COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

(Sesión celebrada el día 9 de mayo de 2022).

 

SEÑORA PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 12y18).

                ‒Como se indica en el primer punto del orden del día, dese cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente).

                «Solicitud de audiencia de la Federación Uruguaya de Teatro Independiente (FUTI), a efectos de conversar sobre los daños edilicios y estructurales de los teatros inundados en el temporal de enero de 2022».

‒Más adelante nos pondremos de acuerdo con respecto a la fecha en que recibiremos a esta delegación; lo haremos lo antes posible, ya que obviamente esos edificios deben encontrarse en un estado de gravedad importante para que soliciten esta audiencia.

                El segundo punto del orden del día es la carpeta n.º 492/2021: «Biblioteca Nacional Accesible. Se establecen normas que promueven la accesibilidad para personas con discapacidad visual, la accesibilidad motriz y la accesibilidad geográfica. Proyecto de ley presentado por la señora senadora Carmen Asiaín. Distribuido n.º 620/2021».

                De acuerdo con lo que hemos conversado, estaríamos en condiciones de votar este proyecto de ley.

                Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

                ‒5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

–Sugiero a la señora senadora Sanguinetti como miembro informante.

(Apoyados).

–Los cambios de técnica legislativa corresponden a la secretaría. Se comparten en el grupo de WhatsApp que tenemos en común todos los miembros de la comisión, a los efectos de que, además del presidente, los demás colegas también tengan la información de cómo se van a presentar las modificaciones.

Como se indica en el tercer punto del orden del día, corresponde hacer pasar a los integrantes de la Comisión Barrial del barrio Capra 2, que es a quienes recibiremos como primera audiencia, fijada para las 12:30 y han sido muy puntuales.

(Ingresa a sala la delegación de la Comisión Barrial del barrio Capra 2).

–Recibimos con gusto a la Comisión Barrial del barrio Capra 2 para referirse a su planteo sobre la necesidad de tener una escuela de oficios para personas con diferentes discapacidades. 

Tiene la palabra la señora Adriana Capelli, que es la secretaria de la comisión barrial.

SEÑORA CAPELLI.- Buenos días. 

La delegación está compuesta además por la presidenta y una vecina, que es quien planteó su problema porque no encontraba una escuela de oficios para su hijo. 

En Montevideo tenemos tres escuelas de oficios: la Escuela n.º 380, que está frente a la Escuela n.º 205 Obra Morquio, en las inmediaciones de la avenida General Flores y José María Guerra; la Escuela n.º 207 ETRO, que está en Aquiles Lanza y Durazno, y la Escuela n.º 259, que está en Yi 1573.

El barrio ‒me refiero a todo el Municipio F, Gruta de Lourdes, Manga, gente que viene de Sauce, Toledo, Casarino‒ abarca una zona muy amplia que no tiene una escuela de oficios para que los chiquilines puedan salir con una labor para defenderse. Venimos a pedirles que nos ayuden; quizás puedan hacerlo sin nuestra intervención o, al menos, guiarnos. Por ejemplo, necesitamos que nos digan qué puerta hay que golpear o cómo pueden ayudarnos a fin de que los chiquilines tengan un buen futuro y no pierdan el hilo. Una mamá se presentó en la Escuela n.º 380 para inscribir a su hijo y por el tema de la pandemia desde 2020 no hay nuevos ingresos. El niño en 2022 termina 6.º año, pero no saben qué va a hacer el año que viene. En la UTU, con la cuestión de la integración, en algunos lugares aceptan, pero ellos se sienten mal y no quieren ir. No hay profesores preparados a esos efectos y la misma administración no está preparada para atender a chiquilines que tienen dificultades.

Por lo tanto, ese es nuestro pedido.

SEÑORA GUGLIELMELLY.- Soy la mamá de Gustavo, que tiene doce años y en 2022 termina 6.º año de escuela. Lo que nosotros estamos buscando es una escuela de oficios para chiquilines con capacidades diferentes, pero que tenga inclusión laboral. Eso sería fundamental.

Las tres escuelas que tenemos en Montevideo no cuentan con inclusión laboral; en realidad, cumplen la función de una UTU y después se les dice «suerte». Así que sería muy bueno conseguir eso, no solo pensando en mi hijo, sino también en otros niños. Tengo aquí 250 firmas que junté yo misma con otras cinco madres. También traje la carta del Centro Interdisciplinario Belloni, al que llevo a mi hijo desde hace doce años, en donde ha hecho diferentes terapias en las que ha ido avanzando, le han ido dando de alta y hoy está solamente con maestra especializada. Esta carta respalda mis palabras y allí se explica lo que necesitaríamos en la zona, que es muy grande, abarca muchísimos lugares.

El Centro Interdisciplinario Belloni atiende de doscientos a trescientos niños con diferentes discapacidades o capacidades diferentes. Esos niños quedan en el camino; esa es la triste realidad. Como mamá, estoy pensando en el futuro de mi hijo ‒él sabe desempeñarse y solo tiene problemas de aprendizaje‒, pero también pienso en otros niños y padres para que no tengan que pasar lo que a nosotros nos ha tocado, que tengan un lugar público al que sus hijos puedan ir, que sepan que los chiquilines van a aprender un oficio que les guste y en el día de mañana serán personas válidas para desempeñarse, formar una familia y seguir adelante. Trajimos copia de este material para dejarles.

SEÑORA DENIS.- Es importante que esto pueda implementarse después de 6.º de escuela. En la UTU, por ejemplo, hay algunos oficios para hacer, pero deben tener quince años cumplidos. Entonces, a veces quedan dos o tres años en la calle y ahí es cuando surgen las juntas. Lo que nosotros queremos es que tengan una continuidad después de la escuela, o sea, que cuando terminan la escuela ya puedan entrar a otro lugar donde los contengan y les enseñen un oficio para que puedan defenderse en la vida.

SEÑORA SANGUINETTI.- Doy la bienvenida a los integrantes de esta delegación.

                Indudablemente, el camino hacia la inclusión en la educación es largo y difícil. Conozco de primera mano los esfuerzos que se están haciendo, tanto en la ANEP como en la UTU. Simplemente quiero señalar que ha habido avances, aunque obviamente no son los que todos desearíamos, pero quisiera entender si hay alguna razón en particular por la que se descartó que siga la trayectoria educativa. Hoy sabemos que lo ideal es que los chicos continúen lo más posible dentro de la educación regular y el mundo entero está yendo hacia ese camino. Entonces, dado que recién estaría terminando 6.º de primaria, quisiera entender por qué se descartó esa posibilidad.

                Muchas gracias.

SEÑORA KECHICHIAN.- Bienvenidas.

                Valoramos enormemente el esfuerzo; conocemos muchos barrios en los que las mujeres se ponen al frente de las necesidades. Al igual que la señora senadora Sanguinetti, vivimos y conocemos muy de cerca los temas de la discapacidad y la inclusión.

                No quiero reiterar lo que decía la señora senadora Sanguinetti, pero sí preguntarles si en la educación formal que hay en la zona no habría posibilidades de integrarse. ¿Ustedes creen que no? Además, quisiera saber qué población podría tener esta escuela de oficios a la que aspiran. Decían que el Centro Interdisciplinario Belloni tiene unos doscientos chiquilines con discapacidad que también estarían esperando tener continuidad luego de 6.º y seguir en la educación formal.

SEÑORA CAPELLI.- En primer lugar, los chiquilines no están capacitados para entrar en la educación formal. Por ejemplo, Fernanda Guglielmelly, la mamá, se presentó en la UTU que está en Domingo Arena y la directora directamente le dijo que chiquilines así no aceptaban. Esa fue una de las respuestas.

                En segundo término, el Centro Interdisciplinario Belloni tiene dos locales; en la calle José Belloni hay cinco centros interdisciplinarios, en la calle Corrales, tres, y existen un montón más que no salimos a investigar. Solamente entre esos ocho centros hay más de dos mil niños. Lo que pedimos es que sea antes de los veinte años, porque ellos están en la edad en que ‒como todos‒ más información absorben, y también para que no dejen la etapa curricular, que tengan a dónde ir. Una vez que dejan de estudiar, después es muy difícil que vuelvan a hacerlo y muchas veces no tienen una familia. En este caso, gracias a Dios, tenemos a esta mamá, que anda y anda, pero muchas veces los chiquilines no tienen una familia que los respalde y pueda llevarlos, que diga: «Bueno, ¿este año no pudiste entrar?, ¿entrás a partir de los catorce? Te aguantamos este año, te ponemos a hacer algo para que el año que viene empieces». La idea es ayudar a toda esa gente.

Solo en el barrio tenemos más casos. Cuando uno sale en el ómnibus, ve la cantidad de gente y también cuando habla de los centros interdisciplinarios. Estos centros son hermosos, pero ofrecen cuarenta minutos por semana ‒los paga el BPS‒ para ayudarlos en su discapacidad y que puedan aprender. No les están enseñando nada para que el día de mañana puedan defenderse.

SEÑORA PRESIDENTE.- Como ustedes están pidiendo ayuda, voy a dar mi opinión, pero después vamos a discutirlo con los colegas. Mi opinión personal es que tendremos que ver el sistema educativo y llamar a las autoridades para que nos digan qué posibilidades existen. Creo que va a ser lo mejor, porque estas problemáticas están en la agenda, pero realmente no es fácil. No es fácil la educación en general; es una tarea compleja. Como ustedes nos dijeron que necesitaban ayuda, quise decirles mi opinión personal. Vamos a ver si es compartida por mis colegas. Se lo hará saber el secretario.

Nosotros tenemos la enorme tarea, muy buena, de articular con las autoridades de la educación, pero el tema de los oficios ya es problemático; además, la UTU tiene muchas ofertas que, a veces, hasta desconocemos, pero entendimos perfectamente el planteamiento y después vamos a discutirlo entre nosotros.

                ¿Quieren agregar algo más?

SEÑORA GUGLIELMELLY.- Solamente quiero decir que estoy muy agradecida por habernos recibido, por su tiempo; lo valoro muchísimo. De ahora en más, esperamos respuesta para ver qué solución se puede encontrar. Aclaro que digo esto no solamente pensando en mi hijo, sino en todos los niños de hoy y en los que vendrán.

SEÑORA PRESIDENTE.- Sí, obviamente; compartimos esos conceptos.

SEÑORA CAPELLI.- Estamos absolutamente comprometidos en este tema, por lo que les pedimos que si nos necesitan nos contacten porque queremos estar.

SEÑORA PRESIDENTE.- Muchas gracias por su presencia hoy aquí.

(Se retiran de sala las integrantes de la Comisión Barrial del barrio Capra 2).

–Consulto a los señores senadores si entienden conveniente tomar alguna decisión sobre este tema o recibimos a las siguientes delegaciones.

SEÑORA KECHICHIAN.- Propongo que el material que nos han proporcionado lo elevemos al Consejo Directivo Central para que tome conocimiento.

SEÑORA PRESIDENTE.- Exacto. 

SEÑORA KECHICHIAN.- Es muy difícil todo lo que han planteado.

SEÑORA PRESIDENTE.- ¡Muy difícil!

(Se suspende momentáneamente la toma de la versión taquigráfica).

–En principio elevaríamos al Consejo Directivo Central todos los antecedentes, así como la versión taquigráfica sobre los planteamientos realizados el día de hoy por la Comisión Barrial del barrio Capra 2.  Si los señores senadores están de acuerdo, propongo agregar a toda esa información nuestra inquietud sobre el tema y la comunicación de que en un futuro cercano serán convocados a este ámbito.

(Apoyados).

SEÑORA KECHICHIAN.- Aquí hay planteada una discusión de fondo sobre qué significa inclusión y si seguimos transitando los centros especializados. En lo personal, soy partidaria absoluta de la otra línea.

SEÑORA PRESIDENTE.- Sería importante que, al menos, hubiera una respuesta.

Ahora invitaremos a ingresar a sala a los representantes de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil –Afureci–, para referirse a distintos asuntos vinculados a la gestión del organismo. A propósito, quiero compartir con los colegas que el jueves pasado la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social recibió a esta misma delegación.

(Ingresan a sala los representantes de la Afureci).

                –Buenas tardes.

                La Comisión de Educación y Cultura tiene el agrado de recibir a la delegación de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, integrada por la señora Adriana Acosta y el señor Javier Mederos.

                Como nuestros invitados podrán apreciar, en la comisión nos encontramos presentes dos senadoras que participamos en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, donde los escuchamos largamente.

                Por ese motivo, les voy a hacer un pedido. Como comprenderán, nosotros recibimos a todos los que nos solicitan una entrevista, pero si ustedes entienden que hay puntos más enfocados a lo que corresponde a la Comisión de Educación y Cultura, les pedimos que se centren en esos temas. Como ustedes dependen del Ministerio de Educación y Cultura, tal vez la confusión haya surgido de ahí. Todos formamos parte de comisiones del Parlamento e incluso compartimos algunas de ellas. Entonces, simplemente les hago ese pedido. Incluso, si ustedes quieren –para tener mayor tranquilidad– le pedimos al secretario que la versión taquigráfica de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social –que fue bastante larga y muy interesante para todos– se haga llegar a todos los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura. 

SEÑORA ACOSTA.- Buenas tardes a todos y gracias por recibirnos.

                Si usted nos permite, podemos repartir el material que traemos a los señores miembros de la comisión.

SEÑORA PRESIDENTE.- La senadora Sanguinetti y quien habla ya disponemos del material.

SEÑORA ACOSTA.- Entonces se lo entregamos a los demás integrantes de la comisión y dejamos una copia a la secretaría.

SEÑORA PRESIDENTE.- Perfecto, muchas gracias; lo que abunda, no daña.

SEÑORA ACOSTA.- Por supuesto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Ahora los que estamos aquí presentes los escuchamos y les aclaramos que luego haremos llegar la versión taquigráfica al resto de los integrantes de la comisión.

SEÑOR MEDEROS.- Mi nombre es Javier Mederos y soy funcionario del Registro Civil.

                Como bien ha dicho la señora presidenta, estamos visitando diferentes comisiones a efectos de plantear nuestra problemática y la visión que tenemos sobre las situaciones que hoy por hoy afectan a nuestro organismo.

                Compartimos la visión que se ha expresado; cuando vimos la integración de las comisiones advertimos que se repetían algunos integrantes, razón por la cual vemos muy atinado todo lo que planteó recién la señora presidenta. También compartimos que fue muy productiva la entrevista en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

                Nuevamente agradecemos ser recibidos por esta comisión en esta oportunidad.

                No tenemos mayores aportes que los que hicimos en la otra comisión, de modo que el planteo se vería reiterado en todos sus aspectos porque, obviamente, la situación no ha variado. Asimismo, los aspectos generales que se expresaron no solo no variaron en este tiempo tan corto que pasó, sino que, básicamente, se centran en esas cuestiones que hacen a nuestra tarea y que nosotros identificamos de esa forma. 

                Solamente deseamos reiterar que el planteo tiene que ver con las condiciones de trabajo y de funcionalidad en general de la dirección general, que estaba enfocada como cuestión más visible en su plantilla de funcionarios pero no exclusivamente en ella, sino también en todo un manejo de la situación en general –repito– de la dirección, lo cual incluye un tema de gestión y de cómo se llevan adelante cambios en los que por ahí todos podríamos estar de acuerdo pero cuya implementación y las dificultades que existen en la comunicación hacen que todo se vuelva muy dificultoso. 

                A su vez, planteamos otro aspecto relativo al reciente pasaje de tareas a los alcaldes. En ese sentido, manifestamos algunas cuestiones que veíamos como deficiencias en cuanto a la implementación. Me refiero, por ejemplo, al hecho que se planteó en enero, antes de su implementación; lamentablemente, esto lo hemos venido confirmando, por lo que advertimos con preocupación que pueden seguir generándose situaciones de este tipo. Para ello, propusimos algunas alternativas y queremos que se ponga luz sobre esa situación ya que es posible seguir generando inconvenientes al usuario, eje central de todo nuestro planteo y de nuestra propuesta, que no se basa más que en generar mejores condiciones de trabajo, todo lo que, reitero, va a repercutir nuevamente en el usuario.

                Básicamente, ese sería nuestro planteo.

SEÑORA ACOSTA.- Justamente, acotando a lo que dice el compañero, nosotros apuntamos a generar garantías reales a los ciudadanos con respecto a su identidad.

                Además, queremos puntualizar que nuestra tarea está siendo denostada en ciertos aspectos a partir de situaciones que se están dando. A raíz de una reunión que tuvimos con las autoridades del MEC, nos quedó la impresión de que capaz que hay –como dijo la señora presidenta– una confusión con respecto a la comisión, porque entiendo que tratan temas relacionados con la educación y la cultura, y como nosotros somos una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura entendimos que de pronto era bueno venir a esta comisión, pero, en fin, todo lo que sume es bienvenido.

SEÑORA PRESIDENTE.- Obviamente.

SEÑORA ACOSTA.- Si bien la tarea del funcionario del Registro Civil no es básicamente con respecto a la educación y a la cultura, la actividad que desempeñamos necesita ser potenciada con respecto a la especialidad. Voy a poner un ejemplo que planteamos en la reunión que mantuvimos con las autoridades del MEC, relacionado con el archivo que tiene todas las actas de todo el país. Cuando un usuario llega y quiere buscar un acta pero no tiene muchos datos, para encontrarla se necesita cierta especialización. Los compañeros que trabajan en esa área están capacitados para poder encontrar esa partida. Justamente, es una de las secciones que se está minimizando en cuanto a la capacitación de los funcionarios y de los que están trabajando activamente en este momento. Es como cuando existían los gremios en la Edad Media: si no se trasmite ese oficio, eso se pierde, y tenemos miedo de que pase eso. Es un ejemplo.

SEÑORA PRESIDENTE.- Antes de dar la palabra a mis colegas, quiero decir algo que nosotros manejamos –y no sé si lo dijimos cuando ustedes estaban presentes o después–: está citado el señor ministro de Educación y Cultura por temas de esta comisión, pero desde la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ya habíamos decidido hacerle llegar la versión taquigráfica. Entonces, si bien él va a venir por otros temas, consideramos bueno ponerlo ya en conocimiento de estas cuestiones. Inclusive, de pronto, se lo podría citar también ­–nosotros no tenemos problema– a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, así como a las autoridades de la Dirección General del Registro Civil. Estamos en contacto con el ministro, que quedó en venir, si puede, el lunes 6 de junio. De cualquier manera, la versión taquigráfica de lo expresado en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ya le llegó o le estará llegando, porque nosotros así lo resolvimos.

SEÑORA KECHICHIAN.- Muchas gracias por estar aquí.

                Me gustaría tener, por lo menos, un ejemplo de lo que ustedes visualizan como deficiencias en el traslado a los alcaldes en esa descentralización que nosotros vemos positiva. No sabemos a qué se refieren ustedes cuando hablan de deficiencias en la tarea transferida a los alcaldes en el territorio. Me gustaría que me dieran algún ejemplo para poder comprenderlo mejor.

SEÑOR MEDEROS.- Cuando se planteó el tema a nivel legislativo en cuanto a que el Poder Judicial realizaría la tarea hasta el 31 de diciembre del 2021, advertíamos dificultades en cuanto a quién podría ser el funcionario público al cual en el interior se le atribuyera esa tarea. Esto, identificando dos cuestiones básicas en cuanto a la realización de la tarea en su conjunto. Creo que esta es un poco la dificultad que se tiene en cuanto a la visualización de todas las tareas que lleva adelante el Registro Civil, porque a veces nos quedamos con una imagen más puntual, con más prensa o más visibilidad, en cuanto a trámites como puede ser el matrimonio y no así con otra serie de trámites que también se realizan. Entonces, tal como se nos trasmitió o se hizo público que iba a funcionar, nosotros vimos y advertimos dos dificultades para el funcionamiento.

                Una de ellas es el vínculo jurídico que hace que los Gobiernos departamentales, los alcaldes o los funcionarios de esas alcaldías comiencen a hacer las tareas del Registro Civil. ¿Por qué? Porque hasta ahora el Registro Civil, dado el vínculo con el Poder Judicial, debe tener –así creo que corresponde– una superintendencia a todo nivel en cuanto a las tareas que se realizan, administrativa, disciplinaria, en fin, todo un relacionamiento jerárquico como lo tiene con los oficiales de Montevideo y demás que con los Gobiernos departamentales las alcaldías no lo tienen. Se firmaron convenios –que hemos solicitado conocer– en los que presumimos, o mejor dicho los hechos así lo marcan, se fijaron condiciones con las distintas intendencias para facilitar locales y funcionarios que colaboren con la tarea, aunque no en su parte sustancial. En su momento nos entrevistamos con algunos intendentes y vimos que si bien ellos podían estar en pro de esta solución, identificaban la dificultad de cómo iba a ser el relacionamiento del Ministerio de Educación y Cultura y del Registro Civil con los Gobiernos departamentales desde el punto de vista jurídico en cuanto a las potestades que pudieran tener sobre los funcionarios que hacían esa tarea. Hasta ahora no conocemos los convenios, pero los hemos solicitado y, seguramente, en algún momento los vamos a tener. Consideramos que es un tema principal y grave de relacionamiento en cuanto a la necesidad de que exista una compatibilidad lógica y correspondiente para el funcionamiento. 

Asimismo, advertimos –e inclusive propusimos que se cambiara la fecha de entrada en vigencia para que no fuera el 1.º de enero de 2022– sobre la capacitación adecuada que deben tener los funcionarios para poder llevar adelante esa tarea, no porque los funcionarios de los Gobiernos departamentales o cualquier funcionario público no puedan hacerlo –los del Registro Civil son funcionarios administrativos que tampoco han tenido una especialización previa para ingresar al organismo a realizar esa tarea–, sino porque, en sí, requiere una cierta especificidad y capacitación que, de no tenerla, puede repercutir de forma muy gravitante en el usuario. Por ejemplo, los oficiales de estado civil acá, en Montevideo, llegan a ese cargo por concurso administrativo dentro del organismo, reglamentado específicamente para que sean dentro del Registro Civil, como una excepción al régimen general y estableciéndose un proceso de llamado que, en principio, hace que el funcionario que llega a esa tarea tenga cierta experiencia y antigüedad dentro del organismo, así como, obviamente, una capacitación y concurso específico para realizarla. El hecho de que no suceda así y se invista a funcionarios públicos en general, como se hizo con alcaldes u otros funcionarios, hace que ese conocimiento o capacidad no esté presente y puedan generarse dificultades o errores que luego repercutan en forma trascendente en los usuarios. Al día de hoy, llevamos cuatro o cinco meses desde esta implementación y podemos asegurar que es innumerable la cantidad de actas o de errores que se han cometido en forma trascendente y que hemos podido identificar. Si bien nos consta que el registro trata de solucionar estos problemas y también de advertir a esos funcionarios, porque acá estamos descartando cualquier intencionalidad, sí vemos que en los hechos se genera un montón de inconvenientes que hacen a la tarea.

Vamos a poner en el tapete una situación que nosotros también cuestionamos pero que puede servir de ejemplo. El miércoles anterior a Semana de Turismo la Asociación de Funcionarios del Registro Civil decidió hacer un paro general. La dirección tomó los expedientes que había relativos a los casamientos que estaban pactados y procedió a hacer los casamientos con la colaboración de alcaldes del interior del país; en este caso, creo que eran de Tala, Migues y Tarariras que, si no recuerdo mal, vinieron a hacer acá, en Montevideo, los casamientos que estaban pactados para ese día.

Más allá de la consideración de ese comportamiento, en el que también advertimos una cuestión que, por lo menos, nos merece ciertos recaudos –para no calificarlo–, nos consta que, desde el punto de vista técnico, esos expedientes y actas, que todavía no se devolvieron a las oficinas correspondientes, tienen innumerables problemas de confección relativos a la gente que se casó y que fueron realizados por esos funcionarios.

Dicho sea de paso, no puedo dejar de hacer un mínimo comentario también en cuanto al hecho de que alcaldes, funcionarios del interior del país, con un cometido en su jurisdicción y demás, vinieran a realizar una tarea en el día en que había un paro de veinticuatro horas de parte de los funcionarios. Si bien están investidos para realizar esa tarea, nos generó un poco de ruido el hecho de que actores políticos elegidos por la ciudadanía interfirieran en un paro decidido por funcionarios, que tendrían sus razones para hacerlo. Nos imaginamos qué pasaría si otros actores políticos con determinada capacitación interfirieran en paros o en decisiones que tomaran los sindicatos por su especialidad, por ejemplo, en el caso de médicos u otros. Este es un tema que también se plantea y se deja entrever en cuanto al funcionamiento, en general, de todo el andamiaje tal como se implementó.

Básicamente, nuestro planteo está enfocado en esos dos aspectos: en el estrictamente jurídico y en el de la capacitación, porque se requiere un proceso y un adecuado fortalecimiento en conceptos que no se tienen.

Quiero hacer una muy pequeña aclaración. Cuando se estableció la capacitación que se atribuiría a esos funcionarios, siempre se hizo referencia –y en eso consistió– a darles a conocer un sistema informático en el cual se realizan las actas –ya sean de nacimiento o de matrimonio– que a partir de ese momento iban a poder hacerse así, pero existe todo un conocimiento de cómo es el sustento para poder llevar adelante esas actas o documentos con el que, obviamente, los funcionarios no cuentan.

SEÑORA KECHICHIAN.- Dejo constancia de que esto me sorprende porque pensaba que los alcaldes tenían potestades solo en su territorio. Me sorprende muchísimo que puedan actuar fuera del territorio para el que tienen potestades y, en este caso, hacer casamientos en Montevideo. Para mí esto es una sorpresa.

SEÑORA PRESIDENTE.- Para mí también.

                Todo esto ustedes ya lo desarrollaron largamente y los compañeros senadores van a recibir la versión taquigráfica.

Además, quiero aclarar a la señora senadora Kechichian, en presencia de los trabajadores, que muchos legisladores de todos los partidos coincidimos en muchas cosas que ustedes dijeron. Ahora, sobre todo, se puso sobre la mesa esta variable de que ustedes estaban haciendo paro y, por tanto, como se procedió no está bien desde el punto de vista laboral, pero a nosotros nos dejó muy preocupados el tema de la formación de funcionarios de cargos electivos en muchas zonas del país –lo digo así para no hacer discriminaciones– cuando se tocan o se trabaja en documentos. Como bien decían ustedes, el tema del matrimonio no es el más peligroso, sino más bien el de las adopciones, los reconocimientos y demás; eso de verdad que motivó la preocupación de todos los partidos representados en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Por eso pedimos que la versión taquigráfica fuera enviada al Ministerio de Educación y Cultura y a la Dirección General del Registro de Estado Civil.

Simplemente, quería colaborar con los compañeros y remarcar que fue una preocupación de todos los integrantes de la comisión.

SEÑORA ACOSTA.- Con respecto a lo que decía la senadora Kechichian, en realidad, el oficial de estado civil –es la tarea que desempeña el alcalde– puede salirse de su jurisdicción siempre y cuando tenga una subrogación permitida por la dirección, aunque no sabemos si en este caso esa subrogación se hizo en tiempo y forma. Por ejemplo, si se enferma un compañero que tiene un matrimonio en domicilio –dentro de los límites de Montevideo– y no puede ir, entonces el supervisor –en este caso, quien se encarga de eso es Mederos– le pasa la tarea a otro oficial, pero tiene que haber una subrogación de por medio. Por lo tanto, en este caso no sabemos si la subrogación fue hecha en tiempo y forma como para que estos alcaldes vinieran a Montevideo.

Otra cosa que se le planteó al ministro cuando se estaban discutiendo los artículos en la rendición de cuentas fue, justamente, quién debía sancionar a un alcalde o a un funcionario municipal cuando cometen una falta. Nosotros estamos sujetos al Estatuto del Funcionario Público, pero los alcaldes tiene cargos electivos con ciertos cometidos, y estos no son parte de sus tareas, salvo que haya cambiado.

SEÑORA PRESIDENTE.- Quédense tranquilos que lo que abunda no daña. La versión taquigráfica ya debe de tenerla el ministro.

Muchas gracias.

(Se retiran los representantes de la Afureci).

                –Corresponde hacer pasar a la siguiente delegación.

(Ingresan a sala consejeros estudiantiles y docentes del

Consejo de Formación en Educación).

                –La Comisión de Educación y Cultura del Senado da la bienvenida a los consejeros estudiantiles y docentes del Consejo de Formación en Educación. Nos acompañan la profesora Rosana Cortazzo, consejera por el orden docente; la señora Génesis Gallardo, consejera por el orden estudiantil, y el señor Rodrigo Genta, integrante del equipo de la consejería del orden estudiantil.

Les agradecemos por haber solicitado esta entrevista y les damos la palabra.

SEÑORA CORTAZZO.- Buenas tardes.

                En principio habíamos solicitado ser recibidos por la comisión porque el 28 de marzo de este año el Ministerio de Educación y Cultura emitió la resolución n.º 355/022, que tiene que ver con una serie de guías para el proceso de reconocimiento voluntario de las carreras de formación en educación para su titulación como universitarias, y que se enmarca en tres componentes, entre ellos, el artículo 198 de la LUC y el decreto que la reglamentó, de diciembre de 2020. Esta resolución avanza bastante más en lo que planteaba su decreto reglamentario porque propone una guía en la cual explicita la estructura curricular que deberían tener las carreras de formación en educación para presentarse a ese reconocimiento, y estipula también la composición del cuerpo docente para presentarse en tal sentido.

                Por eso nosotros, tanto en el equipo de la consejera electa por el orden docente como en el de la consejera electa por el orden estudiantil, tenemos una serie de observaciones que están contenidas en una presentación que hace un rato enviamos por correo electrónico a la secretaría de la comisión.

SEÑORA GALLARDO.- En cuanto a esta resolución, queremos plantear nuestra preocupación con respecto a una posible fragmentación de la formación en educación pública. Se fundamenta en varios motivos, pero uno de los centrales es que en la redacción de la resolución se establece que el reconocimiento del carácter universitario se realizará por cada carrera y para cada sede o región en la que sea ofrecida. Así como está redactado este texto, podría suceder que una misma carrera del Consejo de Formación en Educación –al momento tenemos profesorado, maestro común, maestro en primera infancia, maestro técnico y educador social, es decir, cinco carreras– estuviera habilitada para el título universitario en alguna región, o inclusive por sede –es decir, por instituto–, y en otras regiones o institutos, no. Esto, en sí mismo, implicaría una fuerte fragmentación.

                Por otro lado, también podría ocurrir que como estas cinco carreras se dictan en distintos institutos a nivel nacional y varias a la vez en el mismo centro, en una misma institución algunos estudiantes accedan al título universitario y otros no, a pesar de ir al mismo instituto. A eso nos referimos cuando hablamos de nuestra preocupación ante la fragmentación.

                En la resolución aparece otro elemento, y es que no se incluyen todas las carreras del consejo; por eso las enumeré. Concretamente, no se menciona a los maestros de primera infancia ni a los educadores sociales. Es decir que no queda claro qué ocurrirá con estas carreras y, por otro lado, tampoco se aclara explícitamente qué va a suceder con los egresados, con quienes ya están titulados.

                En ese sentido, en la última sesión del Codicén el presidente de la ANEP mencionó algo muy preocupante: la carrera de Educación Social no estaría incluida para presentarse al título universitario. Esto realmente nos preocupa. En lo personal, como representante estudiantil, me parece que esto es totalmente incorrecto porque implicaría una fragmentación, pero también una desigualdad para el estudiantado de formación en educación. No queda claro qué motivos llevan a que el educador social no pueda presentarse al reconocimiento del título universitario.

SEÑORA CORTAZZO.- Voy a complementar algo de lo que decía la consejera Gallardo en el sentido de que tampoco está claro lo del maestro en primera infancia, porque se habla de educación inicial y primaria. Nosotros hoy tenemos dos carreras bien delimitadas en su objeto de estudio y en relación con el campo profesional, que son la de maestro en primera infancia y la de maestro de educación común o de educación primaria y, por lo tanto, acá parece que subsumen en una única carrera. Esta situación desconoce, además, que hoy el Consejo de Formación en Educación tiene casi el monopolio de la formación en educación.

                Entonces, si esta propuesta de resolución del ministerio no atiende a quienes hoy tenemos por competencia, pero además por desarrollo, casi el monopolio de la formación en educación, nos parece bastante insólito que el ministerio saque una resolución por la cual efectivamente violenta la autonomía de la ANEP; no hay forma de disimularlo. Si por ley, el Consejo de Formación en Educación tiene una serie de competencias –a su vez también las tiene la ANEP– que quedan subsumidas a la voluntad de la propuesta que el ministerio presenta, evidentemente la autonomía de la ANEP está puesta, de algún modo, en una situación inconveniente. Además, desconoce el Estatuto del Funcionario Docente y establece nuevos criterios para la composición del cuerpo docente. En los últimos años logramos tener el 50 % de los docentes efectivos, y el escalafón se ordena por criterios que no son los que establece la propuesta de guía del Ministerio de Educación y Cultura. Por eso creemos que es desconocedor del estatuto, del organigrama de la ANEP y de las competencias del CFE, como recién mencioné.

                Hay algo más en las acciones –que también genera una fuerte preocupación, en una sociedad que creemos que debe tener un amplio diálogo– y es que la resolución no fue enviada a ninguno de los integrantes del consejo de manera formal, pero sí fue enviada a cada uno de los directores de institutos o sedes. Quiere decir que nosotros conocimos la resolución por otros, que en realidad no tienen autonomía técnica ni administrativa, porque las direcciones del Instituto de Profesores Artigas y del IFD de Artigas –por mencionar dos, en los extremos del país– no tienen autonomía técnica para presentarse a este proceso.

                Por otra parte, hay una desinstitucionalización y una desregulación.

SEÑORA GALLARDO.- Queremos señalar que hay una desinstitucionalización, porque de acuerdo a como está redactada la resolución hoy, si la ANEP efectivamente se presenta, se estaría atentando contra su institucionalidad, tal como lo mencionó Rosana Cortazzo. Como la ANEP tiene autonomía constitucional, si en la resolución del MEC se establece que el mecanismo de reconocimiento del título universitario es la realización de una prueba final que debe estar en el currículum –se dice específicamente que tiene que formar parte del currículum–, se estaría avasallando una competencia propia de la ANEP: lo que pasa con su currículum.

                Por otro lado, se establece un currículum mínimo que habla de cuatro núcleos     –que tienen definida su carga horaria– y también de cierto perfil de egreso, lo que está recogido en la resolución. Todas esas son cuestiones que le competen decidir a la ANEP. La incidencia en el tema del currículum la vemos claramente en que las últimas veces que se ha reunido la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular del Consejo de Formación en Educación, donde se trata el tema de la reforma, centró la discusión en la resolución del MEC y en cómo eso afecta el progreso llevado adelante. Es decir que las discusiones se han visto trancadas por esta resolución. Justamente se estaba trabajando en el tema del perfil de egreso de las distintas carreras, pero ahora no se sabe cómo proceder porque por la misma resolución se lo afectaría.

Con relación a la prueba, en la misma resolución del MEC se establece que entra en juego el Ineed –que es otro organismo que está por fuera de la ANEP– porque es el que definiría las condiciones de esa prueba.

                Además, cuando se establecen los requisitos de calidad se plantean una serie de cuestiones que el cuerpo docente debe cumplir y que se las voy a leer para que queden claras. Se dice que el 50 % de las horas de clases recibidas deben ser impartidas por docentes con maestría universitaria; el 20 % por docentes que cuenten con un doctorado; el 20 % por docentes con investigaciones publicadas y el 10 % por formadores que integren el Sistema Nacional de Investigadores. Hoy en día, a nivel nacional, las instituciones públicas de formación en educación no cumplen con este requisito; podemos pensar que no cumplen en el interior del país, pero en muchas ocasiones tampoco lo hacen en Montevideo. La realidad de que el cuerpo docente no cumpla con los requisitos solicitados nos preocupa, pero si ahora se quiere proceder de esa forma, un camino podría ser formar al cuerpo docente actual, aunque sabemos que eso va a llevar muchos años. Si se quiere proceder con esto en este momento, nos preocupa que se destinen fondos estatales para contratar docentes de instituciones privadas a efectos de cumplir con ese requisito o, incluso, a contratar docentes del extranjero. Nos inquieta porque eso desvalorizaría al cuerpo docente nacional que forma parte de las instituciones públicas y que hace a las instituciones hoy en día. Nos preocupa que se atente contra las instituciones y contra la formación en educación actual.

                Otra cosa que nos alerta desde el orden estudiantil es el posible desdibujamiento de las modalidades presencial y semipresencial. Hoy en día esas son las modalidades que existen dentro del consejo. Lo que se establece en la resolución es que dos tercios deben ser obligatoriamente presenciales, mientras que un tercio puede ser realizado a distancia. Sin embargo, eso implicaría problemas para ambas modalidades en tanto el semipresencial no cumple con esos dos tercios obligatorios presenciales. Además, si en las modalidades presenciales se abre la puerta para que un tercio sea a distancia, entendemos que habría todo un movimiento que llevaría a que cursos que en principio son a distancia terminen siendo virtuales. Que algo sea virtual no implica necesariamente que sea malo, el tema es cuando eso se propone como una forma de recorte y de no solucionar los problemas que existen en la presencialidad.

SEÑORA CORTAZZO.- Con respecto al diseño curricular que trataba Génesis Gallardo, es decir, a esa propuesta de cuatro núcleos y mínimas de 3000 horas en total entre los cuatro núcleos, entendemos que es una pérdida de la calidad de la formación en educación. Es una propuesta que empobrece la actual formación que tenemos. Con el plan vigente estamos por encima de las 4500 o 5000 horas, dependiendo de la carrera. Es cierto que muchos pueden decir que se trata de un currículum mínimo; ahora bien, cómo lo garantizamos en un país que tiene una regulación en tal sentido. Lo digo porque hoy todas las instituciones privadas –universitarias o no– perfectamente pueden ir a la ANEP para habilitar sus carreras como docentes sin ningún tipo de problemas y deben tener un currículum acorde a la que tiene formación en educación. Pero si ahora los mínimos por otro mecanismo que propone el ministerio son de 3000 horas, qué garantiza que eso pueda superarse para algunas instituciones fuera de la ANEP. Eso no se garantiza. La práctica docente, la práctica preprofesional tiene una carga horaria mínima, es decir que aquello que ha dado identidad culturalmente a la formación en educación, esas prácticas preprofesionales en territorio quedan absolutamente desdibujadas, y también el campo específico y el tema de una prueba ante el Ineed.

Con respecto a esto último –fue dicho por algunos interlocutores, aunque no  expresado así en la resolución–, es el ministerio el que se lo pide al Ineed, y no es este el que propone la prueba. Podríamos hacer ese juego de palabras de que es el ministerio el que le pide al Ineed y no el Ineed el que propone la prueba. En una institución que está formando educadores, donde la evaluación se entiende procesual, ¿por qué se debe dar una prueba al final del proceso para legitimar si esa titulación efectivamente es universitaria o no? Vamos a tener –y esto es el uno a uno, el individuo a individuo– egresados de una misma institución con personas que se presentan a esa prueba, la aprueban, acreditan y certifican su título como universitarios, y otras que no se presentan o pierden esa prueba y van a tener otro tipo de titulación. Es decir, no entendemos cuáles son los propósitos de la desinstitucionalización y la desregulación de una estructura que hoy tenemos regulada.

Además, no hay ninguna mención de los actuales egresados en este proceso de guías para el reconocimiento que propone el ministerio. Advertimos que a nivel internacional no existen antecedentes –los buscamos– como esta prueba que se está planteando. Encontramos algo en México, que es como una certificación, pero la diferencia, no menor, es que todos los titulados de las instituciones terciarias superiores o universitarias tienen el título de licenciado universitario y se da un plus para esa certificación por unas normas internacionales. Repito: no hay antecedentes y no sabemos en qué fuentes se basaron para elaborar esto, lo que nos genera una profunda preocupación.

                Retomando algo que también decía Génesis Gallardo, ¿cómo pensamos nosotros que estamos hoy y cómo nos toma esta resolución? En los últimos años ha habido un proceso de invertir la universitarización que llevamos, hay una desuniversitarización, porque se suspende la aplicación del capítulo XIV del Estatuto del Funcionario Docente el 16 de julio de 2020; se suspendió para hacer adecuaciones. Pasaron casi dos años y no se ha restituido.

Se trata de una estructura de grados académicos en la que la ponderación no solamente tiene que ver con la antigüedad, sino también con otros factores para ir hacia una estructura académica y de cargos docentes, algo que creemos que, efectivamente, era un paso en la universitarización en la formación en educación. Se desarticula la estructura académica que teníamos –una estructura académica que cuenta con muchos años de desarrollo, que no es reciente– y se cesa a todos los coordinadores académicos a febrero de 2022. También ha habido un freno a las formaciones de posgrado; no ha habido nuevas propuestas en ese sentido, sabiendo que el consejo y la ANEP no pueden dar esas titulaciones y que tienen que hacerlo en acuerdo con otras instituciones, ya sea la Udelar u otras que se puedan proponer.

Por todo esto creemos que este proceso invisibiliza lo que reivindicamos: la universitarización y la UNED como camino necesario y posible, porque entendemos que no está agotado, aunque esté vigente el artículo 198 de la LUC. Todavía creemos que la reivindicación de la UNED es un camino posible.

SEÑOR GENTA.- Quiero hacer una acotación y poner algunos énfasis en cuestiones antedichas.

                Con respecto a que los acompañamientos y los apoyos previstos por el Ministerio de Educación y Cultura no excluyan a las instituciones privadas ni establezcan un criterio que priorice las carreras de formación en educación impartidas por entidades públicas, creemos que además de injusto es vergonzoso porque dadas algunas condiciones lamentables de estudio para quienes estudiamos bajo la órbita de la ANEP, no entendemos por qué el Estado destinaría recursos a financiar la iniciativa privada en vez de utilizarlos para revertir condiciones de vulnerabilidad que sufren muchas instituciones públicas de nuestro país.                                          

                Por otra parte, no es aceptable que la resolución no contemple la cuestión del educador social dadas las difíciles y valiosísimas tareas que desempeñan, ya que la propuesta curricular actual de su carrera guarda un mayor parecido con el formato universitario que otras de formación en educación, como por ejemplo el profesorado. Si una de las motivaciones detrás de esta resolución era investir a los educadores de nuestro país de un prestigio simbólico supuestamente corroído, entendemos que es contradictorio que se desmerezca a los educadores sociales, que se menosprecie su trabajo al no ser contemplados.

                Quiero decir una última cosa con relación a la fragmentación. Que el reconocimiento sea por carrera y por sede o región abre la posibilidad a una fragmentación inusitada. Entendemos que no sería justo que algunos egresados puedan aspirar a ser reconocidos como universitarios y otros no por el lugar en el que estudiaron, por los docentes que tuvieron. Si la ANEP no puede presentar las carreras de formación en educación que imparte a nivel nacional, deberá renunciar a su reconocimiento o bien atomizar el currículum de las carreras por no poder cumplir con los requisitos relativos a la composición del cuerpo docente. En la ANEP, como dijo Rosana Cortazzo, se forma la mayoría de los educadores de nuestro país; sin embargo, no hubo ninguna instancia de coordinación formal entre la ANEP y el ministerio para la creación del procedimiento que prevé la resolución. Eso nos preocupa y nos preguntamos para quién está creado este mecanismo, porque no existe esa coordinación y los requisitos que se establecen son difíciles de cumplir, como por ejemplo aquel relativo al porcentaje de docentes que deben formar parte del Instituto Nacional de Investigación.

SEÑORA PRESIDENTE.- Antes de dar la palabra a los colegas, les informo que ya estamos en contacto con el ministro para proponerle una fecha a fin de que nos visite; probablemente sea el 6 de junio, dado que hay un feriado en el medio. Esto lo  hablaremos luego con los colegas –en función del régimen de trabajo en las comisiones–, pero ya dejo sobre la mesa que necesitamos que venga junto al Consejo Directivo Central, aunque es una opinión meramente personal y no oficial de la presidencia. Preferimos recibirlos a ustedes primero para que se puedan manejar sus argumentos.

                Quédense tranquilos porque lo que acaban de exponer va a ser remitido al ministro, al Codicén y a la ANEP para que cuando vengan nos ilustren también sobre la posición de quienes tomaron esas resoluciones.

                Les agradecemos enormemente por su presencia y por haber venido a trasmitir estas preocupaciones.

(Se retiran los consejeros estudiantiles y docentes del

Consejo de Formación en Educación).

 

–Vamos a solicitar al secretario de la comisión que haga llegar al señor ministro de Educación y Cultura y a los integrantes del Consejo Directivo Central la versión taquigráfica de lo que acaban de decir quienes se retiraron. También, si les parece, agregamos la coordinación con los representantes del Consejo Directivo Central de la ANEP para que vengan junto con el ministro.

(Apoyados).

                –Corresponde recibir a la siguiente delegación.

(Ingresa a sala la delegación del Sidfe).

–La Comisión de Educación y Cultura del Senado tiene el gusto de recibir a la delegación del Sindicato de Docentes de la Formación en Educación, integrada por el profesor Líber Romero y la profesora Cecilia Klein, para conocer su opinión sobre el proyecto de ley a estudio relacionado con la acreditación universitaria de títulos de formación docente.

SEÑOR ROMERO.- En primer lugar, queremos agradecer que nos hayan concedido esta audiencia. Como ya se ha dicho, mi nombre es Líber Romero y soy presidente del Sindicato de Docentes de la Formación en Educación.

Como ha expresado la señora presidenta, queremos referirnos a la resolución del Ministerio de Educación y Cultura del 28 de marzo, vinculado con la acreditación universitaria de títulos de formación docente. Más allá de que el Gobierno tiene la potestad de realizar transformaciones en la educación, creemos que dicha resolución no se ajustó a los mecanismos que correspondían en esta materia. Digo esto en el sentido de que una transformación vinculada a la formación docente debería haber sido realizada desde el Codicén o desde el Consejo de Formación en Educación, pero, en cambio, la resolución mencionada fue hecha de forma inconsulta. Al respecto, podemos decir que tenemos las preguntas que el propio Consejo de Formación en Educación realizó el 26 de abril, por las que se nota el desconocimiento del origen de esa resolución. Al mismo tiempo, en una reunión bipartita con la CSEU, el presidente del Codicén afirmó específicamente que no habían sido consultados en torno a este tema.

                Por otra parte, la resolución no comprende al conjunto de los docentes, como en un principio se había dicho con respecto al título universitario. Podemos decir que hoy tenemos unos 40.000 docentes en los distintos subsistemas de la ANEP que no están comprendidos en la resolución inicial, por lo que ellos no pasarían por una titulación universitaria e, inclusive, en la resolución del ministerio no están comprendidas las carreras de maestros técnicos ni de maestros de primera infancia. Por otra parte, al menos en el documento original tampoco aparece una referencia a aquellos estudiantes que hoy están cursando su carrera en el Consejo de Formación en Educación, por lo que nos preguntamos qué pasaría con ellos en el 2023 cuando se pongan en funcionamiento las universidades o las instituciones que tendrán a cargo la acreditación universitaria. De todos modos, también es cierto que el ministro Da Silveira ha dicho que habría negociaciones en cuanto a segundo, tercero y cuarto año, pero por el momento no tenemos ninguna mención escrita al respecto.

                Otro punto que nos parece fundamental en este tema es que la resolución del ministerio incurre en una injerencia directa en la autonomía técnica del Codicén y del Consejo de Formación en Educación, porque define un currículum. Habla de 3000 horas –hoy en formación docente tenemos un dictado de 3700–, pero no queda claro si el ministerio se refiere a horas aula clase o aula extendida ni si alude a horas de cuarenta  y cinco o sesenta minutos, cuestión sobre la que también pregunta el Consejo de Formación en Educación. Esto es muy importante saberlo, porque no solamente afecta a la forma en cómo se darían las clases, sino también al trabajo concreto que ello implicaría. Hay una definición de un currículum que, como decíamos, determina un nuevo núcleo de conocimientos, que es el n.º 4, correspondiente a herramientas profesionales a las cuales se destinan seiscientas horas. Ahí están las habilidades tecnológicas digitales, pero como referíamos anteriormente, si hay menos horas y colocamos un nuevo núcleo ‒que, en este caso, son seiscientas horas‒, eso implica restar cantidad de horas a otros núcleos formativos. Aquí queda claro que la cantidad de horas de donde se saca tiene que ver con lo didáctico-pedagógico y lo específico.

Entonces, hay un tema que hace referencia a los perfiles docentes que tampoco pasó por lo que es formación en educación. Está claro que para nosotros acreditar un título universitario no es lo mismo que formarnos universitariamente. El reclamo de los distintos colectivos docentes, tanto sindicales como ATD, ha sido siempre la Universidad de la Educación. Sabemos que ha estado dos veces en el Parlamento y no se ha aprobado, por distintos motivos, pero eso hace a una formación y a una cultura universitaria que la acreditación no tiene. 

Al mismo tiempo, ese mismo documento define un perfil docente de cantidad de docentes con determinadas características: 75 % egresados, de alguna forma porque tiene título de grado; no dice qué pasa con el otro 25 % que no tiene título de grado. Hoy en formación docente todos tenemos título de grado para ingresar. El 50 % magísteres, 20 % de doctores, 10 % de integrantes de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, en alguno de esos niveles. Ahora bien, para cubrir esto, también se deja entrever la posibilidad de contratación directa y la movilidad docente, lo que también implica un tema netamente laboral. 

Creemos que la salida por el lado del MEC y no por el Codicén y el CFE tiene que ver con que hay un conjunto de mecanismos de discusión y elaboración que no se realizan. Es bueno estar al tanto también –seguramente ustedes lo sepan mejor que nosotros– de que el propio Consejo de Formación en Educación en sus dos administraciones ‒la anterior, bajo el Gobierno del Frente Amplio, y la actual bajo el Gobierno del presidente Lacalle Pou‒ elaboró un proyecto de reforma del Plan 2008, que es el actual. Si la intención era tener características cercanas a la Universidad, resultaba necesario tener transversalidad, semestralización, creditización e, inclusive, hacer una reforma de la estructura de grado. Digo esto porque el propio documento del CFE lo menciona. Hay siete años de elaboración que hoy, por la vía de los hechos, quedan por el camino.

SEÑORA KLEIN.- Buenas tardes. Soy Cecilia Klein, secretaria general del Sindicato de Formación en Educación. 

Quiero empezar con uno de los temas que fueron planteados en diversos puntos, que tiene que ver con la fragmentación de la formación en educación por varios motivos. Tanto la LUC en el artículo 198 y el decreto que lo reglamenta como esta resolución plantean que la acreditación universitaria se haría por sede, por región o por carrera. Si bien el otro día en la Comisión de Educación  y Cultura de la Cámara de Representantes manejaron la posibilidad de que no fuera así, todos los documentos públicos establecen eso. 

¿Qué significa esto? Estamos hablando de que puede ocurrir que una carrera de Matemáticas tenga la posibilidad de acreditar el carácter universitario en Montevideo, pero no así en el interior. Esto va a generar distintos tipos de docentes y problemas sobre todo en el interior del país, donde estos porcentajes establecidos en cuanto a maestrías, doctorados y pertenecer a la ANII no se van a poder cumplir de la misma manera que en las zonas metropolitanas. 

A su vez, hay carreras que no están incluidas en esta resolución y eso también es grave, porque la idea es que todo el Consejo de Formación en Educación como tal tenga la posibilidad de acreditarlas si eso es lo que se pretende.

Sin embargo, es aún más grave el hecho de que esta fragmentación se va a dar a nivel individual. Lo que propone la resolución es que, una vez formado este estudiante en formación en educación, tenga que dar una prueba elaborada por la ANII, un órgano que está por fuera de la ANEP. Esta prueba va a ser de carácter general. Una vez que termina estos cuatro años, cada estudiante tiene que presentarse a una prueba que va a realizar la ANII y no queda claro de qué estilo es. Si ese egresado logra aprobarla, tendrá el carácter universitario; en caso contrario, no va a ser licenciado en Pedagogía, sino solo docente. Por lo tanto, vamos a tener docentes que en Montevideo tengan la posibilidad de acreditar, docentes que en el interior no tengan esa posibilidad, e incluso en Montevideo tendremos a aquellos que decidan darla y la aprueben, aquellos que decidan darla y no la aprueben y aquellos que decidan no darla y, por lo tanto, no sean universitarios. Quiere decir que la fragmentación se va a dar a todo nivel.

Por otra parte, hay algo que también es importante señalar porque no aparecía en el artículo 198 de la LUC; entendemos que es algo que hay que denunciar y no es casualidad que esta resolución salga el 28 de marzo. Me refiero a la inclusión de las instituciones privadas en la resolución. En el artículo 198 se establecía que esta posibilidad era para las instituciones públicas no universitarias; ahora en la resolución aparece la posibilidad para las instituciones privadas. Hay una desviación de dineros públicos a las instituciones privadas que ya tienen –por otras ordenanzas que datan de mucho tiempo– la posibilidad de acceder al carácter universitario. No es eso lo que se está buscando con las universidades privadas, sino otro tipo de cosas.

En ese sentido, vemos que, por el plan de movilidad de docentes y también a través de la contratación de expertos para lo que el MEC ya dice tener los fondos, se puede desviar a estas universidades para apoyarlas en ese camino. A su vez, esto también permite acceder a las becas que están establecidas en el artículo 171 de la LUC, es decir aquellas que se ofrecen por fuera de las que ya ofrece formación en educación. Acá no estamos potenciando las becas ya existentes, sino creando una nueva para que estos estudiantes puedan elegir el lugar donde cursar su carrera. Entendemos que esto es importante, es peligroso en ese sentido y, además, estamos viendo que no se pone el foco en cuestiones que tienen que ver con el presupuesto y que deberían mejorarse, como por ejemplo que los estudiantes del interior puedan acceder a mayor cantidad de becas. A su vez, en lo que tiene que ver con la formación de los docentes, si lo que estamos buscando es alcanzar los porcentajes mencionados, deberían brindarse recursos para que haya más doctorados y magísteres dentro de la formación en educación y no hacer el camino opuesto.

Por último, queremos plantear otra situación que se está dando en el Consejo de Formación en Educación, que tiene que ver con situaciones varias, pero relacionadas con esta cuestión. Se trata del desmantelamiento de la estructura académica dentro de la formación en educación, ya que dejaron de existir los coordinadores como tales. También vemos ciertos problemas que han surgido con el presidente del Consejo de Formación en Educación, como lo que sucedió en Maldonado, que es de público conocimiento. Entendemos que también es importante señalar esto y tenerlo presente en este momento.

SEÑORA PRESIDENTE.- Quiero informar –como hicimos con la delegación de los consejeros, que vinieron antes que ustedes– que citamos, probablemente para el 6 de junio, al ministro y, además, acabamos de resolver citar también al Consejo Directivo Central de la ANEP y estamos en la coordinación de fechas. Se los trasmito simplemente para que manejen esa información. Esa fue una resolución de esta comisión.

                Además, les comento que la versión taquigráfica de todo lo que se acaba de expresar será enviada al ministerio y al Codicén de la ANEP, así cuando ellos asistan a la comisión ya estarán en conocimiento de la posición que ustedes expusieron.

                Muchas gracias por su presencia.

                Se levanta la sesión.

(Son las 13:43).