Artículo 1º.- Sustitúyense los artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 14, 16 y 19 de la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, por los siguientes:
"ARTÍCULO 1º.- Todas
las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay
estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y
costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación
económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada.
También deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre
cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado
de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de
octubre de 1974 -incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre
de 1998- y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 16 de la
presente ley. En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas
operaciones que -aun involucrando activos de origen Iícito- se sospeche que están
vinculadas a las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 16 de la
presente ley o destinados a financiar cualquier actividad terrorista. La información deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, en la forma que éste reglamentará. La obligación de informar comprenderá asimismo a: i) las empresas que presten servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad, de transporte de valores y de transferencia o envío de fondos; ii) los fiduciarios profesionales y iii) las personas físicas o jurídicas que, en forma profesional, presten desde Uruguay asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad. La supervisión de la actividad de estos sujetos obligados estará a cargo del Banco Central del Uruguay. El incumplimiento de la obligación de informar determinará la aplicación, según las
circunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de
setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992 y las modificaciones
introducidas por las Leyes Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002 y Nº 17.613, de
27 de diciembre de 2002". |
"ARTÍCULO 2º.- Con
las mismas condiciones también estarán sujetos a la obligación establecida en el
artículo anterior: |
I) | los casinos, |
|
II) | las inmobiliarias y otros
intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, |
|
III) | los escribanos, cuando lleven a
cabo operaciones para su cliente, relacionadas con las actividades siguientes: |
a. | compraventa de bienes inmuebles; |
||
b. | administración del dinero,
valores u otros activos del cliente; |
||
c. | administración de cuentas
bancarias, de ahorro o valores; |
||
d. | organización de aportes para la
creación, operación o administración de sociedades; |
||
e. | creación, operación o
administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos y |
||
f. | compraventa de establecimientos
comerciales. |
IV) | los rematadores, |
|
V) | las personas físicas o
jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales y
piedras preciosos, |
|
VI) | los explotadores de zonas
francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación; |
|
VII) | las personas físicas o
jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en
forma habitual sociedades comerciales. |
Facúltase al Poder
Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los requisitos que deberán cumplir estos
sujetos obligados, para el registro de transacciones, el mantenimiento de los respectivos
asientos y la debida identificación de los clientes. Cuando los sujetos obligados
participen en un organismo gremial que por el número de sus integrantes represente
significativamente a la profesión u oficio de que se trate, el organismo de control en
materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo podrá coordinar con dichas
entidades la mejor manera de instrumentar el cumplimiento por parte de los agremiados o
asociados de sus obligaciones en la materia. Si no existieran dichas entidades, el órgano
de control podrá crear comisiones interinstitucionales cuya integración, competencia y
funcionamiento serán establecidos por la reglamentación. El incumplimiento de las
obligaciones previstas en el presente artículo determinará la aplicación por parte del
Poder Ejecutivo de una multa mínima de 1.000 UI (mil Unidades Indexadas) y una multa
máxima de 20:000.000 UI (veinte millones de Unidades Indexadas) según las circunstancias
del caso, la conducta y el volumen de negocios habituales del infractor y previo informe
de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay". |
"ARTÍCULO 3º.- La
comunicación será reservada. Ningún sujeto obligado, incluyendo las personas
relacionadas contractualmente con él, podrá poner en conocimiento de las personas
participantes o de terceros las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o
produzcan, en cumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 1º, 2º y 17
de la presente ley. Una vez recibido el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a quien lo haya formulado sobre la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trate y a la relación comercial con el cliente. Si en el plazo de tres días hábiles la Unidad no imparte instrucciones, el obligado podrá adoptar la conducta que estime más adecuada a sus intereses. Toda vez que la Unidad de Información y Análisis Financiero reciba un reporte de
operación sospechosa deberá guardar estricta reserva respecto de la identidad del sujeto
obligado que lo haya formulado, así como de la identidad del firmante del mismo. Esta
información sólo será revelada a instancias de la justicia penal competente, por
resolución fundada, cuando ésta entienda que resulta relevante para la causa". |
"ARTÍCULO 6º.- La
Unidad de Información y Análisis Financiero, por resolución fundada, podrá instruir a
las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay para que impidan, por
un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones sospechosas de
involucrar fondos cuyo origen proceda de los delitos cuya prevención procura la presente
ley. La decisión deberá comunicarse inmediatamente a la Justicia Penal competente, la
cual, consideradas las circunstancias del caso, determinará si correspondiere, sin previa
notificación, la inmovilización de los activos de los partícipes. La resolución que
adopte el Juez Penal competente, sea disponiendo o denegando la inmovilización de los
fondos, será comunicada a la Unidad de Información y Análisis Financiero, la que a su
vez deberá ponerla en conocimiento de las instituciones sujetas al control del Banco
Central del Uruguay involucradas". |
"ARTÍCULO 7º.- Sobre
la base del principio de reciprocidad, el Banco Central del Uruguay, a través de la
Unidad de Información y Análisis Financiero, podrá intercambiar información relevante
para la investigación de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo
con las autoridades de otros Estados que, ejerciendo competencias homólogas, lo soliciten
fundadamente. Con esa finalidad, podrá además suscribir memorandos de entendimiento.
Para este efecto, sólo se podrá suministrar información protegida por normas de
confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos: |
A) | El organismo requirente se
comprometerá a utilizar la información al solo y específico objeto de analizar los
hechos constitutivos del lavado de activos originados en delitos precedentes que estén
incluidos en el artículo 8º, así como del delito previsto por el artículo 16
de la presente ley; |
|
B) | respecto a la información y
documentación que reciban, tanto el organismo requirente como sus funcionarios, deberán
estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para la Unidad
de Información y Análisis Financiero y sus funcionarios; |
|
C) | los antecedentes suministrados
sólo podrán ser utilizados en un proceso penal o administrativo en el Estado requirente,
previa autorización de la Justicia Penal del país requerido, que se otorgará de acuerdo
con las normas de cooperación jurídica internacional". |
"ARTÍCULO 8º.- Los
delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, se
configurarán también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos
provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a las siguientes
actividades: |
1. | crímenes de genocidio, crímenes
de guerra y de lesa humanidad tipificados por la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006; |
|
2. | terrorismo; |
|
3. | financiación del terrorismo; |
|
4. | contrabando superior a
U$S 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América); |
|
5. | tráfico ilícito de armas,
explosivos, municiones o material destinado a su producción; |
|
6. | tráfico ilícito de órganos,
tejidos y medicamentos; |
|
7. | tráfico ilícito y trata de
personas; |
|
8. | extorsión; |
|
9. | secuestro; |
|
10. | proxenetismo; |
|
11. | tráfico ilícito de sustancias
nucleares; |
|
12. | tráfico ilícito de obras de
arte, animales o materiales tóxicos; |
|
13. | estafa; |
|
14. | apropiación indebida; |
|
15. | los delitos contra la
Administración Pública incluidos en el Título IV del Libro II del Código Penal y los
establecidos en la Ley Nº 17.060,
de 23 de diciembre de 1998 (delitos de corrupción pública); |
|
16. | quiebra fraudulenta; |
|
17. | insolvencia fraudulenta; |
|
18. | el delito previsto en el
artículo 5º de la Ley
Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972 (insolvencia societaria fraudulenta); |
|
19. | los delitos previstos en la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de
1998 y sus modificativas (delitos marcarios); |
|
20. | los delitos previstos en la Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003
y sus modificativas (delitos contra la propiedad intelectual); |
|
21. | las conductas delictivas
previstas en la Ley Nº 17.815, de
6 de setiembre de 2004, en los artículos 77 a 81 de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008 y todas aquellas conductas
ilícitas previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta,
prostitución infantil y utilización en pornografía o que refieren a trata, tráfico o
explotación sexual de personas; |
|
22. | la falsificación y la
alteración de moneda previstas en los artículos 227 y 228 del Código Penal". |
"ARTÍCULO 14.-
Decláranse de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de
intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional, a
realizar un acto o a abstenerse de hacerlo mediante la utilización de armas de guerra,
explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para
aterrorizar a la población, poniendo en peligro la vida, la integridad física, la
libertad o la seguridad de un número indeterminado de personas. La conspiración y los
actos preparatorios se castigarán con la tercera parte de la pena que correspondería por
el delito consumado". |
|
"ARTÍCULO 16.- El que
organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente, proveyere o recolectare
fondos para financiar una organización terrorista o a un miembro de ésta o a un
terrorista individual, con la intención que se utilicen o a sabiendas que serán
utilizados, en todo o en parte, en las actividades delictivas descritas en el
artículo 14 de la presente ley, independientemente de su acaecimiento y aun cuando
ellas no se desplegaren en el territorio nacional, será castigado con una pena de tres a
dieciocho años de penitenciaria". |
|
"ARTÍCULO 19.- Todas
las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay que
transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a
través de la frontera por un monto superior a U$S 10.000 (diez mil dólares de los
Estados Unidos de América) deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay, en la forma
en que determinará la reglamentación que éste dicte. Toda otra persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a U$S 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) deberá declararlo a la Dirección Nacional de Aduanas, en la forma que determinará la reglamentación. El incumplimiento de esta obligación determinará, para los sujetos comprendidos en el inciso primero del presente artículo, la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 1º de la presente ley; para los señalados en el inciso segundo, la imposición de una multa por parte del Poder Ejecutivo, cuyo máximo podrá ascender hasta el monto de la cuantía no declarada, consideradas las circunstancias del caso. Constatado el transporte de fondos o valores en infracción a lo dispuesto en el presente artículo, la autoridad competente procederá a su detención, adoptará inmediatamente las medidas pertinentes a efectos de la instrucción del correspondiente procedimiento administrativo y solicitará, dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles siguientes, las medidas cautelares necesarias para asegurar el derecho del Estado al cobro de la multa prevista en el inciso precedente. El Juez fijará el término durante el cual se mantendrán las medidas decretadas, el que no podrá ser mayor a seis meses y que podrá ser prorrogado cuando resultare insuficiente por causas no imputables a la Administración. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, la autoridad competente solicitará inmediatamente la orden judicial de incautación, cuando existan sospechas fundadas de que los fondos o valores no declarados provienen de alguno de los delitos tipificados en la presente ley, aun cuando hayan sido cometidos en el extranjero, bajo la condición de que la conducta constituye también delito en la ley uruguaya. La prueba de un origen diverso producida por el titular de los fondos o valores incautados determinará la devolución de los mismos, sin perjuicio de las medidas cautelares que se dispusieren para asegurar el pago de la multa prevista en este artículo. La resolución judicial que deniegue la devolución será apelable, aun en etapa presumarial". |
Artículo 2º.- Sustitúyense los artículos 62 y 63 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, por los siguientes:
"ARTÍCULO 62. (Medidas
cautelares).- 62.1. (Universalidad de la aplicación). El tribunal penal competente adoptará por resolución fundada, de oficio o a solicitud de parte, en cualquier estado de la causa e incluso en el presumario, las medidas cautelares necesarias para asegurar la disponibilidad de los bienes sujetos a eventual decomiso como consecuencia de la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos con éstos. En
el caso de que las medidas cautelares sean adoptadas durante la etapa presumarial, éstas
caducarán de pleno derecho si, en un plazo de dos años contados desde que las mismas se
hicieron efectivas, el Ministerio Público no solicita el enjuiciamiento. |
62.2. (Procedencia). Las
medidas cautelares se adoptarán cuando el tribunal penal competente estime que son
indispensables para la protección del derecho del Estado de disponer de estos bienes una
vez decomisados y siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo por la
demora del proceso. En ningún caso se exigirá contracautela pero el Estado responderá por los daños y perjuicios causados por las medidas cautelares adoptadas, si los bienes afectados no son finalmente decomisados. La Junta Nacional de Drogas podrá requerir al Ministerio Público que solicite la
adopción de medidas cautelares sobre los bienes y productos del delito que le pudieran
ser adjudicados por sentencia. |
62.3. (Facultades del
tribunal). El tribunal penal competente podrá: |
a) | apreciar la necesidad de la
medida, pudiendo disponer otra si la entiende más eficiente; |
|
b) | establecer su alcance y término
de duración; y |
|
c) | disponer la modificación,
sustitución o cese de la medida cautelar adoptada. |
62.4. (Recursos). Las
medidas se adoptarán en forma reservada y ningún incidente o petición podrá detener su
cumplimiento. Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas adoptadas en forma completa y concreta con motivo de su ejecución, se le notificarán una vez cumplidas. La providencia que admita, deniegue o modifique una medida cautelar será recurrible
mediante recursos de reposición y apelación, pero la interposición de los mismos no
suspenderá su ejecución. La resolución que disponga una intervención fijará su plazo y las facultades del
interventor debiéndose procurar, en lo posible, la continuidad de la explotación
intervenida. El tribunal fijará la retribución del interventor la cual, si fuere
mensual, no podrá exceder de la que percibiere en su caso un gerente con funciones de
administrador en la empresa intervenida, la que se abonará por el patrimonio intervenido
y se imputará a la que se fije como honorario final. |
62.6. (Medidas
provisionales). El tribunal penal competente podrá adoptar, como medida provisional o
anticipada, el remate de los bienes que se hubieran embargado o, en general, se
encontraren sometidos a cualquier medida cautelar, que corran riesgo de perecer,
deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya conservación irrogue perjuicios o
gastos desproporcionados a su valor. En estos casos, el tribunal penal competente podrá
disponer su remate y depositar el producto en unidades indexadas u otra unidad de medida
que permita asegurar la preservación del valor, a la orden del tribunal y bajo el rubro
de autos". |
a) | los estupefacientes y sustancias
psicotrópicas prohibidas que fueran incautadas en el proceso; |
|
b) | los bienes o instrumentos
utilizados para cometer el delito o la actividad preparatoria punible; |
|
c) | los bienes y productos que
procedan del delito; |
|
d) | los bienes y productos que
procedan de la aplicación de los provenientes del delito, comprendiendo: los bienes y
productos en los que se hayan transformado o convertido los provenientes del delito y los
bienes y productos con los que se hayan mezclado los provenientes del delito hasta llegar
al valor estimado de éstos; |
|
e) | los ingresos u otros beneficios
derivados de los bienes y productos provenientes del delito. |
63.3. (Decomiso por
equivalente). Cuando tales bienes, productos e instrumentos no pudieran ser decomisados,
el tribunal penal competente dispondrá el decomiso de cualquier otro bien del condenado
por un valor equivalente o, de no ser ello posible, dispondrá que aquél pague una multa
de idéntico valor. 63.4. (Decomiso de pleno derecho). Sin perjuicio de lo expresado, el tribunal penal competente, en cualquier etapa del proceso en la que el indagado o imputado no fuera habido, librará la orden de prisión respectiva y transcurridos seis meses sin que haya variado la situación, caducará todo derecho que el mismo pueda tener sobre los bienes, productos o instrumentos que se hubiesen cautelarmente incautado, operando el decomiso de pleno derecho. En los casos en que el tribunal penal competente hubiera dispuesto la inmovilización de activos al amparo de lo edictado por el artículo 6º de la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, si sus titulares no ofrecieran prueba de que los mismos tienen un origen diverso a los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos en un plazo de seis meses, caducará todo derecho que pudieran tener sobre los fondos inmovilizados, operando el decomiso de pleno derecho. En los casos en que el tribunal penal competente hubiera dispuesto la incautación de fondos o valores no declarados, al amparo de lo edictado por el artículo 19 de la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, si sus titulares no ofrecieran prueba que los mismos tienen un origen diverso a los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos en un plazo de seis meses, caducará todo derecho que pudieran tener sobre los fondos inmovilizados, operando el decomiso de pleno derecho. En los casos en que se produjere el hallazgo de bienes o productos provenientes de
delitos tipificados en la presente ley o delitos conexos, si en el plazo de seis meses no
compareciere ningún interesado, operará el decomiso de pleno derecho. |
63.5. (Ámbito subjetivo).
El decomiso puede alcanzar los bienes enumerados en los incisos anteriores de los que
el condenado por alguno de los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos sea
el beneficiario final y respecto de cuya ilegítima procedencia no haya aportado una
justificación capaz de contradecir los indicios recogidos en la acusación, siempre que
el valor de los mencionados bienes sea desproporcionado respecto de la actividad lícita
que desarrolle y haya declarado. Podrán ser objeto de decomiso el dinero, los bienes y
los demás efectos adquiridos en un momento anterior a aquél en que se ha desarrollado la
actividad delictiva del reo, siempre que el tribunal penal competente disponga de
elementos de hecho aptos para justificar una conexión razonable con la misma actividad
delictiva. A los fines del decomiso se considerará al condenado por los delitos previstos en la presente ley o conexos con éstos, beneficiario final de los bienes, aun cuando figuren a nombre de terceros o de cualquier otro modo posea, a través de persona física o jurídica intermedia. La determinación y el alcance objetivo y subjetivo del decomiso serán resueltos por el tribunal penal competente". |
Artículo 3º.- En los procesos de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, la reserva no regirá el plazo de un año que establece el artículo 113 del Código del Proceso Penal a los efectos del diligenciamiento de prueba que, por su naturaleza, deba producirse sin conocimiento del indagado.
Artículo 4º.- Sustitúyense los artículos 9º a 12 de la Ley Nº 17.835, de 23 setiembre de 2004, por el siguiente:
"ARTÍCULO 9º. (Entrega
vigilada).- 9.1. Con fines de investigación, a requerimiento del Ministerio Público, el Juez Penal competente podrá autorizar la circulación y entrega vigilada de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, sustancias tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, precursores u otra sustancia prohibida, o cualquier otro bien que pueda ser objeto de un delito que sea de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, por resolución fundada, bajo la más estricta reserva y confidencialidad. 9.2. Para adoptar estas medidas el Juez deberá tener en cuenta en cada caso concreto su necesidad a los fines de la investigación, según la importancia del delito, las posibilidades de vigilancia y el objetivo de mejor y más eficaz cooperación internacional. 9.3. Por entrega vigilada se entiende la técnica de permitir que remesas ilícitas o sospechosas de los bienes o sustancias detalladas en el inciso primero entren, transiten o salgan del territorio nacional, con el conocimiento y bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el propósito de identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión de los delitos referidos o con el de prestar auxilio a autoridades extranjeras con ese mismo fin. Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado, podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente las sustancias ilícitas que contengan". |
Artículo 5º. (Vigilancias electrónicas).- En la investigación de cualquier delito se podrán utilizar todos los medios tecnológicos disponibles a fin de facilitar su esclarecimiento.
La ejecución de las vigilancias electrónicas será ordenada por el Juez de la investigación a requerimiento del Ministerio Público. El desarrollo y la colección de la prueba deberá verificarse bajo la supervisión del Juez competente. El Juez competente será el encargado de la selección del material destinado a ser utilizado en la causa y la del que descartará por no referirse al objeto probatorio.
El resultado de las pruebas deberá transcribirse en actas certificadas a fin de que puedan ser incorporadas al proceso y el Juez está obligado a la conservación y custodia de los soportes electrónicos que las contienen, hasta el cumplimiento de la condena.
Una vez designada la defensa del intimado, las actuaciones procesales serán puestas a disposición de la misma para su control y análisis, debiéndose someter el material al indagado para el reconocimiento de voces e imágenes.
Quedan expresamente excluidas del objeto de estas medidas las comunicaciones de cualquier índole que mantenga el indagado con su defensor y las que versen sobre cuestiones que no tengan relación con el objeto de la investigación.
Artículo 6º. (Del colaborador).-
6.1. El Ministerio Público, en cualquier etapa del proceso penal, podrá acordar con una persona que haya incurrido en delitos que sean competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, la reducción de la pena a recaer hasta la mitad del mínimo y del máximo o aun no formular requisitoria según la circunstancia del caso, si:
A) | Revelare la identidad de autores,
coautores, cómplices o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos,
proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o la
resolución definitiva del caso o un significativo progreso de la investigación. |
|
B) | Aportare información que permita incautar materias primas, estupefacientes, dinero, sustancias inflamables o explosivas, armas o cualquier otro objeto o elemento que pueda servir para la comisión de delitos, planificarlos e incluso recuperar objetos o bienes procedentes de los mismos. |
A los fines de la exención de pena se valorará especialmente la información que permita desbaratar una organización, grupo o banda dedicada a la actividad delictiva de referencia.
La reducción o exención de pena no procederá respecto de la pena de inhabilitación.
6.2. Será condición necesaria para la aplicación de esta ley que el colaborador abandone la actividad delictiva o la asociación ilícita a la que pertenece.
6.3. La declaración del colaborador deberá prestarse dentro de los 180 días en que manifestó su voluntad de acogerse al beneficio. En esa declaración el colaborador deberá revelar toda la información que posea para la reconstrucción de los hechos y la individualización y captura de los autores.
Artículo 7º. (Agentes encubiertos).-
7.1. A solicitud del Ministerio Público y con la finalidad de investigar los delitos que ingresan en la órbita de su competencia, los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado podrán, mediante resolución fundada, autorizar a funcionarios públicos a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar objetos, efectos e instrumentos de delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad.
La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad.
La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará por el órgano judicial competente.
7.2. Los funcionarios públicos que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa, de conformidad a lo previsto en el numeral precedente, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada, siéndoles de aplicación lo previsto en los artículos 8º a 10 de la presente ley. Ningún funcionario público podrá ser obligado a actuar como agente encubierto.
7.3. Cuando la actuación del agente encubierto pueda afectar derechos fundamentales como la intimidad, el domicilio o la inviolabilidad de las comunicaciones entre particulares, el agente encubierto deberá solicitar al órgano judicial competente la autorización que al respecto establezca la Constitución y la ley, así como cumplir con las demás previsiones legales aplicables.
7.4. El agente encubierto quedará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito. Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el Juez competente para conocer en la causa, tan pronto como tenga conocimiento de la actuación de algún agente encubierto en la misma, requerirá informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual, resolverá lo que a su criterio proceda.
Artículo 8º. (Protección de víctimas, testigos y colaboradores).-
8.1. Los testigos, las víctimas cuando actúen como tales, los peritos y los colaboradores en los procesos de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado podrán ser sometidos a medidas de protección cuando existan sospechas fundadas de que corre grave riesgo su vida o integridad física tanto de ellos como de sus familiares.
8.2. Las medidas de protección serán las siguientes:
1. | La protección física de esas
personas a cargo de la autoridad policial. |
|
2. | Utilización de mecanismos que
impidan su identificación visual por parte de terceros ajenos al proceso cuando debe
comparecer a cualquier diligencia de prueba. |
|
3. | Que sea citado de manera
reservada, conducido en vehículo oficial y que se establezca una zona de exclusión para
recibir su declaración. |
|
4. | Prohibición de toma de
fotografías o registración y divulgación de su imagen tanto por particulares como por
los medios de comunicación. |
|
5. | Posibilidad de recibir su
testimonio por medios audiovisuales u otras tecnologías adecuadas. |
|
6. | La reubicación, el uso de otro
nombre y el otorgamiento de nuevos documentos de identidad debiendo la Dirección Nacional
de Identificación Civil adoptar todos los resguardos necesarios para asegurar el
carácter secreto de estas medidas. |
|
7. | Prohibición total o parcial de
revelar información acerca de su identidad o paradero. |
|
8. | Asistencia económica en casos de reubicación la que será provista con cargo al artículo 464, numeral 3) de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987. |
8.3. Las medidas de protección descriptas en el inciso anterior serán adoptadas por el Juez a solicitud del Ministerio Público o a petición de la víctima, testigo, perito o colaborador y serán extensibles a los familiares y demás personas cercanas que la resolución judicial determine.
8.4. Podrán celebrarse acuerdos con otros Estados a los efectos de la reubicación de víctimas, testigos o colaboradores.
8.5. Las resoluciones que se adopten en cumplimiento de los incisos anteriores tendrán carácter secreto y se estamparán en expediente separado que quedará en custodia del Actuario del Juzgado.
Artículo 9º.- El funcionario público que, en razón o en ocasión de su cargo, revele las medidas de protección de naturaleza secreta, la ubicación de las personas reubicadas o la identidad en aquellos casos en que se haya autorizado el uso de una nueva, será castigado con pena de dos a seis años de penitenciaría e inhabilitación absoluta de dos a diez años.
Artículo 10.- El que utilizare violencia o intimidación con la finalidad de influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo para que modifique su actuación en el proceso o incumpla sus obligaciones con la Justicia, será castigado con la pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. Si el autor del hecho alcanzara su objetivo se aplicarán las reglas de la coparticipación criminal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 numeral 2º del Código Penal.
La realización de cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia de aquel que haya utilizado la violencia o intimidación con la finalidad de influir directa o indirectamente del modo previsto en el inciso primero, se considerará agravante del delito respectivo y la pena del mismo se aumentará en un tercio en su mínimo y su máximo.
Artículo 11.- Sin perjuicio de lo establecido por el literal A) del artículo 32 del Código del Proceso Penal, procederá la extradición en los delitos establecidos en el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, los precedentes de los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del citado Decreto-Ley y los establecidos en la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004.
Artículo 12.- Sustitúyese el literal A) del artículo 10 de la Ley Nº 18.401, de 22 de octubre de 2008, por el siguiente:
"A) | Recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, cuando corresponda, la información sobre transacciones financieras y otras informaciones que estime de utilidad a efectos de impedir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo previstos por la normativa vigente". |
Artículo 13.- Sustitúyese el numeral 1) del inciso tercero del artículo 414 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, por el siguiente:
"1) | Los delitos contra la Administración Pública incluidos en el Título IV del Libro II del Código Penal, con excepción de los previstos en los artículos 171 y 173 y los establecidos en la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1988". |
Artículo 14. (Derogaciones).- Deróganse los artículos 21 de la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, 8º de la Ley Nº 17.835, en la redacción dada por el artículo 28 de la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006, 67 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 68 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, los incisos cuarto y quinto del artículo 63 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 67 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y 125 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo 48 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de junio de 2009.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, la Ley por la que se modifica la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, y el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, sobre prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |