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SEÑORA SECRETARIA.- Está abierto el acto.
(Es la hora 12 y 35 minutos)
-Corresponde elegir Presidente y Vicepresidente de la Comisión.
SEÑORA SECRETARIA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
(Se vota:)
-Afirmativa. UNANIMIDAD.
(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Percovich)
SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.
(Es la hora12 y 35 minutos)
-La Comisión Especial sobre Lavado de Activos y Crimen Organizado tiene el agrado de recibir a la delegación de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay ‑integrada por su Presidente, el Contador Daniel Carriquiry, y por el Secretario, señor Andrés Nemer- que había solicitado ser recibida con motivo del tratamiento del proyecto de ley que tenemos a estudio. La iniciativa fue enviada este año por el Poder Ejecutivo, pero ya la veníamos tratando y discutiendo desde el año pasado, cuando se creó esta Comisión, precisamente, con este objetivo.
Les damos entonces la palabra, agradeciéndoles su comparecencia ante la Comisión.
SEÑOR CARRIQUIRY.- Como señaló la señora Presidenta, mi nombre es Daniel Carriquiry y soy el Presidente de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay. En primer lugar, queremos agradecer a la Comisión la oportunidad que nos brinda de compartir con los señores Senadores la opinión y las sugerencias que nos merece este tema vinculado a las zonas francas del Uruguay que se ha incorporado al texto del proyecto de ley a estudio.
En primera instancia, me gustaría realizar una breve presentación de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, para luego pasar al tema que nos preocupa. La Cámara de Zonas Francas del Uruguay fue fundada el 2 de setiembre de 2008 -es muy novel y reciente- como una asociación sin fines de lucro que tiene como objetivos el desarrollo, la promoción, la defensa y el mejoramiento del instituto de las zonas francas en el Uruguay. La integran tanto los desarrolladores y explotadores de zonas francas, como sus usuarios directos e indirectos. Esto es bastante novedoso ya que, en principio, se podría pensar en la existencia de una suerte de competencia o contradicción entre los intereses de explotadores y usuarios, pero en realidad, fue una decisión muy madura ya que, en definitiva, lo que se procura es aunar esfuerzos en defensa del instituto de zonas francas. En consecuencia, los problemas internos entre explotadores y usuarios no son tratados en la Cámara, y así se establece expresamente en los propios estatutos, donde figura la imposibilidad de hacerlo.
Hasta la fecha de la constitución de esta Cámara, tanto explotadores como usuarios han realizado esfuerzos aislados a los efectos de plantear a las autoridades nacionales a cargo del desarrollo de las zonas francas, sus necesidades, problemas y sugerencias con el fin de mejorar el régimen. A partir de la formación de esta Cámara, estamos trabajando corporativamente y con fuerza para contactarnos con las autoridades de Gobierno y manifestarles nuestras inquietudes y sugerencias para mejorar el instituto de zonas francas. En ese sentido, debemos decir que hemos sido muy bien recibidos por las autoridades nacionales, tanto por el Director General de Comercio, Economista Fernando Antía, como por el Director Nacional de Aduanas, señor Ricardo Prato y por el Contador Nelson Hernández, en nombre de la Dirección General Impositiva. Incluso, hace unas semanas tuvimos un desayuno de trabajo muy interesante, promovido por el señor Ministro de Economía y Finanzas, Contador Álvaro García, a los efectos de dar a conocer la visión del Ministerio con referencia a las zonas francas y su futuro en el Uruguay.
Nuestra intención es plantear los temas vinculados con la normativa correspondiente y con la redacción de este proyecto de ley, a los efectos de ayudar a los distintos organismos a comprender nuestras inquietudes y poder resolver así problemas que, en definitiva, traban el desarrollo de las zonas francas que hoy, como todos saben, tienen gran relevancia debido a su importante participación en el Producto Bruto Interno del Uruguay. Estamos hablando de que en el año 2007 la participación fue de 3,5%, sin considerar la producción de Botnia, y se estima que en el año 2008 podría andar en el entorno de 4% o 4,5%.
Por lo tanto, tenemos un proyecto de zonas francas que está basado en una ley que le da seguridad al inversor, así como a los operadores y usuarios; me refiero a la Ley Nº 15.921. Inclusive, el Estado garantiza con daños y perjuicios los beneficios otorgados en la ley en caso de ser modificados a futuro. Uruguay no tiene tradición en cuanto a la modificación de las normativas, y eso es una gran ventaja frente a otras opciones regionales de zonas francas.
Hemos solicitado esta reunión con esta Comisión del Senado a los efectos de poder conversar con sus integrantes sobre nuestras inquietudes -como decíamos al inicio- y acercar algunas sugerencias a este respecto.
La inquietud surge porque en el proyecto de ley sobre lavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo se incluye a los explotadores de zonas francas como sujetos a la obligación establecida en el artículo 1º. Allí se obliga a informar a las personas físicas y jurídicas sobre las transacciones, realizadas o no, que a los usos y costumbres de las respectivas actividades resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada.
Asimismo, por esa obligación que se impone, deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a los efectos de prevenir el delito de lavado de dinero y, a su vez, el de financiamiento del terrorismo.
La Cámara de Zonas Francas entiende que el combate del lavado de dinero y del terrorismo es una prioridad para el país y para sus asociados. No estamos en contra de participar en el control de las actividades; todo lo contrario, nos unimos a los esfuerzos para ello. En tal sentido, comprendemos las razones de la política de Estado que han llevado a incluir, frente al lavado de activos, a los explotadores de zonas francas como sujetos obligados en el proyecto de ley a consideración del Parlamento. Lo entendemos y lo compartimos; sin embargo, pensamos que es necesario distinguir, en las actividades que puedan estar bajo nuestro control, situaciones en las que se pueden detectar actividades inusuales o sospechosas, de aquellas que ya se encuentran controladas por otros organismos del Estado. Esto parece sutil, pero es la realidad.
Asimismo, existen casos como la logística, la industria, la informática, la biotecnología o los servicios de telecomunicaciones que, a nivel mundial, claramente no se han incluido como actividades de riesgo para el lavado de dinero, y ellas también se realizan dentro de las zonas francas. En tal sentido, entendemos que deben quedar fuera de la obligación mencionada respecto a los explotadores de zonas francas o a los usuarios directos.
Por otra parte, en zonas francas se encuentran trabajando una serie de usuarios que, por su actividad financiera o similar, ya están controlados por el Banco Central del Uruguay. En estos casos proponemos que la obligación de los explotadores se limite a notificar al Banco Central del Uruguay cuando se ha firmado un contrato de usuario con algún sujeto regulado por esa institución. Es decir que daríamos información inicial de una transacción, de un contrato, al Banco Central porque, específicamente, este tipo de actividades deben ser controladas -y lo son- por esa institución. La duplicación de controles sería un esfuerzo inútil porque, como dije antes, el contralor lo realiza el Banco Central que, a diferencia de los explotadores, es especialista en este tipo de actividades. Parece, sí, razonable -siempre en el sentido de colaborar con el Estado uruguayo- segmentar las actividades que deben ser controladas por los explotadores que se encuentran bajo el riesgo de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo.
En síntesis, proponemos una segmentación de actividades, que se podrían clasificar de la siguiente manera.
Empresas o actividades que se propone queden sujetas a notificación al Banco del Central del Uruguay, es decir, que están controladas por este Banco: instituciones que se enmarcan en el sistema de intermediación financiera; entidades de crédito o de cambio; empresas de seguro y reaseguros; intermediarios de valores y entidades de custodia o de compensación y de liquidación de valores; administradoras de fondos de inversión; fiduciarios profesionales, fondos de inversión y fideicomisos financieros de oferta pública.
Asimismo, se incluyen las actividades de quienes realicen colocaciones e inversiones financieras con recursos propios o que reciban financiamiento a través de instituciones de intermediación financiera, así como quienes se limiten a asesorar o a aproximar a las partes del negocio de carácter financiero, sin asumir obligación o riesgo alguno.
Todas estas actividades, que se realizan también en muchas zonas francas, están controladas por el Banco Central del Uruguay. El compromiso de los explotadores sería aportar al Banco información inmediata y previa sobre los contratos que se están firmando con entidades que van a operar en las actividades mencionadas, así como sobre las que presten servicios de transferencia de fondos, o quienes se encuentren incluidos en el artículo 20 de la Ley Nº 7.835, o que presten servicios auxiliares para el sistema financiero, tales como auditorías externas, calificadoras de riesgo y procesadoras de datos.
Todas estas entidades y actividades serían controladas. Por su parte, los explotadores colaborarían inmediatamente con el Banco Central, informando de todas aquellas empresas que quieren operar en estas actividades, las que, cabe aclarar, de todos modos, sin la autorización del Banco no pueden funcionar, pues la Dirección General de Comercio Área Zona Franca tampoco aprobaría el contrato. Igualmente, aquí habría una doble información, y en forma anticipada, para el Banco Central.
Las actividades que, según nuestra propuesta, quedarían fuera de la obligación legal, son aquellas que a nivel mundial son consideradas como de muy bajo riesgo o riesgo nulo para el tratamiento de lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Concretamente, se trata de los servicios de logística, “call centers”, informática, biotecnología, industrias y servicios de telecomunicaciones.
Actualmente, hay una serie de actividades que no son controladas por el Banco Central que, en nuestra opinión, podrían ser valoradas como de riesgo. Entre ellas, podemos mencionar las relativas a usuarios que brinden servicios profesionales, servicios fiduciarios; asimismo, las de personas físicas o jurídicas que, a nombre y por cuenta de terceros, realicen transacciones financieras o administren en forma habitual sociedades comerciales cuando éstas no formen un consorcio o grupo económico.
Queremos manifestar claramente que, a nuestro entender, estas actividades sí deberían ser controladas en el caso de que se desarrollaran en la zona franca, y los explotadores estarían dispuestos a coordinar con las autoridades a cargo del control del lavado de dinero, los medios por los que se debería informar a los efectos de que se analice que estas actividades no se enmarquen dentro de las consideradas de riesgo, que son las que se quiere combatir.
Entendemos que la propuesta que realizamos cumple plenamente con el objetivo del proyecto de ley relativo al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, ya que al segmentar las actividades, se refuerzan los controles correspondientes, evitando al mismo tiempo el doble control en toda la actividad.
Se excluyen actividades que no son de riesgo en cuanto el lavado de activos a nivel mundial y se toma la obligación de controlar aquellas que sí pueden significar una vía para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y que hoy no se encuentran controladas por el Banco Central.
En nuestra propuesta queda bien claro que no nos oponemos a participar del control de actividades que puedan vincularse con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, contrariamente a lo que se ha manifestado en algún medio de prensa. Nosotros apoyamos la iniciativa y queremos participar de dicho control en forma eficiente y coordinada con los distintos organismos del Estado que actúen en el tema. Sin embargo, para el caso de los explotadores, creemos necesario que quede bien claro hasta dónde llegan nuestras obligaciones y responsabilidades a asumir. Esto es fundamental para no tener que afrontar un riesgo que no podemos evaluar, por no tener claro hasta dónde llegan nuestras responsabilidades y cómo coordinar con los organismos de control la información que deberíamos suministrar.
Por último, quiero expresar el compromiso de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay -en nombre de sus asociados, explotadores y usuarios- a colaborar en lo que sea necesario, tanto en las etapas de elaboración del texto legal como en la aplicación de la norma una vez aprobada. Esto es cuanto queríamos expresar en nombre de un organismo que pretende colaborar en el control de estos temas, que son muy importantes. Está claro que a ninguna zona franca del Uruguay puede interesarle que dentro de sus instalaciones y en algunas de las empresas que allí están trabajando, a nivel de servicios u operativos, se manifieste una contaminación por lavado de dinero, por tráfico de armas o por financiamiento al terrorismo. Para nosotros es fundamental la defensa de la zona franca, su imagen, y poder colaborar con los organismos de control, pero en temas que a los que podamos acceder con responsabilidad. También es importante que esta responsabilidad esté claramente delimitada y que podamos coordinar con los organismos qué tipo de información necesitan de nuestra parte.
SEÑOR MOREIRA.- He escuchado con atención la presentación que ha realizado la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, la que evidentemente cuenta con un elevado número de integrantes, ya que integra a explotadores y usuarios. Además, imagino que la propuesta de la Cámara cuenta con la aceptación de los usuarios que van a ser controlados, lo que siempre es muy bueno, dado que están manifestando buena disposición. Por mi parte, observo que en lo que tiene que ver con los Escribanos, el artículo 2º propone una especie de segmentación relativa a las operaciones que deben ser objeto de control y que están sujetas a las obligaciones de la ley. Debemos tener en cuenta que las zonas francas del Uruguay no son todas iguales, que hay una gran diversidad y que algunas tienen bancos profesionales y otras funcionan con otro tipo de usuarios. No obstante, me parece que la propuesta es interesante, ya que la ley también establece que los Escribanos tienen delimitadas las operaciones. Por lo tanto, este criterio podría ser de aplicación para las zonas francas.
SEÑOR CARRIQUIRY.- Si bien nosotros no lo manifestamos en este texto que ha escrito la Cámara, tomamos como modelo o ejemplo lo que determina la ley, en su artículo 2º, para los Escribanos. La segmentación nos pareció muy lógica y es aplicable también a las actividades que se desarrollan en las zonas francas.
Por otro lado, de acuerdo con lo conversado, hoy se está incorporando a la Cámara la zona franca de Río Negro y solo quedaría por incorporar la de Rivera. Es decir que, salvo esta, todas las zonas francas del Uruguay son miembros de la Cámara de Zonas Francas del Uruguay, por lo que tiene una representatividad de más del 90% de la actividad de zonas francas.
A su vez, de a poco vamos convenciendo a los usuarios -que son bastante más numerosos que los exportadores- para que integren la Cámara. Es más, ya se han incorporado operadores logísticos y usuarios profesionales que desarrollan actividad en zona franca, así como lo que tiene que ver con el software. En definitiva, tenemos esperanzas de formar en este año una Cámara con un alto porcentaje de usuarios directos.
Quiero aclarar que les dejamos una copia de este escrito que realizamos.
SEÑORA PRESIDENTA.- Me parece muy bueno, porque esto nos va a servir al momento de discutir los distintos artículos para ver las funciones o las actividades que ustedes sugieren que podrían ser segmentadas.
SEÑOR CARRIQUIRY.- Nosotros hicimos un esfuerzo importante y la Cámara resolvió contratar al doctor Leonardo Costa, que es experto en estos temas. Hoy no nos acompaña porque está en un congreso en Estados Unidos, justamente referido al tema, pero se ha puesto en contacto con el señor Gil a los efectos de ver si es viable llevar a cabo estas ideas de la Cámara en cuanto a la segmentación.
Estamos trabajando para llegar a una coordinación real entre todos los actores a los efectos de ver si estas aspiraciones y preocupaciones pueden ser plasmadas de modo similar a lo que sucedió con los Escribanos.
SEÑORA PRESIDENTA.- Agradecemos muchísimo el aporte brindado a la Comisión y seguramente les haremos alguna consulta.
SEÑOR CARRIQUIRY.- Estamos a las órdenes.
SEÑORA PRESIDENTA.- Se levanta la sesión.
(Así se hace. Es la hora 12 y 59 minutos).
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 Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. |