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N.º 29 - TOMO 568 - 9 DE AGOSTO DE 2017

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

TERCER PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

29.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RAÚL SENDIC Presidente y LA SEÑORA MÓNICA XAVIER Primera vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA, SILVANA CHARLONE

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) y 10) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

– El señor senador Camy solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con el personal afectado a las misiones de paz realizadas por las Fuerzas Armadas al servicio de Naciones Unidas y los ingresos obtenidos por nuestro país a partir de las diferentes misiones realizadas en el exterior.

• Oportunamente fue tramitado.

5) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de que no se registraron inasistencias a la anterior convocatoria.

6) Postergación del numeral primero del orden del día

• La presidencia informa que como no se han planteado propuestas, se posterga una vez más su consideración.

7), 9), 11), 13) y 15) Lavado de activos

– Proyecto de ley por el que se actualiza la normativa vigente.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

8) Suspensión de las sesiones ordinarias de los meses de agosto y setiembre

• Por moción de los señores senadores Delgado, Mieres, Amorín y De León, el Senado resuelve suspender las sesiones hasta finalizar la consideración de la rendición de cuentas.

 12) Solicitud de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede la licencia solicitada por el señor senador Mujica.

– Queda convocada la señora senadora Lazo.

14) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• Por moción del señor senador De León, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de esta sesión.

16) Salud mental

– Por moción de los senadores Amorín, De León, Delgado y Mieres, el Senado resuelve declarar urgente y considerar en la presente sesión el proyecto de ley por el que se aprueban normas que garantizan el derecho a la protección de la salud mental de los habitantes residentes en el país.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Declaración relacionada con el cambio climático

– Proyecto de declaración presentado por senadores de todos los partidos.

• Aprobada.

18) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 8 de agosto de 2017

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo miércoles 9 de agosto, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1.º) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución de la república).

2.º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se actualiza la normativa vigente en materia de lavado de activos.

Carp. n.º 724/2016 - rep. n.º 489/17 y anexos I y II

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alonso, Amorín, Aviaga, Ayala, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Cardoso, Coutinho, De León, Delgado, Gallicchio, García, Garín, Heber, Lacalle Pou, Larrañaga, Lorier, Martínez Huelmo, Mieres, Mujica, Otheguy, Passada, Paternain, Payssé, Pintado, Topolansky y Tourné; y con posterioridad la señora senadora Lazo.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Carámbula, Michelini y Moreira; y a partir de la hora 11:30 el señor senador Mujica.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:39).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El Poder Ejecutivo comunica la promulgación de un proyecto de ley por el que se declara el último lunes de setiembre de cada año Día del Futuro.

–AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

La Cámara de Representantes remite aprobado en nueva forma un proyecto de ley por el que se aprueban normas para garantizar el derecho a la protección de la salud mental de los habitantes residentes en el país.

–A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.

Asimismo comunica que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:

• por el que se autoriza la participación de personal y medios de la Fuerza Aérea Uruguaya en el ejercicio militar combinado Cooperación V, a llevarse a cabo en la República de Chile, en las ciudades de Santiago de Chile, Puerto Montt, Chaitén, Gamboa y Quellón, entre el 21 de setiembre y el 10 de octubre de 2017;

• por el que se autoriza la salida del país del buque de la Armada nacional ROU 23 Maldonado, la lancha patrullera ROU 10 Colonia, la aeornave Mentor T-34C1 Armada 272 y 95 efectivos, a efectos de participar en el ejercicio ACRUX VIII, entre el 18 y el 30 de agosto de 2017, con escala en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, y un área de operaciones comprendida entre las localidades de Ibicuy y Mazaruca (provincia de Entre Ríos).

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Jorge Larrañaga, relacionado con las negociaciones entre la Presidencia de la República y la empresa UPM, vinculadas a la eventual instalación de una planta de celulosa.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR LARRAÑAGA.

El Ministerio del Interior remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Luis Lacalle Pou, relacionado con los recursos y actividades de la Dirección Nacional de Policía Caminera.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR LACALLE POU».

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Carlos Camy solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con el personal afectado a las misiones de paz realizadas por las Fuerzas Armadas al servicio de Naciones Unidas y los ingresos obtenidos por nuestro país a partir de las diferentes misiones realizadas en el exterior.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de lo siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 8 de agosto no se registraron inasistencias.

6) POSTERGACIÓN DEL NUMERAL PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día.

Correspondería considerar el asunto que figura en primer término, relativo a la elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, pero una vez más se posterga su tratamiento dado que no hemos recibido propuestas.

7) LAVADO DE ACTIVOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se actualiza la normativa vigente en materia de lavado de activos. (Carp. n.º 724/2016 - rep. n.º 489/17 y anexos I y II)».

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor presidente: la profusa y dispersa normativa existente sobre lavado de activos hace necesaria una compilación que facilite la tarea de quienes deben aplicarla. Ese es uno de los motivos que expresa el Poder Ejecutivo en su mensaje, señalando las razones por las que es pertinente crear un cuerpo legal que reúna, ordene y sistematice en esta materia.

Esto fue confirmado en la comparecencia del contador Espinosa, secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, quien señaló que la normativa tuvo su origen en un delito asociado a las drogas y, a partir de allí, se fueron agregando treinta y dos delitos como precedentes de lavado. Manifestó también que esa normativa era confusa, que los delitos estaban dispersos y que, por tal razón, era necesario realizar una compilación y ordenamiento de toda la normativa antilavado, que además de actualizarla a los nuevos estándares de prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo que existe en el mundo, preparará al país para otras actividades que tienen que ver con esta materia.

El Poder Ejecutivo señala en su mensaje que estamos ante una de las cuestiones criminológicas de mayor gravedad institucional, en tanto apareja un gran impacto a nivel económico y social. Como sabemos, el lavado de activos permite esconder y legitimar sumas de dinero procedente de actividades ilegales. De ahí la importancia de este proyecto de ley en la lucha contra un verdadero flagelo social y económico.

Uruguay tiene gran interés en que la comunidad internacional sepa dónde lo debe ubicar teniendo en cuenta su compromiso en la materia, que está radicado fundamentalmente a nivel del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT.

Hace ya mucho tiempo existe un sistema internacional que para Uruguay gira en torno a esos organismos que establecen estándares con los cuales hay que alinearse so pena de recibir sanciones u observaciones inconvenientes a nivel internacional. Con el correr de los años se ha desarrollado una política de prevención, detección y represión de esta clase de actividades delictivas, que sitúa a Uruguay en los estándares requeridos internacionalmente.

Debemos tener en cuenta que si bien desde hace muchos años nuestro país ha aprobado normas vinculadas al lavado de activos, históricamente este asunto estuvo directamente vinculado al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos –vínculo que sigue presente–, pero se debe subrayar que con el correr de tantos años se ha registrado una evolución propia del delito, y la realidad actual muestra al lavado de activos como un delito autónomo. El presente proyecto de ley ratifica esta situación estableciendo, además del narcotráfico y delitos conexos, actividades delictivas precedentes del lavado de activos, con lo cual se va en el camino de separar el lavado de activos del narcotráfico, comprendiendo otros delitos graves.

Este proyecto de ley comenzó su proceso de elaboración bajo el influjo de una gran persona, de un gran servidor público, el licenciado Carlos Díaz, extinto secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a quien recordamos como un eficaz y comprometido servidor del Estado. A tales efectos, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo creó un grupo de trabajo en el que participaron el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Banco Central del Uruguay.

A fin de que conste en la versión taquigráfica, es menester consignar que en ese grupo de trabajo que se constituyó para la preparación del proyecto de ley que se presentó a la Asamblea General participaron –así se señaló en la comisión parlamentaria– el prosecretario de la Presidencia de la República, doctor Juan Andrés Roballo; su asesor letrado y anterior secretario nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, licenciado Carlos Díaz, y sus asesores, el contador Daniel Espinosa, la doctora Lorena Falabella, la escribana María Laura Lucchi, la doctora María Inés da Rosa y el licenciado Andrés Niemann; el asesor de la Presidencia en ese momento y actual presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, contador Ricardo Gil Iribarne; el subsecretario del Ministerio del Interior, licenciado Jorge Vázquez, y sus asesores, la doctora Vanesa Reyes y el licenciado Pablo Martínez; el coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado, general Washington Martínez, y sus representantes, los coroneles Juan Chiale, Jesús Rodríguez y Héctor Rodríguez; el fiscal de corte y procurador general de la nación, doctor Jorge Díaz; el fiscal letrado especializado en crimen organizado, doctor Carlos Negro; la fiscala letrada nacional, doctora Mónica Ferrero, y la fiscala letrada adjunta, doctora Adriana di Giovanni; en representación de la Suprema Corte de Justicia trabajó el ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1.er turno, doctor Alberto Reyes, y el anterior juez letrado especializado en crimen organizado de 1.er turno, doctor Néstor Valetti; también participó el gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, contador Néstor López, y su representante, el contador Fernando Fuentes; en representación del Ministerio de Defensa Nacional, la doctora Sylvia Usher; en representación del subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, el doctor Ricardo Pérez y la doctora Natalia Acosta; en representación de la Cancillería, la consejera Carolina Villarubia y el secretario del Servicio Exterior Alfonso Rossi. El Parlamento también estuvo representado, especialmente por la comisión homónima de la Cámara de Representantes.

Se trata de un proyecto de ley que venía muy trabajado y muy acordado.

Uruguay se aprestaría a recibir las inspecciones del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI– en el año 2019.

Aunque al señor senador Bordaberry no le guste, voy a hablar utilizando las siglas porque los nombres de las agrupaciones son muy largos. Aclaro que GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y Gafilat es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

Reitero que en 2019 nuestro país estará en la revisión del GAFI, y con este instrumento pensamos que se va a cumplir con todos los estándares requeridos.

Como es sabido, señor presidente, el GAFI es el principal organismo de acción financiera a nivel internacional que se dedica al combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Fue fundado en 1989 por el llamado Grupo de los Siete para hacer frente a los flujos ilícitos derivados del narcotráfico.

(Campana de orden).

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa ruega a los señores senadores que hagan silencio, pues se trata de un tema importante y resulta difícil escuchar al miembro informante.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Gracias, señor presidente.

Para prevenir el lavado de fondos, el GAFI elaboró las conocidas cuarenta recomendaciones, que están presentes en todo el articulado y que más adelante las iremos detallando. Se trata de un conjunto de normas estándares para ser transformadas en legislación nacional por cada uno de los miembros de ese grupo. En ese sentido, Uruguay no puede estar ajeno, sobre todo cuando cada tantos años se hacen revisiones y, como cualquier miembro, tiene que demostrar los avances que va logrando en su legislación nacional.

Uruguay está adherido al GAFI y al Gafilat desde larga data. Por ejemplo, al grupo latinoamericano pertenece desde el año 2000, lo que quiere decir que la conducta de Uruguay es una conducta de Estado; una conducta que ha trasvasado diversas administraciones y se sigue perfilando, porque es de interés de Uruguay estar en estos asuntos y fuera de lo que puede ser cualquier sospecha en torno a los temas de lavado de activos, narcotráfico y financiamiento del terrorismo.

A continuación, haré un esbozo de los capítulos.

El capítulo I refiere a la organización institucional. Dispone sobre aspectos de la organización institucional de su actor público respecto al combate del lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.

El Decreto 245/007, de 2 de julio de 2007, creó la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo; ahora, en el artículo 1.º se le da rango legal, como solicitan los estándares internacionales, y se la integra a la Junta de Transparencia y Ética Pública, bajo la presidencia del prosecretario de la Presidencia de la República.

Ya la Ley n.º 19355, en su artículo 49, dispuso la creación de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo como órgano desconcentrado dependiente directamente de la Presidencia de la República, y aquí se establece que es la que diseñará las líneas generales de acción para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta secretaría actuará con autonomía técnica.

El capítulo I atiende varias recomendaciones del GAFI. Es un capítulo que, desde el punto de vista institucional, está incluido entre las cuarenta recomendaciones.

El capítulo II refiere al sistema preventivo. Establece una normativa que refuerza el sistema preventivo haciéndolo más eficaz. Este capítulo también atiende recomendaciones del GAFI que más adelante detallaré.

El capítulo III establece normas sobre el intercambio de información, teniendo en cuenta que la magnitud de los delitos y su carácter transnacional hacen obligatoria la cooperación entre distintas agencias y organismos de inteligencia y de aplicación de la ley. Este capítulo, al igual que el IV, también contiene recomendaciones del GAFI.

El capítulo IV refiere al transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos a través de la frontera, donde obligatoriamente se debe declarar y comunicar lo que se transporta, lo que es norma desde el año 2004, en correspondencia también con la recomendación GAFI n.º 32, que refiere al transporte de efectivos.

En el capítulo V, «De los delitos de lavado de activos», se destaca la inclusión de nuevas figuras de delitos precedentes –este es un tema importante que abordaremos en su momento–, en especial, el delito fiscal. Esta es una carencia que al día de hoy existe y si me da el tiempo, quizá al final de mi alocución, haga referencia a este delito fiscal y a las imposibilidades que ha tenido Uruguay en el pasado, por carecer de esta norma, de recurrir a denuncias públicas en la prensa nacional, que están tan en boga en estos días. Este capítulo atiende a las Recomendaciones 3, 30 y 35 del GAFI.

El capítulo VI tiene que ver con las medidas cautelares, ya expresadas en normas anteriores. Son medidas preventivas específicas, en función de la naturaleza de los delitos. Este capítulo atiende a las Recomendaciones 4 y 31 del GAFI. Es importante resaltar que con este proyecto de ley Uruguay se pone al día con las cuarenta recomendaciones del GAFI.

El capítulo VII, «Del decomiso», mejora la normativa anterior y cumple con la Recomendación 4 del GAFI «Decomiso y medidas provisionales».

El capítulo VIII, «Técnicas especiales de investigación», establece estas disposiciones atendiendo así la Recomendación 31 del GAFI.

El capítulo IX, «De la cooperación jurídica penal internacional», recoge la normativa vigente y busca cumplir con las Recomendaciones 37, 38, 39 y 40 del GAFI.

Señor presidente: este proyecto de ley cuenta con nueve capítulos y setenta y nueve artículos. Como se ha dicho, casi la totalidad de este proyecto de ley es una compilación elaborada con el objetivo de dar unidad a un solo texto legal y así evitar tener que estar buscando –como nos ha pasado a los miembros de la comisión– entre más de quince leyes, rendiciones de cuentas, artículos, referencias y decretos, lo cual hace que el seguimiento de cada una de las disposiciones sea muy complicado. Es por ello que considero que con esta iniciativa vamos a avanzar muchísimo en el tratamiento de estos temas.

Como se ha dicho, el artículo 1.º del proyecto crea la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y viene del Decreto n.º 245/07, de 2 de julio de 2007. Al incorporarlo al texto del proyecto de ley, se le da el rango legal que se requiere internacionalmente.

El artículo 2.º, «Cometidos», corresponde al artículo 2.º del Decreto n.º 245/07. Quiero aclarar que un sinfín de normas de este proyecto de ley tienen un uso pacífico en la legislación uruguaya en el combate del lavado de activos, del narcotráfico y del financiamiento del terrorismo.

El artículo 3.º, «Designación de los comités operativos», es un aspecto institucional y corresponde al artículo 3.º del Decreto n.º 245/07. A su vez, su inciso segundo corresponde al artículo 4.º del mencionado decreto.

El artículo 4.º, «Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo», dice: «La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, como órgano desconcentrado dependiente directamente de la Presidencia de la República, diseñará las líneas generales de acción para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo». Esto, que ahora se compendia, corresponde al artículo 49 de la Ley n.º 19355, de 19 de diciembre, por lo que no es novedoso. Inclusive, en algunos incisos de este artículo se introducen otras disposiciones vigentes.

El artículo 5.º, «Secretario nacional», establece las facultades de quien conduce la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Esto estaba establecido en el artículo 49 de la Ley n.º 19355.

El artículo 6.º, «Acceso a la información por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo», de esta compilación a la que ya se ha hecho referencia, también corresponde al artículo 49 de la Ley n.º 19355, «Presupuesto Nacional Período 2015-2019».

El artículo 7.º, «Envío de información a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo», si bien es nuevo, antiguamente la secretaría podía hacerlo. El artículo dice: «La Unidad de Información y Análisis Financiero proporcionará a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en la forma y con la periodicidad que ambos organismos acuerden, la información disponible en sus bases de datos que pueda resultar de utilidad para la supervisión de los sujetos obligados comprendidos en el artículo 13 de la presente ley. A estos efectos, se proporcionará la siguiente información», y continúa con una serie de literales donde se establece la información que se proporcionará. Como dije, ya se hacía, pero ahora, como novedad, se le da rango legal.

El artículo 8.º, «Colaboración del sector público», también es nuevo y comienza diciendo: «Todos los organismos públicos deberán contribuir a la prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, adoptando políticas y procedimientos que permitan mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se desarrollen en cada caso». Como los señores senadores tienen el proyecto de ley en sus bancas, omitiré el resto de la lectura.

El artículo 9.º es otra norma nueva sobre trasparencia. Me voy a detener en esto porque muchas personas en el Parlamento han apoyado a la comisión y a quien habla para que se pudiera resolver este asunto positivamente. El artículo 9.º, «Prohibiciones», dice: «El Presidente y Vicepresidente de la República, los Senadores y Representantes Nacionales, los Ministros y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales de Secretaría de los Ministerios,» –se refiere a los número tres de cada ministerio– «los Directores de Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Personas Públicas No Estatales y cualquier cargo político y de particular confianza, no podrán ser accionistas, beneficiarios finales, ni tener ningún tipo de vinculación, con sociedades comerciales domiciliadas en jurisdicciones de nula o baja tributación, mientras se desempeñan en el cargo público».

Hemos presentado esta redacción –que es una innovación– que va en la línea del artículo 126 de la Constitución. Este artículo establece prohibiciones a determinados actores públicos por entender que los gobernantes deben ser transparentes en el ejercicio de la función, como estamos seguros de que lo estamos siendo todos en el Parlamento y en la Administración pública. Especialmente pensamos que aquellos gobernantes que poseen competencia en política tributaria no deben tener ningún tipo de vinculación con sociedades comerciales ubicadas en los llamados paraísos fiscales.

Por otra parte, es sabido que el lavado de activos proveniente del narcotráfico, la trata de personas y el financiamiento del terrorismo, generalmente se ubica en esas jurisdicciones de nula o baja tributación.

También entendemos, señor presidente, que al ser sociedades comerciales que están ubicadas en zonas de opacidad tributaria, los gobernantes no pueden tener vinculación con ellas, por lo menos, mientras dure el período de gobierno.

Esta es una medida de transparencia que comenzó cuando se creó la comisión que trató el tema Papeles de Panamá. Recuerdo que quedamos muy impactados por lo que le sucedió al ministro Cameron, quien tuvo que ir al Parlamento a pedir disculpas porque tenía una sociedad de estas características. A su vez, nos sorprendió la renuncia del ministro Soria, en España; la renuncia del primer ministro de Islandia y también la vinculación de gobernantes de los países vecinos –del norte y del oeste– que estaban involucrados en estas actividades. Considerábamos que eso no ayudaría al buen prestigio de la actividad política.

Por otra parte, señor presidente, comentábamos este asunto con el señor senador Mujica a raíz de que él se hizo presente en el plebiscito realizado en Ecuador sobre estos temas y cuya votación salió triunfante. Además, debo decir que el señor senador Pintado amplió la nómina de personalidades o de cargos públicos que debían estar incluidos en esta prohibición.

A su vez, debo agregar –hay que ser honrado intelectual y políticamente– que el año pasado tuvimos aquí un debate muy duro con el señor senador Bordaberry, sobre transparencia y corrupción, y nosotros tomamos –porque así nos comprometimos en sala– algunos elementos de la carpeta n.º 129/2015, referida a titulares de determinados cargos públicos, que entiendo se ha atendido bastante en el artículo 9.º de este proyecto de ley.

El artículo 10 implica también una actualización legal de la compilación porque refiere a la obligación de brindar asesoramiento. Aclaro que esto ya estaba previsto en los artículos 2.º y 3.º de la Ley n.º 18914. Es muy importante saber que en el curso de esta alocución reiteraremos este aspecto, en función de la actividad compilatoria que nos encargó el Poder Ejecutivo, luego de un trabajo de afinamiento muy arduo y que fue realizado por todos los actores que nombré al comienzo.

El artículo 11, por su parte, establece la obligación de colaborar y dice: «Las entidades públicas, cualquiera sea su naturaleza jurídica, están obligadas a brindar información, asesoramiento y colaboración en los aspectos y de la forma en que lo requieran los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal especializados en Crimen Organizado por sí o a solicitud del ministerio público, a efectos de mejor instruir las causas de su competencia».

Realizaremos ahora un paneo sobre el capítulo II, «Sistema preventivo». El artículo 12, «Sujetos obligados financieros», era parte del artículo 1.º de la Ley n.º 18494.

En el artículo 13, «Sujetos obligados no financieros», están incluidas muchas de las actividades establecidas en el artículo 2.º de la Ley n.º 18494. Debemos decir que ha sido profundo el trabajo realizado por los integrantes de la comisión y casi ha sido el resumen de toda nuestra actividad.

Más allá de que el proyecto de ley está en el Parlamento desde octubre del año pasado, tomó estado legislativo en la comisión en diciembre y durante todo este año hemos trabajado en él, podemos decir que han concurrido a la comisión el Colegio de Abogados del Uruguay, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, y la Asociación de Escribanos del Uruguay; básicamente, los privados que trabajan con estos temas o que están sujetos a las regulaciones de estos asuntos.

Además, también concurrió la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo –que cuenta con un manejo estratégico y gran responsabilidad– y consideramos la posibilidad de que fuera el pivote de todo este tema ante la eventualidad de algún disenso. En este sentido, debemos decir que los hubo porque si se revisan las versiones taquigráficas de la comisión, se verá que los colectivos que concurrieron lo hicieron manifestando argumentos de una vieja lucha que se da en el presente y seguramente también se dará en el futuro, que implica la salvaguardia del secreto profesional y el interés general radicado en el artículo 7.º de la Constitución de la república. Queremos señalar que hubo diálogo, hubo un ida y vuelta y también un acuerdo con todos estos elementos que nos da el artículo 13 del proyecto de ley.

Señor presidente: si bien estamos a favor del proyecto de ley –estamos argumentando a su favor– y de las condiciones fundamentales que tiene para el Uruguay, debemos decir que en la previa hubo diferencias y que, seguramente, ellas se siguen manteniendo. Pero lo importante es que, a través de la comisión y de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo hubo acercamientos para poder llegar, en esta instancia, a un proyecto de ley, a elementos que salvaran la actividad de las partes. Por supuesto, no fue fácil y el trabajo fue arduo, pero se llegó a esta solución. En el texto comparativo podrán ver, en negrita, el producto de todo ese intercambio.

Con respecto al secreto profesional –sé que puede haber más de una opinión en este tema– queremos ser claros y, al mismo tiempo, dejar una constancia en este informe, ya que luego entraremos en el debate en general. Entendemos que el secreto profesional fue un tema focal. Fue un aspecto del proyecto de ley que también se dio en la transparencia fiscal con la flexibilización del secreto bancario.

El Colegio de Abogados del Uruguay, además de sus consideraciones sobre el proyecto de ley, nos entregó a los miembros de la comisión el ejemplar n.º 199 –que corresponde a los meses de noviembre y diciembre de 2016– de la publicación Tribuna del abogado, una revista muy interesante que siempre sigo.

En el editorial El derecho al secreto del profesional abogado como derecho humano –que hay que leer bien– del ejemplar de la revista antes mencionada se lo propone –lo propusieron también los distinguidos profesionales que comparecieron ante la comisión– como un derecho fundamental, y se dice que si carecemos de él se derrumba la democracia, algo que es un poco extremo para nuestro gusto. Obviamente, así lo dispone, también, el Código de Deontología de los Abogados de la Unión Europea –el gremio de los abogados a nivel mundial da una dura batalla en ese sentido–, al decir: «Sin la garantía de la confidencialidad no puede existir confianza» y, por tanto, si no existe confianza en las comunicaciones entre el abogado y su cliente, difícilmente este le proporcione al primero todas las informaciones relevantes para obtener un asesoramiento adecuado. De ese modo, el derecho a recibir ese asesoramiento sería puramente formal y ciertamente inefectivo.

En el desarrollo del debate en la comisión, los profesionales que comparecieron atacaron el proyecto de ley original y esgrimieron fundamentos duros en cuanto a que se estaba violando el secreto profesional nada más que porque se hacía partícipe de las informaciones a los profesionales en general. Hicieron un alegato duro, firme y bien fundado, pero a mi modo de ver un tanto extravagante. Lo digo porque, así como se manejó en el artículo que acabo de leer y es fundamento para el Colegio de Abogados del Uruguay lo que hacen sus socios o colegas en la Unión Europea, nosotros también vamos a mencionar un material que se nos proporcionó de la referida Unión Europea –para que ustedes vean que esto se discute en el Uruguay y en todo el mundo– en cuanto a los alcances de ese llamado «bien supremo» que es el secreto profesional.

La Directiva (UE) 2015/849 –con la que queremos cotejar ese tipo de principio– del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, dice lo siguiente en su considerando (9): «Los profesionales del Derecho, tal y como hayan sido definidos por los Estados miembros, deben quedar sujetos a la presente Directiva cuando participen en operaciones financieras o empresariales, incluido el asesoramiento fiscal, en las que existe mayor riesgo de que los servicios de dichos profesionales del Derecho se empleen indebidamente a fin de blanquear el producto de actividades delictivas o financiar el terrorismo. No obstante,» –dicen en la Unión Europea– «deben preverse exenciones de la obligación de notificación en lo que respecta a la información obtenida antes, durante o después del proceso judicial, o en el momento de la determinación de la situación jurídica de un cliente. Por lo tanto, el asesoramiento jurídico debe seguir sujeto a la obligación de secreto profesional, salvo en caso de que el profesional del Derecho esté implicado en blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, o de que el profesional del Derecho sepa que el cliente solicita asesoramiento jurídico con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo».

Esta disposición de la Unión Europea –a la que se hizo referencia en comisión– habla expresamente del abogado y señala que debe ser incluido, como sujeto obligado, cuando participe en relaciones comerciales o preste servicios societarios, pero protegiendo el secreto profesional. Salta a la vista, entonces, que la pulseada no se da solamente en Uruguay y en América del Sur, sino también en Europa, y que es un tema muy dinámico en donde no se ha dicho aún la última palabra a nivel universal, además de existir una tendencia clara que se diferencia del criterio de un secreto profesional absoluto e inmutable.

Es menester recordar que entre los delitos precedentes de lavado de activos se encuentran los más repugnantes delitos que podamos imaginar, violatorios todos ellos de derechos humanos fundamentales: narcotráfico, crímenes de guerra, genocidio, terrorismo, tráfico de armas, tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos, tráfico ilícito y trata de personas, extorsión, secuestro, proxenetismo, tráfico de sustancias nucleares, homicidio, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, todas estas son conductas que laceran la vida de millones de seres humanos a lo largo y ancho del mundo y, por lo tanto, no son menos importantes a tener en cuenta a la hora de establecer paradigmas en materia de derechos humanos.

Por lo tanto, nosotros no creemos que se pueda superponer este conflicto de derechos humamos –llamémosle así– sobre el otro. Es un conflicto que está pendiente, que está siempre en discusión, pero en busca del interés general el Estado –diría, los Estados– también está obligado a que se cumplan todos los extremos para evitar las violaciones lacerantes de los derechos humanos a partir de los delitos implicados en el lavado de activos.

El conflicto está planteado y, obviamente, algún día llegaremos a una solución de equilibrio entre las partes. Que conste que hubo un acuerdo en el que se consideró el interés de las corporaciones que nos visitaron, pero en el marco de la discusión hubo algo que no puedo dejar pasar por alto.

El Colegio de Abogados del Uruguay concurrió acompañado por avezados juristas y hombres del derecho y, quizás influidos de la pasión por el tema, en esa instancia se llegó a afirmar algo que voy a citar para que se vea de qué estoy hablando. Dijo un experimentado abogado como ejemplo del secreto profesional: «Si una persona se presenta ante un abogado o curial y le dice que piensa matar a determinada persona, que lo va a hacer tal día, en tales condiciones y en tales situaciones –ejemplo que podría ser meramente de libro, pero que en la práctica ha de haber acontecido–, ¿qué puede hacer el abogado? ¿Puede presentarse, comparecer ante la Justicia o la Policía a denunciar a este individuo? No. Es la única persona en el mundo que no puede hacerlo. Lo que sí puede hacer es una especie de superhéroe» –esto quedó como una caricatura– «–ahora que están de moda– y, el día de ese pretendido atentado, tirarse, abalanzarse sobre el cliente, agarrarlo y hacer algún tipo de impedimento físico».

El ejemplo que se dio, reitero, seguramente estuvo influido de la pasión por el tema –fue una reunión muy apasionante–, pero el asunto es que eso se dijo. Ahora bien, plantearlo de esa manera, sin ningún lugar a dudas implicaría complicidad en un delito de homicidio –si eso le pasa a una persona que anda caminando por la calle, como cualquier hijo de vecino, es complicidad en delito de homicidio–, pero lo más importante y no aceptable es que se pueda considerar siquiera que el secreto profesional esté por encima del derecho a la vida como expresión de un derecho ilimitado. Señor presidente: ¡por encima de la vida, nada! Por eso entiendo que debe haber, sin lugar a dudas, una forma de convivencia entre la responsabilidad y el secreto profesional.

En este aspecto, en el Uruguay se está en una etapa de examen de estas realidades como parte sustancial de lo que llamamos «lavado de activos», pero es evidente –estaríamos fraguando el informe si no lo dijéramos– que en toda la actividad de la comisión estuvo subyacente esa tensión o pulseada. Por supuesto, intentamos –como parte del asunto– ver la globalidad del problema y reflexionar sobre esto, pero si se pretende instalar como verdad única la postura que asigna un valor absoluto al secreto profesional y que ello equivaldría a violar derechos humanos inalienables –lo digo con total sinceridad y respeto por los técnicos y juristas que estuvieron en la comisión–, no creo en esa visión.

Yendo al articulado, vemos que el artículo 14 ya está referido en el Decreto n.º 355, y también el artículo 15, «Medidas de debida diligencia de cliente», dado que esto es compilado. Lo propio sucede con el artículo 16, que refiere a la aplicación de las medidas de debida diligencia, que ya estaban en el ordenamiento jurídico de la república.

Se agrega el artículo 18, «Aplicación de medidas simplificadas de debida diligencia».

El artículo 19, «Medidas de debida diligencia intensificada», también estaba; era el artículo 7.º, «Debida diligencia intensificada», del Decreto n.º 355/2010.

También los artículos 20 y 21 están referidos en el articulado del Decreto 355/2010.

La obligación de reserva a que refiere el artículo 22 estaba en el artículo 3.º de la Ley n.º 17835.

El artículo 23 ya estaba incluido como artículo 4.º de la Ley n.º 17835.

El artículo 24 era parte de la misma Ley n.º 17835, en su artículo 6.º.

El artículo 25, «Prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos», es el artículo 5.º de la Ley n.º 17835.

El artículo 26, «Acceso a la información por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero», está referido y ya era norma por medio del artículo 5.º de la Ley n.º 17835.

En el capítulo III, «Intercambio de información», el artículo 27 ya era norma –es el artículo 7.º de la Ley n.º 17835– y el artículo 28, «Intercambio de información con autoridades nacionales», es parte de la Ley n.º 18494.

El capítulo IV, «Transporte de efectivo, instrumentos monetarios y metales preciosos», estaba referido en el artículo 19 de la Ley n.º 17839.

En el capítulo V, «De los delitos de lavado de activos», el artículo 30, «Conversión y transferencia», está referido en el artículo 54 de la Ley n.º 14294; ya formulaba pacíficamente en el activo jurídico del país.

El artículo 31, «Posesión y tenencia», ya es ley y está en el artículo 55 del Decreto ley n.º 14294.

El artículo 32, «Ocultamiento», corresponde al artículo 56 de la Ley n.º 14294.

El artículo 33, «Asistencia», está referido en el artículo 57 del Decreto ley n.º 14294. Cabe aclarar que estos artículos también implican penas. Como se puede ver, al final de los artículos 30 y 31 se hace referencia a delitos y se establece la pena correspondiente.

El artículo 34, «Actividades delictivas precedentes», merece un comentario, por lo menos sucinto, a los efectos de esta introducción que estoy haciendo sobre el proyecto de ley. Refiere –reitero– a todas las actividades delictivas precedentes, y al respecto he hecho un punteo en los borradores que tengo en mi poder. El numeral 1 ya está referido en el artículo 8.º de la Ley n.º 18494. Todos los demás, menos el numeral 25, ya están establecidos en otras leyes y también se han ejercido pacíficamente en la legalidad nacional.

Como inserción novedosa e importante, tenemos el numeral 25, defraudación tributaria, porque es algo de lo que carecía la Administración. Dice así: «Defraudación tributaria, según lo previsto en el artículo 110 del Código Tributario, cuando el monto de el o los tributos defraudados en cualquier ejercicio fiscal sea superior a:

A) 2.500.000 UI (dos millones quinientos mil unidades indexadas) para los ejercicios iniciados a partir del 1.º de enero de 2017». Aquí debe corregirse el año, porque tendría que decir «2018», pues estamos suponiendo que si este proyecto es aprobado, ese umbral de 2.500.000 UI entrará a regir a partir de esa fecha.

Luego, en el literal B), se dice: «1.000.000 UI (un millón de unidades indexadas) para los ejercicios iniciados a partir del 1.º de enero de 2018». También debería corregirse y decir «2019».

Es interesante que en el primer año aparezca la cifra más alta, 2.500.000 UI, y que ya a partir del segundo año quede en 1.000.000 UI. Se trata de una técnica tributaria ideada por el extinto licenciado Carlos Díaz, que tenía una gran y profunda experiencia en la DGI. Por lo tanto, por consejo del licenciado Díaz cuando dirigía la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, se fijaba un umbral un poco más alto el primer año para el delito a fin de dar tiempo al mercado para que se adecuara a la normativa. Es interesante el perfil que tomó el artículo en esta parte.

El artículo 35, «Autolavado», incorpora expresamente la figura correspondiente –el tema fue discutido en comisión– y dice así: «El que hubiere cometido algunas de las actividades delictivas precedentes señaladas en el artículo anterior también podrá ser considerado autor de los delitos establecidos en los artículos 30 a 33 de la presente ley y por tanto sujeto a investigación y juzgamiento, configuradas las circunstancias previstas en dichos artículos». Confieso que no voy a profundizar en este tema porque supera mis conocimientos, pero hay un debate sobre este aspecto y el Colegio de Abogados del Uruguay nos lo hizo notar. Hay dos bibliotecas –como en todo tema de abogados y en todo tema legal–, y si bien se señaló la discrepancia, la comisión entendió que, en virtud de los antecedentes del tratamiento de este proyecto de ley, este artículo debía quedar.

El artículo 36 contiene una definición, que también está involucrada en la polémica antes mencionada. A este respecto, cabe recordar la posición del doctor Gonzalo Fernández y de otros juristas, sobre la definición del delito autónomo. Este artículo, concretamente, expresa: «El delito de lavado de activos es un delito autónomo y como tal, no requerirá un auto de procesamiento previo de las actividades delictivas establecidas en el artículo 34 de la presente ley, alcanzando con la existencia de elementos de convicción suficientes para su configuración».

Sobre este tema hay más de una biblioteca, pero, como lo señalamos al principio, hemos preferido seguir el camino de la modernidad y de autonomía del delito de lavado de activos, sin mengua de ser muy interesantes las objeciones que al respecto se plantearon. No vamos a profundizar en los detalles –no está en nuestro ánimo cansar al Cuerpo, pues para ello tendríamos que manejar una gran cantidad de papeles–, sino solamente quiero decir que esta iniciativa contó con el voto unánime de la comisión, aunque con algunas salvedades que luego expresarán los demás integrantes.

Los artículos 37 y 38 también contienen referencias en el acervo jurídico del país: el primero de ellos, en la Ley n.º 17835 y, el segundo, en el artículo 59 del Decreto ley n.º 14294. De un modo u otro, estas leyes han recogido el perfil del país en la historia reciente en esta materia y estos elementos han sido compartidos por la unanimidad de todos los partidos políticos.

El artículo 39, «Circunstancias agravantes especiales», remite al artículo 58 del Decreto ley n.º 14294. De esta misma ley, el artículo 61 está referido y corresponde al artículo 40.

El artículo 41, «Investigación económico-financiera paralela», es nuevo.

El artículo 42, «Reserva interna de la investigación», nos remite al artículo 3.º de la Ley n.º 18494.

Ingresando en el análisis del capítulo VI, «De las medidas cautelares», los artículos 43 y 44 se remiten a los artículos 62.1 y 62.2 del Decreto ley n.º 14294.

El artículo 45 se vincula con el artículo 62.3 del Decreto ley n.º 14294.

El artículo 46, «Recursos», se corresponde con el artículo 62.4 del Decreto ley n.º 14294.

El artículo 47, «Medidas específicas», se relaciona con el artículo 62.5 del Decreto ley n.º 14294 y, el artículo 48, con el artículo 62.6 de la misma norma.

Señor presidente: como se puede advertir, la mayor parte del articulado es una permanente compilación. Por tanto, el trabajo de la comisión se resume en la consideración de los distintos temas y las carencias señaladas por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, el Colegio de Abogados del Uruguay y la Asociación de Escribanos del Uruguay, lo que quedó perfectamente delimitado en los acuerdos alcanzados en lo que refiere al antiguo artículo 12, hoy artículo 13, y al antiguo artículo 32, hoy artículo 33.

En negrita encontrarán claramente expresado el resultado del acuerdo, sobre el que abundaré, si me da el tiempo, porque tengo en mi poder la documentación que lo avala.

Pasamos ahora al capítulo VII, «Del decomiso».

Los artículos 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 se basan en el Decreto ley n.º 14294.

El artículo 58, «Devolución de bienes», contiene una disposición muy interesante. Sobre este tema hemos abundado en la comisión, pero se podrá comprender al leerlo. Dice así: «Si el tribunal penal competente tuviere elementos de convicción suficiente de que los bienes, productos o instrumentos incautados correspondieran a un tercero que hubiere resultado perjudicado como consecuencia de la comisión de los delitos previstos en los artículos 30 a 33 de la presente ley o de las actividades delictivas precedentes establecidas en el artículo 34 de la presente ley o correspondieran a la víctima de uno de estos delitos no se procederá al decomiso, debiendo devolverse los bienes a su titular».

En este artículo –que es nuevo– queda cristalizada una vieja aspiración sobre la que se abundó en el seno de la comisión el 31 de mayo del presente año, cuando concurrieron las autoridades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–19 en 20. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Muchas gracias, señores senadores.

Ingresamos en el capítulo VIII, «Técnicas especiales de investigación», que también es una compilación.

El artículo 61, «Entrega vigilada», se referencia en el artículo 9.º de la Ley n.º 17835.

El artículo 62, «Vigilancias electrónicas», se corresponde con el artículo 5.º de la Ley n.º 18494.

Con respecto al artículo 63, «Del colaborador», debo decir que –en lo que me es personal– no tenía mucho conocimiento de este tipo de figuras, pero, cuando fuimos a buscar la información respectiva, me volvió el alma al cuerpo al comprobar que ya estaba regularizado en el artículo 6.º de la Ley n.º 18494, del 5 de junio de 2009. Lo mismo sucede con el artículo 64, «Agentes encubiertos», que está contenido en el artículo 7.º de la Ley n.º 18494, y queda compilado en esta nueva norma.

El artículo 65, «Protección de víctimas, testigos y colaboradores», antes estaba referido en el artículo 8.º de la Ley n.º 18494.

El artículo 66, «Revelación de medidas», estaba regulado en el artículo 9.º de la Ley n.º 18494.

El artículo 67, «Influencia en la actuación», se corresponde con el artículo 10 de la Ley n.º 18494.

Por último, el capítulo IX, «De la cooperación jurídica penal internacional», está basado en el artículo 75 del Decreto ley n.º 14294.

El artículo 69, «Requisitos formales de las solicitudes y documentación recibidas», se corresponde con el artículo 76 del Decreto ley n.º 14294.

El artículo 70, «Diligenciamiento de la solicitud», remite al artículo 77 del Decreto ley n.º 14294.

Los artículos 71 y 72 están conformados por lo dispuesto en el artículo 77 del Decreto ley n.º 14294.

El artículo 73, «Rechazo de las solicitudes», proviene del artículo 77 del Decreto ley n.º 14294.

El artículo 74, «Prohibición de actuaciones», deriva del artículo 78 del Decreto ley n.º 14294.

El artículo 76, «Extradición», tiene que ver con normas referidas en el Código Penal y procede del artículo 12 del Decreto ley n.º 14294.

El artículo 77 es una compilación del artículo 80 del Decreto ley n.º 14294.

Señor presidente: obviamente, hablar del nomen iuris de cada artículo podría llevar mucho más de diez o quince minutos, pero, como dije antes, este tema ha sido muy discutido en comisión e incluso consta en los anales parlamentarios el debate de las distintas leyes mencionadas, incluido el de la primera revisión realizada en 2004.

Finalmente, el artículo 79 establece una serie de derogaciones –bastante importante–, referida a las leyes compiladas en este texto único, que considero un instrumento relevante.

Debo decir también que, obviamente, somos parlamentarios, hoy votaremos este proyecto de ley y la semana que viene iniciaremos la consideración de la rendición de cuentas, por lo que esta iniciativa será historia para nosotros. No obstante, dado que la secretaría antilavado ha logrado acuerdos con quienes actúan en el asesoramiento sobre lavado de activos, etcétera, la comisión entendió que lo prudente, lo posible, es apoyar este proyecto de ley, promoverlo, elevarlo a la consideración del Senado y recomendar su aprobación, en virtud de que no seremos nosotros –el Parlamento– quien se las tendrá que ver con la revisión GAFI del año 2019, sino el propio Estado uruguayo. Dicho de otro modo, esperamos que esta ley esté pronta antes de fin de año y puesta en funcionamiento en 2018, para que en 2019 la secretaría antilavado y todos sus titulares, puedan presentarse en ese ámbito, diría, ante esa gran encuesta, que tendrá como objetivo evaluar a nuestro país en lo que refiere a estos temas, que en este momento son medulares a nivel universal. Un país sospechado de apoyo al terrorismo, todos sabemos en qué desemboca; ni que hablar si se trata del narcotráfico.

Por lo tanto, señor presidente, en la búsqueda de los equilibrios que deben imperar en esta materia, hoy aconsejamos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley, sin mengua de las observaciones que realizamos en el momento adecuado –objeto de polémica–, con respecto a determinados absolutos que se manejan sobre el tema de los derechos humanos y del secreto profesional.

Me queda algún otro tema por mencionar, pero no quiero acaparar el uso de la palabra.

Termino aquí mi exposición, dispuesto a responder las consultas o cualquier contingencia.

8) SUSPENSIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se suspendan las sesiones ordinarias del mes de agosto y setiembre hasta finalizar el tratamiento del proyecto de ley de rendición de cuentas, en tanto las comisiones permanentes y especiales continuarán funcionando en su régimen ya establecido». (Firman los señores senadores Amorín, Mieres, Delgado y De León).

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

9) LAVADO DE ACTIVOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa el tratamiento del tema en consideración.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor presidente: este es un proyecto de ley seguramente necesario, complejo, largo –como hemos visto en el informe del señor miembro informante–, en el que ha trabajado la comisión con entusiasmo y en armonía.

Nos enteramos por la prensa de la posible creación de esta comisión, cuando surgieron los primeros nombres de los Papeles de Panamá –que tiene un largo nombre, pero todos la llamamos de los Papeles de Panamá– durante aquel lío fenomenal en el que se dieron a conocer al mundo una cantidad importante de nombres que tenían sociedades en Panamá.

Cuando apareció el primer lote de nombres, no sabíamos cuál sería la finalidad de la comisión, porque algunos estaban vinculados a determinados partidos políticos. Cuando apareció el segundo lote de nombres, quedó claro que la comisión solo iba a tener fines legislativos.

Efectivamente, la comisión tiene fines legislativos, para eso fue creada, y este proyecto de ley –que, con lógica, hubiera sido tratado en la Comisión de Hacienda– fue considerado en la comisión de los llamados Papeles de Panamá. Allí se recibió a representantes de distintos colectivos y creo, con justicia, que el proyecto de ley mejoró de manera sustantiva.

El texto original contenía un artículo, que hoy es el número 13 –anteriormente 12–, por medio del que, desde nuestro punto de vista y de quienes nos visitaron, se cercenaban en forma importante algunos derechos básicos de nuestro Estado de derecho, vinculados a los secretos profesionales y a los derechos de las personas que han sido eje fundamental de nuestro Estado de derecho y que se veían claramente cercenados. Así lo expresaron el Colegio de Abogados del Uruguay, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y la Asociación de Escribanos del Uruguay.

Se trabajó en el tema y quiero destacar la muy buena disposición de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo para aclarar estos temas y modificar el proyecto de ley, que en este artículo refleja el acuerdo con el Colegio de Abogados del Uruguay.

En algunos casos, queremos consultar al miembro informante. Por ejemplo, tenemos dudas sobre el acuerdo final alcanzado con respecto a los contadores, que figura en el numeral 9, del literal J del artículo 13, que refiere a: «Confección de informes de revisión limitada de estados contables, en las condiciones que establezca la reglamentación». Concretamente, ¿se deja que la reglamentación acote este tema?

Me parece bien importante que el miembro informante, en sala, nos aclare cuál fue el acuerdo.

Como decíamos, este proyecto de ley es complejo y ha tenido modificaciones importantes con las que estamos de acuerdo. Sin embargo, ya dijimos en comisión que lo votaremos en general porque es una norma necesaria, pero no algunos artículos incluidos, la mayoría de ellos, en el capítulo relativo a lo penal.

Queremos referirnos a algunos artículos que, si bien votaremos, entendemos que debemos ver cómo se aplican con justicia.

El artículo 19, por ejemplo, refiere a las medidas de debida diligencia intensificada, es decir, a los sujetos que se mirarán con lupa para saber qué hacen. Entre ellos se incluyen –y está bien– las personas políticamente expuestas.

Al respecto, el artículo 20 expresa: «Se entiende por personas políticamente expuestas a aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales», etcétera. Está bien; es razonable que a aquellas personas que tienen responsabilidad política y por lo tanto pueden estar –en algunos países esto es bastante claro– tocadas por temas de corrupción, se les haga una diligencia intensificada.

La única duda que tengo –no sin antes reiterar que votaremos el artículo– es cuándo expira esta disposición. Es decir, me pregunto si nosotros y nuestras familias estaremos con diligencia intensificada durante toda nuestra vida, pues el artículo dice: «… que desempeñen o han desempeñado funciones públicas». ¿Sería razonable establecer «diez años después de que cese la función», o veinte, o cuarenta, o cien o cinco? Me parece que esta duda es razonable.

Reitero que voy a votar este artículo tal como está, pero creo que es un tema al que debemos ponerle un poco de cabeza. No es muy sensato que una persona de treinta años, que haya ocupado un cargo en un ente autónomo tengan él y toda su familia una especie de persecución con lupa durante toda su vida.

Pienso que debemos analizarlo. No me parece un tema absolutamente fundamental, pero ya que hemos hecho unas cuantas modificaciones a este proyecto de ley –todas en el sentido de mejorarlo– podríamos ver este tema.

Los artículos que van del 30 al 42 tratan de los delitos de lavado de activos. Aquí sí quiero hacer algunos comentarios.

Ahora me voy a referir a las penas, sobre cuyo aumento hemos debatido con gran entusiasmo en este Parlamento. También hemos discutido sobre la concordancia que deben tener con todo lo que hay en el Código Penal.

Las penas proyectadas por los artículos 30, «Conversión y transferencia», y 31, «Posesión y tenencia», contienen penas de la friolera de hasta quince años de penitenciaría como máximo y un mínimo no excarcelable de dos años, también de penitenciaría. ¡Quince años! Notoriamente, se coloca a estas rechazables conductas –son rechazables y de eso no hay ninguna duda– como más reprochables que el delito de homicidio simple –artículo 310 del Código Penal–, cuya pena va de «veinte meses de prisión a doce años de penitenciaría».

Es obvio que esto tiene relación con las actividades delictivas precedentes, ya que para que haya lavado de activo debe haber un delito previo; estamos lavando dinero proveniente de un delito que se cometió. ¿Cuáles son esos delitos? El miembro informante leyó una cantidad de delitos que –según creo– son repugnantes, como, por ejemplo, crímenes de genocidio, terrorismo, financiación del terrorismo, tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos, trata de personas, extorsión, secuestro, proxenetismo, tráfico ilícito de sustancias nucleares. Acá se nota la influencia del norte; se nota la influencia de los países que mandan; se nota una postura insólita. ¡Si le querían poner picante a la discusión, lo vamos a hacer!

En el caso del numeral 20, ¿saben cuál es el delito precedente cuyo lavado se castiga con penas más graves que el homicidio?: «Los delitos previstos en la Ley n.º 17011, de 25 de setiembre de 1998 y sus modificativas (delitos marcarios)».

En el numeral 21 se trata de «Los delitos previstos en la Ley n.º 17.616, de 10 de enero de 2003 y sus modificativas (delitos contra la propiedad intelectual)».

Es decir que el Gobierno va a votar una sanción más grave que la que corresponde al homicidio para un delito precedente que es, por ejemplo, de violación de la propiedad intelectual. Se nota que en muchos aspectos no hacemos lo que queremos, sino lo que nos dicen que tenemos que hacer. Lo van a votar; yo no lo voy a votar. ¡Estos delitos con penas más graves que las que se imponen al homicidio simple no los voy a votar! ¡Y de mi partido no los va a votar nadie!

SEÑOR BORDABERRY.- ¡Apoyados!

SEÑOR AMORÍN.- ¡No los vamos a votar!

Me parece que el Parlamento debería rever esto, porque es cierto que hay delitos repugnantes; algunos de los que mencionamos lo son. Ahora bien, hay otros a los que muchos de los que están sentados acá nunca vieron como delitos. Sin embargo, el lavado de dinero proveniente de algunos de esos delitos va a tener una pena más grave que el homicidio simple. ¿Le querían poner pimienta al tema?

Estoy mencionando algunos ejemplos, pero reitero que no voy a votar ningún artículo de este capítulo referido a los delitos. Quiero aclarar que esto se está votando en el día de hoy porque nos han pedido especialmente que este proyecto de ley fuera aprobado antes de fin de año; de esa manera, la ley tendría un año de funcionamiento cuando se hicieran las correspondientes evaluaciones. Por esa razón dijimos que estábamos dispuestos a apoyar la iniciativa sin trancar absolutamente nada, porque estas cosas tienen algún costo para el país si no se aprueban en su momento. De todas formas, hay que ver qué aprobamos.

Tal como ha dicho el señor miembro informante, el delito de autolavado es un tema discutible. Aclaro que no estoy de acuerdo con este delito, porque la conducta descrita como autolavado es el clásico agotamiento del delito instituido en el proceso ejecutivo del delito. Por ejemplo, se castiga por hurto al ladrón que sustrae dinero y se lo hace concurrir con un delito de lavado de dinero porque con esa suma compró prendas de vestir. Cuando se habla de autolavado se supone que se comete un delito precedente y se utiliza ese dinero para un fin propio, pero me parece que esto no tiene sentido, está mal y es absurdo.

En el delito autónomo se castiga el lavado aunque no haya castigo para el delito precedente. Es decir que el juez no dice que hay un delito precedente y por indicios castiga el delito de lavado. En realidad, si no hay delito precedente el delito de lavado no existe, pero acá lo estamos castigando aunque no lo haya. Sería como imputar el delito de encubrimiento sin saber a quién se ha encubierto, sin auto de procesamiento ni condena. Me parece que está mal; la cátedra dice que está mal y no lo vamos a votar. Reitero que no vamos a votar este ni ninguno de los otros artículos, algunos de los cuales son repetición de otros que ya existen. Insisto, con total franqueza, en que esto está mal.

La reserva de expedientes es un tema complejo. El artículo 54, que no está en este capítulo, sino en el que se llama «Del decomiso», dice: «(Fallecimiento del procesado).- En el caso de fallecimiento del procesado los bienes que hayan sido incautados serán decomisados cuando se pudiera comprobar la ilicitud de su origen o del hecho material al que estuvieran vinculados, sin necesidad de condena penal». Podríamos mencionar el ejemplo de una persona procesada por supuesto lavado de dinero que fallece; por lo tanto no sigue el juicio y no hay condena, pero los bienes permanecen decomisados. ¡Eso está mal! Tiene que haber una condena, porque se extingue la posibilidad de continuar con el tema. Este artículo está mal, aunque hoy seguramente se va a votar.

Quiero hacer un llamado para que en la segunda cámara estos temas se estudien a fondo, porque estoy seguro de que la mayoría del Parlamento no quiere votar algunas de estas normas. ¡Estoy seguro! ¿Les parece que un delito como el referido a las marcas o a la propiedad intelectual –que mencioné anteriormente– tenga una sanción mayor que el homicidio simple? ¡Creo que es un disparate!

Está bien, es cierto que hoy no hay países autónomos y que todos debemos hacer caso a algunos temas. En este tema del lavado, aunque digamos que es por trata de personas, por tráfico de órganos o por terrorismo, el problema es el vacío fiscal. Todo esto empieza porque las grandes potencias están persiguiendo a quienes evaden impuestos en sus países y lo que estamos haciendo es un gran trabajo para ellos, y está bien. ¿O no? No podemos ser ajenos a lo que pasa en el mundo, pero por lo menos deberíamos poner algún límite. Deberíamos decir, por ejemplo: «Esto no lo podemos votar porque es un disparate. Vamos en la línea general, pero estas cosas no las podemos hacer».

(Ocupa la presidencia la señora Mónica Xavier).

–Podría mencionar algunos temas más, pero estos son los más gruesos, los más importantes. Vamos a votar en general para poder pasar a la discusión particular y dar la señal de que queremos que el país no tenga dificultades. No sé cuáles son las penas, pero es probable que si este proyecto de ley no está aprobado antes de fin de año podamos tener problemas. Entonces, vamos a votar en general el proyecto porque queremos dar ese mensaje.

Además, como cosa positiva queremos decir que la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo ha tenido una actitud abierta y ha mejorado muchos artículos, algunos de los cuales, tal como venían, vulneraban el Estado de derecho. Por tanto, con eso no tenemos ningún inconveniente.

Le vamos a pedir al miembro informante que nos aclare el tema concerniente a los contadores que figura en el numeral 9 del artículo 13.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Disculpe, señor senador.

Saludamos a los alumnos del 6.º B de la escuela pública n.º 189 Benito Juárez, de Montevideo, como también a sus docentes. Les agradecemos la visita del día de hoy; que se repita.

Puede continuar el señor senador Amorín.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR AMORÍN.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Ya que se están solicitando aclaraciones, quiero decir que tengo una preocupación sobre el artículo 36. Allí se establece: «El delito de lavado de activos es un delito autónomo y como tal, no requerirá un auto de procesamiento previo de las actividades delictivas establecidas en el artículo 34 de la presente ley, alcanzando con la existencia de elementos de convicción suficientes para su configuración».

La verdad es que esto está abriendo un abanico en el que solamente hay un ejemplo en nuestra legislación, que es el delito de proxenetismo. Es el único caso en el que un juez está autorizado a fallar por convicción y eso significa que no tiene que probar. Creo que este es un asunto gravísimo y más si lo vinculamos con el artículo 37, que establece que también es por convicción si fue cometido en el extranjero. En definitiva, acá estamos en la nada de la prueba: con la convicción sola del juez, sin prueba de que se cometió un delito en el extranjero o aquí –en esa gama de delitos que ha señalado el senador Amorín–, resulta que va a procesar por lavado de activos. Parece ser un exceso.

Sé que el Frente Amplio ha cambiado su discurso tradicional de que el aumento de las penas no soluciona los problemas –como dijeron durante tanto tiempo– y esta es la prueba más grande de eso. Hoy el Frente Amplio está diciendo que el aumento de las penas sí sirve, como nos ha dicho en una cantidad de leyes, pero considero que se le fue un poco la mano. Aumentar a quince años la pena que se le pone al señor que vende en la feria las camisetas con la marca Adidas o Nike y después le da el dinero a otro, me parece un poco mucho, pero es lo que están haciendo.

Entonces, me gustaría saber si tuvieron en cuenta eso y si, en el elemento de convicción suficiente, se va a exigir algún tipo de prueba, porque es lo mínimo que se debería hacer. Parece que ponemos el título de lavado de activos –lo que está bien condenar, castigar, etcétera–, pero se están abriendo una cantidad de cosas y no me parece que sea lo que quieren hacer. Creo que deberían estudiar un poco más el tema.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Puede continuar el señor senador Amorín.

SEÑOR AMORÍN.- A mi juicio, el tema más complejo es el relativo a las sanciones penales, que no vamos a votar. Es más, no vamos a votar ningún artículo de este capítulo. Seguramente este proyecto hoy se va a votar y queremos hacer un llamado de atención al Parlamento para que cuando se trate en la segunda cámara estos temas se estudien a fondo y se vea si realmente se quieren castigar con quince años de penitenciaría, por ejemplo, las violaciones de las leyes de marcas y de propiedad intelectual, sanción más grave que para el homicidio simple. Es decir, parece que es más grave violar la ley de propiedad intelectual que cometer un homicidio simple. Creo que hay que analizar este capítulo.

Por lo demás, cabe decir que el clima de trabajo ha sido muy amable y positivo, porque se ha podido mejorar la ley.

De todas maneras, cuando el señor miembro informante lo entienda conveniente, le pediría que nos informe qué pasa con el numeral 9 del artículo 13, referido a los contadores.

Muchas gracias.

10) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑORA PROSECRETARIA (Silvana Charlone).- «El Poder Ejecutivo remite un mensaje, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, párrafo 6, literal b) de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, a fin de poner en conocimiento las recomendaciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES».

11) LAVADO DE ACTIVOS

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Continúa el tratamiento del tema en consideración.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: tal como han opinado todos los senadores que han hablado, lo que estamos votando hoy es una ley importante para el Uruguay. Estamos hablando de actualizar la normativa vigente poniendo nuevos obstáculos a la entrada al circuito legal de capitales y recursos que provienen de actividades ilícitas que, como bien dijo el senador Amorín, son deplorables.

Es obvio que, como país, seguimos el camino de los acuerdos internacionales, que no empezaron con nosotros en el Gobierno, sino que ya figuraban en el GAFI y el Gafisud. Hay una evolución internacional en este proceso. Algunos pensamos que para determinados países es una evolución hipócrita, cínica, pero lo importante es que se avance. Es cierto que algunos que ahora son adalides del combate a estas actividades atroces durante mucho tiempo se beneficiaron de ellas, pero nosotros tenemos una conducta que debemos seguir. Si estamos en contra de estas actividades, tenemos que penalizarlas, y si el mundo va generando una masa crítica en este sentido, mejor todavía. Y no me importa que otras naciones tengan doble discurso o que tengan el poder, como lo tienen, para cumplir lo que se les canta y no cumplir lo que no, porque eso los beneficia. Sabemos que hay países que utilizan la guerra para imponer sus cosas –incluso, invaden países–, pero nosotros no lo hacemos, no solo porque no tenemos fuerza, sino porque tenemos la convicción de que las relaciones internacionales deben ir por otro camino. No estamos para el degüello de la gente cuando lo político o jurídico no nos gusta.

Este es un paso más que damos en este sentido. Es cierto que es perfectible, pero así se avanza. Es decir, se avanza generando una masa crítica mundial que vaya cerrando el paso a la legalización del dinero proveniente de estas actividades. De eso se trata.

Creo que la fundamentación y la explicación de todo este amplio texto las ha dado muy bien el senador Martínez Huelmo, pero solo quiero destacar algunas cuestiones.

En primer lugar, el Senado hizo muy bien en crear una comisión especial porque, de lo contrario, creo que hubiéramos demorado mucho más en resolver un tema importante, y no aprobarlo tiene costos, lo cual asumimos. Creo que acá nadie quiere que el Uruguay pague costos innecesarios por actividades que no promueve. Es más, en esta última etapa, lejos de promoverlas, las combate. Es en este combate a la opacidad que el país, como república, como nación, ha ido avanzando.

Quiero destacar el papel del señor senador Martínez Huelmo como presidente de la comisión porque generó un intercambio con distintas organizaciones. El proyecto de ley que estamos considerando no es el que ingresó al Senado sino el resultante del trabajo de la comisión luego de haber escuchado a distintas organizaciones –como la Asociación de Escribanos del Uruguay, el Colegio de Abogados del Uruguay, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay–, y también de las gestiones que hizo el señor senador Martínez Huelmo frente a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que también tuvo la flexibilidad de recoger y cambiar sus textos, llegando a acuerdos con las organizaciones para alcanzar una redacción –como bien dijo el señor senador Amorín– que recogiera todos los aportes. A pesar de tener las mayorías, tuvimos la sensibilidad de escuchar y de hacer modificaciones. Tener la mayoría no implica que los oídos estén cerrados y que no se pueda corregir. Espero que cuando esta iniciativa llegue a la consideración de la Cámara de Representantes, algunas de estas cosas puedan analizarse nuevamente, porque no estamos cerrados, pero siempre partiendo de la base de que queremos combatir estas actividades ilícitas, tal como hemos planteado.

En lo personal, creo –y recién hablábamos por lo bajo acerca de esto con la señora senadora Payssé– que en algún momento tendremos que discutir sobre este tema, porque esto de que los delitos contra la propiedad se pagan más que los delitos contra la vida, no es de ahora; está metido en las raíces de la sociedad, y lo impulsaron otros. Considero que hay que cambiar eso y reequilibrar la balanza, porque lo que tiene que estar en la prioridad punitiva debe ser la vida, después vendría la propiedad. Hay dos caminos: puede aumentarse una y bajar la otra, o mantenerse como está ahora.

Creo que hay que ver esto como un proceso que se inició con un proyecto de ley, que fue modificado luego de escuchar a las distintas partes y que ahora tiene una nueva instancia. Y esto es una reafirmación.

En lo personal, durante muchos años pensé que lo mejor era tener un Parlamento unicameral; sin embargo, a medida que fui ejerciendo esta labor me di cuenta de la importancia que tiene un Parlamento bicameral. Recuerdo que en Panamá, por ejemplo, donde el Parlamento es unicameral, luego de haberse aprobado una reforma de la seguridad social se armó un lío enorme en la sociedad y no había forma de volver atrás. En cambio, el hecho de que haya dos cámaras permite que el proceso de reflexión siga y que las cosas vayan madurando en un sentido o en otro.

Obviamente, vamos a votar el proyecto de ley en su totalidad, pero eso no quiere decir que tengamos una actitud cerrada ante futuros cambios que puedan hacerse ya que todo es perfectible.

Solo voy a dejar una constancia –aunque ya lo hizo el señor senador Amorín– en el sentido de que, a mi juicio, es un error que el artículo 20 no tenga un límite para quienes hayan desempeñado funciones públicas, porque no es solo para las personas que ejercemos esa función sino también para nuestros familiares. Estas cosas siempre perjudican más a quienes no tenemos actividades ilegales porque los que están en asuntos turbios saben cómo revolverse. Además, no les preguntamos a nuestros familiares su opinión acerca de ejercer la actividad política. Es más; si les hubiéramos preguntado, la respuesta habría sido: no. De todos modos, tienen que pagar las consecuencias, y se sigue alimentando la idea de que los políticos tenemos una especie de predisposición a la corrupción, distinta a la del resto de la sociedad. Entiendo que por las responsabilidades que asumimos, tenemos cierto grado de exposición, pero cuando uno va a pedir un préstamo como cualquier hijo de vecino –y para mí esto es una exageración–, en lugar de presentar el último recibo tiene que presentar tres. Esto perjudica a los hijos, que no saben ni por qué las cosas son así, y la gente se pone nerviosa. Creo que tenemos que buscar alguna fórmula. Sé que algunas cosas las votamos en tratados internacionales pero tiene que haber un límite luego de que uno deja la función; no se puede estigmatizar a una persona de por vida. ¡Hay una campaña antipolítica muy grande, señora presidenta, y esto la alimenta! ¡Y perdónenme los hijos de algunos burócratas que están sentados en las naciones justificando su sueldo y armando proyectitos para ver si le complican la vida a alguno! ¿Que hubo episodios de corrupción? Sí. ¿Y que en ellos estuvieron involucrados algunos políticos? Sí, pero también lo estuvieron empresas corruptas y corruptoras. ¿Y saben cómo lo arreglan estas empresas? Con la delación premiada, pagan la multa, bajan las acciones, compran dólares, se benefician con la diferencia, vuelven a comprar las acciones y siguen funcionando. Delatan a medio pueblo, la gente va presa, pero ellos siguen funcionando; vuelven a corromper, denuncian, delatan, se arrepienten, y así sigue el circuito, y siguen vivas. De esas, no dicen nada. Por eso creo que algunas de las cosas que se han planteado son de recibo.

El tema del registro de marcas y patentes ha sido muy discutido últimamente en el Parlamento. ¿Cómo no voy a ser sensible a eso? Pero sobre la base del acuerdo unánime de que tenemos que combatir; porque –¡ojo!– el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas son cosas muy graves, son delitos trasnacionales que se escudan en los llamados paraísos fiscales y en todas las grietas que se encuentran para legalizar la actividad.

Entonces, es en el sentido indicado que estamos votando este proyecto de ley, partiendo de la base de que todo se puede mejorar y que este es un camino que, además, ahorra costos al Uruguay. ¿El mundo es injusto? Chocolate por la noticia; claro que lo es. Ahora bien, que la OCDE diga que Uruguay está en la lista semigris no causa el mismo efecto que si dice que Estados Unidos está en la lista negra; esta afirmación no conmueve a Estados Unidos, y para nuestro país es un cataclismo. Eso es reconocer que tenemos debilidades, señora presidenta, que no somos lo fuertes que quisiéramos ser. Sí queremos ser fuertes en la autoridad moral que nos puede dar el tener instrumentos que nos permitan ser una voz –como lo ha sido Uruguay y como le gustaría continuar siéndolo– que se respeta no solo por lo que dice sino por lo que hace.

En definitiva, dejo planteada esta alerta sobre el artículo 20, porque estamos generando molestias cotidianas a nuestros familiares sin que ellos nos lo hayan pedido; por lo tanto, creo que hay que poner un límite.

En lo que respecta a las penas, habrá que analizar algunas cosas que aquí se señalaron. Lo que sí es cierto es que Uruguay necesita tener un instrumento actualizado y tenemos que trabajar en ese sentido.

Insisto: felicito al señor senador Martínez Huelmo, también a la oposición que ha hecho aportes, y a quienes vinieron en representación de sus corporaciones, que aunque tuvieron una actitud de cierta beligerancia o convicción fuerte detrás de las ideas que defendían, luego de un diálogo con las autoridades, hicieron posible el cambio.

En consecuencia, vamos a votar con tranquilidad y con la esperanza de que estas cosas que se han discutido aquí sean analizadas en la Cámara de Representantes.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CAMY.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: simplemente quería señalar que luego de que asistieran a comisión los representantes del Colegio de Abogados del Uruguay y, en su oportunidad, los del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, y en virtud del principio que habíamos enarbolado de constituir a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo como pivote de todo este asunto, pusimos en dominio de esa secretaría las observaciones planteadas –que figuraban en la versión taquigráfica– a los efectos de ver qué posibilidades había de ajustar algunos de los requerimientos efectuados tanto por los contadores como por los abogados, lo que originó algunas discrepancias o conflictos en la discusión entre los miembros de la comisión.

El 31 de julio de 2017 el Poder Ejecutivo envió una nota a la presidencia de la comisión, específicamente para los contadores –que es lo que me pedía el señor senador Amorín–, expresando el acuerdo al que se llegó, que es el que figura en negrita en el numeral 9 del artículo 13. Esta nota –firmada por el titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, contador Daniel Espinosa– dice así: «En relación con los planteos realizados por los representantes del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (en adelante CCEAU) en su última comparecencia ante esa comisión, le informo que, habiendo analizado los cuestionamientos manifestados por dicho colectivo con relación al artículo 12 del proyecto de ley integral contra el lavado de activos presentado por el Poder Ejecutivo, esta secretaría considera pertinente acceder parcialmente a lo solicitado.

En concreto, se propone modificar el literal I) del numeral X) del citado artículo 12 (según la numeración original del proyecto presentado), eliminando la confección de estados contables de las actividades sujetas a la obligación de reporte de operaciones sospechosas». Esto es a lo que se refería el señor senador Amorín.

Luego se expresa: «En definitiva, el texto final que se propone incorporar en el artículo mencionado con relación a la actividad de los contadores públicos y otras personas físicas o jurídicas que realicen actividades similares, es el siguiente:», y continúa la nota aportando dicho texto. Se trata, en definitiva, de todo lo que está estipulado en el artículo, con excepción de lo que decía y consultaba el señor senador Amorín. Los señores senadores pueden pedir una copia de esta nota a la secretaría de la comisión.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Puede continuar el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Gracias, señora presidenta.

Queremos expresar la posición del Partido Nacional, como integrantes de esa comisión con fines legislativos que el Senado promovió y a la que, tal como señaló algún señor senador, nos acostumbramos a llamar de los Papeles de Panamá, si bien tiene una denominación bastante más extensa: Comisión especial con fines legislativos a partir de los llamados Papeles de Panamá y jurisdicciones similares, para la prevención del fraude financiero, la defraudación y elusión fiscal, el lavado de activos y la transparencia global. Como acabamos de señalar, la integramos en representación del Partido Nacional, por tanto, vamos a fijar nuestra posición, tal como lo hicimos en la comisión a través del voto y de la manifestación de que íbamos a realizar salvedades.

Seremos breves, por dos razones: primero, porque nuestro voto fue favorable al proyecto de ley y el miembro informante ha sido por demás extenso y exegético en su explicación, abarcando en detalle cada uno de los capítulos y artículos que componen esta normativa tan compleja –que llevó mucho tiempo de trabajo en la comisión– y, segundo, porque el señor senador Amorín ha expresado las salvedades con las que el Partido Colorado votará, que van en la misma dirección que las nuestras y que, habiéndolas expresado ya en forma conjunta en comisión, no vamos a reiterarlas.

Básicamente, queremos dejar en claro nuestra posición firme, contraria y de rechazo al lavado de activos, en el marco de las normas constitucionales del país. Claramente expresamos nuestro combate rotundo a estas prácticas y, por lo tanto, estamos contestes con todas las normas, con la vocación, con la actitud, con las reglamentaciones, con el marco que el país asuma, con el objetivo preciso de resguardarnos y de tomar recaudos en esta materia.

También digo, con total claridad, que las salvedades con las que votamos este proyecto de ley tienen fundamentos muy sólidos y fuertes.

Ante todo, quiero referirme –aunque no tenía pensado hacerlo– a un tema que no es menor, que mencionó el señor senador Amorín y contestó el miembro informante, relacionado con la participación de los representantes del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay quienes, con la misma inquietud con la que vinieron el Colegio de Abogados y la Asociación de Escribanos, presentaron su parecer y mostraron el alcance que tenían algunas de las cosas que se modifican, perjudicando notoriamente el desarrollo de la profesión. Me parece importante lo que mencionó el señor senador Amorín, es decir, lo que alcanza a los contadores y economistas; es importante que quede registrado en la versión taquigráfica qué significó el cambio, aunque creo que está efectivamente claro. En el artículo 13 se establecen condiciones para los sujetos obligados no financieros; se refiere a las mismas que en el artículo 12 están definidas más detalladamente para los sujetos obligados financieros dentro del capítulo «Sistema preventivo». En el literal I) del numeral IX) del artículo 12 del proyecto original del Poder Ejecutivo –que lo tenemos en el comparativo y que se traslada a los numerales 9 y 10 del literal J) del texto que estamos considerando– dice: «Confección, compilación, revisión, o auditoría de estados contables». Para entenderlo claramente, cuando una empresa quiere saber cuánto está ganando o cuánto está perdiendo y consulta al contador, le alcanza los papeles del BPS, las facturas de gastos, los sueldos del personal, las boletas de los proveedores, las facturas de venta y le pide el estado contable. Seguramente esta sea la aproximación primaria, la más básica, la primera relación que hay entre una empresa y un profesional contable. A partir de eso, que es la confección del estado contable, se llega hasta el grado de mayor responsabilidad o compromiso de ese vínculo e, inclusive, del profesional, que es la auditoría de estados contables. Es la diferencia que surge cuando el cliente le dice: «Tengo que ir al banco a solicitar un préstamo» –precisamente en eso hacemos foco en esta normativa que estamos tratando–; para que la empresa pueda obtener el préstamo, el banco va a requerir dos cosas –solamente dos–: el informe de auditoría de estados contables o algo más leve, que es el informe de revisión limitada de los estados contables. Cuando en comisión trabajamos en el proceso de cambio, cometimos el error de dejar la revisión o auditoría de estados contables, sacar la compilación y mantener la confección, es decir que dejamos lo más leve y sacamos lo más importante, lo de mayor grado de responsabilidad. A nuestro entender, eso se corrigió, es decir, se establece con claridad la «confección de informes de revisión limitada de estados contables, en las condiciones que establezca la reglamentación» y la «confección de informes de auditoría de estados contables», pero no está ni la «confección» ni la «compilación». Esto comprende, claramente –y consideramos que hay que dejarlo establecido así, de manera expresa–, lo que se señala en la nota enviada por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, firmada por el contador Espinosa, a la que dio lectura el señor senador Martínez Huelmo y donde figura lo que nos solicitó el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.

En consecuencia, en base al concepto al que hemos aludido vamos a respaldar en general este proyecto de ley, pero no acompañaremos el capítulo V –artículos 30 a 42–, referido a los delitos de lavado de activos, por lo que señaló el señor senador Amorín en cuanto a las actividades delictivas precedentes y el autolavado. En el caso del artículo 36, compartimos lo del delito autónomo, desde el punto de vista jurídico; y aclaro que recibimos opiniones respetables y muy valiosas –a nuestro juicio– de calificados juristas de nuestro país, aduciéndose también que hay problemas de redacción.

Por estos aspectos no vamos a acompañar el capítulo V en su totalidad, y anunciamos que tampoco votaremos el artículo 54, que tiene que ver con el fallecimiento del procesado. En concreto, esta disposición dice lo siguiente: «En el caso de fallecimiento del procesado los bienes que hayan sido incautados serán decomisados cuando se pudiera comprobar la ilicitud de su origen o del hecho material al que estuvieran vinculados, sin necesidad de condena penal». Más allá del ánimo que alienta el objetivo de quienes la redactaron –como en toda la norma–, para nosotros es claro que la persecución penal termina con el fallecimiento. Por esa razón, reitero, no lo vamos a acompañar.

Por lo expuesto, salvo que haya alguna consideración diferente, solicitaremos el desglose del capítulo V en su totalidad y del artículo 54, para votarlo por separado del resto. Si estamos de acuerdo en ello, estaríamos en condiciones de votar de manera más rápida el proyecto de ley.

Es cuanto queríamos informar.

Muchas gracias.

SEÑOR LORIER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LORIER.- Señora presidenta: nos parece que para analizar este proyecto de ley es importante intentar tener una visión un poco más general acerca de cuáles son sus motivos.

Entendemos que estamos trabajando sobre las consecuencias y no sobre las causas de hechos que son inmanentes al modo de producción capitalista en el cual estamos insertos a escala planetaria. Es imposible que con este modo de producción no se den estos hechos y consideramos que no habrá ley alguna que pueda evitar que de un modo u otro se lleve a cabo este tipo de defraudaciones, delitos y demás.

En este momento, año 2017, estamos a diez años de la mayor estafa que se haya producido a escala histórica mundial con la famosa burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Esa burbuja inmobiliaria, los derivados y la securitización llevaron a que millones de seres humanos perdieran sus casas no solo en Estados Unidos –donde comenzó y explotó– sino también en todo el planeta a través de los famosos derivados. ¿Cuánta gente se suicidó por estos delitos de cuello blanco? Insólitamente, a las calificadoras de riesgo más importantes –recordemos que calificaban a todos esos papeles con AAA– todavía hoy les rendimos pleitesía. Estas mismas calificadoras de riesgo que también contribuyeron de manera fundamental a la estafa de los grandes bancos –después que don pueblo, a través del aparato del Estado dominado por ellos mismos, los salvó con los impuestos que pagaba y con rescates multimillonarios– hoy están representadas nuevamente por señoras y señores que recorren el mundo dándonos lecciones.

La deuda pública desde sus orígenes es un robo permanente y terrible sobre las sociedades y no es nuevo que somos víctimas de la usura. Este país desde sus orígenes nació endeudado. ¡Todo lo que podríamos haber hecho si esas deudas e intereses no hubieran existido! Esto no nos asombra porque en el modo de producción en el que estamos insertos está lo correcto y también lo incorrecto, porque además de todo esto se producen fenómenos de barbarie como la trata de personas, el tráfico de inmigrantes y la «esclavitud a la que hemos retornado», entre comillas, porque ha existido siempre y cada vez es mayor ya que en este mundo cada vez hay más esclavos. Es increíble, pero es así y eso no es casualidad. Hay un sistema que está generando el tráfico de órganos, de niños, entre otros. Cuando vemos las películas a veces nos asombramos pero es algo muy real.

Decimos que países como Estados Unidos y los que integran la Unión Europea, que quizás tengan motivos fiscales, además de las respuestas que tienen que dar a enormes defraudaciones –que han tenido tan pocas penas–, tratan de demostrar que están contra estos delitos cuando ellos mismos tienen en su propio seno, en su propio vientre, estados que lavan dinero y protegen el lavado de todo tipo de dinero. En Estados Unidos hay dos o tres estados que compiten entre sí por este lavado. También están las islas que sobre todo están vinculadas al Reino Unido.

En fin, no voy a aburrir dando toda la lista enorme de países, por no hablar del prototipo de paradigma vinculado a estos temas que es Suiza, la tan famosa y divina Suiza para tanta gente, que todo lo que es deriva de ese lavado criminal que se realiza en el mundo entero.

En este contexto ubicamos estos temas sabiendo que –como decíamos– estamos actuando sobre las consecuencias y no sobre las causas. No voy a decir que sea fácil luchar sobre las causas porque poderoso es don dinero y porque sabemos que a pesar de que hay una profunda crisis, todavía va a pasar mucho tiempo de barbarie y caos antes de dilucidarse. Ojalá ello sea a favor de la humanidad y no de la muerte y la desaparición del planeta porque justamente este sistema no solo afecta lo que tiene que ver con los seres humanos sino también con el clima y las condiciones de vida de la naturaleza, aspecto sobre lo que se acaba de presentar una moción en este ámbito. En suma, este sistema destruye ambas cosas paralelamente.

Desde ese punto de vista, en determinado momento aparecen los Papeles de Panamá a través de una denuncia que se realiza de un modo sorpresivo. No sé si para los servicios de inteligencia de los países más importantes fue sorpresiva, pero para nosotros en Uruguay sí lo fue. En esa denuncia aparece un conjunto de personas que había puesto su dinero en estas sociedades, eludiendo las normativas uruguayas. De esa forma, se instala la comisión –algo que hizo muy bien el Senado– que empieza a tratar de investigar –por cierto, con dificultades– estos temas. Luego se deriva en este proyecto de ley que fue largamente estudiado y consensuado, si se quiere, y por eso nos extraña que este tipo de reparos no se hubiera presentado en la misma comisión, que para eso está, es decir, para escucharnos. Nosotros lo hicimos con muy buena fe. Quizás si se hubiera planteado en la comisión –con el mismo énfasis y detalle– lo que el señor senador Amorín ha dicho aquí, que puede ser de recibo –no lo negamos–, de pronto podríamos haber actuado previamente como lo hicimos en cada ocasión en la que consideramos –sin que se nos fuera el niño por la bañera junto con el agua sucia– que podíamos encontrar elementos de negociación y de acuerdo. Entonces, nos extraña que esto haya ocurrido aquí.

Nos parece que lo más interesante, de acuerdo con la historia uruguaya, de este proyecto de ley, tiene que ver con el delito vinculado al lavado de activos proveniente de la evasión fiscal, porque no olvidemos que durante mucho tiempo nos jugamos a ser plaza financiera. Dentro de lo que podríamos llamar el modo de acumulación capitalista del Uruguay, aquí hubo una variante muy importante, muy fuerte, que fue convertir a nuestro país en plaza financiera para el Cono Sur y eso incluía atraer capitales de la región a través de distintos mecanismos. No vayamos a creer muy sanamente que eso se daba porque ofreciéramos uno o dos –o cuatro o cinco– puntos más de tasa de interés sino porque había facilidades para armar las famosas SAFI o sociedades y traer para acá dinero que era sucio en su país de origen.

Desde ese punto de vista, entonces, para nosotros es muy importante que culminemos todo lo que ha significado el trabajo de liquidar esa posibilidad de plaza financiera y, en ese sentido, hasta el día de hoy –en el que vamos a aprobar esta iniciativa– la defraudación fiscal, como precedente del lavado de dinero, no está establecida por ley como delito. Para poner un ejemplo, a Messi no lo podríamos juzgar en Uruguay y a Ronaldo tampoco –estas son cosas que están ocurriendo en el mundo y las menciono para dar idea de estos elementos–; hasta que no tengamos esta ley no vamos a poder juzgar estos casos.

Entonces, desde lo general, sabiendo lo que es este sistema, lo que produce permanentemente y que estamos trabajando sobre consecuencias y con herramientas muy leves, estos son, aunque apenitas, avances –como dijo el señor senador Pintado– que, sin duda alguna, vamos a apoyar porque también se hacen las cosas avanzando a pasitos. A veces hay saltos cualitativos más importantes pero dependen de otros factores y, en ocasiones, hay que dar estos pasos, estos avances en democracia, sin lugar a dudas, para lograr poner coto a estos delitos de cuello blanco, que son mucho peores que los de otra naturaleza. Además, si uno analiza el tema en profundidad, verá que estos delitos de cuello blanco más el delito de este mismo modo de producción como tal, generan los otros delitos, de todos los días, de esos gurises y de esos seres humanos a quienes nosotros mismos transformamos en bestias –o casi animales– en todas las cárceles del mundo.

Eso era cuanto teníamos para decir, señora presidenta.

12) SOLICITUD DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 9 de agosto de 2017

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia a partir de las 11:30 del 9 de agosto de 2017 al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, por motivos particulares.

Saludo a usted atentamente.

José Mujica. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Andrés Berterreche ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Sandra Lazo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

13) LAVADO DE ACTIVOS

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- El Senado continúa con la consideración del segundo punto del orden del día.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: no integramos la comisión, por lo que hemos seguido el tema de manera indirecta. Nos parece que este, sin duda, es un asunto importante en el que hay necesidad de adecuar la normativa a los tiempos que corren, por cierto que, desde nuestro punto de vista, con las posturas propias que cada país debe tener y no copiando moldes de manera obediente, sin ningún tipo de alcance al respecto. Esto refiere a una parte del proyecto de ley que vamos a comentar.

Adelanto que vamos a votar en general el proyecto de ley. Creo, como se ha dicho aquí –el señor miembro informante lo refirió, por cierto, largamente–, que ha habido un trabajo importante de la comisión, ya que se ha convocado a diferentes organizaciones y se han corregido aspectos que venían, en un primer momento, excesivamente mal definidos.

De todas maneras, diría que hay tres asuntos respecto a los que, desde ya, anuncio que me sumo a otras opiniones precedentes en el sentido de que no vamos a acompañar. El primero tiene que ver con el numeral 9 del artículo 13, referido a la obligación que tienen los contadores de confeccionar los informes de revisión limitada de estados contables. Nuestra postura se basa, sobre todo, en que en estos casos de los informes de revisión limitada que se realizan a posteriori de un balance terminado, el contador no está presente en el inventario de mercaderías –que es muy importante– y tampoco hace el seguimiento de toda la empresa, sino que esto se estudia luego de cerrado el balance. Considero que es un error exigir al contador la obligación de informar con respecto a un tipo de actividad; esa obligación debió haber sido eliminada como lo fueron otras a raíz de lo que planteó en su momento el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.

Por lo tanto, no vamos a votar ese numeral 9 porque nos parece un error y creemos que debió haberse seguido el planteo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, como se hizo en otros casos.

Respecto al problema mayor de este proyecto de ley, le tomaría la palabra al señor senador Lorier, que entiende que podría haber habido otra posición de parte de la bancada oficialista si se hubiera planteado antes este tema. Esto no lo sé porque, repito, no estoy en la comisión, pero estamos a tiempo y podemos devolver este proyecto de ley a ese ámbito para corregirlo, antes de votar un capítulo absolutamente exagerado. Sobre este tema, los ejemplos que dio el señor senador Amorín son bien pertinentes. Aquí estamos causando una alteración muy preocupante de lo que se llama la dosimetría de la estructura penal al crear figuras penales o delictivas con penas exacerbadas para determinadas conductas siendo que, incluso, algunas de ellas ni siquiera se deben probar sino que quedan libradas estrictamente a la convicción del juez, tal como decía el señor senador Bordaberry y lo comparto. Esto es gravísimo pero, además, se genera la figura del lavado de activos como delito autónomo sin que se deba probar el delito precedente que le da origen.

Entonces, estamos en el reino de la total arbitrariedad y, en derecho penal, esto es gravísimo. Estaríamos generando una figura delictiva que queda totalmente librada a la opinión del juez actuante, sin que ni siquiera tenga que probar absolutamente nada.

Entendemos que ya fue solicitado el desglose de este capítulo V que, repito, no vamos a acompañar. Nos parece de una gravedad enorme. Y respecto de lo que dijo el señor senador Lorier, quien manifestó disposición a revisar este tema, hay que tomarlo seriamente. Entiendo que él integra la comisión y, por lo tanto, sería bueno, o bien desglosar el capítulo penal, devolverlo a comisión y votar el resto, o enviar nuevamente todo el proyecto de ley a la comisión para que se corrija ese capítulo penal. Me parece que, si no, estamos dando un paso realmente grave que, además, es contradictorio con nuestra tradición política en materia institucional respecto de cómo se deben resolver los asuntos en materia penal.

También comparto lo que dice el señor senador Camy con respecto al artículo 54, en cuanto a que genera un impacto más allá de la muerte del procesado no sentenciado, que termina castigando a los sucesores de una manera absolutamente exagerada.

Señora presidenta: me parece que deberíamos proponer que, por lo menos, el capítulo penal se desglose y vuelva a comisión, porque hay elementos de sobra para que así se proceda, y lo mismo aplica para el artículo 54.

SEÑOR CAMY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MIERES.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: por supuesto que estoy plenamente de acuerdo con lo que propone el señor senador Mieres; nos parece atendible a la luz de lo que ha señalado el señor senador Lorier. En comisión, el señor senador Amorín –y consta en la versión taquigráfica– adelantó el voto –en términos de salvedades– aludiendo expresamente a este capítulo, pero creo que es digno reconocer que ante la preocupación y la eventual disposición de analizar este tema con más profundidad –cosa que sería acertada–, es oportuno el planteo del señor senador Mieres.

El señor senador Mieres hizo referencia al numeral 9 del artículo 13, y quería aclararle que el Colegio de Contadores señaló expresamente su posición contraria a la confección y a la compilación de las actividades u operaciones que alcanzaran a sus clientes, pero no a la revisión limitada o a la auditoría de estados contables. De hecho, en el proyecto de ley original del Poder Ejecutivo, bajo el literal I), se señala precisamente a los contadores públicos y a otras personas físicas o jurídicas que actúen en calidad de independientes y que participen en la realización de las siguientes operaciones y actividades para sus clientes: confección, compilación, revisión o auditoría de estados contables; es decir que se habla de cuatro procesos. Precisamente, ellos sugirieron que se eliminaran las dos primeras actividades, y por eso, en la redacción sustitutiva, las dos restantes –la confección de informes de revisión limitada de estados contables y la confección de informes de auditoría de estados contables–aparecen en literales separados. La revisión limitada nunca fue cuestionada por el Colegio de Contadores cuando concurrió a la comisión. Esto era lo que quería aclarar al señor senador Mieres.

Muchas gracias, señor senador.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Puede continuar el señor senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: con respecto a este último punto, sobre lo que ha planteado el Colegio de Contadores, tengo otra información. De cualquier manera, quiero señalar que el nudo principal de este proyecto de ley, más allá de este aspecto, tiene que ver específicamente con el capítulo penal, y por eso vuelvo a pedir que los miembros de la comisión analicen la posibilidad de enviar al menos este capítulo, desglosado, sin perjuicio de que después podamos votar el resto.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).-Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Creo que nuestro compañero de bancada, el señor senador Camy, ha sido muy claro, y que también lo han sido los señores senadores Mieres y Amorín. Vamos a votar en general este proyecto de ley, aunque obviamente tenemos discrepancias con tres de las normas previstas: con el numeral 9 del artículo 13, con el artículo 54 y con el capítulo V. Ahora se está pidiendo que se desglose y que haya una vuelta a comisión. Sin embargo, habría que definir si, en definitiva, lo mejor es desglosar una parte, votar el resto y que, eventualmente, el proyecto pueda quedar rengo en algunos aspectos –o por lo menos no armónico–, o que todo el proyecto vuelva a la comisión. Cualquiera de las dos situaciones para nosotros es lo mismo. Desde nuestra posición, lo mínimo que pedimos es el desglose de esas tres normas: que se voten aparte y que vuelvan a comisión, o que todo el proyecto vuelva a la comisión y se dé un plazo perentorio para que se trate; quizá pueda considerarse en la primera sesión que haya luego de la rendición de cuentas. Cualquiera de las dos hipótesis es válida para nosotros pero, obviamente, queremos hacerlo en forma armónica.

Muchas gracias.

SEÑOR PINTADO.- Quiero decir que pude hacer consultas parciales, pero a partir de la discusión y de los planteos que se hicieron en sala respecto al artículo 20, hay consenso en que tenemos que poner un límite en la consideración de «personas políticamente expuestas» para los casos de aquellas que han dejado la función. Estamos proponiendo que el artículo 20 quede redactado de la siguiente manera: «Artículo 20. (Personas políticamente expuestas).- Se entiende por personas políticamente expuestas a aquellas que desempeñan o han desempeñado en los últimos cinco años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero». Después el artículo sigue igual. Estamos fijando un límite de cinco años después del cese para que las personas se consideren políticamente expuestas. Con esto estaríamos tomando nota y asumiendo algo de lo que se ha planteado en el debate en sala.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Solo se agrega «en los últimos cinco años», entre «desempeñado» y «funciones».

SEÑOR PINTADO.- Exactamente.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora presidenta: yo apoyo que este tema vuelva a comisión. Con toda franqueza, no veo en qué puede perjudicar el pasaje a comisión de un tema de estas características y de esta importancia. Esta es una moción que se debe votar. Además, me parece muy preocupante que se diga que votamos mal –equivocadamente, quizá– determinado texto, porque total después está la segunda cámara. Pero el hecho es que si la segunda cámara lo cambia, vuelve a la primera. Por consiguiente, estamos perdiendo tiempo en vez de ganarlo. Creo que es demasiado grave, demasiado «señalante» lo que ha expresado el señor senador Amorín. Lo del capítulo V es un reverendo disparate, un absurdo tan grande como el estadio Centenario. Como señaló el señor senador Mieres, quebrar la dosimetría legal de esta forma no registra muchos antecedentes. Reitero: no registra muchos antecedentes. A mí me parece que hay que tener seriedad. Si hay una crítica fortísima –aclaro que yo no participé del trabajo de la comisión, y tampoco la integro– y teniendo en cuenta que ha llegado a la consideración del plenario este tema, creo que debemos devolver este texto para que nuevamente sea analizado por la comisión que lo estuvo considerando. ¿Qué podemos perder? ¿Cuánto tiempo podemos perder? ¿Por qué insistimos en transitar el camino del error, del apuro, cuando podemos resolver este asunto con una expresión de voluntad unánime? ¿Qué sentido tiene llevarlo adelante a marcha de camión, simplemente porque se tienen los dieciséis votos, sabiendo que está mal? ¡Los propios penalistas dijeron de todas las formas que está mal, que es absurdo! Aclaro que no estoy defendiendo ninguna situación ni tampoco estoy haciendo una suerte de discurso globalizador sobre la maldad perversa que se ve por el mundo, porque hay que verla en todos lados, en todos los países, en las dictaduras de un color y de otro, ¿no? Creo que el día que se destapen los tarros en algunos países, eso sí que va a ser grande, ¿no? Se van a hacer señalamientos de todo tipo. Pero volviendo al capítulo V, no parece correcto castigar la dosimetría legal así, con delitos que si bien me parece perfecto que se persigan y se castiguen, no considero que deba hacerse con este tipo de penas que no admiten más calificaciones que las realizadas. Considero que es profundamente equivocado el camino, el criterio y la redacción.

Y ya que se está hablando del abuso de funciones, corresponde decir que el delito autónomo sí que es una bolsa: no hay nomen iuris, no hay calificación jurídico-penal. ¡Es un disparate! Yo soy abogado, no soy especialista, pero no tipificar adecuando el comportamiento a la conducta jurídicamente penada es crear el delito de abuso innominado de funciones, donde cualquier juez podrá decir: «Esto es lavado autónomo», «esto otro es lavado autónomo», y así sucesivamente. Y ante la pregunta de por qué, contestará: «Porque se me ocurre».

¡Y se sigue para adelante! Y el señor senador Martínez Huelmo, miembro informante, me dice: «¡No, no va!». ¡No dan razones! Es un esquema de tozudez pertinaz, donde se insiste en recorrer el camino de la equivocación. Es realmente sorprendente que se lleve adelante este tipo de situaciones que nos hacen un mal enorme. ¡Este proyecto de ley terminará siendo fuertemente cuestionado en la Cámara de Representantes, y si no tuviera votos en esa rama parlamentaria, el Senado de la república terminará siendo el autor de un capítulo que está mal, mal, mal!

Esa es mi opinión.

Uno tiene años acá y conoce el tema, pero llevar un error de esta naturaleza, del Senado a la Cámara de Representantes, ¡es insólito! ¡Estamos hablando de un delito que no tiene delito, que no tiene definición delictual, que ha sido objeto de las críticas de todos los catedráticos! Sin embargo, acá, muy sueltos de cuerpo, decimos: «Pase. Votamos esto». ¿Qué apuro tienen? ¡Hasta en homenaje a las mayorías que se tienen en el Parlamento, hasta por estrategia política o por el respeto político que me parece nos merecemos, cuando el señor senador Mieres plantea –con razones fundadas– una vuelta a la comisión, debería tomarse en cuenta!

Contéstenme lo que quieran. Enójense si quieren con este senador los que puedan sentirse aludidos; pero eso no cambia, señora presidenta, el hecho de que no es esta la forma de legislar, a marcha forzada, forzando principios jurídicos, pasando por encima de calificaciones jurídico-penales y de principios elementales establecidos en la norma legal. ¡Y dale que va!

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Este es el problema de cuando se quiere generar a toda costa alguna dificultad.

En primer lugar, que nosotros hayamos manifestado que estamos abiertos a que la Cámara de Representantes pueda reconsiderarlo, no quiere decir que estemos asumiendo que vamos a votar algo que está equivocado. Una cosa es tener una actitud de apertura para escuchar nuevos argumentos y otra, decir: «Vamos a votar equivocados. Nos llevamos a todo el mundo por delante porque tenemos mayoría». No es así. No fue así en la comisión. ¿Les parece que siete meses de trabajo es andar apurado? ¿Eso es andar corriendo? ¡Nadie en la comisión propuso una sola alternativa a las penas! Nadie dijo: ¡esto es exagerado! ¡Recién lo dicen acá!

Entonces, estamos ante la inminencia de plantear que algunos temas que están en debate se discutan en la Cámara de Representantes, pero no porque pensemos que estamos en el error, ya que el resultado puede ser que el proyecto quede tal como está. No planteamos que vamos a aceptar lo que se nos diga. Lo que decimos es que lo vamos a analizar, como corresponde, por respeto. Ahora, no presentar artículos alternativos también es una falta de respeto. Nosotros estamos convencidos de lo que se va a votar. A tal punto es así, señora presidenta, que entendimos que en un artículo hay un error y propusimos modificaciones. Entonces, tener una actitud de apertura y, al mismo tiempo, haber sido acusados de ser cerrados, no es admisible. Puede haber discrepancias, pero no vamos a votar siendo conscientes de que hay un error. Quizás estoy equivocado, pero creo que fui a todas las sesiones de la comisión y jamás se dijo: «Este delito tiene tantos años. Proponemos que baje a tanto». Nadie planteó eso. Tal vez me equivoque, y pido al señor presidente de la comisión, que estuvo en todas las reuniones, que me corrija. Pero siete meses de trabajo no es venir a votar a como dé lugar. No es así. Fuimos transparentes cuando dijimos que necesitábamos que este proyecto se votara este año, a fin de evitar consecuencias al Uruguay. ¡Más transparente que eso no se puede ser! ¡Por favor! Entonces, me parece que corremos el riesgo de entreverarnos mal en algo que viene bien encaminado. Quizás en la Cámara de Representantes aparezcan nuevos argumentos o las propuestas alternativas que no se hicieron aquí, y eso será motivo de análisis, porque no es lo mismo una discusión teórica que una discusión concreta sobre alternativas y artículos concretos.

En definitiva, quiero defender el trabajo de la comisión. Siempre estuve abierto a discutir, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Saludamos a los alumnos y alumnas de 6.º año de la escuela n.º 160 Luis Morquio, y a sus docentes, que nos visitan en la mañana de hoy.

SEÑOR LORIER.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LORIER.- Señora presidenta: en la misma línea que el señor senador Pintado, quiero insistir en que hubo siete meses de trabajo. Y las comisiones tienen la posibilidad de discutir todo lo que se plantea. No sé cómo funcionan los demás partidos, pero en nuestro caso cada legislador trasmite en la bancada las dudas, los problemas, las inquietudes. Entonces, no se puede después venir aquí al plenario, cuando se está tratando el tema, como si estuviéramos innovando totalmente. Para algo está el trabajo parlamentario previo de las comisiones. Ahora vamos a escuchar al señor senador Amorín y él nos dirá si hizo tanto énfasis en la defensa de estos temas en la comisión. Pero estamos votando una ley muy buena y creo que en eso coincidimos todos. Aquí hay que tratar de destacar el punto que nos vincula. Por suerte, todos los partidos consideramos que esta es una ley necesaria, buena, correcta, importante, y sabemos que tiene cierto carácter de urgencia, porque así nos lo ha planteado el Poder Ejecutivo.

Cuando hicimos nuestra intervención –de la que el señor senador Mieres tomó una parte–, no estábamos hablando sobre el fondo del asunto, sino sobre la forma, en el sentido de que era bueno plantear las objeciones en la comisión. Y cuando se hicieron planteamientos en la comisión –por lo menos eso es lo que vimos en forma permanente–, hubo un trabajo excelente de búsqueda de acuerdos, porque todos entendíamos que esta era una ley tan importante que era bueno que surgiera con el mayor acuerdo político posible. Eso se logró; es innegable. Por supuesto, puede tener imperfecciones. No estoy diciendo que las tenga, pero evidentemente puede tenerlas, como cualquier cosa. Desde ese punto de vista no dramatizo, y buscaremos, como lo hemos hecho siempre, los caminos adecuados para mejorar todo lo que se pueda.

Por lo tanto, pienso que hay que tener tranquilidad, no hacer adjetivaciones y seguir adelante.

Muchas gracias.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señora presidenta: en la comisión nos visitaron, en representación del Colegio de Abogados del Uruguay, los doctores Pérez Novaro, Varela y Aller. En esa instancia, el doctor Aller hizo una larguísima exposición anunciando el desastre del capítulo penal, en detalle, y eso figura en la versión taquigráfica correspondiente. Es decir que no nos estamos enterando hoy de que el tema penal era un desastre, porque ya lo supimos cuando lo informó el Colegio de Abogados. Por supuesto que inmediatamente de esa visita, lo conversamos en bancada porque nos interesan estos temas. Y cuando fui a votar este proyecto de ley en la comisión, lo hice con salvedades, diciendo expresamente que no votaba el capítulo penal porque era un desastre. De manera que, repito, no se trata de que hoy nos estamos enterando de esto. En la comisión lo dije claramente y voté con salvedades que estaban relacionadas con el capítulo penal porque, insisto, el doctor Aller nos había informado que el capítulo penal era un desastre. Así que esto no es nuevo.

Que la comisión trabajó bien, es cierto. Pero ¿los señores senadores del Frente Amplio sabían de esto? Por supuesto. ¿Están de acuerdo con las normas penales? Obviamente que sí, y por eso van a votarlas. Esto se sabía y, como todos tenemos responsabilidad, todos vinimos sabiendo que el doctor Aller dice que las normas penales son un desastre. De manera que si van a votarlas, es porque están de acuerdo.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: quisiera tratar de reflexionar, sobre todo, con la bancada oficialista.

El proceso parlamentario no se agota en la comisión. Esa es simplemente la primera instancia. Puede suceder que venga un proyecto de ley a sala y aquí nos demos cuenta de que hay aspectos para corregir. En este caso el señor senador Amorín es miembro de la comisión, pero aquellos que no lo somos escuchamos los informes y buscamos que nos convenzan los argumentos. Es más, muchas veces ha pasado que discrepamos con nuestros propios compañeros que estuvieron en la comisión, aunque no es el caso. Quiere decir que aquí tenemos una instancia de reflexión y de votación.

En esta oportunidad lo que ha sucedido es que antes de pasar a la discusión particular del proyecto, se ha advertido y se ha reconocido por parte de algunos senadores del oficialismo que existen errores. Y se ha dicho que esos errores se pueden corregir en la Cámara de Representantes. Ese es el punto con el que discrepo. Sé que hace siete meses que se está trabajando en este proyecto de ley, pero me parece mucho mejor que el Senado de la república, que en este caso es la primera cámara, pueda votar un texto acordado, para que la discusión en la Cámara de Representantes no lleve otros siete meses.

Perder una semana más, luego de siete meses de trabajo, no me parece dramático para el apuro que se nos señala por parte del señor senador Pintado. Por el contrario, creo que es factible, más aún teniendo en cuenta que se han dado argumentos de peso por parte del Colegio de Abogados.

En definitiva, solicito que se reflexione, señora presidenta. No es buena cosa que este capítulo cuestionado pase a la Cámara de Representantes, porque va a enlentecer mucho más el proyecto, que además tiene que volver al Senado. Es preferible tener una instancia de una o dos semanas más y votar este proyecto unánimemente. En definitiva, con el fin estamos todos de acuerdo; el tema es hacerlo bien. Todos queremos votar este proyecto de ley, pero cuando hay cuestionamientos –sobre todo apelo a aquellos señores senadores que están formados jurídicamente– y se puede dar una discusión más profunda sobre el capítulo penal, me parece que debe ser de recibo atenderlos.

En este sentido, apelo a la reflexión de la bancada oficialista. Pongámosle fecha para que este proyecto de ley vuelva: por ejemplo, la semana que viene. Y aunque estemos discutiendo la rendición de cuentas, podemos realizar una sesión urgente en estos días. El martes comienza a trabajar la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, de manera que el lunes podría realizarse una sesión extraordinaria para tratar este asunto. Es muy importante tener esta ley, y debemos tenerla bien hecha.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- Pedí la palabra para una aclaración. Creo que no puedo dar interrupciones.

Mi idea era realizar esta aclaración incluso antes de que hablara el miembro informante, que sé que ha trabajado mucho y nos hizo una larga exposición, bien sustentada, sobre este proyecto. Lo único que cuestionamos es este capítulo. El proyecto tiene setenta y nueve artículos y estamos hablando solamente del capítulo penal. El resto lo votamos, con algunas salvedades que ha hecho el señor senador Camy sobre el artículo 54, si no me equivoco.

Por eso, señora presidenta, quería solicitar una reflexión para que este proyecto vuelva a comisión y podamos votarlo en forma unánime. Creo que esto va a garantizar su rápido tratamiento en la Cámara de Representantes, luego de que esté bien acordado en el Senado.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- La moción está formulada.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Léase el artículo que regula el tema de las alusiones y aclaraciones, porque son múltiples los pedidos y prefiero que todos tengamos claro el Reglamento.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 94.- Después que un orador haya terminado su discurso aquel o aquellos a quienes hubiese aludido podrán, antes que el orador siguiente inicie el suyo, hacer rectificaciones o aclaraciones, o contestar alusiones, las que no podrán durar más de cinco minutos.

Se entenderá que corresponde la aclaración o rectificación, cuando se hicieren referencias a las opiniones vertidas por el o los aludidos, y la contestación a una alusión únicamente cuando ésta tenga relación directa con la persona del aludido o con sus actitudes políticas o su partido político».

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Sobre esta base la Mesa va a dar la palabra para una aclaración al miembro informante y a los senadores Camy y Larrañaga, que disponen de cinco minutos cada uno.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: hemos trabajado, como bien dijo el señor senador Pintado, siete meses. El proyecto entró en octubre del año pasado. Obviamente, del mismo modo concuerdo con lo que se ha dicho aquí en el sentido de que el ámbito parlamentario también es legislativo. Quiere decir que no solamente se trabaja en la comisión, sino que también en el ambulatorio o aquí mismo, en sala, se pueden seguir procesando los proyectos. Pero es evidente que esto no fue a marcha camión, desde ningún punto de vista.

Este proyecto de ley, como dije al comienzo, fue muy trabajado. Casi el 90 % de sus artículos están en la legislación nacional de modo pacífico. Yo hice un punteo de todo el articulado. Incluso algunas de las disposiciones contra las que ahora se reclama quizás ya sean ley también. Aclaro que no estoy diciendo que lo vigente esté bien o mal; no emito juicio al respecto. Simplemente digo que la comisión trabajó sobre estos elementos, que en el pasado fueron votados unánimemente. Por lo tanto, la comisión partió de algunos supuestos.

Además, en la discusión participaron todos los operadores del Estado. En su momento di la lista –no voy a darla nuevamente porque ocupa una página entera– de toda la gente que en diferentes capítulos de la articulación de este proyecto de ley estuvieron presentes. Hubo delegados de la Suprema Corte de Justicia, miembros de la fiscalía, así como representantes del Banco Central del Uruguay, del Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera. Esto no significa que sea infalible lo que ya venía funcionando o algunos elementos nuevos que se puedan incorporar. No creo en la infalibilidad; me cuesta creer en todo tipo de absolutos.

Es verdad que estuvo el catedrático Aller. Y cuando un hombre del conocimiento de Aller da una línea, por lo menos hay que escucharlo, señora presidenta. Por ejemplo, cuando derogamos el artículo 162 del Código Penal, Aller tenía una posición, y en ese momento unos la tomamos y otros no. Son asesoramientos; después, la decisión política corresponde al Parlamento.

Además, quiero decir que en la posición del Colegio de Abogados hubo un profundo enfrentamiento con el proyecto de ley en toda la línea. Cuando digo «en toda la línea», señora presidenta, es porque Aller –el catedrático que trajeron– no concilia filosóficamente con la doctrina sobre el lavado de activos que recoge este proyecto y que también tiene defensores. Él expresó claramente cuáles son sus diferencias, como es natural y como es, además, característica de este catedrático. Pero en esta línea de razonamiento de la ley, señora presidenta, el Estado uruguayo ha ido desde hace ya décadas.

Por lo tanto, me parece que es un proyecto de ley muy trabajado. El Gobierno, como se ha dicho aquí, necesita esta ley para fin de año, porque este proyecto entró a mediados del año pasado. Y reitero, en la comisión se trabajó bien, correctamente. Aun en el tema de las penas, creo que no es tan así como se dice aquí. Tengo varias carillas sobre este aspecto; si los señores senadores quieren, paso a informar al respecto.

En definitiva, estoy en condiciones de decir que vamos a recomendar a nuestra bancada que se proceda a votar y que se pase el proyecto a la Cámara de Representantes. En esa instancia, por supuesto, los señores diputados integrantes de la comisión sobre lavado de activos podrán leer las actas y si eventualmente creen que hay que reformar algo –más allá de que ellos también fueron consultados sobre estas últimas modificaciones que hicimos en comisión–, podrán hacerlo, porque en el Uruguay existe un régimen bicameral. En definitiva, estamos a favor de este proyecto sobre el que hemos trabajado mucho.

Finalmente, voy a dejar una constancia, señora presidenta.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–El Colegio de Abogados y el Colegio de Contadores vinieron fundamentalmente a defender su actuación en estos temas. No vinieron a darnos cátedra de qué es lo que debemos hacer. Eso lo disponemos nosotros.

Por lo tanto, señora presidenta, voy a recomendar a mi bancada apoyar este proyecto de ley y que pase a la Cámara de Representantes.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Para una aclaración, tiene la palabra el señor senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora presidenta: no quiero –y si de mis palabras se infiere lo contrario, pido disculpas– afectar el trabajo de la comisión de estos siete meses. Si mis palabras fueron duras, pido disculpas públicamente. Pero así como digo esto, digo lo otro. Si el proyecto no vuelve a comisión, si no se respeta un mínimo de cortesía parlamentaria, no voy a votar nada, ni en general ni en particular. Nada voy a votar, porque me parece que está mal. Se puede trabajar siete o veinte meses y el resultado del trabajo estar mal. Y esto está mal. Por lo tanto, respeto el trabajo de la comisión y los esfuerzos que hicieron los señores senadores, pero también me parece que hay que respetar un mínimo de cortesía parlamentaria. Si el Gobierno precisa la ley para fin de año, tenemos tiempo. Puede volver a comisión con un plazo de diez días, por ejemplo. Pero no van a contar con mi voto si, en definitiva, se persiste en el camino de votar un disparate, un absurdo de esta naturaleza. ¡Quiero que quede expresa constancia de que si hoy se vota en estos términos, no voto nada, ni en general ni en particular! No involucro a mi partido; esta es una posición personal. ¡No voto nada!

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra por una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Señora presidenta: me sentí aludido y, por eso, pedí la palabra, aunque el senador Larrañaga se fue.

Lo primero que hay que aclarar –parecería que el asombro y la ciclotimia no tienen fin– es que a esta ley la necesita el país, no el Gobierno ni el Frente Amplio.

Uno puede intentar razonar, pero hay siete meses de trabajo en juego. Que venga un catedrático y dé una opinión, no quiere decir que sea la posición de un partido político; es la opinión de un catedrático. Si un partido político toma esa opinión como válida, lo que uno espera es el compromiso de presentar una alternativa, pero no venir acá a decir que no se está de acuerdo. Esta es mi opinión, luego de haber trabajado durante siete meses. Se puede venir aquí y decir «adhiero a la posición de fulano de tal» –que con mucha validez puede brindar un asesoramiento–, pero eso no quiere decir que sea el posicionamiento de un partido político porque el posicionamiento se está dando acá. Reitero que no se presentaron alternativas, aunque algunos de los argumentos del señor senador Amorín me parecieron razonables, sin duda.

Ahora bien, no podemos tolerar que se venga de pesado. No se nos puede decir que si este proyecto de ley no vuelve a comisión, no se lo vota. ¡Así no! Nosotros tenemos mayoría, pero esa mayoría nos la dio la gente con su voto. Entonces, para cambiar esa realidad hay que esperar al año 2019; mientras tanto, tenemos la mayoría que alcanzamos legítimamente.

Además, creo que el tono y la forma en que se hacen determinados planteos no contribuyen en nada. Por eso, de la misma manera que el señor senador Larrañaga ha dicho que él no va a votar nada si el proyecto de ley no vuelve a comisión, yo digo que estoy dispuesto a votar todo hoy, ahora, por el trabajo que se realizó en la comisión.

Muchas gracias.

(Ocupa la presidencia el señor Raúl Sendic).

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: como miembro de la comisión que trabajó arduamente durante siete meses quiero destacar el aporte de todos sus integrantes. También quiero reconocer, expresamente, la labor del presidente de la comisión, pues quienes hemos presidido comisiones sabemos que nos alcanzan responsabilidades, facultades y, por la norma consuetudinaria, funciones que hacen al destaque del trabajo de las comisiones. Esta comisión trabajó siete meses y tuvo el aporte de todos.

Creo que se ha aclarado el hecho de que las salvedades fueron realizadas oportunamente, y puntualmente las que hoy no votamos, por el señor senador Amorín. Es más, en la penúltima sesión de la comisión, como gesto de compromiso de votar en general la norma y a pedido del presidente Martínez Huelmo, votamos el artículo 1.º únicamente y con posterioridad el resto del articulado porque, efectivamente, había salvedades. Tal vez no se expresaron con el énfasis o el detalle que se hizo hoy aquí; eso es posible, en primer lugar, porque no todos los que hoy hicieron uso de la palabra integran la comisión y, en segundo término, porque seguramente el proceso y las subjetividades lógicas de cada uno de nosotros hicieron que sucediera de esa manera.

Tengo un reconocimiento muy especial por el señor senador Martínez Huelmo –y él lo sabe– porque, entre otras cosas, es el único que me supera en integración de comisiones y yo integro once. Esto ha llevado a que me diera cuenta de que somos falibles. A veces tengo la sensación –debemos asumirlo– de que el corporativismo parlamentario nos lleva a poner el estribo y hacer hincapié en el hecho de que prácticamente perdemos la condición de lealtad o de coherencia partidaria si retomamos una discusión o cedemos al pedido de un plazo mayor al previsto para estudiar un proyecto.

Recuerdo que cuando compareció ante la comisión el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, en referencia al artículo 13 –numerales 9 y 10–, nosotros enfáticamente estuvimos en contra. También recuerdo la propuesta del señor senador De León que dijo de propiciar, a través de una gestión del presidente de la comisión, un encuentro con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo para ver si podíamos encontrar una solución. Y así se procedió y se logró.

Por lo tanto, con total franqueza y lealtad quiero preguntar en este ámbito lo siguiente. Si el tema es tan importante para el país, si la ley es importante para el Gobierno, y si en sí misma lo es, ¿es tan grave conceder un plazo de diez o quince días? ¿Es tan grave? ¿Afecta de manera tan importante la coherencia político-partidaria de cualquiera de nosotros o de los integrantes de la comisión? En forma personal, quiero pedir expresamente a los integrantes de la comisión, a través de su presidente –tengo en cuenta todos los argumentos– que nos aboquemos a estudiar quince días más el proyecto de ley, con el compromiso que hemos asumido siempre.

Quienes estuvimos en la Torre Ejecutiva analizando los temas de seguridad y la reforma del Código del Proceso Penal –en mi caso, parcialmente–, sabemos que se manejaron tiempos que no pudimos cumplir. En voz baja todos reconocíamos que no llegábamos, pero nadie podía decirlo para afuera. Hicimos todo lo que había que hacer para ver si llegábamos a los plazos que se habían fijado. Incluso, sesionamos extraordinariamente.

En definitiva, pido expresamente que se tenga esa consideración con base en las razones que hemos tenido todos quienes hemos argumentado.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor presidente: he hecho un informe pormenorizado y he presentado este proyecto de ley convencido –no digo en absoluto porque, precisamente, es lo que he cuestionado– de que debe ser aprobado por el Cuerpo. Debo decir, además, que la comisión ha trabajado mucho en este proyecto de ley y luego del planteo realizado, no veo mayores objeciones que hacer.

Estamos hablando de un tipo de delitos muy graves y creo que podríamos avanzar al respecto. Voy a reiterar lo que dije anteriormente: nuestra posición no es una violación a la amistad parlamentaria o a un procedimiento no escrito en el Parlamento en el plano de las buenas relaciones y, por tanto, voy a recomendar a nuestra bancada aprobar este proyecto de ley para que pase a la Cámara de Representantes.

Muchas gracias.

SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE LEÓN.- La bancada del Frente Amplio solicita un cuarto intermedio de diez minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por diez minutos.

(Así se hace. Son las 12:43).

(Vueltos a sala).

­–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 13:14).

–Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que el proyecto de ley en consideración vuelva a la comisión para su análisis y revisión». (Firman los señores senadores Mieres, Larrañaga, Delgado, Camy y Amorín).

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–11 en 27. Negativa.

Corresponde votar en general el proyecto de ley.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Quiero dejar sentada la posición de la bancada de mi partido.

Creo que ha sido bien explícito el Partido Nacional en la mañana de hoy en coincidir, en general, con este proyecto de ley y en no coincidir con algunos de los capítulos y algún artículo en particular. También hemos sido muy enfáticos, dado que existen muchas dudas sobre algunas redacciones y sobre la forma de algunos capítulos de este proyecto de ley que es muy importante para el Uruguay.

Hemos visto una falta de voluntad por parte de la bancada de gobierno en el sentido de que este asunto pase a comisión para ser discutido, por lo menos, por un plazo perentorio de quince días, con el fin de ver si podemos llegar a algunos acuerdos necesarios. Entendemos que estamos cerca y por eso quizás haya posibilidad de llegar a algunos acuerdos. Lamentablemente, acaban de comunicarnos que han decidido no pasarlo a comisión y, además, la moción que acaba de votarse es elocuente en ese sentido.

Es por esa razón que, como manifestación política, vamos a votar rechazando la falta de voluntad del pase a comisión cuando, de hecho, había voluntad de hacerlo por parte de toda la oposición por un plazo de quince días. Por esa razón, repito, vamos a votar, en general, en contra de este proyecto de ley, en esta primera instancia.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señor presidente: de acuerdo con lo que hemos dicho en sala, los senadores del Partido Colorado vamos a votar favorablemente, en general, este proyecto de ley, pues nos parece que es necesario y que, en verdad, el país lo precisa.

Por supuesto que nos habría gustado que el capítulo relativo a las penas pasara a comisión para discutirlo con el fin de poder mejorarlo, pues creemos que hay mucho para perfeccionar en ese aspecto. Lamentablemente, no fue así.

Como dije, vamos a votar el proyecto de ley a favor, pero vamos a pedir el desglose del capítulo V, relativo a las penas. No vamos a votar ninguno de esos artículos y tampoco vamos a votar el artículo 54, por lo que pediremos su desglose.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: lamento la decisión del Frente Amplio. La verdad es que no comprendo que no se dé la posibilidad de que pase a comisión, a fin de tratarlo en el día de mañana. Creo que tenemos tiempo de estudiarlo, a no ser que el Frente Amplio nos diga ahora que no está dispuesto a escuchar argumentos de peso sobre el capítulo de penas de este proyecto de ley.

Por lo que pude escuchar en sala, me pareció que muchos senadores del oficialismo habían señalado su apertura para revisar el tema. La discrepancia está en si eso se hace ahora, en el Senado o se lleva a la Cámara de Representantes. ¡Realmente, no comprendo esa posición! ¿Por qué? Porque este Cuerpo no es un apéndice de la otra cámara ni a la inversa. Seguramente la Cámara de Representantes estudie la ley y la modifique. ¡Espero que no!

Realmente, apelo a la reflexión de los señores senadores del oficialismo para que cuando se desglose el capítulo de las disposiciones penales del proyecto de ley y el artículo 54 –que fue muy bien explicitado por el senador Carlos Daniel Camy–, tengamos la oportunidad de revisarlo.

Observo que se prendió la luz indicadora del tiempo y, en realidad, estoy haciendo uso de la palabra sobre el fondo del proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Usted está fundamentando el voto.

SEÑOR HEBER.- ¡Ah no, señor presidente! ¡No puedo fundamentar el voto porque no voté!

SEÑOR PRESIDENTE.- Se votó una moción y lo único que correspondía era que se fundamentara el voto.

SEÑOR HEBER.- Pero no hablé del proyecto de ley en general.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ya se cerró la discusión en general del proyecto de ley.

SEÑOR HEBER.- ¿Cuándo se cerró la discusión?

SEÑOR PRESIDENTE.- Cuando di el uso de la palabra al señor senador Martínez Huelmo para que cerrara la discusión.

SEÑOR HEBER.- ¿Y por qué cerró la discusión el senador Martínez Huelmo? ¡Es el miembro informante!

SEÑOR PRESIDENTE.- Porque no había más anotados en la lista de oradores y, entonces, le di la palabra al miembro informante, senador Martínez Huelmo.

Luego de eso, votamos una moción y pasamos a cuarto intermedio.

SEÑOR HEBER.- Quizás tenga razón, señor presidente…

SEÑOR PRESIDENTE.- En este caso la tengo.

SEÑOR HEBER.- Usted cree que tiene razón. ¡Usted cree! La razón no la tiene nadie en la mano hasta que…

SEÑOR PRESIDENTE.- Le queda un minuto, señor senador.

SEÑOR HEBER.- Pensé que estaba hablando sobre el fondo del proyecto de ley, no como fundamento de voto de la moción de orden. Como en su momento hice uso de la palabra para una aclaración, realmente pensé que tenía esa instancia porque no se votó en general.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor senador Heber: cierre su intervención porque está en tiempo.

SEÑOR HEBER.- Todavía tengo tiempo.

SEÑOR PRESIDENTE.- No, no; ya terminó su tiempo. Cierre su intervención, por favor.

SEÑOR HEBER.- Muy bien, señor presidente. No me mire enojado.

Simplemente estaba tratando de hacer una reflexión general sobre el proyecto de ley para que, de alguna manera, se desglose del capítulo y se fije una sesión extraordinaria para el lunes que viene, a efectos de poder votarlo luego de ser estudiado en la Comisión especial con fines legislativos a partir de los llamados Papeles de Panamá y jurisdicciones similares, para la prevención del fraude financiero, la defraudación y elusión fiscal, el lavado de activos y la transparencia global.

Entonces, ya que no me acompañaron en mi propuesta de que el proyecto de ley vuelva a comisión –lo digo en un bueno tono–, pido que sí lo hagan en el desglose del capítulo, sin proclamar la votación, para que nos dé tiempo de realizar modificaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor senador.

14) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE LEÓN.- Solicito que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta terminar con el tratamiento del proyecto de ley relativo a la protección de la salud mental.

SEÑOR PRESIDENTE.- En ese caso, se prorroga la hora de finalización de la sesión y el Senado pasaría a cuarto intermedio a las 13:30, hora para la que está citada la Asamblea General.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Según lo que entendí, el señor senador De León está incluyendo en su moción la consideración del proyecto de ley sobre salud mental cuya urgencia no fue votada. Por tanto, no se puede mocionar que se prorrogue la hora hasta finalizar la consideración de un proyecto de ley cuya urgencia e inclusión en el orden del día aún no han sido consideradas.

(Interrupciones).

¡Por favor, estoy en uso de la palabra, señor presidente!

SEÑOR PRESIDENTE.- ¡Por favor, silencio!

SEÑOR MIERES.- Efectivamente, hay un error. Planteo que, en todo caso, la prórroga de la hora de finalización de la sesión sea hasta que se termine de considerar este punto, que es el único del orden del día. No se puede votar otra cosa.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En función del planteo del señor senador Mieres, la presidencia aclara que la urgencia del proyecto de ley que se propone considerar aún no ha sido votada.

Por tanto, solamente se va a votar la propuesta del señor senador De León de prorrogar la hora de finalización de la sesión.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

15) LAVADO DE ACTIVOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa el tratamiento del tema en consideración.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: en nombre del Partido Independiente queremos señalar que nos hubiera gustado realmente haber coincidido en la necesidad de darnos un tiempo para que estos temas se puedan trabajar por consenso. De todas maneras, vamos a votar en general el proyecto, compartimos los desgloses solicitados y agregamos otro, el del numeral 9 del artículo 13 –es decir, no de todo el artículo; pido atención a la Mesa porque después no lo desglosan–, para cuando se pase a la discusión particular.

Repito: hubiera sido bueno haber coincidido en esto; lamento que haya habido esta ratificación de querer votarlo hoy a toda costa.

Muchas gracias.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor presidente: en virtud del resultado de la votación, quiero expresar que no voy a votar el proyecto en general, como ya dije. Me parece que es un enorme error persistir en un camino equivocado vinculado al tema de la parte penal, a la creación de un delito autónomo que no tiene configuración y a una equivocada política criminal en materia de penas, como muy bien fundamentó el señor senador Amorín.

Considero que no se trata de una imposición de nuestra parte. En decenas de oportunidades hemos colaborado con nuestro voto en la generación de instrumentos que sirven al país, a la gente, a los uruguayos. Lo hemos hecho de la mejor manera posible, pero me resisto verdaderamente a transitar por un camino equivocado, como es agregar a la normativa legal un conjunto de normas que, desde el punto de vista del diseño jurídico penal, son profundamente equivocadas, que no guardan relación ni equilibrio con la mecánica penal, con la dosimetría penal, que es la gradación de las penas. Creo que esto es central en la discusión.

En virtud de esto, más allá de los siete meses de trabajo –que, repito, yo respeto–, creo que el resultado es equivocado; ¡es profundamente equivocado! Entonces, no voy a avalar este proyecto de ley y como reclamo, nada más que como ejercicio para que quede constancia en la versión taquigráfica, no voy votar toda la ley. No es posible que por la mecánica de votar en general terminemos atrapados en la aprobación de un instrumento legal que, en uno de sus capítulos, encierra importantes errores que deberían ser apreciados por el Senado de la república para una buena y productiva actividad legislativa.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: dado que está citada la Asamblea General para dentro de un minuto, mociono que este Cuerpo pase a cuarto intermedio hasta que termine esa sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta que termine la Asamblea General.

(Así se hace. Son las 13:29).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 14:32).

–Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–18 en 25. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR DELGADO.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- El Partido Nacional pidió la rectificación de la votación para ser coherente con lo que anunció que haría en la votación en general de este proyecto de ley.

Tal como lo manifestó el señor senador Camy –integrante de la comisión por el Partido Nacional–, así como otros miembros de la oposición tenemos coincidencias con esta iniciativa, nos parece que le hace bien al Uruguay, y lo acompañamos, pero algunos capítulos –particularmente el V–, así como algún artículo, nos parecen demasiado importantes como para que el tema amerite un pase a comisión para discutirlo mejor. Ante la falta de voluntad de la bancada del oficialismo de discutir quince días más este proyecto en comisión, hace unos minutos votamos en contra en general, pero al salir afirmativamente, obviamente pedimos la rectificación y también lo votamos. Sin embargo –como ya se había establecido– vamos a solicitar el desglose del artículo 54 y del capítulo V.

Muchas gracias.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Quiero fundamentar mi voto negativo para mantener la posición que sustenté en sala, en virtud de la negativa de la mayoría de este Senado a que el proyecto pase a comisión. Creo que las objeciones al capítulo V son de tal entidad que afectan, precisamente, el conjunto del proyecto. En virtud de esto –téngase por fundamentación para las restantes disposiciones que se habiliten–, no voy a votar ningún artículo del proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura y se vote por capítulos, obviamente, con los correspondientes desgloses.

Quiero recordar que estamos dispuestos a votar el artículo 20 con las modificaciones de redacción propuestas, y el artículo 34 con la observación que hice al numeral 9.

SEÑOR PRESIDENTE.- Permítame, señor senador.

En principio, debemos votar su propuesta de suprimir la lectura y votar por capítulos; después haremos las aclaraciones que corresponda en cada uno de ellos.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración el capítulo I.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

En consideración el capítulo II.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Solicito –como ya había adelantado– que se desglose el numeral 9 del literal J) del artículo 13.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra.

SEÑOR PINTADO.- Solicito que se lea la nueva redacción del artículo 20, para que quede claro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 20 en su nueva redacción.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo 20. (Personas políticamente expuestas).- Se entiende por personas políticamente expuestas a aquellas que desempeñan o han desempeñado en los últimos cinco años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales, o militares de alta jerarquía, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo II con el desglose que propuso el señor senador Mieres y la nueva redacción del artículo 20.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

En consideración el numeral 9 del literal J) del artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 26. Afirmativa.

En consideración el capítulo III.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el capítulo IV.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el capítulo V.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- En los literales A) y B) del numeral 25 del artículo 34 debemos corregir las fechas.

En el literal A), donde dice: «a partir del 1.º de enero de 2017» debe decir «2018»; y en el literal B) debe decir «2019», en vez de «2018».

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo V con la modificación que plantea el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el capítulo VI.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el capítulo VII.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Solicito el desglose del artículo 54.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el capítulo VII con el desglose del artículo 54.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 54.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–16 en 27. Afirmativa.

En consideración el capítulo VIII.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el capítulo IX.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

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16) SALUD MENTAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Mocionamos para que se declare la urgencia y se trate de inmediato el proyecto de ley por el que se aprueban normas que garantizan el derecho a la protección de la salud mental de los habitantes residentes en el país. Carp n.º 426/2015». (Firman los senadores Delgado, Mieres, Amorín y De León).

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se aprueban normas que garantizan el derecho a la protección de la salud mental de los habitantes residentes en el país. (Carp. n.º 426/2015 - rep. 490/17)».

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Passada.

SEÑORA PASSADA.- Gracias, señor presidente.

Este proyecto de ley sobre salud mental ya había sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, e hizo lo propio la Cámara de Representantes, también por unanimidad. Sin embargo, en su tratamiento en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, y luego en el pleno de la Cámara de Representantes, fueron acordadas tres modificaciones que hacen a algunos de los temas que habíamos tratado en comisión. Una de ellas refiere al tiempo de cierre definitivo de los hospitales o centros asilares, para lo que se establece una fecha límite, no pudiendo ir más allá de 2025. También se hacen algunos mínimos cambios en materia de derechos –se agrega «usuarios de servicios de salud mental»– y respecto a la regulación de la internación cuando no es voluntaria, pero que no se afecta el contenido ni los criterios que aquí habíamos aprobado.

Por lo tanto, estamos en condiciones de aprobar definitivamente este proyecto de ley y de derogar lo que se ha legislado desde el año 1936 en materia de salud mental. ¡Vaya si en varias oportunidades nuestro país ha sido observado por el modelo de atención que ha tenido hacia aquellos que padecen o padecemos –porque cualquiera de nosotros puede estar en esa situación– trastornos o crisis que puedan llevar momentáneamente a una situación de tratamiento particular!

Seguimos aconsejando la aprobación de este proyecto de ley que, como muy bien lo dice su nombre, se inserta en el Sistema Nacional Integrado de Salud desde la perspectiva de los derechos humanos.

Sabemos que deberá ser reglamentado y que presentará cierta complejidad en el momento de su aplicación, pero no se trata solo de que acá modifiquemos el modelo, sino de que la sociedad también debe cambiar el estigma que muchas veces recae en estos pacientes.

Muchas gracias.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Como bien informara la señora senadora Passada, este proyecto de ley ya fue analizado en la Comisión de Salud Pública y en el plenario de la Cámara de Senadores, y ayer por la tarde fue aprobado en la Cámara de Representantes con las modificaciones recién informadas. Precisamente, en el día de ayer, antes de que comenzara la reunión de la Comisión de Salud Pública, estuvimos hablando sobre cómo proceder y debido a que la bancada oficialista nos mostraba la urgencia que tenía el Poder Ejecutivo en contar con la aprobación de esta norma, accedimos a tratarla hoy. Si bien esta no es la forma que más nos gusta –porque preferimos que los temas pasen por comisión–, como habíamos votado la suspensión de las próximas sesiones por el tratamiento de la rendición de cuentas, en forma excepcional accedimos a considerarlo sobre tablas en la tarde de hoy.

Vamos a acompañar las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Representantes, pero tal como lo hicimos ayer en ese ámbito por intermedio de nuestro compañero, el diputado Martín Lema –que anunció lo que hoy vamos a repetir aquí–, queremos decir que nos parece que este proyecto de ley que cambia la realidad de lo que significa la atención de los trastornos mentales no puede quedar –como alguien dijo en alguna instancia de la vida del país– en progreso manuscrito; es decir, que hacemos modificaciones pero después, en la práctica, la situación no cambia. Para que no quede en progreso manuscrito, esta ley requiere recursos; de lo contrario, es lo que sucederá. Concretamente, toda la formación y capacitación que implica el proyecto de ley que estamos votando, el diseño del plan de salud mental, las redes territoriales, los dispositivos residenciales con apoyo, requieren recursos. Por lo tanto, en el transcurso del debate de la rendición de cuentas vamos a plantear que el Ministerio de Salud Pública incluya los recursos para que efectivamente esta ley se aplique, porque de lo contrario la urgencia de votarlo esta tarde no va a condecir con la aplicación. Esta ley sin recursos no se puede aplicar y desde nuestro punto de vista, como hay urgencia en su aprobación –tal como se nos formuló–, también debe haber urgencia en su aplicación.

Por lo tanto, el Partido Nacional va a solicitar que el Ministerio de Salud Pública proponga la inclusión de estos recursos en la rendición de cuentas –desde ya adelantamos que votaremos una norma en ese sentido–; de lo contrario, lo haremos nosotros, pues ello es indispensable para poder hacer efectiva la aplicación de este artículo.

Con estas consideraciones, señor presidente, anunciamos que vamos a acompañar las modificaciones planteadas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se aceptan las modificaciones introducidas al proyecto de ley en la Cámara de Representantes.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) DECLARACIÓN RELACIONADA CON EL CAMBIO CLIMÁTICO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto de declaración.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Los señores senadores De León, Camy, Aviaga, Delgado, Cardoso, Garín, Mieres, Coutinho, García, Larrañaga, Bianchi, Lacalle Pou, Heber, Besozzi, Amorín y Bordaberry presentan un proyecto de declaración».

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «El Senado de la república declara que:

1.- Reafirma los compromisos de la República Oriental del Uruguay con las metas de las contribuciones voluntarias presentadas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y con todas las acciones posteriores que logren incluso elevarlas para asegurar su implementación a nivel global.

2.- Entiende que el Acuerdo de París que fuera ratificado por este Parlamento y promulgado el 19 de octubre de 2016 por el ejecutivo, exige un esfuerzo sin precedentes de todos los poderes del Estado con el firme propósito de no superar la barrera de los dos grados de temperatura global.

3.- Lamenta la decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París, considerando que el cuidado de la Casa Común debe ser una prioridad para toda la humanidad, y que el respeto a los tratados internacionales es una condición inalterable de convivencia para el destino de nuestro planeta».

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑORA AVIAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA AVIAGA.- Señor presidente: en verdad, voy a ser breve. Solo quiero referirme a la importancia de esta declaración, que creo que debe ser de orden para nosotros.

El Acuerdo de París, firmado en 2015, fue ratificado por este Parlamento y promulgado por el Poder Ejecutivo en 2016, pero nos preocupa especialmente la decisión de Estados Unidos de dejar el acuerdo sobre cambio climático. Sabemos que este viernes 4 de agosto el Gobierno de Estados Unidos comunicó a la Organización de las Naciones Unidas su decisión de salirse del acuerdo y exhortamos a todos en este Senado a que se pronuncien lamentando esta decisión, ya que el cuidado de la «Casa Común» –como dice la declaración– debe ser prioridad para nosotros y para la humanidad. Más aún, el respeto a los tratados internacionales es esencial para la convivencia en sociedad en todo nuestro planeta.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

18) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 14:54, presidiendo el señor Raúl Sendic y estando presentes los señores senadores Alonso, Amorín, Aviaga, Ayala, Besozzi, Cardoso, De León, Delgado, Gallicchio, García, Garín, Lazo, Lorier, Martínez Huelmo, Otheguy, Passada, Paternain, Payssé, Pintado, Topolansky, Tourné y Xavier).

RAÚL SENDIC Presidente

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.