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N.º 12 - TOMO 580 - 15 DE MAYO DE 2018

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

CUARTO PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

12.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDE LA SEÑORA LUCÍA TOPOLANSKY Presidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LOS PROSECRETARIOS, SILVANA CHARLONE Y LUIS CALABRIA

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

– El señor senador Lacalle Pou solicita se cursen tres pedidos de informes con destino a los Ministerios de Turismo, de Relaciones Exteriores y de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Secretaría Nacional del Deporte, relacionados con la participación de nuestro país en la vigésima primera edición de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Oportunamente fueron tramitados.

 5) Proyectos presentados

– El señor senador Coutinho presenta un proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con el uso de la imagen y la voz.

• Pasa a la Comisión Especial: Partidos Políticos. Financiación y Publicidad Electoral.

– El señor senador Martínez Huelmo presenta un proyecto de declaración con motivo del centenario de la República de Armenia.

• Pasa a la Comisión de Asuntos Internacionales.

6) Exposición escrita

– El señor senador Michelini solicita se curse una exposición escrita con destino al Ateneo de Montevideo, relacionada con los ciento cincuenta años de la fundación de dicha institución.

• Se procederá de conformidad.

7) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a la anterior convocatoria.

8), 11) y 14) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Aviaga, Castillo, García y Ayala.

– Quedan convocados los señores senadores Asiaín, Da Silva, Alcorta y el señor Óscar Andrade, quien deberá prestar la promesa de estilo.

9) 70.º aniversario de la creación del Estado de Israel

– Manifestaciones del señor senador Delgado.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Embajada de Israel y al Comité Central Israelita del Uruguay.

10) Integración del Directorio de ASSE

– Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para designar en calidad de miembros, en representación de los trabajadores, al señor Pablo Cabrera, y en representación de los usuarios a la señora Natalia Pereyra.

• Concedidas.

12) y 15) Centenario de la República de Armenia

– Por moción del señor senador Martínez Huelmo, el Senado resuelve declarar urgente y considerar en la presente sesión el proyecto de declaración con motivo de conmemorarse esa fecha.

• Aprobada.

13) Promoción del voluntariado social

– Proyecto de ley por el que se lo declara de interés general.

• Por moción de los señores senadores Mieres y Payssé, el Senado resuelve que este asunto retorne a comisión y que en un plazo máximo de un mes vuelva al pleno para su aprobación.

16) Levantamiento de la sesión

• Por moción del señor senador Michelini, el Senado resuelve levantar la sesión una vez culminada la votación de la declaración relativa al centenario de la República de Armenia.

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 11 de mayo de 2018

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 15 de mayo, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con el mensaje del Poder Ejecutivo, reiterando el remitido de fecha 26 de febrero de 2018, por el que solicita la venia correspondiente a fin de designar en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en calidad de miembros, en representación de los trabajadores al señor Pablo Cabrera, y en representación de los usuarios a la señora Natalia Pereyra.

Carp. n.º 1028/2018 - rep. n.º 638/18

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2.º) por el que se declara de interés general la promoción del voluntariado social.

Carp. n.º 956/2017 - rep. n.º 630/18 y anexo I

3.º) por el que se modifica la normativa vigente relacionada con el proceso de resolución bancaria.

Carp. n.º 928/2017 - rep. n.º 636/18 y anexo I

4.º) por el que se establecen normas sobre arbitraje comercial internacional.

Carp. n.º 406/2015 - rep. n.º 642/18

5.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por la Suprema Corte de Justicia, a fin de designar en el cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones, al doctor Ricardo Horacio Míguez Isbarbo.

Carp. n.º 1065/2018 - rep. n.º 640/18

6.º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional. (Plazo constitucional vence el 4 de julio de 2018).

Carp. n.º 1062/2018 - rep. n.º 639/18

7.º) Mensaje del Poder Ejecutivo relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería. (Se incluye en el orden del día por vencimiento del plazo reglamentario). (Plazo constitucional vence el 11 de junio de 2018).

Carp. n.º 1035/2018 - rep. n.º 643/18

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Asiaín, Ayala, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Cardoso, Carrera, Castillo, Coutinho, De León, Delgado, García, Garín, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Mujica, Otheguy, Pardiñas, Passada, Paternain, Payssé, Pintado y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Aviaga, Moreira y Tourné.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:35).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se promueve el trabajo para personas con discapacidad.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Poder Ejecutivo comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se designa Raúl Never Orgambide la escuela rural n.º 64 de paraje La Alegría, departamento de Durazno, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;

por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación técnica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Estado de Palestina, suscrito en la ciudad de Ramala, Estado de Palestina, el 3 de diciembre de 2016.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECENTES Y ARCHÍVENSE.

El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que solicita la venia correspondiente para conferir el ascenso al grado de coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, con fecha 1.º de febrero de 2018, por el sistema de antigüedad, aptitudes y suficiencia, por aplicación del artículo 65 del Decreto Ley n.º 14747 (Ley Orgánica de la Fuerza Aérea), de 28 de diciembre de 1977, en la redacción dada por el artículo 130 de la Ley n.º 19355, de 19 de diciembre de 2015, a varios señores tenientes coroneles.

–A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se sustituyen los numerales 7 y 9 del artículo 99 de la Ley n.º 19276, de 19 de setiembre de 2014, relacionados con la mercadería en abandono en depósitos intra- y extraportuarios.

–A LA COMISIÓN DE HACIENDA.

Asimismo, remite aprobado, en nueva forma, un proyecto de ley por el que se crean Sitios de Memoria Histórica del Pasado Reciente.

–A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

Además, comunica que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:

por el que se designa Daniel Fernández Crespo la ruta terciaria del departamento de San José, ramal ruta nacional n.º 11 José Batlle y Ordóñez, en el trayecto comprendido entre el kilómetro 2 y el kilómetro 28.700, intersección con la ruta nacional n.º 45 Alejandro Zorrilla de San Martín;

por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir el monto excedente del Fondo de Estabilización Energética a rentas generales.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las siguientes solicitudes de venia del Poder Ejecutivo:

a fin de designar, en calidad de miembro en representación de los trabajadores, y en calidad de miembro en representación de los usuarios, en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, al señor Pablo Cabrera y a la señora Natalia Pereyra, respectivamente;

a fin de destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional.

Asimismo eleva, por vencimiento del plazo reglamentario, una solicitud de venia del Poder Ejecutivo a los efectos de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

También eleva informada una solicitud formulada por la Suprema Corte de Justicia a fin de designar en el cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones al doctor Ricardo Horacio Míguez Isbarbo.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen normas sobre arbitraje comercial internacional.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 18446, de 24 de diciembre de 2008, sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos.

–REPÁRTASE E INCLÚYASE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

La Junta Departamental de Paysandú remite una nota por la que comunica:

la aprobación para encomendar a la Comisión de Descentralización, Integración y Desarrollo el control de funcionamiento del Concejo Municipal de Porvenir y los restantes municipios del departamento;

la aprobación de un llamado a sala al señor alcalde y demás integrantes del Concejo del Municipio de Porvenir a los efectos de que se aclaren los hechos suscitados en dicho municipio.

–TÉNGANSE PRESENTES.

El señor senador Rafael Michelini, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino al Ateneo de Montevideo, relacionada con los ciento cincuenta años de la fundación de dicha institución.

–SE VA A VOTAR UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS».

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de varios pedidos de informes.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «El señor senador Luis Lacalle Pou solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen tres pedidos de informes con destino a los Ministerios de Turismo, de Relaciones Exteriores y de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Secretaría Nacional del Deporte, relacionados con la participación de nuestro país en la vigésima primera edición de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

–OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

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5) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «El señor senador Germán Coutinho presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con el uso de la imagen y la voz.

–A LA COMISIÓN ESPECIAL: PARTIDOS POLÍTICOS. FINANCIACIÓN Y PUBLICIDAD ELECTORAL».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «El señor senador Rubén Martínez Huelmo presenta un proyecto de declaración con motivo del centenario de la República de Armenia.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES».

(Texto del proyecto de declaración presentado).

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6) EXPOSICIÓN ESCRITA

SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde poner a votación la remisión de la exposición escrita de la que se diera cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

Se va a votar si se remite al Ateneo de Montevideo la exposición escrita presentada por el señor senador Michelini.

(Se vota).

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita).

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7) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de lo siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 9 de mayo no se registraron inasistencias.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 14 de mayo de 2018

Presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi consideración:

De acuerdo a la Ley n.º 17827, solicito a usted me conceda licencia los días 15 y 16 del corriente, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Carol Aviaga. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–14 en 16. Afirmativa.

Se comunica que el señor José Luis Falero ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Carmen Asiaín, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

9) 70.º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Delgado.

SEÑOR DELGADO.- Queremos felicitar a la colectividad judía de nuestro país al conmemorarse los setenta años de la creación del Estado de Israel.

El 29 de noviembre de 1947 las Naciones Unidas aprueban la partición del territorio palestino en dos Estados, uno judío y otro árabe, con extensiones geográficas similares, ubicados uno al este y otro al oeste del río Jordán. En ese territorio, según la declaración, convivirían el Estado de Israel y el Reino de Jordania.

La declaración de la independencia de Israel tuvo lugar el 14 de mayo de 1948 en el Museo de Arte de Tel Aviv, coincidiendo con la finalización legal del mandato británico de Palestina. La fecha programada por los británicos para la expiración de su mandato era el 15 de mayo a la hora cero, lo que coincidía con el Shabat, por lo que las autoridades judías decidieron adelantar la ceremonia oficial, que finalmente tuvo lugar el viernes 14 de mayo a las 16:00, ocho horas antes de que el alto comisario Alan Cunningham abandonara el puerto de Haifa junto con las últimas autoridades británicas.

Nuestro país tuvo un rol protagónico en la creación del Estado de Israel, tanto en el debate mundial sobre la creación de un Estado judío, como en el apoyo a través de los distintos foros internacionales. En especial, debemos destacar la participación del embajador Rodríguez Fabregat. Asimismo, el 14 de mayo de 1948, cuando Israel declara su independencia, fue reconocida inmediatamente como nación soberana por Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Islandia, Rumania, la Unión Soviética y Uruguay. Cabe mencionar que Uruguay fue el primer país en reconocer el Estado de Israel en América Latina.

En la actualidad, Israel tiene 21.000 kilómetros cuadrados y cuenta con una democracia ejemplar en una zona en la que los valores democráticos no están vigentes. Además, su crecimiento económico es sostenido y la tasa de desempleo alcanza solamente al 4,2 %.

A lo largo de estos setenta años se ha convertido en uno de los líderes mundiales en el desarrollo de innovaciones tecnológicas, y esto es lo que quiero destacar en este homenaje al setenta aniversario de la creación de ese Estado.

Pese a contar con escasos recursos naturales y a los continuos enfrentamientos militares con sus vecinos, Israel ha sorteado la escasez con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. De los avances tecnológicos y científicos de la Edad Moderna, un número significativo proviene de inventores y científicos judíos e israelíes. La población de Israel representa solamente el 0,2 % de la población mundial, pero hasta el momento ha aportado once ganadores del Premio Nobel.

La génesis del desarrollo científico y tecnológico proviene fundamentalmente del sector agrícola. En lo personal, tuvimos la posibilidad de conocer una experiencia vinculada al riego, sobre todo con aguas de reciclaje de zonas urbanizadas. En la actualidad, la tierra desértica se convirtió en extensiones agrícolas de alto rendimiento. El país produce la mayor parte de sus alimentos y también los exporta; los productos israelíes se han transformado en pioneros en la biotecnología: riego por goteo, solarización del suelo y uso de aguas tratadas.

Aunque en Israel las fuentes naturales de energía son escasas, ha aprovechado su abundante luz solar para generarla, convirtiéndose en uno de los líderes mundiales en este campo, con el mayor uso per cápita de calentadores solares domésticos. En los años sesenta fue la primera nación en la que fue obligatorio colocarlos en cada vivienda residencial. En la actualidad, y gracias al uso de esta tecnología, Israel produce la mayor parte del agua caliente doméstica, y entre un 4 % y un 8 % de la electricidad que necesita. El Estado de Israel ha contribuido a la revolución biotecnológica y ha desarrollado una sólida infraestructura para la investigación médica. Han sido pioneros en la utilización de robots para cirugías, en el desarrollo de una amplia gama de medicamentos y en la creación de dispositivos claves para el campo de la fisioterapia, entre otros. Cuenta con una agencia espacial y se ha convertido en el séptimo país en el mundo en lanzar al espacio un satélite propio. El desarrollo de Israel se debe en gran medida al esfuerzo de su gente, a la inversión y, sobre todo, como lo ha hecho a lo largo de su historia, a su perseverancia.

Este setenta aniversario del Estado de Israel pone en el foco esta referencia que, como nación y como Estado, nos hace pensar que con trabajo y esfuerzo todo es posible. En este aniversario en particular, no solo quiero hacer este reconocimiento, sino también un llamado especial para la contribución a la paz en esa zona como deseo de este Senado.

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a la Embajada de Israel y al Comité Central Israelita del Uruguay.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO DE ASSE

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con el mensaje del Poder Ejecutivo reiterando el remitido con fecha 26 de febrero de 2018, por el que solicita la venia correspondiente a fin de designar en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en calidad de miembros, en representación de los trabajadores al señor Pablo Cabrera, y en representación de los usuarios a la señora Natalia Pereyra. (Carp. n.º 1028/2018 - rep. n.º 638/18)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: el fundamento que vamos a exponer es el mismo que hicieran en su oportunidad, el 1º. de junio de 2016, la actual señora presidenta del Cuerpo y el entonces señor senador Agazzi, fundamentando las propuestas que enviaba el Poder Ejecutivo para integrar al Directorio de ASSE con quienes están postulados hoy como representantes de los trabajadores y de los usuarios.

¿Por qué estamos discutiendo las mismas venias? Porque en aplicación de la Ley n.º 17865, que interpreta el artículo 192 de la Constitución de la república, al haber renunciado la mayoría de los integrantes del Directorio de ASSE, cae todo el directorio. Por lo tanto, era necesario reconstituirlo, y eso se hizo en dos etapas. En la primera, el Poder Ejecutivo envía una propuesta para cubrir las vacantes dejadas por los renunciantes –en esa oportunidad nosotros votamos la venia para el doctor Marcos Carámbula, para la doctora Marlene Sica y para el escribano Julio Martínez a los efectos de que integraran el directorio– y, en un mensaje aparte, reitera la propuesta que nosotros consideramos el 1.º de junio de 2016 para reinstalar como directores en representación del orden social –por decirlo de alguna manera– al señor Pablo Cabrera y a la señora Natalia Pereyra.

En aplicación del artículo 187 de la Constitución, la comisión estuvo considerando las propuestas y las votó por mayoría en su oportunidad, pero simultáneamente, atento a que no íbamos a contar con los votos necesarios para aprobarlas en primera instancia, encomendó a la presidencia de este Cuerpo hacer las gestiones necesarias para ver si se podía destrabar esa situación. Como eso no ocurrió, trascurrieron los sesenta días que establece la Constitución para que el Poder Ejecutivo, no habiendo un pronunciamiento del Poder Legislativo –una aprobación de la venia–, las reiterara. Eso es lo que efectivamente ocurrió, y ese es el asunto que estamos considerando en este momento.

En esta segunda etapa, al reiterar la propuesta, se aplican otras mayorías, menos exigentes que las de la primera vez. Por lo tanto, estamos reconstituyendo y recomponiendo el Directorio de ASSE, como se hizo originalmente en junio de 2016 en lo que a los directores sociales se refiere.

Por ende, sería sobreabundar si se reiteraran cosas que fueron fundamentadas –y a las que no tenemos nada que agregar– en su debido momento. Lo que estamos haciendo hoy es reparar una situación que, según las disposiciones y normativas vigentes, tuvo que seguir este procedimiento.

En función de lo que hemos señalado y de los argumentos que se dieron para respaldar a esas personas en junio de 2016, y dando cuenta del procedimiento que hemos cumplido, recomendamos al Senado la aprobación de estas venias que autorizan a designar en calidad de miembros del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, a la señora Natalia Pereyra y al señor Pablo Cabrera, en representación de los usuarios y de los trabajadores, respectivamente.

Era cuanto teníamos para informar, señora presidenta.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: creo que es bueno que se hayan seguido los caminos correspondientes, que son los que señalamos cuando se votó la venia para designar a los nuevos integrantes del Directorio de ASSE luego de la remoción del anterior. Se recordará que en aquel entonces se propuso al doctor Marcos Carámbula y a dos compañeros más, y que nosotros dimos nuestros votos, alcanzándose así los dos tercios para que no tuvieran que esperar sesenta días para empezar a funcionar. Creo yo que ese fue un accionar con responsabilidad, pese a que la oposición hoy no tiene representantes en el Directorio de ASSE.

En ese momento también señalamos que se iba a tener que solicitar la venia para designar a los otros dos integrantes, el representante de los usuarios y el de los trabajadores, porque, de acuerdo con la ley vigente, caían sus mandatos al removerse a tres de los miembros del directorio.

Por ello, creo que el Poder Ejecutivo hizo bien en tomar nota y en enviar de nuevo las solicitudes de venia para designar a estas dos personas; solicitudes que no vamos a acompañar –como no lo hicimos con las anteriores ni tampoco en la Comisión de Asuntos Administrativos– por dos motivos. Primero, porque no estamos de acuerdo con que quienes representan intereses particulares tengan voto y decidan sobre las cuestiones generales. Sí nos parece bien que tengan presencia, que hagan saber su voz y que puedan hacer aportes, pero no que tomen decisiones que obviamente los involucra, es decir, que estén de los dos lados del mostrador. Creo que algún senador del oficialismo manifestó en la comisión, a título individual, que también tenía dudas sobre esto, que se trataba de una posición personal y que en tiempos lejanos, como gremialista y sindicalista, había peleado por que eso no sucediera. Así que es bueno siempre encontrar coincidencias en ese campo.

Además, todos recordamos qué pasó con el representante de los gremios en el período pasado; no tenemos que insistir. El señor senador Heber realizó una denuncia después de realizar una investigación que terminó con el procesamiento y el apartamiento de ese representante del gremio en la integración de la dirección de ASSE. Así que es claro que eso no es conveniente. Hemos presentado un proyecto de ley, en forma conjunta con el señor senador Heber, para que se otorgue voz pero no voto a los representantes de los trabajadores y de los usuarios porque nos parece que es lo equilibrado en este asunto.

Creemos que no le ha hecho bien a ASSE que no haya un representante de la oposición que controle. Eso es malo para el propio Gobierno porque no tiene un límite y porque, en realidad –¡vamos a decir la verdad!–, los dos representantes –el gremial y el del movimiento nacional de usuarios– han actuado en total y absoluta coincidencia con los tres representantes designados por el Gobierno. Esa ha sido la realidad.

Ahora se van a hacer concursos en ASSE para llenar los cargos de directores. Eso es algo que todos aplaudimos cuando se anunció, pero resulta que cuando averiguamos un poco más nos encontramos con que se está exigiendo que hayan sido directores en los últimos dos años. Resulta que publicaron las bases y, cuando se les señaló eso, dijeron que era una equivocación y que habían publicado un borrador. Desde la oposición, el secretario general del Partido Colorado solicitó que los partidos de la oposición pudiéramos actuar como veedores de ese proceso de contratación para darle mayor cristalinidad; sin participar y sin decidir, solamente informarnos como veedores y tener acceso, pero se nos dijo que no.

Entonces, en medio de eso y del sinfín de casos cuasidelictivos que han existido en los últimos tiempos –de autocontratación de empresas que pertenecen a los mismos directores que están gestionando los hospitales y la contratación de la novia del hijo de uno de los directores, que motivó una separación del cargo y la solicitud del presidente de la república de la renuncia de todo el directorio–, nos parece que no es bueno tener un sistema de este tipo y que estaría bien que se replanteara todo esto, así como la presencia, aun sin cargo y sin sueldo, de un representante de la oposición como veedor que tuviera acceso a todo lo que está pasando. De lo contrario, terminamos en las comisiones investigadoras y en las denuncias penales, etcétera, para acceder a la información, o terminamos en cosas como esta de la designación de los nuevos directores por un concurso que exige condiciones muy particulares y que, en definitiva, las propias autoridades de ASSE tuvieron que decir elegantemente que en realidad era un borrador lo que se había publicado y que había sido un error. Me parece que no es sano.

Lo otro, aparte del representante gremial, es lo relativo al representante de los usuarios. Es oportuno señalar aquí que la presidenta del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada coincide con el señor senador Heber y con quien habla y sostiene que ellos no deben tener voto sino solamente voz. Es decir que la presidenta del propio movimiento nacional de usuarios está diciendo: «No nos den voto; nos alcanza con tener voz». Pero somos más papistas que el papa y le damos voz y voto. ¡Lo dijo en la comisión!

Además, ese movimiento nacional de usuarios –digámoslo claramente– carece casi absolutamente de representatividad, por dos motivos. Dice la Ley n.º 18161, en su artículo 2.º, que una de las condiciones que se deben tener en cuenta cuando el Poder Ejecutivo elabora la propuesta de los directores representantes de los usuarios ¡es que sean representativos de los usuarios de ASSE! Y si uno va –como lo hice yo– a los estatutos del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, se va a encontrar con que el movimiento nacional de usuarios es representativo de los usuarios de ASSE y de todo el sector privado. O sea que, en realidad, no solo es representante de ASSE; es representante de la salud pública y de la privada. Es más, lo que percibe como remuneración la representante que propone el movimiento nacional de usuarios no lo administra ella, sino el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada. Se podría decir que como representa a la salud pública y privada, con eso estaríamos cumpliendo, pero no sabemos si todos los directivos del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada se atienden en ASSE. Es decir, vamos a poner en ASSE a alguien que representa el interés de los usuarios de ASSE, pero también el interés de la competencia, de la salud privada.

Reitero: esta señora no representa solo los intereses de los usuarios de ASSE, sino además otros intereses también corporativos. Es decir que acá hay un claro error legal. Incluso, creo que alguno podría impugnar esto.

Vayamos, señora presidenta, a una cuestión más simple. ¿Sabe cuántos usuarios tiene ASSE? Tiene 1:257.000 usuarios. ¿Sabe, señora presidenta, a cuántos usuarios dice representar el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada? A 10.000 usuarios. Supongamos que la mitad de esos 10.000, o un poco más, es decir 6000 usuarios, se atiende en ASSE. Entonces, quien dice representar a 1:257.000 usuarios de ASSE, solo representa a 6000. Claramente, aquí no hay representatividad alguna. No cabe duda de eso. Por ende, al carecer de esa representación, no podemos estar avalándolo porque no se está cumpliendo lo que establece la Ley n.º 18161 que, claramente, dice que el Poder Ejecutivo debe tener especialmente en cuenta que sean representativos de los usuarios de ASSE. ¿Un movimiento nacional que representa a 6000 usuarios es representativo de 1:257.000? ¡No! ¡Es lógica pura! Por lo tanto, el Poder Ejecutivo está incumpliendo, al enviar esta solicitud de venia, con lo dispuesto en la ley. No podemos acompañar un incumplimiento de este tipo y, además, ni siquiera con la certeza de que quien se está proponiendo sea efectivamente usuario de ASSE.

Por todos esos motivos, señora presidenta, no vamos a acompañar esta solicitud de venia y pedimos, además, que prontamente se establezca un método a través del cual se pueda tener a alguien que represente a los 1:257.000 usuarios y no a una ONG que, hoy en día, carece de absoluta representación de los usuarios de ASSE.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: queda muy poco para agregar a lo manifestado por el senador Bordaberry, pero me gustaría hacer una reflexión al respecto.

El Gobierno decidió, al principio de esta Administración, no participar a la oposición como se venía haciendo en el Gobierno del entonces presidente Mujica, actual senador, que permitía que la oposición pudiera tener control, estar ahí, ver y cuestionar en una discusión propia del organismo. La decisión del presidente Vázquez de no participar a la oposición implica que casi la mitad de la votación del pueblo uruguayo no esté representada en el Directorio de ASSE, ni siquiera para controlar un servicio descentralizado de esta magnitud, que atiende a 1:200.000 personas en la salud pública. Reitero: ¡1:200.000 personas! Y la mitad del electorado uruguayo no tiene a alguien para que mire.

¿Qué consecuencias tuvo eso? ¿Qué pasó? A ver si el presidente aprende que la soberbia no es buena consejera. ¿Qué pasó? Bueno, el señor representante Martín Lema, como no tiene una puerta y un director de confianza, comenzó a recorrer hospitales y a hacer denuncias y pedidos de informes que terminaron en que la mayoría de la Cámara de Representantes, es decir, gente de la propia fuerza del Frente Amplio, votara una comisión investigadora por los escándalos de corrupción que hay en ASSE. Entonces, pasó lo que iba a pasar: toda la dirección de ASSE terminó siendo cuestionada, porque el presidente de la república echa a todo el directorio pues un director designó a la novia de su hijo. No me como la pastilla; si se trataba de un director, lo hubiera sacado solo a él, pero no, ¡echó a todos! Y como echó a los tres representantes políticos, necesariamente tenía que volver a mandar las solicitudes de venias de los dos delegados sociales, tanto la del representante de los trabajadores como la del representante de los usuarios. Nosotros no lo acompañamos en la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado y se tuvo que esperar los sesenta días que establece la Constitución para que el cuórum necesario para aprobarlo fuera menor de modo tal que, con mayoría simple, fueran nombrados.

El nuevo presidente de ASSE, el exsenador Marcos Carámbula, lo primero que hizo cuando dejó la banca y asumió ese cargo fue hablar con los partidos políticos, cosa que no nos pareció mal. Sin embargo, venir a hablar con los diputados y senadores que integran las correspondientes Comisiones de Salud Pública, a quienes les preocupan estos temas, es una actitud a medio camino de lo que debía haber hecho. Me hubiera gustado que el actual presidente de ASSE, el doctor Carámbula, le planteara al presidente de la república: «Es más importante que pongan los ojos adentro de ASSE, en lugar de hablar una tarde, una vez por mes o cada dos meses con la oposición. Que la oposición tenga ojos dentro de la institución, porque representa a la mitad del país». ¡La mitad del país!

En el pasado habíamos votado a favor de la representación de los trabajadores y, en una primera instancia, no habíamos acompañado al representante de los usuarios. Hoy, luego de estos años en que la representación social ha ejercido una tarea lamentable, nosotros no vamos a acompañar –no todo el Partido Nacional, pero sí nosotros– ni la designación del director representante de los trabajadores, ni al representante de los usuarios. El sector Todos no va a acompañar, aunque no todos sus integrantes.

Hay una discusión en el Partido Nacional acerca de si es merecida o no la designación y, a mi juicio, no lo es. ¿Por qué no merece el delegado de los trabajadores nuevamente la venia del Partido Nacional? Porque es el mismo director que no advirtió todos estos escándalos en ASSE. ¿Estaba o no en la mesa? Sí, estaba. ¿Y no vio las denuncias realizadas por el diputado Martín Lema acerca de que había directores del hospital de Bella Unión que se contrataban a sí mismos? El traslado de enfermos en ambulancias desde Bella Unión a Montevideo costaba USD 5000. ¿Y quién ganaba? El mismo director. ¿Y quién firmaba ese pedido? El dueño de la empresa. ¿No vio eso el delegado de los trabajadores? Estaba ahí, entonces, ¿no tenía que defender a los trabajadores? ¿Defendía al director o defendía a los trabajadores de salud pública? No actuó bien, señora presidenta, y estamos hablando de la misma persona. Es la persona que tuvo conocimiento de todos los pedidos de informes y miren que hay muchos –yo solo puse un ejemplo–, se está investigando en la Cámara de Representantes. El señor director en representación de los trabajadores, ¿no miró esos documentos?

Al representante de los usuarios lo venimos cuestionando desde la otra vez. No puede ser que se elija una persona, entre 36 o 34 delegados que responden a 6000 usuarios, y represente la voluntad de 1:200.000 usuarios. Quiere decir que el Frente Amplio en este caso es muy democrático para representar a 6000 usuarios, pero no a la mitad del país, que cuenta con 15 senadores de la oposición votados democráticamente, con todas las garantías, para ocupar este Cuerpo. Nosotros no tenemos ojos en ASSE, no podemos ver qué es lo que pasa en esa institución, pero 6000 usuarios sí.

Es literalmente cierto lo que dijo el senador Bordaberry en cuanto a que en comisión la presidenta –y consta en la versión taquigráfica– dijo que ella no cuestionaba la ley, que le parecía correcto tener ojos en la institución, pero no tener voto. Estamos hablando de una persona que, notoriamente, está vinculada a los usuarios y a organizaciones políticas.

Señora presidenta: están todos estos elementos sobre la mesa. Hay un escándalo en ASSE y el Gobierno hizo bien en cambiar las autoridades y destituir a los tres delegados políticos. Frente a lo que ha significado un escándalo en ASSE durante todos estos años porque se han violado todas las leyes de control que establece el Tocaf y se han generado múltiples observaciones del Tribunal de Cuentas por actos ilegales porque se han sorteado licitaciones para que, de alguna manera, se pudieran otorgar adjudicaciones –las que son observadas una y otra vez por el Tribunal de Cuentas, por lo que no nos da garantías–, el actual presidente de ASSE, el doctor Marcos Carámbula, tenía la oportunidad de plantear al presidente de la república la necesidad de que estuviera representada la mitad del país en el directorio, sin importar de qué partido fuera. Lo importante era que hubiera ojos en esta administración tan sensible y respecto a la cual es tan necesario que nosotros estemos mirando, porque representa a 1:200.000 personas que se atienden en salud pública.

Es necesario que haya directores que fiscalicen si el nivel de atención que se da a 1:200.000 personas, que no están en condiciones de pagar la salud privada, es el mismo que se brinda en la asistencia privada. Lamentablemente, muy lejos de eso estamos, pero esto no es nuevo. En el período pasado tuve la oportunidad de interpelar al entonces ministro Venegas, quien terminó yéndose, pero no por las cosas que dije aquí sobre las violaciones sistemáticas y la corrupción que había con las empresas de limpieza y pongo el ejemplo de la empresa Buena Estrella, que quedó como una empresa en la que se habían generado notorios hechos de corrupción, contrataciones ilegales, lo que terminó con el señor Alfredo Silva preso. Me acuerdo que en aquella instancia me llegó una carta del PIT-CNT reclamándome que había actuado en contra de los trabajadores, pero yo no actué contra los trabajadores, actué contra el mal representante de los trabajadores. No estoy en contra de que los trabajadores tengan ojos en ASSE y puedan fiscalizar su accionar. Pero ahí están para representar el interés particular y corporativo, y creo que hay decisiones que se toman en ASSE que hacen al interés general y no al corporativo. No estoy de acuerdo con que las corporaciones tengan voto en este tipo de organismos. Que fiscalicen… sí, señor; que negocien… sí, señor; que defiendan a los funcionarios de salud pública… sí, señor, pero no que en aras de defender a los funcionarios de salud pública miren para el costado respecto de otros hechos que han contado con el voto de la señora directora en representación de los usuarios y del director representante de los trabajadores.

¿Qué pasó, señora presidenta? Que terminó preso. Terminó siendo cuestionado y sancionado, lo que me parece muy bien porque ese fue un buen mensaje de la organización sindical, que lo destituyó y dijo que no la representaba. Sin embargo, en aquel momento recibí la desagradable carta del PIT-CNT en la que se me acusaba de tener una actitud como de cuestionamiento a la representación de los trabajadores. Y ahora, con el diario del lunes, vuelvo a decir lo mismo que en aquel momento: ¡no, no lo cuestiono! Es más, me parece importante que esté, pero sin voto, ¡sin voto!

El representante de los usuarios me parece que es un invento, lo quiero decir con todas las letras. Que los trabajadores estén representados…, sí, señor, pero para los usuarios hagamos una elección, ¡hagamos una elección! No esto, en que las organizaciones terminan representadas en una votación entre 36 delegados, cuando la mitad del Senado no tiene ojos en la Administración, y todas las decisiones de ASSE son tomadas después por unanimidad, con el voto de los usuarios y con el de los trabajadores. ¡No me parece correcto, señora presidenta!

Sé que en el Partido Nacional hay algunos compañeros senadores que van a volver a dar una carta de crédito al director representante de los trabajadores. En este tema no hay posición partidaria pero yo, en forma personal y sin involucrar al partido, quiero decir claramente que ese delegado –el mismo que se va a votar ahora– estuvo sentado, estuvo mirando y no hizo nada. Esa persona tuvo los expedientes, las denuncias y los pedidos de informes en su mesa y no defendió a los trabajadores. Creo que sería importante que el propio sindicato pida a este señor director que rinda cuentas sobre por qué no se actuó y se esperó a que un diputado –por suerte, de nuestro Partido Nacional– levantara su voz y tuviera esta actitud de denuncia para poder desnudar claros hechos de corrupción, como los que se han dado en la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Entonces, señora presidenta, en esta oportunidad –en el pasado habíamos acompañado esta venia con salvedades pero, vuelvo a decir, no estoy de acuerdo con que los delegados sociales voten, aunque sí con que estén y representen a los trabajadores– y después de haber visto qué es lo que pasó en ASSE, no estamos de acuerdo con acompañar a quien ya habíamos votado en forma negativa, que era la delegada de los usuarios. Eso me parece que es un gran invento para evitar que haya directores de la oposición mirando a la administración. Esa es la intencionalidad política; así lo tomo yo.

Votaré así, señora presidenta, después de ver la gestión de ASSE y el silencio cómplice –¡el silencio cómplice!– de quien no levantó su voz en el directorio; simplemente, se podía haber amparado en votar en contra o dejar una constancia al respecto, sin alzar su voz en forma pública para denunciar lo que un diputado del Partido Nacional viene denunciando desde el primer día.

Señora presidenta: no vamos a acompañar –lo digo sin involucrar al Partido Nacional– las dos venias solicitadas. Hay compañeros de nuestro partido que van a acompañar una de ellas y no la otra, pero yo sí quiero decir y gritar: ¡estamos orgullosos de las denuncias y de la acción de un diputado de la oposición, que ha llevado los temas a la opinión pública y que ha defendido a la gente pobre que no puede tener otros niveles de atención! ¡Hoy, su gestión y su trabajo han generado la posibilidad de tener una comisión investigadora que, además, fue votada por los propios frentistas!

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: sobre el tema de fondo y como miembro informante, al final de la jornada voy a hacer algunas consideraciones, pero aquí se han hecho afirmaciones –siempre atendibles– y se han vertido percepciones respecto de la participación de la oposición en los entes y servicios descentralizados.

Hay gente que dice que nadie resiste un archivo, pero no voy a entrar en ese comentario porque uno tiene derecho a cambiar de opinión y siempre es bueno no quedarse encasillado.

En 1989, señora presidenta, el Frente Amplio obtuvo el 21 % de los votos, fue la tercera fuerza. El Frente Amplio era la oposición porque, como recordarán los señores senadores, en esos tiempos se jugaba con Gobiernos de entonación, de acuerdo, de coalición –este fue el último–, de coincidencia, en fin; esos fueron distintos nombres para lo mismo. ¿Qué participación se dio al Frente Amplio como oposición? Cero.

En 1994 el Frente Amplio obtiene el 30 % de los votos y sale tercero, pero ¿saben cuántos votos tuvo el primero? El 32 %. ¿Y cuánto tuvo el segundo? El 31 %. El país estaba dividido en tercios. ¿Cuál fue la representación que tuvo el Frente Amplio en los directorios de los entes? ¿Cuál fue la generosa participación que se nos dio? Cero, ¡cero!

Y en 1999, siendo el partido mayoritario con el 40 % de los votos –ya casi estábamos representando a la mitad del país–, esa sensibilidad política que, en su momento, se nos reclamaba –y que se nos reclama ahora–, operó. Entonces, uno se puede preguntar cuál fue la representación que tuvo el Frente Amplio en esos entes, con el 40 % de los votos y siendo la primera fuerza. ¡Cero! Sin embargo, en el ejercicio del gobierno nosotros nunca dejamos a la oposición fuera de los entes y los servicios descentralizados.

Se podrá decir que la participación de la oposición pudo haber sido mayor o menor, pero en nuestros tres gobiernos la oposición no estuvo ausente –por voluntad del Frente Amplio– de los entes y servicios descentralizados. Si después algunos no aceptan o renuncian, esas son decisiones particulares de los partidos que ¡vaya a saber con qué representación se tomaban! De todos modos, al final vamos a hablar respecto de la representatividad que tenemos cada uno de nosotros en las organizaciones a las que pertenecemos. No hace mucho un diputado nos reclamaba el no cumplimiento de un acuerdo interpartidario que hicimos aquí, en la Asamblea General, porque decía que él no aceptaba decisiones de cúpulas. Entonces, siempre hay problemas con respecto a la participación y ese tipo de cosas.

Quería hacer esta aclaración porque, de lo contrario, daría la idea de que el Uruguay tuvo la tradición de que a la oposición siempre se le dio cabida, siendo que estoy señalando quince años de gobiernos que no eran del Frente Amplio en los que nuestro partido tuvo cero participación y quince años de gobierno del Frente Amplio en los que la participación de la oposición existió, más allá de que pueda haber sido en mayor o menor medida, según el gusto de cada uno.

Era esa la aclaración que queríamos hacer, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los alumnos de 5.º y 6.º año del colegio Pablo Neruda, de Atlántida.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: me parece que el argumento del señor senador Pintado no es de recibo y me voy a explicar.

Estamos hablando de ASSE y no de todos los entes autónomos. Estamos diciendo que en los gobiernos anteriores al Sistema Nacional Integrado de Salud, los cargos de ASSE eran dos y eran cargos de jerarquía del ministro. Cuando se aprueba la ley relativa al Sistema Nacional Integrado de Salud, se crea ASSE como servicio descentralizado con una integración de cinco miembros, dos de ellos de carácter social. Respecto de los otros, ¿por qué tres? Para que justamente –después se le dio el doble voto al presidente por si no se podía alcanzar la mayoría– todos tuviéramos ojos en la salud, dado que es un servicio descentralizado. De esos tres integrantes, dos serían del partido mayoritario. Y es eso lo que estamos diciendo. El Gobierno toma una decisión de carácter político que es la de excluir a la oposición de tener ojos en la salud y en la educación. Pues bien, es una decisión que le está costando cara porque quedó aislado. En aquel momento el presidente nos decía que el control lo hacían las organizaciones sociales, y estas votaron por unanimidad las resoluciones en ASSE y en la educación. Además de la seguridad, ¿en dónde estamos peor? En la salud y en la educación. Se quita la posibilidad de hacer participar a los partidos de la oposición. Sin embargo, más control es más democracia.

Entonces, no se pueden comparar períodos que son notoriamente distintos. En el caso de ASSE se trataba de dos directores sujetos a la dirección y al ministro; hoy es un servicio descentralizado y, como tal, el pueblo uruguayo debería tener ojos para poder controlar lo que se está haciendo.

Por lo tanto, no son de recibo los ejemplos que plantea el señor senador Pintado.

Otra estrategia es tratar de agrandar la discusión para salir del tema de ASSE e incluir lo concerniente a organismos con realidades distintas como AFE, Antel, UTE. Así nos vamos a discutir largo y lejos para no hablar de ASSE. Pero hoy estamos discutiendo sobre ASSE, donde hay cinco miembros. Y la mitad del Senado, o sea, la mitad del pueblo uruguayo no tiene ojos dentro de este organismo que brinda un servicio a 1:200.000 personas. Esa es la verdad.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- No es la primera vez que el señor senador Pintado nos alude de esta forma. Creo que en su razonamiento hay algo contradictorio. Él dice que ahora nos dejan afuera porque los partidos tradicionales los dejaron a ellos afuera antes y eso está mal. ¿Qué quiere decir entonces con eso? Que como lo que se hizo estuvo mal, hoy ellos pueden hacer algo que también está mal. Este argumento cae por su propio peso. Se estuvo mal cuando se los dejó afuera, y entonces ellos pueden estar mal ahora y dejar a la oposición fuera de este control. Me parece que es un razonamiento equivocado.

Por otra parte, no va a los hechos en sí. Nosotros seguimos sosteniendo que la oposición tiene que estar representada y, más allá de acuerdos o no entre los partidos, quiero recordar que integré un Gobierno que estaba en minoría, y que la oposición que participaba era el Partido Nacional y nos controlaba. Es más, tuve el honor de ocupar tres ministerios y nunca me interpelaron. Una sola vez me citaron en régimen de comisión general al Senado de la república. ¿Quién? ¿El Frente Amplio? No. ¿Quién me citó en régimen de comisión general para exigirme resultados en materia de política energética? El señor senador Heber, y ¡bien que tenía el derecho de hacerlo y bien duro que fue, porque esa era su tarea! Entonces, decir que en realidad estaba participando cuando se me estaba citando para que diera explicaciones en régimen de comisión general, discúlpeme, señora presidenta… Lo que sucede es que con el señor senador Heber aceptamos esas reglas de juego y no nos enojamos cuando interpelamos a un ministro, hablamos de los temas que le conciernen y le exigimos resultados.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- No voy a ingresar en el debate sobre las distintas etapas y formas de coparticipación. Simplemente diré que no hay obligación constitucional de que exista, pero es una característica de nuestra cultura política y ha sido buena la práctica que usualmente han hecho en diferentes momentos los distintos partidos. También es verdad que en determinados momentos no la hubo y lamentablemente esos momentos no fueron positivos. Creo que hubo una omisión importante ante los cambios electorales que venían ocurriendo. Cuando algunos partidos se convirtieron en más relevantes desde el punto de vista electoral, los otros partidos –antes muy mayoritarios y por lo tanto coparticipantes entre sí– advirtieron que era necesaria una coparticipación más amplia. Efectivamente eso ocurrió –tal como decía el señor senador Pintado–, como también que en el primer Gobierno del Frente Amplio no hubo, por distintas circunstancias, un resultado que permitiera esa coparticipación que a partir de 2010 se impulsó y se produjo, y que me parece que es valiosa.

El tema no es la participación de los partidos políticos –que en realidad somos, en distinta magnitud, representantes de los ciudadanos– sino la concepción que implica la representación corporativa en ámbitos de gestión de las políticas públicas. Ese es el problema.

Lo que estamos discutiendo hoy no tiene nada que ver con la coparticipación política. Obviamente, capaz que sería mejor que en la conducción de ASSE hubiera representaciones más amplias. Acá estamos discutiendo las venias de los directores sociales. Detrás de ellas hay una concepción corporativista que rechazamos. Nos parece un grave error que existan voces que representan intereses particulares, que perfectamente pueden estar en ámbitos de asesoría pero nunca en la toma de decisiones. Entendemos que es un gran error conceptual –desde el punto de vista de la mirada democrática– que se pretenda que la conducción de la política de salud en ASSE esté compartida entre representantes políticos –que son nombrados por el Parlamento y por lo tanto están en representación del Gobierno, en un sentido general y amplio– y representantes sociales, que antojadizamente se decide que sea uno por los funcionarios y uno por esa categoría abstracta y absolutamente genérica y poco orgánica que es la de los usuarios, es decir, casi 1:300.000 personas. Se pretende que esto sea la conducción de ASSE.

Por eso hemos votado en contra otras veces y vamos a volver a hacerlo. En realidad, tenemos un proyecto de ley que fue presentado por el representante Daniel Radío en el período pasado, en el que se plantea que los representantes sociales integren un consejo asesor honorario. Ese es el rol que deben tener: la voz que opina, que traslada inquietudes y demandas, que es lo que corresponde a los intereses particulares que en teoría representan. Porque los funcionarios representan su interés particular, y con ese criterio deberían estar los médicos y ¡vaya a saber cuánta gente más debería participar si la concepción es la representación de los intereses particulares!

Los intereses particulares son múltiples, pero la conducción de las políticas públicas debe saltar el interés particular y hacerse cargo del interés general. La representación debe ser política por esa concepción que implica asumir que las políticas de gobierno son las que se llevan adelante a partir de la elección de todos los ciudadanos, no de corporaciones o de pequeños sectores de ciudadanía.

Incluso hay un agravante, que es el caso de la representante de los usuarios, que rompe los ojos, que genera una sensación casi de tomadura de pelo porque no representa a casi nadie. Seguro no representa a los usuarios. Es una especie de invención artificial, pero se cuenta con un voto más en el Directorio de ASSE, y todos sabemos que atrás de esa organización hay intereses, sectores y grupos que pugnan por ganar la representatividad y luego sentarse en ese sillón. Es una fantasía impresionante, que no habla de democracia sino todo lo contrario: habla de falta de representatividad. O sea que además de corporativismo, ni siquiera lo hacen bien; ni siquiera la corporación está bien representada pues el componente «usuarios» es una entelequia de la cual surge un pequeño grupo de gente que se hace propietaria de esa representación que, en realidad, no representa a nadie. Por eso el Poder Ejecutivo nombra a dedo, porque tampoco se hace votación ni nada; ni siquiera se cumple con los requisitos básicos. Hay varias organizaciones de usuarios. Se elige a dedo una y, además, se nombra a un representante que no representa a los usuarios en ninguna medida. Nadie lo conoce. Hagan una encuesta y pregunten a la gente que va a ASSE quién es Fulana de Tal, su representante. ¡Es una fantasía! ¡Es un artificio que le hace daño a la democracia!

Por lo tanto, con toda convicción volveremos a votar en contra sabiendo que el partido de gobierno tiene una concepción diferente que implica diferencias sustanciales en cuanto a lo que entendemos por democracia; no es menor esa diferencia.

Muchas gracias.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- La bancada del Partido Nacional solicita un cuarto intermedio de quince minutos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–25 en 27. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.

(Así se hace. Son las 10:42).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 11:02).

SEÑORA PASSADA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PASSADA.- Simplemente voy a hacer alguna mención en la misma línea de lo que planteaba el señor senador Pintado.

Más allá de que en algún momento la discusión se haya desviado del tema de las venias de designación que estamos tratando, deberíamos ir al fondo del asunto y tratarlo políticamente, como corresponde.

En el año 2014, casi al finalizar el gobierno del actual senador Mujica, hubo un planteo acerca de la necesidad, no solo de reglamentar la forma de elección, sino también la presentación de un proyecto, porque allí se vislumbraba la posibilidad de que se encaminara la elección de los directores sociales de una manera muy similar a la que implementa el BPS. Me parece que si realmente existen las voluntades para ir al fondo del tema, del problema, ese puede ser un camino al cual deberíamos abocarnos. En definitiva, estamos acá para buscar las mejores soluciones y para legislar, así que creo que se debería tomar ese camino.

Me consta que se han presentado proyectos de ley que siguen esa lógica, que podrán tener mayor o menor acercamiento, pero lo que queda claro es que de las iniciativas que se presentaron en su momento –aunque no hayan tenido andamiento– las que nuestra fuerza política está dispuesta a acompañar son aquellas que respetan la representación social. Hasta ahora no ha habido problemas en la forma de elección de los miembros del BPS, así que tal vez sea el momento de poner la mirada en ese camino –ya se tuvo la voluntad de transitarlo– para tratar realmente el tema de fondo. Sin embargo, señora presidenta, es necesario que quede clara la necesidad de la representación social, tanto de los trabajadores como de los propios usuarios. Definamos el cómo, pero no enfrentemos esa representación, que es válida y necesaria.

Muchas gracias.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Creo que en estas instancias siempre ha estado encima de la mesa el tema de la participación. El área de la salud es lo suficientemente importante como para que reflexionemos acerca de su significación, y justamente los usuarios, centro objetivo de las prestaciones de salud, deben tener un espacio de participación. Si mañana dijeran que vamos a tener una elección como las que se hacen en el BPS me sentiría muy contenta de poder brindar ese mecanismo, pero sobre este aspecto aún no hemos avanzado sustantivamente. Esto es el germen, un germen que viene desde 1990 en la estructuración de organizaciones como la que nos ocupa en el día de hoy, donde se pretende que en su directorio haya un representante de los usuarios.

En definitiva, ¿cuál es la necesidad? Se trata de seguir profundizando en el tema. Si hoy vemos una diferencia entre los 1:250.000 usuarios y los 10.000 que avalan la representación que estamos considerando, no se trata de eliminar la representación, sino de mejorar las formas. Como ya lo he dicho en otra oportunidad, habría que tirar la primera piedra y ver si las representaciones en distintos ámbitos han sido determinadas de acuerdo con los colectivos que teóricamente representan. Esto sucede en todas las organizaciones sociales y políticas, en el país y en el mundo; la participación siempre es un desafío a la hora de hacerla lo más representativa posible.

Precisamente, una estructura territorial que también combina una incidencia institucional es un camino interesante que ha transitado la representación en estos tiempos. Y el involucramiento territorial es esencial en materia de salud, porque la misma enfermedad puede tener un carácter diferente según el territorio en que se desarrolle; precisamente, un territorio puede determinar que haya una incidencia de enfermedades que no existen en otros. Por eso creo que estas estructuras siempre van a estar ayudando y coadyuvando para el mejor desarrollo y la mejor calidad de salud de los usuarios. ¿Quién mejor que los propios vecinos para hacer que este énfasis en educación, promoción y prevención de la salud pueda realizarse? No existe un aparato efector público o privado que, por sí solo, tenga la capacidad de generar una inserción en la comunidad de forma tal que los temas sanitarios sean objeto de esa promoción y de esa prevención. Está claro que estamos yendo hacia un área en la que es esencial que le podamos dar territorialidad e inserción a la salud para que la mejor forma de impartirla, que es la atención primaria en salud, sea efectiva.

Muchas veces estamos preocupados, por ejemplo, por el nivel de vacunación, de accesibilidad a los controles de embarazo, o por diferentes situaciones de salud, pero lo que se necesita es una mayor conciencia del usuario en la prevención y que se apropien de su institucionalidad. Sabemos que esto tiene que darse en cada rincón del país, así que nos parece esencial que sigamos impulsándolo, tanto en el ámbito territorial como en el institucional, para incidir sobre las pautas sanitarias generales.

La estructura que sustenta la candidatura que hoy estamos analizando es de ámbito zonal, se nuclea en lo departamental y luego acciona mecanismos de enlace con quienes terminan siendo sus representados. Me parece que debemos jerarquizar este tema y discutir sobre las formas, pero si hay que asumir que acá hay dos posiciones, hagámoslo; lo hemos discutido en todas las instancias. Muchos de nosotros vamos a seguir defendiendo esto, pero no por el lado de la política partidaria, sino por el de la concepción de cómo se desarrolla un verdadero sistema de salud en el país y qué rol le damos al usuario. ¿Nos importa que se involucre? La salud es un espacio donde inducir demanda es absolutamente cotidiano y natural. ¿O acaso no sabemos que hay una guerra cada vez que vamos a definir cuáles son los medicamentos, y que la mejor evidencia científica es la que debe determinar el ingreso de técnicas o de medicamentos? Entonces, ¿qué mejor que tener involucrados directamente a los representantes de los usuarios, no como florero, sino con capacidad de decisión, con voz y con voto?

Por eso creo que tenemos que seguir profundizando en esto, reconociendo que en este espacio hay dos concepciones. Lo dijimos cuando discutimos el Sistema Nacional Integrado de Salud, cuando discutimos sobre ASSE y en cada una de las instancias en que tenemos que definir quiénes lo integran. Y para un nuevo sistema, como lo es el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿qué mejor que tener a los trabajadores? En este caso los no médicos, pero en espacios de salud también hay trabajadores médicos.

¿Es posible llevar adelante una política pública sanitaria adecuada o una política educativa adecuada sin el involucramiento de sus actores? Para la concepción que nosotros tenemos, no; ¡tienen que estar involucrados! ¿Serán perfectas sus integraciones, sus involucramientos y sus representatividades? Bueno, siempre es un proceso y, por supuesto, todos tenemos derecho a criticar y a decir que sería mejor de tal o cual forma. Personalmente, lo que más me preocupa es que alcancemos la mejor forma de afianzar la representatividad de estos dos componentes, que sin duda hacen al mejor funcionamiento de una política en materia sanitaria.

SEÑOR PARDIÑAS.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA XAVIER.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PARDIÑAS.- Justamente, estamos discutiendo a partir de un posicionamiento político o, como bien señalaba la señora senadora Xavier, de dos posiciones de análisis, por cuanto una acepta la propuesta, y la otra lo hace pero con ciertas condiciones, pues se dijo: «Está bien que participen, que den su opinión, pero no que tengan la posibilidad de votar porque están de los dos lados del mostrador».

Cuando abrimos los espacios de participación y proponemos un proceso de involucramiento de la sociedad, siempre puede haber actores que estén de los dos lados del mostrador. Y eso es, justamente, lo que consolida un proceso de involucramiento, de participación, y potencia esos espacios.

Ahora bien, es cierto que hoy en día el campo de la salud es un campo político en disputa –creo que en algunas de las intervenciones así se ha planteado–, pero si vamos a otros campos, la participación –no en órganos consultivos, sino la participación con voto para definir acciones de políticas públicas– está prácticamente naturalizada. Esto no es de ahora sino que viene dándose desde hace muchísimos años, y no ha sido elemento de preocupación que allí la gente esté de los dos lados del mostrador, como es el caso de varios de los institutos de las políticas agropecuarias, donde hay representación de sectores productivos, de cámaras industriales y comerciales; eso está naturalizado y no se cuestiona que estén de los dos lados del mostrador. Por ejemplo, en el Directorio del INAC están sentados los productores, los industriales y el Gobierno, y allí no hay este tipo de cuestionamientos. Cuando se discute sobre la política de la carne, sobre la exportación a muchísimas partes del mundo del principal producto con valor agregado que tiene nuestro país –que hoy nos da identidad en muchos lugares–, no se dice: «Ah, no; hay gente que está de los dos lados del mostrador». ¡No! Se ha aceptado. Es más, no se requiere venia para integrar esos organismos, sino que lo avala directamente el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque hubo una legislación que se procesó en este Parlamento y así lo habilitó.

Podríamos dar otra serie de ejemplos en los que tampoco se cuestiona si tienen una representación de seis mil o de más de cuarenta mil productores ganaderos que hay en este país. ¡No se cuestiona! ¡Se avala! ¡Se toma como natural! ¿Por qué? Porque son sectores que han estado, en cierta manera, protegidos o amparados por nuestra legislación –reitero, señora presidenta–, desde hace muchísimos años.

Entonces, ¿por qué hoy traemos el campo de disputa política a la salud, que es una de las principales políticas que debe tener nuestro país, porque es de las más inclusivas que hemos tratado de desarrollar en estos últimos tiempos? Porque, sin lugar a dudas, para algunos es un campo de disputa de electorado. No hay otra razón, ¡no la hay!

Creo que hasta hay cierta miopía, señora presidenta –lo digo con sumo respeto–, cuando se dice que la mitad del Parlamento –o sea, de la ciudadanía– no está representado en ASSE, porque acá vamos a votar venias de trabajadores y de usuarios que, imagino –y como conozco a las personas en muchos de los territorios ya no solo lo imagino sino que lo sé–, son ciudadanos que pertenecen a todos los partidos. Estoy hablando del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y, ni que hablar, del
PIT-CNT. Por tanto, no entiendo por qué se insiste en que la representación política tiene que ser solamente partidaria y no de los sectores que realmente tienen que interesarse por los problemas de la salud, como son los trabajadores y los usuarios del sistema.

Acá se dejó entrever que estamos votando para integrar el directorio del organismo de salud pública a quien integra un movimiento que atiende lo público y lo privado; déjenme decir que la venia es para designar a una persona propuesta por los usuarios, que se atiende en el sistema público desde antes de ser directora, que ha sido activa militante de todos los organismos de participación en el sistema público, así como promotora de participación en el sistema público, y no solo en el directorio sino en las juntas departamentales de salud de muchos lugares.

Señora presidenta: sin lugar a dudas hay dos posiciones, y nosotros estamos en el lugar de dar el aval a la incorporación de actores relevantes en los procesos de participación, como son los usuarios y los trabajadores de la salud.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Justamente, en virtud de la característica particular que tiene el tema de la salud –del que ninguno se puede excusar–, creo que se jerarquiza aún más la participación de un representante de los usuarios.

Pensemos que no estamos resolviendo solo sobre una figura, porque hoy existen en el país juntas departamentales de salud en las que participan los usuarios, y juntas locales de salud en las que también participan los usuarios. ¿Cuál es nuestra concepción de ciudadanía? ¿Es decir: «No hay suficiente gente», «No hay personas suficientemente representativas», «Votan tal cosa y no tal otra»? No, no es esa nuestra concepción. Una institucionalidad de esta naturaleza –por más que esté en la infancia y aún no haya llegado a la adolescencia, aspiramos a que en corto tiempo tenga la robustez necesaria–, no puede verse de manera sectorial.

Acá se ha planteado la interrogante de por qué no una representación partidaria en contraposición a una representación de usuarios y trabajadores. Además de la referencia que hacía el señor senador Pintado –que es, nada más ni nada menos que la historia reciente en materia de participación política–, creo que está este otro carácter: el de si una política pública debe tener exclusivamente representación política o tiene que incorporar a los actores. Y yo no tengo dudas: ¡tiene que incorporar a los actores! Podrá ser discutible si la representación política debe tener otro carácter, pero aclaro que el voto unánime no es la realidad; por el contrario, la historia de ASSE muestra que los actores sociales han adoptado posicionamientos completamente diferentes al de los actores políticos.

Entonces, me parece que nosotros debemos ponderar y lograr que el robustecimiento de estos movimientos sea cada vez mayor, entre otras cosas porque me importa mucho que las leyes que resolvemos aprobar conciten el involucramiento ciudadano. ¿O acaso pensamos que cambiar el paradigma de la ley de salud mental va a ser una cosa sencilla en el territorio y no vamos a necesitar de algo más que la institucionalidad concebida tradicionalmente? Por supuesto que vamos a necesitar de esta inserción social, porque es un ida y vuelta; no se trata solo de conocer el territorio, sino también de generar recursos desde ese territorio para poder cambiar radicalmente el paradigma, después de ochenta años, en un tema que tanto preocupa y duele por sus consecuencias.

En el caso de las políticas de prevención –hoy mencioné las vacunas, pero importan todos los análisis preventivos–, ¿da lo mismo esperar a que la dirección del hospital o de la mutualista llegue al territorio, o el tema tiene una pata en una institucionalidad comprometida con el territorio y con todo lo que ello supone en materia de política de salud y de prevención? En nuestra concepción, está involucrada directamente en lo que es un nivel primario de atención, que es donde se resuelve el ochenta por ciento de los temas sanitarios. ¿Cuándo? Cuando hay dotación adecuada desde el punto de vista profesional y técnico, pero también cuando hay una comunidad involucrada en la información, en la prevención, en la promoción de salud. No hay cambio de modelo si la ciudadanía no se involucra. Los profesionales no vamos a ir alegremente a cambiar el modelo, en primer lugar, porque desde donde se forman los recursos médicos y no médicos todavía no tenemos una suficiente capacitación en ese sentido; y, en segundo término, porque el reclamo de la comunidad tiene que generar ese motor para acelerar estos procesos.

Por tanto, señora presidenta, para nosotros –que no queremos alargar este debate–, lo que está en discusión no es solo la venia a dos personas en particular, sino una concepción de cómo llevar adelante una política pública y, en ese sentido, no tenemos dudas de que se deben seguir profundizando los mecanismos que hoy tenemos.

Muchas gracias.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Damos nuevamente la palabra al miembro informante.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: brevemente quiero señalar lo siguiente. Cuando renunciaron los tres directores de ASSE que, venia mediante, fueron sustituidos por el doctor Carámbula y su equipo –las dos personas designadas–, dimos por descontado que el Poder Ejecutivo iba a cumplir con la ley –al cesar la mayoría de un directorio, todo el directorio debe caer– y, de acuerdo con la interpretación que mencionamos al principio, enviaría estas venias. Por lo tanto, no tuvimos ningún tipo de zozobra desde ese punto de vista, pues sabíamos que recibiríamos la solicitud de venia que hoy estamos considerando.

Queremos reiterar que estamos convencidos de que la participación social, especialmente la de los usuarios, es necesaria. Más aún, en tanto no exista un mecanismo mejor al actual –que es perfectible– y mientras lo buscamos, siempre es preferible su participación y no la hipótesis contraria, que es la de excluirlos. Incluso, la presidenta del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, tal como surge de la versión taquigráfica de la comisión, plantea: «Queremos que las designaciones sociales se realicen por ejemplo como en el BPS o en el Codicén. Por eso, en todas las instancias en que hemos tenido contacto con el Ministerio de Salud Pública –porque sabemos que la reglamentación depende de él y no del Parlamento– hicimos nuestros reclamos y esperamos que esta necesidad de venia que se está planteando hoy sea una cuestión circunstancial y que se supere para que lleguemos realmente a tener una elección de nuestros representantes de usuarios hecha por toda la población». Cuando expresa «por toda la población», se refiere a toda la población usuaria y se está demandando un mecanismo parecido al del BPS.

¿Hay antecedentes de que los usuarios participen en la gobernanza de las instituciones en el Uruguay? Sí, los hay. ¿Dónde? En el campo privado. Las mutualistas son gobernadas en un cien por ciento por sus usuarios, que son los que eligen la directiva de la institución. En ese caso no ofrece ningún problema que estén de todos los lados del mostrador, para decirlo como se planteó acá. Los socios de la institución se gobiernan a sí mismos y, en términos generales, la experiencia ha sido relativamente buena. Quiere decir que es bueno que los usuarios participen, aunque obviamente el mecanismo es perfectible.

Respecto a los trabajadores mucho se ha dicho, pero opino que deben hacer escuchar su voz en lo que refiere a sus intereses y a cómo deben estar representados. Esa es una discusión que siempre está abierta, pero hoy tenemos este mecanismo.

Finalmente, insisto en que estamos votando la posibilidad de completar el Directorio de ASSE con sus directores sociales, con la misma propuesta del 1.º de junio de 2016 y en las condiciones legales actuales, pero queda abierta la posibilidad de discutir mecanismos que mejoren la representación.

Por todas estas razones, entendemos que es conveniente votar las venias puestas en consideración.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: quiero salir un minuto de la discusión del tema de fondo, es decir, si debe o no debe haber delegados de los usuarios y de los trabajadores –que ya fue discutido en forma superabundante– y abordarlo desde otro ángulo, que es el de si es conveniente o no que sean los mismos.

Antes, quiero aclarar que en su origen el representante de los usuarios fue electo por 38 personas y no por 6000, como dijo el senador Bordaberry. Insisto: el delegado de los usuarios de ASSE fue votado por 38 personas, cuando el total de usuarios supera el millón. ¡38 personas! Mucho menos que los 6000, como mencionó el senador Bordaberry.

Asumamos la hipótesis de que estamos de acuerdo en que haya representantes de los usuarios. Uno piensa: ¿qué pasó en ASSE? ¡Pasó de todo! Hay denuncias de corrupción e irregularidades. Tan así es que es un organismo multinvestigado: investigado a nivel parlamentario e investigado por la justicia de crimen organizado. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? Renueva radicalmente todo el directorio, hasta la gerencia general. Le cuesta hacerlo y tiene que buscar los mecanismos, pero renueva hasta la gerencia general. Entonces, ¿no sería lógico que, en un organismo que está siendo multinvestigado por la Justicia y por el Parlamento, el criterio fuera el de la renovación total del directorio? ¿Cómo es posible que en un directorio que fue renovado por el presidente de la república por estar sospechado e investigado, haya miembros nuevos, que vienen con las manos libres, y dos integrantes que vienen del organismo sospechado? Notoriamente es una distorsión, porque quienes están comprometidos con las sospechas –no personalmente, sino respecto al funcionamiento de un directorio sospechado por tomar decisiones irregulares– estarán conviviendo con directores que vinieron a poner orden en la casa y a limpiar sus problemas. ¿No hubiera sido lógico que, aun estando de acuerdo con la representación de los usuarios y de los trabajadores, se renovara todo el directorio para que ASSE tuviera las manos totalmente libres para investigar y dar transparencia a las cosas que pasaron allí adentro?

Por eso, y por los temas de fondo, no votaremos esta representación.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora presidenta: nosotros abogamos, desde siempre, por la representación política en los entes autónomos y en los servicios descentralizados.

El hecho de que en Gobiernos anteriores se haya cumplido en todo o en parte, no avala la contrariedad de esta premisa. En el Gobierno que comenzó en el 2005, toda la oposición quedó fuera de la participación en los entes autónomos y servicios descentralizados en virtud de que, luego de haberse arribado a un acuerdo, este no pudo ser cumplido por el Gobierno. Considero que es fundamental la representación de la oposición, tanto en la salud como en la educación, porque estamos absolutamente convencidos de que buena parte de muchas de las situaciones acaecidas no hubieran ocurrido con la participación de, por lo menos, una representación de la oposición.

Siempre hemos abogado por este criterio y siempre lo haremos, porque estamos convencidos de que el país que viene tendrá muchos problemas. No habrá mayorías parlamentarias en manos de un partido y esto obligará a lograr entendimientos para poder gobernar y dar respuestas.

Estamos de acuerdo con que exista representación social con voz y voto en la salud y en la educación porque, más allá de que esa representación después puede peligrar y resumirse en la defensa de intereses corporativos, el hecho de que exista una mayoría de conducción política es una forma de escapar de esa lógica, de esa trampa que aparece cuando los representantes políticos actúan en consonancia con la representación corporativa.

Señora presidenta: creo que estamos así porque no ha habido en la salud representación de la oposición. El descabezamiento que ha experimentado ASSE así lo marca. Reconocimos en forma pública la gestión de denuncia de un legislador del Partido Nacional, el señor representante Lema –y también de otros representantes a nivel de algunos departamentos–, que motivara toda esta situación final, donde hay fortísimos cuestionamientos a la conducción de la salud y, básicamente, a la conducción de ASSE, y donde todos los días salta, emerge, alguna cosa que no está bien. ¡Me parece que no está bien que no esté bien!, y valga el juego de palabras.

El Poder Ejecutivo renovó la integración de su representación. La representación social está establecida en la ley; es una ley de la república, nos guste o no. Más allá de lo expresado por los compañeros de mi partido –con fundamentos que respeto, pues tienen sus legítimas convicciones y razones–, precisamente en cumplimiento de esa ley pediremos el desglose de los nombramientos planteados por el Poder Ejecutivo, a efectos de votar por separado al representante de los usuarios y al de los trabajadores, pues tenemos la certeza de que coincidiremos con algunos compañeros en la votación del representante de los trabajadores. Seguramente es discutible si no debía ser sustituido. Quizás, con el mismo criterio y el mismo juicio de valor, podría tener andamiento la línea de razonamiento en el sentido de que, de la misma forma que fue sustituida la integralidad de la representación del Poder Ejecutivo, debió seguirse el mismo criterio por parte de quienes contribuyen a la nominación de estos representantes. Pero no nos metemos donde no nos corresponde.

Tenemos una ley y una representación de los trabajadores que se ha mantenido y es lo que pensamos acompañar, con todo el beneficio de inventario que ello supone, con todas las medidas precautorias que ello supone y con todos los riesgos de que nuestra decisión sea tildada de equivocada. Sin embargo, como creemos en el principio fundamental de la representación política de los partidos, primero, y, después, en el de la representación social en los entes del Estado –los de la salud y la educación, así como el Banco de Previsión Social–, es que contribuiremos con nuestro voto a la designación del representante de los trabajadores.

Por lo tanto, desde ya estamos pidiendo su desglose a la hora de votar.

Es cuanto teníamos que expresar, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor senador Larrañaga, en el sentido de que se desglose, en el momento de votar, la venia presentada por el Poder Ejecutivo.

(Se vota).

–31 en 31. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el proyecto de resolución correspondiente al señor Pablo Cabrera.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en calidad de miembro, en representación de los trabajadores al señor Pablo Cabrera».

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 31. Afirmativa.

SEÑOR BORDABERRY.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente el proyecto de resolución.

(Se vota).

–19 en 31. Afirmativa.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Léase el proyecto de resolución correspondiente a la señora Natalia Pereyra.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en calidad de miembro, en representación de los usuarios a la señora Natalia Pereyra».

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 31. Afirmativa.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

11) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 15 de mayo de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

Presente

 

De mi consideración:

Por este medio solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por asuntos particulares, el día 16 del corriente.

Sin más, saludo atentamente.

Juan Castillo. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–27 en 31. Afirmativa.

Se comunica que los señores Eduardo Lorier y Doreen Ibarra han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Óscar Andrade, quien deberá prestar la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 15 de mayo de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

Presente

 

De mi consideración:

Por este medio solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por asuntos particulares, los días 29 del corriente y 4 y 5 de junio.

Sin más, saludo atentamente.

Juan Castillo. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–30 en 31. Afirmativa.

Se comunica que los señores Eduardo Lorier y Doreen Ibarra han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Óscar Andrade.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 15 de mayo de 2018

Presidente de la

Cámara de Senadores

Sra. Lucía Topolansky

Presente

 

De mi mayor consideración:

En virtud de haber sido designado por la Comisión de Defensa Nacional para concurrir al Congo respondiendo a la invitación del comandante en jefe del Ejército, Gral. don Guido Manini Ríos, quien invita a visitar el Batallón Uruguay IV desplegado en ese país, solicito se me conceda licencia por misión oficial los días 21 a 29 de mayo inclusive, al amparo de lo establecido en el literal C) del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004.

Sin otro particular, saludo atentamente.

Javier García Duchini. Senador».

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: simplemente queremos informar que, tal como lo expresa brevemente la nota de solicitud de licencia, el próximo lunes, junto con la señora senadora Patricia Ayala, concurriremos en representación de la Comisión de Defensa Nacional del Senado –también harán lo propio dos integrantes de la Cámara de Representantes: el presidente y el vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional de ese Cuerpo– a la República Democrática del Congo a participar de una actividad a la que damos –y cuando digo «damos» me refiero a la Comisión de Defensa Nacional y también a mi persona– enorme importancia.

Todos sabemos que en la República Democrática del Congo hay una misión de paz –la Monusco–, de la que participan más de 800 uruguayos pertenecientes al Ejército nacional y a la Fuerza Aérea; creo que ya no hay personal de la Armada nacional.

La Comisión de Defensa Nacional considera oportuno aceptar la invitación para conocer en el terreno la actividad que llevan adelante nuestros compatriotas, quienes lo hacen a partir de una decisión de diferentes Gobiernos y, al mismo tiempo, de este mismo Senado de la república, que habilita su participación.

No solo nos reuniremos con los integrantes del contingente nacional –que en ese mismo momento estará relevándose–, sino, seguramente también, con autoridades de la propia misión de paz de Naciones Unidas y con sus responsables militares.

Quería ampliar la información porque la nota es muy breve –obviamente, por razones de orden– y, además, por considerar oportuno informar a los señores senadores para que, al momento de la votación, conozcan el motivo del viaje.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

Queda convocado el señor Sebastián da Silva, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

12) CENTENARIO DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA

SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde pasar a considerar el segundo punto del orden del día.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: la Mesa tiene en su poder un proyecto de declaración con motivo del centenario de la República de Armenia, cuyo tratamiento urgente estamos solicitando, en virtud de que ha sido aprobado por la coordinación de bancadas.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se declara urgente el asunto mencionado por el señor senador Martínez Huelmo.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Repártase.

La presidencia solicita a los señores senadores que cuando ya se ha otorgado la palabra a quien va a fundamentar un proyecto de ley, esperen a que el orador finalice para realizar sus planteos porque, de lo contrario, el trámite del Senado resulta confuso.

13) PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se declara de interés general la promoción del voluntariado social. (Carp. n.º 956/2017 - rep. n.º 630/18 y anexo I)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: el proyecto de ley relativo a la promoción del voluntariado social, que está a consideración en el día de hoy, es la consecuencia de un largo periplo parlamentario. Es así que después de un profundo estudio, la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión ha llegado a un texto consensuado, votado por unanimidad y que registra varios antecedentes. Adelanto que me voy a referir a ellos para poder seguir el hilo de la exposición y para que la cámara toda tome nota del trabajo que oportunamente se realizó.

El primer antecedente legislativo vinculado a la regulación del voluntariado es la Ley n.º 17885, de 12 de agosto de 2005, cuyo artículo 1.º establece: «La presente ley tiene por objeto reconocer, definir, regular, promover y facilitar la participación solidaria de los particulares en actuaciones de voluntariado en instituciones públicas, directamente o a través de organizaciones privadas sin fines de lucro, nacionales o extranjeras». O sea que la regulación que oportunamente se realizó a través de esta ley tiene que ver con el ámbito público, quedando pendiente y a consideración, por supuesto, las iniciativas que luego surgieron para regular o legislar la actividad vinculada al voluntariado en la esfera privada.

Es así que el señor senador Mieres presentó un proyecto de ley vinculado específicamente al voluntariado en el ámbito privado, que ingresó como un aporte en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Esa comisión consideró la propuesta, la evaluó, recibió al senador Mieres, etcétera, y con fecha 23 de noviembre de 2017 recibimos en la Cámara de Senadores un repartido –correspondiente a la carpeta n.º 956/2017– en el que todo ese trabajo se traduce en un texto.

En suma, como bien decía antes, ese proyecto recoge la iniciativa del senador Mieres y las modificaciones o aportes que oportunamente realizó la comisión correspondiente de la Cámara de Representantes.

Luego, señora presidenta, nos tocó hacer el análisis del proyecto en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado. Lo hicimos luego de recibir el proyecto proveniente de la Cámara de Representantes, es decir,
reitero, la síntesis elaborada en base al proyecto del señor senador Mieres y a lo que trabajó la Comisión de Derechos Humanos. Pero en la propia Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión surgió la inquietud de que íbamos a estar frente a la convivencia de dos normas que tenían muchos puntos en común y que se diferenciaban, básicamente, en los ámbitos de aplicación a los que se dirigían.

Es así que hicimos una consulta a la División Estudios Legislativos del Senado para que nos orientara o asesorara acerca de si no sería plausible tener un proyecto que introdujera las dos variables, que mejorara, que profundizara la ley original, que era la Ley n.º 17885, en lugar de generar dos normas que, a nuestro juicio –estoy hablando de todos los integrantes de la comisión–, tendrían muchos puntos en común, muchos artículos que estarían reiterándose en una y otra.

Recibido por la comisión el informe avalando la inquietud sobre la coexistencia de dos leyes que solo se diferenciarían por los ámbitos a los que estuvieran dirigidos, se empezó a trabajar en un proyecto que fue presentado a la Cámara de Senadores en diciembre de 2017. Pero en función de algunas inquietudes que se manifestaron en la propia sesión del Senado y de algunas observaciones que habíamos recibido, resolvimos quitar el proyecto del orden del día y volver a analizarlo, como oportunamente lo hicimos, y hoy lo estamos presentando para su consideración.

De manera que, como decía, el proyecto tuvo un largo periplo y registró todos estos antecedentes, que no fueron frívolos, sino analizados y trabajados de manera rigurosa y seria en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión. Todo esto motivó que hoy estemos considerando este proyecto de ley, que en última instancia recibió los aportes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que el día 12 de marzo de 2018 se hizo presente en la comisión. En esa oportunidad no solo comparecieron las autoridades del propio ministerio –el señor ministro Murro, el señor inspector general de Trabajo y Seguridad Social, Gerardo Rey, y sus asesores–, sino que concurrieron acompañados, nada más ni nada menos que por el doctor Santiago Pérez del Castillo, un reconocido y distinguido especialista en Derecho Laboral, exministro de Trabajo y Seguridad Social y una persona de reconocida sensibilidad en lo social. Esto da cuenta de la importancia del trabajo que realizamos en la comisión y, también, de los consensos que generamos en torno a este tema.

No voy a hacer una narración de lo que fue para nosotros –creo interpretar al colectivo de la comisión– la presencia del doctor Santiago Pérez del Castillo, sus afirmaciones desde lo técnico y su mirada muy enfocada a lo social, mezclada de anécdotas que realmente vale la pena leer. Voy a rescatar solo algunos aspectos, aclarando que cuando en esa comparecencia el ministerio hablaba del proyecto de ley que estaban analizando, no se trataba del que estábamos tratando ya de manera conjunta en el Senado, sino al que había venido originalmente de la Cámara de Representantes.

Por ejemplo, el doctor Santiago Pérez del Castillo, compartiendo el significado de la acción de voluntario, lo rescatable, lo encomiable que es una acción voluntaria, planteaba: «… el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe ocuparse de todo tipo de trabajo, no solamente del subordinado, dependiente o insertado en organizaciones empresariales, sino también del autónomo. En el trabajo autónomo muchas veces el trabajador tiene que ser protegido de figuras truchas, fraudulentas, donde se está encubriendo un trabajo subordinado auténtico. Como había una opinión que no siempre era positiva, se legisló» –oportunamente– «todo lo relativo a las empresas unipersonales». Y menciona la Ley n.º 16713, que aclara o, de alguna manera, interpreta aquello que tiene que ver con las actividades de las empresas unipersonales.

A continuación, el doctor Santiago Pérez del Castillo se refiere, ahora sí, al voluntariado, y dice: «Algo parecido pasa en el voluntariado, en el que se realiza un trabajo común y corriente pero voluntario, es decir, no dependiente sino autónomo, benévolo y no oneroso. ¿Qué quiere decir esto? Una primera clasificación distingue entre trabajo subordinado y autónomo», como vimos. Y más adelante hace referencia a la diferencia entre lo subordinado y lo autónomo y dice: «Entre subordinado y autónomo, decimos que el voluntariado es subordinado porque el trabajador voluntario está inserto en una organización».

Este es un concepto importante, que está recogido luego en el articulado del proyecto.

Pero después de aclarar que es subordinado, se hace una segunda pregunta: «Por otra parte» –dice el doctor Santiago Pérez del Castillo– «¿es oneroso o benévolo? El voluntariado es benévolo, no oneroso. Curiosamente, se da la situación muy pintoresca de que alguien trabaje por amor a la camiseta, con fines altruistas, por el bien común, por motivaciones religiosas o filosóficas o que lo haga por laborterapia, porque el médico le dijo que no esté sin hacer nada; ahora bien, que trabaje bien y con calidad.

Este tipo de organizaciones» –acá también quiero hacer referencia a lo que decía el doctor Santiago Pérez del Castillo– «deben ser cuidadas y protegidas para que no sean usadas en forma espuria. Sin embargo, eso no es tan sencillo, ya que muchas veces vemos situaciones en las cuales empresas realmente competitivas en el mercado –como decía el señor ministro–, por medio del trabajo benévolo, se ubican en una posición en la que es muy difícil competir porque el costo de mano de obra en ese tipo de actividad es muy alto. Diría que este es un criterio a tener en cuenta».

Eso es lo que decía el doctor Santiago Pérez del Castillo. Y continuaba: «Nosotros, los laboralistas, hacemos mucho hincapié en el principio de la primacía de la realidad, porque una cosa son las formas y otra, la realidad de las cosas. La forma puede ser de aparente voluntariado, pero la realidad indica que compiten en el rubro de panadería, taller mecánico o servicios, no en pie de igualdad, sino en dumping, con otras empresas formales que cumplen sus obligaciones laborales y de seguridad social». Pérez del Castillo agrega: «Ese principio de la realidad indica que, en esas circunstancias, ese tipo de instituciones que, so capa de voluntariado, intervienen en el mercado de trabajo no pueden prosperar». Podría seguir leyendo parte de lo que él planteó, pero creo que como muestra de lo que estamos tratando de analizar, basta con algunas de estas citas que me he permitido señalar. Todos reconocemos que la actividad que realizan las personas voluntarias y las entidades de voluntariado es de singular relevancia en los más diversos aspectos. Sin perjuicio de ello, nuestro sistema jurídico empezó –y solo se dedicó, como dije anteriormente– por lo vinculado a la actividad estatal en el sentido amplio, y el único antecedente legislativo que tenemos, que es la Ley n.º 17885.

La norma que sometemos a consideración, señora presidenta, pretende dar un marco legal holístico –a toda la actividad–, uniendo lo que ya tenemos con la propuesta que viene de la Cámara de Representantes, cuyos antecedentes ya mencioné, y creando un único cuerpo legislativo que reúna todas las actividades de voluntariado, tanto del ámbito público como del privado o del ámbito público conexo con el privado. Por ello hemos optado –y así lo indica el artículo 31 de este proyecto de ley– por derogar la norma vigente y aunar criterios comunes en el cuerpo de esta ley que sometemos a consideración. Queremos manifestar que consideramos que esta propuesta legal se edifica sobre tres ejes fundamentales, que voy a sintetizar.

El primer eje es el apoyo al voluntariado, puesto que se establece una batería de disposiciones que buscan promover y facilitar la actividad; en ese sentido, el artículo 1.º la declara de interés general. De esa manera, no solo se fijan las fechas conmemorativas establecidas en el artículo 28 de la ley –como indica el proyecto, se fija el último fin de semana del mes de abril de cada año como fecha de Celebración Nacional del Voluntariado Juvenil y el 5 de diciembre de cada año el Día Nacional del Voluntario, en coincidencia con el Día Internacional de los Voluntariados para el Desarrollo Económico Social, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas– sino que, a texto expreso, se establece en el artículo 27 la obligación de que sean encabezadas por el Estado. Este promoverá la acción voluntaria de las personas mediante la realización de campañas de información y difusión, apoyo y reconocimiento a la formación de voluntarios, así como el diseño y desarrollo de planes y estrategias de voluntariado, entre otros.

El segundo eje es el de la estructuración conceptual. Es importante destacar que este proyecto de ley contiene un conjunto de artículos que han centrado y caracterizado la figura, regulando claramente la relación entre el voluntario y la entidad de voluntariado en cuyo marco este se desempeña, y también con el sujeto al que la actividad está destinada. Se busca la transparencia en el vínculo en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes, y al cumplimiento de principios básicos como la no discriminación y el desarrollo de los valores rectores del voluntariado como actividad, que están presentes en este proyecto de ley. En mi opinión, cobra fundamental relevancia –y quiero ser perfectamente clara, porque el texto lo es– el hecho de que el voluntariado, como bien sostenía Santiago Pérez del Castillo, no es una herramienta para enmascarar verdaderas relaciones laborales ni para sustituir el empleo formal. Es así que no podrá utilizarse ni para suplir trabajadores en huelga o en subsidio de desempleo, ni como vía de evasión de las obligaciones con los trabajadores. Por eso, entre otros motivos, se aprovecha la especialidad que tiene el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para transformarse, de alguna manera, en la policía de aplicación de las normas laborales –rol que efectivamente cumple–, y se establece que el registro que se crea por esta ley se llevará a cabo en ese ministerio y no –como se había planteado en el proyecto de ley original– en el Mides. Por lo que dije anteriormente, por lo que expuso el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en virtud de la opinión del doctor Santiago Pérez del Castillo, considero que ese es el ámbito adecuado e idóneo. El Mides ha sido otro gran impulsor de la regulación y de la promoción del voluntariado, pero reitero que la experiencia en el control de las relaciones de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está totalmente comprobada, avalada y nos asegura que la figura del voluntariado no sea utilizada con los fines espurios a los que hacía referencia Santiago Pérez del Castillo.

Quiero señalar, señora presidenta, que más adelante, en la discusión particular, vamos a hacer una pequeña corrección a un artículo.

El tercer eje que rige este proyecto de ley es el vincular, es decir, ese que es visto desde la óptica de la persona voluntaria y de quien recibe directamente los beneficios de su acción. Para que exista un voluntario o una voluntaria tiene que haber alguien que reciba esa acción. En ese sentido, en el proyecto de ley se hace referencia –y queda claro que lo analizamos y mucho– a la imposibilidad de recibir cualquier contraprestación de parte del beneficiario, a la necesidad de guardar la debida confidencialidad respecto a la información personal o familiar a la que hubiera accedido el voluntario, al trato digno entre los sujetos y, muy especialmente, a lo establecido en el artículo 12. He recibido alguna consulta al respecto y quiero aclararlo. Nosotros trabajamos mucho en ese artículo que intenta armonizar incompatibilidades que están previstas en la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Quiero citarlo para que no haya confusión. Dice así: «Artículo 12.- (Incompatibilidades de los voluntarios).- No podrán ser voluntarios en el área educativa, de la salud y de todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia,» – y ahí viene el sujeto de la incompatibilidad– «las personas sujetas a proceso por los delitos previstos en los artículos 272, 272 bis, 272 ter, 273, 273 bis, y 274 del Código Penal y en la Ley n.º 17.815, de 6 de setiembre de 2004, hasta su sobreseimiento o absolución, o por un plazo de diez años si recayera sentencia de condena firme». La incompatibilidad es para los funcionarios voluntarios, pero si saco la palabra «voluntario» voy a decir que la incompatibilidad aplica a quienes están en este marco, lo que tiene una exacta relación –y exacta redacción– con el artículo 76 de la Ley n.º 19580, ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que plantea exactamente el mismo texto.

¿Y por qué fuimos a esta redacción, señora presidenta? Porque hubo una sensibilidad especial manifestada por varios integrantes de la comisión. Quiero hacer referencia a la señora senadora Aviaga –quien en este momento no se encuentra en sala– y a su preocupación en cuanto a que personas que tuvieran antecedentes como abusadores –esa fue la palabra que ella utilizó– no puedan, al igual que no pueden hacerlo en el trabajo formal, trabajar o estar en contacto con el ámbito en que se desarrolla la función del voluntariado: con todas aquellas áreas de la educación, de la salud, que impliquen el trato directo, no solo con niños, niñas y adolescentes, sino también con personas con discapacidad y con personas mayores en situación de dependencia o –yo diría– en el ámbito de quienes están en una situación de particular vulnerabilidad.

Por esa razón, señora presidenta, me detuve en este aspecto en especial, ya que fue muy trabajado en la comisión, pero hoy generó aquí alguna duda que yo quería despejar. Sinceramente, el ánimo que nos mueve es el de la protección de los sujetos destinatarios de la función de voluntariado y, al mismo tiempo, señalar que tuvimos la misma preocupación cuando abordamos este tema a partir del trabajo formal en el ámbito de la ley relativa a la violencia de género.

Luego de haber descrito los tres ejes fundamentales de abordaje de este tema, yo diría que, en definitiva, el orden jurídico debe reconocer la realidad de la actividad que se desenvuelve bajo los principios del voluntariado, aquel principio de realidad que también tuvimos en cuenta siguiendo el asesoramiento y los consejos del doctor Santiago Pérez del Castillo. Esta iniciativa debe, asimismo, promover las mejores prácticas con relación a ella, así como impedir que se recurra a estas figuras –reitero– para maquillar otras realidades de prestación de servicios.

Quisiera señalar rápidamente ahora, señora presidenta, que este proyecto de ley tiene ocho títulos. El primero de ellos es «Del objeto y ámbito de aplicación».

El segundo es «Del bien común y voluntariado».

El tercero, «De los voluntarios», los define y también se refiere al relacionamiento. En este sentido, ya hice hincapié en el artículo 12, que tiene que ver con las incompatibilidades.

Por su parte, el título IV, «De las entidades de voluntariado», refiere a sus derechos y obligaciones.

En el caso del título V, «De las relaciones entre los voluntarios y la entidad de voluntariado», informo que vamos a solicitar el desglose del artículo 21 y luego explicaremos por qué razón.

El título VI, «De las personas destinatarias de la acción voluntaria», establece sus derechos y sus deberes. En la exposición en general ya habíamos hecho alguna mención a ello.

El título VII, «De la promoción del voluntariado por parte del Estado», tiene que ver con un aspecto muy importante que ya señalé y ahora reitero. Así pues, el artículo 27 habla de los deberes del Estado con relación a estas actividades. En este título se hace referencia, como ya se hizo anteriormente, a las conmemoraciones.

El título VIII, «Disposiciones transitorias. Derogación», tiene que ver con la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo de este proyecto de ley cuando sea aprobado; la adaptación de las entidades de voluntariado referidas en el artículo 18; y también la derogación de la Ley n.º 17885, no porque estemos renegando de ella, sino porque estamos generando la segunda pata de esa ley, lo que hace que hoy estemos presentando este proyecto de ley a consideración del Senado.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA PAYSSÉ.- Ya termino, señor senador. Finalizo mi intervención y se la concedo.

Quiero concluir, señora presidenta, citando las palabras del secretario general de las Naciones Unidas que nos trajo a la memoria el doctor Santiago Pérez del Castillo cuando concurrió a la comisión y que hago mías, del mismo modo que creo que la comisión las hace suyas.

Él decía: «El voluntariado fomenta la creatividad, encuentra su fuerza en todo aquello que nos apasiona y nos pone en contacto con los que más nos necesitan.

El voluntariado es un fenómeno global que trasciende fronteras, religiones y divisiones culturales. Los voluntarios encarnan los valores fundamentales del compromiso, la inclusividad, el compromiso cívico y el sentido de la solidaridad».

Termino aquí mi informe, señora presidenta, y concedo la interrupción al señor senador Bordaberry. Disculpe que no se la concedí antes, señor senador, pero quería cerrar mi intervención.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Muchas gracias.

Quisiera hacer una consulta sobre algunos artículos. En el artículo 8.º del proyecto de ley se dice que se consideran ámbitos de actuación del voluntariado, «a título enunciativo», los siguientes. Me gustaría saber si es a título enunciativo o a vía de ejemplo. ¿Pueden ser solo esos, o ellos son solo a vía de ejemplo? Planteo esto porque, al decirlo de esa manera, parece ser que son solo esos.

La pregunta es, entonces, si quiere establecerse que esos son los únicos ámbitos de actuación del voluntariado.

La segunda consulta tiene que ver con el artículo 12. Cuando se dice que no podrán ser voluntarias las personas sujetas a proceso por los delitos previstos en el artículo 272 del Código Penal, entre otros, ¿se pretende establecer que después de diez años de condena firme sí pueden realizar tareas de voluntariado? No sé si se ha evaluado que quienes resultaron condenados por el artículo 272 del Código Penal, violaron y fueron condenados por ese delito. Según el artículo de este proyecto de ley, a los diez años de la condena pueden realizar tareas de voluntariado. ¿Dónde pueden ir a hacerlas? ¿Al hospital Pereira Rossell? No sé si se evaluó ese aspecto.

Por otro lado, en el artículo 16 se establece la obligatoriedad del seguro de accidente. Quisiera saber si tienen algún estimativo del costo que esto implica. Al respecto, me imagino los campamentos que hace, por ejemplo, la Iglesia católica cuando, en el verano, en lugar de irse de vacaciones, los muchachos van a algunos pueblos del interior. Los he visto en Carlos Reyles y se trata de diez, veinte o treinta muchachos, de los cientos que salen. Si cada uno de ellos tiene que estar asegurado, me gustaría saber si existe algún estimativo del costo de ese seguro, que va a ser muy grande, incluyendo el de quienes van al Pereira Rossell hoy en día. ¿Cómo se va a financiar eso? Reitero: me parece que eso tiene un costo importante y no sé si se hizo una evaluación sobre ese factor o si se tiene alguna idea al respecto. No digo ni que sí ni que no. Obviamente que todos estamos de acuerdo con que todo el mundo esté asegurado, pero en este caso es un poco complicado.

Lo otro que quería plantear tiene que ver con el fundamento de realizar un contrato por escrito e inscribirlo. Digo esto porque, en el caso del contrato de trabajo, no es obligatorio hacerlo por escrito. Obviamente, se inscribe al trabajador en el BPS, pero no es obligatorio hacer un contrato de trabajo por escrito. Y en este caso, el contrato que se prevé no solo es por escrito, sino que también hay que registrarlo. Si no se registra y se hace por escrito, la sanción es gravísima: se considera que es una relación laboral, lo que va a generar una serie de demandas enormes. Además, hay que considerar el enorme costo que implica para las entidades de voluntarios tener que hacer contrato por contrato, llevar a cabo su inscripción y, después, su rescisión. De lo contrario, de acuerdo con esta iniciativa, recibirán sanciones. Entiendo que es bueno que no se encubran relaciones de trabajo bajo el ropaje del voluntariado, pero no sé si se evaluó cómo puede impactar esta norma en el hecho de que, quien pueda verse frente a demandas laborales, se resista a realizar actividades de voluntariado en virtud del riesgo que corre.

Además, seguro que se va a requerir el servicio de un gestor para que haga las inscripciones y eso es otro costo. Entonces, repito, no sé si se ha considerado todo esto.

En cuanto a la parte que refiere a derechos y deberes, me parece formidable. Estoy de acuerdo con las enunciaciones pero, de ser posible, me gustaría que la miembro informante profundizara un poco más sobre la mecánica práctica.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- El artículo 8.º menciona los ámbitos de actuación del voluntariado –como bien dice– a título enunciativo. Ahora bien, si existen otros ámbitos que no coliden con la diferencia entre lo que es el voluntariado y la actividad específica de una empresa o una institución –es decir, entre el trabajo formal y el que no lo es–, podrán ser considerados como voluntariado. Acá no estamos excluyendo actividades de voluntariado, sino que estamos enunciando algunas que existen, estableciendo cuáles son los requisitos para que sean consideradas como actividades de voluntariado, y los ámbitos específicos de su actuación.

En cuanto al artículo 12, voy a reiterar lo que dije anteriormente: el consenso político que oportunamente dio lugar a la ley de violencia de género trabajó la lógica que aquí se reitera. En el intercambio que se dio aquí –no solo en este ámbito, sino cuando se discutieron estas cosas– se habló de que muchas veces las actividades de voluntariado se hacen para restaurar daños o tienen que ver con hechos que han lesionado la integridad de las personas, incluso, los jueces ordenan la realización de actividades voluntarias. Entonces, lo que aquí se establece no puede ser considerado de otra forma que no sea la que interpretamos acá, es decir, como lo leyó el senador Bordaberry o como lo leí yo.

A su vez, concordamos en que la imprescriptibilidad –que en primera instancia estaba formalizada en el proyecto de ley de violencia de género y que todos evaluamos que solo debería aplicarse para estos crímenes y no para cualquier tipo de delito– fuera resuelta de la forma en que ya se resolvió en este ámbito político, en el Parlamento. Es decir que para el caso del voluntariado asumimos la misma lógica y la misma redacción que antes. O sea que las preguntas que el senador Bordaberry se está haciendo con referencia al voluntariado corren también para los trabajadores formales. La respuesta que yo le doy es que el sistema político avaló esta redacción, que oportunamente nos pareció la más razonable y que seguimos reivindicando ahora.

La otra pregunta que formula el senador Bordaberry está vinculada a si nosotros calculamos el costo de los seguros. Debo decir que no calculamos el costo de los seguros porque ello no nos compete. Sí estamos diciendo que las entidades de voluntariado tendrán que hacerse cargo de esto. A su vez, hay que diferenciar –esto lo quiero dejar bien claro– la acción de voluntariado de lo que puede ser un campamento de voluntarios. El seguro corre para la acción voluntaria y no para otra cosa. Es decir que si una entidad de voluntariado resuelve hacer un campamento, una reunión de voluntarios, no hay una acción específica, sino una actividad que no tiene que ver con el vínculo directo entre la acción voluntaria y el receptor de la actividad de voluntariado.

Pido disculpas, pero he olvidado cuál es la última pregunta que realizó el senador Bordaberry, por lo que le voy a pedir si la puede repetir.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el senador Bordaberry para reiterar la última pregunta que formuló.

SEÑOR BORDABERRY.- Voy a aprovechar la ocasión que me brinda, no Radio Sport, sino la senadora Payssé, para razonar en voz alta; no para cuestionar nada.

Entiendo lo del artículo 12, pero hay que tener en cuenta que los voluntarios no trabajan con cualquier persona, sino con población especialmente vulnerable. Entonces, puede suceder que a un condenado por violación, luego de diez años se le permita ser voluntario. Me parece que en ese caso deberíamos pedirle algún tipo de certificado u opinión profesional que lo habilite a ejercer esa actividad. Parece un poco riesgoso que, luego de diez años, se le permita hacer de voluntario con población vulnerable a alguien que violó a una niña por ejemplo. Entiendo cómo funciona el derecho y sé que no hay penas para siempre, pero creo que habría que evaluar en este caso y, como mínimo, exigirle un certificado médico, de un psiquiatra o psicólogo, que diga que esa persona está curada. Sin ser psicólogo o psiquiatra, tengo mis severas dudas de que quien viola tenga real cura, pero, no obstante, con esta ley lo vamos a habilitar a trabajar con población vulnerable.

La pregunta que había formulado y que resta contestar tenía que ver con la relación laboral y la necesidad de realizar el contrato por escrito, registrarlo y luego, al terminar su actuación, darlo de baja. Me pongo en el lugar de muchas personas que conozco, muy cercanas, que tienen organizaciones de voluntarios y que han estado cincuenta o sesenta años en eso. Estoy pensando en la señora que llama y dice estar dispuesta a ir algunas horas a colaborar al hospital Pereira Rossell porque tiene tiempo, en las Damas Rosadas, en las que van a levantar a los niños, en los jóvenes que van a trabajar al interior durante sus vacaciones o en Un Techo para mi País. Uno de mis hijos, cuando tenía dieciocho o diecinueve años, un día me dijo que el siguiente fin de semana se iba a construir casas con Techo; miles de jóvenes hicieron eso. Entonces, le estamos diciendo a Un Techo para mi País que si el joven voluntario –que fue contactado por un amigo– no tiene contrato y no se registró no puede ir a colaborar un fin de semana. Parece ser un exceso de regulación heredado de nuestras viejas normas españolas. Estoy muy de acuerdo en todo lo que son derechos en este proyecto y en las definiciones, pero me surge la duda en cuanto a ese fárrago de registros y contratos. Además, si Techo le dice al joven que vaya a trabajar, no tiene que hacer un contrato y registrarlo: directamente le pasa el nombre y la cédula por WhatsApp y ellos dan el alta en el Banco de Previsión Social. En este caso no sería así y por eso surge la duda de cómo afectarían estas situaciones la actividad voluntaria.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar la señora senadora Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Volviendo al artículo 12, voy a seguir haciendo la similitud con el artículo 79 de la ley de violencia de género, y lo hago porque consideramos
–el sistema político así lo hizo– que en esa circunstancia estábamos considerando como población vulnerable con relación a los antecedentes que pudieran tener estas personas, los niños y niñas en establecimientos escolares, en ámbitos de salud, en ámbitos deportivos y en cualquier ámbito en que pudieran generar un vínculo con esas personas. Nosotros no partimos de la base de que haya que hacer una diferenciación entre voluntarios y trabajadores formales. El trabajador formal o el voluntario que tiene estos antecedentes deberán cumplir con los requisitos que indica la ley ya aprobada o este proyecto que se va a aprobar. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero eso es lo que el sistema político laudó. Oportunamente consideramos que, en estas circunstancias, los niños y las niñas son una población vulnerable al estar en contacto con los trabajadores o las trabajadoras y ahora sucede lo mismo en el caso de los voluntarios.

Con respecto al planteo de todo este fárrago de exigencias que parecería venírseles encima a las entidades de voluntariado, quiero decir que, justamente, esa es la forma de jerarquizarlas y de reconocerlas como tales, porque el artículo 18 del proyecto de ley las define. Allí se dice: «A los efectos de la presente ley se consideran entidades de voluntariado las asociaciones civiles sin fines de lucro, las fundaciones, las instituciones sociales y de educación formales y no formales, cualquiera sea su forma jurídica, las personas jurídicas cualquiera sea su objeto, de naturaleza pública o privada, nacionales o internacionales que participen directa o indirectamente en programas o proyectos de desarrollo social y que persigan finalidades y objetivos propios del bien común. Las entidades de voluntariado deberán inscribirse en un registro que estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad […]». Nosotros creemos que este artículo regula y ordena, al incorporar a nuestro sistema la definición de entidades de voluntariado. Además, este voluntariado puede ser ejercido, incluso, por empresas que tienen un trabajo formal.

Para separar las aguas, señora presidenta, y volver a aquello que nos dejó tan gráficamente explicitado el doctor Pérez del Castillo, en ese fino límite que existe entre la actividad formal y el trabajo de voluntariado, nos pareció razonable –para la defensa del trabajo formal– tener un registro de entidades de voluntariado, tal como el que existe de organizaciones no gubernamentales. Es por eso que acordamos la lógica de esas definiciones.

Voy a poner el ejemplo de empresas que, en este caso, están inscriptas en el Ministerio de Educación y Cultura. Cuando votamos la ley de Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo –cuya modificación seguramente vamos a considerar mañana– y generamos una asamblea integrada por organizaciones no gubernamentales, no había registros, no sabíamos quiénes iban a poder integrar ese ámbito. Sin embargo, la ley obligó a la registración y no fue nada traumático; al contrario, cuando tuvimos acceso a todas esas organizaciones supimos realmente cuáles estaban vinculadas a los derechos humanos y cuáles no. De la misma forma, consideramos que registrar a las entidades de voluntariado no solo es una buena práctica, sino que además es imprescindible, tanto para las entidades de voluntariado, como para aquellas personas que con ellas se vinculan, como voluntarios, y para las personas que van a ser receptoras de la acción de voluntariado.

Esta es la respuesta que puedo dar. Estamos convencidos de que esa es una buena definición y que pone sobre la mesa, de una vez por todas, la pata que faltaba, reitero, en virtud de lo que habíamos hecho –en una primera aproximación al voluntariado– con la Ley n.º 17885.

(Murmullos en sala).

–Solicito, señora presidenta, que me ampare en el uso de la palabra.

Dicha ley hablaba de facilitar la participación solidaria de los particulares en actuaciones de voluntariado en instituciones públicas, directamente o a través de organizaciones privadas sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, pero no incorporaba la pata que ahora estamos agregando a este proyecto de ley que estamos considerando.

Son las respuestas que puedo dar a las interrogantes; en realidad, eran dudas que planteó el señor senador Bordaberry y que yo respondí en el marco de lo que fue la reflexión colectiva de la comisión, que generó en ella votación unánime.

Era cuanto tenía para informar.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: lo primero que tengo que hacer es un mea culpa por no haber asistido a las sesiones de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, que no integro, pero, habida cuenta de que se estaba discutiendo este tema, debí haber estado presente. El problema es que coincide –como bien sabe la señora presidenta– con la hora de la reunión de coordinación del Senado, por lo que era físicamente imposible estar.

Tengo la convicción de que los cambios que se han producido en el proyecto de ley al pasar de la Cámara de Representantes al pleno del Senado han desvirtuado absolutamente el sentido del proyecto de ley que se había presentado.

Quiero hacer historia, porque me parece que en este caso es importante. Está pasando lo mismo que en el período legislativo anterior. En esa oportunidad hubo un proyecto de ley para regular el voluntariado en las organizaciones sociales, que fue presentado por la diputada Berta Sansaverino, de Asamblea Uruguay, Frente Amplio. Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero cuando llegó al Senado pasó lo mismo que ahora: se lo mezcla con el voluntariado del sector público y se pretende hacer una ley única, sin tener en cuenta que las características, la naturaleza y las formas de voluntariado en el sector social son totalmente distintas a las del Estado. Entonces, al armar una ley única, lo que pasó es que se votó en el Senado, pero nunca se convirtió en ley porque es preferible que no haya ley, a que la ley sea mala. Acá está pasando exactamente lo mismo.

Nosotros presentamos en el Senado un proyecto de ley sobre voluntariado en el sector social, pero cuando lo hicimos la diputada Sanseverino me hizo notar que ella había presentado un proyecto parecido en la legislatura anterior. Por tanto, me pareció bueno que se tratara el tema a partir de su proyecto y lo que hice fue participar de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, como dijo la señora senadora Payssé. Allí se trabajó con los interesados, es decir, con la red de organizaciones de voluntariado, que existe, pero a la que la comisión del Senado nunca invitó ni convocó. La red, que tomó conocimiento de este nuevo proyecto hace pocos días, me acaba de mandar un mensaje diciendo: «Por favor, no aprueben esto, porque lo que hace es perjudicar».

Fíjense en que el título del proyecto de ley es «Promoción del voluntariado social», pero cuando uno lee, ve un racconto de obstáculos. Es decir, predomina una mirada inquisitiva y desconfiada, porque la mirada del tantas veces nombrado en la mañana de hoy, el doctor Pérez del Castillo –que tiene, por supuesto, mi mayor aprecio–, es la mirada de un laboralista que lo que busca es ver si no hay relaciones laborales encubiertas, y eso tergiversa totalmente el sentido de proyecto. Estamos hablando, señora presidenta, de organizaciones de comedores para niños en una parroquia o en una comisión de fomento; estamos hablando de gente que dedica tiempo libre para ayudar acá o allá. Lo que pretendía el proyecto era reconocer y promover el trabajo, y no controlarlo con un sentido de fiscalización que llega al punto de que hay que inscribir –fíjense lo que está planteando el proyecto de ley– todas las relaciones de voluntariado en un registro.

Este proyecto de ley ni siquiera mantiene una distinción que estaba en el original entre «voluntariado periódico» y «voluntariado esporádico», que es crucial. Es decir que cuando una determinada organización sale a hacer una colecta en la que participan mil personas que se paran en las esquinas con cajas para conseguir donaciones, según este nuevo proyecto de ley, debe hacer las correspondientes inscripciones de todo eso, a pesar de que se haga en forma esporádica, de que ocurra una vez. El proyecto de ley original decía que hay voluntariado esporádico que no precisa tener ningún tipo de registro. Además, ¿se imaginan lo que pensarán los responsables de un comedor infantil barrial cuando aparezca una señora jubilada que quiera dar una mano y le tengan que decir que tiene que ir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para registrar el contrato de voluntariado? Realmente, si esa es la obligación parece que se quisiera poner obstáculos, porque si mañana aparece un inspector del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y encuentra a esa señora ayudando en el comedor, se presume que hay una relación laboral encubierta y quizás hasta se le aplique una multa.

El tema del seguro es uno de los problemas mayores porque, como bien dice el señor senador Bordaberry, ¿cuánto cuesta un seguro de accidente de trabajo? O sea, lo que estamos haciendo es prohibir el voluntariado porque si cada voluntario tiene que tener un seguro de accidente laboral, esa actividad no va a existir más. En el proyecto original, que se votó en la Cámara de Representantes, hablábamos de encomendar al Banco de Seguros del Estado que abriera una línea especial de seguros para los voluntarios que estuvieran haciendo trabajos en el área de la construcción, que es donde realmente puede haber algún problema, pero exigir un seguro laboral es pretender lo que no es: formalizar estas relaciones como si fueran laborales.

En este proyecto de ley, tal como ha sido transformado, se establecen disposiciones que lo igualan al del sector público cuando, en realidad, regular en el mismo cuerpo normativo el voluntariado en el sector público y en el privado lleva a que determinadas exigencias que son razonables para el Estado, sean inaplicables para el nivel privado. Seguramente, quienes estamos hoy aquí hemos hecho o conocemos a alguien que hizo actividad de voluntariado y sabemos del nivel de informalidad que tiene. El proyecto de ley buscaba reconocer, valorar, defender, preservar y promover esa actividad, pero resulta que con esto se la ha convertido poco menos que en un objeto de indagatoria y con tanta formalización, que termina desnaturalizándola. Entonces, cualquier organización de voluntariado deberá tener personería jurídica, otra cosa que es insólita, porque la definición de las entidades de voluntariado requiere un nivel de formalización y un registro de dichas entidades. Entonces, un comedor de barrio tiene que ir a registrarse y, además, debe tener personería jurídica. La verdad es que esto es como un vicio del Uruguay: cazamos una actividad y la llenamos de normativas hasta que, al final, se desnaturaliza. Lamentablemente, este es el resultado. Al final, uno preferiría que no se aprobara nada y que los voluntarios siguieran trabajando por la suya, tranquilamente, porque en realidad esto, que fue un pedido de Voluntariado en Red –el proyecto de ley se presentó a partir de un pedido de dicha red–, termina siendo un tiro en contra y piden: «No nos ayuden tanto. Si van a votar este proyecto, mejor no nos ayuden».

Realmente, tenemos la convicción de que este asunto debería volver a comisión, teniendo en cuenta las exigencias del registro por escrito y la inscripción en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otras. Hay que ir hasta dicho ministerio, hacer cola para tramitar el registro de cada voluntario que quizás solo va a trabajar durante un día, y al otro se tendrá que volver porque se le dio de baja. ¡Es impresionante!

Además, si los propios interesados, Voluntarios en Red, nos dicen que así como está formulado el proyecto de ley es mejor que no lo aprobemos, deberíamos pensar un poco más y por eso propongo que esto vuelva a comisión, que se convoque a Voluntarios en Red, que se discuta con ellos los contenidos y que se pueda hacer un aporte a algo que todos valoramos. No dudo de la voluntad de todos los legisladores que estamos aquí, que es promover y valorar las acciones de voluntariado, pero, sin querer, vamos a cometer un error y me parece que es bueno adelantarnos para que eso no suceda. Reitero mi mea culpa por no haber participado en la comisión, como debería haberlo hecho, pero por razones de tiempo me fue imposible.

Muchas gracias.

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: solicito un cuarto intermedio de quince minutos.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.

(Así se hace. Son las 12:45).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 13:04).

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señora presidenta: vamos a acompañar el retorno del proyecto de ley a comisión, pero con algunas salvedades. Como bancada de gobierno planteamos que en un plazo máximo de un mes el proyecto de ley debe volver al pleno para su aprobación, y desde ya adelantamos que cuenta con nuestro voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- La moción del senador Mieres en el sentido de que el proyecto de ley vuelva a comisión, y la de la senadora Payssé en cuanto a que retorne a comisión siempre que en un plazo máximo de un mes vuelva al plenario, creo que no son incompatibles.

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Un momento, señor senador.

¿Por qué motivo solicita la palabra? Aclaro que no se la voy a conceder ahora para que no empiecen a hablar todos, ya que también la solicitó la señora senadora Asiaín y el señor senador Mieres.

SEÑOR COUTINHO.- Era para apoyar lo que planteaba.

SEÑORA PRESIDENTE.- Por la vía del fundamento de voto también se puede plantear ese apoyo.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: me encuentro en una situación incómoda porque estoy ocupando la banca de la titular, que en comisión votó este proyecto de ley. De todas maneras estoy aquí y le veo algunas inconsistencias al proyecto. Sé que va a volver a comisión…

(Dialogados).

–Si me permiten continuar, diré lo siguiente.

Planteé mis inquietudes en el seno de la bancada, donde algunos senadores apoyan el proyecto y otros no. Lo menciono, simplemente, como una precisión preliminar.

Como decía, encuentro inconsistencias en la redacción del artículo 12, que ameritan su revisión, y me alegro de que lo hagan para que quede claro.

Por otro lado, encuentro algunas omisiones.

SEÑORA PRESIDENTE.- Perdón, señora senadora, ese planteo puede hacerlo por la vía del fundamento de voto.

SEÑORA ASIAÍN.- Es lo que estoy haciendo.

SEÑORA PRESIDENTE.- Pero todavía no hemos votado.

SEÑORA ASIAÍN.- Está bien.

SEÑORA PRESIDENTE.- En ese momento vuelvo a darle la palabra.

SEÑORA ASIAÍN.- Correcto, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Disculpe, señora senadora, pero tengo que aplicar el Reglamento.

Entonces, se formularon mociones en el sentido de que el proyecto de ley retorne a comisión y que en un mes esté nuevamente en discusión en esta sala.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ahora sí, tiene la palabra la senadora Asiaín para fundar el voto.

SEÑORA ASIAÍN.- Gracias, señora presidenta.

Pretendería que, al ser analizado nuevamente el proyecto de ley en comisión, se contemplaran algunas especificidades que no se tuvieron en cuenta.

El voluntariado ha sido destacado como una actividad buena, que coincide con los fines del Estado en cuanto a la promoción humana, etcétera. Si bien las entidades religiosas no totalizan el voluntariado, conforman una gran proporción de la acción que se realiza a través de ese tipo de actividad. De manera que en su acción directa y en la de entidades que son sus brazos para llevarla a cabo, las entidades religiosas despliegan en la sociedad su actividad benéfica, de salud, de atención a los indigentes, a los marginados, etcétera, a través de voluntarios.

En otros regímenes se establece una presunción de voluntariedad para los ministros de culto. Citaron el caso de España; justamente, ese país tiene acuerdos –algunos con carácter de tratado internacional y otros por ley– para que cuando se esté hablando de ministros de culto se consideren voluntarios y no tengan que pasar por todo esto de la registración, etcétera. También se contemplan las particularidades del servicio prestado a través de estas entidades religiosas.

El senador Bordaberry aludía a los campamentos. Muchas veces, a través de los campamentos se hacen misiones. Bueno, entonces que se contemple además y se distinga lo permanente de lo esporádico.

Por último, sugiero que no se agregue otro contralor más. Las asociaciones civiles sin fines de lucro –aludidas en el proyecto de ley– ya están bajo el control del Ministerio de Educación y Cultura –que es el que ejerce la policía administrativa–, del Ministerio de Economía y Finanzas –que es el que concede la exoneración tributaria– y, si están vinculadas a la salud, del Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿por qué crear otra instancia más de contralor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando esta actividad, por definición, es de no laboralidad? No se comprende cómo se le da competencia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en una actividad que, por definición, no lo es.

Muchas gracias.

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Señora presidenta: la comisión ha trabajado con mucha seriedad y responsabilidad. Quiero destacar hoy el gesto y la tarea de la miembro informante, senadora Payssé, así como de todos los que han participado en la comisión con un mismo espíritu.

El voluntariado es una realidad que está en nuestra sociedad y cada vez con mayor intensidad, y por ello requiere una regulación que sea efectiva, pero que no limite la libertad del trabajo del voluntario. Todos estamos buscando ese espíritu.

Teniendo en cuenta que ha habido aportes de diferentes senadores, como también diversas interpretaciones con respecto a este tema, valoro el gesto de todos –después del trabajo de un año de la comisión, en donde se tuvo que recurrir a técnicas legislativas y a varias instancias para poder unificar y buscar el mayor de los consensos– de tratar de que esta ley definitivamente alcance el espíritu que debe tener, es decir, el de incentivar, motivar y promover el voluntariado en nuestro país.

Entendemos que absolutamente todos los voluntarios son fundamentales para realizar ciertas tareas. Tanto es así que estamos respaldando el día del voluntariado nacional, el día del voluntariado internacional.

Muchas de las cosas que se manejaron acá tienen su respuesta en las diferentes interpretaciones que se dieron a lo largo de todo lo que fuimos observando y trabajando en la comisión. Por eso, en su momento se recurrió al ministro Murro y a todo su equipo, quienes realizaron un gran trabajo y plantearon un sistema de comparación. También se recurrió a una persona con gran experiencia en este tema como lo es el doctor Santiago Pérez del Castillo.

Por lo tanto, todos veníamos con el espíritu de votar este proyecto de ley, tal como se hizo en la comisión por unanimidad.

No quería dejar pasar este momento –al fundamentar el voto de la propuesta de la senadora Payssé en el sentido de poner un plazo de treinta días– sin decir que los aportes que se realizaron deberían ser tenidos en cuenta para que esta ley no pierda su espíritu: ¡promover el voluntariado en todo el Uruguay!

Gracias, señora presidenta.

14) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 15 de mayo de 2018

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827 (literal C), de 14 de setiembre de 2004, por viaje a la República Democrática del Congo con motivo de la visita de la delegación de la Comisión de Defensa Nacional, desde el 21 al 29 de mayo.

Sin otro particular, saludo muy atentamente.

Patricia Ayala. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Se comunica que el señor Julio Baráibar ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Ricardo Alcorta, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

15) CENTENARIO DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: «Proyecto de declaración con motivo del centenario de la República de Armenia».

(Antecedentes).

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SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión.

Léase el proyecto de declaración.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Considerando:

1. Que el próximo 28 de mayo, el pueblo armenio celebra el Centenario de la fundación de la República de Armenia y de las victorias de mayo de 1918 que forjaron su independencia, tras siglos de opresión.

2. Que ese día Armenia celebrará el Día de la República con una serie de actos conmemorativos de carácter oficial.

3. Los profundos lazos de amistad y la fluida relación bilateral existente entre la República de Armenia y la República Oriental del Uruguay.

La Cámara de Senadores de la República Oriental del Uruguay declara que:

1. Adhiere a la conmemoración del aniversario de este hito trascendente en la Historia del pueblo armenio.

2. Extiende sus saludos a las autoridades del gobierno y a la Asamblea Nacional de Armenia, así como también al pueblo armenio y a la numerosa comunidad armenia de Uruguay, en ocasión de este Centenario.

3. Hace votos por la eterna amistad entre los pueblos de Uruguay y Armenia».

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) LEVANTAMIENTO DE LA SESION

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Habíamos acordado que si no quedaban licencias para votar, una vez culminado el tratamiento de la declaración relativa al centenario de la República de Armenia se levantara la sesión.

Por lo tanto, mociono en ese sentido.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 13:16, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Alonso, Asiaín, Ayala, Bordaberry, Carrera, Castillo, Coutinho, De León, Garín, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Mujica, Otheguy, Pardiñas, Passada, Paternain, Payssé, Pintado y Xavier).

LUCÍA TOPOLANSKY Presidente

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.