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N.º 16 - TOMO 638 - 6 DE JUNIO DE 2023

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

16.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDE BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO, Y LA PROSECRETARIA VICTORIA VERA

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

– La señora senadora Della Ventura solicita se cursen los siguientes pedidos de informes con destino:

- al Ministerio del Interior, relacionado con algunos hechos que tuvieron lugar el pasado 20 de mayo, durante la Marcha del Silencio en la ciudad de Minas;

- al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio a la ANEP, al Codicén y a la Dirección General de Educación Secundaria, relacionado con una orden no formal transmitida a liceos públicos del país por la Inspección de Institutos y Liceos sobre posibles actividades por los desaparecidos.

– La señora senadora Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes con destino a la Oficina Nacional del Servicio Civil:

- relacionado con el cumplimiento de la Ley n.° 18651, de 19 de febrero de 2010, Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad;

- relacionado con el cumplimiento de la Ley n.° 19122, de 21 de agosto de 2013, Fijación de disposiciones con el fin de favorecer la participación en las áreas educativa y laboral, de los afrodescendientes;

- relacionado con el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley n.° 19889, de 9 de julio de 2020, referente al cupo de vacantes para víctimas de delitos violentos.

– El señor senador Da Silva solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por su intermedio al Instituto Nacional de Carnes, relacionado con el uso de hormonas de crecimiento en la ganadería uruguaya.

– El señor senador Manini Ríos solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con el Decreto n.° 147, del 17 de mayo de 2023, modificatorio del Decreto n.° 276, de 28 de junio de 2002, Aprobación del Reglamento General del Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico Nacional, en atención al impacto que pueda originar en las finanzas de UTE y en las tarifas de los usuarios.

– Los señores senadores Caggiani y Sabini solicitan se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ambiente y por su intermedio a la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, relacionado con recursos humanos empleados en cooperativas sociales.

• Oportunamente fueron tramitados.

5) Proyectos presentados

– La señora senadora Sanguinetti presenta un proyecto de ley relacionado con la prevención y reducción del robo de vehículos.

• Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

– El señor senador Sartori presenta un proyecto de ley relacionado con el acceso universal a las bombas de insulina.

• Pasa a la Comisión de Salud Pública.

– Las señoras senadoras Asiaín y Rodríguez presentan un proyecto de ley relacionado con la adopción prenatal y neonatal.

• Pasa a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.

6) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

7) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por la señora presidenta del Cuerpo, Beatriz Argimón, y por los señores senadores Moreira, Coutinho, Nane, Gandini, Sánchez, Sartori y Penadés.

– Quedan convocados los señores senadores Saravia, Methol, Cardoso, Russi, Bica, Barrera, Straneo, Blás y Castaingdebat.

8) Reiteración de pedido de informes

• A solicitud de la señora senadora Nane, el Senado resuelve hacer suyo y reiterar un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Educación Pública, relacionado con estudiantes y docentes del Liceo n.° 41 de Montevideo.

9) Políticas de futuro

– Manifestaciones del señor senador Domenech.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a Presidencia de la República, a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, así como a la Federación Rural del Uruguay.

10) Examen de vitamina D. Su inclusión en el PIAS

– Manifestaciones de la señora senadora Lazo.

• Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Salud Pública, a las cátedras de Endocrinología y Metabolismo y de Ginecología, y a ASSE.

11) Arquitecto Mariano Arana. Su fallecimiento

• Por moción de la señora senadora Della Ventura, el Senado resuelve ponerse de pie y realizar un minuto de silencio por su reciente deceso.

12) Tercera vicepresidencia del Cuerpo

– Nota de renuncia del señor senador Sergio Botana.

• Aceptada.

• El Senado resolvió designar como tercer vicepresidente al señor senador Sartori.

13) Setenta y cinco años de la creación del Instituto Nacional de Colonización

– Exposición verbal del señor senador Camy por el término de veinte minutos.

– Manifestaciones de varios señores senadores.

• Por moción del señor senador Camy, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de todo lo expresado al Directorio del INC, a la Comisión Directiva de la Afinco, a la Asociación de Colonos del Uruguay y al Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Fomento Rural.

14) Solicitud de autorización del señor presidente de la república para ausentarse del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas

– Nota del señor presidente de la república, doctor Luis Lacalle Pou.

• Concedida.

– La señora presidenta comunica que pasará a ocupar la presidencia de la república del 12 al 15 de junio y que, durante ese período, la señora senadora Bianchi ocupará la vicepresidencia de la república.

15) Fuerzas Comando 2023

– Por moción de los señores senadores Peña, Manini Ríos, Della Ventura y Asiaín, el Senado resuelve declarar urgente y considerar el proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de efectivos y armamento del Ejército nacional.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16) Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial

– Proyecto de ley por el que se exhorta a los espacios y salas privadas de promoción o difusión cultural a unirse en la promoción de la cultura afrouruguaya.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) y 19) Delitos contra el ambiente

– Proyecto de ley por el que se incorpora el título XIV al libro II del Código Penal.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• A solicitud del señor senador Botana, el Senado así lo resuelve.

20) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 5 de junio de 2023

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, mañana martes 6 de junio, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1) Tercera vicepresidencia del Cuerpo. Aceptación de renuncia y designación.

Carp. n.° 33/2020

2) Exposición verbal del señor senador Carlos Camy, por el término de veinte minutos, a fin de referirse a los setenta y cinco años de la creación del Instituto Nacional de Colonización, por la Ley n.° 11029, de fecha 12 de enero de 1948.

3) Solicitud de autorización presentada por el señor presidente de la república Luis Lacalle Pou, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 170 de la Constitución de la república, a efectos de ausentarse del país por más de cuarenta y ocho horas, a partir del 12 de junio, con motivo de recibir la distinción Gold Insigne que otorga el foro Americas Society/Council of the Americas, que tendrá lugar en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.

Carp. n.° 976/2023 - rep. n.° 673/2023

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

4) por el que se modifica el artículo 3.° de la Ley n.° 18059, de 20 de noviembre de 2006, Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial.

Carp. n.° 354/2020 - rep. n.° 671/2023

5) por el que se incluye en el libro II del Código Penal Uruguayo el título “Delitos contra el ambiente”.

Carp. n.° 323/2020 - rep. n.° 674/2023 y anexo I

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Andrade, Asiaín, Batlle, Bergara, Bica, Blás, Botana, Caggiani, Camy, Cardoso, Carrera, Castaingdebat, Da Silva, Della Ventura, Domenech, Kechichian, Lazo, Mahía, Manini Ríos, Methol, Nane, Niffouri, Nunes, Peña, Rodríguez, Rubio, Sabini, Sánchez, Sanguinetti y Straneo.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Bianchi, Coutinho, Gandini, Moreira, Penadés y Sartori.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:47).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«La Presidencia de la Asamblea General destina mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

• por el que se crea en el Archivo General de la Nación, dependiendo del Ministerio de Educación y Cultura, una sección destinada a reunión, organización y conservación de documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos. (Carpeta n.° 970/2023).

A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO.

• Por el que se aprueba el Acuerdo de implementación del Acuerdo de París entre la República Oriental del Uruguay y la Confederación Suiza, suscrito en la ciudad de Montevideo el 12 de diciembre de 2022. (Carpeta n.° 974/2023).

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

El señor presidente de la república remite un mensaje por el que solicita la autorización prescripta por el artículo 170 de la Constitución de la república a fin de ausentarse del país por más de cuarenta y ocho horas, desde el 12 y hasta el 15 de junio de 2023, con motivo de recibir la distinción Gold Insigne que otorga el foro Americas Society/Council of the Americas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. (Carpeta n.° 976/2023).

HA SIDO REPARTIDO Y SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

• por el que se designa Dr. Jorge Washington Larrañaga Fraga el puente sobre el arroyo Grande, ubicado en el kilómetro 243 de la ruta nacional n.° 3 General José Gervasio Artigas. (Carpeta n.° 909/2023);

• por el que se modifica la Ley n.° 18566, de 11 de setiembre de 2009, Ley de Negociación Colectiva. (Carpeta n.° 801/2022);

• por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Checa sobre cooperación bilateral en materia de la defensa, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 13 de enero de 2022. (Carpeta n.° 812/2022);

• por el que se aprueba la Enmienda al Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil sobre cooperación en el ámbito de la defensa. (Carpeta n.° 857/2022);

• por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República de Angola, en el dominio de la enseñanza superior, ciencia, tecnología e innovación, suscrito en Luanda, el 18 de febrero de 2019. (Carpeta n.° 775/2022);

• por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Angola, sobre facilitación de visas a personas de negocios, suscrito en la ciudad de Luanda, República de Angola, el 18 de febrero de 2019. (Carpeta n.° 846/2022);

• por el que se designa Amalia Nieto el Jardín de Infantes n.° 220 del departamento de Montevideo. (Carpeta n.° 755/2022);

• por el que se declara pueblo la localidad de Centenario del departamento de Durazno. (Carpeta n.° 904/2023);

• por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general y por el plazo máximo de un año, el subsidio por desempleo a Central Lanera Uruguaya y Lanera Piedra Alta S. A. (Carpeta n.° 914/2023);

• por el que se autoriza la salida del país de personal y medios de la Fuerza Aérea Uruguaya para participar en el ejercicio militar combinado Cooperación IX, a llevarse a cabo en el área de las ciudades de Piura y Chiclayo en la República del Perú, desde el 8 y hasta el 19 de mayo de 2023. (Carpeta n.° 938/2023);

• por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República de Austria sobre el desempeño de actividades remuneradas por parte de familiares de personal diplomático, consular, administrativo y técnico en misiones diplomáticas y oficinas consulares, suscrito en Viena, República de Austria, el 10 de abril de 2019. (Carpeta n.° 814/2022);

• por el que se declara, de conformidad con el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 2 de setiembre de 1990, y el artículo 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que el Estado garantiza el reconocimiento del principio de corresponsabilidad en la crianza. (Carpeta n.° 307/2020);

• por el que se crean las fases cuatro y cinco del Programa Oportunidad Laboral con el objeto y las condiciones previstas por la Ley n.° 19952, de 20 de mayo de 2021, y sus modificativas. (Carpeta n.° 947/2023);

• por el que se designa Doctor Rodolfo Talice el Liceo n.° 57 del departamento de Montevideo, dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria de la Administración Nacional de Educación Pública. (Carpeta n.° 375/2020);

• por el que se dispone que se erija un monumento en memoria del vicealmirante Juan José Zorrilla en la entrada de la Ciudad Vieja de Montevideo. (Carpeta n.° 883/2023);

• por el que se modifica el artículo 1.° de la Ley n.° 17503, de 20 de mayo de 2002, otorgándose un subsidio a los productores granjeros por aportes al Banco de Previsión Social. (Carpeta n.° 966/2023);

• por el que se aprueba el Protocolo complementario del Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, suscrito en Beijing, República Popular China, el 10 de setiembre de 2010. (Carpeta n.° 813/2018);

• por el que se realizan modificaciones a la Ley n.° 20112, de 5 de enero de 2023, relacionadas con el impuesto a las rentas de las actividades económicas. (Carpeta n.° 951/2023);

• por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de 13 (trece) efectivos de la Guardia Nacional de Connecticut y 1 (una) aeronave Hércules C-130 de los Estados Unidos de América, con motivo de la participación en el intercambio conjunto bilateral con la Fuerza Aérea Uruguaya, en el período comprendido entre el 5 y el 10 de junio de 2023. (Carpeta n.° 967/2023);

• por el que se exceptúan de la aplicación del artículo 56 de la Ley n.° 18719, de 27 de setiembre de 2010, cargos o funciones vinculadas a la investigación en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. (Carpeta n.° 847/2022).

AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

La Cámara de Representantes:

- remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se designa Héctor Gutiérrez Ruiz la Escuela n.° 330 del departamento de Montevideo. (Carpeta n.° 969/2023);

• por el que se designa Néstor Tito Gonçalves la Escuela n.° 400 del departamento de Montevideo. (Carpeta n.° 971/2023).

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

- Comunica que ha aprobado un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 1.° de la Ley n.° 17503, de 30 de mayo de 2002, otorgándose un subsidio a los productores granjeros por aportes al Banco de Previsión Social. (Carpeta n.° 966/2023).

AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

- Remite copia de la versión taquigráfica del representante nacional Carlos Reutor, con destino a la Comisión de Salud Pública y a los señores senadores del departamento de Canelones, relacionada con la policlínica ubicada en el barrio La Capilla, de la ciudad de Toledo.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y A LOS SEÑORES SENADORES.

- Comunica la integración de la Mesa del Cuerpo para el cuarto período de la XLIX legislatura: Sebastián Andújar, presidente; Gustavo Olmos, primer vicepresidente; Silvana Pérez Bonavita, segunda vicepresidenta; Juan Carlos Moreno, tercer vicepresidente; Zulimar Ferreira, cuarta vicepresidenta; Fernando Ripoll Falcone, secretario redactor; Virginia Ortiz, secretaria relatora; Medardo Manini Ríos, prosecretario, y Laura Melo, prosecretaria.

TÉNGASE PRESENTE.

La Comisión de Ambiente eleva informado el proyecto de ley por el que se incorpora al Código Penal Uruguayo el título específico “Delitos contra el ambiente”. (Carpeta n.° 323/2020).

HA SIDO REPARTIDO Y SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Junta Departamental de Flores remite copia de las siguientes versiones taquigráficas:

• de las palabras pronunciadas por la edila Ana Laura Melo, relacionadas con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. (Oficio n.° 372/2023).

TÉNGASE PRESENTE.

• De las palabras pronunciadas por el edil Sergio Pérez, relacionadas con las personas con baja o nula capacidad visual. (Oficio n.° 397/2023).

OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.

• De las palabras pronunciadas por la edila Eugenia Quintana, relacionadas con la existencia de proyectos de ley sobre la enfermedad celíaca. (Oficio n.° 373/2023).

La Junta Departamental de Florida remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la edila Eliana Báez relacionadas con el Día Internacional del Paciente Celíaco. (Oficio n.° 30/2023).

OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.

La Junta Departamental de Paysandú remite copia de una moción presentada por el edil Andrés Giménez, relacionada con la responsabilidad civil obligatoria.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

La Suprema Corte de Justicia remite:

• nota por la que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación de un pedido de informes realizado por el señor senador Guido Manini Ríos, relacionado con las sanciones y los recursos administrativos en proceso en dicha institución. (Asunto 158148);

• respuesta al pedido de informes del señor senador Guido Manini Ríos, relacionado con sanciones emitidas por dicha institución. (Asunto 158148).

OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS AL SEÑOR SENADOR GUIDO MANINI RÍOS.

• Mensaje relacionado con los autos caratulados: “Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 36.° Turno E/A: ‘Prueba anticipada y/o diligencia preparatoria’ IUE 2-29323/2023 - Remite exhorto”. (Carpeta n.° 977/2023).

A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

La Unidad de Enlace con el Parlamento del Mercosur remite nota por la que comunica que, en sesión del 29 de mayo del corriente, se ha elegido para el cargo de vicepresidente del Cuerpo, correspondiente a la República Oriental del Uruguay, al diputado Ruben Bacigalupe.

TÉNGASE PRESENTE.

El Ministerio de Ambiente remite respuesta a los siguientes pedidos de informes:

• del señor senador Benjamín Liberoff, relacionado con las medidas de apoyo al sector turístico durante la emergencia sanitaria. (Asunto 156422).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR BENJAMÍN LIBEROFF.

• De los señores senadores Daniel Caggiani, Amanda Della Ventura y Lauro Meléndez, relacionado con el Proyecto Neptuno o Arazatí. (Asunto 156020).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LOS SEÑORES SENADORES.

• Del señor senador Daniel Caggiani, relacionado con el uso de las tarjetas corporativas. (Asunto 156816).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR DANIEL CAGGIANI.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite nota por la que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación de un pedido de informes realizado por el señor senador Charles Carrera, relacionado con la gestión de recursos humanos y la carrera administrativa. (Asunto 158089).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR CHARLES CARRERA.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta a un pedido de informes de los señores senadores Mario Bergara, Daniel Caggiani, Charles Carrera, Juan Castillo, Amanda Della Ventura, Liliam Kechichian, Sandra Lazo, José Carlos Mahía, José Nunes, Enrique Rubio, Uruguay Russi y Alejandro Sánchez, relacionado con el Fideicomiso Integración Social y Urbana. (Asunto 158206).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LOS SEÑORES SENADORES.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial remite nota por la que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación de un pedido de informes de los señores senadores Mario Bergara, Daniel Caggiani, Charles Carrera, Juan Castillo, Amanda Della Ventura, Liliam Kechichian, Sandra Lazo, José Carlos Mahía, José Nunes, Enrique Rubio, Uruguay Russi y Alejandro Sánchez, relacionado con las normas del Fideicomiso Integración Social y Urbana. (Asunto 158202).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LOS SEÑORES SENADORES.

El Ministerio de Desarrollo Social remite nota por la que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación de un pedido de informes de los señores senadores Oscar Andrade, Graciela Barrera, Mario Bergara, Daniel Caggiani, Charles Carrera, Amanda Della Ventura, Graciela García, Liliam Kechichian, Sandra Lazo, José Carlos Mahía, José Nunes, Enrique Rubio y Uruguay Russi, relacionado con un llamado a concurso abierto de administrativo especializado en Administración con destino al INDA, Instituto Nacional de Alimentación. (Asunto 158069).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LOS SEÑORES SENADORES.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite respuesta a un pedido de informes de la señora senadora Silvia Nane, relacionado con la implementación de políticas de género. (Asunto 158446).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA SEÑORA SENADORA SILVIA NANE.

El Ministerio del Interior remite respuesta a un pedido de informes de los señores senadores Daniel Caggiani, Charles Carrera, Sandra Lazo, Sebastián Sabini y Alejandro Sánchez, relacionado con varios delitos ocurridos entre enero y junio de 2022. (Asunto 155585).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LOS SEÑORES SENADORES.

El Ministerio de Salud Pública remite nota por la que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación de un pedido de informes de los señores senadores Oscar Andrade, Graciela Barrera, Mario Bergara, Eduardo Brenta, Daniel Caggiani, Charles Carrera, Amanda Della Ventura, Liliam Kechichian, Sandra Lazo, Silvia Nane, José Nunes, José Carlos Mahía y Sebastián Sabini, relacionado con acciones de amparo referidas al Plan Integral de Atención en Salud, al formulario terapéutico de medicamentos o al Fondo Nacional de Recursos. (Asunto 158486).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LOS SEÑORES SENADORES.

El Ministerio de Educación y Cultura remite:

• respuesta a los siguientes pedidos de informes de la señora senadora Silvia Nane:

- relacionado con la implementación de políticas de género. (Asunto 158456);

- relacionado con los objetivos estratégicos para la educación media superior. (Asunto 152295);

• respuesta, de la Junta de Transparencia y Ética Pública, a los siguientes pedidos de informes solicitados por la señora senadora Silvia Nane:

- relacionado con información solicitada y publicada por la Jutep. (Asunto 157738);

- relacionado con información solicitada y publicada por dicha junta al amparo de lo establecido en la Ley n.° 19340, de 28 de agosto de 2015, Creación de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) como Servicio Descentralizado. (Asunto 157824).

OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS A LA SEÑORA SENADORA SILVIA NANE.

• Respuesta de la Fiscalía General de la Nación a un pedido de informes de los señores senadores Carmen Asiaín y Amin Niffouri, relacionado con el uso del sistema aleatorio de distribución de casos que se asignan a los fiscales. (Asunto 158048).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LOS SEÑORES SENADORES.

La señora senadora Silvia Nane solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.° de la Ley n.° 17673, de 21 de julio de 2003, la reiteración de un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Educación Pública, a los efectos de que el Cuerpo lo haga suyo, relacionado con estudiantes y docentes del Liceo n.° 41 de Montevideo. (Asunto 157928).

SE VA A VOTAR OPORTUNAMENTE».

4) PEDIDOS DE INFORMES

(Pedidos de informes consignados en la nómina de asuntos entrados).

«La señora senadora Amanda Della Ventura solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes con destino:

• al Ministerio del Interior, relacionado con algunos hechos que tuvieron lugar el pasado 20 de mayo, durante la Marcha del Silencio en la ciudad de Minas. (Asunto 159081);

• al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la ANEP, al Codicén y a la Dirección General de Educación Secundaria, relacionado con una orden no formal transmitida a liceos públicos del país por la Inspección de Institutos y Liceos sobre posibles actividades por los desaparecidos. (Asunto 159082).

OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

«La señora senadora Gloria Rodríguez solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley n.° 16134, de 24 de setiembre de 1990, se cursen los siguientes pedidos de informes con destino a la Oficina Nacional del Servicio Civil:

• relacionado con el cumplimiento de la Ley n.° 18651, de 19 de febrero de 2010, Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad. (Asunto 159092);

• relacionado con el cumplimiento de la Ley n.° 19122, de 21 de agosto de 2013, Fijación de disposiciones con el fin de favorecer la participación en las áreas educativa y laboral, de los afrodescendientes. (Asunto 159091);

• relacionado con el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley n.° 19889, de 9 de julio de 2020, referente al cupo de vacantes para víctimas de delitos violentos. (Asunto 159141).

OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

«El señor senador Sebastián Da Silva solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio al Instituto Nacional de Carnes, relacionado con el uso de hormonas de crecimiento en la ganadería uruguaya. (Asunto 159116).

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«El señor senador Guido Manini Ríos solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con el Decreto n.° 147, del 17 de mayo de 2023, modificatorio del Decreto n.° 276, de 28 de junio de 2002, Aprobación del Reglamento General del Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico Nacional, en atención al impacto que pueda originar en las finanzas de UTE y en las tarifas de los usuarios. (Asunto 159145).

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«Los señores senadores Daniel Caggiani y Sebastián Sabini solicitan, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ambiente, y por su intermedio a la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), relacionado con recursos humanos empleados en cooperativas sociales. (Asunto 159148)».

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

5) PROYECTOS PRESENTADOS

(Proyectos consignados en la nómina de asuntos entrados).

«La señora senadora Carmen Sanguinetti presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley relacionado con la prevención y reducción del robo de vehículos. (Carpeta n.° 972/2023).

A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN».

(Texto del proyecto de ley presentado).

«El señor senador Juan Sartori presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley relacionado con el acceso universal a las bombas de insulina. (Carpeta n.° 973/2023).

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA».

(Texto del proyecto de ley presentado).

«Las señoras senadoras Carmen Asiaín y Gloria Rodríguez presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley relacionado con la adopción prenatal y neonatal. (Carpeta n.° 975/2023).

A LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, DESARROLLO E INCLUSIÓN».

(Texto del proyecto de ley presentado).

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- En la sesión extraordinaria del 17 de mayo no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del 23 de mayo faltó con aviso la señora senadora Rodríguez.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 23 de mayo faltó con aviso el señor senador Camy.

A la sesión de la Comisión Especial para la Modificación de la Ley n.° 16060 del 24 de mayo faltaron con aviso los señores senadores Carrera, Nane y Pintado.

A la sesión de la Comisión Investigadora sobre Presuntas Irregularidades Ocurridas en la Dirección General de la Secretaría del Ministerio del Interior entre los Años 2010 a 2017 del 29 de mayo faltaron con aviso los señores senadores Castaingdebat y Peña.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del 1.° de junio faltó con aviso el señor senador Pintado.

A la sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del 1.° de junio faltaron con aviso los señores senadores Kechichian, Pintado y Rodríguez.

A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 1.° de junio faltó con aviso el señor senador Sánchez.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 31 de mayo de 2023

Señor secretario del Senado

Gustavo Sánchez

De mi mayor consideración:

Solicito a usted ponga a consideración del Cuerpo mi siguiente pedido de licencia: en mi condición de presidenta de la Asamblea General, presidenta del Senado, presidenta del Grupo Interparlamentario Uruguayo ante la UIP y vicepresidenta de la UIP, he sido invitada a participar representando a nuestro país, a la reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria (UIP), que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de junio del presente año en la ciudad de Lisboa, Portugal.

En virtud de ello solicito al Cuerpo me conceda licencia desde el 27 de junio, a partir de las 19:30, al 2 de julio del corriente año.

Sin otro particular,

Beatriz Argimón. Presidenta de la Cámara de Senadores».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que, en virtud de que estaré en uso de licencia desde el 27 de junio, a partir de las 19:30, hasta el 2 de julio, pasará a ocupar la vicepresidencia de la república la señora senadora Bianchi. Por tal motivo, y habiendo presentado nota de desistimiento los señores senadores Fernanda Maldonado, Pablo Caram, Ricardo Planchón y Alejandro Draper informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del Cuerpo, queda convocado el señor Jorge Saravia, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 1.° de junio de 2023

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el 6 de junio del corriente año.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Irene Moreira. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–11 en 12. Afirmativa.

Se comunica que los señores Raúl Lozano, Araceli Desiderio, Eduardo Lust, Rivera Elgue y Gonzalo Ferreira han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Marcos Methol, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 5 de junio de 2023

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004, por asuntos particulares, los días 6, 7, 12, 13 y 14 de junio del corriente año.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Germán Coutinho. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Germán Cardoso, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 5 de junio de 2023

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el 8 de junio de 2023.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Silvia Nane. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–14 en 15. Afirmativa.

Queda convocado el señor Uruguay Russi, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 6 de junio de 2023

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Presente

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 1.° de la Ley n.° 17827, solicito se me conceda licencia por motivos personales los días 6 a 8 de junio de 2023.

Sin otro particular, la saludo con la seguridad de su consideración más distinguida.

Jorge Gandini. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–15 en 16. Afirmativa.

Se comunica que el señor Guillermo Besozzi ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria del Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Verónica Bica, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 5 de junio de 2023

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el próximo 15 de junio del corriente año.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Alejandro Sánchez. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–15 en 16. Afirmativa.

Se comunica que los señores Eneida de León, Yamandú Orsi, Marcos Otheguy y Lucía Etcheverry han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela Barrera, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 5 de junio de 2023

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, por motivos personales, los días 6, 7 y 8 de junio de 2023, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Juan Sartori. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–15 en 17. Afirmativa.

Se comunica que los señores Alem García y Rosina Piñeyro han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Juan Straneo, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 6 de junio de 2023

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004, desde el 6 de junio hasta el 5 de julio, inclusive, del corriente año, sin goce de sueldo.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Gustavo Penadés. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–16 en 18. Afirmativa.

Se comunica que los señores Magdalena Zumarán y Enrique Antía han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Rodrigo Blás, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

8) REITERACIÓN DE PEDIDO DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera el pedido de informes de la señora senadora Nane con destino al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Educación Pública, relativo al acceso de información sobre alumnos y docentes del Liceo n.° 41.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) POLÍTICAS DE FUTURO

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor senador Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: se ha hecho costumbre en el país una mirada que nos retrotrae al pasado y nos ancla en él, distrayéndonos de una legítima preocupación por los temas del presente y el futuro.

Uruguay no tiene como único problema el suministro de agua en la zona metropolitana, asunto en el que solo nos hemos detenido para la imputación de responsabilidades entre los partidos políticos que han ejercido el poder en los últimos cincuenta años. En ese período, a pesar de elevarse voces aisladas que advirtieron de un peligro inminente, poco se hizo para resolver el problema y hoy todavía nos encontramos estancados en un debate que parece inconducente, cuando tendríamos que estar canalizando ríos y arroyos, utilizando racionalmente las aguas subterráneas y construyendo acueductos y represas.

Nuestro país acumula problemas en áreas como la educación, donde desde hace años nuestros educandos quedan mal calificados en las pruebas internacionales a las que se los somete. También se registran altos niveles de analfabetos funcionales y altísimos porcentajes de deserción de los centros de estudio de enseñanza media.

A nivel de la enseñanza universitaria, debe reconocerse que la UTEC –con todas las críticas que se le puedan efectuar– ha generado una esperanza de renovación y de proyección de futuro que resulta alentadora. Por su lado, la Universidad de la República –de la que egresamos y a la que respetamos– debe renovarse, ya que es muy claro que en algunas antiguas y queridas disciplinas se forman profesionales en una cantidad que no responde a los verdaderos intereses del país, generando una plétora profesional que produce frustración entre los egresados por la ausencia de un horizonte laboral y el desperdicio de dineros siempre escasos.

Mientras tanto, y a modo de ejemplo, quiero mencionar que Uruguay debe importar personal capacitado desde países lejanos para satisfacer las necesidades de las nuevas empresas. En tal sentido, es imperativa una agresiva política de orientación vocacional y de información sobre perspectivas laborales que llegue a nuestros jóvenes.

En otro orden de cosas, debemos señalar que cuando concurrimos al último Congreso de la Federación Rural prestamos particular atención al discurso pronunciado por quien será el próximo presidente de la Federación Rural de Jóvenes, quien planteó el problema del acceso a la tierra por parte de los jóvenes. Nos consta la veracidad de este problema, que se plantea particularmente en zonas de producción intensiva, donde el valor de la tierra hace casi imposible su adquisición por los medios actualmente disponibles. Sin duda, en ello inciden políticas que permitieron a compañías multinacionales y a fondos de inversión extranjeros concentrar enormes superficies de tierra, de hasta más de un cuarto de millón de hectáreas, en un gobierno anterior. En esta materia es necesaria una política vigorosa que permita a la juventud rural acceder a la tierra, financiando generosamente a quienes demuestren capacidad y voluntad de comprometerse en explotaciones agropecuarias.

Como forma de crecimiento económico, los sucesivos Gobiernos han confiado en los negocios propuestos por el capital extranjero, en general dirigidos a la exportación de materias primas sin procesar o con un muy elemental procesamiento. Es imperioso tratar de avanzar en la industrialización de nuestras carnes, maderas, celulosa, granos, lácteos, lanas y cueros. Las exoneraciones que generosamente se han aprobado para emprendimientos que, en general, culminan en la mera producción de materia prima que exportamos sin industrializar para satisfacer las necesidades de terceros, así como la proliferación de zonas francas que generan una inequidad tributaria insostenible en el tiempo respecto a las pequeñas y medianas empresas nacionales, que proporcionan la mayor parte del trabajo dentro de fronteras, nos obligan a intentar imaginar qué sucedería si generáramos las mismas condiciones de privilegio para algún sector de la producción nacional, lo que haría posible que en algún rubro de producción de materias primas se desarrollaran procesos de industrialización que ocuparan mano de obra nacional; esto derivaría en más trabajo y riqueza dentro de fronteras. De lo contrario, si el sistema político persiste, como hace décadas, en esperar propuestas de centros de poder económico extranacionales, ajenos a nuestros intereses y conveniencia, continuaremos utilizando nuestros propios recursos en beneficio de esos intereses y postergando los de nuestros compatriotas, a los que incluso endeudamos por varias generaciones, como es el caso de UPM y el tan manido cambio de la matriz energética. Construir un proyecto propio que contemple nuestras posibilidades materiales y se ejecute de acuerdo a nuestra conveniencia es un imperativo nacional.

Muchas gracias.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a Presidencia de la República, a los ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, y a la Federación Rural del Uruguay.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) EXAMEN DE VITAMINA D. SU INCLUSIÓN EN EL PIAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la señora senadora Lazo.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: vamos a hablar de la vitamina D, esa que ayuda al cuerpo a absorber el calcio –uno de los principales componentes de los huesos– y que también juega un rol en nuestros sistemas nervioso, muscular e inmunitario. La podemos obtener de tres maneras: por la piel, la dieta o los suplementos. Es decir que el cuerpo produce vitamina D naturalmente después de exponerse a la luz del sol, aunque es harto sabido que en demasía puede ocasionar envejecimiento de la piel, cáncer de piel, por lo que muchas personas buscan obtenerla a partir de otras fuentes.

También puede suceder que suframos insuficiencia de vitamina D por diferentes razones: la dieta que llevamos, problemas de absorción, falta de exposición a la luz solar. Por algunos de estos motivos, hay personas que corren mayor riesgo de tener deficiencia de vitamina D. Lo cierto es que su carencia puede producir una pérdida de densidad ósea y que la persona sufra osteoporosis, fracturas, huesos rotos, además de otras enfermedades, como por ejemplo raquitismo y que los huesos se ablanden y doblen.

Un análisis de sangre puede medir la cantidad de vitamina D en nuestro cuerpo, pero se trata de un análisis específico. No es un análisis de rutina, pero no debería ser un examen por las dudas, sino que merece una valoración clínica esmerada, y a la hora de pedirlo, los datos clínicos de laboratorio serían necesarios. Este examen, que no está incluido en el PIAS, tiene un costo importante y, reitero, no es un análisis que se realice habitualmente, sino que debe ser solicitado en forma específica por parte del médico tratante.

Desde luego que existen alimentos, como algunos pescados grasos, el hígado de res y el queso, entre otros, que contienen vitamina D y que ayudan. También, si observamos las etiquetas de ciertos alimentos, veremos que aparecen algunos con añadidos de esta vitamina o fortificados, como la leche, los cereales para el desayuno, el jugo de naranja, etcétera.

Desde hace un tiempo la baja presencia de vitamina D en personas aparentemente sanas viene preocupando a los médicos. El tema comenzó a llamar más la atención hace unos años, cuando los endocrinólogos empezaron a pedir el examen de la vitamina D en sangre y aparecieron cifras preocupantes. Se empezaron a instrumentar acciones, incluso hay trabajos que muestran que quienes se enfermaron de covid-19 y presentaban niveles normales de vitamina D tuvieron una evolución más benigna que quienes registraban insuficiencia y esto favoreció la aparición de formas más graves de la enfermedad.

Por último, pero no menos importante, la falta de vitamina D puede ser uno de los factores que contribuyen al estado depresivo. Las personas que padecen depresión salen menos y, por tanto, es más probable que por la menor exposición de su piel a los rayos solares –que promueven la síntesis de vitamina D– también presenten hipovitaminosis D. Sabemos que en el ámbito académico y de investigación hay personas muy preocupadas por este tema. Incluso han planteado la necesidad de conformar un grupo de trabajo de investigación que lleve a solucionar los efectos que causa lo que, en definitiva, puede denominarse una epidemia silenciosa.

Entendemos que hoy se trata de un examen que, si no se solicita, raramente se realiza, por lo que creemos que podría ser relevante su inclusión en el PIAS como forma de realizar prevención en tantas afecciones que, además de generar problemas en la población, terminan ocasionando también un gasto mayor al Estado. Por eso entendíamos necesario hablar de esto que consideramos, como el ámbito académico, una epidemia silenciosa pero que puede detectarse tempranamente.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Salud Pública, a las cátedras de Endocrinología y Metabolismo y de Ginecología, y a ASSE.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) ARQUITECTO MARIANO ARANA. SU FALLECIMIENTO

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: como todos saben, en las últimas horas tuvimos una pérdida, pensamos que no solo para nuestro partido, para nuestro sector, sino para toda la ciudadanía, y más allá de que en el futuro de pronto se puede solicitar que se realice aquí mismo otro tipo de homenaje, queremos hoy recordar al arquitecto Mariano Arana con un minuto de silencio.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa invita a los señores senadores y a la barra a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.

(Así se hace).

12) TERCERA VICEPRESIDENCIA DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Tercera vicepresidencia del Cuerpo. Aceptación de renuncia y designación. (Carp. n.° 33/2020)».

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la carta enviada por el señor senador Botana.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 31 de mayo de 2023

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Por la presente envío a usted mi renuncia a la tercera vicepresidencia con que este Cuerpo me ha distinguido para el presente período.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Sergio Botana. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la solicitud de renuncia presentada por el señor senador Botana.

(Se vota).

–22 en 23. Afirmativa.

Ahora procederemos a la elección de quien va a sustituir al señor senador Botana. Como saben, la votación es de palabra y el candidato a tercer vicepresidente para este período de sesiones es el señor senador Juan Sartori.

Tómese la votación.

(Se toma en el orden siguiente).

SEÑORA ASIAÍN.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑOR BATLLE.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑOR BERGARA.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑOR BLÁS.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑOR BOTANA.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑOR CAMY.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑOR CARDOSO.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑOR CARRERA.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑOR CASTAINGDEBAT.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑOR DA SILVA.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑOR DOMENECH.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑORA KECHICHIAN.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑORA LAZO.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑOR METHOL.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑORA NANE.- Voto por el señor senador Sartori.

SEÑOR NIFFOURI.- Voto por el señor senador Sartori.

SEÑOR NUNES.- Voto por el señor senador Sartori.

SEÑOR RUBIO.- Voto por el señor senador Sartori.

SEÑOR SABINI.- Voto por el señor senador Sartori.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑORA SANGUINETTI.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑOR STRANEO.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

SEÑORA BICA.- Voto por el señor senador Sartori.

SEÑORA PRESIDENTA.- Voto por el señor senador Juan Sartori.

Dese cuenta del resultado de la votación.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Han votado veintiséis integrantes del Cuerpo y todos lo han hecho por el señor senador Juan Sartori.

SEÑORA PRESIDENTA.- La votación ha resultado: Afirmativa.

Por lo tanto, queda designado como tercer vicepresidente para este período de la XLIX legislatura el señor senador Sartori.

13) SETENTA Y CINCO AÑOS DE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Exposición verbal del señor senador Carlos Camy, por el término de veinte minutos, a fin de referirse a los setenta y cinco años de la creación del Instituto Nacional de Colonización, por la Ley n.° 11029, de fecha 12 de enero de 1948».

Aprovechamos para saludar al presidente y demás miembros del directorio que han ocupado esta responsabilidad en diferentes períodos y agradecerles que nos acompañen desde la barra en esta sesión del Senado.

Tiene la palabra el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: agradezco al Senado de la república por concedernos la oportunidad de realizar un paréntesis en las jornadas legislativas, que son siempre sustanciales y que en los últimos tiempos tienen una agenda muy importante.

Creo que es de justicia realizar este reconocimiento ante el Cuerpo. El Instituto Nacional de Colonización se crea a partir de la Ley n.° 11029, de 12 de enero de 1948, y durante este tiempo –tres cuartos de siglo– ha tenido una trascendente importancia en el país.

Antes quiero agradecer expresamente la presencia en la barra del presidente del Instituto Nacional de Colonización, doctor Julio Cardozo, y demás integrantes del directorio del organismo, del señor secretario y del gerente general, Mario Monsón, amigo de muchos años.

Este Cuerpo tuvo mucho que ver con la creación del Instituto Nacional de Colonización, porque la ley es de 1948 –como ya señalamos–, pero en 1945 se genera una polémica en el Uruguay sobre la necesidad de desarrollar políticas para el acceso a la tierra. Este tema ocupa una parte muy importante de la agenda parlamentaria, del debate político y el interés, fundamentalmente en el departamento de Paysandú, en un congreso anual de la Comisión Nacional de Fomento Rural, que precisamente promueve la idea de que en el Senado de la república se conforme una comisión especial con ese propósito. Finalmente, tres años después, se crea el Instituto Nacional de Colonización.

Desde 1853 en el Uruguay ya funcionaban, en la órbita privada, instancias, instituciones, o se habían generado instrumentos para promover en ese marco la política de tierras. Se había creado la Sociedad de Población y Fomento que, en acuerdo con el Gobierno nacional, impulsaba y promovía la acción colonizadora en el Uruguay.

Entre 1905 y 1923 hubo dos instrumentos, pero ya en el marco de la esfera estatal: la Comisión Honoraria de Colonización y, posteriormente, la Comisión Asesora de Colonización, que constituyeron el paso previo para lo que fue, en 1923, la creación de la Sección de Fomento Rural y Colonización como dependencia directa del Banco Hipotecario del Uruguay. Todo ello fue lo previo al Instituto Nacional de Colonización.

Este instituto ha promovido el afincamiento de miles de familias uruguayas en más de 190 colonias a lo largo y ancho del país. Ha tenido, en el devenir de este tiempo, tal vez acentos o focalizaciones diferentes, pero la razón –y es muy bueno determinarlo– la precisó fundamentalmente el afincamiento, en la década de los cuarenta en el Uruguay, de corrientes migratorias europeas, progresistas desde el punto de vista productivo, que básicamente se instalaron en el litoral bajo y en el sur del país. Estaban mayormente vinculadas a la actividad lechera y a la agricultura intensiva, cuando el resto del mapa del país se caracterizaba por la producción tradicional ganadera extensiva en las estancias, que constituye una marca distintiva del Uruguay productivo. Esas corrientes migratorias europeas, progresistas desde el punto de vista productivo, estaban constituidas fundamentalmente por aparceros: no tenían propiedad de la tierra ni seguridad de su tenencia.

A partir de este instrumento se promueve y se empieza a extender esta tipología agropecuaria al norte del país y así empiezan a aparecer la alfalfa, los árboles frutícolas, las vacas lecheras. El Instituto Nacional de Colonización tuvo muchísimo que ver con esto.

Diría que hubo tres tiempos en estos setenta y cinco años que me interesa destacar en este Cuerpo, relacionados con la capitalización con tierras del Instituto Nacional de Colonización. Por supuesto, uno de esos tiempos es el inicio, en 1948, cuando el Instituto Nacional de Colonización adquiere todo el capital de tierras que promovía, desde 1923, la dependencia específica del Banco Hipotecario del Uruguay. Ello motivó que en la legislatura anterior se legislara para precisar y dar certeza jurídica sobre si tenían afectación o no, por la Ley n.° 11029, quienes habían adquirido las parcelas antes de 1948 y después de 1923.

Se puede definir al Gobierno de Pacheco Areco como uno que promovió la adquisición de una cantidad muy importante de tierras para capitalizar al organismo. También se pueden destacar, en los quince años del Gobierno del Frente Amplio, leyes y determinaciones políticas que viabilizaron el acceso a una cantidad importante de tierras para capitalizar a este organismo. Señalo particularmente –tal vez por ser de San José y estar vinculado a la producción lechera– el Gobierno del doctor Lacalle Herrera, que promovió de manera especial los campos de recría. El Instituto Nacional de Colonización tiene más de doce campos de recría y fue el que creó y generó esta modalidad de uso en común de la tierra.

En 1979 se crea el campo de recría San José, que si bien se denomina así –se originó por la asociación de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez con la Asociación Nacional de Productores de Leche de San José para administrar este campo de 1887 hectáreas–, se encuentra en el paraje Los Ahogados, en el departamento de Flores, en el límite con San José. Así comenzaron a sucederse los campos de recría: por ejemplo, el de La Casilla, en Flores, que es más chico, de 325 hectáreas, o el de Florida, con 3436 hectáreas, que es el más grande. Podríamos seguir con otras experiencias en las que, a mi juicio, el Instituto Nacional de Colonización tiene por delante un rol muy importante, como los campos de recría ganaderos en el norte, por ejemplo, el de Dayqué, en la ruta 26, entre los ríos Daymán y Queguay, cerca de Cañada del Pueblo, en el departamento de Paysandú, de 974 hectáreas.

En mayo de 1984 la Sociedad Fomento Rural de Treinta y Tres Orientales, en Florida, promueve, con el Instituto Nacional de Colonización, 312 hectáreas en Colonia Sánchez –que las concede en administración– con el propósito de desarrollar actividad lechera o la recría de las piezas de los tamberos más chicos. A principios de 1985 se destinan 960 hectáreas, que directamente tenía en propiedad del Instituto Nacional de Colonización, en beneficio de la Sociedad Fomento Rural de Colonia Antonio Rubio, en Salto. Vale aclarar que Antonio Rubio fue el primer presidente del Instituto Nacional de Colonización, nacido en el paraje Altos del Perdido, en la 13.ª sección de Soriano.

Además, recuerdo a grupos lecheros, como Colonia Alonso Montaño, en San José; en la zona de Migues también hay uno al que se asignó la Colonia Molinelli, en Canelones, para las vacas secas de estos pequeños productores. Por lo tanto, se trata de una obra importante, concreta, específica, que también tuvo un contenido social porque la colonización es, en su definición, un proceso productivo y económico, pero también social, de asentamiento, que tiene que ver con el concepto de la ruralidad, no solamente de la producción agropecuaria.

En estos setenta y cinco años se han establecido más de setenta escuelas rurales, en predios de cinco hectáreas que donó el Instituto Nacional de Colonización al Consejo de Educación Primaria; más de veinte destacamentos policiales y subcomisarías rurales en predios que, con este propósito, destinó el organismo al Ministerio del Interior; campamentos de vialidad para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; predios para instalar locales de UTU y una cantidad muy importante de tierras destinadas a esa gran obra de Mevir que tanto tiene que ver con la colonización en nuestro país.

Un tema muy caro para nosotros, señores senadores, es que en agosto de 2003 –hace veinte años; lo recuerdo con claridad– en la sala Martín C. Martínez, muy cerca de aquí, promovimos con el entonces senador Jorge Larrañaga el proyecto de ley de repoblamiento de la campaña y hablábamos de la imperiosa necesidad de desarrollar políticas activas en ese sentido. En mayo de 2005, con la firma de ambos, lo hicimos realidad –aquí tengo el original– y promovimos ante este Cuerpo el proyecto, que fue aprobado por unanimidad; quiero destacarlo especialmente. Hace cuatro años, en la anterior legislatura, hicimos un pedido de informes al Instituto Nacional de Colonización porque queríamos saber cuántas hectáreas de campo había adquirido, al influjo de ese proyecto de repoblamiento de la campaña, por el pasaje de tierra de propiedad estatal a ese organismo, y se nos contestó que fueron más de 23.000. Ese fue un pequeño aporte. La Ley n.° 18187, de repoblamiento de la campaña, fue finalmente sancionada.

¿Por qué destaco el aporte que han hecho distintos Gobiernos a capitalizar el organismo? Porque en la génesis de esta ley, muy discutida y polémica, participaron activamente referentes de distintos pensamientos del espectro político nacional.

Hoy un funcionario de esta casa, a quien todavía no tengo el gusto de conocer, me sorprendió gratamente llamándome temprano en la mañana para decirme que me enviaba este libro que tengo aquí porque había visto en el orden del día de la sesión que habíamos promovido esta instancia de la que estamos participando para hablar de los sesenta y cinco años de la creación del Instituto Nacional de Colonización. Me acercó este libro, Sobre la reforma agraria en el Uruguay, escrito por Emilio Frugoni, socialista; Arturo González Vidart, blanco independiente y ministro de Ganadería y Agricultura en la década de los cuarenta; don Antonio Rubio, del Partido Colorado, batllista, y Andrés Martínez Trueba. La realidad es que no se puede tener el objetivo de desarrollar políticas activas de promoción de la ruralidad, de afincamiento en el medio rural, de facilitación del acceso a la tierra para trabajarla con mejor criterio de productividad sin un impulso que no sea el de comprender a todas las ideas. Seguramente tendremos matices distintos sobre cuál es la situación ideal de tenencia de la tierra –si tiene que ser un Estado arrendador de tierras o si debe haber un organismo que la promueva en régimen de propiedad como situación ideal de tenencia, posición a la que nos afiliamos–, pero nadie puede discutir el rol trascendente que ha desempeñado y el papel más importante que, por lo menos en nuestro proyecto de país, debe desarrollar este organismo colonizador.

El Instituto Nacional de Colonización fue capaz de lograr que más de 6000 personas hoy vivan y trabajen en el medio rural. Son más de 6000 familias las que están afincadas en el medio rural, las que producen y van a la escuela. Con la acción colonizadora también se ha posibilitado que haya electrificación rural, caminería, campos de recría. Es un organismo absolutamente nuestro, vinculado al sentido de nacionalidad y de orientalidad, que tiene que ver con las mejores tradiciones artiguistas que nos dan la razón de ser como nación.

El Instituto Nacional de Colonización, que en el devenir del tiempo muchas veces ha sido –y es bueno que así ocurra porque eso hace a la democracia y al sentido de república– vilipendiado en el debate parlamentario, a mi juicio es un organismo excepcional. Seguramente, quienes somos del interior también tenemos una cercanía, una proximidad y un conocimiento sobre esta herramienta que nos permite hablar de ella casi que con pasión. Estamos absolutamente convencidos de que el destino de este país está atado a la producción agropecuaria, a un país exportador y que tiene que asociarse, como tantas veces lo reivindicara Wilson Ferreira Aldunate, también con el sentido de la ruralidad.

El pasado sábado participamos del Congreso de la Federación Rural en Durazno. En su discurso, el señor presidente de la república, particularmente y en forma expresa, señaló el concepto de la ruralidad –algo que me causó enorme agrado, por supuesto– e hizo hincapié en la necesidad de hablar también de la ruralidad y no solamente de la productividad y la producción agropecuaria. En esto, el Instituto Nacional de Colonización ha sido un factor clave para su promoción.

Simplemente quería disponer de este tiempo en el Senado de la república para hacer en esta oportunidad un reconocimiento institucional al organismo, a los legisladores que hace setenta y cinco años promovieron e impulsaron esta ley, al actual directorio, al actual gerente general, al actual secretario y a los actuales funcionarios del organismo, de la casa central y de las regionales, así como a cada una de las familias colonas. También quiero reconocer a los miles de aspirantes que tienen la esperanza de acceder a la tierra gracias al buen funcionamiento del organismo y a la vigencia que le promovamos desde nuestro lugar.

Queda pendiente un debate que seguramente deberemos tener en este Cuerpo sobre el Instituto Nacional de Colonización, sobre las políticas de tierra, la capitalización de esta herramienta y también sobre su utilidad y actualización. Lo digo porque debe tener, también, un criterio de modernidad y de cambios. Sería como pensar que Antel siga con teléfonos a magneto; sería como pretender darle –cuando desde alguna visión se le otorga– el rol de una suerte de Mides rural para combatir la pobreza cuando no lo es; el modo tradicional de comprar, desde el Estado, un campo, fraccionarlo y darlo en arrendamiento sería como pretender terminar con la pobreza mediante un Estado que compre locales comerciales para darlos en arrendamiento en las ciudades. No es ese el rol ni el propósito.

Se trata de una ley formidable. Es una ley de 155 artículos de la que, me animo a decir, no sé si se han aplicado más de quince a lo largo de su historia. Es una formidable herramienta.

Finalmente, en el último minuto que me resta, quiero hacer mi reconocimiento expreso a las actuales autoridades, porque han trabajado intensamente y con ellas nos hemos encontrado juntos, peleando por recursos y por la vigencia para este organismo; también nos hemos encontrado con senadores con el mismo propósito, particularmente como mi amigo, el senador Botana.

Señora presidenta: muchas gracias al Senado por habernos concedido el tiempo que solicitamos para este breve y humilde reconocimiento. Nos parece que son demasiado importantes la Ley n.° 11029 y el Instituto Nacional de Colonización como para que pase inadvertido el año en que se celebran setenta y cinco años de haberse creado este instrumento, que ha sido la tierra uruguaya para la familia del campo.

Muchas gracias.

SEÑORA SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA SANGUINETTI.- El Partido Colorado saluda la iniciativa y la exposición realizada por el señor senador Camy, que recuerda los setenta y cinco años de la creación del Instituto Nacional de Colonización que, como bien decía, se concretó a través de la Ley n.° 11029, de 12 de enero de 1948.

Esta ley tuvo su origen en un proyecto de ley del Poder Ejecutivo durante la presidencia de la república de don Tomás Berreta, presentado por mensaje remitido a la Asamblea General el 15 de abril de 1947. Al hacer eso, don Tomás Berreta cumplía con el compromiso asumido en su manifiesto al pueblo uruguayo –lo que hoy sería el plan de gobierno–, en el que bajo el título «Colonización y granja» –y voy a leer textual, señora presidenta–, decía: «En este sentido hay indudablemente mucho que hacer. No es mi intención entrar en la enumeración prolija de las iniciativas que reputo necesarias. Entre ellas se cuenta la promoción de la explotación granjera. Dentro de este orden de disposiciones le atribuyo una excepcional entidad a la creación del Instituto Nacional de Colonización».

Lamentablemente, como es sabido, don Tomás Berreta no alcanzó a ver su iniciativa transformada en ley porque falleció el 2 de agosto de 1947, pero para nosotros, los integrantes de la bancada del Partido Colorado, es un honor participar de este homenaje a la historia de un instituto que, como bien decía el señor senador Camy, además de los componentes productivos y económicos, indudablemente tiene un fuerte componente social.

SEÑOR PEÑA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA SANGUINETTI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Peña.

SEÑOR PEÑA.- Gracias, señora presidenta. Gracias, señora senadora.

Quiero saludar a las autoridades del Instituto Nacional de Colonización, quienes hoy nos visitan. Agradezco y felicito la iniciativa del señor senador Camy que, además, es alguien que se ha involucrado en este tema desde hace muchísimo tiempo. Desde muy joven, allá en el Gobierno de Jorge Batlle, participó en la dirección de este instituto y tiene metida en la sangre su defensa.

Como señalaba la señora senadora Sanguinetti, esto es muy importante para nosotros como colorados. Imagínense para un colorado de Canelones hablar de este instituto, inspirado en don Tomás Berreta, el único presidente de la república nacido en ese departamento.

(Murmullos en sala).

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Silencio, por favor!

Puede continuar, señor senador.

SEÑOR PEÑA.- Decía que Tomás Berreta es una referencia para nosotros los colorados. Entre las muchísimas cosas que impulsó estuvo la creación de este instituto, así como otras más vinculadas a la producción y al desarrollo de esa zona cercana a Montevideo. Tomás Berreta fue primero ministro de Obras Públicas en el Gobierno de Juan José de Amézaga y también el creador de todas esas rutas que atraviesan el departamento de Canelones, que tanto tuvieron que ver con su desarrollo. Entonces, esto no supone una visión aislada, no era generar una herramienta que permitiera el acceso a la tierra solamente, sino también un complemento de otras decisiones que se tomaban a nivel de las políticas públicas, como ser la expansión de la educación pública y el desarrollo de la accesibilidad en materia de obras de infraestructura. Esa visión de país ha trascendido y ha permitido que hoy, tantos años después, estemos celebrando la vigencia de este instituto; lo que más tenemos que poner sobre la mesa es, precisamente, ese aspecto. Es la oportunidad de tener vivo a este instituto y a una ley que todavía tiene muchísimos artículos para aplicar, como también la posibilidad de repensar este organismo en clave de lo que viene, lo que es bien importante. Me refiero al acceso de las personas a la tierra para tener la posibilidad de desarrollarse como individuos, que es lo que esta herramienta del instituto ha permitido a cientos y cientos de productores a lo largo de tantos años. Creo que hoy el mensaje es el de la necesaria renovación y actualización de esta herramienta para seguir defendiendo la ruralidad, que es mucho más que vivir en el campo, es compartir ciertos principios, valores y formas de realizar las cosas que hacen a la identidad nacional.

Por tanto, felicitamos la iniciativa y esta bancada asume el compromiso de seguir trabajando en la defensa y en la mejora de este instituto.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Sanguinetti.

SEÑORA SANGUINETTI.- He finalizado, señora presidenta.

SEÑOR SABINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SABINI.- En primer lugar, felicito la iniciativa del senador Camy. Creo que hace muy bien el Senado de la república en tratar este tema, en considerarlo en términos políticos e históricos. También felicito a todo el directorio del instituto, donde tengo gente que aprecio muchísimo.

Realmente, esta es una buena oportunidad para pensar no solo en la actuación del Instituto Nacional de Colonización en estos setenta y cinco años, sino también para mirar cómo se ha ido colonizando nuestro país. Allí tenemos distintas etapas que vienen del período colonial. Sin duda, la actuación del capitán de navío Félix de Azara es conocida y recordada, principalmente porque participó, junto con Artigas, en ese informe que señalaba cuál era el estado de la ruralidad en el Uruguay, en verdad, en la Provincia Oriental, en el 1801. Es ineludible hablar del Reglamento de Tierras de 1815, en el que claramente se estableció un carácter social y de justicia social del uso de la tierra, pero no era únicamente su entrega por sí misma, sino que además estaba la intención de establecer ganaderos, familias –lo reitero– con un sentido social muy claro. Había una prioridad muy clara respecto a los zambos, a los negros –posteriormente también a los criollos–, como a las mujeres solas. Luego, en el siglo XIX hay distintas iniciativas, pero en realidad ninguna de ellas logró, más allá de las colonias, tener un impulso colonizador de nuestra campaña.

Uruguay es históricamente un país despoblado. Cualquiera de nosotros que recorra las rutas, va a hacer muchos kilómetros y se va a encontrar con campos, a veces ganaderos, a veces agrícolas, pero con muy poca población. Ese es un problema de carácter estructural.

Después vino el batllismo, que de alguna forma hizo algunos intentos –algunas autorizaciones al Banco Hipotecario del Uruguay–, pero estas iniciativas eran más bien dispersas y no lograron tampoco mover la aguja; apenas se repartieron 22.000 hectáreas.

Luego se crea, dentro del Banco Hipotecario, un área especializada, que sería la génesis de lo que luego será el Instituto Nacional de Colonización.

Si se analiza el debate parlamentario que se dio aquí en el Senado y el mensaje que dio en su momento el presidente Tomás Berreta, se puede ver claramente que había proyectos de país en pugna. Posteriormente, el propio presidente Luis Batlle Berres diría: «Acá los que gobernamos somos nosotros; no son ellos». ¿Quiénes eran ellos? Eran los dueños de la tierra.

Este proyecto que nace de un presidente chacarero o con origen en nuestro departamento, Canelones, decía: «De todas las formas de política agraria, dirigidas a obtener con efectos más inmediatos un resultado económico-social concreto y de honda repercusión nacional, ninguna tiene […] más significación y trascendencia que el fomento de la acción colonizadora oficial y privada, por un organismo especializado y dotado de recursos suficientes, que se encuentre en condiciones de promover, con la influencia decisiva de la técnica y de la práctica cooperativa, la mejor explotación, asegurando la disponibilidad de tierra al hombre de trabajo y el estímulo a su esfuerzo creador de riquezas». Este fue el discurso inaugural de Tomás Berreta el 15 de abril de 1947. Todos sabemos que falleció meses después, en agosto. Por lo tanto, no pudo ver su obra culminada, y el que tomó de alguna forma la bandera fue Luis Batlle Berres, que no era precisamente un hombre de campo.

Fíjense en esta anécdota que me parece interesante, al año siguiente, el 25 de abril de 1948. Cuando estaba de recorrida el entonces presidente decía: «Ya lo dije yo en mi rápido y agradable trayecto de las Estaciones que me llevaron hasta la ciudad de Mercedes. Tuve el gusto de parar en todas para ponerme en contacto con todos los pueblos de todas las Estaciones. Solo pasé velozmente por delante de la Estación Bizcocho. Allí no había nadie que me esperara. ¿Opositores? No. Lo que había eran dos propietarios que rodeaban la Estación. No habían rotulado sus tierras, y no había lugar para los campesinos. Lo que había era, sin duda, atraso; lo que había era la expresión arbitraria de la riqueza, pero eso con el nuevo Instituto que hemos creado pronto se va a borrar, y yo aspiro, y puede ser que no esté muy lejano el día en que pueda llegar hasta la Estación Bizcocho para rodearme de los campesinos de los alrededores, propietarios de sus tierras, para aplaudirme o para reclamarme, pero será siempre expresión de trabajo y esperanza de la República».

Creo que son muy ilustrativas las palabras de Luis Batlle Berres en cuanto al objetivo que tenía el instituto en su creación.

¡Pero fíjese qué interesante! Unos años después, en 1963 –habían pasado muchos años; el Gobierno era blanco–, el propio Luis Batlle Berres, en el Congreso de Concejales y Ediles de la Lista 15, decía: «… pero es necesario recordar que no le hemos dado a Colonización los medios financieros porque nunca tuvimos mayoría, nunca tuvimos mayoría. Fue necesaria la unión del Partido Blanco y del Partido Colorado para hacer la ley de Colonización, ley perfecta, lo único que necesita esa ley son millones para caminar, nada más».

Podría seguir leyendo, aunque realmente no quiero aburrir al Senado, pero justamente en los años sesenta existía un fortísimo debate en torno a la necesidad de una reforma agraria.

Batlle Berres planteaba que hasta los propios líderes de la izquierda latinoamericana del momento felicitaban a Uruguay por esta ley. El problema es que una herramienta fantástica sin recursos no tiene sentido. Esta herramienta, el Instituto Nacional de Colonización, que debe permitir a los uruguayos que quieran vivir de la tierra, trabajarla, necesita recursos.

Sin ninguna intencionalidad, señora presidenta, quisiera hacer honor a la historia. Si uno analiza qué pasó con el Instituto Nacional de Colonización, en el período de la dictadura, por ejemplo, se compraron 25.000 hectáreas, pero se vendieron 44.000. Si miramos más acá en el tiempo, desde la década de los ochenta hasta 1994, se compraron 25.000 hectáreas y se vendieron 10.000. Ahí hubo saldo positivo. Luego, en el segundo período del presidente Sanguinetti, se compraron 3000 hectáreas –3000 hectáreas– y se vendieron 6000. En el Gobierno de Jorge Batlle –obviamente en un contexto de crisis– se compraron 46 hectáreas y se vendieron 11.700.

Cuando observamos los Gobiernos frenteamplistas vemos que entre 2005 y 2009 se compraron 40.000 hectáreas y se vendieron 1200; entre 2010 y 2014 se compraron 50.000 hectáreas y se vendieron 1800, y desde 2005 a 2019 se compraron 33.000 hectáreas y no se vendió ninguna. Es decir que, en total, se compraron más de 133.000 hectáreas.

Esa es la traducción de una política de tierras. Sin comprar tierras no puede existir esa política. Por supuesto, debe estar acompañada de asesoramiento técnico, de acceso a crédito barato, de acceso a mercados, de la comercialización de la producción. Lo digo, señora presidenta, porque nosotros hemos recorrido las colonias –no lo decimos sentados desde una banca del Senado– y sabemos los problemas de comercialización que tienen los productores.

Obviamente, cualquier proyecto de carácter colectivo, como es el de las colonias, tiene vicisitudes, problemas humanos. Cuando se avanza en emprendimientos de carácter productivo y empresarial siempre existe el riesgo del fracaso y cualquiera que se dedique a estudiar un poquito la historia de las empresas lo sabe. Estos son emprendimientos empresariales, pero tienen una característica –por lo menos una– muy particular con relación a otros emprendimientos empresariales. En primer lugar, hay una cultura que tiene que ver con el mundo del trabajo, con la ruralidad y con el cuidado del medioambiente. En segundo término, hay un elemento que tiene que ver, nada más y nada menos, con la soberanía alimentaria. Es decir, la mayoría de estos empresarios o colonos que se dedican a producir lo hacen produciendo alimentos, y eso para un país es de carácter estratégico.

Entonces, el debate que tenemos que dar aquí es si el Estado va a tener herramientas para esas personas, fundamentalmente pequeños productores familiares, que de otra forma no van a tener acceso a la tierra. Al respecto, me permito discrepar del señor senador Camy en cuanto a cuál es el sentido. Si el único sentido es que tengan crédito barato, es decir, que el instituto sea un organismo para acercar un crédito más barato que el que ofrece la plaza financiera –eso es lo que interpreté de sus palabras; si no lo dijo, le pido disculpas–, creo que se queda corto. No lo digo con ánimo de debatir ni mucho menos, sino de reflexionar en voz alta, por lo siguiente, porque pasa algo parecido con la política de vivienda.

El mercado tiende a la concentración, son los intereses –legítimos– del mercado. Si el Estado corta ese proceso y luego esas tierras o esas viviendas que se compraron vuelven al mercado –si vale el ejemplo–, ¿dónde queda ese subsidio?, ¿dónde queda esa intención colonizadora?, ¿dónde quedan esos recursos que pusimos todos, que puso la sociedad uruguaya para que esa persona pudiera acceder a la tierra? Este debate ya lo tuvimos aquí cuando se votaron distintas leyes.

Por eso creo que la finalidad del instituto no debe ser únicamente la del acceso a través de una suerte de crédito social, sino que tiene que llevar adelante una serie de acciones mucho más potentes para quienes están trabajando la tierra y que han tomado esa opción, que es muy difícil. Si bien es verdad que hoy no existe la misma dureza que hace cuarenta años, sigue siendo un desafío muy importante vivir en la ruralidad, por lo educativo, por lo cultural, por lo social. Las vicisitudes que atraviesan las personas que viven en la ruralidad son complejas, incluso para lo que significa la vida cotidiana, hasta por la educación de los hijos. Recién en el período anterior se instalaron algunos liceos en la zona rural, que no había, y hay experiencias fantásticas al respecto; lo pongo como ejemplo.

Señora presidenta: espero que mis palabras no se interpreten con ánimo de debate –que lo podemos dar, por supuesto–, sino como una reflexión en voz alta sobre una herramienta que creo que es fantástica. Cuando uno recorre las colonias del Uruguay, realmente siente orgullo por lo que ve, también cuando habla con los productores lecheros o con los productores ganaderos; y cuando hablamos con los productores que precisan más tierra, nos dicen: «Me gustaría poder acceder a una tierra del instituto y no lo puedo hacer por tal o cual razón». Creo que tenemos una herramienta fantástica y que la debemos proteger, cuidar y mejorar.

Por lo expuesto, saludo nuevamente la iniciativa del señor senador Camy, por este debate, por esta conmemoración a la que hoy nos invitó.

Muchas gracias.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: saludamos también a las autoridades del organismo y el tono con el que se está dando esta discusión.

El Instituto Nacional de Colonización cumple setenta y cinco años y esta es una preciosa oportunidad para pensar en grande, con luces largas –como se dice ahora– y para dar nuestra opinión sobre un organismo que defendemos pero no sacramentamos. Para nosotros, la génesis del Instituto Nacional de Colonización está en el espíritu de trabajo de los colonos, en la capacidad para transformar la realidad que tienen algunas colonias, desde las menonitas hasta los campos de recría, que son absolutamente ejemplarizantes para el mundo rural. En algunos casos creemos que hay colonias que deben salir de la caja o mirar fuera de ella porque, en realidad, el patrimonio en el que están instaladas es muy valioso para la sociedad uruguaya. Muchas veces, la costumbre, la rutina o el no animarse hace que, alambrado lindero a esa colonia, haya un productor –no digo próspero, pero sí moderno– que nos muestre que dentro de las colonias existen realidades en las que todavía nos cuesta pensar.

Cuando nosotros evaluamos el Instituto Nacional de Colonización no hacemos la cuenta de cuántas hectáreas compramos y mucho menos si son adquiridas por la extranjerización de la tierra. Yo analizo porteras adentro, esto es, cómo el organismo, que tiene un cuerpo gerencial –a mi entender exagerado–, logra trasladar el asesoramiento técnico al interior de las colonias y cómo esta ley, que ha sido ejemplar, hoy, en pleno siglo XXI, en algunas circunstancias se transforma en un corsé. Creo que en este aniversario es hora de que analicemos y modifiquemos la Ley n.° 11029 porque, como bien decía el señor senador Camy, se aplican muy pocos artículos y otros impiden que pasen cosas. Esta ley tiene una concepción de la ruralidad que es diametralmente diferente a las oportunidades del campo uruguayo, desde la siembra directa, la agricultura, el doble cultivo, la prestación de servicios y la intensificación de los pastoreos racionales, la venta de semillas, la venta de fardos, etcétera.

Cuando el legislador pensó en el organismo no imaginó la ruralidad de hoy o que el campo uruguayo tuviera tantas oportunidades como ahora. Mi deseo es que el colono tenga las mismas chances que el vecino que no es colono. En muchas ocasiones hemos visto –incluso en esta sequía que estamos atravesando– llegar fardos de trigo. De hecho, con la señora presidenta fuimos a Cuchilla del Fuego en una sequía tenebrosa y vi que llegaban fardos de cola de trilla de trigo que nada iban a hacer. Eso ocurría frente a los ojos de los representantes de la institucionalidad agropecuaria, cuyos autos estaban estacionados con una chapita oficial. Debajo de aquel ombú yo veía cómo esos productores estaban tirando la plata, porque esos camiones con fardos de cola de trilla nada iban a hacer para paliar esta sequía tenebrosa. ¡Vaya si habrá que pensar en un organismo –que desde el punto de vista patrimonial es uno de los más poderosos y ricos del Uruguay– que dé bienestar a ese hombre y a esa mujer de campo que están allí radicados!

Este Gobierno, señora presidenta, con una mirada moderna de la realidad habilitó, por medio de la LUC, que los gurises pudieran ir a estudiar al liceo del pueblo. El pueblo uruguayo, sabiamente, pese a aquella campaña que se llevó adelante, la refrendó y hoy el colono tiene la tranquilidad de poder producir un semillero de alfalfa mientras su gurí asiste al liceo en Sarandí del Yi, teniendo en su poder las dos casas, sin tener que estar cuidándose de la camioneta oficial del gerente de turno, quien va a ir a constatar si él está viviendo o no en el campo. Nadie más que la gente de campo, señora presidenta, cuida el propio predio. Entonces, no hay burócrata con autoridad moral como para decirle a un hombre que paga una renta qué es lo que tiene hacer o no.

Debido al marco burocrático que tiene el Instituto Nacional de Colonización, muchas veces nos hemos visto enfrentados a ese tipo de decisiones, es decir, a burócratas que concibieron un campo de 250 hectáreas de Coneat para hacer un tambo. Ahora bien, si mañana baja la leche, ¿el hombre no podrá plantar maíz en esos campos y sacar, quizás, 8000 o 9000 kilos? ¿Tiene que andar haciendo un mar de trámites, pidiendo autorizaciones y sellos, pasando por la oficina regional y luego por otra y otra? Al tener que pasar por el filtro burocrático, no es dinámico el proceso para decidir qué plantar y no estoy de acuerdo con eso. Quiero que el instituto sea garante de la productividad, que dé consejos acertados y que sea un puente, como hizo y lo comunicó muy bien este directorio, en las situaciones que duelen, tal como actuó en los problemas enormes de sequía. De todos modos, en su institucionalidad podemos estar en desacuerdo con algunas cuestiones como, por ejemplo, algunas gerencias que yo no sé ni para qué están. Entonces, sobre esto nosotros podemos callarnos la boca o tirar el tema arriba de la mesa. ¿Para qué? ¿Para debatir? No, para poder modernizar, puesto que acá, en este Senado, no hay un solo partido político que no esté de acuerdo con el foco que tiene el Instituto Nacional de Colonización. Asumir que está todo bien me parece que es desconocer el día a día de esos 6000 colonos que en muchas ocasiones tienen un porvenir y en otras son rehenes de la voluntad de turno, sin poder aplicar lo que hace el vecino.

En los últimos años, en el Uruguay hubo un gran proceso de extranjerización de la tierra. Este tema ya se discutió y no es la intención volver al debate. ¿Qué es lo que está pasando en este Gobierno? Hay un claro proceso de nacionalización de la tierra, pues el Estado lo está promoviendo. Esto se hace a través del Banco República, que ha generado unos créditos maravillosos para que todo aquello relacionado con la política de tenencia de tierra, el acceso a la tierra, entre otros conceptos, sea una realidad. Es una maravilla, señora presidenta, que hoy a un pequeño productor le financien hasta el 80 % o, a veces, el 90 % del campo para pagar en treinta años, con una tasa de interés lógica, productiva, pero no por ello desafiante. El que paga tasas de interés para trabajar en el campo sabe que es un corral de ramas, porque los campos dan alrededor del 3 %, con años que dan 1,5 % y otros, 4 %; no dan el 8 %, el 9 % ni el 10 %, pero como hoy la gente puede tener otras actividades, el crédito del Banco República es una maravilla y ha permitido que se nacionalice la tierra, pasando a grandes y pequeñas empresas nacionales. Hay empresas que pasaron casi enteras de manos de empresas lácteas extranjeras a tamberos y productores nacionales, a través del crédito del Banco República; eso es una maravilla que no se conocía y no se conoce. ¿Quién es el que no puede acceder a ese crédito? El colono. Entonces, cuando se juntan varios alrededor de una mesa de boliche, por ejemplo en Puntas de Maciel, hay tres productores, dos están haciendo el trámite para comprar entre 70 y 80 hectáreas y el otro, que es colono, dice que no puede acceder. Eso es justamente lo que tenemos que modificar urgentemente por ley.

Aprovecho la presencia de las autoridades del Instituto Nacional de Colonización para decir que nosotros vamos a proponer en la próxima rendición de cuentas –espero contar con el acuerdo de las bancadas del Partido Colorado, del Frente Amplio y de Cabildo Abierto– la modificación del artículo 123 de la ley de colonización que establece que las tierras son inembargables, a fin de que un colono que hace quince años que tiene esa condición y, por tanto, el instituto lo toma como bueno, como un hombre cumplidor, que tira para adelante y está afincado en la querencia, pueda ir al Banco República a decir que quiere comprar su campo. A partir de ahí podrá hacerlo o no, pero debe poder tener la misma chance y después que sea un tema del banco. Una vez que el colono propietario asuma la obligación de una deuda, tendrá un tema con el Banco República. A partir de que el colono es propietario y que el Banco República tiene la garantía del campo, algunas cadenas se irán rompiendo, porque el hombre podrá dedicarse a lo que quiera ya que, en definitiva, si hay avances en el campo uruguayo, es por la libertad.

Ninguna política de Estado en este país impuso la siembra directa; en realidad, fueron los productores rurales que vieron cómo a partir de la siembra directa el suelo se promovía. Tampoco hay promoción de la siembra de canola o rotación entre el trigo y cebada, sino que esto se debe a la propia lógica del sentir del hombre de campo, algo que en la mayoría de las ocasiones nosotros tendríamos que promover, dejando todo ese organigrama para los chiquitos, que vaya si tendrán problemas.

Hay situaciones que son indescriptibles. En los anillos de Tacuarembó –más allá de la buena intención de la gente que ha decidido dedicarse a las quintas– no tienen ni siquiera un tractor, señora presidenta, y eso lo conozco bien. Van acarreando, como si fuera el siglo XVIII, las chatas de verdura hasta donde pueden ir. Entonces, lo que hay que hacer es sacar del instituto el lote de gente que puede aletear sola y que el instituto se dedique a dar la debida asistencia a los que no pueden hacerlo solos, es decir que toda esa megainfraestructura vaya a donde la gente no puede aletear sola.

En cuanto al financiamiento, no es necesario subsidiar a las familias de colonos que tienen 300, 400, 500 o 700 hectáreas –muy cerca de donde uno anda–; en realidad, prefiero que vayan a San Antonio donde los bueyes siguen siendo el instrumento para regar el boniato, a la localidad de Gregorio Aznárez o a las colonias de Artigas o de Salto, además de usar esa enorme cantidad de agua instalada que el instituto ha tenido como para integrarla en ese plan de riego y de aguas que todos en la vuelta más o menos tenemos. Digo esto, señora presidenta, porque lamentablemente en esta sequía hubo represas que este año no se movieron por problemas legales, por lo que teníamos un embalse enorme y no cómo acercar el agua campo afuera.

Lo que propongo es generar en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, a partir de la rendición de cuentas o en otro ámbito, alguna modificación posible. Con esto no me estoy refiriendo a locas pasiones que nos permitan erigirnos en el principio y el fin de la colonización, porque ese es el camino para no cambiar nada.

¡Vayamos por eso! Me refiero a la posibilidad de que los colonos –si ya tienen quince o veinte años como tales– puedan ir con la misma flexibilidad al Banco República a comprar aquellos campos que tengan condiciones, que sean buenos negocios y con una rentabilidad lógica. Ahí vamos a tener esa doble virtud: el hombre va a poder tener su campo propio y el instituto podrá capitalizarse porque el Banco República le va a pagar lo que vale el campo. Con ese tipo de modernización llegamos a este aniversario de los setenta y cinco años del instituto, ni más ni menos.

Nadie sabe lo que va a pasar en este país si mañana el Banco República quita esa línea de crédito que es realmente maravillosa –¡maravillosa!– y que ha usado mucha gente, a veces, para comprar un campo lindero o para comprarle un campo a un hijo. Sin embargo, los colonos no pueden hacerlo. Coincido con los señores senadores Sabini y Camy en que muchos de ellos podrían transformarse en propietarios de su predio, de aquel en el que plantaron un árbol o en el que tomaban mate debajo del sauce llorón. De esa forma, se convierten en propietarios de un campo que pagarán con su esfuerzo, lo que genera riqueza genuina y le agrega más amor al predio, además de cumplir con una de las cosas más lindas que se le puede dejar a una familia a través de su esfuerzo, que es un respaldo patrimonial en tierra.

En momentos de oscilación, señora presidenta, de las cotizaciones monetarias de todo tipo, ¿dónde está lo más noble? ¿Dónde está el futuro? Está en la tierra. ¿Qué tierra tenemos nosotros? Son de las mejores del mundo, sin importar si se trata de basalto, de cristalino o de arena. ¡Es la tierra!

El colono debe tener ese acceso hoy. Se tendrá que revolver y correr el riesgo que tenemos muchos de los que trabajamos la tierra y de los que nos dimos vuelta en esta sequía perdiéndolo todo. ¡Así es el campo! El que trabaja a cielo abierto sabe que vienen las buenas y las malas. Con esa variabilidad es que el Banco República está dando los créditos maravillosos del 90 %: «tome la plata y páguela». Usted se hace dueño del campo al que le pone el nombre de su hija o de su esposa. Usted ya no es el colono de la colonia 884, por ejemplo; es el dueño de santa no recuerdo qué. ¡Su casa! Eso es lo que queremos.

¡Ojalá suceda! Estoy invitando a todos los señores senadores, sobre todo a los compañeros de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, para que a través de la modificación del artículo 123 podamos sacar adelante este tema que no tiene costo y que, además, da la chance al Banco República de expandir sus negocios.

Muchas gracias.

SEÑOR NUNES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR NUNES.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero saludar la presencia en la barra de las autoridades del Instituto Nacional de Colonización.

A su vez, deseo agradecer y felicitar al señor senador Camy por plantear este tema en el día de hoy; compartimos la idea de que no solo se trata de conmemorar la fundación del instituto, sino también de celebrarla por su acción positiva para el país.

Si bien el señor senador Da Silva nos invita a discutir sobre una propuesta que va a presentar, quiero hacer algunos comentarios referidos a la historia del instituto y, tal vez luego, alguna reflexión sobre el presente.

La propiedad de la tierra siempre ha sido una cuestión central para el desarrollo económico, la soberanía nacional y la distribución de la riqueza, y ha estado fuertemente asociada al poder político, razón por la cual siempre ha sido un factor de disputa.

Como bien recordaba el senador Sabini, Artigas estableció el Reglamento de Tierras como un elemento en cierta medida fundacional de su proyecto de Banda Oriental. Quiero agregar que este reglamento fue rápidamente desconocido por los sucesivos Gobiernos que tuvo la provincia, es decir, por el Imperio brasileño –portugués primero y brasileño después– y posteriormente también por el Estado oriental.

La disputa por la propiedad de la tierra estuvo muy presente en el siglo XIX y en los primeros Gobiernos de nuestro joven país. Finalmente, algunos de nosotros recordaremos la imagen de don Zoilo en Barranca abajo, de Florencio Sánchez, en la que aparece reclamando por los terrenos que había perdido por acciones judiciales de los negociantes.

Luego, en nuestro país, se consolidó una estructura de propiedad de la tierra con dos caras: el latifundio y el minifundio. Seguramente esto era muy conveniente para las elites propietarias, pero muy negativo para el país, lo que fue bien caracterizado por diversos cientistas sociales y políticos como un freno para el progreso y el desarrollo. Es así como juntando dos preocupaciones, por un lado, la vinculada a la concentración de la propiedad de la tierra y el latifundio improductivo, y por otro, la relativa al desarrollo agropecuario, ya a mediados del siglo XIX cobra impulso la idea de la colonización, que se va concretando en el siglo XX. Aquí me anoté algunas fechas como, por ejemplo, la creación de la Comisión Honoraria de Colonización, posteriormente designada Comisión Asesora de Colonización, en la primera década del siglo XX; en 1913, la aprobación de la Ley n.° 4301, que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir un empréstito destinado a la compra y fraccionamiento de tierra con destino a colonización agropecuaria; en 1921, la aprobación de la Ley n.° 7377, que autoriza al Banco Hipotecario del Uruguay a otorgar préstamos sobre tierras destinadas a la agricultura, y entre el 19 y el 22 de mayo de 1945 tuvo lugar el ya mencionado Congreso Nacional de Colonización, proceso que luego culmina el 12 de enero de 1948 con la aprobación de la ley que crea al instituto.

Quería reivindicar aquí que, desde su inicio, la izquierda nacional no ha sido ajena a la discusión y al reclamo por la propiedad de la tierra. En 1912, el doctor Emilio Frugoni ya planteaba en el Parlamento nacional el debate sobre la reforma agraria y también lo propuso en la Asamblea Constituyente de 1917 aunque, por supuesto, sin éxito. También se hizo en la carta agraria del Partido Socialista de 1930 y en 1940, y otra vez en 1943 se proponía una ley de creación del Instituto de Reforma Agraria y Colonización. A su vez, en 1946, los compañeros del Partido Comunista plantearon la creación de un banco agrario nacional para impulsar la reforma agraria.

Por lo tanto, también quería reivindicar en esta sala que la creación del Instituto Nacional de Colonización es la síntesis de distintas vertientes y preocupaciones por el problema de la propiedad y el uso de la tierra. Estos debates fructificaron en esta institución que, más allá de críticas o falencias, ha sido destacada por todas y todos los que me han precedido en el uso de la palabra.

Finalmente, quiero reiterar lo que dijo el señor senador Sabini, porque es cierto que podemos discutir acerca de que el instituto tiene que desarrollar múltiples políticas. Recién el señor senador Da Silva hablaba de «porteras adentro» y eso es verdad, pero también es cierto que el instituto tiene que disponer de tierras para que la familia rural, las trabajadoras y los trabajadores de la tierra accedan a ella, porque hoy no lo pueden hacer. Entonces, sí creo que es indicativo de la prioridad objetiva porque, como dice la frase «El movimiento se demuestra andando», de la prioridad objetiva que han determinado las distintas Administraciones al Instituto Nacional de Colonización, la disponibilidad de tierras. Hay una nota de Agustín Juncal Pérez publicada en Brecha el 14 de febrero del 2020, en la que señala que el 18 de junio de 1948 comienza su gestión el instituto con la transferencia por parte del Banco Hipotecario de 200.000 hectáreas y durante su primera década, de 1948 a 1959, consiguió sumar otras 140.000. Entre 1959 y 1967 se adquirieron 13.000 hectáreas. No se traslada la información, y no la he podido conseguir, y entre 1968 y 1973, en el artículo se expresa que se adquirieron grandes cantidades, pero no se da la información; de 1973 a 1985 se adquirieron 14.000 hectáreas; de 1985 a 2005, 28.000 hectáreas, y del 2005 al 2019, 133.000 hectáreas. Quiero decir que el compromiso de la fuerza política que integramos y representamos en esta cámara está expresado con el instituto y con la política de colonización en el esfuerzo que hicieron los Gobiernos que nos tocó conducir, dotando al instituto de los recursos necesarios para dar respuesta a la demanda de tierras de las familias de trabajadores y trabajadoras rurales, incluyendo también otras reformas que son importantes como es el reconocimiento de la titularidad conjunta en caso de que los integrantes de una pareja, uniones de hecho, libres o matrimonios, tengan perfil para ser colonos. Esto fue aprobado en 2019.

Estuve recabando también información de la situación actual. Hay un informe de la Auditoría Interna de la Nación publicado en agosto de 2022 que dice que, a julio del 2020, los distintos vínculos de colonos con el instituto, por las distintas modalidades, alcanzaban a 615.534 hectáreas. Posteriormente, hay un informe del Departamento de Seguimiento y Evaluación de Procesos Colonizadores del propio instituto que se publicó un mes después, en setiembre de 2022, que establece que, en realidad, las hectáreas vinculadas a esa fecha eran 544.397, es decir que hubo una disminución notoria de hectáreas vinculadas al instituto. El informe lo explica y dice que a partir del 2020 la superficie afectada al Instituto Nacional de Colonización disminuyó un 10 % a causa de las disposiciones establecidas en la LUC. Como se demuestra en el gráfico, el informe dice que el impacto mayor fue en la región de Tarariras, que abarca el departamento de Colonia y parte de Soriano; en esta región se redujo en un 48 % el área ocupada por el instituto, mientras que en la de Durazno el impacto fue de una reducción de 21 %; en Salto, un 18 %; en Paysandú, un 17 %, y en la región de Cerro Largo, un 16 %. Como resultado de la LUC, el instituto perdió el 10 % de las hectáreas que estaban bajo su gestión. Naturalmente –lo dijimos en su momento y lo reiteramos hoy– no creemos que esto contribuya a fortalecer al organismo ni a dar soluciones a las demandas de tierra de tantos trabajadores y trabajadoras.

En el informe también se menciona la adquisición de tierras, los predios y las adjudicaciones realizadas. En el 2021 la adquisición de tierras fue cero y se informa que se realizaron 62 adjudicaciones por una superficie de 11.713 hectáreas, de las cuales se estima que fueron beneficiarias 160 familias, 49 en unidades productivas familiares y 13 en unidades productivas asociadas, es decir, asociaciones. Según datos aportados por el departamento de selección, para ese mismo año, se registraron 2084 postulaciones a llamados de las que 1928 corresponden a unidades de producción familiar y 156 a unidades de producción asociada. O sea que está claro que hay una gran demanda insatisfecha que podrá ser atendida, por lo menos parcialmente, en la medida en que el instituto disponga de tierras dependiendo de los recursos que le sean asignados. Por eso vimos con preocupación –y se discutió en su momento acá–, las modificaciones en el régimen de financiamiento del instituto. Esperamos que, además de debatir la iniciativa del senador Da Silva, en la rendición de cuentas podamos discutir sobre recursos para el instituto a los efectos de que pueda retomar la política de adquisición de tierras y dar, de esa manera, respuesta a los miles de familias, trabajadoras y trabajadores rurales que la están esperando.

Para ir terminando, queremos señalar que no estamos de acuerdo en confrontar las políticas de apoyo y de desarrollo a los colonos con la política de adquisición de tierras. Esa es una falsa contradicción; el instituto debe abocarse a trabajar en los dos planos.

Por otro lado, naturalmente que en todos los organismos públicos hay muy buenos funcionarios y también de los otros, pero no compartimos que se califique de burócratas a las autoridades y al personal del Instituto Nacional de Colonización; de ninguna manera compartimos esa expresión. Es más, conocemos a muchos que tienen un gran compromiso con la labor y el desarrollo, no solo de la colonización, sino de las familias de colonos y de aspirantes a colonos.

Queremos rescatar también –y eso habrá que analizarlo cuando se presente la propuesta que anunciaba el senador Da Silva– que para nosotros la experiencia asociativa es muy importante, positiva y es parte esencial de la política del Instituto Nacional de Colonización, por lo que creemos que debe preservarse.

Por último, Uruguay es un país productor de alimentos cuya acción primaria es nacer y crecer desde la tierra; he ahí una de las razones por las cuales la justicia social y el desarrollo deben generarse desde las posibilidades de acceso a la tierra, su división, su utilización y la sustentabilidad de los procesos.

Por estas razones, reafirmamos la vigencia de la colonización y la necesidad de dotar al instituto de los recursos financieros que le permitan atender la demanda de tierras de los productores familiares asalariados y cooperativas.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Gracias, señora presidenta.

Cuando hacíamos uso de la palabra en la media hora previa no sabíamos de la buena idea del señor senador Camy de celebrar la creación del Instituto Nacional de Colonización y, por eso, nos hacíamos eco de la preocupación de la Federación Rural de Jóvenes por la posibilidad de tener un más fácil acceso a la propiedad de la tierra.

Hace dos o tres años nos llamaban de la gerencia de una sociedad de fomento de la zona de Colonia Valdense para plantearnos la dificultad que tenían los productores de la zona porque, cuando uno se retiraba –por jubilarse o simplemente por fallecer, por un hecho natural como ese–, los herederos, en su mayoría, no tenían interés en continuar la explotación y si uno de ellos deseaba hacerlo, no podía por serle imposible adquirir la propiedad a sus coherederos.

En esa zona la hectárea de tierra puede valer alrededor de USD 10.000 o más y en zonas no muy alejadas –porque la cooperativa tiene influencia en el oeste del departamento de San José y en el este de Colonia– el promedio de valor de esas tierras anda en los USD 4000 a USD 5000.

El Instituto Nacional de Colonización, con sus virtudes y defectos, ha permitido la radicación de la familia rural en el campo y esto es algo que nos preocupa.

Nosotros integramos lo que se ha dado en llamar la ruralidad. Hace 150 años que mi familia está radicada en una explotación rural en la zona oeste de San José y este de Colonia. Todos mis vecinos ocupan fracciones que, en alguna oportunidad, fueron de mi tatarabuelo y por cierto que conozco de primera mano las dificultades para el acceso de la tierra, pero hablo del acceso a la tierra de los orientales, porque hoy la tierra y el agua son bienes que se codician desde centros de poder con enormes posibilidades de naturaleza económica.

El señor senador Methol me alcanza una publicación de Sudestada –que nosotros conocíamos– en que se hace caudal de un informe sobre la aprobación de sociedades anónimas en el sector agropecuario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a cargo del subsecretario Juan Ignacio Buffa. En este informe se da cuenta de la superficie del territorio nacional que está actualmente bajo el régimen de excepción previsto por el Decreto n.° 255/007, que reglamentó la Ley n.° 18092. Esta disposición legal pretendió proteger la propiedad rural en manos de personas físicas y, en su caso, de sociedades que fueran con acciones nominativas o personales. Lamentablemente –y esto fue durante el anterior Gobierno– y no obstante el artículo 1.° de esta ley, se permitió que casi el 40 % del país pudiera quedar en manos de sociedades anónimas.

Dice este informe –y no se ha desmentido nunca–: «A marzo de 2020, se habían aprobado excepciones por 6:899.543 hectáreas para un total de 1864 pedidos. Bajo el formato de “autorización madre”, se aprobaron 242 pedidos por 1:427.675 hectáreas y, bajo el formato de “autorización ficta”, se aprobaron 1622 pedidos por 5:471.868 hectáreas. Esto significa que las ampliaciones, con trámite más expeditivo, multiplicaron por cuatro veces en promedio el área autorizada inicialmente». Así tenemos que, por ejemplo, se autorizó a Forestal Oriental con 3:565.736 hectáreas, a Eufores con 670.378 hectáreas, a Union Agriculture Group con 316.251 hectáreas –perdón, me puedo estar equivocando en algún número porque la letra es muy pequeña– y así sucesivamente.

Creo que ha llegado el momento de poner nuestras acciones en consonancia con nuestros dichos. Hemos vivido un proceso de extranjerización y concentración de la tierra durante el anterior Gobierno que, de alguna forma, persiste en el actual porque no hemos aprobado ninguna medida que limite esa posibilidad.

Acompaño la idea de que hay que hacer propietarios, porque el derecho de propiedad crea entre el titular del derecho y la tierra una muy especial relación que incentiva las inversiones, pero también creo que a los pequeños y medianos propietarios se les debe crear un paraguas que impida que la codicia de estos grupos multinacionales, de un poder concentrado enorme, termine apartándolos de la propiedad de la tierra, porque sabemos bien que un cañonazo de USD 1:000.000 es muy difícil de resistir.

En ese sentido, estamos abiertos a que la propiedad de la tierra del Uruguay sea para los uruguayos y que la juventud –que nosotros preparamos muchas veces en la Universidad de la República, en la Facultad de Veterinaria, en la Faculta de Agronomía y en las Escuelas Agrarias o aquellos trabajadores que, por razón de su experiencia práctica, están habilitados para ser titulares de explotaciones agropecuarias– tenga la posibilidad de acceder, en calidad de propietarios, a un pedazo de tierra que les permita afincar su familia y labrar su futuro.

Tenemos que poner las conductas en consonancia con los dichos. En la historia reciente del Uruguay los dichos no han estado en consonancia con los hechos y estas cifras, nunca desmentidas, solo nos pueden llamar a preocuparnos por lo que es el futuro de la propiedad de la tierra y del agua en el Uruguay –insisto, de la tierra y del agua–, elementos vitales para la vida humana.

Creemos que tenemos que alejar del clientelismo político al Instituto Nacional de Colonización, porque reconocemos que lo ha habido. También reconocemos que ha habido persecución política a algún senador cuya conducta ha sido, de alguna forma, puesta en tela de juicio a través del actual directorio o de algún miembro del Instituto Nacional de Colonización. La utilización de dicho organismo con fines políticos espurios es un asunto que rechazamos y lamentablemente tenemos que hacer mención del tema en esta sesión del Senado.

Muchas gracias.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero felicitar al senador Camy por invitar al Senado a debatir sobre estos asuntos que, diría, son bastante viejos en el Uruguay. Incluso hay algunos debates que de modernos tienen poco, porque al que está ingresando la cámara –en el marco de esta intervención del senador Camy– diría que se inició con la creación misma del instituto. Hace setenta y cinco años que se discute si hay que tener un Instituto Nacional de Colonización o si hay que dar préstamos a los productores para que compren tierra. Ese fue el debate sobre el que durante varios años hubo una intensa actividad en las comisiones del Senado de la república.

Antes de continuar, no me quiero olvidar de saludar a los integrantes del Directorio del Instituto Nacional de Colonización, que están presentes y cumplen una tarea importante.

Digo esto porque ahí está el centro del debate y cuando uno mira la historia del instituto encuentra, justamente, las distintas posiciones de quienes ejercieron el gobierno y qué terminaron haciendo, que es lo que decía recién el senador Domenech sobre entre la acción y los dichos.

Creo que la historia del instituto devela este viejo debate. Es muy viejo porque esta fue la «tierra purpúrea», señora presidenta, fue la tierra donde se traicionó el proyecto artiguista pues repartió tierra y puso a un negro a repartirla. Por eso fue traicionado el proyecto artiguista y por eso aquellos que recibieron tierra por el Reglamento de Tierras la perdieron después en manos de muchos de los doctores que hoy están en el nomenclátor de la ciudad de Montevideo. Estos fueron quienes traicionaron el proyecto artiguista y desconocieron el otorgamiento de tierras. Esa es una viejísima historia y habrá que trabajar muchísimo.

En esta instancia no pretendo abrir un debate o un intercambio de ideas sobre algunos aspectos de lo que se ha dicho, pero creo que tenemos que tratar el tema del Instituto Nacional de Colonización con cierta responsabilidad, pensando en el futuro y conociendo un poco lo que ha sucedido.

El gran problema del Uruguay cuando se debate sobre el Instituto Nacional de Colonización está entre el latifundio y el minifundio. Cualquiera de los dos eran problemas que aquejaban al Uruguay de aquellas viejas estancias cimarronas de más de 30.000 cuadras, y también de aquellos que tenían apenas un pedacito de tierra que les daba solo para subsistir. Ese fue el debate.

Al debatir acerca de las dificultades que pueden tener los más pequeños para poder acceder a la tierra, que tiene un alto valor, había que discutir si se debía generar un instituto que interviniera en el mercado de tierras. Creo que el verdadero debate que se dio sobre el Instituto Nacional de Colonización no se produjo porque creara colonias, sino por si había que intervenir en el mercado de tierras. Ese es el debate de fondo del instituto; no es la colonización, no es el acceso a la tierra, sino si hay que intervenir o no en el mercado de tierras. ¿O hay que dejar que el mercado libremente resuelva y quien tiene recursos u obtenga créditos –con la tasa que sea– pueda acceder a la tierra? También creo que habría que debatir si aquellos que no son sujetos de crédito podrían tener acceso o no. Ese fue el debate fundamental.

Incluso, cuando se creó el Instituto Nacional de Colonización, algún medio de prensa muy importante dijo que se creaba un «estrambótico instituto sovietizante». Así fue establecido en el mismo momento en que se creó la Ley n.° 11029.

Ese debate viene recorriendo la historia del instituto, naturalmente. El 12 de enero de 1948 se crea el Instituto Nacional de Colonización, que contó, básicamente, con una orientación: «… promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural». Eso dice el artículo 1.° de la Ley n.° 11029.

Podemos discutir sobre desarrollo rural, sobre créditos blandos para el desarrollo rural y sobre las condiciones que implica la producción rural en el Uruguay, que es muy distinta en términos de su lógica de intensidad de capital y de un conjunto de razones que tiene hoy la agricultura moderna, porque ya no se ara con una yunta de bueyes, sino que hoy tenemos grandes inversiones, pero no podemos adjudicar al instituto que haga toda la política de desarrollo rural porque tiene un cometido. No es bueno decir que se defiende al instituto, pero que se le quiere cambiar su cometido. Es una discusión interesante que hay que dar, sin lugar a dudas, pero yo quiero decir que no es ni moderna ni nueva, sino que es vieja como el instituto.

Señora presidenta: hoy el instituto tiene a resguardo de la producción familiar –porque ese es su horizonte– unas 618.000 hectáreas, que representan solo el 4 % de la superficie de la tierra en el Uruguay, pero el 27 % de la superficie que está en manos de la producción familiar. Por lo tanto, estamos hablando de resguardo de tierras para la producción familiar, en el marco de la soberanía alimentaria y de una justa distribución, en una institución muy importante. Lo que no puede hacerse es pedir al instituto que haga otras cosas que no tiene que realizar, pero sí darle los recursos para que lleve a cabo su cometido, porque sin ellos no hay política de acceso a la tierra.

La tierra es un bien que no se fabrica; es un bien finito de alto valor y muchas veces de baja rentabilidad como producto de las situaciones a las que está sometido –porque es una actividad al aire libre–, que implica un enorme costo adquirirlo y un enorme sacrificio trabajarlo. Entonces, me parece que esa discusión hay que darla porque el Uruguay sigue teniendo altos niveles de concentración de la tierra cuando el 9 % de las empresas o las explotaciones acumulan el 60 % del territorio, y el 56 % de los productores o de las empresas solo tienen el 5 % del territorio. Por lo tanto, de alguna manera, el desafío de lo que dice el artículo 1.° de la Ley n.° 11029 está vigente al día de hoy, creo que no ha finalizado y que hay que seguir trabajando para que de alguna manera se resuelva esta situación. También habrá que construir una nueva institucionalidad, como se ha hecho, y nuevas líneas para el trabajo del sector agropecuario, pero que quizás no son tareas del Instituto Nacional de Colonización porque las suyas son otra cosa.

Cuando se creó, el instituto dispuso de hasta $ 20:000.000 previstos por ley, que eran una emisión de bonos que se logró negociar, y en el corto tiempo se sancionaron tres leyes más que ampliaron dicho capital. Me refiero a la Ley n.° 11937, de 1953; a la n.° 12386, de 1957; y a la n.° 12473, también de 1957.

La sesión inaugural del instituto se realizó el 18 de junio de 1948 y fue presidida por el ministro de Ganadería y Agricultura, Luis Alberto Brause. Cuando se fundó el instituto debía estar integrado por tres miembros en el directorio y dos integrantes más que provendrían de las organizaciones agropecuarias, pero por acuerdo político del Partido Nacional y del Partido Colorado se decidió que hubiera dos blancos y tres colorados. Así más o menos funcionó y, además, se le otorgó la cartera proveniente de la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay creada en 1923, que tenía unas 200.000 hectáreas, como bien se dijo aquí. Ese fue el capital inicial para arrancar con la tarea colonizadora de afincar, radicar en la tierra y promover el bienestar del trabajador rural, que básicamente es la orientación del instituto.

Obviamente, en 1948 se prioriza atender a los sectores socialmente agrarios vinculados a la agricultura, arrendatarios desalojados y a la población de los rancheríos; así es que se comienza a trabajar. En 1949, el directorio define que el 90 % de las tierras del instituto se destine a atender la situación de productores nacionales mientras el restante 10 % se focalice en traer familias de colonos inmigrantes. El resultado, señora presidenta, de este primer impulso batllista a una institucionalidad que generó mucha controversia fue que se adquirieron 146.245 hectáreas, más de la mitad de ellas, 77.000 y pico, por el derecho de preferencia del artículo 35 de la Ley n.° 11029. Esto es bien importante porque, en definitiva, esta es la gran diferencia, que tiene que ver con intervenir en el mercado de tierras cuando se utiliza la preferencia del instituto ante una transacción de dos privados para vender o comprar tierras y el instituto decide comprar. Esta es una gran intervención que hace el Estado para regular en parte el mercado de tierras y poder acceder a ellas cuando dos privados han decidido generar una transacción para comprar y terminan siendo para el instituto, y no en el caso de aquellas que no quieran los privados.

Básicamente, esto fue lo que pasó, pero hubo un freno. En 1959 comenzó un freno importante en esta política de expansión de colonización por aquello de los dichos y los hechos. Ese año comenzó con un gran conflicto sobre el aumento de las rentas del instituto y en el Gobierno se debatió el tema. Por un lado, allí se desestima el aumento de las rentas y se fomenta la idea de vender tierras a los colonos. Esta idea no tiene absolutamente nada de moderna porque, básicamente, está en el centro de las orientaciones de los Gobiernos y de las políticas que miran cómo hay que intervenir o no en el mercado de tierras. También se formaliza la propuesta de vender tierras a arrendatarios y hay planes en 1959, 1965 y 1969. En 1963 se planifica vender 20.000 hectáreas y en 1964, unas 40.000, pero en realidad no se concreta ninguna venta por falta de interés de los colonos. Eso es lo que pasó en aquellos años porque, obviamente, no tenían recursos.

En 1966 se aprueba la Ley n.° 13495, que aumenta el capital del instituto en un monto de hasta $ 25:000.000 a través de la ampliación de la deuda interna nacional con un interés del 5 %.

¿Cuáles fueron los resultados en ese período? Se caracterizó, básicamente, por la ausencia de presupuesto, más allá de esta ley que se vota en 1966, y se adquirieron apenas 21.659 hectáreas. En ocho años de gobierno son las únicas que se adquirieron y lo señalo por aquello de los dichos y los hechos a los que hacía referencia el señor senador Domenech.

A su vez, desde 1968 a 1973 hubo una nueva integración del directorio establecida por la Constitución de la república, que es la que está vigente hasta el día de hoy en la medida en que es un ente autónomo.

Desde 1970 en adelante el directorio del instituto se compuso por presidentes interventores, en el marco de las medidas prontas de seguridad. Esto se hizo a través del Decreto n.° 289/969. En definitiva, lo que sucedió fue que no hubo venia del Senado para designar el presidente del instituto.

En 1967 se otorgó un incremento presupuestal notorio para la compra de tierras. Me refiero al artículo 259 de la Ley n.° 13637. En ese momento se consolidó la idea del régimen de tenencia de la propiedad privada de la tierra de los institutos, la idea de los colonos propietarios, pero no se priorizó en la adjudicación a sujetos agrarios desfavorecidos. Un ejemplo de ello fue cómo no se integró a los trabajadores rurales de la caña de azúcar para la explotación de la Colonia Eduardo Acevedo. A esos trabajadores no se los consideró y se decidió tomar otro camino.

En 1968 se creó un nuevo plan de venta de tierras a arrendatarios.

En 1973 se dio el golpe de Estado y, en ese momento, renunció el integrante del directorio que iba por la Universidad de la República. Durante todo el período dictatorial los cuatro integrantes que venían de antes siguieron en sus funciones.

En el período transcurrido entre 1969 y 1971 se adquirieron 100.000 hectáreas; básicamente eso ocurrió en el departamento de Artigas, la Colonia Eduardo Acevedo, la Colonia Emilio Frugoni y el inmueble n.° 511. En ese momento se fortaleció la figura de los colonos propietarios por dos vías: la compra de fracciones por parte de arrendatarios y la venta a colonos que no eran arrendatarios previamente, como es el caso de la Colonia Emilio Frugoni o el inmueble n.° 511.

Desde 1973 a 1984 –dictadura militar– se adquirieron 25.000 hectáreas en el proceso dictatorial. Solo en unos pocos casos –unos 8000– fueron adquiridas por el artículo 35. En ese proceso de facto del país apareció, en algunos casos, la aplicación del artículo 127, que refiere a beneficiar a colonos sin perfil de tales, es decir, con el acceso a la tierra de aquellos que no tenían perfil de colono según lo que estaba definido.

Pasando esa época oscura, diría yo, en 1985 se compran 26.000 hectáreas. En ese año el doctor Rossi, integrante del directorio, implementó los campos de recría lecheros en tierras del Instituto Nacional de Colonización, que están vigentes hasta el día de hoy y que fueron una gran idea.

Se hablaba de clientelismo. Esos años fueron los de las tarjetas vips, pues se accedía a la tierra por medio del tarjetazo.

En 2002 –Gobierno colorado–, a través de los artículos 131 a 134 de la rendición de cuentas, se planteó la venta de la totalidad de las tierras afectadas a colonización –era aproximadamente la mitad de la cartera– y el cierre definitivo del instituto. Lo digo por aquello de los dichos y los hechos.

Entre 2005 y 2019 gobernó el Frente Amplio. En 2007 se otorgó financiamiento, unos USD 11:500.000, a través de la Ley n.° 18064, para la compra de tierras. Fue un financiamiento real y constante para la compra de tierras, sostenido en el tiempo. En el instituto, en el viejo instituto, desde su creación siempre estuvo en el debate si le daba recursos a esa herramienta. En ese momento, el instituto logró su financiamiento permanente para adquirir tierras de manera sostenida en el tiempo y pensando en el largo plazo, y se facultó la articulación con otra institución.

En 2011 se otorgó un nuevo financiamiento al Instituto Nacional de Colonización para la compra de tierras a través de la Ley n.° 18876. Quiere decir que el producido del ICIR –impuesto a la concentración de inmuebles rurales– también iba destinado al Instituto Nacional de Colonización como una nueva fuente de financiamiento para su tarea colonizadora.

En ese período también se modificaron los derechos de preferencia, señora presidenta. Obviamente, se bajó la cantidad de hectáreas hasta 500 hectáreas Coneat 100. Incluso en algunos departamentos se bajó hasta 200 y en otros hasta 100 con el fin de poder hacer uso de la preferencia del artículo 35 de la ley porque antes eran 1000 hectáreas.

Esa fue una gran política que permitió al instituto expandirse hacia algunos territorios en donde estaba vedado de utilizar el artículo 35, justamente porque la adquisición y venta de tierra en esos lugares no llegaba a las 10.000 hectáreas. Digo esto porque me parece importante. Se adquirieron más de 130.000 hectáreas, como se dijo, en su mayoría por el derecho de preferencia del artículo 35, es decir, la intervención en el mercado de tierras. Se priorizó la entrega de tierras a sectores socialmente postergados de la producción familiar, asalariados rurales, mujeres y jóvenes. Además, se priorizó la adjudicación de tierras a emprendimientos colectivos.

Señora presidenta: se crea la ley sobre la cotitularidad. ¡Mire si será relevante! Se da el derecho a las mujeres colonas de ser propietarias, mejor dicho, de tener la titularidad de esos predios de colonización.

Desde 2020 a 2023 –es reciente, todos lo conocemos– este Parlamento ha sido, por aquello de los dichos y los hechos que relataba el senador Domenech, testigo del avance de la legislación que tiene que ver con la colonización, con la pérdida del patrimonio del Instituto Nacional de Colonización por el artículo 357 de la LUC, mediante el cual se habilitó a que salieran 58.000 hectáreas del imperio de la ley de colonización.

La ley de presupuesto nacional topeó el financiamiento del instituto porque antes se asignaban USD 11:500.000 y ahora quedó en USD 2:200.000.

La ley de rendición de cuentas reasignó en el Fideicomiso de Integración Social y Urbana los fondos de financiamiento que obtenía el instituto por la Ley n.° 18064, que es la del antes ITP, como también por la Ley n.° 18876 –el ICIR–, dejando en cero el financiamiento del Instituto Nacional de Colonización y retirando estos recursos para otras áreas del Estado. Por lo del dicho al hecho, se levantaba la mano en el Parlamento de la república, con las mayorías del actual Gobierno.

Posteriormente, la rendición de cuentas asignó un monto de hasta UI 135:000.000 al Instituto Nacional de Colonización a partir del 2022 para la compra de tierras, de lo que se ha usado cero pesos hasta el momento. Es decir, el «hasta», que tanto discutimos aquí, fue cero, por aquello del dicho y el hecho.

El descenso es evidente en la compra de tierras por el instituto. Entre 2020 y 2021 solamente se compraron tierras por compromisos que venían de antes y se dispuso la adquisición de 1500 hectáreas, cantidad que ha incorporado el instituto en estos tres años. De alguna manera –creo yo– es el desfinanciamiento del organismo sobre lo que deberíamos ir trabajando hacia el futuro. Creo que lo primero que hay que resolver es el financiamiento del instituto porque, si no, no hay política posible.

Para redondear, porque me queda poco tiempo –he dejado algunas cosas de lado–, debo decir que, sin lugar a dudas, el desarrollo rural no es solo tarea del instituto, sino de un conjunto de instituciones. Eso requiere de una concentración enorme de capital para producir en el mundo que vivimos, que tiene que ver con la maquinaria, la genética, los insumos, así como también con el capital que se arriesgue, porque es de alto riesgo la producción agropecuaria ya que es al aire libre y tiene que ver con el agua y con otras cosas que se han planteado en sala. Además, tiene que ver con los mercados porque somos tomadores de precios, pues vendemos nuestro excedente, con la dificultad que tiene el país para competir en volumen en el mundo. Sin lugar a duda, necesitamos pensar y darnos cuenta, como sociedad, de que la producción de alimentos en el futuro es necesaria para la soberanía alimentaria, pero, por sobre todas las cosas, de que requiere de políticas públicas, de un Instituto Nacional de Colonización con verdadero financiamiento, atender a la producción familiar, a los pequeños y medianos productores teniendo herramientas distintas.

Soy un enamorado de que todo aquel que quiera tomar un crédito para comprar tierras pueda hacerlo, pero esa no es tarea del Instituto Nacional de Colonización ni se debe hacer con su patrimonio, que es la reserva de 600.000 hectáreas para la producción familiar. Hay otros instrumentos, como el Banco República, al que saludamos y potenciamos, pero no hay que perder la reserva para la producción familiar de esas 600.000 hectáreas y se debe incrementar el trabajo en todo lo que se pueda.

Muchas gracias.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Señora presidenta: creo que ya se ha dicho lo suficiente.

De cualquier manera, quiero saludar al senador Camy por haber traído este tema a sala.

Indudablemente, hablo desde mi urbanidad, pero mis responsabilidades políticas me han hecho acercar a muchos de estos temas, a ese Uruguay agroexportador y del pequeño productor. Soy una ferviente convencida de que el Uruguay no será solo agroexportador en el tiempo que viene; los servicios seguirán jugando un papel muy importante, pero no hay duda de que este es un tema central en la vida del Uruguay.

Lo otro que quiero decir es que cuando llegué a esta casa encontré compañeros con una larga historia y experiencia y lo primero que me dijeron fue: creemos que la ley de colonización es de las mejores que se han votado en la historia del Parlamento. Me recomendaron –y acá la tengo– leer la versión taquigráfica de todo lo que fue ese debate a partir del mensaje del Poder Ejecutivo. Es bueno decir que, además de Tomás Berreta, lo firmaron Aquiles Espalter y Ledo Arroyo Torres, también con una mirada bien interesante de lo que era el Uruguay.

La verdad es que leyendo la versión taquigráfica uno se da cuenta del Uruguay en el que vivíamos. También acá en el Parlamento –le voy a decir la verdad, señora presidenta– estaba buscando las palabras expresadas en su momento por Zabala Muniz, que me habían recomendado, y de Julia Arévalo, la senadora comunista, que justamente no encontraba porque en la versión figura «de Roche (Julia Arévalo)». No le ponían ni su apellido; bueno, es una pequeña anécdota, pero es de las tantas cosas que me mostró también esta versión, donde es increíble el nivel del debate, impresionante, que hubo en ese momento en el Parlamento.

El mensaje del Poder Ejecutivo decía: «La ordenación, el mejoramiento, la intensificación y por consiguiente la rápida evolución de la producción agropecuaria –base de la estabilidad económica-financiera de la Nación–, constituyen, como reiteradamente ha sido expresado por parte del Presidente de la República, una de las preocupaciones sustanciales del Poder Ejecutivo […] espera una transformación racional del panorama de nuestra campaña». Es decir, el objetivo del Poder Ejecutivo en el mensaje enviado estaba más que claro: «… la fijación del productor a la tierra que trabaja o que desea trabajar; reforma de cuya urgente necesidad existe ya una conciencia nacional». También parece bastante claro que a nivel del Uruguay se había procesado un debate que se había transformado en conciencia nacional, «… la inmediata sanción legal de un ordenamiento adecuado, que oriente y dé vigoroso impulso a la acción colonizadora del Estado» era una necesidad imperiosa.

Más adelante dice: «… el fomento de la acción colonizadora oficial y privada, por un organismo especializado y dotado de recursos suficientes, que se encuentre en condiciones de promover, con la influencia decisiva de la técnica y de la práctica cooperativa, la mejor explotación, asegurando la disponibilidad de tierra al hombre de trabajo y el estímulo a su esfuerzo creador de riqueza».

Y sigue. Hace un relato de lo que había sido el Congreso Nacional de la Colonización, que se había celebrado en mayo de 1945 en la ciudad de Paysandú, muy poco conocido. Yo estoy sorprendida, pero ese congreso fue realmente un evento muy sustancioso y con una altísima participación. En el propio congreso se decía: «Que la acción del Estado quede exclusivamente a cargo de una entidad colonizadora, la que deberá gozar de la autonomía necesaria para el mejor cumplimiento de su misión, y deberá ser dirigida por un Directorio con integración técnica y auténtica representación de los productores rurales».

Después se da todo un debate en el Parlamento sobre la representación política; Zabala Muniz hace una intervención fuerte sobre la necesidad de que los partidos políticos también estén representados. Además, se reconocía la trascendencia para el Uruguay de favorecer –¡miren si sería un avanzado en ese momento!– «… una inmigración seleccionada dentro de la cual se diera preferencia, tal como lo propusiera una calificada Comisión integrada por especialistas en la materia…».

También miraba la inmigración, que en ese momento era muy importante en el Uruguay, de forma de dirigirla hacia los trabajos de la tierra.

Hemos leído mucho sobre esto y creo que ese debate que se dio en el Parlamento es, sin duda, ¡un pedazo de los más importantes de nuestra historia nacional! Tenía necesidad de decirlo también hoy acá, en el Senado. Incluso, se trata de la historia de las frustraciones que el Uruguay pudo haber tenido y de la historia de las ideas de nuestro país.

Muchos nos han dicho que, de haber llevado a fondo esa aventura colonizadora que se planteaba en aquella época, hoy estaríamos en un país más parecido a Nueva Zelanda que al Uruguay de hoy. No es una frase que pueda pasarnos por el costado, sino que debe obligarnos a reflexionar muchísimo.

Es cierto que Uruguay ha cambiado mucho y que la vida de los pueblos no es una foto, sino una película, un proceso, pero me da la impresión de que debemos analizar que en aquellos años, con veinte vacas, un tambero mantenía a una familia de clase media y actualmente, ese mismo tambero, tiene que ordeñar unas setenta u ochenta vacas y poner USD 400 o USD 500 por hectárea. Esto nos muestra lo que ha cambiado el mundo, el Uruguay, los parámetros y la productividad.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA KECHICHIAN.- Con mucho gusto. Cada vez que alguien me pida una interrupción, la concederé.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Para ilustrar lo que dice la señora senadora Kechichian, quiero mencionar que la mitad de los productores lecheros de este país no llega a $ 52.000 de ingresos líquidos mensuales. No sé, además, si con eso alcanzan la canasta básica.

Gracias, señora senadora.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Kechichian.

SEÑORA KECHICHIAN.- Gracias, señora presidenta.

En esos años, la izquierda uruguaya también analizaba mucho estos temas y en algunos documentos establecimos que había cierta agonía del modelo que había llevado adelante Uruguay. Así lo definía el general Seregni, que siempre nos decía que para saber dónde estamos hay que conocer de dónde venimos y que entonces era necesario examinar las políticas fundamentales que intentó el país –entre ellas, ponía mucho ojo en esta ley– para determinar con claridad la razón fundamental de sus fracasos, para tomar las cosas desde sus raíces; es la única forma de enderezarlas.

Hay todo un estudio desde la Guerra Fría en adelante. Nos preguntábamos si el Uruguay era una provincia o una nación. El profesor de Historia, Ares Pons, en su ensayo Destino de la nacionalidad uruguaya, también se preguntaba cuál era el futuro del Uruguay. Ahí era clarísimo que había despoblación de la campaña. En 1916, la población rural era de casi un 20 %, pero en 1956 era del 15 %, incluso después de la aprobación de esta ley.

El contador Iglesias, analizando la especial coyuntura del país, decía: «La precipitación de los factores negativos en el país en la década de los 50 y su aceleración posterior no podrían desconocer que el modelo de esta sociedad en los primeros 50 años del siglo funcionó y lo hizo bien. Pero ha agotado las bases dinámicas sobre las que estaba formulado y reclama con urgencia un nuevo planteo…». Un nuevo planteo es exigir cambios. Siempre me parece un visionario el contador Enrique Iglesias.

El propio Danilo Astori, en su momento, complementó, sobre aquella etapa del país, diciendo que la rentabilidad no se podía conseguir con la producción. No solo había que buscar en el círculo financiero interno, sino también empezar a buscar fuera del país. Por eso el primer rasgo a destacar desde el punto de vista de las relaciones con el exterior es la creciente fuga de capitales que comenzó a experimentar Uruguay. Junto con ella, sobrevino una pérdida de reservas y un proceso de endeudamiento con el exterior. Es decir, había un Uruguay que indudablemente necesitaba cambios.

En 2003 –observemos las cifras–, los particulares vendieron más de 386.000 hectáreas de campo y el Instituto Nacional de Colonización contaba con 250.000, adquiridas en 57 años de existencia. Se vendieron 386.000 hectáreas en un año, se adquirieron 250.000 en 57 años de acción del instituto. Creo que estos datos hablan por sí solos. Para comparar, si no me equivoco, el área agropecuaria total del país ronda los 16:000.000 de hectáreas.

Por último, quiero decir que hay historias poco conocidas, pequeños grandes actos que llevaron a que el tema de la tierra se discutiera en profundidad en el Uruguay. En las actas está clarísimo, el presidente de la Federación Rural dijo que el país tendría que llorar lágrimas de sangre si se aprobaba ese proyecto. Está en las actas, «lágrimas de sangre».

Además, en esos años asesinaban a Julia Escorina, una cocinera de la estancia de Farrapos, en San Javier, en tiempos del Gobierno de Gabriel Terra. Fue asesinada por la policía en un acto en el que se reclamaba tierra para trabajar; reitero, tierra para trabajar. Años después, esa estancia se fraccionó y ese fue el origen –dicen muchos, aunque no está en ninguna lápida– del Instituto Nacional de Colonización, creado el 12 de enero de 1948, como todos sabemos. En la tumba de Julia Escorina, en el cementerio viejo de San Javier, hay una lápida –la vi con mis propios ojos– en la que se lee: «Aquí yace Julia Escorina, que murió luchando por pan, trabajo, tierra y voto femenino», como no podía ser de otra manera en ese momento. Pocos colonos saben que la conquista también está regada de estas pequeñas luchas.

Me parecía que esta era una instancia en la que teníamos que dar nuestra opinión, saludar al instituto, agradecer nuevamente al señor senador Camy y seguir analizando estos temas, porque en ellos le va la vida y el futuro al Uruguay.

Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: este intercambio que ha generado el señor senador Camy, tan importante, nos acerca a lo que es la identidad nacional, a lo que, de alguna forma, la historia nos mandata.

Hablamos de artiguismo y del Reglamento de Tierras. El Reglamento de Tierras de Artigas estaba fundado en aquello de que los más infelices fueran los más privilegiados –lo que viene a cuenta de esto–; es decir, que gente que no tenía nada, viudas, pobres, fueran los que se beneficiaran con pedazos de tierra para poder trabajar. Eso es lo que, de alguna forma, nutre el espíritu de creación del Instituto Nacional de Colonización, tan importante para nuestro país, porque estamos hablando de gente que quería y quiere radicarse en el campo, pero no tenía ni tiene los rubros para hacerlo. Me parece que esto ha sido trascendente en nuestra historia y estos setenta y cinco años evidentemente lo son. En ese sentido, saludo también la presencia de integrantes del directorio.

Solicité hacer uso de la palabra más que nada para dar testimonio de que en mi departamento ha significado muchísimo la Colonia Treinta y Tres Orientales, que, por lo que mencioné, pudo concretarse y se dio tierras, predios, a gente cuyos hijos hoy están radicados allí. O sea que, si el Instituto Nacional de Colonización tuvo una función social y todavía la mantiene, de alguna forma debería seguir tendiendo a que la gente se radique en el campo. Hoy alguien mencionaba que las condiciones para poder vivir son más fáciles, pero considero que sigue siendo difícil vivir en el campo, justamente, porque faltan muchas de las cosas que los compañeros mencionaban. No se trata solo de que les den las tierras, sino que también debe haber otros condimentos. Evidentemente, si a pesar de todas esas dificultades hay mucha gente –en algún momento había leído que eran 1000, pero otro compañero dijo que son 2000– que aspira acceder a la tierra, deberíamos valorarlo muchísimo como país. Sin embargo, no se le puede proveer por diferentes políticas que se llevan a cabo.

No puedo dejar de decir que el campo de recría ha tenido un rol muy importante y ha significado mucho para los pequeños productores de mi departamento, además de las colonias como la de Treinta y Tres Orientales.

Por otro lado, no puedo dejar de mencionar –aunque el punto ha quedado expuesto por las intervenciones muy fundadas de los compañeros de bancada– que el debate se dio cuando, de alguna forma, en vez de agrandar la propiedad del instituto se retaceó el acceso a la tierra a través de la LUC y se le otorgó a quienes, según nosotros, no correspondía.

También debemos recordar el tema de la radicación en la tierra y que un artículo de esa ley habilitó a que, de alguna forma, se faltara al origen de este instituto, que es que se radique gente. Nosotros cuestionamos ese artículo porque considerábamos que la persona que tuviera el campo del Instituto Nacional Colonización debía radicarse en él. Me parece que viene bien que exista este intercambio. Viene bien que sepamos hacia dónde vamos; viene bien que sepamos si el país realmente avanza a través de leyes que profundicen ese origen artiguista de la entrega de tierras o si, por el contrario, va en un sentido que no compartimos.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queremos agradecer al Directorio del Instituto Nacional de Colonización que nos acompañara y haya estado presente durante la sesión. Realmente consideramos que ha sido un buen intercambio en el siglo XXI sobre lo que fuera sin lugar a dudas un instituto emblemático y modernizador, como todos los representantes de los partidos políticos han señalado.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Solicito que la versión taquigráfica de las palabras vertidas en la sesión de hoy sea enviada al Directorio del Instituto Nacional de Colonización, a la Comisión Directiva de la Afinco –Asociación de Funcionarios del Instituto de Colonización–, a la Asociación de Colonos del Uruguay y al Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Fomento Rural.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL POR MÁS DE CUARENTA Y OCHO HORAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: «Solicitud de autorización presentada por el señor presidente de la república, Luis Lacalle Pou, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 170 de la Constitución de la república, a efectos de ausentarse del país por más de cuarenta y ocho horas, a partir del 12 de junio, con motivo de recibir la distinción Gold Insigne que otorga el foro Americas Society/Council of the Americas, que tendrá lugar en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. (Carp. n.° 976/2023 - rep. n.° 673/2023)».

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase la nota presentada por el señor presidente de la república.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 1.° de junio de 2023

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Presente

 

De mi consideración:

Tengo el honor de dirigirme a la señora presidenta a los efectos de solicitar la autorización prescrita en el artículo 170 de la Constitución de la república, a partir del 12 de junio y hasta el 15, con motivo de recibir la distinción Gold Insigne que otorga el foro Americas Society/Council of the Americas, que se realizará en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Saludo a la señora presidenta con mi más alta consideración.

Luis Alberto Lacalle Pou. Presidente de la república».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la autorización que solicita el señor presidente de la república.

(Se vota).

‒24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que al haberse votado la autorización solicitada por el señor presidente de la república para ausentarse por más de cuarenta y ocho horas, entre los días 12 y 15 de junio, pasaré a ocupar la presidencia de la república. Asimismo, ocupará la vicepresidencia de la república, por los mismos días, la señora senadora Bianchi y, por tal motivo, habiendo presentado nota de desistimiento los señores Fernanda Maldonado, Pablo Caram, Ricardo Planchón, Alejandro Draper, Jorge Saravia, Sandra Etcheverry, Carlos Enciso, Gerardo Amarilla, Mario Silvera, María Aramendía y Carmelo Vidalín informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, queda convocado el señor Armando Castaingdebat, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

15) FUERZAS COMANDO 2023

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato la carpeta n.° 968/2023: proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de efectivos del Ejército nacional, a efectos de participar en la competencia Fuerzas Comando 2023, a llevarse a cabo en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, en el período comprendido entre el 11 y el 23 de junio de 2023». (Firman los señores senadores Peña, Manini Ríos, Della Ventura y Asiaín).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

‒25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: «Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de efectivos del Ejército nacional, a efectos de participar en la competencia Fuerzas Comando 2023, a llevarse a cabo en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, en el período comprendido entre el 11 y el 23 de junio de 2023. (Carp. n.° 968/2023 - rep. n.° 676/2023)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: previo a dar el informe, quiero, una vez más, reconocer especialmente a la bancada del Frente Amplio y también a los demás partidos presentes en el Cuerpo por la disposición para considerar, con carácter de urgente, este mensaje del Poder Ejecutivo.

Se trata de un proyecto de ley por el que se autoriza, según lo que establece el numeral 12 del artículo 85 de la Constitución de la república, la salida del país de efectivos del Ejército nacional, en este caso con el propósito de participar en la competencia Fuerzas Comando 2023, que se llevará a cabo en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, entre los días 11 y 23 de junio del presente año.

Corresponde destacar, tal como lo hace la exposición de motivos del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, que la competencia se lleva a cabo sobre la base de una serie de ejercicios y situaciones en las que se ejecutan, de manera práctica, destrezas individuales y colectivas, que son propias de la especialidad. Se trata de probar las capacidades tácticas y técnicas, así como lo que corresponde a la resistencia psicológica y física de cada militar. Para esto, se realizan distintas pruebas que abarcan los requisitos necesarios para un entrenamiento de fuerzas especiales.

Concretamente, es un proyecto de ley de un solo artículo y la autorización de la salida a la delegación del Ejército nacional que referimos comprende ocho efectivos en total, dos oficiales subalternos y seis integrantes del personal subalterno.

También, la habilitación implica armamento individual: diez fusiles con mira y magnificador, diez pistolas Glock 17 y cuatro fusiles con mira Steyr.308. Están los detalles técnicos expuestos de manera más precisa en el propio articulado del proyecto de ley.

En definitiva, a los efectos de participar en la referida competencia en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del 11 al 23 de junio del presente año, se solicita la correspondiente autorización de salida del país.

Por lo expuesto, señora presidenta, sugerimos al Cuerpo aprobar el proyecto de ley que acabo de referir.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del artículo y se vote.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

16) DÍA NACIONAL DEL CANDOMBE, LA CULTURA AFROURUGUAYA Y LA EQUIDAD RACIAL

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 3.° de la Ley n.° 18059, de 20 de noviembre de 2006, Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial. (Carp. n.° 354/2020 - rep. n.° 671/2023)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Sanguinetti.

SEÑORA SANGUINETTI.- Señora presidenta: este proyecto de ley fue trabajado en la Comisión de Educación y Cultura y tuvo su origen en una iniciativa impulsada por la senadora Rodríguez.

El 20 de noviembre de 2006 se promulgó la Ley n.° 18059, que en su artículo 1.° declara el 3 de diciembre Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial. Esta ley declara al candombe como patrimonio cultural de la República Oriental del Uruguay, reconociendo el legado ancestral africano, así como los aportes afrodescendientes en la construcción de la identidad nacional.

El artículo 3.° de la ley dice: «Se considera de interés nacional la realización de actividades, acciones educativas y campañas de comunicación que contribuyan a dicho fin, promuevan el combate al racismo y la equidad racial, entendida como garantía de igualdad de oportunidades y goce efectivo de derechos para todos los ciudadanos, con la consiguiente superación de las inequidades que afectan a los afrodescendientes».

El proyecto de ley que está a consideración, señora presidenta, establece una modificación del artículo 3.° de la ley y agrega un inciso que diga: «Exhórtase a los espacios y salas privadas de promoción o difusión cultural a unirse en la promoción de la cultura afrouruguaya». Nos parece que este agregado complementa y fortalece la Ley n.° 18059, por lo que recomendamos al Cuerpo su aprobación.

Nos ha tocado recibir a algunas delegaciones que trabajan por los derechos de las personas afrodescendientes en nuestro país y vimos que el objetivo que se está buscando de la equidad racial todavía nos queda lejos, por lo que seguir dando pasos y señales en esta dirección es lo que entendemos correcto.

Muchas gracias.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- En la misma línea de lo expresado por la senadora Sanguinetti, me gustaría referirme brevemente a la génesis de la Ley n.° 18059, que fue iniciativa del entonces diputado Ortuño y que, junto con integrantes de la bancada del Frente Amplio, presentaron este proyecto de ley.

Señora presidenta: la fecha del 3 de diciembre refiere a que, precisamente, un 3 de diciembre de 1978 sonaron por última vez los tambores en el Conventillo Mediomundo, uno de los lugares sagrados del candombe. Fue una llamada en defensa de las familias negras que fueron desalojadas en una clara manifestación de racismo en dictadura.

Esta modificación es muy importante –como lo acaba de manifestar la señora senadora Sanguinetti– porque considera de interés nacional estas acciones educativas y campañas de comunicación que contribuyen a promover el combate al racismo y la equidad racial entendida como garantía de igualdad de oportunidades y gozo efectivo de derechos para todos los ciudadanos, con la consiguiente superación de las inequidades que afectan a los afrodescendientes.

Todos los 3 de diciembre los espacios y salas públicas de promoción cultural deberán fomentar o proyectar la realización, tanto de actividades culturales como de otras que promuevan el combate al racismo y la equidad racial. Asimismo, se exhorta –algo muy importante– a los espacios y a las salas privadas a que den promoción o difusión cultural para apoyar la realización de este tipo de actividades.

Esperamos, señora presidenta, que esta iniciativa que nos hicieron llegar referentes del candombe e integrantes de la Sociedad Civil Afrouruguaya cumpla con los requerimientos planteados. Nuevamente, reitero mi deseo de que no quede en letra muerta porque es una iniciativa muy importante. Lamentablemente, ¡cómo nos cuesta cumplir y más cuando se trata de estos temas de racismo y de equidad racial que por lo general se toman como secundarios!

Muchas gracias.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RUBIO.- Señora presidenta: brevemente, expreso mi apoyo a las manifestaciones realizadas en sala por la señora senadora Sanguinetti, enfáticamente, a las de la señora senadora Rodríguez, como también al esfuerzo realizado en su momento por el entonces representante Edgardo Ortuño para que este proyecto de ley fuera aprobado por el Parlamento nacional.

Sabemos que en el fondo de la sociedad uruguaya existe un profundo racismo, que las políticas públicas deben procurar que sea superado. No podemos olvidar el fondo histórico que hay detrás de todo esto y el papel que tuvo el puerto de Montevideo en la introducción de la esclavitud en nuestro país.

A mi juicio, todo lo que hagamos es poco –¡poco!– para la superación de este estigma tan oculto y escondido que tiene la sociedad uruguaya. Aunque es poco en términos cuantitativos, es bienvenido el esfuerzo por visibilizar y reconocer el aporte cultural, el aporte étnico y el aporte que en todos los sentidos realizaron las personas que han tenido o tienen este origen étnico. De todas maneras –reitero–, aunque lo que se haga es poco, es mucho más importante de lo que se piensa y es bienvenido.

Por lo expuesto, apoyamos decididamente este proyecto de ley.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Señora presidenta: queremos sumarnos a esta iniciativa con la convicción de lo que significa para nuestra cultura –ya no diría el aporte, sino todo lo que se ha realizado en materia histórica y de cultura nacional– el aporte de la cultura afrodescendiente.

Además, al reconocimiento que hacía la señora senadora Rodríguez y a las palabras de la señora senadora Sanguinetti, quiero sumar y destacar los esfuerzos que se han realizado desde todos los espacios políticos. Es necesario, de una vez por todas, transitar y caminar hacia el verdadero cambio –que es el cultural– de una sociedad para que no existan la discriminación, la xenofobia, la inequidad y el despojo –muchas veces estamos hablando de despojo– y realmente se den las mejores condiciones para todos, desde todo punto de vista, no solamente cultural y socioeconómico. Cuando se limita la posibilidad de contar con la riqueza que significa el aporte afrodescendiente a nuestra cultura, estamos hablando nuevamente de despojo; es lo que sucede en la actualidad cuando vemos que no se toma en cuenta esa cultura tan necesaria.

El cambio cultural requiere esfuerzos permanentes desde los ámbitos político, social y cultural. Hace no muchos días, en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género recibíamos, de organizaciones vinculadas a la afrodescendencia, denuncias graves de violaciones a los derechos humanos. Eso quiere decir que ese cambio cultural por el que ha habido muchos esfuerzos desde todo el ámbito político nacional aún es escaso. Mientras sigamos teniendo esa desigualdad y se hagan esas denuncias, que son muy fuertes y nos movilizan hasta la última fibra, debemos apoyar con toda convicción iniciativas como la que hoy están presentando las señoras senadoras. ¡Tenemos que apoyarlas con toda convicción!

Muchísimas gracias, señora presidenta.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Señora presidenta: compartimos lo dicho por los señores senadores preopinantes. Claramente no hay lugar para ningún tipo de discriminación; tal como se ha señalado, toda reivindicación y homenaje que se haga a la colectividad afrouruguaya siempre será poco.

Hace un tiempo, en octubre de 2018, fuimos impulsores del reconocimiento de Ansina como jefe de las milicias artiguistas, con grado de teniente coronel, algo que se oficializó, por parte del Gobierno de la época en octubre de ese mismo año, en un acto muy sentido. En ese momento, se homenajeó a todos los morenos que prestaron servicio en el Ejército nacional en sus dos siglos de historia y que fueron fundamentales en las luchas y el jalonamiento de la historia de nuestra patria. En cierta forma, ese homenaje fue una gran reivindicación y un reconocimiento al aporte que esta colectividad hace permanentemente a nuestro país.

Creo que el Uruguay tiene que transitar todos los caminos que permitan eliminar y no dejar espacios para ningún tipo de discriminación por cualquier concepto. En ese sentido, apoyamos este proyecto de ley que hoy está en consideración.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Señora presidenta: ¡qué poquito se ha hecho por los negros y las negras en este país! ¡Poquito, mismo!

Lo significativo aquí fue lo que hizo don Manuel Oribe; lo que hizo en Cerro Largo en 1865, cuando invadió Brasil por Yaguarón –o por el paso de la Armada– y liberó a todos los negros del otro lado. Después, lo que he notado, es mucho discurso, mucha queja y mucha denuncia, pero poca acción. ¿Qué hemos hecho para compensar a conciudadanos de este país que hace tres o cuatro generaciones eran esclavos que tuvieron las menores oportunidades en materia educativa y económica y las menores posibilidades de acceder a un techo? Durante todo este tiempo no hemos sido capaces, como sociedad, de compensar esa terrible desigualdad en el origen. Si tenían la peor situación, porque ni siquiera eran libres hace cuatro o cinco generaciones, y después tuvieron los peores empleos durante dos, tres y cuatro generaciones, ¿cómo se genera la acumulación necesaria para tener una casa o acceder a un buen nivel educativo? ¡Ahí está lo que tenemos que compensar! A mí sinceramente me duele que tengamos tanto de la boca para afuera y tan poco recurso puesto. Tenemos que hacer un compromiso para que tres o cuatro generaciones de negros tengan casi que la obligación de estudiar para, por esta vía, dar vuelta la suerte. ¡Es la única manera de dar vuelta la pisada! ¡Celebraciones, festejos, días de… creación de conciencia!

Acá lo que precisamos es discriminación positiva, recursos, privilegios a la hora de acceder al techo, privilegios a la hora de promover la enseñanza y el estudio, privilegios a la hora de acceder al beneficio del empleo público y otras cosas, pero concretas. Recuerdo que en el período pasado me visitó un amigo en la intendencia y en nombre de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto me decía: «Tenemos un plan precioso». Yo le preguntaba: «¿Y cuánta plata tenés para el plan?». «No, no, vengo a pedirles si ustedes pueden poner en el Fondo de Desarrollo del Interior». ¿Pero y cómo? ¡Ahora es función del Gobierno departamental lo que es una responsabilidad histórica del Estado y de la comunidad de este país! ¡De esto sí el Estado tiene que hacerse cargo! Es más, yo creo que el señor representante Ortuño no estuvo feliz cuando formuló el proyecto original y lo primero que puso como título es el candombe, porque lo que tenemos que generar acá, en el Uruguay, es una gran política de igualdad.

El candombe, con lo que significa culturalmente, con lo que significa en el trasfondo histórico, con lo que significa en la propia organización y lo que reproduce con el mensaje que está dando, con todo ese valor patrimonial que tiene, está muy bien que tenga su día, pero no es el primer título del proyecto de ley porque en lo que tenemos que trabajar claramente es en el tema de la equidad, en el respeto a la cultura de los negros en este país y en el otorgamiento del derecho para que puedan ejercerla con libertad y que sea debidamente jerarquizada.

Hagamos algún compromiso en este sentido. Me gustaría que fuéramos capaces de construir un proyecto y una política conjunta de todo el Parlamento a la vez, haciendo un trabajo comprometido en serio, no de discurso. Es facilísimo hacer lo que estamos haciendo, es facilísimo presentar un proyecto para juntar tamboriles un día, pero acá lo que tenemos que hacer son casas, tener jóvenes estudiando, brindar el acceso a la educación y oportunidades. Creo que todos coincidimos en esto. La verdad es que debería haber hechos concretos. No digo que no vale nada; vale mucho –si no valiera, yo ya no estaría en esto–, pero debemos dar los pasos correspondientes.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BOTANA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Muchas gracias, señora presidenta.

Quería exhortar al señor senador Botana a que presente un borrador de discriminación positiva en los distintos campos y lo analizaremos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Botana.

SEÑOR BOTANA.- Muchas gracias.

Lo tengo preparado, incluso desde antes de entrar a esta casa como senador, porque lo practiqué cuando me tocó ser intendente, lo practiqué en el acceso al estudio de los muchachos, en la carrera, en la intendencia y en el acceso a la oportunidad laboral. En mi gestión como intendente, los negros, en promedio, ganaban un poco más que los blancos, y también el acceso a la vivienda era promovido desde el propio Gobierno departamental, pero es absolutamente insuficiente. De cualquier modo, por supuesto que me comprometo a trabajar en conjunto con quien me va a aportar mucho más de lo que yo sea capaz, que es la señora senadora Gloria Rodríguez.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BOTANA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Rodríguez.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Gracias, señora presidenta, y señor senador.

Obviamente, me sumo a la propuesta del señor senador Botana, pero quiero decir que estos proyectos requieren fondos; de lo contrario, no funcionan. Los proyectos pueden ser brillantes, pero necesitamos recursos. Obviamente, cuenta con mi apoyo, pero también vamos a exigir fondos, porque si no, hablando mal y en plata, es engañapichanga. Confío plenamente en el senador como economista. Vamos a meterle para adelante porque, realmente, de la exclusión y la discriminación se sale con educación. Apostemos a la educación. Yo estoy a su lado para trabajar en la iniciativa.

Muchísimas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Botana.

SEÑOR BOTANA.- Creo que la señora senadora Gloria Rodríguez concluye de manera perfecta esta exposición.

SEÑORA KECHICHIAN.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR BOTANA.- Con mucho gusto.

De igual forma, mis palabras terminan con las de la señora senadora Rodríguez, a las que solo les agregaría tres signos de exclamación al inicio y al final.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Kechichian.

SEÑORA KECHICHIAN.- Tomemos la propuesta que acaba de hacer el señor senador Botana. Nosotros tenemos algunas experiencias que podemos aportar.

En estas horas en que recordábamos a Mariano Arana, señalo que él fue impulsor de Ufama al Sur, que es una cooperativa de viviendas especialmente pensada en la población afro. Fue una respuesta fantástica y muy bien recibida, pero, sin duda, insuficiente. Sin embargo, hay antecedentes como, por ejemplo, la propuesta del exdiputado Ortuño, que abrió el camino pensando en que el candombe debía tener su día el 3 de diciembre, fecha tan emblemática para la comunidad y para todos nosotros, porque el cierre del Conventillo Mediomundo fue un golpe al Uruguay de parte de la dictadura; uno más, pero con otro cariz. Fue un tremendo golpe cultural, humano y de falta de sensibilidad.

Por lo tanto, como decía el señor senador Rubio, tomo la bandera y estoy a las órdenes para trabajar en lo que se considere necesario.

Gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señora presidenta.

En el día de hoy hemos estado conversando sobre dos temas que hacen a cómo nos consideramos como sociedad y cómo podemos hacer para avanzar –incluso lo hemos dicho en alguna oportunidad– en cuanto a modelos de país. Lo bueno de esto de hoy es que, aparentemente, todos estamos de acuerdo en que la letra fría, si no se tiene recursos, no conduce a los fines que todos queremos, o sea que realmente no haya discriminación y que todos tengan la misma posibilidad en cuanto a oportunidades.

En esto también juega –más allá de que los recursos sean importantes– lo que aspiramos que sea un cambio cultural, como se ha dicho. En ese sentido, me parece que es importante dejar constancia de que el Frente Amplio, allá por el 2017, en el Congreso del Frente Amplio Rodney Arismendi, había aprobado que nuestra fuerza política, además de antioligárquica y antiimperialista se definiera como antipatriarcal y antirracista. Además, el sábado pasado –hace poquitos días– se aprobó una reforma de estatutos de nuestra fuerza política en la que también se incorporan estos conceptos. De modo que, creemos que en forma muy pequeña pero también fuerte, esto es una señal de que, en este caso, un partido político se compromete en sus estatutos con el antirracismo.

Esto era cuanto quería decir y dejar constancia de ello.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Artículo único.- Agrégase al artículo 3° de la Ley N° 18.059, de 20 de noviembre de 2006, el siguiente inciso:

“Exhórtase a los espacios y salas privadas de promoción o difusión cultural a unirse en la promoción de la cultura afrouruguaya”».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

17) DELITOS CONTRA EL AMBIENTE

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se incluye en el libro II del Código Penal Uruguayo el título “Delitos contra el ambiente”. (Carp. n.° 323/2020 - rep. n.° 674/2023 y anexo I

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Lazo.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Gracias, señora presidenta.

Nosotros habíamos notado que el texto, por ser de un tipo demasiado abierto, en sus primeros cinco artículos habilitaba a que, por decreto reglamentario, se pudiera tipificar un delito con consecuencia de prisión para personas. Quiere decir que ya no se trataba de que, por decreto, se establecieran sanciones pecuniarias y multas –eso está dentro de la potestad reglamentaria–, sino que no se cerraba y existía la posibilidad de que se creara un delito por decreto, contrariando el principio de que no hay pena ni delito sin ley que lo establezca. No era esa la intención de los redactores de la iniciativa ni de la comisión que la trató, así como tampoco del Ministerio de Ambiente que avaló los contenidos. Esta es una cuestión más de tecnicismos de forma.

Entonces, en acuerdo con el Ministerio de Ambiente, proponemos y entregamos un sustitutivo para los primeros cinco artículos, previa consulta a las bancadas de los partidos representados aquí, en este Senado. Lo dejamos a consideración, más allá de que es algo muy breve.

Básicamente, lo que se modifica es que, en vez de hablar, por ejemplo en el artículo 1.°, del que hiciera determinada cosa «en violación a las leyes nacionales y decretos reglamentarios», se va a decir «… el que en violación de leyes nacionales de protección del ambiente» hiciere tal cosa o con tales materiales o sustancias «en contravención de decretos reglamentarios de dichas leyes». Es decir que se acota a lo que serían las sustancias admitidas hasta determinado grado o no en los decretos reglamentarios y su contravención es la que sí amerita la respuesta penal.

Si les parece, podríamos hacer un cuarto intermedio para discutir esta consideración.

SEÑORA PRESIDENTA.- De todas formas, lo que corresponde es escuchar a la señora senadora Lazo, miembro informante de la comisión, para que hable en forma genérica de este tema sabiendo que hubo un ajuste en uno de los artículos que está a consideración de las bancadas.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA LAZO.- Muchas gracias, señora presidenta.

En aras de que el 30 de mayo el proyecto fue aprobado por unanimidad y hoy se plantea una modificación que hace a la cuestión jurídica y no a la cuestión fondo, y tiene que ver con la importancia de incorporar en el Código Penal el delito contra el ambiente, solicitamos un cuarto intermedio. Creo que en veinte minutos podemos estudiarlo y ver si podemos cumplir con el objetivo final que, reitero, como lo decimos en el informe, cuenta no solamente con un trabajo importante de varios años, sino también con la unanimidad de las voluntades.

18) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Formulo moción para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

19) DELITOS CONTRA EL AMBIENTE

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión del tema en consideración.

Se va a votar la solicitud de la señora senadora Lazo de realizar un cuarto intermedio de veinte minutos.

(Se vota).

–20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por veinte minutos.

(Así se hace. Son las 12:57).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 13:31).

–Como habíamos quedado, tiene la palabra la señora senadora Lazo para dar el informe del proyecto de ley que tenemos en consideración.

SEÑORA LAZO.- Gracias, señora presidenta.

Creo que el cuarto intermedio, los diálogos y los intercambios de opiniones entre bancadas hablan de la importancia de la iniciativa que intentamos aprobar.

El día 30 de mayo pasado quedó aprobada esta iniciativa en la Comisión de Ambiente del Senado. Es un proyecto de ley muy necesario para jerarquizar la política ambiental con respecto a las otras políticas sectoriales.

Hasta el momento, en nuestro ordenamiento jurídico, y fuera de algunas excepciones como la introducción de desechos peligrosos, no se previeron las figuras delictuales cuyo bien jurídico protegido fuera el ambiente. El texto de la propuesta original de este proyecto de ley surge de un análisis comparativo con otros países de la región y de Europa, con relación al marco normativo nacional para incluir al derecho penal.

La contaminación y degradación de los recursos naturales –aire, aguas, suelo, biodiversidad– inciden directamente en la salud de las personas y del resto de los seres vivos, así como en la capacidad de que dichos recursos o bienes naturales sigan proveyendo servicios ecosistémicos. Se precisan aire y agua limpios para vivir, suelo saludable para seguir proveyendo alimentos, biodiversidad para conservar especies amenazadas. También es necesario utilizar esos recursos en usos sostenibles, como el pastoreo racional, así como conservar germoplasma in situ o realizar pesca artesanal, por citar algunos ejemplos que, a la vez, representan el sustento de varias familias uruguayas.

En nuestro marco normativo ambiental, la Ley n.° 17283, Ley de Protección del Medio Ambiente, del año 2000; la Ley n.° 16466, Ley de Evaluación del Impacto Ambiental, de 1994, y el decreto reglamentario consideran como instrumentos de gestión ambiental a las sanciones administrativas. El reglamento actual de la Ley n.° 16466, Decreto n.° 349/005, establece rangos de multas que van de 10 a 5000 unidades reajustables, es decir, entre $ 15.960 y $ 7:980.000, entre USD 40 y USD 205.000, aproximadamente. Eso se define según la magnitud de la infracción, las consecuencias ambientales y los antecedentes del infractor.

Lo cierto es que esto no resultó eficaz al momento de conservar el buen estado de los elementos de la naturaleza, más allá de la imposición de multas económicas significativas por infracciones que reiteradamente se vuelven a cometer, muchas veces por parte de un mismo infractor. Era necesario incluir otros cambios complementarios a los instrumentos ya existentes.

El estado actual de los recursos hídricos en nuestro país en los últimos años ha dejado ver que ha llegado a ser verdaderamente preocupante. El año pasado, en estas mismas instalaciones, Naciones Unidas realizaba un conversatorio sobre la crisis climática que estábamos viviendo y una investigadora del Centro Universitario Regional Este, de la Universidad de la República, expresaba que los datos que ella presentaba daban cuenta de un colapso de las aguas uruguayas por floraciones de cianobacterias a causa del aumento del contenido de nitrógeno y fósforo en el agua dulce.

Si vamos a los indicadores del estado del ambiente publicados por el OAM –Observatorio Ambiental Nacional– vemos que, con respecto al índice del estado trófico de la cuenca del río Santa Lucía –nuestra principal fuente de agua potable–, se reporta lo siguiente. El estado trófico de los sistemas acuáticos superficiales analizados, en general, registraron mayoritariamente niveles mesotróficos con períodos eutróficos. Estamos hablando en un lenguaje técnico que está contenido en esos informes. Los cursos que conforman la cuenca del río Santa Lucía y la cuenca del río San Salvador en su mayoría presentan estados eutróficos a subeutróficos y mayores. Los arroyos Canelón Grande y Chico, Cagancha y de la Virgen se mantienen en un estado hipereutrófico desde el 2012, lo que refleja un contenido muy elevado de algunos nutrientes: el de nitrógeno y fósforo es particularmente elevado.

Si bien queda claro que estos problemas corresponden en gran medida a procesos de contaminación difusa originados, por ejemplo, en el uso de suelos de la cuenca, entendemos que hay que partir de una escala macro y comprender dónde estamos parados, pese a todo, a través de este nuevo marco normativo que se propone votar. Se atiende a los efectos puntuales que de las personas físicas o responsables de las personas jurídicas puedan derivar en contaminación puntual, por ejemplo, del agua por diversas sustancias contaminantes, ya que contamos con una línea de base mala para algunos bienes naturales. Es bueno recordar que los cuerpos de agua cerrados, como las lagunas y los embalses, tienen menor resiliencia frente a los cursos libres de agua, por lo que son más vulnerables a los procesos de contaminación.

Por otro lado, el último informe publicado por el Ministerio de Ambiente que recoge datos del período 2016-2019 sobre el estado del ambiente indica, entre otras cosas, que para el caso del río Negro se encontró apartamiento de la norma estándar en referencia a la concentración de los siguientes parámetros: sustancias fenólicas, 7 %; arsénico, 2 %; cadmio, 7 %; níquel, 2 %; plomo, 8 %; zinc, 2 %. Nos parece importante incluir en este informe un tema tan sensible y actual en lo que tiene que ver con la preocupación de nuestra sociedad.

Otro elemento de preocupación que recoge dicho informe es que hay contaminantes como un plaguicida llamado azoxistrobina, comúnmente encontrado en cuerpos de agua, del que no se dispone con alcance nacional de un estándar de referencia para valorar si cumple o no con límites de calidad. En ese sentido, hay referencias que contienen mayor cantidad de parámetros de calidad de agua, como es el caso del Digesto CARU, pero alcanza solamente al río Uruguay, por lo que habrá que recorrer otros caminos para llegar a contar con más instrumentos que nos permitan realizar un control más efectivo del ambiente, además del propuesto, obviamente, en esta sesión.

Respecto a la calidad del aire tenemos algunos lugares del país que mostraron valores que se apartan de los límites, por ejemplo, para material particulado menor a 10 micrómetros, que según el OAM es el caso de la ciudad de Río Branco, de acuerdo con los datos de 2021, y de Nueva Palmira, conforme a los datos de 2016, para ser abarcativos en esta expresión ambiental que estamos realizando.

Como decía antes, el estado actual del ambiente refleja luces rojas y amarillas para algunos elementos de la naturaleza, lo que hace necesario ampliar la batería de instrumentos para proteger el ambiente y, en definitiva, la vida misma. Uruguay estaba desfasado –a diferencia de otros marcos normativos en los que fuimos pioneros a nivel regional, por ejemplo, con respecto a nuestros países vecinos– y en forma tardía se encamina hacia un marco normativo para los delitos ambientales. Esta iniciativa se planteó en varias oportunidades durante el último Gobierno del Frente Amplio y en el 2020 fue presentada por los señores senadores Andrade, Bonomi, Carrera, Della Ventura, Kechichian, Mahía, Meléndez, Nane, Queijo, Rubio, Topolansky y quien habla, y supone un cambio fundamental y necesario para que se respete el ambiente.

También hay que decir que de esa propuesta original de doce artículos se aprueba un proyecto de ley sustitutivo que, además, integra otra iniciativa que había presentado en la Cámara de Representantes quien hoy es subsecretario del ministerio. En definitiva, de esa propuesta inicial de doce artículos, reitero, se está aprobando este proyecto de ley con un contenido mejorado, como la inclusión del delito de contaminación del suelo. Me refiero al artículo 359 bis-3. El aporte fue realizado por la propia área jurídica del actual Ministerio de Ambiente a partir del estudio y análisis que se realizó en comisión durante el mes de marzo de 2021 y se resolvió su tratamiento en la Comisión de Ambiente en mayo de este año.

Con respecto al proyecto de ley que estamos tratando, seguramente después van a plantearse algunos términos acordados, en este caso, con los integrantes del Partido Nacional. A grandes rasgos, está lo que tiene que ver con delitos de contaminación del aire, de las aguas, del suelo por residuos o sustancias, por introducción de desechos peligrosos, con penas que van de seis a doce meses de prisión y de ocho a doce años de penitenciaría. Se especifican las circunstancias agravantes especiales. También refiere a los delitos contra la biodiversidad –caza, pesca, captura y muerte de fauna en áreas naturales protegidas, tala, destrucción y alteración de flora en áreas naturales protegidas–, tráfico de fauna y flora protegidas con penas que van de tres a seis meses de prisión, de seis a ocho años de penitenciaría, y especifica nuevamente las circunstancia agravantes especiales; delitos contra la gestión ambiental por falsedad y obstaculización de la fiscalización ambiental con penas que van de seis a veinticuatro meses de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años, y disposiciones comunes a los capítulos precedentes donde se especifica la responsabilidad penal para las personas jurídicas. Se detalla también la reducción de penas bajo la modalidad culposa.

También queremos dejar constancia de que en algún momento se presentaron propuestas para incluir un texto para delitos de bienes culturales que, en realidad y en común acuerdo con el propio ministerio y sus autoridades, quedará para trabajar más adelante porque entendemos que reviste importancia y también es necesario utilizar otros instrumentos para conservar sitios arqueológicos, históricos y paleontológicos, y penar el tráfico ilícito de dichos bienes.

La incorporación del título «Delitos contra el ambiente» en el libro II del Código Penal implica continuar desde el último artículo del libro II seguido al título XIII «Delitos contra la propiedad», artículo 359 bis, por lo que ello se incluiría como único artículo a este nuevo título, con sus capítulos dentro del libro II del Código Penal.

Asimismo, queremos señalar la imperiosa necesidad de que quede reglamentado lo antes posible para poder implementar el alcance de estos cambios y, en concreto, poder garantizar una mayor protección al ambiente.

Es importante destacar el clima de trabajo proactivo y de cordialidad durante las diferentes sesiones de la Comisión de Ambiente del Senado, existiendo total acuerdo –creo que hasta el día de hoy los integrantes de este Cuerpo lo hemos demostrado– para la incorporación, en este caso, de aportes que enriquezcan el alcance de esta norma.

Señora presidenta: creo que la comisión del Senado, que aprobó por unanimidad el delito ambiental y que hoy recomienda al pleno su aprobación, trabajó con la convicción de que se está estableciendo –y no tuvimos inconveniente en acordar y coincidir con el subsecretario, doctor Gerardo Amarilla– un antes y un después en la defensa de los ecosistemas. Es por eso que, con los acuerdos que van a ser especificados por parte de integrantes de otras bancadas, vamos a recomendar la aprobación de esta iniciativa.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Quiero hacer brevemente una introducción de lo importante que es el ambiente y de la relevancia que tiene para quien habla en acciones reales, ya no como legislador –hemos generado en su momento las áreas protegidas para las ballenas, junto con la señora presidenta y el señor presidente de la república–, sino en el diario vivir, como productor rural. Nosotros hacemos de la protección del ambiente un estilo de vida, un sacramento, en el cuidado de los suelos, de las aguas y de los ecosistemas. Debemos tener una estricta reglamentación, por ejemplo, sobre el cuidado de las colmenas, sobre el cuidado del viento a la hora de aplicar agroquímicos y sobre el cuidado de todo lo que uno se pueda imaginar. En lo personal, he realizado experiencias con el micorrizado del suelo. La micorriza en el suelo es sustantivamente importante. Todos los microorganismos del suelo son los que generan la materia orgánica, más conocida como humus, que es la riqueza fundamental del soporte de los suelos a todo nivel, es decir, tanto para hacer algo en un balcón como para agricultura de calidad. Soy productor orgánico, así que tengo el premio del cuidado medioambiental a la hora de poder vender los novillos gordos.

Hemos propuesto, señora presidenta, poner sobre la mesa la certificación de los bonos de carbonos y de los elementos de carbono neutro. Este senador ha sido el que promovió en la última rendición de cuentas que hoy el Instituto Plan Agropecuario pueda tener plata para certificar a los productores y transformarlos a la categoría de carbono neutro. Se han cansado de escucharme hablar, señora presidenta, sobre este tipo de cosas, sobre la importancia de la rotación de los cultivos, sobre la incorporación de materia orgánica, sobre la explosión de la siembra de sorgo como gramínea fundamental para dar sustento a los suelos en rotación agrícola, etcétera.

Por todo esto, señora presidenta, leo parte de este proyecto y veo que tiene algunos artículos que, a mi entender, son temerarios, no para mí, sino para la idiosincrasia de muchísima gente a lo largo y ancho del interior, así como muchísimas circunstancias imprevistas que se pueden dar a lo largo y ancho de la producción.

Una parte del proyecto de ley la suscribimos en un mil por ciento, como ser todo lo que tiene que ver con el cuidado de la fauna, de las áreas protegidas o la indignación que genera ver cazadores furtivos depredando animales que están protegidos, pero hay dos artículos que nos generan mucha preocupación porque, lisa y llanamente, pueden llevar a que, por una impericia en el tiempo o en el manejo de alguna fertilización, algún productor rural pueda terminar preso, en la cárcel. Me refiero a la contaminación del agua y del suelo. Arranquemos por cualquiera de los dos artículos.

Si el proyecto de ley se vota tal cual llegó de la comisión, los primeros que pueden ver en riesgo su libertad son los directores municipales, que lo que hacen es avalar una contaminación de las napas y del suelo permanentemente en las intendencias que hoy no tienen una disposición lógica de los residuos. Tal cual está este proyecto de ley, no conozco –quizás algún colega me puede desasnar– intendencia que haya tenido la brillantez de no contaminar el suelo o las napas de agua con la acumulación de residuos de todo tipo.

De aprobarse este proyecto de ley y en manos de algún burócrata fanatizado, señora presidenta, la aplicación de ivermectina para el control de la garrapata puede llevar a que un paisano termine preso, porque este producto necesariamente atenta contra la fauna y el suelo porque tiene residualidad.

Quien habla trajo cascarudos estercoleros, hace mucho tiempo, para ver cómo podemos transformar la bosta en materia orgánica. Señora presidenta: ¿sabe lo que pasa en este país? Esos cascarudos estercoleros –hay enorme cantidad de literatura, tanto en Brasil como en otros países–, en el Uruguay, por el tema de la garrapata, mueren. La ivermectina tiene residualidad y eso hace que el cascarudo, que es un bichito enormemente amigable con todo lo que estamos hablando, muera.

Otro tema –junto con la garrapata– son los baños de inmersión. ¡No hay filtro en los baños de la campaña! ¡No hay! ¡Y se echa todo ahí! En el control de la garrapata endémica, cuando uno incorpora todos esos productos a los baños y echa los ganados y las majadas, ¿me van a decir a mí que eso no se filtra al suelo? ¿Quién me lo asegura? Los baños, ¿cuánto tienen? ¿Cincuenta o sesenta años? ¿No se filtra para abajo? ¡El hombre puede terminar preso por aplicación de la ley! Ya ni digo los planchados en la fertilización, que son habituales, que están previstos en los seguros. En el campo uruguayo, en cualquiera de los campos, los tres macronutrientes –nitrógeno, potasio y fósforo– no solo son necesarios, sino que además, en muchas ocasiones, una fertilización con una tormenta inmediata termina, como ya sabemos, en alguna cañada. Hoy, a través de este proyecto de ley, en vez de multar al hombre, ¿lo vamos a llevar preso porque hace una fertilización en la pradera? Pone fósforo en la siembra para plantar lo que quiera –avena, trébol, raigrás, lotus, alfalfa–, pero viene una lluvia, le barre la semilla, y termina preso. ¡Termina preso!

Entonces, señora presidenta, creo que a este tipo de proyectos lo que le hace falta son sentidos camperos de la realidad, sentidos lógicos, tratar de no ser temerario, porque una vez que se vote este tipo de modificación al Código Penal, y en manos de fiscales, que muchas veces nos dan sorpresas malas, puede terminar en cualquier cosa.

¿Quién es el que contamina? ¿El propietario del campo, el maquinista que, de repente, en la operación se le suelta un bolsón de urea y se cae al suelo? ¡¿Quién es?!

Hay que ir a la usina de Felipe Cardoso y ver una cordillera de basura, ¡todos los días! El secretario lo conoce bien porque nos es familiar la cancha que está enfrente. ¡Aquello es una cordillera! A esta altura es más alta que el Cerro de Montevideo, ¡de basura! ¿Qué hace la intendenta, Carolina Cosse, con esta ley? Va presa. ¡Va presa!

Nosotros solicitamos, señora presidenta, que el proyecto vuelva a la comisión. Pedimos disculpas a la Comisión de Ambiente porque nosotros pusimos atención en este tipo de norma una vez que tuvimos noticias de su aplicación, para poder encontrar una solución que tenga sentido común. ¡Es bárbaro hablar del ambiente! Muchas veces, el poco conocimiento genera este tipo de legislaciones temerarias.

El pastoreo racional, al cual yo me afilio, y del que hemos hecho de tripas corazón, puede llegar a ser contaminante. ¡Puede llegar a ser contaminante!

Si se hace el pastoreo racional con avena, para que crezca se le tiene que echar urea. Si alguien le echa urea, viene el agua, la lava y termina en la cañada, ¡en aplicación exagerada de esta ley puede terminar preso! Se puede tener un pastoreo racional divino, puede en media hectárea tener setenta u ochenta vaquillonas, ¡pero puede terminar preso!, porque no analizó o no tuvo la debida perspicacia para fertilizar en el momento preciso, y después vino una tormenta de verano y barrió la fertilización. Eso es lo que está pasando, señora presidenta.

Vuelvo a pedir disculpas a los miembros de la comisión por no haberme interiorizado antes del tema, pero a mi entender estos dos artículos que hablan de la contaminación del suelo y de las aguas son temerarios por sentido común y por lo que está pasando hoy, en este momento. Elija el departamento que quiera y vamos a ver circunstancias que, de legislarse, pueden ser motivo de acción penal. ¡Acción penal! Nadie en su sano juicio puede adjudicar a un hombre o a una mujer de campo el no cuidado del establecimiento, del predio donde trabaja. Nadie tira cloruro de potasio porque sí, señora presidenta, pero hay circunstancias que generan que, después, eso se barra, se planche.

Entonces, por lo pronto, debemos advertir.

Termino con este análisis, señora presidenta, intentando que el Senado tome conciencia de esos dos artículos.

SEÑOR CASTAINGDEBAT.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DA SILVA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Castaingdebat.

SEÑOR CASTAINGDEBAT.- Indudablemente, recién tuvimos conocimiento de este proyecto de ley, pero lo primero que se nos viene a la mente es por qué en Uruguay, que tiene más de 7000 leyes, la gran mayoría no se aplica. Creo que aquí tenemos un ejemplo de un proyecto de ley en el que hay consenso –todos los partidos políticos estamos de acuerdo en aprobarlo– pero que será imposible de aplicar una vez aprobado o que será modificado en Cámara de Representantes.

Muchas veces las leyes no se aplican porque fueron redactadas en escritorios que están muy lejos de la realidad. Esto no quiere decir que haya mala intención, pero sí desconocimiento de la realidad.

Con este proyecto de ley se abre un terreno muy peligroso. El señor senador Da Silva citó diez ejemplos; yo podría citar algunos de la intendencia y hasta me empecé a poner nervioso como veterinario. Si no determinamos bien cómo finaliza la historia, ¿hasta dónde se tiene responsabilidad si se receta algo que termina contaminando?

Habiendo mayoría para aprobarlo y consenso en legislar sobre esto, nos parece una lástima que no se dé el tiempo necesario para prever cosas que habrá que cambiar porque, de no hacerlo, la ley no se podrá aplicar.

Gracias, señor senador y señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Da Silva.

SEÑOR PEÑA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DA SILVA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Peña.

SEÑOR PEÑA.- Aprovecho para intervenir por la vía de la interrupción porque da miedo escuchar lo que dijeron los senadores preopinantes. Lo digo con todo respeto.

Lo que aquí se está previendo tiene que ver con temas graves que están por fuera de la normativa; vacunar no escapa a ningún decreto ni a ningún reglamento. Cualquier actividad tiene consecuencias sobre el ambiente, pero estamos hablando de hechos graves que no tienen prevista una sanción penal. Reitero: hablamos de hechos de gravedad. La justicia actuará en algún caso, pero no por la contaminación del suelo por el uso de una sustancia para controlar la garrapata. El espíritu de la ley es claro.

Más allá de eso, lo que me llama la atención es que, como exministro de Ambiente, tengo claro que este proyecto se ha discutido, y mucho, en la Comisión de Ambiente. Desde el Ministerio de Ambiente contribuimos en lo que entendíamos era una mejora del proyecto, y la comisión recibió aportes. Hemos trabajado en conjunto –lo comentaba recién con algunos señores senadores– con el subsecretario Amarilla, que es redactor de un proyecto similar e impulsor de que Uruguay se ponga al día en esto, en lo que tiene un letargo importantísimo. ¿Por qué? Por la resistencia de los sectores conservadores y, sobre todo, por hacerle el juego a determinados lobbies.

Tenemos que avanzar en materia de legislación ambiental; tenemos que dejar el discurso lindo y florido para avanzar, en los hechos y de verdad, en la preservación del ambiente, porque el ambiente es la estrella en todos los discursos, pero es la cenicienta a la hora de los hechos.

Hoy, una jornada después del Día Mundial del Medio Ambiente, después de que este proyecto fuera trabajado y requeterrecontratrabajado en la Comisión de Ambiente –al punto de que la semana pasada estuvo, de nuevo, el ministro de Ambiente y se plantearon algunas modificaciones más–, la señal que daría este Parlamento si enviara este tema nuevamente a comisión sería terrible –¡terrible!– en este momento. Todos los legisladores tenían acceso al texto y todos los legisladores pudieron participar –sin ser miembros– del trabajo de la comisión si es que el tema verdaderamente les interesaba. No es por la vía del miedo, no es por la vía del espanto, es por la vía de la racionalidad. Me parece que tenemos que cortar con eso de asustar diciendo que un productor va a ir preso porque vacune contra la garrapata. ¡Por favor! ¡Por favor! Pongamos sentido común a lo que estamos diciendo.

Si había modificaciones para hacer, hubo tiempo suficiente, señora presidenta; no se justifica que hoy tengamos este escenario en este plenario.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa quiere aclarar que no ha llegado ninguna solicitud de pasaje a comisión. ¡Ninguna! Quería aclarar este punto porque lo que sí nos ha llegado son algunas consultas y algún ajuste, fruto del trabajo de los miembros de la comisión. Quería aclarar, nuevamente, que no ha llegado ninguna solicitud de pasaje a comisión.

Puede continuar el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Voy a leer, señora presidenta, cómo quedaría el artículo 359 bis-3: «(Contaminación del suelo). El que en violación de las leyes de protección del ambiente introdujere o depositare sustancias, materiales o energía en contravención a los decretos reglamentarios de dichas leyes, directa o indirectamente en el suelo o el subsuelo, que causaren o pudieren causar daños sustanciales a la calidad del suelo o al ambiente, será castigado con seis meses de prisión a ocho años de penitenciaría».

¡Es letra muerta! Por eso hice la introducción, porque yo no represento a ningún lobby, cuido el ambiente todos los días que estoy fuera de este palacio; lo cuido de las formas más inimaginables. Los que voten este temerario artículo mañana tendrán que hacerse cargo –yo no voy a ser el que se haga cargo–, porque una ley hoy puede ser aplicada por gente con sensatez y mañana vaya a saber uno por quién. Como va a constar en la versión taquigráfica de hoy, yo lo advertí.

Si el señor senador preopinante entiende que una filtración en un baño de inmersión que se usa para controlar la garrapata virulenta no está dentro de lo que está castigando la ley, capaz que me da la razón. Lo que yo veo es todo lo contrario: la ley se aplicaría. Si quien está fertilizando una pradera en el momento en que viene la lluvia, con lo que todo el nitrógeno se va hacia una cañada –o sea, aunque no tiene ningún tipo de intención, eso termina en una cañada; bastan diez o quince milímetros de lluvia fuerte para que se lave toda la fertilización–, puede ir preso en manos de algún funcionario temerario, que me lo explique.

Nadie en su sano juicio imagina que a partir de la sanción de esta ley el Ministerio de Ambiente va a andar haciendo mediciones de ivermectina en el suelo de los productores, pero la ley es la ley. ¡La ley es la ley! Penen ese delito con multas expropiatorias, pero no con la libertad de la gente, mucho menos en esos ámbitos, porque nosotros nos creemos informados de estas cosas, pero afuera, en la campaña, esta información no necesariamente llega. Hemos estado asistiendo a Paso Centurión en las áreas protegidas y es todo un dilema entre la garrapata y su control. Entonces está el marco teórico y el práctico. ¿Cómo hacemos en una zona donde hay garrapata virulenta? Esos son ejemplos que se pueden ver. Por eso, yo, falto de timing –y lo reconozco–, le sugerí a mi bancada hacerle algún aporte al señor subsecretario de Ambiente y no obtuve otra explicación que la que me acaba de dar el exministro y actual senador Peña. Para mí no es una solución satisfactoria, pero no porque desconfíe de la palabra del señor senador, sino porque yo no sé quién puede llegar a aplicar esta ley y con qué fanatismo puede llegar a hacerlo. Puedo dar una enorme cantidad de circunstancias por las cuales los paisanos pueden terminar presos.

Yo no quería hacer otra cosa más que dejar la constancia. No pretendo, señora presidenta, ingresar a un debate, pero tanto el señor senador Castaingdebat como quien habla no nos sentiríamos nosotros mismos si votáramos esta ley.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RUBIO.- Confieso que no he estudiado a fondo estas cuestiones porque no integro la comisión, pero en los artículos que hablan de figuras penales se remiten a los decretos reglamentarios. Cuando se reglamenta una ley, los ministerios a cargo –más si se les hace llegar este debate– van a tener en cuenta estas situaciones. Para resolver este tema hay que remitirse a la reglamentación. Me parece que ese es un elemento a tener en cuenta; si es una reglamentación cuidadosa y que se realiza en conocimiento de la realidad, no nos vamos a encontrar con el tipo de situación que le genera aprehensión al señor senador Da Silva y a otros señores senadores.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Según el dicho popular, «De buenas intenciones está empedrado el infierno». Yo creo que esta ley sin duda tiene muy buenas intenciones. Reitero: no dudo de la intencionalidad de quienes la redactaron y de quienes la trataron en comisión, pero realmente me parece muy peligrosa porque pone a los productores en libertad condicional.

Recuerdo que hace unos treinta o cuarenta años quise darle un impulso a la empresa agropecuaria que tengo con una hermana y fui a pedir asesoramiento a un agrónomo, y me recomendó que comprara un parque de herramientas, un arado de discos –dado que ya se había dejado de utilizar el de rejas–, una disquera y un cincel. A los pocos años el mismo profesional me dijo que mandara a remate todo eso y que comprara una sembradora directa y una fumigadora de quinientos litros para las dimensiones del establecimiento. El productor rural está preso de tecnologías que se le imponen, como también lo está un poco desde el sano ambientalismo hasta el terrorismo ambiental. Yo aplaudo el sano ambientalismo. En mi casa, por ejemplo, trato de hacer una disposición racional de los residuos, aunque sé que es absolutamente inútil porque luego se mezclan en un contenedor en el que indiscriminadamente hay metales, vidrios, plásticos, etcétera. Los productores agropecuarios en el Uruguay han recibido tecnologías, validadas muchas veces por los técnicos nacionales pero que responden a intereses ajenos al país. Antiguamente, la producción agraria no necesitaba agroquímicos; nuestra producción agrícola no dependía de los herbicidas, fungicidas y agrotóxicos en general, pero hoy sí y sus precios inciden en la ecuación económica de los productores, encerrados en una receta tecnológica que los ha hecho esclavos de la industria farmacéutica.

Desafiaría a cualquiera de los que estamos acá a subirse a un mosquito y regularlo a ver si da la dosis exacta de glifosato que hay que aplicar por hectárea o de 2,4-D; esa gente, por una aplicación piedeletrista de este tipo de leyes, podría quedar presa.

Quiero decir, además, que estamos entrando en algo que me parece muy criticable y es que cualquier comportamiento que se aparte de lo políticamente correcto tiene que ser criminalizado y la persona ir presa, pero muchas veces los mismos que condenan la criminalización de algunas conductas, aplauden la criminalización de otras como esta que afecta directamente a los productores. Aclaro que no estoy defendiendo a los grandes productores, sino al fruticultor, al horticultor, al pequeño chacrero de veinte o treinta cuadras o hectáreas de soja.

Esta ley se encuadra en ese proyecto mundialista de criminalización de todas las conductas que no son consideradas políticamente correctas y lo hace malamente, violando principios clásicos del derecho penal.

El derecho penal siempre se ha negado a las normas penales en blanco, pero hay un avance de estas en nuestra legislación, algo que es absolutamente peligroso pues pone en manos de la Administración facultades que clásicamente se reservaron al Poder Legislativo. Creo que estamos en una tendencia muy peligrosa de delegar en los poderes ejecutivos, en las administraciones, facultades que son del Parlamento y que hacen a la regulación de derechos tan sagrados como es el de la libertad. En este proyecto de ley se remite reiteradamente en varias disposiciones a los decretos reglamentarios. Ahora bien, yo me pregunto qué productor uruguayo conoce los decretos reglamentarios de una ley o con qué manual el chacrero va a salir a fumigar o a aplicar un herbicida sabiendo exactamente lo que dicen los decretos reglamentarios. Decía el senador Castaingdebat que tenemos miles de leyes que no se aplican y esta probablemente sea una de ellas; lo que es peor aún, si se aplica, el hilo se va a cortar por lo más fino y va a afectar a algún pequeño productor nacional.

El derecho penal clásico ha afirmado el principio de legalidad de los delitos y las penas, nullum crimen nulla poena sine lege; sin embargo, acá la ley no establece claramente cuáles son las conductas por sancionar. Me temo que esta ley va en esa corriente de criminalización de conductas que no violan principios de derecho natural y que contrarían el principio en cuanto a que no debe haber normas penales en blanco, principio que, reconozco, viene siendo reiteradamente violado y no estoy dispuesto a acompañar.

Quiero decir, además, que tiene algunas otras disposiciones que a mi juicio resultan de dudosa aplicación. Por ejemplo, estoy de acuerdo cuando en el artículo 359 bis-7, se dice: «El que cazare, pescare, capturare», pero cuando expresa «diere muerte a ejemplares de la fauna protegida», estoy de acuerdo si lo hace dolosamente. ¿Pero qué pasa si tiene un proceder culposo, por ejemplo si entró con el caballo y pisó una mulita o si con el tractor pisó algún otro animal de la fauna protegida?

Realmente, no he estudiado en profundidad este proyecto de ley, pero debo decir que la sola violación del principio de nulidad de los delitos y las penas sin ley, me parece que es flagrante. Para que podamos acompañar un proyecto de ley en este sentido, habría que eliminar, por lo menos, las remisiones a decretos reglamentarios.

Es cuanto quería decir.

SEÑORA LAZO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DOMENECH.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir la señora senadora Lazo.

SEÑORA LAZO.- Muchas gracias.

Señora presidenta: solicité el uso de la palabra porque cometí una omisión al no mencionar las delegaciones que vinieron a enriquecer y a hacer aportes a este proyecto de ley.

Concretamente, se contó con el aporte de las autoridades del Ministerio de Ambiente, entre ellas, el ministro, contador Robert Bouvier; el subsecretario, doctor Gerardo Amarilla; el director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, señor Eduardo Andrés López; la gerenta del Área Evaluación de Impacto Ambiental, ingeniera Rosario Lucas, y el director de la Asesoría Jurídica, doctor Santiago Inchausti.

Asimismo, estuvo presente el grupo de coordinación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, integrado por diferentes delegaciones –no voy a nombrar a todos los integrantes porque son muchas personas– representantes del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, del Instituto Uruguayo de Meteorología y de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Desde el punto de vista jurídico, se contó con los aportes del profesor titular de Derecho Penal y director del Instituto de Derecho Penal y Criminología, doctor Germán Aller.

Consideraba importante hacer referencia –a efectos de que conste en la versión taquigráfica– a las calificadas delegaciones que estuvieron presentes en el aporte a este proyecto de ley.

Quiero dejar una última apreciación y es que creo que no existe la aplicación exagerada de la ley; se aplica o no, y para eso existe la reglamentación.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador Domenech.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DOMENECH.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: en el mismo sentido que la señora senadora preopinante, queda claro que en la comparecencia de la discusión no estuvieron presentes, por ejemplo, la Mesa Nacional de Colonos, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Federación Rural del Uruguay, la Asociación Rural del Uruguay, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Mesa Tecnológica de Oleaginosos, que son los que pueden terminar presos. El resto, es teoría. La aplicación real de lo que implica que un bolsón se rompa con un pincho, no figura.

SEÑORA PRESIDENTA.- Quiero, simplemente, hacer una consulta a los integrantes de la comisión.

El material que se repartió sobre los artículos –pido disculpas a las taquígrafas, pero estoy hablando de dos hojitas que nos trajeron desde la comisión después del cuarto intermedio–, con una nueva redacción sobre el artículo 359 en sus distintos bis, en la que –entre otras cosas– fue subsanada una de las observaciones del senador Domenech que tenía que ver con la reglamentación, fue acordado recién en el ámbito de la comisión. Es así, ¿verdad?

(Apoyados).

–Bien. Lo pregunto para aclarar que hay una nueva redacción del texto que vino de comisión. Hay que tener en cuenta que nosotros recibimos estas modificaciones, pero los taquígrafos no tienen por qué saber que esto está en nuestro poder. Precisamente, hacemos la consulta para dejar en claro que hay un nuevo aporte, a raíz de un nuevo acuerdo en la comisión, respecto a una mejora de esta redacción desde el punto de vista técnico. Eso es lo que entendimos.

(Dialogados).

–La señora senadora Kechichian me está recordando que hay comisiones citadas para las 15:00.

Puede continuar el señor senador Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- He terminado, señora presidenta.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: simplemente quiero decir que aquí estamos ante un tema que puede considerarse trascendente o no en el momento actual. Para quienes estuvimos trabajando en la comisión es un tema trascendente y pensamos que deben tomarse medidas que Uruguay no tiene.

Como explicaba el señor senador Peña, en otros países la legislación está mucho más avanzada y hasta ahora nosotros no teníamos una penalización de los delitos contra el ambiente. ¿Por qué se analiza esa penalización? Porque, como suele suceder, si no se sanciona muy fuertemente y solo se aplica una multa –como lo establece la legislación anterior–, no se tiene éxito.

Supuestamente, en lo teórico, todos estamos de acuerdo en que debemos preservar al planeta y atender todo aquello que pueda perjudicarlo –más allá de que todo trabajo humano, en general, lo afecta– y si aquí tenemos una herramienta para sancionar esos delitos, tenemos que llevarla adelante. Además, diría que la prueba de que esto es importante son las inquietudes de algunos sectores de que esto se apruebe. También hay inquietud en la prensa que nos ha preguntado permanentemente por la situación de este proyecto de ley. Por lo tanto, hay inquietud y entiendo que la mayoría piensa que estamos en el camino correcto al penalizar los delitos.

Como explicaba la señora senadora Lazo –y seguramente también explicarán los señores senadores Straneo y Peña–, el trabajo de la comisión fue muy exhaustivo. Esto se presentó en el 2020 y comenzamos su análisis hace muchísimo tiempo; hace más de un año, quizás dos. Se ha hecho todo un proceso, el texto se cambió, se habló con el ministerio e hicieron sugerencias y su área jurídica también vino e hizo diferentes propuestas. Incluso, la semana pasada propusieron otras modificaciones y hoy, quienes estamos en los diferentes partidos –salvo Cabildo Abierto–, estamos de acuerdo con las modificaciones a esos artículos en particular. Ahora bien, Cabildo Abierto integra la comisión y ha estado en todo ese tiempo participando del trabajo.

SEÑOR DOMENECH.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA DELLA VENTURA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: quiero señalar que, en una conversación informal en el Salón de los Pasos Perdidos, advertí a la señora senadora Lazo sobre la objeción técnica que habíamos realizado al proyecto de ley. Por lo tanto, no es de ahora.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Della Ventura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Señora presidenta: de hecho, en su momento estuvo la preocupación porque se votó reiteradamente, ya que retornó a comisión, pero lo volvimos a tratar y se concluyó que había acuerdo.

Entendemos que en el futuro habrá dos instancias para mejorar esto; una de ellas será la reglamentación –como mencionaba el señor senador Rubio–, porque habrá que ver qué dispone el Poder Ejecutivo teniendo en cuenta, incluso, esta versión taquigráfica, y la otra será en la Cámara de Representantes.

Quizás esas audiencias que sugiere el señor senador Da Silva puedan darse en la comisión respectiva de esa cámara. De todos modos, me parece que no podemos postergar esto nuevamente porque desde nuestro punto de vista es algo trascendente.

SEÑOR PEÑA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA DELLA VENTURA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Peña.

SEÑOR PEÑA.- Señora presidenta: no dejo de sorprenderme porque, además, esta observación vinculada a los decretos y este material que usted tiene para incorporar, que corrige alguna observación, surgió hoy –¡hoy!– por fuera de la comisión. A pesar de que se había acordado que el tema se votaba hoy en el plenario, la comisión tuvo la actitud de escuchar a la señora senadora que planteó esto y de generar un ámbito de intercambio de forma tal de llegar a una redacción que tuviera el apoyo de todos. Eso lo hicimos en tiempo récord para poder votar este proyecto de ley que, reitero, fue algo que acordamos ayer en comisión por la unanimidad de los partidos políticos.

Señora presidenta: creo que esto hace también al propio trabajo que usted lleva adelante, porque ayer todos los partidos estuvimos contestes en votar esto hoy. Estaban todos los coordinadores: la señora senadora Asiaín, representando al Partido Nacional; quien habla, al Partido Colorado; la señora senadora Della Ventura, al Frente Amplio, y la señora senadora Moreira, a Cabildo Abierto. Allí acordamos que, sí o sí, esto se votaba hoy. Es más, recuerdo que la señora senadora Moreira nos alentó a votarlo porque era muy importante dada la fecha en la que estábamos; además, ella misma presidió la última sesión de la comisión en la que se hicieron aportes importantes a esta iniciativa.

También me llama la atención ver deserciones en las bancas del Partido Nacional a la hora de votar. ¿Por qué me llama la atención? Porque esto está incluido en su programa, en el que los llevó a ocupar el Gobierno. La página 98 de la propuesta del Partido Nacional dice: «Nuestro código penal debe incorporar un capítulo destinado a la protección ambiental, donde el bien jurídico tutelado sea el propio ambiente, donde la actuación de las personas jurídicas no pueda ser utilizada como herramienta para escapar de la sanción penal, con figuras penales bien definidas y con sanciones graduadas en base a la magnitud del daño y en la capacidad de discernimiento del sujeto llamado a responsabilidad». Esto está establecido en el programa de gobierno del Partido Nacional, con el cual estamos cumpliendo hoy, además, con este proyecto de ley.

Dado que está en la plataforma propositiva, si era de interés, debía haber sido motivo de trabajo de los legisladores. ¿Por qué digo esto? Porque me parece irresponsable no haberlo hecho en su debido momento, planteando legítimamente las dudas que se tienen –son legítimas y las comprendo–, pero no generando esta alarma que nos va a hacer mucho daño. Por suerte, los productores no son ignorantes y saben mucho más de lo que aquí se dice, pero aquí se los ha tratado de ignorantes; se ha dicho que ignorarían esto, que no sabrían qué hacer y que iban a ir presos por ser ignorantes de las normas y procedimientos. Afortunadamente, los productores de este país son los más preocupados por sostener el ambiente, porque viven de su sostenibilidad. Muchos de esos productores son los que nos solicitan permanentemente que se actúe sobre esto y puedo dar fe de que hay una demanda social de que tengamos sanciones de este tipo. Permanentemente se genera un intercambio en el que se nos dice, por ejemplo, «¿Qué pasó con tal daño ambiental?». «No, lo multamos en tanto; la multa máxima que me permitía el decreto». «¿Cómo? ¿Una multa? Eso es un “cambio” para la empresa; les conviene mucho más esquivar la norma y pagar que cumplir».

Esta es la necesidad de legislar y de incorporar esto al derecho penal. Es una obligación que tenemos como Parlamento y, sobre todo, no por la eventual sanción, sino por lo que debemos prevenir porque, tanto en ambiente como en salud, lo que importa es la precaución, el derecho precautorio y cuando uno sabe que va a tener una sanción determinada, tiene mucho más cuidado en cómo actúa, en cómo lo hace. Entonces, creo que va a ser tomado para el chijete que alguien repita que en este Parlamento nacional se haya dicho que un productor rural va a ir preso por vacunar contra la garrapata o porque mató una mulita cuando araba. ¡Esto va a salir en el canal ZIN TV! ¡Es candidato clavado para eso! ¡Es un disparate! ¡Tengamos sentido común! ¡Seamos responsables, por favor, porque estamos alarmando a la población, estamos alarmando a los pobres productores diciéndoles que les va a pasar algo que no les va a suceder! Hoy ya se aplican mecanismos, determinados tipos de sanciones y de controles. Se está previendo un mecanismo para faltas graves, que no podemos alcanzar con la simple multa o sanción.

Esta es mi posición sobre el tema. Hoy no era el día para debatir sobre esto, era el trabajo de la comisión. Es responsabilidad de los legisladores plantear sus legítimas inquietudes. Si necesitaban la opinión de más actores sobre este proyecto de ley, lo hubieran planteado en la comisión que con gusto iban a ser recibidos. La comisión ha trabajado de manera incansable durante todo este tiempo, escuchando a todo el mundo.

Entonces, se tiene que saber que si hoy el Parlamento no vota este proyecto de ley es por irresponsabilidad o, por lo menos, por no asumir la responsabilidad que le compete al legislador y de no aprobarse este Senado estará dando una pésima señal.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- No voy a entrar en provocaciones, menos en el día de hoy, a las 14:30, porque es importante para el Senado que la Comisión de Constitución y Legislación sesione a las 15:00.

Señora presidenta: lo que nosotros planteamos son temas de sentido común que la ley no prevé, son irrefutables –no vale lo de la mulita porque nadie lo dijo– y, además, es un tema fácil de solucionar.

(Murmullos).

–Si nosotros lo mandamos a comisión y en esos dos artículos agregamos temas referidos a la fertilización y medidas que contengan aspectos de sanidad animal, será suficiente, no es más que eso. No se trata de romperse la ropa y hablar unos a favor del ambiente y otros como si estuviéramos en contra. Lo propuse por los canales correspondientes, pero no obtuve respuesta. Basta con agregar: «Quedará exento lo referido a la fertilización y los aspectos que tienen que ver con la sanidad animal». ¡Más nada! Con esto quedan incluidas las grandes empresas. Simplemente, estoy haciendo una protección, un cuidado, una representación –para lo que me sobran credenciales– del productor rural y nadie en este Senado me va a decir el grado de conocimiento que tiene sobre las cosas. Les puedo asegurar que la mayoría va a desconocer este tipo de iniciativas, y puede terminar preso. Si queremos evitar los debates acalorados, basta con agregar lo relativo a la fertilización y al aspecto de la sanidad animal. Más nada.

Muchas gracias.

SEÑOR STRANEO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR STRANEO.- Señora presidenta: simplemente para que conste en la versión taquigráfica quiero decir que, sin prejuicio de que en la sesión se ha escuchado que el espíritu de la norma es claro, todos sabemos que el artículo 17 –no tenemos que saberlo de memoria– del Código Civil establece que no iremos al espíritu de la norma si el tenor literal es claro.

Entonces, cuando hablamos de delitos específicos –esto se trató mucho a nivel de la comisión–, la preocupación de los senadores Da Silva y Castaingdebat van en el mismo planteo que hicimos varios miembros de la comisión porque realmente nos preocupaba, quizás no con el sentido de especificidad que ellos le pueden dar por ser conocedores reales de la situación ambiental en el campo, sino por el sentido jurídico. Creo que la senadora Asiaín también captó el mensaje y el sentido.

Cuando recibimos especialmente al doctor Germán Aller, lo que nos preocupaba –no lo hemos nombrado hoy, pero es el objeto de la verdadera discusión– era la división de lo que son los delitos de peligrosidad y de daño, que es la verdadera esencia de la discusión y de la preocupación que todos tenemos.

Cuando analizábamos los artículos en su primera redacción –en el primer proyecto de ley– notamos que realmente quedaba subyacente que eran todos delitos esencialmente de peligro. Estos delitos esencialmente de peligro, según la regulación que da el Código Penal en sus artículos 3.° y 20, claramente son aquellos que la conducta propiamente cometida reporta reproche penal y esa fue una observación que hicimos aquellos a quienes nos gusta un poco el derecho penal y, por supuesto, al doctor Germán Aller.

Para echar un poco de luz y algo de tranquilidad a quienes se preocuparon por lo mismo, reitero –sin tener tanta profundidad en el conocimiento medioambiental, el uso de las sustancias del agro, las consecuencias climáticas, los eventos extraordinarios, las contingencias inciertas de los hechos fortuitos– que nos pareció que era bien importante el contenido y el tipo penal en que quedaba descrito para que el delito no fuera a quedar con la amplitud que a todos nos preocupa. De ahí la expresión «en contravención» pero, especialmente, la que dice «causaren o pudieren causar daños sustanciales a la calidad del agua o al ambiente» o, específicamente en los otros artículos, la referida a los suelos.

Creo que esa técnica –sin perjuicio de que no es de buena técnica legislar con excepciones específicas– y esas condiciones que establece el tipo penal nos dan un resguardo suficiente como para que en el Senado podamos, con tranquilidad, en el día de la fecha, votar estos artículos para que, en definitiva, esa casuística que, con buen criterio, se nos está planteando, no suceda especialmente, reitero, en hechos absolutamente fortuitos.

Es bien importante –y con esto termino, señora presidenta– entender la diferencia entre los delitos de peligrosidad y daño. El delito de daño es el reproche penal a partir del daño específico –homicidio, lesiones, etcétera–; el delito de peligro es el envenenamiento de aguas, naturalmente. Es decir, no se precisa que se configure un daño para que se incurra en delito; si enveneno aguas, incurro en delito.

Por eso estos artículos, que son de delitos específicos, tienen la previsión –y yo creo que está bien–, precisamente, de dividir los casos cuando dice «… directa o indirectamente en el suelo o el subsuelo […] que causaren o pudieren causar daños sustanciales a la calidad del suelo o al ambiente». Creo que ahí estamos poniendo una condicionante bastante alta para que no haya excesos a la hora de interpretar esta norma y que todas las constancias que hemos dejado en la versión taquigráfica servirán en la hipótesis de que hoy o mañana no se logre interpretar este artículo.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Señora presidenta: comparto el criterio del señor senador Straneo.

Si los artículos dijeran –por ejemplo tomemos el artículo 359 bis-1– «el que liberare, emitiere…».

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Usted se está basando en la propuesta y no en el texto como viene de la comisión, señora senadora?

SEÑORA ASIAÍN.- Sí, pero esto es algo conceptual, de todas maneras.

Si no estuviera calificada –en el caso de ese artículo– esa liberación o emisión de gases al aire, a la atmósfera, en el suelo, en las aguas, podría uno compartir el criterio de ese temor de que cualquiera que ponga fertilizantes o que emita gases va a incurrir en ese delito. Sin embargo, se trata de una acción para la que no alcanza la emisión, la liberación, la introducción o el depósito –son distintos verbos nucleares–, sino que para que sea delito se exige, además…

(Murmullos).

–Pido que se me ampare en el uso de la palabra, por favor, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, señores senadores, silencio.

SEÑORA ASIAÍN.- Para que se considere delito y se tipifique no va a alcanzar con la liberación, la emisión, la introducción, el depósito, etcétera, de estas sustancias, gases o lo que sea sino que, además, eso tiene que ser hecho en contravención de leyes nacionales de protección del ambiente, de acuerdo con lo que establezcan las instancias establecidas en una reglamentación. O sea, hay una norma de remisión a una violación previa a una normativa, pero eso tampoco alcanza, sino que tiene que causar, además, daños sustanciales a la calidad del ambiente o del aire.

Por lo tanto, creo que está ahí la salvaguarda; no va a ser tipificado el delito solamente por la liberación o emisión de estas sustancias en el aire, en el caso del artículo 1, pero eso es trasladable al resto de los artículos.

¿Qué dijo la Suprema Corte de Justicia en una sentencia del 14 de marzo de 2016 en una acción de inconstitucionalidad sobre este tema? Señaló que en esta temática tan especial del ambiente a veces se toma en cuenta el principio precautorio del que hablaba el señor senador Peña y que tanto ha sido destacado por el profesor Marcelo Cousillas –especialista en Derecho Ambiental y gerente del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente–, quien avaló este texto. En concreto, se expresa que se ve la necesidad de remitir a la normativa reglamentaria por lo complejo y cambiante de ciertas materias, como la sanitaria, la laboral y la medioambiental.

Entonces, la sentencia que concluye en la constitucionalidad de la norma es contraria a la ley penal en blanco y dice que esta puede ser aceptable cuando tiene caracteres capaces de asegurar al ciudadano el conocimiento cabal de los mandatos y prohibiciones protegidos por la norma penal. Aquí está asegurado, porque está dirigido a la violación previa de leyes protectoras del medioambiente con sustancias listadas en un decreto reglamentario: la conducta sería en contravención de ello.

Por lo tanto, el temor de que vaya a tipificarse el delito por alguien que fertiliza no me cabe y, por ello, soy partidaria de acompañar la iniciativa. Además, resalto que era un compromiso de campaña electoral de la coalición republicana.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–18 en 23. Afirmativa.

En discusión particular.

En consideración el título XIV, «Delitos contra el ambiente», capítulo I, «Delitos de contaminación», tal como viene de comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 23. Negativa.

En consideración lo trabajado y redactado en la comisión, que precisamente tiene que ver con este capítulo I.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- En consenso con el Ministerio de Ambiente, en el artículo 359 bis-5. «(Introducción de desechos peligrosos)», se sugiere incluir el término «ilegal» entre «Introducción» y «de desechos peligrosos». A continuación, también se plantea incluir la frase «de forma ilegal» luego de «El que» y antes de «introdujere en cualquier forma», en la primera frase del artículo.

En síntesis, se plantean esas dos inclusiones.

SEÑORA PRESIDENTA.- Leo lo que acaba de mencionar la señora senadora.

En las hojas que nos traen ahora de comisión, en el artículo 359 bis-5, luego de la palabra «(Introducción» se agrega el término «ilegal» y continúa la cita diciendo «de desechos peligrosos)». Luego, seguiría así: «El que de forma ilegal introdujere», y el artículo continúa igual.

Me indican en la Mesa que el artículo 359 bis ya existe en el Código Penal. Por lo tanto, tendríamos que poner «artículo 359 ter» para todos.

¿Los señores senadores consideran que tenemos que pasar a dar lectura de todo lo que nos han enviado, o suprimimos la lectura?

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–20 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 359 ter en toda su extensión, tal cual viene en estas dos hojitas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–19 en 23. Afirmativa.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Formulo moción en el sentido de que votemos sin dar lectura a todo el texto siguiente, hasta que termina, que es lo que viene de comisión y no tiene cambios.

SEÑORA PRESIDENTA.- Aclaro que esta votación tiene que ver con lo que dijimos sobre modificar y poner «ter» en lugar de «bis».

SEÑORA DELLA VENTURA.- Sí, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada por la señora senadora.

(Se vota).

–19 en 23. Afirmativa.

En consideración, pues, el capítulo II y el capítulo III, tal cual todos tenemos en el repartido.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–19 en 23. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

SEÑOR SABINI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SABINI.- Gracias, señora presidenta.

Quería fundamentar el voto porque, realmente, creo que este es un proyecto muy importante que viene a saldar un problema de la legislación nacional que afecta la calidad de vida de todos los uruguayos.

Era incomprensible que los daños hacia el medioambiente, la contaminación del agua, del suelo, del aire y la caza de fauna protegida no tuvieran un castigo penal. ¡Era incomprensible! Como bien se dijo aquí en sala, alcanzaba con pagar la multa si se afectaba el medioambiente, si se contaminaba, por lo que creo que ese va a dejar de ser un enorme problema que tenemos en nuestro país.

Lamentablemente, en nuestro departamento, Canelones, hemos sufrido numerosas situaciones de este tipo en que, con afán de lucro empresarial, se contamina el medioambiente. Por eso he votado muy convencido este proyecto y, realmente, me congratulo de que así haya ocurrido en el Parlamento.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- La cantidad de modificaciones que se han introducido en sala demuestran que el proyecto vino defectuoso.

He votado negativamente, en primer término, porque considero que esta criminalización indiscriminada de conductas no es racional. Dentro de poco vamos a criminalizar penalmente las infracciones de tránsito, que no sé si no son más graves todavía que los supuestos daños ambientales.

En segundo término, quisiera que se me explicara en algún momento cómo vamos a liberar de responsabilidad a las intendencias, que vierten las aguas cloacales en los cursos de agua. Eso sucede a lo largo y ancho del país.

En tercer término, creo que es inaceptable una norma penal en blanco porque violenta las garantías tradicionales del derecho penal clásico.

Gracias, señora presidenta.

20) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace a las 14:51, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores Asiaín, Batlle, Bica, Castaingdebat, Della Ventura, Domenech, Lazo, Manini Ríos, Methol, Nane, Nunes, Peña, Rubio, Sabini, Sanguinetti y Straneo).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

José Pedro Montero Secretario

María Alcalde Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Diseño e Impresión del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.