 |
| |
Artículo 1. Definiciones.
| 1. | A los efectos de la
aplicación del presente Convenio, los términos y expresiones que se enumeran en este
artículo tendrán el siguiente significado: |
|
| a) | Actividad por cuenta ajena o
dependiente, toda actividad o situación asimilada que sea considerada como tal por la
legislación de Seguridad Social del Estado Parte en el que se ejerza o se cause la
situación asimilada. |
|
| b) | Actividad por cuenta propia o no
dependiente, toda actividad o situación asimilada que sea considerada como tal por la
legislación de Seguridad Social del Estado Parte en el que se ejerza tal actividad o se
cause la situación asimilada. |
|
| c) | Autoridad Competente para cada
Estado Parte, la autoridad que, a tal efecto, designen los correspondientes Estados Parte
y que como tal sea consignada en el Acuerdo de Aplicación. |
|
| d) | Comité Técnico Administrativo
el órgano señalado en el Título IV. |
|
| e) | Familiar beneficiario o
derechohabiente, la persona definida o admitida como tal por la legislación en virtud de
la cual se otorguen las prestaciones. |
|
| f) | Funcionario, la persona definida
o considerada como tal por el Estado del que dependa la Administración o el Organismo que
la ocupe. |
|
| g) | Institución Competente, el
Organismo o la Institución responsable de la aplicación de las legislaciones mencionadas
en el artículo 3. Se relacionarán en el Acuerdo de Aplicación. |
|
| h) | Legislación, las leyes,
reglamentos y demás disposiciones de Seguridad Social vigentes en el territorio de cada
uno de los Estados Parte. |
|
| i) | Nacional, la persona definida
como tal por la legislación aplicable en cada Estado Parte. |
|
| j) | Organismo de Enlace, el Organismo
de coordinación e información entre las Instituciones Competentes de los Estados Parte
que intervenga en la aplicación del Convenio y en la información a los interesados sobre
derechos y obligaciones derivados del mismo. Se relacionarán en el Acuerdo de
Aplicación. |
|
| k) | Pensión, prestación económica
de larga duración prevista por las legislaciones mencionadas en el artículo 3 de
este Convenio. |
|
| l) | Períodos de seguro, de
cotización, o de empleo, todo período definido como tal por la legislación bajo la cual
ha sido cubierto o se considera como cubierto, así como todos los períodos asimilados,
siempre que sean reconocidos como equivalentes a los períodos de seguro por dicha
legislación. |
|
| m) | Prestaciones económicas,
prestación pecuniaria, pensión, renta, subsidio o indemnización, previstas por las
legislaciones mencionadas en el artículo 3 de este Convenio, incluido todo
complemento, suplemento o revalorización. |
|
| n) | Residencia, el lugar en que una
persona reside habitualmente. |
|
| 2. | Los demás términos o expresiones utilizadas en el Convenio tienen el significado que les atribuya la legislación aplicable. |
Artículo 2. Campo de aplicación personal.
El presente Convenio se aplicará a las personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de uno o de varios Estados Parte, así como a sus familiares beneficiarios y derechohabientes.
Artículo 3. Campo de aplicación material.
| 1. | El presente Convenio se aplicará
a toda la legislación relativa a las ramas de seguridad social relacionadas con: |
| a) | las prestaciones económicas de
invalidez; |
|
| b) | las prestaciones económicas de
vejez; |
|
| c) | las prestaciones económicas de
supervivencia; y, |
|
| d) | las prestaciones económicas de
accidentes de trabajo y de enfermedad profesional. |
|
| Las prestaciones médicas
previstas en las legislaciones de los Estados Parte quedan excluidas del presente
Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del presente artículo. |
| 2. | El presente Convenio se aplicará
a los regímenes contributivos de seguridad social, generales y especiales. No obstante,
estos últimos podrán ser exceptuados siempre que se incluyan en el Anexo I. |
| 3. | El presente Convenio no será de
aplicación a las prestaciones económicas reseñadas en el Anexo II, que bajo ninguna
circunstancia podrá incluir alguna de las ramas de seguridad social señaladas en el
apartado 1 de este artículo. |
| 4. | El Convenio no se aplicará a los
regímenes no contributivos, ni a la asistencia social, ni a los regímenes de
prestaciones en favor de las víctimas de guerra o de sus consecuencias. |
| 5. | Dos o más Estados Parte del
presente Convenio podrán ampliar el ámbito objetivo del mismo, extendiéndolo a
prestaciones o regímenes excluidos en principio. Los acuerdos bilaterales o
multilaterales mediante los que se proceda a esa extensión y los efectos de la misma se
inscribirán en el Anexo III. |
| Las reglas correspondientes a los regímenes y/o prestaciones que hayan sido objeto de extensión, conforme a lo previsto en el apartado anterior, afectarán únicamente a los Estados que las hayan suscrito, sin que surtan efectos para los demás Estados Parte. |
Artículo 4. Igualdad de trato.
Las personas a las que, conforme a lo establecido en el artículo 2, sea de aplicación el presente Convenio, tendrán derecho a los beneficios y estarán sujetas a las obligaciones establecidas en la legislación del Estado Parte en que desarrollen su actividad, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado, salvo disposición en contrario del presente Convenio.
Artículo 5. Totalización de los períodos.
Salvo disposición en contrario del presente Convenio, la Institución Competente de un Estado Parte cuya legislación condicione la admisión a una legislación, la adquisición, la conservación, la duración o la recuperación del derecho a las prestaciones, el acceso o la exención del seguro obligatorio o voluntario, al requisito de haber cubierto determinados períodos de seguro, de cotización o de empleo, tendrá en cuenta, si fuese necesario, los períodos de seguro, de cotización o de empleo acreditados por la legislación de cualquier otro Estado Parte, como si se tratara de períodos cubiertos bajo la legislación que dicha Institución aplica y siempre que no se superpongan.
Artículo 6. Conservación de los derechos adquiridos y pago de prestaciones en el extranjero.
| 1. | Salvo que el presente Convenio
disponga otra cosa, las prestaciones económicas referidas en el artículo 3
reconocidas por la Institución Competente de un Estado Parte, no estarán sujetas a
reducción, modificación, suspensión o retención, excepto las que, en su caso, se
deriven de los costos de transferencia, por el hecho de que el beneficiario se encuentre o
resida en el territorio de otro Estado Parte, y se le harán efectivas en este último. |
| 2. | Las prestaciones reconocidas por aplicación de este Convenio a beneficiarios que residan en un tercer país, se harán efectivas en las mismas condiciones y con igual extensión que a los propios nacionales que residan en ese tercer país. |
Artículo 7. Revalorización de las pensiones.
Si, como consecuencia del aumento del costo de la vida, de la variación del nivel de ingresos u otros motivos de adaptación, la legislación de un Estado Parte revaloriza o actualiza las prestaciones, aplicando una nueva cuantía o un determinado porcentaje, esa revalorización o actualización deberá aplicarse directamente a las prestaciones causadas al amparo del presente Convenio, teniendo en cuenta, en su caso, la regla de proporcionalidad establecida en el apartado 1 b) del artículo 13.
Artículo 8. Relaciones entre el presente Convenio y otros instrumentos de coordinación de seguridad social.
El presente Convenio tendrá plena aplicación en todos aquellos casos en que no existan convenios bilaterales o multilaterales de seguridad social vigentes entre los Estados Parte.
En los casos en que sí existan convenios bilaterales o multilaterales se aplicarán las disposiciones que resulten más favorables al beneficiario.
Cada Estado Parte informará a la Secretaría General Iberoamericana, a través del Secretario General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), los convenios bilaterales y multilaterales que están vigentes entre ellos, la cual procederá a registrarlos en el Anexo IV de este Convenio.
Una vez vigente el presente Convenio, los Estados Parte de los convenios bilaterales o multilaterales inscritos en el Anexo IV determinarán las disposiciones más favorables de los mismos y lo comunicarán al Secretario General de la OISS.
Artículo 9. Regla general.
Las personas a quienes sea aplicable el presente Convenio estarán sujetas exclusivamente a la legislación de seguridad social del Estado Parte en cuyo territorio ejerzan una actividad, dependiente o no dependiente, que dé lugar a su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha legislación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 10. Reglas especiales.
A efectos de la determinación de la legislación aplicable, se establecen las siguientes reglas especiales:
| a) | La persona que ejerza una
actividad dependiente al servicio de una empresa con sede en el territorio de uno de los
Estados Parte que desempeñe tareas profesionales, de investigación, científicas,
técnicas, de dirección o actividades similares y que sea trasladada para prestar
servicios de carácter temporal en el territorio de otro Estado Parte, continuará sujeta
a la legislación del Estado Parte de origen hasta un plazo de doce meses, susceptible de
ser prorrogado por un plazo similar, con carácter excepcional, previo consentimiento
expreso de la Autoridad Competente del otro Estado Parte. |
| b) | La persona que ejerza una
actividad no dependiente que realice cualquiera de las actividades indicadas en el
párrafo anterior en el territorio de un Estado Parte en el que esté asegurada y que se
traslade para ejercer tal actividad en el territorio de otro Estado Parte, continuará
sometida a la legislación del primer Estado, a condición de que la duración previsible
del trabajo no exceda de doce meses y previa autorización de la Autoridad Competente del
Estado de origen. |
| Los Estados Partes, en forma
bilateral, podrán ampliar la lista de actividades sujetas a la presente regla especial,
debiendo comunicarlo al Comité Técnico Administrativo. |
|
| c) | El personal itinerante al
servicio de empresas de transporte aéreo que desempeñe su actividad en el territorio de
dos o más Estados Parte, estará sujeto a la legislación del Estado Parte en cuyo
territorio tenga la empresa su sede principal. |
| d) | Una actividad dependiente o no
dependiente que se desarrolle a bordo de un buque en el mar, que enarbole el pabellón de
un Estado Parte, será considerada como una actividad ejercida en dicho Estado Parte. |
| Sin embargo, el trabajador que
ejerza una actividad dependiente a bordo de un buque que enarbole el pabellón de un
Estado Parte y que sea remunerado por esta actividad por una empresa o una persona que
tenga su sede o su domicilio en otro Estado Parte, estará sujeto a la legislación de
este último Estado Parte si reside en el mismo. La empresa o persona que abone la
remuneración será considerada como empresario o empleador a efectos de la aplicación de
la correspondiente legislación. |
|
| e) | Los trabajadores con residencia
en un Estado Parte que presten servicios en una empresa pesquera mixta constituida en otro
Estado Parte y en un buque abanderado en ese Estado Parte, se considerarán pertenecientes
a la empresa participante del país en el que residen y, por tanto, quedarán sujetos a su
legislación de seguridad social, debiendo, la citada empresa, asumir sus obligaciones
como empleador. |
| f) | Los trabajadores empleados en
trabajos de carga, descarga, reparación de buques y servicios de vigilancia en el puerto,
estarán sometidos a la legislación del Estado Parte a cuyo territorio pertenezca el
puerto. |
| g) | Los miembros del personal de las
Misiones Diplomáticas y de las Oficinas Consulares se regirán por lo establecido en las
Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961, y sobre
Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963. |
| h) | Los funcionarios públicos de un
Estado Parte, distintos a los que se refiere el apartado anterior y el personal asimilado,
que se hallen destinados en el territorio de otro Estado Parte, quedarán sometidos a la
legislación del Estado Parte al que pertenece la Administración de la que dependen. |
| i) | El personal administrativo y
técnico y los miembros del personal de servicio de las Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares de cada uno de los Estados Parte, que sean nacionales del Estado Parte
acreditante y no tengan el carácter de funcionarios públicos, podrán optar entre la
aplicación de la legislación del Estado acreditante o la del otro Estado Parte. |
| La opción se ejercerá dentro de
los tres meses siguientes a la fecha de iniciación de trabajo en el territorio del Estado
en el que desarrollen su actividad. |
|
| Las personas al servicio privado
y exclusivo de los miembros de las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares, que sean
nacionales del Estado Parte acreditante, tendrán el mismo derecho de opción regulado en
el párrafo anterior. |
|
| j) | Las personas enviadas por un Estado Parte, en misiones de cooperación al territorio de otro Estado Parte, quedarán sometidas a la legislación del Estado que las envía, salvo que en los acuerdos de cooperación se disponga otra cosa. |
Artículo 11. Excepciones
Dos o más Estados Parte, las Autoridades Competentes de esos Estados o los organismos designados por esas autoridades podrán establecer, de común acuerdo, excepciones a los artículos 9 y 10, en beneficio de determinadas personas o categorías de personas, siempre que las mismas aparezcan relacionadas en el Anexo V.
Artículo 12. Seguro voluntario.
En materia de pensiones, el interesado podrá ser admitido al seguro voluntario de un Estado Parte, incluso cuando esté obligatoriamente sometido a la legislación de otro Estado Parte, siempre que, con anterioridad, haya estado sometido a la legislación del primer Estado Parte por el hecho o como consecuencia del ejercicio de una actividad como trabajador dependiente o no dependiente y a condición de que dicha acumulación esté admitida en la legislación del primer Estado Parte.
Artículo 13. Determinación de las prestaciones.
| 1. | Los períodos de seguro, de
cotización o de empleo cumplidos en cualquiera de los Estados Parte serán considerados
para el reconocimiento de las prestaciones por invalidez, vejez y supervivencia, en las
siguientes condiciones: |
| a) | Cuando se reúnan las condiciones
requeridas por la legislación de uno o varios Estados Parte para tener derecho a las
prestaciones, sin que sea necesario recurrir a la totalización de períodos prevista en
el artículo 5, la Institución o Instituciones Competentes reconocerán la
prestación conforme a lo previsto en dicha legislación, considerando únicamente los
períodos de seguro, de cotización o empleo cumplidos en ese Estado Parte, sin perjuicio
de que el interesado pueda solicitar la totalización de los períodos cumplidos bajo
otras legislaciones, en cuyo caso se aplicará el apartado siguiente. |
|
| b) | Cuando considerando únicamente
los períodos de seguro, de cotización o empleo cumplidos en un Estado Parte no se
alcance el derecho a las prestaciones, el reconocimiento de éstas se hará totalizando
los períodos de seguro, cotización o empleo cumplidos en otros Estados Parte. |
|
| En este supuesto, la Institución
Competente determinará, en primer lugar, el importe de la prestación a la que el
beneficiario tendría derecho como si todos los períodos totalizados se hubieran cumplido
íntegramente bajo su propia legislación (prestación teórica) y a continuación,
establecerá el importe real de la prestación aplicando a dicho importe teórico la
proporción existente entre la duración de los períodos de seguro, de cotización o
empleo cumplidos, antes de producirse la contingencia, bajo la legislación del Estado
Parte y los períodos totalizados (prestación real). |
| 2. | Si la legislación de un Estado
Parte condiciona el reconocimiento, la conservación o la recuperación del derecho a
prestaciones a que el interesado estuviera asegurado en el momento en el que éstas se
generan, este requisito se entenderá cumplido cuando el interesado estuviera asegurado
según la legislación o percibiera una pensión basada en sus propios períodos de seguro
en otro Estado Parte. Para el reconocimiento de pensiones de supervivencia se tendrá en
consideración, de ser necesario, si el sujeto causante estaba asegurado o percibía
pensión de otro Estado Parte. |
| Si la legislación de un Estado
Parte exigiera, para reconocer el derecho a una prestación, que se hayan cumplido
períodos de seguro, cotización o empleo en un tiempo determinado, inmediatamente
anterior al momento de causarse la prestación, tal condición se considerará cumplida
cuando el interesado acredite la existencia de tales períodos en un tiempo inmediatamente
anterior al de reconocimiento de la prestación en otro Estado Parte. |
|
| Si la legislación de un Estado
Parte condiciona el derecho a la concesión de determinados beneficios al cumplimento de
períodos de seguro, cotización o empleo en una profesión o empleo determinados, para el
reconocimiento de tales prestaciones o beneficios se tendrán en cuenta los períodos
cumplidos en otro Estado Parte en una profesión o empleo similares. |
|
| 3. | Si la duración total de los
períodos de seguro, cotización o empleo, una vez totalizados, es superior al período
máximo requerido por la legislación de alguno de los Estados Parte para la obtención de
una prestación completa, la Institución Competente de ese Estado Parte considerará el
citado período máximo en lugar de la duración total de los períodos totalizados, a
efectos del cálculo previsto en el apartado 1. b) de este artículo. Lo dispuesto
anteriormente no será aplicable en el supuesto de prestaciones cuya cuantía no esté en
función de los períodos de seguro, cotización o empleo. |
| 4. | Si la legislación de un Estado
Parte establece que, a efectos de la determinación de la cuantía de la prestación, se
tomen en consideración ingresos, cotizaciones, bases de cotización, retribuciones o una
combinación de estos parámetros, la base de cálculo de la prestación se determinará
tomando en consideración, únicamente, los ingresos, cotizaciones, bases de cotización o
retribuciones correspondientes a los períodos de seguro, de cotización o empleo
acreditados en el Estado Parte de que se trate. |
| 5. | Las cláusulas de reducción, suspensión o retención previstas por la legislación de un Estado Parte en el caso de perceptores de pensión que ejercieran una actividad laboral, serán aplicables aunque dicha actividad se ejerza en el territorio de otro Estado Parte. |
Artículo 14. Períodos inferiores a un año.
| 1. | No obstante lo dispuesto en los
artículos anteriores, cuando la duración total de los períodos de seguro, cotización o
empleo, cumplidos bajo la legislación de un Estado Parte no alcance a un año y, con
arreglo a la legislación de ese Estado Parte, no se adquiera derecho a prestaciones
económicas, la Institución Competente de dicho Estado Parte no reconocerá prestación
económica alguna por el referido período. |
| 2. | Los períodos citados se tendrán
en cuenta, si fuera necesario, por las Instituciones Competentes de los demás Estados
Parte para el reconocimiento del derecho y la determinación de la cuantía de la pensión
según su propia legislación. |
| 3. | No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando los períodos acreditados en cada uno de los Estados Parte fueran inferiores a un año, pero totalizando los mismos fuera posible adquirir el derecho a prestaciones bajo la legislación de uno o varios Estados Partes, deberá procederse a su totalización, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1. b). |
Artículo 15. Cuantías debidas en virtud de períodos de seguro voluntario.
| 1. | Los períodos de seguro
voluntario acreditados por el trabajador en virtud de la legislación de un Estado Parte
se totalizarán, si fuera necesario, con los períodos de seguro obligatorio o voluntario,
cubiertos en virtud de la legislación de otro Estado Parte, siempre que no se
superpongan. |
| 2. | Cuando coincidan en el tiempo
períodos de seguro obligatorio con períodos de seguro voluntario, se tendrán en cuenta
los períodos de seguro obligatorio. Cuando coincidan en el tiempo dos o más períodos de
seguro voluntario, acreditados en dos o más Estados Parte, cada Estado tendrá en cuenta
los cumplidos en su territorio. |
| 3. | No obstante, una vez calculada la
cuantía teórica así como la real de la prestación económica, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 13, la cuantía efectivamente debida será incrementada por
la Institución Competente en la que se hayan cumplido los períodos de seguro voluntario
en el importe que corresponda a dichos períodos de seguro voluntario que no hayan sido
computados, de acuerdo con su legislación interna. |
| 4. | Cuando en un Estado Parte no sea posible precisar la época en que determinados períodos de seguro hayan sido cumplidos, se presumirá que dichos períodos no se superponen con los períodos de seguro cumplidos en otros Estados Parte. |
Artículo 16. Régimen de prestaciones.
| 1. | Cuando se trate de regímenes de
capitalización individual, los afiliados a la Entidad Administradora de Fondos de
Pensiones o institución similar financiarán sus pensiones con el saldo acumulado en su
cuenta de capitalización individual, en los términos establecidos en la legislación del
Estado Parte de que se trate. |
| Si, de acuerdo a la legislación
de un Estado Parte en el que se liquide la pensión se garantiza una pensión mínima,
cuando la pensión generada con el saldo acumulado en la cuenta de capitalización
individual fuera insuficiente para financiar pensiones de una cuantía al menos igual al
de la citada pensión mínima, la institución competente del Estado Parte en el que se
liquide la pensión procederá a la totalización de los períodos cumplidos en otros
Estados Parte, de acuerdo al artículo 5, para acceder al beneficio de pensión
mínima de vejez o invalidez en la proporción que corresponda, calculada de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 13. Igual derecho tendrán los beneficiarios de
pensión de supervivencia. |
|
| 2. | Los trabajadores que se encuentren afiliados a un sistema de pensiones de capitalización individual correspondiente a un Estado Parte, podrán aportar voluntariamente en dicho sistema cotizaciones previsionales, siempre que la legislación nacional de aquél lo permita y durante el tiempo que residan en otro Estado Parte, sin perjuicio de cumplir, además, con la legislación de este último Estado relativa a la obligación de cotizar. |
Artículo 17. Transferencia de fondos
Los Estados Parte en los que estén vigentes regímenes de capitalización individual podrán establecer mecanismos de transferencia de fondos a los fines de la percepción de prestaciones por invalidez, vejez o muerte.
Artículo 18. Determinación del derecho a prestaciones.
El derecho a las prestaciones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional será determinado de acuerdo con la legislación del Estado Parte a la que el trabajador se hallase sujeto en la fecha de producirse el accidente o de contraerse la enfermedad.
Artículo 19. Exámenes médico-periciales.
| 1. | A requerimiento de la
Institución Competente, los reconocimientos médicos previstos por la legislación de un
Estado Parte, a efectos del acceso o mantenimiento de las correspondientes prestaciones de
seguridad social, podrán ser efectuados en cualquier otro Estado Parte por la
institución del lugar de residencia del solicitante o del beneficiario de las
prestaciones, teniendo esta institución derecho a que se reembolsen los costos que le
irrogó efectuar dichos exámenes, por parte de los obligados a su financiamiento. |
| 2. | Tales reconocimientos médicos
serán financiados, en los términos que establezca el Acuerdo de Aplicación, por la
Institución Competente del Estado Parte que solicitó los exámenes y/o, si así lo
determina la legislación interna, por el solicitante o beneficiario, para lo cual, la
Institución Competente del Estado Parte que solicitó la evaluación médica podrá
deducir el costo que le corresponde asumir al solicitante o beneficiario, de las
prestaciones económicas devengadas o del saldo de su cuenta de capitalización
individual, en su caso. |
| 3. | Para efectos de facilitar la evaluación a que se refiere el apartado precedente, la Institución Competente del Estado Parte en cuyo territorio reside la persona, deberá, a petición de la Institución Competente del otro Estado Parte, remitir a esta última, sin costo, cualquier informe o antecedentes médicos pertinentes que obren en su poder, de acuerdo a lo señalado en el artículo 20. Esta información deberá ser utilizada exclusivamente a efectos de la aplicación del presente Convenio. |
Artículo 20. Intercambio de información.
| 1. | Las Autoridades
Competentes de los Estados Parte se comunicarán la información relacionada con: |
|
| a) | las medidas adoptadas para la
aplicación del presente Convenio, y |
|
| b) | las modificaciones de sus
respectivas legislaciones que puedan afectar a la aplicación del presente Convenio. |
|
| 2. | A efectos de la
aplicación del presente Convenio, las Autoridades e Instituciones Competentes de los
Estados Parte se prestarán sus buenos oficios y actuarán como si se tratase de aplicar
sus propias legislaciones. La asistencia administrativa facilitada por dichas autoridades
e instituciones será, por regla general, gratuita. |
|
| 3. | Las Instituciones
Competentes, conforme el principio de buena administración, responderán a todas las
peticiones en un plazo razonable y, a tal efecto, comunicarán a las personas interesadas
cualquier información necesaria para hacer valer los derechos que les otorga el presente
Convenio. |
|
| 4. | De igual modo, las personas interesadas quedan obligadas a informar cuanto antes a las instituciones del Estado Parte competente y del Estado Parte de residencia, de cualquier cambio en su situación personal o familiar que tenga incidencia en su derecho a las prestaciones establecidas en el presente Convenio. | |
Artículo 21. Solicitudes y documentos.
| 1. | Los documentos que se requieran
para los fines del presente Convenio no necesitarán traducción oficial, visado o
legalización de autoridades diplomáticas, consulares y de registro público, siempre que
se hayan tramitado con la intervención de una Autoridad o Institución Competente u
Organismo de Enlace. |
| 2. | La correspondencia entre las
Autoridades Competentes, Organismos de Enlace e Instituciones Competentes de los Estados
Parte será redactada en cualquiera de los idiomas español o portugués. |
| 3. | Las solicitudes y documentos presentados ante las Autoridades o Instituciones Competentes de cualquier Estado Parte donde el interesado acredite períodos de seguro, cotización o empleo o tenga su residencia, surtirán efecto como si se hubieran presentado ante las Autoridades o Instituciones Competentes correspondientes del otro Estado Parte, siempre que el interesado lo solicite expresamente o, si de la documentación presentada se deduce la existencia de períodos de seguro, cotización o empleo en este último Estado Parte. |
Artículo 22. Exenciones.
Las exenciones o reducciones de impuestos, tributos, tasas, timbres y derechos judiciales o de registro, establecidos en la legislación de un Estado Parte para la expedición de los documentos exigidos por esa misma legislación, se extenderán a la expedición de los documentos análogos exigidos por la legislación de cualquier otro Estado Parte a efectos del presente Convenio.
Artículo 23. Composición y funcionamiento del Comité Técnico Administrativo.
| 1. | El Comité Técnico
Administrativo estará integrado por un representante del Gobierno de cada uno de los
Estados Parte, asistido, cuando sea necesario, por consejeros técnicos. |
| 2. | Los estatutos del Comité Técnico Administrativo serán establecidos, de común acuerdo, por sus miembros. Las decisiones sobre las cuestiones de interpretación serán adoptadas de acuerdo con lo que se establezca en el Acuerdo de Aplicación del presente Convenio. |
Artículo 24. Funciones del Comité Técnico Administrativo.
El Comité Técnico Administrativo tendrá encomendadas las siguientes funciones:
| a) | Posibilitar la aplicación
uniforme del Convenio, en particular fomentando el intercambio de experiencias y de las
mejores prácticas administrativas; |
| b) | Resolver las cuestiones
administrativas o de interpretación derivadas del presente Convenio o del Acuerdo de
Aplicación del mismo. |
| c) | Promover y desarrollar la
colaboración entre los Estados Parte y sus instituciones en materia de seguridad social,
especialmente para facilitar la realización de acciones encaminadas a la cooperación
transfronteriza en el ámbito de la coordinación de los sistemas de seguridad social. |
| d) | Fomentar el uso de las nuevas
tecnologías, en particular mediante la modernización de los procedimientos necesarios
para el intercambio de información y la adaptación a los intercambios electrónicos del
flujo de informaciones entre las Instituciones Competentes. |
| e) | Ejercer cualquier otra función que forme parte de sus competencias en virtud del presente Convenio y del Acuerdo de Aplicación, o de todo convenio o acuerdo que pudiere celebrarse dentro del marco de dichos instrumentos. |
Artículo 25. Disposición transitoria.
| 1. | La aplicación del presente
Convenio otorgará derecho a prestaciones por contingencias acaecidas con anterioridad a
la fecha de su vigencia. No obstante, el pago de las mismas tendrá únicamente los
efectos retroactivos previstos en la legislación del Estado Parte que las reconozca y no
se realizará por períodos anteriores a la entrada en vigor del Convenio. |
| Las prestaciones que hayan sido
denegadas o reconocidas por uno o varios Estados Parte antes de la entrada en vigor del
presente Convenio, podrán ser revisadas al amparo del mismo, a petición del interesado.
El derecho se adquirirá desde la fecha de la solicitud, salvo disposición más favorable
del Estado Parte que lo revise. No se revisarán las prestaciones abonadas que hayan
consistido en una cantidad única. |
|
| 2. | Todo período de seguro, cotización o empleo, acreditado bajo la legislación de un Estado Parte antes de la fecha de aplicación del presente Convenio en el Estado Parte interesado, se tomará en cuenta para la determinación de los derechos originados conforme al presente Convenio. |
Artículo 26. Acuerdo de Aplicación
Las normas de aplicación del presente Convenio se fijarán en el Acuerdo de Aplicación correspondiente.
Artículo 27. Conferencia de las Partes
La Secretaría General Iberoamericana, a través de la OISS, convocará una Conferencia de las Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Convenio, con el objeto de promover y examinar la aplicación del presente Convenio y, en general, efectuar intercambio de información y experiencias.
Artículo 28. Solución de controversias
| 1. | Los Estados Parte procurarán
solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación del presente
Convenio mediante la negociación. |
| 2. | Toda controversia entre dos o
más Estados Parte acerca de la interpretación o aplicación del presente Convenio que no
pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo de cuatro meses deberá, a
solicitud de uno de ellos, someterse al arbitraje de una Comisión integrada por un
nacional de cada Estado Parte y uno nombrado de común acuerdo, quien actuará como
Presidente de la Comisión. Si, transcurridos cuatro meses después de la fecha de la
solicitud de arbitraje, los Estados Parte no se han puesto de acuerdo sobre el árbitro,
cualquiera de ellos podrá solicitar a la Secretaría General Iberoamericana, a través de
la OISS, que designe a dicho árbitro. |
| Una vez integrada la Comisión de
arbitraje, ésta emitirá su decisión dentro de un plazo no mayor a cuatro meses,
prorrogable por un perÍodo similar, siempre y cuando la Comisión justifique e informe
por escrito, y antes de que culminen los cuatro meses iniciales, las razones por las
cuales solicita esta prórroga. |
|
| La decisión de la Comisión será definitiva e inapelable. |
Artículo 29. Firma
El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados Miembros de la Comunidad Iberoamericana.
Artículo 30. Ratificación, Aceptación, Aprobación o Adhesión
| 1. | El presente Convenio estará
sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación,
aceptación o aprobación se depositarán en la Secretaría General Iberoamericana a
través de la OISS. |
| 2. | El presente Convenio estará abierto a la adhesión de todos los Estados que forman parte de la Comunidad Iberoamericana. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General Iberoamericana a través de la OISS. |
Artículo 31. Entrada en vigor
| 1. | El Convenio entrará en vigor el
primer día del tercer mes siguiente a la fecha en que se haya depositado el séptimo
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. No obstante, éste
producirá efectos entre dichos Estados una vez que el Acuerdo de Aplicación sea suscrito
por los mismos. |
| 2. | Para cada Estado que ratifique o se adhiera al presente Convenio después de haberse depositado el séptimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la fecha en que ese Estado haya depositado el instrumento pertinente, no obstante éste producirá efectos una vez que el Acuerdo de Aplicación sea suscrito por el mismo. La Secretaría General Iberoamericana a través de la OISS comunicará dicho acto a los demás Estados Parte. |
Artículo 32. Enmiendas
| 1. | La OISS recopilará las
propuestas de enmiendas al Convenio que presenten los Estados Parte para los que esté
vigente y a solicitud de tres de ellos, por medio de las respectivas Autoridades
Competentes o pasados tres años, convocará a una Conferencia de Partes para su
tratamiento. |
| 2. | Toda enmienda aprobada por la
Conferencia de Partes estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los
Estados Parte. |
| 3. | Toda enmienda refrendada de
conformidad con los apartados 1 y 2 del presente artículo entrará en vigor respecto de
un Estado Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en la Secretaría
General Iberoamericana, a través de la OISS, el instrumento de ratificación, aceptación
o aprobación de esa enmienda. |
| 4. | Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante sólo para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Convenio, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado. |
Artículo 33. Denuncia del Convenio
| 1. | El Convenio podrá ser denunciado
por cualquiera de los Estados Parte, teniéndose en cuenta que la correspondiente denuncia
deberá ser notificada por escrito a la Secretaría General Iberoamericana, a través de
la OISS, produciendo efectos la misma, respecto de dicho Estado, a los doce meses,
contados desde la fecha de su recepción. |
| 2. | En caso de denuncia, las
disposiciones del presente Convenio continuarán aplicándose, en el respectivo Estado
Parte, a los derechos ya reconocidos o solicitados con anterioridad. |
| 3. | Los Estados Parte podrán establecer acuerdos especiales para garantizar los derechos en curso de adquisición derivados de los períodos de seguro o equivalentes cumplidos con anterioridad a la fecha de término de la vigencia del Convenio. |
Artículo 34. Idiomas
El presente Convenio se adopta en idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Artículo 35. Depositario
El original del presente Convenio, cuyos textos en idioma español y portugués son igualmente auténticos, se depositará en poder de la Secretaría General Iberoamericana a través de la OISS.
Hecho en Santiago, Chile, a los 10 días del mes de noviembre del año dos mil siete.
 |
 Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |