SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 45 horas)

Corresponde reiniciar el trabajo de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores para continuar el tratamiento de la Ley de Presupuesto Quinquenal del período 2005 - 2009 enviada por la Cámara de Representantes.

Es un agrado recibir a los señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia que vienen a exponer y a ser consultados sobre el Inciso que les compete.

Antes de cederles el uso de la palabra a nuestros invitados para que realicen la exposición inicial, quiero recordar a los miembros de las diferentes Bancadas que en el día de mañana, en horario matutino, recibimos a la Universidad de la República y en la tarde, en régimen de audiencia, a sectores gremiales. Justamente, mañana concurrirá el sector correspondiente al Poder Judicial. Por consiguiente, las Bancadas por lo menos tendrán que asegurar la presencia de un representante que asista a las audiencias, sin perjuicio de que podrán concurrir todos los señores Senadores que deseen hacerlo. Insisto en que para asegurar una presencia mínima, en el transcurso de la sesión de hoy las Bancadas de cada Partido deberán designar a un Senador para que junto con el Presidente de la Comisión puedan recibir a las delegaciones que concurran a las audiencias.

Tiene la palabra el señor Presidente Interino de la Suprema Corte de Justicia, doctor Roberto José Parga.

SEÑOR PARGA.- Señor Presidente: para realizar la exposición inicial, le cedería el uso de la palabra al doctor Van Rompaey.

SEÑOR VAN ROMPAEY.- Antes que nada quiero agradecer en nombre del Poder Judicial por habernos convocado para exponer ante esta Comisión y esperemos que a partir de la exposición que vamos a formular y el diálogo fecundo que podamos entablar, podamos dar solución a la situación realmente difícil por la que está pasando el Poder Judicial en estos momentos.

Podría comenzar desde ahora una larga exposición sobre los grandes valores y principios que destacan al Poder Judicial uruguayo y lo prestigian en el concierto internacional, constituyendo un legítimo orgullo para el país: independencia, imparcialidad, honestidad, e incorruptibilidad, transparencia, eficacia y facilidades de acceso a las personas de menores recursos.

También podría referirme in extenso a la incidencia de tales principios en la inversión y radicación de capitales en el país, tan necesaria para el desarrollo económico y productivo y mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Pero debo centrar mi exposición en la gravedad de la situación que a esta altura del trámite presupuestal, debe afrontar este Poder del Estado, cuyos integrantes, magistrados, técnicos y funcionarios sienten que han sido objeto de un tratamiento que no resulta, ni por asomo, acorde a la dignidad institucional del Poder Judicial y a su relevancia constitucional, como pilar del Estado de Derecho, de la institucionalidad democrática, y garante de los derechos fundamentales inherentes a la persona humana y a la forma republicana de Gobierno.

En la exposición de motivos del Mensaje presupuestal enviado por la Suprema Corte de Justicia se señalaba que desde la salida democrática de 1984-1985, el sistema político ha declarado sin fisuras su compromiso de incrementar la asignación presupuestal del Poder Judicial. Sin embargo, su participación en el Presupuesto Nacional ha ido decreciendo, llegando a su nivel más bajo de la historia en el Ejercicio 2000-2005, cuando se ejecutó un magro 1.18% con el que debió afrontar el impacto de loables reformas procesales que no fueron acompañadas por recursos humanos y materiales, poniendo en riesgo de colapso al sistema.

En esta nueva instancia parlamentaria ante la Cámara de Senadores no cabe sino seguir confiando en el compromiso de respeto a la autonomía financiera del Poder Judicial expresado por el señor Presidente de la República en oportunidad de asumir el 1º de marzo, aunque el mismo no se vea reflejado en el tratamiento dado por la Cámara de Representantes donde ni siquiera se ha planteado como objeción a recoger el objetivo de adecuación salarial, las limitaciones del Erario. En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia proyectó una partida por Incompatibilidad Absoluta -artículo 8 del Mensaje del Poder Judicial- redactada de manera que no hubiera posibilidad de "arrastre" ni "enganche" respecto de otros cargos de la Administración pública. La misma se fijó en un 40% al final del quinquenio como forma mesurada, razonable y prudente de atender al especialísimo estatuto que para los jueces de la República consagra el artículo 251 de la Constitución, que refiere a la inhibición del desempeño de cualquier otra función o tarea, incluso gratuita, excepto la docencia universitaria.

Va de suyo que la protección de los magistrados para ejercer con libertad y dignidad la jurisdicción no es su privilegio personal, sino que universalmente es vista como una garantía para todos los ciudadanos; de ahí que merezca protección legal, según el artículo 21 del Código General del Proceso.

La Cámara de Representantes aprobó dicha partida con un porcentaje sensiblemente inferior, el 20%, e incluyó como beneficiarios a fiscales y Ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrastivo. Algo similar ocurrió con la partida del 40% destinada a la reestructura de los demás escalafones -secretarios, actuarios, peritos, funcionarios- creada por el artículo 9 en el Mensaje de la Suprema Corte de Justicia: se bajó al 20%.

En ambos casos, la Cámara de Representantes ha optado por aprobar el Mensaje del Poder Ejecutivo, que asimismo excluye solamente al Poder Judicial de la recuperación salarial comprometida para todos los funcionarios públicos, incluso para aquellos funcionarios con menor responsabilidad pero que perciben salarios superiores al de los magistrados, y para aquellos otros cuya incompatibilidad ha sido recientemente contemplada mediante guarismos sensiblemente superiores a los que resultan del Mensaje de la Suprema Corte de Justicia.

Como los artículos del Mensaje del Poder Judicial incorporados a último momento en la Cámara de Representantes no tienen ningún costo, mal pueden señalarse como pretendida señal de reconocimiento a su independencia económica.

En materia salarial, parece no haberse percibido que el incremento concedido al Poder Judicial es, en los hechos, inexistente; la pérdida estimada para sus integrantes ha sido mayor que la del resto de los públicos, entre el 16% y el 18%, y prácticamente del mismo orden que el 20% pautado por el equipo económico. Entonces, para el Poder Judicial la pérdida en el quinquenio habría sido del 21,30%.

La preocupación frente a todo lo dicho se convierte en legítima molestia cuando se tiene presente que la explicada diferencia entre el 20% y el 40% se traduce, a lo largo del quinquenio, en sólo U$S 2:000.000 con respecto a las retribuciones de los magistrados, y en U$S 8:000.000 en relación a la totalidad de integrantes del Poder Judicial.

Para superar la diferencia bastaría con destinar una parte de los U$S 5:000.000 que anualmente recauda el Poder Judicial por timbre de las ejecuciones -que se vuelca integralmente a la Dirección General Impositiva- o con eliminar la exclusión del Poder judicial de la recuperación salarial -inciso 23- o hacerlo con respecto a todos los escalafones, salvo el de magistrados -escalafón I- y personal de particular confianza -escalafón Q- aprobando para estos la partida de Incompatibilidad Absoluta del 40% como está prevista en el Mensaje de la Suprema Corte de Justicia.

No parece razonable arriesgar que el sistema judicial entre en una crisis de magnitud y repercusiones insospechadas, cuando durante la negociación mantenida entre el Ministro de Economía y Finanzas y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo manifestó su voluntad de acordar un 33% -más un 7% en caso de incremento del PBI-; tampoco puede admitirse la posibilidad de que haya decidido rebajar su anterior propuesta inicial -25%- y se aumente sólo en un 0,01 la participación presupuestal del Poder Judicial, debido a que dicho acuerdo no se concretó, cualesquiera fueran los motivos o las responsabilidades en la frustración del mismo.

Desde otro enfoque, señalamos que de altas esferas de este Gobierno se afirmó categóricamente que "sin un presupuesto independiente para el Poder Judicial, la independencia de este Poder del Estado en Uruguay, es pura ilusión". Nosotros compartimos íntegralmente dicha tesitura, pero lamentablemente pensamos que este proyecto aprobado en la Cámara de Representantes no sólo no tiende a alcanzar este objetivo, sino que significa un claro retroceso. En efecto, el artículo 32 establece que cuando los recursos del Presupuesto Nacional fueran inferiores a los presupuestados, el Poder Ejecutivo podrá establecer límites de ejecución en el presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión, pero dejando fuera de los eventuales recortes, ajustes o restricciones -inciso 01- al Poder Legislativo.

El Poder Judicial no puede formular consideraciones críticas respecto de decisiones de política económica y fiscal que no ingresen en su competencia funcional, pero sí preguntarse las razones de un tratamiento discriminatorio o desigual respecto del Poder Legislativo, máxime si se tiene en cuenta que en el año 2004 el Poder Legislativo ejecutó el 1,5% del Presupuesto Nacional, mientras que el Poder Judicial lo hizo sólo en el porcentaje reducidísimo del 1,3%. Quiere decir que el Poder Legislativo gasta mucho más que el Poder Judicial y, sin embargo, el mismo queda exceptuado de todo tipo de restricción o limitación en materia de ejecución presupuestal. Entendemos que el Poder Judicial, en esta materia, tiene también el legítimo derecho de recibir igual tratamiento que el Poder Legislativo.

En otro orden de cosas, el proyecto del Poder Judicial hacía cesar la representación del Ministerio Público en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay -la Escuela Judicial- porque este organismo, que tanto prestigia por su nivel técnico y eficiencia al Poder Judicial uruguayo en el ámbito internacional, ya no capacita a Fiscales para su ingreso en el Ministerio Público. Se sustituye la integración del representante del Ministerio de Educación y Cultura -del que dependen jerárquicamente los fiscales- por los representantes de la Asociación de Magistrados del Uruguay, entidad gremial que en varios países -como por ejemplo, en Brasil- colabora en la capacitación inicial de los aspirantes a ingresar a la carrera judicial.

El artículo 379 del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes mantiene en la Comisión del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay a un representante del Ministerio de Educación y Cultura, pese a haber desaparecido las razones que en su momento justificaran su integración en la Dirección de dicho Centro. Por su parte, el Poder Judicial ni siquiera ha sido informado o consultado respecto de los motivos que justifican la permanencia del Ministerio de Educación y Cultura en la Directiva de la Escuela Judicial, institución docente que, según la mejor doctrina y las experiencias de Derecho Comparado, debe integrarse al Poder Judicial y ser dirigida por Jueces, por lo que -y a esta altura del trámite presupuestal- estamos inhibidos de formular un juicio crítico a este respecto, cuando razonablemente deberíamos estar en conocimiento de los fundamentos de esta modificación de integración, tan trascendente, con la suficiente antelación como para pronunciarnos en este momento.

Queremos expresar con particular énfasis que de mantenerse el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, el Poder Judicial se haya ante el riesgo grave e inminente de una crisis institucional sin precedentes históricos y de consecuencias imprevisibles. Planteamos la gravedad del problema y realizamos el siguiente aporte con la profunda convicción de que serán atendidas, en esta instancia presupuestal, las soluciones inmediatas al conflicto en ciernes. Entre ellas, por su claridad, sencillez y fácil aplicación, podríamos optar por la eliminación de la exclusión del Poder Judicial de la recuperación salarial para todos los funcionarios públicos, prevista en el artículo 466 de la iniciativa, excepción que consideramos eminentemente injusta y discriminatoria.

Si el señor Presidente de la Comisión me lo permite, cedería la palabra al Director General de Servicios Administrativos, doctor Helios Méndez Areco y a la directora de la División de Planeamiento y Presupuesto, contadora Luz Gonnet, quienes van a efectuar comentarios respecto de algunas normas incluidas en el proyecto de ley de Presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes,

SEÑOR MENDEZ ARECO.- Vamos a tratar de dividir los temas con la contadora Gonnet para que resulten claros y ocupar el menor tiempo posible de la Comisión.

En primer lugar, quiero realizar una breve referencia a algunos de los artículos que venían en el Mensaje del Poder Juducial y que, en algunos casos, han sido recogidos parcialmente por la Cámara de Representantes y, en otros, no han sido considerados positivamente para su inclusión.

El artículo 3º del proyecto de ley de Presupuesto remitido por el Poder Judicial, corresponde al artículo 366 del articulado de la Cámara de Representantes. Suponemos que por un error involuntario aquí se elimina la condición de régimen de dedicación total que tiene uno de los Secretarios Administrativos de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia. En la iniciativa original lo que se pretendía era que el segundo secretario tuviera el mismo régimen.

Luego, en las conversaciones que mantuvimos durante la negociación previa con las autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y en aras de que se nos planteaba que, en la medida de lo posible, no se incorporaran artículos que tuvieran costo, se llegó a un acuerdo -en esa demostración que, una vez más, hacía el Poder Judicial de procurar facilitar al Gobierno, y al equipo económico en particular, el aprobar el proyecto de presupuesto que remitía- y se aceptó no incorporar a ese segundo secretario. Pero estimo que, por equivocación, lo que se hizo fue no sólo no incorporar al segundo secretario, sino eliminar del régimen de dedicación total a quien hoy goza de él. Entonces, se trata solamente de subsanar un error, manteniendo la retribución en régimen de dedicación total a ese secretario, lo que, obviamente, no implica un gasto porque hoy ya se paga esa retribución. Si bien este puede parecer un aspecto menor dentro de lo que es el proyecto de ley de presupuesto, hay que salvar un error que implicaría una clara rebaja salarial a un funcionario que hoy está dentro de un régimen especial de retribución.

SEÑOR RUBIO.- Quisiera saber si se trata de los secretarios adscriptos a la Secretaría de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia con un límite de hasta dos cargos, que incluye la propuesta del Poder Judicial, pero luego no aparece.

SEÑOR MENDEZ ARECO.- Efectivamente, así es. Es más, creo que la intervención del señor Senador Rubio nos sitúa perfectamente en el tema. Con la expresión "hasta dos" se pretendía incorporar el segundo secretario. Si se quiere mantener la redacción, debería ponerse "hasta uno", con lo cual no estaríamos incorporando a nadie, sino simplemente manteniendo a quien hoy tiene ese régimen.

SEÑOR BARÁIBAR.- Para irnos entendiendo bien en los aspectos formales, quisiera saber cuál es el artículo referido a los secretarios.

SEÑOR MENDEZ ARECO.- Es el artículo 366 del proyecto de la Cámara de Representantes, correspondiente al 3º del Poder Judicial.

Con relación al artículo 7º del proyecto del Poder Judicial, que no fue incorporado por la Cámara de Representantes, en la Comisión respectiva de dicha Cámara hicimos hincapié en que este artículo no pretende incorporar ningún gasto, y digo esto, con cierta reserva en el siguiente sentido. Hasta hoy el Poder Judicial, dada la forma en que se consagró el derecho a la cobertura de la cuota mutual de sus funcionarios, tiene una fuente de financiación constituida por una tasa que se cobra al expedir los certificados de registro de testamentos y las legalizaciones, pero la recaudación de esa tasa no alcanza a cubrir el costo total de la cuota mutual de los funcionarios. En consecuencia, ese plus se ha venido cubriendo con recursos propios del Poder Judicial. Naturalmente, hemos advertido que esos recursos son finitos; entonces, en el marco de las negociaciones y demostrando, una vez más, la voluntad del Poder Judicial de colaborar con el Ejecutivo -siempre en aras de llegar a un proyecto de consenso- optamos por hacer un último esfuerzo y hacernos cargo con recursos propios, durante el año 2006, de ese plus entre lo que se recauda por la tasa y el monto total que se abona por concepto de cuota mutual. Y también advertimos -porque es nuestro deber hacerlo, dado que hay una ley que impone el pago de este beneficio a los funcionarios- que para el año 2007 no habrá recursos para cubrir esa diferencia. Entonces, estamos pidiendo que Rentas Generales complemente aquello que la tasa no recaude, a los efectos de que no caiga el beneficio.

En consecuencia, solicitamos una vez más, en este caso, ante la Comisión del Senado, que se incorpore esa disposición proyectada por el Poder Judicial. Reitero que me estoy refiriendo al artículo 7º del Poder Judicial, que no fue recogido por la Cámara de Representantes.

A continuación quisiera ceder el uso de la palabra a la contadora Gonnet, a los efectos de que plantee algunos aspectos relativos a las inversiones y los gastos de funcionamiento.

SEÑORA GONNET.- Con respecto a los gastos de funcionamiento, deseamos hacer hincapié en que los montos asignados en los anexos y en el articulado aprobado por la Cámara de Representantes son inferiores a los que solicitó el Poder Judicial que ya eran bastante austeros. Se asignó un 8% anual acumulativo en los tres primeros años y un 10% en el 2009, año en el que se llegaría a un monto superior al solicitado por el Poder Judicial en su proyecto. Pero, en los primeros años, este Poder pedía un promedio de un 26% más para su presupuesto y eso se funda en el hecho de que se está tratando de computarizar todas las oficinas que aún no cuentan con el sistema. También se está llevando a cabo el programa de fortalecimiento, que implica el desarrollo de un nuevo sistema de gestión aplicable a todos los tribunales del país. La inserción de toda esa inversión en el Poder Judicial implica un incremento de los gastos de funcionamiento. Ese es el fundamento del incremento pedido por el Poder Judicial y que no ha sido contemplado en los tres primeros años.

SEÑOR AGUIRRE.- Me interesa comparar la disposición proyectada por el Poder Judicial con la que aprobó la Cámara de Representantes. Si no comprendí mal, la aprobada por dicha Cámara lleva el número 362. ¿Es así?

SEÑORA GONNET.- Así es, señor Senador.

SEÑOR AGUIRRE.- ¿Cuál era la disposición proyectada por la Suprema Corte de Justicia?

SEÑORA GONNET.- Esto se detallaba en el artículo 25 del proyecto del Poder Judicial.

SEÑOR AGUIRRE.- ¿Cuál era el total en el año 2006?

SEÑORA GONNET.- Para el 2006, el Poder Judicial solicitaba una financiación de Rentas Generales de un total de $ 222:083.000. Eso incluye todas las partidas de arrendamientos, suministros y algunas partidas académicas que se abonan a los funcionarios.

SEÑOR AGUIRRE.- El artículo 25 hace referencia a $ 216:000.000.

SEÑORA GONNET.- La cifra que le estoy dando corresponde al monto total ya que además del artículo 25 hay otro que agrega algunas partidas de funcionamiento que también forman parte del articulado.

Lo que dice el señor Senador es correcto; en el artículo 25 se establecen $ 216:374.000, pero la cifra total es de $ 222:083.000, porque se incorporan otras partidas que están pedidas en el articulado y que no fueron contempladas.

SEÑOR AGUIRRE.- Lo que me llama la atención es que las cifras que están establecidas en el artículo 362 del proyecto de ley, que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, son enormemente inferiores y la diferencia es gigantesca. ¿Cuál es la explicación?

SEÑORA GONNET.- La explicación es que lo que está incluido en el artículo 362 son montos adicionales a los que están en los anexos, donde se establecen los montos que se asignaron al Poder Judicial como topes en los sistemas de presupuestación. Estas partidas son las que adiciona el Poder Ejecutivo y representan el 8% anual acumulativo y un 10% en el último año.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Cuál es la diferencia?

SEÑORA GONNET.- La diferencia es que el Poder Judicial pide un 26% promedio anual sobre lo que tenemos actualmente y el Poder Ejecutivo nos otorga un 8% en el primer año, en el segundo un 8% acumulativo sobre el primero y así sucesivamente hasta el último año en que se otorga un 10%.

En el último año llegamos a tener una asignación que inclusive supera la que pidió el Poder Judicial; el problema está en los primeros años.

SEÑOR MICHELINI.- Nos resultaría útil tener las partidas de Anexos -si es que cuentan con ellas- para sumarlas y ver cuál es la diferencia en términos reales, en pesos, al cabo de cada año.

SEÑORA GONNET.- En este momento tengo solamente las partidas desglosadas que presentó el Poder Judicial.

SEÑOR MICHELINI.- Les pedimos que las acerquen en otro momento.

SEÑORA GONNET.- La delegación de la Contaduría General tiene esa información.

SEÑOR AGUIRRE.- No es desatinado lo que propone el señor Senador Michelini para conocer concretamente cuál es la diferencia, es decir, qué consecuencia tendría votar lo que propone el Poder Judicial o, por lo menos, una fórmula intermedia. Sin embargo, queda en claro que en los primeros años es muy grande, sobre todo en el primero.

Si no entendí mal lo que señaló la contadora Gonnet, el Poder Judicial pide un aumento de los Gastos de Funcionamiento del 26% desde el primer año. Esto indica que en el primer año hay una diferencia del 18%, en el segundo es del 8%, o sea menor, y luego se va cerrando la brecha hasta que en 2009 se pasa algo por encima de lo que pide el Poder Judicial.

Más allá de la preocupación que todos tenemos porque cierren las cuentas del Estado y de no incrementar gastos que generan déficit fiscal, hay que tener en cuenta también cuál es la situación de funcionamiento del Poder Judicial. Quienes somos abogados y aún no hemos desertado del ejercicio de la profesión porque esa es nuestra ocupación permanente y no la de Senador, que estamos ocupando como suplentes en forma casi relampagueante, sabemos bien que hay carencias de todo tipo: en muchas oficinas el equipamiento es obsoleto para la tecnología actual, hay falta de papel hasta para fotocopiar una sentencia y dársela al litigante o a su patrocinante cuando se retira de una audiencia, y así podríamos enumerar muchas más. El Poder Judicial siempre tuvo carencias materiales, pero cada vez las tiene más. Si la Suprema Corte de Justicia hace sus reclamos no es por capricho o por tirar manteca al techo, sino por prestar sus servicios con un mínimo de eficiencia. Me consta que los funcionarios se afanan y se desviven -pese a ganar modestos salarios- por atender correctamente a los litigantes y, sobre todo, a los letrados que son sus visitantes a veces cotidianos en las distintas oficinas de los Juzgados. Realmente da pena y es casi una vergüenza que no haya papel para dar la copia de una sentencia, que cuando hay que hacer fotocopias el letrado o la parte tenga que salir con un gigantesco expediente para realizarlas en la esquina, entre otras muchas cosas de este carácter que no quiero enumerar para no cansar a los integrantes de la Comisión ni a los visitantes que las conocen tan bien como yo o mejor aun, que las han padecido durante años. Y esa situación no se ha revertido.

Muchas gracias.

SEÑOR MENDEZ ARECO.- La contadora Gonnet va a avanzar ahora -sin perjuicio del tema Gastos de Funcionamiento- en lo que hace a Inversiones.

Previamente, quiero señalar un aspecto que es más de política institucional, de manejo de la institución, porque a mí me toca gerenciarla desde el cargo que detento.

Con respecto a lo que manifestaba el señor Senador Aguirre y a las dificultades que dice la contadora que vamos a tener en materia de inversiones en el año 2007, me interesa destacar un aspecto que nos es primordial.

La Suprema Corte de Justicia, a pedido del equipo económico, señaló -en el marco de la enorme cantidad de necesidades que el Poder Judicial tiene- algunas pocas prioridades que se consideraron de vida o muerte, a la luz de la situación difícil por la que sabíamos iba a transitar este Presupuesto.

Entre dos de los proyectos prioritarios que señaló -sin perjuicio de los aspectos salariales que, entre otros, en su presentación señaló el doctor Van Rompaey- se marcó la culminación del edificio ex Onda donde, aparentemente, no habría mayores inconvenientes. También se señaló otro proyecto absolutamente prioritario que es la renovación de los equipos informáticos de aquellas oficinas que están informatizadas que, por cierto, no lo son todas. Aunque parezca un contrasentido, tenemos que renovar equipos, donde hay, porque donde no los hay, podrán seguir funcionando con la vieja ficha y el papel -que todos conocemos- pero, donde hay computadoras, el sistema de gestión corre y no se puede dejar que caiga. Entonces, si no renovamos esos equipos -que no lo vamos a poder hacer con los recursos que para inversión se prevén en el Presupuesto para el año 2007- se corre el riesgo de que colapsen pero, simplemente, por una cuestión de sentido común, ya que cuando esas computadoras dejen de funcionar el Juzgado deberá cerrar sus puertas. No hay forma alguna de volver rápidamente al papel, se podrá hacer con mucho tiempo, pero con un destrozo total de lo que es la Administración de Justicia.

SEÑORA GONNET.- Sin perjuicio de que se están viendo las cifras lo único que quería agregar en funcionamiento es que en el total del quinquenio la diferencia entre lo asignado por el Poder Ejecutivo y lo solicitado por el Poder Judicial son $ 45:000.000.

En lo que respecta a las inversiones -como decía el doctor Méndez Areco- el problema crítico lo tenemos en el año 2007 ya que, en el 2006 la asignación que hace el Poder Ejecutivo es prácticamente similar a la solicitada por el Poder Judicial.

En el año 2007 hay un fuerte componente de endeudamiento externo por el programa de fortalecimiento y, la asignación en el endeudamiento externo es la que pidió el Poder Judicial. En Rentas Generales la asignación es menor, incluso, a la que tenemos en el año 2005. Ello hace que la contrapartida que absorbe el programa -que también está en endeudamiento- se lleve esa partida de inversiones y nos deje sin posibilidad de continuar estos proyectos de informatización del Poder Judicial, así como también el otro proyecto importante que tiene este Poder que es el de la finalización de la obra ex Onda. Esto ha sido planteado a nivel de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Poder Ejecutivo y se han manejado soluciones para la Rendición de Cuentas pero no para esta Ley.

En los años 2008 y 2009 los montos también son algo inferiores, pero nos permitirían continuar con esos dos proyectos mencionados.

SEÑOR COURIEL.- Simplemente quiero hacer una aclaración.

Los montos de inversión para el edificio de Onda están contemplados; no lo están los montos de inversión para informática. Los montos de inversión para informática no vienen financiados desde el exterior, sino que son financiados por Rentas Generales y nada tienen que ver con el endeudamiento externo, con financiamiento externo sino que, simplemente, no han sido otorgados ni por el Poder Ejecutivo ni por la Cámara de Representantes.

SEÑOR MENDEZ DE ARECO.- Respondiendo a lo que manifestó el señor Senador Couriel, quiero decir que tenemos dos fuentes de financiación en relación con los equipos informáticos pero, quien habla, se refirió a la que depende de los recursos de Rentas Generales que es la renovación de los equipos. En lo que respecta al resto, el programa de fortalecimiento ha llevado adelante una negociación con el BID que, hasta lo que yo conozco, ha prosperado, en el sentido de que las economías que se generaron por una muy buena gestión de los proyectos I y II -que tienen que ver con el ámbito administrativo del Poder Judicial y que se ejecutaron con menor dinero del previsto para hacerlo- se permita volcarlas al proyecto III, que es el de mayor peso, porque va a lo sustantivo del Poder Judicial y tiene que ver, entre otras cosas, con el sistema de gestión de este Poder. Esa negociación permitirá que aquellos recursos no utilizados puedan ser volcados a la compra de equipos -originariamente, el contrato de préstamo con el BID, no lo permitía- y, de esa forma, completaríamos -esta es nuestra aspiración- el cien por ciento de la informatización del Poder Judicial.

Nosotros, con los recursos que solicitamos, desde Rentas Generales, renovaríamos los equipos obsoletos y, desde el proyecto de fortalecimiento del Poder Judicial, compraríamos equipos para informatizar las oficinas que hoy no cuentan con ellos.

SEÑOR ALFIE.- ¿Cuál es el importe que ustedes tienen planificado dedicar para todo lo que no sea la contrapartida del préstamo internacional? ¿La contrapartida es del 30%?

SEÑORA GONNET.- La contrapartida es globalmente del 30% al final.

SEÑOR ALFIE.- Quisiera saber cuál es el importe, porque si todo se dedica a ello, en realidad, todo lo otro es lo que al final se va a hacer y lo demás quedará para atrás. Entonces, estamos multiplicando por más de dos el corte de las inversiones. Eso está muy claro.

SEÑORA GONNET.- En el año 2007 el monto de la contrapartida es de $ 46:200.000 aproximadamente. El monto de inversiones que está solicitando el Poder Judicial es de $ 105:000.000, de los cuales prácticamente $ 20:000.000 son contrapartida. Lo que se nos está otorgando para el 2007 en Rentas es de $ 23:000.000. Como ven el margen que nos queda después de la contrapartida son $ 2:000.000. Eso paralizaría, por ejemplo, la obra de O.N.D.A. y no nos permitiría renovar nada del equipamiento, además de no comprar fax ni fotocopiadora ni nada de lo que sean inversiones. El problema crítico lo tenemos ese año.

En cuanto al tema inversiones, lo único que puedo agregar es que al cabo de los cuatro años la diferencia entre lo presupuestado por el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo son $ 130:000.000. Había $ 45:000.000 en gastos de funcionamiento y ahora se suman $ 130:000.000 de menos en inversiones que se suman.

Por otra parte, el artículo 30 del proyecto del Poder Judicial, recogido en el artículo 373 de la Cámara de Representantes, se refiere a la recaudación de un servicio de capacitación y cooperación que va a brindar el Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial. En la redacción dada en la Cámara de Representantes quedó afuera la parte final en la que se dice el destino.

El artículo 373 de la Cámara de Representantes dice: "El Poder Judicial podrá brindar servicios de capacitación y servicios de cooperación a través del Centro de Estudios Judiciales. Los recursos que perciba constituirán Recursos de Afectación Especial". En la redacción dada por el Poder Judicial se decía: "Los recursos que perciba por dicha actividad constituirán fondos con afectación especial según lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996. Su producido será destinado a financiar los gastos de funcionamiento e inversiones de dicho Centro de Estudios". Esta última parte es muy importante, porque nos aseguraría que esa recaudación se destine específicamente a ese fin, que es lo que desea la Suprema Corte.

Se hace mención al artículo 493, porque esa disposición es la que nos permite la disponibilidad del 100% de los fondos de libre disponibilidad del Poder Judicial. Queremos asegurarnos que esta recaudación que va a tener el Centro de Estudios Judiciales se destine específicamente al Poder Judicial y a sus gastos de funcionamiento

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa se va a permitir plantear una pregunta por una confusión que tiene. Se han manejado distintas cifras, pero hay una que me interesa particularmente. ¿Cuál es la diferencia total entre el presupuesto presentado por el Poder Judicial y el aprobado por la Cámara de Representantes?

SEÑORA GONNET.- Por todas las financiaciones, incluido el endeudamiento externo, es de 433: 854.000.

SEÑOR RUBIO.- He escuchado con mucha atención la exposición del Poder Judicial; no creo decir ninguna cosa novedosa al expresar que a nuestra Bancada le preocupa la carencia de recursos del Poder Judicial.

Entendemos que, de acuerdo con lo que informó en la mañana de hoy el equipo económico, en algunos aspectos hubo mejoras en la Cámara de Representantes -incluso se dio alguna cifra al respecto- pero necesitamos juntarnos con todos los números para poder analizar esto con mayor detenimiento.

Sin perjuicio de esto, es claro que en materia de recuperación e incrementos salariales -y también en otros aspectos- hay una distancia importante. Sin embargo, fundamentalmente en lo que tiene que ver, precisamente, con los aspectos salariales, nosotros compartimos el punto de vista de que hay que hacer un esfuerzo por aproximar cifras y recursos, aunque pensamos que hubiera sido preferible que se hallara antes un camino de encuentro con el Ministerio de Economía y Finanzas. Haremos las consultas con el señor Ministro de Economía y Finanzas cuando retorne al país, así con el equipo económico, y vamos a deliberar en nuestra Bancada a este respecto. Diría que este es un sentimiento y un punto de vista compartidos y, en la medida en que maduren, elaboraremos alguna propuesta que permita mejorar esta situación.

De cualquier manera, personalmente me parece que lo más conveniente no estaría por el lado de incluir esto en el artículo 416. Se pueden utilizar otros caminos y, además, en este caso tenemos la ventaja de que no se requiere un Mensaje Complementario porque esto lo habilita el propio Mensaje del Poder Judicial.

Es todo lo que quería expresar, señor Presidente.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en la misma óptica del señor Senador Rubio, quiero decir que nosotros tenemos un compromiso con la Justicia, con el Poder Judicial. Por supuesto que no somos responsables de las carencias que tiene este Poder hoy ni de la pérdida salarial de sus funcionarios. El tema es cómo vamos compensando y mejorando la situación dentro de lo que son las finanzas públicas en un país que está endeudado en un 90% con respecto a su producto.

Las diferencias, por ejemplo, en gastos de funcionamiento -puedo estar equivocado porque esta apreciación es a vuelo de pájaro- no llegan a U$S 2:000.000 al final del quinquenio. A la vez, en el caso de las inversiones, si bien siempre se necesitan más recursos, hay aspectos de redistribución porque existen algunos "cuellos de botella" en el año 2007 que habrá que ver cómo se sortean. Incluso, hasta hay posibilidades de que, en su oportunidad, el propio Banco de la República pueda asistir para conformar ese colchón para que, de repente, los gastos presupuestales puedan dar a futuro, pero se necesitan recursos con anterioridad a esas fechas en que se van a recibir esas inversiones.

Naturalmente, en el tema salarial hay una voluntad de mejorar. Notoriamente hemos acumulado ciertas recuperaciones, en general, para todo el mundo a partir del 2007, del 2008 y del 2009, en la medida en que nosotros creemos que el país va a estar en mejores condiciones para poder solventar esa recuperación y ese mejoramiento salarial. Lógicamente ahí es que se da la diferencia mayor porque, según como se tome el dólar, puede ubicarse entre U$S 8:000.000 y U$S 10:000.000.

Comparto también con el señor Senador Rubio que no deberíamos mezclar el artículo 416 porque si lo hacemos no nos vamos a poner de acuerdo, dado que ahí está la recuperación vinculada al resto de los sectores.

Por estas razones aspiramos a poder negociar y acordar entre el Parlamento, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo -como todos sabemos, se estuvo muy cerca de lograrlo- de manera de corregir algunas cosas ahora y, llegado el caso, hacer lo propio en la Rendición de Cuentas -dejándolas ya preestablecidas- porque no queremos "romper" los números del proyecto de presupuesto aprobado en la Cámara de Representantes.

Por otro lado, hay otros aspectos que tienen que ver con artículos puntuales y que, por esta vía o por una ley aparte -oportunamente lo veremos- nos parece pueden ser de recibo y de rápida corrección.

En síntesis, quería dejar sentado, señor Presidente, que la Bancada de Gobierno tiene el compromiso y la aspiración de llegar a un acuerdo que, por supuesto, constará de diferentes etapas. En principio, podemos pensar en correcciones a realizar ahora -ya sea por la propia Ley Presupuestal o por ley aparte- y en correcciones a incluir en la Rendición de Cuentas, así como en la instrumentación de algunas facilidades para que, aunque no se cambie el cronograma de inversión año a año tal cual está establecido, los cuellos de botella que pueda presentar el Poder Judicial se solucionen mediante algunos puentes, sobre los que habrá que trabajar para que esa situación que se produciría con las inversiones del año 2007 no sea tan angustiante.

SEÑOR VAN ROMPAEY.- Quiero señalar que nosotros habíamos presentado diversas soluciones claras y concretas. La más sencilla y viable, a nuestro juicio, era la de modificar el artículo 416 con la simple eliminación de esa excepción del Inciso 16, Poder Judicial, en la recuperación salarial de la totalidad de los funcionarios públicos. En verdad, no alcanzo a comprender las dificultades que esto puede generar porque, además, si no es por esa vía y se mantiene la redacción de los artículos referidos a la compensación por dedicación total y reestructura del Poder Judicial tal como viene de la Cámara de Representantes, se va a crear un desfase entre las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público y los Ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo respecto a las de los Magistrados del Poder Judicial. Dicho de otro modo, los Ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo obtendrían un ingreso con la partida de incompatibilidad que sería mayor que el de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y, a su vez, los Fiscales tendrían un ingreso mayor que los Jueces Letrados. En el caso de los Ministros del TCA esto sería inconstitucional, porque sus dotaciones están equiparadas por el texto constitucional, mientras que en la relación salarial entre Jueces y Fiscales significaría un claro desmedro de los Magistrados del país.

SEÑOR MICHELINI.- Comprendemos el planteo del señor Van Rompaey. Es evidente que, además, acá hay algunos problemas de redacción, porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo podría estar incluido en el artículo 416 y ser alcanzado por los beneficios de incompatibilidad que establece el artículo 363. Somos conscientes de ello, pero ese no era el objeto. Reitero que, seguramente, hubo un problema de redacción ya que la idea es ubicar al Poder Judicial y al Tribunal de lo Contencioso Administro en igualdad de condiciones.

Por este motivo, repito que existe el compromiso de ver cómo igualamos esto -ya sea mediante la Ley Presupuestal, una ley aparte o el mecanismo que sea necesario- sin generar esa diferencia que nos advierten con claridad los integrantes del Poder Judicial.

SEÑOR KORZENIAK.- Simplemente, quiero manifestar que he hecho algunas consultas informales en nuestra Bancada -no con todos los compañeros- y, dado que el Poder Judicial es uno de los tres Poderes del Gobierno y que no se trata de un organismo cualquiera -no es como en el artículo 220, donde hay muchos organismos- quizás pueda ser muy útil aplicarle un tratamiento especial. El mismo no ha sido contemplado todavía en el cronograma de trabajo -pienso proponerlo el día lunes en la reunión de Bancada y luego en la Comisión, si hay acuerdo- y consistiría en analizar el tema "sistema judicial". Este tiene una médula, que es el Poder Judicial, compuesta de varios "gremios" -Magistrados, Suprema Corte de Justicia, funcionarios- luego están los Fiscales, que no lo integran pero que hacen parte del funcionamiento y, por último, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ejerce función jurisdiccional, aunque no sea parte del Poder Judicial.

Creo, entonces, que el sistema judicial debiera ser considerado en un procedimiento específico que, reitero, concretaré el día lunes si los compañeros de Bancada están de acuerdo.

SEÑOR AGUIRRE.- En primer lugar, quiero decir que la observación referida al artículo 373 con respecto al destino a dar a los recursos que se perciben por el funcionamiento del Centro de Estudios Judiciales parece, evidentemente, obedecer a un olvido u omisión de la Cámara de Representantes, ya que aquí no hay incremento del gasto. Simplemente, el Poder Judicial quiere disponer de los recursos con destino a financiar los gastos de funcionamiento del propio Centro de Estudios Judiciales, lo que es absolutamente lógico. En consecuencia, supongo que estarán todos de acuerdo en incorporar la oración que fue eliminada del artículo 30 del proyecto de la Corte e incorporarla al texto que, en definitiva, será incorporado al Senado.

En segundo término, quiero referirme al tema de las inversiones en la actualización o renovación de la infraestructura o equipamiento informático de todos los juzgados y oficinas judiciales. Este asunto tiene una enorme importancia, porque a nadie escapa -aún a los que somos nulos en conocimiento de tecnología informática, como quien habla- que esos equipos tienen un tiempo de vida útil limitado, por lo que su utilización permanente, como ocurre en las oficinas judiciales, hace que después de determinado período empiecen a funcionar mal y luego dejen de funcionar. Hemos advertido en la práctica del ejercicio de la profesión que a veces una audiencia se demora porque no está funcionando la computadora o "se cayó el sistema", como suele decirse, o simplemente porque son máquinas que tienen mucho uso y empiezan a marchar mal. Hemos observado que muchas veces, al preguntar por el Juez o por la Jueza se dice que ese día se quedó en la casa porque la computadora no funcionaba y se le vencían los plazos para dictar las sentencias. Esto no puede ocurrir. Si la gran mayoría de las oficinas están dotadas de equipamiento informático, antes de que las computadoras dejen de funcionar hay que renovarlas. No se puede empezar a analizar si cuesta más o menos; hay que hacerlo ya que, de lo contrario, como se dijo, sobreviene la parálisis en el funcionamiento de las sedes judiciales que están en esa situación con equipos que van en vías de estar obsoletos.

Por último, quiero decir respecto del tema salarial que, sea por la vía del artículo 417 o de otra disposición, el tema no puede resolverse de otra manera que en la propia Ley de Presupuesto. Escuché con alguna sorpresa al señor Senador Michelini decir que se puede hacer por ley separada. De acuerdo con la Constitución, los temas presupuestales se resuelven en el Presupuesto. Existe la muy mala práctica, violatoria del artículo 216 de la Constitución, de incluir en los presupuestos cualquier tipo de disposiciones que no tienen nada que ver con los gastos de funcionamiento, inversiones y salarios de los funcionarios públicos. Reitero que lo que es específicamente presupuestal tiene que estar en el Presupuesto, y no en una ley separada.

SEÑOR MICHELINI.- Lo que estamos planteando es que, llegado el caso de que encontremos soluciones, no queremos que ellas queden limitadas solamente a esta instancia presupuestal que estamos hoy llevando adelante, porque pueden haber otras instancias y mecanismos que permitan concretarlas. Naturalmente que deseamos que esto quede resuelto ahora, pero lo más importante es que encontremos las soluciones que el Poder Judicial está planteando.

SEÑOR AGUIRRE.- En la exposición realizada por el señor Senador Michelini advierto la mejor buena voluntad, cosa que descontaba en esta materia. Quiero decir que, de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República, lo que es específicamente presupuestal no puede votarse en leyes especiales. El artículo 214 de la Carta dice que es contenido necesario del Presupuesto "Los escalafones y sueldos funcionales distribuidos en cada inciso por programa". Si no se votan en esta oportunidad, no podrán ser modificados por una ley especial, sino por la Ley de Rendición de Cuentas, instancia en la que se pueden hacer modificaciones presupuestales. Entonces, eso significaría dilatar en el tiempo -esto es, para dentro de un año- la resolución del problema salarial de los funcionarios. Me parece que ello debe ser solucionado en la Ley de Presupuesto.

SEÑOR RUBIO.- Voy a plantear una pequeña observación.

Cuando dijimos que el artículo 416 no nos parecía el mejor camino para seguir, lo hicimos en el entendido de que se alteran todas las cifras. Esta es una recuperación promedio del 16% para los Incisos mencionados, con excepción del Poder Judicial, donde la pérdida fue mayor. Ahora bien; como los montos ya están determinados, al incluir al Poder Judicial se estaría bajando el porcentaje del resto de los Incisos. En caso de que se estuviera de acuerdo con este camino, debería buscarse una vía independiente, habilitada por el propio Mensaje del Poder Judicial y que tiene el mismo efecto desde el punto de vista práctico. Además, si no hay Mensaje complementario, me parece que esta es la forma más clara de encarar el tema.

SEÑOR GALLINAL.- En la mañana de hoy tuvimos oportunidad de conversar extensamente con los representantes del equipo económico acerca del Poder Judicial. Nosotros planteamos la aspiración del Partido Nacional, en primer lugar, de que hubiera Mensaje complementario y, en segundo término, que parte de su contenido estuviera referido a contemplar, en un cien por ciento, el presupuesto del Poder Judicial, como consecuencia del acuerdo celebrado en su momento entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, en cuya función se envió el articulado que hoy está a consideración del Cuerpo.

De parte del Poder Ejecutivo se nos dijo que no habrá Mensaje complementario. No obstante ello, este es un tema que seguiremos conversando en sucesivas instancias porque nosotros preferimos que sí lo haya. Seguramente, en otras oportunidades y con motivo de considerar otros Incisos, vamos a estar en condiciones de demostrar que ello es necesario.

De todas maneras, nos quedó la tranquilidad de que el propio equipo económico descarta la necesidad de un Mensaje complementario para contemplar las aspiraciones del Poder Judicial como forma de dar respuesta definitiva al aspecto económico.

Por su parte, la delegación del Poder Judicial nos ha puesto de manifiesto algo sobre lo que preguntábamos hoy de mañana pero que, por distintas circunstancias, no se nos dio respuesta. Me refiero al monto de la diferencia entre el presupuesto que le correspondería en caso de aprobarse el proyecto de ley tal como viene de la Cámara de Representantes y el que aspira alcanzar el Poder Judicial.

Estamos hablando, señor Presidente de, aproximadamente U$S 16:000.000. en el quinquenio, de los cuales U$S 8:000.000, serían los que corresponderían a retribución salarial. Quiere decir, entonces, que como efectivamente lo señalábamos en la mañana de hoy, no estamos lejos de hacer lugar a esa reclamación, por las distintas razones de orden que seguramente aquí se compartirán. Pretendemos convencer al Gobierno y al Poder Ejecutivo, a través de su representación parlamentaria, de que así sea y de que, como muy bien lo expresó el señor Senador Aguirre, que no se postergue un año esperando la próxima Rendición de Cuentas. En lo personal, no nos parece que sea el camino adecuado. De todas maneras, me da la impresión de que la vía más acertada sería llevar la partida al 40%; no hay otra. Insisto en que es el camino más transparente y le va a permitir a la Suprema Corte de Justicia aplicar en toda su dimensión la Ley de Presupuesto. Debo señalar -y es justo reconocerlo- que la aspiración del Poder Judicial es más que razonable. Por consiguiente, se hace más injusto que pueda perder en el camino una parte de ese reclamo que estaban realizando.

Finalmente quiero señalar que comparto lo expresado por el señor Senador Rubio respecto al artículo 416. En la mañana de hoy le propusimos al equipo económico incluirlos en dicho artículo. Se nos señaló -y leyendo ahora con mayor atención el artículo, creo que con razón- que uno de sus incisos dice que la oportunidad y la forma de distribución de las partidas serán determinadas por el Poder Ejecutivo, en función de las pautas acordadas en los convenios con los funcionarios públicos, y de la evolución de la situación fiscal. Es decir que no estaríamos dándole una respuesta al cien por ciento de sus aspiraciones. Además, se nos señaló por parte del Poder Ejecutivo -algo que hemos escuchado en más de una oportunidad en los últimos días- que si bien es cierto que, por ejemplo, la Dirección General Impositiva no está excluida del artículo 416, sí lo va a estar -en la opinión del equipo económico- cuando llegue el momento de aplicarlo. Digo esto porque se va a ir compensando en función de las necesidades de recuperación más urgentes. Entonces, si por un lado le damos el 20% y, por otro, lo incluimos en el artículo 416, cuando llegue el momento de aplicar dicha disposición, no hay que desdeñar la posibilidad -que también la hay- de que queden rezagados, amén de que quedarán sujetos al criterio del Poder Ejecutivo. Parece de toda lógica ir directamente a elevar la partida del 20% al 40%.

SEÑOR TROISE.- Señor Presidente: quisiera realizar dos precisiones referidas a dos intervenciones anteriores que para la Suprema Corte de Justicia son muy importantes.

Con respecto a lo que señaló el señor Senador Michelini quiero decir que, a juicio de la Suprema Corte de Justicia, el artículo 363 no presenta un problema de redacción, sino de concepto y de estructura; estamos hablando de fiscales y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Insisto en que no se trata solamente de un problema de redacción, sino de inclusión en el artículo 363 que está vinculado al artículo 416 -que ya hemos manejado- y que tampoco es ajeno al artículo 364, el cual, a su vez, tiene una correlación con el mencionado artículo 416 y con el artículo 389.

SEÑOR MICHELINI.- Lo que pasa, señor Presidente, es que quizás no se aplique el artículo 416 porque es sólo para la recuperación.

Si al Tribunal de lo Contencioso Administrativo o a los fiscales se les aplica el artículo 363 y van recuperando, entonces, no se les va a aplicar el artículo 416, así como tampoco se le va a aplicar a la DGI. Podremos solucionar o no el problema, pero el artículo 416 excluye al Poder Judicial y, ya sea que lo pongamos o no a texto expreso, en mi opinión también excluye al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a los fiscales, ya que su recuperación va a venir por el artículo 363. Nuestra voluntad es que el artículo 416 quede afuera y que los temas del Poder Judicial los solucionemos mediante otra vía, que luego veremos cuál será.

SEÑOR TROISE.- Si lo que dice el Senador Michelini es así, naturalmente que, por una vía o por otra, lo que no puede admitirse ni funcionar es el tratamiento discriminatorio.

Con respecto al artículo 373 y de acuerdo con el Senador Aguirre, la Suprema Corte de Justicia entiende que también se trata, con respecto al CEJU -que es una institución de capacitación y cooperación- de una omisión, nada menos que en una norma que por un lado apunta a los gastos de funcionamiento y, por otro, a las inversiones en ese Centro de Estudios.

Estas eran las dos precisiones que quería realizar.

SEÑOR VAN ROMPAEY.- Aquí se han manejado diversas fórmulas y debo decir que nosotros realmente nos sentimos reconfortados por el espíritu de preocupación y sensibilidad con que se han expresado todos los Senadores aquí presentes. Pero hay razones de temporalidad que nos llevan a reiterar la urgencia y perentoriedad de nuestro planteamiento.

El Poder Judicial tenía -y tiene- fundadas expectativas en que este Gobierno, que históricamente apoyó los presupuestos del Poder Judicial, nos dé una respuesta firme y clara en esta instancia, en el sentido de que nuestros legítimos reclamos van a ser contemplados. No estoy exagerando cuando digo que estamos viviendo una situación de preconflicto y donde la responsabilidad de los dirigentes gremiales ha determinado que se esté a la espera de las negociaciones y modificaciones en los textos presupuestales para que el Poder Judicial siga funcionando normalmente en el clima de armonía en que hemos estado tratando el tema presupuestal con todos los gremios integrantes de esta Institución, que felizmente ha transitado por la vía del consenso y del acuerdo entre todos los órdenes participantes. Pero me parece que plantear situaciones de diferimiento, sea por la vía que sea, no va a solucionar el clima grave de preconflicto que estamos viviendo. Necesitamos que se nos dé una solución clara y firme en este momento y en esta instancia presupuestal.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de darle la palabra al señor Senador Alfie y con el solo objetivo de encauzar los minutos que nos quedan antes de tener que recibir a otra delegación, me animo a decir que después de haber escuchado hoy al Ministerio de Economía y Finanzas y a los distintos Legisladores de diferentes sectores y partidos políticos, es evidente el criterio de apertura en el tratamiento del tema y la voluntad política para encontrar una solución que nos permita superar las diferencias que vienen a partir del presupuesto aprobado para el Poder Judicial en la Cámara de Representantes. Este no es el instante ni el momento en el que esta Comisión debe votar y resolver sobre este Inciso, pues este es el primer día del debate. Me parece importante señalar esto ya que, de lo contrario, los señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia podían irse con una sensación equivocada.

SEÑOR ALFIE.- Quiero realizar una serie de preguntas sobre el articulado correspondiente al Poder Judicial porque quisiera que se me aclararan algunas dudas. Por mi parte, a la luz de lo que es todo este Presupuesto, entiendo -y, en este caso comparto- el pedido de salarios que realiza el Poder Judicial. Se puede decir que no hay recursos y que a nadie se le da nada, pero acá hay gente que sale muy bien parada. Si observamos lo relativo al Ministerio de Economía y Finanzas, vemos que multiplicó por más de dos -casi por tres- su presupuesto de sueldos y en todo el resto de la Administración se reciben cosas diferentes. Pienso que si la idea es, por ejemplo, premiar la dedicación exclusiva, eso debe ser parejo para todos los funcionarios. En ese sentido, me parece que el pedido de aumento es moderado y se encuadra dentro de otros casos. Por su parte, ésta también es la posición del Partido Colorado con respecto a este aspecto. Sin embargo, a la luz del conjunto del Presupuesto y de las prioridades, parecería que algunas son más prioritarias que otras, entre ellas, el Ministerio de Economía y Finanzas y la URSEC.

Antes de comenzar con las preguntas, quiero aclarar que voy a dejar algunas para plantearlas cuando concurra el Ministerio de Educación y Cultura porque refieren a las excepciones de arrastre, que hablan sólo de Fiscales del Ministerio Público y Ministros del Tribunal de lo Contencioso, pero no estoy seguro que se incluyan los Adjuntos aunque sí se excluyen los Secretarios Letrados y demás.

Voy a comenzar ahora con las interrogantes que quiero plantear. El artículo 366 del nuevo articulado -que sustituye al artículo 509 de la Ley de Presupuesto de 1985- lo que hace es eliminar los cargos de Secretario I -Abogado del Tribunal de Apelaciones- Secretario III -Abogados de los Juzgados Letrados- y Adscriptos a la Secretaría de los Ministros de la Suprema Corte y se agrega un cargo de Subdirector General. Dicho de otra manera, se elimina de la dedicación total a los Secretarios Abogados de los Juzgados. Personalmente, considero que eso atenta contra la profesionalización del Poder Judicial. Entonces, quiero saber si esto fue propuesto por este Poder del Estado o si personalmente no entendí la modificación que se realizó.

Si comprendí bien, en el artículo siguiente se da la opción a Secretarios, Abogados, Escribanos, Actuarios y Actuarios Adjuntos del Tribunal de Apelaciones. En este caso, quisiera saber por qué se actúa de esa forma, para entender lo que estamos votando.

Otra consulta refiere al artículo 375 que habla de los técnicos que se designen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, en cargos de Procurador, no podrán ejercer la profesión de procurador y/o de abogado en la materia atinente a la especialidad que le asigne el Poder Judicial en el ejercicio de su cargo. En este caso, quisiera saber cómo es la realidad actual; supongo que hoy lo pueden hacer. Entonces, me gustaría conocer cuál es la circunstancia por la que se realiza este cambio normativo.

En el artículo siguiente, si no entendí mal, se deroga como sanción el traslado a un cargo. Sin embargo, hay veces que el traslado de un lugar a otro se impone como sanción. En ambos casos se eliminan los gastos de mudanza a cargo de quien es trasladado. Creo que cuando no hay sanción está bien que se elimine, pero cuando sí la hay, no estaría bien que se elimine los gastos de mudanza a cargo de quien es trasladado.

Por último, el artículo 385 establece un régimen al que, en principio, uno no debería oponerse pero, en realidad, me genera algunas dudas en función de lo que es la realidad del Poder Judicial y del Uruguay en general.

Aquí si un Juez, a un año de iniciar actuaciones presumariales o que no haya dictado el acto de procesamiento, no termina con la causa, debe informar por escrito y circunstanciadamente a la Suprema Corte de Justicia y cada seis meses debe hacer lo mismo. Me pregunto si la Suprema Corte no estará sobrecargándose con estos plazos, máxime, con la hipótesis que nos describieron ahora por la que puede haber dificultades para el relevamiento informático, lo que retrasa las audiencias.

SEÑOR MENDEZ.- Con relación a la inquietud señalada por el señor Senador, los artículos 366 y 367 -aclaro que me estoy refiriendo a los números con los que vienen de la Cámara de Representantes- no cambian la situación existente en la actualidad. Es por eso que no tienen costo y, por lo tanto, el equipo económico no tuvo problema en incorporarlos. Lo que procuramos es hacer una agrupación más coherente y racionalizar lo que existe. Ninguno de estos cargos cambia su régimen de retribución. Hoy ya existen y con respecto a ello señalo que uno corresponde a uno de los secretarios de los Ministros y, por error, quedará por fuera porque no se toma en cuenta en la redacción. Esto constaba en el Artículo 509 de la Ley Nº 15.809 que hablaba de "adscripto a la secretaría de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia". Entonces, lo que pretende el Poder Judicial es reagrupar estos cargos, darles una coherencia y, entonces, algunos comprendidos en el Artículo 509 de la Ley Nº 15.809 pasan al 510 de la misma ley. Pero, en definitiva, en la medida en que el señor Senador haga una confrontación, verá que son exactamente los mismos cargos, con el mismo régimen de retribución, por lo que allí no se cambia absolutamente nada.

Lo que sí se quita a futuro -y era otra de las inquietudes del señor Senador- es la posibilidad de optar, que hoy tienen algunos cargos, entre ser "part time" o "full time". La posición de la Suprema Corte de Justicia es que, en el futuro, todos los cargos -con una excepción que también figura allí, que es la de los actuarios- sean de dedicación total. Se respetan los derechos adquiridos de aquellos funcionarios que hoy cuentan con un régimen "part time" y, por lo tanto, en la medida en que no tengan incompatibilidad de orden legal o constitucional, están ejerciendo su profesión. Sin embargo, una vez que ese cargo quede vacante, quien ingrese en ese cargo lo hará con carácter de "full time". No sucede lo mismo con los actuarios del Poder Judicial, ya que la Suprema Corte ha entendido que median razones para que el titular conserve la posibilidad de optar.

SEÑOR AGUIRRE.- Observo que el Artículo 366, que modifica el 509 de la Ley Nº 15.809, en el texto proyectado por la Suprema Corte, en el que figuraba como artículo 3, tenía un numeral quinto que ha sido suprimido. Dicho numeral decía lo siguiente: "Secretarios adscriptos a las secretarías de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, con un límite de hasta dos cargos." Me gustaría saber por qué han sido suprimidos.

SEÑOR MENDEZ.- Este tema fue tratado, entre otros, con el equipo económico. Con respecto a esto creo que hubo un error, porque debió suprimirse "hasta dos" y establecer "hasta uno", lo que permitía mantener la situación actual. El "hasta dos" implicaba incorporar hasta el segundo secretario y eso tiene un costo. Con la finalidad de achicar esos costos, se acuerda -no porque entendamos que no sea necesario que los dos secretarios tengan el mismo régimen, ya que de hecho hacen la misma tarea y tienen la misma dedicación- con el Poder Ejecutivo mantener la situación actual. Lo que ocurre es que -reitero- aquí se produjo un error involuntario y, por lo tanto, ni siquiera se mantiene la situación actual porque se le quita el régimen de dedicación total con el que cuenta hoy uno de los secretarios.

A continuación, voy a responder la interrogante del señor Senador Alfie con respecto a los procuradores. Hoy en día, los procuradores de las distintas defensorías que integran el Poder Judicial, no tienen incompatibilidad alguna, ni siquiera cuando se están desempeñando como tales.

En consecuencia, parece de orden que tengan esa incompatibilidad que, por otra parte, tienen los Defensores de Oficio. No olvidemos que el noventa y nueve por ciento de esos Procuradores también son abogados que ejercen su profesión. Entonces parece razonable que si lo es para los Defensores de Oficio, los Procuradores tengan igual régimen de incompatibilidad.

SEÑOR VAN ROMPAEY.- Voy a contestar las restantes interrogantes planteadas por el señor Senador Alfie.

En este momento no tengo el texto del artículo 114 de la Ley Orgánica de la Judicatura, pero me queda claro que el traslado a un cargo de igual categoría presupuestal deja de ser sanción. Podemos disponer traslados por razones de mejor servicio y ello está establecido expresamente por la Constitución de la República, pero para nosotros un traslado a un cargo de la misma jerarquía y remuneración desde el punto de vista presupuestal, ontológicamente carece de contenido sancionatorio. Por lo tanto, creo que está bien que en caso de traslado o de ascenso el Estado se hiciera cargo de los gastos que se ocasionen porque en ningún caso va a ser dispuesto como sanción.

SEÑOR ALFIE.- El tema es de interpretación, porque si bien el traslado puede disponerse como un ascenso, también puede aplicarse como una sanción.

SEÑOR VAN ROMPAEY.- No, señor Senador, porque se suprime ese inciso que establece el traslado al mismo cargo como sanción.

SEÑOR ALFIE.- Está correcto.

SEÑOR VAN ROMPAEY.- Se suprime el inciso cuarto del artículo 114 que establecía como sanción el traslado a un cargo no conceptuado como de ascenso, o sea que el traslado de un Juzgado Letrado que está en otra ciudad pero dentro de la misma jerarquía presupuestal y de cargo no puede interpretarse como sanción. Así lo entendemos y por eso se suprime esta sanción.

Es importante la observación que hace el señor Senador Alfie con respecto al artículo 385. Esta norma da jerarquía legal a una Acordada de la Suprema Corte de Justicia que hoy está vigente y redactada en los mismos términos. No es admisible que los presumarios se extiendan indefinidamente, pendiendo sobre el eventual imputado el riesgo o la espada de Damocles de un eventual procesamiento. Creo que los ciudadanos tienen derecho a que la Justicia Penal se expida con celeridad sobre su situación de eventual sujeción penal a un procedimiento iniciado por la posible comisión de un delito. Nos parece más que razonable que un año sea el plazo normal -yo diría hasta con exceso- para que se expida el Juez Letrado de lo Penal, al que se le hace una denuncia y, entonces, inicia las actuaciones presumariales. Tampoco creo que esto pueda significar alguna sobrecarga adicional o un problema funcional para la Justicia Penal en el Uruguay. Por el contrario, pienso que es un aliciente para que los presumarios se agiliten y la Justicia Penal sea más expeditiva.

SEÑOR ABREU.- Voy a hacer una referencia a tres aspectos, uno de ellos de carácter general que ya mencionamos en la mañana de hoy con la presencia del equipo económico.

Es importante resaltar que la negociación que se llevó a cabo con el Poder Judicial se inició con un 40%, siguió con un 30% y termina con un 20%. Ello tiene una característica especial porque el Inciso 22 prevé la recuperación salarial para todos los Incisos y deja afuera al Poder Judicial. De manera que este 20%, tal como está planteada la situación, va a ir para recuperación salarial pero no para reestructura.

De manera que el Poder Judicial va a ver afectado notablemente su funcionamiento porque va a quedar un 20% -que no es lo que solicitó- y como está excluído de los otros Incisos, la reestructura del Poder Judicial va a quedar pendiente. Por tanto, vamos a tener una repercusión absolutamente negativa en lo que es el funcionamiento y la eficiencia del Poder Judicial, eficiencia que está requiriendo no sólo el Gobierno sino el Parlamento y la ciudadanía en general.

En segundo término, es importante reiterar que cualquier tipo de solución que estamos planteando se realice en esta instancia presupuestal ya que no podemos estar difiriendo esto para una Rendición de Cuentas. Además, creo que en general todos estamos de acuerdo en ello y vale la pena hacer el esfuerzo. Pero este esfuerzo debe hacerse a nivel del Parlamento para encontrar una respuesta a este tema que cada día va a tener más dificultades si no atendemos las sensibilidades que existen en el manejo del Poder Judicial.

En los aspectos más puntuales estamos de acuerdo y coincidimos con el criterio que establece el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Van Rompaey, respecto del alcance del artículo 385 ya que es obvio que no se puede postergar un presumario con lo que significan los efectos negativos que tiene para todos los intervinientes e involucrados.

En tercer lugar, voy a hacer una reflexión sobre el artículo 373. Estamos hablando del Centro de Estudios Judiciales que sabemos que viene desde el año 1988, que después se modifica su naturaleza jurídica y que tiene una actividad muy importante. Por tanto, creemos que hay que volver a la redacción inicial -tal como lo estableció el señor Senador Aguirre- de forma tal que queden afectados directamente estos recursos al funcionamiento del Centro de Estudios Judiciales.

Como se sabe, este Centro tiene dos actividades: una es la capacitación de los aspirantes al Magisterio de la actividad judicial y la otra, la recapacitación de operadores judiciales. Esto es muy importante porque sin recursos ya tiene bastante dificultades. Además, según tengo entendido no hay un cargo presupuestado de Director del Centro de Estudios Judiciales, sino que es rotativo y lo ejerce uno de los Jueces o Ministros del Tribunal de Apelaciones sin tener responsabilidades concretas en el manejo gerencial de un instituto de capacitación. Creo que bien podríamos establecer un cargo presupuestal para la Dirección de este instituto, de forma tal de evitar que la rotación tenga sobre la responsabilidad de los Jueces que asumen esta actividad, la relatividad de poder dedicarle a tiempo completo sus esfuerzos o porque los comparten con la actividad judicial o con la administración de Justicia. Mi pregunta es si realmente a la Suprema Corte de Justicia le parece recomendable presupuestar un Director para que el Centro funcione o, simplemente, puede seguir trabajando en las actuales condiciones con la dedicación compartida de Jueces que alternan con la administración de Justicia y sus tareas específicas.

SEÑOR VAN ROMPAEY.- Voy a responder con mucho gusto al señor Senador Abreu.

Nosotros en la interna tenemos una discusión sobre si el cargo de Director del Centro de Estudios Judiciales debe ser presupuestado como cargo de dedicación total, separándolo o no del ejercicio de la función jurisdiccional. En esta instancia presupuestal optamos por dejar la situación tal como se viene desarrollando actualmente, con Jueces en actividad que dirigen eficientemente el Centro y seguramente sacrificando horas de descanso para dedicarlas a esta actividad adicional a su función jurisdiccional. Pero optamos por esta decisión porque no significaba una modificación de gastos ni incrementos y no generaría ningún tipo de discusión al respecto.

Estimamos que en un futuro, la dimensión, el trabajo y la actividad que se genera en el Centro de Estudios Judiciales van a exigirnos -como bien decía el señor Senador Abreu- un cargo de dedicación total.

SEÑOR AGUIRRE.- Como veo que es propósito del señor Presidente, en su razonable función de agilitador del trabajo de la Comisión, levantar la sesión o dar por concluida la audiencia con la Suprema Corte de Justicia, como los plazos constitucionales corren quisiera hacer alguna referencia concreta a la disposición que crea nuevos cargos de Magistrados, que creo que es el artículo 357 del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes y era el artículo 15 del proyecto de la Suprema Corte de Justicia.

Con carácter general, quiero decir que me consta -por la razón que ya expliqué- que uno de los principales problemas que tiene la mejor prestación del servicio que brinda el Poder Judicial a la generalidad de la población es la enorme sobrecarga de trabajo que tienen la mayoría de los Magistrados a todos los niveles, sobre todo en los Juzgados de Paz y de 1ª Instancia. Creo que los Tribunales de Apelaciones pueden trabajar a un ritmo más pausado, entre otras cosas, porque celebran muchísimo menor número de audiencias, pero de todas maneras también tienen mucho trabajo.

Sin embargo, donde se ve de modo notorio, palmario, que los Jueces y las Juezas están absolutamente sobrecargados de trabajo es en la continua postergación de las audiencias de dictado de sentencias y las quejas que los Magistrados plantean a veces en las audiencias, franqueándose con los Letrados con respecto a la imposibilidad de atender el cúmulo de tareas que tienen y diligenciar a tiempo los distintos expedientes. Hay Juzgados donde los expedientes están tirados por el suelo en pilas enormes. Uno ve entrar y salir del Juzgado a Magistrados o a señoras ya mayores, que son las Juezas, con enormes expedientes que llevan y traen desde los Juzgados a sus casas y es evidente que el número de litigios en distintas materias ha crecido, no digo que en progresión geométrica, pero ha aumentado mucho por razones que todos conocemos.

La formidable crisis económica del año 2002 trajo una proliferación enorme de juicios contra el Estado. Cuando se debe una responsabilidad contractual, por ejemplo, ejecución tardía o ilícita o algún problema surgido de una licitación, van a los Juzgados Letrados de lo Civil a sobrecargar las tareas de los Jueces Letrados de lo Civil. Los restantes, por disposición de una ley cuyo número ahora no recuerdo, y de la cual fui autor junto con el extinto Senador Batalla, van a los Juzgados Letrados de lo Contencioso Administrativo de Primer Turno, en los que únicamente dos Juezas deben atender el enorme cúmulo de asuntos, muchos de ellos de enorme importancia porque, a veces, son demandas millonarias contra el Estado y, además, los continuos recursos de amparo.

En materia de familia, el trabajo también crece continuamente. Ahora tenemos los problemas de violencia doméstica, que tienen sedes especiales.

Hay Juzgados del Interior que son competentes en todas las materias. Esto resiente la eficacia y la buena prestación del servicio, porque los Jueces y las Juezas casi nunca tienen tiempo para dictar una sentencia con el debido estudio. Simplemente, se les vencen los plazos y tienen que dictar sentencia. Muchas veces los Letrados nos quejamos de que las sentencias expresan tan resumidamente los fundamentos que no se consideran los argumentos de las partes y el perdidoso se agravia de ello. Pero es por eso, no por falta de responsabilidad de los Magistrados. Es porque están absolutamente sobrecargados de trabajo.

SEÑOR ABREU.- Acompaño la preocupación del señor Senador Aguirre. A partir de enero de 2006 los únicos cargos que se crean son los de seis Jueces Letrados del Interior. Estos son absolutamente imprescindibles.

En el proyecto inicial de la Suprema Corte de Justicia, al que nosotros accedimos y que fue parte de la negociación, estaba planteada la creación de Ministros de Tribunales suplentes, de Ministros Laborales y de Jueces que atenderían los casos de delitos económicos y otros en los que el propio Poder Ejecutivo tenía mucho interés como el caso tributario.

Lo que sucedió en las negociaciones, según lo que tenemos entendido y nos fue trasmitido por el propio Poder Judicial -no me refiero a la Suprema Corte de Justicia, sino a los gremios- es que la concesión que realizó la Suprema Corte de Justicia para llegar a un acuerdo en función de la recuperación salarial fue, precisamente, entregar nada menos que estos cargos para poder acercarse a un mejor nivel de retribución de los funcionarios. Y la respuesta del Poder Ejecutivo fue la de otorgar el 20% en lugar del 40%.

Entonces, en estos casos es que tenemos que reflexionar.

Incluso, en los dos años, según la información, seguiremos sin psicólogos en todo el interior, por lo que se debe traer a los niños víctimas de violencia doméstica de Rivera a ver al psicólogo en Montevideo. En el caso de los psiquiatras, van a ir a las regiones; hay nueve en el interior y estaba previsto crear otros nueve cargos para departamentos donde no los hay. Y todo esto quedó en el camino de una negociación que después termina con la concesión del Poder Judicial y con la negación del Poder Ejecutivo del porcentaje inicialmente establecido para poder tenerlo a cambio de la entrega que se ha hecho de los cargos; y todos sabemos la repercusión que esto tiene sobre la eficiencia en el sistema judicial de la Suprema Corte de Justicia.

Quiero que quede claro este tema, señor Presidente, porque más allá de la buena voluntad de la Bancada de Gobierno, debo decir que aquí la Bancada de Gobierno es el Poder Ejecutivo y este ha tenido esta actitud que la Suprema Corte de Justicia deja en claro en esta instancia y que nosotros queremos reivindicar para poder, realmente, atender los reclamos justificados de los involucrados en el sistema de Justicia.

SEÑOR AGUIRRE.- La oportuna y esclarecedora interrupción del señor Senador Abreu me lleva a tener la explicación de por qué la propuesta del Poder Judicial que llegó al Parlamento es tan poco ambiciosa en materia de creación de cargos de Jueces y de Magistrados, habida cuenta de la situación que se vive en ese sentido.

Pero aun con esa modestia y moderación que estiló la Suprema Corte de Justicia -que ahora me explico qué fundamento tuvo- el proyecto que aprobó la Cámara de Representantes suprime algunos de los cargos que proponía crear el Poder Judicial en el artículo 15 de su iniciativa.

Por ejemplo, el Poder Judicial -para el año 2009, no para mañana- proponía crear dos cargos más de Jueces Letrados de Primera Instancia en la Capital con carácter de suplentes, pero fueron suprimidos no sé por qué razón.

Además, proponía crear cinco cargos de Jueces Letrados de Primera Instancia en el Interior -también a partir del 1º de enero del 2009, no para el 2006- y estos quedaron reducidos a tres, tampoco sé por qué.

Considero que lo menos que podríamos hacer es mantener los cargos que, en su proyecto, pidió la Suprema Corte de Justicia y atender, si se pudiera -naturalmente, con el consentimiento de la Corte, que tiene iniciativa en esta materia- la creación de los cargos que era propósito inicial de la misma que fueran creados.

SEÑOR COURIEL.- Sólo quiero dejar una constancia en la versión taquigráfica.

En primer lugar que, como dijo muy bien el representante del Poder Judicial, nuestra fuerza política históricamente hizo los mayores esfuerzos para ayudar a ese Poder. Entonces, la pregunta que se hacían sus representantes tiene que ver con el hecho de por qué ahora, que somos Gobierno, no tenemos la capacidad para concretar ese apoyo que, como dije, históricamente les hemos brindado y se plantean limitaciones.

Por último, señor Presidente, cuando uno oye a los señores Senadores Aguirre y Abreu siente que hacen una radiografía estupenda de lo que es el Poder Judicial, de cómo funciona y de las carencias y dificultades que tiene. Cuando uno los escucha, parecería que el Gobierno del Partido Nacional y del Partido Colorado nunca tuvieron nada que ver con esas carencias y que, ahora, el malo de la película parece ser el Poder Ejecutivo que no atiende el conjunto de requerimientos del Poder Judicial.

Desde ya adelantamos que vamos a hacer todos los esfuerzos; no tengan ninguna duda. Pero acá hay un tema vital y es que para atender a todos los sectores -ojalá lo pudiéramos lograr- antes tenemos que cubrir una herencia que consiste en una deuda que implica el 90% o 100%. Este es un elemento clave y central que nos está limitando con el Poder Judicial y con el conjunto de los sectores sociales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de dar lugar a la respuesta de los señores Senadores aludidos, quiero informarles que hace treinta minutos que está esperando para ser recibida la delegación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esto no significa que tengamos que despedir a los representantes del Poder Judicial de inmediato, sino que estamos pidiendo la mayor colaboración posible en cuanto a la brevedad.

SEÑOR AGUIRRE.- He hecho reiteradamente uso de la palabra en el afán de colaborar en el mejoramiento del Presupuesto del Poder Judicial, porque conocemos las carencias en su funcionamiento; como bien se ha dicho, estas carencias no son de ahora, sino desde siempre, pero se han agudizado últimamente.

No he hecho ninguna alusión política y tampoco he dicho que el malo de la película sea el Poder Ejecutivo. Quienes pertenecemos a partidos que, en su momento, han integrado el Poder Ejecutivo, sabemos que siempre las necesidades superan las posibilidades y que frente a demandas prácticamente ilimitadas, los recursos son limitados. Eso lo sabemos de sobra. No obstante ello, como no hemos hecho alusiones políticas, queremos decir que si en el pasado los gobiernos de otros partidos no accedieron a contemplar las demandas del Poder Judicial, habrá sido porque no pudieron. De todas maneras, eso no es digno de aplauso, sino de censura; en todo caso, hay que aprender de los errores. Si en el pasado se trató mal al Poder Judicial, al punto de ir poniéndolo progresivamente en dificultades tan grandes como las que enfrenta ahora -que vemos de cerca en el ejercicio profesional- lo que tenemos que hacer es intentar corregir esa situación, porque como muy bien dijo el señor Senador Korzeniak, se trata de un Poder del Gobierno y no de un organismo más. Es un servicio y un cometido esencial del Estado que bajo ninguna circunstancia puede dejar de prestarse.

De manera tal que no es con intencionalidad política ni para atacar al Gobierno que decimos lo que decimos, pues simplemente así lo sentimos. Además, conocemos la situación de carencia del Poder Judicial y en qué condiciones, absolutamente desfavorables y precarias, trabajan sus Magistrados y sus funcionarios. Por eso hemos dicho lo que hemos dicho.

SEÑOR DA ROSA.- Naturalmente, es muy importante lo que acaban de expresar los Legisladores de la Bancada oficialista en el sentido de que tienen la mejor voluntad para encontrar puntos de entendimiento que permitan ver si es posible, por lo menos, acercar posiciones, aun cuando no se logre el 100% de lo que se busca.

De cualquier manera, ya que se han hecho algunas puntualizaciones de carácter político, creo que es bueno que la oposición alce su voz en reclamo de este tipo de situaciones. También debe reconocerse que los Gobiernos anteriores del Partido Colorado y del Partido Nacional han recogido herencias muy pesadas, pero siempre escuchamos a la fuerza política de la oposición, al Frente Amplio, denunciando este tipo de situaciones y haciendo especial hincapié en la necesidad de corregirlas. Por lo tanto, cuando hoy el Frente Amplio es la fuerza de Gobierno, que se nos permita a nosotros plantear la misma preocupación y denuncia que ellos formularon en su momento.

SEÑOR ALFIE.- Quiero hacer la siguiente puntualización.

Luego de que se retiren los invitados -que no tienen por qué escuchar toda esta perorata- quiero hablar y decir algo respecto a lo que manifestó el señor Senador Couriel.

SEÑOR ABREU.- Discrepo con el señor Senador Alfie porque creo que es importante que la Suprema Corte de Justicia pueda escuchar este tipo de discusión, ya que es la mejor forma de que un Poder del Estado se enfrente a la verdad y a la realidad de lo difícil que es ser oposición y Gobierno, y a que es más difícil ser Gobierno cuando, como dijo muy bien hoy el señor Ministro interino de Economía y Finanzas, estamos manejando recursos finitos para atender necesidades infinitas.

La referencia que voy a hacer a continuación no tiene intención de hacernos entrar en una discusión de carácter político. No es una aseveración que hagamos nosotros como Legisladores de un partido. Voy a leer lo que dijo la Asociación de Magistrados Judiciales y no la opinión del señor Senador Abreu o del señor Senador Aguirre. Lo manifestó el señor Juez Chediak quien, en nombre de los Magistrados judiciales, con la doctora Anabel Damasco y el doctor Reyes expresó: "Ha sido un largo tránsito para la Asociación de Magistrados, inclusive -lo ha reconocido el equipo económico- ha sido el catalizador que ha permitido que a esta altura del año no haya habido un solo día de huelga en el Poder Judicial." Esto se expresaba cuando todavía había intención de que hubiera cierta comprensión en el ámbito del Poder Ejecutivo: "Nosotros contratamos a la contadora Vidal, que hizo un estudio de la pérdida de nuestros salarios desde el mejor momento -que fue durante el Gobierno del Partido Nacional- y nos daba aproximadamente un 40%." Luego agrega que se previeron las posibilidades; se comenzó con un 37%, pero luego sucede la historia que acabo de comentar, sobre cómo fueron las circunstancias que motivaron el desencuentro entre los gremios judiciales y el Poder Ejecutivo.

Digo esto para que quede claro que quienes andamos por la vida judicial y que conocemos las carencias que tiene este Poder, el día que tuvimos que enfrentar las responsabilidades, así se hizo, y aquí está el reconocimiento, no político partidario de una colectividad política, sino de los involucrados y beneficiados por los recursos que se les otorgaron en la instancia presupuestal de 1990.

SEÑOR GALLINAL.- En respuesta a la alusión que se ha hecho, quiero señalar que en lo que fue mi primer ingreso al Parlamento en la Legislatura pasada, aquí desde la Bancada del Partido Nacional dimos una batalla muy fuerte, tanto por el Poder Judicial como por algunos otros Incisos, en particular por la Universidad de la República, para la que se obtuvieron logros significativos en aquella circunstancia.

Pero más allá de esto, me parece que lo más trascendente de la jornada de esta mañana y de lo que va de la tarde, es que tengo la impresión de que hemos logrado convencer a la Bancada de Gobierno de la necesidad de hacer lugar al petitorio del Poder Judicial. En esta doble personalidad de ser Gobierno y, por otro lado, ser Bancada del Gobierno, sus Legisladores terminarán convenciendo al Poder Ejecutivo de hacer lo que no hizo cuando envió el Presupuesto a consideración del Poder Legislativo.

SEÑOR KORZENIAK.- En primer lugar, quiero decir que no me parece nada edificante que en las instancias de las Comisiones se produzcan estas escaramuzas de tipo político, se diga o no que no son alusiones políticas porque, en realidad, en el fondo lo son. Nuestra Bancada -y puedo decirlo con conocimiento de causa- estaba convencida hace días ya de que era indispensable introducir modificaciones en el presupuesto del Poder Judicial. En mi caso concreto, lo sabe todo el Poder Judicial, y no lo dije para los diarios.

En segundo término -y no quiero que se tome esto como alusión política, porque sé que fue fruto de un error de palabras, de un desliz terminológico- señalo que conozco -porque lo he recogido, no de la Suprema Corte ni del compañero Astori, ya que con ninguno de los dos había hablado, sino de todos los gremios del Poder Judicial, de los Fiscales y de infinidad de conversaciones que hemos mantenido- al dedillo todo el proceso de la negociación. Sé que hubo un acuerdo bastante bueno y me consta que se produjo un equívoco que generó subjetividad. Me lo han contado, aunque no los actores directos, pero yo lo creo en este país donde todo se sabe.

Quiero decir que en toda esa negociación -y repito, fue un error de palabras- no hubo, por parte de la Suprema Corte de Justicia una entrega de cargos a cambio de salarios. Esto no fue así. Se trató de una negociación compleja en la que se discutió hasta dónde se llegaba. Aclaro que no estoy diciendo que quienes usaron esa palabra -creo que equivocada e infelizmente- lo hicieron para desmerecer el comportamiento que tuvo la Suprema Corte de Justicia o el Gobierno en este tema. Pienso que se trató de un desliz gramatical y que lo que se quiso decir fue que las cifras globales que se manejaron -supongo que por parte de uno y otro de los que conversaban- determinó esa circunstancia.

Simplemente quería realizar esta aclaración. No estoy cambiando las palabras dichas por otros y no se trata de una alusión política. Personalmente prefiero que, cuando haya sesiones a la que concurren invitados, ellos expongan y nosotros les formulemos preguntas. No me parece bien debatir entre nosotros en medio de una sesión.

SEÑOR MÉNDEZ ARECO.- Quiero formular una aclaración con la que, a mi juicio, vamos a terminar de desentrañar lo que ha sido esta negociación -para la que tuve el honor, junto con la contadora Gonnet, de ser designado por la Suprema Corte de Justicia, para representar a la Institución- con el equipo económico de Gobierno.

Cuando el señor Senador Aguirre señalaba que ahora entendía el por qué de la diferencia, en este caso, tal vez dicho señor Senador no tenga a mano la Fe de Erratas que el Poder Judicial hizo llegar. Voy a explicar el por qué de esto. En razón de esa negociación y de los sucesivos esfuerzos de aproximación entre la posición del Poder Judicial y la del equipo económico, se procuró apuntar a lo mínimo indispensable para que dicho Poder pudiera funcionar adecuadamente priorizando, por sobre todas las cosas, una recuperación salarial de sus funcionarios, que es más que merecida y no precisa abundar en detalles sobre el particular porque así lo han señalado muchos señores Senadores. En este sentido voy a ser muy cuidadoso porque no quiero que mis términos impliquen que yo estoy tomando una u otra posición sobre lo que ha sido manifestado por parte de los señores Senadores.

El Poder Judicial fue entendiendo que era necesario seguir haciendo un esfuerzo y reducir al mínimo las creaciones, en procura de que estos recursos fueran volcados para incrementar el rubro cero, de retribuciones personales, para hacer una reestructura. Y esto yo lo puedo decir porque fui protagonista de la negociación en todas sus instancias. Siempre le manifestamos al equipo económico que la reestructura era, además de la creación de los pocos cargos que en definitiva la Suprema Corte de Justicia envía en su proyecto y esto es así, no porque nos sean necesarios muchos más. Quiero que el señor Senador Aguirre sepa que los que él maneja no son, ni de cerca, los que originariamente empezamos a pedir. En la primera parte de la negociación, los cargos eran muchos más que los manejados por el señor Senador, y ello constituyó la penúltima de las reducciones de creaciones que la Suprema Corte de Justicia estuvo dispuesta a hacer para priorizar siempre los artículos 8º -referente a la incompatibilidad para Magistrados- y 9º, relativo a la reestructura para funcionarios.

En consecuencia, la Fe de Erratas se envía porque, si bien el Poder Judicial costea bien los cargos, no modificamos en el planillado las creaciones. De esta forma, nuestro costeo es idéntico al del Poder Ejecutivo, con la diferencia de que teníamos más cargos de los que el Poder Ejecutivo remitía en su Mensaje. Sin perjuicio de ello, quiero aclarar que esos no son ni siquiera los cargos que el Poder Judicial entendía estrictamente necesarios. La negociación fue iniciada con muchos más cargos porque, entre otras cosas -y el Poder Judicial lo dice muy claramente en la Exposición de Motivos- hubo normas que impusieron al Poder Judicial -y de hecho, actualmente se está considerando alguna otra norma aquí en el Parlamento- sucesivas obligaciones. Personalmente, no pienso que exista mala fe, sino que en el quehacer parlamentario -que generalmente es muy agitado- a veces no se tiene en cuenta que cuando se impone una obligación al Poder Judicial, se le deben dar los recursos correspondientes. Digo esto porque, si a un Poder Judicial en el que todos han coincidido que está al límite de su fuerza y capacidad de trabajo, le imponemos nuevas obligaciones, naturalmente, deberemos darles los recursos que permitan absorber esa mayor carga.

Por lo expuesto, quiero que quede claro -porque además fui partícipe de la negociación en todas sus instancias- que el Poder Judicial fue reduciendo sucesivamente las creaciones. Vuelvo a señalar que la que maneja el señor Senador Aguirre es apenas la penúltima, ya que existieron varias anteriores.

También quiero que quede claro que siempre hubo un Norte: obtener los recursos para la reestructura, sin perjuicio de las creaciones. Digo esto porque si el Poder Judicial utiliza los recursos en una reestructura, -que pide moderadamente, aunque en el contexto del Estado cada peso importa- nadie recibirá la recuperación salarial o, si por vía de recuperación le damos esos recursos, no la podremos realizar. Y menos haremos la reestructura si esos recursos deben costear las creaciones de los cargos. Por eso es que si manejamos el incremento del Grupo Cero, tomando en cuenta las creaciones, es lógico que si se tienen más funcionarios, dicho Grupo va a crecer, pero no acrece a los funcionarios que hoy constituyen la plantilla del Poder Judicial. En ese sentido, la intención de todo el Poder Judicial -como ya se ha destacado, porque fue una experiencia inédita de trabajo conjunto entre todas las asociaciones y la Institución- es que mejore sustancialmente, aunque de manera muy mesurada, el nivel de las retribuciones de sus funcionarios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha sido muy importante para los integrantes de la Comisión escuchar la palabra y la opinión de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y de sus asesores. Estoy seguro de que para nuestros visitantes también ha sido relevante escuchar a todos los sectores que hoy están representados.

(Se retiran de Sala el Ministro interino de la Suprema Corte de Justicia y sus asesores)

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos para despedir a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Posteriormente, continuaremos con la exposición del señor Senador Alfie y luego recibiremos a los representantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

(Así se hace)