de hablar de lo que no se habla. Es demasiada la responsabilidad que tenemos los legisladores como para seguir asumiendo determinados prejuicios sociales, según los cuales es mejor mirar para otro lado o no hablar de estos temas. Creo que es algo de lo que se debe hablar porque se han cometido errores, y cuando uno ve que la ciencia o la legislación avanzan y se reconocen determinados derechos, tiene que pensar que a otros se les fue la vida esperando estos reconocimientos.

Uno de los artículos del proyecto de ley consagra una reparación a las personas que sufrieron violencia institucional. Me parece un gesto importante de un marco legal porque muchos sectores de la población podemos reivindicar la violencia que sobre nosotros se ejerció en determinados períodos del quiebre institucional en este país. En el caso de estas personas, todos –por lo menos los montevideanos– recordamos determinadas zonas donde se los perseguía –decreto de razias mediante– de manera muy selectiva y particular. Creemos que es bueno que la ley reconozca a una población que tiene una expectativa de vida que es la mitad de la que tenemos todos nosotros. La iniciativa marca una serie de condiciones que deberán acreditar para recibir esa prestación –estimo que será un grupo poblacional reducido, aunque de todas formas siempre es difícil determinarlo a priori–, que se excluye si se reciben otras prestaciones.

Si vamos a lo que es la responsabilidad que hoy tenemos para con esta población, creo que es una fecha importante. Pero el compromiso de los legisladores nunca se acaba con la votación de una ley, porque también somos garantes de que la instrumentación en políticas públicas responda a lo que queremos de este proyecto quienes hoy levantemos la mano y, en particular, de lo que queremos que ocurra con las personas que son destinatarias de los derechos que aquí se reconocen.

Hay mucho material al que podría hacer referencia, pero considero que lo sustancial ha sido dicho. Se trata de reconocer, desde una óptica que tiene que ver con los derechos, la situación que viven personas de todas las edades, de todos los estratos sociales y con todas las diferencias que podemos pensar –ya sea en cuanto al color de nuestra piel o a la territorialidad en donde vivimos–, pretendiendo que a todo eso no se le sume una exclusión por el hecho de tener una identidad de género diferente a la de cada uno de nosotros. Somos diversos, las sociedades son ricas cuando son diversas y nadie tiene derecho a negar sus derechos a otras personas.

Muchas gracias.

17) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «Montevideo, 16 de octubre de 2018

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo que Ud. preside me conceda licencia desde el lunes 29 de octubre hasta el jueves 1 de noviembre de 2018, inclusive.

Motiva dicha solicitud la invitación que recibiera del colectivo Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres para participar de un debate sobre la despenalización del aborto en América Latina, a realizarse en Bogotá entre el 29 y el 30 de octubre de 2018.

Solicito dicha licencia al amparo del literal D) del artículo 1.º de la Ley n.º 17827.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Constanza Moreira. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–18 en 19. Afirmativa.

Queda convocado el señor Rafael Paternain, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «Montevideo, 16 de octubre de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside se sirva concederme el uso de licencia, por motivos personales, el día 17 de octubre del presente.

Sin más, la saludo muy atte.

Luis Lacalle Pou. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Armando Castaingdebat, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

18) DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS

SEÑORA PRESIDENTE.- Continúa el tratamiento del tema en consideración.

SEÑOR CASTILLO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CASTILLO.- Señora presidenta: votaremos y argumentaremos a favor de este proyecto de ley porque creemos que su aprobación coloca a nuestro país a la vanguardia de los derechos humanos en el mundo y, por la integralidad de su enfoque, contribuye a generar un país más justo.

Dolor, persecución, incomprensión, expulsión familiar y violencia han sido algunos de los efectos directos de los prejuicios a los que la inmensa mayoría de las personas trans se ha enfrentado.

Si bien la situación de desigualdad y de exclusión que sufren las personas trans ha sido denunciada desde el inicio de los años noventa con el surgimiento de las primeras organizaciones, los datos que surgen del censo de las personas trans, realizado por el Mides en 2016, claramente la confirman y reflejan esta denuncia ante la sociedad civil.

Estamos frente a una población que ha sufrido la discriminación, incluso en su propia familia. Este hecho determina la temprana desvinculación familiar, en promedio a los dieciocho años. A su vez, si se relaciona la edad promedio de abandono de hogar con los motivos que llevaron a las personas trans a irse de su casa, se observa que cuando ello tuvo que ver con su identidad de género, el promedio de edad baja a dieciséis años. Además, una de cada cuatro personas trans fue expulsada del hogar, y el 58 % de las personas censadas declaran haber sido discriminadas por algún miembro de su familia.

Esta situación de abandono, de expulsión del hogar, es uno de los factores determinantes de la trayectoria educativa y laboral de las personas trans. Las dificultades generadas por la desvinculación familiar y los altos niveles de discriminación en los centros educativos –el 47 % de las personas trans censadas declaran haber sido discriminadas en la escuela y el 35 % en el liceo– son factores determinantes en la trayectoria educativa. El 61 % no tiene el ciclo básico completo: el 12 % no finalizó la escuela, el 25 % solo tiene primaria completa, y el 24 % restante no completó el ciclo básico.

En el caso de las mujeres trans, la desvinculación familiar también genera como destino casi inevitable el comercio sexual. Según el censo, el 74 % de las mujeres trans entrevistadas se dedican o dedicaron al trabajo sexual, y la media de edad de iniciación en ese trabajo es los dieciocho años, pero del acercamiento realizado a través de las entrevistas cualitativas se desprende que, en todos los casos, el inicio de esta actividad comienza antes de cumplir la mayoría de edad.

A la fecha del censo, un 30 % de la población trans estaba desocupada, frente a un 8 % del total de la población; a su vez, el ingreso promedio mensual era de $ 7418 y de $ 3764 cuando se superan los cincuenta y un años de edad.

El proyecto de ley que hoy discutimos pretende ser un marco que garantice los derechos de las personas trans al dar carácter de ley a una primera batería de acciones que apuntan a derribar barreras de acceso o a reparar acciones del Estado que influyeron en la trayectoria de vida de estas personas.

Este proyecto de ley es la síntesis del trabajo de más de un año del Consejo Nacional de Diversidad Sexual, en el que participaron técnicos de distintos ministerios, de la Universidad de la República y representantes de la sociedad civil organizada. Esta forma de trabajo no es una acción retórica, sino un modelo de cómo se debe trabajar en la elaboración de la política pública, ya que desde una perspectiva real de derechos humanos es imposible elaborar una normativa que no tenga en cuenta la opinión de las personas directamente involucradas.

El proceso de discusión de este proyecto de ley en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión fue prolongado. Se recibió a todos aquellos que pretendían dar una opinión sobre la necesidad o sobre los efectos de la aprobación del proyecto de ley. Fue así que concurrieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, de cátedras de diversas facultades y de asociaciones de profesionales de la salud, quienes argumentaron a favor y también en contra.

Sin embargo, no pudimos dejar de presenciar una campaña de desinformación, manipulación y propagación del miedo, por sobre todas las cosas. Asistimos a la proliferación de formularios falsos en las redes sociales –que, incluso, indujeron a error a miembros de esta casa–, a cadenas de WhatsApp que hablaban de subsidios para travestis de $ 30.000, y al invento de que niños y niñas accederían a operaciones quirúrgicas. Incluso, en la mañana de hoy me llegaron correos electrónicos con un video en el que nos avisaban que nos estarían televisando en directo y que difundirían nuestras imágenes para condenarnos y pedir que nadie nos vote.

De esta forma, asistimos a las peores escenas del debate político de nuestra sociedad. Dijeron que exigir igualdad de derechos era permitir la tiranía de las minorías. Dicen que impartir una educación sexual de calidad e implementar políticas y acciones para evitar el bullying por orientación sexual e identidad de género es homosexualizar a los niños. Afirmaron que se busca generar privilegios y que con esta ley se atenta contra la patria potestad de padres y madres. Dijeron, señora presidenta –y lo siguen repitiendo–, que pretender que las parejas del mismo sexo puedan casarse y postularse a procesos de adopción es atentar contra la familia. Y ahora, en estos días, hasta desde el Centro Militar se llegó a afirmar que ponemos en riesgo el futuro de la nación.

Estas y otras premisas las repiten una y otra vez los mismos que califican de «pro lobby gay» a cualquier medio de comunicación que registre los avances en materia de igualdad de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans.

Y entre todos los argumentos manejados hay una nueva convidada de piedra: la supuesta ideología de género; esa forma de categorizar a los movimientos por la lucha de los derechos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual, que ingresó en nuestro país en el debate anterior en torno a las pautas didácticas de educación sexual. Con anterioridad aparecieron movimientos similares en Colombia y en países como México, Chile, Perú, Panamá y, más recientemente –casi al mismo momento que aquí–, en la República Argentina. En todos los países utilizaron el mismo eje central discursivo: levantamos la voz en contra de los cambios que se están gestando en las instituciones educativas para confundir a nuestros niños. De esta manera y sin saber a ciencia cierta de qué se trataba la expresión «ideología de género», esta ingresó en los medios de comunicación, en las discusiones familiares y laborales, en las conversaciones cotidianas y hasta en las redes sociales.

Pero ¿qué es esa supuesta ideología de género? ¿De dónde surge? ¿Quiénes son los que están generando estas denuncias? ¿Quiénes son estos nuevos defensores de la familia? Muy pocas personas pueden explicarlo. Sus más fervientes detractores apenas pueden describir cuál es el corpus teórico de esa tan mentada ideología y, aunque pocas personas podían explicarla, se la hizo ver como una amenaza para los niños y las familias.

Ese cambio táctico de los sectores conservadores de la región es la respuesta a los avances en los derechos sexuales y reproductivos. Muchas personas, pertenecientes a grupos conservadores y religiosos, encontraron en la expresión «ideología de género» la manera de poner nombre a su rechazo hacia las orientaciones sexuales no heterosexuales y hacia las identidades trans. El altísimo nivel de coordinación regional y de financiamiento queda expresamente claro cuando observamos las mismas consignas, la misma estética y los mismos formatos de comunicación. ¡Ni siquiera tienen capacidad de inventiva!

Pero, por si esto fuera poco, una reciente entrevista de Nicolás Iglesias, publicada en Uruguay en Portal 180, desnuda cómo el fundador de un movimiento en Perú asiste regularmente a entrenar voceros y replicadores de su estrategia en nuestro país. Si alguno quiere entender cómo surgió la campaña en rechazo a la aprobación de este proyecto de ley, lo invito a escuchar esa entrevista.

Una de las tantas perlitas que se señalaban como imprescindibles para llevar adelante la campaña era generar organizaciones sin personería jurídica y que fueran muy difícilmente detectables; eso es lo que dice, textualmente, en la entrevista. Ahí deberíamos preguntarnos: si uno –cualquiera de nosotros– quiere defender la patria y la familia, ¿por qué utilizar organizaciones indetectables? ¿Será para diseminar información falsa y poco contrastable, algo tan de moda hoy en nuestro mundo?

Estos valientes héroes que nos vienen a proteger, afirman que la ideología de género se basa en que la orientación sexual y la identidad de género pueden enseñarse. De esta manera, dicen, la lucha de las personas LGBT por el reconocimiento y el respeto de sus derechos, lo que realmente hace es esconder la aspiración de convertir en homosexuales y trans a quienes no lo son. Por lo tanto, consideran que es algo indeseable para la sociedad, ya sea por motivos morales o, incluso, sanitarios. ¡Poco les importa que todas estas afirmaciones sean falsas!

Señora presidenta: muchas de estas personas saben que numerosos estudios científicos han demostrado que la identidad de género y la orientación sexual son características tan naturales como el color de la piel. Todas las personas nacemos con un sentido interno de cuál es nuestro género y hacia quiénes nos sentimos atraídos y, pese a los esfuerzos de muchos, no van a poder cambiarlo.

La identidad de género no es un capricho, sino un sentimiento arraigado. Ahí está parte de la historia del puzle que nos han entregado, parte de cuyo texto leía la colega senadora Payssé. Es con la misma opinión que la voz de la compañera Lucía dice: «No nací en el cuerpo equivocado, no estoy enferma ni soy una moda» y se manifiesta de manera insistente, consistente y persistente a lo largo de la vida. Si la orientación sexual y la identidad de género pudieran ser enseñadas con el ejemplo o con la falta de información, no existirían personas homosexuales ni trans, pues la gran mayoría de gais, lesbianas y trans ha sido criada por padres y hermanos heterosexuales y en colegios donde nunca se les habló de homosexualidad y transexualidad. Enseñar que las personas con identidades de género diversas existen y tienen los mismos derechos que el resto no es promover la transexualidad, sino respetar la diferencia, algo que muy pocos entienden. La orientación sexual y la identidad de género no se imponen ni se aprenden, se tienen y se asumen de manera sana y plena, o se reprimen, causando profundas heridas emocionales, psicológicas y, a veces, físicas. Las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas no aspiran a que todo el mundo se vuelva LGBT. Ellas, más que nadie, saben que la identidad, la afectividad y el deseo no se pueden cambiar. A lo que aspiran es a lo que aspiramos todos: a que sus derechos sean respetados y a ser tratadas con dignidad y respeto. ¡Nada más, señora presidenta, pero tampoco nada menos!

La diversidad sexual y de género no es un problema social, ni moral ni de salud física, mental o pública. Afirmar que al enseñar a los niños a valorar la diversidad se corre el riesgo de que más jóvenes se vuelvan homosexuales o trans no solo implica –como ya hemos dicho– un profundo desconocimiento del género y la sexualidad, sino que reafirma la idea de que la diversidad es algo indeseable o preocupante. Los valores no dependen de la orientación sexual; la equidad, la igualdad, la justicia social y el respeto por la diversidad racial, étnica, de clases, sexual y de género –entre otras– son lineamientos éticos que guían la conducta de las personas trans- y cisgénero. Así que no nos preocupemos por este invento de la supuesta ideología de género; lo que realmente debe ocuparnos es la rabia que se percibe en los discursos de esas organizaciones antiderechos. Siempre es el otro el que amenaza lo propio, y ese otro se concibe como algo peligroso o inferior. Hablamos de un «otro» de quien su principal vocero regional –que algunos han invitado a esta casa– reivindica el derecho a sentir asco por las personas LGBT. Asco, desprecio, ¿esos son los valores familiares que dicen defender?

Esos sectores, conservadores y religiosos, parten de la base de que hay personas que no deberían tener los mismos derechos que el resto, y frente a los avances generados en nuestro país, algunos de ellos –con votos de los distintos partidos políticos– buscan crear un clima de hartazgo e imponer la idea de que las mujeres y las personas LGBT deberían estar satisfechas con los derechos obtenidos y dejar tranquilas al resto. ¡Como si fuera un logro que a las mujeres se les permita trabajar! «¿Y encima reclaman el mismo sueldo?», se preguntan. ¡Como si fuera loable que las personas trans ya no sean encarceladas! «Si los homosexuales se demuestran su amor en privado, está bien» –dicen– «pero ¿por qué tienen que casarse públicamente?». Para esas mentalidades siempre es mejor esconder todo y, desde el anonimato de las redes y de su círculo de influencia, señalan que los avances en materia de igualdad llevarán a que la mayoría se convierta en minoría. Perciben, por tanto, la exclusión de esos «otros» como una medida preventiva, como una especie de cuarentena social necesaria para defender su privilegio. Detrás de premisas como «lo natural», «la biología» y «el diseño divino» hay una supuesta preocupación de estos sectores conservadores por los valores, la familia tradicional y el bienestar de los niños. En realidad, presentan como preocupación lo que oculta rabia, resentimiento o desprecio hacia que el umbral de lo aceptable se desplace.

Con ese argumento, los ciudadanos preocupados se sienten autorizados a impedir que las personas LGBT tengan acceso pleno a sus derechos. El mensaje de fondo es: «el ciudadano preocupado es intocable», como si en una sociedad no pudieran existir normas que separen lo aceptable de lo que no lo es. Quienes difieren de la mayoría no son percibidos como distintos, sino como inadecuados y, por tanto, con menos derechos que los demás, como si lo distinto a lo igual debiera ser rechazado.

Para lograr estos objetivos no dudan en esconder sus motivos y vestirlos de pensamiento crítico. Por ejemplo, desde mediados de 2016 reproducen –en cientos de sus páginas y para respaldar que sí existe una ideología de género– un artículo titulado «El Colegio Americano de Pediatras desmonta la ideología de género y la transexualidad infantil en 8 puntos». Como aparece una fuente supuestamente confiable –el Colegio Americano de Pediatras–, el documento se difunde rápidamente y sin reparos por todos lados; sin embargo, la mayoría de quienes lo comparten desconoce que esta organización, creada en 2002, no tiene nada que ver con la Academia Americana de Pediatría, conocida por la sigla AAP y fundada en 1930. Con solo echar un vistazo a estas páginas sociales y de información alcanza para revisar las fuentes que allí se citan, y es fácil constatar que mientras la primera tiene alrededor de doscientos miembros, esta última tiene cerca de sesenta mil participantes.

El Colegio Americano de Pediatras es una organización conservadora, liderada por un grupo de pediatras que se opone a que, con base en estudios científicos, la AAP señale que la orientación sexual de una persona no tiene relación con ser o no ser buenos padres, y a que, por lo tanto, avale la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Ante tal avalancha de falsa información, la mayor parte de la población no podrá –por carencia de recursos reales efectivos–, no sabrá –por falta de conocimientos–, o no querrá –por su propia actitud– indagar, analizar y contrastar la fundamentación de los mensajes recibidos. Esto les lleva a comprar, sin cuestionarse, los juicios y la etiqueta que han escuchado o leído en forma falsa. Pero eso no nos puede pasar a quienes legislamos, señora presidenta.

En primer lugar, debemos desmentir una a una estas mentiras: las centrales y las anecdóticas. No hubo formulario de subsidio trans; no hay subsidio de $ 30.000 para personas trans; incluso con la redacción original de este proyecto de ley, nunca un niño o una niña iban a acceder a una intervención quirúrgica. También es falso que el proyecto atente contra la patria potestad; en todo caso, la refuerza y exhorta a los padres y a las madres a cumplir con sus deberes de educación y alimentación de sus hijos e hijas en vez de expulsarlos de la casa por tener una identidad de género distinta a la que ellos querían o esperaban. Y menos aún esta ley otorga privilegios; lo único que hace es reparar los daños provocados por el Estado y comenzar una serie de acciones afirmativas para que las personas trans dejen de estar desposeídas de sus derechos, que la Constitución garantiza y que el Estado debe efectivizar. ¿Acaso es un privilegio acceder a un trabajo formal o culminar una trayectoria educativa sin acoso escolar?

Como legisladores debemos sopesar la evidencia científica sobre el tema y tenemos que tomar en cuenta el aporte de las cátedras de Psicología, Psiquiatría, Medicina Legal y Endocrinología, y de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, entre otras, que consideran justa y pertinente esta iniciativa. No pueden ni deben tener el mismo peso que asociaciones profesionales cuyo motivo de congregación es el confesional. Los datos de los niveles de exclusión de esta población son contundentes. La academia en pleno cree justa y necesaria esta medida y la Universidad de la República se ha expresado por la pronta aprobación de esta iniciativa.

Hoy, quienes estamos en esta cámara tenemos la oportunidad de reparar daños y de reconocer derechos. Hoy podemos asumir el daño que todas y todos, por acción o por omisión, hemos generado en cientos de uruguayas y uruguayos; muchas de esas personas ya no se encuentran entre nosotros. Hoy podemos reconocer la incansable lucha por el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas que desde hace años varias organizaciones de la sociedad civil vienen reclamando. De una vez por todas hay que dejar de decir «¡pobre!» cuando se escucha una noticia, y empezar a tolerar las diferencias. Pero por sobre todo, teniendo en cuenta los tiempos que corren, el sistema político uruguayo puede mandar una señal a la sociedad, a la región y al mundo.

Estoy seguro, señora presidenta, de que este proyecto de ley tendrá votos de los partidos de la oposición en la votación en particular y quizás también en la votación en general; y esa es la mejor respuesta que un sistema democrático puede dar a quienes levantan discursos de odio, revancha y exclusión: seguir ampliando la agenda de derechos de nuestra patria.

Hoy, como legisladores, iniciamos un camino que busca brindar a las nuevas generaciones de ciudadanos y ciudadanas la oportunidad de conocer, de compartir y de disfrutar los centros de estudio, los espacios laborales y los espacios públicos con personas trans, y de esa forma combatir nuestros prejuicios. Y esa sociedad, que al decir de la activista argentina Lohana Berkins: «Perversamente, ha generado un rol de que las personas travas solo pueden prostituirse. No se piensa en nosotras en términos de políticas públicas, sino en términos de zonas rojas, sin que nosotras seamos las que las pidamos. Nunca vi una manifestación de travestis pidiendo una zona roja, por ejemplo; sí seguimos yendo a reclamar políticas públicas. Entonces, se ha generado esa historia: que nosotras solo servimos para la prostitución y no nos ven como fuerzas productivas de trabajo, no nos ven con capacidades para hacer cualquier cosa».

Señora presidenta: por esta línea argumental, sin sentido vergonzante, sin temor a las presiones que nos quieren hacer, conscientes de estar haciendo un aporte al proceso democrático, en línea con la inclusión social y las políticas de derecho, vamos a votar a favor del proyecto de ley en discusión, para que el Uruguay todo sea un poco más justo, y una parte de nuestra sociedad sea un poco menos hipócrita.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Gracias, señora presidenta.

Vamos a acompañar en general este proyecto de ley. Nos parece que va en la línea de la consagración de la libertad, de la no discriminación, de la protección del derecho a la identidad de género de un colectivo que, además, ha sido objeto de una fuerte persecución, de discriminación, de una gran intolerancia. A pesar de los esfuerzos que se han hecho –y que la señora senadora Alonso registraba– sigue siendo necesario trabajar más para lograr que triunfen la tolerancia, la diversidad y el derecho a la no discriminación.

Este es un proyecto de ley que, en distintas dimensiones, desarrolla una serie de aspectos que son compartibles, buscando que el colectivo trans sea reconocido y respetado, y tenga acceso a los distintos derechos en la vida social, no solo el derecho a la identidad de género y su declaración como de interés general, sino el derecho al cambio de identidad estableciendo los procedimientos y los efectos, la capacitación laboral, y la búsqueda de garantizar la inclusión educativa, cultural y laboral sin sufrir acoso, persecución ni denigración. En definitiva, estamos hablando de un conjunto de normas a las que se agrega la atención de la salud y, por lo tanto, el acceso a determinadas prestaciones que, obviamente, son compartibles. Por eso vamos a acompañar en general el proyecto de ley, esperando que sea un nuevo apoyo, un nuevo paso en una sociedad más justa, equitativa, tolerante, plural, abierta, en definitiva, más democrática.

Sí vamos a votar negativamente tres cuestiones.

La primera tiene que ver con la consideración de las personas menores de edad, los menores de dieciocho años. Esto no tiene relación con el tema del colectivo trans, sino con un valor más general, que además es consistente con nuestra postura en distintos asuntos referidos a los menores, particularmente el relativo al plebiscito de la edad de imputabilidad. Estuvimos en contra de bajar la edad de imputabilidad porque estábamos convencidos de que los menores hasta los dieciocho años deben tener una cierta protección y un estatuto especial, lo que también tiene que ver con la autorización de los padres para tomar ciertas decisiones que consideramos relevantes.

Por esas razones no vamos a acompañar el inciso tercero del artículo 6.º, que permite el procedimiento de cambio de nombre sin autorización de los padres, y tampoco el artículo 21, que establece por omisión, por ausencia de referencia, la posibilidad de realizar el tratamiento de hormonización sin autorización de los padres.

En segundo lugar, tampoco vamos a acompañar el régimen reparatorio, no porque en las épocas oscuras que vivió el Uruguay no haya habido persecución sobre personas trans, sino porque también las hubo sobre otros colectivos muy variados, como por ejemplo las personas en situación de calle, las personas que se prostituyeron, las personas que usaron el pelo largo, la barba, etcétera. Todo eso fue objeto de persecución durante la Dictadura.

Es más, cuando leemos la fecha límite para poder reclamar –desde allí para atrás– llegamos a situaciones insólitas. Estamos hablando de que cualquier persona nacida antes de 1975 tendría derecho a hacerlo; y basta hacer una simple cuenta aritmética para llegar a la conclusión de que una persona que tenía diez años cuando volvimos a la democracia, tiene el derecho de demostrar que fue tratada de manera indebida y que fueron atropellados sus derechos. A mi modo de ver, aquí hay un tratamiento equivocado del régimen reparatorio, y no me parece pertinente porque deja en situación de inequidad –porque quedarían fuera de este planteo– a muchos uruguayos que por otras razones también sufrieron persecución, encarcelamiento y abusos en épocas de dictadura.

En tercer lugar, me parece poco pertinente que se incorpore entre los beneficios de exoneraciones para la ley de inversiones el hecho de que figure en la plantilla de empleo una persona trans. No lo entiendo y me parece que es desproporcionado, como también me parece desproporcionada la cuota en materia laboral y de becas en relación con el tamaño del colectivo. Es decir, hay una desproporción evidente entre lo que implica el conjunto de la población trans en nuestro país –de acuerdo con los censos que se han realizado– y el porcentaje del 1 %.

Creo que hay que promover el acceso al trabajo, pero con el proceso que estamos llevando adelante estamos generando cada vez más cuotas y cuotas; no creo que sea el camino correcto y no me parece bien. Entiendo que en este caso, dada la situación de persecución, maltrato, discriminación e intolerancia, no está mal que haya una cuota de trabajo y de becas, pero debería ser sensiblemente inferior en términos cuantitativos para no cometer el error de llegar a un cálculo que esté totalmente desproporcionado con el tamaño de la población. Pero este es un tema menor.

En consecuencia, señora presidenta, vamos a votar a favor este proyecto de ley, que nos parece que valora la libertad, la no discriminación, la tolerancia, y representa un apoyo a la democracia, entendida como una democracia de distintos, de diferentes, donde todos debemos tener los mismos derechos con la excepción del inciso tercero del artículo 6.º y los artículos 10, 11, 14 y 21, cuyo desglose solicito.

Muchas gracias.

SEÑORA AYALA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AYALA.- Muchas gracias.

Muy buenas tardes. Saludo a todas las personas presentes en este lugar hoy, aquí y ahora.

No haré alusión ni contestaré a ninguno de los legisladores y legisladoras que hablaron antes que yo. Creo que cada uno de nosotros en este recinto se debe y se hace cargo de lo que dice y de lo que hace. Mi intervención es más que nada a modo de reflexión, ya que me siento totalmente representada por el compañero que realizó el informe, además de estar plenamente de acuerdo con el proyecto de ley que hoy estamos considerando en esta sala.

Mediante esta intervención quiero expresar mi gratificación por poder estar hoy votando este proyecto de ley, que se tornó una de las prioridades de este año.

Tomé contacto con esta norma a principio de año cuando me tocó sustituir a una compañera en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión. Este proyecto y el proceso vivido en la comisión influyeron y modificaron mi perspectiva y mi sentir en relación con la población trans y la situación de vida que infelizmente vivieron y viven, no solo en nuestro país, sino en el mundo.

Es aquí donde debemos detenernos, reflexionar e interpelarnos. Estas personas sufrieron y siguen sufriendo distinto tipo de violencia y discriminación simplemente por su identidad. En nuestros tiempos, que semejantes situaciones sigan ocurriendo, desde mi punto de vista es grave. Recuerdo que en un intercambio que compartí con el doctor Daniel Turco Márquez, quien ha sido y es muy importante para la población trans y para mí en este tiempo de trabajo con la ley y con mi ser, él realizó una apreciación que creo oportuno transmitir aquí para la reflexión. Él decía: «La población trans muere, es asesinada a consecuencia del odio que recibe a lo largo de su vida». ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Será producto del miedo a la diversidad? ¿Será producto del miedo a confundirme con respecto a cómo me autopercibo?

La identidad de género de una persona no debiera jamás influir en la expectativa de vida. Sin embargo, la población trans es una de las poblaciones más vulneradas de nuestro país, con una expectativa de vida de entre treinta y cinco y cuarenta años, menos que la mitad de la expectativa de vida que tiene el resto de la población uruguaya; ha sido históricamente víctima de estigma y de discriminación, lo que en la gran mayoría de los casos fuerza a un camino marginal y clandestino. Estas personas son expulsadas del sistema simplemente por existir y transitar su identidad, simplemente por elegir ser.

Esta iniciativa, en mi opinión, es muy importante. Es un proyecto integral y, por lo tanto, atiende diversos aspectos que hacen a la vida de una persona, como su desarrollo, mediante el diseño y la promoción de acciones afirmativas. Intenta disminuir la discriminación de carácter estructural y permanente que deben enfrentar las personas trans e integrarlas a los diversos ámbitos de los que fueron marginadas y excluidas a lo largo de su vida, me refiero a la salud, a la educación, al mercado laboral y a los ámbitos cultural, social y, por sobre todo, familiar.

La aprobación de este proyecto representa una oportunidad histórica para brindar dignidad a una población que desde siempre ha cargado con el peso de los prejuicios, la discriminación y la violencia hacia su identidad. Es una gran oportunidad que tenemos de crecer como sociedad.

Hace unos minutos mencioné al Turco. Él y muchas personas más iniciaron este recorrido, que hoy no solo se traduce en este proyecto de ley, sino también en otras cosas que se vienen realizando.

Quiero destacar aquí el inmenso trabajo que viene llevando adelante la policlínica de salud pública del Saint Bois –y espero que muy pronto se sumen otras más en el país– en cuanto a la inclusión de la atención a las personas trans en su servicio, en lo que todo su personal está capacitado y comprometido. No solo son referentes para la población aquí, en Uruguay, sino que se han posicionado como referentes en el mundo con respecto a la atención brindada a estas personas, a estos colectivos en el acompañamiento de su identidad. La atención, la contención y el apoyo allí brindados nos colocan a la vanguardia, abriendo camino a un mundo y un modelo de atención empáticos y comprometidos con la salud integral de las personas.

La ley integral trans hace que las instituciones, sean públicas o privadas, tengan que observar estas problemáticas planteadas y comenzar a llevar a cabo acciones específicas. Los cambios más profundos serán para las nuevas generaciones. Es importante construir sociedades justas e igualitarias, en las que cuerpos trans no sean motivo de exclusión, de discriminación y de burla; que se impulse a que se viva, se sienta y se proyecte a la sociedad desde la diversidad, donde la heternorma y el binarismo no sean la única regla posible. Por ello, legislar para garantizar una vida libre, feliz y plena en oportunidades y derechos, que nos incluya, debe ser nuestro objetivo. Quiero destacar que esta acción para la población trans es necesaria y urgente, y que de ninguna forma representa privilegios, como se ha dicho; basta con conocer mínimamente la realidad y las características de la población para que ese argumento simplista y falaz se desmorone.

Celebro estos avances y deseo que en nuestro país no continuemos lamentando hechos de violencia y de discriminación, que lo que realmente nos mueva como sociedad sea la felicidad y el acceso digno a los espacios y a los servicios para todas las personas, sin exclusiones por raza, género, capacidad o posición económica –porque en nuestro país y en el mundo hay espacio y recursos para la totalidad de los seres que lo habitamos–, y así poder convivir en forma inclusiva.

No puedo terminar sin pedir disculpas a este sector, y a otros, de la población que han sido y aún hoy son marginados y excluidos de lo que generalmente llamamos vida digna: ambiente saludable, igualdad de oportunidades y todo lo que hace a un buen desarrollo integral para cualquier ser. Este proyecto no es más que un paso de avance en ese sentido.

También quiero agradecerles por haber confiado en el Turco y compañía y así continuar, ustedes y ellos, este proceso de cambios para la vida. Ellos son porque ustedes son, en eso de que yo soy porque tú eres.

Asimismo, quiero agradecer y felicitar a aquellas personas –madres, padres, hermanos y hermanas– que compartieron su experiencia de vida haciéndola pública y a la familia toda que acompaña a sus hijos e hijas para que desarrollen plena y sanamente su ser. Ustedes, familias, han comprendido que los seres que llegan a este mundo a través de nosotros lo hacen para que los acompañemos en su desarrollo y no como nuestra propiedad privada. Debemos hacer carne en la gente, hacerla consciente de los avances en materia de derechos, hacerlos nuestros en todo sentido; solo así nos aseguraremos de mantenerlos e integrarlos plenamente a la vida.

Esa es la invitación: a continuar andando, a continuar andando por el camino del amor y de la solidaridad, construyendo así una patria y un mundo para «todes».

Gracias.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Señora presidenta: hoy es un día muy especial porque, una vez más, un amplio sector de nuestra sociedad está debatiendo derechos.

Con respecto a lo que yo creo, quiero decir que entiendo que cada uno tiene derecho a ser feliz en la vida. ¿Qué es a lo que más aspira uno? Cualquiera de nosotros, sin importar el género o la raza, quiere ser feliz, ser libre. Con base en eso, quienes tenemos responsabilidades políticas, públicas y de gobierno, debemos pensar en diseñar políticas públicas que realmente sean inclusivas, que realmente sean solidarias, que generen amor hacia el prójimo, no importa cómo el prójimo sea. Es fácil querer a quien es igual a uno, al que piensa como uno, pero cuando uno quiere de verdad generar cosas buenas tiene que aceptar al otro tal cual es. Karina me tiene que aceptar a mí tal cual soy yo, y yo a ella, tal cual es ella. Debemos construir juntos esas sinergias, construir juntos esas políticas.

También hay que contemplar a todos aquellos ciudadanos que hoy nos están mirando por Internet o están afuera, manifestándose. Hay que entender cuáles son sus miedos frente a estas cosas que quizás desconocen, como seguramente muchos de nosotros desconocemos otras realidades, porque quienes están acá, de pañuelo amarillo, no conocen la realidad de quien está hablando y podrían tener, sin conocerme, preconceptos y, entonces, generar un rechazo porque soy de los que se supone que no están a favor de los derechos. Entonces, estarían prejuzgando, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Quienes tenemos responsabilidades de gobierno, quienes tenemos responsabilidades frente a la opinión pública debemos unir, debemos encontrar el camino del medio.

Cuando se propuso este proyecto que llegó a la comisión del Senado –que integro–, lo tomé con mucha responsabilidad, con ese sentimiento de tratar de ponerme en el lugar del otro, en el lugar de todos. Creo que tenemos que generar empatía por el diferente: las personas trans tienen que generar empatía hacia las que no son trans, y los que no lo son, generar empatía hacia los trans. Es tan simple, tan sencillo y tan difícil de hacer. Pero no tenemos que complicar la cosa. Aquí no hay –espero– mala intención al pensar. De pronto tenemos distintos enfoques para llegar a esto.

Creo que, quizás sí nos hemos equivocado –y yo también asumo la responsabilidad– en cuanto al manejo del tema. Yo quiero verlos a todos con el mismo color de pañuelo. Quiero sentirme integrada, no tener que estar de un lado o del otro. Y lo que quiero para los míos, lo quiero para todos.

A lo largo de estos años en este Parlamento se han formulado normativas que han generado derechos que en el papel –en la intención– han sido y son muy buenos. Pero después, al querer aterrizarlos y hacer que realmente cumplan la función de generar esa ecuanimidad necesaria, ese equilibrio necesario en la sociedad, no han tenido tanto éxito. Una de las cosas que tenemos que lograr y no hemos logrado en estos últimos quince años –los años que nosotros venimos militando, desde el pie, en política– es que esos derechos después salgan del papel y le cambien la vida a la gente. Por ejemplo, hoy y todos estos días ha habido gente que ha cuestionado: ¿por qué a mí sí?, ¿por qué al otro no?, etcétera. Hoy, por mensaje de texto, el colectivo de apoyo a la ley de diabetes, que también es un colectivo importante que está haciendo una concientización acerca de la problemática que tienen, me preguntaba por qué 980 eran más importantes que 300.000 uruguayos, por qué se le daba prioridad a esta ley y no al proyecto que está en la Cámara de Representantes sobre lo que ellos están pidiendo.

Por otro lado, integrantes del colectivo del mundo de la discapacidad, que hoy vi por ahí que estaban aplaudiendo –y está bien–, también me preguntaban por qué se le está dando prioridad a esta ley y no se le da prioridad, en la reglamentación y en el cumplimiento, a la ley que se aprobó en el año 2008 sobre protección integral de las personas con discapacidad. Y podría seguir enumerando muchísimas personas que, legítimamente, están defendiendo sus derechos en el territorio o están queriendo hacer escuchar su voz. Yo digo, pienso y siento lo mismo con respecto a que, verdaderamente, todos somos importantes. No por estar hoy en este Parlamento, poniendo arriba de la mesa la vulnerabilidad de las personas trans y tratando de hacer visible la problemática que tienen, estoy dejando de lado las problemáticas de las personas con diabetes en el Uruguay, que también están en riesgo de vida y es terrible lo que viven. Hagan este ejercicio: piensen en una persona trans, diabético o diabética, sordo y con problemas de movilidad, que esté en silla de ruedas. ¡Con todo! Y si es afrodescendiente, ¡más todavía!

No es una cosa sí y otra no. Tenemos que buscar las herramientas y las sinergias correspondientes para contemplar al conjunto de la sociedad y para que cada ciudadano se sienta protagonista del diseño de políticas públicas que sean transversales y en las que no queden excluidos, porque cuando pienso en una política de vivienda tengo que estar pensando y planificando políticas que contemplen la discapacidad, a las personas trans, a los afrodescendientes, a las madres solteras, a los padres solteros que están criando a sus hijos, a los adultos mayores. Hay que tener la capacidad de pensar en políticas educativas inclusivas para todos y, entonces, dejaremos de estar haciendo compartimientos que no unen, que separan.

Se puede hablar mucho de esto, pero creo que lo que hay que hacer es, justamente, hacer. Estamos en un Gobierno al que ya le queda poco y no sé quién va a ser el que tome la posta en el próximo, pero sí es cierto y les pido a todos los que me estén escuchando o viendo que sean muy, pero muy exigentes a la hora de pensar quién va a seguir dirigiendo los destinos de nuestro país, a la hora de pensar quién va a hacer que estos derechos realmente se cumplan y que no sean sectoriales, que nos sintamos todos unidos y todos contemplados por esas políticas públicas.

Lindos discursos puede decir cualquiera –aunque, en realidad, a mí no me salen lindos discursos porque digo lo que siento y a veces no encuentro las palabras adecuadas que adornen lo que pienso– pero lo que importa es la intención, la motivación y la acción que se genera a partir de esto. Cuando se crean expectativas que después no son colmadas, se hace el proceso inverso al que se quiere lograr. Si nosotros generamos una expectativa en cuanto a que, a partir de ahora que tenemos ley, vamos a lograr hacer realidad los derechos de las mujeres a vivir una vida sin violencia de género, pero eso queda en el papel y no le damos presupuesto y ni una impronta de prioridad en las políticas públicas, queda solo en la intención. Lo perverso es que cuando generamos esas expectativas, esos colectivos quedan a la espera y pasan uno, dos, tres, diez años sin obtener respuesta. ¡Sucedió con la Ley de protección integral de personas con discapacidad! ¡Siguen sin respuesta, sin que se reglamente la ley! Entonces, ocurre algo muy perverso: el conjunto de la sociedad cree que los derechos de esas personas, que se plasmaron en una ley, ya están contemplados, y dice: «¡No! ¡Si ya hay una ley de protección integral de las personas trans! ¡Eso ya está!». Y ahí queda, pero resulta que no es así.

Yo no quiero que pase eso con las personas trans; no quiero que pase eso con ningún vecino que legítimamente está defendiendo su derecho, y no quiero ser un Harry Potter que cree que con una varita mágica se hace la ley y ya está. Creo que tiene que haber acciones concretas y claras para dar respuesta a las distintas vulnerabilidades que tienen nuestros ciudadanos a lo largo y ancho del país, y que todos, ¡y de todos los géneros!, se sientan incluidos en esas acciones.

Adelanto que voy a pedir el desglose de los artículos 6.º, 16, 18, 21 y 22.

En lo personal –luego mis compañeros dirán qué van a acompañar y qué no–, voy a acompañar el artículo 1.º, cuyo inciso primero establece: «Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro». Lo voy a acompañar porque, como dije al principio, uno debe tener la libertad de elegir y de poder buscar la propia felicidad, siempre y cuando no dañe al otro, y creo que en esto es así.

El artículo 5.º, que refiere a la visibilidad, es muy importante para proceder al diseño de las políticas públicas transversales que contemplen a todos, y es fundamental para que estén integradas las personas trans, pues se incorpora la variable «identidad de género» en las encuestas continuas de hogares, en los censos, etcétera. Es el primer paso cierto para después trabajar en función de las políticas públicas a definir.

En el artículo 6.º no voy a votar el inciso que dice que en el caso de que los menores de edad no tengan la anuencia de sus padres se puedan cambiar el nombre. Eso no lo voy a acompañar y así lo expresé en la comisión, pero sí el inciso primero, porque lo siento de recibo, pues hace a la adecuación de nombre o sexo en documentos identificatorios.

El artículo 7.º refiere a la creación y a la competencia de la Comisión Asesora Honoraria de Cambio de Identidad y Género, lo que me parece muy necesario.

Los artículos 8.º y 9.º tienen que ver con algo que expresamos en comisión, es decir: que había que adecuar las herramientas de registro para que las personas trans, cuando se cambian de nombre, no tengan problemas legales a la hora de llevar adelante sucesiones. Estas disposiciones van en ese sentido, por lo que vamos a acompañarlas.

Respecto del artículo 10, quería acompañarlo, pero cuando empecé a profundizar en cómo estaba planteado, pedí en la comisión –pueden leer la versión taquigráfica– que se me explicara un poco más profundamente por qué, por ejemplo, se había establecido el 31 de diciembre de 1975 como fecha de las reparaciones. Me gustaría y quisiera reformular el artículo. ¿En qué sentido? La idea es no poner dentro de la misma bolsa o paquete –por así decirlo– a las personas trans que de 1973 a 1984, en dictadura, vieron vulnerados sus derechos, no por su ideología sino por su condición de trans, con los que en democracia sí, de una u otra manera, tuvieron –y tienen hasta el día de hoy– sus derechos vulnerados. A ver: no voy a aceptar de ninguna manera poner en un mismo nivel casos en dictadura y casos en gobierno democrático. Entonces, pedí a la comisión –las señoras senadoras Payssé y Xavier lo saben porque estaban presentes– hacer una reformulación de ese artículo, pero lamentablemente no hubo consenso en ese sentido. Ahora me queda la enorme pena de no compartir la forma en que viene planteado, por lo que no voy a acompañarlo.

Obviamente, tampoco voy a votar el artículo 11, porque no creo que el Ministerio de Desarrollo Social sea el instrumento que deba estar dirigiendo todo este proceso. El 70 % del manejo presupuestal del Mides está observado por el Tribunal de Cuentas, y a mí no me da ninguna seguridad que haga un trabajo con la ecuanimidad que se necesita en este y en otros casos.

Voy a acompañar el artículo 15.

Del artículo 16 voy a acompañar los dos primeros incisos. En estas normas se habla del sistema educativo y me parece fundamental y esencial que las personas trans no sean excluidas de él y que además tengan un acompañamiento psicológico, de ayuda, para la integración y aceptación, propia y de los demás, en todos esos procesos, sobre todo en la niñez y en la adolescencia. Creo profundamente en eso. Es una de las grandes falencias que existen.

El artículo 18 refiere al derecho a la cultura.

Por supuesto que voy a acompañar el artículo 19, que prohíbe «toda forma de discriminación de las personas trans que anule o menoscabe el derecho al acceso a los servicios de salud…».

Y llegamos al artículo 21 –que, como me acota la señora senadora Alonso, es la frutilla de la torta–, que tuvo un gran giro. Veníamos tratando el artículo 17, ¿no? Y el artículo 21 trae a la mesa dos artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia –que se votó en el año 2007 o 2008, si mal no recuerdo–: el 8 y el 11-BIS, según los cuales ya hoy los menores de dieciocho años tienen habilitada la posibilidad de hacerse terapias sobre cambio de sexo que puedan ser irreversibles. Entonces, el artículo 21 viene formulado con un inciso tercero que expresa: «Para que las personas menores de dieciocho años accedan a intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad de género, la autorización o la anuencia de los representantes legales será de precepto». ¿Qué quiere decir esto en buen español? Que para hacerse intervenciones quirúrgicas genitales de cambio de sexo, los menores de edad deberán tener permiso de sus padres o de sus representantes legales; de lo contrario, no podrán hacérselas. O sea que, a texto expreso, si yo no votara este artículo 21 estaría avalando lo que hoy está vigente por el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es que los menores de dieciocho años puedan tomar decisiones sin anuencia de los padres. Por lo tanto, voy a votar este inciso porque, entre otras cosas, creo que hay que escuchar a la gente. Me podré poner en el lugar de la señora presidenta Topolansky, pero lo que ella siente y piensa solamente ella lo sabe, por más empatía que uno pueda tener o no, y lo mismo le sucederá a la señora presidenta conmigo.

El colectivo ATRU estuvo en la comisión del Senado que trató este tema y pregunté específicamente, a Karina Pankievich –que se encuentra en la barra–, qué pensaba de que menores de edad pudieran hacerse terapias, cambios irreversibles a raíz de la hormonización u operaciones. Y ella me dijo que no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque son épocas de muchos cambios personales y todavía no está definida la esencia de cada uno cuando se tienen doce, trece o catorce años. Entonces, mi posición quedó clara. Si tenía alguna duda, eso me definió.

También la hormonización nos deja dudas razonables e incertidumbres científicas acerca de cómo va a afectar la salud y el desarrollo de ese adolescente al que aún le queda mucho por seguir creciendo y desarrollándose. Entonces, como hay una biblioteca que deja una duda razonable, hay otra que cuestiona que en esa etapa temprana se haga ese tipo de terapias irreversibles por los efectos secundarios que pueden traer.

Entonces en esto, y como trabajadora de la salud que soy, me afilio a la prevención. Sí creo que esta etapa de la adolescencia debe estar muy acompañada por un equipo de profesionales que guíe en ese proceso para que cuando el adolescente llegue a su mayoría de edad, si realmente es por ahí que siente que tiene que ir su vida, se cambie el sexo y se transforme todo lo que necesite.

Otra de las cosas que presenté en comisión fue mi petición de llegar a un consenso para anexar al último inciso del artículo 21, también como algo preceptivo de los representantes legales, la hormonización. Podrá ser discutible o no. Capaz que en las barras hay muchos adolescentes y dicen: «Pah! Nosotros la tenemos clara». Pero ¿saben qué? Cuando yo tenía poca edad también había cosas que creía tener claras y después me di cuenta de que no era así; de pronto pensaba y sentía diferente, tenía preconceptos, pero la vida lo lleva a uno a entender las cosas de otra manera.

Así que por ahí pasan mis pensares, mis sentires y mi compromiso también: esté donde esté en el período que viene, acá, en mi casa o donde sea, siempre voy a estar trabajando por los derechos de todos para que todos sean incluidos y que no tengamos que estar haciendo compartimentos que, en verdad, no unen sino que separan.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Muchas gracias, señora presidenta.

Dice Milan Kundera, en El arte de la novela, que vivimos en el torbellino de la reducción, que nos carcomen las termitas de la reducción del análisis, que todo lo terminamos reduciendo a favor o en contra de algo. En estos tiempos de redes sociales le prestamos muchas veces más atención a 140 caracteres y a 40 segundos en el noticiero que a la esencia de las cosas. Parecería ser que hay que estar a favor o en contra, y que si uno no está a favor de algo totalmente, si marca discrepancias, si marca matices, entonces está en contra; que no se admiten más que esas dos posiciones en el mundo de hoy que, luego, rápidamente se abandonan.

Y creo que este es uno de los casos. La brocha gruesa del análisis parece ser que hay que votar o no votar la ley. Y uno se enfrenta a este proyecto y ve algunos artículos que le parecen bien. Algunos artículos ya estaban vigentes. ¡Están vigentes en la Constitución! ¿Quién puede no estar de acuerdo en que no hay que discriminar ni estigmatizar, como establece el artículo 2.º de este proyecto de ley? Es más: está prohibido ya en el Uruguay discriminar o estigmatizar a una persona por su identidad de género, por raza o por lo que sea. Pero no, parecería ser que si uno no vota la ley es un discriminador o un estigmatizador.

¿Quién puede no estar de acuerdo con que libremente y con la capacidad suficiente se escoja la identidad? ¿Quién puede pregonar que una persona trans no tenga inclusión educativa y se la discrimine? ¡Bajo ningún concepto uno podría pensar o afirmar eso! Lo dice el artículo 8.º de la Constitución: «Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes». ¡Nada más! Y lo dice desde 1830. Pero como parece que no estamos de acuerdo con algunas normas, sucede lo mismo que en los partidos del calcio florentino, donde, después de ponerse algunos ropas de un color y otros de otro, tiran la pelota y no importa adónde va esta, sino que entran a boxear entre ellos; lo que importa es enfrentarse. Y acá lo vemos, hasta trajeron pañuelos –como en el calcio florentino– para separar a los que ellos creen que son buenos de aquellos que no lo somos. No es así; no es la brocha gruesa del análisis y de la separación. Lo que importa es dónde está la pelota; no se olviden de ella.

Esto es un mero movimiento político. Se vienen las elecciones el año que viene y algunos pretenden sacar jugo de esta instancia trayendo unas banderitas o unos pañuelos. ¡No! No es así, el camino no es ese. O, de repente, pretenden convencernos mostrándonos unos pañuelos. No es así, porque ejercemos nuestra libertad y por más pañuelos que traigan, vamos a dar nuestra opinión sin condicionamientos. A mi juicio, nos debemos una discusión mucho más profunda de los temas, que sacar una bandera y decir que soy hincha de este y estoy en contra de este otro.

Esta mañana escuché decir a alguien que hoy es un día histórico. Recuerdo que también dijeron eso cuando hace un tiempo asumió una senadora. No es así. Histórico es el 18 de Julio; histórico es el 19 de Abril; histórico es el 25 de Agosto, que es cuando se establecieron los principios que hoy nos gobiernan y que no permiten actos de discriminación de ningún tipo.

Creo que esas buenas normas que contiene el proyecto de ley se ven opacadas por algunas que son muy malas, porque creo que, como siempre, el exceso es muy malo. Shakespeare, en El mercader de Venecia, decía que tanto se padece de excesos como de defectos y que atinar siempre al justo medio es lo mejor. Entonces, a partir del momento en que volvemos a consagrar algunos derechos que ya estaban en otras normas y agregamos otros, en el exceso, nos vamos hacia el otro lado.

Algunas cosas se corrigieron, y hay que reconocerlo. Ese intento de que los menores de edad pudieran recurrir a intervenciones quirúrgicas sin el consentimiento de sus padres, que fue la primera pretensión que se tuvo con este proyecto de ley fue dejado de lado, sensatamente dejado de lado, coherentemente dejado de lado. Los menores no pueden manejar; parece que pueden asesinar y no son conscientes de sus actos, pero se pretendía que, por sí, pudieran realizarse un tratamiento médico quirúrgico genital irreversible.

Pero no nos engañemos; lo único que no se permite, de acuerdo con esta nueva redacción, son las intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar el cuerpo a la identidad de género, pero para todo lo demás, como los procesos de hormonización y otros, no se requiere la autorización de los padres.

Este no es un concepto nuevo. Hace rato que hay muchos pregonando que los hijos no son hijos de los padres ni de la familia, sino del Estado, que decide mejor que los padres. Hay muchos que andan diciendo eso en nuestra América. Incluso, lo han establecido en alguna Constitución. Discúlpenme; mientras no tengan la capacidad suficiente, la opinión de la mayoría de los padres vale mucho más que la opinión del Estado y del Gobierno de turno, en este y en todos los temas. Eso no se puede dejar de lado. Y acá, retrocediendo solamente con las intervenciones quirúrgicas, siguen adelante –cual caballo de Troya dentro de este artículo– con todo lo demás.

Hay otros artículos que llaman la atención. Por ejemplo, el inciso tercero del artículo 6.º establece que para hacer la adecuación del nombre o del sexo en los documentos tampoco es necesaria la anuencia de los padres. Eso es no entender, o no atender la situación, tan compleja, del niño y del adolescente cuando empieza a crecer, con todos los conflictos que conlleva y decirle que él, por sí mismo, puede avanzar en estas cosas. Pero lo peor no es eso, ya que quienes dicen que tiene que tener la libertad de poder hacer esa adecuación, después establecen –ya estaba en la ley vigente, pero lo reiteran acá– en el inciso tercero del artículo 8.º que no puede readecuarlo por cinco años. O sea que se le dice que puede adecuar el nombre y el documento a un sexo, pero si al año considera que se equivocó y en verdad no era cierto lo que sentía, se tiene que quedar cinco años así. ¿Dónde está la libertad que pregonan? Libertad para elegir, pero después, como mínimo, se queda entrampado por esos cinco años.

Y llegamos a esto –disculpen la palabra– que roza con el populismo. Resulta que hay que empezar a dar beneficios, que pagan todos los uruguayos. Entonces, en el artículo 12, se dice: «… deben destinar el uno por ciento de los puestos de trabajo a ser llenados en el año, con personas trans que cumplan con los requisitos normativos para acceder a los mismos». Estuve preguntando y se me informó que, según el censo, había –si no me equivoco– 900, 936, 950 o 1000 personas trans. ¿Cuántos funcionarios hay, señora presidenta? 320.000. Les aseguramos el 1 %. Hay un número que no me cierra. Le aseguramos a todos –no sé si todos pretenderán ingresar al Estado– no 900 puestos sino 3200. Acá nos comimos algo. No está permitido tener dos ni tres cargos públicos. Aunque todos se presenten, no va a dar.

Después, nuevamente pero aún peor, el artículo 13 establece: «Encomiéndase al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional la determinación de un cupo no inferior al 1 % (uno por ciento) destinado a las personas trans, en los diversos programas de capacitación y calificación que implemente». ¿Cuántos trabajadores tenemos en el Uruguay? Hay 320.000 trabajadores públicos y cientos de miles más en el sector privado. Es decir que estamos dándoles posibilidades de cuatro o cinco a uno, frente a las posibilidades de cualquier otro. Somos generosos.

Respecto al artículo 16, me permito señalar que incumple con el artículo 202 de la Constitución de la república que dice que cuando se elaboren leyes relativas a la educación, los organismos de la enseñanza tienen que ser escuchados previamente. ¡No fueron escuchados previamente la ANEP, el Codicén ni nadie! Acá hay un trámite con visos de inconstitucionalidad. Pero no es solo eso. El artículo 16 relativo a las responsabilidades de las instituciones y organismos educativos –supongo que están hablando de las públicas, pues al no decir «públicas» en realidad se están refiriendo a las públicas y privadas– expresa que todas las instituciones públicas y privadas y organismos involucrados en el sistema educativo deben asegurar que las personas trans no sean excluidas del sistema educativo nacional por razones de identidad de género. Estoy de acuerdo con ello. También dice esta disposición que esas instituciones y organismos deben prestar apoyo psicológico, pedagógico, social y económico. O sea que, de acuerdo a esta ley, toda institución educativa pública o privada, desde el jardín de infantes hasta la universidad, va a tener que prestar apoyo económico –no sabemos de cuánto– con el fin de concretar efectivamente el desarrollo académico y social de los integrantes de este colectivo. Para mí sobra esa palabra económico. ¿Les van a tener que dar dinero? O sea que una institución privada –que cobra–, en realidad, tendrá que darles dinero y no le van a tener que pagar. No sé quién redactó esto, pero me parece que hay algo que está mal.

El artículo 17 dice: «Los órganos, organismos e instituciones que asignen becas y apoyos estudiantiles a nivel nacional y departamental, cualquiera fuere su fuente de financiamiento –puede ser pública o privada–, deben prever cupos del 2 % (dos por ciento) para personas trans, siendo de aplicación en lo pertinente lo establecido en los artículos 202 y 204 de la Constitución de la República». ¡Atenti! Cualquier institución pública o privada que dé una beca o apoyo tiene que otorgarlo obligatoriamente a una persona trans, sí o sí, sin importar si se presentan, si se sortea o si se la dan al mejor o al peor estudiante; se la tienen que dar. Además, citan el artículo 202 de la Constitución que dice que hay que consultar a los organismos de la educación, que no consultaron. A toda esa cantidad de instituciones que vinieron acá no las consultaron, ¡violaron la Constitución! Si aprobamos esta ley sin consultar a los organismos de la educación pública, como dice la Constitución, la estamos violando.

En el mismo artículo 17 se establece un 8 % del fondo de becas. Vimos que en el caso de los empleados públicos era solo el 1 %, y respecto a la población total es mucho menos. ¿Cuál es el fundamento de todo esto?

El artículo 18 nuevamente refiere a las becas de carácter público o privado.

Con respecto al acceso a la salud, creo que es correcto lo que se establece aunque me pregunto: ¿cuáles son las prioridades? Se establece que se tiene que financiar las intervenciones quirúrgicas genitales y los procesos hormonales. La semana pasada salió en la prensa que una señora de cuarenta y tres años que vive en Mercedes tiene un melanoma metastásico que ya ha sido tratado de todas las maneras posibles. La única opción para salvar su vida es un medicamento que el Ministerio de Salud Pública rechaza proveer, no porque no sea eficiente sino porque no tiene recursos. ¡Y gobernar es tomar opciones! ¡¿Qué es más importante que salvar una vida?! ¡¿Cuándo vamos a legislar para no discriminar a quienes se están muriendo porque no cuentan con los medicamentos que les tiene que suministrar Salud Pública?! ¿Sobre eso nunca vamos a legislar?

Pero, además, debemos tener cuidado. Hay algunos países que ya avanzaron en este camino. Mi gran preocupación en esto, ¿saben cuál es? Que acá pensamos que vamos a legislar para hacer algo y después termina sucediendo otra cosa. Legislamos en su momento la regulación de la marihuana para que se consumiera menos marihuana. ¿Cuál fue el resultado? La fiesta de la marihuana, ya que aumentó el consumo por todos lados.

Hoy queremos legislar para que no discriminen a la población trans; está bien, pero lo hacemos de tal forma, que quizás –y creo que sin quizás– vamos a estar ocasionando mayores problemas. No atender con cuidado la situación de niños y adolescentes que en ese momento de la vida –por el que todos pasamos– entran en una etapa de confusión y presentar estos temas en una forma inadecuada lleva, muchas veces, a problemas muy grandes. Eso sucedió en el Reino Unido. Ahora están estudiando qué les pasó porque tuvieron un aumento de 4400 % en el número de niñas derivadas para tratamiento de transición en la última década. De 40 niñas derivadas por los médicos pasaron a ser 1806; de 57 niños, pasaron a ser 713. Algunos podrán decir que es la nueva ley que permite que haya más personas que se acojan; los educadores dicen que ahí hay un problema serio, que un aumento de 4400 % no está bien. Dicen que la promoción de los problemas de este tipo en las escuelas sembró confusión en muchas mentes de los niños y que, además, alentar a cuestionar el género y, muchas veces, las operaciones quirúrgicas, se ha convertido en una industria, porque siempre están ahí.

SEÑORA PAYSSÉ.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: siguiendo la exposición del señor senador Bordaberry, voy a hacer dos consideraciones que me parece de rigor señalar.

La primera tiene que ver con la referencia que hizo el señor senador Bordaberry con relación a la no posibilidad por cinco años de volver al sexo registral original, que planteó no sé si como algo novedoso, pero por lo menos que no le satisfacía. El artículo 4.º de la Ley n.º 18620, de 25 de octubre de 2009, sobre procedimiento y competencia, establece lo siguiente: «La adecuación de la mención registral del nombre y del sexo será de iniciativa personal del titular de los mismos. Producida la adecuación registral –por el otro método, es decir, por la intervención de la Justicia–, ésta no podrá incoarse nuevamente hasta pasados cinco años, en cuyo caso se vuelve al nombre original». Entonces, quería dejar establecido que no es una innovación de este proyecto de ley sino que reafirma –porque se deroga en el artículo 24 la Ley n.º 18620– esa circunstancia establecida en el artículo 4.º.

Agradeciendo la interrupción concedida por el señor senador, me interesa aclarar que en el pedido de informes del diputado Rodrigo Goñi –que responde el Ministerio de Salud Pública– hay una pregunta sobre el número de personas que se realizaron alguna intervención quirúrgica relacionada a la reasignación de sexo y pide además que se indique el tipo de intervenciones y resultados. En la respuesta, que es un documento público, se detalla que desde el Centro Hospitalario del Norte, Gustavo Saint Bois, se coordinaron con otros niveles de atención un total de veintinueve cirugías, de las cuales cinco fueron histerectomías o anexectomías, dieciséis mastectomías, seis aumentos mamarios, una reconstrucción mamaria y una reasignación de sexo. Por su parte, en el hospital de Paysandú y en la Red de Atención Primaria Paysandú se plantea que no se indicó ni realizó ninguna intervención quirúrgica. Por lo tanto, no creo que esto, que es algo poco frecuente, genere dificultades económicas y financieras al Sistema Nacional Integrado de Salud.

Del mismo modo, aprovecho para agregar que hay una moda por la cual a las quinceañeras se les obsequia por su cumpleaños una operación de reconstrucción mamaria, estética, no necesaria. Eso nadie lo cuestiona, porque se hace cuando hay plata y de forma particular. Entonces, creo que el hecho de incorporar al Sistema Nacional Integrado de Salud estas circunstancias muy específicas y, además, muy detalladas en un documento oficial, de alguna manera pone las cosas en su lugar, y las preocupaciones planteadas por el senador Bordaberry quedan algo más difusas. De repente, sí deberíamos abordar esta cuestión de la reconstrucción mamaria a las quinceañeras, que son adolescentes, como regalo de su llegada a los quince años. Por supuesto que no están en el Sistema Nacional Integrado de Salud, sino que se hace en clínicas particulares, cuando el dinero está sobre la mesa.

Gracias, señor senador y señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Agradezco mucho a la senadora Payssé. Quizás ella no estaba prestando atención cuando hablé, pero le pido que lea la versión taquigráfica de mis palabras –estoy seguro de que con la profesionalidad con que la toman los señores taquígrafos, lo van a transcribir claramente–, porque allí podrá ver que hablé de que eso ya estaba en la ley de 2009; lo dije expresamente. Es decir que esto que dijo de que ya estaba, es verdad; estaba, y lo dije. Cuando lea la versión taquigráfica verá que su anotación fue innecesaria, pero bienvenida sea. Es más, que estuviera en una ley de 2009 no significa que yo esté de acuerdo y tampoco aunque estuviera en una de 2003. ¿Estamos de acuerdo? Personalmente, entiendo que, si estamos dando el derecho de reasignar el nombre, deberíamos otorgarlo también para volver a reasignar el que se tenía antes, si así se desea, y no afectar su libertad. Eso es lo primero.

Sé que se hicieron pocas cirugías, pero –fíjense– lo mismo decían en el Reino Unido y tengo los datos: se hicieron 40 en el año 2010, y 1806 entre 2017 y 2018. Eso es, justamente, sobre lo que quiero advertir porque, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, en esa crisis de la adolescencia, cuando se entran a promocionar algunas cosas y uno está en conflicto con las reglas y con lo que nos viene impuesto –todos pasamos por eso– empiezan las confusiones. Me tocó recibir a la ONG Boomerang, conformada por muchachos y muchachas que habían sentido que su identidad no era la que tenían, la cambiaron, se hicieron procedimientos hormonales y, después –como indica el nombre de la organización: Boomerang–, quisieron volver atrás, pero ya había daños irreversibles. ¡Y encima les decimos que por cinco años no se pueden cambiar el nombre! ¿Eso está bien?

Lo que se debe cuestionar de esta propuesta, lo que me parece que está mal de este proyecto, no es que busque la no discriminación y la no estigmatización –está bien que no se discrimine y que no se estigmatice–, lo que está mal es que se promocione, lo que está mal es que se imponga, lo que está mal es que no se permita al que fue, volver o, incluso, se pretenda sustituir la opinión de los padres y de la familia por la del Estado, que se impone por ley. ¡Eso es lo que está mal!

SEÑORA PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Por eso la mención del calcio florentino. Señora presidenta: ¿estuvo por Florencia, en Italia, alguna vez?

SEÑORA PRESIDENTE.- No, señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Le recomiendo que vaya y visite la Piazza di Santa Croce. Es una plaza muy grande, que se cerca, y en ella unos señores muy grandes juegan al calcio florentino, que es el fútbol florentino. Les tiran una pelota, pero todos entran a boxear porque nadie se acuerda de la pelota; es una cosa medieval. Unos están de color rojo y otros, de amarillo; la gente hincha por uno u otro y, como dije antes, se olvidan de la pelota.

Creo que es lo que estamos haciendo. Nos estamos poniendo del lado del amarillo o del rojo y no del lado de la pelota ni del problema en serio que tenemos por delante. Entonces, hagamos como en Florencia cuando termina la época del calcio florentino –que son unos pocos días–, que vuelve a dar a la humanidad los Dante Alighieri, los Miguel Ángel, los Galileo, los Maquiavelo, los Médici, los Pitti y tantos más que tanto aportaron, con su conocimiento, con su razonamiento y con su visión, a toda la humanidad.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR PATERNAIN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PATERNAIN.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero agradecer a la senadora Constanza Moreira, quien hoy me ha cedido su lugar para defender este proyecto de ley en un día, efectivamente, histórico para el Uruguay.

Quiero agradecer también a las senadoras Daniela Payssé, Patricia Ayala y Mónica Xavier, y al senador Marcos Otheguy, porque han hecho un trabajo de altísima profesionalidad, sensibilidad y convicción a nivel de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.

Agradezco, asimismo, a los compañeros diputados y senadores del Frente Amplio que una vez más han logrado tramitar sus diferencias.

Quiero agradecer especialmente a la Universidad de la República y a sus servicios, muchos de los cuales se han expedido a favor de este proyecto de ley que consagra derechos para las personas trans. A comunicadores y comunicadoras, activistas y personalidades que han dado apoyo fundamentado y posibilidades para que un proyecto de ley como este pudiera ver la luz en el Uruguay.

Finalmente, agradezco las 60.000 firmas que manifiestan la voluntad de ciudadanos y de ciudadanas de este país para que esta ley efectivamente consagre derechos.

Como se sabe, este es un proyecto del Poder Ejecutivo, una iniciativa de nuestro Gobierno, que viene trabajando en una línea relevante en los últimos años, que incluyó–entre otras cosas– la realización de un censo de personas trans; algo poco común y poco corriente en las políticas públicas de reconocimiento y de identidad.

También hay que reconocer que la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado escuchó todas las voces, discutió con todos y tramitó efectivamente la complejidad del problema. Creo que en muchos de sus aspectos sustanciales este proyecto de ley ha sido efectivamente mejorado, como corresponde y como debe ser; nadie se quedó sin decir lo suyo.

Sin embargo, señora presidenta, pienso que es de un cinismo de proporciones catedralicias señalar que esta bancada se somete a presiones corporativas o que esta ley consagra privilegios. ¡Es absolutamente absurdo! ¡No es así! ¡Ni una cosa ni la otra! En realidad, este proyecto de ley nace de una demanda, nace del dolor, nace del sufrimiento, nace de historias de vida marcadas por la exclusión, la discriminación y el desprecio. Esta es la auténtica raíz del proyecto de ley.

Me parece que esto es lo menos que podemos hacer como sistema político y como sociedad y por eso, efectivamente vamos a votar este proyecto de ley con entusiasmo, mucha convicción, pero también con un profundo sentido de modestia porque es verdad que es el final de un proceso de acumulación en estos temas. En realidad, no es el final de nada, sino el inicio y, en todo caso, habrá que estar muy advertidos de los efectos secundarios que todos los proyectos tienen o de las consecuencias no deseadas y tendremos que seguir trabajando y bregando por la igualdad de posiciones y de oportunidades. Tenemos que seguir aprendiendo a desterrar definitivamente los procesos de subordinación. ¿Quién, en última instancia, ha logrado vencer todos sus prejuicios?

Este es un proyecto de ley que consagra derechos de la personas trans a partir del concepto de identidad de género mediante las palancas de la acción de políticas afirmativas. Este proyecto parte de un diagnóstico –lo tenemos que repetir y no nos vamos a cansar de hacerlo– en el que convergen todas las vulnerabilidades. Son personas –quizás las únicas– en las que convergen, en la vida social, todas y cada una de las vulnerabilidades. No se trata de un colectivo más, no es un grupo de personas más, no es simplemente un sector o fragmento, sino que es un espacio de la vida social, un conjunto de personas sobre las que convergen todas y cada una de las vulnerabilidades: la del estigma, la de la exclusión, la de la violencia y la del castigo. Acá sí que podemos decir son ellos y nosotros –reconocerán rápidamente la frase– con la particularidad de que, en este caso, como en casi todos, el nosotros es el que efectivamente ha activado todos los mecanismos de la exclusión, la violencia, la discriminación y el desprecio. Somos nosotros, indudablemente, los que hemos construido esto. Estas personas abandonan sus hogares, son rechazadas por sus familias –esas que acá endiosamos ahora–, desertan tempranamente del sistema educativo, viven de la precariedad, del trabajo de la prostitución para el caso de las mujeres. Quedan sin posibilidad de acceso al trabajo, a la educación, a la vivienda, son rechazadas por el sistema de salud, han tenido historias consolidadas de violencia institucional a lo largo del tiempo, mueren antes. A este respecto, el país vivió episodios terribles de tasas de homicidio altísimo contra la población trans y, para peor, las prevalencias de las tasas de suicidio y de suicidio encubierto –sobre el que no sabemos nada o muy poco– a nivel de los adolescentes, vinculado con las discrepancias sobre la identidad de género. Pero ¡claro, son un colectivo privilegiadísimo, señora presidenta!

Sobre este diagnóstico –en el que vamos a insistir todo lo que sea necesario aunque nos repitamos– es que se funda una buena parte o casi todo el sentido del proyecto: la reparación, el reconocimiento, la posibilidad de los cupos laborales y de capacitación, la posibilidad de la mención registral para el sexo y la edad, el acceso a la salud en condiciones dignas, los derechos culturales, la posibilidad de acceder a la vivienda. No es un exceso, es un mínimo básico para empezar a cerrar la brecha de posiciones y de oportunidades.

En realidad, cuesta entender cómo este proceso se ha demorado tanto y recién ahora se logra transformarlo en una ley que, al mismo tiempo, recoge una buena parte de la política pública aplicada en los últimos años en el país. Cuesta entender cómo se han generado ciertas reacciones que lejos están de ser reacciones inorgánicas, pues son reacciones organizadas que hablan mucho más del talante de esta época que del proyecto de ley. Las reacciones al proyecto de ley son el reflejo del talante de estos tiempos.

Llegado a este punto, me solidarizo con todos los integrantes de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de todos los partidos, que en su momento han sido víctimas de un ataque feroz, de infundios y de mentiras reiteradas que a muchos les ha servido como plataforma política, como avanzada para poder sostener posiciones que, de otra manera, no se animan a volcar. Ese ha sido el trámite real en el que hemos tenido que discutir este tema. No es un problema de buenos y malos. No hemos querido colocar ese tema allí ni lo vamos a hacer jamás. En todo caso, la contraposición que se genera entre pañuelos amarillos y azules no nos la endilguen, rechazamos eso, en todo caso, que se dirijan a los que han iniciado campañas de mentiras, de infundios, de desconcierto y, en última instancia, de erosión de la democracia.

Más allá de esto, me quiero detener en las resistencias más sutiles que genera el proyecto. Las que mencioné antes ya han sido criticadas, no vale la pena detenerse en ellas. Pero sí me quiero detener en tres líneas argumentales fundamentales para entender las lógicas de resistencia al proyecto. La primera –que hemos escuchado afuera y aquí– plantea que nuestro ordenamiento jurídico recoge normas de carácter universal que garantizan la igualdad de todos y consagran los derechos. Somos todos iguales ante la ley, también lo somos en materia de dignidad y, por lo tanto, elevar a estas personas a una categoría de derecho superior solo crea privilegios y, además, tiene efectos no deseados, en la medida en que rompe un principio de equivalencia o de igualdad y termina siendo injusto. Ese es el argumento central. Sobre esto, señora presidenta, es muy obvio que los mecanismos de igualdad formal nada tienen que ver con los de igualdad real. Si hay algo que ha sido demostrado por la historiografía a lo largo del tiempo es que los proyectos universalistas han sido decisivos a la hora de negar, de ocultar las diferencias y hasta de reprimirlas. La operación más común para hacer esto es, justamente, normalizar una cierta tendencia y patologizar la excepción. Ese es el recurso más usado para defender una cierta lógica de proyectos igualitaristas universales. Todo aquello que, de alguna manera, impida el desarrollo normal del ser humano debe ser rechazado.

En los hechos, señora presidenta, este proyecto está marcando que los proyectos igualitaristas todavía son insuficientes. No los niega ni los sustituye, sino que señala –aun respecto de aquellas normas de carácter más igualitario– que son insuficientes. Lo importante no son unas personas u otras, no son unos derechos por encima de otros; no estamos priorizando. El proyecto golpea directamente sobre los mecanismos de producción social del desprecio y esa es la pelota que nosotros queremos para nuestra cancha, no pañuelos amarillos y azules, queremos iniciativas legislativas y proyectos políticos que golpeen en la línea de flotación de los mecanismos sociales del desprecio. Este no es un problema de los marginados y nosotros, los que no queremos estigmatizar o discriminar. Si fuera así, sería mucho más fácil.

La segunda línea argumental tiene que ver con la noción de identidad de género, tan negada y tan vulgarmente interpretada como una ideología, ya es un auténtico lugar común, y no solo en Uruguay. El concepto de identidad de género es interpretado como una ideología y se lo lleva al plano de la subjetividad, de la autopercepción, algo así como una especie de capricho adolescente. Lo que podemos deducir de muchos de los discursos que se han hecho aquí sobre cómo se construyen las identidades sociales individuales realmente nos sorprende; pareciera que hoy nos levantamos con una identidad, luego, de tarde la cambiamos y la volvemos reconfigurar de noche. Sería algo así como una infinita deconstrucción de lo que somos y, por lo tanto, en función de eso tenemos que tener las garantías para que nuestra libertad nos permita hoy cambiar el nombre y a la semana siguiente restituirlo. Eso es absurdo –¡absurdo!–; no hay ningún proceso social de construcción de identidad, ni siquiera de construcción de identidad de género, que funcione de esta forma. Y las personas que tratan estos temas desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, pediátrico, endocrinológico, con una visión médica integral saben que estos no son los tiempos y que los procesos no se desarrollan de esa forma.

A su vez, las cuestiones de la identidad, particularmente de género, han sido una de las columnas vertebrales del proyecto de la modernidad, que si por algo se ha caracterizado ha sido por su capacidad de reconocer demandas individuales y sociales a lo largo del tiempo y por romper el monopolio de la interpretación. Ya no hay una única forma de interpretar los procesos sociales, y mucho menos de construcción de identidad. No podemos estar en el mundo social si no es a través de luchas por el reconocimiento; no hay manera de estar por fuera de la vida social sin buscar el reconocimiento como forma de construcción de identidad. La identidad es un anclaje y la identidad de género es también un anclaje central para eso. No se trata de un problema de caprichos, de riesgos o de adolescentes algo confundidos que quieren empezar una especie de moda o de onda expansiva de efecto contagio que generaría una catarata de transformaciones identitarias de la noche a la mañana; los procesos no funcionan así, y el centro de la cuestión –que de alguna manera el proyecto de ley contempla– es que el verdadero conflicto, el conflicto crucial está entre las experiencias de desprecio, la violencia, la discriminación, la exclusión y las luchas por un reconocimiento emocional, cognitivo y en términos de valoración social. Ahí está el núcleo.

Una tercera línea argumental, sobre la que se ha abundado en el debate de hoy y que también reconocemos afuera, es decir que ninguno de nosotros está a favor de la discriminación y que todos queremos que estos procesos se reviertan. Ninguno de nosotros discrimina; nadie quiere la discriminación y nos quedamos tranquilos porque las normas constitucionales u otras normas legales nos amparan en la igualdad. Sin embargo, se dice «esto no» o «aquello tampoco», y como no nos gusta, lo sacamos. Se dice no a los cupos, no a la reparación por la violencia institucional durante la Dictadura, no a la violencia institucional inercial en el proceso posterior, en tiempos democráticos, y no a las posibilidades de acceso a la salud en las edades más decisivas para recomponer los trayectos de identidad y en las que hay más generación de sufrimiento y más riesgos efectivos de contraer otras patologías o de recurrir al suicidio. Empezamos a discriminar y, en realidad, todos estamos muy de acuerdo en que no hay que hacerlo pero, justamente, se dice no a todas esas medidas que van a impactar en las cuestiones institucionales más centrales del proyecto de ley. Entonces, quedamos muy bien parados porque ¿quién no va a querer luchar contra la discriminación? Sin embargo, llenamos de peros el debate precisamente en aquellas cuestiones que son decisivas, y lo peor es que fomentamos el resentimiento a una escala colosal. Cuando a un sujeto socialmente despreciado se lo coloca en el lugar del privilegio, ni se imaginan las consecuencias que eso puede generar en términos de expansión del resentimiento social. ¡Es una barbaridad! Lo que estamos haciendo con esos argumentos es una barbaridad.

Lo mismo con respecto a la negación en cuanto a la asistencia integral de la salud en niños y adolescentes en las edades que más reclaman una intervención responsable, informada, sólida y de acompañamiento que garantice el principio de autonomía progresiva de los adolescentes, para que tengan un margen de autonomía justamente de los sujetos de autoridad que son los primeros en excluir y en expulsar. Lo único que hacemos reafirmando la preeminencia de la decisión de los padres o de los responsables legales es agregar más obstáculos a un proceso que ya los tiene y que es definitivamente complejo.

Estas son las tres estrategias de resistencia blanda que, por supuesto, se complementan muy bien con las resistencias groseras que hemos visto en los últimos tiempos en el debate con relación a este proyecto de ley. Estamos convencidos de que el reconocimiento de la identidad trans y de los derechos que se consagran en este proyecto de ley nos permiten sostener una suerte de universalismo sensible con la diferencia. No es un problema de unos y de otros, de privilegiar a unos y de desposeer a otros; al contrario, es una iniciativa que aborda y toca efectivamente esta idea de universalismo de la diferencia. Aquí no hay privilegios sino solidaridad, y la solidaridad implica hacerse responsable de los otros como si fuéramos nosotros mismos; repito: la solidaridad implica hacerse responsable de los otros como si fuéramos nosotros mismos, y para eso necesitamos un «nosotros» lo suficientemente flexible y alejado de cualquier fundamentalismo o esencialismo, entre otras razones, porque el problema también somos nosotros.

Por lo tanto, reafirmo la idea de que no estamos ante un proyecto de ley que otorga privilegios sino que aporta solidaridad social, que ratifica un proyecto político de construcción de lo público en base a una idea de conciencia moral muy profunda. Las sociedades que logran conformar una conciencia moral son aquellas que más se oponen a los mecanismos de discriminación y de exclusión, aquellas que incorporan a los que han sido dejados de lado y marginados por diversos motivos.

Por último, es un proyecto de ley que garantiza a las personas trans el reconocimiento objetivo de que pueden tomar decisiones libres en un contexto social de sentido; es una iniciativa que se inscribe dentro de una pelea y de una lucha por la libertad. Cuando hoy estamos todos muy conscientes, lúcidos, advertidos y preocupados porque campea el fundamentalismo, la alterofobia, la transfobia, el odio a las minorías y las formas de autoritarismo que se manifiestan de maneras muy distintas; cuando sabemos que esas reacciones están organizadas, están aquí, tienen recursos, coordinan y accionan y vienen por nuestra democracia, yo tengo argumentos de sobra para sostener que este proyecto de ley, una vez más, amplía, garantiza y profundiza la democracia en el Uruguay.

Muchas gracias.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora presidenta: no voy a acompañar este proyecto de ley. Si se tratara de derechos y libertades, como cuando en su momento votamos la ley relativa al matrimonio igualitario, quizás hubiéramos podido transitar por otra línea.

Quiero aclarar que respeto profundamente a quienes consideran que este proyecto de ley sí reconoce derechos y libertades que hoy no existen. Con toda franqueza, creemos que no lo hace y por eso no lo acompañamos.

Los ciudadanos uruguayos son libres e iguales, no por una ley –¡no por una ley!– sino por la Constitución nacional. Por supuesto que comprendemos a quienes han sido víctimas de discriminación; creo que eso duele y llega a la conciencia cívica y moral de una nación. Hablo del irrespeto, de la violencia, de la incomprensión de la sociedad. Honestamente, comprendemos y respetamos estos sentimientos.

El respeto por el otro, el aceptar al otro, es el desafío más importante que tiene cualquier sociedad y es lo que genera una verdadera comunidad. Ahora bien, no hay comunidades por el impulso obligatorio de una ley.

El desafío cultural de este tiempo es aceptarnos, integrarnos, respetarnos y no entrar en un camino de confrontación que se va a tornar cada vez más violento en la dialéctica, en el blanco y negro, en la sociedad dividida y no en la sociedad del respeto.

Después de haber escuchado íntegramente esta discusión, desde la banca y desde mi despacho, tengo la sensación de que ninguna de las disposiciones aquí proyectadas se aparta de lo ya postulado por la Constitución y de los derechos que ella consagra. No se innova, porque no se puede discriminar, no se puede tener trato desigual, no se puede prohibir el acceso a la vivienda o al trabajo a nadie por su condición, no se puede negar el derecho a la identidad a nadie. Entonces, lo que este proyecto de ley pretende consagrar, a mi juicio, ya está amparado.

Más allá de las intenciones –que respeto, como dije al principio–, me parece que no se logra ser justos porque para serlo no creo que se precise esta ley. Son tiempos en donde se pretenden correcciones políticas, discursos que acomodan el cuerpo, tiempos de navegar a favor de corrientes presuntamente legítimas y válidas. Eso lo respeto, pero no lo comparto.

Lo más cómodo para nosotros sería votar y no exponernos al escrutinio de quienes en muchas ocasiones se consideran dueños exclusivos del otorgamiento de los derechos, de quienes se autoatribuyen el rol de asignar lo moralmente correcto y de aleccionar al resto, de estar en la trinchera del bien en contra de la trinchera del mal. Sin embargo, no vamos a votar este proyecto de ley porque trata un tema demasiado sensible para el humanismo de la democracia en la que todos debemos respetarnos, pero también creo tener la obligación de expresar que no ayuda a quienes se dicen son los beneficiarios.

Estamos ante un placebo simbólico que sirve de maquillaje –me parece– para diluir otros temas que son centrales para la vida del país. Y en ese esquema se generan acciones afirmativas, acciones de discriminación positiva, que van perforando el sistema de protección de carácter universal e igualitario del Uruguay. Estoy convencido de ello.

Los artículos 8.º y 9.º de la Constitución, de nuestro contrato político como sociedad, tienen que tener la justa ponderación. No podemos transitar de discriminación positiva en discriminación positiva porque la idea de nuestro sistema es que todos los uruguayos seamos iguales, pero no lo somos. No lo somos porque tenemos divisiones al nacer que nos condicionan y que complican enormemente a la sociedad. Por supuesto que hay sectores de la población que necesitan compensaciones, y estas tienen que tener un horizonte de cumplimiento porque lo que pretendemos es restablecer el principio político de igualdad, y como ha habido situaciones de inequidad y de injusticia, hay que compensar. La idea debe ser resolver ese asunto, volvernos –como debe ser– una sociedad justa e integrada, pero es evidente que algunos artículos no tienen una intelección de justicia; están totalmente desacompasados con otros colectivos de gente, de seres humanos. Por tanto, no se puede de antemano asegurar soluciones de manera indeterminada, con cuotas permanentes, porque de ser así, estamos reconociendo que la situación seguirá sin resolverse desde el punto de vista cultural, que seguiremos siendo una sociedad que no integra, y esto es lo que nos está pasando. No estamos logrando la integración de la sociedad, ¡no la estamos logrando! La brecha, la grieta en nuestro país es fuerte, es grande.

Las políticas de afirmación positiva tienen que ser –a nuestro juicio– excepcionales y acotadas en el tiempo; si son permanentes, pueden terminar generando injusticias; sí, claro que pueden terminar generando injusticias. Si nos interesaran los derechos, tendríamos que hacer que todos los uruguayos puedan vivir más seguros; que los uruguayos trans y no trans tengan un acceso a la vivienda que hoy no tienen; que los uruguayos trans y no trans tengan acceso a la salud sin tener que esperar cuatro o cinco meses para ver un especialista; que los uruguayos todos tengan trabajo, educación de primera y beneficios. Tenemos la obligación con un colectivo que debemos defender, cuidar y proteger, que es el colectivo de todos los uruguayos. Me parece que seguimos con el tema de las cuotas, las divisiones, y en ese camino hay una cantidad de compatriotas que están quedando a la vera del camino, en la banquina, mirando la fiambrera con la ñata contra el vidrio. Estos son los escenarios que hoy tenemos; el país es uno solo y me parece que acudimos a fragmentos de soluciones. Con estos proyectos se generan en el papel igualdades formales y no la igualdad sustancial, que es lo que necesitamos en el país: uruguayos iguales e integrados, y no leyes que terminan, a mi juicio, preservando y manteniendo esas desigualdades y esas injusticias.

Por estos motivos, señora presidenta, no voy a votar este proyecto de ley ni ninguno de sus artículos.

Muchas gracias.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero compartir la constatación de que después de muchos años de invisibilidad, de burla, de violencia, de ocultamiento, es la primera vez que la Cámara de Senadores, y este Parlamento, discute el tema de los derechos que tienen las personas trans y que les han sido conculcados en nuestra sociedad. ¡Es la primera vez! Si fuera tan clara la normativa de la Constitución y lo que ella habilita, no hubiéramos esperado tanto tiempo para discutir este problema. Por suerte constato, a través de las intervenciones de todos los legisladores y todas las legisladoras que han hablado hoy, que están en contra de la discriminación, la estigmatización, la violencia y el abuso hacia las personas diferentes. Sinceramente, para mí esto es un avance. Que dejemos de mirar para otro lado diciendo que estos derechos en la generalidad ya han sido concebidos y que nos aboquemos a los problemas que tiene este colectivo, es un avance en el sistema político uruguayo, que pasó tanto tiempo sin considerarlos.

Señora presidenta: a veces las normas generales, que son muy importantes, se vuelven inocuas por su propia generalidad. Son enormes declaraciones de principios, pero no concretan en la complejidad de las sociedades y en la especificidad con que hay que tratar algunos derechos que no existen, que no hemos tenido en cuenta. Por más que declaremos gramatical y manuscritamente que sí existen esos derechos, en la vida concreta de la gente no existen, no los han podido ejercer.

Realmente, me sorprende escuchar que por expresar mi opinión –que es lo que se espera en un Parlamento democrático– alguien se pueda sentir cuestionado. Y no escuché una sola expresión que hiciera referencia a los buenos y los malos, asignando lo malo a algunos y lo bueno a otros. Terminemos con esa forma de pensar. Eso es lo que queremos: que entremos a considerar lo diverso. Yo coloco este pañuelo en mi banca en demostración de lo que siento y pienso, y no por ello estoy para nada discriminando, obviando o conculcando el derecho de otra persona que opine exactamente lo contrario. De eso se trata la democracia: de que podamos expresarnos con absoluta libertad. Y eso es lo que vengo a fundamentar, señora presidenta: el ejercicio irrestricto de la libertad que debemos tener las personas, pero no en el discurso sino en los hechos, en la vida cotidiana, que me dice que las personas trans no han tenido derecho a elegir dónde quieren trabajar, porque no son bien recibidas en el mercado de trabajo. Si observamos el censo, vemos que un 67 % de las personas trans termina trabajando en el comercio sexual, en la prostitución. Entonces, el discurso de la igualdad se termina cuando los autos circulan a buscar los servicios, y la hipocresía también se abre cancha y campo. No son así porque se les antojó ser de esa manera. Ese es el problema: no pueden hacer lo que se les antojó, porque no están en nuestra sociedad –por nuestros baches y por nuestras durezas– habilitados a ejercer su identidad tal cual lo sienten.

Aclaro que tampoco me gusta demasiado decir que son solo las personas trans las que tienen algunos problemas. ¿No nos cuesta a cada uno de nosotros colocarnos por afuera? Fue difícil nuestro tránsito para construir nuestra identidad, en condiciones a veces favorables. Tuvimos nuestras dudas, nuestros problemas, y los seguiremos teniendo. A mí no me cierra eso de colocarse por encima y que en un lado estén unos y en otro, los otros. Los que hemos sufrido o las que hemos sufrido de alguna manera la violencia, la discriminación, la descalificación, la burla, el bochorno, sabemos lo que es. De manera que haré lo posible y lo imposible para que nadie se sienta como se siente una persona descalificada, maltratada, abusada, odiada. No hay derecho a eso. Nos cuesta caminar. Por eso son necesarias las leyes. Desde ya que las leyes no arreglan todo, porque si fuera así con la Constitución de la república estaríamos hechos. No arreglan todo, pero dan señales claras en cuanto a la altura a que hemos llegado como sociedad. Me parece importante recoger todo esto en un cuerpo normativo –ojalá esto sea aprobado– para dar pautas claras a la sociedad de hacia dónde queremos ir, qué queremos construir y qué sociedad queremos. Por supuesto que hay que seguir trabajando. Aquí se mencionó una lista de normas que amparan derechos. Me gustaría ver las fechas, pero estoy casi segura de que la gran mayoría de las leyes que consagraron esos derechos se aprobaron después del año 2005. Fueron votadas por la gran mayoría del Parlamento –no lo voy a negar–, pero surgieron a partir de determinados planteos acerca de la sociedad a la que queremos llegar. Y vamos a tener que seguir trabajando mucho más. Por eso es necesario llegar a acuerdos y plasmarlos en cuerpos normativos.

Está claro que en los distintos artículos de este proyecto de ley se van consagrando derechos, y esto a su vez denuncia que no existen como tales porque, de lo contrario, no estarían en el articulado. Si los incluyo es porque no están. Si hablo de inclusión educativa necesaria es porque no existe. El censo dice claramente que el 60 % de estas personas no tiene el ciclo básico terminado. Y ¿por qué no lo tienen? ¿Porque son menos inteligentes? ¿Porque son haraganes y no quieren ir al liceo? No; no van porque reciben la burla y el escarnio de la gran mayoría de sus propios compañeros. ¡Qué terrible! Yo les preguntaría si aguantarían una situación social en la cual los están señalando, los están marcando, los están juzgando, los están clasificando, calificando, violentando de alguna manera. No; no se aguanta. Y uno escapa como puede. Es así. A mí me pasa; no me gusta que me estén pegando todo el tiempo. No me gusta, me sienta muy mal, y escapo de los lugares donde la violencia quiere hacer carne en mi persona. ¿Por qué no lo puedo entender en otros?

¿Por qué el mercado de trabajo da tan pocos puestos a las personas trans? ¿Por qué tengo que aprobar una ley que obligue a su inclusión en el medio laboral? Porque, como ya dije, si uno mira los datos, el 67 % termina en el trabajo sexual. Yo tengo mis reparos con el tema del trabajo sexual, pero esa es otra discusión. Y los otros rubros en los que están trabajando son la vestimenta, la belleza, etcétera, es decir, se están reproduciendo a escalas infinitas los roles asignados discriminatorios de esta sociedad. Si estamos hablando del derecho a la salud y lo establecemos en un artículo, es porque no existe igualitariamente, porque no es cierto que las personas trans tienen acceso a la atención.

Confieso que a veces me cuesta comprender que cuando vamos a poner el foco en las personas trans y la falta o conculcación de sus derechos, se quiera ¡abrir el espacio! ¡A ver si desaparecen!, porque ahí aparece una serie infinita de otras cosas, de tal manera que no podamos poner el foco en este tema. Y yo quiero poner el foco en lo que estamos tratando. Todos los otros temas también son importantes. Y quisiera dejar sentada mi posición: en muchos de los problemas de discriminación y de atención de la salud se ha avanzado en este país –perdonen que sea un poco camisetera– a partir de las políticas globales del Frente Amplio en el Gobierno. Lo planteo porque parece que antes estaba todo bien. No, no estaba todo bien. El Sistema Nacional Integrado de Salud es de este Gobierno. La estabilidad económica y la distribución –aunque no en todo lo que quisiéramos– se concretaron en esta etapa y no en otra. Entonces, todo bien con la discrepancia, pero no hagamos de cuenta que acá no existen las cosas.

Yo opino desde mi más absoluta verticalidad, y tengo una larga trayectoria de trabajo social y político. ¡No puedo aceptar que se me diga que planteo mi opinión porque hay lobbies que me presionan! ¡No lo acepto! ¿Saben qué? Yo iba a la marcha de la diversidad ¡cuando no iba nadie! ¡Cuando era un estigma! ¡Cuando era en contra! Entonces, ¿que se diga que pueda actuar de determinada manera porque me presionan? No, no lo puedo aceptar, y no voy a cometer el error de decir que algún senador o alguna senadora perteneciente a esta cámara reacciona porque lo presiona algún lobby. Es una falta de respeto que no acepto ni voy a cometer.

Apoyo esta iniciativa porque mi conciencia, mi vida y mi trayectoria me lo indican. Así como respeto a aquel colega que opina exactamente lo contrario –y voy a defender hasta la muerte su derecho a discrepar conmigo–, no acepto que se me venga a dar clase. Cada uno se hace cargo de su saber. Acá estamos votados por la gente, no por el «titulito» que tengamos, ni por nada. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Cada uno lo dirime consigo mismo. No señale con el dedo; no le diga al otro lo que está bien y lo que está mal. Aquí somos todos grandes; sabemos lo que hacemos y lo que votamos.

No podemos sacar el eje de la discusión que estamos dando para meter todo en una gran licuadora donde viene bien cualquier cosa, porque entonces dejamos de mirar lo que tenemos que mirar. No podemos decir livianamente, señora presidenta, que acá no se les otorgan soluciones a las personas que necesitan medicamentos de alto precio. Hay un caso –es cierto– ahora. Pero quiero dar una mirada un poco más amplia. En el año 2005 se dieron 181 soluciones de medicamentos de alto precio, y en 2017 fueron 7331. Es decir que aumentó 40 veces. ¿Se puede decir que estamos privilegiando a un colectivo e ignorando al resto? No se puede decir eso si uno se maneja con determinado respeto.

Creo que esta norma nos obligó a poner sobre la mesa lo que cada uno siente y piensa, y eso es muy bueno, teniendo en cuenta que está tan de moda la transparencia. Es muy bueno que nos hayamos expresado con libertad, diciendo qué apoyamos y qué no apoyamos. Es muy bueno que coloquemos en la especificidad de los problemas soluciones específicas. Y es muy bueno que desarrollemos un cuidado a lo que puede ser la aplicación de una norma, que dicta la generalidad, pero que tal vez después necesite alguna mejora, adecuación o agregado. Así es la vida. Es compleja. No es blanco y negro, no es los buenos y los malos, no es lo lindo y lo feo. Es mucho más compleja, diversa. Y cuanto más abrimos la cancha a que se expresen esas diferencias, más contribuiremos con una sociedad sana, democrática. A nuestra sociedad, señora presidenta, le falta mucho todavía para generar vínculos humanos sanos, en los que el otro no se sienta menospreciado por ser diferente, por tener una opción o tener otra. No me gustan los embanderados de la democracia que, como opino distinto, me descalifican. No lo hago, no lo permito, no lo acepto.

Por eso, señora presidenta, sin lugar a dudas yo, sí, voto; voto este proyecto de ley del primero al último artículo.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA TOURNÉ.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señora presidenta: como adelanto de fundamento de voto, para no interrumpir después de la votación, y aclarando que estoy de acuerdo con todos los argumentos que dieron los senadores del Frente Amplio, nuestra bancada, nuestros compañeros, quería trasmitir brevemente dos aspectos que me parecen cruciales de este proyecto de ley. Por supuesto que es una ley imperfecta, que podría ser más ajustada, que en vez de hablar de un 1 % podríamos haber elegido un 0,5 % o un cinco por mil, pero todo eso siempre se puede arreglar.

En realidad, lo que me preocupa no es esto; me gustaría saber si después de que se apruebe la ley los uruguayos no la empezaremos a boicotear. Podemos ser muy democráticos, pero después cuando tengan que contratar a una persona trans para su dependencia, ¡los quiero ver! ¡Quiero ver si lo hacemos! Somos muy democráticos y muy justos, pero quiero ver si después, en la práctica, la ley se cumplirá. No me refiero a este caso en el que queremos arreglar las cosas por ley sino a que estamos intentando cambiar una cultura y arrancamos por la ley. ¡Por supuesto que sí!

Si estamos pecando por exceso, en este caso no me preocupa; la pregunta es si después la ley se va a cumplir. Tendremos que hacer un gran esfuerzo, pero no porque el día de hoy no sea histórico sino porque lo será en la medida en que nosotros hagamos que la ley funcione.

Tengo un segundo argumento y es que se trata de un acto de justicia. ¡Alguna vez tenía que tocar! En algún momento la balanza debía inclinarse a favor de los más olvidados de los olvidados, discriminados y perseguidos en dictadura, y muchas veces también en democracia.

En algún momento se mencionó el tema de los padres. ¿No se dan cuenta de que muchas veces quien opta por este camino termina cortando la relación con sus padres porque no lo escuchan, no lo comprenden ni lo ayudan? En este sentido, la injusticia se da en toda la cadena de la sociedad. Lo cierto es que muchos padres dejan de hablar con su hijo –él o ella–, que termina siendo discriminado.

En consecuencia, el hecho de que hoy el Senado de la república levante una voz para defender a los más desposeídos, a los más olvidados, a los más castigados va en una buena dirección. ¿No es la ley perfecta? No. ¿Se podrá corregir en el futuro? Sí. ¿La tendremos que evaluar? Sí. A la izquierda uruguaya le llevó más de doce años –¡doce años!– embarcarse en una ley imperfecta, pero justa.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- He finalizado, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Habiéndose agotado entonces la lista de oradores, tiene la palabra nuevamente el miembro informante, señor senador Otheguy.

SEÑOR OTHEGUY.- Seré muy breve, pero es de orden hacer algunas aclaraciones con respecto a afirmaciones que se hicieron en sala y tienen que ver con el articulado de este proyecto de ley.

En primer lugar quiero decir que, desde nuestro punto de vista, el hecho de no haber oído a la ANEP o no haberla convocado a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión no se puede interpretar como algo que pone en juego la constitucionalidad de esta norma. ¡Queremos dejarlo claro! Hay que partir de la base de que se trató de una iniciativa del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, viene con la firma –entre otras– de representantes del Ministerio de Educación y Cultura.

Con respecto al literal B) del artículo 16, donde se establece el tema de los apoyos, inclusive económicos, faltó leer la última parte que dice: «conforme a la reglamentación respectiva». Esto deberá ser reglamentado y entonces se verá cuáles serán los instrumentos por los que optará el Estado.

En cuanto al artículo 14 y el estímulo a la ley de inversiones, cabe destacar que no es una novedad. Ya con la población afrodescendiente se había establecido un artículo similar vinculado a la mencionada ley.

En el artículo 21 hay otro tema importante, porque se repite una y otra vez que los niños van a definir –por ejemplo– hormonizarse para cambiar su sexo sin la autorización de sus padres y hasta se dice que eso puede llegar a ser una moda. Creo que aquí hay que ser muy precisos y para ello lo mejor será leer el artículo 11-BIS del Código de la Niñez y la Adolescencia. Entre otras cosas, allí se expresa: «De acuerdo a la edad del niño, niña o adolescente se propenderá a que las decisiones sobre métodos de prevención de la salud sexual u otros tratamientos médicos que pudieran corresponder, se adopten en concurrencia con sus padres u otros referentes adultos de su confianza, debiendo respetarse en todo caso la autonomía progresiva de los adolescentes.

En caso de existir riesgo grave –¡riesgo grave!– para la salud del niño, niña o adolescente y no pudiera llegarse a un acuerdo con éste o con sus padres o responsables del mismo en cuanto al tratamiento a seguir, el profesional –es decir, el equipo médico– podrá solicitar el aval del Juez competente en materia de derechos vulnerados o amenazados de niños, niñas y adolescentes, quien a tales efectos deberá recabar la opinión del niño, niña o adolescente, siempre que sea posible». ¡Este es el procedimiento! ¡Esto es lo que establece la ley vigente!

Para terminar quiero señalar que me parece que todos los argumentos fueron dados, pero uno no puede obviar algunos de los elementos que se plantearon en sala. Sin duda que tenemos diferencias políticas y filosóficas –¡las tenemos!– con la oposición. Uno respeta todas las opiniones, respeta a aquellos que piensan que la Constitución ya regula todo y que los derechos están garantizados por ella. Uno respeta la opinión de que el Estado no debe inmiscuirse ni intervenir. ¡Respeto pero no comparto! También respeto la opinión de aquellos que piensan que todo esto lo regula y lo resuelve el mercado. ¡No lo comparto!

La historia reciente del Uruguay demuestra, por ejemplo, que el acceso universal a la salud no lo resuelven el mercado ni la Constitución de la república, como tampoco resuelven el acceso universal a la educación o la descentralización universitaria. Llegar a salarios dignos a través de consejos de salarios es un tema que tampoco resuelve la Constitución de la república. ¡La equidad de género no la resuelve la Constitución de la república! La ley de ocho horas para los trabajadores rurales no salió de un repollo; ¡fue una ley votada en este Parlamento por decisión política! El Fondo Nacional de Recursos fue creado en 1980 en el Uruguay, pero a partir del año 2006, con la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud se empezaron a costear medicamentos de altos costos.

Estas son decisiones políticas que, sin duda, responden a una concepción filosófica que nosotros vamos a seguir defendiendo, y esto no quiere decir que el Estado se meta en todo. Esto significa que –como dijo un importante dirigente político de este país que a veces es olvidado– el Estado debe ser un escudo de los débiles.

Asimismo, se habló de los beneficios –de una larga lista de beneficios– que obtendría la población trans en el Uruguay, y en ese sentido me gustaría aclarar, por ejemplo, que el salario promedio que percibe es de $ 7000. Además, tienen el 30 % de desocupación; solo el 20 % de ellos está en el mercado formal; el 36 % es expulsado del sistema educativo; su expectativa de vida es de cuarenta y cinco años, y al 25 % lo echan sus padres cuando son niños o adolescentes. Estos son los beneficios que tiene la población trans hoy en el Uruguay; por eso esta ley es necesaria y vamos a votarla.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador para responder una alusión.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: más que responder una alusión voy a hacer una aclaración.

Quiero aclarar que el artículo 202 de la Constitución no dice «el Ministerio de Educación y Cultura y el Poder Ejecutivo». El artículo 202 de la Constitución expresa: «La Enseñanza Pública Superior, Secundaria, Primaria, Normal, Industrial y Artística, serán regidas por uno o más Consejos Directivos Autónomos». Y más adelante dice: «Los Entes de Enseñanza Pública serán oídos, con fines de asesoramiento, en la elaboración de las leyes relativas a sus servicios, por las Comisiones Parlamentarias».

Quiere decir que se debe citar a los entes y no al Ministerio de Educación y Cultura. Eso es lo que nos marca la Constitución. Nos podrá gustar o no –había algunas normas de la Constitución que no me gustaban, por lo que salí a juntar firmas y perdí el referéndum en el que planteamos la modificación–, pero mientras esté vigente hay que cumplirla.

SEÑOR ITURRALDE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- La Mesa entendió que la lista de oradores había terminado.

SEÑOR ITURRALDE.- Señora presidenta: había terminado porque yo no le había pedido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Cuando la presidencia da la palabra al miembro informante es porque finalizó la lista de oradores.

En este caso le permitiré al señor senador hacer uso de la palabra, pero le quiero señalar que, en su momento, mencioné que se había terminado la lista de oradores y que por eso daba nuevamente la palabra al miembro informante.

Tiene la palabra el señor senador Iturralde.

SEÑOR ITURRALDE.- Gracias, señora presidenta. De todas maneras seré muy breve.

Más allá de que he escuchado con mucha atención toda esta discusión sobre la temática que se desprende del proyecto de ley que ahora se votará y que yo votaré a conciencia cuando se trate en la Cámara de Representantes –todos saben que hoy ocupo esta banca en el Senado como suplente–, quiero decir que una vez más tengo la impresión de estar asistiendo a un operativo político, como hemos visto tantas veces en los últimos años.

Si esto se vota a favor, nos enfrentamos con un colectivo, y si se vota en contra, nos enfrentamos con otro colectivo. Esto no es una solución para el colectivo al que se pretende ayudar con este proyecto –creo que la mayoría de las cuestiones ya están vigentes–, sino que tiene que ver con una forma de comunicar en política.

Nosotros no hablamos de los grandes problemas que tiene el país, pero sí enfrentamos de nuevo –una vez más– a un Gobierno que rehúye las discusiones importantes, pero tira arriba de la mesa algunos temas en los que nos enfrentamos. De un lado quedan los buenos, los que siempre quieren soluciones para todos los desposeídos de este país, y del otro lado los malos, los restauracionistas, los que no quieren ningún derecho, los de la agenda. ¡Esos no son los problemas del país! Mientras tanto, seguimos deteriorando al país sin abordar las grandes soluciones que efectivamente pueden hacer a las cuestiones que van a cambiarlo.

Sinceramente, creo que todo esto es, nuevamente, un operativo para dividir y distraernos de los problemas que tiene el país.

Señora presidenta: permítame decirle que no voy a participar de esta discusión, porque si voto seré muy duramente criticado, cuando en realidad quiero soluciones para este colectivo, y si no voto, también seré muy criticado.

No entro en estas discusiones. Creo que nosotros tendríamos que evitar esas grandes discusiones que no hacen a las soluciones de los problemas del país.

Muchas gracias, señora presidenta.

19) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo 16 de octubre de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración.

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 16 de octubre del corriente.

Sin otro particular, saludo muy atentamente.

Álvaro Delgado. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Alejandro Draper, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 16 de octubre de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito ante la Cámara de Senadores licencia para el día de mañana, 17 de octubre, por motivos particulares.

Sin más, la saludo atentamente.

Guillermo Besozzi. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–28 en 29. Afirmativa.

Se comunica que los señores Omar Lafluf, Adriana Peña, Eber da Rosa, Jorge Gandini, Ana Lía Piñeyrúa y Daniel Peña han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Daniel López Villalba, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

20) DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS

SEÑORA PRESIDENTE.- Continúa el tratamiento del tema en consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–17 en 29. Afirmativa.

(Aplausos en la barra). 

(Campana de orden).

SEÑORA ALONSO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ALONSO.- Señora presidenta: más temprano, en nuestra fundamentación, dimos explicaciones y no queremos ser reiterativos, pero sí dejar constancia expresa de nuestra votación negativa a este proyecto de ley.

Insisto en algunos conceptos mencionados más temprano: creo en la libertad y en la decisión de cada ser humano de vivir como sienta, como piense y como quiera –nosotros seguiremos defendiendo a cualquier población que pueda ser discriminada–, pero no compartimos que el Estado deba pagar por el hecho de vivir de una forma diferente, ni dar beneficios por el hecho de ser trans.

Por lo tanto, reiteramos nuestro voto negativo en general y también en particular.

SEÑOR SILVEIRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SILVEIRA.- Señora presidenta: quiero expresar que nosotros no acompañamos en general este proyecto de ley, básicamente por los aspectos que aquí han manejado nuestros compañeros o compañeras que han integrado la comisión y han seguido la discusión del proyecto de ley.

No obstante, señora presidenta, quiero decir que el hecho de que yo no acompañe en general este proyecto de ley no es un obstáculo en mi interés y mi preocupación de que aquí se preserven y se protejan determinados derechos y se proceda en el sentido de generar oportunidades para aquellos que no las tienen.

Más allá de que lo he mencionado cada vez que he venido, quiero decir que no estoy en contra de las reivindicaciones y de lo que se le pueda dar a un grupo de ciudadanos –en este caso a los trans–, sino que estoy en desacuerdo con este proyecto de ley, que no es nuestro, ya que no pudimos incidir en la mayoría de sus aspectos, porque aquí hay un elemento determinante que es una mayoría que pone las condiciones. No somos nosotros los que tenemos que dar explicación de por qué las normas se hacen de determinada manera; nosotros debemos recibir la explicación de por qué no participamos en aquellas instancias en las que pretendíamos hacer nuestro aporte.

Así que me alegro de que en este país el Gobierno tenga una agenda social y de derechos, pero quiero dejar claramente establecido que no es mi agenda de derechos y que reivindico para mí otra visión de las cosas y otras soluciones a un problema que reconozco y en el que me siento absolutamente involucrado, señora presidenta.

Voy a votar, sí, la mayoría de los artículos que componen e integran esta ley porque creo que son reafirmaciones de derechos que siempre hemos defendido. Con los que estoy en desacuerdo es simplemente por una cuestión operativa, de oportunidad o de posibilidades, o por la necesidad de no generar más inequidades.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- No hay más fundamentaciones de voto.

En discusión particular.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para realizar la propuesta de votación en particular.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido a los señores senadores que han solicitado desgloses que controlen los artículos que mencionaré a continuación y que, si omito alguno, me lo hagan saber.

De acuerdo a lo expuesto por las señoras senadoras y los señores senadores, debemos desglosar los artículos 6.º, 10, 11, 14, 16 –en este artículo se pide votación por incisos–, 18, 21 y 22. En el caso del artículo 21 hay un aditivo.

Propongo que el resto del articulado –cuyo desglose no se solicita– lo votemos sin lectura y en bloque.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Quiero presentar una moción en el sentido de que se vote el proyecto de ley artículo por artículo y no en bloque, aunque acepto la supresión de la lectura.

SEÑORA PRESIDENTE.- Entonces, hay dos propuestas de trabajo.

SEÑORA TOURNÉ.- Retiro la mía, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Entonces, se va a votar la moción formulada en el sentido de suprimir la lectura y votar artículo por artículo.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 3.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 4.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–21 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 5.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 28. Afirmativa.

El artículo 6.º deberemos votarlo por incisos.

En consideración el inciso primero del artículo 6.º, con su nomen iuris.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 28. Afirmativa.

En consideración el inciso segundo del artículo 6.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 28. Afirmativa.

En consideración el inciso tercero del artículo 6.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 7.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 8.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

SEÑOR LACALLE POU.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente el artículo 8.º.

(Se vota).

–22 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 9.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 28. Afirmativa.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Quisiera que se reconsideraran los artículos 8.º y 9.º, y que el 8.º se vote por incisos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar, primeramente, la reconsideración de los artículos 8.º y 9.º y después reconsideraremos cada uno de ellos, así queda bien prolijo.

(Se vota). 

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración nuevamente el artículo 8.º.

Pasaríamos a votar el artículo 8.º por incisos.

En consideración el inciso primero del artículo 8.º, con su acápite.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 28. Afirmativa.

En consideración el inciso segundo del artículo 8.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 28. Afirmativa.

En consideración el inciso tercero del artículo 8.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración nuevamente el artículo 9.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 10.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: vamos a proponer una modificación.

La propuesta es que el artículo diga: «Establécese un régimen reparatorio para las personas trans nacidas…» y después seguiría tal como está redactado. O sea que se agregaría la palabra «trans».

SEÑORA PRESIDENTE.- Entonces, primero vamos a votar el artículo tal como vino de comisión y después con la modificación propuesta en sala.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 10 tal como vino de comisión.

(Se vota).

–0 en 28. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 10 con el agregado propuesto por el señor miembro informante.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 14.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 15.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 16.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Solicito que se vote por literales.

SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde votar el acápite con la introducción.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 27. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal A).

(Se vota).

–23 en 27. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal B).

(Se vota).

–22 en 27. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal C).

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 17.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 18.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Solicito que el artículo 18 se vote por incisos.

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración el inciso primero del artículo 18.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 27. Afirmativa. 

En consideración el inciso segundo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 19.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 20.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 21, para cuyo inciso tercero se ha presentado un sustitutivo.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Solicito que el artículo 21 se vote por incisos.

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración el inciso primero del artículo 21.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

En consideración el inciso segundo del artículo 21.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Señora presidenta: pido que se lea el inciso tercero sustitutivo.

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el inciso tercero del artículo 21 sustitutivo.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo 21 inciso 3.- Para que las personas menores de dieciocho años accedan a intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles y terapias de hormonización con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad de género, la autorización o la anuencia de los representantes legales será de precepto». (Firman los señores senadores Aviaga y Mieres).

SEÑORA PRESIDENTE.- En primer lugar, se va a votar el inciso tercero que se aprobó en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 22.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 27. Afirmativa.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Solicito que se reconsidere y se vote por incisos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–23 en 27. Afirmativa.

Se pasa a considerar nuevamente el artículo 22.

En consideración el inciso primero del artículo 22.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 27. Afirmativa.

En consideración el inciso segundo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 23.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 24.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 27. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Aplausos en la barra). 

(Texto del proyecto de ley aprobado)

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SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: quiero proponer al Cuerpo que se autorice a la secretaría de la comisión para que haga algunas pequeñas correcciones de redacción que es conveniente realizar.

Por lo tanto, propongo que se vote esta moción.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Como sabe bien la señora presidenta y también los señores secretarios, las leyes son las leyes y expresan la voluntad del Cuerpo, no de las secretarías de las comisiones.

SEÑORA PRESIDENTE.- Las correcciones habría que presentarlas y especificarlas –no puedo suponerlas–; así como se ha planteado la moción, no se puede votar. Por lo tanto, lo dejamos así.

(Aplausos en la barra).

21) EJERCICIO ESPECÍFICO COMBINADO CRUZEX FLIGHT 2018

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el quinto punto del orden del día: «Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de un contingente de la Fuerza Aérea Uruguaya integrado por treinta y cinco efectivos del personal superior y personal subalterno y tres aeronaves, para participar en el ejercicio específico combinado Cruzex Flight 2018, a llevarse a cabo en el estado de Río Grande del Norte, República Federativa del Brasil, entre el 17 de noviembre y el 1.º de diciembre de 2018. (Carp. n.º 1177/2018 - rep. n.º 723/18)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Berterreche.

SEÑOR BERTERRECHE.- El presente proyecto de ley votado por la Cámara de Representantes solicita autorización para el envío de treinta y cinco efectivos oficiales y subalternos y tres aeronaves de tipo A-37B –conocidas como Dragonfly– a participar en el llamado ejercicio Cruzex Flight 2018.

Este tipo de ejercicio de carácter multinacional comenzó en 2002 en los países de América del Sur, luego se fue ampliando interviniendo países de América del Norte y también pertenecientes al Tratado del Atlántico Norte.

Este tipo de ejercicios promueve un mejor funcionamiento de nuestros efectivos; mejora el lazo de cooperación existente entre nuestra Fuerza Aérea y las similares del continente; permite entrenar en misiones ofensivas, defensivas y de apoyo en un marco complejo, utilizar el planeamiento y la ejecución en operaciones aéreas combinadas; entrenar al personal nacional con personal que técnicamente maneja otras herramientas; utilizar los recursos aéreos de la región y una cosa que no es menor, entrenar al personal en las relaciones públicas en situaciones de conflicto y crisis. Esto se está dando desde el año 2002 y es una solicitud del Poder Ejecutivo que vale la pena apoyar.

Era cuanto quería informar.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo único.- Autorízase la salida del país de un contingente de la Fuerza Aérea Uruguaya, integrado por 35 (treinta y cinco) efectivos del Personal Superior y Personal Subalterno y 3 (tres aeronaves) A-37B pertenecientes a los Escuadrones Nº 2 (Caza), a efectos de participar en el Ejercicio Específico Combinado “CRUZEX FLIGHT 2018”, a llevarse a cabo en el Estado de Río Grande del Norte, República Federativa del Brasil, entre el 17 de noviembre y el 1º de diciembre de 2018».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

22) RODOLFO NATER STUTZ

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se designa Rodolfo Nater Stutz la Escuela n.º 109, de Costas de Polonia, departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. n.º 978/2018 - rep. n.º 717/18)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Bianchi.

SEÑOR BIANCHI.- La Comisión de Educación y Cultura aconseja al Cuerpo, por unanimidad de presentes, la aprobación del proyecto de ley mediante el cual se designa con el nombre Rodolfo Nater Stutz la Escuela n.º 109, de Costas de Polonia, departamento de Colonia.

Un grupo de exalumnos y vecinos de esta escuela ha planteado –hace mucho tiempo– el deseo de que fuera designada con el nombre del prestigioso ciudadano y filántropo Rodolfo Nater Stutz, como forma de rendir un merecido homenaje a quien contribuyera de manera altruista a la fundación de dicho centro educativo.

Haciendo un poco de historia, en el año 1919, se fundó la escuela en el establecimiento Mi Refugio, propiedad del señor Nater. Estuvo habilitada hasta 1936, retomando las clases en 1937, pero funcionó sin número de escuela hasta 1942. Durante esos cinco años la familia Nater y padres de la zona se hicieron cargo de todas las erogaciones que generaba el funcionamiento de la escuela.

En el año 1942 pasó a depender del Consejo de Educación Primaria y se le adjudicó el número 109.

La señora Luisa Stutz de Nater, madre de Rodolfo Nater, donó el terreno para la construcción de un nuevo local educativo y en el año 1983 se inauguró el nuevo edificio de la Escuela n.º 109.

En homenaje a la memoria de quien, junto con su familia, colaboró en forma permanente con la Escuela n.º 109 del departamento de Colonia, consideramos un justo y merecido reconocimiento aconsejar al Cuerpo su aprobación.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Artículo único.- Desígnase con el nombre “Rodolfo Nater Stutz” la Escuela N° 109, de Costas de Polonia, departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública».

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

23) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SU CARGO A UN FUNCIONARIO

SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día.

(Así se hace. Son las 17:27).

(En sesión pública).

–Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Son las 17:29).

–Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

24) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 17:29, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Aristimuño, Aviaga, Ayala, Berterreche, Bianchi, Carrera, Castillo, Coutinho, Draper, Ferreira, García (Graciela), Garín, Lacalle Pou, Michelini, Otheguy, Paternain, Payssé, Pintado, Saravia, Silveira, Tourné y Xavier). 

LUCÍA TOPOLANSKY Presidente

Hebert Paguas Secretario

Silvana Charlone Prosecretaria

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos 

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.