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COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE LA

SITUACIÓN CARCELARIA

 (Sesión celebrada el día 23 de setiembre de 2021).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 18:05).

               –Esta convocatoria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria surge a partir de los episodios acontecidos en el sistema carcelario en las últimas horas, por todos conocidos, y que revisten entidad suficiente como para que se realice esta citación. Le solicitamos al comisionado parlamentario su concurrencia a efectos de que nos brinde a todos la información que sobre el tema exista, que sea de su conocimiento, y a su vez para poder hacerle preguntas.

               Tomé la iniciativa en función de distintas llamadas que hicieran los integrantes de la comisión. Por lo tanto, creo que abarco la preocupación y el sentir de todos en cuanto a que era necesario tener esta instancia. Por eso realicé esta citación extraordinaria.

               Si los señores senadores están de acuerdo, recibimos al comisionado parlamentario.

(Apoyados).

(Ingresa a sala el comisionado parlamentario, doctor Juan Miguel Petit)

               –Damos la bienvenida al comisionado parlamentario, doctor Petit, que hemos convocado con el propósito de que pueda informarnos y darnos detalles de los que tenga conocimiento, respecto a la situación del  sistema carcelario en los últimos tiempos y, fundamentalmente, a los episodios de los últimos días, que han preocupado a los integrantes de la comisión. Queríamos tener el acercamiento al conocimiento que tenga de esta situación y a algunas cosas más en referencia al episodio.

               Después de escucharlo vamos a dar paso a las preguntas o inquietudes que quieran trasladar los distintos integrantes de la comisión.

               Con gusto lo escuchamos.

SEÑOR PETIT.- Muchas gracias por la convocatoria y por permitirme venir a reportar esta situación.

               Voy a tratar de ser bien breve y, a diferencia de otras veces, dejaré un espacio extenso para las preguntas porque, de alguna manera, la situación general ya fue presentada con el informe de 2020, luego con la presentación del plan de combate a la reincidencia y en favor de la rehabilitación con perspectiva en los derechos humanos y, además, con los documentos que les he traído.

               En realidad, este nuevo episodio se inscribe dentro de la problemática allí planteada. Por supuesto, puedo hacer un relato sobre lo que pude saber y en función de mi participación en el proceso posterior al desencadenamiento de los hechos. Creo que sí es oportuno señalar alguna reflexión sobre esta situación y, diría, sobre las que se generan.

               Aún no sabemos todo lo que hay debajo de la situación de referencia porque el preso que fue sometido por otros ciudadanos en una celda está en proceso de rehabilitación. Sé que su estado de salud ha mejorado en estas horas, fue sometido a cirugías por una infección en la cadera y cuenta con su abogado defensor de víctima. Cuando hicimos la denuncia el viernes a las 15.00 horas, además de señalar que había varios delitos –extorsión, amenaza, violencia privada, probablemente abusos diversos, además de lesiones graves–, también pedimos que se le asignara un defensor de la víctima. En ese sentido, es muy importante que se tenga presente que las personas que están privadas de libertad y sufren un delito también son víctimas y deben ser asistidas como tales.

               Este episodio se inscribe en lo que son condiciones extremas y muy malas de convivencia que llevan a que aparezca lo peor de las personas. Por eso, siempre hemos planteado –durante estos casi seis años en los que hemos tenido el honor de trabajar para el Parlamento– la necesidad de combatir lo que hemos llamado condiciones crueles, inhumanas o degradantes para, justamente, evitar que aparezca lo peor del ser humano, esa parte oscura que tenemos que genera esos abusos sobre otros y que pueda aparecer, en cambio, la parte más luminosa de las personas. No necesariamente las personas que están allí son las peores personas, sino que las condiciones pésimas de reclusión llevan a que aparezcan, justamente, comportamientos que son propios de condiciones extremas como, por ejemplo, un naufragio, un terremoto o personas que están aisladas en una condición de pobreza extrema.

               La primera reflexión –que yo creo tiene que ver con lo que puede salir de esta comisión y de la instancia parlamentaria del día martes, en que va a haber una interpelación al ministro del Interior sobre estos temas y otros vinculados– tiene que ver con que el país no tiene un sistema penitenciario como tal. Tenemos 26 cárceles más un centro de diagnóstico, con funcionamientos muy diferentes, muy heterogéneos y hasta contradictorios entre sí. El país empezó un proceso de reforma penitenciaria –está en nuestros informes del momento– en el año 2010; trajo inversiones importantes; luego vino la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación; la incorporación de técnicos, etcétera. Se trata de un proceso que –como también señalamos en su momento– estaba incompleto, que sigue incompleto y que debe continuarse, porque las políticas públicas son continuidades, sobre todo en los acuerdos, en los aciertos y en sobreponerse a los eventuales errores o carencias que puedan haber existido como pasa en todas las administraciones.

               Entonces, al no existir un sistema, los episodios individuales generan una impacto que, a veces, en la lectura más negativa puede dar la sensación de que hay absoluta pasividad frente a eso, pero en una lectura constructiva hay que pensar que es necesario, justamente, aportar para construir un sistema. En la salud pública, por ejemplo, seguramente todos los días, todos los meses pasan accidentes, actos de mala praxis, problemas de asistencia, etcétera; cada tanto aparece un episodio de una ambulancia que no llega a tiempo o de un hospital donde se comete un error muy grueso. En general, cuando discutimos de salud discutimos de las políticas de salud, de las orientaciones y cada administración y cada partido político puede tener sus énfasis, y en eso está la política, pero no discutimos sobre lo concreto, sobre lo que hizo tal camillero o qué pasó en tal situación, sino cómo actuó el sistema para esclarecer esa situación puntual.  Entonces, cuando no tenemos un sistema, las situaciones puntuales nos devoran y terminamos comparando cuál situación puntual fue más grave: si esta de hoy, si la de ayer o la de pasado mañana. Además, al no haber un sistema, estas situaciones puntuales de violación de los derechos humanos, de indignidad, de omisión, de carencias, tienden a multiplicarse y el debate se torna sin fin, es una cinta sin fin en la que podrán cambiar las administraciones, pero van a seguir apareciendo hechos y debates sobre los hechos. Si nos quedamos en esos hechos y no construimos un sistema, no vamos a proteger la vida de muchísimas personas.

               Así pues, lo que yo le aporto acá a la comisión es, de nuevo, la propuesta de que el plan presentado oportunamente sea utilizado como marco para trabajar en la comisión y para trasmitir a los Poderes Ejecutivo y Judicial.

               En lo personal, estos días he entrado a funcionar en «modo parlamentario intenso», con mucho diálogo con cantidad de instituciones y con legisladores de todas las bancadas, vale decirlo, que me han llamado, mandado mensajes o nos hemos reunido, y también he tomado una actitud proactiva de acelerar algunas reuniones con las contrapartes de este plan. En ese sentido, me reuní con la presidencia de ASSE para plantear, justamente, la necesidad de todo el tema de adicciones y salud mental y los pasos que estamos dando nosotros a nivel de la Justicia sobre eso. Ayer me reuní con la Suprema Corte de Justicia, que me había convocado, y me recibieron en pleno, es decir, en acuerdo los cinco ministros, y la verdad que para nuestra oficina fue un gusto porque nunca había sido recibida por el pleno.

               Es muy importante destacar que la Suprema Corte de Justicia debe ser escuchada en todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario. A veces, por una cuestión de cómo se cubren las noticias, pensamos que el responsable de la privación de libertad es la Policía o el Ministerio del Interior. La autoridad legítima sobre la privación de libertad es del Poder Judicial, él es el que tiene la potestad de reclamar a quien ejecuta la pena, a quien realiza la ejecución penal, que la pena se cumpla en condiciones de dignidad, de rehabilitación y de tratamiento. El Poder Judicial, además, tiene la defensa pública. También planteamos allí la necesidad de reforzar los recursos de la defensa pública que hoy son –me atrevería a decir– dramáticamente insuficientes, porque hay situaciones de indefensión por falta de recursos de la defensa.

               Me reuní también con la presidenta en ejercicio de la Asamblea General y retomamos el tema de este plan. Le comenté que hoy también lo iba a presentar aquí. Ella siempre ha tenido una actitud de gran apertura con nuestra oficina y en relación con estos temas. Y, como dije antes, mantuve reuniones con diversos legisladores.

               Para terminar esta parte, nuestra propuesta es tomar este plan como base de trabajo, que la comisión lo tome como base de trabajo. Mi labor es darles a ustedes insumos. Ya que ustedes como legisladores están en muchas comisiones y en muchos temas y, obviamente, no tienen por qué ser especialistas en este tema, nuestra oficina sí tiene que especializarse en eso y aportarles a ustedes una hoja de ruta que, por supuesto, puede ser recorrida total, parcialmente o en nada, según lo que cada legislador o bancada decida.

               Es importante citar a las contrapartes aquí referidas, por ejemplo, ASSE, para que pueda explicar cuál es su política para las cárceles, para salud mental. Planteé en ASSE la necesidad de expandir la cobertura en salud mental y en salud en general porque hay buena parte del sistema que todavía es cubierto por sanidad policial.

También me reuní con el ministro de Salud Pública, a quien le planteé que un avance en la justicia terapéutica requiere, además, medidas de salud pública, o sea, camas en la comunidad para la internación en salud mental, ya sea para personas con medidas alternativas como para privados de libertad. Hoy toda persona privada de libertad puede ser remitida por el juez a un establecimiento adecuado para su atención. O sea que la justicia terapéutica ya existe en Uruguay. Seguramente, puede y debe ser mejorada su fineza legislativa, pero ya existe. Eso requiere una política de salud pública. Y espero también reunirme en breve con el director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública para promover estos temas.

Creo que el país tiene pendiente una ley de ejecución penal. Estos episodios recientes también lo muestran. Me pongo a las órdenes de la comisión para trabajar en eso. Hoy, con algunos legisladores con los que informalmente comentamos estas cosas surgió ese tema. Me pongo a las órdenes y si la comisión lo entiende pertinente estamos dispuestos a trabajar desde nuestra oficina con todas las contrapartes para elevarles a ustedes un borrador de ley de ejecución penal, que sería simplemente eso: un borrador y una base de trabajo. El país no tiene una ley de ejecución penal y debería tenerla.

Estas son mis consideraciones generales. Creo que tenemos una oportunidad para lograr algún acuerdo. Aquí hay protagonistas de acuerdos que se hicieron en el 2010, si no me equivoco. Creo que el senador Bonomi, quien en ese momento era el ministro del Interior, participó. Hoy le preguntaba a la diputada Etcheverry dónde había sido exactamente, si en el Parlamento o en la sede del Poder Ejecutivo. Pero hubo legisladores de la entonces oposición que participaron de ese acuerdo. Y esta es la casa del pueblo, acá reside la soberanía. Es la casa de los desacuerdos, de los debates, pero también es la casa de los acuerdos y es la casa desde la cual se pueden impulsar políticas de Estado que involucran a los tres poderes. Solamente de esa manera se puede construir un auténtico sistema penitenciario que permita promover los derechos de todos.

Quedo abierto a recibir las preguntas que quieran formularme porque, obviamente, puede haber aspectos de detalles sobre los episodios que están siendo discutidos, su prevención, su asistencia, las medidas tomadas, etcétera. Estoy a la orden para que me pregunten. Prefiero que ustedes me pregunten y no ser sobreabundante en cosas de las que capaz ya están enterados. Por eso, reitero, quedo abierto a preguntas y comentarios.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Alguna legisladora o algún legislador, una vez escuchado el informe del doctor Petit, quiere realizar preguntas o comentarios?

SEÑOR CARRERA.- Muchas gracias, señor presidente. Un saludo al comisionado parlamentario. Hemos estado conversando. Realmente, este año han ocurrido hechos que, en lo personal, me han impactado muchísimo. Recuerdo el episodio Ayala; para mí eso fue brutal. Entonces, creo que, a partir de estos episodios, debemos tratar de generar políticas de Estado. Por eso estoy de acuerdo con lo manifestado por el comisionado parlamentario, pero hay que hacerlo –como dijo el doctor Petit–, porque hay una acumulación positiva en las políticas públicas. Entonces, uno tiene que rever y tratar de mejorar. Yo creo que se han hecho gestiones; hay que cambiar otros aspectos, pero tiene que existir la voluntad. Desde el Frente Amplio le quiero decir al comisionado parlamentario y al presidente de la comisión, que nosotros tenemos un principio político de no hacer política con estos temas. Cuando fuimos oposición, lo hicimos; cuando fuimos Gobierno, tratamos de generar consensos. Ese acuerdo a que hacía referencia el comisionado parlamentario se hizo en esta casa, en una de estas salas –me tocó participar muchas veces– y tiene mi firma, porque en aquel momento no pudieron venir las autoridades respectivas: el exministro y el exsubsecretario, que eran el senador Bonomi y el señor Jorge Vázquez. Entonces, nosotros estamos de acuerdo, pero tenemos que ver un marco de trabajo.

Creo que el marco que ha presentado el comisionado parlamentario es posible. Quiero dejar constancia aquí de que lo he estudiado y lo he visto; creo que son de las cosas que hay que rever. También, como integrante, hoy me toca ser el presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, y estoy a la orden en ese sentido. A mí me gustaría saber, comisionado, si usted ha conversado con las autoridades, con el ministro y con el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, respecto a si se inició una investigación administrativa. Tendría que haberse iniciado una investigación administrativa de urgencia porque el hecho es inamisible. Quiero saber si nos puede dar información –si tiene que ser sin versión taquigráfica, que así sea– del estado de esta persona. Es inadmisible lo que ocurrió, y queremos tener hoy las garantías de que esto no está ocurriendo en otro centro penitenciario. ¿Por qué digo esto? Porque el ministro no lo ha dejado claro. Entonces, es una preocupación que tenemos al respecto. El ministro ha dicho que esto puede estar ocurriendo en otro centro penitenciario. Creo que nosotros debemos tener las garantías hoy, como representantes del pueblo, de que esto no está ocurriendo, porque es inamisible. Si tenemos que conversar sin versión taquigráfica, que así sea, pero nosotros queremos saberlo. Es inadmisible que esta persona haya estado 60 días secuestrada y en esa situación por estos delitos, como dijo el comisionado parlamentario.

Creo –y también quiero decirlo– que el comisionado parlamentario actuó bien haciendo la denuncia, como corresponde, y solicitando que esta persona tenga un defensor porque, desde el momento en que sufrió esta situación, se transformó en víctima.

Me gustaría saber, además, si el defensor de oficio lo cedió la oficina de víctimas de la fiscalía o quién lo hizo.

               Queríamos conversar en ese sentido, comisionado, y saber cuáles son las acciones que se han tomado, también en el Módulo 11, a los efectos de revisar esta situación. Y quiero decirle también lo que siempre decimos. Nosotros hemos señalado públicamente, en diversas oportunidades, que tenemos un principio: que estos temas deben ser políticas de Estado. Y ya que el comisionado parlamentario lo planteó, creo que esta sería una buena oportunidad para que él elaborara ese proyecto de ejecución de medidas; con el contacto con otros comisionados que tiene, me parece que sería una buena iniciativa que él nos brindara un proyecto elaborado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor comisionado parlamentario: ¿quiere ir contestando de a una pregunta o le doy la palabra a otros señores legisladores que la han solicitado?

SEÑOR PETIT.- Prefiero contestarlas de a una.

SEÑOR PRESIDENTE.- Perfecto. El señor senador Carrera ha planteado o sugerido no tener versión taquigráfica a efectos de que el señor comisionado parlamentario se pueda explayar con los detalles que corresponda.

               Si estamos de acuerdo todos, entonces, que se suspenda, por favor, hasta nuevo aviso la versión taquigráfica.

(Se suspende la toma de la versión taquigráfica).

(Son las 18:27).

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.