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N.º 25 - TOMO 619 - 1 DE SETIEMBRE DE 2021

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

25.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDE BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

5) y 12) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– En virtud de que el señor senador Tabaré Viera pasó a ocupar el cargo de ministro de Turismo, queda convocado el señor Raúl Batlle, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

– El Senado concede las licencias solicitadas por la señora presidenta del Cuerpo, Beatriz Argimón, y por los señores senadores Rodríguez, Sartori, Manini Ríos, Astori y Gandini.

– Quedan convocados los señores senadores Saravia, Delpino, Straneo, Methol y Mahía.

– Se toma la promesa de estilo a la señora Verónica Bica, luego de lo cual se la declara investida de su cargo de senadora.

6) Reiteración de pedido de informes

• A solicitud del señor senador Manini Ríos, el Senado resuelve hacer suyo y reiterar un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Fiscalía General de la Nación, relacionado con el funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y con temas internos de la Fiscalía General de la Nación.

7) Fallecimiento del doctor Niko Schwarz

– Manifestaciones de la señora senadora Kechichian.

• Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la familia de Niko Schwarz, a la Asociación de la Prensa Uruguaya, al Frente Amplio, al PIT-CNT, a la Secretaría de la Oficina Regional de la Federación Internacional de Periodistas y a la presidenta de la Federación Latinoamericana de Periodistas.

8) Vehículos para personas con discapacidad

– Manifestaciones del señor senador Domenech.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Economía y Finanzas y al Congreso de Intendentes.

9) ¿Somos realmente un país independiente?

– Manifestaciones del señor senador Manini Ríos.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a Presidencia de la República, a los ministerios de Educación y Cultura y de Defensa Nacional y a todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

10) Hospital de Flores Doctor Edison Camacho

– Manifestaciones del señor senador Camy.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Directorio de ASSE y a la dirección de dicho hospital.

11) Formación profesional básica

– Manifestaciones del señor senador Straneo.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Codicén, al Ministerio de Educación y Cultura y a Presidencia de la República.

13) Integración de comisiones

– Se informa que el señor senador Batlle pasará a integrar la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, y el señor senador Coutinho la Comisión de Defensa Nacional.

14) Tribunal de lo Contencioso Administrativo

– Proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con la acción de nulidad.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Donaciones inoficiosas

– Proyecto de ley por el que se modifica la regulación establecida por el Código Civil.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Suspensión de las sesiones ordinarias del Cuerpo mientras se encuentre a estudio el proyecto de ley de Rendición de Cuentas

– Por moción de los señores senadores Niffouri, Lozano, Coutinho y Andrade, el Senado resuelve suspenderlas.

17) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 30 de agosto de 2021

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo miércoles 1 de setiembre, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1) por el que se establecen reformas procesales para la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Carp. n.º 351/2021 y anexo I

2) por el que se modifican disposiciones del Código Civil, relacionadas con el instituto de las donaciones inoficiosas.

Carp. n.º 326/2020 - n.º 352/2021

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Andrade, Asiaín, Batlle, Bergara, Bianchi, Bica, Bonomi, Botana, Camy, Carrera, Coutinho, Da Silva, Della Ventura, Delpino, Domenech, Kechichian, Lanz, Lazo, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Rubio, Sánchez, Sanguinetti, Straneo y Topolansky.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Astori, Gandini, Rodríguez y Sartori.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:40).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de la India sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera, suscrito en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica, el día 28 de junio de 2019. (Carp. n.º 341/2021);

• por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Japón respecto a la asistencia administrativa mutua y la cooperación en materia aduanera, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 6 de enero de 2021. (Carp. n.º 505/2021);

• por el que se crea la Campaña Nacional de Concientización y Prevención del Suicidio Adolescente. (Carp. n.º 517/2021);

• por el que se establecen normas para la promoción y regulación del teletrabajo. (Carp. n.º 138/2020);

• por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de personal superior y subalterno de la Fuerza Aérea de la República Argentina, a fin de realizar el ejercicio militar combinado Tanque 2021, en el segundo semestre del corriente año. (Carp. n.º 519/2021);

• por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de personal y medios de la Fuerza Aérea Argentina, y la salida del país de personal y medios de la Fuerza Aérea Uruguaya, a fin de realizar el ejercicio militar combinado Río 2021, en el segundo semestre del corriente año. (Carp. n.º 518/2021);

• por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de Durazno el día 12 de octubre de 2021, en oportunidad de celebrarse el bicentenario de su fundación. (Carp. n.º 527/2021).

AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

El Poder Ejecutivo remite un mensaje, de conformidad con lo establecido por el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la república, por el que solicita la venia correspondiente para conferir los ascensos al grado de coronel, con fecha 1.º de febrero de 2021, por el sistema de antigüedad, concurso y selección, y por aplicación del artículo 106 de la Ley n.º 19775, de 26 de julio de 2019, a varios señores tenientes coroneles. (Carp. n.° 535/2021).

A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

La Cámara de Representantes remite aprobado el proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2020. (Carp. n.º 534/2021).

Asimismo, remite nota a efectos de dar fe de un error padecido en la comunicación del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2020, referido al artículo 4.º.

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se establecen reformas procesales para la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. (Carp. n.° 1037/2018);

• por el que se modifican disposiciones del Código Civil, relacionadas con el instituto de las donaciones inoficiosas. (Carp. n.º 326/2020).

HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Junta Departamental de Soriano remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora edila Mayka Acuña, relacionadas con la institucionalización del Congreso Nacional de Ediles.

TÉNGASE PRESENTE.

La Junta Departamental de Flores remite copia de la resolución dictada por la Comisión de Salud, Equidad, Género y Personas Mayores, relacionada con la exposición de la señora senadora Gloria Rodríguez sobre “Hechos racistas y sexistas ocurridos el 7 de julio”.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA SEÑORA SENADORA GLORIA RODRÍGUEZ.

La Junta Departamental de Canelones remite copia de las siguientes resoluciones:

• por la que varios señores ediles celebran la creación de la bancada de edilas mujeres del Partido Nacional;

• relativa a una exposición escrita presentada por varios señores ediles, referida al discurso del señor presidente de la junta al asumir ese cargo.

TÉNGANSE PRESENTES.

La Junta Departamental de Maldonado remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora edila Stephanie Braga, relacionadas con el proyecto de ley a estudio sobre muerte gestacional y perinatal.

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA BANCADA BICAMERAL FEMENINA.

La Suprema Corte de Justicia remite respuesta a un pedido de informes solicitado por la señora senadora Carmen Asiaín, relacionado con el número de expedientes judiciales sobre el régimen de guarda, visita y tenencia de menores. (Asunto 151402).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA SEÑORA SENADORA CARMEN ASIAÍN.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Guido Manini Ríos, relacionado con la concesión de la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo. (Asunto 150233).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR GUIDO MANINI RÍOS.

El Ministerio de Salud Pública remite respuesta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado a un pedido de informes solicitado por el señor senador Alejandro Sánchez, relacionado con el ingreso de personal a dicha administración. (Asunto 150055).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR ALEJANDRO SÁNCHEZ.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite nota por la que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación del pedido de informes realizado por el señor senador Raúl Lozano, el día 24 de junio del corriente, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, relacionado con el destino de los cables de cobre que fueron sustituidos por fibra óptica. (Asunto 151406).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR RAÚL LOZANO.

El Ministerio de Desarrollo Social remite notas por las que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación de los pedidos de informes realizados por:

• la señora senadora Gloria Rodríguez, el día 14 de junio del corriente, relacionados con:

- la transferencia de todos los bienes, derechos y obligaciones del Instituto Nacional de Ciegos General Artigas a favor de dicho ministerio. (Asunto 151273);

- planes, programas y proyectos desarrollados durante los últimos trece años que estuvieran vinculados directa o indirectamente con la población afrodescendiente. (Asunto 151274);

- los convenios celebrados por ese ministerio con organizaciones no gubernamentales para afrontar las situaciones de violencia basada en género. (Asunto 151272).

OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS A LA SEÑORA SENADORA GLORIA RODRÍGUEZ.

• La señora senadora Silvia Nane, el día 9 de junio del corriente, referente a la implementación de alternativas habitacionales transitorias para mujeres en situación de violencia doméstica. (Asunto 151208).

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial remite nota por la que solicita acceder a la prórroga del plazo de contestación del pedido de informes realizado por la señora senadora Silvia Nane el día 9 de junio del corriente, referente a la implementación de alternativas habitacionales transitorias para mujeres en situación de violencia doméstica. (Asunto 151208).

OPORTUNAMENTE FUERON REMITIDAS A LA SEÑORA SENADORA SILVIA NANE.

El señor senador Guido Manini Ríos solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, la reiteración de un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Fiscalía General de la Nación, a los efectos de que el Cuerpo lo haga suyo, relacionado con el funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y con temas internos de la Fiscalía General de la Nación. (Asunto 150909).

SE VA A VOTAR OPORTUNAMENTE».

4) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- En la sesión ordinaria del 18 de agosto no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 10 de agosto faltó con aviso el señor senador Gandini.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 16 de agosto faltó con aviso el señor senador Penadés.

A la sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del 12 de agosto faltó con aviso la señora senadora Kechichian.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 31 de agosto faltó con aviso el señor senador Camy.

A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 9 de agosto faltó con aviso el señor senador Penadés; y a la sesión del 16 de agosto faltó con aviso el señor senador Camy.

A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 11 de agosto faltó con aviso el señor senador Sánchez.

A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 10 de agosto faltó con aviso el señor senador Niffouri.

A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 10 de agosto faltaron con aviso las señoras senadoras Rodríguez y Topolansky. A la sesión del día 17 de agosto faltaron con aviso los señores senadores Olesker y Topolansky.

5) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- En virtud de que se ha recibido comunicación de que el señor senador Tabaré Viera asumió el cargo de ministro de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo n.° 122 de la Constitución de la república queda convocado el señor Raúl Batlle, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 30 de agosto de 2021

Señor secretario del Senado

Gustavo Sánchez

Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar que ponga a consideración del Cuerpo la siguiente solicitud de licencia.

Como integrante del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria, en mi condición de presidenta de la Asamblea General, participaré de la 13.ª Cumbre Mundial de Mujeres Presidentas de Parlamento y la 5.a Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento, que se desarrollará en Viena, Austria, entre el 6 y 8 de setiembre del corriente año, organizada conjuntamente por la Unión Interparlamentaria, el Parlamento de Austria y las Naciones Unidas.

En virtud de ello, solicito licencia entre el sábado 4 y el jueves 9 de setiembre próximo, amparada en la Ley n.° 17827, artículo 1.°, literal C.

Adjuntamos la información correspondiente a los mencionados eventos.

Sin otro particular, atentos saludos.

Beatriz Argimón.
Presidenta de la Cámara de Senadores».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que, en virtud de que estaré en uso de licencia desde el 4 hasta el 9 de setiembre inclusive, pasará a ocupar la vicepresidencia de la república la señora senadora Graciela Bianchi. Por tal motivo, y habiendo presentado nota de desistimiento los señores Fernanda Maldonado, Pablo Caram, Ricardo Planchón y Alejandro Draper informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, queda convocado el señor Jorge Saravia, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

La presidencia quiere agregar que, en las solicitudes de licencia, tanto del presidente de la Cámara de Representantes como de quien habla, se ha adjuntado documentación con las características del encuentro, del que participan todos los presidentes de los Parlamentos de la Unión Interparlamentaria. Realmente creemos que es un evento muy importante para fortalecer las democracias, en virtud de distintos acontecimientos y de la realidad mundial. En ese sentido –y también creo que tiene que ser una práctica–, a mi regreso todos los legisladores tendrán un informe exhaustivo de lo que se trabaje en esa cumbre.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 27 de agosto de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por misión oficial, desde el día miércoles 1 de setiembre y hasta el martes 7 de setiembre del corriente año.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Gloria Rodríguez. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–16 en 18. Afirmativa.

Se comunica que los señores María de Lima, Pablo Iturralde, Federico Ricagni, Magdalena Zumarán, Enrique Antía, Rodrigo Blás, Elena Lancaster, Sebastián Andújar, Alfredo de Mattos y Alexandra Inzaurralde han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Sergio Delpino, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 30 de agosto de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos personales el 1 de setiembre de 2021, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Juan Sartori. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Alem García y Rosina Piñeyro han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Juan Straneo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 1 de setiembre de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.° de la Ley n.° 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de setiembre inclusive.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Guido Manini Ríos. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

Se comunica que los señores Rivera Elgue y Gonzalo Ferreira han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Marcos Methol, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 1 de setiembre de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia –por razones de prevención de salud– desde el 6 de setiembre hasta el 29 de octubre del corriente.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Danilo Astori. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor José Carlos Mahía, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

6) REITERACIÓN DE PEDIDO DE INFORMES

(Solicitud consignada en la nómina de asuntos entrados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera el pedido de informes del señor senador Manini Ríos con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Fiscalía General de la Nación, relacionado con el funcionamiento de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y con temas de la Fiscalía General de la Nación.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) FALLECIMIENTO DEL DOCTOR NIKO SCHWARZ

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra la señora senadora Kechichian.

SEÑORA KECHICHIAN.- Muchas gracias, señora presidenta.

Nunca es tarea fácil despedir a un compañero y a un amigo, máxime cuando se trata de alguien que ha sido parte importante de nuestra formación ideológica, intelectual, política, afectiva y social. Estoy hablando de alguien que ha contribuido como pocos a dar identidad a nuestro universo generacional.

Brasileño por nacimiento, uruguayo por adopción y judío por ascendencia, Niko Schwarz es, al igual que tantos de nosotros, hijo de una oleada migratoria que recaló en nuestro territorio desde fines del siglo XIX –italianos, gallegos, judíos, libaneses, armenios y muchos más– y que ha contribuido significativamente a la construcción de nuestra síntesis nacional: tolerante, solidaria, inclusiva, libertaria y valiente.

Protagonista en un mundo de ideas nuevas y de viejas inquisiciones que la Guerra Fría promovía –donde las utopías emergentes impregnadas de sueños colectivos confrontaban con algunos egoísmos conservadores–, ahora, en nuevas formulaciones, Niko fue luz, fue refugio, fue acción y fue sostén de ese hombre nuevo que aún hoy pugna por ser.

Fue un estudiante precoz en la Facultad de Medicina, ya que ingresó con apenas diecisiete años.

Militante gremial y comunista practicante, cuando estos eran denunciados en las listas negras de publicaciones como Alerta o Cabezas Rojas en el Uruguay –el libro de Diógenes Cano–, en la crisis del Partido Comunista de 1992 renunció a él y, junto a otros dirigentes y militantes, se integró a la Alianza Progresista.

La sociedad toda lo habrá de recordar, fundamental y prioritariamente, como periodista, como analista político especializado en temas internacionales y como escritor. En sus inicios escribió desde las páginas de los diarios Verdad, Justicia y El Popular, voceros oficiales del Partido Comunista, pero también lo hizo en el semanario Marcha y en la Revista Estudios. Más tarde, en su exilio en Argentina, trabajó en el diario La Opinión, de Jacobo Timerman, como columnista del diario El Día, de México, y como editor de la página informativa quincenal desde Uruguay que era dirigida a la resistencia a la dictadura. Restaurada la democracia y de vuelta en el país, se desempeñó como periodista y editorialista de La República, de La Hora Popular y del renovado El Popular.

Queda claro, entonces, que Niko fue un auténtico jornalero de la pluma, como lo definió Marcos Carámbula. Sus reportajes a primerísimas figuras políticas de su tiempo son ampliamente reconocidos y marcaron un mojón en el curso del periodismo nacional.

Pero Niko fue, además, embajador del país. Su elevada imagen internacional y el conocimiento amplio de la situación en el sudeste asiático llevó a que el Gobierno de José Mujica lo designara como representante del país en Vietnam, en ocasión del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Sin duda, otra de sus facetas más emblemáticas es la que hace a la denuncia sistemática del proceso cívico-militar que asoló nuestro país. Durante su exilio en Argentina integró un grupo de uruguayos de distinto signo político, unidos por su oposición a la dictadura, que en Europa y en América realizó actividades muy intensas de denuncia al régimen y por la liberación de los presos políticos. Junto a él actuaron el exrector de la Universidad de la República, Oscar Maggiolo, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Alberto Pérez Pérez, Reinaldo Gargano y José Díaz, entre otros. Y más tarde, desde el exilio en México, esta coordinación llevaría a la creación de la Convergencia Democrática, de clara incidencia en las elecciones internas de los partidos políticos habilitados en 1982 y que marcó un quiebre para la salida democrática dos años más tarde.

Para nosotros, los próximos, el recuerdo es de un ser excepcional, afable, cortés, cariñoso, apacible, culto, comprometido a pleno con la vida y con el destino colectivo.

Como dije al comienzo, nunca es fácil despedir a un compañero. Tal vez la frase de una querida amiga, Susana, ayude a trasmitir mis sentimientos en esta circunstancia: «No tuvimos la dicha de conocerlo tan bien como aquellos que más lo conocieron, pero para quienes sabemos que somos apenas aves de paso, leer y escuchar tanto afecto y reconocimiento hacia alguien que parte, nos deja un sentimiento gratificante por esos seres que han honrado la vida, dejando tan honda huella. La paz, de seguro, lo acompañará».

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la familia de Niko Schwarz, a la Asociación de la Prensa Uruguaya, al Frente Amplio, al PIT-CNT, a la Secretaría de la Oficina Regional de la Federación Internacional de Periodistas y a la presidenta de la Federación Latinoamericana de Periodistas.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.-Se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Domenech.

SEÑOR DOMENECH.- Gracias, señora presidenta.

Nuestro país tiene una larga historia de protección respecto a las personas con discapacidad. Es así como la Ley n.º 13102, de 5 de diciembre de 1962, estableció un régimen de importación de vehículos automotores para personas con discapacidad, consagrando un cuerpo legal que facilitara su movilidad mediante la creación de beneficios, franquicias y exenciones fiscales para la introducción y circulación de vehículos.

Posteriormente, el país continuó enriqueciendo su legislación en la materia, asegurando a las personas con discapacidad mayores beneficios. En tal sentido, la Ley n.º 16736, de 5 de enero de 1996, consagró: «Los vehículos de hasta 1500 cc de cilindrada y los elementos a importar o adquirirse en plaza, considerados, por la presente ley, estarán exonerados de todos los tributos nacionales, derechos, aranceles y demás gravámenes a la importación, venta o circulación vehicular, o aplicables en ocasión de las mismas».

La redacción actual de esta norma fue dada por la Ley n.º 18996, de 7 de noviembre de 2012, que dispuso: «Otórgase a los vehículos considerados en la presente ley, el siguiente beneficio: exclusión del valor que determine el Poder Ejecutivo, del monto imponible de los tributos nacionales, derechos, aranceles y demás gravámenes a la venta o a la importación o aplicables en ocasión de la misma. En caso de que el valor del vehículo supere el referido monto, el excedente constituirá la base de cálculo para los tributos correspondientes.

Tampoco integrará la base imponible el valor de los sistemas de adaptación y los elementos auxiliares que se necesiten para la mejor movilidad, funcionalidad y ergonomía, estén o no incorporados al vehículo al momento de la adquisición o importación, y que estén certificados por la Unidad Nacional de Seguridad Vial.

El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones en que se aplicará el presente beneficio».

Por su parte, el artículo 1.° del Decreto n.º 91/013 estableció que el máximo de valor no imponible para el vehículo, «incluyendo su eventual adaptación y sus elementos auxiliares, quedará establecido en U$S 16.000 (dieciséis mil dólares de los Estados Unidos de América) según Precio Probable de Venta al Público Sin Impuestos».

Este texto fue modificado por el Decreto n.º 249/013, de 14 de agosto de 2013, que estableció que el valor máximo no imponible para el vehículo incluyendo su eventual adaptación, quedaría en USD 16.000 «del valor en aduana». Posteriormente, el Decreto n.º 51/017 ratificó el anterior.

En la esfera departamental, las normas de determinación del tributo de patente de rodados aprobadas por el Congreso de Intendentes han dispuesto exonerar de ese tributo a los vehículos importados al amparo de la Ley n.º 13102 hasta un monto de USD 16.000, agregando que cuando el valor del vehículo importado exceda el monto habilitado a exonerar, tributará por la diferencia en relación con su valor de mercado.

En tal sentido, entendemos que se ha producido un retroceso en las exoneraciones otorgadas a partir de la Ley n.º 13102 a las personas en situación de discapacidad, lo que contradice las obligaciones contraídas por el país en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 20 consagra: «Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible…».

Entendemos que, sin perjuicio de las diferentes competencias tributarias del Gobierno nacional y de los Gobiernos departamentales, debe modernizarse y armonizar la legislación vigente a efectos de facilitar a las personas con discapacidad la posibilidad de adquirir y mantener vehículos dotados de todos los elementos de seguridad y confort, precisamente en beneficio de su seguridad y de su mejor movilidad.

Los retaceos en esta materia, ya sea limitando el monto a exonerar o discriminando entre el valor de aduana y de mercado, a efectos de limitar la reducción de gastos de movilidad –como se da, por ejemplo, en el caso de la patente de rodados– no solo constituye una injusticia, sino también una clara violación de la normativa nacional e internacional que regula la materia.

Es claro que, contra lo que es de esperar, la normativa departamental en materia de patente de rodados tiende a desfavorecer a las personas con discapacidad al hacer más cara la tributación que grava su movilidad vehicular; así también, en lo nacional se debería favorecer a las personas con discapacidad, facilitándoles la adquisición de vehículos de mayor costo, no solo en beneficio de su más cómodo traslado, sino, particularmente, en beneficio de su más segura movilidad, teniéndose presente que los últimos adelantos en materia de seguridad vehicular tienden a hacer más costoso el precio de los vehículos.

Creo que este Gobierno tiene la magnífica oportunidad de pasar del discurso a los hechos, porque tanto en esta materia como en otras –por ejemplo, en lo que hace al ingreso de discapacitados a la función pública–, la ley ha sido, durante muchos años, claramente incumplida. Considero que, en ese sentido, hay un debe con los discapacitados.

Pido que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Economía y Finanzas y al Congreso de Intendentes.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

La Mesa quiere comentar que, como saben los señores senadores, el audio no es bueno –conocemos el problema de los micrófonos, se ha mencionado varias veces y está en vías de solucionarse–, razón por la cual, si hay mucha conversación en sala, se dificulta el trabajo de los taquígrafos y el nuestro, ya que no es posible escucharlos.

Por lo tanto, solicitamos bajar un poco el tono de la conversación.

9) ¿SOMOS REALMENTE UN PAÍS INDEPENDIENTE?

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Manini Ríos.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Gracias, señora presidenta.

El 25 de agosto pasado se cumplieron 196 años de la Declaratoria de la Florida, que inicia un proceso que llevaría a nuestra independencia tres años después.

Es claro el antecedente de la gesta artiguista de la década anterior, donde se acunó el sentimiento de nacionalidad, particularmente en el evento del éxodo y en las luchas –a veces con derrotas y otras con victorias– que el pueblo oriental emprendió, detrás de su caudillo, contra españoles, porteños y portugueses.

Es claro, también, el antecedente inmediato del desembarco de Lavalleja y los treinta y tres orientales en la playa de la Agraciada, así como el hecho fundamental que se da diez días después del Abrazo del Monzón, que más allá de sus circunstancias significó la unidad de los orientales, lo que les permitió vencer a poderes mucho más fuertes –particularmente en Sarandí, y antes en Rincón– y obligó al Gobierno porteño –hasta entonces, renuente– a aceptar la incorporación de la Provincia Oriental, y con ello la guerra con Brasil.

Tres años después, en agosto de 1828, se firma nuestra independencia en Río de Janeiro, y el 4 de octubre se ratifica en nuestro país.

Hasta ahí, la historia.

Ahora nos cabe a todos una reflexión: ¿somos realmente un país independiente? ¿Honramos realmente a aquellos que dieron todo con enorme sacrificio y hasta entrega de su propia vida? Entendemos que ser independiente es defender nuestro patrimonio, es pensar en el país que dejaremos a las generaciones futuras, es preservar sus tierras para los desarrollos productivos del futuro, es resolver los grandes problemas del país, empezando por el tema demográfico, la deuda externa y la inserción comercial del Uruguay en el mundo; en definitiva, es pensar cómo dar cabida a todos los uruguayos y no expulsarlos por falta de oportunidades. Entendemos que ser independiente es no aplicar a pie juntillas políticas pergeñadas en otras latitudes, que tienden a dividirnos, enfrentarnos, debilitarnos y a dejarnos inermes ante aquellos que quieren venir por nuestros recursos. Entendemos que ser independiente es hacer escuchar nuestra voz en el concierto de las naciones, es no renunciar a ser sujetos de nuestra historia, no renegar de nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestra fe, de nuestra lengua, de todo aquello que, en definitiva, nos da la identidad nacional. Creemos que ser independiente es, en cierta forma, volver a la esencia del artiguismo: respetar y hacer respetar la voluntad del pueblo uruguayo, que se refleja fundamentalmente en la Constitución de la república; es no aplicar decisiones que se toman en organismos internacionales, que a veces difieren o enfrentan lo que dice la Constitución, a no ser que antes se haya incluido en ella mediante un plebiscito popular.

Creemos que honrar realmente a quienes nos dieron la patria libre es ajustar nuestra conducta a lo que hemos dicho. Pero nada de esto será posible si seguimos viviendo en la lógica del enfrentamiento, en la lógica de un medio país proponiendo en una dirección, y otro medio país en la dirección contraria, poniendo palos en la rueda. Creemos que es hora de revalorizar, tal vez de reeditar aquel Abrazo del Monzón, en donde todos los uruguayos se unan para enfrentar los obstáculos que el mundo actual nos presenta. Creemos que es hora de dejar de lado el odio como motor de la historia. Creemos que es hora de dejar de lado las mezquindades políticas que solo miran el próximo proceso electoral, quitando posibilidades a las futuras generaciones. Creemos que es hora de honrar en serio a quienes nos dieron una patria libre. Creemos que es hora de demostrar grandeza.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, a los ministerios de Educación y Cultura y de Defensa Nacional, y a todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) HOSPITAL DE FLORES DOCTOR EDISON CAMACHO

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Muchas gracias, presidenta.

Queremos plantear en el Senado de la república un tema concreto, que por su dimensión –al menos si lo medimos en términos presupuestales– podría significar algo de menor cuantía y, por tanto, ser considerado de menor importancia, pero creemos que no es así.

El planteamiento tiene que ver con el tema de la salud y concretamente con el departamento de Flores. El Hospital de Flores Doctor Edison Camacho es el único centro hospitalario de la Administración de los Servicios de Salud del Estado en el departamento y brinda asistencia a 15.000 usuarios; además, por convenio, tiene a su cargo la asistencia a los funcionarios de los ministerios del Interior y de Defensa Nacional.

El servicio de urgencia o emergencia es fundamental en todo centro hospitalario, y mucho más lo ha sido durante todo este tiempo de pandemia. Sin embargo, en la actualidad, en el hospital de Flores este servicio es bastante rudimentario y diría que hasta se encuentra en un estado lamentable. Fue implementado hace más de veinte años, por lo que está fuera del contexto que hoy se requiere, y mucho más si lo analizamos en la situación puntual de la pandemia.

En suma, es necesario y se impone la construcción de un nuevo servicio de urgencia y emergencia en este centro asistencial, adecuado a los tiempos modernos y a la situación actual.

La División Arquitectura de ASSE tiene un nuevo proyecto relativo a las necesidades a las que me he referido, que fue elevado desde la dirección de ese centro hospitalario.

Quienes somos del interior del país sabemos que nuestros hospitales tienen, no solamente el sentido de pertenencia y el trabajo comprometido de las comisiones que surgen desde la comunidad para respaldar estas acciones tan importantes, sino también el de la propia dirección del hospital, que suele recaer en médicos de larga trayectoria, vinculados afectivamente al departamento y con sentido de pertenencia. Esto es, precisamente, lo que pasa en el hospital de Flores con el doctor Julio Álvarez, actual director del hospital, que el pasado 30 de agosto cumplió cincuenta años en su profesión de médico. Se trata de un destacado, conocido y apreciado ginecólogo del departamento de Flores, que fue presidente de Comeflo, así como también del Sanatorio Americano. Durante su presidencia en este importante centro privado de salud se construyó la «torre nueva», como se denomina a la parte moderna e importante del mencionado sanatorio.

El costo estimado del proyecto para el hospital de Flores es de aproximadamente USD 1:200.000, y lo importante de esta pequeña cuantía presupuestal –si lo analizamos en términos de lo que pesa, por ejemplo, el presupuesto de ASSE, que es uno de los tres más destacados en el presupuesto nacional del Estado– es que el pasado año este hospital ahorró a ASSE USD 600.000 gracias al trabajo específico de realizar tomografías computadas para la región. Quiero señalar que brindó este servicio a pacientes de ASSE de Cardona, de Paso de los Toros, de Young, de Florida, de Durazno, de Colonia, de Carmelo.

Por lo tanto, a partir de servicios varios –tomografía, mamografía, etcétera– que se brindan a la región, tenemos la posibilidad de concretar, fácil y rápidamente, esta inversión que requiere y ha sido solicitada por este hospital.

Nos parece prudente, eficiente y necesario, tiene sentido de urgencia y una lógica concreta, que se dé la celeridad del caso a esta posible inversión y a este proyecto concreto que, desde el conocimiento de la realidad en el departamento de Flores, se ha elevado a las autoridades centrales de ASSE.

Señora presidenta: por la importancia que reviste el tema y que he expresado al Senado de la república, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y a la dirección del Hospital de Flores Doctor Edison Camacho de la ciudad de Trinidad, a efectos de que se considere esta situación con la urgencia que requiere y que acabamos de describir.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Straneo.

SEÑOR STRANEO.- Muchas gracias, presidenta.

Quiero referirme muy brevemente al tema de la educación, específicamente a algo que aún sigue aquejando a los adolescentes, que es la desvinculación del sistema formal. No quiero con esto mencionar hallazgos, teorías nuevas o inventos que no sirvan a lo práctico, sino tomar aquello que estaba bien o que podía servir y explorar la posibilidad de reverlo, de repensarlo y de seguir utilizándolo.

Quiero referirme, señora presidenta, a los FPB. En este Senado, próximamente vamos a discutir la rendición de cuentas con algunas modificaciones en ese sentido. Sabemos que las autoridades de la enseñanza –inclusive, con el compromiso de la campaña política de la coalición de gobierno, que nos implica a todos– asumieron la responsabilidad y el compromiso de lograr que nuestros jóvenes y adolescentes se mantengan dentro del sistema formal. Además, procuramos captar jóvenes, con o sin escuela completa, para que puedan seguir estudiando y formándose.

Los FPB surgen en 2007; la pasada Administración del Frente Amplio entendió muy bien que hay una serie de jóvenes que resulta difícil contener. Por eso la importancia de la educación, no solamente en la formación de los adolescentes –de nuestros niños, niñas y adolescentes–, sino también en lo que respecta al rol social y de inclusión que implica. De allí la importancia de estos institutos, que fueron pensados y analizados, y que, aunque quizás no tuvieron el éxito que todos pensábamos –por eso hablo de repensar y de explorar–, de todas formas deberían mantenerse, sobre todo por ese rol de inclusión. ¡No se imaginan la relevancia que tiene la existencia de un FPB en una ciudad, en un barrio, dentro de un departamento del interior del país! Es fundamental, es prioritario. De esa manera sabemos que ese chiquilín o chiquilina va a estar en un centro educativo de su zona, de su barrio, de su ciudad, y no se tiene que ir, no tiene que correrse.

Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Evidentemente, cuando evaluamos su conveniencia desde el punto de vista presupuestal y vemos que al cierre del año solo hay tres o cuatro chiquilines estudiando, consideramos que se genera una erogación económica importante para el sistema y para el país entero; pero creo que hay que mirar el segundo plano, la otra cara de la moneda, es decir, la contención social y la importancia de que ese centro siga abierto. Nos parece que no podemos claudicar nunca en la lucha para que el sistema formal de educación siga siendo la solución para los chiquilines y chiquilinas.

Señora presidenta: entendemos la posición del Codicén y no queremos ser contradictorios ni contradecir lo que se ha remitido en la rendición de cuentas o lo que se avizora como un cambio en la matriz educativa, que sabemos que es necesario, porque los niveles de deserción y de formación educativa siguen no siendo buenos y no hemos logrado revertirlos. Sin embargo, consideramos que este plano social y de inclusión de los FPB no puede dejarse a un lado. Por eso, solicitamos a las autoridades de la educación que, en conjunto con la UTU y con el Consejo Técnico de Educación Básica Profesional, siga reviendo el tema en aquellos lugares del interior donde han cesado algunos cursos o se han trasladado docentes para reubicación o readecuación, y visibilice el problema de fondo mucho más que el problema operativo.

Digo esto como una señal de alerta, porque muchos docentes nos hacen llegar sus reclamos. Creemos que es necesario, no solamente por el respeto hacia la carrera del docente, sino sobre todo y especialmente para que no claudiquemos en la contención de nuestros adolescentes y de aquellos que, con algo más de edad, aún desean una formación básica en una tecnicatura que les permita tener un oficio, desarrollarse e ingresar, ya más próximo a los dieciocho años, al mercado laboral, que hoy tanto exige la formación.

En definitiva, señora presidenta, queríamos dejar asentada nuestra preocupación con respecto a este tema.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Codicén, al Ministerio de Educación y Cultura y a la Presidencia de la República.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 1 de setiembre de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Presente

 

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 1.° de la Ley n.° 17827, solicito se me conceda licencia, por motivos personales, por el día 1 de setiembre de 2021.

Sin otro particular, saludo a usted con la seguridad de su consideración más distinguida.

Jorge Gandini. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Guillermo Besozzi ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Verónica Bica, a quien se invita a pasar al hemiciclo a los efectos de que preste la promesa de estilo.

(Ingresa a sala la señora Verónica Bica).

–Se invita al Senado y a la barra a ponerse de pie.

Señora Verónica Bica: ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senadora y obrar en todo conforme a la Constitución de la república?

SEÑORA BICA.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la cámara o por la Asamblea General?

SEÑORA BICA.- Sí, prometo.

SEÑORA PRESIDENTA.- Queda usted investida del cargo de senadora.

(Aplausos en la sala y en la barra).

–Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 1 de setiembre de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Presente

 

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el literal C) del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, solicito se me conceda licencia por misión oficial entre los días 3 y 11 de setiembre, para asistir –en el marco de la Quinta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos y reuniones conexas– a la Octava Reunión del Grupo Consultivo de Alto Nivel sobre la Lucha contra el Terrorismo y el Extremismo Violento y la Primera Cumbre Parlamentaria Mundial sobre la Lucha contra el Terrorismo y el Extremismo Violento, a celebrarse en la ciudad de Viena, República de Austria.

Sin otro particular, saludo a usted con la seguridad de su consideración más distinguida.

Jorge Gandini. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–30 en 31. Afirmativa.

Se comunica que el señor Guillermo Besozzi ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Verónica Bica, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 1 de setiembre de 2021

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

Presente

 

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 1.º de la Ley 17827, solicito se me conceda licencia, por motivos personales, por los días 15 y 17 de setiembre de 2021.

Sin otro particular, saludo a usted con la seguridad de su consideración más distinguida.

Jorge Gandini. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–29 en 30. Afirmativa.

Se comunica que el señor Guillermo Besozzi ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Verónica Bica, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

13) INTEGRACIÓN DE COMISIONES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Los señores senadores Germán Coutinho y Raúl Batlle comunican que el señor senador Raúl Batlle pasará a integrar la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología y el señor senador Germán Coutinho pasará a integrar la Comisión de Defensa Nacional».

SEÑORA PRESIDENTA.- Téngase presente.

14) TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SEÑORA PRESIDENTA.- Antes de ingresar al orden del día me interesa trasladar al Cuerpo una noticia que considero muy importante porque refiere a alguien que formó parte de esta casa.

Hoy se inaugura la Sala Felipe Michelini Delle Piane en la Corte Penal Internacional de La Haya. Me parece que es un evento muy importante y que corresponde dejar constancia de ello en la versión taquigráfica.

(Aplausos en la sala y en la barra).

–El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se establecen reformas procesales para la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. (Carp. n.º 1037/2018 - rep. n.º 351/2021 y anexo I)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Para mí es un verdadero honor informar este proyecto de ley, que presentamos junto con la bancada de senadores en 2018, solicitamos que no pasara a archivo cuando se inició esta legislatura, y hoy puedo decir que es fruto de un trabajo colectivo. Las modificaciones que se le introdujeron en la Comisión de Constitución y Legislación fueron de amplio consenso. Escuchamos a los operadores, a los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a los funcionarios. Podemos decir, entonces, que este proyecto es hijo del trabajo de esa comisión, de la que tengo el alto honor de ser el presidente durante este año.

Existe, señora presidenta, un amplio consenso en todos los operadores del sistema jurídico respecto a la necesidad de modernizar el proceso contencioso anulatorio que se tramita ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Me gustaría destacar que durante el proceso de discusión de este proyecto de ley recibimos al Colegio de Abogados, y en esa sesión mencionamos lo expresado por el excatedrático de Derecho Administrativo Juan Pablo Cajarville, que en su momento escribió: «El contencioso administrativo uruguayo padece una profunda crisis. En particular en lo que refiere al anulatorio, puede afirmarse que al día de hoy ha colapsado, no porque se haya paralizado o destruido, sino porque ha llegado a un extremo de postración como garantía de los derechos e intereses de los habitantes. No es una opinión personal enferma de pesimismo; es la opinión generalizada en el foro y en la cátedra, incluso es al menos la de algunos de los propios integrantes y exintegrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo».

Esto lo dijo el doctor Juan Pablo Cajarville hace muchos años, pero cuando nos propusimos estudiar y considerar este proyecto de ley, en la Comisión de Constitución y Legislación destacamos que esas palabras tienen plena vigencia. Hoy sabemos que los procesos anulatorios llevan entre tres y cinco años, por lo menos, lo que constituye por sí mismo un fuerte debilitamiento del Estado de derecho, y no respeta un principio que defendemos –y lo hemos dialogado entre los integrantes de la comisión–, que es el de la tutela jurisdiccional efectiva. Si cuando una persona se presenta a reclamar sus derechos –y más cuando reclama ante el Estado– y hay una demora de tanto tiempo, es tan costoso y se aplica un procedimiento tan anacrónico, cuesta alcanzar ese principio. Por tal motivo propusimos, en acuerdo con los demás integrantes de la comisión, tratar este proyecto que tiene como finalidad modernizar el proceso contencioso anulatorio.

Los cambios son pequeños pero trascendentes. Son trascendentes porque este es el único proceso en nuestro país en el que se sigue aplicando el viejo Código de Procedimiento Civil, que es de fines del siglo XIX, de 1878. Entonces, proponemos que en vez de que la norma remita a ese código, lo haga a uno más moderno, que es el Código General del Proceso.

Lo que podemos destacar es que se hacen modificaciones en lo relativo a los terceros, a la constitución de domicilios electrónicos, a la unificación de la demanda, y se adoptan modificaciones en materia de tercerías.

Este proyecto tiene dieciséis artículos.

El artículo 1.° es el que establece el ámbito de aplicación. Dice que se aplicará a los procesos anulatorios ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Allí rige lo que se llama el principio de aplicación inmediata, salvo que afecten plazos, recursos y diligencias.

El artículo 2.º es el que hace la remisión al Código General del Proceso y ya no al viejo Código de Procedimiento Civil, de 1878.

El artículo 3.º es el que modifica el tema de domicilios, notificaciones y plazos. Habla de que en la comparecencia ante el tribunal se deberá constituir domicilio procesal electrónico. Luego hay algunos actos procesales que deberán ser notificados en el domicilio, además de lo que marca el CGP, que son la resolución que confiere traslado de la demanda, la que confiere traslado de la intervención de terceros y la que ordena formular alegatos, entre otras.

Los artículos 4.º y 5.º tienen que ver con la intervención de las tercerías, es decir, cuándo debe ser convocado un tercero a participar.

El artículo 6.° refiere a la demanda y a la contestación. Se establece el plazo del traslado de la demanda y cómo se deberá hacer la contestación.

El artículo 7.° regula cómo se subsanan los defectos.

El artículo 8.° establece lo de las excepciones previas.

Se da a los ministros del tribunal la potestad que se denomina «despacho saneador», para que puedan solucionar algunas cuestiones previas.

El artículo 11 refiere a la prueba sobre el objeto principal.

El artículo 13 da una importante facultad al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Concretamente, establece que el tribunal deberá tomar de oficio todas las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso anulatorio y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible.

El artículo 14 establece que todos los plazos son perentorios e improrrogables, porque su alargamiento llevaba, muchas veces, a que el proceso se extendiera.

Con respecto al artículo 15, vamos a solicitar que todos los señores senadores lo voten negativamente; conversando con el señor senador Domenech llegamos a ese acuerdo. Lo que buscaba este artículo era crear un acceso a la base de datos jurídicos. Estuvimos discutiendo en la comisión sobre la necesidad de que la base de datos del TCA sea pública, para que se avance en la efectividad de derechos, así como en el conocimiento del proceso anulatorio y de los temas que se discuten allí. En estos momentos, a causa de la pandemia, es pública, pero queríamos que desde el Parlamento se dispusiera que lo fuera en forma permanente, como un principio de transparencia. Sin embargo, como queremos que este proyecto sea aprobado por unanimidad porque representa un gran avance para el Estado de derecho y para la república, hoy vamos a pedir a todos los colegas que se vote negativamente el artículo 15, bajo el compromiso de tratar de incorporar este artículo en la rendición de cuentas.

El artículo 16 propone crear la Comisión para la Reforma del Sistema Contencioso Anulatorio. Estas modificaciones son algo por lo que desde hace muchos años bregan la academia, las facultades, los colegios, y lo que estamos haciendo es avanzar en la materia. Se trata del principio de tutela efectiva, es decir, que la persona no se sienta tan desamparada, porque cuando va a litigar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo está litigando contra el Estado. Entonces, lo que tenemos que lograr es dar mayores garantías en la efectividad de los derechos. Por lo tanto, proponemos crear la Comisión para la Reforma del Sistema Contencioso Anulatorio, que tendrá el cometido de elaborar una reforma integral de todos los procesos que se tramitan ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y sus trámites previos. Estará integrada por dos representantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dos representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, un representante designado en acuerdo por las facultades de derecho de las universidades privadas que cuentan con ella y dos representantes del Colegio de Abogados. Dicha comisión deberá elaborar un anteproyecto de ley, que en el plazo de un año a contar de su constitución deberá remitir a la Presidencia de la Asamblea General.

Consideramos que este proyecto de ley representará un gran aporte, que se alcanza trabajando en comunión en la Comisión de Constitución y Legislación. Son de esos proyectos de ley que tendrán un impacto muy positivo en la concreción de los derechos, en lo que es el Estado de derecho y, en definitiva, en avanzar y en fortalecer la democracia.

Es cuanto quería manifestar, señora presidenta.

SEÑORA ASIAÍN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ASIAÍN.- Muchas gracias, señora presidenta.

Efectivamente, este proyecto, que fuera presentado por el Frente Amplio, tuvo el apoyo de la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación. Lo trabajamos escuchando a distintos actores políticos, al Colegio de Abogados, a los ministros del TCA y también a los funcionarios. En ese marco intercambiamos ideas y llegamos a un proyecto de consenso.

Miguel Pezzutti, especialista en derecho administrativo, al comparecer dijo que uno de los temas en donde la agenda de derechos se juega sustantivamente es, precisamente, en las decisiones del TCA. ¿Por qué? Porque abarca desde el derecho al ascenso de funcionarios hasta la adecuación a derecho de actos administrativos, resoluciones y decretos. Es un control para el accionar de los tres poderes –todos ellos ejercen función administrativa, así como también los entes y todo organismo del Estado–, para que la actuación sea acorde a la norma. También se puede aplicar a temas de derecho ambiental, de libertad de conciencia, etcétera. Todos ellos han sido tratados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Esta reforma y actualización venía siendo reclamada. En lo personal integré, desde el 2004 y hasta su disolución, el Grupo Anuario de Derecho Administrativo, que publicaba los anuarios, fichajes de sentencias y artículos de doctrina. En ese grupo, que se reunía en la casa del doctor Mariano Brito y nucleaba a especialistas e interesados en derecho administrativo, se venía reclamando esta necesaria reforma o actualización, así como también algún medio para agilizar la medida cautelar de suspensión de la ejecución del acto administrativo. Esto último no se pudo lograr en esta etapa, pero, dado que el artículo final del proyecto prevé la creación de una comisión de expertos –como decía el señor senador Carrera–, confío en que en esa oportunidad se pueda lograr un texto para agilizar dicha medida.

Lo que controla el TCA, según los analistas, es la llamada «incontinencia arbitraria del poder». El poder se presta a abusos, no solamente aquí, sino en todos lados y en toda la historia. Este órgano jurisdiccional, que está fuera del Poder Judicial, trata de encauzar y de evitar esos excesos, para defender a las personas, a los habitantes comunes y corrientes, frente a los eventuales actos arbitrarios.

También se establece, por ejemplo, el principio de igualdad ante las cargas públicas, para reconducirlo con el objetivo de que no se cometan discriminaciones, sobre todo en materia impositiva, entre los contribuyentes.

El Uruguay es distintivo y bastante original en el diseño de este tribunal –no existe en otras partes–, sobre todo en su ubicación institucional. Para cumplir con las reglas de la separación de poderes –enunciadas por Jiménez de Aréchaga y luego recopiladas por Cassinelli Muñoz– y evitar que un poder pueda anular o extinguir actos de otro poder, se crea un órgano aparte de los tres poderes: no integra el sistema orgánico del Poder Judicial ni de ninguno de los otros, y de esa manera puede controlar, anulando o manteniendo –no modificando– los actos administrativos. Así se mantiene ese sistema de pesos y contrapesos dentro del principio de los límites que tiene el poder.

En resumen, este órgano es de creación constitucional, su existencia es necesaria, no integra el Poder Judicial y tiene la función de conservación del orden jurídico. En concreto, su objetivo es que el accionar administrativo se adecue a las leyes –porque está subordinado a la ley–, a la Constitución y a los tratados internacionales suscritos por el Uruguay.

La Constitución, al consagrar la regla de separación de poderes, establece que, en principio, la función jurisdiccional corresponde al sistema orgánico Poder Judicial, pero existen algunas excepciones y esta es una de ellas. Otra excepción es la del juicio político penal por parte del Senado. Así pues, esta es una de las excepciones a la regla que establece que el sistema orgánico Poder Judicial ejerce la función jurisdiccional. Determina un control sobre los actos administrativos, no sobre la conveniencia, sino sobre su legitimidad. Es decir, se realiza un análisis jurídico para establecer si son contrarios o no a derecho. ¿Para qué? Para defender a las personas, como decíamos, frente a actos arbitrarios. Es una exigencia del Estado de derecho; es el propio sistema democrático-republicano el que crea un medio para controlar.

Además, esto se empalma con una promesa, con un compromiso de campaña que no es ajeno a todo el sistema político: que los gobernantes deben ser controlados; queremos que nos controlen. Pero no es un control objetivo de legitimidad abstracto; requiere que alguien haya sido agraviado. Debe haber un reclamante que, por sentirse agraviado, solicite ese control. Y tampoco es de plena jurisdicción, ya que no se puede modificar el acto, solo se puede mantener o anular.

Decía Daniel Hugo Martins en el libro El poder y su control –dedicado a estas cuestiones– que no se impide el ejercicio. Se ha dicho que con estos medios de control se obstaculiza el flujo de la gestión, pero no; no se impide el ejercicio eficaz del poder. Un individuo perjudicado reclama ante la Administración, y esta será juzgada por un tribunal rodeado de todas las garantías para que pueda ser imparcial y dictar sentencias adecuadas. Entonces, al contrario de lo que se dice, se defiende esto como uno de los mecanismos que reafirman el derecho y forma parte del sistema democrático-republicano.

Las modificaciones propuestas son las posibles. Personalmente, hubiera sido un poco más ambiciosa y hubiera recogido alguna de las propuestas del Colegio de Abogados del Uruguay, sobre todo en materia de la medida cautelar de suspensión de la ejecución del acto, haciéndola más expeditiva, pero confío en que ello se haga posible con la comisión de expertos.

Al respecto de la suspensión de la ejecución del acto, y debido a ciertas suspicacias que se plantearon, me permito citar a la profesora de Derecho Administrativo, doctora Silvana Nessar, quien decía –hablando justamente sobre los aspectos procedimentales del contencioso-administrativo de anulación– que esto hace a la plena vigencia del Estado de derecho, que obliga a que se profundicen los controles del hacer público y –citando a su vez a Mariano Brito– que su existencia se justifica en tanto en cuanto permite que la persona humana se desarrolle. Y, puntualmente, sobre la medida cautelar de suspensión de la ejecución de los actos administrativos, dice que este instituto de carácter preventivo y de excepción a la ejecutoriedad del acto administrativo ha sido admitido, pero con mucha reticencia y con algunas rigideces que están en el texto de la ley vigente, lo que hace que se deba aplicar la llamada teoría del balance para acceder a la medida incidental solicitada, es decir, la imperante debe acreditar que los daños que la ejecución del acto le irroga superan aquellos que la suspensión provocaría al organismo involucrado. Dice que a veces, por temor de incurrir en prejuzgamiento, el tribunal no concede la suspensión del acto. Y cuando no se concede, se llega tarde.

En lo personal, he pleiteado ante el tribunal cuestionando, por ejemplo, la ejecución de una obra edilicia y luego, a la postre, cuando el tribunal termina anulando el acto administrativo que había habilitado la erección de esa obra, esta ya estaba levantada. Si se hubiera hecho lugar a la medida de suspensión de la ejecución del acto, se habría evitado todo eso. En definitiva, se inclina por esta necesaria actualización.

En el mismo sentido, el doctor Carlos Delpiazzo, también en uno de los anuarios, en la conclusión de un artículo sobre doctrinas de medidas cautelares frente a la Administración, dice: «A modo de conclusión, es necesario reaccionar frente a las concepciones autoritarias del poder estatal, reconociendo ampliamente como propio de la función jurisdiccional el control de juridicidad», el principio –como decía el señor senador Carrera– de tutela jurisdiccional efectiva. Y termina diciendo: «Así lo reconocen nuestra Constitución y lo exige la justicia, ya que un sistema de tutela cautelar deficiente en su regulación y poco generoso en su aplicación judicial supone lisa y llanamente una denegación anticipada y sin remedio de la justicia». Entonces, se lamenta de la parsimonia que a veces ocurre y que sigan parapetándose tramitos, tales como la presunción de la juridicidad del acto administrativo y su fuerza ejecutoria, o la necesidad de impedir la parálisis de la Administración, en función de una mal entendida interpretación de la separación de poderes.

Como ya dije, el consuelo es que la comisión de expertos pueda profundizar en este tema.

En cuanto al artículo 15 quiero relatar lo siguiente. El TCA que, como los juzgados, tiene acceso a los expedientes y a informarse sobre su andamiento, desarrolló un sitio web y prestaba ese servicio vía remota con un costo. Por lo tanto, como el TCA no tiene un presupuesto excedentario, lo cobraba. Una docente de derecho tributario me hizo un informe sobre la naturaleza jurídica de estos ingresos, percibidos por suscripción al sistema de gestión del TCA, donde hace ver que ese servicio no formaba parte de los cometidos esenciales del órgano –es decir, juzgar y hacer ejecutar los juzgados–, sino que es un cometido secundario. Por lo tanto, el TCA se encuentra facultado a cobrar una contraprestación por el servicio prestado, en tanto el acceso no gratuito al mismo no implica denegación de justicia, justamente porque uno puede acceder, más allá de la distancia a la que se encuentre de la capital, lo cual sí es un problema. Estos costos que cobra guardan relación con el costo del servicio. En este caso no existe fin de lucro, pero no es una exigencia. Entonces, se inclina a sostener que se trata de un precio, de un provento. Cuando el Estado realiza prestaciones que producen tasas económicas, las contraprestaciones son de principio. Esto, además, se enraba con lo que en representación de todo el TCA dijera su presidenta, la ministra Nilza Salvo, al pronunciarse sobre este artículo: «Muy bien; estamos de acuerdo en que se declare la gratuidad del acceso a este sitio web, pero habrá que cubrir ese gasto. Indicar los recursos, en letra de la constitución, con los que será cubierto».

También recibimos el informe de la División Estudios Legislativos del Parlamento, donde se señala que, si alguien debe cubrir ese gasto y es rentas generales, evidentemente necesita la iniciativa del Poder Ejecutivo y también la del TCA, que proyecta su propio presupuesto y lo remite para ser integrado en el presupuesto o en la rendición de cuentas. O sea que también era necesario el requisito formal de que estuviera en una ley de presupuesto o en la rendición de cuentas. Y, además, en todo caso, se deberían indicar los gastos con los que será cubierto.

Con beneplácito tomamos la propuesta del senador Carrera de votar negativamente el artículo 15, pero con miras a que en la instancia presupuestal esto se provea. Estamos de acuerdo con que sea gratuito el servicio, sobre todo para el interior y para que pueda llegar al administrado, pero no podíamos votar un recorte al TCA sin compensarlo de alguna manera.

Por todo lo expuesto es que acompañamos esta iniciativa.

Muchas gracias.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: al margen de lo estrictamente técnico, aspecto en el que han abundado el senador Carrera y la senadora Asiaín, quiero decir que estas leyes son de ese tipo que no generan gran expectativa a nivel popular, pero que tienen una enorme trascendencia en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Particularmente, me alegra que tanto la oposición como el Gobierno hayamos concordado en impulsar este proyecto de ley que, de alguna forma, contribuye a crear ese espíritu de concordia al que hacía referencia hoy en la media hora previa el senador Manini Ríos. Creo que hay muchas causas nacionales y, en ese sentido, lo que Cabildo Abierto busca es alentar, precisamente, el acuerdo y no el enfrentamiento.

Modestamente, tengo más de cuarenta años de trabajo en las profesiones de abogado y de escribano. Nunca pretendí ser un especialista en absolutamente nada, sino que siempre me caractericé por ser un abogado con sentido práctico y, como buen paisano, quizás atarla con alambre: algo tan discutido, pero tan práctico. Se lo critica al paisano por eso y, sin embargo, eso es algo que yo admiro profundamente porque, en realidad, demuestra la inteligencia y la habilidad del hombre que, con escasos recursos, como nos sucede en general a los orientales, resuelve las cosas desde un punto de vista práctico. A mi padre, que tenía un estilo desalineado y popular, el mismo que ha hecho popular al expresidente Mujica –tal vez esto se deba a que ambos se formaron en el Herrerismo de la década de los cuarenta, el que yo todavía reverencio–, le gustaba citar un verso de Martín Fierro que dice:

Hay muchos que son dotores

Y de su ciencia no dudo

Más yo soy hombre rudo

Y aunque de esto poco entiendo,

Estoy diariamente viendo

Que aplican la del embudo.

Esto viene a colación porque en nuestro sistema jurídico los administrados se encuentran con lo que yo he denominado, en más de una oportunidad, como las horcas caudinas con relación a su posibilidad de impugnar los actos de la Administración. Primero debe cumplirse una etapa administrativa, en la que hay una cantidad de formalismos, de plazos a cumplir y de recursos que necesariamente se deben interponer, porque si no precluye el derecho del administrado a impugnar el acto que le afecta. Luego, hay una etapa que diría que es propiamente judicial, que se celebra ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la que también el administrado debe cumplir con trámites engorrosos, necesita asistencia letrada y tenemos un promedio de dos o tres años para resolver la impugnación de un acto administrativo.

En ese sentido, este proyecto de ley lo que hace es recoger de alguna manera la experiencia de treinta años de aplicación del CGP y, de alguna forma, las soluciones del CGP se trasladan a la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que, a mi modesto y leal saber y entender, contribuirá a acelerar los procedimientos ante el tribunal.

En tal sentido, quiero hacer caudal de algunas soluciones como la que consagra que los plazos serán perentorios e improrrogables. O sea, existía en la normativa del CPC –que es la vigente actualmente– la necesidad del acuse de rebeldía cuando se vencía un plazo, y a eso se sumaba una vieja costumbre en la práctica forense de llamar al abogado de la contraparte para avisarle que se le había vencido el plazo y que se iba a interponer un acuse lo que determinaba que los procedimientos fueran prácticamente inacabables. Creo que esta es una modificación que técnicamente puede no parecer deslumbrante, pero que es muy importante. Aquí se establece el plazo común para los alegatos que antes era consecutivo, y me parece que es una buena solución técnica.

Finalmente, quiero destacar que contra lo que establece el CGP, este proyecto mantiene la apertura a prueba a efectos de evitar que el actor se encuentre en inferioridad de condiciones al informar la prueba junto con la demanda. En ese sentido, entendemos que son pequeñas modificaciones, pero de gran significación en lo que hace a la celeridad del trámite a cumplir ante el TCA.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Gracias, señora presidenta.

Voy a hacer algunas consideraciones generales sobre el proyecto de ley presentado. En nuestro caso, al tratarse de una iniciativa que tiene un contenido técnico-jurídico bastante importante, hemos intentado sacar las conclusiones de la orientación que tiene y del sentido de la norma para tratar de explicarnos y explicar su importancia.

Brevemente comento que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es una auténtica Suprema Corte de Justicia en la jurisdicción administrativa. Su importancia en el derecho uruguayo no siempre se destaca como debería y durante el tratamiento del proyecto de ley en la Comisión de Constitución y Legislación seguramente quedó muy clara por todos los actores que nos visitaron, su relevancia en las cuestiones prácticas como se ha señalado por los colegas del Cuerpo.

Se recibieron delegaciones de expertos, tanto del Colegio de Abogados del Uruguay como de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República; recibimos a los ministros y a los funcionarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y todos coincidieron en la conveniencia de la aprobación de este proyecto de ley.

Como se ha señalado en sala, se trata de una iniciativa de nuestra bancada, de la legislatura anterior, pero que con los aportes técnicos y con las miradas de los distintos actores políticos, hombres y mujeres, se ha logrado un acuerdo posible que, sin duda, mejora el estado de situación de las cosas en esta materia.

El proyecto de ley que apunta a agilizar los trámites ante el TCA –y lo logra–, por supuesto que es mejorable y que, sin duda, su aplicación en la práctica podrá redundar en nuevas modificaciones que lo perfeccionen todavía más.

Vamos a votar este proyecto de ley convencidos de que estamos dando un paso hacia adelante en el avance hacia el camino de acceso a la justicia, que es una perspectiva fundamental por considerar. Lo importante es que los habitantes de la república, los ciudadanos, los uruguayos en general que requieren del servicio de justicia y que a veces lo ven lejano, engorroso o lento puedan ver que a partir de esta norma los tiempos se acortan, los trámites se facilitan y que la justicia estará un poco más cerca que es, sin duda, uno de sus cometidos esenciales del TCA: el cumplimiento eficaz de su función.

Recordemos que el TCA es el único órgano que se encarga de toda la jurisdicción administrativa y que, en ese sentido, se distancia de la Suprema Corte de Justicia que bajo su órbita tiene cientos de tribunales y juzgados que el TCA no tiene. Entiende desde el reclamo de un funcionario por un concurso hasta la demanda de una megaempresa por una licitación. Toda la jurisdicción administrativa recae en el TCA. Todas las delegaciones que estuvieron en la comisión dieron cuenta del arduo trabajo que esto significa y esta norma, de alguna manera, lo aliviana, haciéndose eco de las partes involucradas en la vida de ese órgano. Este es el concepto central.

Esta iniciativa se concreta con muchos detalles técnicos que han sido estudiados y analizados en la comisión, en particular, domicilios, notificaciones, plazos, despacho saneador, prueba, pedido de presentación de la prueba, etcétera, aspectos que intentan hacer que sea más accesible a la gente que, en definitiva, es la finalidad que persiguen todos los órganos del Estado. Como se ha dicho, se trabajó tratando de buscar acuerdos múltiples con visión de Estado.

Queremos señalar dos cuestiones finales. Una de ellas, es el necesario abordaje de la perspectiva territorial que debería adosarse al TCA. Su característica de órgano único de la que hablábamos hace que esté centralizado en Montevideo, lo que implica que los habitantes de los demás departamentos, por obvios motivos, tengan complicaciones prácticas. Entonces, en ese sentido debemos avanzar todavía más y quizás sea el desafío para todo el sistema político con el desarrollo de la justicia administrativa, en un paralelismo con la Suprema Corte de Justicia y los tribunales y juzgados que tiene. Es como una especie de debe que tenemos. Insisto: en la visión general, quizás uno no vea en esta iniciativa algo que la población lo perciba en la vida cotidiana, pero quienes están o tienen que ver con la actuación del tribunal sí lo perciben y cuando se es del interior, por el hecho que acabo de señalar, mucho más.

El último comentario que va de la mano con esto –lo veo mucho más cercano en el tiempo y ya se han hecho las salvedades jurídicas al respecto– creo que tiene un sentido más amplio y es que hay que aprovechar la excepcionalidad que se dio durante la pandemia a los efectos de la publicidad y la gratuidad del acceso a los datos y a la información. Por tanto, la valoración es doble. Por un lado, hay que tener el mayor apego posible –todo el que se pueda o, mejor dicho, todo el que debe ser– desde dónde proviene la iniciativa, en este caso, para este tipo de artículos. Por otro lado, al existir una coincidencia en el objetivo general y con el ingreso de la rendición de cuentas al Senado, debemos tener la posibilidad –por esa vía o por otra– de ir hacia esto y asumirlo con el compromiso de una mirada que beneficiará, sin duda, a todos los uruguayos que deban recurrir y actuar en torno al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tanto desde lo funcional como, sobre todo, de la población en su conjunto.

Estos son los fundamentos políticos generales por los que acompañamos esta iniciativa sin ingresar en el campo de lo técnico. Además, señalamos algunas cuestiones pendientes que tienen que ver con la territorialidad y con el acceso general a la información.

Muchas gracias.

SEÑOR LANZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LANZ.- Señora presidenta: de la misma forma que señalaron los senadores que me precedieron en el uso de la palabra, quiero destacar que este proyecto de ley es un muy claro ejemplo de plena coincidencia.

Desde nuestra participación y presencia en la comisión, con una mirada política y no técnica –sin lugar a duda en consulta permanente en el campo y en el terreno de lo técnico–, hemos acompañado este proyecto de ley en su integridad. A su vez, hemos asistido a un claro ejemplo de buena práctica parlamentaria en el sentido de recibir a todas las partes, por ejemplo, a los ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a funcionarios y a integrantes del Colegio de Abogados del Uruguay de manera de recoger, fundamentalmente en el espíritu del proyecto, las sugerencias y los aportes brindados en la comisión por estas instituciones.

En cuanto a la relevancia de este proyecto, tenemos que destacar y rescatar los avances que aporta al proceso en materia de recorte de plazos. Quienes estamos aquí presentes no nos hemos enfrentado ni hemos sido testigos de un proceso anulatorio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de los plazos, que aterriza fundamentalmente en los ciudadanos, con una dilación que, para los tiempos en que vivimos, es poco apropiado.

Por lo tanto, una de las cosas que rescatamos es el hecho de modernizar, de actualizar, de descentralizar y de brindar garantías en procesos más cortos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esta es una circunstancia sustantiva, a nuestro entender, que demuestra el espíritu de este proyecto de ley, que tuvo un solo artículo en cuestión, el 15, pero no por diferencias de fondo, porque en la comisión todos compartimos ?y vaya que el Partido Colorado lo hace? el hecho de liberar la base de datos del Servicio de Informática del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que sea gratuito, tal como nuestro propio programa de gobierno indicaba. En lo que coincidimos plenamente con la señora senadora Asiaín ?que fue quien tomó la palabra en este sentido, luego de las recomendaciones de la doctora Salvo y de la División Estudios Legislativos del Senado? es en que ante la existencia de informes no podía liberarse a una libre imputación sin tener claro cuál iba a ser la erogación por la liberación de la base de datos. Al respecto, hubo algunos pronunciamientos por parte de los senadores; por ejemplo, el señor senador Carrera, quien venía trabajando en esto desde el 2018, indicaba que el Gobierno del Frente Amplio hizo gestiones ante el entonces ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, para tratar de liberar la base, lo que no se logró.

Nosotros entendemos que ahora hay plena coincidencia y que en ese momento era necesario desglosar el artículo ?reitero: coincidíamos con la señora senadora Asiaín?, dado que estábamos a horas de comenzar con un tratamiento presupuestal. Sin lugar a duda, vamos a lograrlo, porque este proyecto de ley tiene un objetivo fundamentalmente descentralizador y de apertura de esa base de datos.

Simplemente quería hacer mención de que las coincidencias fueron plenas. Además, rescato el gesto de las bancadas del Frente Amplio y de Cabildo Abierto de votar negativamente el artículo 15 para obtener unanimidad en un proyecto que, como decía muy bien el señor senador Domenech, parece que no tiene impacto, pero vaya que mejora y agiliza los plazos en cuanto a la custodia de los derechos de los uruguayos.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR STRANEO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR STRANEO.- Señora presidenta: no vamos a hacer comentarios sobre las cuestiones de fondo y formales que han planteado, de manera extensa y muy completa, los senadores de todos los partidos políticos que nos han antecedido en el uso de la palabra.

Brevemente, queremos hacer dos reflexiones sobre un artículo que se extrajo del proyecto de ley original, lo que me parece que, en el espíritu, en lo que se quería lograr, era muy bueno, teniendo en cuenta que esta es una iniciativa que busca acelerar el proceso en aquellos juicios en los que los particulares ?especialmente los funcionarios? tomamos acciones contra el Estado. Me refiero al artículo 3.º, en el que se establecía que las notificaciones a los Gobiernos departamentales debían hacerse preceptivamente en sede del Congreso de Intendentes en Montevideo.

Este artículo, que fue correctamente extraído, refiere a la centralización de la justicia. Por más que el espíritu fuera bueno, siempre refleja en definitiva la centralización de la justicia y la macrocefalia de Montevideo. Ya de por sí no tenemos descentralización en cuanto al órgano jurisdiccional independiente, como es el TCA, y esto reflejaba, a su vez, un elemento más de centralización, teniendo que notificar en Montevideo todas las acciones. Sin perjuicio de ello, podía generarse, además, no una indefensión, porque no es así, pero sí una cierta dificultad para cualquier Gobierno departamental de tener que extraer los antecedentes notificados en Montevideo para llevarlos, por ejemplo, a Artigas.

Entonces, creo que fue un avance importante en el consenso general haber extraído este artículo. Y lo mismo deberíamos hacer con el artículo 384 de la Ley n.º 16320, Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 1991, que en ese mismo espíritu –y para no irme de tema–, en los juicios en los cuales el Estado como persona pública mayor sea emplazada, manda preceptivamente a notificar el domicilio real de los ministerios y de las personas públicas. Esto, a su vez, dificulta hasta en temas de competencia para aquellos que hacen juicios contra el Estado.

Entonces, señora presidenta, dejo planteado el tema, en esta fundamentación de voto, de por qué no rever este artículo, en la misma filosofía y en la misma idea, pensando en que la justicia tenga realmente un acceso universal y genere más facilidades para los contribuyentes y los particulares.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: muy brevemente, no voy a entrar en el fondo del asunto porque ya se trató. Me parece que está bien claro que es un muy buen proyecto de ley, que está cumpliendo una función fundamental para la ciudadanía, porque el administrado siempre está en estado de indefensión frente al Estado, así que sobre eso ya se ha abundado.

Lo que sí quiero dejar sentado en el fundamento de voto es el compromiso de que efectivamente se constituya la comisión. Todos los partidos políticos tenemos que comprometernos porque esto es un retoque muy bueno, un excelente retoque; es un puente. La verdad es que felicitamos la iniciativa del señor senador Carrera en la legislatura anterior y el hecho de haberlo puesto nuevamente sobre la mesa y haber podido hacer los aportes, sobre todo los provenientes de la gente más técnica. Si no hubiera estado la estructura del proyecto hecha, habría sido mucho más difícil.

No debemos olvidarnos de instalar esa comisión, porque Uruguay es muy resistente a cambiar los códigos. Además, cuando se forman comisiones, se demora mucho en llegar a una conclusión.

Simplemente destaco esto y quiero que quede en la vivencia de todos los partidos políticos –porque así lo sentimos y lo expresamos todos– el aporte enorme de este proyecto de ley para la instalación de la comisión a los efectos de reformar todo el proceso anulatorio, algo que urge porque estamos en el siglo XXI.

Además, quiero destacar otra cosa. Lamentablemente, este tipo de proyectos después no tienen la misma repercusión que otras iniciativas. Esa es una especie de llamado de atención a quienes muchas veces denostan a los parlamentarios, a nuestro trabajo parlamentario. Pasó lo mismo con la Ley General de Derecho Internacional Privado, que también fue muy importante. En este caso, Uruguay tenía pendiente este tema y muchos otros, pero después, cuando uno ve la prensa, estas cosas no aparecen. La ciudadanía tiene que enterarse de que, efectivamente, estos temas, que pueden parecer muy técnicos, si sabemos explicarlos, están en función de los derechos de la ciudadanía.

Es cuanto quería decir.

Muchas gracias, señora presidente.

SEÑOR LOZANO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LOZANO.- Solicito que se rectifique la votación en general.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar nuevamente el proyecto de ley en general.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.°.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque, desglosando el artículo 15.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el articulado, con el desglose del artículo 15.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 15.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–0 en 26. Negativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

 

15) DONACIONES INOFICIOSAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: «Proyecto de ley por el que se modifican disposiciones del Código Civil, relacionadas con el instituto de las donaciones inoficiosas. (Carp. n.º 326/2020 - rep. n.º 352/2021)».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Bianchi.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: este es un proyecto de pocos artículos, pero muy complejo desde el punto de vista técnico, por lo que voy a tratar de ser lo más clara posible.

Lamentablemente, no por otras razones más que por alguna apreciación que valoramos mucho, no pudimos lograr la unanimidad, pero no tenemos una diferencia fundamental con la bancada opositora. Se trata, reitero, de temas muy técnicos y hay informes que aportan distintos elementos que, en definitiva, han llevado a que no se pudiera lograr la unanimidad, pero destaco la predisposición a tratar este tema y lograr la aprobación de la iniciativa.

Se trata de un instituto establecido en el Código Civil de 1866 –excelentísimo código–, que fue redactado por Tristán Narvaja –un gran codificador– sobre un proyecto de Eduardo Acevedo. Realmente es excelentísimo, pero además fue producto de una comisión que en aquel momento estableció el Poder Ejecutivo.

¿Qué pasa con esta situación puntual? Se refiere a las donaciones. ¿Qué es la reducción de donaciones inoficiosas? Derogamos el artículo 1112 del Código Civil y voy a tratar de explicarlo. Una persona –evidentemente, sobre la base de que esté en uso de sus facultades– puede donar cualquier bien. Este es un instituto muy importante porque tiene varios aspectos que favorecen la utilización. En primer lugar, es a título gratuito y, en segundo término, es muy útil cuando se quiere lograr que un bien que se dona tenga el carácter de propio para siempre. O sea, un bien que se recibe por herencia, legado o donación siempre es propio, nunca se ganancializa, pero muchas veces las familias lo necesitan para resolver los temas referentes al patrimonio.

Es obvio que la donación es un negocio entre vivos. ¿Cuándo surge el problema vinculado a las herencias y, por eso, los capítulos referidos en el Código Civil, concretamente el artículo 1112? En ese sentido, nuestro gran Código Civil tendrá que ser reformado y así lo acordamos los partidos políticos cuando se discutió la LUC. En definitiva, tenemos que constituir una comisión de expertos para revisarlo, como ya se revisó y cambió muchas veces desde 1866.

¿Por qué está vinculado al tema de las sucesiones y de las herencias? Porque al momento de donar, tal como está establecido en el código, quien lo realiza es libre de hacerlo; no hay legítimas cuando la persona está viva y puede cambiar su patrimonio, ya sea para aumentarlo o para disminuirlo.

Lógicamente, con ese excesivo celo que tuvo Tristán Narvaja en 1866 para proteger la legítima fiel o los herederos forzosos –padres cuando no hay hijos e hijos cuando no hay padres– y basado en la época en la que se hizo eso –sobre todo en la esperanza de vida de ese entonces–, extendió la protección de los herederos forzosos a una situación que se valora –la acción de donaciones inoficiosas– en el momento del fallecimiento del donante. Eso está bien para que implique al donante y al donatario, porque el donatario recibe, acepta el bien y en consecuencia sabe que lo recibe en esa calidad.

¿Qué problemas se fueron suscitando a lo largo del tiempo por una razón muy sencilla, que parece tan obvia que a veces no nos damos cuenta? El promedio de vida en Montevideo a comienzos del siglo XX –nuestro país tenía una calidad de vida muy importante, comparado con los países europeos– no superaba los cuarenta años. Ese era el promedio, pero por supuesto había gente que vivía menos y gente que vivía más años. Ahora bien, con la prolongación –por suerte– de la esperanza de vida, tenemos el inconveniente de que los bienes que son donados quedan en un estado de absoluta inestabilidad en el negocio de circulación de bienes. Esto se da así porque nadie va a comprar y ningún banco va a otorgar un préstamo con garantía hipotecaria, ni siquiera con fianza –en algunos casos se intentó, pero realmente no da resultados–, cuando en el proceso dominial del bien hay una donación. ¿Ese título es defectuoso? No, es un título correcto desde el punto de vista jurídico, no observable, pero como profesionales escribanos –quiero aclarar que yo estoy jubilada, por el artículo 97–, ya que este es un tema esencialmente notarial, debíamos advertir a quienes venían a plantear la voluntad del donante que el que recibe la donación tiene un bien que debe dejar ahí por todo el tiempo que viva y cuatro años después.

El escribano Roque Molla, quien fuera invitado y asistió presencialmente a la Comisión de Constitución y Legislación –nosotros pedimos informes y escuchamos a muchas cátedras cuando se discutió la Ley de Urgente Consideración–, puso un ejemplo bastante típico de esta época. Él está al frente de un proceso sucesorio en el que un causante, que falleció a los ciento dos años, se volvió a casar a lo largo de su extensa vida y había hecho alguna donación hace más de cuarenta años. Obviamente, está absolutamente detenido todo el patrimonio del causante y hay un largo proceso para manejar la posibilidad de las legítimas y ver si se vulneraron o no cuarenta años después.

En definitiva, lo que busca este proyecto es que el tercer adquirente quede fuera de esta limitación de la acción de donaciones inoficiosas, o sea que quede reducida la acción, lo que está bien porque los herederos deben ser protegidos de acuerdo con la vigencia de nuestro código y hasta que no lo modifiquemos, pero no puede implicar a un tercero. Es decir que debe estar reducido al causante, que fue el donante –ahí es donde se presentan los problemas– y los herederos. ¿Esa situación es novedosa en el Código Civil? No, se aplica a los bienes muebles. En consecuencia –por eso está plasmado en el proyecto–, se trata de aplicar a los bienes inmuebles el régimen de las donaciones de los bienes muebles. Y acá viene también el siglo XXI, y en este caso voy a citar al profesor Roque Molla, que es catedrático de Derecho Civil en la Udelar, a quien respeto mucho y lo considero un gran civilista. Además, es escribano y no olvidemos que estas cosas son sobre todo de los escribanos; los abogados no intervienen porque no hacen contratos; solo intervienen cuando hay lío. El profesor Molla nos decía: «Supongamos que Bill Gates donara todo el paquete accionario de Microsoft contra un terrenito en La Paloma». Yo no me voy al ejemplo de Bill Gates, pero sí a cualquier empresa uruguaya de un pequeño o mediano empresario, a una sociedad de responsabilidad limitada, a las cuotas sociales o a un paquete accionario de cualquier empresa: vale infinitamente más o puede llegar a valer infinitamente más que un bien inmueble. Hablemos de los autos de alta gama. No necesitamos ir tan lejos. Sin embargo, se puede vaciar un patrimonio –si ese es el miedo– de manera más fácil con bienes muebles que con bienes inmuebles.

Esto de sacar los bienes de la circulación –como llamamos en derecho– de los hombres, hace referencia a que se perjudica enormemente al donatario. El donatario tiene un problema añadido: la donación es irrevocable; no se pueden poner de acuerdo donante y donatarios. El donatario puede decir: «Si se me dona un bien de propiedad horizontal, por ejemplo, por el que hay que pagar gastos comunes, contribución inmobiliaria, etcétera, gracias, lo devuelvo, porque no lo puedo tocar, nadie me lo acepta para vender y no me lo aceptan como garantía de un préstamo hipotecario». Tan cerrado es el sistema que no es posible ponerse de acuerdo.

En definitiva, estamos condenando al que recibe la donación a una situación realmente de mucha dificultad. En consecuencia, lo que hacemos con este proyecto de ley es que la acción de reducción de donaciones inoficiosas se mantenga y, obviamente, que se aplique el mismo régimen de los bienes muebles a los inmuebles y se deje a los terceros adquirentes fuera del tema. Entonces, le sacamos al título –que está perfecto desde el punto de vista jurídico– la imposibilidad de que sea vendido o gravado con préstamo hipotecario. El que recibió la donación la puede enajenar y el que la compra no tiene que hacer ningún tipo de compensación, porque la reducción de donaciones inoficiosas no implica la devolución del bien, sino que significa la reparación crediticia. ¿Se imaginan lo que es calcular el crédito y la devolución de dinero treinta o cuarenta años después? Realmente, para 1866 y para gran parte del siglo XX puede ser que haya sido muy útil, pero no hoy, cuando hay inversiones inmobiliarias. Imagínense un terreno de mucho valor en el que se va a hacer, a través de un fideicomiso, un plan de vivienda o lo que fuera, pero no se puede disponer del bien, porque si tiene una donación está absolutamente detenido.

Entonces, nosotros sacamos al comprador del donatario, y el donatario tendrá que resolver –o sea, el que recibió la donación–, con todo el peso del Código Civil en relación con las donaciones inoficiosas, con los herederos del donante y ver en ese caso si se vulneró o no la legítima. O sea, si quien donó, donó más de lo que debía. Esto es bastante complejo porque volvemos a la esperanza de vida; hoy puedo hacer una donación con determinado patrimonio y mañana, o dentro de veinte años, tener otro.

Yo quiero ser práctica, no teórica, para tratar de que todos entendamos una institución que es muy puntual, pero que está perjudicando enormemente a muchas personas y a muchas familias. Mediante esta institución, como es la donación –si se usó sin saberlo o si se usó sin pensar en el futuro–, hoy están perjudicadas muchas personas. Además, se habilita a que en el futuro –es otra de las virtudes que tiene este proyecto de ley– se aplique para las sucesiones en adelante; obviamente, no para las sucesiones en trámite, como corresponde. Esto se dice expresamente en el proyecto de ley que fue mejorado con los aportes de los especialistas que asesoraron a quienes lo presentamos, es decir, la senadora Asiaín, el senador Camy y quien habla.

Simplemente, quiero hacer una aclaración –con esto termino y quedo a disposición para responder cualquier tipo de preguntas en este ámbito– en cuanto a que esta iniciativa se mezcló con otro proyecto de ley que surgió –creo que eso fue lo que impidió que llegáramos a la unanimidad con la oposición– y que tiene que ver con un asunto muy técnico.

Con el tema del Promole, en la Cámara de Representantes ingresó un proyecto de reducción de donaciones inoficiosas. Nosotros pedimos que lo enviaran a la comisión del Senado donde este proyecto de ley tenía estado parlamentario. Ahí se introduce el concepto de buena y mala fe, con lo cual complicamos peor la cosa porque –lo digo con todo respeto hacia quienes recomendaron en ese sentido– tiene un contenido claramente de una persona con mentalidad de abogado. En lo personal, como soy abogada y escribana, no tengo problema; no soy corporativa con ninguna de las dos profesiones.

A mi juicio, llegar a probar cuando hubo buena o mala fe es una complicación procesal, probatoria, de derecho de fondo que en realidad complica un proyecto de ley que lo que busca es algo muy concreto: liberar al donatario de no poder vender un bien y al tercero, que nunca va a tener que hacer compensaciones. El donatario siempre podrá hacer compensaciones con los herederos, pero es un problema entre el donante y el donatario. Es decir que se circunscribe al negocio entre partes, porque el donatario tiene que aceptar la donación. Reitero que en la medida en que se hace la donación y se acepta, no se puede revocar, a diferencia del testamento. Ahí comenzó a complicarse el tema con algunos comentarios que se realizaron y que no tienen nada que ver con el testamento que tiene la ventaja de poder revocarse hasta la vida del testador, pero esto no tiene solución.

En consecuencia, nosotros solicitamos en la comisión –si bien no fue posible, pero fue recibido con muy buen ánimo y disposición– que se acompañara la iniciativa para que fuera aprobada por unanimidad. Nosotros no llevamos el tema de la incorporación de la buena y mala fe en el momento de la enajenación porque volvemos a lo mismo: el donatario después de todo termina siendo víctima y el tercero no va a comprar nunca un bien con una donación. O sea que, en definitiva, el que lo asesora le va a seguir diciendo lo mismo: «¿Tiene una donación, en el medio, hasta cuatro años después de la muerte del donante? No lo compres».

En resumen, señora presidenta, es muy duro modificar los códigos. Una de las profesoras –a quien respeto mucho– que hizo un informe dijo: «¿Cómo se va a tocar un código que tiene ciento cincuenta y dos años?». Justamente, hay que modificarlo porque tiene ciento cincuenta y dos años. ¿Es bueno modificarlo con parches? No, pero, aun así, se modificó varias veces. Esta no es la única.

Insistimos en que este es un acuerdo al que se llegó cuando se discutió la Ley de Urgente Consideración, en el que todos los partidos políticos –debo agradecer además a la oposición que cumplió exactamente con el acuerdo de que en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado diéramos estado parlamentario al tema de las donaciones inoficiosas que, obviamente, va a pasar a la Cámara de Representantes– nos comprometíamos a formar también una comisión de civilistas –a instalarse lo antes posible– a efectos de la reforma del Código Civil, de la misma manera que se propuso todo lo relativo al contencioso anulatorio.

No sé si fui clara, señora presidente. Traté de ser lo menos teórica y lo más práctica posible para que podamos entendernos.

Muchas gracias.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Señora presidenta: nosotros votaremos negativamente este proyecto de ley y trataremos, brevemente, de explicar el porqué.

Respecto a las modificaciones de la regulación del Código Civil sobre las donaciones inoficiosas –como bien decía la señora senadora preopinante– llegaron a la comisión dos proyectos de ley. Uno, esencialmente elaborado por la Asociación de Escribanos del Uruguay al que le dieron estado parlamentario las señoras senadoras Bianchi y Asiaín, y el señor senador Camy, y otro –que, lamentablemente para nosotros, fue descartado en la comisión– elaborado por la comisión de expertos de derecho civil del Programa de Modernización Legislativa, conocido como Promole, que encontrara su versión parlamentaria el año pasado con la firma, en su momento, del representante nacionalista Martín Lema. La norma vigente en esta temática, que es el artículo 1112 del Código Civil, enmarcado en varias secciones –no quiero ahondar en esto–, dice así: «Cuando el inmueble o inmuebles donados excedieren el haber del donatario y este los hubiese enajenado, los coherederos solo podrán repetir contra el tercero poseedor por el exceso y previa excusión de los bienes del donatario». Este proyecto de ley que hoy estamos votando entiende que se atenta contra la circulación jurídica de los bienes. Esta es una idea muy marcada por la profesión de escribanos porque a veces se enfrentan al estudio de los títulos de un inmueble que, en algún momento, en ese tracto sucesivo –como parece que se conoce técnicamente, lo que nosotros podríamos llamar la cadena de los dueños de los bienes–, figura un causante, coloquialmente un difunto, fallecido o muerto, que dona a alguien distinto de sus herederos forzosos. Entonces, se encuentran ante la dificultad de que, si el inmueble donado excede el haber del donatario y este lo haya enajenado, pueda ser reclamado por los herederos. Para nosotros esta iniciativa rompe con el equilibrio del derecho de los herederos.

Por su parte, el proyecto de ley del Promole –que nosotros habríamos acompañado–, que pretendía esa modificación en la redacción del artículo 1112 del Código Civil, para nosotros no alteraba tan dramáticamente la balanza entre el tercero y los herederos forzosos, tal como hace esta iniciativa, que la borra de un plumazo. Entendemos que a través de un sistema que implicaba la realización de un inventario al tiempo de la donación y la declaración jurada de que esa donación no vulneraba las legítimas, se mejoraba la circulación de los bienes, con la distinción de la mala fe, sin desproteger a los herederos forzosos que siguen disponiendo de la acción de reducción inoficiosa. Desafortunadamente, insistimos en que este proyecto de ley del Promole, redactado por profesores muy expertos en derecho civil de todas las facultades de derecho del país –que habríamos acompañado con nuestro voto–, fue descartado en la comisión.

Finalmente, queremos decir que acompañamos y entendemos oportuno volver a señalar la conveniencia –a esta altura hablaría de una necesidad imperiosa, ya expresada por nuestra bancada el año pasado, cuando discutimos la Ley de Urgente Consideración, que va en la línea de varios docentes civilistas muy prestigiosos, como Arturo Caumont, pero hay muchos otros– de que efectivamente se forme esa comisión de reforma del Código Civil y que no sigamos con estos parches –aclaro que es una palabra que no usé–, que entendemos no ayudan y quitan equilibrio a la norma.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: quiero hacer dos o tres aclaraciones concretas, manteniendo el buen clima que se dio en la comisión.

En primer lugar, hay técnicos y grandes civilistas que también están a favor de este proyecto de ley, como ya lo aclaré. No quise alargar la sesión, pero puedo leer las intervenciones de los civilistas –es facilísimo–, aunque me pareció que con el camino que tomé para que nos entendiéramos, la cosa quedaba clara.

En segundo término, me alegro infinitamente de que el Frente Amplio defienda las herencias porque quiero recordar –y lo digo de buena fe– que he escuchado varias veces decir que hay que gravarlas o eliminarlas. Llegué a escuchar de parte de algunos sectores políticos que hay que eliminar las herencias. Entonces, me parece bárbaro porque cuando discutamos una propuesta en ese sentido, mantendremos la coherencia.

La tercera cosa que sí quiero aclarar es que la firma de mi querido amigo y compañero de lista Martín Lema es un tema formal, porque el Promole fue un proyecto de iniciativa legislativa que él impulsó; no es que él se acoja a ese otro proyecto.

Señora presidente: queremos resolver un problema y no desproteger a los herederos, porque estos están vinculados siempre al causante, que fue el que donó. Liberamos al tercero que pueda adquirir para que, en definitiva, mientras el que donó viva pueda disponer de sus bienes, porque eso es básico. Ya hay propuestas –algunas se manifestaron en la comisión– para que en la revisión del código flexibilicemos un poco lo de las legítimas. Y lo peor de todo –no quería mencionarlo, pero voy a hacerlo– es que hecha la ley, hecha la trampa. ¿Cómo se solucionó siempre el tema de las donaciones inoficiosas para los escribanos que lo quisieron hacer así y hubo muchos? Haciendo una venta simulada; en lugar de donar, que es lo que efectivamente quería hacer el propietario del bien inmueble, se simula una compraventa. Entonces, aparece el donatario pagando un precio cuando, en realidad, hacía el negocio a título gratuito. Si tenemos la manera de clarificar una institución jurídica, ¿por qué vamos a buscar el camino desleal? En su momento, muchos escribanos perdimos clientes por decir que no hacíamos una escritura simulada.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Señora presidenta: la verdad es que lamento profundamente que no nos hayamos puesto de acuerdo en la comisión para resolver un problema que es estrictamente técnico y que no tiene mayores connotaciones políticas. De todos modos, adelanto que voy a acompañar este proyecto de ley que ha sido redactado por la Asociación de Escribanos del Uruguay y que los senadores Bianchi, Asiaín y Camy le han dado estado parlamentario, porque creo que resuelve un problema práctico y un problema ético.

Como bien decía hace instantes la señora senadora Bianchi, la actual legislación de alguna forma es un estímulo para que se efectúen escrituras simuladas, dando forma de compraventa a lo que en realidad son donaciones, de forma de evitar que el donatario tenga el inconveniente de no poder enajenar el bien, dado que ese bien va a estar pendiente de que se inicie una acción de reducción de la donación hasta cuatro años después de fallecido el causante.

Nuestro Código Civil, siguiendo la línea de la Constitución, consagra el derecho de propiedad –que es de segundo orden y no de primer orden como el derecho a la vida, ya que es un derecho económico de segundo orden–, pero tiene múltiples limitaciones. Entre ellas, está la contenida en el artículo 1626 del Código Civil, que prohíbe donar entre vivos más de aquello de lo que pudiera disponerse libremente por última voluntad. O sea, nuestro Código Civil, recogiendo las soluciones de los códigos latinos, consagra el derecho de herencia y establece la existencia de asignatarios forzosos, por lo que nadie puede disponer libremente de sus bienes para después de su muerte, sino que tiene que respetar determinadas asignaciones que forzosamente la ley efectúa en favor de personas que tienen determinados vínculos con el causante. Justamente, esto se hace porque en la teoría del codificador se entendía que mediante el derecho de herencia y la consagración de asignatarios forzosos se fortalecía la institución familiar. Podríamos discutir eternamente si eso es así o no porque todos sabemos, también, que las herencias son causa de disolución familiar, pero esa fue la dogmática de nuestro codificador, que ha determinado que en el caso de las donaciones, por los efectos que estas tienen cuando se refieren a bienes inmuebles, haya un período de latencia durante el cual el bien prácticamente está fuera del comercio de los hombres, porque para ejercer la acción de reducción deben pasar cuatro años desde la muerte del donante.

La verdad es que, en lo personal, entiendo que la solución que se propone por parte de algunos técnicos, siguiendo la reforma que se instauró en la legislación argentina –en la que se plantea el mismo problema, aunque los escribanos tienen mucho más fuerza que en el Uruguay–, tiene el mismo inconveniente de encontrarse con que el contrato de donación es prácticamente teórico. En los hechos, donar un bien inmueble –porque para los bienes muebles no existe el mismo problema– significa someter al donatario a la imposibilidad de enajenarlo, porque nadie le va a comprar un bien por el que, hasta cuatro años después de pasada la muerte del donante, puede estar sujeto a una acción que le obligue a indemnizar el valor de ese bien, ya que no se afecta su titularidad, sino que se establece la obligación de restituir el dinero en que este se justiprecie.

En la legislación argentina se siguió esa solución que me parece altamente inconveniente porque consiste, precisamente, en impedir el progreso de la acción de reducción de la donación cuando el donatario pueda probar la buena fe y el título oneroso. Hago notar que el título oneroso es algo objetivo, pero la buena fe es un elemento subjetivo de muy difícil prueba.

Por otro lado, la legislación argentina, de manera, a mi juicio, también inconveniente, señala que no se podrá iniciar la acción de reducción luego de pasados diez años de la donación, lo que también supone un período de latencia y una especie de espada de Damocles sobre el adquirente de un bien donado, lo que realmente dificulta su circulación.

Entiendo que esta iniciativa de la Asociación de Escribanos tiene dos méritos: primero, que abona a la sinceridad de los actos jurídicos. La legislación no tiene que poner inconvenientes a la circulación de los bienes de manera que ello sea un estímulo a la realización de actos simulados. El Código de Ética del notariado prohíbe la realización de actos simulados. Creo que esto es algo de toda lógica ya que el notario tiene un privilegio que es el de la fe pública y, entonces, sus actos tienen que estar atestados de verdad. Este estímulo a realizar actos simulados me parece, repito, absolutamente inconveniente.

Desde el punto de vista material, me da la impresión de que es muy bueno que tengamos una solución de carácter objetivo para facilitar la circulación de bienes donados.

Era cuanto quería decir.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley sustitutivo enviado por la Comisión de Constitución y Legislación, que consta de cuatro artículos.

(Se vota).

–18 en 27. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo 1º.- Derógase el artículo 1112 del Código Civil».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 27. Afirmativa.

Léase el artículo 2.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo 2º.- Agrégase al artículo1639 del Código Civil el siguiente inciso:

“La acción de reducción de donaciones inoficiosas, sólo alcanzará al donatario y a sus sucesores a título universal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1640 inciso segundo”.».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 27. Afirmativa.

Léase el artículo 3.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo 3º.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 1640 del Código Civil por el siguiente:

“La insolvencia del donatario ocurrida en vida del donante gravará proporcionalmente a los otros donatarios y al heredero”.».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

Léase el artículo 4.º.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo 4º.- Lo dispuesto precedentemente se aplicará a las sucesiones que se abran con posterioridad a la vigencia de la presente ley».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–17 en 27. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

16) SUSPENSIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CUERPO MIENTRAS SE ENCUENTRE A ESTUDIO EL PROYECTO DE LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Mocionamos para que se suspendan las sesiones ordinarias del Cuerpo mientras el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal ejercicio 2020 se encuentre a estudio en esta cámara». (Firman los señores senadores Niffouri, Lozano, Coutinho y Andrade).

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

17) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 11:51, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores Andrade, Asiaín, Batlle, Bianchi, Bica, Bonomi, Botana, Carrera, Coutinho, Da Silva, Della Ventura, Delpino, Domenech, Kechichian, Lanz, Lazo, Lozano, Manini Ríos, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Rubio, Sanguinetti, Straneo y Topolansky).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

José Pedro Montero Secretario

Patricia Carissimi Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.