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N.º 19 - TOMO 552 - 22 DE JUNIO DE 2016

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

19.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RAÚL SENDIC Presidente y EL SEÑOR MARCOS OTHEGUY Segundo vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA, SILVANA CHARLONE

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) y 16) Proyectos presentados

– El señor senador Mieres presenta un proyecto de ley por el que se habilita a los profesionales universitarios no incluidos dentro del régimen jubilatorio de la caja de profesionales a que puedan continuar ejerciendo su profesión posteriormente a su jubilación como trabajadores independientes.

• Pasa a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

– El señor senador Mieres presenta un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 12 de la Ley n.º 17060, de 23 de diciembre de 1998, por el que se dictan normas referidas al uso indebido del poder público (corrupción).

• Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

– El señor senador Coutinho presenta un proyecto de ley por el que se establece que a los condenados con sentencia firme, por reincidencia o por haber incurrido en más de dos delitos, al momento de cumplir condena y recuperar la libertad se les aplicarán preceptivamente medidas de seguridad preventivas.

• Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

5) Pedidos de informes

– El señor senador Da Silva solicita se curse un pedido de informes de fecha 15 de junio, relacionado con la adquisición y renovación de los vehículos oficiales, con destino:

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas y a la Administración Nacional de Telecomunicaciones;

• al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado;

• al Ministerio de Desarrollo Social, y por su intermedio al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay;

• al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Educación Pública, a la Universidad de la República, al Consejo Directivo Central y a la Universidad Tecnológica;

• al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco Central del Uruguay, al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco de Seguros del Estado;

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social;

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a la Administración de Ferrocarriles del Estado y a la Administración Nacional de Puertos;

• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio al Instituto Nacional de Colonización;

• al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Agencia Nacional de Vivienda y al Banco Hipotecario del Uruguay;

• al Ministerio del Interior;

• al Ministerio de Relaciones Exteriores;

• al Ministerio de Defensa Nacional;

• al Ministerio de Turismo;

• a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

• a la Corte Electoral;

• al Tribunal de Cuentas.

– La señora senadora Aviaga solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio al Instituto Nacional de Colonización, relacionado con la adquisición de un campo ubicado en la ruta n.º 94, kilómetro 97, a orillas del río Santa Lucía.

– El señor senador Lacalle Pou solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, relacionado con una compra directa por excepción para la adquisición de equipamiento policial.

– El señor senador Bordaberry solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay, relacionado con la empresa Madobul S. A.

– El señor senador Pablo Mieres solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con los mecanismos de control para las compras de petróleo.

• Oportunamente fueron tramitados.

6) Exposiciones escritas

– La señora senadora Argimón solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Educación y Cultura, a la Dirección Nacional de Cultura, a la Televisión Nacional de Uruguay y a la Asociación de Agencias de Publicidad del Uruguay, relacionada con la nueva programación de la Televisión Nacional de Uruguay.

– El señor senador Saravia solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Educación y Cultura, al Consejo de Educación Técnico Profesional, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Alcaldía de Vichadero, a la Junta Departamental de Rivera y a las Intendencias de Cerro Largo y Rivera, relacionada con la situación de la Escuela Técnica de Vichadero, departamento de Rivera.

• Se procederá de conformidad.

7) Reiteración de pedidos de informes

• A solicitud de la señora senadora Aviaga, el Senado resuelve hacer suyos y reiterar los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con el uso y control del herbicida glifosato y su impacto en las personas;

• con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con el uso y control del herbicida glifosato y demás agrotóxicos y su impacto en los productos ingeridos por las personas.

8) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

9), 12) y 15) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Mieres, Moreira, Bordaberry, Carámbula, Amorín, Agazzi, Payssé, Xavier, Cardoso, Delgado, Pintado y Lacalle Pou.

– Quedan convocados los señores senadores Ramos, Paternain, Eguiluz, Lorier, Iglesias, Garín, Gomori, Pintos, Saravia, Castaingdebat, Baráibar y Argimón.

10) Régimen de trabajo

• Por moción del señor senador Michelini, el Senado resuelve:

• suspender la sesión del martes 5 de julio para que la Comisión de Constitución y Legislación continúe con el trabajo que viene realizando;

• alterar el orden del día para tratar en primer lugar el segundo punto del orden del día, relativo al impuesto al valor agregado de frutas, flores y hortalizas;

• convocar a una sesión extraordinaria para el miércoles 29 del corriente a los efectos de discutir el proyecto relativo al Código del Proceso Penal.

11) y 13) Impuesto al valor agregado de frutas, flores y hortalizas

– Proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 17503.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14) y 17) Comisión preinvestigadora con fines legislativos para analizar la situación de la corrupción en el Uruguay

– Informes en mayoría y en minoría de la comisión preinvestigadora.

• Se vota afirmativamente el proyecto de resolución en el sentido de no hacer lugar a lo solicitado por el señor senador mocionante.

18) Comisión especial con fines legislativos para estudiar normas vinculadas a la prevención y represión de los actos de corrupción

• Se vota negativamente la moción presentada por el señor senador Mieres en tal sentido.

19) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 20 de junio de 2016

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo miércoles 22 de junio, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1.º) Informes de la comisión preinvestigadora, integrada para analizar la denuncia presentada por el señor senador Pedro Bordaberry, sobre la situación de la corrupción en el Uruguay.

Carp. n.º 595/2016 - Rep. n.º 295/2016

2.º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 17503, de 30 de mayo 2002, sobre el impuesto al valor agregado de frutas, flores y hortalizas.

Carp. n.º 583/2016 - Rep. n.º 294/2016

Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Alonso, Argimón, Aviaga, Ayala, Baráibar, Berterreche, Besozzi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Coutinho, De León, Delgado, García, Garín, Gomori, Heber, Iglesias, Lacalle Pou, Larrañaga, Lorier, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Passada, Payssé, Pintado, Pintos, Saravia, Topolansky, Tourné y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Agazzi, Amorín, Cardoso y Mujica; y con aviso, el señor senador Bianchi.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:40).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La Presidencia de la Asamblea General destina mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

• por el que se designa con el nombre Ángel Cantoni la escuela rural n.º 110 de paraje Pamer, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

–A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

• Por el que se concede una pensión graciable al señor Eduardo Acosta Bentos.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que solicita la venia correspondiente para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Luis Lacalle Pou, referente a un fondo de inversión en la minera Aratirí.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR LACALLE POU.

El Ministerio de Desarrollo Social remite respuesta a un pedido de informes solicitado por la señora senadora Carol Aviaga, relacionado con el cumplimiento de la Ley n.º 18651, de 19 de febrero de 2010, sobre protección integral de personas con discapacidad.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA SENADORA AVIAGA.

El presidente de la Cámara de Senadores comunica que la Comisión especial para el estudio de los asuntos relacionados con la financiación de los partidos políticos y la publicidad electoral estará integrada por los señores senadores Carlos Camy, Germán Coutinho, Luis Alberto Heber, Pablo Mieres, José Mujica, Marcos Otheguy, Enrique Pintado, Daisy Tourné y Mónica Xavier.

–TÉNGASE PRESENTE.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueba la modificación del artículo 1.º del convenio que establece la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), llamado Convenio de Lima, adoptado en la XXXVIII (38) Reunión de Ministros, por Decisión XXXVIII/D/453, de 30 de noviembre de 2007.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

• Por el que se sustituye el literal A) del artículo 34 del Decreto Ley n.º 14157, de 21 de febrero de 1974, en la redacción dada por la Ley n.º 19142, de 14 de octubre de 2013, referente a aguas jurisdiccionales de la Armada nacional.

–A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

• Por el que se designa con el nombre República de Finlandia la escuela n.º 2 de tiempo completo del departamento de Río Negro, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;

• por el que se designa con el nombre Marta Elena Vivas Borbonet el jardín de infantes n.º 203 de la ciudad de La Paz, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;

• por el que se designan con los nombres Román Iturburúa y Químico Farmaceútico Raúl A. Bianchi la sala y el hall, respectivamente, del Teatro Uamá de la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia; y se autoriza la colocación de una placa recordatoria con el nombre Doctora Adela Reta en dicho teatro.

–A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

Asimismo, comunica que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación económica y técnica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Hungría, suscrito en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 28 de noviembre de 2013;

• por el que se aprueba el Acuerdo marco de cooperación con la Federación de Saint Kitts and Nevis, suscrito el 16 de enero de 2015;

• por el que se aprueba el Acuerdo marco de cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República de Armenia, suscrito en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 9 de julio de 2014.

Y que ha aceptado las modificaciones introducidas por este Cuerpo al proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo a fin de facilitar las prestaciones de asistencia técnica que le pueda proporcionar el Gobierno de los Estados Unidos de América a través del Departamento de Energía al Gobierno de nuestra república.

AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

Además, remite copia de las siguientes exposiciones escritas presentadas por la señora representante Patricia Vásquez Varela:

• relacionada con la tenencia irresponsable de caninos.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LAS COMISIONES DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA Y DE SALUD PÚBLICA.

• Relacionada con la reglamentación de la Ley n.º 18191, de 14 de noviembre de 2007, sobre tránsito y seguridad vial.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.

Y comunica:

• que ha designado para integrar la Comisión Administrativa del Poder Legislativo que actuará durante el segundo período de la XLVIII legislatura, a la señora representante Orquídea Minetti y a los señores representantes José Carlos Mahía y Jaime Trobo.

–TÉNGASE PRESENTE.

• Que ha sancionado un proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y su anexo al Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre facilitación del comercio, adoptado en Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014.

–AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informado un proyecto de ley por el que se designa con el nombre David Manuel Hugo Rohrer la Escuela Técnica de la ciudad de Ecilda Paullier, departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Técnico Profesional, Administración Nacional de Educación Pública.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informada una solicitud de venia del Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de fiscales adscriptos (escalafón “N”), a los doctores Rosario Isabel Silveira Retamar, Ricardo Marcelo Bregani Rosano y Cecilia María Manassi Corts.

–REPÁRTANSE E INCLÚYANSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

La Comisión de Hacienda eleva informado un proyecto de ley por el cual se modifica la Ley n.º 17503, de 30 de mayo de 2002, referida a la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) de frutas, flores y hortalizas.

La Comisión preinvestigadora con fines legislativos para analizar la situación de la corrupción en el Uruguay eleva informes relacionados con la moción presentada por el señor senador Pedro Bordaberry.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La señora senadora Beatriz Argimón, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Educación y Cultura, a la Dirección Nacional de Cultura, a la Televisión Nacional de Uruguay y a la Asociación de Agencias de Publicidad del Uruguay, relacionada con la nueva programación de la Televisión Nacional de Uruguay.

El señor senador Jorge Saravia, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Educación y Cultura, al Consejo de Educación Técnico Profesional, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Alcaldía de Vichadero, a la Junta Departamental de Rivera y a las Intendencias de Cerro Largo y de Rivera, relacionada con la situación de la Escuela Técnica de Vichadero, departamento de Rivera.

–HAN SIDO REPARTIDAS. SE VAN A VOTAR UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La señora senadora Carol Aviaga solicita la reiteración de los siguientes pedidos de informes, a los efectos de que el Cuerpo los haga suyo:

• con destino al Ministerio de Salud Pública, relacionado con el uso y control del herbicida glifosato y su impacto en las personas;

• con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con el uso y control del herbicida glifosato y demás agrotóxicos y su impacto en los productos ingeridos por las personas.

–SE VA A VOTAR LUEGO DE LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Junta Departamental de Canelones remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor edil Emilio Metediera, relacionadas con el reconocimiento al señor Bari González Modernell.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDO A LA BANCADA DE SENADORES DEL PARTIDO NACIONAL».

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Pablo Mieres presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el cual se habilita a los profesionales universitarios no incluidos dentro del régimen jubilatorio de la caja de profesionales a fin de que puedan continuar ejerciendo su profesión posteriormente a su jubilación como trabajadores independientes.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Mieres presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 12 de la Ley n.º 17060, de 23 de diciembre de 1998, por la que se dictan normas referidas al uso indebido del poder público (corrupción).

–A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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5) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Sebastián da Silva, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes de fecha 15 de junio, relacionado con la adquisición y renovación de los vehículos oficiales, con destino:

• al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas y a la Administración Nacional de Telecomunicaciones;

• al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado;

• al Ministerio de Desarrollo Social, y por su intermedio al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay;

• al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Educación Pública, a la Universidad de la República, al Consejo Directivo Central y a la Universidad Tecnológica;

• al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco Central del Uruguay, al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco de Seguros del Estado;

• al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social;

• al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a la Administración de Ferrocarriles del Estado y a la Administración Nacional de Puertos;

• al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio al Instituto Nacional de Colonización;

• al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Agencia Nacional de Vivienda y al Banco Hipotecario del Uruguay;

• al Ministerio del Interior;

• al Ministerio de Relaciones Exteriores;

• al Ministerio de Defensa Nacional;

• al Ministerio de Turismo;

• a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

• a la Corte Electoral;

• al Tribunal de Cuentas.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «La señora senadora Carol Aviaga, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio al Instituto Nacional de Colonización, relacionado con la adquisición de un campo ubicado en la ruta n.º 94, kilómetro 97, a orillas del río Santa Lucía.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Luis Lacalle Pou, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, relacionado con una compra directa por excepción para la adquisición de equipamiento policial.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Pedro Bordaberry, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay, relacionado con la empresa Madobul S. A.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Pablo Mieres, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con los mecanismos de control para las compras de petróleo.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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6) EXPOSICIONES ESCRITAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde poner a votación la remisión de las exposiciones escritas de las que se dio cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

Se va a votar si se remiten al Ministerio de Educación y Cultura, a la Dirección Nacional de Cultura, a la Televisión Nacional de Uruguay y a la Asociación de Agencias de Publicidad del Uruguay la exposición escrita presentada por la señora senadora Argimón.

(Se vota).

–18 en 21. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita).

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SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se remite al Ministerio de Educación y Cultura, al Consejo de Educación Técnico Profesional, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Alcaldía de Vichadero, a la Junta Departamental de Rivera y a las Intendencias de Cerro Largo y de Rivera la exposición escrita presentada por el señor senador Saravia.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita).

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7) REITERACIÓN DE PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde votar si el Senado hace suyos y reitera los pedidos de informes solicitados por la señora senadora Aviaga, de los que se diera cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

(Se vota).

–20 en 22. Afirmativa.

8) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece al artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 15 de junio no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 9 de junio faltaron con aviso los señores senadores Carballo, Larrañaga y Mujica. Y a la sesión del 16 de junio, faltaron con aviso los señores senadores Bianchi, Larrañaga y Mujica.

A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 14 de junio faltaron con aviso los señores senadores Besozzi y García.

A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 14 de junio faltó con aviso el señor senador Michelini.

A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 15 de junio faltó con aviso el señor senador De León.

A la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del 15 de junio faltó con aviso el señor senador De León.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 16 de junio faltó con aviso el señor senador Camy.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del 16 de junio faltaron con aviso los señores senadores Gallicchio y Mujica.

9) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 21 de junio de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por los días 8 al 16 de julio, de conformidad con la Ley n.º 17827, artículo 1, literal D, que establece la causal “Ausencia en virtud de obligaciones notorias, cuyo cumplimiento sea de interés público, inherentes a su investidura académica o representación política dentro o fuera del país”, a efectos de asistir en Israel a un seminario para líderes de opinión de Uruguay que organizan el Project Interchange, el Comité Central Israelita del Uruguay y el Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos del Comité Judío Americano.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Pablo Mieres. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Iván Posada ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Conrado Ramos, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 22 de junio de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de junio de 2016 inclusive, por motivos personales.

Solicito también se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Constanza Moreira. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Rafael Paternain, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 22 de junio de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente y al amparo de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo me conceda licencia, por motivos personales, por los días 28 de junio, 5 y 6 de julio del corriente año.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Pedro Bordaberry. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocada la señora Cecilia Eguiluz, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 21 de junio de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

Presente

De mi consideración:

Por este intermedio solicito al Cuerpo me conceda licencia por asuntos particulares, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, el día 22 del corriente.

Solicito además se convoque al suplente respectivo.

Sin más, saludo atentamente.

Marcos Carámbula. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

Se comunica que el señor Juan Castillo ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Eduardo Lorier, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 21 de junio de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Don Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 22 del presente mes.

Sin otro particular, saludo al señor presidente muy atentamente.

José Amorín Batlle. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

Se comunica que los señores Tabaré Viera y Walkiria Olano han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Alberto Iglesias, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 21 de junio de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Don Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la de Ley n.º 17827, el día 22 de junio de 2016, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo al señor presidente muy atentamente.

Ernesto Agazzi. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 21. Afirmativa.

Se comunica que el señor Francisco Beltrame ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Daniel Garín, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

10) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería ingresar al orden del día.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para plantear varias cuestiones de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: según lo acordamos con los señores coordinadores, quiero plantear cuatro cuestiones de orden; el señor presidente dirá cómo las votamos.

En primer lugar, solicitamos que se suspenda la sesión del martes 5 de julio, a los efectos de que la Comisión de Constitución y Legislación continúe con el trabajo que viene realizando.

En segundo término, considerando que varios señores senadores tienen un compromiso durante las horas del mediodía de hoy, solicitamos un cuarto intermedio desde las 12:00 hasta las 15:30. Si bien algunos integrantes del Cuerpo piensan que no será necesario, tenemos que preverlo para no estar luego a las corridas.

En tercer lugar, solicitamos que se altere el orden del día, lo que también fue acordado. La propuesta es comenzar con el segundo punto, es decir, el que refiere al impuesto al valor agregado de frutas, flores y hortalizas.

En cuarto término, solicitamos una sesión extraordinaria para el miércoles 29 del corriente a los efectos de discutir el proyecto relativo al Código del Proceso Penal.

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a votar de a una las propuestas realizadas por el señor senador Michelini.

Se va a votar la suspensión de la sesión ordinaria del día 5 de julio.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar la propuesta de realizar una sesión extraordinaria el día 29 de junio a las 09:30 para tratar el proyecto de ley sobre el Código del Proceso Penal.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde ahora votar la moción formulada por el señor senador en el sentido de alterar el orden del día y pasar a considerar de inmediato el asunto que figura en segundo término.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

La propuesta de pasar a cuarto intermedio la votaremos al llegar a las 12:00.

11) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE FRUTAS, FLORES Y HORTALIZAS

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con lo resuelto, el Senado entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en segundo término: «Proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 17503, de 30 de mayo 2002, sobre el impuesto al valor agregado de frutas, flores y hortalizas. (Carp. n.º 583/2016 - Rep. n.º 294/2016)».

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Berterreche.

SEÑOR BERTERRECHE.- Señor presidente: traemos a consideración del Cuerpo el proyecto de ley vinculado al impuesto al valor agregado de frutas, flores y hortalizas, que modifica la Ley n.º 17503, de 30 de mayo de 2002, y cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes.

No queremos abundar en la importancia que tiene el sector hortifrutícola, pero debemos reafirmar el peso que tiene en la soberanía y la seguridad alimentaria nacional y en la radicación de la población en el medio rural; varios miles de productores familiares y trabajadores rurales laboran en esta área de la agropecuaria nacional.

La Ley n.º 17503 –que es la que se va a modificar– se crea a partir de los daños producidos por los efectos climáticos. Tenía como objetivo, mediante un tratamiento impositivo complejo, crear un fondo que permitiera reconstruir un sector golpeado por las inclemencias circunstanciales del tiempo, y dejar el IVA en suspenso a la producción nacional, al mismo tiempo que gravar la producción importada que se vendía en las grandes superficies. Lo recaudado iba al fondo creado, manejado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Además esta ley tenía fecha de vencimiento.

En 2004, ante el endeudamiento que comprometía la existencia de buena parte del sector granjero, se amplió el uso del fondo y se prorrogó por diez años. Posteriormente, el fondo se utilizó para crear un conjunto de medidas, como la de subsidiar seguros contra granizo –hoy tenemos el orgullo de decir que cerca de un 90 % de las plantaciones frutales de hoja caduca, esto es, durazno, pera y manzana, está asegurado– y permitió que hubiera proyectos de riego y planes de negocios que incluían procesos de concatenación del sector agroindustrial.

Se puede decir que, en términos generales, durante todos estos años el mecanismo actuó a satisfacción de las distintas partes involucradas. Sin embargo, las sucesivas prórrogas le quitaban la estabilidad necesaria para que el sector pudiera actuar con la tranquilidad de una medida de largo plazo. Tanto en junio como en diciembre de 2015 se votaron leyes que prorrogaron las condiciones establecidas.

La Ley de Presupuesto nacional n.º 19355, aprobada el año pasado, incluyó el artículo 697 que refería al fortalecimiento del fondo y lo hacía independiente de lo recaudado, permitiendo convertir una medida coyuntural y con plazo, en una política de carácter estratégico y de largo plazo. El artículo 697 dice así: «Increméntase en el Inciso 24 “Diversos Créditos”, unidad ejecutora 007 “Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”, programa 320 “Fortalecimiento de la Base Productiva de Bienes y Servicios”, Financiación 1.2 “Recursos con Afectación Especial”, el objeto del gasto 749.006 “Partidas a Reaplicar - Fdo. Reconst. Fom. Granja A1L17503”, en $ 70 millones (setenta millones de pesos uruguayos) a efectos de alcanzar un aporte al referido Fondo de $ 350 millones (trescientos cincuenta millones de pesos uruguayos) anuales». Estos $ 350 millones, obtenidos por el aporte incremental de más de USD 2 millones, es lo que aproximadamente se recauda en forma anual por el mecanismo anterior.

Con el proyecto de ley que estamos presentando se cierra un período de postergación tras postergación que no le hacía nada bien al sector, ni creemos deseable desde el punto de vista administrativo y legislativo.

Por último, queremos dejar establecido que en la Cámara de Representantes se hicieron modificaciones a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo con el propósito de lograr las máximas fórmulas de acuerdo que permitan un amplio espectro de apoyo dentro del sector, aun con los matices del caso.

En síntesis, este proyecto de ley permitirá, en primer lugar, dar carácter definitivo al Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja; en segundo término, poner a los productores de frutas, flores y hortalizas en igualdad de condiciones con el resto de los productores agropecuarios respecto del IVA; en tercer lugar, mantener el gravamen al consumo final de frutas, flores y hortalizas con IVA a la tasa mínima, manteniéndose gravadas las importaciones de estos productos.

(Ocupa la presidencia el señor Marcos Otheguy).

–El proyecto de ley que estamos presentando consta de cinco artículos. El primero y el segundo establecen el régimen del IVA en iguales condiciones que para la agropecuaria nacional. El tercero, faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito fiscal de hasta el 18,03 % sobre el valor de adquisición de frutas, flores y hortalizas ante algunas circunstancias de encadenamiento del sector. El cuarto y el quinto establecen las derogaciones correspondientes para la aplicación de la presente ley.

Por lo expuesto, lo ponemos a consideración del Senado sugiriendo su aprobación.

Muchas gracias.

SEÑOR IGLESIAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR IGLESIAS.- Señor presidente: vamos a acompañar esta iniciativa porque nos parece de estricta justicia dar certeza a estas actividades productivas puesto que si hay gente que sufrió los avatares del Mercosur y las incertidumbres del clima fue, precisamente, la vinculada a las actividades productivas familiares, como los frutihorticultores.

En 2002, se gravó con el IVA las hortalizas, justamente, para que hubiera una política que atendiera las situaciones climáticas adversas, que a veces provocaban daños irreparables. Sumado a esto, hubo un acuerdo entre el Banco de Seguros del Estado y el Ministerio de Agricultura y Pesca –que se mantiene hasta el día de hoy– por el cual se subsidian los seguros con recursos del Poder Ejecutivo. Felizmente los seguros se han ido modificando en favor de la producción y brindan las certezas que deben tener quienes realizan esta actividad.

Por lo tanto, entendemos absolutamente conveniente que se convierta en una ley permanente, con fondos fijos –sin la incertidumbre de lo que se recauda o se deja de recaudar– que permitan, mediante negociaciones, la creación de políticas y certezas para quienes asumen el riesgo de competir, incluso, con el clima, además de los avatares de la región y sus excedentes, que muchas veces jaquean a estos productores.

Por lo expuesto, reitero, vamos a acompañar este proyecto de ley.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señor presidente: como señalamos en la comisión, el Partido Nacional va a acompañar este proyecto de ley. En dicho ámbito se estudió de manera detallada el proyecto de ley, pero fundamentalmente la situación que involucra a por lo menos cuatro o cinco leyes ya que debemos remitirnos a cuando el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, con fecha 2 de diciembre de 2015, una ley de cinco artículos sobre el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja, y la aplicación del IVA a frutas, flores y hortalizas. La Comisión de Hacienda dividió esa iniciativa en dos partes: dos artículos que referían a la financiación del fondo –que pasa a ser con cargo a rentas generales, como establece la Ley n.º 19364–, y tres artículos que se desglosaron, referidos a cambios tributarios en el régimen del IVA a las frutas, flores y hortalizas. Con respecto al cambio de tributación, se pretende incluir estos productos en el mismo régimen que los demás productos agropecuarios.

En el año 2002, señor presidente, a través de la Ley n.º 17503, se creó un régimen especial y transitorio para que el IVA no impactara de forma importante sobre el IPC y la rentabilidad de los productores. Las principales características de este régimen fueron las siguientes.

Se interrumpió el IVA en suspenso cuando el productor granjero enajenaba a sujetos pasivos del IRAE y cuando se importaban flores, frutas y hortalizas, aplicando en este caso la tasa básica del IVA, del 22 %.

Para neutralizar la medida del IVA en suspenso a los productores, se les otorgó un crédito fiscal por el 100 % del IVA venta que facturaban, lo que transfería en forma automática un IVA compras al intermediario, al comerciante o al industrial, que lo deducían en la liquidación fiscal del IVA.

La otra característica es que se fijaba un valor mínimo del IVA, de 10 % de las ventas a los consumidores finales, lo que generaba un muy bajo impacto del impuesto en la etapa en que se comercializaba.

La vigencia de la Ley n.º 17503 era hasta el 30 de junio de 2005, plazo que fue prorrogado por diez años –hasta el 30 de junio de 2015– a través de la Ley n.º 17844. Con fecha 27 de junio de 2015, la Ley n.º 19325 prorrogó el plazo hasta el 31 de diciembre de 2015, y el 31 de diciembre de 2015, la Ley n.º 19364 lo prorroga nuevamente hasta el 30 de junio de 2016. Estos son los antecedentes con que trabajamos en la comisión al analizar esta ley que en el día de hoy sancionará el Senado de la república.

Hemos recibido al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y al equipo técnico de la cartera que trabaja en este tema, así como también a distintas gremiales. No todas las gremiales tienen la misma opinión y creo que hay que tener en cuenta dos cosas que se han señalado aquí, señor presidente. En primer lugar, la granja es un sector muy particular y quienes estamos vinculados a las actividades agropecuarias o quienes viven en el interior –fundamentalmente en las zonas vinculadas a la producción granjera– saben que es un sector muy particular, que requiere protección, atención y políticas tuitivas. La ley actual le daba certezas por cuanto lo incluía en la norma, pero ahora se le da una facultad al Poder Ejecutivo, lo que genera preocupación. Aclaro que no juzgamos que se vaya a aplicar de mala manera o cuando se requiera, pero no se puede negar que no existe la misma certeza que antes. Tal como señalaban representantes de la Asociación de Exportadores de Fruta de Hoja Caduca del Uruguay, nadie puede negar que pueda haber una afectación si no se tiene la certeza de contar con el crédito fiscal.

Por tanto, haciéndonos eco de la visión de muchas gremiales, planteamos en la comisión que hubiera sido propicio extender el plazo, por ejemplo, a dos años para estudiar más a fondo el tema en un diálogo entre las gremiales, el Gobierno y las fuerzas políticas. En definitiva, queremos un consenso en este tema para fijar reglas claras en una solución que, aunque se criticó, nació en el año 2002 y lleva, por lo menos, cinco leyes modificativas: las cuatro que señalé y la Ley n.º 18827, que genera el Fondo de Fomento de la Granja.

Vamos a acompañar este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, con las modificaciones de la Cámara de Representantes porque, de lo contrario, dejaríamos el sector granjero sin amparo a partir del 30 de junio –fecha en que caduca la vigencia de la norma a la que hemos aludido– y con menos certezas.

Por estas razones, señor presidente, el Partido Nacional va a acompañar este proyecto de ley, tal como lo sugiere el miembro informante.

Muchas gracias.

SEÑOR GARÍN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GARÍN.- Nosotros queremos referirnos al proyecto de ley que vamos a acompañar y hacer una breve referencia a la importancia que damos a esta iniciativa en el marco general de apoyo al sector de la granja.

Como todos saben, el sector de la granja es una parte importante de la agropecuaria, a pesar de que carga con la pesada mochila de estar muchas veces involucrado en procesos productivos que no son los más competitivos. Desde tiempos inmemoriales ha sido apoyado por el Estado, por la sencilla razón de que la granja representa una contribución importante a la seguridad alimentaria del país –especialmente, en alimentos, frutas y hortalizas frescas– y a la salud de la población. Además, es un sector que ha matrizado en nuestra cultura agropecuaria conceptos muy importantes que hay que destacar. Por ejemplo, ha contribuido a la colonización de los territorios rurales, fue el motor de la incorporación de prácticas culturales de las actividades agrícolas en nuestro país, allá por principios del siglo xx y, ni que hablar, ha contribuido a generar una matriz social, especialmente de pequeños productores familiares que en Canelones y en Montevideo dan sustento a la instalación de la población en estos territorios. Sin ningún lugar a dudas, además de contribuir a generar una cultura del trabajo desde las actividades agrícolas, también ha matrizado en muchos casos la construcción de factores de identidad y culturales en los territorios rurales, que identifican algunos departamentos o regiones de nuestro país.

Volviendo al proyecto de ley en sí –porque me extendí un poco en la importancia de la granja–, hoy está a consideración una nueva modificación de la Ley original n.º 17503, que creó el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja, que a través de sucesivas modificaciones ha llegado hasta nuestros días.

La Ley n.º 17503 tuvo la virtud de crear el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja que, en su momento, fue una significativa contribución para resolver un problema que se empezaba a expresar con claridad: los fenómenos atmosféricos extremos que generaban situaciones de catástrofe en la producción agropecuaria. También permitió empezar a generar algunos instrumentos más anticíclicos, como una política de seguros y de fomento, la integración horizontal y el desarrollo de las cadenas productivas de este sector. Con este fondo se tiene un instrumento para acompañar estas cadenas productivas.

Quizás hoy, que ya han transcurrido unos catorce años de aplicación de esta norma, deberíamos regocijarnos, porque los principales fundamentos que dieron origen a la Ley n.º 17503 y sus posteriores ampliaciones, se han cumplido. Me refiero a que se atendieron emergencias climáticas; precisamente, recordemos que la que promovió su creación fue el tornado que se produjo el 10 de marzo de 2002, pero también se utilizó ese fondo para otros eventos climáticos adversos que sucedieron después.

Lo cierto es que el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja –con sus sucesivos cambios de nombre– ha dado respuesta a esas necesidades. Pero cuando se creó, también cubrió otras –más estructurales– de carácter económico y tributario que tenía el sector como, por ejemplo, su endeudamiento. En este caso, ha habido avances muy significativos y se puede afirmar que actualmente los problemas de endeudamiento del sector están bastante resueltos. Por supuesto que también ha contribuido en procesos de desarrollo, que se han expresado esencialmente en los planes de negocios que han permitido la incorporación de tecnología y el aumento de la producción en las cadenas productivas del sector. Además, en los últimos tiempos se han incorporado medidas muy concretas de expansión de los seguros agrícolas para las producciones incluidas en esa expresión general de la granja y que muchas veces mencionamos como sinónimo de las producciones hortícola y frutícola.

Contento, entonces, por haber conseguido los resultados, también me parece importante recordar que, como todo proceso largo, genera muchos aprendizajes. En el año 2002, nuestra bancada no acompañó esta iniciativa. En primera instancia, hicimos un informe en minoría para decir que no acompañábamos la fórmula de financiamiento, pero después de la discusión que se dio en este ámbito finalmente apoyamos la incorporación del IVA a la comercialización de frutas y hortalizas. En realidad, esto significaba romper con un estado general, porque en ese momento todos los productos agropecuarios estaban exonerados de IVA. En aquella oportunidad, la solución que se encontró para dar financiamiento al fondo fue a través de la incorporación de dicho impuesto, aunque tal vez este mecanismo ha permanecido durante demasiado tiempo, lo que ha dado lugar a muchas discusiones y a que pensemos bastante en encontrar una alternativa.

De todas formas, podemos decir que afortunadamente aquel mecanismo, fruto de las expresiones generadas por el propio Parlamento, llegó hasta estos días –aunque en su momento el sector se opuso a que el IVA fuera el mecanismo de financiamiento; una posición similar a la de la bancada del Frente Amplio– con el consentimiento de la base social del sector de la granja.

Hoy nos encontramos en una situación diferente. Recordemos que la Ley n.º 17503 fue creada para financiar la recuperación y la reinstalación de una cadena productiva que había sido afectada por el tornado del 10 de marzo de 2002. Precisamente, el hecho de que el Estado careciera de un instrumento para atender estas situaciones generó la necesidad de crear este fondo. Transitar por tantos años de aplicación de esta ley nos ha hecho pensar a todos y muchas veces nos ha orientado para ir construyendo soluciones alternativas. Por ejemplo, en el año 2002, el Frente Amplio entendía que atender una catástrofe climática con la incorporación de un impuesto no era lo más conveniente, y especialmente uno tan adverso como el IVA; no olvidemos que el mayor impacto negativo es para las familias de menores ingresos, que son las que en proporción utilizan más cantidad de dinero en la compra de alimentos. Esto había que resolverlo, aunque con el transcurso de los años se han identificado otros elementos que también han generado efectos. Por estas razones, en los últimos tiempos se han empezado a crear mecanismos para abordar esta temática de una forma más integral.

No puedo dejar de mencionar que actualmente se dispone de una plataforma global para atender la problemática que se genera debido a las adversidades extremas que los eventos climáticos producen sobre la ciudadanía. Me refiero al Sistema Nacional de Emergencias –Sinae–, que atiende la problemática general. Y también tenemos, desde el año 2009, el Fondo Agropecuario de Emergencias, que fue creado con la finalidad de atender la problemática de afectación de las cadenas productivas agropecuarias. Ambos instrumentos se han utilizado durante los últimos años como herramientas más idóneas para atender las catástrofes.

Asimismo, se han creado nuevos mecanismos para financiar el actual Fondo de Fomento de la Granja. El señor senador Berterreche ya ha mencionado que desde la ley de presupuesto este fondo –que había sido financiado por el IVA–, que ha permitido cambios estructurales muy importantes en los últimos años, tiene un financiamiento propio. Todos los que estamos aquí, pero sobre todo los integrantes del sector –que lo han dicho expresamente–, entendemos que disponer de un fondo de financiamiento desde la ley de presupuesto –los mencionados $ 350 millones anuales– es un buen mecanismo para seguir fomentando la granja. Me parece que es algo de interés para quienes estamos aquí, para los propios granjeros y también para la población en general, porque disponer de $ 350 millones anuales durante los próximos cinco años será una oportunidad para seguir fomentando el desarrollo de la granja, el crecimiento de la producción granjera. Y esto significa que se podrá disponer de más frutas y hortalizas para poder ofertarlas en mayor cantidad, con precios más accesibles para la ciudadanía, a fin de seguir mejorando su consumo. Sin duda, queda mucho camino por recorrer. Sin ir más lejos, las recomendaciones de la OPS dicen que Uruguay perfectamente podría duplicar el consumo de frutas y hortalizas y disponer así de una dieta saludable, con el debido aporte de nutrientes.

En síntesis, a través del Sinae y del Fondo Agropecuario de Emergencias, hoy tenemos la posibilidad de atender mejor las catástrofes generales y particulares del sector, incluyendo al granjero. Según entiendo, está disponible un monto para que el Fondo de Fomento de la Granja continúe permitiendo el crecimiento y el desarrollo de este sector, aumentando su producción para que mejore el consumo y –por qué no– se siga expandiendo su flujo exportador.

Lo que restaba era terminar de resolver la problemática asociada al financiamiento –que ya está resuelta– y la gestión del IVA en las frutas, flores y hortalizas. En ese sentido, el proyecto de ley en consideración contiene una propuesta para mejorar su imposición, captación y administración. Un elemento a tener en cuenta es que la producción de los productores agropecuarios familiares que llegue directamente a los consumidores finales va a quedar liberada del IVA. Esto significa que la fruta y la verdura que compren los vecinos en las ferias barriales o en las localidades del interior no van a ser afectadas por el IVA, con lo que se contribuirá a abaratar ese producto para el consumidor final y probablemente seguir mejorando la producción agropecuaria familiar, dándole un motivo más para continuar expandiéndose.

Por todo lo expuesto, vamos a acompañar este proyecto de ley que, por lo que he podido observar, cuenta con la aprobación general.

Es cuanto quería manifestar, señor presidente.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Gracias, señor presidente.

Mi amigo y compañero de partido, el señor senador Camy, hizo una extensa referencia al proceso legislativo que tuvo la situación tributaria, no solo respecto del sector granjero –flores, frutas y hortalizas–, sino también del citrícola, que está exonerado del impuesto. Como muy bien recordaba, en virtud de la crisis climática que tuvo lugar en marzo de 2002 –fue una de esas circunstancias que se dan en las crisis de determinada magnitud–, se dispuso gravar con IVA las flores, frutas y hortalizas y crear, conjuntamente, el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja con el objetivo principal de atender la urgencia y las necesidades de este sector.

La idea era promover los seguros y apoyar los programas de fomento y reconstrucción de la granja. No fue sencilla la aplicación del IVA para financiar el fondo que contribuiría a reconstruir la granja, porque se buscaba que ello no impactara en el precio final del producto. Por eso se instrumentó el sistema del IVA en suspenso, que da la posibilidad de generar un crédito equivalente al 100 % del IVA ventas. De esta manera, el productor primario no debía volcar a la DGI la suma retenida por ese concepto.

Respecto de este fondo, que comenzó llamándose Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja y después de sucesivas legislaciones pasó a ser Fondo de Fomento de la Granja –que atendió las situaciones descritas por el señor senador Garín, como la del endeudamiento, y con el que se trabajó en planes de estímulo a la producción integrada y planes de inocuidad de alimentos–, la evaluación es absolutamente positiva. Obviamente, este fondo se financiaba con la aplicación del IVA, fundamentalmente a las frutas importadas.

Como decía, la evaluación es absolutamente positiva. Tanto es así que la ley, que fue objeto de modificaciones –el señor senador Camy hizo referencia a ellas–, prorrogó este régimen para dar garantías a los productores, a los industrializadores y a los exportadores.

Ahora bien, en diciembre del año pasado ingresa a la Cámara de Representantes un proyecto de ley que cambia las reglas de juego, porque mantiene el régimen del IVA en suspenso, pero elimina, entre otras cosas, los créditos fiscales a los industrializadores y a los exportadores de flores, frutas y hortalizas. Hubo una discusión bastante larga en la citada rama parlamentaria, aunque no ocurrió lo mismo en este Cuerpo. Cabe destacar que la última prórroga es hasta el 30 de junio, fecha en la que caería el sistema, con lo que seguramente se generaría una distorsión tributaria y productiva que nadie quiere, porque si hay algo en lo que estamos todos de acuerdo es en que el sistema del IVA en suspenso funcionó para los productores. En mi opinión, es muy bueno que esta iniciativa haya sido aprobada con el voto de todos los partidos porque, sobre todo en momentos de zozobra económica, debemos dar garantías sobre cómo se va a jugar de aquí para adelante.

En la Cámara de Representantes, después de recibir a todas las gremiales –a algunas más de una vez; muchas manifestaron que no estaban de acuerdo con esta iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo debido a que no hubo un ámbito de consulta lo suficientemente adecuado– y a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas, se modifica el proyecto de ley. Si no me equivoco, se votó el mes pasado, primero en la Comisión de Hacienda y después en el plenario, achicándolo y cambiándole algunos parámetros que en mi opinión lo mejoran.

El proyecto de ley que vino de la Cámara de Representantes se podría dividir, entonces, en dos partes conceptuales. En primer lugar, se mantiene el régimen de IVA en suspenso que, a mi juicio, es lo más importante, porque es parte de lo que cae el 30 de junio. En esto no hay dos opiniones: las gremiales, el Poder Ejecutivo y toda la oposición están de acuerdo en mantener el IVA en suspenso para las flores, frutas y hortalizas. El problema viene con la modificación que, si bien mejora la propuesta enviada originalmente –que eliminaba el régimen existente– y dispone la posibilidad de seguir operando con un crédito fiscal de 18,03 % para los que vendan para el consumo final o quienes industrialicen o exporten, ello se establece con la expresión: «Facúltase al Poder Ejecutivo». Esta expresión nos hace ruido porque, al mismo tiempo que otorga discrecionalidad sobre el régimen tributario a aplicar, aumenta el nivel de inseguridad para quienes están actuando en el mercado de la industria y de la exportación. ¿En términos porcentuales son pocos? Sí, pero, como todos sabemos, la idea es que sigan aumentando.

En la sesión de la Comisión de Hacienda a la que concurrieron autoridades de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas, así como la directora nacional de la Granja y todas las gremiales, nos encontramos con que muchas de ellas estaban de acuerdo en mantener el régimen del IVA en suspenso para los productores, pero no en dar tanta discrecionalidad al Poder Ejecutivo, facultándolo a otorgar un crédito fiscal para la industria y la exportación.

A nosotros nos pareció de orden preguntar cuál era el criterio con que se iba a emplear el término «facúltase», pero no fueron del todo claros al responder. Se nos habló de algunos desvíos del sistema –podemos coincidir en que se pueden dar–, pero a la hora de implementar una estructura tributaria, prefiero que se generen las condiciones necesarias para controlar el sistema cuando se desvía y aplicar las sanciones correspondientes, que ser muy discrecionales y no generar las garantías necesarias para el desarrollo y la seguridad del sector exportador. Por eso el Partido Nacional cuestionó en la comisión la posibilidad del «facúltese» y propuso que lo mejor era seguir trabajando para conseguir un mecanismo que tuviera el consenso –como hasta ahora han tenido las medidas vinculadas a la granja– de todos los actores, y prorrogar por uno o dos años el sistema en el doble sentido, es decir, el IVA en suspenso para los productores y el crédito fiscal para los industrializadores y exportadores.

Esto viene de la mano con el segundo tema: el Fondo de Fomento de la Granja. En realidad, lo que se hizo a través de una ley fue cambiar el origen de su financiamiento. Antes este fondo se nutría del IVA, sobre todo a la fruta importada, y la verdad es que se obtuvo una recaudación importante. Incluso, hoy se está discutiendo sobre USD 50 millones que todavía están por aplicarse del fondo anterior, o sea, antes de que cambiara el régimen de financiamiento. Quiero ser muy claro en esto: el Gobierno dijo que prefería que el financiamiento de este fondo –que compartía– se hiciera a través de rentas generales en el Presupuesto nacional. Hubo un compromiso público y debo decir que se cumplió; no tengo ningún problema en señalar que se cumplió. Sé que hay algunas gremiales que no están del todo de acuerdo con esto y preferían mantener atado el financiamiento del fondo al IVA, pero ello siempre terminaba quedando a merced de las vicisitudes del mercado.

En su momento, cuando el Poder Ejecutivo nos habló de llegar a un fondo de $ 350 millones, nos pareció una cifra muy interesante y la votamos en momentos de la consideración del Presupuesto nacional. Quizás era un poco menos de lo que se recaudaba con el IVA –algunos dicen que mucho menos–, pero se tenía la garantía de que a nivel presupuestal íbamos a tener $ 350 millones ajustables –como son todas las partidas presupuestales– para la granja. Y eso quedaba ahí porque estaba fijado en una ley de presupuesto. Ese es el famoso artículo 697 del Presupuesto nacional, en que el Poder Ejecutivo termina de ajustar este tema y se compromete –se vota, por lo cual es ley– a otorgar un incremento presupuestal para este fondo de unos $ 70 millones, por lo cual a partir del 1.º de enero de este año teníamos $ 350 millones para el Fondo de Fomento de la Granja. Luego, la Junta Nacional de la Granja determinará el destino. En su momento se discutió el tema de los planes y de la inocuidad, así como aspectos más modernos, tales como la producción integrada, certificaciones, etcétera. Creo que hoy cambian el perfil y los mecanismos que permiten a la granja obtener oportunidades comerciales y este fondo puede ser muy importante para eso.

De todas formas, tengo que advertir –aunque no sé la respuesta; tengo muchas dudas al respecto y por eso no me quiero apresurar– sobre lo que dice el artículo 6.º del proyecto de ley de rendición de cuentas que entró el jueves al Parlamento, que expresa: «Abátanse las asignaciones presupuestales asignadas en la Ley n.º 19355, de 19 de diciembre de 2015, para el ejercicio 2017, en el monto incremental de las mismas respecto del ejercicio 2016, con excepción de los incrementos producidos por reasignaciones de crédito dentro del Inciso, así como los establecidos con destino a:», y a continuación enumera cuáles son. Mi primera lectura es que los $ 70 millones de incremento para el Fondo de Fomento de la Granja están dentro de los abatimientos. Esa es mi primera impresión. Quizás, luego de ver esas redacciones que hacen referencia a diversos artículos en la rendición de cuentas terminamos viendo que en realidad no es así y que se mantienen los $ 350 millones que fueron comprometidos. Quiero hacer esta advertencia porque a primera vista me pareció que terminaba siendo un perjuicio para la granja, lo que –obviamente – tenemos que señalar en este ámbito.

Señor presidente: en la Comisión de Hacienda no tuvimos demasiado tiempo para discutir este tema porque teníamos la responsabilidad de que el sistema no cayera. Reitero, este proyecto ingresó a la Cámara de Representantes en diciembre y recién el mes pasado se presentó a consideración de la Comisión de Hacienda del Senado. Se lo trató en una larga sesión donde recibimos a varias delegaciones, y se votó en otra instancia.

Como decía el señor senador Camy, hubiéramos preferido dar una prórroga al sistema para llegar a un acuerdo porque hay gremiales que no comparten esta solución. Se planteó dar una prórroga de uno o dos años; incluso, el Partido Independiente propuso que fuera de tres años. Eso hubiera sido sensato porque todos estamos trabajando en la misma dirección y con el mismo ánimo para dar garantías a la granja. Es un sector al que hay que dar, permanentemente, mecanismos de consideración porque, si no, se nos puede caer. La granja genera mucha mano de obra, tiene muchos productores familiares y un potencial muy importante, no solo de consumo sino también de exportación.

Hubiéramos preferido dar tiempo para que en la Junta Nacional de la Granja se debatiera mejor este tema y se encontrara una solución de consenso que evitara tener que votar divididos. En la Cámara de Representantes tomaron otra decisión, es decir, votar en contra el proyecto de ley y presentar modificaciones –que hizo la bancada del Frente Amplio en aquella cámara– que mejoran, a nuestro juicio, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Entonces, en sala votaron en contra y luego pidieron la reconsideración para votar a favor, porque es mejor esto que el proyecto original o que caiga el sistema.

Con los senadores Heber y Camy –que integramos la Comisión de Hacienda en nombre del Partido Nacional– hemos definido votar afirmativamente este proyecto con las salvedades que hemos expuesto. Hubiéramos preferido que se diera una prórroga, pero sabemos que hay una mayoría que no va a habilitarla. También hubiéramos preferido que se mantuviera el régimen de garantías que otorga el crédito fiscal y se combatieran las patologías, las desviaciones o el mal uso del sistema, pero siempre dejando claro que estamos de acuerdo con el IVA en suspenso, que es la primera parte del proyecto de ley. Lo perfecto es enemigo de lo posible. Lo peor que puede pasar es que el 30 de junio no haya ley y caiga todo el sistema.

Concluyo con estas salvedades y con la advertencia –reitero, no puedo dar una opinión concluyente porque todavía estamos analizando el proyecto de rendición de cuentas– de que quizás los $ 70 millones que comprometió el Poder Ejecutivo a través del Presupuesto nacional –que acompañamos y elogiamos porque daba garantías al Fondo de Fomento de la Granja– estén dentro de las partidas que se abatan por el artículo 6.º de la rendición de cuentas que acaba de ingresar al Parlamento.

Muchas gracias.

12) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 22 de junio de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside licencia por el día de la fecha, por motivos personales, y que se convoque a mi suplente correspondiente.

Saludo atentamente.

Daniela Payssé. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–17 en 19. Afirmativa.

Se comunica que el señor Miguel Vassallo ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Eva Gomori, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

13) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE FRUTAS, FLORES Y HORTALIZAS

SEÑOR MIERES.-Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: en 2002, los votos del Partido Independiente fueron decisivos para aprobar la Ley n.º 17503. En ese momento había partidos y sectores que no compartían la idea, pero la bancada del Partido Independiente votó convencida el proyecto de ley y acompañó la idea del mecanismo impositivo para el sector de las frutas, flores y hortalizas, que se ha ido prorrogando durante todo este tiempo.

Recuerdo que, en oportunidad del debate en la Cámara de Representantes, solicitamos que se prorrogara nuevamente el régimen para buscar lo que, justamente, decía el señor senador Delgado, es decir, un acuerdo con los actores sociales del sector, algunos de los cuales no están a favor de las modificaciones que se van a votar. Aclaro que no se trata de que nosotros no estuviéramos de acuerdo con las modificaciones, sino que nos parece que hubiera sido mejor introducir estos cambios con el consenso de los productores granjeros en su conjunto. De hecho, la bancada del Partido Independiente presentó un proyecto de ley sustitutivo que implicaba la prórroga por un año del régimen, a efectos de que en el ámbito de la Junagra se alcanzara un consenso. Esto no fue acompañado por la mayoría y, por lo tanto, decidimos respaldar el proyecto de ley en una segunda votación porque compartimos el nuevo régimen. De hecho, el grupo de técnicos vinculados al sector agropecuario del Partido Independiente hizo un análisis de la nueva normativa y creemos que los resultados son positivos, más allá de algunos riesgos que a continuación señalaremos.

Igualar la producción de frutas, flores y hortalizas con lo que sucede con todos los productores agropecuarios –es decir, el IVA en suspenso– es un elemento positivo porque elimina una distorsión importante que conspira contra el funcionamiento más eficiente de los mercados en los que se comercializan estos productos.

La transferencia del IVA compras desde los productores a los agentes comerciales, industrializadores y exportadores habilita su descuento o la devolución de impuestos indirectos, en el caso de las exportaciones, sin que ello cuente con una debida fiscalización. Creemos que el nuevo sistema, desde el punto de vista de la fiscalización impositiva, es mejor y por eso, además, entendemos que el Poder Ejecutivo ha impulsado su modificación.

Es cierto que para los productores de frutas y verduras que efectivamente pueden descontar el IVA en rubros autorizados, esto puede representar una pérdida de incentivos, en la medida en que tienen la capacidad de acreditar formalmente ante la Dirección General Impositiva el crédito fiscal, pero la situación no cambia en absoluto para los productores no formales, quienes no tienen esa posibilidad. Tampoco cambia para los importadores ni para los consumidores finales, en la medida en que el régimen tributario se mantiene firme. Al no modificarse tampoco la protección a la actividad doméstica, los productores de frutas y verduras seguirán teniendo la misma protección del régimen anterior. Se mantiene el Fondo de Fomento de la Granja pero se modifica su fuente de financiamiento: ahora ya no se refiere a un producido establecido de manera separada, sino que pasa a estar en rentas generales. ¡Esto es un riesgo! ¡Indudablemente es un riesgo! No sé si esta rendición de cuentas recorta el monto de rentas generales dirigido al sector; de hacerlo, estaría demostrando el riesgo que tenemos. Por el régimen anterior, el fondo tenía asignado un monto que, es cierto, no ha sido utilizado en su totalidad y que al transferirlo ahora a rentas generales, se maneja con otra flexibilidad. Ahora bien, no menos cierto es que, en la medida en que pasa a estar en rentas generales, si la ejecución de los gastos pensados para el fondo no se logra como debiera, podría dar pie a que, en sucesivas instancias de rendiciones de cuentas o atribuciones presupuestales, el fondo se pueda ir recortando. Si bien este es un riesgo que nos preocupa, adelanto que apoyaremos este nuevo sistema en la medida en que, en lo sustancial, la protección a los productores de frutas y verduras nacionales se mantiene firme.

Era cuanto quería expresar. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Para culminar la consideración de este asunto, tiene la palabra el miembro informante, señor senador Berterreche.

SEÑOR BERTERRECHE.- Señor presidente: ante todo, celebro que en todas las alocuciones se ha hecho más esfuerzo por las concordancias que por los matices; no obstante, creo que vale la pena dejar claros algunos aspectos.

Como lo dijimos rápidamente y en forma concisa en el informe que hicimos del proyecto de ley, consideramos que impulsar una prórroga tras otra no es sano para el sector ni para el trabajo legislativo, porque no da seguridades.

Ya hubo un año de prórroga durante el cual se definió trabajar en el tema; eso no se prohibió ni se planteó dificultad alguna.

La Junta Nacional de la Granja se reúne todos los lunes y durante todo este año hubo dos prórrogas consideradas.

Para dar tranquilidad al Cuerpo quiero decir que la votación y aprobación de este proyecto de ley no lleva a que se deje de tratar el tema de la granja; se va a tener que seguir tratando y discutiendo en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca porque, además de ser un tema que tiene muchas puntas, se trata de un sector bien interesante, reitero, por lo que significa para la soberanía y la seguridad alimentaria nacional.

Con respecto al énfasis que se ha puesto en el vocablo «facúltase», quiero decir que el contador Serra, del Ministerio de Economía y Finanzas, estableció que esto no implicaba dar un cheque en blanco, porque había cuestiones que tenían cierta opacidad o que podían llevar a situaciones de manejo impositivo no del todo puro. Y en momentos en que vamos a discutir cuestiones sobre cristalinidad, no solamente del Estado sino también del sector privado –como figura en el orden del día de la sesión de hoy–, me parece bien que estas cosas se hagan cuando realmente se precisan. De ahí, pues, la razón de establecer «facúltase», expresión con la que el Poder Ejecutivo estuvo de acuerdo y aceptó en la propuesta de la Cámara de Representantes.

Por último, quiero aclarar –porque se dejó entrever en alguna exposición– que el hecho de que el Fondo de Fomento de la Granja resulte de una transferencia directa del Ministerio de Economía y Finanzas, no está en este proyecto de ley puesto que ya fue aprobado en diciembre. Aquí no estamos discutiendo ese tema; en todo caso, lo debimos haber discutido en diciembre. Quería aclarar este punto porque no está establecido en ninguno de los cinco artículos del proyecto de ley.

Ahora bien; quiero decir al señor senador Delgado, que manifestó alguna preocupación vinculada a la rendición de cuentas, que tomo nota de su preocupación pero ese aspecto tendremos que discutirlo en la instancia correspondiente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–20 en 23. Afirmativa.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado).

14) COMISIÓN PREINVESTIGADORA CON FINES LEGISLATIVOS PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del orden del día: «Informes de la comisión preinvestigadora integrada para analizar la denuncia presentada por el señor senador Pedro Bordaberry sobre la situación de la corrupción en el Uruguay. (Carp. n.º 595/2016 - Rep. n.º 295/2016)».

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- En discusión.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Marcos Otheguy).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: esta es la segunda vez que me voy a referir a este punto, que realmente nos preocupa cada vez más.

La forma en que se integró la comisión preinvestigadora es notoriamente ilegal, es decir, viola de manera evidente el artículo 10 de la ley que regula el funcionamiento de las comisiones investigadoras.

El artículo 10, en su primer párrafo establece: «La designación de las Comisiones de Investigación debe ser precedida del nombramiento de una Comisión Preinvestigadora, cuya integración será determinada por el Presidente del Cuerpo de que se trate, cuidando –y acá viene el punto en cuestión– que estén representados en lo posible, todos los partidos políticos que integran el Cuerpo». Insisto: «Todos los partidos políticos que integran el Cuerpo». Es cierto que el Reglamento del Senado, en su artículo 135, establece que las comisiones preinvestigadoras se integran por tres miembros. Si asumimos que ese puede ser un límite –por cierto, el reglamento es de menor jerarquía normativa que la ley– y que, entonces, el número de miembros es tres, señor presidente, cualquier mirada razonable e inteligente llega a la conclusión de que si hay que hacer lo posible para integrar todos los partidos en la comisión preinvestigadora, y tenemos tres lugares para los cuatro partidos representados en el Senado, salvo que se quiera violar la ley no hay otra forma de integrarla que con un senador de, al menos, tres de esos cuatro partidos. De ese modo, la comisión preinvestigadora debió haberse integrado con un representante del Frente Amplio, uno del Partido Nacional y otro del Partido Colorado, y no con dos de un solo partido, práctica que, lamentablemente, se viene dando desde hace muchísimo tiempo, pero que siempre ha sido violatoria de la ley. Y yo no estoy dispuesto a seguir aceptando que, sin modificar la ley –el partido de gobierno tiene mayoría, si quiere, para modificarla–, se la viole de manera permanente. Lo mismo ocurrió cuando se planteó la conformación de una comisión investigadora sobre la gestión de Ancap: se creó una comisión preinvestigadora con dos representantes del partido de gobierno y uno de la oposición, cuando la ley establece claramente que deben estar, en lo posible, todos; si hay tres lugares, uno de cada partido, pero nunca dos integrantes de un partido y uno de un segundo partido.

No estoy atribuyendo mala intención sino desconocimiento de la norma, pero advierto que si se quiere actuar de esa manera, se debe reformar la ley en lugar de violarla de manera reiterada. Quiero dejar constancia de ello ahora, y voy a volver a insistir cada vez que sea necesario porque esto viola una ley, y no está bien que en el Senado de la república, cuando además se trata de determinar, nada menos, si hay lugar o no a una investigación, se establezca una integración que, a priori, defina una mayoría que de todos modos ya se tiene en el plenario.

En realidad, la pregunta es por qué no se cumple con la ley si después el plenario puede resolver de manera diferente a lo informado por la comisión preinvestigadora. Así ocurría en el pasado. Recuerdo comisiones preinvestigadoras –años ha– donde había un representante de cada partido político –no de todos, porque siempre eran tres, pero sí de distintos partidos– en lugar de dos del mismo partido.

Señor presidente: me parece que el cuestionamiento es muy evidente. No pretendo ahora desandar lo andado, pero sí dejar la constancia de que se ha violado la Ley n.º 16698, en su artículo 10.

Gracias, señor presidente.

(Ocupa la presidencia el señor Raúl Sendic).

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: en primer lugar, el que resuelve es el Cuerpo. La preinvestigadora puede hacer lo que quiera, pero el que resuelve es el Cuerpo.

En segundo término, los integrantes de la comisión investigadora también son designados por el presidente. En la última comisión investigadora estuvieron representados todos los partidos políticos, en esa concepción o definición que da el señor senador Mieres, que adapta partidos políticos a lemas; pero la ley habla de «partidos políticos» y no de «lemas».

Esta ley no se sancionó en esta legislatura, sino que fue elaborada por los legisladores que ocuparon bancas desde el año 1990 a 1995 –durante el gobierno del presidente Lacalle Herrera– y llevada adelante por el vicepresidente de la república de aquel entonces, Gonzalo Aguirre; ninguno de esos legisladores confundía la expresión «partidos políticos» con «lemas». La legislación uruguaya es muy clara –esa legislación que votamos por dos tercios– y habla de lemas.

En este Parlamento hay más de cuatro partidos políticos, mientras que hay cuatro lemas representados –insisto, partidos políticos hay más de cuatro–, y los legisladores que en ese momento elaboraron la ley tenían muy clara la diferencia. Algunos integrantes de ese Senado eran especialistas en legislación electoral y no establecieron «cuidando que estén representados en lo posible, todos los lemas», sino «cuidando que estén representados en lo posible, todos los partidos políticos que integran el Cuerpo». ¿Por qué hago esta referencia, señor presidente? No es para quitar amplitud a esa representación preinvestigadora, sino porque decir que se viola la ley es una afirmación muy fuerte.

Alguien podría argumentar que deberíamos buscar que la comisión preinvestigadora tuviera más miembros para que hubiera más sensibilidades de este Cuerpo representadas. También se podría decir que el mecanismo actual implica que los sectores que menos senadores tienen no estén representados en esas preinvestigadoras. Sin embargo, es muy distinto acusar al presidente de violar la ley sin tomar en cuenta que ella habla de «partidos políticos» y no de «lemas», y sabiendo que los legisladores de aquel entonces, señor presidente, tenían muy clara la distinción entre lemas y partidos políticos. Eso es tan así que en el caso del Frente Amplio hay varios partidos políticos. ¡Vayan a las versiones taquigráficas, señor presidente!

Si la intención del señor senador Mieres es dejar esta constancia, es aceptable y se puede estudiar; pero si lo que está haciendo es una denuncia de ilegalidad, de incumplimiento de la ley y de que el señor presidente la está violando, entonces tenemos que ir a los preciosismos jurídicos. Y la ley no habla de lemas, señor presidente, sino que dice «cuidando que estén representados en lo posible, todos los partidos políticos». No hay que olvidar que la coalición del Frente Amplio está integrada por varios partidos políticos que se presentaron ante la Corte Electoral en cada oportunidad. Por eso digo que una cosa es el planteamiento –que hasta puede ser de recibo– y otra la acusación rápida, fácil, llana de que se está violando la ley.

Me parece que los razonamientos que se hacen son muy rápidos –sin leer detenidamente la ley– y se piensa que el resto de los senadores somos tontos.

Nada más, señor presidente.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: estamos hablando de algo objetivo. Aquí no hay un problema semántico; si se viola una norma, se viola una norma, y la norma es muy clara. Solamente trayendo de los pelos la interpretación se puede decir que en la ley vigente «partido» no equivale a «lema». En esta sala hay cuatro partidos políticos que se presentan ante la Corte Electoral y a todos los efectos siempre se habla de cuatro bancadas. Quiero aclarar que no pretendo que la cuarta bancada –la nuestra– esté integrada porque admito que el límite es el que establece el reglamento: tres. Pero hacer todo lo posible implica que haya al menos tres partidos de los cuatro que integran el Cuerpo. Eso es rotundamente objetivo.

Reitero que no estoy exigiendo que se cuestione lo que se actuó, sino que simplemente quiero dejar la constancia para el futuro. En definitiva, aspiro a que la bancada de gobierno presente una modificación legislativa –y, en ese sentido, luego se adecue a la norma– o a que en las próximas oportunidades en que haya que nombrar comisiones preinvestigadoras se admita el criterio de que si son tres integrantes, debe haber representantes de tres partidos políticos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la miembro informante por la mayoría, señora senadora Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor presidente: en primer lugar, quiero dejar una constancia dado que inauguramos la sesión con el tema de las formas.

En lo personal, me parecen importantes las formas y por eso traté de respetarlas –con el honor que me concedieron los miembros de la comisión preinvestigadora– de manera estricta. Creo que no está de más que recojamos la inquietud –no digo esto para resolverlo en el día de hoy; no acepto que haya habido ilegalidad alguna– porque entiendo que puede haber diferencias con la reglamentación concreta del Senado, que por supuesto también debemos cumplir. La comisión preinvestigadora debe estar conformada por tres miembros, pero en general esas cosas se negocian, y en este caso se negociaron; lo voy a dejar por aquí. Como decía, podríamos estudiar la proporcionalidad en la integración porque en esta cámara también hay mayorías y minorías que creo deben ser respetadas, porque lo que más debe respetarse es el voto de la ciudadanía.

Vayamos ahora a lo que nos importa, que es el tratamiento de la comisión preinvestigadora. Como decía al inicio, tuvimos especial cuidado en respetar las normas que nos rigen, tanto en la ley como en la reglamentación. A esos efectos, nos reunimos en los plazos establecidos por nuestro reglamento y recibimos la exposición escrita y la ampliación verbal del señor senador Bordaberry. Asimismo, con absoluto cuidado de las normas nos expedimos, como comisión, en los plazos establecidos porque los planteos son serios y debemos respetarlos. Luego evaluamos políticamente lo que recibimos en el seno de la comisión.

En el escrito presentado por el señor senador Bordaberry, al referirse al objeto de la comisión investigadora dice –y lo voy a leer textualmente– de manera clara: «El suscrito solicitó el día de ayer al Senado de la república la conformación de una Comisión investigadora con fines legislativos para analizar la situación de la corrupción en el Uruguay». Esto figura –lo tienen todos los señores senadores en sus bancas– como objeto prioritario y principal de la solicitud de una comisión investigadora: la situación de la corrupción en el Uruguay.

Quienes integramos la comisión por el Frente Amplio analizamos esta solicitud de acuerdo con la normativa que nos rige, que es la Ley de Comisiones Parlamentarias que, como se recordará, ya hemos debatido en alguna otra instancia. El artículo 6.º de la Ley n.º 16698 establece que la designación de las comisiones investigadoras «procede cuando en las situaciones o asuntos a investigar se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes». Este no es el caso por el cual el señor senador Bordaberry se presenta. El artículo 7.º refiere a que las comisiones para suministrar datos con fines legislativos –que sería el caso de la solicitud del señor senador– proceden cuando en las situaciones o asuntos a investigar no se presuma la existencia de irregularidades o ilicitudes. Muy bien. La pregunta que corresponde formular a continuación es si ante una comisión investigadora que pretende transitar por los carriles del artículo 7.º debe existir o no una denuncia fundada. Esa es la primera inquietud.

Me voy a referir al artículo 136 del Reglamento del Senado, que claramente dice: «El Senador que la solicite deberá ocurrir por escrito al Presidente y este, en el acto, nombrará la Comisión Preinvestigadora, la que se constituirá de inmediato a efecto de recibir del mocionante la exposición correspondiente, con la articulación de sus denuncias, bajo su firma». Por lo tanto, los senadores del Frente Amplio que integramos la comisión entendemos que debe haber denuncias fundadas; sea por el artículo 6.º o por el artículo 7.º, debe haber materia que funde concretamente una comisión investigadora de la corrupción en el Uruguay. Pero más aún: para nosotros queda claro –luego vamos a desarrollarlo, lo más brevemente posible, así damos espacio para que todos puedan expresarse– que no existen denuncias concretas de hechos que ameriten analizar la corrupción en el Uruguay. Además, para atenernos más a los marcos legales, para que no hubiera duda y para que nadie sintiera que no atendimos en plenitud lo planteado por el señor senador Bordaberry, también analizamos la ley en cuanto establece los órganos, actividades y personas que pueden ser objeto de investigación. El capítulo IV de la referida ley determina los órganos, las actividades y las personas que pueden ser objeto de investigación. Esto es central a los efectos de hacer lugar o no a la instalación de una comisión investigadora. En este sentido, hace referencia a aspectos como la actividad administrativa del Poder Ejecutivo, los actos de los legisladores, las actividades del cuerpo designante o de la Comisión Administrativa y sus funcionarios, presuntas irregularidades e ilicitudes cometidas en el ámbito del Poder Judicial o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la investigación de actos de los magistrados del Poder Judicial y Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la actividad de los entes autónomos y de los servicios descentralizados, denuncias de delitos electorales, la actividad del Tribunal de Cuentas, la actividad administrativa de la Corte Electoral. Entre otros, estos aspectos pueden ser objeto de investigación.

Es menester señalar que en las conclusiones que nos presenta el señor senador Bordaberry no encontramos una denuncia fundada sobre los órganos. Es decir: no encontramos absolutamente ningún hecho concreto para entender sobre quién puede recaer la investigación según la ley que nos rige ni hallamos una denuncia concreta de corrupción en el Uruguay, que es el objeto de su planteo.

Esto es muy interesante –por lo menos para nosotros, que pretendemos ser muy cuidadosos en el tratamiento de este asunto–, porque creo que sería un grave error hablar desde la omnipotencia y desde el desprecio sobre algo que me parece que es una denuncia –o una pretendida formulación de denuncia– de extrema gravedad: la situación de corrupción en nuestro país.

El desarrollo del escrito que tuvimos a nuestro análisis y posteriormente el señor senador fundamentó en la comisión contiene varios capítulos. Uno de ellos refiere al objeto, que acabo de mencionar claramente. Otro refiere a la corrupción –los señores senadores podrán comprobarlo, ya que el texto está sobre sus bancas– y se denomina «La corrupción, un flagelo de nuestros tiempos al que no se puede estar ajeno». En este capítulo el señor senador trae a cuento situaciones reales de corrupción que se dan en la región.

El señor senador Bordaberry cita casos concretos en otro capítulo llamado «Repercusiones en el Uruguay». Veamos cuáles son, según su leal saber y entender, las repercusiones en nuestro país. En su escrito hace alusión a un empresario brasileño llamado Benedito Rodrigues, más conocido como Bené. Se trata de un empresario que está preso y que se acogió a una ley brasileña que contempla la delación premiada. Es un delator. En su delación, para defenderse, presume, nombra, dice que el ministro brasileño de entonces se habría comunicado con Uruguay. Según la información que pude recabar, no dice que se haya comunicado con las autoridades de gobierno de Uruguay. Este delator está preso desde abril de este año. Se trata de los dichos de un señor empresario, corrupto, juzgado, preso, que se acoge a una ley y delata para bajar su pena, y nombra a nuestro país. Yo creo que eso de ninguna manera es una prueba de que en Uruguay exista algo que pueda probarse.

Esto se une al tema de la regasificadora, que fue objeto de una licitación que no fue observada por absolutamente nadie. Fundamentando, tratamos de poner allí un marco de dudas.

Otra referencia a las repercusiones en el Uruguay es la relativa a la famosa valija de dólares de un señor venezolano llamado Antonini Wilson. Con relación a este hecho, sobre el Uruguay tampoco recae absolutamente nada. Solo son presunciones o comentarios. Además, con respecto a este señor, a instancias de la casación se declaró la nulidad del caso en el que se denunciaba al empresario venezolano.

Podemos conversar sobre estos temas, pero que ello configure repercusión de corrupción en el Uruguay me parece un poco extremo o, si se quiere, una loable voluntad de hacer que las fundamentaciones coincidan.

En el mismo sentido, hay otro capítulo que no ha lugar y cuya adjetivación y calificación me parecen sobredimensionadas. En él se habla de Uruguay como violando los convenios internacionales que hemos votado y ratificado, por lo que han adquirido rango constitucional en nuestro país. Se afirma eso porque algunos artículos que tienen rango legal en nuestro país no se han llevado a la categoría de ley nacional. Esto, señor presidente, según nuestro análisis, no configura violación de los tratados, ya que no estamos contraviniendo o asumiendo conductas contrarias a los tratados. Tal vez se nos pueda sugerir que legislemos prioritariamente sobre estos temas, o que en las comisiones respectivas consideremos proyectos de ley que aterricen a nivel nacional algunos de los tratados que nuestro país ha votado y ratificado hace mucho tiempo, pero no se puede decir que estemos violando los tratados. ¡No estamos yendo en su contra, ignorándolos, pasándoles por encima y facilitando la corrupción en el Uruguay!

Por todas las razones que hemos expuesto brevemente y por algunas otras consideraciones, sinceramente señalamos que no encontramos que se cumpla ninguno de los extremos que se establecen en el artículo de referencia del Reglamento de la Cámara de Senadores para hacer lugar a la comisión investigadora.

Según lo establecido, debe verificarse la entidad de la denuncia, es decir, debe ser una denuncia contundente, importante, que realmente afecte la trayectoria o nos alerte sobre situaciones de altísimo riesgo. Eso es una denuncia con entidad, no el buscar algunas asociaciones.

Además, debe ser oportuna, procedente y seria. Realmente no dudo de la seriedad del senador; no puedo ponerla en cuestión porque reconozco que trabaja con mucha seriedad, fundamento y constricción. Pero considero que no ha lugar. No pudo, en ningún extremo, constatar situaciones flagrantes o riesgo inminente de corrupción en el Uruguay. Digo esto, señor presidente, porque una cosa son los deseos y otra, las realidades. A veces los deseos nos hacen forzar las argumentaciones para ver si de alguna manera generamos inquietud.

Justamente, me parece que para tocar temas de altísima sensibilidad en el momento, como lo es la sospecha de corrupción, debemos tener mucho cuidado con los términos que manejamos. Nosotros, como legisladores –incluso lo discutimos en la comisión, señor presidente–, no tenemos la percepción de un Uruguay corrupto; ninguno de los senadores que integramos la comisión preinvestigadora la tuvo y creo que tampoco la tiene ninguno de los aquí presentes.

Si algo tiene el Uruguay –y seguramente lo reconocen todos los miembros de este Senado–, es que aquí siempre ha habido normas que han hecho que nos distingamos por nuestra honestidad, por lo que ha sido la trayectoria. No estoy hablando de estos años, sino de la trayectoria histórica de un sistema político austero, que no goza de privilegios, que sabe andar entre la gente, que no está en un castillo de cristal como puede suceder en otros lugares. Nosotros siempre nos hemos enorgullecido por que los presidentes uruguayos se han encontrado en la cola de un cine o de un teatro, en un supermercado o en algún otro lugar con el resto de los ciudadanos. Creo que esto tiene que ser una prioridad para nosotros, los legisladores y las legisladoras. ¡Tenemos que cuidar el prestigio ganado a lo largo de la historia política del Uruguay! No debemos enlodarlo si realmente no existen causas que nos señalen con claridad que hay riesgos urgentes a los que debemos prestar atención.

Me gustaría compartir algunos datos con los compañeros del Senado, porque me parece que son importantes a la hora de expedirnos sobre esto.

Según el informe de transparencia internacional del año 2015, Uruguay se encuentra entre los veinticinco países menos corruptos. Se la considera la nación más limpia de América Latina, donde el nivel más bajo lo ocupa Venezuela. El informe anual de Transparencia Internacional sitúa a Uruguay en el lugar número uno de América Latina, seguido por Chile, y en el lugar veintiuno a escala mundial. Este índice de percepción de corrupción se elabora con la opinión de cien expertos del sector privado. Hemos escuchado por ahí opinar que este es un índice de percepción, como si ello le quitara relevancia al resultado, pero lo cierto es que casi todos los índices surgen de análisis cualitativos y se elaboran con las respuestas de la gente. ¿Cómo se calcula, por ejemplo, el desempleo en el Uruguay? Se pregunta a los ciudadanos en qué período trabajaron y dónde. Creo que no es bueno restar importancia a un resultado del que debemos enorgullecernos, darlo a conocer y defenderlo con nuestra actitud. De 100 puntos que se otorgan a los países en las calificaciones de este índice de Transparencia Internacional, Uruguay obtiene 74.

Entonces, entendemos que no hay mérito para considerar que en nuestro país existen razones para acceder a este pedido, a no ser que se intente forzarlo con otro objetivo que no sea el de preservar la calidad de transparencia de nuestra república.

Pensamos que hay que extremar los cuidados para mantener los índices que nuestro país alcanzó gracias al accionar sacrificado de todos los uruguayos y del sistema político en su conjunto. Podremos tener grandes diferencias ideológicas, pero la base, que es la actitud, el transitar por la política, depende de todos nosotros. ¡Mala cosa es ensombrecer esta trayectoria!

Por lo tanto, señor presidente, reitero que no consideramos que se cumpla ninguno de los extremos como para conformar una comisión investigadora con fines legislativos sobre la corrupción en el Uruguay. Esto no quiere decir que evitemos ningún tipo de discusión sobre el asunto; estamos dispuestos a darla las veces que sea necesario. Tampoco implica que no queramos transitar caminos en los que se profundice la legislación que ya tenemos. Ha sido el Frente Amplio que propuso la creación de una comisión para trabajar en la financiación y el control de los partidos políticos, así como la conformación de otra comisión para profundizar en el tema de los Papeles de Panamá. ¿Puede haber un ejemplo mejor de prevención de lo que pueden ser hechos de corrupción flagrante?

Hagamos las cosas con seriedad y no pretendamos decir que esta fuerza política no hace lugar a la formación de esta comisión investigadora porque quiere barrer debajo de la alfombra absolutamente nada.

Quiero mencionar algunas palabras del señor presidente, doctor Tabaré Vázquez, que estoy segura que el señor senador mocionante de esta comisión investigadora va a recordar. Voy a citar parte de una carta que el presidente Vázquez dirige al senador Bordaberry cuando, en el año 2014, le propone la realización de un pacto nacional y una declaración contra la corrupción y en favor de la transparencia. En esta carta, escrita en términos muy serios, el presidente de la república, doctor Tabaré Vázquez, dice: «El Frente Amplio impulsó fervientemente el dictado de la norma, aunque ella se sancionó –aclaro que estamos hablando de las medidas de transparencia– recién dos años después de la iniciativa; la misma fuerza política fue la que empujó al Poder Ejecutivo a dictar el Decreto Reglamentario para hacer efectiva la norma, lo que recién se logró el 23 de enero de 2003 con el dictado del Decreto 30/003. A partir de 2005 –o sea, del efectivo manejo del gobierno por parte de nuestra fuerza política– se implantan, a instancias del Poder Ejecutivo, diversas herramientas que consagran una verdadera ingeniería jurídica para mejorar los estándares en materia de transparencia y combate de la corrupción. La creación de una Justicia especializada –que no existía en el país, señor presidente–, la atribución de derechos para el acceso a la información pública –que tampoco existía y que creo debemos mejorar– y la extensión de cometidos de contralor confiados a los diversos organismos públicos con potestades inherentes […]».

Me interesa recordar algunas cosas porque parece que con los años perdemos la memoria; la edad es bravísima, no me lo tienen que decir a mí, pero hay cosas que son difíciles de olvidar.

En este país estaba vigente la Ley n.º 11073, Sociedades Anónimas Financieras de Inversión, las famosas SAFI. Estas eran un instrumento maravilloso para legalizar la corrupción, el lavado de dinero y la defraudación tributaria. Era una ley vieja, que databa de 1948, pero hizo eclosión y se transformó en un paraíso en el año 1990, cuando la Ley n.º 16170 modificó la Ley n.º 11073. Esto permitió que hubiera una notable expansión del instrumento y, por supuesto, eliminó todas las restricciones de su actividad fuera del país. Bueno, era casi como que las puertas dieran al famoso paraíso fiscal. Esto se derogó bajo el gobierno del Frente Amplio.

Entonces, como gobierno y como fuerza política, creo que lo hemos demostrado a lo largo y a lo ancho, con normativa, con hechos concretos y con una transparencia muy fuerte, que no existía. Hoy cualquiera puede controlar lo que está sucediendo en el país. Un ejemplo de ello es el Observatorio Territorio Uruguay, en cuya web se puede estar en línea con lo que se está haciendo. Se trata de un control directo de la ciudadanía. Además, el Mirador Ciudadano es una herramienta que también permite controlar y ver paso a paso la gestión de cualquier organismo del Estado. En la web de Uruguay Concursa se pueden visualizar todos los cargos a concursar, lo que demuestra que se acabó aquello que veíamos quienes éramos oposición y todavía conservamos algo de memoria, cuando la gente circulaba con «la tarjetita de». ¡Si lo habremos visto! Uruguay Concursa eliminó eso. ¡Eso es transparencia! Recordemos lo que sucedía con la leche para los pobres en el expendio; la gente debía tener tarjetita para poder ir. La Agencia de Compras y Contrataciones del Estado también permite realizar todos los controles de la ciudadanía vía web. No en balde Uruguay ocupa el primer lugar en la región como país menos corrupto y más transparente, y no es porque tengamos amigos entre los cien empresarios que dan su opinión.

Esto no quiere decir que como Frente Amplio, como fuerza política, vayamos a negar o a bloquear –algún diario, cuyo nombre no recuerdo en este momento, tituló: «Bloquea»– absolutamente nada. No vamos a hacerlo. En materia legislativa vamos a transitar por donde debamos transitar, si tenemos que hacerlo.

En su exposición, el señor senador Bordaberry hace una afirmación no muy original pero totalmente compartible: «Uruguay no es una isla». Es verdad: no es una isla ni está libre de nada. Por eso, esta fuerza política no se niega a extremar la legislación –como lo hemos venido haciendo y como lo ha demostrado el gobierno del Frente Amplio a lo largo de toda su ejecución–, con transparencia –de manera que toda ciudadana y ciudadano tengan derecho a saber qué es lo que sucede– y también con nuevas normativas. No es eso a lo que se niega esta fuerza política, sino a instalar una comisión, sembrando una sensación de riesgo terrible para nuestro país, forzando argumentos que induzcan a pensar que hemos empezado a transitar por cosas que suceden en países vecinos. Creo que esa es la tentación política que más de uno tiene. Pero, insisto, señor presidente, en que es bravo confundir los deseos que uno tiene –que deberían ser que le fuera bien al país; sin embargo a veces uno duda– con la realidad. Y la realidad está comprobada: no hay hechos ni esta denuncia los sustancia en mérito alguno.

Por el momento es cuanto tenía para decir, señor presidente.

Gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- A cuenta de la intervención que haré más adelante, quiero dejar dos o tres constancias.

Entre las muchas cosas que ha dicho la señora senadora Tourné, creo que ha cometido un error en el análisis de las facultades de las comisiones que, además, va en contra de lo recientemente resuelto por el Frente Amplio cuando conformó la comisión investigadora de Ancap. En esa instancia defendió la tesis contraria a la que hoy defiende. Y cuando en el período pasado conformamos la comisión con fines legislativos relativa a la empresa Montes del Plata, el Frente Amplio defendió la posición exactamente contraria a la que hoy defiende. Por lo tanto, creo que hay que tener cierta coherencia.

A su vez, la señora senadora está poco menos que afirmando –como muchas veces se afirma– que en esto de la corrupción hay un tema fundacional, en el 2005, del Frente Amplio. Me parece que debemos tener menos soberbia y más humildad.

En el año 2003, después del trabajo de la Cancillería de la época, Uruguay aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ya en el año 1994, durante el gobierno del Partido Nacional, había aprobado la convención interamericana. Esas convenciones internacionales nos obligan a adoptar determinadas medidas, medidas estas que el Poder Ejecutivo y este Parlamento, desde el año 2005, se han negado a tratar. Las mayorías del Frente Amplio se han negado a avanzar como nos obligan los instrumentos internacionales, y eso no lo digo yo sino la Junta de Transparencia y Ética Pública, integrada por dos ciudadanos propuestos por el oficialismo y un ciudadano propuesto por la oposición. En el informe que se nos envía –no sé si algunos señores senadores lo leen– se dice que el Poder Legislativo también ha mostrado resistencia a modificaciones sustantivas, como se desprende de discusiones parlamentarias; que ello revela cierta desconfianza y negativa a otorgarle potestades de control por parte de los legisladores y hasta cierto desconocimiento de las tendencias actuales en la materia, y especialmente en cuanto a las normas penales, puesto que no se volvió a discutir la tipicidad de los delitos ni a reconsiderar decisiones ya tomadas. El Poder Ejecutivo, por su parte, no promovió dos de las tres iniciativas más importantes que le fueron elevadas por la Junta de Transparencia y Ética Pública. En el informe hay un listado de veinte sugerencias que la Jutep hace al Poder Ejecutivo, al Parlamento, y que no tomamos, para cumplir.

La señora senadora Tourné hizo referencia a una respuesta que me dio el doctor Tabaré Vázquez en el año 2014, cuando ambos éramos candidatos. Hay que destacar que es una respuesta, tal como lo señaló la señora senadora. Es decir que quien tuvo la iniciativa de proponer al doctor Tabaré Vázquez un acuerdo para hacer todas estas cosas contra la corrupción fuimos nosotros, y esa respuesta que citó la señora senadora Tourné fue: «Sí, vamos a avanzar». Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Presentamos los proyectos de ley y en el último año y medio no hemos avanzado. Cuando proponemos una comisión con fines legislativos es para avanzar en el compromiso asumido en esa carta que me envió el señor presidente de la república, doctor Tabaré Vázquez. Él se comprometió a avanzar. ¿Cómo se hace? Con una comisión, no investigadora –no nos equivoquemos– sino con fines legislativos. ¿Por qué? Porque la Jutep dice, en octubre de 2005, que reitera al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que había sido presentado al Gobierno anterior, en julio de 2004. El Poder Ejecutivo nunca lo elevó al Poder Legislativo. En 2009 se presentó otro proyecto al Poder Ejecutivo que nunca fue remitido al Parlamento. Se trata de iniciativas sobre cometidos, normas y atribuciones de la Jutep, normas de fortalecimiento de la transparencia pública, normas penales…

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Ya termino, señor presidente.

En fin, es extensa la lista de proyectos que la Jutep eleva al Poder Ejecutivo y que este no manda al Parlamento. Si no tenemos que crear una comisión con fines legislativos para trabajar sobre todo esto, la verdad es que no lo entiendo.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Creo que el señor senador Bordaberry me aludió; al menos eso es lo que me parece, señor presidente.

Es verdad, hubo una respuesta a una propuesta, tal como lo dije, pero quiero terminar con algo que omití en la lectura de la respuesta y que también muestra la tesitura y el deseo de avanzar que tiene nuestra fuerza política.

Dice el doctor Tabaré Vázquez en respuesta al planteo del señor senador Bordaberry –en aquel entonces candidato a la presidencia–: «Con tales antecedentes, hubiéramos preferido oír una iniciativa para ratificar la voluntad de defender la democracia, como todos los días lo hace el Frente Amplio. Porque también es corrupto el acto criminal de socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, comprometiendo los derechos humanos y el imperio de la ley. En consecuencia, luego de culminada la contienda electoral, si el pueblo nos elige para gobernar, estaremos abiertos a recibir las propuestas de todos, para fortalecer aún más los instrumentos que robustecen la democracia, el Estado de derecho, la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos y las figuras asociadas».

No otra cosa hemos hecho en la práctica en este período, señor presidente.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: solicito que después de que haga uso de la palabra el señor senador Coutinho –que es el siguiente en la lista de oradores– pasemos a un cuarto intermedio hasta las 15:00.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va votar la moción formulada por el señor senador.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Continuamos con la consideración de los informes de la comisión preinvestigadora para analizar la situación de la corrupción en el Uruguay.

Tiene la palabra el señor senador Coutinho.

SEÑOR COUTINHO.- Señor presidente: en este caso es para presentar el informe del señor senador José Amorín, quien representó a nuestro partido en la comisión preinvestigadora y que hoy se encuentra en uso de su licencia.

Allí se dice: «I) Con fecha 15 de junio el señor senador Pedro Bordaberry presentó ante el Senado de la república la solicitud de conformación de una Comisión investigadora con fines legislativos para analizar la situación de la corrupción en el Uruguay.

En esa misma fecha se formó la comisión preinvestigadora que sesionó el día 16 de junio recibiendo el informe del senador Bordaberry y su comparecencia a efectos de extenderse sobre su denuncia.

En su comparecencia el señor senador Bordaberry expresó con claridad que solicitaba formar una comisión para suministrar datos con fines legislativos tal como se prevé en el artículo 7 de la Ley n.º 16698.

II) Desde nuestro punto de vista corresponde formar la comisión investigadora con fines legislativos ya que se cumplen las exigencias previstas por el artículo 136 del Reglamento del Senado».

A continuación voy a leer lo relativo a la entidad de la denuncia, según consta en el informe de nuestro representante, el señor senador Amorín.

Dice así: «Expresa con claridad la denuncia que nuestro país está atrasado en la aprobación de normas contra la corrupción.

Se deja constancia del informe del año 2014 de la Junta de Transparencia y Ética Pública en el cual se señala la resistencia tanto del Poder Ejecutivo como del Parlamento a determinadas actividades: “Así, se afirma que el Poder Ejecutivo no promovió la mayoría de las iniciativas más importantes que le fueron elevadas y que el Poder Legislativo también ha mostrado resistencia a modificaciones sustantivas”.

Respecto del Poder Legislativo que integramos el informe dice que esas resistencias surgen de “cierto desconocimiento de las tendencias actuales en la materia (principalmente las relativas a la facultad de la Junta y a las normas de carácter penal) y, especialmente, en cuanto a las normas penales (no se volvieron a discutir las tipicidades de los delitos ni a reconsiderar decisiones ya tomadas)”.

Dentro de las recomendaciones más urgentes que quedan pendientes de cumplimiento se destaca la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito.

Existen varios proyectos de ley presentados para hacerlo, uno incluso en el año 2011 por la propia Junta de Transparencia y Ética Pública.

También se deja constancia de la falta de cumplimiento de nuestro país de varios convenios internacionales. Así lo expresa el señor senador Bordaberry: “Por la Ley 18056 de 20 de noviembre de 2006 nuestro país aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Dicha convención fue aprobada, con el voto de Uruguay, en México, en diciembre de 2003, y entró en vigencia en diciembre de 2005. Se trata del primer instrumento internacional jurídicamente vinculante contra la corrupción.

La misma establece la obligación para los Estados parte de tipificar como delito el enriquecimiento ilícito si es que este no se considera como tal en su derecho interno.

Al haber ratificado nuestro país, por medio de la Ley 18056, la mencionada convención contra la corrupción, asumió la obligación de instrumentar e incorporar este delito a nuestro derecho positivo.

No lo ha hecho y por ende se encuentra en clara violación de esta obligación internacional.

El suscrito no tiene dudas que una comisión con fines legislativos para analizar la corrupción concluirá en la existencia de tan grave omisión y recomendará la aprobación de una ley que tipifique el enriquecimiento ilícito como delito.

Pero ello no es todo. Por la Ley 17008, de 15 de setiembre de 1998, nuestro país también ratificó otro instrumento internacional vinculante: la Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas el 29 de marzo de 1996.

Por la misma, los Estados parte que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho los actos de corrupción descritos en la misma”».

Ahora, señor presidente, siguiendo con el informe del representante de nuestro partido, abordaremos lo relativo a la seriedad del origen de esta denuncia. ¿Por qué se presenta?

«Los hechos denunciados, que demuestran la corrupción en los países vecinos y su posible vinculación con nuestro país, están documentados y son de público conocimiento.

i) En Argentina, la corrupción alcanzó ribetes nunca vistos. A las recientes noticias de un exsecretario de Obras Públicas, muy cercano a quien fuera presidenta de la República Argentina hasta hace pocos meses, siendo detenido mientras intentaba ocultar millones de dólares en un monasterio, se suman a hechos igualmente graves: filmaciones de personas contando y “pesando” el dinero, acusaciones contra la expresidenta, exministros, exfuncionarios, son algo de todos los días.

ii) En Brasil, las declaraciones de Benedito Rodrigues reconociendo que OAS y Odebrecht entregan tres millones de dólares a Fernando Pimentel –exministro de Desarrollo, Industria y Comercio– del PT de Brasil, a efectos de realizar gestiones ante el Gobierno de Uruguay para que se adjudicaran a OAS las obras de la regasificadora. OAS debió realizar la obra para Gaz de France. El episodio concluyó en forma lamentable para Gas Sayago S. A., propiedad de UTE y Ancap.

iii) Se relata el conocido episodio del ciudadano venezolano Guido Antonini Wilson. A este se le incautó en la República Argentina una valija con 800 mil dólares. El doctor Alberto Fernández, ministro de Estado en la República Argentina, aseguró que el destino de la valija y su contenido era Uruguay.

iv) Recientemente, hemos visto actuaciones relacionadas con la adquisición de inmuebles en nuestro país por parte de ciudadanos argentinos como mecanismo para blanquear dinero obtenido por métodos corruptos.

Los elementos expresados, sumados a la falta de cumplimiento de nuestro país a los tratados internacionales referidos, avalan la seriedad del origen de la denuncia».

En cuanto a la oportunidad y a la procedencia de la investigación, según nuestro partido y el informe de nuestro representante, ha quedado demostrado en estos días que el nivel de corrupción política en nuestros países vecinos es enorme.

En Brasil, el proceso de impeachment a la presidenta de la república y la constante dimisión de ministros, legisladores y funcionarios por temas de corrupción muestran la gravedad del tema.

Tal como se ha expuesto, en algunos de los casos procesados en Brasil, el imputado ha expresado con claridad que el fin de los fondos manejados era obtener contratos en Uruguay.

La situación no es mejor en la República Argentina. Los escándalos de corrupción de figuras relevantes del Gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner llenan todos los días los informativos de la región. Surge un tema y a los pocos días aparece otro que supera el anterior. Y en todos los casos se hacen comentarios que vinculan estos hechos con nuestro país.

Hay episodios conocidos de compra de bienes en Maldonado por ciudadanos vinculados al Gobierno kirchnerista con clara intención de blanquear fondos.

También se comenta que la entrega de dinero a funcionarios corruptos argentinos se realizaba en hoteles de nuestro país. Queda claro, entonces, que no somos una isla ajena a todo lo que pasa en la región.

¿Significa esto que hay certeza de corrupción en nuestro país? No. Pero es claro que hay riesgo. Y nosotros debemos mantener un prestigio que se ha ganado a lo largo de muchas décadas. La percepción de corrupción política en Uruguay es la más baja de América y tenemos que trabajar para que esto siga siendo así.

La instalación de una comisión con fines legislativos para analizar la situación de la corrupción en el Uruguay es muy importante para mejorar y poner al día la legislación sobre el tema. Pero también es una señal muy importante para decir con fuerza que el sistema político uruguayo está preocupado por el tema y dispuesto a trabajar en una legislación que nos mantenga con bajos niveles de corrupción.

Es por los motivos expresados que solicitamos al Cuerpo la formación de una comisión con fines legislativos para analizar la situación de la corrupción en el Uruguay».

Muchas gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Siendo las 12:00, se pasa a cuarto intermedio hasta las 15:00.

(Así se hace. Son las 12:00).

(Vueltos a sala).

Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 15:12).

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: voy a empezar con una apreciación reglamentaria o legal, porque creo que hay un error en la interpretación que se hace de las normas sobre las comisiones que lleva después a un error en las exigencias que se plantean.

El artículo 120 de la Constitución, para comenzar por la cúspide de la pirámide normativa de Kelsen, dice: «Las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos». Es decir que prevé dos tipos de comisiones: de investigación o para suministrar datos con fines legislativos. Claramente, en la solicitud presentada –y así lo reconocieron los dos miembros que informaron– lo que se propuso fue la creación de una comisión con fines legislativos. ¿Por qué hicimos esto? Porque analizamos los últimos antecedentes que existieron en la designación de comisiones, tanto de investigación como con fines legislativos, y en esos dos antecedentes se votó, por parte del oficialismo, en la forma en que postulo la interpretación.

La Ley n.º 16698 establece que en el caso de las comisiones para suministrar datos con fines legislativos, su designación procede cuando en las situaciones o asuntos a investigar no se presuma la existencia de irregularidades o ilicitudes. Y agrega que, sin embargo, si de la investigación realizada surgiere la comprobación de irregularidades o de ilicitudes, obviamente que pueden asesorar a la cámara. ¿Por qué hago esta precisión? Porque se dice que hay que denunciar hechos concretos a investigar y, en realidad, la ley dice que no procede la designación de este tipo de comisiones cuando no se presuma la existencia de irregularidades o ilicitudes. Es decir que nos están exigiendo la denuncia de hechos concretos, pero la ley dice que se designan este tipo de comisiones cuando no se presume esto.

En el período pasado se solicitó una comisión investigadora para analizar los contratos de Montes del Plata, y cuando el tema se discutió en la comisión –recuerdo que informó el hoy canciller Nin Novoa, que era senador–, se llegó a la conclusión de que lo que correspondía era designar una comisión con fines legislativos para analizar una situación de falta de normativa para regular.

Cuando se votó la comisión investigadora de Ancap, se dio una gran discusión sobre si debía establecerse que existía una presunción de irregularidades o no. Al final se resolvió no ingresar en ese campo porque si se decía que no existía, tenía que conformarse una comisión con fines legislativos. Esa fue la interpretación que hizo el oficialismo pacíficamente y que nosotros tomamos.

Sin perjuicio de eso, hay una contradicción entre lo que dispone la ley y lo que establece el reglamento, aunque no sé si en realidad es una contradicción; creo que lo que sucede es que el reglamento regula exclusivamente las comisiones investigadoras y no las comisiones para suministrar datos con fines legislativos. Esa duda que se planteó me llevó a realizar una consulta a un especialista en el tema, el doctor Jaime Sapolinski, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo, que tiene trabajos escritos en la materia. Y el profesor Sapolinski, citando a Cassinelli Muñoz y a Korzeniak, concluye que no se puede exigir lo que se está reclamando ahora y, además, que en realidad ni siquiera está regulado el tema de las comisiones con fines legislativos. Es más, hasta entiende que quizás ni siquiera habría que formar una preinvestigadora y habría que discutir el tema exclusivamente en el plenario.

De todas formas, para que no existieran dudas, nosotros justificamos el planteo. ¿Y cómo uno justifica la solicitud de conformar una comisión con fines legislativos? ¿Qué hechos denuncia? En este caso, son carencias en nuestro sistema legal y legislativo. Entonces, cuando uno denuncia esto, obviamente que va a los convenios internacionales de los cuales la república es parte y que nos obligamos a cumplir. Y en este sentido debemos mencionar la falta que existe en nuestro derecho positivo, desde hace más de once años, de las normas que estamos obligados a aprobar de acuerdo con esos convenios a los que adherimos libremente. Incluso, los convenios interamericanos de derechos humanos también nos obligan a aprobar esas normas.

Hecha esta a veces aburrida salvedad jurídica, quiero hacer algunas alertas, que no es la primera vez que planteo acá, señor presidente.

En el año 2008 advertimos al señor presidente de la república por escrito sobre lo que estaba pasando con la seguridad en el país; le enviamos cincuenta medidas y en aquel momento se nos contestó que eso no era cierto, que era una sensación térmica la inseguridad que había en el Uruguay. Esa sensación térmica se ha transformado en lo que hoy tenemos, al extremo de que el señor presidente nos llamó a todos los partidos para buscar soluciones juntos y ya nadie habla de sensación térmica, sino de una crisis enorme en la seguridad ciudadana en el país.

En abril de 2012, acá mismo interpelamos al entonces ministro de Educación y Cultura, el doctor Ricardo Ehrlich, y le dijimos que no estaba invirtiendo el dinero suficiente para tener los centros educativos en forma y que los resultados de la educación eran muy malos. Él nos señaló que estaban gastando el doble en pesos de lo que se gastaba en 2004 y nosotros le respondimos que no estaba haciendo la cuenta de cuánto había aumentado el costo de construcción: se había multiplicado por cuatro y el gasto se había duplicado, es decir que estaba invirtiendo la mitad. Al año después de esa advertencia, no pudieron empezar las clases en el Uruguay porque no estaban prontos los locales y no tenían el dinero para hacerlo. Obviamente, todos los estudios internacionales –las pruebas PISA, el Serce, el Terce– y nacionales están marcando que la situación está en retroceso. Sin embargo, pese a todas estas advertencias, hoy la señora ministra sigue diciendo que en educación estamos bien.

En abril de 2013, interpelamos al señor ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y volvimos a hacerle una advertencia. Le manifestamos que había problemas con el déficit fiscal, con la inflación, con el resultado de las empresas públicas, y que estaba encaminando la economía uruguaya hacia un ajuste. Le dijimos: «Está a tiempo de evitarlo. Hágalo». Y le señalamos que había dos gobiernos paralelos en la economía. Sin embargo, el Frente Amplio, el oficialismo, con mano de yeso lo respaldó cien por ciento. Bueno, está en vías un ajuste fiscal. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal se disparó, porque la inflación se disparó y más vale no hablar mucho del resultado de las empresas públicas; o sí.

En setiembre de 2013, se llamó a sala al entonces ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Kreimerman, para informarnos de la situación de Ancap y de las empresas públicas y le dijimos lo mismo, a lo que se nos respondió que las cosas se estaban haciendo muy bien, mientras estábamos invirtiendo un dineral. Les avisamos que estábamos mal, pero dijeron que todo estaba bien; sin embargo, en enero de este año tuvimos que votar una capitalización para Ancap de USD 650 millones.

No fuimos los únicos que hicimos advertencias en estos años; el Partido Nacional, una y otra vez, advirtió lo que sucedía en Pluna y le respondían que todo estaba bien; eso nos costó USD 300 millones.

Señor presidente: hoy hacemos una nueva advertencia y queremos ser claros. Se viene un grave problema de corrupción en el Uruguay y tenemos que tomar medidas para prevenirlo. Avisamos por la inseguridad, avisamos por la economía, avisamos por las empresas públicas, avisamos por la educación y hoy estamos avisando por la corrupción. Es el tema que se viene; sepan que si no tomamos medidas vamos a tener serios problemas. No queremos retrotraernos a la situación de inseguridad del año 2008.

¿Por qué decimos esto? Porque están pasando muchas cosas, pero no solo lo decimos nosotros, sino también la Junta de Transparencia y Ética Pública y distinguidos ciudadanos que adhieren al Frente Amplio lo han reconocido públicamente. El doctor Hoenir Sarthou lo ha manifestado en más de una columna diciendo que está fresco todavía lo ocurrido en el caso Pluna, donde fallaron todos los controles políticos; que están frescas las irregularidades de ASSE, que eran un secreto a voces desde hace muchos años; hechos que fueron denunciados y se negaron a crear una comisión investigadora. ¿Por qué?, se pregunta él. Por las mayorías parlamentarias, que no escuchan.

No tenemos otra tarea más que solicitar estas comisiones, avisar y alertar, porque todos conocemos la mayoría con que cuenta el Frente Amplio en la cámara. Sabemos que eso es así, pero esa es la misión que nos encomendó la ciudadanía y vamos a continuar alertando. Lamentablemente, luego uno debe decir: «Te lo dije», «Te dije sobre la inseguridad», «Te dije sobre la educación», «Te dije sobre la economía», «Te dije sobre el déficit fiscal», «Te dije sobre Ancap», «Te dije sobre las empresas públicas», «Te dije sobre Pluna» y «Hoy te digo sobre la corrupción». Y lo están señalando también miembros del Gobierno. La semana pasada el canciller Rodolfo Nin Novoa manifestó que con corrupción en los países es muy difícil capitalizar la ayuda externa o promover los derechos humanos. ¡Qué coincidencia! Incluso, el papa Francisco lanza una advertencia al mundo, y fíjense qué interesante lo que dice: «El corrupto no percibe su corrupción […] se ha vuelto natural, al punto de llegar a constituir un estado personal y social ligado a la costumbre, una práctica habitual en las transacciones comerciales y financieras, en las contrataciones públicas, en cada negociación que implica a agentes del Estado. Es la victoria de la apariencia sobre la realidad y de la desfachatez impúdica sobre la discreción honorable».

Hemos sido claros, también, respecto a la corrupción en la región. Se me ha dicho que he hablado de Argentina y de Brasil, pero no de Uruguay. En esto quiero ser claro. Si bien he aludido a esos países y a Venezuela, me refiero al impacto que lo que allí sucede tiene en nuestro país. Porque si lo que ocurre afuera tiene o puede tener impacto en Uruguay, obviamente, debemos prestarle atención.

En el caso de Brasil, existe un reconocimiento general acerca de que toda esta trama de la operación Lava Jato, de Petrobras, etcétera, es un virus de corrupción que contagió a toda América Latina porque es una estructura muy grande que tiene a mucha gente comunicándose, y hay ramificaciones en la Justicia de Argentina, de Perú, de Colombia, de Ecuador y de Uruguay por lo que sucedió en ese país. No voy a aburrir con las ramificaciones en Argentina o en Ecuador, pero sí voy a hablar de las de nuestro país.

Se están investigando los movimientos de cuentas bancarias entre GNLS –la firma encargada del desarrollo del proyecto para la planta regasificadora– y OAS en el Uruguay. ¿Por qué? Porque ya que estamos con las panameñas y los holdings, podemos tener en cuenta que esa sociedad que el Estado uruguayo –Gas Sayago– dio a GNLS es una sociedad local, pero el holding era brasileño, GNLS Participações, una empresa de esas que no operan por fuera. En este caso hay denuncias muy fuertes porque esta sociedad involucrada en la operación Lava Jato en Brasil intervino acá y contrató con el Estado uruguayo. No solo eso; en una delación premiada, el titular de OAS, uno de los principales de la firma, llamado Benedito Rodrigues, o Bené –tiene nombre de puntero izquierdo–, dijo que sobornó al exministro de Industria y Comercio Exterior de Dilma Rousseff con USD 3 millones para que se trasladara a Uruguay y consiguiera con el Gobierno el contrato con la regasificadora. Y lo consiguió.

Ahora bien; no tengo pruebas de que Fernando Pimentel se haya quedado con todo o que el dinero haya ido cayendo por el camino. Pero lo recibió con el fin de actuar en Uruguay; lo sobornaron para eso. ¡Ojo! ¡Era ministro de Industria y Comercio Exterior de Dilma Rousseff y recibió USD 3 millones para influir en el Gobierno uruguayo! Si ese no es un hecho importante como para investigar, creo que estamos en problemas.

Además, Fernando Pimentel era un funcionario muy cercano a nuestro Gobierno. No era cualquiera, sino alguien que tenía muy buenas relaciones con otro Gobierno, al extremo que hasta condecoró al entonces presidente con la «orden de la inconfidencia».

¡Qué coincidencia! Lula da Silva y sus principales ministros están hoy ante la Justicia, y más de un dirigente de nuestro país emite declaraciones de apoyo hacia él. Hoy la Justicia de Brasil está indagando los casos de corrupción en Petrobras. Incluso ha enviado exhortos a la Justicia uruguaya para ver cuál es la ramificación en nuestro país. Hay un libro del expresidente y hoy senador José Mujica –que se ha hecho muy popular y está recorriendo el mundo–, en el que no se dice lo que se afirmó en un primer momento en cuanto a que Lula le había dicho al señor senador Mujica que, efectivamente, sabía de la corrupción y del mensalão, pero sí es cierto que Lula le dijo que fue sometido a chantaje. Esto se dijo públicamente y, además, se sostuvo que esa era la única forma de gobernar Brasil. Se trata de gente que venía a nuestro país y que hoy está acusada ante la Justicia; de todos modos, yo trato de ser respetuoso. La mano derecha de Lula da Silva, a quien más de una vez desde la bancada del Frente Amplio defendieron en este ámbito, era José Dirceu. Acá se lo defendió y se rechazaron los argumentos en su contra; sin embargo, hace dos meses el Supremo Tribunal Federal lo condenó a una pena de 23 años y 3 meses por corrupción. Estoy hablando de la misma persona que venía a nuestro país y a la que se defendía. Creo que algún vínculo con él debe existir, ya que esa gente venía acá, actuaba acá, conseguía los contratos de la regasificadora. ¿Se puede decir que aquí no tenían nada que ver con esa persona? ¿Esto no es presunción de una posible irregularidad, si es que se quiere apuntar a eso? ¿Acaso este no es un hecho concreto? ¿Qué lo es, entonces? Tendríamos que meternos dentro de la trama de corrupción para tener más pruebas, porque si uno investiga, es para encontrarlas. Y si no hizo nada, investiguemos igual y alejemos todas las sospechas. Esa es mi opinión.

¿Qué decir de Argentina? ¡¿Qué decir de Argentina?! «El mejor gobierno de la Argentina en los últimos 40 años –nos decían acá– es el de los señores Kirchner»; ¡y ojo si decíamos que no estábamos de acuerdo con eso! Nosotros defendíamos nuestros intereses, nos quejábamos de las cosas que nos hacían y aquí nos respondían: «Eso es una conjura de la derecha». El secretario de Obras Públicas apareció a las 3 de la mañana tirando bolsos con USD 9 millones y relojes Rolex por arriba de un muro de un convento de monjitas, una de las cuales, con 94 años, dijo: «Él es bueno, me trae sobrecitos de té verde y azúcar una vez por mes». ¿De qué estamos hablando? Mientras tanto, acá se decía que ese era el mejor gobierno de la historia.
Y ni hablemos de Lázaro Báez, de Fariña y de tantos otros. ¡Todo esto es increíble! Me gustaría saber si hay alguien aquí que sigue pensando que el gobierno de los Kirchner fue el mejor que tuvo la Argentina en los últimos 40 años. Si lo siguen creyendo, ¡por lo menos díganlo! ¡Digan que siguen creyendo eso!

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor presidente: el señor senador Bordaberry mete en la ensalada muchas cosas que da por ciertas. Sin embargo, me parece que hay que despejarlas, más que nada porque creo que esto hay que razonarlo de otra manera. Si alguien hubiera sabido que había una persona que tenía ese dinero, no habríamos sido tan tontos de defenderla. Nosotros no defendemos al señor López ni mucho menos; y tampoco ellos lo sabían. Vamos a separar lo que puede ser un Gobierno, con sus luces y sus sombras –yo soy muy crítico de algunos aspectos del Gobierno argentino anterior–, de lo que ha hecho este señor López. Yo supongo que, quizás, el señor senador Bordaberry puede tener simpatía por el actual Gobierno argentino y no por eso alguien lo va a juzgar porque ese Gobierno haya aumentado las tarifas en 1000 %. Me parece que hay que separar las cosas y razonarlas. La persona que habló de que le dieron USD 3 millones para que viniera al Uruguay, no está reconociendo que aquí hubo una licitación. De quienes estamos aquí se dice cualquier cosa, pero también del señor senador Bordaberry. La bancada oficialista ha actuado con ponderación; no porque se diga tal o cual cosa vamos a salir a correr y a comernos la pastilla. No vamos a estar nombrando comisiones investigadoras cada vez que salga información en alguna página web –ni siquiera digo en la prensa– sobre la conducta de cada uno de los que integramos este Cuerpo. Nosotros creemos que no tiene mérito la comisión investigadora, pero no porque no estemos a favor de la transparencia. Por ejemplo, el Partido Colorado no votó la derogación de las SAFI y, en cambio, nosotros creíamos que constituían un núcleo que permitía traer dinero como el que, según parece, ahora dan a los conventos, con la falta de transparencia que eso significa. Y no porque hayan votado en contra de suprimir las SAFI voy a suponer que el Partido Colorado está a favor de la corrupción. ¡No podemos ser tan tontos! Me parece que las cosas deben tener un orden. El Partido Colorado está en contra de flexibilizar el secreto bancario y nosotros estamos a favor de lograr mayor transparencia, pero de ello no puedo deducir que están a favor de la corrupción. El Partido Colorado no votó el acuerdo de información con Argentina, entre otras razones que en aquel momento se esgrimieron, porque con ello se estaban matando las inversiones en Maldonado. Nosotros les decíamos que queríamos un país de primera y que por ninguna circunstancia estábamos dispuestos a aceptar inversiones de dinero mal habido. Pero no podemos considerar que porque votaron en contra de ese acuerdo –que evitó que gran parte de ese dinero viniera al Uruguay en forma aviesa– el Partido Colorado esté a favor de la corrupción. Y, menos aún, se puede decir: «Les advertí sobre el tema de la seguridad; les advertí sobre esto y sobre lo otro». ¿Acaso tienen la bola de cristal, señor presidente? ¡¿Hay uno que tiene toda la razón y el resto somos tontos?! Creo que se me está prendiendo la luz roja, pero entre los señores senadores no hay ninguno que sea tonto; podremos tener diferencias y puede que nos hayamos equivocado en muchas oportunidades, pero aquí nadie es tonto.

Se dice que se ha defendido a gente que después fue presa, pero pregunto: ¿qué tenemos que ver nosotros si defendimos políticamente determinada cuestión y la persona termina presa? Yo conozco gente que ha defendido presos en el Uruguay pero por otro tipo de violaciones.

Entonces, vamos a tratar de ver si podemos encontrar un camino de lucha contra la corrupción, de transparencia, sin decir que unos acá son honestos –los que plantean– y el resto son todos corruptos. Eso lo rechazo, ¡una y otra vez!, porque yo creo en la política y en quienes hacemos política. En cambio, hay otros que parece que se la rifan rápidamente todos los días.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: en su ya tradicional intento por desviar la atención de determinados temas, el señor senador Michelini ha abordado una cantidad de asuntos conexos que no hacen a la situación.

Voy a tratar de volver a encauzar el debate como es debido. Nosotros no sentimos que somos los dueños de la verdad ni que tenemos la bola de cristal; solo decimos que cuando estudiamos tenemos el deber de advertir si hay una situación que está mal y no dejar que se avance en lo que, consideramos, es un error. Cada vez que hemos hecho esto, desde el oficialismo se nos ha dicho que estamos persiguiendo un fin político, electoral, etcétera. Esto se nos ha repetido tanto en épocas de campaña electoral como también cuando estamos lejos de las elecciones, como en este caso. Y cité algunos ejemplos claros en los que se nos dijo eso. ¿Acaso no se nos dijo que no había inseguridad en el Uruguay y que se trataba de una sensación térmica?

(Intervención de una señora senadora que no se escucha).

–Con mucho gusto, le concedo a la señora senadora la interrupción que me solicita.

SEÑORA TOURNÉ.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BORDABERRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora.

SEÑORA TOURNÉ.- Simplemente quiero hacer una aclaración.

Da la casualidad que en el momento en que el señor senador Bordaberry y su equipo presentaron las famosas cincuenta medidas –aclaro al señor senador que eran cuarenta– yo era ministra del Interior; recibí al señor senador Bordaberry y a su equipo y luego hizo lo propio el presidente de la república, y jamás se les dijo que era una sensación térmica. Se les manifestó que de las cuarenta medidas, treinta y siete estaban en marcha y que se iba a seguir trabajando en ese sentido. ¡Por favor! Hace algunos añitos que estamos en esto; no digamos cosas que no se corresponden con los hechos tal cual ocurrieron. Yo fui testigo de esto; tuve el gusto de hablar largamente con el asesor letrado del señor senador Bordaberry, que era diputado –y aún lo es– por el departamento de Maldonado. Posteriormente él mantuvo una entrevista con el señor presidente y no recuerdo que le haya dicho –y menos recuerdo haberlo hecho yo– a esa distinguida delegación que eran cuestiones electorales y sensaciones térmicas. De ninguna manera; se explicó cuáles eran las treinta y siete medidas –de las cuarenta que proponían– que ya estaban en marcha.

Hago esta aclaración porque uno puede jugar con la tentación de enredar las cosas y de no atender la verdad. Me parece que una discusión política en ese tono no es correcta. Creo haber dado mi opinión. Pido que se respeten las diferencias, como yo lo hago, pero también que se respete la verdad de los hechos.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Bordaberry, a quien le queda un minuto de tiempo.

SEÑOR COUTINHO.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Puede continuar el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Gracias, señor presidente.

Voy a ser bien claro con la señora senadora Tourné. No fue ella la que dijo que se trataba de una sensación térmica, y eso hay que reconocerlo en el debate público. Creo que fue un antecesor de ella en el ministerio quien sostenía esa tesis de que en el Uruguay no había problemas con la seguridad, sino que se trataba de una sensación térmica. Si uno va a los registros lo encuentra. Fue la primera defensa que se hizo cuando comenzamos a advertir todo eso.

Por otra parte, no voy a entrar en la discusión de si fueron cuarenta o cincuenta medidas. En lo personal, creo que fueron cincuenta, pero se las voy a enviar y vamos a arreglarlo por fuera porque no hace al contenido de lo que estamos tratando en el día de hoy.

Creo que estamos presenciando lo que se ha dado en llamar una «disonancia cognitiva», que se estudia en la psicología moderna. A veces sucede que, cuando algo de la realidad afecta la ideología y el convencimiento de la persona, es peor para la realidad. No quiero aburrir al Cuerpo, pero hay un estudio estadounidense de León Festinger que se llama When prophecy fails, que habla de este tema. Esto está probado e, incluso, se han realizado experimentos sobre individuos que demuestran que, si la realidad afecta su convencimiento ideológico, les cuesta aceptar la realidad. Hay gente que hoy está negando que el señor López, en Argentina, sea un corrupto. Bueno, está bien, lo vieron tirando bolsos, lo agarraron, pero sostienen que fue producto de un pacto de alguien. Reitero que esto es lo que se llama disonancia cognitiva.

Hago estas referencias del señor del Brasil y del señor de Argentina porque ellos vinieron al Uruguay e intervinieron e interactuaron con jerarcas uruguayos. Si hubiera sido otra cosa no estaría haciendo la referencia, pero es cierto. Fueron procesados y condenados allá, y venían a hacer negocios acá. Obviamente, uno dice: «Pero fíjate, la regasificadora nos dejó un agujero de USD 75 millones; eran USD 175 millones, pero cobramos USD 100 millones de la garantía». Hay una empresa OAS, que contrató con otra empresa GNLS Participações; con ella contrató Gas Sayago S. A. –que pertenece a UTE y a Ancap– y dicen que le dieron USD 3 millones. ¿No habrá que investigar? Bueno, está bien: no lo hagamos solo por ese caso, pero me parece que tendríamos que anotarlo como un posible antecedente. Pero resulta que encima los defienden, como lo hacían con Dirceu, que venía a cada rato. Entonces, ya empezamos a pensar que es más que una disociación cognitiva.

Por otro lado, tenemos lo que sucede en Argentina, y resulta que hasta hoy hay gente que dice que el modelo kirchnerista es en el que tiene que mirarse el Uruguay. Por las dudas, aviso que tengo las declaraciones en mi poder. En Argentina un arrepentido declara que venía por Melilla trayendo bolsas de dinero porque ahí no había controles. ¡Y los que tenían que controlar eran autoridades! ¿No tendremos que investigar qué estaba pasando en Melilla que no había controles? ¿Por qué no los había si el señor decía que venía por ahí con la bolsa con dinero, y otro dice que venía por Carmelo? ¿No habrá que hacerlo? Creo que sí. Con respecto al convento, ahora se dice que también iba la cuñada de la expresidenta.

También venía a cada rato el hoy diputado y exministro de economía de Argentina, Kicillof, procesado por la causa del dólar a futuro. Estuvo en la inauguración de la planta de ALUR y de la planta desulfurizadora de La Teja; venía con la barra de La Cámpora y todas esas personas que gritaban. Los vimos. Todos esos, que iban y venían, ahora están procesados, pero no lo están porque se robaron algo, sino por cientos de millones de dólares. Estamos hablando del dólar a futuro, y siguen yendo. Cometían todas aquellas tropelías del otro lado, a media hora de avión, o a dos horas y media de barco de acá; venían seguido y, encima, hay denuncias de que traían dinero y lo lavaban a través de sociedades y compras de inmuebles, pero todavía se sigue sosteniendo que hay que admirar el coraje de Cristina Kirchner, quien incluso apoyaba en época de las elecciones. Cuando se investigue el financiamiento de los partidos políticos sería bueno averiguar también el apoyo de gobernadores y partidos políticos en Argentina, ¿no? ¿O nos olvidamos de los apoyos que brindaron cuando mandaron ómnibus con militantes? Eso también forma parte del financiamiento de los partidos políticos y es el peor de todos o, por lo menos, es tan malo como los otros porque, ¡vaya si cuando apoyan para llegar, después no vienen y presionan de otra manera!

¡Ni que hablar de lo que sucede con Venezuela! En estos rankings que tanto les gusta mirar apreciarán que es uno de los peores de la clase. ¡Y vaya si hemos tenido funcionarios uruguayos viajando a Venezuela y funcionarios venezolanos viajando a nuestro país! Venezuela es uno de los países más corruptos, no ya de la región, sino del mundo. ¡Y vaya si hay denuncias de fondos que se manejaron, de programas, de intermediaciones! ¡Vaya si las hay! ¿No habrá nada para ver ahí? También podemos hablar de quienes integran las comitivas presidenciales y después hacen negocios. Hay empresas muy notorias. Han sido mencionadas tantas veces que creo que no es necesario decirlo mucho más.

También se ha hecho referencia –como algo muy importante– a esta suerte de índices de Transparencia Internacional y se nos dice: «¡Uruguay está muy bien! ¡Uruguay está muy bien!». Siento que es lo mismo que cuando nos decían: «¡La educación está muy bien! ¡La educación está muy bien!», y no nos dábamos cuenta de que el mundo y la educación estaban cambiando y nos estábamos quedando atrás. También nos decían: «En seguridad estamos bien. Estamos mejor que los países de la región». Cuando nosotros señalábamos: «Sí, pero mirá que están teniendo unos problemas tremendos y nosotros tenemos que prepararnos», ellos contestaban: «No, estamos bien, están asustando a la gente». Un día nos alcanzó la realidad. No hicimos los deberes cuando debíamos hacerlos, que era cuando estábamos bien o debíamos estarlo. Si uno estudia esos indicadores debe tener en cuenta que, en realidad, son índices de percepción; no son datos de la realidad. ¡Es la percepción! Repito que es la sensación que tenemos sobre la corrupción en el país. Pero la sensación es una cosa y la realidad es otra; son conceptos distintos. ¿Vamos a esperar a que esa sensación cambie y se constate que hay corrupción para empezar a tomar las medidas?

Tampoco estamos tan bien; lo estamos si nos comparamos con la región. ¡Uy, somos el mejor de la región! Estuve analizando los indicadores: en partidos políticos el promedio es 3,8 %; el 1 % es nada corrupto, el 5 % es muy corrupto; el promedio es 3,8 %. Nosotros estamos en el 3,6 % y 3,8 % es el promedio. Veamos a qué países les estamos ganando: Burundi, Myanmar, Chad, República del Congo, Comoras, Kazajistán, Sierra Leona, Pakistán, Brasil, Catar, Chile, Emiratos Árabes. Tenemos que elevar la mira; personalmente me gusta mirar para arriba y saber quiénes nos están ganando para ver si podemos subir en el ranking.

Otra vez: se trata de la percepción, no de la realidad. Se pueden tomar decisiones exclusivamente desde la percepción porque los hechos no salen a la luz o están bien tapados. Creo que en el Uruguay ha habido repercusiones importantes de todos estos casos. No nos quedemos con mi opinión porque se me puede decir que soy un senador de la oposición, del Partido Colorado y un montón de cosas más. Veamos qué nos dice la Junta de Transparencia y Ética Pública. El 21 de julio de 2014, cuando envié al actual presidente y en ese momento candidato a la presidencia, doctor Tabaré Vázquez, una nota proponiéndole la suscripción de un pacto nacional y declaración contra la corrupción en favor de la transparencia, justo habían ocurrido algunos incidentes en Pluna y en ASSE. Se trató de hechos concretos que sucedieron y yo propuse tomar medidas, también concretas, respecto al delito de enriquecimiento ilícito, a la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción, mayor autonomía y poder a las fiscalías. Eso lo había sacado de la memoria y la recomendación de los expertos de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Esta junta es la que ahora dice que no estamos haciendo lo que debemos hacer. No lo digo yo, lo dice la junta.

Por lo tanto, me pareció bueno plantear un tema como el de la corrupción, que estoy seguro de que une a todos los partidos. No digo que los senadores que no votan esta comisión estén a favor de la corrupción; no pongan eso en mi boca porque no lo he dicho. Para decirlo debería tener pruebas; no las tengo y no creo que sea así. Lo que sí creo es que no le están dando a este tema la importancia que tiene. En fin, entender que algunos temas son más importantes, son apreciaciones y perspectivas válidas. Nosotros entendemos que hoy este es un tema relevante por lo que está sucediendo y se está conociendo, pero en ningún momento voy a acusar a nadie de estar defendiendo la corrupción en esta casa; tengan la certeza de eso.

Es interesante la respuesta que dio el señor presidente, de la cual la señora senadora Tourné leyó una parte; yo fui a buscarla porque me acordaba de ella. El presidente hizo referencia a la Ley n.º 17060 del año 1998 y dijo que el Frente Amplio la apoyó. Eso es cierto. Fue enviada por el Poder Ejecutivo en un mensaje a la Asamblea General en julio de 1996.

En dicha respuesta el presidente hace referencia a las normas que se aprobaron a partir de 2005 y se saltea una que para mí es muy importante, que se aprobó en 2003 y 2005: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En ella se establecen una cantidad de obligaciones para los países que no estamos cumpliendo. Ese es un hecho concreto que nos llevó a incluir en nuestro programa de gobierno del año 2014 una cantidad de objetivos, entre los que estaban estos de los que estamos hablando en el día de hoy. Entre ellos estaban: dar más poder a las comisiones investigadoras, crear el delito de enriquecimiento ilícito, la imprescriptibilidad de los delitos vinculados con la corrupción, ampliar las figuras del arrepentido, del informante, etcétera, para llegar a combatir mejor la corrupción. Ahí está la importancia de esto. ¿Por qué hoy en día está surgiendo esto en Argentina y en Brasil? ¿Qué está pasando? ¿Cambiaron los Gobiernos? En Argentina sí; en Brasil, no. Pero ¿qué es lo que hay ahí? Hay instrumentos que nosotros no tenemos que permiten llegar al fondo de estos temas, por ejemplo, la delación premiada en los casos de corrupción, el informante, el agente encubierto, el delito de enriquecimiento ilícito. Ahora se puso de moda –yo lo hice– hacer públicas las declaraciones patrimoniales. ¡Hagámoslo! Aunque haya diferencias entre lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora –en mi caso lamentablemente me da para abajo porque, en realidad, tengo una diferencia de menos y no de más, ya que esta no es la actividad más rentable para uno, y ya paso el aviso–, no hay un delito porque no existe el delito de enriquecimiento ilícito. Estamos hablando de transparencia, de declaraciones, etcétera, pero si hay un aumento del patrimonio no es un delito; lo sería si creáramos, como nos lo impone la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el delito de enriquecimiento ilícito. Hay un proyecto de ley al respecto que está hace más de un año en la Comisión de Constitución y Legislación y no ha sido incluido en el orden del día.

Hoy en día algunos están diciendo que Latinoamérica está haciendo un giro a la derecha o a la izquierda, pero no creo que sea eso. Me parece que lo que está sucediendo es que se terminaron las condiciones económicas internacionales de crecimiento y la economía está marcando cambios. Lo que sí está pasando es que está terminando el superpopulismo, esos gobiernos que, a caballo de situaciones económicas excepcionales, obviamente gastaron de más y hasta se lo llevaron para la casa. Diez años de gobiernos progresistas en Argentina y en Brasil estarán dejando avances en algunas áreas, pero no hay ninguna duda de que dejaron un gran retroceso en materia de corrupción. No hablamos de que se corrompen por poco dinero, sino por cientos y miles de millones de dólares. Algunos señalan que la década ganada de la que hablaban era cierta. Es una década ganada para ellos con todo el dinero que se llevaron para la casa ilícitamente.

En este momento, cuando quizás esa ley del péndulo haga que algunos quieran pasarse para el otro lado, deberíamos pensar en que la lucha contra la corrupción no debe depender de la buena voluntad o de la valentía de unos pocos individuos, sino de la existencia de instituciones y de reglas que desincentiven la corrupción, eliminen la impunidad y aumenten la transparencia en los actos de gobierno. Un comienzo puede ser poner los presupuestos públicos y las declaraciones patrimoniales en Internet, pero el paso siguiente debería ser tener los instrumentos para investigar la corrupción y los delitos por los cuales se tiene que ser penado.

Además, por suerte en las últimas semanas esto ya ha hecho carne en el Uruguay porque son muchos los proyectos de ley que se anuncia que se van a presentar en busca de la transparencia. Me parece que eso es muy bueno porque, repito, no hay que dormirse en los laureles de las percepciones, sino tomar medidas. Mientras tanto nosotros, cuando se hace alguna acusación personal como aquella a la que hizo referencia un senador que me interrumpió, hacemos lo que tenemos que hacer, sabiendo que, cuando somos hombres públicos, esas sospechas o acusaciones surgen e inmediatamente hay que aclararlas con documentación y no con verba. Cuando nos hacen acusaciones, presentamos la documentación correspondiente hecha por terceros imparciales que las refutan y los hechos posteriores nos dan la razón. Me parece que ese tiene que ser el camino y no tenemos que enojarnos. No hay que ser nesciente en estas cosas, sino trabajar coherentemente. Creo que el Uruguay haría un gran avance en todo sentido si se conformara esta comisión con fines legislativos –los fines a los que se hace referencia en el informe– y que de ella resultase la necesidad, como estoy seguro va a suceder, de legislar en esta materia.

Voy a resistir la tentación de decir «avisé»; espero no tener que decir dentro de algún tiempo que avisamos que el problema de la corrupción es mucho más profundo e importante de lo que nos imaginamos y tenemos que trabajar en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a los alumnos de las escuelas rurales de Canelones n.os 26, 28 y 64 que nos visitan en el día de hoy.

15) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 22 de junio de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Don Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia –al amparo del literal D del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004– por la sesión del día de hoy.

Motiva dicha solicitud mi participación en la reunión de la delegación oficial de nuestro país que participará de la 64.ª sesión del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).

Sin otro particular, saludo al señor presidente muy atentamente.

Mónica Xavier. Senadora».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Daniel Olesker, Julio Bango, Viviana Piñeiro, Yerú Pardiñas, Eduardo Fernández, María Elena Laurnaga, Álvaro García, Hyara Rodríguez, Manuel Laguarda y Noelia Millán han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Julio Pintos, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 22 de junio de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Don Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

Por la presente, me dirijo a usted y al Cuerpo que preside para solicitar licencia para el señor senador José Carlos Cardoso por el día 29 de junio de 2016, de acuerdo con el artículo 1.º, literal A, de la Ley n.º 17827.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

Álvaro Delgado. Senador.

Coordinador de Bancada».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 22 de junio de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Don Raúl Sendic

De mi mayor consideración.

A través de la presente, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia desde el 8 de julio hasta el 15 de julio del 2016 inclusive.

Motiva dicha solicitud la invitación que recibiera de Project Interchange, para participar en el próximo seminario para “Líderes de Opinión” a realizarse en Israel.

Solicito dicha licencia al amparo del literal D del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, y solicito se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Álvaro Delgado. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Se comunica que los señores Alejandro Draper y Mercedes Antía han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Armando Castaingdebat, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 22 de junio de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Don Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día 29 de junio de 2016.

Sin otro particular, saludo al señor presidente muy atentamente.

Álvaro Delgado. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Alejandro Draper y Mercedes Antía han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Armando Castaingdebat, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 22 de junio de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Don Raúl Sendic

Presente:

Por intermedio de esta, solicito licencia para el día 22 del corriente, por motivos personales.

Sin más, saludo atentamente.

Enrique Pintado. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Carlos Baráibar, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 22 de junio de 2016

Señor presidente de la

Cámara de Senadores

Raúl Sendic

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que tan digna

mente preside se sirva concederme el uso de licencia para el día 22 de junio de 2016, por motivos personales.

Sin más, lo saludo muy atentamente.

Luis Lacalle Pou. Senador».

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–23 en 25. Afirmativa.

Se comunica que los señores Jorge Saravia y Armando Castaingdebat han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Beatriz Argimón, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

16) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Germán Coutinho presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establece que a los condenados con sentencia firme, por reincidencia o haber incurrido en más de dos delitos, al momento de cumplir condena y recuperar la libertad se les aplicará preceptivamente medidas de seguridad preventivas.

–A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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17) COMISIÓN PREINVESTIGADORA CON FINES LEGISLATIVOS PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración de los informes de la Comisión preinvestigadora con fines legislativos para analizar la situación de la corrupción en Uruguay.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor presidente: en primer lugar, queremos ratificar la procedencia del examen que hemos hecho de la Ley n.º 16698. Nos basamos en sus antecedentes. Fue creada en 1992, después de discutir durante muchos años en esta casa la conveniencia de tener una ley que regulara las comisiones que figuran en el artículo 120 de la Constitución de la república. Por esta razón hemos defendido que las del artículo 7.º son también comisiones investigadoras y, por lo tanto, están ceñidas a toda la legislación o regulación que hay en la materia; lo que ocurre es que son de diferente naturaleza. Esto lo dice muy claramente el doctor Díaz Maynard –quien fuera miembro informante en la Cámara de Representantes– en la jornada del 4 de noviembre de 1992, trayendo a colación al doctor Korzeniak. Eso está claramente definido en la página 89 del correspondiente Diario de Sesiones.

No voy a abundar en este punto porque no hay ninguna incoherencia con lo que dijimos aquí con respecto a las comisiones preinvestigadora e investigadora de Ancap. A mi modo de ver –lo dije en sala– el rótulo que se le puso fue un híbrido porque, para ser condescendientes, votamos una investigadora, pero –y esto lo reconoció el señor senador Delgado en la sesión del 17 de febrero– sin presumir irregularidad o ilícito. Se votó así, pero eso no significa que hubiera alguna incoherencia; lo dijimos en aquella oportunidad y en el pasaje de la preinvestigadora a la investigadora.

Por lo tanto, lo que informó la avezada señora senadora Tourné está perfectamente en regla; nosotros hemos consolidado esa visión precisamente para que no se crea que se puede investigar cualquier cosa. Hay que someterse a los extremos de la ley y, por supuesto, estar exento de cualquier tipo de voluntarismo parlamentario, porque no se puede investigar el cielo; hay que investigar cosas concretas, tal como lo expresan claramente los artículos 6.º y 7.º, este último con la diferencia de que no se presume ilícito o irregularidad.

Señor presidente: nosotros hemos escuchado –y luego hemos decidido al respecto– una información en comisión que, a mi modo de ver, es una justificación internacional –no sabría cómo decirlo– de un principio de ósmosis política porque, en realidad, tal como hemos escuchado en la tarde de hoy, estamos asistiendo a una serie de definiciones y de títulos que, a los efectos que marcan la creación de una comisión investigadora, no cierran. Por lo tanto, me parece ajustada nuestra posición de no habilitar la comisión investigadora y ceñirnos –como lo hemos dicho en alguna oportunidad a los medios– a que estos temas se manejen en las comisiones permanentes del Poder Legislativo –que no están eximidas de hacerlo, porque son temas objeto de proyectos de ley–, tal como lo manifestó, en nombre del Frente Amplio, la señora senadora Tourné.

Señor presidente: soy respetuoso de todos los colegas, pero me parece que, por más premonitoria que uno crea que puede ser su argumentación, por más que uno pretenda encender una luz amarilla, no se puede deducir que aquí somos todos tontos y que el que va en el puente de mando, el faro que ilumina el destino, el que tiene la inteligencia y la lucidez, es solamente uno y nadie más. Eso no puede ser, señor presidente, porque este es un Cuerpo colegiado donde hay muchas cabezas pensando. Por supuesto que nosotros nos afiliamos a la tradición nacional, esa que ha sido tan castigada en esta tarde. El 27 de enero el diario El País publicaba que Uruguay estaba entre los veinticinco países menos corruptos de América y del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que en cuatro meses, sin que medie acusación o hecho concreto alguno, pasemos a estar bloqueando la investigación de la corrupción? Honestamente, señor presidente, si no fuera porque no puedo medir intenciones, diría que es un operativo un tanto extraño para lo que, a mi modo de ver, son estas comisiones de la Ley n.º 16698.

Por lo tanto, yo le doy mucha importancia a Transparencia Internacional, porque este organismo hizo punta para instalar a nivel del universo una discusión importante que en otros tiempos no se daba. Esto lo dice la propia Junta de Transparencia y Ética Pública en alguna de sus memorias. Es un tema que llegó para instalarse; es un tema sobre el que a mediados del siglo xx no se hablaba, pero que se fue instalando paulatinamente.

Quiero decir que este organismo ha sido exitoso a nivel mundial y ha tenido acá su correlato. Se dice que el mayor éxito de Transparencia Internacional ha sido colocar el tema de la corrupción en la agenda del mundo. Instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ahora ven a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo, mientras que antes de la década de los noventa este tema no se analizaba a fondo. Además, Transparencia Internacional desempeñó un papel fundamental en la introducción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en la Convención de la OCDE contra el soborno. Me están diciendo que estas convenciones todavía no están implementadas; sin embargo, Transparencia Internacional fue el organismo que las instaló y que observa que Uruguay tiene una muy buena marca en el mercado de los menos corruptos en el mundo.

Yo no quito envergadura a esto. Puedo atender la palabra del señor senador preopinante, pero lo veo con un escepticismo formidable, y me parece muy bien. Él es abogado y sabe que esto no es una cuestión de fundamentalismo; hay que demostrar estas cosas. Él es un hombre de derecho y sabe muy bien que estos temas necesitan el proceso debido, por lo menos. Entonces, no se puede pensar en instalar una comisión investigadora cuando ni siquiera hay una presunción; hay una serie de títulos y rótulos internacionales que se ha encargado muy bien de definir acá y, al mismo tiempo, de exhibir en el mensaje que elevó a la comisión preinvestigadora.

Señor presidente: una cosa era cuando en el Uruguay se votó el proyecto de ley que derivó en la Junta de Transparencia y Ética Pública. En aquella época el doctor Sanguinetti era el presidente de la república y firmó el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo. Es muy claro: en la década de los noventa fue un asunto muy grave porque importantes dirigentes y actores políticos vivían en los estrados jurídicos y, además, fueron procesados. Reitero que fue un tema muy grave en la década de los noventa. Pero ¿qué hizo el staff político del Uruguay? Dialogó y aprobó en plena década de los noventa la ley que finalmente derivó en la creación de la Junta de Transparencia y Ética Pública. El prólogo del mensaje del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo de aquella época dice: «El Uruguay conoció en estos últimos tiempos –estamos hablando del año 1998– algunas denuncias de corrupción, aun cuando debe reiterarse que existe en el país una larga y digna tradición de honestidad en el manejo de la hacienda pública por parte de la clase política y de los funcionarios administrativos. Ello permite afirmar que en nuestro país no se ingresó en la era de la corrupción endémica». Sin embargo, ahora parecería que por esta ósmosis internacional, en cualquier momento en algún anaquel del Palacio Legislativo aparecen USD 8 millones. ¡Por favor!

El mensaje del doctor Sanguinetti continuaba afirmando que no podía decirse que la corrupción era solamente un mito. ¡Claro que no es un mito! ¡Claro que no es un mito, señor presidente, porque el propio Parlamento, el propio Senado, creó ahora tres comisiones, no por mérito del Frente Amplio, sino en nombre del Parlamento. Uno de los temas a estudio es el financiamiento de los partidos políticos; otro es el de la trata de personas –gran tema, que tiene muchos otros alcances–, y por supuesto, también se puso sobre la mesa la cuestión de los Papeles de Panamá, que parece que pone a mucha gente nerviosa. Después vamos a hablar de esto porque es muy importante: hay mucha más gente nerviosa por los alcances de esta comisión de lo que cualquiera podría imaginar, señor presidente. Ya vamos advirtiendo que el Frente Amplio está muy decidido y en la comisión va a ir a fondo en el tema del secreto bancario; no va a pasar lo que sucede ahora, pero eso lo hablaremos después.

Lo que decía el entonces presidente Sanguinetti en el mensaje a la Asamblea General adquiere importancia porque fue redactado en una década en que el tema de la corrupción llamó la atención y, más que una alarma, fue un escándalo público. Hoy vemos que se quiere generar alarma pública de forma absolutamente artificial, con algunos medios jugando a lo peor. No se justifica que el diario El País de Montevideo, el 16 de enero haya dicho que Uruguay estaba en el lugar veinticinco de los países menos corruptos y ahora, porque apareció el señor López con USD 8 millones, inicie un operativo mediático. Según me dicen, el señor López hizo una declaración jurada como nosotros. Habrá que averiguar –aunque no le compete a este plenario, al derecho uruguayo ni tampoco a nuestra Administración– por qué dormía arriba de una cama con USD 8 millones. Este es un problema argentino. Pero lo cierto es que ese señor también tuvo que hacer una declaración jurada.

Como venía diciendo, en cinco meses el operativo mediático funcionó. A nosotros, señor presidente, no nos van a correr con el poncho. Vamos a hacer las declaraciones juradas, las vamos a hacer públicas y no vamos a traer ningún documento porque, en mi caso, no tengo ni estoy vinculado a ninguna sociedad off shore; tengo un QQ y alguna otra cosa más. Pero vamos a tener que hablar de estas cosas en profundidad en las comisiones que el Parlamento ha creado, porque hacen a muchos temas importantes.

En cuanto a la moral administrativa, nosotros no se la quitamos a nadie; la adhesión a ese principio tan caro de la república no se la vamos a quitar a nadie, pero tampoco somos menos que nadie. ¡Que quede claro esto también! Lo cierto es que en estos tiempos modernos lo que está de moda en el mundo es la corrupción, el lavado de activos y el lavado del dinero de la droga; activos que provienen de ese sector de actividad fraudulenta y criminal. Precisamente, fue en el año 2007 que la Administración ejercida por el Frente Amplio estableció algo que, sin ningún lugar a dudas, era importante: la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, que está en funcionamiento. Seguramente, de acuerdo con la moción presentada por el señor senador Saravia, vamos a recabar todos sus antecedentes para hablar en serio sobre este tema.

No olvidemos que este tema del lavado también está vinculado al secreto bancario, al secreto fiscal y al secreto profesional. ¡Seamos honestos y no hagamos un doble discurso hablando de la junta o de traer un documento, cuando ahí, debajo de esa alfombra, está la cucaracha!

Queremos decir que todos los proyectos de ley que ha elevado el señor senador Bordaberry son dignos de estudio; lo decimos con total seriedad y, al mismo tiempo, con la solidaridad gremial por ser parlamentarios y respetar todo lo que aquí expresen, sobre todo porque son representantes de la soberanía del país.

Como decía, el señor senador Bordaberry ha presentado varios proyectos de ley. Creo que el de enriquecimiento ilícito podríamos tratarlo sin problemas porque es una muy buena iniciativa; solo habrá que ver cómo se afina. El que refiere a la Junta de Transparencia y Ética Pública está más o menos encaminado porque el Poder Ejecutivo –lo solicitó la propia Jutep durante tres años– transformó este organismo en un servicio descentralizado, dándole más autonomía. En el día de ayer tuvimos una entrevista con el presidente y el vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública y podemos afirmar que faltan cosas –siempre va a faltar algo–, pero estamos en un camino que no es el de 1998, cuando estaba todo por hacer y no había leyes complementarias.

Debo decir que no se puede leer las memorias –que son bastante profusas y hemos podido acceder a todas ellas hace pocos días; incluso aún están sin editar las correspondientes a 2015– y afirmar que falta una cuestión con un convenio internacional y una ley. Hay que señalar lo que afirma la Junta de Transparencia y Ética Pública acerca de todo lo que se ha logrado, que es mucho. Por eso me parece necesario que la Comisión de Constitución y Legislación mantenga una entrevista con integrantes de la Junta de Transparencia y Ética Pública, ya que este organismo debería tener una presencia más cotidiana en dicho ámbito.

Otra de las iniciativas sobre la que el señor senador Bordaberry reclama es la relativa a los delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública. ¡Veámosla! Pero ¿qué tengo que investigar acerca de esto? ¡Nada! ¡Se trata de legislar y nada más!

Hay otro proyecto de ley que es extraño y tiene que ver con los titulares de determinados cargos públicos; se establecen prohibiciones e incompatibilidades para su desempeño en la actividad privada. Quiero señalar que esta iniciativa es muy interesante, pero también es cierto que dice, por ejemplo, que el presidente, el vicepresidente, los ministros, etcétera, «no podrán ser titulares, dependientes, asesores, patrocinantes, auditores, representantes, consultores, socios, directores, síndicos o similares, de persona física o jurídica alguna, nacional o extranjera, mientras se desempeñan en el cargo público asignado». Sin embargo, aquí no figuran diputados ni senadores. Tal vez sea una falla y podríamos agregarlos, pero me gustaría afirmar que para aprobar una normativa al respecto hay que valerse del artículo 126 de la Constitución, que prevé que por ley se pueden establecer otras prohibiciones e incompatibilidades, además de aquellas a las que se hace mención en los artículos 124 y 125 de la carta.

Pues bien, señor presidente, quiero hacer una composición de lugar porque estamos hablando de estos temas en las tres comisiones que he mencionado.

Supongamos que soy hermano de López, poseo muchos bienes y tengo en mi poder USD 5 millones; voy a un estudio jurídico de estos que asesoran y digo: «No quiero tributar porque la DGI es muy voraz; quiero ver qué puedo hacer con este dinero». Tal vez ese profesional responderá: «Mirá, tengo un lugar para que tú pongas ese dinero, y quedate tranquilo porque, aunque tenemos el artículo 15 de una ley que se votó en 2011 –cuyo número no recuerdo, pero refiere al levantamiento del secreto bancario–, es kafkiano levantar el secreto bancario en el Uruguay. Por tanto, quedate tranquilo porque la impositiva ahí no llega».

Ahora bien, ese mismo asesor fiscal puede venir al Parlamento, ser ministro, senador o diputado. ¿Y entonces? Si llega a ser, por ejemplo, ministro de Economía, senador o diputado, ¿saben qué pasa? ¡Vota los presupuestos, vota las leyes para poner impuestos aquí o allá, reclama carreteras, etcétera! Se produce una verdadera disociación porque, por un lado, le reclama al habitante común que es detectado por su boleta de recibo de sueldo y, por otro lado, se desdobla de su función pública y va a la función privada. No voy a cometer la infamia de decir que asesora en la evasión porque, como dije cuando hablamos de los Papeles de Panamá, ese tema lo debe manejar la DGI, pero ayuda a eludir impuestos.

Este proyecto de ley me parece excelente, pero habría que hacerle algunas modificaciones que involucren a los asesores fiscales que construyen la evasión y la elusión. ¡Vamos a hablar de lo que hay que hablar, como decía muy bien el señor senador Otheguy, integrante de la comisión preinvestigadora de Ancap! Como decía Ortega y Gasset: «¡Argentinos, a las cosas!»; así que ¡uruguayos, a las cosas!

Todos sabemos que el sistema tributario protege a los que tienen más. Creo que al principio enunciado por Tabaré Vázquez en el año 2005 de que tribute más el que tiene más habría que hacerle un nuevo enroque y afirmar que al que tiene más hay que controlarlo más, porque es el único que puede figurar en los Papeles de Panamá, evadir y eludir.

¡De eso queremos hablar en la comisión sobre los Papeles de Panamá! ¡De eso queremos hablar en la comisión sobre la trata de personas! ¡De eso queremos hablar al tratar el tema de la financiación de los partidos! ¡No de lo que pasó con un tipo en Brasilia! Todo puede ser, porque todas son noticias que se dieron internacionalmente y deben ser ciertas, no lo dudo. Pero nosotros queremos hablar en serio del tema y por eso creamos comisiones especializadas, tal como lo indica el artículo 131 del Reglamento del Senado, y no para investigar y hacer shows mediáticos. ¡Eso no lo vamos a permitir! Por eso estamos bien montados y vinimos a votar en contra de esto que consideramos un operativo mediático, y lo digo con todas las letras. ¡Disculpen, pero no tengo otra razón!

Frente a ese asesor fiscal que ofrece defraudar –de esos está lleno el Uruguay–, protegido por el secreto bancario, por el secreto profesional y tributario, nosotros decimos que cuando llegue la flexibilización del secreto bancario que anunció el contador Mario Bergara no vamos a hacer lo mismo que en 2011 –porque no integrábamos la Comisión de Hacienda, sino la de Asuntos Internacionales–, sino que vamos a revisar muy bien ese artículo sobre la flexibilización bancaria para ver dónde está realmente la corrupción en nuestro país.

Quiero decir que, en la medida de nuestras posibilidades, hemos leído todos los informes de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Tal vez me equivoque o tenga pocas luces, no lo sé, pero créame, señor presidente, que en ninguno de esos textos hay algo que nos pueda agraviar como parlamentarios. Puede ocurrir que exista un vacío sobre el que hay que legislar; si es así, atendamos los proyectos de ley que están en danza. No tenemos problemas al respecto. Pero así, al barrer, con una mentalidad casi policíaca –«hay que averiguar, y hay que crear una investigadora porque sí, porque se me canta»–, ¡no, señor presidente! Que me demuestren las razones que se expresan en la Ley n.º 16698, porque para eso se rompieron el coco tantos queridos legisladores como Mallo, Díaz Maynard, Cantón, Korzeniak, y tantos otros grandes legisladores que en materia de derecho eran impecables y a los que después de tantos años sigo y acato.

Por lo tanto, vamos a acompañar el informe en mayoría realizado por la señora senadora Tourné, con quien tuve el honor de compartir esta comisión preinvestigadora, y con el señor senador Pepe Amorín.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor presidente: veo que mi pedido ha hecho perder la serenidad a alguno. Voy a tratar de retomar esa serenidad que, según me dicen, muchos han perdido.

Es difícil sostener que se trata de un operativo mediático cuando en julio de 2014 enviamos una carta al presidente de la república; cuando en agosto de 2014 presentamos las medidas y las incluimos en el programa, y cuando en febrero de 2015 presentamos los proyectos de ley y empezamos a hablar de ellos. Hoy pedimos una comisión investigadora porque los hechos que están sucediendo en la región empiezan a tener repercusión en Uruguay. Bueno, entonces estamos en un operativo mediático desde julio de 2014, señor presidente. ¿En serio alguien puede creer que esto es una respuesta? Yo creo que no. Además, me parece que si lo analizamos con serenidad concluiremos que no es así.

Celebro que hayamos votado la conformación de comisiones investigadoras para analizar temas como los denominados Papeles de Panamá, la trata de personas y el financiamiento de los partidos políticos. Son cosas que van en el mismo rumbo, pero en otra materia; todos tenemos la misma inquietud.

Y ya que se anuncia tanta investigación sobre los Papeles de Panamá, espero que se vaya hasta el fondo, porque no olvidemos que EXOR, que contrataba con Ancap, era una sociedad de ese tipo; no olvidemos que las que contrataban con Gas Sayago eran sociedades de ese tipo; no olvidemos que el hijo del presidente de la república reconoció que tenía una sociedad a la que había girado USD 80.000 y después tenía que girar USD 400.000 por mes. Supongo que en el Uruguay no hay hijos y entenados. ¡Vamos a ir al fondo de los temas en serio! ¡Esperemos que así sea! Creo que sería bueno que así fuera.

Respecto al alcance de las comisiones con fines legislativos, me basé en un informe del doctor Sapolinski, en el libro Las comisiones parlamentarias de investigación y sus facultades, del doctor Korzeniak, y en las opiniones del doctor Cassinelli Muñoz. Por eso creo que lo que estoy pidiendo está dentro de las normas legales.

Reitero: no nos sentimos dueños de la verdad, pero sí tenemos el derecho de expresar lo que entendemos es nuestra verdad, que no necesariamente será la verdad. ¡Ojalá conociéramos todos la verdadera verdad! Uno puede expresar su opinión, su visión, y advertir que se viene la corrupción, que va a llegar: será este año, será el año que viene, será en el cambio de gobierno que se dará dentro de unos años. ¡Anticipémonos!

Gracias, señor presidente.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Gracias, señor presidente.

Vamos a votar el informe en mayoría de la comisión preinvestigadora, no porque no nos parezca importante la iniciativa planteada por el señor senador Bordaberry, sino porque haciendo un examen sincero y de acuerdo con nuestro juicio, la procedencia de una comisión investigadora no corresponde en el caso.

El artículo 120 de la Constitución de la república distingue claramente dos tipos de comisiones: de investigación o para suministrar datos con fines legislativos. La Ley n.º 16698 distingue cuatro clases de comisiones y dice claramente que habrá comisión de investigación cuando haya una denuncia fundada y tenga las características que plantea el artículo 10: entidad, seriedad en su origen, oportunidad y procedencia. Por lo tanto, tiene que haber alguna acusación o denuncia concreta y no un conjunto de circunstancias que a todos nos preocupan y de las que puede surgir eventualmente alguna denuncia. Repito: tiene que haber algún elemento específico que no está planteado en el caso.

Esto no significa creer que Uruguay esté saneado en esta materia, porque sabemos que tenemos huecos, debilidades, normativas incompletas y en muchos casos tardías. La Junta de Transparencia y Ética Pública ha sido depositaria de declaraciones juradas cerradas y no pueden hacer nada porque, como ellos mismos lo plantean, no tienen otras facultades. Sus similares de Argentina o de cualquier otro país del mundo tienen facultades para analizar las declaraciones juradas, facultades de iniciativa judicial ante alguna inconsistencia o problema serio en la evolución de los patrimonios de los funcionarios, entre una enorme cantidad de potestades que no tiene nuestra Junta de Transparencia y Ética Pública.

El Tribunal de Cuentas –como lo hemos hablado tantas veces– observa y no pasa nada; observa por una hormiga y observa por un elefante y es lo mismo: no pasa nada. Y eso no es para estar orgullosos en Uruguay. Es decir, que haya licitaciones millonarias en dólares cuestionadas por el Tribunal de Cuentas y que simplemente por la vía de la reiteración del gasto sigan adelante, no es la idea que tengo de una institucionalidad fuerte en esta materia.

Ciertamente, varios de los proyectos de ley presentados por el señor senador Bordaberry son pertinentes y deberían ser parte de nuestra legislación vigente.

Creo que en este caso el problema es de procedimiento. Con todo respeto por el argumento y el informe del señor senador Bordaberry, yo me afilio a la tesis sustentada por la señora senadora Tourné, en el sentido de que no procede una comisión investigadora cuando no hay un objeto de investigación definido, específico, sino más bien una mirada general. Lo que sí creo es que deberíamos nombrar una comisión especial con fines legislativos; eso lo apoyaríamos con mucho gusto. La semana pasada lo estuvimos conversando con el señor senador Bordaberry y con el señor senador De León, en su calidad de coordinador de la bancada del Frente Amplio.

El Senado ha aprobado tres comisiones especiales: una sobre financiamiento de partidos, otra sobre cuestiones vinculadas al manejo financiero a partir de la información surgida sobre los Papeles de Panamá y, por último, una sobre trata de personas. A su vez, la Comisión de Constitución y Legislación está concentrada en los proyectos que surgen de los acuerdos en materia de seguridad. Entonces, hay una serie de proyectos de ley que están en la Comisión de Constitución y Legislación con el fin de mejorar los controles en materia de transparencia y de riesgo de corrupción sin que ello implique ningún tipo de acusación. Lo que creo es que el país se tiene que dar reglas más exigentes y más firmes. En ese sentido se han presentado varios proyectos; incluso, el señor senador Martínez Huelmo habló de varios y elogió alguno de ellos.

En consecuencia, por considerar que este Cuerpo debería ocuparse del asunto, vamos a presentar una moción en la que propondremos la creación de una comisión especial con fines legislativos con el cometido de estudiar normas vinculadas a la prevención y represión de los actos de corrupción, por el plazo de un año. Me parece que de este modo se descongestionaría el orden del día de la Comisión de Constitución y Legislación y permitiría abordar los proyectos de ley específicos de esa materia. Es verdad: ¡sería una comisión más! De acuerdo; pero su temática sería tan importante como la de financiamiento de los partidos, la de los asuntos vinculados al manejo del sistema financiero relacionado con los Papeles de Panamá y la de la trata de personas.

Las agendas de las comisiones tienen esa peculiaridad. En la de Constitución y Legislación estamos concentrados –no digo que no deba ser así, al contrario– en trabajar en los proyectos de ley vinculados a la seguridad ciudadana, pero como viene la mano, si hacemos una proyección deberíamos pensar en varias semanas más, y quizás en meses. Sería de buen criterio, entonces, buscar la distribución del trabajo votando la creación de esta comisión.

Creo que todos tenemos la precaución y la preocupación que se requiere para abordar este temas. Obviamente, los elementos señalados por el senador Bordaberry sobre la región no implican a priori ninguna cuestión específica con respecto al Uruguay, sino la necesidad de estar alertas, pero para ello habría que aprobar normas más exigentes.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MIERES.- Enseguida, señor senador.

No somos los primeros de la fila en materia de normativa de prevención y combate a la corrupción. ¡No lo somos! Todos sabemos que las instituciones de prevención son muy débiles. El Tribunal de Cuentas y la Junta de Transparencia y Ética Pública, en términos comparativos, deben ser de las instituciones más débiles de la región. Entonces, avancemos en esta dirección.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MIERES.- Con mucho gusto le cedo una interrupción al senador Bordaberry y luego al senador Michelini, que tiene el hábito invalorable de solicitarme siempre una interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- ¡Celebro que empecemos a encontrar coincidencias!

El señor senador Martínez Huelmo leyó y estudió todos los proyectos de ley presentados por quien habla y dijo que con varios está de acuerdo. ¡Eso es un avance importante! Es más, expresó que habría que aprobar alguno de ellos. Reitero que me parece un avance en cuanto a este tema.

El señor senador Mieres está hablando de una comisión especial con fines legislativos y no de una comisión solo con fines legislativos. Otra coincidencia, que me parece muy bien.

Siendo el senador Mieres abogado como quien habla, le voy a llamar la atención sobre la redacción de los artículos 9.º y 10 de la Ley n.º 16698.

Sería bueno que los leyéramos juntos. El artículo 9.º expresa: «Las Comisiones de Investigación y para suministrar datos con fines legislativos pueden ser designadas por resolución de cada una de las Cámaras o de la Comisión Permanente». O sea que el legislador distingue, en este artículo, la comisión de investigación y aquellas para suministrar datos con fines legislativos.

Luego, el artículo 10 dice lo siguiente: «La designación de las Comisiones de Investigación debe ser precedida del nombramiento de una Comisión Preinvestigadora»; después establece las obligaciones de hacer una denuncia, etcétera, que es el mecanismo que sigue el Reglamento del Senado. O sea que este artículo no habla de la designación de investigación y para suministrar datos con fines legislativos.

Creo que la intención del legislador al no especificar «para suministrar datos con fines legislativos» es distinguirlas. En realidad, cuando uno propone una comisión de investigación tiene que denunciar claramente el hecho a investigar; pero cuando es con fines legislativos, es otra cosa. Entonces, el tema de la entidad de la denuncia, que exige el artículo 10, no aplica a las comisiones con fines legislativos. Si es con fines legislativos, donde no se presume una irregularidad, no hay denuncia.

Lo cierto es que, al final del día, más allá de lo que dispone la ley, estamos de acuerdo con que es necesario que haya una comisión especial. Además, esto es lo que me dijeron en la primera consulta: para una comisión con fines legislativos ni siquiera habría que constituir una preinvestigadora; en todo caso, habría que decidirlo. Me parece que esa sería la idea; a pesar de que el procedimiento que se admite tradicionalmente es este, ni siquiera se necesitaba estudiar la denuncia.

Disculpen los colegas esta desviación jurídica sobre el análisis del tema. En definitiva, vamos a llegar a lo que está diciendo el senador Mieres: será una comisión especial o será especial con fines legislativos.

SEÑOR MIERES.- Prefiero responder al senador Bordaberry y luego le concederé la interrupción al senador Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Me reafirmo en lo que expresé. Lo que interpreto –con toda humildad y sin ser autoridad en la materia ni mucho menos– es que la ley distingue cuatro tipos de comisiones parlamentarias: permanentes, especiales, de investigación y para suministrar datos con fines legislativos. Luego, en el artículo 9.º que se acaba de leer, se habla de dos comisiones: de investigación y para suministrar datos con fines legislativos, que son dos tipos distintos, que pueden ser designadas por resolución de cada una de las cámaras o de la Comisión Permanente; y, el artículo 10, refiere solamente a las comisiones de investigación, requiriendo para ellas que haya una comisión preinvestigadora.

Por eso, en lo que respecta a la motivación del señor senador Bordaberry, entiendo que no es pertinente promover la investigación, sino la creación de una comisión especial con fines legislativos. Acabo de presentar la moción a efectos de ver si el Cuerpo coincide con esta idea y, de ese modo, dar una señal que creo que todos compartimos –más allá de la intensidad que tuvo el debate en algún momento o de que tengamos una opinión distinta sobre el tipo de comisión o lo que fuere– en el sentido de que el Senado aprueba otro espacio para tramitar, con celeridad, este tipo de proyectos legislativos que están pendientes, que, en todo caso, no hacen otra cosa que contribuir a reforzar la legislación vigente.

Ahora sí, con mucho gusto concedo una interrupción al senador Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- La bancada de gobierno ya ha dejado claro que no va a votar una comisión investigadora a tal efecto. Ahora el senador Mieres presenta otra propuesta; como me la había anunciado hace unos minutos pude consultar con algunos colegas de la bancada, y adelanto que no estamos de acuerdo en votarla. Si insiste con ella la votaremos en contra, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque aunque no esté escrito o acordado, antes de la formalización de las últimas tres comisiones que se nombraron –la de la trata de personas, la del financiamiento de los partidos políticos y la relativa a los Papeles de Panamá, aunque no sean los nombres formales que se les dio en el Senado– se dieron una serie de pasos: se planteó el tema en la instancia de coordinación; las bancadas lo analizaron; se discutió el número de integrantes, y se consideró si debían ser especiales o de investigación. Por ejemplo, la propuesta del Frente Amplio con respecto a la comisión para analizar el tema de la trata de personas era que fuera de investigación, pero se nos pidió que fuera especial. El tema se analizó por varias semanas. A su vez, siendo quien habla coordinador junto con el senador De León, en nuestra bancada nos preguntaron en más de una oportunidad por qué el tema no se resolvió en la coordinación. Por eso insistimos en fortalecer la instancia de coordinación, porque permite cierta garantía para todos. Será algo formal, será algo que a algunos no les preocupa, pero el Gobierno podría venir, no anunciar nada y votar estas iniciativas; sin embargo, hemos tomado el camino del diálogo, de la coordinación y no el de los hechos consumados. Se podrá discutir si estamos bien o si estamos mal, pero ese es el camino que hemos tomado. Presentada esta propuesta, encontramos que, con relación al trámite que hemos dado a la creación de otras comisiones, no se han seguido los pasos mencionados. Sinceramente aspiraría a que el trámite de esta y de otras, fuera ese.

Por otro lado, entiendo que procedemos mal. Ocurre un hecho de corrupción en Argentina o en Brasil y salimos corriendo a decir: «¡Ah; nosotros estamos en el mismo paquete!» Cada vez que a Temer le saquen un ministro, ¿vamos a correr a decir que tenemos que nombrar una comisión sobre ese tema?

Señor presidente: la corrupción va por todos los barrios, pero no vi que nadie planteara nada cuando al Partido Popular de España la Justicia todos los días le llevaba preso a un integrante. Creo que Uruguay tiene que alejarse de esa situación y no acercarse.

Podremos reflexionar sobre el tema en la instancia de coordinación, donde se nos den sus razones y demás, pero ese no es el camino planteado por el señor senador Mieres, quien tendrá sus motivos y toda la legitimidad para hacerlo.

Por el contrario, el camino seguido para las últimas tres comisiones planteadas por el oficialismo fue el de acordar y coordinar. Por eso, señor presidente, pienso que lo peor que podemos hacer es decir: «¡Miren, nosotros también tenemos problemas! No somos distintos sino iguales». Me parece que es un error. Por supuesto, ello no significa que no abordemos otros temas, como el del financiamiento de los partidos políticos; el de trata de personas –que puede estar muy vinculado a la corrupción, sobre todo en los órganos de seguridad– y el vinculado a los Papeles de Panamá; todo ha sido planteado por nosotros.

Entonces, si el señor senador Mieres –que me informó de esta propuesta– insiste, votaremos en contra; en cambio, si la retira y recorre los caminos que se han seguido para otros temas, la evaluaremos, conversaremos y analizaremos con toda seriedad y ponderación.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Hay dos circunstancias distintas. Si la bancada del Frente Amplio lo que está planteando es tiempo para analizar la propuesta, no tengo problema en postergar la votación. Ahora bien, si lo que se está diciendo es que no se está de acuerdo con la creación de una nueva comisión, entonces, vamos a solicitar que se ponga a votación.

Concretamente, pediría a la bancada del Frente Amplio una aclaración con respecto a cuál es su postura. Me explico: si la postura es postergar el tema hasta la próxima sesión para que, en el ínterin, la bancada del Frente Amplio tome posición, no tengo inconveniente alguno en acompañar dicho planteo; de otro modo, solicitaría que se sometiera a votación. Aquí no hay implicancias para nadie; simplemente, lo que proponemos es legislar de manera más rápida. Incluso, el propio señor senador Bordaberry comparte la idea de votar una comisión de tal tipo.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MIERES.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor presidente: nosotros venimos siguiendo la sesión y no necesitamos una reunión de bancada para apoyar, en primer lugar, la moción formulada por el señor senador Bordaberry –con la que estamos de acuerdo– y, en caso de resultar esta negativa, hacer lo propio con la presentada por el señor senador Mieres.

Quería dejar esa constancia en cuanto al funcionamiento de nuestro partido.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Mieres.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MIERES.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que fui claro: si la moción se retira y se presenta en coordinación, la analizaremos. Agregué también una opinión personal, pero el Frente Amplio contestará por los canales que corresponden, como lo han hecho el resto de las bancadas sobre las iniciativas presentadas por el Frente Amplio o por otros partidos. Recuerdo que cuando decidimos impulsar una comisión investigadora sobre el tema de la trata, el Partido Nacional nos planteó, con mucha insistencia, ir a una comisión especial. Ese caso se resolvió en una reunión de bancada. Pero hubo una interacción de las bancadas a través de la instancia de coordinación. Si el señor senador Mieres lo quiere plantear ahí, lo analizaremos con toda seriedad. Lo otro era una opinión mía, pero la bancada responderá en tiempo y forma, tal como se ha hecho en cada circunstancia.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Mieres.

SEÑORA TOPOLANSKY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MIERES.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor presidente: nosotros estamos acá para legislar y lo podemos hacer sobre lo que se nos antoje y presentar las iniciativas que sean.

Es verdad que en la Comisión de Constitución y Legislación siempre hay un aluvión de proyectos; capaz que el diseño de distribución en la cámara está mal, pero desde que estoy aquí ha sido así.

Por otro lado, quiero decir que la sesión en la que el señor senador Bordaberry presentó la moción fue presidida por mí y, efectivamente, pude advertir que había una cierta contradicción: era investigar para legislar. Legislar se puede legislar.

Por ejemplo, el señor senador Coutinho acaba de presentar un proyecto de ley para que se discuta y se legisle; y se apruebe o se desapruebe. Eso es parte de nuestra función. Pero la investigación es otra cosa.

Recuerdo que en esa oportunidad consulté a la Mesa sobre qué se hacía, porque la moción no me cerraba mucho. La interpretación de la Mesa fue la que se siguió: formar la comisión preinvestigadora con la celeridad de los tiempos y demás, como establece el reglamento. Así se procedió.

Pienso que legislar no se debe confundir con investigar. Es más, cuando legislamos, muchas veces investigamos para asesorarnos, para conocer antecedentes, etcétera. El término «investigar» es genérico y no necesariamente es investigar corrupción. «Investigar» es tratar de desentrañar una serie de cosas.

Acá todos podemos legislar; eso no está prohibido. Al inicio de una sesión, cualquiera puede presentar un proyecto de ley como se le cante. Luego, esa iniciativa es derivada a una comisión. En la legislatura anterior estuve un tiempo en la Comisión de Constitución y Legislación y reconozco que siempre hay un chorrete enorme de proyectos de ley, lo que hace necesario priorizar. Ahora bien, ¡hay un acuerdo y eso se conversa en las comisiones! A veces ocurre que algunos proyectos de ley quedan para atrás y es lícito que quien los haya presentado entienda que son más importantes que otros asuntos que se estén considerando, pero esos son los avatares del trabajo de este Cuerpo.

Desde la mañana se han mezclado una cantidad de cosas y, al final de cuentas, lo más importante será que progresemos en la legislación, tanto en este punto como en otros, pero a ello no se llega mediante este tipo de discusiones.

En consecuencia, aunque no pretendo involucrar a todo el Senado, exhorto a que vayamos por el camino de la legislación y, si tenemos que plantear una investigación, tomemos el camino que nos señala la ley, que es el de presentar una denuncia. De esta forma, las cosas van a quedar más despejadas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- Señor presidente: finalizo diciendo que el señor senador Michelini no estuvo la semana pasada, pero en ese lapso planteamos como iniciativa personal a los señores senadores De León –que era el coordinador en funciones– y Bordaberry, la posibilidad de cambiar el carácter de la comisión investigadora por una comisión con fines legislativos. En su momento esto no fue considerado porque se mantuvo la idea de la comisión investigadora.

Dado que en la respuesta, particularmente dada por el señor senador Michelini, no se da por hecho el planteo y se nos pide que lo presentemos en coordinación, mantengo mi moción y la votaré. En todo caso, cada cual votará lo que le parece que tiene que votar.

Gracias, señor presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución, en mayoría, que viene de la comisión.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «La Comisión Preinvestigadora con fines legislativos para analizar la situación de la corrupción en Uruguay, ha resuelto no hacer lugar a lo solicitado por el señor senador mocionante Pedro Bordaberry».

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

17 en 27. Afirmativa.

18) COMISIÓN ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS PARA ESTUDIAR NORMAS VINCULADAS A LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la moción presentada por el señor senador Mieres.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Se propone la creación de una comisión especial con fines legislativos de siete miembros, para estudiar normas vinculadas a la prevención y represión de los actos de corrupción por el plazo de un año». (Firma el señor senador Mieres).

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

11 en 27. Negativa.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor presidente: quiero celebrar que se acaba de firmar la paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC.

19) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 17:02, presidiendo el señor Raúl Sendic y estando presentes los señores senadores Argimón, Ayala, Baráibar, Berterreche, Besozzi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Coutinho, De León, Delgado, García, Garín, Heber, Iglesias, Martínez Huelmo, Michelini, Mieres, Moreira, Otheguy, Passada, Payssé, Pintos, Saravia, Topolansky y Tourné).

RAÚL SENDIC Presidente

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.