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N.º 28 - TOMO 555 - 24 DE AGOSTO DE 2016

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

28.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RAÚL SENDIC Presidente y EL SEÑOR MARCOS OTHEGUY Segundo vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LOS PROSECRETARIOS, LUIS CALABRIA Y SILVANA CHARLONE

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

– El señor senador Delgado presenta un proyecto de ley por el que se establecen normas con el fin de controlar las sociedades anónimas en las que el Estado tenga participación accionaria.

• A la Comisión de Hacienda.

5) y 13) Pedidos de informes

– El señor senador García solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con la situación del aeródromo de Carmelo.

– El señor senador Mieres solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social, relacionado con las extensiones de seguro por desempleo;

• con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland:

* relacionado con el funcionamiento de la planta de cal en el departamento de Treinta y Tres;

* relacionado con la contratación de empresas de transporte carretero por parte de ALUR.

– El señor senador Agazzi solicita se curse un pedido de informes con destino al Tribunal de Cuentas, relacionado con las rendiciones de cuentas anuales que debe realizar la Asociación Rural del Uruguay (ARU) por la administración del predio y tres galpones ubicados en el barrio del Prado, propiedad de la Intendencia de Montevideo.

– El señor senador Bordaberry solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la autorización para la circulación y salida del país de autobuses contratados por hinchas de equipos uruguayos;

• con destino al Ministerio del Interior, relacionado con posibles advertencias de escuchas telefónicas a hinchas de equipos de fútbol uruguayo;

• con destino al Poder Judicial, relacionado con el manejo de información en las actuaciones llevadas a cabo sobre la actividad de hinchas de diferentes equipos de fútbol uruguayo;

• con destino al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Educación Pública, relacionado con una disertación brindada en el liceo Miranda.

– El señor senador Lacalle Pou solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, relacionado con una compra directa por excepción para la adquisición de equipamiento policial.

– El señor senador Bordaberry solicita se cursen los siguientes pedidos de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a Ancap:

• relacionado con un proceso de selección de un nuevo gerente general en Ancap;

• relacionado con el funcionamiento del segundo horno de la planta de cal de Treinta y Tres, de la subsidiaria de Ancap Cementos del Plata.

– El señor senador Larrañaga solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a Ancap, relacionado con la evaluación del sistema de distribución de combustibles líquidos.

• Oportunamente fueron tramitados.

6) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias.

7), 10), 12), 16), 18) y 20) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Agazzi, Xavier, Besozzi, Alonso, Coutinho, Michelini, Lacalle Pou y Mujica.

– Quedan convocados los señores senadores Garín, Pardiñas, Lafluf, Peña, Pesce, Gallicchio, Saravia y Berterreche.

8), 11) y 22) Régimen de trabajo

– El señor senador Michelini solicita que se reparta una iniciativa presentada por los señores senadores Mieres y Ayala, relativa a la modificación de la Ley n.º 19210, y que se pase a cuarto intermedio entre las 10:45 y las 11:30 para recibir al subsecretario de Economía y Finanzas en la Comisión de Asuntos Internacionales.

– El señor senador Bordaberry solicita que se declaren urgentes las venias para designar a un fiscal letrado departamental y a un ministro de Tribunal de Apelaciones.

– El señor senador Michelini solicita que se declare urgente y se considere en la presente sesión el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo.

9) Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores

– Proyecto de ley por el que se la aprueba.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14) y 23) Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal

• Por moción del señor senador Michelini, el Senado resuelve declarar urgente y considerar a continuación del segundo punto del orden del día, el proyecto de ley por el que se la aprueba.

– Se ingresa a la discusión general.

• Por moción del señor senador Larrañaga, complementada por el señor senador Michelini, el Senado resuelve pasar a cuarto intermedio hasta el lunes 29 a las 09:30.

15), 17), 19) y 21) Plan integral de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transfronterizo

– Proyecto de ley por el que se lo elabora.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

24) Levantamiento de la sesión

• El Senado pasa a cuarto intermedio hasta el lunes 29 a las 09:30.

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 22 de agosto de 2016

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo miércoles 24 de agosto, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1.º) por el que se aprueba la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, suscrita en Washington, Estados Unidos de América, el 15 de junio de 2015;

Carp. n.º 549/2016 - rep. n.º 327/2016

2.º) por el que se establecen normas para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transfronterizo;

Carp. n.º 625/2016 - rep. n.º 325/2016 y rep. n.º 325/2016 Anexo I

3.º) por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre intercambio de información en materia tributaria, suscrito en Londres, el 14 de octubre de 2013;

Carp. n.º 542/2016 - rep. n.º 332/2016

4.º) por el que se aprueba el Acuerdo para el intercambio de información en materia tributaria entre la República Oriental del Uruguay y los Estados de Guernsey, suscrito en Londres, el 2 de julio de 2014.

Carp. n.º 572/2016 - rep. n.º 329/2016

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Agazzi, Amorín, Aviaga, Ayala, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Cardoso, Coutinho, De León, Delgado, García, Heber, Lacalle Pou, Lafluf, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Mujica, Passada, Payssé, Peña, Pintado, Topolansky, Tourné y Xavier; ingresan con posterioridad, por licencia de los titulares, los señores senadores Gallicchio, Pardiñas y Pesce.

FALTAN: con licencia los señores senadores Alonso y Besozzi; y se retiran con licencia durante el transcurso de la sesión los señores senadores Coutinho, Michelini y Xavier.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:41).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a las disposiciones establecidas en el Código Penal sobre el delito de homicidio.

–A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

El Poder Ejecutivo remite mensajes:

– por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República Cooperativa de Guyana, suscrito en Nassau, Bahamas, el 26 de febrero de 2015;

• por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, por un plazo de hasta ciento ochenta días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de la Cooperativa de Trabajadores de Paylana (Cotrapay);

• por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, por un plazo de hasta ciento ochenta días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de la cooperativa El Águila.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

– Por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el artículo 28 de la Ley n.º 17243, de 29 de junio de 2000, a fin de designar en calidad de vicepresidente en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos al señor Juan José Domínguez.

–HA SIDO REPARTIDO POR DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA. A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

– Por el que solicita la venia correspondiente para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

El Ministerio de Defensa Nacional remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Sebastián da Silva con fecha 15 de junio del corriente, relacionado con la adquisición de vehículos oficiales.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR DA SILVA.

El Ministerio de Desarrollo Social remite respuesta del Instituto Nacional de Alimentación a los siguientes pedidos de informes:

• solicitado por el señor senador Álvaro Delgado, relacionado con las partidas de dinero que el Instituto Nacional de Alimentación debe destinar a los CAIF para la compra de víveres.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR DELGADO.

• Solicitado por la señora senadora Carol Aviaga, relacionado con la suspensión de servicios en algunos puntos del interior del país.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA SENADORA AVIAGA.

El Ministerio del Interior remite las siguientes notas por las que se acusa recibo de:

• una exposición escrita presentada por el señor senador Luis Alberto Heber, relacionada con la inseguridad existente en el medio rural, en las localidades de Libertad, Buschental, Colonia Italia y Kiyú, departamento de San José;

• las palabras pronunciadas por la señora senadora Daisy Tourné, relacionadas con el uso regulado de las armas de fuego.

–TÉNGANSE PRESENTES.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Luis Lacalle Pou, relacionado con el acuerdo entre el Gobierno nacional y el Gobierno de los Estados Unidos de América para trasladar al territorio uruguayo personas detenidas en la prisión de Guantánamo.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR LACALLE POU.

El Ministerio de Salud Pública remite respuestas a los siguientes pedidos de informes solicitados por la señora senadora Carol Aviaga:

• relacionado con el uso y control del herbicida glifosato y su impacto en las personas;

• relacionado con los controles de calidad del agua embotellada.

–OPORTUNAMENTE FUERON ENTREGADAS A LA SEÑORA SENADORA AVIAGA.

El Ministerio de Salud Pública remite respuesta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado a un pedido de informes solicitado por el señor senador Daniel Bianchi, relacionado con la situación de la emergencia del Hospital Pasteur.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR BIANCHI.

El Ministerio de Turismo remite respuesta a los siguientes pedidos de informes:

• solicitado por la señora senadora Carol Aviaga, relacionado con el ausentismo laboral.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA SENADORA AVIAGA.

• Solicitado por el señor senador Sebastián da Silva con fecha 15 de junio del corriente, relacionado con la adquisición de vehículos oficiales.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR DA SILVA.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite respuestas a los siguientes pedidos de informes solicitados por la señora senadora Carol Aviaga:

• de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, relacionado con la extracción de arena en el río Santa Lucía;

• de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, relacionado con los proyectos de dragados a realizarse en el puerto de Montevideo por parte de la Administración Nacional de Puertos;

• de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionado con el ausentismo laboral en dicho organismo.

–OPORTUNAMENTE FUERON ENTREGADAS A LA SEÑORA SENADORA AVIAGA.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite respuestas a los siguientes pedidos de informes solicitados por el señor senador José Amorín:

• de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, relativo a la calidad del agua potable;

• de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, relacionado con la calidad del aire en zonas cercanas a la refinería de La Teja y a la planta de cemento de Ancap de Minas;

• de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, relacionado con el cumplimiento del Plan de Acción del río Santa Lucía.

–OPORTUNAMENTE FUERON ENTREGADAS AL SEÑOR SENADOR AMORÍN.

El presidente de la Cámara de Senadores comunica que la señora senadora Carol Aviaga pasará a integrar la Comisión de Presupuesto en lugar del señor senador José Carlos Cardoso.

–TÉNGASE PRESENTE.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación turística entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 10 de agosto de 2005;

• por el que se aprueba la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, abierta a la firma en Estrasburgo, Francia, el 25 de enero de 1988, enmendada por el Protocolo de 2010, que entrara en vigor el 1.º de junio de 2011 y suscrita por Uruguay en París, Francia, el 1.º de junio de 2016, con las reservas y declaraciones formuladas por Uruguay en el momento de su suscripción.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

• Por el que se crea el Fondo Social Metalúrgico.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

• Por el que se declara Día del Futuro el último lunes de setiembre de cada año.

–A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

Asimismo, remite copia de una exposición escrita presentada por el señor representante nacional Nicolás Olivera, relacionada con la necesidad de una policlínica y una unidad de emergencia móvil en la localidad de El Eucalipto, departamento de Paysandú.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.

Además, comunica que ha aprobado un proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, por un plazo de hasta ciento ochenta días, el subsidio por desempleo a los trabajadores de la cooperativa de trabajo Profuncoop.

–AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueban el Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y su protocolo entre la República Oriental del Uruguay y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 24 de febrero de 2016;

• por el que se aprueba el Acuerdo marco de asociación entre el Mercosur y la República de Surinam, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 17 de julio de 2015;

• por el que se aprueba la modificación del artículo 1.º del Convenio que establece la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), llamado Convenio de Lima, adoptada en la XXXVIII (38) Reunión de Ministros, por Decisión XXXVIII/D/453, de 30 de noviembre de 2007.

–REPÁRTANSE E INCLÚYANSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

• Por el que se aprueba la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, suscrita en Washington, Estados Unidos de América, el 15 de junio de 2015.

• Por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre intercambio de información en materia tributaria, suscrito en Londres, el 14 de octubre de 2013.

• Por el que se aprueba el Acuerdo para el intercambio de información en materia tributaria entre la República Oriental del Uruguay y los Estados de Guernsey, suscrito en Londres, el 2 de julio de 2014.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen normas para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transfronterizo.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informados:

• mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente a fin de designar en el cargo de fiscal letrado departamental, escalafón N, a la doctora Mariela Isabel Núñez Marichal;

• mensaje de la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.º del artículo 239 de la Constitución de la república, solicitando la aprobación correspondiente para designar en el cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones a la doctora Gloria Elisa Seguessa Mora.

–REPÁRTANSE.

El Tribunal de Cuentas remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Sebastián da Silva con fecha 15 de junio del corriente, relacionado con la adquisición de vehículos oficiales.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR DA SILVA.

El Fondo de Solidaridad remite, de conformidad con lo establecido en el artículo 759 de la Ley n.º 19355, de 19 de diciembre de 2015, Presupuesto nacional 2015-2019, su memoria anual y balance correspondientes al ejercicio 2015.

–A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA.

La Junta Departamental de Paysandú remite un oficio por el que comunica que aprobó por mayoría el informe realizado por la Comisión de Hacienda y Cuentas de dicho Cuerpo, llamado “Enriquecimiento de la consolidación fiscal”, que versa sobre las medidas económicas recientemente adoptadas por la situación financiera del país.

–TÉNGASE PRESENTE.

La Junta Departamental de San José remite nota adjuntando copia de las palabras pronunciadas por el señor edil Reinaldo Díaz, relacionadas con el delito de abigeato dentro del departamento.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LAS COMISIONES DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA Y ESPECIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CONVIVENCIA.

La Junta Departamental de Flores remite nota adjuntando copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas sobre el tema “Las gotas homeopáticas para el tratamiento del cáncer”.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.

La Junta Departamental de Artigas remite un oficio por el que comunica la aprobación de un informe relacionado con la situación de un grupo de trabajadores afiliados a las AFAP.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL».

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Álvaro Delgado presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas con el fin de controlar las sociedades anónimas en las que el Estado tenga participación accionaria.

–A LA COMISIÓN DE HACIENDA».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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5) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Javier García, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Defensa Nacional, relacionado con la situación del aeródromo de Carmelo.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otros pedidos de informes.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Pablo Mieres, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

– con destino al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social, relacionado con las extensiones de seguro por desempleo;

– con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland:

• relacionado con el funcionamiento de la planta de cal en el departamento de Treinta y Tres;

• relacionado con la contratación de empresas de transporte carretero por parte de ALUR.

–OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Ernesto Agazzi, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Tribunal de Cuentas, relacionado con las rendiciones de cuentas anuales que debe realizar la Asociación Rural del Uruguay (ARU) por la administración del predio y tres galpones ubicados en el barrio del Prado, propiedad de la Intendencia de Montevideo.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otros pedidos de informes.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Pedro Bordaberry, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionado con la autorización para la circulación y salida del país de autobuses contratados por hinchas de equipos uruguayos;

• con destino al Ministerio del Interior, relacionado con posibles advertencias de escuchas telefónicas a hinchas de equipos de fútbol uruguayo;

• con destino al Poder Judicial, relacionado con el manejo de información en las actuaciones llevadas a cabo sobre la actividad de hinchas de diferentes equipos de fútbol uruguayo;

• con destino al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Educación Pública, relacionado con una disertación brindada en el liceo Miranda.

–OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Luis Lacalle Pou, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, relacionado con una compra directa por excepción para la adquisición de equipamiento policial.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión ordinaria del 10 de agosto faltaron con aviso los señores senadores Heber, Larrañaga y Mujica.

A las sesiones de la Comisión de Constitución y Legislación del 12 de agosto y del 19 de agosto faltó con aviso la señora senadora Moreira.

A la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del 15 de agosto faltaron con aviso los señores senadores Cardoso y Mujica. A la sesión matutina del 16 de agosto faltaron con aviso los señores senadores Camy, Cardoso y Mujica, y a la sesión vespertina faltaron con aviso los señores senadores Cardoso y Mujica. A la sesión matutina del 17 de agosto faltaron con aviso los señores senadores Alonso, Cardoso, Delgado y Moreira. A la sesión matutina del 18 de agosto faltaron con aviso los señores senadores Alonso, Bianchi y Cardoso, y a la sesión vespertina faltaron con aviso los señores senadores Bianchi, Cardoso, Heber y Moreira. A la sesión matutina del 22 de agosto faltaron con aviso los señores senadores Cardoso, Heber, Mujica y Xavier, y a la sesión vespertina faltaron con aviso los señores senadores Alonso, Camy y Cardoso.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 24 de agosto de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Don Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo se me conceda, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, licencia el día 30 de agosto de 2016, sin goce de sueldo.

Sin otro particular, saludo muy atentamente.

Ernesto Agazzi. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 21. Afirmativa.

Se comunica que el señor Francisco Beltrame ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Daniel Garín, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 24 de agosto de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Don Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, por motivos personales, desde el 29 de agosto al 2 de setiembre de 2016 inclusive.

Sin otro particular, saludo al señor presidente muy atentamente.

Mónica Xavier. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

Se comunica que los señores Daniel Olesker, Julio Bango y Viviana Piñeiro han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Yerú Pardiñas, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 23 de agosto de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito licencia por motivos particulares por el día 24 de agosto de 2016.

Sin más, lo saludo atentamente.

Guillermo Besozzi. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

Queda convocado el señor Omar Lafluf, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 23 de agosto de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De nuestra mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted licencia, por motivos personales, el día 24 del corriente a la sesión extraordinaria.

Sin otro particular, saludo con la más alta estima.

Atentamente.

Verónica Alonso. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 21. Afirmativa.

Queda convocado el señor Daniel Peña, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

8) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería ingresar a la consideración del orden del día.

SEÑOR MICHELINI- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: queremos plantear dos temas.

Por un lado, solicitamos que se reparta –a efectos de que el Cuerpo tome conocimiento– una iniciativa presentada por los señores senadores Mieres y Ayala, porque en su momento pediremos, o no, su tratamiento con carácter urgente.

Por otro, proponemos realizar un cuarto intermedio desde las 10:45 hasta las 11:30 porque tenemos conocimiento de que el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, señor senador Larrañaga, ha convocado a una sesión a las 11:00 para recibir al señor subsecretario de Economía y Finanzas, contador Pablo Ferreri, a efectos de que informe acerca de la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, carpeta n.º 648/2016. Luego de que la comisión realice su análisis, seguramente propondremos que el asunto se considere en esta sesión con carácter urgente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se procede al reparto de la iniciativa presentada por los señores senadores Mieres y Ayala, relativa a la modificación de la Ley n.º 19210, de 29 de abril de 2014.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

Corresponde ahora votar el cuarto intermedio solicitado para las 10:45 y que se extenderá hasta las 11:30.

(Se vota).

–26 en 28. Afirmativa.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Solicito que se declaren urgentes y se consideren en la sesión de hoy dos venias que ya fueron repartidas: una para el ascenso de fiscal letrado departamental, escalafón N, repartido n.º 334, de agosto de 2016, y otra para la designación en el cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones, de agosto de 2016. En el día de ayer la Comisión de Asuntos Administrativos las aprobó por unanimidad y resolvió que las tratáramos en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor senador Bordaberry.

(Se vota).

28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, suscrita en Washington, Estados Unidos de América, el 15 de junio de 2015. (Carp. n.º 549/2016 - rep. n.º 327/2016)».

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Gracias, señor presidente.

Esta convención que traemos a consideración del Cuerpo es un importante instrumento internacional. Tal como se señalaba en la enunciación que hacía el señor presidente, fue adoptada el 15 de junio del año 2015 y cuenta con la aprobación de la Cámara de Representantes, por lo cual la aprobación en el día de hoy le daría el trámite final.

Este tema, entre otras cosas, motiva la presencia en las barras de muchas personas que han estado vinculadas al trabajo tendiente a lograr un instrumento como el que estamos tratando.

Esta convención representa el primer instrumento vinculante de derechos humanos para personas mayores a nivel mundial. Sin duda, esto es muy significativo para cualquier Estado parte de este instrumento, pero también para la región, ya que –al igual que sucede con otras convenciones como la de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer– puede mostrar al mundo los pasos que se dan en materia de elementos vinculantes que protegen los derechos, en este caso, de los adultos mayores y las adultas mayores.

Uruguay es uno de los cinco países firmantes de esta convención –junto con Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica–, que tiene como objetivo fundamental promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce del ejercicio de los derechos de las personas mayores, así como las condiciones de igualdad y el disfrute de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. A su vez, tiene la intención de contribuir a la mayor inclusión, integración y participación de los adultos mayores en la vida cotidiana.

El cambio de paradigma que nos propone esta convención es muy importante. No se trata de una confrontación o competencia entre diferentes generaciones –en particular, debemos tener claro que Uruguay aún tiene en los sectores más desposeídos, en los que se concentra la pobreza, a las generaciones más pequeñas–, sino de jerarquizar determinados tramos etarios que reconocemos que en muchos casos tienen vulnerados sus derechos. Por tanto, creo que es importante ese cambio de paradigma, en particular para sociedades como las nuestras, porque, sin duda, en otras ciudades del mundo la veneración de los adultos mayores constituye una pauta cultural muy fuerte. Entonces, tal como reclama la propia convención, entiendo que es muy bueno que, a partir de la aprobación de este instrumento, todos realicemos –en los diferentes ámbitos– instancias de difusión sobre lo que significa este instrumento jurídico.

También tiene la intención de unificar la dispersión de muchas normas que existen sobre esta materia y es el primer instrumento que enfatiza –a lo largo, transversalmente, de toda la convención– la perspectiva de género, lo que es una novedad en este tipo de instrumentos internacionales.

Por nuestra pirámide de población, por su composición y, además, por la diferencia de sexos, sabemos que también allí hay aspectos particulares a considerar en las políticas públicas, porque ninguna política es indiferenciada y, por lo tanto, genera impactos que muchas veces no son los deseados según los diferentes tramos y las condiciones de las personas.

El concepto de autonomía de las personas mayores se incorpora junto a otros conceptos importantes, como son el abuso y el maltrato, en particular de aquellos adultos mayores que reciben cuidados permanentes o de aquellos que están institucionalizados por determinadas razones.

Por tanto, esta es una importante herramienta moderna de promoción y sensibilización del reconocimiento de los derechos específicos de los adultos mayores. Para tener una idea, las personas con más de 60 años de edad en las Américas representan el 14 % del total de la población hemisférica, o sea, 135 millones de personas; estamos en el año 2016. Se calcula que para el año 2030 llegará al 40 % la población que tenga más de 60 años en el continente. Es decir que habrá 215 millones de personas mayores en las Américas en el 2030, y estamos ahí no más.

Uruguay también tiene una importante proporción, que es exactamente igual al promedio de las Américas. Somos conscientes de que tenemos un proceso de envejecimiento precoz en las transiciones demográficas y, además, ya presentamos el proceso demográfico de envejecimiento del envejecimiento, lo cual es bueno porque eso implica una mayor expectativa de vida y la mejora de las condiciones que hacen eso posible. ¡Pensemos en cuántos países del mundo sus habitantes tienen aún una expectativa de vida de 50 años!

Insisto: este fenómeno es bueno, pero obviamente hay que reconocerlo y adaptar una serie de instrumentos y políticas públicas en función de ello.

De acuerdo con el censo de 2011, las proyecciones para el 2015 daban que en Uruguay vivían 484.407 personas mayores de 64 años de edad; esto representa el 14 %, que es el promedio de las Américas. Somos el segundo país más envejecido de la región después de Cuba, y este índice de envejecimiento ha sido creciente. Para tener una referencia, en 1996 era de 51 %, y en 2011 era de 67 %; o sea que en quince años tuvimos 16 adultos mayores más cada 100 habitantes. Es una progresividad muy significativa.

Estos procesos, tal como decíamos, tienen desafíos en salud, pensiones, vivienda y cuidados, lo que está muy vinculado a esta experiencia que el país lleva adelante en materia del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Esta convención permitirá reforzar todas las obligaciones jurídicas relativas a los adultos mayores, así como promover y visibilizar sus derechos, y su ratificación conllevará la obligación de garantizarles un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. Para que entre en vigor, dos Estados partes deben ratificarlo. Por tanto hoy, a partir de la aprobación que dará este Cuerpo, estaremos permitiendo la entrada en vigor de este instrumento y de ahí la expectativa y también el orgullo que significa para un país pionero en materia de la defensa de los derechos humanos, como es Uruguay, tener esta posibilidad.

El proyecto de ley consta de un preámbulo y siete capítulos que contienen 41 artículos.

En el preámbulo se reconoce el respeto irrestricto a los derechos humanos que ya han sido consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmados en otros instrumentos internacionales y regionales. Sobre la base de todo esto se entiende que solo puede realizarse el ideal del ser humano libre si se crean todas las condiciones económicas, sociales, culturales, civiles y políticas para que cada persona goce de los plenos derechos. Por lo tanto, se reafirma la universalidad, la indivisibilidad, la complementariedad, la interdependencia y la interrelación de todos los derechos reconocidos; asimismo, debemos remover y eliminar todas aquellas circunstancias que impliquen aspectos discriminatorios por motivos de edad.

Creemos que se coloca una vara muy alta, pero eso es lo importante que trae aparejado una convención. No se trata de que se llegue con todos los deberes hechos cuando se aprueba un instrumento de esta naturaleza, sino que se lo entienda como un motor que ayuda a cumplir con un objetivo que, en este caso –como se plantea a lo largo de la convención–, es el reconocimiento y la garantía de esos derechos.

En el capítulo I –en los artículos 1 y 2– se plantea el objeto, el ámbito de aplicación y las definiciones, y se hace una serie de definiciones sobre abandono, cuidados paliativos, discriminación, discriminación múltiple –que, sin duda, sabemos cómo incide en la potenciación de las postergaciones de muchas personas–, la discriminación por edad y el envejecimiento, entre otros conceptos.

En el artículo 3, contenido en el capítulo II, se consagran principios generales como la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, su valorización, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo, su bienestar y cuidado, la autorrealización y la protección judicial efectiva. Sin duda que cuando hablamos de un cambio de paradigma, recordamos cosas que se han hecho hace relativamente pocos años, como habilitar a que aquellas personas que ya han accedido a su retiro jubilatorio puedan disfrutar del mismo, pero, a su vez, tengan la posibilidad de reintegrarse parcialmente al trabajo y, de esa forma, transferir conocimientos que muchas veces se agotan con determinadas generaciones.

En el capítulo III, que lleva el nomen iuris «Deberes generales de los Estados Parte», más concretamente en el artículo 4, se hace hincapié en todas las medidas que se deben adoptar para salvaguardar y hacer efectivos estos derechos.

En el capítulo IV –que contiene los artículos 5 a 31– se establecen los derechos protegidos, entre los que se encuentran el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la independencia y a la autonomía, el derecho a la participación e integración comunitaria, el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, el derecho a no ser sometido a tortura ni a penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, el derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo, el derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información, el derecho a la nacionalidad –en tiempos en que la humanidad tiene estos dramas de los desplazamientos humanos, sin duda que es muy importante– y a la libertad de circulación, el derecho a la privacidad y a la intimidad, el derecho a la seguridad social, al trabajo, a la salud, a la educación, a la cultura, a un medioambiente sano, a la accesibilidad y a la movilidad personal. Se hace referencia, asimismo, a los derechos políticos, de reunión y asociación. Y hay más, porque, como decíamos, este instrumento es muy amplio y vasto.

El capítulo V está relacionado con la necesidad de que los Estados partes lleven adelante acciones para la toma de conciencia de este nuevo paradigma que plantea la convención.

En el capítulo VI se establecen los mecanismos de seguimiento, así como la integración de los diferentes órganos de la convención. Sin duda que la Conferencia de los Estados partes es el órgano principal y está integrada por todos los Estados que la conforman. Los cometidos son los habituales en este tipo de instrumentos: realizar el seguimiento y las recomendaciones. Existe también un Comité de Expertos, que integrarán personas calificadas de los diferentes Estados, y que harán el seguimiento así como las recomendaciones de cada Estado parte para tomar determinadas medidas en función de los objetivos de la convención.

(Campana de orden).

–Gracias, señor presidente.

En el artículo 36 se hace referencia al sistema de peticiones individuales, reconociendo el derecho de cualquier persona, grupo u organización no gubernamental a la presentación de acusaciones o reclamos –en lo que refiere a la violación de los derechos aquí consagrados– ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual puede recibir y examinar las denuncias. A su vez, establece otras disposiciones que tienen que ver con que queda abierta la ratificación y adhesión y que entra en vigor a partir del trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento, es decir la ratificación, que sería lo que Uruguay realizaría ante la Secretaría General de la OEA.

Como en toda convención, se pueden formular reservas ante la firma, ratificación y adhesión –que no es el caso–, y se prevé que rija de manera indefinida, pero obviamente también se contempla la posibilidad de denunciarla, siguiendo los procedimientos de toda convención internacional.

Por lo antes expuesto, señor presidente, la Comisión de Asuntos Internacionales considera que se trata de un instrumento importante al que seguramente el Senado le dará aprobación en la sesión de hoy. Creemos que con él se da un nuevo impulso hacia una política de reconocimiento, promoción y protección de los derechos de este sector de la población tan significativo en nuestra sociedad.

Muchas gracias.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor presidente: escuché atentamente el informe que realizó la señora senadora.

Quiero señalar que ratificar una convención significa tener a priori la voluntad de sistematizar nuestro Derecho para cumplir con lo que se suscribe, entendiendo que hay una voluntad tendiente a modificar la vida de la gente que se incluye en este convenio.

Según lo que establece el derecho internacional, estas convenciones obviamente carecen de poder coercitivo. Se podrá ratificar, propender, implementar, etcétera; podrán ser muy bien intencionadas, pero a veces quedan en letra muerta.

Cuando la senadora Xavier se refirió a estos temas, quiero señalar que en el Parlamento ya tenemos instrumentos para comenzar a cumplir con esto. Se hizo referencia, por ejemplo, de la expectativa de vida; en Japón se calcula que en el 2030 será de aproximadamente 80 años. Los países en desarrollo vamos atrás, pero es notorio que la expectativa de vida mejora. Eso trae aparejado, por supuesto, la alegría de que vamos a vivir más, pero al mismo tiempo hay dos factores que no podemos desconocer: la alteración de la pirámide etaria y la relación activo-pasivo.

En nuestro país –y aquí voy a temas que están a consideración del Parlamento–, la edad que permite alcanzar la jubilación hace que la gente que se acoge a ese beneficio todavía tenga muchos años de vida con todas las capacidades físicas e intelectuales en total funcionamiento. Pero todos sabemos que hay personas que al jubilarse empiezan a perder socialización. Es bien de uruguayo decir: «Estoy deseando jubilarme», pero un día se jubila y no solo deja de asistir a su lugar de trabajo, sino que también deja de participar de actividades sociales. A esto hay que agregar que en el Uruguay hay más de 150.000 adultos mayores que no reciben la visita de ningún familiar; ya ni siquiera hablamos de asistencia de alimentos o ayuda económica. Allí hay otro tema, porque en nuestro país hay una obligación recíproca de alimentos que tanto deben cumplir los padres con sus hijos, como los hijos con sus padres.

Pero a lo que voy es a que hay dos iniciativas que fueron presentadas en el Parlamento por el señor representante Daniel Mañana sobre la posibilidad de que una persona mayor se jubile y vuelva al ámbito laboral. En el Uruguay existe, pero muy parcialmente y a través de un mecanismo muy engorroso. Muchas organizaciones de adultos mayores lo han pedido y hasta el momento el Parlamento les ha dado la espalda. Se trata de algo muy bueno en todos los sentidos: primero, para el individuo, que es a quien tenemos que proteger; segundo, para el lugar donde trabaja porque, como dijo la señora senadora Xavier, traslada experiencia –eso que cada vez reclamamos más: la tradición oral, aquello de predicar con el ejemplo en algunas tareas–, ya que es alguien que está y no en vano trabajó años en determinada materia. Además, eso ayuda a equilibrar de alguna manera la previsión social, porque la persona se jubila, percibe su jubilación, y al mismo tiempo trabaja y sigue aportando a la previsión social.

El otro instrumento que se ha presentado en el Parlamento y que me parece que deberíamos impulsar –así cumplimos con estas convenciones y no lo dejamos en letra muerta– es el de la hipoteca revertida, que en otros países del mundo funciona. Esto permite, por lo general a los mayores de 65 años, tener una capacidad económica distinta al disponer de sus bienes a futuro.

Esta convención también incluye entre sus principios generales el ámbito económico. No creo que sea el momento de ponernos a discutir sobre las paupérrimas jubilaciones que reciben algunos de nuestros adultos mayores, pero sí de recordar que en este Parlamento ya tenemos instrumentos para hacer cumplir la convención que hoy ratificamos. Nos alegramos mucho de ratificarla y está bien hacerlo, pero me parece que tenemos que actuar en consecuencia. Y si ya tenemos instrumentos presentados en el Parlamento, nos parece una buena cosa cumplir con las convenciones modificando nuestro derecho positivo y transformando la realidad que, al fin y al cabo, es la tarea que se nos asigna en el Gobierno.

Muchas gracias.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor presidente: esta convención interamericana que, como muy bien informaba la señora senadora Xavier, desarrolla o explaya una serie de derechos para la población adulta mayor, para mí tiene un valor político y social muy importante. Es real que nos desafía a cumplir en el plano nacional lo que ratificamos como convención. Suelo decir, un poco irónicamente, que cuando ratificamos estas convenciones o hacemos discursos en el exterior, todos somos progresistas; el tema es después, cuando tenemos que aplicarlas a nivel nacional y avanzar. Creo que Uruguay ha hecho algunos avances en materia de derechos de la población adulta mayor, pero considero que nos desafía en el tema cultural y social, que es donde pesa el mayor de los prejuicios.

Uno no puede ignorar que está inmerso en un medio social donde lo joven está sobrevalorado –tiene un excelente valor por el solo hecho de ser joven y nada más, y no por todo lo que ello implica, muy valorable de por sí–, y lo viejo se desprecia por el hecho de ser viejo. Esto genera actitudes sociales de desprecio hacia un sector que va creciendo en las sociedades porque vamos avanzando en investigación, en medicina, y nuestro promedio de vida es cada vez mayor. Esto cuestiona toda la realidad. Por lo tanto, creo que al ratificar este tipo de convenciones tenemos que asumir los desafíos que presentan.

A veces, como decía el señor senador Lacalle, uno observa algo que sucede en la vida y que es muy doloroso: el desprecio por el adulto mayor, la soledad en que se lo deja, porque la propia familia muchas veces no se hace cargo, no responde, no cuida y no protege. Un avance importante para aquellos que tienen dependencia ha sido el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pero tengamos claro que es responsabilidad social asegurar los derechos de un sector de la población nada despreciable en nuestro país y en el mundo en general.

Tengo la impresión, además, de que tenemos muchos prejuicios y falsos conceptos de lo que es ser un adulto mayor. Será que yo estoy llegando, ¿vio?, señor presidente, y entonces descubro y defiendo determinados derechos a los que tal vez no les otorgaba importancia en otro momento.

En el común entender parece que los viejos, los veteranos pierden el derecho a todo –a ser felices, a constituir pareja, a desarrollar algún trabajo–, la capacidad de discernir, y los tratamos como niños en vez de considerarlos como personas que tienen una enorme experiencia y pueden decidir libremente. ¡De esas cosas que se ven en la vida cotidiana es de lo que trata esta convención! Cuando habla del derecho a la intimidad está hablando del derecho a determinar su vida, a decidir qué hacer en la cotidianeidad, a no tener que estar pidiendo permiso, como a veces vemos que los veteranos tienen que hacer. ¡Nos cuestiona como sociedad nuestro vínculo con esa porción de la población, con ese grupo de connacionales, de compatriotas! ¿Cuál es nuestro vínculo en esta sociedad del vértigo en la que estamos metidos, donde todo es rápido y todo tiene que hacerse ya? ¡Cómo nos molesta en la cola un veterano que demora un poco, ¿no?! ¡Qué falta de respeto!

Me parece que también por ahí, en este capítulo de la propia convención y no solo en el establecimiento de todos los derechos, hay una gran parte que todavía debemos cumplir mejor. Un solo ejemplo, señor presidente, es el derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. A todos se nos enlentece la marcha y se nos dificulta con el paso del tiempo, y a veces la estructuración de la ciudad es hostil y no permite concretar este derecho que tenemos todos por el solo hecho de ser ciudadanos y ciudadanas. ¡Es solo un ejemplo!

Tenemos que avanzar mucho, pero hay un capítulo del que somos muy responsables todos aquellos que tenemos, de alguna manera, la posibilidad de «portavocear» cosas, sobre todo nosotros que tenemos la obligación de representar. Se trata del capítulo de la convención que refiere a la toma de conciencia, al debate de estos temas, a dar el lugar, a exigir el respeto, a enseñar en donde más se aprende, que es en la vida cotidiana, el respeto que nos merecemos todos como seres humanos, y a salir de esta cultura de la indiferencia, de la competencia, del desprecio de lo viejo por viejo, o la sobrevaloración de lo joven solo porque es joven y nuevo.

Por eso me parece conveniente, a dos puntas, aprobar la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Es muy interesante, por un lado, por el desafío que implica, ya que al votarlo asumimos el compromiso de hacer esto realidad en el territorio nacional y, por otro, nos lleva a abrir la cabeza y a pensar con un poco más de humildad en cómo nos vinculamos con esta etapa de la vida que también importa.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La presidencia aclara que tuvimos una pequeña protesta en la barra porque se habló de los veteranos y de los jóvenes, pero no de la primera infancia.

(Hilaridad).

–En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Apruébase la Convención lnteramericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscrita en Washington, Estados Unidos de América, el 15 de junio de 2015».

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Aplausos en la barra).

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: comparto los aplausos en la barra porque en esta jornada estamos votando un proyecto con suma alegría.

Cada uno de sus capítulos y artículos daría lugar a una larga exposición, pero simplemente suscribo lo dicho por mis compañeras de bancada –las señoras senadoras Xavier y Tourné– y recomiendo que todos y todas leamos en profundidad lo que es este avance en derechos humanos para este grupo etario tan importante en cualquier sociedad.

Para no extenderme más en esta fundamentación de voto, solo quiero agregar que en el articulado de esta convención están contempladas de forma muy holística, sin dejar flancos, la cantidad de aristas que tienen que ver con los derechos y destacar la satisfacción por todo su contenido, en particular por el literal d) del artículo 20 «Derecho a la educación», que expresa: «Promover la educación y formación de la persona mayor en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) para minimizar la brecha digital, generacional y geográfica e incrementar la integración social y comunitaria».

Señor presidente: se puede, ¡se puede!, y por eso es que en nuestro país esto ya lo estamos haciendo, aunque la convención no estaba ratificada, como muchas otras cosas más. Manifiesto mi beneplácito entonces y recomiendo leer el contenido de esta convención, que de alguna forma viene a cubrir un vacío, no total pero sí parcial, en cuanto a lo que significa formar parte de este sistema internacional que tanto compartimos y que tanto ayudamos a construir.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR LAFLUF.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LAFLUF.- Señor presidente: hemos votado también con suma alegría –como aquí se ha dicho– esta adhesión a la convención interamericana.

Simplemente quería decir que si esto queda listo el adelanto es poco porque puede suceder lo mismo que con muchas otras leyes que se han aprobado –como la ley de discapacidad–, ya que después se terminan reglamentando solamente algunos pocos artículos.

También deseo agregar que ya se pueden ir haciendo muchas cosas por el adulto mayor. Nosotros planteamos en la Cámara de Representantes –tanto en la instancia del presupuesto como de la rendición de cuentas– que una parte del Sistema Nacional Integrado de Cuidados sea destinado al apoyo de centenares de organizaciones de la sociedad civil que existen trabajando en bien del adulto mayor, que ya tienen sus estructuras y a las que con mucho menos plata que la necesaria para la formación de cuidadores se las podría ayudar. Hay muchos hogares de ancianos –especialmente en el interior del país– que funcionan haciendo beneficio todos los meses, vendiendo tortas fritas o realizando algún festival para poder pagar a sus funcionarios o para hacer los aportes correspondientes al Banco de Previsión Social.

Entonces, creo que una partecita del Sistema Nacional Integrado de Cuidados debería destinarse a ayudar a esas organizaciones de la sociedad civil que tanto hacen, en este caso, por el adulto mayor.

Muchas gracias.

10) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 24 de agosto de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente y al amparo de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al cuerpo me conceda licencia por motivos personales por el día de la fecha.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Germán Coutinho. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

Se comunica que los señores José Amy y Gustavo Cersósimo han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Viviana Pesce, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

11) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: quiero plantear dos cuestiones.

En primer lugar, solicito que se declare urgente y se considere en la sesión de hoy la carpeta n.º 553/2016, repartido n.º 330/2016, correspondiente a un Convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que, de acuerdo con información que se me dio, fue aprobado por unanimidad en comisión.

En segundo término, propongo que se postergue la consideración del segundo punto del orden del día hasta la finalización del cuarto intermedio –me refiero al proyecto de ley por el que se establecen normas para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transfronterizo– y que se trate ahora el punto que figura en tercer lugar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar lo solicitado por el señor senador Michelini en primer lugar, en el sentido de que se declare urgente y se considere en la presente sesión el proyecto de ley a que ha hecho mención.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

La presidencia se anima a plantear que, en lugar de votar lo propuesto en segundo lugar por el señor senador Michelini, se adelante el inicio del cuarto intermedio para este momento, a efectos de no interrumpir la discusión de un tema tan importante como el previsto en el segundo punto del orden del día.

SEÑOR MICHELINI.- De acuerdo, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la propuesta realizada por la presidencia.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta las 11:30.

(Así se hace. Son las 10:38).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 11:49).

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: la Comisión de Asuntos Internacionales no ha terminado. Necesita sesionar unos diez o quince minutos más. En nombre de la bancada del Frente Amplio, solicito un cuarto intermedio de quince minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota).

–16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.

(Son las 11:50).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 12:24).

12) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 24 de agosto de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Don Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos personales por el día 24 del corriente mes.

Sin otro particular, saludo al señor presidente muy atentamente.

Mónica Xavier. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 22. Afirmativa.

Se comunica que los señores Daniel Olesker, Julio Bango y Viviana Piñeiro han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Yerú Pardiñas, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

13) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de varios asuntos entrados fuera de hora.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR PROSECRETARIO (Luis Calabria).- «El señor senador Pedro Bordaberry, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a Ancap:

• relacionado con un proceso de selección de un nuevo gerente general en Ancap;

• relacionado con el funcionamiento del segundo horno de la planta de cal de Treinta y Tres, de la subsidiaria de Ancap Cementos del Plata.

–OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

Texto de los pedidos de informes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR PROSECRETARIO (Luis Calabria).- «El señor senador Jorge Larrañaga, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a Ancap, relacionado con la evaluación del sistema de distribución de combustibles líquidos.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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14) CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: dado que terminó de sesionar la Comisión de Asuntos Internacionales, que trató la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, mociono para que este asunto se declare urgente y se considere en la sesión de hoy, a continuación del segundo punto, que corresponde al proyecto de ley por el que se establecen normas para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transfronterizo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor senador Michelini para que se declare urgente y se trate luego de considerar el segundo punto del orden del día, el proyecto de ley por el que se aprueba la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, suscrita por Uruguay en París, Francia, el 1.º de junio de 2016, recibido de la Cámara de Representantes y considerado en el día de hoy en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

La presidencia solicita que el proyecto de ley se reparta de inmediato a todos los señores senadores.

15) PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSFRONTERIZO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se establecen normas para la Lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transfronterizo. (Carp. n.° 625/2016 - rep. n.° 325/2016 y 325/2016 anexo I)».

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: con la firma del presidente de la república y de integrantes del Consejo de Ministros llega al Parlamento este proyecto de ley, que es uno de los que acordamos en las reuniones multipartidarias por seguridad y convivencia ciudadana, que oportunamente tuvieron lugar en Torre Ejecutiva y que reunieron a todos los partidos políticos con representación parlamentaria con el Poder Ejecutivo.

(Murmullos en sala).

–Señor presidente: solicito que me ampare en el uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa ruega a los señores senadores que hagan silencio.

Puede continuar, señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Gracias, señor presidente.

Decía que este es uno de los proyectos que fueron acordados en la reunión multipartidaria que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva, y el Poder Ejecutivo lo envía al Parlamento para su consideración con la firma del presidente y de varios ministros.

Estamos informando, entonces, sobre este proyecto de ley, que tuvo el tratamiento correspondiente en el ámbito que indiqué precedentemente y en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

Es una preocupación del Poder Ejecutivo y de todo el sistema político todo lo que tiene vinculación con el narcotráfico y el crimen organizado. Se procura seguir avanzando en materia legislativa y de políticas públicas que, de alguna manera, puedan revertir este flagelo.

Este proyecto de ley está dividido en cuatro títulos. En el título I se establece la creación de dos comisiones, y ahora vamos a plantear por qué. El título II tiene que ver con la intervención social vinculada a cuestiones que hacen a las dificultades que pueden existir a nivel social y familiar cuando hay personas privadas de libertad como consecuencia del narcotráfico. El título III refiere específicamente al análisis científico de sustancias ilícitas y el título IV está vinculado a la modificación de algunas disposiciones penales. Digo «algunas» porque son solo eso: algunas.

Para enfrentar el narcotráfico, que es una actividad organizada, planificada y que cuenta con buenos recursos, es necesario tener, de manera centralizada, gente capacitada y organismos que no se superpongan en el tratamiento de esta cuestión. Pero también debemos tener ámbitos que se adelanten o puedan prevenir situaciones que surjan como consecuencia de que el narcotráfico es, justamente, un delito trasfronterizo, al igual que el contrabando.

Nosotros pensamos que el narcotráfico se combate de varias formas –por supuesto–, pero debe tener algunas líneas generales. Eso motiva que en el título I de este proyecto de ley se establezca como objetivo la creación de dos ámbitos de trabajo, dos ámbitos de coordinación que bien podrían existir sin necesidad de una ley. Así lo estuvimos analizando oportunamente en la Torre Ejecutiva, pero llegamos a la conclusión de que era bueno que tomara la fuerza de ley para poder seguir avanzando en algo que es muy necesario: coordinar una cantidad de políticas vinculadas a la necesidad de ser eficientes en el combate a la oferta; de ser eficientes en la reducción de la demanda –obviamente–, y también de ser eficientes en destruir a las organizaciones que están detrás de todo esto.

No estamos hablando de personas individuales sino de organizaciones que, como bien se decía, tienen una fuerte infraestructura económica. Nos pareció –y el Poder Ejecutivo también lo planteó así– que era imperioso contar con organismos que se ocuparan de estas cuestiones, no solo para avanzar en políticas públicas y reafirmarlas, sino también para no superponer esfuerzos.

Por eso, señor presidente, en el capítulo I se crea la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo. Reitero que nos referimos a «crimen transfronterizo» porque, de alguna forma, el narcotráfico utiliza las rutas que históricamente usó y sigue usando el contrabando, que no terminan en las fronteras o los límites del país. Usando esas vías generan un delito de penetración en nuestro territorio y de ida y vuelta en otros territorios.

Por estos motivos se crea esta comisión, cuya integración se define en el artículo 1.º. A su vez, en el artículo 3.º se dice que el Plan Nacional de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo será coordinado por el prosecretario de la Presidencia de la República, teniendo en cuenta que es quien preside la Junta Nacional de Drogas.

En el capítulo II se crea el Comité de Seguridad para los Pasos de Frontera. Esto está relacionado con lo que señalaba anteriormente: los pasos de frontera son los lugares por donde penetra el crimen transfronterizo, pero este no queda allí. Se requieren políticas particulares porque se ha detectado –así lo ha hecho saber el Ministerio del Interior– que también en los lugares donde hay transporte o comunicación que va más allá de nuestras fronteras –por ejemplo, puertos de yates, aeroclubes, etcétera–, el crimen organizado vinculado al narcotráfico se está desarrollando, por lo que se necesita allí una contención. Consideramos que este comité va a aportarla. Es cierto que en los pasos de frontera hay otro tipo de controles, como los sanitarios, pero en el caso del narcotráfico estamos intentando que los controles estén vinculados a esta materia específica y no a otros temas.

En el título II, «Intervención social ante procesamientos por comercialización de sustancias ilícitas», introdujimos algo que nos pareció más que relevante. Voy a ser breve dado que el tiempo nos apremia. El resultado de lo que puede ser el crimen organizado aterrizado en territorio hace que, muchas veces, las familias más vulnerables sean víctimas de este flagelo, y con frecuencia se da el caso de que quedan personas –niños, niñas, terceros– en total desprotección cuando, con motivo del narcotráfico, hay individuos de su propia familia que quedan privados de libertad. Por la vía de esa desprotección, en muchas oportunidades –por no decir de manera endémica– se llega a que esta circunstancia se repita a través de las generaciones, creando una costumbre, una forma de supervivencia que no es para nada adecuada. El Estado, a nuestro juicio, tiene la obligación de hacerse cargo de esta situación para evitar que este ilícito se siga practicando y lograr que aquellas personas –niños, niñas, mujeres, terceras personas– vinculadas al núcleo familiar afectado puedan tener una protección que les permita rearmar su vida en otros ámbitos no vinculados al delito.

A tales efectos, señor presidente, planteamos que, en los casos en que se produzca el procesamiento con prisión de personas por presuntos delitos, el juez competente sea el que determine –como sucede ahora– si hay vínculos familiares afectados y desprotección; obviamente, no podría ser de otra manera. En caso de ser así, proponemos que el vínculo se haga desde el Poder Judicial con el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, para que sean ellos los que evalúen las políticas a aplicar. No estoy hablando de que determinen si hay una situación de vulnerabilidad porque eso, obviamente, lo tiene que hacer el Poder Judicial con la comunicación correspondiente, como ya sucede.

Esto apunta también a que, una vez que se evalúe la asistencia a brindar, se haga el seguimiento correspondiente con el fin de proteger y brindar atención a aquellos que se encuentren en esta situación de indefensión.

Quisiera aclarar que esta preocupación no es de ahora, de las reuniones multipartidarias de la Torre Ejecutiva –como se les llama–, sino que ya con fecha 21 de octubre de 2014, y por resolución ministerial, se creó un grupo de trabajo para estudiar la situación del apoyo a los niños y niñas, hijos e hijas de personas privadas de libertad. Se llevó a cabo un trabajo arduo con una integración más que interesante y se elaboró un protocolo de actuación para la coordinación institucional en el marco de la atención a niños, niñas y adolescentes cuyos responsables estén privados de libertad, que fue aprobado el 1.º de agosto de 2016 y que tiene carácter obligatorio para las instituciones firmantes de este documento, sin perjuicio, por supuesto, de la independencia técnica que puedan tener.

No me voy a detener en el detalle de este protocolo; simplemente deseo señalar que las instituciones y personas firmantes de este protocolo son, entre otras, el Ministerio del Interior, asesores en materia penitenciaria, la Jefatura de Policía de Montevideo, la dirección encargada de las políticas de género, el encargado del Instituto Nacional de Rehabilitación, la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, el servicio técnico del Instituto Nacional de Rehabilitación, el programa Uruguay Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social, la directora nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración y la directora de la División Atención Integral a la Familia.

Por el Poder Judicial firmaron dos jueces letrados, en lo Penal y de Familia Especializados, cuyas firmas no alcanzo a reconocer. Por el Parlamento, la representación en la elaboración de este protocolo estuvo a cargo de quien habla. Por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay participaron el director de la División Atención Integral a la Familia y la directora del Programa Cercanías. Por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, firmó el director general de Salud. Por la coordinación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, lo hizo el doctor Álvaro Colistro. Además, de la elaboración de este protocolo participaron el Comisionado Parlamentario Penitenciario, doctor Juan Manuel Petit; el Comité de Derechos del Niño del Uruguay; Gurises Unidos y Unicef.

Creemos que ha llegado la hora de aplicar este protocolo a efectos de que las garantías para aquellos niños, niñas y personas que quedan en situación de vulnerabilidad como consecuencia de que sus familiares están privados de libertad, tengan la atención que corresponde.

En el título III, «Análisis científico de sustancias ilícitas», se introduce la posibilidad de que no sea solo el ITF –Instituto Técnico Forense– el que haga el análisis de las sustancias. Si bien es cierto que el ITF se ha tecnificado y hoy en día está en mejores condiciones para poder hacer el análisis de sustancias, en general sucede que estas vienen mezcladas, por lo que la rápida necesidad de determinar y de identificar si existe o no cocaína, hace que muchas veces no se puedan detectar otros productos que se mezclan con ella y se generen problemas. Por esta razón es que en el literal B del artículo 11 se faculta, no solo al Instituto Técnico Forense, sino también a la Dirección Nacional de Policía Científica o a cualquier otro organismo estatal o paraestatal que cuente con idoneidad técnico-científica, para realizar el análisis de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Creemos que con ello damos amplitud y celeridad a los procesos tan necesarios para la determinación de las sustancias que se están incautando.

Justamente en el día de hoy, la Junta Nacional de Drogas informó que se halló un fármaco de origen animal, con consecuencias muy graves para la salud, en sustancias incautadas en las que la cocaína había sido adulterada y que ponen en riesgo la salud, independientemente de las consecuencias que las sustancias de esta naturaleza conllevan. Sería más que saludable que pudiésemos incorporar esta gama de organismos con calificación técnica para encargarse de estos análisis y de la rápida identificación de las sustancias a los efectos que correspondan.

El título IV –y último–, «Disposiciones penales», hace a la modificación de tres artículos del Decreto Ley n.º 14294, de 31 de octubre de 1974 y sus modificativas.

Señor presidente: quiero hacer un paréntesis para decir que en la mesa de negociación se plantearon varias propuestas que no fueron tenidas en cuenta porque no hubo acuerdo sobre ellas y que este es el máximo común denominador alcanzado para, de alguna forma, poder trabajar en la lógica del combate frontal al crimen organizado y al narcotráfico. Ese es el marco y la reflexión en la que ha pensado todo el sistema político –incluido el Poder Ejecutivo– a la hora de hacer este aporte vinculado a los tres artículos que voy a detallar.

De alguna manera, aquí se estaría modificando el artículo 30 del Decreto Ley n.º 14294 y castigando, con una pena de dos a diez años de penitenciaría, la producción de sustancias, excepto el cannabis que tiene su propia ley y no es del caso desarrollar.

Somos conscientes de que la producción de sustancias, fuera del cannabis, no se hace individualmente, sino que detrás siempre hay una organización, dinero e infraestructura. De alguna manera, la señal inequívoca de que estamos combatiendo el crimen organizado está dada en el artículo original, que era algo más flexible –por decirlo así–, pues establecía una pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría. Ahora establecemos dos años porque consideramos que el crimen organizado debe ser individualizado de esta forma y seguir en la línea de la lógica de los planteos que estamos realizando.

El artículo 13 modifica el artículo 31 del Decreto Ley n.º 14294. Si me permiten, quisiera hacer una salvedad y detenerme un poco más en esta disposición. El artículo 31 queda con la misma redacción y con la misma pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría para quien, sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, etcétera –entre otra cantidad de verbos nucleares que quedan tal cual–, salvo –y aquí viene la modificación y la explicación correspondiente– cuando se compruebe que estas acciones descritas en estos verbos nucleares están siendo llevadas adelante o cometidas por un grupo delictivo organizado. Acá nosotros no nos quedamos en la simple enunciación de un grupo delictivo organizado, sino que hacemos referencia a una definición que, a partir del 6 de octubre de 2008, quedó estampada en nuestra legislación, concretamente en el artículo 414 de la Ley n.º 18362, vinculada con el lavado de activos y que expresa: «Se entiende por grupo delictivo organizado un conjunto estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer dichos delitos, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material». Esta definición no solo está ahí desde 2008, sino que es aplicable en una cantidad de decretos y de decisiones que toman los organismos que tienen que ver con la aplicación de esta ley.

Quisiera detenerme en lo siguiente. Hemos analizado si, de alguna manera, esto no implicaba el poder generar una especie de duda con respecto a lo que pudiera ser el narcomenudeo. Tenemos claro que no existe posibilidad alguna de que el narcomenudeo esté incorporado dentro de lo que se entiende por grupo delictivo organizado, y queremos dejarlo expresamente dicho en esta exposición que estamos haciendo, porque el artículo 31 –que, reitero, dejamos tal cual estaba– así lo prevé. Por si eso fuera poco, el artículo 34, que no es modificado, colabora en el argumento que estoy señalando.

Por otra parte, tenemos datos del total de personas femeninas privadas de libertad vinculadas a estupefacientes y de la cantidad de personas que han sido también procesadas con prisión por el artículo 34. Según dichos datos, de las 581 mujeres privadas de libertad por el sistema en general en todo el país, 186 lo fueron por estupefacientes y 68 fueron procesadas por el artículo 34, que no modificamos.

Si el artículo 31 –que hoy se aplica de la forma en que está siendo redactado, y permanece así– no fuera interpretado así por quienes tuvieran que hacerlo y de alguna manera quedara en duda que esa es la intención, queremos dejar explícitamente sentado que la intención del legislador es esa y no otra: dar un golpe frontal y aumentar el reproche penal para los grupos organizados con la definición que oportunamente estamos incorporando.

El artículo 14 sustituye el artículo 32 del Decreto Ley n.º 14294, que de alguna manera vuelve a aumentar el reproche penal para el grupo organizado. El artículo 32 –que no se cambia nada más que en el reproche penal–, dice: «El que organizare o financiare alguna de las actividades delictivas descritas en la presente ley, aun cuando estas no se cumplieran en el territorio nacional, será castigado con pena de dos a dieciocho años de penitenciaría». El artículo 32 original hablaba de veinte meses de prisión a dieciocho años de penitenciaría.

Señor presidente: en la mesa de negociación hubo propuestas bastante más rigurosas –por decirlo de alguna manera– con respecto a estos temas. Esto es lo que se acordó a nivel del sistema político con el Poder Ejecutivo, con el señor presidente de la república.

Para terminar, diré rápidamente que la voluntad de quienes asumimos la responsabilidad de este proyecto de ley es clara. Tenemos que seguir avanzando y manejarnos con políticas de Estado en todo lo que tenga vinculación con el combate frontal al narcotráfico, al crimen organizado transfronterizo en este caso, como lo expliqué anteriormente. Nos parece que este acuerdo es una herramienta que va en esa dirección y no en otra.

Reitero que lo que queda explícito en mi exposición es que algunas dudas que se pudieran generar en la interpretación de lo que es un grupo organizado, vamos a tenerlas en cuenta como legisladores y legisladoras que somos, porque no solo estamos encargados de elaborar leyes, sino también del seguimiento de su aplicación a los efectos de que no se desvíe nuestra voluntad.

Cuando vayamos a votar, voy a solicitar la palabra a los efectos de referirme a cómo se organiza.

Es cuanto tengo para decir.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Estamos tratando el proyecto de ley por el que se crea el Plan Integral de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo. Es un nombre largo el que tiene este proyecto.

Como decía muy bien la miembro informante, señora senadora Payssé, esto es parte de los entendimientos logrados en las reuniones llevadas a cabo en la Torre Ejecutiva y nos alegra que lo estemos tratando ahora y en forma especial, que hagamos un alto en la discusión de la rendición de cuentas para poder votar y cumplir con estos requerimientos.

Todos sabemos –pero es importante señalar una vez más– que en el Senado de la república cada uno de los legisladores integramos varias comisiones. No es ese el caso en la Cámara de Representantes, en donde cada legislador tiene una comisión. Nos extraña que en la Cámara de Representantes, durante el tratamiento de la rendición de cuentas, no haya habido voluntad para tratar proyectos de ley que ya hemos votado cumpliendo los acuerdos celebrados en la Torre Ejecutiva, cuando son legisladores que no tienen tres comisiones a su cargo y no se le superpone el trabajo con el tratamiento de la rendición de cuentas. De ahí surge nuestra propuesta de carácter político que hemos hecho en cuanto a que sí hubo celeridad en el trabajo de la comisión del Senado, pero no hemos visto la misma actitud político-partidaria de cumplimiento en la Cámara de Representantes. Es más, creo que uno de los proyectos de ley que aquí fue votado por unanimidad está demorado y fue muy discutido en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración después de cuarenta y cinco días de que no se reunió.

Digo esto, señor presidente, porque los acuerdos –como se ha dicho muchas veces públicamente– hay que cumplirlos. Nosotros los estamos cumpliendo y aspiramos a que eso no suceda solamente en una de las cámaras, sino en las dos, para que sean rápidamente leyes.

El proyecto de ley sobre narcotráfico fue presentado en el Senado de la república por el señor senador Larrañaga, en nombre del Partido Nacional. No solo el señor senador Larrañaga, sino todo nuestro partido veía con indignación la falta de respuesta contundente del Estado a lo que nos ha destruido socialmente. No voy a reiterar las vivencias que conocemos respecto al destrozo social que están haciendo el narcotráfico y las drogas en la sociedad uruguaya desde hace quince o veinte años. Desde que aparecieron en forma masiva las drogas –sobre todo la pasta base–, todas han generado y han destruido la trama social, a tal punto que hemos visto situaciones dramáticas en donde las denuncias las hacen los propios padres de un hijo adicto porque les roba o les pega, generando la destrucción familiar, la dependencia y además, como consecuencia, la necesidad de delinquir en otros delitos para financiar su adicción.

Estamos frente a un tema en donde el Estado tiene que reaccionar fuertemente, muy fuertemente. En ese sentido, el proyecto de ley del señor senador Larrañaga que presentamos en la Torre Ejecutiva buscaba dar ese piñazo –si se quiere decir en forma telúrica o más descriptiva– en esa guerra que tenemos contra el narcotráfico. Estamos en guerra contra el narcotráfico y así es como nos paramos frente a este tema porque destruye la sociedad y sus valores, a tal punto que hemos sentido en estas discusiones en forma pública que gente que ha delinquido en el pasado ha dicho y ha afirmado que la droga ha generado hasta falta de códigos en la delincuencia. ¡Se ha dicho! ¡Se ha afirmado! ¡Ni siquiera hay códigos entre los delincuentes! O sea, si caímos en esta realidad, naturalmente no podemos estar conformes con lo que resultó; nos pareció un avance y por eso lo acompañamos.

Como decía la señora senadora Payssé, es lo que pudimos lograr –sí, es lo que pudimos lograr–, pero no es la declaración de guerra que nosotros queríamos dar al narcotráfico porque nos parece que siempre existen posicionamientos que hacen factible la justificación social de muchos de estos males en donde prácticamente se culpa a la sociedad más que a quien delinque.

Insisto en que voy a avanzar en ese punto, pero me parece que es un tema que debemos discutir en el Senado de la república porque hay visiones distintas.

En este proyecto de ley el Poder Ejecutivo nos plantea la creación de una Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo. Si el Poder Ejecutivo estima que es necesaria la comisión, estamos de acuerdo en crearla –tampoco creemos que sea una solución– porque quizás sirva para enfrentar esa lucha de una forma más coordinada, puesto que se le encomienda elaborar un plan y aprobar sus ajustes, entre otras cosas. El Gobierno, a nuestro juicio, entiende necesaria la participación de numerosos actores. Concretamente, esta comisión la integran los Ministerios de Economía y Finanzas, del Interior, de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, el Banco Central del Uruguay, la Secretaría Nacional de la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el prosecretario, etcétera. Entendemos que esto se podría hacer sin necesidad de aprobar una ley porque podría generar rigideces y, en el futuro, si el Poder Ejecutivo entendiera que en esta lucha contra el narcotráfico es conveniente integrar otra repartición del Estado, habría que modificarla. De todas formas, no hemos hecho cuestión porque era una propuesta del Poder Ejecutivo, lo pidió el ministro del Interior y el propio presidente de la república.

Nos importaban mucho más los otros capítulos, porque lo que prima es la lucha contra el narcotráfico y ganar esa lucha. Esto tiene que ver mucho más con la gestión y con lo que se pueda hacer con estos instrumentos que por sí mismos, no nos lo garantizan.

También se establece el Comité de Seguridad para los Pasos de Frontera, lo que ya fue mencionado por la senadora Payssé. Creemos que es importante que exista una coordinación mayor en esta área y no una sustitución. Aclaro esto porque a veces, en algunos pasos de frontera –en los que básicamente tiene injerencia el Ministerio de Defensa Nacional–, se puede observar que se duplica o triplica el control con la participación, por ejemplo, de la Guardia Republicana. En esto, el Ministerio de Defensa Nacional sí tiene un rol muy importante y le debemos dar competencia a las Fuerzas Armadas para que puedan cumplir con su función y no ser sustituidas en el control de la frontera. Naturalmente que el comité lo que busca es coordinar las acciones.

Ahora nos vamos a referir al título II relativo a la intervención social ante el procesamiento por comercialización de sustancias ilícitas que contiene tres artículos que se discutieron mucho. Al respecto, queremos señalar el acuerdo al que se llegó en comisión que es muy importante. Estamos hablando de los artículos 8, 9 y 10 que, básicamente, se refieren a la comunicación del Poder Judicial al Ministerio de Desarrollo Social y al INAU, a la evaluación y a la atención. El INAU señaló en la comisión que no solo necesitaba apoyo –siempre es necesario–, sino que ya estaba asistiendo a las familias que se veían perjudicadas porque quedaban en una situación de abandono, sobre todo los menores. Sin embargo, la disposición busca atender una realidad mayor y por eso se integra también con el Mides.

Los artículos referidos del proyecto de ley tiran por tierra la argumentación que realizó el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, en la Torre Ejecutiva, cuando se refirió a la penalización del comercio y al narcomenudeo y señaló que se podía generar un problema social si mañana, por ejemplo, se llevaba preso por narcomenudeo a quien pudiera ser el único sustento de la familia porque quedaban desamparados sus hijos y su señora. Se planteó que había una situación social para atender –la que nadie desconoce y todos queremos abordar–, pero en los artículos 8, 9 y 10 se le encomienda al Poder Judicial que comunique al Mides y al INAU si se está ante una situación como esta, para que luego estos organismos evalúen y brinden la asistencia social necesaria para paliar el desamparo de la familia que se pueda generar como consecuencia de la prisión del jefe o jefa de hogar. Reitero que estos artículos tiran por tierra el argumento referido a las instancias penales sobre el narcomenudeo, porque eso generaría una situación de impacto social en una familia.

Con respecto al argumento de que en el futuro se puede generar un impacto social, pensamos que rige para todos los delitos incluso, por ejemplo, en caso de que alguien cometa una rapiña y se le aplique una pena de penitenciaría. Todos los delitos que se castigan con pena de prisión o penitenciaria, generan un impacto social si la persona castigada es el único sustento familiar. A nuestro juicio, lo que se aplica para el narcotráfico se puede hacer extensivo a otros delitos, si vamos a apuntar a atender la situación familiar que se debe atender. Como dije, mediante los artículos 8, 9 y 10 el Mides y el INAU ofician como instrumentos que hay que potenciar y respaldar para que puedan cumplir la mejor labor. Insisto en que el argumento que se esgrimió en la Torre Ejecutiva para nosotros no es de recibo, en función de la iniciativa que había presentado el señor senador Larrañaga, por la cual se castigaba a quien traficaba; quien trafica va preso. Ese es el impacto, ese es el mensaje y debe haber cero tolerancia. No podemos tolerar que haya gente que esté destruyendo a nuestra familia y al entramado social uruguayo. La iniciativa presentada por el senador Larrañaga obviamente que castigaba más al crimen organizado, que lo que se aprobó por acuerdo, porque se castigaba a todos para que el mensaje fuera claro.

Por otro lado, queremos resaltar que, lamentablemente, estas normas penales las leen con mucha detención quienes están organizados, sobre todo las grandes organizaciones que buscan penetrar socialmente en nuestro país; saben diferenciar a quiénes pueden usar como bocas de pasta base, porque van a tener penas menores a la de aquellos que pueden ser catalogados como integrantes de organizaciones, de acuerdo con lo que establece el actual Código Penal.

Por eso, señor presidente, nos parece importante el análisis científico de las sustancias ilícitas. Como dijo la miembro informante, se agrega al Instituto Técnico Forense, a la Dirección Nacional de Policía Científica, así como a cualquier organismo estatal o paraestatal que cuente con idoneidad técnico-científica para realizar el análisis de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Era increíble, pero como no teníamos capacidad técnica para identificar la cocaína que llegaba mezclada a nuestro país –sustancias psicotrópicas que generan dependencia–, las personas salían en libertad. ¡Increíble! Pero esto era lo que pasaba. Entonces, me parece que es un gran avance el hecho de que pongamos a estos institutos que, para nosotros, son garantistas en la tarea de detectar rápida y eficazmente la cocaína que, básicamente, es lo que nos preocupa, sobre todo para terminar con el tema de la pasta base, caer con todo el peso de la ley y no hacer excarcelable la pena a aquellos que trafican con esta sustancia.

Por último, señor presidente, están las normas de disposiciones penales. Como ya lo dijimos a lo largo de esta intervención, creemos que el artículo que había presentado nuestro compañero de bancada, el senador Larrañaga, establecía una pena mucho mayor que la que ahora se establece. El artículo 32, que inicialmente fue presentado por el señor senador Larrañaga, decía: «El que organizare o financiare alguna de las actividades delictivas descriptas en la presente ley, aun cuando estas no se cumplieran en el territorio nacional, será castigado con pena de 4 (cuatro) a 18 (dieciocho) años de penitenciaría». Sin embargo, eso no fue tomado. Después, con los senadores Bordaberry y Camy presentamos tres artículos más: el 33, el 34 y el 35 que surgen del Decreto Ley n.º 14294 y sus modificativas, que buscan ser mucho más contundentes, sobre todo con el narcomenudeo que, a nuestro juicio, este proyecto de ley no castiga como debería hacerlo. Consideramos que el narcomenudeo le hace mucho mal a la sociedad. Todos sabemos que esto sucede en la esquina del liceo e incluso en la escuela. Hace unos días, a través de la prensa supimos que había madres que traficaban drogas utilizando las mochilas de los niños que van a la escuela. Nadie va a castigar a ese niño, pero sí a la madre que naturalmente hacía un narcomenudeo y es responsable. A nuestro juicio tendría que pasarse un mensaje mucho más claro que el que establece el proyecto, y que es que quien narcotrafica va preso muchos años. Que ese sea el mensaje: que la sociedad uruguaya no está dispuesta a permitir que pueda haber atenuantes para quien está destruyendo socialmente al Uruguay.

Por lo tanto, cuando llegue el momento nosotros vamos a insistir con los senadores Bordaberry y Camy sobre estos artículos para que se puedan agregar, porque básicamente lo que preocupa son las disposiciones penales, los artículos 12 y 13 de este proyecto, que apuntan a si son integrantes de una organización criminal. Ese es el concepto y fue lo que nos dijo en la Torre Ejecutiva el subsecretario, señor Vázquez. No voy a reiterar el argumento, que para nosotros no es de recibo, de que perseguir el narcomenudeo generaría un impacto social muy grande y, sobre todo, conmoción en muchas familias uruguayas donde a veces ese es el único sustento. En fin, me parece que no es un argumento y no es de recibo, porque indudablemente se puede generalizar el mismo concepto para otro tipo de delitos que son castigados con más severidad de lo que se lo castiga en la ley vigente. Estos artículos no se modifican y, por eso, nosotros insistimos en que se castigue de igual manera el narcomenudeo. De todos modos, sabemos que no hay mayoría para votarlo y que estos argumentos los vamos a volver a escuchar en la discusión de este proyecto de ley. Para nosotros es muy importante generar una política de Estado –ya que se habla tanto de política de Estado– que establezca una contundente lucha frontal y dura contra el narcotráfico, no solamente contra el crimen organizado, sino contra el narcomenudeo que también hace un daño social muy grande. A nuestro juicio en la ley vigente no se lo castiga con la severidad que debería reaccionar el Estado uruguayo. Algunos dirán que estos artículos siguen vigentes; sí, pero son excarcelables y para nosotros no deberían serlo. Entendemos que la reacción del Estado debería ser mucho más dura frente a quien está destruyendo socialmente al Uruguay.

(Ocupa la presidencia el señor senador Marcos Otheguy).

–Por todos estos motivos, vamos a acompañar estas disposiciones que fueron acordadas en la Torre Ejecutiva. También vamos a agregar lo que quedó por el camino y lo que para nosotros es más que importante como mensaje y herramienta para el Ministerio del Interior. Todos estos son avances legislativos, en el papel, pero queremos ver cómo funciona en la realidad si esto se aplica correctamente. El mensaje es uno solo y es que el Uruguay va a generar una batalla frontal y dura contra el narcotráfico, el que de alguna manera está desvirtuando lo que son y han sido los valores que la sociedad uruguaya ha cultivado durante años. Nuestro país se está desnaturalizando y este veneno que es el narcotráfico debe tener una respuesta más dura de la que vamos a tener en función de las herramientas que hoy estamos votando.

Muchas gracias.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: voy a hacer una aclaración para que quede constancia en la versión taquigráfica.

El narcomenudeo está castigado en los artículos 31 y 34 de la ley sobre estupefacientes, solo que está castigado de otra forma que el grupo organizado. Tengo los datos –los leí y los puedo volver a leer– de las personas privadas de libertad que, en este caso, son mujeres. El artículo 34 de la Ley n.º 14294 –no se toca aunque el Partido Nacional quiere modificarlo– dice: «El que sin autorización legal, a título oneroso o gratuito, suministrare, aplicare o entregare las sustancias mencionadas en la presente ley, o promoviere, indujere o facilitare su consumo, será castigado con pena de veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría». Esto quiere decir que los veinte meses de prisión hacen que el delito sea excarcelable, pero el tope y lo que define el juez con la autonomía que le corresponde, no siempre hace que sea excarcelable, de lo contrario, no tendríamos en este caso –como ya lo dije– 186 mujeres privadas de libertad vinculadas a estupefacientes y 68 por el artículo 34. Por lo tanto, hecha esta aclaración quiero decir que el artículo 31, en cuanto a lo que a esto refiere, permanece igual con las mismas características; tiene un mínimo excarcelable y un máximo que obviamente no es excarcelable.

Quería dejar sentada esta aclaración, señor presidente, porque es importante a efectos de la versión y de lo que puede ser después la interpretación de la voluntad del legislador cuando se lean las versiones taquigráficas. La ley en esos artículos queda exactamente igual.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: no queremos profundizar en un debate que, en realidad, nos convoca a considerar el encuentro que se logró en la Comisión de Constitución y Legislación –que tengo el honor de presidir–; por tanto, no me voy a enfocar en las diferencias, más allá de que naturalmente hubo diversas opiniones en este tema. No obstante ello y en el intento de no ser recurrente con lo expresado fundamentalmente por el señor senador Heber y la señora miembro informante, quiero expresar con claridad lo siguiente.

En relación con el proyecto de ley que hoy nos ocupa, debo decir que lo acompañaremos con el mismo espíritu con que fuera aprobado en la Comisión de Constitución y Legislación y en el entendido de que se avanzó en todo aquello en lo que estuvimos de acuerdo, aunque quedaron elementos sobre los que no se logró el consenso necesario y en consecuencia no fueron incluidos en este texto.

Ha sido muy clara la señora miembro informante en cuanto a que esta iniciativa se centra en capítulos definidos claramente, que institucionalizan la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo, ámbito donde se tomarán las determinaciones vinculadas a la elaboración del plan nacional de lucha con ese objetivo, efectuar su seguimiento, etcétera.

También se dispone la creación del Comité de Seguridad para los Pasos de Frontera, inserto en la lógica de este proyecto de ley con el mismo objetivo.

Asimismo, se establecen normas vinculadas a la intervención social, ante procesamientos por comercialización de sustancias ilícitas.

Como señalaba claramente el señor senador Heber, en el título III se incluye el Análisis Científico de las Sustancias Ilícitas –tema que estaba pendiente, por lo que es muy clara la norma que se introduce– y disposiciones finales, que es donde radican las mayores diferencias expresadas en la comisión, relativas al alcance de las penas para los delitos vinculados a este tema, tipificados en el Decreto Ley n.º 14294, de 31 de octubre de 1974.

A ese respecto, alcanzamos a la presidencia del Senado un proyecto de ley sustitutivo que precisamente propone la modificación de los artículos 33, 34 y 35 del Decreto Ley n.º 14294. En el artículo 33, donde figuran veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría, sugerimos una pena de dos a diez años de penitenciaría; en el artículo 34 vigente, que establece una pena de veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría, hacemos lo propio y planteamos una pena de dos a ocho años de penitenciaría; en el artículo 35, donde se dispone doce meses de prisión a dos años de penitenciaría, proponemos un castigo de dos a cuatro años de penitenciaría.

En este aspecto queremos remarcar –más allá de que conste en la versión taquigráfica– la convicción y la coherencia de que respaldamos la propuesta establecida oportunamente por el señor senador Larrañaga –no concreta y específicamente en esto, aunque también lo es– en el sentido de crear un plan integral vinculado a la seguridad.

Al mismo tiempo, se ingresaron diez proyectos de ley donde se establecía no solamente el tema que estamos considerando, sino también el relativo al agravante de la figura de encubrimiento y complicidad, cuando estén vinculadas a delitos de estupefacientes, receptación, copamiento, secuestro, rapiña, así como a la minoridad infractora, a la Ley Orgánica Policial –en lo concerniente a la autorización del uso de armas no letales–, a un nuevo rol ampliatorio de la presencia de militares en custodia, en edificios de acreditaciones diplomáticas en el país, a la responsabilidad de los padres de menores infractores, a la defensa en el ámbito rural, a la ampliación de la legítima defensa, etcétera.

Por tanto, señor presidente, respaldamos la iniciativa a consideración del Senado en función de lo que discutimos en la comisión y en el marco del ámbito general que nos ha convocado a dialogar sobre este tema –iniciativa que saludamos y respaldamos–, pero también manifestamos, como lo refleja el aditivo que hemos propuesto, la convicción muy firme de que tendríamos que haber penalizado más duramente los delitos mencionados, buscar su inexcarcelabilidad cuando estén vinculados al tráfico de drogas –evitar así la puerta giratoria, como se ha señalado, de que se pueda entrar y salir del sistema con facilidad– y, lo que es fundamental, dar un mensaje inequívoco desde el Estado de que no se tolera la droga y de que quien la vende debe estar preso.

Claramente es esta nuestra posición, señor presidente, y agradecemos la atención prestada.

16) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 24 de agosto de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo con la Ley n.º 17827 de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito a usted se me conceda licencia por motivos personales para el día de la fecha.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Rafael Michelini. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Felipe Michelini ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

17) PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSFRONTERIZO

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Continuamos con la discusión del proyecto de ley a consideración del Cuerpo.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: estamos considerando el cuarto instrumento legislativo que resultó del diálogo y de los acuerdos sobre seguridad.

En la Comisión de Constitución y Legislación unificamos dos proyectos de ley acordados: uno relativo al Código del Proceso Penal y otro, al proceso abreviado. A ello debemos agregar la normativa aprobada en el Senado, que limita el beneficio de la libertad anticipada, de modo que este sería el cuarto producto, resultante de un acuerdo.

Me parece que es bueno resaltar esto porque se ha hablado de los ritmos y de las velocidades con que se trabaja en el Parlamento. Al repasar la agenda observo que el primer proyecto de ley que resultó de los acuerdos, llegó al Parlamento hace dos meses, ahora estamos considerando el cuarto, en tanto tres de ellos ya tienen media sanción. Resulta difícil admitir que se hable de lentitud o de falta de celeridad de parte del Poder Legislativo para tramitar estas cuestiones. Más aún, me consta que en la Cámara de Representantes –porque el señor representante Radío integra la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración–, ya la semana pasada, comenzó el tratamiento de los proyectos que fueron aprobados en el Senado, por lo que en un plazo breve estarían convertidos en ley tres de los acuerdos firmados o acordados en la Torre Ejecutiva. Desde nuestro punto de vista es un ritmo más que satisfactorio.

El proyecto que hoy tenemos a consideración en el Senado es también el resultado del diálogo, porque en definitiva está compuesto por un conjunto de disposiciones presentadas por el Ministerio del Interior –es decir por el Gobierno– y por una serie de iniciativas vinculadas con la modificación a las penas de los delitos de narcotráfico, propuestas por el partido nacional.

Reitero: el resultado es este proyecto de ley que hoy votaremos en el Senado.

No voy a profundizar en sus contenidos, porque la señora senadora Payssé y el señor senador Heber hicieron una larga remisión en ese sentido; simplemente quiero decir que consta de cuatro partes. En la primera de ellas, se crea una comisión y un comité. Es cierto que estos dos instrumentos podrían haberse legislado por la vía del decreto y de decisiones para las cuales el Poder Ejecutivo tiene prerrogativas para tomar, pero también es cierto que el Gobierno planteó la importancia de jerarquizar estas coordinaciones interministeriales dándoles carácter de ley, lo cual me parece que es bueno, que es un paso positivo, porque en definitiva es unánime el apoyo del sistema político a la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo y al Comité de Seguridad para los Pasos de Frontera. Me parece que los dos ámbitos –con algunas correcciones que mejoraron su integración y cometidos– son fruto del consenso, tal como ocurre en términos generales con todo el proyecto de ley.

Tuvimos que ajustar la normativa relacionada a la intervención social en los procesamientos por comercialización de sustancias ilícitas, en virtud de que la primera redacción daba un marco muy amplio y generaba una obligación al Mides y al INAU excesiva. Si lo que queremos es que realmente haya eficacia en el trabajo, los artículos 8.º, 9.º y 10 en su nueva redacción acotan la participación del Mides y del INAU a los casos de procesamiento con prisión y a aquellos donde se afecten los derechos de terceros que estén en relación de dependencia con el imputado, lo que da mayores garantías de lograr una respuesta efectiva y concreta. Lo que se logró, entonces, es que la norma no quede como un mero enunciado en el papel, sino que las obligaciones generadas efectivamente se cumplan.

Asigno al título III particular relieve, porque nosotros tenemos una normativa que establece la inexcarcelabilidad del delito de tráfico de pasta base. Ocurre que desde que esa norma fue aprobada –hace ya un par de años–, no había aplicabilidad debido a un problema técnico que tenía que ver con la incapacidad del laboratorio del Instituto Técnico Forense para determinar si las sustancias incautadas eran pasta base u otro tipo de sustancias, por lo que, ante la indefinición, no se aplicaba. El artículo 11 deja claro cuáles pueden ser los laboratorios y los procedimientos tecnológicos que se deben aplicar a las sustancias incautadas, para determinar que efectivamente se trata de pasta base, en cuyo caso podrá aplicarse la norma que establece la inexcarcelabilidad del tráfico de esa sustancia. Eso implica –lo dejo para que se tome como parte de la discusión legislativa– que nosotros ya tenemos penas de inexcarcelabilidad al narcomenudeo o al microtráfico, que en la enorme mayoría de los casos refiere a la pasta base. En la medida en que fue aprobada la norma que establece la pena de inexcarcelabilidad, con el título IV –que modifica las penas de los artículos 30 y 31 del Decreto Ley n.º 14294– se completa una red de penalización que otorga al Estado uruguayo una mayor potencialidad para castigar a quienes trafican sustancias, independientemente de que el delito sea cometido con la figura de crimen organizado o de narcomenudeo. A mi modo de ver, esta interpretación no admite discusión, es muy clara. Dicho de otro modo, con la aprobación de esta norma todo aquel que trafique pasta base en la medida en que los laboratorios científicos que tienen a su cargo la determinación de la sustancia tengan capacidad tecnológica para establecerlo, será castigado con pena de penitenciaría. Si a ello se agrega el título IV que establece la modificación de las penas referidas a los artículos 30 y 31 de la vieja norma relativa al narcotráfico, tenemos una estructura que permitirá completar el aumento de las penas para los delitos de narcotráfico. Por eso me parece importante, señalar a qué refiere el título III, en particular el artículo 11.

No vamos a acompañar los artículos aditivos presentado por los señores senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado, porque para el Partido Independiente existe una diferencia de gravedad en el menú de delitos que se establece en el Decreto Ley n.º 14294 y modificativos. Nos parece que es notoriamente diferente el caso de quienes trafican de aquellos que a título oneroso o gratuito suministraren, aplicaren o entregaren sustancias, o promovieren, indujeren o facilitaren su consumo. Castigar estos casos de la misma manera que a quienes efectivamente distribuyen, transportan y se organizan para realizar la conducta del tráfico de drogas, es una diferencia notoria, por lo que sería bueno que se discriminara la pena mínima que la vuelve inexcarcelable, para el caso de los artículos 30, 31 y 32, de los que están previstos en los artículos 33, 34 y 35.

Señor presidente: nosotros vamos a votar el proyecto de ley en el entendido de que profundiza sustancialmente la sanción al delito de narcotráfico y proporciona al Estado un instrumento más potente, al incluir el narcomenudeo, que ya estaba sancionado por la vía de la inexcarcelabilidad del tráfico de pasta base, que podrá hacerse efectivo a partir de la mejora en la calificación de las sustancias establecida en el artículo 11.

Es cuanto tenía para decir.

18) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 24 de agosto de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo, que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia para los días 1.º y 5 de setiembre de 2016 por motivos personales.

Sin más, lo saludo muy atentamente.

Luis Lacalle Pou. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

19) PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSFRONTERIZO

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Continuamos con el tema en discusión.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Gracias, señor presidente.

Pienso que este proyecto de ley tiene aspectos que son buenos y otros que no son tan buenos. Voy a empezar por los buenos.

Me parece muy importante hacer un reconocimiento a la bancada oficialista y al Frente Amplio por su cambio de posición. Esta es la confirmación de algo que se da desde hace un tiempo. Antes se nos decía que el aumento de las penas no solucionaba nada pero, por suerte, ahora se confirma algo que ya es una tendencia en términos estadísticos: tímidamente, en esta área como en otras, se termina reconociendo el equívoco y se acepta la aprobación de normas para aumentar las penas.

Consideramos que es positivo, que es bueno. Y es bueno que lo reconozcan, lo aprueben y lo voten. Eso debe ser reconocido, porque el abandono de viejos postulados que se dijeron durante muchos años en esta área o en el área económica, por ejemplo, y el reconocimiento de errores con hechos concretos, como la aprobación de esta norma, creo que es algo a destacar.

Por otra parte, debemos señalar que quizás seamos un poco críticos del resultado de estas conversaciones que tuvieron lugar en el edificio de la presidencia. Fueron anunciadas públicamente y la ciudadanía puso una gran esperanza en ellas, pero el resultado ha sido pobre. Esa es la verdad. Se nos dijo que habían llegado a un acuerdo para mandar cuatro o cinco proyectos de ley. Sin embargo, cuando uno los recibe y los analiza, se da cuenta de que no solamente importa la cantidad de proyectos de ley, sino que hay que ir al contenido.

Entonces, que se nos diga que un gran acuerdo fue la puesta en vigencia del Código del Proceso Penal para julio del próximo año, me parece que es demasiado. En realidad, ya había un acuerdo en esa materia porque se había votado una ley que entraba en vigencia en febrero de 2017. Entonces, no parece lógico presentar como el gran acuerdo en materia de seguridad el hecho de establecer una prórroga por unos meses.

Si se habla del proyecto relativo a libertad anticipada y limitación de las salidas transitorias para los reincidentes; ese proyecto de ley es muy bueno. Pero en esa suerte de conflicto entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde que a veces tiene la bancada oficialista, junto con esa limitación al reincidente nos trajo la creación de un par de libertades más: la vigilada, la controlada y no sé cuántas cosas más, como diciendo: «Voy a ponerme duro, pero a su vez me pongo blando porque no quiero ser demasiado duro». Bueno, hay que definirse, y me parece que ese tampoco es un gran acuerdo.

Que nos digan que el envío del proyecto de ley sobre la fiscalía que tenemos a estudio en la comisión también es un gran acuerdo en materia de seguridad, no es pertinente; era un proyecto de ley que ya lo había preparado la fiscalía, en el que se venía trabajando desde hace tiempo y que tenía que venir dado que se había planteado una reforma del Código del Proceso Penal.

La otra iniciativa que vino tiene que ver con las nuevas formas de evitar la aplicación de penas, con los medios alternativos.

La verdad es que nosotros no tenemos una mirada muy positiva en cuanto al trabajo que se hizo. Es más: aportamos veintiocho proyectos de ley, respecto de los cuales se nos respondió con propuestas concretas solamente con relación a medio proyecto. Sinceramente, esperábamos otra respuesta en el trabajo, y es por esa razón que somos un poco críticos.

Con relación a lo que acabo de decir de ir a la sustancia, quizá se ve en este proyecto de ley, puesto que los dos primeros capítulos –que no están mal, hay que reconocerlo– crean dos comisiones. Creo que era el general Perón quien decía: «Un camello es un caballo resultado del trabajo de una comisión». A su vez, Napoleón decía: «Cuando quieras que algo no se haga o se demore, nombra una comisión». Y aquí creamos más comisiones, y lo hacemos por ley, cuando en realidad puede hacerse por decreto. Entonces, parecería ser que estuviéramos creando estas comisiones por ley como para demostrar la cantidad de artículos que estamos aprobando, dado que podríamos crearlas por decreto.

Además, ya existen comisiones similares. Por tanto, sería una suerte de duplicación burocrática. Por ejemplo, el Decreto n.º 463/988 crea la Junta Nacional de Drogas, que tiene comités asesores, comité de seguridad, comité asesor en materia de precursor de productos químicos y análisis de drogas. Está integrada por los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, etcétera. Por su parte, el Decreto n.º 146/012 crea la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, integrada por el prosecretario de la Presidencia, que también estamos incluyendo aquí. O sea que, en realidad, no es que esté mal, porque se pueden crear por ley, pero ¿es necesario hacerlo de esa manera? No.

Estos comentarios refieren a los dos primeros capítulos.

Pasando al título II, «Intervención social ante procesamientos por comercialización de sustancias ilícitas», creo que es muy bueno. Es muy conveniente que se haya hecho y me parece que fue mejorado. Ante las objeciones que se hicieron, la comisión citó a las autoridades del INAU, quienes dijeron que las normas que se estaban creando ya estaban vigentes. Entonces, en esta ansiedad de hacer una gran ley, tuvimos que cambiar el proyecto porque estábamos duplicando normas.

Queremos señalar que vamos a acompañar estos artículos del título II en cuanto a la forma de trabajo cuando se detiene y se procesa con prisión a quienes tienen menores o terceras personas a cargo que, obviamente, quedan indefensos desde el punto de vista social.

También son buenas las normas contenidas en el título III, «Análisis científico de sustancias ilícitas», aunque tenemos algunas objeciones de índole jurídica. En este sentido, hay quizás un concepto que no está claro cuando se proponen estas cosas. Muchas veces el Ministerio del Interior y la actuación de la Policía no tienen el valor que se le pretende dar en un proceso judicial. Digo esto porque en un proceso judicial hay partes: el imputado del delito y quien acusa. Entonces, si quien acusa –que es una parte– a la otra persona ante el juez es quien provee todas las pruebas, esas pruebas que surgen de una parte, en el juicio pueden ser objetadas por la otra parte. Es tan sencillo como eso. Además, pueden afectarse las garantías.

Asimismo, se está dando a la Dirección Nacional de Policía Científica la misma facultad que al Instituto Técnico Forense, que depende del Poder Judicial. Entonces, al Instituto Técnico Forense, que es independiente, es al que siempre tenemos que tratar de prestigiar y de dar los recursos para que pueda cumplir con los análisis científicos con los que dicen que hoy no podía cumplir. Disculpen esta apreciación, pero esto aplica al literal B del artículo 11, que modifica el artículo 50 de la Ley n.° 17016.

Por esa razón entendemos y seguiremos insistiendo en que no hay que mandarle las sustancias al Instituto Técnico Forense y al Ministerio del Interior, sino al Instituto Técnico Forense o al Ministerio del Interior.

Y llegamos luego al último título del proyecto de ley, que es el más importante, que es donde hay acuerdo: me refiero al que aumenta las penas. Me parece que eso es lo importante. Este título es sumamente importante, y lamentamos que nuevamente hayan quedado a media agua porque tendrían que haber aumentado las penas en todo el delito.

Si el señor presidente me lo permite, voy a contar una anécdota. Durante la campaña electoral, cuando estaba en la ladera del Cerro de Montevideo haciendo la recorrida, me encuentro con una señora morena grandota que estaba sentada por allí. Me puse a conversar con ella –esas cosas que uno hace siempre que está en campaña electoral– y le pregunté cómo estaban la escuela, los liceos y la seguridad en esa zona. Ella me contó y me planteó las quejas de siempre. Luego le pregunté sobre la droga. Me respondió que ellos no tenían ese problema, que a ese barrio no entraba la droga. Le pedí que me pasara la receta. Me respondió que era muy simple: que se juntaron los vecinos y echaron a uno que quiso instalar una boca de pasta base. Le dijeron que allí no entraba, que allí no había droga porque los vecinos no dejaban entrar las bocas de pasta base. Ellos saben quiénes pueden hacerlo y los corren. O sea, lo que estaban haciendo era cerrar las bocas de pasta base. Y es tan importante cerrar esos lugares como no permitir el ingreso de quien suministra la sustancia. Siempre se dice: «Vamos a perseguir a los grandes»; ¿y los chicos, qué? Hay que perseguirlos a todos.

Decía Jorge Luis Borges: «En estos tiempos la estadística está sustituyendo a la ética». Parecería ser que porque un delito se comete muchas veces hay que permitirlo. ¡No, señor! Si una persona pone una boca de pasta base y envenena a los niños y a los jóvenes, ¡hay que aplicarle el código! ¡Hay que aplicárselo! No solo hay que pensar en el victimario, en el que comete el delito, sino que hay que pensar también en la víctima. ¿Qué hacemos con la boca de pasta base? ¿Qué hacemos con los muchachos que van a comprar esa droga?

El maestro Carnelutti decía que nuestras leyes parecen estar hechas para caer pronto y bien sobre el incumplidor, pero que en realidad se derriten de piedad por ellos. ¡Vean qué se hace en un país como Estados Unidos si agarran una boca de pasta base! Averigüen qué pasó en Nueva York; hace treinta años no se podía ir al Bronx ni a una cantidad de barrios por los enormes índices de criminalidad. Entonces, dijeron: «¡Ya está! ¡Se acabó! ¡No hay más bocas de crack!», como le llaman ellos. Y hoy en día se terminó. Pero acá no. Acá estamos aumentando las penas –lo que nos parece muy bueno– para algunos que cometen delitos, y dejando a otros afuera. Me parece que eso es equivocado, pese a que estoy convencido de que hay muchos integrantes del Frente Amplio que en el fondo saben que tenemos razón.

Creo que la gran señal que da este proyecto de ley es esa; la gran señal es que entendieron que se habían equivocado, y que de nuevo, de a poquito y a regañadientes, aceptan que estaban equivocados y que este es el camino. En estos casos no solo se trata de aumentar las penas, sino también de darse cuenta de que quien delinque tiene que responder por lo que hace. Además, no tenemos que pensar solo en el delincuente sino, sobre todo, en el honesto que es objeto de las conductas de ese delincuente.

Por eso, señor presidente, termino mi discurso como lo empecé: felicitando al oficialismo por este cambio de rumbo.

SEÑORA PAYSEÉ.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSEÉ.- En primer lugar, no voy a citar a Napoleón ni a Perón ni a Borges. Voy a mencionar algo que ya dije para que quede más claro: todo lo vinculado con la pasta base tiene una ley propia. Ya lo explicó el señor senador Mieres, y yo no voy a volver a hacerlo porque el señor senador Bordaberry, que es un estudioso, lo sabe.

En segundo término, la concepción del señor senador Bordaberry es: ¡para que haya pena tiene que haber cárcel!, y yo le quiero decir que hay penas que no son de cárcel. Por lo tanto, pena para el delito hay. La hay ahora y también en este proyecto que estamos aprobando.

En tercer lugar, no me voy a hacer cargo de ninguna felicitación, porque en el Frente Amplio estamos convencidos conceptualmente de que el aumento de penas per se no soluciona los problemas de seguridad. Dentro de estos veintiocho proyectos que mencionó, seguramente la mayoría de las normas están vinculadas al aumento de las penas, porque eso es lo que reclama: ¡aumento de penas!, ¡aumento de penas! Pero esa no es la política del Frente Amplio; esa no es la política que en el mundo ha dado resultados positivos para disminuir los delitos. ¡No lo es! Sí nos hacemos cargo de que hay nuevos delitos, nuevas formas de delinquir que merecen una atención especial. Por eso es que frente a una realidad que estuvimos analizando de manera muy seria –lástima que el señor senador Bordaberry no concurrió a esos ámbitos, pero nosotros sí–, dejamos claro como partido político cuáles eran las circunstancias en las cuales nos parecía conveniente pasar de los veinte meses a los dos años de mínima, que significa que no hay posibilidades de excarcelación.

Entonces, señor presidente, el Frente Amplio no necesita las felicitaciones del señor senador Bordaberry, porque asume las responsabilidades, analiza la coyuntura y trata de no generalizar en una lógica que tiene un fuerte componente ideológico vinculado con la punición y con el reproche penal, que yo respeto pero que no comparto. Eso sí: que me feliciten por lo que no es, no lo admito. El Frente Amplio tiene claro que el aumento de penas per se no soluciona ningún problema de seguridad. Es por eso que en las conversaciones que tuvieron lugar en la Torre Ejecutiva no pudimos llegar a ningún tipo de acuerdo sobre un código o una ley de responsabilidad penal adolescente, porque no estamos de acuerdo en aumentar las penas en ese ámbito o en esa área. En el caso de estos tres artículos vinculados con la ley de estupefacientes y en el marco de una lógica que está imperando, consideramos que pasar de veinte meses a dos años era de estricta justicia.

Si tengo que volver a intervenir para aclarar nuevamente estas cuestiones, lo haré.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Lo lamento. Un día que felicito al oficialismo, no me acepta las felicitaciones; ya no sé qué hacer. La verdad es que ya no sé qué hacer. Me esfuerzo para felicitarlos y no me aceptan las felicitaciones. Pero bueno, como tengo el ego un poco bajo, no me voy a citar a mí mismo y mucho menos me voy a comparar con Borges –por eso cito a quienes son mucho mejores que yo–, pero sí puedo citar al Frente Amplio. Esto que estoy diciendo que hacen hoy es algo que empezaron a hacer hace poco, y es bueno. Por ejemplo, en el año 2012 votaron la Ley n.° 19007 que aumentó las penas –reitero, aumentó las penas– frente a los delitos contra la Administración pública y de narcotráfico. ¡Bien! En el 2013 propusieron y aprobaron la Ley n.° 19055, que aumentó la pena para los menores que cometen delitos graves y, según el defensor de oficio Daniel Sayagués, eso evitó que se produjeran reincidencias. En el 2014 propusieron y aprobaron la Ley n.° 19247, que crea y aumenta penas por porte, tenencia y tráfico de armas. O sea que si proponen y aprueban un aumento de las penas, supongo que es bueno.

Continúo. En el año 2014 aprueban la Ley n.° 19196, que crea la pena por la eventual responsabilidad penal de los empresarios para el caso de accidentes laborales. En julio de 2013 propusieron un proyecto de ley sobre el código de responsabilidad infraccional adolescente, con el que está de acuerdo el ministro Bonomi. ¡Bonomi! Fíjense que coincido con el señor ministro Bonomi, y el otro día con el señor senador Michelini; yo estoy con problemas. La pena de privación de libertad pasa de cinco años a diez años. Pero si el ministro del Interior del Frente Amplio propone esto, me llama la atención que la bancada no esté de acuerdo con su propio ministro del Interior; y si no están de acuerdo con él –mi apoyo no lo tiene y estoy seguro de que el de las otras bancadas tampoco–, creo que debería irse.

Y puedo seguir. En marzo de 2014 el Gobierno envió un proyecto de ley con una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría para quienes contravinieran normas y reglamentos al explotar o facilitar los juegos de azar en lugares públicos o de acceso al público. Y tengo más: en el Código Rural también aumentan las penas para los delitos de abigeato.

Disculpen si me confundí, señor presidente, pero cuando hoy vuelven a aumentar las penas para el narcotráfico los felicito, y no me aceptan las felicitaciones. Discúlpenme, pero voy a creer que hay algo personal. Espero que más allá de los discursos, sigan adelante con esta política que vienen demostrando desde el año 2012 y continúen aplicándola.

20) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 24 de agosto de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

Por medio de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia durante los días 8 y 9 de setiembre de 2016, al amparo de la Ley n.° 17827, artículo 1.º, literal D, de 14 de setiembre de 2004.

Saludo a usted atentamente.

José Mujica. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Andrés Berterreche, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

21) PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSFRONTERIZO

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Continuamos con el tema a consideración del Cuerpo.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor presidente: estoy absolutamente convencido de que va a llegar un día en el que no nos vamos a andar imputando derecha o izquierda en función de que estemos a favor de fijar más o menos penas. ¡Estoy convencido de eso! Son instrumentos que se dan las sociedades para procurar combatir el delito; por lo tanto, va a llegar un día en el que no se va a ser de derecha por aumentar las penas ni de izquierda por tener una legislación más permisiva. ¡Perdónenme, pero estamos con los libros atrasados! ¡Absolutamente atrasados!

Creo que el gran tema de hoy es decidir si impulsamos una tolerancia cero al narcotráfico. ¡Tolerancia cero al narcotráfico! Con toda franqueza, siempre he tomado alguna precaución y me he acercado con cierto temor al tema delictual porque no me afilio al populismo punitivo ni siento atracción por la sangre para buscar réditos políticos bajo ningún punto de vista.

Estamos tratando este proyecto de ley que es el resultado de las reuniones de la multipartidaria sobre seguridad, que se llevaron a cabo en un camino de diálogo; camino al que yo me afilio y siempre he mantenido la coherencia a lo largo de mis dieciséis años en este Senado de la república; camino de diálogo que no me importa –ni debe importar– quién lo convoca o quién lo corta. El diálogo es la mayor y mejor herramienta para encontrar soluciones en una democracia.

Tal como relató el señor senador Heber, en el mes de marzo presentamos una serie de proyectos para hacer inexcarcelables el conjunto de delitos previstos en los artículos 30 a 35 del Decreto Ley n.° 14294. Buscábamos que el Estado asumiera su responsabilidad en materia de seguridad y diera el mensaje claro que la sociedad reclama y necesita, por encima de izquierdas o de derechas. El que trafica va preso; el que maneja droga va preso y esto no se trata de penas con prisión o penas sin prisión. ¡Es obvio que hay penas con prisión y penas sin prisión! ¡Es obvio que nadie anda mirando el Código Penal y pensando en cuánta pena le va a recaer para ver si comete o no un delito! ¿Pero quién se puede chupar el dedo de esa forma? ¡Eso es evidente! ¡No hay delincuente que saque la cuenta previamente, que calcule y diga: «Me va a tocar tal o cual pena» para cometer un delito! ¡Esto lo sabe hasta el que asó la manteca! ¡El que inventó el agujero del mate sabe eso! Ahora bien, ¿sabe una cosa, señor presidente? Yo prefiero que ese delincuente calcule la pena que le va a tocar detrás de los barrotes, cuando ya está preso. ¡Ahí va a sacar la cuenta! ¡Ahí le va a pedir al abogado: «defiéndame»! Por algo los sistemas penales en el mundo tienen lo que se llama una dosimetría legal para llevar adelante un esquema que ataque a quienes infringen la ley.

Durante las reuniones multipartidarias se acordó hacer inexcarcelables solamente algunos delitos: los que involucraran la producción y aquellos donde existe una organización. Creo que eso es un avance; es insuficiente, pero es un avance. No voy a entrar en ese esquema de que unos estaban aprisionados en el hecho de no subir las penas y otros queremos aumentarlas porque somos de la derecha. ¡La derecha sube penas y quiere meterlos presos! No estoy en ese marco porque, si vamos al caso, el Frente Amplio también aceptó subir las penas en lo relativo al homicidio intencional, además de la lista que enumeró el orador preopinante, señor senador Bordaberry.

Creo que todos deberíamos sacarnos un vendaje ideológico en este tema, ¡todos! Tendríamos que ver cuáles son los instrumentos que le vienen mejor a la sociedad y al país para llevar adelante con éxito una lucha contra la delincuencia, en este caso contra el narcotráfico. Estoy convencido de que el Frente Amplio quiere luchar contra el narcotráfico; no podría agraviar jamás a una colectividad política como el Frente Amplio, ni a ninguna, diciendo que no quiere combatir una forma de delito, bajo ningún punto de vista. ¡Me saco de la cabeza esa intencionalidad! Estoy convencido de que todos en este recinto queremos combatir el narcotráfico. ¡Eso va de suyo! El tema es saber a qué herramientas acudimos para ese combate, cuáles pueden ser más eficaces. Yo me afilio a la principal y vital herramienta que es la de la enseñanza, la de la rehabilitación, la de la prevención. Soy el primero en rescatar que esas son las herramientas más importantes que pueden tener un país y una sociedad.

Ahora bien, es evidente que el tema de las penas converge en un conjunto de medidas que procuran tener éxito en el combate y, en ese sentido, nosotros también buscábamos el agravamiento de las penas para los casos de encubrimiento y complicidad cuando los delitos estén vinculados a los estupefacientes. Además, habíamos presentado la iniciativa haciéndola extensiva a los delitos de receptación, copamiento, secuestro y rapiña porque es necesario combatir el circuito que se genera en el sistema criminal, sobre todo en el de la droga; me refiero al narcomenudeo, con la receptación y la rapiña. Allí hay un circuito que hay que atacar, que hay que cortar porque, de lo contrario, es absolutamente imposible llegar al grande. Hay que desalentar las conductas de colaboración que conforman el iter criminis que tiene como desenlace la comisión de hechos delictuales. Esto me parece que es absolutamente elemental. La facilitación y el auxilio que se presta entre los involucrados en este tipo de delitos pueden contribuir a acrecentar la cultura del delito. El Estado debe dar un mensaje en el sentido de que considera graves ciertos delitos y también la contribución periférica con ellos.

Además, quiero señalar la necesidad de una lucha frontal contra las bocas de pasta base. Creo que eso es vital. Esto lo estamos viendo en todo el país. Estamos hablando de la cocaína, más allá de que la pasta base sea un derivado de ella, con todos los nombres científicos que le quieran poner, más allá de las dificultades que tenemos para discriminar e identificar una sustancia de las otras. El tema de la pasta base está presente a una cuadras de acá, en cualquier lado. Por lo tanto, reitero que es necesaria una lucha muy fuerte en este sentido.

El subsecretario del Ministerio del Interior señaló que detrás de esto hay un tema social, sobre todo, porque hay mujeres jefas de hogar que recurren a este negocio. Sí, es así. Además, se dice que ello tiene impacto sobre los menores. Eso también es cierto. Por eso este proyecto de ley trata de incorporar al Ministerio de Desarrollo Social y al INAU en el abordaje de las eventuales víctimas. Considero que es compartible la preocupación que involucra este tipo de delitos. Por supuesto que nos preocupa el involucramiento de las mujeres, así como también el impacto que esto genera en los adolescentes y en los niños. Incluso, estos últimos concurren a los centros de detención donde están presas sus madres y, por eso, vemos que hay una suerte de cadena, de acostumbramiento a un circuito de delitos del cual quizá después no puedan escapar. Esto lo entiendo. Me hago cargo de eso. Ahora bien, tenemos que hacernos cargo de las acciones sociales de reinclusión que se tienen que crear en este sentido. No comparto que se deje a esos menores, a esas mujeres y a la población de los diversos barrios secuestrados por el narcotráfico porque seguirán acudiendo a las mujeres y a los menores para la extensión del tráfico. Esa es la realidad. ¿Cómo cortamos esa cadena? ¿Cómo hacemos para evitar que esa lógica siga desencadenando, de manera sistemática, todo un proceso, en donde también hay una suerte de discriminación delictual porque se utiliza a la mujer y al hogar? Esto es como una suerte de boca de venta de droga, pero se dice que están involucradas fuentes de trabajo. ¿A dónde nos lleva esta espiral en la que, con una inversión de equis cantidad de pesos que se multiplican por seis o siete en la noche, se genera un ingreso familiar? ¿Dónde termina ese argumento –que no quiero atribuir a nadie– de que la izquierda es permisiva con la droga y en la derecha estamos los inmutables, los luchadores, que promulgamos penas, cárceles y otras cosas más para combatir el delito en una suerte de facilismo punitivo que me parece que no puede terminar involucrándonos?

El mensaje político que hoy se da sobre el narcomenudeo y las bocas de pasta base es que no deben ser tan reprimidas. Creo que eso es un error. Es un mensaje de una suerte de tolerancia. El problema es que no hay trafiquito –no sé si existe la expresión–, sino que hay tráfico. Una boca, por más que larga al mercado poca cantidad de droga, termina contribuyendo a matar muchachos, a matar gente. Esto es totalmente innegable y creo que es fundamental puntualizarlo.

También quiero realizar una precisión sobre la iniciativa que presentamos en lo que respecta a penar con cuatro años el delito cuando se utilice el hogar como boca de venta de droga. Nosotros no hablábamos de realizar allanamientos nocturnos, sino de penar a quien utilice el hogar. Al poner una pena mayor, buscábamos desalentar el uso del hogar con ese fin. Ese era un instrumento. Con esa medida se podía lograr el desplazamiento del negocio hacia afuera del hogar con las garantías constitucionales que ello implica. En lo personal no estaba previendo un debilitamiento de la defensa constitucional del hogar ni allanamientos nocturnos con lo que ello puede implicar. Queremos que quede expresa constancia de esto. Sí queríamos penar que se utilizara el hogar como una boca de venta de droga. Me parece que con las correspondientes garantías judiciales hay que intervenir para desarticular ese enorme andamiaje. El cuento es el siguiente. Se dice que hay que atacar al grande y no solamente al chico. Pero si no atacamos el narcomenudeo, al tráfico chico, ¿cómo llegamos al grande? Aquí tenemos que sacarnos una suerte de vincha que se nos cae sobre los ojos y nos tapa la realidad en un tema de suma importancia.

Considero que hay que seguir bregando por que se combatan más frontalmente todas las acciones vinculadas al tráfico de drogas. Va a llegar un momento, más temprano que tarde, en el que no se va a discutir si aplicar más o menos penas como instrumento, sino que se va a pensar en llevar adelante un conjunto de acciones que propendan a generar una lucha contra ese tráfico. Estoy hablando de una sociedad chica como la nuestra porque se nos quiere comparar con otros países que son enormes, en los que ya hay un gran impacto en materia de drogas y es verdaderamente muy complejo atacarlo. Hay que realizar un trabajo muy importante en esta materia.

Algunos de estos instrumentos, más allá de que no sean una panacea, sean perfectibles y deban complementarse con otros, son importantes como avances para tener mayores y mejores resultados en el combate contra el narcotráfico.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor presidente: voy a comenzar diciendo que este es un proyecto que no me gusta, en varios sentidos, y voy a mencionar detenidamente cada uno de ellos.

En primer lugar, la oposición, con cierta ironía o quizás con un poco de hilaridad, ha señalado que este proyecto implica un aumento de penas que desnuda la verdadera política del Gobierno con relación a la lucha contra las drogas y el narcotráfico. Quiero desechar todo esto, porque en el período pasado votamos la ley de regulación del cannabis, que solo contó con los votos del Frente Amplio y que fue una ley destinada a darle al tema de las drogas y el narcotráfico un enfoque radicalmente distinto al prohibicionista. Ese es un enfoque que, de alguna manera, hereda América Latina, que es un continente productor de drogas, derivado del paradigma prohibicionista de los Estados Unidos, que pretendía defender a sus consumidores.

Creo que la política que ha seguido el Gobierno en este tema, sobre todo en el período pasado, ha sido muy audaz, muy propia, muy creativa, y está en línea con lo que están haciendo Colombia, México, etcétera. Hay un entendimiento muy distinto del que se ha expresado aquí sobre el tema de las drogas. Pero, más allá de eso, no puedo dejar de reconocer que este proyecto de ley abona en el terreno de la inflación punitiva, es decir, del aumento de penas. Y la verdad es que la evidencia empírica que tenemos sobre el aumento de penas, que se produjo especialmente durante los años noventa, muestra que el delito siguió produciéndose y aumentando. Esto sucedió a pesar de que aumentamos mucho las penas y en varios campos.

Es decir que la evidencia empírica indica que el aumento de penas no reduce el delito y, además, produce algunos efectos adicionales, como el hacinamiento carcelario. Y sí, los delincuentes son seres humanos; también tienen derechos humanos. No es que toda nuestra legislación esté destinada a proteger a los delincuentes, pero quien comete un delito solo está cercenado respecto de algunos derechos, no de todos. De manera que, desde el punto de vista de la evidencia empírica, creo que la inflación punitiva no sirve para nada, señor presidente. Lo voy a dejar dicho así, con todas las letras.

En segundo lugar, tengo un desacuerdo filosófico, valorativo, profundo sobre esto, independientemente de la evidencia empírica, y es que entiendo que la cárcel es la última solución. Acá está lleno de abogados y todos saben que nuestra teoría del derecho positivo viene de la teoría del derecho natural. La libertad y la vida son los derechos naturales y la base del derecho positivo más importante. Sin embargo, la cárcel está siendo implementada no como último recurso, sino como primero, sobre todo en América Latina, donde el uso y el abuso de la prisión preventiva han llevado a que el 60 % de la población carcelaria no tenga sentencia. Esto es una violación a los derechos humanos reconocida por las Naciones Unidas, en nuestro país y en el resto.

En tercer lugar, tengo un desacuerdo jurídico. Me parece que si estamos discutiendo un Código Penal, no nos podemos pasar aumentando penas acá y allá. ¿No era que estábamos discutiendo un Código Penal integral? Discutimos el Código del Proceso Penal, lo aprobamos y la idea era que tuviéramos una visión integral respecto del Código Penal.

No se trata de discutir proyectos que van siendo –y aquí viene mi cuarto desacuerdo, que es político– un poco aprobados también al grito de la tribuna. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que una ley es solo una parte de una política pública. Ahora bien, para aquilatar una política pública hay que evaluarla. Y hay que evaluar las consecuencias anticipadas de la política pública que se inicia con la aprobación de una ley. Todos los que han tomado el curso que se dicta en el Parlamento lo saben, y además Gerardo Caetano y Oscar Sarlo hicieron un manual de práctica parlamentaria que dice que antes de aprobar una ley los legisladores deberíamos pensar en las consecuencias que la política pública que se instala como resultado de su aprobación va a tener en la población. Nosotros no hacemos eso; nosotros votamos leyes sin indagar los impactos que va a tener la política pública que dispara esa ley sobre la población. Y creo que este proyecto de ley no prevé algunos de esos impactos a los que me voy a referir más adelante.

De manera que este proyecto de ley no me gusta. Lo voto a disgusto y por disciplina partidaria, por estos cuatro aspectos que acabo de mencionar.

Sin embargo, también creo que el Gobierno ha tenido lo que se llama una política dual en materia de drogas, es decir, una política por sustancia. Entonces, respecto de la marihuana tenemos algunas cosas, y luego, respecto de otras drogas, otras. Pero lo que primó en realidad –y me parece que es el espíritu político que anima a la izquierda en relación con este tema de las drogas– es que nosotros tenemos que proteger a los consumidores y tener una regulación sanitaria. Además, hay que tener en cuenta que como país tenemos un recorrido ejemplar en América Latina en este sentido, porque hemos dado a la cuestión de las drogas un enfoque diferente al prohibicionista. En esto nos hemos asociado con Brasil, con Colombia, con México. La OEA está discutiendo estas cosas.

La verdad es que me gusta cómo hablan aquí sobre las drogas, como si el alcohol y el tabaco no lo fueran. No, señor, son drogas. Pero son legales. Entonces, hay una especie de sesgo valorativo negativo hacia las drogas que son criminalizadas, pero las criminalizamos nosotros. ¿Y las otras? ¿No hacen mal? ¿No hacen daño? ¿Los psicofármacos que consume el 27 % de la población no son drogas? ¿No lo es el alcohol que consume el 90 % de los uruguayos? La gran droga del Uruguay no es la cocaína ni la pasta base, es el alcohol. Y si yo propusiera restringir su consumo prohibiendo, estoy segura de que no encontraríamos los votos para eso en este plenario.

El 90 % de los uruguayos consume alcohol, el 50 % lo hace habitualmente y el 25 % tiene un consumo problemático. A su vez, el 27 % de los uruguayos consume psicofármacos y una cuarta parte de ellos, sin prescripción médica. El 25 % consume marihuana. Pero la pasta base, que nos desvela a todos, es consumida por el 0,7 %. Estamos haciendo toda una discusión sobre la pasta base, que la consume el 0,7 % de la población.

Hemos escuchado al anterior director de la Junta Nacional de Drogas –muchos de nosotros estábamos aquí en el período pasado– hablar incansablemente sobre el tema de las drogas y decir que el problema no es la sustancia sino la adicción. Está claro que no todos los consumidores de alcohol son unos borrachos y unos alcohólicos; hay una relación entre la persona y la sustancia. Legislar y correr atrás de la sustancia no tiene ningún sentido. Es el vínculo de la persona con la sustancia lo que determina si es adicta o no. Además, vamos a entendernos: la prohibición no ha determinado la baja del consumo sino que, por el contrario, ha aumentado en todo el mundo.

Voy a hacer una crítica al partido de gobierno –no preciso que nadie la haga; la hago yo– por nuestra oscilación entre el paradigma regulacionista y el paradigma prohibicionista de las drogas. ¿Por qué lo digo? Porque por infracción a la ley de drogas, procesamos y detenemos cada vez a más gente. Y nosotros sabemos que estas infracciones vienen determinadas por las convenciones internacionales, porque el Uruguay nunca fue un país productor de drogas.

Hay un artículo en el proyecto de ley sobre el aumento de penas para la producción de drogas. ¿Qué drogas se producen en el Uruguay? Alcanza con ver las cifras: la droga que se incauta en toneladas es una droga de tránsito, no la produce el Uruguay. No hay un laboratorio que produzca drogas sintéticas, pero allá tenemos un aumento de penas para su producción.

El gran problema latinoamericano, señor presidente, es que es un continente productor de drogas, y por eso sufrió el paradigma prohibicionista que le impusieron las convenciones internacionales, pero principalmente Estados Unidos –que tiene un gran poder en el mundo–, porque quería defender su mercado de consumo. ¿Respecto de quién? De nosotros, los pobres productores.

Cada vez tenemos más detenidos y procesados por infracción de la ley de drogas. No me importa tener detenidos y procesados por lesiones a la vida, por violencia –que está «salada» en este país–, hasta por infracciones a la propiedad privada, pero sí me preocupa tener cada vez más detenidos y procesados por infracción de la ley de drogas. Todos quienes estamos en este tema sabemos muy bien cómo ha venido en el mundo, primero por la producción de opio en China y después para abajo. Y nosotros, sin comerla ni beberla, tenemos las cárceles llenas por esta causa. Pero lo que más me preocupa, señor presidente, es el aumento del número de mujeres que están siendo procesadas: un cuarto de las presas de Cabildo están siendo procesadas por drogas. Se procesan 140 personas por año, y en diez años, señor presidente, duplicamos el número de personas detenidas y procesadas por delitos relacionados con las drogas.

Tengo sobre la mesa una nota del diario El Observador con declaraciones del titular de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Walter Menéndez. El artículo comienza diciendo: «Los procesamientos por venta de drogas crecieron en 2015 en Montevideo en comparación con el año anterior, al pasar de 291 a 454…». Quiere decir que duplicamos en el 2015 el número de detenidos y procesados. En cuanto a la venta de estupefacientes –que es de lo que trata esta ley–, se pasó de 936 a 1237 procesados entre 2014 y 2015. En Montevideo los enjuiciamientos por tráfico de drogas crecieron más de la mitad. Así que imagínese, señor presidente, el impacto que va a tener un aumento de penas para el tráfico determinado por esta figura de la organización del tráfico.

Nosotros decimos que no queremos ir contra el narcomenudeo, pero la oposición dice que quiere ir contra el narcomenudeo. Quiere decir que estamos aprobando una ley con dos interpretaciones completamente distintas. Para el Frente Amplio esto no determina el procesamiento del microtráfico –no es tráfico chiquito; es microtráfico–, pero la oposición aprueba esta ley porque determina el procesamiento con prisión y la inexcarcelabilidad del microtráfico. De manera que estamos aprobando un proyecto de ley en el que las señales que estamos dando a los jueces o a los operadores jurídicos que vengan a leer las actas de la discusión de este proyecto entrañan dos concepciones radicalmente distintas.

Walter Menéndez dice que la suba en el total de procesamientos obedece a la nueva estrategia desplegada en 2015 por la repartición y que apunta a combatir las bocas de venta de droga en los barrios, a lo que se ha referido muy extensamente el señor senador preopinante. Y habla de atacar el narcomenudeo, etcétera.

¿Qué dice lo que hay en el mundo sobre esta estrategia de ataque? En nuestro caso nos referimos a la boca de pasta base, pero vamos a llamarle «microtráfico». En Uruguay será el problema de la pasta base, pero ya hicimos una ley, señor presidente, para reprimir el tráfico de pasta base. Los jueces se vuelven locos tratando de determinar qué es pasta base y qué es cocaína, porque es lo mismo. Todo es coca. Lo que ocurre es que en un caso es clorhidrato y en el otro se dice que es una mezcla de cocaína con ácido sulfúrico, etcétera. Lo que mata a la gente no es el ácido sulfúrico ni el veneno con el que se corta la droga, sino la adicción a la droga. Y lo que mata a la gente es si la droga se bebe, se come o se inhala. No vamos a lograr controlar la sustancia para que no tenga veneno; lo que mata es la adicción. Pero volvimos locos a los jueces obligándolos a determinar la diferencia entre la pasta base y la cocaína. Eso no es inteligencia política.

Voy a hacer referencia ahora a un trabajo del Woodrow Wilson Center titulado La rebelión de las redes criminales. El crimen organizado en América Latina y las fuerzas que lo modifican. Allí se dice: «Las organizaciones criminales –en América Latina– buscan ganar mayor autonomía, pasando de depredar bienes existentes en la sociedad –el robo es un ejemplo de eso– a ofrecer productos ilegales que esta sociedad demanda a pesar de las prohibiciones». La prohibición, señor presidente, no cambia en nada la demanda creciente y sostenida de productos ilegales.

Más adelante, en ese mismo informe, hay diez recomendaciones para responder al desafío del crimen organizado en época de rebelión de las redes criminales.

La primera de ellas es cambiar la manera de medir los «éxitos». ¿La contabilidad de muertes, capturas e incautaciones es un éxito, señor presidente? Si cada vez hay más gente que consume, si cada vez hay más organizaciones criminales, si la criminalización del narcotráfico lo único que hace es robustecer y engordar las redes criminales, ¿qué éxito estoy teniendo? Ninguno.

La segunda recomendación es contener la expansión de los mercados ilegales locales, pero con una estrategia de represión de los grandes proveedores, no de los chicos.

Otra recomendación es trascender el monólogo del narcotráfico. Un experto argentino que había trabajado en la policía de ese país decía que si se sigue la ruta de la droga se termina en una villa, un asentamiento, una favela, pero si se sigue la ruta del dinero, se termina en la política, en los jueces, en las altas esferas de la sociedad. Son dos rutas que nos llevan a lugares muy distintos, señor presidente. Yo quiero terminar en la ruta de arriba, porque el pescado muere por la cabeza. No quiero terminar deteniendo mujeres y menores. Y estamos deteniendo muchos menores y muchas mujeres, que son la punta de la cadena, la subalternidad social de este país.

Más adelante se recomienda llenar los vacíos de poder con institucionalidad. Alguien dijo que acá no entró la droga porque nosotros no se lo permitimos, igual que en Chiapas. Mientras México estaba devastado por la droga, parecía que Chiapas estaba a salvo. ¿Por qué? Porque había organización popular de base. Señor presidente: la criminalidad se detiene con comunidad organizada, con empoderamiento, no con represión, porque la represión mina todavía más –si es solo represión– la poca organización social que tenemos en los sectores populares.

Otra de las principales recomendaciones es, por supuesto, interrumpir el flujo de armas. Lavado de activos, tráfico de armas, narcotráfico y trata de personas es el combo del crimen organizado, pero nosotros «dale con el narcotráfico».

La última recomendación es abrir espacios de ciudadanía en contextos de violencia. Sobre el punto en este trabajo se dice: «El primer paso es reconocer a las comunidades como sujetos activos en la superación de la violencia y la contención de la criminalidad. Los pobladores locales tienen un papel protagónico en las estrategias de seguridad, lo cual requiere superar el enfoque del ciudadano-informante –el ciudadano “buchón”–, e identificar y apoyar mecanismos de resiliencia e iniciativas que contribuyan a la reconstrucción del tejido social». Allí donde no hay Estado, donde no hay políticas sociales, donde no hay escuelas, pensar en llenar ese vacío de Estado con represión es el gran error y el gran problema que han tenido las políticas de combate al narcotráfico en América Latina.

En síntesis, ¿qué opino del proyecto de ley? Considero que es un retroceso con relación a la Ley n.° 19172, del año 2013. Creo que volver inexcarcelables algunas situaciones de la vieja ley de drogas es más presión sobre el sistema penitenciario, y todavía no sabemos qué vamos a hacer con esa política, porque también tenemos una discusión acá, a saber: si las cárceles van a ser mecanismos de rehabilitación de los ciudadanos o si la gente va a salir peor de ellas. Ya pensar que internando a alguien lo vamos a sacar mejor es algo que deberíamos, en principio, cuestionarnos. Y con esto no me refiero solo a las cárceles, sino también a la internación de los adictos, de los viejos, de los locos. Toda esa política de privación de libertad para todo aquello que nos cause un problema en la sociedad es una política de sacarnos los problemas de arriba. ¡Que vayan y los internen! ¡Sáquemelos de la vista, doctor! ¡Sáquemelos de la vista, señor juez! Pero todo eso lo producimos nosotros mismos; no hay otra fuente de la que salgan los ciudadanos que no sea de esta misma sociedad chiquita, como se dijo aquí.

Ya dije lo que dije sobre la pasta base, la cocaína, el ITF y toda esta cosa para diferenciar lo indiferenciable, porque el problema de la muerte o del deterioro de las personas por consumo de sustancias se vincula con la relación que tienen con esa sustancia y la cantidad de veces que la consumen. Legislar por sustancia es lo peor que se puede hacer.

Por otra parte, señor presidente, las mujeres son procesadas tanto por el artículo 31 como por el artículo 34 de la ley de drogas, por lo que aprobando esta propuesta así como está no vamos a tener garantías de que las mujeres de las bocas de pasta base no sean procesadas.

Hay algunas otras cosas que mis compañeros ya me escucharon decir hasta el cansancio, pero igualmente las voy a expresar aquí. La Junta Nacional de Drogas tiene la Estrategia nacional para el abordaje del problema drogas en Uruguay para el período 2016-2020; este es el marco político. Si nosotros no hacemos referencia a esa estrategia nacional para el abordaje del problema de las drogas y no incluimos a la Junta Nacional de Drogas en toda esta comisión de lucha contra el narcotráfico, corremos el riesgo de desequilibrar el abordaje integral y de dar rienda suelta a la parte represiva y esta es, básicamente, la razón de mi desacuerdo con el proyecto de ley.

Aquí hay un informe técnico sobre alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con drogas producido por la OEA, señor presidente, ¡por la OEA! Quiere decir que no se trata de ningún partido de izquierda trasnochado y jipi el que hizo este documento. ¿Qué dice este documento de la OEA? Que la represión indiscriminada a través de la aplicación de medidas severas para la infracción a la ley de drogas recae «sobre los eslabones más débiles», que la «utilización irreflexiva del derecho penal, muchas veces traducida en la proliferación de nuevos delitos, el aumento de las penas y el encarcelamiento indiscriminado» aumenta la vulnerabilidad social; que el derecho penal debe ser «concebido como la más grave de las formas de reacción del Estado frente a comportamientos desviados» y que en América Latina la cárcel se usa como primera y no como última solución. Dice cosas más duras todavía.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA MOREIRA.- La voy a conceder después porque ahora estoy en plena escalada hablando sobre estas cosas.

Ese informe también dice que el aumento o expansión de penas criminales en el campo de las drogas tiende a ser un indiferenciador de las conductas –es decir que penamos, al barrer, toda conducta que tenga que ver con las drogas– y que esto aumenta la vulnerabilidad de los eslabones débiles del tráfico.

Hay países donde los delitos relacionados con las drogas representan la primera o segunda causa de encarcelamiento de las mujeres; el Uruguay va camino de eso, ¡va camino de eso! La tasa de encarcelamiento de mujeres en América Latina ha registrado el mayor aumento a nivel internacional.

Debemos tener alternativas al encarcelamiento para las llamadas «mulas», señor presidente, que son mujeres y menores usados –y hay películas con esta temática– para transportar drogas y que, en general, están en situación de vulnerabilidad total. Y, ¿qué hacemos? Los llevamos presos. Sabemos que hay personas que trafican con drogas porque son adictas, y ¿qué hacemos con toda esta gente? La metemos presa. Reitero que hay que buscar alternativas al encarcelamiento.

El informe también dice –y nos cuesta escuchar esto porque creemos que vamos a mejorar a la gente llevándola a la cárcel–, que los efectos del encarcelamiento superior a un año pueden aumentar la reincidencia y los problemas en vez de disminuirlos.

Ahora concedo la interrupción que me había solicitado el señor senador Heber.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Puede interrumpir el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: vengo escuchando atentamente a la señora senadora Moreira y, a mi juicio, en la exposición que viene realizando mezcla algunos temas. Este no es un proyecto de ley que castigue el consumo sino el narcotráfico. ¿Por qué digo esto? Porque trae el tema del alcohol, que es una droga y genera mayores dependencias –nadie está diciendo lo contrario–, pero su tráfico ilegal también se castiga, siempre en comparación de sus consecuencias sociales con las de otros tipos de drogas, porque impactan en forma diversa sobre la sociedad.

Sigo escuchando a la señora senadora Constanza Moreira y, por lo que señala, parecería que quien comete delito por el hecho de ser, en este caso, mujer, jefa de hogar o menor, no debería ir a la cárcel; ese es, básicamente, el argumento que está esgrimiendo. Nosotros creemos que eso es muy contraproducente con respecto a la mujer y a la menor porque si mañana tomamos algún tipo de medida por la que, por el hecho de ser precisamente mujer y menor le damos una suerte de impunidad, van a ser usadas como agentes de distribución de droga mucho más que el resto de la población.

Entonces, lejos de ayudar a combatir la explotación que se hace de la mujer humilde y pobre y, sobre todo, de la mujer menor, la tesis de la señora senadora Moreira llevaría a multiplicar varias veces la utilización de estas personas. En realidad, las organizaciones que explotan a la mujer –y, sobre todo, si es menor– son las que, de alguna manera, saben que ella puede obtener una mayor benevolencia respecto a la aplicación de una pena y, por lo tanto, la utilizarán y la explotarán más de acuerdo con la tesis de la señora senadora Moreira. Su conclusión es que no deberíamos llevar presas a las mujeres o a los hombres en cuanto tengan una situación de compromiso social y que, de alguna manera, sean jefes de hogar. Entonces, el narcotráfico estará muy claramente instrumentado para usar a estas personas como agentes y a esta enorme cantidad de personas le vamos a generar la misma utilización y explotación de que son objeto hoy. Si no buscamos la penalización para este tipo de delitos y del narcomenudeo, va a ser naturalmente atractivo para el crimen organizado usar a este tipo de personas.

Entonces, no sé dónde termina el razonamiento de la señora senadora. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la propuesta? Dice que lo que queremos es encarcelar a todo el mundo. No, a todo el mundo no, sino a aquellos hombres y mujeres que son parte de una cadena de distribución de la droga. A ellos hay que penalizarlos, así como también a quienes obtienen el beneficio económico de esto. No voy en un sentido flechado de penalizar solamente a la gente de los barrios marginales que vende droga y no a quienes utilizan a esas personas y generan el beneficio económico. No; la lucha contra el narcotráfico es en su totalidad, es contra aquel que termina siendo la boca de salida y también contra el que genera y obtiene el beneficio. Tal vez se deba castigar con más contundencia y más penas a este último, si se quiere, con mucho más rigor para quien obtenga un beneficio económico de esto, a los barrios acaudalados o económicamente estables, a los políticos o a los jueces que mencionó la señora senadora Moreira. Podríamos ser mucho más duros porque la lucha contra esto es global. En lo personal, no me llegan, señor presidente, las opiniones de que estas son prácticas internacionales que han fracasado. ¡No es así! Se afirman cosas pero no se demuestran. Se dice que el aumento de penas no ha generado una regresión del delito y tampoco es así; hay miles de lugares en el mundo donde, justamente, la posibilidad de combatir el delito y aumentar las penas ha generado un franco retroceso de la delincuencia.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Le comunico a la señora senadora que dispone de un minuto.

SEÑOR CARÁMBULA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone la oradora.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–21 en 22. Afirmativa.

Puede continuar la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor presidente: ya estaba terminando mi exposición, pero las reflexiones del señor senador Heber me obligan a hacer una digresión.

Me hubiera encantado haber tenido estas discusiones antes de traer el proyecto de ley al plenario. No es aquí donde debemos discutir –porque ya tenemos los votos–, sino que hay que hacerlo antes para elaborar mejores leyes y para que en ellas estén incluidas mejores evaluaciones de las políticas.

Sobre si el aumento de penas ha reducido los delitos, cabe aclarar que los números están y muestran lo contrario: hemos aumentado las penas y cada vez tenemos más delitos en el Uruguay. A mí me encantan los números y las estadísticas, y estas van en el sentido contrario. La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas en América Latina, que está en la OEA, fue inicialmente disparada por Fernando Henrique Cardoso, por Gaviria y por Zedillo, y ahora se ha sumado Santos. Recomiendo que vean Guerras ajenas, que es un documental de HBO sobre las drogas, que se exhibe casi todos los días. La discusión radica en que la guerra contra las drogas no solamente ha sido un fracaso, sino que ha aumentado el número de consumidores en toda América Latina, la criminalidad, la violencia y la rentabilidad.

Quiero aprovechar para expresar algo que me había quedado por el camino: no es verdad que quienes van a delinquir no conocen cuáles son las penas ni que el incremento de las penas sea disuasorio del delito. También les aconsejo a los señores senadores que vayan a ver una obra de teatro, que está en cartel hace diez años, que se llama Rescatate y trata sobre unos muchachos que asaltan un local de Abitab de Malvín. Esa obra demuestra exactamente lo contrario a lo que se viene diciendo: si aumenta la pena, aumenta el riesgo que una persona está dispuesta a asumir como resultado del delito que comete. Además, los economistas –que han estudiado el tema del narcotráfico– hacen hincapié en el tema de la información y de los riesgos. Cuando aumenta la penalidad, el narcotráfico se vuelve cada vez más micro, más fragmentado, más disperso y eso incrementa los riesgos que se está dispuesto a correr. Y cuando hablo de los riesgos que se está dispuesto a correr, me refiero a si se utiliza un arma o no, etcétera.

Para hacer una reflexión más positiva, quiero decir que es negativa la evaluación que tenemos sobre la guerra tradicional contra las drogas, con excepción de algunas experiencias puntuales. Y voy a mencionar nada más que dos. Una de ellas se llama Back on track, y está dirigida a infractores de entre 18 y 30 años de edad que no tienen condena previa, que han sido acusados por microtráfico, pero que no han incurrido en violencia. Es un programa que dura entre doce y dieciocho meses, en el que se trabaja con ONG locales. Es una medida de trabajo para esta población con penas alternativas. Menciono también la reforma del artículo 77 de la Ley n.º 8204 para mujeres en Costa Rica. La reforma permite que las mujeres procesadas que se encuentren en condición de pobreza, sean cabezas de hogar en situación de vulnerabilidad o tengan bajo su cargo a personas menores de edad, adultos mayores o con alguna forma de discapacidad, puedan beneficiarse de prisión domiciliaria, libertad asistida, centros de confianza o libertad restringida con dispositivos electrónicos. Menciono dos ejemplos distintos, pero existen muchos más para menores y para mujeres.

La conclusión a la que llegó la OEA es que hay que reducir el procedimiento penal, limitar el uso del encarcelamiento como retribución o como sanción y disminuir el tiempo efectivo de privación de libertad. Creo que con este proyecto de ley estamos yendo en la otra dirección. Estoy en desacuerdo con el proyecto de ley por cuestiones filosóficas pero, además, por considerar que la orientación es equivocada. Lo digo con propiedad porque me he pasado asistiendo a cumbres sobre las drogas. Creo que podemos concluir que el aumento de penas no ha mejorado el problema de los delitos y me parece que la izquierda, el Frente Amplio, tiene que ser más firme –con acuerdos multipartidarios o sin ellos– sobre la inflación punitiva en el Uruguay, fundamentalmente porque nuestro país viene de otra tradición. El Uruguay viene de la benignidad penal, no de una tradición penalista dura.

Las visiones para el tema de las drogas que no pasan por un enfoque penalista, de privación de libertad, son más complejas; hay que involucrar a la comunidad y llevar adelante políticas sociales. Nosotros queremos ir simple y rápido, pero en esto no hay atajos y cualquier padre o madre que haya tenido un hijo con problemas de este tipo lo sabe.

Gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: he solicitado la palabra porque se ha dicho que la oposición y el oficialismo discrepan en lo que refiere a la interpretación de lo que estamos analizando. Creo que la discusión proviene de la diferencia que existe entre los artículos 34 y 31 del proyecto de ley.

A mi juicio, la venta que se hace en las bocas de pasta base, y en lo que se llama narcomenudeo, ingresa dentro de la previsión del artículo 31 por el cual muchos jueces han procesado. Sé que otros han procesado por el artículo 34 porque los tipos penales parecen similares, pero para mí la venta claramente cae dentro del artículo 31. Hago referencia a esto para que si alguien el día de mañana lee la historia fidedigna de la sanción de esta ley, sepa que estamos interpretando eso.

Con respecto a la OEA, me parece bien escucharla, pero también escuchémosla en otros temas porque la OEA está hablando duramente sobre algunos asuntos, y miramos para otro lado. Entonces, si la vamos a escuchar, vamos a escucharla siempre, no cuando nos conviene. Antes de que me llame la atención el señor presidente, sé que no es el objeto de este tema, pero ya que lo trajeron aprovecho para pasar el aviso.

En cuanto a la marihuana y a su aprobación, creo que no nos tenemos que olvidar de que cuando aprobamos la ley nos dijeron que iban a hacer una campaña educativa contra su consumo y votamos varios artículos por ello. Sin embargo, estoy esperando la campaña educativa contra la marihuana. No han destinado ni un peso a esos efectos. Dijeron que iban a hacerlo, pero parece ser que ahora la marihuana es buena y dale que va. Tenían que hacer una campaña educativa contra el consumo de la marihuana de acuerdo con la disposición de la ley y no han hecho nada.

Respecto a la gran frase que se repite a cada rato –acá estamos en la época de los eslóganes–: «El aumento de las penas no disminuye los delitos», lo dicen así como si fuera una verdad revelada. Hay estudios muy fundados que dicen que es así. Obviamente no alcanza con aumentar las penas; una vez que alguien va preso, debemos tener una política de reeducación y para ello es necesario cambiar nuestro sistema carcelario actual. A esos efectos, acompañamos la creación del Instituto Penitenciario Nacional, cambiándole la óptica y sacándolo de la órbita del Ministerio del Interior. Entonces, hay que tener una mirada holística, como se dice ahora. Si quieren profundizar en el tema de que aumentar las penas disminuye los delitos, hay un estudio del economista Steven Levitt de la Universidad de Chicago, que se llama The effect of prison population size on crime rates: evidence from prison overcrowding litigation. The quarterly journal of economics, 1996. Aporta estudios muy concretos según los cuales la evidencia empírica en el contexto estadounidense y sus modelos econométricos demuestran una drástica caída en la propensión a cometer delitos entre los delincuentes cuando pasan a ser adultos y reciben penas más altas. Se acredita ese cambio en la conducta, que se debe a la severidad de las penas contra los adultos, y se estima que el porcentaje de que se trata baja un 25 %.

Por su parte, el estudio de Gary Becker Crime and punishment: an economic approach, publicado en Journal of Political Economy, introduce en el estudio de la criminalidad la teoría del rational choice, esto es, de la elección racional. Porque, ¿quién puede decir que un aumento de pena no va a tener, por lo menos, algún tipo de efecto disuasivo? ¿Quién puede negar eso?

Termino diciendo que hay que reconocer a la señora senadora Moreira la claridad y contundencia de sus expresiones. Lamento no felicitarla –en realidad felicité a los otros integrantes del oficialismo por otro motivo–, pues discrepo con ella, pero sí creo que ha sido valiente al exponer su pensamiento aquí de la forma en que lo hizo.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: si bien fui aludido, no obtuve respuestas. Me hubiera gustado que se me contestara y que profundizáramos en la discusión, ya que la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda no va a sesionar debido, justamente, a este debate en el Senado.

Debo decir que como legislador he tenido varias experiencias en esta casa. Recuerdo que cuando fui electo diputado por el departamento de Rivera, tuve una polémica interna, en nuestro sector político, con el senador Ortiz; es claro que fue por otro tema pero el ejemplo viene al caso. En lo personal, era partidario de proteger a los inquilinos, por lo que acordé en la Cámara de Representantes un proyecto de ley por el que se establecían franjas en función de los ingresos. El senador Ortiz, por su parte, acusado en aquel momento de ser partidario de los propietarios, prefería no establecer una regulación en los alquileres. Ambos tuvimos una discusión muy fuerte dentro de mi bancada y él me dijo: «Usted está equivocado. El que defiende a los inquilinos soy yo; usted los está perjudicando». No le hice caso, señor presidente, y voté un proyecto de ley que establecía bonificaciones a los inquilinos en función de determinadas franjas. Al poco tiempo de vigencia de la ley, vino un estudiante de Rivera a alquilar en Montevideo y no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenía ingresos, entonces, ningún propietario le alquilaba una casa debido a la ley que yo había votado pensando que estaba ayudando. ¿A qué viene este ejemplo, señor presidente? A que debemos tener mucho cuidado cuando queremos proteger a las personas. A la mujer menor que mencionaba la senadora Moreira no se la protege resguardándola legalmente; se la desprotege porque va a ser usada, y esto es lo que me hubiera gustado traer al debate. En realidad, señor presidente, ¡quien protege a la mujer menor soy yo, penalizando, y no despenalizando! Al despenalizar la hacemos carne de cañón del narcotráfico que quiere recaudar plata y termina en los barrios adinerados, en los Gobiernos o en la Justicia, como muy bien dijo la senadora Moreira.

Reitero: ¡quien defiende a esa mujer soy yo, no ella!

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señor presidente: como el señor senador Bordaberry mencionó a Gary Becker y otros estudios, no voy a aburrir al plenario con más información, pero por supuesto que el informe de la OEA dice «la solución para aumentar la seguridad pública no pareciera ser tan simple como el aumento de la encarcelación. En primer lugar, no hay una relación consistente entre los índices de delincuencia y las tasas de encarcelamiento». Con mucho gusto después puedo pasar al señor senador Bordaberry toda esta bibliografía –escrita en idioma inglés– pues, como dije, no voy a aburrir al Cuerpo leyendo esto ahora. También hay una vasta bibliografía sobre la evidencia de que el encarcelamiento por más de un año puede conducir a un aumento de la posibilidad de reincidencia, y para muestra basta un botón: efectivamente, hemos tenido un aumento de la penalidad en el Uruguay en las dos últimas décadas y el delito siguió creciendo. Quiere decir que hay que trabajar más, hay que trabajar mejor, hay que desarrollar una visión compleja de los problemas y hay que tener más políticas sociales y menos cárceles.

Con respecto al tema de las mujeres, simplemente digo al señor senador Heber que no es que las defienda más, sino que, como soy feminista –«¡qué horror!»–, ante cada política y cada proyecto de ley que aprobamos siempre pienso en cómo pueden afectar a las mujeres. No es que sea su mejor defensora, pero pongo el ojo en esa población y especialmente en las mujeres en situación más vulnerable. Es mi obligación como feminista evaluar cada política con esa mirada.

Muchas gracias.

SEÑOR GARCÍA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente: ante todo quiero hacer una breve anotación política sobre la aprobación del proyecto de ley que estamos considerando.

Si hubiera un senador del oficialismo que no votara esta iniciativa, el resultado final no cambiaría porque el resto de los partidos políticos vamos a acompañarla. Por lo tanto, si alguien –obviamente, me refiero a la senadora Moreira– piensa que esta norma es tan mala, tan perjudicial, tan violatoria de sus principios, no tiene por qué votarla. Ahora bien; si la vota, debe hacerse cargo. Si la vota –como dijo que iba a hacerlo– su voto tiene el mismo efecto que el voto del senador Bordaberry, del senador Heber o de cualquiera de los restantes senadores que estamos aquí. No vale ir al comité de base y decir que no comparte la ley pero que votó por disciplina partidaria. No. Los votos están. El que la vota se hace cargo. A los efectos del derecho positivo lo único que cuenta es la suma de los votos. En la promulgación no existen leyes que tengan una votación de acuerdo con la conciencia y, otra, de acuerdo con la disciplina partidaria; se cuentan los votos, nada más. No hay color en los votos, hay números. Por lo tanto, la senadora preopinante se va a hacer cargo de ir contra su conciencia y contra todos sus valores, y en la manifestación del voto va a demostrar que está de acuerdo con este proyecto de ley.

Insisto en que en este caso no faltan votos, sino que sobran. Entonces, el que vota está de acuerdo. La promulgación no viene con anexos incluidos sino con artículos y con el número final de votos. Cualquier argumentación que se use para votarla, lo único que hace es abundar en los criterios que se encuentran integrados en la norma.

(Ocupa la presidencia el señor Raúl Sendic).

–Por otra parte, desde mi punto de vista no vale la pena hablar sobre la efectividad o no de la mesa a la que fuimos convocados por el presidente de la república en presidencia. No abunda, porque tenemos criterios diferentes y cada uno de nosotros se expresó públicamente. La esperanza que teníamos cuando concurrimos –en lo personal, al menos, la tenía– era que el hecho de ser convocado todo el sistema político por el presidente de la república supusiera una diferencia en cuanto a los tiempos de tratamiento respecto del trámite parlamentario habitual. La realidad objetiva e incontestable es que a más de cuatro meses de la primera reunión no hay ninguna ley aprobada en el Parlamento. Eso es lo objetivo. A mí me gusta el fútbol, entonces, voy a poner el siguiente ejemplo. Los partidos no se festejan en el primer tiempo sino después de terminados los noventa minutos y el alargue en caso de que lo hubiere; no hay resultados en el primer tiempo. Por tanto, las medias sanciones son parte de un proceso pero no el resultado. Lo objetivo es lo que acabo de señalar. Y creo que esto se debe a que hubo falta de voluntad política.

En el día de hoy hemos tenido un ejemplo claro –que se verá concretado en unos instantes– de lo que pasa cuando hay voluntad política de aprobar una normativa. Ingresamos a sala con la voluntad política, expresada durante las últimas horas por la bancada del Frente Amplio, de aprobar un proyecto de ley vinculado a la OCDE que no pasó por comisión.

Durante todo el día de ayer, senadores del oficialismo nos invitaron a tratarlo en la sesión de hoy. En el caso del Partido Nacional, dijimos que para nosotros se trataba de un proyecto de ley muy importante pero que necesitábamos de su tratamiento en comisión. ¿Y qué fue lo que hizo la bancada oficialista? Expresó voluntad política. Lo primero que hizo el señor presidente cuando entramos a sala en el día de hoy fue anunciar que iba a haber un cuarto intermedio a los efectos de recibir al señor subsecretario de Economía y Finanzas en el Parlamento. Según informó el señor senador Larrañaga, fue muy buena la información que brindó en la Comisión de Asuntos Internacionales, lo que nos dio a los partidos la tranquilidad de poder realizar un tratamiento del tema informado y, por consiguiente, aprobar en la tarde de hoy otro proyecto de ley que no figuraba en el orden del día. ¿Por qué? Porque hubo voluntad política. Y cuando existe voluntad política, en un día se resuelve todo lo que haya que resolver: entrada de un asunto, pasaje a comisión, concurrencia de un subsecretario, informe de un ministerio, tratamiento en sala y aprobación; todo en un día. Esto es una demostración de voluntad política.

SEÑOR MIERES.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARCÍA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: todos sabemos cuánto insume, en general, el trámite parlamentario de cualquier proyecto de ley. El que hoy estamos considerando y vamos a aprobar en esta primera cámara ingresó el 11 de julio, es decir, hace un mes y algunos días. Y los otros que ya fueron aprobados aquí, que tienen media sanción y están en discusión en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, llegaron al Parlamento hace dos meses. Cuando se habla de falta de celeridad me parece que hay que aportar elementos como los que acabo de dar, que son objetivos y tienen que ver con fechas concretas, no con afirmaciones subjetivas sobre voluntades políticas que, en todo caso, no se expresan en la demora del tratamiento.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador García.

SEÑOR GARCÍA.- Señor presidente; aprovecho la interrupción que me ha solicitado el señor senador Mieres para completar la información que él brindó, aunque no sin antes pedirle que no me requiera una nueva interrupción porque, de lo contrario, no terminaré más de expresar mi pensamiento.

El señor senador Mieres y todos los que concurrimos a las reuniones de Torre Ejecutiva sabemos que este proyecto de ley que estamos tratando en el día de hoy, luego de ser acordado, tardó tres semanas en llegar al Parlamento. Tardó casi un mes para recorrer dos kilómetros de distancia, lo que dista entre Torre Ejecutiva y el Parlamento. ¡Dos kilómetros! ¡Luego de haber sido acordado, Presidencia de la República lo tuvo tres semanas encajonado! El señor senador Mieres lo sabe porque lo reclamó en las reuniones de los días martes; el señor presidente de la república miraba al señor subsecretario y le preguntaba qué pasaba. Reitero, ¡este proyecto de ley demoró tres semanas en recorrer dos kilómetros! ¡Por la lentitud, no clasifica para ninguna olimpíada! Si esta es la voluntad política que expresa rapidez o urgencia, ¡cómo será cuando no la hay!

No tiene sentido discutir sobre esto porque ya nos expresamos al respecto públicamente. Cuatro meses han pasado desde que se convocó y no hay resultados. Ninguna ley aprobada. Todo el resto es discurso. Esto es contante y sonante.

La semana pasada, cuando en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes se iba a considerar el proyecto de ley relativo a libertades anticipadas –que tratamos aquí hace dos meses–, se pidió postergación. Hubo expresiones públicas de legisladores oficialistas que dijeron no estar de acuerdo. Pero, en fin, quitando lo subjetivo, lo objetivo es que han transcurrido cuatro meses y no hay ninguna ley. Esta es la realidad y es incontestable.

Una breve anotación más antes de ingresar en la consideración del proyecto de ley, pues si estamos sentados acá es porque nos gusta la política, además de tener respaldo.

No se puede discutir si hay o no aumento de pena. Realmente no podemos discutir eso. La única diferencia radicaría en cómo se podría haber titulado este proyecto de ley. Si lo hubiese enviado el Ministerio de Economía y Finanzas, se habría denominado «de consolidación penal» porque a los aumentos los llama «consolidación», pero como lo mandó el Poder Ejecutivo, con la firma del Ministerio del Interior, se habla de «aumento de la imputabilidad». Ahora bien; si se pasa de la pena de prisión, que tiene veinte meses, a pena de penitenciaría, ¿con qué arte se puede demostrar que no se aumenta? ¡No podemos resistir la inteligencia! Aquí hay que hacerse cargo. ¡Hay que hacerse cargo! ¿Cuál es el razonamiento que lleva a decir «mire, aumento las penas pero, en verdad, no quiero hacerlo»? Si no las quiere aumentar, vote en contra. Si vota para aumentarlas, se aumentan. Busque la argumentación que quiera.

Por otra parte, es indemostrable que la consolidación penal, que el aumento de pena de hoy sea inefectivo. En legislaturas anteriores del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido Nacional –omito al Partido Independiente porque no tuvo la titularidad del Poder Ejecutivo– se votaron leyes de aumento de las penas. ¿Qué habría pasado si no se hubiesen aumentado las penas? Es indemostrable. Los abogados le llaman la prueba diabólica. No se puede demostrar que el aumento de penas no tiene efecto positivo sobre la limitación del delito; es indemostrable.

Dejo estas dos cosas anotadas al margen y voy al tema central. El proyecto de ley a consideración no tiene ni la profundidad ni la urgencia que hubiésemos querido, pero tiene elementos positivos y por eso lo votamos. Estoy absolutamente seguro de que todos, en mayor o menor medida y aun con diferentes acentos, tenemos claro que estamos tratando un tema que hace a la mayor amenaza que tienen las democracias modernas en el mundo. Así como hace un siglo las amenazas venían en barco y eran cañoneras, la mayor amenaza que tienen las democracias modernas es el narcotráfico. El narcotráfico corrompe y tira abajo Gobiernos, elige presidentes, infiltra partidos políticos, corrompe periodistas y policías.

SEÑOR HEBER.- ¡Apoyado!

SEÑOR GARCÍA.- Tenemos en nuestras manos un proyecto de ley que, obviamente, no va a terminar con eso –pues no llega a un grado de profundidad tal como para poder lograrlo, ni nada que se le parezca–, pero creo que en algún momento la democracia uruguaya tiene que luchar hombro con hombro y darnos cuenta de que este tema, que insuficientemente trata esta iniciativa, está en la base de la sobrevivencia de los sistemas democráticos. Si no enfrentamos el narcotráfico, las democracias, nuestra democracia –hablemos de la nuestra, de la uruguaya– corre peligro. Nadie puede decir que la democracia uruguaya está libre de que el crimen organizado vinculado al narcotráfico nos ponga o saque presidentes, nos corrompa y nos pudra los partidos políticos.

SEÑOR BORDABERRY.- ¡Apoyado!

SEÑOR GARCÍA.- Por lo tanto, señor presidente, este es uno de los temas más graves que tenemos. Quise hacer dos pequeñas digresiones políticas al inicio porque no quería contaminar eso con esta cuestión que es de fondo.

Podemos tener, como tenemos, diferencias en el tratamiento, pero creo que no podemos tenerlas en el diagnóstico. Si queremos que nuestras democracias y nuestros partidos políticos resistan el embate de la corrupción, de la contaminación y del crimen que significa el narcotráfico, debemos unirnos. Me parece que todavía no hemos valorado cabalmente el poder que tienen estas organizaciones que viven y perviven en Uruguay. Todos los días ocurre algún delito vinculado al narcotráfico, pero recordemos lo que ocurrió hace algunas semanas, a diez cuadras de aquí: cuerpos descuartizados, señales mafiosas. ¿Cuándo se vio eso en nuestro país? Mirábamos la serie de Pablo Escobar y pensábamos que esa clase de cosas pasaban en esa serie, pero no en el río Negro del señor senador Lafluf, no en nuestro Montevideo, no en el Uruguay de todos nosotros. Sin embargo, ¡está pasando acá, frente a nuestros ojos y todos los días!

Creo, señor presidente, que no estamos valorando en su suficiente magnitud el problema que tenemos por delante. Voy a votar, por ejemplo, en este proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo –porque aparte me comprometí y voy a honrar eso– todas estas comisiones que se forman. Sinceramente, señor presidente, creo que no es el mejor instrumento; voy a votarlo porque es parte de un acuerdo y cuando hay un acuerdo y se compone de varias partes, lo importante es honrarlo dando cuenta de que no hay que tener el compromiso total con cada una de las partes, pero sí con el conjunto.

En los primeros capítulos de este proyecto de ley se crea una Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo; se crea un Plan Nacional de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo y un Comité de Seguridad para los Pasos de Frontera. Pero, aparte, tenemos la Junta Nacional de Drogas. Yo creo, señor presidente, que hoy vamos a votar algunos elementos que se superponen a tareas que cumple la Junta Nacional de Drogas y que, en la práctica, va a ser muy difícil en algunas de las áreas que estamos votando hoy, separar las dos responsabilidades. Es más, los tres organismos, la Junta Nacional de Drogas, la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo y el Comité de Seguridad para los Pasos de Frontera, no solo tienen los mismos integrantes, sino que en algunas circunstancias es la misma persona la que preside los organismos. Creo que no es buena cosa que no haya contraposición de intereses entre estos organismos. Por supuesto, no estoy hablando del prosecretario de la Presidencia, doctor Roballo, sino del cargo, de la institucionalidad «prosecretario de la Presidencia», pero está presidiendo organismos que tienen competencias que se superponen, que son contrapuestas y algunas que son comunes. Es muy difícil que se presidan organismos diferentes con competencias comunes y contrapuestas; creo que es un error. En la materia de la lucha contra el narcotráfico las responsabilidades tienen que ser contrapuestas. Aclaro, por las dudas, que no estoy hablando del actual prosecretario, sino de cualquiera que sea: en el caso del combate al narcotráfico la responsabilidad es de quienes ejercen ese combate y tiene que ser diferente, debe haber contraposición, no puede haber coincidencias. Me parece que este es un elemento de garantía institucional del país. Insisto en que voy a votar este proyecto de ley, pero esta es una reflexión que quiero dejar planteada.

Con respecto a las modificaciones penales, señor presidente, creo que es un error no haber abordado todo lo que significan las modificaciones a los artículos 33, 34 y 35 de la actual Ley de Estupefacientes, que fue modificada después, pero es la ley madre; es un error porque, en buena medida, los dramas que hacen al suministro y al tráfico interno de drogas están en la base de la violencia de la sociedad. Simplemente, voy a leer el artículo 34 para saber qué es lo que nosotros dejamos inmodificado, sin tocar. El artículo 34, que no se va a modificar, dice que el que sin la debida autorización legal, a título oneroso o gratuito, suministrare, aplicare o entregare las sustancias incluidas en la lista mencionada en el artículo 1.º –aclaro que la lista es de decenas de sustancias– , o promoviere, indujere o facilitare su consumo, será castigado con pena de veinte meses a ocho años de penitenciaría. Este es el artículo de la ley vigente. Este es uno de los delitos que estamos dejando afuera, es decir, sin modificar en su penalidad.

Quiero hacer una anotación al margen, señor presidente. Aquí estamos presentes personas con diferentes habilidades desde el punto de vista laboral, idoneidades, gente que sabe de agro, de industria, de economía, de ciencia política y algunos que sabemos poco de medicina. Pero es insustentable, no se puede sostener lo que se dijo en sala, en cuanto a que lo que mata es la adicción y no la sustancia. Es un error científico básico. Recomiendo leer algún estudio, como por ejemplo, del Instituto Clemente Estable, que todos sabemos que es muy serio y trabaja muy bien. Hay un trabajo –la persona a quien se lo estoy recomendando ya sabe quién es–, un estudio hecho por José Pedro Prieto y Cecilia Scorza, que recomiendo, que habla de las diferencias entre la pasta base de cocaína y la cocaína. Está demostrado científicamente desde el año 2010 que en el caso de la pasta base de cocaína lo que mata son las sustancias que se utilizan para procesarla: ácido sulfúrico y querosén. Se hacen cultivos de tejidos con pasta base y con cocaína, que demuestran que lo que mata la neurona no es la sustancia cocaína, es el ácido sulfúrico y el querosén, es decir, lo que se utiliza en el proceso. Voy a leer este estudio, que es del año 2010, porque es bien interesante y como es un tema de mi disciplina me gusta estar bien documentado. Dicen estos dos investigadores, después de hacer los estudios, que los resultados permitieron demostrar lo siguiente: «La PBC tiene un enorme potencial neurotóxico, es decir, induce muerte neuronal llegando incluso a matar a todas las neuronas del cultivo. De manera muy interesante, la muestra de cocaína pura no produjo muerte neuronal. Esta diferencia nos indica claramente que el alcaloide cocaína presente en las muestras de PBC no sería el responsable de la propiedad neurotóxica de la PBC, hecho que nos lleva a enfocar la atención en los otros componentes presentes en la PBC. Este resultado es muy significativo, puesto que hasta el momento no se contaba con datos científicos que definieran la propiedad neurotóxica de la PBC desde el punto de vista neurobiológico».

Quería desmentir científicamente algo que se dijo acá, que creo se dijo sin fundamento técnico.

SEÑOR CARÁMBULA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR GARCÍA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Carámbula.

SEÑOR CARÁMBULA.- Vengo siguiendo con total atención la intervención del señor senador y, además, particularmente, en estos estudios que compartimos en los que ha trabajado muy bien el Instituto Clemente Estable, desde largo tiempo, sobre los efectos neurológicos de las diferentes drogas. Creo que la descripción que hace muy bien el señor senador que toma el trabajo acerca de la toxicidad de algunos de los componentes preparados de la pasta base, no hacen al tema de fondo, que es la adicción. Eso lo podemos pensar en cada uno de los ítems principales de la droga, sea el alcohol, el tabaco, la cocaína o la marihuana. La adicción es la determinante central de los daños que provocan estas drogas puesto que, por ejemplo, usada en forma medicinal la marihuana tiene muy buenos efectos cuando está prescripta adecuadamente y no en el marco de la adicción.

Quería hacer esta aclaración en el sentido de que a la descripción que bien lee el señor senador, no solo de la droga, sino de los componentes que hacen a la dilución, nosotros no podemos dejar de subrayar desde el punto de vista biológico y técnico, los efectos de la adicción, que son los que verdaderamente hacen que se encadenen en serie, es decir, el alcohol lleva a la droga, etcétera, y todo lo que nosotros conocemos en ese sentido.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero despedir a los alumnos presentes en la barra antes de que se retiren.

Muchas gracias por su visita.

Puede continuar el señor senador García.

SEÑOR GARCÍA.- Lo decía porque acá se afirmó que lo que mata es la adicción y no la droga. No, no; mata la droga, que produce adicción. No hay drogas que no maten y que no generen adicción.

Quiero hacer pie en algo a partir de lo que recién mencionaba el señor senador Carámbula: cuando se discrepa con este tipo de políticas hay que presentar una alternativa. La realidad es que quienes opinaron en contra de este proyecto de ley no presentaron ninguna alternativa y comparten el Gobierno, son responsables de él hace once años.

Aquí hay un aspecto sobre el que se debatió mucho –no voy a incurrir en él porque creo que está harto analizado–, que es el de la contención social de las personas que están vinculadas a algunas de las áreas, sea la producción o la comercialización de la droga. Y ello no se soluciona ignorando, sino abordando el problema.

Voy a citar un caso que se está dando en estos minutos. Hay un niño que en estos momentos está sentado en una plaza muy cerca de aquí y, para no identificarlo, diré que es del oeste de Montevideo. Podría decirles de qué plaza se trata pero, por razones que los señores senadores entenderán, no voy a decir el lugar. Ayer, una persona que cumple funciones jerárquicas en el país, a quien conozco, me dijo: «Mirá, Javier, ¡es increíble! Hay un niño de doce años que está en una plaza hace días, acá en el oeste de Montevideo, es consumidor de pasta base y su mamá vende pasta base. Es un niño que el domingo pasado, el Día del Niño, estaba jugando donde se hizo una fiestita, de las típicas que se realizan en los barrios por parte de las ONG». El niño estaba jugando allí, así que el niño no solo lo era cronológicamente sino que actuaba como tal. Me dijo que también maneja un arma, pero que había que haberlo visto el domingo pasado cómo se subía a los juegos, a las calesitas y a los inflables y hacía fila para esperar un pancho. Sin embargo, el resto del día lo pasa en una plaza, muy cerquita de acá, diría, a diez minutos. Es más, esta persona me dijo: «Me he cansado de llamar a los responsables de las instituciones –hay una– que tiene el Estado uruguayo para encargarse de este asunto.
No he logrado que un educador, un maestro o un asistente social lo vaya a buscar a la plaza y le diga: “Vení para acá, no duermas en la calle. Tenés un hogar que te dará de comer, que te contendrá”». En fin, un lugar donde se lo trate como niño que es, absolutamente frágil y desprotegido.

Está bien que nos pasemos horas discutiendo aquí; para eso nos pagan, para tratar de solucionar temas como estos y demás, pero la verdad es que todas las teorías que existen al respecto se derrumban frente a este niño que, en este momento, está sentado en una plaza y nadie del Estado le tira una mano sabiendo que está ahí.

Si algún señor senador del oficialismo quiere que le dé datos, privadamente se los proporcionaré, porque no concibo que queramos resolver los problemas del Uruguay y no podamos solucionar los problemas de un niño.

No quiero abordar el tema de la mujer, porque creo que estuvo muy bien lo dicho por el señor senador Heber, en el sentido de que deja a un lado la teoría y aborda cuál va a ser la consecuencia de ignorar este problema, de no darle un abordaje desde el punto de vista social y creer que vamos a proteger a la mujer ignorando la responsabilidad que tiene en el tráfico de drogas.

Señor presidente: para redondear, me gustaría terminar mi exposición con lo que empecé. Quiero decir, con absoluta sinceridad y transparencia, que deberíamos tener un punto de encuentro y juntarnos para evitar que el narcotráfico corrompa nuestras instituciones y nuestros partidos políticos. Estoy absolutamente preocupado por ello porque, aparte, las posibilidades de corrupción y de penetración en nuestro sistema institucional y en nuestros partidos políticos son muy fáciles de lograr. Tenemos fronteras institucionales permeables, porosas y no contamos con mecanismos que garanticen, en el mayor margen posible, no ser presas de los dramas institucionales que se viven en países no muy lejanos al nuestro.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se ha agotado la lista de oradores.

Para finalizar, tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: quiero hacer una breve precisión, porque creo que hemos debatido lo que debíamos debatir y, a la vez, proponer la forma de votación del proyecto de ley.

Deseo dejar claro que atribuir intenciones no está bueno para un lado, ni para el otro ni para el de más allá. Decir que hubo proyectos que se encajonaron porque no hubo voluntad política, no está bueno. Acá los proyectos se acordaron y los tiempos también. Es más, diría que el señor senador Besozzi –que no se encuentra presente–, en la propia reunión multipartidaria, presentó la postura del Partido Nacional con respecto a un diferendo, del cual no me voy a hacer cargo, que trascendió públicamente, de posturas diferentes dentro del Partido Nacional. Esto se sintetizó en un planteo que oportunamente hizo el señor senador Besozzi.

Entonces, con la mejor buena voluntad y con un espíritu de colaboración –porque, si no, estaría atribuyendo otro tipo de intenciones–, quiero decir y recalcar que los tiempos parlamentarios y los tiempos de tramitación y armado de los proyectos –teniendo en cuenta que se trabajó, no solo en las reuniones de los martes, sino también en la comisión técnica a la cual, por voluntad propia, el Partido Nacional dejó de concurrir– fueron los que se necesitaron para el análisis y la elaboración de este producto legislativo, que para algunos puede ser perfectible, para otros no es demasiado bueno y, según otros, le faltan cosas. Quiero recordar que el señor presidente de la república, al convocar a los partidos políticos, dijo que este es un camino o una calle de ida y vuelta. No hay temas que no puedan ser considerados y vamos a llegar al máximo común divisor posible. Creo que con ese espíritu concurrieron todos los representantes de los partidos políticos a la mesa, razón por la cual quiero descartar cualquier tipo de atribución de intenciones porque no favorece los ámbitos de acuerdos que, no solo en esta área, sino en otras áreas, aquí fueron valorados como positivos.

Luego de esta aclaración, solicito que se suprima la lectura del articulado y que se vote por títulos. Ahora bien –no sé si corresponde que lo diga ahora o no–, como el título I tiene dos capítulos, me gustaría que antes de someterlo a votación –lo aclaro ahora para no tener que volver a intervenir, además, creo que nadie estará en contra de ello–, se tenga en cuenta lo siguiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe, señora senadora, corresponde votar en general el proyecto de ley.

SEÑORA PAYSSÉ.- De acuerdo, señor presidente; por eso consultaba sobre el momento para hacer el planteamiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor presidente: brevemente, he escuchado con absoluta atención todas las exposiciones realizadas sobre un tema difícil y complejo que requiere la grandeza de las soluciones nacionales y por eso es que, como habrán visto, he votado afirmativamente.

Quiero ser también sincera con el Cuerpo al que pertenezco y decir que voto este proyecto de ley con más dudas que certezas y que me hago cargo de ello, porque para nosotros, los frenteamplistas, la unidad de acción y asumir los compromisos de nuestra fuerza política es la primera obligación ética que tenemos. Y también para nosotros la libertad de manifestar alguna reserva o desacuerdo es una función ética.

En lo personal, no suelo dar consejos a las otras fuerzas políticas sobre cómo proceder, pero espero que se respete nuestra particular forma de ser y ejercer la política.

Sinceramente, me parece que este es un tema que vamos a seguir discutiendo durante mucho tiempo, en primer lugar, porque reditúa políticamente a algunos y, en segundo término, porque es realmente complejo. Me encantaría que a futuro fuera posible –y creo que puede ser– hacer una evaluación de estos proyectos de ley. Pienso que sí se puede; no es real que no se pueda evaluar el impacto que estos proyectos van a tener. En esa oportunidad podremos reabrir la discusión para ver «cómo nos fue en la feria». Aclaro que no me creo la dueña de la verdad; respeto la diferencia absoluta que podemos tener en cuanto al abordaje y, por eso mismo, porque soy fundamentalmente democrática, como sé que es un tema complejo, no le quito a nadie la posibilidad de dudar y de discrepar.

Por otro lado, señor presidente, tampoco puedo aceptar –y lo reafirmo desde esta humilde fundamentación de voto– que en este país exista una sola fuerza política que no quiera pelear con toda firmeza contra el crimen organizado y no solo contra el narcotráfico; insisto, contra el crimen organizado, que no incluye solo el narcotráfico sino también el brutal tráfico de armas –que enriquece a los mismos– y la trata de personas, que lleva sufrimiento y más sufrimiento. Parecería que estos problemas son de segundo orden. No; la lucha frontal es contra el crimen organizado y me gustaría que alguna vez –escuché muchas afirmaciones e, independientemente del partido, con algunas concuerdo y con otras discrepo diametralmente– diéramos una profunda discusión sobre lo que genera la adicción en nuestra sociedad y por qué se ha incrementado.

La adicción es un proyecto de vida de muerte que se contrapone con un proyecto de vida que está a favor de una vida integral. Alguien se favorece mucho cuando muchas personas adoptan un proyecto de vida que los conduce –sea cual sea la sustancia, aunque es verdad que algunas son más letales que otras– a unirse a un proyecto de muerte.

Espero que también demos una sustantiva discusión sobre este tema.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular el proyecto de ley.

SEÑORA PAYSSÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA PAYSSÉ.- Estuvimos intercambiando opiniones con el señor senador Bordaberry y voy a solicitar que se vote el proyecto en bloque con el desglose del artículo 11.

Por otra parte, el literal C del artículo 4.º dice: «Aprobar los ajustes y las modificaciones al Plan que fueran eventualmente necesarios», pero creo que es más correcto decir «Aprobar los ajustes y las modificaciones al Plan que se consideren necesarios», ya que «eventualmente» no es una palabra adecuada para utilizar en un proyecto de ley.

Entonces, si estamos de acuerdo, propongo que se suprima la lectura y se vote en bloque, con el desglose del artículo 11 que solicitó el señor senador Bordaberry y la corrección de la redacción que señalé oportunamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la supresión de la lectura del articulado, la votación en bloque, el desglose del artículo 11 y la corrección sugerida por la señora senadora Payssé.

(Se vota).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 1.º a 14, con excepción del artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–25 en 28. Afirmativa.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Tal como adelantamos en la discusión, nos parece que es un error, en primer lugar, equiparar un organismo dependiente del Ministerio del Interior, como la Dirección Nacional de Policía Científica, a un organismo dependiente de la Justicia, como es el Instituto Técnico Forense. Y es un error aún mayor autorizar al Ministerio del Interior a establecer los protocolos de actuación a los que se tienen que ajustar los organismos e institutos que procesen las referidas sustancias y no al propio Poder Judicial, al Instituto Técnico Forense. Esto que parece ser algo bueno, a la larga va a jugar en contra, porque se le da la potestad a quien es parte de realizar estudios que después se van a tener que hacer valer en un proceso.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo aditivo que se ha hecho llegar a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Sustitúyanse los artículos 33, 34 y 35 del Decreto Ley 14294 de 31/10/1974 y sus modificativas por los siguientes:

Artículo 33.- El que, desde el territorio nacional, realizare actos tendientes a la introducción ilegal a países extranjeros de las sustancias mencionadas en la presente ley, será castigado con pena de dos a diez años de penitenciaría.

Artículo 34.- El que sin autorización legal, a título oneroso o gratuito suministrare, aplicare o entregare las sustancias mencionadas en la presente ley, o promoviere, indujere o facilitare su consumo, será castigado con pena de dos años a ocho de penitenciaría.

Artículo 35.- El que violare las disposiciones de la presente ley en materia de importación, exportación, producción, elaboración, comercialización o suministro de las sustancias y preparados contenidos en las Listas III de la Convención Única de Nueva York de 1961, así como las comprendidas en las Listas II, III y IV del Convenio de Viena, será castigado con pena de dos a cuatro años de penitenciaría». (Firman los señores senadores Camy, Bordaberry y Heber).

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan).

–10 en 26. Negativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

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22) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra por una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Hoy habíamos resuelto tratar la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal y luego levantar la sesión debido a que sesionaba la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que tiene a estudio la rendición de cuentas. Habida cuenta de que se suspendió la comisión, mociono para que después de la aprobación del tema que vamos a considerar continuemos con el tratamiento y eventual aprobación o rechazo de todo el orden del día previsto inicialmente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor senador: nunca tomamos una resolución contraria a eso.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- No quedó claro cuál es el orden del día que tenemos a consideración. La Comisión de Asuntos Administrativos tiene dos venias de designación –una de un fiscal letrado departamental y otra de un ministro de Tribunal de Apelaciones– cuya consideración me parece urgente. Por lo tanto, me gustaría que estuvieran comprendidas entre los temas a tratar en esta sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Voy a hacer una aclaración.

De acuerdo con lo que resolvimos, el punto que tenemos a continuación es el proyecto de ley que aprueba la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, abierta a la firma en Estrasburgo, que la Comisión de Asuntos Internacionales trató en el día de hoy.

A continuación, tenemos dos acuerdos con el Reino Unido, que van juntos; luego, un acuerdo en materia tributaria con los Estados de Guernsey, y posteriormente las venias de designación de un fiscal y un juez, tal como fue propuesto.

Esos son los temas que tenemos para considerar en las próximas horas de sesión.

23) CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA FISCAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: «Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, abierta a la firma en Estrasburgo, Francia, el 25 de enero de 1988, enmendada por el Protocolo de 2010, que entrara en vigor el 1.° de junio de 2011 y suscrita por Uruguay en París, Francia, el 1.° de junio de 2016, con las reservas y declaraciones formuladas por nuestro país en el momento de su suscripción. (Carp. n.º 648/2016 - rep. n.º 335/2016)».

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Entiendo la prisa que tienen los señores senadores, pero este tema ha tenido un trámite expeditivo. Este plenario hizo un cuarto intermedio a los efectos de que la comisión pudiera recibir al Ministerio de Economía y Finanzas –representado por su subsecretario, el economista Ferreri, y asesores– para informarnos en profundidad sobre la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal.

Lo primero que vamos a explicar es la razón por la cual la bancada de gobierno trae a sala este tema como urgente. En un principio, se pensaba soslayar su pasaje por la Comisión de Asuntos Internacionales, pero luego se decidió que esta recibiera al ministerio a las 11:00.

Señor presidente: estoy en condiciones de informar que la necesidad del Poder Ejecutivo de que esta convención suscrita por nuestro país el 1.º de junio del corriente año se ratifique antes de finalizado el año 2016 está basada en que entrará en vigor –conforme a lo que establece el numeral 5 del artículo 28– el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses posteriores a la fecha de depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.

Una vez que entre en vigor para un Estado parte, las disposiciones de la convención respecto de la asistencia administrativa, intercambio de información a requerimiento automático y espontáneo, tal como establece el numeral 7 del artículo 28, se aplicarán para ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1.º de enero del año siguiente a aquel en que la convención entró en vigor con respecto a un Estado parte.

En primer lugar, Uruguay se ha comprometido a la adopción del estándar internacional de intercambio automático de información financiera con fines fiscales y, a esos efectos, deberá estar en condiciones de realizar los primeros intercambios automáticos de información financiera en setiembre de 2018 sobre saldos y rentas del ejercicio 2017.

En segundo término, Uruguay se ha comprometido a realizar los intercambios de informe país con relación a los ejercicios iniciados a partir del 1.º de enero del año 2017.

Para el cumplimiento de estos compromisos es necesario que, conforme al procedimiento de entrada en vigor de la convención, tal como lo establece su articulado, el instrumento a ratificarse sea depositado el 31 de agosto de 2016, es decir, la próxima semana.

En síntesis, el 31 de agosto se deposita el instrumento ratificado y la convención entra en vigor el 1.º de diciembre de 2016, lo que equivale al primer día del mes siguiente luego de tres meses de depósito.

Para el año 2017, la convención se aplica al intercambio de información sobre ejercicios iniciados al 1.º de enero del año 2017 y, finalmente, para setiembre de 2018 se podrá proceder a los primeros intercambios con relación a saldos y rentas del ejercicio 2017.

Señor presidente: estos son los elementos que motivaron que la bancada de gobierno traiga a sala este tema como asunto urgente. Este procedimiento ha sido criticado, pero creemos que se ha solventado con la comparecencia del señor subsecretario –a través de una moción de urgencia–, al igual que sucedió en la Cámara de Representantes, que llevó adelante el trámite durante todo el día y que fue bien visto por las bancadas de la oposición.

Este instrumento se inscribe en un camino que Uruguay ha adoptado desde hace varios años para efectivizar su inserción internacional, que establece como prioridad estratégica ser parte de la cooperación tributaria internacional. En ese sentido, se han ido adoptando estándares internacionales en materia de lavado de activos y de combate al terrorismo, así como de transparencia e intercambio de información con propósitos fiscales. Junto con el refuerzo de la normativa interna, estas son acciones conjuntas que ratifican el camino mencionado.

Este instrumento, adoptado en el seno del Foro Global, es la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal en su versión modificada por el Protocolo del año 2010, así como las declaraciones y reservas formuladas por Uruguay en oportunidad de su suscripción, que se encuentran al final del ejemplar que los senadores tienen en sus bancas.

Uruguay tiene vigentes diez acuerdos de intercambio de información tributaria en los que está prevista solo la modalidad «previo requerimiento», pero tiene suscritos más de trece convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. Estos incluyen cláusulas de intercambio de información que abarcan todas sus modalidades: automática, espontánea o previo requerimiento.

En cuanto al marco internacional, existen distintas bases jurídicas para articular el intercambio automático de información. Si bien los convenios bilaterales como los suscritos con arreglo al artículo 26 del modelo CDI de la OCDE pueden habilitar dicho intercambio, la administración tributaria de Uruguay considera más eficaz entablar relaciones de intercambio automático sobre la base de un instrumento multilateral como el que estamos tratando en la tarde de hoy.

En tal sentido, esta convención de asistencia mutua en asuntos fiscales, conforme a las enmiendas introducidas en el año 2011, constituye un instrumento multilateral de intercambio que prevé todas las formas de cooperación administrativa y contempla normas estrictas de confidencialidad y el uso adecuado de la información.

Una de las principales ventajas radica en su alcance global. Con arreglo a la convención, el intercambio automático exige un acuerdo específico entre las autoridades competentes de las partes. Este puede ser suscrito por dos o más partes y permite que se concluya un acuerdo individual con dos o más partes, en cuyo marco el intercambio automático propiamente dicho siempre se lleva a cabo de manera bilateral.

Esta convención que estamos votando consta de seis capítulos y se inscribe en lo que nos ha informado esta mañana el ministerio: la adhesión a una convención que ya tiene 98 jurisdicciones adheridas. Además, se encuentran 33 jurisdicciones con las que actualmente Uruguay tiene vigente o en negociación mecanismos internacionales de información con fines tributarios.

Es importante, también, dejar constancia de que en las jurisdicciones con las que actualmente contamos o nos encontramos negociando un instrumento internacional para el intercambio de información se permite optar por uno u otro camino para requerir la colaboración. Debemos decir que en idéntico sentido podrá actuar nuestro país.

Como he señalado, la convención consta de seis capítulos que voy a describir lo más somera y gráficamente posible.

El primer capítulo define el objeto, que es la asistencia administrativa en materia tributaria a que accederá Uruguay, y prevé el intercambio de información en sus diversas modalidades –por solicitud, intercambio automático o espontáneo–, así como también inspecciones fiscales simultáneas. Esto está establecido en el artículo 6.º de la convención.

La convención habilita a realizar inspecciones fiscales en el extranjero, asistencia en el cobro, medidas cautelares y medidas de conservación y servicio de documentos. No obstante, se habilita una serie de reservas y declaraciones sobre estos aspectos que han sido ejercidos por nuestro país al momento de la adhesión.

El detalle de las reservas y declaraciones se formulan más adelante, sobre el final, en el artículo 30, específicamente en el capítulo «Reservas y declaraciones» –yo tengo la versión de la Cámara de Representantes–, en donde perfectamente queda claro que la República Oriental del Uruguay no adhiere a estos aspectos de la convención.

La provisión de asistencia de conformidad con la convención se encuentra sujeta a las limitaciones generales contenidas en el capítulo IV, en el que se salvaguardan los derechos de los contribuyentes y en el que se establecen algunas posibilidades de declinar solicitudes y limitaciones a la obligación de prestar asistencia.

El párrafo 3 del artículo 1.° trata del ámbito subjetivo de la convención, dejando claro que la asistencia administrativa entre partes no se restringe por la residencia o la nacionalidad del contribuyente o de las otras personas involucradas. En el ámbito bilateral, la red de convenios para evitar la doble imposición internacional así como los acuerdos internacionales para el intercambio de información suscriptos por nuestro país contienen un alcance subjetivo de idéntico alcance.

El artículo 2.° define los tributos sobre los que se aplica la convención. En su párrafo 2 se prevé que cada Estado, a través del denominado Anexo A, indique los impuestos vigentes en cada Estado a los que será aplicable la misma.

En el artículo 3.° se consagran las definiciones de los términos y expresiones utilizados en el texto de la convención. Así, obviamente, esto aclara la intelección más correcta de la convención.

El capítulo III –voy a ir por capítulos, no por artículos– contiene las formas de asistencia consagradas en la convención. Estas son: el intercambio de información a requerimiento, el intercambio de información automático, el intercambio de información espontáneo, las auditorías tributarias simultáneas, y las auditorías tributarias en el extranjero. Como ya dije en las «Reservas», sobre todo a estas últimas de la convención relativas a las auditorías tributarias en el extranjero, Uruguay no ha adherido.

El capítulo V contiene disposiciones especiales relacionadas con la implementación de la convención, en las cuales se señala que las partes se deben comunicar a través de sus autoridades competentes. Está claramente especificado en el articulado. En nuestro país, el organismo competente en la materia seguramente será la Dirección General Impositiva, pero prima facie es el MEF que ciertamente derivará la implementación de esta convención a la DGI.

El capítulo VI consagra las disposiciones finales relativas a la convención con otros acuerdos o arreglos internacionales, a la firma y a la entrada en vigor –como lo dije al comienzo–, a su aplicación territorial, reservas, denuncia y a los depositarios y sus funciones. Respecto a las posibilidades de asistencia contenidas en los acuerdos internacionales existentes o futuros, en otros arreglos entre los Estados partes involucrados o en otros instrumentos relacionados con la cooperación en asuntos tributarios, la convención establece que ella no restringe, ni aquellas restringen las posibilidades de asistencia contempladas en este instrumento.

En relación con las reservas, el artículo 30 de la convención, que es muy importante, contempla la posibilidad de que cualquier Estado, al momento de firmar o de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, o en cualquier fecha posterior, se reserve el derecho a no otorgar forma de asistencia en relación con los impuestos de otros Estados partes en cualquiera de las categorías mencionadas en el inciso b del párrafo primero, del artículo 2.º, siempre que no haya incluido cualquier impuesto interno en esa categoría en el Anexo A.

En el acto de suscripción de la convención, la República Oriental del Uruguay ejerció la presente reserva. Consecuentemente, nuestro país se reservó el derecho de no prestar ninguna forma de asistencia en relación con los tributos de la otra parte incluido en una de las siguientes categorías detalladas en el literal b del párrafo primero del artículo 2.º.

Señor presidente: creemos firmemente que esta convención brinda al Uruguay oportunidades y ventajas. La participación en el ámbito de la convención –lo dice el Poder Ejecutivo y lo compartimos absolutamente– amplificará considerablemente la posibilidad de que nuestro país tutele la defensa de sus bases imponibles, en particular al gravamen sobre la renta.

En el ámbito del IRAE el Poder Ejecutivo dice que se podrá realizar un efectivo contralor no solo de la existencia real y efectiva del gasto realizado en el exterior, sino también la posibilidad de verificar el nivel de tributación del mismo para la adecuada aplicación de la regla de la proporción.

Antes de finalizar, señor presidente, diría que todo tiene que ver con todo, porque nosotros al comienzo del año logramos que esta cámara aprobara la creación de la Comisión especial con fines legislativos a partir de los llamados Papeles de Panamá y jurisdicciones similares, para la prevención del fraude financiero, la defraudación y elusión fiscal, el lavado de activos y la transparencia global. A dicha comisión han asistido representantes del MEF, la Dirección General Impositiva y el Banco Central del Uruguay a cuenta de otras concurrencias que podrán seguir proponiéndose para después de finalizado el tratamiento de la rendición de cuentas.

En esas dos reuniones los representantes del Poder Ejecutivo avanzaron sobre esta convención y el proyecto de ley por el cual se establecen normas de convergencia con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Es un proyecto de ley marco. Obviamente las administraciones tendrán que conectarse con ese centenar de administraciones y, a interés de las partes, ir implementando esta convención, que es novedosa porque establece un sistema de asistencia con información automática, espontánea, simultánea, etcétera. Sin lugar a dudas, esto es muy novedoso, pero hace –sin lugar a dudas también– a los combates en los cuales está trabajando la organización fiscal de la república.

Quiero agregar que, como todo es parte de todo, este tema del offshore sería anecdótico si no fuera que tenemos la Ley n.º 18718, del 24 de diciembre de 2011, que modifica el sistema tributario de la Ley n.º 18083 y extiende el impuesto a la renta de las personas físicas a la renta de las colocaciones financieras en el exterior. Quiere decir que, además del antilavado y de la lucha contra el terrorismo, hay un aspecto en el cual nuestro partido y su administración han avanzado. Las páginas especializadas –esto ha sido más discutido en la prensa que en el Parlamento– nos avisan sobre el disco duro de todo este combo que es el proyecto de ley que se está tratando en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Diría que trata, no voy a decir de la liquidación, pero sí –como se ha dicho– de poner el secreto bancario en un lugar que no estuvo nunca en el pasado, en donde llegó a ser, según decía Ferreira Aldunate, la vaca más sagrada del Uruguay.

Nosotros estamos contestes con esta convención porque seguramente habilita, sin ningún lugar a dudas, a esa lucha contra la evasión fiscal, contra el fraude y por supuesto contra todas las acciones que han sido descriptas en el tratamiento del proyecto de ley recientemente tratado sobre narcotráfico.

Por lo tanto, señor presidente, en cuanto a esta ley seguramente no tendremos muchas objeciones, más allá de las escuchadas en comisión –en la Cámara de Representantes tampoco fueron mayúsculas, en tanto la votación fue de 70 en 76–, pero posiblemente tendremos un combate dialéctico y civilizado en el Senado cuando tratemos el proyecto de ley que flexibiliza el secreto bancario como nunca antes se vio en el Uruguay. Además, sin ningún lugar a dudas, ello ayudará al contralor de la elusión, de la evasión y, a mi modo de ver, a que no sea lastimado –como lo mencioné el día en que se votó la comisión especial sobre los Papeles de Panamá– el principio de justicia tributaria.

A nosotros, como parlamentarios y como miembros del Gobierno, también nos quedan dudas de si ha sido posible controlar –en virtud de la ley de 2011– los más de USD 8.500:000.000 que, según el banco internacional de pagos, están depositados en distintos ámbitos internacionales y a los cuales obviamente la administración fiscal les quiere seguir el rastro.

La ratificación de esta convención por Uruguay implica continuar en la senda adoptada por nuestro país desde el año 2009 en materia de transparencia e intercambio de información a través del cumplimiento de los estándares internacionales.

Esta cooperación tributaria y financiera a nivel internacional ha sido elevada a uno de los pilares más importantes para un país con la reputación que el Uruguay se ha ganado genuinamente en los ámbitos internacionales y por mérito propio.

En este contexto se enmarca este compromiso internacional.

Nosotros tenemos un trabajo muy importante –que vincula esta convención con el otro proyecto de ley que se encuentra a estudio de la Comisión de Hacienda de Cámara de Representantes; el ministerio lo trajo en su momento para hacer la ponencia sobre los Papeles de Panamá– sobre la transparencia fiscal en la agenda del crecimiento e inserción internacional.

No quiero hacer perder más tiempo a los señores senadores, pero simplemente voy a agregar que este material está a disposición. En todo caso, se puede pedir al ministerio que lo remita vía correo electrónico para reenviarlo a los señores senadores, en tanto me parece que es un documento –al igual que el del Banco Central del Uruguay– que merece el análisis sereno, detallado y profundo de todos los señores senadores, en virtud de las próximas leyes que en la materia se tratarán en esta cámara.

La comisión, por mayoría, recomienda un tratamiento benigno de este mensaje y su aprobación esta misma tarde.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: lamentablemente, la celeridad con que se ha traído este tema al Senado nos obliga a analizar aquí lo que deberíamos estudiar en la comisión.

En primer lugar, quiero señalar que en este poco tiempo que hemos tenido –tres o cuatro horas– desde la comparecencia de los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas ante la Comisión de Asuntos Internacionales y mientras discutíamos sobre la ley anterior, comenzamos a juntar información. Hay algunos datos que se nos suministraron en la mañana por parte del ministerio que son equivocados. Adelanto que hay un error en algunas cosas que hoy nos dijo el señor subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas. Lamento que no podamos discutir esto con él, pero lo cierto es que cuando nos pusimos a chequear la información con la documentación oficial, en realidad lo que se nos dijo hoy no es exactamente preciso.

En primer lugar, queremos decir lo siguiente. Estamos de acuerdo con el mayor intercambio de información tributaria posible, con un proceso de intercambio de información tributaria y con eliminar los paraísos fiscales y todas esas cosas. Creo que no hay ningún senador –de los que estamos acá– que no esté de acuerdo con eso. El tema es cómo se verifica eso, cómo se condiciona y si nos compromete a todos.

Hemos dicho una y mil veces que cualquier convenio de este tipo, de suministro de información –tributaria, bancaria o la que sea– debe venir acompañado de un compromiso del o de los otros países para evitar la doble imposición. Creemos que defendemos la soberanía tributaria del país cuando exigimos que la riqueza que está en él pague impuestos aquí y no en otro país.

Hay una política de los países exportadores de capital, no de ahora sino de hace muchísimos años –30, 40, 50, 70 u 80–, que tiende a gravar la riqueza, propiedad de sus nacionales en otros países como el Uruguay, en sus países de origen. Obviamente, eso nos quita soberanía tributaria y recursos. Es más, creo que hay antecedentes de esto en la época de la Colonia, cuando los reinos centrales pretendían que toda la riqueza fuera directamente para allá. Nos veían como una extensión colonial de sus colonias. Bueno, esa extensión colonial hoy viene vestida de este requerimiento de poner impuesto a la riqueza de sus nacionales que están en el país, en sus países de origen. Esto lo hemos dicho una y otra vez. Además, creo que el Gobierno y el oficialismo coinciden en eso.

Hoy en la mañana nos dijeron que se comprometían a dar toda la información en forma automática y que después de esto nos vamos a sentar a negociar concentrándonos en evitar la doble imposición. Creo –no me gusta calificar– que esta es una posición ingenua. ¿Por qué lo digo? Por antecedentes claros, señor presidente. A comienzos del gobierno pasado nos trajeron un tratado de información tributaria con la República de Francia, exigimos el tratado para evitar la doble imposición, nos dijeron que lo iban a negociar y nunca vino. A mediados del gobierno pasado nos mandaron un tratado para dar la información a la República Federativa del Brasil, exigimos el tratado para evitar la doble imposición y nos trajeron el compromiso de Brasil de que, una vez aprobado este tratado, se sentarían a conversar y a analizar la posibilidad de evitar la doble imposición. Cuando hoy se lo recordamos al señor subsecretario de Economía y Finanzas nos dijo que, en realidad, el Senado brasileño todavía no había aprobado ese convenio de intercambio de información y que por eso no estaban exigiéndolo. Pasaron tres años de eso y no ha venido.

En eso estamos comprometiendo la riqueza nacional y estamos dejando de ser competitivos porque –para hacerlo más fácil y lo entiendan– si un argentino se compra una casa en Mar del Plata, paga los impuestos argentinos, pero si se compra una casa en Rocha tiene que pagar los impuestos uruguayos. Ahora, si sobre esa casa paga impuestos uruguayos e impuestos a la Argentina, obviamente que le convendrá más hacer su inversión en Argentina que en Uruguay. Es así de sencillo. Lo mismo pasa para los brasileños y para todos ellos.

Esto tampoco es nuevo. Uruguay tiene un convenio de más de 25 años con Hungría y un acuerdo con Estados Unidos de hace más de 20 años –30 años– que acepta normas para evitar la doble imposición, lo que se denomina tax credit.

Así que, en ese sentido, nos parece que el momento de negociar que nos den esas normas para evitar la doble imposición es ahora, cuando ellos nos piden algo que tenemos nosotros, que es la información, y debemos ser firmes en eso. Lo hemos repetido hasta el cansancio y no hemos tenido mucho eco. Tan poco eco hemos tenido que ya vamos a dar la información automáticamente; ¡automáticamente!

También estamos presenciando el episodio de los Papeles de Panamá y nos llama la atención que de allí no surja información de ciudadanos y empresas norteamericanas. Se conoció información del primer ministro de Gran Bretaña, pero de Estados Unidos no se sabe nada. Entonces, hoy le preguntamos al señor subsecretario si este convenio alcanzaba a Venezuela y nos respondió que no. Le preguntamos si estaba alcanzado Paraguay, nos respondió que sí. Le preguntamos si estaba Panamá y nos respondió: sí, va a estar, lo que nos parece que es bueno. Le preguntamos si estaba Chile y nos dijo que sí; si estaba Brasil y nos dijo que iba a estar. También le preguntamos si estaba Estados Unidos porque cualquiera que más o menos estudie los temas encuentra que hoy en día hay una gran cantidad de inversiones que están yendo a jurisdicciones norteamericanas. Es más, las sociedades anónimas provenientes del Estado de Delaware han sustituido a muchos otros países o territorios emisores que se habían dedicado a eso. Los señores senadores presentes recordarán que hoy de mañana se nos dijo que Estados Unidos estaba –consta en la versión taquigráfica–; es más, nos entregaron un documento donde figuraban los países y jurisdicciones comprometidos con la convención multilateral, y en la primera lista aparece Estados Unidos.

En la siguiente hoja –que está en inglés– más que «comprometidos» dice, status of commitments. «Commitment» no se traduce como «compromiso» u «obligación»; según el Diccionario de Cambridge el significado de «commitment» es: «A willingness to give your time and energy to something that you believe in». Entonces, no están comprometidos, sino que tienen la intención de cumplir. Pero cuando revisé la lista me encontré con que a diferencia de lo que se expresaba en la primera página, en lugar de decir «United States of America», decía «United Arab Emirates». Me pareció raro que en la lista que nos había dado el Gobierno por la mañana estaba Estados Unidos, pero no los Emiratos Árabes Unidos, entonces, fui a la documentación oficial y cuando accedo a ella encuentro que está bien que en el documento que se nos dio no esté Estados Unidos. Es más, hay un llamado que dice que Estados Unidos no está en esto; dice que Estados Unidos va a dar la información automática de acuerdo con el Fatca –Foreign Account Tax Compliance Act–, es decir, una serie de normas bilaterales que tiene Estados Unidos por las que si tú me das, yo te doy. En realidad, Estados Unidos dejó constancia de que no estaba; sin embargo, hoy de mañana no solo se nos dijo que Estados Unidos estaba, sino que se nos dio un listado realizado por el ministerio en el que se decía que ese país estaba y se sacaba de ese lugar a los Emiratos Árabes Unidos.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: la información que tenemos es que Estados Unidos adhiere a esta convención internacional y que, en este momento, el congreso de ese país está tratando el intercambio automático vía Fatca. Por tanto, ellos adhieren como gestores de la convención y, a su vez, el tema lo está discutiendo el Congreso de los Estados Unidos, porque ese país tiene otra vía de intercambio automático de información que es el Fatca.

Señor presidente: independientemente de si hoy Estados Unidos intercambia información o lo hará dentro de algunos días, después de que el Senado y la Cámara de Diputados de ese país lo discutan, acá lo importante es cómo nos paramos. Nosotros podemos diseñar el mundo como queramos, pero el mundo es tal cual es y recuerdo que Seregni decía: los hechos son porfiados. El mundo es tal cual es, no es el que le gusta a cada uno de los senadores o senadoras de este Cuerpo, entonces hay que ver si armamos estrategias o no las armamos. Nosotros podemos hacernos más fuertes o menos fuertes con el intercambio de información; podemos demorar más tiempo en aprobar esos tratados o convenciones que nos permiten realizar un intercambio automático de información, pero en los hechos si Uruguay aspira a ser un país de primera, tengamos presente que todos estos organismos son los que evalúan las inversiones que estamos necesitando. Uruguay no tiene mercado interno, entonces, tiene que ir a un volumen de producción lo más alto posible. Por eso en el arroz se invierten entre USD 6000 o USD 7000 por hectárea y por eso a nivel de la lechería somos de los países que tiene más leche por hectárea. ¿Por qué ocurre esto? Porque estamos yendo hacia ese lado y para eso necesitamos niveles de inversión que lleven a que el Uruguay esté lo más arriba posible en el tema de la transparencia. Entonces, no se trata de dar información y de recibir información, sino de que cuanto más demoramos en pertenecer a estos organismos, más perdemos las posibilidades de conseguir inversiones por otro carril.

El partido se está jugando en otra cancha, en la cancha de las inversiones, en la cancha del trabajo de los uruguayos, no en la del intercambio de información. A la larga o a la corta –aunque creo que mucho más a la corta–, todos los países van a intercambiar información, el problema es quién llega primero. Uruguay pasó de estar en una lista gris, a tener niveles de transparencia muy importantes y en el mundo es considerado como un país muy importante. Figuras relevantes de este país, incluso de este Senado como el expresidente Mujica, han puesto al Uruguay muy arriba; entonces, por no aprobar este tipo de proyecto de ley no podemos quedarnos retrasados en esa otra cancha. No hablo de la cancha del intercambio de información, sino en la cancha de los que captan inversiones, de los que van para adelante, incluso en este momento regional tan complicado en el que Uruguay crece.

Muchas gracias.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Seré breve, señor presidente. No voy a referirme a asuntos de fondo porque estaría abusando de la interrupción, solamente voy a aludir a ciertas afirmaciones que se han realizado.

En primer lugar, el intercambio de información automático, no es tan automático. El artículo 6.º de la convención establece: «Respecto a categorías de casos y de conformidad con los procedimientos que determinarán mediante acuerdo mutuo, dos o más Partes intercambiarán automáticamente la información a que se refiere el Artículo 4º». Por lo tanto, para que exista información automática tiene que haber un acuerdo, al menos entre dos partes, y se intercambiará lo que establece el artículo 4.º, ya que no se trata de un intercambio ilimitado de información.

En segundo término, no estamos en una posición de negociación en la que vinieron a pedirnos que integráramos el convenio. Yo quiero mucho al Uruguay, pero me ubico en dónde estamos parados.

Nadie vino a pedirnos nada. Lo que sucede es que a nosotros nos conviene estar allí porque estuvimos veinticuatro horas en una lista negra, se nos complicó la existencia y tuvimos que salir, prácticamente corriendo, a enmendar la plana, a eliminar ciertos paradigmas que existían en el pasado: rumbos estratégicos que se cambiaron con respecto a lo que tendría que ser la vocación fundamental del Uruguay. En función de este nuevo paradigma, estamos haciendo las cosas de modo que las inversiones que queremos que se radiquen en nuestro país no se vean afectadas por elementos que pongan en duda la transparencia del Uruguay, que muestren al país lleno de opacidad o con espacios de opacidad.

Es cierto que aquí hay un problema de necesidad, pero también es un problema de justicia.

Como dijo el señor senador Bordaberry –y comparto su opinión–, yo quiero estar en el grupo de países que promueven la transparencia y que luchan contra formas de eludir impuestos, de favorecer la circulación de capitales non sanctos, y eso se arregla solo con transparencia, evitando la evasión y la elusión. Esas son las dos cosas que hay que resolver. Aquí se establecen mecanismos de cooperación entre los países, incluso para evitar el juego de las multinacionales que, según donde estén, en sus sucursales se van facturando con un precio u otro, según cuánto tributen en un país y en otro. Y aquí está planteada la posibilidad de que trabajen conjuntamente para que estas cosas no signifiquen una elusión de impuestos.

Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- El artículo 2.º de la Constitución establece que la República Oriental del Uruguay «es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero».

Cada vez que nos traen estas leyes el Frente Amplio nos dice que lo que pasa es que nos van a poner en la lista y nos amenazan con esto; se habla del Foro Económico Mundial. Habíamos estado hablando de los cambios de opinión. ¡Vaya si este es un cambio de opinión!

Nosotros no decimos que vamos a permanecer inmunes a todo esto que está ocurriendo en el mundo o por fuera de ello. No, no es así. Decimos: «Vamos a atenderlo». Pero vamos a atenderlo con cuidado. Vamos a atenderlo negociando bien. No puede ser que porque nos pusieron cuarenta y ocho horas en una lista salimos corriendo, no ya a ser el mejor de la clase, sino a ser el mejor de la clase y a contarle a la maestra lo que está haciendo el de al lado. Eso es lo que hemos hecho.

Además, ¿por qué nos pusieron en la lista? Porque se durmieron los funcionarios de la Cancillería. ¡Digamos las cosas como son! Nos cocinaron Argentina y Brasil, en su momento el Gobierno de la señora Kirchner y el de la señora Rousseff. En una comisión en la OCDE dijeron que estábamos incumpliendo y que teníamos que darle información a jurisdicciones relevantes. Eso está probado, está en las actas. Fueron Argentina y Brasil quienes nos pusieron allí. Lo hicieron esos Gobiernos que eran amigos. Nos hicieron eso, la Cancillería estaba distraída mirando para otro lado y un día apareció el presidente de Francia diciendo que estábamos en la lista negra. Luego de eso, salimos a hacer todos los deberes.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Se dicen cosas gruesas, señor presidente. Y aquí hay que aclarar los tantos. Se dice que la Cancillería se durmió.

Debo decir que había una mentalidad en el Uruguay, en muchos casos apañada por el Partido Colorado y el Partido Nacional…

(Intervención del señor senador Larrañaga, que no se escucha).

–¡Sí, vamos a decir las cosas como son! ¡Vamos a decir las cosas como son! Que lo mejor que podía pasarnos era seguir lucrando con dineros que venían de países vecinos, que ese era el objeto, que iba a caer la inversión inmobiliaria en Punta del Este porque no venían dineros de Argentina. Y en cuanto al secreto bancario seríamos libres de todo poder extranjero –como dice el artículo 2.º de la Constitución–, pero atados al secreto bancario. Al secreto bancario no se lo podía ni nombrar; no se podía ni reflexionar sobre él. Ese es el país, señor presidente, del que fuimos saliendo en el acierto o en el error. No es el caso de que cancillería… ¡No! Había una cantidad de gente en el país que pensaba que el desarrollo era la falta de transparencia, de opacidad, era recibir recursos provenientes de dineros que deberían ir a los fiscos de los países vecinos, que de esa forma se había creado Punta del Este y que la situación inmobiliaria de ese lugar iba a verse afectada por los tratados que nosotros firmábamos. ¡Vayan a las versiones taquigráficas! ¡Vayan a las versiones taquigráficas! Y no lo digo yo. ¡Vayan a las versiones taquigráficas de la Cámara de Representantes y del Senado!

No es que hayamos corrido para salir de una lista negra o de una lista gris. Salimos corriendo porque cuidamos esa imagen del país. Otros la cuidarán como nosotros, o no sé de qué forma, pero nosotros la cuidamos.

No se trata de ser el primero de la clase y salir a buchonear, como se dice, o de traicionar al compañero de al lado. Lo que hacemos es cuidar la imagen del Uruguay.

Se nos dirá que cuando éramos oposición dijimos muchas cosas. Sí; hoy siendo ustedes oposición dicen muchas cosas y muchas de ellas no son ciertas, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Gracias, señor presidente.

¡Qué vaquita que ha dado leche, esa de la herencia! ¿No? ¿Cuántos años de la herencia ya pasaron y sigue siendo culpa de otros? ¡Hace tres períodos que están en el Gobierno y sigue siendo culpa de los que estaban antes! ¿Cuándo van a tener mayoría de edad, señor presidente?

¿Algún día van a cumplir los dieciocho años? ¡En algún momento van a tener que decir: «Che, pará, de repente algo tenemos que ver en esto»! ¿Qué es esto? Pero ¡qué linda vaquita para ordeñar! ¡Mirá que ha dado leche esa vaca!

(Murmullos en sala).

(Campana de orden).

–Disculpe, señor presidente.

Me parece que no estamos para hablar de vacas lecheras en este tema.

Comienzo nuevamente, señor presidente. Hoy estaban todos los señores senadores integrantes de la comisión y allí se nos dijo que Estados Unidos está adentro de esto.

Cuando leemos los papeles, vemos que Estados Unidos no solo no está adentro sino que, además, en la parte inferior de la hoja hay un llamado que dice –está en inglés, pero voy a traducirlo– que Estados Unidos ha indicado que va a adoptar –en el futuro– intercambio automático de informaciones de acuerdo con el Fatca –norma interna de Estados Unidos desde 2015– y que está en negociaciones intergubernamentales con otras jurisdicciones para hacerlo.

Si esto es estar adentro de este acuerdo que estamos firmando, explíquenmelo. Pero, además, yo creo que el señor subsecretario de Economía y Finanzas –que concurrió hoy a la Comisión de Asuntos Internacionales–, no tendría que habernos dicho que Estados Unidos estaba. No tendría que habernos dicho esto, no tendría que habernos entregado este documento donde no está el llamado y tampoco tendría que haber puesto acá, en lugar de Emiratos Árabes Unidos, a Estados Unidos.

Me parece que eso, más allá de herencia recibida, estuvo mal y equivocado. Además, cuando nos traen de apuro estas cosas para firmar, nos surgen más interrogantes sobre el resto del convenio y sobre las respuestas que nos dieron. Lo digo porque, además –y quizás esto es lo más importante de por qué salir corriendo a aprobarlo–, cuando uno analiza esto ve que hay jurisdicciones en las que va a empezar a regir en 2017, pero hay otras en las que regirá a partir de 2018. Y nosotros, increíblemente, hace tres meses elegimos la de 2017, pudiendo establecerlo para el 2018 porque no había problema.

Ah, bueno, pero si lo hacemos en 2018, tal vez estemos en una categoría de países berreta. Veamos quiénes van a estar en 2018 y no en 2017 como Uruguay. Vemos que estarán Australia, Austria, Brasil, Canadá, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Rusia, Singapur, Suiza. Todos esos países no quisieron hacerlo para el 2017 de apuro, lo dejaron para el 2018. ¿Y nosotros? Lo hacemos de apuro para el 2017; lo aprobamos en junio. Hace unos veinte o veinticinco días mandaron el proyecto de ley al Parlamento, lo aprobaron en la Cámara de Representantes y tenemos que aprobarlo de apuro hoy sin estudiarlo.

Está bien que adhiramos, pero ¿no tendríamos que analizarlo un poco más? No tendríamos que decirles que está bien; que hay cuatro países que se subieron al tren del 2017: Chile, Domínica, Niue y Uruguay, pero esto es como las olimpíadas, uno se entera de países que no sabía que existían. Niue: una roca allá en el Pacífico que tiene 1600 habitantes. Estos somos los cuatro que vamos: Chile, Domínica, Niue y Uruguay. ¿No deberíamos esperar? No digo que sea esa la intención, pero en los hechos actuamos como el mejor de la clase, junto con Niue, una roca de 200 kilómetros cuadrados donde viven 1600 personas.

Si nos remitimos al convenio en sí vemos que su contenido no quedó del todo claro, por ejemplo, cuando habla de nacionalidad y no de residentes. En el artículo 6 se hace referencia a lo que mencionaba el señor senador Pintado, pero hay que leer también el artículo 7, porque hay información que se va a tener que dar en forma espontánea.

(Ocupa la presidencia el señor senador Marcos Otheguy).

–El artículo 9 habla de auditorías fiscales en el extranjero, tema muy importante. Todos recuerdan lo que pasó hace un par de años cuando se aplicó ese convenio con Argentina del que tanto se habla, tan bueno para el Uruguay: vinieron las autoridades argentinas a hacer un allanamiento en un banco. ¿Todos se acuerdan de eso, no? ¡Ni digo nada de la soberanía! Resulta que al final se aclaró el tema, pero las autoridades argentinas se habían llevado todo y el banco se fue del Uruguay. ¿Pero ahora qué decimos con esto? Expresamos nuestra intención de que en el futuro no se haga lugar a solicitudes cuando la autoridad extranjera quiera estar aquí, no hacemos una reserva. O sea que esto que decimos ahora, el día de mañana mediante una resolución administrativa pueden dejarlo sin efecto. Es peligroso y le preguntamos al señor subsecretario por qué no habían usado la reserva para decir que esta norma no la compartimos y que una autoridad extranjera nunca puede supervisar o participar de una acción para buscar información, pero no nos dieron respuesta.

Hay más. Increíblemente, el artículo 21, literal E, habla de los convenios para evitar la doble tributación.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra.

SEÑOR AMORÍN.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–18 en 19. Afirmativa.

Puede continuar, señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- En verdad, señor presidente, pienso que tendríamos que tomarnos un poco más de tiempo, por eso estoy señalando las cosas sobre las que tengo dudas. Más cuando a vuelo de pájaro, mientras discutíamos otra ley y revisábamos las normas, encontramos todo esto.

Pero fíjense, señores senadores, que se hace referencia a que hay que otorgar asistencia administrativa si considera que la imposición fiscal del Estado requirente es contraria a los principios fiscales generalmente aceptados o a la disposición de un convenio para evitar la doble tributación. Convenio que en nuestro caso no existe.

También hay otro tema que creo que habría que discutir y es sobre las reservas. Uruguay hizo una cantidad de reservas que creo que están bien porque tiene que ver con una asistencia que no podemos dar, pero además de todo, este convenio es retroactivo. En mi opinión, está mal que sea retroactivo. El Gobierno lo reconoce a medias porque el numeral 7 del artículo 28 dice expresamente que una vez que entre en vigor aplica para ejercicios fiscales o para el cobro de impuestos anteriores, así que para atrás lo que quieran. Más aún, la última reserva que hace el país dice que para atrás sí, pero solo tres años. O es o no es. Decimos que no es retroactivo, pero es retroactivo a tres años. La verdad es que hubiera sido mejor otro tipo de reserva.

Reitero que este no es un proceso al que lleguemos en este momento. Ahora parece que dijeran: «Somos los campeones de la transparencia». Como si antes se hubiera actuado para proteger al que no lo fuera. Esto es el resultado de un proceso que, según reconoció el propio señor subsecretario cuando compareció ante la Comisión de Hacienda, empezó en el año 1988. Después avanzó en el año 1998 y en el 2004 recién en la OCDE se empezó a trabajar sobre esto. O sea que, en realidad, internacionalmente esto se puso arriba de la mesa en 2004.

El señor subsecretario también reconoció que esto se disparó en 2008, después de la crisis financiera de ese año y no antes. Se hizo después de la crisis internacional y este convenio empezó en 2010. Me parece que decir que esto recién empieza, que la herencia, que esto y lo otro, es injusto. Se ha hecho mucho ahora de acuerdo con las circunstancias y se hizo mucho antes también de acuerdo con las circunstancias en las que se vivía.

Por último, se dice que Estados Unidos está en este convenio, pero no está. Y no lo digo solo yo, sino que en la comparecencia del señor subsecretario ante esa comisión –tengo la versión taquigráfica–, el señor senador De León le pregunta: «¿Estados Unidos no está?», a lo que el señor subsecretario contesta: «No, no está». Sin embargo, hoy nos dijo que estaba. No fue una pregunta de un señor senador de la oposición. Ya antes el señor senador Amorín le había preguntado si Venezuela estaba y también respondió que no.

No insistamos en los errores. No está, aceptémoslo; fue un error. Pero no insistamos porque el que se equivoca y no lo reconoce se equivoca dos veces. No nos equivoquemos dos veces. Estudiemos adecuada y profundamente este proyecto de ley.

No nos dejemos correr con las amenazas porque hay muchos países como Australia, Austria, Brasil, Japón, Israel, Canadá, China, Costa Rica, Rusia, Saint Kitts, Saint Lucía, Saint Vicente y Las Granadinas, Samoa, Arabia Saudita, Singapur, Suiza, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos que no se dejan correr como nosotros.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: no soy miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales, pero nuestros compañeros fueron los que exigieron una reunión y votaron a favor así que eso naturalmente nos compromete a todos en la bancada. Sin embargo, al conversar con ellos nos señalaban que tampoco entienden cuál es el apuro.

De pronto, se podría esperar una semana más. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el apuro para no leer y estar seguros de que esto se vota para los mejores intereses nacionales?

Bueno, nos atrasaremos en la consideración de la rendición de cuentas, pero tenemos plazo hasta el 24 de setiembre. No pasaría nada si destináramos una tarde al análisis de este tema en la comisión, de modo tal que varios de nosotros podamos concurrir a escuchar y a debatir un proyecto de ley de tanta importancia y de recibo como este.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Puede interrumpir el señor senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor presidente: presido la Comisión de Asuntos Internacionales y, en virtud de la solicitud del Frente Amplio, tuve la disposición de hacer la convocatoria para sesionar en la mañana de hoy; hicimos el cuarto intermedio, recibimos a una importante delegación del Ministerio de Economía y Finanzas, presidida por el señor subsecretario, y analizamos este tema. Como yo tenía un mandato de mi bancada, voté a favor de la aprobación de este tratado, pero frente a los hechos planteados por el señor senador Bordaberry me parece que este Senado y el país no perderían nada si postergáramos esta sesión, por lo menos, hasta el martes próximo. Ese día podríamos reunirnos de mañana, a la hora que se quiera convocar; el tema no nos va a llevar mucho tiempo, se pueden hacer las consultas del caso y tal vez pueda haber una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales con el señor subsecretario o con el ministro de Economía y Finanzas para que se efectúen las aclaraciones que se consideren pertinentes.

De ser así, estaría dispuesto a ratificar y a mantener mi posición y mi respaldo, pero si se insiste en ir por el camino de votar en el día de hoy, quizás pediremos un cuarto intermedio para conversar con los compañeros y resolver.

Digamos las cosas como son: el convenio llegó al Parlamento recién el 1.º de agosto. ¡El 1.º de agosto! ¿Ahora vienen los apuros? Bien valdría la pena esperar hasta el martes que viene, porque hoy se pudieron plantear algunas dudas de determinada forma en la comisión, pero ahora en el plenario surgieron otras. Por tanto, concluyo que hoy el Cuerpo no está en condiciones de votar. ¡No estamos en condiciones de votar! ¡Esa es la realidad!

Estamos frente a un tema de estas características, pero además hay muchos países que prevén un ingreso progresivo para 2017 y 2018 y a esto se suma que hay dos listas, una del tratado multilateral y otra vinculada al intercambio automático, tal como ha sido establecido. Me parece que lo razonable es hacer un cuarto intermedio –si es posible reglamentariamente– hasta el martes próximo, a las 09:30, para dilucidar todo esto. Creo que no va a haber ningún efecto contraproducente en el tratamiento de la rendición de cuentas, pero sí puede haber un efecto positivo en el sentido de tener mayores respaldos para un tratado de estas características.

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Puede continuar el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Varios señores senadores me han pedido interrupciones y observo que se va a solicitar un cuarto intermedio. Por supuesto, comparto la idea del cuarto intermedio, pero no me gustaría que se dejara sin efecto mi exposición pues me interesa plantear algunas dudas.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Solicito que se tome mi planteo como una moción.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

(Dialogados).

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Lo que plantea el señor senador Larrañaga es una moción de orden, pero corresponde esperar a que termine el orador que está haciendo uso de la palabra.

(Dialogados).

SEÑOR HEBER.- Me parece que este es un tema muy importante y deberíamos darnos un tiempo más para su discusión. Lo más sensato sería que pudiéramos evacuar las dudas de por qué estamos votando tan rápido todo esto. Si nos damos el tiempo necesario podremos salir de dudas. Además, considero que los planteos que ha hecho el señor senador Bordaberry son de recibo.

Le concedo la interrupción al señor senador Michelini a riesgo de que solicite el cuarto intermedio y no pueda terminar mi exposición.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- A fin de ordenarnos, la Mesa desea aclarar que el señor senador Larrañaga presentó una moción de orden y corresponde votarla, salvo que la retire temporalmente para que el señor senador Michelini pueda hacer uso de la palabra.

SEÑOR LARRAÑAGA.- La retiro temporalmente, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Puede interrumpir el señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- El señor senador Larrañaga ha hecho un planteo y a la bancada oficialista le gustaría analizarlo. Por lo tanto, solicitamos un cuarto intermedio de quince minutos para traer una respuesta. Hasta ahora teníamos una posición, se nos ha planteado algo diferente y creo que corresponde evaluarlo con seriedad.

En definitiva, solicitamos un cuarto intermedio de quince minutos.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se va a votar.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.

(Así se hace. Son las 16:57).

(Vueltos a sala).

(Ocupa la presidencia el señor Raúl Sendic).

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 17:20).

–Puede continuar el señor senador Heber.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- En unos minutos se la concedo; primero quiero comenzar mi intervención.

Señor presidente: como partido siempre hemos cuestionado el tema de los tratados de información. En los asuntos entrados de la sesión de hoy figura otro convenio entre la República Oriental del Uruguay y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, y su Protocolo. O sea, se habla de evitar la evasión. Los tratados que establecen este tipo de convenios son justamente para lo que señalaba muy claramente el miembro informante, el señor senador Martínez Huelmo: tratar de evitar la evasión fiscal. Porque hay dos tipos de convenios: unos para evitar la evasión fiscal, y otros para obtener información. Pero como no se ha dicho suficientemente –y creo que es importante señalarlo–, los convenios que solo refieren a obtener información, como el que tenemos a consideración, son para que trabajen acá pero paguen los impuestos allá, porque no se trata de un convenio para evitar la doble imposición. Lo lógico es que si se paga en nuestro país, no se pague en el país de donde se es nativo.

En ese sentido, creo que se dan instancias, como ha señalado muy claramente el senador Bordaberry –con quien coincidimos–, en las que no vemos al Gobierno, a la Cancillería ni al Ministerio de Economía y Finanzas con una actitud de pelear más por los intereses nacionales, si bien existe esta imposición a nivel internacional. Nos gustaría tener esta reunión en la comisión para tener la garantía de que realmente se peleó y se discutió.

Vemos que hay una necesidad, como decía el senador Bordaberry, de ser el mejor de la clase. No veo la obligación de ir aceptando las imposiciones que vienen de estas naciones como un hecho consumado.

El 6 de setiembre de 2013, los países del G20 asumieron el compromiso de generar estos intercambios automáticos de información financiera, y recién en julio de 2014 la OCDE estableció un estándar multilateral para el intercambio automático de información financiera en materia tributaria.

Hoy se ha dicho –el senador Bordaberry fue muy claro– que Estados Unidos no está dentro de este convenio. Además, se mencionó especialmente el Fatca, que prevé que dicho intercambio se realice prescindiendo del Gobierno. El Fatca es un tratado que hace en forma bilateral Estados Unidos, que establece un intercambio de información prescindiendo del Gobierno y que se efectúa directamente por las instituciones financieras. Este extremo desencadenó una pronta reacción de la comunidad internacional, y el interés de establecer un estándar que respete la soberanía de los Estados Unidos. Es por eso que apareció este convenio, porque quien imponía al mundo era Estados Unidos. ¿En base a qué? Al Fatca. ¿Y qué establecía el Fatca? Información directa por las instituciones de intermediación financiera, sin respetar los Gobiernos, prescindiendo de estos. Es así que aparece este convenio que, como dijo muy bien el senador Bordaberry, no ha sido ratificado por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene el Fatca, que no sé cuál es el significado de su sigla.

SEÑOR MICHELINI.- No es así.

SEÑOR HEBER.- Sí, señor senador. Es información que proviene de personas entendidas en el tema.

Estados Unidos se ha mantenido al margen de este proceso pues entiende que sus intereses están atendidos suficientemente por la ley del Fatca; estoy hablando de los intereses americanos. ¿Dónde están nuestros intereses? Uruguay se ha comprometido para el año 2017. Si bien, como dije, hay dos tipos de tratados de trascendencia fiscal, uno de ellos es solo de información, y otro es de información para evitar la doble tributación, pero el que estamos considerando es solo de información.

Este tratado, además, establece como una suerte de imposición de las grandes naciones sobre el Uruguay. Básicamente, plantea la información de manera automática, tal como figura en el artículo 6.º. La información automática significa la transmisión sistemática, rutinaria y periódica de información de personas físicas o jurídicas desde el país donde se encuentra dicha información al país de residencia de esas personas. Este no es un tema baladí, no es un tratado más.

Por otra parte, de la lectura del proyecto no me resulta claro –el miembro informante me lo podrá aclarar– dónde está la reserva. Se ha dicho que Uruguay estableció reservas a la eventualidad de que se realicen auditorías tributarias en el extranjero. Por supuesto, existe la posibilidad de que, previa solicitud, los representantes de autoridades competentes requirentes puedan participar en la auditoría que se realice al Estado requerido en su jurisdicción. ¡Esto es una novedad! ¿Cómo es que auditorías de otros países van a establecer acciones en el Uruguay? Es una lástima que no esté presente en este momento el miembro informante, porque él muchas veces mencionó el artículo en el que se establecen las reservas. Pero al leer ese artículo no me queda claro que Uruguay pueda oponerse a auditorías de otros países aquí.

En definitiva, nos obligan a que demos información sin el objetivo de evitar la doble tributación.

Además, no resulta clara la reserva que se dice que se tiene, pero que no aparece en el articulado, sobre que no se hagan auditorías de otros Gobiernos en el Uruguay. Francamente, señor presidente, no he visto mayor imposición y condicionamiento de países extranjeros hacia el nuestro como esto.

¿Auditorías en la DGI de otras DGI de otras partes del mundo? Así lo establece el tratado. Lamentablemente, no se nos ha dicho dónde está la reserva que permite que no se puedan hacer.

Todo esto empezó, señor presidente, cuando cambiamos el criterio de la territorialidad que teníamos en Uruguay, que era «el que trabaja acá, paga acá» –y punto– y salimos a la renta mundial. Cuando salimos de ese concepto, cuando se dio ese cambio de concepción tributaria, naturalmente, salimos a la compensación de que no se pagara doble tributación, porque antes no existía esta situación. Fíjense que hoy escuché decir al senador Michelini que estas condiciones, esta información, nos ayuda a traer inversiones. Yo me pregunto: ¿inversiones para dar empleo, nomás? Porque ni siquiera vamos a cobrar ningún impuesto, sino que son inversiones que vienen y dan empleo, pero los impuestos se pagan al país de origen. ¿Ese es el tipo de inversión extranjera que queremos en el Uruguay? Lo que queremos es que vengan acá, trabajen acá y paguen al Estado uruguayo; que generen riqueza por empleo y que aporten por lo que están ganando en nuestro país a nuestro Estado, no a otros. Es por esta razón que nosotros miramos con mucha distancia este tipo de acuerdos de información, y mucho más este convenio.

Me gustaría que la Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas nos explicaran mucho mejor cuáles fueron las alternativas y cuáles las instancias de negociación, porque en verdad el resultado no es bueno. La habilidad de la diplomacia uruguaya es tener menos condicionamientos y no estar en listas grises. Listas grises en las que nos metieron, lamentablemente, nuestros vecinos. Fuimos denunciados por Argentina y por Brasil. Si estamos en una lista gris, fue por ellos. Fíjense que en el marco del tratado de información con Argentina, que no es para evitar doble tributación, al día de hoy hubo –y esto me gustaría confirmarlo a través del Ministerio de Economía y Finanzas– 210 actuaciones de la DGI argentina requiriendo información a su par uruguaya. ¿Saben cuántos requerimientos de información tenemos nosotros, el Uruguay, en Argentina? Cero. Ninguno.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- En unos instantes se la concedo.

Sé que lo aludí en su momento y el señor senador no estaba en sala, señor presidente.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Y a mí no me va a dar la interrupción que le solicité?

SEÑOR HEBER.- No se me ponga celoso, señor senador; voy a ir por orden.

Cuando termine de redondear mi exposición con respecto a este convenio, voy a conceder las interrupciones solicitadas, señor presidente, empezando por el senador Michelini, que me parece que lo que quiere es que no hable.

(Hilaridad).

–Con respecto a este convenio tengo serias aprehensiones y desconfianzas. ¿De nuestra gente y del Gobierno? ¡No! De quien nos lo impone, de quien nos está imponiendo esto sobre la base de un argumento que hemos escuchado muchas veces: «Miren que si no, quedamos afuera de las inversiones». ¿Qué inversiones? ¡Aquellas que vengan a dar empleo pero no paguen al Estado uruguayo, para cumplir con la tarea social que el Estado uruguayo quiere! Los únicos que vamos a pagar al Estado uruguayo los impuestos somos los uruguayos. Ya sabemos –y ya hay pruebas– de que muchas inversiones son de esa clase. En la Cámara de Representantes presentaron un aditivo para que muchos de los impuestos de los que hoy están exoneradas las forestadoras, puedan pagarlos. O sea, pagan solamente los tenedores del campo uruguayo. Los tenedores del campo extranjero no pagan. ¡Y ahora venimos con este tratado y este convenio para que exista el control por parte de otros Estados extranjeros sobre las inversiones que hacen esos extranjeros en el Uruguay! ¿Para qué? ¡Para que no paguen en el Uruguay, para que paguen allá! ¡Y si desconfían de la acción de la DGI uruguaya, pueden venir a auditar! Precisamente sobre esto quería preguntar al miembro informante, señor senador Martínez Huelmo, pues no encuentro la reserva –cuando le otorgue la interrupción quizás me lo pueda aclarar– a que no se pueda auditar. Leo el artículo 30 del tratado y no veo la reserva que se afirma que Uruguay hizo en cuanto a que no se pueda auditar, a que no tengamos una auditoría extranjera en la DGI uruguaya. Quizás me lo pueda señalar –dado que no he tenido tiempo de leerlo todo con precisión–, decirme que en tal parte o en tal frase es donde se establece la reserva del Uruguay. Reitero: no la encuentro. Y, para mí, es muy grave que venga una auditoría de una recaudadora de impuestos extranjera a intervenir en la auditoría uruguaya para hacer la persecución, la «pesca».

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- ¿Me permite, señor senador?

SEÑOR HEBER.- Espere que termine el razonamiento.

Lo que no queríamos –y este convenio establece– es que vengan a pescar acá. ¿Por qué? Porque vienen y, de alguna manera, quieren que nosotros le hagamos el trabajo para poder generar las inversiones que hay en el Uruguay. Acá en el anexo, con relación a los asuntos penales tributarios, se habla de cooperar exclusivamente con los ejercicios fiscales. Asimismo, se dice que Uruguay declaró que no aceptaría con carácter general los requerimientos que incluyeran auditorías tributarias de fiscalizadores. Entonces, señor presidente, frente a esto que se agrega, sería importante que se nos aclarara en qué anexo está, dado que no se han repartido los anexos y no hemos podido verlos. Vimos el repartido del articulado que vino de la Cámara de Representantes, pero no pudimos ver nada más. Me acaban de decir que eso figura en los anexos pero no en el articulado.

Entonces, señor presidente, antes de conceder las interrupciones que me han solicitado, quiero decir que este es un tema muy delicado. Si esta convención tuviera la cláusula para evitar la doble tributación, la habríamos acompañado, del mismo modo en que vamos a votar la de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, porque tiene un fin determinado. Acá simplemente se trata de dar información a otras oficinas recaudadoras del extranjero. Y para evitar la evasión y la elusión fiscal está, justamente, este formato, con la intención de evitar la doble tributación y la elusión.

Por lo tanto, señor presidente, creemos que deberíamos tomarnos el tiempo suficiente como para poder ir más a fondo, a efectos de saber si no estamos entregando parte de nuestra soberanía. ¡No para ocultar nada a nadie, y menos a nosotros, a nuestra DGI! Lo que queremos es, justamente, transparencia. Ahora bien; ¿a otros Estados? Consideremos que puede regir, simplemente, la ley del más fuerte. Es simplemente hacernos pesar: «Mirá que si no cumplís vas a tener una actitud de no colaboración en el combate internacional a la evasión fiscal». Nada tiene que ver el terrorismo ni nada tiene que ver el lavado del narcotráfico. ¡Es evasión fiscal! ¡De ellos! Y si nosotros no colaboramos, estamos en duda y nos pueden poner en la actitud gris de no colaborar.

Señor presidente: ahora sí, con mucho gusto, concedo al señor senador Michelini la interrupción que me solicitara en su momento.

SEÑOR PRESIDENTE.- En realidad ha finalizado el tiempo del señor senador.

SEÑOR GARCÍA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el señor senador Heber.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Concedo la interrupción al señor senador Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: el señor senador Larrañaga hizo un planteo de pasar a cuarto intermedio hasta algún día de la semana que viene y nosotros le solicitamos que lo retirara para hacer un cuarto intermedio de quince minutos que nos permitiera reflexionar. Nuestra bancada accede al pedido del señor senador Larrañaga y propone pasar a cuarto intermedio hasta el lunes a las 09:30.

Sin que lo tome a mal el señor senador Heber, tenemos muchas cosas para contestarle, pero no queremos cortar el debate. Por eso la idea era que él comenzara el lunes próximo. En ese caso sí varios de nosotros lo interrumpiríamos para refutar alguno de sus argumentos con nuestra verdad, que no será la verdad absoluta, pero es la nuestra.

Por lo tanto, pedimos un cuarto intermedio de esta sesión, con todo el orden del día, para el lunes a las 09:30.

SEÑOR PRESIDENTE.- La presidencia recién puede poner a votación la propuesta del señor senador Michelini cuando finalice el señor senador Heber, porque no puede interrumpir su intervención.

Tiene la palabra el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: había entendido que la intención era votar este proyecto en el día de hoy. Por eso comencé a hablar. De lo contrario, con mucho gusto hubiera votado antes el cuarto intermedio. Yo entendí que querían votar hoy y que la explicación se postergaba para más adelante.

Si la idea es pasar a un cuarto intermedio haciéndose eco de la moción del senador Jorge Larrañaga, pido disculpas al señor senador Martínez Huelmo y con mucho gusto dejamos la discusión para el día lunes.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Señor presidente: personalmente entendí que se iba a poner a votación la moción una vez que finalizara el tiempo del señor senador Heber. Por lo tanto, cuando el lunes se levante el cuarto intermedio, la sesión debería empezar con el orador que sigue en la lista al senador Heber. Quiero saber si estoy en lo cierto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señor senador. ¿Cuál es su propuesta, señor senador Michelini?

SEÑOR MICHELINI.- La propuesta es pasar a cuarto intermedio hasta el lunes a las 09:30.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa interpreta que el senador Heber dispone de 29 minutos para continuar con su exposición en la próxima sesión.

Se va a votar la moción del señor senador Michelini.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

24) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 09:30.

(Así se hace, a las 17:44, presidiendo el señor Raúl Sendic y estando presentes los señores senadores Agazzi, Amorín, Ayala, Bordaberry, Camy, Carámbula, De León, Delgado, García, Heber, Lafluf, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Mujica, Pardiñas, Passada, Payssé, Pesce, Pintado, Topolansky y Tourné).

RAÚL SENDIC Presidente

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.